El señor presidente da lectura al punto 5.

El señor PRESIDENTE: Esta moción del Grupo Parlamentario Popular
ha sido retirada

El señor presidente da lectura al punto 5.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos
enmiendas: una del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y
otra del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la moción,
tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular y por tiempo de
quince minutos, la senadora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días a todos.

La primera vez que vi un anuncio en televisión promocionando el
juego online, lo protagonizaba un deportista muy reconocido que invitaba
a jugar al póquer online con él. Lo cierto es que en aquel momento me
asaltaron una serie de pensamientos —desde luego no el deseo de
jugar al póquer online— sobre qué difícil o qué fácil se lo
estábamos poniendo, dependiendo de cómo se mire, a aquellas personas que
tienen un problema de adicción al juego, ya que con un clic para entrar
en el ordenador podían acceder muy fácilmente a él. Y me asaltó sobre
todo una preocupación muy especial al pensar cómo podía afectar ese
bombardeo permanente de publicidad del juego online a los adolescentes y
a los jóvenes.

Esta preocupación se debe a tres razones. En primer lugar, es
cierto que la inmediatez y la facilidad de acceso al juego online frente
al juego presencial supone un factor que contribuye a que aumenten el
número de casos de adicción al juego. En segundo lugar, este juego online
va a suponer un ámbito de actuación sobre todo para aquellas personas que
están habituadas a los entornos digitales, especialmente la población más
joven. En tercer lugar, confluyen dos ámbitos potencialmente adictivos:
el juego, la ludopatía y la adicción a internet. Como todos ustedes
saben, hay un número bastante elevado de españoles que tienen problemas
de adicción al juego, aunque las cifras varían de unos estudios a otros,
por lo que voy a tomar como referencia las que se pusieron de manifiesto
en un estudio que hizo el Procurador del Común de mi Comunidad Autónoma,
Castilla y León, sobre esta materia. En él se decía que aproximadamente
un 2 % de la población adulta y adolescente tenía un problema de adicción
patológica al juego, y señalaba que había otro 3 % de población que tenía
un problema con el juego aunque esas personas no estaban diagnosticadas
como ludópatas porque no había transcurrido el tiempo suficiente o no
habían acudido a consulta. Por tanto, hay aproximadamente un millón de
españoles adultos y adolescentes con problemas relacionados con el juego.
Dado que la ludopatía es una enfermedad social, a ello habría que añadir
el entorno familiar de los jugadores, que son los que sufren más
directamente las consecuencias emocionales y económicas derivadas de
ello, aparte de que también hay que tener en cuenta que los fenómenos de
ludopatía en ocasiones acaban degenerando en problemas de desintegración
familiar.

Por tanto, la facilidad para el acceso al juego online es un
factor que va a determinar que en los próximos años aumenten en España
estos casos de ludopatía, algo que ya se está ocurriendo hoy. Creo que ha
llegado el momento de dar pasos decisivos para evitar que se produzca un
aumento de casos de ludopatía y para que no se produzca ese cambio del
perfil del jugador que estamos viendo que deriva cada vez más hacia
personas más jóvenes. Hay estudios que dicen que la edad de inicio del
juego está en torno a los 20 años y hay estudios epistemológicos que
dicen que esto está propiciando una adicción al juego en niños y
adolescentes mayor que en los adultos.

En segundo lugar, confluye aquí otro ámbito potencialmente
adictivo, y me refiero a la adicción o al uso compulsivo de internet, una
patología extendida hoy a nivel mundial y que en España tiene una
incidencia especial. Hay un estudio, Hábitos de medios en el mundo,
realizado por NOP World, donde se señala que España es el tercer país del
mundo por detrás de Taiwan y Tailandia en problemas de adicción
compulsiva a internet. En el ámbito de la Unión Europea se realizó un
estudio, una investigación sobre los hábitos de uso de internet de los
adolescentes entre 14 y 17 años. Y si bien es cierto que en España el
porcentaje no es muy elevado porque es el 1,5 % de los adolescentes de
esa edad —14 a 17 años— los que tienen problemas de adicción
a internet, sí que son preocupantes los datos que hablan de las conductas
disfuncionales, es decir, aquellas que hoy por hoy no son manifiestamente
de adicción a internet pero que pueden acabar siéndolo a lo largo del
tiempo. En este caso, en España tenemos un porcentaje que supera el 21 %,
mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en el 12,7 %. Son unas
cifras demasiado elevadas. Es un círculo vicioso donde la adicción a
internet puede acabar degenerando en adicción al juego online y el juego
online puede acabar incidiendo también en la adicción a internet.

Por eso, el Grupo Parlamentario Popular considera que ha llegado
el momento de dar un impulso político, precisamente con el debate de hoy
y la aprobación de esta moción, con el fin, como ya he dicho con
anterioridad, de dar pasos hacia adelante para evitar sobre todo el
impacto de la publicidad del juego online en jóvenes y adolescentes, y
sentar unos límites claros para terminar con esa tolerancia social hacia
el juego, de modo que nuestros jóvenes no lo vean como una actividad
normal.

Así pues, presentamos una moción que aunque inicialmente tenía 5
puntos, después del trabajo que hemos realizado —quiero agradecer a
todos los ponentes su disponibilidad para el diálogo— ha pasado a
tener 6 puntos. Es una moción muy completa y creo que hoy esta Cámara, el
Senado, da un paso importante para hacer frente a esta problemática del
impacto que puede tener la publicidad del juego online sobre los jóvenes,
para que esta publicidad no se dirija específicamente a ellos y no les
cause una influencia negativa.

En cuanto a los puntos de la moción, en primer lugar, solicitamos
que se comience el procedimiento de elaboración del que será el
reglamento de publicidad y de juego responsable, que va a desarrollar los
artículos 7 y 8 de la Ley 13/2011, de regulación del juego. Quiero
reconocer y señalar que en mi grupo valoramos muy positivamente el
trabajo hecho por parte del Ministerio de Hacienda. Ya saben ustedes que
la Dirección General de Ordenación del Juego junto con la Asociación para
la Autorregulacion de la Actividad Comercial (Autocontrol) firmaron ya en
2011 un acuerdo de corregulación del patrocinio, publicidad y promoción
de las actividades de juego online. Posteriormente, en el año 2011, se
firmó también entre la citada Asociación y la Subdirección General de
Contenidos de la Sociedad de la Información un nuevo acuerdo para
alcanzar un código de conducta de las comunicaciones comerciales del
juego online. Ese código de conducta está aprobado y es cierto que
establece una serie de previsiones y de principios éticos, siendo uno de
ellos, precisamente, la protección de los menores. Queremos reconocer,
como he dicho, ese trabajo que se ha hecho y creemos que ha llegado el
momento de dar ese paso hacia adelante y regular este reglamento de la
publicidad y del juego responsable. He de decir que este reglamento será,
por supuesto, respetuoso, como no podía ser de otra manera, con la
distribución constitucional de competencias entre Estado y comunidades
autónomas.

En segundo lugar, incluimos la necesidad de restringir los
horarios de las publicaciones comerciales del juego online para proteger
a los menores. El código de conducta ya establece ahora unas precisiones
al respecto con horarios de máxima protección y discriminando el tipo de
publicidad del juego online en función del juego de que se trate, ya que
no todos tienen el mismo potencial adictivo. Sin embargo, consideramos
que es necesario revaluar estos límites horarios y hacerlos más
estrictos, con el fin de proteger a los menores.

En tercer lugar, pedimos la prohibición total de comunicaciones
comerciales del juego online en aquellos espacios dirigidos
específicamente a menores, como podrían ser webs, aplicaciones o páginas
de internet.

En cuarto lugar, hay que seguir incidiendo y desarrollando
campañas de sensibilización dirigidas a la población de mayor riesgo y a
los menores. Es verdad que aquí se ha hecho un gran trabajo, y yo querría
señalar, sobre todo, la creación de la página web Juego seguro y el hecho
de que se incluya en las comunicaciones comerciales la leyenda Juega con
responsabilidad. Consideramos que ese es el camino, que se debe seguir
avanzando y desarrollando campañas e iniciativas para sensibilizar a los
jóvenes de que el juego no es una actividad normal. Querría valorar muy
positivamente el hecho de que se haya incluido entre las acciones de la
Estrategia para la población infantil y juvenil 2013/2016 la de
desarrollar en el ámbito escolar actividades dirigidas a prevenir todo
tipo de adicciones y, entre ellas, la adicción al juego.

En quinto lugar, y este es uno de los puntos más novedosos,
incluimos la necesidad de establecer restricciones al patrocinio
deportivo. A este respecto, me gustaría destacar que existe una
resolución o propuesta de la Unión Europea de julio de 2014 que parte
señalando que aunque es cierto que las empresas de juegos son grandes
patrocinadores de actos y eventos deportivos, hay que establecer una
serie de normas para que este patrocinio sea, sobre todo, transparente y
responsable, en especial en aras a proteger a los menores. Por lo que
respecta al patrocinio de actos y eventos deportivos destinados a
menores, establece una serie de prohibiciones o de recomendaciones a los
Estados miembros. En primer lugar, que no se permita el patrocinio en
actos pensados para menores o destinados a ellos. Y, en segundo lugar,
que no se utilice material promocional de la parte patrocinadora en
productos públicos pensados para menores o destinados principalmente a
ellos.

Nosotros consideramos que este debe ser el mínimo a partir del
cual seguir trabajando y que, desde luego, se debe regular con mucha
responsabilidad esta restricción de la promoción del juego online en
patrocinios deportivos, porque son mensajes que van llegando y debemos
evitar, como he dicho ya en reiteradas ocasiones, que nuestros menores,
nuestros adolescentes, nuestros jóvenes vean el juego online como una
actividad normal.

En sexto lugar, hemos incluido un punto sobre la necesidad de
seguir desarrollando una regulación clara y precisa de los programas de
incitación al juego y también sobre la posibilidad de estudiar la
inclusión en la estrategia de juego responsable de la eliminación de las
técnicas de inducción para los sectores más vulnerables, en especial, los
menores. Es una cuestión en la que se debe seguir avanzando también y
creemos que se debía incluir como sexto y nuevo punto en esta
moción.

Yo quisiera terminar haciendo una reflexión final. Creo que no
lanzamos un mensaje adecuado a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes,
cuando se les está bombardeando constantemente con publicidad, sobre todo
si está protagonizada por deportistas conocidos y famosos que les están
invitando a jugar online porque, realmente, lo que estamos haciendo es
que vean el juego online como algo normal y eso es algo que hay que
desterrar.

Realmente, el juego no es un juego. Si aprobamos hoy todos los
grupos de esta Cámara esta moción, creo que vamos a dar un paso muy
importante en esa dirección, en la de transmitir, sobre todo a los
sectores más vulnerables y en especial a los jóvenes, que el juego no es
un juego.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Franco.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario de la
Entesa, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Señor presidente, si me permite, hemos
firmado una transaccional, por lo que entiendo que decaen.

El señor PRESIDENTE: Muy bien, lo que pasa es que todavía no ha
llegado aquí la transaccional; entonces, yo tengo que seguir cumpliendo
el rito y el procedimiento. De todas maneras, usted puede manifestar la
retirada o el decaimiento de la enmienda, y proseguimos.

El señor BRUGUERA BATALLA: Está firmada, así que en todo caso la
enmienda decae, porque está perfectamente incorporada.

El señor PRESIDENTE: Entiendo que la del Grupo Parlamentario
Socialista, senador Cascallana, también decae. (Asentimiento).

Pasamos, por lo tanto, al turno en contra. (Pausa).

No hay turno en contra.

Vamos, entonces, al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero felicitar a la senadora Franco por esta
iniciativa. No obstante, se ha llegado a una transaccional que mejora la
moción inicial y con la que creo que se da un paso muy positivo al
mezclarse tres cosas: el deporte, el juego e internet. El juego online no
es malo pero, evidentemente, hay que proteger a nuestros menores.

De esta iniciativa me gustan especialmente dos cosas: la
estrategia del juego responsable y la protección en los horarios. Es
fundamental incidir en la importancia de un juego responsable,
especialmente entre los adolescentes y jóvenes. Se puede jugar por
internet, pero responsablemente. También resulta fundamental la
protección en cualquier horario deportivo, especialmente cuando se dirige
a los menores, y en las redes o aplicaciones dirigidas a los adolescentes
seguimos viendo muchísima publicidad de juego online, pero la moción
recoge claramente su retirada.

También supone un paso muy importante la restricción de los
patrocinios deportivos, aunque seguramente avancemos mucho más. En
algunos países europeos ya se prohíbe totalmente el patrocinio deportivo
de las casas de apuestas y juegos online, y no solo en el ámbito
adolescente y juvenil, sino para cualquier tipo de deporte y en cualquier
horario. Creo que este paso es muy importante, así como la regulación de
un reglamento del juego online.

El grupo de Coalición Canaria quiere felicitar a la senadora del
Grupo Parlamentario Popular por esta iniciativa y a todos los grupos por
haber firmado una transaccional que vamos a votar a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Muchas gracias, señor presidente. Y, si
me lo permite, intervengo desde el escaño.

Yo también me tengo que felicitar en lo que nos corresponde, pero,
sobre todo, quiero felicitar a la senadora. Y paso a hablar un poco del
tema que nos ocupa.

Evidentemente, este tema es complicado, pues hay que conseguir un
equilibrio lo más estable posible entre el derecho a un ocio responsable
—como ha dicho el senador Quintero, una práctica responsable del
juego—, el derecho de la sociedad a defenderse de las prácticas
abusivas que puedan derivarse de esta actividad del juego y puedan ser
socialmente nocivas y, también, el derecho de las empresas del sector que
desarrollan una actividad legal, están dentro de la ley y quieren,
evidentemente, obtener beneficios. Pero para mí es importante, sobre
todo, la necesidad imperiosa de preservar a los menores y a cualquier
población vulnerable de los impactos negativos que la actividad del juego
pueda tener.

Por lo tanto, el equilibrio es muy difícil y su búsqueda, también.
Si a esto añadimos el término online y la posibilidad de jugar en eso que
tan poéticamente llamamos la nube, que parece que está formada por
querubines y en realidad la cosa tiene su tela, somos conscientes de la
complicación del tema del que estamos hablando.

Nosotros, evidentemente, estamos de acuerdo con la necesidad de
una regulación reglamentaria de la publicidad en el juego online.
Evidentemente, las comunidades autónomas tienen su parcela de trabajo y
su obligación de gestionar una parte del juego y el Estado tiene otra,
pero creo que incluso habría que tirar por elevación a instancias
superiores, porque lo online es lo que tiene, que es online, y online
puede ser cualquier cosa y puede venir desde cualquier sitio. En ese
sentido, uno puede pensar que está jugando aquí, en Navalcarnero, y
resulta que está jugando en Singapur.

Entendemos que debe haber una prohibición total, en espacios
físicos y no físicos, de la publicidad destinada al juego y los menores.
Es imprescindible incidir, evidentemente, en las campañas de
sensibilización, concienciación y prevención, en general para toda la
población, y más específicamente para los menores y las personas en
riesgo.

Pero hay algo nos parece muy interesante y que es muy complicado
de gestionar, y es que a todos los derechos que he comentado antes hay
que añadir los derechos de los clubes de fútbol a sobrevivir. Por lo
tanto, la restricción o regulación de la promoción y publicidad en los
productos del juego, mediante el patrocinio de los equipos, hay que
abordarla desde la sensatez, pero también desde la realidad y siendo
conscientes del impacto que esto tiene en la población en general, sobre
todo cuando hablamos de deportes masivos como puede ser el fútbol.

He felicitado a la senadora Franco por su trabajo, y lo vuelvo a
hacer porque me gustaría que visualizáramos lo fácil que es llegar a
consensos en esta Cámara cuando los temas de los que se habla son temas
que verdaderamente nos preocupan a todos, que no son temas de cupo, que
no son temas de lucimiento, que no son temas de apoyo al Gobierno porque
sí, y, sobre todo —alguna vez también lo he dicho, incluso he
recomendado a algún senador que diera clases particulares en su grupo,
hablo del Grupo Popular— porque cuando la persona que trae el tema
se empeña en que salga, le dedica horas, habla con todo el mundo, llega a
acuerdos. Esta Cámara es receptiva a eso —todos los grupos somos
receptivos a eso—, el movimiento se demuestra andando, y esta es la
demostración precisamente de ello. Por lo tanto, lo que sí le
recomendaría a la senadora Franco, como hice una vez al senador Alarcó,
es que hagan un máster para que esto que ha sucedido hoy se generalice en
el resto de iniciativas del Grupo Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gràcies, senyor president. Senyories,
bon dia.

Efectivament, la Llei 13/2011, de Regulació del Joc, autoritzava
per primera vegada al nostre país el joc online, el joc per Internet. No
estem pas parlant de fa molts anys; estem parlant de fa poc més de tres
anys. Fins aleshores, per tant, cal pensar que el joc online no estava
autoritzat a casa nostra; és a dir, entre cometes, deuria estar prohibit,
tot i que algunes empreses, com tos sabem —per exemple
Betandwin—, ja actuaven d’una manera alegal, entre cometes,
des de feia temps, per exemple patrocinant un equip de futbol des de
l’any 2010, el Reial Madrid. D’altra banda, el Reial Decret
1614, també de l’any 2011, desenvolupa la llei, però només ho fa en
els aspectes relacionats amb llicències i autoritzacions, amb garanties
en el desenvolupament de la relació del joc, els pagaments, abonaments,
premis, registre de joc, títols habilitants, etcètera. És a dir, regula i
desenvolupa la llei, però només en aspectes procedimentals,
administratius i de posada en marxa de la llei i, per tant, de posada en
marxa del joc online. Quan parlem del joc online ens referim
fonamentalment al pòquer online, a les apostes esportives i als jocs de
casino, però practicats online.

Quatre anys després de l’aprovació de la llei queden, al
nostre parer, molts altres aspectes per desenvolupar, tal com reclama des
de fa temps Fejar, la Federació Espanyola de Jugadors d’Atzar
Rehabilitats. Especialment, tal com ha dit també la senadora Franco,
relacionats amb els articles 7 i 8 de la llei, és a dir, el patrocini, la
publicitat i la promoció de les activitats del joc, que és al que fa
referència l’article 7, i la protecció adequada als consumidors en
general, i les conegudes com a polítiques de joc responsable, que són les
que es tracten a l’article 8 de la llei. En aquest cas,
especialment, la protecció i empara dels col·lectius més vulnerables i en
risc, com són els menors i les persones amb trastorns, les persones amb
ludopaties.

Per fer-nos una idea, el mateix any de l’aprovació de la
llei —el 2011— la despesa del joc online a Espanya estava
situada al voltant dels 3.000 milions d’euros, aproximadament un
10 % de la despesa total en jocs: casinos, bingos, Loteria Nacional,
Loteria Primitiva i altres de similars, travesses, l’ONCE, màquines
escurabutxaques, etcètera. I el joc online, el primer any
—repeteixo—, ja superava la despesa del casinos, els bingos,
les travesses i l’ONCE. El 2012, un any després, el joc online ja
representava al voltant dels 5.000 milions d’euros de despesa, i a
l’entorn del 20 % del total, situant-se ja en segon lloc, darrere
únicament de les màquines escurabutxaques. En un altre sentit
—potser també val la pena dir-ho—, el joc online aporta
aproximadament a l’erari públic espanyol, a Hisenda, per impostos,
uns 50 milions d’euros l’any, i les empreses de joc online
cada any es gasten al voltant de 140 milions d’euros en publicitat.
Per posar tres exemples, tots hem vist Rafa Nadal i Ronaldo —el
brasiler— jugant al pòquer mentre es vesteixen i es fan el nus de
la corbata; o el contracte de Power8 amb el Reial Club Esportiu Espanyol,
que representa 40 milions d’euros en set anys; o les
retransmissions esportives, ja sigui a la televisió o ja sigui a la
ràdio, constantment els mateixos locutors comenten com estan les apostes
i els guanys en funció de si marca gol aquest d’aquí deu minuts, o
qui serà el primer que marcarà, quin serà el resultat, quin equip
guanyarà, etc.

Per tant, la pregunta seria: per què generen tanta despesa els
jocs online. Segons va manifestar en la seva compareixença davant la
Comissió mixta per a l’estudi del problema de les drogues el senyor
Mariano Chóliz Montañés, professor de Psicologia de la Universitat de
València i expert en aquest tema, en primer lloc, perquè els jocs online
tenen les mateixes característiques que les màquines escurabutxaques. És
a dir, resultat immediat, resultat al segon, són fàcils, estan molt a
l’abast, àmpliament disponibles; gairebé a cada bar n’hi ha,
de màquines escurabutxaques. I afegia, en segon lloc, en el cas del joc
online, tenen altres característiques que els fan més addictius que els
jocs presencials: la comoditat, la facilitat i que es poden consumir
sense necessitat d’estat en un espai públic, a través de
dispositius mòbils, de telèfons mòbils. Estem parlant, per tant,
d’un tipus de joc altament addictiu i ludòpata. Es calcula que a
Espanya prop d’un milió de persones estan afectades per ludopaties.
El propi president de Fejar diu —i llegeixo textualment— «un
millón son bastantes más que las personas afectadas por alguna enfermedad
importante, ante la que se adoptan protocolos urgentes de actuación».
Segons el professor Chóliz, transcorreguts poc més de dos anys de
l’aprovació de la llei, el 70 % en tractament per patologies ho
eren per addició a les màquines escurabutxaques, i les persones que ho
eren pel joc online ha representaven el 8 %, superant bingos, casinos,
etc. Estem parlant, doncs, d’una patologia creixent, d’una
patologia en augment, d’una patologia emergent que pot derivar en
un gran problema de salut pública.

Nosaltres, senyories, en el debat que es podria suscitar entre
prohibició i regulació, ens posicionem clarament —i ho volem
dir— al costat d’aquesta darrera opció, és a dir, al costat
de la regulació, i per tant, de la prevenció; prevenció amb mesures
socioeducatives, programes d’informació, de conscienciació,
campanyes divulgatives, programes de prevenció a l’escola, etc. I
també prevenció en les polítiques del joc, és a dir, de regulació del
joc, millorant, per exemple, el Registre d’Interdiccions, el
registre d’autoexclusions, o revisant i millorant
l’Estratègia de Joc Responsable, aprovada al juliol del 2013.

I en aquest clar posicionament per la regulació i la prevenció,
que compartim, s’emmarca la moció que presenta la senadora Franco,
a qui també vull agrair. Nosaltres valorem molt positivament la seva
moció; ens consta la seva preocupació i que hi ha treballat molt. Però
crèiem que la moció original es quedava curta, especialment perquè
parlava fonamentalment de regular els aspectes relacionats amb la
publicitat, és a dir, l’article 7 de la llei, i nosaltres creiem
que era important afegir-hi —i aquesta era la nostra esmena—
la necessitat de regular també reglamentàriament la protecció dels
consumidors i el joc responsable. Per tant, s’hi ha afegit això, i
nosaltres ho valorem molt positivament. S’ha arribat a un acord que
valorem, i per tant, votarem afirmativament.

Evidentment, es podia haver parlat de molts altres aspectes, i la
moció podia haver estat molt llarga. Per exemple, es podria parlar de les
escurabutxaques online, les conegudes com a slots online; o les apostes
creuades; o el denominat joc gratuït, que al final acaba no sent gratuït
en la majoria dels casos; o la pràctica dels bonus, la incitació a jugar
a través de «comença, et deixo 300 euros, aprèn-ne i després ja pagaràs»;
o la revisió de l’Estratègia del Joc Responsable, o, com he dit, el
tema de les interdiccions o les autoexclusions. Però creiem que això cap
perfectament en la regulació a partir del desenvolupament dels articles 7
i 8 de la llei.

Acabo, senyories, amb dues cites de les dues persones que he citat
en el decurs de la meva intervenció. El senyor Mariano Chóliz diu,
textualment: «Permítanme que haga una cita textual de la American
Psychiatric Association, la Asociación Americana de Psiquiatría, para
calificar en la actualidad lo que tradicionalmente se considera
ludopatía, la adicción al juego. El argumento, que aparece en el DSM V,
que es el actual manual de clasificación de los trastornos mentales, dice
que ha habido un incremento de evidencias consistentes de que jugar
activa el sistema cerebral de recompensa de forma similar a como lo hacen
las drogas de abuso, y que provoca una patología cuyos síntomas clínicos
son comparables a los que provocan las drogas; es decir, estamos hablando
de un trastorno mental, de una enfermedad grave que afecta no solamente
al individuo, sino también muy singularmente a la familia».

I finalment, el senyor Mariano Gutiérrez, el president de Fejar,
que diu: «También deben hacerse campañas y anuncios televisivos, igual
que hay anuncios de prevención del alcohol, de la droga y del tabaco». I
continua: «Si a todos los efectos la ludopatía está ya equiparada al
alcohol, la droga y el tabaco, ¿por qué no lo equiparamos en todo lo
demás? Para nuestro colectivo, por lo menos, es una exigencia».

I acabo, senyories, amb una frase meva: per a que un guanyi, molts
han de perdre.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

Efectivamente, la Ley 13/2011, de regulación del juego, autoriza
por primera vez en nuestro país el juego online, el juego a través de
internet; por lo tanto no hablamos de hace muchos tiempo, sino de hace
poco más de tres años. Hasta entonces, como podemos ver, el juego online
no estaba autorizado aquí; es decir, entre comillas, estaba prohibido, a
pesar de que algunas empresas, como todos sabemos, por ejemplo,
Betandwin, ya actuaban de una forma alegal desde hacía tiempo,
patrocinando un equipo de fútbol desde el año 2010: el Real Madrid. Por
otra parte, el Real Decreto 1614/2011 desarrolla la ley, pero solo en los
aspectos relacionados con licencias y autorizaciones, con garantías en el
desarrollo de la relación del juego, los pagos, abonos, premios, registro
de juego, títulos habilitantes, etcétera, es decir, regula y desarrolla
la ley pero solo en aspectos procedimentales, en aspectos administrativos
y en la puesta en marcha de la ley; por tanto, en la puesta en marcha del
juego online. Cuando hablamos del juego online nos referimos
fundamentalmente al póquer online, a las apuestas deportivas y a los
juegos de casino, pero practicados online.

Cuatro años después de la aprobación de la ley quedan, a nuestro
entender, muchos otros aspectos por desarrollar, tal como reclama desde
hace tiempo Fejar, Federación Española de Jugadores de Azar
Rehabilitados. Especialmente, tal como ha dicho también la senadora
Franco, los relacionados con los artículos 7 y 8 de la ley, es decir, el
patrocinio, la publicidad y la promoción de las actividades del juego,
que es a lo que hace referencia el artículo 7, la protección adecuada a
los consumidores en general y las conocidas como políticas de juego
responsables, que son las que trata el artículo 8 de la ley; en este caso
especialmente la protección y el amparo de los colectivos más vulnerables
y en riesgo, como son, evidentemente, los menores y las personas con
trastornos, las personas con ludopatía.

Para hacernos una idea, el mismo año de la aprobación de la ley
—el año 2011— el gasto del juego online en España se situaba
alrededor de los 3000 millones de euros; aproximadamente, un 10 % del
gasto total en juegos: casinos, bingos, loterías nacionales, loterías
primitivas y en otros similares, como quinielas, la ONCE, máquinas
tragaperras, etcétera. El juego online el primer año, repito, ya superaba
el gasto de los casinos, los bingos, las quinielas y la ONCE. En 2012, un
año más tarde, el juego online representaba ya alrededor de los 5000
millones de euros de gasto, y en torno al 20 % del total, situándose, en
segundo lugar, solo por detrás de las máquinas tragaperras. En otro
sentido, también —quizás valga la pena decirlo— el juego
online aporta al erario público español, a Hacienda, aproximadamente, por
impuestos, unos 50 millones de euros al año; y las empresas de juego
online cada año se gastan alrededor de 140 millones de euros en
publicidad. Por poner tres ejemplos, todos hemos visto a Rafa Nadal y a
Ronaldo —el brasileño— jugar al póquer mientras se visten y
se hacen el nudo de la corbata, o el contrato de Power8 con el Real Club
Deportivo Español, que representa 40 millones de euros en siete años; o
las retransmisiones deportivas, ya sea por televisión o por radio, en las
que, constantemente, los mismos locutores comentan cómo están las
apuestas y las ganancias en función de si marca gol este en diez minutos
o quién va a ser el primero que marque, cuál va a ser el resultado, qué
equipo va a ganar, etcétera.

Por tanto, señorías, mi pregunta es ¿por qué generan tanto gasto
los juegos online? En la comparecencia ante la Comisión Mixta para el
Estudio del Problema de las Drogas, el señor Mariano Chóliz Montañés,
profesor de Psicología de la Universidad de Valencia y experto en este
tema, manifestó, en primer lugar, que los juegos online tienen las mismas
características que las máquinas tragaperras, es decir, resultado
inmediato, resultado al segundo, son fáciles, están al alcance de todos y
son ampliamente disponibles pues prácticamente en cualquier bar hay
máquinas tragaperras. Y, en segundo lugar, añadía que los juegos online
tienen otras características que los hacen más adictivos que los juegos
presenciales: la comodidad, la facilidad y la posibilidad de jugar a
través de dispositivos móviles, sin necesidad de estar en un espacio
público Estamos hablando, pues, de un juego altamente adictivo y
ludópata. Se calcula que en España cerca de un millón de personas están
afectadas por ludopatías. El propio presidente de Fejar dice —leo
textualmente—: un millón es bastante más que las personas afectadas
por alguna enfermedad importante, ante la que se adoptan protocolos
urgentes de actuación. Según el profesor Chóliz, transcurridos poco más
de dos años de la aprobación de la ley, el 70 % de las personas en
tratamiento por patologías lo eran por adicción a las máquinas
tragaperras, y quienes lo eran por el juego online representaban el 8 %,
superando a bingos, casinos, etcétera. Estamos hablando, pues, de una
patología creciente, de una patología en aumento, de una patología
emergente que puede derivar en un gran problema de salud pública.

Nosotros, señorías, en el debate que se podría suscitar entre
prohibición y regulación nos posicionamos claramente, y queremos decirlo,
por esta última opción, es decir, por la regulación y, por tanto, por la
prevención con medidas socioeducativas, programas de información, de
concienciación, campañas divulgativas, programas de prevención en
escuelas, etcétera, y también por la prevención en las políticas del
juego, es decir, de regulación del juego, mejorando, por ejemplo, el
registro de interdicciones y de autoexclusiones o revisando y mejorando
la Estrategia de juego responsable, aprobada en julio de 2013.

Y en este claro posicionamiento por la regulación y la prevención,
que compartimos, se enmarca la moción que presenta la senadora Franco, a
quien quiero agradecer su trabajo que nosotros valoramos muy
positivamente. Nos consta su preocupación por este asunto pero creíamos
que la moción original se quedaba corta, especialmente porque hablaba
fundamentalmente de regular los aspectos relacionados con la publicidad,
es decir, el artículo 7 de la ley, y que era importante añadir también
—por ello presentamos esta enmienda— la necesidad de regular
reglamentariamente la protección de los consumidores y el juego
responsable. Por tanto, valoramos muy positivamente que se haya añadido
este punto y que se haya llegado a un acuerdo, por lo que vamos a votar a
favor de la moción.

Evidentemente, se podría haber hablado de muchos otros aspectos,
por ejemplo, de las tragaperras online, conocidas como slots online; las
apuestas cruzadas; el denominado juego gratuito, que al final acaba no
siendo gratuito en la mayoría de los casos; la práctica de los bonus; la
incitación a jugar a través de: Empieza, te dejo 300 euros, aprende, y
luego ya pagarás; la revisión de la estrategia del juego responsable o,
como he dicho anteriormente, de las interdicciones y las autoexclusiones,
con lo que la moción habría sido muy larga, pero consideramos que eso
cabe perfectamente en la regulación a partir del desarrollo de los
artículos 7 y 8 de la ley.

Acabo, señorías, si me lo permiten, con dos frases de las dos
personas que he citado en el transcurso de mi intervención. Don Mariano
Chóliz dice textualmente: «Permítanme que haga una cita textual de la
American Psychiatric Association, la Asociación Americana de Psiquiatría,
para calificar en la actualidad lo que tradicionalmente se considera
ludopatía, la adicción al juego. El argumento que aparece en el DSM-5,
que es el actual manual de clasificación de los trastornos mentales, es
que ha habido un incremento de evidencias consistentes de que jugar
activa el sistema cerebral de recompensa de forma similar a como lo hacen
las drogas de abuso, y que provoca una patología cuyos síntomas clínicos
son comparables a los que provocan las drogas. Es decir, estamos hablando
de un trastorno mental, de una enfermedad grave que afecta no solo al
individuo, sino también muy singularmente a la familia.»

Y por último, el don Máximo Gutiérrez, presidente de Fejar dice:
«También deben hacerse campañas y anuncios televisivos, igual que hay
anuncios de prevención del alcohol, de la droga y del tabaco.» Y
continúa: «Si a todos los efectos la ludopatía está ya equiparada al
alcohol, la droga y el tabaco, ¿por qué no lo equiparamos en todo lo
demás? Para nuestro colectivo, por lo menos, es una exigencia.»

Y termino, señorías, con una frase mía, y es que para que uno
gane, muchos tienen que perder.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra
el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gràcies, senyor president. Bon dia,
senyories.

Fa escassos mesos es va presentar al plenari del Senat
l’informe amb les conclusions i les recomanacions de la ponència
per a l’estudi dels riscos derivats de l’ús de la xarxa per
part dels menors, ponència que durant un any i mig havia estudiat
Internet, les xarxes socials i el seu ús pels menors, i els riscos que
aquest fet comporta.

En aquesta ponència, hi vam participar, entre d’altres, el
senador Bruguera i jo mateix; i hi hem anat a pescar cites i reflexions
de part dels compareixents, com el professor de la Universitat de
València Mariano Chóliz, i per tant em sentiran repetir algun argument o
fer esment d’






algunes dades que ja ha dit el senador Bruguera.

En aquesta ponència, diverses de les persones compareixents van
manifestar el seu temor amb relació als menors i al joc online, factor de
risc de creixent preocupació. És una activitat que, a l’Estat
espanyol, tot i estar regulada per la Llei 13/2011, del 27 de maig, des
d’aleshores mostra una clara tendència a l’alça. Com deia el
senador de l’Entesa, l’any 2012 és l’única de les
modalitats de joc que puja, estimant-s’hi una despesa a
l’entorn del 5 milions d’euros, gairebé duplicant la despesa
de l’any anterior.

El risc associat al joc resideix en la seva potencialitat per
convertir-se en addicció. El professor Mariano Chóliz, professor titular
de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València, va explicar a
la ponència que la denominada ludopatia, o joc patològic, es considerada
com a un trastorn addictiu, categoritzat per l’Associació Americana
de Psiquiatria com a drogodependència, en haver-se trobat evidències
consistents que el joc activa el sistema cerebral de recompensa de forma
similar a com ho fan les drogues d’abús, i que els símptomes
clínics dels trastorns provocats pel joc són similars als que provoquen
les drogues.

Des d’aquesta perspectiva, segons el senyor Chóliz, el joc
online ja és la segona modalitat de joc a provocar addicció, solament
darrere de les màquines escurabutxaques. I això és així perquè el joc
online presenta —com explicava també el senador Bruguera—
unes característiques que estructuralment el fan molt perillós:
accessibilitat, perquè s’hi pot jugar des dels mòbils; immediatesa
del premi, i aprofitament de tots els recursos que ofereixen les noves
tecnologies, com per exemple, els bonus de benvinguda.

Suscitaven especial preocupació determinats comportaments, i entre
ells del joc online, que resulten nocius per als menors, en tant que
poden causar-los un perjudici físic, psíquic o moral, i també els riscos
derivats de determinades conductes en què el menor té alguna
participació, voluntària o involuntària, que poden afectar a béns
jurídics diversos, com la integritat física o psíquica del menor. La
prevenció i la resposta eficaç en front del joc online constitueixen, per
tant, un objectiu irrenunciable dels poder públics.

Deia l’informe, en l’apartat de conclusions, que un
nivell acceptable de seguretat de la xarxa té a veure també amb la
protecció dels menors amb relació al joc online i la publicitat online.
Al primer d’aquests àmbits, l’acció dels poders públics ha
d’aprofundir per via normativa en la protecció dels menors, des del
punt de vista de la incidència dels diferents tipus de joc i la
publicitat. Pel que fa als riscos associats a la publicitat online,
l’autoregulació i la supervisió dels poders públics s’han de
dirigir a assegurar que les normes sobre publicitat en llocs web per a
nens permetin un nivell de protecció comparable al de la publicitat en
els serveis audiovisuals. I es recomanava, pel que fa a la seguretat de
la xarxa amb relació al joc online i a la publicitat online, que el
Govern assegurés l’efectivitat de la prohibició de la participació
dels menors d’edat en els jocs objecte de la Llei 13/2011, entre
ells el joc online, a través de mecanismes eficaços de verificació de
l’edat. A més, s’han de desenvolupar les provisions de
l’esmentada llei amb la finalitat de garantir una cabal protecció
dels menors, especialment des del punt de vista de la publicitat
d’aquesta modalitat de joc.

En aquest sentit, la moció del PP apunta directament a part
d’aquestes reflexions i recomanacions de la ponència que els
esmentava amb relació al joc online, i ha estat francament millorada amb
les aportacions dels grups parlamentaris. Nosaltres, com a grup
parlamentari, hem fet unes propostes al Partit Popular —i vull
agrair la feina de consens feta per la senadora Franco— en què
demanàvem que quedés clarament explicitat que totes les actuacions del
Govern espanyol haurien de limitar-se als jocs online d’àmbit
estatal, ja que hi ha diverses comunitats que tenen competències
exclusives en matèria de joc. Aquestes peticions han estat admeses i, per
tot això, el nostre vot serà favorable a aquesta moció.

També els dic que d’aquí a un temps prudencial preguntarem
al Govern pel compliment d’aquesta moció, i també preguntarem per
saber si el Govern està seguint les recomanacions d’aquell informe
de la ponència de xarxes socials i menors, que va suposar una feina
ingent d’un determinat nombre de senadors, que van fer una
magnífica feina durant un any i mig. Preguntarem, doncs, si efectivament
s’està fent aquest seguiment.

Gràcies, senyor president.

Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Hace escasos meses se presentó ante el Plenario del Senado un
informe con las conclusiones y las recomendaciones de la Ponencia para el
estudio de los riesgos derivados del uso de la red por parte de los
menores; ponencia que durante un año y medio había estudiado internet,
las redes sociales, su uso por los menores y los riesgos que este hecho
comporta.

En esa ponencia participamos, entre otros, el senador Bruguera y
yo mismo, y por tanto, hemos ido a pescar citas y reflexiones de algunos
de los comparecientes, como el profesor de la Universidad de Valencia,
don Mariano Chóliz, por lo que me oirán repetir algún argumento y
mencionar algunos datos que ya ha dicho el senador Bruguera.

En la citada ponencia diversos comparecientes manifestaron su
temor respecto a los menores y el juego online, factor de riesgo de
creciente preocupación; una actividad que en el Estado español, a pesar
de estar regulada por la Ley 13/2011, de 27 de mayo, muestra una clara
tendencia al alza. Lo decía el senador de la Entesa. En 2012 es la única
modalidad de juego que sube, estimándose el gasto en ella en alrededor de
5 millones de euros, lo que casi duplica el gasto del año anterior.

El riesgo asociado al juego reside en su potencialidad para
convertirse en adicción. Don Mariano Chóliz, profesor titular de la
Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, explicó a la
ponencia que la denominada ludopatía o juego patológico se considera un
trastorno adictivo, categorizado por la Asociación Americana de
Psiquiatría de drogodependencia, al haberse encontrado evidencias
consistentes de que el juego activa el sistema cerebral de recompensa de
forma similar a como lo hacen las drogas de abuso, y que los síntomas
clínicos de los trastornos provocados por el juego son similares a los
que provocan las drogas.

Desde esta perspectiva, según el señor Chóliz, el juego online es
ya la segunda modalidad de juego que provoca adicción, solo por detrás de
las máquinas tragaperras, y esto es así porque presenta, como también
explicaba el senador Bruguera, unas características que estructuralmente
lo hacen muy peligroso: accesibilidad, se puede jugar desde los móviles;
inmediatez del premio, y aprovechamiento de todos los recursos que
ofrecen las nuevas tecnologías, por ejemplo, los bonus de
bienvenida.

Suscitaban especial preocupación determinados comportamientos, y
entre ellos el juego online, que resultan nocivos para los menores por
cuanto pueden causarles un perjuicio físico, psíquico o moral, y también
riesgos derivados de determinadas conductas en las que el menor tiene
alguna participación, voluntaria o involuntaria, que pueden afectar a
bienes jurídicos diversos, como la integridad física o psíquica del
menor. La prevención y la respuesta eficaz frente al juego online
constituyen, pues, un objetivo irrenunciable de los poderes
públicos.

Decía el informe en el apartado de conclusiones que un nivel
aceptable de seguridad de la red tiene que ver también con la protección
de los menores en relación con el juego y la publicidad online. En el
primero de estos ámbitos la acción de los poderes públicos debe
profundizar por vía normativa en la protección de los menores desde el
punto de vista de la incidencia de los distintos tipos de juego y la
publicidad.

Frente a los riesgos asociados a la publicidad online, la
autorregulación y la supervisión de los poderes públicos deben dirigirse
a asegurar que las normas sobre publicidad en sitios web para niños
permitan un nivel de protección comparable al de la publicidad en los
servicios audiovisuales. Y se recomendaba en relación con la seguridad de
la red respecto al juego y la publicidad online que el Gobierno asegurase
la efectividad de la prohibición de la participación de los menores de
edad en los juegos, objeto de la Ley 13/2011, y entre ellos el juego
online, a través de mecanismos eficaces de verificación de la edad.
Además, hay que desarrollar las previsiones de la ley para tener una
buena protección de los menores, sobre todo desde el punto de vista de la
publicidad de esta modalidad de juego.

En este sentido, la moción del PP apunta directamente a parte de
estas reflexiones y recomendaciones de la ponencia que les comentaba en
relación con el juego online, y ha sido francamente mejorada con las
aportaciones de los grupos parlamentarios. Nosotros, como grupo
parlamentario, hemos hecho unas propuestas al Grupo Popular —y
quiero agradecer el trabajo y la labor de consenso de la senadora
Franco— en las que pedíamos que quedase claramente explicitado que
todas las actuaciones del Gobierno español deberían limitarse a los
juegos online de ámbito estatal, pues hay diversas comunidades que tienen
competencias exclusivas en materia de juego. Estas peticiones han sido
admitidas y, por ello, nuestro voto va a ser favorable a esta
moción.

También quiero decirles que de aquí a un tiempo prudencial
preguntaremos al Gobierno por el cumplimiento de esta moción y por si
está siguiendo las recomendaciones de aquel informe de la Ponencia de
redes sociales y menores, que supuso un trabajo ingente de un cierto
número de senadores, que hicieron un magnífico trabajo durante un año y
medio. Evidentemente preguntaremos si efectivamente se está haciendo ese
seguimiento.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sendra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palaba el senador
Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Buenos días. Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a la senadora Franco su esfuerzo
por llegar a un acuerdo en este tema tan demandado; demandado sobre todo
por las propias asociaciones de enfermos rehabilitados de juegos de azar,
demandado en la Comisión Mixta para el estudio del problema de las
drogas, que fue importante, y reclamado en la propia Ley 13/2011, sobre
la regulación del juego; una ley de reciente creación pero que aborda
temas muy relevantes y que ya en su artículo 1 nos indica lo preocupado
que estaba el legislador en aquel momento por la regulación del juego.
Quiero recordar que planteaba en el artículo 1 que debía garantizar la
protección del orden público, luchar contra el fraude, prevenir las
conductas adictivas, proteger los derechos de menores y salvaguardar los
derechos de los participantes. Es decir, el enfoque era amplio, variado,
porque las repercusiones del juego son amplias y variadas también, y el
esfuerzo para admitir algunas de las propuestas del Grupo Socialista y de
otros grupos va encaminado a dar un enfoque más integral a la lucha
contra los efectos nocivos del juego.

La actividad del juego, como digo, tiene repercusiones variadas y
en los debates que se han ido produciendo en ocasiones se ha hablado del
ámbito económico, incluso se ha dado mucha importancia a su relación con
el Ministerio de Hacienda, porque es un generador de fuentes de riqueza.
Sin embargo, el profesor investigador que ha estado en varias comisiones,
Mariano Chóliz, planteaba algunos datos que nos deben hacer reflexionar.
Decía que las empresas dedicadas al juego básicamente tienen su sede en
paraísos fiscales —para empezar— y que su facturación está en
torno a 5000 millones, con unos ingresos a las arcas públicas de 50
millones de euros. No hace falta hacer muchas reflexiones para ver que la
tributación es baja en un elemento como el juego, que debería tener unas
tributaciones mucho más altas; seguramente habrá alguna estrategia
financiera que elimine la contribución a las arcas públicas de este
sector económico.

La visión de la seguridad también preocupa a todos los sectores,
tanto por lo que dice el artículo 1 sobre el orden público, como por lo
que se refiere al blanqueo de capitales, una actividad que hay que
regular porque también genera entrada de capitales de origen dudoso en
muchas ocasiones.

Pero, sobre todo, lo que más nos preocupa en el debate de hoy es
la clara vertiente que tiene sobre la salud pública, pues la adicción
creciente al juego evidencia un problema de salud, de dependencia, lo que
llaman una adicción sin sustancia, pero, en definitiva, una adicción, de
la cual los enfermos difícilmente pueden salir en un momento determinado.
La consecuencia social más grave es el incremento de la ludopatía, de la
que aquí se han dado cifras escandalosas, que incluso obligarían a un
debate más amplio. Cuando se habla de un millón de personas afectadas de
una u otra manera, sin duda es un problema muy serio.

Las repercusiones se incrementan en momentos de crisis económica;
los momentos que hemos vivido en los últimos años generan una fuga hacia
adelante y gente con cierta debilidad emocional o de otro tipo puede
entrar en el juego, y los sectores juveniles han entrado de manera muy
creciente en el juego online. El prototipo de enfermo por ludopatía
estaba entre los 40 y 45 años y en el juego online se sitúa entre los 20
y 25 años. Por lo tanto, entra en una población de riesgo que me parece
preocupante.

No hace falta que incida en las consecuencias; las familiares son
tremendas, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista
social, incluso en ocasiones con depresiones que pueden dar lugar hasta a
suicidios. Por lo tanto, estamos ante una situación que creo que merece
la pena abordar.

En cuanto a los menores, tenemos que conseguir que se verifique
que no pueden colarse por la vía de internet, porque tiene que haber una
verificación clara y unos métodos en el desarrollo reglamentario que
impidan su acceso a este tipo de actividades.

La Estrategia de juego responsable me parece fundamental, pero hay
que incorporar a las empresas del sector de una manera más decidida. ¿Por
qué? Porque la responsabilidad social corporativa se tiene que dar en
este sector; deben ser responsables activos de las políticas de riesgo
que ocasiona la propia actividad económica y, por lo tanto, contribuir
claramente en las políticas preventivas y en las que respondan a los
efectos negativos que produce la actividad económica como tal. Hay que
aplicar un principio de responsabilidad de la Administración y hay que
priorizar el interés de la sociedad sobre los agentes económicos.

Hoy hemos planteado un avance que creo que es importante, y es el
desarrollo de la actividad reglamentaria. En esta línea van el artículo 7
de la proposición de ley, sobre publicidad, patrocinio deportivo y
promoción de actividades de juego, y el artículo 8, sobre la protección
de los consumidores y políticas de juego responsable. En la política
integral para el juego responsable, las empresas del sector, como he
dicho antes, tienen que llevar a cabo las acciones preventivas de
sensibilización, intervención, control y reparación de los efectos
negativos. Y la protección de los consumidores ha de enfocarse
básicamente en la atención a los grupos de riesgo, promoviendo el riesgo
moderado y prohibiendo a los menores y a las personas incluidas en el
Registro General de Interdicciones el acceso al juego; medidas efectivas
en esa dirección. Se ha incluido también la eliminación del mal uso de
las técnicas de inducción, una orientación que en los diferentes debates
de la comisión se llevó adelante, que tiene una variada oferta, muchas
veces con trampa, como los premios, los puntos de fidelización, los bonos
del póquer online, una serie de medidas activas para reducir de alguna
manera el uso o la frecuencia del juego —hoy es ilimitado y
conviene reducirlo—; las tarjetas inteligentes que permitan limitar
el acceso a los juegos en la web, pero también los requisitos de
verificación a los que antes me referí, los límites estrictos del gasto,
la prohibición de cheques y préstamos o las medidas de autoexclusión. Es
decir, hay un campo muy variado donde la Administración debe plantear la
regulación.

En resumen —y no me quiero extender—, nos enfrentamos
a una actividad económica que, aparte de la autorregulación que tenga,
necesita de la intervención del conjunto de la sociedad, también la de
aquellos profesionales e investigadores que han participado y están dando
solución a los diferentes problemas; necesita de la participación de las
asociaciones de enfermos, que están trabajando seriamente y ayudando a
resolver este problema, y del conjunto de las administraciones:
autonómicas, que tienen competencias por supuesto, locales y la
Administración del Estado.

Creo que hoy damos un paso hacia adelante en esta dirección.
Agradezco la iniciativa en ese sentido y espero que, tras las
conclusiones de hoy, el desarrollo reglamentario aborde de verdad una
regulación que haga compatible un juego responsable con la salud pública
y los efectos sociales negativos que en estos momentos tiene el juego
online.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cascallana.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Intervendré muy brevemente, tan solo para agradecer a todos los
ponentes de los diferentes grupos su predisposición al diálogo para que
hayamos podido llegar a un acuerdo en estos seis puntos de la moción que
hoy hemos debatido y que vamos a aprobar. Yo creo que deberíamos
sentirnos todos muy satisfechos del trabajo que hemos hecho y del paso
que va a dar hoy esta Cámara al aprobar esta moción.

Quería terminar comentándoles dos cuestiones. En primer lugar, me
gustaría finalizar con un reconocimiento a los afectados por el juego que
han conseguido salir de él y que hoy están trabajando en asociaciones de
afectados aportando su experiencia para frenar los efectos devastadores
que tiene la ludopatía sobre ellos y su entorno familiar. A este
respecto, quería comentarles a sus señorías que a lo largo de la tarde de
ayer recibí una llamada de teléfono del presidente de una asociación de
afectados de Cataluña que había visto el contenido de la moción, y me
llamó exclusivamente para felicitarme por haberla presentado. Quiero
hacer extensiva a ustedes la gratitud que me manifestó, porque creo que
es para todos.

En segundo lugar, quería concluir con otro reconocimiento a la
labor que hacen los terapeutas de los distintos centros y asociaciones
ayudando a la gente que tiene problemas con el juego a salir adelante y a
recuperar su libertad. En este periodo de preparación de la moción he
visitado en varias ocasiones el centro que tiene Proyecto Hombre en mi
ciudad, Ponferrada. La última vez fue para decirles que se iba a debatir
ya la moción y comunicarles su contenido. Solo les digo que la han
colgado en el tablón de anuncios. Yo creo que eso expresa la gratitud que
tanto afectados como terapeutas nos han mostrado por el contenido de esta
moción que hoy vamos a aprobar.

Simplemente, quiero darles las gracias a todos y, por supuesto,
pedirles el voto favorable.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Franco.

Señorías, efectivamente, como avanzaba el senador Bruguera, se ha
presentado una propuesta de modificación a esta moción, que está firmada
por todos los grupos menos el Grupo Parlamentario Mixto. Por lo tanto, me
dirijo a este grupo para ver si se puede aprobar por asentimiento esta
propuesta o debemos llamar a votación.

¿Puede ser aprobada por asentimiento? (Asentimiento).

Muchísimas gracias. Queda aprobada por asentimiento.

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado tres
enmiendas: una del Grupo Parlamentario de la Entesa pel Progrés de
Catalunya, otra del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y,
finalmente, otra del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular y por tiempo de quince minutos, la senadora
Leyte.

La señora LEYTE COELLO: Gracias, presidente. Buenos días,
señorías.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular presento esta moción
ante la necesidad de impulsar el medio rural. Y lo hacemos con una clara
dirección hacia la mujer, por considerar que su participación e
implicación en el rural es esencial para su desarrollo y mantenimiento.
Hablar del medio rural es complicado. Según la definición clásica del INE
se considera rurales todos los municipios por debajo de 10 000
habitantes. Si nos atenemos a la metodología de la OCDE, una región
predominantemente rural es en la que más del 50 % de su población vive en
municipios rurales con menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Y
así podríamos seguir con otras muchas.

Esta dificultad aumenta si nos referimos a nuestro país, porque,
dada su gran diversidad geográfica y sociocultural, la situación del
medio rural es muy diferente. No es lo mismo hablar de zonas en las que
los núcleos rurales o ayuntamientos están agrupados que de aquellas donde
existe una enorme dispersión poblacional, como pasa en Galicia,
concretamente en mi concello, como ejemplo de mi provincia de Ourense,
donde 3000 habitantes están distribuidos en 62 núcleos de población.
Pueden suponer ustedes que eso dificulta enormemente la dotación de
servicios y el acceso a ellos por la dificultad enorme de contar con un
transporte adecuado.

También son diferentes los municipios costeros de los del
interior, y aquellos que tienen grandes extensiones para el cultivo de
los que, como en nuestro caso, por su orografía y tradiciones, tienen una
gran parcelación. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, o más bien
con ellas, existen unas problemáticas comunes al medio rural. Por
enumerar alguna: la despoblación por la evolución demográfica y el
abandono, con pérdidas muy significativas en municipios pequeños de menos
de 2000 habitantes, caso de Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón.
Tampoco mejora la situación la baja natalidad ni la masculinización del
medio rural, a excepción del caso de Asturias y Galicia, donde hay más
mujeres por el aumento de la esperanza de vida, pero mayores, con lo cual
no ayuda mucho al tema. También es así en el País Vasco donde hay mujeres
en los municipios mayores de 5000 habitantes. El envejecimiento tampoco
ayuda, con una tasa media de mayores de 65 años de un 31 % en todo el
Estado español, mientras que en algunas comunidades autónomas se alcanza
el 35 %; y todo ello unido a la falta de oportunidades y de ilusión para
que los jóvenes hagan una clara apuesta por el mundo de sus progenitores.
Este abandono de las zonas rurales ha sido más numeroso por parte de las
mujeres y de los jóvenes que de los hombres, permaneciendo en el mundo
rural los colectivos de mayor edad.

Ese es el motivo de esta moción, la necesidad de implicar a la
mujer en el desarrollo rural, no como lo hicieron nuestras madres, sino
con una apuesta renovada, moderna, en un marco diferente en el que la
mujer tiene mucho que decir, porque ha sido una parte fundamental de
conservación de ese mundo, preservando su sostenimiento y manteniendo sus
valores y sus tradiciones.

En la historia de nuestras madres y abuelas la realidad laboral de
las mujeres rurales raramente ha sido única y han tenido que
compatibilizar varias actividades a la vez, coparticipando anónimamente
en las explotaciones agrarias y ganaderas, criando animales para consumo
familiar y venta, elaborando productos artesanales para el autoconsumo en
el mercado local, trabajando en pequeños talleres, textil, zapatos, así
como en pequeños negocios familiares, muchas veces en situación de
economía sumergida. También en la industria mayorista local, generalmente
en la alimentaria, como conserveras, etcétera, además de llevar a sus
espaldas el cuidado de sus familias, niños, enfermos, ancianos y eso
siempre con invisibilidad y escaso reconocimiento social, a excepción del
familiar, y no en todos los casos.

Por eso, creo que en el siglo XXI es hora de realizar una apuesta
decisiva por cambiar las cosas, de dar la batalla antes de que sea tarde
y el medio rural quede definitivamente abandonado. Es hora de apostar, y
creo que no nos equivocamos si lo hacemos por un claro apoyo a la mujer
como factor principal para mantener ese mundo, mundo al que pertenece
desde su inicio pero del que ahora es preciso que sea motor y cabeza
visible, porque su implicación es decisiva para frenar lo que ahora se
llama emigración ilustrada de mujeres y jóvenes preparados, que es la que
se produce hacia el medio urbano ante la falta de oportunidades y de
apoyo en el medio rural. La ausencia de mujeres jóvenes y maduras en los
municipios de menor tamaño constituye la principal amenaza para la
supervivencia del mundo rural. Las causas son multifactoriales, pero se
debe sobre todo a la falta de actividad económica a su medida, a la
lejanía de servicios y la dificultad de acudir a ellos, a las escasas
posibilidades de ocio y de relaciones sociales y, cómo no, por considerar
que sus hijos tienen más posibilidades de relacionarse y de educarse en
municipios mayores y urbanos. Tanto es así que en las zonas donde la
situación no es tan grave y se ha tomado alguna medida, el abandono
femenino se ha reducido en la misma proporción.

En paliar esta situación están jugando un papel importante el
mundo del asociacionismo rural y la mayor implicación de la mujer en la
vida política. Las diversas asociaciones de todos los signos relacionadas
con la mujer y el mundo rural constituyen una gran ayuda para frenar este
abandono. Aunque es difícil medir su efectividad real, sí deben ser
apoyadas, porque realizan importantes labores de comunicación, de
mantenimiento de un nexo común, de información de las ayudas para el
emprendimiento, de mejora de las actividades puestas en marcha y de
aumento de la autoestima, al incrementar las relaciones sociales y el
aprendizaje a través de talleres de formación, de nuevas habilidades e
ideas para poner en marcha, facilitando, cómo no, el uso de las nuevas
tecnologías, hoy decisivas en el desarrollo y en cualquier actividad de
emprendimiento.

No tenemos una información concisa con diferencia de género de la
participación de las mujeres en el desarrollo rural y, sin duda, es
difícil de medir. En el año 1999 la empresa Saborá realizó una
investigación sobre la respuesta de las mujeres a la creación de empresas
en el marco de los programas de desarrollo local de las ayudas europeas y
nuevos empleos. Las conclusiones fueron que la inversión de las mujeres
se centró prácticamente en el mismo tipo de actividades en todas las
zonas, siendo la respuesta mayor a las actividades más atractivas, como
turismo rural y servicios, pequeño comercio o artesanía. Sin embargo, hay
que añadir que, en general, la participación de mujeres de los grupos de
acción local fue baja, y que la mayor parte hacía relación a mujeres
concienciadas —concejalas, alcaldesas, presidentas de
asociaciones—. Sí llama la atención que se encontró una mayor
presencia en los equipos técnicos gestores, que fue decisiva para la
mayor sensibilidad del grupo a los problemas específicos femeninos. En
general, la inversión se hizo en las actividades que las mujeres conocen
desde siempre y que les permitían compatibilizar su vida familiar.

Uno de los pilares más importantes del sector primario es el
agroalimentario, puesto que en muchas ocasiones es el predominante y el
que genera mayor demanda y oferta hacia los demás sectores, por tanto, la
economía está muy ligada a este sector. El sector agroalimentario es
clave para nuestro país, ya que representa aproximadamente el 8 % del PIB
y es el segundo en importancia de nuestra economía tras el turismo, con
una balanza comercial positiva que supera los 6000 millones de euros
anuales. Las mujeres son, sin lugar a dudas, imprescindibles en el
sistema agroalimentario, en el que desempeñan un trabajo importantísimo,
ya sea en las explotaciones, de forma habitual o esporádica, o como apoyo
fundamental para sacarlas adelante; en su industria, que da trabajo a un
total de 135 000 mujeres, siendo esta la actividad industrial que emplea
a mayor número de mujeres; en concreto, el 27 % de las trabajadores de la
industria desarrolla su labor en empresas agroalimentarias. En Europa,
alrededor del 42 % de los casi 27 millones de personas que trabajan
regularmente en la agricultura son mujeres, mientras que en España las
trabajadoras del campo solo suponen el 30 %. Entendiendo que el sector
agroalimentario español es el gran motor socioeconómico del mundo rural,
es ahí donde la mujer debe jugar un papel fundamental, convirtiéndose en
pieza clave para la mejora del desarrollo económico, social y laboral del
mundo rural, en definitiva, de su propia sociedad. En ese sentido, hay
que apostar por facilitar la incorporación de la mujer a la actividad
agroalimentaria, impulsando medidas ante las instituciones europeas en
las que se tenga en cuenta que necesitan más apoyo. Además de ese sector,
hay que desarrollar otras actividades empresariales que ayuden a la
creación de empleo femenino y joven en el mundo rural, aumentando la
formación, el acceso a las nuevas tecnologías y, en definitiva, todas las
actividades que diversifiquen la oferta para facilitar un mayor
asentamiento poblacional, como pueden ser empresas de servicios, de
actividades de ocio, de turismo, casas rurales, restauración, y también
un apoyo claro a la artesanía, a la puesta en valor del patrimonio
inmaterial y a la profesionalización de los cuidados de mayores.

Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular propone a
la aprobación del Pleno del Senado la siguiente moción. He de aclarar que
tenemos un texto en tramitación pendiente de la firma del Grupo
Parlamentario Mixto. Por consiguiente, aunque voy a leer la moción tal y
como fue presentada, si finalmente se incluyeran las cuatro firmas, se
presentaría con dicha adición:

«El Senado insta al Gobierno a:

Impulsar campañas de apoyo al emprendimiento por las mujeres en el
sector agroalimentario y de actividades complementarias a la actividad
agraria, como pieza clave para la mejora del desarrollo rural de nuestros
municipios.

Impulsar campañas de apoyo a las mujeres rurales en el
emprendimiento para el desarrollo y valorización del patrimonio natural,
histórico, del patrimonio inmaterial, como actividades de desarrollo
económico del territorio.

Realizar estudios para profundizar en el conocimiento de la
situación de las mujeres en el sector agroalimentario y en los sectores
que puedan diversificar la economía del medio rural y del trabajo de las
mujeres rurales.

Impulsar la incorporación real de la mujer en la industria
agroalimentaria y avanzar en la concienciación de las mujeres para su
acceso a los puestos directivos y de responsabilidad.»

Si se acepta la tramitación tal como ha sido presentada
—teníamos ya tres firmas y faltaba la última— también se
añadiría el punto de Convergència i Unió del respeto a las comunidades
autónomas y a todos los programas y actividades que están llevando a
cabo.

Muchas gracias a todos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Leyte.

A esta moción se han presentado tres enmiendas: una del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, otra del Grupo
Parlamentario Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario
Socialista.

Como decía la senadora Leyte, se está registrando una propuesta
transaccional firmada por los grupos Popular, Convergència i Unió,
Partido Nacionalista Vasco y Mixto. Por lo tanto, entiendo que la
enmienda del Grupo Parlamentario Convergència i Unió decae al haber
firmado esta transaccional. (El señor Plana Farran pide la palabra).

Senador Plana, tiene la palabra.

El señor PLANA FARRAN: De la enmienda que hemos presentado, señor
presidente, una parte se ha recogido, pero no otra, la correspondiente al
presupuesto.

El señor PRESIDENTE: Muy bien.

Tiene usted la palabra, para la defensa de esa parte.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

En primer lloc, vull agrair la voluntat de la senadora Leyte
d’arribar a un punt d’acord al respecte d’una moció que
té la seva importància, perquè dóna una reconeixement i vol valorar la
tasca feta per les dones que estan en l’entorn rural. I donar-li
una visibilitat.

Comentar-li dues qüestions. Primer, jo crec que aquesta és una
moció de remordiments de consciència. A què em refereixo? Doncs vostès,
el Govern del PP, durant aquests anys de legislatura, no han fet res per
la incorporació de la dona a l’àmbit rural, o han fet molt poca
cosa. Avui tenim aquí, —amb tota la bona voluntat, i reitero
senadora Leyte— venen aquí, fan una mena d’exercici de
contrició, d’assumir que han fet poca cosa, a més a més torno a
agrair-li que han reconegut la qüestió competencial.

Perquè parlem de plans de desenvolupament rural, desenvolupament
rural i polítiques de dones de les quals tenim competència exclusiva les
comunitats autònomes però falta una qüestió fonamental, que és la qüestió
pressupostària.

Davant d’aquesta moció que vostès han presentat, que és
genèrica, hauria de venir acompanyada de la qüestió pressupostària. I li
comento dues qüestions respecte als pressupostos fets per la Generalitat
de Catalunya i els que han presentat vostès. Per part de la Generalitat
de Catalunya, del departament d’agricultura, ramaderia i
alimentació, hi ha hagut un increment d’un 0,7 % a nivell
pressupostari i s’ha intentat solucionar la reducció de
cofinançament dels plans de desenvolupament dural per part de
l’Estat, incrementant l’aportació que ha fet la Generalitat
de Catalunya. Per què? Perquè fins i tot ahir, en seu parlamentària, es
va reconèixer que, en segons quins territoris, s’havien arribat a
perdre fins i tot 80 milions d’euros. I una funció necessària que
hauria de tenir l’administració de l’Estat i el ministeri
d’Agricultura, que seria intentar col.locar els diners que no
s’estan portant a terme en un territori, i poder-ho fer en
territoris com a Catalunya, que s’ha arribat gairebé al cent per
cent del desenvolupament dels plans de desenvolupament rural, doncs no ho
fan. I ara el que volen és intentar —tot i que parlen de respectar
les competències que tenim les comunitats autònomes— arremblar amb
aquesta actuació que ve visualitzada i que es veu a partir dels plans de
desenvolupament rural.

Li comento. El nou PDR. A Catalunya. Que parla d’unes
actuacions concretes i, en concret, 54 actuacions del pla 2013-2015 de la
incorporació de les dones a l’àmbit rural, actuacions de
visibilitat, actuacions de participació en els òrgans rectors que, vostè
ha dit, cooperatius, increment de participació en l’empreneduria
femenina, en l’entorn rural, que és un element de fixació de
població. Doncs, del nou PDR, la Generalitat de Catalunya, que s’ha
arribat a 810 milions d’euros, el 50 % l’aporta la
Generalitat de Catalunya, el 43 % són fons europeus i única i
exclusivament el 7 % és el que aporta l’Estat espanyol. Vostès
s’agafen a la possibilitat que els permet ara les noves directives
europees d’establir un pla de desenvolupament rural estatal. Però,
en el fons, el que estan dient, és que les comunitats autònomes, les
administracions dels diferents territoris no estan fent la seva feina i
vostès estan prioritzant alguns tipus d’inversions sense fer el que
tenen l’obligació de fer, que és el cofinançament. I, reduint
aquesta aportació, el que fan és que aquelles comunitats autònomes,
aquells territoris que fins i tot patim dins dels comptes
territorialitzats —expressió utilitzada pel ministre
Montoro—, que patim uns dèficits estructurals impressionants, al
damunt, perquè hi ha una iniciativa privada en el món rural, hem
d’aportar més per no perdre fons europeus.

Doncs el que li demanaria és, primer, tingui en compte el que hem
dit de les aportacions per la part que li pertoquen al Govern de
l’Estat espanyol i, finalment, i torno a reiterar,
l’agraïment de la voluntat de respectar l’ordre
constitucional que hauria de ser un element continuat, sostingut i
mantingut i no un element de bel·ligerància constant respecte a les
competències.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Quiero agradecer la voluntad de la senadora Leyte de llegar a un
punto de acuerdo en relación con una moción que tiene su importancia
porque da reconocimiento, valor y visibilidad a la tarea realizada por
las mujeres que están dentro del entorno rural.

Quiero comentar dos cuestiones. En primer lugar, esta es una
moción de remordimientos de conciencia. ¿A qué me refiero? Ustedes, el
Gobierno del Partido Popular durante estos años de legislatura no han
hecho nada para incorporar a la mujer al ámbito rural, o han hecho muy
poca cosa. Hoy vienen aquí —con toda la buena voluntad del mundo, y
lo reitero, senadora Leyte— y hacen una especie de ejercicio de
contrición de asumir que han hecho poca cosa. Además, vuelvo a agradecer
que hayan reconocido la cuestión competencial.

En segundo lugar, hablamos de planes de desarrollo rural y de
políticas de mujeres, cuestiones sobre las que tienen competencia
exclusiva las comunidades autónomas, pero falta un elemento fundamental,
y es la cuestión presupuestaria.

En esta moción que ustedes han presentado, que es genérica,
debería estar la cuestión presupuestaria y le comento dos cosas en
relación con los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, en este caso
los que han presentado ustedes. Por parte de la Generalitat de Cataluña,
del departamento en este caso de agricultura, ganadería y alimentación,
ha habido un incremento de un 0,7 % a nivel presupuestario, y se ha
intentado solucionar la reducción de cofinanciación de los planes de
desarrollo rural del Estado incrementando la aportación de la Generalitat
de Cataluña. ¿Por qué? Porque —incluso ayer en sede parlamentaria
se reconoció— en algunos territorios se han llegado a perder hasta
80 millones de euros. Una función necesaria, y que debería realizar la
Administración del Estado y el ministerio de Agricultura, es colocar el
dinero que no se utiliza en un territorio en otros territorios. En
Cataluña se ha llegado ya casi al 100 % en el desarrollo de los planes de
desarrollo rural, y no lo hacen, y ahora lo que quieren es —aunque
dicen respetar las competencias de las comunidades autónomas—
arramblar de alguna manera con esta actuación que está visualizada en los
planes de desarrollo rural.

Le comento que el nuevo PDR en Cataluña se refiere a unas
actuaciones concretas: 54 actuaciones del Plan 2013-2015 sobre la
incorporación de la mujer al ámbito rural, actuaciones de visibilidad,
actuaciones de participación en los órganos rectores cooperativos que
usted ha mencionado e incremento de participación en la emprendeduría
femenina en el entorno rural, que es un elemento de fijación de
población. En el nuevo PDR de Cataluña, que ha llegado a 810 millones de
euros, el 50 % lo aporta la Generalidad de Cataluña, el 43 % son fondos
europeos, y el Estado español aporta única y exclusivamente el 7 %.
Ustedes se acogen a la posibilidad, que ahora les permiten las nuevas
directivas europeas, de establecer un Plan de desarrollo rural estatal,
pero en el fondo lo que están diciendo es que en las comunidades
autónomas las administraciones de los distintos territorios no están
haciendo su trabajo y, por lo tanto, ustedes están priorizando algunos
tipos de inversiones sin acudir a aquello que es su obligación que es la
cofinanciación. Con esta aportación lo que hacen es que aquellas
comunidades autónomas o aquellos territorios que incluso dentro de las
cuentas territorializadas —expresión utilizada por el ministro
Montoro— sufrimos unos déficits estructurales impresionantes,
encima, porque existe una iniciativa privada del mundo rural, tenemos que
aportar más para no perder fondos europeos.

Por tanto, le pediría, primero, que tenga en cuenta lo que hemos
dicho sobre las aportaciones, por la parte que le toca al Gobierno del
Estado español. Y finalmente, y vuelvo a repetir, le agradezco la
voluntad de respetar el orden constitucional, que tendría que ser un
elemento continuado, sostenido y mantenido, y no de beligerancia
constante respecto a las competencias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de la
Entesa, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros hemos escuchado el discurso de la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, y la verdad es que en la parte discursiva no
tenemos nada en contra, coincidimos absolutamente con el diagnóstico, la
importancia y la trascendencia de la mujer en el mundo rural. Es evidente
que sin la mujer no hay mundo, ni mundo rural, es así de claro. Y en este
momento el diagnóstico es absolutamente pesimista y negativo: la
despoblación avanza en el mundo rural, las constantes son más que
evidentes y se necesita una reacción contundente para llevar a cabo
políticas capaces de dar la vuelta y cambiar estas inercias.

Por tanto, desde esta perspectiva nosotros hemos presentado una
enmienda de sustitución, porque consideramos que en este momento utilizar
el término estudiar, utilizar el término impulsar acciones absolutamente
genéricas que no concretan políticas que sean capaces de incidir en los
problemas no nos va a llevar a ninguna parte, y haremos de nuevo un
brindis al sol que no tendrá ninguna consecuencia. Se trata de un
enmienda de sustitución que básicamente plantea exigir al Gobierno el
cumplimiento de las leyes que ya existen y que mandatan con mucha
claridad las acciones que deben llevarse a cabo para cambiar la situación
de discriminación que sufre la mujer, y muy especialmente en el mundo
rural. El primer punto de la enmienda aborda la Ley orgánica 3/2007,
referida precisamente a la igualdad efectiva de mujeres y hombres y a
acciones dirigidas a mejorar el nivel educativo y de formación de las
mujeres en el sector agrario, que nos parece absolutamente esencial.

También se deben crear las condiciones óptimas para garantizar la
competitividad de las explotaciones agrarias. Ayer le preguntábamos a la
señora ministra qué piensa hacer para corregir la caída de la renta
agraria en un 7,1 %. La respuesta ya la conocen ustedes. No parece que
haya en perspectiva nada que sea contundente, nada que sea capaz de
abordar los graves problemas que nos han llevado a esta situación.
Deberíamos hablar de la fiscalidad de estas empresas que impulsan y dan
alternativa a las mujeres en el campo, pero tampoco lo hacen.

Y nos referimos también a la necesidad de hacer una revisión
crítica con las comunidades autónomas de todas aquellas cuestiones que de
una u otra manera inciden de forma negativa en el mundo rural y que
ustedes saben que tienen mucho que ver y muy directamente con la calidad
de vida de las mujeres. Estamos hablando de cuestiones relacionadas con
la Ley de la dependencia, con el transporte escolar, con todo aquello que
hace que la mujer se pueda incorporar al mundo laboral, y que no queden
absolutamente sujetas a cubrir las deficiencias que la Administración no
cumple —digámoslo así—, y que por tanto lo cumple al mandato
de las leyes que le exigen cubrir con estos servicios, la mayoría de las
veces de carácter social. Esta cuestión que tiene que ver con los
recortes de servicios sociales es absolutamente esencial.

Pedimos también un apoyo a las cooperativas de ayuda social y a
las organizaciones sin ánimo de lucro que apoyan y ayudan a las mujeres
para conseguir estos espacios de igualdad, además del complimiento del
Real Decreto 200/2012, que tiene dos artículos, el 2 y el 3g), que son
muy contundentes en la promoción de políticas contra la discriminación
laboral y el desempleo femenino.

Por último, pedimos impulsar una ley que a nosotros nos parece
esencial y que ha tenido un recorrido nefasto, la Ley de titularidad
compartida, que ustedes conocen bien y que iba precisamente dirigida a
hacer posible que la mujer compartiera la titularidad de las
explotaciones agrarias, y fíjense que esa ley, que fue aprobada el 4 de
octubre de 2011, solo ha conseguido gestionar 100 titularidades
compartidas porque la ley es un laberinto absolutamente imposible para la
mayoría de las mujeres que han intentado superar este trámite. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia)

Por tanto, ciertamente, nos parece que esta moción debería cambiar
sustancialmente la parte dispositiva, y por ello presentamos esta
enmienda, que esperamos consiga su apoyo para poder dar el voto favorable
a la moción.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Toledo.

El señor TOLEDO DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una
enmienda de modificación a la moción del Grupo Parlamentario Popular que
aquí debatimos, una enmienda de modificación que tiene cuatro puntos que,
a nuestro entender, no cambian el fondo de la cuestión planteada que, en
todo caso, es muy genérica, sino que, evidentemente, tienen la finalidad
de mejorar la moción, concretando las cuestiones a debate y presentando
propuestas específicas de actuación del Gobierno en el ámbito de la mujer
y del medio rural. Consideramos que dicha enmienda no solamente enriquece
el texto, sino que va mucho más allá, centra las cuestiones específicas
de la mujer en el medio rural, que son, además, reiteradamente demandadas
por diferentes colectivos que trabajan precisamente en este ámbito.
Señorías, son los problemas reales de la mujer, y de la mujer en el
medio rural, los que de verdad interesan y los que merecen, sin lugar a
dudas, nuestra atención y nuestro trabajo, como merecen también la
atención y el trabajo del Gobierno de nuestro país.

En el primer punto simplemente modificamos una cuestión que nos
parece más bien un error y que hemos incluido en esta enmienda, y es que
entendemos que la concienciación necesaria para que las mujeres puedan y
deban tener un mayor acceso a los puestos directivos y de responsabilidad
no debe circunscribirse únicamente a la concienciación de la mujer, como
figura en la moción original del Grupo Parlamentario Popular. Es
imprescindible la concienciación de toda la sociedad para conseguir
eliminar las trabas y los condicionantes que existen para erradicar
definitivamente ese techo de cristal que tiene la mujer a la hora de
ostentar diferentes puestos directivos y de responsabilidad.

El segundo punto de nuestra enmienda propone la adición de un
nuevo punto con este tenor: «Dotar de partida presupuestaria suficiente
para la puesta en marcha de políticas activas de empleo y formación para
la mujer en el medio rural, contempladas en la normativa ya vigente.» Es
muy importante para el Grupo Socialista centrar la cuestión en aquellos
instrumentos legales de los que ya nos hemos dotado, como es la propia
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio
rural, prestando atención a cuestiones tan importantes como las que se
debaten hoy en esta Cámara.

Esta ley establece que la adopción del principio de igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres y la atención social
prioritaria a diversos grupos de población responde a la consideración de
fomentar el desarrollo rural socialmente justo y viable, singularmente en
lo que se refiere a las mujeres y a los hombres.

El tercer punto de nuestra enmienda propone, como ha comentado
anteriormente el senador Boya, desarrollar la Ley 35/2011, sobre
titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que, sin lugar a
dudas, contempla subvenciones y ayudas específicas de carácter
prioritario para este tipo de explotaciones; así como campañas de
difusión y sensibilización para promover la titularidad compartida. Esta
ley otorga carta de naturaleza legal, señorías, a esa corresponsabilidad
compartida de la mujer y permite su reconocimiento como titular de las
explotaciones agrarias y, a través de este, su adecuada participación en
los derechos y obligaciones derivados de la gestión de explotaciones
agrarias, siempre en condiciones de igualdad.

Por último, el cuarto punto de nuestra enmienda solicita reducir
de manera inmediata, de acuerdo con el firme compromiso de la ministra de
Empleo y Seguridad Social en sede parlamentaria, las peonadas necesarias
para acceder a la prestación del subsidio agrario y renta agraria por
parte de los y las trabajadoras del campo, en la medida en que son las
mujeres del ámbito rural las principales beneficiarias de esta
medida.

Señorías, nuestra intención como grupo parlamentario al presentar
esta enmienda no ha sido otra que proponer medidas concretas y efectivas
a problemas concretos y reales que, sin lugar a dudas, pueden mejorar la
vida del medio rural de nuestro país, en concreto, la vida laboral y
familiar de la mujer en este medio.

Espero y deseo que dicha enmienda tenga la consideración de sus
señorías y pueda ser incorporada al texto de la moción.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Toledo.

Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o
no las enmiendas presentadas.

La señora LEYTE COELLO: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero dar las gracias a los grupos
parlamentarios que han firmado la propuesta de modificación para permitir
la tramitación de nuestra moción, aunque no estuviesen plenamente de
acuerdo con el texto, como bien ha manifestado el portavoz de CiU, y
veremos si en lo que queda de exposición logramos también su apoyo. Por
tanto, gracias a Convergència i Unió, al Partido Nacionalista Vasco y a
UPN, del Grupo Mixto.

En cuanto a lo manifestado por el senador de CiU al defender su
enmienda, he de decir que hemos aceptado la cuestión del respeto a las
comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera, y es lógico que
así sea debido a la composición de nuestro Estado. El asunto económico al
que hace referencia está más que explicado por la situación con la que se
encontró este Gobierno cuando llegó al poder, de enorme crisis económica
y al borde del abismo y del rescate, lo cual impidió que muchos programas
se pudieran poner en marcha. Creo que la negociación de los fondos Feader
y de la última PAC ha sido un gran trabajo por parte de nuestro
Ministerio de Agricultura, que estoy segura de que en estos momentos está
muy interesado y preocupado por lo que está ocurriendo en el mundo rural;
me consta que va a haber fondos y que el Gobierno seguirá colaborando con
las comunidades autónomas para su cofinanciación y para que,
efectivamente, se puedan a llevar a cabo esas acciones.

Al señor Boya le agradezco mucho que no tenga nada en contra de la
parte discursiva de la moción, también su tono y amabilidad. Desde luego
el diagnóstico es pesimista, lo sabemos, y por eso mismo se intenta
cambiar la situación.

Hoy mismo salía en los medios que concretamente la Xunta de
Galicia, con un Gobierno Popular, está potenciando el desarrollo
profesional de las mujeres en el VI Plan gallego para la igualdad, y
Galicia está entre las cinco comunidades autónomas con mayor número de
mujeres empresarias. Creo que eso es algo a destacar y que ocurre también
en otras muchas partes, como en Castilla y León y Castilla-La Mancha,
donde poco a poco a las mujeres se les está dando la importancia que
tienen.

En cuanto al senador socialista, entiendo que no ha habido ningún
interés en querer llegar a un acuerdo. En primer lugar, no se avinieron a
firmar la posibilidad de una enmienda para que pudiera ser tramitada, lo
que no significaba ni siquiera estar de acuerdo; presentan una enmienda
de modificación sin ningún interés en llegar a consensos; dicen lo de la
titularidad compartida, pero concretamente Andalucía, donde gobiernan, es
una de las comunidades donde menos se han esforzado por colaborar con la
Administración del Estado para poner en marcha la titularidad compartida.
En cuanto a las peonadas, hay un compromiso serio de la ministra, dadas
las condiciones, de rebajarlas, y usted lo sabe, y eso no tiene nada que
ver con la moción que se presenta hoy aquí.

Y no quiero ir al tú más, pero ustedes han gobernado este país
durante veintitrés años, mientras que el Partido Popular lo ha hecho
durante once y pico. Creo que son corresponsables de la situación del
mundo rural, y, sin embargo, precisamente en el momento de mayor crisis
presentan esta enmienda de modificación y estas exigencias
presupuestarias. Me parece que aunque todos tendríamos que entonar el mea
culpa, con más motivo los que han gobernado durante más tiempo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Señora Leyte, entiende la Presidencia que ninguna de las dos
enmiendas son aceptadas. (Asentimiento). Gracias.

¿Turno en contra? (Pausa). No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Denegaciones). No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
señora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Bai, eskerrik asko, mahaiburu
jauna. Egun on guztioi.

Datuak kopuruak besterik ez badira ere, zalantzarik gabe,
errealitate baten islada direla ezin dugu ukatu. Errealitate hau, kasu
honetan, datu hauen errealitate honen atzean pertsonak ditugu, eta,
pertsona hauen egoera isladatzen duen heinean, garrantzi handikoa da.
Orain arte beste senatarien hitzetan Espainiako datuak aipatu badira ere,
gure kasuan Euskadiko datuak aipatuko ditut. Eskuragarri dauden azken
datuen arabera, nekazaritza-ustiategien titularrak diren emakumeak % 32
baino gutxiago dira, eta gizonak, berriz, % 68. Baina, 1999ko datuekin
alderatuta, emakumeen proportzio horrek nabarmen egin du gora, orduan
% 24ra ez baitzen iristen.

Gazte baserritarren egoerari dagokionez, oraindik ere sexuen
arteko desberdintasunak gertatzen dira, gazteen esku dauden ustiategietan
emakume titularren proportzioa gizon titularrena baino askoz txikiagoa
baita. Lehenago nioen: datu hauek errealitate baten punta bat besterik ez
badira ere, oso adierazgarriak dira. Beharrezkoa da, beraz, neurriak
hartzea emakume eta gizon gazteen benetako berdintasuna bultzatzeko eta
emakume gazteek lan-aukerak izan ditzaten, hala nahi izanez gero nekazal
inguruneetan jarraitu ahal izateko eta belaunaldi arteko erreleboa lortu
ahal izateko. Nekazaritzako erroldaren arabera, kontratatutako emakumeen
proportzioa % 21ekoa zen, eta urte horretan bertan gazte baserritarrei
buruz egindako azterlan baten arabera, berriz, sektorean hasitako 3.400
gazteetatik 2.700 gizonezkoak ziren, eta soilik 720 emakumezkoak.
Senatari jaun-andreok, datu guzti horien aurrean, zer?

Bada, datu guzti horien aurrean, gaur egun debatitzera dakarkigun
mozioa, Alderdi Popularrak dakarkigun mozio honek dioenarekin noski bat
gatozela, ezin baitugu aurka egon, baina, hau esanda ere, zer edo zer
aipatuko nuke. Aurretik esan bada ere oso generikoa zela, gure ustez,
zehaztapen gutxikoa da gaur dugun mozioa; horren ostean, konpromezu
gutxikoa. Eta datu horiek guztiak egoera zaila aipatzen baziguten ere,
egoera zail horren aurrean, hitz borobilak, aditz zehaztugabekoak
(bultzatu, babestu) eta inolaz ere neurriak zehazten ez duena. Beraz,
noski egon gaitezkeela ados proposatzen denarekin. Zein ez da egongo ados
bultzatzearekin edota babestearekin? Baina haratago joan behar dela uste
dugu.

Ezinbestekoa da emakume nekazarien eskubideak eta eskubide horiek
bermatzeko herri-administrazioek dituzten betebeharrak zehazten dituzten
neurriak hartzea; hortaz, nekazaritzaren sektoreen emakumeek eta gizonek
tratu eta eskubide berberak izatea lortzeko behar diren neurriak eta
genero-ikuspegia sektorearen arlo guztietan sartzekoak, emakumeen eta
gizonen baldintzak eta beharrak ezberdinak izakitzen dituztenak; emakume
nekazarien lanbidea onartu eta gizarteko balioespena izateko egiten ari
diren borrokan eta haien eskubide profesional, sozial eta fiskalak
benetan gauzatzea laguntzen dutenak; garatuko diren politiketan
genero-ikuspegia lehentasun bezala txertatzea bilatzen dutenak. Eta,
hemen, emakumearen berdintasunaren arloan jorratu beharko liratekeen
neurriak aipatzen ditugunean, azpimarratu nahiko nuke emakume nekazarien
politikari buruz aipatzen ditugun guztiak itsasoko emakumeei egokitu
daitezkeela ere bai. Honetan gure taldeak jorratu ditu hainbat
iniziatibak; saregile, neskatila eta enpakadoreei buruz egindakoak,
adibidez.

Egoera honelakoa da, jaun-andreak. Lehen aipatzen nuen:
ustiategien titularrak diren emakumeen proportzioa handitu bada ere,
proportzioa desorekatua da oraindik. Ustiategien titularrak diren
emakumeen proportzioa ez dator bat emakumeek benetan egiten duten
lanarekin. Izan ere, askotan, lan horiek guztiz ikusezinak dira. Eta
puntu hau uste dut oso garrantzitsua dela; hain zuzen ere, isladatzen
digulako emakume hauek duten egoera.

Nekazaritzaren arloko erabaki-organoetan emakumeek duten
parte-hartzea gizonena baino askoz txikiagoa da, beste arloetan gertatzen
zaigun modura, eta, jardueraren neurri ekonomikoa zenbat eta handiagoa
izan, emakumeek hartzen dituzten erabakien ehunekoa txikiagotu egiten da.
Emakumeen eta gizonen osasunaren gaineko faktore bereizgarriak aintzat
hartu behar dira, eta neurriak jarri emakumeen osasuna bermatze
aldera.

Senatari jaun andreok, nire taldeak, benetan, esandako
guztiarengan sinesten du, baita Eusko Jaurlaritzak ere, eta, horren
adibide gisa, aipatuko dut emakume nekazarien estatutuaren lege-proiektua
onartu eta Legebiltzarrera igorri zuela iazko azaroan. Landa-inguruneko
emakumeen errekonozimendurako oso urrats garrantzitsua izateaz gain, lege
honek emakume nekazariak ikusgai egiten ditu, lehen sektoreko profesional
gisa.

Estatutu honek dituen ezaugarriak aipatu gabe, bakarrik ekartzea
nahi nuen, hain zuzen ere, nolabait argudiatzeko esaten nuen guztiarekin
bat gatozela, baina zehaztapenetan, eta ez bakarrik hitz borobiletan edo
aditz hain esanguratsuak baina ez-zehaztuak direnak.

Eta, hau guztia esanda, eta lehengo estatutuaren adibidearekin,
ildo horretatik jarraituz, inolaz ere ezin genuen onartu edo ados egon
hasiera batean Alderdi Popularrak proposatzen zuen mozioarekin, ez bazen
ere erkidego autonomoek dituzten eskumenak errespetatzen. Sinatu dugun
transakzional horretan, CiUkoek aurkezten zuen emendakinaren zati bat
onartu denez, hor aipatzen zuena erkidego autonomoek zituzten eskumenak
errespetatzen zirela, zalantzarik gabe, bat gatoz horrekin. Pla
senatariak aipatu duen modura, iruditzen zaigu, behin eta berriro
erreklamatzen edo errebindikatzen egon beharrean, dagoeneko ontzat eman
beharko lirateke, dagoeneko onartuak daudelako, ez badira gero
errespetatzen ere.

Eta hori guztiarekin bai sinatu dugula, berriz azpimarratuz Leyte
senatariak izan duen jarrera baikorra izanik. Aurretik aipatu izan dugu
kontsentsuetara iristeko gaitasuna adierazi behar dugula, eta horretan
azaldu dugu gure baiezkoa sinatzerakoan, baina iruditzen zaigu ez dela
nahikoa. Iruditzen zaigu jarrera baikorra dela, adostasunetara iristeko
jarrera baikorra dela, baina edukia edo adostasun horretan zertara
iristen garen garrantzia dauka. Eta, honetan ere, berriz aipatuko nuke:
zalantzarik gabe, mozio honek borondatea dauka, baina borondatea
errealitatera iristeko beste urrats bat behar du. Kasu honetan,
konpromezua benetan aurrera eramateko, aurrekontu bat behar du izan,
edota benetan proposamenean aipatzen diren aditzak neurri zehatzak
iristeko ez dira nahikoak, gure taldearen iritziz.

Beraz, sartu gabe edo balorazioa egin gabe zein izan den Alderdi
Popularra mozio hau aurkezterakoan izan duen borondatea, betetzearena,
kupoa betetzearena edo benetan, eta utz dezagun, sinesten dutelako
horretan, iruditzen zaigu benetan lortzeko, behar den helburua lortzeko
adina ez dela azaltzen mozio honetan, ez dela nahikoa. Zalantzarik gabe,
hasiera batean aipatu dudan modura, ezin dugu aurka egon, bestela ez
lukeelako zentzurik izango guk gure kasuan Euskadin eman ditugun urratsak
aurrera, bat gatozelako, bultzatu behar delako, babestu behar delako,
goraipatu egin behar delako, egoera ez delako egokia, baina ez da
nahikoa, eta horrekin bai ez dugu emango. Gure taldea abstenitu egingo
da.

Mila esker.

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos.

Si bien los datos no son más que cifras, sin duda no podemos negar
que reflejan una realidad. En este caso, detrás de estos datos están las
personas, y en la medida en que reflejan la situación de estas personas
resultan muy importantes. Si bien se han mencionado datos referentes a
España, ahora vamos a dar datos referentes a Euskadi. Según los últimos
datos disponibles, y hablando de porcentajes, las mujeres titulares de
explotaciones agroganaderas están por debajo del 32 % y los hombres
alrededor del 68 %. Esta proporción de mujeres ha aumentado
considerablemente en los últimos años, pues antes era del 24 %.

En cuanto a los jóvenes agroganaderos, todavía hay grandes
diferencias entre sexos. La proporción de mujeres titulares de
explotaciones es mucho menor que la de los hombres. Estos datos no son
sino la punta de una realidad, pero son muy significativos. Es necesario
adoptar medidas que fomenten la verdadera igualdad entre las mujeres y
los hombres jóvenes, así como para que las mujeres tengan oportunidades
de empleo, de forma que si así lo quieren puedan seguir en el entorno
rural y puedan garantizar el relevo generacional. La proporción de
mujeres contratadas era del 21 %. Y según un estudio realizado sobre
jóvenes agroganaderos, de 3400 personas que se habían iniciado en el
sector, solo 720 eran mujeres. Señorías, ante todos estos datos, ¿qué
podemos hacer? ¿Qué podemos decir?

En cuanto a la moción que hoy trae a debate el Grupo Parlamentario
Popular, no podemos estar en contra. Sin embargo, me gustaría hacer una
matización. En nuestra opinión se trata de una moción genérica, es decir,
con un nivel de compromiso pequeño, y si bien estos datos nos muestran
una realidad difícil, esta moción recoge una serie de verbos
indeterminados y no establece medidas concretas como, por ejemplo,
fomentar o impulsar. Por supuesto que estamos de acuerdo con la moción,
pero creemos que debemos ir más allá.

Resulta imprescindible que los derechos de las mujeres rurales
sean garantizados a través de medidas que adopten las administraciones.
Así alcanzaremos la igualdad de trato y de oportunidades e incorporaremos
la perspectiva de género al sector. Hay que admitir y reconocer la lucha
de las mujeres del mundo rural, a través de medidas verdaderas que
busquen la incorporación de la perspectiva de género. Y me gustaría
subrayar que estas medidas también podríamos adecuarlas a las mujeres del
sector del mar. Nuestro grupo parlamentario ha desarrollado diferentes
iniciativas en este campo, por ejemplo, en relación con las rederas o
empacadoras.

La situación es difícil. Si bien la proporción de mujeres
titulares ha aumentado, sigue siendo desequilibrada. La proporción de
mujeres titulares de explotaciones no se corresponde con el trabajo que
realizan, ya que muchas veces este no es visible, lo que me parece un
punto muy importante porque ese trabajo es el que precisamente refleja la
situación de estas mujeres.

En cuanto a la participación de las mujeres en los órganos de
decisión del sector, esta es mucho menor que la de los hombres, y ocurre
lo mismo en otros sectores; cuanto mayor es la actividad económica, menor
es la proporción de decisiones que adoptan las mujeres. Debemos
considerar los factores diferenciales sobre la salud de las mujeres y de
los hombres y adoptar medidas para garantizar la salud de las
mujeres.

Mi grupo parlamentario y el Gobierno vasco creen en todo lo que
acabo de decir, y como ejemplo de ello me gustaría referirme al Estatuto
de las mujeres campesinas tramitado y aprobada por el Gobierno vasco.
Además de significar un paso muy importante, este estatuto hace visibles
a las mujeres como profesionales del primer sector. No entro a detallar
las características de nuestro estatuto, pero lo menciono para argumentar
todo lo que he dicho.

Dicho todo esto, y siguiendo el hilo del estatuto, en ningún caso
podríamos aprobar la moción propuesta por el Grupo Popular si no
respetara las competencias de las comunidades autónomas. Pero en la
transaccional que hemos firmado se incluye un punto de la enmienda de CiU
referente al respeto a las competencias de las comunidades. Sin duda nos
sumamos a ese punto, porque, tal como ha reivindicado el senador Plana,
debemos respetarlas.

Hemos firmado la transaccional, y agradecemos la actitud positiva
de la senadora Leyte, pero no nos parece suficiente. La actitud es
—repito—






positiva para alcanzar consensos, pero el contenido
también tiene su relevancia. Y en este punto me gustaría volver a decir
que esta moción tiene voluntad, pero debemos dar un paso más para pasar
de la voluntad a la realidad; en este caso, destinar un presupuesto y
concretar los verbos que se mencionan en la moción, pues no son
suficientes para adoptar medidas concretas.

Sin entrar a valorar la voluntad del Grupo Popular a la hora de
presentar esta moción, si se limita a cumplir el cupo o realmente cree en
ello, consideramos —insisto— que no es suficiente. Tal como
decía al principio, no podemos estar en contra porque en ese caso no
tendría sentido lo que hemos hecho en Euskadi; es decir, se corresponde
con lo que hemos hecho en Euskadi, pero —lo repito una vez
más— no es suficiente. Por tanto, nuestro grupo se abstendrá.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Iparragirre.

Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Señora Leyte, lo cierto es que subo a la tribuna con un cierto
desasosiego. Hay una parte de la moción que no comparto en absoluto, más
allá de lo que he comentado respecto de la parte dispositiva. Creo que el
enfoque que ustedes dan a esta moción parte de un error fundamental, y
hay un párrafo que lo define, en el que se dice que las mujeres son una
mano de obra numerosa e imprescindible. Pienso que ahí radica buena parte
del problema. Y la entiendo perfectamente; sé que hay que leer eso en su
contexto, pero considero que es una definición desafortunada, porque,
ciertamente, la mujer es muchísimas cosas más en el mundo rural. Ya lo ha
dicho usted, y yo lo corroboro: sin mujeres no hay mundo rural. Las
mujeres son madres, son emprendedoras, son imprescindibles,
efectivamente, en el mundo rural. Por tanto, creo que ahí radica en buena
medida la necesidad de empezar a pensar en políticas no solo para la
mujer, sino para el mundo rural, que sean efectivas y con las que la
mujer tenga un papel absolutamente principal, porque, ciertamente, lo que
estamos viendo en el mundo rural es que donde hay algunas iniciativas,
donde realmente están sucediendo cosas positivas, la protagonista
principal es la mujer.

Con esta perspectiva, debemos ser sensibles en la utilización del
lenguaje y más contundentes en nuestra autoexigencia para plantear en
este momento soluciones a problemas concretos, pero soluciones
definitivas. Ya se ha dicho desde esta tribuna. Eso ¿qué requiere?
Requiere unas políticas concretas, precisas y transversales que sean
capaces de integrar el conjunto de los problemas que tiene en este
momento el mundo rural y darles solución con presupuestos que estén a la
altura de esas necesidades. Y en este momento esa conjunción no se da.
Hacemos políticas parciales, como en el caso de esta moción, que, como ya
se ha dicho, es genérica, es una moción que plantea voluntades pero que
no concreta, que no precisa las acciones que en este momento son
absolutamente imprescindibles. Creo que ustedes han abusado de eso en
esta legislatura: han abusado del impulsar, del estudiar… Pero tras
esa voluntad siempre les ha faltado concreción.

La verdad es que no he tenido oportunidad de ver la transaccional
que ustedes han pactado. Nuestra posición es muy crítica y al tiempo
quiere ser muy constructiva. Ustedes saben de nuestra preocupación por
todo lo que tiene que ver con el mundo rural y con las zonas de montaña.
Durante estos días hemos visto en una ponencia y en una comisión de
estudio cuál es la situación rural de nuestro país, la desertización
galopante que en este momento tiene España. Realmente se necesitan
acciones contundentes. Este país necesita reaccionar ante un éxodo que
tiene una dimensión absolutamente catastrófica en el interior y en muchas
zonas del país, que se están quedando sin gente y que van a ser muy
difíciles de gestionar si no hay —insisto— una reacción clara
y contundente.

Usted dice lo del retrovisor, pero en este país en 2007 —por
fin— hubo una ley que tenía como objetivo atender las necesidades
del mundo rural. Ustedes dijeron que esa ley no valía. Bien, era su
opinión, pero no han puesto ningún otro instrumento encima de la mesa
para dar alternativas al mundo rural y las zonas de montaña. No han
puesto ningún otro instrumento para cumplir con esa obligación, que
estamos subrayando en este debate.

Creo que este es el grave problema: una cosa es lo que se dice y
otra, lo que se hace. Hemos hecho la negociación de la PAC, y algunas
asociaciones de mujeres rurales les pidieron con mucha insistencia que en
el programa de desarrollo rural hubiera algún programa específico para la
mujer en el mundo rural, que ayudara a la mujer en el mundo rural. Y se
han negado absolutamente. Creo, por tanto, que tenemos que pasar del
discurso a la acción y dar muestras de voluntad para que las cosas
cambien. Y por eso vamos a votar en contra de esta moción, porque en este
momento eso no está sucediendo.

Señorías, esta es una cuestión que debe llevarnos a la reflexión
en general y no solo sobre el mundo rural. Ayer leíamos una noticia, en
la que la UGT explicaba que las mujeres perciben un 24 % menos de salario
que los hombres. Sabemos lo que eso significa en clave de jubilación,
etcétera. Desde esa perspectiva, creo que los estamentos políticos y las
instituciones deben hacer una reflexión en profundidad sobre el papel de
la mujer en nuestra sociedad y, como se ha dicho aquí, sobre el papel
absolutamente imprescindible de la mujer en el mundo rural. Los que son
de pueblo, como yo, lo podrán afirmar con la misma rotundidad, porque
saben del papel indispensable que está jugando en nuestras sociedades
rurales.

Por tanto, señorías, lo que debemos hacer es cumplir la Ley de
igualdad, que ya tenemos y es muy categórica en esta cuestión. Y también
hacer cumplir la Ley de titularidad compartida. Señora Leyte, no sirve
hablar de qué sucede en un lugar o en otro, hay que encontrar soluciones
para que esta ley dé la posibilidad de que las mujeres accedan realmente
a la titularidad de la tierra. Y hay una cosa que me parece esencial y de
la que creo que hablamos poco: la mujer es la que sufre cada vez que hay
un recorte en un servicio social. Lo he dicho antes y lo reitero, porque
el tema de la dependencia está afectando en el mundo rural de forma
lacerante a las mujeres; les está quitando oportunidades y además la
posibilidad de tener una vida digna. Eso sucede en muchos casos y es de
una gravedad absoluta. Por tanto, yo les pediría que cada vez que haya un
recorte recuerden que quien paga el recorte es la mujer.

Por último —también se ha hablado poco de ello—, creo
que que hay un problema desde el punto de vista del emprendimiento y de
las dificultades que tienen las empresas en el mundo rural para salir
adelante, muy especialmente en el tema del crédito. Hemos visto que este
último año se ha reducido un 24 % el acceso al crédito de estas empresas.
Como ustedes saben, es muy difícil emprender si no hay crédito, y las
mujeres, por mucho que quieran, no pueden hacerlo. Pero, además, este
país tiene una dificultad inmensa a la hora de poder emprender, como
también saben. Hemos tenido un debate sobre las queserías y el mundo
artesanal, una competencia, es cierto, en muchos casos de las comunidades
autónomas, pero pienso que esa reflexión debe ser compartida para
facilitar el camino del emprendimiento y hacer que realmente podamos ver
un mundo rural vivo, donde quien quiera pueda emprender porque tenga
facilidades, porque tenga ayudas, porque tenga una fiscalidad que en este
momento debe discriminar forzosamente al mundo rural del mundo urbano. Y
es que ¿cómo podemos pretender que pague lo mismo un pequeño negocio o
una pequeña empresa de un pueblo de 500 habitantes, que está haciendo
prácticamente un servicio social, que aquella que está en un área
periurbana y realmente tiene unas posibilidades infinitamente
mayores?

Eso sería proteger el mundo rural. Por tanto, señorías, creo que
debemos salir de la vacuidad del discurso para tomar medidas, medidas
realistas que sean capaces de cambiar esa realidad. No podemos seguir
mirando hacia otra parte ni cumplir solo el expediente. Si lo que
pretendemos únicamente es aprobar mociones que lo único que indican es
voluntad sin medidas, estaremos haciendo estrictamente un brindis al sol
que no nos llevará a ninguna parte. ¿Y saben ustedes quiénes pagan ese
viaje a ninguna parte? Las mujeres. Y les aseguro que en este momento
esas mujeres están esperando que los estamentos políticos reaccionen y
sean capaces de darles soluciones para seguir dando vida al mundo
rural.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Boya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador señor Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

A les nostres terres tenim la sort —crec— de tenir un
escriptor que el podria considerar com l’escriptor de la descripció
de la pagesia, del rere país. I aquest és en Francesc Canosa. I el vull
citar perquè crec que té una cita que aquí té molta aplicació. Diu en
Francesc Canosa, que la pitjor collita és aquella que no se sembra. I és
el que podríem dir amb el que està succeint a data d’avui. La
pitjor collita de manteniment de les dones a l’entorn rural és la
poca inversió, per no dir nul.la, que ha realitzat aquest Govern del
Partit Popular. Amb diferents agreujants.

Abans, amb molt bona intenció, la senadora Leyte parlava de les
restriccions pressupostàries, de la situació econòmica existent. Doncs
imagini’s si ens trobéssim en una territori on les aportacions
interterritorials tenen un desequilibri, i anem a la baixa, de 8.000
milions, reconeguts explícitament aquí a Madrid. I, tot i amb això, els
vull ensenyar el que s’ha realitzat des de Catalunya. Programa de
dones del món rural i marítim de Catalunya. Això, poden anar a la web del
Departament d’Agricultura de la Generalitat i podran veure
explícitament les actuacions que s’han fet entre l’any 2013 i
2015 tot i les restriccions pressupostàries.

Aquí s’ha sembrat. I quina és la collita? Tot i les males
situacions i les males perspectives —si em permeten
l’expressió— que es pot tenir en l’entorn rural, des de
la Generalitat de Catalunya, en aquest cas —i ho poso com a cas
paradigmàtic— s’ha treballat a favor de la incorporació i del
manteniment de les dones en el món rural. Entre d’altres coses,
perquè el 54 % de les noves empreses que s’estan creant micro i
petites i mitjanes empreses a l’entorn rural, prové d’aquesta
iniciativa explicitada per part de les dones.

Com s’ha fet això? Entre d’altres coses, amb una
inversió en els plans de desenvolupament rural. Amb una aportació que
s’ha fet entre el cofinançament existent, dels fons europeus, el
que hauria d’aportar el Govern de l’Estat espanyol i
l’increment d’aportació que fa el Govern de la Generalitat de
Catalunya, en aquest cas. Per què? Perquè creiem en el rere país. Perquè
creiem que, darrera de tot projecte social, hi ha d’haver un
projecte econòmic. I el projecte social que ens estan explicitant en
aquest moment, i l’any passat fou l’any de
l’agricultura familiar, és que les famílies, el nucli familiar,
entès des de la màxima extensió i, en aquest cas, la incorporació de les
dones, puguin tenir les facilitats per a poder desenvolupar-se. A més a
més, amb un element a tenir en compte. Hi ha lleis, com abans han dit els
senadors que m’han precedit, com és la Llei de titularitat
compartida.

Si mirem els resultats obtinguts per part de les actuacions del
Govern de l’Estat espanyol pel que fa a la incorporació de les
dones al món rural, és gairebé nul. Comparin-ho. Mirin les dues pàgines
web. I veuran que, tot i la limitació pressupostària, a Catalunya
s’ha treballat. A Catalunya s’ha anat amb aquesta línia. I
felicito que hi hagi aquest despertar, per part de l’Estat
espanyol, en aquesta línia. Però hi ha dues qüestions també que són
fonamentals. Una és la qüestió pressupostària. I l’altra és la
qüestió competencial. Pel que fa a la competencial, torno a reiterar la
voluntat d’arribar a un punt d’acord i de respecte
d’aquest ordre constitucional. Però, pel que fa a la qüestió
pressupostària, amb la reducció explícita aquest any de l’aportació
de fons als plans de desenvolupament rural, vostès no han complert. I no
han complert, entre d’altres coses, perquè si veiem la descripció
del Pla de Desenvolupament Rural Estatal, fixin-se de quines línies
parlen. «Ayuda a las acciones de formación profesional y adquisición de
competencias. Ayuda a las actividades de demostración y acciones de
información. Ayuda para contribuir a la obtención de servicios de
asesoramiento, para estudios, inversiones, inversiones en
infraestructuras. Ayuda para la prevención de daños causados en los
bosques por incendios, por reparación de daños, creación de agrupaciones
y organizaciones de productores. Ayuda para la conservación y promoción
de recursos forestales. De cooperación». En cap cas es parla, en cap
línia explícita, de la incorporació de les dones al món rural. I això no
es pot permetre. Si, a més a més, vostès saben que hi ha una qüestió
competencial i que això correspon a les comunitats autònomes, que han de
fer i han de treballar i han de tenir els fons per a poder fer aquesta
incorporació, si vostès no ho treballen bé, no entrin, quedin-se fora,
observin allò que es fa. I fins i tot és una qüestió de compartir
coneixements. Hi ha territoris en els quals es funciona. A nivell estatal
no es funciona. Fins ara no hi ha hagut aquesta voluntat explícita. No
tan sols de fomentar, incorporar, sinó amb aportacions de capital i amb
la facilitació de la incorporació de les dones que, en aquest cas, no es
veu per part del Govern de l’Estat espanyol.

No em vull estendre molt més. Per acabar, i amb el respecte
competencial que dèiem. Agraint-li el fet d’incorporar al text
d’aquesta moció i, anticipant-me al vot que li farem una abstenció
perquè, entre d’altres coses, no es pot anar en contra de treballar
en la línia de la incorporació de les dones al món rural, i la
facilitació de la seva supervivència, però tampoc no es pot votar a favor
quan no hi ha uns elements tangibles.

Ahir, al diari Ara, en Salvador Cardús, escrivia: «Tolstoi va
escriure que les qüestions més difícils poden ser explicades a les
persones amb no molta bona voluntat. I encara les poden arribar a
entendre, perquè no tenen cap idea preconcebuda. Però quan la cosa és més
simple, no s’arribarà a fer entenedora si aquella persona té una
idea preconcebuda». Què vull dir amb això? Vostès tenen la idea
preconcebuda de la recentralització. Nosaltres creiem que això no és
així. I, per tant, aquesta convivència entre una decantació
recentralitzadora que aprofita tots els plans de desenvolupament rural
per posar en dubte tota l’activitat que s’ha fet i en aquest
cas vull reivindicar la feina que han fet algunes administracions, amb la
qual cosa hi ha hagut un increment pressupostari per poder tenir, entre
d’altres coses, aquestes línies d’incorporació de les dones,
vostès aprofiten això per intentar laminar, ple darrere ple, totes
aquelles competències que tenim atribuïdes. Per això, no tinguin idees
prejutjades. No les tinguin aquestes idees prejutjades. Mirin allí on es
fa bé, mirin si es pot col.laborar i, sobretot, respectin les
competències que tenen i respectin també, a nivell pressupostari, el que
els hauria de pertocar de realitzar, pel bé d’un entorn rural que
és fonamental perquè hi hagi aquesta vertebració territorial que alguns
que venim de territoris, jo vinc d’un entorn molt extens, com és la
demarcació de les terres de Lleida, representem el 37 % del territori de
Catalunya i som el 7 % de la població. Si no fem unes mesures, si no
establim unes mesures en línia de fomentar la incorporació al món rural
d’homes i dones però, en aquest cas, estem parlant de dones, ens
trobarem amb una desertització de l’entorn rural i això anirà en
perjudici de totes i tots.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

En nuestras tierras tenemos la suerte —creo— de tener
un escritor al que se podría considerar como el escritor que describe a
los payeses: es Francesc Canosa. Y lo menciono, porque tiene una cita que
aquí tiene mucha aplicación. Dice este escritor, Francesc Canosa, que la
peor cosecha es aquella que no se siembra. Y es lo que podríamos decir
con lo que está sucediendo a fecha de hoy: la peor cosecha de
mantenimiento de las mujeres en el entorno rural es la poca inversión,
por no decir nula, que se ha realizado por parte de este Gobierno del
Partido Popular, con distintos agravantes.

Antes, con muy buena intención, la senadora Leyte hablaba de las
restricciones presupuestarias, de la situación económica existente. Pues
imagínense si nos encontramos en un territorio donde las aportaciones
interterritoriales tienen un desequilibrio a la baja de 8000 millones de
euros, reconocidos explícitamente aquí, en Madrid. Aun así, les muestro
lo que se ha realizado desde Cataluña: el Programa de mujeres del mundo
rural y marítimo de Cataluña. Pueden ir a la web del departamento de
Agricultura de la Generalitat y podrán ver explícitamente las actuaciones
que se han hecho entre el 2013 y 2015, a pesar de las restricciones
presupuestarias.

Aquí se ha sembrado. ¿Y cuál es la cosecha? Pues, a pesar de las
malas situaciones y las malas perspectivas —si me permiten la
expresión— que se pueden tener en el entorno rural, la Generalitat
de Catalunya ha trabajado —y lo pongo como caso
paradigmático— a favor de la incorporación o el mantenimiento de
las mujeres en el mundo rural, entre otras cosas, porque el 54 % de las
nuevas empresas, micro y pequeñas y medianas empresas en el entorno
rural, proviene de esta iniciativa explicitada por parte de las
mujeres.

¿Cómo se ha hecho eso? Entre otras cosas, con una inversión en los
planes de desarrollo rural, con una aportación que se ha hecho entre la
cofinanciación existente por parte de los fondos europeos, lo que tendría
que aportar el Gobierno del Estado español, y el incremento de aportación
que se hace por parte del Gobierno de la Generalitat de Catalunya. ¿Por
qué? Porque creemos en este país del trasfondo, porque creemos que detrás
de cada proyecto social tiene que haber un proyecto económico. Y el
proyecto social que nos están explicitando en este momento indica que el
año pasado fue el año de la agricultura familiar, que la familia es el
núcleo familiar entendido en su máxima extensión, y en este caso hay que
facilitar la incorporación de las mujeres para que pueda desarrollarse.
Además, con un elemento a tener en cuenta: hay leyes al respecto, como la
Ley de titularidad compartida, que han mencionado los senadores que me
han precedido.

Si miramos los resultados obtenidos por el Gobierno del Estado
español respecto de la incorporación de las mujeres en el mundo rural,
vemos que es casi nulo. Lo pueden comparar. Miren las dos páginas web y
verán que, a pesar de la limitación presupuestaria, en Cataluña se ha
trabajado, que en Cataluña se ha ido en esa línea. Y me congratulo de que
exista este despertar por parte del Gobierno español en esta línea, pero
hay dos cuestiones que también son fundamentales: una, la presupuestaria,
y otra, la competencial. En cuanto a la cuestión competencial, reitero
una vez más la voluntad de llegar a un punto de acuerdo y de respeto del
orden constitucional, pero por lo que se refiere a la cuestión
presupuestaria, con la reducción explícita este año de la aportación de
fondos a los planes de desarrollo rural, debo decir que ustedes no han
cumplido. Y no han cumplido, entre otras cosas, porque el plan de
desarrollo rural estatal —lo voy a leer— habla de la
siguientes líneas: ayuda a las acciones de formación profesional y
adquisición de competencias; ayuda a las actividades de demostración y
acciones de información; ayuda para contribuir a la obtención de
servicios de asesoramiento para estudios e inversiones en
infraestructuras; ayuda para la prevención de daños causados en los
bosques por incendios, reparación de daños, creación de agrupaciones y
organizaciones de productores; ayuda para la conservación y promoción de
recursos forestales, de cooperación, etcétera Pero en ningún caso se
habla de la incorporación de las mujeres al mundo rural. Eso no se puede
permitir. Además ustedes saben que hay una cuestión competencial y que
eso corresponde a las comunidades autónomas, que deben trabajar y tener
los fondos para esa incorporación. Si ustedes no lo trabajan bien, no
entren, quédense fuera; observen lo que se está haciendo. Incluso es una
cuestión de compartir conocimientos. Hay territorios en los cuales se
funciona y otros territorios a nivel estatal que no están funcionando; y
hasta ahora no ha habido una voluntad explícita, no solo para fomentar,
incorporar, etcétera, sino con aportaciones de capital para facilitar la
incorporación de las mujeres, que en este caso no se ve por parte del
Gobierno del Estado español.

No quiero extenderme mucho más. Para acabar, y con el respeto
competencial del que hemos hablado, les agradezco el hecho de
incorporarlo al texto de esta moción y les anticipo que nos vamos a
abstener, entre otras cosas, porque no se puede ir en contra de trabajar
en la línea de la incorporación de las mujeres al mundo rural y facilitar
su supervivencia, pero tampoco podemos votar a favor cuando no hay
elementos tangibles.

Ayer, en el periódico Ara, Salvador Cardús decía lo siguiente:
Tolstoi escribió que las cuestiones más difíciles pueden ser explicadas a
las personas con no mucha buena voluntad y las pueden llegar a entender
porque no tienen ninguna idea preconcebida. Pero cuando la cosa más
simple no se llega a entender, la persona tiene de ello una idea
preconcebida. Ustedes tienen la idea preconcebida de la recentralización,
y nosotros creemos que eso no es así. Por tanto, hay una convivencia con
una decantación hacia la centralización, que aprovecha todos los planes
de desarrollo rural para poner en duda toda la actividad que se ha hecho
y reivindicar el trabajo desarrollado por parte de algunas
administraciones, con un incremento presupuestario, para poder tener,
entre otras cosas, esas líneas de incorporación de las mujeres. Ustedes
aprovechan eso para intentar eliminar, Pleno tras Pleno, todas aquellas
competencias que tenemos atribuidas. Por ello, no tengan ideas
preconcebidas, no tengan esas ideas prejuzgadas. Miren dónde se está
haciendo bien, miren si se puede colaborar, y sobre todo respeten las
competencias y, también a nivel presupuestario, lo que les tocaría
realizar pensando en el beneficio de un entorno rural que es fundamental
para que exista esta vertebración territorial. Yo vengo de un entorno muy
extenso, como es la demarcación de las tierras de Lleida, donde
representamos el 37 % del territorio de Cataluña y el 7 % de la
población. Si no tomamos unas medidas en la línea de fomentar la
incorporación al mundo rural de hombres y mujeres, aunque en este caso
estamos hablando de mujeres, nos vamos a encontrar con una gran
desertización del entorno rural. Y eso va a perjudicarnos a todas y a
todos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
señor Toledo.

El señor TOLEDO DÍAZ: Gracias, señor presidente, señorías.

Senadora Leyte, voy a empezar por el final. Usted dice que
nosotros no hemos querido negociar la transaccional. Mire, nos ha
presentado el texto diez minutos antes de empezar esta moción; diez
minutos antes de empezar, y quería que firmásemos. Si usted cree que eso
es negociar, nosotros no lo entendemos como negociación bajo ningún
concepto. Y, desde luego, no la podemos aceptar porque simplemente han
incluido nuestro primer punto. Y ya lo he dicho en el turno de defensa de
enmiendas: en el fondo era más bien un error por su parte a la hora de
describir el tema de la concienciación de la mujer en el medio rural. Por
tanto, senadora Leyte, nosotros sí queríamos negociar porque hemos
presentado en la enmienda propuestas reales y efectivas.

Podemos discutir sobre ideologías, sobre grandes intenciones que
generen no menores titulares de prensa, pero que al fin y a la postre se
queden en papel mojado, textos que sirven para llenar el Diario de
Sesiones, pero que, por desgracia, están profundamente alejados de los
verdaderos problemas de nuestros ciudadanos.






Y eso ha ocurrido muchas
veces en esta legislatura. Si ustedes, en el Grupo Parlamentario
Popular, desean presentar en el Pleno del Senado mociones prácticamente
vacías de propuestas efectivas, están en su derecho, y también de
aprobarlas porque está en su mayoría, pero obviar propuestas reales para
problemas reales, en este caso de las mujeres en el medio rural, es a
todas luces una irresponsabilidad y, a nuestro entender, una burla hacia
los ciudadanos.

Si la moción, según el orden del día del Pleno, dice textualmente
que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de impulso
del papel de la mujer en el sector agroalimentario, ya nos informarán
ustedes, señorías, sobre cuáles son esas determinadas medidas de impulso,
porque, salvo que tengamos un texto diferente al que tienen ustedes,
dichas medidas brillan por su ausencia. Demasiadas veces oímos esas
palabras huecas de las grandes intenciones, cuando este Gobierno ni
siquiera desea utilizar los instrumentos legales de los que ya nos hemos
dotado para hacer algo, señorías, que mejore la condición de vida de las
mujeres en el medio rural.

Ustedes dicen en la moción —y también leo
textualmente—: «…hay que apostar por facilitar la
incorporación de la mujer en la actividad agroalimentaria, impulsando
medidas ante las instituciones europeas en las que se tenga en cuenta que
necesitan más apoyo.»

Las organizaciones de mujeres rurales, como Fademur, por ejemplo,
ya le pidieron al Gobierno que incluyera la priorización de la mujer en
el marco nacional de desarrollo rural, algo que ya contempla la propia
Comisión Europea —lo han comentado antes el senador Plana y el
senador Boya—. Pero el Gobierno no ha visto oportuno incluir
medidas específicas para la mujer en el desarrollo rural de nuestro país.
Evidentemente, hay medidas para jóvenes agricultores, para nuevas
instalaciones agrícolas y agroalimentarias, para hombres y para mujeres.
Claro que sí, faltaría más, señoría; si no sería inconstitucional. Pero
no se han incluido medidas específicas para la mujer en el desarrollo
rural de nuestro país en los programas de desarrollo rural que negoció el
Gobierno, como tampoco se ha incluido ninguna medida específica en el
plan nacional que está negociando actualmente el Gobierno con la
Comisión.

¿Y ahora quieren ustedes que las instituciones europeas impulsen
medidas de este tipo para la mujer rural? Tal vez sea una broma; parece
más una provocación a las mujeres rurales de este país, señorías.
Ustedes, que solicitan más apoyo, más dinero para las mujeres rurales,
desde 2011 han recortado la partida de integración de la mujer rural, de
los Presupuestos Generales del Estado, un 75 %, señorías; un 75 %. Lo es
también que no hayan querido desarrollar y aplicar la Ley 45/2007, de
desarrollo sostenible del medio rural, que tiene como finalidad
fundamental mejorar la situación socioeconómica de las poblaciones
rurales y el acceso a servicios públicos suficientes y de calidad,
concediendo, sin lugar a dudas, una atención preferente a la mujer y a la
juventud, de quienes depende en gran medida el futuro del desarrollo
rural de nuestro país, una ley que, sorprendentemente, ustedes obvian en
el cuerpo de la moción.

Lo dicho: esta moción está vacía de contenidos. Por ejemplo, en el
punto 3 hablan ustedes de realizar estudios para profundizar en el
conocimiento de la situación de las mujeres en el medio rural. Señorías,
el Magrama, en su página web —y les invito ahora mismo a quienes
tengan el ordenador aquí, en la sala, a meterse y que lo
comprueben— tiene publicado el Plan estratégico para la igualdad de
género en el desarrollo sostenible del medio rural, período 2011-2014.
También existe un magnífico estudio sobre diagnóstico de igualdad de
género en el medio rural, del que nada se dice, señoría, en el cuerpo de
la moción. Tal vez no les interese o no conocían la existencia de estos
estudios, aunque, claro, ambos estudios están realizados por el anterior
Gobierno socialista. Y el ministerio ni siquiera ha cambiado la página
web. Y no la ha cambiado, porque en estos tres años y medio no ha hecho
nada relacionado con la mujer en el medio rural, señorías. Esa es la
verdadera realidad, independientemente de que ustedes nos presenten aquí
mociones para cubrir el cupo sin ningún tipo de alternativa ni de medidas
efectivas. Señorías, ¿necesitamos de verdad hacer más estudios?
¿Necesitamos que se invierta dinero púbico para hacer cosas que ya están
hechas y que ustedes se niegan siquiera a aplicar?

Resulta de todo punto absurdo que se plantee una moción del medio
rural y ni siquiera se haga alusión a estos planes estratégicos de la
mujer, como la Ley de desarrollo o la Ley de titularidad compartida de
explotaciones agrarias. ¿Y usted, señoría, dice aquí que el Gobierno
andaluz no la ha aplicado? Señorías, la Ley de titularidad compartida de
explotaciones agrarias, Ley 35/2011, es competencia del Estado; y, según
la disposición final primera, es obligación del Gobierno de esta nación
desarrollar esa ley, publicitar esa ley, dar salida a esa ley y preparar
dinero para que la mujeres puedan tener la titularidad compartida de las
explotaciones agrarias. No es obligación del Gobierno andaluz ni del
extremeño ni del de Castilla-La Mancha, de la señora De Cospedal, su
secretaria general, claro que no. Es del Gobierno de este país. Por
cierto, esa ley se aprobó por unanimidad en la anterior legislatura.
Tampoco dicen nada de esa ley, no comentan nada de lo importante que es
para la mujer, para que sea reconocida de verdad en el campo, donde lleva
años y años trabajando sin derechos, porque trabajaba sin ningún tipo de
reconocimiento ya que el titular siempre era el marido. Esa ley, que
avanza profundamente en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres
en el medio rural, a ustedes les parece que no es importante, y en una
moción sobre mujer y desarrollo rural, no digo ya que pidan algo relativo
a ella, sino que ni siquiera la nombran. Después, el Gobierno hará una
evaluación y dirá que esta ley no ha tenido repercusión en España. Claro,
¿cómo va a tener repercusión, si la han tenido ustedes, el Gobierno de
este país, el Gobierno de Rajoy, la ha tenido guardada en un cajón porque
no han querido desarrollarla? No les ha interesado desarrollarla, no
tienen intención de hacerlo. Y lo que nosotros entendemos por el papel de
la mujer en el medio rural dista muchísimo de lo que usted piensa o cree
sobre la mujer en el medio rural. Y no vale que diga que somos
corresponsables de lo que pasa en este país. Sí, somos corresponsables,
pero hay gobiernos que hacen leyes para combatir, leyes por la igualdad
de oportunidades para la mujer, y otros que esconden esas leyes en
cajones porque no quieren aplicarlas. Por lo tanto, no nos meta usted en
el mismo cajón a todos.

Por último les diré, señorías, respecto a la reducción de peonadas
para poder cobrar el subsidio agrario que ha sido la propia ministra la
que ha dicho en sede parlamentaria que lo iba a hacer. Ustedes rechazaron
ya una moción que presentó la senadora Coves, la portavoz socialista en
la Comisión de Agricultura en el Senado, en noviembre y dijeron que era
muy pronto. A finales de diciembre, la ministra dijo que lo iban a hacer
rápidamente. No obstante, estamos casi a finales de febrero y todavía no
hay nada, siendo la reducción de peonadas necesaria e imprescindible para
los asalariados del campo de Andalucía, de Extremadura, de mi región,
Castilla-La Mancha, y de muchas otras de este país. Es obligación del
Gobierno hacerlo, se ha comprometido a ello, por tanto, ustedes no pueden
eludir esa responsabilidad, salvo que no quieran hacerlo. Díganlo.
Expliquen en Andalucía mañana que los jornaleros no van a ver reducidas
las peonadas para poder cobrar el subsidio.

Termino, señorías. Los recortes son nefastos para el desarrollo de
la sociedad en general y mucho más cuando afectan a pueblos y comarcas.
Eso es mucho más pernicioso, como pasa en mi región, Castilla-La Mancha.
Hay algo, señorías, de lo que ustedes no se han dado cuenta ni han
querido darse cuenta: que el mejor incentivo para que las mujeres y
también los hombres se queden en el medio rural es que haya unas
condiciones de vida y de trabajo dignas, de educación para sus hijos, de
sanidad para los enfermos, de servicios sociales para los que más los
necesitan, para los que menos tienen y menos pueden. Y es precisamente de
lo que estamos hablando hoy, de lo que ustedes están destrozando con sus
recortes: la dignidad de un pueblo que quiere vivir en su tierra. (El
señor presidente ocupa la Presidencia).

Por todo lo expuesto, señorías, no podemos apoyar esta moción del
Grupo Popular por ser un gesto inútil y un aplauso al Gobierno por los
recortes masivos en este país.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Toledo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Leyte.

La señora LEYTE COELLO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, las ayudas europeas supusieron un antes y un después.
Los programas Leader, Proder, Feader 2014-2020 y la negociación de la PAC
han sido y son esenciales para el desarrollo del medio rural pero no han
sido suficientes. La realidad se impone y la verdad es que no hemos sido
capaces de detener el sangrado poblacional del medio rural, que
actualmente creo que ya deberíamos definir como hemorragia. Aun así, hay
motivos para la esperanza. El medio rural constituye el 90 % del
territorio y en él viven casi 6 millones de mujeres, que han luchado con
su esfuerzo para que no se haya desmoronado antes. Las mujeres empiezan a
apostar por la sociedad rural y están comenzando a emprender, poniéndose
al frente de empresas, negocios y cooperativas.

El Gobierno también está fomentando el cooperativismo, y hay que
seguir con este empuje porque es necesario que la mujer recupere el mundo
que le pertenece. Las estadísticas recientes muestran que el 40,63 % de
las nuevas altas de autónomos del primer trimestre de 2014 son mujeres,
cifra que en Castilla-La Mancha se eleva al 42 %. Diversas asociaciones
se han reunido recientemente para firmar el Protocolo de colaboración por
el emprendimiento rural femenino. Su objetivo es conseguir un marco
estable de todas las entidades firmantes para facilitar la incorporación
de las mujeres rurales españolas al mundo laboral y a la toma de
decisiones y lograr una igualdad real de oportunidades, mejorar las
condiciones de vida y compatibilizar la vida laboral, personal y
familiar, pero, sobre todo, promover el emprendimiento en el mundo
rural.

De los 570 millones de explotaciones que existen en el mundo, más
de 500 millones son de tipo familiar y son responsables del 70 % de la
producción alimentaria mundial. No podemos volver la espalda a la mayor
parte de nuestro territorio, es preciso hacerlo rentable, y, sin duda,
estoy convencida de que la mujer tiene mucho que ofrecer y se le debe dar
paso con mecanismos apropiados que lo favorezcan.

Hay un compromiso que dice el senador socialista que no he
nombrado, el de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias.
Efectivamente, fue un acuerdo unánime y una petición del Partido Popular
al anterior Gobierno. Desgraciadamente las solicitudes hasta la fecha son
solo más de cien en toda España. Me he referido a la Comunidad andaluza
porque es una de las más bajas pese a que tiene mucho territorio y
muchas explotaciones. Por eso, simplemente hice esa aclaración. No
obstante, he de decirle que es una ley difícil de tramitar. En este
momento están trabajando sobre ello el Gobierno y las comunidades
autónomas dada la gran dificultad que hay para ponerla en marcha debido a
la gran diversidad de normativa que existe entre las comunidades
autónomas. Las mujeres necesitan canales —y se van a abrir—
para acceder a esta información. También es necesario facilitar el
acceso, el asesoramiento y los trámites para la instalación de la primera
actividad agrícola y/o ganadera tanto en la agricultura tradicional como
en otras más selectivas como la agricultura ecológica, la apicultura, los
cultivos de setas, las plantas medicinales, los frutos del bosque, la
floricultura, la horticultura, el sector forestal. Asimismo promover la
iniciativa industrial para la transformación y envasado de esos productos
y ayudar en los canales de su comercialización, así como manifestar
nuestro reconocimiento, cómo no, a las mujeres del mar —rederas,
conserveras, etcétera—. La senadora del PNV se refirió a ellas, yo
no. He centrado el tema de mi intervención no en las mujeres del mar
—yo soy de Vigo—, a las cuales admiro y les reconozco su
empuje y capacidad, sino en la despoblación y en la mujer como factor
indispensable para esa recuperación. Por tanto, he pasado más de
puntillas sobre este tema de las mujeres del mar.

El ministerio y las comunidades autónomas deben seguir
promocionando la formación, deben impulsar que la mujer se haga cargo de
explotaciones, los premios de excelencia a aquellos proyectos que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población rural, el
carácter participativo y la apuesta para que la mujer esté en los órganos
de decisión. Hace cinco días se celebró en Barcelona una cumbre de
agroindustria dirigida a mujeres con el fin de ofrecer un conocimiento
del más alto nivel del sector. Creo que es importante que existan cumbres
de ese tipo para que realmente la mujer se vea potenciada y tenga en sus
manos cada vez más su destino. Además, el Gobierno aprobará este año el
plan especial de promoción de las mujeres rurales —lo digo porque
el senador socialista cree que no se está haciendo nada, y no es
cierto— junto con el compromiso, como ya dije, de impulsar la
titularidad compartida con las comunidades autónomas. Y estoy segura que
la mejora de la economía ayudará a aumentar el número de negocios porque
las entidades bancarias, gracias a su saneamiento, estarán en condiciones
de ofrecer créditos, que hasta ahora era prácticamente imposible.

También se deben incentivar las capacidades de las mujeres en el
territorio para diversificar su economía, para poner en valor
potencialidades y nichos aún no considerados mediante el asesoramiento y
la promoción de medidas de política de desarrollo local y patrimonio
histórico, cultural y material, agentes locales de patrimonio,
etcétera.

Actualmente el Magrama dispone de un programa de alta formación
para la cadena agroalimentaria, cuyo objetivo es ayudar a las pequeñas y
medianas empresas del sector agroalimentario español a competir en
condiciones óptimas en el mercado. El programa constituye una oferta de
alto contenido estratégico de formación de capital humano a las empresas
de la cadena agroalimentaria, en especial a las pymes agroalimentarias,
que cualifica a cargos directivos y mejora la competitividad y la
sostenibilidad en el mercado de nuestras empresas agroalimentarias. En
ese sentido constituye una herramienta útil para la formación y
perfeccionamiento directivo de las mujeres y favorece su incorporación en
puestos de alta responsabilidad en la empresa agroalimentaria. Hay que
reseñar como medidor de este programa de alta formación que se han
realizado 77 acciones formativas, que han participado 1618 gestores y
directores de empresas agroalimentarias, que el 75 % de las plazas
participantes eran pymes... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por
favor.

La señora LEYTE COELLO: ...y que el porcentaje de mujeres gestoras
y directivas que han participado en el programa de alta formación es el
25 %... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por
favor. No se oye a la senadora Leyte, no se le puede oír.

La señora LEYTE COELLO: Creo que todos los grupos nos damos cuenta
—y se están dando pasos para ello— de que la implicación de
la mujer supondría una gran ayuda para frenar el abandono del mundo rural
e impulsar su desarrollo. He releído las intervenciones en las ponencias
sobre el estudio que está llevando a cabo el Senado en cuanto a la
despoblación del medio rural y zonas de alta montaña, que considero muy
importantes, y aun siendo de diferentes ideologías, todos los
intervinientes abogan por un mayor protagonismo de la mujer para paliar
este grave problema e incluso algunos lo consideran prácticamente como la
solución para poder realizarlo. Por eso, creo que nuestro Gobierno
impulsará estas soluciones y se favorecerá que la mujer siga siendo la
principal protagonista del mundo rural.

Agradezco a todos los grupos sus aportaciones y el tono, y al
Partido Nacionalista Vasco y a CIU su abstención. Espero que, entre
todos, consigamos que la mujer alcance lo que todos queremos.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Leyte.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación de la
moción del Grupo Parlamentario Popular, firmada por el Grupo
Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i
Unió, el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230;
votos emitidos, 229; a favor, 147; en contra, 63; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El señor presidente da lectura al punto 5.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos enmiendas
del Grupo Parlamentario Mixto: una, a iniciativa de los senadores
Iglesias y Mariscal, y otra, a iniciativa de la senadora Julios
Reyes.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y por tiempo de quince minutos, tiene la palabra la senadora
Llinares cuando haya silencio en el hemiciclo. (Rumores).

Guarden silencio, señorías, por favor, o abandonen el hemiciclo en
silencio. (Rumores).

La senadora LLINARES CUESTA: Gracias,... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senadora Llinares.

Señorías, la senadora Llinares no va a comenzar su exposición
hasta que no haya silencio.

Cuando quiera, señoría.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Señorías, buenos
días.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para
defender una moción que persigue, en definitiva, recuperar los valores de
la equidad, de la universalidad, de la igualdad de oportunidades, de la
solidaridad, de la justicia social, de la cohesión y del acceso a los
servicios sanitarios en igualdad de condiciones, vivan donde vivan las
personas. Ese es el espíritu de esta moción.

Como todos ustedes conocen, la sanidad en nuestro país desde el
inicio de la legislatura —hace ya más de tres años— ha
sufrido unas decisiones que están poniendo en riesgo la salud de
muchísimas personas, decisiones que han sido adoptadas de forma
unilateral por el Grupo Popular y por el Gobierno del Partido Popular,
sin contar absolutamente con nadie, por la puerta de atrás, sin debate
científico, político y social. Me estoy refiriendo a aquellas cuestiones
que han sido el día a día de la vida de los españoles y de las españolas,
a la promulgación del Real Decreto 16/2012, de recortes y de copagos. Por
tanto, la vida de los españoles y las españolas, gracias al Gobierno del
señor Rajoy,… (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías. No se
oye a la oradora. Ruego silencio.

La señora LLINARES CUESTA: Como les decía, la vida de los
españoles y las españolas está condicionada por los recortes implantados
por el Gobierno del señor Rajoy —recortes presupuestarios, recortes
en la cartera de servicios, introducción de nuevos copagos—, sobre
todo, y especialmente, para las personas más vulnerables, para las
personas más necesitadas, para los pensionistas, para los enfermos
crónicos. Y quiero insistir, y siempre que pueda lo haré, en lo injusto,
en lo inmoral que es que en ese real decreto se les haya quitado la
tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares: 873 000 no tienen
derecho a la asistencia sanitaria gracias al Gobierno del Partido
Popular, que les ha dejado tirados en la cuneta. Muchísimas
organizaciones, nacionales e internacionales, han dicho que eso es
injusto, que es ilegal y que contraviene la Carta de los derechos
humanos. Pero a ustedes eso no les importa absolutamente nada porque son
incapaces de rectificar una decisión totalmente injusta. Es verdad que
hay comunidades que no han hecho caso como Asturias, Andalucía y otras
comunidades, que han puesto recursos de inconstitucionalidad. Por tanto,
voy a continuar insistiendo en que haya menos palabras. Ustedes vienen
aquí y nos dicen que todo funciona de maravilla, que estamos en la senda
de la recuperación, pero la gente está en la calle sin poder comer y sin
tener acceso a algo tan básico y tan importante como es la sanidad
pública. Como les decía, medidas de recortes y copagos que están
ocasionando muchísimos desequilibrios sociales y territoriales. El
balance es demoledor.

Pero, señorías, lo más lamentable de todo es que llevamos tres
años en los que todas y cada una de las intervenciones —tanto la de
la anterior ministra como la del ministro actual y la de todos los
responsables políticos del Partido Popular— se basan en una
mentira, en la mentira de la herencia recibida, en la mentira de que no
se pueden mantener los servicios públicos. Y presumen aquí y todos los
días del Real Decreto Ley 16/2012 que tanto daño está causando a las
personas, además sin sonrojarse ni un momento.

La disparidad de criterios en la aplicación del Real Decreto Ley
16/2012 en las distintas comunidades autónomas ha convertido el acceso a
la atención sanitaria en una carrera de obstáculos.

Yo les recomendaría que leyesen el último informe que ha elaborado
Médicos del Mundo, que se llama Derribemos el muro de la exclusión
sanitaria. Léanlo por favor y verán cómo no son capaces de salir a esta
tribuna y decir todas las barbaridades que dicen y de presumir tanto como
presumen. Este informe hace referencia concretamente a que en la
Comunidad de Madrid 40 000 personas han sido excluidas de la asistencia
sanitaria. Pero también les recomiendo que lean el informe del
Observatorio por el derecho a la salud de la Comunidad Valenciana,
Odusalud, donde también se especifican los nombres y apellidos de las
personas que han sido desatendidas, fíjense ustedes, hasta los menores,
que, según ese real decreto, tienen derecho al acceso a la asistencia
pública. En la Comunidad Valenciana, en algunos casos se les está
denegando y en otros se les obliga a que firmen como que se les ha
atendido y luego les facturan la asistencia sanitaria. Así les podríamos
relatar muchísimos casos de personas humanas, insisto, con nombres y
apellidos, de personas de carne y hueso, que no son estadísticas, que no
son papeles sino personas con sufrimiento. Por eso les pediría que fuesen
capaces de mirar esos informes y vieran que, gracias a las organizaciones
no gubernamentales que están haciendo un trabajo magnífico, cada día se
nota menos su dejadez y su incompetencia. Por tanto, es urgente
rectificar las decisiones injustas e inhumanas.

Y miren, no les vamos a permitir que vuelvan con el mantra de la
herencia recibida y de que no se pueden sostener los servicios
sanitarios. En España no tenemos un gasto adecuado para conseguir la
calidad del servicio sanitario. Se lo dije una vez pero se lo voy a
repetir: en el año 2011 nuestro gasto sanitario en relación al PIB era el
6,75 %, cuando en Alemania era el 8,37 % o en Holanda el 9,62 %. ¿Y saben
ustedes en cuánto van a fijar el gasto sanitario? Según el programa de
reformas 2014-217, que han remitido a la Unión Europea, que está ahí y
que todos ustedes pueden ver, lo van a dejar en el 5,3 %. ¡Como para que
luego digan que no hay recortes, que son invenciones! Eso significa
14 000 millones de euros en recortes, en recortes, y eso es lo que
ustedes están haciendo, por no hablar de la exclusión de 417 medicamentos
—el medicamentazo—, que, según ustedes, eran para síntomas
menores. Claro, los que tienen dinero se pueden pagar esos medicamentos
como pueden ser gotas para los ojos, gotas para los oídos, mucolíticos
para la tos, etcétera y aliviar esos síntomas menores. Por tanto,
discriminación entre los que tienen dinero y se pueden pagar unos
medicamentos y los que no tienen dinero ni para pagarse esos
medicamentos.

Si ya les comentábamos que habían realizado una pésima gestión en
la crisis del ébola, qué les voy a decir de la gestión en la crisis de la
hepatitis C. Hace más de un año, en enero, la Agencia Europea del
Medicamento aprobó un nuevo tratamiento que curaba prácticamente la
hepatitis C en el 90 % de los casos. Nuestro grupo hace ya casi un año
presentó preguntas, iniciativas. En el mes de septiembre le hice una
pregunta a la entonces ministra Mato y, claro, como siempre dicen, ya
estaba solucionado, que el tratamiento que el médico recetase a todos los
pacientes iba a estar a su alcance. Estamos hablando del mes de
septiembre, ha pasado casi un año y continuamos exactamente igual. Por
tanto, nosotros pedimos que haya una garantía de financiación para poder
dar una respuesta adecuada que asegure el acceso igualitario, sin
discriminación, entre pacientes o territorios a las terapias y
medicamentos innovadores, como puede ser en el del caso de la hepatitis
C, o a cualquier otro tratamiento innovador desde el punto de vista de la
efectividad clínica.

Y aunque se lo hemos dicho en diferentes ocasiones —porque
somos repetitivos y vamos a continuar siéndolo—, el copago está
creando muchísimas dificultades para que muchas personas, especialmente
los pensionistas, puedan acceder a los medicamentos. Y eso que parece tan
duro es una realidad que ustedes no quieren ver pero que está ahí. La
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha hecho
un informe que estima que al menos el 20,39 % de los pensionistas no
retiran a final de mes todos los medicamentos prescritos por el médico de
su farmacia, y es fácil de entender: muchos pensionistas están atendiendo
también a sus familiares, que están pasando por circunstancias económicas
difíciles. Asimismo existe una razón burocrática: hay comunidades
autónomas que devuelven el exceso de lo cobrado en tiempo y forma y otras
tarde, mal y nunca, y, por desgracia, como siempre, tenemos un ejemplo
que es mi querida comunidad, la Comunidad Valenciana.

Y hay otra razón, más reciente. Saben ustedes que se ha subido el
IVA de los productos y materiales sanitarios del 10 al 21 %, lo que al
final va a producir un mayor gasto para los servicios sanitarios de las
comunidades autónomas y para el bolsillo de los ciudadanos.

Por tanto, nosotros pedimos en nuestra moción que la recaudación
del IVA revierta de forma finalista a las comunidades autónomas para
financiar cuestiones importantísimas relacionadas con la sanidad pública.
Es una moción para la que solicitamos el apoyo de todos los grupos
políticos para garantizar los valores de la solidaridad y la justicia
frente a la codicia y el sálvese quien pueda.

El punto 1 y fundamental de la moción es derogar el Real Decreto
16/2012 por injusto, por inmoral y por cruel. En el punto 2 pedimos una
nueva ley que consolide el carácter público, universal y gratuito del
sistema sanitario; desarrollar un plan de acción que garantice el acceso
a las terapias y a los medicamentos a todas las personas afectadas por la
hepatitis C o por cualquier otra enfermedad que lo necesiten desde el
punto de vista de la efectividad clínica; y crear un fondo para financiar
las terapias innovadoras que permita a las comunidades autónomas
garantizar el acceso a dichas terapias. El punto 3, destinar —como
les he dicho— de forma finalista la recaudación de la subida del
IVA a la financiación de la sanidad pública de las comunidades autónomas.
Son propuestas para mejorar de verdad, y no solo con palabras, nuestro
magnífico Sistema Nacional de Salud, del que tan orgullosos y orgullosas
nos sentimos, lo mismo que de nuestros profesionales, pero que
lamentablemente el Partido Popular está desmantelando, y, por eso, es
urgente un cambio de rumbo. Teníamos esperanzas con el nuevo ministro,
pero después de oírle ayer en esta misma tribuna defendiendo lo
indefendible, mucho nos tememos que va a continuar por la misma
senda.

Por tanto, señorías, rectifiquen, porque cuando hablamos del bien
más preciado, que es la salud de las personas, rectificar es bueno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

A esta moción se han presentado dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto: una, a iniciativa de los senadores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, y, otra, a iniciativa de la senadora
Julios Reyes.

Para la defensa de la primera enmienda, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo para presentar, con la máxima brevedad posible, la
enmienda que hemos formulado. Es una enmienda de adición que pretende
que, además de ese fondo específico de financiación de las nuevas
necesidades de atención farmacológica como consecuencia de la aplicación
de nuevos medicamentos habitualmente costosos —por ejemplo, el
grave problema de la atención a los enfermos de hepatitis C que tenemos
en estos momentos—, se añada la necesidad de recuperar el Fondo de
cohesión sanitaria.

Como saben sus señorías, este ha sido un debate recurrente en los
últimos Presupuestos Generales del Estado. En los presupuestos de los
años 2012, 2013 y 2014 se han venido aplicando sucesivos recortes que en
el último ejercicio de 2014 significaron un recorte del 75,76 % del
importe de dicho fondo, y en el ejercicio de 2015 se tomó la decisión
radical de prescindir de él como una parte de los Presupuestos Generales
del Estado y configurarlo con un cambio de naturaleza, que no se ha
reconocido expresamente, como un fondo de carácter extrapresupuestario
con la mera finalidad —con trascendencia, sin ninguna duda—
de que se convierta en un elemento de compensación entre las comunidades
autónomas por los gastos que les genera la atención de desplazados de
otras comunidades autónomas.

Es justo y necesario que estas compensaciones se produzcan, pero
ello significa desvirtuar la naturaleza con la que se creó el Fondo de
cohesión sanitaria, que era garantizar a todos los ciudadanos una
atención homogénea en el conjunto del Estado en materia sanitaria, siendo
consciente la Administración General del Estado que crea el fondo de que
cuando se produjeron las transferencias en materia sanitaria no todas las
comunidades autónomas contaban con infraestructura similar y, por tanto,
no estaban en condiciones de prestar dicha atención. Cierto es que ha
transcurrido un número importante de años desde que esa transferencia se
produjo y que ya no hay un sistema de financiación específico de la
sanidad, sino un sistema de financiación autonómica con el que la
comunidad autónoma tiene que ser capaz de sustentar sus necesidades. Pero
eso no es óbice para que los ciudadanos, como integrantes de un sistema
que se sigue llamando Sistema Nacional de Salud, sigan teniendo derecho a
esa atención homogénea en la que tiene que haber alguien que la
garantice. Y la Administración General del Estado está renunciando a
jugar ese papel prescindiendo de este fondo. Luego se podrá entrar en el
debate y en la discusión —porque la argumentación que la Secretaría
de Estado de Sanidad puso sobre la mesa en el debate presupuestario era
que no cabe refinanciar competencias transferidas— de si en
aquellos casos en que la Administración del Estado tenga que establecer
mecanismos para que esos ciudadanos que reciben una atención por debajo
del estándar en el conjunto del Estado accedan a ese estándar, debe o no
debe ser a su vez compensada, y de qué forma, por la comunidad autónoma
que no está cumpliendo con la obligación de gestionar un sistema de
sanidad público que garantice esa atención sanitaria de calidad a sus
ciudadanos, más allá de las responsabilidades políticas que tenga frente
a ellos y que se diriman en los procesos electorales. Pero por encima de
todo eso —entiendo yo y entienden los senadores enmendantes, y de
ahí la moción— está el derecho de esos ciudadanos a la atención
sanitaria.

Y dejo para el turno de portavoces la argumentación en torno a la
moción.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.

Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la senadora
Julios Reyes.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, Coalición Canaria apoya la moción presentada por el
Grupo Socialista. Lo que pretendemos con nuestras enmiendas es reforzar
los aspectos que nos parecen más importantes, en concreto uno que nos
preocupa especialmente en Canarias, que es el déficit de financiación
sanitaria que hay con el sistema público sanitario de Canarias.

En el primer punto, que compartimos por completo, referido a
derogar el real decreto ley, nosotros pretendemos recuperar el contenido
legal que hasta ahora teníamos en España del derecho universal a la
prestación sanitaria. El Real Decreto 16 ha supuesto una contrarreforma
sanitaria en España, un cambio de modelo sanitario: de un modelo
universal de asistencia y de prestación sanitaria basado en un Sistema
Nacional de Salud se ha regresado a la época franquista, en la que había
un sistema sanitario basado en un modelo de Seguridad Social. Por eso
planteamos recuperar aquellos artículos de las leyes importantes, desde
la Ley general de sanidad hasta aquí, que nos hablan del derecho a la
prestación sanitaria y de desterrar de la legislación española sanitaria
el término aseguramiento porque, evidentemente, todas las leyes que hasta
ahora se habían desarrollado en España están basadas en el artículo 43.1
de la Constitución española, que reconoce el derecho a la protección de
la salud. Ahora, con esta modificación legislativa que introdujo con el
real decreto el Partido Popular, pasamos a tener, en vez de titulares de
derecho, condiciones de los asegurados para tener acceso al sistema
sanitario.

Otro aspecto que planteamos es reforzar el segundo punto que la
proponente nos plantea en cuanto a promover una ley que consolide el
carácter público, gratuito y universal, así como desarrollar un plan de
acción. Lo que nosotros decimos es que se retome el cauce institucional
para que, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, se consensue nuevamente un pacto por la sostenibilidad y la
calidad del sistema. La contrarreforma sanitaria que inició el Partido
Popular con este decreto rompió todos los consensos habidos en este país
en torno al sistema sanitario desde el inicio de la democracia hasta hoy,
pues se impuso de forma unilateral sin ser discutido en el Consejo
Interterritorial. Quiero comentar a la portavoz del Grupo Socialista que
Canarias también presentó un recurso de inconstitucionalidad a este
decreto.

El tercer aspecto en el que me voy a detener —que en
Canarias nos preocupa especialmente y de ahí la inclusión de un punto en
la enmienda que proponemos— es en el de abordar de forma urgente la
adecuación del sistema de financiación sanitaria consensuándolo con las
comunidades autónomas, recuperando la equidad, y en el que de forma
específica se revise el criterio del sobrecoste de la insularidad en el
sistema de financiación. Planteamos esto, señorías, porque desde que
gobierna el Partido Popular la equidad en la financiación de la sanidad
en España se ha roto. Ha aumentado la brecha que nos separa en cuanto a
la financiación sanitaria de unos territorios con respecto a otros. Uno
de los territorios perjudicados es el canario. Concretamente, Canarias
recibe 252 euros menos al año por cada habitante para mantener los
servicios públicos, menos que la media del Estado. Y si nos comparamos
con la comunidad autónoma que recibe una mayor financiación, 858 euros
menos para mantener nuestro sistema sanitario que la media del Estado. Un
sistema sanitario que tiene que mantener —y lo vamos a seguir
haciendo— abiertos en Canarias hospitales y centros de salud. Y
digo hospitales porque, para que lo entiendan sus señorías, si Canarias
estuviera en el territorio continental no tendría que tener abiertos
hospitales en islas como La Gomera o como El Hierro, ya que por
población...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
finalizando.

La señora JULIOS REYES: ...solo tendría que tener un centro de
salud, pero al ser un territorio fragmentado e insular hemos de mantener
abiertos hospitales. La financiación actual nos está perjudicando. 2412
millones de euros significan ya el sobrecoste que para Canarias implica
el déficit de financiación histórico de nuestra sanidad, lo cual
reclamamos de forma urgente para que los canarios tengan el mismo derecho
que el resto de los ciudadanos españoles a recibir los servicios públicos
sanitarios.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario
Socialista, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no
las enmiendas presentadas, senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Señor Iglesias, lógicamente aceptamos la enmienda. Mi grupo
presentó en los presupuestos una enmienda con una consignación de 50
millones de euros para el Fondo de cohesión sanitaria y, por tanto,
estamos totalmente de acuerdo. Al mismo tiempo, quiero decir que todavía
estamos esperando aquel Fondo de garantía asistencial que el Gobierno del
Partido Popular nos vendió a bombo y platillo en el año 2012. Así pues,
nos parece muy adecuada la enmienda.

Senadora Julios, compartimos su enmienda porque creo que refuerza
nuestra moción y además porque hace referencia a unas leyes de las que
los socialistas y las socialistas nos sentimos inmensamente orgullosos y
orgullosas, como son la Ley general de sanidad o la Ley de salud pública.
Por tanto, estamos totalmente de acuerdo.

En cuanto a otros aspectos, claro que queremos un pacto
institucional por la sanidad, pero hay unas líneas rojas que nosotros no
podemos aceptar. Y esas líneas rojas pasan por que se derogue el Real
Decreto Ley 16/2012, y a partir de ahí nos podremos sentar. Esa es la
voluntad del Partido Socialista, la de consensuar un gran pacto por la
sanidad, pero, claro, sin lo que está ahora en vigor. Por tanto,
compartimos también ese punto de la enmienda.

En relación con la financiación sanitaria, qué quiere que le diga,
lo comparto al cien por cien. Usted lo defiende como canaria y yo como
representante de la Comunidad Valenciana, porque la Comunidad Valenciana
también está infrafinanciada con respecto a la media del Estado español.
Hemos pedido muchísimas veces que se aumente la financiación, pero el
Partido Popular siempre ha votado en contra. Insisto, compartimos también
ese punto y entre todos vamos a trabajar para que de una vez por todas se
aborde la financiación sanitaria.

Por tanto, sí aceptamos las enmiendas porque creo, sinceramente,
que mejoran mucho la moción presentada por el Grupo Socialista.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra la senadora Pan.

La señora PAN VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la moción que presenta hoy aquí el Grupo Parlamentario
Socialista —ya lo ha dicho la senadora Llinares— no propone
nada nuevo, pero es que tampoco se ajusta a la realidad, no es razonable;
y, desde luego, parte de su convicción de no querer llegar a ningún
acuerdo. Y es así porque ya en su exposición de motivos hacen una serie
de acusaciones al Gobierno; hablan de desmantelamiento del Sistema
Nacional de Salud, de brutal ataque... En fin, hacen una serie de
afirmaciones que no se ajustan a la realidad y que sustancialmente
—y lo voy a decir con todas las palabras para que todo el mundo me
entienda— son inciertas o, lo que es lo mismo, mentira.

Con esta moción ustedes pretenden hacer una enmienda a la
totalidad a la gestión del Gobierno del Partido Popular durante los tres
últimos años; tres años, señoría. Pero se olvidan y ocultan
deliberadamente que antes de estos tres años gobernaron ustedes en este
país y que nada de lo que ahora les parece imprescindible hicieron cuando
tuvieron oportunidad de hacerlo. No lo hicieron, señoría.
(Aplausos).

Es imposible la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, es
imposible incorporar innovación terapéutica o innovación diagnóstica
—que también es muy importante— si no se da una premisa
primordial e imprescindible y que cualquier persona que sepa algo del
área sanitaria —y de otras también, pero aquí estamos hablando del
área sanitaria— conoce y que usted obvia o parece desconocer. ¿Cuál
es esta premisa? Que la garantía de la sostenibilidad y la garantía de la
mejora vienen de la mano de la eficiencia en la gestión y de las
decisiones responsables y coordinadas con las comunidades autónomas, con
los expertos y con los profesionales, señoría.

Pero vamos a ver a qué quieren ustedes que renunciemos y qué es
aquello que hacían ustedes tan bien. Yo le digo que la reforma sanitaria
ha permitido la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y que los
ciudadanos españoles sigan manteniendo y disfrutando de una sanidad
reconocida internacionalmente como una de las mejores del mundo, y sigue
siéndolo. Y le hablo de tres años del Gobierno del Partido Popular en una
mala situación. ¿Qué situación? Esta, señoría. (La señora Pan Vázquez
muestra un documento). Le pido que lo mire, senadora Llinares. Mírelo
aquí, porque esta es su realidad. (La señora Llinares Cuesta muestra otro
documento, y dice: Y esta es la mía). Esta es la evolución de la deuda
sanitaria entre los años 2009 y 2011, esta es la realidad: un incremento
del 173 %. ¿Y a qué dio lugar esto, señoría? La realidad de su Gobierno
dio lugar a 16 000 millones de deuda, que estaba en los cajones, señoría.
Y desde esta tribuna la senadora que les habla fue demandando el
incremento de esa deuda durante los ocho años que ustedes
gobernaron.

Los proveedores sanitarios cobraban a 525 días, casi dos años.
¿Usted sabe cuántas empresas tuvieron que cerrar por esta causa, a cuánta
gente mandaron ustedes al paro, señoría? (Rumores). Sí, ya sé que los
datos les molestan, pero están ahí. (Rumores). El gasto farmacéutico,
señoría, con ustedes suponía...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías.

La señora PAN VÁZQUEZ: ... un 19 % del gasto sanitario total, un
5 % más que la media del resto de los países de la Unión Europea. ¿Y qué
hizo este Gobierno? Pues buscar soluciones para todos estos sinsentidos y
para una deuda insoportable, y puso en marcha una reforma sanitaria que
garantizase la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, pero no
solamente para las regiones gobernadas por el Partido Popular. No,
señoría, tampoco es cierto eso. El Gobierno ha apoyado económicamente a
todas las comunidades autónomas mediante el Plan de pago a proveedores y
el Fondo de liquidez autonómico; 26 000 millones de euros, señoría, para
que las comunidades autónomas pudieran hacer frente a su deuda.
(Denegaciones de la señora Llinares Cuesta) Sí, sí, 26 000 millones. Yo
no quería hablar aquí de ninguna comunidad autónoma en concreto, pero le
voy a dar un ejemplo, ya que usted mencionó alguna: Andalucía. Uno de
cada cuatro euros que se recortan en sanidad, se recortan en Andalucía.
La comunidad que más recortes ha hecho en educación: Andalucía. El ERE,
el mayor escándalo de la historia de la democracia de este país: ¡2000
millones de euros de los parados! (Rumores). ¡Si es que les molesta la
verdad, señorías! Pero la verdad hay que decírsela a los ciudadanos.
(Aplausos). ¡Que tienen en Andalucía 265 imputados por esta causa! La
tasa de pobreza es la más alta de España: el 38 % de la población. La
tasa de paro: un 60 % más que la media nacional. De todos los desahucios
que se hacen en este país, el 40 % tiene lugar en Andalucía, señoría.
¿Pero de qué vienen a hablar ustedes aquí? (La señora Almiñana Riqué: De
sanidad.) Pues sí, yo también vengo a hablar de sanidad, y de
financiación. Y sigo hablando. La realidad es que el año 2012 fue el año
que más dinero se dedicó al gasto real en sanidad: 71 millones de euros
para hacer frente a todas aquellas facturas pendientes que había. La
reforma sanitaria, señoría, ha permitido que el Sistema Nacional de Salud
y la asistencia sanitaria siga siendo universal, gratuita, pública y de
la máxima calidad, a pesar de ustedes, señoría, y a pesar de sus mentiras
permanentes con respecto a estos principios. Porque no es cierto que el
Partido Popular haya acabado ni esté acabando con nada de esto. No es
cierto. Por lo tanto, por favor, un poco de respeto cuando suba a esta
tribuna y diga algunas cosas como las que usted dice aquí. Y es que,
además, tienen un doble lenguaje, porque cuando en Andalucía, por
ejemplo, hacen ustedes gestión privada de los hospitales, dicen: ¡qué
bien se está haciendo en Andalucía! ¡Ah!, pero si es en otra comunidad
autónoma, privatización: el Partido Popular privatiza. Señorías, esto no
es serio. Esta falta de verdad continuada, este doble lenguaje lo tienen
que abandonar ya porque tienen que ser ustedes una alternativa real, y yo
deseo que ustedes la sean. Pero, desde luego, en estos tres años, y en
los ocho que han estado gobernando, no lo han demostrado.

En cuanto a la universalización de la asistencia sanitaria,
señoría, esta reforma, por primera vez, mal que les pese, ha
universalizado la asistencia sanitaria en este país. ¡Pero si había
colectivos aquí —no se lleve las manos a la cabeza, que nos las
teníamos que llevar nosotros— que pagan sus impuestos igual que
todos los españoles y no tenían derecho a la asistencia sanitaria! Estoy
hablando de los profesionales liberales, como abogados, como ingenieros,
como arquitectos, que llevaban décadas demandando una asistencia
sanitaria pública y no la tenían. Y se ha garantizado —sí,
sí— también a los parados de larga duración, esos de los que
ustedes se olvidaban, solo se acordaban de ellos para mandarlos al paro.
Porque hay un millón de parados de larga duración en este país ahora que
no pagan por sus medicamentos, y con ustedes pagaban el 40 %. Eso es lo
que hacían.

El Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas puso de manifiesto
que ustedes dejaron de cobrar a ciudadanos de otros países que venían
aquí de turismo sanitario 1000 millones de euros. Para ustedes peccata
minuta; pero peccata minuta que es mucho dinero para incorporar a
innovaciones terapéuticas y a innovaciones diagnósticas, señorías. Hoy
hay 885 000 españoles con tarjeta sanitaria individual más que en el año
2012. Esto es una apuesta real; esto son datos reales de la apuesta por
la cobertura sanitaria pública en España.

Y con respecto a otro tema que ustedes plantean —este sí que
es un mantra suyo—, España tiene el marco jurídico de mayor
protección a las personas que carecen de cobertura sanitaria en Europa.
El marco jurídico mejor, sí, sí, el mejor y el más generoso, y no lo dice
el Partido Popular. En la reunión de ministros de la Unión Europea,
celebrada en Atenas en el primer semestre de 2014, quedó de manifiesto
—y el comisario Borg lo confirmó— que España tiene su
normativa adaptada a la Unión Europea y resalta la generosidad en el
tratamiento a personas sin derecho a la asistencia dentro del
cumplimiento de los requisitos legales. Estamos hablando de la Unión
Europea. ¿Por qué hablan ustedes mal de España cuando el resto de países
de la Unión Europea nos están felicitando y nos están diciendo que somos
generosos? ¿Por qué hablan mal de la sanidad de nuestro país y de su
Gobierno, señoría? Hablen bien de España que tenemos muchos motivos para
estar orgullosos. (Aplausos). La reforma sanitaria que ha emprendido este
Gobierno ha supuesto un ahorro de más 7000 millones de euros. Estas son
cifras y estas son realidades, y el resto es música que traen ustedes
aquí.

Con respecto a la hepatitis C, le diré que este Gobierno ha sido
uno de los primeros y de los pocos que ha incorporado las innovaciones
terapéuticas a la hepatitis C. Este Gobierno está elaborando un plan
estratégico nacional para abordar la enfermedad y tiene al frente a
profesionales de reconocido prestigio. El objetivo de este Gobierno y del
ministerio, señoría, es aportar soluciones a los pacientes, no hacerse
fotos con ellos, como hacen otros. Por eso, este año 2015 se van tratar
diez veces más pacientes que en el año anterior y se incorporarán nuevos
tratamientos, señoría, pero la prescripción para estos pacientes no será
nunca demagógica ni política, obedecerá siempre a criterios científicos y
clínicos.

Señoría, para terminar, me voy a referir al IVA. La Ley 22/2009,
de financiación de las comunidades autónomas, es suya, es una ley
socialista, y sitúa el 50 % del IVA como uno de los tributos cedidos a
las comunidades autónomas, e, igualmente, forma parte de los recursos
tributarios que corresponde a cada una de ellas. Señoría, el aumento de
los tipos impositivos del IVA llevará de igual manera a una mayor
obtención de ingresos a las comunidades autónomas; lo que es cierto es
que esta financiación es incondicionada, no es finalista, como ustedes
pretenden. Pero, claro, las comunidades autónomas, en el ámbito de sus
competencias, son las que han de decidir a qué partidas destinan ese
dinero que reciben de forma extraordinaria. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).

En cuanto a la referida y velada subida del IVA sanitario, parece
mentira que usted venga aquí y deje caer, como si fuera una bomba de
relojería, eso de que el Partido Popular quita a los pobres para dárselo
a los ricos y todas esas cosas. Hay una sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea que obliga a esa subida —usted debería
conocerlo, al menos, debería prepararse los temas cuando sube a la
tribuna—, pero, ¡ojo!, ¡ojo!, señoría, esa subida no es para todos
los productos sanitarios. No, no es indiscriminada, no es verdad. Hay un
listado, usted debería leerlo, señoría. La subida del IVA afecta a los
equipos médicos, a los aparatos, a los productos sanitarios y al
instrumental de los hospitales. No se ría, senadora Llinares, hágame
caso. Todo eso figura en ese listado. Sin embargo, los medicamentos
dirigidos al uso humano, las fórmulas galénicas, magistrales, los
preparados oficinales en las oficinas de farmacias, los vehículos para
las personas con movilidad reducida, las prótesis, las órtesis y los
implantes internos para personas con discapacidad mantienen aún, a día de
hoy, un IVA del 4 %.

Por tanto, cuando suba usted a esta tribuna a hablar de las
subidas del IVA, de que estas tienen que ser finalistas, respete las
competencias y las prioridades de las comunidades autónomas, y, sobre
todo, algo muy importante, respete usted la verdad, diga toda la verdad,
porque los ciudadanos tienen el derecho a estar bien informados, señoría,
y no actuar de parte, como están actuando ustedes, con el fin único y
exclusivo de hacer propaganda electoral. Eso es lo que están haciendo
ustedes aquí, señorías.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pan.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Hablamos de herencia del Partido Popular, y quiero decir con
bastante claridad algo que comparten muchos ciudadanos, y no solo de
Canarias, también de Madrid, como los manifestantes de la marea blanca, y
es que el Partido Popular heredó un Sistema Nacional de Salud, y la
herencia que va a dejar ahora es el desmantelamiento de un sistema que
nos costó sudor y lágrimas a los ciudadanos españoles en la democracia y
por el que peleamos. Y lo que va a dejar si no lo impedimos, que lo
haremos, son los restos del Sistema Nacional de Salud.

Señorías, vengo de una comunidad autónoma donde, cuando el Partido
Popular estaba en la oposición y era consejero de Economía y Hacienda
quien hoy es un miembro del Gobierno, el señor Soria, reclamaba al
Gobierno del Estado de aquel momento que resolviera el injusto déficit
sanitario situado en unos 1000 millones de euros, que heredó del anterior
Gobierno del Estado;






reclamaba para Canarias los 1000 millones de euros
del déficit sanitario de nuestra comunidad autónoma. ¿Y qué es lo que ha
ocurrido en esta propaganda electoral que son las promesas en campaña del
Partido Popular, que era resolver el déficit de financiación sanitaria de
Canarias? ¿Qué ha hecho el Partido Popular desde que está gobernando?
Pues incrementar ese déficit de 1000 a 2500 millones de euros. Esa es la
realidad de la herencia que nos va a dejar el Partido Popular.
(Rumores).

Señorías, el Partido Popular está imponiendo un cambio de modelo,
porque, además, esta contrarreforma de este real decreto venía acompañada
de un recorte de 7000 millones de euros que ahora ya se han convertido en
14 000 millones de euros. Y nos dicen que han vuelto universal el
sistema. ¿Y los miles de personas que se han quedado sin la tarjeta
sanitaria gracias al Partido Popular? ¡Porque son personas que tienen que
entrar por urgencias en vez de por la puerta de atención primaria para
poder ser atendidos, incrementando así el coste del sistema y
disminuyendo su eficiencia! ¿Esa es la herencia que nos va a dejar el
Partido Popular? Señorías, lo que ustedes dicen no es la realidad, y
tampoco es la que ven desde fuera. Así, en una editorial del British
Medical Journal de abril de 2012 se dice lo siguiente: El asalto a la
universalidad. Cómo se destruye el Estado del bienestar. Y ponen de
ejemplo a España y al real decreto del Partido Popular. Un ejemplo de
cómo las políticas neoliberales destruyen los sistemas nacionales de
salud.

La verdad es que el balance de este real decreto es, señoría, y lo
comparto con usted, que con él no ha mejorado la gestión, no ha mejorado
la calidad, no ha mejorado la equidad, y ni tan siquiera se genera un
ahorro sino que se produce un incremento de la ineficiencia y, por
supuesto, da lugar a una situación injusta. El copago sanitario
introducido en atención primaria, en la farmacia hospitalaria, en el pago
del transporte y en muchas otras prestaciones está haciendo más pobres a
los pobres y más enfermos a los enfermos, perjudicando sobre todo a los
de carácter crónico.

Voy terminando, señorías, diciendo que esta es la herencia que
pretende dejarnos el Partido Popular. Para expresarlo de una forma
gráfica, y viendo, además, que el Partido Popular en aquellas comunidades
donde gobierna —donde no gobierna no puede hacerlo— avanza de
forma acelerada en los procesos de privatización, yo decía en Canarias
que la estrategia que la política sanitaria del Partido Popular quiere
implantar en nuestro territorio —aunque se ha encontrado con
comunidades autónomas que no estamos dispuestas a permitir que se
desmantele el Sistema Nacional de Salud— es la de cambiar el acceso
al sistema mediante la tarjeta sanitaria universal española por el de la
de crédito, y así el que tenga dinero para pagar, podrá entrar, y el que
no lo tenga, no podrá. Señorías, ese es el desmantelamiento del Sistema
Nacional de Salud. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

El tema de la herencia es recurrente, pero en política, al
contrario que en el Código Civil, la herencia no se puede recibir a
beneficio de inventario. Cuando uno se presenta a las elecciones siempre
recibe una herencia, buena o mala, y quien no quiera recibir una herencia
que no se presente, que no gobierne, que renuncie a ello. (Rumores).
Recibida la herencia, la clave está en las prioridades que se marcan para
resolver los problemas que uno encuentra, y ahí es donde entramos en el
debate político.

Yo no voy a perder ni un segundo en discutir las magnitudes de las
dificultades económicas que para los ingresos de los Presupuestos
Generales del Estado ha significado esta crisis económica, que en algún
momento, hace poco más de un año, el señor Montoro cifraba en una caída
del 70 % de la recaudación impositiva. Pero lo que sí quiero discutir es
cómo se están gastando los recursos con los que cuenta el Gobierno de la
nación, y cómo esos recortes en materia sanitaria afectan de manera
inmediata a los ciudadanos. Lo acaba de señalar el informe de la
defensora del pueblo, que ha presentado y elaborado con los defensores de
las comunidades autónomas: colapso en las urgencias hospitalarias, algo
que tiene que ver —como apuntaba la portavoz que me ha precedido en
el uso de la palabra— con el real decreto que ha excluido a
colectivos importantes de la universalidad del sistema. Además, eso tiene
un correlato en la asistencia sanitaria privada. A lo largo de estos años
se ha venido produciendo un aumento del número de personas que han
suscrito seguros privados de asistencia sanitaria: Entre junio de 2013 y
junio de 2014 se ha incrementado un 13,5 % la recaudación por primas de
los seguros de asistencia sanitaria; pero es que desde que empezó la
crisis los primeros usuarios de la sanidad privada, los que acuden por
primera vez a la sanidad privada han aumentado un 35 %, datos del tanque
de pensamiento del sector, que ustedes han recibido —por lo menos
los miembros de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales como
yo— en sus publicaciones.

Entraré en los puntos concretos: materia de reducción de la
universalidad. Es imprescindible derogar ese Real Decreto Ley 16/2012,
por razones de salud pública, de justicia y de cumplimiento del
ordenamiento jurídico español e internacional. El Gobierno reitera que se
mantiene la universalidad del sistema, la portavoz del Grupo Popular de
nuevo lo ha dicho aquí, pero se han retirado entre 700 000 y 800 000
tarjetas. Tal decisión ha sido motivo de críticas por Naciones Unidas,
por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; por el
Consejo de Europa; por la defensora del pueblo en su informe de 2013, que
presentó ante esta Cámara; por Amnistía Internacional; por Médicos del
Mundo; por la Red Acoge y por el Centro por los Derechos Económicos y
Sociales, que a finales de agosto hicieron una evaluación de estos dos
años de aplicación, destacando además algo muy llamativo: no se ha
cuantificado por parte del Gobierno el ahorro que ha generado tal
medida.

Algunas comunidades autónomas han buscado mecanismos para soslayar
las normas, otras no. Médicos del Mundo ha documentado en Madrid 458
casos de rechazo de asistencia sanitaria y esto genera, además,
incertidumbre porque los ciudadanos que se encuentran excluidos de la
atención no saben exactamente si esa exclusión se aplica o no en su
comunidad autónoma, o en qué términos, o con qué contraprestaciones, y
eso retrae a quienes necesitan acudir al sistema sanitario de
hacerlo.

Segunda medida, copagos. Todos los estudios evidencian un efecto
negativo importante de tal medida sobre la equidad y sobre la
accesibilidad al sistema sanitario para las personas con menos ingresos y
para los enfermos crónicos. Además, la crisis económica supone la
existencia de un importante número de personas que viven en un nivel de
subsistencia pura y dura y que no pueden afrontar más gastos en atención
sanitaria.

Tercera consideración. Existen indicios constatados por todos los
estudios de que la contención de la demanda —como apuntaba también
la portavoz de Coalición Canaria— produce efectos indeseables sobre
el sistema sanitario: Primero, genera más efectos adversos graves, la
gente aguanta todo lo que puede antes de acudir al sistema, con lo cual
llega peor al sistema y necesita una atención más cara. Segundo, hay más
visitas a urgencias no justiciadas, hay más hospitalizaciones como
consecuencia de ese deterioro del estado de salud por no acudir en el
momento en que había que haber acudido.

Y son ciertos los datos que se barajan en la moción. Nunca hemos
vivido por encima de nuestras posibilidades en gasto farmacéutico. En
2012 el gasto farmacéutico por habitante estaba en 232 euros; en la
eurozona, en 301 euros. Es cierto que todo lo que sea ahorrar en gasto
sanitario, no privando a los ciudadanos que precisan esa atención sino
consiguiendo que los márgenes de beneficio de las farmacéuticas
disminuyan, será bueno, plausible y contará con nuestro apoyo. Por los
cálculos que he realizado antes de bajar, de forma apresurada, en 2014 el
gasto sanitario por habitante se moverá en torno a los 208 euros,
aproximadamente 24 euros menos que en 2012. El ministro ya anuncia que va
a revisar el copago farmacéutico hospitalario, porque la mayoría de las
comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no lo están
aplicando, y el ministro, obviamente, tiene que constatar el fracaso de
esta medida.

En relación con los nuevos tratamientos, la restricción en el
acceso a tratamientos para cáncer o hepatitis por su coste es una medida
inhumana, injusta y además discriminatoria, porque resulta muy difícil
decir: tú vives, tú no vives, tú vas a recibir el medicamento, tú no.
Además, se va a convertir en una constante de cara al futuro porque
nuevos tratamientos inevitablemente costosos darán soluciones a
enfermedades que en este momento no la tienen. Para la enfermedad de la
hepatitis C el tratamiento lleva recetándose desde hace dos años en
Estados Unidos con un coste de 71 000 euros, desde hace un año en Francia
con un coste de 41 000 euros y desde hace un año también en Alemania
desde que lo autorizó la Agencia Europea de Medicamentos el 1 de enero de
2014.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Voy terminando.

En nuestro país en este año ha habido 4000 muertos. Es
imprescindible buscar una solución urgente al tema de la hepatitis C y
los tratamientos oncológicos caros, una solución que valga para esta
realidad que se apunta y que en el futuro va a ser mucho más
importante.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna. Eguerdi
on.

Nada nuevo yendo detrás del senador Iglesias. Por lo tanto,
tampoco me voy a empeñar. Voy a intentar ser lo más breve posible y
analizar punto por punto la parte dispositiva de esta moción.

En principio, nosotros siempre hemos estado en contra del Real
Decreto Ley 16/2012. Lo hemos dicho en esta Cámara muchísimas veces y,
por lo tanto, creo que tampoco aportaríamos nada nuevo
repitiéndonos.

Decía la senadora Llinares que hay comunidades que no han hecho
caso. No cumplir con la ley es muy peligroso, pero sí hay comunidades que
han intentado hacerlo de otra manera y, de hecho, lo han conseguido, y la
mía es una de ellas, incluso con sentencias favorables y desfavorables,
que de todo hay. Habla de promover la sostenibilidad del sistema
sanitario a través de una ley que consolide el carácter público,
universal y gratuito: creo que eso ya estaba y probablemente siga
estando. Otra cosa diferente es que queramos volver a otros estándares,
por lo menos a los que, salvo a la representante del Grupo Popular, nos
parecían más adecuados a quienes hemos hablado. A lo mejor ahora, si no
hay que elaborar una nueva ley, sí habría que hacer un buen repaso a las
que ya existían, porque se han tocado de forma transversal no solamente
las que tienen que ver con la sanidad sino otras muchas que de manera
colateral también afectan a este tema. Porque cuando hablamos del sistema
de carácter público, universal y gratuito y de garantizar el acceso a las
terapias y los medicamentos para todas las personas —algo que
evidentemente no debería estar en discusión porque esa es la función de
la salud pública—, lo que sí debemos tener en cuenta es que no
podemos seguir discutiendo esta cuestión desde un punto de vista político
y tenemos que volver a los dos ejes centrales en este debate, que son la
indicación y la efectividad clínica, y esa discusión hay que devolverla
al mundo experto y científico y de la salud pública porque, si no, nunca
vamos a racionalizar el propio sistema. Siempre hay terapias novedosas,
siempre hay terapias importantes. Quien tiene un problema busca una
solución y le da lo mismo que sea una que otra. Pero hay que ver si eso
es realmente así o no y establecer unos criterios científicos para que se
pueda mantener porque, si no, podríamos estar haciendo una bola de nieve
que acabara con el propio sistema y morir, no sé si de éxito, pero sí por
inanición, porque no podamos mantener el propio sistema. Por lo tanto,
hay que volver al experto, a los protocolos elaborados por paneles de
expertos y a la determinación de indicaciones, momentos de la terapia,
etcétera, racionales y efectivos, si no en el cien por cien de los casos,
sí como para que la sociedad pueda estar satisfecha con lo que tiene y
tratar los casos excepcionales como tales.

Se habla de la creación de un fondo para la financiación de
terapias innovadoras. Nos parece muy bien, puede ser magnífico, siempre y
cuando no sea a costa de lo que ya tenemos. Si es un fondo nuevo
destinado a tal fin, convendría no detraer recursos de un lado para
dirigirlos a otro. Porque cuando hablamos de terapias innovadoras no
solamente nos referimos, como en este caso, a la hepatitis C, sino que
hablamos del mundo de las enfermedades raras, en el que cada día
aparecen, pueden aparecer y seguirán apareciendo muchísimas terapias,
muchísimos procesos o herramientas terapéuticas que, aunque parezcan
efectivas, a lo mejor no lo son, pero hay que explorarlas. Para eso sí
habría que crear un fondo nuevo, que no detrajera recursos de la atención
normalizada, ya que no tendría mucho sentido ser punteros en terapias
innovadoras y dejar atrás la atención básica a los ciudadanos.

En cuanto a la regulación eficiente del sistema de establecimiento
de precios con la industria farmacéutica, la palabra regular, en este
caso, aunque a lo mejor podría ser la idónea, sin embargo a mí no me
gusta demasiado. Me gusta más consensuar y, en todo caso, fomentar,
fomentar que la empresa privada siga ciertas líneas de investigación.
Porque lo que es evidente es que si dejamos que la empresa privada
investigue solo aquellos medicamentos que le resultan rentables, nos
estamos quedando sin antibióticos. Ese tema lo trajimos a esta mesa y es
un problema muy grande. Gracias a Dios, el Gobierno hizo en esto un
poquito de caso y hay una comisión trabajando en este asunto. Pero lo que
no podemos pedir a la empresa es que baje los precios, que investigue lo
que nosotros queremos y no poner nada sobre la mesa. Si lo que queremos
es que la empresa sea empresa, nosotros, como representantes públicos, y
la Administración tendremos que compensar de otra manera para que se
sigan las líneas de investigación que a la sociedad le vienen bien. La
regulación en sí misma no es la más adecuada. Lo que hay que hacer es
fomentar las líneas de trabajo y consensuarlas con la empresa.

En cuanto al último punto, por el que se pretende destinar de
forma finalista la recaudación de la subida del IVA, como representante
público de una comunidad autónoma que tiene hacienda propia tengo que
decir que estamos de acuerdo con que el Estado se quede con la parte
alícuota correspondiente al IVA porque, aunque no somos muy partidarios
de los IVA finalistas, esta es una buena razón, está bien y podría servir
de acicate, pero no creo que vaya a solucionar mucho el problema. Es
cierto que con la aprobación de las dos enmiendas el texto mejora, aunque
no sé si de manera sustancial. Nosotros nos alegramos de que se incluya
lo del Fondo de cohesión sanitaria, porque también hablamos de dicho
fondo, sobre todo en lo referente a las enfermedades raras, en los
últimos presupuestos.

Visto todo esto, y aunque si discutiéramos cada uno de los puntos
de uno en uno podríamos tener pareceres diferentes, el Grupo
Parlamentario Vasco puede apoyar y apoyará de manera global esta
moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.

Señorías, vaya por delante que mi grupo votará a favor de esta
moción.

Senadora Julios, voy a intentar repetir lo que usted ha dicho
cuando ha subido a la tribuna, aunque si no se ajusta exactamente a lo
que usted ha señalado, será por mi transcripción. Usted ha afirmado,
refiriéndose directamente a la senadora del Partido Socialista, que lo
que había dicho no se ajustaba a la realidad, que era mentira, que no se
puede incorporar innovación terapéutica sin garantía de sostenibilidad,
eficiencia en la gestión y sin coordinación con las comunidades
autónomas, con los expertos y con los profesionales. ¿Y esto lo dice por
los enfermos de la hepatitis C? Porque con los enfermos de la hepatitis
C, que yo sepa, ni los expertos ni los profesionales ni los ciudadanos
han visto incorporación innovadora alguna que en estos momentos salve la
vida a unos cuantos. Por lo tanto, solo con esta frase no queda
justificada su reforma sanitaria. Porque si todo lo que han hecho ustedes
hasta ahora hubiera servido para que hoy por hoy ya hiciera tiempo que
los enfermos que necesitan el tratamiento lo estuvieran recibiendo, sin
tener que encerrarse, ni ir a la prensa, ni hacer todo lo que han tenido
que hacer, quizás no estaríamos de acuerdo, pero aquí hoy yo no podría
criticarle a usted esa reforma, pero perdón, por la boca —se lo
digo con todo respeto— muere el pez.

Déjeme que le diga más cosas. Usted ha hablado de los famosos
16 000 millones de euros. Pues muy bien. Ya preguntamos al Gobierno por
ellos. Estamos hartos de oír hablar de los 16 000 millones de euros. El
Gobierno respondió: resulta que no son 16 000, son 14 700. Da igual, son
14 000 millones y no vamos a discutir aquí el número exacto. La primera
comunidad se llama Valencia y lleva 20 años gobernada por el Partido
Popular, concretamente con una deuda de 4000 millones de euros por
5 000 000 de habitantes. (Rumores.)

Me ha sorprendido otra cosa, que usted ha hablado mucho de
Andalucía. De lo que tenemos que hablar es de sanidad. Hemos venido aquí
a eso. Quizás usted ha hablado mucho de Andalucía porque su candidato no
es muy conocido y si habla mucho de Andalucía alguien, al final, lo
conocerá. Por eso, les interesa tanto hablar de Andalucía.

Deje que le explique. Ustedes empezaron en 2012 con dos grandes
palabras, «ajustes» y «reformas», que se tradujeron en recortes y
deterioro de la sanidad pública. Después de tres años así lo hemos visto.
Esto empezó con el Real Decreto Ley, el 16/ 2012, el gran caballo de
Troya de su reforma sanitaria. ¿Y por qué es el caballo de Troya? Porque
dentro de él se esconden cada una de las medidas que han hecho que
empeore la sanidad en nuestro país, desde las más pequeñas a las más
grandes. Pequeña, por ejemplo, entre comillas, es la que afecta al copago
de las ambulancias o de las prótesis. ¿Se ha aplicado? ¿Se ha aplicado en
todas las comunidades? ¿Se aplicó un poco y luego se retiró? El caso es
que se propuso que se aplicara, tal y como venía en el real decreto, que
un viaje en ambulancia para trasladar a un enfermo del hospital a su casa
costara 5 euros.

Otro ejemplo: las listas de espera. Las listas de espera que han
aumentado escandalosamente. ¿Por qué? Porque se han recortado recursos.
Los gestores de los hospitales han disminuido el número de intervenciones
quirúrgicas, pero el número de enfermos continúa siendo el de siempre y,
en consecuencia, las listas de espera se han incrementado hasta el punto
de que han pasado cosas tan terribles durante esta legislatura como que
30 000 mujeres se han quedado sin mamografía preventiva en la Comunidad
de Madrid. A día de hoy aún no sabemos si a esas mujeres se les ha hecho
o no esas mamografías. Hay más cosas, por supuesto, la introducción del
copago hospitalario que fracasó, pero fracasó porque a la sociedad y a
las comunidades autónomas, empezando por las gobernadas por el Partido
Popular, no les pareció que la medida fuera adecuada y por esto no llegó
a implantarse. No lo hizo porque otra vez la calle, la ciudadanía y en
este caso su partido político no estuvieron de acuerdo con otra medida.
Por supuesto, hubo más: el copago, el copago de los pensionistas siempre
discutido. La verdad es que dos de cada diez pensionistas de nuestro país
dejan algún medicamento sin comprar cada mes. Eso le puede parecer
importante o no. Estaría bueno que el ministerio se estuviera preocupando
de qué exactamente están dejando de tomar estos pacientes y de qué
consecuencias va a tener para su salud y, como les importa tanto el
coste, para el coste real de todos. Es verdad que han impuesto un copago
bajo. Sí es verdad, es bajo. Para menos de 18 000 euros solo han de pagar
un tope máximo de 8 euros y, dependiendo de la comunidad, se les devuelve
o no el dinero y, dependiendo de cómo, no hace falta continuar pagando.
Pero lo que es peor, ¿sabe lo que son 8 euros para una renta de 370
euros? Pues muchos euros. Porque hay pensionistas que cobran esto.
También los hay que cobran 2000, ya lo sé, pero hay otros muchos que
no.

Continuemos. Han disminuido la cartera de servicios, sutilmente,
eso sí, lo que afecta, por ejemplo, a la reproducción asistida. Las
mujeres solas o las mujeres mayores de 40 años no tienen este derecho. Ha
sido sutil, han hecho poco ruido, pero lo han hecho. También han cerrado
muchísimos centros de urgencia. Lo han hecho las comunidades autónomas,
sí, porque el recorte de 10 000 millones que anunciaba el decreto
implicaba directamente los recortes en las comunidades autónomas y han
sido ellas las que han aplicado las medidas, pero la verdad es que los
ciudadanos han sufrido recortes importantísimos en los centros de
atención nocturnos y, por supuesto, en el número de camas hospitalarias.
¿Qué pasa en los hospitales cuando se cierran camas? Que se incrementan
las listas de espera, que se colapsan las urgencias y lo estamos viviendo
este invierno.

¿Cómo están los profesionales? Por lo que hemos visto en la calle
están indignados. El colegio de profesionales se ha quejado repetidas
veces. Las mareas blancas han inundado ciudades como Madrid parando
incluso la privatización. Por lo tanto, muy contentos no están. Las
quejas han llegado a tal punto que no debemos olvidar que la defensora
del paciente, la defensora del pueblo alertó al Gobierno de que las
listas de espera eran insufribles. Y con todo esto viene usted y nos dice
que no, que es una manía que tenemos los de la bancada de la izquierda en
insistir en que ustedes nos están cambiando el sistema sanitario. No nos
engañen, lo están cambiando. Nos gustará más o menos, pero ustedes lo
están cambiando. Además, hemos tenido dos guindas: la guinda de la
gestión de la crisis del ébola, que puso en peligro a todo el país, y la
guinda de la hepatitis C. Usted dice que no puso en peligro a todo el
país. Pues sí, porque lo hicieron mal, lo gestionaron mal.
(Denegaciones.) Yo creo que sí lo hicieron mal. Y lo mismo digo en
relación con la hepatitis C.

¿Por qué pasa todo esto? Porque han disminuido en más de 4000
millones de euros el presupuesto de sanidad desde el 2011 hasta hoy y han
disminuido directamente en las comunidades autónomas más de 7000 millones
de euros. La conclusión es que tenemos una sanidad de inferior calidad,
con peores resultados y esto lo están pagando los ciudadanos.

Para terminar les diré que este verano salía un artículo en el que
se explicaba muy bien que la diferencia de mortalidad en un infarto de
una comunidad a otra variaba un 50 %. Es una locura pensar que
dependiendo del punto de España tienes un 50 % más de posibilidades de
sobrevivir o no a un infarto. Ese es el trabajo que tiene que
homogeneizar el ministerio y para eso también necesita dinero. Estas
cosas están pasando. Por lo tanto, no pueden subir a la tribuna y
decirnos que no están cambiando nada.

Finalizo con una frase, y es que ustedes siempre apelan mucho a la
verdad. Decía Oscar Wilde que si uno dice la verdad, tarde o temprano,
será descubierto, y yo estoy segura de que los ciudadanos saben quién
dice la verdad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, president. Senyories, molt bon
dia a tothom.

Intentaré anar ràpid explicant el posicionament del nostre grup
respecte d’una moció que planteja molts temes diferents, amb un
contingut important. Abans d’iniciar la meva explicació, però, com
li vaig dir ahir a la senadora Linares, voldria dir que discrepo
d’una afirmació que es fa a la part dispositiva de la moció. De
fet, en la seva explicació ja ho ha apuntat, però vostè diu que només diu
que Andalusia i Astúries han seguit garantint i prestant l’atenció
sanitària de manera universal, i lamento dir-li que això no és cert. Quan
es va aprovar el Reial Decret ja vam dir que Catalunya apostava per un
model de cobertura universal. Ens vam comprometre a continuar donant
assistència a les persones que l’INSS deixaria de reconèixer. Tant
és així que vam aprovar a Catalunya una instrucció, la 10/2012, per
garantir l’accés a l’assistència sanitària pública als
ciutadans estrangers empadronats a Catalunya que no tinguessin aquesta
cobertura. A més a més, en aquests moments, tenint en compte que hi ha
persones que, per diversos motius, no es poden empadronar, estem
treballant amb la Creu Roja perquè aquestes persones puguin tenir
assistència sanitària. Per tant, és un esforç importantíssim que estem
fent des de Catalunya, que crec que se’ns ha de reconèixer, que
demostra el nostre clar i ferm compromís amb la sanitat pública universal
i de qualitat. Per tant, d’alguna manera, aprofito aquest torn
d’intervenció per reivindicar el paper i l’esforç que estem
fent des de Catalunya, i evidentment també moltes altres comunitats
autònomes.

Dit això i fet aquest aclariment, que com bé li vaig dir
m’ha semblat oportú, entraré a argumentar perquè estem
d’acord amb els diferents punts que planteja la moció. Amb relació
al primer punt, la derogació del Reial Decret, ho hem debatut diverses
vegades, i ho hem dit en nombroses ocasions. Tot i que inicialment
nosaltres compartíem la necessitat de plantejar canvis estructurals per
garantir la sostenibilitat del sistema sanitari, mai hem compartit ni les
formes del Govern, a l’inici i encara ara tampoc, òbviament, ni el
contingut final del Reial Decret. Discrepem en molts aspectes. Per
exemple, la urgència; no s‘ha entès, i tres anys després ja veiem
que no tenia cap sentit. Però especialment discrepem —com han dit
els altres portaveus— del plantejament o de la realitat del canvi
de model. S’ha passat d’un model d’assegurament
universal existent fins aleshores i que anava vinculat al concepte de
ciutadania al model anterior, a un model on la Seguretat Social és qui
reconeix el dret a l’assistència sanitària; un model que nosaltres
no compartim de cap de les maneres, com he dit a l’inici, i menys
escoltant els discursos que fan els portaveus del Partit Popular. És un
discurs que —lamento dir-l’hi— m’ha semblat força
impresentable, i faig servir aquesta paraula conscient del que significa.
A més, penso que fa un flac favor al ministre Alonso, que tinc la
sensació que té ganes d’arribar a acords. Almenys ahir en alguna
ocasió ho va dir, i amb aquests discursos que fa el Partit Popular,
podríem dir que en lloc de sumar vostès resten. Ja veurem, doncs, com
evoluciona la feina en els propers mesos.

Amb relació al punt 2, vull dir en primer lloc que Convergència, a
l’inici de la legislatura, va proposar la creació d’una
subcomissió precisament per analitzar els problemes estructurals del
sistema sanitari. Nosaltres vam proposar aquesta fórmula perquè crèiem
que era la millor manera d’afrontar el repte que tenim a sobre de
la taula, que és abordar en part l’infrafinançament del Sistema
Nacional de Salut. Hem d’analitzar i abordar aquest problema de
manera transversal; de manera territorial però també, òbviament, des dels
diferents grups, entre tots; intentant buscar solucions de manera
conjunta i arribant a acords importants entre les diferents forces
polítiques. Hem de ser capaços de visionar les necessitats de la salut en
la societat del segle XXI i plantejar un model que permeti realment no
només la sostenibilitat del sistema sanitari, sinó també assegurar el
manteniment de la qualitat i l’excel·lència d’un sistema que
ha existit aquests darrers anys i que, com bé deien els companys, en pocs
mesos ha anat minvant la seva capacitat d’actuació.

Respecte dels diferents punts que fan referència a
l’hepatitis C, òbviament, tots en som conscients. És un greu
problema que s’ha fet visible aquests darrers mesos però que només
és un dels dèficits del sistema en l’actualitat; n’hi ha
molts altres. En l’àmbit de Catalunya, cal dir que el nostre
conseller ja ha dit que a Catalunya es garantirà que totes les persones
que necessitin tractament per aquesta malaltia disposin dels fàrmacs més
adequats per a la seva situació clínica. A Catalunya, durant el 2014, i
concretament del gener al novembre del 2014, 1978 pacients amb hepatitis
C van ser tractats farmacològicament, i d’ells, 393 ja van rebre
tractament amb els nous antivirals comercialitzats al 2014. Però sobretot
deixin-me dir-los que a Catalunya, compromesos amb aquests malalts, vam
ser proactius, ens vam anticipar al problema que ha sorgit aquests
darrers mesos, i abans que s’






incorporés el sofosbuvir al Sistema
Nacional de Salut, nosaltres ja havíem realitzar 52 tractaments amb
aquest medicament, gràcies al programa d’accés precoç de
l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Què vull
dir amb tot això? Doncs que a Catalunya vam ser proactius, que hem fet
una bona gestió, que vam tenir reflexos, que hem estat ràpids. Segurament
podíem haver fet les coses millor, però no vam deixar d’atendre i
d’afrontar aquest problema. En canvi, el Govern de l’Estat li
va donar l’esquena, i han passar els mesos i continuem amb el
problema sobre la taula.

Però més enllà de l’actuació concreta que vam dur a terme a
Catalunya, com ha dit el nostre conseller en múltiples ocasions, es
tracta d’un problema global i s’ha de plantejar una resposta
global. L’hem de plantejar tots de manera conjunta. No pot ser que
els preus dels medicaments a Europa siguin diferents en funció de
criteris geogràfics. És una visió que sembla que el ministre Alonso
comparteix, segons el que jo vaig poder entendre ahir en la seva
intervenció al llarg de la interpel·lació. Va deixar entreveure una
actuació conjunta d’Europa que ens hauria d’ajudar a
solucionar aquest problema específic de l’hepatitis C i dels
medicaments; veurem, per tant, com avança.

Sobre la creació del fons, evidentment, com he dit abans, part del
problema del Sistema Nacional de Salut rau en la falta de finançament per
afrontar els costos globals de la sanitat pública. Vull dir-li a la
portaveu del Partit Popular que potser si en comptes de dotar tant el
pressupost del Ministeri de Defensa agaféssim recursos i els poséssim al
Ministeri de Sanitat alguns dels problemes que estem plantejant avui els
tindríem resolts. I no només el pressupost; sap que després hi ha un
estat d’execució amb un diferencial important, gairebé del 50 %. Es
tracta de voluntat política, i per tant, alguns arguments cauen per
terra. Vostè ho sap, i ja veurem que ens contesta.

Tornant a la moció, en el cas concret de la medicació, la
distribució de la competència fa que la decisió del finançament dels nous
tractaments amb càrrec al Sistema Nacional de Salut correspongui al
Govern central, però després els costos els hem d’assumir
directament les comunitats autònomes. Per tant, estem d’acord amb
la creació del fons i amb la necessitat de dotar de recursos a les
comunitats autònomes. No només ens sembla correcte el primer redactat
proposar, sinó també la incorporació de l’esmena del Grup Mixt
sobre el Fons de cohesió sanitària, que és un dels temes que hem patit
directament a les comunitats autònomes.

I finalitzo. Respecte del punt 3, quant a l’increment de
l’IVA dels productes sanitaris, òbviament estaríem totalment
d’acord amb que els ingressos que es recaptin es facin servir per
compensar les comunitats autònomes en el desplegament de les seves
competències; en aquest cas, òbviament, parlem de sanitat. Nosaltres
creiem que falta compromís per part de l’Estat de dotar les
comunitats autònomes perquè puguin fer la feina, perquè puguin atendre
les persones; en aquest cas, parlem de malalts.

Per tant, òbviament, nosaltres donarem suport a la moció, no només
perquè ens sembla que tracta diferents punts importants, sinó perquè en
altres ocasions nosaltres hem presentat iniciatives similars. Òbviament,
el model del PP no és el nostre model. S’han d’afrontar els
problemes de cara i no podem desatendre les persones; no ho estem fent
nosaltres des de Catalunya, i amb menys recursos estem fent millor
gestió. Per tant, òbviament, donarem suport a la moció que ens presenta
el Partit Socialista.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente. Señorías, muy buenos días a todos.

Voy a intentar ir rápido para explicar el posicionamiento de mi
grupo con respecto a una moción que plantea cuestiones distintas, pero
con un contenido importante. Antes de empezar mi explicación, sí que
querría decir, como dije ayer a la senadora Llinares, que discrepo de una
afirmación que se hace en la parte dispositiva de la moción. De hecho, en
su explicación ya lo ha apuntado, usted dice que solo en Andalucía y
Asturias se ha seguido garantizando y prestando la atención sanitaria de
forma universal. Lamento decirle que eso no es cierto. Cuando se aprobó
el real decreto ya se dijo que Cataluña apostaba por un modelo de
cobertura universal. Nos comprometimos a seguir dando asistencia a las
personas que el INSS dejaría de reconocer. Tanto es así que aprobamos la
resolución 10/2012 para garantizar la sanidad pública a los ciudadanos
extranjeros empadronados en Cataluña que no tuvieran esta cobertura.
Además, en estos momentos, teniendo en cuenta que hay personas que por
diversos motivos no se pueden empadronar, estamos trabajando con Cruz
Roja para que estas personas puedan tener asistencia sanitaria. Por
consiguiente, es un esfuerzo que estamos haciendo en Cataluña, un
esfuerzo importantísimo que se nos debe reconocer y que demuestra nuestro
claro y firme compromiso con la sanidad pública universal y de calidad.
Aprovecho mi turno de intervención para reivindicar el papel y el
esfuerzo que están haciendo Cataluña y también otras muchas comunidades
autónomas.

Dicho esto y hecha esta aclaración, que, como bien le dije, me
pareció oportuna, entraría a argumentar por qué estamos de acuerdo con
los distintos puntos que plantea la moción. En relación con el primer
punto, la derogación del real decreto, tengo que decir que lo hemos
debatido en diversas ocasiones, lo hemos dicho muchas veces, y es que
aunque inicialmente nosotros estábamos de acuerdo con la necesidad de
plantear cambios estructurales para garantizar la sostenibilidad del
sistema sanitario, nunca hemos compartido ni las formas del Gobierno, ni
al inicio ni ahora, ni el contenido final del real decreto. Discrepamos
en muchos aspectos, por ejemplo, la urgencia no se ha entendido y tres
años después hemos visto que no tenía sentido alguno. Pero especialmente
discrepamos, y también lo han dicho los demás portavoces, del
planteamiento o de la realidad del cambio de modelo. Se ha pasado de un
modelo de seguro universal existente hasta entonces y vinculado al
concepto de ciudadanía, al modelo en que la Seguridad Social es la que
reconoce el derecho a la asistencia sanitaria. Un modelo que nosotros no
compartimos de ninguna de las maneras, y menos escuchando el discurso de
los portavoces del Partido Popular, discurso que, lamento decirle, me ha
parecido bastante impresentable —y utilizo esa palabra consciente
de lo que significa—; además, pienso que hace un flaco favor al
ministro Alonso, pues tengo la sensación de que tiene ganas de llegar a
acuerdos —al menos ayer en alguna ocasión lo dijo—, y con
estos discursos que hace el Partido Popular podríamos decir que en lugar
de sumar ustedes restan. Ya veremos, pues, cómo evoluciona el trabajo en
estos próximos meses.

En relación con el punto 2, en primer lugar diré que Convergència
i Unió al inicio de la legislatura propuso la creación de una
subcomisión, precisamente para analizar los problemas estructurales del
sistema sanitario. Nosotros propusimos esta fórmula porque creíamos que
la mejor manera de afrontar el reto que tenemos a la vista era el de
abordar en parte la infrafinanciación del Sistema Nacional de Salud.
Debemos analizar y abordar este problema de forma transversal, de forma
territorial pero, obviamente, también desde los distintos grupos,
intentando buscar soluciones de forma conjunta y llegando a acuerdos
importantes entre las distintas fuerzas políticas. Debemos ser capaces de
visionar las necesidades de la salud en la sociedad del siglo XXI, y
plantear un modelo que permita realmente no solo la sostenibilidad del
modelo sanitario, sino de asegurar el mantenimiento de la calidad y la
excelencia de un sistema que ha existido estos últimos años y que, como
bien decían los compañeros, en pocos meses ha ido mermando su capacidad
de actuación.

Respecto a los distintos puntos que hacen referencia a la
hepatitis C, obviamente todos somos conscientes de que es un grave
problema que se ha hecho visible en estos últimos meses, pero que es solo
uno de los déficit del sistema en la actualidad; hay muchos otros. En el
ámbito de Cataluña, nuestro consejero ya dijo que se iba a garantizar que
todas las personas que necesitaran tratamiento por esta enfermedad
dispusieran de los fármacos más adecuados para su situación clínica. En
Cataluña, durante 2014, concretamente de enero a noviembre, 1978
pacientes con hepatitis C fueron tratados farmacológicamente, y de ellos
393 recibieron ya tratamiento con los nuevos antivirales comercializados
en este año 2014. Pero, sobre todo, déjenme decirles que en Cataluña,
comprometidos con estos enfermos, fuimos proactivos. Nos anticipamos al
problema que ha surgido en estos últimos meses, y antes de que se
incorporase el Sofosbuvir al Sistema Nacional de Salud, nosotros ya
habíamos realizado 52 tratamientos con ese medicamento gracias al
Programa de acceso precoz de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que en
Cataluña fuimos proactivos, que hemos hecho una buena gestión, que
tuvimos reflejos, que hemos sido rápidos. Seguramente podríamos haber
hecho las cosas mejor, pero no dejamos de atender y de afrontar este
problema. En cambio, el Gobierno del Estado le dio la espalda, han pasado
los meses y seguimos con el problema sobre la mesa.

Bien, más allá de la actuación concreta que llevamos a cabo en
Cataluña, como nuestro consejero ha dicho en múltiples ocasiones, se
trata de un problema global que requiere una respuesta global. Una
respuesta global que todos tenemos que plantear de forma conjunta. No
puede ser que los precios de los medicamentos en Europa sean distintos en
función de criterios geográficos, visión que parece que el ministro
Alonso comparte, según lo que ayer pude entender de su intervención a lo
largo de la interpelación. Dejó entrever una actuación conjunta de
Europa, que debería ayudarnos a solucionar este problema concreto de la
hepatitis C y de los medicamentos. Por lo tanto, veremos cómo
avanza.

Sobre la creación del fondo, evidentemente como he dicho antes,
parte del problema del Sistema Nacional de Salud radica en la falta de
financiación para afrontar los costes globales de la sanidad pública.
Quiero decir a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que si en
lugar de dotar tanto el presupuesto del Ministerio de Defensa,
destináramos más recursos al Ministerio de Sanidad, algunos de los
problemas que estamos planteando hoy los tendríamos solventados. Y no
solo se trata del presupuesto, sabe que hay un estado de ejecución con un
diferencial importante de casi el 50 %. Por lo tanto, se trata de
voluntad política. Por ello, algunos argumentos caen al suelo, usted ya
lo sabe; ya veremos qué nos contesta.

Volviendo a la moción, en el caso concreto de la medicación, la
distribución de la competencia hace que la decisión de la financiación de
los nuevos tratamientos con cargo al Sistema Nacional de Salud
corresponda al Gobierno central, pero, después, los costes los tenemos
que asumir directamente las comunidades autónomas. Por lo tanto, nos
parece bien, estamos de acuerdo en la creación del fondo y en la
necesidad de dotar de recursos a las comunidades autónomas. No solo nos
parece correcto el primer redactado propuesto, sino también la
incorporación de la enmienda del Grupo Mixto sobre el Fondo de cohesión
sanitaria, que es uno de los temas que hemos sufrido directamente las
comunidades autónomas.

Y finalizo. Con respecto al punto 3, en cuanto al incremento del
IVA de los productos sanitarios, estaríamos totalmente de acuerdo en que
los ingresos que se recauden se utilicen para compensar a las comunidades
autónomas en la aplicación, en el despliegue de sus competencias; en este
caso, obviamente, hablamos de sanidad. Por lo tanto, nosotros creemos que
hace falta el compromiso de dotar a las comunidades autónomas para que
puedan hacer el trabajo, para que puedan ayudar a las personas, y en este
caso hablamos de los enfermos.

Nosotros vamos a apoyar la moción porque nos parece que trata
distintos puntos importantes, porque en otras ocasiones hemos presentado
iniciativas similares y porque, obviamente, el modelo del Partido Popular
no es nuestro modelo. Hay que afrontar los problemas de cara. No podemos
desatender a las personas, no lo estamos haciendo nosotros desde
Cataluña, pues con menos recursos estamos haciendo mejor gestión y, por
lo tanto, repito, vamos a apoyar esta moción que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero dar las gracias al senador Iglesias, al senador
Cazalis, a la senadora Julios, a la senadora Almiñana y a la senadora
Cunyat por manifestar su apoyo a esta moción.

Y a la senadora Pan lo primero que le tengo que decir es que no
salgo de mi asombro por su intervención, pero después, recapacitando, sí
es verdad que cuando uno no tiene un argumento, lo que hace es un ataque,
y es lo que ha hecho. Ha subido aquí a insultar a esta portavoz, a mentir
de forma descarada, y como me ha dicho que no estudio, le enseño todos
los apuntes que tengo y que luego le pasaré para que usted vea, lea y
aprenda un poquito más, sobre todo de las personas que lo están pasando
mal. (Aplausos.) Su intervención no me ha extrañado absolutamente nada
porque está impregnada del espíritu de la comparecencia de la señora
Farjas que fue la que implantó todos y cada uno de los recortes. Usted ha
subido aquí, repito, a insultar a esta portavoz, que no me preocupa ni lo
más mínimo, pero me preocupa, y mucho, que haya subido a insultar a los
andaluces y a las andaluzas, y, desde luego, eso no se lo vamos a
permitir bajo ningún concepto. (Aplausos). Lo que ha dicho son
barbaridades y mentiras.

¿Y ustedes se atreven a hablar de corrupción? Vayan a la Comunidad
Valenciana. ¿De qué me están hablando? ¿Pero de qué me están hablando?
(Rumores y aplausos.) Vayan a la Comunidad Valenciana: quitaron a un
presidente; al vicepresidente y al secretario general les han caído ocho
años de prisión, y ayer nos enteramos de que la gerente del Partido
Popular también está imputada. ¿Pero de qué nos están hablando? Por
favor, la Comunidad Valenciana, afortunadamente, no es el Partido Popular
y no es la corrupción del Partido Popular. La Comunidad Valenciana son
hombres y mujeres trabajadores y honestos y, afortunadamente, la vamos a
cambiar. La vamos a cambiar, quieran ustedes o no quieran.
(Aplausos.)

Vale más que se fije en Galicia. ¿Saben que mañana tienen
convocada una manifestación por los recortes sanitarios? ¿Lo sabe? Ahora
le enseñaré yo la gráfica, que yo también tengo gráficas. ¿Sabe usted que
el Consello de Contas de Galicia les ha dicho que los recortes en sanidad
son bestiales? Fíjese, coincido con la senadora Julios. La prestigiosa
revista British Medical Journal, que supongo que para usted también será
una revista importante, —supongo, porque ya dudo de todo con
ustedes— ha publicado un artículo que analiza los recortes que está
sufriendo la sanidad pública en España y alerta de que las diferentes
medidas de austeridad y el consiguiente des-man-te-la-mien-to del Sistema
Nacional de Salud pueden poner vidas en riesgo. No lo dice esta senadora;
lo dice la revista British Medical Journal.

Señorías, les recomiendo que se estudien el boletín de Cruz Roja
—a la que supongo harán caso— que habla sobre vulnerabilidad
social, porque es impresionante. En este boletín se evidencian los
recortes y la situación en la que viven miles y miles de personas en
nuestro país, sobre todo personas mayores; por tanto, que diga usted aquí
las barbaridades que ha dicho es muy, muy penoso. Por ejemplo, el 38,3 %
de las personas mayores atendidas ha tenido problemas relacionados con la
atención a su salud, la mayor parte de estas dificultades son de tipo
económico. El 17,7 % ha tenido problemas para sufragar el coste de
medicinas no cubiertas por la Seguridad Social, y el 9,7 %, debido al
copago de medicamentos.

A ustedes, que se les llena la boca hablando de eficiencia, de
buenos gestores, etcétera, les recomiendo que se lean este boletín.
(Rumores). ¡Pero si son malísimos gestores!, ¡si es que han recortado
14 000 millones de euros en sanidad, la gente lo está pasando realmente
mal, y esto no mejora! (Aplausos). ¡Los eficientes! (Risas). España queda
fuera de la élite mundial en eficiencia sanitaria; hemos pasado de la
quinta posición a la decimocuarta. ¡Ese Gobierno tan eficiente, que
gestiona tan bien! (Risas.— Rumores).

Más cosas. Voy a hablar de su gráfica, de los 26 000 millones de
euros que se han abonado en pago a proveedores entre 2012 y 2013. Si el
problema de la sanidad pública —la herencia— era que debíamos
16 000 millones de euros y ustedes han pagado 26 000, ¿querrá decir que
en dos años habían acumulado un gasto de 10 000 millones? (Aplausos).
Vamos a la letra pequeña. Usted habla de Andalucía, ¿por qué no habla de
la Comunidad Valenciana, o de Murcia? Y le voy a dar datos —en
términos absolutos no es significativo, hay que calcularlo por
habitante—: si comprobamos lo que se ha pagado en gasto a
proveedores, en Andalucía tenemos una deuda de 615,4 euros por habitante
—haga las cuentas, señoría, si quiere, se lo doy hecho para que no
se confunda—. (Rumores) Pues bien, ¿sabe cuánto tiene Murcia? 1247
euros por habitante. ¿Sabe cuánto tiene mi comunidad, la Comunidad
Valenciana? 1061 euros por habitante. Esta es la gráfica que usted me
enseñaba: los 26 000 millones de euros. Son datos oficiales de la página
web del ministerio. (Aplausos). Por tanto, son los que más facturas
tienen escondidas en los cajones.

Como ya le dije en otra ocasión, la Unión Europea denunció a la
Comunidad Valenciana porque había escondido facturas pero luego llegan
ustedes y dicen: no podemos cumplir el déficit porque Zapatero nos ha
engañado. ¡Pero, oiga, pero si fueron los de Valencia y Madrid los que
ocultaron el déficit! ¿Pero de qué estamos hablando, de qué estamos
hablando? (Aplausos).

Y no le permito que dé usted unos indicadores que son totalmente
falsos en relación con Andalucía. (Rumores). Y, por favor, dejen de
mentir. El gasto sanitario dedicado a contratación en centros privados es
el siguiente: en Andalucía el 4,7 %, en Valencia el 6,6 %, en Madrid el
8,5 %, en Murcia el 7,2 %, en Castilla-La Mancha el 6,7 %, y así podría
continuar por todas y cada una de las comunidades autónomas. (Rumores).
Por tanto, no es verdad que en Andalucía haya más hospitales privados
como dice usted aquí y como ha dicho el ministro (Fuertes rumores), un
ministro que vino aquí ayer a mentirnos, a hacer campaña electoral en vez
de dedicarse a defender los intereses de todos los españoles y de las
españolas. (Rumores.— Aplausos). ¡Pero en qué mundo estamos! ¡Por
favor, un poco de respeto a las instituciones, un poco de respeto al
Senado! (Risas.— Fuertes rumores.— Aplausos). ¡Un poco de
respeto a las instituciones!

Y una de las grandes propuestas del señor Moreno Bonilla —lo
digo con todo el respeto— es esta: dice que si él es presidente...,
pero ahí lo dejo... (Risas.— Fuertes rumores). Dice que si él es
presidente, la espera para operarse será de 60 días en Andalucía. ¡Pero
si resulta que ahora son 47 días! (Risas.— Rumores.—
Aplausos). ¡Si ahora son 47! Por favor, creo que hay que ser más
rigurosos y más serios. Los recortes están pasando factura a la gente más
necesitada, lo quieran ustedes o no lo quieran, senadora Pan. Y no
insulta quien quiere sino quien puede (Risas), y usted, desde luego, no
puede.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Pan.

La señora PAN VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.

Señoría, lo primero que quiero decir en esta mi segunda
intervención, para sosegar también un poco el circo que se ha montado en
estos últimos diez minutos, es que los ciudadanos saben y dan su
confianza a quienes generan confianza, a quienes no les generan deudas ni
les dejan pufos, señoría, pufos de 16 000 millones de euros. (Fuertes
rumores). Por eso el Gobierno y el Partido Popular tienen la mayoría que
tienen hoy en día. (Rumores).

Y, señoría, consejos vendo pero para mí no tengo. Que me hable
usted de la Cruz Roja, de un organismo que por supuesto respetamos todos
junto con otros muchos, como Cáritas y demás, de un organismo que hace
una labor tan buena me parece muy bien, y en eso podemos estar de
acuerdo, pero hay una diferencia: ustedes dejaron un pufo de 3000
millones y nosotros tuvimos que ir a pagarlo. Esa es la diferencia,
señoría. (Fuertes aplausos).

Nosotros queremos llegar a acuerdos y los hemos propuesto.
Queremos llegar a acuerdos con ustedes y con el resto de las formaciones
políticas de la Cámara en asuntos fundamentales del Estado y sobre todo
en aquellos que directamente influyen, como la sanidad, tan directamente
en la vida de las personas.

Yo dije una vez desde esta tribuna lo que decía Indira Gandhi: Con
el puño cerrado es imposible intercambiar un apretón de manos. Ustedes
llevan tres años con el puño cerrado, señoría (Fuertes rumores), y sin
estar abiertos a ninguna idea nueva, empeñados en que lo que hacían era
lo bueno: negar la crisis, negar las evidencias y dejar los pufos que
ustedes dejaron. Eso es lo que hicieron. Pero ya lo sabíamos; sabíamos
que ustedes no querían con el Partido Popular ningún acuerdo ni ningún
pacto porque ya lo habían ensayado en aquel vergonzoso Pacto del Tinell
para todos ustedes. O sea, no venimos aquí de nuevas, venimos aquí a
aportar. (Risas). Sí, sí, no se ría, señoría.

Pacto por la sanidad. El pacto por la sanidad es algo que toda la
sociedad española, todas las fuerzas políticas, todas las organizaciones
de profesionales piden. ¿Qué hicieron ustedes? No quisieron trabajar en
el Congreso y se fueron de la subcomisión que se constituyó allí para
alcanzar ese pacto al que ustedes no acudieron. Eso son los pactos que
ustedes quieren tener para mejorar la sanidad pública de este país.

Yo le voy a definir cuáles son sus propuestas sanitarias. Yo las
definiría como políticas pop, pero no pop de moderna, sino de populista,
oportunista y propagandística. Esa es la política que hacen ustedes,
señorías. (Rumores.— Risas). Pero es que estas cualidades no
resuelven problemas, ninguno; no pagan facturas, ninguna; no introducen
mejoras, ninguna, y, sobre todo, no generan confianza de los ciudadanos
ni en el sistema sanitario ni en las instituciones ni en su país, algo
que es bastante más grave y a lo que están ustedes jugando, señoría. Al
final, todas estas propuestas pop que hacen ustedes, todas sus
ocurrencias quedan guardadas en los cajones, esos cajones en los que
cuando se abren aparece la realidad, aparecen las facturas sin pagar,
aparecen las empresas que no han cobrado, aparecen todas las cosas que
han ido apareciendo en los tres años solamente que lleva el Partido
Popular gobernando. Y ustedes quieren embelesar a los ciudadanos.
(Rumores). ¡Sí, sí!, pero después es a los ciudadanos a los que hay que
pedir que hagan esfuerzos extraordinarios para pagar sus juergas y para
pagar todas esas ocurrencias que han tenido.

Las reformas que ha llevado a cabo este Gobierno son fruto del
diálogo del Gobierno con las comunidades autónomas. Aquí no ha hablado
usted del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, no ha
dicho una sola palabra de la mejora de gestión que supone para las
comunidades autónomas haber puesto en marcha estas reformas. Parece que
estos temas no le interesan.

¡Claro que ha habido 26 000 millones de euros de deuda, como le
dije, del Plan de pago a proveedores y del Fondo de liquidez autonómico!,
porque la deuda que tenían las comunidades autónomas no está computada en
esa resta —aún se acuerda de restar, gracias a Dios— tan
simplista que hizo usted aquí.

Hoy en España la aportación de los copagos de medicamentos, que
siempre ha existido, lo saben todos los ciudadanos, es más justa. Y ¿por
qué es más justa? Porque no tiene solo en cuenta la situación laboral de
una persona, sino que tiene en cuenta la situación de renta. Y mientras
con ustedes los parados pagaban el 40 %, hoy hay un millón de parados de
larga duración —le vuelvo a repetir, señoría— que no pagan
nada. Y los pensionistas que tienen pensiones pequeñas tampoco pagan
nada. Por lo tanto, le vuelvo a decir que no falte a la verdad, señoría,
porque no es cierto.

Y no me hable de recortes. Yo no quiero hablar de comunidades
concretas, son ustedes los que vienen aquí, cada vez que se acerca una
campaña, a hablar de ello, por eso le hablé de Andalucía. Y tampoco
quiero hablar de los recortes que se han producido en Cataluña. No, no lo
voy a hacer y no lo voy a hacer porque todos ustedes los conocen bien y
no hace falta que yo pierda el tiempo diciendo nada de esto.

Nosotros estamos trabajando para introducir las innovaciones
terapéuticas en la hepatitis C y para ello contamos con la ayuda
—no quiero dejar de mencionarlo— de profesionales como el
doctor Joan Rodés, el doctor Albillos, el doctor Moreno, el doctor
Crespo, la doctora Buti y el doctor Andreu, profesionales españoles de
los que nos sentimos orgullosos, que están avalados y tienen un prestigio
internacional. Son ellos los que mejor podrán establecer los criterios
científico-clínicos y las prioridades terapéuticas para incluir nuevos
fármacos cuya eficacia haya sido científicamente demostrada.

Ya sé que a usted le producirá risa; al resto de la comunidad
científica internacional ninguna, pero ninguna risa le produce esto,
señoría. A ver qué hace usted dentro de muy pocas fechas —que van a
ser muchas menos de las que se imagina— cuando tenga noticias y
tenga el resultado del trabajo que se está realizando, no solo por estos
profesionales sino por las comunidades autónomas, por las asociaciones de
pacientes y por la industria. A ver qué es lo que va a hacer. Lo suyo
sería que hoy retirara esta moción para no quedar en vergüenza, aunque no
sé si esa situación se puede producir en su persona, pero, si no lo hace,
le pido que cuando conozca el plan de abordaje de la hepatitis C, que lo
va a conocer dentro de pocos días, tenga al menos la gallardía de pedir
disculpas por la alerta y la alarma que ustedes están provocando con cada
una de sus intervenciones entre las personas que están sufriendo,
señorías. Ni siquiera tienen ustedes respeto para no generar esa alerta
que saben que están generando.

Pero nosotros, además de trabajar para los enfermos de hepatitis C
y por la innovación en sus tratamientos, trabajamos también para otros,
para introducir innovaciones en los tratamientos de los enfermos de
cáncer, señoría —y usted no ha dicho ni una sola palabra al
respecto—, para los enfermos de Alzheimer, para las enfermedades
crónicas, para las enfermedades emergentes... Estos días, señoría, se ha
celebrado el Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y
Enfermedades Raras. De los 200 centros y unidades de referencia que hay
en España, 57 se han designado desde el año 2012. Tres millones de
españoles, la gran mayoría niños y adolescentes, padecen alguna de las
7000 patologías catalogadas como poco frecuentes o denominadas como
enfermedades raras.

El ministerio y las comunidades autónomas acaban de aprobar la
creación del Registro Nacional de Enfermedades Raras y el Sistema
Nacional de Salud financia los medicamentos huérfanos para el tratamiento
de estas patologías. Le recuerdo, señoría, que fue en esta Cámara, en el
Senado, donde se celebró una ponencia sobre enfermedades raras en la que
se aprobaron una serie de conclusiones que ahora se están implementando.
Y ustedes no lo hicieron, no movieron nada por ellos.

Señorías, este Gobierno se mueve, y a este Gobierno le mueve el
beneficio de los enfermos, no las algaradas, no el oportunismo de algunos
sin escrúpulos que ven en el sufrimiento de los pacientes una oportunidad
para desgastar al Gobierno, señoría. Este Gobierno se mueve por esos
enfermos, no para aprovecharse de ellos. Se está haciendo un esfuerzo muy
importante —y les he dado las cifras en mi primera intervención, y
en el poco tiempo que me queda en esta segunda vuelvo a insistir—
y, aunque ustedes no lo quieran ver, la Unión Europea reconoce el
esfuerzo que este país ha hecho y reconoce la generosidad de España con
la protección de las personas que no tienen derecho a cobertura sanitaria
ni en España ni en ningún país de la Unión Europea. Por lo tanto, no es
razonable, señoría, que hablen mejor de nosotros los europeos y los
representantes de otros países y que usted venga aquí y no sea capaz de
reconocer el trabajo bien hecho que se hace en su país.






Le recomiendo que
se lea el barómetro sanitario y compruebe que, efectivamente, no ha
habido ningún problema de salud, y ya no le digo más porque si coge el
Diario de Sesiones y se lee mi primera intervención y los datos que le he
dado, que son reales —no son del Partido Popular, son de organismos
oficiales—, tiene usted suficiente lectura para una temporada.

Nada más y muchas gracias. Y le invito a que se ponga a trabajar
de verdad por la sanidad de este país. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pan.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Socialista, con la incorporación de las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto que han sido aceptadas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 230;
votos emitidos, 230; a favor, 82; en contra, 144; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, antes de proceder a la votación del proyecto de ley, les
informo de que ha sido registrada una declaración institucional, firmada
por todos los grupos, de la que paso a dar lectura.

Se siguen sucediendo crímenes brutales por los grupos asociados a
EIIL/ DAESH —como la quema de 45 personas en Irak y la decapitación
de 21 trabajadores egipcios coptos en Libia— que siembran el horror
entre todos aquellos que no comparten su estrecha y brutal versión del
islam, que es rechazada por las corrientes mayoritarias de esta
religión.

El llamado EIIL/DAESH en las últimas semanas ha decapitado a
varios periodistas occidentales y quemado vivo a un piloto jordano,
además de haber masacrado a miles de personas, que han tenido que
refugiarse en el Kurdistán iraquí, en Turquía o en Jordania para salvar
sus vidas. La conciencia universal no puede permanecer impasible ante una
situación que por los niveles de crueldad que ha alcanzado atenta contra
los más elementales derechos humanos.

El Senado muestra su preocupación por que la grave situación que
se ha estado viviendo en Oriente Medio se haya ahora trasladado al norte
de África, creándose así un escenario que ya no es solo un grave atentado
a la estabilidad y la prosperidad de la zona sino una amenaza para la
seguridad colectiva de todo el mundo, dada la existencia de comandos
durmientes y de los llamados lobos solitarios.

Por otro lado, los recientes atentados en París y Copenhague o la
supresión por las fuerzas de seguridad de operaciones avanzadas de
preparación de otros atentados en Bélgica y otros países muestran que nos
hallamos ante un grave desafío contra nuestro sistema de valores y contra
los más elementales principios democráticos.

Asimismo, el Senado expresa su radical repulsa por los atentados
que se han dirigido contra instituciones o intereses de las comunidades
judías en Europa y reitera su condena del antisemitismo en todas sus
formas.

Para los países mediterráneos de la Unión Europea es
particularmente preocupante la situación de Libia, cuya caótica situación
nos afecta directamente dada su proximidad. La división y los
enfrentamientos civiles que están desgarrando este país, el masivo número
de desplazados que huyen de un riesgo grave que afecta a sus vidas y los
masivos flujos de emigración que transitan por Libia, a menudo impulsados
por mafias dedicadas a este inhumano comercio, no pueden dejarnos
indiferentes.

El Senado de España renueva su solidaridad con los pueblos de la
ribera sur del Mediterráneo y expresa su deseo de que se alcancen cuanto
antes las exigencias de paz, libertad, democracia, prosperidad y respeto
de todos los derechos humanos a que tienen derecho.

Palacio del Senado, 18 de febrero de 2015. (Aplausos).