8.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

8.2.1. Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de crédito. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.

Comisión: Economía y Competitividad

(Núm. exp. 621/000069)

Página
10730

7.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para erradicar los asentamientos de avispa
asiática en las explotaciones apícolas.

(Núm. exp. 662/000141)

Autor: GPMX

10765

El señor Yanguas Fernández defiende la moción.

El señor Martínez Oblanca defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador.

El señor Plana Farran defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Sen Vélez defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.

La señora Leyte Coello defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Yanguas Fernández expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado y rechazando el resto.

En turno de portavoces intervienen los señores Martínez
Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto; Cazalis Eiguren, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Boya Alós, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Plana Farran, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Sen Vélez, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Leyte Coello, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 147; en contra, 70;
abstenciones, 20.

7.4. Moción por la que se insta al Gobierno a que impulse
la tramitación legislativa pertinente dirigida a derogar la vigente Ley
Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia
universal.

(Núm. exp. 662/000140)

Autores: GPS, GPMX, GPEPC, GPV y GPCIU

10781

El señor Rodríguez Esquerdo defiende la moción.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Franco
González, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Bildarratz Sorron, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Saura Laporta, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora
Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Franco González, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes,
231; votos emitidos, 231; a favor, 89; en contra, 142.

Se suspende la sesión a las catorce horas y cincuenta
minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y
cinco minutos.

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

8.1.1. Proposición de Ley de modificación de la Disposición
transitoria tercera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos y otras medidas de apoyo a la actividad de los
locales de negocio de renta antigua.

(Núm. exp. 622/000011)

Autor: GPS

10801

El señor presidente informa a la Cámara de que no se ha
presentado ninguna proposición de ley alternativa, por lo cual procede
someter a debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.

El señor Fernández Ortega defiende la toma en
consideración.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Ibarrondo Bajo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Ante la petición de palabra del señor Fernández Ortega, el
señor presidente explica que el turno a favor coincide con la defensa de
la toma en consideración.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), y los
señores Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; Fernández Ortega, por el Grupo Parlamentario
Socialista, e Ibarrondo Bajo, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

El señor presidente informa a la Cámara de que el voto
telemático ha sido autorizado para las senadoras García Carrasco, Ibarz
Ibarz y Jurado Fernández de Córdoba, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado. El sentido de sus votos ha sido el siguiente: la señora García
Carrasco, favorable a la toma en consideración; las señoras Ibarz Ibarz y
Jurado Fernández de Córdoba, contrario a la toma en consideración.

Se rechaza la toma en consideración con el siguiente
resultado: presentes, 238 más 3 votos telemáticos, 241; votos emitidos,
240; a favor, 92, más 1 voto telemático, 93; en contra, 141, más 2 votos
telemáticos, 143; abstenciones, 4.

8.2. DICTÁMENES DE COMISIONES

8.2.1. Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de crédito. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.

Comisión: Economía y Competitividad

10813

(Núm. exp. 621/000069)

La señora Jiménez García, vicepresidenta primera de la
Comisión de Economía y Competitividad, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

El señor Mariscal Cifuentes da por defendida la propuesta
de veto número 1, del señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo
Parlamentario Mixto, manifestando que se consideran representados en la
defensa que el señor Guillot Miravet hará de la propuesta de veto número
2.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 2, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Lerma Blasco defiende la propuesta de veto número
3, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Montilla
Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya;
Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista,
y Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto.

El señor presidente informa a la Cámara de que el voto
telemático ha sido autorizado para las senadoras García Carrasco, Jurado
Fernández de Córdoba e Ibarz Ibarz, siendo en los tres casos contrarios a
las tres propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 243 más 3 votos telemáticos, 246; votos emitidos,
243 más 3 votos telemáticos, 246; a favor, 71; en contra, 147 más 3
telemáticos, 150; abstenciones, 25.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 241 más 3 votos telemáticos, 244; votos emitidos,
241 más 3 votos telemáticos, 244; a favor, 71; en contra, 146 más 3
telemáticos, 149; abstenciones, 24.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 243 más 3 votos telemáticos, 246; votos emitidos,
243 más 3 votos telemáticos, 246; a favor, 71; en contra, 146 más 3
telemáticos, 149; abstenciones, 26.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas 1 a 38,
del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el señor
Iglesias Fernández y este senador. El señor presidente pide al señor
Mariscal Cifuentes que utilice un lenguaje acorde a la cortesía
parlamentaria y el señor senador retira el término «robar» empleado en su
intervención.

La señora Iparragirre Bemposta defiende las enmiendas 116 a
119, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Montilla Aguilera defiende enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 49 a 77 y la vuelta
al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por
las enmiendas 148 a 151 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y
por la enmienda 44 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 78 a 115,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas 39 a 43 y 45 a
48, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Manchado Lozano defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista números 120 a 147 y la vuelta al texto remitido
por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 148 a
151 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y por la enmienda 44 del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Mariscal
Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los
señores Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; Manchado Lozano, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

El señor Guillot Miravet hace uso de la palabra por
alusiones.

Se procede a votar

10854

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban las propuestas de modificación con números de
registro 129887, 129888 y 129889.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.

Se suspende la sesión a las veintiuna horas y treinta y
cinco minutos.

Página
10735

poderes públicos; derechos como la asistencia médica y
psicológica que precise durante el embarazo y el posparto —el
embarazo será título suficiente para recibir esta asistencia en el
sistema público de salud a falta de cualquier otro título que lo
habilite—; a ser informada de cualquiera de las ayudas y políticas
asistenciales de que puedan beneficiarse por su gestación, procedan de
cualesquiera de las administraciones públicas; a recibir información
sobre los trámites de adopción en caso de que sea la voluntad de la
mujer; a disfrutar de los permisos de maternidad antes y después del
parto; a la garantía de que la maternidad no supondrá menoscabo alguno de
los derechos laborales de la mujer; a tener la consideración prioritaria
en cualquier programa de asistencia que pueda ayudarla a superar
situaciones de vulnerabilidad o de exclusión social; a que el padre de su
hijo se responsabilice de ayudarla en todas sus necesidades derivadas del
embarazo y de la maternidad; al reconocimiento de familia numerosa cuando
se cumplan los requisitos establecidos por la correspondiente legislación
a partir de que se acredite la nueva gestación.

Señorías, el punto 2 de esta moción dice textualmente:
«Garantizar una efectiva protección del derecho de la mujer a la
maternidad, a todas las mujeres embarazadas con residencia en España y
las mujeres inmigrantes sea cual sea su situación legal en España, así
como la debida protección jurídica del niño antes de su nacimiento en los
términos previstos en el artículo 39 de la Constitución y los convenios
internacionales en la materia suscritos por el Reino de España».

Señorías, en una correcta política de protección de la
maternidad están implicados también los derechos del niño respecto de los
que la Convención sobre Derechos del Niño, de Naciones Unidas, del día 20
de noviembre de 1989 —norma vigente actualmente en España conforme
al artículo 10 de la Constitución— declara en su preámbulo que el
niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y
cuidado especial, incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento.

Respecto a la cartera común de servicios del Sistema
Nacional de Salud viene recogida en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de
septiembre el abordaje de la maternidad. Por tanto, la atención y
protección del derecho a la maternidad en el marco de la cartera común de
servicios del Sistema Nacional de Salud está garantizada. Igualmente, la
atención de todas las mujeres inmigrantes, independientemente de su
situación legal en España, en lo que se refiere a embarazo, parto y
posparto, está garantizada, ya que el Sistema Nacional de Salud español
tiene una atención en salud materno infantil de carácter universal, sin
exclusión de nadie que resida en el territorio nacional, y eso viene
reflejado en el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud
y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones y su desarrollo
reglamentario. La nueva regulación establecida por el Real Decreto
16/2012 mediante modificación del artículo 3 de la Ley 16/2013, de 28 de
mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, establece que
los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España
recibirán asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a través del
Sistema Nacional de Salud en las siguientes modalidades, y una de ellas
es la asistencia al embarazo, parto y posparto.

Finalmente quisiera señalar que el Plan nacional de acción
para la inclusión social 2013-2016, actualmente vigente, recoge una
referencia específica en su artículo 129 que dice así:…asegurar el
acceso a los servicios sanitarios sin coste económico a las mujeres
inmigrantes en periodo de gestación.

Señorías, es importantísimo que los poderes públicos
garanticen los derechos de los niños, en particular de los niños no
nacidos, y ello debe tenerse en cuenta. Tienen derecho a recibir la
asistencia médica necesaria para su óptimo desarrollo físico y mental,
tanto antes de su nacimiento, como después; a ser inscritos en el
Registro Civil a petición de uno o ambos progenitores con sus datos de
filiación si fallecen antes del parto o antes de adquirir la personalidad
jurídica civil conforme al artículo 30 del Código Civil; a no ser objeto
de intervenciones clínicas que no tengan como finalidad y objeto su
derecho a la vida y su derecho a la salud; a que sus madres puedan
ejercer su derecho a la maternidad con autonomía y con los apoyos
regulados por la ley; a ser tenidos por nacidos a todos los efectos que
les sean beneficiosos, especialmente a efectos de la legislación tuitiva
de la familia, la infancia, la natalidad y las medidas de lucha contra la
exclusión y la desigualdad; al reconocimiento de su paternidad y a la
asunción por parte de su padre de las obligaciones correspondientes en
esta condición, y sobre todo, y esto es lo importante, a que el

Estado garantice su eficaz protección y se abstenga de todo
lo que pueda atentar contra su derecho a la vida.

Señorías, el punto 3 de esta moción señala textualmente lo
siguiente: Armonizar, junto con las comunidades autónomas, que las
administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
actúen con pleno respeto al derecho de maternidad de la mujer gestante,
así como al derecho a la vida en formación, apoyando la maternidad y
paternidad responsables, e impidiendo obstáculos de índole económica,
sanitaria, social o laboral que puedan dificultar el ejercicio de estos
derechos. Lo recogido en este punto se ajusta perfectamente a la
distribución de las competencias entre comunidades autónomas y la
Administración General del Estado, ya que cualquier actuación que se
quiera emprender debe ser, ante todo, ajustada a la legislación
vigente.

Como ustedes han escuchado ya, señorías, la base de la
moción es el apoyo a la mujer embarazada y el apoyo a la gestación como
fruto de ello, derechos estos inviolables de las personas y que considero
que sería de justicia social que, todos, la Cámara entera los
apoyara.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya tiene la palabra la senadora
Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gràcies, senyor president.

Bon dia, senyories, seré molt breu en la defensa de
l’esmena; el nostre posicionament el marcarem més en el torn de
portaveus.

Les nostres esmenes són clares. A nosaltres ens sembla que
aquesta moció no parla només de la protecció de la maternitat, sinó que
amaga un altre fet molt concret, i és la defensa d’un avantprojecte
de llei que està pendent d’entrar a les Corts, que és
l’avantprojecte de llei de reforma de l’avortament, i creiem
això per la descripció que es fa claríssimament en el punt 2 i en el punt
3, en els quals es demana la defensa de la protecció del no nascut, en un
punt, amb responsabilitats compartides amb les comunitats autònomes i en
l’altre punt, senzillament, demanant que això es vetlli,
específicament, per la protecció jurídica del no nascut.

Considerem que cap d’aquests dos punts té a veure amb
la maternitat pròpiament ni amb el creixement demogràfic del nostre país
i, per tant, proposem la supressió d’aquests dos punts, i també
demanem que s’inclogui un nou punt. Un punt en què, una altra
vegada —com no ens cansarem de reiterar— demanem la retirada
de l’avantprojecte de llei pendent d’entrar a les Corts i
que, en aquests moments, està pendent de la votació de l’informe
del Consell del Poder Judicial per continuar el seu tràmit. Considerem
que és una llei inoportuna, inadequada i en un moment molt poc indicat, i
per això demanem la retirada de la mateixa.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, señor presidente.

Buenos días señorías, seré muy breve en la defensa de las
enmiendas; marcaremos nuestro posicionamiento en el turno de
portavoces.

Nuestras enmiendas son claras. Nos parece que esta moción
no habla solo de la protección de la maternidad, sino que esconde otro
hecho muy concreto, que es la defensa de otro proyecto de ley que está
pendiente de entrar en las Cortes, que es el anteproyecto de ley de
reforma del aborto, y lo creemos por la descripción que se hace
clarísimamente en los puntos 2 y 3, en los que se pide la defensa de la
protección del no nato con unas responsabilidades compartidas con las
comunidades autónomas, en uno, y en el otro punto sencillamente que se
vele específicamente para la protección jurídica del nonato.

Consideramos que ninguno de estos dos puntos tiene que ver
con la maternidad propiamente dicha ni con el crecimiento demográfico de
nuestro país y, por tanto, proponemos la supresión de estos dos puntos y
solicitamos que se incluya uno nuevo en el que otra vez —y no nos
cansamos de reiterarlo— pedimos la retirada del anteproyecto de
ley, que todavía no ha entrado en las Cortes y que en este momento está
pendiente de la emisión del informe del Consejo General del Poder
Judicial con el fin de finalizar su trámite. Pensamos que es una ley
inoportuna, inadecuada y en un momento muy poco indicado, y por ello
—insisto— pedimos su retirada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene la palabra la senadora
Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Molt bon dia a tothom.

Senador Aguirre, si no ho he entès malament, vostès amb
aquesta iniciativa parlamentària allò que pretenen principalment protegir
és la maternitat, protegir el dret a ser mare. Aquesta és
l’essència i la voluntat explícita de la moció, d’allò que es
desprèn de les seves paraules com a portaveu del Grup Popular i que acaba
d’explicar la voluntat d’aquesta moció —o al menys
aquesta és la interpretació que n’he fet escoltant la seva
intervenció—; en canvi, lamentablement, li he de dir que no és la
interpretació que en fem en llegir literalment el text de la moció
presentada.

És evident que el text, tal com ha estat presentat i
redactat inicialment, bé ho deien ara, té com a rerefons la seva reforma
de la Llei de l’avortament. La moció que presenten sota el concepte
de protecció al dret a la maternitat és una clara picada d’ullets a
la reforma del senyor Gallardón i evidentment nosaltres, en aquest joc,
ara no hi podem entrar. Sap que creiem que hi ha d’haver un debat
profund sobre aquest tema i, per tant, és una estratègia que en aquest
cas creiem que és errònia.

Des del nostre grup —li vaig comentar ahir— sap
que compartim absolutament amb vostès la necessitat d’establir
mesures per fomentar la maternitat i la natalitat, i repeteixo: per
fomentar la maternitat i la natalitat. Estem totalment d’acord amb
aquesta necessitat, amb aquest objectiu, i així ho hem dit en altres
ocasions. Pensem que aquesta moció és una gran oportunitat per trobar
consens respecte a aquest tema tan important per a tots els grups
parlamentaris i de fet per això ens hem centrat precisament en aquest
punt, en allò que podríem dir que és la part positiva de la moció, allò
que d’alguna manera suma i no resta, i no en allò que dèiem ara fa
un moment.

Per això i precisament amb l’objectiu
d’aconseguir aquest màxim consens possible —vostè demanava
que aquesta moció s’aprovi amb el vot a favor de tots els
grups— hem presentat una esmena de modificació del text, que
bàsicament suprimeix aquelles connotacions del redactat inicial que al
nostre entendre creen confusió i desconfiança, per dir-ho d’alguna
manera, en incorporar —com els he dit fa un moment— conceptes
importants i que entenem que ja es debatran profundament en el moment que
vostès tramitin la llei. Hem presentat, com els deia, una esmena que
suprimeix el terme embarassades, fent que el dret de la dona a la
maternitat sigui un dret universal per a totes les dones —per a les
embarassades, però també per a totes aquelles dones que ho vulguin o ho
puguin estar— i, d’altra banda, suprimim el concepte de nonat
per tal d’allunyar-nos de l’ombra de la reforma de la Llei de
l’avortament que, com bé s’ha dit, és polèmica i evidentment
serà difícil d’encarar, perquè, com li deia, ja hi haurà temps per
debatre aquest tema. Sincerament, ja li vaig comentar, nosaltres ens
sentiríem molt més còmodes amb la seva moció si es centressin totalment
en el dret a la maternitat, amb aquest concepte, i deixessin el tema de
l’avortament aparcat per quan correspongui.

És per aquest motiu que els hem presentat una esmena, que
ens sembla que no desvirtua en cap cas la seva voluntat, que pot fer que
els altres grups es sentin còmodes i que, per tant, s’afegeixin a
donar aquest reforç a la maternitat. Per tant, penso que seria
interessant —tot i que ja m’ha anunciat que en principi no
l’acceptarà— que es replantegés la voluntat perquè com bé li
deia l’ideal seria que aquesta moció s’aprovés també amb els
vots a favor de tots els grups. La nostra esmena creiem que és millor,
que permet contextualitzar molt millor el tema amb un text concret, i
deixaríem apart un altre debat que ja arribarà en el seu moment.

Moltes gràcies.

Buenos días a todos.

Senador Aguirre, si no le he entendido mal, ustedes con
esta iniciativa parlamentaria lo que pretenden principalmente es proteger
la maternidad, proteger el derecho a ser madre. Esta es la esencia y la
voluntad explícita de la moción y lo que se desprende de sus palabras
como portavoz del Grupo Popular al explicar la pretensión de esta moción
en este estrado —al menos esta es la interpretación que yo he hecho
escuchando su intervención—; en cambio, lamentablemente, debo
decirle que no es la interpretación que realizamos al leer literalmente
el texto de la moción presentada.

Es evidente que el texto tal como está redactado y
presentado inicialmente, tal como se decía ahora, tiene como trasfondo su
reforma de la Ley del aborto. La moción que presentan bajo el concepto de
protección del derecho a la maternidad es un claro guiño de ojos a la
reforma del señor Gallardón y, por supuesto, nosotros no vamos a entrar
ahora en este juego. Sabe que creemos que tiene que haber un debate
profundo sobre este tema y, por lo tanto, es una estrategia que creemos
que en este caso es errónea.

Desde nuestro grupo parlamentario —y se lo comenté
ayer— compartimos absolutamente con ustedes la necesidad de
establecer medidas para fomentar la maternidad y la paternidad, y repito:
para fomentar la maternidad y la natalidad. Estamos totalmente de acuerdo
con esta necesidad, con este objetivo, y así lo hemos dicho también en
otras ocasiones. De hecho creemos que esta moción es precisamente una
gran oportunidad para encontrar un consenso respecto a este tema tan
importante para todos los grupos parlamentarios y por ello nos hemos
centrado en este punto, en lo que podríamos llamar la parte positiva de
la moción, en lo que de alguna forma suma y no resta, y no en lo que
decíamos hace un momento.

De ahí que, justamente con el objetivo de conseguir este
máximo consenso posible que usted pedía —que esta moción se apruebe
con el voto a favor de todos los grupos—, hayamos presentado una
enmienda de modificación del texto que, básicamente, suprime aquellas
connotaciones del redactado inicial que, a nuestro parecer, crean
confusión y desconfianza, por decirlo de alguna forma, por incorporar de
alguna manera —como les he dicho hace un momento— conceptos
importantes que se debatirán profundamente en el momento en que ustedes
tramiten la ley. Como les decía, hemos presentado una enmienda que
suprime el término embarazadas, haciendo que el derecho de la mujer a la
maternidad sea un derecho universal para todas las mujeres —para
las embarazadas, pero también para todas aquellas mujeres que lo deseen o
que puedan estar embarazadas— y, por otro lado, suprimimos el
concepto de nonato para alejarnos de la sombra de la reforma de la Ley
del aborto que, como se ha dicho, es polémica y, evidentemente, será
difícil afrontarla, porque, como le decía, ya habrá tiempo para debatir
este tema. Sinceramente, yo le comenté que nos sentiríamos mucho más
cómodos con su moción si se centraran totalmente en el concepto del
derecho a la maternidad y dejaran el tema del aborto aparcado para cuando
corresponda.

Por este motivo les hemos presentado una enmienda que nos
parece que no desvirtúa en ningún caso su voluntad, que puede hacer que
el resto de grupos parlamentarios se sientan cómodos y se sumen a dar
este apoyo a la maternidad. Por tanto, sería interesante que replanteara
—aunque ya me ha anunciado que en principio no aceptará nuestra
enmienda— su voluntad porque, como le digo, lo ideal sería que esta
moción se aprobara también con los votos a favor de todos los grupos.
Creemos que nuestra enmienda es mejor, permite centrar mucho mejor el
tema en un contexto concreto y deja aparte otro debate que ya llegará en
su momento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días.

Senador Aguirre, me parece muy bien que usted esté tan
preocupado por garantizar la maternidad, pero del dicho al hecho hay un
trecho muy grande. Le quiero decir alto y claro que usted no está
preocupado por la maternidad, usted está preocupado porque las mujeres
tengamos la libertad y el derecho a decidir sobre nuestra maternidad. Ese
es el trasfondo de esta moción. Como ya han dicho los senadores y
senadoras que me han precedido en el uso de la palabra, cuando uno lee la
exposición de motivos y estudia con detenimiento esta moción ve
claramente el trasfondo, que es volver a hablar y poner encima de la mesa
la ley de Gallardón en contra de la Ley de derechos sexuales y
reproductivos y de la interrupción voluntaria del embarazo del año 2010
del Gobierno socialista; se trata de sacar adelante la ley de Gallardón,
que va en contra del derecho de la mujer a decidir si quiere ser madre o
no y cuándo quiere serlo. Y eso no se lo vamos a permitir, se pongan
ustedes como se pongan.

Lo que tiene que hacer aquí es hablar claro. Si lo que
quiere es apoyar la maternidad, sepa que nosotros también. ¿Pero quién va
a estar en contra de apoyar la maternidad de aquellas mujeres

que decidan ser madres? Nadie. Pero para eso no bastan
solamente palabras. Cuando analizamos la moción vemos que el primer punto
es muy completo, y por eso estamos totalmente de acuerdo, pero dígame
cómo lo van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? No hay ni una sola medida para
garantizar lo que ustedes proponen. Por lo tanto, nosotros decimos sí al
primer punto, siempre que se realicen los cambios normativos y
presupuestarios para hacer efectivas todas esas medidas que ustedes están
poniendo encima de la mesa. Hablan de proteger la maternidad y a la mujer
en todos los ámbitos: en el social, en el económico, en el jurídico, en
el educativo, en el cultural... Claro que sí, ¿pero cómo lo van a hacer,
si no hay un euro para poner en marcha todas estas políticas?

Senador Aguirre, no tergiverse los términos. Esta moción es
una maniobra de distracción para no hablar de lo que realmente le importa
a la sociedad española. Hoy la preocupación no es si las mujeres pueden
abortar o no, hoy la preocupación es que muchas familias que quieren
tener hijos no pueden tenerlos y que aquellas que los tienen no pueden
darles de comer. Esa es la preocupación de este país en este momento,
pero ustedes no quieren hablar de eso. (Aplausos).

Por eso, hemos presentado una enmienda que de verdad
asegura que las mujeres que decidan ser madres tengan todas las garantías
para hacerlo. Y en uno de los puntos solicitamos que se solvente una de
sus contradicciones, y me explico. Ustedes apoyan la maternidad y, sin
embargo, en la cartera de servicios impiden que las mujeres lesbianas o
solteras puedan ser madres. ¿Pero en qué quedamos? ¿Apoyan la maternidad
o no?

En realidad estamos hablando de mociones totalmente
ideológicas para tener un poco más contentos al sector más conservador y
al de la jerarquía eclesiástica. Y a nosotros nos parece bien, pero no
nos hagan comulgar con ruedas de molino. No vengan aquí a tergiversar el
fondo de la cuestión de esta moción, que no es más que es una maniobra de
distracción.

Por tanto, les pedimos que apoyen nuestra enmienda, que es
muy clara y que va en el sentido de retirar el anteproyecto de la ley
orgánica de la protección de la vida del concebido de los derechos de las
mujeres embarazadas y de mantener el actual proyecto de ley de salud
sexual y reproductiva. Asimismo, solicitamos que se garantice, en la
cartera común básica del servicio nacional de salud, el acceso a las
técnicas de reproducción asistida a todas aquellas mujeres que lo
necesiten, incluyendo las mujeres solteras y lesbianas. Eso es lo que les
pedimos.

También, queremos que se recupere el plan Educa3. Apoyan la
maternidad porque les preocupa el concebido y no nacido, pero es que a
nosotros nos preocupan los nacidos.

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

La señora LLINARES CUESTA: A nosotros nos preocupan los
nacidos, así que les pedimos que recuperen el plan Educa3 y desarrollen
políticas activas para que la mujer tenga garantizados todos sus derechos
en relación con el empleo después de ser madre.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Tiene la palabra el senador Aguirre para indicar si acepta
o no las enmiendas.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Empezaré por orden. Primero, agradezco la enmienda de
Convergència i Unió, de la senadora Cunyat, porque si fuera factible,
desde el punto de vista político, dentro de las normas del Senado,
abstraer una parte de la enmienda y mantener otra parte, hubiera sido
posible llegar a puntos de consenso. Pero si admitimos la enmienda
íntegramente, se desvirtúa gran parte de la moción presentada. De ahí que
hayamos intentado llegar a puntos de consenso. Le agradezco su buena
voluntad, como siempre, y su cortesía a la hora de entablar una
conversación para llegar a puntos de consenso en beneficio de una moción
como esta de apoyo a la maternidad.

La enmienda de sustitución de los puntos 2 y 3, presentada
por la Entesa pel Progrés de Catalunya, no aporta nada nuevo. Si no hay
nada nuevo, que digan sencillamente que se supriman, sin dar ningún tipo
de alternativa, porque no aporta absolutamente nada.

Presentan también una enmienda de adición que vuelve otra
vez a pedir que retiremos un anteproyecto que no tiene nada que ver con
esta moción, porque aquí de lo que estamos hablando —vuelvo a decir
lo mismo— es de garantizar el derecho de la mujer embarazada y
garantizar el derecho de lo gestado, lo que lleva la mujer
intraútero.

Por tanto, ninguna de las dos enmiendas será aceptada.

No admitimos la enmienda de modificación presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, sencillamente, porque hoy no toca. No
toca y no se puede estar aprovechando, como se hace siempre, que el
Pisuerga pasa por Valladolid, para que se haga la enmienda que les venga
en gana, aunque no tenga nada que ver con la moción que estamos tratando.
Por ejemplo, tocan ustedes la reproducción asistida, cuando usted sabe
perfectamente que cualquier mujer, independientemente de su vinculación
sexual, nada más que por el hecho de no tener capacidad física o padecer
cualquier tipo de enfermedad para quedarse embarazada, está integrada
dentro de la reproducción asistida. Hoy no toca hablar tampoco de la Ley
Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva. Hoy no toca hablar
tampoco de este magnífico anteproyecto de ley, que aún no ha llegado a
las Cortes Generales y que todavía no está en trámite parlamentario,
sobre la protección de la vida del concebido. Como hoy tampoco toca hacer
una redistribución, como ustedes piden, de los Presupuestos Generales del
Estado. Ya lo veremos cuando tratemos los Presupuestos Generales del
Estado y en ese momento estudiaremos las enmiendas que ustedes propongan
y veremos si son aceptadas o no.

Señorías, de lo que estamos hablando —y vuelvo a
repetirlo— es del derecho a la maternidad y su facilitación por
parte de los poderes públicos como un bien social.

Muchas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).

Senador Mariscal, tiene la palabra.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Señor Aguirre, me imagino que no es usted quien decide
sobre lo que toca y lo que no toca hablar en esta Cámara. Si trae una
moción para hablar sobre la maternidad, pues tocará hablar de su doble
moral, de su cinismo y de su hipocresía. No la de usted personalmente,
sino la de su grupo y la del Gobierno, trayendo esta moción inspirada en
los principios de doña Pilar, Pilar Primo de Rivera, que claramente
parece que les sigue haciendo el discurso en sus mociones, señoría
(Rumores). Sí, porque hay que tener muy poca vergüenza política para
traer, en pleno debate sobre la libre elección y la decisión libre de la
mujer y de su maternidad, una moción con este contenido, señorías.

Ustedes llevan legislando contra la mujer y contra los
derechos de la mujer desde que llegaron al Gobierno. Han hecho una
reforma laboral que ha expulsado a la mujer del mercado laboral, que hace
que tenga que seguir hacia adelante desde su casa, porque ustedes, en
cumplimiento de los mandatos de doña Pilar, consideran que la mujer debe
de estar en casa y debe de quedarse en casa. Así se entiende que hayan
eliminado a los cuidadores y estén haciendo recortes en la Ley de
dependencia, que hayan hecho todo lo posible para que la atención
domiciliaria disminuya, que en el asunto de los desahucios y en relación
con el derecho a la vivienda no se sostenga ni apoye a las mujeres que
sufren una situación de violencia con sus ex parejas, como señalábamos
ayer, o que no aborden el problema de la pobreza infantil en nuestro país
respecto del que, como saben, ocupamos un segundo lugar en la Unión
Europea, detrás de Rumanía. Esa es la situación en la que nos
encontramos, señorías. Por lo tanto, ustedes traen esta moción aquí para
tratar de desviar el asunto de lo que está reclamando la mujer y España
entera: que, por favor, se garantice el derecho a decidir de las mujeres.
Eso es lo que ustedes no quieren. Quizá, como decía doña Pilar,
consideran a las mujeres ciudadanas de segunda, sin los mismos derechos
que los varones. Por favor, sáquense eso de la cabeza ya y traigan de una
vez —si no lo hacen ustedes lo haremos otros— a esta Cámara y
a otras el derecho a decidir de las mujeres por un aborto libre y
gratuito.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna. Egun on
senatari jaun andreok.

Señorías, senador Aguirre, si esta hubiera sido la primera
iniciativa de la legislatura del Grupo Parlamentario Popular nosotros,
con matices, hubiéramos estado de acuerdo con casi todo su contenido;
repito, con matices. Pero, señoría, esta moción llega después de casi 3
años de gobierno del Partido Popular y de aplicación de muchas medidas
que no van para nada en consonancia con lo que se recoge tanto en la
parte expositiva como dispositiva de esta iniciativa. Esto nos genera una
serie de reflexiones que queremos compartir en esta tribuna.

Empezaré por el final, señorías, por el punto tercero. La
garantía de la efectiva protección del derecho de la mujer a la
maternidad —a una maternidad responsable añadiría yo, y creo que
habría que añadirlo siempre— comienza precisamente por el respeto
al derecho inalienable que le asiste a la mujer para decidir sobre la
propia maternidad, por el derecho a decidir si quiere ser madre, por qué,
cuándo y cómo quiere ser madre. Por lo tanto, el derecho a la maternidad
incluye indefectiblemente el derecho a no ejercerla por las razones que
la mujer considere oportunas en cada momento; si lo hace en consonancia
con su pareja mejor, pero si no, es ella la que tiene que decidir. El
pleno respeto a la maternidad y paternidad responsables comienza
precisamente con la elección responsable del momento y circunstancias en
que deben desarrollarse estas. Estos argumentos iniciales chocan
frontalmente con la intención que ha declarado el Gobierno de modificar
las condiciones legales que determinan el derecho a la interrupción del
embarazo, pasando del planteamiento vigente basado en los plazos a la
reedición de un derecho asentado sobre supuestos de legalidad e
ilegalidad en la práctica de la interrupción del embarazo, sea voluntaria
o incluso por razones médicas; todo esto aludiendo o reclamando la
defensa del derecho a la mujer a la maternidad y del nonato a la vida.
Pero, señoría, estos derechos ya están cubiertos de forma suficiente y
efectiva en el ordenamiento jurídico vigente porque ya existe una ley
aprobada por las Cortes Generales de España que cumple, hasta que se
demuestre lo contrario, con lo recogido en la Constitución y que además
es comparable y compatible con la ley que sobre el asunto tienen los
países más avanzados del mundo. Por lo tanto, como ustedes nos han dicho
muchas veces en esta Cámara, si ya se está haciendo, sobra la
iniciativa.

¿Qué nos suscitan los dos puntos restantes de la moción que
discutimos? En la misma se alude a la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño de Naciones Unidas y al artículo 39 de la Constitución
española para justificar la necesidad de una correcta protección de la
maternidad y de los niños. Siendo esto así, y estando de acuerdo, nos
parece importante precisamente lo recogido en el artículo 18 de esta
misma convención, en el que se habla de garantizar el reconocimiento del
principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que
respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Por otra parte, el
artículo 39 de la Constitución va en la misma dirección, consagrando la
aplicación de convenios internacionales que velen por los derechos del
niño.

En la moción se habla de la protección de la mujer
embarazada y de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
sin mencionar en ningún momento que este derecho afecta también, si es
necesario y la mujer así lo considera, a su pareja, sea esta convencional
o no, como también se ha dicho antes. En todo momento se habla de la
mujer embarazada eludiendo mencionar que la protección de la maternidad,
de los niños y de la familia incluiría también, por lo expuesto
anteriormente, a la pareja de la mujer embarazada, sobre todo en lo que a
la conciliación de la vida laboral y familiar y todo el resto de
condiciones vitales se refiere: la vivienda, el empleo, la salud, la
educación y la fiscalidad que usted mismo menciona en su moción. Este
sería el primer matiz que habríamos incluido si hubiera sido su primera
moción. Lógicamente, la premisa principal para que pueda existir una
conciliación entre la vida laboral y familiar es que exista una vida
laboral; y no parece que en la actual coyuntura —la apuesta del
Gobierno por la austeridad sin un empeño similar y equivalente por
avanzar en la reactivación económica, la reforma del mercado laboral, los
recortes en políticas de protección ante el desempleo—, no parece,
digo, que sean las más adecuadas para avanzar en la protección social de
las mujeres y las parejas que deciden tener hijos. Por tanto, no parece
razonable que ahora el Grupo Parlamentario Popular venga hablando de
avanzar en la protección social, jurídica y económica, ni en los ámbitos
de la conciliación antes mencionados, ni en el empleo, la vivienda, la
salud, la educación, la fiscalidad o las prestaciones y servicios
sociales cuando es el propio Gobierno el responsable de la subida de
impuestos, de la reforma laboral, de la reducción de salarios, del
aumento de la precariedad, de la congelación de

las ayudas a la dependencia o de las ayudas a los
cuidadores, de los recortes en sanidad, de los copagos, de la reducción
de becas, y de toda una batería añadida de recortes que el Gobierno ha
venido realizando en esta legislatura y que no van en consonancia con lo
que se pide en esta moción para las mujeres embarazadas. Es más, incluso
la propia asistencia sanitaria posterior al nacimiento no está
garantizada cuando se trata de mujeres inmigrantes en situación ilegal.
Señorías, es imposible garantizar la protección de los menores si no se
protege a las madres y a sus progenitores; eso es imposible, no se puede
hacer; y eso es lo que pasa ahora, es lo que pasa en este momento con la
actual legislación en el Estado español.

En base a todo esto, nos parece que esta moción, senador
Aguirre, es un ejercicio de malabarismo retórico que, además, a mí me
sorprende, porque no va en su línea de trabajo; usted es un hombre que
consensua mucho, que trabajo mucho, que nos consulta, que intenta llegar
a acuerdos, y yo ayer me enteré de que era usted el que presentaba la
moción y me sorprendió, sinceramente, porque no es como usted trabaja.
Por lo tanto, debe ser que en el pecado lleva la penitencia; si es que
eso quiere decir eso.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha concretado a
lo largo de esta legislatura cuál es su postura ante las iniciativas del
Gobierno, encaminada precisamente a evitar estos recortes de derechos de
los ciudadanos y del Estado de bienestar en todos los ámbitos que hemos
mencionado. Y, aparte del posicionamiento teórico y retórico del Grupo
Parlamentario Vasco, el Gobierno vasco, sustentado por este mismo grupo
—por el grupo al que representamos en esta Cámara— ha hecho
todos los esfuerzos necesarios para garantizar de forma efectiva y
universal los derechos básicos de todos los ciudadanos y ciudadanas
vascas al trabajo, a la protección social, a la sanidad, a la educación,
a la vivienda, etcétera, precisamente para que se cumpla lo que el Grupo
Parlamentario Popular pide en esta moción y se desarrolle con suficiencia
en la comunidad autónoma vasca, no solo para las mujeres embarazadas sino
para todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, a pesar del empeño
—y quiero señalar esto—, en muchísimas ocasiones, del
Gobierno central en impedirlo a base de reiterativos recursos en vía
judicial a muchas de las medidas planteadas por el Gobierno vasco en
materias como los copagos o como la propia asistencia a los inmigrantes
ilegales. Y estos son claros ejemplos: la reiteración y el empecinamiento
del Gobierno en evitar que en Euskadi se pueda atender a todos los
inmigrantes ilegales; incluso habiendo resoluciones y autos judiciales
que suspendían ese tipo de medidas.

En resumen, señorías, si queremos ser consecuentes con las
posturas mantenidas por el Grupo Parlamentario Vasco en esta Cámara en
todos estos asuntos de los que acabamos de hablar, nosotros —y
créame que lo siento, senador Aguirre— no podemos votar nada más
que en forma negativa a esta moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Grácies, president.

Señorías, uno de los cuentos más famosos de la literatura
universal es sin duda Alicia en el País de las Maravillas. Hay un pasaje,
cuando Alicia se encuentra al gato de Cheshire, que mantiene una
conversación un tanto curiosa: ¿Me podría indicar hacia dónde tengo que
ir desde aquí? —pregunta Alicia—. Eso depende de a dónde
quieras llegar —responde el gato—. Y eso es lo que nos
preguntamos ante esta moción.

Señorías del Grupo Parlamentario Popular ¿A dónde quieren
llegar? ¿A dónde quieren ir a parar? ¿Qué pretenden con mociones como
esta? Mociones que defienden, de una forma un tanto peculiar, el
anteproyecto de ley de la protección de la vida del concebido y los
derechos de la mujer embarazada: el anteproyecto de ley de la reforma del
aborto. Señorías, no sé si ustedes se han dado cuenta de que no estamos
solamente ante una crisis económica sino también ante una crisis
territorial e institucional; en suma, en una crisis política. No sé si se
les ha olvidado que en este país hay casi 6 millones de parados, que 1 de
cada 5 de nuestros ciudadanos vive por debajo del umbral de la pobreza, y
que distintas ONG nos alertan de que la pobreza se está incrementando de
forma importante en los menores de 16 años. No sé si saben que Cataluña
vive uno de los momentos más complicados de su historia, con una mayoría
de ciudadanos pidiendo una consulta

por la independencia. No sé si habrán leído ustedes los
resultados electorales, pero no se trata de los resultados sino de
nuestra calidad democrática, de nuestra política y del descrédito de las
instituciones. El CIS, por primera vez, consideró como segundo problema
para los ciudadanos de este país el fraude y la corrupción; el primero,
por supuesto, el paro, y el tercero, las dificultades económicas.

Esta Cámara, señorías, ustedes lo saben perfectamente, está
cuestionada permanentemente. El lunes, el jefe del Estado renunció al
trono. Estamos viviendo un momento histórico, y ustedes, a todo esto que
nos está pasando en este país, pretenden echar más leña al fuego con una
división social que no se contempla en estos momentos en la ciudadanía,
con una ley que quita un derecho fundamental: el derecho de las mujeres a
elegir libremente su maternidad y, encima, nos lo presentan en forma de
moción, en forma protección de la maternidad, cuando saben perfectamente
que de eso no va esta moción, y me referiré otra vez a ella para que les
quede claro. En el primer párrafo de la moción nos dicen:
«…teniendo en cuenta la situación demográfica de España que está
muy alejada del óptimo índice de fertilidad… Con la crisis
demográfica está en juego el propio Estado del bienestar y la viabilidad
del sistema de pensiones...» ¿Eso qué quiere decir exactamente? ¿Que si
los españoles tuviéramos más hijos íbamos a garantizar el Estado de
bienestar y la viabilidad de las pensiones? ¿Eso es lo que están
insinuando con esa frase? ¿Que la brecha de la desigualdad, que la
política económica, que la inversión en educación y en sanidad no tienen
que ver con el Estado de bienestar?

Señorías, este libro que les muestro titulado El déficit de
natalidad en Europa. La singularidad del caso español, analiza y compara
los índices de fertilidad, el número de hijos que se tienen, de los
distintos países de Europa. Y los autores concluyen que los 3 factores
que influyen positivamente en la natalidad son: los cambios en las
relaciones de género, a fin de garantizar una mayor igualdad: las
políticas de igualdad, señorías; las condiciones que regulan las
relaciones laborales y el mercado del trabajo; y la inversión en
educación infantil de 0 a 3 años. Eso es lo que realmente influye en los
países para que las mujeres tengan más hijos, y ninguna de estas 3
propuestas, absolutamente ninguna, las recoge esta moción. ¿Por qué?
Porque sus políticas son diametralmente opuestas a las conclusiones de
este estudio. Ustedes han hecho desaparecer de los presupuestos las
partidas para la educación infantil de 0 a 3 años; han aprobado una
reforma laboral con la que han ampliado la desregulación de la jornada
laboral; han quitado las deducciones de maternidad, por ejemplo, ya no
cotizan en relación con el desempleo las horas extraordinarias, etcétera.
Ninguna de ellas favorece a las mujeres. Por no hablar de sus políticas
de igualdad, más bien de sus no políticas, porque han recortado las
partidas presupuestarias que se destinaban a la igualdad en este país y
han ido desgranando una serie de políticas que hacen que la mujer vuelva
al cuidado de los dependientes, de los mayores y de los hijos.

¿Y ustedes pretenden aumentar el índice de fertilidad y de
natalidad con mociones como la que hoy han traído a esta Cámara o con la
reforma del anteproyecto de ley de la Ley del aborto? Pero, señorías, si,
además, en la moción vuelven a proponer la protección del derecho a la
maternidad de la mujer y la protección jurídica del niño antes de nacer.
¿Qué les voy a decir? Que esa música me suena porque la ha defendido una
y otra vez en esta Cámara el ministro Gallardón. Y, en primer lugar,
déjenme que añada que el derecho a la maternidad no es un derecho como
tal, es una condición fisiológica que tiene la mitad de la humanidad; lo
que sí es un derecho es el derecho a decidir libremente sobre la
maternidad, y ese está reconocido por las Naciones Unidas. Y, en segundo
lugar, el bien jurídico protegido es un bien no sujeto a pleno derecho, y
no hay que olvidar que en caso de conflicto, como ya dijo el Tribunal
Constitucional, siempre prevalece el sujeto por encima del bien
jurídico.

Por todo esto, señorías, ¿ven lo que les decía al
principio? Ustedes quieren ir a parar a la reforma del anteproyecto de la
Ley del aborto, que es muy distinto que defender la maternidad o proponer
políticas para que el índice de fertilidad aumente. Y termino como he
empezado, con la conversación de Alicia y el gato Cheshire: ¿Me podría
indicar hacia dónde tengo que ir desde aquí? —pregunta
Alicia—. Eso depende de a dónde quieras llegar —responde el
gato—, a mí no me importa demasiado dónde. Pues bien, a nosotros sí
que nos importa, y nos parece que el camino que señala esta moción, este
anteproyecto de ley y sus políticas, no es el adecuado para nuestro país,
nuestros ciudadanos y mucho menos para nuestra democracia. Votaremos en
contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Moltes gràcies, senyor
president.

Senyor Aguirre, lamento moltíssim que finalment no hagi
acceptat la nostra esmena, la nostra proposta de text que —sap
perfectament— en cap cas desvirtua la voluntat explícita de
protegir el dret a la maternitat. Vostè sap que era relativament fàcil
arribar a un acord i, senzillament, no hi ha hagut voluntat. De fet, en
eliminar concretament les referències a l’embaràs i la gestació,
que és allò que nosaltres proposàvem en el nostre text, el dret a la
maternitat queda reforçat. De fet, la nostra proposta de redactat és molt
més inclusiva que la seva proposta, perquè permet garantir
l’efectiva protecció del dret a la maternitat per a totes les
dones, totes, no només les embarassades, sinó totes. Per tant, el nostre
redactat claríssimament és molt millor i, per tant, vostès el podien
haver acceptat. No hi hauria d’haver hagut cap problema i, per
tant, com li deia, és un tema de voluntat política.

Allò que els preocupa, i aquí sap que ahir ja en vam estar
parlant, allò que els preocupa realment de la nostra esmena és que
eliminem concretament el redactat que fa referència específica a la
protecció jurídica del nen abans del seu naixement; però és que
l’article 39 de la Constitució, al qual vostès fan referència en el
text, i per tant encara que ho diguin de manera escrita, concretament
aquest article no fa referència en cap cas al nasciturus. Per tant,
vostès no calia que ho incorporessin en el text que han presentat a la
moció. Deixant la paraula «nen» també complien amb el text específic de
la Constitució. Nosaltres ens haguéssim sentit còmodes, i vostès haurien
pogut mantenir l’essència de la Constitució, i no la voluntat
explícita que hi ha en el redactat que ens han presentat.

Per tant, d’alguna manera i lamentant-ho molt, al
final avui no es tracta tant de parlar de maternitat sinó que avui,
passant-hi de puntetes, el que estem fent és parlar d’altres coses,
fet que nosaltres precisament volíem evitar. Vostès contraposen el dret a
la maternitat i a la família amb la interrupció de l’embaràs. Per a
nosaltres això és barrejar coses, són temes totalment diferents i que
s’han de debatre en moments diferents. És una llàstima, perquè de
fet avui han perdut l’oportunitat d’arribar a un consens
respecte al dret a la maternitat. Sap que tots lluitem per aconseguir el
mateix objectiu i han volgut barrejar temes. Per tant, al final, aquesta
moció perdrà tot el valor que podia haver tingut.

Bé, centrant-me específicament en la moció, voldria fer una
reflexió que algun altre portaveu ja ha fet. Estem totalment
d’acord —ho he dit— amb el concepte general de
protecció a la maternitat. Compartim la necessitat de prendre mesures per
recolzar la maternitat i la paternitat, impedint obstacles de tota
classe. Parlen d’accions en l’àmbit econòmic, sanitari,
social. Vostès en el text ja parlen d’aquesta transversalitat
necessària a treballar per protegir aquest dret, i de fet nosaltres no
només la compartim sinó que lluitem, constantment estem lluitant per
garantir i defensar aquest dret dins les nostres possibilitats com a
grups parlamentaris a les diferents Cambres. De fet, per exemple, durant
la tramitació de la reforma laboral vam presentar esmenes per millorar el
tema dels permisos, així com facilitar la reincorporació de les dones
autònomes al món laboral després de la maternitat. Però deixi’m
dir-li que en aquest procés de tramitació vostès van rebutjar aquestes
esmenes.

Vam presentar també esmenes per a la conciliació de la vida
laboral i la maternitat i totes les que vam presentar vostès les van
rebutjar. Recentment hem presentat al Congrés una PNL per garantir
l’entrada en vigor de manera immediata i sense ja més retards ni
dilacions de les dues setmanes pendents d’aplicació en els permisos
de paternitat en els casos de naixement, adopció i acollida. Per tant,
exemples que demostren que nosaltres lluitem per fer d’aquest dret,
el dret a la maternitat, una autèntica realitat. En canvi vostès sembla
que, al menys fins ara, han anat en sentit contrari d’allò que
precisament proposen avui en aquesta moció. De fet, analitzant aquests
tres anys, llegint una mica els fets d’aquests darrers anys de
Govern, deixi’m que posi en dubte tota la voluntat expressada en
aquesta moció. De fet, jo diria que han anat, com li deia, en sentit
contrari a allò que avui explica perquè —una mica en la línia
d’allò que deia el senador Cazalis— si pel Govern i pel grup
que dona recolzament al Govern aquest tema és un tema tan important i
hagués estat una prioritat des del dia número u, jo em pregunto per què
esperen a l’últim any de legislatura

per presentar una moció, precisament, que fa referència a
aquest tema tan important, suposadament, per tots.

Potser si fossin ambiciosos realment, i si per a vostès
aquesta fos una prioritat, avui ens haurien ja portat una moció amb tot
un reguitzell de propostes concretes, però en canvi no ha estat així.
Vostè ha repassat una sèrie de temes vinculats amb la protecció actual
del dret a la maternitat. Feia referència que el nadó, el nen, té dret a
ser registrat al Registre Civil. Em sembla absurd fer aquesta reflexió en
aquesta Cambra. Hem de mirar al futur i, per tant, veure com millorar
realment la protecció, en aquest cas al dret a la maternitat.

Jo li pregunto —ja que som avui aquí i que vostès
demanen que s’aprovi aquesta moció— quines són exactament les
mesures i les polítiques que proposen —sembla ser a partir
d’avui, que fan un canvi, un gir a les seves polítiques i que, per
tant, realment defensaran el dret a la maternitat— quines són
exactament les mesures i polítiques que presentaran, i per quan seran
efectives? Perquè jo, com li deia ara fa un moment, i també ho deien els
anteriors portaveus, penso que les reformes que han fet al llarg
d’aquests tres anys precisament han provocat l’efecte
contrari a tot allò que vostès expressen avui en la moció que presenten.
Hem parlat, i ho han dit els anteriors portaveus, d’eliminació de
beques, dificultats en les prestacions reals sanitàries, tot el tema de
la Llei de dependència, altres tipus d’ajudes, la pròpia reforma
laboral —que en algun sentit, possiblement, no ha
ajudat—.

Per tant, senyor Aguirre, sentint-ho molt i agraint-li
aquest esforç que ha fet per acceptar la meva esmena —cosa que no
ha estat possible— amb tot el respecte, si no vol parlar de futur,
potser també li agrairia doncs que ens expliqui quines accions
s’han dut a terme, s’han posat en marxa aquesta legislatura,
precisament per fomentar aquesta maternitat, perquè és que ni sé veure
què han fet —diria que tot el contrari— i tampoc no ens
explica exactament què faran de cara a futur.

Com comprendrà, estic totalment d’acord amb qualsevol
proposta que vostè faci real a favor de la maternitat i que cada dia hi
hagi més nens, però em sembla que realment les seves polítiques no han
estat així. Crec que avui ens tornem a trobar davant d’una moció
amb molts bones intencions, molt bones paraules, i en realitat pocs fets;
bona voluntat però poca concreció. Per tant —insisteixo— crec
que és una llàstima que si més no amb un text tan genèric amb el qual
s’hagués pogut arribar a un acord no hi hagi consens i reitero que
de rerefons hi ha un tema que avui no tocava debatre, que ja
arribarà.

Tanco la meva intervenció lamentant que finalment avui, que
hem parlat d’un tema tan important, no hi hagi cap, zero propostes
realment efectives per afavorir el dret a la maternitat. En aquest sentit
ho sento moltíssim però, evidentment, no li podrem recolzar la seva
moció.

Moltíssimes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señor Aguirre, yo lamento que finalmente no haya aceptado
nuestra enmienda, nuestra propuesta de texto, porque —usted lo sabe
perfectamente— en ningún caso desvirtúa la voluntad explícita de
proteger el derecho a la maternidad. Usted sabe que era relativamente
fácil llegar a un acuerdo y sencillamente no ha existido esta voluntad.
De hecho, al eliminar las referencias al embarazo y a la gestación, que
es lo que nosotros proponíamos en nuestro texto, el derecho a la
maternidad queda reforzado. De ahí que nuestra propuesta de redactado sea
mucho más inclusiva que la suya porque permite garantizar la efectiva
protección del derecho a la maternidad para todas las mujeres, para
todas, y no solo para las embarazadas. Por lo tanto, nuestro redactado es
clarísimamente mucho mejor y ustedes lo podrían haber aceptado. No
debería haber habido ningún problema. Tan solo es, como le decía, es un
problema de voluntad política.

Lo que les preocupa de nuestra enmienda, y ayer estuvimos
hablando de ello, es que eliminamos concretamente el redactado que se
refiere específicamente a la protección jurídica del niño antes de su
nacimiento; pero es que el artículo 39 de la Constitución, al que ustedes
hacen referencia en el texto, aunque lo digan de forma escrita, no hace
referencia en ningún caso a los futuros. Por lo tanto, no hacía falta que
ustedes lo incorporaran en el texto que han presentado en la moción.
Dejando la palabra «niño» cumplían con el texto específico de la
Constitución. Nosotros nos hubiéramos sentido cómodos y ustedes hubieran
podido mantener la esencia de la Constitución y no la voluntad explícita
que existe en el redactado que nos han presentado.

Por consiguiente, lamentándolo mucho, no se trata tanto de
hablar de maternidad sino que lo que estamos haciendo hoy, al pasar de
puntillas sobre ello, es hablar de otras cosas, que es lo que nosotros
queríamos precisamente evitar. Ustedes contraponen el derecho a la
maternidad y a la familia con la interrupción del embarazo. Para nosotros
esto es mezclar cosas, porque los temas son totalmente diferentes y se
deben debatir en momentos distintos. Es una lástima porque, de hecho, hoy
han perdido la oportunidad de llegar a un consenso respecto al derecho a
la maternidad. Sabe que todos luchamos para conseguir este mismo objetivo
y han querido mezclar los temas. Por lo tanto, esta moción perderá, al
final, todo el valor que podía haber tenido.

Centrándome específicamente en la moción quisiera hacer una
reflexión que otra portavoz ha realizado. Estamos totalmente de acuerdo
—y lo he dicho— con el concepto general de protección a la
maternidad. Compartimos la necesidad de adoptar medidas para apoyar la
maternidad y la paternidad, impidiendo obstáculos de todo tipo. Hablan de
acciones en el ámbito económico, sanitario, social. Ustedes en el texto
ya hablan de la transversalidad necesaria para proteger este derecho que,
como le decía, nosotros no solo compartimos sino que estamos luchando
constantemente para garantizar y defender este derecho dentro de nuestras
posibilidades como grupos parlamentarios en las distintas Cámaras. De
hecho, durante la tramitación de la reforma laboral presentamos enmiendas
para mejorar el tema de los permisos, así como facilitar la
reincorporación de las mujeres autónomas al mundo laboral después de la
maternidad. Pero déjenme decirles que en este proceso de tramitación
ustedes rechazaron estas enmiendas.

Presentamos también enmiendas para la conciliación de la
vida laboral y la maternidad y todas fueron rechazadas por ustedes.
Recientemente hemos presentado una PNL para garantizar de forma
inmediata, sin más retrasos y dilaciones, la entrada en vigor de los
permisos de paternidad de dos semanas, pendientes de aplicación, en los
casos de nacimiento, adopción y acogida. Por lo tanto, son hechos que
demuestran que nosotros luchamos para hacer de este derecho, el derecho a
la maternidad, una auténtica realidad. En cambio, parece que ustedes, al
menos hasta ahora, han ido en el sentido contrario de aquello que
precisamente hoy proponen en esta moción. Déjenme que ponga en duda toda
la voluntad expuesta en esta moción. Analizo estos tres años, leo un poco
los hechos acaecidos durante estos tres últimos años de Gobierno, diría
que han ido en sentido contrario de lo que han explicado, porque —y
un poco la línea de lo que decía el senador Cazalis— si para el
Gobierno y el grupo que da apoyo al Gobierno este tema es tan importante
y hubiera sido una prioridad desde el día número uno, me pregunto: ¿Por
qué esperan al último año de legislatura para presentar una moción que
hace referencia a este asunto supuestamente tan importante para
todos?

Quizá si fueran ambiciosos, si realmente para ustedes esta
hubiera sido una prioridad, hoy nos hubieran traído una moción con toda
una serie de propuestas concretas, pero no ha sido así. En cambio, usted
ha repasado una serie de cuestiones vinculadas a la protección actual del
derecho a la maternidad. Hacía referencia, por ejemplo, a que el niño
tiene derecho a ser registrado en el Registro Civil. Me parece absurdo
hacer esta reflexión en esta Cámara. Hemos de mirar al futuro y ver cómo
favorecer la protección, en este caso, el derecho a la maternidad.

Yo le pregunto —ya que estamos hoy aquí y que ustedes
piden que se apruebe esta moción—: ¿Cuáles son exactamente las
propuestas y medidas que proponen —porque parece ser que a partir
de hoy hacen un giro en sus políticas y defenderán el derecho a la
maternidad—, cuáles son exactamente las medidas y políticas que
presentarán y cuándo serán efectivas? Como le decía hace un momento, y
también los anteriores portavoces, creo que las reformas que han hecho a
lo largo de estos tres años han provocado el efecto contrario a todo lo
que ustedes expresan hoy en la moción que presentan. Hemos hablado, y lo
han dicho los anteriores portavoces, de eliminación de becas, de
dificultades en las prestaciones sanitarias, de la Ley de dependencia, de
otros tipos de ayuda, de la propia reforma laboral —que en algún
sentido, posiblemente, no ha ayudado—.

Por tanto, senador Aguirre, sintiéndolo mucho, y
agradeciéndole este esfuerzo que ha hecho para aceptar mi enmienda
—que no ha sido posible—, con todo el respeto, si no quiere
hablar del futuro, le agradecería que nos explicara qué acciones se han
puesto en marcha o se han realizado esta legislatura para fomentar esta
maternidad, porque ni se ve lo que han hecho —diría que todo lo
contrario—, ni tampoco nos explica exactamente qué harán de cara al
futuro.

Como comprenderá, estoy totalmente de acuerdo con cualquier
propuesta real que usted haga a favor de la maternidad y de que cada día
haya más niños, pero me parece que sus políticas no

han sido estas. Hoy nos volvemos a encontrar ante una
moción con muy buenas intenciones, muy buenas palabras y, en realidad,
pocos hechos; buena voluntad, pero poca concreción. Insisto, es una
lástima —al menos en un texto tan genérico, en el que se hubiera
podido llegar a un acuerdo— que no exista consenso y reitero: en el
trasfondo hay un asunto que hoy no tocaba debatir y que ya llegará.

Cierro mi intervención lamentando que hoy, que hemos
hablado de una cuestión tan importante, no exista ninguna, cero
propuestas efectivas para favorecer el derecho a la maternidad. En este
sentido, lo siento muchísimo, pero no podremos apoyar su moción.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, senador Aguirre, con todos nuestros respetos, le
diré que, la verdad, no nos ha dado ningún argumento para no aceptar
nuestras enmiendas, solamente el de hoy no toca. ¿Qué argumento es ese?
Coincidirá conmigo en que, por lo menos, tenemos el derecho a traer a
este Pleno para su debate las cuestiones que cada grupo considere
oportunas y necesarias, y lo que nos falta es que ustedes nos tengan que
decir de lo que toca hablar y de lo que no toca hablar. Ahí se demuestra
su talante.

Dicho esto, señorías, senador Aguirre, la verdad es que,
cuando uno lee esta moción y le escucha a usted, nos viene a la mente la
palabra hipocresía, porque dice que defienden mucho a las mujeres, que
este Gobierno está muy preocupado por garantizar la maternidad y las
políticas efectivas para que las familias puedan desarrollar su proyecto
vital, pero ustedes no tienen en cuenta ni a las mujeres, ni a las
familias, ni a los niños; ustedes no tienen en cuenta a nadie, porque si
no, no se puede entender cómo llevan casi tres años poniendo en marcha
—la ciudadanía ya lo ha visto— las medidas que están
implantando. Han desmantelado la Ley de la dependencia, y eso es
fundamental para garantizar que las mujeres decidan tener hijos
—porque luego lo primero es poder mantener a esos hijos, y más, si
son dependientes—. Ustedes se han cargado las becas, el Plan
Educa3, las becas para comedor, las becas para el transporte escolar,...
Así podríamos llegar hasta el infinito. Ustedes han aumentado las tasas,
han aumentado el IVA; han aprobado una reforma laboral injusta, que está
facilitando el despido y que está perjudicando fundamentalmente a las
mujeres. Y ustedes de esto no quieren hablar.

En la exposición de motivos se habla de la Convención sobre
los Derechos del Niño de Naciones Unidas y no se hace referencia a
políticas para erradicar la pobreza. Nos gustaría que se cumplieran
muchas de esas recomendaciones que les hacen las Naciones Unidas, a las
que ustedes no hacen caso. A ustedes —lo han demostrado hoy
aquí— les importa el concebido y no nacido y abandonan a la suerte
a los nacidos, y al Grupo Parlamentario Socialista le preocupan
especialmente los nacidos.

Estamos —lo han dicho aquí— ante una situación
donde muchísimas familias están pasando muchísimas necesidades. Ayer
hablábamos —lo decían varios portavoces— de la encuesta de
condiciones de vida, publicada por el INE recientemente, y veíamos cómo
la situación es dramática, que no es para frivolizar, aunque ustedes no
quieran hablar de esto. Esa encuesta nos dice que el riesgo de pobreza
afecta ya a 27 de cada 100 españoles y que casi medio millón de parados
en España ya ni buscan empleo —y la mayoría, senador Aguirre, son
mujeres—, a los que hay que sumar 633 000 extranjeros que se han
ido de España. Que el 17% de los hogares españoles no llega a fin de mes,
y ustedes de estos no quieren hablar. Que más de 2 millones de hogares
españoles tienen a todos sus miembros en paro. Que 736 000 familias no
perciben ningún salario. Que la cobertura por desempleo solamente alcanza
al 57,8% de los parados, y de ellos, muchas son mujeres. ¿Con estos datos
de verdad ustedes creen que la preocupación de los españoles y las
españolas es proteger al concebido y no nacido? ¿Alguien puede pensar que
esta es la preocupación?

En definitiva, el Gobierno y ustedes, senadores del Grupo
Parlamentario Popular, que siguen las directrices del Gobierno, intentan
adoctrinarnos sobre un modelo concreto de familia, pero estamos ya en el
siglo XXI y las mujeres tenemos capacidad de decidir, sabemos pensar
—aunque a algunos de ustedes les cueste creerlo—. Por tanto,
lo primero que tienen que hacer es garantizar

y respetar el derecho que tenemos las mujeres —porque
es un derecho— a decidir sobre nuestra maternidad. Ese es el
fundamento de la moción que ustedes han presentado. Todas sus políticas
van en la misma dirección, crean una sociedad desigual, lo quieran o no,
¿y ahora en esta moción se preocupan de proteger a las mujeres
inmigrantes irregulares que estén embarazadas? ¿Pero de qué estamos
hablando? ¡Pero si ustedes han hecho el Real Decreto 16/2012, por el que
han expulsado del Sistema Nacional de Salud a 800 000 inmigrantes, a los
que han dejado tirados en la cuneta! ¡Pero si en muchísimas comunidades
gobernadas por el Partido Popular les piden que paguen cuando van, por
ejemplo, a centros de salud! ¡Pero si lo estamos viviendo y lo han
denunciado las organizaciones no gubernamentales! ¿Y ahora a ustedes les
preocupa que las mujeres irregulares embarazadas tengan garantizada...?
¡Por favor, menos hipocresía, seamos un poco serios, responsables y
respetuosos con los derechos de las personas! (Aplausos). De eso estamos
hablando hoy aquí. Hoy estamos hablando de derechos de las personas,
especialmente de las mujeres, y de las mujeres que menos tienen. Lo que
hacen ustedes hoy es introducir ya el debate sobre la Ley del aborto
—tenían la ley escondida, pero ahora ya lo introducen—. Como
hace muchísimo tiempo, las mujeres que tengan posibilidades se irán a
otro país de la Unión Europea a abortar, pero las que se queden en España
abortarán en unas condiciones con riesgo para su salud. Aquí estamos
hablando de garantizar la salud de las mujeres y ellas abortarán aquí en
unas malas condiciones. Eso tiene que ver con esa sociedad dual de ricos
y pobres, y también se está viendo en esta Cámara, senador Aguirre. Ese
es un debate ideológico.

Señorías, no vamos a permitir que ustedes nos digan qué
tipo de sociedad queremos ni qué es lo que tenemos que hacer, decidir o
qué propuestas tenemos que presentar.

Continúo con más indicadores, aunque ustedes de esto no
quieren hablar, ustedes, con decir que todo viene de la herencia
recibida, ya lo tienen todo claro. Pero la herencia recibida son también
ustedes.

La tasa de exclusión infantil es de un 33,8%. El recorte
más profundo de derechos de la reforma laboral, de la que ustedes tanto
presumen, es para las mujeres. Han desaparecido las bonificaciones cuando
se incorpora una mujer tras una excedencia por cuidado de un hijo. Se ha
limitado el derecho a la jornada reducida y al permiso de lactancia. Se
ha congelado el salario mínimo interprofesional, algo también importante
—de eso también tenemos que hablar—, cuando resulta que el
Gobierno socialista lo aumentó durante siete años en un 39%. La cruda
realidad es que han recortado ustedes las políticas activas de empleo en
un 52%. Señorías, todas estas cuestiones están provocando que disminuya
el disfrute de los permisos de paternidad un 3,20% menos en 2013 respecto
a 2012 y que un 3,33% menos de mujeres hayan disfrutado de la prestación
económica por maternidad.

¿Y sabe usted cuál es el trasfondo de su moción, señor
Aguirre? Como le he dicho al principio, además de cargarse la Ley del
aborto vigente, la jerarquía eclesiástica les están diciendo a ustedes
que aprueben ya el plan de apoyo a la familia, del que empezaron a hablar
hace dos años pero del que no han puesto en marcha ni una sola medida,
como también les están diciendo en ese programa de la Unión Europea que
tengo aquí. El día 15 de mayo fue el Día internacional de apoyo a las
familias. Pues en la línea sexta de ese borrador del plan al que hemos
tenido acceso se dice lo siguiente: Proteger la maternidad. ¡Y qué
casualidad, en uno de los puntos se dice: Protección del no nacido! Esa
es la cuestión. Eso es lo que les está pidiendo a ustedes la jerarquía
eclesiástica, que pongan en marcha todas estas medidas. Por eso, senador
Aguirre, ha tenido que salir hoy usted aquí a defender esta moción, que,
insisto, es un despropósito,...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora LLINARES CUESTA: ...porque si de verdad quieren
apoyar a la maternidad, aprueben nuestras enmiendas o retiren esta moción
y empecemos desde cero para consensuar políticas reales de apoyo a las
mujeres.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Aguirre.

El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Quisiera responder a las intervenciones de los grupos
parlamentarios. Primero, al señor Mariscal, del Grupo Mixto. Como
siempre, su intervención ha sido muy ofensiva, anclada en el ostracismo
más absoluto. Y le voy a responder con el refranero: No ofende el que
quiere, sino el que puede. O aún más: A palabras necias, oídos sordos,
porque todo lo que usted ha dicho es un despropósito absurdo. Y respecto
al tema de las mujeres hay otro refrán muy nuestro que dice: Piensa el
ladrón que todos son de su condición. No entro en discusiones porque son
absurdas y estériles, así que no me merece la pena responderle a usted
nada más.

El señor Cazalis también ha utilizado el refranero
—parece que hoy estamos de refraneros—, me ha dicho que en el
pecado llevo la penitencia ya que no es una moción con la que me pueda
sentir a gusto. No es cierto. Estoy muy muy orgulloso de defender siempre
al más débil, en este caso, a la mujer embarazada. Mire, señor Cazalis,
usted sabe mi historial. Llevo 35 años de médico. Soy padre de familia
numerosa. Mi mujer ha tenido tres embarazos y un cuarto, que, por
desgracia, no llegó a término. He llevado muchas embarazadas, porque todo
el control de embarazos lo he llevado yo en mi centro de salud como
médico de primaria y médico de familia. He llevado más embarazadas de las
que ustedes son capaces de contar. Antes de que muchos de ustedes
nacieran, ya llevaba yo embarazos en mi centro de salud. He oído los
primeros latidos con el Sonicaid, con el padre y la madre, y me he
alegrado con ellos, y otras veces me he entristecido cuando el latido no
se oía, o cuando el embarazo no ha llegado a término. Luego es un tema
con el que soy muy sensible, y me siento muy a gusto hablando de los más
débiles que la sociedad ha de proteger así como los poderes públicos
—que somos todos nosotros—, en este caso, la mujer embarazada
y el niño que lleva en su seno.

Respecto a lo que ha dicho también usted en cuanto a la
atención al embarazo de las inmigrantes, gracias a ese magnífico Real
Decreto 16/2012 del Partido Popular se garantiza de forma clara la
asistencia al embarazo, parto y puerperio de cualquier mujer,
independientemente de su situación, dentro del territorio nacional y
asimismo la de sus hijos hasta la edad de 18 años. Por tanto, ese tema
está perfectamente claro y controlado.

Todos ustedes, sobre todo, la señora Almiñana, han hablado
de algo que no toca —ya lo dije antes por activa y por
pasiva—, del magnífico anteproyecto de protección de la vida del
concebido y del derecho a la maternidad que debatiremos en esta Cámara,
que no es el motivo de esta moción. Será motivo de otro debate, cuando
siga su trámite parlamentario, pase por el Congreso y venga después al
Senado. No me mezclen churras con merinas. De lo que estamos hablando hoy
—lo he dicho por activa y por pasiva— es de ejercer el
derecho a la maternidad, derecho que debe ser facilitado por nosotros,
por los poderes públicos, como bien social que supone un embarazo.

La señora Llinares ha tocado cien mil temas, todos
—de antes, de ahora y de después, hasta con perspectiva de
futuro—, pero todos incompletos, sesgados y, por supuesto, faltando
de forma repetitiva a la verdad, y utilizando otra vez el refranero: se
ha ido por los cerros de Úbeda. No se ha centrado en lo que debía, en la
moción, y ha hablado de todo. Solo le ha faltado el sexo de los ángeles,
porque de todo lo demás ha estado hablando.

Me niego a entrar en un debate que no sea el que tenemos
actualmente, que es el debate de la protección de la mujer
embarazada.

Señoría, en el año 2007 el Comité de Aspectos Éticos de la
Reproducción Humana y la Salud de las Mujeres, de la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, definió el embarazo
como la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la
implantación del óvulo fecundado en la mujer. El embarazo se inicia en el
momento de la nidación y termina con el parto.

Señora Almiñana, la maternidad supone, como he dicho antes,
un bien personal de primera magnitud como expresión de la capacidad
humana de dar vida, pero es a la vez un gran valor social, teniendo en
cuenta la situación demográfica —hay que decirlo— que vive
España, muy alejada de lo que se llama óptimos índices de fertilidad, que
garantizan la sustitución generacional sin disminución de la población.
Con la crisis demográfica está en juego, a medio plazo, el propio Estado
de bienestar y la viabilidad del sistema de pensiones asistencial, como
ya he comentado anteriormente.

Señoría —voy terminando—, yo y el Grupo
Parlamentario Popular, del que tengo el honor de ser su portavoz en esta
intervención en la Cámara, nos consideramos —y lo digo a boca
llena—

auténticos progresistas. Si progresismo es defender la vida
desde su inicio, somos progresistas. Si progresismo es defender a la
mujer embarazada y la gestación desde la unión del espermatozoide y el
óvulo, empezando desde la fase de mórula con un nuevo ser vivo
diferenciado, somos progresistas. Si progresismo es la dignificación de
las personas ante la muerte al final de sus días, somos progresistas. Si
progresismo es un no rotundo a la pena de muerte sin matices, señoría, en
el Grupo Parlamentario Popular somos progresistas.

Señorías, otros que van de progresistas, aquellos a los que
llamábamos progres, son los que piensan que siempre tienen la verdad
absoluta pero que dudan ante la defensa de la vida del más débil, ante la
eliminación de aquél que no es como él, ante propuestas de provocar de
modo directo la muerte a pacientes al final de su vida.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular proclama de forma
clara y contundente, sin doblez ninguna y de forma nítida, sí a la
maternidad, sí a la vida.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.

Llamen a votación (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 244; a favor, 151; en contra, 80;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

7.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA ABORDAR LA REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS
CARRETERAS.

(Núm. exp. 662/000143)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura al punto 7.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos
enmiendas: una, del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los
senadores Iglesias y Mariscal, y otra, del Grupo Parlamentario Popular.
(Rumores).

Señorías, hasta que no guarden silencio no vamos a comenzar
con el debate de la moción. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.
(Rumores.—Pausa).

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el
Grupo Socialista, el senador Becana por tiempo de quince minutos.

El señor BECANA SANAHUJA: Gracias, señor presidente.

Señorías: «aumentaremos la inversión en mantenimiento y
conservación de carreteras», «debemos mantener el valor patrimonial de
nuestras carreteras». De todos es conocida esa regla que dice que 1 euro
que no se invierte en mantenimiento hoy, supone 5 euros en tres años en
reparaciones y 25 euros en diez años para reconstrucciones. Son las
palabras de la señora ministra de Fomento el día 9 de febrero de 2012 en
el Congreso de los Diputados en su comparecencia ante la Comisión de
Fomento para explicar la política de su ministerio.

La Red de Carreteras del Estado gestiona, según datos de
2012, 26 083 kilómetros, con un valor patrimonial aproximado…
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador Becana.

Señorías, guarden un poco de silencio. Es imposible
escuchar al senador Becana.

Gracias.

Continúe, señoría.

El señor BECANA SANAHUJA: Gracias, señor presidente.

Decía que la red de carreteras gestiona 26 083 kilómetros,
con un valor patrimonial aproximado de 85 000 millones de euros. El 2%
del valor patrimonial es el criterio internacionalmente admitido para
establecer el presupuesto necesario para una correcta conservación de la
red. En el caso de España, en el año 2012 el presupuesto resultante
debería haber dado la cantidad de 1700 millones de euros para la
conservación de carreteras.

Es cierto, señorías, que la crisis y las políticas de
austeridad adoptadas por los diferentes gobiernos han afectado al
presupuesto de conservación, pero también es verdad que de forma
sustancialmente diferente en los gobiernos socialistas y del Partido
Popular.

Les voy a recordar el presupuesto del Ministerio de Fomento
en conservación de carreteras desde el inicio de la crisis.

En el año 2008, el presupuesto fue de 1154 millones de
euros; en 2009, de 1251 millones de euros; en 2010, de 1257 millones de
euros; y en 2011, de 1084 millones de euros. Y ahora vienen los
presupuestos de los Gobiernos del Partido Popular: en 2012, 873 millones
de euros; en 2013, 818 millones de euros; y en 2014, 878 millones de
euros. Es decir, tres años consecutivos presupuestando exactamente la
mitad de lo que se considera internacionalmente una cantidad correcta
para la conservación.

¿Cuáles han sido las consecuencias de estos tres años? En
mayo tuvimos conocimiento de la auditoría realizada por la Asociación
Española de la Carretera, auditoría que se realizó en el último semestre
de 2013 y que viene a decir que tenemos carreteras con el asfalto
agrietado, con baches, con señales deterioradas, con quitamiedos sin
reponer y con iluminación insuficiente. Es decir, señorías, que el euro
no invertido en estos tres años se ha convertido en una necesidad de
inversión, que la propia asociación cuantifica en 2000 millones de euros
porque los déficits en conservación se han incrementado en estos tres
años en un 20% en nuestra red de carreteras. Y dice la asociación: Tan
solo un golpe de timón en los presupuestos para 2015 evitará la debacle
del patrimonio viario.

Según este estudio, las carreteras españolas se enfrentan a
un deterioro sin precedentes, en tanto en cuanto la última auditoría
muestra la peor situación de toda la serie de este estudio que se realiza
anualmente desde el año 1985. Nuestras carreteras, en el año 2014, están
peor conservadas que en el año 1985, y sirva como muestra una breve
exposición de los seis indicadores principales del estado de
conservación: el estado de los pavimentos acumula el 94% del déficit
total en conservación y obtiene en este estudio una calificación media de
deficiente; en el caso de mi comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de
Aragón y en el de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la calificación es
de muy deficiente. Actualmente, 3 de cada 4 kilómetros de pavimento
presenta grietas en la rodada y 1 kilómetro de cada 3 kilómetros muestra
grietas, desintegraciones, deformaciones y baches. El presupuesto
calculado, necesario para reparar el pavimento, es de 1883 millones de
euros. Quiero recordar a sus señorías que la conservación del firme
influye de forma directa en la competitividad del país pues encarece el
gasto por combustible y aumenta la siniestralidad de la vía.

Otro indicador es la señalización vertical. El estudio
concluye que en este momento hay que reponer 83 000 señales de código, y
no se incluyen, entre estas, las señales de orientación. Hay que
reponerlas por el desgaste de las láminas retrorreflectantes, que no
garantizan la visibilidad por la noche ni en condiciones climatológicas
adversas. La inspección realizada en 2013 mediante un retrorreflectante
portátil concluye que en una de cada dos señales el material de la señal
ha perdido ya su condición de retrorreflectante. El presupuesto necesario
para reponerlas asciende a 27 millones de euros.

En la red estatal deben repintarse las marcas viales
—28 cada 100 kilómetros de carretera—, y su presupuesto
alcanzaría la cifra de 14 millones de euros.

Se constata también un empeoramiento de las barreras
metálicas en las carreteras del Estado, cuya evaluación desciende del
5,6% en 2011 al 4,7% en 2013, teniendo en cuenta que el estudio se
refiere únicamente a las barreras instaladas y no a la necesidad de su
instalación en los tramos que carecen de ellas. El presupuesto necesario
para mejorarlas es de 70 millones de euros. De todos los elementos
analizados, el balizamiento es el único indicador que alcanza el
aprobado, si bien su evaluación en anteriores años rondaba el notable
alto y ahora saca un 5 pelado.

Finalmente, el 82% de las luminarias en funcionamiento
registran rangos inadecuados de iluminancia, lo que representa un 40% más
que en 2012; es decir, que tanto la cantidad de luz que llega al
pavimento como su uniformidad registran rangos no adecuados, lo que
repercute en la seguridad del tráfico e incrementa la exposición al
riesgo de los conductores.

En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista recaba
el apoyo de todas sus señorías para que el Pleno del Senado le pida al
Gobierno que afronte esta delicada situación en la conservación y en la
seguridad vial de las carreteras españolas con dos actuaciones que
coinciden con las conclusiones del estudio realizado por la Asociación
Española de la Carretera. Primera propuesta: Corregir de forma inmediata
en los próximos tres años el déficit de conservación acumulado mediante
un plan de choque extraordinario, es decir, un plan de inversiones que
incorpore a los presupuestos de 2014 unos 500 millones de euros en la
conservación y que incremente en 750 millones los presupuestos de 2015 y
2016.

Segunda propuesta: Al mismo tiempo le pedimos al Gobierno
que elabore un estudio para fijar un plan de conservación adaptado a la
situación económica del país, un plan que cubra la totalidad de la red,
con un horizonte de 10 años, para garantizar una actuación continuada y
coherente con los objetivos fijados, que haga más eficientes los pocos
recursos disponibles.

Señorías, para concluir, no es un tema baladí, no es un
tema baladí, repito, todos somos usuarios de la carretera. No olvidemos
que la carretera es el medio de transporte mayoritario en nuestro país.
Según datos de 2008, el 86% del transporte interior de mercancías y el
90% del transporte interior de personas se realizan por carretera. De la
correcta conservación de la red dependen en gran medida la competitividad
de las empresas y la seguridad de los conductores. Por ambas razones,
señorías, les pido que tengamos hoy un debate responsable.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Becana.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

La enmienda que hemos formulado el senador Mariscal y yo
mismo pretende completar la moción, introduciendo la necesidad de que se
cumplan los objetivos previstos con relación a la mejora de la seguridad
en los túneles dependientes de la Administración General del Estado.

El trágico accidente que se produjo en el túnel de Mont
Blanc y que generó 39 víctimas mortales dio lugar al debate, primero, en
el conjunto de la Unión Europea y, posteriormente, a la aprobación de la
Directiva 2004/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
abril, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red
transeuropea de carreteras.

Estas exigencias mínimas de seguridad se concretaban en que
en los túneles más largos se cuente con galerías de escape, que en el
conjunto de los túneles el firme sea más ignífugo que el que se venía
utilizando hasta entonces y que los sistemas de ventilación elevasen su
potencia.

Se planteó la traslación de esa directiva al marco
normativo español, sobre todo tras constatar que más de la mitad de los
túneles de titularidad estatal estaban fuera de esa normativa europea y
que el cumplimiento de la directiva exigiría una inversión que entonces,
en el año 2006, se cuantificó en torno a 360 millones de euros. Para
ello, para hacer la traslación de la directiva europea y extenderla al
conjunto de los túneles dependientes de la Administración General del
Estado, formaran parte o no de esa red transeuropea de carreteras, se
aprobó el Real Decreto 635/2006, que fijaba un espacio temporal para
afrontar los proyectos necesarios de adaptación que concluyó el pasado 30
de abril de 2014. Cierto es que ante las dificultades económicas que se
han planteado en el conjunto de la Unión Europea, esta acordó conceder
una moratoria para que los períodos de adaptación de las exigencias
contenidas en la Directiva 2004/54 se pudieran prolongar hasta abril de
2019. Lo que ocurre es que, dada la situación presupuestaria del
Ministerio de Fomento y los recursos que se están dedicando a la red de
carreteras, es de temer que para 2019 tampoco estemos en condiciones de
dar cumplimiento al Real Decreto 635/2006, y que, por tanto, los túneles
dependientes de la Administración General del Estado no cumplan estos
requisitos mínimos de seguridad. De ahí que formulemos una enmienda para
que en la moción también se inste al Gobierno a dar cumplimiento al
mencionado real decreto y garantizar con las inversiones necesarias y
suficientes que para el marco temporal fijado por la

Unión Europea de abril de 2019 todos los túneles de la red
estatal de carreteras cumplan estos requisitos de seguridad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el senador Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Señor presidente, señorías, buenos
días.

La moción que ha presentado el senador Becana ya ha sido
objeto de actuación parlamentaria bajo diversos epígrafes y con distinto
resultado en las diversas posiciones que se han manifestado. Así, se ha
reiterado a lo largo de la IX Legislatura y de la X y actual Legislatura
en 14 ocasiones, y precisamente ha sido aprobada, algunas veces por todos
los grupos parlamentarios y otras no. En cuanto a las que contaron con la
aprobación de todos los grupos parlamentarios, me gustaría referirme a
una, que fue aprobada por asentimiento y que presentó el Grupo
Parlamentario de UPyD en el Congreso de los Diputados a la Comisión de
Fomento relativa a la necesidad de rehabilitar estructuralmente los
firmes de las carreteras, así como una PNL presentada por el Grupo
Parlamentario Popular ante la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad
Sostenida del Congreso, que también fue aprobada por unanimidad, sobre
una línea específica de financiación para seguridad vial y mejora de
carreteras. Ello, señorías, denota esa sensibilidad que todos compartimos
en cuanto a la conservación y mantenimiento de la seguridad vial. Como
decía el señor Becana, todos circulamos por las carreteras y todos
queremos tener seguridad, confort en el desplazamiento, velar por la
emisión de CO2 a la atmósfera y por la contaminación lumínica, fomentar
el trabajo en las empresas constructoras y la creación de puestos de
trabajo. Por ello, señor Becana, quiero decirle que hemos intentado
redactar una enmienda de sustitución, una transaccional, para poder
llegar a ese acuerdo, pero no ha sido posible, como luego le
explicaré.

Usted, señor Becana, hacía referencia al informe de la AEC
realizado a finales del año 2013. Es loable la tarea que realiza esta
asociación, pero su método de inspección visual por el que se fija a
cierta distancia de los defectos que hay que reparar en las carreteras no
es compartido por la metodología más científica que realiza el Ministerio
de Fomento sobre la base de la tecnología de la auscultación
automatizada, que realiza una evaluación continua precisa de alto
rendimiento, por lo que las mediciones que refleja son de carácter
objetivo y no están supeditadas a la visión particular de la persona que
las realiza.

Por eso, la Dirección General de Carreteras tiene
perfectamente identificados, kilómetro a kilómetro de los 26 000 de la
red de carreteras, cuáles son los puntos complicados tanto en la red de
alta capacidad —11 700 kilómetros— como en las carreteras
convenciones —14 000 kilómetros—; lo hace a través de los
contratos de conservación integral de carreteras y también de los
contratos de concesión de autopistas de peaje y de las autovías de
primera generación. Ellos son gente muy experta y por eso conocen
absolutamente cada uno de los estados de las carreteras de la red
española de carreteras, y por eso el Ministerio de Fomento ha puesto en
sus manos en los tres últimos años en los que está gobernando el Partido
Popular más de 2600 millones de euros para reparar estas deficiencias que
pueden ser observadas. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia).

Ello es lo que permite, señorías, la situación económica
actual. ¡Qué más quisiéramos que tener más presupuesto para la
conservación de carreteras! ¡Qué más quisiéramos que poder llegar a esa
cifra mítica que establece como recomendación el Banco Mundial del 2% del
valor patrimonial de nuestras carreteras! Pero, señorías, es lo que hay.
Hay que trabajar de otra manera y es lo que está haciendo el ministerio.
Hay que trabajar y conseguir más con menos, ¿pero cómo podemos conseguir
esto? Precisamente con el nuevo Plan de eficiencia de mantenimiento de
conservación integral de carreteras, que se basa en 3 aspectos o 3 ideas
muy importantes, que son: mayor flexibilidad y eficiencia en la
asignación de los recursos, reducción de los sectores para conseguir una
economía de escala y máxima duración de los contratos. Ello ya ha dado
resultados y dará los máximos resultados en el año 2016, cuando acabe la
implementación absoluta de este nuevo sistema, entonces hablaremos de un
27% de ahorro. Ahora mismo ya se han reducido 86 millones anuales y
pasamos de 480 millones a 394, que han permitido actuaciones que no se
habían realizado desde hace más de 900 días; me refiero a ese Plan de
rehabilitación extraordinaria

de firmes de carreteras que ha permitido que se hayan
licitado ya unos 10 contratos por importe de 41 millones de euros, entre
los cuales está la rehabilitación del firme de la A-1 en el tramo
Venturada-Santo Tomé del Puerto, por importe de 7 200 000 euros.

Por todo ello, señorías, no podemos compartir la forma en
que ustedes piden la conservación de carreteras en los puntos primero y
segundo de la moción. Con respecto al primero, porque el Pitvi establece
cómo hay que hacerlo y hay que atenerse siempre a las limitaciones
presupuestarias del momento actual, como les he dicho. En cuanto al
segundo punto, porque día a día esos magníficos técnicos de la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento realizan una evaluación
continua y objetiva de los defectos observados en la red de carreteras,
por eso no podemos hacer los planes que usted pretende ya que el día a
día es de la máxima importancia.

Por lo anterior, señorías, el Grupo Parlamentario Popular
propone una enmienda de sustitución que dice: El Senado insta al Gobierno
a continuar con la política en materia de conservación de la red de
carreteras del Estado recogida en el Pitvi en el marco de las
disponibilidades presupuestarias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, finalice.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Si no se acepta, no podremos votar
a favor de la moción.

Señor presidente, termino. Muchas gracias, muy amable.
(Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Socialista, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no
las enmiendas presentadas.

El señor BECANA SANAHUJA: Gracias, presidente.

Comenzaré por la enmienda del Grupo Popular, que no vamos a
aceptar, y aun así agradezco la actitud del senador Mateu de intentar
buscar un acuerdo desde la consciencia de que el problema es serio. Pero
no podemos aceptar una enmienda que dice que el Gobierno continúe
desarrollando el Pitvi, el plan de infraestructuras, no nos sirve, y le
voy a decir por qué, señor Mateu.

El Pitvi, el plan que presentó la ministra, establecía para
la conservación de carreteras dos objetivos: el primero, reducir el gasto
en conservación en torno a un 30% —27%/30%, dice el Pitvi— y,
el segundo, mantener niveles de servicio adecuados en la atención a la
vialidad. Pues bien, han pasado ya tres años de Gobierno y los hechos son
tozudos. Es verdad que el Gobierno hace una propaganda de lo bien que
trabaja, también en la conservación de carreteras, pero acabamos de salir
todos, los senadores del Partido Popular, del Partido Nacionalista Vasco,
de Convergència i Unió, de Entesa, del Grupo Parlamentario Mixto y del
Grupo Parlamentario Socialista, de una campaña electoral que nos ha
obligado a recorrer nuestras provincias y nuestras circunscripciones y
cada uno de nosotros hemos constatado, como constatan día a día los
camioneros, los transportistas y los conductores, la situación de la red
de carreteras del Estado. Y hemos constatado que necesita de una
intervención extraordinaria porque la reducción del 30% en los
presupuestos se ha traducido en un estado de conservación deplorable. El
primer objetivo del Pitvi se ha cumplido con creces, pues se ha reducido
el gasto en conservación, pero el segundo objetivo, que es el que nos
importa a todos: mantener los niveles adecuados de servicio en la red de
carreteras, ha sido un fracaso, e insisto en que todos lo hemos podido
comprobar como conductores con ocasión de la pasada campaña electoral. Y
para salir de esta situación, no sirve la enmienda del PP, que se limita
a proponer más de lo mismo, más recortes, es decir, seguir recortando y,
como consecuencia de ello, peores carreteras.

Le agradezco al senador Iglesias, del Grupo Parlamentario
Mixto, que haya presentado una enmienda referente a los túneles. Es
cierto que en el mandato del Gobierno socialista ya se aprobó y se puso
en marcha un plan de conservación y seguridad de los túneles.
Efectivamente, señorías, los túneles y los puentes son elementos
singulares de la carretera que requieren una conservación específica. Son
obras que se diseñan y se proyectan para una duración de cien años y,
desde el punto de vista de la seguridad vial, requieren una atención
especial. Por eso le agradecemos la presentación de la enmienda, que
naturalmente incorporaremos a la moción porque la enriquece.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Agradezco al proponente de la moción que haya aceptado la
enmienda formulada.

Estamos ante una cuestión vital, vital porque afecta a la
vida de los ciudadanos que utilizan habitualmente nuestras carreteras. El
Ministerio de Fomento, presupuesto a presupuesto, con el Gobierno del
Partido Popular, ha sido uno de los que ha padecido con más intensidad
los recortes. En el presupuesto de 2012, un recorte del 34,6%; en el
presupuesto de 2013, un recorte del 16,6%; en el presupuesto del 2014,
una caída de la inversión del 30%. Si vamos a las partidas de
mantenimiento y conservación, vemos que en el presupuesto de 2014 hay una
consignación de 818 millones, que es exactamente la misma que había en el
presupuesto del 2013, pero bastante por debajo de la existente en el
presupuesto de 2012, que ascendía a 1084 millones de euros.

Es verdad que el número de víctimas mortales en nuestras
carreteras ha descendido de forma muy notable como consecuencia de
diferentes medidas y cambios normativos que hay que valorar como
acertados, y no precisamente alguna de las últimas reformas que plantean
la posibilidad de incrementar la velocidad hasta los 130 kilómetros por
hora, como tuvimos oportunidad de debatir en esta Cámara. De hecho, en
2013 se llegó felizmente a un mínimo histórico de víctimas mortales: 1128
en las vías interurbanas, incluso más bajo que el que se dio en el año
1960; un índice que, comparado con el anterior ejercicio 2012, supone un
descenso del 13%. Tenemos que felicitarnos por ello, aunque también ser
conscientes de que la crisis juega en estos datos. La crisis, por una
parte, conlleva incremento de riesgos —los propietarios de
vehículos tienen menos recursos para mantener en condiciones de uso
adecuadas y de seguridad esos mismos vehículos, se alarga más la vida
útil de los neumáticos, no se hacen reparaciones que garanticen la
seguridad porque no hay recursos económicos para ello—, pero, por
otra parte, también conlleva un menor uso de las vías, con un descenso de
usuarios en las famosas operaciones salida que, probablemente, juegue un
factor positivo a la hora de conseguir un descenso en la siniestralidad
vial.

En todo caso, con estos recortes presupuestarios va a ser
muy difícil cumplir la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020. En esta
estrategia de seguridad se fijan 11 áreas de actuación y, como es lógico,
una de ellas afecta a las infraestructuras. En la definición y
descripción de esta área de infraestructuras se dice, literalmente, que
el objetivo es lograr carreteras más seguras que ayuden al conductor.
Para ello, en esta misma estrategia se insta a los titulares de las vías
públicas —en este caso al Estado, las que son de titularidad
estatal— a dedicar el 2% del valor patrimonial de su red anualmente
al mantenimiento y conservación. Y es obvio que con los Presupuestos
Generales del Estado que se están aprobando no se cumple esta exigencia
de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020. Se está dedicando mucho
menos de este 2% del valor patrimonial de la red de carreteras del
Estado.

Se ha dicho ya, según el Real Automóvil Club de España
—que acaba de presentar en abril un informe—, que 2 de cada 3
kilómetros de carreteras están en un estado deficiente. El déficit de
mantenimiento y conservación de las infraestructuras en la red de
carreteras aumenta —constata ese informe—. Por contra,
informes internacionales ratifican la trascendencia en materia de
seguridad vial de las inversiones en mejora de la red. El informe que
realizó la Administración de los Estados Unidos sobre seguridad vial
refleja claramente que las inversiones en mejora de carreteras que se han
realizado en los últimos años lograron como objetivo reducir en un 40%
los accidentes por salida de la vía y, con carácter general, en el
conjunto de los accidentes, una reducción del 20%, lo cual supone un
resultado que avala perfectamente lo que la lógica misma nos dice sin
necesidad de acudir a grandes estadísticas ni a grandes estudios: que las
inversiones —como decía la señora ministra de Fomento— en
mantenimiento y conservación de carreteras no solo ahorran inversiones
futuras, sino que ahorran vidas hoy, lo cual, sin duda, es muchísimo más
importante.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias. Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Egun on, eskerrik asko
mahaiburu jauna, jaun-andreok,

Gaur alderdi sozialistak dakarkigun mozio hau egokia
iruditzen zaigu. Ezin dugu ukatu, eta aldez aurretik nire aurretik hitz
egin dutenek aipatu dute murgilduta gauden egoera ekonomiko larri
horretan, nolabait esango genuke onartuagoa dagoela arlo guztietako
mantenimenduko aurrekontuak murriztea. Ez da garaia agian horretan
gehiago sakontzeko, lehentasunak finkatzeko garaiak dira. Eta osasuna,
hezkuntza edota oro har, giza politika guztiak beste batzuen aurretik
jorratu behar direla uste dugu. Ildo honetatik senatari popularrak Mateuk
zioen egunerokotasunak garrantzia handia zuela, eta ezin zela agian hau
guztiari heldu; baina aldi berean ere, ezin da ukatu ere azpiegituren
mantenimendu ezak ondorioak dituela. Ondorio horien artean aipatu dira
batzuk, ibilgailuen ondoretza, ez bakarrik errepidearen egoeragatik
ibilgailuak hondatzen direla errazago, baizik eta nire aurretik Iglesias
senatariak aipatu duen bezala, krisi garai hauetan erabiltzaileak ere
dituen ibilgailuak okerragoak direlako ere. Horrek eramaten gaitu eta
datuak zuzenean proportzionalak ez badira ere, istripuak areagotzera, eta
datuak nire aurretik aipatu dira. Eta besteak beste ere, eramaten gaitu
etorkizun edo epe motz edo ertain batean ondoren inbertsio berriak
egitera.

Errepide Espainolen Elkarteak egindako azkeneko ikerketak
datu zehatzak aipatzen ditu, eta oker ez banago, Becana senatariak bere
lehenengo agerraldian aipatu du Fomentoko ministrak berak ere aipatu
zituen hitz hauek direla, garaiz inbertitzen ez den euro batek hiru urte
barru konponketak egiteko inbertsioak bider bost beharko duela izan, eta
bost urte barru egin behar badira, bider hogeita bost.

Eta datu honekin batera ez nuke nahi aukera pasa uztea,
gogoeta bat egin gabe. Berria ez izan arren, nik neuk ganbera honetan
behin baino gehiagotan egin dudana, eta parekazioa eginez Abiadura
Handiko Trenarekin, askotan nik eta nire taldearen izenean aipatu dugu
epeak betetzeko eskatzen genionean ministrari, datu honi erreferentzia
egiten genion; hau da, garaiz bete diren, bukatutako obra, hau da gure
kasuan Eusko Jaurlaritzak egindakoa hain zuzen ere Fomentoko ministroari
dagokiona bukatuko duenerako egongo ginateke egoera baten aurrean non
berriro inbertsio berriak egin beharko genituzkeela aldez aurretik eginak
zeudenak hondatuak edo pasatak egongo zirelako. Horrekin alderatzen dut
gaur bertan hitz egiten dugun errepideei buruz gauza bera gertatuko
litzaiguke. Inbertsio horiek urte horietan egin ez dena bider bost edo
bider hogeita bost gertatuko zirelako. Hau guztiagatik ezinbestekoa
ikusten dugu plan zehatz bat finkatzea eta aurrera eramatea, mozioan
eskatzen den bezala.

Eta amaitzeko, aipatuko nuke bakarrik bi gauza: Euskadiko
kasuan, gure kasuan, errepideen egoera Becana senatariak aipatzen zuen
mapa horretan koloretan azaltzen ziren errepideen egoerak, gure
erkidegoan egia da ez direla hain gaizki agertzen, beste kasuekin
alderatuz. Baita ere aipatuko nuke errepideen mantenimenduaren eskumena
gure kasuan, Euskadiko Erkidego Autonomoan, Foru Aldundiena bada ere,
mozio honetan Espainiar Estatuko errepideentzat eskatzen dena, lehen
aipatu dudan modura hasieratikan, egokia, logikoa iruditzen zaigula.
Beraz, gure taldearen bozka baiezkoa izango dela.

Mila esker.

Buenos días. Gracias, presidente.

Señorías, la moción que nos trae el Grupo Socialista hoy
aquí nos parece adecuada. No podemos negar —y lo cierto es que
anteriormente también se ha mencionado— que actualmente estamos en
una situación económica muy grave. Y en esta situación de gravedad se
acepta mejor que se hagan recortes en los presupuestos de mantenimiento
en todos los ámbitos. Cierto es que no es el momento para profundizar en
ese tema, sino para establecer las prioridades. Y es evidente que la
salud, la educación y, en general, las políticas sociales tienen que
primar por encima de otros sectores. En este sentido, el senador Mateu,
representante del Grupo Parlamentario Popular, nos decía que el día a día
tiene mucha importancia y que no se puede tratar este asunto de una forma
global. Lo cierto es que no se puede negar que la falta de mantenimiento
de las infraestructuras genera consecuencias. Entre esas consecuencias se
han mencionado ya algunas, como por ejemplo los problemas en los
vehículos, no solo por el estado de las carreteras, que provocan que
estos se deterioren con más facilidad, sino, como nos decía el señor
Iglesias, porque

en estos momentos de crisis los usuarios tienen vehículos
de menor calidad y con menores prestaciones. Esto conduce, aunque los
datos no sean directamente proporcionales, a que los accidentes estén
aumentando. Por otra parte, esto también nos lleva a realizar nuevas
inversiones en un futuro a medio plazo.

El último estudio realizado por la Asociación Española de
Carreteras arroja una serie de datos muy concretos. El senador Becana nos
decía en su primera intervención que la ministra de Fomento también
mencionó estos datos. Y es que cada euro que no se invierta a tiempo
supone que en un plazo de tres años se tenga que invertir esa cantidad
multiplicada por 3 y que en el plazo de cinco años esa cantidad se
multiplique por 25 en concepto de reparaciones.

Señorías, no quiero desaprovechar esta oportunidad para
hacer una reflexión. De hecho, no se trata de ninguna novedad, sino de
una cuestión que he traído a esta Cámara una y otra vez, como es
precisamente la comparación de este asunto con el tren de alta velocidad.
Yo misma y mi grupo parlamentario hemos solicitado muchas veces aquí a la
señora ministra de Fomento que cumpla los plazos y hacíamos referencia a
un dato mencionado anteriormente, y es que en el caso de esta obra,
realizada por el Gobierno vasco en tiempo, para cuando la parte realizada
por el Ministerio de Fomento se termine ya estará algo deteriorada y
habrá que acometer nuevas inversiones. Esto lo comparo con la cuestión de
las carreteras de la que estamos hablando hoy aquí, donde si las
inversiones no se realizan a tiempo se multiplicarán en un plazo de tres
años. Por ello nos parece imprescindible que se establezca un plan y se
lleve a cabo tal y como se solicita en esta moción.

Por último, me gustaría señalar dos cuestiones. En el caso
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según el mapa que nos presentaba
el senador Becana, la situación de las carreteras de nuestra comunidad no
es tan negativa en comparación con otras zonas. Sin embargo, me gustaría
señalar que la competencia respecto al mantenimiento de las carreteras en
el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco corresponde a las
diputaciones forales. No obstante, lo que se solicita en la moción para
las carreteras españolas nos parece lógico y adecuado. Por lo tanto,
nuestro voto será favorable.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, president. Bon dia,
senadores i senadors.

D’aquí a molts pocs dies, divendres, aquest mateix
divendres precisament està convocada una manifestació per part de tots
els ajuntaments entre Lleida i la Vall d’Aran per, conjuntament,
els ciutadans dels seus municipis i les entitats que els representen
protestar precisament pel mal estat de conservació de la carretera N-230.
Això és un senyal inequívoc que aquest mal estat fefaent de la xarxa
estatal de carreteres ha arribat ja a la percepció directa de la
ciutadania. Per tant, més enllà d’estudis i auditories perfectament
acreditades o de debats tècnics que puguem fer, la realitat ja ha arribat
a la ciutadania, a la seva percepció directa, a la seva vivència personal
individual.

I per això el nostre grup subscriu en tots els seus termes
la moció presentada pel Grup Socialista perquè no podem continuar
d’aquesta manera. El sistema actual de planificació i execució per
part del Govern en aquesta matèria ha quedat de manera molt palesa
demostrat que no funciona i que està en una deriva summament perillosa.
Ni tan sols, senador Mateu, tenim el PITVI aprovat, que jo sàpiga. O és
que m’he perdut alguna cosa? L’instrument bàsic i fonamental
de planificació del manteniment de les carreteres i de tantes altres
coses en matèria d’infraestructures i habitatge al nostre país ni
tan sols està aprovat. I, per tant, anem a un exercici
d’improvisació, simplement de quadrar números als pressupostos,
independentment de la realitat de les carreteres del nostre país.

Aquest és el problema. Per tant, insisteixo, el nostre grup
subscriu, en tots els seus termes, la moció presentada pel Grup
Socialista, votarem a favor, i només voldria ressaltar, com s’ha
fet per part d’altres portaveus perquè ens sembla el més important
de tot, que al darrera d’aquesta qüestió hi ha un tema absolutament
transcendental que són els accidents de trànsit, la sinistralitat i les
morts a les carreteres. Hem fet un esforç enorme, com a societat, perquè
aquest número de víctimes hagi tingut una baixada molt i molt substancial
en els últims temps. I, entre aquests

esforços, la qualitat de les nostres infraestructures, el
desdoblament de les vies, el manteniment, la capacitat juguen un paper
determinant. De cap de les maneres crec que puguem jugar amb aquesta
qüestió i ens puguem permetre ni tan sols la més mínima ombra de dubte
sobre el potencial de sinistralitat i accidents mortals de carretera que
té el manteniment de les vies.

Per tant, només per aquest motiu, caldria prioritzar sense
cap mena de dubte i fer especial atenció a aquesta qüestió que, en els
últims 3 pressupostos ja ha quedat demostrat que no és el cas per part
del Govern i donar suport a la moció presentada pel Grup Socialista.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Gracias, señor presidente. Buenos días, senadoras y
senadores.

Dentro de muy pocos días, este mismo viernes, está
convocada una manifestación por parte de todos los ayuntamientos
comprendidos entre Lérida y el Valle de Arán, de los ciudadanos de sus
municipios y de las entidades que les representan para protestar por el
mal estado de conservación de la carretera N-230. Esta es una señal
inequívoca de que este malestar fehaciente respecto a la red estatal de
carreteras ha llegado ya a la percepción directa de la ciudadanía. Por lo
tanto, más allá de estudios, de auditorías acreditadas o debates
técnicos, la evidencia de la realidad ya ha llegado a la ciudadanía por
medio de su percepción directa, personal e individual.

Por ello, mi grupo suscribe en todos sus términos la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista porque no podemos
continuar de esta forma. El sistema actual de planificación y ejecución
por parte del Gobierno en esta materia ha quedado demostrado de forma muy
evidente que no funciona y que está yendo a una deriva muy peligrosa.

Senador Mateu, ni siquiera tenemos el plan aprobado. ¿O es
que yo me he perdido alguna cosa? Ni tan solo está aprobado el
instrumento básico y fundamental de planificación del mantenimiento de
las carreteras y de tantas otras cosas en materia de infraestructuras.
Por lo tanto, vamos a un ejercicio de improvisación, simplemente de
cuadrar números con los presupuestos, independientemente de la realidad
de las carreteras de nuestro país. Este es el problema.

Insisto, mi grupo suscribe en todos los términos la moción
que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y la vamos a votar a
favor. Quiero resaltar, como han hecho otros portavoces, porque nos
parece lo más importante de todo, que detrás de esta cuestión hay algo
transcendental, que son los accidentes de tráfico, la siniestralidad y
las muertes en carretera. La sociedad ha hecho un esfuerzo enorme para
que el número de víctimas haya disminuido de forma muy importante en los
últimos tiempos, y entre estos esfuerzos, la calidad de nuestras
infraestructuras, el desdoblamiento de las vías, su mantenimiento y
capacidad juegan un papel determinante. De ninguna de las maneras podemos
jugar con esta cuestión, y no nos podemos permitir ni tan solo la más
mínima duda sobre el potencial de siniestralidad y accidentes mortales en
carretera que tiene el mantenimiento de las vías.

Por lo tanto, solo por este motivo sería importante
priorizar sin ningún tipo de duda y prestar especial atención a esta
cuestión, pues en los últimos 3 presupuestos ha quedado demostrado que el
Gobierno no va a dar su apoyo a la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra
la senadora señora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Efectivament per part del Grup Parlamentari de Convergència
i Unió també donem suport a aquesta moció. Algunes consideracions,
senador Becana, i el conjunt dels senadors. Efectivament, no hi ha res
pitjor que anar fent noves infraestructures, tot i que no se’n
facin, o que s’inverteixi bona part de diner amb una manca, al
nostre entendre, de retorn social i econòmic real, com està passant en
determinats territoris i que, en canvi, no hi hagi el diner suficient per
poder millorar tot allò que té a veure amb manteniment.

Hi ha moltes informacions que de ben segur el conjunt dels
senadors tenim al nostre abast, com és la necessitat d’inversió en
conservació, que va publicar la pròpia Associació Espanyola de la
Carretera, on surten determinats nivells d’index d’estat de
qualificació de les carreteres segons

el seu estat. I, efectivament, aquí quan es diu deficient,
molt deficient i acceptable podem veure com, per exemple, a l’any
2003 el nivell era de 218. El 218 està considerat entre acceptable i
justet però és que a l’any 2012, en aquest nivell del conjunt de
les carreteres de l’Estat espanyol, ja està al 179. Per tant, si
això ho incorporem al fet que, certament, al llarg d’aquests
darrers anys pel context de la crisi econòmica, per les retallades, per
tot, és evident que la inversió ha baixat. De ben segur que aquestes
dades no estan actualitzades però si el 2012 ja era un nivell d’un
179, que vol dir tocar entre molt deficient i deficient, de ben segur que
això ja és també molt preocupant.

També un altre informe que diu i que situa, amb tota la
perspectiva global i una visió molt més integral, que és l’anàlisi
que fa Europa de la valoració de les carreteres. Aquesta anàlisi que fa
Europa de la valoració de les carreteres —em permeto seguir ja molt
més estrictament en el que seria el territori ja més català—, en el
qual es diu que 6 dels 10 trams amb elevada concentració
d’accidents de Catalunya es troba a l’àrea metropolitana de
Barcelona. I que també estan molt lligades aquestes dades a la manca de
manteniment. Una altra dada també és que 7 dels 10 trams són de vies
d’alta intensitat de trànsit que pertanyen a la xarxa bàsica de
carreteres del conjunt de Catalunya i que també està molt lligada a la
manca de manteniment. Manca de manteniment que és evident, senador Mateu,
que no és únicament d’aquests darrers dos anys. Sinó que hi ha una
seqüència en els anys en els quals s’ha intentat, jo crec que
d’una manera equivocada, evocar molt més els diners a la nova
infraestructura i abandonar, amb percentatges que crec que no eren
raonables, parlo d’abans i, òbviament d’ara també, en el
qual, com bé sabem tots plegats, que el manteniment és clau. El senador
Martí feia referència a les manifestacions sobre la N-230. Dir que si
s’utilitza l’hemeroteca del Senat, els senadors de Lleida, la
senadora Rivero, el senador Manel Plana, el senador Ramon Alturo, han
insistit en la manca de manteniment en aquestes carreteres i en aquesta
xarxa. Que ve de manera històrica, però, d’una manera molt molt
clara, aquests darrers anys.

Suport a la moció. I, en tot cas, sobretot senador Mateu,
una vegada més dir que la majoria. Fixi’s. Ens trobem sempre amb el
mateix. Vostès van fer això. Els altres diuen vostès es troben amb el que
es troben i també no fan cas. I amb aquests posicionaments una miqueta,
al nostre entendre, maximalistes, perdem el camí. Trobem
l’equilibri. Trobem allò que té a veure també amb el fet que sempre
hi ha una part de percentatge —i ho sabem els que som
alcaldes— que és molt important sempre la partida del manteniment.
I que entenem el context de la crisi i de l’economia, i ho sabem
perfectament. Que a vegades, aquesta racionalització o aquesta adequació
a les arques públiques acaba essent, en definitiva, la priorització. I la
priorització jo crec que ha de ser manteniment. Ja ho he dit, donarem
suport a la moció del senador Becana.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Efectivamente, el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió también apoya esta moción. Pero quisiera hacer algunas
consideraciones al senador Becana y a los demás senadores. No hay nada
peor que no se hagan infraestructuras o no se invierta mucho dinero, con
una falta de retorno social y económico real, como está pasando en muchos
territorios, y en cambio que no haya dinero suficiente para mantener las
infraestructuras. Hay muchísimas informaciones que tenemos todos los
senadores, como son las necesidades de inversión y conservación que
publicó la Asociación Española de Carreteras, en donde aparecen
determinados niveles de calificación del estado de las carreteras. En
esta calificación se habla de eficiente, muy deficiente y aceptable. Así,
en el año 2003, el nivel era de 218 —este nivel significa entre
aceptable y justo—, pero en 2012, el nivel del conjunto de las
carreteras del Estado español ya está en el 179. Además, si a todo esto
añadimos que a lo largo de todos estos años por el contexto de la crisis
económica, por los recortes, etcétera, la inversión ha bajado, seguro que
estos datos no están actualizados; porque si en 2012 ya teníamos un nivel
de 179, que quiere decir entre muy deficiente y deficiente, esto ya es
muy preocupante.

Hay otro informe que sitúa toda la perspectiva global, con
una visión mucho más integral, en el que se hace un análisis a nivel
europeo de valoración de las carreteras. En este análisis europeo de la
valoración de las carreteras —y me permito seguir mucho más
estrictamente lo que sería el territorio catalán— se dice que de
los 10 tramos con elevada concentración de accidentes en Cataluña, 6
corresponden al área metropolitana de Barcelona. Estos datos también
están

vinculados a la falta de mantenimiento. Otro dato es que 7
de los 10 tramos se corresponden con vías de alta intensidad de tráfico
que pertenecen a la red básica de carreteras del conjunto de Cataluña y
que también están muy relacionados con la falta de mantenimiento. Es
evidente, senador Mateu, que esta falta de mantenimiento no es algo que
haya ocurrido únicamente en estos últimos dos años, sino que ha habido
una secuencia de años en la que se ha intentado, en mi opinión de forma
equivocada, dotar de mucho más dinero solo a infraestructuras nuevas, y
los porcentajes señalados al efecto no eran razonables —hablo de
antes y también de ahora—, pues todos sabemos que el mantenimiento
va a la baja. El señor Martí ha hecho referencia a las manifestaciones
relacionadas con la N-230, y ha dicho de forma reiterada que solo hay que
utilizar la hemeroteca del Senado para ver de forma muy específica que
todos los senadores de Lérida: Rivero, Plana, Alturo, todos, han
insistido en la falta de mantenimiento en estas carreteras en esta red,
que es una cuestión histórica, y que de forma muy clara ha empeorado en
estos últimos años.

Por tanto, señor presidente, mi grupo apoya la moción. En
todo caso, senador Mateu, fíjese en que, una vez más, nos encontramos
siempre con lo mismo. Unos dicen: ustedes hicieron esto; los otros dicen:
ustedes se encuentran con lo que se encuentran y no hacen caso. Y con
estas posturas, a nuestro entender un poco maximalistas, lo que perdemos
es el camino. Busquemos el equilibrio que tiene que ver con esa parte
importante del porcentaje —lo sabemos los que somos alcaldes—
relacionada con la partida del mantenimiento, pues entendemos y sabemos
perfectamente el contexto actual de crisis de la economía. A veces, esta
racionalización o bien esta adecuación a las arcas públicas acaba siendo,
en definitiva, la priorización; y la priorización tendría que ser
mantenimiento, algo absolutamente prioritario. Por tanto, como he dicho,
daremos apoyo a esta moción.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Becana.

El señor BECANA SANAHUJA: Gracias, presidente.

Gracias a todos los grupos que han decidido apoyar esta
moción que, insisto, es una moción responsable, y gracias también al
portavoz del Grupo Popular por el tono del debate.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado
esta moción con la intención de atender un problema real; un problema
real que afecta a la red de carreteras del Estado en todo el territorio
nacional, con mayor intensidad en unas comunidades que en otras. Y es un
problema que comienza a dar señales preocupantes en lo que afecta, por un
lado, a la seguridad vial, a la accidentabilidad y, por otro, por lo que
supone, en términos económicos, para la pérdida del valor patrimonial del
Estado y para la pérdida de competitividad de las empresas españolas.

Es verdad que la sociedad española avanzó de manera muy
significativa cuando se cambió el reglamento de tráfico y se aprobó el
carné por puntos y, a partir de ahí, descendió el índice de mortalidad
por accidentes de tráfico en unas proporciones que deben alegrarnos a
todos porque han sido muy importantes. Los datos indican que el número de
muertos en accidentes de carretera se ha reducido a partir de aquel
momento, pero también es verdad que no debemos bajar la guardia con
respecto al resto de los aspectos que incrementan la seguridad vial y
evitan accidentes.

En estos debates sobre inversiones en infraestructuras no
me ha gustado nunca establecer relaciones directas entre el número de
muertos en la carretera y el estado de conservación o el grado de
inversión en las vías, pero sí que he leído en alguna publicación
—y estoy absolutamente de acuerdo— que siendo y reconociendo
que el error humano es la causa más importante de los accidentes
—es cierto, y lo es por consenso científico—, puede estar
provocado o aumentado por el estado de conservación de las
carreteras.

Hemos estado hablando de la realidad, de lo que nosotros y
todos los ciudadanos nos encontramos cuando circulamos por la red de
carreteras nacionales. Nos encontramos con pavimentos que están en mal
estado, que prolongan la distancia necesaria para el frenado. Nos
encontramos con señales que no vemos lo que nos dicen cuando llueve o
cuando conducimos de noche porque han perdido su función por desgaste.
Nos encontramos con barreras metálicas en mal estado que son incapaces en
ocasiones de contener la potencia de un impacto. Lo digo por poner
algunos ejemplos más, aunque he descrito con detalle la situación en mi
primera intervención. Cuando las instituciones reflexionan sobre cómo
reducir más los accidentes en las carreteras o cuando detectan que hay
una causa importante, como el consumo de alcohol o de

drogas, el Gobierno modifica el reglamento de tráfico para
penalizar más el consumo y para controlar más a los conductores. Muy
bien, bien por el Gobierno. El Gobierno detecta que hay un problema con
la flota de vehículos y, como hay que fomentar la renovación de la flota
de vehículos, como hay que facilitar que se retiren de la circulación los
vehículos inadaptados, los vehículos viejos, hace un plan para fomentar
la adquisición de nuevos vehículos; y lo pone en marcha y funciona.

Tenemos, además, otro factor, que es el que hoy debatimos.
Hoy estamos debatiendo el estado de las carreteras como un factor de
riesgo, como un factor que aumenta o incrementa las consecuencias de los
accidentes. ¿Qué hacemos con las carreteras? ¿Cómo abordamos la
conservación? Como lo estamos haciendo, nos dice el Partido Popular. No,
como lo estamos haciendo no porque ya se ha demostrado que no funciona,
que el estado de conservación de las carreteras de 2011 a 2014 se ha
degradado en un 20%. Por tanto, hay que hacer una acción extraordinaria
porque lo que está haciendo el Gobierno no sirve.

Hablaba también de la pérdida del valor patrimonial del
Estado cuando un bien, cuando una propiedad pública se deteriora, y de la
competitividad que las empresas pierden cuando sus mercancías tienen que
circular por carreteras en mal estado. Matemáticamente es cierto que, con
los números que se han hecho esta mañana, cuando un presupuesto como el
del año 2010 que destinaba a la conservación 1257 millones se recorta
hasta los 873 en el primer presupuesto aprobado por el Partido Popular,
aparentemente se han ahorrado casi 400 millones de euros. Y si en el
ejercicio siguiente el recorte se mantiene, ya son 800 los que han ido a
la hucha. Y si en el tercer año se repite, como lo han repetido en los
presupuestos de este ejercicio, ya han conseguido meter en la hucha 1200
millones de euros. Muy bien, apliquemos ahora la regla que la señora
ministra nos explicó en su comparecencia en la Comisión de Fomento. Cada
euro que se deja de invertir hoy, a los tres años —y han pasado ya
tres años— se convierten en 5, en un presupuesto de 5 euros para
reparar lo que no hemos conservado bien. En consecuencia, el Gobierno ha
hecho una operación genial. Ha ahorrado 1200 millones de euros y ha hecho
que sean necesarios, dada la situación de la red, 6000 millones de
euros.

Como decía, el mal estado de conservación de las carreteras
también tiene unas consecuencias directas en la competitividad de las
empresas, porque tienen que transportar sus mercancías con un coste
energético mayor, con más inseguridad y con un coste ambiental también
mayor. Por tanto —insisto, señorías—, el estado de la vía
repercute negativamente en el consumo de combustible y en la emisión de
gases contaminantes. Por eso les proponemos establecer un plan de choque
con unos recursos adicionales que nosotros hemos cifrado en 2000 millones
de euros en un plan plurianual.

Dicen que no hay disponibilidad, pero yo he oído estos días
al presidente del Gobierno hablar en Sitges ante los empresarios y
anunciar un nuevo paquete de medidas para la recuperación económica, para
la activación de la economía, por importe de 6000 millones de euros. Es
precisamente en este marco de impulso donde proponemos incluir también la
red de carreteras como un elemento clave en el transporte de mercancías y
viajeros en nuestro país —ya hemos hablado de los índices—.
No se trata de un tema burocrático, no pueden opinar solo los técnicos en
este aspecto; se trata de una decisión política importante por la
seguridad vial, por la seguridad de las personas y por la competitividad
de las empresas.

En el marco de esta nueva situación de recuperación, ante
la que el Gobierno no se cansa de predicar que ya estamos saliendo de la
crisis, hay que comenzar a corregir desequilibrios, como la red de
carreteras, que afectan directamente a la competitividad. En esa
dirección hemos presentado hoy la moción. A este respecto les decía que
la conservación de las carreteras ha sido una víctima más de la política
de recortes del Partido Popular, pero, señorías, queda un año de
legislatura y es hora de abandonar esta autocomplacencia de que todo ha
salido bien y de que todo lo han hecho muy bien, porque se da de bruces
contra la realidad, que es tozuda. Es hora de afrontar los problemas
cotidianos que genera la situación de abandono de la red de carreteras
del Estado.

En mi anterior intervención les pedía un debate
responsable, y lo hemos conseguido; ahora les pido, señorías, un voto
responsable para un problema que afecta a muchos españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el
senador señor Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días de nuevo.

Ustedes están hablando, señor Becana y otros
intervinientes, de un recorte en los presupuestos del Gobierno de España
para la conservación de carreteras. Todo tiene su explicación, y voy a
abundar nuevamente en lo que sucedió cuando entró en el Gobierno de
España el Partido Popular en el año 2011. Ustedes decían que en el
presupuesto del año 2011 había 1079 millones de euros destinados a estos
conceptos. Evidentemente, cuando llega al Gobierno el Partido Popular, al
elaborar el presupuesto para el año 2012 se encuentra con que hay que
pagar una cantidad de 600 millones de euros por expropiaciones; 250
millones para obras ejecutadas en el año 2011; otros 250 millones para
abonar liquidaciones de obras ya en servicio. Vayan ustedes sumando y
restando.

En 2013 seguimos teniendo gasto comprometido en ejercicios
anteriores: en el programa 453B, creación de nuevas infraestructuras, 569
millones; en el programa 453C, conservación y explotación de carreteras,
124 millones para pagar atrasos; y más gordo todavía, 7 millones de euros
para pagar facturas derivadas del suministro eléctrico. Señorías, ¿cómo
no se va a reducir el presupuesto si tenemos que atender obligaciones de
un Gobierno que invitaba y no pagaba? Es lógico. El Gobierno de España en
el ejercicio de su responsabilidad estableció, conforme a criterios
políticos, pagar primero lo que se debía. Por tanto, juzgar un
presupuesto solamente por una comparación de cifras creo que no es lo
correcto; hay que analizar la eficacia de la gestión.

Por eso, señorías, ahora el Partido Socialista se preocupa
mucho del estado de conservación y reparación de las carreteras, cosa
loable —le he dicho, señor Becana, que antes compartíamos esa misma
preocupación—, pero ¿no se acuerdan ustedes cuando a finales de
2011 dejaron sin contratar 17 sectores de conservación integral de
carreteras, que tuvo que contratar el Gobierno del Partido Popular
deprisa y corriendo para seguir manteniendo esas carreteras de las que
ustedes ahora se preocupan tanto? Señorías del Grupo Parlamentario
Socialista, ¿se acuerdan ustedes cuando el ministro Sebastián tuvo
aquella brillante idea de reducir el límite máximo de velocidad en las
autovías de 120 kilómetros a 110, y se le ocurrió nada menos que no
cambiar las señales de limitación de velocidad? —ya hemos hablado
de la retrorreflexión de esas señales, en lo que luego abundaré—.
Lo que hizo sencillamente fue poner una pegatina tapando el 120 y
dejándolo en 110. (Aplausos). Ahí no hay retrorreflexión; eso engendró
absolutamente, como ustedes dicen, intranquilidad e inseguridad en las
conducciones de los vehículos que circulaban por esas vías.

Más cosas, señorías. Ustedes también han argumentado aquí
que el estado actual de conservación de las carreteras genera
deficiencias y peligros para el viandante, para el automovilista que
circula por ellas, pero he de recordarles que, de acuerdo con el último
informe del Consejo Europeo de Seguridad Vial, el European Transport
Safety Council, España ocupa el segundo puesto de la Unión Europea, de
los 27, detrás de Lituania, en reducción de víctimas mortales entre los
años 2001 y 2011. Ha disminuido un 67% la cifra de fallecidos en dicho
periodo. Este descenso de la siniestralidad ha sido más acusado en las
carreteras estatales —es importante destacar la red de carreteras
del Estado— que en el resto de vías gestionadas por otras
administraciones regionales y locales. Además, contando con la opinión,
estudios e informes de los profesionales que normalmente atienden en
primera instancia estos accidentes, la Guardia Civil y los agentes de
tráfico, el factor inherente a esta siniestralidad no es precisamente el
estado de conservación de las carreteras, señorías, son factores
inherentes al propio conductor. El estado de las infraestructuras solo
incide en el 1,5% de los accidentes con víctimas. Es más, según el último
informe consolidado del año 2012, de los 458 accidentes en que ha habido
víctimas mortales, en ninguno de ellos se señaló el estado o condición de
la vía como primer factor concurrente. Señorías, hay que alejar ese
fantasma; estamos hablando de un tema de interés público y no hay que
alarmar a la población haciendo esas afirmaciones, aunque he de recordar
que el informe de la AEC se refiere de manera liviana, ligera, al
incremento de la siniestralidad como consecuencia del estado y
conservación de las carreteras.

Señorías, sigo insistiendo en que la propia Dirección
General de Carreteras tiene los medios necesarios para que, a través de
su servicio de gestión especializado, el de mantenimiento de los

firmes y el de los túneles —señor Iglesias, los
túneles también se han de conservar—, se cumpla la directiva
europea que establece esos nuevos criterios como consecuencia del
accidente del túnel del Montblanc. Y también se siguen tratando por los
técnicos de la Dirección General de Carreteras los puentes y la
señalización, en concreto las señales que hayan perdido retrorreflexión,
no las tapadas por mor de las decisiones del señor Sebastián, que son
sustituidas, y, desde luego, también se atiende todo lo relativo a las
barreras de contención que hayan sufrido daños como consecuencia de los
impactos de los vehículos. Se limpian los márgenes de las cunetas y las
medianas para ampliar y evitar que se elimine la visibilidad y, algo muy
importante en ciertos territorios españoles, para evitar la propagación
de incendios así como también para que el agua en momentos de grandes
lluvias corra fluidamente por los drenajes existentes.

Señorías, pero la conservación y la rehabilitación de los
firmes de las carreteras no solo se refiere a lo que hemos dicho, a las
señales con su retrorreflexión ni al estado de conservación de la capa
asfáltica, no. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Y como bien
decía el otro día la ministra en su intervención en respuesta a una
pregunta oral del senador Fernández Ortega, también la conservación
supone atender a los accidentes ocasionados, a la vialidad invernal.
¿Cuándo se han organizado los pitotes más importantes de coches atrapados
durante la época de nieves? No ha sido precisamente bajo la hégira del
Gobierno del Partido Popular. Eso también hay que recordarlo. Todo esto,
señorías, es mantenimiento.

Usted, señor Becana, decía que los números que se han
expuesto aquí esta mañana respondían a un ahorro que luego iba —eso
es lo que le he entendido, y si no es así le pido disculpas— hacia
el buche o hacia el saco de lo que se ahorraba en dinero. Yo le decía
antes que gracias a ese nuevo sistema de gestión de la conservación
integral de carreteras se está consiguiendo llevar a cabo otras
actuaciones, como el Programa extraordinario de rehabilitación de firmes
de carreteras. En concreto, en el año 2013 se han adjudicado y licitado
10 contratos de este tipo, entre los cuales, reitero —por la
importancia que tiene para los senadores de Burgos, que vamos hacia el
norte de España— que la A-1 hacía más de 900 días que no se había
tocado, encontrándose el firme auténticamente reventado. Tenía ya la
ruina técnica, no la económica.

Por eso, gracias a esta nueva gestión y a estos, vamos a
llamarlos, beneficios de eficiencia en la gestión del nuevo contrato de
gestión integral de carreteras, se ha permitido que mediante un contrato
por importe de 7,2 millones de euros se arreglen 50 kilómetros de
carretera, el firme entre Santo Tomé del Puerto y Venturada, lo que
demuestra el compromiso del Gobierno de España en el mantenimiento
integral de las carreteras, 30 000 euros por kilómetro de rehabilitación,
frente a la cifra que, por ejemplo, dio la ministra el otro día de 6000
euros para conservación de carreteras en la comunidad autónoma andaluza.
No solo hay que centrarse en los números, señorías, hay que centrarse
también en la eficacia y en el beneficio de eficiencia que se obtiene con
el nuevo procedimiento de gestión que se quiere realizar.

Creo que el Gobierno del Partido Popular no se despreocupa
del bienestar en la circulación por las carreteras, porque —como
bien decían, y eso sí lo suscribo—, transitar por carreteras cuyos
firmes no están en buen Estado genera inconvenientes para los vehículos,
genera contaminación, por la emisión de gases CO a la atmósfera y una
serie de inconvenientes respecto a la contaminación lumínica. En
definitiva, unas carreteras en mal estado no benefician a nadie. De ahí
que el Gobierno del Partido Popular, el Ministerio de Fomento, con su
nuevo criterio de eficiencia y de asignación óptima de los recursos, va a
seguir trabajando con empeño y afán en la conservación de las
carreteras.

Y hablamos de la red de carreteras del Estado, pero el
Gobierno de España quiere que las comunidades autónomas y las
administraciones locales muestren también la diligencia que me consta que
tienen en el arreglo y en la conservación de las propias, cuya
competencia ostentan. Así, el Gobierno de España, mediante convenios
firmados con ciertas comunidades autónomas en los presupuestos —en
concreto me refiero a las Islas Baleares y a Canarias— sufraga
también una cantidad muy importante de dinero para permitir que estas
comunidades autónomas tengan unas carreteras en condiciones.

Por eso, señorías —y termino ya, señor
presidente—, aunque compartimos la preocupación de la conservación,
no estamos de acuerdo con la forma en que ustedes pretenden que lo
hagamos. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Por eso vamos a votar en contra
de esta moción. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda aceptada
del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 235; a favor, 92; en contra, 140;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

7.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA ERRADICAR LOS ASENTAMIENTOS DE AVISPA
ASIÁTICA EN LAS EXPLOTACIONES APÍCOLAS.

(Núm. exp. 662/000141)

AUTOR: GPMX

El señor presidente da lectura al punto 7.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado 4
enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del senador
Martínez Oblanca; otra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; otra del Grupo Parlamentario Socialista y otra del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo
de quince minutos, el senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente. Muy buenos días.

Hoy mi partido, Unión del Pueblo Navarro, trae a esta
Cámara un problema que considera importante y que está afectando, entre
otras zonas, a amplios lugares de la Comunidad Foral de Navarra, sobre
todo en el norte de dicha comunidad. Todavía está afectando, y digo
todavía porque este problema, por los datos que tenemos, va a más.

La verdad es que estuvimos dudando si traer la moción o no,
pero consideramos que tenía la entidad suficiente como para presentar una
moción en el Senado. Este problema no es otro que el de la invasión de la
avispa asiática o vespa velutina, que parece ser, por los datos
disponibles hasta la fecha, que desembarcó en Europa, allá por el año
2004 o 2005, a través de nuestra vecina Francia. Tengo que decir que
actualmente ya hay nidos de esta especie en España: en Galicia, País
Vasco, Cataluña, Navarra, Castilla y León, Asturias y Cantabria, entre
otras comunidades españolas.

Como ustedes ya conocen... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador
Yanguas.

Señorías, guarden silencio, por favor.

Continúe.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Decía que, como ustedes ya conocen, o algunos que lo hemos
estudiado estos días o estos meses, esta especie de avispa invasora se
alimenta fundamentalmente de nuestra abeja, la denominada apis mellifera.
Y esto, que al principio podría parecer un problema menor, ni mucho menos
lo es. El colectivo de apicultores del norte de España está alarmado
porque lleva años perdiendo buena parte de su producción, y convendrán
conmigo que no es un problema baladí.

Por otro lado, todavía no se tienen datos claros del daño
que hace o puede hacer esta avispa a otros insectos polinizadores y, por
ende, a la polinización de algunas plantas.

También es cierto que en el sur de Francia los viticultores
han perdido parte de sus cosechas porque esta avispa se dedica también a
morder los granos de uva madura, lo cual hace que en muchos casos se
pueda llegar a perder el racimo entero o se generen muchas más
enfermedades en la vid. La consecuencia es bastante reciente, y por lo
visto —por lo que me han informado—

puede ser gravísima en la producción de los vinos, tanto
desde el punto de vista de su calidad como de su cantidad. Se sabe que el
daño directo para el hombre puede ser relativamente pequeño, ya que su
picadura es similar a las de otras avispas autóctonas que conocemos; a no
ser que se acumulen muchas picaduras o se sea alérgico, no hay mayor
problema.

A la vista de que este problema ya se viene padeciendo
tanto en Francia como en nuestra vecina Portugal y en las comunidades que
he citado, entre otras, creemos que es necesario poner medios para evitar
esta plaga y que se siga extendiendo hasta llegar a convertirse en un
problema totalmente inabarcable. Si actuamos ahora lo podremos parar, o
por lo menos controlar.

En la Comunidad Foral de Navarra, de donde yo vengo,
llevamos ya años de experiencia en la lucha contra este insecto, que fue
detectado por primera vez en 2010, cuando se descubrieron dos nidos en el
norte de Navarra, uno en la zona de Valcarlos y otro en Baztán. En 2011
el número de nidos detectados y contabilizados fueron ya 65; en un año se
pasó de 2 nidos a 65. En 2012 ya subieron a 94 los nidos detectados. Y en
2013 —así lo apuntaban los estudios realizados y se empezada a
ver—, por el clima tan desfavorable que hubo, bajó el número de
nidos detectados a 57. Para el 2014 todavía no tenemos datos concretos en
la Comunidad Foral de Navarra, aunque sí se han detectado varios.

Es cierto que los nidos que se detectan no son todos los
que hay. La verdad es que esta avispa tiene la costumbre de hacer los
nidos en lugares altos, en las copas de los árboles. Por tanto, puede que
haya muchos nidos que estén haciendo daño pero que aún no se han
detectado y, por lo tanto, no se pueden eliminar. Según la experiencia
que tenemos, o al menos eso es lo que me han transmitido los expertos,
siguen los cursos de los ríos y los entornos fluviales, al menos en la
Comunidad Foral de Navarra.

Como se puede observar, en épocas de bonanza, esta avispa,
o vespa velutina, puede extenderse muy rápidamente y sus efectos pueden
ser devastadores si no se ponen los medios adecuados. Las cifras de nidos
detectados en la comunidad foral así lo atestiguan. Además, esta avispa
se alimenta de proteínas cuando está criando, por ello mata a nuestras
abejas, a las abejas productoras de miel. Por lo que yo he podido leer,
no se tiene constancia de que ataque a otros insectos, por lo que en
principio en ese sentido el daño ambiental directo sería reducido, pero
lo cierto es que hay que comprobarlo día a día porque todavía no tenemos
la suficiente experiencia en este tema.

El otro problema al que nos enfrentamos, y lo vuelvo a
repetir, es que estas avispas comen frutos maduros, uva madura, lo cual
ha provocado, como les he dicho antes, que en el sur de Francia hayan
padecido unos daños considerables, incluso me atrevo a decir que en
algunos lugares graves, en los cultivos vitivinícolas. Si eso ocurre en
España, podría ser devastador para nuestras cosechas de vid, así como
para otros cultivos.

En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, si dicha
avispa se extiende, o se pudiera extender, por la zona media o de la
ribera, donde existen áreas, grandes extensiones de vid ya plantada, no
sabemos hasta dónde puede llegar el problema; ahora sí sabemos lo que
ocurre en el norte de Navarra, donde no tenemos vid plantada.

Y en cuanto a la eliminación de nidos detectados, se puede
actuar, según los casos, por ejemplo, utilizando pesticidas, disparos o
fuego, y se está trabajando también en una trampa a base de feromonas,
pero es complicado erradicar solo ese insecto y no otros que también
pudieran caer en esas trampas.

Una vez que hemos descrito este problema —que hay que
contar porque hay que conocerlo—, me gustaría agradecer a la
Sección de Hábitats del Gobierno de Navarra, en concreto a un técnico,
Jokin Larumbe, el trabajo y la información que me ha facilitado para
documentar esta moción. Es importante en estos asuntos contar con
expertos, una vez localizado y diagnosticado el problema, para poder
adoptar las medidas que se consideren más acertadas. Y si, como digo,
hacemos caso a los expertos, en muchos casos ya dan por descartado poder
erradicar la plaga, aunque sí —y ejemplos tenemos— se puede
controlar. En Francia, por ejemplo, ya actúan y están controlándola.

Dicho esto, debo reconocer —y así lo ha hecho constar
UPN en la exposición de motivos de la moción— que el Grupo Popular
planteó hace un año una proposición no de ley para controlar esa plaga de
la avispa asiática, en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente del Congreso de los Diputados. En ella se pidió la elaboración
de una estrategia nacional de lucha

contra la avispa asiática, acciones de apoyo y también que
existiera coordinación entre las comunidades autónomas.

Mi partido, Unión del Pueblo Navarro, está a favor, como
creo que el resto de la Cámara, pero no hemos sabido de esa estrategia
nada nuevo, aunque hemos intentado informarnos. Por eso hemos creído
conveniente, una vez que nos pusimos al habla con Apidena, la asociación
de apicultores de Navarra, y con el propio Gobierno foral, dar un nuevo
impulso a esta cuestión en esta Cámara. Espero y deseo que el Grupo
Popular —creo que ocurrirá así— nos pueda dar más
información, lo cual sería positivo para mi grupo y para Navarra.

Es cierto —lo sabemos— que se han producido
reuniones con los expertos y que se está elaborando esa estrategia
nacional, que en estos momentos se está trabajando sobre el tema, y eso
también lo valoramos positivamente —no me escondo al
decirlo—. Pero queremos saber más, y hoy podemos avanzar para
trasladárselo a los colectivos afectados, porque una vez reunidos con
ellos, sabemos que sienten cierta alarma, y nos les falta razón.

También es cierto que en esta moción hemos querido ir algo
más allá, reconociendo el trabajo que se hizo en el Congreso. Por eso en
ella se plantean 4 aspectos fundamentales: primero, agilizar el trabajo y
la estrategia de lucha contra la avispa asiática, que, como digo, ya se
está llevando a cabo. Segundo, que las conclusiones se lleven a la
comisión sectorial del ministerio, a fin de que se consensúen con las
comunidades autónomas y, por tanto, con la nuestra, la Comunidad Foral de
Navarra; entendemos que esto es fundamental para que esa estrategia sea
asumida y ejecutada por todos, porque estas avispas, como otros animales,
no entienden ni de fronteras ni de comunidades. Tercero, que dichas
conclusiones sean defendidas en el marco de la Unión Europea, ya que se
trata de un problema de índole nacional, que no afecta a todas a todas
las comunidades pero que pudiera afectarlas, y también europea, de modo
que nos podemos aliar con otros países para conseguir nuevos fondos
provenientes de la Biodiversidad, de la Unión Europea, en esta nueva
legislatura que ahora se abre en el Parlamento Europeo. Cuarto, pedimos
que se hagan públicas las convocatorias de ayudas procedentes para poder
erradicar, o por lo menos controlar, esta plaga, para conocimiento de los
colectivos más afectados.

Espero y deseo que se pueda aprobar esta moción y, en
coordinación con la proposición no de ley del Congreso de los Diputados,
que vuelvo a decir que es de hace un año, pongamos los pilares
fundamentales para eliminar o paliar este grave problema, del que por el
momento no conocemos —quiero insistir en ello y terminar así,
porque es lo más importante— todo su alcance real.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

Esta moción relacionada con la apicultura, que ha sido
presentada oportuna y pertinentemente por el senador Yanguas Fernández,
de Unión del Pueblo Navarro, pone sobre la mesa una gravísima amenaza
sobre las abejas, que tienen en un insecto parásito, de nombre científico
vespa velutina, conocida popularmente como avispa asiática y también como
avispa asesina, una especie exótica invasora de efectos devastadores.

Desde su detección en España hace apenas ocho años, la
velutina está propagando un problema de muy difícil solución, que
aniquila las colmenas, arruina de forma paulatina el sector apícola
nacional e incide negativamente en la economía agrícola de aquellos
cultivos que dependen de la polinización por insectos.

La avispa asiática también afecta al sector de la fruta y,
por lo tanto, no es solamente un peligro que atañe al sector apícola,
porque conviene resaltar que de las 100 especies de cultivos que
proporcionan el 90% de la comida mundial, más del 70% se polinizan
gracias a las abejas.

Estamos ante un asunto de creciente preocupación. Hay que
destacar que España es el país productor de miel más importante de la
Unión Europea y mantiene además una buena posición global porque se
encuentra entre los 12 primeros países del mundo, superando al resto de
países europeos, en cuanto a número de colmenas y de apicultores
profesionales.

Como dato de interés cabe indicar que la mitad de las
universidades españolas con facultades de veterinaria tienen incorporada
la asignatura de apicultura en sus planes de estudio y, por tanto, no es
en ningún caso una cuestión menor porque estamos hablando de una
industria que aporta del orden del 17% de las colmenas europeas, con 2,5
millones de colmenas y que nos coloca como país exportador de miel.

La invasión de avispas asiáticas, la aparición de sus nidos
y los carísimos costes para destruirlos, que ha llevado a un país
afectado como Francia a limitar el uso de los servicios públicos de
emergencia por la carestía de medidas y de vestuarios especiales, tiene
un impacto de colosales dimensiones, que exige desarrollar con urgencia
una estrategia de gestión y control para tratar de erradicarla.

Junto a la acción de este y otros parásitos, como el ácaro
que genera la varroasis, estamos ante un peligro que se añade a los
generados por el cambio climático, la contaminación y los pesticidas. Un
amplio estudio del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
publicado en 2011, destacaba la aceleración mundial de problemas para las
abejas productoras de miel, y desde entonces la industria apícola
española ha visto aumentar sus amenazas y consecuentemente la vitalidad
de un sector en el que todavía estamos bien situados pero que corre un
gravísimo riesgo de hundirse para siempre.

Asturias, mi comunidad autónoma de procedencia, es la
tercera comunidad, tras Andalucía y Galicia, en producción de la
denominada apicultura ecológica, y sus explotaciones aglutinan alrededor
de 5000 colmenas. Asturias posee la mayor mancha de castaño de España y
eso permite la producción de miel de especial calidad.

El peligro de la velutina nos afecta como españoles y como
asturianos, y hemos querido aportar una enmienda en la que proponemos
varios puntos que tratan de mejorar y complementar las acciones que
figuran en los 4 apartados de la moción, que, tal y como señalaba el
autor de esta iniciativa, reclaman agilidad al Gobierno, e inciden en
cuestiones que también han sido tratadas en el Congreso de los Diputados
porque, en todo caso, estamos ante una cuestión no ya de alerta sino de
emergencia para el sector apícola español. Hay incluso un trasfondo de
salud pública porque estamos hablando de un insecto cuyo veneno causa en
el ser humano una grave toxicidad, no ya por inoculación, por picadura,
sino por simple contacto.

Con la enmienda presentada instamos al Gobierno a habilitar
una línea de convenios y protocolos de colaboración a suscribir con las
comunidades autónomas para acometer un plan global de erradicación de la
avispa asiática, que incluya también ayudas para la colocación de
trampas. También, a elaborar informes periódicos de tipo observatorio,
para controlar la evolución y el estado de implantación de este parásito
invasor que tantos estragos está causando ya al sector apícola español y
que también puede convertirse en un riesgo de salud pública.

Finalmente, instamos a impulsar, junto a las comunidades
autónomas y las organizaciones de apicultores, cursos de formación para
la identificación de este parásito exterminador de nuestras abejas; a
fomentar el apoyo para estudiar su avance, y a promover nuevas líneas de
investigación científica para combatir su despliegue. En cualquier caso,
la moción en sí misma es una llamada de atención sobre este amenazante
asunto, y con independencia de que el proponente acepte o no nuestras
enmiendas, votaremos a favor de ella.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

En aquest cas el grup al qual represento presentem una
esmena amb la qual volem ampliar una mica les mires d’aquesta
moció, moció que agraïm que s’hagi presentat per part del senador
d’UPN perquè creiem que és necessària.

Cal fer una certa pedagogia d’allò que està succeint.
Tot allò que succeeix en l’àmbit rural sembla que no succeeixi o
que no tingui la incidència que toca i no és així, ans al contrari. En
aquest cas pot tenir fins i tot una afectació no únicament i exclusiva al
sector apícola, sinó també a la productivitat d’altres productes
agraris, com poden ser fruiters de la zona que vinc, com la vinya, que
abans vostès han exposat.

Creiem que amb l’articulat en sí, tot i que amb algun
matís, hi podríem estar d’acord, però en funció de les notícies que
han aparegut últimament, en aquest cas el Grup Convergència i Unió, per
ampliar les demandes d’aquesta moció sol·licitem que es garanteixi
que els productes apícoles —tot i que és una part de la moció que
vostè ha tractat— importats de països tercers compleixin amb els
mateixos requisits de producció i normes de seguretat alimentària que els
produïts a la Unió Europea. El fonament és aquest, no únicament i
exclusivament que es cenyeixi a la qüestió que després en el torn de
portaveus explicaré, juntament amb les actuacions que s’han anat
fent en aquest cas per part de Catalunya en coordinació amb el Ministeri
d’Agricultura, perquè també tenim un problema. No únicament a les
zones dels senadors que m’han precedit, sinó també a Catalunya i
sobretot a la part del nord de Catalunya, tenim un problema que pot ser
greu; ara és greu, però pot ser molt greu. En aquest cas, també volem
posar en valor la feina que s’està fent per part dels
apicultors.

Es va enviar una carta al comissari europeu de Comerç, en
la qual es denunciava aquesta competència deslleial de l’entrada de
mel de tercers països. Aquestes importacions de tercers països que no
compleixen amb els requisits i que no tan sols és una qüestió que afecta
únicament, en aquest cas, a la producció apícola i de la mel, sinó a
molts productes agraris, doncs no observen la normativa europea i els
requisits de seguretat que caldria tenir. A partir d’aquesta carta
s’ha enviat per part de la Unió Europea una mena de memoràndum, de
qüestionari, per part de la Direcció General de Sanitat Animal de la
Comissió Europea perquè el ministeri de Sanitat i el d’Agricultura
contestin a aquests requisits, i crec que a partir d’aquests
requisits que es demanen i a partir d’aquestes modificacions
—que després també expressaré— que hi ha hagut de les
directives europees al respecte de la mel, sí que es podria posar fil a
l’agulla i fer una actuació el més contundent possible en relació
al tema que tenim avui.

Es demana i s’exigeix una harmonització dels controls
fronterers, perquè com molt bé han dit els senadors que m’han
precedit, en aquest cas la vespa asiàtica no té una ubicació determinada
en un territori; no coneix de territoris. La globalització fins i tot ha
arribat, en aquest cas, a les vespes, i la possibilitat que pugui afectar
no tan sols a una zona com pot ser Navarra o pot ser Astúries, sinó també
Catalunya.

Dit això, feta aquesta introducció, sí que li demanaria,
perquè aquesta moció tingués el màxim de recorregut possible, que
tinguessin en compte aquesta esmena, que la incorporessin, perquè crec
que és de justícia i té la seva fonamentació; perquè ens juguem la
supervivència del sector apícola. Ens juguem també que hi hagi un
equilibri ambiental i una harmonització de les normes i de la normativa,
tant a la introducció dels productes agraris com en la producció
d’aquells productes que fan que el nostre entorn rural, en aquest
cas, tingui el màxim de possibilitats de pervivència. I si hi ha una
competència deslleial, si hi ha uns requisits que no s’observen amb
mel que ve de tercers països, amb això ens estem fent trampes al
solitari.

Per tant, li demanaria que tingués en compte aquesta esmena
i que la poguéssim incorporar amb tot el que són les peticions
d’aquesta moció.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

En este caso, el grupo al que represento presenta una
enmienda mediante la cual queremos ampliar un poco las miras de esta
moción, que agradecemos a UPN que haya presentado porque creemos que es
necesaria.

Hay que hacer una cierta pedagogía de lo que está
sucediendo. Lo que sucede en el ámbito rural hay veces que parece que no
sucede, que no tiene la incidencia suficiente, y no es así. Todo lo
contrario, en este caso puede tener incluso una afectación no solo en el
sector apícola, sino también en otros productos agrarios, como pueden ser
frutales de la zona de la que yo vengo, o viñedos, sobre los que ustedes
antes han hablado.

En el articulado, aunque con algún matiz, podríamos estar
de acuerdo, pero en función de las noticias que han aparecido
recientemente, el Grupo Convergència i Unió, con el fin de ampliar las
peticiones de esta moción, solicita que se garantice que los productos
apícolas —aunque es una parte solo de la moción que usted ha
tratado— que se importen de países terceros cumplan con los mismos
requisitos de producción y normas de seguridad alimentaria que aquellos
producidos en la Unión Europea. El fundamento es este: que no se ciña
única y exclusivamente —cuestión

sobre la que después, en el turno de portavoces, me
centraré— a las actuaciones que se han hecho en Cataluña en
coordinación con el Ministerio de Agricultura, porque también tenemos un
problema. No solo en las zonas de los senadores que me han precedido sino
también en Cataluña, y sobre todo en la parte norte de Cataluña, tenemos
un problema que puede ser muy grave; ahora es grave, pero puede ser muy
grave. En este caso, también queremos poner en valor el trabajo que están
realizando los apicultores.

Se remitió una carta al comisario europeo de Comercio, en
la que se denunciaba competencia desleal por la entrada de miel de
terceros países. Estas importaciones de terceros países que no cumplen
con los requisitos es una cuestión que no solo afecta a la producción
apícola y de la miel, sino a muchos productos agrarios que no observan la
normativa europea ni los requisitos de seguridad que deberían tener. A
partir de esta carta, se ha enviado una especie de memorándum, de
cuestionario, por la Dirección General de Sanidad de la Comisión Europea
para que los ministerios de Sanidad y de Agricultura contesten a estos
requisitos, y creo que a partir de estos requisitos que se solicitan y de
las modificaciones —después también lo comentaré— que se han
hecho de las directivas europeas respecto a la miel, sí que nos
deberíamos poner manos a la obra con una actuación lo más contundente
posible en relación con la materia que debatimos hoy.

Se exige una armonización de los controles fronterizos,
porque, como muy bien han dicho los senadores que me han precedido en el
uso de la palabra, la avispa asiática no tiene una ubicación determinada
en un territorio; no conoce territorios. La globalización incluso ha
llegado a las avispas, y de ahí la posibilidad de que pueda afectar no
solo a una zona, como puede ser Navarra o Asturias, sino también a
Cataluña.

Hecha esta introducción, y para que esta moción tenga el
máximo recorrido posible, pediría que incorporasen esta enmienda porque
considero que es de justicia y tiene su fundamento; tiene su explicación,
porque nos jugamos la supervivencia del sector apícola. Asimismo, en este
caso es necesario que exista un equilibrio ambiental y una armonización
de la normativa, tanto en la introducción de los productos agrarios como
en la producción de aquellos que hacen que nuestro entorno rural tenga
las máximas posibilidades de pervivencia. Y si existe una competencia
desleal, si existen unos requisitos que no se cumplen respecto de la miel
que viene de terceros países, nos estamos haciendo trampas en el
solitario.

Les pido, por tanto, que tengan en cuenta las peticiones de
esta enmienda para que puedan incorporarse a la moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente, y
gracias también a los senadores que me han precedido en el uso de la
palabra.

Creo que en España los apicultores, y también otros
sectores de la sociedad, tienen un problema importante con la avispa
asiática, tal y como se ha dicho desde esta tribuna. Se trata de una
especie invasora que se alimenta principalmente, en más de un 80%, de
nuestras abejas domésticas. Hay que tener muy en cuenta, según los datos,
que también se han dado aquí, que en tres años ha colonizado la cornisa
cantábrica, la costa gallega y Galicia, y ha llegado ya a la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. Por eso, para nosotros es muy importante dar
soluciones a los apicultores españoles, que son quienes realmente
protagonizan la explotación apícola de este país.

Las 25 explotaciones que a día de hoy existen en España nos
convierten en el mayor productor de miel de toda la Unión Europea. Hay
que recordar que los mayores productores de miel de nuestro país se
encuentran principalmente en tres comunidades autónomas: Castilla y León,
Andalucía y Galicia. Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista tiene
mucho interés en que se tomen decisiones importantes y se lleven a la
práctica con el fin de solucionar los problemas de los apicultores
españoles.

Y me habría gustado, y así se lo comuniqué a la senadora
Leyte, que en ese sentido hubiéramos sacado una moción conjunta, de todos
los grupos parlamentarios, ya que la avispa no entiende de mociones, pero
hay problemas, y los apicultores se sienten profundamente

preocupados por el avance de esta plaga, que está diezmando
ya parte de la producción de miel de este país.

A partir de esta situación, nosotros hemos presentado una
moción con dos puntos. Es verdad que entre los puntos que proponen los
diferentes grupos se pone encima de la mesa cuáles podrían ser las
soluciones, pero en el caso del Grupo Socialista decimos que, debido a
que la situación empieza a ser lamentable por la falta de medios eficaces
para hacer frente a la invasión de este insecto y a su rápida propagación
—los senadores que me han precedido en el uso de la palabra han
indicad las cifras que teníamos en el año 2004, cuando se detectó por
primera vez la presencia de la avispa asiática en nuestro país—,
para nosotros es importante dotar de financiación proyectos de
investigación, en especial los encaminados a descubrir una feromona
específica que permita obtener una captura dirigida y masiva de la Vespa
velutina. Y, asimismo, que España traslade este problema a los foros de
la Unión Europea para actuar de forma global y buscar entre todos los
países soluciones para el control y erradicación de la avispa asiática,
defendiendo las conclusiones —como no puede ser de otra
manera— de la estrategia aprobada por la comisión sectorial del
Ministerio de Agricultura.

Quiero aprovechar y preguntarle a la senadora Leyte por las
directrices aprobadas en esa estrategia. En lo que se refiere a potenciar
los métodos de captura selectiva, me gustaría que nos informara de si a
día de hoy existe abierta alguna línea de investigación, tanto pública
como privada, para el descubrimiento y la producción de una feromona
efectiva y sobre aquellas experiencias con resultados positivos que se
hayan llevado a cabo en otras comunidades autónomas o en algún país de la
Unión Europea.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sen.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la senadora Leyte.

La señora LEYTE COELLO: Gracias, presidente. Señorías.

Senador Yanguas, de UPN, le felicito por traer al Pleno del
Senado una moción que me parece clave y muy importante, y que es reflejo
de la grave situación que está atravesando el sector de la apicultura en
nuestro país, un sector muy importante dentro del mundo rural por la
producción que genera, con una riqueza de 62 millones de euros, o sea, el
0,44% y el 0,17% de la producción final ganadera y agraria. Pero en este
caso el principal valor no es solo económico, sino que radica en su
importantísima contribución al mantenimiento de los ecosistemas y la
biodiversidad a través de la polinización realizada por la cabaña
apícola.

Además de estas consideraciones, está el hecho de que en
muchas zonas de España supone un estímulo más para frenar el
despoblamiento del rural, tema muy preocupante y de incalculables
consecuencias —precisamente en el Senado hay una ponencia que
estudia este tema—.

La vespa velutina, asiática, o llamada por nuestro
apicultores asesinas —y lo digo porque creo que ha habido algún
error—, entró en la Unión Europea por Francia, a través de un
cargamento de madera, por el puerto de Marsella —así se
cree—, en el año 2004. En España entra en 2010 por la frontera de
Irún, seguramente desde Francia, y el primer foco que se detecta
precisamente es en Guipúzcoa. De ahí se extiende a la Comunidad Foral, a
Galicia, a Cataluña y en general a toda la parte norte de España.

No es peligrosa —no más que la avispa común, como se
ha dicho— para el ser humano, pero sí lo es para las colmenas, que
destruye totalmente cuando entra, e incluso se cree que solo la presencia
de una sola avispa asiática hace que las abejas no salgan de la colmena y
mueran por inanición.

A lo largo de estos últimos años se han presentado varias
preguntas, mociones, e incluso una PNL —a la que ya ha hecho
referencia el senador Yanguas—, presentada por Olga Iglesias, del
Grupo Popular, que fue aprobada por unanimidad, lo que demuestra la
sensibilidad de todos los grupos.

El Ministerio de Agricultura está trabajando seriamente
sobre el tema, al igual que las comunidades autónomas afectadas. Se
constituyó un grupo de trabajo en el que se están presentando diversos
estudios dentro de la estrategia nacional, que se llevará próximamente a
la Comisión Sectorial de Medio Ambiente. En diciembre de 2013 este
subgrupo de trabajo, en el que

participaron unidades del ministerio y las comunidades
autónomas —la Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Cataluña,
Castilla y León, Cantabria, Galicia y Extremadura—, tiene como
objetivo elaborar una estrategia nacional de la vespa velutina y
presentar un borrador a la reunión del Grupo de trabajo de especies
exóticas invasoras para la búsqueda de acciones concretas, tanto a nivel
del medio natural como dentro del Plan nacional apícola, con apoyo
técnico, actuaciones de gestión, control y posible erradicación, aunque,
como se ha dicho, esta es muy difícil. También hay proyectos de
investigación para encontrar una trampa selectiva que no afecte a otras
especies y limite el uso de productos peligrosos, como la cipermetrina, y
permita la detección precoz de las avispas.

Además, dentro del Programa nacional de medidas de ayuda a
la apicultura, presentado por España a la Comisión de la Unión Europea,
de 12 de agosto de 2013, se aprobaron los programas de mejora de la
producción y comercialización de productos destinados a la ayuda a la
apicultura y medidas relacionadas con los daños concretos que este
agresor de colmenas pueda ocasionar a nuestra apicultura. Lo relataré más
pormenorizadamente en el siguiente turno, por falta de tiempo.

Por otra parte, las comunidades autónomas
—absolutamente todas las afectadas están trabajando
activamente— han establecido líneas de actuación con los
apicultores, con las sociedades forestales. Concretamente, en Galicia hay
una grave preocupación por ese tema y se están tomando las medidas
necesarias; y me consta, por lo que he revisado, que en las otras
comunidades, también.

Por eso propongo este texto de sustitución, en cuyo primer
punto se habla de continuar impulsando los trabajos de la estrategia
nacional sobre las acciones para acabar con la avispa asiática. En el
segundo, de presentar esta estrategia nacional en la Comisión Sectorial
de Medio Ambiente, una vez elaboradas las conclusiones de los grupos de
trabajo creados al efecto entre la Administración General y las
comunidades autónomas. En el tercero, de coordinar y colaborar con los
países miembros de la Unión Europea en medidas conjuntas de lucha contra
la avispa asiática. En el cuarto, de impulsar el Programa nacional de
medidas para apicultura a través de la información y asistencia técnica
de las agrupaciones de apicultores para actuaciones de vigilancia y
seguimiento de la avispa asiática. Y en el quinto punto, de que las
comunidades autónomas afectadas por la especie invasora y en línea con la
estrategia nacional, elaboren planes y programas para su control, y
erradicación.

Me gustaría mucho que el senador Yanguas aceptara este
texto sustitutivo y que todos los grupos votásemos a favor con el senador
Yanguas, porque creo que es un problema que afecta a un sector muy
importante de nuestra economía y a nuestro mundo rural.

Gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Leyte.

Tiene la palabra el senador Yanguas, para indicar si acepta
o no las enmiendas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, en este turno de posicionamiento de las
enmiendas quiero agradecer todo el trabajo que se han tomado los grupos
en estudiar la moción que UPN ha traído hoy al Senado. Intentaré
responder una por una a las enmiendas con la posición de nuestro partido.
El tema sí tiene importancia, a la vista del trabajo que se ha
realizado.

Voy a comenzar por hacer referencia a la enmienda que acaba
de defender el Grupo Popular. Debo decir que UPN se ve bastante bien
reflejada en esos cinco puntos de sustitución. Se habla de seguir
impulsando los trabajos de la estrategia nacional, cuando la moción de
UPN habla de agilización. También, de presentar la estrategia nacional en
la comisión del ministerio, y en la moción de UPN se recoge ese punto. En
cuanto al tercero, relativo a llevar el problema a la Unión Europea, no
se dice nada de recabar dinero, pero nosotros vamos a seguir impulsándolo
y a sobreentenderlo; y creo que se nos ha dicho por parte de la senadora
del Grupo Popular que ya hay algo enviado a la Unión Europea para poder
recabar fondos. También se dice que hay que impulsar el Programa nacional
de medidas para la apicultura para informar y dar asistencia técnica a
los apicultores. Este tema no estaba en nuestra moción, pero lo
consideramos muy importante, de vital importancia, y creemos que en esta
línea se puede avanzar mucho en la erradicación o el

control de esta plaga. Por último, también se habla de que
las comunidades afectadas, como puede ser la nuestra, elaboren planes y
programas.

Por eso, ya les anuncio que vamos aceptar esta enmienda, no
sin manifestar que el tema de recabar dinero, de la financiación, se
queda ciertamente descafeinado, pero seguiremos insistiendo en ello.

En cuanto a la enmienda de Foro Asturias, que comparte con
mi grupo una comprensible preocupación, que su portavoz nos ha hecho
llegar, añade a la moción tres puntos: uno de ellos para habilitar una
línea de convenios con el fin de acometer un plan que erradique la plaga;
un segundo punto, en el que se solicitan informes trimestrales sobre la
evolución de la avispa; y un tercero, para fomentar la organización de
cursos. Le tengo que decir que no podemos aceptar la enmienda tal y como
está presentada por lo que he dicho anteriormente, pero para su
tranquilidad le diré que la formación de los apicultores estaría
garantizada con el punto cuarto de la enmienda de sustitución. En cuanto
a la habilitación de convenios con las comunidades autónomas, esperamos
que en una segunda fase, cuando se elaboren esos planes por las
comunidades autónomas citadas, se pueda dotar de fondos. Y en tercer
lugar, se propone investigar mucho más, y creemos que eso ya se está
haciendo en las reuniones de expertos de la estrategia nacional.

En relación con la enmienda del Grupo Socialista, también
tengo que agradecer su trabajo, pero habla de financiación para proyectos
de investigación y creo que se pueden remitir a las convocatorias que ya
tenga abiertas el ministerio o que puedan abrirse una vez que la
estrategia nacional esté en marcha. Y respecto del tema de la Unión
Europea, creemos que también está recogido en uno de los puntos de la
enmienda de sustitución, que hemos aceptado.

En cuanto a la enmienda de CIU, quiero agradecerles, como
no podía ser de otra forma, el trabajo que se ha tomado en realizar y
explicar su enmienda. Pero no podemos aceptarla porque entendemos que no
tiene que ver con el contenido de nuestra moción, que lo que quiere es
controlar una plaga determinada. Lo que propone la enmienda de CIU es,
desde luego, loable y razonable, y estamos a favor de ello, pero por una
mera razón jurídica no la vamos a aceptar, por muy razonable, repito, que
nos parezca. No la vamos a aceptar por falta de conexión jurídica. Lo que
se dice en su enmienda es, insisto, razonable, y si presentan una moción
sobre la importación de los productos por las fronteras, en UPN la
trabajaremos y la apoyaremos.

Esto es todo lo que tengo que decir sobre las
enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.

La enmienda del Grupo Popular evita el esfuerzo de tratar
de mejorar el texto con aportaciones de otros grupos parlamentarios.
Realmente, si el Grupo Popular hubiese querido mejorar la moción creo que
debería haber fomentado un acuerdo mucho más amplio en un tema que
también es de amplia preocupación parlamentaria. En todo caso, se ha
aceptado la enmienda por parte del senador Yanguas, proponente de la
moción, y yo también la voy a apoyar.

Y me gustaría, señor presidente, matizar una cuestión que
ha comentado la senadora Leyte. Este de la vespa velutina todavía no es
un problema de salud pública, pero sí es un peligro para el ser humano.
La avispa tiene un aguijón de 6 milímetros, lo que obliga a la
utilización de equipamientos especiales que ni siquiera los apicultores
tradicionales poseen, hasta el punto de que en Francia el cuerpo de
bomberos, que tradicionalmente era el encargado de retirar los nidos, se
ha visto impedido para hacerlo y Francia recurre a equipos especiales por
la peligrosidad del insecto. Esta peligrosidad no solo viene por la
picadura, que causa un shock anafiláctico, con los graves riesgos que eso
conlleva, sino incluso por el contacto. Se han detectado ya casos de
ceguera por vespa velutina. En ese sentido, quiero señalar que la avispa
está invadiendo las ciudades porque busca las proteínas que encuentra en
la carne y el pescado que se exhibe en los mercados, un recurso vital
para su desarrollo.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, mahaiburu jauna,
arratsalde on, senatari jauna andreok.

Señorías, como ya se ha dicho aquí, hablamos de la avispa
asiática, de la vespa velutina nigritorax, porque tiene nombre y
apellidos —su madre debería ser nigritorax—, una especie
exótica invasiva que llegó a Francia en 2004, sí, pero que se detectó por
primera vez en el departamento de Lot-et-Garonne, al sudeste de la
Gironde, al sudeste de Burdeos.

En 2013, nueve años después, 62 de los 95 departamentos
franceses ya tienen presencia de este depredador; más de la mitad del
territorio en nueve años. Entró por la Aquitania francesa, y las primeras
especies se encontraron en el territorio del Estado en 2010 a orillas del
Bidasoa. Y el ritmo de expansión no tiene por qué ser diferente al que ha
sufrido en Francia: 60 kilómetros al año, de forma natural; pero estas,
que son muy listas, van en camión e invaden a mucha más velocidad. Y,
como ha dicho el senador Yanguas, estas avispas no respetan ni entienden
de comunidades autónomas —dicho sea de paso, senador Yanguas, como
muchos humanos españoles, que tampoco lo hacen—. Por lo tanto,
tenemos que suponer que el ritmo de expansión será el mismo que en
Francia. Y si vemos las barbas del vecino pelar, tenemos que ponernos a
agilizar las estrategias contra la avispa asiática, lo que es algo
imprescindible.

Señorías, aquí hay un problema que probablemente sea el
origen de todos los males que hemos podido tener, y es discernir si este
es un problema medioambiental por ser una especie invasora o es solo un
problema de agricultura o ganadería, o de ambas. Pues bien, en el País
Vasco, que fue donde primero entró, desde hace tiempo estamos colaborando
entre ambos departamentos, apoyados en una mesa que se ha constituido al
efecto, integrada también por las diputaciones, que son las que entienden
de ganadería y medioambiente, el sector, y Neiker, que es el Instituto
Vasco de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Es algo que además se
está haciendo en coordinación con los servicios de la Comunidad Foral
Navarra, como no podía ser de otra manera, porque repito que estas
avispas realmente no entienden de fronteras, como ha dicho también el
senador Yanguas. Se trabaja en la línea de investigación de trampas para
reinas, de la georreferenciación, que es muy importante, de la presencia
de las colonias para poder hacer previsiones sobre cómo y dónde se puede
extender la plaga, etcétera. Todo esto, repito, en coordinación con la
Comunidad foral Navarra.

De hecho, señorías, el Magrama se está basando,
lógicamente, en los trabajos de los primeros que los han hecho, tanto en
el País Vasco como en la Comunidad Foral Navarra. No se han realizado al
ritmo que se tendrían que haber hecho, porque el borrador se presenta a
las comunidades autónomas este viernes, el día 12 acaba el plazo para
hacer las alegaciones, y después tendrá que seguir el procedimiento hasta
llegar a la sectorial. Por lo tanto, esta materia se debería haber
agilizado más.

Nosotros consideramos —y vamos más en la línea de la
moción presentada en origen— que en este caso las líneas de ayudas
son imprescindibles, no solamente la ayuda técnica y el apoyo al sector,
sino las ayudas, tanto para paliar las pérdidas económicas del sector por
la disminución del censo de abejas, por la disminución de los colmenares,
por la menor producción de miel, etcétera, como para los equipos de
captura —bien lo ha dicho el senador Martínez Oblanca—, para
invertir en equipos de captura y destrucción de nidos, para poner
trampas, pértigas, biocidas, etcétera. Y además es imprescindible
—y en esto sí es imprescindible el Magrama— agilizar los
temas de investigación más desarrollo en materias como las feromonas o
los productos específicos para esterilizar a los machos. Porque este no
es un problema de 2, 3, 4 o 5 comunidades autónomas, ni era el problema
de un departamento francés, es un problema de 95 departamentos franceses.
No es el problema de una o dos comunidades autónomas, es el problema de
todas las comunidades autónomas, de todo el territorio. Y no solamente
del Estado español, sino de la Unión Europea, porque si no entienden de
fronteras, y los camiones van en todas las direcciones, volveremos a
hacer un pan con unas tortas.

Señorías, es imprescindible articular una estrategia
organizada —de acuerdo— y global —de acuerdo,—
sobre todo en materia de I+D, liderada por el Magrama y coordinada por el
Magrama,

con las comunidades autónomas y con Europa. En este aspecto
consideramos imprescindibles los puntos 3 y 4 de la moción original,
porque en los puntos 1 y 2 ya se está trabajando y se ha avanzado mucho.
Repito que consideramos muy importantes los puntos 3 y 4, y no queremos
renunciar a ellos. Entendemos que la enmienda a la totalidad, de
sustitución, que ha presentado el Grupo Popular tiene muy buenas
intenciones, pero, de nuevo, no centra el problema, no acaba planteando
lo que es importantísimo en este caso, que es invertir en I+D para que
esta plaga se pueda afrontar con las mayores garantías posibles.

Por tanto, como el resto de las comunidades autónomas ya lo
estamos haciendo, por lo menos los que llevamos padeciendo esto mucho
tiempo, creemos que sin esta parte económica de la moción presentada por
Unión del Pueblo Navarro, por el Grupo Mixto, nosotros nos podemos apoyar
—ya lo siento— la enmienda de sustitución presentada por el
Grupo Popular.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente. Bon dia,
senyories.

La veritat és que a nosaltres aquesta ens sembla també una
moció ben oportuna. Aquest és un problema que s’ha evidenciat en
les intervencions dels diferents senadors que m’han precedit en la
paraula. És una qüestió que certament pot semblar una mica exòtica en el
seu debat —estem parlant d’una vespa que ve de la Xina, i que
com ha dit el senador Cazalis té nom i cognoms, velutina
nigrithorax—, però la realitat és que hi ha un sector del nostre
país que viu de l’apicultura, que està patint les conseqüències
d’aquesta invasió d’aquesta espècie i que, per tant,
d’aquelles 33 571 tones de mel que fem al nostre país, una bona
part d’aquesta mel està compromesa justament per aquest problema
que, insisteixo, és un problema greu per a un sector que tenia bones
perspectives però que problemes d’aquest tipus poden acabar
complicant-li molt la seva viabilitat.

No entrarem en més detalls, que crec que ja s’han
donat tots abastament i que tots els senadors i senadores que han volgut
seguir aquest debat en aquest moment sortiran d’aquí sabent una
mica més sobre la vespa velutina i sobre les abelles, com hem hagut de
fer els que hem hagut d’estudiar la moció, com deia, molt oportuna
del senador Yanguas.

Entenem que de la moció —en la línia una mica del que
deia el senador Cazalis— hi ha una qüestió fonamental que és veure
de quina manera —sabem que la invasió no la podrem eliminar
totalment— podem protegir les explotacions dels apicultors. Per
tant, hi ha dues qüestions fonamentals: una són, evidentment, les ajudes
per superar aquest trànsit en el temps en què es troba una solució
definitiva, i una altra, que crec que està molt clarament en la línia de
l’esmena que presentava el Grup Socialista, que és la qüestió
relacionada amb la R+D i trobar una feromona que pugui funcionar com un
mecanisme de captura d’aquesta vespa. No ho ha dit ningú però en
aquests moments, perquè ho sàpiguen, els mecanismes que s’utilitzen
és col·locar en una trampa per a abelles cera vella, cervesa o xarop de
cassis —ara no els explicaré què és el cassis perquè seria llarg,
però és una beguda de la meva terra—. En tot cas, com poden veure,
són mecanismes que són absolutament i clarament insuficients.

Per tant, nosaltres entenem també que la moció hauria de
quedar en els termes que s’ha plantejat o que, d’alguna
manera, seria positiu que quedés en aquests termes per donar una resposta
al problema, que fos una resposta eficaç, i que no parléssim una altra
vegada de voluntats, de bones voluntats, que mai no acaben de
concretar-se.

Gràcies.

Buenos días, señorías.

La verdad es que a nosotros esta también nos parece una
moción oportuna. Este es un problema que se ha puesto en evidencia en las
intervenciones de los senadores que me han precedido en el uso de la
palabra. Ciertamente, es una cuestión que puede parecer un poco exótica
en su debate —estamos hablando de una avispa que viene de China y
que tiene nombre y apellido, como ha dicho el senador Cazalis—,
pero la realidad es que hay un sector de nuestro país que vive de la
apicultura y que está sufriendo las consecuencias de la invasión de esta

especie; por tanto, una buena parte de las 33 700 toneladas
de miel que hacemos en nuestro país está comprometida precisamente por
este problema, que insisto que es grave para un sector que tenía buenas
perspectivas y cuya viabilidad se puede complicar mucho por problemas de
este tipo.

No voy a entrar en más detalles, porque creo que ya se ha
hablado muy ampliamente por parte de todos los senadores y senadoras que
han querido seguir este debate. Saldrán de aquí sabiendo un poco más de
la vespa velutina y de las abejas, al igual que los que hemos tenido que
estudiar la moción, muy oportuna, como he dicho, del senador Yanguas.

En línea con el senador Cazalis, entendemos que existe una
cuestión fundamental, y es, aunque no podemos eliminar totalmente la
invasión, saber de qué forma podemos proteger las explotaciones de los
apicultores. Por tanto, existen dos cuestiones fundamentales: una,
evidentemente, son las ayudas para superar este tránsito en el tiempo
hasta que se encuentre una solución definitiva, y otra, que está muy
claramente en la línea de la enmienda que ha presentado el Grupo
Socialista, es la cuestión relacionada con el I+D y con encontrar un
feromona que pueda funcionar como mecanismo de captura de esta avispa. No
lo ha dicho nadie, pero en estos momentos los mecanismos que se utilizan
consisten en colocar en una trampa para abejas cera de abeja, cerveza y
jarabe de cassis —no les voy a explicar lo que es el cassis, porque
sería largo, pero se trata de una bebida de mi tierra—. Como pueden
ver, son mecanismos absoluta y claramente insuficientes.

Por tanto, también creemos que la moción debería quedar en
los términos en los que se ha planteado para dar una respuesta eficaz al
problema y que no volviéramos a hablar de buenas voluntades, que nunca
terminan de concretarse.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

Animaria al senador Boya, que per fer pedagogia del que és
el xarop de cassís, que convidés a totes les senyories a provar-lo i
veure com n’és de bo aquest meravellós brevatge que tenim per allà
dalt. Que quedi aquí, dit en un Ple.

Entrem al fons del debat. Senador Yanguas, ho podria
arribar a entendre, quan vostè diu que no acceptarà la meva esmena, com
un element ha dit de racionalització jurídica. Si fos així, moltes de les
lleis aprovades en aquesta cambra no podrien haver-se aprovat perquè la
racionalització jurídica i l’entrellaçament de diferents conceptes
amb diferents lleis de temes que tenien poca relació o mínima relació o
s’ha hagut de forçar molt la interpretació per a poder-les
relacionar, no les hauríem pogut aprovar aquí. Per tant, jo entenc els
seus arguments i, evidentment, no els comparteixo però deixi’m
dir-li això.

Després també voldria demanar una altra cosa. Crec que som
aquí per a dialogar, per a parlar, per debatre i no única i exclusivament
quan pugem al faristol i expliquem els nostres posicionaments. Fins i tot
jo crec que és una feina prèvia, una feina prèvia en la qual tots aquells
senadors que estem implicats amb una moció corresponent, hauríem de tenir
aquesta cortesia parlamentària en la qual poguéssim parlar i posar damunt
la taula els diferents punts de vista. Hi jo sóc el primer. Com a
demòcrata-cristià, jo el primer de culpabilitzar-me que potser no ho he
fet quan no he presentat alguna moció al respecte però sí que hauríem de
tenir aquesta cortesia parlamentària en la qual puguem comunicar-nos el
més aviat possible i tenir aquest flux d’informació per un tema
—i ara sí que vaig a la qüestió essencial— per un tema que és
de molta preocupació, que pot semblar certament exòtic, fins i tot pel
nom, com bé ha dit el senador Cazalis, que tenia pare i mare pel nom que
té la vespa asiàtica, però sí que tenim aquesta necessitat de parlar
d’aquest tema preocupant. Preocupant no només pel que fa a la
producció de mel, sinó per l’efecte que pot tenir —i torno a
repetir— per l’equilibri ecològic i per la funció de
pol.linització que fan les abelles amb diferents productes agraris.

En aquest cas, Catalunya pertany, que suposo que a partir
d’aquella proposició de llei que es va presentar al Congrés dels
Diputats es va formar aquest grup o aquest subgrup, el Govern de
Catalunya pertany al subgrup de treball de la vespa asiàtica i va
assistir a una reunió aquí a Madrid el 17 de desembre de 2013. Amb aquest
grup de treball el que s’està fent és tenir una permanent relació
entre diferents administracions. Abans ho hem dit. En aquest cas la
globalització de la

vespa asiàtica ens ha portat a que no sàpiga de fronteres i
que vagi passant a diferents territoris. S’ha parlat de
l’entrada pel País Basc, perquè això ha tingut també una afectació
a Navarra, Astúries mateix, a Galicia i en aquest cas també al nord de
Catalunya. Al nord de Catalunya com poden ser les comarques del Ripollès,
de la Garrotxa, de l’alt Empordà i de La Selva. Aprofito també per
esmentar-ho a tots aquells senadors que provenen d’aquests
territoris.

El que s’ha fet des del 2013 a Catalunya, és elaborar
un protocol d’actuació que s’ha executat per tal de combatre
aquesta vespa asiàtica. Es concreta, aquest protocol, amb la retirada de
tres nius durant el 2013. La detecció de 15 localitzacions de presència
de l’espècie, que s’estenen per les comarques que abans he
dit, i durant aquest 2014 s’ha dut a terme la instal.lació de
paranys selectius adquirits pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient i subministrament als
apicultors. A més a més, hi ha una funció essencial, que és la formació
del capital humà. En aquest cas, els apicultors que tenen una actuació
poden ser molt proactius en aquesta línia i poder així ajudar al que
volem que és l’eradicació o, si més no, la limitació de la
proliferació d’aquest parany que tenim i, en aquest cas,
d’aquest element que és la vespa velutina nigrithorax, que bé ha
dit el senador Cazalis.

I ara em refereixo al final. Aportació de
l’administració autonòmica. Aportació de diners per part de
l’administració autonòmica. I aquí hi veiem el principi de
subsidiarietat. Les administracions que estan més a prop del problema són
les que finalment se n’han de fer càrrec i parlo tant de les
administracions locals, en aquest cas les administracions autonòmiques, i
la coordinació que hauria de fer o que s’està fent per part del
Magrama. Però amb l’excepció que amb aquesta moció, o amb aquestes
esmenes que s’han acceptat, o aquesta transaccional acceptada entre
el grup de UPN i el Partit Popular, no s’hi veu, de cap manera, que
hi hagi una aportació econòmica, sinó que aquí qui se n’ha de fer
càrrec són les administracions, en aquest cas, les autonòmiques.

Per això, el meu dubte a l’hora de votar. Tot i que
amb el fons d’aquesta moció hi podríem estar d’acord, tinc el
meu dubte a l’hora de votar a favor. Perquè necessitem la
coordinació de les diferents administracions però també unes dotacions
pressupostàries perquè es puguin fer les actuacions pertinents. Perquè,
si només ens cenyim al que li correspon a la pròpia administració més
propera, en aquest cas autonòmica, no acabarem de lligar-ho tot.

Per tant, els demano que es faci aquest esforç. A més a més
de les polítiques que s’han demanat d’inversió més
desenvolupament, que es pugui tenir la coordinació entre les diferents
universitats que ja estan treballant. Entre els apicultors. Entre les
organitzacions professionals agràries —nota a peu de pàgina—
molt necessàries i que estiguin representades en els diferents òrgans que
avui tractarem o potser el dia de demà, però durant el Ple en el qual
estem haurem de tractar la seva representativitat. Que hi hagi una
coordinació de tots els agents que hi estan implicats. I aquesta
coordinació no tan sols és única, exclusivament d’actuació sinó
d’aportació de fons.

I, pel que veig amb aquestes esmenes, no s’hi observa
de cap manera aquesta aportació de fons ni aquest increment. Per tant,
torno a repetir, tot i l’acceptació o l’acord en el fons
d’aquesta moció amb les seves esmenes, amb les esmenes acceptades,
com que no hi ha una aportació de fons i sembla que els que hàgim de ser
els «paganos» és l’administració que està més propera, en aquest
cas, l’administració autonòmica que, per cert, tenim competències
exclusives, doncs ens abstindrem, tot i que ho sentim molt.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Animaría al senador Boya a que, para hacer pedagogía del
jarabe de cassis, invitara a todas sus señorías a probarlo para que
vieran lo bueno que es ese maravilloso brebaje que tenemos por allí.
Queda dicho aquí, en el Pleno.

Entramos en el fondo del debate. Senador Yanguas, podría
llegar a entender que usted no aceptara mi enmienda por un elemento de
racionalización jurídica, como ha dicho textualmente. Si así fuera,
muchas de las leyes aprobadas en esta Cámara no podrían haberse aprobado,
porque al estar entrelazados distintos conceptos en distintos temas con
poca relación o una relación mínima, se ha tenido que forzar mucho la
interpretación para poderlos relacionar. No las hubiéramos podido aprobar
aquí. Por tanto, déjeme que le diga que entiendo sus argumentos, pero
evidentemente no los comparto.

También quisiera pedir algo. Creo que aquí estamos para
dialogar, para hablar, para debatir, y no única y exclusivamente cuando
subimos a la tribuna y explicamos nuestros posicionamientos. Creo incluso
que hay un trabajo previo y que todos los senadores que estamos
implicados en una moción deberíamos tener esa cortesía parlamentaria para
hablar y poner sobre la mesa los distintos puntos de vista. Por tanto, yo
me pongo el primero, como demócrata-cristiano, en culpabilizarme porque
quizás no lo he hecho siempre cuando he presentado alguna moción. Pero
deberíamos tener esta cortesía parlamentaria para poder comunicarnos lo
antes posible y tener ese flujo de información sobre un tema —y
ahora sí que voy a la cuestión esencial— de mucha preocupación y
que puede parecer ciertamente exótico, incluso por el nombre que, como
bien ha dicho el senador Cazalis, tiene la avispa asiática, con padre y
madre. Tenemos la necesidad de hablar de este tema, que no solo es
preocupante en relación con la producción de miel, sino por el efecto que
puede tener —lo vuelvo a repetir— para el equilibrio
ecológico y para la función de polinización que realizan las abejas en
distintos productos agrarios.

Supongo que este grupo o subgrupo se formó a partir de la
proposición no de ley que se presentó en el Congreso de los Diputados, y
el Gobierno de Cataluña, que pertenece al subgrupo de trabajo de la
avispa asiática, asistió a una reunión aquí, en Madrid, el 17 de
diciembre de 2013, un grupo de trabajo que ha tenido una relación
permanente con distintas administraciones. Ya se ha hablado de la
globalización de la avispa asiática, que no entiende de fronteras y va
saltando de territorio en territorio. Se ha hablado también de su entrada
por el País Vasco y de que ha tenido una afectación en Navarra, Asturias,
Galicia y también el norte de Cataluña, en las comarcas del Ripollés, de
la Garrocha, del Ampurdán y de la Selva. Y aprovecho para mencionar a
todos los senadores que provienen de todos estos territorios.

En Cataluña, desde 2013 se ha elaborado un protocolo de
actuación para combatir esta avispa asiática, un protocolo que se ha
concretado con la retirada de 3 nidos en 2013 y la detección de 15
localizaciones de presencia de la especie, que se extiende por las
comarcas que antes he citado. Y durante 2014 se han instalado trampas
selectivas adquiridas por el Departamento de Agricultura, Ganadería y
Pesca, que se han suministrado a los agricultores. Además, existe una
función esencial, como es la formación de capital humano, en este caso de
los apicultores, que pueden ser muy proactivos y ayudar a lo que
queremos: a la erradicación o al menos a la limitación de la
proliferación de este parásito, de la vespa velutina nigrithorax, como
bien ha dicho el senador Cazalis.

Y ahora me voy a referir a la aportación de fondos por
parte de la Administración autonómica. Aquí vemos el principio de
subsidiariedad. Las administraciones que están más cerca del problema son
las que finalmente se deben hacer cargo, y hablo tanto de las
administraciones locales, en este caso, de las administraciones
autonómicas, como de la coordinación que se debería hacer o que se está
haciendo por parte del Magrama. Pero en esta moción y en la enmienda que
se ha aceptado, en la transaccional aceptada entre UPN y el Grupo
Popular, no se ve de ninguna forma que exista una aportación económica,
sino que quien debe hacerse cargo de ella son las administraciones
autonómicas. Por ello, aunque podríamos estar de acuerdo en el fondo de
la moción, mi duda a la hora de votar a favor está en que necesitamos la
coordinación de las distintas administraciones pero también unas
dotaciones presupuestarias para que se puedan realizar las actuaciones
pertinentes, porque si nos ceñimos únicamente a lo que corresponde a la
Administración más cercana, en este caso, la autonómica, no acabaremos de
atarlo todo.

Por lo tanto, les pido que se realice este esfuerzo, además
de las políticas que se han pedido: inversión en I+D, coordinación entre
las distintas universidades que ya están trabajando en ello, entre los
apicultores y entre las organizaciones profesionales agrarias —nota
de pie de página: muy necesarias—, y que estén representadas en los
distintos órganos sobre los que trataremos hoy, o quizá mañana, en el
Pleno, en las que estamos presentes. Es necesario que exista una
coordinación de todos los agentes que están implicados, y esta
coordinación no es única y exclusivamente de actuación, sino de
aportación de fondos. Pero, por lo que veo, con estas enmiendas no se
observa de ninguna forma esta aportación de fondos ni este
incremento.

Por consiguiente, reitero que, a pesar de estar de acuerdo
con en el fondo de la moción y con la enmiendas aceptada, como no existe
una aportación de fondos y parece que los que tendremos que acabar
pagando seremos la Administración más cercana, que, repito, en este caso
es la

Administración autonómica —por cierto, con
competencias exclusivas—, nos abstendremos, sintiéndolo mucho.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Plana.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Después de escuchar atentamente al resto de senadores que
han intervenido, entiendo que la senadora Leyte no ha contestado a mi
pregunta sobre si tenía conocimiento de que se estuviera ya trabajando en
algún proyecto de investigación y desarrollo para la consecución de esa
feromona que posteriormente se utilice para conseguir una captura más
directa. Al final no he tenido claro si me ha contestado o no, pero, como
digo, entiendo que no lo ha hecho.

Creo que aquí ha quedado perfectamente clara la importancia
que tiene esta especia invasora, lo que nos hace ver lo importante del
control de las fronteras para que estas situaciones no se vuelvan a
producir. Aquí tan solo vengo a decir lo que nos han trasladado los
apicultores, en concreto, más de 32 organizaciones entre apicultores,
ecologistas y cámaras agrarias, que se han unido para pedir al Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a 9 comunidades autónomas
que adopten las medidas a su alcance y frenar así la expansión de la
avispa asiática y minimizar los daños que produce en el medio ambiente y
las pérdidas económicas en los sectores de la apicultura y la
fruticultura, ya que esta situación empieza a ser alarmante por la falta
de medios para hacer frente a este insecto invasor y a su rápida
propagación, como nos indican las cifras actuales desde la llegada de
este insecto, allá por el año 2004. País Vasco, Navarra, Galicia,
Cataluña, Cantabria y probablemente en breve Burgos y La Rioja. Esto es
lo que dicen los apicultores que constituye el actual mapa de las
regiones infectadas por esta avispa asesina.

Entiendo que tomándonoslo con la seriedad con que esto se
debe de tomar y con la gravedad que este problema supone, creo que a los
apicultores, que son de los más perjudicados —ahí están las cifras
del número de explotaciones apícolas que hay ahora mismo en España,
ejemplo de la importancia que España tiene en la producción de miel en la
Unión Europea y en el mundo—, les tenemos que decir algo más que
dejarlo en papel mojado. Por ese motivo creo que es necesario que detrás
de esta moción se incorpore una partida presupuestaria para investigación
y desarrollo que vaya en la dirección de erradicar esta plaga que está
sufriendo actualmente nuestro país. Es verdad que según dicen los
técnicos es bastante difícil conseguir erradicar, sino que lo más
efectivo es controlar la plaga en aquellos territorios donde ahora mismo
ya han realizado la invasión, pero entendemos que esta moción queda no sé
si decir desamortizada desde el momento en que no se establece ningún
tipo de partida económica que vaya en la dirección de buscar una solución
a nivel de investigación y desarrollo.

Es cierto que hay que seguir impulsando los trabajos dentro
de la estrategia nacional en lo que se refiere a las acciones para acabar
con la avispa asiática; que es verdad que esta estrategia se tiene que
presentar a la Administración General del Estado y a las comunidades
autónomas; que también hay que coordinar con los países de la Unión
Europea medidas conjuntas contra la lucha de la avispa asiática, esta
avispa asesina, y que hay que impulsar una serie de medidas de
información y divulgación entre los apicultores. Pero lo que no es menos
cierto es que detrás de un problema tan importante como el que se
presenta, como el que ya tiene este país, como el que ya tienen los
apicultores de este país, es necesario que esta moción incorpore una
partida presupuestaria destinada a investigación y desarrollo dirigida a
la consecución de esa feromona que nos permita hacer mucho más efectivo
el control de esta importante plaga e intentar solucionar, como no puede
ser de otra manera, los importantes problemas que esta avispa, esta
especie invasora, está causando en nuestro país.

Por este motivo, en una cuestión tan importante como de la
que aquí estamos hablando todos los grupos en relación con la
peligrosidad de esta avispa y el perjuicio que está causando en nuestra
cabaña apícola a nivel nacional, o por lo menos en aquellas zonas en las
que se produce la mayor cantidad de miel para exportación que tiene este
país, no entendemos por qué el Partido Popular no ha permitido la
aportación del resto de los grupos para intentar sacar una moción y por
qué no se trabaja para conseguir unos fondos económicos, con la
implicación de los países de la Unión Europea, que permitan luchar contra
un problema tan importante derivado de los daños que

está produciendo esta avispa no solo en nuestra cabaña
apícola, sino también por el gran impacto medioambiental que se produce
al reducir la biodiversidad de los ecosistemas por su voracidad, que
afecta al equilibrio poblacional de muchas especies autóctonas, como
insectos, especialmente las abejas, y otros polinizadores. También por
los graves perjuicios directos causados en el sector apícola y frutícola
dañando cosechas de uva —también se ha dicho—, de manzana o
de pera. Y también los problemas causados a las personas como las
picaduras, los procesos alérgicos y la colonización de las zonas urbanas
y periurbanas, como se ha venido demostrando con la localización de
diferentes nidos en árboles de parques en determinadas zonas urbanas.
Creo que lo que sí queda claro es que debemos hacer caso a lo que dicen
los apicultores, pero lo que no podemos proponer a día de hoy es dejar
tan solo en una mera declaración institucional un problema tan importante
como el que tienen en este momento los apicultores de este país.

Por este motivo ya les avanzo, sintiéndolo mucho: el Grupo
Parlamentario Socialista no va a apoyar esta moción ya que lo que no
puede hacerse ante un problema de esta entidad es darles como solución a
los apicultores nacionales un mata avispas manual.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sen.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la
senadora Leyte.

La señora LEYTE COELLO: Gracias.

En primer lugar quiero agradecerle al senador Yanguas, de
UPN, que haya aceptado el texto sustitutivo. A pesar de lo que han dicho
posteriormente los portavoces de los grupos parlamentarios que han
intervenido, sí existe una gran preocupación por parte del ministerio por
este problema respecto del que el propio ministerio hizo sus deberes
presentando en la Comisión de la Unión Europea de 12 de agosto de 2013 un
programa de mejora, que fue aprobado, dentro de los programas de mejora
de la producción y comercialización de productos agrícolas, en el que,
además, quedó recogida una línea de asistencia técnica a los apicultores
para la contratación de técnicos y especialistas que van a realizar
labores de información y asistencia técnica a las agrupaciones de
apicultores para actuaciones de vigilancia y presencia de nidos de
avispa, algo muy importante puesto que es una de las cuestiones que más
demandan los apicultores ya que es esencial la localización de esos nidos
antes de que se produzca el daño, lo que suele ocurrir a principios de
febrero o marzo, que es cuando empiezan a fabricar esas avispas sus
característicos nidos de enorme tamaño dado que a su vez estas también
triplican el tamaño de la abeja melífera, que es más negra y tiene en un
extremo una parte amarilla. Es fundamental que los apicultores estén bien
asesorados para poder detectar los nidos y eliminarlos antes de que
causen el daño.

Por otra parte, y dentro de esa comisión se aprobó la línea
de colaboración con organismos especializados en la realización de
programas de investigación aplicados en el sector de la apicultura.
También se aprobaron por primera vez los nuevos desarrollos para limitar
los efectos de la invasión por la avispa asiática, y en esto, como ya le
dije ayer al senador socialista, entra el estudio de las feromonas y el
de otras sustancias que posiblemente sean selectivas para esta avispa.
Creo que está recogido indirectamente, y que habrá fondos, el coste de
todas las medidas que se van a poner en funcionamiento ya que lógicamente
la Unión Europea está en esa línea. Se trata de un problema europeo que
afecta a Francia y a Portugal aunque se extenderá a más países porque la
avispa asiática no reconoce fronteras.

Me gustaría que el senador Cazalis, del Grupo Vasco,
reconsiderara su posición, al igual que el senador de CiU. En el Congreso
se aprobó por unanimidad y creo que el senador Yanguas ha hecho una buena
presentación. El texto recoge la esencia del texto sustitutivo de su
moción y considero que deberíamos estar todos de acuerdo en esto y no
pensar que está descafeinado, porque los fondos están ahí, para sufragar
los estudios, las investigaciones y las detecciones. (Rumores).

Al senador socialista le diré algo que antes no le dije, en
parte, por el tiempo. Primero, yo no era quién para aceptar su propuesta,
porque la moción era del senador Yanguas. Y, segundo, efectivamente la
avispa asiática se conoce desde 2004, ustedes han gobernado hasta 2011,
así que tuvieron tiempo de darles fondos a las comunidades autónomas y de
empezar a estudiar el problema para que hoy no estuviéramos en estas
condiciones. En épocas de más bonanza económica no se hicieron los
estudios ni se aplicaron los fondos convenientes y en los momentos

de más crisis pedimos que se pongan fondos sobre la mesa.
Desde luego, es algo que siempre sorprende. Me gustaría, de verdad, que
reconsideraran su posición. Repito que en el Congreso no hace muchos
meses se aprobó por unanimidad. Creo que aquí podría apoyarse la moción
del senador Yanguas aceptando, como ha hecho, el texto sustitutivo, por
unanimidad también. Los apicultores lo agradecerían. Las comunidades
autónomas están haciendo los deberes. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio,
por favor.

La señora LEYTE COELLO: Galicia es una de las comunidades
en que se ha constituido un comité y, por el bien de todos, debemos
aprobar la moción del senador Yanguas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Leyte.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del senador
Yanguas, del Grupo Parlamentario Mixto, con la incorporación de la
enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 237; a favor, 147; en contra, 70;
abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

7.4. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE IMPULSE
LA TRAMITACIÓN LEGISLATIVA PERTINENTE DIRIGIDA A DEROGAR LA VIGENTE LEY
ORGÁNICA 1/2014, DE 13 DE MARZO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA
6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, RELATIVA A LA JUSTICIA
UNIVERSAL.

(Núm. exp. 662/000140)

AUTORES: GPS, GPMX, GPEPC, GPV Y GPCIU

El señor presidente da lectura al punto 7.4.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción.

A esta moción no se han presentado enmiendas.
(Rumores).

Guarden silencio, señorías, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra por tiempo
de quince minutos el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado
esta moción que ha sido refrendada por los grupos de la oposición, a los
que agradezco su apoyo, con una única pretensión: que el Gobierno del
Partido Popular derogue la ley que desde el pasado mes de marzo ha dado
un golpe mortal a los derechos humanos con la práctica supresión de la
justicia universal en la normativa legal española. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Y lo hacemos en este momento porque hasta las previsiones
más agoreras se han cumplido, por no hablar ya de la deplorable
tramitación y procedimiento que se ha seguido: la urgencia, la
excepcionalidad, la falta de debate parlamentario, la no existencia de
informes previos del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder
Judicial, que algo hubieran dicho sobre la inconstitucionalidad o no.
Todo ello, nuevamente, viene a demostrar su habitual ejercicio de
oscurantismo y desprecio parlamentario, pues lo utilizan solo como un
mero instrumento del Gobierno.

Su ley, con los criterios de resolución, nos ha llevado a
la limitación, o mejor dicho, a la defunción de la justicia universal y
en pocos días su texto normativo ha desencadenado confusión, controversia
y polémica interna y externa.

La Audiencia Provincial, la Audiencia Nacional y la
Fiscalía discrepan abiertamente. Se ha gestado una rebelión entre los
magistrados que han decidido resistir y se han negado a archivar las
causas, y es la primera vez en la historia de la democracia que los
jueces se unen de esta

manera contra una ley. Ha generado manifestaciones como las
siguientes: «la rectificaría», «la justicia como moneda de cambio»,
«trato desigual a las víctimas», «colisión con los tratados», «su
resultado es frustrante», «es un error» o «la peor de las críticas
posibles». Todas estas frases las han pronunciado jueces como Ruz,
Pedraz, Andreu, Velasco, Bermúdez, De Prada, el fiscal general
Torres-Dulce o el fiscal de Nuremberg. Pero, ante todo esto, ustedes
dicen que son ellos los que están sumergidos en el error.

Las asociaciones y organizaciones de lucha contra la droga
están enfadadas, preocupadas y molestas. Existe divergencia entre los
juristas nacionales e internacionales, manifestada también por la propia
señora Ebadi, Premio Nobel de la Paz. Diversos gobiernos europeos
muestran su preocupación. Hay jueces que presentan y presentarán recursos
de queja y los fiscales se quejan por no darles opción a opinar. Son muy
duras las críticas y apreciaciones del relator de la ONU para la Verdad,
Justicia y Reparación, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch,
de la Fiscalía que ha dejado entrever la posibilidad de un recurso de
inconstitucionalidad y hasta de la Real Academia que ha tenido que
intervenir para informar sobre la sintaxis de la ley, así como las
conclusiones que se ofrecieron aquí, en Madrid, en el foro que se celebró
en el pasado mes de mayo, con importantes ponentes.

Señorías, la reforma exprés que ustedes han aprobado falla
desde su inicio y después es una auténtica regresión. Han confundido
—creo que no lo han confundido, porque lo han hecho con
intención—, han querido equivocar la jurisdicción penal con los
conflictos jurisdiccionales y así desnaturalizar el propio principio de
justicia universal, que es lo que desde el principio ha querido el señor
Ruiz-Gallardón y su Gobierno. Han anulado el adjetivo universal,
suplantándolo por desfachatez. Dicen ustedes que han ampliado los casos y
los delitos perseguibles. Sin embargo, ponen más obstáculos: atan de pies
y manos a los jueces, restringen las competencias de los tribunales, que
hoy no pueden instruir ni perseguir; vulneran los tratados
internacionales y la propia Constitución, laceran el derecho de acceso a
la justicia de las víctimas, contraviniendo la independencia judicial.
Señorías, lo más importante en una democracia —y creo que deberían
saberlo— es la independencia total y absoluta del Poder Judicial, y
aquí, en nuestro país, ustedes han colonizado la justicia con una
vicepresidenta del Gobierno que además se ha entrometido en las
decisiones judiciales, exigiendo que los jueces retiren y archiven las
causas que llevan años instruyendo. Y además de todo esto, quebrantan la
tutela judicial efectiva. Y para cuadrar el círculo de la desvergüenza y
del bochorno, su ley declara el sobreseimiento de los procesos en curso,
exigiendo y demandando que se concluyan los sumarios, y así, por tanto,
se archiven las causas, sin tener en cuenta ni la repercusión social ni
la gravedad de los hechos ni el alcance internacional y el perjuicio que
se puede causar a España. Ustedes, señorías, todavía no tienen muy
interiorizada la idea de la imprescriptibilidad, y, si no, ahí están
miles de personas enterradas en las cunetas y represores y torturadores
del franquismo disfrutando todavía de pensiones del Estado.

Por todo esto y porque su ley obedece únicamente a sus
criterios extrajurídicos, que atentan contra el principio de separación
de poderes, con una clara injerencia en el Poder Judicial; porque es una
ley que no aporta nada, es deficiente, no sirve para lo que se creó y
está dictada para un caso concreto, es por lo que traemos a esta Cámara
la derogación de su texto normativo.

Señorías, su ley tiene evidentes efectos perniciosos para
nuestro país. Ya no es que sea una chapuza legislativa ni anule la
posibilidad de expurgar a genocidas o violaciones sistemáticas de los
derechos humanos; no, es que con su reforma se ha reducido a la mínima
expresión la garantía jurisdiccional y se ha acabado con el prestigio y
la referencia que era España hace veintiocho años. La justicia universal
dignificó a nuestro país por su activismo judicial para perseguir
execrables delitos. La marca España, que a ustedes tanto les gusta, era
reconocida, pero era reconocida sin campañas publicitarias. Ustedes con
su posición, y el señor Ruíz-Gallardón con sus posicionamientos nos van a
llevar a ese club de segunda, de potencia de segunda, como dijo John le
Carré, del que tanto nos costó salir.

Señorías, han arroyado a las víctimas, dejándolas
desamparadas. La Justicia tiene que ser independiente y operar sin miedo
a las consecuencias. Pero para ustedes prima el mercado, priman las
relaciones intercomerciales y las inversiones, frente a los derechos
humanos. Ustedes ven la Justicia como un producto comercial y tienen
miedo a las consecuencias económicas de los países poderosos, sin pensar
en las víctimas y pensando que la justicia universal perjudica a los
intereses económicos. Además, su revisión legal está afectando ahora a
delitos mucho más

cotidianos, porque ya no solo afecta a los casos Couso,
Tíbet, Ruanda, Irak, Ellacuria o Carmelo Soria, no solo afecta a los
vuelos de la CIA, a la Flotilla de la Libertad o a los activistas
saharauis; es que en los últimos días se está excarcelando a
narcotraficantes. Si los datos no me fallan, ya son 53 los delincuentes
que entran y salen de nuestras cárceles en tan solo dos meses de vigencia
de la ley, y esto todavía no ha acabado.

Señorías, ustedes lo saben: en Galicia, las madres de la
droga se muestran escandalizadas con su reforma; en el Campo de Gibraltar
se manifiestan con irritación por dejar impune el tráfico de drogas; las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado observan incrédulas cómo su
exitoso trabajo y su esfuerzo para luchar contra el narcotráfico no sirve
para nada; los agentes de la Agencia Tributaria y del Servicio de
Vigilancia Aduanera ven cómo sus últimas operaciones se tiran por la
borda, dificultando su trabajo para evitar la entrada de droga a través
del mar.

España, hasta ahora, era un modelo internacional en la
lucha contra la impunidad y estaba en la cabeza de la defensa de los
derechos humanos, sin que las fronteras fueran un límite; pero hoy,
ustedes solos han dinamitado de un plumazo la capacidad de los tribunales
españoles para ejercer la justicia universal. Con ustedes, España ha
tirado la toalla y, como dice el ministro: que juzguen otros. Hoy, cuando
las organizaciones criminales actúan coordinadamente y los Estados
debieran actuar conexionados para enfrentarse a ellas, ustedes se miran
al ombligo y convierten la justicia universal en algo local y puramente
subsidiario.

El todavía ministro no puede cambiar a su antojo el derecho
internacional porque este protege los bienes jurídicos supranacionales
que son indispensables en los Estados. El señor Ruíz-Gallardón, al
contrario, debiera procurar que se actuara de manera coordinada y debiera
ser el primero en brindar una protección más efectiva de los derechos
humanos, pero desde su gestión política, desde su nefasta gestión
política, ha conseguido que no se pueda perseguir a los delincuentes en
España, una conquista irrenunciable que ustedes están desbaratando con su
absoluta mayoría, que cada día se está pareciendo más a una tiranía.

Esto, tan solo esto, ya les debiera avergonzar como
ciudadanos y demócratas; esta marcha atrás en la conquista de derechos
humanos, esta impunidad que están generando en nuestro país les debiera
abochornar, pero no, ustedes responden a las críticas, como hace todavía
el ministro, diciendo que esta justicia ha creado conflictos, que España
no puede ser el gendarme del mundo, que daña nuestra política exterior y
que si nos metemos en políticas de otros no nos respetarán más. Es una
reflexión demencial porque ocurre francamente lo contrario: esto
significa plegarse a los poderosos, primar más los intereses económicos y
los contratos suculentos. Significa no molestar a los genocidas y los
corruptos, los tiranos, los mafiosos y los delincuentes de cuello blanco
estarán encantados con ustedes y con su marca España.

Por el contrario, las víctimas, los familiares, los jueces,
las policías estarán indignados, señorías, porque las víctimas son
universales y universal es la obligación de perseguir y juzgar a los
delincuentes. Siempre, señorías, siempre debiéramos tener presente el
sufrimiento y las necesidades de las víctimas en busca de justicia y esto
no es ser gendarme del mundo sino hacer el mundo un poco más justo y con
menos impunidad.

El señor Gallardón dice que la legislación anterior era
ineficaz porque ha habido pronunciamiento en un solo caso y que esta
norma sí generaba más problemas; pero esto no es cierto, señorías.
Ustedes han dejado que el dinero, el chantaje, los intereses económicos y
comerciales, los intereses de potencias extranjeras, la deuda de España y
China ganen sobre las víctimas y los derechos humanos. Han cerrado la
puerta abierta que dejó la ley de 2009 porque España, en aquel momento,
sí generaba confianza y se mostraba como un socio fiable.

Ahora se oye en algunos círculos de ustedes que, después
del estropicio que han montado, van a hacer una re, re, re, re,
remodificación para corregir algunos defectillos. Pues bien, no corrijan
defectillos, hoy tienen una oportunidad: aprovechen esta moción, revoquen
esa ley y deróguenla porque así España será un país fiable. Si no lo
hacen, solo será fiable para las mafias y para los poderosos, pero no
para los débiles y los comprometidos con el derecho internacional.

Si no aceptan esta moción estarán vendiendo justicia por
capital y sumisión; si no suprimen esta ley conseguirán que los
delincuentes y los criminales se rían de nuestros cuerpos de seguridad,
se burlen de nuestros jueces y se mofen de las víctimas.

Y ustedes lo van a permitir, señorías, porque son tan
previsibles que a pesar de que la oposición en su conjunto presenta esta
moción van a votar en contra, y lo harán siguiendo los

dictados de China, de Israel o de Estados Unidos porque ¿a
ustedes qué les importan los genocidios del Tíbet, de Ruanda, del Sáhara
o Guatemala? A ustedes les da lo mismo el caso Couso, el de Carmelo Soria
o el de Ellacuría; a ustedes no les merece la pena la Flotilla de la
Libertad, los vuelos de la CIA o los refugiados de Raf; a ustedes no les
afecta para nada el limbo de los barconarcos y la excarcelación de
delincuentes; a ustedes todo esto no les importa nada.

Pero hoy va a quedar una cosa muy clara y es que ustedes
están solos, señorías, porque la reforma de 2009, que tanto les gusta a
ustedes citar, que impulsó el Partido Socialista y que contó con el apoyo
de otros grupos parlamentarios, incluido el suyo, la van a acabar
derogando porque acaban con la justicia universal. Conseguirán que España
siga perdiendo calidad democrática y credibilidad. Harán que en España se
favorezcan las conductas ilícitas, que la humillación se coloque junto a
los que creemos en las libertades y en los derechos humanos.

Hoy, señorías, cuando le den al botón y voten en contra de
esta moción, se van a rendir a la agenda económica de los potentados
porque, como ustedes dicen: al gigante chino, ni se le toca. Pues todos
los socialistas, y muchos más, seguiremos trabajando para intentar acabar
con esta ley inmoral, cuya inconstitucionalidad es tan flagrante y tan
deliberada que acudiremos al Tribunal Constitucional por dos cosas: para
conservar el respeto reglamentario y para recuperar la dignidad de las
víctimas que a ustedes les falta.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría;
gracias, señor Rodríguez Esquerdo.

En turno en contra, tiene la palabra la senadora
Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Debatimos hoy otra vez sobre justicia universal, sobre
jurisdicción universal, porque aquí el senador Rodríguez Esquerdo nos
acusa de falta de debate. Pero ayer debatimos sobre justicia universal;
volvemos a debatir hoy sobre justicia universal, y lo hacemos en relación
a esta moción que presentan el resto de los grupos de la Cámara, por la
que nos piden a nosotros, al Grupo Parlamentario Popular, que apoyemos
precisamente su iniciativa y que el Gobierno presente un proyecto de ley
que derogue la Ley Orgánica 1/2014, una ley orgánica que trajimos a esta
Cámara como proposición de ley, que debatimos de acuerdo con lo previsto
en los reglamentos de las Cámaras —la debatimos en
profundidad— y que la aprobamos en uso, señoría, de la mayoría
parlamentaria que nos da la confianza que depositaron en nosotros los
ciudadanos en las últimas elecciones generales. Nos pide, por tanto, que
nos retractemos. No nos vamos a retractar, somos responsables con la
proposición de ley que trajimos a esta Cámara —la actual ley
orgánica— y, por supuesto, vamos a votar en contra de la moción que
traen todos los grupos parlamentarios.

Ha criticado su señoría la reforma. Ha hablado de golpe
mortal a la justicia universal, de defunción de la justicia universal. Ha
hablado de las críticas de los distintos jueces que hemos visto en
diversos artículos de prensa. Yo creo que ayer el señor ministro fue muy
claro con esta cuestión, porque ya se trató en el debate de ayer: respeto
absoluto a lo que dicen los jueces; respeto absoluto a la separación de
poderes. No hagamos de estas discrepancias un problema político cuando es
un problema jurídico que se tiene que resolver por el Tribunal Supremo.
Ha hablado también de las pretendidas intromisiones de la presidenta,
señalando que consideramos que los jueces están sumergidos en el error.
Le vuelvo a decir: respecto absoluto a la libertad de expresión y respeto
absoluto a la separación de poderes.

Ha hablado también de las críticas de los relatores de
Naciones Unidas, respecto de esta ley orgánica, en el congreso que se
celebró sobre justicia universal y que promovió precisamente la Fundación
Baltasar Garzón. Un congreso cuya conclusión sabemos que en ningún caso
iba a ser apoyar esta reforma, sino hacer una crítica absoluta a la
misma. Quizás esto deba debatirse en un foro mucho más amplio que el que
tenemos nosotros aquí. Yo entiendo que los relatores de Naciones Unidas
digan: ¿qué ocurre con el principio de jurisdicción universal? Pero, ¿qué
ocurre con Naciones Unidas?, ¿qué ocurre con el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas cuando en cuatro intentos se ha vetado por dos países,
China y Rusia, la posibilidad de que la Corte Penal Internacional pueda
intervenir y enjuiciar las graves violaciones de derechos humanos que
están ocurriendo en Siria? Yo creo que también tenemos que reflexionar
sobre ello.

En relación a todo este tipo de críticas que ha señalado su
señoría, me gustaría leerle dos extractos de declaraciones precisamente
en contra de la restricción del principio de justicia universal. El
primero dice: El principio de justicia universal en España perderá lo
esencial de su eficacia humanitaria y democrática con esta reforma
legislativa oportunista, apresurada, subrepticia, que pretende reducir a
la simple defensa de los intereses españoles. Expresamos nuestra más
enérgica disconformidad ante la amputación de nuestro sistema jurídico de
un instrumento legal, que ha permitido a los tribunales españoles
actuaciones avaladas por el Tribunal Constitucional, de extraordinaria
eficacia y prestigio mundial, y que ha significado una singular
aportación al derecho penal internacional frente a la impunidad de los
más graves delitos cometidos contra los derechos humanos. Otro extracto
de otra declaración dice así: Deploramos que en vez de consolidar un
horizonte de justicia universal para las graves violaciones de derechos
humanos, los parlamentarios trabajen para ampliar los resquicios de
impunidad. Yo imagino que sus señorías estarán de acuerdo con estas
declaraciones. Una la formuló la Unión Progresista de Fiscales, y la otra
Jueces para la Democracia. Y le podría citar otras muchas, pero estas
críticas las realizaron contra la reforma de la justicia universal que en
el año 2009 trajo el Grupo Parlamentario Socialista a esta Cámara, y lo
que ahora hacen ustedes es reeditar esos argumentos que en su momento se
hicieron contra su reforma y oponerlos a la nuestra.

Señoría, frente a todos estos que ha señalado en contra de
la reforma de la Ley Orgánica 1/2014, yo tengo que oponerle uno muy
simple, y es el principio de la racionalidad normativa. Con nuestra
reforma nosotros hemos intentado determinar el alcance de este principio
de jurisdicción universal de acuerdo con lo dispuesto en los tratados
internacionales, porque ese es el objeto de la reforma: trasladar a
nuestra legislación los criterios de conexión y el principio de
subsidiariedad que se establece en los tratados internacionales. Por
tanto, nosotros consideramos que esta reforma no vulnera la Constitución,
aunque, por supuesto, siempre estaremos dispuestos a aceptar y respetar,
tal y como debe ser, lo que diga el Alto Tribunal en relación con las
cuestiones o recursos de inconstitucionalidad que se puedan plantear; y
por supuesto no vulnera en ningún caso los tratados internacionales
porque no puede hacerlo en virtud del principio de jerarquía
normativa.

Tendría que decirle, además, señoría, frente a ese
argumento del golpe mortal contra la justicia universal, que con esta
reforma no se elimina en absoluto. La justicia universal sigue estando
ahí, operativa, modulada por esos criterios de conexión y ese principio
de jurisdicción universal, pero, por supuesto, España va a seguir
contribuyendo a la persecución de la impunidad de delitos tan graves como
puede ser el genocidio, los delitos de lesa humanidad, el narcotráfico,
la piratería y cualesquiera otros. España va a seguir colaborando y lo va
a seguir haciendo ejerciendo la jurisdicción cuando así le corresponda de
acuerdo con lo que prevé la nueva norma o bien cooperando judicial y
policialmente con el tribunal competente o con el Tribunal Penal
Internacional. Lo que hay que fomentar es el fortalecimiento del Tribunal
Penal Internacional y los instrumentos de cooperación para reducir esos
resquicios de impunidad a la mínima expresión. Y en eso estamos, en
continuar ejerciendo la justicia universal y trabajando para eliminar,
como digo, esos resquicios de impunidad.

En el texto de la moción se exponen, además, una serie de
argumentos contundentes contra ella que creo merecen una respuesta por
parte de nuestro grupo parlamentario. Ya que vamos a votar en contra
considero necesario que desde esta tribuna les ofrezca una explicación
sobre esos argumentos que ustedes exponen en su moción. En primer lugar,
y también lo hacía el senador que ha defendido la moción, hacen ustedes
críticas al procedimiento, incluyendo esa crítica genérica a la falta de
debate, y lo que quisiera pedir, y particularmente al Grupo Parlamentario
Socialista, es que hagan oposición, pues sé que tienen que hacerla, pero
de manera coherente, porque echando la vista atrás y viendo cómo llevaron
ustedes a cabo en el año 2009 la reforma a través de una enmienda que se
incorporó a una ley orgánica complementaria de la ley que implantó la
Oficina Judicial —una enmienda que, por supuesto, no traía
aparejados informes de los órganos consultivos y que se hizo de una forma
tan subrepticia y sin debate—, no me digan ustedes ahora esto.
Hagan oposición, pero háganla de forma coherente; echen la vista atrás,
miren lo que hicieron ustedes, y luego recapaciten.

En segundo lugar, dicen también que nuestra reforma
establece una confusión palmaria entre los principios de atribución
jurisdiccional, que son los de territorialidad, personalidad, interés
real y

el principio de universalidad, y los principios de
resolución de conflictos, y que esto, además, implica una
desnaturalización del principio de jurisdicción universal puro consagrado
por el legislador de 1985. Y yo me pregunto si es que tanto les incomoda
su reforma del año 2009 como para que ahora la omitan de repente. El
legislador del 2009 ya introdujo criterios de conexión, pero ahora parece
ser que esa voluntad de dicho legislador ha desaparecido por arte de
magia; legislador, por otra parte, que les recuerdo que fueron
ustedes.

Y en relación con la confusión palmaria, sinceramente, creo
que la confusión la tienen ustedes, porque están confundiendo los
diferentes criterios que establece el artículo 23 en sus diversos
apartados con los criterios de conexión del apartado 4, que establece el
principio de jurisdicción universal. Porque está claro que el principio
de territorialidad, que es un foro común para el ejercicio de la
aplicación del derecho penal de un país, es indiscutible y está en el
apartado 1; el de personalidad está en el 2; el de protección del interés
real en el 3 y en el 4 está el principio de justicia universal, en el que
se establecen unos criterios de conexión. Y les vuelvo a recordar que
fueron ustedes los primeros que establecieron criterios de conexión para
poner en marcha la competencia de los jueces y tribunales españoles más
allá de nuestras fronteras en virtud de ese principio de jurisdicción
universal, criterios que es cierto que ahora se reformulan y se
especifican para los distintos delitos, pero siempre de acuerdo con lo
dispuesto en los tratados y convenios internacionales.

También critican en el texto de su moción la ampliación de
la lista de delitos, dicen que son de carácter transfronterizo y que lo
que quieren realmente los tratados es que se aplique bien el principio de
territorialidad bien el principio de personalidad activa. Sinceramente,
yo no entiendo cómo ustedes critican la ampliación de la lista de delitos
perseguibles a través del principio de jurisdicción universal, es más, el
Congreso de Justicia Universal que se desarrolló en Madrid esta última
semana propuso precisamente ampliar todavía más esa lista de delitos, e
incluir determinados delitos contra la naturaleza, contra el medio
ambiente, delitos económicos que afecten a una generalidad de personas.
Luego hay un foro, del que al parecer tienen muy buena opinión, que lo
que propuso precisamente fue ampliar más esa lista de delitos.

Y respecto a que los tratados lo que requieren es que se
aplique el principio de territorialidad o de personalidad activa, por
supuesto, ninguna discusión al respecto. Ya lo he dicho: el de
territorialidad es un foro indiscutible, que aparece recogido en el
artículo 23, y el de personalidad activa es otro foro indiscutible, que
aparece fundamentalmente en el apartado 2, pero también en el 3 y en el
4, de jurisdicción universal, porque lo pueden ver ustedes tanto en el
enunciado inicial como en multitud de apartados: en el a), en el b), en
el c), en el e), por citar algunos, porque son muchos más los que recogen
ese principio de personalidad activa.

Asimismo, señalan que lo que hace nuestra reforma es
establecer obstáculos en materia de extradición; critican precisamente
que se le atribuya a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la competencia
para enjuiciar si el Estado requirente cumple una serie de requisitos y
además lo califican todo de una medida cosmética. Señorías, el principio
de subsidiariedad, que recoge el apartado 5 y que es al que ustedes
dirigen esta crítica, es un principio generalmente aceptado y su fuente
mana del principal instrumento que tiene la comunidad internacional para
perseguir los delitos en virtud del principio de justicia universal, que
es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, donde aparece recogido
este principio de subsidiariedad en el que se inspira nuestra norma.

Ni este principio de subsidiariedad ni tampoco la
competencia que se le atribuye a la Sala Segunda del Tribunal Supremo
pueden considerarse como un obstáculo a la extradición y tampoco como una
medida cosmética, tienen otras finalidades, como es asegurar un proceso
con las garantías debidas, que las medidas que se adopten y las
actuaciones que se lleven a cabo sean realmente eficaces, incluso
promover que el Estado en cuestión realmente se implique en la protección
de los derechos fundamentales. Y, efectivamente, se atribuye esta
competencia a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero yo creo que
nadie aquí cuestiona ni la capacidad de juicio ni la experiencia que
tiene esta Sala Segunda del Tribunal Supremo para llevar a cabo este
enjuiciamiento.

Señalan ustedes también —ya he hecho referencia a
ello con anterioridad— la inconstitucionalidad de esta norma.
Nosotros consideramos que esta norma cumple de verdad con lo que dispone
nuestra Constitución y cumple con los tratados internacionales. Por
supuesto, ya le he dicho que en el supuesto del recurso de
inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad,

seremos siempre respetuosos con lo que diga el Alto
Tribunal, pero no traeríamos a esta Cámara una norma que consideráramos
inconstitucional; si la traemos es porque la consideramos absolutamente
respetuosa con la Constitución y absolutamente respetuosa con el derecho
internacional convencional.

También ha hecho usted referencia a las víctimas de los
delitos. Decir eso es tanto como decir que el derecho internacional
también discrimina a las víctimas en función de los delitos, porque lo
que hacemos es trasladar a nuestro ordenamiento los criterios de conexión
que se establecen en los tratados para garantizar un cumplimiento acorde
con las obligaciones que España ha asumido en virtud de esos tratados
internacionales.

Asimismo, dicen en su moción que supone un ataque a la
separación de poderes, en particular refiriéndose a la disposición
transitoria. Como saben, en este caso estamos ante normas procesales y lo
que establece esta disposición es un criterio para una sucesión adecuada
entre estas normas procesales. Y yo les pregunto: ¿Que legislen las
Cortes Generales y establezcan esta disposición transitoria para
garantizar esa sucesión ordenada supone un ataque a la separación de
poderes? ¿Supone un ataque a la separación de poderes que las Cortes
Generales legislen?

Respecto a los delitos de narcotráfico, el ministro ayer
dio una explicación bastante contundente en cuanto a las excarcelaciones
de narcotraficantes, que debe ir seguido de una puesta a disposición de
las autoridades competentes.

Yo tan solo quiero decirles que nuestra norma establece que
los tribunales españoles tienen jurisdicción en todos los casos en los
que así lo prevén los tratados internacionales. No tenemos jurisdicción
para enjuiciar o para perseguir delitos de narcotráfico en función de
esos tratados cuando estamos hablando de buques sin bandera, de buques
con bandera de otro país, que naveguen por aguas internacionales, cuyos
tripulantes sean extranjeros y que no tengan como destino España. Yo creo
que la ley es muy respetuosa con lo que disponen todos los tratados
internacionales en esta materia.

Y finalizo reiterando que nuestro grupo, que además es un
grupo responsable, va a ser responsable con esa proposición de ley, con
esa iniciativa que trajo a la Cámara y, por supuesto, va a votar en
contra de la moción presentada.

Muchas gracias (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Turno de portavoces.

Se distribuye el tiempo de doce minutos entre los distintos
miembros del Grupo Mixto.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, compartiré turno con el senador Martínez
Oblanca. Por lo tanto, ajustaré mi intervención a los seis minutos que me
corresponden.

Cuando debatimos la proposición de ley en esta Cámara, en
mi intervención hice referencia a que entendía que el procedimiento
seguido constituía un fraude; un fraude legislativo que tenía como
objetivo fundamental eludir la incorporación a un proyecto de ley de
informes preceptivos: Consejo Fiscal y Consejo General del Poder
Judicial. Precisamente aquellos a quienes corresponde interpretar y
aplicar la ley. Se trataba, por tanto, no solo de buscar el respeto a las
exigencias legales y procedimentales legislativas, sino de garantizar que
quienes tenían como función poner en práctica la ley fueran copartícipes
de ella. El Gobierno y el Partido Popular decidieron que no fuera así y
presentaron como proposición de ley algo que no era fruto del trabajo y
de la elaboración de los diputados y senadores del Partido Popular, sino
que, como se ha publicado en los medios de comunicación, fue elaborado
por el Ministerio de Justicia y retocado, metido la cuchara, por otros 5
ministerios: Interior, Defensa, Economía, Exteriores y Presidencia. Y el
resultado es realmente patético. Ninguno de los objetivos que pretendía
conseguir el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y en el Senado se
han conseguido. Se ha abierto una situación de conflicto entre los
poderes del Estado y se ha dado lugar a situaciones prácticas difíciles
de comprender por la mayoría de la sociedad española: que haya 43
narcotraficantes liberados por la Audiencia Nacional, con la única
interpretación posible de la ley, según el Pleno de la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional, acordada por 13 de los 16 magistrados que la
forman, entre los que no se

cuentan los instructores; negativa de los jueces
instructores a archivar las causas pendientes, como pretendía la
disposición transitoria, por entender que esta cláusula transitoria y el
conjunto de la ley resultan inconstitucionales, primero, por vulneración
del artículo 10.2, que establece que las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades se interpretarán conforme a la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los acuerdos internacionales;
también por vulneración del artículo 24.1, sobre el derecho a la tutela
judicial efectiva, por exigirse requisitos diferentes para la persecución
de los delitos de terrorismo en los que las víctimas sean españolas y
para las víctimas españolas de delitos de lesa humanidad, tortura o
crímenes de guerra, en cuyos caso, además, se pide que el autor sea
español o residente en este país y que se le haya denegado la
extradición; por vulneración del artículo 24.2 de la Constitución
española, por entender que esa disposición transitoria, además, era el
motivo fundamental de la ley. Estamos en uno de los pocos casos de la
historia legislativa en la que un proyecto de ley se construye alrededor
de una disposición transitoria, se construye exclusiva y fundamentalmente
para conseguir el resultado inmediato que se busca con esa disposición
transitoria; con este proyecto se trataba no solo de convertir en algo
utópico la aplicación en nuestro país de la jurisdicción universal, sino
sobre todo de encerrar los procedimientos judiciales abiertos en la
Audiencia Nacional por todas esas motivaciones de carácter económico en
relación con los intereses exteriores de nuestro país. Ese era el
objetivo fundamental del proyecto de ley, y todo lo demás era el
acompañamiento.

En su intervención, la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular hacía referencia a que el ministro de Justicia, el señor
Gallardón, ayer había expresado su respeto a las decisiones judiciales.
Le escuché y me congratulé. Porque no fue esa la primera reacción del
Gobierno frente la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional. La primera reacción del Gobierno fue la que expresó
en una rueda de prensa, tras un consejo de ministros, la señora
vicepresidenta del Gobierno, que ayer nos honró —nunca mejor dicho,
porque no ocurre en demasiadas ocasiones— con su presencia en esta
Cámara. Y la señora Sáenz de Santamaría dijo en aquella rueda de prensa
que, precisamente por el respeto a la división de poderes, los jueces y
magistrados, los magistrados de la Audiencia Nacional, los jueces
instructores de la Audiencia Nacional tenían y debían aplicar la ley que
habían aprobado las Cortes Generales. No deja de ser irónico que el
Gobierno invoque además la división de poderes cuando la trayectoria
legislativa del Partido Popular en estos dos años y pico de acción de
gobierno ha supuesto en multitud de proyectos una vulneración de esa
división de poderes. Sin ir más lejos, la reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, la suspensión de los artículos previamente a la reforma
de la ley para impedir que culminara el proceso electivo que debería
haberse abierto por concluir los períodos de mandato. Abro un paréntesis.
¿Y todo eso para qué, señoras y señores senadores? ¿Para conseguir elegir
un magistrado difícil de digerir y que les ha durado tan poco? ¿Mereció
la pena tanto esfuerzo, tan poco respeto por la división de poderes? Y es
que la transitoria es tan claramente una invasión del Poder Legislativo
sobre las competencias propias del Poder Judicial que no hay ninguna duda
de que el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, ante los recursos que acabarán llegando, determinará que esta
disposición transitoria no es ajustada al principio de división de
poderes. Porque, señorías, ya hay precedentes, ya hay jurisprudencia al
respecto; tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos han declarado que la injerencia del Legislativo en los
tribunales de justicia con la finalidad de cambiar el resultado de un
procedimiento vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y a un
proceso con todas las garantías: sentencia del Tribunal Constitucional
73/2000, de 14 de marzo; y sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, en el caso Althoff y otros contra Alemania, de 8 de diciembre de
2001.

Ustedes con sus atajos, con esta chapuza normativa han
puesto en evidencia al Poder Legislativo, han intentado condicionar al
Poder Judicial y han fracasado. Asuman por tanto su responsabilidad,
señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra su
portavoz, el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Bai, egun on, mahaiburu
jauna.

Nik usten dut, aztertzen baldin baditugu, edo konturatzen
bagara legea hemen aprobatu zenetik bi hilabete pasa direla, egia da
argumentu asko, edo argudio asko errepikatu egingo direla,

baina nahi ta nahiezkoa izango litzateke ebaluatzea,
ikustea, zer gertatu den prozesu honetan, eta baita ere geure buruari
galdera xume bat egitea, eta galdera xume hori izango litzateke ea orain
hobeto gauden lehenago geundena baino, edo beste era batera esanda, ezin
dira egon ihez egiteko zirrikiturik delitu larrien egileentzat, alegia,
delitu larriak egin dituztenak ezin dituzte eduki zirrikitu gehiago legea
aprobatu baino lehenago, eta hori da lehenengo galdera, eta hori bi
hilabete hauetan gertatutakoa neurtu beharko genukeen edo erantzun
beharko genukeen galdera izango litzateke. Zeren gainera, ezingo duzue
esan, hemen esan edo adierazi ez zenik, alegia presak ez direla batere
onak, eta presak guztiz kaltegarriak direla batik bat legislatu egin
behar dugunontzat.

Eta hor sortzen zaigu galdera bat, eta da, zeintzuk ziren
horrelako presak, presekin gestionatu edo tramitatzeko helburuak?
Zergatik? Zein dira hor atzean dauden asmoak, helburuak, borondateak?
Zergatik? Ez zegoen batere arazorik gauzak normal joanda, hemen prozedura
eta tramite normal batez eztabaidatzea, eta badakit erregelamenduak
ahalbideratzen duela, badakit legearen barruan gaudela, baina denok
dakigu ez dela ohikoa, eta egiten bada ohikoa ez den zerbait zergatia
izango litzateke, eta zer dagoen guzti horren atzean. Azken finean nik
politikan ikasi dudan eta udaletxean ikasi dudan gauzarik
inportanteenetako bat izan da bakarrik egitea, nire gestioan bakarrik
egitea gero kontatu dezakedana, alegia, nire edo gure herritarrei kontatu
diezaiokeguna, hori izango litzateke gure gestioaren muina.

Gure iritziz, gainera ikusten ari gara bi hilabete hauetan
irakurketa ezberdinak egoten ari direla, eta hori normaltzat jo dezakegu,
baina baita ere ikusi beharra dago, eta atzo ministroarekin ikusi genuen,
eta aurreko batean Soraya Sáez de Santamaría presidenteordearekin,
gobernuak epaileei pultsu bat bota diela, pultsu ikaragarri bat eta
lotsagarria. Azken finean, presidenteordea ez da inor, ez da inor,
epaileei esateko ea botereak errespetatzen ari diren, edo lege
legislatiboaren nolabait eginbeharra betetzen ari diren, eta zalantza
baldin badauka, eta pentsatzen baldin badu ez direla betetzen ari, nik
uste dut baduela, berak badituela legeak markatzen dizkion hainbat
esparru beraien aurka joan ahal izateko. Baina lotsagarria da ministro
kontseilu baten ondorenean prentsaren inguruan edo prentsaren aurrean
epaileei holako tratu bat ematea. Beraz, guzti hau izango litzateke,
gainera, eta irakurketa ezberdinak baldin badaude lege horren inguruan
azken finean ez delako jarraitu beharreko bidea, alegia Consejo General
del Poder Judicialarekin hitz egin ez delako, eztabaidatu ez delako,
informatu ez delako, eta azkenean, debate edo nolabaiteko elkarrizketa
sano bat planteatu ez delako. Hemen bai Altaba jauna eta bai Franco
andereak defentsa edo legearen proiektu honen eztabaidan geundela,
aipatzen zuten alferrikako orain arteko bai laurogeita bostekoa eta bai
2009. erreformaren ondoren ere hemen zegoen unibertsala den justizi hori
nolabait alferrikakoa edo ondo ez zela betetzen ari. Azken finean oso
kasu urri edo gutxi soluzionatzen ari zirela. Aipatzen zen escilingo eta
aipatzen zen holako kasu urriak.

Orain hasieran egin dudan galdera, bi hilabete hauetan,
alegia legea aprobatu eta gero, zergatik eman dira berrogeita zazpi
narkotrafikanteen nolabaiteko kartzeletatik ateratzea? Eta atzo baita ere
nolabait bai ministroak eta gaur bai Franco andereak hitz egin du
zigorgabetasunaren inguruan edo inpunitatearen inguruan. Hortaz ere hitz
egin du, eta azken finean, bueno norberak eta bakoitzak bere estatuan
asumitu ditzala asumitu beharreko konpetentziak. Gu ezin garela izan,
nolabaiteko mundu osoaren guardianak, edo, izango litzateke mezua. Eta
galdera izango litzateke, eta hori zeini eskatu behar diogu? Siriako
gobernuari, adibidez? Zuk lehen aipatu duzu adibide moduan. Siriari?
Siriari eskatu behar zaio narkotrafikante horiei nolabait kartzelara edo
epaitu ditzan? Siriari, egun, Siriari eskatuko diogu? Edo Txinari,
adibidez, eskatuko diogu, Erromako Tratadua sinatu ez duenean? Zeini
eskatu behar diogu? Azken finean gure papera ere bada demokrazia ez
dagoen herrietan zaintzen laguntzea, eta hor badago atzera pauso
ikaragarri bat, eta globalizazio esparru horretan hainbeste aipatzen ari
garen globalizazio esparru horretan ea aurrera jotzen ari garen, edo
atzera egiten ari garen. Eta jakina, ez gaudela estatu guztiak
berdin.

Orain gauza asko konpondu behar direla? Guztiz ados, baina
aurreraka, eta noski ez atzeraka. Gure ustetan martxan jarri zenean, eta
alderdi popularrak martxan jarri zuenean lege proiektu hau edo legea izan
zena ez zuen neurtu honek zeuzkan deribadak, edo honek zeuzkan ondorioak.
Adibide bezala erabili dezakegu eta atzo baita ere alderdi sozialistatik
erabili zen adibidea, eta da Nigerian zoritxarreko egoera horretan
berrehun gazte edo neska dauden egoera horretan, eta gerta daiteke
horietako bahitzaile bat Espainian egotea, eta orain dela hiru hilabete
horrek, egoera horrek ondorio batzuk izango lituzke, eta orain ez lituzke
inongo ondoriorik izango, nahiz eta horietan, berrehun neska horien
artean espainola bat egotea, egonda, nahiz ume bat, neska edo

mutila han egon, ez lituzke inongo ondoriorik izango.
Neurtu al dira deribada horiek edo neurtu al dira ondorio horiek, edo
beste era batera esanda, noiz geunden hobeto, orain dela hiru hilabete,
edo momentu honetan hobeto gaude?

Hor baita ere aipatu nahiko nuke Esperanza Aguirrek
Nigeriako kasuaren inguruan egin zuen erreflexio publiko bat. Eta
artikulu honen izenburua izango litzateke No se puede mirar para otro
lado. Eta azpimarratuko dut bere artikulu luze honetan inportantea
iruditzen zaidan elementu bat: Lo que han hecho con estas niñas es una
ignominiosa canallada que hay que castigar sin duda. Pero no solo por la
pena que nos da la situación de esas criaturas, y por la rabia que nos
provoca el sadismo de los secuestradores. Hay que hacer algo contra ellos
porque la defensa de nuestra civilización, de nuestra cultura, de
nuestros valores y de nuestro estado de derecho lo exige. Nigeria y estas
niñas no pueden ser para nosotros un asunto ni lejano ni ajeno. Los
países occidentales se tienen que comprometer seriamente en la lucha
contra ese grupo criminal con eficaces medidas económicas, comerciales
institucionales y políticas, y también militares, por supuesto.

Alegia, berak aipatzen duena da ezin dela beste alde batera
begiratu, eta ni ados nago eta ulertzen dut zuen egoera ez dela bat ere
erraza. Azken finean, zuek aprobatu duzuen lege horren baitan ikusten ari
gara ze ondorio dituen, eta gizartea askoz ere seguridade eza
handiagoarekin dagoela orain lehenago zegoena baino. Eta ulertzen dut
zuentzako zaila izatea honi buelta ematea, baina badago elementu garbi
bat eta objektibo bat, eta da, egun dagoen egoera, orain dela hiru
hilabetekoa baino askoz ere konplexuago da, inseguroagoa da, eta
gizartearentzat zailagoa. Beste estatuko hainbat hiritar edo hiritarrei
berma batzuk eman arren, emateagatik, zuen edo Espainiako hainbat hiritar
askoz berma txikiagoarekin utzi dituzue.

Bukatu beharra daukat, baina nik esango nizueke, edo alde
batetik eskertu egingo nuke alderdi sozialistak beste guztien babesarekin
martxan jarri duen mozioa, baina erreflexio bat eta ardurara deituko
nizueke.

Buenos días, señor presidente.

Han pasado dos meses desde que se aprobara la ley y aunque
se van a repetir muchos argumentos sería imprescindible evaluar y ver qué
es lo que ha ocurrido durante este proceso. Nos deberíamos hacer una
pregunta humilde. ¿Estamos mejor ahora de lo que estábamos antes? Dicho
de otra forma, ¿no puede haber escapatoria para los delitos graves? Esa
es la primera pregunta que nos deberíamos hacer después de estos dos
meses y a la que deberíamos responder. No podrán decir que no se planteó
esta cuestión aquí. Las prisas no son buenas, pueden ser totalmente
perjudiciales, especialmente para quienes debemos legislar.

En este caso se nos plantea una cuestión: ¿Cuáles eran las
razones o el objetivo de legislar con tanta prisa? ¿Cuáles eran las
intenciones y las voluntades que se escondían? No hubiera habido ningún
problema en debatir este asunto a través de un procedimiento normal. Sé
que se ha actuado dentro del marco de la ley, pero todos sabemos también
que este procedimiento no es el habitual. Por lo tanto, ante un proceso
tan extraordinario, sería bueno saber qué hay detrás de todo esto. Una de
las cosas más importantes que he aprendido en política y durante mi
trabajo en la alcaldía es que la política que se realiza de forma
unilateral se pueda trasladar a la ciudadanía.

Ayer, con ocasión de la comparecencia del ministro y
anteriormente con la de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría,
pudimos ver que el Gobierno ha echado un pulso al Poder Judicial, un
pulso bastante vergonzoso porque el presidente no es nadie para preguntar
a los jueces si se están cumpliendo las normas. Si dudamos de que se
estén cumpliendo o no las leyes, hay que decir que estas afectan a muchos
ámbitos como para saber si se cumplen o no. Por lo tanto, me parece
bastante vergonzoso dar un trato semejante a los jueces ante la prensa.
Al final no se ha seguido la vía que se debería haber seguido porque no
se ha informado al Consejo General del Poder Judicial ni se ha planteado
un debate sano con todos los agentes afectados. Tanto la señora Franco
como el señor Altava han defendido que, tras la reforma de 2009, no se ha
cumplido del todo la justicia universal y que algunos casos no han
quedado realmente resueltos.

Como he preguntado al principio, ¿por qué durante los
últimos dos meses hemos visto la excarcelación de 47 narcotraficantes?
Tanto ayer el ministro como hoy, la señora Franco, han hablado de la
impunidad, y han dicho que cada cual, en su Estado, debería asumir las
competencias

que le corresponden, que no podemos ser los guardianes del
mundo. Ese podría ser el mensaje. Entonces, la pregunta sería: ¿Y a quién
se lo debemos exigir? ¿Al Gobierno de Siria? ¿Hay que exigir al Gobierno
de Siria que encarcele a esos narcotraficantes, con la situación que vive
actualmente ese país? ¿O se lo debemos pedir a China, que no ha firmado
el Tratado de Roma? ¿A quién se lo debemos exigir? Al fin y al cabo, es
el papel que nos corresponde desempeñar a nosotros. La democracia
consiste en salvaguardar una situación democrática a nivel mundial, y en
ese ámbito de globalización que tanto mencionamos, debemos cuestionarnos
si progresamos o retrocedemos, y si todos los Estados estamos
participando de forma equitativa.

No estaríamos de acuerdo en todos los puntos pero
deberíamos ir hacia delante. En nuestra opinión, cuando el Partido
Popular puso en marcha este proyecto de ley, no supo medir las
consecuencias que podría tener. Les voy a poner un ejemplo que puso ayer
mismo el Partido Socialista, y es la desgraciada situación que viven esas
200 chicas en Nigeria. Pues es posible que uno de los secuestradores esté
en España, y esa situación, anteriormente, tendría unas consecuencias,
pero ahora ya no las tiene, aunque entre esas 200 chicas hubiera alguna
de nacionalidad española. Ahora mismo, esa situación no tendría ninguna
consecuencia. ¿Se han medido esas consecuencias? O, dicho de otra forma,
¿cómo estábamos mejor, hace tres meses o en este momento?

También quiero mencionar, con referencia al caso de
Nigeria, la reflexión que hizo Esperanza Aguirre, en un artículo
titulado: «No se puede mirar para otro lado», y quiero subrayar un
elemento que me parece importante: «Lo que han hecho con estas niñas es
una ignominiosa canallada, que hay que castigar, sin duda, pero no solo
por la pena que nos da la situación de esas criaturas y por la rabia que
nos provoca el sadismo de los secuestradores, hay que hacer algo contra
ellos por la defensa de nuestra civilización, de nuestra cultura, de
nuestros valores y porque nuestro Estado de Derecho lo exige. Nigeria y
estas niñas no pueden ser para nosotros un asunto ni lejano ni ajeno Los
países occidentales se tienen que comprometer seriamente en la lucha
contra ese grupo criminal con eficaces medidas económicas, comerciales,
institucionales y políticas. Y también militares, por supuesto.»

Es decir, lo que ella dice es que no podemos mirar a otro
lado y estoy de acuerdo. Entiendo que su situación no es fácil. Ustedes
han aprobado, al final, una ley y estamos viendo las consecuencias que
puede acarrear. Entiendo que para ustedes ahora puede ser difícil darle
la vuelta a esto, pero hay un elemento claro y objetivo, y es que la
situación actual es mucho más compleja, más insegura que hace tres meses
y más difícil para la ciudadanía, porque por no dar ciertas garantías a
un ciudadano de otro Estado han dejado con menos garantías a los
ciudadanos españoles.

Les llamo a la reflexión y a la responsabilidad porque con
su voto permitieron algo bastante cuestionable.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señor senador,
termine.

El señor BILDARRATZ SORRON: Azken finean zuen botoarekin
ahalbideratu zenuten eztabaidagarria izan zitekeen zerbait, baina momentu
honetan ebidentziak ikusi ditugu, alegia, ondorioak ikusi ditugu. Eta
ondorio horiek gizartearentzat askoz ere txarragoak dira. Orain askoz ere
okerrago gaude lehen baino. Bakarrik beste arrazoi horrengatik bakarrik
ez balitz ere, benetan kasu egin iezaiozue gizarteari, eta saiatu
zaitezte lehen geundena baino edo orain gaudena baino hobeto egon
gaitezen.

Eskerrik asko.

En este momento estamos viendo las consecuencias de ese
proyecto, que son mucho peores para la sociedad. Ahora estamos mucho peor
que antes y solo por esa razón deberían hacer caso a la sociedad.
Intenten, por favor, que estemos mejor de lo que estamos ahora.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas
gracias.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. No es habitual presentar una moción
conjunta de todos los grupos parlamentarios en relación con iniciativas
del Gobierno. En este caso lo hemos hecho, y lo hemos hecho porque se
trata de una modificación legislativa que, siendo suave, quiero calificar
de disparate. La modificación de la ley que aprobamos el otro día es
verdaderamente un disparate. Lo es porque, de hecho, eliminaba la
justicia universal, intentaba que se archivaran las causas abiertas y
porque su aplicación en tres meses ha sido, evidentemente, de fiasco, una
aplicación humanamente injusta, políticamente inaceptable, que llega,
incluso, al ridículo. Josep Tarradellas, el expresidente de Cataluña,
decía que en política se podía hacer todo excepto el ridículo; y esta ley
ha hecho el ridículo excarcelando a presuntos narcotraficantes.

Hago mías, en nombre de mi grupo, las intervenciones de los
senadores que me han precedido. Quisiera simplemente enhebrar mi
intervención basándome en dos preguntas. Primera, ¿es cierto o no es
cierto que la ley que el Partido Popular ha aprobado incumple o cumple
los compromisos internacionales? La portavoz del Partido Popular, la
señora Franco, ha dicho que sí. ¿Es cierto esto o no es cierto? Y
segunda, ¿cuál es la opinión en general de los expertos, de los jueces,
de los fiscales, de las ONG?

En relación con la primera, de forma muy breve les voy a
leer un texto de tres convenciones internacionales, que deja clarísimo
que el Estado español está obligado al cumplimiento de las convenciones
internacionales. La Convención contra la tortura dice en su artículo 6 lo
siguiente —atentos—: «Todo Estado Parte en cuyo territorio se
encuentre la persona de la que se supone que ha cometido cualquiera de
los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, si, tras examinar
la información de que dispone, considera que las circunstancias lo
justifican, procederá a la detención...» La ley que ustedes aprobaron
dice que no. Se ha dicho antes, si Boko Haram viniera aquí, no lo
podríamos detener. Si consideráramos que el presidente de Siria ha
cometido delitos, no lo podríamos detener. Hay un primer incumplimiento
grave en relación con el cumplimiento de la Convención contra la
tortura.

Pero el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
dice lo siguiente: «Es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal
contra los responsables de crímenes internacionales». La ley que el
Partido Popular aprobó tampoco permite esto. Permite en algunos casos, en
muy pocos casos, la detención de delincuentes internacionales.

Los convenios de Ginebra y sus protocolos señalan que los
países que ratifican los convenios de Ginebra deben respetar ciertos
principios humanitarios e imponer sanciones legales contra quienes los
violan. La ley del Partido Popular tampoco permite esto. Podría leerles
más, pero no se puede decir, porque no es verdad, es mentira, que la
modificación de la Ley de justicia universal cumple los requisitos del
derecho Internacional, los incumple porque los requisitos del derecho
internacional obligan a los Estados a aplicar la justicia universal.

En segundo lugar, no quiero darles los argumentos de mi
grupo, sino algunos esgrimidos por expertos, ONG y profesionales. El
primero, de Benjamin Ferencz, fiscal de los juicios de Nuremberg, que a
la pregunta de qué le parece la legislación nueva española, dice lo
siguiente: No debe haber escondites para autores de crímenes contra la
humanidad. Señorías, en estos momentos España es un escondite para
autores de crímenes internacionales, España es un escondite para
determinados crímenes internacionales. El magistrado brasileño Antônio
Cançado, miembro en estos momentos de la Corte Internacional de Justicia
de la ONU, dice: los Estados deben asumir sus obligaciones como partes en
convenciones internacionales que dispongan sobre el principio de la
jurisdicción universal. Dichas convenciones, como las de las Naciones
Unidas, son las que proveen la base más sólida para la aplicación del
principio de la jurisdicción universal. Pero es que además, y se ha dicho
ya, es absolutamente insólito en la democracia española que seis jueces
de la Audiencia Nacional digan lo siguiente: Fernando Andreu, usan la
justicia como moneda de cambio; Santiago Pedraz, obliga a un trato
desigual a las víctimas; Pablo Ruz, la reforma colisiona con los
tratados; Gómez Bermúdez, el resultado de aplicarla es frustrante; Eloy
Velasco, que fue director jurídico de la Comunidad Valenciana en época
del presidente Camps, consultaría a expertos y la rectificaría. El juez
Andreu, el Gobierno trata a la Justicia como un producto comercial. El
magistrado critica la chapucera reforma de la Ley de justicia universal.
Dice más, es desmoralizador que se diga: te quito la querella si tratas
bien la deuda. El juez Pedraz, en un auto emitido por él, cuestiona en
tres puntos, en los que no me voy a extender, la posible
constitucionalidad de la norma.

Fiscales de la Audiencia. La reforma de la justicia
universal subleva a los fiscales de la Audiencia. Los acusadores públicos
consideran que la laminación de la jurisdicción internacional cercena
cualquier posibilidad de persecución de delitos de derechos humanos.

Los jueces progresistas califican de paso atrás la reforma
de la justicia del Gobierno. La asociación Jueces para la Democracia
advierte del fuerte retroceso que supone para los derechos humanos y la
Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria critica la falta
de transparencia.

Una relación de más de ochenta organizaciones, entre ellas
internacionales y profesionales, coinciden en lo siguiente: al menos seis
tratados internacionales fundamentan y consagran el principio de
enjuiciar o extraditar crímenes de alcance internacional. La Corte Penal
Internacional será complementaria de las jurisdicciones penales
nacionales y es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra
los responsables de los crímenes internacionales.

Colegio de Abogados de Madrid, la principal consecuencia de
la ley es la desnaturalización del principio de jurisdicción universal.
Esta proposición de ley presenta serias dudas de inconstitucionalidad,
dista mucho de respetar el principio de separación de poderes de derecho.
Jueces para la Democracia, catedráticos de Derecho Constitucional, la
relación es larguísima.

Aquí la pregunta es la siguiente: ¿quién defiende la
modificación de la ley de jurisdicción universal? ¿Toda esta gente está
equivocada? ¿Absolutamente toda? ¿El fiscal de Nuremberg? ¿Los miembros
de la Corte Penal Internacional? ¿Los jueces que tienen en sus manos la
dinamización de los procedimientos? Esto no puede ser así. Dicho de otra
manera, señores y señoras del Partido Popular, ¿qué más ha de pasar para
que la retiren?

El otro día en Barcelona, en una conferencia, el hijo de
Galbraith, que también es economista, decía que en estos momentos a la
política lo que le faltaba era sentido común. ¿Ustedes no creen que, con
sentido común, deben derogar y retirar la ley que han aprobado?

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha hecho una
intervención magnífica desde su punto de vista, pero no soporta los
documentos. No soporta ni los contenidos de los tratados internacionales
ni la opinión no de los grupos de la oposición, sino de nadie, de los
fiscales internacionales, de los fiscales de aquí, de los jueces, de las
ONG, de Amnistía, de los sindicatos, absolutamente de nadie. Además, lo
más grave es lo siguiente: ¿cuáles son las consecuencias de esta ley? Yo
les dije en mi intervención respecto al veto lo siguiente: Cuando se
apruebe esta ley los delincuentes, los narcotraficantes van a estar
contentos. Al cabo de pocos días vimos cómo poco a poco no 1, ni 2, ni 3,
ni 4, ni 5, no sé si 47 o 53 presuntos narcotraficantes estaban en
libertad. Deben haber brindado, como le decía al ministro, a su salud. Es
posible que los narcotraficantes se hayan tomado una copa de cava a la
salud del señor Ruiz-Gallardón.

¿Y las víctimas? ¿Qué pasa con las víctimas que tenían
procedimientos abiertos como el asesinato de Ellacuría, del señor Couso o
de las torturas en Guantánamo? ¿Qué pasa con las víctimas? Abandonadas, y
no solo las nuevas, porque en esta ley no se va a permitir que un
maltrato sobre un español en el extranjero pueda ser juzgado en España.
¿Qué pasa con las víctimas? Es decir, hacer una ley para dar impunidad a
los delincuentes, excarcelar a narcotraficantes y abandonar a las
víctimas ¿es hacer justicia universal o es hacer injusticia universal? No
es un problema político o jurídico, sino de sentido común. Por lo tanto,
les pedimos que deroguen esta ley porque es injusta socialmente y,
además, como he dicho antes, hace lo peor que se puede hacer en política,
que es el ridículo. En la campaña electoral de las europeas tuve la
oportunidad de hablar con una eurodiputada verde que decía que no había
visto nunca un ridículo tan grande como que un Gobierno hiciera una ley
para excarcelar a narcotraficantes.

Por todos estos motivos, que no son mis motivos, sino los
motivos de lo que opina muchísima gente, les pedimos la derogación de la
ley, que se persiga a los delincuentes y se reconozca y se premie a las
personas que han sido víctimas o a los familiares de las víctimas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió tiene la palabra la senadora señora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor
presidente.

Com ja saben, el meu grup parlamentari és un dels signants
de la present moció, la qual té per objectiu la derogació de la vigent
Llei Orgànica 1/2014. Cal constatar que, des que s’ha aprovat la
llei de justícia universal i la seva reforma, s’han alliberat més
de 50 presumptes narcotraficants gràcies aquí aprovada pel Grup
Parlamentari Popular. Mentrestant, el Govern manifesta que espera que la
reforma de la justícia universal sigui positiva per a l’interès
general. Considerem que la Llei Orgànica de modificació de la Llei
Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, relativa a la
justícia universal, és un despropòsit. Si bé, el principi de la justícia
universal, en la vessant del dret penal internacional, certament ha de
tenir una sèrie de limitacions, i en aquest sentit estem d’acord en
què les legislacions dels Estats han de regular i tenir previst quins són
els procediments pels quals seran competents territorialment, tenint en
compte sempre i en tot cas els Tractats Internacionals, el cert és que el
principi de justícia universal es basa en la protecció d’un valor
suprem, com és el de la justícia, amb independència que el bé jurídic
lesionat no sigui nacional i també amb independència que la comissió de
la infracció penal hagi estat portada a terme fora del territori sobirà
de l’Estat. Es tracta de protegir interessos reconeguts per la
comunitat internacional com a dignes de protecció en convenis i tractats
internacionals: delictes contra el Dret de Gents, com el genocidi,
terrorisme, pirateria, apoderament il·lícit d’aeronaus, entre
d’altres. Així, tot i que es consideri oportú posar límits, això no
pot comportar impunitat, ja que en els moments actuals es necessita més
que mai l’establiment d’eficaços instruments en la lluita
contra la criminalitat organitzada, el terrorisme i altres manifestacions
delictives d’àmbit internacional, i en no poques ocasions
s’observa la quantitat i qualitat de delictes que queden impunes en
aquest àmbit, sigui perquè no han pogut ser enjudiciats, sigui perquè les
sentències no han pogut ser executades. Entenem, doncs, que aquesta
reforma és contrària al dret internacional i a la Constitució
espanyola.

Després dels horrors de la segona guerra mundial, la
comunitat internacional va decidir que, molts dels crims internacionals,
subjectes al principi cosmopolita, no podien quedar impunes i que havien
de ser perseguits pels Estats, amb independència del lloc on es cometeren
i de la nacionalitat de les víctimes i dels victimaris. La reforma de
l’article 23.4 de suposa la pràctica derogació del principi de
jurisdicció universal en la normativa espanyola. La reforma es basa en 4
pilars: incrementa el catàleg de delictes susceptibles de persecució
universal, la qual cosa no ens sembla negativa; restringeix, però,
l’exercici jurisdiccional universal a la concurrència de
determinats requisits de connexió amb el fet delictiu; reforça el
caràcter subsidiari de la jurisdicció universal, adoptant estàndards de
verificabilitat respecte l’eficàcia de l’eventual
enjudiciament dels mateixos fets per altres tribunals, la qual cosa
complica molt que es pugui arribar a una sentència i suprimeix
l’exercici de l’acusació popular. Tot i que
l’experiència demostra que la iniciativa processal i el pes de
l’activitat provatòria acusatòria es deuen, en gran part, a les
accions populars, exercides, generalment, per associacions defensores de
drets humans.

Amb tot això, s’acaba tractant les víctimes com de
primera i de segona, vulnerant el dret a la igualtat de l’article
14 de la Constitució Espanyola. Es vulnera el dret internacional, es
vulnera un principi de ius cogens: la llei ignora deliberadament que la
justícia universal es tan títol jurisdiccional com el territorial, el de
la personalitat activa o el de protecció. Ignora que és un principi
—no de creació nacional— sinó supranacional i que possibilita
als tribunals nacionals exercir la justícia penal, en representació de la
comunitat internacional, per a jutjar els crims internacionals més greus.
Nega que la finalitat d’aquest principi solidari és la lluita
contra la impunitat, i això és prioritari.

La reforma contradiu la doctrina del Tribunal
Constitucional mitjançant la qual es va determinar la naturalesa
d’aquest principi universal establint-ne el seu caràcter pur,
absolut i concurrent. I, a més, la disposició transitòria única ordena el
sobreseïment de totes les causes en tramitació fins que no
s’acrediti el compliment dels requisits establerts en la
proposició, en la llei. Considerem que la disposició transitòria única
d’aquesta llei, alhora que violenta la seguretat jurídica de
processos ja en marxa, que no és correcta. I, en aquest sentit, posem de
manifest que en dret penal regeix el principi d’irretroactivitat de
les normes i, per aquest motiu, no hi estem d’acord des d’una
vessant estrictament jurídica. Aquesta disposició presenta problemes de
retroactivitat substantiva i adjectiva i evidencia la intromissió del
Poder Legislatiu en el Poder Judicial, constituint una manca de respecte
al principi de separació de poders, consagrat en qualsevol estat
democràtic i de dret.

El Tribunal Constitucional i el Tribunal Europeu de Drets
Humans són clars quan declaren que la ingerència del Poder Legislatiu en
els tribunals de justícia amb la finalitat de canviar el resultat

del procediment, vulnera el dret a la tutela judicial
efectiva i a un procés amb totes les garanties. En aquest sentit, la
reforma rebut diverses andanades jurídiques per part de magistrats de
l’Audiència Nacional.. El Jutge Fernando Andreu, titular del jutjat
Central d’Instrucció 4 que tramita els sumaris sobre el genocidi
hutu a Ruanda i al Congo, va dictar una resolució perquè les parts
al·leguessin sobre la pertinència de plantejar qüestió
d’inconstitucionalitat. El magistrat Santiago Pedraz, que investiga
la mort del periodista José Couso a Iraq, considera que mantenir la seva
investigació està emparat pel IV Conveni de Ginebra sobre Protecció de
Civils en Temps de Guerra de 1949. Per la seva banda, la fiscalia
personada en aquest cas considera que la reforma pot vulnerar
l’article 24 de la Constitució i el 117, referent al principi
d’independència judicial.

La senadora Franco diu que ens confonem perquè estem
parlant d’una disposició processal però és que aquesta disposició
addicional és ilògica des d’un punt de vista processal, ja que els
procediments haurien de continuar i permetre que les parts al.leguin la
concurrència sobrevinguda dels requisits establerts per posteriorment el
jutge poder valorar cas per cas en virtut de l’exercici de la
potestat jurisdiccional conferida constitucionalment per l’article
117 de la Constitució. No fer-ho així, comporta la intromissió del Poder
Legislatiu en el Poder Judicial, es miri com es miri.

Aquesta reforma confon també el paper de la Cort Penal
Internacional respecte a la investigació dels delictes de dret penal
internacional. La subsidiarietat de la jurisdicció es predica de la Cort
Penal Internacional, no dels tribunals espanyols. Es parteix d’un
pressupòsit erroni quan es confonen palmàriament els principis
d’atribució de jurisdicció penal —territori, personalitat
activa, passiva, protecció i universal— amb criteris de resolució
de conflictes jurisdiccionals, per ex que l’autor es trobi en el
país o que un tribunal internacional hagi iniciat un procediment. Aquests
operen per a resoldre conflictes de jurisdiccions, però no per a permetre
l’obertura d’investigacions. I és que exigint que la persona
a la qual se li imputa el delicte es trobi a Espanya, tancant la porta a
l’acusació popular i declarant el sobreseïment automàtic de les
causes en tràmit, s’ha donat un cop mortal a la justícia universal.
Que l’extraterritorialitat de la justícia dels estats estigui ben
definida i sotmesa a límits no pot implicar ni atiar de cap manera la
impunitat. És per això que instem al Govern a impulsar la tramitació
legislativa pertinent per a derogar la vigent Llei Orgànica 1/2014.

Gracias señor presidente.

Como saben, mi grupo parlamentario es uno de los firmantes
de esta moción, que tiene por objetivo la derogación de la vigente Ley
Orgánica 1/2014. Hay que constatar que desde que se ha aprobado la Ley de
justicia universal y su reforma se han liberado más de 50
narcotraficantes gracias a la ley aquí aprobada por el Grupo
Parlamentario Popular. Mientras tanto, el Gobierno manifiesta que espera
que la reforma de la justicia universal sea positiva por el interés
general. Consideramos que la Ley Orgánica de modificación de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a justicia
universal, es un despropósito. Si bien el principio de la justicia
universal en la vertiente del derecho penal internacional tiene que tener
una serie de limitaciones, y en este sentido estamos de acuerdo en que
las legislaciones de los Estados tienen que regular y tener previstos los
procedimientos por los cuales serán competentes territorialmente,
teniendo en cuenta siempre y en todo caso los tratados internacionales,
lo cierto es que el principio de justicia universal se basa en la
protección de un valor supremo como es el de la justicia, con
independencia de que el bien jurídico lesionado no sea nacional, y
también con independencia de que la comisión de infracción penal haya
sido llevada a cabo fuera del territorio soberano del Estado. Se trata de
proteger intereses reconocidos por la comunidad internacional como dignos
de protección en convenios y tratados internacionales: delitos contra el
derecho de gentes, como el genocidio, terrorismo, piratería,
apoderamiento ilícito de aeronaves, entre otros. Así, aunque se considera
oportuno poner límites, esto no puede suponer impunidad, ya que en los
momentos actuales se necesita más que nunca el establecimiento de
instrumentos eficaces en la lucha contra la criminalidad organizada, el
terrorismo y otras manifestaciones delictivas de ámbito internacional, y
en no pocas ocasiones se observa la cantidad y calidad de delitos que
quedan impunes en este ámbito, sea porque no han podido ser enjuiciados o
bien porque las sentencias no se han podido ejecutar. Entendemos, pues,
que esta ley de reforma es contraria al derecho internacional y a la
Constitución española.

Después de los horrores de la segunda guerra mundial la
comunidad internacional decidió que muchos de los crímenes
internacionales sujetos al principio cosmopolita no podían quedar impunes
y que tenían que ser perseguidos por los Estados con independencia del
lugar donde se cometían y de la nacionalidad de las víctimas y
victimarios. La reforma del artículo 23.4 supone la práctica derogación
del principio de jurisdicción universal en la normativa española. La
reforma se basa en cuatro pilares: se incrementa el catálogo de delitos
susceptibles de persecución universal, lo cual no nos parece negativo;
restringe el ejercicio jurisdiccional universal a la concurrencia de
determinados requisitos de conexión con el hecho delictivo y refuerza el
carácter subsidiario de la jurisdicción universal adoptando estándares de
verificabilidad respecto a la eficacia del eventual enjuiciamiento de los
mismos hechos por otros tribunales, lo cual complica mucho el poder
llegar a una sentencia; suprime el ejercicio de la acusación popular,
aunque la experiencia demuestra que la iniciativa procesal y el peso de
la actividad probatoria acusatoria se deben en gran parte a las acciones
populares ejercidas generalmente por asociaciones defensoras de derechos
humanos.

Con todo ello se acaba tratando a las víctimas como de
primera y de segunda vulnerando el derecho a la igualdad del artículo 14
de la Constitución española. Se vulnera el derecho internacional, se
vulnera el principio de ius cogens. La ley ignora deliberadamente que la
justicia universal es tan título jurisdiccional como el territorial, el
de personalidad activa o el de protección. Ignora que es un principio no
de creación nacional sino supranacional y que posibilita a los tribunales
nacionales ejercer la justicia penal en representación de la comunidad
internacional para juzgar los crímenes internacionales más graves. Niega
que la finalidad de este principio solidario es la lucha contra la
impunidad cuando esto es prioritario.

La reforma contradice la doctrina del Tribunal
Constitucional mediante la cual se determinó la naturaleza de este
principio universal estableciendo su carácter puro, absoluto y
concurrente. Y además, la disposición transitoria única ordena el
sobreseimiento de todas las causas en tramitación hasta que no se
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la proposición
de ley. Consideramos que la disposición transitoria única de esta ley
violenta la seguridad jurídica de procesos ya en marcha que no es
correcta. En este caso ponemos de manifiesto que en derecho penal rige el
principio de irretroactividad de las normas y no estamos de acuerdo desde
una vertiente estrictamente jurídica. Esta disposición presenta problemas
de retroactividad sustantiva y adjetiva y evidencia la intromisión del
Poder Legislativo en el Poder Judicial constituyendo una falta de respeto
al principio de separación de poderes consagrado en cualquier Estado
democrático y de derecho.

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos son claros cuando establecen que la injerencia del Poder
Legislativo en los tribunales de justicia con la finalidad de cambiar el
resultado del procedimiento vulnera el derecho a la tutela judicial
efectiva y a un proceso con todas las garantías. En este sentido la
reforma ha recibido algunas andanadas jurídicas por parte de magistrados
de la Audiencia Nacional. El juez Fernando Andreu, titular del Juzgado
Central de Instrucción número 4, que tramita el sumario sobre el
genocidio hutu en Ruanda y en el Congo, dictó una resolución para que las
partes alegaran sobre la pertinencia de plantear cuestiones de
constitucionalidad. El magistrado Santiago Pedraz, que investiga la
muerte del periodista José Couso en Iraq, considera que mantener su
investigación está amparado por el IV Convenio de Ginebra sobre
protección de civiles en tiempos de guerra de 1949. Por su parte, la
Fiscalía personada en este caso considera que la reforma puede vulnerar
el artículo 24 de la Constitución y el 117 referente al principio de
independencia judicial.

La senadora Franco dice que nos confundimos porque estamos
hablando de una disposición procesal. Pero es que es ilógica desde un
punto de vista procesal ya que los procedimientos tendrían que continuar
y permitir que las partes alegaran la concurrencia sobrevenida de lo
establecido para que posteriormente el juez pudiera valorar caso por caso
en virtud de la potestad jurisdiccional conferida por el artículo 117 de
la Constitución. Esto supone la intromisión del Poder Legislativo en el
Poder Judicial, se mire como se mire.

Esta reforma confunde también el papel de la Corte Penal
Internacional respecto a la investigación de los delitos de derecho
penal. La subsidiariedad de la jurisdicción se predica de la Corte Penal
Internacional, no de los tribunales españoles. Se parte de un supuesto
erróneo al confundir palmariamente los principios de atribución de
jurisdicción penal: territorio, personalidad

activa, pasiva y protección universal con criterios de
resolución de conflictos jurisdiccionales, por ejemplo, que el autor se
encuentre en el país o que se haya iniciado un procedimiento por un
tribunal internacional. Estos operan para resolver conflictos de
jurisdicciones, pero no para permitir la apertura de investigaciones. Y
es que, exigiendo que la persona a la que se le imputa el delito se
encuentre en España, cerrando así la puerta a la acusación popular y
declarando el sobreseimiento automático de las causas en trámite, se ha
asestado un golpe mortal a la justicia universal. El que la
extraterritorialidad de la justicia de los Estados esté bien definida y
sometida a límites no puede implicar ni azuzar de ninguna manera a la
impunidad. Por ello instamos al Gobierno a que impulse la tramitación
legislativa pertinente para derogar la vigente Ley Orgánica 1/2014.

Muchas gracias, señoría.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias,
presidente.

Señorías, hemos escuchado a todos los grupos y hemos podido
comprobar cómo esta supresión de la justicia universal solo la soportan
ustedes. Se lo decía antes, son tan autocráticos... La senadora Franco
hablaba de responsables, pero no, son insensatos. Porque no se quieren
enterar de que están solos. Y no solamente están solos en el ámbito
parlamentario, con su mayoría absoluta, claro. Si ustedes escucharan a la
opinión pública española, a la sociedad española, se darían cuenta de que
con esta ley nuevamente están solos. Por cierto, senador Saura, usted
decía que la ley es un disparate. Bueno, la ley podría ser una burrada,
pero está muy bien pensada, para favorecer y servir a los potentados y a
la deuda con China.

Decía que están solos en esta aberración jurídica, ante la
defunción de un modelo de justicia universal que usted, senadora, decía
que sigue ahí, pero seguirá en formol porque ya es un cadáver. Señoría,
su ley, y espero que me lo reconozca, ha generado descontento y caos en
el mundo judicial, también en la sociedad civil y en la sociedad
internacional. Me reconocerá que esta ley ha generado un debate, pero no
un debate y una discusión positiva, sino una controversia que afecta a
España no solo en su imagen, que tanto les gusta a ustedes, sino que es
un litigio que cambia radicalmente nuestra posición ante el mundo y ante
la defensa de los derechos humanos.

Intentaba explicarlo antes, aunque usted, lógicamente, no
ha querido entenderme. La Audiencia Nacional, la Fiscalía, los jueces y
magistrados han mostrado discrepancias. Y también me lo reconocerá. No
solamente han mostrado esas discrepancias con palabras, sino que lo han
hecho, y permítame la expresión, con un levantamiento de muchos jueces.
¿Y esto no les hace pensar, por un casual, que podrían estar equivocados,
a pesar de su mayoría absoluta? No. Ustedes se empeñan en mantenerla y no
enmendarla. Además, dicen que somos todos los demás los que estamos
encajonados en un error. Todos estamos equivocados. ¿Que las asociaciones
contra la droga estén indignadas? No les importa. ¿Que los juristas
nacionales e internacionales discrepen y critiquen su ley? No les
incumbe. ¿Que los gobiernos europeos muestren su preocupación? No les
interesa. ¿Que la Premio Nobel de la Paz o el relator de las Naciones
Unidas manifiesten su preocupación? Para ustedes, ¿quiénes son esos dos!
¿Que organizaciones internacionales de derechos humanos exterioricen su
intranquilidad? A ustedes tampoco les inquieta. Ustedes siguen adelante
con esta reforma aunque esto nos lleve a un empeoramiento de nuestra
justicia. Y, aunque usted, señoría, no me haya escuchado, yo sí he
hablado de la Ley de 2009, que, le recuerdo, apoyaron también
ustedes.

Señorías, con esta ley han desnaturalizado un principio
fundamental, han restringido las competencias de los jueces y de los
tribunales, contraviniendo la Constitución y los propios tratados
internacionales. Se lo han dicho otros senadores. Han lesionado a las
víctimas y han quebrantado la independencia judicial, y reiteramos que la
vicepresidenta del Gobierno ha querido entrar en los propios tribunales,
exigiendo que los jueces archiven las causas abiertas. Esto es algo
absolutamente insólito en democracia, pero tampoco me extraña, porque
ustedes son así. Su ley, señorías, no proporciona nada, porque la
dictaron con criterios puramente extrajurídicos. Y, sí, senador
Bildarratz, miran para otro lado, es verdad. Como en aquella película de
Todo por la pasta, ellos miran para otro lado. Porque esta ley está
afectando directamente a las garantías

jurisdiccionales españolas y, como decía antes, al propio
prestigio internacional que España había adquirido a lo largo del tiempo.
Pero el Partido Popular y su Gobierno priman más los mercados y el
producto comercial y con su forma de actuar demuestran, además, que tiene
miedo a los poderosos. La senadora Franco no ha citado en ningún momento
a China, ni tampoco las conversaciones que hubo entre China y el
Ministerio de Asuntos Exteriores para que esta ley saliera adelante
inmediatamente.

Señorías, ustedes no consideran a las víctimas y se lo
hemos dicho todos, y hoy se ha vuelto a demostrar: solo piensan en el
mercado. Si su chapuza normativa no la consideran así, tampoco me negará
que se están excarcelando narcotraficantes. Ah, ¿que no se excarcelan?,
van a esos países para que luego allí se les lleve a prisión. Todo esto
parece una broma pero no lo es.

Los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Agencia
Tributaria desarrollan operaciones de riesgo en altamar, interceptan
narcobarcos, detienen a los delincuentes, les llevan ante los tribunales,
pero los jueces están obligados a dejarles en libertad. ¿Es esto una
broma? No, no es una broma, esta es su España, señorías. La España de la
impunidad frente a la de los derechos humanos y a la de los victimarios.
La España del que juzguen otros —como dijo el señor Gallardón: no
somos los gendarmes del mundo— frente a la España de la equidad y
de la dignidad. Pero ustedes ni se sonrojan, se pliegan a los potentados,
se someten ante los genocidas, se doblegan ante los delincuentes y no
quieren darse cuenta de que las víctimas son universales y los Estados
tienen la responsabilidad y la obligación de perseguir a los
infractores.

Como antes he indicado, hasta hace dos meses España
suscitaba confianza y seguridad y ahora, inseguridad y desconfianza,
aunque no para todos, porque para las mafias, para los potentados y para
los narcodelincuentes España es un país fiel a sus apuestas
antidemocráticas y delictivas. Ustedes están consintiendo todo esto,
están consintiendo que se zafen de nuestra justicia, que se burlen de
nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A ustedes, y hoy lo
están demostrando, no les importa nada los genocidios, los asesinatos de
españoles..., no les importa nada de nada con tal de que las cuentas
vayan bien con China y no se enfade Estados Unidos. Esto es tremendo y
desesperante, señorías.

Por eso los socialistas, al igual que cantidad de agentes
sociales, otros grupos políticos, operadores jurídicos y ciudadanos,
seguiremos esforzándonos para que se acabe con esta regresiva reforma. Y
termino diciendo que el Grupo Parlamentario Socialista también va a
procurar que el Tribunal Constitucional otra vez les deje al aire con sus
vergüenzas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Senador Rodríguez Esquerdo, ¿que yo hago desde esta tribuna
un discurso autocrático e irresponsable, cuando desde que llegó aquí la
proposición de ley me he esforzado para explicar con todo detalle los
motivos de esa ley orgánica? Por cierto, le recuerdo que es algo que
ustedes no hicieron con mucho detalle cuando trajeron aquí la Ley del
2009, y volveré a hablar de la Ley del 2009. Ahora, si me permite, me voy
a referir a los diferentes senadores, porque cada uno de ellos ha hecho
hincapié en determinados aspectos y han salido muchas cuestiones que ya
habíamos debatido en el anterior turno.

El senador Iglesias ha comenzado hablando de que el
procedimiento que habíamos utilizado era un fraude legislativo por la
omisión de los informes. A este respecto, senador, lo único que le tengo
que recordar es el artículo 87 de la Constitución española, que establece
que la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al
Senado. Por tanto, señoría, hacer algo que prevé la Constitución y los
Reglamentos de las Cámaras para nada es un fraude legislativo. Se utilizó
un procedimiento de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de las
Cámaras. Se trajo aquí una proposición de ley y se debatió. Con toda
sinceridad, le diré que en especial me esforcé en explicar los motivos de
esa ley, porque para mí era importante explicar a esta Cámara los motivos
de esa ley, y me esforcé en ello. Creo que ustedes no lo valoran; tenemos
opiniones muy distintas, es cierto. Pero lo del discurso autocrático e
irresponsable es inadmisible, totalmente inadmisible. (Aplausos).

Hablaba usted también —igualmente hicieron referencia
a ello el senador Bildarratz y la senadora Rieradevall, en
particular— de la cuestión relativa a la disposición transitoria,
que puede colisionar con la separación de poderes. A este respecto vuelvo
a decir lo que expresé en mi anterior intervención: ¿desde cuándo que las
Cortes Generales legislen y establezcan una disposición transitoria que
determina una sucesión ordenada de normas procesales —porque,
senadora, son normas procesales, donde rige el principio tempus regit
actum, e, insisto, lo que esta disposición establece es un criterio para
esa sucesión ordenada—, desde cuando eso es un atentando contra la
separación de poderes? ¿Desde cuándo que las Cortes Generales legislen es
un atentado contra la separación de poderes? ¿Desde cuándo que los jueces
juzguen y ejecuten lo juzgado es un atentado contra la separación de
poderes? ¿O que el Poder Ejecutivo cumpla lo que dictan las leyes que
elabora el Poder Legislativo? Ningún atentado a la separación de
poderes.

Ha hablado el senador Bildarratz de otra cuestión, en la
que también ha insistido el senador Saura; han hablado de los
narcotraficantes, algunos de nacionalidad siria. Creo que todos conocemos
cuál es la situación de Siria. Antes hablé de esa cuarta vez que en el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se veta por dos potencias: Rusia
y China —ahora sí que hablo de China—, que el Tribunal Penal
Internacional pueda iniciar actuaciones contra las violaciones de
derechos humanos que se están cometiendo en Siria. Señorías, lo que
tenemos que hacer es fortalecer el Tribunal Penal Internacional.
Posiblemente sea una cuestión que supere este foro y posiblemente debiera
ser en Naciones Unidas. Pero lo que tenemos que conseguir es que en
Naciones Unidas no pesen tanto los equilibrios políticos y realmente se
persigan los crímenes contra la humanidad. Porque es cierto que Siria no
ha ratificado el convenio del Tribunal Penal Internacional, pero hay
otras vías para que el Tribunal Penal Internacional pueda ejercer esa
jurisdicción ante esos crímenes que se están cometiendo en Siria; por
supuesto que hay otras vías, y una es que el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas lo apruebe. Tenemos que fortalecer ese Tribunal Penal
Internacional, porque —les guste a ustedes o no—, frente a
atribuir un principio de jurisdicción universal absoluto y puro a los
diferentes Estados y que esa jurisdicción la ejerza el Tribunal Penal
Internacional, la comunidad internacional se ha decantado por la segunda
vía: que sea un tribunal penal internacional el que persiga esos
delitos.

Hablaban también —con tanto debate van saliendo
muchas ideas— de la cuestión referida a Nigeria, de Boko Haram,
sobre qué ocurriría en el supuesto —también lo señalaba el senador
Saura— que ayer el senador Bildarratz expuso al ministro. Les
vuelvo a decir lo mismo, señorías: que no haya jurisdicción no implica
impunidad, porque hay instrumentos para reducirla, bien que el tribunal
naturalmente competente lo enjuicie —supongo que en este caso
Nigeria no tiene ningún problema si captura a los de Boko Haram para
enjuiciarlos—, bien que lo haga el Tribunal Penal Internacional. Y
nosotros, si tenemos jurisdicción la ejerceremos; y si no tenemos
jurisdicción, lo que tendremos que hacer será cooperar para que el
tribunal que sea competente lleve a cabo ese enjuiciamiento. Y si
apresamos a narcotraficantes, a delincuentes, a quien sea, y la
jurisdicción corresponde a otro Estado, lo que tenemos que hacer es
extraditar a ese señor, de acuerdo con ese principio de juzgar o
extraditar —al que algún senador ha hecho referencia, pero me
perdonan porque ahora no recuerdo quién—, que es un principio
básico del derecho internacional penal y uno de los principios que
inspiran esta ley. O juzgamos o extraditamos, o conocemos de una cuestión
porque se cumplen los criterios de conexión y tenemos jurisdicción sobre
esa cuestión o bien extraditamos, facilitamos que el tribunal competente
los enjuicie, prestando información para que se persiga el delito en el
supuesto, por ejemplo, de que el barco con narcotraficantes vaya por
aguas internacionales, extraditando a los sospechosos, poniéndoles a su
disposición, ejerciendo esos instrumentos de cooperación internacional
que tenemos en nuestras manos y que van a hacer conseguir que esos
resquicios de impunidad se reduzcan a la mínima expresión.

Ha hablado también del tema del procedimiento. Vuelvo a
repetir —si me lo permiten— que el objetivo de la reforma no
es eliminar la justicia universal. Como ya he dicho, es ejercerla cuando
nos corresponda o bien cooperar con los tribunales que tengan esa
competencia. Y de nuevo quiero destacar algo que ya se ha dicho en
innumerables ocasiones, y es que la normativa anterior no tenía
equivalencia en el derecho comparado.

Dicen ustedes que nos daba prestigio internacional. Éramos
los únicos —como hemos dicho en el debate de la proposición de
ley—, nadie nos seguía, no había equivalencia en ningún país de
nuestro entorno. Quizá la única equivalencia posible sea la de Argentina,
pero en nuestro entorno

no la había. Además, lo que ha habido ha sido un movimiento
de todos los países de nuestro entorno para redefinir ese principio de
jurisdicción universal y adaptarlo a los criterios que establecen los
tratados internacionales. Y eso es lo que ha hecho España: redefinir ese
criterio de jurisdicción universal para adecuarlo al derecho
internacional, a las obligaciones que hemos asumido cuando firmamos cada
uno de los tratados internacionales que regulan la persecución de delitos
penales. Lo hemos hecho, y nos homologa a países tan serios como Francia,
Alemania, Bélgica, Italia o Reino Unido. La realidad de nuestro país es
que tiene una ley que nos homologa a la legislación del principio de
jurisdicción universal de la mayor parte de los países de nuestro
entorno.

También han hablado sus señorías de nuevo sobre las dudas
de inconstitucionalidad. Ya les he expresado cuál es el criterio de mi
grupo parlamentario, que es que, por supuesto, considera que la norma es
constitucional. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Han hecho referencia a una cuestión que a mí me parece
especialmente grave y dolorosa: han dicho que garantizamos la impunidad y
que realmente no nos importan las víctimas. Decir esto es tanto como
decir que el derecho internacional discrimina a las víctimas en función
de los delitos. Repito: lo que hemos hecho ha sido reformar la ley para
establecer criterios que nos permitan cumplir las obligaciones
internacionales de la manera más acorde a como se contrajeron cuando
firmamos los tratados. Pero además le están diciendo esto a un Gobierno
que por primera vez va a traer a las Cámaras una norma centrada en las
víctimas de todo tipo de delitos como es el estatuto de las víctimas.

Creo que tendríamos que hacer una reflexión realista sobre
cuál es el balance de la legislación anterior, porque, como ya se les ha
dicho, estaba generando en muchos casos falsas expectativas a las
víctimas. Es cierto que solo ha habido una condena, y en fraude de ley, y
en el resto de los casos, sobreseimientos.

El senador Rodríguez Esquerdo ha hecho de nuevo una crítica
muy gruesa de la legislación. Les recuerdo que muchos de los argumentos
que ustedes están utilizando fueron los que se emplearon contra su
reforma del año 2009, unas críticas que todavía les duelen, así como que
apareciesen retratados en el periódico francés Le Monde diciendo que iban
a cambiar la legislación sobre justicia universal por los problemas
diplomáticos que le había causado al presidente Zapatero, o que la
ministra de Asuntos Exteriores israelí dijera que Moratinos le había
garantizado que se iba a cambiar la normativa reguladora de la
jurisdicción universal para evitar los abusos —eso fue lo que
dijo— del sistema legal español. Creo que todavía les duelen esas
críticas, y posiblemente sea porque fueron ustedes los que abrieron la
senda para esa redefinición del principio de jurisdicción universal.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Termino diciendo que con esta
reforma somos conscientes de que tenemos que cumplir nuestros compromisos
internacionales y que formar parte de la comunidad internacional también
significa formar parte de las instituciones multilaterales que se crean
para fortalecerla.

Por supuesto, vamos a rechazar la moción. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Franco.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción de los grupos parlamentarios
Socialista, Mixto, Entesa, Vasco y Convergència i Unió.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 231; a favor, 89; en contra, 142.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Se suspende la sesión hasta las cuatro y media.

Buenas tardes.

Eran las catorce horas y cincuenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y
cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se reanuda la
sesión.

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

8.1.1. PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN
TRANSITORIA TERCERA DE LA LEY 29/1994, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE
ARRENDAMIENTOS URBANOS Y OTRAS MEDIDAS DE APOYO A LA ACTIVIDAD DE LOS
LOCALES DE NEGOCIO DE RENTA ANTIGUA.

(Núm. exp. 622/000011)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1. y
8.1.1.

El señor PRESIDENTE: No se ha presentado ninguna
proposición de ley alternativa, por lo cual procede someter a debate y
votación la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la toma en consideración, tiene la
palabra el senador Fernández Ortega por tiempo de diez minutos.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, la Ley de arrendamientos urbanos del año 1964
establecía un modelo proteccionista a favor del arrendatario y en 1994 la
nueva Ley de arrendamientos urbanos vino a traspasar, a llevar al régimen
de libre mercado los contratos de arrendamiento de los locales
comerciales. Esta ley regulaba, además, un período transitorio para
aplicar este libre mercado a los distintos contratos de alquiler en
función del tamaño del negocio y del impuesto sobre actividades
económicas que en aquel momento se venía pagando por las empresas. En
esta ley de 1994 se aprobaron moratorias de cinco, de diez, de quince y
de veinte años en función de estos parámetros de superficie del negocio y
del importe del impuesto sobre actividades económicas. En concreto, para
los locales comerciales de menos de 2500 metros y con impuesto sobre
actividades económicas de menos de 85 000 pesetas se concedían veinte
años de moratoria a los contratos de alquiler que hasta ese momento
estuviesen firmados con subidas anuales igual al IPC, según quedó fijado
en la disposición tercera de la Ley de arrendamientos urbanos del año
1994, plazo que finaliza este año. Con lo cual, a 1 de enero del año 2015
los negocios tendrán que firmar nuevos contratos de arrendamientos y van
a tener que hacer las nuevas negociaciones en un escenario de crisis
económica, con un aumento del paro, con dificultades de acceso a la
financiación para las empresas y en un escenario de destrucción de
empleo. El comercio minorista, que es uno de los sectores afectados por
esta disposición transitoria, ha tenido una caída del 8,9% del empleo,
según el Instituto Nacional de Estadística, entre los años 2008 y 2013,
con lo cual se han destruido 175 000 empleos en el sector. Y en abril la
caída del empleo ha sido de un 0,2% frente a abril de 2013, con lo cual
seguimos todavía con tasas negativas, con caídas de empleo.

Esta nueva negociación ocurre en un escenario económico de
descenso de la actividad comercial. No hay ningún estudio que recoja la
situación de todos los sectores que se ven afectados por esta disposición
transitoria, pero los que hay, los que existen sobre sectores concretos
son lo suficientemente significativos y descriptivos del escenario
global. Por ejemplo, la caída de las ventas en el comercio minorista es
de un 20% sobre el año 2010, según el Instituto Nacional de Estadística.
Durante los últimos doce meses, las ventas han caído en 8 de esos 12
meses, con una caída de venta interanual, a mayo de 2014, de 2,5 puntos.
Con lo cual, estamos todavía en un escenario de crisis, por mucho que el
Gobierno nos venda que la crisis ya se ha acabado.

Aparte del INE, tenemos también el indicador de confianza
de la Universidad de Nebrija, que se elabora para la Federación Española
de Hostelería y se hace trimestralmente, y en los dos últimos informes
refleja caídas de las ventas, tanto en el primer trimestre de 2014 como
en el último de 2013.

Por tanto, señorías, estamos en un escenario en el que
miles de empresas y comercios deben negociar desde el 1 de enero de 2015
un nuevo contrato de alquiler en un contexto de profunda crisis y con
escasa actividad comercial, como reflejan los datos que he aportado. Y
para que se hagan una idea de cuántas empresas se ven afectadas y para
ayudarles a entender la dimensión del problema, permítanme que les aporte
algunas cifras.

El comercio minorista, según el INE, tiene 592 172
establecimientos; son el 16,7% de los establecimientos comerciales de
España; ocupan al 10% de la población. El anuario estadístico de la Caixa
sobre España en 2013 dice que las actividades comerciales minoristas son
748 025. Señorías, 600 000, 750 000..., con que un 5 o un 10% de esas
actividades comerciales se vieran afectadas por la finalización que
recoge esta disposición transitoria estaríamos hablando que solo en el
comercio al por menor tendríamos decenas de miles, puede que llegaran al
centenar de miles de empresas las que estarían afectadas por esta
obligación de renegociar de nuevo sus contratos.

Y permítanme alguna cifra más. El indicador de confianza de
la Universidad de Nebrija, al que me he referido anteriormente, que se
elabora para la Federación Española de Hostelería trimestralmente,
incluyó en su estudio del cuarto trimestre del año 2013 2 preguntas para
conocer el impacto de la finalización de la moratoria para los contratos
de alquiler de pequeños negocios que fijaba la Ley de arrendamientos
urbanos de 1994. Señorías, en una encuesta realizada por la propia
Federación Española de Hostelería, la respuesta de los propios afectados
fue: el 19,5% declaró que se iba a ver afectado por esta finalización de
la disposición transitoria y el 71% estaba de acuerdo en que se produjese
una prórroga de esas rentas actuales. Estamos hablando de hoteles,
restaurantes, bares y cafeterías que fueron los negocios encuestados en
este trabajo.

Sin llegar a estos porcentajes, según estudios publicados
podríamos estar entre el 5 y el 10% de los establecimientos mercantiles
regidos por contratos de arrendamiento afectados por esta moratoria. Eso
nos permite estimar que en el conjunto de las actividades comerciales
—sumen comercio, hostelería, restauración, talleres de reparación,
oficinas de profesionales independientes— podíamos estar hablando
de que hay unos 300 000 establecimientos mercantiles en toda España
afectados con casi 1 millón de trabajadores. Y considero que nos debería
preocupar a todos que la finalización de esta moratoria pueda llevar a un
aumento significativo de la renta que suponga el cierre de miles de
negocios que están viendo una disminución en el consumo, falta de
financiación y altas tasas de desempleo en nuestra sociedad.

Alguien podría pensar que las nuevas empresas van a
sustituir a las que se vayan, pero parece que la crisis no apunta por ahí
y, además, hay estudios que demuestran que el 80% de las nuevas empresas
quiebran en menos de cinco años, con lo cual no podemos confiar en que se
repongan las empresas que se destruyan, teniendo en cuenta que las que se
van a destruir tienen veinte o treinta años de experiencia y de
supervivencia en la actual crisis.

Nos preocupa, señorías, la destrucción de empleo que pueda
producirse, la disminución de la actividad económica. Nos preocupa en el
plano social el abandono, la desertización y la degradación que pueda
producirse en los barrios históricos. Nos preocupa en el plano
urbanístico que puedan verse afectadas las ciudades. Y nos preocupa la
paralización del mercado arrendaticio por el derecho de tanteo durante un
año, que podría generar problemas en este sentido.

Presentamos esta proposición de ley trabajada y negociada
primero en Granada; es una propuesta del Partido Socialista después de
habernos reunido con el sector, con las cámaras de comercio, con
empresarios y organizaciones empresariales, con los colegios de gestores
administrativos, con abogados y juristas, y a nivel nacional hemos
mantenido reuniones con la Federación Española de Hostelería y la
Confederación Española de Comercio, que nos han dado su apoyo. Como digo,
esta proposición de ley está trabajada y negociada con el sector a nivel
de trabajo en un principio en la provincia de la que soy senador y
después con las organizaciones a nivel nacional. Y por eso hemos
propuesto una modificación de la Ley de arrendamientos urbanos del año
1994, con 1 artículo, 2 apartados y 2 disposiciones transitorias.
Pretendemos aplazar el fin de la moratoria durante cinco años más para
los pequeños comercios, de manera que cuando tengan que acudir al libre
mercado para negociar sus contratos de alquiler haya una situación
económica más favorable que garantice la subsistencia de los comercios y
el empleo.

Proponemos también una modificación de la disposición
transitoria para lograr una mejor compensación del Fondo de comercio que
ha generado estos negocios que llevan abiertos

décadas; evidentemente, el local tiene un valor distinto
gracias al negocio que ha subsistido durante décadas y pretendemos que la
indemnización, en caso de que se sustituya de manera forzosa por un
negocio del mismo tipo, sea de 18 mensualidades, pero no de renta
antigua, como sucedía hasta ahora, sino de la renta nueva.

Como he dicho, incluimos dos disposiciones transitorias. En
la primera proponemos que el Gobierno incluya una línea de crédito ICO
que ayude al traslado, la reforma y la adaptación de todas las empresas
que se vean afectadas. Sepan ustedes que ya existen ayudas, en concreto
para el comercio al por menor, para el pequeño comercio, y lo que estamos
pidiendo es que se aplique la ayuda para todos los locales comerciales
que se encuentren en estas circunstancias. Y con la segunda proponemos un
plan de protección integral del patrimonio comercial negociado por el
Gobierno, el resto de administraciones, los empresarios, los sindicatos;
que elaboren un plan que proteja nuestro patrimonio comercial, que
proteja aquellas actividades que le dan carácter a las ciudades
—piensen ustedes en farmacias, librerías, tahonas—, que
distinguen unas de otras, porque consideramos que es un bien a proteger,
igual que las fachadas, los patios u otros elementos arquitectónicos.

Espero contar con el apoyo del resto de los grupos
parlamentarios para que esta proposición de ley se tramite y podamos
encontrar la mejor forma de ayudar a la supervivencia del comercio en
nuestras ciudades, y concretamente del comercio tradicional en el casco
histórico, así como al mantenimiento del empleo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega.

En turno en contra tiene la palabra el senador
Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Señor presidente, señorías, muy
buenas tardes.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta una proposición
de ley de modificación de la disposición transitoria tercera, como le
hemos oído decir al senador Fernández Ortega, con la que se propone
modificar una de las disposiciones transitorias más discutidas en
aquellos años noventa y con el Partido Popular en concreto. Se trata de
una ley socialista que trae causa de un ministro socialista, el conocido
decreto Boyer. Curiosamente, lo que el PP en la comisión en la que se
debatió esa ley, en la persona del diputado popular, don Luis Ortiz
González, vaticinaba que podía ocurrir, está ocurriendo en parte. El
Partido Popular solicitaba mayor flexibilidad en los acuerdos de
arrendamiento comercial, mayor flexibilidad en los traspasos y en las
subrogaciones, y algunas cosas se pudieron mejorar en el periodo de
Aznar, cuando se revisó en 1999, cuatro años después.

Hoy, el Partido Socialista, que tras veinte años e in
extremis reconoce su desatino, pide in extremis enmendarlo y cambiar las
reglas de juego en el último minuto del partido. No es serio, señorías; a
cinco meses no es serio cambiar las reglas de juego. Es un bandazo de
esos a los que ustedes en sus propias filas estarán más que
acostumbrados, incluso pienso que hasta abonados, pero aquí no se puede
actuar así. ¿Por qué no plantearon esto en el ecuador de este
procedimiento, de esta moratoria, es decir, a los diez años? Por otro
lado, también nos llama la atención que no hayan saltado las alarmas como
para cambiar estas reglas de juego a cinco meses de esta situación.

Asimismo en la exposición de motivos de esta proposición de
ley vemos 2 cosas que aparecen constantemente cuando presentan mociones y
proposiciones de ley. Usted ha estado moderado en su intervención, pero
léase la exposición de motivos, porque en ella concurren las 2 cosas que
siempre aparecen cuando nos proponen algo en esta legislatura, y son
datos exagerados, forzados, torcidos e incluso retorcidos, acompañados de
comentarios, frases y eslóganes de gran tirón mediático, pero que al
final se quedan solo en titulares, eso sí, siempre acompañados de una
foto, como en abril, en esa rueda de prensa que dio usted en su ciudad,
porque eso es fundamental para ustedes. Pero esta no es la línea.

En su exposición de motivos vaticina un cataclismo; parece
buscar, alterar y movilizar a un colectivo tendenciosamente, y yo creo
que esa exposición de motivos es tan excesiva que resulta poco creíble.
Sin datos claros ni contundentes, sin justificaciones o análisis técnicos
de peso y totalmente extrapolados expone que por su Ley de 1994 ahora
puede afectar a 300 000 locales comerciales de renta antigua y a 1 millón
de personas. ¿De dónde saca este número? Aunque ya

he dicho que ha extrapolado usted algunos números. Pero,
insisto, dice en su exposición que estamos ante una realidad que puede
afectar a más de 300 000 locales, y yo le vuelvo a preguntar de dónde
saca este número. Porque es curioso que usted ofrezca estos datos que,
por cierto, son muy difíciles de conocer, pues no hay un registro de este
tipo de arrendamientos. Por cierto, curiosamente en la Ley de fomento y
flexibilización del alquiler que hace año y medio proponía el Grupo
Parlamentario Popular, y que se aprobó, exigíamos que se realizase un
registro justamente para esto. ¿Y sabe que votaron ustedes? Que no
querían registros, que prefieren hacerse las cábalas que se está haciendo
usted hoy aquí.

Pues bien, señoría, le decía que, al menos, según las
consultas que hemos hecho nosotros en Madrid, la Cámara de Comercio de
Madrid no tiene esos datos, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad
no los tiene, los administradores de fincas de Madrid tampoco, y con toda
humildad le diré, si me lo permite, que en mi ciudad he hecho la misma
consulta y los mismos colectivos tampoco los tienen. Por tanto, esos
datos, lo que ha presentado en esta mesa, carecen de la información de
estas dos ciudades tan relevantes que le he dicho. Sin embargo, es
curioso que no aporta datos ni analiza nada sobre la situación de la
propiedad, en ningún momento ha salido de su boca la palabra propiedad,
que es el 50% de la otra parte de esa moratoria. Luego, olvidándose del
50%, ¿me puede decir dónde está el equilibrio de esta ley? Me habla de un
50%, de esos hipotéticos 300 000 afectados. ¿Y los otros 300 000? Esta es
una cuestión clave para que nosotros nos posicionemos, lógicamente, como
va a ver al final de esta intervención.

Expone en su texto que el próximo 1 de 2015 «… se
verán forzados…». ¿Forzados? ¡Hombre!, la ley les permite negociar,
acordar, llegar a una revisión de ese contrato; por lo tanto, no es que
se vean forzados —a esto es a lo que voy, a esa exageración
constante en su exposición de motivos—. Incluso le diré que ha
habido compras, que ha habido alquileres, que se han revisado precios,
que la situación de esos alquileres ha cambiado radicalmente, que el
local de enfrente ha cambiado. Afortunadamente, la casuística es muy
variopinta, no es una regla de tres: si a los comerciantes y hosteleros
de Granada les pasa esto y en Granada hay tantos ciudadanos, en España,
equis. Ese no es el cálculo, esto es mucho más complicado.

También nos habla en su exposición de motivos sobre el
cierre masivo, desembocar en una desertización de los centros históricos,
una degradación urbanística, un desequilibrio descompensado. Otros
informes —es cierto, de estudios que hacen empresas dedicadas a la
consultoría inmobiliaria— nos hablan de que en Madrid y en
Barcelona se están recuperando muchos de estos locales, que incluso se
está consiguiendo dar entrada a nuevos mercados, tanto nacionales como
internacionales.

Nos aconseja, además, posponerlo cinco años y esto me llama
bastante la atención, porque dice que la economía habrá retomado un rumbo
moderado, un crecimiento capaz de permitir un aterrizaje suave, luego
propone alargarlo cinco años. ¿Qué significa alargarlo cinco años?
¿Chutar pa’delante? Tú tira que ya alguien resolverá dentro de
cinco años. ¿Quitarse el problema ganando tiempo? ¿Le suena esta
práctica? Yo creo que al Grupo Socialista le gusta bastante esta táctica.
Esta mañana se hablaba de Alicia en el País de las Maravillas
—¿recuerdan?— y se decía: ¿Adónde nos quiere llevar el Grupo
Popular? Yo no sé adónde nos quiere llevar el Grupo Socialista con esta
propuesta, pero a mí me recuerda más —perdóneme— a la
película de niños Toy Story y a Bud Light Year: Hasta el infinito y mucho
más. ¿Hasta dónde quiere llevar usted esta moratoria?

De todos modos, le decía que esta propuesta me hace gracia
porque en parte reconoce que la situación económica está cambiando, y
está cambiando para bien: la demanda interna repunta por primera vez en
tres años; el PIB crece hasta un 0,4 en el primer trimestre; mejora la
confianza industrial y la de los consumidores; aumentan las ventas de
comercio de minoristas; comienza el segundo trimestre en positivo;
aumentaron el 1,1% en abril más de lo esperado; el comercio minorista
representa el 5% de nuestro PIB, medio millón de empresas españolas; la
Seguridad Social gana 200 000 nuevos afiliados en mayo; el paro baja 112
000, el mayor descenso del paro desde 1996 en este mes. Por lo tanto,
usted reconoce aquí, en esa exposición de motivos, que algo está
cambiando y es en el punto donde más de acuerdo podemos estar con usted.
Ahora, eso sí, todo esto que le he dicho con la coletilla: todas estas
mejoras son insuficientes, aún queda mucho por hacer, pero creo que vamos
en la dirección más que correcta.

También recoge en su exposición de motivos una mejor
compensación del Fondo de comercio, no habla de una indemnización, y la
ley lo que dice en el punto décimo de la tercera disposición es

que se puede indemnizar, en un supuesto muy singular,
pagando 18 mensualidades según la renta vigente en el momento del
contrato, renta que se ha ido actualizando. Y yo le pregunto: ¿en qué lío
nos metemos si esa renta que usted propone que se indemnice con la renta
del nuevo contrato es inferior a la que estaba vigente con el anterior
inquilino debido a la crisis? Por todo ello, consideramos que no podemos
aceptar esta situación.

Como tengo treinta y cinco segundos, luego, en el segundo
turno, le hablaré de las otras dos propuestas. Pero, concretamente, la
propuesta del ICO y la propuesta de declaración de patrimonio específico
ya están en vigor y, por lo tanto, nosotros decimos que, como ya existe,
volverlo a reponer no vale para nada.

Esta sería nuestra posición, señor presidente, no vamos
aceptar que esta proposición vaya adelante.

Muchísimas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ibarrondo.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones). No ha
intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Vasco?

Senadora Iparragirre, tiene la palabra.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente.
(El señor Fernández Ortega pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Un momento, senadora Iparragirre.

¿Sí, senador Fernández Ortega?

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: ¿No hay turno de réplica?

El señor PRESIDENTE: Hay un turno a favor que coincide con
la defensa de la toma en consideración, puesto que es un único grupo el
que la presenta. Se entiende que a la vez es el turno a favor,
simultáneamente; luego hay turno en contra y después turno de
portavoces.

Cuando quiera, senadora.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias.

Yo hacía una valoración de los datos que se nos presentaban
en esta propuesta, datos que al senador Ibarrondo no le parecen ciertos.
Cada uno puede tener su valoración. Usted ha hecho mención a su ciudad.
Yo, reiteradamente, cada fin de semana, cuando vuelvo de Madrid a la mía,
me encuentro con un comercio cerrado. Sí, señor Ibarrondo, en Irún
ocurren esas cosas. En el paseo Colón, avenida principal de nuestra
ciudad —importante comercialmente—, cada fin de semana,
cuando llego, un comercio, de los que aquí se citaban, de esos de
trayectoria histórica, se cierra. Por lo tanto, no me voy a ceñir a si
son 300 000 o si son el 50%, pero sí a que es un tema que está en la
calle, que en el contacto en la calle —que a veces tanto nos
reclaman los ciudadanos y que se nos escapa un poco— se respira.
Puede que sea solo un problema de Irún, que es el que yo conozco, pero,
en cualquier caso, la lectura de esta proposición que hoy se nos trae a
debate no me resulta tan extraña.

Sí que es cierto —como decía también— que mi
grupo entiende que podemos estar ante un conflicto de intereses: por un
lado, los del arrendador, que tiene su derecho a recuperar la posesión de
su inmueble, así como a conseguir la máxima rentabilidad posible de la
propiedad, y, por otro lado, el interés del arrendatario de continuar con
su actividad económica en unas circunstancias que hagan su empresa
viable.

También es verdad que quizá cuando se aplicó esta moratoria
no era fácil acertar en qué momento iba a poder coincidir la finalización
de esos años con la situación económica que en este momento nos está
tocando pasar.

Desde nuestro punto de vista, tramitar esto hoy para
llevarlo a un debate de mayor profundidad —yo entiendo que hoy no
es el momento de debatir con la profundidad que tiene el contenido, sino
que podamos tramitarlo para que lo debatamos— no debería tener
mayor dificultad, incluso por parte de quien no está de acuerdo, como
hemos escuchado decir al senador popular que no está de acuerdo con el
contenido. En cualquier caso, lo que hoy se votará es posibilitar que se
tramite.

Por mencionar dos pinceladas de nuestro punto de vista,
nosotros consideramos que podría ser una medida más para dinamizar la
economía, dada la situación que estamos atravesando, teniendo en cuenta
la importancia que tiene el entramado comercial urbano como motor de
actividad económica para las ciudades.

Nosotros no entramos a precisar si deberían ser cinco, tres
o dos años, pero a nadie se le escapa —a pesar de que a veces
escuchemos otras valoraciones mucho más positivistas— que todavía
nos quedan por pasar un par de años difíciles. Por lo tanto, repito, esto
formaría parte del debate que a posteriori pudiéramos llevar a cabo en la
Cámara si hoy se tramitase favorablemente la proposición.

Los puntos segundo y tercero también los vemos bien, aunque
insisto que con un debate posterior más sosegado podríamos entrar en
precisiones o matizaciones que consideraríamos si hubiera alguna otra
posibilidad de hacerlo. Pero nuestro grupo no va a entrar en ningún caso
en un rifirrafe. Permítame decirle, señor Ibarrondo, que usted ha bajado
aquí y hemos acabado entrando en el rifirrafe bipartidista de: cuando
ustedes lo propusieron, en el año en el que estábamos, etcétera, y ahí
nosotros no vamos a entrar. No vamos a entrar en si saltan o no las
alarmas, en si hablamos de tirones mediáticos, de fotos, o demás. Repito,
nuestra intención hoy es facilitar el trámite de esta proposición, pues
nos parece una cuestión preocupante. El debate profundo se posibilitaría
con el voto a favor de su tramitación. Pero, como le decía, no creo que
esas posturas lleven a ningún lado y, como he dicho antes, nuestro grupo
no va a entrar ahí. Nos parece que los debates sosegados, aunque sean
desde la discrepancia, deberían ser el día a día de nuestro trabajo. Por
tanto, para que ello prospere nuestro grupo votará a favor de esta
proposición.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías.

Esta proposición de ley aborda un tema muy concreto y
acotado, aunque no por ello deja de ser importante desde nuestro punto de
vista, y no solo, aunque también, por las referencias que ha hecho el
senador Fernández Ortega —sobre todo relacionadas con el empleo y
los muchos sectores económicos a los que puede afectar—, sino
porque toca el corazón de un ámbito que consideramos absolutamente clave
para muchas ciudades en este momento, como es la actividad económica del
comercio de proximidad, del comercio minorista urbano. Es este un
ecosistema extremadamente frágil en el que cualquier cambio, por pequeño
que parezca —el valor de los contratos de arrendamiento puede ser
clave para la viabilidad económica de una actividad comercial, sobre todo
en tiempos de crisis—, puede desestabilizarlo y desnaturalizarlo en
su conjunto. Así ha sucedido en otros países; incluso, en algunas
ciudades y barrios de nuestro país ya lo estamos empezando a ver, aunque
por otras causas. A nuestro grupo le parece todo lo contrario. Creemos
que hay que preservar este tipo de comercio, mimarlo y cuidarlo con suma
delicadeza para preservarlo, pues lo consideramos clave y básico para un
modelo de ciudad y un modelo de vida.

Un comercio de proximidad bien implantado y distribuido en
los barrios aporta no solo redistribución y equilibrio económico, no solo
prevención y elementos de seguridad añadidos —por ejemplo, en
términos de iluminación—, no solo un cierto espíritu de convivencia
y de relación entre las personas altamente positivo, no solo elementos
favorecedores de una movilidad sostenible que tanto reclamamos hoy en día
—relacionado con el hecho de andar y, por tanto, con la salud y con
el equilibrio medioambiental—, sino que estructura lo que se conoce
como un modelo de ciudad compacta y multifuncional que no segrega las
tres actividades básicas de la función urbana: la función residencial, la
función económica y la función de provisión de servicios y ocio, sino que
se convierte en su referente y es uno de los elementos que ayuda a
integrarlos. Es lo que conocemos como un modelo de ciudad europea. Pues
bien, este modelo de ciudad europea, en uno de los elementos claves,
tiene mucho que ver con este tipo de actividad económica.

Los comercios de renta antigua, a los que se refiere en
particular esta proposición de ley, son el corazón de este comercio
urbano y de proximidad; son comercios consolidados, son comercios que han
demostrado con el paso de los años su enorme viabilidad y, por tanto,
tienen una clientela

hecha y fija de los barrios y de más allá que si se pierde,
si este comercio consolidado desaparece, corta dos elementos primordiales
para este ecosistema, al que me he referido anteriormente: la diversidad
comercial —porque arrastran actividades comerciales antiguas que
otorgan siempre diversidad comercial— y la referencia y el
prestigio del comercio en un barrio o en una ciudad, que además, en
algunos casos son los más singulares y llamativos —como decía la
señora Iparragirre, cada semana vemos que alguno de ellos está en
cuestión; en Barcelona no solo es motivo de conocimiento directo sino que
ha sido motivo de debate y polémica en el ayuntamiento—. Por lo
tanto, el patrimonio histórico, material o inmaterial que aportan estos
comercios puede contribuir aún más a este carácter de referencia y de
prestigio. Por el contrario, seguramente el comercio que vaya a
sustituirlo —y más aún en período de crisis—, será o
franquicia o lo que se llama comercio oportunista, de muchísima rotación
y de explotación intensa de un local por su ubicación, etcétera.

Y no hay que teorizar mucho, simplemente experimentando
personalmente lo que sucede en algunas zonas turísticas de nuestras
ciudades, los ejemplos están clarísimos y nos vienen enseguida a la
memoria. La diversidad y la referencia de muchos comercios son
sustituidos inmediatamente por fast food, tiendas de souvenir, que tienen
un impacto negativo sobre la calidad de vida de los vecinos y hacen
perder identidad a estos barrios y a estas ciudades; por no hablar de las
sustituciones y transformaciones de los mercados municipales.

En definitiva, esta fragilidad de un ecosistema tan
complicado y diverso como es el comercio urbano de proximidad, requiere,
como decía al principio, cuidado, mimo y cirugía extremadamente fina. Por
ello pensamos que está totalmente justificada la intervención de los
poderes públicos en este asunto a nivel general, como estamos haciendo
hoy; a nivel de comunidades autónomas, y sobre todo a nivel local;
medidas específicas y ad hoc, sí, señor Ibarrondo, medidas que van
cambiando en el tiempo, que se adaptan a cada territorio en cada momento
para preservar el objetivo último: la diversidad y la multifuncionalidad
de los barrios y de su comercio. Sé que es todo lo contrario de lo que
ustedes piensan; sé que ustedes creen en el mercado; un mercado que sin
estas contrapartidas se vuelve automáticamente ciego, cortoplacista y
depredador del territorio, como se ha visto con otros elementos tan o más
importantes que el que estamos planteando, como pueden ser, por ejemplo,
los horarios comerciales.

En definitiva, entendemos que hay un interés general, que
está incluso por encima de los posibles intereses de arrendadores y
arrendatarios, del modelo de ciudad y de sociedad, que hace que sea
extremadamente necesario revisar leyes como estas y analizarlas hasta el
más mínimo detalle.

En definitiva, señorías, estamos de acuerdo en flexibilizar
la aplicación de la Ley de 1994 en relación con la financiación de la
moratoria de contratos de arrendamiento de locales comerciales a 1 de
enero de 2015. Asimismo, también estamos de acuerdo con el resto de
medidas complementarias, porque tienen un objetivo que compartimos
plenamente: preservar un comercio viable, un comercio que ahora es
viable, que ha demostrado su viabilidad y su fortaleza en la actualidad.
Con el resto de medidas que ha explicado el senador Fernández, si
finalmente no pudiera ser así, en caso de necesidad de traslado o de
cambio de ubicación, también estamos de acuerdo con ayudar a este
comercio a mantenerse y, por lo tanto, a salvar estos negocios, a
mantener su viabilidad en la actualidad o en un futuro inmediato.

Creemos que eso tiene muchas más ventajas que
inconvenientes, muchísima más fuerza, en relación con un objetivo
general, que no hacer nada, que quedarse viendo cómo simplemente la pura
ley de la oferta y la demanda actúa en territorios y barrios
extremadamente sensibles, como digo, para este ecosistema.

Nuestro voto, pues, será favorable a esta toma en
consideración, totalmente favorable al espíritu y al objetivo que
traslucen los cambios en esta ley, y habrá oportunidad de discutirla,
esperemos, aunque ahora ya sabemos que no. En fin, habría oportunidad de
discutir los cambios concretos a través del debate de las enmiendas y de
los ajustes para que la ley tuviera la máxima concreción técnica
necesaria para un caso como este.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí
Jufresa.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Señorías, nuestro grupo va a apoyar la iniciativa de tomar
en consideración esta propuesta legislativa, aunque en el contenido
específico tenemos algunas discrepancias que se deberían solventar en el
trámite posterior. Voy a intentar justificar nuestra posición.

Aunque no exactamente con los mismos argumentos que figuran
en la parte expositiva de la proposición de ley y en las intervenciones
del senador proponente, entendemos que se está produciendo una situación
que requiere actuación legislativa; situación que seguramente no es
querida por nadie, que no ha sido provocada por nadie concretamente y que
era muy difícil prever hace veinte años, cuando se legisló, pero que
quizá sí tenía que haberse previsto ya hace unos meses, pero nadie quiso
asumirlo. Cuando digo nadie me refiero a que seguramente todos somos
culpables. Somos culpables los que formamos parte de las cámaras
legislativas, son culpables los que están gobernando diferentes
instituciones, también algunos que estamos gobernando ayuntamientos, y
también serán culpables en su grado, porque quizá han esperado al último
momento, los arrendatarios, los titulares de estos negocios. Es obvio que
en muchas ciudades medianas o grandes, en Cataluña también —tenemos
ejemplos en Barcelona, Girona, Tarragona, Reus, Tortosa, Lleida—,
donde hay un fuerte tejido comercial, hay negocios tradicionales que,
amparándose en un contrato de renta antigua, aunque esté actualizada, han
esperado y no han sabido reaccionar ante una situación que era
previsible. Y seguramente no han sabido reaccionar, como usted apuntaba,
senador, porque la situación de crisis, aunque pueda parecer una
paradoja, lo ha dificultado. Y digo que podría parecer una paradoja
porque la situación de crisis también ha hecho que los precios de los
alquileres están ahora sensiblemente más bajos que hace cuatro o cinco
años, pero también es verdad que la situación de los negocios también es
mucho peor.