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DS. Senado, Pleno, núm. 157, de 27/05/2015
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ


Sesión núm. 73


celebrada el miércoles, 27 de mayo de 2015


ORDEN DEL DÍA






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se insta al Gobierno a incorporar diversas
subestaciones eléctricas extremeñas en el documento del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo 'Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
de Energía Eléctrica 2015-2020', en relación con la línea ferroviaria de
alta velocidad entre Madrid y Lisboa (Portugal).


671/000173

GPS






MOCIONES




Moción por la que se insta al Gobierno a continuar apoyando el
comercio de nuestras empresas en el exterior, así como la
internacionalización de las mismas, estudiando nuevos incentivos que
coadyuven a la recuperación económica y creación de empleo.


662/000193

GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar diversas
medidas para que las industrias conserveras puedan competir en
condiciones de equidad con los posibles competidores
extracomunitarios.


662/000194

GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
medidas para luchar contra la violencia de género en el medio
rural.


662/000195

GPS






TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO




Protocolo adicional del Acuerdo de libre comercio entre la
Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de
Corea, por otra, para tener en cuenta la adhesión de Croacia a la Unión
Europea, hecho en Bruselas el 25 de marzo de 2014.


610/000148






Acuerdo entre el Gobierno Español y el Gobierno Macedonio
para el intercambio y protección recíproca de información clasificada,
hecho en Madrid el 5 de noviembre de 2014.


610/000149






Acuerdo entre el Reino de España y la República de Singapur
para el intercambio y protección recíproca de información clasificada en
el ámbito de la defensa, hecho en Singapur el 12 de noviembre de
2014.


610/000150






Convenio entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí
sobre cooperación en materia de seguridad y en la lucha contra la
delincuencia, hecho en Yeda el 18 de mayo de 2014.


610/000151






Convenio entre el Reino de España y la República de
Uzbekistán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su
Protocolo, hecho en Madrid el 8 de julio de 2013.


610/000152






Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de la República de Vanuatu sobre supresión recíproca de visados en
pasaportes diplomáticos, hecho en Nueva York el 26 de septiembre de
2014.


610/000153






Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá
sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en
Madrid el 25 de julio de 2013.


610/000154






Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de la República de Nauru sobre supresión recíproca de visados en
pasaportes diplomáticos, hecho en Nueva York el 8 de octubre de
2014.


610/000155






Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de Granada sobre supresión recíproca de visados para titulares de
pasaportes diplomáticos, hecho en Nueva York el 22 de septiembre de
2014.


610/000156
Granada; acuerdo bilateral; admisión de extranjeros;
pasaporte; profesión diplomática







Tratado de extradición entre el Reino de España y la
República Socialista de Vietnam, hecho en Madrid el 1 de octubre de
2014.


610/000157
Vietnam; acuerdo bilateral; extradición






Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino
de España y la República Socialista de Vietnam, hecho en Madrid el 1 de
octubre de 2014.


610/000158
Vietnam; acuerdo bilateral; traslado de
presos







Protocolo del Acuerdo de estabilización y asociación entre
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, por otra, para tener en cuenta
la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, hecho en
Bruselas el 18 de julio de 2014.


610/000159
Acuerdo de Asociación CE; Croacia; Estado miembro UE;
Macedonia







Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad
Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y
Georgia, por otra, hecho en Bruselas el 27 de junio de 2014.


610/000160
Acuerdo de Asociación CE; CEEA; Estado miembro UE;
Georgia; energía nuclear







Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad
Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Moldavia, por otra, hecho en Bruselas el 27 de junio de
2014.


610/000161
Acuerdo de Asociación CE; Estado miembro UE; Moldova;
energía nuclear







Convenio entre el Reino de España y el Sultanato de Omán para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Mascate el 30 de abril
de 2014.


610/000162
Omán; acuerdo bilateral; evasión fiscal; impuesto
sobre la renta









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES




Proyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad
española a los sefardíes originarios de España (antes denominado Proyecto
de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los
sefardíes originarios de España que justifiquen tal condición y su
especial vinculación con España, por la que se modifica el artículo 23
del Código Civil y por la que se regula el procedimiento para la
adquisición de la nacionalidad española por residencia).


621/000113
historia de España; judío; nacionalidad

Justicia





Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por
Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de
Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5
de marzo.


621/000114
catastro; hipoteca

Justicia





Proyecto de Ley de recuperación y resolución de entidades de
crédito y empresas de servicios de inversión. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000120
entidad de crédito; sociedad de
inversión


Economía y Competitividad






AUTORIZACIÓN PARA TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA.




Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26
de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado
y la Comunidad Foral de Navarra


551/000060






SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INCORPORAR DIVERSAS
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EXTREMEÑAS EN EL DOCUMENTO DEL MINISTERIO DE
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 'PLAN DE DESARROLLO DE LA RED DE TRANSPORTE
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2015-2020', EN RELACIÓN CON LA LÍNEA FERROVIARIA DE
ALTA VELOCIDAD ENTRE MADRID Y LISBOA (PORTUGAL).


671/000173

GPS


El señor Fuentes Gallardo defiende la moción.


En turno de portavoces intervienen el señor Anasagasti Olabeaga,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí
Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el
señor Sedó Alabart, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Fuentes Gallardo, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Romero Bañón, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 163;
votos emitidos, 163; a favor, 53; en contra, 103; abstenciones, 7.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONTINUAR APOYANDO
EL COMERCIO DE NUESTRAS EMPRESAS EN EL EXTERIOR, ASÍ COMO LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MISMAS, ESTUDIANDO NUEVOS INCENTIVOS QUE
COADYUVEN A LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y CREACIÓN DE EMPLEO.


662/000193

GPP


El señor Utrera Mora defiende la moción.


El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de
modificación, por lo que no hay defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


En turno de portavoces intervienen el señor Anasagasti Olabeaga,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Guillot
Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el
señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Ortiz Molina, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.


Se aprueba la propuesta de modificación, con el siguiente
resultado: presentes, 231; votos emitidos, 230; a favor, 228; en
contra, 2.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR DIVERSAS
MEDIDAS PARA QUE LAS INDUSTRIAS CONSERVERAS PUEDAN COMPETIR EN
CONDICIONES DE EQUIDAD CON LOS POSIBLES COMPETIDORES
EXTRACOMUNITARIOS.


662/000194

GPP


El señor López Veiga defiende la moción.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor
Mariscal Cifuentes.


El señor Fidalgo Areda defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor López Veiga expone la posición de su grupo parlamentario
respecto de las enmiendas, rechazando la del Grupo Parlamentario Mixto y
aceptando la del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández,
por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Boya Alós, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Maldonado i
Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; el señor Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el
señor López Veiga, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 236; a favor, 229; en contra, 5;
abstenciones, 2.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MEDIO
RURAL.


662/000195

GPS


La señora Fernández Pena defiende la moción.


El señor Iglesias Fernández defiende las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, presentadas a iniciativa de este senador y el señor
Mariscal Cifuentes.


La señora Dueña Martínez defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


La señora Fernández Pena expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la del Grupo
Parlamentario Mixto con número de registro 184 508 y rechazando
la 184 509, del mismo grupo parlamentario, y la presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández,
por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre Bemposta, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana
Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la
señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; la señora Fernández Pena, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y la señora Dueñas Martínez, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Vuelven a hacer uso de la palabra el señor López Veiga y la señora
Iparragirre Bemposta.


Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto con número de registro 184 508, con el
siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 73; en
contra, 148; abstenciones, 20.









TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROTOCOLO ADICIONAL DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA
UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE
COREA, POR OTRA, PARA TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN DE CROACIA A LA UNIÓN
EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 25 DE MARZO DE 2014.


610/000148






ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL GOBIERNO MACEDONIO
PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA,
HECHO EN MADRID EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014.


610/000149






ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SINGAPUR
PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA EN
EL ÁMBITO DE LA DEFENSA, HECHO EN SINGAPUR EL 12 DE NOVIEMBRE DE
2014.


610/000150






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE ARABIA SAUDÍ
SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y EN LA LUCHA CONTRA LA
DELINCUENCIA, HECHO EN YEDA EL 18 DE MAYO DE 2014.


610/000151






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE
UZBEKISTÁN PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL
EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y SU
PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 8 DE JULIO DE 2013.


610/000152






ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE VANUATU SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN
PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN NUEVA YORK EL 26 DE SEPTIEMBRE DE
2014.


610/000153






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN
MADRID EL 25 DE JULIO DE 2013.


610/000154






ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE NAURU SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN
PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN NUEVA YORK EL 8 DE OCTUBRE DE
2014.


610/000155






ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO
DE GRANADA SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS PARA TITULARES DE
PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN NUEVA YORK EL 22 DE SEPTIEMBRE DE
2014.


610/000156






TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM, HECHO EN MADRID EL 1 DE OCTUBRE DE
2014.


610/000157






TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO
DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM, HECHO EN MADRID EL 1 DE
OCTUBRE DE 2014.


610/000158






PROTOCOLO DEL ACUERDO DE ESTABILIZACIÓN Y ASOCIACIÓN ENTRE
LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA
ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA, POR OTRA, PARA TENER EN CUENTA
LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE CROACIA A LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN
BRUSELAS EL 18 DE JULIO DE 2014.


610/000159






ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD
EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y
GEORGIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 27 DE JUNIO DE 2014.


610/000160






ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD
EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA
REPÚBLICA DE MOLDAVIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 27 DE JUNIO DE
2014.


610/000161






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL SULTANATO DE OMÁN
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA
DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, HECHO EN MASCATE EL 30 DE
ABRIL DE 2014.


610/000162



No se han presentado propuestas a estos tratados y
convenios.


La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, anuncia
la abstención de Esquerra Republicana.


El señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto,
anuncia su rechazo al convenio 6.1.4.


El señor Guillot Miravet, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, anuncia su rechazo al convenio 6.1.4.


El señor presidente informa a la Cámara de que el voto telemático
ha sido autorizado para el senador Marín Torrecillas, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, que no ha hecho uso de esta
autorización en todos los tratados, y para la senadora Cunyat Badosa, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que ha
votado a favor de todos los tratados y convenios.


Se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para
obligarse mediante estos tratados y convenios, por asentimiento de la
Cámara, con la suma de los mencionados votos telemáticos y las salvedades
manifestadas.









MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL
DÍA 26 DE MAYO DE 2015 PARA ALTERAR EL ORDEN DE TRAMITACIÓN DE LOS DOS
ÚLTIMOS PROYECTOS DE LEY.


550/000058



Se autoriza por asentimiento de la Cámara.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY EN MATERIA DE CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD
ESPAÑOLA A LOS SEFARDÍES ORIGINARIOS DE ESPAÑA (ANTES DENOMINADO PROYECTO
DE LEY EN MATERIA DE CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS
SEFARDÍES ORIGINARIOS DE ESPAÑA QUE JUSTIFIQUEN TAL CONDICIÓN Y SU
ESPECIAL VINCULACIÓN CON ESPAÑA, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 23
DEL CÓDIGO CIVIL Y POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA
ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA).


621/000113

Justicia


El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta
el dictamen.


Se inicia el debate de totalidad.


El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Bruguera Batalla explica la propuesta de veto número 3,
de la señora Almiñana Riqué, los señores Boya Alós, Bruguera Batalla,
Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la señora Sequera
García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, que
finalmente retira.


El señor Díaz Tejera explica la propuesta de veto número 4, del
Grupo Parlamentario Socialista, que finalmente retira.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Franco
González, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández,
por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Bruguera
Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la
señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; el señor González Bethencourt, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Dueñas Martínez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar la propuesta de
veto................................................... 15275


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para el señor Marín Torrecillas, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, que no ha hecho uso de esta
autorización, y para la senadora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, que ha emitido su voto en
sentido contrario a la propuesta de veto.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 242 más 1 voto telemático, 243; votos emitidos, 241
más 1 voto telemático, 242; a favor, 2; en contra, 237 más 1 voto
telemático, 238; abstenciones, 2.


Comienza el debate de los votos particulares.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 4 y 6
a 11, presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto.


La señora Capella i Farré defiende las enmiendas 12 a 15, del
Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por esta
senadora.


El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas 44, 46 a 57
y 62, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Bruguera Batalla da por defendidas las enmiendas del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya 31 a 43 y defiende,
del mismo grupo parlamentario, las números 17 a 30 y la vuelta al texto
remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado al
amparo del artículo 115 del Reglamento del Senado, sobre la base de la
enmienda 87, sobre la base de la enmienda 88, y sobre la base de la
enmienda 89, todas ellas del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado


La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas 63 a 66, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor González Bethencourt defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista 71 a 73, 76 a 78 y 80 a 84, así como la vuelta
al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por
las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado
al amparo del artículo 115 del Reglamento del Senado, sobre la base de la
enmienda 87, sobre la base de la enmienda 88, y sobre la base de la
enmienda 89, todas ellas del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Franco
Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Bildarratz Sorron,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora
Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y la señora Dueñas Martínez, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se suspende la sesión a las quince y cincuenta y cinco
minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


Se procede a votar.
............................................................................. 15290


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueban las propuestas de modificación del dictamen con
números de registro 184 796 y 184 800.


Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley
enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones
anteriores.


Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.


El señor presidente informa de que, tal como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.









PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA APROBADA
POR DECRETO DE 8 DE FEBRERO DE 1946 Y DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
CATASTRO INMOBILIARIO, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, DE 5
DE MARZO.


621/000114

Justicia


El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta
el dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


El señor Díaz Tejera defiende la propuesta de veto número 2, del
Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fernández
Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández,
por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre Bemposta, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Sequera
García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la
señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Fernández Sánchez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar la propuesta de veto.
..................................................... 15304


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para el señor Marín Torrecillas, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, y para la senadora Cunyat Badosa, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que no han
hecho uso de esta autorización.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 67; en
contra, 154; abstenciones, 16.


Comienza el debate de los votos particulares.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 8 a 32,
presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


La señora Domínguez Hormiga defiende enmiendas 4 a 6, del Grupo
Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por esta senadora.


El señor Yanguas Fernández defiende las enmiendas 1 a 3, del
Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el señor Eza
Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas
Fernández.


La señora Mendizabal Azurmendi defiende la enmienda 7, del Grupo
Parlamentario Mixto, inicialmente presentada por el señor Aiartza
Azurtza, el señor Goioaga Llano, la señora Mendizabal Azurmendi y el
señor Unamunzaga Osoro.


La señora Sequea García defiende las enmiendas 33 a 72 y 73 a 97,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas 98 a 106, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Sen Vélez defiende las enmiendas 107 a 146, del Grupo
Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ibarrondo
Bajo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández,
por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sequera García, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall
Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la
señora De Haro Brito, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se procede a votar.
.......................................................................... 15321


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueban las propuestas de modificación del dictamen con
números de registro 184 802, 184 803 y 184 804.


Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.


El señor presidente informa de que, tal como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.









PROYECTO DE LEY DE RECUPERACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE
CRÉDITO Y EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000120

Economía y Competitividad


El señor López Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el
dictamen.


Comienza el debate de los votos particulares.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 15, del
Grupo Parlamentario Mixto.


La señora Iparragirre Bemposta defiende las enmiendas 52 a 59,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), así como las
números 77 a 88, del mismo grupo parlamentario, originariamente
presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió.


El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas 16,17, 20
a 24, 26 a 32, 48, 49 y 50, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


El señor Guillot Miravet da por defendidas las enmiendas 33 a 47,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Ortiz Molina defiende las enmiendas 60 a 76, del Grupo
Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Utrera Mora,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández,
por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre Bemposta, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Montilla
Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el
señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.


Se procede a votar.
................................................................................... 15337


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley
enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones
anteriores.


Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.


El señor presidente informa de que, tal como dispone el
artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se
pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto
definitivo por S.M. el Rey.









AUTORIZACIÓN PARA TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA.





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 28/1990, DE 26
DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO
Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA


551/000060



El señor presidente informa a la Cámara de que la Mesa del
Senado, oída la Junta de Portavoces, en su reunión del día 26 de mayo
de 2015, ha resuelto proponer al Pleno de la Cámara que acuerde
que este Proyecto de Ley se tramite directamente y en lectura única, de
conformidad con el artículo 129 del Reglamento del Senado.


Asimismo, el señor presidente da cuenta de que la votación
telemática ha sido autorizada para el señor Marín Torrecillas, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, que no ha hecho uso de esta
autorización, y para la senadora Cunyat Badosa, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, que ha emitido su voto en
sentido favorable.


Se autoriza por asentimiento la aplicación de este
procedimiento.


Se levanta la sesión a las veinte horas y quince minutos.








Se reanuda la sesión a las nueve horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se reanuda la sesión.






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INCORPORAR DIVERSAS
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EXTREMEÑAS EN EL DOCUMENTO DEL MINISTERIO DE
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 'PLAN DE DESARROLLO DE LA RED DE TRANSPORTE
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2015-2020', EN RELACIÓN CON LA LÍNEA FERROVIARIA DE
ALTA VELOCIDAD ENTRE MADRID Y LISBOA (PORTUGAL).


671/000173

GPS


El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación
no se han presentado enmiendas.


En el turno a favor, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
senador Fuentes Gallardo.


El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente. Buenos
días.


El 30 de mayo de 2008 el Consejo de Ministros aprobaba la
planificación de la red de transporte de electricidad para el
periodo 2008-2016. En esta planificación figuraban las estaciones de
Arañuelo, Cañaveral, Alcuéscar y Sagrajas, todas ellas necesarias para el
funcionamiento del AVE Madrid-Lisboa a su paso por Extremadura; y repito
que es el AVE Madrid-Lisboa en el tramo extremeño. En esta planificación
a la que me refiero, 2008-2016, figuraban también otras estaciones en
Pinofranqueado, Alange, Campomayor, Alburquerque y Maimona. Estas otras
estaciones tenían como finalidad responder a la necesidad de teníamos en
Extremadura para evacuar la producción de las instalaciones de las
energías renovables.


Pues bien, en noviembre de 2014, del año pasado, el actual
Gobierno aprueba una nueva planificación de la red de transporte
eléctrico para el periodo 2015-2020. En esta nueva planificación no
figuran ni las estaciones que son necesarias para suministrar
electricidad a los trenes de alta velocidad en el tramo extremeño del AVE
Madrid-Lisboa, como les dije anteriormente, es decir, no figuran las
estaciones de Arañuelo, Cañaveral, Alcuéscar y Sagrajas, ni aparece
tampoco el resto de estaciones que, como señalé anteriormente,
permitirían evacuar la producción de las instalaciones de energía
renovable. El propio Ministerio establece esta planificación 2015-2020 y
hace unas prospecciones para después de 2020. Pues bien, en esas
previsiones para después de 2020 tampoco aparece ninguna de las
estaciones de las que estamos hablando, es decir, no solo no figuran en
el plan 2015-2020, sino que tampoco aparecen en las previsiones para
después de 2020.


¿Qué nos dijo el señor ministro en la interpelación? El señor
ministro se dedicó a hablarnos de la maravillosa actuación del Gobierno
del señor Rajoy en lo que se refiere a las inversiones en el AVE
Madrid-Lisboa, a diferencia, según él, de los pérfidos y perversos
socialistas, que no habíamos invertido ni un euro en ese tramo. Al final
los ciudadanos se han manifestado como se han manifestado.


El señor ministro, como quien no quiere la cosa, dijo al final del
debate: Bueno, es que ADIF no me lo ha pedido, no lo ha planteado. Si
preguntásemos a ADIF por qué no lo ha planteado, nos diría: No, es que el
Ministerio de Fomento no me lo planteó tampoco. Pues bien, para evitar
esa especie de lanzarse la pelota unos a otros, para que no nos tomen el
pelo y para garantizar la alta velocidad en Extremadura y el futuro de la
energía renovable en nuestra región, presentamos esta moción consecuencia
de la interpelación que plantea que, en el plazo de tres meses, se
incorporen al documento Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de
Energía Eléctrica 2015-2020, del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, uno, las subestaciones de Arañuelo, Cañaveral, Alcuéscar y
Sagrajas para garantizar el suministro eléctrico del tramo extremeño del
AVE Madrid-Lisboa, y dos, también las subestaciones necesarias que
permitan evacuar la producción de las infraestructuras de energía
renovable. Por eso pido el apoyo de la Cámara a esta moción.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fuentes
Gallardo.


¿Algún senador desea intervenir en turno en contra?
(Denegaciones).


Pasamos al turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto?
(Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor
Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.


Voy a intervenir desde el escaño simplemente para decir que
nuestro grupo apoya la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista
porque nos parece procedente y, sobre todo, porque abre un debate que
quizás no se ha explicitado con contundencia, y es que detrás de todo
esto está la propia conexión entre Madrid y Lisboa, una demanda
reiteradamente planteada y nunca abordada en serio. Si estamos hablando
de la construcción de Europa y de la libre circulación de mercancías,
capitales y personas, este tipo de iniciativas lo que hacen es,
lógicamente, reforzar el criterio de esa conexión. Además, es una demanda
de incorporación de algo que se supone que no ha sido contemplado.


Ayer comenzaba mi intervención en la moción anterior diciendo que
el señor Floriano había dicho que en la siguiente legislatura el Partido
Popular propiciaría el diálogo y llegaría a acuerdos. No hace falta
esperar tanto tiempo. Esta es una iniciativa correcta en la que se insta
al Gobierno a que haga una serie de cosas, que incorpore una serie de
documentos, y no es nada malo. Creo que el Grupo Parlamentario Popular
debería apoyar esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista como la
vamos a apoyar nosotros.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Bon dia. Gràcies president.


Certament el tren d’alta velocitat adquireix el seu ple
sentit quan uneix grans conurbacions urbanes que estan situades entre 500
i 1 000 km. de distància. I més encara, com deia el senador Anasagasti si
aquest és un traçat transfronterer, que vertebra dos Estats
diferents.


En aquesta circumstància el tren d’alta velocitat adquireix
plena competitivitat i és molt més confortable i molt més ecològic que
l’avió. A més la línia d’alta velocitat, no ho oblidem, no
sols serveix perquè transitin passatgers, sinó que obre també un camí per
el que hem d’apostar, el trasllat de mercaderies per via fèrria.
Aquest és el cas clarament del trajecte Madrid-Lisboa, Lisboa-Madrid,
passant per Extremadura, una comunitat autònoma que d`aquesta manera
podria trencar un aïllament secular en termes d’infraestructures i
servir d’autèntic pont en aquest segle XXI entre Espanya i
Portugal. La planificació d’electricitat és òbviament
imprescindible perquè això sigui possible en un termini raonable.


Per tant, el nostre grup, l’Entesa pel Progrés de Catalunya
donarà ple suport a aquesta proposició del Grup Socialista, que ens
sembla absolutament justa i enraonada.


Moltes gràcies.


Buenos días. Gracias, presidente.


Ciertamente, el tren de alta velocidad adquiere pleno sentido
cuando une grandes conurbaciones que están situadas entre 500 y 1000
kilómetros de distancia, y más aún, como decía el señor Anasagasti, si
este es un trazado transfronterizo que une dos Estados diferentes.


En estas circunstancias, el tren de alta velocidad adquiere plena
competitividad y es mucho más confortable y ecológico que el avión.
Además, la línea de alta velocidad —no lo olvidemos— no sirve
solo para que transiten pasajeros, sino que abre también un camino, por
el que tenemos que apostar, para el traslado de mercancías por vía
férrea. Este es el caso claro del trayecto Madrid-Lisboa, Lisboa-Madrid,
pasando por Extremadura, una comunidad autónoma que, de este modo,
además, podría romper un aislamiento secular en términos de
infraestructuras y servir como auténtico puente entre España y Portugal
en el siglo XXI. La planificación de la electricidad es imprescindible,
obviamente, para que esto sea posible en un plazo razonable.


Por tanto, nuestro grupo, Entesa pel Progrés de Catalunya, apoyará
plenamente esta propuesta del Grupo Socialista porque nos parece
absolutamente justa y razonable.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador Sedó.


El señor SEDÓ ALABART: Gràcies president. Bon dia senyories.


La posició del nostre grup serà d’abstenció en aquesta
moció. Espanya ha desenvolupat en els darrers anys una gran xarxa de
trens d’alta velocitat. En molts d’aquests casos, la
rendibilitat per passatger, l’ocupació de les diferents línies, no
ha esta la que hauria d’haver estat.


Quan aquí es parla de que no s’han planificat tot una sèrie
de línies de subestacions elèctriques, si això significa que el Govern,
avanç de tornar a iniciar projectes de línies d’alta velocitat vol
fer un anàlisi exhaustiu cos-benefici de noves línies, dons benvingut
sigui.


Tinguem en compte també que la línia a Portugal va suspendre i va
paralitzar el desenvolupament de la seva línia d’alta velocitat, i
per tant considerem que potser aquestes no són les prioritats avui en
dia, segurament ho és més invertir en rodalies, en els trens de rodalies,
que hi ha molta mes demanda en aquests moments i seria molt més important
per els ciutadans i per el dia a dia de la nostre ciutadania. Per tant,
nosaltres ens abstindrem en aquesta votació.


Gràcies.


Gracias, presidente. Buenos días, señorías.


La posición de nuestro grupo será de abstención en esta moción.
España ha desarrollado en los últimos años una gran red de trenes de alta
velocidad; sin embargo, en muchos de estos casos la rentabilidad por
pasajero, la ocupación de las diferentes líneas, no ha sido la
esperada.


Sí aquí hablamos de que no se han planificado una serie de líneas
de subestaciones eléctricas y eso significa que el Gobierno, antes de
volver a iniciar proyectos de líneas de alta velocidad, quiere hacer un
análisis exhaustivo de coste-beneficio en nuevas líneas, bienvenido
sea.


Debemos tener en cuenta también que Portugal suspendió y paralizó
el desarrollo de su línea de alta velocidad; por tanto, consideramos que
quizás actualmente estas no sean las prioridades, sino que hay que
invertir más en los trenes de cercanías, donde hay mucha más demanda en
estos momentos, lo que sería mucho más importante para las personas y
para el día a día de nuestra ciudadanía. Por tanto, nosotros nos
abstendremos en esta votación.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Fuentes Gallardo.


El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.


Espero que el portavoz, o la portavoz, del Grupo Parlamentario
Popular pueda contestar en su última y única intervención a varias
preguntas y reflexiones.


Primera reflexión. No estamos discutiendo los kilómetros de
infraestructuras ya realizados en el AVE Madrid-Lisboa a su paso por
Extremadura. No estamos discutiendo si uno ha hecho más o ha hecho menos.
Los ciudadanos se han pronunciado y se pronunciarán.


Segunda reflexión. ¿Cómo va a funcionar la alta velocidad
Madrid-Lisboa sin electricidad? Porque es Madrid-Lisboa. Sin suministro
eléctrico, sin tracción eléctrica, no hay alta velocidad. Es un insulto a
la inteligencia y al sentido común dar a entender que va a haber una alta
velocidad con tracción diésel. Eso es imposible, no se ha descubierto
todavía. Vamos a suponer que estuviese completamente terminada a día de
hoy toda la infraestructura viaria Madrid-Lisboa en el tramo extremeño.
No podría circular la alta velocidad porque se necesita suministro
eléctrico, y lo que hace el documento del Gobierno es quitar las
subestaciones que posibilitan dicho suministro eléctrico en esa línea.
Digan ustedes que no va a haber alta velocidad Madrid-Lisboa, sino que va
a haber un tren rápido. Eso sería más coherente. Alta velocidad no va a
haber.


Tercera reflexión. El eje de alta velocidad Madrid-Lisboa no es un
eje cualquiera. Ya sabemos que hay mucho debate sobre la rentabilidad o
no del AVE, pero el eje Madrid-Lisboa une dos capitales de Estados de la
Unión Europea, y va a haber esa conexión. Tardará más o tardará menos,
pero habrá un AVE Madrid-Lisboa. El problema es si pasa por Extremadura o
pasa por otro sitio.


Cuarta reflexión. En el documento que presenta el Gobierno hay 13
actuaciones en otras tantas comunidades autónomas y, sin embargo,
desaparecen las de Extremadura. ¿Por qué aparecen actuaciones en Galicia,
Asturias, Castilla y León, País Vasco, Castilla-La Mancha, Valencia,
Murcia, Andalucía y no aparecen las de Extremadura? ¿Por qué? Si dijesen:
Bueno, ha habido un problema económico y se paralizan las actuaciones.
Pero no, hay 13 y desaparecen las extremeñas. Y esto no es un problema
económico, señoras y señores senadores, es simplemente que en la
previsión de que las subestaciones que suministrarán electricidad a la
alta velocidad aparezcan o no aparezcan.


Quinta reflexión. Si no sale adelante esta moción seremos la única
comunidad autónoma que no tendrá ni un solo kilómetro —repito, ni
un solo kilómetro— de vía férrea electrificada. Ni uno, cero.


Sexta reflexión o pregunta. ¿Me pueden ustedes explicar dónde van
a evacuar la producción de energía generada por las instalaciones de
energía renovable? La moción tiene estos dos puntos, lo que afecta al AVE
y la evacuación de las energías renovables. Todas las infraestructuras de
energía solar o termosolar, ¿dónde van a evacuar su producción?


Séptima reflexión. Como dije anteriormente, va a haber un AVE
Madrid-Lisboa que tardará más o tardará menos, porque desde el punto de
vista de la Unión Europea la interconexión de las capitales de Estado es
prioritaria, pero con este plan ese AVE no sé por dónde pasará
—bueno, sí lo sé, me lo imagino—, pero desde luego no va a
pasar por Extremadura. Este problema es más grave de lo que parece,
porque el Gobierno portugués, hace años, cuando se hizo la previsión,
pretendía que la conexión Madrid-Lisboa fuese por otra parte, por el
norte de Extremadura, por Salamanca, y el Gobierno portugués y el español
en aquella época llegaron por fin al acuerdo, después de mucho trabajo,
de aceptar que la interconexión Madrid-Lisboa fuese por Extremadura. Va a
haber AVE Madrid-Lisboa, que tardará más o tardará menos, pero no va a
pasar por Extremadura.


Así que —y acabo, señor presidente—, si rechazan esta
moción, están defendiendo que el AVE Madrid-Lisboa no pase por
Extremadura, y estarán condenando las inversiones en energías renovables
que están previstas en nuestra región. Yo sé que es un papel duro y
difícil para los senadores extremeños del Partido Popular, pero esto es
lo que hay, no si uno invirtió más o menos, ese es un debate político
normal. Unos dirán que yo invertí el doble que tú, nosotros diremos que
invertimos mucho más o que los proyectos no estaban hechos, pero ese ya
no es el debate. El debate es cómo se puede decir que va a haber alta
velocidad Madrid-Lisboa a través de Extremadura si al mismo tiempo se
rechaza que se pongan estaciones eléctricas que van a suministrar la
energía para que la tracción de esos trenes funcione.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor FUENTES GALLARDO: Termino, señor presidente, porque, como
dije antes, por desgracia, todavía no se ha descubierto la alta velocidad
con tracción diésel.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fuentes
Gallardo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Romero Bañón.


La señora ROMERO BAÑÓN: Buenos días y muchas gracias, señor
presidente.


Señor Fuentes, el debate, efectivamente, es si el AVE
Madrid-Lisboa va a pasar por Extremadura, y le digo —se lo ha dicho
el ministro ante esta Cámara el pasado 12 de mayo y se lo ha dicho la
ministra de Fomento— que va a pasar por Extremadura. Pero el debate
no es el que usted quiere, sino el de la historia de por qué el AVE con
uve, como usted dijo cuando interpeló al ministro ante Cámara, no está en
Extremadura. La historia es que el AVE con uve no está en Extremadura en
estos momentos por el incumplimiento del Gobierno de su partido, del
Gobierno del Partido Socialista, les guste o no les guste. (Aplausos). Y
ello porque de los 4800 millones que había presupuestados, en ocho años
de Gobierno socialista, tanto en la nación como en la comunidad autónoma,
solo llegaron a invertir 418 millones, con lo cual en el año 2011
muchísimas obras ni siquiera se habían licitado.


Además, cuando usted hace referencia a esa planificación de la
energía eléctrica para el período 2008-2016, se elabora sobre la base de
unas previsiones —también se las explicó el ministro y no voy a
repetirlas— que luego la realidad demostró que eran totalmente
inciertas, porque se hicieron sobre la base de un aumento de un 25 %
cuando la demanda de energía eléctrica fue disminuyendo. En el año 2010,
señor Fuentes, se intentó hacer una planificación, pero la profunda
crisis económica, los cumplimientos y las condiciones que nos puso la
Unión Europea y, además, la regulación que hubo que hacer del sistema
eléctrico, hicieron imposible que esa planificación fuese viable.


Por eso, señorías, en este contexto, en el año 2012 el Gobierno
aprueba un real decreto por el que se señala una nueva planificación de
la red de transporte pero real, adaptada a un escenario macroeconómico y
dentro de un proceso de reforma del sector energético. Señorías, esta
planificación nos permitía hacer frente, de una manera efectiva, a los
retos tanto técnicos como económicos que los sistemas eléctrico y gasista
nos exigían, y al mismo tiempo respetar los compromisos y los objetivos
que habíamos adquirido en materia energética.


Además, esta planificación, a diferencia de lo que se hizo con la
de 2008, recogía unos instrumentos efectivos y flexibles, de manera que
se pudiesen ir adaptando conforme la demanda de energía eléctrica fuese
variando. Sobre la base de esos instrumentos, y respetando siempre el
principio de sostenibilidad económica, es donde está incluida la
planificación del AVE Madrid-Lisboa. Y no es cierto lo que usted dice
sobre el anexo II de la planificación, sobre el que no voy a profundizar
ahora en la Cámara, aunque sí le voy a decir, porque creo que es lo que
nos preocupa, en qué situación está cada una de las estaciones y de las
subestaciones que usted ha mencionado.


De Cañaveral se han realizado todas las tramitaciones
administrativas correspondientes y se cuenta con la aprobación del
proyecto y autorización administrativa para la entrada y salida de la
línea, 400 kilovoltios, que dará servicio a la subestación de la red de
energía eléctrica de Cañaveral. También cuenta con la aprobación y
autorización.


La estación de Carmonita, que se encuentra en un estado similar a
la de Cañaveral, dispone también de aprobación y autorización para las
líneas de entrada y salida que darán energía a la subestación de
tracción. Para esta subestación ADIF también tiene aprobado el
proyecto.


En cuanto a Sagrajas, consistente en líneas de 400 kilovoltios
entre San Serván-Sagrajas y la propia subestación de Sagrajas, se
encuentra también en tramitación ambiental. También dispone el proyecto
de ADIF de aprobación y de los terrenos.


Por lo que se refiere a Arañuelo-Casatejada, se han redactado los
proyectos de ejecución y cuenta con su aprobación y autorización
administrativa. Por lo que respecta a ADIF, también se ha tramitado la
exención ambiental en la acometida de alta tensión Arañuelo-Casatejada, y
el proyecto básico cuenta con aprobación técnica.


Por último, en cuanto a la subestación de Casatejada, el proyecto
constructivo se encuentra aprobado y cuenta con los terrenos necesarios
para su instalación.


Por lo tanto, no es cierto lo que usted dice, señor Fuentes. Tanto
a ADIF como al Ministerio de Fomento le preocupa este AVE. El Ministerio
de Industria no ha dado una fecha —como dijo aquí el
ministro— porque lo que quieren es hacerlo lo antes posible y no
fijar una fecha para no incumplir, como hicieron ustedes en el año 2008.
El AVE será una realidad en Extremadura, el AVE Madrid-Lisboa pasará por
Extremadura; así se ha comprometido el Ministerio de Industria y así se
ha comprometido el Ministerio de Fomento.


Señorías, sobre la base de todos estos argumentos, comprenderán
ustedes que el Grupo Popular va a rechazar firmemente esta moción.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Romero Bañón.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 163;
votos emitidos, 163; a favor, 53; en contra, 103; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONTINUAR APOYANDO
EL COMERCIO DE NUESTRAS EMPRESAS EN EL EXTERIOR, ASÍ COMO LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MISMAS, ESTUDIANDO NUEVOS INCENTIVOS QUE
COADYUVEN A LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y CREACIÓN DE EMPLEO.


662/000193

GPP


El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, el senador Utrera.


El señor UTRERA MORA: Buenos días.


La moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular, referida al
apoyo, incentivo y, en definitiva, al mantenimiento del esfuerzo de
internacionalización de la economía española, es una moción oportuna en
el tiempo y que, además, viene apoyada por los últimos datos, las últimas
realizaciones en materia de comercio exterior. Permítanme que les dé
algunos muy breves datos, que van a permitir apoyar la argumentación
favorable a esta moción.


La tasa de cobertura —dentro de la balanza comercial
española, la de mercancías— se sitúa en estos momentos por encima
del 90 %, es decir, las exportaciones están financiando en más de un 90 %
el total de importaciones. Es verdad que hay factores coyunturales que
favorecen esta circunstancia, por ejemplo, el abaratamiento de la energía
y, por tanto, los mejores resultados del déficit permanente y estructural
de la economía española en materia energética, la debilidad del tipo de
cambio del euro e incluso la mejora de las perspectivas, de la situación
económica de los países que son objeto de gran parte de nuestro volumen
de exportaciones. Todas esas circunstancias explican, ciertamente, la
pujanza del sector exportador español en los últimos años, pero también
es cierto que venimos de una situación de tasa de cobertura en torno a
poco más del 65 % a mediados de la pasada década, lo que supone 25 puntos
menos, es decir, una mejora sustancial de la cobertura en la balanza
comercial de exportaciones e importaciones.


Lo que queremos decir con esto es que un fenómeno tan importante
que potencia y favorece no solamente nuestro superávit de balanza
comercial y, por tanto, nuestra posición acreedora-deudora en el mundo,
al mismo tiempo nos permite pensar que quizá con los incentivos adecuados
consigamos convertir en estructural un fenómeno que en otras
circunstancias históricas en el pasado se limitó a ser pasajero. Porque
es verdad que durante las crisis económicas las empresas españolas buscan
mercados en el exterior con mayor avidez precisamente por la dificultad
para desarrollarse en el mercado interno, y ese esfuerzo exportador de
internacionalización y de búsqueda de mercados puede debilitarse en
momentos de auge de relanzamiento económico. La economía española está
creciendo en estos momentos alrededor de un 3 %, un crecimiento no solo
positivo sino muy sustancial. En contra de la corriente de pasados
ciclos, debemos insistir en que estos factores, la presencia exportadora
de nuestras empresas y el esfuerzo de internacionalización, se mantengan
como un fenómeno estructural.


Es gratificante ver que no solo el último trimestre —todos
conocemos los datos del comercio exterior de mercancías de balanza
comercial del pasado trimestre, sobre todo del mes de marzo, en el que se
ha crecido muy por encima de lo habitual, aunque, lógicamente, unos
meses, y por supuesto un solo mes no marcan tendencia en la evolución de
variables económicas, y mucho menos en aquellas que, como en el caso de
las exportaciones, dependen de múltiples factores—, sino que los
datos de los dos últimos ejercicios demuestran que el esfuerzo de
inversión y de presencia en el exterior de las empresas españolas está
resultando algo más consistente que la simple huida hacia mercados
exteriores cuando el mercado interior español se debilita.


Pues bien, en estas circunstancias entendemos que es importante
aprobar una moción que precisamente insta al Gobierno a continuar
apoyando por todos los medios el comercio de nuestras empresas en el
exterior y su internacionalización y a proponer incentivos que permitan
apoyar la recuperación económica y la creación de empleo. Es verdad que
está vigente el actual Plan estratégico 2014-2015, que ha supuesto una
definición de todas las grandes líneas de actuación referidas tanto a la
inversión, la promoción de mercados, la búsqueda de mercados fuera de los
tradicionales, como a la formación de personal cualificado, que permita a
las empresas exportar más y en mejores condiciones. Es verdad que es un
plan que, según el último informe del Gobierno, está dando magníficos
resultados, pero también lo es que en otras instancias, por ejemplo en la
coordinación con otros organismos empresariales y otras administraciones
públicas y en el esfuerzo en formación e inversión debe seguir siendo
apoyado. Ese sería el objeto de la moción y el objeto también de esta
reflexión que estamos manteniendo.


Por tanto, el Grupo Popular propone al Pleno del Senado el apoyo a
una moción que consideramos oportuna, que además tiene una naturaleza,
como ahora se dice, trasversal, es decir que afecta a todos los sectores
productivos puesto que parte importante de este plan estratégico es
precisamente poner el foco sobre sectores de mayor valor añadido,
sectores con mayor tecnología y sectores que tienen una proyección de
mercado a futuro de mayor crecimiento para fomentar la exportación en
sectores que no son tradicionales en este sentido. En definitiva, con
todos estos elementos, solicitamos que en el próximo plan estratégico,
que ya se estará empezando a concebir, para el año 2016-2017, se
refuercen los incentivos para fomentar la presencia en el exterior.


Por último, reflexionando desde la perspectiva macroeconómica, hay
que señalar que en España hemos tenido una muy dura experiencia, puesto
que uno de los factores nucleares de la crisis económica fue el tremendo
deterioro de nuestro sector exterior, que llevó hace ocho años
—en 2008 o 2009— a un deterioro de la balanza de pagos en una
magnitud que nunca se había registrado en España, del orden del 10 % del
producto interior bruto, y me refiero a la balanza por cuenta corriente.
Precisamente ese deterioro puso en riesgo la consideración de España en
cuanto que supone un incremento de la deuda respecto del resto del mundo;
supuso un incremento del riesgo asociado a España, a las empresas
españolas y, en definitiva, a la capacidad para poder hacer frente a las
obligaciones financieras que se derivan de la deuda que se ha venido
acumulando. Un superávit en la balanza de pagos, incluso un ligero
superávit por cuenta corriente de los años 2014 y 2015 —en 2014,
realizado, en 2015, previsto— es la mejor garantía de que España
sea considerada como un deudor solvente, que consigamos buenas
condiciones de financiación y que el sector exterior no se convierta,
como en el pasado, en un cepo, en una trampa, en un limitador de nuestro
crecimiento económico.


Por consiguiente, en esa confianza y para fortalecer el propio
sector exportador de las empresas españolas, proponemos que esta moción
sea aprobada.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.


A esta moción se ha presentado una propuesta de modificación
firmada por todos los grupos menos por el Grupo Parlamentario Mixto, con
lo cual la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista se
entiende decaída.


Así pues, pasamos al turno en contra. ¿Hay turno en contra?
(Denegaciones).


No hay turno en contra.


Turno de portavoces.


¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).


No hay intervenciones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.


Señorías, ayer me tocó intervenir en una moción en relación con la
cuenca minera, y el Grupo Popular votó que no. Hoy la primera moción ha
sido una iniciativa del Grupo Socialista sobre la conexión entre Lisboa y
Madrid pasando por Extremadura, y se ha dicho que no. Hombre, parece que
en esta ocasión estamos avanzando, ya que en una moción presentada por el
Grupo Parlamentario Popular se van a admitir cinco puntos de las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.


Yo creo que ese es el camino que hay que seguir en una Cámara como
esta, que, indudablemente, tiene asuntos políticos de importancia, como
el de ayer con las preguntas al presidente y a los ministros, pero las
mociones son para instar al Gobierno a hacer cosas. Muchas veces el
Partido Popular, quizás presionado por los abogados del Estado y por
funcionarios de cuarta categoría en los ministerios, ha hecho durante
estos cuatro años una política absolutamente nefasta a la hora de
incorporar debates que están en la sociedad y que los grupos
parlamentarios trasladan a esta Cámara. Lo lógico sería que si no están
de acuerdo con la plenitud de la iniciativa presentaran las enmiendas
pertinentes. Sin embargo, ha habido una guillotina durante estos cuatro
años, desgraciadamente.


Lógicamente, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa porque nos
recuerda un trabajo que se hizo en esta Cámara en una ponencia de la
Comisión de Asuntos Iberoamericanos sobre la situación jurídica de las
empresas españolas en América Latina. Son trabajos que se hacen y que se
archivan porque no hay un debate en la sociedad. Desgraciadamente, aquí
se prima la política espectáculo. Estamos discutiendo en una Cámara
cuestiones que tienen interés para el ciudadano porque le va en ello su
día a día, y sin embargo vemos que en las cabinas de prensa no hay
absolutamente nadie, estas cosas no interesan y no sale nunca ni una
línea. A la hora de hacer un análisis de la situación que se vive en los
partidos políticos y del alejamiento de los ciudadanos respecto a la
política también hay que ver el trabajo de los medios de comunicación. Si
no hay política espectáculo no hay noticia, y en una sociedad democrática
no se debe funcionar de esa manera, pero, desgraciadamente, así se
funciona.


De aquella ponencia, en la que se trabajó mucho y bien, salieron
unas recomendaciones generales. Ya sé que no se hablaba de la
internacionalización, porque estaba circunscrita fundamentalmente a la
situación jurídica de las empresas españolas en América Latina, pero yo
la voy a recordar porque trabajos en el vacío tampoco interesan. Yo creo
que cuando una serie de personas realizan un esfuerzo durante casi un año
hay que traerlo al día a día, se tiene que recordar.


En primer lugar, en las recomendaciones generales se abría la
posibilidad de que hubiera una relación entre el trabajo de las empresas
y la cooperación al desarrollo porque ello implicaría a las empresas en
la detección de necesidades y en la ejecución de proyectos.


En segundo lugar, se recogía la responsabilidad social
corporativa, convertir a la empresa española en referente de la
responsabilidad social corporativa.


El punto c) trataba la coordinación e integración de la red
exterior, sobre todo pretendía eliminar duplicidades, priorizar el
interés general, mejorar la coordinación real con entes autonómicos y
camerales en el exterior; entes autonómicos y camerales porque estamos en
un Estado autonómico, no estamos en un Estado centralizado. Por tanto,
las autonomías tienen su política exterior a su manera y eso también se
tiene que coordinar haciendo un esfuerzo si queremos que la cuestión
funcione.


El punto d) se refería —y se refería bien— de las
relaciones entre las empresas y las embajadas. Las embajadas tienen
agregados de política comercial que llegan, se enteran, empiezan a
trabajar y al tercer año se tienen que ir. Lógicamente, ese trabajo
implica a mucha gente y no se puede plantear de esa manera. En su día
nosotros le preguntamos al ministro García-Margallo si pensaba cambiar
esa óptica a la hora de plantear el trabajo de los agregados comerciales,
que tienen que disponer de más tiempo para poder desarrollar un trabajo
adecuado. Como siempre, con su constante frivolidad, lo archivó y no le
dio la menor importancia. Y sin embargo, una demanda continua de las
empresas es que los agregados comerciales de las embajadas tengan una
continuidad, tengan contacto y las ayuden, y que las embajadas no
solamente sean para la acción política, sino que la acción comercial, la
acción económica hoy en día —en que la política exterior está tan
globalizada— tenga su protagonismo.


El punto e), sobre la imagen del país muy ligada a la imagen de la
empresa, pretende cuidar la imagen durante las conmemoraciones que se
celebran en los países y fomentar una televisión internacional para que
sea mucho mejor que la que existe en la actualidad —que es una
auténtica chapuza—, y los informativos —que también son
bastante chapuzas y bastante sectarios—, y proyectar una imagen del
Estado como destino educacional, que también tiene su interés.


Al final había una serie de peticiones en las que se ampliaban los
apoyos a la acción exterior, a las empresas y a los expatriados.


A lo largo de la ponencia los representantes de las entidades
participantes plantearon una serie de solicitudes concretas: desarrollar
convenios para evitar la doble imposición; instar a determinados
gobiernos locales a colaborar más estrechamente con la
internacionalización favoreciendo la creación de infraestructuras y la
prestación de servicios públicos, especialmente los relacionados con el
sector turístico; fomentar la coordinación en los planes de estudio de
España para favorecer la reincorporación de los hijos de los expatriados
al sistema educativo español; también es importante a la hora de definir
en esta moción lo que se tiene que hacer desde el punto de vista
económico y comercial pensar que en muchísimos países del mundo hay
pequeños embajadores que pueden hacer su trabajo; crear asociaciones de
expatriados y redes sociales que permitan el desarrollo y las sinergias
de identificación de oportunidad de negocio y posibilidades de
financiación a empresas y ciudadanos españoles que realizan su vida
profesional en instituciones multilaterales y otras empresas globales;
desarrollar mayores apoyos fiscales a la expansión de la industria
hotelera española y favorecer el aumento de vuelos regulares a
determinados lugares; relanzar las ecotecnias, y, en líneas generales,
que el servicio exterior esté más relacionado e implicado con la
detección e información de oportunidades comerciales, y superar las
dificultades de obtención de permisos de trabajo y residencia del
personal español, aplicando el principio de reciprocidad sobre algunas
limitaciones a empresas españolas.


Estas iniciativas que se aprobaron en su día siguen estando
vigentes, y quizá nosotros deberíamos haber presentado alguna enmienda
para mejorar esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Ahí están,
pero nuestro grupo quería traerlas al debate, sobre todo por dos razones:
porque en esta Cámara se ha trabajado bien, con criterios de trabajo
colectivo, y se han detectado los problemas, y en segundo lugar, porque
siguen siendo vigentes y mejoran el contenido de esta moción.


Por todo ello y dicho lo cual, nuestro grupo parlamentario va a
apoyar la moción del Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.


Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador
Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president. Buenos
días.


Permítanme empezar diciendo que encuentro más prolija e
interesante la explicación que ha dado el senador Utrera en la defensa de
esta moción que la moción en sí misma. ¿Qué nos viene a decir la moción?
Que las exportaciones van bien, que el Gobierno lo hace muy bien y que se
ha de seguir así. La verdad es que para decir esto no hace falta
presentar una moción en el Pleno del Senado; una moción propagandística
como esta no tiene demasiado interés. Con esto recojo un poco la
reflexión que ha hecho el senador Anasagasti sobre la necesidad de
presentar mociones que realmente supongan un impulso a la acción del
Gobierno o un control —ya que viene de su bancada quizá sea mejor
hablar de impulso—. Pero insisto en que acabar diciendo que, como
todo va bien y el Gobierno lo hace bien, hay que continuar así, no tiene
mucho sentido.


En primer lugar, ¿qué es lo que va bien? Van bien especialmente
factores externos: la depreciación del euro, la caída del precio de los
crudos, el plan Draghi, que favorece el acceso al crédito, uno de los
grandes problemas que tenía el relanzamiento económico de España, y el
plan Juncker cuando se implemente. ¿Y cuál ha sido la aportación del
Gobierno de España, del Gobierno de Mariano Rajoy, al impulso exportador?
La devaluación interna. Su única aportación para favorecer las
exportaciones ha sido la caída de los costes laborales. Su aportación ha
sido una devaluación interna que ha hecho que nuestros productos puedan
ser más competitivos en el escenario internacional, abandonando lo que
para nosotros era un factor decisivo. Si queremos ser competitivos hemos
de serlo por la calidad de nuestros bienes, mercancías y servicios y no
por apostar por la devaluación interna. Esta ha sido la propuesta del PP
a lo largo de estos años: la devaluación interna, la devaluación salarial
y la reducción de los costes laborales, y es cierto que eso ha favorecido
las exportaciones, pero durante mucho tiempo ha tenido un efecto muy
perverso: ha deprimido el consumo, un factor negativo para el
relanzamiento de nuestra economía, factor que se está corrigiendo ahora
con el crecimiento económico y con el crecimiento de la demanda interna,
que supera el 3 %. ¿Y qué está pasando? Se está repitiendo un patrón
típico de la economía española, y es que cuando la demanda interna supera
el 3 % —y repito que en estos momentos estamos en el 3,3 %—
se producen desequilibrios exteriores. Esto se está reproduciendo una vez
más.


El senador Utrera decía que hay que apostar para que el
crecimiento de las exportaciones, que me parece que es del 32 %
aproximadamente de aportación al PIB, se consolide como algo estructural,
pero ni en su moción ni en la acción de Gobierno hay ninguna apuesta que
permita fijar este factor. ¿Y por qué no lo hay? Porque para fijar que la
aportación de las exportaciones a la creación del PIB se vaya
consolidando e incrementando y permita una corrección de los
desequilibrios entre importaciones y exportaciones no solo podemos
apostar por la reducción de los costes sino que hay que hacerlo por la
calidad.


Y hablando de calidad, reitero lo dicho ayer en la interpelación
del senador Montilla al ministro de Economía, el señor De Guindos, sobre
el abandono de este Gobierno de todo lo que pueda representar apostar por
una economía de calidad: investigación, desarrollo, innovación,
etcétera.


¿Podemos hablar de un momento de euforia? Yo creo que en el tercer
trimestre de 2014 sí podríamos hablar de un récord histórico de
exportaciones. ¿Pero qué ha pasado? Que en el cuarto trimestre baja
un 0,6 % y en el primer trimestre de 2015 hemos retrocedido un 1,1 %. Es
decir, que las exportaciones van bien, pero no estamos instalados en la
euforia propagandística, que yo entiendo que este Gobierno tiene que
hacer y más aún tal y como le van las cosas electoralmente. Esta es la
fría realidad de los datos.


Con todo, es un sector que evoluciona positivamente; además
—y con esto termino— se ha conseguido pactar una
transaccional con las enmiendas del Grupo Socialista que ha sido firmada
por todos los grupos parlamentarios, también por el nuestro, y ello nos
permitirá votar a favor de esta transaccional resultante del diálogo
entre los distintos grupos. Ya les digo que si al final la propuesta que
hubiera quedado hubiera sido la moción inicial, es decir: las
exportaciones van bien, el Gobierno lo hace bien, sigamos así, no habría
contado con nuestro voto a favor.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió tiene la palabra el
senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Molt bon dia, senyor president. Senyories,
bon dia a tothom.


Voldria començar dient que, quan vaig llegir aquesta moció, em
vaig quedar perplex perquè, d’alguna manera, no podia entendre que,
a aquestes alçades de legislatura no hi hagi una concreció en relació a
les línies d’actuació de cara a la internacionalització de les
empreses i el suport a l’exterior. No hi havia absolutament res.
Per tant, he de confessar que, vam estar analitzant de presentar una
esmena o, senzillament, fer un discurs de dir no pot ser això. I
presentar una esmena volia dir presentar una moció i, per presentar una
moció, ja la presentem nosaltres.


Per tant, dit això, l’escenari ha canviat. En el sentit que,
gràcies a l’esmena del Partit Socialista hi ha concrecions i, per
tant, nosaltres l’hem signat i hi donarem suport perquè, en
definitiva, tot el que pugui ser en benefici de la petita, de la mitjana
empresa, de la internacionalització del comerç exterior, és evident que
hi donarem suport.


Però això no treu que nosaltres fem alguns retrets de com estan
fent les coses i com havien presentat inicialment una moció que ens
sorprèn que no hi hagués cap concreció per part seva, senador Utrera.
Nosaltres hem de fer aquesta crítica, tot i que s’ha millorat
gràcies a les aportacions de l’esmena del Partit Socialista.


Jo voldria aprofitar també per dir algunes coses que no
s’han fet bé i que entrem en contradiccions. Justament en el ple
passat, estàvem parlant de la Llei de modificació de la LOFCA —la
Llei de finançament de les comunitats autònomes— i jo vaig dir aquí
que hi havia dues coses, entre d’altres, que eren tremendament
negatives, i una especialment per al sistema productiu. I és que
l’Institut Català de Finances, a través d’una esmena que
havien introduït, gairebé el deixaven sense operativitat. I
l’Institut Català de Finances, justament el que fa és donar suport
a la petita, a la mitjana empresa, a efectes del seu funcionament,
d’internacionalització i del comerç exterior. Per tant, d’una
banda l’hem de fomentar però, per una altra, estem generant algunes
dificultats i problemes seriosos en aquest sentit. Per tant, això
s’ha de posar de manifest. En definitiva, vull dir que, avui,
veient aquesta moció, el que jo els deia fa quinze dies en aquella llei
suposo que deu ser coherent. I, per tant, en aquest sentit crec que no
van actuar bé i aquella llei no afavoreix, no millora, diríem, aquesta
línia de la qual parlem avui d’actuació aquí.


Voldria aprofitar també aquest moment per dir el que està succeint
i el que estem fent a Catalunya, en relació a l’empresa, en relació
al suport, en relació a la internacionalització. Perquè crec que val la
pena. Perquè crec que, a Catalunya, amb les seves exportacions és líder,
continua liderant, i lidera i estira de l’economia espanyola, en
aquest sentit. I, per tant, el que cal és un motor que tenim important
donar-li suport, no frenar-lo. Fixi’s, en aquesta línia.
L’últim informe de l’ICEX, i poso com a referència
l’ICEX, deia, diu que les exportacions de l’economia catalana
han tancat el 2014 amb un creixement de 12,3 % respecte del mateix mes de
l’any passat. Això suposa un creixement net de 4761 milions
d’euros, la xifra més alta assolida mai en el mes de desembre. Crec
que és importantíssim. Amb aquestes dades, les exportacions catalanes
tanquen l’any amb un creixement del 3,1 % per sobre
l’exercici anterior i assoleixen la xifra, ni més ni menys, no és
poca cosa, de 60 194,5 milions d’euros, mentre que en el 2009 el
valor de les exportacions era de 41 400 milions d’euros. Per tant,
això ens demostra com l’activitat de l’exportació catalana
està estirant de l’economia i, en definitiva, com està funcionant.
Per tant, Catalunya supera per cinquè any consecutiu el seu propi rècord
d’exportacions. I val la pena dir que Catalunya continua liderant
les exportacions de l’economia espanyola, ja que suposen el 25,1 %
del total. Per tant, es demostra que la clau de l’èxit és
l’aposta per l’economia productiva, per l’augment de la
competitivitat, per la diversificació de la seva economia, la capacitat
d’adaptació als canvis i l’adopció d’un model econòmic
basat en la petita i la mitjana empresa especialitzada en béns i serveis
de mig i alt valor afegit, béns que, per la seva naturalesa, no tenen
tanta demanda a vegades en el mercat, diríem, espanyol. Així, doncs, com
deia, fa quatre anys que batem rècords d’exportacions i que la
internacionalització s’ha consolidat com a primer motor del
creixement de Catalunya i alhora també d’Espanya.


El Govern de Catalunya és conscient de la importància que tenen
les línies d’actuació encaminades al foment de la
internacionalització de les empreses i és per aquest motiu que, a través
de la Direcció General d’Indústria i Acció, estableix com a eix
principal les polítiques de foment de la internacionalització de les
empreses, tant de les que s’inicien en el procés
d’exportacions com d’aquelles que ja tenen un grau
d’internacionalització més madur i que es plantegen projectes
d’exportació a nivell global o d’implantació a
l’exterior. Per tant, dins d’aquesta tasca, voldria posar de
manifest que la Xarxa d’oficines exteriors de Comerç i
d’Inversions de Catalunya, ACCIÓ, juga un paper clau de suport i
servei a les empreses. És per això que, des del Govern de Catalunya,
centrem els esforços en reforçar l’estructura exterior de què
disposem per donar suport a les empreses catalanes en el procés de
sortida als mercats exteriors. Per tant, poso això de manifest en la
línia i en el sentit a què em referia abans. És a dir, estem veient que
tot el que es fa per a la internacionalització i per ajudar
l’exportació és clau, és molt important. Catalunya lidera aquest
procés. Per tant, senyor Utrera, jo el que els vull dir és que concretin,
que manifestin més línies concretes d’actuació, que donin suport a
totes aquelles iniciatives que es plantegen i, en aquest cas, des de
Catalunya, perquè, en definitiva, se n’està beneficiant el
conjunt.


Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta moció perquè,
d’alguna manera també l’hem transaccionat, perquè entenem que
tot el que pugui suposar beneficis per les PIMES, per a la
internacionalització i per a l’exportació és positiu. En qualsevol
cas, jo crec que vostès, com a grup que dóna suport al Govern, podien
haver anat més enllà i crec que haurien d’anar més enllà, enteses
les circumstàncies en les quals ens trobem en aquests moments.


Moltes gràcies.


Buenos días, señor presidente. Señorías, buenos días.


Quisiera empezar diciendo que cuando leí esta moción me quedé
perplejo, porque no podía entender que a estas alturas de legislatura no
hubiera ni una concreción en relación con las líneas de actuación de cara
a la internacionalización de las empresas y al apoyo al exterior; no
había nada. Tengo que confesar, pues, que estuvimos analizando presentar
una enmienda o sencillamente hacer un discurso en el sentido de que esto
no puede ser. Y cuando hablo de presentar una enmienda quiero decir
presentar una moción, que para eso, ya lo hacemos nosotros.


Dicho todo esto, el escenario ha cambiado en el sentido de que
gracias a la enmienda del Grupo Socialista ya hay más concreciones y, por
tanto, nosotros la hemos firmado y la vamos a apoyar, porque, en
definitiva, todo lo que sea beneficiar a la pequeña y mediana empresa y
la internacionalización del comercio exterior es evidente que lo vamos a
apoyar.


Pero esto no quita para que nosotros hagamos aquí algunas
consideraciones sobre cómo están las cosas y digamos que esta moción nos
sorprendió en su inicio, porque no había ninguna concreción, senador
Utrera. Nosotros tenemos que hacer esta crítica, aunque de alguna forma
ha sido mejorada gracias a las aportaciones de la enmienda del Grupo
Socialista.


Quisiera aprovechar mi turno también para referirme a cosas que no
se han hecho bien y que entran en contradicciones. Justamente en el Pleno
pasado hablamos de la Ley de modificación de la LOFCA —Ley de
financiación de las comunidades autónomas—, y yo ya dije aquí que,
entre otras, había dos cosas tremendamente negativas, una especialmente
para el sistema productivo, y es que habían introducido una enmienda que
dejaba casi sin operatividad el Instituto Catalán de Finanzas, que lo que
hace es dar apoyo a la pequeña y mediana empresa a efectos de su
funcionamiento y de la internacionalización del comercio exterior. Por lo
tanto, por un lado lo fomentaban pero por otro estamos generando algunas
dificultades y problemas graves en este sentido, y esto se tiene que
manifestar. En definitiva, hoy viendo esta moción, lo que yo les decía
hace quince días en esa ley parece coherente, así que yo creo que en este
sentido no actuaron bien y, por lo tanto, esa ley no favorece ni mejora
la línea de actuación de la que estamos hablando hoy.


Quisiera aprovechar también este momento para referirme a lo que
está sucediendo y lo que estamos haciendo en Cataluña en relación con la
empresa, el apoyo y la internacionalización porque creo que es
importante. Cataluña con sus exportaciones es líder y arrastra a la
economía española en este sentido, y lo que hay que hacer justamente es
dar apoyo a este motor que tenemos tan importante, y no frenarlo.
Fíjense, en esta línea el último informe del ICEX, al que pongo como
referencia, dice que las exportaciones de la economía catalana han
cerrado 2014 con un crecimiento de 12,3 % respecto al mismo mes del año
pasado. Esto supone un crecimiento neto de 4761 millones de euros, la
cifra más alta alcanzada en el mes de diciembre, y creo que es
importantísimo. Con estos últimos datos las exportaciones catalanas
cierran el año con un crecimiento del 3,1 % por encima del ejercicio
anterior y alcanzan la cifra de 60 194,5 millones de euros, que no es
poca cosa, mientras que en 2009 el valor de las exportaciones era
de 41 400 millones de euros. Esto nos demuestra que la actividad
económica de la exportación catalana está arrastrando a la economía y que
está funcionando, por eso Cataluña supera por quinto año consecutivo su
propio récord de exportaciones, y es importante decirlo porque Cataluña
sigue liderando las exportaciones de la economía española ya que supone
el 25,1 % del total. Por ello queda demostrado que la llave del éxito es
la apuesta por la economía productiva, el aumento de la competitividad,
la diversificación de la economía, la capacidad de adaptación a los
cambios y la adopción de un modelo económico basado en la pequeña y
mediana empresa especializada en bienes y servicios de valor añadido que,
por su naturaleza, a veces no tiene tanta demanda en el mercado interior
español. Como les decía, llevamos cuatro años batiendo récords de
exportaciones y la internacionalización se ha consolidado como primer
motor del crecimiento de Cataluña y a su vez también de España.


El Gobierno de Cataluña es consciente de la importancia que tienen
las líneas de actuación encaminadas al fomento de la internacionalización
de las empresas, y por este motivo, a través de la Dirección General de
Industria establece como eje principal las políticas de fomento de la
internacionalización de las empresas, tanto de las que se inician en el
proceso de exportaciones como de aquellas que ya tienen un grado de
internacionalización más maduro, y se plantean proyectos de exportación a
nivel global o bien de implementación en el exterior. Por lo tanto,
dentro de esta tarea quisiera manifestar que la Red de oficinas
exteriores de Comercio e Inversiones de Cataluña juega un papel clave de
apoyo y servicio a las empresas y, por este motivo, en el Gobierno de
Cataluña centramos los esfuerzos en reforzar la estructura exterior de la
que disponemos, pero también dando apoyo a las empresas catalanas en el
proceso de salida a los mercados exteriores. Así lo quiero manifestar en
la línea y en el sentido de lo que decía antes. Es decir, para nosotros
es muy importante y estamos viendo que todo lo que se hace para la
internacionalización y para ayudar a la exportación es clave, es muy
importante. Cataluña lidera el proceso. Por lo tanto, señor Utrera, yo lo
que les quiero decir es que concreten, que manifiesten más líneas
concretas de actuación, que den más apoyo a todas aquellas iniciativas
que se plantean, en este caso en Cataluña, porque que, en definitiva, de
todo ello se beneficia el conjunto.


Nosotros vamos a apoyar esta moción, que de alguna forma también
la hemos transaccionado, porque entendemos que todo lo que pueda suponer
beneficio para las pymes, para la internacionalización y para la
exportación es positivo. En cualquier caso, yo creo que ustedes, como
grupo que apoya al Gobierno, podían haber ido un poco más allá, y creo
que tendrían que ir más allá, teniendo en cuenta las circunstancias en
las que nos hallamos en estos momentos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Ortiz.


El señor ORTIZ MOLINA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la moción que estamos debatiendo relativa al comercio
exterior de nuestras empresas y a su internacionalización nos ha parecido
en su redacción inicial que carecía de la precisión mínima que el asunto
requiere, tal y como han dicho los portavoces que me han precedido en el
uso de la palabra. Esta es la razón que nos ha impulsado a presentar una
enmienda de adición, bien recibida por el grupo mayoritario, lo que ha
permitido transaccionar la propuesta que sometemos finalmente a
votación.


De los siete puntos resolutivos que hemos propuesto se han
aceptado cinco y han quedado excluidos dos, los relativos a un mayor
compromiso con pymes y a la fiscalidad de las empresas exportadoras. Nos
hubiera gustado que también hubieran quedado incorporados estos dos
puntos a la propuesta del acuerdo. No ha sido posible y lo lamentamos,
pero todos sabemos —y el que no lo sepa, ya irá aprendiendo—
que negociar un acuerdo implica necesariamente alguna renuncia.


Nuestro voto va a ser, lógicamente, favorable, pero esto no
impide, sin embargo, que, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
formule una breve reflexión sobre el fondo del asunto. Si queremos
analizar la actividad exportadora e importadora de nuestro país parece
que los parámetros razonables a considerar deberían ser renta, consumo,
inversión, gasto público, impuestos, exportaciones e importaciones. Estos
serían indicadores a considerar si queremos acercarnos a un análisis
mínimamente riguroso de naturaleza económica, pero si el Partido Popular
plantea solo los conceptos de importaciones y exportaciones, a pesar de
lo sesgado del análisis, no nos vamos a negar a mantener este debate,
pero debemos hacer un esfuerzo por no hacernos trampas a nosotros
mismos.


Señorías, mientras las importaciones dependen básicamente de la
renta disponible interna, las exportaciones dependen no solo de las
políticas de oferta y competitividad internacional, sino, sobre todo, de
la demanda exterior. Es decir, es una obviedad que el dinamismo del
comercio internacional y de la demanda mundial son los que tiran o no de
las exportaciones españolas, partiendo, lógicamente, de una adecuada
capacidad de oferta. Desde esa perspectiva es difícil concluir que los
años 2013 y 2014 representan un auténtico cambio de tendencia en un país
cuya base productiva no puede cambiar en solo dos o tres años. Esto no es
posible en ningún país y tampoco, lógicamente, en España.


Y deberíamos tener meridianamente claro que la mejora o deterioro
de la balanza comercial se ha debido casi exclusivamente a la reducción o
incremento de las importaciones vinculadas a la menor o mayor renta
disponible; disposición de renta que debemos relacionar fundamentalmente
con la capacidad de ahorro de empresas y familias, dado que el
endeudamiento de las administraciones públicas se ha incrementado en más
de 30 puntos porcentuales desde que gobierna el Partido Popular, llegando
a igualar, incluso a superar, el cien por cien del PIB nacional. Es
decir, una cosa es la sociedad española y, otra, la política del
Gobierno. Asimismo, deberíamos evitar ser contradictorios, pues si
en 2013 se produce una mejora del déficit comercial, el Gobierno dice que
ha conseguido un milagro, y si en 2014 se produce un deterioro de dicho
déficit comercial, el Gobierno también dice que ha logrado un milagro.
Pero no es posible que un milagro sea una cosa y su contraria. Alguien
del Gobierno debería analizar en profundidad y con rigor qué significado
tiene el hecho de que con una recuperación de los indicadores macro aún
tan leve y con una tasa de paro tan alta, estemos insistiendo otra vez en
el deterioro de nuestra balanza comercial.


Señorías, ¿es buena noticia que se incrementen las exportaciones?
Sin lugar a dudas. Cuanto más, mejor; tan cierto como que esto no es
nuevo. Incluso, en los años más duros de la crisis las exportaciones no
han dejado de crecer. ¿Es bueno que se incrementen las importaciones?






Depende. ¿Lo hacemos con cargo al ahorro o con cargo al endeudamiento? Y
si nos endeudamos, ¿lo hacemos para el consumo o para la inversión
productiva? Por cierto, deberían preguntarse a costa de quién ganamos
competitividad —factor clave de nuestra capacidad
exportadora—. ¿Es posible que sea a costa del empobrecimiento de
los trabajadores? Yo creo sinceramente que, en mayor medida, lo es. Los
trabajadores han perdido en España durante los últimos años una media de
un 25 % de sus salarios. Por tanto, es un elemento de competitividad,
pero a costa de qué y de quién. ¿Se han preguntado, acaso, si el
dinamismo de nuestras exportaciones tiene algo que ver con la debilidad
del euro o con el precio del petróleo y no tanto con la política de
nuestro Gobierno? Probablemente, sí. ¿O acaso con la política de I+D del
Gobierno? Sinceramente, es probable que no. En cualquier caso, creo que
es un error terrible, aparte de una injusticia, tratar de relacionar
exportaciones con virtudes de un Gobierno. Y tiene razón el portavoz del
Grupo Catalán Convergència i Unió cuando dice: si llegamos a la
conclusión de que es riguroso establecer una relación directa entre
exportación y virtud de un Gobierno, en España, para Gobierno virtuoso,
el Gobierno de Cataluña. Y todo lo demás —me refiero a si la
relación fuera esa, aunque considero que esa correlación no existe—
con perdón, polvo a sus pies. Creo que el análisis es otro y establecer
ese principio es algo tramposo.


Señor presidente, señorías, concluyo, pues al final hemos llegado
a una transaccional y todos vamos a votar a favor. Sin embargo, no puedo
dejar de manifestar meridianamente claro lo que realmente opino sobre el
trasfondo del asunto.


Señoras y señores senadores, impulsar la acción del Gobierno para
que acompañe a nuestras empresas en su internacionalización siempre es
bueno. Es cierto que el acuerdo que previsiblemente vamos a adoptar
podría ser más amplio y preciso, pero, en cualquier caso, convendrán
conmigo, y estaremos todos de acuerdo en lo que proponemos, que una vez
corregida la propuesta inicial puede ser útil si el Gobierno le presta la
mínima atención.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Utrera.


El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a ser muy breve, puesto que estamos de acuerdo todos los
grupos parlamentarios en la moción y en la modificación de la
moción.


En primer lugar, quiero dejar constancia de que hemos agradecido
la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, la hemos
encontrado conveniente para su incorporación, aunque únicamente se ha
hecho referencia a los dos puntos que hemos preferido no incluir, que no
ha sido por un criterio de exclusión, sino basándonos en el hecho de que
ya se están realizando acciones en ese sentido y no creemos que sea
conveniente incidir sobre ellos en esta moción. En concreto, me refiero a
las acciones específicas para pequeña y mediana empresa que ya existen,
como el fondo FIEX, el FONPYME o la financiación adicional a través de
Cofides a su disposición; ya existen multitud de instrumentos que, aunque
no sean tan llamativos ni sean financieros, sin embargo, sí favorecen
especialmente a la pequeña empresa exportadora, como son todos los
programas de formación, que, en definitiva, capacitan a la pequeña
empresa, que no tiene medios propios para ello, para que sus cuadros
puedan tener la posibilidad de moverse en los mercados internacionales.
Por tanto, se está haciendo acción específica en favor de pequeñas y
medianas empresas; solo nos tenemos que fijar en el plan bianual de
internacionalización para darnos cuenta de que son muchas las acciones
específicas a tal fin.


Y en cuanto a la cuestión tributaria, el segundo punto que no
incluíamos de la enmienda del Grupo Socialista a esta moción del Grupo
Popular, la cuestión esencial es que podamos afirmar, en términos
generales —luego podríamos buscar alguna peculiaridad—, que
tenemos uno de los sistemas tributarios más favorables del mundo y, desde
luego, de la Unión Europea para fomentar y favorecer la exportación,
pero, sobre todo, la internacionalización, es decir, la presencia
exterior de las empresas españolas, lo que se concreta fundamentalmente
en la repatriación de dividendos, exentos de impuestos y algunas otras
peculiaridades más que en los últimos meses han sido reforzadas con la
reforma del impuesto sobre sociedades, que, como saben ustedes, ha
reducido el tipo impositivo al 25 %, lo que también es un estímulo
genérico a la competitividad de las empresas y que específicamente en
mercados exteriores es un tipo impositivo que se puede medir con los
tipos impositivos vigentes en los principales países, en los más
competitivos del mundo. Por tanto, el sistema fiscal español de momento
es el adecuado, aunque no está de más analizar estímulos que puedan irse
adoptando de acuerdo con las circunstancias y las necesidades que
representen. Sin embargo, instar ahora en la moción a una reforma fiscal,
a una modificación tributaria, cuando ya venimos de una y muy importante,
no lo creíamos conveniente.


Por lo demás, agradecemos la enmienda, que incluimos prácticamente
con su texto íntegro, excepto estas dos cuestiones que hemos señalado, y
estoy de acuerdo con lo que los portavoces de los grupos parlamentarios
han expuesto en relación con esta moción. Que Cataluña es la principal
región exportadora de España está claro, lo sabemos todos y ojalá siga
siendo así en el futuro, sin menoscabo de que otras comunidades
autónomas, como el caso de la mía propia, Castilla-La Mancha, también
están progresando muy rápidamente, precisamente por eso, porque se está
trasladando a las empresas esa expertise, esa capacidad para moverse en
mercados internacionales, lo que en algunas comunidades autónomas
—dentro de su dimensión exportadora todavía reducida— está
dando magníficos resultados.


Por tanto, aspiramos a una economía española que tenga presencia
permanente en mercados internacionales, que sea diversificada en cuanto a
las comunidades autónomas de origen y que, desde luego, aproveche las
potencialidades, las ventajas competitivas que ofrecen algunas
comunidades autónomas que ya tienen una presencia intensa en el mercado
exportador y que, al mismo tiempo, consiga también una ampliación de los
sectores productivos de exportación, industriales y agroalimentarios, que
permita esa permanencia en el tiempo.


En ese sentido, nos tendríamos que fijar también en otros factores
que no hemos mencionado —aunque no tenemos tiempo para hacerlo con
detalle—, pero que son elementos a tener en cuenta, como el hecho
de que la demanda internacional se está desplazando. Por tanto, nosotros
tenemos que reestructurarnos continuamente, adaptar nuestra estructura
productiva a esa demanda internacional. Sectores que hasta hace poco
tiempo se consideraban poco dinámicos en comercio exterior, como puede
ser el sector agroalimentario, en los últimos años están manifestando un
buen comportamiento en lo que se refiere a las cifras generales de
comercio exterior, al igual que otros sectores más tradicionales, como el
del automóvil, el de bienes de equipos y el de productos químicos están
teniendo una progresión más adecuada.


La cuestión esencial es que, por lo que veo, todos los grupos
parlamentarios —así lo han manifestado sus portavoces—
estamos de acuerdo en que hay que mantener el estímulo y, sobre todo, el
interés, el de nuestras instituciones y nuestras empresas, en favor de la
internacionalización con el fin de que podamos ampliar sustancialmente en
los próximos años la cifra actual de exportadores permanentes, es decir,
empresas que durante varios años y de forma consistente se mantienen en
mercados internacionales, que no es una cifra muy elevada todavía;
estamos hablando de algo menos de 40 000 empresas que aparecen como
exportadores consistentes, permanentes. Este es un objetivo de
todos.


Con algunos argumentos que se han dado, lógicamente, no puedo
estar de acuerdo porque creo que se pretende ver el vaso medio vacío
cuando no es verdad; el vaso está como está. Las exportaciones españolas
están creciendo, llevan años creciendo. No es verdad que sea solo el tipo
de cambio o la mejora económica en los países de destino de las
exportaciones lo que justifica ese aumento de las exportaciones porque,
si eso fuera así, países que comparten el euro con nosotros, países de la
eurozona como Francia, Italia, incluso el Reino Unido deberían estar
creciendo, según esa regla de tres, siguiendo la misma tendencia, y no es
verdad. Nosotros estamos creciendo muy por encima de estos países que he
mencionado; estamos ganando cuota de mercado. A su vez, estamos buscando
nuevos mercados algo más dinámicos y se está reduciendo el total de
nuestras exportaciones a la Unión Europea, a la eurozona, lo cual es
positivo porque son mercados tradicionales en los que ya tenemos
presencia y hay que buscar otros.


En definitiva, se están produciendo transformaciones que
favorecerán, como decía anteriormente, una presencia estructural en el
exterior, una presencia con vocación de permanencia, pero, al mismo
tiempo, no será fruto simplemente del azar o de circunstancias
exteriores, sino que será promovida desde el interior.


Desde luego, no estamos de acuerdo con esa vinculación de
empobrecimiento social con presencia exportadora exterior. Lo que se está
produciendo es una mejora de la competitividad de las empresas españolas
y esa mejora no es solamente en cuanto al precio, sino también en la
calidad, en oferta de producto y en organización empresarial en el
exterior. Con eso, estamos consiguiendo las cifras que tenemos.


Por otro lado, y con esto termino, la balanza de pagos de España
por cuenta corriente sigue siendo positiva. No es verdad que estemos
cambiando esa tendencia, esa pauta, ese patrón del pasado, sino que con
el crecimiento económico, por la mayor renta disponible y por los
procesos inversores en el interior del país, las importaciones
lógicamente empiezan a crecer. Sin embargo, aunque respecto a la balanza
comercial no santificamos el déficit —puede haber unos años con un
déficit mayor o menor— estamos acostumbrados a un déficit
comercial, que no nos tiene que preocupar.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor UTRERA MORA: Tenemos superávit en servicios y en la
balanza de transferencias, es decir, lo importante es el resultado de la
balanza por cuenta corriente que, como les dije antes, sigue siendo
positiva, levemente positiva. A pesar de que venimos de una situación de
deterioro de hasta el 10 % del producto interior bruto en el valor de la
balanza por cuenta corriente, ahora tenemos una situación magnífica en
comparación con la de hace años.


El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.


El señor UTRERA MORA: Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación a la
moción del Grupo Parlamentario Popular, firmada por todos los grupos
menos por el Grupo Parlamentario Mixto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 231;
votos emitidos, 230; a favor, 228; en contra, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR DIVERSAS
MEDIDAS PARA QUE LAS INDUSTRIAS CONSERVERAS PUEDAN COMPETIR EN
CONDICIONES DE EQUIDAD CON LOS POSIBLES COMPETIDORES
EXTRACOMUNITARIOS.


662/000194

GPP


El señor presidente da lectura al punto 5.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos
enmiendas, una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los
senadores Iglesias y Mariscal, y otra del Grupo Parlamentario Socialista.
(Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor.


Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el senador López Veiga. (El señor vicepresidente, Lucas
Giménez, ocupa la Presidencia).


El señor LÓPEZ VEIGA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, hoy traemos una moción a esta Cámara que es compleja por
su formulación y por la naturaleza del problema. Es verdad que hace
especial referencia a las necesidades del grupo de transformación de
productos de la pesca, conservas, del congelado y también, es justo
decirlo, de la flota atunera congeladora. Quiero empezar por algo que es
desconocido. España es un país de secano y le cuesta mucho trabajo tener
mentalidad marítima, mentalidad oceánica. Hemos visto y discutido aquí
una moción sobre la internacionalización de la pesca, pero muy poca gente
sabe que precisamente el sector de la pesca de altura español es uno de
los que más se ha internacionalizado. Es un sector que ha sabido
adaptarse a las circunstancias cambiantes desde 1977, que ha sabido
asentarse e invertir en otros países, que con capital español ha hecho
potencias pesqueras que antes no lo eran, y que ha invertido precisamente
allí donde el capital cobarde y que tiene miedo a la inseguridad jurídica
no lo ha hecho. El sector pesquero español ha invertido fuertemente en
países africanos que no reciben otro tipo de inversión. Se ha asentado
allí, ha generado empleo para nuestra gente en circunstancias muy
complicadas y también, por qué no decirlo, ha generado seguridad de
suministro a nuestra propia industria de transformación. Para mencionar
unos cuantos ejemplos, Namibia es hoy una potencia pesquera gracias al
capital español gallego, pero podemos decir lo mismo de Senegal,
Mozambique, Angola, Argentina, Perú y otros muchos países donde los
españoles del mar se atreven a invertir y otros no lo han hecho. Esto
genera un flujo de retorno, o sea, la industria de transformación
española, la conserva y el congelado también depende de estas
importaciones.


Entonces, como cuestión de principio, como cuestión básica,
nosotros entendemos que en el mundo del mar lo que debe prevalecer es una
política liberal de importaciones por muchos motivos, por el interés de
nuestras propias empresas, porque necesitamos esa materia prima que no
debe estar gravada con impuestos innecesarios, y porque —para mí no
es lo menos importante, quizás sea lo más importante— es la manera
más práctica de hacer cooperación al desarrollo con estos países. Yo
invito a todos aquellos que no lo hayan visto nunca —y miro a
algunos senadores a los que sé que les interesa el tema— a que
visiten estos países y vean consciente o inconscientemente la gran labor
social que ha hecho la industria pesquera española por el bien de estos
países, por el bien del desarrollo y por el bienestar, incluso las
políticas de responsabilidad social corporativa que tienen y que son
ejemplares en muchos casos.


En este caso tratamos de un problema que consiste en que las
industrias conserveras, que no tienen flota y tienen otra manera de
internacionalizarse, necesitan materia prima para poder competir en
igualdad de condiciones con otras empresas de otros países. Y voy a hacer
un cambio en el orden de la moción, porque hay cosas que son más
importantes que un cupo o un no cupo libre de impuestos, como es el
respeto a los derechos humanos básicos y a los derechos de los
trabajadores en ciertos países que compiten con nosotros. Lo que pretende
esta moción deberíamos aprobarlo tuviéramos o no industria de conserva,
tuviéramos o no industria pesquera.


Hemos aprendido y, recientemente, muchos de los que estamos aquí
hemos tenido la oportunidad de conocer —nosotros lo sabíamos desde
hace poco cuando presentamos la moción— los informes que existen
sobre los regímenes de esclavitud, regímenes de explotación inhumana que
existen en todos los países asiáticos, y se focaliza principalmente en el
caso de Tailandia —aunque también existen en otros países que están
bajo sospecha, como Indonesia, y también en Filipinas— porque tiene
el suficiente desarrollo económico como para que no sucedan estas
vergüenzas.


Es verdad que en estos países, en estos regímenes existe una
explotación de la pesca ya que no respetan ni los mínimos establecidos en
los organismos internacionales sobre el trato a los trabajadores, el
trato humano; se violan los derechos humanos mediante trata de personas
que trabajan en regímenes de semiesclavitud como revelan los informes que
existen, y concretamente citamos los que recientemente ha sacado la
Fundación EJF, que denuncia claramente que incluso se han detectado casos
de trabajo infantil.


Pues bien, la Comisión Europea recientemente le ha sacado lo que
se llama una tarjeta amarilla a Tailandia. La tarjeta amarilla le avisa
de que si no corrige ciertos abusos que se han detectado esto puede
llevar a decretar el embargo o la prohibición de importación de estos
productos al mercado europeo. Lo que es triste —y esto hay que
denunciarlo, y debemos hacerlo desde el Senado— es que estos
contactos y todo esto ya lo sabía la Unión Europea desde 2011. ¿A qué
esperaba la Unión Europea para iniciar una acción semejante ahora,
en 2015? Yo tengo que decir que la Comisión Europea ha sido pusilánime,
no ha sido valiente, y es una vergüenza que un organismo como es la
Comisión, que tiene que velar por el respeto a estas cosas, haya
reaccionado tan tarde. Y esto lo decimos alto y claro en este Senado, que
además creo que represento a todos.


Por todo ello, el punto 3 va dirigido expresamente a que la Unión
Europea debe cerrar inmediatamente su mercado —lo permite el
Reglamento de pesca internacional, solo hace falta examinar con rigor las
disposiciones que tiene—, debe cerrarlo a estas producciones
provenientes de estos países por esto, simplemente por esto. Vuelvo a
decir que esto habría que hacerlo con industria de transformación o sin
industria de transformación, con industria atunera o sin industria
atunera.


No obstante, atendiendo a lo principal, que es el respeto a los
derechos humanos, tenemos que decir que, además, nuestra industria, tanto
la de conserva como la de extracción, sufre una competencia desleal. ¿Por
qué? Porque se está trabajando en unas condiciones y con unos costes de
explotación que no son aceptables bajo ningún régimen y, por tanto, no
puede aceptarse que esto no se examine también desde el régimen de la
competencia. Por eso yo quiero decir muy alto y muy claro que en el caso
de estos países, y concretamente en el caso de Tailandia, ni lomos de
atún ni latas, ni latas, ni lomos, ni lomos, ni latas, porque hay que ser
coherentes, y si queremos que se prohíban las importaciones de latas de
conservas de estos países tampoco podemos permitir que vengan los lomos
de atún. Esto es lo señala el punto 3, que he querido presentar en primer
lugar porque, después de lo que hemos sabido en la comisión del lunes,
realmente tiene que ser el principal motivo.


En segundo lugar, está la cuestión del cupo, del contingente libre
de importación. Es verdad que las industrias de transformación, las
conserveras —no las de transformación en frío—, dependen
muchísimo de que puedan disponer de una materia prima asequible, a
precios asequibles y por ello necesitamos que aumente el cupo. ¿Por qué?
Porque hay algunas empresas conserveras que tienen fuertes intereses en
la industria extractiva, en las industrias de flota, pero otras muchas
trabajan otros productos como son la sardina, la caballa, el marisco, las
navajas, el bonito del norte. Todo esto se enlata y necesitan ser fuertes
en la producción de lomos de atún, que hoy en día es uno de los
principales productos, y necesitan esta materia prima. Y son ellos los
que tienen que determinar sus necesidades, no sus suministradores.


Por eso, nosotros decimos que sí debe aumentarse este cupo libre,
este contingente arancelario libre de impuestos por muchos motivos:
porque es coherente con lo que las empresas pesqueras necesitan en
general, porque hay que dar parte a todos estos países —pobres
muchas veces, subdesarrollados, pero que cumplen la legislación—,
hay que darles un acceso a nuestro mercado y así el beneficio será mutuo,
que es lo que genera los vínculos más sólidos.


En cuanto a la flota atunera congeladora, tengo que decir que no
ha tenido un desarrollo distinto, también se ha internacionalizado, ha
tenido que invertir, ha tenido que cambiar el pabellón, pero para
nosotros es flota. Es una flota ejemplar, no cabe duda, tiene unas
condiciones de habitabilidad y unos barcos magníficos y hay que
apoyarlos. Pero este sector es el que se opone —y lo tengo que
decir claramente, se opone por motivos de tipo personal más que por una
lógica— a la apertura de los contingentes. Y tengo que decir que
hay una perversión económica, y es que esta flota vende en el mercado
internacional, lo tiene a su disposición, vende a cualquiera, pero lo que
no puede tener es un mercado semicautivo. Eso no es equitativo, salvando
como hay que salvar que no vengan las importaciones de estos países, de
ahí el punto 3. Haciendo esta salvedad, creo que todos podemos aceptar
que sí hay que liberalizar. Porque a Galicia y a la industria pesquera de
Galicia no le interesa una política comercial cerrada, le interesa la
libre competencia, la movilidad de capitales y de gentes y no estamos de
acuerdo con el principio de mantener un mercado cautivo para determinada
flota.


Es verdad que hay que tener una atención especial con esta flota,
hay que procurar reducir sus costos de explotación. Por eso está el
punto 4, por el que queremos que una norma que este Gobierno ha
introducido, que es el Registro especial de empresas pesqueras que faenan
más allá de las 200 millas, permita hacer importantísimas desgravaciones
fiscales, exenciones y se ponga en funcionamiento cuanto antes. En esto
estamos de acuerdo porque es esencial para disminuir de una manera
legítima y en un ambiente de economía de libre mercado los costos de
explotación. Por esto es por lo que hemos querido balancear los intereses
de todo.


Finalmente, tengo que decir que esta discusión no puede ser
atenuada, tenemos que sentarnos todos, con la cabeza fría, y hacer un
plan estratégico a diez o veinte años vista de cuál es la filosofía, la
estrategia que queremos y procurar tomar las medidas adecuadas para que
no se lesionen los intereses generales de nadie, y por eso tenemos este
punto 2. Nosotros entendemos que la moción es compleja, por eso tiene 4
puntos, es un todo que equilibra las cosas. Insisto, la coherencia es
buena siempre, para unos y para otros. Y remato, en relación con
Tailandia, la Comisión tiene que espabilar, tiene que ser enérgica, sobre
todo por razones humanitarias, pero también porque se está haciendo una
competencia desleal a la flota y a la conserva. Termino con lo que dije
antes: de estos países ni lomos ni latas. Espero, señorías, que den apoyo
a esta moción.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


A esta moción se han presentado dos enmiendas: una del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, y otra del Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la primera, tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


La enmienda que hemos formulado el senador Mariscal y yo mismo
pretende incorporar al texto que en el etiquetado de las conservas se
refleje la flota que realizó esa captura y en qué aguas. Con esta
incorporación pensamos que se refuerza la intención del proponente en
tanto en cuanto que permite dar más valor a las capturas de calidad y
ampliar la capacidad de decisión del consumidor, que al final es quien
manda. En todo caso, la reivindicación de la pesca artesanal histórica
también se aproxima a este planteamiento.


Es cierto que el Reglamento europeo por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de productos de la pesca y la
acuicultura exime a los productos en conserva de la pesca de indicar la
zona de captura o producción, pero el que los exima no quiere decir que
los prohíba. Y también reconozco que se han producido situaciones
conflictivas en relación con el tamaño de los tipos con que se exprese
cualquier denominación geográfica en relación a estos productos. Por
cierto, en mi tierra se ha dado una situación curiosísima en relación con
una famosa sidra achampanada de Villaviciosa y conocida en todo el mundo,
en que la aplicación de la normativa comunitaria discute el tamaño con
que ha de aparecer la denominación Villaviciosa en la etiqueta.


Pero más allá de estas sutilezas, difíciles de comprender en
muchos casos, entendemos que debe reflejarse en las etiquetas tanto la
flota que ha realizado la captura como en qué aguas se ha producido. Sin
ninguna duda, esto abunda en los contenidos de la moción, en sus aspectos
laborales. El proponente hablaba de derechos humanos; de hecho, esto no
se dice tan claramente en la moción. Una de las cuestiones que me planteé
enmendar era que aparecieran expresamente reflejados los derechos
humanos, pero sí considero que el que se reivindique la exigencia del
respeto a las condiciones mínimas de prestación de la relación laboral
reconocidas por las resoluciones de la Organización Internacional del
Trabajo y por los convenios internacionales supondría un avance en
cualquier caso en este sector concreto.


De todas maneras, habría que hacer la reflexión de que para que de
verdad tenga sentido y eficacia esta exigencia, no debiera acotarse
exclusivamente al sector de las conservas de pescado sino que en buena
lógica debiera formar parte de los planteamientos de política comercial
exterior de nuestro país en todos y cada uno de los sectores, es decir,
en el sector de las conservas de pesca pero también en el sector textil,
para que en Bangladesh no se produzca la mayor parte de las ropas que
comercializan en nuestro país conocidísimas marcas, algunas de ellas
internacionales españolas. Reconozco lo adecuado y correcto de que en uno
de los sectores esto se reivindique y también que sobre esa base
convertida en ejemplo se planteen nuevos pronunciamientos de esta Cámara
que extiendan esa exigencia al resto de los sectores comerciales y de
producción de nuestro país. Es precisamente el reflejo en la etiqueta de
flotas y aguas en que se ha producido la captura lo que permite no solo
plantear decisiones políticas de restricción comercial en el seno de la
Unión Europea, sino también hacer una llamada a la conciencia de los
ciudadanos para que, como consumidores, a la hora de tomar la decisión de
adquirir un producto u otro no se queden en el precio más barato, me
refiero a aquellos que puedan —quienes no pueden es evidente que no
tienen opción—, sino que tomen en consideración la forma en que se
elaboró ese producto. Ello significará también una medida eficaz para
respaldar a nuestra industria conservera, a nuestro sector pesquero y
para lograr que un sector siempre presente en la preocupación política
como es el sector artesanal vea en una medida de estas características
una posibilidad de obtener mejores rendimientos de sus capturas.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de la
enmienda, tiene la palabra el senador Fidalgo.


El señor FIDALGO AREDA: Bos días, Señor Presidente.


Señorías, permítanme que faga esta intervención na miña lingua
galega, dada a importancia que para Galicia ten o sector pesqueiro e o
sector da industria conserveira, que vén ser o segundo do mundo.


O Grupo Socialista teño que dicir, en primeiro lugar, que apoia a
medida de que o Goberno traballe para que a industria conserveira teña a
suficiente materia prima para manter a competitividade e a actividade de
emprego de milleiros de persoas, sobre todo mulleres, nas diferentes
comarcas pesqueiras e que ten unha especial incidencia en Galicia.


Pensamos que esta moción, dunha parte, reflicte bastante ao pé da
letra as reclamacións dunha das partes do sector (importante, sen
dúbida), pero que non é o único. Cremos que o sector extractivo ten
mostrado a preocupación pola incidencia das importacións no prezo das
capturas que fai a flota española. Ámbolos dous sectores dan traballo e
dan emprego, que é —ao final— o tema que máis nos importa.
Por iso, a nosa emenda pretende que no deseño das políticas futuras a
longo prazo necesarias nesta materia —á marxe das cuestións que
propomos a curto prazo— se busque un entendemento de todas as
partes, un equilibrio entre os diferentes intereses. E, polo tanto,
defendemos que se fose necesario defender continxentes arancelarios de
importacións para a industria e aquelas importacións que necesita a
industria para manter a súa actividade, tamén se tomen medidas por parte
do Goberno e da Unión Europea para que a flota pesqueira española non
pague no prezo do atún que lle vende a esa mesma industria. Non pode ser
a flota a que pague ese custo e as vantaxes competitivas que pode gañar a
industria conserveira.


Por iso, pensamos que se poden tomar medidas. Algunhas delas
poderían ser que primeiramente se merque a produción dos nosos buques,
que iso non supoña un prezo baixo, que se garantan os custos de produción
da actividade pesqueira deses buques. Cremos, polo tanto, necesario
apoiar a industria conserveira coa importación de materia en condicións
competitivas que permitan manter ese emprego, pero salvando tamén a flota
de buques pesqueiros que se dedica á pesca do atún, para que a venda a
prezos que faga tamén competitivos eses buques e de forma que sexan os
primeiros en vender as capturas a esa industria e de forma que tamén se
manteñan eses postos de traballo.


Por iso, esperamos que sexa posible incluír esta contribución,
para que o acordo que hoxe teñamos —se é posible pola maioría ou
pola totalidade dos grupos— sexa un acordo máis equilibrado e máis
xusto. Por iso demandamos do Grupo Popular que tome en conta esta
consideración.


Moitas grazas!


Buenos días, señor presidente.


Señorías, permítanme que haga esta intervención en mi lengua
gallega, dada la importancia que para Galicia tiene el sector pesquero y
el sector de la industria conservera, que viene a ser el segundo del
mundo.


En primer lugar, el Grupo Socialista quiere decir que apoya la
medida de que el Gobierno trabaje para que la industria conservera tenga
suficiente materia prima como para mantener la competitividad y la
actividad de empleo de miles de personas, sobre todo, mujeres, en las
diferentes comarcas pesqueras, ya que tiene una especial incidencia en
Galicia.


Pensamos que esta moción, por una parte, refleja bastante al pie
de la letra las reclamaciones de una de las partes del sector,
importante, sin duda, pero que no es lo único. Creemos que el sector
extractivo ha mostrado ya la preocupación por la incidencia de las
importaciones en el precio de las capturas que hace la flota española.
Los dos sectores dan trabajo y empleo, lo que, al final, es el tema que
más nos importa. Por esto, nuestra enmienda pretende que al diseñar las
políticas futuras a largo plazo necesarias en esta materia, al margen de
las cuestiones que planteamos a corto plazo, se busque una comprensión
entre todas las partes, un equilibrio entre los distintos intereses. Por
tanto, entendemos que si fuese necesario defender contingentes
arancelarios de importaciones para la industria, aquellas importaciones
que necesita la industria para mantener su actividad, se tomen medidas
por parte del Gobierno y de la Unión Europea para que la flota pesquera
española no pague en el precio del atún que le vende a esa misma
industria. No puede ser la flota la que pague ese coste de las ventajas
competitivas que puede ganar la industria conservera.


Por eso, pensamos que se deben tomar medidas. Alguna podría ser
que primero se compre la producción de nuestros buques y que no suponga
un precio bajo. Que se garanticen unos costes de producción de la
actividad pesquera de esos buques. Creemos necesario apoyar a la
industria conservera con la importación de materia en condiciones
competitivas que permitan mantener ese empleo, pero salvando también a la
flota de los buques pesqueros que se dedican a la pesca del atún para que
la venta a precios que también sean competitivos para esos buques sea
posible, de manera que sean los primeros en atender las necesidades de
esa industria y que se mantengan también esos puestos de trabajo.


Esperamos que sea posible incluir esta aportación, para que el
acuerdo que hoy adoptemos, a ser posible, por la mayoría o totalidad de
los grupos, sea un acuerdo más equilibrado y más justo. Por este motivo,
demandamos del Grupo Popular que tenga en cuenta esta consideración.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Fidalgo.


Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o
no las enmiendas presentadas.


El señor LÓPEZ VEIGA: Moitas grazas, señor presidente.


Señorías, amigo Fidalgo, eu vou falar en castelán, aínda que me
gusta moito falar en galego, porque quiero vender mi burra, quiero que me
entiendan bien todos los que están aquí que no lo hablan. (Rumores.)


Yo quiero decir, simplemente, que son diferencias de filosofía,
pero a todos nos mueve el bien común y cada uno lo defiende como sabe y
puede. En primer lugar, voy a tratar la enmienda del Grupo Socialista,
señor Fidalgo. Yo tengo que agradecerle la enmienda, porque realmente es
sensata. Además, aprecio especialmente que usted la haya incluido en el
punto 2, porque eso nos permite sentarnos a negociar y considerar con un
plazo prolongado de tiempo los pros y los contras de las acciones que
haya que desarrollar. Por eso, le digo que sí la aceptamos sin más.
Además, esto equilibra aún más porque da una perspectiva a largo plazo de
un tema que es vital para Galicia, para el País Vasco y para otros muchos
sitios porque estos son precedentes que se van estableciendo.


En cuanto a la enmienda del señor Mariscal, créame, de verdad, que
le tengo que decir que no pero no porque me produzca un rechazo de
principio, sino porque creo que este no es el momento, por muchos motivos
que intentaré explicarle, no voy a darle un no porque no. Dice que es
excesivamente normativo y esto obligaría ya a hacer esto, una cosa que
hoy por hoy es imposible dada la estructura tanto de la empresa de la
conserva como del mercado de los lomos de atún, que tiene una circulación
muy amplia, y porque no existe la constancia de este origen en muchas
mercancías que se importan. Precisamente, tengo que decir que, en estos
momentos, España, a través de la Ley de pesca marítima que hemos
aprobado, es quien está a la cabeza de la Unión Europea precisamente por
la legislación que hemos aprobado hace poco, que muchos de ustedes no
votaron porque decían que era excesivamente restrictiva, pero no es así
porque va dirigida a combatir la pesca ilegal no reglamentaria y no
documentada. Incluso, permite perseguir a los propios súbditos españoles
que invierten de manera indecorosa en ciertas actividades que todos
queremos ver erradicadas, no queremos que nuestro pabellón se manche con
esto en nombre de nuestro país.


No digo que no haya que discutir este tema, se lo digo claramente
y espero que me entienda en sentido positivo, sí hay que discutir. Tal
como están las cosas hay que hacer mucho más antes porque muchas de estas
importaciones vienen de países que no están en disposición de dar esta
información, mucho menos en relación con la lata de conservas.


Por esto le tengo que decir que no la acepto pero no me cierro, ni
el Grupo Popular se cierra a discutir este tema en otras mociones y
cuantas veces crea oportuno. Simplemente, queremos mantenernos en el
esquema que tenemos para resolver un problema concreto. Le aconsejo que
lea con detenimiento la exposición de motivos de la moción, que creo que
es clarísima en cuanto al respeto de los derechos humanos. En un punto de
la moción se hace referencia al respeto de la legislación internacional,
que son los derechos del trabajo y los derechos humanos en general; tenga
usted la seguridad de que no pretendemos ocultarlo. Hemos dicho, y lo
reitero otra vez, que la Comisión ha tenido una postura cobarde, tardía y
ha hecho demasiado poco y demasiado tarde, como se nos ha dicho a los
españoles tantas veces en pesca.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


¿Turno en contra? (Denegaciones).


Pasamos al turno de portavoces.


Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Intervengo
con toda brevedad.


Como estaba seguro de que no me iba a aceptar la enmienda
—le voy a explicar por qué estaba seguro—, le agradezco que,
al menos, abra un escenario en el que resulte posible tomar en
consideración mecanismos similares a los que la enmienda plantea.


¿Por qué le digo que estaba seguro de que no me iba a aceptar la
enmienda? Por dos razones. La primera porque sé que este es motivo de
discrepancia dentro del sector; mientras las empresas de menor tamaño
reivindican, por sus fuentes de suministro, la inclusión en el etiquetado
de flota y aguas, como una referencia en su opinión —creo que
acertada— interesante, para reforzar la imagen del producto, las
grandes conserveras lo han rechazado abiertamente. La segunda porque,
como me habrá escuchado en diferentes ocasiones, yo siempre les he
reconocido a ustedes la coherencia. Sé lo que pasó en el Parlamento
Europeo cuando se aprobó la normativa a la que hacía antes referencia, el
Reglamento europeo por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de productos de la pesca y la acuicultura. Porque
la base que sirvió para la elaboración de este reglamento, que era el
informe Stevenson, sí incluía como uno de sus contenidos el proyecto que
llegó al Parlamento Europeo, que proponía que la etiqueta reflejara la
información a la que hace referencia la enmienda; lo incluye, para ser
más concretos, en el párrafo segundo del artículo 42. Decía que resultaba
obligatorio indicar las materias primas de las conservas y su
procedencia, pero ello fue eliminado en el debate del Parlamento Europeo
precisamente por una enmienda de una eurodiputada gallega del Partido
Popular, con lo cual pocas esperanzas puedo tener yo de que hoy, aquí,
ustedes vayan a respaldar esta enmienda, que tampoco ha sido formulada
con mala fe; yo me enteré después. Primero pensé en la enmienda y, a la
hora de ponerme a redactarla y recabar más información, tuve conocimiento
de que se había dado esta circunstancia.


Por lo tanto, reitero que había buena fe en el planteamiento
inicial, con el que pretendía que se adoptase una decisión que, en mi
opinión —y puedo estar equivocado—, resultaría un instrumento
útil para conseguir gran parte de los objetivos que motivan la moción y
favorecería al sector de la pesca y también, al menos, a una parte del
sector conservero. De ahí que obviamente, a pesar de los argumentos del
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, mantenga la enmienda.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el
senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna, egun on
senatari jaun-andreok.


Usted sabe que voy a ser la voz discordante; con sus mismos
argumentos voy a llegar a conclusiones diferentes.


Primero, tengo que decirle que estoy absolutamente de acuerdo con
el milagro que ha supuesto la industria pesquera, no solamente en el
país, sino, como usted bien ha dicho, en otros países en los que hacía
verdaderamente falta, por ejemplo, para el desarrollo de terceros países,
etcétera, y también, en el desarrollo del Estado, en cuestiones tan
importantes como las tecnologías conservera y pesquera, los astilleros,
etcétera. Precisamente esta flota de túnidos es la más moderna, no ya en
el Estado español, sino en el mundo, y aunque no sea en hoteles de cinco
estrellas —lo digo por una discusión que surgió el otro día—
los barcos son dignos de ser vistos.


Yo me quedo con su punto 3, con ese estoy absolutamente de
acuerdo. Lo hemos dicho muchas veces y usted lo sabe, lo que pasa es que
la realidad hace imposible que eso se cumpla si se mantienen los puntos 1
y 2. Y la realidad es que no hay que ser pusilánime, no hay que serlo,
con todo lo que se recoge en el punto 3 —no se puede ser
pusilánime, estoy de acuerdo con ustedes—, pero tampoco podemos ser
pipiolos y pensar que el principal productor de productos derivados de la
pesca en túnidos no vaya a entrar en lo que ustedes plantean en los
puntos 1 y 2. Por lo tanto, tenemos que ser duros, pero no podemos ser
pipiolos.


Hay una cuestión que sí quiero comentar para hacer una salvedad.
Usted ha dicho que la flota atunera española practica una política
liberal de ventas; evidentemente, como la flota conservera. Estoy seguro
de que usted y la gente que tiene buen gusto, en Tailandia, compran
conservas gallegas. No tengo ninguna duda; las conservas tailandesas las
mandan a Europa. Por lo tanto, tanto unos como otros tienen una política
liberal de ventas. Lo que no me gusta mucho es que en la siguiente frase
se hable de la pesca ilegal no declarada, porque hay un nexo de unión.
Dice: Vende tanto al mercado nacional como a las empresas conserveras de
otros países, muchas de las cuales son competidoras directas. Y continúa
diciendo que varios de estos países competidores directos se surten de
pesca ilegal. Yo sé que no lo quería decir, pero hubiera quedado mejor
introducir un párrafo en medio, así no generaría ninguna duda.


Pero vamos a hablar del tema. Si hablamos de materia prima cabe
preguntarse: ¿hay materia prima suficiente? Sí. ¿A buen precio? También,
y no hace falta echar mano de los contingentes. La flota española y sus
asociadas, como usted ha comentado antes, pescaron 566 000 toneladas; la
flota francesa, 100 000 toneladas; y la flota de países con régimen
preferencial, esencialmente países latinoamericanos y africanos,
unas 52 000 toneladas. En total 720 000 toneladas para las 350 000
toneladas de conserva de atún que se generan en toda Europa —porque
el contingente es para toda Europa, no solo para España, del que se habla
en los puntos 1 y 2 de la moción—.


El precio del atún listado ha pasado de 1800 euros tonelada
en 2013 a 800 euros tonelada en la actualidad —hablo del atún
entero—. En estos momentos los frigoríficos de las empresas
españolas están llenos de mercancías de altísima calidad y a ese precio.
Solo los países sin régimen preferencial tienen aranceles para las
exportaciones a la Unión Europea, y estos son esencialmente países de
Asia, Tailandia, Vietnam, China, y seguro que se me olvida algún otro.
Los contingentes de los que se habla en los puntos 1 y 2 vienen de esos
países sin aranceles, porque el resto de los contingentes ya están sin
ello. Por tanto, cuando hablamos de estos contingentes sin aranceles nos
referimos a los de esos países que no tienen ningún tipo de tratado
preferencial con la Unión Europea, o tienen capital español o
europeo.


El interés de la industria por estos contingentes no viene de que
no tengan aranceles, sino del precio. De hecho, si lo analizamos, en
el 2015 se agotó el contingente en el momento en que salió, porque el
precio era de 3300 euros tonelada, en cambio, en el 2012, el contingente,
que encima era menor, duró hasta noviembre porque el precio era de 4800
euros tonelada. Así pues, el factor de interés es el precio, no el hecho
de que no tenga aranceles. Y ello es así porque ese precio modifica el
del resto del atún que no es de estos países asiáticos de los que estamos
hablando, sino de los cupos de flota española y asociada, así como de la
francesa y que tiene convenio.


¿Y por qué es más barato? Porque evidentemente tiene menor
calidad, porque los costes de producción son menores, porque los orígenes
son los que son, y además porque son lomos, no son atunes enteros, de los
cuales una parte de su manufacturación no se hace aquí, se hace en
origen, y eso provoca que el producto sea más barato. ¿Pero cuánto más
barato? Entre un 5 % y un 10 %. Si la producción total de conservas de
Europa es de 350 000 toneladas al año y estamos hablando de un
contingente extra arancelario erga omnes de 30 000, el total de lo que se
produce, suponiendo que no hubiera ninguna pérdida y todos los lomos
fueran directamente a lata, sería el 8 %, solo se ahorraría, entre el 5 %
y el 10 %, ese 8 %. Evidentemente, esto aumentará la competitividad, pero
no será precisamente el factor que haga mantener las empresas conserveras
en el Estado español ni en Europa. Esta no es la vía. La vía es el
punto 3 de su moción, para asegurar precisamente que lo hacemos bien. Yo
lo dije el otro día, y no lo voy a repetir porque casi no tengo tiempo,
pero, según el estudio del propio sector, en un documento de Anfaco,
el 85 % de las conservas de atún de importación que se comercializan en
el mercado comunitario no cumplen con la normativa obligatoria, y eso es
lo que tenemos que discutir y en lo que no tenemos que ser pusilánimes.
Hablamos de las conservas que vienen de esos países, que son pescado de
Asia conservado en esos países, pero ¿y dónde se sacan los lomos? Pues en
esas mismas conserveras de esos mismos países con ese mismo pescado. Es
incoherente mantener el punto 3 y permitir el punto 1, porque estamos
fomentando que ese mismo pescado venga de otra manera. Porque si eso
ocurre con las conservas, ¿qué pasa con los lomos? ¿Es que estos países
pescan de manera diferente si es para vender lomos a Europa o si es para
sus conserveras? ¿Las conserveras que producen ese producto semielaborado
—no lo defino yo, sino Anfaco en su documento— son otras que
las que elaboran las conservas que luego se venden bien en lata o de otra
manera? Ahí es, por tanto, donde creo que entramos en la
incoherencia.


Hablemos de puestos de trabajo, que de esto también quiero hablar
antes de agotar mi tiempo.


Los contingentes que vienen son de atún listado y de yellowfin, y
esencialmente pequeños entre cosas, de ahí su precio. Para
conseguir 30 000 toneladas de lomo de listado hacen falta 75 000
toneladas de atún entero, para conseguir 30 000 toneladas de lomo de
yellowfin hacen falta 65 000 toneladas de atún entero. Cada mujer podría
limpiar al día entre 250 y 400 kilos de este pescado. Vamos a suponer que
cada mujer —podría haber dicho cada operario, pero esencialmente
son mujeres— limpia 400 kilos —para que veamos qué se
produce—. Para limpiar y preparar 75 000 toneladas de listado hacen
falta 175 000 jornadas laborales de 8 horas, más un 15 % y un 20 % de
jornadas de personas que están alrededor quitando y poniendo las cajas,
poniendo las parrillas, etcétera. Por lo tanto, se necesitarían a 400
kilogramos/día mil mujeres en 218 días laborables. Todas estas cifras, si
se trajeran atunes enteros, saldrían en las conserveras españolas, pero,
como se traen en lomos y no vienen enteros, esos puestos de trabajo se
pierden. Y cuanto más grande sea el contingente más puestos se pierden.
Esto es así, y no lo digo yo, que al fin y al cabo no lo he hecho nunca,
lo dicen los mismos conserveros, y usted sabe que dentro de la misma
industria hay empresas que no están de acuerdo con esto.


Hay otro tema —y no sé si me va a dar tiempo— que es
el del Parlamento y de la Unión Europea. Se ha luchado para que la
conserva de atún se considerara producto sensible a la hora de negociar
los acuerdos de libre comercio con Tailandia, por tanto, ahora no se
puede ir a pedir al Parlamento Europeo y a la Comisión —que han
dicho que sí, aunque de manera muy pusilánime— que peleen contra
las conservas, que las considere sensibles para que no entren dentro de
ese acuerdo, y por otro lado decir que no se preocupen, que esos mismos
lomos me los deje, que yo los voy a traer. Eso no puede ser, entre otras
cosas porque se van a perder los pocos o ningunos apoyos que ya de por
sí, y esa es una queja que hemos tenido siempre, en el Parlamento y en la
Comisión ha tenido la industria pesquera, esencialmente la del Estado
español.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya
finalizando.


El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señor presidente, diez
segundos.


Evidentemente, estamos de acuerdo con el último punto. Pero no
solo eso, en septiembre de 2013 se lo pedimos al ministro Cañete y nos
dijo que sí; en diciembre de 2013, si no me equivoco, se hizo el decreto
para generar el registro especial. Llevamos año y medio y este registro
no se ha hecho. La Unión Europea está diciendo: Ustedes no tienen
interés, por lo tanto no mantengo la directrices de 2008. Y lo importante
no es el registro en sí mismo, sino todas las ventajas fiscales que se
derivan de ese registro, sobre todo en lo que se refiere a las
cotizaciones de la Seguridad Social, que estaban recogidas en las
directrices del 2008. Debido a la falta de interés de este Gobierno y del
anterior —igual menos de este Gobierno, pero de los dos—, la
Comisión Europea simplemente va a decir: ¿Para qué voy a mantener unas
directrices si a ustedes mismos no les interesan porque no han hecho nada
para que se cumplan?


Por lo tanto, nos parece que la vía no es el punto número 2, es el
punto 3, y el punto 4 evidentemente. Los puntos 1 y 2 hacen que la moción
nos resulte incoherente y por eso inaceptable.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Cazalis.


Por el grupo de la Entesa, tiene la palabra el señor Boya.


El señor BOYA ALÓS: Gràcies senyor president.


Senyories, amb una intervenció més breu, perquè la meva distancia
territorial i de coneixement sobre la qüestió així m’ho exigeix, la
veritat és que, senyor López Veiga, és un debat aquest interessant i
complex. Jo he fet una aproximació prudent, però és veritat que, llegits
els informes que hem vist i que el senyor Cazalis ha fet una extensa
explicació, concretament de la Confederació Espanyola de Pesca, hi ha
algunes qüestions que grinyolen en l’àmbit de la moció.


Algunes de les coses que vostè ha afirmat ens semblem molt
raonables i és veritat que des del punt de vista de la competitivitat la
liberalització del mercat té molt d’interès, però és veritat que hi
ha algunes contradiccions. No m’hi referiré en detall, perquè ho ha
fet el senyor Cazalis, però voldria subratllar la que afecta a la creació
dels llocs de treball, i que d’alguna manera la importació dels
lloms acaba generant un problema en els llocs de treball. Jo espero la
seva intervenció perquè crec que és molt important conèixer
l’argument, o el contra argument que vostè pugui donar a aquesta
afirmació que va l’informe de Cepesca.


D’altra banda crec que, efectivament, hi ha una qüestió de
fons en aquesta matèria, és una qüestió que ha comentat el senador
Iglesias i que jo estic d’acord amb ell. Ens afecta a molts altres
productes que tenen a veure amb la qualitat alimentaria, i per tant la
informació transparent a la que té dret el consumidor, que ha de saber on
es produeix aquell producte i de quina manera arriba al mercat, en quines
condiciones i en quines condicions s’ha produït. I és veritat que
això no és objecte d’






aquesta moció, però es una qüestió sobre la
que hem debatut, ho hem fet sobre la mel i d’altres productes, i
com vostè ha dit, crec que és un tema que s’haurà d’abordar
en un moment o altre, però que possiblement no és aquest el marc.


Per tant, des de la nostre perspectiva, creiem que l’esmena
del Partit Socialista que ha defensat el senador Fidalgo, pot ajudar a
buscar un punt d’equilibri, i des d’aquesta perspectiva, el
que ens agradaria seria ser coherent amb una afirmació que vostè ha fet
d’una forma molt reiterada i espero la seva explicació per veure de
quina manera contraargumenta aquesta qüestió que ha plantejat el senyor
Cazalis i que diu la Confederació Espanyola de Pesca, però la seva
afirmació de ni lomos ni latas, crec que ho ha deixat bastant clar. Per
tant, crec que l’esmena presentada per el Partit Socialista pot
ajudar a posar el punt d’equilibri, i en principi el nostre vot, a
l’espera de les seves explicacions, serà favorable.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


Señorías, haré una intervención más breve por mi distancia
territorial y por mis conocimientos sobre la cuestión, que así me lo
exigen.


Señor López Veiga, la verdad es que este es un debate interesante
y complejo. He hecho una aproximación prudente y es cierto, una vez
leídos los informes sobre los que ha hecho una extensa explicación el
señor Cazalis, concretamente el de la Confederación Española de Pesca,
que existen algunas cuestiones no muy claras.


Algunas de las cosas que usted ha afirmado nos parecen muy
razonables. Es cierto que la liberalización del mercado tiene mucho
interés desde el punto de vista de la competitividad, pero también es
verdad que existen algunas contradicciones. No me referiré a ellas con
detalle, porque lo ha hecho el señor Cazalis. Querría subrayar
especialmente que la importación de los lomos acaba generando un problema
para la creación de los puestos de trabajo. Yo espero su intervención,
porque creo que es muy importante conocer el argumento o el
contraargumento que pueda usted dar a esta afirmación del informe de
Cepesca.


Por otro lado, creo que, efectivamente, hay una cuestión de fondo
en esta materia y es, como ha dicho el senador Iglesias —y estoy
muy de acuerdo con él— que afecta a muchos otros productos
relacionados con la calidad alimenticia y a la información transparente a
la que tiene derecho el consumidor, que tiene que saber dónde se produce
aquel producto, de qué manera llega al mercado, en qué condiciones y
también en qué condiciones se ha producido. Es cierto que esto no es
objeto de esta moción, pero es una cuestión sobre la que hemos debatido
—lo hemos hecho sobre la miel y sobre otros productos— y que,
como usted ha dicho, habrá de abordarse en un momento u otro, y quizás
este no sea el marco.


Por tanto, desde nuestra perspectiva, creemos que la enmienda del
Grupo Socialista, que ha defendido el señor Fidalgo, puede ayudar a
encontrar un punto de equilibrio. Por ello, nos gustaría ser coherentes
con la afirmación que usted ha hecho de una manera muy reiterada, sobre
la que espero su explicación, para ver de qué modo contraargumenta esta
cuestión que ha planteado, insisto, el señor Cazalis, y que dice la
Confederación Española de Pesca de ni lomos ni latas, que creo que lo ha
dejado bastante claro.


No me extiendo más. Insisto en que la enmienda presentada por el
Grupo Socialista puede ayudar a encontrar un punto de equilibrio. En
principio, nuestro voto, a la espera de sus explicaciones, será
afirmativo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Boya.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies senyor president,


A diferencia del portaveu socialista, parlaré en català com faig
sempre a las mocions, no quan interessa a un sector clarament determinat,
però val més que de tant en tant, també faci ús de la seva llengua,
perquè vàrem lluitar molt perquè en aquest Senat es poguessin parlar
totes les llengües oficials.


Dit això, aquesta és una moció que el nostre grup podria fer-ho
tot: votar en contra, com ha anunciat el portaveu del Partit Nacionalista
Basc, es podria abstenir, podria votar a favor, fins i tot, com ha dit el
portaveu de l’Entesa, que en ell li quedava lluny, és veritat, no
sols perquè estigui a l’interior de Catalunya, sinó perquè
Catalunya és un sector que no té incidències des del punt de vista
socioeconòmic, però Convergència i Unió, des de sempre, intenta sempre
entrar al debat, i més quan afecta llocs de treball, temes econòmics, per
una raó molt senzilla, perquè estem aquí per defensar Catalunya, sens
dubte, que és el territori que ens ha anomenat, però també per aportar
tot allò que a nivell d’Estat pugui ser positiu i ajudar a
sectors.


Per tant, votarem a favor, no em èmfasi, no amb il·lusió, no amb
moltes ganes, perquè hi ha algun aspecte que no ens agrada
d’aquesta moció. Creiem que és una moció positiva, que vol ajudar
al sector, per tant, votarem a favor, però hi ha algun aspecte de la
moció que no ens agrada. El nostre ha estat un grup molt proteccionista
des del punt de vista ecològic, d’espècies, i aquest portaveu
s’ha significat sempre com un defensor de l’ecologia, de
l’animalisme i de la protecció de les especies.


Nosaltres no estem en absolut d’acord amb el primer apartat
que diu: «realizar las gestiones necesarias para la consecución de la
ampliación del contingente arancelario de los lomos de atún que se cifran
en torno a 30 000 toneladas para el período 2016-018.» Nosotros no
estamos de acuerdo en cambiar los aranceles, i no ho estem per la
senzilla raó de que creiem que aquests aranzels són proteccionistes i que
intenten protegir l’espècie, i que evita que hi hagi una pesca
indiscriminada i que hi hagi ancha es Castilla, per tant, estàvem a punt
de votar no per això, però ens ha primat més la bondat de la moció, que
és una moció que intenta ajudar al sector, que té aspectes molt positius,
que vostè molt bé ha dit. En el punt 3 es demana que es facin gestions
immediates a les autoritats comunitàries per tancar immediatament el
mercat de productes processats i en conserva, procedents de països que no
respectin escrupolosament la normativa comunitària relativa a la pesca
il·legal, que també eviti l’explotació laboral, i sols aquest punt
ja ens permet donar suport a la moció. Fa pocs dies, el portaveu del
Partit popular i jo mateix escoltaven a una ONG, escoltàvem el sector,
que es parlava d’això: d’esclavitud, de lacra laboral, de
nens incorporats a països com Tailàndia, vostè també ha parlat de la
tarjeta amarilla.


Per tant, aquesta és una moció que veiem més bondadosa des del
punt de vista de protegir el sector econòmic, el sector laboral, i fins i
tot, d’evitar que entrin productes de zones on la pesca és
il·legal, on no es respecten els drets humans, etc.


També voldríem deixar clar, i el senador Iglesias i el senador
Mariscal han presentat una esmena de que caldria un etiquetat,
s’hauria de saber l’origen, perquè s’ha parlat moltes
vegades de que se sàpiga l’origen dels productes. Així sabríem
quins productes tenen origen legal, quins productes han estat pescats,
elaborats, des del punt de vista de la normativa europea, de respecte a
la normativa, i aquest no etiquetatge d’origen, no saber d’on
venen, això perjudica molt el sector.


Què farem nosaltres? Votarem a favor, malgrat que aquesta,
benvolgut senador del Partit Popular, aquesta és una iniciativa que és
redundante, perquè el 3 de maig del 2011, el Diari de les Nacions publica
un altre iniciativa del Grup Parlamentari Popular per la que
s’insta a l’adopció de mesures davant la Unió Europea
d‘acord amb els Estats, que permeti l’entrada de productes
transformats per evitar possibles efectes en el sector atunero espanyol.
Per tant el 2011 ja fèiem el mateix, és veritat que parlàvem de Papua,
parlàvem de la zona asiàtica, però el mateix, demanar protecció per el
sector. Per tant, és una iniciativa redundant, és una iniciativa en la
que el Govern no se’n acaba de sortir. És veritat que és
competència de la Unió Europea, és veritat que el Partit Popular ha
deixat constància reiteradament del seu «enfado» per l’actitud de
la comissaria de Pesca, és veritat, però també és cert que el Govern
espanyol tampoc pren mesures de suport al sector de la transformació de
les conserves de productes de la pesca. Per tant, entre vostè i jo senyor
senador del Partit Popular, la votarem per solidaritat amb el sector que
pateix.


Estem d’acord amb el què ha dit el senador del Partit
Nacionalista Basc, que vostès parlen de lomos de atún, i quan parlen de
lomos de atún, des del punt de vista laboral, la incidència a
l’Estat és mínima, perquè el peix ja ve treballat, ja arriba la
part final, la part que queda, o sigui que ja hi ha una reducció en
possibles llocs de treball, però també és cert que quedarà constància una
vegada més de la petició de que es pugui combatre la pesca il·legal, que
els drets humans i les llibertats, des del punt de vista laboral, en
aquests països asiàtics han de combatre’s des de la Unió Europea,
s’ha de combatre tota aquesta il·legalitat.


Per tant, malgrat que no estem d’acord en augmentar els
aranzels, els percentatges, sí estem d’acord amb combatre la
il·legalitat i en donar suport al sector.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, señor presidente.


A diferencia del portavoz socialista, hablaré en catalán, como
hago siempre en las mociones, no cuando le interesa a un sector
claramente determinado. Es bueno que de vez en cuando se haga uso de
esto, porque luchamos mucho para que en este Senado se pudieran hablar
todas las lenguas oficiales.


Dicho esto, paso a señalar que esta es una moción sobre la que
nuestro grupo podría votar en contra —como ha anunciado el portavoz
del Partido Nacionalista Vasco—, podría abstenerse, podría votar a
favor. Incluso podría decir, como el portavoz de Entesa, que le queda
lejos —es cierto—, no solo porque esté en el interior de
Cataluña, sino porque es un sector que en Cataluña no tiene incidencia
desde el punto de vista socioeconómico. Pero Convergència i Unió siempre
ha tenido por costumbre entrar en el debate, máxime cuando afecta a
puestos de trabajo, a temas económicos, y por una razón muy sencilla:
porque estamos aquí para defender a Cataluña, que sin duda es el
territorio que nos ha nombrado, y para aportar todo aquello que a nivel
de Estado pueda ser positivo y para ayudar a los sectores.


Por tanto, votaremos a favor, pero no con énfasis, no con ilusión,
no con muchas ganas, porque algún aspecto de esta moción no nos gusta.
Nos parece que es una moción positiva que quiere ayudar al sector, por
tanto, votaremos a favor, pero algún aspecto de la moción no le gusta,
además de que nuestro grupo siempre ha sido proteccionista desde el punto
de vista ecológico —de especies,...— y este portavoz siempre
se ha significado como un defensor de la ecología, del animalismo y de la
protección de las especies.


Nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con el punto 1 que
dice: «Realizar las gestiones necesarias para la consecución de la
ampliación del contingente arancelario de los lomos de atún, que se cifra
en torno a 30 000 toneladas (...) para el periodo 2016-2018.» Y no lo
estamos por la sencilla razón de que consideramos que esos aranceles son
proteccionistas, intentan proteger la especie y evitan que se produzca
una pesca indiscriminada, un ¡ancha es Castilla! Estábamos a punto de
votar que no por este motivo, pero ha primado más la bondad de la moción,
pues intenta ayudar al sector y contiene aspectos muy positivos, como
usted muy bien ha dicho. Por ejemplo, en el punto 3 se pide que se hagan
gestiones inmediatas ante las autoridades comunitarias para cerrar
inmediatamente el mercado de productos procesados y en conserva
procedentes de países que no respeten escrupulosamente la normativa
comunitaria relativa a la pesca ilegal, además de instar a que se evite
la explotación laboral. Solo por este punto apoyaremos esta moción. Hace
pocos días, el portavoz del Partido Popular y yo mismo comentábamos que
en el sector se hablaba de esclavitud, de lacra laboral y de niños
incorporados al trabajo en países como Tailandia; y usted hablaba también
de la tarjeta amarilla.


Por tanto, consideramos que esta es una moción bondadosa desde el
punto de vista de la protección del sector económico y laboral, para
evitar que entren productos de zonas donde la pesca es ilegal, donde no
se respetan los derechos humanos, etcétera.


También querríamos dejar claro —los senadores Iglesias y
Mariscal han presentado una enmienda al respecto— que se debería
conocer el origen del producto por medio del etiquetado. Muchas veces se
ha hablado de la necesidad de saber el origen de los productos, pues con
ello conoceríamos qué productos tienen origen legal o qué productos se
han pescado o elaborado respetando el punto de vista de la normativa
europea. La falta de etiquetaje y el hecho de no conocer el origen del
producto perjudica mucho al sector.


¿Qué vamos a hacer nosotros? Votaremos a favor de esta moción a
pesar de que, querido portavoz del Partido Popular, se trata de una
iniciativa redundante. El día 3 de mayo de 2011, el Diario de las
Naciones Unidas publicó otra iniciativa del Grupo Parlamentario Popular
por la que se instaba a la adopción de medidas por la Unión Europea, de
acuerdo con los Estados, para permitir la entrada de productos
transformados y evitar posibles efectos negativos en el sector atunero
español. Por tanto, en 2011 ya decíamos lo mismo. Es cierto que en ese
momento hacíamos referencia a la zona asiática de Papúa, pero pedíamos lo
mismo: protección para el sector, etcétera. Por tanto, esta iniciativa es
redundante y el Gobierno no acaba de sacarla adelante. Es verdad que se
trata de una competencia de la Unión Europea y que el Partido Popular ha
dejado constancia de forma reiterada su enfado, entre comillas, por la
actitud de la comisaria de Pesca, pero también es cierto que el Gobierno
español tampoco toma medidas para apoyar al sector de la transformación y
conserva de productos de la pesca. Por tanto, señor portavoz del Partido
Popular, quiero decirle que votaremos la moción por solidaridad con el
sector que sufre.


Estamos de acuerdo con lo que dice el portavoz del grupo
parlamentario vasco, porque, en referencia a los lomos de atún, desde el
punto de vista laboral, la incidencia en el Estado es mínima, puesto que
el pescado ya viene trabajado y solo nos llega la parte final, de manera
que ya hay una reducción de posibles puestos de trabajo. Pero también es
cierto que una vez más queda constancia de la petición de que la pesca
ilegal se pueda combatir y de que los derechos humanos y las libertades,
desde el punto de vista laboral en estos países asiáticos, han de ser
defendidos a través de la Unión Europea, porque se ha de luchar contra
toda esta ilegalidad.


En definitiva, a pesar de que no estamos de acuerdo en aumentar
los aranceles, los porcentajes, sí estamos de acuerdo en combatir la
ilegalidad y en apoyar al sector.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fidalgo.


El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente.


El Grupo Socialista va a apoyar la reclamación de esta industria
conservera, que es la primera en la Unión Europea y la segunda del mundo
y da empleo a más de 15 000 personas, cifra que se multiplica por 3
respecto de empleos indirectos, en primer lugar, porque así lo acabamos
de hacer en el Parlamento de Galicia el pasado día 13 de mayo, cuando
tomamos un acuerdo en este sentido prácticamente todos los grupos
parlamentarios.


Hay que recordar que actualmente ya existe un contingente
arancelario para 22 000 toneladas, aceptado por todas las partes, por
todos los sectores, y lo que se demanda en la moción es ampliarlo
a 30 000 toneladas, es decir, estamos hablando de 8000 toneladas más para
toda la Unión Europea, cuya repercusión en España calculo que pueda ser
aproximadamente para unas 2000 toneladas, y otros países, como Portugal,
Italia, Francia u Holanda, serán quienes hagan uso de las otras
cantidades.


No obstante, el actual reglamento europeo autoriza a aumentar
ese 20 % si la cantidad que se necesita se acaba antes del 30 de
septiembre, y este año, en 2015, esa cantidad duró cuatro días. Es decir,
realmente existe demanda y existe necesidad por parte de la industria de
conseguir estos lomos en condiciones de competitividad respecto de
industrias conserveras de otros países que compiten con la nuestra en
situación ventajosa.


Por otra parte, supone una cantidad menor respecto de las capturas
de atún, es decir, cualquier buque atunero importante captura esas 30 000
toneladas en unos meses. Eso sí, nosotros estaríamos contra una
liberalización total del mercado, que creara el caos en esta situación,
pero creo que por esta cantidad no sería así. España desembarca más
de 300 000 toneladas y España debe importar 150 000 toneladas o más
—no recuerdo ahora exactamente la cantidad— y de lomos de
atún apenas son 60 000, cuando el contingente que usa España apenas llega
a 10 000 toneladas.


Por tanto, es bueno proteger a nuestra industria. Pero también
queremos llamar la atención sobre la necesidad de que la flota atunera
sea competitiva, por lo que debe también esta protegerse; es decir, el
aumento de este contingente no puede suponer perjuicio ni daño para
nuestra flota, no puede influir negativamente en los precios de captura,
y se pueden tomar medidas. Hay que crear una situación de equilibrio y
considero que los gobiernos pueden tomar medidas y crear acciones para
que sea así. Por eso, exigimos un equilibrio en la actitud del sector
conservero, por cierto, que también podría empezar a darnos ejemplo
respecto de otros productos. Yo quiero dejar constancia de la actitud del
sector conservero respecto de algunas producciones, como es el caso del
mejillón de calidad de las rías gallegas, que está sufriendo una actitud
agresiva con importaciones de mejillón de otros lugares, haciendo daño a
los productores gallegos. Por tanto, es verdad que el sector conservero
también tiene que reflexionar sobre su actitud y la necesidad de
progresar con equilibrio respecto del sector productor.


Por otra parte, quiero señalar que esta moción del Grupo Popular,
que, una vez que ha aceptado nuestra enmienda, estaremos en condiciones
de apoyarla —en esto también estoy de acuerdo—, es una dura
crítica a la falta de acción del Gobierno. Esta moción, sobre todo, viene
a poner en valor cosas que el Gobierno no está haciendo. Esta moción le
dice al Gobierno que no ha defendido el aumento en relación con la
cantidad que reclama el sector industrial. Creo que el secretario de
Pesca y la ministra están señalados por no haber defendido a este sector.
Por otra parte, esta moción del Grupo Popular viene a plantear que el
Gobierno no tiene una política a largo plazo sobre esta cuestión, y pide
al Gobierno que lo haga. Nosotros añadimos: que se tomen medidas para
evitar perjudicar a la flota pesquera.


Esta moción viene a reflejar que el Gobierno está haciendo muy
poco, como ha dicho algún portavoz, en cuanto a las medidas para luchar
contra las importaciones que no cumplan la normativa sobre pesca ilegal
no declarada y no reglamentaria, sobre el respeto de las condiciones de
trabajo, como es el caso de práctica de esclavismo y trabajo infantil en
buques o industrias de procesamiento de otros países. Por lo tanto,
creemos que esta moción incide y hace una dura crítica el Gobierno.


Me parece positivo que el Grupo Popular ponga deberes al Gobierno
en algo en lo que está fallando. Por eso nosotros reiteramos al Gobierno
que debe trabajar más en la Unión Europea sobre estas cuestiones, en
especial sobre la limitación de importaciones de productos que infringen
gravemente la normativa y los tratados internacionales en materia de
medio ambiente y sanitaria, así como sobre la limitación de importación
de productos en los que se usa el trabajo esclavo o infantil en buques o
en plantas, como ya he señalado. Creo que, sin ir contra el desarrollo de
ningún país, hay que evitar que empresarios sin escrúpulos, por cierto,
muchas veces con pasaporte europeo, saquen beneficio de la explotación y
del tratamiento denigrante de los trabajadores.


Es verdad también que hay una contradicción en esta moción: por
una parte, se pide que los contingentes de importación vengan de
determinadas regiones y, por otra, que se limite la importación de otros
productos de esas mismas regiones. Hay una contradicción con la que
tendremos que convivir. Creo que se pueden tomar medidas para que la
producción del atún entero de buques españoles se venda, si es posible, y
que se procesen aquí las capturas. Creo que es posible y es el camino que
hay que seguir.


En todo caso, quiero dejar encima de la mesa una reflexión: la
defensa de los distintos sectores pesqueros tiene que buscar la
cooperación tanto del productor como de la industria, pero hay que tener
en cuenta que en medio están los trabajadores. Creo que los trabajadores
—quiero dejar también constancia de esta reflexión— han visto
deterioradas en los últimos años sus condiciones laborales, sus salarios,
las prestaciones sociales, los derechos para determinadas cuestiones,
como la incapacidad, pensiones, desempleo, etcétera, y en muchos casos
las condiciones de seguridad; condiciones de seguridad que pagan con sus
vidas. Por eso las condiciones de trabajo de la mujer en el sector
pesquero son cuestiones sobre las que hay que trabajar.


Por tanto, la reflexión que tienen que hacer los sectores y los
grupos políticos es que la competitividad que tengamos en los diferentes
sectores, sea el industrial o el extractivo, tiene que basarse en la
calidad de nuestros productos. Tenemos que ganar competitividad por usar
la mejor tecnología, por respetar más que nadie el medio ambiente y las
condiciones sanitarias y por las condiciones en las que procesamos los
productos, pero también por las mejores condiciones sociales y laborales
de los trabajadores. En ese sentido, dejamos encima de la mesa esta
reflexión, y esperamos que esta filosofía sea incluida de alguna manera
en la moción que luego vamos aprobar con nuestro voto.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Fidalgo.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el López Veiga.


El señor LÓPEZ VEIGA: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero pedir perdón al señor Iglesias, porque le
he llamado Cifuentes.


Me voy a centrar manera especial en las críticas que se han hecho
por aquellos que han tenido alguna duda o que se oponen. Señor Fidalgo,
le agradezco el apoyo que da el Grupo Socialista, pero me veo obligado a
decir que esta moción no es una crítica al Gobierno, sino una moción de
apoyo y estímulo a este. Le diré lo que nunca ha hecho este Gobierno:
nunca ha sido condenado por la Unión Europea por mirar para otro lado, no
vigilar y permitir una pesca no reglamentada y no documentada de manera
masiva en el caso de la caballa. Nos han cascado dos multas, y además
tenemos una hipoteca —debemos devolver ese exceso de capturas por
la inacción del Gobierno anterior— para muchos años que nos
disminuye los cupos y nos está generando un problema descomunal. Como
digo, eso no lo ha hecho este Gobierno, pero sí se ha puesto a la cabeza
de la lucha contra la pesca no discriminada, no reglamentada y no
documentada, con la modificación de la Ley de pesca, de la que es pionera
Galicia. De todas maneras, repito que le agradezco su apoyo, y además
creo que su aportación es positiva y mejora la moción.


Y me dirijo ahora al señor Cazalis, que ha hecho un ejercicio de
mala economía. Señoría, yo también tengo el papel de esa organización
profesional y tengo que decirle que nuestra enmienda no se decanta ni por
uno ni por otro. Estamos diciendo exactamente lo que usted no acaba de
entender: que de Tailandia no entren ni lomos ni latas ni latas ni lomos.
Y eso no es exactamente ni lo que quieren unos ni lo que quieren
otros.


Me refiero a continuación al senador Maldonado y, sobre todo, al
senador Boya, porque quiero afirmar algunas cosas. Le agradezco mucho su
postura. Señoría, ¿cómo es el mundo en que vivimos? Yo he hecho
cooperación internacional durante año y medio en un país al que quiero
muchísimo, Yemen, donde conozco a mucha gente y sé cómo son los
pescadores; y no les podemos poner las mismas condiciones que a los
europeos —ahora mucho menos, por supuesto—, porque el país no
puede. Es decir, tenemos que ayudar, no tenemos que cerrar nuestros
mercados de países desarrollados a esos países, de ninguna manera.
Tenemos que hacer cooperación internacional por la vía de las
inversiones, y es precisamente a esos países de buena voluntad a los que
queremos abrir el contingente. Lo he dicho alto y claro, y lo vuelvo a
repetir.


Y, señor Cazalis, yo no me opongo a las importaciones de lomo
acogidas a contingentes. De Tailandia, no las quiero, hasta que no se
arregle eso, pero, por ejemplo, vienen de Marruecos. ¿Se opone usted a
que vengan de Marruecos? ¿Se opone usted a que vengan de México,
Guatemala, Colombia, Ecuador, Maldivas, Vietnam, Indonesia —ahí
tengo mis dudas—, China o Papúa? A esos países, que cumplen, hay
que abrirse. Y no es verdad que los pequeños conserveros sean los que se
oponen; son precisamente los que más necesitan la liberalización porque
no tienen flota asociada. Muchos empresarios que se oponen a esta medida
tienen una flota asociada —no voy a dar los nombres de las
empresas, se los puedo facilitar—, y el que tiene una flota y una
conservera tiene resuelto su problema. Pero yo tengo que velar por los
intereses de una miríada —se lo puede contar el senador Torres
Colomer— de empresas pequeñas que necesitan, no solo para procesar
los lomos de atún, sino para procesar todos los productos, de la bajura
gallega. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Le diré también que es del siglo XIX ser tan proteccionista como
usted pretende que seamos. Hay que abrirse al mundo, y muchas veces hay
que deslocalizarse algo para no deslocalizarse del todo. Lo que quiero
decir con esto es que el sector pesquero español se ha deslocalizado
precisamente para mantener una industria pujante en España; y si no lo
hubiéramos hecho —es el miedo que usted tenía, señor Boya—
habríamos perdido todo. O sea que hay veces en que el egoísmo, y el
proteccionismo a ultranza —que es decimonónico—, que predica
el señor Cazalis, es muy negativo a la larga, por una parte, para quien
lo practica, porque las economías que se cierran, mueren; todo aquel que
se aísla, muere; todo aquel que se encierra en economías pequeñas,
pacatas y mohosas, muere. Hay que tener un espíritu universal, abierto al
mundo, y abrirse al mundo es permitir que los países menos desarrollados
pero que son honestos en sus prácticas tengan acceso a nuestro mercado y
tengan también parte de nuestra riqueza. Eso es por justicia; por
justicia, porque yo lo creo así, y porque en el Partido Popular sí
tenemos una conciencia social, naturalmente que sí. Estamos en la
Internacional demócrata cristiana, que es la inventora de la economía
social de mercado. Claro que creemos en la acción social de las empresas
y de las inversiones. Por eso, señor Boya, no tenga usted cuidado:
sabemos muy bien lo que hacemos. La pesca necesita abrirse al mundo,
necesita mercados liberalizados, no queremos aranceles que no sean
justificados. No podemos permitir de ninguna manera, primero, por razones
humanitarias, pero también por razones de libre competencia, que en
nuestro mercado entre el producto de los países en los que se da esa
práctica brutal, que además han estado recientemente en la prensa por
otros motivos. Lo estamos viendo, algo huele a podrido en la zona
asiática. Eso hay que cortarlo de raíz, insisto, por razones
humanitarias, señor Maldonado, y por razones de justicia social.


Señor Maldonado —me dirijo a su señoría, porque sé que usted
y yo compartimos algo, tenemos una inquietud común—, reitero que no
podemos cerrar el acceso a nuestro mercado desarrollado y rico a países
que, siendo pobres, hacen lo que pueden por cumplir con la legislación.
Les tenemos que devolver parte de nuestra riqueza en forma de inversión
en esos países y abriéndoles nuestros mercados porque nosotros estamos a
favor de un comercio libre, sí, pero también justo, como decía la
senadora Larriba el otro día en la reunión. No es comercio libre o
comercio justo, es comercio libre y justo al mismo tiempo, y eso lo
tenemos que perseguir en mociones como esta. Y no cerrarnos, señor
Cazalis, de verdad. Es una pena, usted va a votar en contra de una moción
que le aseguro que protege al sector atunero, que, por otra parte,
necesita protección, incluso la protección militar de un Estado que
muchos no reconocen y que les protege en aguas fuera de Somalia. De eso
sé yo mucho y no me duelen prendas en sacarlo de vez en cuando, porque a
veces hay que sacar los colores a la gente. Algunos de esos armadores que
no quieren poner el pabellón español en sus buques luego reclaman la
defensa de la Marina española, y se la damos y con mucho gusto, pero aquí
no me va a callar nadie. (Aplausos).


Señores senadores, insisto en que esta es una medida justa, una
medida de comercio justo, abierto, y que también protege, como han hecho
otras multinacionales. La Hewlett Packard y otras se han tenido que
marchar, pero han mantenido sus centros de decisión en España. Eso es lo
que pretendemos y esto es lo que pasa en Galicia con la pesca. Galicia no
puede tener una política cerrada, de ninguna manera, porque los gallegos
hemos ido a trabajar a otros países y no queremos cerrar las puertas a
los que ahora lo necesitan.


Muchas gracias, señoría. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador López Veiga.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Popular, con la incorporación de la enmienda aceptada, del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 237;
votos emitidos, 236; a favor, 229; en contra, 5; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MEDIO
RURAL.


662/000195

GPS


El señor presidente da lectura al punto 5.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado tres
enmiendas, dos del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los
senadores Iglesias y Mariscal, y una tercera, del Grupo Parlamentario
Popular.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora
Fernández Pena.


La señora FERNÁNDEZ PENA: Señorías, como ben antes dicía o senador
López Veiga, aquí algúns veñen vender vacas, ou burras, e fano en
castelán. Eu vouno facer en galego para vender a miña burra e tamén
sentirme orgullosa da miña lingua. Grazas.


A violencia de xénero no mundo rural segue a ser invisible, unha
realidade invisible e silenciosa que acaba con demasiadas vidas. Máis
de 5 millóns de mulleres viven en pequenos concellos nos que o contexto
social e cultural dificulta e coarta as posibilidades de cambio do modelo
social, e nos que a violencia de xénero adquire significados específicos
que deben terse en conta á hora de buscar solucións.


É moi difícil que no medio rural, coas súas características
propias, se recoñezan comportamentos violentos e, polo tanto, tamén é moi
difícil que se lles poida dar solución. Nos últimos anos producíronse
grandes cambios no medio rural, a maior parte deles provocados
precisamente por unha maior implicación da muller na vida económica,
social e laboral e, por que non dicilo tamén, sen esquecer o esforzo das
institucións para favorecer a igualdade e o empoderamento das mulleres
nos pequenos municipios. Pero aínda así, os casos de violencia de xénero
seguen a silenciarse. No ano 2010 o Centro Reina Sofía presentou un
informe de estudo sobre a violencia de xénero no que se recollía que o
número de mulleres asasinadas nos contornos urbanos é maior que nos
contornos rurais, tanto en termos absolutos coma relativos. Con todo, a
prevalencia das mulleres asasinadas no rural aumentou un 130,50 % na
última década, mentres que nas zonas urbanas descendeu un 10 % no mesmo
período temporal.


Máis alá deste dato, a prevalencia da violencia de xénero non
presenta diferenzas substanciais entre os contornos urbanos e rurais,
pero si existen datos que demostran que as mulleres dos municipios
pequenos, dos concellos pequenos, tardan moito máis tempo en declararse
maltratadas. É dicir, que o tamaño dos lugares de residencia está
intimamente ligado ao maltrato declarado. É unha cuestión de conciencia.
Nos concellos máis grandes hai máis conciencia da gravidade deste
problema, e iso axuda a que as mulleres se recoñezan como maltratadas
moito antes, mentres que nos concellos pequenos tardan máis tempo en
recoñecerse como tales. É dicir, señorías, o tamaño dos territorios de
residencia está claramente relacionado co maltrato declarado. E este
silencio é un silencio que se agrava moito máis no caso das mulleres
maiores maltratadas. No balance anual de Rexistro de violencia doméstica
e de xénero correspondente ao ano 2014 que o INE fixo público o pasado
mes de maio, púidose comprobar o incremento da violencia de xénero entre
as mulleres maiores con subidas que asombran. Un 25,9 % máis no tramo
entre 70 e 74 anos e un 21,3 % entre as de 60 e 65 anos.


O asasinato de Isabel Fuentes o pasado 8 de marzo no Complexo
Hospitalario de Ourense tróuxonos de novo á escena esta realidade, unha
realidade contra a que debemos loitar, contra a que debemos concienciar e
contra a que debemos axudar; e é que son demasiadas as barreiras
engadidas que poden afectarlles ás mulleres do contorno rural para saíren
da violencia. A máis perigosa, a que ten máis dificultades, é a do
autorrecoñecemento da violencia de xénero. De aí a importancia de
intensificar accións de concienciación e sensibilización nas áreas
rurais. Estas mulleres viven en espazos nos que é relativamente frecuente
unha situación clara de illamento, sen posibilidade de independencia
económica, sen oportunidades laborais, e nas que ademais o emprego
feminino se converte en algo secundario e en algo tamén invisible. Viven
nun territorio no que é habitual unha situación de illamento na que
existe un claro déficit nas política de benestar social e de servizos
sociais e onde o control social e a estigmatización das mulleres que si
sofren este tipo de violencias é unha realidade.


No rural a estrutura familiar é tan extensa e ao tempo tan
estreita que condiciona a vida das mulleres e ao mesmo tempo exerce unha
enorme presión e control social. Todas estas circunstancias fan que as
mulleres se atopen nunha situación de vulnerabilidade que as coloca nunha
situación de maior risco fronte á violencia de xénero. De aí o extensa
desta moción, que pretende unha batería de medidas para axudar a quen
neste momento garda silencio.


En primeiro lugar, pedimos que se ampare a través da
concienciación social a estas mulleres ampliando o espectro informativo
tamén ao rural, incorporando a estas mulleres en todas e cada unha das
campañas que faga o ministerio, que a transversalidade de xénero chegue a
todas as políticas públicas que se fagan no ámbito do desenvolvemento
rural, que se mellore a coordinación inter e intrainstitucional para que
as mulleres que viven nos contornos rurais teñan unha mellora na análise
das situacións, que se creen estruturas que as axuden e, sobre todo, que
aumenten, como dicía antes, a sensibilización e a prevención. Todo isto,
por suposto, coa dotación económica, co aumento económico que sexa
necesario.


Tamén pedimos que dende o Goberno se lles axude aos concellos
pequenos a mellorar a súa capacitación e gobernanza, e que se propicien
intercambios e encontros para falar de experiencias nesta materia entre
diferentes concellos. Tamén pedimos que se capaciten os axentes dos
municipios pequenos con formación, espazos de intercambio e aprendizaxe,
e que se deseñen novos instrumentos para detectar a violencia de xénero
entre as mulleres maiores. Por suposto, tamén, non podemos esquecernos de
seguir reclamando o aumento da seguridade das vítimas, a súa atención
integral, as campañas informativas nas zonas rurais así como o incremento
e a estabilización de recursos, revitalizando ademais a Rede de Centros
da Muller.


En definitiva, temos que instar o Goberno a que promova a
aplicación efectiva da Lei de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero, tendo en conta que se queremos realmente traballar
polas mulleres rurais son necesarias dúas cuestións: primeira, que a
partida orzamentaria destinada a combater a violencia e promover a
igualdade entre homes e mulleres se recupere, e que se impulsen os
cambios lexislativos necesarios para devolverlles ás entidades locais,
aos municipios e aos pequenos concellos as competencias nesta materia,
que foron desarticuladas coa reforma da Administración local. Someto,
polo tanto, señorías, esta moción á súa consideración, esperando o seu
apoio.


Moitas grazas.


Señorías, como antes decía el senador López Veiga, aquí algunos
vienen a vender vacas o burras, y yo voy a vender mi burra, para así
sentirme también orgullosa de mi lengua.


La violencia de género en el mundo rural sigue siendo invisible,
una realidad invisible y silenciosa que acaba con demasiadas vidas. Más
de 5 millones de mujeres viven en pequeños ayuntamientos en los que el
contexto social y cultural dificulta y coarta las posibilidades de cambio
del modelo social, en los que la violencia de género adquiere
significados específicos que deben tenerse en cuenta a la hora de buscar
soluciones.


Es muy difícil que en el medio rural, con sus características
propias, se reconozcan comportamientos violentos y, por tanto, también es
muy difícil que se les pueda dar solución. En los últimos años se han
producido grandes cambios en el medio rural, la mayor parte de ellos
provocados precisamente por una mayor implicación de la mujer en la vida
económica, social y laboral, sin olvidarnos del esfuerzo de las
instituciones para favorecer la igualdad y el empoderamiento de las
mujeres en los pequeños municipios. Pero aun sí, los casos de violencia
de género siguen silenciándose. En el año 2010, el Centro Reina Sofía
presentó un informe de estudio sobre la violencia en el que se recogía
que el número de mujeres asesinadas en los entornos urbanos es mayor que
en los entornos rurales, tanto en términos absolutos como relativos.


Sin embargo, la prevalencia de las mujeres asesinadas en el rural
aumentó un 130,50 % en la última década, mientras que en las zonas
urbanas descendió un 10 % en el mismo período de tiempo.


Más allá de este dato, la prevalencia de la violencia de género no
presenta diferencias sustanciales entre los entornos urbanos y rurales,
pero existen datos que demuestran que las mujeres de los municipios
pequeños, de los ayuntamientos pequeños, tardan mucho más tiempo en
declararse maltratadas, es decir, que el tamaño de los lugares de
residencia está íntimamente ligado al maltrato declarado. Es una cuestión
de conciencia. En los ayuntamientos más grandes hay más conciencia de la
gravedad de este problema y eso ayuda a que las mujeres se reconozcan
como maltratadas mucho antes, mientras que en los ayuntamientos pequeños
tardan más tiempo en reconocerse como tales. Es decir, señorías, el
tamaño de los territorios de residencia está claramente relacionado con
el maltrato declarado. Este silencio, además, se agrava mucho más en el
caso de las mujeres mayores. En el balance anual del Registro de
violencia doméstica y de género correspondiente al año 2014, que se hizo
público el pasado mes de mayo por parte del INE, se pudo comprobar que el
incremento de violencia de género entre las mujeres mayores es asombroso:
un 25,9 % más en el tramo entre las de 70 y 74 años y un 21,4 % entre las
de 60 y 65 años.


El asesinato de Isabel Fuentes el pasado 8 de marzo en el complejo
hospitalario de Ourense nos trajo de nuevo a escena esta realidad, una
realidad contra la que debemos luchar y sobre las que nos debemos
concienciar, y es que son demasiadas las barreras añadidas que pueden
afectar a las mujeres del entorno rural para salir de la violencia. La
más peligrosa, la que tiene más dificultad, es la del autorreconocimiento
de la violencia de género, de ahí que sea tan importante intensificar las
acciones de concienciación y sensibilización en las áreas rurales. Esas
mujeres viven en espacios en los que es relativamente frecuente una
situación clara de aislamiento, sin posibilidades de independencia
económica u oportunidades laborales, en las que, además, el empleo
femenino se convierte en algo secundario, en algo invisible. Viven en un
territorio en el que es habitual, repito, una situación de aislamiento,
en el que existe un claro déficit en las políticas de bienestar social y
hay una estigmatización de las mujeres que sufren este tipo de violencia.
Es una realidad.


En el rural, la estructura familiar es tan extensa y al mismo
tiempo tan estrecha, que condiciona la vida de las mujeres y al mismo
tiempo ejerce una gran presión y control social. Todas estas
circunstancias hacen que las mujeres se encuentren en una situación de
vulnerabilidad que las pone en mayor riesgo frente a la violencia de
género. De ahí que sea tan extensa esta moción, una batería de medidas
que pretende ayudar a aquellas personas que en este momento guardan
silencio.


En primer lugar, pedimos que se ampare a través de la
concienciación social a estas mujeres, ampliando el espectro informativo
también en el medio rural, incorporando a esas mujeres en todas y cada
una de las campañas que haga el ministerio; que la transversalidad de
género llegue a todas las políticas públicas que se hagan en el ámbito
del desarrollo rural; que se mejore la coordinación inter e
intrainstitucional para que las mujeres que viven en los medios rurales
tengan un mejor análisis de la situación; que se creen estructuras que
las ayuden; y, sobre todo, que aumente, como decía antes, la
sensibilización y la prevención. Todo esto, por supuesto, con la dotación
económica o con el aumento económico que sea necesario.


También pedimos que el Gobierno ayude a los ayuntamientos pequeños
a mejorar su capacitación y gobernanza y que se propicien intercambios y
encuentros para hablar de experiencias en esta materia entre distintos
ayuntamientos. Asimismo, que se capacite a los agentes de los municipios
pequeños, que se creen espacios de intercambio, de aprendizaje y se
diseñen nuevos instrumentos para detectar la violencia de género entre
las mujeres mayores. Por supuesto, tampoco podemos olvidarnos de seguir
reclamando el aumento de la seguridad de las víctimas, su atención
integral, las campañas informativas en las zonas rurales, así como el
incremento y la estabilización de los recursos, revitalizando la red de
los centros de la mujer.


En definitiva, tenemos que instar al Gobierno a que promueva la
aplicación efectiva de la Ley de medidas de protección integral contra la
violencia de género, teniendo en cuenta que si queremos realmente
trabajar por las mujeres del medio rural se necesitan dos cosas: en
primer lugar, que se recupere la partida presupuestaria destinada a
combatir la violencia y promover la igualdad entre hombres y mujeres, y
que se impulsen los cambios legislativos necesarios para devolver a las
entidades locales, a los municipios, a los pequeños ayuntamientos, las
competencias en esta materia, que fueron desarticuladas con la reforma de
la Administración Local.


Señorías, someto esta moción a su consideración, esperando su
apoyo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Fernández Pena.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


El senador Mariscal Cifuentes y yo mismo compartimos en lo
esencial el contenido de la moción. Creemos que en ella se reflejan de
forma muy fiel e inteligente las conclusiones del informe elaborado por
la Federación Española de Municipios y Provincias en el año 2009
—previamente, en 2007, la FEMP ya había realizado una agenda de
intervención en pequeños municipios en materia de violencia de
género—. Por tanto, solamente aspiramos a mejorar su contenido con
dos enmiendas, que afectan a los puntos 5 y 9.


El punto número 5 se refiere a los aspectos formativos y enumera
un amplio elenco de profesionales a los que se debiera dar una formación
específica para atender a las víctimas de violencia de género y sobre
todo para detectar cuándo se produce esa situación en un mundo tan
cerrado como el rural. Pues bien, queremos incorporar a ese elenco a los
asistentes sociales que trabajan en el ámbito de los servicios sociales
municipales y a las personas de atención domiciliaria. A los asistentes
sociales, porque tienen constancia de fenómenos de desintegración social
muchas veces relacionados con la violencia de género y, por tanto, pueden
recibir de forma directa de las víctimas de esa violencia la realidad que
están viviendo; y a las personas de atención domiciliaria, porque tienen
un observatorio privilegiado al entrar en el ámbito doméstico, que es
donde fundamentalmente se producen estas prácticas de violencia de
género, con lo cual están en condiciones de constatar el resultado, las
lesiones que se derivan de esta actuación.


En la misma línea de reforzar la estructura institucional de
respuesta a la violencia de género, en el punto 9 planteamos que se creen
juzgados de violencia de género en el ámbito rural, dado que hasta el día
de hoy esos juzgados solo existen en capitales de provincia o en grandes
ciudades.


Es verdad que en un debate que tendremos en Pleno, no sé si en el
próximo o en el siguiente —si me toca estar en él— veremos
una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la que se incorporan
una serie de medidas que podrían permitir ampliar el ámbito geográfico
competencial de los juzgados de violencia de género, pero ya adelanto que
no compartimos esas medidas —como digo, quizá tenga la oportunidad
de expresarlo— y no creo que sea oportuno tratarlo en este
momento.


¿Por qué es necesario adoptar medidas específicas en el ámbito
rural? Es verdad que ninguno de los estudios realizados al respecto
permite sostener la teoría —que podría intuirse, pero, desde luego,
no demostrarse— de que en el ámbito rural hay una mayor prevalencia
de los fenómenos de violencia de género que en el ámbito urbano. Insisto
en que, aunque la intuición pudiera hacernos pensar que es así por las
características sociológicas, e incluso ideológicas, del ámbito rural, lo
cierto es que cuantos estudios se han realizado al respecto no han podido
demostrar que esa intuición sea cierta. Pero lo que sí han demostrado es
que hay unas peculiaridades en las condiciones de vida que se dan en el
ámbito rural que, en primer lugar, obstaculizan o retrasan el
autorreconocimiento de las víctimas de su condición de tal y que en el
ámbito rural resulta más difícil para quienes padecen esa violencia
conseguir la complicidad para responder a ella, evitarla o denunciarla en
su ámbito de relaciones sociales más próximo. Y, en consecuencia, hay
mayores dificultades para que se produzcan las denuncias que permitan dar
una respuesta institucional a la situación de violencia de género, lo que
convierte en imprescindible una serie de medidas complementarias que
refuercen las que con carácter general se desarrollan en núcleos de
población más amplios.


En el turno de portavoces ratificaré y me extenderé un poco más o
abundaré en estas ideas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la senadora Dueñas.


La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
enmienda de modificación a esta moción del Grupo Socialista, con el único
objetivo de llegar a un acuerdo. Les puedo garantizar que es voluntad de
este grupo, de esta portavoz, y sé que del resto de los grupos que
conforman esta Cámara, trabajar para erradicar la brutal lacra social de
la violencia de género. Presentamos una enmienda que trata de reafirmar
el compromiso de este Gobierno para afianzar todas las políticas públicas
en aras de luchar contra la violencia de género y hacerlo, como no puede
ser de otra manera, con pleno respeto a las competencias autonómicas y,
por delegación de estas, de las entidades locales.


Abogamos por seguir trabajando, en colaboración con las
comunidades autónomas, en la concienciación y la sensibilización, tan
necesarias en esta cuestión, no solo de la víctima, sino también de su
entorno y de toda la sociedad. De hecho, como saben, el Ministerio de
Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género, presta y va a seguir trabajando en la prestación del servicio
telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de
violencia de género, el conocido 016, un número de marcación gratuita que
está activo los 365 días del año y que es absolutamente confidencial. Y
lo vamos a seguir haciendo a través de todas las campañas de
concienciación, sensibilización, información y prevención de la violencia
de género, a través de todo el material que va a distribuir
—reitero—, no solo en el ámbito urbano, sino en el ámbito
rural, el Ministerio de Sanidad, a través de los medios de comunicación,
mediante los convenios que tenemos firmados con las cadenas de televisión
pública y privada y, cómo no, también a través de las diferentes campañas
que sus señorías ya conocen, como la de Hay salida a la violencia de
género, una campaña que, por cierto, se hizo llegar a aquellas zonas
donde las mujeres realizan actividades más habituales en su vida
cotidiana y donde pueden realmente tener cercanía con las personas de su
entorno. Me refiero a los centros de atención primaria y a las oficinas
de farmacia.


Vamos a seguir incorporando en las campañas imágenes positivas y
no estereotipadas. Somos absolutamente conscientes, como todos en esta
Cámara, de que esta violencia afecta a todo tipo de mujeres, con
independencia de su condición social, económica, cultural y de su lugar
de residencia, rural o urbano. En materia estadística, señorías, vamos a
seguir trabajando. Lo está haciendo el Ministerio de Sanidad, a través de
la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que realiza un
esfuerzo continuo para la recogida de datos y de información estadística
en esta materia. De hecho, desde 2012 se publica el boletín estadístico
mensual, que recoge de manera segregada innumerables datos que nos pueden
ayudar a tomar mejores y mayores medidas en esta lucha contra la
violencia de género.


Igualmente, compartimos la importancia de la coordinación y vamos
a seguir apoyándola. Somos conscientes, con ese respeto al ámbito
competencial, de la necesidad de maximizar la eficacia de los recursos
mediante la puesta en común de servicios, del trabajo en red, del
intercambio de información y del aprovechamiento de la actuación
coordinada de todos en pro de un objetivo compartido, que no es otro que
mejorar la respuesta institucional que se da a las mujeres que padecen
violencia de género y a sus hijos e hijas.


Vamos a seguir apoyando la formación, claro que sí; de hecho, lo
estamos haciendo. Es verdad que ya se inició en la etapa anterior pero en
esta legislatura del Gobierno del Partido Popular vamos a seguir
insistiendo en la formación, en su carácter prioritario y vamos a seguir
realizando y propiciando diversas actuaciones con la finalidad de
fomentar la formación y especialización de todos los colectivos
profesionales que intervienen en el proceso de prevención, información,
atención y protección a las víctimas.


Seguiremos impulsando todas aquellas medidas para la detección de
la violencia en las mujeres mayores. Además, es uno de los ejes
prioritarios dentro de la Estrategia nacional para la erradicación de la
violencia contra la mujer, que tiene un objetivo específico dirigido a
las mujeres mayores de 65 años y a las mujeres del ámbito rural. Son
diferentes acciones con ese objetivo común de concienciar, sensibilizar,
facilitar el conocimiento y la detección temprana de la violencia en las
personas mayores, así como mejorar el conocimiento científico y
estadístico del maltrato. En definitiva, vamos a seguir desarrollando
estas políticas y, por supuesto, vamos a colaborar en cuantas medidas
garanticen la accesibilidad de los recursos y servicios.


Concluiré mi intervención hablando de la importancia de la
educación. Todos los que estamos en esta Cámara somos muy conscientes de
que la verdadera prevención comienza con la educación. Por eso, en
nuestra enmienda de modificación proponemos incluir en el currículum de
todas las etapas educativas la educación en valores, el respeto, la
igualdad, la no discriminación, la corresponsabilidad y la prevención de
la violencia de género.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Concluyo, señor presiente.


Somos conscientes de que queda mucho por hacer, pero estamos en el
camino correcto y, por ello, en nombre de mi grupo presento esta enmienda
de modificación con el objetivo de llegar a un acuerdo y que el resto de
los grupos se puedan adherir a este, porque estoy convencida de que en
esta lucha lo importante no es dar la batalla solos, sino que la demos
todos juntos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Dueñas.


Tiene la palabra la senadora Fernández Pena para indicar si acepta
o no las enmiendas.


La señora FERNÁNDEZ PENA: Gracias, presidente.


Señorías, sobre las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto,
quiero indicar que nos parece acertada la inclusión de los asistentes
sociales y personal de atención domiciliaria en el sistema de información
sobre violencia de género que se describe en el punto 5 de nuestra
moción. Por lo tanto, la aceptaríamos. Sin embargo, la enmienda que se
refiere a la creación de juzgados de violencia de género en el ámbito
rural, a pesar de que es una iniciativa que nos gustaría aprobar, lo
cierto es que creemos prioritario potenciar la estructura existente,
dotándola adecuadamente de plantilla y dotándola económicamente de manera
suficiente antes de crear nuevos instrumentos.


En relación con la enmienda del Grupo Popular, diré que también
comparto que esto es una batalla de todos. Sin embargo, pretende que nos
sentemos a negociar sobre la base de unas enmiendas que usted califica
aquí como enmiendas de modificación, pero que realmente consisten en
coger nuestro texto, llenarlo de músculo para el Gobierno, quitarle
cuestiones que incomodan, añadir párrafos que no dicen nada y, encima,
termina suprimiendo cualquier referencia a aportación económica, de modo
que realmente parece que se ríen de quien presenta este texto, que
confiaba en un debate en el que primara el sentido común y el
entendimiento. Esta es una enmienda de sustitución sin paliativos; una
enmienda que destroza la moción presentada y la convierte en un querer y
no poder. Siempre decimos aquí que las enmiendas que presentan los grupos
pueden enriquecer los textos pero, en este caso, empobrece la iniciativa
y, además, es perfecta para describir lo que es hoy el Gobierno de Rajoy:
un Gobierno de pantalla y propaganda.


Decía antes que llenan nuestro texto con músculo del Gobierno, y
me voy a explicar. Parece ser que el Gobierno ya está haciendo
espléndidamente todo lo que pedimos en los puntos 1, 3 y 4, porque se han
limitado a transcribir el texto añadiendo una muletilla de limpieza de
cara gubernamental. Señorías, les pido sinceramente que digan a sus
asesores, a los que les preparan estos textos, que tienen muy poca
imaginación; eso sí, cadencia léxica tienen mucha porque en el primer
punto hablan de seguir, en el segundo continuar, en el tercero seguir, en
el cuarto continuar, seguir, continuar, seguir, continuar... Eso es lo
que ustedes han hecho con esta moción. (Aplausos). Al parecer a este
Gobierno no se le puede pedir nada porque todo está hecho pero, señorías,
a la vista de los resultados electorales del pasado 24 de mayo, me temo
que poco están haciendo. (Denegaciones de la señora Dueñas Martínez.) Ya
sé que ese no es el debate objeto de la moción —no gire la
cabeza—, yo no tengo tan poco estilo como el que demostró ayer el
presidente del Gobierno cuando atacó a nuestra portavoz por los
resultados electorales. (Aplausos). Quizá se dejó llevar por la rabia de
un mal perdedor. (Aplausos).


Suprimen ustedes puntos enteros, como el 2. Ayer, mientras
negociábamos, alegaban que no era competencia del Estado; pero, si de vez
en cuando leyeran nuestros textos con atención y con intención real de
pacto, se darían cuenta de que en el primer párrafo —en el
primero— ya dice claramente: instar al Gobierno, con pleno respeto
a las competencias de las diferentes administraciones públicas y
coordinación de las mismas. Por ello, le pido que no use de forma
demagógica excusas competenciales, ¿o es que resulta que no es
competencia del Estado impulsar la transversalidad de género en las
iniciativas y planes para el desarrollo rural? ¿Pero quién, más que el
Gobierno, negocia con la Unión Europea los planes de desarrollo rural?
¿Quién hace el reparto de esos fondos en las autonomías? ¿Quién puede
negociar con las comunidades autónomas que se incluya la transversalidad
de género en todos ellos?


Tampoco es de su competencia el punto 2.2, que dice textualmente:
«Crear unidades de igualdad en las áreas de su competencia relacionadas
con el desarrollo rural.» La verdad es que resulta curioso porque
hablamos de competencias y luego impulsamos que haya cuestiones
competenciales. Y cambian todo esto por un párrafo que parece sacado de
un decálogo de buenas intenciones: emprender, conciliar, innovar.
Hablamos de violencia de género, no de políticas para la mujer; hablamos
de violencia de género, que es mucho más serio. No deberían seguir
utilizando argumentos competenciales, máxime cuando ustedes mismos
señalan en el punto 3 que hay que continuar apoyando las coordinaciones
provinciales y autonómicas.


Termino con esto, aunque me quedan muchos temas por tratar porque
su enmienda es muy amplia. Ustedes han suprimido todas aquellas
cuestiones que podrían suponer aportación económica; llevan ya tres años
haciéndolo. En el año 2015 mantienen una reducción del gasto de un 22 %
respecto a los últimos presupuestos socialistas, lo que supone 1 millón
de euros menos para la atención de estas mujeres y de los menores que
padecen esta violencia, y una caída del 34,5 % en el programa para su
protección física y psíquica. Es difícil llegar a un acuerdo con quien
presume y no hace, con quien confunde protección con coste.


Por todo ello, no se acepta su enmienda.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández Pena.


¿Turno en contra? (Denegaciones).


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Agradezco que se acepte la enmienda al punto número 5 y lamento
que se rechace la enmienda al punto 9 aunque, por supuesto —ya
expresé mi coincidencia con el 99 % de la moción—, ello no va a
significar un cambio en el sentido de nuestro voto, que será
favorable.


En todo caso, me ratifico en que los juzgados de violencia de
género en las zonas rurales van a ser más necesarios después de la
reforma a la que antes he hecho referencia porque, fruto de una cabriola
absolutamente irracional, podemos encontrarnos con que los juzgados de
violencia de género acaben llevando asuntos como los despidos. Tal como
establece el contenido de la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial,
cualquier escenario estrambótico va a ser posible. Por lo tanto, será
mejor contar con juzgados especializados en violencia de género, ya que
ese es el modelo. En cualquier caso, de lo otro ya hablaremos —si
llego— en su momento.


Decía que era necesario argumentar por qué era imprescindible una
actuación específica en el ámbito rural, y fundamentalmente desde el
local. En ese sentido, les diré en primer lugar que es, como apunta la
moción, porque la aplicación de la reforma de la Ley de régimen local, y
si se mantiene, la privación de competencias en materia de servicios
sociales a los ayuntamientos, se va a convertir en un retroceso en las
herramientas de que disponían los ayuntamientos para detectar, primero, y
responder después, estas situaciones de violencia de género. ¿Y por qué
son más necesarios en el ámbito rural? Me van a permitir que de forma muy
breve lea un par de párrafos de ese documento elaborado por la FEMP en el
año 2009. Las conclusiones de dicho documento señalan lo siguiente: En
comparación con las mujeres urbanas y con los varones de su entorno, las
mujeres de áreas rurales tienen un menor acceso al mercado de trabajo
formal, donde permanecen en situación de mayor precariedad. Además,
siguen invisibles sus roles en el mantenimiento de sus comunidades y su
actividad en las explotaciones agrarias familiares. Por su parte,
perciben que viven en unas relaciones de género menos igualitarias, donde
los varones no se involucran en la corresponsabilidad, y donde, además,
apenas hay recursos para la conciliación.


En este ámbito —sigue el documento— el control social
está muy presente en su vida cotidiana, y afecta a que concedan especial
importancia a la confidencialidad de los recursos y a que, en la medida
de lo posible, se respete su privacidad; en román paladino, que sus
vecinos no sepan que precisan del apoyo y de la asistencia institucional
como consecuencia de situaciones de violencia de género, porque en el
ámbito rural se vive de una forma absolutamente injusta, con una mayor
sensación de vergüenza, de fracaso, cuando se padece una situación así.
En vez de reivindicarse como víctimas, las mujeres que padecen la
violencia de género se sienten culpables, de ahí que no tengan ningún
interés en solicitar el apoyo de su entorno social y, por el contrario,
busquen mecanismos que hagan que no se conozca la dolorosa realidad que
están viviendo.


El documento sigue diciendo: A todo ello se suma que, al afrontar
el trabajo local contra la violencia, se suele desligar de sus orígenes,
de la desigualdad entre mujeres y hombres, y como se comprueba en los
discursos de las y los informantes entrevistados, es entonces cuando
aumenta el riesgo de asociarlo en exclusiva con colectivos vulnerables.
Es decir, que hay peculiaridades suficientemente marcadas en el mundo
rural para que sea imprescindible que las estrategias generales
establecidas por las diferentes administraciones en la lucha contra la
violencia de género adquieran unas peculiaridades claras, que faciliten y
propicien un trabajo más eficaz en un ámbito en el que las dificultades
son mayores.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente.


Haré mi intervención en euskera, pero antes me quiero referir a un
comentario que ha hecho el senador López Veiga, que decía que él no
utilizaría el gallego porque quería vender su burro, algo que tantas
veces me ha dicho a mí cuando realizo mis intervenciones en euskera.


La comunicación tiene muchas partes, y evidentemente yo también
vengo aquí a vender mi burro o a intentar convencer, y aunque a veces
obtengo muy pocos frutos, no por ello debo renunciar a hacerlo en mi
lengua.


Y en relación con una mención que ha hecho usted al final
—si bien refiriéndose al contenido de la moción de pesca— en
el sentido de que la política no debía ser cerrada, entiendo que tampoco
las mentalidades cerradas ayudan.


Beraz, eta horregatik, nire interbentzioa euskaraz hasiko
naiz.


Mozio honen oinarriak Fernandez Pena senatariak dakarkigun mozioa,
Alderdi Sozialistaren izenean dakarkigun mozioaren oinarria oso larria
da, oinarria hildako batengan ipintzen du, eta berriro gai horrekin
gaude, eta horrek eramaten gaitu pentsatzera eta hausnarketa egitera,
beste behin arazo hori ez dugula konpondu, beste behin arazo horrek
hausnarketarako bidea ematen digula. Jarraitzen dugu asmatu gabe.


Baita ere konstatatzen da genero indarkeria gehi landa-eremua, edo
genero indarkeria landa-eremuan gauzatzen denean askoz ere larriagoa
dela, edota askoz ere okerragoa izaten dela. Zergatik, bueno, zenbait
aipamen nire aurretik aipatu izan dira; baina egia da testuinguru
kultural horretan, badira kontuan hartzeko ezaugarri zehatz batzuk.
Landa-eremuko emakumeek, Fernandez Pena senatariak aipatu du ere
lehenago, gehiago tardatzen dute errealitate horren jabe izaten. Gure
gazteek ere daukaten arazo horri, askotan esan dugu, gure gazteak ez
direla jabetzen benetan genero indarkeriaren aurrean edo arazo horren
aurrean daudela. Bada, gertatzen da baita ere landa-eremuan. Ahultasuna,
edo ahultasunaren egoeran topatzen dira emakume hauek, bakardadean bizi
direnak, adina ere areagotzen da, eta horren ondorioz, arrisku gehiago
dago.


Ezinbestekoa da landa-eremuko emakumeen eskubideak eta eskubide
horiek bermatzeko herri-administrazioek dituzten betebeharrak zehazten
dituzten neurriak hartzea, zalantzarik gabe. Hortaz, nekazaritzaren
sektorean emakumeek eta gizonek tratu eta eskubide berberak izatea
lortzeko behar diren neurriak hartu behar dira, eta genero-ikuspegia
sektorearen arlo guztietan sartzekoak ere bai, emakumeen eta gizonen
baldintzak eta beharrak ezberdinak izan behar dira. Azken finean, alde
batetik, landa-eremuko emakumeei dagokien tokia hartzea lagunduko diona
lan-jarduera eremuan, eta batez ere, emakume nekazarien jardueraren
baldintzak bermatuko dituena. Profesionaltasuna garatuz, duintasuna eta
ziurtasuna lortuz.


Eta aipatu da hemen ere, lehenago, ez gara mozio honetan
berdintasunari buruz soilean hitz egiten ari, baizik eta genero
indarkeriari buruz eta sakonago eramaten gaituen arazo larri horretara,
hain zuzen ere, emakume hauen heriotzara. Baina egia da, ziurtasun hori,
aipatzen nuen ziurtasun hori abiapuntu bezala harturik, emakumearen
ahalduntzea bultzatuko genuke, horrek duen balio eta garrantziarekin
benetan mozio honetan debatitzen ari garen gaiaren funtserako.


Hau guztia esanda argi dago mozioak bere espozizio atalean
agertzen denarekin bat gatozela. Orain bai, bere xedapenen atalak dituen
puntuei buruz aipamen batzuk egingo ditut, hor baititugu gure ñabardurak.
Akordioa lortzeko puntu gehiegi dira, gure ustetan. Gure taldearen
ustetan ikuspegi diferente desberdinak ditugula hemen ganbaran, hainbat
eta hainbat puntu zehazten baditugu, zailagoa da akordioa bilatzea. Are
gehiago hainbat puntu hauetan zehaztapen-maila handiagoa bada. Beti
aipatu dugu mozioetan zehaztapen-maila beharrezkoa zela, bestela hitzetan
geratzen gara, eta horretan ez dugu zehazten, baina kasu honetan, gure
ustetan, gure taldearen ustetan, gehiegizkoa da. Uste dugu, hain zuzen
ere, akordioetara iristeko bidea errazteko modua. Eta bigarren aipamena,
zehaztapen-maila horretan, hain zuzen ere, esaten dudana, akordioetara
iristeko zailtasunak ematen digun horretan, askotan aipatzen dira
erkidegoei buruzko aipamenak. Askotan egiten dira, eta horretan datza
gure ezadostasuna kasu honetan. Hemen argitu nahiko nuke, emakumeari
buruzko eskumena, gure kasuan, Euskadiko kasuan, gurea dela, Euskadin
badaukagula Emakunde, Emakumearen Euskal Erakundea, eta beraz, hemen
aipatzen diren zenbait puntuei buruzko ekintzen eskaerak edota
proposamenak edota martxan jartzeko zenbaitzuk dagoeneko guk martxan
ditugu, edota gure egoera zehatzari ez dira egokitzen, talka egiten dute
eta ezin dugu erabat ados egon.


Beraz, hau guztiagatik, eta berriz diot, espozizio atalean, eta
funtsean, Alderdi Popularreko senatariak aipatu duen bezala ganbara
honetan nabari geratu bada ere, denok gaudela eta beti balio erantsi
bezala ipini diogula ahalik eta gehienak bat etortzea gai honekin,
benetako garrantzia duelako, plantemendu orokorrarekin bat bagatoz,
xedapenen atalean zenbait ñabardura ditugu, eta ezin dugu babes osoa eman
mozioari.


Horregatik, Euskal Taldeak abstentziora joko du bozketan.


Mila esker.


Continuaré mi intervención en euskera.


El punto de partida de la moción defendida por la señora Fernández
Pena, del Partido Socialista, es muy grave: el fallecimiento de una
mujer. Volvemos con el mismo tema y esto nos lleva a hacer una reflexión,
y es que no hemos resuelto este problema, que no hemos acertado en su
solución y nos da una oportunidad de reflexionar al respecto.


Se constata que la violencia de género en el ámbito rural puede
ser aún más grave. ¿Por qué? En este contexto cultural hay varios
factores a tener en cuenta. Las mujeres del medio rural, tal y como ha
dicho la senadora Fernández Pena, tardan más en ser conscientes de la
realidad que sufren. Como hemos dicho muchas veces en relación con
nuestros jóvenes, no son conscientes de la violencia de género, y lo
mismo ocurre con las mujeres del ámbito rural, que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad, que incluso aumenta si viven solas o si son
mayores.


Es fundamental que se tomen medidas que concreten las obligaciones
de las administraciones públicas para garantizar los derechos de las
mujeres del medio rural; para lograr que las mujeres y los hombres que
viven en este ámbito tengan el mismo trato y los mismos derechos. La
perspectiva de género debería estar integrada en el sector donde se
constaten las distintas condiciones y necesidades de los hombres y las
mujeres. Al fin y al cabo, es esto lo que ayudará a las mujeres a
encontrar su lugar en los ámbitos de actividad y garantizará las
condiciones de las mujeres en el ámbito rural, desarrollando su profesión
y obteniendo la seguridad que necesitan.


En esta moción no estamos hablando únicamente de la igualdad, sino
de la violencia de género y, sobre todo, en un nivel más profundo: la
muerte de estas mujeres. Como he mencionado, tomar la seguridad como
punto de partida nos impulsará a lograr un empoderamiento de las mujeres,
teniendo en cuenta la gran importancia de este aspecto de cara al
problema que tratamos en esta moción.


Dicho esto, estamos de acuerdo con la parte expositiva de la
moción, pero quisiera hacer unas menciones sobre sus disposiciones. En
nuestra opinión, teniendo en cuenta los distintos puntos de vista en esta
Cámara, si incluimos muchos puntos es aún más difícil lograr un acuerdo.
Es cierto que es necesario lograr cierto nivel de concreción en las
mociones pero, en este caso, nos parece excesivo y creemos que no es el
camino más adecuado para lograr el acuerdo. Dentro de ese nivel de
concreción, que he dicho que dificulta lograr un acuerdo, se hace
referencia muchas veces a las autonomías y ahí es donde no estamos de
acuerdo. Quisiera aclarar que las competencias relativas al área de la
mujer corresponden a las comunidades autónomas, que en Euskadi tenemos al
Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde y que muchas de las propuestas de
la moción ya están en marcha en nuestra comunidad o no se adecuan a
nuestra situación concreta porque chocan con las medidas que ya hemos
adoptado.


Tal y como ha mencionado la senadora del Partido Popular, todos
estamos a favor de esta moción y queremos lograr un acuerdo porque es muy
importante. Sin embargo, aunque estemos de acuerdo con el planteamiento
general, no lo estamos con ciertos aspectos concretos.


Por ello, el Grupo Vasco se va a abstener.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra la
senadora Almiñana. (El senador López Veiga pide la palabra). Al final de
debate, senador López Veiga.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.


Señorías, saben todos ustedes que soy defensora del uso de las
lenguas de todo el territorio en esta Cámara, pero el debate de hoy, el
debate de ahora, el debate de esta moción, no es el de las lenguas ni las
distintas culturas, el debate es el de las mujeres que están sufriendo y
siendo asesinadas ahí fuera (Aplausos). Ese es el debate de esta
moción.


Les diré que subo a esta tribuna harta; harta de contar una mujer
asesinada cada cinco días en nuestro país; harta de contar 327 denuncias
diarias por violencia de género, harta de un machismo asesino que
atemoriza la vida de miles de mujeres y de niños diariamente en nuestro
país; harta, porque todavía hoy son insuficientes los hombres que nos
acompañan en esta lucha, no son la mayoría; harta también de un silencio
cómplice que a veces acompaña a cada agresión, a cada asesinato; estoy
harta de las condenas a los asesinatos que se quedan en palabras huecas y
no arrastran acción política clara, contundente y suficiente; y harta de
que, mientras aquí dentro discutimos de formas verbales, ahí fuera
continúan muriendo mujeres.


Efectivamente, estoy harta. Pero les diré otra cosa, yo no me
resigno; no me resigno a que las mujeres rurales de este país sean
mujeres de segunda o de tercera; no me resigno a la falta de recursos
suficientes para atender a las víctimas de la violencia de género, a sus
hijos y a sus hijas; no me resigno a que las mujeres rurales no dispongan
de asistencia psicológica si la precisan; no me resigno a que los fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado no estén formados en materia de
terrorismo machista de modo que sepan de qué hablan cuando están con las
víctimas. Yo no me resigno, y los senadores de mi grupo, tampoco; no nos
resignamos a vivir en una sociedad donde el Estado no combate el
terrorismo machista con todas las herramientas que tiene a su
alcance.


Por eso, votaremos sí a esta moción. Votaremos a favor porque
nuestra posición es que la violencia de género debe ser un problema de
Estado. La violencia de género no es un problema de las mujeres; la
violencia de género es un problema de los hombres que entienden las
relaciones personales desde la posesión y el control. Y esta posesión y
esta coacción limitan derechos fundamentales como la libertad, la
seguridad y, en el peor de los casos, el derecho a la vida. Por eso, es
un problema de Estado, porque la libertad, la salud y la seguridad de las
mujeres no se recortan, se garantizan, independientemente de que vivan en
el centro de Barcelona o en el pueblo más remoto de Castilla y León.


Las víctimas de la violencia de género son víctimas de un
terrorismo con unas características muy especiales: son las únicas
víctimas que sienten vergüenza y culpa por lo que están sufriendo y, por
eso, lo silencian, especialmente, en el mundo rural, donde les rodea más
silencio y más miedo.


Señorías, simplemente quiero exponer tres cosas para reflejar muy
claramente el concepto del mundo rural: hay menos recursos de atención a
las víctimas de violencia en comparación con el ámbito urbano; existen
problemas de movilidad, pues es frecuente que las mujeres tengan
dificultad para desplazarse o bien por no disponer de coche propio, por
no saber conducir o por tener dificultades para acceder a un autobús; y
también influye de manera especial no poder acudir a un centro de manera
anónima porque, como todos ustedes saben, en el mundo rural nadie es
anónimo. Sentir culpa y vergüenza por el sufrimiento de la violencia de
género es una de las características de este tipo de violencia. Sin
embargo, en el ámbito rural podemos observar que esta culpa y esta
vergüenza la determina de manera muy especial la actuación de la víctima,
porque estas mujeres no son solo controladas por sus agresores sino
también por su entorno y frecuentemente son las víctimas las que tienen
que abandonar el pueblo en lugar del maltratador. Al mismo tiempo, la
falta de anonimato hace que estas mujeres denuncien menos que otras
mujeres.


Además, tampoco hay que olvidar que en el ámbito de la agricultura
el trabajo femenino es fundamentalmente eventual, que solo en el 18 % de
las explotaciones agrarias consta la mujer como jefa y que la titularidad
de las tierras con nombre de mujer no llega al 30 %. Esto la sitúa en una
posición de mayor vulnerabilidad, con menos recursos propios, con menos
información, con más presión y más miedo a la hora de denunciar. Estas
mujeres tienen mayores dificultades para que se les respeten las órdenes
de alejamiento y tienen peor acceso a los recursos disponibles.
Seguramente no haya más casos de violencia en el mundo rural, pero están
más escondidos y las mujeres se encuentran más desprotegidas.


Iniciaba esta intervención diciéndoles que estaba harta, y así es.
Hace unos días leí que el feminismo no puede convertirse en el arte de la
paciencia sino que es una estrategia para cambiar el mundo y construir
unas sociedades más pacíficas; y en eso estamos. Nos sentimos hartas y
estamos perdiendo la paciencia ante mucha palabrería y pocos hechos,
mientras seguimos contando víctimas y asesinatos de un terrorismo que
parece no importar lo suficiente.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, senyor president.


Senyories, jo, com sempre, faré la meva intervenció en la meva
llengua i, si em permeten donar encara una nota de color més en aquest
debat, ho faré en pallarès que, a més a més, és una variant d’una
zona rural a la qual jo pertanyo. Nosaltres entenem que les llengües no
s’han de jerarquitzar. Totes les llengües, per a nosaltres, tenen
la mateixa categoria. Són un fet cultural i serveixen per a
comunicar-nos.


I, senyora Almiñana, jo faré la intervenció en català, en
pallarès, perquè penso que en pallarès puc vehicular perfectament la
problemàtica de les dones maltractades des d’aquesta tribuna.


Dit això, ens trobem davant d’una moció que novament ens
planteja la problemàtica de la violència masclista. Les dades ho
corroboren. No hi ha matisos. Més de 700 morts per violència masclista
els 10 darrers anys. Un descens d’un 10 %, aproximadament, en les
denúncies, i també un descens d’un 9 % en les ordres de
protecció.


No són dades que ens puguin encoratjar a ningú, de cap color
polític, ni permetre dir que tenim la feina feta. És cert que hi ha
problemes amb el tema de la violència masclista, per tot el col.lectiu de
dones, especialment per les discapacitades, per les immigrants, per totes
les dones majors de 65 anys i també per les dones del món rural, per
l’especificitat del seu entorn socioeconòmic i també per la
complexitat de les relacions en els pobles petits.


A ningú no se li escapa que tothom volem buscar solucions per a
això, dir que qualsevol persona d’






aquesta cambra parlamentària no
vol trobar una solució per això, seria faltar no només a la nostra
condició de polítics —per tant, persones interessades en trobar
solucions per a l’interès general— sinó també seria faltar a
la nostra condició d’humanitat. És cert que tots estem
d’acord en el fet que s’han de buscar solucions. El problema
és com busquem aquestes solucions.


La violència de gènere, la violència masclista és un obstacle per
a la igualtat o és la falta d’igualtat el que ens duu a la
violència de gènere? Cal continuar centrant els esforços en polítiques
socials d’igualtat? O potser hem d’abordar polítiques
d’igualtat en majúscules? En la nostra opinió, la desigualtat i la
discriminació són la causa de la violència masclista. I això encara
s’agreuja més en un context sociocultural del qual parlem aquí,
d’entorn rural. Per això cal fer polítiques d’igualtat que no
siguin només assistencials, que no siguin només de legitimació
d’aquells que criden més o la defensen més i que no acabi només amb
una legislació punitiva. Al nostre parer, caldria una revisió
d’entrada, una revisió de la normativa vigent en aquest moment
sobre aquests temes. I tenim dues lleis. La Llei de violència de gènere i
la Llei d’igualtat. Nosaltres pensem que, d’entrada, existeix
un cert anacronisme pel fet que la Llei de violència de gènere
s’aprovés el 2004 i la Llei d’igualtat el 2007. Per tant,
aquesta Llei de violència de gènere no té incorporats els paràmetres
d’igualtat i, com els he dit, com per a nosaltres la manca
d’igualtat és la base d’aquesta violència de gènere, pensem
que hi hauria d’haver una revisió en aquest sentit. Ho pensem
nosaltres i penso que ho pensa tothom perquè, des d’aquest 2004 que
vam aprovar aquesta llei, no deixem de tenir morts. A un ritme de 50
dones mortes per any i alguns anys fins i tot 76. Per tant, som
aquí.


També hi ha una disfunció, al nostre parer, en la pròpia Llei de
violència domèstica. Perquè en la seva part dispositiva i en la seva part
expositiva pensem que hi ha una certa, no és una negació, però sí un cert
desordre quant a l’objectiu a perseguir. Pensem, per tant, que la
primera cosa que hauríem de fer seria centrar-nos a mirar aquells
vehicles que tenim, aquelles lleis revisar-les.


Per altra banda, i centrant-me més ja en la moció, en
l’àmbit rural el fonamental és continuar implementant mesures que
permetin una major coordinació institucional per donar major eficàcia a
la lluita contra la violència masclista, amb una atenció especial a
l’impuls de les denúncies. Ho han dit tots els portaveus.
L’anonimat no existeix al món rural. Per tant, existeix una part de
vergonya afegida que, no només ho és en el tema de ser maltractat,
escolti’m, fins i tot gent que té malalties, com un càncer, se
n’amaga a les zones rurals perquè se sent culpable i se sent
fracassat pel fet d’estar malalt. Per tant, estem parlant
d’un tema molt greu i cal molta molta pedagogia, és un dels temes
principals.


Evidentment, que estem a favor de les campanyes de conscienciació.
Pensem, tal com posa a la moció, que cal anar conjuntament amb les
comunitats autònomes per a restablir les competències de
l’administració local en matèria de serveis socials. És un greu
error separar les competències dels ajuntaments dels problemes dels
veïns. Perquè són els que estan directament allà. Estan al costat dels
veïns. I coneixen, no només el nombre de vots, sinó el nom, el cognom i
la problemàtica concreta de cadascun d’ells. Ja ho hem dit moltes
vegades.


Però, si bé és cert que aquesta moció ens convida a fer moltes
coses, també els he de denunciar un cert desordre i aquesta voluntat que
en el seu primer paràgraf posava de respecte a les comunitats autònomes
es desdiu amb el contingut dels mateixos punts a proposar. Des de
Catalunya s’està fent feina i sap vostè, senadora, que tenim
competències exclusives en violència masclista. Disposem d’un
telèfon específic amb finançament exclusiu de la Generalitat. Tenim un
programa específic del món rural i marítim de formació i participació,
foment de l’emprenedoria i visualització de la tasca de la dona en
l’àmbit rural. Quant a crear unitats d’igualtat en les àrees
de desenvolupament rural, la Generalitat ha creat grups de
transversalització en els diferents departaments, també en el
d’agricultura, en els temes de desenvolupament rural.


Quant a establir indicadors i avaluar la participació de les
comunitats autònomes al desenvolupament del pla de sensibilització,
nosaltres no formem part d’aquest pla, senyoria, recolzem la nostra
pròpia xarxa de recursos, tenim serveis a tots els municipis de menys
de 20 000 habitants a través de la nostra organització en consells
comarcals, fem formació, quant a la formació dels professionals, estem
intentant incloure aquesta formació en els currículums a nivell
universitari, afavorim l’atenció a les dones en l’àmbit rural
i pensem que la solució són les noves tecnologies, en molts casos. A
Catalunya, senyoria, la Guardia Civil no té competències en aquest tema,
són els Mossos d’Esquadra els que fan la protecció de les víctimes
i tenen establerts els seus protocols. Tenim completada la xarxa de
centres d’atenció a la dona. Hem desenvolupat una llei per suplir
aquelles mancances que crèiem en la llei general.


En definitiva, senyoria, vostè ens posa en una dificultat. Perquè
nosaltres voldríem aprovar aquesta moció i entenem la bondat de la moció,
i tot el que hem fent nosaltres no ho volem només per a nosaltres, volem
que tothom ho tingui i, si pot ser millor, mirarem
d’aprendre’n, no es tracta de quarterar la problemàtica ni
voler-ho només per a nosaltres. Però, amb aquesta moció, senyoria, vostè
convida al Govern central a convidar-nos a fer coses pagant-les
nosaltres, i posar-se, com ja ho hem denunciat cada cop que hi ha una
iniciativa, aquesta mania que tenen de voler buidar-nos les competències
a les comunitats autònomes i canviar el sistema per la porta de
darrera.


Per tant, senyoria, jo no li puc acceptar que vostè convida al
Govern a que tornin a fer això, instant-los a que estiguin regulant i
estiguin coordinant competències que, en el nostre cas, són competències
exclusives i en d’altres comunitats autònomes també. Per tant, ens
trobaran sempre que vulguin per a coordinar, per a fer pactes
d’Estat per aquest tema, per a solucionar els problemes reals a la
gent de veritat, per donar resposta i que no hi hagi ni una sola mort de
cap dona a cap lloc, però, amb aquest format de moció, em sap molt de
greu, senyoria, però ens abstindrem.


Moltíssimes gràcies.


Gracias, señor presidente.


Señorías, como siempre, voy a realizar esta intervención en mi
lengua y, si me permiten dar una nota más de color a este debate, lo haré
en pallarés, que es una variante del catalán de la zona rural de donde
provengo. Nosotros entendemos que las lenguas no se han de jerarquizar,
que todas tienen la misma categoría, que son un hecho cultural y sirven
para comunicarse.


Señora Almiñana, yo voy a hacer mi intervención en catalán, en
pallarés, pues de este modo puedo vehicular muy bien desde esta tribuna
la problemática de las mujeres maltratadas.


Dicho esto, quiero decir que nos hallamos ante una moción que,
nuevamente, nos plantea la problemática de la violencia machista. Los
datos lo corroboran; no hay matices: más de 700 muertes por violencia
machista durante los últimos 10 años, un descenso de las denuncias
del 10 % y también un descenso de un 9 % en las órdenes de protección. No
son datos que puedan alegrar a ningún partido de ningún color
político.


No podemos decir que tenemos el trabajo hecho pues no es cierto.
Existen problemas de violencia machista para todo el colectivo de las
mujeres, para las discapacitadas, para las inmigrantes, para las mayores
de 65 años y también para las del mundo rural, por la especificidad de su
entorno socioeconómico y por la complejidad de las relaciones en los
pueblos pequeños.


A nadie se le escapa que todos queremos buscar soluciones para
ello. Decir que cualquier persona de esta Cámara no quiere encontrar una
solución al respecto no sería solo faltar a nuestra condición de
políticos —pues personas interesadas en encontrar soluciones somos
todos—, sino también faltar a nuestra humanidad. Todos estamos de
acuerdo en que hay que buscar soluciones, pero el problema es cómo las
buscamos.


¿La violencia de género, la violencia machista es un obstáculo
para la igualdad o bien es la falta de igualdad lo que nos lleva a la
violencia de género? ¿Hay que seguir centrando los esfuerzos en políticas
sociales de igualdad o bien tenemos que abordar políticas de igualdad en
mayúsculas? En nuestra opinión, la desigualdad y la discriminación son la
causa de la violencia machista, que todavía se agrava más en el contexto
sociocultural del que estamos hablando aquí, el entorno rural. Por ello,
hay que desarrollar políticas de igualdad que no sean solamente
asistenciales, no solo de legitimación de aquellos que gritan más, no, y
que no queden solo en una legislación punitiva. Pensamos que hay que
revisar la normativa vigente sobre estos temas: la Ley de violencia de
género y la Ley de igualdad. Nosotros pensamos que, de entrada, ya existe
cierto anacronismo por el hecho de que la Ley contra la violencia de
género se aprobase en el año 2004 y la Ley de igualdad en el año 2007.
Esta Ley contra la violencia de género no tiene incorporados los
parámetros de la Ley de igualdad y, como para nosotros la falta de
igualdad es la base de esta violencia de género, pensamos que tendría que
haber una revisión en este sentido. Lo pensamos nosotros y creo que
también lo piensa todo el mundo, porque desde el año 2004, año en el que
aprobamos esta ley, no dejamos de tener muertes, a un ritmo de 50 mujeres
cada año, y en alguno incluso hasta 76. Estamos a tiempo.


También pensamos que hay una disfunción en la propia Ley contra la
violencia doméstica, porque tanto en su parte dispositiva como en la
expositiva hay un cierto desorden respecto del objetivo a perseguir. Por
tanto, pensamos que lo primero que tendríamos que hacer sería centrarnos
en los vehículos que tenemos, en revisar aquellas leyes.


Por otro lado, centrándome ya en la moción, lo fundamental en el
ámbito rural es seguir implementando medidas que permitan una mayor
coordinación institucional para dar mayor eficacia a la lucha contra la
violencia machista, con una atención especial al impulso de las
denuncias. Como han dicho todos los portavoces, el anonimato no existe en
el mundo rural; existe la vergüenza añadida, pero no solamente la tienen
los maltratados; la tienen, incluso, escúchenme, personas que sufren
enfermedades como cáncer que lo ocultan en las zonas rurales porque se
sienten culpables y fracasados por el hecho mismo de estar enfermos.
Estamos hablando, por tanto, de un tema muy grave que requiere mucha
pedagogía; es uno de los temas principales.


Evidentemente, estamos a favor de las campañas de concienciación.
Pensamos, como está expuesto en la moción, que hay que, conjuntamente con
las comunidades autónomas, restablecer las competencias de la
administración local en materia de servicios sociales. Es un grave error
separar las competencias de los ayuntamientos de los problemas de los
vecinos, porque estos son los que están al lado de los ciudadanos, y no
solamente conocen el número de votos que tienen, sino sus nombres y
apellidos y la problemática concreta que les afecta, como hemos dicho
muchas veces.


Pero si bien es cierto que esta moción nos invita a hacer muchas
cosas, también tengo que denunciar cierto desorden y que esa voluntad,
que se expresa en el primer párrafo, de respeto a las comunidades
autónomas se desdice con el contenido de los mismos puntos que se
proponen. Desde Cataluña se está trabajando en este sentido y usted,
senadora, sabe que tenemos competencias exclusivas en materia de
violencia machista, que disponemos de un teléfono específico con
financiación de la Generalitat y que tenemos un programa específico sobre
el mundo rural y marítimo para formación, participación, fomento de la
emprendeduría y visualización de la tarea de la mujer en el ámbito rural.
Y en cuanto a crear unidades de igualdad en las áreas de desarrollo
rural, la Generalitat ha creado grupos de transversalización en los
distintos departamentos, también en el de agricultura y desarrollo
rural.


En cuanto a establecer indicadores y evaluar la participación de
las comunidades autónomas en el desarrollo del plan de sensibilización,
nosotros no formamos parte de este plan, señoría. Apoyamos nuestra propia
red de recursos y tenemos servicios para todos los municipios de menos
de 20 000 habitantes gracias a nuestra organización en consejos
comarcales. En cuanto a la formación de los profesionales, estamos
intentando incluirla en el currículum en un nivel universitario. Además,
favorecemos la atención a las mujeres en el ámbito rural y pensamos que
la solución en muchos casos pasa por las nuevas tecnologías. En Cataluña,
señoría, la Guardia Civil no tiene competencias en este tema; son los
Mossos d’Esquadra quienes protegen a las víctimas y tienen
establecidos sus protocolos. Tenemos completada la red de centros de
atención a la mujer y hemos desarrollado una ley para suplir aquellas
limitaciones que tiene la ley general.


En definitiva, señoría, usted nos pone en una dificultad, porque
nosotros quisiéramos aprobar esta moción, cuya bondad entendemos. No
queremos que todo lo que hemos hecho sea solo para nosotros. Queremos que
todo el mundo lo tenga. No queremos dividir la problemática y que la
solución sea solo para nosotros. Pero usted, señoría, invita al Gobierno
central a hacer cosas, pero pagándolas nosotros. Porque, como ya hemos
denunciado, cada vez que hay una iniciativa, por desgracia, ustedes
tienen la manía de vaciar de competencias a las comunidades autónomas y
de cambiar el sistema por la puerta de atrás.


Por lo tanto, señoría, no puedo aceptar que usted invite al
Gobierno a hacer esto, y les insto a que regulen y coordinen competencias
que, en nuestro caso, como en el de otras comunidades autónomas, son
competencias exclusivas. Siempre nos van a encontrar para coordinar, para
hacer pactos de Estado sobre este tema, para solucionar los problemas
reales de la gente, para dar respuestas y para que no haya ninguna muerte
más de una mujer en ninguna parte, pero con este formato de moción, me
sabe muy muy mal señoría, nos vamos abstener.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Fernández Pena.


La señora FERNÁNDEZ PENA: Señorías, vengo de un concello rural
gallego, de un ayuntamiento cuya economía se basa principalmente en la
agricultura y la ganadería, y en el que las mujeres trabajan
mayoritariamente en sus casas, en sus explotaciones; un concello
diseminado territorialmente: 169 km2, 9000 habitantes repartidos en dos
núcleos de población y 263 lugares habitados; y de una zona, la mía, A
Brea, en la que vivimos cuatro familias; un concello que cree firmemente
en las políticas de igualdad y prevención; un concello que tiene un
centro de información a la mujer en el que se reúne la mesa de
erradicación de la violencia en la que participan todos los agentes
locales del pueblo: policía local, guardia civil, sanitarios, asistentes
sociales; un concello con una concellería de igualdad específica que
todos los años redacta su propio plan municipal de igualdad; en el que se
hacen campañas con fondos municipales para la prevención y formación de
los adolescentes; en el que la política de la mujer es transversal a
todas las políticas, y en el que todos los años destinamos, en el
presupuesto municipal, un porcentaje para desarrollar todas estas
cuestiones; señorías, un concello socialista.


A pesar de que existen en la zona más concellos rurales con esta
conciencia que son un ejemplo, en la mayoría han desaparecido estas
políticas gracias a los recortes aplicados por el Gobierno central. Esta
es una realidad que se puede trasladar a toda España, y es que, a pesar
de las medidas y de los avances que se han conseguido en los últimos
años, gracias a la mayor implicación de la mujer en la vida social y
laboral y gracias al esfuerzo realizado, por ejemplo, con las
titularidades compartidas de las explotaciones ganaderas para el
empoderamiento de las mujeres, las mujeres del medio rural siguen
teniendo mayoritariamente una forma de vida inclusiva, una forma de vida
cerrada donde las relaciones de vecindad son muy intensas, lo que
dificulta que haya una reacción ante un problema de violencia.


Señorías, en el entorno rural existe una presión altísima sobre
las mujeres para ocultar el maltrato en el que viven al ser un medio
cerrado. Además, ellas mismas sienten que, al hacerlo público, estarían
afectando a su entorno social y familiar, con el agravante de que los
maltratadores se sienten menos cuestionados pues creen que gozan del
respeto de sus vecinos y que no se meterán en lo que pase dentro de su
casa. Esta es la realidad del medio rural. Le repito que en la mayor
parte de los concellos rurales la apuesta local por las políticas de
mujer son, salvo honrosas excepciones, inexistentes; además, el Gobierno
de España ha colaborado activamente para que esto sea así. El
desmantelamiento de los servicios locales en materia de igualdad,
propiciado por la Ley 27 de 2013, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local, ha llegado para terminar con estas políticas, y
tampoco ha ayudado en estos años la política de recortes presupuestarios
que, desde el inicio de la legislatura, ha impulsado el Gobierno de
Rajoy; unas políticas a las que, por cierto, como ya les decía antes, les
han gritado: basta en los ayuntamientos el pasado 24 de mayo.


Han reducido ustedes en un 22 % las partidas del año 2015
destinadas a combatir esta violencia respecto de los presupuestos de la
pasada legislatura. Han reducido sustancialmente las dotaciones para la
atención y protección de las víctimas de esta violencia, del mismo modo
que también han reducido las políticas de igualdad, tan necesarias para
producir el cambio sociocultural preciso para erradicar esta situación
que viven las mujeres en el ámbito rural.


Señorías, no pueden ustedes pedir consenso cuando lo único que
proponen son medidas en un papel, sin financiación. No se puede luchar
contra esta lacra solo con campañas publicitarias, que son necesarias,
pero que no bastan. No se puede luchar contra esta lacra con mociones
edulcoradas, ni se puede luchar contra esta lacra aplaudiendo al Gobierno
simplemente. Si queremos realmente hacer algo por estas mujeres que están
sufriendo en silencio una agonía, pongamos medios, pongamos formación y
pongamos dinero. Dejemos de recortar en asistencia sanitaria, dejemos de
recortar en protección y en información.


Es importante que seamos capaces de mandar mensajes claros a la
sociedad de que esta es una batalla imparable; que, como bien decía
usted, senadora, nos corresponde a todos; es imparable. Estos mensajes
los tenemos que dirigir también a las mujeres víctimas de este delito, de
este terrorismo, como decía Mónica Almiñana, para que en el medio rural
no se sientan solas y vean correspondida su valentía cuando denuncien lo
que les está pasando. Pero también tenemos que mandarle un mensaje claro
al Gobierno, a un Gobierno que tiene que cambiar su orientación, que
tiene que imprimir un cambio en las políticas de igualdad y contra la
violencia de género porque sus políticas no están funcionando. Lo
demuestra la constante disminución de las órdenes de protección, de las
órdenes de alejamiento, de los usuarios del servicio de protección de
víctimas de violencia de género, del número de mujeres con protección
policial. Lo demuestra la constante disminución del número de denuncias
por violencia de género, pero lo más grave es que están ustedes
consiguiendo que cale el mensaje de que, a pesar de denunciar, pueden ser
asesinadas. Y es importantísimo, señorías, que ese mensaje se retire, que
seamos capaces de convencer a estas mujeres de que la denuncia es
garantía de protección. No podemos, como ha hecho el Gobierno, renunciar
a promover una aplicación efectiva de la Ley de medidas de protección
integral contra la violencia de género; una ley que tenía como principal
logro el impulso decidido de los poderes públicos para romper este
silencio; una ley que hemos pedido en esta Cámara, en repetidas
ocasiones, que sea revisada, y que hasta hoy no tenemos noticia alguna de
esa revisión. Señorías, debemos combatir todos juntos al lado de todas
ellas, porque en este combate nuestra sociedad se juega su credibilidad
democrática.


La violencia de género no se mide solo por el número de muertos,
que es el indicador más cruel, se mide también por el número de mujeres
que logran salir de esa espiral de violencia. Y lo cierto, señorías, es
que, como dije antes y en más de una ocasión, no solo se acumula un
recorte presupuestario del 22 %, sino que en este año no hay más
protección que en el año 2011; las medidas de protección han bajado
un 16 %; las valoraciones de riesgo extremo, un 38 %; y las de alto
riesgo, un 28 %. No hay más denuncias; están por debajo de las que había
en el año 2011. Estos tres años, señorías, han servido para empeorar. Nos
han hecho retroceder en igualdad, nos han hecho perder mucho tiempo del
que ya habíamos ganado; y yo soy la primera, y sé que todos ustedes
también, que quiere llegar a un acuerdo, pero no podemos llegar a él con
palabras falsa, con intenciones; con eso, no se puede. No se puede llegar
a un consenso con quien saca de las aulas la igualdad y la prevención
contra la violencia de género. No se puede llegar a un consenso con quien
elimina competencias en la lucha contra la violencia de género en los
ayuntamientos, con quien está dejando desplomarse a la población activa
femenina de este país. No se puede llegar a un consenso con quien regatea
las políticas de igualdad convirtiéndolas en una bandera a la que asirse
cuando es necesario conseguir votos, pero que se guarda en un cajón el
resto del año.


Fíjense, ayer, mientras negociábamos, la senadora del Partido
Popular me decía que no podía aceptar las medidas que proponíamos para
aumentar la seguridad de las víctimas, que no podía aceptar las tres
cuestiones que planteábamos. Una de ellas era asegurar la accesibilidad y
la seguridad de los recursos e infraestructuras. Le dije que era cruel
que, empezando esta moción como empezaba en su parte expositiva,
recordando la muerte de Isabel Fuentes el pasado 8 de mayo, se eliminara
la frase «asegurar la accesibilidad y la seguridad de recursos e
infraestructuras»; era cruel, y sobre todo era cruel cambiarla por una
frase que suena muy bien en el papel y que dice así: «coadyuvar a la
accesibilidad y seguridad de los recursos y servicios».


Según la Real Academia Española de la Lengua, «coadyuvar»
significa contribuir o ayudar a la consecución de algo. ¿Es función de
este Gobierno ayudar a la accesibilidad de los recursos a las víctimas?
¿Es función de este Gobierno ayudar a la seguridad de las víctimas? No,
señoría, es su obligación, porque hasta con el lenguaje quieren ustedes
desentenderse de las políticas contra la violencia de género. Apoyen esta
moción en sus términos, atiendan a lo que la sociedad les demandó el 24
de mayo, porque estoy segura de que en poco tiempo los ciudadanos serán
los que les coadyuven a ustedes a irse con sus votos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández Pena.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Dueñas.


La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, senadora Fernández, lamento profundamente el tono que ha
utilizado tanto en el rechazo de la enmienda que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular como en el que ha utilizado en la última parte de
su intervención. Nadie ha dicho que esté todo hecho, sería negar la
realidad. Y este grupo parlamentario y esta portavoz no lo va a hacer,
pero sí es verdad que todos hemos hecho muchas cosas. Y cuando digo todos
es todos, no solamente el Grupo Parlamentario Popular. Señoría, aquí
nadie presume, no podemos hacerlo, pero sí sabemos reconocer, y usted
debería hacerlo, que este Gobierno ha dado pasos en firme en el avance en
la lucha contra la violencia de género. De verdad, ustedes siempre se
afanan en coger esa bandera a la que usted se refería en las materias de
igualdad. En la lucha contra la violencia de género no es admisible el
todo vale, no cabe hacer políticas partidistas ni electoralistas, como
usted ha dejado claro en gran parte de su intervención y, desde luego,
nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros tenemos claro que la lucha contra
la violencia de género no es patrimonio de ninguna ideología ni de ningún
color político. La lucha contra la violencia de género nos debe unir a
todos. Y después de escucharla, tengo claro que eso es lo que ha impedido
que lleguemos a un acuerdo, esa actitud absolutamente partidista. Lo
decía ayer el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y hoy lo
digo yo, si ustedes quieren un pacto de Estado como tanto solicitan, de
una vez por todas, dejen de utilizar la violencia de género.


Señorías, no quiero, entrando ya directamente en el turno de
portavoces, continuar mi intervención sin tener un recuerdo para todas
las mujeres que han sido asesinadas cobardemente a manos de sus parejas o
ex parejas, 13 mujeres hasta el 20 de mayo del presente año y, también,
para el resto de mujeres y de menores que vienen padeciendo esta lacra de
la violencia de género. En 2014, senadora Fernández, las denuncias han
aumentado por primera vez desde 2008. Y también hay que decir, porque yo
no sé sobre qué base maneja usted los datos que ha expuesto, que las
condenas a los maltratadores también han crecido. Y ese es un mensaje que
también debemos lanzar.


Muestra del compromiso firme del Gobierno en este asunto, se ha
puesto en marcha por primera vez en nuestro país una estrategia nacional
para erradicar la violencia de género: 284 medidas y 1558 millones de
euros; y ya podemos decir que se han ejecutado el 54 % de las acciones.
Hemos intensificado la prevención con la reforma educativa o con la
creación de aplicaciones, como la aplicación libre que permite detectar
desde el móvil las primeras señales de maltrato. Hemos puesto en marcha
un nuevo protocolo sanitario que está en continua evaluación, a lo que
hay que unir las diferentes campañas de concienciación que el ministerio,
en colaboración con todas las comunidades autónomas, está
desarrollando.


Señorías, todas estas medidas puestas en marcha inciden en la
necesidad —como han apuntado el resto de los portavoces— de
que las mujeres rompan el silencio y denuncien vivan donde vivan.
Comparto absolutamente que la denuncia es garantía de protección. Por
eso, este Gobierno —el Gobierno al que usted tanto ha
criminalizado, senadora Fernández— ha introducido por primera vez
la justicia gratuita para las víctimas con independencia de su situación
económica. Además, para que tengan un asesoramiento jurídico con
anterioridad a la interposición de la denuncia y para que esta sea lo más
completa posible y evite desagradables archivos o sobreseimientos, es
fundamental, como digo, ese asesoramiento jurídico que este Gobierno ha
puesto en marcha con carácter previo. Seguimos trabajando con el Poder
Judicial, con los Ministerios de Justicia e Interior en reforzar la
coordinación tan necesaria para evitar la desprotección, para evitar
casos tan dramáticos como el que usted ha reflejado en Orense que, por
cierto, como bien sabrá, está siendo objeto de la correspondiente
investigación para saber qué ha fallado en ese asunto tan absolutamente
dramático.


Igualmente, el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la
Ley Orgánica del Poder Judicial señala —lo apuntaba el senador
Iglesias— que se pretende potenciar la posibilidad de extender la
jurisdicción de los juzgados de violencia sobre la mujer a dos o más
partidos judiciales, lo que, entre otras cosas, permitirá asegurar la tan
necesaria especialización en este ámbito. Y hemos introducido en la
reforma de la Código Penal nuevos delitos que protegen a la mujer
—reitero, viva donde viva— y que extienden la libertad
vigilada a la violencia de género.


Señorías, el refuerzo de la coordinación se hace extensivo a las
comunidades autónomas. De hecho, en julio del pasado año aprobamos un
protocolo que agiliza los desplazamientos de las víctimas entre casas de
acogida. Con esta medida, a mi juicio muy importante a los efectos de
protección, se avanza en el establecimiento de una verdadera red nacional
de centros de acogida y se produce una mejora sustancial en la
coordinación entre las distintas redes autonómicas.


Hemos mejorado la atención integral y personalizada que se presta
a las víctimas. De hecho, las llamadas al 016 crecieron en 2014 casi
un 18 %. Además ahora —hay que reseñarlo— es accesible para
víctimas con discapacidad visual y auditiva y se presta en más idiomas.
Por fin, senadora Fernández, hemos dado visibilidad a los menores, algo a
lo que ustedes se opusieron en la anterior legislatura; este Gobierno ha
legislado para reconocerlos como víctimas directas de esta violencia,
para que puedan tener, como es de justicia, la misma asistencia que sus
madres.


Hemos promovido y aprobado el Plan Estratégico para la igualdad de
oportunidades 2014-2016 que define, entre sus objetivos, promover el
desarrollo de las mujeres en los ámbitos rural y pesquero. Y dentro de
éste, se ha desarrollado el Plan para la promoción de la mujer del medio
rural; un plan muy importante por las medidas que contiene y que además
ha sido reseñado por algunos de los portavoces en su intervención; un
plan que, concretamente, entre las medidas que se refieren a la violencia
de género, recoge apoyar a las asociaciones de mujeres rurales y
desarrollar programas dirigidos a la prevención integral de la violencia
contra la mujer; colaborar con las administraciones competentes de manera
activa y funcional y con la red básica de centros de acogida en materia
de violencia de género en el medio rural; desarrollar actividades de
formación sobre violencia de género para profesionales en el medio rural
y sistematizar los estudios específicos sobre el impacto y la repercusión
de la violencia de género en el medio rural mediante charlas, coloquios
con entidades sociales y, fundamentalmente, en el ámbito de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado.


Hemos tomado medidas en materia de empleo. Una mujer víctima no
terminará de salir de esa espiral de la violencia si no tiene acceso al
mercado laboral. En ese sentido, le puedo decir que los contratos
bonificados a las víctimas de violencia de género han crecido un 56 % en
esta legislatura, y que la red de empresas por una sociedad libre de
violencia de género, que agrupa ya a 62 empresas y 2 entidades
colaboradoras, ha comenzado a dar resultados muy positivos para la
inserción laboral de estas mujeres.


Hemos de dar mayor protección a las víctimas. Señorías, el
Estatuto de las víctimas del delito, que entrará en vigor el próximo 28
de octubre, introduce previsiones y medidas muy concretas que afectan y
que van dirigidas a la protección de las víctimas de violencia de género,
como, por ejemplo, que se les garantice la notificación de determinadas
resoluciones sin necesidad de que lo soliciten, de manera que estarán
informadas en cualquier momento de la situación penitenciaria del
inculpado o condenado y reitero, porque quizá parece que nos dirigimos al
público en general, que en el medio urbano y en el medio rural.


Formación especializada. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por
favor.


La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Es fundamental para hacer una buena
labor de concienciación, de prevención, de atención a la formación de
todos los operadores que intervienen en el proceso de atención,
información y protección.


Y en materia presupuestaria, senadora Fernández, tenemos muy claro
que el compromiso político no sirve de nada si no va acompañado del
correspondiente compromiso presupuestario. En ese sentido, le puedo
decir, porque consta en los presupuestos generales, que el presupuesto de
la delegación del gobierno para la violencia de género ha supuesto un
incremento del 6,86 % para el año 2015 y alcanza los 23,7 millones de
euros. Se han destinado 4 millones para el sistema de seguimiento por
medios telemáticos de las medidas de alejamiento; y otras partidas que
quedan recogidas en los presupuestos, van, como digo, destinadas a
mejorar la seguridad,…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: ... protección —sí, señor
presidente— y atención personalizada a las víctimas de violencia de
género.


Concluyo. Podría seguir porque, afortunadamente, este Gobierno
—y es verdad que quedarán cosas por hacer— ha hecho una
verdadera política de Estado en esta materia. Tuvo clara desde el primer
momento la necesidad de seguir avanzando, de adoptar medidas y de
colaborar con las comunidades autónomas en esta lucha contra la violencia
de género, porque mientras haya una sola víctima, nuestro esfuerzo no
será en vano, y los esfuerzos de todos los que estaban antes y los que
estamos ahora serán siempre muy necesarios.


Me quedo con dos datos, a mi juicio, positivos, porque no tendría
sentido acabar de manera tan negativa.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Sí, señor presidente.


El 77,6 % de las mujeres maltratadas han conseguido salir de la
violencia de género. Hay salida, a pesar de la posición tan negativa que
ha tenido el Grupo Socialista. Votaremos que no, pero votaremos que no a
su nula voluntad de consenso y a la utilización partidista de una
cuestión tan grave como la violencia de género.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE:






Muchas gracias, senadora Dueñas.


Llamen a votación. (El señor López Veiga pide la
palabra).


Tiene la palabra el señor López Veiga.


El señor LÓPEZ VEIGA: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo, obviamente, por la alusión directa, y poco afortunada
de la senadora Iparragirre, que ha hecho sobre mi opción personal del uso
de la lengua que me da la gana. En mi casa hay un letrero que dice «en
esta casa fálase o galego en todos los idiomas», porque en mi casa, por
ejemplo, se hablan normalmente 4 idiomas: el gallego, el español, el
francés y el holandés y siempre hablamos, es una opción personal
familiar, en la lengua que todos entienden.


Yo soy gallego desde arriba hasta abajo. A gallego no me gana
nadie, ni nos gana nadie a ninguno de los que estamos aquí o de los que
están por allí. (Aplausos). Nos entendemos de sobra. Y mi opción
personal, repito que es una opción personal, es que estando en el Senado
de España —y creo que todos nosotros lo entendemos—, lo
normal es facilitar la vida a los demás para que nos entiendan. El resto
que hable lo que quiera, que hablen el pallarés, me parece muy bien, o
que hablen el euskera…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor LÓPEZ VEIGA: Termino, señor presidente.


Lo que me da lástima es que la senadora Iparragirre no se haya
dado cuenta de que yo me había quedado aquí a escucharla, aunque fuera en
euskera. Lo que yo no voy a hacer, señor presidente, y termino ya, es
utilizar las lenguas como instrumento de defensa de ideologías contrarias
al espíritu universalista, casposas y tribalistas.


Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la senadora Iparragirre.
(Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Bai, eskerrik asko, presidente
jauna. Nire etxean ere euskaraz eta gazteleraz hitz egiten da. Ganbara
honetan daukadan eskubidea nahi dudan hizkuntzan hitz egiteko erabiltzen
dut, eta euskaraz egin dut beste edonork nahi duen hizkuntzan egiten duen
bezala.


En mi casa también hablamos en euskera y en castellano. En esta
Cámara tengo el derecho de hablar en el idioma que quiero, y lo utilizo.
Y he hablado en euskera igual que los demás hablan también en el idioma
que quieren.


Sigo en castellano. En mi casa también se habla en castellano y en
euskera. Y yo misma, que no soy euskaldunparlante de nacimiento, opté por
aprenderlo. Y lo utilizo en un lugar o en otro en función de lo que en
cada momento considero. Cuando utilizo aquí el euskera, lo hago en el
ejercicio del derecho que tengo y, siempre siempre, sabiendo que aquellos
de ustedes que quieran escucharme y entenderme tienen un servicio que se
lo permite. Yo también primo que en la comunicación se pueda conseguir el
objetivo final: que unos y otros podamos entendernos.


En cuanto al resto de valoraciones que usted ha hecho, no voy a
entrar en ellas.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Socialista con la incorporación de la enmienda de los senadores Iglesias
y Mariscal, con número de registro de entrada 184 508.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241;
votos emitidos, 241; a favor, 73; en contra, 148; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.









TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





PROTOCOLO ADICIONAL DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA
UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE
COREA, POR OTRA, PARA TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN DE CROACIA A LA UNIÓN
EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 25 DE MARZO DE 2014.


610/000148






ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL GOBIERNO MACEDONIO
PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA,
HECHO EN MADRID EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014.


610/000149






ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SINGAPUR
PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA EN
EL ÁMBITO DE LA DEFENSA, HECHO EN SINGAPUR EL 12 DE NOVIEMBRE DE
2014.


610/000150






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE ARABIA SAUDÍ
SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y EN LA LUCHA CONTRA LA
DELINCUENCIA, HECHO EN YEDA EL 18 DE MAYO DE 2014.


610/000151






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE
UZBEKISTÁN PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL
EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y SU
PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 8 DE JULIO DE 2013.


610/000152






ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE VANUATU SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN
PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN NUEVA YORK EL 26 DE SEPTIEMBRE DE
2014.


610/000153






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN
MADRID EL 25 DE JULIO DE 2013.


610/000154






ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE NAURU SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN
PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN NUEVA YORK EL 8 DE OCTUBRE DE
2014.


610/000155






ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO
DE GRANADA SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS PARA TITULARES DE
PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN NUEVA YORK EL 22 DE SEPTIEMBRE DE
2014.


610/000156






TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM, HECHO EN MADRID EL 1 DE OCTUBRE DE
2014.


610/000157






TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO
DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM, HECHO EN MADRID EL 1 DE
OCTUBRE DE 2014.


610/000158






PROTOCOLO DEL ACUERDO DE ESTABILIZACIÓN Y ASOCIACIÓN ENTRE
LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA
ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA, POR OTRA, PARA TENER EN CUENTA
LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE CROACIA A LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN
BRUSELAS EL 18 DE JULIO DE 2014.


610/000159






ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD
EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y
GEORGIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 27 DE JUNIO DE 2014.


610/000160






ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD
EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA
REPÚBLICA DE MOLDAVIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 27 DE JUNIO DE
2014.


610/000161






CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL SULTANATO DE OMÁN
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA
DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, HECHO EN MASCATE EL 30 DE
ABRIL DE 2014.


610/000162



El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1. y 6.1.1.
a 6.1.15.


El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas a estos
acuerdos. ¿Algún grupo desea intervenir? (La señora Capella i Farré pide
la palabra).


Senadora Capella, tiene la palabra.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.


Únicamente quisiera anunciar la abstención de Esquerra
Republicana a los tratados y convenios.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Iglesias Fernández
pide la palabra).


Tiene la palabra, senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Intervengo para manifestar mi rechazo al convenio con Arabia
Saudí en materia de seguridad, por entender que un país que acaba de
convocar cinco plazas u ofertas de trabajo de verdugo y que, además, ha
demostrado no ser un socio seguro en materia de seguridad, no debería
merecer el reconocimiento que este convenio significa.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Les anuncio también que ha habido utilización de la votación
telemática. Han sido autorizados dos votos. Uno, el del senador Marín
Torrecillas, que no ha hecho uso de esta autorización en todos los
tratados. El segundo ha sido la senadora Coralí Cunyat, que sí ha hecho
uso de su derecho a votación y ha votado afirmativamente a todos los
tratados. Por tanto, con las informaciones sobre la votación telemática y
las manifestaciones de la senadora Capella y del senador Iglesias, ¿se
pueden aprobar estos tratados? (El señor Guillot Miravet pide la
palabra).


Sí, senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, president.


Me sumo a la propuesta del senador Iglesias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


¿Se pueden autorizar estos tratados con las manifestaciones que
han hecho los senadores? (Asentimiento).


Quedan autorizados.


Muchas gracias.









MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL
DÍA 26 DE MAYO DE 2015 PARA ALTERAR EL ORDEN DE TRAMITACIÓN DE LOS DOS
ÚLTIMOS PROYECTOS DE LEY.


550/000058



El señor PRESIDENTE: A continuación, tengo que someter al Pleno
un cambio en el orden del día, que es el siguiente. En la tramitación de
los proyectos de ley figura, en primer lugar, el Proyecto de Ley en
materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes. En
segundo lugar, el Proyecto de Ley de recuperación y resolución de
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Y, finalmente,
el Proyecto de Ley de reforma de la Ley hipotecaria. Me solicitan los
portavoces que hagamos un cambio por el cual veríamos el Proyecto de Ley
de la Ley hipotecaria en segundo lugar y el Proyecto de Ley de
recuperación y resolución de entidades de crédito en tercer lugar.


¿Lo autoriza el Pleno? (Asentimiento).


Muchas gracias.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY EN MATERIA DE CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD
ESPAÑOLA A LOS SEFARDÍES ORIGINARIOS DE ESPAÑA (ANTES DENOMINADO PROYECTO
DE LEY EN MATERIA DE CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS
SEFARDÍES ORIGINARIOS DE ESPAÑA QUE JUSTIFIQUEN TAL CONDICIÓN Y SU
ESPECIAL VINCULACIÓN CON ESPAÑA, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 23
DEL CÓDIGO CIVIL Y POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA
ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA).


621/000113

Justicia


El señor presidente da lectura a los puntos 7., 7.1.
y 7.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la comisión, el senador Ramírez.


El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.


Me cabe el gran honor de presentar en este Pleno el dictamen del
Proyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los
sefardíes originarios de España (antes denominado Proyecto de Ley en
materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes
originarios de España que justifiquen tal condición y su especial
vinculación con España, por la que se modifica el artículo 23 del Código
Civil y por la que se regula el procedimiento para la adquisición de la
nacionalidad española por residencia).


El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración
del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo
su entrada en esta Cámara el día 1 de abril, fecha, asimismo, de su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de
presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el día 15 de
abril, fue ampliado hasta el día 21 de abril del año en curso. A este
proyecto de ley se presentaron 4 propuestas de veto y 92 enmiendas.


El día 28 de abril, la comisión designó ponencia que quedó
integrada de la siguiente manera: don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo
Parlamentario Vasco; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario
Socialista; doña María del Carmen Dueñas Martínez, del Grupo
Parlamentario Popular; doña Silvia Franco González, también del Grupo
Parlamentario Popular; don Iñaki Goioaga Llano, del Grupo Parlamentario
Mixto; don José Vicente González Bethencourt, del Grupo Parlamentario
Socialista; doña María Rieradevall Tarrés, del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió; y don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.


Dicha ponencia se reunió el día 5 de mayo y emitió informe en el
que introducía modificaciones en el texto remitido en su día por el
Congreso de los Diputados.


La comisión se reunió para dictaminar el día 5 de mayo e hizo la
emisión del dictamen en el que se recogen ulteriores modificaciones del
texto del proyecto de ley.


Han presentado votos particulares a este dictamen el señor
Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Guillot Miravet y el señor Saura Laporta,
ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora
Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor
Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la
señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; y los Grupos Parlamentarios Mixto, Vasco, Entesa
pel Progrés de Catalunya, Convergència i Unió y Socialista.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.


Señorías, vamos a entrar en el debate de las tres propuestas de
veto presentadas.


Yo les propondría que, si este debate se terminara antes de las
dos y media, procediéramos a la votación de las propuestas de veto y que
a lo largo del almuerzo se realizara el debate de las enmiendas, que no
se votarían antes de las cuatro. Si se prolongara más allá de las dos y
media este debate, votaríamos a las cuatro, pero sepan ustedes que
terminado el debate de los vetos, sin poder votarlos no se puede seguir
con el debate de las enmiendas. ¿Queda entendido? (Pausa.-Rumores). Es
pura información.


Entramos en el debate de las propuestas de veto.


En primer lugar, la propuesta de veto número 1, de los senadores
Iglesias y Mariscal. Para su defensa, tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


La expulsión de los judíos y de los moriscos sin duda constituyó
una de las páginas más negras de nuestra historia. Fue una expresión de
la negación de la diferencia y, con características de un concepto propio
de nuestro tiempo —sé que no es justo proyectarlo sobre realidades
históricas distintas—, un auténtico ejemplo de genocidio.


Además de los procesos extraordinarios a los que hace referencia
el preámbulo del proyecto, que fruto del reconocimiento de la especial
vinculación de las comunidades sefardíes permitió que miembros de estas
accedieran a la condición de españoles, nuestro vigente Código civil les
homologa a los nacidos en Estados con los que, igualmente, nos unen
fuertes lazos históricos a la hora de establecer un procedimiento
privilegiado de acceso a la nacionalidad española.


Con esta reforma se da un paso más: que puedan disfrutar de la
doble nacionalidad sin la exigencia de un tratado de reciprocidad como se
demanda a esos Estados —en relación con los sefardíes no estamos
hablando de un Estado—.


Nuestro rechazo al proyecto parte de diferentes motivaciones que
el veto refleja. Por un lado, entendemos que resulta improcedente una
nueva reforma parcial de la nacionalidad, cuya regulación sigue dispersa
y bien merecería ser refundida en un único texto que, además, introdujera
criterios homogéneos en lo que se refiere a la adquisición de la
nacionalidad con los criterios contenidos en la legislación de la mayoría
de los Estados de la Unión Europea.


También motiva nuestro veto los agravios comparativos que se
generan en relación con otras comunidades. En el Pleno anterior tuvimos
un debate en torno al genocidio de Armenia y los argumentos y la votación
demostraron que cien años no bastaban para que en la Cámara se produjera
un pronunciamiento de reconocimiento de tal situación. Han transcurrido
quinientos años desde la expulsión de los sefardíes y no han pasado
muchos menos desde la expulsión de los moriscos. Por ello reivindicamos
que se dé a los moriscos un tratamiento similar al que este proyecto
contempla para los sefardíes.


¿Por qué? En los primeros meses del año 2013 —quizá sus
señorías lo recuerden— la ocupación de Tombuctú por los rebeldes
tuareg alertó sobre el peligro que ello suponía para los 3000 manuscritos
de la familia Kati, que pasaron de mano en mano tras la expulsión de su
residencia inicial en Toledo, primero en Marruecos, luego en Mauritania y
en torno al siglo XVI ya estaban en Níger, donde permanecieron hasta el
XVIII, hasta recalar en Malí, donde los escondieron de los franceses
porque los colonos depredadores pretendían trasladar a Francia esa
documentación tan importante para nuestra historia. Y fueron los
descendientes de esos moriscos los que nos permitieron conocer esa
información.


Por otro lado, creemos que una realidad más próxima en el tiempo,
la que es fruto del abandono del Sáhara occidental por parte de España,
debiera llevarnos a facilitar a los saharauis su acceso a la nacionalidad
española. El informe de la defensora del pueblo correspondiente al
ejercicio 2014 que debatimos en esta Cámara nos daba un dato
tremendamente llamativo. De las solicitudes de nacionalidad por
residencia, después de diez años, formuladas por los saharauis se habían
concedido 6 y denegado 569. Además, para la tramitación de los
procedimientos de nacionalidad —parece que sí en los de
residencia— no se reconoce validez a la documentación emitida por
la República Árabe Saharaui Democrática. Sin embargo, en este proyecto se
va a reconocer documentación emitida por los responsables de las
comunidades sefardíes.


En este proyecto sigue sin resolverse, además, la situación de
los hijos de padre o madre originariamente españoles que no hayan nacido
en España —cientos de miles en Latinoamérica—, y resulta
sangrante la situación de los descendientes de las españolas, que hasta
la Constitución perdían la nacionalidad al casarse.


Rechazamos el papel que en el proyecto se da a los notarios para
que levanten actas de notoriedad de la condición de sefardí y de la
vinculación con España.


Hay un conflicto —vamos a decirlo así— que no se
resuelve ni con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular
ni, según he podido intuir —no he podido leerla con
detenimiento—, con la enmienda transaccional que se va a formular.
Guarda relación con la validación por parte de la Federación de
Comunidades Judías de España de los documentos de las comunidades de
otros países. Sus señorías habrán recibido, como yo, la amplia
documentación que nos hace llegar el primado de Sion y gran rabino
sefardí de Jerusalén, ratificada por más de 20 rabinos de diferentes
comunidades en distintos países.


Discrepamos del establecimiento de una tasa para estos
expedientes y los de adquisición de nacionalidad por residencia o por
carta de naturaleza.


Finalmente, es motivo del veto la introducción en la disposición
adicional cuarta de unas pruebas de integración. Entendemos que son
absolutamente innecesarias y que no guardan relación con el sentido del
proyecto.


Creo que he sido fiel a la información proporcionada por el señor
presidente en cuanto al tiempo de duración de mi intervención.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por las
senadoras Almiñana y Sequera y los senadores Boya, Bruguera, Martí,
Montilla y Sabaté, del Grupo Parlamentario Entesa.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.


Este proyecto de ley demuestra hasta qué punto el Grupo
Parlamentario Popular pervierte la técnica legislativa; hablamos, pues,
de una técnica legislativa perversa y, a nuestro juicio, de una falta de
respeto a las Cortes Generales, tanto al Congreso como al Senado.


¿Por qué decimos esto? Si hacemos un breve repaso al devenir de
esta ley en su fase parlamentaria, creemos que les resultará evidente.
Estamos hablando de un proyecto de ley aprobado por el Gobierno que entra
en el Congreso de los Diputados; un proyecto de ley correcto que, en todo
caso, se podría haber mejorado a través de las enmiendas de los distintos
grupos parlamentarios. ¿Pero qué ocurre? Pues que en el Congreso de los
Diputados el Grupo Parlamentario Popular presenta en la práctica una
enmienda a la totalidad a un proyecto de ley de tan solo dos artículos.
Cambia absolutamente el proyecto, algo de lo que ya nos hemos quejado en
muchísimas ocasiones, porque no es la primera vez que ocurre, evitando
así los informes preceptivos de los órganos que deben elaborarlos y
eludiendo también las enmiendas que puedan presentar los diferentes
grupos parlamentarios, así como su debate.


Este proyecto de ley, completamente cambiado, entra el en Senado,
y como consecuencia de ello muchos de los grupos parlamentarios
presentamos vetos. ¿Y qué ocurre? Pues que el Grupo Parlamentario Popular
presenta en la práctica un veto a su propio proyecto y lo cambia entero
nuevamente, regresando más o menos al texto aprobado por el Gobierno que
entró en el Congreso de los Diputados. Con lo cual ocurren cosas como que
hemos presentado enmiendas a partes de artículos que ya no existen en el
texto aprobado por la ponencia en esta Cámara. Así pues, realmente nos
encontramos con una situación absolutamente kafkiana.


Ya habíamos visto otras cosas; hemos visto importantes cambios
introducidos en el Congreso para después mantenella e no enmendalla, es
decir, mantenerlo aquí, en el Senado. Pero lo que nunca habíamos visto en
ninguna otra tramitación de una ley era hacer una y otra cosa a la vez.
La pregunta a la que realmente no he encontrado respuesta, aunque en
parte me la podría imaginar, es por qué ha ocurrido esto, por qué el
Grupo Parlamentario Popular legisla dando bandazos de esta manera.


Nosotros hemos presentado, pues, un veto precisamente para poner
de relieve esta perversa técnica legislativa, y también para hacer
justicia y reparar la deuda histórica contraída con la comunidad judía,
expulsada injustamente de nuestro país, como ya se ha comentado, hace más
de quinientos años. Pero es cierto que para mejorar este texto
consideramos que lo mejor no sería tanto la presentación de un veto como
la de enmiendas concretas a las distintas partes de los dos artículos, a
las disposiciones adicionales y finales, etcétera, porque evidentemente
lo que pretendemos también es ampliar este legítimo derecho a otros
colectivos, como defenderemos a posteriori en el turno de enmiendas.


Por cierto, hablando del pueblo saharaui, cuyo problema tenemos
desde hace cincuenta años, esperemos que la resolución del problema
saharaui no tenga que esperar otros cuatrocientos cincuenta años, pues
sumados a esos cincuenta serían ya quinientos, que es lo que hemos tenido
que esperar para resolver el problema de la comunidad judía de nuestro
país y de otros colectivos como, por ejemplo, el de los descendientes de
mujeres emigrantes españolas que no transmitían la nacionalidad hasta la
aprobación de la Constitución. En todo caso, esto lo defenderemos en el
trámite de las enmiendas.


La necesidad de reconocimiento y concesión de la nacionalidad
española a los sefardíes originarios de nuestro país viene de lejos, y
afirmo con orgullo, señorías, que el grupo parlamentario al que
represento empezó a trabajar en este tema hace muchísimos años. Quisiera
recordar, porque creo que es de justicia hacerlo, reconocerlo y
valorarlo, que fue el amigo y compañero Ernest Lluch quien impulsó y
consiguió en el año 1981 la modificación del Código Civil introduciendo
la equiparación de los sefardíes con los nacionales de los países
iberoamericanos, de Filipinas y de otros antiguos territorios españoles a
efectos de la obtención de la nacionalidad española por residencia. Nos
ha parecido que era de justicia reconocerlo. Hoy, señorías, culminaremos
afortunadamente este proceso iniciado en el año 1981 para el
reconocimiento de la nacionalidad española a los descendientes de quienes
fueron expulsados, repito, hace quinientos años y han mantenido vivos sus
vínculos con nosotros durante estos cinco siglos.


Para ir finalizando, señor presidente, quiero hacerme eco de una
frase de un pequeño párrafo de la respuesta alegato que escribió Isaac
Abravanel en respuesta al edicto de expulsión de los judíos de España
del 31 de marzo de 1492. Leo textualmente: «Si los errores son
reconocidos a tiempo, pueden ser corregidos y el ladrillo débil que
soporta el edificio puede ser resituado en posición correcta. Asimismo,
un edicto errado, si es cambiado a tiempo, puede ser corregido; pero
objetivos religiosos han aventajado a la razón y malos consejos han
precedido al justo reconocimiento. El error de este edicto será
irreversible, lo mismo que estas obligaciones que proclaman; mi rey y mi
reina, escuchadme bien: error ha sido, un error profundo e inconcebible
como España nunca haya visto hasta ahora. Vosotros sois los únicos
responsables, como instrumentos del poder de una nación; si las artes y
letras dan pautas a sensibilidades más refinadas, si vosotros habéis
aplacado el orgullo del infiel musulmán, pese a la fuerza de su ejército,
mostrando conocimiento del arte y de la guerra y respetando su
conciencia, ¿con qué derecho los inquisidores recorren los campos
quemando libros por miles en piras públicas?»


Pues bien, señorías, hemos tardado quinientos años en corregir
este error. Repito, esperemos que el pueblo saharaui no tenga que esperar
otros cuatrocientos cincuenta años.


Termino, señor presidente, señorías, con otra cita, la de Gabriel
Elorriaga hace aproximadamente un mes en un artículo de opinión titulado
De regreso a Sefarad: Nunca mejor que ahora podemos dar la bienvenida a
estos españoles que lo han querido ser a pesar de persecuciones y de
padecimientos, de la ignorancia y del olvido, y a los que hoy abrimos los
brazos para un definitivo reencuentro.


Finalizo, ahora sí, señorías, anunciando, señor presidente, que
retiramos el veto, puesto que la modificación ha sido tan sustancial que
entendemos que con las enmiendas parciales que vamos a defender a
continuación es suficiente. Por lo tanto, retiramos el veto y no lo
sometemos a votación.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.


La propuesta de veto número 4 ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el senador
Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Buenas tardes, señorías. Con la venia,
señor presidente.


Hago mías todas las expresiones usadas por el compañero Rafel
Bruguera en nombre de la Entesa, y no solo las expresiones sino el tono
persuasivo y didáctico que ha utilizado en la explicación, y doy por
repetidas las citas de todos los autores, entre ellos, particularmente a
Ernest Lluch. Lo subrayo de manera especial por muchos motivos que no
hace falta explicar otra vez.


¿Por qué razón el Grupo Socialista presentó el veto? Porque no
pudimos presentar en el Congreso de los Diputados una enmienda a la
totalidad. Yo me reuní con Carmela Silva Rego, ponente del Grupo
Socialista en esta materia y anterior portavoz del Grupo Socialista en
esta Cámara, y me explicó lo acontecido. El senador Bruguera ya ha
explicado bien que cuando este texto llegó al Congreso de los Diputados
uno podía pensar: nadie va a poner un pero, nadie va a poner el obstáculo
de una coma a este texto, porque supone una reparación histórica, supone
una labor de justicia histórica, y nadie la cuestiona; al contrario,
pensábamos que todos se iban a disputar en ponencia, en comisión y en
Pleno ser más retórico, usar más poesía; pensábamos que iba a ser un
juego de lírica entre todos los presentes, cuando no de pura historia, a
ver quién exhibía más citas históricas. Pero lo que al principio iba a
ser un camino de rosas o de pétalos de almendro, al final se convirtió en
un motivo de pugna que no acabábamos de entender a qué se debía.


Es verdad que en España tenemos una asignatura pendiente. La
democracia española tiene varias asignaturas pendientes, y una de ellas
—lo decía el señor Bruguera— es la de los saharauis, los
hijos de los españoles que vivían allí. En alguna ocasión he contado en
la Comisión de Justicia que yo, a los 12 años, estaba en el campamento de
Tamadaba, en Gran Canaria, en el campamento de la OJE, y había un señor
de 12 de años, que ahora tiene mi edad, 61 años, cuyo nombre es Sidagmi
Ul Omar Mul Mohamed, porque los canarios y los saharauis hacíamos
campamentos juntos, estudiábamos juntos. Aquí hay majoreros y hay
chicharreros, y esto que estoy diciendo para ellos sobra, porque lo
vivían permanentemente. Estudiaban bachillerato y estudiaban en la
universidad. Por ejemplo, desde la época de la universidad, conozco a
Bujari, que es el representante de Exteriores de los saharauis, estaba
dos cursos por delante de mí en la Universidad de La Laguna y era un
brillantísimo estudiante. Pues bien, de pronto, personas con las que
convivíamos de forma regular, ellos y sus hijos no tienen la nacionalidad
española. Esto pasó en el año 1975 y es una asignatura pendiente. Tenemos
asignaturas pendientes ya no solo con los moriscos —como dijo antes
el señor Iglesias—, tenemos asignaturas pendientes con los
exiliados españoles en los años treinta, cuarenta y cincuenta, aquellos
que al llegar la mayoría de edad no optaron por la nacionalidad española,
pero su hermano menor de edad sí, o con las mujeres que al casarse
perdieron el apellido español y asumieron el apellido del marido. Son
nietos y nietas de españoles que no pueden tener la condición de
españoles. Alguno podrá pensar: esto de español o no español es una
cuestión menor. Falso. Es el estatus jurídico de una persona, y en
función de su nacionalidad se tiene unas obligaciones, unos deberes y
también unos derechos, y hay una responsabilidad de las administraciones
públicas del Estado para con sus nacionales y de nosotros para con
nuestros compatriotas. Pues bien, en esta pelea por el estatus jurídico,
todos pensábamos que esta ley, tal cual venía del Gobierno al Congreso no
iba a crear pugna por conflicto partidario, no iba a crear pugna por
conflicto ideológico, sino que todos teníamos en común un acuerdo básico.
En 1492 se expulsó a los judíos, se expulsó a los moriscos. La situación
de los moriscos, en la medida de lo posible, está muy repartida por toda
la geografía, pero no han mantenido, no han hecho un esfuerzo de
pervivencia del idioma, de las expresiones, de las canciones, del
romance, incluso de la gastronomía, vinculados a España. Ellos siguen
amando ese mito que para ellos es Sefarad.


Pues bien, de pronto esto se transforma durante la tramitación y
aparece una disposición adicional cuarta de la que se podría pensar:
puede que el sistema democrático español quiera aprobar estas asignaturas
pendientes relativas a los grupos humanos que he citado: hijos de
exiliados, saharauis y moriscos. Pero no, lo que hace es cambiar todo el
sistema de adquisición de la nacionalidad estableciendo un conjunto de
pruebas que, entre otras cosas, no define sino que apela a que sea un
reglamento el que después lo precise. Y nos preguntamos: ¿Pero esto no
era para los sefardíes? ¿A propósito de qué, aprovechando esto, de pronto
se transmuta en otra cosa distinta, con un calado y una trascendencia
generales y unas pruebas indeterminadas e indefinidas, dejando que sea un
reglamento el que lo precise? Por esa razón, nuestra portavoz en el
Congreso mostró su indignación y planteó la necesidad de una enmienda a
la totalidad, pero ya no podía ser porque no cabían consultas a ningún
órgano ni posibilidad de modificación salvo a través de enmiendas
parciales.


Señorías, de 2012 a 2013 fueron 68 las personas que adquirieron
la nacionalidad española por haber acreditado su condición de sefardí, 68
personas. El 30 de diciembre de 2014 se concedió certificado de
residencia a 5 millones de extranjeros en España. Entonces se podría
pensar: a lo mejor es que por fin vamos a tener una ley de acceso a la
nacionalidad para regular todo esto. Pero no, lo que tendría que haber
sido una ley dedicada exclusivamente a la reparación histórica en
relación con la comunidad judía, la comunidad sefardí, que ha hecho un
esfuerzo por mantener la cultura, la gastronomía, las canciones y el
idioma, se transformaba en un nuevo instrumento para poner dificultades
en el acceso a su condición de españoles. De ahí la razón de ser de
nuestro veto. ¿Qué ha ocurrido durante la tramitación? Que al llegar al
Senado han retirado la disposición adicional cuarta —el instrumento
utilizado para esta transformación profunda de acceso a la
nacionalidad—, no incluyen a estos otros grupos humanos a los que
me estoy refiriendo, muy al contrario, la ley se refiere exclusivamente a
los sefardíes.


No han aceptado ninguna de nuestras enmiendas. Nosotros
pensábamos que ya que estábamos regulando una situación específica,
podíamos hacerlo de tal manera que pudieran acogerse a esa realidad otros
grupos humanos. Pero el planteamiento es el siguiente: celebremos la
fiesta solo con los sefardíes y dejemos pendiente el resto de grupos
humanos para otro momento. A nosotros nos parece que esta sigue siendo
una asignatura pendiente de la democracia, pero ello no empece que
podamos aprobar esta ley.


Por esa razón presentamos el veto, y en este momento el Grupo
socialista, después de esta explicación —porque no procede actuar
en la vida pública sin explicar las razones por las que se adoptan unas
decisiones u otras—, motivando, exteriorizando y explicando por qué
lo hacemos, una vez que se retire la disposición adicional cuarta,
retiramos el veto. ¿Estamos colmados de satisfacción por la regulación
que recoge el texto? No, pensamos que estas asignaturas pendientes se
podían haber aprobado. ¿Podríamos haber hecho una ley más amplia y
general que acogiese en su seno a estos grupos humanos? Sí, pero la plena
satisfacción no tiene por qué estar reñida con una satisfacción
suficiente de, al menos, solventar una asignatura pendiente que tenía
nuestra democracia. Creo que es motivo de alegría, y por esta razón, aun
sobrándome cinco minutos y medio, dejo de hacer uso de la palabra y les
comunico que retiramos el veto.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.


Turno en contra.


Tiene la palabra la senadora Franco


La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Por lo que hemos escuchado hasta este momento, es evidente que el
proyecto de ley que hoy vemos en este Pleno del Senado es diferente del
que nos llegó del Congreso. Es un proyecto de ley que se ha depurado en
su contenido, ya que se eliminó la disposición adicional cuarta, que se
introdujo vía enmienda en el Congreso, que regulaba con carácter general
la nacionalidad por residencia. Por tanto, hoy este proyecto de ley
regula exclusivamente una materia específica, tiene un objeto específico,
exclusivamente regula la concesión de la nacionalidad por carta de
naturaleza a los sefardíes originarios de España.


A pesar de los reproches que han señalado los senadores Bruguera
y Díaz Tejera, creo que todos estamos de acuerdo en que la eliminación de
la materia que era ajena al objeto inicial del proyecto, objeto que hoy
tiene y que está perfectamente definido, es un acierto porque va a
redundar tanto en la unidad lógica del proyecto como en su coherencia.
Por tanto, ya que la cortesía parlamentaria está por encima de todo, lo
primero que quiero señalar es nuestro reconocimiento por el hecho de que
sus señorías hayan retirado los vetos, también el que formuló el Grupo
Parlamentario Entesa, si bien, discrepo de determinadas afirmaciones que
han realizado. Sé que esta cuestión la hemos debatido ya en innumerables
ocasiones, pero lo que no puedo admitir bajo ningún concepto es que se
considere que el ejercicio del derecho de enmienda es una perversión.
Señorías, este ejercicio deriva de la propia Constitución y los grupos
parlamentarios ejercen este derecho de enmienda. Es verdad que hay unas
normas que exigen una conexidad entre la materia objeto de la ley y las
enmiendas que se introducen, una conexidad que en el Congreso se valora
de una manera más amplia que en el Senado, porque nosotros somos Cámara
de segunda lectura, y es cierto que es la Mesa del Congreso la que decide
si la materia objeto de enmienda reúne ese requisito de conexidad con el
texto a tramitar, y en este caso fue lo que se hizo. Por tanto, no voy a
compartir nunca la calificación de que es una perversión del
procedimiento. Saben sus señorías que hay multitud de ejemplos de leyes
en esta y en todas las legislaturas en las que se han introducido
enmiendas en las que la materia sí tenía esa conexidad mínima, aunque no
coincidiera totalmente con el objeto del proyecto de ley; esto ha
ocurrido siempre.


Tampoco comparto la idea de que el que se haya introducido esa
enmienda en el Congreso y después se haya retirado en el Senado sea
kafkiano. Creo que es muy sencillo: se reguló la nacionalidad por
residencia y se ha retirado la regulación de la nacionalidad por
residencia, lo cual considero que es un acierto porque redunda en la
coherencia del texto. Por tanto, la situación la veo muy clara, lo único
que hay que hacer es aclararse. Si el veto se formuló por la introducción
de la regulación de la nacionalidad por residencia y ahora se ha
eliminado esa regulación, el veto se retira; sus señorías lo han hecho, y
de verdad que tienen el reconocimiento del Grupo Parlamentario Popular
por ello, porque pone de manifiesto la coherencia de ambos grupos, aunque
es verdad que discrepamos en cuestiones tanto de procedimiento como de
contenido. Pero la postura de los grupos ha sido coherente.


Entro ya en el análisis de los motivos del veto que continúa
vigente, que es el que ha defendido el senador Iglesias. Usted ha señalo
diferentes razones por las que se oponía al contenido del proyecto. A
continuación les voy a exponer los motivos por los que consideramos que
esas razones no son suficientes para aprobar el veto. Es cierto que
albergo dudas. Ciertamente, hay cuestiones en las que discrepamos y sobre
las que mantenemos criterios distintos, pero albergo dudas de que estas
razones sean de entidad suficiente como para presentar un veto al
contenido de este proyecto de ley, porque también estoy convencida de que
su señoría comparte la necesidad de regular y facilitar la adquisición de
la nacionalidad española por carta de naturaleza a los sefardíes
originarios de España.


Ha señalado su señoría, en primer lugar, que formulaban el veto
porque esta ley no lleva a cabo una reforma integral de todo el derecho
de nacionalidad y que, por tanto, se mantiene la dispersión normativa
existente. A este respecto le diría que, sin perjuicio de que en un
futuro se pueda llevar a cabo la regulación integral del derecho de
nacionalidad, el objeto de esta ley no es llevar a cabo la regulación; el
objeto es muy específico y muy concreto, máxime después de las enmiendas
que hemos introducido en esta Cámara: precisamente regular la concesión
de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España,
eliminando además un agravio comparativo que sufría este colectivo en
relación con otros colectivos que también han formado parte de la
historia de España. Y es que a los sefardíes se les exigía la renuncia a
su nacionalidad para poder adquirir la nacionalidad española. La
principal reforma que lleva a cabo este proyecto de ley es que va a
permitir compatibilizar ambas nacionalidades, va a permitir la doble
nacionalidad, al igual, como he dicho, que otros colectivos que han
formado parte de la historia de España y mantienen la doble nacionalidad,
como es el caso de los solicitantes que proceden de países
iberoamericanos, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o Andorra.


El hecho de que sea una ley específica la que facilite la
concesión de la nacionalidad española a un colectivo singular no
representa una anomalía en nuestra tradición jurídica porque desde que se
aprobó el Código Civil han sido leyes especiales, singulares, las que han
reconocido el acceso a la nacionalidad española para colectivos
singulares y especiales. Hay diferentes ejemplos —muchos vienen
relatados en la exposición de motivos de este proyecto de ley— que
tienen relación precisamente con la nacionalidad de los sefardíes, pero
hay otros muchos en nuestro derecho. Les voy a citar tan solo uno. Como
saben, en el año 1996 se dictó una norma que regulaba la concesión de la
nacionalidad española para aquellas personas que habían participado como
voluntarios en las Brigadas Internacionales. Inicialmente, esa norma les
exigía también la renuncia a su nacionalidad. Ante el rigor de esa
exigencia, posteriormente, al amparo del artículo 18 de la Ley de memoria
histórica, se aprobó una nueva normativa que les permitía obtener la
nacionalidad española sin renunciar a su nacionalidad de origen.


Esta ley hace algo similar en relación con los sefardíes:
permitir la compatibilidad de las dos nacionalidades, la española y su
nacionalidad de origen. Por cierto —esta cuestión me motiva y he
investigado sobre ella—, no sé si sus señorías conocen cuál fue la
participación de la comunidad judía en la guerra civil española como
voluntarios en las Brigadas Internacionales. Ningún país del mundo envió
tantos voluntarios a las Brigadas Internacionales en la guerra civil
española como la comunidad judía; ninguno. Se estima que en torno a
unos 10 000 judíos perdieron la vida en la contienda civil española, en
la contienda de un país del que se les había expulsado quinientos años
antes. Asimismo, se considera que en torno a unos 20 000 judíos se
presentaron como voluntarios en las Brigadas Internacionales: 1500 eran
del contingente judío propiamente dicho y el resto vino de otros países,
como Francia, Argentina, México, incluso de Israel, Rusia y Polonia, por
citar algunos. Repito, unos 20 000 judíos se desplazaron, 1500 del
contingente judío y el resto como nacionales de esos países, para
participar como voluntarios en las Brigadas Internacionales como
anarquistas, como socialistas, en especial del Bund, como comunistas,
etcétera. Creo que el origen sefardí de muchos de ellos fue un elemento
que contribuyó a que hubiese una participación tan amplia de la comunidad
judía, como pone de manifiesto el hecho de que el Consejo de la Comunidad
Sefardí apoyara la Segunda República española precisamente porque había
garantizado la libertad de credos.


Al margen de esta digresión histórica, nuestro grupo
parlamentario considera que esta ley es necesaria y que está justificada
por las circunstancias históricas de la comunidad sefardí. Es necesario
que cuenten con un proyecto de ley que les facilite el acceso a la
nacionalidad española.


Otro motivo que sus señorías señalan es precisamente que abogan
por que se amplíe el ámbito subjetivo de este proyecto de ley a otros
colectivos, y han mencionado a los saharauis, a los naturales de Sidi
Ifni y a los moriscos. Quiero señalar que esta ley para nada persigue un
agravio, una discriminación, ni pretende prejuzgar la singularidad que
pueden tener estos colectivos, en absoluto. Este proyecto de ley lo que
sí pretende es dar a la cuestión sefardí un tratamiento singular
basándose en la singularidad que tienen las comunidades sefardíes que hay
dispersas por el mundo. Algunos de estos colectivos, por ejemplo,
tuvieron derecho de opción a la nacionalidad española durante un período
de tiempo tras la descolonización, pero es que, además, los sefardíes
revisten una característica específica y es que durante quinientos años
han mantenido su identidad, han mantenido una lengua —hoy todos
podemos leer un libro en ladino y entenderlo perfectamente— y han
mantenido también la memoria o la fidelidad a un país, a Sefarad, a
España, del que fueron expulsados injustamente, y este proyecto de ley
abre la puerta a que esa Sefarad deje de ser una nostalgia para muchos de
ellos.


La situación de estos otros colectivos, sin perjuicio de
reconocer la singularidad que tienen, no es equiparable ni homologable a
la que tiene la comunidad sefardí. El objeto de este proyecto, como he
dicho anteriormente, es facilitar la concesión de la nacionalidad por
carta de naturaleza a los sefardíes, simplemente eliminado ese agravio
comparativo que existe en la normativa actual y que les obliga a
renunciar a su nacionalidad actual.


Otro motivo que sus señorías han expresado en los vetos que
presentaron radica en la intervención de los notarios. Han hablado de la
privatización del procedimiento al preverse la participación de los
notarios. Cada vez que les oigo hablar de la privatización en el ámbito
de la justicia, considero que sus señorías han creado la etiqueta, y
después de creada la etiqueta, todo les encaja; pero la realidad es
tozuda y desmiente que en este caso haya una privatización, porque en el
procedimiento de concesión de la nacionalidad a los sefardíes
exclusivamente van a intervenir funcionarios públicos de la Subdirección
General de Nacionalidad y Estado Civil, los notarios, que son
funcionarios públicos, y los encargados de los registros civiles; solo
funcionarios públicos. La condición de funcionario público de los
notarios no solo ha sido reconocida por la jurisprudencia, sino que
depende de la Dirección General de los Registros y del Notariado, y
además, los notarios ejercen una función pública por antonomasia, que es
la de dar fe pública. Así que no me cabe ninguna duda, desde luego, de
que con este texto no se va a llevar a cabo ninguna privatización del
procedimiento. Además, los notarios son funcionarios que tienen una
cualificación que les va a permitir precisamente agilizar y tramitar de
una manera más eficaz estas solicitudes de nacionalidad.


El último motivo para presentar el veto es precisamente la
introducción de tasas para la tramitación de la nacionalidad española.
Estamos ante una tasa que se impone precisamente por la solicitud de
nacionalidad de los sefardíes y por el uso de unos servicios públicos por
ciudadanos extranjeros. En consecuencia, se estima que puede haber
entre 500 000 y 3,5 millones de beneficiarios por esta ley. Ello pone de
manifiesto la enorme carga de gestión que va a llevar y también la gran
cantidad de recursos públicos que se tienen que dedicar a la tramitación
de estos expedientes; y la tasa, que es necesaria, va a servir para
cubrir una parte del coste público. Además, consideramos que el importe
de la tasa —que le recuerdo que es de 100 euros— es razonable
de acuerdo a las tasas que se pagan ahora en procedimientos o solicitudes
que realizan extranjeros en España, como los que regula la Ley
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de extranjeros en España y
su integración, que, como saben, prevé determinadas tasas para permisos
de residencia, permisos de trabajo, etcétera. Y si comparamos el volumen
de la tasa, tampoco es elevadísima, incluso es inferior a muchas de las
que se prevén o a las que se han establecido al amparo de esta ley.
Tampoco el importe de la tasa es descabellado —más bien todo lo
contrario— si comparamos su cuantía con el importe que tienen las
tasas por la solicitud o concesión de la nacionalidad en los países de
nuestro entorno, que son muy pero que muy elevadas respecto a las que
establece esta ley para la concesión de la nacionalidad a los
sefardíes.


Señorías, termino. Creo que he respondido a los diferentes
motivos que se han señalado, especialmente respecto del veto que se
mantiene. Sigo pensando que esta ley es importante por su contenido y por
su significado y que merecería el apoyo de todos los grupos. Por eso,
senador Iglesias, le ruego que valore si los motivos son de entidad
suficiente como para mantener el veto, y no lo digo como fórmula para
terminar el debate, sino en este caso porque lo pienso así, por lo que le
rogaría que retirase el veto que mantiene vivo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Franco.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Nada me gustaría más que dar satisfacción a la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular después de la brillante intervención que ha
realizado, pero los argumentos de fondo que justificaban el veto, en
nuestra opinión, siguen teniendo validez y peso suficiente para
mantenerlo.


A pesar de que se haya producido en la tramitación parlamentaria
en el Senado la corrección de lo que, sin duda, fue un exceso del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso incorporando contenidos que no
venían al caso, sigo pensando que este proyecto de ley, pretendiendo
resolver una situación injusta, genera agravios comparativos que ponen
más de relieve y destacan más la injusticia en la que viven otros
colectivos. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hacía
referencia de forma acertada al exilio republicano como uno de esos
colectivos. Así es. Parece imposible que las injusticias más próximas
puedan ser resueltas por nuestro ordenamiento jurídico y por la voluntad
política de los sucesivos gobiernos. Yo creo que esa es la primera
reflexión que debemos hacer, si exclusivamente vamos a salir al paso de
aquellas circunstancias con las que, hablando claro, no tenemos nada que
ver, puesto que no hemos sido responsables en ningún caso. Las
injusticias más próximas donde las responsabilidades ya se pueden acotar
con relación a colectivos, a personas y a actuaciones jurídicas y
políticas claras se convierten en un tabú, en un tabú en el que no se
puede entrar.


Decía la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que se trata de
un objeto de la ley muy específico, pero el objeto de la ley hubiera sido
igualmente específico si se hubiera incorporado la posibilidad de acceder
a la nacionalidad española, en los mismos términos, con los mismos
requisitos que acrediten esa vinculación con España, a moriscos y
saharauis. Y a quienes no lo acreditaran, aunque fueran moriscos y aunque
fueran saharauis, no se les reconocería la nacionalidad española, porque
no basta con ser sefardí para adquirir esa nacionalidad, sino que hay que
cumplir los requisitos que fija la ley. Establézcanse los mismos
requisitos para los otros colectivos con los que estamos históricamente
vinculados y somos responsables de forma más próxima en el tiempo. Ponía
el ejemplo de los luchadores por la libertad apoyando en las Brigadas
Internacionales a la Segunda República. Y es cierto, pero, manteniéndome
en el ámbito del debate histórico, no es menos cierto que la
participación de los judíos respondía también a que todo el mundo sabía
que esta era la primera lucha frente al fascismo en Europa y frente al
principal enemigo de los judíos, que era el nazismo, que estaba
participando ya aquí en esta guerra con tropas y de forma directa.


Y como contrapunto les voy a poner un ejemplo para que entiendan
mi visión en relación con los saharauis. Yo he visitado los campamentos
de refugiados en multitud de ocasiones, la primera vez en el año 1993, y
recuerdo el shock que me supuso que hablando con el conductor de aquel
desvencijado autobús, fruto de la donación de un ayuntamiento, creo que
el de Iruña precisamente, que se averió en medio del desierto; hablando
con él cuando nos quedamos allí parados, me dijera que él era uno de los
soldados de Franco, que él había estado aquí en la guerra civil pero
apoyando a Franco. Eso que, obviamente, no le hizo ganar en simpatía
respecto a mi apreciación, no me impide defender que como pueblo tienen
derecho a que se les reconozca la nacionalidad en los mismos términos.
Además, a lo largo de esos años en los que pude visitar el Sáhara he
constatado el retroceso de la cultura española fruto de los errores de
nuestros respectivos gobiernos. Si en el año 1993 la mayoría hablaba
castellano, la última vez que visité los campamentos, que será hace cinco
o seis años, el francés ya era la lengua imperante en la mayoría de los
colegios; de eso España es directamente responsable con su actitud, y la
incorporación de los saharauis en este proyecto de ley les hubiera
ayudado a salir al paso de esa realidad.


Concluyo muy rápidamente para ayudar a las previsiones
temporales.


La privatización de los notarios es una referencia más, y tenemos
el Proyecto de Ley de jurisdicción voluntaria que nos va a poner sobre la
mesa una amplia panoplia de fenómenos de privatización. Funcionarios
públicos serán todos, pero no todos son iguales; hay funcionarios
públicos cien por cien y funcionarios públicos al cincuenta por ciento
porque cobran por lo privado: los notarios, los registradores.
Precisamente esa tasa, a la que hacía referencia, nosotros la rechazamos
porque es un obstáculo más, va a haber que pagar al notario por el
expediente, va a haber que pagar la tasa, va a haber que venir y hacer un
desplazamiento. Esos son obstáculos. Su señoría —y es lo último que
digo—, que hizo un brillante alegato en defensa del reconocimiento
de la nacionalidad a los sefardíes, al hablar de tasas se refirió a
ciudadanos extranjeros; es decir, nuestra generosidad tiene un límite
cuando llegamos a determinados aspectos.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor
presidente.


No sé si han tenido la oportunidad de consultar este libro: Los
judíos y España. Es un libro magnífico que está en la biblioteca del
Senado y cuya lectura recomiendo. Este mismo autor, Isidro González, nos
recuerda que cuando el 17 de enero de 1986 se establecieron relaciones
diplomáticas entre España e Israel, el presidente Shimon Peres saludó a
Felipe González con una frase lapidaria:






Nos volvemos a encontrar después
de quinientos años.


En ese sentido, también tenemos que recordar que el siglo XX,
sobre todo el primer tercio, podemos considerarlo prosefardita, porque,
como sabrán, se materializa, en el famoso decreto de Primo de Rivera,
de 1924, la concesión de la nacionalidad española a los judíos
sefarditas; y, en segundo lugar —para complementar la información
que nos daba la senadora Franco sobre la participación de cantidad de
sefarditas en las Brigadas Internacionales—, porque, cuando se
comenzaron a materializar las persecuciones a los judíos a raíz de la
subida al poder de los nazis, en 1933, la República se convirtió en una
firme defensora de la causa sefardita en la Sociedad de Naciones. Esta
actitud desencadenó oleadas de solicitudes y, evidentemente, posibilitó
que un determinado número de sefarditas pudieran adquirir la nacionalidad
española.


Entrando en el propio proyecto de ley, en primer lugar, el
elemento que a nosotros nos gustaría subrayar es que la concesión de
nacionalidad a los sefardíes originarios de la Península tiene que
contemplarse como un derecho que atenúa una injusticia histórica; es
decir, un derecho ante una injusticia que se cometió en 1492. Es evidente
que la injusticia sigue estando ahí, y esta afirmación es la base a la
hora de elaborar determinados argumentos que justifiquen la presentación
de nuestras enmiendas parciales.


Y decimos que la injusticia sigue estando ahí porque a pesar de
los siglos transcurridos hombres y mujeres sefardíes han fallecido sin
que les fuese reconocido este derecho que les pertenecía. Sea bienvenido
un proyecto de ley que al menos repara con justicia y dignidad la
situación de los sefardíes vivos residan donde residan.


A su vez, tampoco podemos obviar que este proyecto de ley tiene
una lectura política. ¿Por qué ahora? ¿Por qué se hace en estos momentos?
¿Por qué con este colectivo que hemos ido comentando una y otra vez? ¿Por
qué se hace con los sefardíes? En nuestra opinión, la razón que justifica
la presentación de este proyecto de ley es la política que le caracteriza
al Partido Popular, y es que cuando en su momento el Gobierno del Partido
Popular da el apoyo a Palestina para su incorporación como Estado
Asociado a la Organización de las Naciones Unidas, la política del
Partido Popular siempre va a compensar, es decir, que si a un colectivo
le da un poquito de agua, al otro le tiene que dar la misma cantidad de
agua. En este sentido, nosotros sí que hacemos una lectura tremendamente
crítica porque con el conflicto palestino-israelí no podemos jugar a
equilibrar determinados elementos, ya que es evidente que la situación es
totalmente diferente, totalmente injusta con Palestina y no podemos
equilibrar elementos que ya de por sí están tremendamente descompensados
.


Por esa razón es por la que nosotros entendemos que existe un
olvido de otros colectivos que deberían tener igual derecho: moriscos,
tal como se ha comentado, también expulsados y obligados a convertirse al
cristianismo en el siglo XV; saharauis, cuyo territorio fue abandonado
por España en febrero de 1976; naturales de Sidi Ifni, territorio que
España entregó a Marruecos en 1969; emigrantes y exiliados de la
Península que perdieron la nacionalidad, así como sus descendientes.


Entendemos, como cuarto punto, que la asunción del derecho a la
nacionalidad de los sefardíes choca con la discrecionalidad con la que se
observa la concesión del mismo, es decir, en este proyecto de ley hay
determinadas afirmaciones, preceptos y criterios que, en nuestra opinión,
van en contra del primer punto que he afirmado, y es que este proyecto de
ley viene a ser un derecho que atenúa una injusticia histórica, un
derecho y no entendemos conceptos como demostrar vinculación con España,
no entendemos que se haya de presentar una serie de pruebas, valoraciones
y conocimientos, por ejemplo, de la Constitución para la adquisición de
un derecho del que ya disponen. Téngase en cuenta también que mucha de la
gente que pertenece a estos colectivos es gente mayor, gente que tiene ya
muy poca relación o vínculo con el Estado español y eso hay que
entenderlo y atenderlo, porque, tal como comentábamos, es un derecho que
atenúa una injusticia histórica.


Está también el asunto de la asimilación, que merece una
reflexión, y cuando hablo de la asimilación me voy a referir a los
moriscos, a lo que se está ocurriendo con los moriscos, porque uno de los
argumentos que se ha solido manejar para justificar la negativa a
conceder la nacionalidad a los moriscos descendientes de moriscos
españoles es que estos se asimilaron a las culturas de los países en los
que se asentaron tras la expulsión, en tanto que los sefardíes han
mantenido su lengua y tradiciones. Lo que hace este enfoque, en nuestra
opinión, es premiar una asimilación y castigar injustamente una virtud
recomendable, cual es que los colectivos emigrantes, los colectivos que
hayan sido expulsados, los colectivos que hayan sido desplazados se
integren plenamente en los lugares de nueva residencia. El derecho a la
nacionalidad española debe venir dado del hecho injusto de una expulsión
colectiva, no de la meritocracia de haber mantenido más o menos vínculos
con España, algo que puede estar determinado, tal como hemos comentado, a
menudo por una diversidad de circunstancias.


Qué decir del caso saharaui. España dejó en situación de
apátridas a decenas de miles de hombres y mujeres de su excolonia. Es
francamente difícil explicar la iniciativa de conceder la nacionalidad a
los sefardíes y no hacerlo con los saharauis, cuya vinculación
administrativa con España se prolonga hasta 1976. Decir que los saharauis
no tienen un Estado no justifica un limbo jurídico ni tampoco una
negativa del Gobierno del PP hacia una decisión que descansa en la
voluntad política. Es decir, nosotros, como Grupo Parlamentario Vasco
entendemos que hay motivos sobrados para no dar un voto a favor de esta
iniciativa, de este proyecto de ley, en parte por la discriminación que
supone respecto de otros colectivos que debieran tener los mismos
derechos, pero a la vez creemos que no debería penalizarse el derecho a
la nacionalidad de los sefardíes por una mala gestión del Gobierno del
Partido Popular por dejar de lado derechos de otros colectivos. Por eso
también anuncio que votaremos en contra del veto presentado.


Apoyaremos este proyecto de ley pero, eso sí, siendo muy
críticos. Se ha comentado que la realidad de algunos colectivos es
diferente, y es cierto. Es evidente que no es igual la situación vivida
por los saharauis que la vivida por los sefardíes, pero el fin, la
consecuencia y la conclusión para ellos sí ha sido la misma. Pero si de
verdad hubiese buena voluntad para solventar también lo que entendemos es
un derecho, una injusticia histórica —y estoy hablando de moriscos,
de saharauis, etcétera—, creo que todavía tenemos tiempo para que
el grupo mayoritario haga un planteamiento con responsabilidad para que
se dé un compromiso por parte del Senado, que puede extenderse también al
Congreso, para que al menos en lo que nos queda de legislatura y también
en la próxima haya un acuerdo político por parte de todos los grupos
parlamentarios para que, gobierne quien gobierne, se aborden los derechos
de los colectivos que hoy quedan relegados. Así es cuando de verdad para
nosotros adquiriría credibilidad la propuesta que quiere sacar adelante
el grupo mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Señor presidente, intervendré
brevemente y desde el escaño.


Con toda cordialidad, afecto y sin ánimo de polemizar con la
senadora Franco, quiero hacerle tres pequeñas precisiones. En primer
lugar, es evidente que se ha cambiado la ley dos veces, pero no parcial
sino totalmente. Se han cambiado dos veces los dos artículos —solo
tiene dos artículos— y también se ha cambiado la famosa disposición
adicional cuarta. Y por cambiar se ha cambiado dos veces el título de la
ley. Por tanto, no estamos hablando de la legitimidad de modificar la ley
a través de enmiendas que, evidentemente, le reconozco al Grupo
Parlamentario Popular. ¡Faltaría más! Lo que estoy diciendo es que lo que
hicieron estas enmiendas tanto en el Congreso como aquí, en el Senado, ha
sido cambiar la totalidad de los dos artículos y de las disposiciones.
Son leyes distintas.


En segundo lugar, dicen ustedes: no, es que esta ley se
circunscribe a los sefardíes y, por tanto, este derecho a la posibilidad
de adquirir la nacionalidad española para otros colectivos no está
previsto en esta ley porque esta se refiere únicamente a los sefardíes.
Pues en la tramitación parlamentaria no ha sido así. En las
modificaciones que ustedes introdujeron en el Congreso esta ley afectaba
a todo el mundo mundial, no solamente a los sefardíes. Por tanto, no nos
vale como excusa por lo que, evidentemente, vamos a defender las
enmiendas parciales para que otros colectivos puedan tener el mismo
derecho.


Finalmente, lo que se suele decir es que lo que mal empieza, mal
acaba. En esta ocasión es al revés. Empezó bien, continuó mal y va a
acabar bien. Y, yo, senadora Franco, es con lo que me quedo, que lo que
empezó bien pueda acabar bien, a pesar, repito, de estas modificaciones,
de este cambio de actitud tan radical que ha tenido el Grupo
Parlamentario Popular durante la tramitación parlamentaria de este
proyecto de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.


Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, tiene la
palabra la senadora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.


Señorías, nos encontramos ante un proyecto de ley ciertamente muy
mejorable, pero que protagoniza un momento histórico, la reparación de
una injusticia histórica, y que se hace a través de un procedimiento de
reencuentro, mirando hacia atrás, pero también hacia el futuro, y
teniendo en cuenta la intensidad afectiva que nos debe unir con esos
miles de personas que fueron expulsadas mediante un edicto en 1492. Nos
parece un avance significativo que este proyecto de ley concrete las
circunstancias excepcionales que justifican la carta de naturaleza
prevista en el artículo 21 del Código Civil, considerando primero que la
condición de sefardí es ya por sí misma una circunstancia excepcional que
permitiría la concesión de la nacionalidad española. Es también
importante que se suprima la necesidad de la residencia, así como la
renuncia a su nacionalidad anterior.


Aun así, se prima evitar la presión sobre los consulados de
España so pena de cargar al interesado con la obligación de comparecer
ante notario para que sea este quien pueda valorar la presunción de
sefardí. Se obliga a estos ciudadanos, con los cuales España se siente en
teoría en deuda, a tener un determinado estatus socioeconómico para poder
acogerse a este procedimiento, pues se les obliga a realizar un costoso y
largo viaje desde países como Irán, Israel, Turquía o países
Iberoamericanos y, lo que es más grave, sin tener la certeza de que la
tan ansiada nacionalidad les va a ser concedida. Y, además, a acreditar
vínculos y conocimientos.


Ante tal desaguisado no nos parece que la posición del grupo que
da soporte al Gobierno sea acorde con la voluntad y el objetivo que se
desprenden de las palabras del ministro de Justicia, Catalá, al presentar
el proyecto de ley el 20 de noviembre de 2014 en el Congreso de los
Diputados, cuando consideró que el debate de este proyecto de ley podía
calificarse de histórico. Literalmente afirmó: «No porque intentemos
legislar acerca del pasado, sino porque tratamos de cerrar un capítulo
del mismo que hasta hoy permanece abierto y sin solución. Un capítulo
doloroso que afecta a nuestra propia identidad nacional y que posee
entidad suficiente para inspirar una ley específica. Culminamos un largo
proceso de reencuentro con una parte de nuestro pasado que el Gobierno no
ha puesto en marcha, porque no ha sido sino la propia sociedad española
la que durante un siglo y medio ha recorrido este camino y que es cierto
que hemos tomado como una asignatura pendiente que merecía ser incluida».
Siguió diciendo: «Sefarad ya no es una nostalgia, sino un hogar en el que
no debe decirse que los judíos se sienten como en su propia casa, porque
los hispanojudíos están en su propia casa, en la casa de todos los
españoles, sea cual fuere su credo o religión. En nuestra opinión,
faltaba una iniciativa de carácter más actualizado y general que,
aprovechando los medios actuales de la sociedad de la información y las
nuevas tecnologías, posibilitara y diera mayor efectividad a lo que en
distintos momentos del pasado se ha ofrecido a los sefardíes originarios
de España, pueda hoy consolidarse y hacerse realidad».


Pues bien, el contenido del proyecto de ley no es coherente con
las palabras del ministro Catalá. Parece como si no se hubiera llevado a
cabo una reflexión suficiente sobre lo que ciertos artículos implican.
Porque, señorías, ¿es necesario exigir al solicitante el desplazamiento a
España si cumple los requisitos? ¿No podemos habilitar un sistema para
que la comparecencia ante notario se vehicule mediante representante o
vía consular? ¿Son conscientes de que no todos van a poder permitirse un
viaje para iniciar este procedimiento, para presentarse ante el notario y
que, a lo mejor, después incluso les digan que tienen que volver porque
les faltan algunos documentos? Por suerte, en comisión se pudo consensuar
evitar los efectos de la autoenmienda 90 del grupo mayoritario, que
pretendía impedir la realización de la jura y comparecencia ante el
encargado del Registro Civil Consular, lo que implicaba un segundo viaje
a España.


Y es que debemos hacernos una pregunta: ¿Realmente esta es una
legislación que quiere dirigirse a todos o solo a aquellos que puedan
permitirse este trámite tan costoso, tan farragoso y que exige
desplazamientos obligatorios? Mi grupo tiene la voluntad de llegar a
acuerdos. Con nuestro voto no vamos a obstaculizar la aprobación de este
proyecto, porque preferimos una ley en vigor a que no exista la misma.
Pero, francamente, es mejorable. Todos debemos ser capaces de percibir el
valor de este proyecto de ley y lo que puede suponer este reconocimiento
para este colectivo.


En Francia hay más de 500 000, en Gran Bretaña casi 300 000, en
Alemania 100 000, en España de 40 000 a 50 000, otros miles en Irán y en
Israel. Sinceramente, consideramos que este proyecto de ley ha abierto
muchas expectativas a miles y miles de sefardíes que se van a ver
frustradas y que, de no enmendarse el texto, vamos a perder la
oportunidad de reparar una injusticia para, en su lugar, acabar aprobando
casi una legislación-ficción. En ponencia y comisión se ha mejorado el
texto mediante la aceptación de algunas enmiendas pero consideramos
necesario introducir mejoras en el mismo.


Aun así, como he dicho, consideramos que es imprescindible la
aprobación de un proyecto para que regule la obtención de esta
nacionalidad a los sefardíes y, aunque podemos estar de acuerdo con
muchos de los planteamientos que han motivado el veto que va a ser
sometido a votación, vamos a votar en su contra para posibilitar la
aprobación de esta ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador González Bethencourt.


El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, quisiera mostrar mi satisfacción por
poder participar en el Pleno del Senado en un tema que siempre me ha
llamado mucho la atención, por el cual me he interesado muchísimo, cual
es la cuestión judía, también la cuestión palestina y, también, a la que
hemos hecho referencia, a la cuestión saharaui. De hecho, hemos asistido
a los actos que celebró el Senado con motivo del holocausto nazi, que nos
llamó mucho la atención.


En cualquier caso, para entrar en el tema sobre el veto al
proyecto de ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los
sefardíes originarios de España, podemos estimar que puede ser una cifra
superior a los tres millones de beneficiarios, de ahí la importancia que
tiene este proyecto de ley.


Quisiera decir que el Grupo Parlamentario Socialista presentó un
veto debido a que la nacionalidad es una cuestión de Estado que afecta,
de manera esencial, al estatus jurídico y a las personas, que resulta de
extrema gravedad que, por parte del Grupo Popular, se hayan introducido
nuevos requisitos para su adquisición o concesión. En este caso, un
examen de integración, no exento de aristas, sin los informes jurídicos
preceptivos, sin buscar el acuerdo, sin diálogo, sin dar la oportunidad
de plantear alternativas reales por parte del Grupo Popular. El nuevo
proyecto de ley ha entrado a establecer discutibles requisitos para la
concesión de la nacionalidad española por residencia, ligados a la
realización de pruebas de evaluación que, además de estar llamadas a ser
infructuosas en cuanto a su declarado propósito, son muy discutibles en
cuanto al modelo restrictivo de integración que dibujan. Asimismo, se
deja abierta la puerta a que, a través de un reglamento, el Gobierno
pueda regular los contenidos de las citadas pruebas sin ninguna
negociación. Todo esto nos parece contraproducente, innecesario, no hay
acuerdo, no había consenso, no había diálogo, con los consiguientes
peligros que ello puede entrañar en una cuestión tan sensible como es la
concesión de la nacionalidad.


Afortunadamente, como ya se ha dicho, los motivos del veto han
sido superados, han sido corregidos por el Grupo Popular y, por ello, el
Grupo Socialista retira el veto. Lo hacemos, esencialmente, porque el
Grupo Popular, con sus enmiendas en el Senado —y también hay que
poner en valor el papel que el Senado está jugando en este proyecto de
ley, dado que ha sido decisivo lo que aquí hacemos con este
cambio—, se ha suprimido sustancialmente el contenido de la
disposición adicional cuarta del proyecto de ley que, tal como llegó al
Senado, implicaba de modo absolutamente extravagante modificaciones y
requisitos inaceptables respecto al modo de adquisición de la
nacionalidad española por residencia; requisitos que, con las enmiendas
en el Senado, han colado en relación con la adquisición de nacionalidad
de los sefardíes en el artículo 1.5 del proyecto de ley.


Por este motivo, tenemos la satisfacción no solo de apoyar este
proyecto de ley, sino de retirar el veto del Grupo Socialista.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador González
Bethencourt.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Dueñas.


La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, quiero empezar con las palabras que ha apuntado el
senador Bruguera. Es verdad que lo que empieza bien, máxime en una
cuestión como esta, debe acabar bien. También quiero agradecer, como no
puede ser de otra manera, la retirada de los vetos del Grupo
Parlamentario Socialista, de los senadores Saura y Guillot, del Grupo
Parlamentario Entesa, y lamento que el senador Iglesias, al final,
mantenga la propuesta de veto que ha presentado. Es una retirada
coherente, habida cuenta de que su contenido se centraba fundamentalmente
en la disposición adicional cuarta, que recogía el expediente de
nacionalidad por residencia; a nuestro juicio, una retirada absolutamente
lógica, pues, como saben, su tramitación se desarrollará a través de un
reglamento específico.


Es verdad —y lo han expuesto todos los portavoces—
que hoy en esta Cámara compartimos que esta ley busca reparar la memoria
y reconocer a los sefardíes, a los descendientes de aquellos que fueron
injustamente expulsados tras los edictos de 1492, su fidelidad a nuestro
país.


Le puedo garantizar, senador Iglesias —y lo mismo les
hubiera dicho al resto de los proponentes de los vetos—, que en el
Grupo Parlamentario Popular hemos mirado y estudiado lo que recogían sus
propuestas. Ciertamente, como dijimos en comisión —y vuelvo a
reiterarlo—, la propia singularidad del presente proyecto de ley no
hace inviable lo pretendido. Y a ello cabe añadir, dicho sea con todos
los respetos, que lo pretendido tampoco era causa suficiente para tratar
de impedir la tramitación del presente proyecto de ley, con cuyo fondo y
objetivos estamos absolutamente de acuerdo.


Es cierto que se introduce de nuevo la tasa, como ha apuntado mi
compañera, la senadora Franco; una tasa que, como en otros procedimientos
similares, responde a la propia necesidad y funcionamiento de la
Administración y una tasa que no hace sino enmarcarse dentro de lo que
también se recoge en los procedimientos de otros países de nuestro
entorno.


Decía el senador Bruguera que ha habido un cambio radical. Creo
que, más que un cambio radical, ha habido una mejora sustancial, y
podemos decir que en esta Cámara entre todos hemos mejorado
sustancialmente este proyecto de ley. Hemos cambiado el título, pero para
acomodarlo a ese contenido específico que recoge este proyecto de
ley.


Respecto a lo que hemos comentado sobre la tasa, resulta que
muchos sefardíes han afirmado que ni la imposición de tasas ni las
pruebas que tienen que realizar les parecen excesivas. Estos días han
llegado a afirmar que superarán cualquier test porque llevan a España
dentro.


Senador Iglesias, lo del lobby que apunta en su propuesta de veto
no se ajusta a la realidad. Este proyecto de ley para nada pretende ser
excluyente. Entendíamos y entendemos que abordamos una cuestión que
merece, siempre con absoluto respeto a otras situaciones y a otros
colectivos, un tratamiento específico, una regulación legal concreta. El
hecho de que algunos supuestos y situaciones que han sido expuestos por
sus señorías en esta Cámara no sean reconocidos —ya lo dije en
comisión, pero quiero reiterarlo— e incluidos en este proyecto de
ley no significa prejuzgar ningún otro, ni desde luego buscar agravio con
ninguno de los colectivos aquí mencionados.


Señorías, en la tradición jurídica española siempre han sido
leyes singulares las que han reconocido a los colectivos singulares, y
les pongo dos ejemplos que ya he apuntado en las intervenciones de la
mañana: la Ley para los ciudadanos extranjeros que habían participado en
las Brigadas Internacionales o la Ley de memoria histórica para los hijos
o descendientes de exiliados. Ahora, en este proyecto de ley recogemos un
procedimiento administrativo que busca aunar seguridad jurídica y
eficiencia y eficacia para todas las partes; un procedimiento que, como
también han apuntado todos los portavoces, busca la necesaria reparación
histórica para estos españoles sin patria, que, como señaló el senador
don Ángel Pulido, un gran conocedor de la comunidad sefardí, se sintieron
y se sienten españoles.


En definitiva, señorías, es ahora cuando en esta Cámara
reiteramos nuestro reconocimiento y articulamos el procedimiento para
ello, pues entendemos que es de justicia para aquellos judíos españoles,
ya que desde los edictos de 1492 los sefardíes han llevado a nuestro
país, a Sefarad, en el corazón con cariño, con nostalgia y sin ningún
rencor. Y en base a todo lo expuesto reitero mi rechazo al veto mantenido
por el senador Iglesias.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Dueñas.


Llamen a votación. (Pausa).


Por favor, cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a votar la propuesta de veto número 1,
de los senadores Iglesias y Mariscal. Teniendo en cuenta que han sido
retiradas las propuestas de veto números 3 y 4, solo votaremos esta.


A continuación, se entrará en el debate de las enmiendas. Si este
terminara antes de las cuatro de la tarde, se suspendería la sesión hasta
entonces. Es decir, señorías, que no votaremos antes de las cuatro de la
tarde.


¿Están ustedes de acuerdo? (Asentimiento).


Pues bien, sometemos a votación la propuesta de veto número 1 de
los senadores Iglesias y Mariscal.


Hay votación telemática. Se ha autorizado el voto al senador
Marín Torrecillas y a la senadora Cunyat Badosa. El senador Marín
Torrecillas no ha votado y la senadora Cunyat Badosa lo ha hecho en
contra de la propuesta de veto, voto este que sumaré al que resulte de
dicha votación en el hemiciclo.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242
más 1 voto telemático, 243; votos emitidos, 241 más 1 voto
telemático, 242; a favor, 2; en contra, 237 más 1 voto telemático, 238;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada la propuesta de
veto.


Señorías, pasamos al debate de las enmiendas.


En primer lugar, enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal,
del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas 1 a 4 y 6 a 11. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Senador Iglesias,
tiene la palabra.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Defenderé de forma muy sintética las once enmiendas que hemos
formulado el senador Mariscal y yo mismo. Como les adelanté en la defensa
del veto, las enmiendas buscan que se concreten aquellas cuestiones por
las que tenemos una discrepancia más notable en relación con el proyecto
tal como llegó a la Cámara. Por ello, nuestras enmiendas, en primer
lugar, plantean que se reconozca el mismo tratamiento a otros colectivos
como los descendientes de moriscos, los naturales de Sidi Ifni y del
Sáhara y también que se dé validez a la documentación de la República
Árabe Saharaui Democrática en una respuesta de no hace mucho tiempo, de
fecha 25 de marzo del 2015 donde el Gobierno se ratificaba en que la
aportada por la República Árabe Saharaui Democrática no podía ser
reconocida por España en tanto en cuanto el territorio del Sáhara
Occidental seguía sumido en un proceso de descolonización, por lo que
resulta difícil de justificar que se vaya a dar plena validez a la
documentación o certificaciones emitidas por la Federación de comunidades
sefardíes de España, las federaciones de otros países, y que no se
reconozca la validez de la documentación extendida por la República Árabe
Saharaui Democrática.


Mediante otras dos enmiendas suprimimos la intervención notarial,
atribuimos la tramitación del procedimiento en todos sus términos a un
registro civil por reparto, a lo largo de tres enmiendas planteamos la
agilización del procedimiento, por un lado, suprimimos la facultad de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de recabar
documentación adicional para evitar que se den dilaciones y, por otro,
suprimimos la exigencia de un nuevo certificado de antecedentes penales
tras la concesión y, finalmente, reducimos de doce a seis meses el plazo
para la resolución de los expedientes. Coherentemente, hacemos también
que en la disposición transitoria desaparezca la referencia al acta de
notoriedad extendida por el notario. Planteamos una disposición adicional
nueva, modificando el artículo 20.1 del Código Civil para hacer
desaparecer la diferencia por lugar de nacimiento y para los
descendientes de mujeres españolas que al casarse con un extranjero
perdieron la nacionalidad española, tal como plantean de forma reiterada
los miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el
Exterior, que aglutina a cientos de miles de personas en Iberoamérica,
planteamos una nueva disposición adicional también para que igualmente se
modifique el artículo 22.1 ampliando a saharauis y moriscos la
posibilidad de acceder a la nacionalidad española con una residencia de
solo dos años y, finalmente, mediante otra disposición adicional
planteamos una modificación del párrafo segundo del artículo 22 del
Código Civil para hacer desaparecer la letra f) de tal forma que baste
con un tiempo de residencia de un año de conformidad con las
modificaciones que planteamos en relación con el artículo 20 párrafo
primero del Código Civil.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, 12 a 15, de la senadora
Capella i Farré.


Para su defensa tiene la palabra su señoría.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias.


Muy brevemente, voy a justificar por qué hemos presentado
enmiendas a este proyecto de ley. En primer lugar, Esquerra Republicana
piensa que ha sido una buena noticia que al menos las personas sefardíes
puedan obtener la nacionalidad española. En el Congreso decíamos también
que esta medida llegaba tarde, después de haber sido expulsados y de que
se iniciase la diáspora hasta los extremos que llegó y que determinó, en
algunos momentos, la exterminación, en este caso, de la comunidad sefardí
de Salónica, cuando Grecia fue ocupada por los nazis. Asimismo, decíamos
—y decimos— que es una buena noticia, efectivamente, para las
personas sefardíes.


No obstante, Esquerra Republicana ha presentado estas enmiendas
teniendo en cuenta que cabía la posibilidad de que aprovecháramos este
proyecto de ley para que también fuese reconocido el que los saharauis
pudieran adquirir la nacionalidad española, recordando el 39 aniversario
de los Acuerdos tripartitos de Madrid por los cuales los saharauis fueron
vendidos, desposeídos de sus tierras y sus territorios fueron repartidos
entre Mauritania y Marruecos. Ahora, años y años después de que el pueblo
saharaui se encuentre en su propia diáspora en los campamentos de Tinduf,
quizá vaya siendo hora de que arregláramos aquello que esté al alcance,
en este caso, del Gobierno del Estado español, porque hay problemas que,
efectivamente, no dependen solo del Estado español, aunque, en este caso,
el Estado español tiene obligaciones y responsabilidades directas pues,
conforme al derecho internacional, continúa siendo potencia colonizadora
y administradora. Por tanto, existen responsabilidades directas.


En este sentido, las enmiendas que presentamos pretenden
aprovechar este proyecto de ley para que también los saharauis puedan
adquirir la nacionalidad española. Van en la dirección de que se
reconozca validez a la documentación, que sea expedida por los registros
de la República Árabe Saharaui Democrática; van en el sentido de
modificar el apartado primero del artículo 22, para que puedan ser
equiparados a los nacionales de origen de países iberoamericanos,
Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal.


Presentamos también una enmienda de supresión por la que
rechazamos que la iniciación del procedimiento para obtener la
nacionalidad sea gravada con una tasa.


Existen razones históricas y humanitarias, sobran motivos y
razones para que exista este proyecto de ley y, por tanto, el
reconocimiento para que las personas sefardíes puedan obtener y adquirir
la nacionalidad. Hay razones históricas y humanitarias para que, además
de con las personas sefardíes, también se haga justicia y se reconozca
ese derecho a los saharauis. Mientras los saharauis no alcancen su plena
libertad y lleguen a tener un Estado propio, sería bueno que pudieran
adquirir la nacionalidad española.


En consecuencia, por los motivos que se expresan en las enmiendas
presentadas, y por las razones que exponíamos en la defensa de dichas
enmiendas, esperamos obtener el apoyo del resto de grupos
parlamentarios.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, 44, 46 a 57
y 62.


Tiene la palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señora
presidenta.


Nosotros, en el trámite parlamentario, presentamos diecinueve
enmiendas, y, una vez sustanciadas tanto en ponencia como en comisión,
han sido aceptadas las enmiendas 45 y 61 y retiramos las números 58, 59
y 60, al suprimirse la disposición adicional cuarta por el grupo
mayoritario.


Proponemos una serie de modificaciones, por una parte, a aquellos
textos que entendemos que tienen algún tipo de arbitrariedad. Por
ejemplo, las enmiendas 44, 47, 50, 51 y 53 intentan probar la especial
vinculación con España. Y no vean esto como una reflexión nacionalista,
ni mucho menos, pues no tiene nada que ver, sino como un planteamiento
para intentar evitar cualquier tipo de arbitrariedad. ¿Y por qué les digo
esto, señorías? Porque no nos parece adecuado dar por buena una adecuada
vinculación con España por el hecho de tener certificados de estudios en
historia, por ejemplo, o por ayudar económicamente a instituciones
españolas, sabiendo que existen otro tipo de indicadores para probar esa
vinculación española. Por lo que he dicho en el turno de portavoces, no
nos parece adecuado que tengamos que medir de esa manera una especial
vinculación con España entendiendo que es un derecho histórico que asiste
a un determinado colectivo.


En este mismo sentido planteamos la enmienda 48, pues
consideramos que la modificación del apartado segundo del artículo 23 del
Código Civil introduce una connotación de arbitrariedad cuando dice que
la condición de sefardí originario de España se acreditará por una serie
de medios probatorios valorados en su conjunto. ¿Qué significa valorados
en su conjunto? Consideramos que este es un texto mejorable, que necesita
concretar determinados aspectos y evitar términos que supongan cualquier
tipo de arbitrariedad.


Con respecto a las enmiendas 46 y 52, y todo aquello relacionado
con la tramitación electrónica, nuestro planteamiento es muy sencillo. Es
evidente y positivo que todo el procedimiento administrativo se pueda
llevar adelante a través de la tramitación electrónica, pero nos genera
una duda, creemos que la persona que quiera reivindicar este derecho no
tiene por qué hacerlo de manera electrónica. Sin embargo, así lo exige el
texto. Debemos ser conscientes de que gran parte de este colectivo son
personas mayores y que para determinadas personas no va a ser fácil poder
realizar este trámite de forma electrónica. Entendemos que la
Administración española sí tiene elementos para hacerlo, aunque la
persona que está ejerciendo este derecho no lo haga.


En la enmienda 49 hacemos referencia a algo sobre lo que
debatimos bastante en comisión: los medios probatorios para demostrar la
condición de sefardí originario de España. Nosotros consideramos que no
existe ninguna relación jerárquica entre la Federación de Comunidades
Judías de España y ninguna otra comunidad judía que pueda haber en el
lugar donde resida el interesado —si es fuera del Estado
español—, como tampoco se da esa relación con respecto a ninguna
organización religiosa. Es decir, que un certificado de la autoridad
rabínica competente reconocida legalmente en el país de la residencia
habitual del solicitante no nos parece un medio probatorio adecuado para
mostrar la condición de sefardí originario de España.


En la enmienda 62 reivindicamos que la tramitación del expediente
sea totalmente gratuita. En cuanto a la reflexión que hacía la senadora
Franco a la hora de justificar su posicionamiento contrario al veto,
sabiendo que puede ser mucha la gente que ejerza este derecho y que se
trata de un colectivo que ha sufrido una situación no por razón de su
responsabilidad sino por responsabilidad del propio Estado español,
entendemos que no son ellos quienes tienen que asumir estas
responsabilidades y este gasto. Y no vamos tanto a si son 10 euros, 50
o 100 —aunque es evidente que, dependiendo de la cantidad que sea,
puede tener una serie de consecuencias—, porque eso no es lo
importante, sino el concepto.


Para finalizar, hay una serie de enmiendas, como las números 54
y 60, que entendemos que suponen una mejora técnica, con las que
intentamos perfeccionar el texto del proyecto.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señora presidenta.


Voy a defender los dos bloques de enmiendas del Grupo de la
Entesa. Las enmiendas 31 a 43, de los senadores Guillot y Saura, las doy
por defendidas y me extenderé un poco más en la mayoría del resto, que
son las números 17 a 30.


En primer lugar, la 17 es una enmienda de sustitución del
apartado 5 del artículo 1, en el sentido de que el documento aprobado por
la ponencia en esta Casa prevé la exigencia de superar dos pruebas para
la acreditación de la especial vinculación con España: en primer lugar,
una prueba de conocimiento de la lengua española de nivel A2 o superior
y, en segundo lugar, una prueba de conocimiento de la Constitución
Española y la realidad social y cultural de nuestro país. Lo que
proponemos en esta enmienda es la realización de una sola prueba de
evaluación de lengua y cultura española, de la que en todo caso queden
exentos tanto los solicitantes nacionales de países en los que el español
es el idioma oficial, como también los que acrediten conocer el idioma
latino o judeoespañol, puesto que es evidente que este conocimiento es el
mejor medio probatorio de la condición de sefardí y, por lo tanto, de su
vinculación con nuestro país.


Mediante la enmienda 18 pretendemos sustituir la redacción dada
al artículo 2, artículo que introduce la posibilidad, repito, la
posibilidad de privatización de procedimientos públicos, como es el caso
que nos ocupa, hasta ahora gestionados por administraciones públicas. Una
prueba de ello es, por ejemplo, que mantiene el pago de una tasa. Dado el
interés público que subyace en la gran mayoría de los hechos inscribibles
en el Registro Civil derivados de la tramitación de sus expedientes,
entendemos que en todo caso estos deben mantenerse dentro de la
competencia exclusiva de las administraciones públicas y, tal y como
decimos en la enmienda, resulta, por lo tanto, anómalo que sean
operadores privados, como los notarios, quienes puedan dar fe de hechos
como la condición de sefardí originario de España. Y para corroborar esto
apelamos a la disposición adicional tercera de la Ley del Registro Civil,
aprobada por consenso de todos los grupos parlamentarios, que establece
que las solicitudes de adquisición de nacionalidad española por
residencia se iniciarán y tramitarán por los órganos de la Administración
General del Estado. Por tanto, es evidente que los notarios no son
Administración General del Estado; actúan como un empresario que tiene, o
no, trabajadores a su cargo y es evidente que esos trabajadores no pasan
por las pruebas por la que pasa un funcionario público, como pueden ser
una oposición o un concurso.


La número 19 es una enmienda de modificación de la disposición
adicional segunda, en el sentido de que el proyecto de ley prevé una
plataforma electrónica para el inicio y la tramitación del procedimiento
regulado en esta ley y el establecimiento de una tasa por la tramitación
de los expedientes. Entendemos que ello puede abrir las puertas —y
nos tememos que es la intención última del Gobierno— a la
privatización de esta gestión y transferirla a los registradores de la
propiedad y a los mercantiles. Por tanto, esta enmienda intenta evitar
este riesgo.


La enmienda 22 propone la adición de una nueva disposición
adicional en la que se plantea que los hijos de quienes hubiesen
adquirido la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional
séptima de la Ley 52/2007, la conocida como Ley de la memoria histórica,
incluidos los hijos mayores de edad, en el momento del reconocimiento de
la nacionalidad al progenitor, puedan tener un plazo de dos años desde la
entrada en vigor de esta ley para optar por la nacionalidad
española.


La enmienda 24 propone la sustitución de la disposición final
cuarta, que garantiza, en todo caso, que la tramitación de los
expedientes y hechos inscribibles previstos en esta ley sean
gratuitos.


A continuación hay una serie de enmiendas, las números 26, 27, 28
y 29, que proponen nuevas disposiciones finales y que se refieren a la
modificación de diversos artículos del Código Civil.


En cuanto a las enmiendas 26 y 27, plantean que también tengan
derecho a optar a la nacionalidad española, en primer lugar, los nacidos
de madre española antes de la entrada en vigor de la Constitución, antes
del 6 de diciembre de 1978; en segundo lugar, los nacidos de padre o
madre españoles de origen que por motivos de exilio se vieron forzados a
renunciar a su nacionalidad y, en tercer lugar, que pueda optar a la
nacionalidad española sin sujeción a plazo alguno el hijo mayor de edad
de quien haya recuperado la nacionalidad española y no únicamente los
menores de edad.


La enmienda 28 propone la supresión del apartado 3 del
artículo 24 del Código Civil, de acuerdo con la opinión, en la que
coincidimos, del Consejo General de la Ciudadanía Española en el
Exterior. En este sentido, proponemos suprimir la penalización que
implica el supuesto de pérdida encubierta porque entendemos que es una
penalización inmerecida y desproporcionada por una simple falta de
comunicación con la Administración española.


En cuanto a la enmienda 29, también se refiere al Código Civil,
concretamente al artículo 26.1, letra a), sobre los supuestos de dispensa
de residencia para recuperar la nacionalidad española. Proponemos que,
respecto a la residencia legal en España, este requisito no sea de
aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes ni —esta
es la modificación— a los hijos de padre o madre españoles nacidos
y residentes en el extranjero que hubieran perdido la nacionalidad por no
declarar su voluntad de conservarla.


La enmienda 30 plantea la adición de una nueva disposición final,
concretamente añadir el artículo 68 bis a la Ley del Registro Civil sobre
la documentación de los expedientes de nacionalidad, en el sentido de que
el Gobierno, mediante orden del Ministerio de la Presidencia, a propuesta
de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
pueda eximir de la presentación de documentos públicos extranjeros cuya
exigencia sea preceptiva para la tramitación de procedimientos de
concesión de nacionalidad si existen circunstancias acreditadas que
impidan que sean recabados de las autoridades nacionales del país de
procedencia del extranjero, como, por ejemplo, en caso de conflicto
bélico o de disputas pendientes de resolución sobre la soberanía de
algunos territorios. En estos casos entendemos que resulta adecuado que
la legislación prevea eximir de presentar documentos cuya expedición es
materialmente imposible por las razones que hemos esgrimido.


Finalmente, señora presidenta, retiramos las enmiendas 20, 21
y 25 en este momento, por lo que no las someteremos a votación, ya que se
referían a la supresión y sustitución de la famosa disposición adicional
cuarta y de la disposición final sexta originaria, que han desaparecido
del texto aprobado. Entendemos que las podemos retirar porque con el
autoveto del Grupo Parlamentario Popular se han resuelto estas tres
enmiendas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.


Tiene la palabra la senadora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo ha presentado un total de siete enmiendas —una de
adición y seis de modificación—, de las cuales dos han sido
retiradas por la exclusión del procedimiento para la adquisición de la
nacionalidad española por residencia, que ya no es afortunadamente objeto
de la presente ley, junto la enmienda 69 tras ser aceptada en
comisión.


La primera enmienda —la 63— es de adición al
preámbulo III. Se propone añadir un párrafo con el objetivo de que la
exposición de motivos del proyecto de ley explique con mayor profundidad
los argumentos históricos que justifican la aprobación de esta ley, así
como incluya una disculpa ante el pueblo judío, tal y como ha hecho
Portugal, por el error histórico que supuso la expulsión de los sefardíes
en 1492 y, de esto modo, en cierta manera, reparar el daño ocasionado a
los descendientes de los judíos sefardíes.


La segunda enmienda —la 64— modifica el artículo 1.5
del proyecto, porque resulta necesario que la acreditación de los
requisitos para acceder a la nacionalidad española contenidos en el
artículo 1 del proyecto se separe explícitamente en dos fases: una
primera fase de constatación de la condición de sefardí originario de
España y de la especial vinculación con España mediante la aportación de
los correspondientes medios probatorios, y una segunda fase de
acreditación de la especial vinculación con España a través de la
superación de dos pruebas. En este sentido, se trata de evitar que el
solicitante tenga que realizar esfuerzos en balde —económicos,
intelectuales, de inversión de tiempo— para la preparación de la
superación de las pruebas en caso de que no haya obtenido resolución
positiva por parte de la Dirección General de Registros y Notariado. De
este modo, la diferenciación del procedimiento en dos fases consecutivas
permite que la tramitación sea más justa, puesto que solo así se puede
asegurar al solicitante que, tras haber recibido la resolución de
estimación de la solicitud de la nacionalidad —porque los
documentos aportados acreditan fehacientemente su condición de sefardí
originario de España y su especial vinculación con ella—, será apto
para la presentación de las pruebas de conocimientos de la lengua y
culturales.


Con relación a la presentación para la superación de las dos
pruebas resulta conveniente conceder un plazo máximo adecuado de 24 meses
a contar desde la obtención de la citada resolución de estimación de la
solicitud de nacionalidad al solicitante para la preparación de las
mismas. Asimismo, debido a la diseminación de los posibles solicitantes
alrededor del mundo, consideramos que sería necesario prever la
posibilidad de que las pruebas pudieran realizarse en otros centros
homologados por el Gobierno y dirigidos por el Instituto Cervantes en
aquellas zonas donde este no tenga sede. De esta manera se podría
garantizar el acceso a las pruebas a aquellos solicitantes que se
encuentren alejados de las sedes del Instituto Cervantes.


Mediante la enmienda 65 pretendemos, entre otras cosas, prever
que la solicitud pueda presentarse también en la lengua propia de la
comunidad autónoma donde se presente.


Finalmente, la enmienda 66, de modificación, permitirá que la
comparecencia sea personalmente o a través de persona autorizada, así
como una propuesta de mejora del procedimiento para agilizarlo y
simplificarlo. Resulta necesario incluir la posibilidad de que el
solicitante pueda comparecer ante un notario español personalmente o a
través de persona autorizada, que no obliga a los costes de contratar a
un representante legal debido a la diseminación mundial del colectivo
sefardí ya que el desplazamiento en esta primera fase es injustificado.
Asimismo, se persigue agilizar y simplificar el procedimiento de
concesión de nacionalidad, exigiendo que el notario tenga a su
disposición la totalidad de los elementos probatorios que le permitan
concluir, de un lado, la especial vinculación con España del solicitante
y, de otro, el cumplimiento del resto de los requisitos. Entre ellos,
cobran especial importancia los informes preceptivos de los ministerios
del Interior y de Presidencia, pues no parece razonable, desde un punto
de vista estrictamente administrativo, que se frustre el procedimiento
iniciado ante el notario como consecuencia de informes, conteniendo
hechos que aquel no tiene a su vista para valorarlos oportunamente.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Tiene la palabra el senador González Bethencourt.


El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Muchas gracias, señora
presidenta.


El Grupo Parlamentario Socialista ha retirado tres enmiendas
—las números 74, 75 y 79— y mantiene otras doce. En la
enmienda 71 cuestionamos la prueba que contempla el proyecto de ley para
acreditar la especial vinculación con España, y en otras, el
procedimiento previsto para la concesión de la nacionalidad. Nosotros
decimos que los sefardíes interesados en adquirir la nacionalidad
española deben ser comparecer ante los notarios, que, tras examinar todos
los documentos probatorios aportados, expresarán su juicio sobre si
estiman o no justificada la condición de serfadí originario de España y
la especial vinculación con España del solicitante mediante un acta de
notoriedad.


También cuestionamos en otra enmienda el uso de la plataforma
electrónica privada para la tramitación de cualquier expediente de
nacionalidad. Consideramos que no es correcto porque se confecciona sin
concurso previo alguno y se avanza la asignación a los registradores de
la propiedad y registradores mercantiles del Registro Civil.


Por otro lado no estamos de acuerdo con el establecimiento de los
aranceles de 100 euros para el cálculo de los honorarios registrales
devengados por la tramitación de todos los expedientes de nacionalidad y
hechos inscribibles derivados de los mismos porque se acaba entonces con
la gratuidad que tradicionalmente tenían este tipo de expedientes.


Luego tenemos una serie de enmiendas que pretenden modificar el
Código Civil en materia de nacionalidad. Se contempla en la enmienda 76
el acceso a la nacionalidad española en virtud de las previsiones de la
Ley de la memoria histórica para los hijos mayores de 18 años. Asimismo,
en la enmienda 80, la adquisición de la nacionalidad española de origen
por los descendientes de madre española que nacieron antes de 1978.


La enmienda número 81, de modificación, tiene como objetivo la
adquisición de la nacionalidad española de origen para los hijos mayores
de edad de quien haya recuperado la nacionalidad española.


Proponemos la supresión de la circunstancia del artículo 24.3 del
Código Civil de pérdida de la nacionalidad española por no declarar la
voluntad de conservarla. Las enmiendas correspondientes a este punto son
las números 82 y 83.


Finalmente hay otras dos enmiendas con las que queremos modificar
la excepción de presentar determinada documentación para la concesión de
la nacionalidad en caso de conflictos bélicos o disputas territoriales,
que es a lo que se refiere la última enmienda, la número 84.


Con estas doce enmiendas el Grupo Socialista pretende mejorar y
participar activamente en este proyecto de ley, que consideramos de
justicia que el Senado apruebe. Estas dos enmiendas serían muy
importantes para fortalecer el texto, mejorar la accesibilidad a la
nacionalidad, evitar problemas y facilitar la burocracia para los
posibles 3 000 000 de personas que quieran adquirir con toda justicia la
nacionalidad española.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias,
señoría.


Turno en contra, tiene la palabra la senadora Franco.


La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.


El senador Bruguera señalaba en el anterior turno de debate que
este proyecto de ley iba a terminar bien. Yo también lo creo. Realmente
considero que, sin perjuicio de que mantengamos discrepancias en
determinados contenidos del proyecto de ley —porque las visiones
son distintas—, el proyecto de ley que hoy debatimos ha mejorado
considerablemente con las enmiendas que hemos aprobado tanto en ponencia
como en comisión y con las dos enmiendas transaccionales que hemos
aprobado hoy a lo largo de este Pleno. Creo que ha mejorado notablemente
el procedimiento, que se han clarificado y simplificado los criterios
para acreditar ese doble requisito de la condición de sefardí y la
especial vinculación con España que han de tener para poder acceder a la
nacionalidad española por carta de naturaleza, de acuerdo con lo previsto
en este proyecto de ley. Además, se ha mejorado y simplificado el
procedimiento de tramitación, eliminando algunos trámites —y
estamos muy satisfechos—, y se han clarificado de una manera más
contundente las competencias de la Dirección General de Registros y
Notariado, de los notarios y de los encargados del Registro Civil.


Existe un conjunto de enmiendas que sus señorías han formulado
que vamos a desestimar. Del contenido de muchas de ellas ya hemos hablado
en el anterior turno, en el debate de los vetos. No obstante, voy a
referirme someramente a ellas.


Señalaba en especial el Grupo Parlamentario Mixto la necesidad de
ampliar el ámbito subjetivo del proyecto de ley, incluyendo a otros
colectivos como moriscos, saharauis y a los naturales de Sidi Ifni.
Reproduzco aquí lo que dije en el anterior turno: que consideramos que la
singularidad de estos colectivos no es equiparable a la de las
comunidades sefardíes y que el objeto de este proyecto de ley no es
discriminar a colectivo alguno sino reconocer la singularidad de los
sefardíes originarios de España. Por tanto, se trata de reconocer esa
singularidad y de facilitar la concesión de la nacionalidad por carta de
residencia eliminando el agravio que señalaba anteriormente de tener que
renunciar a su nacionalidad actual. Sigue en vigor ese otro procedimiento
general para adquirir la nacionalidad por carta de naturaleza, que es más
riguroso que el que regula este proyecto de ley.


También solicitaban que hubiese una mejora técnica y que se
garantizase la validez de los documentos que emite la República Árabe
Saharaui Democrática. A este respecto, el senador Iglesias ha mencionado
una respuesta previa a una pregunta con relación al estatuto jurídico del
Sáhara Occidental. Ese estatuto jurídico es el que es; ojalá fuera otro,
pero es el que es. Las Naciones Unidas todavía no han resuelto ese
estatuto jurídico, está pendiente de una solución, a que se hallen
sujetos a un proceso de descolonización. Esa es precisamente la razón por
la que España no puede reconocer la validez de esos documentos, ya sean
judiciales, administrativos, etcétera, no solo para procedimientos de
nacionalidad sino para cualquier otro hasta que no se resuelva ese
estatuto jurídico del Sáhara Occidental.


Diferentes grupos han formulado varias enmiendas sobre ese doble
requisito que se exige para poder acceder a la nacionalidad por carta de
naturaleza que regula este proyecto de ley, es decir, sobre la
acreditación de la condición de sefardí y la acreditación de la especial
vinculación con España.


Señalaba el senador Bildarratz que él no estaba de acuerdo con
que, por ejemplo, se incluyesen los certificados de la autoridad
rabínica. La cuestión es que se debe acreditar de algún modo esa
condición sefardí, ya sea con certificados del presidente o análogo de la
comunidad judía, de la Federación de Comunidades Judías de España, ya sea
a través del certificado de una comunidad rabínica. Podemos estar a favor
o en contra de la intervención de una autoridad religiosa, pero el
certificado es un documento que puede acreditar esa condición de sefardí,
y eso es lo que queremos, que se pueda acreditar debidamente esa
condición de sefardí.


También decía su señoría que no estaba de acuerdo con la
valoración conjunta porque incluso podría incluir algún tipo de
subjetividad. Yo creo que no, que lo que pretende esa valoración conjunta
es todo lo contrario: facilitar y garantizar la decisión que debe tomar
el notario al respecto.


Me van a disculpar que no recuerde quién fue el senador que lo
mencionó, pero no existe ninguna relación jerárquica entre la Federación
de Comunidades Judías de España y las comunidades judías que pueda haber
en el exterior, por supuesto que no.


Inicialmente estaba previsto que la Federación de Comunidades
Judías de España acreditase la veracidad de los certificados que he
señalado anteriormente, tanto el del presidente o cargo de la comunidad
judía en el exterior como el de la autoridad rabínica. Es verdad que esa
previsión supuso que rabinos de diferentes zonas del mundo nos enviasen
una serie de propuestas, y, fruto de la sensibilidad que manifestó el
Grupo Parlamentario Popular, esa redacción inicial se modificó para que
la Federación de Comunidades Judías de España no tuviera el monopolio en
la certificación de esta cuestión. Esos certificados avalan la identidad
de la autoridad que ha emitido el certificado, no la veracidad del mismo,
y alternativamente se da la posibilidad al solicitante de que acredite la
idoneidad de esos certificados a través de la presentación de otra serie
de documentaciones.


Creo que la redacción ha mejorado considerablemente. Les quiero
señalar en todo caso que la participación o la interlocución que mantiene
la Administración con la Federación de Comunidades Judías de España
deriva directamente de la Ley 52/1992, que regula el acuerdo de
cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de
España y rige las relaciones del Estado con las comunidades de confesión
judía en nuestro país.






Además, uno de los objetivos que tiene la
Federación de Comunidades Judías de España es promover contactos y
relaciones no solo con Israel, sino también con la diáspora, así como con
entidades y organizaciones judías internacionales.


También han presentado sus señorías una serie de enmiendas en
diferentes sentidos respecto al segundo requisito que les mencioné de
acreditar la especial vinculación con España. Hay grupos parlamentarios
que piden la supresión de estas pruebas, otros una modulación o que no se
exijan los supuestos en los que se haya acreditado, por ejemplo, el
conocimiento del ladino. A este respecto sí que les quiero decir que este
proyecto de ley se dirige especialmente a los sefardíes originarios de
España que acrediten esa especial vinculación y que esa especial
vinculación es un requisito sine qua non porque está dirigido a aquellos
sefardíes que han mantenido ese vínculo, esa especial vinculación con
España. Estas pruebas son necesarias y han de mantenerse. Sí que es
verdad que se ha hecho un esfuerzo por objetivarlas todo lo posible,
porque lo que queremos es eliminar subjetividad en el análisis de estas
pruebas, que ya bastantes problemas han dado a lo largo del tiempo en los
expedientes, por ejemplo, de nacionalidad por residencia. (Todos ustedes
conocen los diferentes criterios subjetivos que pueden tener quienes
realizan esas pruebas.) Lo que se ha pretendido con la regulación que se
contiene en la ley es objetivar y facilitar al máximo la acreditación de
esa especial vinculación con España. De todos modos, también quería
señalarle que todos los solicitantes de nacionalidad española deben
superar pruebas que acrediten su conocimiento sobre cultura. Todos los
solicitantes son iguales y, por tanto, esas pruebas deben
mantenerse.


También han presentado sus señorías enmiendas respecto de otra
cuestión que ya mencionamos en los vetos como es la participación de los
notarios en el procedimiento. Aquí quiero decir que el procedimiento es
administrativo, que el procedimiento se inicia en el Ministerio de
Justicia. Sigo diciendo y afirmando que los notarios son funcionarios
públicos a pesar de que actúen en régimen de competencia; que, a pesar de
que cobren por arancel, son funcionarios públicos —pasan unas
oposiciones, dependen de la Dirección General de Registros y
Notariado—; que su condición de funcionario público ha sido
acreditada insistentemente por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. No es una afirmación mía, lo dice el Tribunal
Constitucional, los notarios son funcionarios públicos. Deducir que son
operadores privados es cuanto menos un poco excesivo. Son funcionarios
públicos que ejercitan una función pública esencial, la de dar fe, y su
intervención en el proceso va a estar destinada a eso, a dar fe, a
levantar esa acta de notoriedad. La intervención de unos profesionales
cualificados como son los notarios va a agilizar el procedimiento.


Ya les dije que son entre 500 000 y 3 millones y medio de judíos
sefardíes los que podrían solicitar la nacionalidad española, por tanto,
es necesario garantizar la agilidad y la eficacia en la tramitación de
estos expedientes, porque lo que no querríamos bajo ningún concepto sería
que ocurriese lo que sucedió con los expedientes de nacionalidad por
residencia, que cuando llegó el Gobierno del Partido Popular, se encontró
con expedientes acumulados con un retraso de dos años. Eso sí que de
verdad es una anomalía, no la intervención de los notarios. Si la
intervención de los notarios, que —vuelvo a decir— son
funcionarios públicos, va a garantizar que esos procedimientos se puedan
tramitar en los plazos previstos y con la agilidad necesaria, pues
perfecta sea la intervención de los notarios.


Creo que la senadora Rieradevall ha hablado de las enmiendas que
han presentado para mejorar el procedimiento, en especial en relación con
esa comparecencia personal, esa necesidad de desplazamiento a
España.


Yo creo que, después de las modificaciones que hemos introducido,
el procedimiento ha mejorado considerablemente. Habrá cuestiones sobre
las que sigamos discrepando, pero, repito, el procedimiento ha mejorado
considerablemente. Los notarios valorarán esa documentación que acredita
la especial vinculación con España y la condición de sefardí, y, una vez
vean que hay elementos suficientemente justificados y que se cumplen esos
dos requisitos, se citará al solicitante para esa comparecencia personal,
que no solo tiene por objeto presentar la documentación que inicialmente
se envió telemáticamente, sino que el solicitante realizará una
declaración responsable y personal de la veracidad de sus documentos,
aparte de que, mediante esa personación, el notario se formará un
criterio exacto sobre la condición del solicitante. Este es un trámite
personalísimo que debe mantenerse.


Sí hemos hecho un cambio para eliminar ese segundo desplazamiento
a España con las enmiendas que introdujimos en comisión, como usted sabe,
para eliminar ese desplazamiento que requería la posterior inscripción en
el registro, habilitando la posibilidad de que esa inscripción se realice
en el registro civil del lugar de nacimiento y abriendo la puerta a que
sea en los registros consulares, modificación creo relevante para un acto
que es verdad que no tenía carácter personalísimo pero que sí se puede
realizar en un registro consular.


Sus señorías también han presentado enmiendas con el fin de que
no sea necesario que posteriormente la Dirección General de Registros y
Notariado solicite los informes de los ministerios del Interior y de
Presidencia. Nosotros consideramos que estos informes sí son necesarios
para resolver con las máximas garantías jurídicas y que se deben
presentar. Y ocurre lo mismo con el certificado de antecedentes penales
en el momento de la jura o promesa, ya que hay enmiendas que dicen que no
se requiera nuevamente ese certificado de antecedentes penales antes de
la jura o promesa. Pues bien, esta previsión se establece para garantizar
esa seguridad jurídica y evitar que existan vicios de anulabilidad, que
no es lo habitual pero que en ocasiones se producen, porque
posteriormente se comprueba que sí ha habido comisión de delitos y que
hay antecedentes penales antes de llevar a cabo la inscripción de la
nacionalidad, lo que deriva a que haya que iniciar un procedimiento de
revocación con todo lo que ello conlleva. Sé que es añadir un trámite
nuevo, pero está específicamente establecido para garantizar esa
seguridad jurídica y evitar la posibilidad de que en el procedimiento
concurran posteriormente vicios de anulabilidad.


La tasa es una tasa, no es un arancel. Creo que ya he justificado
antes su necesidad por la carga de gestión que se espera dado el número
de solicitudes que se pueden presentar y los recursos públicos que se
tienen que destinar.


Senador Bildarratz, a nosotros también nos encantaría retirar la
tasa, pero, valorado el coste que conlleva, es necesario introducir esta
tasa, que va a financiar solo una parte de esos gastos. Y aquí quiero
decirles que la tramitación de estos expedientes, sea vía tasa o sea vía
presupuestos, nunca es gratuita, porque, o colabora el ciudadano
aportando una pequeña cantidad, en tanto que el resto se pagará con los
presupuestos, o se paga íntegramente con los presupuestos, que al final
es dinero de todos los ciudadanos de España. Esa tasa es necesaria para
financiar, como digo, al menos en parte el coste estimado. Creo que la
cuantía es razonable en comparación con las tasas que se pagan en el
resto de solicitudes que pueden realizar ciudadanos extranjeros, que
incluso es inferior a algunas de las que se establecen para permisos de
trabajo. Además, es una tasa muy inferior a la que prevén todos los
países de nuestro entorno para procedimientos similares, tanto para la
solicitud como para la concesión de la nacionalidad.


Termino. Se ha hablado también de la plataforma electrónica. Como
saben, se han incorporado enmiendas para eliminar esa mención a la
plataforma electrónica. De lo que estamos hablando ahora, y se va a
llevar a cabo, es del diseño de un procedimiento electrónico que hará el
ministerio, que es el que va a encauzar toda la tramitación de estas
solicitudes de nacionalidad, procedimiento que en verdad va a ser
electrónico en todas sus fases. El senador Bildarratz decía que creía que
por lo menos el inicio podría ser de forma presencial. Ya saben que
estamos en la era de la administración electrónica y que no es el único
procedimiento electrónico que hay en su integridad, pues cada vez son
más, y llegará un momento en que todos los procedimientos ante la
administración pública lo serán. El fin de que este sea un procedimiento
electrónico no es otro que garantizar la agilidad y facilitar la
presentación de estas solicitudes, que en muchos casos van a venir de
partes muy lejanas del mundo, así como hacerla lo más accesible posible.
Sé que habrá personas que necesiten cierto asesoramiento, pero
posiblemente también lo necesitarían si fuese de manera presencial. Es un
procedimiento diseñado electrónicamente con el fin de mejorar y facilitar
su accesibilidad a todos los ciudadanos.


Sus señorías han hecho referencia a que retiran las enmiendas
relativas a la nacionalidad por residencia. Asimismo, han presentado otra
serie de enmiendas a contenidos de la actual regulación de la
nacionalidad, que exceden del objeto específico de esta ley, que es la
concesión de la nacionalidad a los sefardíes. Estoy hablando de los
nuevos derechos de opción que quieren incorporar, por ejemplo, suprimir
ese apartado 3 del artículo 24, que habla de la declaración expresa de
voluntad de conservar la nacionalidad española en determinados casos, que
se incluyó por la Ley 36/2000 con el objetivo de evitar la perpetuación
de estirpes españolas en el extranjero. (Yo creo que no es una carga
excesiva porque es una mera declaración, por lo que consideramos que se
debe mantener). O, por ejemplo, el artículo 26, que habla de los
supuestos para recuperar la nacionalidad española, incluyendo a los hijos
que hubieran perdido la nacionalidad por no declarar la voluntad de
conservarla. Desestimamos ambas opciones por la razón que he expuesto
anteriormente.


En los otros casos sobre los derechos de opción —todos
aquellos que sus señorías han defendido—, aceptar esas enmiendas
sería mantener, facilitar o dar validez al mismo criterio por el que se
incluyó la regulación de la nacionalidad por residencia. El mismo. Son
materias ajenas al objeto específico de la ley y se van a desestimar
porque consideramos que la materia sobre la que versan no es pertinente,
no se corresponde con el objeto específico que tiene esta ley, sin
perjuicio, en todo caso, de que realice una serie de observaciones. Por
una parte, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Entesa han
hablado de la ampliación a los hijos mayores de edad en aquellos casos en
los que no se hubiera optado a la nacionalidad española por medio de la
disposición adicional séptima de la Ley de memoria histórica. Quería
decirles que se rechaza por el motivo que les he expuesto, pero resulta
llamativo, porque fueron ustedes precisamente los que regularon o
aprobaron esa Ley de memoria histórica y, por tanto, los que fijaron el
contenido de esa disposición adicional séptima, así como el ámbito
subjetivo, que estaba perfectamente delimitado, no incluyendo a los
mayores de edad.


Hay otro conjunto de enmiendas sobre las que tenemos un criterio
favorable, aunque exceden de ese contenido inicial, sin perjuicio de que
se rechacen, porque su contenido, como he dicho, excede del objeto de la
ley. Pero podrían ser objeto de otra iniciativa parlamentaria, por
ejemplo, de una proposición de ley. En especial quiero referirme a la
enmienda de la Entesa y del Grupo Socialista, por la que proponen al
Gobierno, mediante orden del Ministerio de la Presidencia, y a propuesta
de los ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
que pueda eximir de la presentación de la documentación del país de
origen en casos excepcionales. Como le he dicho, nos parece una
regulación a la que somos favorables. Se desestima porque no es acorde al
contenido específico de esta ley, pero podría ser pertinente que se
trajera a las Cámaras a través de una proposición de ley.


Creo que he abordado no sé si todas, pero sí al menos la inmensa
mayoría de las enmiendas que han defendido sus señorías. Y para terminar
quiero hacer referencia a una cuestión que trató la senadora Maria
Rieradevall, que trasciende el objeto específico que tiene este proyecto
de ley, pero que también lo permeabiliza y se halla en la raíz o en el
fundamento del mismo: hablaba ella de incluir una declaración del
carácter injusto de la expulsión de los sefardíes con el fin de sellar
definitivamente la reconciliación —lo decía también el senador
Iglesias al comienzo de su intervención en el debate de vetos—. Es
verdad que la expulsión de los sefardíes es uno de los acontecimientos
más graves de la historia no solo del pueblo sefardí, sino también de la
historia de España, y fue grave no solo para los que fueron expulsados,
sino también para los que se quedaron porque se convirtieron
prácticamente en chivos expiatorios de todos los males que ocurrían. Y
también es cierto que somos muchos, muchos españoles los que descendemos
de judeoconversos —no hay más que echar un poco el vistazo atrás en
los apellidos y con mucha facilidad encontraremos apellidos de origen
sefardí—.


Señorías, no solo por este proyecto de ley, sino que desde hace
muchísimos años se vienen llevado a cabo numerosos actos, iniciativas,
normas, hasta gestos, encaminados a esa reconciliación de la que hablaba
la senadora Maria Rieradevall —la mayoría se relatan en la
exposición de motivos, aunque hay otros muchos que se podrían
citar—. Se ha hablado ya aquí de la actitud que tuvieron muchos
diplomáticos salvando a judíos de la persecución y del genocidio, se
podría hablar también de la revocación de ese edicto de expulsión que se
hizo en varias fases desde la Constitución de 1869, en fin, son muchos,
muchos, como digo, los hechos, los actos, las normas, etcétera, que han
estado orientados a esa reconciliación.


Pero más que hablar de reconciliación yo utilizaría otra palabra
que también utilizó la senadora Rieradevall y que me llamó la atención,
que es la de reencuentro. Abraham Haim, que es el presidente del Consejo
de la Comunidad Sefardí en Jerusalén —y además tengo el placer de
conocerle—, define la relación de los sefardíes con España como un
continuo que pasa por diferentes fases: encuentro, desencuentro y
reencuentro. La verdad es que este proyecto de ley va a sumar en ese
reencuentro, es un proyecto necesario, un proyecto justificado y les
agradezco el apoyo con la retirada de los vetos —aunque el senador
Iglesias no retirase el suyo—. En definitiva, por el significado y
por el contenido que tiene, es un proyecto que merecería recibir el mayor
apoyo político por parte de los grupos parlamentarios de esta
Cámara.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Turno de portavoces.


¿Grupo Mixto? (Denegaciones).


Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señora presidenta,
finalizo con este turno.


No sé si han tenido la posibilidad de ver la película La dama de
oro. No hace mucho nuestro amigo el senador Anagasti, también en este
mismo hemiciclo, nos aconsejó el visionado de esta película, que está
basada en una historia real de una mujer judía que huyó de Viena durante
la Segunda Guerra Mundial y regresa sesenta años más tarde para reclamar
las propiedades que los nazis confiscaron a su familia. Evidentemente,
este no es el tema de hoy, pero si tienen la posibilidad y la suerte de
visionar la película verán imágenes que evocan un gran sufrimiento, un
sufrimiento que es inimaginable y probablemente un sufrimiento similar al
que pudieran vivir en 1492.


El pueblo judío ha sufrido muchísimo en toda su historia pero, a
su vez, se hace difícil entender que en estos momentos también tenga un
conflicto abierto en ese sentido con el propio pueblo palestino.


La senadora Franco ha hecho una serie de reflexiones y ha
respondido a gran parte de las enmiendas presentadas —además, tengo
que agradecerle el rigor que utiliza a la hora de defender la posición
del grupo mayoritario—, pero me quedo con parte de la reflexión que
hemos hecho en el veto y la que se ha hecho en algunas enmiendas
defendidas por diferentes grupos parlamentarios.


Entiende la senadora que hay un problema con los saharauis, con
los moriscos, con otra serie de colectivos además de con los sefardíes, y
la única justificación que se nos aporta para no atender a estos
colectivos es que son situaciones que no son equiparables. Y estamos de
acuerdo en que no es equiparable, ahora bien, evidentemente y como
consecuencia nos surge varias preguntas: ¿Qué hacemos con esos
colectivos? ¿Hay que responderles? ¿No vamos a ser capaces los grupos
parlamentarios presentes en este hemiciclo de poder alcanzar un acuerdo
para resolver los problemas que sabemos que existen?


Como he dicho, mi grupo parlamentario votará favorablemente a
este proyecto de ley, independientemente de que se acepten o no nuestras
enmiendas, que entendemos que mejoran el texto; pero entendemos que este
proyecto de ley deja una laguna, deja una deuda que puede ser atendida
todavía antes de finalizar esta legislatura, bien a través de una moción
bien a través de una iniciativa o de cualquier fórmula parlamentaria que
a fin de cuentas lo que haga es atender lo que la mayor parte de los
grupos parlamentarios presentes en esta Cámara hemos reivindicado y hemos
planteado.


No voy a seguir insistiendo en diferentes argumentos como, por
ejemplo, la respuesta que se me ha dado a si es idóneo o no que
determinadas autoridades religiosas puedan emitir determinados avales o
no, ni tampoco a la vinculación con España o a que la tasa de 100 euros
sea o no adecuada. Y a este respecto, a la senadora Franco le hago una
pregunta: ¿Qué coste tiene? Porque entiendo que cuando ustedes entienden
que no es adecuada la gratuidad en la casa será porque consideran que
tiene un coste. ¿Qué coste tiene? ¿Tenemos una estimación del coste y qué
supone para las arcas del Estado? Y ello cuando sabemos que a través de
este proyecto de ley estamos intentando responder a un derecho histórico;
pues bien, a la hora de responder a un derecho histórico atendemos a
todos aquellos que son sujetos de este derecho con una tasa de 100 euros.
Como le he dicho, no es tanto por la cantidad, no es un problema de
cantidad, sino de gesto, de gesto.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.


El señor BILDARRATZ SORRON: Voy terminando, muchas gracias,
señora presidenta.


Con respecto a la tramitación, estamos totalmente de acuerdo en
que a estas alturas la tramitación electrónica es lo eficiente y lo
correcto, lo cual no obsta para que determinadas personas puedan hacerlo
de otra manera.


Es cierto que podemos felicitarnos, pero es cierto también que
dejamos determinadas lagunas que pueden ser respondidas y que tenemos la
obligación de responderlas, unos con más responsabilidad que otros;
entiendo que el grupo mayoritario es el que mayor responsabilidad tiene
para responder a las lagunas que este proyecto de ley deja encima de la
mesa.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señora presidenta.


Convergència i Unió siempre se ha mostrado favorable a la
reparación de las víctimas, sean quienes fueren y vinieren de donde
vinieren. Es de justicia que este proyecto de ley proceda a la reparación
de una injusticia histórica. Por este motivo, al igual que sus futuros
beneficiarios, teníamos la esperanza de que la reparación fuera real y no
una mera falsa expectativa, acompañada de tortuosos y onerosos caminos,
sin final exitoso seguro.


Celebramos la aceptación en comisión de nuestra enmienda 69, que
proponía la modificación de la disposición transitoria única sobre
concurrencia del procedimiento.


En cumplimiento del artículo 35 f) de la Ley 30/1992 y del
artículo 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos, el solicitante que opte por
la continuación del expediente a través del procedimiento regulado en
este proyecto de ley solo deberá aportar aquella documentación que no
obre en poder de la Administración y que sea necesaria para su
tramitación. Por ello, para dotar de una mayor seguridad jurídica y
claridad al precepto, propusimos eliminar el último inciso del
apartado 1, en el que se exigía al solicitante que aportara la
documentación requerida conforme al artículo 2, puesto que resulta más
coherente que antes de aportar la documentación exigida el solicitante
obtenga primero un desglose de los documentos aportados en su momento
para incorporarlos al acta y, en todo caso, una vez que detecte aquellos
documentos que faltan pueda completar el expediente. Asimismo, se
pretendía puntualizar que tanto la solicitud del desglose de los
documentos aportados en el expediente incoado como la aportación de
nuevos documentos según el nuevo procedimiento u otorgar nueva acta
notarial, podrían realizarse personalmente o a través de persona
autorizada, puesto que se evitaría de este modo el desplazamiento del
solicitante que ya aportó en su momento la documentación requerida.


Valoramos, pues, muy positivamente la aceptación de dicha
enmienda pues claramente mejora el texto, pero si bien pudimos salvar
—entre comillas— a los solicitantes en trámite de un oneroso
viaje a España, no nos fue posible ni en ponencia ni en comisión salvar
al resto, a todos los presuntos beneficiarios de este proyecto de ley,
pues de no aprobarse nuestras enmiendas van a verse obligados a viajar a
España para llevar a cabo un acta notarial que, ciertamente, podemos
considerar un acto personalísimo, pero que bien podría otorgarse ante el
consulado de España de su país. Lo más triste y decepcionante de esto es
que el grupo que apoya al Gobierno se niega a aceptar dicha enmienda por
la oposición frontal del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a
asumir tal carga de trabajo. Es incomprensible e irresponsable tal
postura por injusta, más cuando se establece finalmente una tasa de
tramitación de 100 euros que podría ser destinada a un refuerzo de las
plantillas consulares cuando se estimara necesario.


Es una lástima que el resultado de este proyecto de ley no esté
en consonancia con las palabras del ministro de Justicia en la
presentación del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados con
fecha 20 de noviembre de 2014, el cual se expresó en los siguientes
términos: Señorías, hasta ahora y durante cientos de años, cuando un
sefardí quería reprocharle a otro que se hacía falsas ilusiones, nos dice
la literatura que la frase que utilizaba era: «vos te fraguas castiyos en
Sefarad». Se empleaba así, en el hermoso español del siglo XV, un
proverbio que expresa a partes iguales la nostalgia por España y un
cierto escepticismo por lo que se consideraba imposible. Pues bien, hoy
podemos afirmar que estos castillos, estas ilusiones, pueden convertirse
para muchos en una realidad y que Sefarad, por lo tanto, ya no es un
imposible.


Por coherencia, pues, con las palabras expresadas por el señor
ministro Catalá, senadores del PP, deberían tener en cuenta la aceptación
y aprobación de las 4 enmiendas que mi grupo presenta, pues de no ser así
los presuntos beneficiarios de este proyecto de ley podrán afirmar
respecto a las expectativas creadas por el mismo «vos te fraguas castiyos
en Sefarad», aunque sea en el nivel básico A-2 del Instituto Cervantes
del país donde residan y digan Te haces castillos en España, pues Sefarad
continúa siendo hoy un imposible.


Mi grupo insiste, pues, en la aprobación de estas enmiendas y
anunciamos nuestro voto favorable, a pesar de que es mejorable, a este
proyecto de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Díaz
Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidenta. Buenas tardes.


En mi opinión, los españoles de dentro, los que vivimos en
cualquiera de los pueblos de España, tenemos una inmensa asignatura
pendiente con los españoles que viven fuera de España. Este domingo
cientos de miles de españoles no han podido votar. Sean quienes fueren
los responsables de tal reforma, mal; sean los que fueren, da igual, mal,
porque cientos de miles de españoles no pudieron votar este domingo y eso
es malo para la calidad de nuestra democracia —no refleja lo que
piensan, sienten y quieren los españoles— y es malo también para
ellos porque no han podido participar en nuestros procesos internos y
hacer que nuestra democracia sea una democracia avanzada, una sociedad
democrática avanzada, como establece el preámbulo de la vigente
Constitución.


Dentro de esa gran asignatura pendiente con los españoles que
viven fuera hay también un conjunto de tramos. Hoy aprobamos uno de
ellos, pero no es que lo aprobemos de la mejor manera posible, no es que
sea con un sobresaliente, porque podía estar mejor. Podía estar mejor que
los agentes consulares, que no parece que estén tan agotados de trabajo
en todas partes del mundo —es verdad que hay algunos agentes
consulares que están bastante desbordados en algunas ciudades, por
ejemplo, el cónsul en Jerusalén; yo lo entiendo porque juega un papel
especialmente relevante—, tuvieran otro papel en las ciudades del
mundo donde hay sefardíes y los cónsules no están especialmente
desbordados. Luego, si hoy aquí todos hemos competido en manifestación de
cariño por un grupo humano hacia el que queremos desarrollar esta
experiencia, esta demostración de reparación histórica, ¿por qué razón
desde el Ministerio de Asuntos Exteriores no se les dice simple y
llanamente a los agentes consulares: Usted puede hacer esto, usted puede
recibir a un hombre o una mujer sefardí y usted allí, in situ, por sus
propios sentidos, hablando con la persona comprueba la explicación que
está haciendo en cualquiera de los idiomas que se hablen en España
—ellos usarán un castellano del siglo XV—? ¿Por qué razón no
lo puede hacer el agente consular? ¿Por qué razón se les obliga, a pesar
del procedimiento electrónico, a tener que venir a España? Para muchos
será un motivo de alegría, pero algunos no estarán en condiciones físicas
por salud, enfermedad o edad para hacer ese esfuerzo. Luego a mí me
parece que todavía habría que hacer un esfuerzo para hacerlo mejor, no
solo para aprobarlo con un cinco raso, sino para tratar de que sea con un
notable o con un sobresaliente.


¿Qué pretendían hacer las enmiendas que ha presentado el Grupo
Socialista? Facilitar las cosas a los sefardíes, ver de qué manera se les
facilitaba y también procurábamos que, en la medida de lo posible, lo que
nace para solo un grupo humano pudiera ser susceptible también para otros
grupos humanos, que son esas otras asignaturas pendientes de las que les
hablaba en la primera intervención. Pero esto no quiere decir que en los
esfuerzos por el sobresaliente nos neguemos al aprobado y, por esa razón,
ya votamos a favor en el Congreso, ya votamos a favor en la Comisión de
Justicia y hoy también votaremos a favor de esta ley.


A mí me parece interesante recoger aspectos de las iniciativas
que se han planteado y ver por qué no se aceptan algunas enmiendas cuando
solo mejoran el texto para facilitar la tramitación de la nacionalidad a
los sefardíes que están fuera de España. Yo siempre agradezco el esfuerzo
de estudio, el esfuerzo de racionalidad y el esfuerzo de motivación, de
explicación, de exteriorización de las razones por las que algo no se
acepta. No entiendo por qué no se acepta que los agentes consulares
puedan hacer esta labor, no lo entiendo. Yo podría entender, por ejemplo,
que algún agente consular, debidamente motivado por el especial trabajo
que tiene por estar especialmente desbordado, pudiera pedir un apoyo, un
refuerzo de un servidor público, eso yo lo puedo entender, pero de una
manera genérica no me parece sensato, no me parece razonable.


Nosotros vamos a apoyar este texto, ya hemos manifestado las
reservas y yo me quedo con la voluntad manifestada aquí, en la tribuna,
de que este es el comienzo de un proceso de reparación para otros grupos
humanos. Pero la reparación para los grupos humanos más cercanos en el
tiempo no empece que también lo hagamos con los que están más lejanos en
el tiempo pero también cercanos en el afecto y en el corazón.


Nada más, presidenta, y muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora
Dueñas.


La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en primer lugar, quiero comenzar agradeciendo a todos
los portavoces que han trabajado en este proyecto de ley su trabajo y
todas sus aportaciones porque de todas, aunque algunas no las hayamos
podido aceptar, hemos aprendido; también a mi compañera, la senadora
Franco, y, cómo no, al letrado de nuestra comisión.


Ciertamente, señorías, presentamos en esta Cámara un proyecto de
ley que permitirá reconocer la nacionalidad española a los sefardíes que
desde la expulsión que provocó el edicto de 1492 han mantenido a lo largo
del tiempo una verdadera nostalgia hacia España y han conservado con mimo
su idioma, el folclore, los ritos y tradiciones y, en definitiva, ese
inquebrantable vínculo con España, con Sefarad. De hecho, señorías, la
identidad sefardí es el amor por una tierra que tuvieron que abandonar;
su identidad en todo este tiempo ha sido la memoria.


Hoy, con este proyecto de ley en esta Cámara, damos final a una
larga trayectoria histórica, política y legislativa de reencuentro y
reconciliación con la comunidad sefardí. Una trayectoria debe traer a
nuestra memoria a ilustres personalidades que supieron ver y reconocer la
necesidad de reparar una injusticia, la expulsión, una página negra de
nuestra historia que no debe ocultarse pero que hoy, en esta Cámara,
encuentra respuesta.


Señorías, el texto que hoy presentamos en esta Cámara
—porque además así ha sido reconocido por diferentes miembros de la
comunidad sefardí— incorpora, sin perder su espíritu y el objetivo
con los que nació, mejoras aportadas por prácticamente todos los grupos
que han trabajado en él, mejoras que simplifican y agilizan el
procedimiento. En este sentido, permítanme que me refiera a la que evita
que los solicitantes en este procedimiento, una vez que tengan la
resolución positiva en cuanto a la concesión de la nacionalidad, no
tengan que hacer un segundo viaje a España ni para realizar la
inscripción ni para el trámite de jura, que realizarán ante el encargado
del registro civil competente por razón de su domicilio, esto es, el
encargado del registro civil consular.


Señorías, en este último trámite en el Pleno ha vuelto a salir la
no inclusión de otros colectivos en esta ley. Lo vuelvo a reiterar, desde
el más absoluto respeto a estos y a otros supuestos planteados en el
trámite de enmiendas: la tradición jurídica española ha determinado que
siempre han sido leyes singulares las que han reconocido a colectivos
singulares su acceso a la nacionalidad. Ya en el anterior turno puse dos
ejemplos que así lo demuestran.


Ahora, tras el trámite del Gobierno, todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara vamos a aprobar una ley centrada en la
reparación de una deuda histórica que teníamos con la comunidad sefardí,
sin que ello —reitero— suponga juzgar a otros colectivos u
otras demandas que se han planteado y sin que, desde luego, reste valor a
otras sensibilidades.


Voy concluyendo, señorías. Como he dicho al principio —y
creo que ha quedado demostrado en las intervenciones del resto de los
portavoces—, hoy vamos a dar una respuesta unánime a un deseo
perseguido durante demasiado tiempo por la comunidad sefardí. Hoy
sellamos una definitiva reconciliación y reencuentro con la misma, con
los sefardíes, que se sienten, como han manifestado otros portavoces,
profundamente españoles. Hay una frase que define perfectamente ese
sentimiento de la comunidad sefardí de Isaac Alchech: Españoles fuimos,
españoles somos y españoles seremos.


Finalizo ya. Y aunque sé que al senador Díaz Tejera eso de la
retórica y la poesía le gusta poco, estoy convencida de que hoy no
estamos ante cualquier proyecto de ley de los que habitualmente llegan a
esta Cámara. Este es un proyecto de ley en el que se mezcla la cuestión
puramente técnica y procedimental con cierto halo de pasado, de historia
y de sentimientos y por ello quiero repetir, para concluir, las palabras
que pronunció el rey emérito, don Juan Carlos I, cuando visitó la
sinagoga de Madrid en marzo de 1992: Sefarad ha dejado de ser una
nostalgia para convertirse en un hogar en el que no debe decirse que los
judíos se sienten como en su propia casa, porque los hispano-judíos, los
sefardíes, están en su propia casa. Y hoy, señorías, lo están más que
nunca.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Señorías, suspendemos la sesión hasta las cuatro de la
tarde.


Eran las quince horas y cincuenta y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Vamos a proceder a la votación de las enmiendas al
proyecto de ley. Empezamos por las enmiendas presentadas por los
senadores Iglesias y Mariscal del Grupo Parlamentario Mixto.


Votamos la enmienda número 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 20; en contra, 204;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 6.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 17; en contra, 148;
abstenciones, 60.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 8.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 3; en contra, 150;
abstenciones, 74.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 2 y 3.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 10; en contra, 146;
abstenciones, 71.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 1, 7 y 9 a 11.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 22; en contra, 146;
abstenciones, 59.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas de la senadora Capella. En primer lugar, votamos la
número 15.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 226; a favor, 21; en contra, 202;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 12, 13 y 14.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 20; en contra, 150;
abstenciones, 56.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. En primer lugar, votamos
las enmiendas números 48 y 55.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 21; en contra, 146;
abstenciones, 60.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 53, 54 y 56.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 20; en contra, 205;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 46, 51, 52 y 62.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 225; a favor, 75; en contra, 147;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 44, 47, 49, 50 y 57.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 21; en contra, 204;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa. En primer lugar,
votamos la número 17.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 226; a favor, 71; en contra, 153;






abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Las enmiendas números 21, 25 y 20 han sido retiradas.


Votamos las enmiendas números 22, 23, 24 y 26 a 30.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 77; en contra, 149;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 34.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 23; en contra, 202;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 35 y 36.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 17; en contra, 147;
abstenciones, 63.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 38.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 226; a favor, 71; en contra, 149;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 32 y 33.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 62; en contra, 148;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 40.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 8; en contra, 147;
abstenciones, 71.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 31 y 39.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 78; en contra, 149.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 37, 41, 42 y 43.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 225; a favor, 21; en contra, 146;
abstenciones, 58.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Convergència i Unió. En primer
lugar, votamos la número 63.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 19; en contra, 147;
abstenciones, 61.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 64.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 20; en contra, 205;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 65.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 226; a favor, 20; en contra, 205;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 66.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 226; a favor, 73; en contra, 148;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar,
votamos la enmienda número 71.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 226; a favor, 76; en contra, 148;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 77.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 223; votos emitidos, 221; a favor, 56; en contra, 146;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 76, 78 y 80 a 84.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 77; en contra, 149;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De los Grupos Parlamentarios Entesa pel Progrés de Catalunya y
Socialista votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado en
comisión sobre la base de la enmienda número 89 del Grupo Parlamentario
Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 224; a favor, 57; en contra, 160;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


De los mismos grupos votamos la vuelta al texto del Congreso en
lo modificado en comisión sobre la base de las enmiendas 87 y 88 del
Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 77; en contra, 149;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 184 796, sobre las enmiendas 72 del Grupo Parlamentario
Socialista y 18 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 205; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 184 800, sobre las enmiendas 73 del Grupo Parlamentario
Socialista y 19 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 226; a favor, 200; en contra, 5;
abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de
ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación
anterior.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 224; en contra, 2;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228; votos emitidos, 227; a favor, 224; en contra, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos).


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del
texto definitivo por S. M. el Rey.









PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA APROBADA
POR DECRETO DE 8 DE FEBRERO DE 1946 Y DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
CATASTRO INMOBILIARIO, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, DE 5
DE MARZO.


621/000114

Justicia


El señor presidente da lectura al punto 7.1.2.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la comisión, senador Ramírez.


El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.


En nombre de la Comisión de Justicia comparezco hoy para
presentar el dictamen del Proyecto de Ley de reforma de la Ley
hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto
refundido de la Ley de catastro inmobiliario, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.


El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración
del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo
su entrada en esta Cámara el día 1 de abril, fecha asimismo de su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de
presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el día 15 de
abril, fue ampliado hasta el día 21 de abril del año en curso 2015. A
este proyecto de ley se presentaron 2 propuestas de veto y 146
enmiendas.


El día 28 de abril la Comisión de Justicia designó ponencia, que
quedó integrada de la siguiente manera: don Jokin Bildarratz Sorron, del
Grupo Parlamentario Vasco; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo
Parlamentario Socialista; don José Blas Fernández Sánchez, del Grupo
Parlamentario Popular; don Iñaki Goyoaga Llano, del Grupo Parlamentario
Mixto; doña María Rosa de Haro Brito, del Grupo Parlamentario Popular;
don Jorge Ibarrondo Bajo, del Grupo Parlamentario Popular; doña María
Rieradevall Tarrés, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; don Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, del Grupo
Parlamentario Socialista; don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya. Dicha ponencia se reunió el día 5 de
mayo para emitir su informe. La comisión emitió dictamen ese mismo día 5
de mayo, a cuya literalidad me remito como presidente de la Comisión de
Justicia en cualquier caso, tal y como consta en el Diario de Sesiones de
la Cámara.


Han presentado votos particulares a este dictamen el señor
Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el
señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla
Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y los grupos
parlamentarios Mixto, Entesa pel Progrés de Catalunya, Convergència i
Unió y Socialista.


Señorías, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.


Solamente se ha presentado una propuesta de veto, la número 2 del
Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el
senador Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Buenas tardes, señorías. Con su venia,
señor presidente.


¿Por qué razón el Grupo Socialista presenta un veto a este
proyecto? Porque nos parece que el preámbulo refleja una cosa, el
esfuerzo por coordinar la información que tiene el registro y la
información catastral, generando mayor inmediación, colaboración
—nunca usa las palabras coordinación y preeminencia, sino palabras
como colaboración y mediación—, pero luego el texto articulado no
tiene que ver con la colaboración y sí con la coordinación, donde el
coordinante es preeminente sobre el coordinado. La jurisprudencia del
Tribunal Constitucional ya ha establecido, cuando habla de las relaciones
de coordinación dentro de un Estado compuesto como es España, que quien
coordina, quien preside las conferencias sectoriales tiene una
responsabilidad de preeminencia, de responder por el todo.


En este caso es sabido que la inscripción en un registro en
España no tiene carácter constitutivo, es decir, las fincas, los
inmuebles se pueden comprar y vender por los siglos de los siglos y nunca
aparecer en un registro. Basta con que dos personas se den la mano para
que se proceda a esa compraventa. Que se inscriba en el registro tiene un
carácter declarativo, para que los terceros puedan saber quién es el
propietario de ese inmueble, no tiene carácter constitutivo, a diferencia
de otros registros en los que sí tiene ese carácter. Es el caso, por
ejemplo, del registro alemán, donde no tiene carácter declarativo sino
constitutivo; es decir, hasta tanto no se inscriba, no ha habido
compraventa.


Nosotros planteamos que este proyecto vulnera toda la orientación
teórica, toda la escuela iuscivilista que hay en España, y no hablo solo
del derecho civil común, el castellano, sino también del derecho foral.
¿Por qué razón? Porque lo que predomina es la teoría del título y el
modo. El título quiere decir la justa causa que posee la compraventa y el
modo es la traditio, la entrega de la cosa. ¿Qué ocurre? Que desde el
momento en que al registrador se le encargan tareas que son competencia
jurídica, que son competencia de evaluación del negocio jurídico, está
perturbando un sistema jurídico que se basa en que quien declara el
derecho es el juez, quien ejecuta es el juez y quien participa en el
negocio jurídico es el notario, que lo eleva luego a escritura pública.
El registrador de la propiedad no. El registrador lo que hace es recoger
una información y, si no encuentra pegas u obstáculos, lo inscribe en el
registro; si encuentra pegas u obstáculos, no lo inscribe, pero no
participa en el negocio previo, en ese negocio jurídico que él va a
inscribir si no encontrara ningún obstáculo, ninguna dificultad, ninguna
pega.


¿Qué es lo que ocurre? Que, tal y como se plantea, la información
catastral podrían ser fotos hechas desde los aeroplanos, o la información
geofísica o georreferenciada, como la quieran llamar. Esa es la
información que tiene el catastro. De otro lado, en ocasiones el catastro
tiene una información física de la situación de la finca y pudiera ser
que el registro, en los últimos veinte, treinta, cuarenta o cien años, no
tuviera información actualizada de lo que sabe el catastro. Por tanto, se
trata de que se comunique la información, no de que uno tenga
preeminencia sobre otro o de que tenga más competencias, sobre todo
jurídicas, de evaluación que hasta ahora no tenía. Insisto, de ahí la
perturbación sobre esta teoría del título y el modo que he
comentado.


Hay otros modelos. En el modelo francés, por ejemplo, es un
funcionario del Ministerio de Hacienda el que en cada municipio, en cada
distrito, tiene las competencias para registrar, pero tampoco tiene ese
carácter constitutivo. El británico, más en torno a la persona que en
torno al inmueble; es decir, en torno a las personas que se van
sucediendo en el registro.


Este texto perturba nuestra escuela jurídica en materia de bienes
inmuebles, en materia de la doctrina del título y el modo. Hemos
planteado un conjunto de enmiendas que procuran, en la medida de lo
posible, paliar estas dificultades y, en general, obedecen a una obsesión
competencial, a una especie de blindaje profesional a un cuerpo
funcionarial, por otra parte, absolutamente respetable, sobre el que no
tengo ningún comentario crítico que hacer —los pocos inmuebles que
yo poseo están registrados porque me da seguridad, me da tranquilidad a
efectos de terceros; uno de ellos no lo está por pura pereza y porque no
hay ningún cuestionamiento sobre él—, pero, en general, creo que
para la seguridad jurídica es bueno ofrecer certidumbre a los operadores,
a la gente que participa en este ámbito negociador. En cualquier caso,
esto se puede conseguir sin esta obsesión por dar nuevas competencias a
un cuerpo prestigioso. ¿Por qué razón? Porque, hasta ahora, el catastro
jugaba unas funciones, la información del registro jugaba otras, el
notario participaba del negocio y el juez declaraba y ejecutaba el
derecho. De esta forma, puede haber perturbaciones de muy diversa
naturaleza al ubicar al registrador en una tarea preeminente y
coordinando una tarea superior con respecto al órgano coordinado.


Nuestras propuestas tienden a paliar en lo posible esto porque no
partimos del criterio de que cuanto peor, mejor. Aun no aceptándose el
veto —porque es evidente la relación de fuerzas que hay en esta
Cámara—, sí hacemos un conjunto de sugerencias para tratar de
mejorarlo. Luego hay otros razonamientos, que otros compañeros van a
esgrimir, en torno a la titularidad de bienes inmuebles que han sido
bienes públicos durante siglos, como las plazas, etcétera, como ese
procedimiento por el que los obispos se convertían en registradores de
facto respecto a bienes inmuebles que eran de titularidad común, del
conjunto de la población. Pero, francamente, a mí lo que me resulta más
perturbador es lo que le acabo de indicar respecto a la teoría del título
y el modo. El conjunto de nuestro derecho civil se basa en esta teoría,
incluso, aunque ha habido una especie de progresiva espiritualización,
por así decir, en la que ya no hacía falta la traditio, la entrega del
bien, y se buscaban fórmulas para concebir que se había procedido a la
entrega del bien, aun así, la formulación de base sigue siendo la misma y
se perturba el razonamiento en esta subrama del derecho civil con esta
fórmula.


Fíjense que en otros ámbitos, en el derecho público, las
comparaciones se hacen con el derecho continental, con el sistema
administrativo o, en el caso del derecho anglosajón con el precedente. Si
importamos categorías de un sistema jurídico a un sistema cultural
distinto y las incrustamos en el nuestro resulta perturbador, porque son
dos sistemas que obedecen a formulaciones distintas: uno tiene más
preocupación por el sistema, otro tiene más preocupación por el
precedente, es decir, sobre cómo se han resuelto esos casos en otras
ocasiones. En este momento, si se plantea perturbar la formulación del
título y el modo con la incorporación de tareas competenciales de
evaluación jurídica a los registradores de la propiedad, puede ser una
fuente, un semillero de pleitos en el futuro. Y aunque aquí predominen en
general los juristas, yo no creo que haya habido intención de hacerlo
así, porque sabido es que cuanto más pleitos, mejor. No creo eso, creo
que se ha hecho con buena voluntad. En todo caso, obedece a esa especial
obsesión que se ha ido reafirmando en los últimos meses por darles
competencias y blindar este oficio dignísimo de los registradores que,
como ustedes saben, es un oficio que solo existe en Bielorrusia y en
España —no hay ningún lugar del mundo con esas competencias, a
excepción de la ciudad de Sao Paulo—. Y aunque no voy a hacer
especulaciones de naturaleza alguna acerca de a qué obedece tal
orientación, creo que no es bueno para nuestro sistema jurídico en el
ámbito inmobiliario porque no genera certidumbre, no genera seguridad,
sino que puede resultar, insisto, un semillero de pleitos.


Esta es la explicación por la que el Grupo Socialista presenta
este veto o, al menos, es parte de la explicación. Ya serán mis
compañeros Tontxu y Nicanor quienes los desgranen con mayor detalle, con
mayor precisión y con mayor profundidad, como siempre hacen.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.


Para turno en contra, tiene la palabra el senador Fernández.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señor presidente.


Señorías, apartándome un poco de cuanto ha explicado el senador
Díaz Tejera en su exposición, como buen jurista, como conocedor de la
materia y, sobre todo, como buen operador jurídico, tendré que decir
respecto a su visión del contenido de este proyecto de ley —en
representación de su grupo parlamentario, como es lógico—, que
debemos estar muy coordinados porque la situación que se debate hoy en la
Cámara no es nueva, caprichosa, ni mucho menos tendenciosa como pudiera
ocurrir, sino que se trata de una reforma importante para corregir muchas
duplicidades que tienen su origen en aquella ley de 1996 sobre derecho
administrativo, elaborada para coordinar los distintos ministerios. En
aquel momento ya se hablaba de que el catastro o el registro tenían una
condición muy especial y quedaban un poco marginados, al no darles la
regulación que hubieran requerido.


Es verdad que el señor Díaz Tejera ha hecho una exposición
brillante de derecho civil al hablar de la perturbación del título y
modo. Entiende que se concede exclusividad a un equipo de profesionales
determinado, en este caso profesionales de prestigio como son los
registradores, pero detrás de todo esto lo que hay más bien es una pasión
registral sobre esta materia, y así se lo dije en la última comisión a la
que asistimos. La verdad es que este es un proyecto de ley que va a
regular los procedimientos y la coordinación entre el catastro
inmobiliario y el Registro de la Propiedad. Este es el espíritu real de
este proyecto de ley.


Señor Díaz Tejera, es legítimo y honroso que su grupo
parlamentario haya presentado enmiendas cualificadas para enriquecer este
proyecto, pero permítame discrepar y decirle que realmente este veto no
era necesario y no conduce a nada, y no porque seamos el grupo
mayoritario en esta Cámara sino porque debemos ser conscientes de que no
tiene fluidez ni validez en el sentido estricto de la palabra respecto al
texto de este proyecto de ley. Se han introducido grandes mejoras en este
proyecto y, además, se ha estado trabajando con todos los operadores y
directores del catastro. Como señala el propio proyecto de ley y
manifestó el ministro, de alguna forma se está trabajando para relacionar
la cartografía, los profesionales competentes, la base gráfica y el
artículo 9 de la Ley hipotecaria, coordinándolo todo, como también
argumentó el secretario de Estado en su comparecencia en el Senado.


Por supuesto, no quiero cansar a sus señorías, pero creo que
podríamos retrotraernos en el tiempo e insistir en los esfuerzos
realizados y en los avances que se han producido, desde los inicios del
siglo pasado, en 1906, y también en 1946 y en 1980. Solo voy a citar los
avances de la Ley 13/1996, que introdujo la referencia catastral como
elemento de identificación de los bienes inmuebles e incorporó la
certificación catastral, tanto descriptiva como gráfica, como requisito
para la inmatriculación de la finca. Es decir, que no es una simpleza
como se acaba de exponer sino que va mucho más allá de la necesidad de
una modificación.


Sucesivas normas han ido avanzando, de manera que hoy se ha
actualizado la titularidad catastral de más de 6,2 millones de inmuebles
—creo que es importante recordarlo— desde el año 1995. En un
pasado mucho más reciente, gracias a la Ley 2/2011, de economía
sostenible, se han producido algunos progresos en este campo y, en
concreto, en el refuerzo de la seguridad jurídica en el empleo, en la
cartografía catastral y en los nuevos mecanismos de comunicación,
extendiendo el uso una vez más de la referencia catastral como indicador
e identificador de bienes inmuebles. Por último, citaré la Ley 11/2007,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que dio
pie a la total informatización del catastro inmobiliario. De alguna
forma, ahí se culmina el sentir de todos los operadores participantes en
este sistema. Como ven, todos estos proyectos normativos se han ido
encaminando en esta dirección, pero es cierto que todavía subsisten
algunos problemas y dificultades que hacen necesario el proyecto que hoy
se presenta.


Entiendo que el veto que se ha presentado al proyecto no tiene
una base jurídica; se trata del mero criterio del que propone el veto, al
entender que el contenido del proyecto es privatizador y reglamentista, y
que ataca los derechos de los ciudadanos. Permítame, señoría, que
manifieste mi discrepancia —una discrepancia absoluta—,
porque lo que persigue el proyecto es precisamente todo lo contrario;
para empezar, porque es evidente que los propios ciudadanos —y
debería también saberlo su señoría— dicen que el Registro de la
Propiedad en modo alguno es una institución privada sino que es pública,
integrada en el Ministerio de Justicia y a cargo de funcionarios públicos
plenamente competentes que han accedido a la función pública de la manera
que todos conocemos, de acuerdo con los principios de mérito y
capacidad.


Por lo tanto, ¿qué es lo que se busca? En mi opinión, lo que se
busca y se logra con este proyecto de ley es respetar escrupulosamente
las competencias y las funciones de una y otra institución, establecer e
impulsar los cauces adecuados para la comunicación y la coordinación
entre ambas evitando duplicidades, produciendo un ahorro de tiempo y
dinero tanto para los ciudadanos como para los entes públicos, mejorando
la calidad del servicio público que reciben los ciudadanos y que prestan
los registros y el catastro.


Señorías, estamos ante un proyecto altamente positivo, que estoy
seguro merecerá ser objeto de atención de todos, y somos conscientes de
que una vez que haya pasado por los trámites tanto del Congreso, como
ahora en el Senado, será una norma útil, una norma eficaz, una norma
pensada para dar un servicio público con mayor comodidad y menores costes
—algo que los ciudadanos entenderán perfectamente—, con todos
los aspectos que acabo de exponer a sus señorías.


Una vez más, así lo han dicho algunos portavoces de otros grupos,
sobre todo en el Congreso a raíz de un debate amplio sobre esta materia,
este proyecto de ley —que todos han calificado de eminentemente
técnico— devaluaba la calidad de la democracia. Esto es lo que
dijeron en el Congreso y quiero recordarlo aquí por si acaso a alguno se
le ocurre decirlo, pero en absoluto creo que sea así, ni mucho menos,
porque es un proyecto de ley puramente técnico, que proporcionará un
beneficio posterior a la sociedad y que entendemos que es muy superior a
lo que algunos dicen.


Como decía anteriormente, entiendo la pasión registral que
algunos puedan mostrar sobre la cuestión o que puedan ver detrás de todo
ello —entre comillas— que se potencia a un cuerpo
determinado, el de los registradores de la propiedad, pero hay una parte
que se ha hecho muy bien, con dignidad y sabiendo el límite y sobre todo
la posición de los registradores, lógicamente muy alta: cohesionar y
sobre todo ensamblar mejor la situación del registro y del catastro para
lograr un buen fin.


Es una ley antigua, que se ha ido desarrollando con el tiempo, y
que entiendo que no perturba, que no es tendenciosa, que se ha llevado a
cabo después de un estudio muy técnico y muy amplio por parte de
muchísimos órganos que intervienen en los ministerios. Por ello, yo diría
que estos son, entre comillas, los padrinos de esta situación.


Señor Díaz Tejera, permítame que le diga que no hacía falta el
veto. Conocemos su capacidad técnica y jurídica —la conozco—,
pero creo que ha habido un sincero empecinamiento por parte de su señoría
con respecto a este proyecto de ley. En este sentido, en el debate
posterior de las enmiendas no quedará más remedio que decirle que
entendemos perfectamente su veto, pero que nosotros lo rechazaremos. No
se trata de que pensemos que hay una mayoría absoluta legitimada para
decir sí o no, sino que se ha estudiado con detenimiento, es muy técnico,
es muy amplio y se coordinan varios factores importantes, los factores
jurídicos y los factores sociales, así como todos aquellos que puedan
intervenir en este proyecto.


Es posible que no todo el mundo quede contento, porque sabemos
que es un proyecto muy difícil; es muy difícil porque, en función de la
situación geográfica dentro de este país, se darán los datos de una
manera u otra, como todos conocemos. Así, los que tenemos conocimientos
sobre el catastro y sus relaciones, incluso con los ayuntamientos,
sabemos las dificultades que aparecen muchas veces, pero estoy convencido
de que esta ley va a propiciar técnicamente una mejora importante, una
mejora mucho más sabia de lo que teníamos hasta ahora y, permítame
discrepar con usted, va a ser de interés general para todos los
ciudadanos.


Por ello, quiero anunciar, en nombre de mi grupo, nuestro voto en
contra y decirle que se van a producir unas mejoras importantes. En ese
sentido, el primer efecto de la reforma será favorecer la coordinación
entre el catastro y el Registro de la Propiedad, que es lo que realmente
se busca, la coordinación correcta entre uno y otro, que hasta hora
posiblemente estuviesen descoordinados y que en algunos sitios se actuase
como reinos de taifas que no se ponen de acuerdo. Sin embargo, desde el
punto de vista económico y de la seguridad jurídica es esencial para el
registro determinar, con la mayor exactitud, qué parte de porción de
terreno tiene cada uno y cómo se proyectan —que es lo que se va a
hacer en este proyecto de ley—. Para el catastro es esencial
conocer y reflejar en cartografía todas aquellas modificaciones o
alteraciones registrales; eso es lo importante.


El catastro tendría que tener conocimiento de todo lo que existe
en nuestro país en cuanto a la forma en que están hechos esos proyectos,
cómo se conoce la cartografía y aquellas modificaciones o alteraciones
registrales, que ya conocen también sus señorías que hay muchísimas. Por
tanto, para que luego esto no produzca unas tasas residuales que puedan
ser controvertidas y lógicamente lesivas para los intereses de muchas
personas, incluso particulares e instituciones, se introduce en el
proyecto que las realidades físicas de la finca, mediante cualquier hecho
o negocio, queden registradas perfectamente por medio de un acto
jurídico.


Es verdad que históricamente se han hecho muchas cosas, lo ha
explicado su señoría, pero en los tiempos actuales hay que modificar la
situación magnética y la situación electrónica porque la fiabilidad de la
información incrementa la situación jurídica. Está clarísimo que cuanta
mayor sea la información que tengamos también será mayor la seguridad
jurídica y, por tanto, será mejor para todos. Y eso es lo que, de alguna
forma, el legislador va a contemplar como tal, para que contemos con una
mayor seguridad jurídica y con una información incrementada, así como
para que esa seguridad jurídica, en las transmisiones, sea un importante
valor añadido a la propiedad inmobiliaria. En este sentido, resumiría la
cuestión en que la seguridad jurídica en las transmisiones sea un
importante valor añadido a la propiedad inmobiliaria, que así evitará
—de hecho va a evitar— supuestos litigiosos y los costes
económicos directos de los contenciosos, así como los indirectos
derivados de las situaciones de pendencia, dotando al mercado
inmobiliario de mayor trasparencia. Usted sabe perfectamente como
jurista, al igual que yo, la cantidad de contenciosos que hay sobre esta
materia —miles de contenciosos— y estoy convencido de que a
partir de ahora, una vez que esta ley se publique en el Boletín Oficial
del Estado tras su aprobación, se van a evitar muchísimos litigios y,
posiblemente, algunos de esos largos litigios que permanecen en los
juzgados y que son interminables. Estoy hablando sobre todo de la vía
contencioso administrativa, pero también es verdad que esto va a
significar una mayor seguridad en todos los aspectos y, en este caso,
lógicamente tanto para los operadores jurídicos que van a intervenir como
también para los propietarios y vendedores o compradores de las fincas o
inmuebles.


Sin más, quiero comunicar y hacer constar en este momento nuestro
voto en contra.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Intervendré desde el escaño, si me
lo permite, señor presidente.


Solo quiero decir que los argumentos del senador Díaz Tejera me
han convencido y que, por lo tanto, votaré a favor del veto.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente.


La reforma de la Ley hipotecaria y de la Ley del catastro
inmobiliario, que hoy debatimos, tiene un contenido global y alcanza a
las relaciones entre el catastro y el registro como se menciona; y, por
otra parte, su modernización, sobre todo en las relaciones que han de
existir entre los notarios y los registradores y en la publicidad que de
ellos debe darse.


Desde mi grupo valoramos de manera positiva la introducción de la
salvaguarda del régimen foral en la disposición adicional cuarta respecto
de las modificaciones. En este sentido, las referidas a la Ley del
catastro inmobiliario no serán de aplicación en los territorios
históricos ya que estos son los competentes en la regulación de esta
materia. En su caso, si lo consideran oportuno, pueden incorporarlas
mediante la adaptación correspondiente a la normativa foral actual. No
obstante, han de tenerse en cuenta los efectos que pueden derivarse de la
modificación de la artículo 7.2.b) de la Ley del catastro inmobiliario,
ya que son la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo 2159/2014,
de 30 de mayo, que resuelve un recurso de casación en interés de, y
concluye que no tienen el carácter de urbanos y son, por tanto, rústicos
aquellos suelos calificados como urbanizables que no dispongan de un
planteamiento de desarrollo que contenga su ordenación detallada, la
parcial o equivalente. Esta sentencia tiene consecuencias en los
territorios forales, ya que tanto Araba como Gipuzkoa reproducen el
contenido del artículo 7.2.b) de la Ley del catastro inmobiliario.


Por último, quiero resaltar también la modificación de la Ley
hipotecaria, en concreto del artículo 206 que, desde nuestro punto de
vista, debe considerarse positiva porque da respuesta a una demanda
generalizada, especialmente en Nafarroa, y que tiene que ver con los
bienes que la Iglesia católica ha ido inmatriculando desde 1944, mediante
un procedimiento especial, como si fuese una administración pública. A
este respecto, quizá se podría valorar el dar un carácter retroactivo, de
tal modo que se permita la revisión de esas inmatriculaciones mediante
algún procedimiento especial que facilite a los jueces determinar la
propiedad de estas fincas, si bien debería analizarse la viabilidad
jurídica de una disposición de este calibre.


Por lo que respecta a la pertinencia o no del proyecto de ley, mi
grupo parlamentario tiene dudas porque no tenemos muy claro hasta qué
punto eran tan disfuncionales las relaciones entre el catastro y el
Registro de la Propiedad como para acometer nada menos que un proyecto de
ley regulador que pretende garantizar que exista concordancia entre la
finca registral y la parcela catastral, cuando se entiende que la
coordinación se alcanza y que se establecen vías para informar de esta
circunstancia a terceros y procedimientos internos de información.
Entendemos que todo esto ya estaba previsto en el ordenamiento jurídico,
lo que ocurre es que con las nuevas tecnologías, la modernización del
catastro y la incorporación de elementos cartográficos para la
identificación de las fincas y de sus lindes, puede ser importante que se
mejoren o implementen mecanismos de relación entre el catastro y el
Registro de la Propiedad.


Por otra parte, nos parece una ley muy técnica, como ya se ha
dicho anteriormente —no añadimos nada nuevo— y creemos que
puede ser perfectible.


Por tanto, el Grupo Vasco va a abstenerse en la votación del veto
presentado por el Grupo Socialista, puesto que en la valoración final del
proyecto también nos abstendremos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra la senadora Sequera.


La señora SEQUERA GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Voy a intervenir brevemente, desde el escaño, para decir que
hemos retirado nuestro veto, pero apoyaremos el del Grupo
Socialista.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.


Señorías, nos encontramos ante un proyecto de ley del que
ciertamente se habla poco, pero que es importante porque nos afecta a
todos, dado que la realidad física de las fincas, sean rústicas o
urbanas, la realidad inmobiliaria es solo una. Asimismo, el ámbito sobre
el que actúa este proyecto de ley es único, la realidad corpórea, sea una
finca rústica o una finca urbana; pero jurídicamente inscribimos esa
única realidad a través de dos instituciones que tienen una naturaleza y
unas competencias diferenciadas: por un lado, el Registro de la
Propiedad; y, por otro, el catastro.


En pro de la seguridad jurídica debemos intentar que ambas
instituciones, que intentan reflejar la misma realidad física,
concuerden. Debemos encontrar los cauces de colaboración adecuados entre
el catastro y el Registro de la Propiedad para que actúen de forma
coordinada y para que cuando hablemos de esta realidad, sea en el
catastro o en el registro, hablemos de la misma cosa.


Por ese motivo, mi grupo ha presentado enmiendas que pretenden
ganar en seguridad jurídica y, en definitiva, en la protección del
interés general. Entendemos que hay muchos puntos mejorables que han sido
objeto de nueve enmiendas presentadas por mi grupo a este proyecto de
ley, y que su aprobación mejoraría el texto, pero consideramos positiva
su tramitación y, por tanto, nos vamos a abstener en la votación del veto
presentado, a pesar de coincidir con muchos de los argumentos que han
motivado su presentación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Rodríguez Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías.


Antes de nada, permítanme que dé la bienvenida a los miembros de
la Asociación de Maltratados por la Administración, que están presentes
en la tribuna.


Señorías, después de oírles hoy y de leer repetidamente este
proyecto de ley, les aseguro que he buscado el interés general de la ley
pero no lo he conseguido encontrar porque, una vez más, en esta
legislatura nos traen un proyecto de ley con un objetivo declarado y otro
oculto, que es el que les interesa. Por lo que respecta al objetivo
declarado, dicen que es la coordinación del catastro y el registro; pero
lo que le importa al Gobierno es la parte disimulada del proyecto de ley:
dar preponderancia a las inscripciones registrales y posibilidad de
negocio a los amigos, compañeros y familiares del señor Rajoy.


Señorías, el Grupo Socialista presenta un veto a esta reforma de
la Ley hipotecaria del catastro, como bien anunció nuestro portavoz en la
Comisión de Justicia, porque tiene un carácter absolutamente sesgado, con
una intención que ustedes ocultan: privatizar el registro, el catastro y
consolidar las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica. Con
ese afán privatizador que llevan derrochando durante toda la legislatura,
pretenden desplazar el peso de la información que el catastro tiene sobre
las fincas ya existentes a bases de datos privadas, lógicamente, y dejar
así que el control del Estado pase a un sector privilegiado y muy próximo
al Gobierno popular.


Los registradores de la propiedad demuestran de nuevo su tic
corporativista pero se olvidan —probablemente no se olvidan sino
que lo hacen con toda intención— de que el catastro es la pieza
esencial de la inscripción de las fincas y de su valoración a efectos
fiscales. Ustedes pretenden sustituir el sistema actual, que durante años
ha probado su seguridad jurídica y su eficacia, por algo privado y que
todavía no está contrastado, visto desde la óptica de unos pocos y no de
todos.


Desde 1997, señorías, se ha llevado a cabo un importante proceso
de modernización del catastro, destinando fondos del Estado y medios
personales para que hoy exista un catastro online, accesible, directo y
gratuito. Su única pretensión es reemplazar un buen servicio gratuito por
otro privado —y pagando— y conseguir que, a través de una
fórmula privada, unos grandes amigos suyos —no sé si del
alma—, el Colegio de Registradores cree sus propias bases de datos,
con la consecuente inseguridad jurídica para los ciudadanos y ciudadanas.
Hoy santifican, una vez más con su forma de actuar, sin generar ningún
ahorro para el Estado, un coste para los españoles, y el Grupo Socialista
rechaza de pleno esta contrarreforma porque es una privatización más, con
unos ciudadanos perjudicados y unos beneficiarios que, como he dicho, son
los amigos del presidente del Gobierno: 855 registradores de la propiedad
en España. La verdad es que nunca actúan en beneficio del interés
general.


Señorías, si ustedes quieren coordinar el catastro, y lo ha dicho
Arcadio Díaz Tejera, perfecto, estaremos de acuerdo, pero no para
regalárselo a los registradores, no para entregárselo a 855 privilegiados
porque, desde ahora, los compañeros de los Rajoy Brey van a poder acceder
a los planes urbanísticos generales, a cualquier modificación que hagan
los ayuntamientos, van a obligar a estos a crear un servicio mapa-web
debidamente georreferenciado, y una vez que se les dé todo hecho, lo van
a incorporar a sus bases de datos privadas.


Nos parece perfecta la coordinación entre catastro y registro,
que además es una obligación de las instituciones públicas, pero ustedes,
con su ansia privatizadora, no buscan esa coordinación sino que quieren
dar prioridad a los registros, pagar más aranceles y obtener más
beneficios. Desde que llegaron al Gobierno han intentado restar eficacia
al funcionamiento del catastro y estaban obligando a los ciudadanos a
acudir a los registradores de la propiedad al decir que estaban más
actualizados; por tanto, a pagar.


Señorías, esta ley tampoco es necesaria en cuanto a la publicidad
de los datos del registro. Esto se resolvió correctamente con la
Ley 24/2001, en la que se recogieron todas las inquietudes que existían
en relación con este asunto. Sin ni siquiera desarrollar esa ley, ya la
quieren modificar, y todo esto tiene un origen: la Presidencia de
Gobierno del señor Aznar, que dio el pistoletazo de salida en 2001 para
que los registradores de la propiedad empezaran a competir en la
referencia catastral.


Por tanto, después de llevar tantos años castigando y maltratando
al catastro, ahora adecúan la ley para adaptar las pretensiones que
venían reclamando los registradores de la propiedad: modifican asientos,
sustituyen la mención obligatoria, desaprovechan instituciones que ya
existen, desperdician las propias bases de datos catastrales, etcétera, y
todo esto con unos perjudicados, los de siempre, los ciudadanos, mientras
otros ganan dinero con esto. Señorías, ¿podrían decirnos por qué hacen
esto si no existe un interés general? ¿Solo para que los amigos de Rajoy
Brey tengan un negocio? ¿Solo por privatizar, solo por perjudicar? Es que
es absolutamente lamentable.


Otro aspecto de esta ley es, como he dicho, su interés por dotar
de más negocio y competencias a los registradores, aunque esto suponga
una pérdida de competencias para los jueces o para los notarios. Cambian
la legislación prevista por otra, lo mismo que las competencias
jurisdiccionales, y provocan una situación donde no se respeta la
posibilidad que tenían hasta ahora los ciudadanos de poder elegir entre
la jurisdicción voluntaria o la vía notarial.


Pero lo lamentable de todo esto es que les da exactamente igual
lo que se les diga. Perder la posibilidad de dotarnos de más seguridad
jurídica y evitar costes a los ciudadanos, les da igual. Que alguien vaya
a una finca, la vea, la describa y, si no coincide con lo que tiene el
registrador, prime lo escrito por el registrador, les da igual, como
dicen las Nancys Rubias y Mario Vaquerizo. Les da igual favorecer por
favorecer a los amigos, y lo que más nos molesta es que, además de darles
igual, se sienten cómodos dándoles igual.


Señorías, el último apartado por el que no aceptamos esta ley es
el de la Iglesia. ¿Por qué no quieren revisar las inmatriculaciones
masivas de la Iglesia en los últimos 10 años, que se favorecieron con el
Gobierno del señor Aznar? No se pueden homogeneizar las situaciones de la
Iglesia con las del resto de la sociedad. Es del todo insultante esa
situación. Señorías, la Iglesia católica no puede ser tratada como una
Administración Pública; la Iglesia no es un ayuntamiento. Además de esa
mala actuación, es hasta inconstitucional. Mire, ninguna confesión
religiosa, ninguna, tiene carácter estatal. La Iglesia ya ha gozado
durante muchos años de privilegios para que ahora ustedes vulneren la
Constitución y no les importe, les dé igual. Nosotros nunca vamos a ir en
contra de que la Iglesia, como cualquier institución o los propios
ciudadanos, pueda incorporar en su patrimonio bienes con título legal o
con una resolución administrativa, pero no lo vamos a aceptar por el mero
uso de un bien, de un inmueble o del certificado de un obispo.


En España impera la libertad religiosa y la Iglesia no es una
corporación de derecho público. Como vivimos en un Estado de derecho,
cualquier español puede ser titular de un bien siempre que se acredite su
titularidad; pero no es posible esa rapacería de la Iglesia que ha
inscrito propiedades —dicen que más de 4500— solo con
certificados de los obispos. Se ha actuado así en relación con templos,
ermitas, casas parroquiales, cementerios, fincas rústicas y urbanas,
plazas, frontones, viviendas, arbolados, bares, cafeterías… Menos
mal que hay un juzgado, el de instrucción número 1 de Córdoba, que ha
abierto diligencias para ver si estas inmatriculaciones pueden ser
delito. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos les ha dado a
ustedes un cierto varapalo en esta materia al decir que su ley vulnera el
artículo 6.1 de la Convención de Derechos Humanos y que también es
anticonstitucional.


Para acabar, señor presidente, ustedes pretenden que con esta ley
la Iglesia tenga una ley de punto final, para que la jerarquía católica
se quede con todo lo que antes les indicaba y, además, sin posibilidad de
impugnación.


Son tan imperativistas que no plantean nada especial
jurídicamente en esta ley y tampoco garantizan más derechos a los
ciudadanos. Solamente establecen una herramienta populista,
propagandística, elitista y electoralista para con la Iglesia.


Señorías, rechazamos de pleno este acondicionamiento conservador
de su ley, no solo porque, como se ha dicho, es un texto especializado,
mediatizado y corporativista; no solo porque, como vienen haciendo
durante su mandato absoluto, dan primacía a las prerrogativas de los
amiguetes; no solo porque ustedes pretenden que los registradores de la
propiedad tengan más funciones, tareas, competencias y responsabilidades;
no solo porque favorecen y privilegian a 855 personas y perjudican a 46,5
millones; no solo porque privatizan un servicio, porque atacan a la
seguridad jurídica ni porque con su rodillo tiran por el desagüe los
medios públicos que ha invertido el Estado; no solo porque un Gobierno
presidido por un registrador incremente los costes a los ciudadanos para
mejorar los bolsillos de otros; no solo por todo esto sino porque ustedes
hoy —y lo decía el anterior interviniente, el portavoz del Grupo
Popular— vuelven a atacar los derechos de los ciudadanos y, como se
dijo en el Congreso, la calidad de nuestra democracia.


Por estos motivos, presentamos este veto que espero que sea
respaldado por el resto de la Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Fernández.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, mucho me temía yo que el debate del proyecto de ley iba
a seguir hoy este camino, aun cuando tengo que agradecer a los portavoces
por el tono con el que han intervenido y con el que han valorado este
proyecto.


Se trata de un proyecto muy técnico y que viene a soslayar la
necesidad, como he dicho al principio, de esta simultaneidad que hay
entre el catastro y el registro, con el fin de que exista una mejor
coordinación. Esta mejor coordinación no dificultará, ni mucho menos, que
se vea el fruto que va a tener para el ciudadano, para el administrado en
su conjunto, evitando matices torticeros como los de algún portavoz que
acaba de intervenir.


En este sentido, señor Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista,
creo que su intervención en relación con este veto ha sido
obstruccionista; es obstruccionista en el sentido de que usted ha
pretendido, ni más ni menos, matizar un poco o dejar un reflejo bien
claro —parecía que el señor Díaz Tejera nos lo había dejado
entrever pero usted lo deja dicho— que este es un proyecto de ley
hecho para amiguetes. No entiendo su actuación en la Cámara ante un
proyecto de ley tan serio y coordinado y una exposición en la que se ha
dicho hasta la saciedad lo que se pretende, que no se quiere privatizar
nada en absoluto, sino que se busca una mejora en todos los sentidos de
los ciudadanos españoles. Como usted comprenderá, no intentamos ser
corporativistas para de alguna manera otorgar méritos a unos
registradores a fin de que puedan gozar de esa situación de privilegio.
Pero es que usted incluso ensambla la cuestión con la figura del
presidente del Gobierno como diciendo que, como es registrador de la
propiedad, por amistad y amiguismo, da mayores competencias a los
registradores; o sea, que nos quedamos tan panchos y el señor Rajoy se va
a su casa tan tranquilo porque lo que ha hecho ha sido favorecer a los
registradores. Hay que ser más serios, se lo digo yo, que conozco el
cuerpo de registradores y todo lo que le rodea, también el personal que
involucra.


Usted tenía que haber pensado mucho más en su propio grupo. ¿Por
qué ustedes, tanto que saben de esto, no hicieron antes un proyecto de
ley? Ustedes han gobernado, ¿han traído algún proyecto de reforma a la
Cámara sobre esto? No. No han hecho nada, cero. A la hora de criticar
todos lo hacemos, pero antes no se ha hecho absolutamente nada.


De ahí que preguntarle algo a su portavoz. Ustedes nombraron
ministra de Vivienda a doña Beatriz Corredor, que era registradora de la
propiedad. ¿Qué pasó con ella cuando fue ministra? ¿Por qué no involucró
estas leyes? ¿Qué hizo ella? Pregúntele usted a ella cuántas situaciones
propició para hacerlo. ¿Es que ella miraba para sí misma en materia de
vivienda porque buscaba su propio ego? Hay que ser más serios. Creo que
usted mismo se traiciona de alguna manera, que tiene usted un
desconocimiento absoluto de todo esto y que solo ha ido a atacar a la
persona; ese ha sido su único fin, su única meta ha sido ir contra el
presidente del Gobierno que, como es registrador de la propiedad, puede
usted atacarle porque la mejora de este proyecto de ley va a mejorar la
situación de todos los registradores de la propiedad. Ese ha sido su
discurso, señor portavoz. (Aplausos). Está usted equivocado. Y creo que
atacar de esta forma tan sucia y tan poco coherente a alguien en una
Cámara dice muy poco de usted. Yo le tenía a usted por una persona de
prestigio y creía que iba a valorar el contenido del proyecto, las
enmiendas que vamos a debatir y las proposiciones que se planteen, pero
el resumen que ha hecho ha consistido en decir que se potencia a los
registradores porque son amigos del presidente del Gobierno, que es
registrador. Esa es su lectura, ahí acaba usted; hueca, totalmente hueca;
humo ha hecho usted aquí en esta Cámara y me parece que no es serio. No
es serio —y no voy a defender a nadie— pero conozco, por mi
condición profesional, a los registradores y sé que no se venden por un
plato de lentejas como se vendería posiblemente usted. La ministra
anterior tampoco se vendió, ¿por qué? ¿Fue ministra de la Vivienda y fue
de ustedes? ¿Y qué hizo? Nada. Pero no les interesa decirlo y ahora
vienen a criticarnos a nosotros porque sí lo hacemos. No señor, no puede
ser. Creo que hay que ser más serios y, sobre todo, buscar fórmulas
serias, coherentes y alternativas.


No sé si las enmiendas que han traído son serias —no lo sé,
ahora lo veremos en el debate—, pero desde luego el veto ha sido
patético. Porque sopesarlo todo o achacarlo todo a la situación personal
de un presidente de un Gobierno y afirmar que es corporativista con un
grupo determinado lo es.






Mire, yo he sido profesional del derecho y nunca
he protagonizado ningún corporativismo. Entiendo que hay que defender el
interés general, que es a lo que venimos todos, usted y yo, y no a hacer
el ridículo que usted ha hecho porque no se lo merece esta Cámara, así
que no agoto más tiempo.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández.


Llamen a votación. (Pausa).


Por favor, cierren las puertas.


Señorías, vamos a votar la propuesta de veto del Grupo
Parlamentario Socialista.


Les informo de que el senador Marín Torrecillas y la senadora
Cunyat no han ejercido su derecho al voto telemático.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 67; en contra, 154;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos al debate de las enmiendas.


Comenzamos por las enmiendas de los senadores Iglesias y
Mariscal, que han presentado las números 8 a 32.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías.


El senador Mariscal y yo mismo hemos formulado 24 enmiendas a
este proyecto de ley, la inmensa mayoría de ellas de carácter técnico;
por ello haré una referencia muy liviana a las mismas. En cuanto a las de
carácter político, solo destacaré las que hacen referencia a las
facultades de inmatriculación de los obispos.


Hay dos enmiendas al preámbulo para que en él se referencien de
forma expresa los avances tecnológicos en la representación gráfica de
los inmuebles. El grupo más numeroso de enmiendas —hasta 18—
plantea que esa representación gráfica de los inmuebles consista en un
levantamiento topográfico parcelario con arreglo a un sistema de
coordenadas geográficas referido a las redes nacionales geodésicas y de
nivelación realizado por técnicos competentes. Se trata de incorporar
este concepto y esta idea a diferentes artículos del proyecto.


Planteamos una nueva disposición adicional para que los
registradores no puedan percibir honorarios ni cobrar conforme a arancel
por los servicios de coordinación registral ni por aquellas tareas de
coordinación con el catastro que sea necesario realizar. Mediante otra
disposición adicional, que antes avanzaba que tenía contenido político,
pretendemos que se consideren nulas las inmatriculaciones realizadas por
la Iglesia al amparo del artículo 206 anterior y del reglamento que lo
desarrolla. Sus señorías saben que en los últimos años, y en algunas
comunidades autónomas de forma muy destacada, los obispos han aprovechado
esta facultad para inscribir prácticamente cualquier finca, normalmente
propiedad de las comunidades vecinales, que no estuviera inscrita. Todos
los entornos de las iglesias, los campos de las fiestas, las plazas que
se habían construido, fueron registrados a través de este mecanismo.


En la misma línea, mediante un nuevo apartado de la disposición
derogatoria, pretendemos que el artículo 206 se entienda derogado desde
la entrada en vigor de la Constitución Española por entender que estas
facultades reconocidas a los obispos resultan contrarias a los preceptos
constitucionales.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Del Grupo Parlamentario Mixto, se han presentado las enmiendas
número 4 a 6, por la senadora Domínguez Hormiga, de la 1 a 3 por los
senadores Eza, Yanguas y la senadora Salanueva, y la enmienda número 7
por los senadores Aiartza, la senadora Mendizábal y el senador
Unamunzaga.


Para la defensa de todas ellas tienen siete minutos.


La señora DOMÍNGUEZ HORMIGA: Gracias, señor presidente.


Las tres enmiendas que he presentado se refieren a la
modificación del texto refundido de la Ley de catastro inmobiliario. Se
propone, por un lado, la modificación del apartado 1 del artículo tercero
respecto a la descripción catastral de los bienes inmuebles según el cual
se pretende que se detalle no solo las característica físicas, económicas
y jurídicas, sino que se incluya un párrafo con el siguiente contenido:
La descripción catastral tendrá contenido público para todos aquellos que
acrediten tener en ello un interés legítimo, a juicio de la
administración competente, y siempre con sujeción a legislación de
protección de datos. Se pretende facilitar la tramitación de los
expedientes de inmatriculación, deslindes, rectificaciones, etcétera, y
para ello se propone que los datos catastrales sean públicos, como ahora
lo son los datos del Registro de la Propiedad, por el cual cualquier
persona puede pedir una nota informativa pero en cambio no puede pedir
una certificación descriptiva y gráfica si no es propietario de la finca
a la que se refiere. La propuesta estaría de acuerdo con lo previsto en
la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
que regula el derecho de acceso a la información pública de los
ciudadanos al establecer que todas las personas tienen derecho a acceder
a la información pública en los términos previstos en el artículo 105 de
la Constitución. Se propone, asimismo, la modificación del apartado 2 del
artículo quinto para que se les reconozca a los municipios, una vez
constituida la junta pericial, que puedan actuar como órganos
resolutorios. Se pretende, por lo tanto, incluir la facultad de
resolución para las administraciones locales. Los ayuntamientos son los
verdaderos conocedores de la realidad física y jurídica de los terrenos
que comprenden su municipio, por lo que incluir la capacidad de
resolución de expedientes en el ámbito catastral estaría dentro del
principio de colaboración efectiva y reduciría la demora que ahora sufren
los ciudadanos a la hora de tramitar cualquier expediente que necesite
regulación del órgano catastral.


Por último, se propone la modificación de la letra b) del
apartado 2 del artículo 7. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura que ratifica la sentencia del Tribunal Supremo en cuanto a
descripción del suelo urbano para su posterior valoración determina,
efectivamente, que no es urbano el suelo urbanizable porque se exige para
su desarrollo un plan parcial o un programa de ejecución y, por tanto, no
puede considerarse ni sectorizado ni delimitado. Por ello, la enmienda
pretende que se reconozcan como urbanos, a efectos de valoración
naturalmente, los suelos urbanizables, pero que se exija para ello que el
suelo urbanizable se valore una vez finalizado la correspondiente
actuación de urbanización o el plazo establecido para que se ejecute la
urbanización. La enmienda se fundamenta en la Ley 8/2013, de 26 de julio,
de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, por el que se prevé
que únicamente pueden considerarse suelo urbanizado el que integre una
malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones, parcelas,
etcétera, o que proceda o que esté dentro del ámbito de un suelo
consolidado; por ello la consideración de urbano y su determinación a
efectos de valoración deberían ser solo exigibles cuando el propietario
pueda ejercer, efectivamente, el derecho edificatorio, es decir, cuando
la urbanización se encuentra finalizada o se hayan cumplido los plazos
establecidos para ello.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Domínguez.


Tiene la palabra el senador Yanguas.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Los senadores de Unión del Pueblo Navarro hemos presentado tres
enmiendas a este proyecto de ley. En la primera lo que tratamos es de
modificar el artículo 9. e) de esta Ley hipotecaria en el sentido de que
siempre sea obligatorio presentar el NIF de los no comparecientes
incluso. Creemos además muy importante proponer esta modificación para
evitar fraudes que se puedan producir.


La segunda, la número 2 de nuestras enmiendas, es de modificación
y pido que la retiremos puesto que ya está incluida en el texto. Por
tanto, solicito su retirada —vuelvo a repetirlo— en nombre de
mi grupo, Unión del Pueblo Navarro.


Y con la tercera, que también es importante, queremos que se
modifique el artículo 4 de esta Ley hipotecaria que alude a los
requisitos que han de ser cumplidos por los documentos que expidan los
extranjeros para ser inscritos en el registro. Para ello, solicitamos que
se tengan en cuenta las formas, los efectos y las funciones que tenga la
autoridad extranjera y que se homologue conforme a la legislación
española. Entendemos que esto da mucha más seguridad jurídica a esta
ley.


Finalmente, espero que puedan ser aceptadas estas dos enmiendas
que quedan vivas en este trámite.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.


¿Ha retirado la número 2, verdad? (Asentimiento).


Muchas gracias.


Para la defensa de la enmienda número 7, tiene la palabra la
senadora Mendizábal.


La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor presidente.


Intervengo desde el escaño, si me lo permite. Nosotros hemos
presentado una enmienda muy específica que trata sobre un aspecto
concreto de este proyecto de ley y que responde a la petición que han
realizado distintas plataformas y asociaciones que trabajan para la
recuperación de las propiedades inmatriculadas por la Iglesia católica.
Nosotros, al igual que ellos, consideramos que esta reforma es claramente
insuficiente en lo que se refiere a este tema en concreto y va a
posibilitar la legalización de la apropiación de un gran número de bienes
por parte de la Iglesia católica. Solo en Navarra estamos hablando
de 1100 bienes apropiados y no son solo iglesias o lugares de culto;
estamos hablando de casas parroquiales, de viviendas, de residencias, de
espacios públicos, plazas y huertas; hasta un frontón tenemos matriculado
en Navarra. Por tanto, creemos que la Iglesia se ha aprovechado de una
situación legal creada a su medida, que durante años ha seguido
manteniendo unos privilegios; unos privilegios que no se reducen solo al
caso flagrante de las inmatriculaciones, también hablamos, en un estado
aconfesional, de los privilegios fiscales, como el no pago de impuestos
sobre bienes inmuebles o sobre transmisiones o plusvalías, etcétera.
Creemos que estas prebendas tienen que acabar. Y en este sentido,
pretendemos, aunque este proyecto de ley, afortunadamente, echa atrás el
artículo 206 de la Ley hipotecaria, con nuestra propuesta enmendar de
alguna manera la situación creada, por lo que proponemos que la
derogación del artículo mencionado se entienda referida a todos los
aspectos a la fecha de la entrada en vigor de la Constitución Española
por entender que contraviene el artículo 16.3 de la misma. Por lo tanto,
a nuestro entender, las inmatriculaciones realizadas durante su vigencia
son inconstitucionales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendizabal.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos bloques de enmiendas: el primero, de la 33 a la 72 y el
segundo, de la 73 a la 97.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Sequera.


La señora SEQUERA GARCÍA: Gracias.


Buenas tardes. En primer lugar, doy por defendidas las enmiendas
de los senadores Saura y Guillot.


Del resto de enmiendas me gustaría destacar los tres objetivos
que pretenden. No voy a entrar en tecnicismos de cada una de ellas. En
primer lugar, las enmiendas que hemos presentado pretenden acabar con los
múltiples privilegios de las inmatriculaciones de la Iglesia católica,
dar luz, dar transparencia a los procesos que han llevado a estas
inmatriculaciones; en segundo lugar, mejorar la coordinación entre
registro de la propiedad, catastro y Administración de justicia y, en
tercer lugar, garantizar el derecho de la propiedad, porque el
adquiriente de buena fe debe estar siempre protegido como consumidor de
un bien, en este caso, de un bien inmueble, tanto rústico como
urbano.


En general, las razones que nos han llevado a presentar estas
enmiendas son para reconducir un sistema que hoy aquí van a complicar.
Intentamos evitar otra nueva privatización. Nuestras enmiendas persiguen
coordinar, ordenar y armonizar el catastro y el registro para que la
armonización entre las dos instituciones sea real, cierta y efectiva. Son
enmiendas que pretenden que las decisiones judiciales y las escrituras
públicas sean preferentes, generen derechos y no se releguen como
pretende el texto. Lo que pretenden nuestras enmiendas es evitar que los
ciudadanos paguen aranceles y se excluya la privatización. Son enmiendas
que no otorgan privilegios a la Iglesia católica, que buscan garantizar
la seguridad jurídica en los derechos fundamentales de los ciudadanos,
que tratan de proteger el interés público frente al privilegio de una
élite, de una élite muy ligada a este Gobierno. En definitiva, son
enmiendas que tratan de mejorar nuestro catastro y nuestro registro y no
camuflar en un texto legal privilegios para determinados gremios y
disfrazarlos como mejoras de coordinación.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.


El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado las
enmiendas 98 a 106.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.


Mi grupo ha presentado un total de siete enmiendas: una de
sustitución, tres de adición y cinco de modificación. La primera
enmienda, la número 98, es una enmienda de sustitución de la expresión
«representación gráfica» por el término «plano técnico georreferenciado»
en todo el texto del proyecto; concretamente, en las 46 veces que
aparece. Consideramos que la representación gráfica es una expresión vaga
e imprecisa que no define apropiadamente el carácter eminentemente
técnico del plano de un inmueble que debe ser aportado entre el catastro
y el registro de la propiedad. Consideramos que «plano técnico
georreferenciado» es un término más adecuado para garantizar la
concordancia entre la realidad física y las inscripciones registrales
catastrales.


La enmienda 99, de modificación del artículo primero. Uno,
referente al artículo 9, consiste en mejoras técnicas sobre la
inmatriculación y la descripción de la finca. En el primer párrafo se
sustituye «código» por «identificador», término más adaptado a la
terminología de los registros. En el primer párrafo del apartado a), se
suprime la referencia a la imposibilidad de que una misma referencia
catastral forme parte de más de una finca registral, pues cabe la
posibilidad de que un mismo inmueble catastral forme parte de dos o más
fincas registrales y a la inversa. En el párrafo segundo de la letra a),
se regula de forma más precisa la forma de hacer constar la información
asociada en relación con la finca registral, a través de la superposición
de capas de información gráfica georreferenciada. En el párrafo tercero
de la letra a), en coherencia con enmiendas anteriores, se incluye el
término «plano técnico georreferenciado», mucho más técnico, además de
exigir que dicho plano sea expedido por técnico competente. Se propone
también la modificación del párrafo tercero de la letra b). En los casos
de inmatriculaciones o primera inscripción registral, conseguir una
coincidencia con la realidad inmobiliaria de ésta conllevaría admitir, o
bien que el catastro modifique necesariamente su descripción, con la
aportación de un plano topográfico parcelario, para posteriormente emitir
el certificado que va al registro de la propiedad, o bien que sea éste
quien inscriba la finca y lo comunique posteriormente al catastro. En el
párrafo quinto del apartado b), proponemos reducir la cabida al 5 %, por
entender que no existe falta de identidad entre las fincas sujetas a
calificación registral. Asimismo, proponemos suprimir el último párrafo
de la letra b), pues la publicidad debería constar sometida al régimen
general. Y, finalmente, proponemos la ampliación del apartado e),
relativo a la persona, para adaptar en beneficio del ciudadano el
procedimiento registral a las nuevas tecnologías.


En la enmienda número 100 proponemos la modificación del
apartado 5 del artículo primero, relativo al artículo 199 de la Ley
hipotecaria. En éste incluimos varias mejoras técnicas, como la necesidad
de manifestar que dicha inscripción se ajuste a la realidad cuando
efectivamente la descripción gráfica de la finca coincide con la
catastral. En cuanto a la notificación a colindantes, entendemos que debe
realizarse solo cuando se planteen dudas al registrador sobre su
compatibilidad con la representación gráfica de la finca que se pretende
inscribir. Se suprime también la necesidad de notificación por el BOE y
se da valor a la notificación edictal, a través del tablón de anuncios
virtual de la sede electrónica de los registradores. Y, asimismo, se
suprime la incorporación de la descripción gráfica de los elementos, se
corrige la terminología, etcétera.


Las enmiendas 101 y 102, que han sido transaccionadas, formuladas
a los artículos 200 y 203 de la Ley hipotecaria, hacen referencia a la
competencia para la tramitación del expediente de deslinde y también a la
tramitación del expediente de dominio. Se trata de abogar por la
capacidad de elección del ciudadano con un punto de conexión lógico, como
sería el distrito notarial donde radique la finca, en aras a la
eficiencia del procedimiento, de su seguridad y del mayor interés de
todos aquellos a quienes puede concernir tal expediente, que no son solo
quienes lo promueven, sino los propietarios o titulares de los derechos
reales sobre fincas colindantes.


La enmienda 103 también trataba de abogar por esta capacidad de
elección a la hora de nombrar notario competente para la reanudación del
trato sucesivo interrumpido del expediente de dominio.


La 104 es una enmienda de adición de un nuevo apartado al
artículo primero de modificación del artículo 8 de la Ley hipotecaria,
cédula de inscripción registral del régimen de propiedad horizontal de la
finca más completa según la Ley de propiedad horizontal. El objetivo es
adecuar la regulación contenida en la Ley de propiedad horizontal a la
Ley hipotecaria, las últimas modificaciones legislativas en materia de
propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios y urbanísticos contenidos
en el texto refundido de la Ley del suelo.


Aunque desde 1992 los libros de actas de las comunidades en
régimen de propiedad horizontal se diligencian en los registros de la
propiedad, consideramos que se hace conveniente que también consten los
nombres de quienes ocupan los cargos y la situación contable, de tal
forma que pueda darse publicidad registral de estos extremos aumentando
la seguridad jurídica de quien desea adquirir algún derecho en el
edificio sujeto a tal régimen. El impago de cuotas en edificios en
régimen de propiedad horizontal tiene la garantía reconocida en la ley
especial, pero se requiere articular el mecanismo de la constancia
registral expresa de la afección, optándose por el asiento de nota
marginal.


La 105 es una enmienda de adición de un nuevo apartado al
artículo primero de modificación del 12 de la Ley hipotecaria sobre
adaptación a la doctrina de la Dirección General de Registros y Notariado
y jurisprudencia española y europea. Se pretende incorporar la más
reciente doctrina de la Dirección General de Registros y Notariado y la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cláusulas abusivas y
protección de derechos de los usuarios y consumidores en materia de
hipotecas y de calificación registral.


Finalmente, la enmienda número 106 es de adición al nuevo
apartado del artículo primero de modificación del artículo 210.10 de la
Ley hipotecaria, consistente en una mejora técnica de la publicidad
registral para mejorar el contenido de dicha publicidad y facilitar y
fomentar el uso de los medios telemáticos sin merma de los principios de
nuestro sistema registral y de la seguridad que, consideramos, debe
presidir su utilización por los ciudadanos, las autoridades y los
funcionarios.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las enmiendas 107
a 146. Para su defensa tiene la palabra el senador Sen.


El señor SEN VÉLEZ: Buenas tardes, señoras y señores.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 40 enmiendas a
este proyecto de ley de reforma de la Ley hipotecaria y del catastro
inmobiliario.


Para nosotros todas y cada una de las enmiendas son importantes
ya que afectan a diferentes articulados y a parte de dicho proyecto de
ley, pero debido a la imposibilidad de detallar su contenido y alcance en
este tiempo, voy a referirme a un número concreto de ellas.


Para el Grupo Parlamentario Socialista estas 40 enmiendas que
hemos presentado a este proyecto de ley, que además contaron en su
totalidad con el rechazo del Grupo Parlamentario Popular en la
correspondiente Comisión de Justicia, son a día de hoy unas enmiendas
importantes que pretendían y pretenden enriquecer considerablemente este
texto legal que ha sido calificado por una parte importante del sector de
pobre y hecho con prisas.


Para nosotros es muy importante una de estas enmiendas, la
número 124; una enmienda de adición al artículo primero, apartado tres
bis, un apartado nuevo, que se refiere al artículo 34 de la Ley
hipotecaria. Es necesario mejorar la seguridad y el tráfico jurídicos
para proteger el derecho a la propiedad, y de forma análoga el cambio
introducido en el Código Penal que ya se llevó a cabo en esta misma
Cámara pretendía proteger a terceros adquirentes cuando actúan de buena
fe, recordando en todo momento que esa modificación del artículo 319.3
del Código Penal se llevó a cabo con la aprobación de todos y cada uno de
los grupos de esta Cámara.


Como antes ha indicado el senador Esquerdo, hoy se encuentran con
nosotros diferentes asociaciones de ámbito nacional que conocen
perfectamente la importancia de mejorar este texto con el fin de proteger
a terceros que actúan de buena fe a la hora de adquirir una vivienda.
Estas asociaciones tienen en sus manos más de 1000 expedientes de
personas como nosotros que han tenido la desgracia de arruinarse por los
constantes abusos de constructores, promotores e incluso administraciones
públicas. Asociaciones como AUAN, Abusos Urbanísticos Almanzora No; FAUN,
Federación de Abusos Urbanísticos No; SOHA, de la provincia de Málaga;
AMA, Asociación de Maltratados por la Administración, de Cantabria,
Castilla y León y País Vasco, o CALU, la Confederación Andaluza por la
Legalización Urbanística, nos trasladaron sus propuestas con el fin de
enmendar este proyecto de ley y buscar la protección del Registro de la
Propiedad para aquellas personas que, actuando de buena fe, adquieren una
vivienda que está debidamente registrada en el Registro de la Propiedad
sin rastro de problema alguno, que cuenta inicialmente con todos los
parabienes legales, pero que, transcurrido un tiempo, pueden recibir en
su casa una sentencia de derribo de la misma.


Esta petición, legítima y coherente, la hemos incluido, como les
he indicado antes, en la enmienda número 124, y representa un apoyo a esa
modificación del Código Penal que antes he indicado. Pensábamos que los
senadores del Grupo Popular iban a ser conscientes de la necesidad de
aprobar e incluir esta enmienda en el texto legislativo, poniéndose del
lado de todas las personas que sufren y padecen estas tropelías, fruto de
ciertas lagunas legales que entre todos debemos corregir. Esto no ha sido
así. Esta es la ley de los registradores de la propiedad, no la de los
ciudadanos. Por eso confiamos en que cuando llegue el Partido Socialista
al Gobierno de España podamos corregir esta situación y se devuelva a
esta ley la coherencia y el servicio público, eliminado en su texto por
el Partido Popular.


Hemos presentado las enmiendas 125 a 145 porque se cuestiona el
procedimiento legislativo por el que se introducen estas modificaciones.
Estas enmiendas buscan garantizar, en aras de la seguridad jurídica y del
interés público de los ciudadanos, el papel y las funciones del actual
catastro.


Presentamos las enmiendas números 136, 137, 138 y 139 porque,
además de que tienen continuidad con las anteriores, se cuestiona también
el procedimiento legislativo y en garantía de la seguridad jurídica y de
los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a la
Administración.


En la enmienda número 140 proponemos la modificación de la
disposición segunda del proyecto en coherencia con las enmiendas
anteriores y por ser una redacción que salvaguarda mejor el interés
público.


Otra enmienda de calado importante para el Grupo Socialista es la
número 141, presentada a la disposición adicional tercera, relativa a las
revisiones catastrales.


Entendemos que en el nuevo contenido hay que abordar la
existencia de errores en ponencias catastrales y su consecuencia por la
repercusión en el impuesto de bienes inmuebles, generando así también
nuevamente una inseguridad jurídica, y lo que no es menos importante,
perjuicios económicos tanto a los ciudadanos, que han de asumir
incrementos en este impuesto de bienes inmuebles, aun con sentencias a su
favor que invalidan los valores catastrales, como problemas a los
ayuntamientos, que ven cómo ingresos realizados o previstos en el
ejercicio se han de devolver o no se ingresarán, creando graves problemas
de tesorería, y problemas para poder cumplir la estricta normativa que el
Gobierno nos ha impuesto a las entidades locales, y perjudicando, si
cabe, en mayor medida, a los municipios rurales.


Señorías, lo miren como lo miren nuestro sistema pivota alrededor
de un registro y de un catastro públicos. Según sus modificaciones, a
partir de la aprobación de esta ley se permite una interpretación de un
funcionario calificador, hecho que hasta la actualidad no había sido
posible. Incorporan, además, la posibilidad de utilizar bases gráficas de
procedencia privada, que en vez de ser restrictivas, ustedes las
posicionan por delante de las bases gráficas del catastro público.
También otorgan a los registradores de la propiedad la potestad
arbitraria de decidir según sus dudas y actuar según su criterio cuando
solamente los jueces pueden decidir por sí y ante sí.


En este proyecto de ley atribuyen a los registradores un poder
desfasado de interpretar y atribuir derechos que resultan del título y
que son atribuidos, en todo caso por el mismo, nunca por el registrador.
El registrador no redacta los asientos según su particular criterio o no
los inscribe por tener dudas, inscribe los derechos tal y como resultan.
Por eso, ustedes no pueden atribuir al registrador la posibilidad de
alterar la voluntad expresada en la escritura pública o el mandato del
juez en el auto que ordena la inscripción o el negocio jurídico recogido
en un documento administrativo porque, sencillamente, son inmodificables.
Con esta voluntad suya de incrementar las competencias a los
registradores también invaden competencias de los jueces y notarios en
relación a los derechos de los no comparecientes, infringiendo así
nuestro ordenamiento jurídico.


En relación con los notarios rurales, que son los que realmente
conocen la realidad de su zona de influencia y que refuerzan la seguridad
jurídica de los actos, tampoco entendemos por qué se han metido con las
notarías rurales sin tener argumentos coherentes y razonables.


Este proyecto de ley es de una clarísima falta de calidad en su
texto, conteniendo artículos como el 203 —artículo confuso—,
con sucesivas calificaciones del registrador de casi imposible
entendimiento, que retrasa el expediente sin enriquecerlo, lo que con
toda seguridad encarecerá su coste. Su proyecto de ley suprime los
procedimientos actuales, pasando a convertirlos todos ellos en netamente
registrales, defendiendo el corporativismo registral, blindando
privilegios y controlando las economías territoriales de la zona.


Señorías del Partido Popular, ¿cómo pueden ustedes explicar que
en el artículo 209 se conceda al registrador la facultad extraordinaria
de decidir de oficio acerca de la posible cancelación o modificación de
una o varias inscripciones? Han convertido este proyecto de ley,
anteponiendo los intereses de las administraciones al de los ciudadanos,
en una norma legal confeccionada a la carrera, de baja calidad, que no
resuelve muchos de los problemas actuales que tienen nuestros vecinos.
Una ley pobre en el texto y alcance, que aumentará los trámites, los
encarecerá y será objeto de multitud de problemas para los ciudadanos
españoles o para aquellos ciudadanos extranjeros que vengan a España y
adquieran una vivienda.


Este ley, señorías, se ha hecho a medida de un gremio concreto,
que viene a dar continuidad a la voluntad del Gobierno de beneficiar
siempre a los mismos, con claros objetivos de beneficio para ellos y
oscuros resultados para el ciudadano, sumando a estos claros
beneficiarios de la nueva Ley hipotecaria y del catastro a la Iglesia, la
cual debe dar cuenta del número de propiedades que ha inmatriculado a su
nombre sin título material previo que justifique tal titularidad.


Señorías, el Grupo Socialista, como ustedes saben, ha vetado esta
ley porque consideramos que se ha modificado su texto original
conscientemente por el Grupo Popular, con el único propósito de
beneficiar a unos pocos, que no resuelve los problemas que padecen hoy
los ciudadanos cuando llevan a cabo un trámite considerado vital, como es
la inscripción de su vivienda, que no convence a casi nadie de los
operadores implicados y que es lesivo para los intereses de las personas.
Por este motivo el Grupo Parlamentario Socialista seguirá sin apoyar esta
ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sen.


¿Turno en contra?


Tiene la palabra el senador Ibarrondo.


El señor IBARRONDO BAJO: Muy buenas tardes, señor
presidente.


Señorías, el Registro de la Propiedad y el catastro inmobiliario
son instituciones de naturaleza y competencias diferenciadas que, no
obstante, recaen sobre un mismo ámbito, lo que es la realidad
inmobiliaria. La Ley 13/1996, sobre medidas fiscales, administrativas y
del orden social, y el Real Decreto 1/2004 empezaron a establecer la
colaboración entre el catastro y el registro. Y desde entonces el
registro remite todos los datos de relevancia al catastro, pero hasta el
día de hoy no existe una conexión que posibilite un intercambio
bidireccional. Por lo tanto, la finalidad de esta ley es conseguir la
coordinación entre el catastro y el registro, gracias a los elementos
tecnológicos de hoy altamente especializados, a través de un fluido
intercambio seguro de datos entre ambas instituciones que potencia la
interoperabilidad entre ellas, y dotando al procedimiento de un marco
normativo adecuado, un mayor grado de acierto en la representación
gráfica de los inmuebles y una tramitación administrativa más
simple.


La reforma tiene un contenido global y alcanza a las relaciones
entre catastro y registro. Podríamos aplicar aquí el tanto monta, monta
tanto el uno como el otro, son complementarios y como tales trabajan. Se
prevé, por una parte, un marco regulatorio general de relaciones que se
recoge en los artículos 9 y 10, quizás los artículos más enmendados. Los
artículos 198 a 210 de la Ley hipotecaria tienen como objeto, por una
parte, la desjudicialización de los mismos eliminando la intervención de
los órganos judiciales, sin merma alguna de los derechos de los
ciudadanos a la tutela judicial efectiva que siempre cabrá por la vía del
recurso y, por otra parte, su modernización sobre todo en las relaciones
que han de existir entre notarios y registradores y en la publicidad que
de ellos deba darse.


En el artículo 199 se regula el procedimiento de incorporación al
folio registral de la representación gráfica catastral. El artículo 201
regula el expediente para la rectificación de la descripción, superficie
y linderos de las fincas. La inmatriculación de las fincas se llevará a
cabo mediante el expediente de dominio que se regula de forma minuciosa
sin intervención judicial.


El artículo 206 se ocupa de la inmatriculación de las fincas de
las administraciones públicas y las entidades de derecho público. Es
destacable la desaparición de la posibilidad que la legislación
de 1944-1946 otorgó a la Iglesia católica de utilizar el procedimiento
especial que regulaba aquel artículo. La autorización para que la Iglesia
católica utilizara aquel procedimiento ha de situarse en un contexto
socioeconómico muy diferente del actual, influenciado aún por los efectos
de las leyes desamortizadoras y la posterior recuperación de parte de los
bienes de la Iglesia católica, en muchos casos sin una titulación
auténtica. Pero con la desaparición progresiva de las circunstancias
históricas a las que respondió su inclusión, así como el transcurso de un
tiempo suficiente desde la reforma del Reglamento hipotecario de 1998,
que ya permitió la inscripción de los templos destinados al culto, ya no
procede esta tramitación. Por cierto, sería muy fácil preguntarles por
qué no lo hicieron antes. Ante tanta crítica, por qué ustedes en esos
ocho años benditos no hicieron algo respecto a esto que ahora tanto
critican.


Además, se regulan los procedimientos de deslinde, doble o
múltiple inmatriculación de fincas, el de liberación de cargas o
gravámenes, con una regla específica para la cancelación de los censos,
foros y otros gravámenes análogos que, constituidos por tiempo
indefinido, siguen arrastrándose sin titulares conocidos durante
generaciones, y el de reanudación del tracto sucesivo interrumpido.


Algunas enmiendas e intervenciones insinúan la tendencia
privatizadora de la ley. Nada más lejos, el registro y el catastro
dependen de los ministerios de Justicia y Hacienda. Aquí el senador
Rodríguez hoy me ha enseñado dos cosas: primero, que hay 855
registradores de la propiedad en España, por lo visto uno es el
presidente del Gobierno, otro la ex ministra socialista, Beatriz
Corredor, y luego otros 853 registradores, todos ellos afiliados al
Partido Popular para los que se hace esta ley. La segunda cosa que yo he
aprendido del señor Rodríguez hoy ha sido que estas técnicas tan pueriles
de menospreciar a una persona a través de una ley y jugar espuriamente
con las personas, no se debe hacer, y menos en un sitio como este
Parlamento. Gracias por la enseñanza, senador.


Quiero resaltar el carácter gratuito de la información que prevé
el catastro. Este proyecto de ley lo que está haciendo es abaratar el
proceso de descripción gráfica de las fincas. Además, no olvidemos que la
inscripción en el registro es optativa; la sola demanda —la
inscripción—, y por tanto, el carácter constitutivo, en algunos
casos excepcionales, puede ser cuando se constituye una hipoteca, solo en
ese caso.


De las ciento ocho enmiendas presentadas en el Congreso, han sido
aprobadas cuarenta y tres, más las del Partido Unión del Pueblo Navarro
sobre unos temas territoriales muy específicos. Ha habido una serie de
correcciones técnicas, unas aclaratorias de la redacción y una
reordenación del articulado. Además, conseguimos hacer algo muy
importante, que es adaptar la normativa catastral a lo que marca el
Tribunal Supremo sobre la calificación catastral en materia de suelos
urbanizables. En una sentencia de 30 de mayo de 2014 se establece que
aquellos suelos urbanizables que no cuenten con ordenación de
planeamiento detallado o pormenorizado deberán ser calificados como
bienes inmuebles de naturaleza rústica —esto es un paso
fundamental— al efecto de su valoración registral. Hasta ahora eran
clasificados como suelos urbanizables. Esta es una petición unánime de la
FEMP y a ella se ha dado respuesta.


Hay enmiendas que exceden del ámbito propio del proyecto de ley
objeto de debate; otras que discuten el tipo de redacción, y otras que
tienden a llevarnos a fórmulas y experiencias —como veremos—
ya superadas.


Una enmienda muy recurrente es la inmatriculación de bienes de la
Iglesia. El Grupo Mixto presenta una enmienda al artículo 206 relativo a
las administraciones públicas y las entidades de derecho público en su
capacidad de inmatricular. Hay que decir, y esto tiene que quedar claro
—porque por mucho que se repita la misma mentira no podemos
admitirla—, repito, tiene que quedar bien claro que el artículo 9.3
de la Constitución Española sanciona el principio de irretroactividad de
las disposiciones no favorables o restrictivas de derechos individuales.
Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta que la sentencia del Tribunal
Supremo, de 16 de noviembre de 2006, ha considerado que el precepto
recogido en el actual artículo 206 de la Ley hipotecaria no es
inconstitucional —por mucho que ustedes digan que lo es—,
debe entenderse que la privación a la Iglesia católica del derecho a
inmatricular fincas a su favor por la vía del precepto referido
constituye una disposición restrictiva o eliminatoria de un derecho
individual que determinada persona jurídica —en este caso la
Iglesia católica—, tenía atribuida a su favor por ley, la Iglesia,
de modo que la norma que lo prohibía deberá tener carácter irretroactivo,
so pena de caer en un defecto de inconstitucionalidad que, en algunos
casos, tal y como va la cosa, y escuchando comentarios de algunos futuros
líderes políticos, habrá que ver lo que pasa. No se pueden socavar
derechos ya adquiridos con anterioridad.


Las enmiendas números 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y las
números 203, 204, 206 se refieren a los artículos 9 y 10. El artículo 9
dice que el folio real de cada finca incorporará necesariamente el código
registral único de aquella —y lo desglosa en tres párrafos—,
y el artículo 10 que la base de representación gráfica de la finca
registral es —en su punto seis— el intercambio de
información; en su letra a) la forma, el contenido de los plazos; en la
letra b) las características, y en la letra c) los requisitos que deben
cumplir la descripción técnica y la representación gráfica alternativa
que se aporte al Registro de la Propiedad en los supuestos legalmente
previstos... Estos artículos son los más enmendados.


Voy a dedicar un poco más de tiempo a esto. Se propone, entre
otros, cambiar conceptos como «delimitación geográfica» por «límites
geográficos», «gráfico» por «topográfico». Yo quiero hacer aquí un
reconocimiento muy especial al cuerpo de ingenieros técnicos en
topografía que durante estos meses ha participado y ha querido aportar
una serie de elementos para enriquecer el texto, y algunas de ellos
vendrán recogidos en el futuro desarrollo. Pero permítanme que justifique
por qué no vamos a admitir estas enmiendas.


El proyecto de ley prevé que sea la cartografía catastral, que es
de acceso libre y gratuito, la base de la descripción gráfica de las
fincas en el Registro de la Propiedad. Solo en casos tasados se pueden
aportar otras descripciones gráficas distintas. Y el artículo 10.6 de la
Ley hipotecaria proyectada prevé que reglamentariamente se regularán los
requisitos técnicos que deberán tener tales descripciones gráficas de las
fincas cuando sean distintas de la cartografía catastral. En dicho
desarrollo se regularán los casos en que sea necesario un levantamiento
topográfico, por lo que no se estima conveniente establecer dicho
requisito en el articulado de la ley para todos los casos porque eso sí
que provocaría un encarecimiento del proceso de coordinación. Hay una
disposición final tercera sobre la resolución conjunta que dice —lo
que es el desarrollo de la ley— que el 1 de noviembre se tiene que
hablar de quiénes son esas personas que tienen que hacer esos
levantamientos topográficos. Y hay un posicionamiento evidente y claro
del cuerpo de topógrafos de España.


La Ley del catastro, en el título III, en su artículo 34,
«Contenido de la cartografía catastral», y en el artículo 35, «Carácter
temático de la cartografía catastral», nos dice que, a tal fin, en los
trabajos topográficos catastrales se utilizarán las técnicas adecuadas
para asegurar el enlace de las redes topográficas catastrales con la red
geodésica nacional. El proyecto de ley prevé que en la descripción de las
fincas que se inscriban en el Registro de la Propiedad se incorpore una
representación gráfica georreferenciada, previa calificación de la
correspondencia gráfica del registrador, lo que va a introducir un nivel
de precisión técnica mucho más alto. Para ello, el proyecto de ley parte
del principio de que la base de la representación gráfica de las fincas
registrales es la cartografía catastral, cartografía catastral que en
España está completa en todo su territorio. El motivo de dicha decisión
es que el catastro inmobiliario ya dispone de esa cartografía, como les
digo, excepto en el País Vasco y Navarra que disponen de un catastro
propio, si bien es cierto que la cartografía no se ha realizado en todos
los casos mediante levantamientos topográficos, sino que se ha hecho con
otro tipo de metodología como digitalización sobre cartografías. (La
señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).


Los notarios obtienen igualmente, de forma gratuita,
certificaciones catastrales descriptivas y gráficas de todos los bienes
inmuebles y las incorporan en las escrituras públicas, lo que sirve a los
registradores para la identificación de las fincas en el registro. Con su
utilización se evita que los ciudadanos tengan que realizar
levantamientos topográficos de sus fincas para la inscripción en el
registro, que podrían no ser coincidentes con las que figuran en la
cartografía catastral. De este modo se evitan duplicidades, divergencias
entre diferentes cartografías oficiales, conflictos entre colindantes y
costes innecesarios, que es lo que quiere evitar esta ley. No obstante,
el proyecto de ley prevé que en los casos en que la cartografía catastral
no refleje la realidad física de las fincas, por no estar actualizada o
adolecer de errores, se puede incorporar en el Registro de la Propiedad
una representación gráfica georreferenciada, alternativa aportada por los
interesados que servirá para actualizar o rectificar la cartografía
catastral. Las condiciones técnicas de dichos planos no se concretan en
la ley, sino que se prevé, como les he dicho, en esa resolución conjunta
entre el registro y el catastro.


Ya se está preparando ese reglamento y se está trabajando sobre
él para que, fundamentalmente, haya un liderazgo —en esta ley en
evidente— de los técnicos en topografía, pero también del cuerpo de
arquitectos, o del cuerpo de ingenieros agrónomos, o del cuerpo de
delineantes que pueden perfectamente hacer este tipo de delineaciones.
Esa es la razón de que no se introduzca en la ley el requisito de que la
representación gráfica alternativa de las fincas consista en un plano o
levantamiento topográfico. Y les voy a poner dos ejemplos. Primero. Se
quiere incorporar al Registro de la Propiedad la representación gráfica
de una finca derivada de la cartografía catastral porque esta se
corresponde con la realidad. Y es muy fácil: el interesado solo tiene que
incorporar a la escritura la certificación catastral descriptiva y
gráfica que puede obtener el notario gratuitamente y solicitar su
inscripción al registro. Segundo caso —podría darles más, pero no
les voy a aburrir—, una finca ha sido segregada y la parcela
catastral todavía no refleja dicha segregación, pero su delimitación
geográfica es acorde con la realidad por no estar afectados sus linderos
exteriores. El interesado podrá aportar una representación gráfica
georreferenciada que incorpore la segregación sobre el plano catastral
sin levantamiento topográfico de la finca.


Por tanto, hay que entender que hay una cantidad ingente de
parcelas urbanas, 13 170 000. ¿Ustedes saben cuánto se ahorra con estas
medidas? Y 39 millones de parcelas rústicas, no les digo el pico. Esto
respecto a la resolución conjunta; y, como he dicho anteriormente, el
papel de los topógrafos está siendo fundamental en ese proceso.


Otra enmienda propone que todos los registradores dispondrán como
elemento auxiliar de calificación de una única aplicación informática
suministrada y diseñada por el Colegio de Registradores e integrada en un
sistema informático único. Me dirán ustedes —ya lo han
dicho—: Eso suena muy mal. Pero yo les digo: bajo el principio de
neutralidad tecnológica. Es decir, todos vamos a converger en una técnica
de representación pero con diferentes fórmulas de grafiar esa
documentación, y deberá presentarse la solicitud de homologación de la
nueva aplicación informática ante las direcciones generales de los
Registros y del Notariado y del Catastro. Por tanto, una forma
perfectamente legal.


En la enmienda 18 al artículo 199, referido a las redes
nacionales geodésicas y de nivelación en proyecto expedido por técnicos
competentes, nos volvemos a encontrar con la misma situación.


La enmienda 22 al artículo 202 llega a la conclusión de que
encarecerían esas peticiones.


En la enmienda 30, la disposición adicional sexta nueva propone
que los registradores no podrán percibir honorarios ni arancel alguno.
Señor Iglesias, quiere dejar secos a los registradores. Esa gente tiene
familia, hijos, y tiene que llevar un sueldo a casa. Creo que es justo
que los registradores perciban esas cantidades cuando hay otras muchas
que asume el Estado.


En cuanto al Grupo Catalán Convergència i Unió, senadora
Rieradevall, ha sido un placer haber trabajado a lo largo de estos días
con usted. Respecto a sus enmiendas, la 98, proyecto de ley de
representación gráfica, ya hemos hablado de ella.


La enmienda 99, la regulación de la inscripción en el ámbito
concursal y a favor de los fondos a que alude en su letra a) es objeto de
tratamiento especial pero en otra legislación sectorial.


La enmienda 100 al artículo primero, apartado 5 del artículo 199,
propone una modificación. El inciso que se ofrece resulta innecesario. La
constancia de la certificación catastral descriptiva y gráfica en las
escrituras y títulos públicos referidos a actos, hechos o negocios
relativos a los bienes inmuebles y la manifestación de los otorgantes de
que se corresponde con la realidad física se contiene en los artículos 3
y 18 de la Ley del catastro; además, se precisa la notificación de los
colindantes, algo fundamental.


En las enmiendas 101 y 102 al artículo 200 es donde ustedes han
trabajado más, y nosotros hemos querido llegar a una transaccional, a un
nuevo texto. Créanme que el esfuerzo ha sido mutuo y pensamos que la
redacción final coordina mejor los principios de libre competencia y
cercanía con el territorio, tanto en el artículo 200 como en el 203, que
habla del dominio para la inmatriculación. Pero quizá uno de los
obstáculos más difíciles para no poder aceptar su redacción —que
nos hubiese gustado— es salvar el escollo de la Ley 20/2013 sobre
garantía de la unidad de mercado, en su artículo 8, relativo al principio
de transparencia y en su artículo 9, garantía de las libertades de los
operadores económicos. Ese es el verdadero obstáculo para haber llegado a
un acuerdo. Les seguiría detallando más pero no me va a dar tiempo para
hablar de otras enmiendas.


En cuanto a la enmienda 105, de adición, al artículo 12, sin
entrar a valorar su contenido, se considera que la modificación del
artículo 12 de la Ley hipotecaria excede también del ámbito del proyecto
de ley objeto de debate.


La enmienda 106, al artículo 222, de adición, sobre los
documentos extranjeros para poder ser inscritos en el Registro de la
Propiedad, pensamos que debe ser debatida en la norma que especialmente
se dedique a ello.


Me gustaría resaltar que en sus enmiendas han mostrado inquietud
por querer introducir en esta ley ciertos asuntos que, como digo, son
propios de otras leyes pero que abren las puertas para trabajar sobre
ellos.


Respecto a las enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo de la
Entesa, que coinciden en muchos aspectos, he de señalar que desestimamos
las números 107, relativa a suprimir el texto de la exposición de
motivos; 106, respecto a la referencia al contratista, y 117, que
nosotros estamos empeñados en desjudicializar y otros en judicializar, en
hacer más complicada la tramitación.


La enmienda 120 es un cúmulo de diferentes modos de redacción
respecto a ciertos artículos.


De la enmienda 108, relativa a la Iglesia católica, ya hemos
hablado y la hemos resumido así.


También hemos hablado mucho de la enmienda 109, al artículo
primero apartado 1 del artículo 9, pero voy a hacer otro pequeño inciso.
En cuanto al primer inciso del párrafo primero, relativo a la necesidad
de hacer constar que el código registral único lo es solo a efectos
internos del registro y sin efectos jurídicos, carece totalmente de
sentido y conduce a confusión puesto que, de por sí, el código registral
único de cada finca es tan solo un localizador con eficacia como tal a
los efectos de localización de la finca, tanto en el ámbito interno del
registro como en la relación con cualquiera que pretenda ubicar
registralmente determinada finca.


En cuanto a la necesidad de que los asientos contengan una
expresión literal de los títulos, debemos rechazar de plano tal
pretensión puesto que ello supondría una involución —a la que me he
referido antes— hacia el sistema de transcripción, que resultó
fallido en nuestro derecho histórico con las contadurías de
hipotecas.


La enmienda 114, al artículo 200 de la Ley hipotecaria, es la
relativa a tramitar el deslinde ante el juez o notario. Volvemos sobre la
judicialización.


En cuanto a la enmienda 122, al artículo 209, relativa a la
subsanación de la doble o múltiple inmatriculación, es preferible el
texto actual, y, al mismo tiempo, la competencia del registrador para el
reconocimiento de los expedientes de esa doble o múltiple inmatriculación
es más acorde con los momentos actuales.


La redacción de la enmienda 124, esta mañana nos ha llamado mucho
la atención, ya que nosotros también damos la bienvenida a las diferentes
asociaciones de damnificados por la Administración. El artículo 34 habla
del tercero que actúa de buena fe y compra. Esta mañana hemos mantenido
una reunión con este colectivo también de buena fe, o, al menos, en doble
sentido, el Grupo Popular ha trabajado sobre este párrafo del artículo 34
de buena fe, y van a entender por qué lo digo. Estábamos trabajando para
poder transar o acordar el texto que proponía el Grupo Socialista
respecto de un párrafo muy sencillo, que, lamentablemente, hemos visto
que no aportaba más claridad respecto al actual articulado, y les dijimos
que la redacción nos llevaría a aplicar el artículo 34 aunque la
construcción hubiera desaparecido o hubiese sido alterada físicamente por
causas que no consten en el registro. También dijimos que se ha avanzado
muchísimo con el Real Decreto 8/2011, sobre la obligación de la
Administración a comunicar esto al registro, si bien es cierto que
ustedes nos han llamado la atención porque en muchos casos esto no es
así. Y también les dijimos que, de todos modos, aparte de que se ha
avanzado bastante en la prevención, la cuestión, que es muy controvertida
actualmente, se está resolviendo a través del texto refundido de la Ley
del suelo, artículo 19.1, respecto de las obligaciones urbanísticas que
refieren a un posible efecto jurídico real, y del último párrafo del
artículo 20, respecto de la omisión por culpa de la Administración de la
constancia de infracción urbanística en relación con las obras nuevas
inscritas con indemnización por parte de la Administración negligente al
tercer adquirente que confío en el registro, eficacia reiterada en el
artículo 51.2 del mismo texto.


También les recordamos que una enmienda del Grupo Popular del
Senado al artículo 319.3 del Código Penal hizo bastante. Pero aquí no
tengo que condenar, no voy a ponerme solemne en esto, pero sí decir que
no me ha gustado el formato que han utilizado esta mañana el Grupo
Socialista y la asociación con nosotros, porque nosotros hemos actuado de
buena fe. Esta técnica de invitar el último día a la asociación de
representantes y, con toda la buena fe, nosotros reunirnos con ellos en
aras de un compromiso de seguir trabajando y de mejorar esta inquietud
—que no solamente preocupa al Grupo Socialista, preocupa a toda la
Cámara y a todos los grupos por lo injusto que es—, este sistema de
actuar en el último minuto cuando saben que estas tramitaciones son
complejísimas y tienen unos procesos en los tiempos muy largos y están
muy vigilantes para que no se salte ningún proceso, ha hecho que hoy no
hayamos tenido capacidad de llegar. Y yo en ese escaño he recibido una
llamada en la que me preguntan: ¿Qué les decimos a El Diario Montañés
mañana? Díganles que nosotros, el Grupo Popular, a diferencia de lo que
dice el Grupo Socialista de que no nos ponemos de su lado, por supuesto
que nos ponemos de su lado; dígaselo a El Diario Montañés. Pero lo que no
vamos a hacer es utilizarlos. Por eso, esta enmienda que, hoy les vuelvo
a decir que no se puede admitir porque no aporta nada más ni nada nuevo,
no se ha podido tramitar pero sí vamos a mantener el compromiso firme de
esta mañana y aquí solemnemente les decimos que lo vamos a mantener en
aras de conseguir el objetivo que nos hemos marcado esta mañana.






Nos
ponemos de su lado y no vamos a utilizarles con ningún interés
político.


Muchísimas gracias por escucharme. Estas son las enmiendas que
resumen el posicionamiento del Grupo Popular y creo que esta ley
conseguirá un resultado satisfactorio en las relaciones entre el catastro
y el registro.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


En el turno de portavoces, por el Grupo Mixto, tiene la palabra
el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Intervengo desde el escaño, si me lo
permite, señora presidenta.


Voy a hacer solo tres consideraciones. La primera es que se
presenta esta ley como una apuesta clara y necesaria para la coordinación
entre registradores de la propiedad y catastro. Ese objetivo es plausible
y yo le deseo a esta ley todos los éxitos en la consecución de ese
objetivo, pero no puedo evitar recordar que otra ley establecía el acceso
telemático por parte de los notarios a los libros, a las bases de datos
de los registradores de la propiedad. Es una ley que tiene ocho años de
antigüedad y que hoy sigue incumpliéndose, porque la decisión de los
registradores de la propiedad ha sido no propiciar, no facilitar el
acceso telemático a sus libros, lo cual tiene, como muy bien saben sus
señorías, consecuencias jurídicas, responsabilidades profesionales de los
notarios y repercusión en las operaciones jurídicas.


Segunda consideración. Yo sé que puedo parecer un desalmado pero
me cuesta trabajo que se me vea así por pretender privar de una
remuneración a un colectivo tan desfavorecido como el de los
registradores de la propiedad, al que hace poco más de un mes se le ha
renovado la encomienda de gestión para la tramitación de los expedientes
de nacionalidad con una retribución de 4 millones de euros. Estoy seguro
de que, no yo, que no tengo donde caerme muerto, sino que hasta el
senador portavoz del Grupo Popular cambiaría gustosamente su retribución
mensual por la del más humilde registrador de la propiedad de nuestro
país.


Finalmente, voy a hacer una consideración en relación con la
facultad de inmatriculación de los obispos. La inconstitucionalidad es
una inconstitucionalidad sobrevenida por el hecho de que la aprobación de
la Constitución y el establecimiento de que no cabe ningún tipo de
discriminación, ni positiva ni negativa, por razón de confesión
religiosa, ha dejado sin cobertura constitucional y jurídica al
artículo 206 de la ley. Lo extraño es que haya tenido que transcurrir
todo este largo periodo de tiempo para tomar la decisión de derogar ese
precepto. Invocar ahora como base de ese precepto la desamortización de
Mendizábal, que ocurrió hace casi doscientos años —ciento setenta,
si la memoria no me falla—, no parece un argumento sólido.


Por otro lado, esa facultad —de ahí la inconstitucionalidad
sobrevenida— debía haber sido reconocida también a las autoridades
religiosas musulmanas, que hubieran corrido más que el obispo de Córdoba
para inscribir la mezquita; o a las autoridades religiosas judías, que
habrían acudido inmediatamente a Toledo a inscribir la sinagoga allí
existente. Estos ejemplos dejan en evidencia un precepto que nunca debió
existir y cuyas consecuencias han servido para que, con un uso torticero,
se haya producido un auténtico expolio del patrimonio colectivo y del
patrimonio público.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).


No hace uso de la palabra.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra la senadora Sequera.


La señora SEQUERA GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Lo han vuelto a hacer: mediante norma legitiman el Registro de la
Propiedad, otorgándole facultades que, evidentemente pagando, suplen a
las que realizan notarios, jueces o el catastro. Con lo cual, haciendo
una lectura rápida, se puede afirmar que esta modificación de la Ley
hipotecaria y del texto refundido de la Ley del catastro lo único que
persigue es aumentar y blindar la actividad de los registradores.


Lo que sí ha quedado patente en esta legislatura es el interés
por los registros, casi roza la obsesión. ¿Qué interés tendrá el Gobierno
con este colectivo? Estamos otra vez ante la evidencia de que el Partido
Popular ha gobernado durante toda la legislatura dando la espalda al
interés general, anteponiendo el interés de ciertos colectivos,
favoreciendo a determinados sectores y blindando los privilegios de unos
pocos, en vez de gobernar sobre la base del principio del interés
general.


Estamos convencidos de la necesidad de coordinar el catastro con
el Registro de la Propiedad y con la Administración de Justicia para
garantizar una mayor eficacia y eficiencia a la ciudadanía. Pero el
contenido de la ley, una vez más, está muy lejos de esta finalidad. Es
incomprensible que en pleno siglo XXI, en la era de las nuevas
tecnologías, estas no se utilicen para dar un servicio eficaz y
garantizar más seguridad al ciudadano, es decir —y lo vuelvo a
reiterar—, apostar por mejorar en pro del interés general.


Con esta contrarreforma se produce un desequilibrio del orden
establecido sin ningún argumento sólido que lo justifique. Quien hasta
ahora generaba un derecho sobre un bien era el notario o el juez, ahora
se añaden los registradores, llegando incluso a prevalecer sobre los
mencionados anteriormente.


La institución del catastro es la que desde hace mucho tiempo
dispone de la descripción gráfica y datos catastrales de todos los
inmuebles, rústicos y urbanos, del territorio nacional. Identifica dichos
bienes con una referencia catastral que se utiliza en todos los
procedimientos administrativos llevados a cabo por las diferentes
administraciones: la local, la autonómica y la de justicia. Ahora, de
forma paralela, pretenden reconocer otras formas de identificación
mediante los registros. ¿Saben el caos administrativo que puede generar
una doble identificación?


Por otro lado, hay que destacar que la institución del catastro y
la función que realiza existe en la mayoría de los Estados europeos como
estamentos públicos y cumpliendo funciones muy parecidas a las del Estado
español. No pasa lo mismo con el Registro de la Propiedad, pues en la
mayoría de los Estados no existe. Ahora, con este texto legal, relegamos
al catastro y vamos en dirección contraria al resto de los países.


A partir de esta reforma, con las nuevas competencias que se
otorgan a los registradores, se posibilita a un registro cuya función
básica debería ser registrar derechos, derechos que emanan del notario o
de la propia Administración de Justicia; se posibilita la libre
interpretación de un derecho y la generación de otra identificación
diferente a la que se genera en el catastro. Es decir, en vez de
simplificar, complicamos la burocracia al ciudadano de a pie. Más que
coordinación, estamos ante una descoordinación total.


Otro capítulo aparte merece el trato de privilegio que se le
otorga a la Iglesia católica para las inmatriculaciones de sus bienes,
con un simple certificado del Obispado, elevando su función a la
categoría de Administración, y se continúa negando la transparencia de
dichos procedimientos, todo ello de forma opaca y sin explicaciones.
¿Dónde queda la igualdad de trato y el derecho de defensa de la propiedad
privada? Esta es otra muestra más de que no se legisla para la sociedad
en general, sino en beneficio de determinados colectivos. Y es que
estamos ante una norma que, lejos de proteger los derechos de la
ciudadanía y el derecho a la propiedad, nos coloca en una situación de
indefensión. Porque ¿dónde queda la protección al adquiriente de buena
fe? Esta era una ocasión perfecta para garantizarla. Ahora teníamos en
nuestras manos la posibilidad de corregir una situación injusta que
sufren miles de ciudadanos de nuestro país. ¿Y qué hace el Gobierno?
Mirar a otro lado, mostrarse indiferente ante el sufrimiento de personas
indefensas por nuestro ordenamiento.


Por todo ello, porque estamos ante un texto legal que, lejos de
mejorarnos como sociedad, va a crear incertidumbre y confusión; porque no
mejora nuestras instituciones, las empeora; porque fomenta la desigualdad
dotando a determinados colectivos de privilegios; porque no garantiza los
derechos de los ciudadanos, sino que crea una situación de indefensión,
el Grupo de la Entesa votará en contra de este texto legal.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señora presidenta.


Este proyecto de ley va más allá de su contenido técnico, pues
tiene como finalidad intentar coordinar mejor lo que está en el catastro
y lo que está en los registros de la propiedad, pues siendo alumna de
Derecho me enseñaron que lo que no está en el registro no está en el
mundo, en la concepción de la seguridad que otorga una inscripción
registral. El problema es que, desgraciadamente, muchas veces lo que está
en el registro tiene poco que ver con lo que está en el mundo, pues hay
casos en los que hay una disparidad absoluta entre lo que dice el folio
registral y la realidad física de la finca. Dado que lo deseable es que
lo que realmente está en el mundo físico se refleje también en el
catastro, y que el registro refleje correctamente lo que está en el
catastro como si de un espejo se tratara en una concordancia perfecta,
esperamos sinceramente que este proyecto de ley haga posible tan
importante objetivo.


Para ello insistimos en diversas mejoras técnicas sobre la
inmatriculación y descripción de la finca, insistimos también en la
necesidad de adecuar la regulación contenida en la Ley hipotecaria a las
últimas modificaciones legislativas en materia de propiedad horizontal,
de modo que la inscripción registral del régimen de propiedad horizontal
de la finca sea más completa. Asimismo consideramos imprescindible
incorporar la doctrina de la Dirección General de los Registros y del
Notariado y la jurisprudencia española del Tribunal Supremo y del
Tribunal Constitucional y la europea sobre cláusulas abusivas y
protección de los derechos de los usuarios y consumidores en materia de
hipotecas en el ámbito de la calificación registral; también queremos
mejorar la publicidad registral, facilitando y fomentando el uso de los
medios telemáticos y garantizando siempre la seguridad en su
autorización.


Lamentamos que algunas de nuestras enmiendas no hayan sido
aceptadas por entender que deberían ser introducidas en normas
específicas. Nos sorprende este argumento cuando el principio de
especificidad de las normas brilla por su ausencia, porque en esta Cámara
desgraciadamente estamos acostumbrados a que se tramiten proyectos de ley
que contienen disposiciones adicionales que tratan temas que nada tienen
que ver con el objeto del proyecto de ley sometido a debate.


Este proyecto de ley es francamente mejorable, y dado que solo
hemos podido transaccionar dos de nuestras nueve enmiendas presentadas,
que entendíamos que aportaban mejoras, nos vamos a abstener en la
votación.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Díaz
Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señora presidenta. Con la
venia.


Yo quería hablar del artículo 3.1, porque he escuchado a la
senadora por Fuerteventura, la señora Domínguez, y me ha parecido una
propuesta muy sensata, ya que está pidiendo la aplicación de una ley que
se ha aprobado en esta legislatura para hacer que el catastro sea de
acceso público, alegando únicamente interés legítimo. Quería hablar de
eso y quería explicarlo. Quería hablar del artículo 5.2 para que se
creara una junta pericial como órgano de resolución de asesoramiento en
los ayuntamientos, que son los que mejor conocen la realidad de sus
fincas urbanas y las que no lo son. Quería también hablar del
artículo 7.2.b), una sentencia del Tribunal Supremo del año 2014,
la 2159, que explica que urbano solo puede ser aquel terreno que tiene ya
un plan parcial y que se ha urbanizado, o tiene un programa de ejecución
y se ha urbanizado; no se puede calificar de urbano aquello que tan solo
es urbanizable. Quería hablar de estas tres enmiendas porque son
razonables y sensatas, y nadie aquí ha argumentado en concreto sobre
ellas; ha habido muchas lecturas, como la película de Los otros —a
saber si dicen lo que piensan aquí o lo que otros escriben—, pero
no ha habido respuesta a estas tres enmiendas. Es más, mi compañero
Nicanor ha explicado las enmiendas 107 a 146 y, por tanto, la 134, ¿y qué
respuesta se le da? Se le dice que unos representantes vecinales han sido
utilizados. ¡Qué manera de insultar a los dos, a los representantes
sociales y al Grupo Socialista! ¿Qué necesidad tenemos nosotros de
utilizar a nadie? Ellos son adultos, estos que se sientan a la izquierda
son adultos y, por lo tanto, aquí no hay necesidad de utilizar a nadie;
será que usted está proyectando psicoanalíticamente su manera de
trabajar, pero no es esa la relación, máxime cuando llevan meses mandando
la enmienda 134 a un montón de senadores, y se han reunido con ellos
quienes han querido, y han llegado a acuerdos o no, pero no se puede
decir que por reunirse con un grupo representativo de la sociedad
española, alguien está utilizando a alguien. Me parece un exceso y una
proyección de lo que cada uno puede pensar o de cómo puede trabajar, pero
es una falta de respeto a ellos y también a nosotros, entre otras cosas
porque son los mismos que estuvieron trabajando en torno al Código Penal,
y aquí hay parlamentarios andaluces que lo recordarán. Cuando estábamos
con la reforma del Código Penal, en el mismo pasillo fue el ministro de
Justicia, el señor Catalá, quien, acogiendo la propuesta que le hacíamos,
decía a sus asesores: analicen la manera de encajar esto. Estaba
planteándose la protección del tercero de buena fe, y aquí con lo que
plantea la enmienda 134 —sobre la que no ha habido una respuesta
concreta, salvo la preocupación de lo que se pueda decir en un medio de
comunicación equis o zeta, en el territorio jota o en el territorio doble
uve— da igual; lo relevante, en concreto, es que usted puede tener
una opinión sobre una enmienda que le presenten un segundo antes; claro
que puede hacerlo, no hay que hacer ningún estudio previo, se lee y se
dice si es razonable o no lo es, si es sensata o no lo es, y se acomoda
al planteamiento que quiere el texto, porque no supone una gran
complejidad, entre otras cosas porque la expresión que utilizan es que se
presume la buena fe, y eso está ya en el ordenamiento: se presume la
buena fe. No se presume la mala fe, luego no hace daño lo que abunda;
volver a reiterar que se presume la buena fe no es algo que resulte
dañino.


Deje de leer el artículo 9.3 de la Constitución como un
instrumento agresivo que impide hacer cosas, porque no es verdad. Usted
lee bien, pero el 9.3 no dice eso. Cuando dice «la irretroactividad de
las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales» se refiere a que las normas de sanción, las sanciones,
concepto general infracción y sanción, ya sea en el ámbito administrativo
o en el penal, no puede ir hacia atrás en el tiempo para aplicarse, sino
que hacia atrás en el tiempo se puede aplicar cuando es a favor. Pero lo
que aquí se está planteando en torno a la inmatriculación de la directiva
de la Iglesia católica no tiene que ver con la desamortización, no; no
tiene que ver con sanciones; no tiene que ver con el Código Penal ni con
infracciones administrativas, tiene que ver con una realidad que se
vuelve a equivocar, porque en España sí cabe la retroactividad de las
normas administrativas. Usted yerra por completo cuando dice que no cabe.
Sí cabe, ¿sabe en qué supuesto? Cuando se declare nulo, cuando la
aplicación de un procedimiento administrativo se declara nulo en virtud
del artículo 62 con el procedimiento del artículo 102 previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común; si se
establece que eso es nulo sí cabe la aplicación retroactiva de una
decisión. Por lo tanto, no vuelva a utilizar la Constitución como un
instrumento agresivo leyendo el artículo 9.3. Ya lo hizo en comisión y lo
hace otra vez en el Pleno, como si fuera el gran instrumento que nos
impide avanzar en la aplicación retroactiva de las normas
administrativas. Claro que se puede hacer. Se puede hacer siempre que
previamente haya una declaración previa de nulo.


Y le aclaro algo más. Antes me pareció —y me apena que no
esté presente, porque no me gusta hablar de alguien si no está
presente— que el señor Fernández Sánchez hizo un comentario que no
es propio de él, y le muestro mi afecto en público. El señor Fernández
Sánchez antes no solo no acusó recibo a todo lo que argumentaron todos
los grupos parlamentarios en torno al veto, no respondió a nadie, sino
que incluso a mi compañero Tontxu, el señor Rodríguez Esquerdo, se limitó
a acusar recibo del argumento del registrador, pero al resto de
argumentos —y él hizo una exhibición de que se había leído el texto
de forma minuciosa— no le respondió. Y eso me parece una falta de
respeto que no es propia de él, que en general es un hombre muy educado y
muy respetuoso. Yo lamento que no esté aquí, pero tengo que decir eso en
defensa de mi compañero, el senador Tontxu Rodríguez Esquerdo, que hizo
una defensa del veto con muchos más argumentos que el del registrador de
la propiedad.


Y ahora, respecto a las propuestas que hemos hecho, yo sí les
pido que se pronuncien en torno a las tres enmiendas de la señora
Domínguez y a las enmiendas números 107 a 146, que hemos presentado. Pero
si no quieren responder a ninguna, al menos háganlo a la 134. Olviden eso
de: se dejan ustedes manipular, se dejan ustedes usar... Olviden eso, que
es una cosa pueril, con todo respeto a los niños. Digan, con argumentos
jurídicos, por qué les parece que la expresión «se presume la buena fe
del tercero que acude al Registro de la Propiedad» está en contra del
ordenamiento jurídico. Es más, la propuesta que hacía la representante de
CiU respecto a esa expresión que me cuesta tanto aprender,
georreferenciado —con doble erre en el interior—, no plantea
una suplantación de la cartografía, lo que plantea es que hay sistemas de
ubicación y localización mucho más avanzados, porque desde la época de la
cartografía hasta ahora la ciencia ha avanzado una barbaridad. Lamento
que algunos tengan el reloj parado.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
De Haro Brito.


La señora DE HARO BRITO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, realmente es sorprendente que un texto que muchos
calificaron a lo largo de las sucesivas reuniones en ponencia, en
comisión y esta tarde como de meramente técnico levante esta controversia
—«controversia política», entre comillas—. Y lo digo por
algunas intervenciones, en concreto de los representantes del Grupo
Socialista, de los senadores Sen Vélez y Díaz Tejera. ¿Por qué es
sorprendente? En primer lugar, tengo que aclarar que mi compañero del
Grupo Popular ha dado una excelente y amplia respuesta de por qué no se
apoyan las enmiendas. Yo creo que ha hecho una exposición amplia de por
qué las enmiendas de los distintos grupos no van a ser admitidas por el
Grupo Popular. En primer lugar, no solo ha dado la bienvenida, sino que
además muestra el apoyo del Grupo Popular no solo a la Asociación de
Maltratados por la Administración, presidida por Antonio Vilela, con la
que nos hemos reunido, además muy gustosamente porque estamos para
escuchar a los diferentes sectores, también al resto de asociaciones,
como AUAN, SOHA, CALU y FAUN, o a diferentes personas y colectivos
ciudadanos en justa defensa de sus intereses ante situaciones que,
recordemos, se vienen padeciendo desde hace muchísimo años. Aquí estamos
para modificar una norma del año 1946, la Ley hipotecaria, o para mejorar
la Ley del catastro inmobiliario, aprobada por un Real Decreto del
año 2004. Resulta sorprendente que el Grupo Socialista en la defensa del
veto haya dicho que es una norma que no es necesaria porque desde
año 2001 el catastro funciona estupendamente y, por tanto, como
justificación a ese veto se señala que no es necesaria. En cambio, a la
hora de exponer las sucesivas enmiendas sí la consideran tan necesaria
como para intentar modificar cuestiones sobre las que ni siquiera
propusieron una mínima reforma en la época en que gobernaban este país
durante más de siete años. Yo creo que hay que ser serios. Y para nada es
intención de mis compañeros ni del Grupo Parlamentario Popular no apoyar
a los colectivos —entre ellos, los presentes, a los que doy la
bienvenida—, sino que estamos a su disposición. Consideramos que se
deben dar soluciones y adoptar las medidas necesarias, pero creemos que
esto no se consigue a través de la modificación que pretende la
enmienda 124 del Grupo Parlamentario Socialista pues, como decía
perfectamente el senador Díaz Tejera, abunda en ello. Lo que pretende
modificar la enmienda 124 del Grupo Parlamentario Socialista ya se recoge
con carácter general en el artículo 34 de la Ley hipotecaria. Por tanto,
la modificación vendrá por otro lado, como lo fue para la Administración
la que se fijaba en el Real Decreto 8/2011, de febrero, que establecía
que cuando un expediente de infracción urbanística se ponía en marcha se
obligaba a la Administración a comunicarlo al registrador de la
propiedad. Tendremos que realizar esa modificación, si es necesario, de
cara a la apertura judicial de expedientes para que desde el primer
momento también tenga que hacerse constar que se inicia. Creo que esa sí
es la manera de defender los intereses de asociaciones como la que hoy
nos acompaña y, para ello, el Partido Popular se pone a disposición de
las mismas. Pero, como les decía, consideramos que el artículo 34 ya
recoge el principio de exactitud registral y de legitimación que
establece la Ley hipotecaria desde el momento en que las construcciones y
obras están registradas, estas ya están protegidas por dicho artículo y
por este motivo no correspondía esa modificación. Sin embargo, repito,
estaremos a disposición de las asociaciones, pues creo que es importante.
Se tenían que haber tomado muchísimas decisiones en la época del anterior
Gobierno socialista. El Partido Popular aceptó esa modificación, yo era
ponente también, como el senador Díaz Tejera, de la ley de reforma del
Código Penal y recordará que hasta el último momento estuvimos negociando
y salió adelante la modificación del artículo 319 del Código Penal para
que las autoridades judiciales, debidamente motivadas, pudieran suspender
también la demolición de esas construcciones con el fin de que los
interesados no tuvieran que verse sin esas infraestructuras, pero,
además, sin la posibilidad de obtener la indemnización
correspondiente.


Pues bien, señorías, al margen de estas consideraciones, tenemos
que agradecer la voluntad de muchísimos representantes de los otros
grupos para que saliera una norma mejorada. Quiero agradecer también a la
senadora de Convergència i Unió la posibilidad de mejorar el texto a
través de dos enmiendas transaccionales a los artículos 200 y 203,
posibilitando que, en coherencia con la ley de jurisdicción voluntaria
que se está tramitando, los notarios competentes para los deslindes, para
los expedientes de inmatriculación de fincas y para la reanudación del
tracto sucesivo puedan ser los notarios del distrito hipotecario del
lugar de la finca o de los distritos colindantes, eliminando la
posibilidad de que sean los de las capitales de provincia. También debo
decir al Grupo Parlamentario Socialista que introducimos en el preámbulo
algo que tiene que ver con una enmienda que propuso la senadora Hormiga
—por la que usted preguntaba—, como es la consideración a
efectos catastrales de los terrenos urbanizables que no se hayan
desarrollado como terrenos rústicos. De esta manera se podrán beneficiar,
y no como terrenos urbanos, en coherencia con esa sentencia que
mencionaba anteriormente. Por lo tanto, con esta enmienda que hemos
firmado esto se aclara también en el preámbulo del texto normativo.


Señorías, aquí estamos para solucionar problemas. Quiero señalar
que es fundamental el adelanto que supone esta ley, pues facilita el que
haya mayor coordinación entre el registro y el catastro, dos
instituciones de naturaleza y competencias diferenciadas pero que actúan
sobre un mismo ámbito: la realidad inmobiliaria. Actualmente se producen
muchísimos casos de descoordinación, a pesar de esa ley de 2001. Se ha
mejorado mucho, pero el empeño del Partido Popular, en coherencia con el
objetivo de que exista eficiencia y flexibilidad y se resuelvan
adecuadamente las situaciones de inseguridad jurídica, que es lo que
necesitan los ciudadanos, es lo que hoy nos lleva a plantearnos y aprobar
en el Senado esta norma. Se modifica la Ley hipotecaria del año 1946 para
adaptarla a la situación real. El Partido Socialista consideraba que no
era necesario, pero nosotros entendemos que sí lo era absolutamente. Hay
que utilizar los medios y avances tecnológicos, es necesaria esa conexión
entre el catastro y el registro mediante un intercambio bidireccional de
información, mediante la flexibilidad y la mayor comprobación de la
realidad física de una manera más rápida. Pero sobre todo tengo que
decirles que para el ciudadano que día a día tenga que acudir a
procedimientos judiciales para determinados expedientes y modificaciones
de datos catastrales, digo, esa posibilidad mediante la modificación de
los artículos 200, 203 y 206, esa posibilidad de que puedan llevarse a
cabo por registradores coordinadamente con notarios significa un adelanto
considerable para esos ciudadanos. Por tanto, hay un abaratamiento
también para el ciudadano. Aquí se ha dicho que es una norma que se hace
para un determinado cuerpo, pero tenemos que decir, entre otras cosas,
que la preocupación máxima es esa simplificación: una mayor rapidez, una
mayor seguridad jurídica. Y es evidente que el ejemplo de que no se está
trabajando para un determinado cuerpo está en el empeño en el
abaratamiento, sobre todo teniendo en cuenta que en ocasiones no se
exigen determinadas certificaciones o informes técnicos específicos. Por
cierto, tengo que señalar que no se contemplan las peticiones de los
ingenieros ni de los topógrafos porque la ley en su propia disposición
final tercera remite a un desarrollo reglamentario vía resolución de la
Dirección General del Catastro y de la Dirección General de los Registros
y del Notariado que tendrá que llevarse a cabo antes del 1 de noviembre
de este mismo año. Por tanto, ahí se contemplarán los requisitos y ahí se
especificarán las peticiones que esos cuerpos exigían para introducir en
esta norma, por lo que el Grupo Parlamentario Popular no votará a favor
de las enmiendas presentadas por los otros grupos. (El señor presidente
ocupa la Presidencia).


En definitiva, entendemos que se produce también un abaratamiento
evitándole al ciudadano tener que acudir a procedimientos judiciales. Es
una norma necesaria que el ciudadano irá viendo que propiciará esa
imprescindible conexión para que tengamos una realidad física adaptada a
una realidad jurídica y para que la realidad jurídica vaya paralela a la
realidad física de esos bienes inmuebles y, por tanto, recaerá en una
mayor seguridad jurídica.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora De Haro.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas
presentadas al Proyecto de Ley de reforma de la Ley Hipotecaria.


En primer lugar, comenzamos con las enmiendas de los senadores
Iglesias y Mariscal. Votamos las enmiendas 10 y 17.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 15; en contra, 150;
abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 8, 11, 14, 15, 16, 18, 19 y 20 y de la 27 a
la 31.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 65; en contra, 150;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 9, 12, 13, 22, 23, 24 y 32.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 4; en contra, 150;
abstenciones, 75.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 21, 25 y 26.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 228; a favor, 6; en contra, 206;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación, someteremos a votación las enmiendas de la
senadora Domínguez Hormiga.


Votamos la enmienda 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 228; a favor, 2; en contra, 150;
abstenciones, 76.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 5 y 6.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 1; en contra, 150;
abstenciones, 78.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las enmiendas de los senadores Eza y Yanguas y de
la senadora Salanueva.


Votamos la enmienda 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 228; a favor, 66; en contra, 147;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 3.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 228; a favor, 7; en contra, 146;
abstenciones, 75.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sometemos a votación la enmienda 7 de los senadores Aiartza,
Goioaga y Unamunzaga y de la senadora Mendizabal.


Votamos la enmienda 7.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 229; votos emitidos, 229; a favor, 5; en contra, 150;
abstenciones, 74.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa votamos la enmienda 35.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 74; en contra, 150;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 71.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 63; en contra, 151;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas del primer bloque de la
Entesa.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 229; votos emitidos, 228; a favor, 62; en contra, 150;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 75 y 82.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:






presentes, 230; votos emitidos, 228; a favor, 14; en contra, 149;
abstenciones, 65.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las
enmiendas 73, 76, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 90, 91, 94, 95 y 96.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 229; votos emitidos, 228; a favor, 63; en contra, 149;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 74, 77, 78, 87, 88, 89 y 97.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 2; en contra, 150;
abstenciones, 77.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 86, 92 y 93.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 3; en contra, 209;
abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió,
votamos las enmiendas 98 y 105.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 74; en contra, 150;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 106.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 229; votos emitidos, 228; a favor, 12; en contra, 209;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 103.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 228; a favor, 11; en contra, 211;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 99, 100 y 104.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 11; en contra, 210;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda 145.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 62; en contra, 150;
abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 109 a 144 y 146.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 228; a favor, 63; en contra, 149;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la Propuesta de modificación del dictamen con número de
Registro 184 802, sobre las enmiendas 107 y 108 del Grupo Parlamentario
Socialista y firmada por todos los grupos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 211; en contra, 1;
abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la Propuesta de modificación del dictamen con número de
Registro 184 803, sobre la enmienda 101 de Convergència i Unió y firmada
por todos los grupos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 229; a favor, 218; en contra, 5;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la Propuesta de modificación del dictamen con número de
Registro 184 804 sobre la enmienda 102 de Convergència i Unió, firmada
por todos los grupos parlamentarios.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 229; votos emitidos, 228; a favor, 220; en contra, 2;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada, señorías.


Votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230; votos emitidos, 230; a favor, 150; en contra, 66;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.









PROYECTO DE LEY DE RECUPERACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE
CRÉDITO Y EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


621/000120

Economía y Competitividad


El señor presidente da lectura al punto 7.1.3.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la comisión, don Octavio López.


El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración
del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 12 de mayo
de 2015, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento de urgencia. El plazo
de presentación de enmiendas finalizó el día 18 de mayo de 2015,
presentándose un total de 88 enmiendas, de las cuales han sido retiradas
las números 18, 19 y 25 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


Las enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: Enmiendas 1
a 15 de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto; enmiendas 52 a 59 del Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado; enmiendas 16 y 17, 20 a 24 y 26 a 50 del Grupo Parlamentario
de la Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas 77 a 88 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; enmiendas 60 a 76
del Grupo Parlamentario Socialista y enmienda 51 del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


El día 20 de mayo se reunió la ponencia del presente proyecto de
ley y emitió informe acordando incorporar al texto remitido por el
Congreso de los Diputados la enmienda 51, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, y la introducción de una serie de correcciones técnicas que
afectan a las disposiciones finales primera, decimocuarta, decimoséptima,
así como a la disposición transitoria séptima. A continuación se reunió
la comisión aprobando como dictamen el informe de la ponencia.


Finalmente, a este dictamen han presentado votos particulares los
señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto, y los Grupos Parlamentarios Vasco en el Senado, Entesa pel Progrés
de Catalunya y Grupo Parlamentario Socialista. Buen debate.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López
Rodríguez.


Comenzamos el debate de totalidad.


¿Turno a favor? (Denegaciones).


¿Turno en contra? (Denegaciones).


¿Algún grupo parlamentario quiere utilizar el turno de
portavoces? (Denegaciones).


Pues pasamos al debate del articulado.


Enmiendas 1 a 15, del Grupo Parlamentario Mixto.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidente.


Estamos ante un proyecto de ley necesario, que hubiera sido
preciso que estuviera en vigor en el año 2012.


El proceso de saneamiento del sistema financiero supuso, por una
parte, un proceso de integración de las entidades, conllevó innumerables
cambios de la normativa de solvencia y provisiones, a tenor de la
constatación de una realidad que cada vez aparecía como más difícil, y
supuso la decisión de insuflar una cantidad importante de recursos
públicos, a pesar de la afirmación de que no se dedicaría ni siquiera 1
euro al saneamiento de la banca.


Prescindiendo de líneas de liquidez y de emisiones avaladas por
el Estado, a través del FROB se han inyectado en el sistema
financiero 61 366 millones según el Banco de España, disponiendo para
ello de un crédito que concedió la Comisión Europea, el rescate al
sistema financiero, por importe de 46 000 millones, de los 100 000 con
los que se contaba. Esa cifra de 100 000 millones, que era la cantidad
disponible por el Estado español para afrontar las necesidades del
sistema financiero, seguramente se aproximaba bastante a las necesidades
reales. ¿Por qué? Porque, más allá de esos 61 366 millones —de los
que solo se han recuperado el 7 %, ya se dan por perdidos
unos 37 000—, hay que considerar también los EPA, los esquemas de
protección de activos que, según el Banco de España, conllevarán pérdidas
por importe de 6 506 millones —Bruselas dice que un poco más, 6 981
millones—. Además, hay una especie de prima de seguro contra
pérdidas no esperadas, y todo ello sumaría unos 11 183 millones de euros
más. Hay ayudas a través de la Sareb que Bruselas considera ayudas de
Estado porque entiende que los descuentos sobre el valor de los inmuebles
transferidos a la Sareb deberían ser mayores de los realmente
reconocidos, y porque también resulta necesario ahora que la propia Sareb
haga provisiones por el deterioro de estos activos sobrevalorados en el
momento de la transferencia.


Finalmente, se han dado ayudas adicionales mediante créditos
fiscales en la compra de las entidades intervenidas. Por eso digo que el
resultado de la suma de todas estas magnitudes encaja bastante bien con
esa previsión de 100 000 millones de euros que realizó en su día la
Comisión Europea.


Las enmiendas que hemos formulado, con un planteamiento de
compartir la necesidad del proyecto, son fundamentalmente técnicas para
fortalecer el papel del FROB y reforzar las garantías de recuperación de
las ayudas cuando estas se produzcan. Por eso se plantea la supresión del
apartado 3 del artículo 1, que excluía de la ley a las empresas de
servicios cuyo capital mínimo —decía inicialmente el proyecto que
nos llegó del Congreso— fuese inferior a 2 millones; en virtud de
la enmienda planteada por el Partido Popular, inferior a 700 000 euros, o
no puedan tener dinero en depósitos o valores de sus clientes.


Otra enmienda al artículo 5, apartado 2, pretende que la
determinación del valor de los activos y pasivos de la entidad se realice
por una sociedad de tasación, entendiendo que estas están supervisadas
por el Banco de España, gozan, por tanto, de mayores garantías, y no se
acuda a cualquier experto, como literalmente dice el proyecto.


Planteamos la modificación del artículo 26, apartado 4 para que
el proceso de selección de adquirentes sea transparente a secas, sin
matices, sin esos añadidos que plantea el proyecto «teniendo en cuenta
las circunstancias y la estabilidad del sistema». Creemos que debe ser
transparente siempre.


Proponemos la modificación del artículo 27.2 para que, de acuerdo
con el informe del Consejo de Estado, sea preceptiva y no potestativa la
participación del FROB en la sociedad puente de desarrollo de la
actividad de las entidades y de la gestión de las acciones o de los
activos y de los pasivos.


Queremos modificar el artículo 27.6 para que las entidades objeto
de resolución no puedan recibir acciones o activos y pasivos de la
entidad puente hasta que no se haya recuperado el monto global de las
ayudas públicas y satisfechos todos los créditos.


Enmendamos el artículo 28.3 igualmente para que tenga carácter
preceptivo y no potestativo la presencia del FROB en las sociedad de
gestión de activos, lo cual, además, es acorde con las exigencias de la
Directiva 2014/59/UE.


Otra enmienda va dirigida al punto 4 del artículo 29, para que la
transmisión de activos constituya un supuesto de sucesión de empresas en
relación con la responsabilidad frente a la Seguridad Social, a la
Agencia Tributaria y a los trabajadores. (El texto del proyecto dice lo
contrario: que no constituirá el supuesto de sucesión de empresas).


Planteamos una enmienda al punto 1 del artículo 31 para que, de
conformidad también con la Directiva 2014/59/UE, las autoridades de
resolución solo apliquen el instrumento de recapitalización interna si
existen garantías claras de la viabilidad a largo plazo de la
entidad.


Plantemos un nuevo punto 4 del artículo 51 para que, en el
supuesto de que el FROB adquiriera participación en una entidad
financiera, esta participación no podrá ser enajenada sin recuperar al
menos el montante de dicha adquisición.


Otra enmienda va dirigida al punto 9 del artículo 52 y plantea la
supresión del primer inciso que hace referencia a las posibles
externalizaciones de actividades del FROB, situaciones
extraordinarias.


En el artículo 56 plantemos un nuevo punto 4, para que el FROB
elabore un informe anual que deberá presentar el Parlamento.


Luego, hay cuatro últimas enmiendas a las disposiciones
adicionales y finales. Presentamos la enmienda a la de la disposición
adicional novena para que la ley se aplique también a las sociedades e
instituciones de inversión colectiva establecidas en España, que, a la
vez, tienen el papel más importante en el sistema financiero, ya que en
estos momentos mueven el 50 % del negocio. Presentamos una disposición
adicional para que en seis meses se planteen las reformas legislativas
necesarias para que las entidades financieras estén obligadas a adoptar
un sistema de administración dual porque entendemos que ofrece más
garantías. Planteamos una enmienda a la disposición final décima a través
de la cual queremos que quede claro y explícito que los depósitos en
paraísos fiscales en ningún caso estarán cubiertos por el Fondo de
garantía de depósitos, y una nueva disposición final por la que se
prohíbe a las entidades de crédito, sociedades de servicios financieros
la comercialización al cliente minorista de instrumentos financieros
complejos y arriesgados. La experiencia de las swaps —de las
preferentes— aconseja adoptar esta medida.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas 52 a 59
y las enmiendas 77 a 88, originariamente presentadas por el Grupo
Parlamentario Convergència i Unió.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente.


Haré la defensa de las enmiendas 52 a 59 que el Grupo Vasco ha
presentado; en total son ocho enmiendas.


En estas enmiendas proponemos unas modificaciones a la
disposición final primera.A) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
mercado de valores en materia de compensación, liquidación y registro de
valores.


En la enmienda 52 planteamos que, para ser plenamente consecuente
con la regla de atribución de derechos y obligaciones, el proyectado
nuevo artículo 36 ter de la Ley del mercado de valores debe recoger los
ajustes y compensaciones que podrán establecerse en caso de fallidos en
el proceso normal de liquidación de las operaciones o de incidencias en
la liquidación de los correspondientes derechos.


Enmienda 53. La redacción de ese apartado número 8 entendemos que
no debe centrarse únicamente en las compras, sino contemplar más
globalmente las adquisiciones y, por otra parte, debe reconocer derechos
a sus titulares, sin incluir el término equívoco de «clientes», que
resulta confuso por poder referirse a una pluralidad de entidades.


Enmienda 54. El proceso de reforma del actual régimen de
compensación, liquidación y registro en el mercado español de valores ha
identificado la necesidad de contar con un sistema de información como el
que diseña la disposición final primera.A), que he mencionado, número 12,
del proyecto de ley; (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa
la Presidencia). Sin embargo, los objetivos a que responde ese sistema de
información (facilitar de un lado el intercambio y tratamiento de la
información necesaria para las actividades de compensación, liquidación y
registro de valores cotizados, y, de otro, la supervisión de las
actividades de negociación, compensación, liquidación y registro de tales
valores) se alcanzan mejor, a nuestro parecer, si el establecimiento del
aludido sistema se configura como una obligación legal del
correspondiente mercado secundario oficial.


Las enmiendas 55, 56, 57 y 58 son consecuencia de la 54.


Y, por último, la enmienda 59 propone una disposición final nueva
sobre el tratamiento fiscal de las incidencias en el régimen de
compensación y liquidación en el mercado español de valores. El proceso
de la reforma del actual régimen de compensación, liquidación y registro
del mercado español de valores incluye mecanismos de gestión de los
riesgos de incumplimiento que afectan a las operaciones efectuadas y que
pueden incidir en quienes las hayan realizado y tengan la razonable
expectativa de que quedarán consumadas en tiempo y forma. No obstante, no
puede descartarse que algunas de las operaciones incluidas en los
procedimientos generales de compensación, liquidación y registro no se
ejecuten en la forma ordinariamente establecida. En tales circunstancias,
la legislación aplicable debe contener las previsiones necesarias para
compensar adecuadamente a quienes se vean indebida e injustificadamente
perjudicados en tales casos. Por ello, resulta necesario que se contemple
que esas compensaciones tendrán la naturaleza de renta de ahorro, que es
la que se corresponde con el origen de tales compensaciones, así como
dejarlas exentas de retención.


Asimismo, y como ha mencionado el presidente, voy a defender las
enmiendas 77 a 88, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió. Quiero mencionar que las enmiendas 81 a 88 de este
grupo son coincidentes con nuestras enmiendas 52 a 59, que he defendido y
justificado, por tanto, quedan todas defendidas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya 16, 17, 20 a 24, 26 a 32, 48, 49 y 50.


Tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, los senadores y senadoras socialistas del Grupo Entesa
pel Progrés de Catalunya estamos convencidos de la necesidad de este
proyecto de ley no solo por la obligación de trasponer dos directivas
comunitarias, sino por los objetivos que propone al establecer mecanismos
y poderes reforzados para afrontar la liquidación y resolución de
entidades financieras en crisis, sin poner en riesgo la estabilidad del
sistema y, sobre todo, cuidando de que no tenga impacto para el bolsillo
de los contribuyentes. Pero consideramos que el texto propuesto por el
proyecto de ley tiene ciertas carencias que son susceptibles de mejorar,
por lo cual hemos registrado diecisiete enmiendas, que paso a detallarles
de forma resumida.


Quiero empezar afirmando que no es de recibo la previsión del
proyecto de ley de que asuman costes, aunque sean minoritarios, los
ciudadanos ante cualquier saneamiento de una entidad financiera. Hemos
presentado varias enmiendas para garantizar el coste cero para el
contribuyente en la resolución de cualquier entidad financiera.


La enmienda 48 establece el principio de que las ayudas públicas
para el saneamiento de una entidad financiera inviable deben ser
recuperadas o reembolsables y además, que sólo previa aprobación por
mayoría absoluta de las Cortes Generales se podrían asumir riesgos
adicionales en aquellos supuestos en que existan entidades que impliquen
un riesgo para el conjunto del sistema financiero.


La enmienda 20 propone la obligación de establecer un plazo de
reembolso o recuperación del apoyo financiero público de acuerdo con el
principio de uso eficiente de los recursos técnicos y la ausencia de
coste para el contribuyente. En este sentido, y con el fin de asegurar
una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, mediante las
enmiendas 21 y 22 proponemos que los procesos del FROB de conversión o
desinversión en las operaciones de recapitalización con utilización de
recursos del Fondo de resolución nacional no supongan ningún coste para
los ciudadanos. Creemos firmemente que se debe garantizar la autonomía e
independencia de los miembros del FROB en el desarrollo de su actividad.
Nuestra enmienda 23 recoge esa petición. Asimismo la enmienda 24 propone
que el mandato del presidente del FROB sea por 6 años, y no por 5, como
dice el proyecto de ley, igual que los miembros de los órganos rectores
del Banco de España.


Con el objetivo de incrementar la transparencia de la actividad
del FROB, la enmienda 49 propone que, cuando se acuerde la apertura de un
procedimiento de resolución de una entidad financiera porque sea
inviable, se informe motivadamente también a las comisiones de Economía y
Competitividad tanto del Congreso de los Diputados como del Senado.
Además la enmienda 50 asegura también que se informe al Parlamento de
todas las medidas que adopte el FROB en relación con la actividad de
resolución de las entidades financieras.


La enmienda 16 propone que el FROB garantice la independencia y
capacidad del experto externo que realice la valoración de los activos y
pasivos de una entidad financiera inviable y también que el valorador
externo esté obligado a inscribirse en un registro profesional.


La enmienda 17 propone obligar a que reglamentariamente se
establezcan indicadores objetivos que pongan de manifiesto la necesidad
de actuaciones preventivas en las entidades financieras ante la alerta
sobre el deterioro de la situación financiera o de liquidez o un
incremento muy rápido de su nivel de apalancamiento.


También creemos igualmente que es imprescindible que las
entidades de crédito que hayan recibido ayuda financiera pública no
puedan indemnizar en ningún caso por terminación de contrato a consejeros
y altos directivos. Así lo proponemos en la enmienda 28.


La enmienda 27 propone adelantar cuatro años —hasta 2020, y
no hasta 2024 como prevé el texto— la obligación de las entidades
de crédito de contribuir al Fondo de resolución nacional con el objetivo
de mejorar la capacidad de actuación y resolución.


La enmienda 29 propone la creación a nivel nacional de un consejo
de estabilidad macro-prudencial, recomendando por algunos organismos
internacionales, como órgano encargado de la coordinación, seguimiento e
intercambio de información entre los supervisores y otras autoridades
financieras y que contribuya a esa preservación de la estabilidad
financiera que todos proponemos. En este consejo se integrarían todos los
supervisores: tanto el Banco de España, como la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y el propio Ministerio de Economía.


La enmienda 31 propone una disposición adicional nueva para
avanzar en la implantación de un sistema armonizado a nivel europeo de
garantía de depósitos como instrumento necesario para el correcto
funcionamiento del mecanismo único de resolución en la eurozona. Además,
dadas las nuevas atribuciones que la normativa europea otorga al Banco
Central Europeo sobre determinadas competencias de supervisión dentro de
la unión bancaria, creemos necesario impulsar un mayor control
democrático y parlamentario de estas nuevas funciones.


En este sentido, la enmienda 30 insta al Gobierno a impulsar en
la negociación de acuerdos políticos y de normas europeas la inclusión de
cláusulas o preceptos que aseguren la rendición de cuentas y que mejoren
el control democrático de las autoridades financieras y monetarias a
nivel europeo.


Finalmente, quiero destacar la enmienda 32 que propone la
eliminación de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios que no
hayan sido expresamente aceptadas por los consumidores. Pensamos que,
después de las sentencias judiciales tanto del Tribunal Supremo como de
distintas audiencias provinciales, que han puesto de manifiesto que son
cláusulas abusivas y opacas, y que suponen un injusto sobrecoste para las
familias, se debería recoger en esta norma.


Son enmiendas que consideramos razonables, que mejoran el texto
del proyecto de ley, y esperamos que algunas pudieran merecer su
consideración.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas 33 a 47, también del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.


Tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.


Como son enmiendas iguales a las defendidas y presentadas por el
senador Iglesias, con sus explicaciones y justificaciones, las doy por
defendidas.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Tiene la palabra el senador Ortiz.


El señor ORTIZ MOLINA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el proyecto de ley que estamos debatiendo sobre la
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios
de inversión deriva de la obligatoriedad de trasponer directivas
correspondientes al año 2014, en concreto la 59 y la 49 —la 59, de
reestructuración y resolución bancaria y de sociedades de servicios de
inversión, y la 49, relativa al Fondo de garantía de
depósitos—.


Debemos señalar que esta iniciativa llega tarde, fuera de plazo,
pues la trasposición debía haberse realizado antes de finales de 2014.
Llega tarde y, a nuestro juicio, con una cierta provisionalidad en lo que
regula, y se aparta del modelo supervisor institucional mayoritario en la
Unión Europea, lo que previsiblemente obligará pronto a su propia
revisión.


Entro en el fondo de lo que nos ocupa. En nombre del Grupo
Parlamentario Socialista quiero manifestar que estamos sustancialmente de
acuerdo con los principales objetivos de este proyecto de ley pero con
matices importantes, que pretendemos corregir con las enmiendas que hemos
presentado.


Estamos claramente de acuerdo con la diferenciación entre
liquidación y resolución. La liquidación de entidades financieras se
refiere a la finalización de sus actividades en el marco de un proceso
judicial ordinario, que será posible en el caso de entidades que sean
susceptibles de ser tratadas bajo este régimen sin menoscabo del interés
público, y la resolución de entidades financieras y empresas de servicios
de inversión se refiere a un procedimiento administrativo extrajudicial
por el que se gestionaría la inviabilidad de aquellas que no puedan
acometerse mediante su liquidación concursal por razones de interés
público y estabilidad financiera.


También estamos de acuerdo con la diferenciación entre
supervisión y resolución como funciones, no tanto como autoridad que
ejerza y desempeñe dichas tareas, y, sobre todo, con que el coste de las
resoluciones de las entidades financieras primero tiene que recaer en los
accionistas y, después, en los acreedores, contando, además, con ese
Fondo de resolución nacional que se prevé, que ha de integrarse en el
Fondo de resolución europeo, pero todo esto con la necesidad, a nuestro
juicio, de regular con mayor contundencia que, en cualquier
circunstancia, el coste para el contribuyente debe ser cero.


Las enmiendas que hemos presentado se orientan a tratar de
corregir las deficiencias que hemos observado y a mejorar el texto
legislativo que estamos debatiendo. Así, la enmienda 60 establece la
necesidad de que la independencia y profesionalidad de quienes hayan de
realizar la valoración de entidades queden suficientemente garantizadas,
teniendo en cuenta además el camino iniciado por la Ley 22/2014.


Las enmiendas 62, 64, 65 y 66 pretenden garantizar la
recuperación de las ayudas públicas en un plazo determinado y
salvaguardar en cualquier caso que la desinversión o conversión de lo
invertido en la esfera pública, tal como decía con anterioridad, quede
libre de coste para el contribuyente.


Las enmiendas 63, 67, 68 y 69 regulan la independencia y
autonomía necesarias a nuestro parecer de los miembros del FROB, equipara
su mandato al de los órganos rectores del Banco de España y demás
reguladores y supervisores y establecen la necesidad de que mantengan
informado en tiempo real al Congreso y Senado de determinadas actuaciones
que tengan la categoría de relevantes.


Las enmiendas 73 y 74 mandatan al Gobierno para que adopte
iniciativas políticas a los efectos de impulsar el control democrático y
parlamentario de las nuevas funciones asumidas por el Banco Central
Europeo y sobre la necesidad de avanzar en la implantación de un sistema
armonizado de garantía de depósitos como instrumento necesario para el
correcto funcionamiento del mecanismo único de resolución en la
eurozona.


Finalmente, las enmiendas 61, 63, 70, 71, 72, 75 y 76 pretenden
que la remisión del proyecto a la potestad reglamentaria contenga un
mandato para precisar los indicadores objetivos que permitan la actuación
temprana y no una mera posibilidad de definirlos. Lo contrario nos
conduce a querer aplicar la norma sin criterios objetivos; a mantener en
cinco años el plazo de prescripción de las infracciones graves, evitando
su reducción, como pretende el proyecto de ley; a adelantar a cuatro años
la obligación de las entidades de crédito de contribuir al Fondo de
resolución nacional; a mandatar al Gobierno para que, en el plazo de tres
meses, desde la entrada en vigor de la presente ley, presente ante las
Cortes Generales un informe sobre la creación a nivel nacional de un
consejo de estabilidad macro-prudencial —así lo recomiendan
diferentes organismos internacionales— a los efectos de contribuir
con mayor eficacia a la preservación de la estabilidad financiera. Estas
últimas enmiendas pretenden establecer de manera imperativa que las
entidades de crédito que hayan recibido ayuda financiera pública no
puedan satisfacer en ningún caso indemnizaciones por terminación de
contrato a consejeros y altos cargos; y, finalmente, disponer, una vez
que se eliminen las cláusulas suelo, de aquellos préstamos cuando no
hayan sido específicamente aceptadas por los deudores hipotecarios, como
ha referido con todo detalle el portavoz de la Entesa. A nuestro juicio
—y debería ser al de todos— ya hay sentencias sobradas que
avalan que esto se haga.


Concluyo, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Socialista,
señoras y señores senadores, considera que, sin perjuicio de aquellos
aspectos adecuados del proyecto de ley —que los tiene—, la
aprobación de estas enmiendas contribuiría de manera decidida a mejorar
el texto remitido por el Congreso.


Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias,
señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


¿Turno en contra? (Pausa).


Tiene la palabra el señor Utrera.


El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señora presidenta.


Estamos debatiendo un proyecto de ley —el de recuperación y
resolución de entidades de crédito y de empresas de servicios de
inversión— que, sin duda, supone una de las reformas más
importantes acometidas en esta legislatura. Es verdad que no es novedoso,
puesto que completa la legislación del año 2012 con este mismo título de
reestructuración y resolución de entidades de crédito, pero supone, ni
más ni menos, que establecer los criterios, de acuerdo con los cuales en
el futuro se van a resolver todos los problemas de falta de viabilidad de
las entidades financieras y de sociedades de inversión, que no es poco;
después de la durísima experiencia de los últimos años, no es poco
establecer instrumentos para practicar la resolución de las entidades
financieras que lo requieran.


La primera de las cuestiones es no negar las crisis, ni la
intensidad del debilitamiento de la pérdida del balance de las
instituciones financieras como consecuencia de impagados o de pérdidas de
otra naturaleza. Eso es lo que ocurrió durante años —en 2008,
en 2009 y en 2010—. Otros países europeos se nos adelantaron e
hicieron sus programas de resolución con apoyos públicos; desde luego,
emplearon fondos públicos pero en menor intensidad que lo que
presuntamente podíamos y debíamos haber utilizado. Dada la situación que
nos encontramos, a partir de julio de 2009, se aprobó y hubo que utilizar
el Fondo de reestructuración ordenada bancaria, que resultaba a todas
luces insuficiente, y hubo que modificarlo en el año 2011 para que el
propio FROB pudiera acometer ampliaciones de capital directas. Y así
llegamos al año 2012, cuando hubo que proceder a aprobar la Ley de
reestructuración y resolución en la que se establece el procedimiento a
seguir, que ahora se completa con esta ley.


En síntesis, nos encontramos ante una nueva función de
intervención pública sobre el sistema financiero, y este me parece el
mejor resumen de lo que estamos haciendo. Junto a la supervisión, se
establece ahora como una función normal, continuada en el tiempo y que
además afectará a todas las entidades de crédito y a las empresas de los
servicios de inversión, la resolución. Lo cual quiere decir que, si se
coge en fase previa muy temprana, todas las actuaciones de resolución de
las entidades sanas irán dirigidas a establecer unos planes de
resolución, que de alguna forma enlazan con las herencias vitales, con el
testamento vital del que se hablaba hace algunos años en plena crisis,
cuando estaba en todo su vigor y pujanza, como decía, con los testamentos
vitales que se exigieron a los grandes grupos bancarios, los sistémicos,
los que tenían capacidad de amenazar al sistema financiero, no ya
europeo, sino mundial, a los que se les obligaba a establecer un esquema
para que, en caso de que la cosa fuera muy mal y fueran inviables, se
pudiera resolver —no quiero utilizar el término «liquidar», porque
tiene otra connotación en esta ley— su situación con el menor coste
posible.


Pues bien, nosotros aquí, en España, siguiendo la directiva
comunitaria y también el reglamento de resolución comunitaria, estamos
creando, junto a la supervisión, la rama de resolución. Esa rama de
resolución se aplicará de forma temprana, de forma previa a entidades
sanas y, por tanto, ha de estar administrada por autoridad distinta, o en
caso de ser la misma, con un sistema de separación explícita de gestores
de un tipo de intervención, de la supervisión, y de los gestores que han
de llevar la resolución. Creo que el asunto no merece más detalle. El
hecho de que en España se haya optado en la fase temprana, en la fase
previa, por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, y ya en la fase de ejecución de la resolución, cuando las cosas
van mal, por el FROB —por el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria—, es una cuestión. Y en eso tiene razón el portavoz
socialista, que es algo que habrá que revisar en los próximos años, una
vez que el mecanismo de resolución europeo, el común, esté ya funcionando
y se establezcan reglas claras de resolución.


Por tanto, el procedimiento en sí es bueno. ¿Y a qué está
orientada esta nueva rama de intervención administrativa de regulación
sobre el sistema financiero? Pues a que no nos pase lo que nos ha
sucedido, es decir, a que no sea necesaria la aportación de fondos
públicos cuando haya que resolver una entidad ya desde la primera fase,
cuando la entidad está sana, o cuando empieza a apuntar que la cosa se
está desvirtuando y se empieza a intervenir. Además en el caso de la
resolución es una intervención en la que, a diferencia de la supervisión,
lo que se tiene en cuenta es el capital de acuerdo con los criterios
Basilea III, la forma en la que se está actuando en el mercado
financiero, en definitiva, la solvencia de las entidades, por tanto se
podría obligar a determinas estructuras societarias —es decir, a
los conglomerados societarios dentro de una misma entidad—, para
que la resolución fuera luego más sencilla, en el caso de que dicha
entidad, sana ahora, pudiera devenir inviable con el tiempo. Se les puede
incluso establecer líneas de acción en sus negocios, apartarlos de
determinadas líneas de riesgo e introducir otras líneas de intervención.
Se pueden hacer muchas cosas dentro de este apartado regulatorio de la
resolución, pero la orientación es clara, y es que en caso de resolución
la paguen los accionistas, por este orden: accionistas, todos los
acreedores —no solamente los tenedores de la deuda subordinada, de
las preferentes, para entendernos, y de otra deuda subordinada, sino
todos los acreedores— y, en tercer término, el propio sector
bancario en su conjunto constituyendo un nuevo fondo, independiente,
distinto y con una finalidad diferente a la del Fondo de garantía de
depósitos, que sería el Fondo de resolución. En caso de que alguna
entidad entrara en resolución, después de vaciar el capital total o
parcialmente, después de vaciar a los acreedores de sus deudas total o
parcialmente entraría el fondo de resolución para atender los compromisos
de resolución y el coste de la resolución de la entidad financiera.


Por tanto, el esquema en principio es claro, es preciso y está
orientado a que no haya aportaciones de los contribuyentes, del Estado, a
través del Fondo de restructuración ordenada bancaria como se ha venido
haciendo en España o a través de otros organismos como se ha hecho en
otros países europeos. Ese es el objetivo, ese es el objetivo: que sea el
sector, que sean fondos privados los que atiendan la inviabilidad de
alguna entidad financiera.


Ahora voy a hacer referencia a algunas enmiendas —y sirva
esto como explicación genérica—, pero voy a empezar concretamente
con una frase del senador Ortiz, portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, que ha dicho literalmente: En cualquier circunstancia el
coste de resolución debe ser cero. De hecho, hay dos enmiendas del Grupo
Socialista y dos del Grupo Entesa que apuntan en ese sentido. Pues bien,
son innecesarias, y no solamente son innecesarias, son redundantes, y más
que redundantes, resultan perturbadoras en un esquema de este tipo,
porque ya se toman todas las precauciones necesarias, no se interviene
pero sí se indican las acciones que se tienen que realizar desde las
entidades financieras para evitar costes de resolución y además se indica
que se va a pagar con fondos privados: de accionistas, de acreedores o
del fondo de resolución. Insistir ahora mediante una enmienda que se
añada que en ningún caso va a haber ni un solo euro de coste público en
las resoluciones no tiene sentido. Lo cierto es que la probabilidad será
bajísima, los casos en los que se pueda dar y haya que hacer aportaciones
de fondos públicos serán nulos o muy pocos —repito, la probabilidad
es muy baja—, pero caso de que sea necesario lo que estamos
haciendo es preservar un valor superior, que es la estabilidad del
sistema financiero y, en definitiva, la estabilidad la economía y la
estabilidad del empleo en España. Por tanto, no desechemos ni pongamos
puertas al campo estableciendo esta restricción que, sencillamente, no es
necesaria.


Me van a permitir que termine señalando que no vamos a aceptar
enmiendas —ya incorporamos una en la ponencia— por motivos
diversos: unas porque no son pertinentes para una ley de este tipo, donde
se crea un mecanismo administrativo de intervención sobre entidades
orientado precisamente a la posibilidad de que haya que resolverlas, y
otras porque están fundamentadas de manera errónea.


Quiero contestarle al senador Iglesias respecto a los fondos
aportados al sector financiero, a la banca, durante los últimos años. Le
recomiendo que lea la nota que ha publicado el Banco de España hace unos
días, concretamente el 4 de mayo, que lleva por título «Nota informativa
sobre las ayudas públicas en el proceso de restructuración del sistema
bancario español, años 2009 a 2015». Ahí verá varias cosas. Primera, que
esa cifra que maneja de 100 000 millones de euros es una cifra que vale
para mítines y cosas parecidas, pero no es real en absoluto; no vale, no
es real. Podemos estar hablando de entre 40-45 000 millones de fondos
públicos, de fondos FROB, del Fondo de reestructuración ordenada
bancaria, y luego hay otros 12-15 000 millones de euros del Fondo de
garantía de depósitos, pero esos están aportados por el sector privado,
puesto que el Fondo de garantía de depósitos no es más que el resultado
de las aportaciones de las entidades financieras de acuerdo con la
fórmula aritmética sobre el nivel de depósitos. Por lo tanto, ahí no hay
ninguna duda, no son fondos públicos, pero sí lo son las aportaciones del
FROB.


La segunda es que las aportaciones del FROB no son siempre de
ayuda directa al sistema financiero. Ya desde el año 2009 —porque
también es un argumento muy manido que las ayudas se refieren a los
últimos años de Gobierno del Partido Popular y tampoco es cierto—,
con la constitución del Fondo de reestructuración ordenada bancaria, se
empezaron a hacer aportaciones al sistema financiero. Bien es verdad que
con lo que se llamó el FROB 1, el primero, el inicial, lo que se hizo
hasta el año siguiente, 2010, fueron aportaciones a través de la
adquisición por parte del FROB de preferentes, que se consideraban como
capital fuerte, como capital de base de los bancos. Una vez que salieron
las preferentes como capital preferente pasamos al FROB 2, a las
intervenciones FROB 2, ya desde el año 2010, en las que se capitalizaba
directamente. Y en el caso de las entidades financieras que estaban en
pérdidas —lo puede usted ver en esta nota, están descritas con
detalle, una a una, las entidades financieras— y su valor residual
o su valor final era negativo, en ese caso se procedió a una operación de
reducción de capital hasta cero —es decir, todo lo que se había
puesto por el FROB, todo el capital previo de las cajas de ahorros, todo
eso desaparecía, se convertía en cero—, se emitían nuevas acciones
con recapitalización por parte del FROB, con la dilución de las acciones,
es decir, con la disminución del valor de las acciones de los propios
accionistas en el caso de las acciones intervenidas por el FROB.


Consecuentemente, vía reducciones de capital es como operaba el
apoyo financiero a esas entidades, convirtiendo las preferentes en
aportaciones de capital directas y el capital aportado directamente
reduciéndolo a cero; así es como se generó durante los años 2009, 2010
y 2011 gran parte del apoyo. Después vino, como usted mencionó, el
memorandum of understanding, el acuerdo con la Unión Europea sobre
aportaciones y ayuda al sistema financiero español
—unos 40 000 millones—, pero eso ya fue después, en el
año 2012; antes ya habíamos tenido las operaciones de eliminación de
capital, de reducción a cero y de capitalización, que son ayudas
públicas, puesto que esos fondos se perdieron también. Pero no estamos
hablando de 100 000 millones ni muchísimo menos.


En definitiva, este proyecto de ley daría para hablar mucho, pero
yo creo que con estos argumentos entenderán nuestra posición sobre las
enmiendas, aunque podemos hablar de alguna en concreto en la que ustedes
hayan incidido más. Por ejemplo, sobre la recuperación de las
aportaciones de capital realizadas por el FROB, algunas enmiendas, tanto
del Grupo Mixto como de Entesa como del Grupo Socialista, insisten en que
no se puedan vender las participaciones en las que ha intervenido el FROB
—la parte de capital— hasta que no se recupere el importe
íntegro de la aportación. Permítanme que les diga que eso es una
condición que no solamente crea rigidez, sino que es absurda, es la
posición cuando uno está en los mercados financieros de mantenerla y no
enmendarla. Es decir, si hay una pérdida ahora del 10 % y una expectativa
de pérdida del 40 % dentro de un mes, no hay ninguna duda: yo prefiero
que el FROB ejecute ahora, que enajene las participaciones con una
pérdida del 10 % y no que espere meses o años cuando hay una expectativa
de pérdida mucho mayor. Por tanto, no tiene sentido esa limitación,
aparte del valor retórico que tiene el decir que no se va a liquidar
ninguna participación por menos valor que por el que se adquirió.


Otra cuestión interesante —pero interesante también porque
está obviando lo que se ha hecho durante estos años— es que las
entidades intervenidas con ayudas públicas del FROP no pueden pagar
indemnizaciones a sus altos cargos por despido, y entiendo que podría
ampliarse por cualquier otra circunstancia. En este caso sí podemos decir
que ya se ha obligado a las entidades a promover mecanismos para la
recuperación de indemnizaciones y de retribuciones variables pagadas a
altos cargos cuando estos son responsables de que la entidad haya
obtenido importantes pérdidas por su propia ejecutoria. Por tanto, eso ya
está cubierto y es innecesario introducirlo en una ley que lo que
pretende es establecer los mecanismos de resolución de las
entidades.


Asimismo, dos grupos han presentado enmiendas relativas a las
cláusulas suelo, que no vienen al caso en esta ley. No decimos ni que sí
ni que no, pero en esta ley no tienen sentido.


Por tanto, rechazamos todas las enmiendas y si tienen interés en
que les detalle las razones respecto a alguna en concreto lo haré, pero
permítanme que haya sido breve en este apartado.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Turno de portavoces.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta. Si me lo
permite, intervendré brevemente desde el escaño.


Cierto que no conozco la nota a la que hace referencia el
portavoz del Grupo Popular, me comprometo a buscarla ansiosamente y a
leerla. No obstante, el dato de los 61 366 millones era el dato que
—hasta esa nota, por lo que se ve— barajaba el Banco de
España como aportaciones del FROP. Fue el dato que además nos trasladó en
su comparecencia en la tramitación de los presupuestos el gobernador del
Banco de España cuando se le preguntó abiertamente por ello.


Segunda consideración. Yo no creo que la Comisión Europea haya
establecido arbitrariamente y sin datos suficientes esa barrera de la
aportación a título de crédito de 100 000 millones para el saneamiento
del sistema financiero. Estoy convencido de que contaban con la
información suficiente para hacer una aproximación muy ajustada de las
necesidades reales del saneamiento de ese sistema, que se ha hecho por
diferentes mecanismos, y ahí podemos entrar en la discusión de si se
deben computar unos o no se deben computar otros. Pero la Comisión
Europea llegó al convencimiento de que, por un mecanismo o por otro,
esos 100 000 millones eran necesarios y de ellos lo que se viene
recuperando hasta ahora —como muy bien sabe el señor portavoz del
Grupo Popular— es el 7 % de la inversión.


Tercera consideración, venta de participaciones. ¡No se
sorprenderá el portavoz del Grupo Popular de que no seamos muy favorables
a la venta de las participaciones en las entidades saneadas¡ Siempre
hemos defendido, al menos nosotros, Izquierda Unida, públicamente que es
imprescindible una banca pública, como tienen otros Estados de la Unión
Europea, y que la base debe ser precisamente la participación en las
entidades saneadas.


Y última consideración, en relación con la recuperación con cargo
a los gestores de una parte de las pérdidas que generaron. El mecanismo
está en el Código Penal: si ha habido una administración fraudulenta,
evidentemente hay una responsabilidad civil derivada de la
responsabilidad penal. Pero ese no es el único mecanismo, nosotros
creemos que incluso cuando no se haya dado una circunstancia de saqueo
—que es de lo que estamos hablando—, la ley tiene que prever
mecanismos de responsabilidad, y así hemos pretendido introducirlo, de
una forma directa o indirecta, con nuestras enmiendas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora
Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señora
presidenta. Intervendré muy brevemente.


En el Grupo Vasco hacemos una valoración positiva del proyecto,
entendemos que es un proyecto básicamente aceptable. Sí consideramos,
como ya se ha mencionado anteriormente, que es un proyecto técnico que
trata de resolver algo que, a nuestro parecer, debería haberse resuelto
hace mucho tiempo en aras de poder intentar dar una solución a la crisis
financiera.


Dicho esto y considerando que el proyecto era razonablemente
mejorable, presentamos las enmiendas que he defendido anteriormente. En
la línea de lo que suele ser habitual, no hemos tenido mucho éxito con su
aceptación y no voy a extenderme tampoco en las formas porque es algo de
lo que hemos hablado reiteradamente en otros casos.


Por lo anterior y puesto que en la generalidad estamos de acuerdo
—a pesar de entender que se podía haber mejorado entre
todos—, mantendremos la postura que mencionaba en origen y
votaremos favorablemente.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el
senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Señora presidenta, señorías.


Tal y como he comentado con anterioridad y se ha puesto de
relieve en las intervenciones de los diferentes portavoces, el objetivo
central de este proyecto de ley es la trasposición de dos directivas
comunitarias: la 59/2014, de reestructuración y resoluciones bancarias y
de sociedades de servicios de inversión, y la 49/2014, relativa a los
sistemas de garantía de depósitos. La primera de ellas ya tendría que
estar traspuesta a nuestro ordenamiento interno desde finales del año
pasado —precisamente, ha hecho alusión a este déficit, a esta
anomalía, el portavoz del Grupo Socialista, senador Ortiz—. Todo
apunta a que seguramente las discusiones sobre si las funciones de
supervisión y la autoridad de resolución habían de recaer o no en el
Banco de España han sido las que retardaron su tramitación. Digo esto
porque sin duda esta es una de las cuestiones no menores del proyecto de
ley, ya que la Directiva 59/2014 no obliga a que estas funciones sean
asumidas por los bancos centrales. Ahora bien, sí conviene recordar que
España opta por un modelo singular, que no es seguido por ningún otro
país de la Unión Europea excepto Finlandia. El Ministerio de Economía y
Competitividad ha impuesto que la autoridad de resolución de las
entidades recaiga en un órgano independiente, teóricamente, pero
dependiente del ministerio como el FROB.


Señorías, nosotros compartimos los principales objetivos de la
ley —lo he dicho en mi primera intervención—, definidos
además en el contenido de las citadas directivas comunitarias, si bien
ello no quiere decir que no tengamos objeciones a hacer al proyecto de
ley, como evidencia la presentación de las enmiendas que hemos formulado
al mismo. Compartimos, por supuesto, el paso adelante que significa este
proyecto de ley después de la experiencia de que la crisis financiera
reciente, que tuvo un impacto global, afectó de modo singular al conjunto
de la Unión Europea y de manera singular también a España. Era lógico
dada la integración progresiva de nuestros mercados financieros,
integración que no fue acompañada de una normativa reguladora común, lo
cual impidió una verdadera unión bancaria, hoy en proceso ya avanzado con
la aprobación, entre otras, de estas dos directivas antes mencionadas.
Desgraciadamente, tuvo que producirse una crisis de esa magnitud, de la
que todavía no hemos salido, con un coste brutal para las economías de
algunos países, como el nuestro, y especialmente para los ciudadanos, que
han visto cómo desaparecía su empleo o cómo se tenía que asumir en
determinados casos con cargo al contribuyente la recapitalización de
entidades financieras en fallida por la burbuja inmobiliaria y cuando no
también por la pésima gestión de sus directivos.


La Ley 9/2012 sirvió en nuestro caso para llevar a cabo el
necesario proceso de reestructuración financiera, que había empezado
ciertamente con antelación, como explicaba el portavoz del Grupo Popular,
senador Utrera, con los denominados FROB 1 y FROB 2. Ahora el proyecto de
ley actual se centra, en primer lugar, en la fase preventiva de la
resolución de las entidades. Todas las entidades habrán de disponer de
planes de recuperación y resolución al margen de su tamaño y salud
financiera, y a partir de ahora en caso de necesidad de absorber pérdidas
ello afectará a todo tipo de acreedores, como también se ha puesto de
relieve. De ahí algunas de nuestras enmiendas, aunque reconocemos, eso
sí, que se refuerza también la protección de los depositantes.


Asimismo, el proyecto de ley distingue entre la liquidación y la
resolución de entidades. No es lo mismo una entidad de pequeña dimensión
que otras que puedan comportar una gran repercusión en el sistema
financiero. Así, en el primer caso es lógico que la liquidación se pueda
producir a través de un proceso judicial ordinario, el proceso concursal,
y en el segundo que sean de aplicación, por interés público y en defensa
de la estabilidad financiera, los nuevos mecanismos que prevé este
proyecto de ley.


Vemos igualmente lógica la separación de las funciones
supervisoras de las resolutorias que recoge el texto. También compartimos
la decisión que ha adoptado la ley en lo referente a las actuaciones
denominadas en el proyecto de ley como actuaciones tempranas y una
segunda fase ejecutiva de la que se encargaría el FROB.


El proyecto de ley cambia aspectos fundamentales del FROB. Por
ejemplo, se va a dar mucha más importancia a su presidente; la
presidencia ya no será ejercida por el subgobernador del Banco de España,
sino que será nombrado por el Consejo de Ministros.


Respecto al FROB, nosotros hemos presentado un conjunto de
enmiendas —a las que me he referido en mi primera
intervención— para posibilitar, entre otras, la transparencia del
FROB y que sea un órgano verdaderamente independiente del Ministerio de
Economía y Competitividad, porque hemos de evitar —y con esto
acabo— que la falta de transparencia que tiene en estos momentos
una institución como Sareb, por ejemplo, se pueda extender al nuevo
FROB.


A pesar del reconocimiento de los aspectos positivos que
compartimos de esta ley no la podremos votar favorablemente, no tanto por
lo que recoge la ley, como he dicho, sino por lo que no regula, porque
nuevamente ustedes se quedan cortos. Además, no vuelven a contar para
nada con la oposición; ni una sola de las enmiendas ha merecido su
consideración y pensamos que estas enmiendas mejoraban el texto en
algunas cuestiones y otras contemplaban aspectos que ustedes no han
creído conveniente regular. Por todo ello, señorías, nuestro voto será de
abstención.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra el
senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Vasco, en concreto a
la senadora María Eugenia Iparragirre, la defensa de nuestras enmiendas
tanto en la ponencia como en la comisión, puesto que por una cuestión
técnica no pude llegar en el momento de defenderlas. Por tanto, le
queremos agradecer sinceramente sus intervenciones.


Simplemente queremos manifestar que damos apoyo a este proyecto
de ley porque, en definitiva, se trata de la trasposición de una
directiva europea, fruto también de la experiencia con las crisis en los
sistemas financieros que hemos padecido, que va en la línea de unificar
criterios a nivel europeo y de ahorrar gastos de los contribuyentes, que
al final es de lo que se trata; es decir, que a la hora de liquidar se
puedan evitar procesos judiciales que muchas veces no sirven y por eso,
como se dice en este proyecto de ley, se establecen otros mecanismos
previos para poder intervenir sin necesidad de llegar a liquidar una
entidad financiera en su totalidad.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Presidenta, muchas gracias.


Creo que, al tratarse de la trasposición de una directiva
comunitaria, no deberíamos alargarnos mucho porque, presumiblemente, la
directiva comunitaria se ha negociado entre los diversos grupos que
componen la Unión. En todo caso, el Partido Popular siempre tiene la
tentación de revisar todo el funcionamiento del sistema financiero y
especialmente cuando se trata lo que ellos no han hecho —y no me
gustaría traerlo a colación—.


Cierto que la crisis financiera fue agravándose paulatinamente y
hubo que irse dotando de instrumentos diferentes, pero nada, nada peor
que la actuación del Partido Popular y especialmente cuando negó el
rescate financiero, que ha sido evidente para todos menos para el partido
del Gobierno, y sobre todo en la actuación de Bankia, que no vamos a
mencionar.


Yo creo que esa situación no es lo que hay que traer ahora a
colación, sino lo que viene a solucionar esta trasposición de directiva
comunitaria fundamentalmente. Y a este respecto tengo que decir que estos
debates deberían ser de mucha más intensidad en el Parlamento español.
Tampoco lo han sido en el Congreso, tampoco lo han sido y, por desgracia,
un tema tan importante como este se ha llevado a que se apruebe en
comisión con competencia legislativa plena y además por un procedimiento
de urgencia que era absolutamente innecesario.


Es absolutamente necesario que estos temas se sepan y se discutan
en la sociedad española, y aunque tienen un contenido técnico evidente
todo el mundo puede saber a qué se refiere concretamente lo que estamos
haciendo. Y, por ejemplo, podría saber perfectamente cómo metió la pata
estrepitosamente la Comisión Europea con el tema de la intervención en
Chipre y cómo la metió en otras ocasiones, y sobre todo cuando hizo los
test de estrés de todos los bancos europeos y al día siguiente fracasaron
los bancos irlandeses, por ejemplo. Estas son cosas que la gente debería
saber para saber pedir responsabilidades a la Comisión Europea, ¡que las
tiene!, porque eso es lo que nos aleja de la gente realmente: que toman
decisiones gente que no hemos votado, que nos afectan a todos y que
encima no sabemos por qué. (Aplausos). Es una situación muy grave la que
se plantea y este debate debería haber estado en el Pleno del Congreso de
los Diputados por lo menos y aquí jamás debería haber entrado como un
proyecto de urgencia, porque es un tema que no podemos discutir a última
hora, cuando estamos a punto de irnos todos, porque es de los temas que
más afecta a la gente, que más les está afectando y les afectará.


Y la cicatería de muchos países europeos en estos proyectos de
ley que vamos a aprobar es evidente. ¿Por qué estamos ahora hablando de
esta trasposición de las directivas comunitarias, de cómo actuar en las
crisis financieras? Pues estamos hablando porque todo el mundo sabe que
es necesario un fondo de garantía de depósitos europeos, pero si nosotros
no hacemos todo esto, ellos no lo quieren hacer. Y sí, lo hacen, pero hay
una cosa clara: que cada uno se apañe con lo suyo, es decir,
fragmentación. ¡Mal hecho de nuevo! Y nosotros lo tenemos que decir en el
Parlamento español, y en el Parlamento europeo también, porque parece una
solución para actuar todos igual. ¿Pero ustedes saben las cosas que hemos
hecho hasta llegar a esta situación, que no es ni mucho menos buena, ni
será definitiva tampoco?






Me he referido a la crisis de Chipre. La crisis
de Chipre nos supuso a todos una convulsión tremenda y las primas de
riesgo en aquellos momentos... ¡Vayan ustedes a ver; en cualquier caso
eso no está terminado, que estamos discutiendo con Grecia todavía! Y esta
situación se volverá a repetir otra vez porque está hecho mal, mal, el
fondo de garantía de depósitos está hecho mal, y encima estos son los
requisitos indispensables para poderlo hacer.


Esa es una situación, insisto, que tiene que saber la gente,
porque ha de saber a lo que nos enfrentamos y no puede ser de tapadillo y
urgente y no siguiendo los trámites parlamentarios adecuados, como
siempre, por cierto, hace el Partido Popular, que ha reducido a cero el
papel del Parlamento y lo acaba de pagar él y todos nosotros además.
(Aplausos). Y esa situación tiene que acabar. (Rumores).


Y no solo eso, Chipre fue lo de menos. ¿Ustedes se acuerdan
—que no se acuerdan, seguro— de que nosotros teníamos unos
depósitos garantizados, que subimos, pero que empezó la crisis bancaria y
nos superó absolutamente? ¡De repente, resulta que Irlanda, que tenía
prácticamente todos los ahorros del mundo en sus bancos quebrados,
aseguró el cien por cien de los depósitos ─una broma─ y lo
aseguró unilateralmente, sin contar para nada con Europa ni con la
Comisión! ¡Y los británicos hicieron lo que les dio la gana absolutamente
(Rumores), y todos los europeos hicieron igual! Y esto es lo que se
quiere solucionar; mal, con perdón.


Nada más y gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Senador Utrera, tiene la palabra.


El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, presidenta.


Quiero aprovechar este turno de portavoces para agradecerles su
apoyo a todos los grupos que van a votar a favor de este proyecto, e
incluso las aportaciones de las enmiendas que realizan, porque, aunque no
se incorporen, a nosotros nos han hecho pensar y, como este es un tema
abierto a futuro, tendremos que irlo estudiando y perfeccionando.


Dos apuntes muy breves. Por un lado, no es verdad que llegue
tarde este proyecto de ley, no es verdad. De hecho, España fue de los
países que se adelantó, porque cuando se estaba preparando la directiva
en el año 2012 nosotros apoyamos y aprobamos la Ley de reestructuración y
resolución de entidades financieras que ha venido funcionando. Y esta ley
que se presenta deroga la anterior, pero adopta su misma estructura. Por
tanto, fíjense hasta qué punto nosotros nos adelantamos y no nos
retrasamos a la trasposición de directivas europeas.


Y respecto a las reflexiones del portavoz socialista, con algunas
estamos de acuerdo y con otras no. Creo que ha confundido o por lo menos
no ha delimitado suficientemente lo que es el Fondo de resolución y lo
que es el Fondo de garantía de depósitos, que son dos cosas diferentes.
Nos ha hecho una reflexión sobre el Fondo de garantía de depósitos que,
efectivamente, cumple la función que cumple. En España esta garantía está
en 100 000 euros por persona física o jurídica, por cuenta y por entidad
bancaria. En fin, eso ya está unificado a nivel europeo. Por el
contrario, el Fondo de resolución será el que atenderá las circunstancias
excepcionales que se puedan producir en una situación de crisis para
evitar lo más importante, que es el brote sistémico, es decir, el temor
trasladado al sistema financiero desde una entidad que hace crisis.


Y ya que hacemos memoria, yo voy a hacer memoria de lo que ha
ocurrido hace pocas semanas. El Banco Madrid ha sido intervenido de la
forma que todos conocemos. Un pequeño banco generó alarma en el sistema
por la manera en que se iba a tratar la intervención en esa entidad. Pues
bien, es una pequeña entidad que ha sido intervenida y liquidada sin
mayor problema, ni siquiera ha habido que aplicar el mecanismo de
resolución.


Por tanto, esta ley va bien encaminada, está de acuerdo la Unión
Europea. Creo que no es momento de pedir responsabilidades, ni a la
comisión ni a nadie, por decisiones que fueron desafortunadas en el
pasado, pero sí es verdad la creencia —que es lo que se pretende
con esta ley— de que intervenir en fase preliminar, en fase previa
o temprana, como se quiera llamar, es la mejor garantía de que el coste
final va a ser menor y de que se podrá circunscribir a los intereses,
propietarios o accionistas, acreedores y al Fondo de resolución, que es
el resto de entidades financieras que se benefician de que se resuelva
una entidad que puede generar peligro sobre el sistema. Por tanto, la
mejor forma es hacerlo como se está haciendo, de acuerdo con la normativa
europea.


Por lo demás, creo que debemos felicitarnos por este proyecto de
ley porque es una gran reforma, una reforma estructural de muy largo
alcance que, por supuesto —no le he entendido bien—, se ha
debatido y discutido en el Congreso y también aquí, o sea, que en eso
estamos. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Llamen a votación. (Pausa.— El señor
presidente ocupa la Presidencia).


El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.


Señorías, vamos a someter las enmiendas a votación.


Empezamos con el Grupo Mixto. En primer lugar, votamos las
enmiendas números 11 y 14.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 211; votos emitidos, 210; a favor, 63; en contra, 142;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 1 a 10, 12, 13 y 15.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 58; en contra, 144;
abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. En primer lugar, votamos
las enmiendas números 52 y 53.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 211; a favor, 13; en contra, 144;
abstenciones, 54.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 59.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 211; a favor, 13; en contra, 145;
abstenciones, 53.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 54 a 58.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 209; votos emitidos, 207; a favor, 12; en contra, 144;
abstenciones, 51.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, originariamente
presentadas por el Grupo de Convergència i Unió. En primer lugar, votamos
la enmienda número 77.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 211; a favor, 67; en contra, 144.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 78.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 211; votos emitidos, 209; a favor, 13; en contra, 196.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 80.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 209; a favor, 12; en contra, 197.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 79 y 88.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 210; a favor, 12; en contra, 144;
abstenciones, 54.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 81 y 82.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 211; a favor, 11; en contra, 144;
abstenciones, 56.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 83 a 87.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 210; a favor, 12; en contra, 144;
abstenciones, 54.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de la Entesa. En primer lugar,
votamos la número 29.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 211; votos emitidos, 210; a favor, 60; en contra, 144;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 22, 26, 27, 30, 31 y 48.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 211; a favor, 55; en contra, 144;
abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 16, 17, 20, 21, 23, 24, 28, 32, 49
y 50.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 211; a favor, 62; en contra, 144;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 43.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 211; votos emitidos, 210; a favor, 62; en contra, 143;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 33 a 42 y 44 a 47.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 211; a favor, 56; en contra, 144;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar,
votamos la número 72.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 211; a favor, 61; en contra, 144;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 67, 68, 75 y 76.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 210; a favor, 62; en contra, 143;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 60 a 66, 69 a 71, 73 y 74.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 211; a favor, 57; en contra, 141;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de
ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones
anteriores.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 210; votos emitidos, 209; a favor, 154; abstenciones, 55.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 212; votos emitidos, 212; a favor, 152; en contra, 5;
abstenciones, 55.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del
texto definitivo por S. M. el Rey.









AUTORIZACIÓN PARA TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA.





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 28/1990, DE 26
DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO
Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA


551/000060



El señor presidente da lectura a los puntos 7.2. y 7.2.1.


El señor PRESIDENTE: La Mesa del Senado, oída la Junta de
Portavoces, en su reunión del día 26 de mayo de 2015, ha resuelto
proponer al Pleno de la Cámara que acuerde que este proyecto de ley se
tramite directamente y en lectura única, de conformidad con el
artículo 129 del Reglamento del Senado.


Ha habido votación telemática. Ha utilizado su voto la senadora
Coralí Cunyat, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió, que ha votado afirmativamente.


¿Puede autorizarse por asentimiento la aplicación de este
procedimiento? (Asentimiento).


Muchísimas gracias.


Señorías, teniendo en cuenta también el voto de la senadora
Cunyat, queda autorizada la tramitación de la iniciativa por el
procedimiento de lectura única.


A continuación, señorías, se reunirán Mesa y Portavoces de la
Comisión de Justicia en la sala 20001-A.


Señorías, buenas tardes a todos. Se levanta la sesión.


Eran las veinte horas y quince minutos.