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DS. Senado, Pleno, núm. 123, de 10/09/2014
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO
MÁRQUEZ


Sesión núm. 58


celebrada el miércoles, 10 de septiembre de 2014


ORDEN DEL DÍA


5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


5.3. Moción por la que se insta al Gobierno al desarrollo
de determinadas medidas en materia de política monetaria.


(Núm. exp. 671/000133)


Autor: GPS


6. MOCIONES


6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a que, en el
seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ponga en
marcha las medidas necesarias que faciliten la coordinación entre la
atención primaria y la atención especializada.


(Núm. exp. 662/000150)


Autor: GPP


6.2. Moción por la que se insta al Gobierno a promover las
medidas necesarias para la internacionalización y modernización de las
universidades españolas, impulsando el intercambio y las titulaciones
conjuntas con universidades extranjeras.


(Núm. exp. 662/000151)


Autor: GPP


6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar las
medidas necesarias para la prevención de riesgos cardiovasculares y de
muerte súbita de deportistas.


(Núm. exp. 662/000152)


Autor: GPCIU


7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


7.1. CONOCIMIENTO DIRECTO


7.1.1. Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la
ratificación de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, relativas a los crímenes de guerra y al crimen de









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agresión, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


(Núm. exp. 621/000084)


7.2. DICTÁMENES DE COMISIONES


7.2.1. Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas
urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda
empresarial (procedente del Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo). SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


Comisión: Economía y Competitividad


(Núm. exp. 621/000085)


7.2.2. Proyecto de Ley por la que se regulan las tasas de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


Comisión: Economía y Competitividad


(Núm. exp. 621/000074)


8. INCOMPATIBILIDADES


8.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN


8.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades,
emitido en su sesión del día 24 de junio de 2014, en relación con varios
señores Senadores.


(Núm. exp. 503/000009)











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SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.


5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


5.3. Moción por la que se insta al Gobierno al desarrollo
de determinadas medidas en materia de política monetaria.


(Núm. exp. 671/000133)


Autor: GPS


11557


El señor Vázquez García defiende la moción.


El señor Iglesias Fernández defiende las cinco enmiendas
del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas a iniciativa de este senador y
el señor Mariscal Cifuentes.


El señor Vázquez García expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando dos de las presentadas
por el Grupo Parlamentario Mixto, las relativas a los puntos 5 y 6 de la
moción.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; el señor Vázquez García, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Fernández de Moya Romero, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la moción, con la incorporación de las enmiendas
del Grupo Parlamentario Mixto con números de registro 137839 y 137840,
con el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 224; a favor,
77; en contra, 141; abstenciones, 6.


6. MOCIONES


6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a que, en el
seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ponga en
marcha las medidas necesarias que faciliten la coordinación entre la
atención primaria y la atención especializada.


(Núm. exp. 662/000150)


Autor: GPP


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El señor Rubio Mielgo defiende la moción.


La señora Cunyat Badosa defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Rubio Mielgo expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de la enmienda, rechazándola.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora
Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; la señora Llinares Cuesta, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Rubio Mielgo, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba la moción, con el siguiente resultado:
presentes, 232; votos emitidos, 231; a favor, 143; en contra, 65;
abstenciones, 23.









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6.2. Moción por la que se insta al Gobierno a promover las
medidas necesarias para la internacionalización y modernización de las
universidades españolas, impulsando el intercambio y las titulaciones
conjuntas con universidades extranjeras.


(Núm. exp. 662/000151)


Autor: GPP


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La señora Sampedro Redondo defiende la moción.


La señora Martínez Muñoz defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Álvarez Areces defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Alturo Lloan defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


La señora Sampedro Redondo expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.


En turno de portavoces intervienen la señora Martínez
Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora
Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; el señor Álvarez Areces, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Sampedro Redondo, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba la moción, con el siguiente resultado:
presentes, 243; votos emitidos, 241; a favor, 155; en contra, 70;
abstenciones, 16.


6.3. Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar las
medidas necesarias para la prevención de riesgos cardiovasculares y de
muerte súbita de deportistas.


(Núm. exp. 662/000152)


Autor: GPCIU


11596


El señor Maldonado i Gili defiende la moción.


El señor Álvarez Villazán defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Maldonado i Gili expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de la enmienda, rechazándola.


En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la
señora Sequera García, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; el señor Álvarez Villazán, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Torres Sánchez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba la moción por asentimiento.


7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


7.1. CONOCIMIENTO DIRECTO


7.1.1. Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la
ratificación de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, relativas a los crímenes de guerra y al crimen de
agresión, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA


11612


(Núm. exp. 621/000084)









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En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Sabaté
Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el
señor Sedó Albart, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Sañudo Aja, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Chiquillo Barber, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para el senador Marín Torrecillas, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en
sentido favorable.


Se aprueba el proyecto de ley orgánica con el siguiente
resultado: presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 238
más 1 voto telemático, 239; a favor, 238 más 1 voto telemático, 239.


El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


7.2. DICTÁMENES DE COMISIONES


7.2.1. Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas
urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda
empresarial (procedente del Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo). SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


Comisión: Economía y Competitividad


11619


(Núm. exp. 621/000085)


El señor López Rodríguez, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.


Se inicia el debate de las propuestas de veto.


El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 1, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Juncal
Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Mariscal
Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Guillot Miravet,
por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor
Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Juncal
Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta y cinco
minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para el senador Marín Torrecillas, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en
sentido contrario.


Se rechaza la propuesta de veto número 1 con el siguiente
resultado: presentes, 226 más 1 voto telemático, 227; votos emitidos, 225
más 1 voto telemático, 226; a favor, 4; en contra, 216 más 1 voto
telemático, 217; abstenciones, 5.


Comienza el debate de los votos particulares.


El señor Mariscal Cifuentes da por defendidas las enmiendas
1 a 30, presentadas por el señor Iglesias Fernández y este senador, del
Grupo Parlamentario Mixto.









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La señora Iparragirre Bemposta defiende la enmienda 31, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas 51 a 64, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 65 a 98,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas 32 a 50, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Manchado Lozano defiende las enmiendas 99 a 112,
del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Juncal
Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Sabaté Borràs y el señor Guillot Miravet, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Alturo Lloan, por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor
Manchado Lozano, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Juncal
Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechazan todas las enmiendas, salvo la número 20, de los
senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto, y la número 86, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.


11643


Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.


El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.


7.2.2. Proyecto de Ley por la que se regulan las tasas de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores.


Comisión: Economía y Competitividad


11645


(Núm. exp. 621/000074)


El señor López Rodríguez, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.


Comienza el debate de totalidad.


En turno de portavoces intervienen el señor Bruguera
Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, que
da por defendidas las enmiendas 12, 13, 15, 16 y 17; el señor Alturo
Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, que defiende las enmiendas 6 a 11; el señor Lerma Blasco, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Torme Pardo. El señor
presidente recuerda a los señores senadores que están en el debate de
totalidad, no en el de las enmiendas.


Comienza el debate de los votos particulares.


El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas 1 a 3,
presentadas por el señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Brugura Batalla defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 12 y 13 y la vuelta
al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por
las enmiendas 4 y 5 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Da por
defendidas las números 14 a 16.









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El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas 6 a 11, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Manchado Lozano defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista números 17 y 18 y la vuelta al texto remitido
por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 4 y 5
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Torme
Pardo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, y la señora Torme Pardo, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se rechazan todas las enmiendas.


11665


Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.


El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.


8. INCOMPATIBILIDADES


8.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN


8.1.1. Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades,
emitido en su sesión del día 24 de junio de 2014, en relación con varios
señores Senadores


11657


(Núm. exp. 503/000009)


El señor Moreno Bonilla, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para el senador Marín Torrecillas, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en
sentido favorable.


Se aprueba el dictamen con el siguiente resultado:
presentes, 202 más 1 voto telemático, 203; votos emitidos, 202 más 1 voto
telemático, 203; a favor, 200 más 1 voto telemático, 201; en contra,
2.


Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cuarenta y
cinco minutos.










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Se reanuda la sesión a las nueve horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Tomen asiento
por favor.


Se reanuda la sesión.


5. MOCIONES


5.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO AL DESARROLLO
DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE POLÍTICA MONETARIA.


(Núm. exp. 671/000133)


AUTOR: GPS


El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de
interpelación se han presentado 5 enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal.


Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el senador Vázquez.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días.


En el anterior Pleno interpelábamos al Gobierno instándole
a propiciar un cambio en la política económica, tanto europea como
española. Exponíamos el fracaso sin paliativos de lo hecho hasta ese
momento y sus nefastas consecuencias en términos de desempleo,
endeudamiento, desigualdad y sacrificios para las clases medias y
trabajadoras y para los ciudadanos en general. Ciudadanos estos que
manifestaron en las pasadas elecciones europeas su total rechazo a esas
políticas. Denunciábamos igualmente la enorme brecha social y territorial
que se estaba abriendo en Europa. El Gobierno nos contestó con el mantra
de la recuperación, intentándonos vender una salida inmediata de la
crisis, consecuencia, cómo no, de su extraordinaria gestión política.


¿Qué ha sucedido en estos dos meses? Sencillamente nuestros
temores se han confirmado. Los datos de Eurostat correspondientes al
segundo trimestre de la eurozona indican que el crecimiento se estanca
con riesgo de entrar en una tercera recesión, los precios se acercan a la
deflación y el desempleo no se reduce, mientras aumenta la deuda. Se han
encendido todas las alarmas en Europa. Tanto es así que el 22 de agosto
Draghi anunciaba que se tomarían medidas, y el 4 de septiembre el Banco
Central Europeo, ante estos datos, acelera lo anunciado por su presidente
y anuncia nuevas medidas en la línea de lo que nosotros pedíamos en
nuestra interpelación de julio.


¿Y mientras, el Gobierno de España qué ha hecho? Pues en
vez de rectificar sus previsiones y adecuar sus políticas a la tozuda
realidad, Rajoy se reúne con Merkel y le rinde pleitesía ante el apóstol
Santiago pidiéndole no que cambie su política y nos ayude; no le dice que
nuestras exportaciones están cayendo, que nuestra producción industrial y
las ventas minoristas están estancadas, que nuestros ingresos crecen en
un raquítico 1% mientras los intereses de la deuda crecen en tasas de 2
dígitos; no le pide que apoye un plan de inversiones que impulse el
avance hacia la unión fiscal y bancaria que tiene vetada, y no le pide
que Alemania se convierta de verdad en la locomotora de Europa para
sacarnos de esta crisis, lo mismo que hizo el resto de Europa hace años
para sacarla a ella. No, le dice que estamos bien, que las reformas están
funcionando, y le pide que coloque a Guindos y Cañete. Esa es la
preocupación de nuestro presidente, para asombro de todos. Y claro, la
señora Merkel, a cambio le exige el apoyo incondicional, alejándolo de
otros países y líderes europeos que están apoyando la agenda europea del
crecimiento.


Señorías, caros les van a salir a los españoles los puestos
de ambos amigos de Rajoy. Mientras, la canciller eleva su alta valoración
entre sus ciudadanos, y en su país el paro es del 6%; aquí, sin embargo,
tenemos el mayor índice de paro y desigualdad, con un presidente agónico,
con la peor valoración de la democracia —el 90% de los ciudadanos
no confía en él— y que se cree sus propias mentiras. Esto es lo que
hay, señorías.


Nuestra obligación como oposición es insistir en las
propuestas que aceleren la auténtica recuperación de todos, y por eso
pedimos en esta moción que nuestro país se una con todas sus fuerzas a
todos los que están clamando un cambio en esa política económica
fracasada, y que se









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propicie, además, de las últimas medidas tomadas por la
Unión Europea de flexibilización de los objetivos de estabilidad y fijar
el empleo como objetivo para el futuro; que ciertas inversiones públicas
de I+D+i y los gastos asociados a la reforma no computen en la
consolidación fiscal; que el Banco Central Europeo utilice todos los
instrumentos, y no solo los monetarios sino también los fiscales y
financieros, para estimular la financiación bancaria; que se fortalezca
el Banco Europeo de Inversiones para financiar proyectos de pymes,
formación, I+D+i, nuevas tecnologías, eficiencia energética, así como
infraestructuras y redes transeuropeas, un plan de reindustrialización
europeo y una política energética común.


Pero hacen falta también medidas en la política interna,
por ejemplo: regular que las entidades que han sido ayudadas con dinero
público reserven fondos para las pymes; diseñar políticas activas de
empleo para los sectores más necesitados, especialmente los jóvenes;
realizar planes selectivos, como Renove, en los sectores intensivos en la
creación de empleo y sectores de gran potencial; o convertir el ICO en un
instrumento eficaz, transformándolo, junto con otras entidades
existentes, en una agencia financiera pública con capacidad y medios para
facilitar líneas de crédito, etcétera. Todo ello, por supuesto,
acompañado, al mismo tiempo, con la elaboración de una verdadera reforma
fiscal para el crecimiento, el empleo y la equidad social.


Señoría, el Gobierno, que convoca tarde y sin ilusión una
cumbre por la recuperación del empleo, debe dejar de engañarse con la
mejora de los datos de crecimiento, la prima o la bolsa. La desbocada
deuda, la baja inflación, la caída de las exportaciones y el alto
desempleo desdicen tanto optimismo. Por tanto, señorías, más sensatez y
menos prepotencia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.


Las enmiendas que hemos formulado el senador Mariscal y yo
pasan fundamentalmente por la perspectiva de considerar absolutamente
insuficientes las medidas de carácter monetarista, y quiero manifestar
nuestro escepticismo hacia lo que puede ser, seguramente, una estrategia
continuista en la política económica de la Unión Europea, pero sobre esa
cuestión me extenderé un poco más en el turno de portavoces.


De ahí que planteemos en nuestras enmiendas que no basta
con flexibilizar los objetivos de déficit, y por ello resulta
imprescindible que se produzca un incremento del presupuesto de la Unión
Europea hasta alcanzar el 3% del producto interior bruto. De esta manera,
y solo de esta manera, sería posible responder al emplazamiento que ha
formulado hace pocas semanas la Confederación Europea de Sindicatos, que
ha defendido un plan de inversión para el crecimiento, el empleo y la
cohesión social que permita crear 11 millones de puestos de trabajo en
diez años. De forma expresa en ese plan se reivindica un objetivo de
inversión adicional en la Unión Europea que conlleva dedicar recursos
equivalentes a un 2% más del producto interior bruto de la Unión
Europea.


En otra enmienda planteamos la necesidad de una auditoría
pública de los Estados de la Unión Europea porque estamos convencidos de
que solo de esa manera se va a poder constatar el mecanismo generalizado
de conversión de deuda privada en deuda pública. Hace poco más de una
semana, el Gobierno de España realizaba una emisión de bonos del Tesoro a
cincuenta años. De esta manera, por una parte se está contribuyendo a
incrementar el nivel de endeudamiento público en nuestro país, que ya es
superior, como saben sus señorías, al 100% del producto interior bruto,
comprometiendo y endeudando a nuevas generaciones.


Hasta ahora, los que estamos en esta sala podíamos decir
que con nuestra participación en las necesidades de amortización de la
deuda pública estábamos endeudados de por vida; con esta nueva estrategia
del Gobierno de España no es que lo estemos nosotros —que por muy
felices que sean las expectativas de prolongación de la esperanza de
vida, como mucho podremos aspirar a contribuir a la amortización del 50%
de esos bonos del Tesoro a cincuenta años— sino que se están
endeudando ya varias generaciones futuras.


En el punto 5 queremos añadir que el Banco Central Europeo
asuma de una vez la emisión de eurobonos y que se establezca un control
de este Banco Central Europeo por el Parlamento









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Europeo. Ahora, en esa nueva estrategia —vuelvo a
decir insuficiente— del señor Draghi se abre la posibilidad de que
el Banco Central Europeo compre deuda privada. ¿Por qué no deuda pública
como mecanismo para plantear una refinanciación de la deuda contraída por
aquellos Estados que se han visto obligados a asumir endeudamientos con
una prima de riesgo elevada, como es el caso de nuestro país, lo cual sin
duda conllevaría una reducción de intereses?


En el punto 6 planteamos que, frente a la opción que abre
la moción, se tome la decisión firme ya de crear un banco público de
inversiones. ¿Por qué es posible un banco europeo de inversiones y no lo
es un banco europeo de inversiones en los Estados que actúen con una
estrategia coordinada con ese banco europeo de inversiones? ¿Qué barrera
ideológica se puede saltar en el ámbito de la Unión Europea creando este
instrumento fundamental y no se puede saltar en el ámbito de los
Estados?


Igualmente planteamos enmiendas para que se promuevan
medidas para impedir la caída de los salarios. Ahora la OCDE alerta de
los peligros de la rebaja de los salarios y dice claramente que no mejora
la competitividad, que solamente significa una nueva oportunidad para
incrementar los beneficios empresariales. Pero estos gurús de la economía
parece que cambian de opinión con cierta rapidez, pues no hace tanto que
la OCDE decía lo contrario; hace justo un año que el Fondo Monetario
Internacional pedía a España que en dos años se produjera una rebaja del
salario medio de un 10%. Además, también plantea como alternativa la OCDE
en este momento medidas rechazables, como el incremento del IVA o reducir
las cotizaciones a la Seguridad Social.


Insisto, en el turno de portavoces me extenderé más en este
sentido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Tiene la palabra el senador Vázquez para indicar si acepta
o no las enmiendas.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señor Iglesias, le voy a comentar la opinión del Grupo
Parlamentario Socialista sobre las enmiendas que ustedes han
presentado.


La primera propone añadir al final del punto 1 un párrafo,
que no entiendo y no hay problema si me lo explica. El punto 1 de la
moción dice: «Negociar con la Comisión Europea una flexibilización de los
objetivos de estabilidad fijados y unirnos a los países que exigen la
puesta en marcha de la agenda europea de crecimiento», y ustedes proponen
añadir: «a partir de un incremento del presupuesto europeo desde 2015
para que sea equivalente al 3% del PIB de la Unión Europea». No entiendo
la relación que puede haber entre este punto y lo que ustedes proponen ni
a qué se refiere.


La segunda enmienda, que propone la auditoría de la deuda
pública de los Estados de la Unión Europea, no la vamos a aceptar.
Sabemos que este es un asunto que cae bien cuando se expresa pero no
vemos en qué podríamos avanzar, qué se podría ganar con este
planteamiento, mientras que sí sabemos lo mucho que se podría perder en
cuanto a confianza en los países de la Unión Europea. No nos da miedo
hablar de quitas a la deuda. No nos da miedo decir que hay deudas ligadas
a préstamos hipotecarios o a préstamos a las pymes que no va a ser
posible cobrar, y habría que establecer unos mecanismos para que esa
deuda se mutualizase y, por tanto, se produjeran unas quitas importantes,
pero nos parece que la auditoría de la deuda pública no añade nada
positivo.


Sí vamos a aceptar su enmienda al punto 5 sobre mutualizar
la deuda. No tenemos problema en aceptar eso.


Aceptamos también la enmienda que afecta al punto 6. Nos
piden que sustituyamos el texto del apartado 6 por su enmienda. Creo que
es compatible lo que nosotros decimos con su enmienda, con lo cual se
puede añadir su enmienda, no sustituirla, señor Iglesias. Eso es lo que
le propongo.


Asimismo, su última enmienda propone sustituir el apartado
15, que dice: «Impulsar un programa común de todas las administraciones
que reduzca los supuestos de actividades empresariales sometidas a
licencia o autorización previa». No vemos por qué tiene que desaparecer,
ya que creo que en eso estamos todos de acuerdo. Ustedes nos proponen
sustituir ese punto por otro que diga: «Promover medidas para impedir la
caída de los salarios», pero no tiene nada que ver, no hay concordancia
entre el apartado 15 y lo que ustedes proponen. Yo les









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propongo añadir el contenido de su enmienda que trata de
promover medidas para impedir la caída de los salarios al punto 14 o al
punto 16, que creo que tienen mayor concordancia con lo que ustedes
piden. Y así no nos importaría en absoluto aceptar su enmienda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.


En turno en contra, tiene la palabra el senador Fernández
de Moya.


El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente. Buenos días, señorías.


Señor Vázquez, no ha habido nada nuevo en su intervención
más allá de las descalificaciones que usted esgrime permanentemente en
esta tribuna contra el presidente del Gobierno. Pero permítame que le
recuerde, porque creo que es extraordinariamente importante —y haré
después, en el turno de portavoces, el análisis de los 17 puntos y de la
intensa agenda de reformas estructurales que el Gobierno de España ha
puesto en marcha a lo largo de estos dos años y medio—, algo que
usted ha obviado en su intervención, probablemente porque no le interesa,
pero que sí es bueno situar en el debate para saber cuál era el punto de
partida en el que este Gobierno se encontró a la nación española para
tomar las medidas que ha adoptado en estos dos años y medio. Se lo dijo
el ministro en la interpelación y yo quiero recordárselo.


Nos encontramos con una prima de riesgo que, como usted
bien sabe, superaba la barrera de los 660 o 670 puntos básicos. El coste
de la financiación internacional de la economía española estaba un 7% por
encima de la media de los países de la Unión. Había una salida masiva de
capitales. Como usted bien sabe, el desempleo era creciente. El déficit
público que nos dejó su Gobierno, el Gobierno socialista del señor
Zapatero, era superior en más de un 50% al que se había comprometido el
entonces Gobierno socialista ante los órganos comunitarios, ante las
instancias de la Unión Europea; un déficit estructural del sector
eléctrico de 10 500 millones de euros al año, y recesión; y la única
noticia era la pregunta de cuándo España iba a pedir el rescate. Así nos
dejaron ustedes la nación española. Y este Gobierno desde el primer
momento, y sobre la base de esa situación —sin lugar a dudas de
encefalograma plano y al borde de la intervención, al borde del rescate,
que era la pregunta que una y otra vez, tras la salida del presidente
socialista Zapatero, se formulaba en las instancias de la Unión
Europea—, puso en marcha una política económica basada en 3 pilares
sólidos que poco a poco están dando resultado. El primero de ellos era de
consolidación fiscal; el segundo, la aplicación de un conjunto de
reformas estructurales, y el tercero, una apuesta clara por una mayor
unión económica y monetaria en el ámbito de la Unión Europea.


Señor Vázquez, es curioso que usted no haya hecho
referencia a las previsiones que en materia de crecimiento económico para
el conjunto de la nación española, al alza, incluso superando las
previsiones en el cuadro macroeconómico del Gobierno de España, están
realizando el propio Banco Central Europeo, el Fondo Monetario
Internacional y la OCDE. Ese dato usted lo ha obviado por completo porque
no quieren reconocer nada de la labor ingente que está haciendo el
Gobierno de España por sacar adelante a este país.


La recuperación es visible en el mercado laboral, es
incipiente, queda muchísimo trabajo por hacer. Millones de españoles
están en situación de desempleo, y para eso trabaja denodadamente este
Gobierno en esa intensa agenda de reformas estructurales. Hay datos
positivos que ustedes no citan pero que están ahí y además avalados,
apoyados y certificados por las instancias comunitarias y por las
instancias internacionales concretamente. ¿O acaso, señoría, usted me
puede discutir que se ha incrementado el consumo final de los hogares? ¿O
acaso, señoría, me puede usted discutir cómo se incrementa la formación
bruta de capital fijo? ¿O acaso, señoría, usted me puede discutir cómo la
encuesta de población activa pone de manifiesto la caída de la tasa de
temporalidad? ¿O cómo las exportaciones en el año 2014 están creciendo a
una media del 5,5%? Son datos que están ahí, que están encima de la mesa
y que, indudablemente, ponen de manifiesto lo que significan, insisto y
reitero, los resultados —que después explicaré en los 17 puntos de
la moción que ustedes plantean— de la extraordinaria e intensa
agenda reformista que, evidentemente, ha puesto en marcha el Gobierno de
España.


Y ha hecho usted una afirmación relativa a que el
presidente del Gobierno es el único que se cree sus propias mentiras. Yo,
señor Vázquez, lo único que le pido es que cuando ustedes, el









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Partido Socialista, hablen tengan en cuenta que hoy su
comunidad autónoma de referencia, la más poblada de España, de la que yo
provengo, que es Andalucía, es la que lidera el paro en España, con más
de un millón de parados después de treinta y dos años de Gobiernos
socialistas en esa tierra.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández de
Moya.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Hace muy poco tiempo que se celebraron las elecciones
europeas y el Grupo Socialista e Izquierda Unida concurrimos a ellas con
posiciones políticas diferentes, por lo tanto es normal que tres meses
más tarde esas diferencias se mantengan y que se expliciten en las
enmiendas que hemos formulado a su moción. Voy a intentar aclarar y dar
respuesta a algunas de las preguntas que se han formulado.


La primera enmienda plantea que no basta con flexibilizar
el objetivo de déficit sino que es imprescindible que se ponga en marcha
el instrumento más importante con el que cuenta la Unión Europea, que es
su presupuesto, como acción complementaria a la que desde la
flexibilización del objetivo de déficit cada Estado realice, respaldando,
impulsando e intentando que sea más eficaz.


En segundo lugar, nosotros creemos que un objetivo de
transparencia mínimo y básico —últimamente el término transparencia
es una constante en el discurso político— debiera llevar a que no
hubiera ningún temor a hacer cuantas auditorías fueran necesarias: de la
deuda pública, del déficit tarifario eléctrico, de todo lo que conlleve
un esfuerzo importante para los ciudadanos, porque lo contrario conlleva
privar de una información básica a quien padece las consecuencias
directas: la sociedad, de las decisiones políticas.


Nos pregunta por qué sustituir esa referencia a la
supresión de exigencias de licencias a las actividades empresariales.
Porque nosotros no compartimos ese modelo liberalizador que reduce
cualquier elemento de control de las administraciones a la hora de poner
en marcha actividades que luego tienen repercusiones variopintas, desde
el ámbito medioambiental al de planificación y ordenación del territorio.
Invitar a seguir avanzando en esa dirección es desarmar a las
administraciones públicas y privarlas de algo que está en la
Constitución: el principio de planificación económica orientativa.
Seguramente será para muchos de ustedes un concepto obsoleto, pero es un
concepto constitucional que merece tanto respeto como esos otros
conceptos constitucionales en los que algunos de ustedes se envuelven
como si fueran la bandera.


Yo quiero insistir en que las posibilidades de cambio en la
política europea después de las elecciones europeas, frente a lo que se
apunta en la moción, son prácticamente nulas. La designación de
comisarios que el señor Juncker está concretando en estos días no permite
percibir la más mínima voluntad de cambio más allá de lo que sean
necesidades inmediatas de la economía alemana. El Banco Central Europeo
actúa exclusivamente como si fuera el Banco Central de Alemania. Y estas
últimas decisiones no significan ningún cambio de estrategia, significan
abundar. Teníamos unos tipos de interés del Banco Central del 0,50 hace
aproximadamente dos años; bajaron al 0,25, bajaron al 0,15 y bajan ahora
al 0,05, pero todo ello no ha impedido que en este momento haya en Europa
25 millones de desempleados, según datos de Eurostat de finales de
agosto, siendo 5 de ellos de desempleo juvenil. Por tanto, se sigue
manteniendo la misma estrategia que nos llevó a esta situación y no hay
ni la más mínima intención de establecer cambios. El discurso político de
Draghi y de la Unión Europea sigue siendo mantener las políticas de
austeridad, lo que en algún momento hemos calificado desde esta tribuna
de auténtico austericidio, que permite decir al presidente del Gobierno
que estamos saliendo de la crisis porque el Ibex 35 está saliendo de
ella, porque el valor de los fondos de inversión está aumentando y porque
se incrementa la inversión extranjera. Pero a lo único que van a
contribuir todas esas medidas del Banco Central Europeo es a reforzar
estos elementos que son meramente especulativos y que no significan
ninguna recuperación de la economía productiva ya que dan como resultado
no solo el sacrificio de los ciudadanos sino un modelo económico en el
que lo industrial, lo productivo tiene menos peso del que tenía antes de
la crisis.


Muchísimas gracias.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la
senadora Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor
presidente. Egun on. Buenos días.


La situación de la economía española, a pesar de algunos
datos positivos, es aún preocupante. Las desigualdades son crecientes,
las prestaciones públicas están cada vez más recortadas por la política
que se ha seguido estos años, cuestiones estas que nos indican que aún
tenemos sufrimiento para rato. Es cierto que la alarma mediática no es
tan grande y que de vez en cuando aparece algún dato positivo del que el
Gobierno hace excesiva gala. No obstante, insisto en que todavía tenemos
crisis y sufrimiento para rato.


Tal y como cita la moción socialista que hoy se trae a esta
Cámara para su debate, desde el Gobierno se nos habla a diario de
recuperación, de salida de la crisis, y lo hace apoyándose en unos datos
ciertos, como el crecimiento del PIB, la bajada de la prima de riesgo, la
moderación en la caída del empleo, la balanza comercial, es decir, datos
positivos de los que todos no solo nos alegramos sino que confirmamos que
se consolidan. Pero no es menos cierto que no se puede atribuir esta
supuesta salida de la crisis a lo acertado de las medidas tomadas,
centradas en una política de austeridad, como se ha comentado antes en
este debate. Y es que, señorías, aún queda mucho camino por recorrer para
que pueda hablarse de una auténtica recuperación entendiendo esta como
que todos recuperemos lo que hemos perdido en los años de esta larga
crisis. Existen aún importantes desequilibrios en los datos de nuestra
economía. Sinceramente, hemos visto que el Gobierno no ha hecho gran cosa
para salir de la crisis, no ha hecho nada distinto de seguir a pies
juntillas la exigencia de una Europa cuyos intereses económicos
desgraciadamente no coincidían con los nuestros. Cercano tenemos el
resultado del 25 de mayo; podríamos decir que se debe en gran parte a que
Europa y sus instituciones no han estado a la altura de las
circunstancias. En ocasiones tengo la sensación de que Europa ha dado la
espalda a la crisis y de que los ciudadanos a su vez le han dado la
espalda a Europa. Habría que pensar que pudiera haber una relación entre
ambas. Es decir, que la eurofobia, el euroescepticismo y la elevada
abstención experimentada en parte responda también a la respuesta que
desde Europa se ha dado a dicha crisis.


Pero, retomando lo que decía al comienzo, aún queda mucho
camino por recorrer y entendemos que es en ese marco en el que se plantea
la moción que hoy se trae aquí, en el marco de abordar una nueva política
económica.


Eta mozioak une berri honen aurrean aprobetxatzeko beharra
aipatzen digu, eta egoera berri hau gauza berri eta hobeagoak egiteko
aukera bat bezala aurreikusten du. Behar horrekin gure taldea bat dator,
eta bertan aipatzen diren puntu askorekin ere bai. Hori bai, hau guztia
esanda, mozioaren estiloari buruz aipamen txiki bat egin nahiko nuke. Ez
da lehenengo aldia honetaz aritzen naizela. Hau da, estilo honetako
mozioak zail bihurtzen zaizkigu gure taldeari, eta pentsatzen dugu
besteoi ere, gehiengo adostasuna bilakatzeko. Zergatia oso erraza da:
hain luze eta hainbat puntu ukitzen duelako, eta hor errazagoa da
adostasun hori hain erraza ezin aurkitzea. Ados ezin dugulako egon puntu
guztiekin. Guri kasu honetan gertatzen zaigun modura. Hasieran aipatzen
nuen bezala, egoera ekonomiko honetatik irteteko, gaur egungo egoeraren
neurriak hartzeko beharrean gaude, zalantzarik gabe. Horretan ados gaude.
Baina aipatzen nuen bezala, hemen aipaturiko puntu guztiekin erabat bat
ez gatozenez, gure taldeak ezin dio baiezko bozka eman mozio honi. Beraz,
abstentziora joko dugu.


Mila esker.


Esta moción habla de la necesidad de aprovechar el momento
actual. Esta nueva situación, de hecho, ofrece una oportunidad para
actuar de una forma diferente y mejor, de alguna manera. Nuestro grupo
está de acuerdo con muchos de los puntos que se recogen en ella. Eso sí,
después de decir todo esto quiero hacer una mención acerca del estilo de
esta moción. Y no es la primera vez que hablo de esta cuestión. Se trata
de un estilo bastante difícil para nosotros y creo que para otros
también. De hecho, es difícil conseguir el consenso por este estilo, y
ello por una sencilla razón, porque es una moción extensa que toca muchos
puntos, por lo que es difícil lograr un consenso amplio, pues no podemos
estar de acuerdo con todos esos puntos. Eso es precisamente









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lo que nos ocurre a nosotros. Como decía al principio, para
salir de esta situación económica tenemos que tomar medidas en este
momento. No hay ninguna duda. Estamos de acuerdo, sí. Pero, como he
comentado, no podemos estar de acuerdo con todos los puntos que se
recogen en la moción, y, por tanto, no podemos votar a favor y nos vamos
a abstener.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gràcies, senyor president. Bon dia
a tothom.


Aquesta moció la podem convertir en un debat sobre les
insuficiències del Govern o el sentit de la recuperació, però nosaltres
votarem favorablement al contingut d’aquesta moció no perquè
estiguem d’acord amb els 17 punts ni perquè no faltin punts, sinó
perquè planteja dos temes importants que són els que al meu entendre
haurien de ser objecte del debat. La primera qüestió és què està passant,
quin és el balanç de les polítiques d’austeritat en aquests cinc
anys. I la segona és quines perspectives obren o no obren les decisions
que en Draghi pren el 4 de setembre del Banc Central Europeu.


En relació al balanç de les polítiques d’austeritat
crec que el que ha passat aquest mes d’agost és important
políticament des d’un punt de vista de les polítiques
d’austeritat. El 14 d’agost, s’ha dit abans, Eurostat
diu que la Unió Europea està econòmicament estancada. Alemanya decreix
amb 0,2%, Itàlia un 0,2%, França està al 0% i, per tant, hi ha el perill
d’una tercera recessió i de la deflació. Pràcticament tots els
indicadors econòmics en aquests cinc anys han empitjorat. Paul Krugman
diu que Europa està pitjor que el 1930. No ho sé, jo no ho sé, no sóc
Paul Krugman, però ell diu això. I mentre que els Estats Units en els
darrers cinc anys creix el 5,2%, la Unió Europea en els darrers quatre
anys decreix el 0,4%. Dit d’una altra manera, les dades
d’Eurostat certifiquen el fracàs de les polítiques
d’austeritat. L’altre dia, Antón Costas deia en un article
que no hi ha cap dada objectiva, cap dada, que justifiqui el suport a les
polítiques d’austeritat. I aquesta és la primera conclusió des del
nostre punt de vista, la primera part del debat que s’ha de fer.
Les polítiques d’austeritat, per què han servit? Han servit per
patiment, per més pobresa, per més desigualtat, també com deia
l’Antón Costas, per un patiment inútil; no hi ha ni una sola dada a
la Unió Europea que justifiqui i que doni valor a les polítiques
d’austeritat.


Tant és així que si el 14 d’agost Eurostat diu que
Europa està estancada, el 22 d’agost, vuit dies després, Draghi, en
una reunió de banquers als Estats Units, per primera vegada, reconeix les
insuficiències o el fracàs de les polítiques d’austeritat i diu que
cal obrir noves orientacions polítiques des del punt de vista de la
política econòmica a la Unió Europea. Certament, planteja la
flexibilització dels criteris de la Unió Europea: més inversió pública,
una política de creixement, que després s’aplica el 4 de
setembre.


És discutible, o no, què passarà amb la nova orientació
d’en Draghi, però el que és important és que per primera vegada una
de les persones més influents des del punt de vista de la política
econòmica de la Unió Europea reconeix que només amb la política
d’austeritat no només no ens en sortim, sinó que anem abocats a una
recessió i a una deflació. I des d’aquest punt de vista pocs dies
després, el 4 de setembre, Draghi obre, comunica, anuncia noves
orientacions de la política econòmica, insuficients, tardanes. Cal veure
la Unió Europea, la Comissió, què farà, però en definitiva són una
impugnació de les polítiques d’austeritat. I penso que és important
que Draghi en la seva conferència i en els seus acords faci esment a la
necessitat d’impulsar la política de creixement, que sense
polítiques de creixement no sortim de la crisi, cosa que no s’havia
dit mai, o que parli de la flexibilització dels criteris de la Unió
Europea o de la inversió pública. Cal veure què és el que passarà, però
està dit per una persona importantíssima des del punt de vista de la
política econòmica.


I, des d’aquest punt de vista, el debat nostre, avui,
és: per què apostem? Apostem per continuar amb les polítiques
d’austeritat amb el fracàs que hem obtingut, o apostem per
reforçar, per anar molt més enllà, de les noves orientacions que en
Draghi ha dit, amb totes les insuficiències que el portaveu del Grup Mixt
esmentava. Nosaltres apostem, en definitiva, pel canvi de política
econòmica, de les polítiques d’austeritat.









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Vull acabar, simplement, dient el següent. Crec que no
seria sensat que algú fes una lectura triomfalista de la situació
econòmica d’Espanya. La recuperació que tenim és una recuperació
fràgil. Pensin vostès que fa pocs mesos parlàvem de l’èxit de les
exportacions en el primer trimestre i en el segon trimestre els números
són vermells; són vermells perquè un país com el nostre, amb un deute del
100%, necessita exportar, i només podem exportar a països que creixen.
Pensin vostès que el país més important on van adreçades les nostres
exportacions és França, i està estancada, o que Portugal està en el límit
de la recessió, i és un país que importa tants productes espanyols com
tots els països asiàtics. Per tant, des d’aquest punt de vista, la
recuperació espanyola és fràgil, i no hi haurà recuperació espanyola
sense un canvi de polítiques d’austeritat de la Unió Europea.


Ses d’aquest punt de vista —acabo, senyor
president— el que ens sembla important de la moció és que permet un
balanç de les polítiques d’austeritat negatiu, marca unes noves
orientacions de la política europea i proposa que des del punt de vista
del Parlament espanyol, tant del Congrés com del Senat, i del Govern es
tirin endavant polítiques que acabin amb el patiment i amb la pobresa i
que creïn ocupació. Per tant, nosaltres votarem favorablement per tot el
que els he dit.


Res més i moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, señor presidente. Buenos días a todos.


Esta moción podemos compartirla en un debate sobre las
insuficiencias del Gobierno o el sentido de la recuperación, y nosotros
votaremos favorablemente su contenido, no porque estemos de acuerdo con
los 17 puntos ni porque falten puntos, sino porque plantea dos temas
importantes que son los que a mi parecer deberían ser objeto del debate.
La primera cuestión es qué está sucediendo, cuál es el balance de las
políticas de austeridad en estos cinco años. Y la segunda cuestión es
cuáles son las perspectivas que abren o no las decisiones que se
adoptaron el 4 de septiembre por parte del Banco Central Europeo.


Con relación al balance de las políticas de austeridad, yo
creo que este mes de agosto ha sido un mes importante desde el punto de
vista de las citadas políticas. El 14 de agosto, como he señalado antes,
Eurostat dice que la Unión Europea está económicamente estancada.
Alemania decrece un 0,2%, Italia un 0,2%, Francia está en el 0%, y, por
lo tanto, existe el riesgo de una tercera recesión y deflación.
Prácticamente todos los indicadores económicos en estos cinco años han
empeorado. Paul Krugman dice que Europa está peor que en 1930. Yo no lo
sé, pero él lo dice. Y mientras que Estados Unidos en los últimos cinco
años crece un 5,2%, la Unión Europea, en los últimos cuatro años, decrece
el 0,4%. Dicho de otro modo, los datos de Eurostat certifican el fracaso
de las políticas de austeridad. El otro día, Antón Costas en un artículo
decía que no había ningún dato objetivo que justificara el apoyo a las
políticas de austeridad. Desde nuestro punto de vista, esta es la primera
conclusión, la primera parte del debate que debe hacerse. ¿Para qué han
servido las políticas de austeridad? Para el sufrimiento, para más
pobreza, para más desigualdad, y, también, como decía Antón Costas, para
un sufrimiento inútil. No existe ni un solo dato en la Unión Europea que
justifique y dé valor a las políticas de austeridad.


Y si el 14 de agosto Eurostat dice que Europa está
estancada, el 22 de agosto, ocho días después, Draghi en una reunión en
Estados Unidos por primera vez reconoce las insuficiencias o el fracaso
de las políticas de austeridad y dice que hay que abrir nuevas
orientaciones políticas desde el punto de vista de la política económica
en la Unión Europea. Ciertamente, plantea la flexibilización de los
criterios de la Unión Europea: más inversión pública y una política de
crecimiento que aplica el 4 de septiembre.


Es discutible, o no, lo que sucederá con la nueva
orientación de Draghi, pero es importante que por primera vez una de las
personas más influyentes de la política económica de la Unión Europea
reconozca que solo con política de austeridad, no solo no saldremos de
esta crisis, sino que nos dirigiremos a una recesión y a una deflación.
Desde este punto de vista, pocos días después, el 4 de septiembre, Draghi
anunció nuevas orientaciones de la política económica, si bien ya
insuficientes y tardías. Hay que ver qué hará la Comisión Europea pero,
en definitiva, son una impugnación de las políticas de austeridad. Creo
que es importante que en su conferencia y acuerdos Draghi mencione la
necesidad de impulsar la política de crecimiento porque sin ella no
salimos de la crisis, cosa que no se había dicho nunca, o que hable de la
flexibilización de los









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criterios en la Unión Europea o de la inversión pública. Ya
veremos qué es lo que sucede, pero esto lo ha dicho una persona
importantísima en materia de política económica.


Desde este punto de vista, nuestro debate nos lleva a
preguntarnos por qué apostamos. ¿Apostamos por continuar con las
políticas de austeridad con el fracaso que hemos tenido o apostamos por
reforzar todas las insuficiencias e ir mucho más allá de las nuevas
orientaciones que Draghi nos marca ahora? Nosotros apostamos por el
cambio de las políticas de austeridad.


Quiero terminar diciendo lo siguiente. Creo que no sería
sensato que alguien realizara una lectura triunfalista de la situación
económica de España, pues la recuperación que tenemos es frágil. Piensen
ustedes que hace pocos meses hablábamos del éxito de las exportaciones en
el primer trimestre, y resulta que en el segundo trimestre los números
son rojos; y lo son porque un país como el nuestro, con una deuda del
100%, necesita exportar, y solo podemos exportar a países que crecen.
Piensen que el país más importante al que van dirigidas nuestras
exportaciones es Francia, que ahora está estancada. Portugal está en el
límite de la recesión y es un país que importa tantos productos españoles
como todos los países asiáticos. La recuperación española es frágil, más
bien no existe, y no va a producirse si no cambian las políticas de
austeridad de la Unión Europea.


Desde este punto de vista —y termino, señor
presidente—, lo que nos parece importante de la moción es que nos
permite hacer un balance negativo de las políticas de austeridad, que
marca unas nuevas orientaciones de las políticas de la Unión Europea y
que propone que desde el Parlamento español, tanto en el Congreso como en
el Senado, y desde el Gobierno se impulsen políticas que terminen con el
sufrimiento y la pobreza y creen ocupación. Por todo lo que les he dicho,
nosotros votaremos favorablemente.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, president.


La veritat és que al nostre grup s’ha estat debatent
entre recolzar aquesta proposta, amb totes les matisacions que efectuaré
posteriorment, o optar per la abstenció. El debat no ens ha ajudat molt a
clarificar aquesta posició i m’explicaré.


També voldria que abans de la votació el senador Vázquez
ens concretés exactament quines són les esmenes que s’han acabat
acceptant. Intueixo que en seria una, pel que he entès, però voldria que
ens ho clarifiqués abans de procedir a la votació.


Deia que ens debatíem entre el sí i l’abstenció. La
veritat és que la moció és ambiciosa en quant al conjunt de mesures que
proposa i, en ocasions, quan proposes moltes mesures, aquestes acaben
essent molt genèriques i, al ser genèriques, de vegades no concreten allò
que han de concretar.


També és una moció que teòricament porta el títol que són
mesures en matèria de política monetària i la realitat és que hi ha
mesures en matèria de política monetària i en matèria de política fiscal,
algunes amb molt de contingut des d’aquest àmbit de la política
fiscal.


Sí que volem transmetre des del nostre grup que és evident
que les coses no poden continuar igual. No estem d’acord amb
aquests discursos absolutament en contra de l’austeritat.
Evidentment que s’ha fet un excés d’austeritat en els
pressupostos públics; ara, algun control ha d’existir. Sense dubte
estem d’acord amb la flexibilització del dèficit, i hem demanat que
l’Estat espanyol negociï aquesta flexibilització però,
paradoxalment, el que ha fet l’Estat espanyol es renunciar a una
part d’aquest dèficit i retornar-lo a la Unió Europea.
Incomprensible, donada la situació que tenen, especialment, les
comunitats autònomes a l’Estat espanyol, i de fet la mateixa Unió
Europea, el mateix Banc Central Europeu amb les últimes mesures que està
prenent, està reconeixent que ha de moure fitxa. No estic d’acord
amb què aquesta situació li vagi bé a Alemanya perquè a Alemanya no li va
bé que l’eurozona entri en recessió i, no hi ha entrat, però està a
punt d’entrar-hi.


El debat veritable no és la política monetària europea, la
política fiscal europea. Des del nostre grup pensem que el debat
veritable és la concepció d’Europa. Segurament algú haurà de
començar a pensar en refundar Europa quan encara no s’ha acabat de
fundar. Hem de fer uns plantejaments de quina és l’Europa i quines
competències ha de tenir Europa. Si Europa ha de respondre









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simplement als interessos d’uns quants Estats, Europa
no tindrà futur. I si un Estat pensa que només ha de respondre als
interessos d’una determinada part del seu territori, aquest Estat
tampoc no tindrà futur, i aquesta és una reflexió que la poden ampliar i
extreure a allò que vostès creguin convenient.


En tot cas, el nostre vot afirmatiu, condicionat a saber
exactament quines són les esmenes que s’acabin acceptant, no vol
dir que estiguem d’acord amb totes les mesures i en la forma que es
plantegen, sinó que és un vot a favor per manifestar que alguna cosa
s’ha de fer.


No volem deixar de reconèixer que hi ha una certa milloria
en l’economia espanyola que, evidentment, la hi ha; i si després
ens hem de felicitar que això es concreta i es consolida, no tindrem cap
problema, però també han de reconèixer el Partit Popular i el Govern
espanyol que aquesta millora té peus de fang, té una certa debilitat. En
un món absolutament interrelacionat, qualsevol esdeveniment a nivell
internacional pot tenir conseqüències importants en l’economia
espanyola. Una hipotètica recessió en l’eurozona seria letal per a
la incipient recuperació de l’Estat espanyol. Per tant, és
fonamental que hi hagi polítiques a nivell estatal, però dissortadament
les polítiques en l’àmbit monetari ja no tenen una sobirania
estatal sinó en l’àmbit comunitari.


Muchas gracias, presidente.


Lo cierto es que en nuestro grupo hemos debatido sobre si
dar apoyo a esta propuesta, con todos los matices que posteriormente
introduciré, u optar por la abstención. Pero el debate no nos ha ayudado
mucho a clarificar esta posición, y me explico.


Quiero que antes de la votación el senador Vázquez nos
concrete exactamente cuáles son las enmiendas que van a aceptar. Intuyo
que es una, por lo que he entendido, pero quiero que nos lo clarifique
antes de proceder a la votación.


Ya he dicho que nos debatíamos entre el sí y la abstención,
pero la verdad es que la moción es ambiciosa. Es ambiciosa en cuanto al
conjunto de medidas que propone pero en ocasiones, cuando se proponen
muchas medidas, estas terminan siendo muy genéricas y a veces no
concretan lo que deben concretar.


Teóricamente, por el título que lleva, esta moción se ocupa
de las medidas de política monetaria pero lo cierto es que también
encontramos política monetaria en las medidas de política fiscal, y en
este caso algunas encierran mucho contenido en materia de política
fiscal.


Desde nuestro grupo queremos transmitir que las cosas no
pueden seguir igual. No estamos de acuerdo con estos discursos
absolutamente en contra de la austeridad.


Evidentemente, se ha aplicado un exceso de austeridad en
los presupuestos públicos, ahora bien, algún control debe existir. Sin
duda, estamos de acuerdo con la flexibilización del déficit y hemos
pedido que el Estado español negocie esta flexibilización pero,
paradójicamente, lo que ha hecho el Estado español ha sido renunciar a
una parte de este déficit y devolverlo a la Unión Europea;
incomprensible. Es incomprensible dada la situación de las comunidades
autónomas en el Estado español y, de hecho, las últimas medidas que está
adoptando la misma Unión Europea, el mismo Banco Central Europeo, están
reconociendo que se debe mover ficha. No estoy de acuerdo con que esta
situación le vaya bien a Alemania porque a Alemania no le va bien que la
eurozona entre en recesión y, aunque no haya entrado todavía, está a
punto de hacerlo.


El verdadero debate no es la política monetaria europea o
la política fiscal europea sino la concepción de Europa. Seguramente
alguien empezará a pensar en refundar Europa cuando todavía no se ha
terminado de fundar. Debemos hacer unos planteamientos sobre cuál es la
Europa que queremos y qué competencias debe tener porque si Europa debe
responder simplemente a los intereses de unos cuantos Estados, no tendrá
futuro. Y si un Estado cree que solo debe responder a los intereses de
una determinada parte de sus territorios, tampoco tendrá futuro, y esta
es una reflexión que pueden ampliar y llevar a lo que ustedes crean
conveniente.


En todo caso, nuestro voto afirmativo está condicionado a
saber cuáles son exactamente las enmiendas que finalmente se aceptan. Eso
no quiere decir que estemos de acuerdo con todas las medidas o con la
forma en la que se plantean, sino que es un voto a favor para manifestar
que algo se debe hacer.


No quiero dejar de reconocer que existe cierta mejora en la
economía española que, evidentemente, existe; y si después nos tenemos
que felicitar porque se concrete y se consolide, no tendremos ningún
problema en hacerlo, pero también deben reconocer el Partido Popular y el









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Gobierno español que esta mejora tiene los pies de barro,
que tiene cierta debilidad. En un mundo totalmente interrelacionado,
cualquier acontecimiento internacional puede tener consecuencias
importantes en la economía española. Así, una hipotética recesión en la
eurozona sería letal para la incipiente recuperación del Estado español.
Por tanto, es fundamental que existan políticas estatales pero,
desafortunadamente, las políticas en el ámbito monetario no tienen una
soberanía estatal sino comunitaria.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor BEL ACCENSI: Per tant, i acabo, senyor president,
amb tots aquests condicionants i a l’expectativa de saber quines
són les esmenes acceptades, el nostre vot seria favorable.


Moltes gràcies.


Por tanto —y termino, señor presidente—, con
todos estos condicionantes y a la expectativa de saber cuáles son las
enmiendas aceptadas, nuestro voto será favorable.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Vázquez.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Quiero expresar mi agradecimiento a los grupos que han
manifestado su acuerdo, si no total al menos parcialmente, con nuestra
moción.


Decía el señor Bel que es ambiciosa y que es genérica, pero
es que nuestra intención ha sido llamar la atención sobre la situación
que se está viviendo en Europa y las consecuencias que se pueden
ocasionar si no se cambia de política.


Aceptamos las enmiendas del Grupo Mixto que afectan a los
puntos 5 y 6, y rechazamos el resto, pero no porque no estemos de acuerdo
con otras sino porque exigen que quitemos algo en lugar de haber
propuesto una adición. Por lo tanto, incluiríamos esas dos enmiendas en
el texto de la moción.


Señor Fernández, ¿cómo habla usted de descalificaciones?
Pero si usted es el mayor descalificador de esta Cámara. Si hubiera un
premio al hooligan del Senado, seguro que se lo llevaba usted. Por lo
tanto, ¿cómo se atreve a llamar a alguien descalificador?


Como siempre, hablan de su reforma. ¿A quién benefician
esas reformas? Es lo que hay que preguntarse. Desde luego, a los
ciudadanos, a las clases medias y trabajadoras, no. Nos vuelve a hablar
del rescate que estuvo a punto con el Gobierno anterior. ¡Pero si fue en
agosto de 2012! Y el rescate, posiblemente —y sin
posiblemente—, fue como consecuencia de los errores del Gobierno
del Partido Popular. ¿No se acuerda ya de que se retrasaron los
presupuestos hasta que pasaron las elecciones andaluzas? ¿No se acuerdan
ya de que manipularon los datos del déficit público? Ahora, la Comunidad
Valenciana va a tener que pagar una multa por esa constante manipulación.
¿No se acuerdan de la mala gestión de Bankia? ¿No se acuerdan de eso? Eso
fue lo que estuvo a punto de ocasionar el rescate de este país, señor
Fernández, y no la política anterior. Entérese de una vez. Lea algo más
que los argumentarios de su partido. No estábamos en recesión cuando
terminó el Gobierno de Zapatero —2011—. No estuvo en
recesión. La economía creció en 2011. Cuando empezó a bajar fue en 2012.
Entérese de una vez. El déficit, a finales del año pasado, 2013, fue en
la Administración General del Estado el mismo que a finales de 2011 con
la Administración de Zapatero, con el Gobierno de Zapatero. Entérese. No
le voy a hablar de deuda. Ha crecido. 270 000 millones, desde que ustedes
gobiernan, 9000 millones al mes, 330 millones diarios, sábados, festivos
y días de guardar también. 330 millones diarios ha crecido la deuda.
Pero, claro, usted no habla de eso. No estábamos en recesión, ni teníamos
más déficit, y, por supuesto, sí menos deuda.


Cuando hablemos de herencia, ya, a estas alturas, al final
de una legislatura, hay que empezar a hablar de su herencia, de la
herencia del Partido Popular. El PIB real español ha caído 1,2% acumulado
desde que ustedes gobiernan. El consumo total en España ha caído el 2,9%
y en el resto de los países ha subido. La inversión en España ha caído el
10,1% acumulado desde que ustedes gobiernan. La deuda, ya lo he dicho. Se
han destruido 500 000 empleos desde que ustedes gobiernan. La tasa de
paro ha subido casi en 2 puntos. El paro juvenil en España supera el 50%.









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El empleo que se crea es de ínfima calidad, por no hablar
de los salarios y las condiciones de trabajo, señor Fernández.


Y usted siempre saca a Andalucía. Y yo le pediría que
hiciera una reflexión. Si tan malos, malos, malos, son los gobiernos y
los socialistas andaluces, ¿cómo es que ustedes no gobiernan todavía? ¿No
han pensado nunca que posiblemente sean ustedes peores que los malos que
dicen ustedes que son ellos? ¿No han hecho esta reflexión? Pues háganla.
Yo creo que antes de sacar de nuevo a Andalucía aquí deberían pensar en
ello, porque llevamos gobernando muchos años, es verdad, exactamente los
mismos, ni un día más ni un día menos, que los que ustedes llevan en la
oposición allí. Exactamente los mismos. Reflexione. Reflexione un poquito
y no eche la culpa a los andaluces.


En nuestra moción, nosotros queríamos —aunque es
difícil un debate sensato con usted— que se diera un aldabonazo de
alarma —ya lo están dando otros países, incluso el Banco Central
Europeo— de que hay que modificar la política económica, de que no
vamos bien, de que vamos encaminados a una tercera recesión en Europa,
que afectará a España, como ya está afectando a las exportaciones.
Actualice sus datos. El consumo y las exportaciones llevan tres
trimestres estancados, bajando respecto al año 2013. Ese es el camino que
llevan. Usted, por desgracia ya nos tiene acostumbrados, sacará de nuevo
el argumentario, no el argumentario actual de su partido, sino el de la
campaña de 2011. ¿No se da cuenta, señor Fernández, de que con ese
discurso están cada vez más solos?


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Fernández de Moya.


El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente.


Efectivamente, señor Vázquez, usted no ha defraudado en una
intervención absolutamente lamentable y carente de lo que significa una y
otra vez una referencia permanente a datos que, siendo positivos, usted,
indudablemente, no quiere poner encima de la mesa.


Señoría, voy a analizar lo que hacen los socialistas en
Francia, su referente en el ámbito de la Unión Europea. Ustedes dicen que
Francia y el señor Hollande son uno de sus referentes de Gobierno en el
ámbito de las políticas de la Unión Europea. Sin embargo, Hollande
desmiente a Hollande: el mayor recorte social llevado a cabo en treinta
años por los socialistas en Francia. Manuel Valls asegura que el recorte
de 50 000 millones de euros a los franceses, gobernados por los
socialistas, es innegociable. Francia congelará pensiones, sueldos de
funcionarios y prestaciones sociales; mire lo que hacen sus compañeros,
los socialistas franceses, sus referentes en políticas de Gobierno en la
Unión Europea.


Francia anuncia ajustes y subidas de impuestos. Señor
Vázquez, ¿qué tiene que decir a esto? Es que a lo mejor la solución no es
tan fácil como ustedes la ven. Cuando gobernaron en España, ustedes la
arruinaron de la mano del presidente Zapatero, pero ahora que su partido
gobierna en Francia, fíjese: 50 000 millones de euros de recortes en
políticas sociales, en educación, sanidad y justicia. Es decir, que
cuando ustedes gobernaron en España no solo no tomaron las medidas
necesarias, sino que ahora que gobiernan en Francia practican un recorte
de 50 000 millones de euros que se ha llevado por delante a todo un
Gobierno, el de Francia, que vive una crisis y una división brutal. Señor
Vázquez, ahí está su modelo, esos son sus referentes en la Unión Europea:
el modelo francés, con un recorte de 50 000 millones de euros.


Voy a sacar el tema de Andalucía porque soy andaluz, porque
soy jienense y me duele lo que pasa en mi tierra. ¿Por qué usted no ha
dado aquí los datos de Eurostat de 2013? ¿Por qué usted no ha dicho que
Andalucía lidera el paro juvenil del conjunto de la Unión Europea con un
66,1%? ¿Por qué no ha dicho usted que Andalucía tiene el triste
privilegio, después de haber recibido ayudas multimillonarias de la Unión
Europea durante los periodos 2007-2013 y anteriores marcos comunitarios,
de ser la comunidad autónoma con mayor tasa de desempleo del conjunto de
la Unión Europea, superando a Grecia, que fue rescatada, y a los
territorios ultramarinos franceses? ¿Por qué no cuenta usted eso? Eso es
lo que pasa en mi tierra. Por cierto, en mi tierra les ganamos las
últimas elecciones autonómicas. El Partido Popular ganó las últimas
elecciones autonómicas pero llegó esa coalición de perdedores y arrebató
legítimamente el poder a quien había ganado









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democrática y legítimamente en las urnas, el Partido
Popular: una vez en la comunidad autónoma y muchas en muchos
ayuntamientos. Repase lo que significa el poder municipal del Partido
Popular de Andalucía y se dará cuenta de los millones de andaluces que
gobernamos con diferencia sobre el Partido Socialista.


Por tanto, señor Vázquez, lo que sí le pido es que ya que
no reconoce eso le diga a la presidenta de la Junta —y no que se le
llene aquí la boca hablando de políticas sociales— que pague a los
ayuntamientos lo que debe de dependencia, de guarderías, lo que debe de
escuelas taller, lo que debe de centros especiales de empleo y lo que
debe en zonas de necesidad de transformación social. (Aplausos).
Dígaselo. Lo que no puede ser es que se suba a esta tribuna para decir
que son los grandes defensores de las políticas sociales y que después no
se pague lo correspondiente a la dependencia de los mayores, no se paguen
las guarderías de los niños, no se paguen los centros donde se genera
empleo para personas con discapacidad, como son los centros especiales de
empleo, o supriman la ayuda en zonas de exclusión social como son las
zonas de necesidades de transformación social. Señor Vázquez, ya les
conocemos, y muy bien.


Termino con una última referencia. Por mucho que a ustedes
les pese —he dicho que queda muchísimo trabajo por hacer, y a ese
empeño se dedica el Gobierno de España desde el minuto uno—, por
primera vez en seis años se ha producido creación de empleo, con 400 000
ocupados más; por mucho que a ustedes les pese. Y con la reforma laboral
el paro se está reduciendo anualmente un 6%. Ese ha sido nuestro gran
empeño, nuestra obsesión, nuestro gran objetivo: la lucha contra el
desempleo.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Siempre le recordaré que
ustedes pusieron vallas por toda España con Zapatero a la cabeza por el
pleno empleo y dejaron a este país con 3 millones de parados más
generados en el mandato socialista y un país arruinado, y este Gobierno,
sin su ayuda y con el no permanente, lo está recuperando poco a poco
gracias al esfuerzo de la sociedad española.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández de
Moya.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Socialista con la incorporación de
las enmiendas aceptadas del Grupo Parlamentario Mixto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 225; votos emitidos, 224; a favor, 77; en contra, 141;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


6. MOCIONES


6.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, EN EL
SENO DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, PONGA EN
MARCHA LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE FACILITEN LA COORDINACIÓN ENTRE LA
ATENCIÓN PRIMARIA Y LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.


(Núm. exp. 662/000150)


AUTOR: GPP


El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una
enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.


Para la defensa de la moción tiene la palabra el senador
Rubio.









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El señor RUBIO MIELGO: Gracias, señor presidente. Buenos
días.


Hoy el Grupo Parlamentario Popular trae a este Pleno para
su debate, y espero que para su aprobación, una moción que tiene como
objetivo buscar una solución adecuada a uno de los problemas que, según
manifiestan la mayoría de los profesionales, constituye uno de los más
importantes que tiene nuestro sistema sanitario. Este problema no es otro
que la falta de coordinación entre los diferentes niveles asistenciales.
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor RUBIO MIELGO: Como todos ustedes saben, nuestros
servicios de salud en la actualidad contemplan dos niveles: el nivel de
atención primaria y el nivel de atención especializada; niveles que
necesitan una interconexión fluida y una gran coordinación si queremos
que el paciente reciba una atención única y continuada a lo largo de su
proceso patológico. Si el paciente es único y su proceso patológico es
único, lo normal es que la atención que reciba sea única.


Todos podemos estar de acuerdo en que esta coordinación es
algo fundamental para mejorar la calidad asistencial y la eficiencia de
nuestro sistema sanitario; pero también podemos estar todos de acuerdo en
que este es un objetivo complicado. Prueba de ello es que llevamos
hablando de este tema desde hace treinta años. Y hay que decir que, a día
de hoy, sigue siendo una asignatura pendiente.


Señorías, el Real Decreto 137/1984 sobre estructuras
básicas de salud, en su artículo 5, que hacía referencia a las
competencias de los equipos de atención primaria, ya establecía que los
equipos de atención primaria deberían prestar asistencia sanitaria tanto
a nivel ambulatorio como domiciliario y urgencias a la población adscrita
a los equipos en coordinación con el siguiente nivel asistencial. En el
mismo real decreto, en su artículo 7, también se hacía referencia a esta
coordinación, y se establecía igualmente lo siguiente: los equipos de
atención primaria desarrollarán su actividad en estrecha relación
funcional y técnica con los servicios especializados que se den a otro
nivel, lo que se determinará específicamente en los dispositivos de
desarrollo de este real decreto. Y en el año 1986, la Ley general de
sanidad, en su artículo 65, disponía que, en todo caso, se establecerían
medidas adecuadas para garantizar la interrelación entre los diferentes
niveles asistenciales.


Hay que decir que desde entonces se han producido
diferentes intentos voluntaristas como son la gestión integrada o la
elaboración de distintos protocolos. Sin embargo, a día de hoy no se ha
logrado encontrar esa solución definitiva. Cada nivel asistencial tiene
sus criterios, sus protocolos, su organización, lo que en muchas
ocasiones provoca que se conviertan en compartimentos estanco;
compartimentos estanco con una falta de comunicación y entendimiento
importantes; falta de comunicación y entendimiento que lo que van a
ocasionar son grandes disfunciones en la atención a los pacientes. Muchas
veces los pacientes reciben mensajes contradictorios; se les realizan
pruebas duplicadas; se inician acciones solapadas, se masifican las
consultas por la derivación constante entre atención primaria y atención
especializada y viceversa; e incluso se produce un retraso en la atención
que reciben estos pacientes. En suma, lo que se provoca es una atención
sanitaria de menor calidad y menor eficiencia.


Además, en los últimos años estamos asistiendo a un proceso
de cambios epidemiológicos y demográficos. Como todos somos conscientes,
España tiene un dato muy positivo, que es el aumento de la esperanza de
vida; pero este aumento de la esperanza de vida está ocasionando un
aumento de pacientes con patología crónica y con pluripatología, que a su
vez tiene dos consecuencias muy importantes, entre otras: esto provoca un
aumento muy considerable de la demanda asistencial y, por otra parte,
este tipo de patologías exigen un cambio en el modelo asistencial
tradicional, siendo necesaria una atención integrada y continuada tanto a
nivel hospitalario como a nivel domiciliario.


Hay que decir también que este cambio se está produciendo
en estos momentos gracias al esfuerzo del ministerio y de las comunidades
autónomas, que en el consejo interterritorial están poniendo en marcha la
estrategia para el abordaje de la cronicidad, y que esperemos que vea
pronto la luz para mejor y mayor calidad de nuestro sistema
sanitario.


Por todo lo dicho, debemos entender que esta situación de
falta de coordinación —que, como ha quedado reflejado, se viene
arrastrando desde hace demasiados años— necesita una eficiente y
urgente solución, que debe pasar por permitir el acceso de la atención
primaria a un número









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suficiente de pruebas para hacerla más resolutiva y más
eficaz. Debe pasar por la elaboración de protocolos comunes, debe pasar
por la autorización de nuevas tecnologías para implantar una historia
clínica común y accesible y debe pasar por la permeabilidad de las
agendas de los dos niveles asistenciales o las modificaciones del sistema
retributivo del personal sanitario, que busque incentivar el logro de
objetivos por área, no por profesional.


Por todo lo expuesto anteriormente, planteamos la siguiente
moción: El Senado insta al Gobierno a que, en el seno del consejo
interterritorial, ponga en marcha todas las medidas necesarias que
faciliten la coordinación entre atención primaria y atención
especializada. Dichas medidas deben comprender la realización de un
análisis que permita tener un diagnóstico real de la situación, la
búsqueda del mayor consenso posible y la elaboración de las estrategias
que posibiliten esta coordinación aportando eficiencia en la gestión y
mejorando la calidad asistencial.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rubio.


Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora
Cunyat.


La señora CUNYAT BADOSA: Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente.


Nosotros hemos presentado una enmienda en la que,
evidentemente, pedimos que se respeten plenamente las competencias de las
comunidades autónomas, que, como saben, son exclusivas en materia de
sanidad, y además pedimos que, teniendo en cuenta que las comunidades
autónomas que precisamente tienen competencias también desarrollan sus
propios planes —y en este sentido, se ha avanzado y ha
habido…


Perdó, és veritat, continuo en català, i aprofito
l’avinentesa per recordar que aquesta és una gran llengua.


Difusió. Segon punt. Incorporem una petició per a què en
totes aquestes estratègies que nosaltres desenvolupem des de les
comunitats autònomes es faci una campanya de difusió perquè en aquest
consell interterritorial on es pretén fer aquesta feina d’anàlisi i
de propostes es tinguin en compte tots aquells plans que ja s’han
desenvolupat en les diferents comunitats autònomes i que, evidentment,
aportaran valor a aquesta proposta d’unificació que ens mirem amb
respecte i que esperem, com deia, respecti també les competències de les
comunitats autònomes.


Moltes gràcies.


Discúlpenme, efectivamente, continúo en catalán y aprovecho
la ocasión para decir que esta es una gran lengua.


En el segundo punto incorporamos la petición de que
respecto a todas estas estrategias que nosotros desarrollamos
directamente desde las comunidades autónomas se plantee una campaña de
difusión para que este consejo interterritorial en el que se pretende
hacer este trabajo de propuestas se tengan en cuenta los planes que ya se
han desarrollado en las distintas comunidades autónomas, que,
evidentemente, aportarán valor a esta propuesta de unificación y que
miramos con respeto, como esperamos también que se respeten las
competencias de las comunidades autónomas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.


Tiene la palabra el senador Rubio, para indicar si acepta o
no la enmienda.


El señor RUBIO MIELGO: Muchas gracias.


La verdad es que la enmienda tiene mucho sentido y podría
completar nuestra moción. Sabe que hemos intentando llegar a una
transaccional, que no ha sido posible por la falta de apoyo de otros
grupos.


Estoy totalmente de acuerdo en que habría que respetar las
competencias de las comunidades autónomas. De hecho, uno de los puntos de
la moción se refiere al mayor consenso posible y hace referencia a
eso.









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Y en cuanto a la difusión de las actuaciones de las
diferentes comunidades autónomas, también queda reflejado en el primer
punto, en referencia a la realización de ese análisis de lo que se está
haciendo por parte de todas las comunidades autónomas, y ponerlo en
marcha.


Pero no podemos aceptar la enmienda porque tendríamos que
aceptarla completamente, y no podemos renunciar al tercer punto de la
moción, que es el básico, relativo a la elaboración de las estrategias
que posibiliten esta coordinación; de otro modo, la moción quedaría sin
sentido. Por eso, lamento mucho no poder aceptar su enmienda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rubio.


¿Turno en contra? (Denegaciones). No hay turno en
contra.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Intervengo desde el escaño,
señor presidente, si me lo permite, únicamente para decir que no podemos
respaldar la moción porque resulta incoherente hacer un planteamiento
para intentar armonizar el desarrollo de una competencia que reside en
las comunidades autónomas después de que en los presupuestos generales
del Estado de los últimos años se haya eliminado toda consignación
presupuestaria que sirviera de base precisamente para eso, para
homogeneizar desde la Administración del Estado la forma en que las
comunidades autónomas desarrollaban sus competencias. Por lo tanto, si
desde hace años hay una transferencia de la competencia a las comunidades
autónomas y si el Estado renuncia a compartir financieramente la manera
en que esa competencia se ejercita, carece de legitimidad para hacer
ningún tipo de emplazamiento en la materia a las comunidades autónomas
más allá de la retórica política. Si el Partido Popular quiere plantear
esta cuestión en condiciones, donde tenemos que debatirla y discutirla
será en torno al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
2015.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna, egun on
senatari jaun-andreok.


Es evidente que la coordinación entre la atención primaria
y la atención secundaria no es que sea necesaria, es que es
imprescindible. Es más, no podría ser de otra manera. No se puede
entender la gestión de un sistema de salud, ni de prácticamente nada, si
no existe coordinación entre los diferentes niveles, sobre todo en el
caso de la salud, en el que hay que garantizar una continuidad
asistencial, más necesaria todavía si cabe en este momento en el que
estamos asistiendo a un cambio de perfil epidemiológico entre
enfermedades agudas y enfermedades crónicas, en el que aumenta
enormemente lo que se llama comorbilidad, que es un palabro muy bonito;
en el que se introducen nuevas tecnologías diagnósticas, en muchos casos
muy costosas, que no se deben de repetir; y también, sobre todo,
probablemente para mantener una unidad de criterio dentro de un sistema,
e incluso fuera de un sistema, de toda una unidad de sistema. Y ¿por qué
no decirlo también, señorías? Porque hay que dar respuesta a una cierta
pretensión social que presiona para un uso más flexible de los diferentes
niveles asistenciales. Es lo que yo a veces suelo llamar en broma el
síndrome del doctor House, que también influye en la práctica de la
medicina, ¿por qué no? Por eso, como digo, la coordinación entre niveles
es imprescindible, y en eso están, quiero suponer, todos los gestores de
la sanidad pública; por lo menos en lo que yo conozco, en la Osakidetza,
que es el Servicio Vasco de Salud, sí. Y ya vamos por un tercer plan
precisamente en esta dirección. Por tanto, no es que no veamos la
necesidad, pero sí nos sorprende que se presente una moción en esta línea
y, sobre todo, siendo tan general. Estamos seguros de que el ponente lo
hace con su mejor intención y deseo y, además, con absoluta competencia y
habilidad, de eso no tenemos ninguna duda, pero entendemos que es una
moción de cupo, de las que el Grupo Popular suele echar mano, algo que
también es absolutamente legítimo. A mí me parece muy bien que haya
mociones de cupo, y entiendo que el Grupo Popular las haga, pero también
el Grupo Popular tiene que comprender que al resto nos parezcan de cupo y
no queramos entrar en esta dinámica, sin más.









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Señorías, la gestión sanitaria y de los servicios de salud
forma parte de las atribuciones que en competencia plena tienen las
comunidades autónomas; por lo menos, la Comunidad Autónoma del País
Vasco, y nosotros queremos seguir defendiendo esta premisa y queremos
seguir trabajando en esta línea como hemos venido haciendo y lo queremos
seguir haciendo en el futuro.


Los análisis diagnósticos de la situación, la elaboración
de estrategias, la búsqueda de la coordinación, la búsqueda de la
eficiencia, la búsqueda de la calidad, es inherente a una gestión
razonable, eficaz y eficiente, y en eso es en lo que estamos; y queremos
y creemos que tiene que seguir siendo la gestión, en este caso, del
Servicio Vasco de Salud en exclusiva y a su manera, porque, además, no
todos los sistemas de salud en todas las comunidades autónomas se han
creado de la misma forma. Un amigo mío decía que en los sistemas de salud
el problema es que se generan albarda sobre albarda. Esto es, se va
cogiendo todo lo que hay y hay que intentar coordinarlo y arreglarlo, y
eso es muy complicado; no es lo mismo que empezar de cero. Probablemente,
no en todos los sistemas de salud del Estado se habrán podido aplicar las
mismas medidas, ni se habrán definido los mismos diagnósticos ni tendrán
las mismas estrategias; en algunos casos no ha habido las mismas
prioridades y el desarrollo no es el mismo, y eso forma parte de la
obligación de ejercer una competencia y de la responsabilidad de
ejercerla, y quien la ejerce tiene que ser responsable de cómo lo hace, y
los ciudadanos tendrán que saber por qué.


Por lo tanto, esto de la unificación de criterios y del
café para todos nos puede servir muy bien para ayudar al que más rezagado
va, pero también para tapar algunas deficiencias que los ciudadanos
tienen que conocer.


En fin, una última reflexión, que —creo—
también ha hecho el senador Iglesias, y es que si yo voy mañana y les
digo a los gestores de Osakidetza que tienen que hacer un análisis, un
diagnóstico de la situación, una búsqueda de un mayor consenso me van a
decir: ¿Para qué te metes? El gestor soy yo. Tu trabajo político es
conseguir que haya recursos y herramientas suficientes para que se haga
esto. Y esto es lo que no se recoge en esta moción. Por eso, estando de
acuerdo con que hay que buscar toda la coordinación posible, etcétera, y
también estando de acuerdo probablemente, aunque no me quiero meter en
ese charco, en que la situación no es la misma y hay comunidades y
servicios que posiblemente tengan que hacerlo de una manera o de otra
—todos, no estoy hablando de unos sí y otros no, la mejora continua
es aplicable a todos—, como decía, estando de acuerdo con todo eso,
nosotros no podemos votar a favor de esta moción y nos vamos a
abstener.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, señor presidente.


Señorías, la coordinación entre niveles asistenciales
evidentemente es importantísima. Y eso lo sabemos todos los que hemos
trabajado en sanidad y yo creo que todos los usuarios, porque seguro que
en algún momento todos ustedes han vivido alguna situación de no
coordinación, con lo cual nos ha puesto en una situación más incómoda.
Pero estoy de acuerdo con todos los senadores que han hablado antes que
yo en que, hoy por hoy, la sanidad está absolutamente transferida a las
comunidades autónomas y, también, en que desde hace muchos años se está
trabajando entre niveles asistenciales. Esto pasa en Cataluña y estoy
convencida de que pasa en muchísimas otras comunidades. Los profesionales
hace mucho que hablan entre ellos, que se coordinan y lo hacen desde la
proximidad, porque los proyectos de coordinación tienen que ir de abajo a
arriba, bottom-up que dicen los ingleses, y no de arriba a abajo. Y ahí
empezó un buen trabajo en Cataluña que se está continuando a nivel de la
atención primaria y en los hospitales de referencia de esa atención
primaria, como yo creo que se debe estar haciendo en la mayor parte de
España.


Fíjense en que Barbara Starfield, que, como usted sabe, es
pediatra y directora del Departamento de Política y Gestión Sanitaria de
la Johns Hopkins y un gran referente para todos los primaristas, dejaba
muy claro que las enfermedades no son entidades biológicas que existan
aparte de los individuos, por lo que la orientación de los sistemas
sanitarios basada en una visión global del individuo no solo es
biológicamente más correcta, sino que además es más efectiva,









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más eficiente, más segura y más equitativa; porque
seguramente la coordinación en un ambiente rural es absolutamente
distinta de la coordinación en un ambiente urbano, porque seguramente en
una zona industrial la coordinación tiene que ser distinta a la que hay
en una zona en la que no hay un trabajo industrial. Por lo tanto, tenemos
cada vez más claro que esto tiene que estar en manos de los
profesionales, tanto de la atención especializada como de la atención
primaria.


Déjeme que le diga también que me sorprende el titular que
ha sacado hoy Redacción Médica a raíz de esta moción que ustedes
presentan, en el que se habla concretamente de plantear el incentivo
salarial del conjunto para atención primaria y hospitalaria. Me parece
bien pero le recuerdo, uno, que continúa siendo una competencia económica
y, dos, que su moción en los puntos que se tienen que aprobar no recoge
en ningún momento este como punto espectacular, sino que habla de
realizar un análisis, de la búsqueda de un mayor consenso y de
elaboración de estrategias. Sí que lo pone usted en la redacción de la
moción, pero no es un punto de los que haya que hablar ni aprobar.


Por todo ello —y se lo hemos dicho muchísimas veces
de distintas formas y maneras, ustedes ya lo saben—, nosotros no
compartimos su política sanitaria desde que están en el Gobierno. No la
compartimos por muchísimas de las decisiones que han tomado. Estamos
cansados de que nos traigan estas mociones —con todo el
respeto— de cupo, como la ha definido el señor Cazalis, aunque con
buenas intenciones porque ¿cómo vamos a estar en contra de esto, en
contra de que haya consensos? No, no estamos en contra en absoluto, nos
encanta que haya consensos y nos gustaría que hubiera más, pero nos
gustaría que trajeran mociones para hablar de cosas que políticamente sí
que son muy importantes, pero esas no las traen, como, por ejemplo, qué
modelo sanitario queremos en nuestro país, qué modelo de verdad queremos.
¿Por qué hemos excluido a una parte de la población, lo que está trayendo
unas consecuencias importantes a 800 000 ciudadanos y, como denuncia
Medicus Mundi, con tres muertes? ¿Por qué no presentan una moción para
hablar de cómo repartimos el gasto sanitario? ¿Por qué no presentan una
moción para debatir cómo lo vamos a hacer y a organizar cada vez que
salgan medicamentos que curen, como es el caso de la hepatitis C, y que
sean terriblemente caros? Esas mociones no las traen, esas mociones que
sí dependen de los políticos no las presentan, en cambio, yo creo que nos
presentan mociones que dependen no solo de los gestores sino,
principalmente, de los profesionales; por supuesto de los gestores, pero
también de los profesionales.


Hay que cambiar muchísimas cosas del sistema sanitario, y
los políticos tenemos una responsabilidad importante en este aspecto. Hay
que cambiar muchas cosas y avanzar, y, seguramente, en muchas nos
pondríamos de acuerdo, como en los autocuidados. Hay que avanzar en ese
espacio, es evidente; en las enfermedades crónicas, es evidente; en
hospitalizar menos a los pacientes, etcétera. Pero para que todo esto
pueda cambiar, hay que coordinarlo, destinar recursos y hacer políticas
para lograrlo; lo que no es de recibo es que presenten mociones que se
refieran a cosas de las que ya hemos hablado muchísimas veces, que son
competencia de las comunidades, y que nuestros profesionales se esfuerzan
día a día para cumplirlas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.


La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, president.


Ens trobem novament davant d’una moció, d’una
iniciativa, —ara es parlava de «cupo»—, del Grup Parlamentari
Popular que podríem definir d’alguna manera com una declaració de
bones intencions, però que en realitat no acaba de desenvolupar cap
mesura concreta. I, tal com està redactada, fa que evidentment sigui
difícil posicionar-se en contra de la voluntat de fons que hi ha darrera
d’aquesta moció tot i que, com deia abans, agafant-ho amb pinces
pel fet que pugui arribar a trepitjar les competències de les comunitats
autònomes.


Evidentment, no tinc res a dir respecte al fet que es faci
una anàlisi que permeti tenir un diagnòstic de la situació del sistema,
atès que sens dubte és imprescindible per establir millores en aquest
sistema que puguin ser encertades i que, d’alguna manera, assegurin
un sistema millor, sostenible, més eficaç, més eficient i que permeti
assegurar un sistema universal, públic, gratuït, de qualitat. A més, em
permeto dir que aquests estalvis haurien de revertir cap a
l’atenció dels més









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vulnerables i els que més ho necessiten. Volem un sistema
millor. Al final, el nucli bàsic del sistema és el propi pacient.
N’hem parlat en altres ocasions, durant la ponència de la targeta
sanitària vam reflexionar molt respecte a aquest concepte, és el pacient,
el ciutadà, el nucli del sistema i hem d’anar coordinats perquè, al
final, el que pretenem són millors diagnòstics, millors tractaments i,
per tant, una millor qualitat de vida dels pacients.


Tanmateix, per altra banda, tal com he dit a la defensa de
l’esmena, a nosaltres ens preocupa la falta de respecte que pugui
haver-hi a les competències de les comunitats autònomes. Les comunitats
autònomes tenen els seus propis plans i el seu propi sistema de
funcionament. A Catalunya, des dels anys vuitanta, aquesta coordinació
que s’està fent i que vostès plantegen a la moció és real i
existeix. Evidentment, podem millor, i en això estan treballant els
professionals, però la moció ens planteja certs dubtes de com pot acabar
això i com pot afectar les comunitats autònomes i les seves
competències.


Ja ho deia el senador Cazalis, el fet d’unificar
podria suposar un retrocés en el servei o en el sistema en algunes
comunitats autònomes. Vostès podrien justificar la incapacitat
d’arribar a aquest nivell d’excel·lència que s’ha
assolit en algunes comunitats i justificar-ho a la baixa i això per a
nosaltres seria un retrocés erroni. Per tant, des del nostre punt de
vista, és importantíssim que es respectin les competències i al mateix
temps la feina feta fins ara i, per això, plantejàvem la necessitat de
difondre aquestes experiències en el consell interterritorial.
Efectivament, des del nostre punt de vista, —i en aquest sentit
llanço un reconeixement als professionals de Catalunya— la feina
feta és molt important i per tant en cap cas no podem anar enrere.


Finalment, lamento que s’hagi pogut arribar a una
transaccional, i des del nostre grup optem per l’abstenció.


Moltes gràcies.


Gracias, presidente.


Nos encontramos, de nuevo, ante una moción —ahora se
hablaba de cupo— del Grupo Parlamentario Popular en el Senado que,
de nuevo, en cierto modo podríamos definir como una declaración de buenas
intenciones, pero que, en realidad, no acaba de desarrollar ninguna
medida concreta. Y tal como está redactada, evidentemente, es difícil
posicionarse en contra de la voluntad que subyace en esta moción, aunque,
como he dicho anteriormente, hay que cogerla con pinzas, especialmente
por el hecho de que pueda llegar a invadir las competencias de las
comunidades autónomas.


Como decían, no hay nada que añadir respecto al hecho de
realizar una análisis que permita tener un diagnóstico de la situación y
del sistema habida cuenta de que, sin duda, es indispensable para
introducir mejoras que puedan ser acertadas y que, de un modo u otro,
garanticen un sistema mejor, sostenible —como hemos mencionado en
muchas ocasiones—, más eficaz y eficiente, que permita asegurar que
podamos disponer de un sistema público, de calidad y universal e incluso
diría que estos ahorros deberían revertir hacia la atención de las
personas más vulnerables y que más lo necesitan. Queremos un sistema
mejor. Al final, el núcleo básico del sistema es el propio paciente. Ya
lo hemos mencionado en otras ocasiones; por ejemplo, en la ponencia
relacionada con la tarjeta sanitaria reflexionamos mucho sobre este tema.
Es el paciente, el ciudadano, el núcleo del servicio y, evidentemente,
tenemos que ir coordinados porque lo que queremos son mejores
diagnósticos, mejores tratamientos y, por tanto, una mejor calidad de
vida de los pacientes.


Por otro lado, tal y como ya he dicho en la defensa de la
enmienda, evidentemente, nos preocupa la falta de respeto que pudiera
haber respecto a las competencias de las comunidades autónomas. Las
comunidades autónomas tienen sus propios planes, su propio sistema de
funcionamiento. En Cataluña, desde los años ochenta, esta coordinación
que ustedes plantean en la moción es real, existe. Sin duda, podemos
mejorar, y en eso están trabajando los profesionales; sin embargo, la
moción nos plantea algunas dudas sobre cómo puede acabar todo esto y cómo
puede afectar a las comunidades autónomas y a sus competencias.


Como ha dicho el senador Cazalis, el hecho de unificar
podría suponer un retroceso en el servicio o en el sistema en algunas
comunidades autónomas. Ustedes podrían justificar la incapacidad de
llegar a ese nivel de excelencia al que se ha llegado en algunas
comunidades y justificarlo a la baja, para nosotros, eso sería un
retroceso erróneo. Así que, desde nuestro punto de vista, es
importantísimo que se respeten las competencias y, al mismo tiempo, la
labor realizada









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hasta ahora, y por ello planteábamos la necesidad de
difundir estas experiencias en el consejo interterritorial porque,
efectivamente, entendemos —y en ese sentido lanzo un reconocimiento
a los profesionales de Cataluña, puesto que el trabajo realizado es muy
importante— que no podemos dar marcha atrás. Lamento que no se haya
podido llegar a una transaccional y vamos a abstenernos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la senadora Llinares.


La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días.


Coincido con todos los portavoces que han intervenido en
que la atención primaria y la coordinación entre la atención primaria y
la atención especializada son fundamentales. Yo soy médico de primaria,
de lo cual me siento inmensamente orgullosa, y, como se señala en la
moción, hace más de 30 años que estamos hablando de la coordinación
primaria-especializada, de lo importante que son los profesionales, de
que hay que aumentar la capacidad de resolución desde la atención
primaria, etcétera.


Llevamos 30 años hablando de esto, y es verdad. Y es verdad
que se ha aprobado muchísima legislación. El senador ha hecho referencia
al real decreto del año 1984; a la Ley general de sanidad del año 1986,
elaborada con un Gobierno socialista, con un ministro como Ernest Lluch,
del que nos sentimos inmensamente orgullosos los socialistas, y creo que
toda la ciudadanía; también la Ley de cohesión y calidad, la Ley de salud
pública, etcétera, pero, ustedes de lo que no hablan es de que llegó el
Partido Popular al Gobierno y la primera medida que puso en marcha bajo
el paraguas de la eficiencia fue un Real Decreto Ley, el 16/2012, de
recortes, de copagos, de exclusión, con el que estamos totalmente en
desacuerdo. Por tanto, es imposible llegar a consensos con ustedes porque
estamos en total desacuerdo con la política sanitaria. Y empezamos el
curso político con las mismas mociones con las que lo acabamos; es decir,
a ustedes este verano no les ha dado por reflexionar y decir: vamos a
hacer otras cosas para que de verdad la ciudadanía perciba que para el
Gobierno del Partido Popular la sanidad es una prioridad, en general, y
la atención primaria, en particular.


Por ello, lamentándolo mucho, no podemos dar nuestro apoyo
a esta moción. Coincidimos en la exposición de motivos pero no en la
resolución. Es verdad que la atención primaria es competencia de las
comunidades autónomas, por supuesto que sí, pero lo que ustedes no dicen,
y creo que todo el mundo sabe, es que el Ministerio de Sanidad tiene que
liderar y hacer los deberes de cohesión para que todas las comunidades
autónomas tengan las mismas prestaciones y para que los ciudadanos y
ciudadanas tengan garantizada una sanidad pública de calidad y sin
exclusiones, de la que ustedes, y la ministra en particular, hablan todos
los días, pero que todo el mundo sabe que es mentira, y los indicadores
están ahí.


Venimos aquí a hablar de que estas son mociones de cupo,
están en su derecho, pero no pretendan hacernos cómplices a los demás de
todo el desastre que ustedes están organizando en la sanidad pública,
porque no es una prioridad para ustedes, por mucho que se empeñen, y,
repito, los indicadores están ahí. Además, también hay diferencias entre
las comunidades autónomas, y hay diferentes prioridades entre las
diferentes comunidades, y miren qué casualidad, los indicadores del
barómetro sanitario lo evidencian de forma muy clara.


El señor Fernández de Moya siempre se mete con la comunidad
andaluza. Pues bien, nosotros estamos inmensamente orgullosos de lo que
está haciendo la comunidad andaluza, que es garantizar una asistencia
sanitaria de calidad y sin exclusiones. (Aplausos). Asistencia sanitaria
y de atención a la dependencia, y no lo decimos porque seamos socialistas
—que sí—, sobre todo lo decimos porque los indicadores lo
ponen de manifiesto.


Señorías, tengo aquí los datos del barómetro sanitario, que
me imagino que ustedes se los habrán leído. Yo los tengo aquí y, como les
muestro, proceden de la página oficial del Ministerio de Sanidad y
Consumo, para que no digan que nos inventamos los datos. Escuchen, para
los que piensan que ha empeorado, en atención primaria hemos pasado del
10,7% de los ciudadanos en el año 2011 al 27,85% en el año 2013. Son 17
puntos más. Y si analizamos las diferentes comunidades autónomas, ¿qué
quiere que le diga? En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, los
ciudadanos y ciudadanas que piensan que ha empeorado la atención primaria
son el 30,74%, por encima de la









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media; y en Andalucía, solo el 19,93%, muy por debajo de la
media. Y estos son datos oficiales, por tanto, ahí es donde se demuestran
las diferentes prioridades de los diferentes gobiernos.


Señoría, los profesionales son muy importantes, pero los
profesionales de atención primaria están desmotivados. ¿Cuánto tiempo
llevamos hablando de que hay que aumentar los presupuestos en atención
primaria para que los profesionales puedan cumplir con el objetivo
fundamental de dicha atención, es decir, con las actividades de promoción
y prevención? ¿Sabe que está pasando, sobre todo en las comunidades del
Partido Popular? Que están disminuyendo los profesionales. Este año en la
Comunidad Valenciana ha sido caótico. ¿Sabe lo que se les ha ocurrido
hacer en una comunidad eminentemente turística, algo de lo que, además,
estamos muy orgullosos? Cerrar los centros de salud por la tarde. ¿Es esa
la marca España que ustedes quieren vender? Pues eso ha pasado en mi
comunidad y en muchas otras comunidades. Hagan un relato de los medios de
comunicación y verán lo que ha pasado en las comunidades del Partido
Popular.


Pero no solo en la Comunidad Valenciana piensan los
ciudadanos que ha empeorado la atención primaria. En Madrid —del
Partido Popular— lo cree el 32,86%; en Cataluña, el 44,90%, y en
Castilla-La Mancha, el 34,99%. Y esto no es algo que diga esta senadora,
sino que son datos del barómetro sanitario. Y es verdad que es una
responsabilidad de las comunidades, y también es verdad que hay un
mecanismo de gestión, pero el Ministerio de Sanidad debe hacer los
deberes, y hay fondos de cohesión sanitaria para que las comunidades
autónomas puedan tener los mismos servicios, y también hay transferencias
desde el ministerio a las comunidades autónomas para enfermedades
emergentes, para promoción y para prevención, que les recuerdo que han
recortado de forma muy significativa. Por tanto, no nos pidan que
colaboremos en todo lo que están haciendo. ¡Claro que queremos
colaborar!, pero traigan mociones que supongan un compromiso real con los
profesionales y las comunidades autónomas.


También nos hablan de estrategia, pero, señoría, la
estrategia ya se hizo en el año 2006 en el consejo interterritorial con
el Gobierno socialista: Marco estratégico para mejorar la atención
primaria en España 2007-2012. Proyecto Atención Primaria del Siglo XXI.
Son 43 estrategias. Yo le podría haber presentado una moción con las 43
estrategias que ya se aprobaron en el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud. Ahí las tienen. Hagan los deberes. Pero para
hacerlos se lo tienen que creer y tienen que estar dispuestos a que el
Ministerio de Sanidad lidere la sanidad pública respetando, por supuesto,
como no podría ser de otra forma, a las comunidades autónomas. Y para eso
está el Consejo Interterritorial de Salud y para eso ya se aprobó esta
estrategia. Evalúenlo, porque ahora, con la tramitación de los próximos
presupuestos, que dentro de poco va a comenzar, tienen la oportunidad de
aumentar los fondos para la cohesión sanitaria y de aumentar los fondos
de transferencias a las comunidades autónomas para todas aquellas
cuestiones que supongan una mejora de la calidad para las personas.


Por tanto, sintiéndolo mucho, y compartiendo la exposición
de motivos, no compartimos para nada que vengamos aquí a hablar y que no
pasemos de las palabras a los hechos. Porque la ciudadanía y los
profesionales ya no pueden más; no pueden más. ¡Pero si algunos
profesionales están atendiendo a 70 y 80 personas! ¿Dónde están esos diez
minutos de los que hablábamos hace treinta años, como les digo, cuando yo
trabajaba, esos diez minutos como mínimo para poder hablar con la gente?
¿Dónde están?


Por tanto, señorías, compartimos que es necesario aumentar
la financiación, porque es verdad que la atención primaria…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora LLINARES CUESTA: …es fundamental como
puerta de entrada al sistema.


Rectifiquen, y tendrán el apoyo del Grupo Socialista.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Rubio Mielgo.


El señor RUBIO MIELGO: Muchas gracias, señor
presidente.


En primer lugar, quiero agradecer el tono de los
portavoces; y, en segundo lugar, lamentar que algunos hayan manifestado
estar en contra de esta moción. Ellos deberán explicar por qué les









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parece mal que desde el consenso en el consejo
interterritorial se busque dar solución a los problemas reales que todos
hemos reconocido que tiene nuestro sistema sanitario.


La moción ha intentado ser lo más respetuosa con las
competencias de las comunidades autónomas y no ha entrado a decir lo que
se debe hacer. Lo que se ha expresado en la moción es que, dentro del
consejo interterritorial —que tiene unas competencias de
coordinación para lograr la equidad y la igualdad de todos los españoles
a la hora de recibir la misma asistencia, independientemente del lugar
donde vivan—, se pongan a trabajar tanto las comunidades autónomas
como el ministerio y esa equidad y esa igualdad lleguen a todos los
ciudadanos, aunque parece ser que a algunos no les parece bien. Lamento
que se diga que no viene bien que se armonicen todas las actuaciones y
prestaciones que se tienen en las comunidades autónomas para que todos
tengamos la misma asistencia. Creo que todos queremos que todos los
ciudadanos reciban la misma asistencia y de mayor calidad, y no ir a la
baja, como se ha dicho aquí por algún portavoz. Se trata de ver lo que se
hace bien en todas las comunidades autónomas y trasladarlo a todas, es
decir, copiar lo bueno y desechar lo negativo.


Se ha hablado aquí también de que por qué se presenta ahora
la moción y de que esta es una moción de cupo. Señorías, yo creo que la
moción es muy oportuna en este momento, porque —no sé si lo saben
ustedes— recientemente se aprobó la Estrategia para el abordaje de
la cronicidad, y dentro de ella se está elaborando, y se va a discutir en
el consejo interterritorial, el plan de implementación de esta
estrategia. De hecho, entre las 6 líneas de actuación que tiene una está
dirigida específicamente a la mejora de la coordinación y la continuidad
asistencial en el Sistema Nacional de Salud, y dentro de esta línea se
acordaron 3 objetivos y 27 recomendaciones, lo que representa el 27% del
total de todas las recomendaciones de la estrategia.


Lo que queremos es que estas recomendaciones se pongan en
marcha y que eso se haga a través del consejo interterritorial, y por eso
creo en la oportunidad de esta moción, que a algunos, como han dicho
aquí, les parece una moción de campanario o una moción de cupo. Pero nada
más lejos de la realidad. Creo que ustedes deberían haber mirado y
haberse empapado de lo que se está haciendo por parte de todas las
comunidades autónomas y por el ministerio en la labor de lograr un cambio
del modelo asistencial dirigido a pacientes crónicos y a pacientes con
pluripatología, para lograr una continuidad asistencial tanto a nivel
domiciliario como hospitalario.


Y quiero comentar alguna de las afirmaciones que se han
hecho aquí sobre las competencias de las comunidades autónomas y el
ministerio. Claro que las comunidades autónomas tienen todas las
competencias transferidas en materia sanitaria, pero hay una competencia
del ministerio, que es, a través del consejo interterritorial, la función
de coordinación y supervisión e inspección de toda la asistencia que
recibimos los ciudadanos; y el ministerio tiene que ejercerla siempre
desde el respeto y la colaboración con las comunidades autónomas. De ahí
esta moción y su carácter generalista.


También se han hecho afirmaciones en el sentido de que esta
moción tendría que venir acompañada o sustituida por otras mociones que
hiciesen referencia al aumento presupuestario; que hemos hecho decretos
que han dinamitado la sanidad; o que para el Partido Popular la sanidad
no es una prioridad y tenemos un desastre de sanidad. Miren ustedes,
quiero decirle a la señora Llinares —se lo he dicho alguna vez
aquí, en el Pleno— que la sanidad pública la defiende quien la hace
sostenible. Quien despilfarra, quien genera 16 000 millones de euros de
deuda, no la hace sostenible. Quien permite todo eso, de verdad, poco
cariño tiene a la sanidad pública, porque la pone en peligro constante.
Lo que se ha hecho en este momento es pagar a proveedores, eliminar deuda
y hacer sostenible una sanidad pública que todo el mundo valora. Usted
puede presumir de comunidades, y yo podría hacerlo de la Comunidad de
Castilla y León, que en materia de servicios sociales y sistema sanitario
es la número 1. Pero no estamos aquí para presumir de comunidades
autónomas, sino para intentar dar solución a los problemas reales que
tienen nuestro sistema sanitario y nuestros ciudadanos. Este era el
espíritu de nuestra moción, y lamento que ustedes hayan buscado disculpas
para no apoyarla. Ustedes deberán dar explicaciones sobre por qué les
parece mal el consenso para buscar soluciones a los problemas reales que
tenemos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rubio
Mielgo.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.









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Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular
tal y como ha sido presentada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 232; votos emitidos, 231; a favor, 143; en contra, 65;
abstenciones, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
(Aplausos.—Rumores).


6.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER LAS
MEDIDAS NECESARIAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, IMPULSANDO EL INTERCAMBIO Y LAS TITULACIONES
CONJUNTAS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS.


(Núm. exp. 662/000151)


AUTOR: GPP


El señor presidente da lectura al punto 6.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado 3
enmiendas: una del Grupo Parlamentario Vasco, otra del Grupo
Parlamentario Socialista, y, finalmente, otra del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Popular, la senadora Sampedro.


La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias, señor presidente.


Señorías, la moción que traigo hoy al Pleno en nombre de mi
grupo tiene por objeto instar al Gobierno a promover un proceso (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.—Fuertes
rumores). de internacionalización de nuestras universidades que facilite
que nuestros campus sean un referente de calidad y excelencia, generando
un modelo intensivo de conocimiento e innovación que además ayude a la
plena integración laboral de nuestros jóvenes en este entorno cada vez
más complicado y competitivo que les ha tocado vivir. (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Un momento, por
favor, señora Sampedro.


Señorías, ruego que desalojen el hemiciclo las personas que
deseen dialogar. No lo hagan en el hemiciclo, porque no se puede oír a la
interviniente.


Tiene la palabra, señora Sampedro.


La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias.


Es una internacionalización que muchas de nuestras
universidades ya tienen incluida en sus planificaciones puesto que son
plenamente conscientes de esa necesidad, pero aún es escasa al decir de
los expertos.


Creo que todos estamos de acuerdo —ya lo hemos
hablado varias veces— en que el conocimiento por sí mismo mejora al
individuo; le permite vivir aprovechando, comprendiendo y disfrutando más
de todo lo que le rodea, y le permite decidir con más fundamento y, por
tanto, con más libertad. Pero, más allá de ese beneficio, ya de por sí
valioso, el conocimiento, la formación en competencias facilita el acceso
a una integración laboral plena, lo que, obviamente, redunda en el resto
de su ámbito social y vital. Porque si hay algo evidente es que en estos
tiempos de crisis, de globalización y de aumento de competitividad y
cambio de paradigmas, el capital humano de un país, entendido como el
conjunto de competencias y conocimientos que tienen los trabajadores y
obtenidos a través de la formación, la experiencia y el aprendizaje, se
ha convertido en un recurso valioso; y la universidad, en su triple
misión de formar, investigar y transferir ese conocimiento, tiene en la
sociedad un papel más que relevante.


Vaya por delante que con la defensa de esta iniciativa de
mi grupo no pretendo en ningún caso minusvalorar en forma alguna la
calidad de nuestra universidad ni el esfuerzo que durante generaciones
nos ha traído adonde estamos, pero los datos de las carencias están ahí y
hablan por sí solos. Sin ir más lejos, ayer conocimos los datos del
Panorama de la Educación 2014 para nuestro país, que nos muestran que
tenemos mucho que mejorar. Porque, en efecto, aunque en la









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mayoría de los países con mayor nivel educativo esta es una
barrera que protege del desempleo, en España esa barrera parece que es
más débil que en otros países del conjunto de la OCDE. De ese modo,
aunque una persona con estudios superiores tiene en España un 55% menos
de probabilidades de quedar desempleada que otra que solo haya estudiado
la ESO —diferencia nada desdeñable—, en la OCDE esa
probabilidad es de media del 63%. Y lo malo es que esa diferencia no es
fruto de la fatalidad, y aunque pudiera derivarse de ella que el nivel
alcanzado en lo que se refiere a soportar el paro de este país en estos
últimos años pueda influir en esa realidad, parece claro, y así lo asocia
el estudio, que este déficit español se debe a que tenemos a la vez un
profundo déficit en una de las competencias básicas que se examinan, que
es la comprensión lectora. Así, en España solo un 12% de los estudiantes
universitarios están en los niveles de rendimiento más altos de esta
prueba, en tanto que —por poner un ejemplo— en los Países
Bajos, Australia y Finlandia dicho porcentaje supera el 35%. Queda mucho
por hacer, pero no solo para ponernos a nivel de la media sino para
intentar aprovechar nuestras fortalezas como país y convertirnos en un
referente en los países donde tenemos ámbito de influencia.


Y no solo se trata de los datos del panorama educativo,
sino que hay otros parámetros que arrojan también la necesidad de actuar.
Voy a entrar en el discutido tema de los ranking, alrededor de los cuales
durante los últimos meses, por no decir los últimos años, hemos tenido un
debate que quizás fuera doble; en primer lugar, el de determinar si son
importantes. Yo pienso que sí lo son, porque, nos guste o no, casi todas
las cosas se miden y quedan establecidas por parámetros que nos permiten
compararlas para mejorar, y en este caso la internacionalización descansa
en evidencias objetivas de reconocimiento de la excelencia de las 3
funciones básicas de la universidad: formar, investigar y transferir,
que, en su conjunto, nos aportan una determinada reputación
internacional. Y en ese mercado, por así llamarlo, de la reputación
internacional, es donde entran los ranking, que se utilizan en todo el
mundo para confeccionar esos listados de países y universidades que
pueden ser los mejores destinos becados para que los estudiantes vayan al
extranjero. Aunque los indicadores utilizados para su confección puedan
parecernos discutibles, no sirve de nada, y mucho menos de excusa,
negarlos o tratar de disminuir su importancia o la necesidad de adaptarse
a sus parámetros, porque lo cierto es que no nos queda otra que intentar
adaptarnos y posicionarnos en ellos lo más posible.


El segundo punto de debate suele estar en si nuestras
universidades salen mejor o peor paradas por la propia calidad de estas o
si los ranking no miden los parámetros que a nosotros nos interesan que
midan. Algunos se quejan y dicen: es que miden asuntos en los que no
encajamos, pero nosotros somos muy buenos. ¡Hombre!, uno puede quererse
tanto como quiera, pero esto es como el fútbol: qué bien juegas, qué bien
juegas…, pero si no hay goles nadie se pone a cuestionar que para
que algo sea un gol la pelota tenga que entrar entre los palos de la
portería. Sea como sea, la realidad es que todos tenemos más o menos
clara la idea de que, en general, nuestras universidades no están bien
retratadas, no quedan bien en la foto de los ranking, y, de hecho, así lo
ven en el extranjero. Pero podemos matizarlo, y me parece que sus
señorías pueden tenerlo previsto en sus intervenciones; desde luego, nada
más lejos de mi intención que privarles de hacerlo. Quiero que sepan que
en mi grupo ni desconocemos ni negamos que en algunos ranking aparecen
departamentos y universidades españolas en las que, por supuesto, no
salimos tan mal parados. En 4 ranking internacionales de prestigio
aparecen, por áreas de saber, hasta 16 universidades españolas en sus
top-100 y unas 30 en sus top-200. Asimismo, hay titulaciones
universitarias españolas acreditadas con diferentes sellos de calidad en
Europa y en Estados Unidos, pero también es cierto que solo aparecen 10
universidades entre las 500 primeras y ninguna globalmente en el top-200
del ranking de Shanghái. ¿Está mal? No. ¿Es suficiente? Yo creo que
podemos y debemos aspirar a más. Hemos de conseguir mejorar, porque está
claro que tenemos carencias que nos están lastrando, y estamos en un
momento decisivo, de resurgir económico tras una gravísima crisis que sin
duda ha dejado el escenario de juego del mercado laboral muy
transformado, con una clara evidencia de que la globalización, la
movilidad y la competitividad feroz solo se pueden sobrellevar con una
formación continua y excelente.


Pero es que, además, la universidad, con su triple misión,
más allá de ser un lugar de generación y emisión de conocimiento, puede
ser un motor económico, un sector más de nuestra riqueza como país. Y en
este momento sin duda todavía está bastante lejos de cifras como pueden
ser las del Reino Unido, Australia o Estados Unidos, que han sido y son
potencias tradicionalmente









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en este tema. Pero es una realidad en la que no solamente
están implicados esos 3 países punteros, y tampoco solo los del entorno
europeo, que también están haciendo un continuo esfuerzo no solo por
avanzar sino por no quedarse atrás, sino que hay una evidencia clara de
que incluso países emergentes, como Brasil, Rusia, India, China, Méjico,
Indonesia o Turquía, están enviando masivamente a sus estudiantes a las
universidades extranjeras con el fin de que recojan el mejor conocimiento
que luego puedan aportar de retorno a sus sociedades. Y, en este sentido,
también el informe publicado ayer nos echa un jarro de agua fría, porque
el número de estudiantes internacionales que cursan estudios
universitarios en España —no me refiero ahora a los Erasmus, en los
que tenemos bastante atractivo y vienen bastantes, sino a estudiantes que
vengan a hacer la carrera entera a nuestro país— es sensiblemente
inferior al promedio de la OCDE. Estamos en un 2% respecto al 8,1% en el
resto de países.


Estimular la llegada de este tipo de estudiantes, de
profesores y de investigadores supondría un gran beneficio cultural y de
flujo de talento, por supuesto, pero, además, un nada desdeñable impulso
económico y de inversión privada en instituciones educativas de educación
superior, en lo que también, por lo visto, estamos por debajo de la
inversión del resto de Europa: un 22,5 frente a un 30,8. Sería la
generación de un nuevo sector económico que podría generar ingresos
directa o indirectamente a través de la atracción de esos estudiantes no
nacionales que yo creo que no debemos desaprovechar, máxime siendo, como
somos, un país privilegiado en cuanto a relaciones geoestratégicas.
Porque no olvidemos que España, además de ser parte de Europa y, como
tal, tener el privilegio de mantener relación con los países de la Unión
Europea, con todo lo que eso conlleva, forma también parte —no
debemos olvidarlo— del foro latinoamericano, lo que nos sitúa, por
relación, por historia y, sobre todo, por ese idioma común que hablan 400
millones de nativos hispanoparlantes, como un nodo privilegiado. Y no
solo como un foco de atracción, sino como un punto de repercusión de esa
atracción, porque a través de nosotros muchos estudiantes americanos
podrían acceder a Europa para trabajar en empresas o para seguir
estudiando, y muchos de nuestros países vecinos europeos también verían
en nosotros una puerta para acceder al ámbito latinoamericano. Pero no
solo es esta la realidad, ya que no cabe duda de que por nuestra posición
y situación tenemos un puente importante con numerosos países de África,
lo que tampoco debemos dejar de lado. Todo esto, como digo, nos sitúa en
un contexto de privilegio a la hora de captar talento de otros países y
también a la hora de exportar nuestro talento, que es un bien
aparentemente intangible pero que hoy en día está cada vez más
valorado.


¿Qué tenemos que hacer? Asegurarnos a la mayor celeridad de
que nuestra universidad se alinee con el resto de universidades de
prestigio, mejorando, entre otras cosas, la calidad, que aunque sea
buena, como he dicho, es mejorable. Pero también tenemos que trabajar en
la visibilidad, en el reconocimiento y en el posicionamiento
internacional, aprovechando las fortalezas que sabemos que tenemos,
aprovechando las oportunidades y corrigiendo nuestras debilidades.


Desde el ministerio se ha dicho en reiteradas ocasiones que
no van a abordar la reforma universitaria redactando una nueva ley, sino
que se van a modificar aspectos puntuales basados en los tres pilares: la
búsqueda de la excelencia, la competitividad y la internacionalización.
Hay que implementar lo que hay de bueno y trabajar sobre ello mejorando
lo necesario. En este sentido, hay contactos —todos lo
sabemos—, grupos de trabajo, estudios e iniciativas entre los
diferentes sectores que tienen algo que ver con el mundo universitario. Y
en lo relacionado con la internacionalización, va quedando clara la
necesidad de adoptar una serie de medidas bastante concretas en las que
parece que hay consenso. Entre estos aspectos están la firma de acuerdos
internacionales, que ya se están llevando a cabo en muchos casos;
incrementar la facilidad de salida y entrada de estudiantes, profesores,
personal administrativo y, por supuesto, investigadores, lo que nos
llevaría a esa internacionalización de la investigación; el fomento del
bilingüismo en todos los niveles; el desarrollo de titulaciones
internacionales conjuntas o múltiples con socios extranjeros; el
desarrollo de campus trasnacionales; la creación de sistemas sólidos de
aseguramiento de calidad, de acreditación y de verificación de
equivalencias; o mejorar la posición de esas clasificaciones
internacionales de los ranking, de las que ya hemos hablado. Estos son,
entre otros muchos, algunos de los retos que tenemos pendientes.


Por todas estas cuestiones, que he empezado a esbozar, y en
las que espero que me pueda extender en la segunda parte de mi
intervención si los demás grupos tienen interés por hablar más de esos
temas concretos, sometemos a la Cámara esta iniciativa, en la que se
insta al Gobierno a









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seguir este camino. Espero que pueda contar con el apoyo
del resto de los grupos, porque me consta que tenemos importantes
coincidencias, más que importantes coincidencias, de criterio.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra, en
nombre del Grupo Parlamentario Vasco, la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Eskerrik asko, presidente
jauna.


Senadora Sampedro, hemos presentado una enmienda que viene
a decir que tenemos que dotar a las universidades de los recursos que
precisan para conseguir lo que ustedes piden en los dos puntos de la
moción, y ya le digo que estamos de acuerdo con los puntos primero y
segundo; en ese sentido no vamos a tener ningún problema.


Pero, para seguir con el símil futbolístico que usted ha
utilizado en su intervención, aquí las dos podemos estar diciendo a las
universidades públicas y privadas que tienen que meter goles, que tienen
que jugar en la Champions League, que tienen que hacer un esfuerzo por
estar allí, cuando lo que tenemos que hacer, cuando nuestra
responsabilidad, y su responsabilidad como Gobierno, no es solamente
animar, no es solamente pedir, no es solamente gritar; no tiene que hacer
de hincha de las universidades, lo que tiene que hacer es garantizar a
estas que cuenten con los recursos necesarios. Ningún equipo de fútbol
sería capaz de jugar en la Champions League si no contara con un buen
campo de fútbol, con un balón homologado, con un buen entrenador y un
buen equipo, con un conjunto de formadores y de fisioterapeutas que le
ayudaran a lograr un punto óptimo de forma, con una buena forma física,
si no se entrena todos los días dando todo lo que tiene, si además no
tiene una buena estrategia de juego, etcétera. Eso es lo que hace falta
para poder ir con garantías a competir en cualquier nivel de ámbito
internacional, y lo mismo que vale para el fútbol puede valer para las
universidades.


Nos podemos desgañitar instando a las universidades y al
Gobierno, pero realmente es necesario que las administraciones públicas
―cada una en su ámbito de responsabilidad― permitan a las
universidades gozar de aquellos recursos que precisan. La formación
terciaria es cara, pero también sabemos que es una formación con un
retorno importante para la sociedad. Además, en el caso de la universidad
española sabemos que todavía no se han alcanzado los niveles de otros
países de la OCDE, que son aquellos con los que queremos competir y en
este sentido, hay que hacer un esfuerzo.


La formación terciaria es muy cara porque es la más
completa y la que requiere de un mayor ámbito de especialización de los
propios docentes; por ello, es necesario contar con recursos económicos,
pero también con que la universidad sea atractiva para los propios
equipos técnicos y para el propio profesorado. En este sentido, tenemos
que dar todas las facilidades, no ya desde un punto de vista salarial
―que también― y dotar a la universidad de las herramientas de
contratación de personal acreditado en estándares europeos lo
suficientemente flexibles como para permitir este trabajo de atraer el
valor de los docentes de mayor prestigio, que son los que además van a
trasladar su prestigio personal y académico al ámbito universitario. Para
eso es preciso que el Gobierno se ponga las pilas y haga lo contrario de
lo que ha estado haciendo durante los tres últimos años de Gobierno. Así,
incluir a las universidades dentro del ámbito de la tasa de reposición,
incluir a los Ramón y Cajal dentro de la tasa de reposición ha sido lo
peor que se podía hacer porque es luchar contra la internacionalización y
la universalización de la universidad española. Y eso es precisamente lo
que ha estado haciendo su Gobierno.


Por lo tanto, el primero y el segundo punto, muy bien, pero
espero que acepte esta enmienda porque, además, me consta que al
Ministerio de Educación le gustaría que esta enmienda y lo que conlleva
se aceptase. Sin embargo, otra vez se ponen en evidencia cuáles son las
prioridades del Gobierno del Partido Popular a la hora de establecer su
estrategia de juego y la universidad, por desgracia, no es una de
ellas.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
presidente Álvarez Areces.









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El señor ÁLVAREZ ARECES: Buenos días, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado
una enmienda de sustitución para dar coherencia a una petición que
suscribimos en su enunciado: la internacionalización, la modernización,
la mejora de la calidad y la búsqueda de la excelencia, pero eso tiene
que ir acompañado básicamente de una serie de requisitos y, entre ellos,
la plena normalización de la vida académica, tanto en el aspecto docente
como en el investigador, como ha reclamado la CRUE no hace muchos meses,
por unanimidad de las universidades y, a partir de ahí, lógicamente,
buscar un sistema de financiación adecuado y reponer toda una serie de
elementos básicos para que tenga una vida normalizada desde el punto de
vista académico.


Quisiera hacer también una puntualización que luego
completaré en el turno de portavoces ―en el que dispondré de más
tiempo― sobre lo que ya se ha comentado de los ranking, de las
valoraciones, ya que siempre se utiliza un tono que no valora debidamente
todo el esfuerzo de la universidad española, a pesar de ser de las menos
financiadas desde el punto de vista investigador y académico porque no se
olviden de que una componente esencial de los ranking que se están
utilizando mundialmente, de los de más prestigio, se basan
fundamentalmente en elementos de investigación, como es el caso del
ranking de Shanghái.


España ha mejorado en el último ranking de Shanghái, que ha
sido publicado el 15 de agosto, y lo digo porque se han suscitado
comentarios en los medios de comunicación. Quiero que se sepa que España
ha mejorado, a pesar de las dificultades de financiación que tiene.
España ha colocado sus universidades en puestos muy relevantes, y no es
verdad que España no tenga ni una universidad en el top-200, porque la
Universidad de Barcelona, precisamente, ha entrado en el mismo —lo
comentaremos después—, tanto desde el punto de vista de
universidades generales como por áreas de conocimiento. Por áreas de
conocimiento todavía se mejora más y estamos en puestos muy destacados,
sobre todo en los ranking de mayor prestigio. Incluso, hay otros ranking,
sin ser el de Shanghái, como el de universidades más jóvenes y con menos
historia en cuanto a su fundación, en los que también tenemos unas
posiciones elevadas.


Mi grupo ha presentado una enmienda, con varios puntos, que
está basada, fundamentalmente, en dar esa coherencia. En primer lugar,
planteamos que se rectifique el objetivo marcado por el Gobierno de
España ante la Unión Europea de ir reduciendo progresivamente el gasto
público educativo del PIB. Es impensable que se pueda mejorar y alcanzar
objetivos como los que se plantean en esta moción si no se vuelve a
recuperar una tendencia creciente donde se mejore el gasto educativo
respecto al PIB. Por eso, planteamos un pacto político que permita hacer
mayo en los próximos años el gradual incremento del gasto educativo en el
PIB; y eso, lógicamente, se demostrará en la primera prueba que serán los
presupuestos de 2015.


Planteamos restablecer el objetivo del 3% del PIB que marca
la Unión Europea en el horizonte 2020 y que España ha reducido al 2%. Y
eso tiene mucho que ver con los ranking y mucho que ver con la
internacionalización, porque la universidad es docencia y es
investigación.


En tercer lugar, un elemento clave, sin el cual es
imposible normalizar la vida académica. La universidad está al borde del
precipicio, no solo por el tema de financiación —que lo está—
sin por un elemento normativo que es preciso eliminar urgentemente: esa
tasa de reposición del 10%. Tanto en el ámbito educativo como
investigador es un clamor que es imposible avanzar en el funcionamiento
ordinario de la universidad si no se restituye al 100% todo lo que
significan las tasas de reposición.


También avanzamos la idea, que yo creo que va en
consonancia no solo con el ámbito universitario sino con el ámbito de las
enseñanzas no universitarias, del derecho a la educación, reconocido en
nuestra Constitución en el artículo 27, y que hay que concretarlo con
medidas eficaces de una manera efectiva. Hay que constitucionalizar
derechos y, en ese debate que se abre en nuestro país, creemos que la
educación debe ser un elemento de prioridad absoluta. Para eso, nosotros
planteamos que se vaya a un acuerdo —e instamos al Gobierno—
donde se facilite la incorporación de ese derecho efectivo y se
garanticen condiciones de igualdad a través del sistema general de becas
y de ayudas al estudio, abordando una reforma integral de la estructura
de precios públicos de las universidades, junto con la revisión y el
refuerzo del sistema general de becas y ayudas al estudio para que se
garantice que ningún estudiante tenga cerrado o dificultado su acceso a
estudios superiores universitarios de grado máster o doctorado por
motivos económicos.









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Igualmente, para facilitar la movilidad internacional,
planteamos reponer los créditos de hace tres años en el tema Erasmus
porque, aunque España está en ello y ha cambiado la modalidad ahora en
los nuevos presupuestos de la Unión Europea, lo cierto es que los
créditos que se asignan son escasos y se ha reducido la cuantía de esas
becas.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
finalizando.


El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino ya, señor presidente.


Aceptamos los 2 párrafos que se plantean en la moción con
algunas precisiones como que ese objetivo de internacionalización y
modernización tiene que ir acompañado de financiación y de un consenso
con las comunidades autónomas y con las universidades que tienen
competencias en las titularidades de las enseñanzas universitarias y en
el ejercicio de la autonomía universitaria.


Nada más. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría;
gracias, presidente Areces.


Para la defensa de la enmienda de Convergència i Unió,
tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president.
Senyories, molt bon dia a tothom.


Senadora Sampedro, permeti’m que li digui, en primer
lloc, quan vostè parla sobre si tenim interès en els temes que donen
objecte a la moció que ens presenta, això no cal ni dubtar-ho. És evident
que l’interès el tenim, i sobretot per l’educació i
l’àmbit de la universitat; ho hem demostrat àmpliament i, per tant,
això sense dubtes. Per tant, interès total, perquè entenem que
l’educació i, especialment en aquests moments, la universitat, és
la clau, prioritàriament, del progrés, del desenvolupament econòmic i per
superar la crisis en què en aquests moments ens trobem.


Vull parlar ara aquí de l’esmena que nosaltres hem
presentat. Hem presentat una esmena molt senzilla, que no té cap
complicació en res, que és clara i coherent i que requereix poca
explicació. Perquè vostè en aquesta moció ens parla de la
internacionalització de la universitat espanyola, totalment
d’acord, ens parla d’intercanvis de professorat, de la
millora de les relacions en l’espai europeu i en l’espai
global, tot això ens sembla perfecte, però hi ha aquí una qüestió, al
nostre entendre, greu, i és que en cap moment ni en cap cas parla ni fa
menció de les comunitats autònomes. Després hi entraré, en el torn de
portaveus, i ampliaré més aquesta qüestió, però és clar, quan les
comunitats autònomes tenen la majoria de les competències en els àmbits
educatius, en les ofertes educatives, doncs no dir res en una moció
d’aquestes característiques el que és evident és que està mal
plantejada. I després hi ha una altra qüestió bàsica, que és com ho fem
això? Com ho portem a terme tot això? Quins recursos hi posem, per
portar-la a terme? Vostè pot dir que en parlarem amb els pressupostos,
que és una qüestió pressupostària. Molt bé, però ja portem tres anys amb
pressupostos i hem vist què passa al projecte de pressupostos: no
accepten esmenes, res. Per tant, parlar de pressupostos és no parlar de
res.


Per això nosaltres, en aquesta esmena, plantegem que ens
sembla bé tot això però és evident que cal garantir que hi hagi sobretot
els recursos a les comunitats autònomes per poder tirar endavant,
realment, una internacionalització de la universitat, poder fer aquest
intercanvi de professors que estem parlant i, en definitiva, poder-ho
portar a terme, i sempre en col·laboració amb les comunitats autònomes.
Després m’hi referiré, més àmpliament, en el torn de portaveus,
perquè entenc que primer també hi ha una sèrie de mancances dins de la
universitat que cal resoldre: el model universitari. Després li parlaré
del model universitari i quins són els objectius que entenem que hem de
tenir en compte per a ser competitius i per poder-nos
internacionalitzar.


Vostè parla d’una sèrie de coses com que a més no
tenim recursos, no comptem amb les comunitats autònomes i així,
d’entrada, senadora Sampedro, malament. Espero que es mirin bé
l’esmena i que l’acceptin perquè en definitiva si no accepten
aquesta esmena és no parlar de res.


Gràcies.


Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días a
todos.


Senadora Sampedro, permítame que le diga, en primer lugar,
que cuando usted habla de si tenemos interés en los temas que son objeto
de la moción que nos presenta, no hay que dudarlo. Es evidente que
tenemos interés, sobre todo por la educación y por el ámbito de la
universidad, sin ninguna duda. Por tanto, interés todo, porque entendemos
que la educación, especialmente la









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universidad en estos momentos, es la clave prioritaria del
progreso y el desarrollo económico para superar la crisis en la que nos
encontramos.


Yo quiero hablar aquí de la enmienda que hemos presentado,
una enmienda muy sencilla, muy simple, sin ninguna complicación, clara y
coherente y que requiere poca explicación. Usted nos habla en esta moción
de la internacionalización de la universidad española, en lo que estamos
totalmente de acuerdo, de intercambios de profesorado, de la mejora de
las relaciones entre el espacio europeo y global, todo lo cual nos parece
perfecto, pero existe una cuestión grave a nuestro parecer, y es que en
ningún momento se menciona a las comunidades autónomas. Durante el turno
de portavoces ampliaré más esta cuestión pero sí quiero señalar que
cuando las comunidades autónomas ejercen la mayoría de las competencias
en el ámbito educativo, en las ofertas educativas, no decir nada acerca
de esta cuestión en una moción de estas características evidencia que la
moción está mal planteada. Otra cuestión básica sería cómo lo hacemos,
qué recursos ponemos para llevar a cabo el contenido de la moción. Usted
puede decir que se trata de una cuestión presupuestaria de la que ya
hablaremos en el debate de los presupuestos, pero llevamos tres años de
debates presupuestarios y ya hemos visto lo que sucede: ustedes no
aceptan ninguna enmienda. Por lo tanto, hablar de presupuestos es no
hablar de nada.


Lo que nosotros planteamos en nuestra enmienda es que,
aunque nos parece bien todo lo expuesto, también se deben garantizar los
recursos necesarios a las comunidades autónomas para llevar a cabo la
internacionalización de la universidad y el intercambio de profesorado
del que estamos hablando, todo ello siempre en colaboración con las
mismas. Me referiré más ampliamente a esto durante el turno de
portavoces, repito, pues considero además que existen una serie de fallos
en el modelo universitario que hay que resolver. Después hablaré de este
modelo universitario y de los objetivos que consideramos deberíamos tener
en cuenta para ser competitivos y poder realizar la
internacionalización.


Senadora Sampedro, entre otras cosas usted hablaba de la
falta de recursos en las comunidades autónomas, lo cual, de entrada, nos
parece mal. Espero que estudien bien nuestra enmienda y que la acepten
porque, en definitiva, no aceptarla sería como no hablar de nada.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría;
gracias, senador Alturo.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, autor de
la moción originaria, tiene la palabra su representante, la senadora
señora Sampedro, para manifestar si acepta o no las enmiendas.


La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias, presidente.


Señorías, empezaré contestando a las intervenciones más
breves, las del senador Alturo y la senadora Muñoz, de CiU y PNV
respectivamente.


Evidentemente, me gustaría muchísimo aceptar su enmienda,
pero no es competencia de este ministerio aceptarla, y ustedes lo saben.
Cuando hablábamos ayer sobre este asunto comprobamos que existía una
altísima coincidencia en muchos puntos —tal y como han vuelto a
decir la senadora Muñoz y el senador Alturo—. Yo les decía que por
qué no discutíamos la segunda parte, la correspondiente a los
presupuestos, en el momento procesal oportuno, es decir, en el debate de
presupuestos. Les hablaba también de la fuerza parlamentaria
—entendámonos— y de la legitimidad, porque con más moral se
actúa —no moral en el sentido ético, sino de fuerza— cuando
se ha apoyado una moción en la que uno está de acuerdo con todos los
objetivos que se pretenden conseguir y entonces, después de haber instado
a promover todo eso, es más fácil exigirle a un Gobierno que lo dote.


Yo no tengo duda de que el Gobierno lo va a dotar; tampoco
tengo duda de que por mucho que lo dote nunca va a tener el nivel de
dotación que pretenden porque, lógicamente, ustedes están en la oposición
y tienen mucha más facilidad para poner sobre el papel cifras que,
evidentemente, en un presupuesto equilibrado, teniendo en cuenta otras
muchas necesidades del país, nunca podrán ser estratosféricas. Pero,
estando de acuerdo, de la misma manera que ustedes me dicen a mí que
esperan que se la apruebe, yo les digo que no voy a cejar, hasta el
último minuto de la defensa de esta moción, en conseguir que ustedes se
posicionen en un sí a la espera de un debate y una pelea posterior por
los fondos.









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En cuanto al senador Areces, voy a ser muy breve, aunque
los 7 puntos de su enmienda darían para estar aquí toda la tarde;
presenta 7 puntos frente a los 2 míos, aunque señala que me los ha
mantenido. Se lo agradezco mucho. Yo pienso, de verdad —sé que no
me lo va a tomar a mal—, que en esta ocasión se le ha ido un poco
de las manos el entusiasmo, senador Areces, porque esta es una enmienda a
la totalidad de la política del Gobierno. Usted, por lo que veo, pretende
resetear toda la política educativa del Gobierno; incluso pide cambios en
la Constitución. Me parece que esta moción, que para mí era importante,
no aspira a tener toda esa repercusión. Hacen falta muchas cosas para
cambiar la Constitución, y no me parece que este sea el objetivo. Los 7
puntos de su moción dan para un montón de mociones, casi una por punto.
En ellos mantiene los 2 puntos míos, aunque con el añadido de la
financiación, y le digo lo mismo que a los otros senadores: estamos de
acuerdo en esa parte, que es el objetivo prioritario de esta moción, pero
no con los restantes con los que se podrían hacer, repito, otras tantas
mociones.


Por lo tanto, les ruego que aunque no les pueda aceptar las
enmiendas, sinceramente, sintiéndolo mucho, voten a favor. Sé que es una
esperanza vana, pero se lo pido por favor.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Sampedro.


¿Turno en contra? (Pausa).


No hay turno en contra.


Pasamos al turno de portavoces.


El Grupo Parlamentario Mixto no hace uso de la palabra.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora señora Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Senadora Sampedro, sé que le habría gustado poder aceptar
la enmienda y a mí también me habría gustado que usted o el ministro
hubieran tenido la capacidad de tener autonomía sobre el modelo educativo
y el modelo de internacionalización de las universidades que quieren
tener.


Vuelvo a retomar el último argumento que he utilizado en la
defensa de las enmiendas. Me parece triste que el Gobierno no haga una
política más coherente, que por un lado se esté instando, como incluso
vimos la semana pasada en la propia Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, cuando el Ministerio de Educación organizó un curso sobre
internacionalización de la universidad —he tenido acceso a algunos
titulares que glosaban las intervenciones de algunos miembros del
ministerio loando la universidad— a que tenemos que hacer un
esfuerzo colectivo, etcétera, y luego en otros ámbitos del propio
Gobierno, como puede ser el Ministerio de Hacienda, se esté haciendo todo
lo posible por evitar que las universidades cuenten con los recursos que
precisan, no ya para mejorar su nivel de excelencia, no para alcanzar
cotas de internacionalización que nos puedan situar en los diferentes
ranking, sino ni siquiera para mantener las titulaciones que hoy en día
están impartiendo.


Una cuestión que a nadie se le escapa es que hay
universidades que por culpa de la famosa tasa de reposición se encuentran
con problemas importantes —y ya se han encontrado con problemas muy
importantes en este mes de septiembre— para mantener la oferta de
titulaciones que tenían en los cursos anteriores, porque no pueden cubrir
las horas necesarias con los profesores que tienen contratados. La gente
se jubila, la gente coge bajas, y están teniendo muchísimos problemas no
ya para mejorar los niveles de la calidad, sino para mantener los ratios
con los que han contado y la oferta con la que han podido contar en los
años y en los cursos precedentes. Por lo tanto, le pido coherencia a su
Gobierno; lo que no se puede decir por un lado es: ánimo chicos, meter un
gol y, por otro, negar aquellos recursos básicos que ni siquiera permiten
salir al campo de fútbol.


Pero vamos a hablar también de internacionalización de la
universidad. En época de crisis, la internacionalización se ha demostrado
que no solamente en el ámbito educativo sino también en el ámbito
económico y empresarial es fundamental para poder garantizar muchas veces
la subsistencia de las propias empresas, y en la universidad ocurre
exactamente lo mismo. Tampoco es cuestión de decir que los ranking no son
importantes —los ranking tienen la importancia que tienen, que es
relativa—, pero es importante el de Shanghái. ¿Por qué?
Fundamentalmente porque es el espejo en el que otros países y otras
universidades van a medir el nivel y la calidad de una educación. Por
tanto, sería muy hipócrita que yo viniese aquí diciendo que los rankings
no









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tienen importancia. Pero los ranking también hay que
leerlos, y lo mismo que PISA hay que leer Shanghái. Y es cierto que, de
las universidades españolas, en el último ranking de Shanghái —yo
le había echado una especie de vistazo rápido y no lo sabía— parece
ser que la Universidad de Barcelona ya estaba entre las 200 mejores, de
lo que cual hay que felicitarse.


Pero si vamos a otros ranking, que ya no están midiendo el
conjunto del sistema universitario o de una universidad, sino
titulaciones específicas, nos encontramos con que muchas universidades
españolas, tanto públicas como privadas, cuentan ya con titulaciones que
sí que están entre las mejores. Por lo tanto, no es que las universidades
españolas no sepan lo que hay que hacer; saben perfectamente lo que hay
que hacer, y así lo muestra el hecho de que haya másteres, postgrados y
algunas facultades cuyas titulaciones están muy bien valoradas en el
ámbito internacional, y están incluso entre las 10 mejores. Se sabe ya lo
que hay que hacer, las universidades lo saben. Si nos ponemos a mirar en
las webs de todas las universidades, tanto públicas como privadas,
absolutamente todas tienen ya planes de internacionalización propios, lo
que no cuentan es con los recursos. Y ahí es donde entiendo que la
Administración pública —sean ustedes, sea el Gobierno vasco o sea
otra— tiene la responsabilidad de facilitar los recursos
normativos, económicos y jurídicos necesarios para que esos planes se
puedan llevar a buen puerto.


Y en ese sentido, la propia CRUE tiene también un grupo de
trabajo sobre internacionalización, con unas recomendaciones que
coinciden además con las mismas que hace la OCDE y los propios autores de
los ranking internacionales. Voy a mencionar solamente algunas, por no
redundar en cuestiones que además sé que todos conocemos, como el tema de
la diferenciación de la universidad. Usted hacía referencia a algunas de
las ventajas comparativas con las que cuenta el sistema universitario
español para poder hablar de tú a tú en el ámbito internacional; entre
ellas, evidentemente, está la de la lengua. Como todos sabemos, el
castellano es la tercera lengua del mundo, una ventaja comparativa
importante que la universidad tiene que aprovechar para que su oferta sea
todavía mucho más accesible y mucho más atractiva. Pero también están las
ventajas competitivas, y esas son las que hay que currárselas, esas son
las que hay que trabajar, entre ellas, el tema de la especialización. Ha
habido un modelo de universidades en España en el que todo el mundo,
todas las comunidades autónomas y todos los campus daban todo, y está
demostrado que ese no es el modelo adecuado para estar en esos ranking a
los que todos aspiramos; el modelo es la especialización. Tenemos casos,
sobre todo en universidades americanas, como Stanford o MIT, que han
hecho de la especialización su gran arma. Nadie va a estudiar Literatura
Inglesa al MIT; para eso hay otras universidades. Al MIT se va a estudiar
asignaturas con una gran proyección en innovación e investigación.
Además, la oferta del campus es tan importante como la oferta académica,
y en eso las universidades inglesas también nos han enseñado mucho. No
solamente la calidad de la educación que se está impartiendo, sino
también el entorno en el que se está ofreciendo esa educación es muy
importante a la hora de establecer el nivel de excelencia de un campus o
de otro, aunque ello no puede disimular una deficiencia en la oferta
académica. Y en ese sentido es fundamental fomentar el establecimiento y
la generación de los clusters de conocimiento.


Asimismo, en cuanto a las universidades y las empresas, lo
hemos hablado en formación profesional muchísimas veces: ¿por qué no
avanzamos hacia un modelo de formación dual también en el ámbito
universitario?, ¿por qué no trabajamos todavía muchísimo más la conexión
entre las empresas, que, al fin y al cabo, son las que van a contratar a
esos trabajadores, también en el ámbito terciario?, ¿por qué no se
fomenta incluso económicamente, dotando de recursos técnicos, la
investigación y la innovación conjunta entre la universidad y la empresa,
no solamente para la comercialización de productos, que ya se viene
haciendo desde hace muchísimo tiempo, sino también en el ámbito formativo
y educativo de la universidad?


Todas estas cuestiones, como decía antes, ya vienen
recogidas en la mayoría de los planes de internacionalización
universitaria que tienen tanto las universidades, como la propia CRUE,
como los gobiernos que tienen responsabilidades en el ámbito educativo,
como es el caso del Gobierno vasco. Lo que no podemos negar es que todo
esto tiene un coste, un coste económico en cuanto a la inversión que hay
que hacer para que la universidad cuente con las líneas de investigación
necesarias, para que cuente con los mejores investigadores y los mejores
profesores del mundo, que puedan equilibrar la labor investigadora con la
labor docente que tienen en la universidad. Para eso hacen falta recursos
económicos y humanos y hay medidas, ciertamente sencillas, ciertamente al
alcance de su Gobierno, para poder dar los primeros pasos en este
sentido.









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Lamento que no haya aprobado mi enmienda y lamento también
tener que rechazar esta moción, porque es una cuestión clave. Entendemos
que, sobre todo en épocas de crisis, el gasto en educación no es gasto
sino inversión, y nos gustaría que el Grupo Parlamentario Popular y el
propio Ministerio de Educación incidiesen todavía muchísimo más en otros
ministerios para que efectivamente se puedan empezar a dar pasos en este
sentido.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Martínez.


Por el grupo de Entesa, tiene la palabra la senadora
Sequera.


La señora SEQUERA GARCÍA: Gràcies, president.


Senyories, una vegada més estem davant d’una moció
que insta al Govern a fer accions que ja estaven incloses en el seu
programa electoral. Per tant, considerem que el Govern de l’Estat
hauria de tenir la capacitat i ser prou conscient amb els seus
compromisos electorals. Però no ens enganyem, o el Govern ja té en marxa
accions respecte al que demana la moció, i que en breu veurem en seu
parlamentària, o només són bones paraules que es quedaran en no res.


Qui no pot estar d’acord amb millorar la
internacionalització i modernitat de les nostres universitats? Crec que
cap partit polític. El que sí és cert és que abans de fer aquesta
proposta, primer, s’ha de creure en les nostres universitats;
s’han de respectar com a part de les institucions del país, i tenir
molt clar que són un dels factors essencials per al progrés social i
econòmic. Sense universitat no hi ha recuperació. En un món de canvis
productius i socials constants és necessari que les universitats comptin
amb tots els recursos necessaris per poder estar a l’alçada i ser
el principal agent de generació, difusió i transferència de coneixement
per tal d’afrontar els canvis amb noves polítiques socials i uns
sistemes productius sostenibles.


Hem de partir de la base que per a la internacionalització
i modernització de les universitats, aquestes han de poder comptar amb
els mateixos recursos que la resta de les universitats a nivell mundial;
han d’estar en les mateixes condicions i a la mateixa alçada, només
així podran competir. Tenim grans professionals tant en la docència com
en la investigació, que malgrat la falta de recursos fan mans i mànigues
per mantenir l’estatus de la universitat espanyola en el seu lloc.
No els podem demanar que estiguin en el grup dels millors, segons els
rànquings mundials, si des de l’Administració General de
l’Estat no se’ls faciliten les eines per aconseguir
arribar-hi. En un entorn de creixent competició global pel talent i
inversions relacionades amb el coneixement, cal una estratègia
d’internacionalització que doni resposta a aquests reptes. És la
clau davant la globalització econòmica i social i no podem obviar que
internacionalització implica competir i cooperar.


El món universitari ha passat de ser d’un àmbit
nacional a un àmbit internacional. Cada vegada més aquesta situació
empeny a treballar conjuntament amb institucions d’altres països.
L’augment de recursos, tecnologies i mitjans de comunicació han
facilitat l’expansió d’aquestes institucions i la cerca de
col·laboracions més enllà de les fronteres. Amb aquest escenari no tenim
altra sortida que treballar per tal que la universitat, com a eina
essencial per a la recuperació, tingui les condicions necessàries per
competir i poder col·laborar amb altres universitats d’arreu del
món.


Ara bé, un cop demostrin amb fets que hi creuen fermament,
és imprescindible que qualsevol canvi que es vulgui efectuar en el
sistema compti amb una participació prèvia de tota la comunitat educativa
universitària, agents socials i administracions, especialment les
comunitats autònomes, per obtenir un consens en les mesures que es
vulguin adoptar. No es poden repetir els mateixos errors que vam viure
amb la LOMCE. No ens ho podem permetre. Una altra frustració social, no,
si us plau. Per tant, si veritablement ho creuen així, primer calen
compromisos i fets, i ens queda molt camí. Entre molts altres aspectes,
abans d’iniciar qualsevol modificació del sistema primer creiem que
cal un finançament a l’alçada de la Unió Europea dels Vint-i-set;
aquest finançament ha d’estar coordinat entre l’Administració
General de l’Estat i les comunitats autònomes. S’han
d’establir compromisos amb les universitats per a la seva
internacionalització, modernització, eficiència i eficàcia en la seva
gestió tant acadèmica com econòmica. S’ha d’establir un model
de comptabilitat de costos generalitzat per a una gestió transparent i
que pugui complir amb el deure de rendició de comptes a la societat.
S’ha d’establir un sistema de beques i ajuts que garanteixi
la disminució de desigualtats, que permeti la mobilitat
d’estudiants i reconegui el rendiment acadèmic. Aquest sistema ha
de coordinar-se amb la comunitat autònoma i s’han de respectar i
complir les









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sentències fermes en relació a la gestió de beques.
S’ha d’incrementar la investigació i la innovació acadèmica a
través d’incentius de productivitat científica, tecnològica i
d’innovació. S’han de potenciar i establir allotjaments
universitaris a les comunitats autònomes per facilitar la mobilitat
d’estudiants. També s’ha d’incentivar la mobilitat del
personal investigador amb la planificació prèvia de plantilles segons
l’oferta de titulacions, així com promoure polítiques per establir
convenis de col·laboració amb universitats d’altres països.
S’ha de motivar amb incentius a les universitats per potenciar les
seves unitats d’investigació d’excel·lència, que siguin més
actives en R+D+i, així com els parcs científics. També hem
d’incrementar l’activitat innovadora i la productivitat
tecnològica a través d’incentius que combinin la distinció davant
la societat amb l’efecte motivador econòmic.


Mentre no es facin gestos des del Govern que demostrin la
ferma voluntat de posar a l’abast de les universitats els recursos
i les eines essencials per estar en les mateixes condicions que les
millors dels rànquings, no cal que presentin més mocions de bones
paraules; paraules que sonen molt bé però que estan buides de sentiments
i de compromís. Només cal veure la valoració econòmica de la moció: zero
euros, és poc creïble. D’aquí a pocs mesos, amb l’aprovació
dels Pressupostos Generals de l’Estat, podran demostrar si la
voluntat del Govern és ferma amb la comunitat universitària. Si es trenca
la tendència de retallar any rere any les partides destinades al món
universitari, llavors creurem en les seves paraules, amb les seves
mocions. Mentrestant, no comptaran amb el suport del nostre grup.


Gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, presidente.


Señorías, una vez más estamos ante una moción que insta al
Gobierno a realizar acciones que ya estaban incluidas en su programa
electoral. Por tanto, consideramos que el Gobierno del Estado debería de
tener la capacidad de ser suficientemente consciente de los compromisos
electorales. Pero, no nos engañemos, pronto veremos si el Gobierno ya
tiene en marcha acciones respecto a lo que pide la moción, que en breve
veremos en sede parlamentaria, o solo son buenas palabras que se quedarán
en nada.


¿Quién no puede estar de acuerdo en mejorar la
internacionalización y modernización de nuestras universidades? Creo que
ningún partido político. Lo que sí es cierto es que antes de hacer esta
propuesta, primero se debe creer en nuestras universidades, se deben
respetar como parte de las instituciones del país y tener muy claro que
son uno de los factores esenciales para el progreso social y económico.
Sin universidades no hay recuperación. En un mundo de cambios productivos
y sociales constantes es necesario que las universidades cuenten con
todos los recursos necesarios para poder estar a la altura y ser el
principal agente de generación, difusión y transferencia de conocimiento,
con el fin de afrontar los cambios con nuevas políticas sociales y unos
sistemas productivos sostenibles.


Debemos partir de la base de que para la
internacionalización y modernización de las universidades estas deben
poder contar con los mismos recursos que el resto de las universidades a
nivel mundial; deben estar en las mismas condiciones y a la misma altura,
solo así podrán competir. Tenemos grandes profesionales, tanto en la
docencia como en la investigación, que, a pesar de la falta de recursos,
hacen todo lo posible por mantener el estatus de la universidad española
en su lugar. No podemos pedirles que estén en el grupo de los mejores,
según los rankings mundiales, si desde la Administración General del
Estado no se les facilitan las herramientas para conseguir llegar a ello.
En un entorno de creciente competición global del talento y de
inversiones relacionadas con el conocimiento, se hace necesaria una
estrategia de internacionalización que dé respuesta a estos retos. Es la
clave ante la globalización económica y social, y no podemos obviar que
internacionalización implica competir y cooperar.


El mundo universitario ha pasado de ser de ámbito nacional
a ser de ámbito internacional. Cada vez más esta situación empuja a
trabajar conjuntamente con instituciones de otros países. El aumento de
los recursos, tecnologías y medios de comunicación han facilitado la
expansión de estas instituciones y se han buscado colaboraciones más allá
de las fronteras. Con este escenario no existe otra salida que trabajar
con el fin de que la universidad, como herramienta esencial para la
recuperación, tenga las condiciones necesarias para competir y poder
colaborar con otras universidades de todo el mundo.









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Ahora bien, una vez demuestren con hechos que creen
firmemente en esto, es imprescindible que cualquier cambio que se quiera
efectuar en el sistema cuente con una participación previa de toda la
comunidad educativa: universitaria, agentes sociales y administraciones,
y especialmente de las comunidades autónomas, con el fin de obtener un
consenso en las medidas que se quieran adoptar. No se pueden repetir los
mismos errores que vivimos con la LOMCE. No nos lo podemos permitir. Otra
frustración social, no, por favor. Por lo tanto, si verdaderamente creen
en ello, lo primero, lo que es necesario, son los compromisos y los
hechos, y nos queda mucho camino. Entre otros muchos aspectos, antes de
iniciar cualquier modificación del sistema, primero es necesaria una
financiación a la altura de la Unión Europea, de los Veintisiete,
financiación que debe estar coordinada entre la Administración General
del Estado y las comunidades autónomas. Se deben establecer compromisos
con las universidades para su internacionalización, modernización,
eficiencia y eficacia en su gestión, tanto académica como económica. Se
debe establecer un modelo de contabilidad, de costes generalizado para
una gestión transparente y que pueda cumplir con el deber de rendición de
cuentas a la sociedad. También se debe establecer un sistema de becas y
ayudas que garanticen la disminución de desigualdades, que permita la
movilidad de estudiantes y reconozca el rendimiento académico. Este
sistema debe coordinarse con la comunidad autónoma, y se deben respetar y
cumplir las sentencias firmes con relación a la gestión de becas. Se debe
incrementar la investigación y la innovación académica a través de
incentivos de productividad científica, tecnológica y de innovación. Se
debe potenciar establecer alojamientos universitarios en las comunidades
autónomas, con el fin de facilitar la movilidad de estudiantes. También
se debe incentivar la movilidad del personal investigador con la
planificación previa de plantillas según la oferta de titulaciones, así
como promover políticas para establecer convenios de colaboración con
universidades de otros países. De debe motivar con incentivos a las
universidades para potenciar sus unidades de investigación de excelencia,
que sean más activas en I+D+i, así como los parques científicos. Asimismo
debemos incrementar la actividad innovadora y la productividad
tecnológica a través de incentivos que combinen la distinción ante la
sociedad con el efecto motivador económico.


Mientras el Gobierno no realice gestos que demuestren la
firme voluntad de poner al alcance de las universidades los recursos y
las herramientas esenciales para estar en las mismas condiciones que las
mejores de los rankings, no es necesario que presenten más mociones de
buenas palabras; palabras que suenan muy bien pero que están vacías de
sentimientos y de compromisos. Solo hace falta ver la valoración
económica de la moción: cero euros, es poco creíble. De aquí a pocos
meses, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado podrán
demostrar si la voluntad del Gobierno es firme con la comunidad
universitaria. Si se rompe la tendencia de recortar año tras año las
partidas destinadas al mundo universitario, entonces creeremos en sus
palabras, en sus mociones; mientras tanto, no contarán con el apoyo de mi
grupo parlamentario.


Gracias. (Aplausos.—La señora vicepresidenta, Vicente
González, ocupa la Presidencia).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió,
tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyora
presidenta.


La universitat espanyola ha viscut durant aquests darrers
trenta anys un intens creixement tant en termes quantitatius com en
termes qualitatius; és a dir, en estudiants, en oferta, però també en
modernització dels seus continguts, incorporant la investigació i la
recerca com elements centrals del seu patrimoni. Aquest procés ha permès
situar les universitats espanyoles, i en concret i de manera particular
les de Catalunya, en nivells destacats de presència i visibilitat tant a
nivell social com a nivell internacional. És evident que existeix un
convenciment cada cop més generalitzat del paper central de les
universitats en el progrés social i econòmic d’un país, i més en
aquests moments que estem vivint de crisi tan tremenda. Aquesta
afirmació, reconeguda en general, és dramàticament crucial en els moments
actuals i per això és imprescindible dotar les universitats
d’aquells instruments necessaris per entrar amb força en
l’àmbit i en l’espai internacionals. Cal dotar-les de nous
instruments que permetin actuar més estratègicament i avançar en termes
de qualitat i de posicionament internacional, que vostè fa referència en
un dels punts en aquesta moció que ens presenta.









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Els ajustaments necessaris derivats de la contenció de la
despesa pública han de ser una oportunitat per activar aquelles
polítiques que permetin aconseguir aquest doble objectiu de la
sostenibilitat econòmica i la millora de la qualitat acadèmica. Vaig a
posar-li ara alguns exemples del eixos que per a nosaltres són
prioritaris alhora d’actuar en l’àmbit universitari,
complementàriament als aspectes que es plantegen en la moció en qüestió.
Estructuració de l’oferta d’estudis, bàsic. Model de
professorat, un tema molt important i molt seriós. Impuls als serveis
universitaris comuns. Una nova política de preus de matrícula i beques.
Aquí podríem parlar-ne molt àmpliament, molt. Justament fa un any
aproximadament vaig fer una interpel·lació al ministre Wert sobre aquesta
qüestió i, en aquests moments, els preus que tenim de les matrícules i
les quanties i la política de beques no afavoreixen la igualtat
d’oportunitats. Li donaré algunes dades, perquè val la pena
anar-les dient perquè sapiguem on estem i quines són aquelles coses
internes que hem de resoldre: Espanya està a la cua de l’OCDE en la
inversió en beques. La dotació representa el 0,11% del PIB enfront del
0,29%, gairebé el 0,3%, de la mitjana dels països de l’OCDE; per
tant, miri si n’estem, de lluny. La inversió de beques respecte a
la despesa pública en educació suposa el 8,6% a Espanya enfront del 23%,
per exemple, de Dinamarca, o el 22% d’Itàlia o el 13,1%
d’Alemanya.


Un altre punt. Les universitats com a motor de
desenvolupament del país. La transferència de coneixement cap al teixit
productiu esdevé el principal repte. D’això n’han parlat
altres portaveus que han intervingut anteriorment, i és que és evident.
La clau està en què aquest coneixement que està treballant, que està
desenvolupant, aquesta R+D+i, després vagi al teixit productiu, perquè si
no tindrem processos que quedaran parats i morts i perquè, en definitiva,
és el creixement i l’ànima de la universitat en aquests
moments.


Govern, gestió i finançament, un altre bloc de la
universitat a treballar i a atendre. L’increment de les polítiques
de R+D+i. Estem vivint retallades tremendes, això ho hem vist als
pressupostos. Si hem de fer recerca i hem de fer transferència de
coneixement el que no pot ser és que existeixin aquestes retallades; això
és motor de creixement i, per tant, ens ho hem de prendre seriosament. I
de ben segur que en pocs mesos en tornarem a parlar al debat del
pressupostos i veurem què succeeix amb aquestes partides. També
s’ha parlat de la formació dual; és molt important, també, i
s’ha de treballar en aquesta línia. Els alumnes i les possibilitats
de compaginar amb pràctiques en empreses, més implicació de les empreses
és clau; esdevé molt important.


Resumint una mica, nosaltres, des de Convergència i Unió,
defensem la necessitat d’instaurar un model universitari que opti
per l’excel·lència, per la captació i la retenció del talent i la
internacionalització de les institucions universitàries i la seva oferta
acadèmica. És evident que per fer-ho possible cal que es duguin a terme
diverses reformes, però sempre respectant, en tot cas, les competències
en matèria autonòmica i l’autonomia universitària. Fixi’s
senadora Sampedro si n’hi ha de feina a fer aquí en l’àmbit
universitari i de treballar realment en continguts importants. Nosaltres
hem de lamentar en aquests moments que l’esmena que hem presentat,
que el que pretén és això, posar recursos econòmics, no es tingui en
compte, perquè d’alguna manera això és un brindis al no res, perquè
parlar de la internacionalització, parlar d’intercanvis de
professorats, tot això està molt bé, però si no hi ha el finançament
corresponent, és evident que no anem enlloc, perquè si no, senadora
Sampedro, ja m’explicarà com ho fem. Doni’ns alguna idea, com
ho farem això? Com ho podem fer? I a més a més, si no hem tingut en
compte ni tenim en compte les negociacions amb les comunitats autònomes.
Per tant, com ho farem això? M’agradarà sentir-ho, a veure com
pensa que aquesta moció es pot portar a terme.


En definitiva, el sistema universitari requereix consensos,
abordar les reformes amb esperit constructiu i sobretot treballar de
manera coordinada amb les comunitats autònomes i no a l’inrevés.
Aquesta moció és una moció molt bonica de paraules, però no té
l’impuls necessari per dur-la a terme i, per tant, és una moció que
no ens porta enlloc, és senzillament per quedar bé. Per tant nosaltres i
des del nostre grup parlamentari no la podem recolzar i ens abstindrem en
la moció que aquí ens presenta.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, señora presidenta.


La universidad española ha vivido durante estos últimos
treinta años un intenso crecimiento tanto en términos cuantitativos como
en términos cualitativos; es decir, en oferta de estudiantes,









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pero también en modernización de sus contenidos
incorporando la investigación y el desarrollo como elemento central de su
patrimonio. Este proceso ha permitido situar a las universidades
españolas, y en concreto y de forma particular a las de Cataluña, en
niveles destacados de presencia y visibilidad, tanto a nivel social como
a nivel internacional. Es evidente que hoy existe un convencimiento cada
vez más generalizado del papel central de las universidades en el
progreso social y económico de un país, y más en estos momentos que
estamos viviendo de crisis tan tremenda. Esta afirmación, reconocida en
general, es drásticamente crucial en los momentos actuales. Y por ello es
imprescindible dotar a las universidades de aquellos instrumentos
necesarios para entrar con fuerza en el ámbito y espacio internacionales.
Hay que dotarlas de nuevos instrumentos que permitan actuar más
estratégicamente y avanzar en términos de calidad y de posicionamiento
internacional, a los que usted hace referencia en uno de los puntos de
esta moción que nos presenta.


Los ajustes necesarios derivados de la contención del gasto
público tienen que ser una oportunidad para activar aquellas políticas
que permitan conseguir este doble objetivo de la sostenibilidad económica
y la mejora de la calidad académica. Y yo le voy a poner ahora algunos
ejemplos de los ejes que para nosotros son prioritarios a la hora de
actuar en el ámbito universitario, de forma complementaria a los aspectos
que se plantean a la moción en cuestión: Estructuración de la oferta de
estudios, básico. Modelo de profesorado, que es un tema muy importante y
muy serio. Impulso a los servicios universitarios comunes. Una nueva
política de precios de matrícula y becas. Aquí podríamos hablar muy
ampliamente, mucho. Justo ahora hace un año aproximadamente formulé una
interpelación al ministro Wert sobre esta cuestión, y en estos momentos
los precios de las matrículas, las cuantías y la política de becas no
favorecen la igualdad de oportunidades. Le daré algunos datos porque vale
la pena que se sepa dónde estamos y cuáles son aquellas cosas internas
que debemos resolver: España está a la cola de la OCDE en inversión en
becas. La dotación representa el 0,11% del PIB frente al 0,29%, casi el
0,3% de la media de los países de la OCDE; por tanto, vean si estamos
lejos. La inversión en becas respecto al gasto público en educación
supone el 8,6% en España, frente al 23%, por ejemplo, en Dinamarca, el
22% en Italia, o el 13,1% en Alemania.


Otro punto. Las universidades como motor de desarrollo del
país. La transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo se
convierte en el principal reto. Los portavoces que han intervenido han
hablado de ello, y es evidente que la clave está en que este conocimiento
que está desarrollando esta I+D+i vaya después al tejido productivo
porque, si no, habrá procesos que quedarán allí parados y muertos, cuando
deberían ser el crecimiento y el alma de la universidad.


Gobierno, gestión, financiación, otro bloque de la
universidad que hay que trabajar y atender. El incremento de las
políticas de I+D+i. Estamos viviendo recortes tremendos, lo hemos visto
en los presupuestos. Si hemos de hacer investigación, transferencia de
conocimientos, no puede ser que existan estos recortes; son el motor del
crecimiento y, por tanto, nos lo debemos tomar seriamente. Estoy seguro
de que en pocos meses, en el debate de presupuestos, volveremos a hablar
de ello y veremos qué es lo que sucede con estas partidas. También se ha
hablado de la formación dual. Es muy importante y se debe trabajar en
esta línea. Los alumnos y las posibilidades de compaginar prácticas en
empresas, etcétera; una mayor implicación de las empresas es clave, es
algo muy importante.


Resumiendo, Convergència i Unió defiende la necesidad de
instaurar un modelo universitario que opte por la excelencia, por la
captación y la retención del talento y la internacionalización de las
instituciones universitarias y su oferta académica. Es evidente que para
hacerlo posible es necesario que se lleven a cabo diversas reformas, pero
siempre respetando en todo caso las competencias en materia autonómica y
la autonomía universitaria. Fíjese, senadora Sampedro, si tenemos trabajo
que hacer en el ámbito universitario sobre importantes contenidos.
Nosotros lamentamos que la enmienda que hemos presentado y que, en
definitiva, lo que pretende es dotar de recursos económicos, no se tenga
en cuenta, porque de alguna forma esto es un brindis a la nada, porque
hablar de la internacionalización, de intercambios de profesorado,
etcétera, está muy bien, pero si no existe la financiación
correspondiente, es evidente que no vamos a ninguna parte, porque si no,
senadora Sampedro, ya me explicará cómo lo hacemos. Denos alguna idea de
cómo lo vamos a hacer, cómo podemos hacerlo y, además, si no tenemos en
cuenta las negociaciones









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con las comunidades autónomas, ¿cómo vamos a hacerlo? Me
gustará escucharla para ver cómo considera que se puede llevar a cabo
esta moción.


Por tanto, el sistema sanitario requiere consensos, abordar
las reformas con espíritu constructivo y, sobre todo, trabajar de forma
coordinada con las comunidades autónomas y no al revés. Esta moción es
muy bonita de palabras pero no tiene el impulso necesario para llevarla a
cabo y, por tanto, no nos lleva a ninguna parte; es, sencillamente, para
quedar bien. Por consiguiente, mi grupo parlamentario no la puede apoyar
y nos abstendremos en la votación.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Álvarez Areces.


El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en este turno de portavoces continuaremos con
este debate, que considero importante. No debe extrañar a la senadora que
esta moción relativa a un aspecto importante en la universidad, pero
fuera del contexto en el que en ella se vive, lógicamente suscite
reflexiones que nos obligan a plantearlo en términos de financiación en
un contexto de normalización académica, que es lo que proponen
unánimemente los rectores de todas las universidades públicas y privadas
españolas.


Hay que reconocer, en primer lugar —y esto es
importante en el ámbito educativo—, que la universidad ha hecho en
su conjunto —nosotros lo hemos hecho como país— un esfuerzo
extraordinario, porque hemos pasado de tener un sistema universitario muy
minoritario a otro equiparable al resto de los países desarrollados, que
hay que mejorar y hay que aspirar a seguir mejorando continuamente. Pero
el reconocimiento de ese esfuerzo es un requisito ineludible para poder
abordar objetivos que sean accesibles y, además, estimular y motivar a
todos los elementos que integran la comunidad universitaria.


El tema de los ranking, del que hablábamos antes, es muy
significativo porque al hablar de internacionalización esta cuestión
adquiere un papel relevante para la captación no solo de estudiantes sino
también de profesores, intercambios docentes, etcétera. Estos ranking,
publicados recientemente, dan unos resultados que parecen sorprendentes
pero que están ahí. Si uno se introduce en los estudios de presentación
del ranking de Shanghái se dará cuenta de que España ha mejorado, y
además en un contexto de restricciones tan severas como el que
tenemos.


Como decía, en esta última publicación de mediados de
agosto de 2014, la universidad española se encuentra en el rango 151-200.
Barcelona es una de las mejores universidades del mundo; 4 universidades
entre las 300 mejores; 8 universidades entre las 400 mejores; y 12 entre
las 500 mejores, lo que mejora los resultados de 2013. Por áreas de
conocimiento, lo que se denomina ARWU-field, que incluye 5 áreas, España
sitúa en total en el top 200, 16 universidades, y el otro indicador, por
áreas de conocimiento, relativo a materias en el ámbito científico,
denominado ARWU-subject, incluye 5 campos, que son las matemáticas, la
física, la química, la informática y la economía de la empresa, donde
obtiene unos resultados, no diría buenos, sino muy buenos porque en el
top 200 de ese ranking tenemos 10 de matemáticas, 4 de física, 9 de
química, 10 de informática y 6 de economía de la empresa; es decir, 39
centros españoles. Está publicado y, vuelvo a decir, ranking en cuyas
metodologías utilizan elementos muy ligados a la investigación, en algún
caso premios nobel publicados, etcétera, aunque España recibe para
financiación en investigación cantidades muy inferiores a las
universidades de otros países que están compitiendo con nosotros.


Esto hay que valorarlo pero, al mismo tiempo, no puede
impedir que intentemos mejorar numerosos aspectos, no solo en el ámbito
de la internacionalización sino también en la mejora de la eficiencia,
que debe ser un objetivo permanente de la universidad, así como en la
optimización de los recursos, también en cuanto al mapa de titulaciones
—cuestión que debatimos en una enmienda no hace mucho tiempo—
para mejorar la cooperación entre las universidades y la eficiencia
global del sistema.


Es preocupante que estos elementos positivos se
contrapongan con la situación real que viven las universidades, que ha
sido denunciado en todos los ámbitos, porque es una situación real, no se
trata de un debate político artificioso. Hay que afrontar los avances
conseguidos y esos retos con otras políticas, y por eso nosotros
planteamos algo que tiene que ser fundamental para poder entender cómo
salir de esta situación. ¿Cómo es posible que alguien pueda vender una
mejora de calidad y la









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búsqueda de la excelencia en un ámbito decreciente de
recursos que está planificado que sean decrecientes? Esto lo hacemos
siempre en los debates presupuestarios. ¿Pero cómo es posible que España
haya planteado ante la Unión Europea el objetivo de reducir su gasto
educativo hasta el 3,9% y que pretendamos incrustar un discurso positivo
en ámbitos de docencia y de investigación que exigen recursos que hay que
atender; en un ámbito de restricciones normativas como las del
profesorado o donde existe la dificultad de los estudiantes para acceder
a las becas con el endurecimiento de los requisitos y la merma de las
cantidades, aunque aumente el número de becarios, o con la aminoración
del tiempo de la estancia en el exterior como pasa con los Erasmus,
etcétera?


Es lógico que estas contradicciones aparezcan en estos
debates porque, si no, efectivamente serían brindis al sol. Podemos poner
un desiderátum, pero si no lo acompañamos de medidas eficaces, es
absolutamente imposible hacer política. Y por eso resulta sorprendente
que tras el Real Decreto 14/2012, que marca el culmen de la
restricciones, venga la OCDE a decir que en España los maestros y los
docentes tienen un sueldo muy elevado que impide que los recursos se
apliquen en otras direcciones. ¿Pero en qué país viven? ¿De dónde han
tomado los datos? Pero si a partir del decreto del año 2012 ha habido una
restricción en los salarios, en la estabilidad del profesorado, en las
figuras de interinidad, y ya no digo nada de la utilización abusiva de
figuras en la universidad que no están previstas, como el tema de los
profesores asociados con salarios de miseria y cubriendo prácticamente
necesidades de profesores que deberían ser numerarios.


Es increíble ignorar esto a la hora de hablar de
internacionalización, de modernización, de calidad y de excelencia.
Estamos hablando de la reposición de esas tasas, estamos hablando de que
el prestigio que tuvo la investigación española y el camino de avance que
tenía marcado se vio truncado porque los equipos de investigación
necesitan un mínimo de planificación. Es impensable que España pueda
seguir mejorando en ese ámbito, en los ranking y en la
internacionalización si estamos cercenando el futuro de todos los equipos
de investigación, porque muchísimos equipos no tienen continuidad y están
en caminos en los que al faltarles esta, incluso al no poder reponer con
la tasa del 10%, o se van al exterior o se quedan en el paro. Y lo mismo
pasa en el ámbito docente, e incluso en el personal de administración y
servicios.


Esas tasas de reposición tienen la coherencia de que nos
hablan en concreto de un problema que hay que abordar inexorablemente.
España tiene que cambiar la tendencia del gasto en educación, y dentro de
ese gasto, el de la educación superior específicamente como lo pide la
Unión Europea en sus objetivos. Porque la Unión Europea marca estrategias
de internacionalización, marca objetivos, pero también marca el aumento
de la financiación para el conjunto de la Unión Europea y de los países
miembros. Basta leer cuáles han sido las últimas posiciones de la Unión
Europea a este respecto. No podemos hablar de objetivos tan ambiciosos
como de los que se habla en la moción sin acompañarlos de una
financiación distinta, cambiando las tendencias.


Y con el tema del PIB sucede exactamente lo mismo. No se
puede ignorar que España corrigió sus objetivos iniciales en el programa
nacional de reformas que envía a la Unión Europea, que corrige el
objetivo de la Unión Europea a la baja con el 2% del PIB, que no es del
2%, sino mucho menor. Según los últimos datos que da la Fundación Cotec
estamos en el 1,3%. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible
plantearse objetivos de tamaña ambición con esa financiación?


En cuanto a la constitucionalidad, hay que hacer efectivo
el reconocimiento del derecho a la educación que está recogido en el
artículo 27, tanto en el ámbito no universitario como en el
universitario. Y todo este debate que estamos manteniendo en este país
que tanto desgasta y que ha quebrado esa línea creciente de
reconocimiento de equidad e igualdad de oportunidades, hay que
incorporarlo al ámbito constitucional, hay que garantizar que las becas y
las ayudas al estudio sean un derecho para aquellas personas que no
tengan recursos económicos. No puede ser que una ayuda dependa de los
rendimientos y de la excelencia, porque para eso hay becas específicas.
Hay que reconocer la beca como un derecho y al reconocerla como un
derecho la mejor manera de garantizarlo es incorporarlo al ámbito
constitucional.


Por tanto, entiendo que es loable que persigamos objetivos
que vayan coincidiendo en los enunciados, pero en la política la práctica
y el discurso tienen que ir absolutamente de la mano. En el Ministerio de
Educación hace muchos años se utilizaba un lenguaje que era: las áreas de
los discursos y las de los recursos.









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La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.


El señor ÁLVAREZ ARECES: Pues bien, en la política —y
acabo ya— discursos y recursos tienen que ir de la mano y, si no
van, mal va la sociedad española, que hasta ahora había tenido una
trayectoria ascendente en el ámbito educativo. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Popular en el Senado, tiene la palabra la
senadora Sampedro.


La señora SAMPEDRO REDONDO: Gracias, presidenta.


Todos los grupos han abordado otra vez —por supuesto,
están en su perfecto derecho— el tema de los presupuestos, de la
financiación. En principio, a mí me alegra ver que este tema, más allá de
lo que yo ya sabía —que era que estábamos de acuerdo en muchísimas
cosas en el aspecto de la internacionalización—, es tan amplio que
al haber ese consenso todos los grupos se han permitido irse —no
voy a decir que por los cerros de Úbeda porque eso implicaría que no era
importante por donde se fueron— a otros aspectos también muy
necesarios de la reforma universitaria.


La vez anterior que traje una moción de mi grupo estuvimos
hablando de la universidad enfocada hacia la empleabilidad; otra vez
estuvimos hablando de la dirección y del profesorado, y como el mundo
universitario es muy amplio, en esta ocasión quería centrarlo en una
serie de medidas que hay que afrontar para cambiar los parámetros que nos
lleven a una mejor internacionalización. Yo ya sé que eso está vinculado,
está encadenado a todo lo demás, pero, hombre, tenemos que intentar
acotar los debates y no acabar cambiando la Constitución, senador Areces,
en este momento porque no es necesario para eso.


No quiero dejar de comentar algunas cuestiones que se han
suscitado, aunque no iré por orden porque lo tengo todo cambiado. El
senador Alturo y las autonomías. Que ya lo hemos hablado muchas veces,
que va de suyo, que las competencias están transferidas, que a mí me
parece —aunque yo entiendo que su sensibilidad siempre está a flor
de piel con ese tema— que no es necesario que en cada frase ponga
las autonomías, las autonomías, las autonomías…, porque eso ya está
reconocido, las transferencias ya están hechas y, la verdad, son ustedes
muy vigilantes de ese derecho competencial, pero muy poco de asumir otras
obligaciones que todos sabemos que están en jaque estos días y en las que
no quiero estropear para nada el consenso; sin embargo, me parece que lo
mismo que hay que ser vigilante para lo uno hay que ser vigilante para
estar muy legal en lo demás.


El tema de las tasas de reposición, que me lo han sacado
todos, pero también lo hemos comentado ya en diferentes momentos y además
se lo ha respondido ni más ni menos que la secretaria de Estado en una
comparecencia no hace ni tres meses. Es un asunto competencia también del
Ministerio de Hacienda.


Tema de recortes en la financiación. No voy a discutir
sobre becas, y no lo voy a hacer porque sobre becas sí que hemos
discutido lo que no está escrito y mucho más; tiene su momento y su lugar
y además no forma parte del debate de cuáles son esos parámetros que hay
que mejorar para internacionalizar. No se trata de la movilidad de los
Erasmus, se trata de atraer estudiantes —lo dije antes— a
estudiar la carrera entera aquí, se trata de atraer profesores, se trata
de atraer investigadores y personal administrativo. Creo que con esto he
acabado con las pequeñas cuestiones.


Visto esto, lo que quiero decirles es que para realizar
determinados cambios normativos hay que empezar a hacerlos y no es
necesario haber llegado al debate de presupuestos, pero les vuelvo a
decir que llegaremos al debate de presupuestos y que hay cosas que hay
que ir afrontando para poder discutir después sobre la necesidad de
dotarlas convenientemente. Entre ellas están cuestiones que ninguno ha
mencionado, quizás porque con la LOMCE ya está hecho el decreto por el
cual los estudiantes extranjeros no necesitan hacer la PAU para poder
acceder a nuestras universidades. Este era un punto de bloqueo
importante. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Importante
también —ya hablamos de ello en este hemiciclo a resultas de una
pregunta del senador Yanguas al ministro— la necesidad de
homologación y equivalencia de titulaciones y niveles académicos en la
convalidación de títulos extranjeros respecto a ingenierías y
arquitectura









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que estaban pendientes de poder homologarse con facilidad.
Es muy importante que esto tenga repercusión en los estándares
internacionales para que no haya problema para encontrar empleo.


En lo que concierne al profesorado, hemos hablado varias
veces. Hay que modificar un real decreto —esto se está debatiendo
con las comunidades autónomas y con los distintos sectores de la
universidad— para eliminar barreras que impiden que se contrate con
facilidad a profesores e investigadores brillantes, nacionales o
extranjeros, pero que tienen que obtener su acreditación para poder
acceder a la condición de catedrático en condiciones de igualdad con los
que son nacionales.


Otra modificación pendiente —de la que sí me había
hablado en su momento la senadora Rut pero que hoy, por lo que veo, ha
optado por no valorar como necesario hablar de ella— es que
nosotros, en el 2007 y en el 2010 respectivamente para el grado y los
másteres y el doctorado, optamos por un modelo de 4 más 1, que no es el
que están utilizando la mayoría de los países con los que nos tenemos que
homologar continuamente. Esto está ocasionando determinados problemas. El
ministro ya abordó la posibilidad y abrió el debate de que las
universidades —acabamos de terminar un proceso muy laborioso, el de
la adaptación de los grados tal y como los tenemos ahora— puedan
decidir voluntariamente si quieren, como universidad en su totalidad o en
alguno de sus grados o áreas, cambiar el modelo para ir adaptando algunas
de sus titulaciones.


Me parece que todo esto son modificaciones que sí tienen
una relación directa con este proceso de internacionalización que yo
pretendo que el Gobierno siga promoviendo. Esto era lo que quería, que
entre ustedes y yo labrásemos un discurso por el cual pudiéramos instar
al Gobierno en conjunto. Veo que no, que ustedes prefieren ceñirse al
tema de que no hay presupuestos y que nada nos vale. Les vuelvo a
reiterar que hay muchas cosas que hacer además del presupuesto, que está
a la vuelta de la esquina, y les ofrezco discutirlo en su momento después
de haber apoyado esta moción que espero que en los minutos que quedan
para la votación —la esperanza es lo último que se pierde— la
reconsideren.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sampedro.


Llamen a votación. (Pausa).


Por favor, cierren las puertas.


Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular
tal y como ha sido presentada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 243; votos emitidos, 241; a favor, 155; en contra, 70;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.


6.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LAS
MEDIDAS NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS CARDIOVASCULARES Y DE
MUERTE SÚBITA DE DEPORTISTAS.


(Núm. exp. 662/000152)


AUTOR: GPCIU


El señor presidente da lectura al punto 6.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción tiene la palabra el senador
Maldonado. (Fuertes rumores).


Senador Maldonado, espere un momento a que haya silencio en
el hemiciclo.


Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa).


Cuando quiera, señoría.


El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyor
president.


Senyories, per enèsima vegada aquest senador puja a aquest
faristol per intervenir sobre una iniciativa que parla sobre la mort
sobtada. És cert que ja vaig instar al govern, des del congrés,









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diverses vegades, i també ho he fet des del Senat. Per què
aquesta insistència? Amb el meu torn de portaveus ja ho ampliaré però,
bàsicament, perquè no hem avançat el que calia, i perquè malauradament,
el llistat d’homes i dones que moren per la mort sobtada augmenta.
I si bé és cert que aquesta és una moció que presento per la meva
condició de portaveu d’esports de Convergència i Unió, també és
cert que tot allò que s’aprovi en prevenció i en recerca no anirà
només en benefici dels esportistes sinó també en benefici de tota la
societat, de totes aquelles persones, esportistes o no, que puguin patir
aquesta patologia. Per tant, si algú pensa que aquesta és una iniciativa
molt reiterada, que arribi a la conclusió que es fa perquè encara no hem
fet el camí que calia. Segur que la portaveu del Partit Popular ens dirà
el que s’ha fet fins ara, segur; segur que el portaveu socialista
ens podrà dir fins i tot el que va fer el govern socialista en el seu
dia, segur. Però, senyories, avui no hem de mirar endarrere. Avui hem de
mirar endavant i, per això, aquesta és una moció a la que podríem aplicar
la teoria de l’ampolla mig buida o mig plena. Si la mirem, pot
estar mig plena, s’han fet coses, sí, però també podem dir que està
mig buida perquè falta molt camí per fer.


I aquest és una mica el motiu per presentar novament
aquesta iniciativa, per recordar allò que es va aprovar i que no
s’ha fet. Si es vol recordar el que s’ha fet, benvingut sia,
no passa res, ho aplaudirem, però ens interessa parlar del que falta.
També és un bon moment, sense dubte, per parlar de la mort sobtada perquè
fa pocs dies a Barcelona va tenir lloc el Congrés Europeu de Cardiologia
i, en diverses ponències, inclús em consta que algun senador del Partit
Popular hi va participar i fa poc em deia que de la mort sobtada
se’n va parlar, i molt. Per tant, és un bon moment per recollir el
testimoni dels experts d’Europa que, en aquestes ponències
demanaven moltes coses i si ens les llegim veurem que realment són
ponències riques, d’alt nivell. Però aportaven una petició, més
recerca i més prevenció; i això, sense dubte, passa per
l’Administració.


Per tant, què és el que demana la nostra moció? Doncs bé,
és una moció reiterativa, on es demana que allò que es va aprovar al
Congrés el 2010, allò que es va aprovar el 2013, el 13 d’abril, es
porti a terme. Volem instar al govern a que posi en funcionament un
registre de la mort sobtada de l’esportista, que ha d’estar
impulsat pel Consell Superior d’Esports i el Ministeri de Justícia,
tal com es va demanar al novembre de 2010 i a l’abril de 2013. És
important perquè aquest llistat pot permetre als metges i als experts a
tenir estadístiques, a fer més recerca. Demanem la creació d’un
grup de treball d’alt nivell, constituït per representants del
Ministeri de Justícia, Sanitat, Serveis Socials, Igualtat, i el Consell
Superior d’Esports, amb representants de les comunitats autònomes
que tenen competències, sens dubte, i que incorpori representants de la
Societat Española de Cardiologia y de la Federació Española de Medicina
de l’Esport, per realitzar una anàlisi de la situació, actualitzar
els coneixements, identificar quines són les millors actuacions a
desenvolupar en base al registre. Tenim grans metges, grans especialistes
arreu de l’Estat, gent que en sap molt, que està treballant i que
podria aportar molt a aquest grup de treball. Els germans doctors Brugada
podrien d’alguna manera aportar molta sapiència, i d’altres
metges d’arreu de l’Estat estant treballant i aportant. Fins
i tot podríem consultar especialistes arreu del món.


També demanem en el punt 3 promoure l’elaboració
d’una normativa necessària per tal que els propietaris
d’instal·lacions i organitzadors de competicions, disposin de
material de reanimació cardiopulmonar i que estiguin obligats al correcte
funcionament del mateix i a la formació necessària per al personal. Això
lliga una mica amb l’esmena que ha presentat el Grup Socialista, i
que ho agraeixo, —més endavant ja diré els motius pels quals no
l’acceptem—, però ja dic des d’ara que la moció del
Grup Socialista és bondadosa, és vàlida, és bona, però l’únic motiu
pel qual no l’acceptarem, com explicaré més endavant, és perquè ja
la veiem recollida aquí i perquè hi ha un àmbit competència que,
d’alguna forma, si la recollíssim amb aquella tipologia, envairíem
competències autonòmiques perquè hi ha moltes autonomies que ja estan
fent tot aquest treball d’incorporació de desfibril·ladors, etc. en
els centres esportius tant municipals com privats.


També demanem que s’impulsin, en col·laboració amb
les comunitats autònomes, accions com ara el reconeixement dels
esportistes d’alt nivell, amb les millor tècnics disponibles, amb
especial atenció al control cardiovascular, per una major sensibilitat en
la detecció precoç. Mirin, la prevenció és bàsica, i fins i tot creiem
que aquesta prevenció ha d’anar a l’esport base. Els nens i
nenes que fan esport federat haurien de tenir també un segment de revisió
des del punt de vista de prevenció de la mort sobtada, del control
cardiovascular. I, finalment, en aquest cinquè punt demanem que als
menors que s’inicien a la pràctica esportiva se’ls faci un
seguiment.









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Senyories, jo deia que es tracta d’una iniciativa
molt reiterativa, segur. Tanmateix, sens dubte, la base d’aquesta
moció és fer allò que els experts ens demanen: prevenció i recerca.
Aquest portaveu recorda que, ara fa un parell d’anys, un jugador de
futbol va caure durant un partir enmig del camp i es va produir una
actuació ràpida dels tècnics sanitaris de l’equip contrari que van
aconseguir evitar la seva mort. Per tant, fixin-se bé que, aquest mateix
jugador, fa deu anys, potser avui no estaria viu. Aquest noi va poder
rebre les atencions perquè els camps de futbol de primera, de segona
divisió, etc., ja tenen les eines per poder actuar, cosa que no els ha
passat a d’altres esportistes d’elit.


Jo voldria acabar la meva primera intervenció, però abans
voldria agrair el consens previ que he trobat en tots els portaveus.
Crec, intueixo, que aquesta és una iniciativa que s’aprovarà amb el
suport dels Grups i, per tant, vull deixar molt clar que aquesta no és
una iniciativa politico-partidista. No és una iniciativa que pugui tenir
connotacions de crítica, de mirar endarrere, etc. sinó que és només en
positiu. És una manera de dir que portem anys actuant, hem fet camí, però
cal fer-ne més. I per tant, jo voldria agrair als portaveus, especialment
al senyor Francisco Álvarez, del Grup Socialista, i la senyora Belén
Torres, del Grup Popular, perquè em consta que des dels seus dos partits,
el principal de l’oposició i el que dóna suport al govern,
aportaran allò que pot permetre que aquesta iniciativa de Convergència i
Unió s’aprovi.


I fixin-se bé, senyories, deia abans que aquesta és una
iniciativa reiterativa. Però és que reiterem perquè la mort sobtada
segueix apareixent. I no només en l’esport d’elit, sinó també
en l’esport base. I no només en l’esport, sinó també en la
ciutadania. I per tant, aquesta moció, que és una moció recordatòria, és
una moció que segueix proposant aspectes importants per poder preveure i
fer recerca pel que fa a aquesta patologia. Creiem d’alguna forma,
estem convençuts, que si avui, com sembla, s’aprova aquesta moció,
farà que el govern avanci amb més propostes. Espero, amb molt
d’interès, la intervenció de la portaveu del Grup Popular, perquè
estic convençut que el ministeri avui farà el gest, com ho fan els
partits.


Estic convençut que aquesta lacra, aquesta patologia,
aquesta situació que envolta l’esport i que fa que de vegades
alguns pares tinguin por que els seus fills facin esport perquè senten
parlar d’això. També és cert que hem de donar un missatge no
alarmista. La mort sobtada és molt minoritària en l’esport i a la
societat. És molt minoritària. Cada vegada que intervinc ho dic,
l’esport és sa, però cal preveure’l. Cal fer prevenció
medico-sanitària. Cal fer recerca entorn les malalties que afecten
l’esport. Però tenim cents i cents de milers de nens nenes que fan
esports. Tenim cents i cents de milers d’esportistes federats, i la
immensa majoria no té cap patologia relacionada amb l’esport.
Tampoc la mort sobtada. Però, només un esportista que pugui estar afectat
ja mereix que aquest Senat avui aprovi per unanimitat aquesta
iniciativa.


Recordem que els últims anys alguns clubs han detectat
algun jugador que ha tingut aquest problema. Aquests jugadors han deixat
de jugar, és veritat, però han seguit vivint i han tingut una vida i una
qualitat de vida perfectes. Potser abans això no hauria passat. Potser
abans, sense aquesta feina que s’ha fet aquests últims vuit, deu o
quinze anys no hauria passat això. Aquests jugadors haurien seguit jugant
i potser haurien acabat en una situació que hauríem lamentat avui.


Per tant, s’ha fet quelcom, sí. S’ha avançat,
és cert. Però queda camí per fer.I aquesta moció vol això, vol instar al
govern, vol demanar que allò que la ministra Leire Pajín aquí, en el
Senat, asseguda com a ministra de Sanitat, es va comprometre amb un
discurs brillant, i que jo vaig agrair, en coses que el govern faria,
però queden moltes coses d’aquelles per fer. És un missatge al
govern actual, al ministeri de Sanitat. Que allò que el govern anterior i
l’altre i l’altre han anat fent, doncs s’ha
d’avançar. Hem d’avançar molt més.


Per tant, acabo dient, gràcies pel to que he trobat fins
ara dels portaveus, gràcies per la voluntat que tenim la immensa majoria
—espero que sigui unànime— dels senadors i senadores per
aprovar aquesta moció, però que no sigui paper mullat. Que d’aquí
dos anys, el portaveu d’esports que sigui, no hagi de tornar a fer
el que hem fet al 2010 al Congrés, al 2013 aquí al Senat. Que l’any
que ve o d’aquí a dos anys no s’hagi de tornar a pujar aquí i
tornar a dir que la mort sobtada segueix sense tenir recerca i prevenció,
sense tenir grups de treball d’experts, etc. Seria trist que avui
ho aprovéssim i que d’aquí un any o dos diguéssim que estem igual.
Estic segur que no serà així, perquè aquesta és una iniciativa destinada
a la societat i a la qualitat de vida dels esportistes.









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Per tant, esperant poder agrair en el meu torn de portaveus
les definicions dels grups, esperant que el ministeri, via el seu grup
parlamentari, faci alguna aportació o presenti algun aspecte innovador,
jo ja per endavant agraeixo aquesta iniciativa que he vist per part dels
portaveus, especialment els dos que he esmentat abans.


Que aquesta sigui una moció de la que no en parlem més. Que
algun dia puguem dir que malgrat les reincidències i les reiteracions del
Grup de Convergència i Unió ara ja no cal fer més mocions sobre la mort
sobtada. Seria bo per la política, per conscienciar la societat que els
polítics també s’adonen de qui pateix, en aquest cas el món de
l’esport. Però seria bo per als esportistes, per als homes i dones,
per als nens i nenes, per als nois i noies que fan esport i que de
vegades tenen aquest problema que una societat tan moderna no hauria de
patir.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, por enésima vez este senador sube a la tribuna
para intervenir sobre una iniciativa que habla del fallecimiento súbito.
Es cierto que ya insté al Gobierno a este respecto en diversas ocasiones
tanto en el Congreso como en el Senado. ¿Por qué esta insistencia? Lo
ampliaré en el turno de portavoces, pero básicamente porque no hemos
avanzado todo lo que se precisaba y porque, desgraciadamente, la lista de
hombres y mujeres que fallecen por muerte súbita aumenta. Y si bien es
cierto que esta moción la presento por mi condición de portavoz de
Deportes del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, también es
cierto que todo lo que se apruebe en prevención e investigación no irá
solo en beneficio de los deportistas sino de toda la sociedad, de todas
aquellas personas, sean deportistas o no, que puedan sufrir esta
patología. Por tanto, si alguien piensa que esta es una iniciativa muy
reiterada, debe llegar a la conclusión de que se presenta porque todavía
no hemos recorrido el camino debido. Seguro que la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular nos dirá lo que se ha hecho hasta ahora, y seguro
que el portavoz socialista podrá decirnos incluso lo que hizo el Partido
Socialista en su día, seguro. Pero, señorías, hoy no tenemos que mirar
hacia atrás sino hacia delante, y precisamente por eso esta es una moción
a la que podríamos aplicarle la teoría de la botella medio llena o medio
vacía. Podremos verla medio llena porque sí se han hecho cosas, pero
también podremos decir que está medio vacía porque queda mucho camino por
andar.


El motivo para presentar de nuevo esta iniciativa es
recordar lo que se aprobó y no se ha hecho. Si se quiere recordar lo que
se ha hecho, muy bien, lo aplaudimos, pero nos interesa más hablar de lo
que hay que hacer todavía. Y también es un buen momento, sin duda, para
hablar del fallecimiento súbito, ya que hace pocos días tuvo lugar en
Barcelona el Congreso Europeo de Cardiología en el que hubo diversas
ponencias. Me consta, incluso, que algún senador del Partido Popular
formó parte de diversas ponencias y me dijo que la muerte súbita fue uno
de los temas de los que se habló, y mucho. Así que es un buen momento
para recoger el testimonio de los expertos de Europa que en estas
ponencias pedían muchas cosas. Si las leemos, veremos que son ponencias
muy ricas, de alto nivel, pero, sobre todo, hacían una petición: más
investigación y más prevención. Sin duda, esto pasa por la
Administración.


¿Qué pide nuestra moción? Es una moción reiterativa que
pide que lo que se aprobó en el Congreso en 2010, que lo que se aprobó en
el Senado el 13 de abril de 2013, se lleve a cabo. Por lo tanto, queremos
instar al Gobierno a seguir trabajando en la puesta en funcionamiento de
un registro del fallecimiento súbito del deportista, que debe estar
impulsado por el Consejo Superior de Deportes y la Administración de
Justicia, como se pidió en noviembre de 2012 y en abril de 2013. Es
importante, porque esta lista puede permitir a los médicos, a los
expertos, tener estadísticas y hacer más investigación. Pedimos la
creación de un grupo de trabajo de alto nivel formado por representantes
de los ministerios de Justicia, Sanidad, Deporte, y el Consejo Superior
de Deportes, por representantes de las personas que tienen competencias,
así como por especialistas en cardiología y de la Federación Española de
Deportes, para realizar un análisis de la situación, actualizar los
conocimientos y ver cuáles son las mejores actuaciones que hay que llevar
a cabo sobre la base del registro. Tenemos grandes médicos, grandes
especialistas en todo el Estado, personas que saben mucho, que están
trabajando, que podrían aportar mucho a este grupo de trabajo. Los
doctores hermanos Brugada podrían en cierto modo aportar mucha









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sabiduría, así como otros médicos que están trabajando en
todo el Estado, incluso, podríamos consultar especialistas de todo el
mundo.


En el punto 3 pedimos que se promueva la normativa
necesaria para que los propietarios de instalaciones y organizaciones de
competiciones dispongan de material de reanimación cardiopulmonar y estén
obligados a su correcto funcionamiento, así como a la formación necesaria
de su personal. Esto enlaza un poco con la enmienda presentada por el
Grupo Socialista, que yo agradezco. Más adelante explicaré por qué no la
aceptamos, pero desde ahora digo que su enmienda es bondadosa, válida,
buena, y el único motivo que nos lleva a no aceptarla es que ya la vemos
recogida y que hay un ámbito competencial, y si la recogiéramos con esa
redacción invadiría competencias autonómicas, porque hay muchas
autonomías que ya están haciendo esta labor y están incorporando
desfibriladores en los centros deportivos, tanto municipales como
privados.


Asimismo, solicitamos que se impulsen, en colaboración con
las comunidades autónomas, acciones como el reconocimiento de los
deportistas de alto nivel con las mejores técnicas disponibles, con
especial atención al control cardiovascular, para una mejor efectividad
en la detección precoz. La prevención es básica, incluso creemos que esta
prevención tiene que llegar al deporte de base. Los niños y niñas que
hacen deporte federado deberían tener también una revisión desde el punto
de vista de la prevención del fallecimiento súbito, del control
cardiovascular. Finalmente, en este quinto punto pedimos que a estos
menores que se inician en la práctica deportiva se les haga también un
seguimiento.


Señorías, decía que se trata de una iniciativa muy
reiterativa. Sin duda. Pero, sin duda también, la base de esta moción es
hacer lo que los expertos nos piden. A saber: prevención e investigación.
Este portavoz recuerda que hace un par de años un jugador de fútbol cayó
en medio del campo durante un partido y la actuación rápida de los
técnicos sanitarios del equipo contrario consiguió evitar su muerte. Si
hubiera sucedido hace diez años, tal vez ese mismo jugador no estaría
vivo; es decir, ese chico pudo recibir atención porque los campos de
fútbol de primera y de segunda división disponen ya de instrumentos y
herramientas para poder actuar, algo que no pasó en el caso de otros
deportistas de elite.


Antes de finalizar mi primera intervención, quiero
agradecer el consenso previo que he encontrado en todos los portavoces.
Intuyo que esta iniciativa va a aprobarse con el apoyo de los grupos, y
por ello quiero dejar claro que no se trata de una iniciativa
político—partidista; no se trata de una iniciativa que pueda tener
connotaciones de crítica o de mirada hacia atrás, sino que hay que
entenderla en positivo. Hace años ya aprobamos medidas y avanzamos en el
camino, pero hay que avanzar más. En este sentido, quiero agradecer a los
portavoces, en particular al señor Álvarez, del Grupo Parlamentario
Socialista, y al representante del Grupo Parlamentario Popular, su
aportación porque me consta que ambos partidos, el principal de la
oposición y el que apoya al Gobierno, van a permitir que esta iniciativa
de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió sea
aprobada.


Señorías, he dicho antes que esta iniciativa es
reiterativa, y la reiteramos porque el fallecimiento súbito sigue dándose
y no solo en el deporte de elite, también en el de base, y no solo entre
los deportistas, también entre el resto de la ciudadanía. Por tanto, en
esta moción recordatorio se siguen proponiendo aspectos importantes para
prever y hacer investigación respecto a esta patología. En cierto modo
creemos, de hecho estamos convencidos, que si hoy, como parece, se
aprueba esta moción el Gobierno avanzará con más propuestas. Espero con
sumo interés la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular porque estoy convencido de que el ministerio hoy hará el gesto,
igual que los partidos.


Estoy seguro de que podemos dar un paso más en esta
situación que afecta al deporte y luchar contra esta lacra, esta
patología. Muchas veces los padres tienen miedo de que sus hijos hagan
deporte porque oyen hablar de ello, de ahí la necesidad de dar un mensaje
no alarmista. El fallecimiento súbito es muy minoritario en el deporte, y
en la sociedad aún mucho más. Con esta moción, y lo digo cada vez que
intervengo, no tenemos que trasladar un mensaje alarmista. El deporte es
sano pero es necesaria la prevención médico—sanitaria y la
investigación en torno a las enfermedades que afectan al deporte. Hay
miles de niños y niñas que hacen deporte y cientos de deportistas
federados y la mayoría no padece ningún problema ni patología por ello,
tampoco









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fallecimiento súbito. Pero un solo deportista afectado ya
merece que el Senado apruebe hoy por unanimidad esta iniciativa.


Cabe recordar que en los últimos años algunos clubes han
detectado algún jugador con este problema y es cierto que estos jugadores
han dejado de jugar, pero han seguido viviendo perfectamente con gran
calidad de vida. Sin la labor hecha a lo largo de los últimos ocho, diez
o quince años, tal vez eso no habría sucedido; esos jugadores habrían
seguido jugando y puede que hubieran acabado en una situación que hoy
lamentaríamos.


¿Se ha hecho algo? Sí. Se ha avanzado, es cierto, pero
queda camino por andar. Esta moción persigue precisamente instar al
Gobierno a cumplir aquello a lo que la ministra de Sanidad, Leire Pajín,
se comprometió en su día en el Senado, con un discurso brillante, que yo
agradecí. Sin embargo, quedan muchas cosas por hacer y el ministerio de
Sanidad y el Gobierno actual debe avanzar sobre lo que ya hicieron los
gobiernos anteriores.


Concluyo agradeciendo el tono que han empleado hasta ahora
los portavoces y doy las gracias por la voluntad existente en la inmensa
mayoría —espero que esa voluntad sea unánime— para aprobar
esta moción, pero que no quede todo en papel mojado, que dentro de dos
años el portavoz de deportes que corresponda no tenga que volver a hacer
lo que ya hicimos en 2010 en el Congreso de los Diputados, en 2013 en el
Senado y que dentro de uno o dos años no tengamos que volver a subir a la
tribuna para decir que el fallecimiento súbito sigue sin contar con
investigación, sin prevención, sin grupo de trabajo de expertos,
etcétera; sería muy triste que hoy lo aprobáramos y que en uno o dos años
estuviéramos igual. Estoy convencido de que esto no será así porque se
trata de una iniciativa destinada a la sociedad y a la calidad de vida de
los deportistas.


Por lo tanto, espero poder agradecer en mi turno de
portavoces las posiciones de los grupos parlamentarios y que el
ministerio, por vía de su grupo parlamentario, haga alguna aportación o
contribución innovadora, tal y como solicita esta moción.


En cualquier caso, les agradezco por anticipado el consenso
que he apreciado en los portavoces en relación con esta iniciativa y, en
especial, los que ya he citado. Espero que sea una moción de la que no
tengamos que hablar más y de la que un día podamos decir que, a pesar de
las reiteraciones de Convergència i Unió, ya no hace falta seguir
aludiendo al fallecimiento súbito. Sería bueno para la política y para
concienciar a la sociedad de que los políticos también se dan cuenta de
quién sufre; en este caso, el mundo del deporte. Además, sería bueno
también para los deportistas, hombres y mujeres, niños, niñas y jóvenes
que hacen deporte y que a veces sufren este problema, cuando no debería
ser así en una sociedad tan moderna como esta.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Álvarez Villazán.


El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.


Voy a ser casi telegráfico en la defensa de la enmienda
porque el señor Maldonado ya ha anunciado que no la iba a aceptar.


Asumo que la no aceptación de la enmienda puede que no
afecte demasiado al resultado de lo que se pretende con la moción y, por
ello, como ya le he dicho personalmente, la vamos a apoyar porque todo lo
que se pide en el resto de los puntos es bueno.


El señor Maldonado recordaba que esta iniciativa se
presentó en 2010 y que se aprobó por unanimidad tras admitir una serie de
transacciones en las que se reconocían —según he podido comprobar
en las actas— las actuaciones que ya se estaban llevando a cabo en
esta materia en esos momentos: las exploraciones rigurosas a las que el
Consejo Superior de Deportes sometía a los deportistas, la normativa para
que las instalaciones deportivas contaran con material de reanimación
cardiovascular en perfecto estado de mantenimiento y se garantizaba la
existencia de desfibriladores en los centros dependientes del Consejo
Superior de Deportes, cosa que hay desde entonces y que me consta que se
han ido intensificando a lo largo de estos últimos años.


¿Por qué presentamos nosotros esta enmienda? Estamos de
acuerdo, como digo, con los 4 puntos, y creemos que el Gobierno no tendrá
ningún problema para poner en funcionamiento el registro de muerte súbita
del deportista. Entendemos que el Gobierno será el principal interesado









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en crear un grupo de trabajo de alto nivel para analizar
toda esta problemática. Pensamos que es razonable que se impulsen los
reconocimientos de los deportistas de alto nivel o que se impulsen
medidas de apoyo a los menores.


Pero hay una parte fundamental, el punto tercero, que dice
que se elabore la normativa necesaria para que todos los propietarios de
instalaciones y organizadores de competiciones dispongan de material de
reanimación cardiopulmonar y estén obligados a la formación necesaria del
personal, etcétera. Es ahí donde veíamos que podría estar el problema de
que no se hubiera cumplido hasta ahora. Porque si no les dotamos o no les
obligamos a que tengan un plan de viabilidad técnica y financiera, es
decir, un plan de ayuda, como nosotros pedimos, técnica y financiera,
puede, señor Maldonado, que para el año que viene tengan ustedes que
volver a presentar la moción, porque en este punto, los ayuntamientos o
los particulares que tienen instalaciones deportivas dirán: si no tenemos
un plan de ayuda técnica y financiera, no podemos ponerlo en marcha.
Solamente queríamos completar la moción en ese sentido, para mejorarla
técnicamente y para evitar una de las posibles causas que creemos que
podía haber provocado que una moción, con la que todos estamos de acuerdo
y que creemos que es necesaria y fundamental, siga un año y otro sin
cumplirse.


No obstante, pidiendo al Grupo de CiU que reconsidere su
postura y vea si es posible intercalar este pequeño apartado en el punto
3, nuestra intención es aprobar la moción porque nos parece de sumo
interés.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez
Villazán.


Para indicar si acepta o no la enmienda tiene la palabra el
senador Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Gracias, presidente. Intervengo
desde el escaño, muy brevemente.


Ya lo he anunciado anteriormente: nuestro grupo no aceptará
la enmienda, aunque reconocemos que es una enmienda positiva y que
aporta, porque creemos que el punto 3 de la moción ya recoge básicamente
lo que se pide. Además, creemos que es una competencia autonómica y nos
da la impresión de que invadiríamos temas competenciales. Y también
—y con esto acabo— por un aspecto muy puntual. Señor
portavoz, fíjese bien, hay una cosa muy clara. Cuando se hace una
instalación deportiva se pide que se pongan extintores contra incendios y
nadie pide subvención para esto. En una instalación de este tipo, un
desfibrilador es peccata minuta. Por tanto, no creemos que el problema
sea de subvenciones, sino de voluntad. Y he de decir que hoy en día en
España, en la inmensa mayoría de instalaciones deportivas, en los campos
de fútbol, de basket, etcétera, ya está instalado este elemento de
reanimación cardiopulmonar. Por tanto, no creo que el problema sea dotar
una partida económica para poner desfibriladores sino regular, y las
comunidades autónomas ya lo están regulando.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.


¿Turno en contra? (Pausa).


No hay turno en contra.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).


No hay intervenciones.


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa).


Senador Cazalis, tiene la palabra.


El señor CAZALIS EIGUREN: Mahaiburu jauna, egun on
berriro.


Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco, en 2010, como Grupo
de Senadores Vascos, apoyó esta propuesta. En 2013, la apoyamos también
en comisión y, evidentemente, ahora la vamos a volver a apoyar. A mí me
gustaría dar una cifra que el señor Maldonado nos dio en comisión y que
también dio cuando presentó su iniciativa en 2010 en este Pleno, y es que
800 000 personas habían sido afectadas por la muerte súbita en la Europa
occidental. Eso es lo que dijo el senador Maldonado. A mí me pareció una
cifra terrible. Por lo tanto, trabajar en esta línea es trabajar por la









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salud de los ciudadanos, pero considero que aprobar esta
moción y que se cumpla es también una buena línea de trabajo para la
salud de esta Cámara. Porque no parece que tenga mucho sentido que el
senador Maldonado dijera que esa no era su moción pero que era una buena
moción, que en ella pedíamos aquello que hacía falta, como crear un
registro y una comisión de expertos que analizara las causas —lo
mismo que se dice hoy—, así como elaborar una normativa para poner
más desfibriladores en las instalaciones y formar al personal —lo
mismo que se dice hoy— y terminara hablando en el cuarto punto de
la detección precoz, exactamente lo mismo que se ha dicho hoy. Por lo
tanto, por la salud de esta Cámara, si por tercera vez se aprueba esta
moción por unanimidad —como ha ocurrido las 3 veces—, ya va
siendo hora de que este Gobierno —el anterior lo podría haber
hecho, pero le toca hacerlo ahora a este Gobierno— tome por fin las
medidas pertinentes, porque si no, senador Maldonado, la legislatura que
viene nos encontraríamos discutiendo sobre el mismo asunto y nos bastaría
con poner una grabación.


Señorías, no solamente hay que elaborar documentos
perfectos como los que tenemos en este caso, sino que luego hay que
cumplirlos. Por ello apoyaremos sin ninguna duda, no solo por el
contenido sino además por la necesidad de que se cumpla lo pactado, la
moción que presentan los senadores de Convergència i Unió esta
mañana.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Sequera.


La señora SEQUERA GARCÍA: Gràcies, senyor president.


Senyories, la moció que estem debatent pretén en línies
generals prendre mesures per tal d’evitar la mort sobtada dels
esportistes, i per això proposa, a grans trets proposa la creació del
registre de la mort sobtada d’esportistes, la creació d’un
grup de treball d’experts que analitzi quines mesures cal prendre i
avaluï els resultats, regular l’obligació d’instal·lacions i
centres esportius de material per a reanimació cardiopulmonar i realitzar
reconeixements mèdics i en especial controls cardiovasculars a qualsevol
home o dona, independentment de l’edat, que practiqui esport base,
federat o d’alt nivell.


Qui no ha escoltat la frase clàssica que qui fa esport fa
salut? El que ens deixa realment astorats és quan sentim la notícia que
un esportista ha mort de forma sobtada ja que això és justament la
conseqüència contrària a la frase que acabo d’esmentar. Quan una
persona jove es cuida, s’alimenta adequadament, no fuma, fa esport
diàriament, té un estat físic òptim i mor precisament practicant una
activitat esportiva es trenquen tots els esquemes. I aquest estat
d’impotència davant un fet com la mort ens obliga a no ser
primmirats a l’hora de prendre mesures per evitar-ho. Per aquest
motiu és pràcticament impossible no donar suport a una moció com aquesta.
No obstant això, és necessari fer una sèrie de consideracions respecte al
que es demana.


En primer lloc, entenem que els punts 3, 4 i 5 corresponen
a competències transferides a les comunitats autònomes, en el cas de
Catalunya a la Generalitat. Per tant, hauria de formular aquest
replantejament en els parlaments corresponents. En segon lloc, al juny de
2013 es va publicar al BOE el redactat definitiu de la Llei Orgànica
3/2013 de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje
en la actividad deportiva. En el capítol III del títol 2n es regula
l’actuació de l’Agencia Española de Protección de la Salud en
el Deporte, que ha d’establir les actuacions, criteris, reglaments,
investigació per garantir la salut en la pràctica de l’esport així
com la coordinació amb les comunitats autònomes i les entitats locals en
tot allò que afecti a les seves competències. A la seva pàgina web es pot
trobar una descripció més acurada de la seva tasca, molt lligada al
contingut de la moció. Per tant, seria lògic demanar a l’Agència la
rendició de comptes de la tasca desenvolupada al llarg d’aquest
primer any i fer una valoració del grau de compliment dels objectius,
algun dels quals coincideix amb els punts de la moció.


En tercer lloc, el desembre de 2011, per encàrrec del
Consejo Superior de Deportes, un grup de treball de la Comissió de
control i seguiment de la salut i el dopatge, format per diversos experts
de l’àmbit mèdic, jurídic, esportiu i de les administracions
autonòmiques, van presentar una proposta de sistema de reconeixements
mèdics per a la pràctica de l’esport, el que coincideix amb el punt
número 2 de la moció.









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Aquesta proposta es base en un estudi previ de base
científica i jurídica, en el que prioritza com a objectiu principal,
disminuir la mort sobtada dels esportistes. Tot i que aquest sistema de
revisions mèdiques va orientat a la prèvia obtenció de llicència
esportiva, també indica que la seva aplicació es pot estendre a qualsevol
altre tipus d’esportistes.


Sobre la mort sobtada s’han fet estudis a diversos
països del món, també a Espanya, i a tots ells es coincideix en la falta
d’evidència clara sobre l’origen o causes que el
desencadenen. Això comporta, i així s’indica a la proposta del
sistema de reconeixements mèdics, mantenir les investigacions sobre les
causes que desencadenen la mort sobtada creant un registre nacional.
Primer punt de la moció.


També fa incidència en la millora de l’ús de
reanimació cardiopulmonar ja que tots els estudis demostren que
l’actuació immediata proporcionant reanimació cardiopulmonar
augmenta considerablement l’índex de supervivència. En aquest
sentit el Reial Decret 641/2009 estableix que el Consejo Superior de
Deportes, conjuntament amb les comunitats autònomes, determinarà com han
de ser l’assistència sanitària pública dispensada als esportistes,
i els dispositius mínims que han d’existir a les competicions amb
la participació —com no podia ser d’altra manera— de
les federacions esportives. I això podria donar resposta al que es demana
en el punt número 3 de la moció.


Pel que fa als reconeixements mèdics i en compliment de
l’esmentat decret, es recull tant el document de les guies de
pràctica clínica de la societat espanyola de cardiologia com les
recomanacions de la Federació Espanyola de Medicina de l’Esport,
definint una proposta de reconeixements tenint en compte tant
l’esportista —sexe, edat, antecedents— com
l’esport que ha de realitzar.


Es proposta, al respecte, incloure
l’electrocardiograma de 12 derivacions que, en cas de donar
positiu, obligaria a la realització d’altres proves complementàries
com ara l’eco doppler, prova d’esforç, etc. I, en última
instància, s’indiquen els casos en els quals s’ha de
contraindicar la pràctica de l’esport, cosa que podríem relacionar
amb el punt número 4 i 5 de la moció.


I, a mode de resum, en les recomanacions finals, suggereix
la posada en funcionament d’un registre oficial de mort sobtada de
l’esportista a l’Estat, que el Consejo Superior de Deportes i
les comunitats autònomes estableixin els dispositius mínims
d’assistència sanitària, la formació dels diferents agents
esportius en reanimació cardiopulmonar i que es faci un seguiment del
sistema proposat, amb avaluacions, per part de tots els sectors
implicats, Ministeri de Sanitat, Consejo Superior de Deportes,
federacions esportives, i comunitats autònomes.


Per tant, estant d’acord amb l’objectiu que
persegueix la moció, i vist que hi ha molta feina feta que ens permet
disposar de les eines bàsiques per poder treballar en aquest sentit,
només cal posar-ho en pràctica. Donarem suport, una vegada més, la
tercera per ser exactes, a la moció. Esperem que qui tingui
responsabilitats de govern, allà o toqui i amb les competències que
pertoqui, actuï amb diligència i demostri que les institucions amb les
que representem a la societat estan a l’alçada de les
circumstàncies, tot i que de vegades, per oportunisme polític, es caigui
en la inoperància.


Gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, señor presidente.


Señorías, la moción que estamos debatiendo pretende en
líneas generales tomar medidas para evitar el fallecimiento súbito de los
deportistas. A grandes rasgos propone la creación de un registro de
fallecimiento súbito de deportistas, la creación de un grupo de trabajo
de expertos que analice qué medidas hay que tomar y evaluar los
resultados, regular la instalación en centros deportivos de sistemas de
reanimación cardiovascular y realizar reanimación cardiovascular a
cualquier hombre o mujer, independientemente de la edad, que practique
deporte base, federado o de alto nivel.


¿Quién no ha escuchado la frase clásica de que quien hace
deporte hace salud? Lo que nos deja realmente muy sorprendidos es cuando
recibimos la noticia de que un deportista ha muerto de forma súbita ya
que es la consecuencia contraria a la frase que acabo de mencionar.
Cuando una persona joven se cuida, se alimenta adecuadamente, no fuma,
hace deporte regularmente, tiene un estado físico óptimo y fallece
precisamente practicando una actividad deportiva se rompen todos los
esquemas. Y ese estado de impotencia ante un hecho como la muerte nos
obliga a









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tomar todas las medidas posibles para evitarlo. Por estos
motivos es prácticamente imposible no dar apoyo a una moción como esta.
Sin embargo, es necesario realizar una serie de consideraciones respecto
a lo que se pide.


En primer lugar, entendemos que los puntos 3, 4 y 5
corresponden a competencias transferidas a las comunidades autónomas, en
el caso de Cataluña a la Generalitat. Por lo tanto, debería formularse
este planteamiento en los parlamentos correspondientes. En segundo lugar,
en junio de 2013 se publicó en el BOE el redactado definitivo de la Ley
Orgánica 3/2013 de protección de la salud del deportista y lucha contra
el dopaje en la actividad deportiva. En el capítulo III se regula la
función de la Agencia Española de la Salud en el Deporte, que debe
establecer los criterios, reglamentos e investigación para garantizar la
salud en la práctica del deporte así como la coordinación con las
comunidades autónomas y las entidades locales en todo aquello que afecte
a las competencias. En su página web se puede encontrar una descripción
más detallada de su tarea, muy vinculada al contenido de la moción. Por
lo tanto, sería lógico pedir a la agencia la rendición de cuentas de la
tarea desarrollada a lo largo de este primer año y realizar una
valoración del grado de cumplimiento de los objetivos, alguno de los
cuales coincide con los puntos de la moción.


En tercer lugar, en diciembre de 2011, por encargo del
Consejo Superior de Deportes, un grupo de trabajo de la Comisión de
control y seguimiento de la salud y el dopaje formado por diversos
expertos del ámbito médico, jurídico, deportivo y de las administraciones
autonómicas presentaron una propuesta de sistema de reconocimiento médico
para la práctica del deporte, lo que coincide con el punto número 2 de la
moción.


Esta propuesta se basa en un estudio previo de base
científica y jurídica en el que se prioriza como objetivo principal
disminuir la muerte súbita de los deportistas. Si bien este sistema de
revisiones médicas va orientado a la previa obtención de licencia
deportiva, también indica que su aplicación se puede ampliar a cualquier
otro tipo de deportistas.


Respecto al fallecimiento súbito, se han realizado estudios
en diversos países del mundo —también en España—, y todos
ellos coinciden en la falta de evidencia clara en cuanto al origen o
causas que lo desencadenan. Ello comporta —y así se indica en la
propuesta de reconocimientos médicos— mantener la investigación en
cuanto a las causas que desencadenan el fallecimiento súbito, creando un
registro nacional. Punto 1 de la moción.


También incide en la mejora del uso de la reanimación
cardiopulmonar, puesto que todos los estudios demuestran que la actuación
inmediata, proporcionando esta reanimación cardiopulmonar, aumenta la
tasa de supervivencia con claridad. El Real Decreto 641/2009 establece
que el Consejo Superior de Deportes, conjuntamente con las comunidades
autónomas, determinará cómo debe realizarse esta asistencia sanitaria
pública dispensada a los deportistas y los dispositivos mínimos que deben
existir en las competiciones, con la participación —como no podría
ser de otro modo— de las federaciones deportivas. Esto podría dar
respuesta a lo que se pide en el punto número 3 de la moción.


En cuanto a los reconocimientos médicos y al cumplimiento
del citado decreto, recoge las guías de práctica clínica —también
los recoge la Federación Española de Medicina del Deporte— y define
una propuesta de reconocimientos teniendo en cuenta el deportista, su
sexo, edad, antecedentes y el deporte que realiza. En este sentido se
propone incluir electrocardiograma de 12 derivaciones, que en caso de dar
positivo obligaría a la realización de otras pruebas complementarias,
como por ejemplo eco doppler, prueba de esfuerzo, etcétera. Y en última
instancia se indican los casos en los que hay que contraindicar la
práctica deportiva. Esto enlazaría con los puntos 4 y 5 de la moción.


A modo de resumen, en las recomendaciones finales se
sugiere la puesta en funcionamiento de un registro oficial de
fallecimientos súbitos de deportistas en el Estado; que el Consejo
Superior de Deportes y las comunidades autónomas establezcan los
dispositivos mínimos de asistencia sanitaria, la formación de los
distintos agentes deportivos en reanimación cardiopulmonar y que se haga
un seguimiento del sistema propuesto, con delegaciones en todos los
departamentos implicados: Consejo Superior de Deportes y comunidades
autónomas, entre otros.


Por lo tanto, estamos de acuerdo con el objetivo de la
moción y, a la vista del trabajo hecho, hay que disponer de los medios
necesarios para poder continuar; es decir, hay que ponerlos en práctica.
Vamos a apoyar, una vez más —la tercera, para ser exactos—
esta moción, y esperamos que quien tenga responsabilidades de Gobierno,
ahí donde corresponda y con las competencias que corresponda actúe con
diligencia; y esperamos demostrar que las instituciones que









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representan a la sociedad están a la altura de las
circunstancias, si bien en ocasiones se caiga en la inoperancia por
oportunismo político.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyor
president.


Intervinc ara en condició de portaveu. M’hagués
agradat molt intervenir després d’escoltar a la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, però estic convençut i tinc una certa constància
que la seva intervenció serà a favor de la moció i a favor
d’avançar, i voldria fer un resum de sentiments.


El meu sentiment inicial és el d’agraïment pel
missatge que avui donarà aquest Senat. Ho ha dit la portaveu
d’Entesa fa un moment: aquest assumpte és reiteratiu, i tot i que
ja hi ha molta feina feta, no sempre es posa en solfa. També el portaveu
del Grup Parlamentari Basc ha dit que per tercera vegada es porta aquesta
moció a debat. És cert i la meva intervenció toca una mica la nafra del
sentit d’aquesta moció: Quin sentit té debatre per tercera vegada
aquesta qüestió en el Ple, sense parlar de totes les que ja s’ha
tractat en les comissions, en la que hi ha unanimitat, tots estem
d’acord, de vegades, després d’aprovar-se, passa allò de si
te he visto no me acuerdo? Ho dic pel Govern anterior i per
l’actual. De vegades tot es queda en paper mullat, ara que també és
cert que s’han fet coses, com ja he dit abans. Per tant, el primer
sentiment és d’agraïment, perquè des del punt de vista parlamentari
ens hem donat la mà i hem donar el missatge que els grups parlamentaris
que formen part del Senat estan preocupats per la mort sobtada i volen
instar al Govern a tirar endavant noves iniciatives, nous grups de
treball, de prevenció, de recerca, etcètera.


En segon lloc, vull agrair al Grup Popular, encara que no
ho hagi dit, que voti a favor. Serà un missatge al Govern que el Grup
Parlamentari Popular al Senat també vol avançar en aquesta línia.


En tercer lloc, vull manifestar una certa alegria.
M’alegro pels afectats, per aquelles persones que ha tingut en la
seva família a algú que ha mort per la mort sobtada, i que estan
preocupats perquè pugui succeir en altres famílies. Me n’alegro per
tota la gent, esportistes o no, afectada —800.000 persones
afectades a l’Europa Occidental, com deia anteriorment el portaveu
del Grup Parlamentari Basc—, vegin que el Senat ho recorda, i insta
i vol avançar en aquesta lluita contra la mort sobtada. I me
n’alegro pels lluitadors, per les persones que estan lluitant.


Fa pocs dies, José Durán, president de l’Associació
Espanyola contra la Mort Sobtada, em trucava per agrair la moció i em
deia que estava content, però també preocupat, perquè se senten sols,
perquè l’associació, les entitats que estan treballant en aquest
camp no compten amb el suport de les administracions en general, i no cal
entrar en el detall de quines. En general, les institucions i les
administracions no ajuden a aquelles associacions i entitats que estan
treballant per lluitar contra la mort sobtada. José Durán és el pare
d’un noi que va morir. Ell ja no pot retornar la vida al seu fill,
un esportista, un jugador de futbol del Prat de Llobregat que va morir,
però una vegada em deia sí puedo ayudar a que otros padres no pasen por
lo que yo he pasado. D’aquí que aquesta associació i que
desenvolupi aquesta tasca, encara que des de la soledat.


En certa manera passa això, però també sento alegria pel
fet que aquestes persones que se senten soles poden veure que la classe
política ho recorda i va avançant, poc o molt. Molt la societat civil;
menys les institucions. Per això la insistència i la reiteració
d’aquest grup parlamentari. Vull deixar clar que no pararem de
insistir fins que no veiem que es creen tots els instruments que es cal
per donar la sensació que es fa recerca i es fa prevenció en un tema que
afecta molta gent.


La mort sobtada també és notícia avui perquè al Senat
s’ha presentat una moció per Convergència i Unió; però tant se val.
Al Senat es debat la mort sobtada, i esperem que algun mitjà de
comunicació es faci ressò de la necessitat de seguir treballant, perquè
la mort sobtada és molt desconeguda. Moltes persones han sentit parlar de
la mort sobtada però no coneixen els orígens, no saben d’on ve.
Fins i tot la mort de Dani Jarque i de Diego Porta va servir,
malauradament, perquè moltes persones coneguessin una patologia estranya
que fa que un esportista pugui morir en pocs segons. Però hi ha molts
esportistes anònims, joves o no, que moren en l’anonimat i que fan
més llarga la llista de víctimes.


Hi ha un fet afegit. Deia abans que aquest missatge no
hauria de ser catastrofista. És veritat: l’esport és sa,
l’esport és positiu, l’esport és bo, La societat ha de
practicar esport. En una societat









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en la qual parlem de vegades de molta obesitat, de persones
sedentàries, de persones que no practiquen esports, és bo caminar, fer
esport adaptat a les edats i a les tipologies de les persones. Molts de
vostès són conscients que en aquest moment, per exemple, en la societat
s’ha instaurat una modalitat esportiva: els esports extrems. Hi ha
moltes persones que lluiten contra si mateixes i que busquen el límit de
si mateixes, i la mort sobtada, de vegades, els barra el camí.


A Catalunya, per exemple, hi ha els ironman —i és una
realitat positiva, de projecció del país; a Calella celebrarem en breu un
dels esdeveniments més importants en aquesta modalitat que, sortosament,
cada vegada té més practicants; però precisament per això cal comptar amb
la prevenció, cal fer molta prevenció. I avui aquesta moció demana
precisament això: que s’estudiïn els límits de la gent, que vegem
qui pot practicar esport i qui no. Persones que pateixen un problema
cardiopulmonar poden fer un altre esport, no acaba per a ells
l’esport, però cal dir-los què poden fer, com fer-ho i fins on
poden arribar.


Per tant, per acabar, ja ho ha dit el portaveu i ho
reitero, m’agradaria que no fos una moció de bla, bla, bla; que no
fos una moció que formés part d’un llibre gran, gran, gran, que
quan es parlés de la història d’aquest país tinguéssim un llibre
sol de la mort sobtada que digués: durant tants anys els parlamentaris,
els polítics espanyols, al Congrés i al Senat van fer tantes
intervencions, van plantejar tantes mocions i tantes iniciatives, i, no
obstant això, no es va fer pràcticament res. No acumulem, doncs, paper
parlamentari; no acumulem iniciatives; no aprovem coses que només siguin
per formar part dels arxius històrics, sinó que siguin una realitat.


Jo espero i desitjo que de la mort sobtada ja no parlem
més, o que en parlem poc, o que en parlem en positiu; que un dia, dins
d’un any, dos o tres, fem una valoració i diguem: Que bé! Aquesta
ampolla mig buida és plena, i això només vol dir voluntat política, de
tots, dels que governen ara i dels que governaran en el futur, i si això
és així, ens ho agrairà molta gent, sobretot aquelles famílies que han
arribat tard, que han perdut fills, marits, esposes, filles, que veuran
que no han estat morts inútils, perquè la classe política ha recollit el
testimoni i ha iniciat una cursa i ha arribat a la meta per, d’una
manera o altra, vèncer aquesta patologia.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo en condición de portavoz. Me hubiera gustado
mucho intervenir después de escuchar a la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, pero estoy convencido y me consta que su
intervención será a favor de la moción y a favor de avanzar.


Quisiera hacer un resumen de sentimientos. Mi sentimiento
inicial es el de agradecimiento por el mensaje que hoy va a dar este
Senado. Lo ha dicho la portavoz de Entesa hace un momento: este asunto es
reiterativo y, aunque ya hay mucho trabajo hecho, no siempre se concretan
las cosas. También el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco ha dicho que
por tercera vez se trae esta moción a debate. Es cierto, y mi
intervención pone el dedo en la llaga del sentido: ¿Qué sentido tiene
debatir por tercera vez esta cuestión —sin referirnos a todas las
que ya se ha tratado en las comisiones— sobre la que hay
unanimidad, todos estamos de acuerdo, pero, después de que se aprobó, si
te he visto, no me acuerdo? Lo digo por el Gobierno anterior y por el
actual. A veces todo se queda en papel mojado, aunque también es cierto
que se han hecho cosas, como ya he dicho antes. Por lo tanto, el primer
sentimiento es de agradecimiento, porque desde el punto de vista
parlamentario nos hemos dado la mano y vamos a lanzar el mensaje de que
grupos parlamentarios que forman parte del Senado están preocupados por
la muerte súbita y quieren instar al Gobierno a sacar adelante nuevas
iniciativas, nuevos grupos de trabajo de prevención, de investigación,
etcétera.


En segundo lugar, quiero agradecer al Grupo Popular, aunque
no lo haya dicho, que vote a favor. Por tanto, será un mensaje al
Gobierno de que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado también
quiere avanzar en esta línea.


En tercer lugar, quiero manifestar una cierta alegría. Me
alegro por los afectados, por aquellas personas que, habiendo tenido en
su familia a alguien que ha fallecido por muerte súbita, están
preocupados porque pueda suceder en otras familias, fueran deportistas o
no —800 000 personas afectadas en la Europa Occidental, como decía
anteriormente el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco—, vean que
el Senado recuerda, insta, quiere avanzar en esta lucha contra el
fallecimiento súbito. Por tanto, me alegro por las personas que
luchan.









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Hace pocos días, José Durán, presidente de la Asociación
Española contra la Muerte Súbita, me llamaba para agradecer la moción y
me decía que estaba contento, pero también preocupado, porque se sienten
solos, porque la asociación, las entidades que están trabajando en este
campo no cuentan con el apoyo de las administraciones en general, y no
hace falta entrar en el detalle de cuáles. En general, las instituciones
y las administraciones no ayudan a aquellas asociaciones y entidades que
están trabajando para luchar contra la muerte súbita. José Durán es el
padre de un chico que falleció y, aunque ya no puede devolver la vida a
su hijo, un deportista, un jugador de fútbol del Prat de Llobregat, me
decía en una ocasión que sí puede ayudar a que otros padres no pasen por
lo que él pasó. De ahí que fundara esta asociación y que desarrolle esta
tarea, aunque desde la soledad.


En cierto modo sucede esto, pero también siento alegría por
el hecho de que estas personas que se sienten solas pueden ver que la
clase política avanza, poco o mucho. Se ha citado a la sociedad civil;
tal vez avanzamos menos en las instituciones. Por eso la insistencia y la
reiteración de este grupo parlamentario. Quiero dejar claro que no vamos
a cesar en nuestro empeño, no vamos a dejar de insistir hasta que no
veamos que se crean todos los instrumentos que se precisan para dar la
sensación de que se investiga y se hace prevención respecto a una
cuestión que afecta a muchas personas.


La muerte súbita también es noticia hoy porque en el Senado
se ha presentado una moción por Convergència i Unió; pero tanto da. En el
Senado se debate la muerte súbita, y esperamos que algún medio de
comunicación se haga eco de la necesidad de seguir trabajando, porque la
muerte súbita es muy desconocida. Muchas personas han oído hablar de la
muerte súbita pero no conocen los orígenes, no saben de dónde viene. La
muerte de Dani Jarque y de Diego Puerta sirvió, desgraciadamente, para
que muchas personas conocieran una patología extraña que hace que un
deportista pueda fallecer en pocos segundos. Pero hay muchos deportistas
anónimos, jóvenes o no, que mueren en el anonimato y que hacen más larga
la lista de víctimas.


Decía antes que este mensaje no debería ser catastrofista.
Es cierto que el deporte es sano, que el deporte es positivo, que el
deporte es bueno y que la sociedad debe practicar deporte. En una
sociedad en la que hablamos a veces de mucha obesidad, de personas
sedentarias, de personas que no practican deportes, es bueno caminar,
hacer deporte adaptado a las edades y a las tipologías de las personas.
Muchos de ustedes son conscientes de que en este momento, por ejemplo, en
la sociedad se ha instaurado una modalidad deportiva: los deportes
extremos. Hay muchas personas que luchan contra sí mismas y que buscan el
límite de sí mismas, y la muerte súbita, a veces, les frena el
camino.


En Cataluña, por ejemplo, hay ironman —y es una
proyección positiva del país—; en Calella vamos a celebrar en breve
uno de los acontecimientos más importantes en esta modalidad que, por
suerte, cada vez tiene más practicantes; pero precisamente por eso hay
que contar con la prevención, hay que hacer mucha prevención. Y hoy esta
moción pide precisamente eso: que se estudien los límites de las
personas, que veamos quién puede practicar deporte y quién no. Personas
que sufren un problema cardiopulmonar pueden hacer otro deporte, no
termina para ellos el deporte, pero hay que decirles qué pueden hacer,
cómo hacerlo y hasta dónde pueden llegar.


Por lo tanto, para finalizar —lo ha dicho el portavoz
y lo reitero—, me gustaría que no fuera una moción de bla, bla,
bla; que no fuera una moción que formara parte de un libro grande, que
cuando se hablara de la historia de este país tuviéramos un libro solo de
la muerte súbita que dijera: durante tantos años los parlamentarios, los
políticos españoles, en el Congreso y en el Senado hicieron tantas
intervenciones, plantearon tantas mociones y tantas iniciativas, y, sin
embargo, no se hizo prácticamente nada. No acumulemos, pues, papel
parlamentario; no acumulemos iniciativas; no aprobemos cosas que solo
sean para formar parte de los archivos históricos, sino que sean una
realidad.


Yo espero y deseo que de la muerte súbita ya no hablemos
más o que hablemos poco, o que hablemos en positivo; que un día, dentro
de un año, dos o tres, hagamos una valoración y digamos: ¡Qué bien! Esa
botella medio vacía está llena, y eso solo significa voluntad política de
todos, de los que gobiernan hoy y de los que gobernarán en el futuro, y
si esto es así, nos lo agradecerán muchas personas, sobre todo aquellas
familias que han llegado tarde, que han perdido hijos, maridos, esposas,
hijas, que verán que no han sido muertes inútiles, porque la clase
política ha









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recogido el testigo y ha iniciado una carrera y ha llegado
a la meta para, de un modo u otro, vencer a esta patología.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Álvarez Villazán.


El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.


Los ciudadanos que estén viendo esta sesión o los que lean
las actas pueden sorprenderse de que por tercera vez consecutiva, como
señalaba antes, traigamos aquí una moción en la que todos decimos que
estamos de acuerdo y que todos vamos a apoyar, como hemos manifestado.
Probablemente no se lo expliquen, porque es cierto —como ha
señalado muy bien la senadora Sequera enumerando una serie de actuaciones
que se están realizando en estos últimos años— que desde que se
presentó la primera moción hasta ahora, tanto con el Gobierno anterior
como con el actual, se han realizado actuaciones importantes en este
sentido, y el equipo de cardiología del Consejo Superior de Deportes
viene realizando desde hace años una excelente labor.


Por eso, señor Maldonado, yo insistía antes
—analizando qué había ocurrido para que no se hubiera cumplido todo
esto que se pide, o qué podríamos añadir a esta moción para que fuera
algo diferente a las anteriores— en que para forzar a todas las
administraciones y a todas las entidades que tienen instalaciones
deportivas a cumplir con esta normativa y a aportar todo lo que puedan
para evitar este tipo de situaciones, sería importante concretar que
tiene que haber una ayuda técnica y una ayuda financiera. No obstante,
espero que mis previsiones no se cumplan, lo deseo de todo corazón, que
no tengamos que volver a repetir esta moción y que las actuaciones que se
lleven a cabo desde ahora sean fundamentalmente positivas y supongan un
gran avance.


Es verdad, y usted lo decía antes, que no debemos alarmar a
la población, pero también es verdad que es un problema que afecta a un
importante número de personas, y se ha creado una cierta alarma social
porque, aunque parezca sorprendente, afecta especialmente a jóvenes, a
deportistas bien entrenados que por su actividad física nadie podría
sospechar que iban a tener algún problema, y menos uno tan grave que
incluso puede provocar la muerte. Estamos acostumbrados, como se ha dicho
aquí, a escuchar recomendaciones de todos los expertos deportivos y de la
medicina convenciendo a toda la población de que el deporte a cualquier
edad es totalmente beneficioso, porque produce cambios positivos en
nuestro organismo, porque evita enfermedades, etcétera. Por eso los casos
de muerte súbita en deportistas, sean muchos o pocos, causan entre la
gente un gran estupor.


Hay que reconocer que la muerte —como ya se ha
dicho— de Dani Jarque o de Antonio Puerta pudieron ser un revulsivo
o un detonante que hizo que algunos clubes tuvieran que plantearse unas
nuevas estrategias para prevenir y diagnosticar qué podía producir la
muerte súbita y unirse a los esfuerzos que, como antes he señalado, viene
realizando desde hace años el grupo de trabajo de cardiología deportiva
del Consejo Superior de Deportes.


Nadie parece entender que el ejercicio físico intenso pueda
desencadenar un infarto de miocardio, pero lo cierto es que en España hay
miles de personas que tienen algún incidente relacionado con este tipo de
sucesos. Son personas que tienen enfermedades del corazón no detectadas.
Aunque cueste creerlo, es evidente que la práctica deportiva intensa sí
es un factor que incrementa sensiblemente el riesgo de sufrir la muerte
súbita, como lo prueban los entre 100 y 120 fallecimientos que se
producen al año por esta causa entre deportistas de alto nivel en nuestro
país.


En este sentido hace poco se ha publicado en la prensa un
informe del estudio Carola, de Suecia, que pone de manifiesto que un
exceso de actividad física va en detrimento de la salud cardiovascular y
que favorece el desarrollo de factores que desencadenan la muerte súbita.
Lo cierto es que la mayoría de los pacientes que sufren una muerte súbita
padecen un problema cardíaco que no les han detectado o alguna alteración
genética que les ha provocado una muerte súbita eléctrica. Por tanto,
adoptar medidas para intensificar los reconocimientos médicos específicos
exhaustivos y habituales, un estudio genético que desvele posibles
cardiopatías congénitas, detectar si otros familiares han sufrido este
problema, todo ello será altamente positivo para prevenirlo.









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Y todos los expertos coinciden también en que quizá lo más
importante para prevenir la muerte súbita asociada con el deporte es la
prevención, que debe consistir —como ya se ha señalado también aquí
y como se pide en la propia moción— en el reconocimiento
cardiológico preparticipación deportiva; instauración de mecanismos
necesarios para una resucitación cardiopulmonar y la desfibrilación, y la
elaboración de registros nacionales en los que queden reflejados todos
estos casos.


La muerte súbita es, por desgracia, un fenómeno constatado
y en estrecha relación con la actividad deportiva, por lo que es
fundamental la identificación de los sujetos con riesgo, lo que permitirá
apartar a los que sea necesario de la práctica deportiva y reducir el
riesgo. Ya sé, por supuesto, que los desfibriladores están instalados en
todos los centros deportivos del Consejo Superior de Deportes, lo he
dicho antes al defender nuestra moción, pero es imprescindible que se
instalen también en todos los centros e instalaciones deportivas, sea
cual sea su titularidad. Y deberíamos insistir no solamente en que se
instalen sino también en que se prepare adecuadamente a la gente que está
más próxima a los desfibriladores, porque estamos hablando de la salud,
estamos hablando de salvar vidas, y no podemos pensar que siempre tiene
que haber un médico o personal especializado en medicina para que pueda
manejar estos instrumentos. En ese sentido, existen ya iniciativas, como
las del Proyecto salvavidas, a las que se han unido recientemente 2
grandes equipos de rugby de mi ciudad, Valladolid: Quesos Entrepinares y
El Salvador, que ofrece la posibilidad de formar a deportistas que
participen en actividades federadas en reanimación cardiopulmonar básica.
Por eso insisto en nuestra enmienda en que para que estas personas puedan
estar preparadas hace falta que se dote también a las instituciones de
mecanismos técnicos y financieros para que lo puedan realizar.


Por tanto, y termino ya, lo que procede ahora es instar al
cumplimiento de la moción para que se pueda garantizar la existencia de
todo este material que puede evitar la muerte súbita en todos los
centros, sean del Estado —que ya lo hay—, de las comunidades
autónomas o particulares. Espero que no tengamos que volver a debatir de
nuevo esta moción, porque la importancia de lo que estamos pidiendo hace
que no se tenga que volver a traer al Senado otra vez.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez
Villazán.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Torres Sánchez.


La señora TORRES SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. Buenos
días.


El Grupo Parlamentario Popular agradece al Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y particularmente
al compañero Maldonado, que hoy volvamos a tratar un asunto de sumo
interés para todos por el grado de impacto e incredibilidad que le rodea,
puesto que nos cuesta comprender que una persona aparentemente sana pueda
morir mientras muestra una gran vitalidad en su práctica deportiva
habitual, causando un efecto devastador en la familia del deportista, en
sus compañeros y en toda la sociedad.


Quiero destacar la satisfacción que me produce que con la
aprobación de esta moción se demuestre el grado de responsabilidad y
sensibilidad que la problemática requiere, y por eso me uno al
agradecimiento realizado por el señor Maldonado.


A modo anecdótico, permítanme que señale que el primer caso
documentado de muerte súbita en la historia fue la del soldado griego
Filípides, quien corrió desde Maratón a Atenas para anunciar la victoria
militar sobre los persas, cayendo fulminado tras contar la noticia. Según
ha analizado el reciente congreso de la Sociedad Europea de Cardiología,
hay más de 30 000 muertes súbitas al año, siendo la práctica deportiva
intensa un factor que incrementa sensiblemente el riesgo de
producirla.


La moción objeto de debate pone sobre la mesa una serie de
recomendaciones para el estudio, atención y tratamiento de esta
problemática, dirigidas siempre a la prevención. Asumo la responsabilidad
que en este momento tengo para informar sobre las aportaciones realizadas
por el Gobierno de España, y es preciso citar, como digo, las medidas que
se están tomando o los planteamientos del Consejo Superior de Deportes en
esta materia.


En primer lugar, seguir trabajando en la puesta en
funcionamiento de un registro de muerte súbita del deportista; hay que
ser conscientes de que la puesta en marcha de este registro supone, por
un lado, un cuidadoso estudio científico de muestras biológicas desde
diferentes puntos de









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vista para mejorar así el conocimiento científico y
reconocer de forma precoz a los potenciales candidatos, y por otro,
supone una amplia experiencia en el diagnóstico, seguimiento y
tratamiento de las cardiopatías que se asocian a la muerte súbita. Por
ello el Consejo Superior de Deportes inició los trabajos necesarios para
que este estudio se llevara a cabo en colaboración con el Ministerio de
Justicia, y el propio Ministerio de Justicia ya ha indicado que, en
colaboración con el Consejo Superior de Deportes, está trabajando
directamente en 2 aspectos: el primero es la elaboración de un protocolo
de comunicación con los familiares a efectos preventivos, y es que entre
las posibles causas está la muerte cardíaca súbita de carácter genético,
que produce un fuerte impacto familiar y social, no solo por el
fallecimiento en sí, que también, sino por el riesgo que supone que
idéntica dolencia la puedan sufrir otros familiares, y el segundo es la
elaboración de este registro a nivel nacional de muerte súbita.


Esto se traduce en las siguientes actuaciones, que ya son
una realidad: el comienzo de los estudios en el ámbito interno del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y la convocatoria
de todos los directores de los institutos de medicina legal y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses a una jornada de
trabajo, en la que participaron representantes de varias instituciones,
como el Consejo Superior de Deportes, y en la que se estudió a fondo el
asunto por los expertos y se marcaron una serie de estrategias.


¿Cuál ha sido el resultado? El resultado es que a día de
hoy podemos afirmar que el Ministerio de Justicia está elaborando un
borrador de un posible estudio normativo, así como de los estudios
pertinentes para proceder a la modificación de la normativa aplicable,
esto es a la Orden JUS/1291, de 13 de mayo, por la que se aprueban las
normas para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por
el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.


A mayor abundamiento, seguimos marcando nuevas actuaciones,
y hay que señalar que recientemente se ha creado el Consejo Médico
Forense como órgano consultivo en materia forense a nivel nacional, que
representa a todo el colectivo, tanto a administraciones autonómicas como
a la estatal, órgano que indudablemente aportará una mayor agilidad y
eficacia a propuestas médico-forenses que puedan afectar a todo el
territorio del Estado, como es el caso que nos ocupa. Quiero añadir
también que el Consejo Superior de Deportes está trabajando conjuntamente
con el Ministerio de Justicia para el establecimiento de un convenio
específico en relación con la muerte súbita en el deporte que permita la
obtención de estadísticas oficiales al respecto.


En definitiva, y en referencia a este punto 1, queda claro
la convicción y el deseo de este Gobierno de hacer realidad este proyecto
y de articular los mecanismos necesarios para trabajar en esta
problemática de muerte súbita.


El punto 2 pide la creación de un grupo de trabajo, lo que
debe pasar obligatoriamente por la puesta en marcha del estudio
mencionado.


Respecto a las políticas de prevención de la muerte súbita
en los deportistas, y en lo que se refiere a la normativa necesaria sobre
disposición de material de reanimación cardiopulmonar, hay que destacar,
como también lo ha hecho la compañera del Grupo Entesa, la reciente Ley
Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista
y de la lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. Particularmente
me quiero remitir al Capítulo III, protección de la salud, que prevé que
la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, en
colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales,
defina los elementos, medios, material y personal necesarios para
contribuir a una práctica deportiva más segura en todas las instalaciones
deportivas en función de sus respectivas características.


En el ámbito de la detección precoz, teniendo como
antecedentes el sistema de reconocimientos médicos aprobado el año 2012,
hay que dejar sobre la mesa las actuaciones que ya se han llevado a cabo.
Me vuelvo a remitir a la Ley Orgánica 3/2013, particularmente a sus
artículos 46, 47 y 48, que reflejan medidas específicas mínimas de los
reconocimientos médicos, que además se complementan con el
establecimiento de un plan de ayuda a la salud en el ámbito de la
actividad deportiva. ¿Para qué? Para determinar los riesgos comunes y
específicos, así como las medidas de prevención, conservación y
recuperación que puedan resultar necesarias en función de los riesgos
detectados en los deportistas.


Quiero también hacer hincapié en que se hace especial
referencia a colectivos como mujeres, menores de edad y personas con
discapacidad en cuanto a la atención de las necesidades que estos
colectivos demandan en su práctica deportiva.









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También hay que reseñar que actualmente en el Centro de
Medicina del Deporte del Consejo Superior de Deportes se realizan
reconocimientos médicos deportivos de carácter exhaustivo en lo relativo
al sistema cardiovascular, pudiendo prestar servicios a deportistas
federados de todas las comunidades autónomas.


Finalmente, y respecto a las medidas de apoyo a menores,
hay que decir que en los próximos días se va a publicar una guía clínica
que versa sobre el reconocimiento cardiovascular previo a la práctica
deportiva en la edad pediátrica.


Por tanto, se están poniendo los cimientos necesarios, se
está avanzando para hacer realidad lo ya consensuado en el año 2010. Así,
el Grupo Parlamentario Popular votará a favor de la propuesta sobre la
base de las medidas indicadas y que demuestran la apuesta firme del
Gobierno por la salud de nuestros deportistas, no solo de aquellos de
élite, de alto rendimiento o alta competición, sino también del
deportista en general con el fin de llegar a conocer mucho más la
realidad de la muerte súbita en los deportistas, y sobre todo, con el
deseo de que se pueda llegar a reducir el número de afectados.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Torres
Sánchez.


Señorías, del contenido de las intervenciones se podría
deducir que esta moción puede aprobarse por asentimiento.


¿Están todos los grupos parlamentarios de acuerdo con ello?
(Asentimiento).


Muchas gracias. Queda, pues, aprobada por asentimiento.
(Aplausos).


7. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


7.1. CONOCIMIENTO DIRECTO


7.1.1. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA
RATIFICACIÓN DE LAS ENMIENDAS AL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL, RELATIVAS A LOS CRÍMENES DE GUERRA Y AL CRIMEN DE
AGRESIÓN, HECHAS EN KAMPALA EL 10 Y 11 DE JUNIO DE 2010. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


(Núm. exp. 621/000084)


El señor presidente da lectura a los puntos 7., 7.1. y
7.1.1.


El señor PRESIDENTE: A este proyecto de ley no se han
presentado enmiendas ni propuestas de veto.


¿Turno a favor? (Denegaciones).


¿Turno en contra? (Denegaciones).


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Señor presidente, si me lo
permite, intervendré desde el escaño. (La señora vicepresidenta, Vicente
González, ocupa la Presidencia).


Mi grupo parlamentario ha respaldado en el Congreso, y lo
volverá a hacer en este Pleno del Senado, el proyecto de ley sin
prejuicio de que hagamos algunas consideraciones en torno a una realidad
que no es en ningún caso satisfactoria. No podemos rechazar, porque lo
compartimos, que el proyecto defina el crimen de agresión, que aclare la
consideración como crimen de guerra el uso de determinado tipo de
munición o sustancias venenosas.


Sin embargo creemos que esta reforma, estas enmiendas al
Estatuto de Roma de la Corte Penal no resuelve otras cuestiones. En
ningún caso contribuye a compensar el paso atrás que dimos en nuestro
país con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dejando el
principio de justicia universal prácticamente en un cascarón vacío en
nuestro ordenamiento jurídico, ni el hecho de que la realidad demuestre
cada día que la Corte Penal Internacional, aun siendo un avance sobre lo
que hasta entonces había sido en muchos casos la aplicación de la
justicia por los vencedores, a día de hoy tiene un desarrollo
absolutamente insuficiente que hace que acabe siendo una Corte Penal
Internacional fundamentalmente para los criminales y genocidas del tercer
mundo. A la vista de la experiencia de su funcionamiento parece que solo
los tiranos africanos tienen









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posibilidades de acabar ante esta Corte Penal
Internacional. Esta no va a enjuiciar, a pesar de que con esta reforma se
establezca la definición del principio de agresión, lo que en el año 2003
fue una clara invasión de Irak; tampoco va a permitir enjuiciar los
crímenes contra la humanidad denunciados por el Alto Comisionado de
Naciones Unidas que recientemente se han producido en Gaza.


Por tanto, apoyo y respaldo esta reforma, pero sin ningún
tipo de pirotecnia entusiasta ni festiva.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señora
presidenta.


Hablamos principalmente de la autorización para ratificar
una serie de enmiendas al Estatuto de Roma, de la Corte Penal
Internacional, relativas a los crímenes de guerra y al crimen de
agresión. Podríamos cuestionar que la Corte no ejerza, quizá, uno de los
elementos importantes de lo que hoy estamos valorando y es que podamos
cuestionar cuándo entra en vigor, es decir, siempre y cuando más de 30
Estados ratifiquen dichas enmiendas, con lo cual, como sus señorías saben
y conocen, sería el 1 de enero de 2017. Quizá es demasiado tiempo en
estos días de política rápida y cuanto más cercana mejor; desde que se
aprueban el 10 y el 11 de junio de 2010 en Kampala hasta que entren en
vigor en 2017 verdaderamente son muchos años para entender que es un
tribunal creado por la comunidad internacional para enjuiciar a los
autores de los crímenes más graves de derecho internacional, como son los
de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y esta nueva
idea que introducimos en este documento, como son los crímenes de
agresión. (Rumores).


Desde luego, apoyaremos las enmiendas de Kampala porque
entendemos que así se cierra una de las lagunas jurídicas que contenía el
Estatuto de Roma. Y digo una porque, evidentemente, contiene muchas que
nosotros queremos poner aquí a debate y reflexionar sobre ellas.


Es evidente que el Estatuto de Roma es un instrumento para
quienes apostamos por la justicia como consolidación de la paz, y podemos
decir que la Corte Penal Internacional nació, primero, con una vocación
de permanencia y, segundo —y esto es un tema muy importante que nos
tiene que sonar—, con una vocación de universalidad.
Indudablemente, choca con la insistencia de determinados Estados a
incluir en el Estatuto de Roma lo que después además lograron, que fue su
artículo 16, de suerte y manera que el Consejo de Seguridad pueda
cuestionar una investigación o pueda cuestionar y paralizar un
enjuiciamiento —y estoy hablando de países como Estados Unidos o
Israel—. Tal y como manifestó el profesor Gutiérrez Espada,
probablemente sea la primera vez que los Estados Partes en un tratado
internacional de esta magnitud consienten expresamente que un órgano
político, como es el Consejo de Seguridad, pueda forzar a un tribunal de
justicia internacional a suspender una investigación en proceso.
(Rumores).


El artículo 16, tal como les he citado, no hace otra cosa
sino asumir la tesis de quienes mantienen que ante una situación de
enfrentamiento entre dos valores confrontados, como el de la paz y el de
la justicia, sea preciso que ceda este último a favor del primero, es
decir, que ceda la justicia a favor de la paz, algo similar a lo que está
ocurriendo en el Estado español, y hablo de la memoria histórica, que
prefieren olvidar los más de 150 000 desaparecidos que quedan en las
cunetas antes de aplicar la justicia. Y la pregunta es: ¿es posible la
consecución de un acuerdo de paz, es posible conseguir un acuerdo de paz
sobre miles y miles de víctimas, es posible? (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías,
guarden silencio para que se pueda oír bien al portavoz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Me gustaría afirmar que el
Estatuto de Roma va a evitar que sanguinarios ultrajadores de la vida y
la democracia sean glorificados por la historia oficial como grandes
líderes políticos y militares, teniendo reconocimientos públicos en
plazas, calles y monumentos, pero la guerra sigue teniendo, por
desgracia, un amplio reconocimiento social —para los vencedores
sobre todo, y no hay nada más que ver el último ejemplo en Israel—
y se tienden a disculpar cualesquiera actos de violación o aniquilación
que sirvan para defender a un









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pueblo o a una postura política de su enemigo. Los
criminales penados por la Corte Penal Internacional han sido muy pocos.
Y, ¡oh casualidad!, la mayor parte, por no decir todos, han sido en
África. Podríamos decir que la Corte Penal Internacional es una especie
de jurisdicción universal aplicada a África. Por tanto, la misma
argumentación que el Partido Popular utilizó para laminar la justicia
universal, es decir, que la aplicación en el Estado español de la
justicia universal estaba llevándose en muy pocos casos —en el de
Scilingo y alguno más, como Guatemala—, podría ser también válida
en este caso porque la Corte Penal Internacional ha penado en muy, muy
pocas ocasiones, lo cual no quiere decir que tengamos que laminar la
Corte Penal Internacional, sino todo lo contrario, que tengamos que
trabajar para que la Corte Penal Internacional sea verdaderamente una
justicia universal, una verdadera justicia global en la aplicación y en
la búsqueda de la justicia para todos los que sufren y para los que no
tienen defensa.


Como decía, nosotros no vamos a proponer la laminación de
la Corte Penal, pero sí tenemos que ser conscientes de que el Tribunal
Penal Internacional tiene una actividad demasiado escasa, y los abusos
contra los derechos humanos se siguen produciendo día a día, con lo cual
es evidente que tenemos que felicitarnos todos porque se da un pasito
más, un pequeño paso más en la búsqueda de la justicia universal, pero
todavía día a día se siguen conculcando los derechos humanos, y aún y
todo los Estados modernos llamados democráticos del siglo XXI todavía
tienen grandes lagunas para enjuiciar y encausar a los verdaderos
culpables que provocan este tipo de guerras, este tipo de crímenes, este
tipo de genocidios.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, estamos ante un proyecto de ley importante por el
fondo, como han dicho los dos portavoces que me han precedido en el uso
de la palabra, pese a que, evidentemente, la unanimidad en cuanto a la
aceptación de las enmiendas que se plantean al Estatuto de Roma va a
comportar que no haya debate. Tanto mejor, porque está claro que es
importante el consenso y la unanimidad en temas de esta trascendencia e
importancia.


Estamos ante las enmiendas a lo que en realidad es un
tratado internacional, aunque venga en forma de ley orgánica. Estamos
ante el Estatuto de Roma, la constitución de la Corte Penal
Internacional, que no son sino consecuencia tardía de lo que fueron en su
momento los tribunales de Núremberg y Tokio. Muchos años pasaron y
algunos otros tribunales especiales de por medio, como el Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional
para Ruanda o el Tribunal Penal Internacional especial para Sierra Leona,
hasta que se consiguió el acuerdo y el consenso necesario entre 160
países para aprobar y firmar el Estatuto de Roma en 1998.


Quiero remarcar que el elemento sustancial del Estatuto de
Roma y de la Corte Penal Internacional que se deriva de él es la relación
entre la idea de justicia y la idea de paz. Es imposible que haya paz si
no hay justicia. Por tanto, para garantizar la paz en el contexto
internacional es fundamental que haya justicia. Si no se hace justicia la
paz solo es el silencio muchas veces de los cementerios. Por tanto, la
Corte Penal Internacional ha sido un paso adelante muy importante, pese a
que países importantes, potencias extraordinariamente importantes como
Estados Unidos, Rusia o China solo tengan estatuto de observadores y no
hayan firmado este Estatuto de Roma. En cualquier caso, participan de los
debates, participaron de la conferencia de Kampala, donde se revisó el
Estatuto de Roma, y es importante también que se mantengan vinculados a
esta Corte Penal Internacional.


Como han dicho los senadores Iglesias y Bildarratz, lo que
se hace, porque así estaba mandatado en su momento, es tipificar los
crímenes de agresión, importante, que se añaden a los crímenes de
genocidio, de lesa humanidad y de guerra, y también se amplía el concepto
de crimen de guerra con nuevas variantes. Se incluye la agresión con
determinados tipos de proyectiles expansivos o con determinados tipos de
armas químicas en conflictos armados no internacionales. Por tanto, se
amplía la tipificación de delitos a juzgar por la Corte Penal
Internacional, lo que es









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importante después del esfuerzo que se hizo por llegar a un
consenso, que no fue fácil, en la conferencia de Kampala.


Quiero acabar mi intervención insistiendo en un tema muy
importante al que también han hecho referencia dos portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra. Me refiero a que hoy estamos
debatiendo, y posiblemente aprobaremos, este proyecto de ley orgánica que
refuerza las competencias y la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional en un momento en el que en nuestro país hemos limitado
nuestra capacidad de jurisdicción universal, en un momento en que nuestro
país, debido a la mayoría del Partido Popular, ha renunciado a poder
intervenir en casos de crímenes contra los derechos humanos, de crímenes
contra la humanidad limitando mucho la capacidad de nuestros tribunales
para actuar en ese sentido. Y es importante remarcar un aspecto: la Corte
Penal Internacional, pese a su importancia, tiene limitada su capacidad y
sus competencias pudiendo solo intervenir en casos realmente muy
extraordinarios, muy significativos o de una extrema importancia. Pero,
por desgracia, violaciones de derechos humanos, violaciones contra los
derechos de las personas en todo el mundo se producen diariamente en
infinidad de conflictos y situaciones. Es, por tanto, necesario que los
tribunales de los distintos países democráticos actúen con jurisdicción
universal complementando la capacidad de actuación de la Corte Penal
Internacional. Nuestro país de momento ha renunciado a eso. Espero que a
no tardar podamos recuperar esa capacidad para seguir avanzando en esta
idea de justicia universal, en esta idea de que la paz solo se consigue
con la justicia. En cualquier caso celebramos que hoy se pueda aprobar
este proyecto de ley que, en definitiva, responde a una aclaración y
tipificación de los delitos que se acordaron en la conferencia de Kampala
y que nuestro país respaldó en el año 2010 cuando se celebró esa
conferencia.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora
presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sedó.


El señor SEDÓ ALABART: Gracias, presidenta.


Señorías, en mi primera intervención como nuevo miembro de
esta Cámara voy a ser breve; espero que no se acostumbren a esta
brevedad. A pesar de que no se han presentado enmiendas a este proyecto
de ley y de que hay un acuerdo mayoritario entre los grupos, dado el tema
que se está tratando, creo que era importante que los portavoces de los
grupos parlamentarios tomásemos la palabra.


En el año 1989, con la caída del muro de Berlín y la
desaparición del bloque soviético finaliza una manera de entender el
mundo y las relaciones internacionales. Hay quien dice que de un mundo
bipolar se pasó a otro unipolar con la influencia de una sola gran
potencia. Puede que así fuera, pero creo que lo que empezó a finales de
la década de los ochenta del siglo pasado fue una manera diferente de
entender el mundo globalmente: la multilateralidad. En la década de los
noventa pudimos ver cómo se avanzaba y se potenciaban unas estructuras
basadas en la cooperación internacional y en la multilateralidad, y
ejemplos tenemos con las conferencias internacionales de Río, Copenhague
o Pekín en temas como la sostenibilidad o la igualdad. Empezamos con más
éxito en unos aspectos que en otros, una manera diferente de hacer las
cosas.


Pero, según mi parecer, lo que realmente cambia esta
concepción de entender el mundo, fue la adopción en 1998 del Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional, que, como saben ustedes, entró en
vigor en el año 2002. Fue una importante noticia para poder dar respuesta
internacional a los crímenes de guerra, genocidio… Y, segura y
desgraciadamente, una gran influencia en su adopción tiene la guerra de
los Balcanes y sus consecuencias y secuelas. Como saben bien, el Estatuto
de Roma establecía 3 tipos de protección: genocidio, crímenes de lesa
humanidad y crímenes de guerra. Creo que podemos felicitarnos del trabajo
de la Corte Penal Internacional en estos más de diez años de existencia,
sabiendo que ha habido y hay lagunas, y que lo que tenemos que hacer es
trabajar en su potenciación y en la generalización de su aplicación.
Justicia para todos en su requerimiento y en su aplicación para todos por
igual.









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Sin embargo, quedó un tema pendiente que el propio Estatuto
de Roma contenía, pero que no desarrollaba: los crímenes de agresión.
Hoy, con la aprobación de esta modificación del Estatuto de Roma,
enmendamos, por una parte, el artículo 8 para incorporar la penalización
del uso de un tipo concreto de armas y el uso de armas químicas y
envenenadas. Incorporamos también un nuevo artículo donde desarrollamos
el crimen de agresión. Lo definimos y, sobre todo, especificamos sus
condiciones jurisdiccionales.


La conferencia de Kampala de 2010 define el crimen de
agresión individual como la planificación, preparación, inicio o
ejecución de un acto de agresión por parte de una persona en posición de
liderazgo. Define un acto de agresión como el uso de las fuerzas armadas
por parte de un Estado contra otro sin justificación de defensa propia o
autorización por parte del Consejo de Seguridad y especifica los
diferentes actos considerados como actos de agresión. Desgraciadamente
una mirada al mundo de hoy nos da una serie de ejemplos donde el crimen
de agresión se está ejecutando en estos momentos. Por tanto, apoyamos la
modificación del Estatuto de Roma con la inclusión del crimen de
agresión. No podía ser de otra manera.


Nos hubiera gustado que el Gobierno no hubiera tardado
tanto en proponer a las Cámaras la ratificación de esta modificación,
pero hoy valoramos la importancia y la trascendencia de la decisión que
vamos a tomar.


El mundo actual, global e interdependiente no puede más que
funcionar desde la cooperación internacional y con la acción
multilateral. Hoy avanzamos un poco más en esta voluntad y el Grupo
Catalán de Convergència i Unió, y espero que toda la Cámara, nos sumamos
a ello.


Muchas gracias por su atención.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Sañudo.


El señor SAÑUDO AJA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervendré brevemente también.


En primer lugar, para anunciar nuestro voto favorable a
este proyecto de ley, como no puede ser de otra manera.


Como saben, y ya se ha comentado aquí, este proyecto de ley
tiene que ver con la ratificación por nuestro país de las enmiendas
aprobadas en Kampala en el año 2010. Estas tienen que ver —también
se ha comentado— con la ampliación de la definición de los crímenes
de guerra y la tipificación del crimen de agresión —no me voy a
extender porque lo han hecho otros portavoces—.


Es evidente que estas enmiendas amplían, enriquecen,
clarifican y actualizan los criterios que estaban establecidos en el
Estatuto de Roma. Nos alegramos sinceramente de que por fin traigan esta
ley para su aprobación. Se podía haber realizado hace mucho tiempo, en el
enunciado lo dice: se aprobó en Kampala el 10 y 11 de junio del 2010 y se
podía haber traído a esta Cámara desde enero de 2013. Ha pasado año y
medio y a día de hoy ya muchos países en Europa han estampado su firma en
este acuerdo. Porque aunque en el caso del crimen de agresión es verdad
que no entrará en vigor hasta principios de 2017, no es así con los
crímenes de guerra. Esto, evidentemente, tiene mucho que ver con la
voluntad política de este Gobierno. Como digo ya se debía haber aprobado
porque la política de gestos, pero especialmente la política de los
hechos es la que demuestra verdaderamente la voluntad de afianzar el
compromiso de nuestro país en la defensa de los derechos humanos. Es
verdad que a este Gobierno en los últimos tiempos esto le viene costando
para poder demostrarlo. Me refiero, concretamente, a la dilapidación de
la justicia universal en nuestro país. Ustedes contribuyeron con esto a
acabar con el prestigio y la referencia que nuestro país había adquirido
durante muchos años. El PP siempre lo justificaba diciendo que, para
acabar definitivamente y reducir a la mínima expresión la jurisdicción
universal en nuestro país, ya existía para estos asuntos el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional.


Pero para entender que hemos hecho justamente lo contrario
de lo que debíamos, quiero recordarles algunas de las partes de vital
importancia del preámbulo del Estatuto de Roma. Dicen algunos de sus
apartados —y es literal—: «Destacando que la Corte Penal
Internacional establecida en virtud del presente Estatuto será
complementaria de las jurisdicciones penales nacionales». Otro apartado
señala: «Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción
penal contra los responsables de los crímenes internacionales». Y uno
más, por si todavía no ha quedado suficientemente claro, dice: «Afirmando
que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad
internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que,









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a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e
intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean
efectivamente sometidos a la acción de la justicia». Esto demuestra
claramente que este Gobierno ha actuado justo al contrario de como se
debía.


Espero que la aprobación de hoy sirva también para poner
definitivamente ante la justicia a los responsables de los crímenes que
se están produciendo en el mundo, llámese Siria, Irak o la Franja de
Gaza. Por eso, además de reafirmar el apoyo del Grupo Parlamentario
Socialista a este proyecto de ley, quiero aprovechar para reclamarles una
vez más que deroguen la Ley de justicia universal que tanto daño hace a
nuestra imagen en el exterior.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Chiquillo.


El senador CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señora
presidenta.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Popular para anunciar, como no podía ser de otra manera, el apoyo de
nuestro grupo y, como grupo que apoya al Gobierno, el compromiso de
nuestro Gobierno con la autorización de la ratificación de las enmiendas
al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas a los
crímenes de guerra y al crimen de agresión, aprobadas en Kampala, Uganda,
en junio de 2010.


Como muy bien se ha dicho, el Estatuto de Roma, instrumento
constitutivo de la Corte Penal Internacional, fue adoptado en julio de
1998 y ratificado por España el 24 de octubre del 2000, entrando en vigor
en julio de 2002. Puesto que se ha hablado de la prioridad de un
Gobierno, conviene recordar quién gobernaba en octubre de 2000 y que
España fue el octavo país de la Unión Europea en ratificar ese estatuto.
Ya se dio muestras de ese primer compromiso con un documento normativo
tan importante para la justicia, para la paz y para el respeto de los
derechos humanos.


El proyecto que hoy debatimos —y me congratula que lo
apoyemos todos y cada uno de los grupos parlamentarios, como no podía ser
de otra manera; ya ocurrió en el Congreso y va a suceder hoy— ha
suscitado algunas críticas, que quiero ir desgranando por entender que
son injustas y que no vienen a cuento porque por sus hechos los
conoceréis.


Con este proyecto hoy incorporamos en nuestro ordenamiento
jurídico las dos enmiendas que se contemplan en esta modificación del
Estatuto de Roma, las resoluciones 5 y 6, que afectan al artículo 8, con
una adición al mismo y con un nuevo artículo 8 bis respectivamente,
relativos a los crímenes de guerra y la utilización de determinadas
armas, pues había un vacío legal. En cuanto a la resolución 6, se
contempla un nuevo artículo 8 bis que afecta a la definición concreta del
crimen de agresión; no aparecía definido después de realizar grandes
esfuerzos en los trabajos preparatorios que concluyeron en el año 1998,
que no cerraron una definición clara del concepto de agresión quedando
como un concepto jurídico indeterminado. Sin duda, era importante e
inaplazable, y por eso nos congratula que se haya llegado a ese acuerdo
en los foros internacionales donde se ha debatido la cuestión y en las
Cortes Generales de España.


De este Estatuto de Roma se han citado algunos de los
epígrafes. España lo apoyó y lo apoya. España tiene un firme compromiso,
igual que el Gobierno de España, con lo que marca el preámbulo y hasta la
última de sus disposiciones; lo mantiene a pies juntillas en cualquier
rincón del mundo, como no podía ser de otra manera. Algunos han hecho
referencia a si determinados países han puesto o no mucho empeño, pero yo
podría citar países a los que muchos de los grupos parlamentarios de esta
Cámara les tienen una profesión de fe digna de mención, países que ni
firmaron en 1998 ni firmaron en 2000, no ratificaron en 2010 y no quieren
oír hablar de este estatuto. Así, a vuelapluma, podría citar algunos de
esos países a los que hay grupos que les tienen un gran cariño y
veneración, como es el caso de Corea del Norte, Irán, etcétera, pero aquí
conviene no hablar.


Es muy bonito hablar sobre si España hace esto o lo otro, o
si algún socio o aliado español hace o deja de hacer, pero países
referentes de su ideología no hacen ningún caso y vulneran todos los días
los derechos humanos, pero aquí ni se citan; ni están ni se les espera.
Pero es lo que hay.


Respecto a algunas cuestiones que se han apuntado, les diré
que siempre intento aportar documentación, rigor, y con ello no seré yo
quien diga que algunos han intervenido con poco rigor,









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pero cuanto menos, con dudoso rigor con respecto al tema de
los plazos de ratificación de este documento que hoy vamos a aprobar en
Cortes Generales, de manera urgente, en lectura única, para que España
sea uno de los países delanteros en la materia.


¿Quién fue el primer país que ratificó e implementó las
enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión? Aquí han intervenido
unos cuantos portavoces y nadie lo ha citado. Fueron 15 países, pero el
primero fue un país europeo ―en mayo de 2012, 2 años después de
Kampala―, Liechtenstein, un país referente en esta materia y que
cuenta con un observatorio al respecto. No sé si alguna de sus señorías
se ha preocupado de entrar en la interesante página sobre la materia, que
también está en español.


Es una misión permanente del Principado de Liechtenstein en
Naciones Unidas, que es donde se vela por esta cuestión que entiendo que
tanto nos preocupa a todos, y hace un informe periódico anual del estado
de ratificación e implementación de las enmiendas de Kampala. El último
informe, de 30 de julio de 2014, muy reciente, habla de que Liechtenstein
fue el primer país en ratificarlo y pone encima de la mesa que lo ideal
sería que 30 países lo ratificasen antes del 31 de diciembre de 2015.


España no llega tarde. A día de hoy solo 14 países de la
comunidad internacional ―de los casi 150, como ha citado algún
portavoz que ratificaron en su momento, en 1998― han ratificado
ambas enmiendas: Samoa, Trinidad y Tobago, Luxemburgo, Estonia, Chipre,
Botswana, Alemania, Eslovenia, Andorra, Uruguay, Bélgica, Croacia,
Eslovaquia y Austria.


Es cierto que hay algunos países de la Unión Europea, pero
ese mismo informe tiene un punto B. Avances concretos, en la página 2,
que les aconsejo que lean a aquellos que han criticado que España llegara
tarde. En ese punto habla de 35 Estados de la comunidad internacional que
están comprometidos y trabajan activamente para la ratificación de las
enmiendas sobre el crimen de agresión; cita casi todos los países de la
Unión Europea y, especialmente, cita a España. (El señor presidente ocupa
la Presidencia).


Hay muchos avances concretos, pero el único país que cuenta
con un epígrafe concreto, el epígrafe 11, es España: Se prevé que el
Parlamento de España —se refiere al Congreso— concluirá su
examen de las enmiendas el 11 de agosto, allanando el camino para que
sean ratificadas en el tercer cuatrimestre de 2014.


Repito, estamos hablando de 35 países, con lo cual el
Gobierno de España está en situación de decir que España estará entre los
15 países de la comunidad internacional que ratifiquen este importante
documento, de modo que las críticas infundadas y sin argumentos de
retraso de nuestro Gobierno se caen por su propio peso, reitero, según se
desprende de este informe del único observatorio independiente que valora
la aplicación de este importante estatuto: la ratificación e
implementación de esas enmiendas de Kampala 2010. Y es más, el punto 26
de este mismo informe dice que el Parlamento Europeo, en julio de 2014,
hizo una llamada a los países que aún no habían empezado su tramitación,
entre los que no citaba a España, en la que solicitaba a los Estados
miembros de la Unión que no hubieran iniciado los pasos para la
ratificación que se dieran prisa. Y España, afortunadamente, por el
compromiso firme del Gobierno, ya había dado los pasos a mediados de
junio de 2014. Por lo tanto, ese ideal de ratificaciones de 30 antes del
1 de enero de 2016, si no llega, no va a ser por culpa de España. Pero yo
estoy convencido de que el trabajo de este observatorio y el compromiso
del Principado de Liechtenstein animará a los países a —si
pudieran— acortar los plazos, aunque, sinceramente, difícil es en
estas cuestiones, y bien lo saben sus señorías. Pero lo que sí está claro
es que el día 31 de diciembre de 2015 más de 30 Estados habrán
ratificado, entre ellos España. Y repito que estará entre los 20 países
de la comunidad internacional que habrá estampado su compromiso en algo
tan importante y con lo que está tan comprometido el Gobierno de España.
El Partido Popular en esta Cámara quiere hacer constar aquí que es
afianzar el compromiso de España, de su Gobierno y de sus instituciones
con la defensa de los derechos humanos y la labor de la Corte Penal
Internacional como organización independiente que encarna el paradigma de
justicia penal universal y que abandera la lucha contra la impunidad
frente a los más graves crímenes cometidos contra la humanidad, en todos
los rincones del mundo, empezando por Irán y por Corea del Norte y un
largo etcétera de países que ni están ni se les espera en esta
ratificación. Y aquí hay grupos parlamentarios que, día sí y día también,
nos tienen acostumbrados a jalear repúblicas bananeras.


Muchas gracias. (Aplausos).









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas. Señorías, sometemos a votación el
proyecto de ley. Les anuncio que se ha producido votación telemática. Se
ha autorizado el voto del senador don Benito Marín Torrecillas, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en sentido
positivo, voto que, como siempre, yo añadiré al resultado de la votación
que realicemos ahora en el hemiciclo.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240 más 1 voto telemático, 241; votos emitidos, 238 más 1 voto
telemático, 239; a favor, 238 más 1 voto telemático, 239.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley. En
consecuencia, queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el
Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación de las
Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas
a los crímenes de guerra y al crimen de agresión, hechas en Kampala el 10
y 11 de junio de 2010.


7.2. DICTÁMENES DE COMISIONES


7.2.1. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS
URGENTES EN MATERIA DE REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA
EMPRESARIAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 4/2014, DE 7 DE MARZO). SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


COMISIÓN: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD


(Núm. exp. 621/000085)


El señor presidente da lectura a los puntos 7.2. y
7.2.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen de
la comisión, tiene la palabra el senador López Rodríguez.


El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Intervengo para la presentación del proyecto de ley que se
somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que tuvo su
entrada en esta Cámara el día 24 de julio de 2014, fecha asimismo de su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, tramitándose
por el procedimiento de urgencia. El plazo de presentación de enmiendas
finalizó el día 4 de septiembre, presentándose un total de 1 veto y 112
enmiendas. El veto fue presentado por los senadores Guillot Miravet y
Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


Por lo que se refiere a las enmiendas, se distribuyen de la
siguiente forma: enmiendas 1 a 30 de los senadores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes del Grupo Parlamentario Mixto; enmienda 31 del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado; enmiendas 51 a 98 del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas 32 a 50 del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y enmiendas
99 a 112 del Grupo Parlamentario Socialista.


El 8 de septiembre se reunió la comisión aprobando como
dictamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados.


Finalmente, han presentado votos particulares a este
dictamen los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto, los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, así como el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, Entesa pel Progrés de Catalunya, el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y el Grupo
Parlamentario Socialista.


Buen debate. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López
Rodríguez.


Les anuncio, señorías, que esta propuesta de veto en cuyo
debate vamos a entrar no será votada hasta las 4 de la tarde. Es decir,
una vez que se termine el debate de la propuesta de veto suspenderemos la
sesión que reanudaremos a las 4 con la votación del veto.









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Comenzamos con el debate.


Propuesta de veto número 1, de los senadores Guillot y
Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


Para su defensa tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señorías, el senador Saura y yo presentamos este veto en
representación de Iniciativa per Catalunya Verds y lo hacemos por dos
razones fundamentales. La primera es porque con el redactado que nos
llega del Congreso los créditos laborales —es decir, las deudas que
empresas en dificultades tienen con sus trabajadores— quedan
desprotegidos. En segundo lugar, consideramos que no pueden tener, por
ley —y esta ley así lo recoge—, el mismo trato los acreedores
financieros sometidos a supervisión y los no sometidos a la misma.
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor GUILLOT MIRAVET: Posteriormente me extenderé en la
explicación de estos dos motivos.


Antes quisiera dejar claro que el senador Saura y yo
compartimos el objetivo de intentar dar solución a un problema real como
es la situación de riesgo de determinadas empresas que, a pesar de tener
un proyecto empresarial sólido, solvente, con producto y mercado, se ven
abocadas al cierre como consecuencia de sus deudas. Eliminar rigideces de
la actual Ley concursal, priorizar la viabilidad de la empresa y salvar
sus puestos de trabajo son, a buen seguro, objetivos que compartimos
todos los miembros de esta Cámara y más en estos momentos de crisis y
elevado paro.


El senador Saura y yo tampoco tenemos ningún reparo en
reconocer que este proyecto de ley propone medidas positivas en la
regulación del comportamiento de determinadas entidades financieras que
anteponen el cobro de sus deudas o créditos a la viabilidad de las
empresas con proyectos empresariales de futuro. Todo esto lo compartimos
y lo apoyamos. En una realidad de elevadísimo paro y de continuados
cierres empresariales, sobre todo de pymes y autónomos, bienvenida sea
toda medida que ayude a coadyuvar esta situación.


El diputado señor Caldera recordaba en el Congreso de los
Diputados que el número de empresas en concurso ha pasado de 6000 en 2010
a 9600 en 2013. La realidad es que las empresas españolas aún soportan un
alto nivel de endeudamiento. La ligera reactivación economía es frágil
—esta mañana se ha discutido en una moción—, y será gradual,
lenta, demasiado lenta para las necesidades de nuestra sociedad y
empresas. El desapalancamiento de las entidades no financieras se ha
reducido en casi 20 puntos; pero, insisto, sigue siendo altísimo, de un
110%, por lo que cualquier iniciativa legislativa que permita la
supervivencia de empresas viables pero con cargas financieras excesivas
tendrá siempre nuestro apoyo.


Entonces ¿por qué hemos presentado el veto? Lo anunciaba al
inicio de mi intervención, por dos cuestiones, a nuestro entender, muy
graves. El primer motivo de este veto es que este proyecto de ley no
protege a los trabajadores y sus derechos. Señorías, solo la
insensibilidad social de este Gobierno puede explicar que en un situación
de crisis laboral y social tan aguda como la que sufre España la
protección del sector de nuestro economía más vulnerable, la clase
trabajadora, y que con mayor intensidad está pagando los costes de una
crisis que no provocó, no sea objeto de especial atención y protección
por parte de los podres públicos. En su coherencia neoliberal —que
no les discuto—, siguen anteponiendo los intereses privados por
encima de los intereses de la clase trabajadora. Solo desde esta lógica
se entiende que ustedes no acepten la enmienda 67 que presentamos el
senador Saura y yo y que propone, sencillamente, que los créditos
laborales, las deudas con los trabajadores tengan la misma protección que
los créditos de derecho público, la misma. Entendemos que es necesario
que se asegure un mecanismo procesal que cumpla con la necesidad de
atender de forma efectiva el pago de las deudas laborales a cargo del
patrimonio empresarial, sin perjuicio de asegurar, cuando sea posible, la
propia continuidad de la empresa.


Señorías, con este proyecto de ley, la protección de las
deudas laborales empeora respecto al mismo Real Decreto Ley 4/2014 que,
en definitiva, es quien inspira su presentación.









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Si ustedes leen el punto 23, que modifica la disposición
adicional cuarta de la Ley concursal de este proyecto de ley, verán que
el Gobierno excluye de la consideración de acreedores de pasivos
financieros a los acreedores por créditos laborales. En cambio, sí que
considera acreedores de pasivos financieros a los titulares de cualquier
endeudamiento financiero, con independencia de que estén o no sometidos a
supervisión. Luego haré referencia a esta homologación de los fondos
buitre con entidades financieras supervisadas.


Señorías, la experiencia indica que la no preferencia de
los créditos laborales comporta que, transcurrido el plazo de tres meses
que la ley permite entre que se despacha la ejecución por el juzgado de
lo social, se notifica el auto al ejecutado y este presenta comunicación
de preconcurso, con la posibilidad —si presenta este
preconcurso— de suspender la ejecución, en el plazo de estos tres
meses —y esto es importante—, se produce una indefensión
total de los trabajadores que tienen créditos pendientes, que tienen
deudas pendientes, que ni tan siquiera pueden acudir al Fondo de garantía
salarial a cobrar estas deudas.


¿Y qué pasa? ¿Qué nos indica la experiencia? ¿Qué nos
indica la realidad? ¿Qué pasa cuando ya ha transcurrido el plazo de tres
meses de la situación de preconcurso? Pues que en el mejor de los casos
cobra Hacienda y la Seguridad Social, que ya han ejecutado sus deudas
—porque estas sí que están protegidas—, pero las ejecuciones
laborales ya no encuentran bienes para embargar. Resultado: los
trabajadores no cobran, debiendo asumir el Fondo de garantía salarial
—con los límites que establece la ley— el pago de estas
cantidades. Dicho de otra manera, lo que no pagan las empresas por la vía
de la ejecución lo debe pagar el Fondo de garantía salarial. Reitero que
esto es lo que pasa realmente, y para el senador Saura y para mí esto es
injusto. Y lo peor es que el Gobierno no solo conoce esta realidad, sino
que legisla empeorando más la situación, y siempre evidentemente a costa
de los trabajadores.


Señorías del Partido Popular, ya sé que a ustedes les
molesta que les acusen de insensibilidad social, pero lamentablemente
este proyecto de ley es otra muestra de esta insensibilidad. La crisis,
sus efectos, los procesos de devaluación interna, de recapitalización
para salir de la misma se han realizado y se siguen realizando
sacrificando los derechos, las condiciones de trabajo y los salarios de
la clase trabajadora. Esta afirmación no la hago por ideología, es la
constatación de la realidad. Ustedes han creído desde el minuto uno de su
Gobierno que la crisis iba a tener unos costes sociales inevitables, que
las políticas de austeridad primaban por encima de la protección de los
sectores más castigados por la crisis y que había que eliminar cualquier
traba al empresariado para conseguir relanzar la economía. Se inspiran
—y no es la primera vez que se lo digo— en un pensamiento
económico y social viejo y fracasado. Este pensamiento inspira,
lamentablemente, este proyecto de ley.


El segundo argumento que justifica el veto son las
facilidades que da este proyecto de ley a los llamados fondos buitre. No
es ningún secreto que estos fondos están invirtiendo en nuestras
empresas. Muchas empresas españolas viables están a precio de ganga.
Estos fondos están tomando posiciones en empresas con deudas para hacerse
con esos créditos financieros. La normativa que hoy van a aprobar
favorece su estrategia. Y, señorías, la literatura económica los califica
como fondos buitre no porque sí. Pero, ¿por qué los denomina así? Ustedes
recordarán que el buitre es un ave carroñera, que vive de los despojos de
animales muertos o moribundos. Pues estos fondos están intentando hacer
lo mismo, apretar a nuestras empresas, y con este proyecto de ley ustedes
lo van a facilitar.


Es por esas dos principales razones, por estas dos graves
razones que el senador Saura y yo presentamos este veto. Se lo dije al
portavoz del Partido Popular que tramita este proyecto de ley: si ustedes
me aceptan la enmienda 67, yo retiro el veto y votamos a favor de este
proyecto de ley, porque, en definitiva, el gran objetivo que tiene mi
grupo parlamentario, que tenemos el senador Saura y yo, es proteger los
intereses y los derechos de los trabajadores, proteger que las deudas
laborales que se producen en empresas, empresas en estas situaciones,
sean garantizadas. El proyecto de ley no lo garantiza, sino que empeora
respecto al Real Decreto Ley 4/2014, y esto es muy grave. Pero, como no
lo van a aceptar, lo que sí hago en esta mi primera intervención es pedir
el voto afirmativo del resto de los grupos parlamentarios.


Gràcies, senyor president.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.









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Para turno en contra, tiene la palabra el senador
Juncal.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente


Señor Guillot, usted ha hecho una exposición y, como muy
bien ha dicho, su propuesta de veto se basa en dos pilares fundamentales:
primero, en lo que, desde mi punto de vista, supone crear una
sobreprotección, con un papel más importante para los créditos laborales,
pero yo entiendo que no quedan desprotegidos, como usted ha manifestado
desde esta tribuna, se mantienen las condiciones del tratamiento de las
deudas generadas por créditos laborales según el texto de la actual Ley
concursal; y, segundo, como muy bien decía usted también, por el papel
que se da a los acreedores de pasivos financieros, a esos que usted
denomina fondos buitre, pero desde el Partido Popular entendemos que no
todos los fondos financieros no sometidos a supervisión tienen por qué
ser calificados como fondos buitre. Podríamos entender que, según la
literatura económica, cualquier fondo obviamente opera comprando una
deuda, con un indudable riesgo financiero muy importante, y que a veces,
también, incluso esa deuda proviene de entidades financieras que, en ese
proceso de refinanciación y saneamiento, quieren deshacerse de esos
créditos, vuelvo a insistir, con un riesgo importante. Comprar barato y
vender más caro es la práctica habitual del ser humano en términos
mercantiles. Pero calificarlos de buitre... Habrá algunos que
indudablemente actúen de una manera, por así decirlo, no deseable, pero
tampoco creo que se puedan eliminar, como vía de financiación, de las
empresas aquellos fondos que no están sometidos a supervisión financiera
y, por tanto, retirarlos del mercado y que las empresas no puedan acudir
a ellos a financiarse, máxime teniendo en cuenta la situación de crisis y
la dificultad de acceso al crédito.


Por lo tanto, voy a insistir —ya se lo dije— y,
en aras de una mayor agilidad en el procedimiento, le pediría que
retirara el veto porque, entre otras cosas, aparte de no tener el apoyo
del Partido Popular, ustedes presentan hasta siete u ocho enmiendas, creo
recordar, precisamente sobre estos dos puntos que inciden en el
articulado del Real Decreto Ley 4/2014. Y digo que me parece excesivo un
veto por estas dos circunstancias porque, al fin y al cabo, no dejan de
ser matices a la hora de considerar el conjunto de la reforma incluida en
este proyecto que se trae a esta Cámara. Como usted muy bien dice
—y, además, en su escrito de presentación del veto usted lo
reconoce—, este proyecto interviene en sentido positivo en la
regulación y en el comportamiento de entidades financieras. Es decir, es
beneficioso este real decreto ley que, como veremos, tiene para mí tres
pilares fundamentales en los que se desarrolla la ley, que, además del
articulado, no dejan de ser cuestiones necesarias para ajustar la
legislación; por lo tanto, creo que el veto es excesivo, vuelvo a
insistir, por estos dos puntos, como muy bien usted ha expuesto y ha
reconocido en su intervención anterior.


Usted afirma en su texto que el comportamiento de
determinadas empresas, provocado por los acreedores financieros, ha sido
el responsable de la pérdida de puestos de trabajo. Permítame decir que
no estoy de acuerdo con usted. Creo que, normalmente, todas las empresas
o todos los acreedores financieros que se ven inmersos en una situación
concursal o preconcursal el principal interés que tienen —se lo
aseguro— es cobrar la mayor parte de la deuda, que la quita sea lo
menor posible, que el plazo no se alargue, o se alargue lo menos posible,
y cobrar los intereses que les corresponda por ese capital. Por lo tanto,
el proyecto interviene en un sentido positivo. De ahí, vuelvo a insistir,
que me parezca un exceso el veto.


¿Que los créditos laborales quedan desprotegidos al no ser
excluidos expresamente del punto 4 del 5 bis de la Ley concursal? Yo no
estoy de acuerdo porque, en primer lugar, ese artículo se refiere al
deudor que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de
refinanciación, previsto en el artículo 71 y en la disposición adicional
cuarta, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio
en los términos previstos en esta ley; vuelvo a insistir, el artículo 5
en su punto 4 señala lo siguiente: desde la presentación de la
comunicación —porque lo que se pretende con este punto 4 es
homologar la situación de concurso que impide, una vez presentada la
solicitud, la ejecución de bienes o la suspensión de los embargos—
hasta que se pueda alcanzar el convenio, hasta que se pueda alcanzar el
acuerdo de refinanciación quedan paralizadas las ejecuciones y las únicas
que no quedan paralizadas, que se pueden iniciar pero que quedarán
suspendidas, son las que están afectadas por garantía real, es decir,
vulgarmente por hipotecas. Por tanto, lo que hacemos es mantener las
condiciones de no ejecutabilidad de









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ciertos bienes, que en la ley se dice claramente que son
los necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o
profesional.


Ustedes en otra enmienda, que analizaremos en el turno de
enmiendas, piden —es curioso— que se puedan ejecutar aquellos
que no son necesarios para la continuidad de la actividad empresarial. En
el turno de enmiendas le explicaré por qué no, señor Guillot. Por tanto,
no hay una desprotección, porque se paraliza. Es decir, de lo que se
trata en este proyecto de ley —vuelvo a insistir— es de dar
las garantías a la situación preconcursal de no ejecución de los bienes,
lo mismo que cuando se produce la declaración del concurso en función de
lo dispuesto en el artículo 5. Se da un margen de 3 meses, se abre un
paréntesis de 3 meses para permitir esa renegociación de la deuda, esa
firma de convenio anticipado, en definitiva, ese acuerdo, o bien iniciar
el concurso porque no se ha llegado a las condiciones de convenio. En
consecuencia, no se produce, como usted apunta, una desprotección de los
créditos laborales en esa situación. Obviamente, podríamos abrir el
debate, pero no es cuestión, sobre cuál es el tratamiento de los créditos
laborales, de los créditos financieros, de los acreedores comerciales o
de la Hacienda pública.


¿Por qué hay ese matiz? Parece que usted solicita el mismo
tratamiento que la Hacienda pública. Yo creo que hay que ir al objeto del
crédito, es decir, el crédito laboral se produce por la venta de trabajo
de la fuerza laboral, del mercado de trabajo, dentro del ámbito de una
empresa; en la financiera se produce un préstamo con el deudor; y los
comerciales obviamente se refieren a las operaciones de tráfico. Pero
¿cuál es el crédito en la Hacienda pública? En la mayoría de los casos, y
en la parte más importante del crédito de la Hacienda pública, no es como
producto o contraprestación de nada, sino que simplemente puede haber una
parte de crédito fiscal o de créditos contra la Hacienda pública por
deudas fiscales del impuesto sobre sociedades, del IBI, etcétera. En
créditos por el impuesto sobre sociedades, en que estas empresas se
encuentran en situación preconcursal o concursal, no suelen ser
cantidades importantes. De donde viene la mayor parte de ese crédito es
por la función que realiza el deudor como retenedor de dinero, que no es
del empresario, sino de la Hacienda pública, y por el sistema tributario
vigente el empresario, el deudor, se convierte en recaudador de la
Hacienda pública. Es decir, podría darse en el sistema que, en el IVA, en
el momento que alguien comprara o al que se le prestara un servicio, se
le pasara la factura y fuera a la ventanilla de Hacienda a ingresar el
correspondiente impuesto sobre el valor añadido. Pero, claro, el caos
sería monumental. A la hora de las retenciones de las rentas del trabajo
de las personas físicas, también el empresario podría pagar el bruto y el
trabajador ir a la ventanilla de Hacienda a ingresar la correspondiente
retención, lo que también sería anacrónico y muy complicado de llevar a
cabo.


Por lo tanto, ese privilegio que tiene la Hacienda pública,
que no puede estar al mismo nivel que el de los trabajadores ni el del
resto de los acreedores que figuran en la lista o figuran a continuación,
puede tener ese mismo nivel de protección precisamente porque son
cantidades que no son producto de operaciones de tráfico, comerciales,
etcétera, sino cantidades que el deudor ha obtenido para entregárselas a
la Hacienda pública. Estoy seguro de que si en el Partido Popular
adoptáramos una medida que de alguna manera rebajara el nivel de
protección de la deuda pública, del crédito público, las críticas nos
caerían por todas partes.


Por tanto, señor Guillot, no nos pueden dar lecciones de
sensibilidad social. La mejor manera de proteger al trabajador es creando
empleo, y lo que trata este Gobierno desde el inicio, que es y va a
seguir siendo su objetivo, es generar empleo, porque la mayor injusticia
se produce cuando una persona no puede acceder a un puesto de trabajo.
Por consiguiente, hay que intentar, y en eso se está trabajando, que se
den las condiciones para generar empleo.


De todas maneras, hay que tener en cuenta que no nos
podemos acercar a la Ley concursal y, por supuesto, a esta modificación,
como la panacea, como el salvavidas que va a arreglar todos los
problemas. Hay que tener en cuenta el marco del que estamos hablando.
Estamos hablando de que el 95% de las empresas que presentan concurso
acaba en liquidación, de que solamente el 5% llega a la fase de convenio.
Por eso, entre otras medidas, se hizo la reforma de las situaciones
preconcursarles, para otorgarles las mismas ventajas y que esos acuerdos
puedan llegar a buen puerto, que es el objeto de esta ley. Vuelvo a
insistir en que no hay pérdida de derechos por parte de los trabajadores.
Limitar la capacidad de endeudamiento de las empresas, la capacidad de
acudir a créditos por parte de las empresas —y, por tanto,
considerarlo en esta









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ley— solo a aquellos fondos que están sometidos a
supervisión es limitar de una manera muy importante esas posibilidades y,
por tanto, evitar e impedir que esas empresas puedan alcanzar un convenio
y de esa manera puedan seguir hacia delante.


Con todo lo dicho, en aras de la agilidad parlamentaria, y
dado que en las enmiendas números 3, 6, 19 y 22, que ustedes han
presentado, tratan de solventar estas diferencias de opinión respecto al
texto presentado por el Gobierno, y teniendo en cuenta que los créditos
laborales no quedan desprotegidos sino que mantienen el statu quo actual
dentro de lo que es el orden de prelación de pagos en el caso de llegar a
liquidación, etcétera, les pediría una vez más que retiren el veto. Y,
obviamente, les anuncio nuestro voto en contra.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Juncal.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.


Los dos senadores de Izquierda Unida votarán a favor del
veto presentado por los senadores de Iniciativa, los señores Guillot y
Saura, al compartir absolutamente los criterios y argumentación que
figuran en dicho veto. Y también queremos agradecer la oportunidad que
nos da en esta Cámara de poder debatir sobre esta cuestión. Compartimos
la motivación del veto, al igual que compartimos la motivación del
proyecto de ley para facilitar los acuerdos concursales, pero hay que
indicar que estos dos aspectos centrales, que han sido señalados por el
senador Guillot, que desprotegen a los créditos laborales al no quedar
excluidos expresamente y que permiten la entrada de los fondos buitre,
finalmente dan cuenta de un balance negativo de este proyecto de ley, lo
que al final nos lleva a ligarlo con una ofensiva para acabar con el
carácter preferente que tienen los créditos públicos y laborales.


Me imagino que los despachos mercantiles y los lobbies
ligados a los fondos buitres estarán enormemente satisfechos y contentos
con este proyecto de ley, que es un proyecto más del Gobierno y del
Partido Popular que expresamente va contra el mundo del trabajo y a favor
del gran capital financiero. Y los que han causado la crisis y los que la
soportan y la sufren vuelven una vez más a establecerse en puntos
totalmente distintos, en un sentido de la justicia que explica mucho su
manera de hacer política.


Imagino, señor portavoz del Partido Popular, que se le ha
escapado eso de la sobreprotección de los trabajadores. También ha
hablado de la literatura económica. Siempre tienden, desde sus profundas
convicciones ideológicas, a ligar que no hay alternativa a lo que ustedes
hacen y que es la literatura económica la que guía sus pasos. Pero hay
literatura económica para todos los gustos y, desde luego, la que ustedes
están poniendo en marcha no es que esté fracasada, es un gran éxito para
favorecer de forma permanente los intereses de los grandes, para
favorecer los intereses de los de arriba.


Y ha utilizado usted una expresión que, efectivamente,
explica el carácter ideológico de su entendimiento del funcionamiento de
la economía. Usted nos ha dicho que la economía mercantil se basa en
comprar barato y vender caro. No. En eso se basa la especulación. La
economía mercantil se basa en que hay señores que tienen la propiedad de
los medios de producción y contratan a trabajadores para producir bienes
que son vendidos a gente que los necesita, o no. Y es que, claro, eso del
trabajo a lo mejor no entra en su entendimiento —creo que es obvio
que no—; y si entra en su entendimiento es para volver a utilizar
la ideología diciendo que la mejor forma de defender el trabajo es crear
empleo, como si el empleo que ustedes estuviesen creando no fuese cada
vez más sinónimo de pobreza, de explotación, de miseria, que no da ni
para poder comer. Prueba de todo eso es el aumento de la pobreza y de los
trabajadores pobres. Ustedes tienen la misma hoja de ruta que en su
momento expresaron los Hayek y compañía, que se puso en marcha bajo la
dictadura de Pinochet, que continuó con Margaret Thatcher y Ronald
Reagan, y que ustedes están aplicando ahora de forma brutal.


En esta ofensiva, creemos que esta ley no deja de ser un
parche. Nosotros consideramos que es alarmante el número de empresas en
concurso, que va en aumento desde el principio de la crisis, y
especialmente es alarmante que más de dos millones de pequeñas y medianas
empresas de nuestro país hayan cerrado desde que comenzó la crisis en
España. Desde nuestro punto de









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vista, ante esto solo hay una solución, y es que exista de
nuevo en España una banca pública, una banca pública que permita utilizar
coherentemente los flujos de crédito para dar satisfacción a las
necesidades concretas, especialmente de los grandes protagonistas del
tejido productivo de nuestro país, que son la pequeña y mediana empresa y
los autónomos. Ustedes prefieren que la banca sea salvada en sus balances
con dinero público, con el dinero de todas y todos los españoles, de
nuestro bolsillo, que ustedes gestionan para salvar las grandes entidades
financieras, mientras que los pequeños y medianos empresarios y los
autónomos de nuestro país se ven abocados con demasiada frecuencia al
cierre de sus empresas porque no pueden aguantar las condiciones que se
les están imponiendo por parte del sector financiero privado, que está
imponiendo sus condiciones a los pequeños y medianos empresarios, a los
autónomos, como digo, a una parte importantísima del tejido productivo de
nuestro país.


Por todos estos argumentos, los senadores de Izquierda
Unida votaremos a favor del veto y defenderemos posteriormente las
enmiendas que van en el mismo sentido que acabo de expresar.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Iparragirre. (Denegaciones).


No hay intervenciones.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Senador Juncal, no son matices. Ojalá fueran matices. En mi
intervención inicial ya he analizado los aspectos positivos, que
compartimos, de este proyecto de ley, y ni el senador Saura ni yo vamos a
presentar un veto por matices. Lo que usted llama matices para nosotros
son cuestiones fundamentales, y para nosotros una cuestión fundamental en
estos momentos es proteger los derechos de los trabajadores. ¿Y por qué
es una principal preocupación? Porque son, en primer lugar, las
principales víctimas de la crisis, porque son los sectores más débiles,
más indefensos, especialmente después de sus reformas y más concretamente
después de la reforma laboral, y porque en estos momentos necesitan de
una especial protección por parte de los poderes públicos.


Ya le he explicado antes el proceso, la realidad de lo que
pasa en todos estos procesos concursales. Le he explicado cuál es la
evolución y que si no se da cierta preferencia a los créditos de deudas
laborales nos encontramos con que cuando se llega al concurso ya no queda
nada. Ya no queda nada para embargar, ya no queda nada para afrontar esas
deudas, y hay que ir al Fogasa con los límites que establece la ley. Esa
es la realidad. Eso es lo que nos explican los juzgados de lo Social, eso
es lo que nos explican los empresarios, y eso es lo que nos explican los
sindicalistas. Esa es la realidad, lo que pasa en ese tipo de
procesos.


En su proyecto de ley los créditos laborales no son
siquiera considerados acreedores pasivos de financieros; ni siquiera
tienen esa consideración. Y usted dice: no, tranquilo, porque con las
modificaciones que introducimos en este proyecto de ley en la Ley
concursal los créditos laborales están protegidos. Pues si están tan
protegidos acepten la enmienda del Grupo Vasco y retiren la protección a
los créditos oficiales, porque ustedes lo protegen todo. Pero como eso no
es así, y usted lo sabe, y por eso pide una especial protección a los
créditos oficiales, nosotros le planteamos que añadan también los
créditos laborales. ¿Y por qué los créditos laborales respecto a otros
acreedores? Pues por las especiales circunstancias que está pasando hoy
en día la clase trabajadora, que es la principal afectada, la principal
pagana de esta crisis, que no ha provocado y que está sufriendo con
especial intensidad.


Decía usted que el Partido Popular es muy sensible y que la
demostración de esa sensibilidad es la creación de empleo. Pues la
sensibilidad del Partido Popular en esta legislatura pasa por una reforma
laboral que ha representado un principal instrumento de devaluación
interna que ha comportado la pérdida de puestos de trabajo, disminuciones
salariales y que hoy en día, con la ligera y frágil recuperación que
estamos viviendo, está produciendo una creación de empleo precario,
porque hasta ustedes entenderán que no es lo mismo que desaparezca un
empleo de 40 horas semanales a que se creen 2 de 10 horas. No es lo
mismo. Y me dirán: no, es mejor esto que nada. Pero si esta es la
ambición de este Gobierno en materia laboral, creo que se equivocan. La









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realidad es que hay una precarización del mercado laboral,
que el presente y futuro de nuestra sociedad es el de la sociedad de la
precariedad y que ustedes están consiguiendo que haya generaciones que no
tengan ningún tipo de expectativas en sus proyectos vitales.


Y con respecto a los fondos de inversiones o fondos buitre,
en España no vamos a descubrir la pólvora en cuanto a cómo se comportan
esos fondos; pasa como en botica: de todo hay. Pero estos fondos de
inversiones, que la literatura económica denomina fondos buitre, tienen
una manera de actuar bastante salvaje. En primer lugar, no son los
instrumentos necesarios ni para capitalizar nuestras empresas ni para
sanearlas y, evidentemente, no es lo que precisa la economía española.
Nosotros necesitamos inversores que nos permitan apostar decididamente
hacia la economía real. ¿Y cuál es la experiencia? Que vienen a comprar
créditos financieros, vienen a comprar pasivos. Y se manejan de tal
manera, que su última preocupación es la viabilidad de la empresa o cómo
va nuestra economía. Con lo cual, por estas dos razones, y no matices,
por estas razones principales, importantes, fundamentales y graves, el
senador Saura y yo defendemos este veto y lo sometemos a votación, y no
aceptaré su propuesta de retirarlo. Es más, me atrevo a pedir al resto de
los grupos parlamentarios que lo apoyen.


Gràcies, senyor president.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Alturo. (Denegaciones).


No va a intervenir.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Gracias, presidente.


Intervengo con brevedad para explicar que, efectivamente,
este es un proyecto de ley que consta de un artículo, que lo que intenta
es ayudar a que los procedimientos concursales no acaben en la
liquidación desordenada de las empresas, como ocurre habitualmente en la
inmensa mayoría de los casos. Y yo creo que va a en el buen camino.


En relación con lo que ha planteado fundamentalmente la
Entesa, es verdad que el Grupo Popular en el Congreso reconoció que de
alguna forma no quedaba suficientemente clara la protección de los
trabajadores o de los créditos laborales, como consecuencia de lo cual
tuvo un cierto compromiso de presentar una alternativa. Y quiero decir
que no se ha cumplido en este trámite, pero, en cualquier caso, este
proyecto de ley avanza sustancialmente respecto de la fase preconcursal,
fundamentalmente para conseguir salvar empresas y puestos de trabajo.


Lo que ha ocurrido es que esa falta de claridad la ha
explicado el Gobierno en otro decreto ley, que acaba de aprobar la semana
pasada, y que probablemente traerá más dificultades a la hora de su
aprobación, porque en el nuevo proyecto ha querido reforzar excesivamente
lo que la reforma laboral ya le permitía de alguna forma, con lo cual
probablemente tengamos más dificultades para su aprobación que en este
proyecto de ley, que yo creo que va bien dirigido, en el sentido de que
algunas empresas que se ven abocadas a la disolución puedan salvarse y,
con ello, los puestos de trabajo.


Por tanto, aunque entendemos claramente el sentido de este
veto, nos parece excesivo en este proyecto de ley y, como consecuencia,
no lo vamos a apoyar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Juncal.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, presidente.


Señor Mariscal, o yo me he expresado mal o usted me ha
entendido mal. Cuando hablaba de sobreprotección de los créditos
laborales me estaba refiriendo a la modificación del statu quo actual, lo
que no quiere decir —y así lo he planteado— que no podamos
entrar en el análisis de cuál es el criterio de prelación vigente a la
hora de asignar esa prelación de créditos y que podamos discutir sobre
eso. Pero no es el objeto de esta ley. A lo que sí me he referido es a
que ustedes intentaban modificar el statu quo actual dándole una mayor
sobreprotección a la existente, lo que









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no está en contradicción con que haya que proteger,
obviamente, los créditos laborales y los derechos de los
trabajadores.


Siguen ustedes con su teima, como decimos en mi tierra, con
el tema de la banca pública, de salvar a la banca con dinero de todos los
contribuyentes… Le vuelvo a insistir: si este Gobierno no hubiera
apostado por el saneamiento financiero de la banca, las consecuencias
hubiesen sido mayores todavía, porque estaríamos jugando, no solamente
con la viabilidad del sector bancario y el papel, que funciona, del
crédito —y luego me referiré a otra de sus medidas—, sino con
los depósitos de todos los contribuyentes, en mayor o menor medida, que
tenían depositados sus ahorros ahí.


Por lo tanto, creo que ustedes tienen que dejar de hacer
esas afirmaciones. Es mi opinión; cada uno, obviamente, dice lo que cree
conveniente, pero, indudablemente, yo no le acepto esa crítica, porque la
actuación del Gobierno es y será por el interés general.


En su entorno hay gente que dice que hay que revisar las
condiciones de deuda. Ganaríamos una cosa: nos hubiéramos cargado la tan
famosa prima de riesgo, pero no porque fuera a cero, sino porque se iría
al infinito; no nos prestaría nadie.


Y vuelvo a insistir en lo que dije en mi anterior
intervención: hay que acercarse a este proyecto, no como la ley que
arregla la situación económica de una empresa. Estamos en una Ley
concursal, y el objetivo de esta ley es modificar las condiciones y
facilitar que, en vez de ese 5% de empresas que llegan a un concurso, se
pueda llegar en el 75, el 80 o el 85% de los casos, como pasa en países
de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque por experiencia y conocimiento
sabemos que las situaciones concursales siempre llegan tarde, y por
desgracia no hemos conseguido hacer una norma que obligue a presentar el
concurso en el momento adecuado. Precisamente la Ley concursal sirve para
una disolución ordenada, para mantener uno de los principios
fundamentales y básicos de la ley, que es la par conditio creditorum. Por
lo tanto, no hay que acercarse a esta modificación —vuelvo a
insistir— como a la tabla de salvación de los problemas de las
empresas que están en una situación financiera complicada o
concursal.


Señor Guillot, creo que no me he explicado correctamente o
que no me ha entendido. Cuando hablaba de sobreprotección pública no me
refería a que haya sobreprotección, sino a que el origen del crédito, el
origen el dinero que, digámoslo así, se defiende en que el crédito
público pueda acceder a una ejecución prioritaria sobre el resto de
acreedores, está en que ese crédito no se genera por cuestiones
mercantiles, de tráfico de las empresas, por prestación de servicios o
prestación de dinero, de créditos, sino porque el empresario, el deudor,
está actuando de recaudador de un dinero que no está en la empresa, sino
que es de todos los contribuyentes y, por lo tanto, no está afecto al
tráfico empresarial ni tiene que entrar en el juego de las deudas
concursales. A eso me refería, y creo que nadie me puede negar que ese
tipo de dinero, que ese tipo liquidez tenga una prioridad sobre el resto
de los créditos que son fruto de las operaciones comerciales y
operaciones típicas del tráfico.


Con respecto a la desprotección, señor Guillot, vuelvo a
insistir en que se lea el artículo 5. No lo voy a leer todo, pero el
punto 4 dice literalmente: Desde la presentación de la comunicación
—de iniciación de negociaciones; obviamente, se mantiene, no se
modifica, en caso de presentación de declaración de concurso estaríamos
en la misma situación—, y hasta que se formalice el acuerdo de
refinanciación previsto en el artículo 71 bis, o se dicte la providencia
admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial del acuerdo de
refinanciación, o se adopte el acuerdo extrajudicial, o se hayan obtenido
las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta
anticipada de convenio, no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o
extrajudiciales de bienes o derechos que resulten necesarios para la
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Las
ejecuciones de dichos bienes o derechos que estén en tramitación quedarán
suspendidas con la presentación de la resolución del secretario judicial
dejando constancia de la comunicación.


Tampoco podrán iniciarse o, en su caso, quedarán
suspendidas las ejecuciones singulares promovidas por los acreedores de
pasivos financieros a los que se refiere la disposición adicional
cuarta.


Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no impedirá que
los acreedores con garantía real ejerciten la acción real frente a los
bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía sin perjuicio









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de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado
mientras no hayan transcurrido los plazos de negociación.


Vuelvo a decir que se abre un paréntesis de tres meses, que
es la misma situación normativa legal en que nos encontramos ahora, y a
los tres meses, si no hay bienes, es que no los había antes. Si los
trabajadores no encuentran bienes es que no los había antes ni los va a
haber porque se incluya la disposición que usted pretende.


Nada más. Quiero agradecer al señor Lerma y al Grupo
Parlamentario Socialista el apoyo que entiendo que van a dar al proyecto
de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Juncal.


Señorías, se suspende la sesión hasta las cuatro de la
tarde.


Eran las catorce horas y treinta y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se reanuda la
sesión.


Vamos a votar la propuesta de veto de los senadores Guillot
y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrès de Catalunya.


Ha habido votación telemática del senador Benito Marín
Torrecillas, del Grupo Parlamentario Popular. Su voto es en sentido
negativo a la propuesta de veto, que será sumado al resultado de la
votación que hagamos aquí en el hemiciclo.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226 más 1 voto telemático, 227; votos emitidos, 225 más 1 voto
telemático, 226; a favor, 4; en contra, 216 más 1 voto telemático, 217;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Pasamos al debate de las enmiendas.


En primer lugar, debatimos las enmiendas de los senadores
Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas 1 a 30.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Señor presidente, daré por
defendidas las enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. Enmienda número
31.


Para su defensa, tiene la palabra la senadora
Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor
presidente.


Mi grupo ha presentado una enmienda, la número 31, como
sabe bien, que hace referencia al artículo 5 bis, punto 4. En ella
solicitamos la supresión de los dos últimos párrafos. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Entendemos que la
justificación para su presentación no es otra que la que ya citamos en la
misma, y es que en las actuales circunstancias de dificultad, para que
las empresas obtengan crédito, resulta especialmente necesario que los
poderes públicos adopten medidas favorecedoras del alivio de su carga
financiera o desapalancamiento.


La radiografía de la deuda empresarial indica con
rotundidad que el grueso de dicha deuda es con acreedores privilegiados y
públicos (Hacienda y Seguridad Social). En consecuencia, cualquier medida
que quiera orientarse a facilitar aquel desapalancamiento, si quiere ser
eficaz, pasa por una especial implicación de dichos acreedores, que
debieran ver moderadas sus posiciones preferentes. Es más, en la medida
en que los poderes públicos deben asumir la obligación de contribuir
realmente a facilitar la supervivencia de esas empresas con dificultades
financieras, los acreedores públicos no solo debieran ver matizados los
privilegios que le confiere la actual









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legislación, sino incluso retranquear su posición frente al
resto de acreedores, propiciando de esa manera mayores facilidades al
deudor como fórmula efectiva para lograr el desapalancamiento
empresarial.


Con esta justificación, entendemos que está defendida la
enmienda que mi grupo ha presentado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos bloques de enmiendas: el primero —enmiendas 51 a
64— lo va a defender el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


Señorías, los senadores socialistas de la Entesa creemos
firmemente en la necesidad de este proyecto de ley, con el objetivo
principal de garantizar la supervivencia de parte de nuestro sector
empresarial, que, aun siendo viable operativamente, ha acumulado una
carga financiera excesiva, y que puede sobrevivir y, por tanto, mantener
la actividad y el empleo si se establece un sistema ordenado y
equilibrado de acuerdos con los acreedores y fórmulas de refinanciación
variadas y suficientes.


Aun compartiendo los objetivos de la norma, hemos
presentado 14 enmiendas para intentar reconducir y mejorar las medidas
propuestas por el Gobierno de un proyecto de ley muy necesario para
aliviar parte de la carga financiera de muchas de nuestras empresas que
está lastrando la ansiada recuperación de la actividad económica. (La
señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).


Las enmiendas que les voy a resumir brevemente están
centradas principalmente en el beneficio social que supone la
supervivencia de sociedades viables pero altamente endeudadas, de
empresarios y societarios endeudados que actúan de buena fe desde que se
inician los procesos concursales, o en la necesaria participación de los
representantes de los trabajadores en la administración concursal.


Me gustaría destacar en primer lugar una de las enmiendas
que a mi grupo le parece más urgente y que habría puesto en marcha el
Gobierno del Partido Popular si coincidiera en su urgencia, porque no es
la primera vez que la registramos en esta Cámara. Les pido entonces,
señorías, su apoyo para la enmienda 61 que insta al Gobierno a regular la
insolvencia de las personas físicas, que es la insolvencia más dramática
de las que han aparecido desde que se inició la crisis, sí, señorías, la
de las familias. Este Gobierno ya ha atajado y ha puesto los medios
—rescate mediante— para aliviar la carga de las entidades
financieras, y con la norma que estamos debatiendo se busca el rescate
del sistema empresarial. Por tanto, ya no puede haber más excusas ni más
retrasos. Hay que ayudar a los ciudadanos que, actuando de buena fe, se
ven afectados por insolvencias sobrevenidas, principalmente hipotecarias,
y dotarlos de instrumentos y procedimientos que permitan refinanciar y
restructurar su deuda y llegar a acuerdos que eviten los dolorosos
procesos de ejecuciones hipotecarias.


Las enmiendas 52 a 54 introducen cambios en el sistema de
designación de los administradores concursales, por un lado para evitar
la designación por sorteo y establecer reglamentariamente un sistema que
garantice la profesionalidad y nivel técnico de los administradores que
se elijan y, por otro, el análisis de la conveniencia o no de nombrar un
mismo administrador concursal en los concursos conexos. Además, se
clarifican las causas de incompatibilidad de los administradores
concursales, atendiendo a su relación con el concursado.


Con la enmienda 55 se exige que el auditor que emite
certificación sobre la suficiencia del pasivo —que se exige para
adoptar el acuerdo— sea nombrado por el registrador mercantil. La
designación del auditor de cuentas del deudor puede generar futuros
problemas.


Presentamos nuestras enmiendas 56 a 58 porque pensamos que
no debe presumirse dolo o culpa grave a efectos de que el concurso sea
calificado como culpable a partir de un acontecimiento posterior a la
insolvencia, como lo es la negativa a la capitalización. Además,
suprimimos la modificación del texto vigente, incluyendo a los socios que
se hubiesen negado a la capitalización, ya que pueden generar
inseguridad, dada la composición muy diversa del capital en cada
caso.


Con la enmienda 59 proponemos extender las medidas
previstas para la homologación de los acuerdos de refinanciación a
aquellos deudores que, tras una fase común de declaración del









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concurso, de verificación de los créditos y bajo la
estricta supervisión de la administración concursal, hayan logrado
aprobar, con el apoyo de la mayoría de los acreedores, un convenio que
facilite la supervivencia de la sociedad. No cabe duda de que si el
negocio es viable y existe el apoyo de la mayoría de los acreedores
financieros —que en muchos casos constituyen el núcleo fundamental
del total pasivo de una compañía—, la modificación o novación del
convenio afectará no solo a los acreedores sino también al deudor, a los
trabajadores y a otros operadores económicos interesados.


Otra enmienda muy importante es la número 60. Mediante esta
enmienda sustituimos en el artículo 71 la expresión «actos perjudiciales
para la masa activa» por la expresión más correcta de «actos
perjudiciales para los acreedores», ya que consideramos, al igual que
otros sistemas legales más representativos, que deberían ser rescindibles
los actos perjudiciales para los acreedores realizados por el deudor en
el período comprendido entre el día que resulte de deducir dos años a la
fecha de solicitud del concurso y el día de la declaración de este
concurso, aunque no hubiere existido intención fraudulenta.


Si a la solicitud de concurso hubiera precedido la
solicitud del deudor de nombramiento de mediador concursal para la
consecución de un acuerdo extrajudicial de pagos, los dos años se
computarán, a contar desde el día de esa solicitud de nombramiento y si a
la solicitud del concurso hubiera precedido la comunicación del deudor de
que habían iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de
refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta de convenio
anticipada, los dos años a deducir se computarán, a contar desde el día
de esa comunicación. Esto evitaría las posibles consecuencias negativas
que tiene el retraso en este período para la rescisión de estos
actos.


Finalmente, con la enmienda 62 mandatamos al Banco de
España para que realice una evaluación continua de los efectos de la
presente ley mediante un informe trimestral, y con la enmienda 64
mantenemos la necesaria supervisión de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores en relación con los fondos de alto riesgo, que desarrollan
operaciones especulativas sobre empresas que se someten a la
refinanciación o reestructuración de la deuda con la homologación del
juez, sin necesidad de lanzar una oferta pública de adquisición de
acciones cuando se supere el 30% del capital.


Muchas gracias, señorías, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas 65 a 98, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.


Tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el senador Saura y yo presentamos 32 enmiendas
que tienen fundamentalmente tres objetivos.


El primero, como no podía ser de otra manera, y en
coherencia con el veto que antes he presentado, es un paquete de 15
enmiendas, que van dirigidas a salvaguardar los intereses y derechos de
los trabajadores afectados por estos concursos. En estas 15 enmiendas
proponemos una serie de medidas orientadas a mecanismos que garanticen el
pago de las deudas laborales: la obligación que cualquier acuerdo de
financiación contemple de forma expresa las consecuencias laborales; la
posibilidad de nombrar un segundo administrador concursal si la deuda con
los trabajadores supera los 500 000 euros y la plantilla de la empresa es
superior a 100 trabajadores, que también proponemos para las
administraciones públicas acreedoras; garantizar la competencia judicial
social e incorporar la documentación laboral a los informes para tramitar
y conceder la homologación o con los convenios; también ampliar la
cualificación de créditos contra la masa del Fogasa por entender que, si
esta paga los créditos salariales, esos deben subrogarse; permitir la
creación de una hipoteca a favor de los créditos laborales; calificar de
créditos con privilegio general los que pueda ostentar el Fogasa; que
solo se puedan aceptar los créditos laborales si así lo deciden los
trabajadores; y, por último, la participación de los trabajadores en la
elaboración de los planes de viabilidad. Se trata de todo un paquete de
15 enmiendas que expresan, a mi entender y al del senador Saura, todo lo
que falta en este proyecto de ley para garantizar derechos, los créditos
laborales, una real participación de los trabajadores en todo el proceso;
en definitiva, para garantizar que sus intereses sean tenidos en
cuenta.









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El segundo paquete consta de dos enmiendas, que van
orientadas, como no puede ser de otra manera, a la necesaria
diferenciación entre las entidades financieras supervisadas y las que no.
No quiero alargarme, repetiría los argumentos del veto, pero pienso que
es fundamental diferenciar entre fondos buitre y entidades financieras
supervisadas.


Y un tercer paquete de enmiendas varias que creemos que
mejoran el texto del proyecto de ley, ya sea en aspectos técnicos o en
cuestiones como los órganos judiciales: precisar que los bienes sobre los
que no se ejercite concurso siempre serán los necesarios para la cultura
empresarial, los mecanismos para garantizar la capitalización o el acceso
a la información sobre los acuerdos de refinanciación. Defiendo de una
manera sucinta y resumida este paquete de 32 enmiendas, avaladas por la
intervención que antes realicé en la defensa del veto, y verán, señorías,
que, de ser aprobadas, mejorarán sustancialmente el texto.


Con todo, quisiera terminar mi intervención con la parte
final del discurso del senador Lerma, del Grupo Socialista. Hoy estamos
discutiendo un proyecto de ley, fruto de un real decreto, que en parte es
ampliado, cuando no enmendado, por otro real decreto, que se aprobó en el
Consejo de Ministros del pasado 5 de septiembre, publicado en el BOE el 6
de septiembre y que no sé si es el 11/2014 o el 14/2014 —creo que
es 11/2014—, y todo referido a lo mismo. Esto lo digo —y ya
tendremos tiempo de discutir sobre este nuevo real decreto ley—
porque todo expresa un batiburrillo de propuestas, contrapropuestas,
típico y tópico en esta legislatura por este Gobierno.


Pido el voto favorable a nuestras enmiendas.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas 32 a 50, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió.


Tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, buenas tardes.


Nuestro grupo ha presentado las enmiendas 32 a 50, que
principalmente hacen referencia a dos bloques concretos que consideramos
de gran importancia para la mejora del proyecto de ley sobre el que
estamos hablando.


Por un lado, este bloque de enmiendas pretende flexibilizar
todas aquellas cuestiones que hacen referencia a la paralización de las
ejecuciones de créditos públicos cuando afecten a bienes imprescindibles
para el funcionamiento y, por lo tanto, para la viabilidad de las
empresas. Y, por otro, en las otras enmiendas nos referimos a la no
criminalización del socio que no vota a favor de la capitalización de los
créditos. Voy a dar todas por defendidas, si bien voy a referirme a estos
dos bloques.


El primero contiene las enmiendas 32, 40 y 41. Con la
enmienda 32, que se presenta al artículo 5 bis, pretende incluirse una
previsión para que se extiendan los efectos de la paralización de las
ejecuciones a los créditos públicos, al menos cuando recaigan sobre
bienes o derechos necesarios para la continuidad de la empresa, pues
muchos acuerdos de refinanciación pueden verse perjudicados o ser
prácticamente imposibles de alcanzar si existen procedimientos de apremio
de créditos tributarios o de la Seguridad Social. Piénsese en algunos
casos en los que los embargos recaen sobre la propia actividad de la
empresa, como ocurre con los embargos sobre pagos futuros a realizar por
los adquirientes de viviendas construidas por una promotora en situación
preconcursal. Siempre que no se agrave la situación de los proveedores o
trabajadores y existan avances en la negociación, el juez debe poder
ampliar el plazo para llegar a acuerdos previos al concurso.


La enmienda 40 se refiere al artículo 1, apartado 23.
También es una enmienda de modificación y va en esta línea en cuanto que
el texto del Real Decreto Ley 4/2014 ha dejado fuera en todas sus
dimensiones a las administraciones públicas (Hacienda Pública y Seguridad
Social) obviando e impidiendo que las mismas puedan desempeñar, en su
caso, un papel relevante en esas vías de solución. Creemos que las
soluciones de urgencia que propone el real decreto ley exigen el esfuerzo
de todos los operadores del mercado, incluida la Administración. En este
sentido, proponemos suprimir el párrafo que impide la aplicación de
acuerdos de refinanciación a los acreedores públicos e incluso a los
acreedores por operaciones comerciales.


La enmienda 41, relativa también al artículo 1, apartado
23, es de modificación. Entendemos que debe dejarse claro, a efectos de
esta disposición, que no son créditos de derecho público los









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que ostenten instituciones o entidades financieras de
carácter público que a estos efectos deben ser equiparados con el resto
de las entidades financieras privadas, pues realizan una actividad de
financiación equivalente y por ello deben estar en igual situación.


En el segundo bloque hablamos de la criminalización del
socio que no esté a favor de la capitalización de la deuda. Contiene las
enmiendas 36, 37, 38, 39 y 43. Entendemos que no se debe criminalizar el
socio que no vota a favor de la capitalización de los créditos, puesto
que en este momento no tiene ningún sentido.


Finalmente, quiero destacar la enmienda 34 que hace una
aclaración en el artículo 71 bis a los efectos de que no se limite la
posibilidad de someter a homologación judicial únicamente los acuerdos de
refinanciación alcanzados por el deudor con anterioridad a la declaración
del concurso, para permitir que aquellas empresas entradas en concurso
puedan acordar estas nuevas refinanciaciones.


Estas son las enmiendas que nuestro grupo presenta
prioritariamente, puesto que entendemos que el sector público debe tener
la misma consideración que el sector privado a los efectos de
paralización de las situaciones concursales.


Seguramente usted, señor Juncal, me comentará que el real
decreto aprobado por el Consejo de Ministros de alguna forma sigue esta
línea, pero, en cualquier caso, me gustará escucharle, y en el turno de
portavoces, haré las precisiones convenientes.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas números 99 a 112, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Manchado.


El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes.


Intervendré brevemente para defender las enmiendas que ha
presentado el Grupo Parlamentario Socialista a esta ley, que, tal y como
hemos dicho esta mañana, nos parece importante y necesaria, máxime
teniendo en cuenta la coyuntura económica que todos conocemos y que no
hace falta que repitamos.


Obviamente, compartimos el objetivo de la ley, como ha
dicho el senador Lerma esta mañana, pero entendemos que esta ley es tan
importante y necesaria como mejorable, y, en este sentido, planteamos 14
enmiendas, de las que voy a citar algunas, dando el resto por
defendidas.


Las enmiendas números 100, 101 y 102 tienen que ver con el
procedimiento de designación del administrador concursal. El decreto
plantea la designación por sorteo y nosotros proponemos que esta la haga
el juez de acuerdo a criterios normativamente establecidos y, además,
motivada. No nos parece que el sistema de sorteo sea el más adecuado, y,
además, no existe equivalente en ninguno de los sistemas de los países de
nuestro entorno. Por tanto, estas 3 enmiendas buscan una designación
distinta y algunas otras mejoras que pretenden de algún modo
profesionalizar el trabajo del administrador concursal y no obligar
—tal y como parece que se puede interpretar en el proyecto de
ley— a que, en casos en que no sea conveniente, haya un
administrador único aunque haya concursos conexos.


La enmienda número 103, que también nos parece importante,
persigue una triple finalidad: por un lado, proponemos adaptar a los
sistemas legales más representativos uno de los elementos esenciales del
régimen legal español en materia de rescisión de los actos perjudiciales
realizados por el deudor antes de la declaración de concurso; la segunda
finalidad es evitar algunas consecuencias negativas que, para la
rescisión de esos actos, puede tener el período —en ocasiones muy
largo— que transcurre entre la fecha de la presentación de la
solicitud de declaración de concurso y la apertura del procedimiento
concursal; y la tercera persigue evitar aquellos fraudes —algunos
detectados ya en la práctica— que al iniciar el expediente para la
consecución de un acuerdo extrajudicial de pagos o la comunicación al
juzgado competente del inicio de negociaciones con los acreedores
(deudor-acreedores) para conseguir un acuerdo de refinanciación o las
adhesiones necesarias a una propuesta anticipada se realicen en
connivencia con uno o varios acreedores, para dilatar la apertura del
procedimiento y lograr así que, cuando se declare el concurso, hayan
transcurrido los dos años desde el momento de realización del acto
perjudicial. En este sentido, proponemos 3 redacciones concretas en la
enmienda, que entendemos que mejoran la ley.









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En la enmienda número 104 proponemos que se suprima la
referencia al auditor de cuentas del deudor. Entendemos que es más
adecuado que el auditor de cuentas que actúe sea el nombrado por el
registrador mercantil porque probablemente estará menos condicionado que
el auditor de cuentas que proponga el deudor.


En la enmienda número 108 proponemos extender las medidas
previstas en la nueva redacción de la disposición adicional cuarta del
proyecto de ley siempre respetando el régimen de mayorías que allí se
contempla— a aquellos deudores que, tras una fase de declaración
del concurso, de verificación de los créditos y bajo la estricta
supervisión del administrador concursal, hayan logrado aprobar una
solución conveniada, una solución conservativa. En este sentido, y tal
vez por las rigideces de la propia normativa concursal, al final lo que
ocurre es que no se puede poner en marcha el concurso porque se acaba con
la liquidación de la masa activa. Entendemos que esto choca con una de
las cosas interesantes que tiene la ley, con la de proteger la situación
patrimonial del deudor a fin de que, en el caso de que sea necesario el
concurso, los acreedores no se vean perjudicados.


La enmienda 111 —y me salto la que es más importante
para nosotros— se plantea porque, desde nuestro punto de vista, el
texto legal plantea en la disposición transitoria única algunos
problemas. El primero es la posible infracción del artículo 9.3 de la
Constitución, que prohíbe la retroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o que restrinjan derechos individuales.


El segundo problema que plantea el texto, tal como está, es
que esa disposición transitoria no resuelve el problema de la fecha en la
que en esos casos —en los casos de retroactividad— se
produciría la paralización y la suspensión de las ejecuciones.
Lógicamente no puede ser la fecha de la originaria comunicación, pues en
esta fecha la comunicación no comportaba esos efectos. Pero, en rigor,
tampoco puede ser a la fecha de entrada en vigor del decreto ley, con lo
cual, esa conclusión genera problemas.


Y el tercer problema a que nos referimos de esta
disposición transitoria única es la excepción a la regla general, como
hemos definido en alguna de nuestras enmiendas, es decir, a pesar de que
la solicitud de nombramiento de experto no se hubiera efectuado, el nuevo
régimen legal que plantea el decreto ley sería de aplicación cuando las
partes que estén negociando el acuerdo opten por este nuevo régimen.
Nuestra idea es que el nuevo derecho se aplique cuando el deudor optara
expresamente por él mediante una nueva comunicación, sin necesidad de que
tuviera la aquiescencia o voluntad de los acreedores o de más de la mitad
del pasivo, sin que eso suponga que haya prórroga alguna del período de
negociaciones. De este modo evitamos la posible inconstitucionalidad de
la norma que hemos citado antes.


La enmienda 112 se refiere a cuando el proyecto de ley
habla de que una sociedad cotizada que se encuentra en preconcurso no
sería necesario el acuerdo de dispensa cuando las operaciones de
capitalización de deuda se hubieran realizado como consecuencia directa
de un acuerdo de refinanciación judicialmente homologado. En este
sentido, se exime de la supervisión a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores en relación con los fondos de alto riesgo, que, como sabemos,
realizan operaciones especulativas sobre empresas que se someten a
refinanciación o restructuración de la deuda. La idea es que corrijamos
este desajuste. Nosotros pensamos que es necesario mantener la
supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en los
supuestos a los que se refiere esta norma.


Y, por último, me quiero referir a la enmienda 109, que
para nosotros es probablemente la más importante. No es una enmienda de
carácter tan técnico como las demás —lo hemos repetido también en
otros textos legales a los que nos hemos referido y hemos presentado
enmiendas en esta Cámara—. Introduce una adicional cuarta, cuya
redacción voy a leer, porque se explica prácticamente por sí sola. La
disposición adicional cuarta que proponemos de nueva redacción tendría
como título «Proyecto de Ley de insolvencia de las personas físicas» y
diría: «En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley,
el Gobierno presentará un proyecto de ley de insolvencia de las personas
físicas. En concreto, establecerá un procedimiento ad hoc, judicial o
administrativo, orientado, en el caso de una insolvencia sobrevenida y no
dolosa, al diseño de un plan de pagos efectivo en beneficio de acreedor y
deudor, con o sin exoneración de las deudas pendientes, que permita una
mínima satisfacción a los acreedores, sin conducir a la exclusión
económica del deudor y, en particular, del deudor hipotecario. Asimismo,
para este tipo de deudores









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se regularán los procedimientos de acuerdo entre deudor y
acreedor antes de proceder en caso de impago a la ejecución de la
garantía hipotecaria. En todo caso, se garantizará la máxima seguridad
jurídica en el tráfico mercantil.»


Señorías, esta propuesta responde a algo que hemos repetido
en esta Cámara suficientemente. Desde el inicio de la crisis, y sobre
todo desde que llegó al Gobierno el Partido Popular, se han puesto en
marcha medidas para salvar a los bancos, para salvar a las empresas, para
refinanciar sus deudas, para permitir condiciones que aseguren su
continuidad, como es el caso de este texto legal. Además, este texto
legal se mejoró en el Congreso al incluir en él a las pymes y a los
autónomos en las mismas condiciones o parecidas que el resto de empresas.
Sin embargo, a pesar de todas estas garantías y normativa aprobada, queda
por poner en marcha un procedimiento que ayude a las empresas que han
tenido problemas en tiempos de crisis, sean financieras o no, a seguir
siendo viables y mantener su funcionamiento sin que su situación deudora
las acogote y las mate.


Señorías, también hay familias en esta situación para las
que la crisis ha creado una circunstancia de insolvencia precisamente
derivada de la crisis: han perdido el empleo, siguen con todos los
miembros de la familia sin trabajar y con deudas fundamentalmente
hipotecarias que impiden que esas familias sigan viviendo normalmente.
Consideramos que es importante tener en cuenta a estas familias y por
ello, aunque no tiene nada que ver con esta ley y probablemente el
representante del Grupo Popular nos dirá que no es el sitio, y
seguramente no es el sitio como no lo ha sido en ninguna de las leyes,
queremos que esta Cámara manifieste su voluntad política de pedir al
Gobierno que plantee un texto legislativo que también ayude a las
familias en ese nuevo comienzo que esta ley persigue para las empresas.
Está muy bien que persigamos que las empresas sigan teniendo viabilidad a
pesar de una situación de deuda complicada mediante mecanismos de
refinanciación o reestructuración de su deuda, pero nosotros creemos en
la necesidad de hacer lo mismo con las familias que se encuentren en esta
situación porque todas las familias españolas son sin duda viables si les
ayudamos a seguir viviendo.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Pasamos al turno en contra.


Senador Juncal, tiene la palabra.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías,
intentaré ser breve porque la materia es lo suficientemente densa como
para que se agradezca la brevedad. Tienen que comprender que la cantidad
de puntos que contienen las enmiendas de unos y otros grupos representan
cierta complejidad a la hora de dar una contestación a todos los
portavoces y a lo mejor me queda alguna cuestión en el tintero.


Empezaré sin respetar el orden de intervención por una
razón que se verá claramente a continuación. El PNV propone la supresión
de 2 párrafos del artículo 5 bis, apartado 4, a los que ya hemos hecho
referencia en el turno de defensa del veto, sobre la paralización de las
ejecuciones de los bienes con garantías reales, así como la paralización
de la ejecución de los embargos de derecho público. Sin embargo, nosotros
no estamos de acuerdo. En cuanto a los bienes con garantía real, aunque
se permite el inicio de las actuaciones, quedan paralizadas una vez se
comunique el inicio de las negociaciones.


En segundo lugar, respecto al crédito público, que además
afecta a otras enmiendas presentadas por distintos grupos, vuelvo a
insistir en lo que he dicho esta mañana, y es que el crédito público no
tiene la misma consideración, en términos económicos, que el que tienen
el resto de acreedores que forman parte del concurso o de la negociación.
Es decir, la prestación o la causa de que se deba dinero a la Hacienda
Pública es que el deudor ha ejercitado acciones de sustituto de la
Hacienda Pública a la hora de recaudar y, por lo tanto, ese dinero no
puede tener la misma consideración a la hora de recuperarlo que el de
aquellas deudas procedentes de operaciones de tráfico, de operaciones
crediticias o de operaciones procedentes del crédito laboral. Entiendo
que el crédito público tiene que tener un privilegio o una facilidad de
ejecución importante motivada precisamente por el origen de esos fondos
que no proceden del tráfico mercantil.









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Respecto a Entesa, salvo esas 4 nuevas —digo nuevas
porque en Entesa se repiten las enmiendas tanto del PSOE como de
Izquierda Unida—, el señor Guillot ha hecho una aportación de 4,
que son las que se diferencian de todo el bloque de las del PSOE y de
Izquierda Unida. Obviamente, son criterios que se tienen, pero que no se
justifican en el proyecto de ley: desde el nombramiento de un segundo
administrador concursal porque las deudas de los salarios sean superiores
a 500 000 euros o haya más de 100 trabajadores. El propio proyecto ya
establece la actuación de los auxiliares delegados que pueden cubrir el
exceso de carga de trabajo que pueda suponer el concurso de una empresa
que tenga un importante número de trabajadores, y romperíamos con el
criterio inicial de la ley de una administración concursal única,
volviendo a legislaciones anteriores. Se insiste en dar un mayor
protagonismo a la parte laboral para incluir los efectos de la
negociación en el acuerdo extrajudicial o la intervención de los
trabajadores en el plan de viabilidad.


Está claro que en el proceso de refinanciación de la deuda
y en el análisis de viabilidad se tiene que tener en cuenta
necesariamente la postura de los trabajadores, pero hay que buscar la
viabilidad de esos acuerdos para que salgan adelante esas empresas que
son viables. Vuelvo a insistir en que es algo que no podemos perder de
vista, que es solamente para aquellas empresas cuya cuenta de resultados,
dejando al margen la carga financiera, sigue teniendo un margen positivo
y, por lo tanto, se produce un reajuste en esa deuda financiera y pueden
continuar, por lo que no parece conveniente ponerles más dificultades.
Por eso, repito, las enmiendas de Entesa pueden darse por contestadas con
las intervenciones que haré sobre las enmiendas del Grupo Socialista y de
Izquierda Unida. No sé quién tiene la patente de la photocopy y, en
consecuencia, no voy a hablar sobre ellas.


En cuanto a la enmienda número 32 de Convergència i Unió,
respecto a la ampliación del plazo, considero que ampliar plazos es abrir
la caja de Pandora. Los plazos de tres meses que marca la ley son más que
suficientes o deben ser suficientes para llegar a un acuerdo de
refinanciación o a un acuerdo extrajudicial. Si no se consigue, está
marcado el camino, pero hacer excepciones, en mi opinión, es abrir la
caja de Pandora.


En referencia al artículo 27, sobre la administración
concursal —una de las novedades de la ley—, puede haber
muchos criterios, y el Gobierno ha optado por el de designación
secuencial, porque, tal y como se ha explicado aquí, parece que alguien
saca una bolita y al que le toque gana el premio gordo, pero no es así,
señores senadores; lo que viene regulado es la creación de una sección
cuarta dentro del Registro concursal para inscripción de los
administradores concursales, que se desarrollará de forma reglamentaria,
correspondiendo la inscripción a determinadas normas que
reglamentariamente se desarrollarán por el ministerio y que permitirán el
acceso bien mediante pruebas, bien mediante otro tipo de valores, como el
currículum profesional y cualificación de las personas, probablemente
siguiendo un modelo similar al que existe para el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas, de modo que, a partir de ahí, secuencialmente se
ofrecerá a los decanatos la lista de las personas capacitadas y
homologadas para llevar a cabo las funciones de administrador concursal
que así lo deseen. El nombramiento por los jueces o por el decanato es
una opción. Lo que pasa es que resulta sospechoso y no me gusta —es
una enmienda que coincide con otra del Grupo Socialista en la que propone
que sean los jueces— porque se puede prestar a susceptibilidades,
cuando a continuación el Grupo Socialista presenta otra enmienda en la
que plantea que el nombramiento se haga por los jueces, si bien aquellas
personas que financien cursos, etcétera, en que participen magistrados no
podrán ser nombrados. No sé, puede haber 20 000 maneras —tampoco
pienso que esta sea la mejor—, pero indudablemente nadie puede
acusar al Gobierno de tomar medidas a dedo. Vuelvo a insistir en que no
se trata de que a alguien le haya tocado el premio gordo, sino que una
serie de personas acreditarán sus conocimientos y técnicas para estar
presentes en ese listado, y a partir de ahí se nombrará secuencialmente a
los administradores concursales para ejercer dicha función.


Con respecto al régimen especial de determinados acuerdos
de financiación, artículo 71, senador Alturo, el problema es que usted
nos quiere llevar al reconcurso, es decir, al concurso bis, que no tiene
mucho sentido.


En referencia a sus enmiendas de supresión números 36, 37,
38 y 39, que hacen relación a lo que ustedes llaman sistema de
criminalización del socio que no apoya los acuerdos de refinanciación,
precisamente dado el esfuerzo que se hace por parte de todos a la hora de









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establecer unas condiciones más duras y provocar el efecto
de arrastre que lleva a los acreedores disidentes si las mayorías
reguladas así lo acuerdan a ese acuerdo preconcursal y a esa
refinanciación, parece lógico que los administradores y socios que se
nieguen a esa capitalización tengan que sufrir, entre comillas, las
consecuencias de poner trabas a ese acuerdo y de esa manera impedir la
viabilidad y la solución favorable de ese conflicto.


Insistía usted también en que de los acreedores de pasivos
financieros se tienen que excluir los públicos, laborales, comerciales,
etcétera, y yo incido en el mismo argumento de antes: el nacimiento del
crédito público es completamente distinto del de los acreedores
ordinarios de pasivos financieros.


En cuanto a los acuerdos de suscripción preferente en el
caso del informe de viabilidad previsto en el 71, ¡hombre!, que al socio
que no hace la capitalización, una vez que se lleva adelante todo el
proceso de renegociación, de recapitalización, etcétera, pueda tener la
opción de decir: sí, entro en la operación, no me parece muy acertado
otorgarle ese derecho. Lo lógico es que el socio ponga todas las
condiciones para la viabilidad de la empresa, ya que se entiende que ha
agotado sus recursos y es incapaz de una continuidad; por eso acude a una
negociación, a una refinanciación, por lo que no tiene mucho sentido que
pueda entrar en el tema.


Respecto al Grupo Socialista, quiero insistir en el
nombramiento del juez. Ustedes piden que el nombramiento sea a cargo del
juez, yo he dicho que en la sección cuarta del Registro concursal, con
todos los condicionamientos que tendrá en su desarrollo reglamentario, el
nombramiento secuencial es una forma neutral para garantizar la libre
concurrencia y no debe tener mayores problemas. Yo tampoco encontraría
problemas en que los nombramientos los hicieran los jueces como hasta
ahora, porque estoy seguro de que todas sus señorías actúan en interés
del concurso y en interés de la justicia. Pero vuelvo a insistir en que
es curioso que ustedes pidan eso y a continuación incorporen una enmienda
para la designación de nombramientos en los casos en que se financien
cursos, reuniones, congresos, etcétera, en los que participen los
magistrados en unas determinadas condiciones.


En cuanto a ampliar el plazo de dos años la rescindibilidad
de la fecha de presentación de la solicitud de concurso y el día de la
declaración de ese concurso, tenemos un margen de dos meses. Creo que
tampoco tiene mayor importancia.


En cuanto a pedir la certificación de un experto a efectos
de valorar el importe necesario de las deudas de los acreedores que
suscriben el convenio, yo creo que dudar de la independencia profesional
del auditor a estas alturas, con un registro oficial de auditores de
cuentas que funciona normalmente, salvo deshonrosas excepciones
—vuelvo a decir, son deshonrosas excepciones—, tampoco tiene
mucho sentido, porque de alguna manera facilita que si el auditor hace la
certificación correspondiente, esta va a ser más rápida, más barata y no
nos metemos en nombramientos de expertos. Vuelvo a insistir también en lo
que le he dicho a Convergència i Unió, ya que sus enmiendas 105, 106 y
107 coinciden exactamente con las de dicho grupo en cuanto a la
presunción de dolo o culpa del deudor disidente del convenio, etcétera,
por lo que reitero los mismos argumentos.


Respecto a ampliar los convenios actuales, creo que es
volver otra vez al concurso bis. De todas maneras le recuerdo al señor
Manchado que en la disposición transitoria ya se prevé que los concursos
en los que se está negociando, si aún no está nombrado administrador o
mediador, se pueden acoger a la nueva normativa, y en los que ya está
nombrado el mediador, si se acogen a los criterios del acuerdo de
refinanciación regulado por el artículo 71 bis de esta ley, también se
pueden acoger a ella. Es verdad que está pendiente y se ha abordado de
una manera parcial el asunto de las insolvencias de las personas físicas.
Indudablemente es un asunto en el que hay que seguir profundizando, pero
como muy bien usted decía, no tiene encaje dentro de esta ley.


Las enmiendas de Izquierda Unida no se pueden aceptar y más
teniendo en cuenta que la primera a la que hacen referencia desde mi
punto de vista cuestiona uno de los principios básicos de la Ley
concursal que es el principio de la universalidad, un solo órgano
judicial para el concurso. Le ofrecimos una transaccional en este punto
que no ha sido aceptada y, por lo tanto, nos vemos obligados a votar en
contra. Por otra parte vuelven a insistir en la paralización de las
ejecuciones sobre los bienes necesarios para la continuidad de la
actividad empresarial y profesional. Y yo vuelvo a insistir en que las
garantías hipotecarias, aunque se inicien, quedan paralizadas, y las de









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crédito público tienen ese privilegio que entendemos deben
ser respetadas. De las 7 enmiendas, la número 3 hace referencia a este
asunto y las hemos visto en el turno de veto.


Por otro lado proponen incluir los acuerdos laborales en el
documento de refinanciación. Consideran que solamente se deben impedir
las ejecuciones sobre los bienes necesarios para la continuidad de la
actividad empresarial y profesional, y también solicitan que tampoco se
puedan ejecutar sobre las acciones con ventas a plazos con reserva de
dominio, inmuebles con venta aplazada o de tipo leasing. Y yo les decía
que no porque puede ser perjudicial para la masa. Si se permite que se
puedan ejecutar, y le corresponderá al administrador concursal en su
momento decidir si se anula la operación iniciada de recuperación de ese
bien o la inscripción en la recuperación de ese bien —piensen, por
ejemplo, en un bien financiado a través de leasing que tiene un valor
residual y le quedan pocas cuotas por pagar, pero que el valor del activo
es importante—, sería absurdo no hacer la recuperación de ese bien
o de un inmueble con precio aplazado y reserva de dominio porque de esa
manera estaríamos restando valor a la masa de los bienes del concursado o
deudor.


Tampoco podemos aceptar la enmienda número 11 que pretende
introducir el término significativamente en relación con los acuerdos de
refinanciación. La normativa dice que aquellos acuerdos que incrementen
la proporción entre el activo y el pasivo respecto a la proporción previa
podrán acogerse a este artículo. Claro, ¿cuánto supone poner
«significativamente»?, ¿el 10, el 15...? Esto entra dentro del plan de
viabilidad, así como también la siguiente, que hace referencia en la
misma línea en función del tipo de interés. Esto ya está también
marcado.


En cuanto al nombramiento del experto que ustedes piden y
que nombra el registrador, se lleva a cabo, en primer lugar, según el
criterio del domicilio del deudor por razón de proximidad, y, en segundo
lugar, si son varias sociedades, de la dominante, porque se entiende que
donde está la dominante estará la mayor documentación, al igual que en el
caso anterior, y que, por tanto, el registrador de la zona a la que
pertenezca el domicilio social del deudor tendrá más fácil el acceso,
como en el caso, por ejemplo —como yo, que soy de Galicia—,
de una empresa radicada en Galicia que no una de Madrid, que, obviamente,
tendrá más dificultades.


Concluyo manifestando que vamos a rechazar las enmiendas,
bien porque la eliminación del régimen de culpabilidad por negativa a la
capitalización no nos parece que sea un acicate para facilitar el acuerdo
de convenios y, por tanto, de acuerdos extrajudiciales que permitan la
refinanciación y la salida adelante de estas empresas en esta situación,
o bien porque el cómputo de las acciones rescisorias tampoco tiene mucho
sentido. Es verdad que no encaja el proyecto de ley de insolvencia
personal y que, por tanto, tendrá que ser tratado en otra disposición, y
que el conjunto de enmiendas o bien se oponen al modelo propuesto de los
acuerdos de refinanciación y administración —vuelvo a insistir en
que no entendemos la inclusión de los créditos públicos en este tipo de
créditos— o bien suponen la vuelta atrás de la denominación del
nombramiento de la administración concursal.


Por todo esto, vamos a rechazar las enmiendas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, mahaiburu
andrea. Muchas gracias, señora presidenta.


Estamos ante un proyecto de ley del que, en primer lugar,
me gustaría destacar el amplio apoyo que ha obtenido. Me parece que es un
dato más allá del contenido del propio proyecto sobre el que se debería
de reflexionar, puesto que si conseguimos sacar adelante nuestra labor
parlamentaria con amplios apoyos, lo consideraré un valor añadido.


Ya centrándome en el propio proyecto en sí, les diré que mi
grupo considera que los cambios que se plantean al respecto pueden servir
para que muchas empresas, como ya se ha mencionado aquí anteriormente,
continúen la actividad y mantengan el empleo, algo que, en el caso de
llegar a un concurso, es mucho más difícil que ocurra.









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La crisis económica viene de largo y, lo que es peor aún,
nos da la sensación de que va a estar entre nosotros un largo tiempo
todavía. A pesar de las mejoras que, como yo misma esta mañana he
mencionado en una intervención anterior, apuntan algunos indicadores
coyunturales, los problemas de fondo de la economía, a nuestro entender,
van a perdurar. La baja productividad y los problemas de muchas empresas,
la caída de la demanda, la pérdida de los mercados y, sobre todo, los
problemas de financiación es lo que ha provocado que un gran número de
estas empresas atraviesen problemas graves y que pongan en cuestión su
propia supervivencia. El excesivo endeudamiento de muchas de ellas,
motivo que está en el origen e intensidad de la crisis, y la necesidad de
que dicho endeudamiento se reduzca sustancialmente ha de venir acompañado
de medidas que faciliten la viabilidad de los proyectos
empresariales.


Sabemos, la propia experiencia nos lo ha enseñado, que un
número muy elevado de las empresas que van a concurso de acreedores están
abocadas a morir, y nosotros entendemos que hay que tratar de salvar el
mayor número posible, puesto que tienen un proyecto empresarial que es
viable, pero les ahoga el problema de carácter financiero que tienen.


Como consecuencia, es obligación de los poderes públicos
adoptar medidas favorecedoras del alivio de la carga financiera y
conseguir ese desapalancamiento. Esa es, precisamente, señorías, la
finalidad de esta ley que hoy debatimos y que debe conjugarse con el
máximo respeto a las legítimas expectativas de los acreedores, los cuales
habrán de participar activamente y con las máximas garantías en estos
procedimientos de alivio de carga financiera.


Se trata, en definitiva, de favorecer que una expectativa
incierta de cobro de una cantidad elevada en términos de capacidad del
pago deudor se torne, como cita muy bien la ley, en una certeza razonable
de cobro de una cantidad más reducida o sujeta a una mayor espera. Se
trata también de favorecer los mecanismos para que la deuda pueda
transformarse en capital.


Por ello, tal y como la ley plantea, nos parece oportuna la
idea de tratar de resolver los problemas de financiación de muchas
empresas en esa fase de preconcurso, cuando todavía hay posibilidades de
arreglarlo. Llevamos, como ya he dicho, demasiados años padeciendo esta
crisis económica y, a pesar de ser bienvenidas estas medidas, no quisiera
finalizar mi intervención sin mencionar la tardanza con la que se nos han
planteado por medio de este proyecto de ley.


No obstante, habiendo manifestado el acuerdo de mi grupo
parlamentario en lo fundamental del contenido del proyecto de ley,
considerábamos importante hacer un matiz, y así lo hemos hecho constar
por medio de nuestra enmienda y, a pesar de lo expuesto por el senador
Juncal, seguimos opinando que es importante, ya que en las actuales
circunstancias de dificultad y en la medida en que los poderes públicos
deben asumir la obligación de contribuir realmente a facilitar la
supervivencia de estas empresas con dificultades financieras, los
acreedores públicos no solo debieran ver matizados los privilegios que
les confiere la actual legislación sino que debieran propiciar mayores
facilidades al deudor.


Como he mencionado al comienzo de mi intervención, con
excepción de este matiz que plasmamos en la enmienda número 31, mi grupo
considera favorable lo fundamental de este proyecto de ley, y por ello
votaremos a favor.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señora presidenta.


Intervengo simplemente para manifestar que los senadores
socialistas de Entesa, pese a no haberse aceptado nuestras enmiendas,
vamos a votar favorablemente el conjunto del texto, pero lamentamos que
propuestas importantes como la posibilidad de que las personas y las
familias se acogiesen a un sistema para resolver su situación de
insolvencia no hayan sido atendidas por la mayoría del Grupo
Parlamentario Popular.


En cualquier caso, como he dicho al principio de mi
anterior intervención, entendemos que es un proyecto de ley necesario, y
por eso va a contar con nuestro voto favorable.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.









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Tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.


Señor Juncal, en mi última intervención permítame una
aclaración y una afirmación. En cuanto a la aclaración, ni el senador
Saura ni yo hemos presentado enmienda alguna relativa a la preferencia
respecto a los créditos oficiales. Ninguna. Lo que hemos solicitado es
que se incorporen al mismo nivel, al mismo rango los créditos laborales,
porque estos no tienen un carácter mercantil. En eso se equivoca. Hay un
juzgado de lo social, un juzgado de lo mercantil, etcétera, y por eso la
Constitución Española reconoce los derechos laborales, por eso hay un
Estatuto de los Trabajadores. Esta visión mercantilista de los intereses
y los derechos de los trabajadores conlleva este tipo de leyes. Porque
una cosa son las deudas comerciales y financieras, pero entender los
créditos laborales desde esa lógica es una interpretación que ustedes
hacen, y conlleva ese tipo de leyes.


Y, señoría, siempre es difícil hacer juicios de
intenciones, pero es que sus intervenciones me lo van aclarando cada vez
más. ¿Cómo puede ser que la participación de los trabajadores en la
elaboración de los pactos, convenios o planes de viabilidad para
garantizar que una empresa tenga futuro pueda ser un problema, que pueda
ser una dificultad y que usted no acepte las enmiendas que así lo piden?
¿Cómo puede ser eso? Porque en teoría unos de los primeros interesados en
que la empresa tenga viabilidad son los trabajadores. Aquí hay dos
problemas, o usted desconfía de la capacidad y de la responsabilidad de
los trabajadores y de sus representantes, o bien —y es lo que yo
creo que hay de fondo— para ustedes cualquier plan de viabilidad de
una empresa pasa por seguir acogotando los intereses y derechos de los
trabajadores, con lo cual, mejor que estos no estén presentes. (El señor
presidente ocupa la Presidencia). Creo que esto es lo que explica su
negativa a algo tan razonable como es que una parte fundamentalmente
interesada en garantizar la viabilidad de una empresa, que es la creadora
de derechos y créditos laborales, pueda participar en la definición de un
plan de viabilidad. Mire usted si es sencilla la argumentación. Pero
ustedes dicen que no, y la única manera de entender ese no es por lo que
ya he dicho antes.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.


Con frecuencia, empresas que son realmente viables desde un
punto de vista operativo, es decir, susceptibles de generar beneficios en
su negocio ordinario, se han vuelto inviables como consecuencia del
sistema financiero, prioritariamente. Ante esta situación, tal y como
dice el preámbulo de la ley, existen dos alternativas: una es liquidar y
la otra es intentar buscar soluciones dentro del ámbito del sistema
financiero con el fin de que la deuda pueda ser soportable, bien mediante
quitas bien mediante aplazamiento, para permitir que esta empresa pueda
seguir atendiendo sus compromisos y, en definitiva, generando riqueza y
manteniendo los puestos de trabajo. Parece, pues, evidente que esta
segunda opción es el objetivo de esta ley, es decir, salvar empresas. Lo
que está claro es que las obligaciones que tienen los poderes públicos
han de ir en esta línea de salvar empresas, lo que, por otro lado, quiere
decir salvar puestos de trabajo.


Por otra parte, y una vez realizada la necesaria
reestructuración del sector financiero y saneados los balances bancarios,
es evidente que las entidades de crédito y los demás acreedores
financieros pueden y deben contribuir al saneamiento de las empresas que,
no obstante su elevado endeudamiento, siguen siendo productivas. Creo que
este es un aspecto de vital importancia, porque el sistema financiero ha
sido el principal causante de que muchas de las pequeñas y medianas
empresas hayan tenido que liquidar por asfixia y por falta de liquidez.
Por tanto, si se ha ayudado al sector financiero, este tiene ahora la
obligación de contribuir a sanear, a adoptar todas aquellas medidas que
sean precisas para que estas empresas puedan seguir produciendo. Creo que
esto es algo clave. En definitiva, pienso que todos entendemos que el
objeto del proyecto de ley es el de salvar empresas que permitan
continuar trabajando, produciendo, creando riqueza y manteniendo sus
puestos de trabajo.









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Esta ley incorpora, por un lado, medidas para capitalizar
las deudas en acciones. De acuerdo. Prevé la posibilidad de implementar
determinadas quitas que cuenten con el 51% de los acreedores. De acuerdo.
Y puede también facilitar que fluya el crédito. También de acuerdo.
Estamos de acuerdo con todo ello, pero falta un elemento importante
—y nuestras enmiendas iban en ese sentido— y quiero
recalcarlo, y es que esta ley no ha incluido la posibilidad de la
paralización de la ejecución de créditos públicos. Nosotros hemos
propuesto que en aquellos casos significativos en que los efectos de la
paralización de las ejecuciones de créditos públicos recaigan sobre
bienes o derechos necesarios para el funcionamiento de la empresa, la
ejecución se pueda paralizar. Así pues, insisto, a esta ley le falta ese
aspecto. Si hay alguna entidad u organismo público, bien sea Hacienda o
la Seguridad Social, que tiene un crédito sobre estos bienes raíces y
estos bienes son fundamentales para la viabilidad de la empresa, es
lógico que se pueda paralizar la ejecución de estos créditos públicos que
son necesarios para su continuidad. ¿O no estamos de acuerdo con esto?
Señor Juncal, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esto? Es un
aspecto clave; el sector financiero ayuda, va a ayudar o va a tomar las
medidas que prevé este proyecto de ley, pero nos queda esta parte. Por lo
tanto, nosotros lamentamos que no se tengan en cuenta nuestras enmiendas
y las de algún otro grupo que hacían referencia a este aspecto.


¿Y ahora qué vamos a hacer con esto del sector público? A
nosotros nos parece bien —solo faltaría— que Hacienda y la
Seguridad Social ayuden a salvar empresas. Tiene que ser así, claro que
sí, estamos de acuerdo en ello. ¿Cómo es que no se ha tratado en este
proyecto de ley? ¿Ahora vamos a tener que hacer otro? Le hablaba antes de
un real decreto ley que se aprobó el miércoles con medidas públicas,
¿vamos a tener que hacer otro, nos hemos dejado esta cuestión? A lo mejor
es que en cuanto el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea han
visto que no se contemplaban estas opciones para las empresas, les han
dado un tirón de orejas y les han dicho que aquí el sector público tiene
que mojarse también, es decir, que Hacienda y Seguridad Social tienen que
contribuir a salvar empresas.


Me gustaría saber qué va a pasar. Ojalá que en la próxima
ley —aunque sea otra ley, qué le vamos a hacer— esto se
recoja, porque es fundamental, esta es la pata que le falta a este
proyecto de ley para tirar hacia delante.


Por lo tanto, nosotros vamos a dar apoyo a este proyecto de
ley a pesar de que no se hayan tenido en cuenta todas estas cuestiones,
porque aunque solo fuera para salvar una empresa, podríamos decir que el
esfuerzo habría valido la pena.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Manchado.


El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.


Señorías, quiero empezar por anticipar que el Grupo
Socialista votará que sí a la ley, a pesar de que, como he dicho al
principio, entendemos que es una ley mejorable y es una lástima que no
haya podido aceptarse ninguna de las ciento y pico enmiendas que hemos
presentado todos los grupos.


Quisiera empezar con una reflexión que no tiene mucho que
ver con el contenido de la ley, pero que el otro día compartíamos con el
president Montilla y con el president Lerma sobre la norma que obliga a
que cuando un real decreto ley se pone en marcha, el proyecto de ley
resultante tenga que tramitarse por urgencia. Deberíamos ser conscientes
todos de que esto nos hace perder un montón de oportunidades —creo
que probablemente podemos compartir este criterio con muchos senadores y
senadoras del Grupo Popular y de otros grupos—, porque precisamente
cuando el real decreto ley está ya en marcha, está publicado y está en
vigor es cuando no hay urgencias y, sin embargo, desaprovechamos la
tranquilidad que nos daría tramitarlo por un procedimiento que no fuera
el de urgencia, lo que nos proporcionaría a todos los grupos calma para
estudiarlo bien, incluso en el caso de que este fuera —que no lo
es— el mejor Gobierno de la historia podría darse cuenta de que hay
errores que cualquiera puede cometer y que es en el momento en que entra
en vigor cuando se ven esos errores, con lo cual se pueden corregir en la
tramitación de la ley, y además tendríamos tiempo para escucharnos, para
debatir, para sentarnos con los interesados, para extraer conclusiones de
todo ello. Por tanto, a lo mejor estaría bien que









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entre todos hiciéramos una reflexión y modificáramos lo que
fuera necesario para poder hacer esta tramitación de otra forma.


Refiriéndome ya a la ley, como dije antes, tiene un
objetivo que para nosotros es fundamental, la salvación de empresas.
Estamos de acuerdo en que hay empresas que dada su situación financiera
pueden finalizar su ciclo de vida a pesar de ser viables y de tener
futuro como proyecto empresarial.


Este proyecto de ley propone eliminar rigideces de la
propia situación concursal porque, para que todos nos entendamos y para
aquellos que no han participado en el debate o en el estudio de esta ley,
aquí de lo que se trata es de mejorar la posición de una empresa que debe
mucho para que pueda llegar a acuerdos de refinanciación, de quitas y de
cualquier tipo de situación financiera con sus acreedores, para que el
final del proceso no sea enterrar la empresa, pagar a quien se pueda,
desaparecer y perder un montón de puestos de trabajo. Este es el objetivo
fundamental de esta ley que nosotros compartimos.


Este proyecto de ley sirve para que aquella empresa que
entra en una situación concursal o que está previa a una situación
concursal pueda mantener su situación patrimonial más o menos intacta,
con lo cual, a lo mejor la sacamos del pozo y conseguimos que siga
adelante como empresa. Y, en todo caso, si finalmente no queda más
remedio que hacer un concurso de acreedores, que dicho concurso de
acreedores no esté viciado por el preconcurso y deje a gente sin cobrar.
Y es necesario porque, señorías, desde el año 2010, en que hubo 6000
procedimientos concursales en España, hasta el 2013, en que hubo 9600, la
cifra no ha parado de crecer. En el primer y segundo trimestre de este
año 2014 llevamos 3800, casi 4000 empresas que están en situación
concursal. Por tanto, es necesaria. Si esta ley puede conseguir salvar
algunas empresas, como ha dicho el senador Alturo, ya merece la pena. Por
tanto, estamos de acuerdo con ella.


Senador Juncal, me quería referir a usted por lo que me ha
parecido entender en alguna frase suya. Nosotros no acusamos de nada al
Gobierno. No entendemos que haya ninguna cosa rara detrás de esta ley. El
hecho de que al administrador concursal lo nombre el juez o se coja de la
lista no entendemos que lo haya hecho el Gobierno secuencialmente para
ayudar a nadie. Le digo esto porque a lo mejor usted no lo ha dicho pero
a mí me ha parecido entenderlo.


El encaje de la obligación del Gobierno de hacer un
proyecto de ley de insolvencia para familias nosotros lo vemos
absolutamente pertinente pero no porque en pura lógica quepa aquí, sino
porque ustedes han traído leyes que han hablado de coles y han modificado
trenes; ustedes han traído aquí alguna ley que trataba de no sé qué y ha
acabado modificando las tasas aéreas, por ejemplo, que no tenía nada que
ver. Y cuando le decíamos que no tenía nada que ver, ustedes nos
contestaban que sí.


En cualquier caso, la enmienda que presentamos no dice qué
ley de insolvencia hay que hacer, sino simplemente la proponemos para que
esta Cámara le exija al Gobierno que la haga, para que la ley diga que el
Gobierno tiene que hacer una ley para salvar familias. Por tanto, ese
encaje a nosotros nos parece absolutamente oportuno.


Finalmente, para terminar, en aras de la brevedad, quiero
decir que comparto al cien por cien las últimas palabras del senador
Guillot. Si hablamos de salvar empresas, en la literatura económica
—esta mañana no sé quién hablaba de literatura económica— más
capitalista que podamos encontrar, el capital humano de la empresa es un
factor clave. Por tanto, cualquier visión que tengamos de la empresa
tiene que concluir que los trabajadores son la parte más importante de la
empresa. Si eso es así, excluirlos de cualquier hito de la empresa
—no digo de este concurso, sino de cualquier hito de la
empresa— es un error. Y mucha culpa de lo que está pasando la tiene
precisamente haber excluido y excluir tradicionalmente a los trabajadores
de determinadas decisiones para las que, como colectivo, están
absolutamente preparados para participar.


Por tanto, siempre que se hable de participación de
trabajadores en esta Cámara y a mí me toque intervenir, yo voy a estar a
favor de esa participación lo diga quien lo diga, lo plantee quien lo
plantee y sea cual sea el grupo que lo plantee. Por tanto, a mí me parece
que es absolutamente pertinente que los trabajadores participen no
solamente en una fase preconcursal sino en cualquier toma de decisiones
importantes que tenga que ver con la empresa porque son parte de la
empresa y porque se juegan tanto como el que más en la empresa; tanto
como el que más, no más que nadie, pero tanto como el que más.









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Y si me lo permiten, quiero terminar la intervención de
hoy, ya que estamos a pocas horas de la celebración de la Diada de
Cataluña y dado que esta Cámara es de representación territorial,
felicitando a todos y a todas los catalanes y las catalanas que mañana
tienen su día.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Juncal.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Quiero empezar mostrando la satisfacción del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, también nuestro agradecimiento, por
el respaldo que va a tener esta ley porque cuanto más respaldo tengan las
leyes, más beneficioso será para el conjunto del país. No voy a insistir
en ese tema.


Los pilares de la reforma, este real decreto, se basaban en
3 puntos: la modificación de la administración concursal y, sobre todo,
el régimen especial de acuerdos de refinanciación, los contenidos en el
71 y en la disposición adicional cuarta, de homologación de esos
acuerdos, con el arrastre que eso lleva para los acreedores disidentes
que, de una forma minoritaria, se ven obligados a aceptar esos acuerdos
y, por lo tanto, a salvar lo que todos queremos, que es el mayor número
de empresas.


Quiero insistir —y voy a ser breve— en que con
la entrada en vigor de esta ley no se puede considerar que todas las
empresas se vayan a salvar. Vuelvo a insistir en que es una ley concursal
que tiene como objetivo principal la par conditio creditorum, es decir,
el reparto proporcional de toda la deuda, que esa carga, ante la
insolvencia, sea repartida de una forma proporcional y no que caiga sobre
el que esté mejor posicionado, etcétera.


A pesar de ese apoyo global, tenemos diferencias. Señor
Alturo, usted decía: Hay que salvar a las empresas que por culpa del
sistema financiero... No, por culpa del sistema financiero no. Se han
endeudado de más, erróneamente o como quiera, pero echarle la culpa al
sector financiero... La decisión primera de endeudarse es del empresario.
La capacidad de crédito es otra historia, pero luego vemos que algún
grupo dice que a unos determinados fondos no los consideran y tienen que
estar en la negociación. A los que no están supervisados no les damos
ninguna preferencia. Esta es una ley y una parte del derecho bastante
amplia. Además hacemos reformas continuas.


El Gobierno aprobó el viernes y publicó el sábado el Real
Decreto 11/2004 que prevé, aunque yo tengo que confesar que no he tenido
tiempo de analizarlo en profundidad, distinguir entre los créditos que
están presentes en un concurso, los laborales, los mercantiles, los
financieros y el sector público y establecer una serie de condiciones y
de porcentajes que van a sacar adelante ese convenio o esos acuerdos de
refinanciación.


Con la aprobación definitiva de esta ley se da, por lo
tanto, un paso importante. No voy a insistir más en los conceptos. Quiero
insistir, eso sí, en la administración concursal, ya que se definen
perfectamente las funciones e incompatibilidades del administrador
concursal y el nombramiento por orden secuencial de una lista o registro
oficial de administradores concursales a la que habrá que acudir con una
serie de requisitos, con una serie de pruebas que reglamentariamente se
determinarán. Esas disposiciones permiten el arrastre de los acreedores
que minoritariamente no apoyan el convenio, y si una mayoría sí lo hace,
se pueden ver arrastrados, obligados a él. Por lo tanto, a partir de
ahora hay una nueva herramienta para que en casos puntuales, aquellas
empresas en crisis que, salvo la carga financiera, son viables desde el
punto de vista económico, puedan salir adelante.


Señor Guillot y señor representante del PSOE, nadie duda de
la importancia de la representación de los trabajadores, pero una cosa es
el papel que jueguen los trabajadores en la empresa, sobre lo que nadie
va a discutir —nadie va a descubrir aquí el papel que desarrollan y
la importancia que tiene el capital humano—, y otra cosa es que un
acuerdo de refinanciación financiera tenga que hacerse en convenio con
los trabajadores. No se pueden mezclar esas dos cosas. Irán en caminos
paralelos, que tarde o temprano tendrán que converger, pero una cosa es
el problema financiero, la situación financiera, la homologación y toda
la problemática que genera esa homologación judicial, rescisiones,
etcétera, y otra el camino de los trabajadores en el









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desarrollo y salvación de la empresa y de los puestos de
trabajo, que es lo que, en definitiva, todos buscamos y perseguimos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Juncal.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas
del proyecto de ley.


Comenzamos con las enmiendas de los senadores Iglesias y
Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.


En primer lugar, votamos las enmiendas números 1, 2, 4, 6,
7, 10, 12, 16 y 29.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 232; votos emitidos, 232; a favor, 80; en contra, 145;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 20.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 229; en contra, 1;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos a continuación las enmiendas números 3, 5, 8, 9,
11, 13 a 15, 17 a 19, 21 a 28 y 30.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 69; en contra, 146;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos la enmienda número
31.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 18; en contra, 214;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Entesa, votamos la enmienda número
52.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 70; en contra, 159;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 51, 59, 60 y 64.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 70; en contra, 147;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 53 a 58 y 61 a 63.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 70; en contra, 147;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 68, 73, 74, 80 y 97.









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Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 232; votos emitidos, 231; a favor, 76; en contra, 146;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 83.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 231; a favor, 76; en contra, 148;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 65 a 67, 69, 70, 75 a 79, 81, 89 a 94
y 98.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 232; a favor, 66; en contra, 147;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 71, 72, 82, 84, 85, 87, 88,
95 y 96.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 70; en contra, 147;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 86.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 221; en contra, 1;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, votamos las enmiendas números 32, 34, 40, 41 y 50.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 15; en contra, 214;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 33, 35, 36, 39, 42, 45, 47 y
49.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 18; en contra, 147;
abstenciones, 68.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 37, 38, 43, 44, 46 y 48.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 232; votos emitidos, 232; a favor, 82; en contra, 145;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda
número 100.


Comienza la votación. (Pausa).









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11645




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 232; a favor, 73; en contra, 157;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 103, 108 y 112.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 232; a favor, 73; en contra, 147;
abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 99, 101, 102, 104 a 107 y 109
a 111.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 87; en contra, 146.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 227; en contra, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se
dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.


7.2.2. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS TASAS DE
LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES.


COMISIÓN: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD


(Núm. exp. 621/000074)


El señor PRESIDENTE: Proyecto de Ley por la que se regulan
las tasas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Comisión de
Economía y Competitividad.


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
presidente de la comisión, el senador López Rodríguez.


El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


El proyecto de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día
5 de junio de 2014, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, tramitándose por el procedimiento de
urgencia. El plazo de presentación de enmiendas finalizó previa
ampliación el día 24 de junio, presentándose un total de 18 enmiendas.
Las enmiendas se distribuyen de la siguiente forma: enmiendas 1 a 3, de
los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto; enmiendas 12 a 16, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya; enmiendas 6 a 11, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió; enmiendas 17 y 18 del Grupo
Parlamentario Socialista y enmiendas 4 y 5 del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado. El 8 de septiembre se reunió la ponencia del
presente proyecto de ley y emitió informe, acordando por mayoría
incorporar al texto remitido por el Congreso de los Diputados las
enmiendas números 4 y 5, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. A
continuación, se reunió la Comisión, aprobando como dictamen el informe
de la ponencia. Finalmente han presentado votos particulares a este
dictamen los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto, y los Grupos Parlamentarios Entesa pel Progrés de
Catalunya, Catalán en el Senado Convergència i Unió y Grupo
Socialista.









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11646




Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López
Rodríguez.


Comenzamos el debate de totalidad.


¿Turno a favor? (Pausa).


No hay turno a favor.


¿Turno en contra? (Pausa).


No ha turno en contra.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).


No hay intervenciones.


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).


No hay intervenciones.


¿Grupo Parlamentario de la Entesa? (Pausa).


Senador Bruguera, tiene la palabra.


El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente.


Intervengo muy brevemente para dar por defendidos los dos
bloques de enmiendas: las números 12 y 13, que corresponden a los
senadores socialistas, y las números 15, 16 y 17, correspondientes a los
senadores Guillot y Saura.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.


¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió? (Pausa).


Senador Alturo, tiene la palabra.


El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.


Esta es una ley muy técnica. Mi grupo ha presentado 6
enmiendas que, sin duda, de ser aceptadas, entendemos que introducirían
mejoras importantes en el proyecto.


Esta ley, de alguna forma, pretende garantizar la
suficiencia financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
pero sin generar agravios comparativos entre determinados sectores y
manteniendo, evidentemente, unas tasas similares con otros supervisores
de nuestro entorno económico.


Nuestras enmiendas van encaminadas a cumplir estos
objetivos, que ya están recogidos en el preámbulo de la ley. Y para
establecer un hilo conductor en relación con su trámite en el Congreso de
los Diputados, quiero referirme, en primer lugar, a la enmienda número 10
de nuestro grupo parlamentario, que fue admitida en ponencia por el Grupo
Popular. Dicha enmienda suprimió el apartado c) del artículo 56, por el
que se establecía una tarifa a las empresas de asesoramiento financiero,
repito, empresas de asesoramiento financiero, en concepto de tasas por
supervisión e inspección de requisitos de solvencia, ya que estas
empresas no están obligadas a remitir información concreta sobre aquellos
datos de su situación financiera y la actividad en los mercados que otras
partes interesadas puedan tener interés de cara a evaluar los riesgos a
los que se enfrentan. Por lo tanto, propusimos la supresión de esta
tarifa, que, como he dicho, fue aceptada.


Pues bien, las enmiendas que hemos presentado van
prioritariamente en esta línea, en hacer un posicionamiento más
equitativo entre los diferentes sectores que intervienen en el mercado de
valores en general.


Por tanto, doy por defendidas las enmiendas y,
evidentemente, nos gustaría que alguna de ellas, especialmente las que
hacen referencia a las empresas de asesoramiento financiero, pudieran
atenderse, puesto que en un principio vemos que hay una discriminación
negativa en este proyecto de ley en relación con otros sectores que
intervienen en el ámbito financiero.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Gracias, presidente.









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11647




En este turno de debate general sobre el Proyecto de Ley de
tasas quiero decir que el mismo no ha venido precedido, como en otras
ocasiones, de una presentación importante, como sí ocurrió en el
Congreso, donde hubo un debate previo en el que la presidenta de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores dio cuenta de su gestión y de
las razones que llevaban a pedir la modificación de la Ley de tasas.
Desde luego, las razones son importantes ya que falta cierta autonomía a
la hora de gestionar los recursos, pues aunque probablemente la comisión
tenga en este momento superávit, se ve constreñida por la legislación que
el Gobierno está aplicando. Y aun recogiendo cada vez más competencias,
procedentes fundamentalmente de las directivas de la Comisión, lo cierto
es que no puede incrementar su personal para dotarse de los servicios
necesarios.


Ciertamente, la Comisión del Mercado de Valores es muy
importante para la seguridad financiera de los ciudadanos en general. En
muchas ocasiones hemos centrado las críticas en las entidades financieras
o en el propio Banco de España por cuestiones financieras que han venido
ocurriendo en España en los últimos años de la crisis e incluso antes, y
lo cierto es que hemos dejado de lado la responsabilidad de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y de la Competencia probablemente porque
no teníamos conciencia real de las funciones que debería ejecutar. Y yo
quiero decir que estas funciones son muy importantes aunque probablemente
no da, como hace el Banco de España y su gobernador, habitualmente cuenta
de la situación económica global. Sin embargo, como la propia presidenta
reconoce, y habrá que plantearse en el futuro, sí tiene que rendir
cuentas sobre la situación del sistema económico y financiero español. En
el próximo presupuesto tendremos que pensar en la importancia
trascendental que tiene la comisión. Si los ciudadanos supieran que
muchos de los productos derivados incomprensibles y ciertas actuaciones
empresariales son presumiblemente, en cuanto a defensa del consumidor
financiero se refiere, responsabilidad de la comisión, seguramente nos
exigirían mucho mayor control de lo que le estamos exigiendo, como
también nos exigirían que diéramos mucha más importancia a su función por
cuestiones de seguridad.


Por tanto, considero que la modificación de tasas, aun
partiendo del posible superávit que la comisión pudiera tener, es muy
importante para su funcionamiento, para asumir más capacidad de la que se
le va dando paulatinamente y, al mismo tiempo, para que pueda gozar de
una mayor autonomía financiera a efectos de destinar los recursos a las
necesidades que tiene actualmente. Probablemente, insisto, no ha rendido
cuentas.


Señorías, como desde esta mañana se ha producido un debate
financiero importante —lo hemos tenido con las mociones y con la
ley anterior, y deberíamos tenerlo también en este caso debido a la
importancia de las funciones de la Comisión Nacional de Valores—,
me voy a aventurar a explicitar en este turno general nuestra
posición.


A pesar de todos los intentos triunfalistas de aplaudir la
recuperación —que todos estamos deseando poder hacer con
contundencia—, lo bien cierto es que la situación no ha ido a mejor
desde el punto de vista económico y financiero; lo bien cierto es que nos
hemos beneficiado de un tímido crecimiento precisamente porque la
Comisión Europea en este caso ha relajado las normas de funcionamiento en
cuanto a los objetivos de déficit. Y no mucho más, porque, como se ha
demostrado en los debates anteriores, todo lo que estábamos creciendo
debido al supuesto incremento de la competitividad española y al
crecimiento de las exportaciones, ha quedado liquidado automáticamente en
el último semestre. Una tímida recuperación ha supuesto la pérdida de
competitividad de nuevo y que las importaciones superaran a las
exportaciones rápidamente. Por lo tanto, no habíamos ganado esa
competitividad que estábamos pidiendo, y al mismo tiempo hemos aplaudido,
y han aplaudido las bolsas españolas y en general las bolsas mundiales,
el discurso de nuestro banquero central, el señor Draghi, en Jackson
Hole. Pero las medidas del banquero central no van a suponer de nuevo
crecimiento, aparte de que, al parecer, ha sido el último en enterarse de
la realidad: que estamos faltos de demanda, porque todos los demás
organismos internacionales ya lo han dicho, pero parece que él ha sido el
último en enterarse, y la Comisión no se ha enterado todavía, y me temo
que el Gobierno español tampoco. Pero lo cierto es que sabe que las
medidas que ha tomado solo son para ganar tiempo, o sea, la bajada de
tipos de interés no funciona en un momento como el que tenemos, de trampa
de liquidez, aunque nos acerquemos al cero, donde prácticamente ya
estamos, o por debajo, porque el cero en Europa, por si no lo saben
ustedes, es el objetivo de inflación, que es el 2%. Por lo tanto, estamos
con tipos de interés reales por debajo de cero. Esta es la situación real
que tenemos.









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¿Y eso va a introducir mejoras en el crédito? No. Y lo sabe
el gobernador del Banco Central. En todo caso, eso probablemente va a
suponer una bajada temporal del euro con respecto al dólar y a otras
monedas, pero, primero, eso se va a observar rápidamente y, segundo, no
nos ha hecho ganar competitividad, porque todos los esfuerzos salariales
que habíamos hecho y de devaluación interna, como ustedes saben
perfectamente, se los había comido la fortaleza del euro frente al dólar
y el resto de las monedas europeas y, al mismo tiempo, es evidente que el
famoso invento que se llamó ajuste expansivo, o como quieran ustedes
llamarlo, o austeridad expansiva, del famoso Alberto Alesina, profesor de
Harvard y de la Universidad Bocconi de Milán, no solo no ha funcionado en
Europa, como a la vista está, sino que no ha funcionado jamás en ningún
país del mundo. Por consiguiente, lo que deben tener muy claro la
Comisión Europea y el Gobierno es que o cambiamos la política económica o
nos encontraremos de nuevo no ya con que debemos más porque estamos
devaluando los activos como consecuencia de la deflación —y por
tanto pasaremos nuevas dificultades financieras con el análisis de los
activos de los bancos que tiene que hacer el Banco Central—, sino
que, además de todo eso entraremos en la tercera recesión, como ya nos
han inducido a 2 la política alemana, la Comisión Europea y el Banco
Central.


Este es mi pronóstico en este debate general, que
desgraciadamente se va cumplir, y me gustaría poderles anunciar otra
cosa.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Torme.


La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.


Señorías, el proyecto que debatimos cuenta con una
valoración positiva de toda esta Cámara. De hecho, fue aprobado este
mismo lunes —como ha señalado el presidente de la Comisión de
Economía— por 18 votos a favor y 8 abstenciones. A su vez, el texto
que se nos remitió desde el Congreso fue aprobado en Comisión por 39
votos a favor y 2 abstenciones. De manera que el respaldo es mayoritario,
y así ha quedado demostrado en el turno de defensa de las enmiendas
presentadas.


En este sentido, por ejemplo, el señor Lerma ha destacado
la importancia que tiene un organismo como la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, sobre todo para la garantía jurídica de los
inversores, no solo de los mayoristas, sino fundamentalmente de los
minoristas —opinión que, desde luego, comparto—, pero el
señor Lerma, por otra parte, en vez de defender las 2 enmiendas del Grupo
Socialista ha pasado a hacer un discurso de política económica financiera
general, precisamente porque esta ley no da, a lo mejor, para hacer otro
tipo de debate que a él le hubiera gustado.


Señorías, efectivamente abordamos una reforma que, ya se ha
dicho aquí, es muy técnica. Consiste en una reordenación y revisión de
las tasas que aplica la Comisión Nacional del Mercado de Valores, puesto
que el esquema que existe es muy antiguo y no responde a las necesidades
del sector en la actualidad. Son 16 enmiendas las que se han defendido,
aunque en realidad son 11, ya que varias coinciden, de manera que, como
decía, son enmiendas muy puntuales. Vamos a rechazarlas todas porque,
como voy a explicar a continuación, o bien se refieren a cuestiones que
están fuera del ámbito de este proyecto de ley, como es el caso, por
ejemplo, del establecimiento del impuesto de transacciones financieras o
la nueva regulación que se propone de las sociedades de inversión de
capital variable, o bien son enmiendas que proponen alguna modificación
de las cuotas establecidas en relación con determinados servicios que
presta este organismo, y que, en opinión del Grupo Parlamentario Popular,
no suponen una mejora del sistema de tasas que se contempla en este
proyecto.


Comienzo con las enmiendas del Grupo Mixto y de Entesa en
las que proponen la creación urgente de un impuesto de transacciones
financieras...


El señor PRESIDENTE: Senadora Torme, le recuerdo que
estamos en el debate de totalidad del proyecto de ley. Todavía no hemos
entrado en el debate de las enmiendas. Luego vendrá el debate de las
enmiendas.


La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.









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Bien, pues en vez de analizar las enmiendas una a una,
vuelvo a destacar que se trata de un proyecto que cuenta, como decía al
inicio de mi intervención, con el respaldo mayoritario de la Cámara y que
es una reforma necesaria y oportuna, y así ha quedado demostrado por el
respaldo que ha obtenido en las 2 Cámaras y que espero tenga en la
votación final que aquí realicemos. Destaco la importancia que tiene la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y que este texto no solo revisa
y reordena esas tasas, sino que contribuye a objetivos que, en mi
opinión, y en opinión del Grupo Parlamentario Popular, son esenciales, y
es que esta comisión tenga y actúe con suficiencia financiara de acuerdo
con el principio de equivalencia.


Me parece fundamental que cuando se opera en los mercados
se sepa qué tipo de servicio se presta, qué funciones, qué coste tienen
estos servicios y además que el que acude a esos servicios, bien sean
agencias de valores, entidades de asesoramiento financiero, todos los
agentes, paguen por ese servicio al que acuden y que presta la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.


Quiero destacar y valorar positivamente el esfuerzo que ha
hecho este organismo a la hora de implementar una contabilidad analítica,
que realmente aporta una gran transparencia, porque se sabe qué funciones
se prestan y cuánto cuestan, y además se repercute en el cliente que
acude a esas funciones. Ese objetivo me parece fundamental. También me lo
parece el que se mejore la gestión de este organismo, porque ello redunda
no solo en todas las partes que intervienen en el mercado de valores,
sino al final también en los propios clientes, en los inversores
mayoritarios o minoristas. Además, también contribuye a un objetivo
importante, el de asimilarnos y alinearnos a los sistemas que tienen el
resto de organismos reguladores que operan en nuestro entorno jurídico y
económico, porque cuando hablamos de mercados globales, que haya una
alineación o que haya un mismo tipo de tasas al final repercute en que no
tengamos perjuicios, como podríamos tener con deslocalizaciones.


En este proyecto, con esa revisión de tasas, en algunos
casos se procede a la revisión a la baja, aspecto que, como digo, me
parece importante, porque no queremos que haya deslocalizaciones que
puedan perjudicar los intereses de la economía española.


Así que, sin más en este turno vuelvo a reiterar la
oportunidad que tiene esta revisión y espero y confío en que se produzca
una aprobación mayoritaria.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Torme.


Finalizado el debate de totalidad del proyecto de ley,
vamos a pasar al debate del articulado con el debate de las
enmiendas.


Los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario
Mixto, han presentado las enmiendas números 1 a 3. Para su defensa, tiene
la palabra el senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.


Es una pena que haya interrumpido a la portavoz del Grupo
Popular justo cuando iba a manifestar su posición sobre las enmiendas que
presentamos; me quedaré con el suspense. Mientras tanto, las
defenderé.


Las tres enmiendas tratan sobre la introducción del
impuesto sobre las transacciones financieras. Saben ustedes que es una
reivindicación de movimientos sociales y de economistas a lo largo y
ancho del planeta que, como se decía en el debate de esta mañana,
pretende castigar aquellas operaciones que en el corto plazo de tiempo
tratan de ganar dinero sin crear de ninguna manera tejido productivo. A
través de esta enmienda, como ya se aprobó en el Ecofin del pasado mes de
mayo, nosotros proponemos una tasa entre el 0,1% y el 0,001% sobre la
cantidad de las transacciones financieras realizadas. Y nuestros cálculos
son que, si no se aprobase esta enmienda por parte del Grupo Popular y el
Gobierno, se estaría renunciando a recaudar nada más y nada menos que en
torno a 5000 millones de euros, que podrían ir destinados a la mejora de
la calidad de los servicios públicos, o, quizá, teniendo en cuenta a este
Gobierno, a seguir salvando a las entidades financieras que han provocado
la crisis.


En todo caso, nos parece que es una buena idea. No estamos,
en absoluto, satisfechos con el acuerdo que se tomó finalmente en el
Ecofin en mayo del año pasado y vamos a seguir insistiendo en su defensa
porque nos parece una buena idea para recaudar y, sobre todo, para
introducir, como decía Ignacio Ramonet cuando desde Le Monde Diplomatique
lanzó esta idea, granos de









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arena en los mecanismos del sistema, es decir, para de
alguna forma poder desincentivar la especulación que se produce día y
noche, las veinticuatro horas del día, a lo largo y ancho del planeta en
torno al intercambio de producto financiero en el mundo.


Y, en segundo lugar, una enmienda que tiene que ver con las
sociedades de inversión de capital variable. Saben que este tipo de
sociedades han transcendido el significado que tenían al inicio. No son
sociedades, en verdad, de inversión colectiva, sino auténticas
instituciones de inversión patrimonial personal, y es por ello que
pedimos en esta enmienda introducir dos limitaciones: en primer lugar,
que no pueda haber nadie que tenga más de un 5% de participación en estas
sociedades de inversión de capital variable y, en segundo lugar, que
vuelvan a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como no podría
ser de otra forma, las competencias con respecto a la supervisión de la
fiscalidad de estas sociedades, que han pasado de la Comisión Nacional
del Mercados de Valores y ya de por sí son una puerta abierta para el
fraude por parte de las grandes fortunas en nuestro país, cuando
actualmente no tienen ninguna dependencia de la Agencia Tributaria a la
hora de supervisar su grado de ejecución.


Creemos que estas enmiendas mejorarían nuestra fiscalidad y
harían muchísimo más justo el sistema fiscal en nuestro país.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos bloques de enmiendas. El primero de ellos, las enmiendas
12 y 13 y la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las
enmiendas 4 y 5, del Grupo Parlamentario Popular.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Con la venia, señor
presidente.


En estos últimos tiempos la Comisión Nacional del Mercado
de Valores ha ido incrementando su catálogo de servicios, sus funciones y
competencias, fundamentalmente en cuestiones como la supervisión, el
registro y el control, y todo ello debido a la transposición a nuestro
ordenamiento jurídico de varias directivas europeas que se han ido
aprobando. Por lo tanto, nos parece lógico y también razonable la
revisión y la actualización de las tasas actualmente vigentes. Y, desde
este punto de vista, nos parecen sensatas y adecuadas, teniendo en
cuenta, en primer lugar, estos nuevos servicios, como he dicho
anteriormente, que tiene que prestar, que está prestando ya la comisión
y, en segundo lugar, porque las tasas que se proponen creemos que
claramente están en línea con las del resto de países europeos que tienen
organismos reguladores similares al nuestro y, en definitiva, porque se
trata de aumentos muy moderados.


En este sentido, por lo tanto, los senadores socialistas
hemos presentado dos enmiendas. Una es la número 12, de supresión de la
única disposición adicional de esta ley que, como decía anteriormente el
senador Lerma, lo que pretende es dotar de mayor autonomía, de mayor
libertad a la comisión para diseñar su propia política, especialmente en
cuanto a política de personal teniendo en cuenta estas nuevas funciones
que he comentado y, también, los mayores ingresos que tendrá la comisión
como consecuencia de la revisión que estamos aprobando. Y la segunda
enmienda es la número 13, de adición, sobre un asunto sobre el que no es
la primera vez que hablamos, y es la necesidad de crear la autoridad de
protección financiera que es una propuesta, repito, que ya hemos
realizado en alguna otra ocasión, y que pretende básicamente una mayor
protección del cliente de servicios financieros.


Resumidamente esta sería la posición de nuestro grupo
parlamentario. Nos gustaría que se aprobaran estas enmiendas porque
creemos sinceramente que mejorarían por una parte el texto y por otra
abrirían expectativas para los usuarios o clientes de servicios
financieros. Y, en segundo lugar, diré que en todo caso nosotros
votaremos afirmativamente el conjunto de la ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.


El segundo bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario de
Entesa son las números 14, 15 y 16.


Senador Bruguera, tiene la palabra.









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El señor BRUGUERA BATALLA: Las doy por defendidas, señor
presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado las enmiendas números 6 a 11.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.


Ya he dicho en el turno anterior que daba todas las
enmiendas por defendidas, pero quisiera hacer una referencia en especial
a alguna de ellas. Por ejemplo, la número 6 en la que se establece en el
punto 2 la tarifa 4.2, la tasa por examen de la documentación necesaria
para la autorización o declaración de no oposición y de otros actos
relacionados con las siguientes personas o entidades: agencias de
valores, sociedades gestoras y empresas de asesoramiento financiero,
repito, empresas de asesoramiento financiero. Pues bien, en esta enmienda
nosotros pretendemos que, en consonancia con el artículo 41 y con la
tarifa 4.1, agencia de valores de sociedad de valores, que viene
desglosada en 3 tramos dependiendo del tipo de documento a examinar, se
aplique esta misma proporción para la tarifa 4.2.3, relativa a las
empresas de asesoramiento financiero.


En la enmienda número 7 al artículo 46.1, tarifa 4.3, tasa
por inscripción, entendemos que hay un incremento en torno al 55% y que
esta cuota es desproporcionada, máxime cuando esta cuota ya establecía
una cuantía fija mínima de 167,47 euros y máxima de 169,47. Por lo tanto
se propone que se mantengan los importes vigentes hasta la fecha.


La enmienda número 8 al artículo 61.b. es de supresión y,
en definitiva, lo que pretende es que el cobro de tasas por clientes
puede motivar que las empresas de asesoramiento financiero decidan no
prestarlo al cliente minorista de menor patrimonio, dado que el coste
medio por cliente en el caso de tener menos de 32 como promedio supone
una merma muy importante del ingreso medio que se puede obtener. Por lo
tanto, pensamos que es una enmienda importante y pediríamos al Partido
Popular que la reconsiderara y la tuviera presente.


La enmienda número 9 afecta al artículo 69 y es también una
enmienda de modificación que, en definitiva, lo que propone es una
modificación que se dirige a que las nuevas tasas que el proyecto de ley
aplica a las infraestructuras del mercado español de valores, también se
apliquen a aquellas infraestructuras que aunque no han sido creadas al
amparo de la Ley del mercado de valores, sí actúan dentro del mercado
español de valores y caen, en consecuencia, dentro del ámbito de
actuación de la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.


Y, finalmente, la enmienda número 10, al artículo 70,
propone una modificación que se dirige a que las nuevas tasas que el
proyecto de ley aplica a las infraestructuras del mercado español también
se apliquen a aquellas infraestructuras que sí actúan dentro del mercado
español de valores y se tengan en cuenta los mismos conceptos que he
mencionado anteriormente.


Por tanto, pedimos al Partido Popular que tenga en cuenta
las enmiendas que presentamos, puesto que entendemos que mejorarían
sustancialmente el proyecto de ley que estamos debatiendo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las
enmiendas números 17 y 18 y ha pedido la vuelta al texto remitido por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 4 y
5 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Manchado.


El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.


Intervengo básicamente para defender las dos enmiendas que
hemos presentado; una de ellas tiene que ver con una coletilla que
aparece en todas las leyes, que es la del ministro Montoro, que dice que
cualquier cosa que pase en este país no puede suponer un incremento de
personal o de coste. Pues bien, entendemos que la propia autonomía y
suficiencia financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
hace innecesaria la presencia de este texto.









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Y la otra enmienda que hemos presentado tiene que ver con
la defensa de los derechos de los consumidores de los servicios y
productos financieros. No hace falta repetir que en los últimos años en
España los consumidores de los servicios y productos financieros no han
tenido especialmente suerte al haber encontrado en las entidades
financieras precisamente algún tipo de prácticas que podríamos calificar
de dudosa bondad, por no decir que eran malas, directamente. En este caso
proponemos que el Gobierno traiga a aprobación a las Cámaras, en el plazo
de doce meses, una ley de creación de la autoridad de protección
financiera. Entendemos que en dicha autoridad de protección financiera
deberían incluirse todas las autoridades tanto estatales como autonómicas
de consumo y, además, los reguladores y los supervisores financieros,
básicamente, para que puedan actuar en nombre de los usuarios de esos
servicios, con independencia funcional del Gobierno y con capacidad, como
digo, para actuar en nombre de los usuarios y consumidores, repito, con
el único y exclusivo fin de evitar posibles abusos y malas prácticas que
hemos conocido en los últimos años y que sería bueno que no se volvieran
a repetir.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.


Turno en contra.


Tiene la palabra, senadora Torme.


La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.


Aunque en el turno anterior, por cortesía parlamentaria,
iba a hacer referencia a las enmiendas que había dado por defendidas en
su totalidad el Grupo Parlamentario Entesa, o de una en una, en el caso
del portavoz del Grupo de Convergència i Unió, por indicaciones muy
oportunas del presidente, paso a dar esas explicaciones a estas enmiendas
en este turno en contra por parte del Grupo Parlamentario Popular.


Comienzo por la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario
Mixto, que coincide en su totalidad con la número 14, del Grupo
Parlamentario Entesa. En ellas se propone la creación urgente de un
impuesto de transacciones financieras que grave todas las transacciones
financieras siempre que, al menos, una de las partes de la transacción
esté establecida en España y que una entidad financiera establecida en
territorio español sea parte de esa transacción. Se trata de una cuestión
que está fuera del ámbito de este proyecto de ley y, en cualquier caso,
al haber sido esta materia precisamente objeto de un acuerdo entre 10
países europeos por el procedimiento de cooperación reforzada que se
encuentra ya en una fase bastante avanzada, parece prudente esperar a su
puesta en marcha en el año 2016.


Por tanto, es desaconsejable aplicar este impuesto de una
forma independiente por parte de España, ya que ello incrementaría los
riesgos de deslocalización de la inversión. Lógicamente, ante mercados
financieros globales, este impuesto ha de ser neutral y homogéneo en su
aplicación, y de ahí nuestro rechazo.


En cuanto a las enmiendas de estos mismos grupos relativas
a las sociedades de inversión de capital variable, he de decirles que el
objeto de las mismas también está fuera del ámbito de este proyecto de
ley. En cualquier caso, la propuesta de fijar un porcentaje máximo del 5%
para la inversión en una sicav, a la que hacía antes referencia el
portavoz del Grupo Mixto, significaría una asimetría con respecto al
resto de instituciones de inversión colectiva en las que no existen
limitaciones semejantes.


Y respecto de la recuperación del control por parte de la
Agencia Tributaria que se propone en estas enmiendas, hay que tener en
cuenta que la supervisión de las instituciones de inversión colectiva sí
es competencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; sin
embargo, este organismo no tiene competencia alguna sobre los requisitos
que pueda exigir la Agencia Tributaria para otorgar los beneficios
fiscales asociados a estas figuras jurídicas que pueda considerar
oportuno.


En todo caso, señorías, tenemos en marcha una amplia
reforma fiscal, que es el marco legislativo donde en su caso
correspondería abordar esta reforma.


Pasando a las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, la número 6
propone desglosar de la tarifa 4.2, aplicable a agencias de valores de
ámbito restringido, gestoras de cartera y empresas de asesoramiento
financiero, a estas últimas, a las empresas de asesoramiento financiero,
y mantener respecto a ellas la misma









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proporción que existe en el caso de las dos primeras, de
las agencias de valores y de las gestoras de cartera, entre tarifa de
autorización y tarifas específicas para declaraciones de no oposición,
creación o toma de participación en entidades de la Unión Europea,
modificaciones de estatutos y programas de actividades. Pues bien, vamos
a rechazar esta enmienda, teniendo en cuenta que se ha establecido una
tarifa mínima para la autorización de las empresas de asesoramiento
financiero, que es de 1000 euros, en lugar de los 6000 aplicable a las
otras dos, a las gestoras de cartera y las agencias de valores,
precisamente en atención, como decía usted, señor Alturo, a que en
general se trata de personas físicas y a la mayor simplicidad de las
tareas a las que se dedican, que exigen menos comprobaciones; sin
embargo, para el resto de autorizaciones o declaraciones adicionales se
mantiene la misma cuota que en la inscripción, pues existe un nivel
crítico mínimo de trabajo a realizar en relación con esas autorizaciones
o declaraciones, que resulta muy similar al de la autorización inicial, y
que está cifrado en 1000 euros, y les recuerdo ese principio que todos
compartimos, el de suficiencia financiera y equivalencia, el de evaluar
los costes de las distintas operaciones y que se pague por los
mismos.


En su enmienda número 7 proponen reducir para empresas de
servicios de inversión, sociedades gestoras, instituciones de inversión
colectiva, sociedades gestoras de entidades de capital riesgo y
sociedades gestoras de fondos de titulización, la cuota fija por
inscripción de actos en el registro oficial de 300 euros por una cuota
fija para la que señalan ustedes dos cifras de un mínimo y un máximo, de
167,79 y 169,47 euros.


Pues bien, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario
Popular, esta enmienda no es aceptable por dos razones: en primer lugar,
porque ustedes establecen una cuota fija máxima y una mínima sin señalar
con qué criterio se aplica una u otra, o cualquier otra que pueda ser
intermedia, y, en segundo lugar, porque la cifra que recoge el proyecto,
esos 300 euros, se establece con carácter general para cualquier
anotación sencilla en el registro, pues el coste de estas inscripciones
sencillas es independiente del contenido de lo inscrito; se aplica esta
tasa a aquellas anotaciones que derivan de actos que han supuesto
autorización o declaración de no oposición por parte de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.


Respecto a las modificaciones que plantean en la enmienda
número 8, en relación con las dos tarifas que determinan la tasa de
supervisión y la de inspección de las normas de conducta a las entidades
que prestan servicios de inversión, proponiendo en un caso la reducción y
en otro la supresión de la misma, hay que señalar que la tasa de
supervisión e inspección de las normas de conductas a este tipo de
entidades es una tasa de nueva creación, cuyo importe mínimo será de 1200
euros al año, suma de las dos tarifas mínimas a que hace referencia la
enmienda de CiU.


Es previsible que gran parte de estas empresas de
asesoramiento financiero pague la tasa por ese importe, solo si alcanzan
una cifra de clientes superior a 1808 o una cifra de negocios en
prestación de asesoramiento financiero de 740 000 euros pagarán una cifra
superior. Es obvio que la Comisión Nacional del Mercado de Valores debe
supervisar específicamente a las empresas de asesoramiento financiero en
sus actuaciones de prestación de servicios de inversión. Simplemente la
revisión y comprobación de la información que anualmente deben remitir a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores supone, de acuerdo con los
cálculos que ha hecho esta institución, ese coste anual de 1200 euros, lo
que supone una cifra mensual de 100 euros.


Por lo que se refiere a las enmiendas números 9, 10 y 11,
tienen por objeto establecer tasas a infraestructuras de mercados no
españoles que operen sobre instrumentos financieros respecto de los que
los mercados secundarios oficiales y los sistemas multilaterales de
negociación creados al amparo de la Ley del mercado de valores sean los
mercados más importantes en términos de liquidez. En este caso estas
enmiendas no tienen en cuenta que las infraestructuras a que hacen
referencia no residen en España, por lo que su supervisión corresponde a
la autoridad supervisora del país en el que estén domiciliadas. No hay,
pues, una supervisión directa por parte de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores sobre estas entidades, única circunstancia que podría
dar lugar a que se estableciera una tasa, como ustedes proponen. De ahí
que nosotros vayamos a votar en contra.


En cuanto a las enmiendas número 12,del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, y 17 del Grupo Parlamentario Socialista,
por las que se propone la supresión de la disposición adicional única que
se refiere a la contención del gasto público con referencia expresa a los
gastos de personal, hay que destacar que la previsión que este proyecto
de ley realiza lo es









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en el marco que ella misma regula, y la aplicación de este
proyecto por sí mismo no da lugar al incremento de gasto de personal.
Ello no impide, por supuesto, que otras normas con rango de ley puedan
facilitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la asignación de
los recursos adecuados a las necesidades de supervisión, y sin duda uno
de esos recursos es el que se deriva de estas tasas que en este proyecto
de ley se revisan y reordenan. Por ello, como les decía, tampoco vamos a
aceptar esta enmienda.


Por último, la enmienda número 13 del Grupo Parlamentario
de Entesa pel Progrés de Catalunya, que coincide con la número 18 del
Grupo Parlamentario Socialista, propone una adición de una nueva
disposición final. En ella emplazan al Gobierno a que presente un
proyecto de ley de creación de la autoridad de protección financiera del
consumidor. Pues bien, esta propuesta también está fuera del ámbito de
esta ley, y en cualquier caso la creación de una nueva autoridad para la
protección de los clientes financieros se antoja innecesaria, porque se
trata de funciones que ya están residenciadas en los tres supervisores
financieros con que contamos: el Banco de España, la Dirección General de
Seguros y la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores.


Señorías, habiendo explicado el voto en contra por parte
del Grupo Parlamentario Popular a estas 11 enmiendas, concluyo destacando
que se trata de un proyecto de ley, como creo que todas sus señorías
comparten, adecuado y necesario que sin duda va a redundar en un objetivo
en el que todos coincidimos, como es el mejor funcionamiento de un
organismo tan importante como la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, que garantiza la transparencia y el correcto funcionamiento de
los mercados, y desde luego también la seguridad jurídica de los
inversores, especialmente de aquellos que son más vulnerables, que pueden
estar más desprotegidos o tener menos información, como son los
minoristas, para evitar que puedan suceder episodios como los que
lamentablemente hemos conocido en el pasado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Torme.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor
presidente.


Intervengo únicamente para anunciar que mi grupo
parlamentario no ha presentado ningún veto ni ninguna enmienda porque
coincidimos prácticamente con la totalidad de los fundamentos que
presenta el proyecto de ley, y lo apoyaremos con nuestro voto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.


¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.


Haciendo una valoración global, nosotros consideramos que
este proyecto de ley está en sintonía con las necesidades actuales de los
mercados de valores y que renueva las bases de la financiación de este
organismo, que es el encargado de la supervisión, de la inspección de los
mercados de valores españoles y que pretende actualizarlos y adaptarlos a
la dinámica de los mercados, contribuyendo también así a reforzar la
autonomía financiera del organismo y mejorar la gestión de sus
labores.


Es evidente que la ley de creación de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores —y no me voy a extender en ello— le
atribuye múltiples competencias desde muchos ámbitos, es decir, desde
velar por la transparencia, controlar los mercados, el desarrollo de los
mismos, al cumplimiento de las normas, etcétera, y la ley distingue tres
categorías de mercados secundarios oficiales: la Bolsa de valores
existente en cada momento, el mercado de la deuda pública representada
mediante anotaciones en cuenta y otros mercados secundarios
oficiales.


El nuevo marco de tasas que aplicará la Comisión Nacional
del Mercado de Valores a emisores y organismos supervisados, acorde con
la nueva realidad de los mercados y de la propia estructura









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del organismo, va en la línea de lo que esperamos pero, a
nuestro juicio, aunque en líneas generales los cambios propuestos están
en sintonía, me gustaría realizar algunas consideraciones.


En primer lugar, que las líneas generales de nuestras
enmiendas van en la dirección de compatibilizar esta mejor financiación
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la adaptación a la
modernización de los mercados con la actividad que realizan los distintos
agentes. Por lo tanto, consideramos prioritario que la actualización de
las tasas de la Comisión Nacional no perjudique de manera
desproporcionada los intereses de las partes que intervienen en el
mercado y que son necesarios, evidentemente, como vehículos financieros.
Nosotros entendemos que en el desarrollo de esta ley este principio de
equivalencia ha quedado alterado en algún caso.


En segundo lugar, nuestro grupo parlamentario cree que el
proyecto de ley no ha tenido en cuenta de forma suficiente el rol que
desarrollan las empresas de asesoramiento financiero y la realidad que
las mismas tienen por sus características, pues estas empresas forman
parte de un sector que actualmente se encuentra en fase de crecimiento y
que se verá penalizado con la aplicación de las tasas propuestas para las
mismas. Y no solo eso, sino que además las tarifas propuestas no guardan
el criterio de proporcionalidad y, por lo tanto, no respetan el principio
de capacidad económica que recoge la Constitución.


Nuestras enmiendas, senadora Torme, iban en esta línea,
ustedes consideran que no van a admitirlas, pero la valoración global es,
evidentemente, más positiva y, por lo tanto, nosotros vamos a apoyar este
proyecto de ley independientemente de que las enmiendas no hayan sido
aceptadas. En cualquier caso, nosotros entendemos que deberían haber
hecho este esfuerzo al cual yo he hecho referencia en este turno.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa).


No hay intervención.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Torme.


La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.


Simplemente quiero agradecer a los distintos grupos
parlamentarios su respaldo a este Proyecto de Ley por la que se regulan
las tasas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También quiero
resaltar que aborda y defiende unos objetivos prioritarios que sin duda,
a mi juicio, son esenciales, que es el de la suficiencia financiera unido
al de equivalencia. Yo creo que es importante que se sepa exactamente qué
servicio se presta por parte de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores; que se establezca cuál es el coste real de cada uno de los
servicios que presta y que el que acude a esos servicios los pague,
porque en un mercado, cuando queremos supervisar y velar por la
transparencia, por la información, es importante que el que acuda a un
servicio lo pague y que todos los ciudadanos tengamos esa
información.


Con este objetivo, junto con el de conseguir una mayor
alineación con este tipo de sistemas, que tienen otros entes reguladores
de nuestro entorno jurídico y económico, y mejorar la gestión, a lo que
efectivamente contribuye este proyecto de ley, vamos a dar más
importancia de la que ya tiene a este organismo de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores por esa misión trascendente de supervisar y
garantizar el buen funcionamiento de los mercados y garantizar su
independencia, porque con cuanta mayor independencia actúe más podremos
exigir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y más garantías van
a tener todos los agentes que operan en los mercados, incluyendo, por
supuesto, y destacando a los inversores y, entre ellos, a los inversores
minoristas.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Torme.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas
de este proyecto de ley.


Comenzamos por las enmiendas de los senadores Iglesias y
Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.


Votamos las enmiendas 1 a 3.


Comienza la votación. (Pausa).









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 62; en contra, 145;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa.


Votamos la enmienda número 12.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 65; en contra, 143;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 13.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 75; en contra, 142;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 14, 15 y 16.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 220; a favor, 62; en contra, 141;
abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.


Votamos las enmiendas 6 a 11.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 220; a favor, 14; en contra, 205;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista.


Votamos las enmiendas números 17 y 18.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 66; en contra, 145;
abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De los Grupos Parlamentarios de la Entesa y Socialista,
votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las
enmiendas números 4 y 5, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 62; en contra, 145;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 218; en contra, 2;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se
dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.









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8. INCOMPATIBILIDADES


8.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN


8.1.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES,
EMITIDO EN SU SESIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2014, EN RELACIÓN CON VARIOS
SEÑORES SENADORES.


(Núm. exp. 503/000009)


El señor presidente da lectura a los puntos 8. 8.1. y
8.1.1.


El señor PRESIDENTE: Con fecha 24 de junio de 2014 la
Comisión de Incompatibilidades ha emitido dictamen sobre la situación de
diversos señores senadores, y ha considerado por unanimidad que de la
documentación presentada y del conocimiento que posee no se deduce
incompatibilidad para ninguno de los senadores incluidos en el
dictamen.


Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
presidente de la comisión, senador Moreno.


El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, tomo la palabra brevemente para presentar en el
Pleno el dictamen aprobado por la Comisión de Incompatibilidades en su
sesión celebrada el pasado día 24 de junio de 2014, que se refiere a
todos los miembros de la Cámara que se encontraban pendientes de este
trámite y son los siguientes: Domínguez Hormiga, doña Sandra, Durán
Sánchez, don Juan Pablo, Henríquez de Luna Losada, don Iñigo, Moreno
Bonilla, don Juan Manuel, y Quintana Viar, don José.


La comisión ha aprobado este dictamen por unanimidad de
todos sus miembros, de acuerdo con la propuesta, también unánime, de la
ponencia permanente en ella constituida. Dicha ponencia había examinado
con todo detenimiento las declaraciones formuladas por los senadores al
incorporarse a la Cámara, así como las aclaraciones y documentación
complementaria que había recabado de los senadores y senadoras.


En el caso de actividades privadas al servicio de compañías
o entidades, se ha comprobado que las mismas carecen de relación
accionarial o contractual con poderes públicos.


En definitiva, el dictamen que presento es resultado de un
examen cuidadoso y detenido de la situación incluido en él, y por ser
favorable para todos se formula como dictamen de lista, sin motivación
individual para cada senador o senadora, conforme al artículo 16 del
Reglamento.


En nombre de toda la Comisión de Incompatibilidades,
concluyo solicitando el voto favorable de sus señorías para este
dictamen.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Moreno.


¿Algún portavoz quiere intervenir? (Denegaciones).


Ninguno.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a la votación del dictamen de la
Comisión de Incompatibilidades.


Les anuncio que, a continuación, una vez terminado el
Pleno, la Comisión de Asuntos Exteriores se reunirá en la sala Enrique
Casas.


Y les anuncio también que ha habido votación telemática del
senador Benito Marín Torrecillas, que ha ejercido su voto, que ha sido
favorable al dictamen, y que sumaré a la votación.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 202 más 1 voto telemático, 203; votos emitidos, 202 más 1 voto
telemático, 203; a favor, 200 más 1 voto telemático, 201; en contra,
2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen emitido por
la Comisión de Incompatibilidades.


Buenas tardes a todos.


Señorías, se levanta la sesión.


Eran las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos.