Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 258 más 1 voto telemático, 259; votos emitidos, 258
más 1 voto telemático, 259; a favor, 5; en contra, 235 más 1 telemático,
236; abstenciones, 18.

Se aprueba el texto del proyecto de ley con el siguiente
resultado: presentes, 258; votos emitidos, 258; a favor, 233; en contra,
5; abstenciones, 20.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley
orgánica.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cincuenta
minutos.

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mejor que ellos, que podrían estudiar y evitar así el paro
y la emigración. En la España de hoy esas expectativas han sido
frustradas, y esta indignación se está mostrando mediante la
movilización, el conflicto social y la conciencia política, hasta el
punto de que el régimen monárquico bipartidista se encuentra contra las
cuerdas. Y por eso también estamos hoy aquí.

Se habla mucho en estos días de la Transición y de la
concordia. Se deslegitima nuestra propuesta de consulta democrática con
referencias más o menos veladas al caos y a la incertidumbre: o Felipe VI
—nos dicen— o el caos. Mal bagaje de partida, señorías, para
afrontar un debate democrático. Porque incertidumbre en España, señorías,
la mayor de las incertidumbres, la tienen las familias que no saben cómo
van a llegar a fin de mes.

Concordia, la palabra mágica de la Transición. Se refería
Mariano Rajoy hace poco, en el obituario que escribió a Adolfo Suárez, de
nuevo a esta palabra. La retórica habitual, señorías, repetida hasta la
saciedad: reconciliación de los españoles, unidad más allá de la
diferencia ideológica, cerrar heridas, borrar cicatrices. La concordia
—decía el presidente— como entendimiento perdurable y fecundo
entre diferentes para satisfacción de la mayoría. Y me parece bien la
definición, pero ¿qué satisfacción? ¿De qué mayoría se habla? Señorías,
no hay concordia desde la negación del conflicto. No hay concordia con 6
millones de parados. No hay concordia con 13 millones de personas en
riesgo de pobreza y de exclusión social. No hay concordia sin la
seguridad de una pensión justa. No hay concordia con miles de jóvenes
abandonando su casa, su gente, su familia, su país, haciendo el mismo
camino de su padres, esta vez, eso sí, con un título debajo del brazo. No
hay concordia cuando el patrón te puede echar cuando quiera del trabajo.
No hay concordia cuando se trabaja tantas horas y se cobra una miseria.
No hay concordia cuando no se asegura la salud y la educación como
servicios públicos universales. No hay concordia cuando las mujeres son
tratadas como ciudadanas de segunda, como trabajadoras de segunda; eso
sí, como siervas de primera. No hay concordia cuando se expulsa a la
gente de sus casas y hay tantas casas sin gente, con un drama social que
conculca los derechos humanos, sociales y constitucionales; 50 000
viviendas se ha quedado la banca por impago de la hipoteca durante el año
2013. No hay concordia, señorías, cuando el dinero público se dedica a
salvar los negocios bancarios de los amiguetes, mientras que 2 millones
de hogares permanecen con todos los miembros de su familia en paro. No
hay concordia cuando por participar en una huelga general te condenan a
tres años de cárcel y te obligan a entrar en prisión, mientras los
corruptos se pasean a sus anchas por los consejos de administración del
Ibex 35.

Y quiero denunciar aquí hoy la caza de brujas que se está
dando contra el movimiento obrero organizado. Quiero hablar hoy aquí de
Carlos y de Carmen, de Ana y de Tamara, condenados —los 4— a
tres años de prisión, obligados a entrar en la cárcel. Van a solicitar el
indulto. Les pido, señores del Gobierno, que por favor atiendan esa
solicitud, porque si no, entenderemos que este gesto, la entrada en
prisión de sindicalistas que lo único que han hecho ha sido participar en
piquetes informativos durante la huelga general (Rumores), en defensa
de... Sí, es mucho mejor indultar a un guardiacivil que graba acoso
sexual, pero como es hijo de un concejal del Partido Popular sí se le
indulta por el Gobierno. (Rumores). Eso sí. Indulto…, o
entenderemos esto como un momento fundacional del nuevo régimen en
España, una llamada de atención al movimiento obrero, un aviso para que
se desate, con la nueva reforma del Código Penal, una caza de brujas
contra el pueblo trabajador. Y entenderemos, señorías, que en España
vuelve a haber presos políticos.

La monarquía, el símbolo de la unidad de la nación por
encima de fronteras y de clases, se ha convertido en el símbolo de la
unidad de intereses de la oligarquía económica y financiera con el poder
político; la monarquía, la de los silencios en torno a la corrupción del
yerno Urdangarin y la corrupción en general; la corona de la concordia,
que se ha convertido en el mejor intermediario de las empresas del Ibex
35 en todo el mundo, incluyendo a países reconocidos ampliamente en la
defensa de los derechos humanos, como son las monarquías del Golfo
Pérsico, el Reino de Marruecos o Guinea Ecuatorial; el monarca que se ha
convertido en garante de la disciplina atlántica que permite que haya
bases militares de potencias extranjeras en nuestro país; Juan Carlos de
Borbón se ha visto obligado a abdicar, y a partir de pasado mañana,
señorías, vamos a tener las promesas de regeneración del país.

Y antes de que lleguen esas promesas yo me atrevo a
hacerles una propuesta: que el ciudadano Juan Carlos de Borbón declare su
patrimonio ante sus compatriotas, que nos saque de dudas, que nos
explique cómo es posible que se tenga un patrimonio de 1800 millones de
euros

con un salario de 300 000 euros al año (Rumores), que nos
informe de sus propiedades inmobiliarias, de sus adquisiciones de obras
de arte, de sus inversiones en bolsa, que realice un acto de
transparencia que nos permita abandonar el debate sobre su aforamiento.
¿A qué tanto miedo sobre el aforamiento del ciudadano Juan Carlos de
Borbón?

El pasado miércoles asistimos en el Congreso a un
interesantísimo debate, y la verdad es que algunos nos quedamos
ojipláticos cuando el portavoz del Partido Popular, señorías, citó, nada
más y nada menos, que a Santiago Carrillo. (Rumores). El portavoz del
Partido Popular citaba a Santiago Carrillo, y es una novedad, sobre todo
teniendo en cuenta qué es lo que ha dicho la derecha de Santiago Carrillo
durante tantos años, ¿verdad? Y hablaba el señor Alonso de la altura de
miras y de su capacidad de renuncia por el bien de España. Efectivamente,
pero ¿a qué renuncian ustedes por el bien de España? ¿Renuncian a las
reformas laborales? ¿Renuncian a dar ayudas públicas a la banca?
¿Renuncian a una legislación que permite los desahucios? ¿Renuncian al
control de los grandes medios de comunicación? ¿Renuncian a obedecer a la
Iglesia para que la mujer elija libremente su maternidad? ¿Renuncian a
privatizar las pensiones o la sanidad o la educación? (Rumores). No
renuncian a nada, ustedes van como un bulldozer con su hoja de ruta, una
hoja de ruta que podría haberse visto empantanada por la tozudez real,
pero al final han ganado los que sabían que para seguir mandando había
que cambiarlo todo para que nada cambie.

La diferencia es que llegamos a la monarquía de Juan Carlos
I sabiendo, ilusionados, que cada persona podía ser un voto. Hoy llegamos
a la monarquía de Felipe VI seguros y convencidos de que no es así; sin
embargo, es un euro, un voto. Y no se crean que nos molesta que citen a
Carrillo. A mí me encanta. Ustedes pueden citar a Carrillo las veces que
quieran, las veces que quieran. Solo les voy a pedir una cosa: cuando
citen a Carrillo, recuerden que era la máxima figura de un partido
plagado de luchadores muertos, de mujeres fusiladas y de jóvenes
torturados. (Fuertes protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Cuando citen a Carrillo,
recuerden que era el líder de un partido que no abandonó ni un solo
instante la defensa de la legalidad republicana. Cuando citen a Carrillo,
recuerden que representaba a un partido que no cejó durante cuarenta años
de combatir la dictadura franquista, esa a la que ustedes todavía no han
tenido la decencia de condenar con todas las letras. Un partido de
hombres y mujeres que se lo jugaron todo —su familia, su amor, su
amistad—, absolutamente todo para conseguir que hubiera en España
justicia y libertad. No sé dónde estaban ustedes entonces.

Por eso estamos sobradamente legitimados para pedir y para
exigir más democracia. Los que votaron a favor de la Constitución del 78
lo hicieron porque se hablaba de libertad de expresión, de derecho de
huelga, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, a la educación
y al trabajo; porque hablaba de supeditar la riqueza al bien común;
porque hablaba de igualdad efectiva entre hombres y mujeres; porque
hablaba de que todos los españoles y las españolas son iguales ante la
ley. Y también el ruido de sables y la amenaza del golpe de Estado, ¿se
acuerdan?

Es un clásico del constitucionalismo tratar de blindar las
constituciones frente a las reformas populistas —entre
comillas—, pero fue Jefferson, el tercer presidente de los Estados
Unidos, el que dijo que había que cambiar las máximas leyes soberanas en
nombre del pueblo soberano, en nombre del poder soberano de las
generaciones históricas.

Hoy, un 63% del censo electoral no tuvo ocasión de votar la
Constitución del 78. Yo tenía 1 año cuando el dictador murió. Yo tenía 3
años cuando 100 000 personas salieron con un silencio atronador a
despedir a los abogados asesinados por el fascismo en Atocha 55; tenía 3
años. Y tenía 4 años cuando mis padres me llevaron de la mano a votar la
Constitución, y votaron, como tantos otros y tantas otras, a favor de la
Constitución.

No es el pueblo el que ha roto el pacto constitucional,
porque constatamos que las renuncias que entonces hicimos muchos no han
servido para hacer valer los aspectos civiles, sociales, económicos y
laborales de la Constitución del 78. Y si algo ha roto ese consenso
constitucional fue la reforma del artículo 135 de la Constitución que se
hizo en el año 2011; una reforma que consagra el dogmatismo neoliberal y
lo eleva a ley, y una reforma que debería avergonzar a sus promotores,
sobre todo cuando pronuncian la palabra consenso.

Por eso, la alternativa republicana para nosotros,
señorías, no consiste solamente en elegir a la Jefatura del Estado,
consiste en construir desde el poder popular una alternativa democrática
republicana, con un proyecto de país que garantice pan, trabajo y techo
al conjunto de la ciudadanía y de la mayoría social trabajadora de este
país.

Venimos hoy aquí a demandar un acuerdo: que el rey abdique,
pero que el rey abdique en el pueblo. Es la hora de la democracia. Es la
hora de que el pueblo decida su futuro. Los voceros del régimen siguen
utilizando el miedo al enfrentamiento entre españoles para desdeñar las
aspiraciones democráticas de una parte cada vez mayor de la población. El
miedo al conflicto inoculado durante cuarenta años de franquismo y
utilizado en la Transición para construir consensos ya no vale hoy,
señorías. Los hijos y las hijas de los que hicieron la Transición ya no
tenemos miedo y vamos a seguir hablando.

Hoy se aprueba esta ley y no se le da la palabra al pueblo
para que decida cuál es su modelo de Estado. Tendremos próximas citas con
las urnas. Tendremos las elecciones municipales de 2015, que van a ser
las más políticas de la historia desde 1979, y no solamente porque la
reforma local ha dejado sin financiación y sin competencias a los
ayuntamientos, sino porque la situación política y social del país nos
exige dar a la cita electoral del próximo mayo de 2015 un carácter
constituyente, con un precioso antecedente en la historia de España: las
elecciones del 12 de abril de 1931. También fueron municipales.

El 2 de junio se manifestó alegre el pueblo que reclama el
derecho a decidir el modelo de Estado, que reclama un referéndum para
elegir entre monarquía y república y la apertura de un proceso
constituyente en nuestro país. Señorías, la Transición terminó el 2 de
junio. Ese día los nietos enterramos para siempre el silencio, el miedo y
el dolor que cuarenta años de dictadura inocularon en este país.
Señorías, el silencio de la Transición se ha roto para siempre.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por la
senadora doña Ester Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Molt bona tarda a tothom.
Presidente, señorías, saludo también a los escasos ministros que hoy nos
acompañan.

Hoy aquí nos presentan, y será sometido a votación, el
Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación del
Rey Juan Carlos I. Esquerra Republicana ha vetado y votará que no a este
proyecto de ley. Hoy votar favorablemente al presente proyecto de ley es
avalar, conceder carta de naturaleza a una decisión de carácter personal
que trasciende al monarca y que cierra la puerta a la democracia porque
impide pronunciarse a la ciudadanía. Ustedes, aquellos que hoy voten
favorablemente este proyecto de ley, se convertirán en fedatarios de una
decisión personal.

En un aspecto de tanta trascendencia como es el que
debatimos hoy, lo normal es que el trámite parlamentario asegure la plena
intervención de todos los sujetos políticos y que lo puedan hacer con
plena capacidad de enmienda, negociación, debate y publicidad. Lejos de
ello, ustedes acumulan dos procedimientos excepcionales: urgencia y
lectura única, cercenando los derechos de los parlamentarios a intervenir
de forma plena en su tramitación.

Sorprende el uso del procedimiento de urgencia, cuando en
treinta y cinco años no se ha desarrollado el precepto constitucional.
Nada impedía que el trámite se hubiese hecho con la necesaria serenidad y
con la regulación de todos los aspectos que atañen al rey que abdica y a
la sucesión del nuevo monarca. Y más sorprende el procedimiento de
lectura única, reservado para los proyectos cuya naturaleza así lo
aconseja o su simplicidad de formulación lo permite. La naturaleza del
proyecto, una ley orgánica de sucesión, difícilmente puede aconsejar el
trámite en lectura única. La simplicidad de la formulación se debe única
y exclusivamente a la presentación de un proyecto de ley meramente
declarativo, lejos de lo que demanda el artículo 57 de la
Constitución.

Pero lo que no tiene parangón alguno, lo que supone un
vicio de procedimiento insalvable, es la acumulación de ambos
procedimientos, con fines distintos, y cuyo único objetivo es finalizar
la tramitación lo antes posible. Es evidente que en este proceder los dos
grandes partidos del Estado

español se ponen de acuerdo. Ya lo hicieron al final de la
legislatura anterior, en esa ocasión para congratularse con la troika, y
ahora lo hacen para eludir el debate, la trasparencia y el ejercicio
democrático que la ciudadanía demanda. Ustedes actúan por miedo al
cambio, y su miedo amordaza de nuevo a la democracia.

Decía el presidente del Gobierno del Estado español el
pasado miércoles en el Congreso: La forma política del Estado no está en
el orden del día. También dijo que su oposición a convocar un referéndum
para que fuese consultada la ciudadanía obedecía a que ya sabemos lo que
piensa la ciudadanía, en atención al resultado de las encuestas y los
estudios de opinión que durante estos días se han ido publicando,
mostrando una vez más su gran fe en la demoscopia y su poca fe en la
democracia, en los principios democráticos y en el derecho de la
ciudadanía a ser consultada en las urnas. Entenderán que para nosotros,
para Esquerra Republicana de Cataluña, todo esto resulte inaceptable.
Siempre lo ha sido, pero en pleno siglo XXI y en democracia no es
aceptable que nadie, estadista o político, transmita por herencia sus
atributos, su condición. La condición de representante político nace de
las urnas, de la soberanía del pueblo, y una vez más ustedes sustraen a
la ciudadanía el derecho a poder decidir, a votar sobre la forma política
del Estado, igual que hicieron en el año 78.

Hoy se somete a votación no solo la abdicación sino también
el mecanismo de sucesión y, en consecuencia, la perpetuación de la
monarquía a través de un cambio de rey, un nuevo Borbón del que no cabe
esperar, ni esperamos, una actitud diferente hacia Cataluña. (Rumores).
Hoy, la aprobación de este proyecto de ley convalida de nuevo la sucesión
diseñada por el dictador. Efectivamente, el régimen franquista aprobó,
como una de sus leyes fundamentales, la ley de sucesión, donde se
determinaba que el jefe del Estado, el dictador, en cualquier momento
podría proponer a las Cortes la persona que estimase que debía ser
llamada un día a sucederle a título de rey o de regente. Fruto de esta
ley, y en el contexto de la llamada democracia orgánica, el dictador
propuso a las Cortes de procuradores la Jefatura del Estado de su
designado, Juan Carlos de Borbón. Tras su proclamación como sucesor a
título de rey, el entonces príncipe de España reconoció en su discurso
ante aquellas Cortes Españolas la legitimidad del ilegítimo régimen
surgido del 18 de julio del 36, así como su fidelidad a él y a los
Principios del Movimiento Nacional y a las Leyes Fundamentales del
régimen. Así, tras la muerte del dictador, fue proclamado jefe del Estado
a título de rey.

Después de casi cuarenta años de dictadura la sociedad
española reclamaba cambios políticos, y Juan Carlos encabezó una
transición a la democracia que fue tutelada por las propias instituciones
franquistas, en un difícil equilibrio entre las demandas de los
demócratas y la resistencia del núcleo duro del aparato franquista
amparado por la amenaza del ruido de sables. El llamado consenso
constitucional estuvo, pues, condicionado por el momento histórico y no
pudo ejercerse en plena libertad. (Rumores). Este es el contexto en el
que fue redactada, aprobada y refrendada la Constitución, que determina
la actual forma política del Estado español. En estas circunstancias, el
referéndum de la Constitución de 1978 se percibe como un plebiscito entre
la continuación de la dictadura o el cambio por una democracia en los
términos definidos en el texto constitucional, es decir, se le plantea a
la ciudadanía un dilema: estas libertades o ninguna. Y una clara mayoría
opta por estas libertades.

La aprobación de la Constitución es interpretada como una
legitimidad explícita a cada uno de los puntos en ella consagrados. De
esta manera, y sin haber sido aprobada específicamente por la ciudadanía,
se legitima democráticamente la monarquía. Esto significó obviar la
legitimidad republicana y reconocer al sucesor establecido por la
ilegítima legalidad franquista.

En definitiva, el resultado es una Constitución donde en
algún artículo nos dicen que los españoles son iguales ante la ley, sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Pero la máxima autoridad del Estado está determinada
por razón de su nacimiento, e incluso de su sexo. Por otro lado, el
proceso constituyente español también impuso una visión territorial del
Estado ambigua, que distingue entre regiones y nacionalidades sin
especificar y sin reconocer más derechos históricos que los de los
territorios forales. En este sentido, se abortó una vez más la
posibilidad de reconocer los derechos nacionales catalanes, que fueron
abolidos por Felipe V, a los que nunca ha renunciado el pueblo ni el
Parlamento de Cataluña.

A lo largo de la historia de la actual etapa democrática el
Parlament de Cataluña ha ido incrementando sus demandas de autogobierno y
de reconocimiento y afirmación nacional. De nuevo los fantasmas de dos de
los asuntos más polémicos de la Transición han regresado a las Cortes
Generales. El reconocimiento de los derechos históricos de las naciones
del Estado y la forma de Estado como monarquía o república. Ambos asuntos
pueden y deberían ser resueltos de manera sencilla y democrática mediante
el reconocimiento del derecho de los pueblos a decidir su organización
política, de la misma manera que el pueblo español tiene el derecho a
decidir si desea que la forma política de su Estado sea una monarquía o
una república. (Rumores).

La crisis económica ha confluido en una crisis política e
institucional que reclama más y mejor democracia y la consolidación del
Estado del bienestar...

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio,
por favor.

La señora CAPELLA I FARRÉ: …ante el desmantelamiento
impuesto por el neoliberalismo o la garantía efectiva de derechos como la
salud, la educación, el trabajo o la vivienda. Asimismo, la asfixia a la
que el Estado central y centralista ha sometido a las comunidades
autónomas, prioritariamente, en el gasto social, ha puesto en entredicho
el propio modelo territorial.

En todo este contexto institucional, social y político, la
abdicación del rey ha abierto la puerta a cuestionar todo el proceso
constituyente que le entronizó mediante un cambio político tutelado por
las fuerzas e instituciones franquistas. Contrariamente, la rapidez y
cerrazón con que se pretende dar carpetazo a la sucesión dinástica se
percibe como una segunda transición exprés, en que todo vuelve a estar
atado y bien atado. El propio discurso del monarca pone en evidencia
algunas de las contradicciones que se producen en este momento. Según su
discurso, una nueva generación reclama con justa causa el papel
protagonista. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más
joven, con nuevas energías.

El proceso sigue siendo decidido por los mismos. En
consecuencia, el futuro rey, después de la abdicación del actual, no es
rey ni por elección ni por méritos. No es rey porque tenga la madurez, la
preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con
plenas garantías la Jefatura del Estado, como afirma el abdicado rey en
su discurso, sino que es rey por ser hijo varón del rey. Es decir, que no
lo elige la ciudadanía, sino su ADN. E incluso podría ser rey aunque no
tuviera la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad
necesarios.

En Esquerra Republicana no podemos asumir que el jefe del
Estado, o cualquier otro cargo público, lo sea por herencia y no por
voluntad popular. Esquerra Republicana de Cataluña no reconoce la
legitimidad de la impuesta monarquía, ni la imposición de un ordenamiento
jurídico que no reconoce el derecho inalienable de Cataluña a decidir
libremente su futuro. Aunque les duela, el 9 de noviembre Cataluña
decidirá entre monarquía o república catalana.

Asimismo, he de manifestar que no nos es indiferente lo que
acontece en el Estado español. Nos unen lazos de amistad y fraternidad
con los pueblos de España y su ciudadanía, y por ello también nosotros
defendemos su derecho a decidir sobre la forma de Estado. Por este último
motivo también votaremos que no al proyecto de ley.

Hoy, una vez más, he de decirles que su modelo de Estado,
el que hoy ustedes van a consagrar de nuevo, significa la perpetuación de
un modelo que no se basa en la igualdad, cuya Jefatura del Estado no ha
pedido perdón por los crímenes de la dictadura, y que su nombramiento se
sustenta sobre ella. El dictador le designó, las Cortes franquistas le
proclamaron, y la Constitución española de 1978 lo legitimó. Y hoy, de
nuevo, a través de esta ley renuncian a cuestionar esa decisión.
Renuncian a la memoria, a la justicia y a la reparación y dejan que
prescriba de nuevo el franquismo. Atado y bien atado. De nuevo actúan en
sentido contrario a las demandas de la ciudadanía, al derecho a decidir
de la ciudadanía sobre el sistema de Estado: democracia o república. Por
eso decía que los catalanes y catalanas decidiremos.

Por todo ello, desde la convicción, el compromiso, con
plena conciencia de la responsabilidad y el deber que tenemos con
aquellos que nos precedieron en la lucha por los derechos y las
libertades, termino recordando al president Lluís Companys. Por cierto,
tampoco el jefe del Estado que abdica ha pedido perdón por el asesinato
del que fue president de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys.
Sería deseable que el nuevo rey lo hiciese.

Finalizo mi intervención con sus palabras: «Venim per
servir els ideals. Portem l’ànima amarada de sentiment. Res de
venjances, però sí un nou esperit de justícia i reparació. Recollim

les lliçons de l’experiència. Tornarem a sofrir,
tornarem a lluitar i tornarem a guanyar. Difícil és la tasca que ens
espera, però jo dic que estem possessionats de la nostra força, que ens
portarà endavant per Catalunya i per la república.»

Y añado: Visca la llibertat.

Gràcies.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por los
senadores don Jordi Guillot Miravet y don Joan Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, he de decir que lamento la
ausencia del jefe de Gobierno. Pienso que el debate que tenemos hoy es lo
suficientemente importante como para que don Mariano Rajoy estuviera
aquí. (Rumores). No imagino nada más importante que tenga que hacer el
presidente del Gobierno que asistir a un debate sobre la abdicación del
rey. (Aplausos). Sin ningún menosprecio, evidentemente, a los ministros y
ministras que están aquí.

No voy a hacer una intervención de juicio de la figura del
rey Juan Carlos, tampoco sobre la monarquía o la república, sino un
intento de hablar sobre la abdicación con un contexto social ineludible y
con unos antecedentes históricos ineludibles.

Yo estoy convencido de que los resultados electorales de
las elecciones europeas significaron el fin de una etapa política en el
Estado español. Cuando digo fin soy consciente de que el fin de una etapa
no se produce hoy y mañana se inicia la nueva. El terremoto electoral que
se produjo con la abstención, el voto en blanco, el hecho de que
formaciones políticas sacaran más de un millón de votos, el hundimiento
del bipartidismo, no se puede decir que miméticamente se vaya a producir,
sino que son tendencias importantes. Y estoy seguro —me lo van a
permitir— de que la decisión del rey de abdicar no es ajena a los
resultados electorales; no digo que sea la única, pero no es ajena. Estoy
seguro de que los resultados electorales gravitan sobre la decisión de
Juan Carlos de abdicar. Juan Carlos abdica ocho días después de las
elecciones y simultáneamente aparecen en todo el Estado manifestaciones,
concentraciones, opiniones en relación con la necesidad de referéndum o
de la tercera república. La pregunta sería: ¿en qué momento político está
España cuando se produce la decisión de abdicar?

Difícilmente podemos negar que estamos ante una situación
política delicada, con una crisis económica, una crisis social y una
crisis territorial. No me voy a extender, pero sí quiero, como mínimo,
fijar tres ideas de las crisis que estamos pasando. (Rumores). La primera
es que la crisis está teniendo una repercusión en la estructura de la
sociedad de mayor desigualdad y de mayor precariedad; no sé cuándo
saldremos de la crisis ni con qué ritmos. No estoy de acuerdo con las
políticas de austeridad, pero las políticas de austeridad están
determinando una sociedad más precaria y más desigual. Como me decía el
otro día una bióloga: no solo no puedo mirar el horizonte con optimismo,
con esperanza, sino que cuando estoy optimista lo veo con incertidumbre y
cuando estoy pesimista lo veo amenazador. Lo mismo podemos decir de la
crisis territorial. Pero me van a permitir que introduzca una nueva
crisis importante, más importante que estas tres. Yo creo, señorías, que
España tiene una crisis moral, que estamos no solo ante una crisis
territorial, ante una crisis social, ante una crisis económica, sino que
estamos ante una crisis moral, donde la corrupción está en el centro de
esa crisis moral que se produce, y esto tiene unos efectos fulminantes
sobre la sociedad: el efecto de la valoración negativa de los partidos
políticos, de los gobiernos y de la misma monarquía. (Rumores). Y tiene
una consecuencia social de desafección, de indignación, de estar en
contra, de alejamiento de las instituciones; por tanto, lo que estoy
planteando aquí es que la abdicación se está produciendo no solo en un
momento de crisis material, sino en un momento de crisis moral y es
necesario darle respuesta.

En el debate en el Congreso de los Diputados sobre esta ley
orgánica todos los portavoces parlamentarios, excepto el presidente del
Gobierno, afirmaron que estábamos en una nueva etapa; lo dijeron los
grupos parlamentarios. El otro día Javier Pérez Royo decía en un
periódico una frase que me gustó: La Transición como instancia
legitimadora no da más de sí. Comparto esta opinión que daba Pérez Royo:
la Transición como instancia legitimadora no da más de sí. (Rumores). Y
si nos encontramos en una nueva etapa donde el espíritu de la Transición
no sirve, donde tenemos

una crisis moral y una crisis social, la pregunta es cómo
se afronta esto, cómol las fuerzas políticas españolas hacemos frente a
una crisis moral y a un cambio de etapa. Las preguntas son muchas: ¿Sobre
qué base se construye una nueva respuesta? ¿En qué consiste una nueva
respuesta? ¿Quién lidera una nueva respuesta? ¿Cómo se enmarca la
abdicación en esta nueva respuesta? Y las respuestas son también
diversas; la más clara es la del presidente Rajoy, que dijo simplemente
continuidad. El señor Rajoy no se da por aludido ni del resultado
electoral, ni de las movilizaciones, ni de la estructura social, ni de la
crisis moral, para él la continuidad. Hay otros portavoces parlamentarios
que plantearon simplemente un relevo generacional. Dijeron: esto es
fácil, en lugar del rey Juan Carlos, el rey Felipe y todo funcionará. Y
hubo otras voces que, en definitiva, planteaban no solo el relevo
generacional, sino, además, una reforma constitucional.

A mi parecer esto es absolutamente insuficiente porque si
coinciden conmigo, y creo que es innegable que se puede coincidir en que
nos encontramos en un país con una crisis moral, no se puede hacer frente
a la crisis moral dejando aparte a la gente, dejando a la gente sin
participar, sin complicidades, sin participación. (Rumores). Y desde ese
punto de vista les quiero decir que se deben tomar toda una serie de
medidas para salir de la crisis moral: es necesario que los ciudadanos
participen en las decisiones relevantes; es necesario acercar las
instituciones a los ciudadanos; es necesario promover y renovar la
regeneración política; es necesario conservar y promover la diversidad;
es necesario luchar contra la corrupción; es necesario que haya un
revulsivo en la política. Y ustedes me preguntarán: de todo esto, ¿qué
estamos haciendo? A la pregunta de si estamos promoviendo una
participación ciudadana en las decisiones relevantes, la respuesta es no.
(Rumores).Pasó con el artículo 135 de la Constitución, como ejemplo
clarísimo, o pasó...

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador Saura.

Señorías, yo les ruego que guarden silencio porque hay un
rumor de fondo que hace imposible escuchar al senador Saura. Guarden un
poco de silencio, por favor. Continúe.

El señor SAURA LAPORTA: Es que la crisis moral tiene muchas
variedades. (Aplausos).

Decía que en ese intento de respuesta a la crisis moral que
creo que padece el Estado español es necesario lanzar diversas
iniciativas. La primera es que los ciudadanos participen en las
decisiones relevantes. ¿Esto se ha hecho? No. La segunda, que se acerquen
las instituciones a la ciudadanía; aún recuerdo hace quince días o tres
semanas el debate sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha, donde no solo
no se acercaba, sino que se alejaba y se disminuía la relación entre la
política y los ciudadanos. La tercera, que se pueda debatir lo que no se
pudo debatir en 1978, no solo la Constitución; la Constitución fue una
imposición preconstitucional para iniciar el proceso de democratización,
pero hay otro tema importantísimo que no se pudo debatir: el Concordato.
El Concordato con la Iglesia católica es preconstitucional, que todo el
mundo sabe que es anticonstitucional pero que no se puede debatir. La
cuarta, devolver la confianza a los ciudadanos en la transparencia,
garantía de la diversidad y de la pluralidad. El Gobierno central tiene
una obsesión por el centralismo y por subir la Administración hacia
arriba. Es decir, creo que las líneas importantes que determinan un
cambio de espíritu —el llamado espíritu de la Transición quedó en
el pasado— hacia un espíritu de modernización democrática ha
pasado.

Y la pregunta es cómo se gobierna en todo este escenario el
tema de la abdicación, qué ocurre con la abdicación en este escenario.
Nuestra respuesta, la de Jordi Guillot y mía, es clarísima: es esencial e
imprescindible que exista un referéndum donde la gente pueda opinar sobre
monarquía o sobre república, por varias razones. La primera se ha dicho,
porque no creo que el hecho de ser hijo de unos padres dé derecho a ser
rey; quiero un jefe de Estado que pueda ser elegido por el conjunto de
ciudadanos y ciudadanas. En segundo lugar, porque no tengan ustedes
ninguna duda de que un referéndum sobre la forma de Estado es un
referéndum ejemplarizante en el Estado español, abre una dinámica, en
definitiva, de saneamiento y de regeneración. El tercer elemento es poder
discutir y poder decidir sobre aquello que no se pudo decidir en 1978. Se
han hecho algunas referencias, como que la monarquía no era un tema de
debate sino un tema previo sin el cual no se podía hablar de democracia y
que la monarquía fue un tema que estaba absolutamente custodiado por los
poderes fácticos de aquellos momentos. La cuarta razón es que la propia
Constitución señala la necesidad de referéndums consultivos en temas de
especial relevancia. El artículo 92 dice lo siguiente: «Las decisiones
políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum
consultivo de todos los ciudadanos». Cuando leí esto me pregunté lo

siguiente: ¿en estos momentos y en los próximos años
ustedes creen que va a haber una decisión de especial trascendencia que
la sucesión de Juan Carlos I? ¿Existe una decisión de especial
relevancia, de mayor importancia a la abdicación de Juan Carlos I? Yo
creo que no. Si es así, ¿por qué no se hace el referéndum? ¿De qué se
tiene miedo? Además, quiero decir lo siguiente. Cuando pienso en la
necesidad de referéndum y en los argumentos en contra, a mí de verdad, lo
digo sinceramente, no se me ocurre ningún argumento democrático que pueda
ir en contra de celebrar un referéndum una vez visto el contenido de la
Constitución. No sé cuál es el argumento democrático que puede hacer
rechazar un referéndum de la Constitución. Posiblemente se rechaza porque
se considera que son menores de edad, puede quedar la monarquía más
frágil sin un referéndum o, como decía también un periodista, Javier
Pérez Royo, en el siglo XXI, con todo lo que ha llovido, es difícil
legitimar a una monarquía sin un referéndum.

Algunas razones —y con esto voy acabando— de
por qué se dice que se va a votar que no. Una es la estabilidad; se dice
que la monarquía ofrece estabilidad. Yo no me atrevo a decir, porque no
sería verdad, que con la república se van a solucionar todos los
problemas de la crisis. Esto sería absolutamente falso. Pero tan falso es
esto como decir que solo la monarquía ofrece estabilidad, porque hoy el
pueblo español tiene un nivel de madurez democrática que asegura
estabilidad. No es un pueblo español inmaduro, inestable, sino que es un
pueblo español absolutamente estable y maduro.

Luego se dice otro argumento: que la Constitución no lo
permite. Siempre tengo la sensación de que el señor Rajoy se esconde
detrás de la Constitución, y evidentemente hay que cumplir la
Constitución, pero la Constitución se ha de cambiar en la medida en que
cambian las condiciones sociales. En Alemania han hecho más de 50
reformas constitucionales, en Francia no sé cuántas más; aquí se han
hecho un par de referéndums constitucionales. ¿Por qué hay que hacer la
reforma constitucional? Porque la mayoría de la sociedad quiere otra
política. Dicho de otra manera, si en Cataluña queremos ejercer el
derecho a decidir, el señor Rajoy no se puede esconder detrás de la
Constitución, sino que ha de reformar la Constitución si está de acuerdo
en que se ejerza el derecho a decidir. Y en el referéndum pasa
absolutamente lo mismo. Si hay dificultades constitucionales,
modifiquemos la Constitución. Dicho de otra manera, no estamos para
servir a la Constitución, la Constitución está para servirnos a nosotros,
independientemente del cumplimiento de la Constitución cuando se
produzca.

Y se dice otra razón: votaremos al rey mientras tenga una
actitud democrática. Y yo digo: ¡faltaría más! Evidentemente hay que
mantener al rey si tiene una actitud democrática, pero el problema no
está entre un rey que tiene una actitud democrática o un presidente de la
república, sino entre dos sistemas de Gobierno que son absolutamente
diferentes.

Por lo tanto, acabo con lo siguiente. Sería una
inconsciencia no tener en cuenta que estamos en el final de una etapa;
que se rompió, que acabó con luces y con sombras el espíritu de la
Transición; que los resultados electorales, las manifestaciones que hay,
la crisis territorial y la crisis moral necesitan otro espíritu
modernizador de la democracia en el Estado español, y que ese espíritu
necesita incorporar a toda la gente que hoy quiere participar, que es
responsable y tiene madurez política pero que no encuentra cauces de
participación, y lo expresa de diversas maneras, desde las
manifestaciones hasta la desafección. Por eso, lo que proponemos es
fácil: que el Gobierno celebre un referéndum consultivo y que, en el caso
de que la decisión sea un cambio de Gobierno, se promueva una reforma
constitucional que dé a España otro tipo de modelo de Estado.

Muchas gracias. Espero que el debate sea instructivo y
constructivo. Buenas tardes. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

En el turno en contra de las propuestas de veto, tiene la
palabra el señor Barreiro.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, representantes del Gobierno, permítanme que, en
primer lugar, y aunque sea a título personal pero creo que compartida,
exprese la satisfacción que uno tiene de poder participar en este debate.
Efectivamente, estamos en un momento histórico, como se ha puesto de
manifiesto; es verdad que por circunstancias que no comparto, como las
que se han referenciado aquí e intentaré explicar por qué, pero estamos
ante un momento crucial para el futuro de nuestro país.

Por tanto, todos los que estamos en esta Cámara, y estoy
seguro de que el conjunto del pueblo español, sienten este momento como
lo que realmente representa, y de esa circunstancia se deriva el orgullo
personal, el orgullo colectivo y, en definitiva, el orgullo de español, y
no solo de representante público, de poder asistir a este momento; un
momento que se inicia el pasado 2 de junio con la abdicación de su
majestad el rey Juan Carlos I, y esto, que puede parecer y es,
evidentemente, una obviedad, es fundamental para circunscribir y
delimitar el debate al que hoy hemos sido convocados.

Efectivamente, el rey, amparado en la Constitución, ejerce
un derecho que tiene de carácter personal, de carácter individual, que es
la abdicación, y la propia Constitución define la forma a través de la
que debe articularse ese proceso de abdicación, que es mediante una ley
orgánica. Y esto es, señorías, lo que hoy venimos a debatir, de esto es
sobre lo que hoy venimos a hablar. Hoy venimos a hablar de que la
abdicación inicia un proceso de sucesión, pero no venimos a hablar de la
sucesión a la Corona de España porque la propia Constitución establece el
mecanismo para llevar a cabo ese proceso de sucesión. Hoy venimos a
hablar de si respetamos el pacto constitucional o no lo respetamos, de si
estamos con la Constitución o no estamos con la Constitución. Ese es el
debate. (Aplausos).

El debate, señorías, por muy interesante que a algunos les
pueda parecer, no es monarquía o república; el debate no es la estructura
territorial del Estado; el debate tampoco es el Concordato —y
agradezco el tono del señor Saura—. Ahora bien, si ustedes quieren
plantear ese debate, la Constitución establece los mecanismos para que
ustedes puedan hacerlo. Esa es otra cuestión, y por eso es tan importante
el pacto constitucional, porque se apoya en la generosidad del conjunto
del pueblo español; tanto es así que incluso aquellos —y aquí se ha
puesto de manifiesto— que no están de acuerdo tienen amparo en ese
pacto constitucional. De ahí la generosidad y la importancia de esa
institución, y de ahí la importancia de ese gran consenso conseguido
entre todos. Y eso, a nuestro juicio y creo que a juicio de una gran
mayoría de los representantes de esta Cámara, es lo realmente importante,
porque eso ha posibilitado que este país haya tenido prácticamente 4
décadas de convivencia pacífica, de progreso económico y de progreso
social, a pesar de las dificultades. Por tanto, permítanme que tengamos
cierto orgullo en el Senado porque somos la parte final y una parte
importante en el proceso de hacer efectiva la abdicación de su majestad
el rey.

Ahora bien, decía —y yo creo que con gran
acierto— la semana pasada el presidente del Gobierno en el Congreso
que la abdicación como derecho personal es una condición necesaria pero
no una condición suficiente. Y esto, desde mi punto de vista, es
enormemente importante. No es una condición suficiente porque estamos en
un régimen de una monarquía parlamentaria y, por lo tanto, esa abdicación
necesita el trámite del refrendo de las Cortes Generales. Y eso es lo que
estamos haciendo. Por eso, lo que estamos discutiendo es tremendamente
clave para el futuro de este país. Y, por eso, me parece fundamental que
nos centremos en el debate, que nos centremos en lo que realmente venimos
aquí a discutir. Venimos a discutir el ejercicio legítimo de su majestad
el rey Juan Carlos I a ejercer la abdicación y el pronunciamiento de las
Cortes Generales sobre ese derecho. Eso es lo que estamos
discutiendo.

Ahora bien, hay grupos políticos que han aprovechado este
momento, a través de la figura del veto, para introducir o tratar de
plantear otra serie de debates. Evidentemente, mi grupo no está de
acuerdo. Por ello, señor presidente, señorías, yo aprovecho ya este
momento para expresar en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en
nombre del grupo mayoritario de esta Cámara y, por lo tanto, creo que
legítimamente también en nombre de una gran mayoría de la sociedad
española, que nos ha refrendado con su apoyo y ha dado lugar a esa
representación mayoritaria, nuestro compromiso con el pacto
constitucional. (Aplausos). Nos reafirmamos en la lealtad a ese pacto
constitucional. Nos reafirmamos en la lealtad a la monarquía
parlamentaria como fórmula efectiva para la estabilidad del Estado
español. (Aplausos). Y, por lo tanto, entenderán sus señorías que no
apoyemos los vetos que ustedes han presentado. No obstante, yo intentaré
explicar también lo que a mi juicio es una falta de argumentación
suficiente para los propios vetos.

Si buscamos —y en aras de la brevedad creo que hay
que hacerlo— un denominador común a los 3 vetos, seguramente todos
coincidamos en que los 3 portavoces han utilizado un argumento; han
utilizado más, pero hay un argumento que aparece en las 3 propuestas de
veto y que básicamente viene a decir, a su juicio: la falta de
legitimidad democrática —llegan incluso a decirlo

en el propio escrito— del proceso de reconocimiento
de la monarquía parlamentaria. Obviamente, no podemos estar de acuerdo.
No podemos estar de acuerdo e intentaré explicarlo. Incluso añaden, para
complementar esta argumentación, que una parte importante de la sociedad
española actual, por razones obvias de edad, no ha votado el referéndum
del año 1978. Primera cuestión: por primera vez en la historia de este
país, por primera vez, una monarquía es refrendada a través de las Cortes
Generales, a través de los representantes del pueblo. Es la monarquía que
en este momento encarna el rey Juan Carlos I y que a partir del próximo
jueves encarnará el rey Felipe VI. Por lo tanto, refrendo democrático,
total y absoluto. (Aplausos). Total y absoluto. Segunda cuestión: por la
reflexión que hacen ustedes acerca de la participación —y disculpen
la expresión— podemos llegar a un razonamiento absurdo. Yo les
pregunto: ¿ustedes creen que los ciudadanos norteamericanos, que tienen
una Constitución del año 1787, cuestionan continuamente la fórmula de la
República Federal de los Estados Unidos? Pues desde 1787 no se ha votado
esa Constitución, pero no se está cuestionando de forma continua esa
fórmula. (Aplausos). ¿Ustedes creen —por utilizar otra fórmula de
Estado— que la monarquía noruega, que tiene una Constitución que
hace ahora 200 años, se cuestiona diariamente convocar un referéndum para
decidir si esa es o no la fórmula de Estado? Tampoco lo hacen. ¿O ustedes
creen que en la República francesa —que ha sido citada aquí—,
que tiene una Constitución refrendada 20 años antes que la nuestra, en el
año 1958, también se cuestionan eso de forma continua? Obviamente no. Y
podríamos seguir poniendo ejemplos en este sentido. Es más, creo que ha
sido Iniciativa per Catalunya quien, en la exposición de motivos de su
veto ha utilizado también el ejemplo de Bélgica y de Italia con
referéndums en 1950 y en 1946 ó 1947, creo. Obviamente tampoco me sirve.
Estamos ante contextos totalmente diferentes después de una segunda
guerra mundial; pero, en todo caso, si seguimos el eje central de su
argumentación, los ciudadanos belgas e italianos también tendrían que
pedir un referéndum porque sus constituciones fueron avaladas a través de
esta fórmula en los años cincuenta y anteriores.

Entenderán ustedes que ese argumento a mi juicio no se
sostiene y, por tanto, no saca en absoluto validez democrática a esta
Constitución; una Constitución, por cierto, aprobada en el referéndum de
1978 por la gran mayoría de la sociedad española. Prácticamente el 89% de
la sociedad española votó a favor de esta fórmula, votó a favor de la
Constitución y, por tanto, a favor del Título II. Y se ha incluido aquí,
yo creo que como una manera de introducir el debate territorial, el caso
de Cataluña. Pues miren ustedes por dónde, de todo el territorio del
Estado español, donde la Constitución actual ha tenido mayor apoyo ha
sido precisamente en Cataluña, por encima del 90%. (Aplausos). Es más, yo
les pregunto a ustedes si creen que tiene más validez democrática el
Estatuto catalán de 1979 o el del 2006 que la Constitución Española de
1978. Seguramente nadie lo cuestiona. Si lo medimos en términos
cuantitativos, no tiene más validez, porque esos 2 estatutos han tenido
un apoyo sustancialmente menor en Cataluña que el que tuvo la
Constitución de 1978 en ese mismo territorio. (Aplausos).

Por tanto, evidentemente no seré yo —más bien al
contrario— quien no dé validez democrática a esos estatutos.
Evidentemente sí, pero al menos permítanme decir que la Constitución del
78 tiene, cuando menos, el mismo refrendo que esos dos estatutos. Por
consiguiente, ¿a qué conclusión llegamos, señorías? Pues a algo que a mí
me parece obvio, y es que no se sostiene el argumento de la validez
democrática del proceso de sucesión establecido en la Constitución de
1978, y por tanto, de la legítima abdicación que el rey don Juan Carlos
acaba de hacer.

Dicho esto, hay otro tipo de cuestiones importantes desde
mi punto de vista que avalan precisamente este momento, y son las que se
refieren a todo el proceso histórico a lo largo de estos 40 años. Yo
decía hace un momento que nunca en la historia de España ha habido un
proceso de paz, de derechos, de libertades, de progreso económico, de
progreso social, de defensa de las señales de identidad de cada uno de
los territorios, de avance en el autogobierno en cada uno de los
territorios como el que hemos vivido hasta ahora. Y también soy
consciente de que estamos ante un momento difícil derivado precisamente
de las circunstancias económicas que ya se han referido aquí. Pero es
precisamente la conjunción de estas 2 cuestiones lo que a mi juicio avala
todavía más la necesidad de la estabilidad, la necesidad del consenso, la
necesidad de la armonía, la necesidad, en definitiva, de no reabrir
debates de otras épocas, de no plantear diferencias que la sociedad
española tiene superadas hace más de cuarenta años. (Aplausos). Hace más
de cuarenta años que esas diferencias están superadas por la sociedad
española.

Citaba el señor Saura al señor Pérez Royo acerca de la
Transición. Puedo coincidir en parte con esa apreciación, pero
precisamente hoy hace cien años que nació el gran pensador español Julián
Marías, que además fue senador de designación real. Y Julián Marías
definía la Transición como un ejemplo de genialidad histórica. Yo estoy
totalmente de acuerdo con esa apreciación y, por lo tanto, si la
Transición española ha sido un modelo, si la Transición española ha sido
algo de lo que debemos y podemos sentirnos orgullosos, si la Transición
española es un referente a nivel mundial, ¿por qué vamos a negar los
valores de la Transición española? ¿Por qué vamos a negarlos? Y negar los
valores de la Transición española es negar el papel que ha asumido de
protagonismo y de actor principal la Corona a lo largo de estos cuarenta
años. Y negar los valores de la Transición española es precisamente no
impulsar el consenso, que ha sido y debe ser la base no solo de la
Transición, sino del período que empieza a partir de ahora. Y nosotros
apelamos a eso; nosotros apelamos a ese espíritu de la concordia;
nosotros, en definitiva, apelamos y hacemos un llamamiento a todos los
grupos a que, efectivamente, no desandemos lo mucho que hemos hecho
juntos; a que la concordia, que ha sido la base fundamental en esos
momentos históricos, lo siga siendo en este momento. La concordia y el
consenso siguen siendo la base para el futuro; y la base para ese futuro
—y termino ya, señor presidente— solo puede conseguirse en el
marco de la democracia y en el marco de la libertad que establece la
Constitución.

Muchísimas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barreiro.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, nos encontramos debatiendo un proyecto de ley
orgánica porque se regula, teóricamente, que el ciudadano nacido en
Italia, Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias,
hace efectiva su abdicación como rey de nuestro país vecino; cargo para
el que fue nombrado por la gracia de Dios, la legitimidad divina y el
aval mostrado por parte del dictador genocida Francisco Franco. Un
nombramiento aprobado sin haber sido posteriormente ratificado
expresamente por la sociedad; un nombramiento disuelto y envuelto hace
cuarenta años en un pack, a modo de trágala, en un todo, y como un «lo
tomas o lo dejas», en torno a una formulación, como es la Constitución, a
la que hoy en día se intenta poner la máxima de que todo lo que no está
recogido en ella se coloca automáticamente fuera de la democracia.

Y por ello nosotros no vamos a tomar parte en esta farsa;
no vamos a respaldar con nuestra participación este sistema que no es el
nuestro y que está maquillado con una apariencia formal de ser un sistema
plenamente democrático.

Quiero recordarles que en Euskal Herria, su Constitución no
contó con el refrendo mayoritario; quiero recordarles que han pasado
cuarenta años; quiero recordarles que la mayor parte de la ciudadanía
vasca actual no tuvimos la posibilidad de expresar nuestra postura en
relación con este texto; un texto que ahora se intenta vender que es
inmutable, que es atemporal, perfecto y eterno.

Y en Amaiur, ante este inmovilismo, apostamos por dar la
palabra a la sociedad vasca, apostamos por profundizar en la democracia
articulando el derecho a decidir y planteando, en nuestro caso, como
propuesta la Constitución de la primera república vasca, frente a lo que
nos supone permanecer en este régimen, frente a lo que nos supone jugar
en campo de juego ajeno, con reglas ajenas y con árbitro casero.

Por todo lo anterior, queda claro que de lo que de verdad
estamos debatiendo es de un símbolo. Estamos debatiendo sobre el símbolo
máximo de una etapa de nuestra historia, de una etapa que ha durado casi
cuarenta años; cuarenta años en los que se ha profundizado en la máxima
de «todo para el pueblo pero sin el pueblo»; se ha profundizado en el
hecho de que unas elites sean las encargadas de tomar las decisiones. Se
ha posibilitado decidir sobre temas importantes, sí, pero filtrando y
señalando de antemano cuáles son, dejando decidir, no sobre el conjunto,
sino sobre los temas que se quiere dejar decidir, hurtando a la sociedad
su derecho a decidir. Una mal llamada Transición, en la que no se pudo
debatir con libertad sobre todo, en la que no se pudo dar la palabra a la
ciudadanía vasca para que escogiese libremente sobre su futuro y su forma
de autoorganización, poniendo y proponiendo diferentes opciones sobre la
mesa.

Y este veto al derecho a decidir, implementado por el
sistema, se sigue manteniendo, y lo que es peor, se quiere intentar
perpetuar; porque esto es lo que supone este proyecto de ley: un
movimiento precipitado, improvisado, hecho deprisa y corriendo para que,
bajo la apariencia del cambio, se consiga todo lo contrario, que las
cosas sigan igual, que esta situación de falta de democracia se perpetúe,
que el propio sistema se mantenga.

Y estamos debatiendo sobre una figura que también es un
símbolo para el pueblo vasco, un símbolo de una de las mayores estafas,
como fue la Transición. Cuarenta años después así estamos, así seguimos,
sin poder articular el derecho a decidir del pueblo vasco. De esto
estamos hablando realmente hoy, señorías, de la Corona, de la
Constitución, del propio sistema vigente como símbolo de la negación de
los derechos de los vascos, de los derechos de las diferentes naciones
que existen en el Estado español; estamos debatiendo sobre el intento de
que todo siga igual bajo la apariencia de un supuesto cambio y estamos
hablando de que el régimen imperante hace este movimiento para
perpetuarse y mantenerse en el poder, haciendo caso omiso a las demandas
sociales de profundización en la democracia, de articular la voluntad
real de los pueblos; en una palabra, se rechaza realizar el camino hacia
una democracia plena.

Porque la sociedad no es menor de edad, señorías, no
necesita de ningún tutor que decida por ella. La sociedad tiene voz,
opinión, capacidad de obrar, de decidir y de optar, y quiere ejercer
estas capacidades —y no me vengan ahora con que lo hace cada cuatro
años; estamos hablando de algo muy diferente, de algo que afecta a la
base de todo el sistema—, y las quiere ejercer en sus respectivos
ámbitos de decisión, en sus diferentes realidades nacionales, sobre las
diferentes demandas que existen en cada realidad dentro del Estado, que
no es la nación española única e indivisible que quieren vender ustedes.
Las leyes, los sistemas, los marcos legales, por mucho que se empeñen, no
son inmutables; se amoldan, cambian y se adaptan a las realidades
sociales. Señoras y señores del Partido Popular, recuerden la cita de
Montesquieu: «Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley
porque es justa.»

Por todo ello, y dado que en Euskal Herria todavía no se
han podido pronunciar sobre ellas, voy a terminar con dos proclamas, con
dos reivindicaciones que siguen más vivas que nunca después de cuarenta
años: ¡Gora euskal errepublika! ¡Gora Euskal Herria askatuta!
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Unamunzaga.

Tiene la palabra el senador Eza.

El señor EZA GOYENECHE: Gracias, señor presidente.

Señorías, los 3 senadores de Unión del Pueblo Navarro vamos
a votar a favor del proyecto de ley orgánica (Aplausos), conscientes de
que con este sí nos sumaremos a la mayoría absoluta necesaria
precisamente para la ratificación por el Senado de este paso importante y
para que el rey pueda firmar la abdicación. De este modo, consideramos
que se habrán cumplido las previsiones dentro de la normalidad y de la
legalidad constitucional.

Fueron años difíciles en lo político y en lo económico
—crisis del petróleo— los que vivía España al inicio de su
mandato y numerosas eran las incógnitas, las incertidumbres a las que se
ha hecho referencia, con el terrorismo de ETA —que por lo visto,
tampoco hay tendencia a referirse a él— y las tensiones y
actuaciones promovidas, como saben ustedes y que todos recordamos. Sin
embargo —ya se ha hecho referencia a ello—, la sociedad
española supo responder con esfuerzo y generosidad, buscando siempre el
diálogo y el consenso, que concluyó en el pacto constitucional, es decir,
en la Constitución de 1978, sometida a referéndum —no como otras
constituciones, que no fueron sometidas a referéndum— y que tan
ampliamente fue respaldada por los españoles. El rey alentó desde el
primer momento estos propósitos de renovación y de cambio y se incorporó
decididamente a ellos.

Señorías, entonces apostamos por la monarquía
parlamentaria; es decir, por una Jefatura del Estado sujeta solo a los
intereses nacionales, sometida a los límites constitucionales de su
magistratura y vinculada al refrendo del Gobierno de cada uno de sus
actos.

Ahí tenemos el resultado y, evidentemente, cada uno sabrá
sacar las conclusiones correspondientes, pero los observadores
imparciales son capaces de reconocer que, en efecto, han sido años de
estabilidad política, libertad política, convivencia social, paz
―con la salvedad del terrorismo, y de eso algunos sabemos más que
otros, por eso nos referimos a él―, que han

hecho posible precisamente que hoy España tenga mayor
credibilidad en el exterior, y por eso también he de expresar nuestro
agradecimiento y reconocimiento al rey Juan Carlos.

Se ha dicho que hoy no era el día de hablar del futuro ni
del príncipe Felipe, pero, evidentemente, esta decisión de abdicación
conlleva la llegada de don Felipe VI a la Jefatura del Estado.

Ciertamente, son muchas las expectativas que se han
suscitado en los españoles y no pretendo yo añadir ideas a esa lista,
pero compartimos con los ciudadanos la impresión de que supondrá un gran
estímulo y nos dará el impulso necesario para que todos juntos abordemos
los retos ineludibles que España tiene encima de la mesa ―a los que
se han hecho también referencia― porque, evidentemente, pueden ser
días de esperanza, pueden ser días de ilusión, pero la modernización a la
que se alude y se reclama y el progreso social de España dependerán sobre
todo del dinamismo de la sociedad; una sociedad que amparó en su día a
don Juan Carlos y que esperemos que también esté dispuesta a amparar al
nuevo rey. Sin olvidarnos de que es precisamente a nosotros, a quienes
aquí estamos, a los que se nos va a pedir cuentas de si realmente
actuamos de acuerdo con los compromisos adquiridos en su día, porque el
papel del rey no es gobernar —aquí se ha hablado ya mucho de
eso—, sino saber reinar desde el conocimiento y el entendimiento
profundos de los problemas básicos de España y del mundo.

Dijo un destacado portavoz en la sesión del Congreso de los
Diputados: «No se trata solo de un relevo generacional; este cambio
debería dar paso a un tiempo nuevo, a un tiempo de cambios y reformas
pactadas, consensuadas.» Diciéndolo con otras palabras: debemos abordar
un programa de regeneración política que el nuevo rey, desde su posición
de árbitro y moderador del sistema político, debe favorecer siguiendo la
máxima de animar, advertir y ser consultado, que caracteriza a la
monarquía parlamentaria.

En este proyecto de renovación estaremos los hombres y
mujeres de Unión del Pueblo Navarro. Ahí nos encontrarán, trabajando día
a día y buscando siempre el acuerdo y los consensos necesarios para
desarrollar juntos un proyecto compartido que aspire a mayores cotas de
igualdad, fraternidad, justicia y concordia.

Así pues, señorías, votaremos sí al proyecto de ley
orgánica, y a la vez daremos nuestra bienvenida al rey Felipe VI,
deseándole sinceramente los mayores éxitos, como el primer valedor de los
intereses de la España unida y diversa en la que creemos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Eza.

Tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor
presidente. Buenas tardes, señores ministros y senadores.

El debate que hoy celebramos, con una tramitación urgente,
fugaz y con un texto consensuado en despachos cerrados, me recuerda a lo
que vivimos en 2011, cuando se acordó por la puerta falsa modificar el
artículo 135 y se modificó la Constitución. Desde entonces, las
prioridades del Gobierno, en lugar de ser las personas y los servicios
públicos, son el equilibrio presupuestario y el pago de la deuda. A los
ciudadanos se nos negó entonces que pudiéramos pronunciarnos.

El descrédito de la política y de las instituciones ha ido
en aumento desde entonces, aunque la desafección se ha intensificado
desde que los ciudadanos se han percatado de que su voz y su
participación no cuentan cuando se adoptan decisiones que les afectan en
su vida diaria.

Los resultados de las últimas elecciones europeas y las
tendencias certifican que el abismo que existe entre políticos y
ciudadanos es cada vez mayor. No existen puntos de encuentro, no existe
un diálogo sincero, y quienes deberíamos estar orgullosos de representar
a nuestros electores, en muchas ocasiones no nos sentimos así. Ellos nos
perciben como muy alejados y muy poco creíbles, y nos señalan como el
principal problema de muchas de las consecuencias derivadas de esta
crisis económica. El debate que hoy vivimos en esta Cámara es un ejemplo
más de cómo algunos se empeñan en gestionar la política tratando a los
ciudadanos como si fuéramos meros espectadores.

Nosotros no queremos sumarnos al inevitable debate abierto
en la sociedad sobre la celebración de un referéndum sobre monarquía o
república, lo que nosotros planteamos es que esta sea una oportunidad
para que las cosas se hagan de otra manera, para que se afronte con
valentía la reforma de la Constitución —que ya se hizo en el año
2011, con lo cual se puede reformar la Constitución— y para que no
dejemos que este país siga sufriendo las consecuencias

y la incapacidad de quienes tienen en su mano la
posibilidad de iniciar una nueva transición que devuelva la esperanza a
los ciudadanos. Las reformas que reclama este país son mucho más
profundas y, sin duda, generarían soluciones reales a problemas reales, y
tenemos dos opciones: o construimos un proyecto en el que merezca la pena
participar activamente o, si todo sigue igual, el resultado será
inevitablemente más desafección y más distanciamiento de los ciudadanos
hacia la política.

Nos encontramos en una Cámara que nació para ser un foro de
representación territorial, y treinta y seis años después sigue siendo
una simple Cámara de segunda lectura, una Cámara que —y me duele
profundamente decirlo— está desaprovechada y no cumple con su
labor, sin menospreciar a los ministros que están aquí presentes,
evidentemente; hasta el Gobierno así lo transmite, al no venir hoy a
presentar este proyecto de ley; una Cámara en la que no hay diálogo entre
el Estado y las autonomías.

El modelo territorial requiere una revisión urgente para
encajar la demanda de las comunidades autónomas que se sienten
maltratadas por un Estado que en estos últimos años ha optado por la
recentralización y la paralización del diálogo entre las comunidades
autónomas y el Estado. En nuestro caso, en lo que respecta a Canarias, no
podemos permitir que la Constitución española obvie el estatus de régimen
ultraperiférico que sí nos reconoce la Constitución europea y que sí
reconoce también nuestro régimen económico y fiscal, y queremos que sea
de obligado cumplimiento para el Estado—, o que el mar que nos
rodea sigue sin formar parte de un archipiélago que además de islas,
reclama sus aguas. Tenemos que ser valientes, dar la cara, abrir las
puertas a la participación, y que el pueblo se pronuncie. Frente al miedo
de aquellos que no están dispuestos a ceder un solo centímetro al poder
que les garantiza el actual sistema, nosotros abogamos por que este
debate no sea un simple trámite, sino que, al menos, sirva como trampolín
para que la política de este país transite por el camino más correcto; en
caso contrario, el déficit de la democracia que hoy existe se irá
agravando con el tiempo.

Termino, señor presidente, con unas palabras de López
Abadía: «Convertir la clase dirigente en clase diligente para hacer del
mandatario político un mandato del ciudadano.» Por lo cual, mi compañero
de Coalición Canaria y yo nos vamos a abstener en esta ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

La abdicación de su majestad el rey Juan Carlos I de Borbón
pone término a uno de los periodos de mayor libertad, estabilidad,
convivencia y modernización de la historia de España.

En la tramitación del proyecto de ley orgánica por el que
se hace efectiva esta abdicación, permítanme recuperar las recientes
palabras del presidente de mi partido, Francisco Álvarez-Cascos,
subrayando el afecto a la figura de don Juan Carlos I, junto al
reconocimiento por la labor que ha desarrollado al frente de la Jefatura
del Estado durante casi treinta y ocho años, así como por su exquisito y
permanente respeto al papel arbitral de la Corona en la política
española; amplío el tributo de gratitud hacia la reina doña Sofía.

Señorías, las Cortes Generales legitiman democráticamente
al Estado y abordan este acontecimiento trascendental en la monarquía
parlamentaria con la normalidad y la salvaguarda jurídica que tiene sus
sólidos cimientos sobre la Constitución y las leyes. Tratar de
zarandearlas ahora con vetos, al paso de un trámite legislativo
ineludible, no tiene cabida alguna. Quienes persigan un proceso de
profundos cambios constitucionales, incluidas otras formas de Estado,
tienen que recibir el respaldo de las urnas y posteriormente de las
Cámaras para promover un muy alto grado de acuerdo que sea ratificado por
los ciudadanos, a semejanza de lo que se hizo en el ejemplar ciclo de la
Transición.

La Corona es un poder sometido a nuestra Carta Magna y en
ella se resuelve la voluntad de abdicación del rey a través de esta ley
orgánica, que votaré favorablemente. Represento una joven opción política
que reclama el consenso constitucional como uno de los fundamentos de su
acción y que tiene como objetivo esencial el progreso político, económico
y social de España sin privilegios ni discriminaciones por razones de
historia, población o riqueza.

Somos autonomistas para construir una mejor nación. En el
escenario de esta Cámara Alta, de inequívoca aunque mejorable vocación
territorial, es oportuno señalar que en la Constitución la figura del rey
aparece más como símbolo de la nación que como símbolo del Estado. En
estas décadas pasadas la descentralización ha sido una característica que
ha permitido avanzar, garantizar y reconocer la autonomía política de los
distintos territorios de España. Confiamos en perseverar en ese camino
poniendo especial énfasis en los fundamentos de solidaridad y equilibrio
entre todos ellos, como he venido sosteniendo y reclamando a lo largo de
esta legislatura.

Tras la abdicación, el punto inicial de esta nueva etapa no
es nada fácil, y en ello radica, sin duda, una de las claves de la
decisión de nuestro rey, consciente, tal y como lo expresó en su
emocionado discurso del pasado 2 de junio, de la necesidad de nuevas
energías e impulsos con un cambio en la Jefatura del Estado. El relevo
que tomará don Felipe de Borbón, en las próximas horas, nuevo rey Felipe
VI, tiene ante sí una situación de partida de enorme exigencia en la que
millones de españoles carecen de trabajo, ven con incertidumbre su
porvenir, y peliagudo el de sus familias, con descrédito social hacia
quienes nos dedicamos al ejercicio de la política, y también en el orden
territorial con planteamientos nacionalistas que han derivado hacia
inaceptables postulados independentistas y de ruptura con España. De ahí
que, con nuestro compromiso de lealtad y de apoyo, saludemos con
esperanza la llegada del nuevo rey, plenamente confiados en sus
cualidades humanas, intelectuales y de firme compromiso con la
democracia.

Felipe de Borbón las ha venido desarrollando desde que
siendo muy niño, allá por noviembre de 1977, recuperase ante La Santina,
en Covadonga, cuna de España, una tradición de seis siglos que exige que
el heredero de la Corona sea Príncipe de Asturias y recibiese allí de su
padre el gran encargo de no decaer nunca en su tarea por nuestra nación.
Para tratar de acertar en esa función inmensa e intensa que le
corresponde como primero de nuestros compatriotas, nunca dejará de contar
con aquellos que nos sentimos muy orgullosos de Asturias, nuestro país,
y, por ser asturianos, también muy orgullosos de ser españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Bertaratutako Lagunak.
Señorías, arratsalde on.

Hoy asistimos a un debate de resultado predeterminado.
Presentan un proyecto de ley atado y bien atado hurtando un debate
necesario; un proyecto de ley breve, muy breve, pero con una
trascendencia y un contenido muy profundo; un breve proyecto de ley que
ha dado lugar a un amplio cuestionamiento social. En nuestra opinión, en
opinión del Partido Nacionalista Vasco, estamos viviendo las últimas
horas de una oportunidad histórica perdida; las últimas horas como
monarca de una persona cuya legitimación originaria, no lo olvidemos,
nació de la voluntad de un dictador. La dictadura dio paso a la
monarquía, que buscó su legitimación y el sustantivo democrático con la
aprobación de la Constitución de 1978. La Constitución se gestó, se
gestionó y se aprobó en un contexto muy determinado de transición de
cuarenta años de una férrea dictadura a una incipiente democracia.

En este clima, duro y difícil, se abrió paso la denominada
Transición. La democracia y la libertad vieron la luz, pero hubo también
sombras, y hablo desde Euskadi y en la Cámara de representación
territorial. La dictadura había combatido y prohibido con saña las
realidades nacionales diversas que conformaban el Estado español. La
dictadura había combatido la diversidad y pluralidad de cultura, lengua,
historia y tradiciones. Combatió, pero no liquidó. La Transición ideó un
Estado de las autonomías homogeneizante, con una clara voluntad de
desdibujar las demandas realizadas por las nacionalidades históricas, y
hubo, señorías, café para todos: hubo quien recibió más de lo demandado o
deseado, hubo quien no vio satisfechas sus aspiraciones legítimas
fundamentadas en sus derechos históricos, y este es el caso de
Euskadi.

La realidad es que la Constitución española no contó con la
participación del Partido Nacionalista Vasco, al que se le excluyó de la
ponencia constitucional, se le excluyó de la ponencia constitucional tras
haber sido, junto al Partido Socialista, el único partido histórico que
está en estas Cortes desde 1917. La consecuencia fue que la Constitución
nació con una evidente carencia de respaldo o legitimación en
Euskadi.

Un dato elocuente, señorías: más del 60% de la ciudadanía
española dijo sí, dijo sí a la Constitución, mientras que ese porcentaje
no alcanzó el 30% en Euskadi: el 30% en Euskadi. Primera constatación de
un hecho diferencial vasco que se ha mantenido y ha crecido en el tiempo,
elección tras elección. La naturaleza consensuada del texto
constitucional en España es tan evidente como la ausencia de la misma en
Euskadi.

Han pasado treinta y seis años y quiero llamar la atención
sobre la trayectoria del Partido Nacionalista Vasco. En 1978 se abstuvo
en el debate constitucional que tuvo lugar tanto en el Congreso como en
el Senado; la sociedad vasca —la sociedad vasca— también se
abstuvo. Hoy el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, es decir, el
Partido Nacionalista Vasco, se abstendrá en la votación, y les garantizo,
les garantizo, que la sociedad vasca hoy, hoy también se está
absteniendo.

He trazado un paralelismo entre 1978 y 2014, pero quiero
destacar que algo muy importante ha cambiado. En el debate del 78 se
entendía que la Corona era la única vía posible para lograr la
transformación política en el Estado español. La aprobación de la
Constitución en España incorporó la respuesta a la falta de legalidad
democrática de la monarquía y esta quedó investida de legalidad. La
abdicación de hoy nos sitúa ante otra realidad totalmente diferente,
hablamos del modelo de Estado.

Para el Partido Nacionalista Vasco el modelo de Jefatura de
Estado no es lo más importante. Por concepto democrático somos
republicanos, pero para nosotros tanto la república como la monarquía
tienen su transcendencia en tanto en cuanto aporten algo a la comunidad a
la que dicen representar. Si la monarquía es lo demostrado por el rey
Juan Carlos I, para nosotros no es un modelo válido. En estos momentos,
aceptar la transición de la abdicación a la coronación supone aceptar la
perpetuación de un modelo de Estado. No lo aceptamos, no lo otorgamos y
no nos callamos. No hay ninguna razón para que la ciudadanía tenga que
callar y tenga que otorgar.

Esta es una decisión trascendente, estamos hablando de que
la ciudadanía acepte a un nuevo rey sin la oportunidad de pronunciarse. Y
digo rey porque, señor presidente, estamos ante un hecho anómalo entre
las monarquías europeas. La Constitución española consagra la supremacía
del varón sobre la mujer. ¿Nadie de los aquí y las aquí presentes va a
decir nada al respeto? ¿Nadie va a decir nada? Una constitución que
discrimina a la mujer de esta manera en pleno siglo XXI supone una
anomalía democrática injusta a todas luces, injusta. El Partido
Nacionalista Vasco no lo puede aprobar.

Vivimos en una democracia asentada, sin amenazas; vivimos
en una Europa que pretende impulsar la participación política; vivimos en
una sociedad que no acepta una legitimidad heredada. No hay justificación
para la urgencia, no hay justificación para adoptar esta decisión sin la
participación de la ciudadanía. Esta decisión ni está justificada ni
resulta conveniente para aquel a quien se pretende legitimar. No vivimos
tiempos acordes con este modus operandi, con estos acuerdos impuestos o
con estos acuerdos urgentes.

El Partido Nacionalista Vasco va a mantener una postura
crítica ante esta decisión impuesta y solicitamos solemnemente no repetir
los errores; este es el momento de hacer una evaluación crítica. La
realidad del Estado es plural, está conformada por realidades nacionales
diferenciadas, asentadas en una historia, tradición, cultura y lengua
diferenciadas. Esta evidencia no acaba de ser reconocida y aceptada,
porque no nos sentimos súbditos del Estado, ni del rey ni de la
república. Somos ciudadanos vascos que queremos que se nos respete
nuestra voluntad de ser. Quien respete nuestra voluntad tendrá, a su vez,
nuestro respeto.

Durante estos treinta y seis años nuestras aspiraciones
políticas no han sido satisfechas, todo lo contrario. Asistimos a una
permanente pulsión recentralizadora. La voluntad política que soportó el
pacto estatutario vasco duró tres años escasos. El día 30 de julio de
1982 se aprobó la LOAPA, la Ley orgánica de armonización del proceso
autonómico. Su objetivo fue cuestionar el Estado autonómico, y su
resultado práctico fue paralizar las transferencias de competencias y
abrir la vía al socavamiento estatutario a través de la aprobación de
leyes orgánicas. A partir de ese momento en Euskadi hemos vivido la
historia del incumplimiento del Estatuto de Guernica. Todos los gobiernos
han invocado el cumplimiento de la ley sin cumplirla. Los avances en el
autogobierno han dependido de situaciones coyunturales de necesidad de
los gobiernos, o bien socialistas, o bien populares. Se han realizado
transferencias a conveniencia, demostrando con ello que se puede, pero no
se quiere. La reacción del Partido Nacionalista Vasco ha sido siempre
propositiva

y constructiva: Primero, aprobación del informe de
transferencias pendientes en 1993 por el Parlamento Vasco, el llamado
Informe Zubia, del senador que ustedes todos conocen. Segundo, propuesta
del nuevo estatuto político aprobado por la mayoría del Parlamento Vasco
en 2005, sin que ni siquiera fuera admitido a trámite en las Cortes.
Tercero, planteamiento de reforma constitucional en 2011 que tampoco fue
atendida.

Ahora volvemos a realizar un planteamiento constructivo.
Vivimos un momento histórico, planteamos una reforma en profundidad del
modelo de Estado, planteamos abrir una negociación política para resolver
un contencioso político. Estos 15 días de junio, como los 15 días de
agosto de 2011, han sido una demostración de que cuando existe una
voluntad política se pueden plantear soluciones políticas. ¡Hasta se
puede reformar la Constitución!

Señorías, el Estado se encuentra con una realidad
incuestionable, con una demanda arraigada y extendida en Euskadi. Pueden
tratar de seguir ignorándola o pueden abordarla. Eludir los problemas,
señorías, no los resuelve. Enfrentamos un problema y proponemos una
solución: reforma constitucional y nuevo modelo de Estado. Ese objetivo
histórico merece temple y merece tempo. Exige diálogo, exige negociación,
exige acuerdo y exige, señorías, ratificación por parte de la ciudadanía,
ratificación por parte de la ciudadanía. Ni admitimos ni entendemos las
prisas. Hemos podido ver que el proceso de abdicación ha sido un hecho
improvisado. No hay más que ver el debate generado ahora con la cuestión
del aforamiento. Los retos del futuro son de calado y necesitan
legitimidad y confianza en el sistema. La sociedad nos demanda nuevas
actitudes, nos exige una gobernanza representativa del sentir general
debidamente legitimada.

Don Felipe de Borbón ha tomado recientemente parte en la
entrega del Premio Príncipe de Viana sin ni siquiera hacer una mención a
una lengua milenaria como el euskera. Ha hablado de unidad y de
diversidad. Veremos qué significa hacer mención a esas dos ideas.
Utrimque roditur, por todas partes me roen. Este era el lema del mítico
príncipe de Viana ante la vivencia que tuvo él de todas las presiones que
le rodeaban. Aquel príncipe de triste vida para quien su abuelo, el rey
de Navarra, Carlos III el Noble, instituyó el Principado de Viana.
Utrimque roditur, por todas partes me roen. El futuro monarca tiene que
conseguir que no le roan por todas partes. Veremos el respeto que le
merece la diversidad.

Es necesario un cambio radical porque vivimos una crisis
institucional y política además de territorial y económica. El
planteamiento de abdicación y coronación en 15 días no llega en un
momento cualquiera, llega en un momento de profunda crisis. Las
dificultades del presente y los retos del futuro nos exigen altura de
miras y sentido de Estado. Los temas de la agenda de Estado demandan una
nueva actitud, primero, en el ámbito de la organización territorial. Hay
temas de mucho calado a debate: la realidad catalana y vasca, la realidad
de Escocia o Flandes, todas ellas realidades a atender.

El Gobierno del Partido Popular mantiene una incomprensible
actitud recentralizadora. Asistimos también al debate virtual federal que
ha planteado el Partido Socialista. Hay un evidente problema de encaje de
las diferentes realidades nacionales en el Estado. Se podrá pretender
ocultar o tapar, pero la voluntad natural de la ciudadanía siempre
prevalece, quieran o no quieran.

Segundo, una nueva actitud en el ámbito institucional. Se
mantiene una profunda crisis de las instituciones, y el ejemplo lo
tenemos aquí. Esta misma Cámara, que debiera ser de representación
territorial, no encuentra el acomodo deseado. Asistimos a una creciente
desafección de la ciudadanía hacia la política. ¡Qué decir de la
corrupción, ante la que no se responde con la contundencia necesaria! No
se responde con la contundencia necesaria ante un tema que preocupa tanto
como es la corrupción. Hay una demanda desatendida de participación
democrática por parte de la ciudadanía. Hay un elemento que para
nosotros, para el Partido Nacionalista Vasco, es clave: el comportamiento
ético en un momento de incredulidad, de desafección por los ejemplos
nocivos demostrados. También en la Casa Real, también en la Casa Real
quien dirija el Estado deberá tener un comportamiento personal impoluto,
transparente y ser el más humilde de los ciudadanos. Cabe exigir al nuevo
rey que rompa con esa tradición opaca y absolutista de comportamientos
privados que no se corresponden con los valores de una sociedad a la que
representa sin rendir cuentas ante nadie. Cabe exigir que su patrimonio
sea transparente y que sus conductas sociales sean acordes a los valores
de igualdad, incorruptibilidad y honradez que se exigen a cualquier
ciudadano.

Todas estas cuestiones, señorías, ponen de manifiesto un
problema institucional y político de profundidad que no se puede obviar o
eludir y que es necesario abordar y resolver. Y todo ello aplicando el
diálogo y el entendimiento, no la improvisación ni la imposición. Este es
un momento de cambio. El Estado español no es una única nación. Soy vasco
y mi nación es la vasca. No lo van a poder obviar ni eludir ni evitar. No
es una quimera personal, es una realidad colectiva, compartida, sentida y
vivida. Juan Carlos de Borbón calificó de quimeras las ideas democráticas
de cientos de miles de ciudadanos en Cataluña. Las ideas expresadas en
democracia no son una quimera, este es un momento de cambio en
profundidad. Lo único que pedimos a quien va a ser nombrado rey, lo
único, es respeto; respeto a los hechos diferenciales, respeto a nuestra
lengua, respeto a nuestra cultura, respeto a nuestra manera de ser y
respeto, señorías, respeto a nuestra ambición de ser, a nuestra ambición
de ser. Queremos que se desarrolle un modelo que arbitre, facilite y
ofrezca el acomodo necesario a los diferentes pueblos y naciones sin
Estado pero con historia, lengua, raíces, cultura y con la voluntad de
construir un futuro propio.

Los años pasan, señorías, no estamos en 1978. La monarquía
tiene que asumir los valores de una nueva generación, tiene que convivir
con la misma, comprender la situación de la juventud con empatía y dar
respuesta a sus demandas, a sus preocupaciones, incluida la ratificación
del modelo de Estado con un compromiso serio. Muchos de los aquí
presentes han nacido en democracia, otros hemos entrado en democracia muy
jóvenes, ahora toca abrir la democracia, acercarla, participarla a la
ciudadanía. Hoy, señorías, la legitimidad no se hereda, no se hereda, hay
que ganársela día a día. Ni más ni menos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Señor presidente, señorías,
este es un acto, efectivamente, de gran trascendencia. Votamos hoy el
Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de su
majestad don Juan Carlos I de Borbón, y lo hacemos como Cámara denominada
territorial en nuestra Constitución —a ello hacía alusión el
senador de Foro— representando al conjunto de ciudadanos y
ciudadanas de España. Y lo hacemos ejerciendo esa soberanía y sin
ataduras. El Senado votará libremente sobre la aceptación o no de esa
abdicación. Y nos habría gustado que el proyecto de ley lo hubiera
presentado un miembro del Gobierno y más aún con la presencia del
Gobierno.

Los senadores y senadoras socialistas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya votaremos a favor del
proyecto de ley orgánica y, por consiguiente, aceptaremos la abdicación
del rey Juan Carlos I.

Deseo empezar mi argumentación en favor de ese voto
afirmativo constatando la normalidad de este acto. Permítanme que diga
que es precisamente su valor más singular la normalidad, porque nunca en
España unas Cortes democráticas y soberanas habían tratado ni habían
tramitado parlamentariamente una abdicación, y menos aún habían puesto en
práctica de forma automática las previsiones sucesorias. Hoy lo hacemos
aquí con normalidad. Con debate político, claro está. Pero con la
tranquilidad y la seguridad que nos da el hecho de que la Constitución ya
prevé lo que hay que hacer en este supuesto. Constatar que en nuestro
país sucede este hecho trascendente con la misma normalidad con la que
puede producirse en otras monarquías parlamentarias europeas debería ser
un motivo de orgullo. La abdicación es una prerrogativa que corresponde
al rey y solo al rey. Las Cortes Generales y este Senado en particular
deben aceptar formalmente su decisión, o bien, votando en contra del
proyecto de ley, rechazarla, lo que, a mi juicio, no tendría mucho
sentido. Porque ¿hemos de decirle al rey que ha considerado que debe
abdicar, que renuncie a ello? ¿Hemos de decirle que, a pesar de que le
reconocimos esa prerrogativa en la Constitución, ahora no puede
utilizarla? Insisto, señorías, no tiene mucho sentido.

Compartimos el proyecto de ley presentado por el Gobierno.
Por su brevedad y concisión. Porque se limita a constatar la voluntad del
rey y a aplicar las previsiones sucesorias establecidas en la
Constitución. Nada más y nada menos. No compartiríamos tanto la
intervención del portavoz del Grupo Popular, porque hoy lo que se discute
y aprobaremos no es monarquía o república, ni a la concordia se ayuda con
intervenciones poco rigurosas. Hoy no estamos votando a Felipe VI.

Estamos desarrollando y aplicando las previsiones
constitucionales. Miren, ha habido voces poniendo de relieve el hecho de
que el proyecto de ley se ha confeccionado después de que el rey
manifestara su voluntad de abdicar y que, por lo tanto, se trata de una
ley ad hóminem, que, por ese carácter, sería inadecuada. Debo decir que
no comparto esa apreciación. Se tramita la ley como consecuencia de la
voluntad de abdicación y la discusión sobre si debiera haberse tramitado
antes en previsión de abdicaciones futuras no me parece muy relevante.
¿Qué sentido tendría haber abierto el debate jurídico formal sobre una
eventual abdicación cuando esta no estaba planteada? En todo caso,
tampoco debe haber sido considerado relevante por ningún grupo de la
Cámara, habida cuenta que nunca se ha presentado una proposición de ley
en ese sentido.

Aceptada la abdicación del rey, que es lo único que votamos
mediante este proyecto de ley orgánica, se produce automáticamente la
sucesión en la persona del príncipe de Asturias y futuro rey Felipe VI.
Eso es lo acordado en la Constitución, refrendada por el pueblo soberano.
En ese momento, en el de su redacción, negociación, consenso y referendo
popular, los socialistas asumimos un pacto político de gran envergadura,
como ustedes saben. Aceptamos la monarquía constitucional como parte de
un sistema político en el que la soberanía solamente estaba radicada en
los ciudadanos. España, como dice nuestro texto constitucional, es un
Estado social y democrático de derecho, en el que la soberanía reside en
el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Ese fue,
señorías, uno de los principales pactos constitucionales. Pacta sunt
servanda. Efectivamente, los acuerdos están para ser cumplidos. Y eso es
lo que hacemos. A pesar de la sencillez del trámite parlamentario y del
automatismo democrático al que me he referido, la abdicación y la
sucesión en la Jefatura del Estado ha motivado una intensa y apasionada
discusión social y política. Y es lógico que sea así, señorías. Lo es
porque aparece relacionada con la crisis de confianza política en la que
estamos instalados, como consecuencia, en parte, del injusto reparto de
cargas en esta crisis económica y de un cierto anquilosamiento de nuestro
sistema político que los ciudadanos perciben como algo muy alejado de sus
necesidades y de sus intereses. Creo que es lógico, pues, que se produzca
el debate sobre la sucesión a la Corona y que se abran paso voces que
reclaman una solución republicana, que, aparentemente, se podría alcanzar
mediante la convocatoria inmediata de un referéndum. Hemos tenido ocasión
de escucharlo en esta tribuna. Incluso me parece conveniente el debate
porque no deberíamos cerrar en falso este proceso. Ahora bien, el debate,
la discusión hemos de hacerla con rigor y sin dejarnos llevar por
apriorismos. El debate, a mi juicio, no se puede plantear en términos de
república, como sinónimo de democracia, y monarquía parlamentaria, como
sinónimo de lo contrario. ¿Acaso alguien puede afirmar que los sistemas
políticos de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de Bélgica, de Reino Unido
o de Holanda no son regímenes profundamente democráticos?

Los socialistas, que hemos sido y somos conceptualmente
republicanos, consideramos que estos son países con democracias
avanzadas, en las que el poder está en el pueblo y en las instituciones
de él emanadas, como en España. Naturalmente que pesan en nuestra retina
y en nuestro recuerdo los momentos épicos de la historia reciente y la
consideración de que en España los períodos republicanos han sido
momentos de gran esperanza y de grandes avances sociales y políticos,
lamentablemente frustrados. Pero la comparación de esos momentos con la
situación política, económica y social de la España del siglo XXI no es
rigurosa. Hoy en España el rey no detenta poder político. La iniciativa y
la responsabilidad política corresponden a los gobiernos y a las
asambleas parlamentarias. El rey no gobierna, por eso no hay partidos
dinásticos, señorías. Por esa razón las decisiones que haya que tomar
acerca de la orientación de la política, de la economía y del bienestar
de nuestros conciudadanos dependen de nosotros, no de la Corona. Del
mismo modo, hay que refutar por igual falta de rigor la afirmación de que
nuestra monarquía parlamentaria y, por ende, nuestro sistema
constitucional es el resultado de una herencia preparada por el dictador.
Algunos creen, y aquí se ha citado, que triunfó el atado y bien atado; yo
no lo creo. Es verdad que hubo transición y no ruptura, pero la
Transición creó las bases de un sistema democrático que hoy es libre y en
el que no hay otra soberanía que la de los ciudadanos. No deberíamos
descalificar esta realidad: la Transición nos acabó llevando a una
ruptura con el régimen anterior, cosa distinta son los cambios necesarios
para mejorar ese sistema democrático, para recuperar la confianza de la
ciudadanía en sus instituciones y en la política, para construir un país
más justo y más solidario.

España, Cataluña incluida, está pasando por un momento
difícil, muy difícil. Los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país tienen
la impresión de que la crisis económica se está saldando con mayores
sacrificios de los que menos tienen y que la política democrática no les
protege. Desconfían profundamente de las instituciones democráticas y,
por ello, se abren camino las vías que ofrecen soluciones rápidas,
fáciles, milagrosas. En Cataluña, en particular, ese desapego se ha
vinculado con un sentimiento —justificado para unos, no justificado
para otros— de incomodidad en su relación con el conjunto de España
que conduce hacia una opción secesionista. Debemos escuchar ese clamor,
incluso por todos aquellos que no lo compartimos, para darle una
respuesta, que ha de ser certera, razonable y, sobre todo, útil.

España debe iniciar una etapa de cambios profundos en su
vida política para hacer frente a ese triple reto que nos exige la crisis
política, social y territorial, y a este triple reto deberá hacer frente
también nuestro nuevo rey constitucional. No se trata de atribuir a la
Corona funciones de liderazgo político que en ningún caso le corresponden
en nuestro sistema político. Son los gobiernos y los Parlamentos los que
tenemos la obligación de encontrar las soluciones adecuadas a esos
problemas. Pero el inicio de una nueva etapa en la Jefatura del Estado
constituye, a mi juicio, una ventana de oportunidad. Creo que hoy,
coincidiendo con ese cambio en la cúpula del Estado, se pueden dar
mejores condiciones para abordar un proceso —acordado, sí,
consensuado, sí— de reforma constitucional; un proceso que es
necesario y que es urgente y, además, posible. No se trata de iniciar un
nuevo proceso constituyente, de abrir en canal la Constitución, como
algunos arguyen para justificar su recelo, sino de reformar aquellos
desajustes que la experiencia ha puesto de manifiesto y otros aspectos
que hay que incorporar como consecuencia de los cambios acontecidos a lo
largo de sus más de 30 años de vigencia. Se trata de poner al día nuestra
Carta Magna después de un largo período de éxito. Hemos de abordar esa
agenda de cambios necesarios, cambios para mejorar nuestra vida
democrática, para reconocer derechos sociales, para resolver los
problemas territoriales y para articular más eficazmente nuestro sistema
autonómico, que necesita instrumentos federales y reconocer
explícitamente las características específicas de sus territorios que son
diversos. Podemos y debemos hacer frente a este envite. Y una vez hayamos
sido capaces de construir un nuevo consenso político y social que ampare
esa reforma constitucional, habrá que convocar a los ciudadanos y
ciudadanas a las urnas para que opinen y decidan en referéndum sobre ese
acuerdo.

Confiamos, pues, en el papel que pueda desempeñar en este
sentido el futuro rey. Lo puede hacer, en primer lugar por sus
condiciones personales; el príncipe de Asturias acredita un profundo
conocimiento de la realidad política, social y económica de España en su
conjunto. Y especialmente también, y lo digo como catalán, lo puede hacer
por su comprensión y conocimiento de los distintos sectores políticos,
empresariales, culturales y sociales de Cataluña. Debo decir,
precisamente en este sentido, que no acabo de entender que aquellos que
hoy mismo le reclaman al futuro rey esta sensibilidad, no contribuyan con
su voto afirmativo a facilitar el comienzo de esta nueva etapa.

Quiero terminar mi intervención con un reconocimiento al
papel realizado por el rey Juan Carlos I. Con él, que no prometió la
Constitución al tomar posesión de la Jefatura del Estado, pero que
gracias a él y al esfuerzo de muchos ciudadanos y ciudadanas muchos de
ellos desgraciadamente nos han dejado se hizo posible la Constitución que
su sucesor pasado mañana sí puede prometer, con él se ha demostrado que
la monarquía parlamentaria es posible en España. La existencia de una
Jefatura del Estado representativa, sin estrictos poderes políticos,
neutral por su propia naturaleza, capaz de ejercer una labor de mediación
y arbitraje en el marco de los gobiernos de distinto signo, emanados de
la única soberanía existente, ha sido extraordinariamente valiosa y así
lo valoro. Confiamos en que su sucesor, Felipe VI, abrirá una nueva etapa
tan fructífera como la suya. Estoy convencido de que ese es el deseo de
la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas de este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Miembros del Gobierno, señorías, un comentario previo. Hubo
un tiempo en el que el diálogo existió, la esperanza de tener una España
respetuosa con Cataluña y con su voluntad de autogobierno existió.

Con motivo de la abdicación del rey Juan Carlos I, el
Gobierno ha tramitado el Proyecto de Ley Orgánica de abdicación en base
al artículo 57.5 de la Constitución. Desde el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió, respetamos la decisión del rey de
abdicar. Hemos contribuido a facilitar el debate ágil de este proyecto,
pero esto, evidentemente, no supone que demos nuestro apoyo a este
proyecto de ley orgánica del que, por cierto, hemos sido excluidos de su
negociación previa, que se ha limitado a un pacto PP-PSOE, de la misma
forma que se nos excluyó de la reforma exprés de la Constitución en el
verano de 2011. Una formación política que se comprometió con el pacto
constitucional ha sido apartada de todo acuerdo en estos ámbitos.

En la larga trayectoria del rey Juan Carlos I, como sucede
en todo servidor público, encontramos activos y pasivos. Desde nuestro
grupo parlamentario, al final de su trayectoria, queremos agradecer las
aportaciones positivas que ha hecho a lo largo de estos casi 40 años,
especialmente queremos destacar su papel en la Transición y en la
recuperación de la democracia, como también la estabilidad que
generó.

El pueblo de Cataluña, muy mayoritariamente, hizo una
apuesta sincera y comprometida con el pacto constitucional de 1978
—antes lo decía el portavoz popular—. Imagínense cómo han ido
las cosas en estos años por el cambio que está sufriendo el país hoy.
Aquella apuesta inicial de los catalanes ha quedado insuficiente, como
intentaré explicar a lo largo de esta intervención, de tal forma que hoy
de aquella participación hemos pasado a vivir con distanciamiento, con
desafección y existe una desconexión hacia buena parte del conjunto de
las instituciones del Estado.

Como les decía, hubo un tiempo en el que el diálogo
existió, la esperanza de tener una España respetuosa con Cataluña y con
su voluntad de autogobierno existió. Convergència i Unió participó, se
obligó a participar activamente en las instituciones del Estado; lo
hicimos a través del president Pujol, de Miquel Roca, de los grupos
parlamentarios de CiU en el Congreso y en el Senado.

En estos años de monarquía parlamentaria, desde nuestra
federación hemos aportado al Estado español, que quede claro, junto a
otras formaciones políticas y sociales, tres genes muy determinantes de
nuestro ADN: hemos aportado valores democráticos, hemos aportado una
parte relevante del Estado de bienestar y hemos aportado modernidad en la
defensa de la economía productiva y del empleo, evidentemente, desde
nuestra gran fidelidad y prioridad que es Cataluña y sus hombres y
mujeres, que es a quien nos debemos como fuerza política, pero sin
olvidar nuestro respeto y solidaridad con el conjunto de pueblos que
conforman el Estado español y el conjunto de Europa. Pasemos a analizar
estas tres grandes aportaciones.

Valores democráticos. Miquel Roca participó en la redacción
de la Constitución, una norma de interpretación abierta, buscada para el
consenso, que permitió plantear ilusiones y esperanzas, una constitución
para un Estado plurinacional, plurilingüístico y pluricultural; una
constitución que en su artículo 2 reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones. ¿Se acuerdan? ¿Dónde ha
quedado esta distinción de nacionalidades y regiones? También es
necesario recordar que el artículo 3.3 establece el especial respeto y
protección de las distintas lenguas existentes en el Estado. ¿Se
acuerdan? Fíjense en este sábado pasado, en Barcelona, miles de personas
salieron a la calle en defensa de la lengua catalana, de la inmersión
lingüística bajo el lema Som Escola, parecía que estuviéramos en tiempos
pasados, en tiempos muy, muy pasados.

El president Pujol contribuyó decisivamente a la
construcción del Estado de las autonomías. CiU lideró el europeísmo y la
integración europea antes que algunas otras fuerzas dominantes en el
Estado. Sin Europa y el modelo autonómico nunca hubiéramos alcanzado el
salto cualitativo en nuestro Estado del bienestar. Precisamente en este
ámbito, Estado del bienestar, Cataluña fue pionera en la asunción de
competencias en políticas sociales y en elevar la calidad de nuestro
sistema sanitario y crear un nuevo sistema de servicios sociales. La
Lismi, primera Ley de integración social de personas con discapacidad,
lleva también el sobrenombre de Ley Trías Fargas, diputado de
Convergència i Unió que la impulsó. Fue también nuestra federación quien
promovió la creación de la Comisión de los Pactos de Toledo para
garantizar el futuro sistema de pensiones y mantener su poder
adquisitivo. De nuestra formación política también procede la

supresión del servicio militar obligatorio. Es indudable
que una parte relevante de la creación del Estado del bienestar tiene la
marca de Convergència i Unió, exponente de nuestro compromiso social que
nos caracteriza.

Economía productiva y creación de empleo. CiU ha sido y es
una fuerza especialmente sensible a trasladar y a atender desde la
política los problemas de la economía productiva, la de los sectores
industriales, del comercio, del turismo, de los trabajadores autónomos,
de la necesidad de construir infraestructuras de transportes y
comunicaciones, de impulsar la investigación, de mejorar la
competitividad, de promover la exportación, también sobre la creación de
empleo, sobre la formación, sobre la recolocación de quienes se
encuentran en paro. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
presidencia). En definitiva, el promover la generación de riqueza para la
creación de empleo, para la sostenibilidad del Estado de bienestar y para
la cohesión social y territorial.

En Cataluña siempre hemos impulsado esta contribución de
nuestra federación a la gobernabilidad del Estado, con la voluntad de
consolidar plenamente el autogobierno de Cataluña que la Constitución nos
ofrecía y con la voluntad también de unir fuerzas y sinergias con los
demás territorios del Estado y con el conjunto de la Unión Europea. Pero
a menudo la respuesta de las fuerzas políticas mayoritarias en el Estado
ha sido menos constructiva; a menudo una de las prioridades del Gobierno
ha sido recortar la autonomía de Cataluña, lo fue bajo el mandato del
presidente González, por ejemplo, con la LOAPA, después declarada
anticonstitucional; lo fue durante el segundo mandato del presidente
Aznar, especialmente; y lo ha sido sin duda a partir del recurso del
Partido Popular al Estatut catalán de 2006; también durante el vigente
mandato del presidente Rajoy, con una multitud de leyes recentralizadoras
y poco respetuosas con la realidad de Cataluña, como la LOMCE, como la
Ley de racionalización de la Administración Local, la Ley de unidad de
mercado; además, la mayoría de los acuerdos del Consejo de Ministros
supone un retroceso en el autogobierno de Cataluña.

La Constitución de 1978 era una norma de interpretación
abierta donde Cataluña podía tener su encaje, la Constitución vigente
desde la sentencia del estatut es una norma restrictiva, obsesiva, en la
que solo cabe una Cataluña con una autonomía en miniatura, que sin duda
no es la nuestra. Ya no es aquella Constitución que votamos, la
reinterpretación que se ha hecho y se hace no es fiel al espíritu y al
consenso con la que se impulsó; con la sentencia del Tribunal
Constitucional contra el estatut Miquel Roca i Junyent dijo sentirse
frustrado porque el espíritu de la Constitución está roto.

Cuando en 2006 Cataluña aprobó su reforma del estatut, el
diálogo existió, solamente el Partido Popular se ausentó de este diálogo,
porque él lo quiso. CiU y el president Mas estábamos entonces en la
oposición pero, a pesar de ello, contribuimos muy activamente a este
diálogo. El puente Cataluña-Madrid funcionó mínimamente; reformamos el
estatut para construir una relación Cataluña-España armoniosa, impulsiva
y con voluntad de ser duradera. Fue entonces cuando el Partido Popular
sembró la semilla de la separación, señor Barreiro, fue entonces cuando
se rompió la concordia a la que usted apelaba antes. El Partido Popular
impugnó el estatut y se empeñó en dinamitar un acuerdo político adoptado
en la sociedad española en las Cortes Generales, y por la sociedad
catalana mediante referéndum; fue entonces cuando el Partido Popular
lanzó un texto ya refrendado por el pueblo catalán al análisis falsamente
tecnicista de un Tribunal Constitucional profundamente politizado,
caducado e instrumentalizado.

¿Dónde se ha visto que los acuerdos y voluntades de los
pueblos sean enmendados para ser elevados a la categoría de constitución
interpretada? La ley de leyes está para ser interpretada por las
voluntades de los pueblos, no para ser interpretada al servicio de
quienes persiguen romper estas voluntades...(Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Un momento,
señoría. Por favor, ruego silencio en la Cámara.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Mucha política pequeña,
señores del Gobierno y del Partido Popular. Me gustaría decírselo al
señor Rajoy, pero no ha venido; al Congreso sí que fue. Mucha política
pequeña, señor Rajoy, pequeñísima, diminuta. La sentencia del estatut no
fue una simple sentencia, fue mucho más, ha cambiado el sentido de la
Constitución, en este contexto Cataluña se ha sentido sola, no hemos
tenido el apoyo del Gobierno, sino todo lo contrario. (El señor
presidente ocupa la Presidencia). En el caso de la Corona, si ante el 23F
reaccionó con decisión

en defensa de la democracia y de aquello que la sociedad
defendía, ante la reforma constitucional que incorpora la sentencia del
estatut no hemos sido amparados, no se ha ejercido, como prevé el
artículo 56.1, la función de arbitrar, de moderar el funcionamiento
regular de las instituciones que tiene atribuida la Corona.

Señorías, queremos confiar en que el futuro monarca
contribuya a desbloquear diálogos y a favorecer las sensibilidades
políticas y sociales para que una vez roto el acuerdo que significaba el
Estatut de 2006 en toda su amplitud, los catalanes y catalanas podamos
decidir nuestro futuro democráticamente mediante la consulta que tendrá
lugar el 9 de noviembre de este año.

En Cataluña hemos pasado treinta y cinco años haciendo
actos de confianza, siendo sobradamente solidarios en todos los sentidos,
también en el económico, con el conjunto del Estado español. Solo cabe
recordar el déficit fiscal de Cataluña, que supera los 15 000 millones de
euros cada año, según las últimas estimaciones de las balanzas fiscales.
Estos actos no han sido correspondidos con la misma lealtad y compromiso.
Hemos contribuido con sentido de Estado a garantizar la estabilidad de
las instituciones españolas siempre, y especialmente en los momentos de
mayor dificultad, entre otros, en el intento de golpe de Estado de 23F,
en el cumplimiento de los acuerdos de Maastricht, o ante la amenaza de la
intervención europea. Hemos contribuido a la gobernabilidad del Estado y
hoy nos hemos preguntado: ¿por qué tenemos que volver a realizar un acto
de confianza a ciegas a la vista de la experiencia acumulada? ¿Por qué
hemos de ofrecer un cheque en blanco mientras se nos niega el derecho a
decidir nuestro futuro, que es nuestro? ¿Por qué se nos pide el voto
afirmativo cuando no se escucha la voluntad pacífica, cívica y
democrática de un pueblo?

Por todas estas razones, nuestro grupo parlamentario se
abstendrá en la votación de la Ley Orgánica de abdicación. Que quede
claro. No es una abstención a una institución ni a una persona. Ponemos
toda la confianza en el nuevo monarca, el hasta ahora príncipe Felipe. Le
deseamos suerte y acierto. En este sentido, queremos reclamar al futuro
rey sensibilidad hacia Cataluña y, en este momento, a la cita del 9 de
noviembre, para que la ciudadanía de Cataluña ejerza su derecho a decidir
y exprese en libertad qué futuro quiere. Queremos reclamar al futuro rey
que facilite el diálogo hoy inexistente. Diálogo para hablar de todo, sin
miedo, desde el respeto entre las instituciones, a la democracia y
también con un respeto absoluto a la dignidad del pueblo de Cataluña.

Señorías, finalizaré con las palabras que el futuro rey
dijo, hace unos años, en lengua catalana, en el Parlament de Catalunya,
como consta en su Diario de Sesiones: «Catalunya és la que els catalans
volen que sigui», eso dijo el futuro rey, y continuó: «No oblidem mai que
hi ha veritats bàsiques, que hi ha el que ens parla el nostre cor, que hi
ha la font de saviesa de l’home que camina pel carrer, que hi ha la
clara senyera de la llibertat. Catalans, tot això és nostre: agafem-ho i
caminem».

La traducción en castellano es:«Catalunya es la que los
catalanes quieran que sea. No olvidemos nunca que hay verdades básicas,
que existe lo que nos habla nuestro corazón, que existe la fuente de la
sabiduría del hombre que anda por la calle, que existe la clara bandera
de la libertad. Catalanes, todo esto es nuestro: cojámoslo y
caminemos».

Nos llenan de esperanza estas palabras del futuro rey. Por
eso, para saber la Cataluña que queremos, el 9 de noviembre Cataluña debe
poder votar, debe poder decidir su futuro a través de una consulta.

Confiamos que en este proceso, el futuro rey tendrá la
misma actitud valiente que tuvo hace unos años al pronunciar aquellas
palabras, porque sin duda nuestra nación, la nación catalana, debe ser lo
que los catalanes queramos que sea.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS RICOU: Gracias, señor presidente.

Me resulta muy sorprendente que el Gobierno no haya querido
venir hoy a presentar una ley orgánica de esta envergadura. Ya sé que
están presentes tres miembros del Gobierno, pero, como digo, esta es una
ley orgánica extraordinariamente importante. Es la primera vez en la
historia de España que un rey abdica de acuerdo con la Constitución. Por
tanto, yo creo que esta Cámara, que

no tiene menos representación de la soberanía nacional que
el Congreso, hubiera merecido que esta ley tan importante y tan simbólica
fuera presentada por el Gobierno. No ha sido así. (Aplausos).

Como segunda cuestión quiero hacer una aclaración al
portavoz del Grupo Convergència i Unió, el señor Cleries: la LOAPA fue
aprobada con el presidente CalvoSotelo. Sé que es una tradición
atribuirnos a mi partido y al Partido Popular una situación simétrica,
que creo es muy injusta, en cuanto a nuestra actitud de respeto hacia las
autonomías. Señor Cleries, la LOAPA fue una ley del señor
Calvo-Sotelo.

Tercera cuestión. El Ayuntamiento de Córdoba le dio en 1981
la medalla de oro de la ciudad al rey de España, señor Mariscal. Estamos
hoy convocados para proceder a la aprobación de un proyecto de ley, a mi
entender, muy importante. Ciertamente en este caso el título de este
proyecto de ley lo dice todo, lo dice casi todo. Pero lo primordial hoy
aquí es que el rey de España precisa del consentimiento de la nación como
manifestación de cuál es el verdadero alcance de un régimen político de
monarquía parlamentaria, que es el sometimiento de todos a la ley.

Los días transcurridos desde el anuncio de la intención del
rey de abdicar han sido evidentemente intensos, y esto es lógico, entre
otras cosas, porque este hecho se produce tras unos largos años de
crisis, una crisis que está afectando también a la percepción y
consideración ciudadana de las instituciones, una crisis de todas las
instituciones. La crisis económica está poniendo en cuestión muchas
cosas. Los ciudadanos perciben cómo los pilares básicos de nuestro Estado
de bienestar se están erosionando profundamente en el momento que más
necesitan los ciudadanos de dicho Estado. Es una crisis que amenaza la
integridad territorial de nuestro país, una crisis de confianza en las
instituciones que afecta también a la Jefatura del Estado.

Precisamente por eso quiero subrayar hoy aquí la normalidad
democrática que evidencia el acto que estamos realizando. Y lo explicaré.
Desde una perspectiva meramente histórica, si sus señorías repasan las
abdicaciones reales que se han producido en nuestro país, verán que casi
todas ellas están teñidas de dramatismo y en algunos casos incluso
rodeadas de circunstancias extraordinarias, a veces casi esperpénticas.
La renuncia de don Juan Carlos es el reflejo de un elemento clave de su
reinado: la normalización. Una normalización que se aprecia en el hecho
de que todos tengamos esta sesión desde la normalidad, y es que en la
atribulada vida del constitucionalismo español será esta la primera
ocasión en la que el acto de abdicación se produzca de acuerdo con las
previsiones de la propia Constitución. En las 12 abdicaciones que hasta
ahora han tenido lugar en la historia moderna y contemporánea de nuestro
país, o carecíamos de Constitución o la abdicación se producía en
circunstancias distintas y en procedimientos ajenos a los recogidos en la
Constitución.

Entre las múltiples manifestaciones que se han realizado
estos días, algunas de ellas ponían en cuestión el acto que estamos
realizando esta tarde. Lo cuestionaban desde una lógica muy elemental. En
primer lugar, ¿qué sentido tiene que las Cortes Generales aprueben un
acto de voluntad personalísimo que prácticamente no tiene alternativa?
Segunda cuestión, ¿qué sentido tiene el voto negativo, o incluso la
abstención, en esta votación? Porque es curioso que los que se
manifiestan más apasionados republicanos son partidarios de que el rey no
se vaya. Y, por otra parte tercera cuestión podemos realmente forzar a
una persona de 76 años a continuar al frente de la Jefatura del Estado?
Pues tengan en cuenta sus señorías que esta sería la consecuencia de un
voto negativo.

Para glosar el sentido profundo de esta sesión, que tiene
una gran carga simbólica, tenemos que echar la vista atrás a nuestra
historia, porque esta sesión adquiere todo su sentido en la historia del
constitucionalismo español. La justificación de que el rey precisa de la
autorización de la nación para abdicar la incorporó a nuestro derecho
constitucional el constituyente de Cádiz hace más de doscientos años. Y
lo hace como consecuencia de la abdicación forzada en los acontecimientos
de junio y julio de 1808 en Bayona. Dos años después, el constituyente
declaró nula aquella abdicación, no solo por la violencia con la que fue
arrancada, sino principalmente —esto es muy importante— por
faltarle el consentimiento de la nación. Esa lógica del constituyente de
1812 de que el rey no podía abdicar porque no tenía el consentimiento de
la nación la recogen en el mismo sentido las diferentes constituciones
que hemos tenido, desde la Constitución de Cádiz hasta el artículo 57.5
de la Constitución de 1978; 7 constituciones que recogen que para abdicar
el rey necesita el permiso de la nación. Y hoy, doscientos cuatro años
después de aquella primera constitución, por fin se va a producir una
abdicación en la historia de España acorde con

el sentido profundo de la soberanía popular en la que un
rey pide y obtiene el consentimiento del pueblo para retirarse.

Es la primera vez que se produce en la historia de España.
¿Realmente a ustedes esto les parece una cuestión baladí? A mí no, porque
creo que en la democracia la formas y el fondo van íntimamente unidas. Lo
primordial esta tarde, señoras y señores senadores, es que el rey precisa
el consentimiento de la nación; el rey precisa el consentimiento de la
nación como manifestación de cuál es el verdadero alcance de un régimen
político de monarquía parlamentaria: el sometimiento de todos a la
Constitución y a la ley; también del rey.

El consentimiento de la nación a través de sus
representantes no es más que un elemento de normalidad constitucional e
institucional, que precisamente por no haber operado en las anteriores
abdicaciones de los siglos anteriores, deberíamos reivindicar en su
alcance más radical. Y justamente por eso, en la sesión de abdicación que
ahora se somete a votación, no se designa el heredero; no se designa el
heredero porque, sencillamente, eso ya lo prevé perfectamente la
Constitución. La decisión sobre la sucesión la tomaron todos los
españoles en la sesión del referendo constitucional. Y eso, si ustedes me
lo permiten, es un ejercicio de republicanismo en sentido profundo; de
republicanismo como la supremacía de la ley frente a las decisiones de
carácter personal: la ley, como expresión de la voluntad de los
ciudadanos a través de sus representantes.

Tampoco —como alguien ha dicho estos días— la
función de las Cortes Generales es la de tomar nota, tomar nota
simplemente de la voluntad real; no, en absoluto. El Congreso y el Senado
autorizan, las Cortes autorizan: eso es lo que dice la Constitución. La
base del republicanismo es, en sentido genuino, a la ley desde la ley. No
valen atajos; no valen atajos sobre la base de una presunta opinión
generalizada de la calle. Y como todos creemos que solo se puede
transitar a la ley desde la ley, convendría que los grupos que propugnan
una modificación de la actual ley nos explicaran a toda la Cámara de
manera concreta hacia dónde pretenden transitar.

De esta manera, al principio del reinado de don Juan
Carlos, hace casi cuarenta años, se inició un nuevo tiempo, y aquel era
el tiempo de la democracia, y hoy, al final del reinado, se propone
también un nuevo tiempo. Así lo entendió a los pocos días el presidente
Felipe González, que afirmaba que las nuevas generaciones necesitan dar
un nuevo impulso reformador a la sociedad española. Decía que este
proyecto se inscribe en la normalidad, la normalidad de una persona que
se retira cuando ya ha cumplido 76 años, la normalidad de quien entiende
que ya ha llegado el momento de las generaciones posteriores, la
normalidad de que todo ello se produzca no como tantas veces ha ocurrido
en la historia de España, mediante algaradas, conflictos, conspiraciones
palaciegas, sino en aplicación de las previsiones de una Constitución
democrática, que es ya —quiero recordarlo hoy aquí— la
Constitución más estable del atribulado constitucionalismo español.

Durante estos días se ha querido convertir esta sesión en
una cosa distinta de lo que es. Este no es un Pleno, señoras y señores
senadores, para decidir sobre el modelo de Jefatura del Estado o, como
alguien ha querido decir aquí, para elegir entre monarquía y democracia.
No, este no es ese Pleno; lo que no es democrático es no cumplir las
leyes. El verdadero espíritu del republicanismo que algunos invocan es el
sometimiento permanente a la ley, y la ley dice que tenemos una Jefatura
del Estado bajo forma de monarquía, y el verdadero sometimiento a la ley
aconseja que no se pueda aprovechar cualquier momento o cualquier
circunstancia para cuestionarla. ¿O es que alguien, en serio, puede
entender que se puede reformar lo que la Constitución establece por la
vía de negarnos a refrendar la voluntad del rey de abdicar? La ley se
modifica por la ley, mediante los procedimientos que esta misma ley tiene
previstos. Y esta es la clave del republicanismo, más allá de quién sea
en cada momento el jefe del Estado.

El Grupo Socialista, mi grupo, va a votar a favor de esta
ley; en primer lugar, por sentido común, porque no se nos ocurre cuál es
el objetivo y el alcance del sentido del voto de otra naturaleza. No solo
debemos sino que queremos votar a favor de esta ley porque refuerza el
profundo sentido del principio que establece que la soberanía reside en
el pueblo.

En un régimen democrático constitucional como el nuestro,
es el pueblo, a través de nosotros, sus representantes, el que autoriza
al rey a abdicar. Y eso es lo que queda hoy patente en este acto: que el
pueblo autoriza al rey a abdicar.

El acto de hoy es un acto de respeto, de cumplimiento y
refuerzo del principio básico sobre el que se asienta nuestra
Constitución, que quiero recordarles que afirma que la soberanía nacional
reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado.
Todos los poderes, señorías, también la monarquía constitucional.

Por tanto, el Grupo Socialista se propone votar a favor de
esta ley de abdicación porque es una consecuencia lógica de su
republicanismo, entendido como el imperio de la ley y, además, porque
fuimos y somos una parte muy importante, una parte fundamental del
consenso constitucional, y el Partido Socialista sigue defendiendo ese
consenso; un consenso constitucional del que algunos ahora parecen querer
descolgarse; unos, proponiendo cambios o vías ajenas a la propia
Constitución; y, otros, por el camino de lecturas reductoras de los
principios y valores que la Constitución consagra.

Esa y no otra es la razón de que los socialistas, desde
hace ya algún tiempo, planteemos la necesidad de la reforma de la
Constitución. Queremos reformar la Constitución para abordar los nuevos
retos a los que esta tarde se enfrenta España, que son muy distintos de
los que debimos afrontar en la Transición y en la puesta en marcha de la
Constitución, en 1978.

Como somos constitucionalistas, creemos que la ley se
cambia desde la ley y por eso es por lo que hemos planteado la reforma de
la Constitución, porque nosotros hoy nos seguimos sintiendo concernidos
por todo aquello que dio lugar al pacto constitucional; nos sentimos
concernidos por los derechos y las libertades de aquel pacto; nos
sentimos concernidos por el Estado social que allí se define; y nos
sentimos concernidos por el respeto a la diversidad cultural, a la
diversidad histórica y a la diversidad política de los diferentes
territorios de España.

También nos sentimos razonablemente satisfechos con el
resultado y los efectos de nuestra Constitución. Sí, con sus luces y con
sus sombras, pero lo cierto es que la Constitución de 1978 ha dado lugar,
sin duda, al período más largo de estabilidad política y de prosperidad
económica de la historia moderna de España. Por eso, seguimos siendo
defensores del consenso que alumbró la Constitución, y por eso queremos
modificarla, porque desde ella queremos afrontar los nuevos retos y las
nuevas dificultades a los que se enfrenta nuestro país. Señoras y señores
senadores, queremos modificar la Constitución para revigorizarla y
reconociendo los grandes avances que se han producido en la etapa del rey
Juan Carlos.

Quiero terminar mi intervención deseándole al príncipe de
Asturias lo mejor para su reinado, garantizándole el respeto y la lealtad
del Grupo Socialista y ofreciéndole nuestra colaboración para abrir ese
tiempo nuevo que nuestro país necesita.

En resumen, señorías, mi grupo parlamentario va a votar sí
a la abdicación, y va a votar sí para cumplir la Constitución. Mi grupo
va a votar sí a la ley y va a votar sí para ser fieles al consenso que
permitió su aprobación, y mi grupo va a votar sí también como expresión
de la voluntad de colaborar, señorías, para abrir un tiempo nuevo que nos
permita hacer frente a la crisis social, a la crisis política, a la
crisis económica y a la crisis territorial que vive en estos años nuestro
país, que vive España.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Barreiro.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Señorías, señoras ministras, señores ministros, en
definitiva estamos terminando un proceso que todos hemos calificado como
histórico, y efectivamente es así.

Permítanme que una primera reflexión en esta fase final de
este proceso sea de reconocimiento a todos los grupos, incluso a aquellos
que han manifestado su discrepancia en relación con la posición que mi
grupo ha manifestado y que yo trataré de reiterar a lo largo de esta
intervención. Pero no puedo substraerme en esta intervención final a
hacer alguna referencia respecto de alguna de las intervenciones, y voy a
centrarme exclusivamente en una que desgraciadamente ha hecho algún
portavoz que ahora no está presente.

Aquí se nos ha dicho y se ha hablado de que se sustraía el
debate, de que se sustraía la democracia, en definitiva, se ha intentado
dar lecciones a esta Cámara de democracia, y precisamente la generosidad
del consenso constitucional está en que los que pretenden dar esas
lecciones que nosotros no aceptamos —que nosotros no
aceptamos— son los que han apoyado y

no han censurado precisamente a los que han estado
atentando directamente contra la democracia a través de los atentados de
la vida de las personas en el País Vasco. (Aplausos). No podemos
admitirlo. Y precisamente subrayo una vez más la grandeza del proceso en
el que estamos: la grandeza del consenso constitucional está en que los
que no participan del sistema pueden aprovecharse del sistema, aunque sea
desde actitudes de cobardía. (Aplausos).

Agradezco muy sincera y muy especialmente las
intervenciones de aquellos grupos que han expresado su claro apoyo a esta
iniciativa, y coincido, como no podía ser de otra forma, con lo que ha
manifestado el señor Iglesias, portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, acerca de lo que realmente estamos debatiendo aquí. Intenté
expresarlo en mi primera intervención. Quizá, a lo mejor, no tuve la
fortuna que él ha tenido y, por eso, alguien no me ha interpretado en la
dirección correcta. Yo lo que había planteado en su momento, y reitero
ahora, es que el debate no es el que algunos intentaron plantear. El
único debate que aquí se está dando es precisamente el reconocimiento por
parte de las Cortes Generales del ejercicio legítimo de su majestad el
rey a la hora de abdicar, y esa es la esencia fundamental de la monarquía
democrática. Por eso, por eso, nosotros estamos orgullosos de este
momento, orgullosos de participar en este momento histórico, que desde mi
punto de vista viene definido fundamentalmente por dos hechos
sustanciales, aunque, seguramente, habrá más que podrían destacarse. El
primero de ellos es el referéndum del año 1978, donde la mayoría del
pueblo español reconoce, a través de la aprobación de la Constitución, la
forma de gobierno de la monarquía parlamentaria. Ese es uno de los hechos
fundamentales y definitorios de este periodo de tiempo de prácticamente
40 años. Y el segundo es este: la abdicación de su majestad el rey; el
ejercicio legítimo de ese derecho.

Seguramente, entre estos dos hechos fundamentales hay toda
una serie de acontecimientos que ponen de manifiesto la importancia de
este período. Por eso, me van a permitir, señorías, que en esta
intervención final dedique una parte yo creo fundamental, una parte
importante al reconocimiento de quien ha sido el actor principal de todo
este proceso. Nuestro grupo quiere expresar en este momento en primer
lugar su expresión de gratitud, su expresión de reconocimiento a la
figura de la monarquía española en la persona del rey Juan Carlos I de
Borbón. (Aplausos). Su trayectoria, su compromiso con el país, su
participación en momentos decisivos de la historia de este país —y
todos están en la mente de cada uno de nosotros— ha sido
fundamental para que llegásemos a conseguir precisamente el período más
importante de paz, de progreso, de servicios sociales, de prestaciones
sociales, de reconocimiento internacional, de reconocimiento hacia las
identidades de cada una de nuestras comunidades, de avance en el
autogobierno que nunca se haya vivido en España. Esto es fruto,
efectivamente, de un esfuerzo colectivo del conjunto de la sociedad
española, pero no es menos cierto que no se hubiera conseguido sin la
participación activa y decisiva de la figura del rey Juan Carlos I.

Y en ese capítulo de agradecimientos tampoco debe ser
menor, a nuestro juicio, el papel que ha desempeñado la reina Sofía.
Efectivamente, la reina ha sabido asumir el papel que en una monarquía
como la nuestra le corresponde a la figura de la reina, a la figura del
consorte o de la consorte del rey. (Aplausos). Su maestría, su
dedicación, su ejemplo en definitiva ha sido y es una constante que desde
nuestro punto de vista es merecedora de reconocimiento.

Y se ha dicho aquí —y yo lo comentaba en la
intervención anterior y por eso coincido plenamente— cuál es el
carácter de nuestra monarquía. En nuestra monarquía no hay súbditos. El
portavoz del PNV utilizaba esa expresión. Si algo caracteriza a nuestra
monarquía es que no hay súbditos. En todo caso, si hay un súbdito es su
majestad el rey, y es su majestad el rey porque ha sido y es súbdito de
las leyes, es súbdito de los ciudadanos y es súbdito del país; es súbdito
de las leyes y del ordenamiento jurídico, porque toda su trayectoria está
precisamente ordenada y vinculada, sometida a la Constitución y a nuestro
ordenamiento jurídico; es súbdito de los ciudadanos porque, precisamente,
nuestra Constitución reconoce claramente que la soberanía nacional reside
única y exclusivamente en el pueblo español; y es súbdito del país porque
ha entregado estos 40 años de su vida a la defensa de los intereses del
país tanto en el ámbito interno como en el externo, y ahí hemos tenido,
tenemos al mejor embajador que nunca nunca jamás haya tenido España.

Por lo tanto, a mi juicio, todos estos aspectos y muchos
otros más son más que suficientes para este reconocimiento que la gran
mayoría de esta Cámara hoy hace —estoy seguro— a su majestad
el rey Juan Carlos I.

Además, en este mismo momento queremos hacer también una
declaración clara y rotunda de lealtad a la institución monárquica en la
figura del próximo rey Felipe VI. No tenemos ningún tipo de duda de que
su capacidad, su preparación, total y absolutamente acreditada, son la
mejor garantía que tenemos para el futuro de este país. La mejor garantía
está precisamente en la continuidad de la monarquía parlamentaria.

La monarquía parlamentaria ha demostrado que tiene
capacidad de dar estabilidad, de aislar de los debates partidistas, y eso
es una pieza clave, una pieza fundamental precisamente para la garantía
del futuro de las distintas instituciones. (Rumores). Y si me apuran,
todavía cobra más importancia en un momento como el actual, de una fuerte
crisis económica.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio,
por favor.

El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Precisamente en un momento en
el que estamos viendo síntomas de recuperación económica, es fundamental
mantener la estabilidad del país, y la vía para mantener la estabilidad
institucional desde nuestro punto de vista es a través de la institución
de la monarquía.

Por eso, en este momento coincido con el senador Iglesias
en que vamos a aceptar la abdicación del rey. Estamos haciendo un
ejercicio de normalidad democrática, pero además creo que con este mismo
acto estamos refrendando una vez más el pacto constitucional. Y esto es
una clave fundamental, ha sido una clave fundamental en todo este proceso
histórico, pero es una clave fundamental para la garantía del futuro del
país. Por eso también el orgullo al que hacía referencia se ve
incrementado cuando a través de este debate podemos comprobar que sigue
plenamente vigente el consenso constitucional, que sigue plenamente
vigente el pacto constitucional; que, efectivamente, solo hay un camino,
y el camino lo marca la ley, el camino lo marca la Constitución; y dentro
de ese camino, caben todas las alternativas, fuera de ese camino no cabe
ninguna alternativa.

Decía un premio Nobel de Economía pero que fue un gran
constitucionalista, James Buchanan, que en todo juego, más importante que
los jugadores son las reglas de juego. Pues bien, en el juego democrático
tiene total y absolutamente razón Buchanan: lo importante es el respeto a
las reglas de juego, y las reglas de juego vienen dadas, precisamente,
por el pacto constitucional. Y ahí podemos discutir de todo, no es el
momento hoy, pero podemos hablar de todo: podemos hablar de debates
territoriales, podemos hablar de modelos de financiación, podemos hablar
de muchas cuestiones, pero siempre, siempre que lo hagamos dentro del
respeto a ese marco. Y ese marco es el único, el único, señor Cleries,
que no delimita, sino que apoya y refuerza el diálogo al que usted hace
referencia. Dentro de ese esquema de juego, todo el diálogo posible;
fuera de ese esquema de juego, ya nos explicará usted qué es lo que
tenemos que dialogar, qué es lo que podemos dialogar. Por lo tanto, una
vez más, este grupo parlamentario y este partido político reivindican ese
pacto constitucional y hacen, precisamente, un ejercicio de
responsabilidad, igual que otras fuerzas políticas, a la hora de
plantearlo de nuevo.

Y termino, señorías, con la expresión inequívoca y rotunda
de nuestro grupo parlamentario en el refrendo: el compromiso con la
Constitución, el compromiso con el pacto constitucional, el compromiso
con la monarquía parlamentaria, el compromiso, en definitiva, con el
futuro del país. Este país ha soñado durante muchos años con tener una
democracia moderna, y hoy, hoy estamos escribiendo una nueva página en la
historia del país, una nueva página que nos permite reconocer el
cumplimiento de este sueño, pero sobre todo, lo más importante, es que
nos da la garantía de que va a continuar en el futuro.

Muchísimas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barreiro.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas
de veto.

Les recuerdo que para la aprobación de dichas propuestas de
veto se requiere la mayoría absoluta de los senadores que en este momento
componen la Cámara. La Cámara está compuesta por 266 senadores, luego la
mayoría absoluta es de 134.

Les informo también que ha habido autorización de la
votación telemática por parte de la senadora María Belén Ibarz, del Grupo
Parlamentario Popular. La senadora ha emitido su voto en las tres
propuestas de veto, en los tres casos en sentido contrario a las
propuestas de veto. Como de costumbre, añadiré este voto a la votación
que realicemos ahora en el hemiciclo.

Comenzamos por tanto votando la propuesta de veto número 1,
de los senadores Mariscal e Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 258 más 1 voto telemático, 259; votos emitidos, 257 más 1 voto
telemático, 258; a favor, 5; en contra, 234 más 1 telemático, 235;
abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 2, de la
senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 258 más 1 voto telemático, 259; votos emitidos, 258 más 1 voto
telemático, 259; a favor, 5; en contra, 235 más 1 telemático, 236;
abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos finalmente la propuesta de veto número 3, de los
senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 258 más 1 voto telemático, 259; votos emitidos, 258 más 1 voto
telemático, 259; a favor, 5; en contra, 235 más 1 telemático, 236;
abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Por lo tanto, señorías, una vez rechazadas las propuestas
de veto, sometemos a votación el texto del proyecto de ley.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 258; votos emitidos, 258; a favor, 233; en contra, 5;
abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, señorías, queda
aprobado definitivamente por las Cortes Generales el Proyecto de ley
Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey
Don Juan Carlos I de Borbón. (Fuertes y prolongados aplausos de los
señores senadores del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie).

Se levanta la sesión.

Eran las dieciocho horas y cincuenta minutos.