El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1.
y 8.1.4.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el vicepresidente primero de la comisión, el senador Sedano.

El señor SEDANO PÉREZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar
a la Cámara el dictamen de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del
Proyecto de Ley ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el pasado
día 24 de junio de 2015 y se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales en la misma fecha. El plazo de presentación de enmiendas
concluyó el pasado 30 de junio de 2015. El proyecto se tramita por el
procedimiento de urgencia.

A este proyecto de ley se han presentado 80 enmiendas
distribuidas de la siguiente forma: 21, formuladas por los señores
Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto; una del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado; 34 del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; 10 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i d?Unió y 14 del Grupo Parlamentario Socialista.

La Comisión de Empleo y Seguridad Social ha dictaminado dicho
proyecto de ley en su sesión del pasado día 2 de julio sin incorporar
enmiendas al texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Por último, para su debate ante el Pleno se han formulado 6 votos
particulares.

Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que hasta
ahora se ha llevado a cabo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedano.

Entramos en el debate de totalidad del presente proyecto de ley.
Repito, debate de totalidad, no debate de enmiendas.

¿Turno a favor? (Denegaciones). No hay turno a favor.

¿Turno en contra? (Denegaciones). No hay turno en contra.

En turno de portavoces, ¿algún grupo desea intervenir?
(Denegaciones). Muchas gracias.

Ahora sí, entramos en el debate de las enmiendas al
articulado.

El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado las enmiendas
números 1 a 21, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.

Este es un proyecto que reconocemos que tiene contenidos
fundamentalmente técnicos y, por tanto, no es motivo de un gran debate
político, como demuestra que ninguna de sus señorías haya hecho uso del
turno de debate de totalidad. En consecuencia, las enmiendas que ha
presentado Izquierda Unida buscan fundamentalmente mejorar los contenidos
técnicos de este proyecto.

Hemos presentado 21 enmiendas. En el artículo 1 nuestra enmienda
plantea que la definición y objeto del sistema de Inspección de Trabajo y
Seguridad y Social introduzca como objetivo la garantía de los derechos
de los trabajadores relativos a las condiciones de trabajo, a la
prevención de riesgos laborales, a la Seguridad Social y protección
social, a la formación profesional y a la protección por desempleo;
también a la igualdad de trato y no discriminación, tal y como mandatan
los convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo.
Asimismo, que tengan como función la vigilancia del cumplimiento de las
normas en relación con la colocación y empleo, economía social,
movimientos migratorios y trabajo de extranjeros. Con esta enmienda, que
amplía la definición y objeto contenidos en el proyecto, realmente no
hacemos otra cosa que reflejar lo que ya en este momento vienen haciendo
los inspectores de trabajo y lo que han realizado a lo largo de los
últimos años.

Pero entendemos que es imprescindible y conveniente resaltar que
el derecho del trabajo, la normativa laboral, conserva aún un carácter
tuitivo y que, dentro de la garantía de ese trabajo tuitivo, la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social juega un papel muy relevante.
Esto hace que resulte adecuado que esas funciones, que se traducen en la
práctica en garantías para el cumplimiento de la normativa laboral,
aparezcan lo más destacadas posible en este proyecto de ley, que quede
absolutamente prístino que uno de los objetivos más destacados de las
funciones más identitarias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
es la persecución de los fraudes en el ámbito laboral, tanto en la
contratación como en la remuneración.

Hemos tenido la oportunidad de reflexionar en otros proyectos y
mociones en el sentido de que unas de las consecuencias de la crisis,
derivadas también de las reformas legislativas que se han planteado, son:
el incremento del fraude en el ámbito laboral, el incremento de la
economía sumergida y el incremento de la prepotencia del empleador frente
al empleado. Más del 92 % de los contratos que se han firmado el mes
pasado son contratos temporales. La contratación temporal, como saben muy
bien sus señorías, tiene una regulación que hace que la misma deba
responder a la concurrencia de una causa; la regla general, aunque
parezca imposible a la vista de la experiencia de los últimos años en
nuestro derecho, es que el contrato es fijo y, excepcionalmente, cuando
concurren circunstancias expresas que así lo justifican, será temporal.
Sin embargo, como demuestran las cifras, la regla se convierte en la
excepción, ya que la inmensa mayoría de los contratos son temporales.
Ello solo responde a una interpretación fraudulenta de la norma, a un
incumplimiento de las exigencias de nuestro derecho laboral.

La Inspección de Trabajo, que es consciente de ello, desarrolló
entre los años 2012 y 2014 un plan de lucha. Y a pesar de que también en
diferentes ocasiones hemos tenido oportunidad de denunciar que los medios
humanos y materiales con los que cuenta la Inspección de Trabajo siguen
siendo absolutamente insuficientes, este Plan de lucha 2012-20014 fue
capaz de detectar 115 747 contratos temporales en situación de fraude,
que pasaron, como consecuencia de la acción inspectora, a convertirse en
contratos fijos.

Recordarán sus señorías que cuando hablamos de las horas
extraordinarias en debates anteriores, uno de los datos más destacados
era el incremento de las horas extras no remuneradas a lo largo de la
crisis, también en gran parte como consecuencia de la reforma laboral.
Los últimos datos que se han publicado indican que en nuestro país se
realizan 3 millones de horas extras semanales no remuneradas, lo cual
equivale a 75 000 empleos a jornada completa. Se ha producido además un
incremento notable: ahora son 3 000 000, pero hace tres años eran 2,5
millones, equivalentes a 72 000 empleos de horas extraordinarias que se
realizaban fraudulentamente a la semana y, por lo tanto, sin
remuneración.

Enmendamos el artículo 5 para que las ofertas públicas de empleo
en los cuerpos nacionales tengan en cuenta los puestos que, como
consecuencia de los concursos de traslados derivados de convocatoria de
plazas realizadas por las comunidades autónomas con competencias en la
materia, se generarían o quedarían sin cubrir y, por lo tanto,
necesitarían que en esa convocatoria en el ámbito estatal se diera una
respuesta adecuada.

Formulamos un número elevado de enmiendas, en concreto
diecisiete, que afectan a la totalidad del texto y que tienen como única
motivación sustituir las referencias que se realizan al organismo estatal
Inspección de Trabajo y Seguridad Social por Agencia Estatal de
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. No se trata de una enmienda
baladí, sino que pretendemos que la configuración, organización y
estructuración de la Inspección de Trabajo se realice con una fórmula que
garantice absolutamente su independencia y autonomía en la acción
inspectora. Estamos convencidos de que dentro de las fórmulas que ofrece
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado, es precisamente la figura de la
agencia la que mejor garantiza estas exigencias.

En estas enmiendas también se excluye la imperiosidad que
establece el proyecto de que el presidente y el vicepresidente del
consejo rector del organismo al que hace referencia el proyecto deban ser
el ministro de Empleo y Seguridad Social y el subsecretario
respectivamente.

Asimismo, con estas diecisiete enmiendas planteamos una
distribución de la acción inspectora que resulte respetuosa con las
comunidades autónomas que tienen competencias en la materia.

Quedan dos últimas enmiendas por explicar. La primera supondría
la supresión de la disposición adicional décima, esa cláusula de estilo
legislativo que impone que el cumplimiento de las previsiones del
proyecto del texto legislativo no conlleve incremento de gasto. Por el
contrario, planteamos una nueva disposición adicional para que tanto el
ministerio como las comunidades autónomas con competencia en la materia
doten al sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de los
medios humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus
actividades.

Muchísimas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado una sola enmienda, la
número 70.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, mi grupo parlamentario mantiene viva una única
enmienda. He de decir que en el Congreso presentamos seis y que se ha
hecho un esfuerzo transaccional por parte del Grupo Parlamentario
Popular, y dado que esto es una novedad, se lo quiero agradecer, porque
es de buena persona ser agradecida. Pero no por ello podemos dejar de
mantener la enmienda número 70, que pide una adecuación de la Ley de
infracciones y sanciones en el orden social al régimen de distribución
competencial vigente en esta materia entre la Administración del Estado y
las administraciones de las comunidades autónomas. Una distribución
competencial que además viene avalada por una sentencia del Tribunal
Constitucional, concretamente la 104/2013, de 25 de abril, donde ya se
reconoce la coexistencia de diferentes cuerpos de Inspección
Laboral.

La supresión de los apartados que nosotros estamos pidiendo
obedece a la incorporación al Capítulo II de la Ley de infracciones y
sanciones, por tratarse de funciones que pertenecen a las competencias de
las comunidades autónomas en esta materia. Entendemos además que en este
artículo en que se establecen las infracciones objeto de sanción, cuyas
actas y función sancionadora vienen ejercidas por más de un cuerpo de
inspección, la actual redacción nos lleva a una inseguridad jurídica que
puede provocar serias y graves disfunciones en la labor inspectora
laboral y, dada la actual desestructuración del mercado laboral, mantener
la tipificación concreta, exacta y alejada de equívocos en materia
sancionadora es fundamental para garantizar una buena inspección de
trabajo.

Vuelvo a hacer una invocación al Grupo Parlamentario Popular para
que reconsidere esta enmienda y la incorpore al proyecto de ley porque,
efectivamente, va a redundar en beneficio de todos los trabajadores y en
una mejor reestructuración de nuestro mercado laboral.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos bloques de enmiendas. El primer bloque contiene las
números 36 a 48 y el segundo, las números 49 a 69.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Sabaté, que va a
defender el primer bloque; el segundo lo defenderá el señor Guillot.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señorías, como ya se ha dicho, estamos ante un necesario Proyecto
de Ley ordenador del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
entre otras cosas por el traspaso de competencias de funciones y
servicios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a las
comunidades autónomas. Por tanto, es necesario regular esa nueva
situación y modificar el ordenamiento legislativo. Ya razonaré en el
turno de portavoces el apoyo de los senadores socialistas de la Entesa al
proyecto de ley.

En cualquier caso, hemos presentado trece enmiendas que intentan
mejorar el texto que nos ha remitido el Congreso de los Diputados,
entendiendo que son cuestiones que merecen una modificación. Nuestras
enmiendas se centran básicamente en dos aspectos: uno, el respeto a las
competencias transferidas a las comunidades autónomas en materia de
inspección y, dos, que las funciones de la Inspección no se limiten a la
vigilancia normativa y de aspectos de la Seguridad Social y se extienda
también al cumplimiento de acuerdos y convenios colectivos.

La enmienda 36 plantea que en todo el articulado, en lugar de la
expresión genérica de subinspectores laborales, se haga referencia
específicamente a los dos cuerpos, el de subinspectores de Empleo y
Seguridad Social y el Cuerpo de subinspectores de Seguridad y Salud
Laboral. El objetivo es permitir una mayor visualización del Cuerpo de
subinspectores de Seguridad y Salud Laboral y poner énfasis en la
importancia de este nuevo cuerpo.

La enmienda 37 hace referencia a la convocatoria de oposiciones.
Solicita que se indique el número de plazas para cada comunidad que no
tenga traspasada la función inspectora y los criterios de distribución
entre los distintos territorios.

La enmienda 38 hace referencia también a la convocatoria anual de
concursos para proveer plazas necesarias en cada comunidad autónoma que
no haya recibido transferencias. Los criterios los aprobará el Consejo
Rector del organismo estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y
así, con este objetivo garantizamos la participación de las comunidades
autónomas y el principio necesario de cooperación entre las
administraciones.

En la enmienda 39 defendemos que el artículo 12, apartado 1. a)
recoja la expresión «relaciones laborales», que es la terminología de los
estatutos de autonomía, acuñada también en el ámbito estatal, en concreto
en la Ley de infracciones y sanciones en el orden social.

La enmienda 40, al apartado 3 del artículo 13, propone «practicar
cualquier diligencia de investigación, examen, reconstrucción o prueba
que consideren necesario para realizar la función prevista en el
artículo 12.1.» Evidentemente, lo que pretendemos aquí es que se recojan
también entre las funciones de la Inspección la vigilancia del
cumplimiento de los acuerdos y convenios colectivos y, como he dicho
antes, no solo los aspectos normativos y de Seguridad Social.

En la enmienda 41, al apartado 3. a) del artículo 14, pedimos que
se incluya «la comprobación del cumplimiento y control de la aplicación
de la normativa de prevención de riesgos laborales» para dar un carácter
más operativo y amplio a las funciones de los subinspectores laborales,
escala de Seguridad y Salud Laboral, dadas las funciones que se les
asignan y la preparación específica en la materia para el ingreso en
dicha escala.

La enmienda 42, al apartado 8 del artículo 16, pretende limitar
la presunción de certeza a funcionarios con formación específica, y solo
a estos, para evitar problemas de inseguridad jurídica si esta presunción
de certeza se extiende a otros funcionarios que no tengan esa preparación
específica.

La enmienda 43, al apartado 2 del artículo 20, pide que se
suprima el carácter vinculante que el proyecto de ley confiere a los
criterios técnicos que se fijen en la actuación de la actividad
inspectora, ya que ello puede contravenir la independencia necesaria de
los inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

La enmienda 44, al apartado 1 del artículo 29, defiende el
carácter paritario del consejo rector. Los estatutos deben establecer
claramente el número de vocales de cada Administración para garantizar
precisamente esta paridad.

La enmienda 45, a la disposición adicional segunda, parte del
principio de que queremos garantizar que el organismo estatal Inspección
de Trabajo y Seguridad Social tenga encomendado velar por el cumplimiento
de toda la normativa que rige la relación laboral, y no solo los aspectos
relacionados con la Seguridad Social y el empleo. Insistimos en la misma
idea que he planteado anteriormente.

Con la enmienda 46, a la disposición adicional segunda,
pretendemos acotar las actuaciones de ámbito supraautonómico de la
Dirección Especial, con el objetivo de respetar las competencias
autonómicas en materia de inspección de trabajo, que, como he dicho, es
uno de los dos principios que orientan nuestras enmiendas.

La enmienda 47 hace referencia a la disposición adicional quinta.
Por respeto a las competencias autonómicas, en caso de plantearse la
integración de los funcionarios públicos habilitados en materia de
prevención de riesgos laborales, si el convenio de colaboración no
establece nada al respecto, queremos que sea necesario el acuerdo expreso
de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, también en aras de la colaboración y la lealtad
necesarias entre administraciones.

Finalmente, con la enmienda 48 planteamos una nueva disposición
adicional y pedimos la autonomía financiera del organismo autónomo
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Con ello pretendemos garantizar
una actuación eficiente de todo el sistema.

En el turno de portavoces continuaré explicando el porqué de
nuestro apoyo al presente proyecto de ley.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Para la defensa de las enmiendas 49 a 69, tiene la palabra el
senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president. Señorías,
buenos días.

Voy a reiterar una vez más que es una pena y una vergüenza que
hoy, que discutimos el Proyecto de Ley ordenadora del sistema de
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no tengamos un proyecto de ley
ordenadora de este Senado, ya que el problema no son las fotos, el
problema no es el trabajo sino la utilidad y función de esta Cámara. En
esta legislatura todos nos comprometimos a realizar esta reforma, a
convertir el Senado en una Cámara plenamente territorial pero no se ha
hecho. Y este es un problema y un grave defecto de esta legislatura.

El senador Saura y yo hemos presentado las enmiendas 49 a 69. No
voy a hacer una justificación detallada de ellas, las voy a agrupar en
los cuatro grandes objetivos que perseguimos, pero quiero hacer una serie
de reflexiones sobre este proyecto de ley.

En primer lugar, esta es una ley trabajada. No es una ley
polémica, es pacífica, no como sucede con otros proyectos de ley, que
llegan con mucha tensión por el nivel de desacuerdo o por la
imposibilidad de alcanzar algún tipo de consenso. Esta es una ley
trabajada con las comunidades autónomas y con los agentes sociales y goza
de un relativo nivel de acuerdo. Este es un aspecto importante para
abordar las enmiendas que voy a defender.

En segundo lugar, es una ley necesaria; es oportuno que
actualicemos y reformemos la legislación anterior.

Y en tercer lugar, considero que su tramitación en las Cortes no
es la adecuada. Esta es una de las llamadas leyes garantistas, es una ley
importante que afecta a derechos fundamentales. Hablamos y debatimos
sobre los que tienen que velar por el cumplimiento de los derechos y
deberes de los trabajadores y empresarios y por que se cumplan las leyes
que regulan el mercado de trabajo y la Seguridad Social y sus
prestaciones. En definitiva, es una ley que hubiera requerido más tiempo
y más sosiego. En el Congreso se discutió en comisión legislativa plena y
en el Senado por procedimiento de urgencia. Si esta ley hubiera merecido
un veto habría sido por su tramitación, un veto que tuviera una única
justificación: así no se discuten y aprueban leyes tan importantes.

Otra reflexión es que todas sus señorías saben que la Inspección
de Trabajo es un cuerpo con una doble dependencia: orgánica y funcional,
entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas
que, como Cataluña, tienen competencia en materia de ejecución de la
legislación laboral. Es cierto que este proyecto de ley no invade
competencias pero también lo es que en los puntos de conexión entre ambos
marcos competenciales, estatal y autonómico, hay zonas difusas que habrá
que ver y estar atento en su posterior ejecución y desarrollo.

Como decía antes, el senador Saura y yo hemos presentado una
serie de enmiendas con cuatro grandes objetivos. El primer objetivo es
establecer de forma clara y expresa cuál es la función fundamental de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de manera que ninguna otra
función pueda repercutir negativamente en la eficacia de su función
principal. ¿Cuál es para nosotros la función principal de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social? La vigilancia del cumplimiento de las
normas del orden del social del derecho, que deberá llevarse a cabo con
el objetivo de garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras
relativos a las condiciones de trabajo, a la prevención de riesgos
laborales, a la Seguridad Social y protección social, a la formación
profesional para el empleo y protección por desempleo y a la igualdad de
trato y oportunidades y no discriminación en el empleo, tal como mandatan
los convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo.
Ninguna otra función que se encomiende a los inspectores de Trabajo
deberá entorpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales o
perjudicar de alguna forma la autoridad e imparcialidad que la Inspección
precisa en sus relaciones con las empresas y trabajadores.

Todo esto viene al caso porque en esta legislatura ha habido una
cierta reorientación de gran parte de sus prioridades hacia la lucha
antifraude. ¿Es la lucha antifraude la principal prioridad de la
Inspección de Trabajo? No. Los datos de la evasión fiscal son claros:
entre el 80 y 81 % la realizan las grandes fortunas y corporaciones;
el 12 y 13 % de la evasión la practican profesionales y autónomos, y
entre un 7 % y un 8 %, los trabajadores. Con estos datos sorprende esta
cierta obsesión en la persecución del fraude laboral. Yo creo que todo
delito tiene que ser perseguido lo cometa quien lo cometa, pero todo al
final tiene que tener su lógica y, evidentemente, ha de gozar de sus
prioridades.

Señorías, los principales problemas del mercado de trabajo en
España son: abuso de la contratación temporal, horas extras no
declaradas, utilización fraudulenta del contrato temporal, incumplimiento
reiterado de las condiciones de trabajo, siniestralidad, etcétera. La
principal función hoy de la Inspección de Trabajo debe ser todo lo que
acompaña a la precariedad laboral en España. Precariedad es la principal
definición del mercado laboral, junto con el paro y la pobreza laboral.
Es por esto que el senador Saura y yo insistimos en que la garantía de la
eficacia de la función pública inspectora no solo dependa de que el
sistema se dote de los medios necesarios —quiero recordar que en
España hay un inspector de trabajo por cada 25 000 trabajadores y en
Francia hay uno por cada 15 000—; queremos que en la ley se
delimite de forma clara su función esencial, y esto justifica la
enmienda 49 que presentamos.

Un segundo objetivo es garantizar que la Inspección de Trabajo y
de la Seguridad Social tenga lo medios humanos, técnicos y materiales
suficientes para realizar con eficacia sus funciones. En una disposición
adicional nueva proponemos que sea obligación permanente de las
administraciones garantizar esta suficiencia de recursos.

Un tercer objetivo es transformar el organismo estatal de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en una agencia. Creemos que la
transformación en una agencia como entidad pública, de conformidad con el
Capítulo III, del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
organización y funcionamiento de la Administración General del Estado,
permitiría dotar al sistema de la Inspección del necesario grado de
autonomía en la gestión y reforzar la independencia de la función pública
inspectora. Enmiendas números  51 a  56.

Y un cuarto y último objetivo es que, ya que concurren dos
administraciones en la Inspección de Trabajo, y como consecuencia de la
lógica movilidad y en el ejercicio del derecho del traslado, se puedan
producir vacantes no contempladas en el momento de cuantificar la oferta
pública de empleo.

Con nuestra enmienda 50 proponemos garantizar las dotaciones
oportunas.

Lamentablemente, en este proyecto de ley se reitera, al igual que
en otros, que las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer un
incremento del gasto público. La pregunta, señorías, es: ¿Cómo vamos a
garantizar el despliegue de la ley que actualiza los cometidos y
funciones del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social? Ya lo
dije ayer en el debate de las leyes de protección a la infancia y a la
adolescencia: no hagan demagogia, no practiquen el electoralismo zafio,
no rebajen impuestos y dediquen sus ingresos, por ejemplo, al despliegue
de esta ley.

Por estas razones les pido que voten a favor de las enmiendas que
hemos presentado el senador Saura y yo en representación de Iniciativa
per Catalunya Verds y que yo he defendido.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

El Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió ha
presentado las enmiendas 71 a 80.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gracias, presidente. Buenos días, señor
presidente.

Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i d’Unió, presento las enmiendas 71 a 80.

Como han dicho otros senadores, ciertamente es una ley muy
técnica. Es verdad que ha habido bastante diálogo por parte del
ministerio con las comunidades autónomas y con los agentes sociales. En
este sentido, les diré que una de las enmiendas al artículo 12.De la
función inspectora está motivada porque se echa en falta una regulación
más detallada de las funciones de asistencia técnica a las empresas
reguladas en el artículo 12.2 .a) del proyecto de ley.

En cuanto al apartado de conciliación, mediación y arbitraje del
citado artículo de la función inspectora, que dice que la función de
arbitraje por parte de la inspección, sin perjuicio de las funciones
técnicas de información y asesoramiento si lo solicita cualquiera de las
partes, será incompatible con el ejercicio simultáneo de la función
inspectora, proponemos trasladar este párrafo a una nueva letra f) e
incorporar la incompatibilidad de la función inspectora con los tres
supuestos incluidos en el punto 3 de conciliación, mediación y arbitraje
del artículo, ya que en la redacción del proyecto tan solo se prevé dicha
incompatibilidad en relación con el arbitraje.

En otra de las enmiendas, que afecta al artículo 13.Facultades de
los inspectores de trabajo y Seguridad Social para el desempeño de sus
competencias, nosotros damos una explicación mucho más amplia y detallada
a partir de: «En el ejercicio de sus funciones, los inspectores de
Trabajo y Seguridad Social tienen el carácter de autoridad pública y
están autorizados para:..» sobre lo que entendemos que son sus
competencias, como, por ejemplo, practicar cualquier diligencia de
investigación, requerir información solo o ante testigos, exigir la
comparecencia del empresario o de sus representantes, examinar en el
centro o lugar de trabajo todo tipo de documentación. Es decir, damos una
información mucho más amplia sobre la capacidad que tienen para hacer
esta inspección. Por tanto, si el volumen de documentación requerida
fuera grande y resultara difícil su traslado, parecería lógico que su
examen tuviera que ser en la propia empresa para facilitar la diligencia
de todo este trabajo.

Tenemos otra enmienda que se refiere al artículo 18.De la
colaboración con los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, a través de la cual incorporamos una redacción nueva en el
apartado a) que es: «... identificados documentalmente por los medios que
acrediten claramente su identidad como funcionarios del Cuerpo Superior
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social o funcionarios del Cuerpo de
Subinspectores Laborales.» Para nosotros, la identificación de los
funcionarios del Cuerpo de Inspectores debe llevarse a cabo en aras de la
seguridad jurídica y del derecho a la libertad y seguridad, en coherencia
con lo expuesto en la enmienda realizada al artículo 13.1.

Hemos presentado otra enmienda de modificación al punto 2 del
artículo 18.De colaboración con los funcionarios de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, mediante la cual se incorpora que la
obligación de los profesionales y de las entidades en las que estos
prestan sus servicios de facilitar información no alcanza a aquellos
datos confidenciales a que hubieran accedido por su prestación de
servicios de asesoramiento y defensa o a la información médica con
ocasión de prestaciones o atenciones sanitarias. Nosotros creemos que
aquí, en algunos momentos, hay una laguna, un vacío importantísimo de
información, de transmisión de determinada información, lo que acaba
siendo una dificultad para un mejor ejercicio de la
responsabilidad.

Presentamos una enmienda de modificación al
artículo 21.Modalidades y documentación de la actuación inspectora,
punto 1, mediante la cual añadimos: «... preferentemente por medios
electrónicos...» Demasiadas veces nos encontramos con que determinadas
estructuras de la Administración no responden al siglo XXI; por un lado,
estamos hablando de la Administración abierta, de la Administración
electrónica, de la Administración de la transparencia, de la
accesibilidad a la información, de la racionalización de los procesos,
pero en muchísimos casos todavía existen muchos procesos en estamentos
administrativos en los que no se utilizan las nuevas tecnologías, todo
aquello que tiene que ver con los medios electrónicos. Es una evidencia
tan grande que no tendría ni que decirse, pero lo tenemos que poner
porque, ciertamente, no se menciona y la experiencia nos demuestra que es
un déficit importantísimo pues en muchos casos todavía se trabaja en una
Administración del siglo XIX y no en la que corresponde al siglo
XXI.

La enmienda al artículo 29.El Consejo Rector propone la siguiente
redacción: «a) Conocer y aprobar los planes y programas generales de
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las medidas
necesarias para su ejecución, así como los criterios técnicos para el
ejercicio de la función mediadora.» Es decir, la cultura de la
Administración, la cultura del diálogo, la cultura de intentar que no
todo quede reducido a un expediente, a una inspección, que la función
mediadora no sea solo para determinadas políticas públicas, sino que
forme parte del ADN del ejercicio público y de la responsabilidad
pública. Cuando hablamos de una función de inspección de trabajo,
entendemos que todo lo que tiene que ver con la función mediadora también
tiene que formar parte de este ADN del servicio público de las
administraciones como un elemento de más eficacia y de trabajo en
positivo.

Nuestra enmienda 78 modifica la disposición adicional quinta.
Cuerpo de Subinspectores Laborales. La disposición adicional quinta
dice: «Para el ingreso en la Escala de Empleo y Seguridad Social del
Cuerpo de Subinspectores Laborales será necesario disponer de título
universitario oficial de Graduado adscrito a la rama del conocimiento de
ciencias sociales y jurídicas.» Nosotros creemos que esta formación
exclusiva es una limitación excesiva. Estamos convencidos de que hay
otras formaciones profesionales, otras carreras, que pueden dar valor
añadido a la profesionalidad y a las características que tiene que tener
un funcionario público. Por tanto, la formación exigida de estas
características limita excesivamente. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señoras, guarden un poco de silencio, por
favor.

La señora CANDINI I PUIG: Presentamos también una enmienda de
supresión de la disposición adicional décima del referido texto en tanto
que dicha disposición dice que prevé que las medidas incluidas en esta
norma no podrán suponer un incremento del gasto público y, en
consecuencia, de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de
personal. Evidentemente, compartimos el criterio manifestado siempre por
el Consejo Económico y Social en su dictamen sobre el proyecto de ley,
pero esta previsión podría dificultar o suponer de facto una limitación
presupuestaria a futuro para las acciones que puedan ponerse en marcha en
el marco de la actualización de las funciones y de los medios que se
requieren. Por tanto, creemos sinceramente que es una excesiva
limitación, aunque en todo caso, en el contexto global se verá si
realmente es prioritaria o no.

He dejado para el final la última enmienda que presentamos, que
es una enmienda de adición de una nueva disposición adicional y que para
nosotros es la más importante. Con ella proponemos una nueva redacción
que dice que las disposiciones establecidas en esta ley se aplicarán sin
perjuicio del régimen correspondiente al Cuerpo de Subinspectores de
Seguridad y Salud en el Trabajo, creado por la disposición adicional
tercera de la Ley autonómica 11/2010, de 19 de mayo, de la Agencia
Catalana de la Inspección de Trabajo, por la que la Comunidad Autónoma de
Cataluña podrá optar por la aplicación de dicho régimen. La ley crea un
nuevo cuerpo funcionarial, el de Subinspectores Laborales, con dos
escalas. Consideramos que al crear esta segunda escala, la ley invade
competencias autonómicas puesto que Cataluña creó a través de la
Ley 11/2010 su propio Cuerpo de Subinspectores de Seguridad y Salud no
desarrollado todavía. Por tanto, esta ley invade las competencias que en
su día se aprobaron con la Ley 11/2010 en el Parlamento de Cataluña.

En todo caso, lo que pedimos es el voto favorable a estas
enmiendas que formulamos.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 22
a 35.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Varela.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el preámbulo del Proyecto de Ley reguladora del sistema
de Inspección de Trabajo y Seguridad Social argumenta una serie de
razones por las que se trae a esta Cámara, y previamente fue al Congreso
de los Diputados. Entre ellas habla de conjugar la necesaria flexibilidad
en la gestión de los recursos humanos con una mayor protección de los
derechos de los trabajadores, de contemplar la evolución en el ejercicio
de las competencias autonómica de ejecución de la legislación laboral en
el territorio español o de mantener y consolidar el incremento de la
efectividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con los
procesos de modernización y tecnificación en su funcionamiento en los
últimos años, integrando y ordenando mejor el funcionamiento de los
servicios de inspección. El Grupo Socialista comparte la filosofía que
impregna esta descripción que hace el preámbulo de la ley sobre lo que
debe pretender esta nueva ley que regula la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, la compartimos, pero esta filosofía y estas razones no
están contempladas o lo están insuficientemente en el texto del proyecto.
Por eso, porque consideramos que estas razones son objetivamente
necesarias —por lo tanto, las apoyamos— y no están
contempladas en la medida que deberían estarlo en el texto articulado,
presentamos nuestras enmiendas.

No presentamos una enmienda a la totalidad ni vetamos esta ley
porque creemos que el desarrollo de la Inspección de Trabajo, que tiene
más de cien años de historia en nuestro país, merece un apoyo general,
unánime, o la más amplia mayoría que se pudiera alcanzar en esta Cámara,
sino enmiendas precisamente destinadas a conseguir los objetivos que el
preámbulo de la ley describe. De ahí nuestras enmiendas.

Enmendamos el proyecto basándonos en estas premisas
fundamentalmente, con tres objetivos: en primer lugar, pretendemos
propiciar un sistema integrado de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social como garante de los derechos de los trabajadores, como garante del
sistema de protección social y como garante de la protección y la salud
de los trabajadores. (Ese debe ser el objetivo básico que persiga esta
ley). En segundo lugar, queremos favorecer el ejercicio de las
competencias autonómicas en un sistema integrado —y que se define
así— de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, adecuadamente
dotado de recursos tanto humanos como materiales, como económicos. En
tercer lugar, pretendemos reforzar la profesionalidad y la independencia
de la actuación inspectora, tal y como regulan los artículos 81 y 129 de
la Organización Internacional de Trabajo.

Con estos objetivos pretendemos generar un marco que determine
una ley de Inspección de trabajo y Seguridad Social, que posibilite y
mejore dos ámbitos —creo que están perfectamente detallados o
explicitados en los objetivos que fijamos—: el ámbito funcional y
el ámbito territorial. En el primero, en el ámbito funcional —lo
dijo alguno de los portavoces que intervinieron con anterioridad—
pretendemos una inspección cuyo ámbito de actuación se centre
fundamentalmente en el control de las condiciones de trabajo, en la
precariedad laboral. La historia de la Inspección de Trabajo está
caracterizada por una permanente adaptación a las necesidades de las
condiciones del trabajo y de las relaciones laborales en nuestro país, y
cuando se trae este texto a esta Cámara —no puede ser una
excepción—, se debe de adaptar a las necesidades de cada momento y
tener la flexibilidad suficiente para dar respuestas a las necesidades de
los trabajadores, de las empresas y de nuestra sociedad. Por eso, creemos
que debe ser una inspección con un ámbito de actuación firmemente volcado
en regular y en proteger las condiciones de trabajo de nuestros
trabajadores. La precariedad laboral, la jornada, el trabajo a tiempo
parcial, las horas extraordinarias, los descansos, los falsos autónomos,
el fraude a la Seguridad Social deben ser actuaciones de la inspección,
que deben de estar protegidas y reguladas por la propia ley y que debe,
posibilitar que los agentes inspectores tengan la mayor capacidad para
actuar sobre las condiciones de trabajo o el incumplimiento de las
condiciones de trabajo de nuestros trabajadores. Queremos que esta ley se
centre más en esto que en lo que está pasando desgraciadamente en los
últimos años, donde se pretende que las inspecciones de trabajo sean unos
elementos de control del fraude o del posible fraude de las infracciones
de los trabajadores o parados frente a las infracciones de las empresas.
Indudablemente que hay que perseguir todo tipo de infracción, pero la
esencia máxima y primigenia de la Inspección de Trabajo es la protección
de los trabajadores, y esta ley debe perseguir —como lo hicieron
las anteriores— ese objetivo.

Tenemos también una pretensión en lo territorial, en el
desarrollo de la estructura territorial de la inspección. La evolución
del ejercicio de las competencias autonómicas en materia de relaciones
laborales en nuestro país es muy evidente y está afortunadamente muy bien
instalado. Por eso defendemos —y en nuestras enmiendas así se
recoge— una inspección que tenga una estructura federal, una
inspección integrada. La propia estructura de la inspección, donde parte
de sus competencias dependen de las comunidades autónomas —todo
aquello que tiene que ver con la seguridad y salud de los
trabajadores— y otra parte tienen que ver con la Administración
central —lo que hace referencia a la Seguridad Social y a los
modelos de contratos—, debe posibilitar que las comunidades
autónomas se encuentren cómodas, a gusto en este modelo integrado de la
inspección. Lamentablemente, señorías, aunque hubo un intento nonato en
el Congreso —porque no llegó a cuajar una transacción entre
nuestras posiciones y las del Grupo mayoritario—, no conseguimos
que esa implantación que pretenden las comunidades autónomas, y que está
reclamada, por ejemplo, por Andalucía, en cuanto a que las comunidades
autónomas puedan formar parte del diseño de la distribución de los
efectivos de la inspección en el conjunto del Estado, se reflejara o se
contemplara suficientemente en este proyecto de ley. Creemos que eso
formaría parte de un mejor funcionamiento del sistema integrado y de una
mayor complicidad y cooperación de las comunidades autónomas en dicho
funcionamiento.

Media docena de nuestras enmiendas están destinadas a garantizar
la autonomía financiera del organismo autónomo y del sistema integrado y
a corregir derivas recentralizadoras y de invasión de competencias que se
esbozan en el proyecto de ley. Que comunidades como Andalucía pretendan
ejercer sus competencias en el marco de un sistema integrado, señorías,
no es malo, es bueno —es bueno para el sistema, es bueno para los
efectivos de la Inspección de Trabajo y es bueno para los trabajadores y
la empresa—, pero la no admisión de nuestras enmiendas, señorías,
no ayuda a mantener este modelo integrado. También entendemos que la
Administración central, la Administración del Estado debería hacer los
máximos esfuerzos para que este sistema integrado fuera exitoso y se
encontraran cómodos todos los actores en el mismo.

Nuestras enmiendas van destinadas a que el principio de
especialización determine, junto con la creación de unidades
especializadas —ya contempladas en la actual ley—, la
existencia de cuerpos de subinspectores que se especialicen en el empleo
y Seguridad Social, por un lado, y en seguridad y salud laboral , por el
otro, dotándolos de una mayor operatividad, como proponemos en las
enmiendas destinadas a la matización de la presunción de certeza que se
contiene en el artículo 16.8, párrafo segundo, pues no es extensible a
cualquier funcionario para cualquier materia, entre otras razones porque
debe contar ese funcionario con la formación necesaria en la materia
sobre la que se aplica la presunción de inocencia. Por eso, hablamos de
la precaución necesaria cuando se dota al funcionario o a determinados
cuerpos de la capacidad de habilitar la presunción de inocencia.

Presentamos enmiendas destinadas a suprimir el carácter
vinculante que el proyecto de ley confiere a los criterios técnicos que
se fijen en la actuación de la actividad inspectora, ya que esto puede
contravenir la independencia de los inspectores de Trabajo y Seguridad
Social, reconocida en los convenios 81 y 129 de la OIT.

La enmienda número 30 va destinada a determinar por ley el
carácter paritario del consejo rector, estableciendo el número de vocales
de cada administración que pertenece o debe pertenecer a ese consejo
rector, y a favorecer la voz del territorio en la actuación, en la
decisión y en la regulación de la actividad inspectora.

La enmienda 33 está dirigida a respetar las competencias de las
comunidades autónomas en materia de inspección de trabajo, como ya
comenté anteriormente.

La enmienda 35 está destinada a garantizar la autonomía
financiera del sistema integrado de inspección, así como su suficiencia
económica.

Señores senadores, señores representantes de la mayoría que
sustenta al Gobierno y que traslada este proyecto de ley a la Cámara,
creemos que son enmiendas razonables, útiles; que modernizan el sistema
integrado de Inspección de Trabajo y Seguridad Social; que son
equilibradoras con el conjunto del territorio; y que son garantistas del
funcionamiento de nuestro sistema.

Nosotros, señorías, queremos votar afirmativamente esta ley, pero
creemos que, sin excesivo esfuerzo por la mayoría, se podían y debían
integrar estas enmiendas que mejoran el texto.

Nuestra disposición es máxima para tratar que este texto salga
con el mayor apoyo posible de esta Cámara, pero no será posible si no
existe la sensibilidad, la receptividad suficiente del grupo mayoritario
para recoger estas enmiendas que pensamos que francamente mejoran el
texto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

¿Turno en contra?

Senadora Romero, tiene la palabra.

La señora ROMERO BAÑÓN: Gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías.

En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los grupos
parlamentarios el trabajo que han realizado durante la tramitación de
este proyecto de ley. Se trata de una ley que se inserta en el conjunto
de medidas adoptadas por el Gobierno para la racionalización,
simplificación y modernización de las administraciones públicas, las
cuales han de orientarse prioritariamente a satisfacer los derechos y las
expectativas de los ciudadanos, que es, en definitiva, hacia donde ha de
orientarse la acción de los poderes públicos en sus distintas áreas de
actuación. Por ello, la Inspección de Trabajo en cuanto servicio público
contribuye decisivamente, señorías, al mantenimiento de los derechos de
los trabajadores y al sostenimiento del sistema de protección social. Por
tanto, hay que planificar adecuadamente y actualizar a las necesidades de
la sociedad sus actividades de vigilancia y control, especialmente en
aquellos ámbitos en los que existe una alta demanda de los ciudadanos,
como son los relativos al régimen de contratación laboral, a la dualidad
del mercado de trabajo, a la prestación de las condiciones laborales en
condiciones de igualdad y al derecho de seguridad y salud en el trabajo,
todo ello coordinado con la garantía y pervivencia de un régimen público
de Seguridad Social. Asimismo, señorías, también ha de potenciarse la
función de mediación e información y de asistencia técnica a empresas de
la Inspección de Trabajo, reforzando así su papel armonizador en las
relaciones laborales. Este es el espíritu, señorías, en el que se inspira
el proyecto de ley que hoy traemos a esta Cámara y al que el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado va a dar su apoyo. Por ello, señorías,
después de estudiar las enmiendas que han sido presentadas al proyecto,
no pueden ser aceptadas por las razones que expondré a lo largo de mi
intervención, no sin reiterarles una vez más mi agradecimiento por su
trabajo y esfuerzo por la aportación de las mismas.

Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y por
Entesa —a las que hacía referencia el senador Iglesias en su
intervención—, relativas a la modificación del artículo 1,
referente a la acción de vigilancia de la Inspección de Trabajo, se
rechazan, senador Iglesias, porque entendemos que son las normas propias
del orden social las que establecen sus finalidades y objetivos y que,
por lo tanto, no pueden quedar sesgadas por un criterio distinto al de la
propia Inspección de Trabajo. Además, ello iría en contra del principio
de objetividad e imparcialidad de la inspección en el ejercicio de su
función.

Tampoco pueden aceptarse, señorías, las que pretenden dividir la
agrupación de subinspectores laborales en dos cuerpos, en lugar de en dos
escalas, como establece el proyecto. Esta división del Cuerpo de
Subinspectores en dos escalas, en lugar de la creación de un nuevo cuerpo
de funcionarios, responde a la conveniencia de no incrementar en exceso
los cuerpos de funcionarios.

Se rechazan también todas aquellas que hacen referencia a la
sustitución de la mención «organismo autónomo» a lo largo del proyecto
por el término «agencia». Me gustaría detenerme en este punto, señorías,
porque creemos que es importante.

La creación de este organismo autónomo —novedad de este
proyecto de ley— obedece a la conveniencia de situar a los
servicios de inspección en el ámbito de la administración institucional,
además permite la ejecución de programas específicos, tanto de la
Administración General del Estado como de las comunidades autónomas, así
como aquellos programas conjuntos de ambas instituciones, en régimen de
descentralización. Creemos que eso es importante. Aparte, señorías, la
fórmula de organismo autónomo ha sido avalada por los agentes sociales en
el diálogo social a partir del documento que se firmó el 29 de julio, así
como por el Consejo Económico y Social, cuyo informe —muy
favorable— destaca sobre todo el elemento de coordinación,
colaboración y participación que se consigue con esta nueva fórmula y que
no sería posible con la de agencia. Además, hay que señalar que no hay
ninguna agencia que permita la cooperación ni la colaboración en pie de
igualdad como se establece con el consejo rector del organismo autónomo
que se prevé en esta ley. Hay que recordar, señorías, que actualmente
está en tramitación en el Congreso la Ley de régimen jurídico de las
administraciones públicas. En la misma se recoge que no se mantienen los
organismos autónomos ni las agencias que existen, y que no se puede
crear, en el ámbito de la administración institucional, ninguna otra
administración que no sea bajo la fórmula de organismo autónomo. Esto,
señorías, hay que tenerlo en cuenta respecto del contenido de este
proyecto de ley.

Por lo que se refiere a la enmienda presentada por Convergència i
Unió relativa a la incompatibilidad de la función inspectora de
vigilancia y control con la de conciliación, mediación y arbitraje,
entendemos que no pueden ser incompatibles dichas funciones, ya que la
función de mediación y arbitraje se realiza dentro de la función de
vigilancia y de control; al separarlas perderían su efectividad. Tampoco
pueden aceptarse las relativas a la asistencia técnica, porque no se
puede confundir la asistencia técnica que va a realizar la Inspección de
Trabajo con la labor de asesoramiento de las demandas de las
empresas.

Se rechazan también las enmiendas relativas al secreto
profesional porque este se aplica a los profesionales y no a las
entidades. No se considera necesaria la mejora que se propone en dicha
enmienda. También rechazamos la enmienda que hace referencia al
artículo 18, porque cuando se habla de datos confidenciales facilitados
con ocasión de prestaciones o atenciones sanitarias se incluyen los
datos médicos.

Señorías, no puede aceptarse la propuesta formulada por el Grupo
de Convergència i d’Unió que versa sobre la diferencia de
titulaciones exigidas para el ingreso en cada una de las escalas de los
cuerpos de subinspectores, ya que se pretende contemplar dos escalas
especializadas de cuerpos de subinspectores, uno de empleo y seguridad
social, como prevé esta ley, y otro de seguridad y salud laboral. Por lo
tanto, la exigencia de esta titulación es necesaria para la
especialización en el ejercicio de la función que se tenga que
realizar.

También se rechazan aquellas que proponen la supresión de la
disposición final décima y la adición de una nueva disposición adicional,
porque el contenido del proyecto que ahora se presenta y la normativa
actualmente vigente ya permiten la adopción de medidas necesarias para
mantener y otorgar una mayor eficiencia a los recursos humanos y
materiales en el ejercicio de la actividad inspectora.

Tampoco podemos aceptar las presentadas por el Grupo Socialista y
por la Entesa sobre la creación de un nuevo cuerpo de subinspectores de
seguridad y salud laboral porque, como hemos dicho anteriormente, la
creación de esta nueva escala tiene un enfoque técnico-científico, y
aceptar esta enmienda supondría quitar la especialización que se requiere
para esta escala.

Igualmente no pueden aceptarse aquellas que proponen la supresión
del carácter vinculante de los criterios técnicos, ya que si no tuviesen
este carácter vinculante no se garantizaría de una manera homogénea la
aplicación de la normativa social. Tampoco pueden aceptarse las relativas
a la publicación, al considerar que eso ya viene exigido por la Ley de
transparencia y de buen gobierno.

Señorías, se rechazan también las relativas a reducir las
funciones de la dirección especial de inspección en cuanto a las
competencias de la Administración General del Estado, puesto que un
adecuado funcionamiento de la Inspección de Trabajo es necesario para
garantizar la coherencia de la misma en actuaciones del ámbito
territorial de una comunidad autónoma; y es imprescindible que estas
actuaciones se coordinen con las actuaciones en todo el territorio
nacional.

Por último, me gustaría referirme a la enmienda presentada por el
Grupo Vasco que alude a la modificación de la Ley de infracciones y
sanciones a la que se ha referido aquí la portavoz del grupo. La enmienda
se justifica —como usted muy bien ha dicho aquí— porque se
quiere ajustar la normativa a la distribución competencial vigente y, en
particular, al contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional
de 25 de abril de 2013. No puede aceptarse esa enmienda porque el ajuste
de esa sentencia a la normativa vigente ya se realizó por la Ley de 28 de
febrero de 2014 para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y
otras medidas urgentes en el orden económico y social. Por todo ello,
señorías, tengo que decirles que esta ley tiene una gran importancia
institucional —como hemos coincidido todos los portavoces de los
grupos al hablar en esta Cámara—; es una ley que viene muy
consensuada del Congreso, en la que ha habido una gran participación de
las comunidades autónomas, una gran colaboración entre el Gobierno y las
comunidades autónomas, cuyo contenido se ha consensuado y se ha hablado
con las organizaciones sindicales y con los agentes sociales. Es un
proyecto no político sino técnico, que tiene que estar al servicio de
todas las administraciones. Por lo tanto, es un proyecto de ley de todos
y para todos. Por eso, señorías, les pido el voto favorable para este
proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Romero.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Mixto, tiene la
palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Coincido con la portavoz del Grupo Popular —como reflejaba
ya en mi primera intervención— en que se trata de un proyecto
técnico, pero la negativa del Grupo Popular a aceptar alguna de las
mejores técnicas que hemos pretendido incorporar no es precisamente la
mejor invitación para apoyar el proyecto. En consecuencia, no votaremos
en contra, pero nos abstendremos ante el mismo. Uno de los argumentos
para rechazar una parte sustancial de nuestras enmiendas era que la
función de la Inspección de Trabajo tiene que responder a los principios
de objetividad e imparcialidad. Nada que objetar a que eso sea así, pero
la enmienda que formulamos en ningún caso supone la eliminación de estos
principios. La Constitución española establece —como saben su
señorías— en el artículo 14 el principio de igualdad, pero en la
plasmación del principio de igualdad en nuestro amplio corpus legislativo
supone que se trate igual a quien es igual. En el ámbito del mundo
laboral, la posición en la que se encuentran trabajadores y empresarios
no es una posición de igualdad; hay una posición preeminente del
empleador sobre el empleado. En consecuencia, a lo largo de la historia
del derecho laboral, ya desde las primeras elaboraciones en nuestro país
del Instituto de Estudios Sociales, la constatación legislativa en la
primera década del siglo anterior, el desarrollo, incluso bajo la
dictadura de Primo de Rivera o los avances innegables de la II República,
fueron asentando, incluso durante el franquismo, el carácter tuitivo de
ese derecho del trabajo. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa
la Presidencia). La Inspección de Trabajo no es ajena a ese carácter
tuitivo; es una pieza importante, precisamente para garantizar que en la
práctica cotidiana de las relaciones laborales, de la vida en la empresa,
el mismo tenga una plasmación. Ello no es extraño a otros ámbitos del
derecho, no debe sorprender a sus señorías que sea así. Ayer, en el
debate del proyecto de ley de protección a la infancia y a los menores
reiteradamente hicimos referencia a otro principio, el principio del
superior interés del menor a la luz del cual habría que interpretar todos
los derechos y obligaciones.






Eso supone que en la interpretación de la
normativa en el ámbito de la protección a la infancia debe primar ese
interés del menor.

En torno a la violencia de género y como respuesta a la misma,
hemos ido articulando una serie de medidas legislativas y de prácticas
policiales que, sin confrontar con los principios de objetividad e
imparcialidad, reflejan algo que es obvio, que no está en la misma
posición quien es agresor y quien es agredida. Uno de los principios que
ha de inspirar la actividad de los cuerpos policiales es, sin ninguna
duda, el de objetividad e imparcialidad. Pero ello no es óbice para que
deban ser conscientes, sin alejarse de este principio de objetividad e
imparcialidad, de que un combate eficaz contra la violencia de género
supone que no se puede dar el mismo trato al agresor que a la
agredida.

De ahí que pretendamos que este proyecto de ley de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social se traduzca en el reconocimiento expreso de
que la acción de la Inspección de Trabajo ha de responder a principios de
protección de los trabajadores que, además, responden a exigencias
legales, no a la voluntad del inspector de trabajo que abandona las
exigencias de objetividad e imparcialidad, porque precisamente, para dar
cumplimiento a los preceptos legales, ha de ser consciente en su acción
inspectora de esa situación desigual que se da entre el empleador y el
empleado; en consecuencia, ha de orientar su actuación inspectora siendo
consciente de esa realidad y siendo respetuoso con un marco normativo que
pretende buscar una aproximación que supere en parte esa desigualdad al
establecer una normativa laboral protectora de los derechos de los
trabajadores.

Muchísimas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Lamentamos que no se haya aceptado esta
enmienda porque realmente entendíamos que iba a mejorar sensiblemente el
proyecto de ley al eliminar las inseguridades jurídicas que va a provocar
el hecho de que no estén contempladas ni tipificadas todas las sanciones
que sean establecidas por ambos ordenamientos en materia de inspección de
trabajo. Habría facilitado muchísimo el trabajo tanto de la Inspección
Española de Trabajo como de la Inspección Vasca de Trabajo; y habría
redundado en beneficio de todo el mercado laboral.

Por ese motivo, mi grupo parlamentario se va a abstener en este
proyecto de ley; y lo lamentamos de verdad.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Martínez.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el
senador seños Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señorías, los senadores socialistas del Grupo de la Entesa
entendemos que el proyecto de ley ordenadora del sistema de inspección de
trabajo y Seguridad Social, que es el que nos ocupa en este debate, es
una norma fundamental para reforzar, modernizar y mejorar la eficacia del
sistema integrado de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como
garante de los derechos laborales y del sistema de protección
social.

Coincidimos en la importancia del objetivo del proyecto de ley
para la configuración de un nuevo modelo para la inspección de trabajo y
Seguridad Social en nuestro país, adaptado a los cambios producidos en la
organización del trabajo y en las relaciones laborales, así como al marco
competencial diseñado por los nuevos estatutos de autonomía con objeto de
mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos, como ya he razonado
en el turno de defensa de las enmiendas.

Además, la necesidad de esta reforma ha sido ampliamente
demandada por las organizaciones sociales y sindicales en el marco del
diálogo social, y así se ha reclamado y reivindicado en los diferentes
documentos de acuerdo desde el año 2006. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).

Como saben, el Estatuto de Autonomía de Cataluña asumió las
competencias de funciones y servicios en relación con la Inspección
Trabajo y Seguridad Social. Este traspaso de funciones se materializó a
través del Real Decreto 206/2010, de 26 de febrero, y el posterior
Convenio de colaboración de 5 de marzo de 2010 entre la Administración
General del Estado y la Generalitat. Este nuevo marco competencial, unido
también al traspaso de estas funciones al Gobierno del País Vasco, exigía
la modificación de la Ley vigente 42/1997 para configurar un nuevo modelo
que reconociera la nueva especificidad competencial y facilitara el
ejercicio de estas competencias mediante el establecimiento de
instrumentos adecuados de coordinación, colaboración y cooperación

En este sentido, creemos que se ha avanzado en el camino correcto
con el texto propuesto en la disposición adicional octava, en la que se
establece el régimen jurídico específico aplicable en materia de función
pública inspectora en las comunidades autónomas con funciones y servicios
traspasados en dicha materia.

Por tanto, nuestra valoración global a este proyecto de ley es
favorable, aunque consideramos que hay una serie de aspectos del mismo
que requieren mejoras. Por eso hemos planteado una serie de enmiendas, 13
en total, que fortalecen el sistema integral de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y garantizan plenamente unos derechos fundamentales para
los ciudadanos como son los laborales.

Lamentamos la no aceptación de nuestras enmiendas. Una vez más,
el Grupo Parlamentario Popular muestra una nula voluntad de consenso, sea
por la tradición, constatada a lo largo de la legislatura, sea por la
premura del tiempo, denunciada reiteradamente, o por la necesidad de
aprobar una cantidad excesiva, sin duda, de proyectos de ley en muy pocas
semanas. Es un proyecto de ley que podía y debería ser aprobado por una
amplia mayoría, pero no va a poder ser.

Por todo ello, y por la no aceptación de nuestras enmiendas,
señorías, los senadores y senadoras del Grupo de la Entesa nos vamos a
abstener.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Señor Guillot, tiene la palabra.

El señor GUILLOT MIRAVET: Señorías, creo que en esta Cámara todo
es político; ni dar la hora es técnico.

Nuestras enmiendas tenían tres grandes objetivos. Uno, definir
cuál es la función principal de la Inspección de Trabajo. Dos, la
agencia. Creemos que la agencia —es cierto que el Gobierno tiene
preparado un anteproyecto para la creación de la agencia de la Inspección
de Trabajo— es el instrumento más adecuado. Ya que estamos en esta
vorágine legislativa, el proyecto de ley hubiera sido más completo si
hubiera ido acompañado de la creación de una agencia y no de un
organismo. Y tres, los recursos. No puede ser que estos proyectos de ley
lleven aparejado que no puedan significar incremento del gasto. Ya dije
ayer, y lo voy a reiterar hoy, que ustedes van a dejar de ingresar 1500
millones de euros porque el señor Rajoy ha decidido una rebaja de
impuestos de forma precipitada, sin demasiado estudio, que va a
representar menos 1500 millones. Cuando se rebajan los ingresos, o se
rebaja el gasto o el resultado se llama déficit. Por otra parte, esto
afectará a millones de personas; aunque ayer una senadora del PP decía
que no, que esta medida va a dinamizar el consumo. Para las rentas
de 20 000 euros va a significar un ahorro de 8 euros; para las rentas
de 100 000 euros de 114 euros. Es cierto que hay inequidad entre las
rentas más bajas o medias y las rentas más altas, pero estamos hablando
de cifras irrisorias como para lanzar las campanas al vuelo y hablar de
dinamizar el consumo.

Estas son las principales razones por las presentamos nuestras
enmiendas, que no han sido aceptadas, y lo lamentamos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene
la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gracias, señor presidente.

Quiero manifestar que nuestra posición ante esta ley va a ser la
abstención. Sinceramente, creemos que se pierde una oportunidad. Es
verdad que durante el año han trabajado mucho el Ministerio y los
responsables del gobierno de Cataluña; que han hecho, en parte, un
trabajo serio; pero también creemos que, en buena medida, nuestras
enmiendas, y también algunas otras, aportaban elementos importantes,
aspectos técnicos, no ideológicos. Por tanto, no entendemos cómo no son
aceptadas cuestiones que tienen que ver con la formación, con la
adaptación de las leyes a las nuevas tecnologías y con la referencia,
para nosotros absolutamente importante, que he hecho antes a la agencia
de inspección catalana, a partir de la ley que se aprobó en su momento No
entendemos por qué no se pueden respetar todas estas cuestiones ni por
qué no se incorporan como parte del ADN del trabajo estos elementos
relativos a la mediación profesional, funcionaria y social, ya que el
trabajo sería mucho más eficaz. Por todo ello, nos abstendremos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Martínez-Aldama.

El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor presidente.

Como ustedes saben, mi grupo ha presentado catorce enmiendas.
También saben que no hemos presentado ningún tipo de veto, porque nuestra
voluntad era llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas en un
tema tan importante como este.

Presentamos catorce enmiendas para enriquecer un texto; y
ustedes, el Grupo Parlamentario Popular, no han querido incluir ninguna
de ellas. Por tanto, ya les adelanto que nuestro voto a este proyecto de
ley va a ser la abstención. Y quiero recalcar esta idea, señorías. No
hemos querido presentar ningún veto y sí catorce enmiendas parciales
porque pensamos que sería muy importante llegar a un acuerdo unánime con
todas las fuerzas políticas en esta materia. Nos hubiera gustado que este
proyecto de ley tuviera el apoyo total de la Cámara, pero ustedes no han
querido ni hablar de nuestras enmiendas, ni sentarse siquiera, ni
acordar. De hecho, nadie nos ha llamado durante estos días. Por tanto,
son ustedes, con su actitud, los únicos responsables de la abstención de
mi grupo parlamentario.

Quisiera hacer alguna breve reflexión, ya apuntada por el señor
Varela en su anterior intervención. Los objetivos de las enmiendas del
Grupo Socialista son claros; son tres: el primero, reforzar el sistema
integrado de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para que sea
garante de los derechos laborales y de la protección social; algo lógico.
El segundo, favorecer el ejercicio de competencias autonómicas mediante
un sistema de inspección dotado de los suficientes recursos humanos,
materiales y económicos; también lógico en un sistema con competencias
compartidas. Y por último, algo muy importante, reforzar la
profesionalidad y la independencia de los inspectores; y mencionaba con
buen criterio mi compañero Varela, los artículos de la OIT que hacen
referencia esto, el 81 y el 129.

Señorías, el Grupo Socialista entiende que esta ley hubiera sido
el vehículo ideal para perfeccionar aquellos mecanismos que nos permitan
una mejor planificación de la lucha contra el fraude laboral. El fraude
en la contratación, pero también el fraude y los abusos, que de hecho se
dan, en las condiciones de trabajo, en el trabajo no declarado, en el
empleo irregular y, cómo no, a la Seguridad Social. Lamento sinceramente
que ustedes no acepten estas propuestas; y más cuando saben ustedes,
porque han sido parte de esta historia, que durante esta legislatura se
han aprobado más de veinte cambios legales, más de veinte, en el ámbito
laboral, no para provocar más regulación, todo lo contrario, para
provocar más desregulación y, por consiguiente, más riesgos de fraude
laboral y de fraude a la Seguridad Social. Por no citar, señorías, las
cadenas de subcontratación cuyo eslabón final en muchos casos, en la
mayor parte, son empresas total o parcialmente sumergidas. Por cierto,
este fraude que se ocasiona a la Seguridad Social está provocando
gravísimas pérdidas a la propia Seguridad Social por vía de no
cotizaciones.

Aquí, a veces, hemos hablado de la merma de ingresos de la
Seguridad Social por la rebaja de sueldos, y porque hay menos empleo en
esta legislatura, también por esta vía de no cotizaciones provocada por
el fraude a la Seguridad Social. Ustedes saben, porque lo han hecho, que
han tenido que extraer 43 000 millones de euros de la hucha de las
pensiones; por tanto, es imperativo recaudar más para luchar contra el
fraude laboral y a la Seguridad Social.

Y una última reflexión. Les propusimos la creación de dos cuerpos
diferenciados de inspectores. ¿Por qué? Por algo lógico, para garantizar
una mayor especialización y profesionalidad de los inspectores y, por
tanto, ganar en eficiencia y eficacia.

Acabo, señor presidente. Lamentamos que esta ley no obtenga la
unanimidad de la Cámara porque, una vez más, el Partido Popular tira de
rodillo, con su mayoría absoluta, y no escuchan ni a nada ni a nadie. Nos
hubiera gustado más una ley de largo recorrido para reforzar la unidad de
acción, pero ustedes han preferido, una vez más, su ley en lugar de la
ley de todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Martínez-Aldama.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
el senador Fernández Sánchez.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. Señorías,
buenos días.

En primer lugar, quiero agradecer el tono de las intervenciones
de los distintos portavoces porque se ha puesto de manifiesto que este
proyecto de ley ha sido muy consensuado, y no solamente en el Congreso de
los Diputados; también ha habido consenso en el propio cuerpo de la
Inspección de Trabajo y en las comunidades autónomas. Para llegar hasta
aquí se ha hecho un largo recorrido; mucho trabajo, que lógicamente se ha
plasmado hoy con este importante papel jurídico que vamos a aprobar
seguidamente.

Es una ley muy necesaria para nuestro ordenamiento jurídico que
permite, como he dicho al principio, a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social evolucionar, porque si bien es verdad que el cuerpo de
inspectores, con sus más de cien años, tiene un rango y una credibilidad
importantes en nuestro ordenamiento jurídico, no es menos cierto que la
propia Inspección siempre se ha tildado por sí sola de ser imparcial,
ecuánime y, sobre todo, de velar por los derechos de los trabajadores, y
en ocasiones, no solamente por ellos, sino también por la Seguridad
Social, la salud laboral; y lo ha hecho, lógicamente, en el contexto que
marca nuestro ordenamiento jurídico.

Algún portavoz ha comentado que la Inspección de Trabajo no ha
hecho del todo su papel, que no ha llegado a arraigar del todo, que no ha
jugado el importante papel que le corresponde. Pues bien, la memoria que
acompaña a este nuevo proyecto de ley resalta que en 2014 la Inspección
de Trabajo llevó a cabo 1 161 869 actuaciones; una cantidad
importantísima, de las cuales, 648 119 fueron de Seguridad
Social; 306 000, de salud laboral; y 124 000 de relaciones laborales, sin
olvidar la extranjería: 4199 actos de instrucción levantó esta Inspección
de Trabajo; y 20 280 informes en materia de empleo.

Este proyecto también toca la igualdad de los trabajadores en sus
desplazamientos cuando prestan su servicio, e igualmente redenomina
—una petición antigua— el actual cuerpo de subinspectores de
Empleo y Seguridad Social, los cuales se integran en una escala más
apropiada; de hecho, hay cuerpos nacionales a los que posiblemente les
convendría más. No se ha mencionado que el Consejo Económico y Social, en
su sesión del 25 de marzo de 2015, dio su visto bueno a las actuaciones
contenidas en el proyecto de ley con unas conclusiones muy claras y una
valoración general muy positiva, con un único voto particular.

Por tanto, señorías, este proyecto de ley incide en lo que va
significar a partir de ahora el cuerpo de Inspección de Trabajo, al cual
quiero felicitar, en nombre de mi grupo parlamentario, por su trayectoria
intachable, por su trabajo diario, y por las grandes reformas que han
llevado a cabo. No olvidemos que no hace mucho tiempo la ministra de
Empleo puso en la página web del ministerio un buzón de sugerencias; y
que por aquel buzón han corrido las denuncias, gracias a las cuales se
está cumpliendo la normativa laboral. Este cuerpo lo integran excelentes
funcionarios; es más, como hoy hemos estudiado un poco el Derecho
Laboral, nos hemos acordado de aquella famosa y polémica Ley de la silla
que creó la Inspección de Trabajo en 1912, en la que se decía claramente
que había una desigualdad entre la mujer y el hombre. Hoy se trata de una
desigualdad positiva, que sería discutida lógicamente por nuestros
articulistas y redes sociales.

Pero quiero decir algo importante. Todos los portavoces han
llegado a un consenso. La Inspección de Trabajo está ahí. Todos los
grupos parlamentarios han reconocido la necesidad de actuar de esta
manera, y considero que es muy importante trabajar así. Agradezco la
abstención de muchos portavoces que de una forma encubierta no quieren
apoyar la ley por una serie de causas, pero que, más o menos, están de
acuerdo con su reforma; reforma, como he dicho anteriormente, muy
solicitada por el Cuerpo de Inspectores de Trabajo y que va a ser muy
importante.

Algunos portavoces han hablado de la presunción de certeza de las
actas de la inspección. Pues bien, creo que si suprimiéramos la
presunción de certeza este cuerpo perdería su contenido y su espíritu,
porque en ella se basan para llevar a cabo grandes actas que se pueden
desvirtuar, como dice el legislador, en todo aquello, salvo prueba en
contrario, que encontramos en los tribunales.

Sin más, señorías, quiero agradecer el tono de todos los
portavoces que han intervenido. Creo que este es un buen proyecto de ley
y que el Cuerpo de Inspectores puede salir reforzado en unos momentos de
gran dificultad por el desempleo y las condiciones sociolaborales de este
país, y estoy convencido de que será una ley muy buena que no debería
reformarse porque hoy la hemos reformado en profundidad.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Sánchez.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, dos cuestiones antes de efectuar
la votación de las enmiendas.

En primer lugar, a petición de la mayoría de los senadores, se ha
incluido un último punto en el orden del día de este Pleno, que es el
informe de la Comisión Especial para el desarrollo de la
internacionalización y ecosistema de la innovación al servicio de la
industria española y del mundo en desarrollo.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de las
enmiendas del Proyecto de Ley ordenadora del sistema de Inspección de
Trabajo.

Comenzamos votando las enmiendas del senador Iglesias del Grupo
Mixto.

Votamos la enmienda número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 225; votos emitidos, 224; a favor, 64; en contra, 144;
abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 4; en contra, 146;
abstenciones, 75.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 15.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 8; en contra, 207;
abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas número 19 y 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 78; en contra, 146;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas número 3 a 14, 16 a 18 y 21.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 8; en contra, 148;
abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco votamos la enmienda número 70.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 16; en contra, 149;
abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa votamos la enmienda
número 42.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 65; en contra, 147;
abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 39, 43 y 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 65; en contra, 147;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 40, 47 y 48.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 62; en contra, 147;
abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 37 y 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 59; en contra, 148;
abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 36, 41, 44 y 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 61; en contra, 146;
abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 63.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 224; a favor, 8; en contra, 205;
abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 67 y 68.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 18; en contra, 148;
abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 49.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 62; en contra, 149;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 50.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 225; votos emitidos, 222; a favor, 3; en contra, 146;
abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 51 a 62, 64 a 66 y 69.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 8; en contra, 147;
abstenciones, 70.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió votamos la
enmienda 80.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 25; en contra, 148;
abstenciones, 51.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 79.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 78; en contra, 146;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 78.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 224; a favor, 72; en contra, 147;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 72.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 11; en contra, 204;
abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 73 y 74.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 16; en contra, 208;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 71 y 76.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 16; en contra, 208;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 75 y 77.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 225; votos emitidos, 223; a favor, 12; en contra, 207;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda
número 28.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 225 a favor, 63; en contra, 151;
abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 23, 24 y 31.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 61; en contra, 146;
abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 26, 34 y 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 63; en contra, 146;
abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 25, 29 y 33.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 224; a favor, 65; en contra, 145;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 22, 27, 30 y 32.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 64; en contra, 146;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 224; a favor, 150; en contra, 1;
abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el
Proyecto de Ley ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y de
Seguridad Social. (Aplausos).

El señor presidente da lectura a los puntos 10., 10.1.
y 10.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen tiene la
palabra el presidente de la Comisión de Economía y Competitividad, el
senador López Rodríguez.

El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Señorías, el proyecto de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el
pasado día 3 de junio, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento
ordinario.

El plazo de presentación de enmiendas finalizó, previa
ampliación, el día 22 de junio, presentándose un total de 137 enmiendas
que se distribuyen de la siguiente forma: Enmiendas 1 a 5, de los
senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto; enmiendas 6 a 12, de los senadores Aiartza Azurtza,
Goioaga Llano, Unamunzaga Osoro y la senadora Mendizabal Azurmendi, del
Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 38 a 80, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado; enmiendas 13 a 26, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; enmiendas 81 a 137, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i d’Unió y enmiendas 27 a 37 del Grupo
Parlamentario Socialista.

El día 1 de julio se reunió la ponencia del presente proyecto de
ley y emitió informe, acordando aprobar, con el voto favorable de los
ponentes del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el texto remitido
por el Congreso de los Diputados. A continuación, se reunió la comisión y
aprobó como dictamen el informe de la ponencia.

Finalmente, han presentado votos particulares a este dictamen el
senador Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, y los grupos
parlamentarios Mixto, Vasco en el Senado, Entesa pel Progrés de
Catalunya, Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió y Grupo Parlamentario Socialista.

Buen debate. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos, en primer lugar, al debate de totalidad.

¿Hay turno a favor? (Denegaciones).

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Continuamos con las enmiendas.

Vemos, en primer lugar, las enmiendas 1 a 5 presentadas por el
senador Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el senador
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, presidente. Si me lo
permite, como únicamente son cinco enmiendas, haré la defensa de forma
muy rápida desde el escaño.

Sin ninguna duda, este proyecto de ley responde a la constatación
de que en la crisis económica que padecemos desde hace ya ocho años se
han detectado situaciones en las que la acción de la auditoría de cuentas
no había sido lo suficientemente estricta para alertar a inversores y a
administraciones sobre realidades financieras que no eran lo sólidas que
aparentaban ser. Baste pensar hoy lo que significó la salida a bolsa de
Bankia y la multitud de demandas que se están sustanciando en los
tribunales españoles en los últimos meses en torno a esta salida. En
consecuencia, es cierto que era necesaria una reforma de la regulación de
las auditorías de cuenta, pero seguramente este proyecto no acaba de
cubrir todos los huecos que se detectaron en esta crisis que aún
padecemos.

Las enmiendas que formula Izquierda Unida, que son exclusivamente
cinco, abundan en la proscripción de simultanear las funciones propias de
la abogacía y de la auditoría. También plantean una nueva disposición
adicional para que en el plazo de dos meses el Gobierno presente una
reforma de la regulación que en lo sustancial extienda las previsiones y
exigencias de este proyecto ley a las agencias de calificación que actúen
en España, por haber sido estas agencias, a lo largo de estos años de
crisis, un elemento que probablemente en algún momento, alejándose de la
objetividad mínima demandable, ha servido a intereses espurios y está en
el origen de movimientos de todo tipo capaces de generar beneficios
carentes de ninguna justificación o de poner en riesgo la supervivencia y
el futuro de entidades y de empresas, exclusivamente por valoraciones que
no se basaban en un estudio objetivo y adecuado de la situación real que
las mismas presentaban.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

También el Grupo Mixto ha presentado las enmiendas 6 a 12.

Para la defensa de estas enmiendas, tiene la palabra el senador
Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, presidente. Con su
permiso, intervendré desde el escaño.

En primer lugar, queremos volver a reiterar, tal y como ya
hicimos en el Congreso, nuestra crítica al procedimiento que han seguido
con esta ley, entre otras cosas, porque creemos que el Gobierno ha
trampeado a los grupos de la oposición y a los agentes sociales. Y paso a
explicarme. Distintos agentes sociales de Euskal Herria nos remitieron
una serie de preocupaciones y propuestas con las que buscaban proteger a
las pequeñas y medianas empresas de auditoría que, con la formulación
propuesta en este proyecto de ley, quedan en una situación bastante
complicada. Nosotros íbamos a presentar una enmienda a la totalidad en
esa misma línea, pero renunciamos a hacerlo por la sugerencia de esos
mismos agentes y por el compromiso teórico que había de abordar una
negociación amplia para consensuar al máximo esta ley. Sin embargo, una
vez más vemos que de un día para otro el Gobierno ha trampeado el proceso
legislativo de esta ley. Al final, con este texto se va a conseguir lo
que este Gobierno está impulsando desde la concepción neoliberal extrema
a la que nos tiene acostumbrados en todos los ámbitos. En este ámbito
concretamente lo que consigue es proteger e impulsar los intereses de las
grandes empresas, en este caso, las grandes empresas multinacionales en
el ámbito de la auditoría. Repasando lo que conocemos sobre este sector
vemos que los problemas de auditoría se han generado normalmente con
estas grandes empresas. Son empresas cuyo negocio fundamental no es la
auditoría, sino los negocios conexos, asesoramientos en el ámbito
laboral, fiscal, etcétera. La auditoría suele ser la entrada para colocar
esos otros negocios y para cobrar mucho más de esas empresas, con lo que
ahí se produce una mezcla de intereses y una merma de la transparencia y
de la independencia que deben existir en el ámbito de la auditoría. Este
proyecto de ley, al final, protege a estas grandes empresas y pone muchas
dificultades a las pequeñas y medianas auditoras que son precisamente las
que pueden garantizar una mayor independencia y una mayor transparencia a
la hora de realizar su labor.

Y estas y no otras son las razones fundamentales que estaban
detrás de nuestra enmienda de totalidad que no se llegó a presentar y de
las enmiendas parciales que sí hemos formulado y mantenido en el Senado.
Hemos presentado algunas enmiendas simbólicas para incidir expresamente
en estas ideas, en la necesidad de garantizar la independencia y la
transparencia y proteger a esas pequeñas y medianas empresas; las hemos
presentado en línea y coherencia con el discurso que mantiene nuestro
grupo a lo largo y ancho de los ámbitos socioeconómicos, que no es otro
que el de impulsar, proteger y potenciar la economía de proximidad, que
es la que da cohesión social y, al mismo tiempo, más oportunidades para
la generación de puestos de trabajo y riqueza en cada ámbito
económico.

Por eso, hemos mantenido nuestras enmiendas que van en la línea
de subrayar la desproporción que hay, por ejemplo, en el caso de las
entidades de interés público que se califican en el conjunto de la Unión
Europea y las que van a quedar en el Estado español, que es de una
desproporción tremenda, que va en contra de la actividad de esas pequeñas
y medianas empresas de auditoría y protege y favorece a esas grandes
empresas no solo en el ámbito del negocio de la auditoría, sino también,
y tal y como he señalado antes, en otros negocios conexos que al final
inciden en la falta de independencia y de transparencia en la realización
de estas labores, labores que sí consideramos fundamentales para evitar
muchas de las cosas que han ocurrido en el pasado.

Estas son las líneas principales de nuestras enmiendas, y quiero
acabar con la idea que transmitimos en todas nuestras intervenciones, y
es que al final ese tipo de procedimientos, como es el que nos ocupa, y
este tipo de legislación nos reafirman en la necesidad de contar con
instrumentos propios de soberanía para impulsar una legislación que esté
de acuerdo con la legislación europea, pero que, al mismo tiempo, esté
defendiendo esa economía de proximidad.

Mila esker. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Unamunzaga.

Para la defensa de las enmiendas 38 a 80 que presenta el Grupo
Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora, señora
Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.

Empezaré diciendo que el texto de este proyecto de ley que se
presentó en el Congreso ha sido sustancialmente modificado hasta la
entrada en el Senado. Ahora bien, dicho esto, también quiero
aclarar que la modificación de dicho texto se ha debido a las enmiendas
que el Grupo mayoritario, el Grupo Popular, introdujo en dicho trámite en
el Congreso. Asimismo, ninguna de las enmiendas presentadas por el resto
de los grupos fue aceptada. ¿Por qué incido en esto? Porque,
sinceramente, es la manera de actuar que tienen ustedes, es la manera de
legislar y de gobernar desde la imposición de su mayoría. Y me permitirán
que les diga que tal es la sensación que les genera esa mayoría absoluta
que se sienten incluso en el derecho —y lo vimos ayer en el
transcurso del debate de una moción— de indicarnos cuándo, cómo,
qué debemos decir, presentar vía moción, enmienda, intervención o lo que
fuera. En el propio transcurso de la comisión se aludía también a ello, a
las enmiendas que presentamos algunos grupos de la oposición, a cuándo,
si las repetimos o no las repetimos, etcétera. Les confieso que es una
táctica que me preocupa como política, y ayer el portavoz de mi grupo
también hacía mención en su última intervención, en el turno de
portavoces, en el debate del proyecto de ley, a que no se daban cuenta de
que la realidad del año 2015, en el que estamos, no tiene nada que ver
con la del 2011. Creo que esa reflexión nos la debemos hacer todos y cada
uno de nosotros para ver en qué posición nos colocamos a la hora de hacer
política en este 2015.

Pero, como decía al comienzo, la actitud que ustedes tienen
referente a los grupos de la oposición, a la presentación de nuestras
enmiendas, que es la defensa de lo que estoy realizando en este momento,
deja muy en evidencia cómo entienden ustedes esa relación entre los
diferentes, porque no nos olvidemos, señorías, que el instrumento de
presentación de enmiendas que tenemos los grupos de la oposición no es
sino la manera de poder manifestar cuáles son nuestras propuestas de
mejora a ese texto presentado. Primero, evidentemente, presentamos estas
enmiendas en el Congreso, donde —como he citado al principio—
no aceptaron ninguna, y encima —y permítame la terminología—
tienen la desfachatez de decirnos que volvemos a presentar las mismas
enmiendas. Eso responde claramente a una técnica. Si ustedes no presentan
ninguna enmienda, sabemos cuál es el camino, y no voy a repetirlo porque
ayer reiteradamente se dijo: la no presentación de ninguna enmienda por
parte del Grupo Popular indica el directo camino al boletín. En el
Congreso solo se aceptan las suyas; en el Senado volvemos a presentarlas,
y en esta ley vuelve a ocurrir lo mismo.

Desde el comienzo del debate de la ley existió un desacuerdo
manifiesto con el sector; solicitaron incluso la paralización, pero por
parte del grupo mayoritario hubo una mención verbal —creo que se ha
citado anteriormente— de una búsqueda de acuerdo. Y en eso
estábamos también nosotros, de ahí la presentación de nuestras enmiendas
en el Congreso, porque parecía que todo iba dirigido a la búsqueda de
acuerdo, pero hubo un giro y no pudo ser, porque —como he citado al
principio— las únicas enmiendas aceptadas fueron las que ustedes
presentaron en el Congreso.

Como decía anteriormente, mi grupo sigue reiterando su postura de
utilizar este instrumento parlamentario, que es el que nos queda y el que
nos dota de la posibilidad de presentar enmiendas, con las que se puede
mejorar el texto. Por ello, en este trámite parlamentario el Grupo Vasco
presenta estas 42 enmiendas, que doy por defendidas, aunque,
desgraciadamente, sabemos que no van a ser tenidas en cuenta. Reitero la
necesaria reflexión que todos y cada uno de nosotros deberíamos hacer
sobre cuáles son las maneras de legislar y de llegar, dentro de ese
mecanismo legislativo, a acuerdos entre diferentes, porque ya existimos
los diferentes, pero en el futuro habrá más.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Iparragirre.

El Grupo de Entesa presenta dos grupos de enmiendas: uno, las
números 13 a 23 y otro, las enmiendas 24 a 26.

Para la defensa de las enmiendas 13 a 23, tiene la palabra el
senador y president Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Intervengo para defender las enmiendas 11 a 23, de los senadores
y senadoras socialistas del Grupo de Entesa, y también para dar por
defendidas las enmiendas 24 a 26, de los senadores Guillot y Saura, del
mismo grupo.

De manera breve aludiré a las 11 enmiendas antes citadas. Su
objeto es corregir el texto que actualmente está en tramitación, ya que
pensamos que no responde a las necesidades reales de un sector que es muy
importante, porque es fundamental incrementar la trasparencia del
funcionamiento de la economía y de nuestras instituciones y porque esta
ley regula el control legal del tratamiento contable de la información
económica y financiera de las empresas y de las entidades públicas o
privadas, y eso es fundamental.

En primer lugar, en la enmienda número 13 proponemos una
modificación del artículo 3.5, para que las entidades emisoras de valores
admitidos a negociación en el mercado alternativo bursátil sean
consideradas como entidades de interés público siempre que tengan un
número relevante de partícipes, al menos 1000. Si no añadimos esta
salvedad, se calificaría como entidades de interés público a un excesivo
número de instituciones de inversión colectiva o sociedades anónimas
cotizadas de inversión inmobiliaria, las Socimi o las Sicav o las
entidades de capital riesgo o las sociedades de inversión libre, que en
su mayoría no precisan del control que seguramente exige el proyecto de
ley.

Las enmiendas 14 y 15 proponen añadir un inciso al
artículo 5.1.c) y d) para ajustar el texto fielmente a lo que exige la
normativa comunitaria, que establece que, tanto para las declaraciones
sobre prestaciones de servicios distintos a la entidad como para la
descripción de los riesgos más significativos de la existencia de
incorrecciones materiales, únicamente deberían ser exigibles los informes
de auditoría de las cuentas anuales de las entidades de interés público.
Esta adición se propone con el objeto de facilitar la actividad legal de
las pymes e intentar corregir el claro desequilibrio que tiene el texto
del proyecto de ley en favor de las grandes empresas y corporaciones.
Consideramos que la norma propuesta se excede al exigir un elevado número
de requisitos previos para acceder al ejercicio de la auditoría de
cuentas. Esto supone una clara discriminación para las pequeñas y
medianas empresas auditoras, con muchos menos recursos que las grandes
empresas del sector. Creemos que para acceder al ejercicio de la
auditoría de cuentas no es adecuado poner excesivas barreras de entrada.
En cualquier caso, el régimen de acceso debe ser proporcional y no
discriminatorio.

Por este motivo, la enmienda número 16 propone la supresión de la
referencia que se establece en el artículo 11.2 en relación con la
Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. Además, conviene
recordar que este precepto fue incluido durante la tramitación del
proyecto de ley, o sea, con posterioridad al dictamen del Consejo de
Estado, evitando de esta manera su análisis y juicio consultivo.

Con el mismo espíritu que la anterior enmienda, la número 17
pretende facilitar el libre ejercicio de la auditoría de cuentas,
rebajando las exigencias de la garantía financiera para responder de los
daños y perjuicios que pudieran causar en el ejercicio de su actividad.
Siguiendo precisamente las recomendaciones de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, proponemos que la cuantía de la fianza o
garantía sea proporcional y responda al principio de necesidad y que no
suponga una barrera económica para el ejercicio de la actividad de la
auditoría.

Las enmiendas números 18 y 19 pretenden introducir modificaciones
con el fin de simplificar los requisitos para regular la organización
interna en función del tamaño de la entidad auditada y en lo que se
refiere al registro de infracciones y de reclamaciones, tal y como
precisamente recomienda la directiva que traspone el texto.

Siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado, la enmienda
número 20 propone eliminar la prohibición de prestación de servicios
distintos de auditoría por parte de los familiares de los auditores
principales responsables. Tal y como refleja el derecho comunitario, no
existen precedentes en la Unión Europea ni en el derecho comparado sobre
una prohibición que se extienda a familiares para todo tipo de entidades,
incluso para las más pequeñas. No obstante, añadimos que los servicios
prestados por familiares habrían de ser analizados, obviamente, a través
del sistema de amenazas y salvaguarda, siempre que esta circunstancia sea
conocida por el auditor de cuentas o tuviera la obligación de conocerla
por ser notoria la prestación del servicio.

Con las enmiendas números 21 y 22 proponemos modificar la
regulación del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con el
ánimo de reforzar, incrementar y garantizar su independencia.

La enmienda número 21 propone modificar el artículo 58.1.f), para
no limitar las funciones que pueda desempeñar el órgano consultivo en
materia de auditoría de cuentas del organismo supervisor. La
participación del Comité de Auditoría de Cuentas viene produciéndose
desde la creación del organismo supervisor y se ha revelado como un
instrumento necesario para la resolución final. Los órganos de gobierno
del organismo supervisor han de ser independientes de la actividad
supervisada, pero carece de sentido limitar la presencia en el Comité de
Auditoría de Cuentas, órgano sin capacidad decisoria alguna, como ustedes
saben.

Por tanto, nuestra enmienda 22 modifica el texto para aclarar que
la presencia en el Comité de Auditoría de Cuentas queda vedada a los
auditores de cuenta en ejercicio y con experiencia reciente, siempre que
desempeñen funciones de gobierno distintas a la mera asistencia a las
reuniones de un órgano de naturaleza consultiva.

Finalmente, con la enmienda número 23 proponemos modificar la
disposición final octava para acortar a un mes la revisión y
actualización por parte del Gobierno, y en función de criterios de
racionalidad, de los requisitos para considerar que una entidad es de
interés público, incluyendo entre estos los umbrales de importe neto de
la cifra de negocios y de plantilla media.

Señorías, consideramos que todas estas enmiendas son razonables y
que, sin duda, mejorarían el texto del actual proyecto de ley, aunque nos
tememos que no tendrán esta consideración por parte de la mayoría.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president
Montila.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió ha presentado las enmiendas 81 a 137. Para su defensa, tiene
la palabra el senador señor Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente. Muchas
gracias, señorías. Buenos días.

Nosotros hemos presentado un total de cincuenta y siete
enmiendas, las números 81 a 137, que en general voy a dar por
defendidas.

Este proyecto de ley pretende adaptar la legislación interna
española a la Directiva 2014/56/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de abril de 2014. Nosotros entendemos que esta adaptación no se ha
realizado con los mismos objetivos que se plantean en el preámbulo de la
ley y, en definitiva, nuestras enmiendas pretenden que estos objetivos
que se persiguen y que no se han conseguido en la redacción del actual
texto se puedan alcanzar.

Por lo tanto, ahora no voy a entrar a hacer críticas, prefiero
esperar a escuchar sus argumentos para no aceptarlas, como seguramente
harán. Pero, por respeto al proyecto de ley, a las entidades y, en
definitiva, a la función auditora, que es muy importante, voy a exponer
las enmiendas que hemos presentado, que agrupamos en tres bloques. Las
del primer bloque hacen referencia al auditor; las del segundo bloque van
dirigidas al órgano supervisor y de control; y las del tercer bloque
versan sobre los sujetos auditados.

Respecto al primer bloque de enmiendas, relativas a las funciones
del auditor, cabe decir que guardan especial relación con el acceso y el
desarrollo a la función del auditor. Voy a citar algunas. Por ejemplo, en
las números 102 y 103 proponemos una ampliación del plazo para tener un
período adicional de auditoría; pasa de cuatro a diez años, condicionados
a que se realice una oferta concurrente con otras auditorías,
fomentándose así la competencia.

En este marco de desarrollo de las funciones del auditor,
presentamos las enmiendas 90 a 98, relacionadas con el conflicto de
intereses dentro del desarrollo de las funciones de auditor, suavizando
las causas que supondrían un conflicto de intereses, así como las de
incompatibilidad. Entendemos que la regulación que se propone puede
generar inseguridad jurídica, y no puede haber dudas sobre lo que
significa un conflicto de intereses, ya que ello podría comportar
problemas por la misma independencia del auditor. Asimismo, estimamos que
deberíamos retomar el texto original en lo referido a las causas de
incompatibilidades para evitar —repito— problemas de
independencia.

Otro grupo de enmiendas relacionadas con el desarrollo de la
función del auditor y que afectan al régimen de sanciones y de
infracciones son las números 109 a 129. En este sentido, quiero comentar
que nuestro grupo parlamentario entiende que el actual régimen
sancionador del texto refundido de la Ley de auditorías de cuentas cumple
sobradamente con los criterios de tipificación y eficacia contemplados en
el ordenamiento europeo, donde el número de sanciones graves y muy graves
no llega a 40 al año, y solo el 0,07 % recibe una sanción grave o muy
grave. Esto se traduce, con carácter general, en el buen hacer de los
auditores de cuentas por lo que, a nuestro entender, resulta innecesaria
la modificación del régimen sancionador. Por lo tanto, consideramos que
no ha lugar la modificación del contexto que nosotros habíamos planteado
inicialmente.

Otro grupo de enmiendas son las relacionadas con los órganos de
supervisión y control. En este marco, hemos presentado una enmienda
relativa al Comité de Auditoría de Cuentas, la número 106, pues resulta
completamente incongruente la exclusión del ICAC de todo aquel que no sea
ajeno a esta actividad profesional, esto es, de quienes en los últimos
tres años hayan realizado auditorías y hayan sido titulares de derecho de
voto o miembros de los órganos de administración, dirección o supervisión
de una firma auditora o hayan sido socios o mantenido una relación
laboral o contractual con una firma auditora. Entendemos que esto no debe
ser así, puesto que estamos hablando de un órgano de naturaleza
consultiva como es el Comité de Auditoría de Cuentas, que no se trata en
puridad de un órgano de gobierno supervisor ni participa en su toma de
decisiones, sino que se limita a ejercer ciertas facultades de estudio y
de informe.

Por último, en este mismo bloque planteamos algunas enmiendas
relacionadas con las tasas: las números 130 y 131. En la enmienda 130
modificamos la definición del hecho imponible. El proyecto de ley prevé
una tasa universal general para el ejercicio de las funciones de
auditoría. Desde nuestro punto de vista, creemos que el hecho imponible
debe ser la emisión de informes de auditoría, en la medida en que lleva
aparejada una contraprestación y no una tasa universal general. En tal
sentido se ha pronunciado con claridad el Auto del Tribunal
Constitucional 383/2005, de 25 de octubre, que decidió inadmitir a
trámite la cuestión de constitucionalidad planteada respecto al
artículo 23.4, similar al 87.5 del anteproyecto. Por su parte, con la
enmienda 131 suprimimos la imposición de la tasa por la emisión de
certificados u otros documentos porque entendemos que comporta la
imposición de una nueva figura tributaria, lo que supone un incremento
del esfuerzo fiscal que deben realizar las empresas del sector, en
definitiva, un incremento indirecto de sus costes.

El tercer grupo de enmiendas que hemos presentado corresponde a
los sujetos auditados. Estas enmiendas son muy relevantes para nuestro
grupo parlamentario, y voy a citar algunas. Por una parte, hemos
presentado las enmiendas 81 a 87, relativas a la definición de entidades
de interés público, a los efectos de determinar el perímetro y el tipo de
entidad que debe ser auditada. Cualquier ampliación de la noción de
entidad de interés público debe operarse con la máxima cautela,
considerando el impacto que dicha noción pueda tener. Voy a referirme a
tres de estos ámbitos de impacto. En primer lugar, la estructura del
mercado de la auditoría, dado el difícil acceso a las entidades con esta
consideración por parte de las firmas auditoras pequeñas y medianas. En
segundo lugar, la configuración de las entidades afectadas, toda vez que
dicha calificación incide en su gobierno corporativo, obligando a la
existencia de una comisión de auditoría, así como al coste de la
auditoría de sus cuentas anuales, el cual se incrementa sensiblemente. En
tercer lugar, se tienen en cuenta las necesidades del supervisor, cuyos
medios también han de ser proporcionados a los controles que efectúan,
más intensos en las entidades de interés público. Por lo tanto, debe
operarse con cautela en la ampliación de este concepto, el de la noción
de entidad de interés público, más aun si entendemos que su definición,
recogida en el artículo 3.5 de este proyecto de ley, permite extender
notablemente su ámbito de aplicación, quedando sujetas a esta
calificación, entre otras, las inmensa mayoría de las instituciones de
inversión colectiva.

Por otra parte, las enmiendas 132 y 133, relativas al sector
público, son también para nosotros muy importantes, ya que el sector
público tiene un peso cada vez mayor en la economía nacional a través de
las diferentes entidades que lo conforman. Al igual que no discutimos la
necesidad de que la información económica de las entidades privadas sea
auditada, en ningún sistema democrático tampoco se cuestiona que las
cuentas en las que se refleja la información económico-financiera de las
entidades públicas deban ser verificadas por una organización
independiente de la entidad auditada. En consecuencia, establecemos los
criterios concretos que deben cumplir los municipios para estar sometidos
a estos procesos de auditoría.

En líneas generales, en estos tres bloques se engloban las
enmiendas que hemos planteado, que, en definitiva, mejoran y ayudan a
conseguir los objetivos que he planteado inicialmente y que no se
alcanzan con el texto actual. Con el texto actual ustedes no consiguen
los objetivos que marca la trasposición de la directiva europea. En
cualquier caso, cuando ustedes nos hayan dado sus explicaciones podremos
ver cuáles son sus razones, y en el turno de portavoces tendremos la
oportunidad de analizar los motivos por los que consideran que no son
válidas nuestras enmiendas. No obstante, nos gustaría que las tuvieran en
cuenta porque mejorarían la función auditora, el sector y, también, la
función de supervisión y control.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Alturo.

Por el Grupo Socialista, para defender las enmiendas 27 a 37,
tiene la palabra el senador señor Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, presidente.

Señorías, noto entre los grupos de la oposición un cierto
desánimo, como si no fueran a aprobar ninguna de las enmiendas que
presentamos. Yo les animo a que hagan lo que he hecho yo: seguir las
sugerencias del senador Anasagasti, que cita habitualmente a Ortega y
Gasset cuando dice que los esfuerzos inútiles producen melancolía. Yo me
vacuno contra la melancolía cada vez que vengo al Pleno, con lo cual mi
optimismo es excepcional porque espero que algún día el grupo mayoritario
llegue a entender que no dialogar supone ir al abismo. Las últimas
elecciones autonómicas y municipales han demostrado que los Gobiernos del
Partido Popular que menos han dialogado son los que han perdido más apoyo
electoral. Si ahora no han aprendido esa lección, desde luego lo harán en
noviembre o diciembre o cuando el señor presidente decida convocar las
próximas elecciones.

Voy a defender brevemente las enmiendas que hemos presentado, que
son once. Básicamente, afectan a tres aspectos que nosotros entendemos
que no cumple este proyecto de ley. Posteriormente, en el turno de
portavoces haré referencia a algunas otras cuestiones que el proyecto de
ley tampoco cumple y que tienen que ver con la tramitación, con la manera
de hacer las cosas, con la técnica, táctica o estrategia legislativa de
este Gobierno.

Nosotros hemos presentado tres enmiendas que tienen que ver con
lo que supone la definición o la declaración de las entidades de interés
público, que son las enmiendas 27, 28 y 29. Estas enmiendas persiguen
corregir un defecto que, a nuestro juicio, tiene la ley, y es que, tal
como está redactada, se produciría un efecto y al final en España habría,
aproximadamente, 8000 entidades de interés público —las declaradas
por esta ley—, lo cual es una aberración. En Alemania hay en torno
a 1000. Si tenemos en cuenta que el PIB alemán es más de dos veces y
medio superior al español, es fácil ver el pequeño descuadre. Entendemos
que modificar esa definición o declaración de las entidades de interés
público es importante. Como les digo, estamos hablando de las
enmiendas 27, 28 y 29, que también se refieren a las obligaciones que se
les impone a estas empresas de interés público respecto a sus auditorías.
Concretamente, planteamos la enmienda 28 porque vemos desequilibradas las
exigencias que se les pide a las auditorias de las pymes o de las
pequeñas empresas. Está bien que las entidades de interés público tengan
una serie de obligaciones, pero las pymes no deberían someterse a las
mismas exigencias, de ahí nuestras enmiendas 28 y 29.

Hemos presentado cinco enmiendas que tienen que ver —lo ha
explicado también el senador del Grupo Mixto— con los requisitos de
acceso a la actividad empresarial, que son claramente discriminatorios
para las pequeñas empresas de autoría o, si lo vemos desde otro punto de
vista, claramente favorables a las grandes empresas de auditoría, a pesar
de que ni unas ni otras están contentas con este proyecto de ley. Señor
Juncal, este es un defecto del proyecto de ley, lo vea usted como lo vea.
Le da la risa, pero que estén todos en desacuerdo no es precisamente un
indicador de la bondad del proyecto. Las enmiendas 30, 31, 32, 33 y 34
tienen que ver con la modificación de los requisitos de acceso a fin de
que no se perjudique, no se dificulte o no se impida en algún caso el
acceso a esta actividad por parte de pequeñas empresas o de auditores
autónomos.

La enmienda 30 corresponde a una sugerencia del Consejo de Estado
y la número 31, a una sugerencia de la CNMC, de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia. La sugerencia del Consejo de Estado forma
parte de la primera versión de la ley. Alguien ha dicho que una de las
tácticas que emplean ustedes, en esta legislatura por lo menos —no
sé si en las anteriores se hacía—, es presentar el proyecto de ley
al Consejo de Estado y después modificarlo para que este no vea toda ley;
táctica que, desde luego, no es muy respetuosa con el Reglamento y con la
democracia. Como decía, la enmienda 30 responde a una sugerencia del
Consejo de Estado y su no aceptación supone establecer un número de
condiciones excesivas a la gente que quiera acceder a la actividad de
auditoría. La enmienda 31 es parecida en cuanto a su efecto y tiene que
ver con la cuantía de las garantías financieras que se imponen. Nosotros
proponemos que esa cuantía sea proporcional y que en ningún caso sea
disuasoria para los que quieran participar de este sector. Desde nuestro
punto de vista, no aceptar estas dos enmiendas, la 30 y la 31, puede
suponer que en un futuro, no se sabe si cercano o lejano, los tribunales
europeos anulen esta legislación, dado que no concurre con la normativa
europea.

Las enmiendas 32 y 33 van en la misma línea. La enmienda 33 tiene
que ver con la materia registral. Y en la enmienda 34 nos referimos a la
prohibición que se establece para prestar otros servicios de auditoría.
No hay precedentes en la Unión Europea sobre este tenor; por lo tanto,
entendemos que determinadas cautelas innecesarias deberían
corregirse.

Finalmente, las tres últimas enmiendas tienen que ver con el
papel regulatorio, inspector, etcétera, del ICAC, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. En esta cuestión hemos discrepado
con ustedes en cuanto al modelo regulatorio que empezaron a imponer
cuando llegaron al Gobierno, y seguimos discrepando, pero en este caso el
ICAC —que, por cierto, parece ser que ha sido el redactor de la
norma— se define en esta ley como un instrumento regulador
absolutamente intervenido por el Gobierno, por tanto absolutamente
dependiente del Gobierno. Todos los miembros del ICAC son nombrados por
el Gobierno de una u otra manera. Eso afecta precisamente a la
independencia que se supone que debe tener un organismo regulador, un
organismo que tiene las funciones inspectoras, sancionadoras,
reguladoras, etcétera. El intervencionismo del Gobierno es lo contrario a
la independencia. En este sentido, proponemos las enmiendas 35, 36 y 37,
relativas a la independencia de ese organismo, a fin de enmendar los
artículos que tienen que ver con la composición del ICAC y pueda haber
representantes del sector en él.

Fundamentalmente, estas son las enmiendas que presentamos. Se
refieren a cuestiones aparentemente técnicas, si bien tampoco coincidimos
con otros aspectos de carácter político. Esta ley —lo explicaré con
mayor profundidad en el turno de portavoces— es una oportunidad
perdida para demostrar que se quiere ser realmente severo con la
corrupción.

Esta ley permitiría haber puesto mecanismos ex ante y ex post
para prever determinados vericuetos legales —entre comillas—
que en los últimos tiempos han producido fenómenos que todos conocemos y
que no fueron detectados por los grandes auditores. Vamos a dejarlo así.
Detrás de todas esas cosas raras —entre comillas— que han
sucedido en determinadas entidades de interés público, grandes empresas,
siempre ha habido grandes auditores, avalando con sus informes de
auditoría prácticas que después se ha demostrado que, si no ilegales,
eran de dudosa ética profesional y empresarial. Quiero ser cuidadoso y no
acusar de delitos a nadie, pero ya me entienden, ya saben por dónde voy;
dejo a su inteligencia, de la que no dudo, que averigüen a qué episodios
y empresas auditoras me refiero.

Hasta aquí nuestra defensa de las enmiendas. Volviendo a mi
optimismo inicial, estamos convencidos de que algunas las tendrán en
cuenta. Y, en caso contrario, tendremos que votar en contra por las
razones que después explicaré en el turno de portavoces.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría;
gracias, senador Manchado.

En turno en contra, tiene la palabra el senador señor
Juncal.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy un hacer un inciso por algunos comentarios que ha
habido acerca de que no negociamos. Precisamente escuchándoles me
reafirmo en que el texto es muy válido, aunque algunos piensan que
debería ser un poco más excesivo y la mayoría de grupos lo califican de
demasiado exigente. En principio, ser demasiado exigente en este tema no
es malo. Y en cuanto a si aceptamos o no sus enmiendas, trataré de
demostrar —espero que me dé tiempo, por lo menos para referirme a
la mayoría de ellas— por qué no las aceptamos.

El señor Manchado decía que no dialogamos, que el Partido Popular
ha perdido donde no ha dialogado. Bien, un marino gallego decía aquello
de que más vale honra sin barcos que barcos sin honra. Al negociar cada
uno tiene que defender sus principios, y su negociación, la que lleva el
PSOE, ya se ha visto: me vale todo con tal de que no sea el Partido
Popular, con lo cual son ustedes los que no quieren llegar a esas
negociaciones.

La primera impresión es que la mayoría de ustedes, compañeros
parlamentarios, señores senadores, se han ido de rebajas, porque la
mayoría de las enmiendas proponen rebajar de manera significativa las
exigencias para que los auditores sean más eficaces, más independientes y
que la labor de auditoría —que, como he dicho, tiene una
importancia por todos conocida y que no voy a resaltar aquí— se
haga en las mejores condiciones precisamente por lo que significa como
garantía. Que un auditor emita un informe sin salvedades, verifique esos
estados contables, verifique la situación de la empresa y, por tanto,
emita su opinión, es una garantía frente a terceros.

Ustedes, no sé si por quedar bien con unos o con otros, quieren
modificar el texto que se trae a debate y aprobación de una forma un
tanto irresponsable, desde mi punto de vista. Entre otras cosas, dicen
que no negociamos, pero si hacemos un repaso de sus quejas vemos que las
enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
recogían algunos aspectos que ustedes denunciaban; lo que ocurre es que
cuando quieren que figure exactamente lo suyo a veces no tienen razón o,
mejor dicho, queda mejor redactado con la propuesta del Partido
Popular.

En el artículo 3, que se refiere a la definición de EIP, de
entidad de interés público, curiosamente se propone la supresión de los
apartados b) y c), cuando la ley recoge —primero en la disposición
final sexta, que luego pasó a ser la octava— que el Gobierno se da
un año para, en función del equipo de trabajo que se ha formado en la
Comisión de la Unión Europea, definir las características de una entidad
de interés público que se desarrollará a lo largo del próximo año.
Ustedes, como digo, los quieren eliminar, cuando en la directiva se
recoge que la determinación de esos parámetros es una facultad de los
Estados miembros.

El apartado c) propone suprimir los grupos sociales de la
dominante que pertenezcan a los grupos del apartado a), es decir,
entidades de interés público. Pues bien, si una entidad de interés
público tiene un grupo de sociedades, deben estar relacionadas,
lógicamente. Las enmiendas 6 y 84 proponen eliminarlas, porque, sobre la
base de los actuales parámetros, saldría un número muy elevado. Yo creo
que vale cualquier criterio. Técnicamente, en una EIP, una entidad de
interés público, en algún sitio hay que poner la raya, pero con el
criterio actual, que sería de 1000 millones de negocio o 2500
trabajadores, ¿ustedes creen que una empresa con un volumen anual de
operaciones de 950 millones de euros o con 2400 trabajadores no tendría
significancia como para ser distinguida como entidad de interés público?
En principio creo que sí, pero repito que para ello se ha formado un
equipo de trabajo en la comisión, que dará su opinión. Lo que dice la ley
es que nos demos un año y que el Gobierno reglamentariamente lo
determine.

La enmienda 81 excluye las sociedades de inversión. Como ya se ha
comentado aquí, dada la garantía que suponen, deben estar sujetas. Y para
los fondos de pensiones, lo piden en la enmienda 82. Pero, señor Alturo,
creo que deben estar incluidas como EIP.

En cuanto al artículo 5, sobre el informe de auditoría de las
cuentas anuales, más de lo mismo. La explicación de la ejecución de
auditoría se ha realizado para que esté libre de errores materiales,
incluso las derivadas del fraude. Señores del Partido Socialista, ustedes
piden que se elimine eso, pero yo creo que precisamente el auditor debe
expresar en su informe que está seguro de que las normas técnicas y los
mecanismos que ha aplicado en su informe están libres de errores
materiales, e incluso de aquellos derivados por el fraude. Por tanto,
supone rebajar el nivel de existencias.

Las enmiendas 15 y 19 pretenden suprimir la declaración de que no
se han prestado servicios distintos a los de la auditoría. Pero, en mi
opinión, para comprobar y verificar la independencia del auditor hay que
mantener esa declaración. (La señora vicepresidenta, Vicente González,
ocupa la Presidencia).

Las enmiendas 14 a 28, 15 y 29 restringen este tipo de cuestiones
solamente para las EIP. Creo que una auditoría de una sociedad que sea o
no de interés público debe estar confeccionada con los mismos parámetros,
y se lo dice una persona que es ROAC, es decir, también miembro del
REAC.

En cuanto a la enmienda 39, que se refiere al volumen de trabajo,
si somos más estrictos que la Unión Europea, bienvenido sea.

Las enmiendas 40 y 88, 41 y 89, proponen la modificación del
artículo 9, y se refieren al acceso a la formación teórica y a la
dispensa de examen cuando lo realizan las corporaciones. Es una cuestión
que la legislación ya ha aceptado desde finales de 2000 y que está
perfectamente regulada, por tanto, creo que es absurdo plantear ese
debate.

En relación con que a las sociedades de auditoría no se les
aplique lo establecido en la legislación de sociedades profesionales, en
la Ley 2/2007, tampoco creo que tenga mucho sentido. Si hay un ejemplo
claro de lo que es una sociedad profesional, creo que es el de una
sociedad de auditoría.

Por lo que se refiere a las causas de incompatibilidad, Izquierda
Unida defiende una posición más extrema, pero la prestación de servicios
de la abogacía está perfectamente regulada en el reglamento comunitario
como una incompatibilidad absoluta a otras derivadas de servicios que se
pretenden rebajar. Por tanto, no estamos de acuerdo con esa perspectiva y
la legislación se adapta perfectamente a lo establecido en el reglamento
europeo.

Respecto de las extensiones subjetivas de esas
incompatibilidades, la enmienda 44, del Grupo Vasco, propone una
incompatibilidad de un año antes del ejercicio auditado, pero eso ya está
regulado en el artículo 21. Ustedes dicen que no aceptamos sus enmiendas,
pero, en este caso, si ustedes comparan el texto que proponen con el
texto legal verán que no ha lugar a esa diferencia o discrepancia.

Tampoco podemos aceptar la enmienda 92, de Convergència, en la
misma línea, porque rebajaría el nivel de independencia.

Y seguimos con esa tendencia a rebajar las exigencias. Por
ejemplo, con la enmienda 45, al artículo 18, pretenden suprimir la
incompatibilidad que se produce si el auditor tiene activos financieros o
presta servicios a la entidad auditada. No nos parece muy lógico que se
pueda mantener esa independencia cuando el auditor tuviera instrumentos
financieros de empresas vinculadas a la sociedad que esté auditada o el
padre o el hijo pudieran tener el control de la sociedad auditada. Yo
creo no están muy bien redactadas las enmiendas 45 y 93. ¿Permitiría que
los socios controlen la sociedad dominante de la auditada, o que el padre
o el hijo del auditor llevaran la contabilidad de la sociedad auditada?
La verdad es que es difícil transaccionar y llegar a acuerdos cuando se
parte de esos textos tan diferentes del objetivo que se pretende con esta
ley.

Las enmiendas 46 y 94 siguen en la misma línea. Las enmiendas 47
y 95 se refieren a incompatibilidades relacionadas con la sociedad o la
red del auditor. Y al eliminar el segundo párrafo ser auditor no sería
incompatible con ser socio, administrador, secretario o apoderado de las
sociedades vinculadas, y no nos parece lógico que eso pueda ser así.

Con respecto al periodo de vigencia de la incompatibilidad, hay
también dos enmiendas curiosas, las números 48 y 96, de Convergència y el
Grupo Vasco. La 48 pide que no sea desde el año anterior. Pues bien, les
voy a plantear un caso. Imaginen que soy administrador en el 2015 de una
empresa y en el 2016 me nombran auditor y hago el informe sobre las
cuentas de auditoría cuando yo, como administrador, he formulado los
saldos iniciales y el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias. La
verdad que no parece muy lógico, y las enmiendas 48 y 96 permitirían esa
situación. En cuanto a prohibiciones posteriores, pasa exactamente lo
mismo. Entendemos que un auditor que realiza un informe sobre una entidad
al año siguiente no puede pasar a formar parte de los órganos de
administración de la sociedad auditada.

En relación con la abstención por los honorarios, también
planteamos algo que parece bastante razonable: ¿puede haber independencia
cuando más del 30 % de los honorarios que una empresa o un auditor recibe
pertenecen a una sola sociedad auditada? Yo creo que es complicado
mantener esa independencia, y por precaución se establece un límite.
Vuelo a decir que a veces poner los límites en el 20 % el 18 % o el 15 %
es complicado y puede ser discutible, pero creo que el criterio que
refleja el texto es razonable.

Por lo que se refiere a las garantías de las que hablaba el señor
Montilla, la Ley 19/1988 lleva en vigor desde entonces, el tema de los
avales no ha sido cuestionado por los auditores, y creo que es abrir un
debate un tanto inútil.

En cuanto a los requisitos de organización interna y del trabajo,
indudablemente estamos ante una labor importante por las repercusiones
que puede tener y, por tanto, se exigen una serie de características que
debe tener el auditor para poder hacer frente a sus compromisos.

Y con la rotación, pasa exactamente igual. Creo que la ley
establece un periodo bastante razonable, tres y diez años, con una
prórroga de cuatro, siempre que se haga conjuntamente con el nuevo, lo
que facilitará la rotación y la entrada de los pequeños y medianos
auditores. Ustedes piden tres, diez años, y que esos diez puedan llegar a
ser catorce. Creo que sería excesivo, porque nos iríamos a un periodo de
veintisiete años en una entidad auditada por la misma firma de
auditoría.

Por lo que respecta a las funciones del presidente del ICAC, creo
que tampoco merece la pena entrar en más consideraciones.

Tengo que decir —aunque se me va agotando el tiempo—
que es curioso que de una ley que tiene 138 enmiendas y 89 artículos, 50
de esos artículos no tengan enmiendas, es decir, que con 50 todos estamos
de acuerdo. Y de las 28 disposiciones finales y transitorias, 22 tampoco
tienen enmiendas, o sea, que una parte muy importante del articulado de
la ley no tiene pegas, por así decirlo, para la totalidad de la Cámara.
Pero entramos en infracciones y, curiosamente, a los artículos 72 y 73,
sobre infracciones muy graves y graves, respectivamente, presentan nada
más y nada menos que 11 enmiendas al artículo 72, sobre las muy graves,
y 22 a las graves. Ustedes pretenden destipificar como muy grave, por
ejemplo, que se incumpla por el auditor el periodo de contratación
—creo que es bastante grave—; que se haga obstrucción al ICAC
—creo que es muy grave—; realizar trabajos de auditoría sin
estar inscrito en el ROAC —creo que debe seguir siendo considerado
muy grave—; o firmar un informe sin ser el auditor designado
—






también creo que debe considerarse infracción muy grave—.
Vuelvo a decir que ustedes han entrado en época de rebajas, supongo que
con fines electoralistas, pero creo que se debe mantener la actual
redacción. Asimismo, pretenden destipificar como infracción grave, por
ejemplo, el incumplimiento de las normas de auditoría —enmiendas 75
y 76, no me lo estoy inventando—, las amenazas a la independencia,
los incumplimientos de plazo y control de calidad, la resistencia del
ICAC de personas relacionadas con el auditor, etcétera. Por tanto, no
vamos a aprobar esas enmiendas.

Hay dos enmiendas que también son curiosas y paralelas; me
refiero a las enmiendas 77 y 128, de Convergència y del Grupo Vasco,
sobre la determinación de la sanción. Pretenden que si la infracción no
tiene impacto no tenga incidencia. Creo que si hay una infracción debe
haber un criterio y un procedimiento administrativo para evaluarla, pero
decir que si no tiene impacto quede fuera no tiene mucho sentido.

En cuanto a la controversia sobre si es impuesto o tasa, no vamos
a entrar aquí en una discusión tributaria sobre el concepto. Los
impuestos no tienen contraprestación, y aquí la tasa se establece siempre
—se establece en 1987— en función del número de informes que
elabora el auditor o la empresa de auditoría, con lo cual, si no hay
informes la tasa es cero. Y el impuesto es general, no tiene
contraprestación.

Por otro lado, creo que la disposición final sexta, a la que me
he referido antes, es razonable. Hay un equipo de trabajo en la Comisión
de la Unión Europea para determinar cuál va a ser esa línea, esa
definición de entidad de interés público, que se determinará
reglamentariamente, como es obvio, tras los resultados de ese equipo de
trabajo. El Gobierno tiene un año para, en consonancia con la Unión
Europea, determinar dónde poner el límite a una entidad de interés
público o no. En todo caso, vuelvo a insistir en lo que decía antes: por
la experiencia y las situaciones que algún senador ya ha mencionado aquí,
si somos más exigentes que la Unión Europea y tenemos una estructura de
entidades de interés público en un número superior a la media no hay
mayor problema; será cuestión de que todo el mundo se vaya adaptando y
vaya cumpliendo la normativa. Vuelvo a insistir en que no me preocupa que
seamos más exigentes que la media europea en este campo.

Por tanto, vamos a rechazar las enmiendas.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, mahaiburu andreak.
Muy brevemente.

En primer lugar, quiero agradecer la exhaustiva explicación que
nos ha dado el senador Juncal y el tono empleado. Se lo agradezco.

Evidentemente, él ha mostrado los argumentos, las razones por las
que no aceptan las enmiendas propuestas por nuestro grupo, en concreto y
en general. Quizás las que mencione ahora no hayan sido exclusivamente
referidas a las nuestras, pero sí al resto. Se habla de que lo que se
propone ya está recogido, o que no les parece muy lógico, o que en
algunos casos las enmiendas no están bien redactas o que responden a
fines electoralistas. Son sus argumentos, sus razones, y, como tal, las
respeto. Lo que más me ha llamado la atención y con lo que más discrepo
es que diga usted que es difícil llegar a acuerdos o llegar a transar
cuando los textos son tan diferentes al texto de la ley. Pues bien,
reitero únicamente mi exposición en la defensa de las enmiendas.
Evidente, en la oposición, utilizando el instrumento de la presentación
de enmiendas, lo que se hace precisamente es eso, fijar la diferencia de
puntos de vista con el texto presentado y buscar acuerdos. La dificultad
está ahí, en la búsqueda de acuerdos desde lo diferente, por supuesto,
con referencia al texto redactado. Si hubiese una similitud mayor,
llegaríamos a un acuerdo, quizá no sobre el texto completo, pero sí en
una parte. Cuando se enmienda algún artículo en concreto o el apartado de
un artículo es porque, evidentemente, hay una forma diferente de ver el
texto. Y sobre la base de esa diferencia deberíamos demostrar la
capacidad de poder transar y llegar a un acuerdo. Ese es el ejercicio y
el mecanismo que proporciona —repito— el instrumento de las
enmiendas, que en esto caso no hemos podido consensuar o llevar a su
término.

Por ello, en línea con la defensa de las enmiendas, mi grupo va a
votar en contra de este proyecto de ley.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, estamos ante de un Proyecto de Ley de auditoría de
cuentas que comporta un texto regulador de la materia absolutamente
nuevo, porque sobrevive menos del 10 % del texto, no del de 1998, al que
antes se ha hecho alusión, sino del actualmente vigente, el texto
refundido del año 2011. Además, al efectuar la trasposición de la última
directiva europea en esta materia se nos imponen importantes
modificaciones en el texto hasta hoy vigente. Seguramente por eso, hay
muchos artículos que no han sido objeto de enmienda por los grupos
parlamentarios y, desde luego, no por el nuestro. Igualmente, hay que
tener también presente la aprobación por la Unión Europea del
Reglamento 537/2010, de aplicación directa —como todos los
reglamentos—, que regula aspectos específicos para la auditoría
legal directa de las entidades de interés público.

Nosotros compartimos la necesidad de estas modificaciones a fondo
de nuestra normativa e incluso los principios que dice informar el texto
que se nos somete a consideración, porque es evidente que la crisis
económica, y especialmente la crisis del sector financiero, ha puesto de
relieve la importancia de tener una información económica y financiera
fiable de nuestras empresas, de nuestras instituciones financieras. Hemos
visto colisiones de intereses y discutible calidad de las auditorías
—el senador Manchado también hacía alusión a ello—. Se han
producido algunos casos; todos recordamos el asunto gravísimo de Bankia
—yo sí lo citaré por su nombre— en el que el papel de los
auditores, y no solo de los gestores, ha sido puesto en cuestión de
manera flagrante. Por ello es obvio que el primer objetivo de este
proyecto de ley ha de ser mejorar el grado de transparencia de las
actuaciones de los auditores. Ello es así porque es necesario reforzar la
confianza de los inversores en la veracidad y en la imparcialidad de los
estados financieros publicados por las empresas. Eso requiere mejorar la
calidad de las auditorías legales que se realizan, como muy bien pone de
relieve la propia directiva comunitaria. La transparencia y la fiabilidad
de la información económico-financiera de las empresas y de las entidades
auditadas es consustancial además a nuestro modelo económico, al sistema
de economía social y de mercado que regula la Constitución. Así, es
necesario no solo converger en lo que respecta al nivel mínimo de
carácter normativo en la Unión Europea, sino también ampliar los
requisitos del contenido del informe de auditoría que, si bien se
incrementan con el texto objeto de debate, deja algunos aspectos
importantes por resolver a nuestro modo de entender, y de ahí nuestras
enmiendas. Hemos de evitar situaciones como algunas acaecidas en el
pasado reciente en las que ha habido administradores que han alegado
ignorancia sobre los informes de auditoría o supervisores que seguramente
necesitaban y necesitan, además de diligencia, una mejora de los canales
de comunicación, especialmente cuando estamos hablando de entidades de
interés público.

En segundo lugar, tanto la normativa comunitaria como el presente
proyecto de ley pretenden reforzar la independencia y la objetividad de
los auditores en el ejercicio de su función, de su actividad. Aquí la
cuestión básica es evitar los conflictos de intereses y la colisión de la
independencia requerida con posibles intereses comerciales o de otro tipo
que puedan darse. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Todos
conocemos ejemplos de malas prácticas en el pasado y solo hay que repasar
la hemeroteca. A pesar de que es el auditado el que contrata y paga al
auditor y, de manera especial, por el riesgo que comporta una relación
prolongada entre ambos, era necesario regular, como también lo hace el
Reglamento comunitario 537/2014 en lo que respecta a los auditores de
entidades de interés público, la lista de servicios distintos a la
auditoría prohibidos para su prestación a las entidades auditadas, a su
matriz o a sus participadas por aquellos que son responsables de la
auditoría. Y también era necesario regular de manera más estricta la
obligación de rotación externa o el periodo máximo de contratación.
Igualmente, era necesario reforzar el papel atribuido a las comisiones de
auditoría de las propias entidades auditadas, lo cual, además de reforzar
la propia independencia de los auditores, tendría que servir para mejorar
también la calidad de las propias auditorías.

En tercer lugar, tanto el presente proyecto de ley como el
reglamento comunitario al que hacía alusión tratan de solventar un
problema derivado de la estructura de mercado de los profesionales y
empresas dedicadas a la auditoría. El mercado también ha de ser único en
uno de los subsectores de servicios donde hay manifiestas dificultades
para su existencia real. No sabemos si el denominado pasaporte europeo
del que se habla en el proyecto y en la normativa comunitaria es el
instrumento adecuado, pero en cualquier caso es necesaria una mayor
integración del mercado de la auditoría.

Señorías, nosotros pensamos que son positivas, pero seguramente
insuficientes, las medidas destinadas a reducir los costes de transacción
que conlleva realizar este tipo de actividades en la Unión Europea para
entidades especialmente pequeñas o medianas. La simplificación de los
requisitos de acceso tenía que ser posible sin que ello esté reñido con
la profesionalidad, la independencia y la calidad del trabajo auditor. Al
mismo tiempo, también es necesario evitar una fragmentación del mercado
de auditoría en la Unión Europea. Ello requiere armonización, que por
supuesto garantiza la directiva y el reglamento comunitario, pero también
un mayor esfuerzo de cooperación y el desarrollo de mecanismos que la
hagan posible en el ámbito comunitario. Nuestras empresas y entidades
cada vez operan más en el mercado global, especialmente en el comunitario
en tanto que mercado único, y son lógicas las necesidades apuntadas sobre
la base de las experiencias ya adquiridas.

Señorías, pueden comprobar que compartimos la necesidad de una
nueva ley de auditoría, de incorporar la legislación europea a nuestro
ordenamiento, de aplicar nuevas medidas después de la experiencia de la
crisis que hemos vivido, especialmente en el sector financiero, e incluso
compartimos en líneas generales, como decía, los principios que dicen
guiar este texto. Pero este proyecto de ley también contiene
insuficiencias y deficiencias, y de ahí nuestras once enmiendas sobre las
que ha versado mi primera intervención; obviamente, no repetiré los
argumentos —ustedes han tenido ya ocasión de escucharlos en el
turno de enmiendas—, porque sería redundante. Ustedes han
manifestado su rechazo total a las mismas y es una lástima porque
mejoraban sustancialmente el texto.

Además, como ustedes saben, es un proyecto que ha sido
susceptible de críticas en su tramitación —también otros portavoces
han hecho alusión a ello— por los cambios sustanciales realizados
en el proyecto después de ser dictaminado por el Consejo de Estado, del
que mereció algunas críticas, como también las recibió de la propia
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la incongruencia
—dice la comisión— de su redactado con algunos de los
objetivos supuestamente pretendidos, como es, por ejemplo, el de la
integración del mercado. Tampoco los profesionales, agrupados tanto en
grandes como en pequeñas empresas, ven este proyecto con agrado. Y
ustedes siguen siendo insensibles a esta situación —haciendo
alusión a Casto Méndez de Vigo—. Pero no creo que sea esta la
cuestión, no estamos aquí hablando de esto. Como decía, ustedes siguen
siendo insensibles a esta situación, y no creo que tenga que ver nada la
honra con la nula receptividad a las propuestas de mejora de la ley, de
esta ley y de otras leyes, vengan las enmiendas de donde vengan.

Entenderán que en este contexto, en el contexto de esta ley en
concreto, en el contexto global de este maratón de aprobación de textos
legislativos en los últimos meses de la legislatura, habiendo habilitado
comisiones con competencia legislativa de manera excepcional —no se
ha hecho durante los tres años y medio de legislatura y se hace en los
tres meses finales—, y sumado a todo ello, además, el rechazo total
a nuestras enmiendas, hace muy difícil que este proyecto de ley pueda
contar con nuestra aprobación. Lo lamentamos porque nos hubiera gustado
votar favorablemente. No obstante, ello nos obliga a votar en contra del
texto que ustedes proponen.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene
la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor Juncal, nos encontramos ante un proyecto de ley,
yo diría, muy importante; se trata de la trasposición de una directiva
que tiene aspectos claves para el sistema económico y financiero. Por
tanto, no entiendo cómo nos podemos encontrar en esta situación; es
decir, que ante una trasposición de una directiva europea importante por
su calado como esta no haya habido ninguna negociación ni ningún tipo de
acuerdo. Lamentablemente, esta es una situación incomprensible.

Yo le comentaba antes, y le reitero, que compartimos gran parte
de lo que en el preámbulo de la ley se establece. Voy a hacer algunas
referencias a ello, porque es muy importante y no sé si ustedes lo han
calibrado bien. En el preámbulo de la ley se habla de que la función
auditora es un ejercicio de transparencia, de fiabilidad, en definitiva,
de confianza para el sistema económico y financiero, y más después de las
situaciones que hemos atravesado. Y la normativa europea establece cuatro
bloques, que son los más importantes a la hora de hacer esta trasposición
y que voy a comentar.

El primer eje es incrementar la transparencia. Es evidente y
estamos totalmente de acuerdo. Incrementar la transparencia siempre es
positivo y siempre va en la línea de dar confianza.

Segundo eje, reforzar la independencia y la objetividad de los
auditores. ¡Faltaría más! Si no hay independencia y no hay objetividad,
qué confianza va a haber en las operaciones de auditoría de cuentas que
se puedan realizar en cualquier entidad. Por lo tanto, totalmente de
acuerdo en el segundo eje.

Tercer eje, dinamizar y abrir el mercado de auditoría,
incorporando el llamado pasaporte europeo. Estamos en un marco europeo,
por lo que es evidente. Por consiguiente, nos parece lógico y fundamental
que pueda haber movimiento en este sentido en el ámbito de las auditorías
de cuentas en la Unión Europea.

Cuarto eje, reforzar las competencias de la autoridad
supervisora. También nos parece fundamental. Es decir, prácticamente
estamos de acuerdo con la literalidad del proyecto de ley en el
preámbulo, en lo que se establece y en su voluntad.

Antes le decía, señor Juncal, que nuestras enmiendas mejoran los
objetivos que se pretenden en el preámbulo. El texto actual no consigue
estos objetivos. Usted nos ha dicho que hemos ido de rebajas. No, no
hemos ido de rebajas, señor Juncal, estamos planteando lo que tiene que
ser. Ustedes están en su línea habitual: imponen y no negocian. ¿Nos han
llamado? ¿Hemos hablado de transaccionar alguna enmienda? ¿Ha habido
alguna disposición o predisposición a negociar? En el Congreso de los
Diputados no y aquí tampoco. Antes, en el turno de defensa de enmiendas,
no he querido hacer ninguna alusión en este sentido, aun previendo que
las iban a rechazar, para que no se dijera aquello de «están
previendo...». No, hemos querido hacer el ejercicio de defensa de las
enmiendas precisamente por respeto a las entidades auditoras, a las
empresas, a las entidades de interés público y al conjunto del sistema
económico y financiero, por respeto a ellos.

Pues bien, ustedes continúan en esta línea, que es la de imponer
y no negociar; imponen y no negocian. ¿Ustedes creen o algún ciudadano
puede creer que de todas las enmiendas presentadas por mi grupo o por el
conjunto de la oposición no haya alguna que vaya a ser beneficiosa para
todos? Esto no se lo cree ni usted, señor Juncal. Estoy convencido de que
no se lo cree. Lo que pasa es que tienen que hacer lo que tienen que
hacer. ¿Por qué? Porque les prima la urgencia. Ley del Gobierno, pasa por
el Congreso de los Diputados, no se aceptan enmiendas y de aquí
directamente al BOE; es decir, el Gobierno les está imponiendo y están
haciendo un flaco favor a esta Cámara. Esta es una Cámara de debate, pero
también de llegar a acuerdos, y aquí no hay acuerdos. Es incomprensible
cómo en una ley de este calado no han intentado buscar acuerdos para
mejorar este texto.

En definitiva, ustedes aplican su mayoría absoluta, la razón
absoluta, los demás estamos equivocados y ustedes lo están haciendo muy
bien. Están propiciando una situación de rodillo, y punto. Los ciudadanos
lo ven y ya están tomando nota de lo que está sucediendo y, por ello, les
van apartando de manera progresiva de los diferentes órganos de poder.
Los ciudadanos toman nota de estas situaciones. La imposición y la no
negociación es lo que justamente en democracia no se admite. Por lo
tanto, muy mal este sistema de funcionamiento. No dan ustedes opciones a
nada más. No estamos de acuerdo con lo que están haciendo y últimamente
menos. Convocan comisiones con competencia legislativa plena para ir más
rápidos y lo que estamos haciendo con esto es lo que justamente no se
debiera hacer. Lo que debiera haber es debate, diálogo, consenso, y
ustedes lo único que hacen es imponer.

Por todo ello, mi grupo no va a apoyar, lamentablemente porque
nos hubiera gustado, un proyecto de ley de este calado; proyecto que
generaría más confianza en el sistema económico y financiero si hubieran
aceptado enmiendas y se hubieran propuesto mejorar el texto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Muchas gracias, señor presidente.

Mi optimismo se ha quedado en agua de borrajas y no nos queda más
remedio que votar en contra del proyecto de ley, señor Juncal, aunque
agradezco el tono de su intervención. Por otra parte, al final de mi
intervención responderé a ciertos asuntos que usted ha mencionado y que
no tienen nada que ver con la ley.

Voy a exponerle los motivos por los cuales vamos a votar en
contra de este proyecto de ley. En primer lugar, porque esta ley modifica
la Ley 12/2010, aprobada por consenso. La diferencia entre aquel consenso
y este rodillo es abismal. Por tanto, nosotros vamos a decir que no a una
ley que solo quieren aprobar ustedes y que modifica una consensuada.
Vamos a votar en contra —como señalaba en el turno de
portavoces— porque en el proceso previo de consultas reglamentarias
y obligatorias ustedes han vuelto a repetir el viejo truco de saltarse el
dictamen del Consejo de Estado en una parte del proyecto, al modificarlo
una vez emitido el dictamen.

Vamos a votar en contra porque —como ha reconocido el
senador del Grupo Mixto— durante la tramitación en el Congreso
ustedes prometieron diálogo y consenso, algo que después no cumplieron.
Pero es que, además, utilizan ustedes en el Senado la táctica de
establecer un calendario infernal que evita cualquier posibilidad de
diálogo. Yo estoy seguro, senador Juncal, de que usted y todos los
ponentes del PP —en general, todos aquellos con los que yo he
trabajado— son personas capaces de dialogar y llegar a consensos,
pero el calendario que les impone su Gobierno, con su complicidad como
grupo parlamentario, hace que sea imposible dialogar. Si ustedes saben
que esta ley tiene que estar aprobada en el Congreso tal día, por mucho
que les gusten cualquiera de nuestras enmiendas, van a decir que no. Por
lo tanto, el diálogo es físicamente imposible porque no hay tiempo. No es
porque ustedes no quieran, que no sé si quieren —voy a ser generoso
y pensaré que sí, pues tengo experiencias en este sentido con algún
senador o senadora de su grupo—, pero el calendario lo evita.

Vamos a votar en contra porque, como también he señalado en mi
anterior intervención, no hay consenso con ninguno de los sectores de la
profesión, ni con los grandes auditores ni con los pequeños, ni con el
Colegio de Economistas ni con nadie. Todo el mundo está en contra, y
cuando una ley tiene a todo el mundo en contra, lo que debería hacer el
Gobierno es retirarla y volver a intentar consensuarla. Pero ustedes no
lo han hecho.

Vamos a votar en contra porque este proyecto, redactado por el
ICAC, consolida un modelo de regulación que incluso es peor que el de la
CNMC, con el que ya discrepábamos. Este es un modelo mucho más
intervencionista por parte del Gobierno.

Vamos a votar en contra porque en este momento este proyecto de
ley no corrige ninguno de los errores que determinadas entidades públicas
y privadas han cometido en el pasado. La economía sumergida, la evasión
fiscal, los pagos en B, las preferentes, las hipotecas multidivisas, las
tarjetas black, todo eso son prácticas ilícitas en muchos casos, y
cuestionables éticamente, que han pasado con un modelo de auditoría que
es el que ustedes consagran hoy aquí. Por tanto, este era el momento de
decir stop a este tipo de prácticas y de establecer en esta ley
mecanismos que obligaran a los auditores a detectarlos antes o
denunciarlos después. Todas esas prácticas son las que han conducido al
descrédito de la sociedad ante cualquier gran empresa o institución. Por
todos esos motivos, nosotros vamos a votar en contra de esta ley.

Y quiero terminar, como hice en la comisión, con dos cuestiones.
La primera —me comprometí a hacerlo en la Comisión de Economía
cuando tratamos otra ley—, denunciando y protestando por el
atropello democrático que supone la utilización electoralista que ustedes
han hecho de estas Cámaras en estos meses de verano. Y aviso, sobre la
voluntad y la capacidad de trabajo de los socialistas, no aceptamos ni
una sola lección. Nosotros estamos dispuestos a venir a trabajar todo el
verano, pero a trabajar en condiciones. No es creíble y es
antidemocrático pretender que desde hoy hasta el mes de septiembre
aprobemos los Presupuestos Generales del Estado y cuarenta leyes más.
(Aplausos). Señorías, hemos aprobado ciento treinta leyes en tres años y
medio, y ahora en dos meses y medio vamos a aprobar lo que tocaría
aprobar en un año. Esa no es manera de trabajar. Por lo tanto, reitero
esa protesta, que reiteraré cada vez que intervenga en este Pleno o en
las comisiones.

Finalizo, señor Juncal, respondiendo a algo que usted ha puesto
sobre la mesa. Yo he hecho una reflexión sobre la voluntad y la capacidad
de diálogo, y usted me ha contestado diciendo que el PSOE solo dialoga
con algunos. Eso me demuestra que ustedes no han entendido nada de las
últimas elecciones, porque el resultado de las últimas elecciones es
precisamente un encargo a todos los grupos políticos de que dialoguen
entre ellos, pero que no dialoguen con quien ha puesto en riesgo la
educación pública de este país; con quien ha hecho recortes en sanidad y
ha puesto en riesgo a este país; con quien en Valencia está hasta arriba
de Gürtel; con quien en Baleares no ha querido dialogar con el sector
educativo y ha despreciado la participación 100 000 personas en una
manifestación; con quien pone en riesgo el derecho de las mujeres a
decidir sobre su cuerpo; con quien dice que el problema de la
alimentación en Madrid es la obesidad y no el hambre; con quien dice que
no hay que abrir los comedores escolares. Si ustedes analizan el
resultado en cada comunidad autónoma, verán que los votos de izquierdas
son más que los de derechas, porque la gente está harta de estas
políticas. Y ahora ustedes nos quieren decir que la lectura es negociar
con ustedes. Es imposible negociar con ustedes. Esa no es la voluntad del
pueblo, ese no es el resultado electoral. Lean ustedes el resultado
electoral; léanlo en Valencia, léanlo en Extremadura, léanlo en
Castilla-La Mancha, léanlo en Baleares, léanlo en Aragón y cuenten los
votos; cuenten los votos de la gente que está en contra de las políticas
de los últimos tres años y medio y cuenten los de la gente que está a
favor.

Por lo tanto, no nos pidan que intentemos llegar a acuerdos con
ustedes, porque eso es lo que no quiere la gente. (Rumores). Señor
Juncal, senadores del PP, yo no digo que no se pueda llegar a acuerdos
con ustedes individualmente, digo que la voluntad de la gente...
(Protestas). No se pongan nerviosos, que luego tienen ustedes un turno de
portavoces. Digo que los resultados de las últimas elecciones eran un
mandato a los partidos, a todos los partidos menos al PP, de empezar a
reconstruir lo que ustedes han destruido en los últimos tres años y
medio, y hasta que ustedes...(Rumores). Me queda un minuto y medio, con
lo cual puedo esperar a que acaben. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

... y hasta que ustedes no entiendan eso no van a encontrar un
socio de Gobierno en este país para ningún gobierno, ni municipal ni
autonómico ni estatal. (Protestas). Y les conviene hacerlo, porque se
tienen que acostumbrar ustedes a dialogar; no va a haber mayorías
absolutas en la próxima legislatura, y con ustedes nadie puede hablar con
estos resultados.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Manchado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Señor presidente, señorías, voy a
empezar por donde terminaba el senador Manchado, por sus protestas al
calendario infernal por hacernos trabajar a los senadores en julio y
agosto. Es que para esto estamos, para trabajar en esta Cámara, señoría,
para trabajar en esta Cámara. (Aplausos.— Rumores). Que no nos pase
luego como ha pasado esta mañana con un diario nacional, ¡hombre, por
favor! (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Señor Manchado, la demagogia tiene
las patas tan cortas como las mentiras. (La señora Andrés Prieto: No
pisas el hemiciclo).

El señor PRESIDENTE: Senadora Andrés, guarde silencio, por
favor.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Ustedes llevan cuatro años
inasequibles al desaliento. Después de haber dejado a este país al borde
de la ruina, suben a esta tribuna pública a dar lecciones de democracia.
(Rumores). Es literalmente inaceptable. El diálogo debe ser el cordón
sanitario que establecen para que en todo municipio, región o comunidad
autónoma estén todos contra el Partido Popular. Ese es su sistema de
diálogo.

Senador Manchado, habla usted de este proyecto de ley, lo juzga,
lo prejuzga y lo sentencia. Citando al señor Ortega y Gasset, que vino
mucho por mi ciudad, por Sigüenza, porque tenía tuberculosis, a mí cada
día me interesa menos ser juez de las cosas, prefiero ser su
cómplice.

El senador Iglesias no está por aquí, pero estoy completamente de
acuerdo con él en que hubo una falta de rigor y supervisión en las
auditorías y por ello este proyecto de ley.

Senador Unamunzaga, no entiendo, ni tampoco lo justifica, por qué
las pequeñas empresas de auditoría garantizan la independencia y las
grandes no. Respecto al mantra del neoliberalismo, lo dejo para el Diario
de Sesiones.

Senadora Iparragirre, no aceptar enmiendas —y esto va
también para el señor Alturo— no significa no ser dialogante. De
hecho, llevamos prácticamente dos horas dialogando. (El señor Alturo
Lloan pronuncia palabras que no se perciben). Diálogo hay, senador
Alturo, estamos hablando en democracia y en libertad. Otra cosa más
complicada —estará usted conmigo— es llegar al consenso. Unas
veces es más fácil y otras es más difícil.

Senador Montilla, estoy completamente de acuerdo con usted y con
su visión sobre que este proyecto de ley incrementa la transparencia y
que, por desgracia, ha habido casos flagrantes en las auditorías.

Senador Alturo, nosotros, por el contrario, sí creemos que este
proyecto de ley consigue los objetivos de la trasposición de las
directivas europeas que se imponían. Respecto a que imponemos y no
negociamos, igual hago algún repaso algún día y entro en el Parlamento de
Cataluña para ver cuántas proposiciones y cuántos proyectos de ley han
aceptado ustedes de mi grupo político.

Entro en el fondo del contenido de este proyecto de ley e
intervengo como portavoz de mi grupo y ponente, junto con el senador
Juncal. Tenemos el pleno convencimiento, señorías, de que este proyecto
de ley pretende introducir las modificaciones y actualizaciones que en
materia de actividad auditora se han producido como consecuencia de una
directiva comunitaria que citaba el senador Alturo, la 56/2014 del
Parlamento Europeo. Como ustedes conocen, su trasposición es de obligado
cumplimiento para todos los Estados miembros. Igualmente, nuestra
normativa auditora debe adaptarse —y lo hace— al Reglamento
de la Unión Europea 537/2014; además, con un ámbito temporal, pues debe
hacerse antes de junio de 2016. Por tanto, con tiempo más que suficiente
lo hacemos ahora con este proyecto de ley para trasponer el ordenamiento
jurídico europeo a nuestros instrumentos de auditoría, y lograr así con
esas directrices comunitarias una armonización coherente, una aplicación
uniforme de unas normas de auditoría mucho más detalladas, y todo ello
con el objetivo de garantizar algo en lo que todos los que han salido a
este foro han dicho estar de acuerdo: conseguir auditorías de mayor
calidad que contribuyan a un funcionamiento mucho más eficaz de los
mercados interiores y, al mismo tiempo, reflejen un elevado nivel de
protección hacia el consumidor o los consumidores de este tipo de
información a escala europea.

Señorías, en este proyecto de ley se han maximizado los
mecanismos que garantizan la mayor transparencia e independencia de la
función auditora, sobre todo, de las empresas, de las grandes y de las
pequeñas, a pesar de lo que ustedes dicen, que se dedican a la auditoría
de cuentas en nuestro ordenamiento jurídico. El fin de este proyecto de
ley ha sido recuperar la confianza de los usuarios de estos servicios, lo
que aportará una mejora sustancial en la calidad de las auditorías.

Son variados y muy relevantes los aspectos modificados del texto
refundido del real decreto de 2011; aspectos que se refieren al régimen
de independencia —tan necesario en la actividad auditora—, a
las normas sobre organización, a sus honorarios, a los informes
preceptivos de las auditorías y a los requisitos para quienes auditen a
las entidades de interés público.

Señorías, hoy más que nunca —también lo ha dicho aquí algún
otro parlamentario—, la actividad auditoría es notoria y, como tal,
hay que dotarla de la calidad económica, contable y financiera suficiente
para una adecuada toma de decisiones. Ello es así porque la función
auditora hoy también es de interés público y, por tanto, su mejora va a
contribuir a generar la confianza en los estados financieros de las
entidades auditadas.

En resumen, este proyecto de ley perseguía y consigue —al
menos desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular—
cuatro objetivos muy claros: incrementar el grado de transparencia,
reforzar la independencia de los auditores, garantizar la competencia de
la autoridad supervisora y dinamizar el mercado interior promoviendo la
expansión de las empresas que se dedican a la auditoría. En definitiva,
es una mejora global que consigue lo que entendemos que es prioritario
para la función auditora: información veraz, capacidad de análisis,
reforma y formación adecuada de los que supervisan, independencia y una
absoluta transparencia.

Señor presidente, señorías, concluyo mi intervención manifestando
que en este proyecto de ley se han recogido numerosas aportaciones del
sector auditor y que, igualmente, consta el informe favorable del Consejo
de Estado.

Mi grupo parlamentario agradece el trabajo del resto de los
grupos políticos, que con sus enmiendas siempre aportan algo, aunque a
veces solo sea la reflexión y el diálogo; y que otras veces concluye con
el apoyo a alguna de las enmiendas. Sin embargo, como les anticipó mi
compañero y ponente de esta ley, el senador Juncal, en este caso no
apoyaremos ninguna de ellas.

Por todo ello, solicito de mi grupo el voto favorable al texto
remitido por el Congreso de los Diputados.

Parafraseando al señor Ortega, senador Manchado, la vida es una
serie de colisiones con el futuro, no es suma de lo que hemos sido sino
de lo que anhelamos ser.

Muchas gracias, señor presidente.






(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De las Heras.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, procedemos a la votación de las enmiendas del
Proyecto de Ley de auditoría de cuentas.

Comenzamos con la votación de las enmiendas números 1, 2, 3 y 5,
presentadas por el senador Iglesias.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 61; en contra, 146;
abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 4; en contra, 150;
abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas presentadas por los senadores Ariartza, Goioaga,
Unamunzaga y Mendizabal.

Votamos la enmienda número 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 72; en contra, 150;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 18; en contra, 149;
abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 16; en contra, 151;
abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 14; en contra, 150;
abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 8, 11 y 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 18; en contra, 150;
abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario
Vasco. En primer lugar, las numeros 54, 56, 67 y 78 a 80.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 224; a favor, 16; en contra, 147;
abstenciones, 61.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 39, 42 a 47, 49 a 52 y 58.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 224; a favor, 16; en contra, 148;
abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 224; a favor, 15; en contra, 147;
abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa.

Votamos la enmienda número 22.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 224; a favor, 58; en contra, 151;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 224; a favor, 59; en contra, 153;
abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 21.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 221; a favor, 63; en contra, 147;
abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 13, 14 y 15.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 73; en contra, 145;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 16, 17, 18, 19 y 23.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 59; en contra, 149;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 24, 25 y 26.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 60; en contra, 148;
abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de Convérgència i
d’Unió.

En primer lugar, votamos las enmiendas números 83, 84 y 85.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 224; a favor, 13; en contra, 152;
abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 81.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 12; en contra, 147;
abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 82 y 92 a 95.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 15; en contra, 148;
abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 96, 99 y 100.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 224; a favor, 15; en contra, 150;
abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas
números 86, 87, 88, 90, 102, 108, 110, 117, 132, 133 y 135.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 16; en contra, 149;
abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 91, 97, 98, 101, 103, 104, 127, 131
y 134.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 16; en contra, 149;
abstenciones, 60.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Convérgència i d’Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 224; a favor, 15; en contra, 147;
abstenciones, 62.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

En primer lugar, la enmienda número 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 60; en contra, 154;
abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 34.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 62; en contra, 151;
abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 224; a favor, 65; en contra, 147;
abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 27 a 33 y 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 225; a favor, 62; en contra, 147;
abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 148; en contra, 77.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el
Proyecto de Ley de auditoría de cuentas. (Aplausos).

El señor presidente da lectura a los puntos 11., 11.1.
y 11.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del informe, tiene la
palabra el presidente de la comisión, el senador Canals.

El señor CANALS LIZANO: Gracias, presidente.

Señorías, tengo la satisfacción de presentarles el informe de la
Comisión Especial de Estudio sobre las Medidas a Desarrollar para evitar
la Despoblación de las Zonas de Montaña. Esta comisión se constituyó el
pasado 14 de octubre por un motivo, y es que las consecuencias de la
despoblación de las zonas de montaña afectan, fundamentalmente, a las
personas que allí viven. Por ello, recibimos un encargo de esta Cámara:
aportar medidas para que los residentes en las zonas de montaña pudieran
progresar y, en definitiva, tuvieran un futuro. Si prefieren un enunciado
más formal les diré que debíamos contribuir al desarrollo del
artículo 130 de la Constitución, cuya finalidad es la equiparación del
nivel de vida de todos los españoles, dando un tratamiento especial a las
zonas de montaña.

Pues bien, el pasado 22 de junio esta comisión finalizó sus
trabajos, basados en el respeto a la opinión de los expertos, al sentido
común y a la búsqueda del consenso, de tal modo que el informe se aprobó
por asentimiento. Han sido ocho meses de intenso trabajo, distribuido en
catorce sesiones; en doce de ellas han intervenido comparecientes:
alcaldes, consejeros de comunidades autónomas, profesores de universidad,
expertos en geografía, en despoblación, directores generales,
emprendedores, sindicalistas, representantes de asociaciones españolas y
europeas, y así hasta cincuenta expertos.

Todas las aportaciones han sido de enorme valor, de gran calidad,
y tenían un eje común: que las actuaciones políticas que se lleven a cabo
cuenten con las personas que viven en el territorio y respondan a sus
necesidades concretas.

Sinceramente, considero que hemos cumplido con el encargo, y que
las treintaicinco propuestas y las ocho recomendaciones finales dan
respuesta al mandato que nos hizo esta Cámara. Esto ha sido posible
gracias al esfuerzo de todos los que han participado, al personal de la
Casa y los miembros de la comisión; y especialmente gracias a la buena
voluntad del vicepresidente de la comisión, el senador Fernández Blanco;
la colaboración de la senadora Capella; la disposición del senador
Cazalis; la perseverancia de la senadora Rivero; la tenacidad del senador
Fidalgo; el empeño del senador Boya; y el talante y la buena disposición
de la senadora García Romero. Por otro lado, no me quiero olvidar de la
imprescindible contribución del letrado de la comisión, don Claro José
Fernández-Carnicero, y de la secretaria de la comisión, doña Encarnación
Pardá. Espero contar con la colaboración y unanimidad de todos
ustedes.

Ahora, si me lo permite, señor presidente, quiero aprovechar para
despedirme de todos ustedes. Posiblemente, esta haya sido mi última
intervención en esta Cámara, al menos en esta legislatura. Para mí, ha
sido un honor compartir escaño con todos ustedes. Les deseo aciertos en
la vida política y muchísima suerte en la vida personal.

Muchísimas gracias. (Fuertes aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Canals.

Creo que hablo en nombre de todas las senadoras y senadores de
esta Cámara al desearle también a usted lo mejor en el futuro. Mucha
suerte. (Fuertes aplausos).

Debate sobre la totalidad del informe.

¿Turno a favor? (Denegaciones).

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Turno de portavoces.

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente. Bona
tarda.

Antes de nada quiero mostrar mi agradecimiento a los servicios de
la Cámara y a todos los comparecientes. Asimismo, quiero agradecer al
presidente de la comisión su buen talante, desearle mucha suerte en el
futuro y, en definitiva, que nos volvamos a ver en algún momento de
nuestras vidas. (Risas).

El objetivo de la comisión era proponer medidas para evitar la
despoblación en las zonas de alta montaña, para intentar que prosperen,
atender a la modernización y al desarrollo de todos los sectores
económicos y, en particular, de la agricultura, ganadería, pesca y
artesanía. En definitiva, que los hombres y las mujeres que viven en las
zonas de montaña puedan tener una vida digna. No sé si este objetivo se
ha alcanzado plenamente, pero lo hemos intentado.

Ahora bien, en atención a la importancia de algunas medidas
propuestas, me corresponde advertir, en este caso, al Gobierno del Estado
español y, por razones obvias, al partido que le da apoyo, al Partido
Popular, que sin dotación presupuestaria estas medidas se convertirán en
papel mojado. Como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones;
por tanto, y en atención a que el Gobierno tiene la intención de aprobar
los Presupuestos Generales del Estado en septiembre u octubre, espero que
presupuesten todas y cada una de las medidas que conforman las
conclusiones a las que ha llegado la comisión. Entonces podremos decir
cuán satisfechos nos sentimos de la comisión especial y de sus
conclusiones. Mientras tanto, la satisfacción de esta representante de
Esquerra Republicana y del grupo místico... (Risas. — Aplausos).
Perdón, aunque es verdad que algunas veces somos un poco místicos, lo que
quería decir es que la satisfacción del Grupo Mixto es moderada, máxime
si tenemos en cuenta que con relación al Principat de Catalunya el peso
específico de los representantes territoriales, que no de los senadores
que conforman la representación de Cataluña, ha sido más bien escaso,
dadas las limitaciones impuestas.

En todo caso, bienvenido sea el trabajo realizado y esperamos que
se materialice. Quiero destacar las conclusiones quinta, sexta y séptima
porque suponen dar cumplimiento efectivo a la igualdad, equidad y
cohesión social ya que hablan de infraestructuras, de transporte público,
de planes de movilidad, de nueva tecnología, de preservación del medio
natural, etcétera; eso sí, como he dicho antes, requieren presupuesto,
cambios legislativos y la derogación de alguna ley que Esquerra
Republicana considera que no ayudará a dar cumplimiento a las
conclusiones de esta comisión.

A pesar de los distintos atropellos de mi intervención, les deseo
a todos una buena tarde.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra
el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. Con su
permiso, intervengo desde el escaño para no perder mucho tiempo.

También quiero dar las gracias a todos los miembros de la
comisión, y le deseo mucha suerte al presidente porque capacidad, talante
y afán de trabajo ya lo tiene como equipamiento de serie y, por tanto,
con suerte probablemente le baste. Quiero hacer una mención especial al
letrado porque yo siempre digo quién es el padre y quién es la madre, y
en este caso creo que él ha sido el padre y la madre de esta comisión; ha
hecho un gran trabajo y nos ha puesto muy fácil llegar a las conclusiones
finales.

Como comenté en su momento, los que venimos de Vizcaya podemos
hablar de zonas de montaña, pero difícilmente de despoblación. En
cualquier caso, es cierto que he aprendido muchísimo, tanto en ponencia
como en comisión, y que hay una fecha que no se me va a olvidar, el 23 de
marzo, día en el que comparecieron consecutivamente los alcaldes de
Somiedo y de Jaca, dos personas que tenían conceptos totalmente distintos
sobre lo que querían para su entorno, pero con un solo objetivo: mantener
vivo Somiedo y mantener vivo Jaca. Además, quiero traer a colación una
frase que me pareció muy curiosa, aunque sé que no es muy elegante citar
únicamente a Belarmino Fernández, alcalde de Somiedo, porque ha habido
muchos comparecientes. Así, mientras hablábamos de sostenibilidad, de
medioambiente, etcétera, nos dijo: «Tan desastre es cargarse el
medioambiente —y por eso queremos un desarrollo económico
sostenible— como que la conservación se cargue el desarrollo
económico y ocasione despoblación. No hay mayor desastre ecológico, desde
nuestro punto de vista, que un pueblo abandonado. Un pueblo abandonado
significa una pérdida de biodiversidad terrible y, a la vez, una pérdida
de potencialidad económica del país porque se pierde un desarrollo
económico que probablemente venga de atrás, de siglos y siglos de
actividad económica.» Por lo tanto, no solamente estamos hablando de
desarrollo económico y de territorio sino de gente, de personas, de
cultura, de tradición, de cosas muy importantes, que aunque lógicamente
con este texto no se van a solucionar, sí puede servir de guía para que
los distintos gobiernos, como ha dicho la senadora Capella, tengan una
especie de hoja de ruta a la hora de invertir dinero, que es lo que hace
falta para conseguir que lo que dijo el alcalde, Belarmino Fernández, no
suceda y podamos seguir manteniendo la población y la riqueza de las
zonas de montaña.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el
senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero empezar también con los lógicos agradecimientos
a los miembros de la comisión por los debates interesantes que se han
suscitado alrededor de esta cuestión; a todos ustedes que en su momento
dieron apoyo a la moción que dio lugar a la creación de la comisión; al
presidente, por su talante y su buen hacer para lograr este consenso; y,
por supuesto, al letrado y a todos aquellos funcionarios de la Casa que
nos han facilitado tanto el trabajo.

Asimismo, quiero hacer una breve reflexión y es que en realidad
de lo que estamos hablando es de una cuestión que es innata a la
condición humana, que todos somos de un lugar, de un espacio, de una
tierra, de un mundo, de un universo cultural, frecuentemente somos de
lugares diferentes y, en definitiva, de espacios que están caracterizados
por una geografía, por un paisaje, por un mapa político y administrativo
y de lo que se trata es de que en general nadie tenga que renunciar a
seguir viviendo en aquel lugar donde nació. Hay mucha gente que tiene
raíces en determinado lugar, que quiere continuar viviendo allí y, por
tanto, de lo que hablamos es de eso, de la renuncia a poder seguir
viviendo en el lugar donde has nacido y donde están tus raíces.

Por ello, dedicar ocho meses a escuchar cincuenta comparecencias
en una Cámara como esta, de carácter territorial y que ha de tener esta
vocación por atender a las cuestiones territoriales, creo que ha sido un
acierto y, personalmente, ha supuesto una gran satisfacción que recordaré
también en el futuro, atendiendo a que seguramente, presidente, muchos de
nosotros no estemos aquí la próxima legislatura. En cualquier caso,
tendremos la conciencia de haber hecho un buen trabajo aunque, por
supuesto, siempre se puede pedir más.

Creo que el debate sobre el territorio deberá estar vigente en
los próximos años. Es cierto que vivimos y avanzamos hacia una concepción
estrictamente urbana del planeta, hacia un mundo de ciudades enormes, de
megaciudades, de una agricultura industrializada, de una sociedad muy
tecnificada, pero también lo es que nuestra obligación es buscar
equilibrios en la línea que señalaba hace un momento el senador Cazalis
refiriéndose a las palabras del alcalde de Somiedo.

Por tanto, creo que precisamente la actividad legislativa se debe
enfocar a encontrar estos equilibrios territoriales y a garantizar los
derechos de los ciudadanos, independientemente de los territorios donde
vivan, y ustedes saben que eso no sucede porque, de otro modo, no
estaríamos hablando de migraciones, de éxodos y de despoblación. Por
tanto, se trata de un problema de gestión del territorio, de un
territorio que abandonamos y que resulta absolutamente vital para nuestra
vida cotidiana aunque vivamos en un mundo urbano.

Por consiguiente, este no es un problema que competa únicamente
al mundo rural, sino que compete a toda la sociedad. La calidad de
nuestra alimentación, de nuestra agua, de nuestra energía, de nuestra
cultura y de nuestra biodiversidad depende absolutamente de ello, de que
en el mundo rural, y en especial en las montañas, haya vida, tanto desde
el punto de vista de la biodiversidad y de su conservación como de las
comunidades humanas que lo habitan. La montaña es una parte esencial de
esta diversidad y es, sin duda, el espacio más castigado por la
despoblación. Las razones, señorías, son evidentes, derivan de unas
condiciones de vida más duras. Y existe una preocupación a nivel mundial
sobre el futuro de las montañas —de hecho, un año estuvo dedicado
precisamente a las montañas—, preocupación que Europa ha recogido,
aunque seguro que no lo suficiente, y no se ha encontrado todavía el
marco de protección necesario para estos espacios.

La mayoría de los países de nuestro entorno han elaborado leyes
para establecer marcos singulares para estas zonas. España es el país que
menos ha trabajado en este ámbito —y llamo su atención sobre esta
cuestión—, y curiosamente España es uno de los países más
montañosos de Europa, el 40 % de su territorio es zona de montaña.
Además, yo diría que es muy difícil encontrar un país en nuestro entorno
que haya sufrido un éxodo de la dimensión que ha sufrido nuestra montaña,
como es igualmente difícil encontrar un país de nuestro entorno que sufra
desequilibrios territoriales como el nuestro. Les recuerdo que el 80 % de
la población del Estado vive en el 20 % del territorio. Es una cifra para
que ustedes retengan y entiendan la magnitud del problema del que estamos
hablando.

Porque, en definitiva, señorías, el problema del equilibrio
territorial, el problema de la despoblación, es un problema de Estado en
toda regla. Por tanto, creo que debemos empezar a utilizar, como se
utiliza en Francia, el concepto de ingeniería territorial para encontrar
soluciones a los equilibrios que, de alguna manera, deben articular un
territorio que es complejo pero que debe tener una vertebración
territorial y una cohesión para que de verdad sea gestionable.

Acabo, señor presidente, diciéndoles que se han cumplido
veinticinco años desde que Julio Llamazares escribiera un libro que la
gente de Aragón conoce bien, Lluvia amarilla. Nadie como él ha sido capaz
de describir el drama de la muerte de un pueblo, el de Ainielle en este
caso, un pueblo del Alto Pirineo que murió allá por los años sesenta. Él
describe perfectamente el drama humano que significa la muerte de un
pueblo. Les recomiendo su lectura para que entiendan qué raíces profundas
se secan definitivamente cuando se cierra la última casa de un pueblo.
Nuestras montañas, señorías, están llenas de pueblos cerrados, de pueblos
vacíos, de raíces secas y de gente sin esperanza.

Ciertamente, hoy damos un tímido primer paso. Bienvenido sea,
aunque solo sirva para lanzar un mensaje de esperanza, un mensaje de
empatía con territorios olvidados, los más periféricos, los que tienen
las condiciones de vida más duras. Saber preservar el patrimonio de
nuestras montañas y de sus gentes es un reto que pondrá en tela de juicio
nuestra dimensión como país, pondrá en tela de juicio a sus
administraciones y a sus gobernantes. De nosotros depende, señorías,
cambiar la realidad y ganar un futuro para la montaña.

Felicidades, porque creo que este ha sido un mérito de todos,
aunque hay mucho trabajo por hacer.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Señorías, intentaré ser breve porque creo que en estas
conclusiones extensas se recogen todas las sensibilidades propuestas, e
incluso contrapropuestas, como ha dicho el senador Cazalis.

En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de la Mesa, en
especial a su presidente, el senador Canals, al que no solo le deseo
éxito en su vida personal, sino también en su labor de defensa de sus
ideas desde donde quiera o pueda ejercerlas; al letrado, por su
acompañamiento y ayuda; a los comparecientes y a todos los
compañeros.

Es importante que en esta Cámara de representación territorial
hayamos sido capaces de poner sobre la mesa una problemática que afecta
en menor o mayor grado a todos los territorios rurales de montaña: la
despoblación. Y, como consecuencia de esta, los efectos colaterales de la
falta de masa crítica en estas zonas.

Hace pocos días presentamos también las conclusiones de la
ponencia de estudio de la despoblación en zona rurales. Algunos senadores
hemos tenido el honor de participar en ambas. Pienso que se complementan
y que, en este sentido, tendríamos que darnos una doble felicitación en
esta Cámara por el trabajo hecho en pro del mundo rural.

Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i d’Unió ha intentado aportar a estas conclusiones y
ha trabajado intensamente estos ocho meses, como todos los grupos, para
conseguir el máximo consenso, que para nosotros iba condicionado a que no
se cruzaran las líneas rojas del respeto a las competencias. En Cataluña
tenemos una Ley de montaña de 1983 que ha servido para impulsar estas
zonas, tanto a nivel de su gobernabilidad como de su solvencia económica
y social mediante los servicios e infraestructuras necesarios. Cierto es
que nunca se hace lo suficiente, pero estamos satisfechos de nuestro
modelo, que, superada una primera etapa de camino andado, se encuentra en
este momento en revisión; una revisión con la participación de la propia
gente del territorio, porque, señorías, hace falta para el mundo rural
una visión de abajo arriba, de dentro afuera, un empoderamiento de las
zonas rurales.

Coincidimos todos los que hemos trabajado en esta comisión en la
diagnosis. Por ello esperamos que las medidas que hemos recogido en esta
comisión de estudio puedan ir más allá de una mera enumeración y puedan
ser una realidad que aporte soluciones a la despoblación y, en concreto a
la despoblación de zonas de montaña; medidas que han ido desde la gestión
de los bosques hasta la revisión del trato fiscal para estas zonas, las
nuevas tecnologías, la gestión de los recursos o la prestación de
servicios en pueblos muy pequeños; medidas que deben ser todas ellas
trasversales, con la implicación de todos y la revisión de todo lo que
tenemos para mejorarlo y ponerlo al servicio de los proyectos sociales y
económicos de estas zonas. Hemos repetido una y otra vez que sin proyecto
económico no hay proyecto social. Lo rural puede existir sin lo urbano,
pero no al revés; dejar solo el peso de la sostenibilidad a los
habitantes de estas zonas no es justo. Ha servido, pues, a priori, esta
comisión para hacer un poco de pedagogía de esta realidad que existe y
debe seguir existiendo, el mundo rural, y, dentro de este, el mundo rural
especialmente duro de la montaña. La gente que vivimos en las zonas
rurales de montaña no queremos vivir solo de subvenciones, no queremos
estar en un permanente estado de agradecimiento; la gente rural que
vivimos en las zonas de montaña queremos oportunidades, queremos igualdad
y no desde la uniformidad, sino en atención a nuestras
peculiaridades.

Por todo ello, para que nosotros podamos continuar viviendo donde
hemos decidido vivir, espero que las medidas que hemos podido concluir en
esta comisión puedan ser una realidad.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias.

Señorías, aquí traemos el informe de esta comisión, que es la
criatura que ha nacido a la luz después de nueve meses de trabajo.

En primer lugar, quiero expresar el lógico reconocimiento al
letrado y al equipo técnico que ha trabajado con la comisión,
explícitamente al senador Boya. Me gusta bautizar los informes con el
nombre de los autores de las iniciativas, y a este lo llamaré informe
Boya. Permítanme mostrar un agradecimiento especial al equipo del Grupo
Socialista que ha trabajo conmigo en la comisión: los senadores José
Fernández, Félix Montes, Antonio Arrufat, Miguel Ángel González y Pedro
Antonio Ruíz, quien, por cierto, hoy se despide también del Senado para
asumir responsabilidades de Gobierno. Vaya para ellos un agradecimiento
especial, así como a otros compañeros. También quiero agradecer de forma
especial a todos y cada uno de los miembros de esta comisión, que han
hecho un trabajo muy honesto; al presidente de esta comisión, Ricardo
Canals, a quien, como gallego, le digo lo que les decimos a todos los que
hacen el Camino de Santiago: Buen camino; a los portavoces de esta
Comisión: Paco Boya —ya lo he citado—, María Teresa Rivero,
José María Cazalis, Ester Capella y a todos los del Grupo Popular que han
ejercido como portavoces, y de una forma especial a la titular, la señora
García Romero, y a los cincuenta comparecientes y expertos. Creo que por
esta comisión han desfilado los mejores expertos en la materia. Todas sus
intervenciones, por cierto, pueden verse y están colgadas en la página
web del Senado. Creo que tuvimos comparecencias excelentes, y cito
algunas: las de Pérez Peridis, Jesús Casas, Jaime Izquierdo, Fermín
Rodríguez, José Emilio Guerrero, Eduardo Moyano, Belarmino Fernández...
Se hicieron muchas y grandes exposiciones sobre cómo afrontar esta
cuestión.

Señorías, creo que los que hemos trabajado en esta comisión hemos
hecho uno de los trabajos más importantes que puede hacer el Senado como
Cámara territorial, que no es otro que ocuparse del gran desequilibrio
territorial que tiene España, como en las zonas de montaña, donde se
decide la vida, la calidad del aire y del agua, las condiciones
climáticas, etcétera. Es un desequilibrio que supone que el 80 % de la
población vive en un pequeño espacio, mientras que en el 80 % del
territorio vive muy poca gente y además es mayor, o está en muchos casos
deshabitado, y tienen menos derechos, menos oportunidades y menos
servicios. A ellos les dedicamos estas conclusiones.

Por cierto, señorías, quiero poner en valor una cuestión que creo
que en estos tiempos es importante: que se ha llegado a un acuerdo y a un
consenso. Hoy la intervención que haga yo aquí la suscribirán todos los
portavoces de los grupos, y las que hagan el resto de portavoces de todos
los grupos políticos, este portavoz las suscribe al cien por cien.

De las conclusiones solo quiero enumerar sucintamente unas
cuantas líneas. La primera conclusión es que en las zonas de montaña hay
oportunidades. En esta época de globalización y nuevas tecnologías, las
zonas de montaña tienen una oportunidad, pero hay que darles la
conectividad digital necesaria y todos los servicios de comunicación e
infraestructuras en sentido amplio. La calidad de los servicios es
fundamental, pero también se pueden organizar de forma imaginativa
aunando esfuerzos y haciendo que una misma infraestructura pueda tener
diferentes y diversos usos. La cooperación de la gente que vive en la
zona de montaña es clave. También es importante garantizar las
condiciones de igualdad de la mujer.

Otra conclusión a la que hemos llegado es que los problemas que
tienen las zonas de montaña son algo más que problemas de agricultura y
ganadería. Desde luego, hay recursos que explotar, pero hay otros muchos
recursos: los aprovechamientos forestales en su amplia diversidad, así
como las nuevas oportunidades del turismo, de las actividades deportivas
o de las energías renovables.

Señorías, una conclusión a la que doy una importancia especial es
que la sociedad tiene que pagar la contribución que las zonas de montaña
aportan a toda la sociedad, lo que aportan como sumidero de CO2 contra el
cambio climático y lo que aportan como garantía de buenas condiciones de
las fuentes de vida, del agua, del aire, de la calidad del paisaje o de
la biodiversidad. Por lo tanto, las zonas de montaña deben tener un
tratamiento favorable en cuestiones fiscales, de ayuda al emprendimiento,
de financiación, e incluso en los precios de electricidad o de diversos
suministros.

Señorías, muchos expertos nos han dicho que hay que simplificar
la normativa y los trámites que exigimos a los emprendedores, y otros
muchos nos han dicho que hay que abordar la atención a las zonas de
montaña con una acción global de todas las administraciones, pero con una
perspectiva importante: coincidiendo en todo lo que se haga con la gente
que vive en la montaña.

Queremos resaltar un apartado importante: hay que afrontarlo con
medidas legislativas. Ya se ha señalado aquí que la Constitución en el
artículo 130.2 dice que debe darse un tratamiento especial a las zonas de
montaña, y es necesario también desarrollar ese aspecto que señala la
Constitución. Desde nuestro punto de vista, igualmente debe afrontarse la
problemática de la montaña con una legislación específica para las zonas
de montaña, y, desde luego, no es un problema solo de España, también se
debe afrontar desde el ámbito de la Unión Europea.

Los que hemos participado en esta comisión nos hemos convertido
en activistas de esta causa, y vamos a continuar siéndolo. Por lo tanto,
este no es el fin de un trabajo; es un salto adelante para acabar con
esta injusticia, y todos y cada uno de los portavoces de los distintos
grupos nos comprometemos a que esta problemática esté en la agenda
política de todos los partidos.

Por último, permítanme que diga una frase: En estos tiempos de
cierre, en estos tiempos de rescate, donde se habla de rescate a los
países, de rescate a las entidades financiera, de rescate a todo el
mundo, el Grupo Socialista, y creo que todos los portavoces que hemos
trabajado en esta comisión, pedimos y lanzamos un SOS para que se
rescaten las zonas de montaña y las zonas rurales afectadas por la
despoblación. Espero que este problema tenga buena andadura.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fidalgo.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
la senadora García Romero.

El señor GARCÍA ROMERO: Gracias, señor presidente.

Quiero dar las gracias a todos los miembros de la Comisión
Especial de zonas de montaña, y de forma especial y personalizada, al
letrado de la comisión, que hoy está con todos nosotros; a su secretaria,
a quien le hemos dado muchísimo trabajo y le quiero expresar un
reconocimiento ante el Pleno, y también a todos los miembros, vocales y
portavoces, porque ha sido posible conseguir el objeto y el legado que
nos ha marcado esta comisión. De forma muy especial igualmente quiero dar
las gracias a la Mesa de la comisión, sobre todo al presidente, Ricardo
Canals, con el que ha sido un placer y un privilegio trabajar. Como he
dicho con anterioridad, hemos cumplido el legado de la comisión en el
tiempo que nos habíamos propuesto y marcado, desde octubre hasta junio,
nueve meses, como bien recordaba el señor Fidalgo. Nueve meses que han
servido para cumplir el objetivo de hacer un análisis y un estudio para
saber cuáles son las causas que dan lugar a esa despoblación, que no
afecta a toda España sino que de forma más profunda afecta a las zonas de
montaña.

A partir de ese análisis, a partir de ese diagnóstico,
evidentemente teníamos que trabajar con todas las medidas que fueran
posibles para abordar ese problema y contribuir a generar más riqueza y
más desarrollo en esos municipios, y es lo que hemos hecho. Hemos hecho
un plan de trabajo donde se han conseguido plasmar todas y cada una de
las actuaciones, un conjunto de recomendaciones que están
sectorializadas, distribuidas y ordenadas por materias y, evidentemente,
van encaminadas a todas las administraciones competentes. Cuando hablo de
todas las administraciones competentes, me refiero a la Unión Europea, a
la Administración estatal, a las comunidades autónomas, a las
corporaciones locales, a ayuntamientos, a diputaciones y sobre todo a los
máximos beneficiarios, a los protagonistas, a los habitantes de estas
zonas, que son los verdaderos artífices y la razón de ser de este trabajo
que nos ha encomendado la comisión, sobre todo para que se pongan en
marcha en función de la competencia de cada Administración y en función
de las posibilidades económicas y presupuestarias.

Esta serie de recomendaciones están sectorializadas en ocho
bloques, que ya han enumerado mis compañeros y que quiero reiterar, ocho
bloques que son: la ordenación del territorio; las comunicaciones; el
aprovechamiento de recursos propios; los servicios públicos; el empleo;
las medidas fiscales; medidas económicas, y medidas y modelos de gestión.
Ocho bloques que forman un paquete de recomendaciones, un documento, una
hoja de ruta que va a permitir trabajar día a día y codo a codo para
mejorar las condiciones y la calidad de vida de los habitantes y de los
vecinos de estas zonas.

Quiero agradecer de forma muy especial las aportaciones que han
realizado todos y cada uno de los comparecientes, su saber, y de forma
muy específica aquellas aportaciones enriquecedoras de profesores
universitarios, alcaldes, consejeros, directores generales, todos
expertos en la materia, porque desde diferentes puntos de vista y desde
diferentes perspectivas han contribuido a la elaboración de este
documento que hoy nace aquí, en el Senado, como Cámara de representación
territorial.

Por último, quiero agradecer a todos los grupos ese consenso que
hemos sido capaces de alcanzar, siempre en beneficio y en pro de los
habitantes y de las zonas de montaña. Por tanto, hoy culminamos un
trabajo que nos encomendó la comisión de estudio, con la aprobación de
este informe en el Pleno del Senado. Hoy comienzan nuevos tiempos para
los habitantes, para las personas y para los municipios de zonas de
montaña.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora García Romero.

Señorías, del tenor de las intervenciones deduzco que se puede
aprobar por asentimiento este informe. ¿Estamos de acuerdo?
(Asentimiento). ¿Alguien quiere salvar su voto? (Aplausos).

Mi enhorabuena a todos los miembros de la comisión y a todas
aquellas personas que han trabajado en la elaboración de este
informe.

Queda aprobado por asentimiento el informe de la Comisión
Especial de Estudio sobre las medidas a desarrollar para evitar la
despoblación de las zonas de montaña.

El señor presidente da lectura a los puntos 12., 12.1.
y 12.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el senador Rodríguez Marín.

El señor RODRÍGUEZ MARÍN: Gracias, señor presidente.

Me cumple presentar ante sus señorías el dictamen aprobado por la
Comisión de Incompatibilidades en su reunión del pasado 23 de junio
de 2015. El dictamen se refiere a la situación de dos senadores, don
Miguel Ángel García Nieto y doña María Encarnación Moya Nieto.

El dictamen que presento es favorable, por cuanto la comisión no
ha encontrado causa alguna de incompatibilidad en la situación de los dos
miembros de la Cámara indicados. De acuerdo con el Reglamento, el
dictamen es de lista, es decir sin motivación específica para los
senadores que incluye. La comisión aprobó este dictamen favorable por
unanimidad y de conformidad con la propuesta que le formulara la ponencia
permanente en ella, constituida por los senadores Campoy Suárez, Fuentes
Gallardo y Sendra Vellvè.

Siguiendo la práctica de la comisión, la ponencia elevó su
propuesta de dictamen favorable tras un atento examen de la declaración
formulada por los señores senadores, de quienes recabó las informaciones
y documentación complementaria que resultaron necesarias.

En nombre de la Comisión de Incompatibilidades, concluyo
solicitando el voto favorable de sus señorías para este dictamen.

Muchas gracias.

Aprovecho este momento para, con la satisfacción de haber
cumplido mi leal servicio a esta Cámara durante algunas legislaturas,
despedirme de todos y darles mi «hasta siempre», agradeciendo a todos los
senadores, a todos, su cariño y la buena relación que he tenido con
todos, y especialmente con mi presidente.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Senador Rodríguez Marín, muchas
gracias.

Es cierto que en el Pleno de hoy se despiden muchos senadores y
senadoras, como es el caso del senador Canals, el senador Rodríguez
Marín, el senador Ruiz, al que se refería el senador Fidalgo y algunos
otros que no tienen la posibilidad de intervenir en este Pleno pero que
también se despiden. Yo quiero, en nombre de todos, desearles a todos
ellos lo mejor en el futuro y en la vida. Así se lo expreso en nombre de
toda Cámara al senador Rodríguez Marín y a todos los que se despiden en
este Pleno. (El señor Agramunt Font de Mora pide la palabra.—
Aplausos).

Señor Agramunt, tiene la palabra.

El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Gracias, señor presidente.

Intervengo en virtud de no sé qué artículo del Reglamento, pero
me gustaría rendir un homenaje a Juan Antonio Rodríguez Marín, compañero
de la Comunidad Valenciana, simplemente para resaltar que en este momento
es el único firmante de la Constitución que queda en el Senado. Es por
tanto un diputado constituyente, lo cual es un valor que merece la pena
recordar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Agramunt.

Señorías, ¿se puede aprobar por asentimiento?
(Asentimiento).

Que conste también que ha habido votación telemática y que la
senadora Cunyat Badosa ha votado a favor de este informe.

Por lo tanto, queda aprobado por asentimiento el dictamen emitido
por la Comisión de Incompatibilidades.

El señor presidente da lectura a los puntos 13., 13.1.
y 13.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del informe, tiene
palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.
No creo que nos vaya usted a felicitar, a pesar de que hemos trabajado
mucho y muy bien.

Señorías, quiero presentar el informe de la Comisión Especial
para el desarrollo de la internacionalización y ecosistema de la
innovación al servicio de la industria española y del mundo en
desarrollo, un nombre que yo no me he logrado aprender durante esta
legislatura.

La fecha de constitución de la comisión fue el 26 de septiembre
de 2012. Los miembros de la comisión son veinticinco y son los
siguientes: Pedro Manuel Hernández López, Pilar Auxiliadora Serrano,
María del Carmen Suárez, Ramón Alturo. Portavoces: María Antònia Garau,
Jesús Alique, Rafel Bruguera, María del Mar del Pino. Vocales: Antonio
Alarcó, Agustín Almodóbar, Antonio Ernesto Arrufat, Carmen Azuara,
Avelino de Barrionuevo, Alfonso Gustavo Ferrada, Alberto Gutiérrez, Jorge
Ibarrondo, Enrique César López Veiga, José Ignacio Palacios, Carlota
Ripoll, Virginia Romero, Luz Marina Socas, José María Toledo, Juan Andrés
Tovar y Francisco Utrera Mora.

En momentos de crisis económica, el talento y la creatividad se
erigen como factores determinantes de la competitividad de las empresas y
no resulta difícil pues concluir que toda la iniciativa encaminada al
fomento y fortalecimiento de los factores antedichos puede constituir un
factor determinante en el contexto económico actual. Precisamente en esta
dirección se han situado los trabajos realizados por esta comisión que me
honro en presidir.

Existen en el Estado múltiples modelos y sistemas industriales y
comerciales, circunstancia de la que a su vez deriva una de las
características más reseñable del tejido económico-empresarial español:
su diversidad. Una adecuada puesta en valor de este factor diferencial,
por ejemplo, estableciendo sinergias entre las empresas punteras de sus
respectivos sectores, redundaría positivamente en la competitividad de
aquellas. Igualmente la especialización regional de nuestras empresas
contribuiría a alcanzar dicho objetivo al permitir a estas compartir su
conocimiento (know how) y experiencia en los diferentes sectores
existentes en el marco económico del Estado.

El Senado, como Cámara de representación territorial, puede y
debe desempeñar un papel crucial en este punto. Iniciativas como la
presente Comisión especial para el desarrollo de la internacionalización
y ecosistema de la innovación al servicio de la industria española y del
mundo en desarrollo constituyen un buen ejemplo de la labor que puede
ejercer la Cámara Alta como sede de cooperación y colaboración entre las
distintas administraciones territoriales del Estado —en particular,
y por lo que atañe a esta comisión, una colaboración desde la perspectiva
del desarrollo tecnológico industrial y empresarial—.

Parafraseando el escrito de solicitud de creación de la comisión
(firmada por veinticinco senadores de los grupos parlamentarios Popular
en el Senado, Socialista, Catalán de Convergència i d’Unió), hoy en
día nos encontramos en medio de una economía globalizada que sustenta su
ventaja competitiva en la innovación. En consecuencia, globalización e
innovación son dos parámetros fundamentales que condicionan las
oportunidades de negocio y el desarrollo industrial en el mundo
actual.

Los conceptos de innovación e internacionalización se encuentran
estrechamente unidos, pudiendo decirse que forman un binomio. Tal es su
importancia en el ejercicio de la actividad económica que ambos han sido
incluidos en la propia denominación de la comisión. Su mención ha sido
también una constante a lo largo de las comparecencias que se han
celebrado en la misma.

En efecto, innovación e internacionalización se complementan
recíprocamente pues la innovación, entendida como la capacidad de crear,
desarrollar o, de cualquier otro modo, mejorar un producto, servicio o
conocimiento (por ejemplo, el know how), constituye un requisito
indispensable para desarrollar un proceso de internacionalización. A su
vez, de cualquier proceso de internacionalización se derivan múltiples
exigencias, aunque solo sea por el hecho de existir en este ámbito una
demanda mucho más amplia y diversa que la puramente interna, que fuerza,
que invita a las empresas a innovar de manera constante. Y, como no podía
ser de otra forma, la innovación —y por ende, la
internacionalización— es indisociable de la investigación y el
desarrollo, y así lo testifica el acrónimo —fácilmente reconocible
en pluralidad de ámbitos— de I+D+ i.

Pues bien, el análisis de la conjunción de estos tres elementos
—investigación, desarrollo e innovación—, junto a la pata de
la internacionalización, y en particular de su puesta al servicio de la
industria española y del mundo en desarrollo, ha constituido el núcleo de
los trabajos y estudios de la comisión. Es de destacar en este punto la
existencia en el ámbito de la Unión Europea de un espacio único de
innovación, desarrollo, investigación y divulgación: la llamada quinta
libertad.

La innovación, lejos de ser una secuencia lineal desde la
investigación científica a la aplicación empresarial, constituye un
proceso complejo que, como tal, requiere de la intervención de una
multiplicidad de actores —universidad, empresa, Administración
Pública, sistema financiero—, así como de la adecuada interacción
entre ellas para fomentar la interconexión entre la generación y la
aplicación del conocimiento con la consiguiente generación de valor
añadido.

La internacionalización, por su parte, comporta un marco
competencial global en el que las empresas se ven forzadas a extraer el
máximo valor de sus conocimientos.

Debería seguir, pero se me ha acabado el tiempo. Van a intervenir
distintos portavoces.

Yo quisiera, como presidente de esta comisión, que tiene un
nombre tan largo, agradecer a los dos letrados, Moret y Rastrollo, que
nos han ayudado muchísimo y han trabajado muy bien —y no lo digo
por el clásico ritornelo—. Todos los portavoces han trabajado muy
bien; hemos tenido intervenciones muy destacadas y muy llamativas; se ha
hecho un buen trabajo. Desgraciadamente, creo que no vamos a llegar a un
acuerdo.

Tengo que destacar el trabajo persistente de la senadora María
Antonia Garau, a quien le deseamos suerte —porque va a ser su
última intervención. Como vive en Mallorca, seguramente le
visitaremos—, y el del senador Alique, con el que al final no se ha
llegado a un acuerdo —quizás, si llega a ser ministro de Industria
en la siguiente legislatura, aplique los trabajos que se han llevado a
cabo—.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

¿Turno a favor del informe?

Tiene la palabra la senadora Garau.

La señora GARAU JUAN: Gracias, señor presidente.

No tenía previsto hacer un turno a favor de este informe, ya que
se suelen aprobar por unanimidad, pero existe un voto particular del
Grupo Socialista y no me ha quedado más remedio que hacerlo. Ya sé que es
el último punto del orden del día, y tal vez bastaría el turno de
portavoces, pero voy a detallar, aunque sea de forma resumida, el informe
de la comisión.

Esta comisión ha escuchado, ha estudiado y ha sido una gran parte
de su trabajo aprovechar las exposiciones que en ella se han desarrollado
para hacer más competitivas las empresas y el know how sectorial para
generar sinergias y poder así ayudar a nuestras pymes al salir al
exterior con mayor grado de éxito. Han sido hasta veintiséis
comparecencias y han sido cuatro visitas las realizadas a empresas
punteras tecnológicamente.

El informe de la comisión incluye el contenido de las
comparecencias y las conclusiones, y en estas últimas centraré mi
exposición.

Primera: Dimensión de las empresas españolas. La excesiva
fragmentación del tejido empresarial español y el tamaño de las empresas,
que es muy reducido, siendo mayoritarias las micropymes de 0 a 9
trabajadores, dificulta el acceso al crédito en la puesta en marcha de
proyectos de innovación. Se propone actuar en dos direcciones distintas
aunque complementarias: por un lado, fomentar el asociacionismo
empresarial, que facilite a su vez la fusión entre microempresas y
pequeñas empresas. Por otro lado, aprovechar el efecto arrastre de las
grandes empresas de nuestro país de cara al desarrollo e implantación de
las pymes en el comercio internacional. Para ello sería apropiado atraer
y retener los centros de decisión de las grandes compañías.

Segunda: Escasa inversión privada en investigación y desarrollo.
Para aumentar esta inversión en el ámbito privado se proponen una serie
de medidas: continuar incentivando en el ámbito privado el desarrollo de
los parques tecnológicos; continuar impulsando los centros de
investigación e innovación, que desempeñan un papel trascendental en el
ecosistema de la innovación.

Tercera: Financiación. Debería crearse un entorno financiero
eficiente para la innovación. Se considera fundamental el fomento de las
iniciativas de colaboración público-privada. Las comunidades autónomas
que más se han desarrollado en estos últimos años son precisamente las
que han apostado más por esta línea de actuación de la colaboración
público-privada.

Cuarta: Fiscalidad. Continuar con el establecimiento de medidas
fiscales para crear un marco fiscal atractivo para la inversión en I+D+i,
especialmente aquellas que sirvan para aumentar el tamaño de las
empresas, fundamental para poder abordar con éxito el proceso de
internacionalización, punto de coincidencia de la mayoría de los
comparecientes.

Quinta: Exceso regulatorio. La variedad de regulaciones
existentes en nuestro país —tanto estatal, como autonómicas, como
locales— exige una simplificación y agilización de todos los
trámites, por lo que destaco la Ley de unidad de mercado por varias
razones: porque desarrolla el proceso de simplificación administrativa;
porque crea un entorno mucho más favorable a la competencia y a la
inversión; porque es un modelo que refuerza la cooperación entre el
Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Ha sido
valorado por los operadores y expertos que animan a su implementación. La
Administración General del Estado ya ha adaptado 95 normas de las 183
identificadas, y las comunidades autónomas ya han adaptado 85 y 64 están
en tramitación de las 450 normas identificadas. Vamos por el buen
camino.

Sexta: Burocracia administrativa. Se considera imprescindible la
simplificación de trámites burocráticos con el fin de reducir esos plazos
de tramitación de proyectos y solicitudes y agilizar, a su vez, el
ejercicio de las actividades empresariales. Recomiendo la utilización de
la ventana global existente en la página web del ICEX, que está usándose
con mucho éxito. Es una buena recomendación para las empresas que no
tienen los recursos, por ejemplo, de las grandes empresas y también es un
punto de orientación para ellas.

Séptima: Educación y formación profesional. En esencia son dos
las cuestiones sobre este punto: por un lado, mejorar la comunicación
entre universidad y mundo empresarial, y por otro, continuar con el
impulso de la denominada formación dual, de la que tanto se ha hablado en
esta tribuna.

Octava: Racionalizar la actividad de los diferentes agentes que
intervienen en las operaciones de internacionalización. Esta cuestión
podría resolverse al conseguir una mayor coordinación, dentro del respeto
institucional, de todos aquellos entes, instituciones y administraciones
públicas relacionados con este ámbito —serían ICEX, cámaras de
comercio, CEOE e instituciones públicas—.

Novena y última: Refuerzo de la imagen exterior de nuestro país.
En este aspecto resultaría conveniente aprovechar las ventajas
proporcionadas por la consolidación de la marca España para impulsar
también el desarrollo de las marcas de las comunidades autónomas y de las
regiones generando sinergias.

Señorías, no quiero extenderme más. Solo quiero comentar que
considero que se ha logrado un buen informe. Es un reflejo fiel de todos
los aspectos relevantes que nos han expuesto los comparecientes y con
este documento transmitimos una serie de recomendaciones que consideramos
de máxima importancia para que las pymes de este país puedan
internacionalizarse y, además, lo hagan con el mayor éxito posible.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Garau.

Turno en contra. (Denegaciones). No hay turno en contra.

Tiene, a continuación, la palabra el senador Alique, para
defender el voto particular que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente. Seré
también breve.

En la comisión, durante estos más de quince o dieciséis meses en
los que hemos estado trabajando todos los grupos políticos con la
representación que teníamos, acordamos que fuese precisamente el letrado
de la comisión quien hiciese un compendio de lo que era el fiel reflejo
de las comparecencias y de lo que había aportado cada uno de los
comparecientes. Ese borrador se entregó a los grupos políticos. El Grupo
Socialista hizo una serie de aportaciones que tenían que ver con la
propuesta de voto particular que ahora presentamos y que yo defiendo. En
la comisión, dado que no había un acuerdo, propuse que fuese ese
documento, precisamente el borrador elaborado por el letrado —que,
como digo, era un fiel reflejo de las aportaciones— el que se
sometiese a votación. No fue posible y, por tanto, hemos presentado este
voto particular.

Tenemos que reconocer que varias de las propuestas del Grupo
Parlamentario Socialista han sido incorporadas al informe —son las
que tienen que ver con favorecer la internacionalización de los parques
tecnológicos, son las que tienen que ver con impulsar incentivos para que
nuestras empresas puedan patentar, con favorecer nuevas iniciativas de
capital riesgo, con favorecer la presencia de binomios grandes
empresas-pymes tecnológicas en concursos internacionales, con impulsar la
diplomacia científica, o las que tienen que ver con la financiación
pública, que esté orientada a masa crítica, especialización, ciencia de
calidad y rendición de cuentas.

Sin embargo, lamentamos que otras propuestas del Grupo
Parlamentario Socialista se hayan utilizado adulteradas —si me
permiten la expresión— para el informe o, mejor dicho, retocadas a
conveniencia del Grupo Parlamentario Popular, sin haber consultado con el
proponente —en este caso, con el Grupo Parlamentario
Socialista—, para que vengan a decir en el fondo, con esas
propuestas retocadas que se está haciendo lo que en realidad no hace el
Gobierno. Esas propuestas son las que tienen que ver con la creación de
un portal de oportunidades para la exportación y la internacionalización,
con la creación de una oficina nacional de transferencia de tecnología o
con la creación de una ventanilla única de inversión para ayudar
financieramente a las pymes en el proceso de internacionalización.

Lamentamos que el Grupo Popular haya suprimido parte importante
del borrador que elaboró el propio letrado, que, como digo, era el fiel
reflejo de lo que habían expresado los comparecientes y también de la
realidad. Me refiero —leo textualmente— a lo que figuraba en
el borrador y que ha quitado el Partido Popular: «Se requiere un marco
fiscal para la inversión en I+D. En la actualidad quizá el marco fiscal
no sea el más idóneo para coadyuvar al desarrollo de las actividades de
innovación e investigación». Todo eso lo suprime el Grupo Popular en su
informe para dejar una propuesta de marco fiscal atractivo, que fíjense
en qué consiste: en continuar con el establecimiento de deducciones
fiscales. Es decir, sobre un tema tan fundamental como es la fiscalidad,
el Grupo Popular propone continuar con lo que se está haciendo en este
momento, que, como digo, es poco.

El informe elaborado por el Grupo Popular, que fue aprobado en
Comisión, en vez de hacer propuestas o aportar soluciones, pone más en
valor leyes, determinadas normativas que han sido aprobadas por este
Gobierno, que no han contado con el voto a favor del Grupo Socialista,
como, por ejemplo, la Ley de emprendedores o la Ley de unidad de mercado.
En concreto, esta última además contó con el veto de todos y cada uno de
los grupos de la oposición.

El Grupo Socialista, como ya hemos manifestado en varias
ocasiones en la comisión, considera que los objetivos que España necesita
cumplir son: inversión en ciencia, inversión en investigación, educación,
formación, reindustrialización e internacionalización de nuestras
empresas. Fue precisamente el Gobierno socialista el que impulsó la Ley
de la ciencia, la tecnología y la innovación, que, junto con la Ley de
economía sostenible, estaban llamadas a ser la clave para construir un
modelo económico estable en el futuro. Sin embargo, el Gobierno del
Partido Popular, en diciembre de 2011, paralizó estas leyes y además,
hizo el mayor recorte de la historia a la ciencia y a la innovación,
hasta llegar a niveles de inversión no vistos desde el año 2000. La
consecuencia más visible es la salida masiva de jóvenes científicos de
nuestro país.

Hemos hecho varias propuestas para evitar esta sangría a lo largo
de la legislatura y siempre nos hemos encontrado con un no rotundo del
Partido Popular, y hemos hecho propuestas al informe, que consideramos
que son importantes, y también nos hemos encontrado con un no rotundo del
Partido Popular. Son cuatro, que voy a exponer brevemente. La primera
tiene que ver con que los Presupuestos Generales del Estado del año 2016
—los que quiere aprobar el Gobierno— deben ser un punto de
inflexión, que simbolice que, realmente, la política de I+D+i es una vía
fundamental para salir de la crisis y para la competitividad de nuestra
economía. El Partido Popular nos ha dicho no. La segunda tiene que ver
con reforzar todas las líneas de financiación pública para pymes y para
la internacionalización, en particular las dotaciones de capital al ICO.
El Partido Popular también ha dicho no. La tercera tiene que ver con la
creación de una verdadera ventanilla única que integre el resto de líneas
financieras públicas (FIEM, Cofides, Enisa y todas las líneas que están
en el Ministerio de Industria). El Partido Popular también nos ha dicho
que no. La cuarta está relacionada con aprobar un marco fiscal atractivo
para el desarrollo de actividades de innovación e investigación, en
particular en lo relativo al mecenazgo. El Partido Popular ha dicho que
no.

Esto es lo que nos lleva a presentar el voto particular, que, de
alguna manera, se nutre en una gran parte del borrador elaborado por el
letrado, con las mejoras que hemos considerado en el Grupo Parlamentario
Socialista.

En alguna ocasión he escuchado decir al Grupo Popular que la
ciencia no tiene ideología. Lo que en realidad no tiene la ciencia es
dinero para invertir. Los Severo Ochoa de esta generación ya están en la
universidad de Nueva York o están camino de ella. Por eso el Grupo
Socialista ha propuesto una España industrial que exporte bienes y
servicios y no que exilie inteligencia y trabajadores, como hace el
Gobierno del Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿desean intervenir?
(Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿desea hacer uso de la palabra,
senador Anasagasti? (Denegación).

Por el Grupo Parlamentario de Entesa, tiene la palabra el senador
Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, brevemente y desde el escaño.

En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los miembros de
la comisión, y en especial a los presidentes; porque esta comisión ha
tenido dos presidentes: la senadora Leanizbarrutia, que es la culpable de
que, aparte del señor Anasagasti, ninguno de los miembros de esta
comisión se haya aprendido de memoria el nombre de esta comisión
especial, y el senador Anasagasti, que estas últimas horas ha intentado,
sin conseguirlo, llegar a un acuerdo unánime. También quiero dar las
gracias a los letrados —porque esta comisión también ha tenido dos
letrados— y a los servicios de la Cámara.

Del debate que hemos tenido hasta ahora se podría llegar a la
conclusión —errónea— de que esta comisión ha fracasado.
Incluso hay quien podría pensar que ha sido un error haberla aprobado y
haberla llevado a cabo. Nada más lejos de la realidad.

Por mi parte, humildemente, he intentado colaborar, sin ser
experto en el tema, en una cuestión sobre la que he aprendido mucho
(probablemente la comisión y sus miembros me han aportado mucho más a mí
que yo a ellos). Creo que el balance es muy positivo, la inmensa mayoría
de las comparecencias han sido brillantísimas, pero nos hemos enrocado en
dos o tres cuestiones a última hora.

Comparto al cien por cien el voto particular que ha defendido el
senador Alique, y, en cuanto al informe de la ponencia, el 90 %. Con ello
quiero decir que para las personas, para las entidades, para las
administraciones, para el Gobierno —a pesar de que tengamos que
votar y que no haya habido un acuerdo—, la suma de los dos
documentos —que constarán, evidentemente, en el acta— son un
buen reflejo de lo que se ha discutido, con alguna pequeña excepción
—por lo menos, por nuestra parte—. La suma de los documentos,
repito, son una buena línea de trabajo, un buen documento para conseguir
que nuestras empresas realmente estén a la altura del combate que deben
tener en este mundo tan globalizado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario de Convérgència i d’Unió, tiene
la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quisiera empezar diciendo que esta es una comisión
especial que se creó justamente a principios de legislatura, y voy a
abreviar su nombre ya que el original es muy complejo. Pero era una
comisión —para que nos entendamos— para la
internacionalización de las pymes; prioritariamente para su
internacionalización. Fue una comisión que se creó en un momento y en un
contexto de gran crisis económica, cuyo objetivo prioritario era poder
establecer y encontrar objetivos con los que poder ayudar a la
internacionalización de las pymes, en definitiva, a crear puestos de
trabajo y a levantar la economía.

Dicho esto, quisiera agradecer a todos —empezando por los
portavoces de los distintos grupos parlamentarios— el buen clima,
el buen trabajo con el que se ha desarrollado la comisión; a los
letrados; a los miembros de la Cámara; al presidente actual de la
comisión, el señor Anasagasti, y también, cómo no, a Lore Leaznibarrutia,
que fue la impulsora, porque evidentemente ponía mucho ímpetu en el mundo
productivo y en el de la empresa y creía que podíamos hacer cosas; por lo
tanto, como digo, ella fue de algún modo la impulsora de toda esta
cuestión.

Seguramente, como ya se ha dicho también aquí, las conclusiones y
el resultado de la votación no hagan justicia a lo que ha sido el
desarrollo de las sesiones y a las diferentes intervenciones que hemos
venido realizando. Hemos tenido intervenciones de muy distintos puntos de
vista, porque queríamos ver ángulos diferentes para poder sacar
conclusiones muy positivas: hemos tenido intervenciones de emprendedores,
de autónomos, de responsables de parques industriales, de asociaciones
civiles, de presidentes de cámaras de Comercio, de embajadores de
distintos países, incluso del gobernador del Banco de España. A todos
ellos hay que agradecerles que vinieran, puesto que sus aportaciones han
enriquecido muchísimo las conclusiones finales, y creo que nos han dado
una visión clara de las principales dificultades con las que se
encuentran las pymes a la hora de su internacionalización, que van desde
su dimensión hasta la escasa inversión privada en I+D+i. Es
importantísima la inversión en investigación, en desarrollo y en
innovación. Señorías, tienen muchos problemas de financiación; es decir,
el sistema financiero actual no financia, no ayuda a realizar inversiones
y, por tanto, a internacionalizarse. Es evidente que la fiscalidad está
ejerciendo también una presión: exceso regulatorio, burocracias
administrativas, etcétera. Hemos hablado de la educación y de la
formación profesional, aspectos clave para la internacionalización de la
empresa. Pues bien, todos estos aspectos son muy positivos y quedan
reflejados en el informe.

Me atrevo a decir a la senadora María Antonia Garau que ha hecho
un esfuerzo para intentar llegar a acuerdos, pero nuestro grupo no puede
aceptar algunos de sus puntos. No voy a remarcar los aspectos negativos
porque entiendo que es una comisión positiva, pero también hay que
echarle valor. En esta comisión no hay debate político, simplemente se
hacen recomendaciones. No tiene que tener miedo de decir al Gobierno que
hay un problema de fiscalidad, o que la Ley de unidad de mercado es una
ley con la cual no estamos de acuerdo, o que, además de la marca España,
hay que potenciar otras marcas, etcétera. Es decir, no hay que tener
miedo en proponer en estas comisiones aspectos que nos han sugerido
diferentes comparecientes.

Por tanto, agradezco mucho el esfuerzo que ha hecho, su trabajo,
pero considero que le ha faltado valor para elevar el punto de mira de la
comisión. En esta comisión no hay debate político, pretendemos que haya
propuestas positivas para que las pymes puedan internacionalizarse, en
definitiva, que se puedan generar puestos de trabajo.

Muchísimas gracias a todos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Gracias, presidente.

Intervengo desde el escaño, en primer lugar, para agradecer
—ya que no lo he hecho anteriormente— a todas las personas
que en representación de empresas, instituciones públicas y privadas, han
comparecido durante este tiempo en la comisión y por sus aportaciones,
que han sido muy útiles. En segundo lugar, quiero agradecer a todos y
cada uno de los senadores que han formado parte de la comisión y, de
manera muy especial —esto no es peloteo, don Iñaki
Anasagasti— al presidente, por su talante y su buen trabajo. Y, en
tercer lugar, quiero agradecer también a los servicios de la Cámara, de
manera muy especial a los dos letrados, y, en concreto, al actual letrado
de la comisión porque es el que ha elaborado el informe que ha servido de
base, y que estoy seguro que todos hubiésemos compartido.

Por tanto, espero que las conclusiones y el voto particular
sirvan para el futuro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
la senadora Garau.

La señora GARAU JUAN: Gracias, señor presidente. Voy a intentar
ser lo más breve posible.

Señor Alique, intervenciones como la suya, dejan sin argumentos a
su grupo parlamentario, ya que desde el inicio de la legislatura vienen
atacando al Grupo Popular con sus actuaciones vacías realmente de
argumentos de no ceder y de no llegar a consensos. Y aquí ha ocurrido
precisamente lo contrario, y se lo demostraré. Ese es el informe del
letrado del que usted habla. Pues bien, le diré, señoría, que el letrado
no hace informes, los hace la comisión, y en eso estábamos trabajando. Yo
propuse un informe y usted, posteriormente, propuso otros. Yo incluí en
el mío —que es el que propuse a la comisión— todas sus
modificaciones excepto dos. Realmente, voy a hablar de aspectos que he
marcado en su documento —no voy a explicarlos porque no quiero
cansar a la Cámara—, en concreto de números: presentó catorce
modificaciones al informe inicial, de las cuales, el Grupo Popular aceptó
doce y dos, no. Creo que eso es ceder bastante.

Le repito, los letrados no hacen informes; aunque han hecho un
trabajo excepcional. El texto lo elabora la comisión y luego se vota y se
negocia. Había catorce propuestas, doce aceptadas, para rectificar,
añadir o quitar, y dos que no se aceptaron. Pero evidentemente es una
pena, como han dicho el presidente y algunos portavoces, que no aprobemos
este informe por unanimidad, y eso ha sido única y exclusivamente
responsabilidad de usted, señor Alique; pues yo he hecho todos los
esfuerzos necesarios para llegar a ese consenso. Sus ataques al Gobierno
de Mariano Rajoy no tienen ningún objeto aquí, ya que este informe ha
sido elaborado por todos, para que pudiera ser votado por todos, porque
todos tenemos el mismo objetivo: ayudar a las empresas españolas a poder
salir al exterior con más éxito del que han tenido hasta ahora.

Hay varias recomendaciones en el informe que se han redactado en
función de los comentarios de los comparecientes y de las propuestas de
los distintos grupos, que ya están siendo gestionadas por el Gobierno de
forma eficiente, pero que no las he incluido en el informe porque en la
reunión de Mesa y Portavoces, previa a la comisión, los grupos no las
recogieron, como el Plan estratégico de internacionalización de la
economía española 2014-2015, fruto de la Dirección General de Comercio
Internacional e Inversiones. No la he incluido; no quiero crear más
controversia; he incluido lo que creía que podríamos aceptar según
evolucionaba la comisión. Tampoco he incluido el anexo dos de este plan,
que contiene una descripción de las actuaciones de financiación y
promoción de la I+D+i, que también desarrollamos en el informe.

Con esta breve exposición, ¿qué quiero demostrarle? Que
hubiéramos podido incluir muchísimos más temas que hubieran apoyado al
Gobierno más tácitamente de lo que ha hecho el actual informe; pero no lo
he hecho para llegar a un consenso. Y, le repito, la falta de consenso es
su responsabilidad, no la mía.

Para ir acabando, quiero agradecer el trabajo y la colaboración
de todos los portavoces con el letrado, Alejandro Rastrollo, y con su
antecesor, Vicente Moret; el trabajo de ambos ha sido importantísimo para
que hoy presentemos el informe de la comisión. También agradezco a mis
compañeros del Grupo Popular su ayuda en las muchísimas comparecencias de
la comisión y sus ideas que, sin duda, han mejorado el trabajo en la
misma. También agradezco la colaboración de los portavoces de los demás
grupos, que ha sido siempre muy cordial a lo largo de toda la comisión;
doy las gracias también a la viceportavoz de mi grupo, Luz Marina Socas,
siempre disponible y con buenas ideas que aportar a la comisión. Y, cómo
no, agradezco el trabajo institucional y mediador del presidente, del
señor Anasagasti.

Para terminar, quiero decir que esta última intervención en este
Pleno coincide con mis últimas palabras en el Senado, ya que dejo esta
Cámara como senadora autonómica. Sé que es el día de las despedidas,
señor presidente. Con mucho gusto y orgullo he representado a mi tierra,
a las Islas Baleares. Como parlamentarios debemos tener vocación de
servicio y es esa vocación lo que me ha llenado más en esta etapa de mi
vida. Creo sinceramente que no hay nada más representativo que dar voz a
nuestros conciudadanos en una Cámara territorial con nuestras palabras; y
he tenido la oportunidad y el privilegio de poder hacerlo en estos tres
últimos años y medio.

Y precisamente con estas palabras me despido de vosotros. Aquí he
hecho grandes amigos, que perdurarán en el tiempo y la memoria; y he
tenido experiencias que sin duda me han hecho crecer y madurar como
persona. No creo en las despedidas en ningún aspecto de mi vida, sino en
los hasta luego. Ha sido un auténtico placer.

Muchas gracias por todo. Gracias, señor presidente.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Garau. Mucha
suerte, que le vaya muy bien, igual que al resto de los senadores que nos
dejan.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, antes de las votaciones les informo que, a
continuación, se va a reunir la Mesa y los Portavoces de la Comisión de
Justicia en la sala 20 001 B, de la Comisión de Educación y Deporte en la
sala Luis Carandell, de la Comisión de Incompatibilidades en la sala
Enrique Casas, de la Comisión de Entidades Locales en la sala Manuel
Broseta y de la Comisión General de Comunidades Autónomas en la Sala
Manuel Giménez Abad.

A continuación, votamos el voto particular del Grupo
Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 213; votos emitidos, 212; a favor, 67; en contra, 143;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el informe de la comisión.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes,
213; votos emitidos, 212; a favor, 142;






en contra, 69; abstenciones,
1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Se levanta la sesión. Buenas tardes.

Eran las catorce horas y diez minutos.