Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos,
229 más 3 votos telemáticos, 232; a favor, 83; en contra, 146 más 3 votos
telemáticos, 149.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos,
229 más 3 votos telemáticos, 232; a favor, 84; en contra, 145 más 3
telemáticos, 148.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 229 más 3 votos telemáticos, 232; votos emitidos,
229 más 3 votos telemáticos, 232; a favor, 84; en contra, 145 más 3
telemáticos, 148.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado con el siguiente resultado: presentes,
230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos, 230 más 3 votos
telemáticos, 233; a favor, 84; en contra, 146 más 3 telemáticos, 149.

Se rechaza la propuesta de veto número 7 con el siguiente
resultado: presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos,
230 más 3 votos telemáticos, 233; a favor, 84; en contra, 145 más 3 votos
telemáticos, 148; abstenciones, 1.

Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente
resultado: presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos,
230 más 3 votos telemáticos, 233; a favor, 84; en contra, 146 más 3 votos
telemáticos, 149.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas 35 a 87,
presentadas por este senador y el señor Zerolo Aguilar, del Grupo
Parlamentario Mixto.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 34,
del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas originariamente por este
senador y el señor Mariscal Cifuentes.

La señora Capella i Farré defiende las enmiendas 88 a 139,
del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas originariamente por esta
senadora.

El señor Boya Alós defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya 140 a 144, 146 a 152, 155 a
177 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo
modificado por las enmiendas 301 a 312 del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, así como las números 178 a 212.

El señor Plana Farran defiende las enmiendas 252 a 300, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Toledo Díaz defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista 213 a 251 y la vuelta al texto remitido por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 301 a 312
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ruiz
Reyes, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Plana Farran,
por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la
señora Coves Botella, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor
Ruiz Reyes, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar
………………………………………………………………………………….

10907

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de
registro 130389.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.

9. REGLAMENTO DEL SENADO

9.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

9.1.1. Propuesta de reforma del Reglamento del Senado por
la que se modifican los artículos 36.1, 148, 149 y 150 y se incluye una
nueva disposición adicional.

Comisión: Reglamento

10914

(Núm. exp. 626/000003)

El señor presidente informa a la Cámara de que no se han
presentado enmiendas, por lo que se procede a la votación final sobre la
totalidad de la Propuesta de reforma.

Se aprueba con el siguiente resultado: presentes, 222;
votos emitidos, 220; a favor, 219; abstenciones, 1.

10. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

10.1. AUTORIZACIÓN PARA TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA

10.1.1. Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace
efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

10915

(Núm. exp. 551/000040)

El señor presidente informa a la Cámara de que el voto
telemático ha sido autorizado para las senadoras Ibarz Ibarz, García
Carrasco y Jurado Fernández de Córdoba. La senadora Ibarz Ibarz no ha
ejercido su derecho y las senadoras García Carrasco y Jurado Fernández de
Córdoba sí lo han hecho, en sentido afirmativo.

Los señores Guillot Miravet, Iglesias Fernández, Camacho
Sánchez y Sanz Pérez hacen uso de la palabra en virtud del artículo
87.

Se aprueba la autorización para la tramitación en lectura
única de este proyecto de ley orgánica con el siguiente resultado:
presentes, 222 más 3 votos telemáticos, 225; votos emitidos, 220 más 2
votos telemáticos, 222; a favor, 209 más 2 votos telemáticos, 211; en
contra, 6; abstenciones, 5.

Se levanta la sesión a las catorce horas.

Página
10862

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Bon dia. Buenos días, señorías. Saludo a los representantes
de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, y también al señor
don Joan Caball, en su condición de representante de la Unió de Pagesos
de Catalunya, que nos acompañan en la tramitación del presente proyecto
de ley y a los que también agradecemos su ingente trabajo para hacer
posible un mejor proyecto de ley y mejorar sustancialmente la ley.
Esperemos que los senadores del Partido Popular tomen buena cuenta de
ello e incorporen prácticamente la totalidad de las enmiendas que nos ha
hecho llegar la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.

Una vez más presentamos un veto a un proyecto de ley del
Partido Popular, un veto más, junto a los otros 6 presentados por los
diferentes grupos parlamentarios que componen esta Cámara. ¿Ustedes aún
no se han planteado nada en relación con su manera de legislar? ¿No se
plantean que alguna cosa no acaban de hacer del todo bien? La verdad es
que resulta bastante deprimente encarar cualquier proceso legislativo en
esta Cámara, plantearse vetos y enmiendas, ya que, efectivamente, el
resultado de estos es prácticamente nulo —por no decir nulo—
debido al muro que representa su mayoría parlamentaria, esa mayoría a la
que en muchas ocasiones me he referido como absolutista, que no absoluta,
que ustedes ejercen y de la que hacen ostentación en todos y cada uno de
los proyecto de ley que son objeto de debate en esta Cámara
parlamentaria. Pero ya saben que las mayorías van y vienen, y han
empezado a catar que el futuro no se les promete tan fácil, un futuro que
deseo que sea más pronto que tarde, a pesar de que para nosotros, para
Esquerra Republicana, España no es nuestro cometido. A pesar de ello,
mientras formemos parte de esta realidad que se dice España, y aun cuando
no formemos parte también de la misma, sí nos sentimos solidarios con los
ciudadanos y ciudadanas españoles, y consideramos que se merecen un
Gobierno mejor que el suyo.

El presente proyecto de ley, como tantos otros, utiliza las
palabras, los términos, pero no aplica su significado. El contenido de
este proyecto de ley desvirtúa el auténtico significado de las palabras o
términos empleados. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de que el
sector agrario se encuentre debidamente representado en la vida pública y
participe de la toma de decisiones, pero no en la forma en la que ustedes
lo hacen. Prueba evidente de ello son los 7 vetos y las enmiendas
presentadas, que, como viene siendo habitual, no tienen ninguna
posibilidad de éxito, de que prosperen. Por cierto, sus autoenmiendas
empeoran las cosas.

Efectivamente, el proyecto de ley plantea la necesidad
existente de incrementar la democracia y la participación en el sector
agrario, pero en su contenido se va descubriendo que lo que ustedes
plantean no es mejorar ni fomentar la participación y la democracia; en
definitiva, esa vieja historia de siempre: para el pueblo, pero sin el
pueblo. Ustedes, lejos de plantearse un auténtico proceso electoral en el
sentido en que se nos demanda por parte de la sociedad y, en este caso
concreto, por el sector agrario para determinar la representatividad en
dicho sector, no garantizan ni el proceso electoral ni la participación
de los profesionales agrícolas y ganaderos.

En cuanto a la participación, crean y regulan un consejo
agrario como órgano consultivo, dependiente del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con funciones limitadas a
consulta y asesoramiento, sin que su dictamen o posicionamiento determine
o pueda determinar la posición del ministerio. Obviamente, reman contra
el viento. La ciudadanía exige participar de las decisiones, codecidir, y
ustedes sistemáticamente lo impiden.

Se regula un proceso electoral más que cuestionable ya que
no se hace siguiendo las garantías recogidas en la Ley orgánica del
régimen electoral general en lo que se refiere a las reglas para la
elaboración del censo electoral. No se regulan la campaña electoral, la
publicidad de esta, el coste de las campañas, las subvenciones, y se dice
que no se trata de un proceso electoral, a pesar de que lo que se está
efectuando es la determinación de la representatividad de las distintas
organizaciones profesionales agrarias.

Ustedes justifican esto diciendo que no estamos ante un
proceso electoral porque no se elige una lista de personas, pero es
evidente que el término electoral se refiere a electores y elecciones, al
sistema, al conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos
técnicos enlazados entre sí y legalmente establecidos, por medio de los
cuales los electores expresan su voluntad política en votos, que a su vez
se convierten, bien en escaños, bien en poder público.

El artículo 4 del proyecto de ley define a los electores
que tendrán derecho a participar en la consulta, y esos electores tienen
derecho a participar en unas elecciones para elegir qué organizaciones
profesionales les van a representar a cada uno de ellos. ¿Eso no es un
proceso electoral para ustedes? La Constitución española las reconoce y
dota de relevancia y, en consecuencia, debería ser seguida o al menos
tenida en cuenta y, por tanto, trasladado al sistema de la Ley orgánica
de régimen electoral general lo que se refiere a la organización de la
consulta que prevé el presente proyecto de ley.

El artículo 10 del proyecto de ley no regula, como decía,
la consulta con las garantías similares a unas elecciones celebradas de
conformidad con la ley orgánica. Tampoco regula, como también he dicho
antes, la campaña electoral, la propaganda, la utilización de los medios
de comunicación para la campaña electoral, los gastos y subvenciones
electorales, las posibles infracciones electorales y el sistema de
sanciones. Es evidente que es necesario que los electores conozcan qué
organización profesional se presenta y con qué programa lo hace, qué
gastos electorales de campaña ha tenido, etcétera. En definitiva, estamos
reclamando un proceso trasparente. En cuanto a la determinación de quién
es elector, de qué organizaciones profesionales agrarias de ámbito
estatal y autonómico pueden ser candidatas y obtener representación en el
consejo agrario, el proyecto de ley que pretende la determinación de la
representatividad de las organizaciones profesionales agrarias determina
la exclusión de la representatividad de las organizaciones profesionales
agrarias con implantación territorial autonómica sobre la base de esa
visión que tantas veces hemos denunciado, centralista y unitarista, que
caracteriza su actividad legislativa, que caracteriza la actividad
legislativa del Partido Popular.

En este sentido, resulta paradójica la exigencia contenida
en el artículo 5 del proyecto de ley. El establecimiento del
requerimiento de tener una presencia mínima en 6 comunidades autónomas
para considerar representativa una organización agraria es tan excluyente
como arbitraria; excluyente, por la pretensión, reforzada por el criterio
del 15% a nivel estatal, de marginar la representación de los colectivos
autonómicos; y arbitrario, porque el criterio de 6 comunidades autónomas
es absolutamente desorbitado, hasta el punto de que actualmente 5
comunidades autónomas suponen el 64% del censo estatal y, contrariamente,
10 comunidades autónomas pueden representar solo el 23%. Estos datos
permiten afirmar que se está contraviniendo el concepto de
representatividad, tal y como lo define la OIT cuando establece que el
criterio debe ser objetivo y no puede estar basado en elementos como
estos, que son parciales y, a criterio de Esquerra Republicana,
abusivos.

Reitero que es realmente sorprendente la determinación de
la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias con
implantación territorial autonómica sobre la base de esta visión
centralista, unitarista, que no entiende ni la diversidad ni la
diferencia. Pero para que eso no fuera así sería necesario tener claro lo
que significa diversidad, diferencia, participación, el valor de la
participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales y
profesionales en los diferentes ámbitos de la vida pública. Pero eso son
palabras mayores para ustedes. En definitiva, como les he dicho al inicio
de mi intervención, ustedes, para el pueblo, pero sin el pueblo.

Finalmente, solicito el apoyo del resto de grupos
parlamentarios al veto presentado por Esquerra Republicana, y quiero
manifestar que Esquerra Republicana votará a favor de todos y cada uno
del resto de vetos presentados por los distintos grupos
parlamentarios.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 1 ha sido presentada por los
senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Los dos senadores de Izquierda Unida hemos formulado este
veto al proyecto de ley compartiendo los argumentos que fundamentan la
mayoría de los vetos presentados. Ello, en mi opinión, demuestra
claramente que los defectos en la configuración de este proyecto de ley
son tan obvios, tan evidentes, que es posible que se compartan desde
perspectivas políticas muy diferentes.

Es innegable que, superado el modelo de representatividad
de las cámaras agrarias, que no dejaba de tener un poso corporativo, la
Ley 10/2009, de 20 de octubre, estableció otro que se basaba en los
procesos electorales regulados por las comunidades autónomas; y la
aplicación, el desarrollo y el cumplimiento de esta ley por parte de las
comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos dio resultados
desiguales.

Por tanto, partimos del reconocimiento de la necesidad de
superar ambos modelos: el corporativo y el electoral, basado en las
comunidades autónomas, a través de una nueva regulación. Lo que ocurre es
que no creemos que este proyecto sea la respuesta adecuada a esa
necesidad, y por ello sus contenidos generan de forma inevitable
frustración en los colectivos a los que va dirigidos. Una frustración
política, que los grupos expresamos a través de esos 7 vetos. Una vez más
consiguen ustedes el récord de vetos en un proyecto de ley, lo cual
demuestra, no solo las carencias de este, sino la nula voluntad de
diálogo; ustedes, con un mínimo esfuerzo negociador probablemente
hubieran conseguido al menos una aproximación a aquellas fuerzas
políticas con las que comparten modelo económico y social y, por tanto,
con las que en principio cabría pensar que es posible alcanzar también
consensos en torno a un texto legal que pretende definir la
representatividad de un sector económico. Y también genera frustración en
los colectivos a los que va dirigido, aquellos a los que se pretende
medir en su representatividad mediante el procedimiento establecido en
este proyecto de ley.

Basta con leer las declaraciones y manifestaciones públicas
de sus representantes. El secretario general de COAG, Miguel Blanco,
consideró en relación con este proyecto que solo un verdadero proceso
electoral tendrá legitimidad para fijar la representatividad de las
organizaciones agrarias, y que lo que propone el ministerio se parece más
a una encuesta que a unas verdaderas elecciones. Lorenzo Ramos,
secretario general de UPA, se manifestó expresando su temor de que las
elecciones al campo no se regulen por la Ley general electoral —su
temor se ha confirmado con los contenidos de este proyecto de ley—,
y concluye que con esa realidad no se regularán ni la campaña ni los
gastos electorales ni se controlará adecuadamente el voto por correo.
Acertó, obviamente, en sus previsiones. El texto que sale del Congreso y
que llega al Senado refleja en el articulado los temores, las reservas,
las críticas que algunas de las organizaciones agrarias han expresado
sobre él.

La representatividad, por más que se quiera jugar con el
término, por más que se pretenda devaluar el diccionario de la Real
Academia Española, se mide mediante elecciones. Y este proyecto, desde su
origen huye de dicho concepto. Pretende regular una consulta
—artículo 3 del proyecto—, aunque juegue a la confusión
definiendo quiénes son electores en esa consulta — artículo
4—. De hecho, las enmiendas que el Grupo Popular ha presentado en
el Senado y que están ya incorporadas al informe de la ponencia
profundizan en esa expresa voluntad del ministerio, reflejada en el
proyecto, prescindiendo de alguna otra referencia electoral que todavía
aparecía en el texto aprobado por el Congreso. No se habla de elecciones,
porque se pretenden excluir de esta consulta las garantías del régimen
electoral general; como decía el representante de UPA, desde la
regulación de la campaña a los procedimientos de impugnación, que es lo
que asegura algo consustancial a cualquier elección democrática: la
igualdad, mayor o menor, de oportunidades en quienes concurren a ese
proceso electoral.

Esto es grave desde dos perspectivas. Primero, es grave
porque las consecuencias serán que el resultado de esta consulta tendrá
una repercusión similar a las que tendría de ser un auténtico proceso
electoral, tanto en el reparto del patrimonio de las cámaras agrarias
como en la financiación con fondos públicos de las organizaciones
representativas del sector y, por supuesto, en la composición del consejo
consultivo. Es decir, estamos ante una consulta, que ustedes no quieren
que sean elecciones, con las garantías de unas elecciones, a la que el
proyecto da unas consecuencias similares a las de unas elecciones. Pero
también es grave desde otra perspectiva, que creo que además el Gobierno
tenía en mente a la hora de redactar el proyecto. Con este mecanismo se
priva a las organizaciones agrarias que concurran al proceso de la
legitimidad y la fuerza que emanan de las elecciones. Se pretende hacer
una consulta cuyo resultado no fortalezca, sea cual sea el respaldo que
obtenga cada una de las organizaciones agrarias, a estas. Lo que se
pretende, sin duda alguna, es una consulta en la que se defina un
interlocutor o unos interlocutores que no cuenten con el respaldo, la
legitimidad y la fuerza que da un proceso electoral.

Igualmente motiva nuestro veto el que rechacemos los
criterios de determinación de quiénes son los electores —entre
comillas— en esa consulta. Nuestra posición es que solo sean
electores los verdaderos, los auténticos profesionales del sector, es
decir, quien tenga la actividad agropecuaria como medio básico de vida.
Creemos que es inaceptable que sean electores personas físicas que no
tengan actividad agraria real y, por lo tanto, cuestionamos que, además
de configurar el —entre comillas— cuerpo electoral los
afiliados a la Seguridad Social por su actividad agraria o ganadera por
cuenta propia, lo configuren también quienes obtengan al menos un 25% de
su renta total de la actividad agraria. Eso significa que el otro 75% de
ingresos se derivará de otra actividad que no tendrá nada que ver con la
agraria y que, obviamente, será la actividad principal, es decir, esa
otra con la que obtienen el 75% de sus ingresos. Igualmente, pretendemos
excluir de la condición de elector —entre comillas— a
aquellos que perciban pagos directos superiores a 3000 euros del Fondo
Español de Garantía Agraria.

Creemos que con este criterio de definición del elector se
ignora el concepto de agricultor activo que fue consensuado poco antes de
la presentación del proyecto, que fue consensuado en la Conferencia
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del pasado 21 de enero, que,
más o menos, define a los agricultores como aquellos beneficiarios de las
ayudas directas de la PAC cuyo importe no suponga más del 80% de sus
ingresos agrarios, y añade que se considerará que la actividad agraria es
significativa cuando genere ingresos suficientes.

Se prescinde de algo con lo que podemos tener
discrepancias, pero que al menos era fruto, no de la elaboración
exclusiva del Gobierno, del ministerio, sino de un debate, de un diálogo
y de un consenso alcanzado con las comunidades autónomas. De hecho, esta
definición del cuerpo electoral supone que si asumiéramos el criterio que
nosotros defendemos, esto es, que solo sean electores los afiliados a la
Seguridad Social, el cuerpo electoral en estos momentos estaría
configurado más o menos por 320 000 electores. Pero con los criterios que
se introducen en este proyecto de ley el número de electores aumentaría
al menos hasta 500 000, entre 500 000 y 600 000.

El siguiente paso del proyecto, una vez debilitada la
representación de las organizaciones agrarias y, por lo tanto, el
interlocutor de las administraciones públicas, es configurar un consejo
agrario sin funciones de negociación y de concertación, con menos
facultades que el actual Consejo Asesor Agrario —de nuevo hago
referencia a las enmiendas que el Grupo Popular ha introducido en el
trámite parlamentario en el Senado y que están incorporadas al informe de
la ponencia—. La definición de los cargos dentro de este consejo
abunda en la garantía de un control por parte de la Administración
central del Estado del mismo consejo.

Son estos los fundamentos que basan el veto que el senador
Mariscal y yo mismo, en nombre de Izquierda Unida, hemos formulado, y
sobre la base de ellos pedimos el respaldo de la Cámara, anunciando
nuestro apoyo también a los otros 6 vetos que han formulado los distintos
grupos políticos presentes en el Senado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador iglesias.

La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por los
senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Voy a defender el veto de los señores Guillot y Saura y
también el veto del resto de senadores de la Entesa. Y quiero aprovechar
también para saludar a todos los representantes de las organizaciones
agrarias que nos acompañan hoy en esta sesión.

Entiendo que vamos a sufrir un bombardeo de argumentos, que
se van a repetir en el proceso de defensa del conjunto de los vetos
presentados por los grupos de la oposición. Esta es, inevitablemente, la
primera reflexión a la que nos obliga este debate: la falta de consenso
absoluto que existe en este momento en la tramitación de esta ley, a la
que, ciertamente, no acompaña ni el consenso ni el diálogo. Creo que es
muy ilustrativo leer en el Diario de Sesiones del Congreso de los
Diputados las comparecencias de los representantes de las organizaciones
profesionales agrarias en la Comisión de Agricultura para ver que,
efectivamente, cuando ustedes han impulsado este

proyecto de ley lo han hecho sin el consenso en el campo y
sin el consenso en el marco institucional. Y eso es lo que hoy representa
el conjunto de vetos presentados a este proyecto de ley.

Me pregunto cuál es el objeto del Gobierno al tramitar una
ley que precisamente tendría que ser el instrumento fundamental que nos
permitiera en el futuro establecer consensos muy importantes alrededor de
un sector tan estratégico como el de la agricultura. ¿Cuál es el
propósito del Gobierno, si cuando inicia la tramitación de una ley, que
es el instrumento fundamental para garantizar los consensos, empieza ese
trámite sin los mínimos consensos razonables para poder establecer en el
futuro ese marco de acuerdo.

Nosotros entendemos perfectamente —se lo hemos oído
decir aquí de forma reiterada al ministro Cañete— la importancia de
medir la representatividad. Pero lo que no podemos entender es que en
este momento la urgencia sea el motivo para hurtar sólidos acuerdos que
den al futuro consejo asesor esa trascendencia que todos queremos,
precisamente por lo que decía, por su utilidad para resolver problemas, a
los que luego me referiré y que son fundamentales en el mundo de la
agricultura.

Pero también es cierto, con la experiencia de estos años de
legislatura, que ustedes han optado reiteradamente por el rodillo, una
situación que no es nueva para los grupos de la oposición; un rodillo
que, lamentablemente, en este caso no lo es meramente para apisonar a la
oposición, sino que en principio va a triturar el consenso —que yo
creo que era muy positivo, mejorable, pero muy positivo— que obtuvo
la Ley de 2009. Y esta falta de consenso va a hacer que hoy demos, no un
paso atrás, sino dos; primero, porque hacemos añicos un acuerdo; y
segundo, porque ustedes hoy van a aprobar inevitablemente una pésima ley,
una ley que adolece de aquello que es lo más trascendente precisamente de
una ley: que tenga seguridad jurídica, que sea clara en su articulado y
que, por tanto, sea un instrumento válido y no discutible para el
futuro.

Es cierto que el argumento que ustedes han reiterado de
forma continuada es que ha existido una falta de compromiso por parte de
las comunidades autónomas a la hora de celebrar las elecciones en sus
territorios y, por tanto, que en este momento únicamente 3 comunidades
autónomas han realizado los procesos electorales. Pero esta cuestión
podría haberse abordado desde otra perspectiva con un partido que tiene
prácticamente mayoría en una gran parte de las instituciones del país,
aunque existe un momento de dificultad, lo que ha hecho que algunas
comunidades autónomas hayan manifestado que la cuestión económica es un
problema para abordar en este momento estas elecciones. Pero, como digo,
me parece que todo ello era abordable —en ese sentido, tenemos
algunas enmiendas que exigen modificar algunas de las cuestiones que se
plantearon en 2009—, que era perfectamente posible hacerlo desde el
diálogo —insisto: desde el diálogo—, porque me parece
absolutamente fundamental hacerlo desde la voluntad de acuerdo. Por
tanto, como digo, presentamos algunas enmiendas a este proyecto de ley
que, en su caso, requerirían modificar la Ley de 2009. De cualquier
forma, el proceso —y me parece fundamental— era asegurar el
acuerdo y el consenso con las organizaciones agrarias y con el mundo
agrario, porque, en definitiva, es a ellos a quienes va destinada esta
ley y a quienes toca también participar en el camino de las reformas que
puedan dar alternativas a un mundo agrícola que lo necesita
absolutamente.

Nos parece que el término consulta utilizado en el proyecto
de ley no resuelve en absoluto la cuestión de la representación agraria.
Los porcentajes que se han fijado para establecer los mínimos que
permitirán a las organizaciones agrarias estar presentes en el consejo
agrario no resuelven el problema. Es decir, creemos que el resultado de
esta consulta, si se lleva a cabo en los términos en que se está
planteado, nos puede llevar a un consejo agrario cuya representación esté
absolutamente condicionada por las reglas de juego que se han establecido
y que eso puede ser un mal favor para todos aquellos que de alguna manera
no van a sentirse representados en ese consejo, que debería ser, por
ende, un consejo plural y capaz de representar todas las sensibilidades
del mundo agrario.

Creemos que esta ley no tiene una base jurídica sólida,
como he dicho, en el ámbito de la representatividad establecida sobre la
base de los porcentajes que fija la ley. Nosotros hubiéramos sido
partidarios de aplicar de forma complementaria —y alguna de
nuestras enmiendas así lo plantea— la LOREG. Y la falta del aval
del Consejo de Estado nos parece otra cuestión a tener en cuenta, porque,
como decía, una ley que no tenga una sólida base jurídica y que no esté
absolutamente contrastada tiene un grave problema de credibilidad.

El senador Iglesias se refería también al censo sobre el
que vamos a realizar eso que ustedes llaman consulta. Bien, es cierto: el
censo es absolutamente impreciso. En este momento podríamos estar
hablando, como nos decía el senador Iglesias, de 500 000 electores,
aunque algunos expertos dicen que pueden ser más. El propio ministro
habló en algún momento de 900 000 electores. Ciertamente, la
indefinición, en algunos de casos, respecto de quiénes son los sujetos
que pueden participar en estas elecciones, y la permisividad a la hora de
participar en las elecciones, en el sentido de que aquellos que
únicamente por percibir 3000 euros de la política agraria común tengan
garantizado el derecho a voto, va a distorsionar el proceso.

Creemos que el concepto de agricultor activo está
perfectamente definido —es una definición de no hace mucho
tiempo—. Ese es un elemento clave para definir quiénes son los
sujetos activos que pueden participar en la consulta, en las elecciones
y, desde esta perspectiva, consideramos que la ley no lo resuelve.
Nosotros somos partidarios —y así lo manifestamos en nuestras
enmiendas— de un proceso electoral en toda regla que esté
perfectamente regulado y que sea capaz de dar todas las garantías
democráticas a la representación de las organizaciones agrarias.

Desde nuestro punto de vista, esta ley va a ser mala
porque, efectivamente, como he explicado, adolece de falta de consenso;
es una ley que no va a ser equitativa a la hora de otorgar la
representatividad; es una ley que va a vulnerar el marco competencial del
país y de las comunidades autónomas y, por otra parte, es una ley que va
a dejar algunos de los ámbitos trascendentes de un proceso de estas
características en un marco de absoluta indefinición.

Si la pretensión del exministro Arias Cañete era abrir la
participación, medir la participación de los agricultores —él ya no
está aquí, evidentemente—, me temo que desde Bruselas podrá ver que
esta ley que él impulsó es la evidencia de un gran fracaso.

Es por este motivo que nosotros pedimos la devolución del
proyecto de ley al Gobierno de nuevo. Es por este motivo —al que
haré referencia en el turno de portavoces— que entendemos que esta
ley no va a tener capacidad de aglutinar un debate serio en un consejo
asesor que, insisto, debería abordar problemas muy graves de un sector
tan estratégico como es la agricultura en este país. Es por este motivo,
insisto, que reclamamos la devolución; anunciamos nuestro voto favorable
a todos los vetos y, asimismo, reclamamos del conjunto de los grupos el
voto favorable a este veto.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

La propuesta de veto número 5 la ha presentado el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna. Egun on
senatari jaun-andreok.

Señorías, el artículo 10.9 del título I del Estatuto de
Guernica recoge la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del
País Vasco en agricultura y ganadería; una competencia que en los
sucesivos gobiernos vascos se han tomado siempre muy en serio —digo
los gobiernos vascos— por la importancia que tiene la agricultura y
la ganadería, como el resto del sector primario, no solo para la economía
sino también para el desarrollo social equilibrado, la cultura, la
tradición o la gastronomía.

Fruto de esta preocupación y de este empeño, el Parlamento
vasco, su Gobierno dependiente en cada caso, ha ido desarrollando
diferentes normas, reglamentos, planes y programas de gestión del sector.
Por supuesto, también se han acometido líneas de ayudas e inversión
complementarias a las que llegan, fruto de la política agraria común,
tanto en el sector agropecuario como en el de las industrias alimentarias
y, cómo no, en el desarrollo rural.

En consecuencia, el Parlamento vasco ha legislado también,
entre otras cosas, sobre la representatividad y la organización
asociativa del mundo agrícola y ganadero vascos, con normas tan
importantes y completas como la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de
política agraria y alimentaria. Sería impensable tener competencias
exclusivas en unas áreas tan importantes desde el punto de vista
económico, social y laboral como la agricultura y la ganadería sin que
extremos como este y otros muchos no se hubieran desarrollado por ley.
Una competencia exclusiva es eso, una competencia en la que el Gobierno
autónomo decide cómo ordenar, de la manera más acorde a la realidad del
país y del sector concreto, en este caso vasco.

Una parte muy importante del ordenamiento de un sector es,
sin duda alguna, la organización asociativa y la garantía de que la
representatividad y la interlocución con la que se ha de trabajar
necesariamente con el Gobierno sea más adecuada y la que mejor traslade
la realidad del sector; la que mejor represente a los diferentes
operadores que actúan en el sector económico, en este caso, el sector
primario agrícola, ganadero, forestal y agroalimentario en general.

Señorías, el proyecto de ley que hoy discutimos va contra
la capacidad de organización sectorial y contra la adecuación de la
representatividad dentro de la comunidad autónoma vasca, y lo hace porque
el origen de este proyecto es el concepto uniformizador y centralizador
que el antiguo ministro de Agricultura tenía del sector agropecuario del
Estado español, y me atrevo a decir que del Estado español en todos sus
aspectos.

Este proyecto da una vuelta de tuerca más al vacío
competencial alcanzado en su día con la Ley 10/2009, de creación de
órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario, actualmente
vigente y aprobada en su día —y así lo hicimos saber— por el
rodillo de los dos partidos mayoritarios en el momento; una ley que de
otra manera y con otras premisas, pero prácticamente con los mismos
resultados, reguló la representatividad del sector ante el Ministerio de
Agricultura.

Detrás de este proyecto de ley, señorías, hay un concepto
del Estado según el cual las comunidades autónomas no llegarían a ser más
que grandes diputaciones, delegaciones administrativas sin poder político
ni capacidad de diseño y decisión de políticas propias ni en este ni en
ningún otro aspecto de la vida. Este concepto, señorías, es
recentralizador, por más que ustedes se empeñen en negarlo, porque la
creación de un consejo agrario no se hace con el objeto de comentar y
discutir, sino precisamente para servir de apoyo y justificación para las
políticas destinadas al sector agrario. El Gobierno central no tiene
competencia para desarrollar estas políticas, es la comunidad autónoma
vasca, como ya hemos aclarado, la que tiene competencias exclusivas, pero
como el Gobierno no tiene competencias crea un consejo asesor y no
precisamente para comentar, lo hace para cambiar el status quo
existente.

Visto el sistema de elección de este consejo, es evidente
que, independientemente de que nos pueda parecer mejor o peor el sistema
—les puedo asegurar que no es nuestro modelo—, la
representación del sector se circunscribirá sí o sí a las grandes
asociaciones y organizaciones agrarias y que las políticas y conclusiones
que emanarán de este consejo no irán precisamente dirigidas a defender y
planificar las políticas más adecuadas para aquellas comunidades, como la
vasca, cuyo sector agrícola no puede ser comparable ni en tipo ni en
cantidad con otras de diferentes regiones y comunidades del Estado.

Y todo esto, señorías, lo hacen basándose en un precepto de
la Constitución, el artículo 149.1.18.ª, y forzándolo hasta un límite
inaceptable. Este artículo adjudica al Estado la competencia exclusiva en
—literalmente— el procedimiento administrativo común, sin
perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de
las comunidades autónomas. De modo que se fuerza la propia ley, primero,
porque difícilmente se puede considerar a las organizaciones
profesionales, con todos mis respetos, como corporaciones vinculadas a
las administraciones públicas. Además, el procedimiento electoral que se
plantea no puede considerarse sujeto a este precepto constitucional
porque se presenta en base a una consulta a la que se le da valor
electoral, si bien luego no lo tiene, pero sí en parte, y al final no
sabemos exactamente cómo se define. Y segundo, si así pudiera ser, si se
pudiera considerar a las organizaciones profesionales como vinculadas a
la Administración, creemos que el desarrollo de competencias exclusivas,
como mínimo, podría considerarse especialidades derivadas de la
organización propia de la comunidad autónoma. Por lo tanto, difícilmente
podemos aplicar aquí este precepto constitucional.

Lo que sí es cierto, eso sí es verdad y no podemos negarlo,
es el mérito que tiene esta norma, porque basa su justificación en un
artículo diferente al tan manoseado 149.1.13.ª, de planificación general
de la economía, al que tan acostumbrados nos tiene este Gobierno en esta
legislatura y algún otro Gobierno en otras. Por lo menos en este caso
tenemos que valorar el ejercicio de técnica jurídica creativa de quien ha
decidido plantear la norma bajo la cobertura de este artículo de la
Constitución.

Señorías, a nuestro juicio, esta ley no es necesaria, no
aporta nada nuevo al sector y, en cambio, atenta contra las competencias
exclusivas de las comunidades autónomas, en este caso de la comunidad
autónoma vasca, y lo que es peor, deja sin representación directa ante la

Administración central a los representantes del sector que,
por su especialización productiva o por su circunscripción a un
territorio determinado, no pueden acceder a ser elegidos para este
órgano, cuyas funciones tampoco se delimitan con exactitud y
claridad.

Por todo esto, señorías, el Grupo Parlamentario Vasco ha
presentado esta enmienda a la totalidad, este veto. Por todo esto, vamos
a apoyar los otros 6 vetos que se han presentado. Y por todo esto,
también, nuestro grupo no ha presentado enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

La propuesta de veto número 7 ha sido presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gracias, presidente.

Aprovecho para saludar a los diferentes representantes de
las distintas organizaciones profesionales agrarias que hoy están
presentes aquí, en este día que estamos presentando casi por unanimidad
—excepto por parte del grupo proponente, evidentemente, que da
apoyo al Gobierno— los diferentes vetos; imagínense, 7 vetos a este
proyecto de ley. ¿Y por qué digo esto? Creo que nos encontramos ante una
situación en la que se hubiese conseguido llegar a un consenso
mínimamente adecuado, tanto por parte del grupo que da apoyo al Gobierno
del Partido Popular, como de los distintos grupos restantes que
conformamos este Pleno, y, sobre todo, un consenso mínimo necesario y
aceptable que debería basarse en la consecución de unos puntos de acuerdo
con las diferentes organizaciones profesionales agrarias. Digo esto
porque creo que esta cuestión es una muestra muy clara, como ha dicho
alguna de las senadoras que me han precedido en el uso de la palabra, de
lo que se llamaba el despotismo ilustrado: todo para el pueblo pero sin
el pueblo, es decir, vamos a regular y vamos a poner un poco de orden,
según el concepto que esgrimió el señor ministro una vez que fue
interpelado cuando este senador le hizo una pregunta al respecto de la
representatividad de las organizaciones profesionales agrarias; porque
uno de los argumentos que utilizó es que iban a poner orden en la
representatividad de las diferentes organizaciones profesionales
agrarias, que, desde su punto de vista, actualmente hay.

Incluso, podríamos llegar a entender este posicionamiento.
Solo 3 comunidades autónomas han venido realizando procesos electorales,
tal como establecía la Ley 18/2005, de 30 de septiembre. Por el
contrario, 8 no realizan un proceso electoral desde el año 2002 y el
resto desde el año 1978. Partimos de esta base, pero tengan en cuenta que
la representatividad se basa en la normativa y en la ley que la da
amparo. Por tanto, estas organizaciones profesionales agrarias no estaban
cometiendo ninguna ilegalidad. Además, quiero recordar que algunos
gobiernos autonómicos, de los diferentes partidos que hay en esta Cámara,
podrían haber instado a realizar un proceso electoral y, al fin y al
cabo, poder conocer la representatividad del momento, pero no se ha
hecho. Por eso, nos encontramos ante una situación de no aceptación de la
representatividad establecida y, en lugar de llegar a unos puntos mínimos
de consenso, se logra el consenso del resto de fuerzas políticas para que
todos presenten un veto a la totalidad. Pero este debería ser un elemento
de penalización cuando se presenta un proyecto de ley, en este caso en el
Senado, porque no se puede llegar a entender que no se puedan constituir
como mínimo unos puntos básicos de acuerdo entre los diferentes grupos
políticos y, sobre todo, los sujetos pacientes, como pueden ser las
organizaciones profesionales agrarias.

Insisto, en el fondo podríamos estar de acuerdo en que se
tiene que llegar a un punto común sobre la real representatividad de las
diferentes organizaciones profesionales agrarias, pero no lo hagan de
esta manera, porque, al fin y al cabo, ya no solo en política agraria y
en política económica, o agroalimentaria, sino en todo el escenario
político que se está dando en el Estado español existe un movimiento
pendular. Frente a la Ley de 2009, existe la voluntad de que sea derogada
mediante otro tipo de ley, es decir, con este proyecto de ley que ahora
estamos debatiendo, que tiene un sentido totalmente contrario y que lo
que persigue es derogar por derogar, si me permiten la expresión.

Podríamos haber tejido complicidades, podríamos haber
llegado a mínimos puntos de acuerdo, podríamos haber respetado las
competencias exclusivas de las comunidades autónomas y podríamos haber
llegado a un punto de acuerdo para que la Ley Orgánica del régimen
electoral

general se aplicara a este proyecto de ley y a esta
consulta. Nota a pie de página: a los catalanes no nos importa el
concepto de consulta ―al contrario―, pero si hay un proceso
electoral que tiene que ser regularizado por las diferentes normativas
que en este caso están presentes y que nos están regulando nuestros
procesos electorales ¿por qué no lo aplican aquí? Además, si se fijan, en
el corpus de este proyecto de ley hablan ustedes de consulta y, a
continuación, de electores. Si es una consulta, podrían haber hablado de
personas consultadas, y aquí entramos en otro punto que es la cuestión
del censo. ¿Por qué no se ha llegado a un punto de acuerdo a la hora de
elaborar un censo, que puede ser diferente entre el que ustedes proponen
y los censos de que disponen las distintas comunidades autónomas,
aquellas que han celebrado las elecciones? En este sentido, puede existir
una diferencia entre las distintas personas llamadas a este proceso
electoral.

Por lo tanto, les diré que no están realizando las cosas
tal y como debería ser, que el consenso y el acuerdo entre las diferentes
fuerzas políticas no se ha culminado y que no se está teniendo en cuenta
el peso específico en las políticas agroindustriales de uno de los
actores principales de la cadena alimentaria, los productores, tanto en
lo que hace referencia a los agricultores como a los ganaderos.

He hablado del concepto de despotismo ilustrado; tómenselo
a bien pero entiendan que no pueden regularizar un proceso sin tener en
cuenta a las propias organizaciones profesionales agrarias. No se puede
dejar en la banda lo que se establece en las diferentes normativas; no se
pueden dejar en la banda las competencias exclusivas de las comunidades
autónomas; y tampoco se pueden dejar en la banda a aquellas
organizaciones profesionales agrarias que tienen una presencia de ámbito
territorial más reducido que el estatal. En este sentido, me refiero a
las exigencias que ustedes establecen en cuanto a la representatividad
para poder formar parte del futuro Consejo Agrario que, por cierto,
quiere derogar la figura del Comité Asesor Agrario que, aunque ha
celebrado pocas reuniones en el pasado, esperemos que en el futuro, aun
con las limitaciones que estoy explicando, tenga una utilidad mayor, que
sea un foro de encuentro y de concertación de las diferentes políticas
agroindustriales y que tenga en cuenta la representatividad de las
diferentes organizaciones profesionales agrarias.

En este sentido, permítanme decirles que ninguna de estas
organizaciones profesionales agrarias se ha negado a establecer nuevos
paradigmas de representatividad, pero ha de hacerse a través de un
proceso legal, sin utilizar el concepto de consulta para evitar observar
la obligatoriedad de los procesos electorales, en este caso, del campo y
de la ganadería del Estado español. Además, al final, y según algunas
declaraciones de la actual ministra, viendo que existen ciertas
limitaciones en este proyecto de ley, se dice que se plantean postergar
la convocatoria de las elecciones agrarias. ¿Qué significa esta
postergación? Que no hay una aceptación, y que no se pueden hacer o no se
deberían poder hacer estas políticas utilizando lo que decimos en
Cataluña: el corró —aquí, el rodillo—; sin aceptar ningún
tipo de enmienda, sin tener una actitud receptiva respecto de las
diferentes enmiendas presentadas, ya no tan solo por este senador y el
grupo que representa, sino por el resto de las organizaciones
profesionales agrarias. Por lo tanto, esto les desacredita, y va a
desacreditar a este Gobierno ante las diferentes organizaciones
profesionales agrarias. Hemos presentado un buen número de enmiendas,
algunas relacionadas con el proceso electoral y otras relacionadas con
las exigencias de representatividad, a lo que ya me he referido. No puede
ser que se establezcan unos tantos por ciento tan elevados que hagan
inviable que algunas de las organizaciones profesionales agrarias que
tienen una ubicación territorial no estatal sino, en este caso,
autonómica, puedan ser incluidas. Esto no puede ser y es lo que, entre
otras cosas, pedimos. Pedimos que no haya una injerencia competencial y,
sobre todo, que no se influya en aquellos procesos y en aquellos
territorios en los que hemos realizado los deberes. Y, permítame decirlo:
en Cataluña se han realizado los deberes; se han hecho las
correspondientes elecciones de representatividad de las organizaciones
profesionales agrarias, cosa que no podemos decir, casi en la totalidad,
del resto del Estado y, por lo tanto, ustedes deberían tener esto en
cuenta.

Además, hay un elemento dentro del articulado
—creíamos que era un fallo gramatical, pero vemos que no—,
que es la obligatoriedad de que a las diferentes organizaciones
profesionales agrarias se les exija el ámbito nacional; no que estén
dentro del ámbito nacional, sino que sean de ámbito nacional, y esto lo
que hace es excluir a algunas de ellas que no tienen representatividad

en todo el territorio estatal. Al fin y al cabo, ¿qué
existe? Recentralización, recentralización y más recentralización. Desde
un punto de vista no tan solo económico, sino también social y de
representatividad, estas organizaciones profesionales agrarias han estado
realizando un servicio de armonización y de unificación de los pequeños
productores agrarios y ganaderos, han tenido su función social, han
mantenido esta cohesión del campo, y, lo que hemos dicho, del entorno
rural, porque todos aquí hemos hablado de que tenemos que vertebrar el
territorio rural, y una de las atribuciones que tienen estas
organizaciones profesionales agrarias es que han contribuido a esta
vertebración, y no es de justicia que no se pueda consensuar un proyecto
de ley que afecta a su representatividad si, finalmente, a ustedes les
interesa que, de forma muy clara y lo más fidedigna posible, se esté
representando el peso de estas organizaciones profesionales agrarias.

No sé si terminar con un lamento, con un suspiro, pero
déjenme decirles: ¡Qué pena! ¡Qué pena! Se hubiese podido consensuar, se
hubiese podido llegar a un punto de acuerdo, se hubiese podido llegar a
un mínimo entendimiento, y que utilicen el peso democráticamente
obtenido, que utilicen su mayoría para no escuchar a las diferentes
organizaciones profesionales agrarias —a lo mejor, a alguna sí,
pero no a todas— y no aceptar las diversas enmiendas presentadas
por los diferentes grupos políticos, vuelvo a repetirles, ¡qué pena! A
ver si durante la tramitación de este proyecto de ley son capaces o
tienen a bien aceptar alguna de las enmiendas, sobre todo aquellas que
son importantes por lo que representa este proyecto de ley. Esperaremos y
perseveraremos hasta el final porque este es un elemento que nos
caracteriza: la perseverancia, la esperanza y la fe, si me lo
permiten.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

La propuesta de veto número 6 ha sido presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa tiene la palabra el senador Rodríguez
Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías, desde el Grupo Parlamentario
Socialista un saludo a los responsables agrarios que hoy nos acompañan en
el Senado. Bienvenidos a este Pleno.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado ante la
Cámara un veto al proyecto de ley por el que ustedes pretenden determinar
la representatividad de las organizaciones agrarias o, mejor, excluir su
representatividad. Si yo estuviera en su posición me llamaría la atención
el número de vetos y de enmiendas presentados, estamos todos en contra.
Pensaría que algo estamos haciendo mal. Si yo fuera ustedes
reflexionaría, pero esto significaría que ustedes son prudentes y
sensatos cuando lo cierto es que vienen demostrando que no lo son. Por
eso siguen adelante solos y sin ver la realidad.

Señorías, la vigente Ley de 2009 acabó con un situación
transitoria que se había abierto en 2005 y que a la par derogaba la
legislación de 1986. Una buena ley, la de 2009, que, por cierto, se
aprobó con un gran consenso y que estabilizaba la relación entre el
sector agrario y la Administración, con unas normas y unos procedimientos
claros, transparentes y fundamentalmente consensuados. Una ley con todas
las garantías democráticas, una ley, la de 2009, que en un corto período
de tiempo, y así nos lo trasladaban los propios representantes agrícolas,
ha funcionado razonablemente bien y nadie veía la necesidad de
modificarla. Pero, claro, ustedes llegan al Gobierno con sus compromisos,
con sus falsas promesas, y en 2012 el Gobierno, el exministro Cañete se
coloca de capataz y manifiesta su intención de elaborar una nueva ley
para fijar una nueva representatividad en las organizaciones agrarias.
Una ley dudosa que, como digo, nadie reivindicaba. ¿Por qué lo hacen?
¿Por qué lo hacen sin negociación y consenso? ¿A qué intereses responde
esta nueva norma? ¿Por qué tienen tanta urgencia en sacarla adelante si
luego en sus mismas enmiendas evidencian que no la quieren aplicar? ¿Por
qué van en contra de la legislación electoral básica?¿Qué intereses tenía
el señor Cañete en agradar a unos, beneficiar a otros y a la par
perjudicar a algunos? ¿Por qué esta apuesta personal del exministro
Cañete? ¿Por qué un Gobierno democrático plantea una consulta a efectos
electorales? ¿Por qué mayoritariamente las organizaciones agrarias se han
posicionado en contra de la ley, y los que no lo han hecho se han
manifestado con la boca pequeña? ¿Por qué? ¿Porque es una cortina de humo
para tapar los lamentables resultados que ustedes tienen con su modelo
agrario, o porque es una broma siniestra del Gobierno del Partido
Popular, o porque es la última chufla del señor Cañete? Señorías, les

están haciendo perder el tiempo. ¿Esta es su forma de
entender la democracia? Pueden ser más preguntas, pero creo que se pueden
cerrar todas en una: ¿por qué este nuevo fuero tan turbio? Por eso y por
todo lo que iremos desgranando a lo largo del debate es por lo que hemos
fundamentado este veto y solicitamos la devolución del proyecto de ley y
el apoyo del resto de los grupos parlamentarios.

Señorías, vamos a denominarlo en principio un embrollado
proyecto que ustedes traen a esta Cámara, y que viene a cambiar el modelo
aceptado con una terrible maniobra que intenta uniformizar el sistema.
Eliminan, por ejemplo, y se ha comentado ya, cualquier intervención de
las comunidades autónomas. Es decir, es una vuelta de tuerca más al afán
recentralizador del Partido Popular, con una intención que es excluir a
las entidades agrarias que no sean de carácter estatal, conculcando a la
par los derechos constitucionales de las nacionalidades históricas y del
resto de las comunidades autónomas. Señorías, ustedes arbitran mecanismos
que tienen un manifiesto calado preconstitucional en este proyecto, para
repartir como ustedes quieren los puestos del Consejo Agrario, la
distribución de espacios y las propias ayudas que concede el
ministerio.

Por tanto, si este proyecto lo pudiéramos adjetivar, el
primer adjetivo podía ser doble, una centralización adulterada. Si hasta
ahora teníamos la Ley Wert, teníamos la ley Gallardón, desde hoy ya
tenemos la ley Cañete o, mejor, la ley póstuma de Cañete.

Si hablamos de garantías electorales, esto ya es de traca
porque ustedes mismos reconocieron en la comisión que las cosas se podían
hacer mejor, y es que hablar de garantías electorales es un decir; la ley
en esta materia es un invento, no sé si es un engaño o es una componenda
o es un apaño o ustedes han querido hacer algo diferente. ¿Dónde queda
eso del sufragio universal, libre, personal, directo y secreto?

Su proyecto de ley establece una consulta para derogar una
ley vigente, sí, una consulta, o sea, una opinión, a la que darán un
carácter vinculante, deliberante y plebiscitario, retirando las garantías
democráticas que los españoles tenemos reguladas en el sistema electoral
básico. Para medir una representatividad hacen una consulta, o sea, una
encuesta, una encuesta que no goza de ninguna garantía democrática, que
no se rige por la ley electoral, que no garantiza la seguridad jurídica
electoral, y en sus propias enmiendas eliminan cualquier referencia a las
urnas y al proceso electoral. Y esto lo hace un gobierno que se dice
democrático, señorías.

Si ustedes creen que esta operación estética, si consideran
que esta consulta es suficiente, ¿por qué no lo hace el Instituto
Nacional de Estadística? Una encuesta nos saldrá a todos más barato y es
mucho más sencillo para todos. Pero puede ser que así es como ustedes
entiendan el pluralismo. Hagan consultas, ¿para qué elecciones? Los
representantes catalanes tienen que estar encantados porque les están
dando la razón.

Señorías, el campo quiere elecciones y no tiene miedo a un
proceso electoral, pero de acuerdo con la ley electoral, limpias,
transparentes y democráticas, sin dificultar la participación, y con
todas las garantías democráticas para que de verdad se sepa quién es
quién en el campo, porque con su formulación, con su método lo único que
van a generar es más desconfianza, más frustración y más inseguridad. ¿O
es que tienen miedo de que voten las personas en el campo en vez de votar
las siglas? Además, les recuerdo que con esta ley están incumpliendo una
Directiva europea, la 2002/14, por la que se establece el marco general
relativo a la información y consulta de los trabajadores del campo. En
Europa ahora, donde está el eminente y erudito y superior intelectual
exministro Cañete, no van a cumplir eso de asegurar a los trabajadores
los derechos apropiados para garantizar su información y la consulta. Por
tanto, los trabajadores del mundo rural de nuestro país van a quedar
privados de un derecho que les reconoce Europa porque en España ustedes
no lo van a tener. Es una regresión más del derecho, señorías.

Seguimos adjetivando la ley. Sin antes hablamos de
adulteración y centralización, ahora hablemos de deslegitimación, y la
ley sigue añadiendo más problemas. En cuanto a lo del censo, si antes era
de traca... Miren que es fácil, los censos electorales deben ser comunes;
son únicos, son hegemónicos, son homogéneos, se hace en todo proceso
deliberante. Pero no, ustedes modifican nuevamente el sistema electoral
general, amplían el colectivo a todos los que tengan alguna relación con
el campo, aunque no sean agricultores ni profesionales. En esta farsa
podrá, por ejemplo, votar la Iglesia, podrá votar una agencia
inmobiliaria, una notaría, la duquesa de Alba o la familia Domecq, esos
podrán votar, pero no van a poder votar muchas mujeres, sobre todo
mujeres y hombres del campo que se dedican de sol a sol a cultivar la
tierra, esos no podrán votar;

los auténticos profesionales del sistema se quedan fuera
—en eso de su mesa única, uniprovincial— porque ustedes se lo
ponen muy difícil. Esto tiene un nombre, manipulación, fraude electoral;
tiene un nombre: esto es pucherazo, señorías. Parece que para ustedes no
es lo mismo elegir a un concejal o a un representante del Senado que
elegir a los representantes de los agricultores, y esto es un mal método,
es un muy, muy mal ejemplo de un partido que gobierna, a no ser que
ustedes de verdad entiendan así la democracia.

En esta misma sede parlamentaria, no hace muchos días, el
presidente del Gobierno, refiriéndose a la consulta catalana, decía que
él estaba aquí para cumplir la ley. Como el campo no tiene puertas,
ustedes se saltan la ley o lo que haga falta, y presentan un proyecto
donde no regulan una campaña, no regulan los gastos electorales, ni la
participación, ni el sistema de votación, ni las juntas electorales, ni
la representación, ni las subvenciones electorales, ni las infracciones.
Pero es que es verdad, si es que ustedes no quieren una elección. Esto es
una farsa y, además, ustedes lo saben.

Por tanto, como tercer adjetivo hablemos ahora de
pucherazo, se lo decía antes. Y si entramos en el comité asesor, ustedes,
señorías, con su ley, con ese criterio han eliminado la representación
paritaria igualitaria por un consejo nombrado por el propio ministerio, y
no les tiembla la mano. Otra vez más, un enredo, una mala forma de
determinar la representatividad; o, quizá, sea una buena manera de
beneficiar a unos o perjudicar a otros; o, quizá, es el interés suyo de
crear una red de agricultores cautivos. Van a dejar —y se ha dicho
ya— sin voz a un sector importante de la industria agroalimentaria,
sin ninguna interlocución.

Señorías, con este pésimo proyecto de ley, con su consulta,
van a obligar a las OPA, que hoy nos acompañan, a no trabajar por su
objetivo, que es defender los intereses de los agricultores y
trabajadores del campo de los de verdad, no de los de la familia Domecq.
El propio ministerio no ve este proyecto como suyo, y lo reciben con
escaso entusiasmo; desde el ministerio se dice que es un proyecto
personal e interesado del exministro Cañete.

Por tanto, el cuarto atributo de esta ley suena a
uniformización. El modelo que aprobó la Ley 2009 —vuelvo a repetir,
con un alto consenso— estaba funcionando bien. ¿Se podía cambiar?
Seguro que se podía cambiar, pero nadie ha puesto encima de la mesa ese
cambio. Nadie ha reclamado esta ley. Nadie del sector consideraba
necesario dictar una nueva norma. Nadie quería un cambio de disposición.
No se olviden de que esa ley se hizo, como digo, con un gran acuerdo y
con un pacto político y unánime de las organizaciones del campo, de los
profesionales, que fueron los verdaderos proponentes de esa legislación.
Y esta es la gran diferencia: por un lado, el acuerdo y el consenso y,
por otro, la regulación interesada y la discrepancia social, y esto no es
serio, señorías.

A nosotros, y estoy seguro de que a ustedes también, los
destinatarios de esta ley, los representantes que nos acompañan del mundo
rural, nos han trasladado su rechazo frontal a este proyecto. Nos han
indicado que es una ley superflua e inútil, y el Gobierno, en vez de
parar y reflexionar, como antes le decía, precipitan la tramitación y
provocan una algarada más. ¿Dónde ahora? En el campo. Como he dicho
antes, si el exministro Cañete pretendía irse del Gobierno con una
ceremonia de este tipo, les puedo asegurar que lo ha conseguido. Y mi
pregunta es: ¿por qué les gusta tanto enfrentarse a los profesionales
especializados? Lo hacen en la medicina, en la educación, en la sanidad,
en la justicia, ahora lo hacen en la agricultura, en el mundo rural. Y es
que solo se me ocurre una respuesta, que es forzar la debilidad y, por
tanto, a río revuelto, ganancia de desaprensivos. Por consiguiente, y
como quinto adjetivo de esta ley, yo la determinaría como una ley con
discrepancia y disconformidad social.

Señorías, este descarado proyecto de ley deroga un buen
texto legal. Sustituye, como decía, el modo de determinación de la
condición de OPA, aumenta la conflictividad jurídica entre las distintas
administraciones territoriales, establece una consulta que vulnera la
legislación electoral vigente, altera el proceso electoral con absoluta
ausencia de garantías democráticas, se desentiende del verdadero mundo
rural, impide el derecho a voto, altera el censo, anula los gastos
electorales, cancela los sistemas de control, revoca el Consejo
Agroalimentario, rompe la paridad y distorsiona el concepto de democracia
que ustedes, poco a poco, van desinflando. En otra sesión plenaria, un
senador dijo al senador García-Page, cuando se hablaba del Estatuto de
Castilla-La Mancha, que el pucherazo era él. Pues bien, yo, ahora, les
digo, señorías, que el pucherazo de verdad es Cañete; ese pucherazo lo ha
hecho Cañete sin estar aquí.

Por tanto, y como sexto adjetivo, si antes hablaba de
deslegitimación, descentralización, de uniformización, como final, yo
añadiría que es una norma despótica.

Por todas estas razones, señorías, y por las que luego
expondrá mi compañero José María Toledo, es por lo que presentamos esta
desaprobación. El Grupo Parlamentario Socialista no va a apoyar este
proyecto de ley y demandamos que lo retiren. Ahora lo tienen muy
sencillo, incluso pueden quedar bien, con sus promesas y sus
servidumbres. Ya no está el señor Cañete, hay una nueva ministra, tienen
una oportunidad extraordinaria para empezar de manera distinta con el
campo. Y como no es la ley de la señora García Tejerina, es la póstuma de
Cañete, que marque su impronta. Díganle que busque acuerdos y consensos
en el campo. Si no es así, les anuncio que el Grupo Parlamentario
Socialista, ante esta norma centralizadora, excluyente y autocrática,
estudiará la interposición de los recursos necesarios porque razones,
motivos y argumentos, los hay ante este fraude. Votaremos a favor del
resto de vetos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador
Martínez.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme en primer lugar dar la bienvenida a
esta Cámara a los representantes de las organizaciones profesionales
agrarias que nos acompañan en la tribuna de invitados, con los cuales
hemos mantenido diferentes reuniones, incluso han participado en el
proyecto de ley a través de sus comparecencias en el Congreso de los
Diputados. Reitero el agradecimiento del Partido Popular por sus
aportaciones y su bienvenida a esta Cámara.

Señorías, este proyecto de ley para la determinación de la
representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y que crea
el Consejo Agrario tiene el objetivo de reforzar y potenciar el sector
agrícola ganadero y silvicultor, de defender sus intereses y poner en
valor la importante contribución a la economía de nuestro país y a su
vertebración territorial, social y cultural, en lo que han coincidido
otras de las personas que han intervenido.

Las organizaciones profesionales agrarias desempeñan un
papel de enorme transcendencia a la hora de trasladar al Gobierno las
necesidades del sector y de ejercer la defensa de los intereses generales
de los agricultores y ganaderos. Prueba de ello son las múltiples
reuniones mantenidas, incluidas las siete convocatorias del comité
asesor, creado en la pasada legislatura pero que el Gobierno actual, es
decir, el del Partido Popular, los reunió por primera vez.

Porque se reconoce la transcendencia y el papel que juegan
las organizaciones profesionales agrarias en el mundo rural, el Gobierno
quiere articular a través de esta ley un proceso democrático de
determinación del peso representativo real de las organizaciones
profesionales agrarias, que permita establecer una interlocución
ponderada con la Administración General del Estado en el seno del Consejo
Agrario para garantizar los intereses de los agricultores y ganaderos en
la formulación de las políticas y estrategias nacionales. Por estos
motivos resulta imprescindible potenciar los mecanismos de interlocución
con las organizaciones profesionales agrarias, para que quienes ejerzan
la representación de todos los que desarrollan una actividad agrícola y
ganadera lo hagan con la legitimidad necesaria y se puedan cumplir además
los principios de transparencia y participación, propios de una
Administración democrática consolidada.

Señorías, este proyecto de ley es pionero y necesario. Por
primera vez se regula un procedimiento para determinar, para medir la
representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de manera
directa en el ámbito nacional. No existe precedente alguno en este
sentido. La representatividad se articula mediante una consulta directa y
simultánea en todo el territorio nacional. La consulta tiene por objeto
conocer el peso representativo real de cada organización profesional
mediante un proceso igualitario y transparente. La consulta no es un
proceso electoral porque no se eligen personas para ocupar puestos o
cargos públicos con competencias para adoptar decisiones, sino una forma
de medir la representatividad.

A los efectos del presente proyecto de ley, se considerarán
organizaciones agrarias las coaliciones agrarias y la integración de una
organización en otra de ámbito nacional, conservando cada una de ellas su
denominación originaria. Yo creo que también este es un avance sustancial
en esta ley porque posibilita esas coaliciones de las organizaciones
agrarias.

El modelo actual de la Ley de 2009 no permite obtener datos
fiables sobre la realidad de las organizaciones profesionales agrarias
cuando las elecciones no se celebran simultáneamente o incluso no se
celebran ni se aplican criterios homogéneos en las distintas comunidades
autónomas. Cuando varían los censos y no son siempre los suficientemente
amplios, no es posible medir la representatividad de estas organizaciones
ni establecer una interlocución ajustada en la que tengan voz las
explotaciones agrarias españolas.

Señorías, en la situación actual, la representatividad de
una organización profesional agraria ha de decidirse sobre la base de
datos de las elecciones a cámaras agrarias celebradas en 11 comunidades
autónomas entre 1999 y 2008, es decir, a partir de datos incompletos y
totalmente obsoletos, porque, aunque la mayoría de las legislaciones
autonómicas prevén la convocatoria de procesos electorales cada cuatro
años, tan solo tres comunidades —Castilla y León, Cataluña y
Madrid— han convocado elecciones con regularidad —la última
vez en 2012, 2011 y 2008 respectivamente—. Otras ocho —entre
ellas, Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja,
Navarra y Murcia— no las convocan desde 2002 y en otras seis no hay
elecciones a cámaras agrarias desde 1978, en algunas de tanta importancia
productiva agraria como Andalucía y la Comunidad Valenciana.

De hecho, en el modelo actual, las comunidades miden la
representatividad en su territorio cuando lo estiman oportuno o así lo
deciden, pero no existen los requisitos necesarios para medir la
representatividad en el ámbito estatal. Así, el Estado no tiene
conocimiento, hoy por hoy, de cuál es la representatividad de las
organizaciones en el territorio nacional, y sin este conocimiento no se
puede establecer una interlocución adecuada que garantice que el sector
agrario tiene la participación y el poder de decisión que le corresponde.
A falta de un criterio objetivo, lo que se ha hecho tradicionalmente es
otorgar una representatividad a partes iguales entre las organizaciones
de ámbito nacional, reclamando las propias organizaciones agrarias una
medición de la representatividad, ajustada a la realidad.

Por todo ello, señorías, es necesario este proyecto de ley,
que establece, por fin, un procedimiento de consulta directa y simultánea
en todo el territorio nacional, basado en principios de transparencia y
objetividad, con criterios comunes en toda España y garantía de
convocatoria periódica cada cinco años por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. La consulta se verificará mediante voto
personal, directo y secreto.

Como principio básico del proyecto, quiero destacar la
ampliación del censo de votantes a todos los profesionales de la
agricultura. Se trata de reforzar la legitimidad del resultado, evitando
exclusiones de la participación en la consulta. Además, se publicará el
censo, que podrá subsanarse en su caso, para contar con las máximas
garantías de imparcialidad y rigor.

Concluido el proceso, los resultados implicarán el
reconocimiento de organización representativa a toda organización
profesional que obtenga votos en el proceso, independientemente del
número obtenido.

Las organizaciones más representativas serán las que
obtengan al menos un 15% de los votos válidos emitidos en la consulta en
todo el territorio español, en todo el Estado, y además, en seis
comunidades autónomas al menos un 5% de los votos válidos emitidos en la
consulta en cada una de ellas. Las OPA que obtengan la consideración de
más representativas participarán en el Consejo Agrario, que sustituirá al
Comité Asesor Agrario.

Las funciones del consejo serán: informar de los proyectos
normativos en materia de agricultura y desarrollo rural; informar sobre
las medidas de política agrícola común y estatal y sobre la evolución de
la situación social y económica del sector agrario; formular
recomendaciones para la adopción de medidas y efectuar sugerencias sobre
políticas que puedan afectar a las condiciones socioeconómicas de los
profesionales agrarios.

La ley garantiza la celebración de al menos una reunión
ordinaria del pleno cada seis meses, además de tantas como sean
necesarias con carácter extraordinario, para evitar que no suceda lo
mismo que con el anterior Comité Asesor Agrario, que sus reuniones
brillaron por su ausencia.

En relación con los siete vetos que se han presentado,
quiero contestar inicialmente a cuestiones que han sido coincidentes en
los diferentes vetos que se han presentado para no repetir las
argumentaciones.

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El futuro consejo agrario no tiene facultades de
negociación ni concertación, como tampoco las tiene el actual Comité
Asesor Agrario ni las han tenido nunca órganos precedentes.

En el actual órgano consultivo existe una representación
paritaria entre los representantes de los agricultores y funcionarios del
ministerio que puede dar la apariencia de negociación, pero no existe
realmente porque es imposible en un órgano de esta naturaleza. Las OPA
—las organizaciones profesionales agrarias—, como
organizaciones empresariales que son, deben concertar con las
organizaciones sindicales de trabajadores, no con la Administración.

Abrir la base del censo no puede tacharse de arbitrario ni
de discrecional, abrir la participación es más democrático que cerrarla,
y es adecuado a los fines y objetivos que se pretenden regular.

Quiero decirle al Grupo Parlamentario Entesa, a su
portavoz, señor Boya, que muchas de las cuestiones que han planteado ya
han sido contestadas, pero, no obstante, le indicaré la experiencia real
de la aplicación de la Ley 10/2009 en relación con la acreditación de la
representatividad, que pone de manifiesto que el actual sistema de
representatividad no ha funcionado, por lo que proponemos como
alternativa el nuevo sistema previsto en el proyecto de ley para la
determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales
agrarias.

Este proyecto no cuenta con el informe del Consejo de
Estado ni con el del Consejo Económico y Social ya que su objeto no
requiere de estos dictámenes. La actual Ley 10/2009 tampoco fue informada
por el Consejo de Estado. No parece coherente acusar a este proyecto de
centralista y a la vez pedir que se pueda bajar el número de comunidades
autónomas en las que una organización profesional es representativa.

Tengo que decir en relación con el veto presentado por el
Grupo Parlamentario Vasco, por su portavoz, el senador Cazalis, que el
proyecto de ley no interfiere en las competencias de las comunidades
autónomas, ni directa ni indirectamente. Las comunidades autónomas pueden
convocar elecciones a cámaras agrarias en su ámbito de competencias y
deducir indirectamente la representatividad de las organizaciones
profesionales agrarias, o convocar procesos electorales para medir
directamente la representatividad, o reconocerla pura y simplemente. No
afecta a las competencias de las comunidades autónomas que el ministerio
consulte a los agricultores sobre sus preferencias a nivel nacional para
determinar su nivel de representatividad en el ámbito nacional.

Señor Plana, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, quiero reiterarle que la consulta no es un proceso
electoral, sino una forma de medir la representatividad de las
organizaciones profesionales agrarias. Por tanto, la LOREG no solo no es
de aplicación sino que, como he dicho anteriormente, parece
desproporcionada respecto del objeto del proyecto que estamos tratando. Y
ese 15% para que una organización profesional se considere más
representativa, como también he dicho, es el mismo porcentaje de la Ley
de 2009, la anterior; es decir, no se modifica y se mantiene igual. En
cambio, cuando hablamos del número de comunidades autónomas en las que se
debe alcanzar un mínimo de un 5% de representatividad en procesos
electorales, antes eran 9 y ahora van a ser 6.

Señor Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario
Socialista, el anteproyecto de ley fue sometido a consulta en sucesivas
ocasiones a las organizaciones profesionales agrarias tanto en reuniones
presenciales como por escrito. Se ha abierto ese proceso de diálogo, se
han mantenido esas reuniones, donde se han atendido y escuchado sus
pretensiones, tomando el Gobierno las decisiones oportunas en virtud del
interés general del sector agrario. El motivo de regular la
representatividad reside en que desde hace doce años no se verifica la
implantación real de las organizaciones profesionales agrarias a nivel
nacional. La Ley 10/2009 preveía dos formas de acreditar la
representatividad. El reconocimiento en diez comunidades autónomas, y que
debería ser secundario y ha terminado siendo el principal, es el menos
satisfactorio porque no existen ni consultas ni elecciones. Actualmente
no existe un procedimiento garantista, satisfactorio ni transparente; no
se puede reconocer perpetuamente la representatividad demostrada hace
doce años. El actual sistema de representatividad no funciona, y esperar
otros cinco años no es la solución.

Este proyecto de ley no cuenta con informe del Consejo de
Estado ni del Consejo Económico y Social porque no lo requiere, como
tampoco la Ley 10/2009, que no fue sometida al informe del Consejo de
Estado.

Por las razones expuestas, señorías, votaremos en contra de
todos y cada uno de los vetos presentados, y por esas mismas razones
justificaremos y justificamos la necesidad y oportunidad de abordar por
el Gobierno esta reforma legislativa con este proyecto de ley, que lo
único que pretende es dar voz a los verdaderos protagonistas del campo
español, que no son otros que los agricultores y los ganaderos, para que
den a su vez la mayor legitimidad a las organizaciones profesionales
agrarias, que son las garantes de la defensa de los legítimos intereses
de todos los agricultores y ganaderos españoles. Y me permito decir,
senadora Capella: Con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez.

Por el Grupo Parlamentario, Mixto tiene la palabra la
senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor presidente.
Buenos días a todos.

Antes de nada, quisiera anunciar el voto a favor de Amaiur
de los vetos presentados, porque no compartimos ni el fondo ni la forma
de este proyecto de ley. De hecho, no entendemos para qué se ha hecho
esta ley, porque contamos con una Ley de 2009, mediante la cual las
comunidades que así lo han querido han podido convocar elecciones
agrarias. Lamentablemente, es verdad, tenemos el caso de las tres
provincias, que, aunque se ha pedido elecciones —porque es una
reivindicación antigua ya de los baserritarras—, algunos no han
querido realizarlas, pero eso ya responde a otras voluntades que no
vienen al caso. Lo cierto es que en las once comunidades elecciones
agrarias se han desarrollado con todas garantías y sin ningún
problema.

A lo que vamos, si existe ya un instrumento válido para
medir la representatividad sindical mediante la suma de los resultados de
las comunidades autónomas —un instrumento asumido por unanimidad
por las tres organizaciones mayoritarias—, ¿qué necesidad había de
este proyecto de ley? Grave nos parece el hecho de que se hable de una
supuesta consulta, como si fuera algo menor, cuando en realidad son unas
elecciones en toda regla pero sin las más mínimas garantías democráticas.
Grave nos parece también esta nueva intromisión en las competencias de
Euskal Herria como forma de instaurar un sistema absolutamente
centralizado y uniforme, intromisión absolutamente ilegal y un ataque
directo a nuestra soberanía.

El título de esta ley habla de representatividad, o sea,
del derecho a estar debidamente representado, pero luego, en su
desarrollo, se salta la Ley electoral general, el derecho a la libertad
sindical. Hablan de representatividad y luego pretenden debilitar todo lo
posible la opción sindical que no es de su agrado. A la hora de componer
el censo, incorporan criterios totalmente arbitrarios, incluso
distorsionadores y discriminatorios, que no tienen nada que ver con la
definición de agricultor o agricultora en activo —definición
aprobada por la conferencia sectorial hace unos pocos meses—.

En definitiva, ni representatividad ni democracia, porque
esta ley no garantiza en absoluto que sean los profesionales en activo
quienes voten y pone trabas claras al voto. Así, mediante este pucherazo,
ustedes pueden constituir a su medida un consejo consultivo, meramente
informativo, del que quedarían excluidas las funciones de negociación y
concertación con los representantes del sector agrario.

Asimismo, supone un paso atrás en cuanto al objetivo de la
interlocución, porque actualmente el Comité Asesor Agrario posibilita ese
diálogo y la negociación y el nuevo consejo que se plantea viene casi
vacío de funciones ya que solamente ha de ser informado, solamente ha de
emitir informes, la presencia institucional es limitada y sus acuerdos no
son vinculantes. Entonces, ¿realmente para qué serviría esta ley?

Señorías del PP, esta representatividad no nos vale y por
eso termino diciéndoles que respeten el derecho a la libertad sindical,
que respeten nuestra soberanía y que retiren este proyecto, porque el
campo y quienes allí trabajan se lo agradecerán.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Mendizabal.

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Intervendré desde el escaño.

Agradezco la intervención del representante, portavoz del
Grupo Popular porque demuestra una vez más que aquí los grupos
parlamentarios de la oposición vamos en la buena línea o circulamos por
el carril que corresponde y no vamos circulando en dirección contraria,
como ellos, por la autopista.

Ustedes están diciendo y justificando, erre que erre, que
no estamos ante un proceso electoral porque no se elige a personas de una
lista, pero es evidente que a lo largo del proyecto de ley y en la
intervención que ha hecho el representante, portavoz del Grupo Popular se
habla de electores, de elecciones, claro, que lo disfrazan con la
consulta. Ya nos va bien que hablen ustedes de consulta porque, en
definitiva, están acabando por darnos la razón a los grupos y a los
partidos políticos que en Cataluña defendemos el derecho a decidir y a
expresarnos a través de una consulta, que, efectivamente, no deja de ser
consultiva. Pero también es verdad que, sea el resultado que sea, el
Gobierno, en este caso del Partido Popular, no puede hacer como que el
resultado no existe.

Como decía, en el proyecto de ley hablan continuamente de
electores y elecciones, e insisto. ¿Qué quiere decir esto? Que se están
refiriendo a un sistema electoral. No es otra cosa que el conjunto de
principios, normas, reglas, procedimiento técnicos enlazados entre sí y
legalmente establecidos, por medio de los cuales los electores —los
electores, los electores— expresan su voluntad política en votos,
que a su vez se convierten muchas veces en escaños y otras en
representación pública a través de las organizaciones o instituciones que
definen las diferentes leyes. En definitiva, estamos hablando de un
sistema electoral, que ustedes eluden someterlo a la LOREG porque eso
significaría que debe seguir unos requisitos determinados —a los
que se ha referido tanto el portavoz del Grupo Socialista como la
portavoz de Amaiur— y están legalizando un pucherazo. Insisto, de
nuevo ustedes van en dirección contraria, porque, ¡qué casualidad!, la
mayoría de partidos políticos, representados a través de los grupos
parlamentarios —por no decir todos los grupos parlamentarios—
han presentado veto a la ley. Y tienen ustedes a la mayoría de
organizaciones agrarias en contra. En definitiva, como decía en mi
primera intervención al defender el veto: para el pueblo, pero sin el
pueblo.

También quiero decir al portavoz del Grupo Popular que se
lea las enmiendas presentadas por esta senadora, que le contestan a cada
una de las cuestiones que me ha planteado en relación con la
representatividad y la exclusión —obviamente, buscada y
perseguida— de las asociaciones —en este caso, de ámbito
autonómico—, porque a ustedes —como ya les he dicho en más de
una ocasión— les molestamos profundamente. De nuevo, esta ley es
centralizadora, no entiende ni la diversidad ni la diferencia, por eso,
ustedes la presentan como la presentan.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Yo lo que le agradezco al portavoz popular es su claridad.
Nos dejó de forma prístina las motivaciones, los objetivos que se buscan
con este proyecto de ley y que, efectivamente, son motivaciones y
objetivos que excluyen el carácter electoral, porque no se trata de
configurar un órgano democrático con capacidad de decisión, ni con
capacidad de negociación, ni como ámbito en el que se busque el consenso
y el acuerdo, sino de buscar, de configurar un auditorio para las
políticas que el Gobierno quiera trasladar en materia agraria. Se concede
exclusivamente a quienes surjan del proceso de consulta que regula la ley
la condición de oyentes de la Administración Central del Estado en
materia agraria. Y para eso, efectivamente, no es necesaria una consulta
democrática, no es necesario un proceso electoral. Se trata de configurar
un órgano consultivo en el que se escuche —sin ninguna garantía de
que lo que se oiga vaya a condicionar, a determinar o a inspirar tan
siquiera la política agraria del Gobierno— a las organizaciones
agrarias, a las que se va a reconocer una representatividad para ser
oyentes, una representatividad para opinar, pero no una representatividad
para ser copartícipes en la definición de la política agraria en nuestro
país. En este sentido es de agradecer que el portavoz del Grupo Popular
nos diga que, efectivamente, ni hay elecciones, ni hay un consejo de
participación, mucho menos de decisión, sino que un órgano estrictamente
consultivo. Y comprenderá el portavoz del Grupo Popular que quienes hemos
presentado estos vetos —que habíamos llegado a la misma conclusión

con la lectura del proyecto que usted nos acaba de expresar
de forma tan transparente— hayamos formulado primero el veto y
después las enmiendas para cambiar eso: porque eso no nos gusta, porque
no queremos un órgano consultivo mero oyente de la Administración.
Queremos un órgano de participación, fruto de la representatividad
obtenida legítimamente en un proceso electoral con todas las garantías.
Por lo tanto, representatividad avalada por aquellos a los que se aspira
a representar, con el mecanismo de unas elecciones que tengan como norma
subsidiaria el régimen electoral general, algo que ustedes, por supuesto,
también rechazan.

Decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que
ampliar la base del censo es más democrático. Yo no comparto esa visión.
No es más democrático si resulta que esa ampliación del censo electoral
adultera precisamente el proceso de consulta en el que se pretende medir
la representatividad. Si en ese proceso de consulta van a participar como
electores —ese término sí lo utiliza el proyecto— personas
cuyos intereses fundamentales no son los agropecuarios o los forestales,
la representatividad que se derive de ese proceso no será la
representatividad de los intereses del sector agrario en nuestro país,
sino que tendrá otros contenidos. Luego incluso se devalúa esa escasa
función de carácter consultivo, ese carácter de oyente y de parlante que
ustedes quieren dar al consejo, porque quienes van a oír y quienes van a
poder opinar, fruto de esa consulta, van a tener una composición ajena a
la propia del sector que se pretende representar —según el
enunciado del proyecto— en la configuración de ese consejo
consultivo.

Por todo ello, me ratifico en las motivaciones del veto y
les anuncio que en el turno de defensa de las enmiendas plantearemos las
alternativas para un modelo diferente al que ustedes defienden y que el
Gobierno delimitó en el proyecto de ley que estamos debatiendo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el
senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on.

Señorías, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos
ha dicho que no se trata de un proceso electoral. Por lo tanto, no hay
por qué aplicar la LOREG. Los consejos agrarios no forman parte de la
Administración, por lo que no entendemos cuál es la justificación para
aplicar el artículo 149.1.18, que habla precisamente de la
Administración. Lo hemos planteado antes y ahora todavía nos queda más
claro.

También se dice que las consultas no afectan a la
representatividad. Muchos periodistas se preguntan —como leí en un
blog el otro día— que si es solo para consultas, por qué se cambia
la actual representatividad de los consejos agrarios. Si es para
consultas, no hay ningún problema, porque consultar se puede hacer de
muchas maneras y no necesariamente cambiando la norma que ya existe.

La Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de política agraria y
alimentaria del País Vasco es la norma apropiada y aprobada por el
Parlamento vasco precisamente para dotar a las instituciones comunes y a
los órganos forales y a sus territorios históricos de instrumentos
jurídico-normativos y de planificación, tendentes a configurar y
desarrollar políticas electorales propias. Con este objetivo, y en el
ejercicio de su competencia exclusiva, el País Vasco ha venido dotándose
de documentos estratégicos, con el fin de planificar y ordenar en este
caso la actividad agropecuaria. Dentro de esta ley, y como no podía ser
de otra manera, en los títulos VII y VIII se recoge todo lo referente a
la representatividad y a la organización asociativa y administrativa
agraria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el objeto de
clarificar el marco institucional de referencia para los agentes
sectoriales y promover la constitución y el mantenimiento de las
asociaciones relacionadas con el sector agrario y alimentario en todas
sus fases —producción, transformación, envasado y
comercialización—, con el fin último de definir la política agraria
y alimentaria vascas, que es para lo que sirven los consejos, aunque en
el caso que nos ocupa tenemos dudas. Lógicamente, en esta norma se
definen las organizaciones profesionales agrarias y, cómo no, qué
criterios deben considerarse para que estas organizaciones puedan ser
consideradas más representativas, algo que no es fácil, es más, es muy
difícil; creemos que es muy complicado. También se definen cuáles son las
asociaciones de productores y las asociaciones de industrias agrarias y
alimentarias de Euskadi. En base a todo esto se define el Consejo Agrario
y Alimentario de Euskadi, cuyo objetivo es la audiencia, coordinación,
consulta, asesoramiento técnico de las

administraciones agrarias vascas con los agentes
sectoriales para el diseño de políticas agrarias y alimentarias de la
Comunidad Autónoma del País Vasco; un consejo compuesto por la
administración autonómica, las diputaciones forales de los tres
territorios, la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), las
organizaciones profesionales más representativas, las asociaciones de
productores, las asociaciones de industrias agrarias y alimentarias, la
confederación de forestalistas, las cooperativas agrarias y una
representación de las entidades reconocidas para el asesoramiento a las
explotaciones agrarias.

Por lo tanto, eso que esta ley quiere crear para la
Administración del Estado, que no tiene competencias en agricultura, lo
tenemos diseñado en el País Vasco para la administración realmente
competente en la materia. Y no solo se crea este consejo, además
disponemos de los consejos de razas de animales autóctonas, del consejo
de control lechero, del consejo consultivo de desarrollo rural, del
consejo de agricultura y alimentación ecológica, del consejo de
innovación agraria y alimentaria, del consejo de investigación agraria o
de la mesa interinstitucional de trabajo temporero.

Evidentemente, el sector agropecuario vasco podría estar
mejor —como todos—, y podía haberse desarrollado, como debía
haber sido, el Consejo Agrario y Alimentario vasco, por supuesto
—la ley es de 2008 y estamos en 2014—, pero probablemente no
todos los gobiernos han tenido la misma sensibilidad. Pero, aun así,
visto lo visto, el sector agropecuario vasco no está huérfano, no
necesita del Estado central para haber defendido sus intereses. Lo que sí
necesita, lo que necesita el sector agrario vasco es que el Estado cumpla
con lo recogido en las leyes, incluyendo principalmente el Estatuto de
Gernika, y que, además, empiece a considerar que el sector agrario del
Estado no se circunscribe a las explotaciones agrarias más extensivas.
Que considere que hay otros mundos, además de las grandes huertas
mediterráneas, el aceite o la gran producción de cereales, y que existe
un mundo agrícola activo y con productos de alta y altísima calidad al
norte del Ebro. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia).

Pues bien, no somos solo nosotros los que creemos que esto
no aporta nada. Señorías, la enmienda del propio Grupo Parlamentario
Popular a la disposición adicional quinta, por la que se pospone la
convocatoria de la primera consulta hasta 18 meses después de la entrada
en vigor del reglamento de desarrollo de la presente ley, aplaza la
consulta —me atrevo a decir— sine die, porque nos quedan 17
meses para que concluya esta legislatura y en este tiempo no sale ni el
reglamento. Si a eso le sumamos dieciocho meses más... Esto es un brindis
al sol: se hace la ley —como ha señalado algún otro portavoz y como
dicen los periodistas expertos en temas agrarios—, se crea el
charco Cañete, en el que la ministra actual no se quiere meter.
Esperemos, sinceramente, que así sea. A nosotros, si no se cumple o si no
se desarrolla la ley, no nos va a importar, pero nos parece un ejercicio
inútil estar aquí discutiendo y haciendo esto —como bien han
señalado todos los portavoces— en contra de todo el mundo, para que
luego simplemente no se pueda aplicar, y cuando llegue la hora de su
puesta en funcionamiento, se haya modificado.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador señor Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a empezar donde ha terminado el senador
Cazalis. Ciertamente, es muy probable que este debate acabe tal y como él
ha descrito. Por lo tanto, hay que intentar aprovechar el tiempo.
Deberíamos llevar el debate al terreno de preguntarnos cuál es el objeto
del consejo asesor y del Consejo Agrario, pero, sobre todo, cuáles son
los debates de nuestra agricultura en este momento. Ese es el gran
debate. En definitiva, el Consejo Agrario será el ámbito en el que
abordaremos cuestiones fundamentales.

Yo creo que precisamente en este momento el debate agrario
en nuestro país necesita imperiosamente una nueva mirada; debemos
abordarlo desde planteamientos que estrictamente vayan más allá de una
cierta tendencia —lo digo con toda modestia— que suele
practicar su grupo. Es decir, no podemos cuantificar todo estrictamente
en términos económicos. La agricultura y la ganadería tienen unos
componentes y unos valores absolutamente fundamentales para nuestro país.
La seguridad alimentaria, la calidad de nuestra comida y de nuestra
salud, cómo gestionamos nuestro mundo rural y el conjunto del territorio
son planteamientos que deben centrar este debate.

Hay que plantearse de qué forma presentamos en este momento
el debate agrícola en el imaginario social de nuestro país y de qué forma
lo estamos abordando los órganos políticos. En este sentido, si hacemos
una comparativa con países como Francia u otros países próximos de la
Unión Europea, vemos que no estamos a la altura, no estamos a la altura.
No tengo tiempo pero creo que es interesante ver qué sucede con los datos
del Eurobarómetro. Si analizamos la opinión de los españoles respecto de
la agricultura, entenderemos que tenemos que buscar complicidades en la
sociedad para que el sector agrícola reciba el apoyo de los consumidores,
que son conscientes del valor que tiene la agricultura en sí misma. Es
necesaria una nueva mirada, que la sociedad entienda la importancia del
sector agrícola, que necesita de este respaldo social.

Y, efectivamente, el debate de las organizaciones agrarias
con el Gobierno es absolutamente imprescindible. Fíjense, hay un dato que
todavía pone más de relieve lo que estoy diciendo. Véanse ustedes los
debates sobre el estado de la nación y los debates de investidura de este
país y comprobarán la escasa presencia del debate agrícola en este
momento trascendente de nuestro ordenamiento político. Creo que en el
planteamiento de esta ley se debería abordar también esta cuestión de
fondo, que no es una cuestión menor: cómo abordamos el debate agrícola,
el debate del mundo rural en nuestro país. Pero más allá del debate sobre
esta ley, les propongo que en esta Cámara —en el Parlamento catalán
lo hicimos hace unos años— nos planteemos hacer una reflexión
conjunta entre todos los grupos, una reflexión seria sobre el futuro de
nuestra agricultura. Ya sé que en esta Cámara no es posible desarrollar
un Pleno extraordinario y monográfico sobre la agricultura, no es
costumbre de esta Cámara, pero creo que sí necesitamos una ponencia
explícita en la que se aborde el futuro de nuestra agricultura. No lo
tenemos nada fácil y los agricultores y los representantes de las OPA lo
saben, no lo tienen nada fácil.

Hay toda una serie —y los voy a enumerar de forma
rápida— de debates que requieren de una reflexión conjunta y del
establecimiento de unas bases como país, como Estado capaz de afrontar
estos debates desde un cierto marco de acuerdo. Lo cierto es que el
debate de esta ley discurre en sentido contrario a eso, así que les pido
una reflexión al respecto. Creo que todos debemos reflexionar sobre esta
cuestión para encontrar un marco común que dé solución a los problemas de
nuestra agricultura, que son muchos. Ustedes deberían decirnos si van a
subir o no el IVA de los alimentos. Debemos saber si tendremos un marco
para la energía que dé salida a los problemas del riego, que en estos
años ha sufrido un aumento del 120%, lo que ha hecho insostenible el
mantenimiento de muchas explotaciones. Cómo vamos resolver los problemas
de competitividad, el problema del precio; como saben ustedes, la Ley de
la cadena alimentaria no ha resuelto los abusos que existían en los
mercados y seguimos sin garantizar los costes de la producción. Cómo
vamos a incentivar la investigación; y ayer tuvimos un debate sobre los
temas de apicultura y los problemas de este sector. Cómo vamos a resolver
la pérdida del 23% de la renta agraria acumulada en este país en los
últimos diez años. Cómo va a afectar a nuestra agricultura el acuerdo de
libre comercio con Estados Unidos. Cómo garantizamos que vivir en el
campo no es asumir un coste desde el punto de vista de la calidad de los
servicios públicos, que están sufriendo en este momento un deterioro muy
notable. Cómo generamos empleo en el campo para que no siga la
despoblación del mundo rural, tan acuciante en este momento. Cómo
resolvemos los problemas de la agricultura de montaña; no lo va a decir
nadie, pero lo tengo que decir yo porque soy de un territorio de montaña
y la agricultura prácticamente ha desaparecido o está desapareciendo.
Cómo resolvemos las posiciones de dominio. Todos estos son problemas
acuciantes que tenemos sobre la mesa, que el Consejo Agrario debería
asumir de una forma clara en un debate limpio, transparente, respecto del
que los grupos políticos deberíamos tener la absoluta responsabilidad y
ser conscientes de la trascendencia del momento para nuestra agricultura
y todo nuestro mundo rural, que vive un momento especialmente difícil y
complicado. La crisis lo es para todos y está resultando muy dura, pero
es mucho más dura todavía en muchas zonas del mundo rural donde a la
gente no le queda otro remedio que marcharse. Por eso, insisto en los
problemas de la despoblación y todos aquellos que tienen que ver con su
sostenibilidad.

Acabo, señor presidente. Lo evidente es que esta ley, más
allá de las formas, que creo que ya ha quedado más que acreditado que no
responden a ningún parámetro democrático ni a ninguna lógica que quiera
responder a esta transparencia del proceso para gestionar la
representatividad, mucho me temo que lo que pretende además es
convertirse en una amplia cortina de humo sobre todos estos debates, es
decir, pretende evitar todos estos debates que, en definitiva, son los

debates esenciales del mundo agrícola. Y, señorías, creo
que los hombres y mujeres del campo están cansados de debates de salón;
están cansados de debates que no sirven absolutamente para nada, que no
aportan ninguna solución y que lo único que realmente pretenden es que
exista una cierta sumisión al poder establecido, que mira los problemas
desde una perspectiva de élite que tiene poco que ver con la realidad del
campo, con la realidad de esos hombres y mujeres que luchan por su futuro
de sol a sol.

Este era también el reto de esta ley, el de lanzar un
mensaje claro, decir que en este país estamos dispuestos a abordar un
debate trascendente sobre un sector estratégico como la agricultura, y
hacerlo de cara, con transparencia, con claridad y, sobre todo, para dar
esperanza a este sector, a este mundo de hombres y mujeres que luchan en
unas condiciones muy difíciles. Creo que ustedes han perdido una
magnífica oportunidad para hacerlo, que esta oportunidad la va a perder
el país y posiblemente —tal vez esa sea la suerte— debamos
repetir el empeño; salir del burladero y repetir el empeño. Pero lo
cierto es que, como decía hace un momento el senador Cazalis, mucho nos
tememos que esta ley no tendrá ningún efecto porque no saldrá adelante.
¡Ojalá fuera así! De todas maneras —insisto—, les emplazo
seriamente a que tengamos un debate riguroso sobre los problemas del
campo y no lo malbaratemos con debates de salón.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Boya.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Muchas gracias, señor
presidente.

Si me permiten una mínima salvedad respecto a lo que ha
afirmado el senador que me ha precedido en el uso de la palabra, el
senador Boya, el portavoz de mi grupo en el Congreso en el debate de
investidura y en los diferentes debates del estado de la nación siempre
hace una mención a la cuestión agraria, porque mi grupo tiene el
convencimiento y además la certeza de la voluntad estratégica y el
elemento motivador que tiene en sí la propia agricultura y el sector
agroindustrial. Por lo tanto, estoy en casi todo de acuerdo respecto a la
afirmación que ha hecho el senador Boya cuando decía que el debate
agrario tiene muy poca presencia en los debates de mayor amplitud. Pero
en este caso sí que nos podemos atribuir que el portavoz de Convergència
i Unió en el Congreso siempre hace una mención al sector agroindustrial,
supongo que también por sus orígenes y porque somos gente implicada con
el territorio y con el desarrollo y la vertebración existente.

Senador Martínez, hay un aforismo inglés que dice learning
by doing, es decir, que se tiene que aprender a base de hacer. En este
sentido, quizá lleguemos a un punto en que promulguemos leyes que tengan
una vigencia real, pero que me dé argumentos en el sentido de que se ha
mejorado lo que había anteriormente sin tener en cuenta las mejoras que
estamos aportando los diferentes grupos a través de las enmiendas, es
convencerse o mirarse al ombligo, cuando deberían mirarse menos al
ombligo y demostrar mayor amplitud de miras, que es más necesaria para el
sector porque, entre otros elementos, lo que aquí estamos regulando es la
representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Así,
estarán de acuerdo conmigo en que dentro del eslabón de la cadena
agroalimentaria la parte más débil es la de los productores, la de los
agricultores y la de los ganaderos. Esto se ha dicho por activa y por
pasiva y no es una cuestión única y exclusiva de un partido político,
sino que todos los partidos políticos estamos de acuerdo en ello.

Siempre se ha hablado de ganar cierta masa para poder
negociar, para disponer de unas condiciones más ventajosas, y una forma
de articulación y de dar esta fortaleza a la parte más débil del eslabón
es proporcionar instrumentos de representatividad. Vuelvo a repetirle con
total certeza que sí es necesario disponer de elementos mucho más
ajustados a la realidad de las diferentes organizaciones profesionales
agrarias. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la
Presidencia).

No puede ser que en algo en lo que todos estamos de
acuerdo, a posteriori, mediante este proyecto de ley, todas las fuerzas
políticas y la mayor parte de las organizaciones profesionales agrarias
coincidan en que no se está realizando de la forma más correcta posible,
y esto debería llevarles a una reflexión en profundidad porque, como bien
han dicho los senadores que me han precedido, necesitamos dar respuestas,
necesitamos dar un altavoz con capacidad de concertación de políticas a
las organizaciones profesionales agrarias.

Ustedes dirán que el comité no se había convocado y, si
quieren, entrarán en el debate sobre que el anterior Gobierno no realizó
lo que ustedes están llevando a cabo y que incluso han incrementado el
nivel de renta de los agricultores automáticamente, en el momento en que
llegaron al Gobierno, pero para la creación de un consejo agrario lo más
útil posible es necesario, primero, saber claramente cuál es la
representatividad, con unas reglas de juego muy bien establecidas
―y de ahí todas las enmiendas presentadas― y, segundo, que
esta representatividad ―y no quiero volver a incidir en el respeto
al ámbito competencial de las diferentes comunidades autónomas y a la
representatividad territorial de las distintas organizaciones
profesionales agrarias― tenga la capacidad de incidir en las
políticas agrarias y ganaderas de este Gobierno, porque si no es así,
vuelvo a repetir —y se lo dije también en la primera comparecencia
de la actual ministra—, tendremos la sensación de que el Ministerio
de Agricultura, a pesar de la aportación de todo este sector y, sobre
todo, de las organizaciones profesionales agrarias que representan a los
productores, a la parte más débil y más sensible de este eslabón, es el
patito feo de este Gobierno, porque ha habido una reducción
presupuestaria. Aunque ustedes me argumenten que el presupuesto
consolidado se ha incrementado, las aportaciones de este Gobierno a los
gastos del Ministerio de Agricultura se han ido reduciendo de una forma
drástica, y esto es lo que no se puede permitir, entre otras cosas. Y no
se puede permitir que no haya una representación adecuada de estas
diferentes organizaciones profesionales agrarias.

Senador Martínez, volviendo al articulado propiamente dicho
de esta ley, usted habla de que este proyecto de ley aportará
transparencia y objetividad en la representatividad de las diferentes
organizaciones profesionales agrarias. Yo añado otro concepto: Y también
centralización. Esta es nuestra visión, y es un concepto que casi todos
los grupos políticos tenemos interiorizado por los requisitos
establecidos a la hora de obtener esta responsabilidad. Además, usted
también ha dicho que pretende dar voz a los agricultores y ganaderos
españoles, pues estos, al fin y al cabo, son las personas que van a poder
ejercer este voto; por lo tanto, estamos dentro de un proceso electoral.
Por consiguiente, la evocación que ustedes están realizando, que no nos
encontramos en un proceso electoral y que no se tiene que observar la
LOREG, decae por sí misma, porque se está pidiendo la opinión mediante el
voto de los agricultores y ganaderos del Estado español, no una consulta,
sino un proceso electoral. Evidentemente, la mayoría de nuestras
enmiendas van en esta línea. Además, se puede dar el contrasentido de que
coincidan procesos electorales en organizaciones profesionales agrarias o
la representatividad de las mismas en diferentes territorios donde el
censo electoral no coincida, y en uno está regularizado el proceso
electoral y en el otro no. Vamos a ver: ¿se puede dar la existencia de
dos urnas con diferentes censos y con diferente regulación a la hora de
establecer este proceso electoral? Se puede dar; se puede dar si ustedes
no hacen una mejora ostensible en lo que se representa y en lo que se
refiere a este proceso electoral. Por lo tanto, intentemos ser lo más
racionales posible; intentemos aportar la máxima claridad posible al
proceso; intentemos concertar y consensuar las políticas con las
organizaciones profesionales agrarias una vez se haya hecho un proceso
electoral adecuado, adaptado y que se ciña a la legalidad.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Socialista, el senador Rodríguez Esquero tiene
la palabra.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señorías, después de oír a todos los grupos de la Cámara
llama la atención que todos somos contrarios al proyecto de ley. Después
de oírles a ustedes, como siempre, todos estamos confundidos. Pues no,
creo que ustedes han hecho un trabajo que no gusta absolutamente a nadie,
pero ustedes, con su absoluta mayoría, siguen adelante. Siguen adelante
con una ley discutible desde el punto de vista de las garantías
democráticas, con unos objetivos e intereses que están más o menos
ocultos o encubiertos para anular una buena Ley, la de 2009, que, por
otra parte, se va a anular con una ley que no se va a aplicar en el
tiempo; por lo tanto, no nos hagan perder el nuestro, sobre todo cuando
lo van a hacer a través de una operación estética que solo persigue
acabar con la representación de las organizaciones profesionales
agrarias. Si ustedes pretenden un proceso electoral en el campo,
regúlenlo. Si quieren una encuesta, háganla, pero unas elecciones que van
a determinar una representatividad no se pueden fundamentar en una

consulta que no deja de ser otra cosa que una opinión; una
opinión para buscar alguna información, para buscar algún consejo, pero
nunca una consulta puede tener un carácter electoral y deliberante. Por
tanto, no mientan aquí y no les mientan a ellos.

Señorías, desde 2012 ustedes ya querían finiquitar esta ley
y sólo por los compromisos que adquirió el exministro Cañete, que vaya
usted a saber a qué servidumbres se habrá obligado. Si ustedes como
partido del Gobierno, si el Gobierno se hubiera planteado modificar la
ley, aunque no lo hubiera pedido nadie, pero con la intención de
perfeccionarla y dotarla de mayor participación y legitimación, hasta
pudiera entenderse su actitud. Pero no, ustedes vienen a revolucionar una
situación que estaba tranquila. Ustedes, señorías, conociéndoles, no lo
hacen porque sí. Ustedes no dan puntada sin hilo. Está claro que su
proyecto va a beneficiar a alguien y a perjudicar a otros de manera
pensada y deliberada. Es cierto que eso no lo han pensado los
responsables del ministerio, a los que tampoco les gusta el proyecto,
pero sí el exministro que quería dejar su impronta con una gracieta más,
como digo, muy muy premeditada.

Señorías, cambian las garantías electorales por una
consulta sí o sí, tendrán que reconocerlo. Modifican una regulación sin
ser necesaria. No trabajan para lo que de verdad les importa a los
agricultores y a los ganaderos del mundo rural. Miren que el ministro
podía haber hecho mejor las cosas, pues nada, antes de irse, rápidamente
nos deja esta norma de importante trascendencia; una norma que, como se
ha dicho, no garantiza la seguridad jurídica electoral. ¿Y por qué y para
qué? Si esta es la forma que tienen ustedes de entender su democracia y
la fórmula electoral que ustedes han explicado, consulta en vez de
elecciones —algún senador lo decía antes—, se saltan la ley
contra la gran mayoría del sector. Centralizan la norma, lo hacen sin
ningún tipo de legitimación que les pudiera dar unas elecciones limpias y
transparentes. ¿Tienen miedo a algo? ¿Tienen miedo a que el mundo rural
de verdad actúe? Señorías, la chufla del ministro como chufla puede
valer, pero ustedes no le sigan la fiesta. Llamar a la agricultura a una
consulta es una carnavalada más. Y después de ver el papelón que ha
tenido que hacer en esta tribuna, de verdad tiene que tener un agobio
importante.

Pero es que a ustedes todo esto les da lo mismo.
¿Sustituyen de un plumazo, como a ustedes les gusta, el método de
determinar las OPA más representativas? No les importa nada. ¿Generan una
conflictividad jurídica ante las distintas administraciones
territoriales? No les importa nada. ¿Se enfrentan a las comunidades
autónomas evidenciando su talante centralizador? Tampoco les importa
nada. ¿Se burlan de la legislación electoral con un salto en el trapecio
que usted hace y la reemplazan por un procedimiento administrativo común?
No les importa nada. ¿Manipulan el censo electoral para que voten todos,
aunque su relación con el campo sea cuando van a comprar al súper o
cuando reciben cuantiosas subvenciones por tener más tierras? No les
importa nada. ¿No ofrecen ningún tipo de garantía democrática de
participación? Tampoco les importa. Señorías, esto es un pucherazo, es un
manejo y una maniobra que no viene incluida en su maravillosa marca
España. Y no es digno para unas personas que trabajan de sol a sol, que
dejan su vida en el campo, ver cómo sus representantes políticos nos
traen este proyecto de ley.

Impulsan una ley para favorecer a los que ven la
agricultura a muchos kilómetros del maíz. Señorías, dejen las cosas como
están y dedíquense —y lo decía antes el senador de la Entesa—
a la política agraria de verdad, a transformar los créditos agrícolas, a
estimular la agricultura moderna, a que se invierta y se mecanice
correctamente en el campo, a buscar beneficios para el sector, a apoyar
la inserción laboral en el campo, el desarrollo sostenible, a favorecer
las explotaciones ecológicas y de proximidad. Mejoren las ayudas directas
por hectárea y el equilibrio entre agricultores y regiones. Avalen lo que
ya en Europa se está denominando la social farming para facilitar el
mantenimiento de la actividad agrícola. Miren a Europa ahora que está
allí el superior intelectual exministro, y déjense de consultas, que esto
es de verdad lo que les interesa a los agricultores y no una oscura trama
preconstitucional.

Ustedes volverán a aplicar su mayoría y así llevarán a cabo
de nuevo este desafuero, limitarán las posibilidades de las OPA que no
son críticas con sus políticas y, a la par, darán una oportunidad vital a
sus correligionarios políticos y sindicales del mundo rural. Lo decía
antes, amplían el censo para que los verdaderos profesionales no puedan
votar, pero los amigos del señor Cañete sí lo puedan hacer. Reducen las
mesas electorales y limitan el número de votantes por mesa para que voten
los amigos del señor Cañete. No garantizan el voto físico o por correo
legalmente para que voten los amigos del señor Cañete. Y ustedes hoy
aquí, como buenos amigos del señor Cañete,

también van a votar, lógicamente, dejando una patata
caliente a la actual ministra porque después de tanta farsa, señorías, el
mundo rural continúa, y con su voto hoy van a cambiar una ley que era
respetuosa con las comunidades autónomas, consensuada con las
organizaciones agrarias y, sobre todo, era democrática, por un texto que
no deja de ser más que una cortina de humo de su lamentable política
agraria, que pone en camino de desaparición a las OPA que no son sus
palmeros para tener interlocutores en el sector agrario que tan solo sean
oyentes y sufridores de sus políticas.

Si la agricultura es un sector en riesgo, ustedes hoy lo
agravarán. Y el campo no es una tienda que se pueda cerrar cuando las
cosas van mal. La imagen que a ustedes les gusta del agricultor y el
ganadero analfabeto, esa ya no existe en el campo español. En el campo,
aunque a ustedes no les guste, tienen formación, buenas prácticas,
control de riesgos, nuevas tecnologías e innovación. Y eso ustedes no lo
quieren ni ver, porque priman a los agricultores de sofá que son los que
para ustedes representan el campo. Al contrario, defiendan los intereses
de los agricultores y no al revés; no hagan que la agricultura sea una
isla dentro de la economía española y no cometan más errores
intencionados. Y si quieren abrir un proceso electoral, háganlo con todas
las garantías y no para conocer las preferencias del sector, como dijo el
señor Cañete el pasado 13 de marzo, y así obtener unos datos fiables.

La señora García Tejerina ahora tiene una gran oportunidad.
Si es cierto, como dijo en esta Cámara, que está dispuesta a abordar
políticas de calidad, de productividad y de eficacia, que lo haga, que
ponga todo su empeño en ello, que guarde en un cajón este luctuoso
proyecto y que dialogue con las organizaciones agrarias, que todos ellos
quieren que el campo funcione —estoy seguro—, y que cada
organización además puede aportar y enriquecer la política agraria de su
Gobierno, pero siempre desde el diálogo y el consenso, sin tratos de
favor, sin normativas que son un fiasco antidemocrático y excluyente.

El Grupo Socialista, como no puede ser de otra manera,
votará a favor de todos los vetos presentados porque eso, sin lugar a
dudas, es votar a favor del campo, de sus organizaciones agrarias y de
los trabajadores agrícolas de verdad, y si no votamos a favor de estos
vetos, como lo van a hacer ustedes, es porque ustedes defienden a sus
trabajadores agrícolas, como la familia Mora-Figueroa Domecq o la duquesa
del Infantado o la duquesa de Alba o la Compañía de Jesús…
(Rumores.—Protestas), porque esos para ustedes son los verdaderos
representantes del campo. Aquellos no.

Muchas gracias. (Aplausos.—Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías,
guarden silencio.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, hemos hecho alusiones constantemente a la Ley
10/2009 como una buena ley y una ley de consenso —lo acaba de hacer
ahora el señor Rodríguez Esquerdo, aunque sinceramente creo que se ha
extralimitado en sus manifestaciones y en su concepción en relación con
las personas que viven y trabajan el campo, que es para lo que estamos
aquí, para defender fundamentalmente sus intereses—.

Yo me voy a remontar al Diario de Sesiones del Congreso de
los Diputados cuando se debatió esta ley y cuando la señora Tarruella,
del Grupo Parlamentario Catalán, decía: El Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió ha presentado esta enmienda a la totalidad del
proyecto de ley de creación de los órganos consultivos del Estado en el
ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación
de las organizaciones agrarias porque consideramos que el proyecto
adolece de un gran número de defectos, tanto formales como de fondo. A su
vez, el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco, decía:
Ya anunciamos que vamos a apoyar la enmienda a la totalidad porque
consideramos que esta ley es una ley con trampa. El señor Llorens Torres,
del Grupo Parlamentario Popular, decía: Señorías, el proyecto del
Gobierno, además, no nos gusta, pero no podemos apoyar las enmiendas a la
totalidad de devolución que se han presentado hoy porque si hemos tardado
más de cuatro años y rechazamos el proyecto de ley ahora que lo trae el
Gobierno, a saber cuándo lo volveremos a ver. También en el debate en el
Senado, el senador del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señor
Roig i Grau, decía: Este es un pésimo proyecto de ley, que llega tarde y
mal y que se tramita con una precipitación

extraordinaria para lo que es el ritmo de tramitación en
esta Cámara. Y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor
Pérez Lapazarán, decía: Ustedes han afirmado que ha habido diálogo con el
Partido Popular, pero yo no he mantenido ninguna reunión con ustedes ni
con el ministerio, prácticamente con nadie de su grupo parlamentario para
negociar el texto o las enmiendas de esta ley. Este proyecto de ley no es
serio, no soluciona los problemas de representatividad dentro del Estado
español y las elecciones son antiguas y pasadas.

Pues bien, les diré que, a pesar de todo esto, a pesar de
esa buena ley que ustedes argumentan y de ese consenso que dicen que se
produjo —que no es tal consenso—, el Partido Popular eligió
el camino de la responsabilidad y dio su apoyó a esta ley, pero lo hizo
por responsabilidad y por defender los intereses generales del sector.
Por ese motivo, aun no estando de acuerdo con el contenido de la ley, el
Partido Popular votó a favor.

Por otro lado, también quiero decir que esta ley es una ley
obsoleta y que no se puede aplicar, como ya hemos dicho anteriormente.
Por ello, el nuevo proyecto de ley intenta dar solución a los problemas
que tenía la anterior ley en relación con la representatividad de las
organizaciones profesionales agrarias, y sobran especulaciones, y sobran
vagas conjeturas. En definitiva, lo único que pretende este proyecto de
ley es medir la representación real de esas organizaciones profesionales
agrarias. ¿Cómo? Con una ley que mejore la anterior de 2009, y creemos
que esta ley mejora sustancialmente y da más participación a los
agricultores y ganaderos en la elección de sus representantes en el
Consejo Agrario y en las organizaciones profesionales agrarias. ¿Cómo?
Con una consulta directa y simultánea en todo el territorio nacional, con
criterios comunes para toda España, para todas las comunidades autónomas;
con una consulta que se verificará mediante voto personal directo y
secreto; con una garantía de convocatoria periódica de la consulta cada
cinco años, que llevará a cabo el ministerio; con la ampliación del censo
de votantes a todos los profesionales de la agricultura y a los
agricultores activos, buscando la máxima participación y la máxima
transparencia; con el intento de dar la máxima legitimidad a las
organizaciones profesionales agrarias, a través del voto de los
agricultores; y con un proyecto pionero y necesario para la defensa de
los intereses de los agricultores y ganaderos.

¿Qué es lo que quiere el Partido Popular? El Partido
Popular quiere que se aclare la representatividad del sector agrario. Eso
es lo que quiere el Partido Popular con este proyecto de ley. ¿Acaso no
es esto bueno? Yo entiendo que sí. El Partido Popular quiere la máxima
democracia en el campo español; eso es lo que quiere el Partido Popular
con esta ley. El Partido Popular también quiere la libertad de elección
para los agricultores; eso es lo que quiere el Partido Popular. El
Partido Popular quiere dar voz a los agricultores y ganaderos; eso es
bueno, lo es y lo quiere el Partido Popular. El Partido Popular quiere
los interlocutores con el Gobierno más válidos y más legítimos; eso es lo
que quiere el Partido Popular. El Partido Popular quiere que las
organizaciones profesionales agrarias tengan la mayor legitimidad
posible, y eso es, sin duda, algo bueno, algo que quiere el Partido
Popular. El Partido Popular quiere que los agricultores y ganaderos del
campo español, en todo el territorio nacional elijan, a través de las
urnas, a través de la consulta, a sus representantes, a las
organizaciones profesionales agrarias más representativas para que
defiendan sus legítimos intereses.

Señorías, es difícil no estar de acuerdo con estos
planteamientos. Yo comprendo que es difícil porque todos estamos de
acuerdo con ellos, lo que no entiendo es por qué ustedes, al final, van a
presentar estos vetos, van a presentar las enmiendas que legítimamente
les corresponde y no van a apoyar este proyecto de ley que es un buen
proyecto. Este proyecto de ley refuerza y potencia el sector agrario, a
la vez que contribuye a la vertebración del territorio nacional. Este
proyecto de ley va a medir la representatividad real de las
organizaciones profesionales agrarias. Este proyecto de ley no afecta en
ningún caso a la libertad sindical, como ya dije anteriormente. La
consulta se efectuará con todas las garantías legales; la consulta se
efectuará con todas las garantías legales, no tengan ninguna duda,
señorías. Este proyecto de ley permite las coaliciones de organizaciones
profesionales agrarias y la integración de organizaciones en otras de
ámbito nacional. Este proyecto de ley en ningún caso es centralizador ni
excluyente, todo lo contrario, es aperturista e integrador; suma, no
resta. Este proyecto de ley respeta las competencias de las comunidades
autónomas, no interfiere en sus competencias ni directa ni
indirectamente.

El diálogo social con las organizaciones profesionales
agrarias y con las comunidades autónomas ha presidido este proyecto de
ley. Se han debatido 3 borradores, ha habido 4 rondas

de negociaciones y varias reuniones. Se han intentado
acercar posturas y buscar el máximo consenso en la medida de lo posible
porque, señorías, el Gobierno ha legislado buscando el equilibrio y la
justicia social en defensa de los intereses generales de todo el sector
agrario; equilibrio y justicia en defensa de los intereses generales de
todo el sector agrario. Este proyecto de ley nace de un único compromiso,
no les quepa ninguna duda: el compromiso responsable de dar solución a un
problema existente, a un problema real, el de la determinación de la
representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.

Votaremos en contra de cada uno de los vetos que se han
presentado. Sí quiero agradecer el trabajo y, en la mayor parte de los
casos, el talante que se ha tenido en el debate parlamentario y cómo se
ha desarrollado este debate.

Para terminar, señorías, les diré que alguien ha hecho
mención a la soledad del Partido Popular a la hora de aprobar este
proyecto de ley; repito, a la soledad del Partido Popular a la hora de
aprobar este proyecto de ley. Pero yo les digo que a veces la soledad
también es buena y, sobre todo, si uno se queda solo por defender los
intereses generales de todos los españoles. A esto se le llama ejercicio
de responsabilidad democrática.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas
de veto. Les anuncio que ha habido votación telemática, que ha sido
solicitada por las senadoras García Carrasco, Jurado Fernández de Córdoba
e Ibarz Ibarz. Los 3 votos han sido autorizados. Las 3 han ejercido su
derecho y las 3 han votado en contra de las 7 propuestas de veto que,
como siempre, sumaré a los resultados de la votación que realicemos en el
hemiciclo.

Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 2, de
la senadora Capella i Farré.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos, 230 más 3
votos telemáticos, 233; a favor, 84; en contra, 146 más 3 votos
telemáticos, 149.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 1, de los senadores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos, 229 más 3
votos telemáticos, 232; a favor, 83; en contra, 146 más 3 votos
telemáticos, 149.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores
Guillot Miravet y Saura Laporta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos, 229 más 3
votos telemáticos, 232; a favor, 84; en contra, 145 más 3 telemáticos,
148.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 4,
presentada por todos los senadores del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 229 más 3 votos telemáticos, 232; votos emitidos, 229 más 3
votos telemáticos, 232; a favor, 84; en contra, 145 más 3 telemáticos,
148.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 5, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos, 230 más 3
votos telemáticos, 233; a favor, 84; en contra, 146 más 3 telemáticos,
149.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 7, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos, 230 más 3
votos telemáticos, 233; a favor, 84; en contra, 145 más 3 votos
telemáticos, 148; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 6, del
Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 230 más 3 votos telemáticos, 233; votos emitidos, 230 más 3
votos telemáticos, 233; a favor, 84; en contra, 146 más 3 votos
telemáticos, 149.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, rechazadas las propuestas de veto, pasamos al
debate de las enmiendas.

En primer lugar, los senadores Narvay Quintero Castañeda y
Miguel Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto, han presentado las
enmiendas números 35 a 87. (Rumores).

Guarden silencio, señorías. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores).

Señorías, hasta que no haya silencio en el hemiciclo no
vamos a empezar con el debate de las enmiendas. (Pausa).

Tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor
presidente.

Voy a ser muy breve. Doy por defendidas las enmiendas
presentadas por Coalición Canaria, números 35 a 87, un total de 52
enmiendas. Y para justificar nuestro voto favorable a los 7 vetos, le
diría al Partido Popular, partido que apoya al Gobierno, que debe
entender, que debería entender —así entiendo yo la democracia, la
participación y la negociación— que cuando existen 7 vetos en esta
Cámara presentados por todos los grupos que la componen excepto,
evidentemente, por el partido que apoya al Gobierno, la ley no es la que
todos queremos o no es la más adecuada, y que existen otras propuestas
alternativas. No se trata de apoyar todas las enmiendas o todos los
vetos, pero sí algunas para mejorar la ley.

Hablaba el senador Martínez de la ley que pasó por aquí en
2009 y de lo que decía el señor Pérez Lapazarán, al que tenía un gran
respeto ya que conocía muy bien de lo que hablaba. Muchas veces votábamos
conjuntamente, incluso en esa ley coincidimos, pero también coincidimos
hoy en que esta no es la mejor ley. La soledad en la democracia no es la
mejor fórmula para los intereses de todos. Todos estamos aquí para
defender los intereses de todos, y, en mi opinión, esta ley es
excluyente, excluye a los sectores minoritarios y a los que nosotros
tenemos que representar.

Estamos de acuerdo en que se podía modificar la ley de
2009, pero este proyecto de ley no la mejora. Hay algo muy peculiar
—ya lo decía el senador del Grupo Vasco—, y es que la
votación de esta consulta al consejo y a la representatividad, —que
no es elección, nos ha quedado claro, sino una consulta— se va a
aplicar dieciocho meses después, es decir, casi cuando se acabe la
legislatura. Esto puede ser una contradicción. Traen un proyecto de ley
que no va a ser aplicable en esta legislatura y que no tiene el apoyo de
ningún grupo, solamente del grupo que apoya al

Gobierno. Esto no es serio, porque la estamos hipotecando a
una legislatura posterior. Ustedes tienen ahora una mayoría absoluta
—reconocida, evidentemente—, pero ningún otro grupo les
apoya, con lo cual hay una contradicción entre su propio grupo y el
ministerio o en el propio ministerio, entre el exministro Cañete, que
quería sacar la ley de manera urgente, y la ministra actual, que lo que
quiere es que esta consulta se haga una vez pase la legislatura.

Me hubiera gustado que hubiera habido más consenso, que se
hubieran aceptado muchas enmiendas. Si leemos las más de 350 enmiendas
que hay presentadas, veremos que muchas de ellas coinciden, y no porque
casualmente nosotros las escribamos igual, sino porque diferentes
organizaciones agrarias, representativas en diferentes ámbitos
territoriales, han coincidido en muchas enmiendas y en que esta ley puede
ser mejorable en muchísimos de sus aspectos, y por eso coinciden muchas
enmiendas. Ese es un elemento que el Grupo Popular debería haber valorado
a la hora de aprobar en solitario esta ley y no haberla consensuado con
los demás.

Termino, señor presidente, diciendo que hemos votado a
favor de todos los vetos, y votaremos en contra de esta ley si no se
modifica, y mucho me temo que no, sustancialmente en el proceso de
enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado las
enmiendas números 1 a 34. Para su defensa tiene la palabra el senador
Iglesias, pero aviso a su señoría que tiene que compartir el tiempo con
la senadora Capella, que ha presentado las enmiendas números 88 a
139.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: No se preocupe, señor
presidente, nos va a sobrar tiempo a los 2 en la presentación de estas
enmiendas.

El senador Mariscal y yo mismo, en nombre de Izquierda
Unida, hemos formulado 34 enmiendas a este proyecto, que, como ya
adelantaba en la defensa del veto, buscan cambiar la filosofía, el objeto
y la intención del proyecto de ley. Nosotros sí queremos un proceso
electoral y un órgano de participación y codecisión, y nuestras enmiendas
responden a ese planteamiento, diferenciado del que refleja el proyecto
de ley.

Enmendamos el preámbulo y los apartados 2 y 4 del artículo
6, para que el censo electoral incluya solamente a los verdaderos
profesionales del sector agrario forestal y ganadero.

También enmendamos el preámbulo y los artículos 3 y 4 para
que existan las garantías propias del régimen electoral en el proceso de
medición de la representatividad de las organizaciones agrarias.
Introducimos los mecanismos propios de ese proceso electoral
estableciendo como norma supletoria la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del régimen electoral general, y también previsiones específicas a
través de nuestras enmiendas en relación con el voto por correo, con la
participación de las organizaciones en las juntas electorales
provinciales; reducimos el censo de cada mesa electoral para que sea de
menos de 100 electores y establecemos previsiones de campaña.

Igualmente formulamos enmiendas al artículo 5 para reforzar
el papel de interlocución ante la Administración de las organizaciones
agrarias, explicitando sus funciones y su capacidad de negociación y de
acuerdo. Ampliamos el concepto de coalición de organizaciones agrarias y
reconocemos expresamente el derecho a que se constituyan federaciones y
confederaciones.

Presentamos enmiendas a los artículos 13, 14 y 15 para
ampliar las funciones del Consejo Agrario para que en su seno, siendo
coherentes con la visión que tenemos de él, se pueda negociar y concertar
entre los legítimos representantes del sector agrario y las
administraciones públicas en las cuestiones de interés general agrario y
rural. Queremos que también se incorporen al Consejo Agrario los
sindicatos agrarios.

Y por último, en coincidencia puntual —no
total— con la enmienda número 309, del Grupo Parlamentario Popular,
mantenemos, a través de una de las enmiendas que afectan a las
disposiciones transitorias, que se mantenga el funcionamiento del Consejo
Agroalimentario del Estado hasta la constitución del consejo. La enmienda
del Grupo Parlamentario Popular establece una creación del Consejo
Agroalimentario como figura de nuevo cuño y, por tanto, no hay una
coincidencia absoluta en nuestros planteamientos.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

En la defensa del veto decía que resulta deprimente encarar
cualquier proceso legislativo en esta Cámara, plantear vetos y enmiendas,
en atención a que, efectivamente, su resultado acaba siendo nulo. Pero
déjenme que lo diga claro en catalán: no serveix per res. En cualquier
caso, doy por defendidas la totalidad de las enmiendas, si bien me
recrearé en cuatro en especial.

La enmienda número 90, al artículo 1.3.b), se refiere a la
definición de coalición de organizaciones agrarias —y con ello
contesto al portavoz del Grupo Popular, que ha intentado enmendarme la
plana cuando ha intervenido en relación con el veto planteado por
Esquerra Republicana—. Nosotros defendemos que se trata de una
unión de organizaciones en el ámbito nacional para concurrir a la
consulta formando una sola candidatura, mientras que el artículo 1.3.b)
del proyecto de ley define como coalición de organizaciones agrarias solo
la unión de organizaciones de ámbito nacional. Como decía antes el
senador Plana, efectivamente, no es un error, sino que es una decisión
buscada y querida para excluir a una parte importante de las
organizaciones de ámbito autonómico, excluyendo a las coaliciones de una
organización o varias de ámbito nacional con otras de inferior ámbito, ya
sea supraautonómico o autonómico.

Es evidente que la exclusión de organizaciones que no
tengan ámbito nacional —lo decía también en la defensa del
veto— es arbitraria, excluyente y desconoce la realidad
territorial, la diversidad y la diferencia. La regulación del proyecto de
ley contraviene lo establecido en el Convenio número 87 de la OIT
—por cierto, integrado en el ordenamiento jurídico español, ya
saben por qué—, así como el Convenio número 141, sobre las
organizaciones de trabajadores rurales, al limitar la elección libre de
los representantes, y supone una grave injerencia de los poderes públicos
en la libertad de asociarse mediante coaliciones electorales de cualquier
índole.

La enmienda número 93, al artículo 5, se refiere a la
determinación de la organización agraria más representativa, y establece
que lo son aquellas que obtengan —decimos en nuestra
enmienda— al menos un 10% de los votos válidos emitidos en la
consulta en todo el Estado, no el 15% que fija el proyecto de ley, junto
a las limitaciones que establece respecto al número de comunidades
autónomas en las que también tendrá que obtener representación.

La redacción del artículo 5 del proyecto de ley representa
la exclusión de la representatividad de las organizaciones profesionales
agrarias con implantación territorial autonómica sobre la base
—como decía también en la defensa del veto— de la visión
centralista, unitarista y centralizadora que caracteriza al Partido
Popular y al Gobierno del Partido Popular. La exigencia contenida de una
presencia mínima en 6 comunidades autónomas para considerar
representativa una organización agraria es tan excluyente como
arbitraria. Excluyente porque significa —por la pretensión
reforzada por el criterio del 15% a nivel estatal— marginar la
representación de los colectivos autonómicos; y arbitraria porque el
criterio de 6 comunidades autónomas es absolutamente desorbitado, hasta
el punto de que actualmente —como decía también en la defensa del
veto— 5 comunidades autónomas suponen el 64% del censo estatal y,
contrariamente, 10 comunidades autónomas pueden representar solo el
23%.

Es evidente que se contraviene el concepto de
representatividad tal y como lo define la OIT cuando establece que el
criterio debe ser objetivo y no puede estar basado en elementos como
estos, que son parciales y abusivos. De nuevo visión centralista y
unitarista, repito, que no entiende la diversidad ni la diferencia ni
quiere dar representación a las minorías. Solicitamos que el porcentaje
se determine en un 10% y se elimine la condición de obtener un resultado
mínimo en un mínimo de comunidades autónomas.

En la enmienda 137, a la disposición adicional quinta, que
trata de la fecha límite de celebración de la primera consulta.
Solicitamos que se reduzca el período fijado en la disposición del
proyecto de ley para la celebración de la primera consulta una vez
aprobada la ley; si no es así deberemos interpretar que lo que ustedes
hacen con este proyecto de ley —que acabará siendo ley— es un
simple brindis al sol.

En la enmienda 139, a la disposición transitoria única,
solicitamos la supresión del comité asesor agrario. Según el criterio de
Esquerra Republica, en caso de que el proyecto de ley sea aprobado tal
cual está en su redactado, sin admisión de enmiendas, el comité asesor
agrario

estaría en funciones transitorias por tiempo indefinido y
nosotros entendemos que eso significaría burlar el contenido del propio
proyecto de ley.

En definitiva, reitero, damos por defendidas la totalidad
de las enmiendas presentadas y solicitamos el apoyo de los grupos
parlamentarios.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado 2 bloques de enmiendas. El primero abarca las enmiendas
números 140 a 144; 146 a 152; 155 a 177, y vuelta al texto remitido por
el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 301 a 312
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Senador Boya, ¿va a defender los dos bloques? (Asentimiento
del senador Boya Alós). Bien, pues el segundo bloque son las enmiendas
números 178 a 212.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el
senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente. Voy a
defenderlas de la forma más breve y sintética posible.

Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas, unas de
carácter general, para definir el concepto de coalición y su ámbito;
otras para el reconocimiento institucional de las organizaciones
profesionales agrarias; otras para definir el concepto del elector, de
los elegibles, la medida de la representatividad de las OPA y su
presencia en el Consejo. 2 enmiendas son para regular el proceso
electoral, para regular jurídicamente el patrimonio agrario, y una es
para acortar el plazo de entrada en vigor del nuevo Consejo a nueve
meses. Son enmiendas que van específicamente orientadas a mejorar de una
forma clara el contenido de este proyecto de ley.

La enmienda 140 va dirigida a cambiar, a modificar, el
título del proyecto de ley.

La enmienda 141 pretende cambiar, a lo largo del texto, el
término consulta por el de proceso electoral y el término Comité Asesor
Agrario por Consejo Agrario.

La enmienda 143, de modificación del artículo 1.3.b)
—al que se ha referido hace un momento la senadora Capella—
nos parece importante ya que va destinada a definir el concepto de
coalición de las organizaciones agrarias. Nuestra definición es: «La
unión de organizaciones en el ámbito nacional para concurrir a la
consulta formando una sola candidatura.»

La enmienda 144 está en consonancia con esta anterior. A
nosotros nos parece que no tiene ningún sentido pretender la limitación
de los representantes en este consejo condicionándolos a que sean de
carácter general, ignorando de esta forma una realidad territorial que
existe, y que, por tanto, la representación de las particularidades del
territorio y de las sensibilidades de los agricultores no estén presentes
en este Consejo. Nos parece que es hurtar la realidad, y por eso
presentamos esta enmienda, para que podamos, insisto, dar cabida en el
proyecto de ley a la pluralidad del sector. Se trata de una enmienda para
fijar las condiciones, el reconocimiento institucional y el papel que
tienen que tener las organizaciones agrarias en este consejo.

Una serie de enmiendas —ya lo he dicho antes—
van dirigidas a este concepto de proceso electoral, y no consulta. Yo
creo que se han dado argumentos diversos, pero todos muy contundentes
para entender la necesidad de que esto no sea una mera consulta, sino que
sea un proceso electoral en toda regla. Por tanto, son enmiendas
—como las que han presentado el resto de los grupos— para que
este proceso se mida en base a este concepto de proceso electoral y no de
consulta.

Yo creo que la definición de los electores queda mejor
detallada en las enmiendas 148, 149 y 150, es decir, cuál es el perfil de
aquellos electores que tienen derecho al sufragio activo. Este concepto
ya se ha explicado ampliamente por lo que no voy a alargarme más en ello,
pero creo que es absolutamente imprescindible que en un proceso de estas
características quede muy claramente definido en la ley el perfil de
quién tiene derecho al sufragio activo, teniendo en cuenta los argumentos
dados acerca de las condiciones que han de tener para que el proceso
electoral resulte realista y dé representatividad a aquellos a quienes
les corresponde, que son los agricultores, aquellos que trabajan en el
campo, y no las organizaciones o los agricultores de sofá, que no tiene
ningún sentido que cuenten con participación en este consejo. Asimismo se
recoge la regulación del derecho al sufragio pasivo.

La enmienda 151, de modificación del artículo 5 —que
nos parece importante y tiene que ver con la argumentación que he dado
hace un momento— se refiere al criterio de la representatividad que
establece la ley: el 15% en el ámbito nacional y el 5% en 6 comunidades
autónomas. Nosotros consideramos que esta proporción va a limitar el
criterio de representatividad y va a dejar fuera a organizaciones
importantes, lo cual no tiene sentido. Tal y como ha dicho la senadora
Capella — por lo que no abundaré en las explicaciones—, no
tiene sentido limitar la participación de organizaciones importantes en
este debate pues este consejo debe integrar todas las sensibilidades de
nuestra agricultura. Insisto, esta es una cuestión que ya abordó la
senadora Capella y que no voy a reiterar.

La enmienda 152 nos parece importante pues hemos de
determinar de forma clara a quién corresponde la elaboración del censo de
electores, su procedimiento. Por tanto debe existir una redacción clara
respecto a cuáles son las normas que vamos a seguir. En este sentido la
regulación del marco electoral —enmiendas 155 a 165— requiere
de esta definición de los órganos electorales y de las garantías para la
transparencia, la objetividad y la igualdad del proceso. Por tanto,
insisto en que es necesario un auténtico proceso electoral de rango legal
que regule la definición del periodo o la participación en la campaña
electoral. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha manifestado que
en este caso no es necesario regular estos ámbitos e insiste en el
criterio de la consulta. Sin embargo, nosotros no nos cansaremos de
reclamar que para que este sea un proceso realmente transparente y que
regule de forma justa la presencia de las OPA debe ser un proceso
electoral y no una mera consulta, porque ciertamente —déjenme que
lo diga con esta claridad—, gastarnos 25 millones de euros en un
proceso que no tenga garantías no tiene ningún sentido.

La enmienda 174 de nuestro grupo pretende acortar el
periodo para realizar este proceso de dieciocho a nueve meses. No tiene
ningún sentido que la ley precise unos tempos que hagan prácticamente
inviable la ejecución de aquello que determina la propia ley, y nos
parece un ejercicio de trilerismo que no tiene ningún sentido. Este es un
argumento bastante contundente a la hora de entender e ilustrar todo
aquello que hemos explicado durante este debate y la falta de interés de
este Gobierno hacia una ley que dejó de tener interés en el momento en
que el exministro Arias Cañete se fue a Bruselas. Se trata de puro
trámite.

En todo caso, cumpliendo con nuestra obligación hemos
presentado todas estas enmiendas. Doy el resto de las enmiendas por
defendidas, también las de los senadores Guillot y Saura. En todo caso,
reitero que lo que hoy estamos haciendo —y respondo al portavoz del
Grupo Popular— no es un ejercicio de responsabilidad. Hoy estamos
cumpliendo con un puro trámite; un trámite de tacticismo político, un
trámite de vuelo corto y que, por tanto, no va a resolver los problemas
de la representatividad agraria en nuestro país, pero tampoco va a dar
respuesta a lo más grave e importante: las vías para resolver los
problemas reales de nuestra agricultura.

Evidentemente, sabemos que nuestras enmiendas no van a ser
tenidas en cuenta ni van a ser consideradas por el grupo de la mayoría.
Por lo tanto, ante la inconsistencia del proyecto, la falta de diálogo y
la actitud del grupo proponente, nuestro voto será contrario al
proyecto.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió presenta las enmiendas números 252 a 300. Para su defensa, tiene la
palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, déjenme decir 2 cosas sobre el debate de
este proyecto de ley. Primero, no se debe culpabilizar ni penalizar la
representatividad hasta este momento de las diferentes organizaciones
profesionales agrarias porque estaban bajo el paraguas de una normativa
que las amparaba; por tanto, no culpabilicemos ni utilicemos subterfugios
a la hora de establecer o de justificar según lo que establezca este
proyecto de ley.

Segundo, hoy estamos asistiendo a un caso claro de amnesia.
Se habla del consenso que concitó la Ley 10/2009, de 20 de octubre, pero
si nos remitimos al Diario de Sesiones, observamos que ese consenso no se
concitó. Analizando esa situación y este proyecto de ley —como les
decía— parece un movimiento pendular de la antigua ley, que ahora
presumiblemente se va a derogar con este proyecto de ley, a la actual. No
ha habido capacidad de consenso con los actores principales; y esto lo
debemos tener todos en cuenta. No ha existido capacidad de diálogo ni de

consenso —vuelvo a repetir— con las
organizaciones profesionales, y menos con los grupos políticos aquí
presentes.

Pero, si me lo permiten, esto sería una cuestión menor. Lo
que me preocupa es que no haya habido capacidad de diálogo, aunque los
señores del Grupo Parlamentario Popular afirmen que han tenido
tropecientas reuniones con las diferentes organizaciones profesionales
agrarias. Creo que esto no ha sido así y, por lo tanto, este proyecto de
ley, cuando entre en vigor la ley, empieza con una falla importante. No
se puede legislar en función de las atribuciones o de las preferencias;
se tiene que legislar de una forma clara, justa y que sea aceptada por
todos los actores existentes. Y en este punto me voy a remitir a las
enmiendas que ha presentado mi grupo, al que represento.

En primer lugar, hemos presentado enmiendas en relación con
el objeto de la ley. Consideramos que el Consejo Agrario, además de las
atribuciones que le confiere la ley, tiene que posibilitar la
concertación de las diferentes políticas agrarias en lo que respecta a
todas las partes que van a estar presentes en él. Han de tener voz,
tienen que ser escuchados y deben tener la máxima representatividad en
función, si ustedes quieren, de esa consulta, aunque yo creo que debería
ser un proceso electoral.

Los senadores que me han precedido en el uso de la palabra
han insistido, y yo vuelvo a incidir, en la cuestión del ámbito
territorial. Creíamos que la referencia al ámbito nacional introducida en
el Senado se debía a un fallo gramatical, pero ahora vemos que no es así.
No sé si es fruto de una estrategia totalmente programada, pero la
realidad es que se van a excluir algunas organizaciones profesionales
agrarias que tienen su ámbito de actuación en el entorno autonómico. Y
esto, señores del Grupo Popular, no debería ser así. Insistimos en el
derecho que tienen las organizaciones profesionales agrarias a constituir
federaciones, confederaciones y coaliciones electorales en el ámbito
territorial.

Otra enmienda persigue que se clarifique el concepto de
pagos directos, que no está del todo claro. Creemos que es necesario que
tenga una clarificación lo más eficaz posible.

En cuanto a la representatividad, siguiendo lo que
establece la propia Ley orgánica del régimen electoral general, nosotros
pedimos un 3%, tal y como se establece para las elecciones generales, a
fin de posibilitar la representación de las diferentes organizaciones
profesionales agrarias. Es una cuestión de coherencia. Pueden estar o no
de acuerdo, señores del Grupo Popular, pero no solo es el 3%, es que no
son capaces de mover ni un ápice hacia abajo el tanto por ciento de la
representatividad. Ustedes se han quedado en el 15%, ¿verdad?, y no van a
aceptar ninguna enmienda. Este grupo ha propuesto el 3% por coherencia
con lo que se establece en la LOREG pero ustedes no modifican ni un ápice
sus posicionamientos iniciales, y esto deberían tenerlo muy en
cuenta.

Una cuestión esencial cuando se quiere hacer una consulta
—ya no voy a decir un proceso electoral— es la configuración
del censo. Y en este caso sí creemos que deberían aceptar las enmiendas
propuestas, no solo por este senador, sino por la mayoría de los grupos
políticos.

Y entro en otro bloque de enmiendas, casi todas referidas
al artículo 8. En primer lugar, decimos que las mesas deben estar
conformadas por un máximo de 200 votantes, y es que ustedes saben
—algunos vienen del entorno rural— que si se establecen unas
mesas de 500 votantes, debido a la dispersión existente, en absoluto se
facilita el proceso de votación, y seguro que ustedes quieren, o al menos
eso deduzco, la máxima participación de los electores. Por lo tanto,
pedimos que tengan en cuenta esta enmienda.

Y siguiendo con el artículo 8, respecto al proceso
electoral —y no consulta, como ustedes señalan—, porque
creemos que debe ser un proceso electoral, presentamos diferentes
enmiendas en las que se contemplan diversos aspectos: la campaña
electoral, su duración, el período de prohibición de las campañas
electorales, la celebración de actos, la regulación de la propaganda
electoral, la distribución propiamente dicha de los lugares de los actos
electorales, la publicidad de las candidaturas en prensa y radio, los
envíos postales, la propaganda electoral, la publicidad electoral en los
medios de comunicación, la distribución de espacios gratuitos, la
distribución de propaganda en medios de ámbito territorial inferior, los
órganos competentes para la distribución de espacios gratuitos de
propaganda electoral, la garantía de un pluralismo asociativo y social,
la determinación del momento y orden de emisión de los espacios
electorales, la administración electoral de la candidatura, las cuentas
abiertas, los ingresos y gastos de estas cuentas abiertas,

las subvenciones electorales, el límite de aportación, los
gastos electorales, la intervención del Tribunal de Cuentas.

En definitiva, proponemos una regulación, si me permiten la
expresión, como Dios manda, como establece la Ley Orgánica de régimen
electoral general, porque, al fin y al cabo, se trata de una de las
disyuntivas principales, entre lo que estamos enmendando los diferentes
grupos políticos y lo que ustedes están manteniendo en solitario y
—si me permiten la expresión también— de una forma numantina
en lo que se refiere a la consulta ante un proceso electoral regularizado
y todos los elementos a tener en cuenta en cuanto a la regulación
propiamente dicha.

Hacemos también hincapié en las infracciones electorales y
las sanciones, que no las tienen regularizadas ustedes porque
—vuelvo a insistir— no creen que esto sea un proceso
electoral sino una consulta.

Finalmente —para no extenderme mucho más, ya que
todos los senadores que me han precedido en el uso de la palabra y
nosotros hemos coincidido en muchas de las enmiendas y, por lo tanto, a
lo mejor alguna cosa ustedes están haciendo mal, cuando se concita todo
este consenso y se quedan solos—, lo que pedimos en la disposición
adicional nueva es que las comunidades autónomas que celebren procesos
electorales en el ámbito agrícola estarán habilitadas para recabar de
oficio la colaboración de la Tesorería de la Seguridad Social para
obtener los datos de las personas físicas afiliadas a ella. ¿Qué quiere
decir esto? Con la derogación de la Ley 10/2009 lo que ustedes están
provocando es que las comunidades autónomas que ya hayan celebrado sus
procesos electorales no puedan acudir a la elaboración de un censo lo más
adecuado y fidedigno posible.

No quiero extenderme más, entre otras cosas porque, a pesar
del debate en comisión, de la defensa de los vetos y de las enmiendas que
hemos presentado los distintos grupos, creo que no voy a conseguir nada.
Pero no puede ser que haya una cerrazón tan excesiva respecto a un tema
tan importante como es poner en valor las organizaciones profesionales
agrarias y la función que han venido desarrollando en el campo español,
tanto en lo que se refiere a la agricultura como a la ganadería.

Por lo tanto, reflexionen y tengan en cuenta, más allá de
la viabilidad de este proyecto de ley, que el periodo previo a su
aplicación no sea excesivo, porque, al final, sería casi como un fraude
de ley no hacerlo lo más rápidamente posible, y piensen en lo que les han
indicado los distintos portavoces que me han precedido y este mismo
senador.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Plana.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las
enmiendas números 213 a 251 y la vuelta al texto remitido por el Congreso
de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 301 a 312, del Grupo
Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el senador
Toledo.

El señor TOLEDO DÍAZ: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un total de
39 enmiendas al texto de este Proyecto de Ley por el que se determina el
procedimiento de representatividad de las organizaciones profesionales
agrarias remitido a la Cámara. El total de enmiendas presentadas por mi
grupo tiene como objetivo principal mejorar, a través de la modificación
de este proyecto de ley, todo lo relacionado con la derogación de la
actual Ley 10/2009. La línea general de defensa tiene que ver también con
lo expresado por mi compañero, el señor Rodríguez Esquerdo, en la defensa
de los vetos, fundamentalmente con varios aspectos, uno de ellos el
relativo a que este proyecto de ley, a pesar de que ustedes dicen que ha
sido consensuado, es evidente que no tiene nada de consenso y ha
conseguido —últimamente les ocurre mucho a ustedes en esta
Cámara— que todos los demás grupos nos pongamos de acuerdo en estar
en contra del mismo. El senador Martínez comentaba antes que quedarse
solo votando un proyecto de ley puede ser responsabilidad. Posiblemente
sí, señor Martínez, pero también puede ser ceguera política e incluso
arrogancia política.

Lo que es evidente es que el Gobierno presenta en esta
Cámara un proyecto de ley que trata de derogar completamente la actual
ley vigente; una ley que ni siquiera se ha desarrollado plenamente. Sin
duda puede tener defectos, puede ser mejorada e incluso por la agilidad
de la Cámara podríamos plantearnos una modificación; pero ustedes no, el
Gobierno plantea

directamente la derogación completa de la actual ley
vigente. Además, señor Martínez, usted comenta en su intervención
anterior que la Ley 10/2009 es una ley obsoleta y que no se puede
aplicar, pero estamos hablando de una ley del año 2009 y en la que el
reglamento que desarrolla su funcionamiento es del año 2011, señor
Martínez. Si no se ha aplicado habrá que ver el porqué, pero no puede
argumentar que esa es una ley obsoleta y que no se puede aplicar. Sí se
ha aplicado y no puede ser obsoleta.

Señorías, la cuestión es que quizá el Gobierno tenga
interés en elaborar una ley completamente distinta. En este sentido, el
senador Plana hablaba del péndulo y de que a ustedes no les interesa en
absoluto la ley anterior que, curiosamente, fue aprobada con un gran
consenso, incluso de su grupo y de las organizaciones profesionales
agrarias, que es algo con lo que no cuenta esta ley. Este proyecto de ley
no tiene ese consenso y el Gobierno se habrá reunido con muchas
organizaciones, pero lo que han manifestado la inmensa mayoría de las OPA
en este país es que están en absoluto desacuerdo con el proyecto de ley
que presenta el Gobierno.

Este proyecto de ley ofrece serias dudas sobre quién es el
agricultor activo, a quién va dirigido. Si queremos unas elecciones
democráticas en el campo, un proceso electoral de verdad, habrá que
hacerlo como un proceso electoral y no voy a repetir lo que se ha
comentado anteriormente porque coincidimos todos en que no se puede
llevar a cabo una consulta sin las mínimas garantías legales.

Usted comentaba, señor Martínez, que esa consulta iba a
contar con todas las garantías democráticas, pero no es verdad porque no
estará basada en ningún momento en la ley actualmente vigente sobre
procedimientos electorales, la LOREG. No se aplica la ley y, por tanto,
no se está ante las máximas garantías.

La ley anterior, la de 2009, incluso con defectos, sí
cumple con esas garantías democráticas que en absoluto cumple este
proyecto de ley.

En el fondo, el Gobierno no quiere hacer unas elecciones en
el campo que sean libres y democráticas. Da la sensación de ser un nuevo
golpe del Gobierno del señor Rajoy al campo de nuestro país. Además, ¿qué
necesidad existe de aprobar una ley como esta? ¿Qué necesidad?

Evidentemente, todos los grupos coincidimos en que es una
ley mala, incompleta e inadecuada, innecesaria y que va a nacer muerta,
señorías. A veces tenemos la sensación de estar en esta Cámara perdiendo
el tiempo, discutiendo sobre cuestiones que no van a ir más allá y fíjese
en una cosa que usted no ha comentado y que resulta realmente curiosa:
que el Grupo Parlamentario Socialista entiende que no solamente es una
ley inútil e inadecuada sino que ni siquiera el Gobierno la quiere poner
en marcha; no la quiere poner en marcha. Así, la disposición adicional
quinta, que ustedes han vuelto a enmendar a través de su enmienda número
310 ―y ahora hablaremos también de la ponencia y de la comisión
porque quiero comentar alguna cosa muy curiosa―, establece
textualmente que la primera consulta se convocará en el plazo de
dieciocho meses desde la entrada en vigor del reglamento que desarrolle
la ley. Repito, dieciocho meses, señorías; estaremos ya fuera de esta
legislatura. El Gobierno está empeñado en aprobar una ley que va a nacer
muerta y cualquier malpensado podría considerar que el Gobierno quiere
dejar una patata caliente para el siguiente Gobierno, sea cual sea,
porque de otro modo no tiene ningún sentido.

Para nosotros es una evidente contradicción de fondo que se
den prisa en aprobar un proyecto de ley, una ley como esta, y a la vez
pongan estos obstáculos simplemente porque no quieren hacer esa consulta,
porque se han dado cuenta de que es tamaña chapuza de ley que va a ser
imposible ponerla en marcha en este país; imposible, señorías,
absolutamente imposible. Y, como lo sabe, y el propio Gobierno lo sabe,
no tienen ningún interés.

El señor Cañete, exministro de Agricultura, tendría algún
interés concreto, seguro, en hacer esta ley, en hacer este proyecto de
ley, segurísimo. Como bien decía mi compañero, ustedes, su Gobierno, no
dan puntada sin hilo, eso está clarísimo. En el fondo saben que se van a
meter en un agujero del que difícilmente van a poder salir; saben que
tienen en contra a la inmensa mayoría de las organizaciones profesionales
agrarias de este país, y no lo dice este senador, repasen ustedes las
páginas web y las informaciones que vemos en los periódicos de las
manifestaciones hechas por estas organizaciones agrarias, y verán ustedes
cómo siguen pensando que es un verdadero despropósito y que es cierto que
el Gobierno no ha querido consensuar absolutamente nada —no han
consensuado nada, no solamente el Gobierno con las OPA, que sería lo más
sensato— en un tema que va dirigido a ellos, va dirigido a los
profesionales agrarios o, por lo menos, eso pensamos

—ahora veremos otro aspecto de este proyecto de
ley—. Pero no deja de resultar curioso que en la ponencia de
estudio de esta ley —que, por cierto, duró cinco minutos, si
llega— no se habló de las enmiendas de los demás grupos políticos.
Ustedes, ni siquiera se dignaron a mirar las enmiendas de los otros
grupos políticos —coincido con otros senadores que han hablado
anteriormente en que, en gran medida, son muy similares—, ni
siquiera se han puesto en contacto con nosotros para hacer una enmienda
transaccional que pudiera mejorar el texto de la ley, que es nuestro
trabajo aquí en sede parlamentaria. Ese el consenso que buscan ustedes,
señorías del Grupo Popular: cero.

Ustedes no quieren consenso, no lo necesitan, pero a veces,
tener una gran mayoría absoluta les hace cometer errores también; errores
como la enmienda anterior, que ustedes querían corregir en ponencia,
poniendo un máximo de dieciocho meses. Ese es su trabajo, y si ustedes no
hacen bien su trabajo, porque se han equivocado, no se lo vamos a
enmendar los demás, sobre todo cuando ni siquiera han tenido la cortesía
parlamentaria de estudiar mínimamente las enmiendas del resto de los
grupos; ya no digo las nuestras, las socialistas, las del resto de los
grupos.

Resulta curioso que, a raíz de la discusión que tuvimos en
comisión, el senador Ruiz comentara, leo textualmente porque no me quiero
equivocar: Estamos tratando mejorar todo lo que desde nuestro punto de
vista es mejorable. No nos pidan que seamos nosotros los que llevemos a
cabo sus posicionamientos, porque lo que intentamos es mejorar los
nuestros. Sí, señorías, negociar es mejorar sus posicionamientos, porque
los de los demás no merecen ni siquiera considerarse posicionamientos. No
se merecen la atención de ustedes, ni siquiera el respeto. Es triste, muy
triste, señorías, que —no se ría usted, señor Ruiz— a pesar
de la inmensa mayoría que tienen en este Senado, ni siquiera se dignen a
ver el resto de las enmiendas. Van a hacer una chapuza de ley, y los
demás grupos vamos a votar en contra de esa ley, que van a aprobar porque
tienen mayoría en esta Cámara; pero eso no les va a dar a ustedes la
razón, porque seguirá siendo una chapuza de ley, y el Gobierno no la va a
poner en marcha, señor Ruiz. No se ría, a mí no me hace ninguna gracia,
pero ninguna. (Aplausos).

Hablamos de las garantías, hablamos de a quién van
dirigidas unas elecciones en el campo. (El señor vicepresidente, Lucas
Giménez, ocupa la Presidencia). Se supone que van dirigidas a los
profesionales del campo, a los que trabajan en el campo. Van dirigidas a
ellos y a cualquier propietario que haya tenido una subvención o pago
directo por encima de 3000 euros —lo ha comentado mi compañero, el
senador Rodríguez Esquerdo—, ¡claro que sí! Yo no tengo tierras,
pero si tuviese muchas tierras y encima hubiese cobrado una subvención,
podría votar en estas elecciones del campo aunque no sea trabajador del
campo. ¿Podrá votar la Iglesia que tiene muchas y grandes propiedades?
Sí. (Aplausos). ¿La Iglesia es trabajadora del campo? No. ¿Grandes
banqueros y empresas? Sí. Ustedes dirán que eso es demagogia. No. Es la
verdad, es la ley que están haciendo ustedes. Esta ley no va dirigida a
que voten los verdaderos profesionales del campo, va dirigida a que voten
los profesionales del campo y una gran mayoría de propietarios de la
tierra, que no trabajadores de la tierra que es muy diferente, que va a
hacer que se desvirtúe completamente esa consulta que quiere realizar el
Gobierno del Partido Popular. Con datos, no nuestros sino de las
organizaciones profesionales agrarias de este país, de un posible censo
de unos 270 000 a 300 000 profesionales agrarios, agricultores,
ganaderos, etcétera, podemos pasar perfectamente a unas cifras de medio
millón. ¿ Y esas personas van a participar en la consulta y van a elegir
a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias para
que estén representadas en el Consejo Agrario? No. Eso es desvirtuar la
realidad, señorías, eso es desvirtuar una ley. Estas elecciones del campo
deben ser para los que trabajan en el campo y la tierra, no para los que
tienen la propiedad, que tendrán otros derechos, no se los niego, pero no
para votar en unas elecciones de agricultores y ganaderos de este país,
señorías. Por eso su ley es una mala ley, una ley que va a nacer
muerta.

No voy a enfrascarme más en el asunto de la legalidad del
procedimiento electoral. Evidentemente, nosotros pensamos que debe haber
unas elecciones a través de un procedimiento electoral, que tenemos
perfectamente regulado en este país. Pero es que ustedes no se plantean
tampoco el derecho de sufragio pasivo porque se vota a organizaciones, no
a personas dentro de listas cerradas de organizaciones, que es lo que
queremos los socialistas. Pero es que no se ha regulado nada sobre los
topes de gasto electoral que puedan tener las organizaciones
profesionales agrarias. Eso puede traer un grave problema, señorías,
porque solamente aquellas organizaciones

más poderosas, o que tengan más apoyo de empresas privadas,
podrán hacer muchas más campañas. Y nuestra obligación es velar por el
interés general, señorías, por el interés de todos, y ese interés pasa
fundamentalmente por regular esos topes máximos de gasto electoral. Todo
eso no está regulado en este proyecto de ley. Como no están reguladas las
incompatibilidades. Es decir, las OPA van a tener una representatividad
en el Consejo Agrario y van a elegir a quién van a designar para ese
consejo sin saber si van a ser incompatibles o no. Esto es algo muy
importante, señorías, y curiosamente lo hemos recogido muchos grupos
políticos en esta Cámara.

Nosotros queremos garantizar el voto a las personas y a los
profesionales que realmente tengan que votar en este proceso. Queremos
garantizar ese voto con las mayores garantías democráticas. Queremos,
además, que el proyecto de ley se pueda mejorar. Ya sabemos, lo han dicho
anteriormente, que va a dar igual, yo hasta dudo —y esto va a
constar en el Diario de Sesiones— que se hayan leído ni siquiera
las enmiendas que hemos presentado el resto de los grupos parlamentarios,
pero sepan que ustedes también se equivocan. En el Congreso de los
Diputados se aprueba el proyecto de ley y ustedes han eliminado el
Consejo Agroalimentario Español, un órgano importante donde se debatían
no solamente los temas agrarios, sino también de los productores, las
cooperativas, los sindicatos de trabajadores del campo, las empresas que
tienen relación con el sector agroalimentario de este país. Cuando uno se
equivoca siempre es bueno poder admitir el error. Y ustedes lo han
admitido incluyendo una enmienda en este proyecto de ley, aquí en el
Senado, donde incorporan textualmente lo que era el Consejo
Agroalimentario Español que figuraba en la Ley 10/2009. Gracias,
señorías. Se han dado cuenta de su error, pero el problema es que no va a
ir más allá de todo eso porque ustedes no se van a dar cuenta de muchos
errores que están cometiendo con este proyecto de ley, ni siquiera van a
plantearse que en esta Cámara estamos realmente perdiendo el tiempo con
este debate.

Termino, señorías, señor presidente, no quiero agotar el
tiempo, porque después de un pleno tan largo supongo que todos estamos
muy agotados, pero sí quiero decir una pequeña cosa.

Yo no quiero que este proyecto de ley sea el legado del
señor Cañete, que lo es; yo quiero que este proyecto de ley sea un
proyecto de ley bueno para el campo de este país y, señorías, no lo va a
ser, no va a tener el apoyo de los agricultores y ganaderos de este país,
de las organizaciones profesionales agrarias, porque es un mal proyecto
de ley, porque esto es un ejemplo más de la nefasta —ya sé que a
ustedes evidentemente no les parece así— actuación del exministro
Cañete en el campo de nuestro país.

Termino. Espero haber contado por lo menos con su atención
respecto a las enmiendas de nuestro grupo, y se lo agradezco de verdad,
señorías.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría,
gracias, senador.

Turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Ruiz Reyes.

El señor RUIZ REYES: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes.

Con esta ley, indiscutiblemente, lo que intentamos desde el
Partido Popular y desde el Gobierno es dar la palabra a todos aquellos
que hacen de la agricultura y de la ganadería uno de los grandes
potenciales de nuestra economía. Con esta ley, el Gobierno, el Partido
Popular quiere dar la posibilidad de buscar a sus representantes, a
aquellos que madrugan todas las mañanas, que ven salir el sol en el campo
y ven caer el sol en el campo, y que son los auténticos protagonistas de
la agricultura y la ganadería (Aplausos). Y no hay nada más; no hay que
confundirse.

Esta es una ley que viene a paliar un problema grave de
representación por parte de las organizaciones a nivel estatal. Esta es
una ley, señor portavoz del Partido Socialista —para comenzar por
el final— que si usted quiere verla como una ley legado de Cañete,
es porque usted quiere, y la vemos, pero también le digo a usted que el
legado del ministro Cañete es la defensa del campo y de la pesca española
en Europa. (Aplausos). Ese es el legado de Cañete. El legado de Cañete es
volver a traer al Gobierno de España un Ministerio de Agricultura que
ustedes quitaron. (Aplausos). Y el legado de Cañete ha quedado muy claro
hace unos días en las elecciones europeas: ha sido el candidato más
respaldado por los españoles. Por lo tanto, el legado de Cañete en España
tiene buena prensa, diga usted lo que quiera.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular hemos presentado
un total de 12 enmiendas, en las que, entre otros asuntos, hemos
introducido unas mejoras en el artículo 6, a la hora de que en el censo
se incorporen tanto las sociedades mercantiles como civiles para poder
dar cabida a los auténticos emprendedores y grupos de personas y
entidades que desarrollan la agricultura como generador de empleo, como
generador de riqueza.

En la enmienda 312 dejamos claro que esto no es proceso
electoral. Por lo tanto, no hay que regirse por la Ley electoral, sino
que es un proceso de consulta, donde, como anteriormente dijo mi
compañero, buscamos la representación de las organizaciones y no de los
representantes, que eso estará en manos de las organizaciones. La
efectividad o tranquilidad de que esa consulta sea conforme a la norma se
desarrollará suficientemente en el reglamento.

Otras enmiendas son de carácter más técnico en cuanto al
censo, las organizaciones candidatas, la organización de la consulta,
cómo hacer el escrutinio, cómo se desarrolla y se compone el Consejo
Agrario y el régimen sancionador que, propiamente, conlleva la ley.

En la enmienda número 310, a la disposición adicional
quinta, dejamos muy claro que el proceso de consulta se tendrá que
realizar en el plazo de dieciocho meses, una vez aprobado el
reglamento.

En la enmienda número 311 se establece que el Comité Asesor
Agrario no desaparezca hasta que no esté constituido el Consejo Agrario.
¿Sabe usted lo que es el Comité Asesor Agrario? El Comité Asesor Agrario
es una figura que se creó en la Ley 10/2009, del Gobierno del Partido
Socialista, del Gobierno de Zapatero, que no convocaron ustedes ni una
vez, y que el Gobierno del Partido Popular ha llegado a convocarlo hasta
7 veces, y ustedes, en dos años, no lo convocaron. Por eso no tiene
sentido eso que dicen ustedes de que la anterior ley era buena. No
funcionó. Ustedes, en dos años, no la pusieron en marcha. Crearon una ley
en octubre de 2009, y hasta diciembre de 2011, que no tomó las riendas de
este Gobierno el Partido Popular, no la pusieron en marcha; por tanto, no
funcionaba. Ustedes, que fueron los que la pusieron en marcha, los que la
crearon, con tantísimo consenso, no creyeron en ella. Nosotros creemos en
esta ley porque la consideramos necesaria para el campo español.

Señorías, una de las enmiendas más importantes para
nosotros, la número 309, establece la creación del capítulo IV, donde se
crea el Consejo Agroalimentario del Estado. Usted ha dicho: es que
ustedes se han equivocado en el Congreso y han tenido que corregir en el
Senado. Señoría, es que la tramitación parlamentaria no termina en el
Congreso, es que esta Cámara, de la que usted es componente, tiene
capacidad de regular, modificar y ordenar la normativa, y si usted no
cree en su capacidad legislativa, raramente podrán creer en usted como
miembro de esta Cámara, porque es el primero que considera que las
modificaciones, las enmiendas que se hagan a la ley en el Senado no
valen.

Se trata de un consejo agroalimentario que analizará y
debatirá mediante un esquema global, entre todos sus componentes,
incluidas las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, la
industria alimentaria, la industria de la distribución, los consumidores
y el propio ministerio. En definitiva, un consejo agroalimentario a nivel
estatal que tomará grandes decisiones integrales en la cadena y en la
interrelación que producirá, a lo largo de toda su trayectoria, la
política agraria y alimentaria a nivel nacional; por tanto, es una de las
enmiendas que tenemos a bien proponer.

Quiero decir también que transaccionamos la enmienda número
97, del Grupo Parlamentario Mixto, que queda redactada, textualmente, en
el apartado b), punto 4, del artículo 6, en los siguientes términos:
Percibir pagos directos de la política agrícola común superiores a 5000
euros al año, de acuerdo con los datos obrantes en el Fondo Español de
Garantía Agraria.

Con eso, consideramos que damos una viabilidad y más
profundidad al, indiscutiblemente, auténtico gestor del campo español.
Para nosotros, es fundamental que esta ley, que viene a recoger, como
decía anteriormente, un déficit importantísimo de representatividad en el
territorio nacional, establezca que las organizaciones agrarias estén
representadas de una manera real, conforme a las necesidades y a las
decisiones de los auténticos protagonistas de la actividad agrícola y
ganadera de este país.

Los camperos, como se dice en mi tierra, los hombres y
mujeres del campo, son los que tienen la palabra para decir quiénes les
representan en el Consejo Agrario para tomar decisiones, informar y
proponer posibles mejoras en la política agraria común y estatal. Son los
auténticos protagonistas. Lo vuelvo a repetir. No se puede apostar por
una representatividad agraria ajena a

ellos cuando hay comunidades autónomas que llevan dieciséis
años sin tener ningún tipo de consulta ni elección. Hay algunas en las
que no ha habido nada. No podemos estar al arbitrio de ningún consejero
que quiera tener la representatividad o que quiera repartir la
representatividad. El nombramiento de la representatividad de las
organizaciones profesionales agrarias —vuelvo a repetírselo—
está en la consulta a los hombres y mujeres del campo. Sí, en la
consulta, en esa que están, el Grupo Parlamentario Mixto, PNV,
Convergència, Entesa y muchos del PSOE, diariamente pidiendo,
diariamente. Aquí traemos entonces una ley para preguntar —vuelvo a
repetirlo— a los que ven amanecer en el campo y atardecer en el
campo, quiénes tienen que ser sus representantes, pero ustedes buscan
cualquier excusa para no dejar de una vez zanjado el problema de la
representatividad de las organizaciones profesionales en el campo.

Con este proyecto de ley traemos un proyecto pionero,
innovador y acercamos la representatividad agraria española a Europa. El
proyecto es de ámbito nacional y no existe precedente alguno en este
sentido. La representatividad nacional será una manera directa de los
hombres y mujeres del campo y, además, simultánea en todo el territorio
nacional. Se articula un procedimiento democrático que determine el peso
representativo real de las organizaciones profesionales agrarias y
establezca una interlocución ponderada con la Administración General del
Estado en el seno del Consejo Agrario para garantizar los intereses a los
agricultores y a los ganaderos en la formulación de políticas agrarias
europeas o estatales y en coordinación con las políticas autonómicas.

Esta es una solución que necesitaba estar sobre la mesa
para tomarla. Se necesitaba porque desde que en el año 2005 se suprime la
legislación de cámaras agrarias tenemos un problema gravísimo a la hora
de buscar la representatividad de las organizaciones profesionales
agrarias. Tenemos un problema gravísimo —como repetía antes—
cuando hay comunidades donde hace más de dieciséis años que no hay
elecciones y en algunas donde no las ha habido nunca. Por lo tanto, la
representatividad no es clara, no es conforme a la realidad, no es
acertada.

Queridos compañeros, es importante esta ley porque con ella
va a nacer el diálogo sobre el futuro de las políticas agrarias y
ganaderas de nuestro país, porque es la ley —vuelvo a
repetirlo— donde se va a asentar, a posicionar el diálogo. La
situación, que exige cambios relevantes en las políticas del sector
agrario, hace que sea más importante que nunca una interlocución eficaz,
representativa y real con las opas, por lo que resulta imprescindible que
se clarifique, y cuanto antes mejor, la cuestión de la representatividad
con el fin de garantizar los derechos de participación de los
agricultores en los asuntos públicos e, indiscutiblemente, de mejorar la
disposición de políticas agroalimentarias.

Por lo tanto, buscamos una apuesta decidida por una ley que
garantice el inicio de un diálogo importante para el futuro de la
agricultura como una de las grandes bazas del empleo, de la economía y de
la actividad de desarrollo de nuestro país, que será consensuado por los
hombres y mujeres del campo.

No me pregunte usted quién va a votar, no me pregunte si va
a votar la Iglesia. Ese discurso de si va a votar la Iglesia está
trasnochado. En el artículo 6 figura claramente quién puede votar: «El
censo incluirá de oficio a las personas físicas que, según los datos más
actualizados de los organismos citados en el apartado 2, se encuentren en
alguno de los siguientes supuestos: a) Estar afiliadas a la Seguridad
Social y en alta como trabajadores agrarios por cuenta propia en el
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, de
acuerdo con los datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad
Social, siempre que no hayan obtenido una ayuda por cese anticipado en la
actividad agraria. b) Percibir pagos directos superiores a 3.000 euros,
de acuerdo con los datos obrantes en el Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA).»

Como bien he dicho, vamos a transaccionar esa enmienda, con
una enmienda que había presentado el Grupo Mixto, para que esos 3000
euros pasen a 5000 euros. Además, se incluirá en el censo a aquellos
agricultores que declaren una renta procedente de la actividad agraria de
un porcentaje igual o superior al 25% de su renta total. Podrán ser,
igualmente, las sociedades civiles y mercantiles, cuyo objetivo sea la
actividad agraria y acreditar una facturación mínima de 10 000 euros al
menos en uno de los dos ejercicios previos a la convocatoria de la
celebración. No cuente usted que aquí va a votar cualquiera, aquí van a
votar quienes verdaderamente tienen intereses en el campo, los que
verdaderamente son los grandes protagonistas, como le decía, de la
actividad agraria.

Por lo tanto, quiero decirles que con esta norma y con
estas enmiendas que el Partido Popular ha presentado para mejorar más
este texto, hacemos una necesidad importante de un problema

que llevamos sufriendo tiempo en el campo español, la
representatividad. Acercamos la representatividad de nuestro campo, de
las organizaciones profesionales agrarias a la representatividad en
Europa y, por consiguiente, estamos hablando, y lo dejamos claro, de un
proceso de consulta y no de un proceso electoral y es para conocer el
peso representativo que tiene cada organización profesional mediante un
proceso igualitario y trasparente. El modelo actual de la ley de 2009 no
permite obtener datos fiables. ¿Cómo podemos poner ante un Consejo
Agrario a nivel nacional a algunas organizaciones que han pasado por
consultas, otras por elecciones que pasaron hace dieciséis años, otras
que no han pasado nunca y otras que las ha elegido el consejero de turno
de la comunidad? No es nada serio ni nada real ni nada trasparente. Se
aplican criterios homogéneos en las distintas comunidades cuando varían
los censos y no siempre lo suficientemente amplios. Sencillamente, no es
posible medir la representatividad de estas organizaciones. Estamos
usando un criterio que no es válido, que no es real, que no es una
auténtica palabra del campo español a la hora de buscar sus
representantes.

El Estado no tiene conocimiento, hoy por hoy, de cuál es la
representatividad de estas organizaciones en el ámbito nacional y sin ese
conocimiento no se puede establecer una interlocución adecuada, que
garantice que el sector agrario tiene la participación y el poder de
decisión que le corresponde. A falta de un criterio, no podemos otorgar
la representatividad por partes iguales a las organizaciones, necesitamos
una consulta que sea la voz directa, simultánea, clara y con todas las
garantías del campo español.

Señorías, quiero decirles que en ningún momento esta ley es
una ley negativa para el campo y para los representantes del campo
español, en ningún momento es una ley que vaya a estar en contra del
desarrollo de la agricultura, y lo saben los agricultores. Los
agricultores saben que los únicos que han estado en contra del desarrollo
de la agricultura y la ganadería en este país han sido los gobiernos del
Partido Socialista y los únicos que han dado viabilidad, desarrollo y
compromiso al campo español han sido los gobiernos del Partido Popular.
Si usted quiere, tome nota. Ese es el legado del señor Arias Cañete, el
legado del hombre que ha dado la cara y ha buscado el dinero para el
campo español en Bruselas y donde haya hecho falta.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo vasco? (Denegaciones).

¿Grupo de Entesa? (Denegaciones).

¿Grupo de CiU? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Si me permite, senador Ruiz, cuando
se refiere al Grupo de Convergència, tenga presente que somos
Convergència i Unió, somos una federación. Lo tengo que decir aquí, en el
ámbito parlamentario.

Dos cuestiones puntuales. Ha dicho que es en este consejo
donde se van a sentar las bases para el diálogo, pero, señoría, permítame
que le diga que el sector, a pesar de los impedimentos que está generando
no solo este Gobierno, sino en ocasiones las diferentes administraciones
públicas, va sobreviviendo, como ha demostrado de forma suficiente
durante este periodo de crisis económica, ya que ha sido el sector que ha
aguantado más y mejor estos problemas.

Por tanto, no pensemos que vamos a empezar de cero y que
esto va a ser la panacea, el sector funciona en ocasiones a pesar de
según qué políticas y según qué comportamientos por parte de los
gobiernos correspondientes.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Coves.

La señora COVES BOTELLA: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes.

Señorías, yo también quiero dar la bienvenida a los
representantes de las principales organizaciones agrarias y agradecerles
la atención que han prestado a este debate, porque sé de su inquietud y
preocupación por lo que hoy estamos debatiendo aquí.

Señorías, voy a intentar no repetir todos los argumentos,
pero sí quiero señalar algunas cuestiones que se han comentado. Este
proyecto de ley ha sido calificado como innecesario, confuso, chapuza,
poco claro, falto de objetividad, discrecional, inútil, frustrante, de
brindis al sol. Estos son algunos de los adjetivos con que los portavoces
parlamentarios en esta Cámara han calificado este proyecto de ley que ha
presentado el Partido Popular, y si a estos calificativos les sumamos las
críticas recibidas por todas las organizaciones agrarias, tendremos que
concluir que desde luego este proyecto de ley no goza de ningún consenso
ni por parte del espectro político ni del social. Aunque al señor
Martínez le parezca que la soledad parlamentaria es un ejercicio de
responsabilidad, a nosotros nos parece sencillamente una vergüenza que
continúen sordos y ciegos ante las demandas de la sociedad.

Señorías, además, tengo la sensación de que esta ley ni
siquiera les gusta a ustedes, porque tanto en el trámite del Congreso
como en el Senado la han enmendado, hasta tal punto que han decidido
aplazar la entrada en vigor de la ley nada menos que dieciocho meses
después de la entrada en vigor del reglamento que la desarrolla, es
decir, han decidido que esta ley no entre en vigor nunca. Porque lo que
está claro es que quien gobierne después de ustedes no va a aceptar la
puesta en marcha de una ley que no solo no tiene consenso, sino que
cuenta con el rechazo unánime de todas las organizaciones agrarias.

Ustedes, señorías del Partido Popular, deberían preguntarse
qué sentido tiene hacer leyes si a quienes van destinadas están en
profundo desacuerdo con ellas. En mi opinión, democráticamente no hay
ninguna razón para hacer ese tipo de leyes, pero es que el Partido
Popular hace ya tiempo que ha dejado de gobernar para la mayoría de los
españoles y de las españolas, y se dedica más bien al cuidado de los
suyos y al pago de favores, porque este proyecto de ley es un pago de
favores, como también lo es la interrupción voluntaria del embarazo o la
supresión de la jurisdicción universal (Aplausos.—Rumores). Sí,
señorías, esto es un abuso democrático, legal, pero así son las cosas en
el Partido Popular.

Muchos de nosotros nos pensamos que si esta ley no gusta a
nadie y sigue adelante, debe ser porque había un vacío legal que requería
la presentación de un texto para medir la representatividad de las
organizaciones agrarias. Pues no, señorías, se equivocan. Como ya se ha
dicho a lo largo de este debate, hay una ley del año 2009, aprobada con
un amplio consenso, apoyada por el Partido Popular, que se hizo de la
mano de las organizaciones agrarias. Como ha dicho el Partido Popular, y
tiene razón, solamente se han convocado elecciones en dos comunidades
autónomas, en Castilla y León y en Cataluña, pero también es verdad que
ustedes no han dado tiempo a que se ponga en marcha, señor Ruiz.

En el año 2011 se aprueba el reglamento que desarrolla la
ley de 2009 y en el año siguiente, en 2012, ustedes ya hablaban de
derogar la anterior y promover una nueva. Es decir, ustedes, señores del
Partido Popular, tenían que cumplir un compromiso político, y para eso
bombardearon abiertamente el consenso, sin ningún escrúpulo. Porque,
señorías del Grupo Parlamentario Popular, si el problema era que las
comunidades autónomas no habían celebrado elecciones, ¿es que el Gobierno
no tiene ningún instrumento en su mano para hacer cumplir la ley a las
comunidades autónomas? Naturalmente que sí, pero ustedes prefirieron
derogarla para satisfacer a sus amigos. Este proyecto de ley, señorías,
lo repito, es un pago de favores, pero como era demasiado evidente y se
han levantado algunas suspicacias, ustedes han decidido que sean otros
los que lo pongan en marcha.

Señorías, es un proyecto de ley que no tiene ni el acuerdo
ni el aval del Consejo Económico y Social ni del Consejo de Estado. Y
tiene 7 vetos, ustedes lo han visto. ¿Es que todos los grupos
parlamentarios presentes en esta Cámara no tenemos razón?, ¿solo ustedes
tienen razón? No, señorías. ¡Un proyecto de ley que tiene 312 enmiendas
para 26 artículos! No es posible, señorías, que ustedes tengan razón y
que el resto de la Cámara no tenga ninguna razón, tampoco las
organizaciones agrarias! No es posible, señorías.

No quiero entrar demasiado en el contenido de la ley, pero
hay dos puntos en los que todos los portavoces hemos coincidido. Uno, en
resaltar las dudas democráticas y la falta de garantías que genera su
sistema de representación, es decir, esa consulta que pretenden ustedes
hacer y que no se aplica a ningún otro colectivo. Y yo me pregunto: ¿Por
qué tratan ustedes a los ciudadanos del campo como si fueran ciudadanos
de segunda? ¿Quieren ustedes medir la representatividad? ¿Por qué una
consulta que genera tantas dudas y no unas elecciones

transparentes? Nosotros también queremos conocer cuál es la
representatividad de las organizaciones agrarias, estamos de acuerdo en
eso, pero háganlo con una ley electoral en la mano, que se aplica a todas
las organizaciones, con un proceso electoral transparente, conociendo
cuál es el censo constituido por los trabajadores y trabajadoras del
campo, con un voto por correo reglado, etcétera, conociendo la duración y
los gastos de la campaña, es decir, señorías, con la Ley electoral en la
mano, repito. ¿A qué tienen ustedes miedo?, ¿a hacer una consulta
transparente, un proceso electoral de verdad, que mida la
representatividad de las organizaciones agrarias? Señorías, no tienen
ustedes razón.

En cuanto al censo, es una sorpresa enorme. Ahora resulta
que según ese censo votan personas físicas, personas jurídicas... Con
cobrar más de 3000 euros de la PAC ya se tiene derecho a votar quién
representa a la gente del campo. No tienen ustedes razón, señorías. Se lo
han dicho por activa y por pasiva. Esta es una manera de que sus
amiguetes, como los ha calificado alguna organización agraria, formen
parte de la representatividad agraria.

Pero, señorías, no podemos obviar la importancia que el
resultado de esta consulta va a tener, quiero resaltarlo, pero no porque
el Consejo Agrario tenga demasiada importancia puesto que ustedes lo han
reducido y devaluado y solo tiene un carácter meramente consultivo, no
decisivo, pero de la representatividad de la consulta que ustedes
realicen, si finalmente este proyecto se aprueba, va a depender, entre
otras cosas, que las organizaciones agrarias puedan disfrutar o no de las
ayudas y subvenciones tanto del ministerio como de otras
administraciones. Y lo que es más importante, y estas son palabras
mayores: del resultado de esta consulta sobre la representatividad
dependerá el reparto de los bienes inmuebles de las antiguas cámaras
agrarias. Así es que, sí, esta consulta tiene importancia; así es que sí,
señores del Grupo Parlamentario Popular, queremos un proceso electoral
transparente y claro, con todas las garantías democráticas.

En segundo lugar, y no menos importante, todos los
portavoces han destacado la recentralización del Estado que significa
este proyecto de ley en un tema, la agricultura, en el que todas las
competencias estaban transferidas. Ustedes plantean un cambio de modelo
en la medición de la representatividad agraria, lo que significa pasar
del modelo anterior, en el que las comunidades autónomas ostentaban un
papel predominante, a uno para el conjunto del Estado. Eso no es más que
esa idea de cómo entienden ustedes el Estado español: jerárquico y
vertical. Tendremos que estudiar si eso es una invasión de competencias;
en cualquier caso, lo que sí que es, es un claro retroceso
democrático.

Y finalmente, señorías, no me queda mucho tiempo, pero sí
quiero detenerme en una cuestión que yo no recuerdo que haya salido en el
debate. Cuando el exministro Cañete presenta este proyecto de ley en el
Congreso señala que, entre otras cuestiones, uno de los objetivos de este
proyecto de ley es realizar un estudio sobre la conveniencia de promover
una consulta para determinar la representatividad de las organizaciones
de mujeres rurales para considerar de manera precisa sus intereses y
necesidades. ¿Quieren ustedes explicarme, señores que apoyan al Gobierno,
qué es lo que pretenden haciendo una consulta entre los colectivos de
mujeres en el campo? ¿Es que ustedes han convertido ya a las mujeres
rurales en sospechosas? ¿Es que acaso ustedes pretenden relegarlas de las
decisiones que les atañen?

Señorías, esto rezuma machismo, rezuma machismo.
(Protestas.—Aplausos). Y no nos sorprende, porque la firma de este
proyecto de ley es la del señor Cañete. (Protestas).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, vaya finalizando.

La señora COVES BOTELLA: Lo que me sorprende…
(Protestas). No van a hacer que me calle, así que más vale que
concluya.

Rezuma machismo, señores del Grupo Popular, y ya les digo
que no me extraña que esto lleve la firma del señor Cañete, lo que me
resulta impresentable es que lo avale todo el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.

Así que si tienen alguna duda, el Grupo Socialista va a
decir que no a este proyecto de ley porque recentraliza competencias,
porque no tiene garantías democráticas y, sobre todo, porque relega
claramente a las mujeres del campo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Ruiz Reyes.

El señor RUIZ REYES: Señora Coves, su intervención rezuma
sectarismo, poca amplitud de miras y poco apego a la realidad de las
políticas agrarias de este país. (Aplausos). Eso es lo que rezuma su
intervención.

Y le digo a usted una cosa: no apostando por esta ley,
usted, que es muy ligera de palabra (Rumores), hace un flaco favor
—digo ligera de palabra en el sentido de que ha hablado muy rápido,
por favor—... (Risas). Usted, que ha sido tan ligera al decir que
no apoya esta ley y que tanto ha querido defender aquí su apuesta por la
mujer en el campo, es la única que no cree en lo que este Gobierno quiere
hacer: que las asociaciones de mujeres vinculadas al mundo rural tengan
voz y voto —voz y voto— en la representatividad del campo
español (Aplausos), cosa que ustedes no hicieron en sus años de gobierno,
cosa que ustedes no hicieron en sus años de gobierno.

Ustedes sí tuvieron una ley obsoleta y perdida, pero,
vuelvo a repetir, en dos años, su Gobierno no convocó ni una sola vez el
consejo asesor. ¡Y dice usted que hay que darle tiempo! ¡De 2009 a 2014
van cinco años, y si en cinco años una ley no funciona, con las
posibilidades que tiene el campo español, con lo importante que es el
campo español para crear empleo, nosotros no nos vamos a quedar mirando a
ver cómo funciona (Aplausos), vamos a cambiarlo, porque nuestra apuesta y
nuestro proyecto es el empleo en el mundo rural! Vamos a seguir
trabajando y haciendo lo que haga falta por cambiar una ley que se ha
demostrado que no es una realidad palpable de la representatividad del
campo.

Tienen una ley obsoleta, porque está perdida en el tiempo,
porque no es una realidad, porque le vuelvo a repetir que en dieciséis
años no se han convocado elecciones ni consultas en algunas comunidades
autónomas y en algunas otras en 5 nunca jamás. Por lo tanto, por mucho
consenso que tuviera, no creo que fuera una ley factible para el mundo
agrario español.

Dice que estamos solos. Estamos solos, porque atendemos a
los intereses generales, y no a los particulares, a los intereses
generales de los hombres y mujeres del campo. Y estamos solos porque
siempre hemos estado solos, porque ustedes nunca han creído en el campo y
solamente han querido poner zancadillas al desarrollo del campo
(Aplausos). No lo hicieron en España, no lo han hecho en Andalucía y no
lo han hecho en Bruselas.

Y no hablen ustedes de leyes de consenso. ¿Me habla usted
de consenso? De eso tienen que saber ustedes, de leyes de consenso.
¿Conoce usted la Ley del olivar andaluz, que no tuvo nada de consenso, y
que la Junta de Andalucía solamente buscó tener el control político de
los órganos de decisión? Eso es lo único que buscó la Junta de Andalucía.
Ustedes en la Ley del olivar no dieron ni un paso para dialogar. El
Partido Popular y aquí está el alcalde de Jaén, que conoce muy bien, y es
un auténtico experto, el sector del olivar presentó una enmienda a la
totalidad y la rechazaron ustedes totalmente. Ustedes no creen en el
campo. Lo han demostrado. ¿Y ustedes dicen que esto es un abuso
democrático? ¿Abuso democrático es dar la palabra a los hombres y mujeres
del campo para que elijan a sus representantes y no repartir los
representantes como buenamente se le antoje a algún consejero o basándose
en resultados de hace más de dieciséis años?

La ley anterior, la ley de 2010, sí que era una chapuza y
no dio soluciones al campo. Esta ley hace una consulta para buscar la
representatividad verdadera del campo y da cabida a aquellos que hacen de
la actividad agraria su modo de vida y generan empleo y desarrollo
económico (Rumores y protestas). No levanten tanto la voz, relájense.
Ustedes tenían que haber levantado la voz en Bruselas, cuando nos iban a
quitar el 15% de los fondos (Aplausos). Allí es donde tenían ustedes que
haber levantado la voz. No levanten la voz aquí. ¡A Bruselas! ¡A traer
dinero para el campo! Lo que hace Miguel Arias Cañete (Rumores y
protestas) y lo que perdimos con ustedes, pero tuvimos tiempo de
reaccionar...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías.

El señor RUIZ REYES: ... igual que hemos tenido tiempo de
reaccionar con esta ley.

¿Y ustedes me van a hablar a mí de que esto es una consulta
que no tiene respaldo consensuado? Pero si ustedes son los que tienen
todo el día la palabra consulta en la boca, todo el día: consulta por
esto, consulta por lo otro, consulta por lo otro, y cuando pedimos una
consulta

para que los que trabajan el campo digan quienes son sus
representantes, ustedes buscan cualquier excusa para decir que no.
Ustedes no dicen que sí a nada, ustedes solamente saben decir que no.
Pero nosotros, a nuestro camino, compañeros, a crear empleo, a
desarrollar el campo como el futuro de la actividad económica y
empresarial de nuestro país (Aplausos.—Rumores.—Varios
señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Ole, ole y ole),
porque España se merece un Gobierno...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): ¡Silencio,
señorías!

El señor RUIZ REYES: ... y los hombres y mujeres del campo
de España se merecen un Gobierno que dé la cara por ellos (Varios señores
senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Ole, ole y ole)...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): ¡Silencio!

El señor RUIZ REYES: ... un Gobierno que no tenga dudas en
tener un Ministerio de Agricultura, no como otros, que quitaron el
Ministerio de Agricultura. ¡Otros quitaron el Ministerio de Agricultura!
(Aplausos.—Protestas) Nosotros hemos hecho una apuesta decidida por
el Ministerio de Agricultura.

Vamos a hacer una ampliación del censo para que esté
participado por todos. Y claro que vamos a defender esta ley como una ley
nuestra, porque creemos en el campo; eso lo tenemos metido a fuego en el
alma y creemos que el campo es uno de los grandes desarrolladores de la
actividad económica española. (Varios señores senadores del Grupo
Parlamentario Socialista: ¡Ole, ole y ole). ¡Que no den ustedes gritos!
¡Haberlos dado en Bruselas para traerse el dinero! ¡No den más gritos,
hombre! (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista:
¡Ole, ole y ole). ¡No den más gritos! ¡Haber echado la misma casta en
Bruselas para traerse el dinero! ¡Allí es donde había que echarla!
(Protestas). Sí, allí donde estuvimos a punto de perder 47 000 millones
de euros, que este Gobierno ha podido traer; allí, donde ustedes
estuvieron dispuestos a hacer una tasa plana de 100 euros por hectárea
para los agricultores, con lo que mi tierra, Andalucía, hubiera perdido
más de 1336 millones de euros, señora Coves, usted que es andaluza
(Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Ole, ole y
ole!), ustedes hubieran hecho perder a los agricultores de mi
tierra...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): ¡Silencio,
señorías!

El señor RUIZ REYES: ... más de 1336 millones de euros.

Por lo tanto, no me digan que esto es un compromiso para
amiguetes. ¿Ustedes me van a decir a mí que los agricultores del campo
son de segunda porque este Gobierno les da la posibilidad de elegir?
Ahora son de primera. Por eso y por el compromiso de este Gobierno con el
campo. Eran de segunda cuando ustedes no estaban comprometidos con el
campo y cuando ustedes no les daban la palabra a los agricultores para
elegir a los suyos. (Rumores).

De favores los que saben son ustedes; ustedes son los que
saben de favores, y en mi tierra, Andalucía, mucho más. Nosotros buscamos
los intereses de los camperos, de los hombres y mujeres del campo, de los
que trabajan la tierra de sol a sol, y les damos la palabra a ellos.
Ustedes, a lo mejor, lo que quieren son los intereses y beneficios de
algunas organizaciones, nosotros los del que se monta en el tractor todas
las mañanas y se baja a las nueve de la noche. Ese es el verdadero
beneficiario de nuestra apuesta. Les vuelvo a repetir: de favores saben
ustedes, y de chapuzas saben ustedes. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)

Decía antes el portavoz que ha presentado el veto del Grupo
Parlamentario Socialista que esta era una ley para los Domecq y para los
MoraFigueroa, y yo lo que veo es que ellos en mi tierra lo que hacen son
inversiones agropecuarias, inversiones en el vino o en turismo rural. A
mí los que me dan miedo no son esos que hacen inversiones, a mí los
apellidos y las familias que me dan miedo en Andalucía son los Pizarro,
los Perales, los Guerra, los Guerrero; los de los ERE, los de Bahía
Competitiva, los de los fondos de formación, los que se han llevado el
dinero de los parados del campo. (Rumores y
protestas.—Aplausos).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ruiz
Reyes.

Llamen a votación (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las
enmiendas.

Comenzamos por las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
(Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Enmiendas de los senadores Quintero y Zerolo. Comenzamos
votando la enmienda 85.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 11; en contra, 203;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 45.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 11; en contra, 141;
abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 35 a 37, 39, 76 a 78 y 84.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 216; a favor, 74; en contra, 139;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 40 y 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 13; en contra, 201;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 47 a 75 y 79 a 82.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 13; en contra, 140;
abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 8; en contra, 194;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 43.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 1; en contra, 201;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 38, 42 y 44.

Comienza la votación. (Pausa).

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10908

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 5; en contra, 143;
abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De la senadora Capella, comenzamos votando la enmienda
136.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 64; en contra, 153.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 139.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 11; en contra, 205;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 93.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 12; en contra, 196;
abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 91 y 98.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 11; en contra, 203;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 94.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 13; en contra, 204.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 88, 89, 92, 133, 134, 135 y 138.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 215; a favor, 74; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 99 a 132.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 20; en contra, 144;
abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 90.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 74; en contra, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 95 y 96.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 3; en contra, 204;
abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 137.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 19; en contra, 143;
abstenciones, 53.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Entesa, votamos las enmiendas 140 y
142.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 61; en contra, 141;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 150.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 70; en contra, 140;
abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 151.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 216; a favor, 10; en contra, 195;
abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 167.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 71; en contra, 140;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 171.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 216; a favor, 73; en contra, 140;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 141, 146 y 152.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 216; a favor, 64; en contra, 140;
abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 143, 144, 147 a 149, 155, 156, 158,
159, 163, 165, 166, 169, 172 y 175.

Comienza la votación (Pausa).

Página
10911

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 214; a favor, 13; en contra, 198;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 260.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 13; en contra, 140;
abstenciones, 64.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista.

Comenzamos votando la enmienda 235.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 214; a favor, 62; en contra, 149;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 239.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 216; a favor, 61; en contra, 142;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 215.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 59; en contra, 139;
abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 224.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 217; votos emitidos, 215; a favor, 60; en contra, 139;
abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 230, 245 y 246.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 71; en contra, 140;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 213, 214, 218 a 220, 223, 225, 227,
232, 234, 236, 240, 242, 247, 250 y 251.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 63; en contra, 139;
abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 216, 217, 221, 222, 228, 229, 231,
233, 237, 238, 241, 243, 244, 248 y 249.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 72; en contra, 140;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 226.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 55; en contra, 140;
abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los grupos Socialista y Entesa, votamos la vuelta al
texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 309, del Grupo
Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 75; en contra, 140;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los mismos grupos, votamos la vuelta al texto del
Congreso en lo modificado por las enmiendas 301 a 308 y 310 a 312, del
Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 76; en contra, 140;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de modificación del dictamen con
número de registro 130389, sobre la enmienda número 97, del Grupo
Parlamentario Mixto, firmada por todos los grupos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 217; a favor, 149; en contra, 2;
abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 224; votos emitidos, 224; a favor, 139; en contra, 81;
abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se
dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey. (Aplausos).

9. REGLAMENTO DEL SENADO

9.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

9.1.1. PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL SENADO POR
LA QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 36.1, 148, 149 Y 150 Y SE INCLUYE UNA
NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL.

COMISIÓN: REGLAMENTO

(Núm. exp. 626/000003)

El señor presidente da lectura a los puntos 9., 9.1. y
9.1.1.

El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas a esta
propuesta de reforma.

La Comisión de Reglamento, en su sesión del día 4 de junio
de 2014, ha acordado aceptar como dictamen el texto publicado en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 356, de fecha 29
de mayo de 2014.

Vamos a proceder, señorías, a la votación final sobre la
totalidad de la propuesta de reforma. De conformidad con el artículo
196.3 del Reglamento del Senado, para su aprobación se requerirá la
mayoría absoluta de la Cámara, es decir, 134 senadores.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 220; a favor, 219; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada la
propuesta de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican
los artículos 36.1, 148, 149 y 150 y se incluye una nueva disposición
adicional.

10. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

10.1. AUTORIZACIÓN PARA TRAMITACIÓN EN LECTURA ÚNICA

10.1.1. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE HACE
EFECTIVA LA ABDICACIÓN DE SU MAJESTAD EL REY DON JUAN CARLOS I DE BORBÓN.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 551/000040)

El señor presidente da lectura a los puntos 10.,10.1. y
10.1.1.

El señor PRESIDENTE: La Mesa del Senado, oída la Junta de
Portavoces, en su reunión del día 3 de junio de 2014, ha resuelto
proponer al Pleno de la Cámara que acuerde que este proyecto de ley
orgánica se tramite directamente y en lectura única, de conformidad con
el artículo 129 del Reglamento del Senado.

Se ha producido votación telemática. Han solicitado
votación las senadoras Ibarz Ibarz, García Carrasco y Jurado Fernández de
Córdoba. Se autorizaron los 3 votos. La senadora Ibarz Ibarz no ha
ejercido su derecho. Y las senadoras García Carrasco y Jurado Fernández
de Córdoba sí lo han hecho, en sentido afirmativo. (El señor Guillot
Miravet pide la palabra).

Senador Guillot, tiene la palabra.

El señor GUILLOT MIRAVET: Señor presidente, me acojo al
artículo 87 del Reglamento. Intervengo para decir, en nombre del senador
Saura y en el mío propio, que consideramos que no es oportuno, en un tema
tan trascendental, tan histórico como es la abdicación de un rey,
tramitar ese proyecto de ley orgánica por lectura única. El artículo
129.1 del Reglamento nos dice que cuando la naturaleza de un proyecto o
de una proposición de ley, remitidos por el Congreso de los Diputados, lo
aconseje, o su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno de la
Cámara podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única.

Señorías, en democracia las formas lo son todo. El Congreso
de los Diputados no ha remitido ningún proyecto de ley, con lo cual no
conocemos su naturaleza ni su simplicidad. Podremos deducir, dadas las
mayorías parlamentarias, qué es lo que vendrá, pero hoy por hoy al Senado
no se ha remitido ningún proyecto de ley, con lo cual creemos que la
propuesta de la Mesa y Junta de Portavoces conculca el espíritu y la
letra del artículo 129.1. Por ello, señor presidente, me acojo al
artículo 36.2 del Reglamento y pido la reconsideración de la Mesa y
solicito una resolución motivada de su decisión. En estos momentos, visto
que hay una abdicación exprés, una tramitación parlamentaria exprés, una
coronación exprés, nosotros reivindicamos un debate sereno, sosegado,
sobre una cuestión tan trascendental como es la forma de Estado.

Gràcies, president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

¿Alguna intervención más? (El senador Iglesias Fernández
pide la palabra).

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Acogiéndome al mismo precepto que el senador Guillot, y
compartiendo su argumentación, añado que la fórmula de lectura única
tiene sentido cuando hay una unanimidad en la Cámara respecto a la
cuestión de fondo, o cuando se produce una situación de máxima urgencia.
Ninguna de las dos circunstancias se dan. No hay esa unanimidad —lo
hemos manifestado, aunque seamos minoría, algunos de los senadores que
conformamos esta Cámara—. Y la urgencia tampoco está justificada.
No hay una vacante institucional en este momento. Hay un anuncio del
monarca de su voluntad de abdicar, pero hasta que se apruebe la ley
orgánica correspondiente el monarca sigue ejerciendo todas y cada una de
sus funciones. En consecuencia, no hay una urgencia para la aprobación de
una ley orgánica, que, en primer lugar, por lo que se sabe, no es la que
preceptúa el artículo 57 de la Constitución española, es otra ley
orgánica la que nos convierte en fedatarios públicos de la voluntad del
monarca.

Y, luego, si durante estos treinta y seis años no hubo
oportunidad y tiempo para aprobar la ley orgánica que de verdad pide el
artículo 57, no creo que esté justificado que en este momento se acuda al
procedimiento de lectura única.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

¿Alguna intervención más? (El senador Camacho Sánchez pide
la palabra).

Tiene la palabra, senador Camacho.

El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Mi grupo entiende que la tramitación por lectura única es
un procedimiento excepcional, y que como tal se debe utilizar. También
entiende mi grupo, sin entrar, evidentemente, en el fondo —
corresponderá en otro momento ese debate—, que este es precisamente
un momento de esa excepcionalidad y que, por lo tanto, sí se debe tratar
y tramitar por lectura única.

Nada más. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Camacho.

¿Alguna intervención más? (El señor Sanz Pérez pide la
palabra).

Tiene la palabra, senador Sanz.

El señor SANZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Yo comparto con el senador Camacho, y que sirva de
precedente, que no estamos hablando del fondo, sino de la forma. A
diferencia de lo que opina el senador Guillot, el artículo 129.1 del
Reglamento refleja claramente lo que estamos ahora debatiendo.

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular, al que
represento, va a mostrar su voto favorable a la tramitación por lectura
única. Y al mismo tiempo quiero reafirmar el compromiso de este grupo y,
por lo tanto, de mi partido, con la monarquía parlamentaria.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz.

¿Alguna intervención más? (Pausa).

Vamos a proceder, entonces, a la votación.

Decía antes en relación con la votación telemática que ha
habido una senadora que no ha votado y que hay dos votos favorables de
las otras dos senadoras, que añadiré a la votación que realicemos en el
hemiciclo.

Comienza la votación. (Pausa.)

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