8. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

8.1. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS DOSCIENTAS
TREINTA NIÑAS SECUESTRADAS EN NIGERIA.

(Núm. exp. 630/000018)

Autores: GPP, GPS, GPCIU, GPEPPC, GPV Y GPMX.

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10551

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los
señores Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; Manchado Lozano, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Fernández Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Se aprueba la moción con el siguiente resultado: presentes,
236; votos emitidos, 236; a favor, 145; en contra, 86; abstenciones,
5.

6. COMISIONES ESPECIALES

6.1. SOLICITUDES DE CREACIÓN

6.1.1. Comisión Especial para el seguimiento y la
evaluación de las políticas públicas relacionadas con la violencia de
género.

(Núm. exp. 650/000007)

Autores: MARCELINO IGLESIAS RICOU (GPS) Y VEINTICUATRO
SENADORES MÁS

10587

En turno a favor interviene la señora Flores Fernández, por
el Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Armisén
Pedrejón, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen las señoras Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);
Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; Flores Fernández, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Armisén Pedrejón, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para las senadoras García Carrasco y Jurado
Fernández de Córdoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
aunque solo la primera ha emitido voto telemático, favorable a la
solicitud de creación de creación de la comisión especial.

Se rechaza la solicitud de creación con el siguiente
resultado: presentes, 237 más 2 votos telemáticos, 239; votos emitidos,
237 más 1 voto telemático, 238; a favor, 91 más 1 telemático, 92; en
contra, 146.

7. ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

7.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

7.1.1. Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha.

Comisión: General de las Comunidades Autónomas

10599

(Núm. exp. 605/000002)

El señor Imbroda Ortiz, presidente de la comisión, presenta
el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto
número 1, del señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo
Parlamentario Mixto.

El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número
2, del señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor García-Page Sánchez defiende la propuesta de veto
número 3, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Cotillas
López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen los señores Mariscal
Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto; Montilla Aguilera, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y García-Page
Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora
Riolobos Regadera, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para las senadoras García Carrasco y Jurado
Fernández de Córdoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
aunque solo la primera ha emitido voto telemático, siendo negativo en las
tres propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 225 más 2 votos telemáticos, 227; votos emitidos,
220 más 1 voto telemático, 221; a favor, 64; en contra, 143 más 1 voto
telemático, 144; abstenciones, 13.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 226 más 1 voto telemático, 227; votos emitidos, 221
más 1 voto telemático, 222; a favor, 64; en contra, 143 más 1 voto
telemático, 144; abstenciones, 14.

Se rechaza la propuesta de veto número 3 con el siguiente
resultado: presentes, 226 más 2 votos telemáticos, 228; votos emitidos,
221 más 1 voto telemático, 222; a favor, 64; en contra, 143 más 1 voto
telemático, 144; abstenciones, 14.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la enmienda 5, del
señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario
Mixto.

El señor Zerolo Aguilar da por defendidas las enmiendas 1 a
4, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el señor
Quintero Castañeda y este senador.

El señor Saura Laporta defiende la enmienda 6, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Sánchez Camacho da por defendidas las enmiendas 7
a 10, del Grupo Parlamentario Socialista y expone diversos argumentos de
su grupo parlamentario para oponerse a esta propuesta de reforma.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Burgos
Beteta, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Saura Laporta,
por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora
Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; los señores García-Page Sánchez, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Cotillas López, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

8. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

8.1. Declaración institucional de apoyo a las doscientas
treinta niñas secuestradas en Nigeria.

(Núm. exp. 630/000018)

Autores: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX

10623

El señor presidente da lectura a la declaración
institucional, que se aprueba por asentimiento de la Cámara.

7. ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

7.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

7.1.1. Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha.

Comisión: General de las Comunidades Autónomas (Votación)

10624

(Núm. exp. 605/000002)

Se procede a votar

10624

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, la propuesta de reforma.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales la propuesta de
reforma.

Se levanta la sesión a las quince horas y cincuenta y cinco
minutos.

Página
10555

o incluso el de supuestos de suplantación de la identidad
de la persona fallecida. Por ello, la regulación propuesta también
tendría el reto de establecer algunos límites a la vigencia de cuentas y
perfiles, pudiendo preverse plazos durante los cuales, si no se registra
actividad alguna en los mismos, se procediera a la cancelación. Algunas
empresas prestadoras de servicios ya se autorregulan en este aspecto, y
lo están haciendo.

Estrictamente, el patrimonio digital comprendería libros,
música, películas o fotografías, y estos materiales proporcionados por un
proveedor deberían ser entregados los herederos, que podrían hacer uso
lícito de ellos; luego hablaré más extensamente del alcance del tema que
hoy nos ocupa. En ocasiones, los herederos se pueden encontrar con estos
materiales en dispositivos a los que acceden por el fallecimiento del
titular, pero en otras puede que solo sepan que fueron adquiridos y
tengan que requerir el acceso a ellos a la entidad a la que fueron
comprados por el causante. Se trata, repito, de cuestiones complejas, muy
técnicas, que muchas veces implicarán obligaciones también para sujetos
que puedan no encontrarse en nuestro país o que estén sometidos a
regulaciones diversas, coincidentes o no con la que se establezca en
nuestra futura normativa española, que será sin ninguna duda comunitaria,
de la Unión Europea y en el espacio europeo.

Como última cuestión, cabría decir que, para facilitar la
resolución de estas cuestiones, habría que insistir en que se incluyan
estos bienes en el caudal hereditario de los testamentos, así como las
previsiones oportunas sobre su destino.

Para el Grupo Parlamentario Popular es un tema de
actualidad, y así nos lo han hecho llegar colectivos que trabajan en esta
cuestión y en materia de herencias, así como abogados de familia y
sucesiones, y notarios. Es la transmisión mortis causa de los bienes y
derechos acumulados durante la vida pero en el mundo digital, en soporte
digital, y almacenados en dispositivos o servidores cuyo acceso está
protegido. Estos bienes digitales pueden ser de muy variada naturaleza,
lo comentaba ayer con algunos compañeros a quienes les preocupó y les
inspiró curiosidad el contenido de la moción, puesto que puede influir y
tener valor a la hora de tomar la decisión de quién se queda con el
patrimonio digital que un ciudadano haya acumulado durante toda su vida.
Por ejemplo, documentos, vídeos, imágenes de carácter personal o
profesional guardados en PC, tablets, dispositivos móviles; documentos,
vídeos, imágenes de carácter personal o profesional almacenados en
servidores de terceros o en la nube; vídeos almacenados en plataformas de
contenidos; música comprada pero almacenada en servicios como iTunes o
Spotify; mensajes de correo electrónico en sistemas POP3 o WebMail,
Yahoo, Gmail, Hotmail, SMS y mensajería instantánea; información
compartida en redes sociales, Facebook y Tuenti, o en redes
profesionales, como Linkedln; posts colgados en plataformas de blogging,
microblogging, apuestas on line; la actividad bancaria on line, todo en
red, sin contacto físico con ninguna entidad o persona y no residente en
nuestro país, y dinero acumulado en servicios de pago electrónico
—apuestas, etcétera—. Estamos hablando de unos bienes
patrimoniales digitales que pueden alcanzar un valor elevado. Las formas
de acceso a dichos contenidos incluyen sistemas de autenticación, como
contraseña o firma electrónica. En principio, estas herramientas son de
uso personal e intransferible, pero la necesidad o el derecho de acceder
a la información protegida tras la muerte de una persona pueden obligar a
que las utilicen terceras personas. Por eso el Grupo Parlamentario
Popular y el Gobierno entienden que deben realizarse modificaciones en
nuestra legislación sucesoria.

¿Por qué?: este es el motivo básico sobre el que pivota
nuestra moción. Existe sin duda un vacío legal en lo relativo a la
herencia digital, no existe una legislación sucesoria específica para
resolver el legado de los bienes digitales, y la falta de adaptación de
nuestra legislación podría colapsar la justicia y generar conflictos con
asuntos legales digitales en los próximos cinco o diez años. Repito:
partiendo de lo novedoso y complejo de este tema y de la dificultad para
resolverlo, habría que matizar algunos aspectos. El Código Civil, cuando
regula la sucesión de las personas, establece en su artículo 659 que la
herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una
persona que no se extinguen por su muerte. Insisto en que estamos
hablando de una cuestión compleja: no es posible hablar de vacancia de
bienes a la muerte de una persona cuando hablamos de los bienes
digitales: o bien le sucederá el heredero testamentario, o bien lo hará
el legatario designado; a falta de ellos, los herederos intestados, y, a
falta de todos ellos, el Estado, o, en su caso, las comunidades autónomas
con derecho sucesorio reconocido.

Es cierto que, derivada de la revolución digital que
estamos viviendo en este siglo XXI, existe una ampliación de la esfera de
bienes y derechos de las relaciones jurídicas que una persona entabla con
medios electrónicos, que pueden quedar sin sucesor formal designado. Los
herederos no lo conocen o tienen serias dificultades para conocer a qué
legado digital tienen derecho; un legado que alcanzar un montante más
elevado que los bienes físicos o patrimoniales al uso, como inmuebles o
una simple cuenta corriente en un banco o caja de ahorros. Para que esto
no suceda, las medidas que se adopten deberían establecer, sobre todo,
mecanismos de seguridad jurídica preventiva, estableciendo un sistema de
información y registro de destinatarios de servicios de la sociedad de la
información para poder identificar usuarios y prestadores. Habría que
valorar muy detenidamente las repercusiones que esto podría tener en el
comercio electrónico, por ejemplo, o en las obligaciones de los
proveedores de servicios de la sociedad de la información, puesto que
podría crear una carga anticompetitiva frente a otros proveedores
extranjeros no obligados a proporcionar esta información por no estar
bajo la influencia de la legislación española o comunitaria.

La ocasión es propicia para actualizar la regulación
sucesoria del Código Civil, sobre todo en materia de testamentos, así
como para reconocer, con las debidas cautelas, la validez de la firma
electrónica y, en general, de todos los nuevos soportes documentales
amparados en las nuevas tecnologías. También hay que tener en cuenta
—por eso el estudio tiene que abarcar diversos extremos— que
la regulación de esta materia no es un tema doméstico, aunque resuelva
temas familiares muy íntimos. Debe tenerse en cuenta que muchas de las
empresas que operan en este mundo directa o indirectamente con lo que
genera esa herencia digital, esos bienes digitales, ofrecen servicios de
todo tipo y no tienen su sede en España, ni siquiera en la Unión Europea,
lo que requiere un cuidadoso trato en cualquier reforma legislativa que
planteemos. De ahí la necesidad de un informe valorado por expertos en el
que se plasme una acción clara, concreta, del Gobierno, que puede afectar
a diversos ministerios. Aquí hemos hablado de cuestiones que competen al
Ministerio de Justicia, al Ministerio de Industria, al Ministerio de
Cultura —por la propiedad intelectual, por ejemplo—, y,
también, cómo no, al Ministerio de Hacienda. Es un reto jurídico de los
muchos que están planteando las nuevas tecnologías. Aquí podríamos estar
hablando de muchas cuestiones, y no solo de sucesiones, herencia y legado
de ese patrimonio digital. Estamos hablando de que las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación, internet y las redes sociales,
plantean unos retos jurídicos novedosos. Pero hoy esto lo enfocamos desde
un nuevo punto de vista, que es el de la muerte de una persona, lo que
implica un novedoso concepto: el de la herencia digital. Podríamos hacer
un amplio abanico, pero aquí lo estamos centrando en estas cuestiones,
que no son pocas, y estamos hablando de los derechos de sucesión
—Derecho Civil español—, así como de los bienes, derechos y
obligaciones de una persona que no se extinguen por su muerte,
diferenciando la sociedad analógica, lo tangible, de la que ahora, en el
siglo XXI, emerge, creando el patrimonio digital. Estamos hablando de
cuestiones sensibles, de cómo debe gestionarse ese patrimonio digital, de
cómo debe aconsejarse legalmente a las personas; no tanto a las más
jóvenes, como a las que son inmigrantes digitales, muchas de las cuales
se plantean ya el problema de su testamento. Por mi parte, creo que han
de establecerse los instrumentos y la normativa adecuadas para orientar y
para informar.

¿Qué es lo que se pretende? Tener un marco jurídico, unas
normas básicas, unos consejos, una orientación en relación con colegios
de abogados, notarios, registradores, Ministerio de Justicia y otros
ministerios implicados, para que se tomen precauciones y se eviten
problemas. Sobre todo, son necesarias unas recomendaciones claras y una
legislación que hable de la cuestión, porque hay un vacío legal; una
legislación que dé solución a todas aquellas cuestiones que plantean las
herencias digitales, el patrimonio: cómo hacer un testamento, qué hacer
con los asuntos resueltos on line por un ciudadano o la propiedad
intelectual del patrimonio acumulado.

A lo largo de este año, 2014, la Unión Europea abordará
estas cuestiones, y el Gobierno de España deberá valorarlas de forma
acompasada. De ahí que propongamos que se haga un estudio que nos permita
disponer cuanto antes de un marco normativo que cubra los vacíos legales
y facilite soluciones, formación, información, claridad y transparencia,
de modo que los ciudadanos que se planteen qué hacer con su herencia
digital puedan tener las cosas más claras. Por eso les pido el apoyo a la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Gil.

El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días. Hace pocas semanas tramitamos en
esta Cámara la Ley general de telecomunicaciones y desde el Grupo
Parlamentario Socialista en el Senado propusimos regular de manera
específica lo que se ha venido en llamar nuevos derechos en internet;
concretamente lo hicimos mediante la presentación de una disposición
final nueva.

Planteábamos entonces, con motivo del debate de esta ley y
de la defensa de nuestra enmienda, la necesidad de que el Gobierno
presentara a las Cortes un proyecto de ley de reforma integral de la Ley
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
que incorporase las modificaciones derivadas de la normativa europea en
materia de derechos de los usuarios y prestación de los servicios en
internet. Además, en dicho debate planteamos que se incorporaran
cuestiones muy sensibles, como la protección a la intimidad de colectivos
en riesgo, en especial en los casos de violencia de género, aunque
también determinadas cuestiones que hacen referencia a un tema muy de
actualidad como es el derecho al olvido.

El Grupo Parlamentario Popular rechazó entonces esta
enmienda, por eso cuando vi la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Popular sobre la materia me alegré, porque pensé que, a
pesar del rechazo, algún poso les había dejado la propuesta realizada por
el Grupo Parlamentario Socialista. Tan solo tres semanas después nos dan
la razón, o al menos en parte, ya que traen a esta Cámara esta moción que
viene a rectificar en parte aquel rechazo. Sin embargo, el Grupo
Parlamentario Socialista considera que lo hacen de manera poco concreta,
es verdad. En este tema complejo y amplio creo que debemos encauzar los
trabajos legislativos que parece que quiere emprender el Gobierno.

Por lo tanto, la enmienda que hoy presentamos a esta moción
recoge de buen grado el guante que lanza el Grupo Parlamentario Popular
pero a su vez encuadra, matiza y especifica el campo de acción de dicho
proceso de estudio al que queremos instar al Gobierno. Y digo que nuestra
enmienda lo encuadra porque establece un marco de colaboración y
coordinación con las distintas comunidades autónomas y a la vez su
integración en el marco regulatorio de la Unión Europea, y a ser posible
también en leyes, marcos y recomendaciones de un ámbito superior
regulatorio a nivel mundial. Señorías, los contenidos de internet, como
ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, son de índole
global, así como su gestión y su conservación o, en su caso, su borrado.
Los servidores y las empresas que contienen nuestras fotos, nuestros
vídeos, todo ese patrimonio digital no están necesariamente en nuestro
país, en España, sino que se pueden encontrar en Estados Unidos o en
Asia, por ejemplo.

Pero nuestra enmienda también lo matiza, y lo hace al
instar al Gobierno a abordar este asunto con la implicación de los
sectores afectados: asociaciones, empresas y particulares, y con el
suficiente consenso social y político previo. Desde luego, si existe un
ámbito en el que la sociedad va muy por delante del legislador es este,
el sector tecnológico y de la sociedad de la información. Por lo tanto,
entendemos que algo tendrán que decir.

Por último, nuestra enmienda especifica que el desarrollo
legislativo de esta cuestión se ha de ver reflejado también —y no
solo— en la Ley de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico. En esta ley se deberían establecer e incluir los
nuevos derechos digitales de los ciudadanos, como el de la herencia
digital, incorporando algo muy importante para mi grupo en este caso: la
preservación del derecho a la intimidad siempre, salvo voluntad expresa
de la persona que fallece. La privacidad de las personas, nuestra
correspondencia digital, nuestros e-mails no son un derecho transferible.
Este se va con nosotros salvo que expresemos de manera clara la voluntad
de hacer lo contrario.

Por tanto, señorías, estamos refiriéndonos a derechos que
ya están consolidados en nuestro ordenamiento jurídico pero que, con la
llegada de la sociedad de la información, se encuentran ahora mismo en
muchos casos en un limbo legal o en el ámbito analógico que, entre todos,
tenemos que intentar corregir o actualizar. Por ello, planteamos esta
enmienda de sustitución que acota y define algo muy extenso, aspectos que
perfectamente son asumibles tanto por el Gobierno como por la totalidad
de los grupos en esta Cámara. Por ello, pedimos el apoyo a la enmienda de
sustitución que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.

Nada más. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gil.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el
senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, president.

Bon dia a tothom, senadors i senadores. Jo vull felicitar
sense cap mena de recança al Grup del Partit Popular per haver portat
aquesta qüestió a aquesta cambra i per plantejar-la obertament.
Efectivament, és un tema d’actualitat, d’estricta necessitat,
en el qual hauríem d’intentar no anar molt per darrera de la
societat; no arribar tard, tampoc, en aquestes qüestions. I per això no
tinc cap problema, insisteixo, en felicitar el Grup Popular per portar
aquest tema, però crec que la intervenció del senador Chiquillo ha
demostrat que la importància d’aquesta qüestió queda absolutament
desproporcionada amb el text de la seva moció. Aquest és un tema profund,
complex, que afecta a qüestions molt noves en l’imaginari de les
nostres societats però que vostè, en la moció, circumscriu exclusivament
al tema dels béns i el seu llegat després de la mort.

A nosaltres ens sembla que aquest plantejament és
insuficient i és curt en termes de compromís; demana al Govern simplement
un estudi en profunditat no se sap per quan ni fins quan, i curt en
termes d’ambició, com a mínim al costat dels temes com la idea de
patrimoni digital que vostè ha posat damunt de la taula —que
nosaltres compartim i vostè també ha desenvolupat—, com a mínim al
costat dels temes de l’herència dels béns que comporta tota
l’altra qüestió de la identitat digital i de la memòria digital que
ara també esmentava el senador Gil.

Per tant, la nostra esmena el que proposa és anar una mica
més enllà, reforçar una mica, davant d’un tema tan important i tan
urgent, el compromís; és a dir, demanar al Govern que faci propostes de
reforma legislativa, no només que estudiï la situació sinó que faci
propostes de reforma legislativa i anar més enllà del tema del llegat
dels béns digitals per ampliar-ho a tota la qüestió de la memòria i la
identitat digital. Crec que és raonable i proporcional, precisament amb
la defensa que vostè ha fet de la moció, i espero que accepti la nostra
esmena per poder-li recolzar la seva iniciativa.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Buenos días a todo el mundo, senadoras y senadores. Quiero
felicitar al Partido Popular por haber traído esta moción a esta Cámara.
Efectivamente, es un tema de actualidad, de estricta necesidad, por lo
que deberíamos intentar no ir muy por detrás de la sociedad. De todos
modos, aunque he felicitado al Partido Popular por traer este tema y
considero que la intervención del senador Chiquillo ha demostrado la
importancia que tiene, esta ha quedado absolutamente rebajada con el
texto de su moción. Este es un asunto profundo, complejo, que afecta a
cuestiones muy nuevas en el imaginario de nuestras sociedades, pero que
usted circunscribe exclusivamente a los bienes y a su legado después de
la muerte.

Nos parece que este planteamiento es insuficiente y se
queda corto en términos de compromiso; pedir al Gobierno simplemente que
estudie en profundidad no se sabe para cuándo ni hasta cuándo nos parece
insuficiente, y de corto alcance, en términos de ambición, como mínimo,
al lado del resto de los temas. Nosotros compartimos la idea de
patrimonio digital que usted ha puesto encima de la mesa, al menos en
cuanto a la herencia de los bienes, lo que conlleva otra cuestión sobre
la identidad y la memoria digital, que también mencionaba el senador
Gil.

Por tanto, nuestra enmienda propone ir un poco más allá.
Ante un asunto tan importante y tan urgente, pedimos que se refuerce el
compromiso, que el Gobierno no solo estudie la situación sino que elabore
propuestas de reforma legislativa y que se vaya más allá de aspectos
relacionados con el legado de los bienes digitales para ampliarlo a la
memoria y a la identidad digital. Creo que es razonable y proporcional,
precisamente por la defensa que usted ha hecho de la moción, y espero que
acepten nuestra enmienda para que podamos apoyar su iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí
Jufresa.

Tiene la palabra el senador Chiquillo, para indicar si
acepta o no las enmiendas.

El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer el tono y, sobre todo, la
propuesta que recogen las dos enmiendas, tanto la del Grupo Parlamentario
Socialista como la del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya. Lamento profundamente no poder aceptarlas. Voy a ver si soy
capaz de explicar por qué no las aceptamos, puesto que, siendo un tema
complejo y muy amplio, la propuesta del Grupo Parlamentario Popular se
ciñe al aspecto sucesorio, al vacío legal que existe en nuestro
ordenamiento jurídico sobre las sucesiones y herencias. Podríamos hablar
de lo que ustedes han planteado, que no es tan directo; pero la
responsabilidad del Gobierno de España llega adonde llega, y tiene que
aceptar otros criterios y otros mandatos. El derecho sucesorio en España,
y en las comunidades autónomas que tienen derecho civil propio, tiene
unas peculiaridades, que es lo que queremos abordar con el tema
sucesorio.

Lo que propone la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista no tiene un objeto claro, entendemos; o, al menos, no tan
claro como la moción que nosotros presentamos, ya que propugna la
elaboración de un desarrollo legislativo propio para regular los nuevos
derechos digitales de los ciudadanos —algo complicado de hacer de
una manera general, tal como se dice en el extenso texto de la
enmienda—, entre los que solo destaca los relativos a la herencia
digital, la intimidad personal y familiar, y no concreta qué leyes hay
que elaborar o modificar, salvo la Ley de los servicios de la sociedad de
la información. Entendemos que esa falta de claridad deriva en la
reutilización —que ha sido la justificación del Grupo
Socialista— de las enmiendas presentadas en el trámite del proyecto
de ley general de telecomunicaciones: las enmiendas 465 del Congreso y
142, del Senado, que tenían un objeto más ambicioso, no lo dudo, pero que
no incluían ni citaban la regulación del legado digital. En todo el texto
de esas enmiendas no se habla del legado digital. Sí se aludía a la
protección de la intimidad de los colectivos vulnerables, a que la
aplicación de la ley española fuera más beneficiosa para los usuarios, al
consumo a través de la red, al emprendimiento, a cuestiones relacionadas
con la economía en internet, etcétera. No sabemos en qué nuevos derechos
digitales está pensando el Grupo Parlamentario Socialista con esa
enmienda, por lo que el alcance del mandato al Gobierno es, cuando menos,
incierto. Ya justificamos por qué rechazamos en el Senado esa enmienda a
la Ley general de telecomunicaciones. Nosotros entendemos que la herencia
o el legado digital podrían regularse en el Código Civil, con las demás
disposiciones sucesorias, o bien desarrollarse en un instrumento
específico. Hasta que no se aborde su regulación no podrá determinarse si
la Ley de servicios de la sociedad de la información proporciona un
soporte adecuado para esta cuestión. Si la regulación fuera muy extensa,
esa ley no sería suficiente ni adecuada.

La enmienda del Grupo de la Entesa es mucho más sintética y
clara que la anterior y podría ser intercambiable con la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Popular si, en primer lugar,
suprimiera la relación, inadecuada a nuestro juicio, que establece entre
la memoria digital y el derecho al olvido. Tan lejos como ayer, hubo una
resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que empieza a
aclarar el derecho al olvido. Ahora tiene que haber una resolución de la
Audiencia Nacional y de los órganos comunitarios para desarrollarlo. Y
tan lejos como el lunes, día 12, los ministros de la Unión hablaron
—y mucho— de internet: de que todos los derechos humanos on
line deben estar también protegidos on line; de que no se pueden permitir
restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de
comunicación; de que los países, en un marco normativo europeo, deben
asegurar unos sistemas legislativos que se adecuen a unas directrices y a
unas garantías eficaces y efectivas de estos derechos. También proponían
—el lunes, anteayer— que se promuevan las modificaciones
legales, con las directrices europeas, para fortalecer la protección de
datos y la privacidad.

Estamos hablando de cuestiones que el Gobierno de España no
puede abordar en solitario —muchas de ellas, estas sucesorias,
sí—. Muchas de las cuestiones planteadas por los dos grupos son
difíciles de llevar a cabo, porque, como decía antes, durante 2014 se va
a aprobar una directiva y al menos dos reglamentos sobre privacidad,
intimidad y derecho al olvido. Sería inútil meter prisa al Gobierno de
España para que apruebe un ordenamiento jurídico en tres meses, cuando en
el mes de noviembre podría publicarse una directiva o dos reglamentos
sobre esa materia, de automática aplicación en España y en la legislación
española, y por ir con prisas, podría haber cuestiones no abordadas o que
no estuvieran en sintonía con la armonización que pretende la Unión
Europea. Insisto: es una materia muy compleja y, a la vez, muy
sensible.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El senador CHIQUILLO BARBER: Lamento no aceptar las
enmiendas, pero aquí empieza un camino: el de este estudio, para trabajar
juntos. Espero que nos encontremos para dar solución a las cuestiones que
nos demandan los ciudadanos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.

¿Turno en contra? (Denegaciones.)

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Asentimiento.)

Senadora Martínez, tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

El tema que están planteando y que ha traído a colación el
Grupo Parlamentario Popular con esta moción es una materia apasionante y
de plena actualidad. La verdad es que me debato entre apoyar la moción o
abstenerme, y no lo tengo muy claro; seguramente hasta que termine la
intervención no lo voy a decidir. Estoy de acuerdo con el señor Chiquillo
en que es evidente que las herencias digitales suponen un problema al que
tenemos que dar solución, porque es nuestra responsabilidad como
legisladores, y también estoy de acuerdo en que es un problema urgente;
urgente porque es cierto que los llamados patrimonios digitales existen y
no está muy claro jurídicamente qué solución se les puede dar. Pero, por
otro lado, tampoco puedo dejar de estar de acuerdo con las enmiendas que
han presentado tanto la Entesa como el Grupo Socialista, porque,
sinceramente, señor Chiquillo, difícilmente va a poder usted abordar el
problema de las herencias digitales sin hacer una reflexión mucho más
amplia y mucho más profunda sobre las modificaciones que las nuevas
tecnologías están introduciendo en derechos y en conceptos básicos como,
por ejemplo, el derecho de la propiedad.

¿Qué es propiedad? Examinando estos últimos días alguna
documentación para intervenir en esta moción, di con un artículo que se
titula: «La herencia y la transmisión mortis causa del patrimonio
digital», en la que el propio autor viene a decir que, según el artículo
659 de nuestro Código Civil, la herencia comprende todos los bienes,
derechos y obligaciones de una persona que no se extingan con su muerte y
que, además, vienen sancionados por la Constitución, que en su artículo
133 reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, aunque en
el punto 2 hace algunas salvedades respecto de la función social de estos
derechos. Dice también este autor —y cito textualmente—:
«Tanto en uno como en otro caso las limitaciones son evidentes y estas no
están exentas de controversia jurídica. Por una parte, porque aunque el
artículo 659 hace alusión a los derechos personalísimos que se extinguen
con el deceso —por ejemplo, la personalidad civil se extingue con
la muerte de las personas—, bien es cierto que sin embargo algunos
de esos derechos o sus extensiones quedan latentes y vivas, pensemos en
los aspectos relativos al patrimonio digital del causante en relación con
los derechos de protección de datos personales, de protección de la
propiedad intelectual o incluso en todo aquello que pudiese conectarse
con los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen».
Eso es lo que concretamente decía en este caso el senador Gil. Es decir,
por mucho que sea cierto que la herencia digital constituye un problema
concreto, lo que no podemos hacer es abordar ese problema concreto sin
hacer referencia al fondo de la cuestión; y el fondo de la cuestión no es
otro que las nuevas tecnologías han entrado en nuestras vidas, han
entrado para quedarse y han entrado para desarrollarse, y eso lo que está
suponiendo es que se esté modificando el equilibrio entre derechos que
asisten a las personas: el derecho a la libertad de expresión, el derecho
a la intimidad, el derecho a la libertad de información, el derecho de
propiedad intelectual o el derecho al olvido, porque también es cierto
que las nuevas tecnologías están creando nuevos derechos o nuevas formas
de entender derechos tradicionales, lo que se llaman los derechos de los
internautas. Hoy, concretamente, todos hemos podido ver en las noticias
la última sentencia de Estrasburgo referida al derecho al olvido. Esta es
precisamente una sentencia en la que los jueces han pretendido adaptar a
este entorno digital dos de esos derechos; y sin duda son más las
sentencias que van a venir para adecuar la legislación; una legislación
que no contempla para

nada, salvo contadas excepciones —hay algunos casos
en el Reino Unido y en algunos Estados americanos—, la dimensión
digital de la realidad. Por lo tanto, tengo mis dudas.

Es cierto que la moción no es oportuna, pero también lo es
que sería mucho más completa y estaría mejor planteada si se hubiese
incorporado la enmienda de la Entesa, porque cualquier trabajo que vaya a
hacer su grupo parlamentario, una ponencia que podamos crear, incluso el
Gobierno va a tener que enfrentarse realmente a estas cuestiones que son
básicas. Por ejemplo, el concepto de propiedad, ¿las propiedades
digitales existen o no existen? ¿Estamos hablando de propiedad digital o
estamos hablando de licencias digitales? ¿Yo tengo un patrimonio digital
real o lo que tengo es un repositorio digital de licencias y de
cuestiones que ni siquiera se sabe muy bien de quiénes son? Por ejemplo,
en el caso de los libros electrónicos, que yo puedo comprar a través de
las aplicaciones o a través del comercio on line —la mayoría de los
grandes editores tienen hoy en día a disposición de los usuarios la
posibilidad de hacer compras, no ya de libros que nos manden a casa, sino
de libros digitales, los famosos ebook—, ¿qué estoy comprando, un
libro o una licencia para acceder a un archivo digital? No está nada
claro, no está en absoluto claro; ni lo tengo claro yo ni lo tienen claro
los jueces. En cuanto a las fotos que yo albergo en la red, está claro
que la propiedad intelectual es mía porque son fotografías que he hecho
yo. Pero en el momento en que cuelgo y comparto esas fotos en una red
social o las albergo en el servidor de una red social, como Facebook,
¿hasta dónde queda salvaguardado, no ya mi derecho a la intimidad, sino
hasta qué punto realmente la propiedad de esas fotos sigue siendo mía o
es compartida con esa red social? No olvidemos que cuando accedemos a
redes sociales o a plataformas on line firmamos un contrato de licencia.
Y muchas veces firmamos un contrato que incluso puede aparecer en inglés
y en el que admitimos sin más «yo acepto» por agilizar los trámites. Es
decir, aunque yo tenga un albacea digital y aunque realmente quiera
transmitir a mis hijos o a mis herederos lo que considero que es mi
patrimonio digital, siempre va a estar sujeto a la interpretación que
pueda hacer una red social, un servidor, la nube en la que tenga
albergados esos contenidos o bien la que pueda hacer un juez en función
de las condiciones de licencia de uso que yo firmase en su día.

Está claro que hay que poner orden, hay que establecer
exactamente cómo quedan los derechos fundamentales que he mencionado,
tocados, trastocados, transformados o como se puedan redefinir en función
de la nueva realidad digital que estamos planteando.

Quizás sea en el tema de la herencia digital donde más
claro tengo que efectivamente las legislaciones que elaboren las
autoridades competentes, sea a nivel de Estado o sea a nivel de
comunidades autónomas, puedan tener algún sentido, porque es cierto que
en la mayoría de las veces, por ejemplo, en derecho foral, ya están
planteadas este tipo de cuestiones. Pero respecto del trasfondo de lo que
supone realmente para la conculcación o no de los derechos personales que
todos conocemos, la irrupción de las nuevas tecnologías y lo cambiante de
esta realidad, entiendo que sería mucho más eficiente un análisis a nivel
europeo, porque nos estamos enfrentando a problemas globales; es decir,
el trastoque del derecho de la propiedad es tan global que entiendo que
la reflexión se tiene que hacer a nivel europeo y no mediante una
legislación de corto alcance, territorial, porque —insisto—
son cuestiones que se están planteando de forma global y afectan a todos
los ciudadanos y países por igual. No podemos permitir que el contenido y
el alcance de estos derechos estén sujetos a la interpretación subjetiva
que se pueda hacer en un determinado momento de las condiciones de uso de
los entornos digitales.

En ese sentido, tener una legislación común, que no deje
nuestros derechos en manos exclusivamente de la interpretación comercial
que en su momento puedan haber hecho determinadas plataformas, entiendo
que es una cuestión urgente, si bien debemos tratarla con tranquilidad,
sin plantear los entornos digitales como si se trataran de una amenaza,
sino simplemente como una oportunidad y una realidad cambiante. Y desde
esta reflexión serena, desde esta reflexión en la que entiendo que han de
tomar parte muchos actores, desde múltiples ámbitos legales, jurídicos,
de plataformas, de empresas y de los propios internautas, no estaría de
más que se replantease la posibilidad de ampliar el marco de reflexión y
el marco de debate, no solamente sobre la cuestión de las herencias
digitales, que es cierto que es un gran problema, sino también sobre la
cuestión fundamental que subyace, que es la transformación social a nivel
económico, jurídico, político y de derechos que estamos viviendo debido a
la irrupción de las nuevas tecnologías.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies de nou, president.

Senyories, a aquestes alçades crec que sabem que el més
rellevant d’internet no és que sigui immaterial. No en va,
l’essència de l’humà és immaterial. Des de fa segles la
filosofia, la ciència i l’art han creat un espai del simbòlic on
neixen i creixen les idees que després regeixen el nostre món i que ens
indiquen com vivim i cap a on volem portar el nostre món. Tampoc el que
és rellevant d’internet és la seva potència tecnològica per
emmagatzemar i distribuir informació i generar una comunicació gairebé
instantània. Aquesta és, sense dubte, una revolució, però és una
revolució que té a veure segurament més amb qüestions quantitatives que
no qualitatives, i la història de la humanitat n’ha viscut algunes
altres: la impremta, la fotografia, la ràdio, la televisió, el cinema,
segurament configuren canvis estructurals tant o més profunds en aquest
entorn més tecnològic de la informació i la comunicació. Allò que és
rellevant d’internet, s’ha dit aquí i suposo que tots ho
compartim, senyories, és que s’ha convertit en una autèntica
extensió del món real. No és un espai imaginari, no és un espai on es
generen continguts que després s’aplicaran en el món real, sinó que
és ja un espai pròpiament d’aquest món real; un espai on es viu amb
tota la complexitat i l’extensió d’aquesta paraula.

A internet es generen identitats, es generen vincles
econòmics, vincles socials, es fa política i, efectivament, neixen i
sorgeixen nous béns; i per això, allò que vostè subratlla, és altament
significatiu. La mort, que segurament és la part més clara, nítida i
definitòria de la vida real, també existeix i també impacta i té a veure
amb el món d’internet. Les idees i les representacions es veuen en
la seva aplicació i, per tant, es transformen i es concreten en un entorn
de drets i d’obligacions i, per això, té tot el sentit que el dret,
és a dir, la màxima expressió de la llei i de la legislació, també entri
en el món d’internet, perquè precisament forma part i és ja una
extensió de la vida real. I per això és urgent l’actualització i
l’adequació de les lleis i del dret a allò que representa i
significa el món d’internet.

Vostè ha fet referència a una qüestió encara més central
que el tema de la mort, que és el tema dels drets humans. No podem
entendre internet com un espai fora dels drets humans perquè, repeteixo,
internet és el món mateix, és una extensió del món mateix i no podem
concebre que no hi regeixin els drets humans, com no podem concebre
—com senyala la seva proposició— que els temes de la mort no
estiguin resolts i ben tractats. Ara bé, com li he dit abans, senador
Chiquillo, els temes de la mort relacionats amb el patrimoni que es pugui
generar en aquest món digital ens sembla, modestament, que va més enllà
de l’estricta qüestió en què vostè acaba sintetitzant la proposta,
que són els béns concrets, els béns homologables als béns materials que
coneixem normalment. A través dels comptes que generen les xarxes socials
i els continguts dels arxius digitals neixen tot un seguit de qüestions
diferenciades que tenen a veure amb la identitat i la memòria digital,
que em sembla que són d’una naturalesa molt similar al que vostè
planteja i que té tot el sentit incorporar-ho. És més, crec que
s’enriqueixen mútuament, i subscric moltes de les paraules que deia
la senadora Martínez: enriqueix mútuament una qüestió i
l’altra.

L’entorn legislatiu en què haurem de treballar per
una qüestió o l’altra serà molt similar: dret civil, protecció de
dades, propietat intel·lectual, propietat industrial, etcètera. Vostè
també ho ha citat. Per tant, senador Chiquillo, insisteixo, no entenc per
què no accepta la nostra esmena; no entenc per què posa tant el fre de mà
a l’hora d’abordar aquesta qüestió. Vostè diu que val més ser
limitat i no tenir presa. Si és que la nostra esmena no diu res de
terminis! Aquí no estem parlant de terminis, aquí estem parlant de
compromís, de voluntat real d’abordar aquesta qüestió i que el
Govern es comprometi amb reformes legislatives, no només amb estudiar, no
només amb plantejar el tema, sinó amb efectivament abordar propostes
concretes de transformació legislativa. I després un tema
d’ambició, un tema d’anar una mica més enllà, de no voler-se
cenyir estrictament a allò que per analogia —valgui la
metàfora— ens prové en el món del patrimoni i de les herències
estrictament d’allò que fins ara entenem com llegats després de la
mort.

Insisteixo, crec que és perfectament abordable aquesta
qüestió, que és no només desitjable sinó molt necessari abordar aquesta
qüestió amb una amplitud de mires que vostè no planteja en el text
concret de la moció. El nostre grup parlamentari, lamentant-ho molt, si
vostè es manté en no

acceptar l’esmena, no podrem recolzar-li. Òbviament
estem d’acord, com he dit abans, que aquest sigui un tema a debat
i, per tant, votar en contra no tindria cap sentit, però tampoc ens
sembla que seríem coherents amb els nostres plantejaments i amb allò que
la societat demana si li recolzéssim aquesta proposició
—perdoni’m l’expressió— una mica xata i mancada
d’ambició, que no està a l’alçada dels reptes, de la
profunditat dels reptes, que aquest món virtual ens general.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias de nuevo, señor presidente.

Señorías, a estas alturas creo que sabemos que lo relevante
de internet no es que sea inmaterial. No en vano, la esencia de lo humano
es que es inmaterial. Desde hace siglos la filosofía, la ciencia y el
arte han creado un espacio de lo simbólico, donde nacen y crecen las
ideas, ideas que después rigen nuestro mundo y nos indican cómo vivimos y
hacia dónde queremos llevar nuestro mundo. Tampoco lo más relevante de
internet es su potencia tecnológica para almacenar y distribuir
información y generar una comunicación casi instantánea. Esta es, sin
duda, una revolución, pero es una revolución que tiene que ver
seguramente más con cuestiones cuantitativas que cualitativas. La
historia de la humanidad ha vivido algunas otras: la imprenta, la
fotografía, la radio, la televisión, el cine, que configuran cambios
estructurales tanto o más profundos que este entorno más tecnológico de
la información y la comunicación. Lo relevante de internet, como aquí se
ha dicho y supongo que todos compartimos, señorías, es que se ha
convertido en una auténtica extensión del mundo real. No es un espacio
imaginario, no es un espacio donde se generan contenidos que después se
aplican al mundo real, sino que es ya un espacio propiamente de este
mundo real; un espacio donde se vive con toda la complejidad y la
extensión de esta palabra.

En internet se generan identidades, se generan vínculos
económicos, vínculos sociales, se hace política y, efectivamente, nacen y
surgen nuevos bienes; por ello, lo que usted subraya es altamente
significativo. La muerte, que seguramente es la parte más clara, más
nítida y definitoria de la vida real, también existe, también pacta y
tiene que ver con el mundo de internet. Las ideas y las representaciones
se ven en su aplicación y, por lo tanto, se transforman, se concretan en
un entorno de derechos y obligaciones, por lo que tiene todo el sentido
que el derecho, es decir, la máxima expresión de la ley y de la
legislación, también entre en el mundo de internet, porque precisamente
forma parte y es ya una extensión de la vida real. Es urgente, pues, la
actualización y la adecuación de las leyes y del derecho a lo que
representa y significa el mundo de internet.

Usted ha hecho referencia a una cuestión todavía más
central sobre la muerte: los derechos humanos. No podemos entender
internet como un espacio fuera de los derechos humanos porque, repito,
internet es el mundo mismo, es una extensión del mundo mismo, y no
podemos concebir que no rijan en él los derechos humanos, como no se
puede concebir —como señala su proposición— que los temas de
la muerte no estén resueltos y bien tratados. Ahora bien, como le he
dicho antes, senador Chiquillo, los temas de la muerte relacionados con
el patrimonio —el patrimonio que se pueda generar en este mundo
digital— nos parece, modestamente, que van más allá de la estricta
cuestión con la que usted acaba sintetizando la propuesta, que son los
bienes concretos, los bienes homologables a los bienes materiales que
conocemos normalmente. A través de las cuentas que generan las redes
sociales y los contenidos de los archivos digitales nacen una serie de
cuestiones diferenciadas que tienen que ver con la identidad y la memoria
digital, y me parece que son de una naturaleza muy similar a lo que usted
plantea y que tiene todo el sentido incorporarlo. Es más, creo que
enriquecen el documento. Suscribo muchas de las palabras que decía la
senadora Martínez: creo que una cuestión y otra se enriquecen
mutuamente.

El entorno legislativo en el que debemos trabajar en una
cuestión u otra es muy similar: derecho civil, protección de datos,
propiedad intelectual, propiedad industrial, etcétera. Usted también lo
ha citado. Por lo tanto, senador Chiquillo, insisto en que no entiendo
por qué no aceptan nuestra enmienda; no entiendo por qué ponen tanto el
freno de mano en el momento de abordar esta cuestión. Usted dice: es
mejor ser limitados y no tener prisa. ¡Si es que nuestra enmienda no dice
nada de plazos! Aquí no estamos hablando de plazos, estamos hablando de
compromiso, de voluntad real para acometer esta cuestión y de que el
Gobierno se comprometa no solo a plantear el estudio del tema, sino a
abordar propuestas concretas de reforma legislativa. Y después hay un
tema de ambición, de ir un poco más lejos y de no querer ceñirse
estrictamente a aquello que por

analogía —valga la metáfora— nos conviene en el
mundo del patrimonio, de las herencias, estrictamente en lo que ahora
entendemos como legado después de la muerte.

Insisto, creo que esta cuestión es perfectamente abordable,
y no sólo es deseable sino muy necesario tratarla con una amplitud de
miras que usted no plantea en el texto concreto de la moción. Por
consiguiente, lamentándolo mucho, si usted se mantiene en no aceptar esta
enmienda, mi grupo parlamentario no podrá darle apoyo. Obviamente estamos
de acuerdo, como he dicho antes, en que este es un tema que hay que
debatir y, por lo tanto, votar en contra no tendría sentido, pero tampoco
seríamos coherentes con nuestros planteamientos y con lo que la sociedad
pide si diéramos apoyo a esta proposición —perdónenme la
expresión— un poco falta de ambición y que no está a la altura y
profundidad de los retos que este mundo virtual nos genera.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí
Jufresa.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Moltes gràcies, senyor
president.

La presència cada cop més gran d’internet en la
nostra vida fa que ens plantegem com deixar als hereus fitxers digitals,
serveis online, claus d’accés, etcètera. De fet, el Col·legi
d’Advocats de Barcelona recentment ha recomanat la designació en el
testament d’un marmessor digital, però a dia d’avui aquesta
figura no està recollida en el nostre ordenament jurídic, amb tota la
problemàtica que això comporta.

En l’actualitat cada xarxa social, gestor de correu
electrònic o espai virtual tenen les seves pròpies normes de procediment
en el cas de defunció d’un dels seus usuaris. Fins i tot hi ha
serveis a la xarxa que faciliten el llegat digital guardant claus
d’accés i arxius digitals per als familiars. Però la qüestió és
molt més complexa que no aparenta. Només a tall d’exemple, quan
obrim un compte en una xarxa social o un compte de correu estem
subscrivint un contracte amb l’empresa responsable d’aquest
servei. Per tant, es pot entendre que aquests tipus de contractes són
personalíssims i, en conseqüència, difícilment hi tindria cabuda una
subrogació en el seu ús per part dels hereus. No podem oblidar la
confidencialitat que mereixen les persones que van intercanviar en el seu
dia missatges amb el difunt. Diferent és el cas dels drets d’ús
adquirits sobre obres subjectes a propietat intel·lectual de tercers.
Aquí podríem entendre que existeix un dret patrimonial de caràcter
personal, que no personalíssim, i per tant res no impedeix que es puguin
heretar les còpies digitals. És evident, per tant, que es requereix un
estudi molt més en profunditat de la qüestió.

Compartim la necessitat de consultar els experts, compartim
el criteri que és una qüestió inajornable. Estem d’acord amb la
moció del Grup Popular i, per tant, no hem presentat cap esmena a la
mateixa, tal i com està plantejada, ja que és ben cert que és necessari
un estudi molt més en profunditat i no creiem que una moció sigui
l’instrument per acotar una qüestió tan complexa com aquesta.
Entenem que si la moció la proposa el Grup Popular és perquè el Govern té
intenció de regular-ho. Per tant, tampoc no entenem que sigui necessari
acotar via una esmena un temps màxim per dur a terme aquesta regulació.
En definitiva, sense més dilació, només confirmar el nostre vot favorable
a aquesta moció tal i com està plantejada pel Grup Popular.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

La presencia cada vez mayor de internet en nuestra vida
hace que nos planteemos cómo dejar a los herederos fichas digitales,
claves de acceso, etcétera. De hecho, el Colegio de Abogados de Barcelona
recientemente ha recomendado la designación en el testamento de un
albacea digital, pero hoy en día esta figura no está recogida en nuestro
ordenamiento jurídico, con toda la problemática que ello comporta.

En la actualidad cada red social, gestor de correo
electrónico o espacio virtual, tiene sus propias normas de procedimiento
en el caso de defunción de uno de sus usuarios. Incluso existen servicios
en la red que facilitan el legado digital guardando claves de acceso y
archivos digitales para los familiares. La cuestión es mucho más compleja
de lo que parece. Solo, a modo de ejemplo, cuando abrimos una cuenta de
correo en una red social estamos suscribiendo un contrato

con la empresa o responsable de este servicio. Por lo tanto
se puede entender que este tipo de contratos son personalísimos y, en
consecuencia, difícilmente tendría cabida una subrogación en su uso por
parte de los herederos. No podemos olvidar la confidencialidad que
merecen las personas que intercambiaron en su día mensajes con el
difunto. Es distinto el caso de los derechos de uso adquiridos sobre
obras sujetas a propiedad intelectual a terceros. Aquí podríamos entender
que existe un derecho patrimonial de carácter personal, que no
personalísimo, y por lo tanto nada impide que se puedan heredar las
copias digitales. Es evidente que es necesario un estudio a fondo de la
cuestión.

Compartimos la necesidad de consultar a los expertos,
compartimos el criterio de que es una cuestión inaplazable. Estamos de
acuerdo con la moción del Grupo Popular, por lo que no hemos planteado
ninguna enmienda. Consideramos necesario un estudio mucho más en
profundidad y no creemos que una moción sea el instrumento para acotar
una cuestión tan compleja como esta. Entendemos que si el Grupo Popular
ha propuesto la moción es porque el Gobierno tiene intención de regular.
Por lo tanto, tampoco entendemos que sea necesario acotar vía una
enmienda un tiempo máximo para llevar a cabo esta regulación. En
definitiva, sin más dilación solo me queda confirmar nuestro voto
favorable a esta moción tal y como está planteada por el Grupo
Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Parera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Gil García.

El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Es verdad que prácticamente sin darnos cuenta todos o casi
todos estamos acumulando un intenso patrimonio o archivo digital de
nuestra propia vida en la red. Esto está sucediendo, pero la cuestión es
qué ocurrirá con toda esa información cuando hayamos muerto. ¿Qué ha
ocurrido con aquellas personas que han fallecido sin dejar dicho a nadie
las claves de su ordenador o de acceso a la nube donde guarda, por
ejemplo, las intervenciones que hoy estamos haciendo aquí en esta Cámara?
¿Qué han hecho los compañeros de trabajo, por ejemplo, con todos los
documentos que esas personas tenían guardados en esa nube y con esas
claves? Así pues, debemos preguntarnos si la moción que hoy trae el Grupo
Popular da respuesta, tal y como viene planteada, a estos temas. Mi grupo
parlamentario opina que no, porque consideramos que es demasiado genérica
y claramente incompleta. Y, senador Chiquillo, entiendo perfectamente que
usted lamente no poder aceptar la enmienda que presenta el Grupo
Socialista, porque sé que usted sabe que lo que estamos planteando en
ella nos lo vamos a encontrar por el camino si realmente hay una voluntad
clara de hacer frente a este problema. Tiempo al tiempo, señoría.

La inquietud del Grupo Socialista era cómo dar forma a esta
moción para que fuera realmente útil y efectiva, y la respuesta es bien
simple: buscando la manera de que los ciudadanos tengan garantizado el
derecho a borrar o a conservar sus bienes digitales, y por supuesto con
todas las garantías jurídicas. Es verdad, en España no existe actualmente
una legislación sobre derecho sucesorio que aclare de forma específica la
cuestión del legado de los bienes digitales, por lo que en estos momentos
existe un vacío legal que comienza a plantear algunos problemas a
familiares, albaceas, notarios y abogados. La legislación actual sobre
herencias nos habla de bienes, derechos y obligaciones de una persona que
no se hayan extinguido con su muerte, por lo que podríamos deducir que
también debería incluir bienes y obras digitales. Aun así, cuando los
abogados, notarios y juristas se encuentran con un caso en el que una
persona desea legar sus bienes digitales, una de las opciones que están
planteando consiste en incluir epígrafes específicos para resolver la
gestión de este tipo de herencia con inventario exhaustivo de las
actividades y bienes digitales, como las redes sociales, las cuentas de
correo electrónico y los bienes digitales depositados en la nube o
comprados directamente. Además, en este capítulo deben figurar de forma
clara y explícita los deseos del difunto respecto a la cancelación o no
de sus cuentas o sobre lo que deben hacer sus herederos con ellas y en
general con todo su patrimonio digital acumulado.

Pero, ¿qué ocurre a la hora de llevar a la práctica la
gestión de ese legado digital? Creo que ahí está el meollo de la
cuestión; son los temas de fondo que planteaba la senadora Martínez.
¿Cuál es la realidad con la que se topan los gestores o los herederos de
estos bienes digitales? Porque la realidad nos dice que en algunos casos
distan bastante de poder ser disfrutados como

cualquier otro tipo de bienes terrenales —y creo que
este es el término que ha utilizado el senador Chiquillo—. En el
mundo digital nos encontramos con un limbo legal que permite a empresas
de internet o tiendas on line, como, por ejemplo, iTunes, establecer en
sus condiciones que los contenidos descargados a través de su plataforma
no puedan ser compartidos con terceros, aunque tengan relación directa de
parentesco. Llevamos menos de diez años haciendo compras de forma masiva
en internet, pero ya se puede dar el caso de que, por ejemplo, una gran
colección de música acumulada durante años pueda perderse con el
fallecimiento de su propietario, y por tanto, no pueda ser disfrutada por
la persona a quien se lo ha dejado.

Frente a esta situación de enorme indefinición, algunas
redes sociales y webs, como Facebook y Google, están implementando
diversas soluciones basadas en la autorregulación, sobre todo para poder
eliminar cuentas, correos electrónicos, fotos, etcétera, en caso de
fallecimiento, pero lógicamente esto no es suficiente, pues deja la
puerta abierta a la arbitrariedad, por lo que es necesario legislar al
respecto.

Como ya le decía en el turno de defensa de las enmiendas,
en el debate en esta Cámara de la Ley general de telecomunicaciones el
Grupo Socialista incluyó una enmienda que instaba al Gobierno a la
modificación integral de la Ley de servicios de la sociedad de la
información para abordar, senador Chiquillo, los nuevos derechos en
internet. Quizá deberíamos plantearnos si sería necesario elaborar una
carta de cuáles son esos nuevos derechos en internet con la
participación, no solo de los grupos parlamentarios, sino de los
usuarios, organizaciones y plataformas que velan por estos derechos. Le
recomiendo que haga un rastreo en Google y verá cómo hay varias
iniciativas en marcha sobre la necesidad de acometer este tema. Y por ahí
va nuestra enmienda.

Señorías, puede ser necesario legislar sobre este asunto,
pero nuestro grupo, en la primera parte de nuestra enmienda a la moción
del Grupo Parlamentario Popular, hace suyas, senador Chiquillo —y
por eso no entiendo el rechazo a esta moción—, las palabras que el
propio secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, don Víctor Calvo-Sotelo, en su comparecencia en la ponencia
sobre riesgos derivados del uso de la red por parte de los menores, hacía
el día 9 de mayo de 2013, y decía: »...en las partes normativas es muy
importante buscar el espacio de la Unión Europea como actor fundamental,
es decir, en la globalización, y más en el mundo virtual, donde la
imposición de barreras locales no ayuda a los ciudadanos ni a los
consumidores de los países».

La primera parte de nuestra enmienda prácticamente recoge
lo que venía a decir el secretario de Estado. Por lo tanto, no entiendo
que ni siquiera hayan intentado transaccionar esta primera parte porque
creo que hubiera mejorado notablemente la moción.

Efectivamente, el camino lo está marcando Europa, pero de
momento solo mediante la vía jurisprudencial con las sentencias del
Tribunal de la Unión Europea, como en el caso Oracle sobre la transmisión
de esas licencias, por ejemplo, en materia de libros electrónicos o la
que conocíamos ayer, la sentencia sobre el derecho al olvido.

En definitiva, señorías, nuestro ordenamiento jurídico
respecto a la gestión del legado de bienes digitales tiene formato, tiene
contenidos y espíritus analógicos, y esto conlleva un limbo legal que
redunda en la aparición de la arbitrariedad y, señorías, creo que
estaremos todos de acuerdo en esta Cámara con que la arbitrariedad es
contraria al derecho.

Legislemos, pues, pero teniendo en cuenta la trascendencia
de lo que tenemos entre manos. De ahí nuestra enmienda, que lamentamos
que sea rechazada porque consideramos que este rechazo limita las
posibilidades reales de atender a fondo esta cuestión. Va a quedar una
moción que a nuestro juicio no encuadra ni especifica suficientemente el
campo de acción de ese estudio al que queremos orientar o instar al
Gobierno para legislar sobre esa materia, y aun compartiendo la
oportunidad en la presentación de esta moción, aun compartiendo la
necesidad de abordar este problema desde el punto de vista del derecho
civil y del derecho sucesorio, creemos que no aceptar la propuesta de
abrir el abanico legislativo —y repito, senador Chiquillo, que en
el camino nos encontraremos y verán ustedes cómo es necesario acometer
estas cuestiones porque estoy absolutamente convencido de lo que estoy
diciendo y sé que usted es un buen conocedor de la materia tecnológica y
sé que algo de esto sabe— nos lleva a anunciar que mi grupo se
abstendrá en la votación de esta moción. De todas maneras, senador
Chiquillo, acepto esa invitación para que cuando el Gobierno traiga aquí
estas propuestas de modificación legislativa las debatamos y,

si es posible, recuperemos el espíritu de consenso que nos
inspiró durante la tramitación de la Ley general de telecomunicaciones,
donde creo que asentamos un marco a partir del cual desarrollar muchas
cuestiones, entre ellas esta. Recuperemos ese espíritu, abramos la mano a
la participación y al consenso y regulemos sobre esta materia en
condiciones.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gil.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Chiquillo.

El senador CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.

Agradezco el tono y la predisposición de todos los
portavoces que han intervenido en defensa de sus enmiendas y para valorar
la moción, y reitero la invitación de mi grupo —que hace suya la
voluntad del Gobierno— a que nos encontremos en este camino que hoy
empezamos del estudio en profundidad de estas reformas legislativas; a
que nos encontremos para dar solución a una cuestión importante, una
cuestión que tenemos que abordar sin prisa pero sin pausa. Reitero mi
gratitud a los que van a votar a favor y a los que se van a abstener de
manera positiva. Coincidimos en gran parte de lo que hoy hemos hablado y
esta es una cuestión que hay que abordar con seriedad y con rigor. Está
claro que, cuantos más seamos, mejor resultado legislativo obtendremos de
este trabajo.

En la exposición de motivos de la moción, que ustedes
habrán leído un par de veces como yo hago siempre—, nos referimos
al vacío legal en lo relativo a la herencia digital, ya que no existe una
legislación sucesoria específica. Hemos acotado en esta moción aquello de
lo que queremos hablar porque, en el mundo de internet, de las nuevas
tecnologías, podemos hablar del derecho al olvido, de ciberguerra, de
ciberterrorismo, de ciberespionaje o de ciberespionaje industrial, y todo
afecta a la propiedad de una persona; y a una persona que es espiada,
cuyo prototipo es robado en la red, se le causa un perjuicio patrimonial.
El abanico es tan amplio como queramos, porque todo lo que vivimos en el
día a día y cara a cara en la vida analógica, en la vida real, se está
trasladando al mundo virtual. Por eso acotamos la cuestión al legado de
los bienes digitales y a las reformas legislativas en derecho de
sucesiones: porque existe un vacío legal en lo relativo a la herencia
digital y no existe una legislación sucesoria específica para resolver el
legado de los bienes digitales. Tenemos que adaptar nuestra legislación
para evitar problemas a los ciudadanos y el colapso en la Justicia en
asuntos legales digitales referidos a la materia sucesoria y
hereditaria.

El Grupo Parlamentario Socialista, en su enmienda, en
debates sobre la materia y hoy mismo, aludía a dos derechos que menciona
expresamente: el derecho a la intimidad, que tiene su normativa propia, a
la que se remite —la Ley de servicios de la sociedad de la
información y el comercio electrónico en sus artículos 1.2 y 19.2—,
y el derecho al olvido; también a otras nuevas manifestaciones del
derecho a la intimidad en internet, que serán recogidas en un reglamento
comunitario sobre protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos
datos. Como todo reglamento comunitario, será de aplicación directa en
España una vez publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea,
artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No
podemos meter prisas en lo relativo al derecho a la intimidad, al derecho
al olvido o a la protección de las personas físicas, en lo que respecta
al tratamiento de datos personales, y decir que se resuelva en tres
meses; porque, si llega el día 1 de noviembre y la Unión Europea publica
un reglamento, este nos pillará en trámite legislativo que tendremos que
adecuar a ese reglamento.

El derecho al olvido es una de las facultades que comprende
el derecho a la protección de los datos personales y, como todos los
derechos de la personalidad, se extingue con la muerte. Podían ejercerlo
las personas vinculadas al fallecido, en aplicación del artículo 2.4 del
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/99, aprobada por Real
Decreto 1720/2007, como he citado en mi primera intervención, pero no
forma parte de la herencia o legado que una persona deja a sus sucesores,
porque no ejercen el derecho en nombre propio sino en sustitución y en
favor del fallecido. Recordamos que este derecho será regulado en breve
—así lo han dicho instancias comunitarias— por un reglamento
comunitario, por lo que no daría tiempo a aprobar una ley nacional que,
acto seguido, sería desplazada por un reglamento; ya hemos dicho que la
Unión Europea va a adoptar durante 2014, sobre estas materias que afectan
a lo tecnológico, no solo una directiva, sino diversos reglamentos que
están a punto de salir. Por eso consideramos que en

esta moción no deberían incluirse cuestiones de derecho al
olvido. Además, se ha citado la sentencia de ayer; ahora la Audiencia
Nacional tendrá que resolver esas cuestiones.

El Grupo Convergència i Unió, a quien agradezco el voto
favorable, ha comentado el buen trabajo que ha hecho el Ilustre Colegio
de Abogados de Barcelona sobre gestión del patrimonio digital ante el
vacío legal que hay y el nombramiento del albacea digital, que no se ha
suscitado más que en algunas cuestiones, porque empieza a ser un
problema, un interrogante y, sobre todo, fuente de conflictos
hereditarios. Incluso se ha hablado de que el testamento digital puede
dar lugar a una herencia conflictiva. Por eso hay que cubrir ese vacío
legal con rigor y profundidad solo en la cuestión sucesoria. Repito que,
aunque podríamos abordar otras cuestiones, no son el motivo de la
urgencia de la moción que hemos presentado ni parte del trabajo que
debemos realizar sobre el derecho sucesorio y hereditario. El Colegio de
Abogados de Barcelona señala, por ejemplo, que las cuentas de correo
electrónico deberían aparecer en el testamento digital, del que ahora
hablaré. Son importantes los correos electrónicos de un fallecido por la
cantidad de información que pueden contener. De hecho, la información
almacenada en una cuenta de correo puede ayudar a los herederos, si se
enteran de que existe esa cuenta y de cuáles son las claves de acceso, a
emprender acciones legales, reivindicar créditos o acreditar el pago de
deudas. Este asunto no puede quedarse en el limbo de la red; puede
ocurrir que muchos de nosotros tengamos una cuenta de correo que no
conozcan nuestros hijos y que ahí se encuentre la documentación clave
para demostrar que una deuda se ha saldado o que tenemos derecho a un
crédito de un deudor. Y lo mismo sucede con la propiedad intelectual.

En este asunto complejo nuestra iniciativa se refiere al
testamento digital para evitar que esa herencia sea conflictiva. En
cuanto a los testamentos, una cosa sería el testamento tradicional y otra
los documentos de testamentos digitales, cuestión que no está regulada;
tiene que quedar bien claro que el testamento digital no anula el
testamento tradicional, pues, como ustedes saben, un testamento posterior
anula el anterior. El testamento general plantea unos asuntos pero no
recoge cuestiones digitales ni de cuentas corrientes; si no, todos los
herederos se podrían enterar de las claves y contraseñas, y quizá la
persona que elabora el testamento no quiere que todos los herederos
tengan conocimiento de una cuenta corriente digital o de una cuenta que
aparece en correos electrónicos, sino solo un heredero concreto. Esta
situación podría provocar un contrasentido. Por eso tiene que
diferenciarse el testamento tradicional ─llamémosle así─, del
testamento digital. Notarios y abogados especialistas en derecho de
sucesiones han elaborado modelos al respecto, modelos que no están
regulados ni recomendados por la Dirección General de los Registros y del
Notariado. Por lo tanto, sería importante abordar este asunto con rigor y
seriedad y sabiendo lo que estamos legislando: lo relativo al testamento
digital para que no se generen herencias conflictivas.

Concluyo agradeciendo la intervención de todos los
portavoces y dejando claro que lo que pretende la moción del Grupo
Parlamentario Popular es que contemos con una herramienta jurídica con la
que ganaríamos en seguridad, certeza, integridad y fidelidad en relación
con nuestro patrimonio digital, garantizando el cumplimiento de nuestra
voluntad de preservar el destino de nuestro legado digital. Necesitamos
un marco jurídico en materia de derecho de sucesiones claro y nítido, y
ese es el objetivo primero y último de este estudio que solicitamos al
Gobierno, una iniciativa en la que espero que estén a nuestro lado con el
fin de facilitar las cosas a los ciudadanos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 227; a favor, 158; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA ESTABLECER LA UNIDAD DE MERCADO PARA
TRANSMISIONES EMPRESARIALES Y LA ACTIVIDAD DE LOS JÓVENES
EMPRESARIOS.

(Núm. exp. 662/000139)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se habían presentado 3
enmiendas: una del Grupo Parlamentario Socialista, otra del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y otra del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, que ha sido retirada.
Quedan, por lo tanto, vivas la del Grupo Parlamentario Socialista y la
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Popular, el senador José Blas Fernández.
(Rumores.)

Señorías, abandonen el hemiciclo en silencio, por favor.
(Pausa.—Rumores.)

Guarden silencio, por favor.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, presidente.

Señorías si la moción que antes se ha traído al Pleno es
importante porque reivindicaba los datos digitales en la trasmisión
patrimonial, esta moción es más importante que la anterior porque
repercute o redunda en beneficio de la unidad de mercado, sobre todo de
los trabajadores y de las empresas que, por haber llegado al ocaso
laboral de muchos empleadores, no pueden trasmitir esas empresas a los
que quieren continuar con ella. Son empresas —se dice en la
moción— que van al fracaso no por razones puramente económicas,
sino porque no hay continuidad de establecimiento en el mercado. Con esta
moción se pretende establecer la unidad de mercado y combinar la
fortaleza de los distintos modelos de programas de trasmisión que existen
para que se pongan en práctica y depuren las debilidades de los
empleadores.

El Gobierno en estos momentos ya ha incluido varios matices
importantes en lo relativo a la trasmisión de empresas, inclusive en la
relación del trabajador autónomo como tal empleador, ya que existen
ventajas para aquellos que se puedan jubilar con más de 65 años. Todos
sabemos que el autónomo tiene la ventaja, si quiere continuar la
actividad empresarial como tal trabajador, de no abonar cuota alguna a la
Seguridad Social y solamente pagar, si así lo desea, la parte adicional
de accidentes de trabajo.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a principio de
esta legislatura creó la figura de la jubilación activa del autónomo
—y también del trabajador, pero afecta mucho más al autónomo—
por la cual, el autónomo que decide jubilarse cuando llega a los 65 años
de edad y con un periodo de carencia suficientemente cotizable, con el
50% de la prestación económica que da la Seguridad Social, puede
perfectamente seguir trabajando al 100% en lo que venía desarrollando.
Esa jubilación activa se ha puesto bastante de moda, y hay muchos
empleadores que antes estaban en el anonimato —yo diría que
escondiéndose para que no pudieran cogerlos—, que estaban
trabajando y percibiendo la prestación por jubilación, y ahora no, ahora
perciben el 50% y pueden perfectamente estar jubilados legalmente.

También se incluyen en la moción que estamos debatiendo las
jubilaciones de los profesionales. Hay muchísimos profesionales en
despachos, abogados, profesionales libres, liberales, médicos, etcétera,
que cuando llega el momento de su jubilación, por razones obvias de
tiempo, porque llevan muchos años de ejercicio profesional, no pueden
seguir con la actividad y tampoco hay nadie capaz de continuar la
actividad que mantiene en esa profesión.

La moción que traemos hoy y que defiendo en nombre de mi
grupo pretende establecer la unidad de mercado para transmisiones
empresariales, y, sobre todo a efectos de las empresas que hay en España
y que no son capaces de continuar la actividad que mantienen, que se cree
un registro específico de aquellos negocios que estén a disposición de
ser traspasados. También pretende incorporar ayudas de apoyo a nuevos
emprendedores, a los autónomos, a los nuevos emprendedores que se hagan
cargo de un negocio traspasado.

Quiero añadir que ya el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo y la fundación Cecot firmaron un convenio para desarrollar un
plan de apoyo a la transmisión de empresas con el fin de agilizar

en nuestro país la continuidad de las pyme. (La señora
vicepresidenta, Vicente Gónzález, ocupa la Presidencia.) Una gran
preocupación en estos momentos se centra en los posibles compradores o
vendedores, pero hay también que formar a los intermediarios. Es cierto
que ese proceso de transmisión no se lleva con la agilidad suficiente, y
ese es el motivo de la moción que pretendemos que el Senado eleve al
Gobierno de la nación.

Es importante recordar los datos que voy a dar. Según
previsiones de la Unión Europea, un tercio de los empresarios se
jubilarán en los próximos diez años. Lógicamente la jubilación va
aumentando debido a las perspectivas de vida de empleadores y
trabajadores que están adscritos al régimen general de la Seguridad
Social. No es menos cierto también que hay muchísimos empleadores
acogidos al régimen especial de trabajadores autónomos, al RETA. Esto va
a afectar en los próximos diez años aproximadamente a unas 800 000
empresas. Se calcula que pueden desaparecer casi 3 millones de empleos al
año por motivos no económicos, simplemente la empresa desaparece como
tal, y se calcula que en España unas 50 000 empresas —fijaos
bien— pueden desaparecer por motivos no económicos. Por ello,
evidentemente, existe una gran preocupación en las empresas familiares
por su supervivencia más allá de la vida del fundador, y asociaciones,
familiares, autónomos, profesionales, empresarios y confederaciones de
empresarios están preocupados.

Hay que tener en cuenta aspectos importantes: hay que
valorar la empresa familiar y su contribución a la economía del país, ya
que el papel que desempeñan es importante. En España, los autónomos y las
pequeñas empresas, las pyme, suponen casi un 85% de las empresas que
crean empleo paulatino en la actividad productiva del país. Hay que
conocer y comprender la naturaleza específica de la empresa familiar e
identificar sus características singulares y las implicaciones de su
especificidad para su gestión, en particular en lo que se refiere a sus
ciclos vitales y su continuidad a lo largo del tiempo. Todas las empresas
no son iguales, algunas actividades conllevan más mano de obra, y otras
menos, e incluso algunas las llevan directamente los propios empleadores.
Lógicamente, el tiempo y la dinámica del sistema informático va
desarrollándose, en contra de los jubilados, de los mayores de 65 años, y
aun cuando he dicho antes que pueden permanecer más tiempo, no es menos
cierto que esa situación vital hace que su continuidad a lo largo del
tiempo no sea posible. Hay que tener en cuenta la complejidad de las
relaciones personales en la familia y en las empresas y el papel múltiple
de los principales actores; el aspecto legal y el jurídico de la empresa
familiar; si en función de cómo esté montada la sociedad, tienen o no
parte activa en el accionariado de la propia empresa, y la dirección
estratégica de la empresa familiar.

La empresa familiar realiza una importante y muy
significativa función en la economía de España. La importancia de la
empresa familiar queda reflejada en algunos datos del Instituto de la
Empresa Familiar, y recalco una vez más que en la Unión Europea hay 17
millones de empresas familiares a las que de alguna forma tienen que dar
una cobertura legal tanto el propio Parlamento Europeo como las Cortes
Generales de España a través de una propuesta del Gobierno.

Las empresas familiares son un 60% del total de las
empresas europeas, alcanzando un 85% del total de las empresas que hay en
España. La facturación de las empresas familiares, agrupadas en el
Instituto de la Empresa Familiar y asociaciones territoriales, equivale
al 26% del producto interior bruto en España, es decir, que un 26%
corresponde a esas empresas familiares agrupadas —como he dicho
antes— en el Instituto de la Empresa Familiar. Las empresas que
forman parte de este contexto generalizado tienen una antigüedad media de
72 años. Son empresas que han pasado de padres a hijos, aunque conviene
recordar que existen sociedades profesionales con un aspecto complejo a
la hora de llevar a cabo la transmisión de las empresas de padres a
hijos.

Las características de la propiedad y la gestión de la
empresa familiar constituyen claramente un diferenciador con respecto a
las empresas no familiares. Hay que conocer las características
específicas de las empresas familiares una por una. Concretamente, hay
que tener en cuenta el relevo generacional. Ese es el gran problema que
se nos avecina en este país, como en muchos países europeos, donde hay
que fomentar el conocimiento de las empresas familiares y su importancia
para nuestra economía, y no solo desde las universidades, sino también
desde las cámaras de comercio, confederaciones de empresarios, autónomos,
asociaciones, organizaciones empresariales, etcétera, y además su
enseñanza antes de los 18 años para llevar a cabo también una formación
no universitaria.

Es importante destacar el hecho de que en muchas empresas
familiares los hijos de los empleadores estudian materias que nada tienen
que ver con la actividad de la empresa, lo que les hace alejarse, como es
lógico, de la formación empresarial que mantiene el empleador. Por eso,
el día de mañana, en la nueva generación, ese trabajador con estudios
universitarios que en muchas ocasiones quiere mantenerse apartado de la
actividad de su padre, se aleja y deja sin sustento la empresa familiar.
(Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, por
favor, guarden silencio.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Podría ser muy interesante
también la creación de este registro para aquellos negocios que deseen
ser traspasados, porque muchas veces no hay sucesores familiares que
deseen continuar con él. Ese es el gran problema que se plantea aquí hoy.
No hay gente, no hay hijos ni sucesores que quieran hacerse cargo de una
empresa familiar pese a que existen bonificaciones, contexto para la
empresa familiar, encargos para estos negocios —podemos poner
ejemplos de muchas actividades que pueden ser traspasadas con
bonificaciones—. De hecho, el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo ha valorado suficientemente esta moción que hoy se trae al Pleno
y recuerda que se ha renovado la colaboración con la patronal catalana
Cecot para este año 2014 y se ha desarrollado una plataforma única
electrónica de transmisión de empresas que actualmente recoge 337 ofertas
de compraventa. Hay técnicos especializados en el ministerio que atienden
a compradores y potenciales vendedores en más de 40 puntos y se han
incorporado también muchas organizaciones de todo tipo para que este
programa se lleve a cabo, algo que se puede hacer, como he dicho, por
asociaciones empresariales, confederaciones provinciales o regionales,
etcétera. Esta actividad es la que tenemos que potenciar a lo largo del
tiempo.

En este sentido, desde comienzos de la legislatura el
propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al objeto de contribuir
al desarrollo de estos colectivos, ha implementado medidas que pretenden
favorecer el autoempleo y el emprendimiento y que contribuyen
notablemente al mantenimiento y desarrollo de la actividad económica
iniciada subrayando las ya incluidas en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, entre las que cabe
destacar el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, la
capitalización de la prestación por desempleo y la existencia de
bonificaciones en la cuota del régimen especial de trabajadores autónomos
para familiares colaboradores. La prestación por desempleo en pago único
es importante para todos aquellos que quieran desarrollarlo, porque de
esta forma pueden iniciar una actividad empresarial distinta. Sin
embargo, aquí lo que pretendemos es diferente, porque son los herederos
del propio empresario, y muchos de ellos tampoco pueden tener la
prestación única por desempleo directamente porque forman parte de la
actividad de la plantilla bien como colaborador, que puede ser autónomo,
o por cuenta ajena si es una sociedad limitada o anónima con un capital
mayoritario por parte de quien le protege.

La Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo,
también ha creado el empleo joven, de forma que entre las medidas
previstas esté fomentar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia
entre los jóvenes menores de 30 años. Asimismo, destaca la implantación
de una cuota inicial reducida del régimen especial de trabajadores por
cuenta propia, el RETA, para quienes causen alta inicial y no hubieran
estado en situación de alta en los cinco años anteriores. Cabe decir que
la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, permitió el acceso a la denominada tarifa plana a
los trabajadores por cuenta propia de 30 o más años de edad, lo que
supone que se aplique sin límite de edad.

¿Esto qué conlleva? Conlleva, ni más ni menos, que con esta
moción podamos emprender alguna acción, a través del Ministerio de
Industria juntamente con el Ministerio de Empleo, al objeto de que estas
50 000 empresas que pueden desaparecer en España por razones no
económicas tengan la posibilidad de transmisión de la patronal, de un
relevo generacional de la empresa familiar. Estamos convencidos —lo
vemos todos los días— de que muchos empleadores están cerrando sus
negocios porque no hay quien les sustituya. Hay especialidades, oficios,
autónomos, artesanos, que como nadie sigue con la actividad empresarial,
tienen que abandonarla, lo que conlleva dejar en el desempleo a los
trabajadores, cuya jubilación a veces es bastante

tardía porque han querido mantener el empleo, pero por
razones de salud ya no pueden. Esto ha de dar lugar a una actividad
distinta a la que estamos manteniendo.

Para la supervivencia de un negocio familiar creo que es
importante recordar que el 65% está en la primera generación, el 25% en
la segunda generación, el 9% en la tercera y un 1% en la cuarta y hay que
tener en cuenta el problema que supone la mala planificación de la
sucesión en caso de mortalidad. Hay muchas empresas, que por el
fallecimiento del empleador principal, cierran automáticamente, pues no
han sido capaces de organizarse para sucederle al objeto de continuar con
funciones que difieren de su contenido.

Creemos, por consiguiente, que es una moción importante, y
al Grupo Parlamentario Popular le agradaría que obtuviese el consenso y
el apoyo de toda la Cámara, pues nos parece que es una actividad a tener
en cuenta. No estamos hablando de buscar una actividad para la creación
de empleo juvenil. Se trata de que un porcentaje altísimo, casi 50 000
empresas, pueden desaparecer en España en años sucesivos y con ellas va a
desaparecer también el entramado de trabajadores, algunos de ellos con
una larga vida laboral, y eso hace que tengamos en cuenta que esta
actividad no puede mantenerse por más tiempo.

Esta ha sido, señorías, nuestra defensa de esta moción que
hoy presentamos. Así lo entendemos en mi grupo y, como es lógico,
solicitamos el apoyo de la Cámara.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, presidenta.

Señorías, intervengo para defender la enmienda que hemos
presentado a esta moción del Grupo Parlamentario Popular, que,
coincidiendo con las palabras del portavoz que la ha defendido,
entendemos que es una moción importante, fundamentalmente porque afecta a
las pymes, que, como sabemos, son el 95% del tejido empresarial de
nuestro país y el 95% del tejido empresarial de Europa y constituyen en
estos momentos la principal fuente, tanto de creación como de destrucción
de empleo en nuestro país. Por lo tanto, coincidimos en que es una moción
importante. Coincidimos también en que el objetivo de favorecer en lo
posible la transmisión de estas empresas, sean o no familiares —da
lo mismo—, sea o no a nuevos emprendedores, incluyendo aquí la
posible transmisión patrimonial a los trabajadores de la empresa, es
interesante.

Conocemos la existencia de esos programas a los que ha
hecho referencia el senador, pero en esta moción hay un punto que nos
preocupa porque no está suficientemente explicado. Me refiero a la
interpretación que en otras ocasiones se ha hecho de algo tan importante
como es la unidad de mercado cuando no se interpreta como una manera de
recentralizar el Estado. Esa es la preocupación que manifestamos en
nuestra enmienda. Por eso, planteamos la supresión del punto primero del
petitum de la moción; mantenemos el punto segundo, porque nos parece
importante ese registro de negocios con posibilidad de ser traspasados,
añadiendo, como siempre, que lo queremos hacer en colaboración con las
comunidades autónomas; y aceptamos en todos sus términos el punto tercero
del petitum. En este sentido va nuestra enmienda.

Nos hubiera gustado poder transaccionar ese primer punto.
De hecho, entendemos que entre nuestra postura —suprimirlo— y
la del grupo proponente —mantenerlo— podría haber fórmulas
intermedias que sobre todo clarificasen que la interpretación que se da a
la expresión unidad de mercado no es exactamente la misma que se da en la
Ley de garantía de unidad de mercado, que discutimos en esta Cámara; y ya
dijimos en su momento que nos parece una ley absolutamente
recentralizadora. Y nos preocupa que detrás de esa garantía de unidad de
mercado subyazga, aunque no sea el objetivo, una invasión de competencias
de las comunidades autónomas, cuestión que explicaré posteriormente, en
el turno de portavoces.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Convergència i Unió, y para la defensa de su
enmienda, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyories, molt bon dia.

El nostre grup parlamentari ha presentat una esmena a la
moció que acabem d’escoltar, que pretén substituir els dos primers
punts de la moció en qüestió.

La moció ens proposa establir la unitat de mercat per
transmissions empresarials, així com la creació d’un registre
específic d’aquells negocis que estiguin en disposició de ser
traspassats. Aquests dos punts, des del punt de vista del nostre grup
parlamentari, són del tot inacceptables per diferents motius, que aniré
explicant ara i després en el torn de portaveus.

El que nosaltres proposem a l’esmena és que el que ha
de fer l’Estat és donar suport financer i administratiu a les
iniciatives d’èxit de la societat civil i de les administracions
territorials que estan orientades a facilitar les transmissions
d’empreses, tant en el territori de l’Estat com en el marc de
la Unió Europea. Però una vegada més —i ja vostès i el ministre
d’economia, de manera especial, no fan altra cosa que parlar de la
unitat de mercat—, jo voldria fer-hi algunes referències. Com
vostès saben, el nostre grup parlamentari es va oposar de manera frontal
a aquesta llei, per ser una llei terriblement perjudicial per a les
comunitats autònomes. I el que volen fer ara —en paraules també del
propi ministre d’Economia— és fer-ho passar tot per la unitat
de mercat. Doncs sàpiguen que, en aquest sentit, tenen la nostra total
oposició a aquesta forma d’actuar.

Fa pocs dies, el ministre d’Economia feia dues
declaracions que per a nosaltres són problemàtiques, que vull comentar.
Una primera, que mai les autonomies havien tingut un àmbit competencial
tan gran, referint-se a la Llei d’ Unitat de Mercat, perquè
l’atorgament d’una llicència permet actuar a tot el territori
de l’Estat. Doncs quina manera més demagògica de vendre aquest
producte, quan en realitat el que fa la llei és promoure la
deslocalització d’empreses per buscar una llicència d’origen
més fàcil d’obtenir, ignorar les diferents realitats territorials,
fomentar la desprotecció normativa en molts àmbits i una recentralització
de competències tremenda. Res d’afavorir la competència i la
inversió. És per això que nosaltres hem recorregut aquesta llei al
Constitucional. La segona cosa que va dir és que la resta de la
legislatura —i aquí en tenim una evidència amb aquesta moció que
se’ns acaba de presentar— tenen la intenció de revisar un
munt de lleis, i que volen modificar-les per aplicar-los la Llei
d’Unitat de Mercat. Doncs anem bé. Des d’aquest punt de
vista, creiem que es fa tot el contrari de les polítiques europees, i
podria posar com a exemple el que s’està fent a Alemanya amb els
diferents länder, on tenen normatives diferents i una normativa general
marc; i això és el que hi ha perquè cadascun té la seva especificitat.
Per tant, calen menys proclames d’unitat de mercat i cal treballar
més per sortir de la crisi, la qual cosa exigeix més confiança en les
administracions més properes al ciutadà, com són les comunitats autònomes
i els ajuntaments i, per tant, les entitats locals.

Tornant a la moció, és greu que no entrin a valorar que hi
ha entitats civils, per exemple a Catalunya —després hi faré
referència, i vostè senador Fernández, hi ha fet referència—, que
fa anys que treballen per garantir aquestes transmissions
d’empreses, i per tant la seva continuïtat. Doncs cal estimular i
ajudar aquestes iniciatives. Jo li podria parlar del Pacte Successori a
Catalunya, que és exclusivament de la legislació catalana, i tot això ja
hi està regulat; les empreses familiars, on també està regulada la
transmissió d’una empresa a una altra, i tots aquests temes que són
tan importants i que són d’èxit, ara dóna la sensació que volen
fer-les passar per aquesta unitat de mercat, que nosaltres hi estem
totalment en contra.

Després explicaré més aquestes experiències que per exemple
s’estan duent a terme a Catalunya, però sí que li demano, senador
Fernández, que en benefici de la moció que ha presentat —i
coincideixo en la importància que té—, accepti l’esmena que
ha presentat el nostre grup, perquè en definitiva anem justament en
aquesta línia: fomentar la continuïtat de les empreses, que els joves
puguin tenir feina i que la economia creixi, i per a això cal ajudar i
cal estimular les administracions més properes.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos
días.

Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la
moción, cuya defensa acabamos de oír, que pretende sustituir sus dos
primeros puntos.

La moción nos propone establecer la unidad de mercado para
transmisiones empresariales, así como la creación de un registro
específico de aquellos negocios que estén en disposición de ser

traspasados. Estos dos puntos, desde el punto de vista de
nuestro grupo parlamentario, son del todo inaceptables por distintos
motivos, que voy a explicar ahora, y también luego, en el turno de
portavoces.

Lo que nosotros proponemos en la enmienda es que lo que
debe hacer el Estado es apoyar financiera y administrativamente las
iniciativas de éxito de la sociedad civil y de las administraciones
territoriales que van orientadas a facilitar las transmisiones de
empresas, tanto en el territorio del Estado como en el marco de la Unión
Europea. Ustedes, y el ministro de Economía de forma especial, no hacen
otra cosa que hablar de la unidad de mercado, y me gustaría hacer alguna
reflexión al respecto. Como ustedes saben, nuestro grupo parlamentario se
opuso de forma frontal a esta ley por ser terriblemente perjudicial para
las comunidades autónomas, y ahora lo que quieren —en palabras
también del ministro de Economía— es hacer pasar todo por la unidad
de mercado. Pees sepan que van a tener nuestra total oposición a esta
forma de actuar.

Hace pocos días el ministro de Economía hizo dos
declaraciones que para nosotros eran problemáticas y a las que me voy a
referir. La primera, que las autonomías nunca habían tenido un ámbito
competencial tan grande, refiriéndose a la Ley de unidad de mercado, pues
el otorgamiento de una licencia permite actuar en todo el territorio del
Estado. Pues vaya manera más demagógica de vender este producto, cuando
en realidad lo que hace la ley es promover la deslocalización de empresas
para buscar una licencia de origen más fácil de obtener, ignorar las
diferentes realidades territoriales, fomentar la desprotección normativa
en muchos ámbitos y llevar a una tremenda recentralización de
competencias. Nada de favorecer la competencia y la inversión, por eso
hemos recurrido esa ley en el Constitucional. Lo segundo que dijo fue que
en lo que resta de legislatura —y en la moción que se acaba de
presentar tenemos una evidencia de ello— tienen la intención de
revisar muchas leyes y modificarlas para aplicarles la Ley de unidad de
mercado. Pues vamos bien. Desde este punto de vista, creemos que se hace
justo lo contrario que con las políticas europeas, y podría poner como
ejemplo lo que se está haciendo en Alemania en los distintos länder, que
tienen normativas distintas aunque hay una normativa general marco, y en
definitiva eso es lo que hay porque cada uno tiene su especificidad. Así
pues, hacen falta menos proclamas de unidad de mercado y trabajar más
para salir de la crisis, lo cual exige más confianza en aquellas
administraciones más cercanas al ciudadano, como es el caso de las
comunidades autónomas, de los ayuntamientos y, por tanto, de las
entidades locales.

Volviendo a la moción, es grave que no entren a valorar que
hay entidades civiles, por ejemplo, en Cataluña —después haré
referencia a ello, y usted, senador Fernández, también lo ha
mencionado—, que hace años que trabajan, como en Cataluña, para
garantizar esas transmisiones de empresas. Por tanto, hay que estimular y
ayudar a estas iniciativas para su continuidad. Le podría hablar del
pacto sucesorio en Cataluña, que es exclusivamente de la legislación
catalana, donde todo esto ya está regulado; o de las empresas familiares,
donde también está regulada la transmisión de una empresa. Todos estos
temas, que son importantísimos y de éxito, ahora da la sensación de que
quieren hacerlos pasar por esa unidad de mercado, con la que nosotros
estamos totalmente en contra.

Luego explicaré con más detalle estas experiencias que se
están llevando a cabo, por ejemplo, en Cataluña, pero le pido, senador
Fernández, que, en beneficio de la moción que ha presentado, y coincido
en su importancia, acepte la enmienda que nuestro grupo ha presentado,
porque vamos precisamente en la línea de fomentar la continuidad de las
empresas, que los jóvenes puedan tener trabajo y que, en definitiva, la
economía crezca. Y para eso hay que ayudar y estimular a las
administraciones más cercanas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Tiene la palabra el senador Fernández, para manifestar si
acepta o no las enmiendas.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señora
presidenta.

Voy a intervenir muy brevemente en relación con las
enmiendas presentadas por los grupos participantes, y voy a resumir mi
intervención con dos razonamientos. Al Grupo Socialista parece ser que no
le agrada cómo viene redactado en la moción lo relativo a la unidad de
mercado. Pues bien, he de decirle que son ya varias las comunidades que
se han agregado al programa. Se han incorporado distintos organismos,
entre ellos, las comunidades autónomas de Murcia y de Extremadura. Es
decir, aparte de confederaciones y de muchísimas actividades

empresariales, no se puede dejar de reconocer que ya hay
comunidades autónomas que están haciéndolo, por supuesto, cada una con
sus competencias básicas, pero que, lógicamente, no pueden nunca
interferir en la normativa laboral que sí es competencia de las Cortes
Generales, del Congreso y el Senado.

Y lo mismo le puedo decir al representante de CiU, cuya
propuesta diría que es un poco genérica y no ambiciosa —así lo
entiendo; no tan ambiciosa como la moción que ha presentado el Grupo
Popular—. Y entendemos que, tal como está redactada, no quita que
en su desarrollo se puedan transferir competencias a las comunidades
autónomas, como sucede actualmente en muchas actividades, no solamente en
este caso concreto.

Por esos motivos, agradezco muchísimo el tono positivo de
sus intervenciones, para ayudar en el mercado laboral a la transmisión de
actividades de empresas, no solamente familiares, sino de cualquier
índole, que pasan de unos a otros. Es una gran preocupación el que
desaparezcan 50 000 empresas por razones no económicas. El problema es
grave; y muchas veces en el mercado laboral no se espera que gente
preparada pase a la situación de desempleo, porque el empleador
normalmente pasa a la situación de jubilación, pero los que no pasan a
dicha situación, salvo en algún caso específico, son los
trabajadores.

Por tanto, señora presidenta, nuestro grupo se mantiene en
la moción que hemos mantenido —valga la redundancia—, y no
acepta las enmiendas por las razones que acabo de exponer.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Bai, egun on. Eskerrik
asko, mahaiburu jauna.

Sin duda, el tema que el Grupo Popular trae en esta moción
es de gran importancia. Como ya se ha comentado, después de la creación y
el crecimiento de una empresa su transmisión es la tercera fase
fundamental en su ciclo de vida. Implica cuestiones jurídicas complejas,
pero tiene que ver con la valoración, con el hallazgo de un comprador
potencial y con la transmisión del liderazgo de la empresa.

Es un largo proceso que requiere de una sólida preparación.
Son demasiadas las empresas viables que tienen que cerrar por no haber
prestado suficiente atención a estos temas, y con ellas se pierde, como
también se ha mencionado anteriormente, todo su entorno económico y, por
tanto, muchos empleos de calidad.

Se ha prestado mucha atención al fomento de la creación de
nuevas empresas, pero también es importante garantizar la continuidad y
el crecimiento de las empresas viables existentes, porque a veces
olvidamos que la creación de una empresa no es la única vía para
garantizar el empleo.

Se ha mencionado también anteriormente que en los próximos
diez años un tercio de los empresarios de Europa se retirará de sus
empresas, y aunque algunos de ellos emprenderán nuevos ejercicios, se
calcula que hasta un total de 690 000 empresas —la mayoría pequeñas
y medianas—, lo que corresponde a 2 800 000 puestos de trabajo,
deberán cambiar de propietario cada año.

Si bien la transmisión de un negocio en el seno de una
misma familia sigue siendo el caso más frecuente, el número de
transmisiones a terceros está aumentando, y por eso cada vez más se
estructuran mecanismos que asistan a la transmisión de las empresas y que
faciliten la correspondencia entre la oferta y la demanda, acompañados de
metodología expresamente ideada según cada caso. La transmisión
empresarial es un proceso de una enorme complejidad. Carecer de este
proceso estructurado se traduce en la pérdida de patrimonio empresarial y
en la pérdida de empresas, que de otra manera habrían sido viables, así
como de sus puestos de trabajo.

La poca planificación de las empresas es una de las mayores
contribuciones al cierre empresarial. Un plan de transmisión empresarial
debe contener procesos de continuidad empresarial, a la vez que un
calendario y mecanismos de corrección de los desajustes provocados por el
cambio de gestores. Estos itinerarios deben ser liderados y favorecidos
por la Administración,

por su claro beneficio común. Todos los gobiernos europeos
contemplan la necesidad de impulsar iniciativas para mejorar y facilitar
la transmisión empresarial, estableciendo un programa u organismo
específicamente responsable de ofrecer seguimiento y/o un trato uniforme
y bien organizado a las transmisiones empresariales a todo el país.

Como ya decía anteriormente, carecer de este proceso
estructurado se traduce en la pérdida del patrimonio empresarial, la
pérdida de empresas, que de otra manera hubieran sido viables, así como
de sus puestos de trabajo, algo que, evidentemente, no nos podemos
permitir.

El Plan de acción sobre emprendeduría 2020, en la
Comunicación de la Comisión europea de 9 de enero de 2013, se fundamenta
en facilitar la transferencia de empresas y propone intercambiar las
mejores prácticas y tomar las medidas necesarias, sobre todo en lo
referente a la sensibilización sobre la transferencia de negocios, los
mecanismos especiales de financiación del traspaso, la transformación
jurídica y mercados transparentes para la transmisión empresarial.

El programa Cosme, para la competitividad de las empresas y
para las pymes, con una asignación total de 2500 millones de euros para
el período 2014-2020, establece en el punto 1.b animar la cultura
emprendedora y promover la creación y crecimiento de las pymes, siendo la
transmisión de empresas una de las cuatro acciones específicas para
promover la actividad emprendedora.

Por todo lo anteriormente mencionado, nuestro grupo valora
muy positivamente este trabajo y esta labor de transmisión de empresas.
Como ejemplo mencionare que, en Euskadi, del análisis de la actividad
empresarial se desprende que existen empresas cuya actividad es solvente
y que pueden estar abocadas al cierre ante la falta de relevo
generacional o la dificultad para traspasar el negocio. Por ello, desde
la Dirección del Comercio del Gobierno vaso, y de acuerdo con nuestras
competencias, ya se está trabajando en este tema llevando a cabo un
proyecto sobre la transmisión empresarial que se basa en un objetivo
principal: apoyar la continuidad y el crecimiento empresarial, ayudando a
las empresas en la realización de la transmisión de forma ordenada y
planificada, y llevando a cabo otros objetivos mucho más concretos, como
concienciar y educar a la sociedad y los emprendedores sobre la
importancia y utilidad de la transmisión de negocios, ayudar al
emprendedor que busca iniciar un proyecto empresarial por cuenta propia,
contribuir al mantenimiento del empleo derivado de esas empresas,
facilitar dicha transmisión, asegurar la continuidad de los negocios que
se transmiten y convertirse en un centro de transmisión de empresas
neutral, transparente y fiable que preste servicios de información y
asesoramiento, tanto a quienes desean transmitir la empresa como a las
personas interesadas en comprarla, garantizando la confidencialidad. De
todo esto se desprende claramente que nuestro grupo está a favor y tiene
un claro acompañamiento en el planteamiento que se hace respecto de la
transmisión empresarial en esta moción que nos presenta el Grupo
Popular.

Pero, haciendo referencia a los términos en los que se
formula la moción en su parte dispositiva, voy a hacer dos reflexiones.
Una, que los planteamientos de los puntos no nos parecen excesivamente
contundentes a la hora de elaborar o exigir —la formulación de los
infinitivos aquí aparecen como una exigencia—, dada la importancia
que, como he mencionado anteriormente, tiene para nosotros esta
materia.

En segundo lugar, y sin duda lo más importante —antes
ya se ha mencionado en la presentación de las enmiendas—, el
planteamiento de la transmisión empresarial queda perfectamente enmarcado
en el tan perseguido planteamiento por parte del Gobierno y del grupo que
le representa en esta Cámara, que no es otro que el de la unidad de
mercado. La postura de mi grupo es clara, y no voy a dejar de repetirla
en esta ocasión. Ya en el Pleno de 21 de noviembre mi grupo manifestaba
claramente su desacuerdo con la Ley de garantía de la unidad de mercado;
por ello, presentamos un veto y posteriormente unas enmiendas parciales
al entender que el objetivo no era sino una continuación de la tesitura
recentralizadora que ya veníamos observando por parte del Gobierno. Lo
decíamos entonces y lo repetimos hoy: una idea recentralizadora,
invasora, desde nuestro punto de vista, de falta de concreción, empezando
—en su momento ya lo decía— por el título de la ley, y
desreguladora. Y es que el Gobierno —lo decía entonces y lo vuelvo
a repetir— ha actuado en esta línea en reiteradas ocasiones
—antes se han mencionado las últimas intervenciones del ministro,
insistente en ello— con el único objetivo de homogeneizar todo y,
al amparo de las leyes básicas, vaciar de contenido las competencias de
las comunidades autónomas. Como muestra de ello diré que

se han presentado 7 recursos de inconstitucionalidad a
diferentes normas aprobadas y que afectan a diferentes materias en la que
el Gobierno vasco tiene plenas competencias.

Por todo ello, y remarcando —no quisiera dejar de
hacerlo— la importancia que para nuestro grupo tiene la transmisión
empresarial —lo he corroborado con los ejemplos que el propio
Gobierno vasco está implantando—, no podemos apoyar esta moción,
dado el enfoque de unidad de mercado al que se refiere. El senador del
Grupo Socialista hacía mención a la duda sobre el enfoque que se pudiera
hacer de la unidad de mercado, y a mí, vista toda la trayectoria, me
quedan pocas dudas de lo que se puede ver en este planteamiento; y tras
escuchar la no aceptación de las enmiendas planteadas por ambos grupos,
no puedo más que corroborar el voto negativo de mi grupo a esta
moción.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyora presidenta. Bon
dia.

El cert és que al nostre grup li sembla també que aquesta
és una moció important, perquè estem vivint en un context —com vaig
dir també en la intervenció del ple passat— que reclama iniciatives
en aquesta línia. Totes aquelles iniciatives que ens puguin ajudar a
promoure el treball com un bé principal de la nostra societat, i a
combatre tots aquells efectes que pugui haver-hi i que incentiven
l’atur o, en aquest cas, la desaparició d’empreses. Per tant,
d’entrada jo crec que tots podem estar d’acord en aquesta
qüestió. Ahir vam veure un debat de dos tons molts diferents. D’una
banda, crec que el debat del senyor De Guindos amb el senador Sabaté va
caracteritzar i va posar de relleu la preocupació del ministre De Guindos
per l’EPA, per les 187 000 persones —és a dir, mil persones
diàries— que ja han deixat de buscar feina. I de l’altra
banda vam veure el debat del senyor Montoro, un debat sobreactuat en què,
d’alguna manera, va fer gala de la seva forma d’entendre i de
fer política, que jo no comparteixo en absolut. Per tant, em situaré més
en la línia del ministre De Guindos, que crec que apel·la a aquesta idea
del moderantisme, que explica el senyor Julià al seu llibre, i que crec
que és la forma que hem d’utilitzar per fer política avui.

Des d’aquesta idea del moderantisme, ens hem
d’afirmar en la necessitat que tenim un país que no va bé, que hi
ha diferents àmbits al món laboral que no estan funcionant, amb una
caiguda de la taxa d’activitat de 12 punts en els darrers temps;
una indústria que ha perdut absolutament tot el pes que tenia sobre el
PIB, caient del 39% al 19% en el producte interior brut; una indústria
amb una contenció salarial que en aquests moments s’ha vist
sobrepassada justament pels costos energètics, i en definitiva, una
situació que no ens és en absolut favorable.

Nosaltres valorem positivament el fet que en aquests
moments i amb aquesta moció es vulgui sortir al pas d’un problema
real, com han explicat els diferents portaveus en aquesta tribuna, i que
a aquestes 50 000 empreses que estan en risc de tancar per no tenir
continuïtat els hem de donar solucions, o almenys hem de facilitar les
coses perquè aquestes empreses trobin algú que aprofiti la feina que
s’ha fet prèviament.

Des d’aquesta perspectiva, aquest és un debat que no
és nou. Ja en els anys noranta la Comissió Europea va fer tota una sèrie
de recomanacions. Després la Convenció de BEST va analitzar i va estudiar
exactament les accions que s’havien fet en el marc de la Unió
Europea i en els diferents països. Nosaltres en aquesta llista no en
sortim ben parats, però és cert que som aquí per esmenar les coses, i des
d’aquesta perspectiva crec que s’ha de treballar i s’ha
de fer tot allò que ens recomana la Unió Europea, que finalment són
qüestions de sentit comú. Cal parlar de la sensibilització de les
empreses, perquè normalment un dels problemes que tenim és que les
empreses inicien massa tard el procediment per fer el canvi de
titularitat, i per tant, moltes vegades no s’hi arriba a temps. Cal
millorar l’entorn jurídic i l’entorn fiscal perquè aquest
àmbit sigui fàcil i que les empreses no tinguin excessives
dificultats.

En aquest tema també hem de tornar a parlar del crèdit,
perquè és absolutament imprescindible. Normalment, per fer una operació
d’aquestes les empreses tenen una dimensió més gran que el que crea
un emprenedor quan vol iniciar una activitat empresarial, i per tant el
crèdit té un paper imprescindible, i aquest és un problema endèmic de la
nostra incapacitat de generar llocs de treball i de generar empresa; és
un dels àmbits que cal abordar.

D’altra banda, està la qüestió de
l’organització de mercats que siguin transparents, i que tots
aquells que poden tenir interès a emprendre amb una empresa que ja ha
estat iniciada —per tant correspondria un traspàs—, tinguin
la transparència i la difusió necessàries perquè aquesta informació
arribi a tothom.

S’ha parlat també de l’acord que es va fer amb
la CECOT; res a dir. Estem parlant de qüestions molt concretes i
puntuals, també amb pocs recursos. En tot cas, crec que el més important
són les xifres que s’ha donat; aquestes 50 000 empreses que hem de
fer el possible perquè no tanquin. En el cas de la Unió Europea estem
parlant en aquests moments de unes 610 000 petites i mitjanes empreses
amb més d’un treballador que han de canviar de mans forçosament,
per les qüestions a què ens hem referit, de caràcter vital i de final de
cicle. Per tant, és imprescindible crear aquest entorn de transmissió
d’empreses, ja sigui a nivell espanyol o a nivell europeu, que crec
que és d’alguna manera la dimensió que ens interessa per aquesta
qüestió. És especialment la dimensió europea. S’ha de crear aquest
mercat europeu de compradors i venedors, que funcioni adequadament i
donem solucions a aquesta qüestió.

El debat, efectivament, està en el terme mercat únic. És un
principi que ja s’ha dit aquí, i s’entén la intencionalitat
del partit proponent, el Partit Popular, que no és una altra que buscar
una reforma de l’Estat en un sentit que va sempre en la mateixa
direcció: la recentralització. El mercat únic, com a terminologia, no és
negativa; Europa és un mercat únic. Ara, la utilització d’un Estat
com el nostre, que està format per autonomies, amb competències clarament
diferenciades pels estatuts, i pretendre en aquest moment, per la porta
del darrere, anar laminant aquestes competències per buscar un únic
centre de referència, que és l’Estat, i acabar amb un concepte que
és el que vam establir en la Transició i en la nostra Constitució, no ens
sembla correcte.

Pensem —ho ha dit el senador Manchado— que hi
havia maneres de trobar un terme més adequat per expressar el que vostès
volen dir en aquesta moció. Ens sembla que la transacció hauria estat
perfectament possible, tant en les esmenes que ha presentat Convergència
i Unió com en les que ha presentat el Partit Socialista. De fet,
nosaltres hem retirat la nostra esmena, que com vostès saben parlava
precisament del respecte a les competències de les comunitats autònomes,
i ho hem fet per poder facilitar una transacció si és que vostès ho
haguessin considerat oportú. No ho han fet, i des d’aquesta
perspectiva nosaltres ens veurem abocats a votar que no a una moció que
realment considerem —com totes aquelles mocions que vagin
destinades a facilitar i a promoure la creació de llocs de treball—
que és un moció important, i que hem de buscar l’acord.

Però insisteixo en aquesta perspectiva, i acabo, senyora
presidenta, allà on he començat. Crec que és absolutament imprescindible
aquest terme del moderantisme. Crec que vostès han de buscar la línia del
ministre De Guindos, la línia del pacte, de l’acord, de les
declaracions prudents, i sortir de la línia Montoro, que els puc
assegurar que no ajuda gens a que el país vagi millor.

Gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, señora presidenta. Buenos días.

A nuestro grupo también le parece que esta es una moción
importante, porque, como dije en mi intervención del pasado Pleno,
estamos viviendo en un contexto que reclama iniciativas en esta línea; es
decir, todas aquellas iniciativas que nos puedan ayudar a promover el
trabajo como un bien principal de nuestra sociedad y, por lo tanto, a
combatir todos aquellos efectos que pueda haber y que incentivan el paro
o, en este caso, la desaparición de empresas. Por lo tanto, de entrada
esta es una cuestión en la que todos podemos estar de acuerdo. Ayer vimos
un debate con dos tonos muy distintos; por una parte, el debate del señor
De Guindos con el senador Sabaté. Creo que fue un debate que caracterizó
y puso de relieve la preocupación del ministro De Guindos por la EPA, por
las 187 000 personas, por las 1000 personas diarias que ya han dejado de
buscar trabajo. Vimos también el debate del señor Montoro, un debate
sobreactuado en el que de algún modo hizo gala de su forma de entender y
hacer política, que yo no comparto en absoluto. Por lo tanto, me voy a
situar más en la línea del ministro De Guindos, que apela a esa idea del
moderantismo que explica el señor Juliana en su libro, y que creo que es
la forma que se debe utilizar para hacer política hoy.

Desde esta idea del moderantismo, creo que debemos
reafirmarnos en que tenemos un país que no va bien, en el que hay
distintos ámbitos en el mundo laboral que no están funcionando, con

una tasa de actividad que ha caído en 12 puntos en estos
últimos tiempos, con una industria que ha perdido absolutamente el peso
que tenía sobre el PIB, con una caída del 19% en el producto interior
bruto, y cuya contención salarial en estos momentos se ha visto
sobrepasada precisamente por los costes energéticos. En definitiva, es
una situación que no nos es en absoluto favorable.

Así pues, nosotros valoramos positivamente el hecho de que
en estos momentos y con esta moción se quiera salir al paso de un
problema real, como se ha explicado por parte de los distintos portavoces
desde esta tribuna, y, por lo tanto, que a estas 50 000 empresas que
están en riegos de cerrar por no tener continuidad se les den soluciones,
o al menos se les faciliten las cosas para que encuentren a alguien que
aproveche el trabajo realizado previamente.

Desde esta perspectiva, también tenemos que decir que este
debate no es nuevo. En los años noventa la Comisión Europea ya hizo toda
una serie de recomendaciones, y luego la convención de BEST analizó y
estudió exactamente cuáles eran las acciones que se habían emprendido en
el ámbito de la Unión Europea. Nosotros no salimos muy bien parados en
esa lista, pero es cierto que estamos aquí para enmendar las cosas. Por
tanto, desde esta perspectiva, creo que hay que trabajar y hacer todo lo
que nos recomienda la Unión Europea, porque finalmente son cuestiones de
sentido común. Hay que hablar de la sensibilización de las empresas,
porque normalmente uno de los problemas que tenemos es que estas inician
demasiado tarde el procedimiento para hacer el cambio de titularidad, de
modo que muchas veces no se llega a tiempo. Y hay que mejorar el entorno
jurídico y el entorno fiscal para que ese ámbito sea fácil y las empresas
no tengan excesivas dificultades.

Y en este tema tenemos que volver a hablar del crédito,
porque es absolutamente imprescindible. Normalmente, para hacer una
operación de este tipo las empresas tienen una dimensión más grande que
la dimensión de aquella que crea un emprendedor cuando quiere iniciar una
actividad empresarial, por lo tanto, el crédito tiene un papel
imprescindible. Por ese motivo, puesto que en estos momentos tenemos un
problema endémico por nuestra incapacidad para generar puestos de trabajo
y crear empresas, es uno de los ámbitos que efectivamente hay que
abordar.

Por otro lado está la cuestión de la organización de
mercados, que deben ser transparentes para todos quienes puedan tener
interés en emprender con una empresa que ya ha sido iniciada —por
tanto, lo que correspondería sería un traspaso—, con el fin de que
esos mercados tengan la transparencia y la difusión necesarias para que
esa información llegue a todo el mundo.

Se ha hablado también del acuerdo a que se llegó con la
Cecot; nada que decir al respecto. Estamos hablando de cuestiones muy
concretas, muy puntuales, también con pocos recursos. En cualquier caso,
lo importante son las cifras que se han dado. Creo que tenemos que hacer
lo posible para que esas 50 000 empresas no cierren. En el caso de la
Unión Europea estamos hablando de alrededor de 610 000 pequeñas y
medianas empresas con más de un trabajador que tienen que cambiar de
manos forzosamente por cuestiones ya referidas, de carácter vital, es
decir, de final de ciclo. Por tanto, es imprescindible crear este entorno
de transmisión de empresas, ya sea a nivel español o a nivel europeo, y
creo que la dimensión europea es la que especialmente nos interesa para
esta cuestión. En definitiva, hay que crear este mercado europeo de
compradores y vendedores y que funcione adecuadamente para que podamos
dar solución a esta cuestión.

El debate se centra, en efecto, en el término mercado
único, un principio del que ya se ha hablado; y se entiende la
intencionalidad del partido proponente, del Partido Popular, que no es
otra que la de buscar una reforma del Estado en un sentido que va siempre
en la misma dirección: la recentralización. Y no es que el mercado único,
como terminología, sea negativo. Europa es un mercado único; pero en un
Estado como el nuestro, que está compuesto por autonomías, con
competencias claramente diferenciadas por los estatutos, pretender en
este momento, por la puerta de atrás, ir laminando esas competencias para
buscar un único centro de referencia que sea el Estado y, por lo tanto,
acabar con un concepto que establecimos en la Transición y en nuestra
Constitución, no nos parece correcto.

Pensamos —y lo ha dicho el senador Manchado—
que había maneras de encontrar un término más adecuado para expresar lo
que ustedes quieren decir en este mercado. Nos parece que la transacción
habría sido perfectamente posible tanto con la enmienda que ha presentado
Convergència i Unió como con la que ha presentado el Grupo Socialista. De
hecho, nosotros hemos retirado nuestra enmienda, que, como ustedes saben,
hablaba precisamente del respeto a

las competencias de las comunidades autónomas; y lo hemos
hecho para facilitar una transacción, si ustedes lo hubieran considerado
oportuno. Pero no ha sido así. Por lo tanto, desde esta perspectiva, nos
vamos a ver abocados a votar que no a una moción que realmente
consideramos importante, como todas aquellas mociones que vayan
destinadas a facilitar y promover la creación de puestos de trabajo, en
las que hay buscar el acuerdo.

Desde esta perspectiva, acabo como empecé, señora
presidenta: creo que es absolutamente imprescindible ese término del
moderantismo. Creo que ustedes deben buscar la línea del ministro De
Guindos, la línea del pacto, la línea del acuerdo, la línea de las
declaraciones prudentes, y salir de la línea Montoro, una línea que les
puedo asegurar que no ayuda nada a que el país vaya mejor.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra
el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyora
presidenta.

Senador José Blas Fernández, jo crec que vostè això ha
plantejat a l’inrevés. Vostè ha parlat de centralitzar, i que
després es poden transferir determinades competències en aquest tema,
però això va a l’inrevés. Ja hi ha comunitats autònomes, com per
exemple Catalunya, que estan fent una bona feina, a través de la Cecot, i
ara ho explicaré, perquè crec que és d’interès de tots els senadors
que ens estan escoltant aquí ara. Això demostra i posa en evidència que
aquesta moció que ara ens presenta, no acceptant cap de les esmenes, ni
la del Grup Socialista ni la nostra, els mals que això representa per a
l’economia espanyola. Són les obsessions que té el Grup Popular de
recentralitzar i d’aplicar la Llei d’Unitat de Mercat. Això
és tremendament perjudicial, com ja he dit en reiterades ocasions.

Amb anterioritat a l’arribada al poder del Grup
Parlamentari Popular, quan les comunitats autònomes disposaven de
recursos i d’algunes competències —i ara explicaré allò que
he dit en la defensa de l’esmena—, un dels programes Feder
que va impulsar Catalunya va ser la creació d’una plataforma
tecnològica per facilitar la transmissió d’empreses i el seu
posterior acompanyament. La creació d’aquesta plataforma ha estat
un èxit, i ha estat liderada per la patronal catalana Cecot; vostè hi ha
fet referència. En aquests moments hi ha un registre d’uns 1500
emprenedors, i des de la posada en marxa, ha permès facilitar, i en molts
casos salvar, 250 empreses. En aquests moments produeix una mitjana de
quatre transmissions setmanals d’empreses; una qüestió
d’enorme rellevància per salvar el teixit productiu i per generar
ocupació. La plataforma ha aconseguit també signar convenis amb 40
ajuntaments catalans i amb les quatre diputacions, i intercanvien perfils
d’empreses que volen ser transmeses a potencials emprenedors, de
manera sectorialitzada, per volum d’empreses, etcètera.

En el propers dies, també, les diferents associacions de
comerç de Catalunya abocaran la seva informació sobre possibles
transmissions a aquesta plataforma, i es convertiran així en borses de
contractació. Els recursos humans són els de la Cecot, i els que es posen
a disposició a través de les diferents administracions públiques. Per
tant, és evident que la col·laboració que s’està produint en
aquests termes amb la societat civil, i a través de la Cecot, és
d’una importància cabdal.

Aquesta iniciativa és sens dubte positiva. És un excel·lent
exemple de projecte d’èxit en moments de crisi, però fixin-se que
sorgeix de la societat civil, amb la col·laboració de les administracions
territorials de Catalunya, de la Generalitat, que és la impulsora a
través del Feder corresponent al que feia referència abans, i dels
ajuntaments. Deia també abans en la defensa de l’esmena que la
proximitat territorial i la identitat pròpia de cada comunitat fan que la
proximitat a aquests temes sigui clau i esdevingui tremendament
important. I aquesta proximitat depèn dels ajuntaments i depèn de les
comunitats autònomes, i no, des d’una visió centralitzadora,
d’un àmbit de ministeris; i això és així. I ara el Partit Popular
aprofita aquesta iniciativa d’èxit, que és oportuna, per portar-la
a la religió de la unitat de mercat, i això és un gran error. El que
pretén l’aparell de l’Estat és burocratitzar i
funcionarialitzar una iniciativa d’èxit —repeteixo— de
la societat civil. Ho sento però s’equivoquen amb aquesta proposta
que estan fent. El que correspon és celebrar el dinamisme de la societat
civil, que ha estat capaç de crear aquesta plataforma per donar resposta

a un greu problema de continuïtat d’empreses viables;
celebrar el suport que ha tingut la iniciativa per part de les
administracions, i que han finançat a través de fons Feder, com deia
anteriorment.

El Govern tampoc no ha de crear un registre específic de
negocis que estan en disposició de ser traspassats. Això ja ho fa la
societat civil. Pretendre aquí posar aquest concepte eteri de la unitat
de mercat només serveix per crear rigidesa. El que ha de fer el Govern és
ajudar de manera financera i administrativa aquesta iniciativa que, com
vaig reiterant, és una iniciativa d’èxit.

Per cert, quins són aquí els recursos que ha aportat
l’Estat a aquesta iniciativa? I quins recursos pensa aportar a
aquest projecte que funciona perquè funcioni millor, perquè les 250
transmissions que en aquests moments s’han realitzat d’aquí a
poc temps no siguin 250 sinó 2500? Això és el que cal.

Torno al conveni que es va signar l’any passat amb el
Ministeri d’Indústria, que pretén que aquesta plataforma pugui
actuar en tot l’àmbit territorial de l’Estat, i també en el
marc de la Unió Europea. Per tant, no vulguin apropiar-se aquí,
aplicar-li la unitat de mercat, recentralitzar i ofegar, d’alguna
manera, aquesta iniciativa que està donant aquests èxits en aquests
moments de crisi, on és fonamental i bàsica la creació d’ocupació i
el manteniment d’empreses, no la seva desaparició. Per tant,
oblidin-se de crear registres únics, oblidin-se de rigideses, evitin
l’enquistament que aporta sempre la regulació de l’Estat. Del
que es tracta és de donar suport a allò que funciona. No inventin, no cal
fer res més que donar suport a aquestes iniciatives que, per la
proximitat al territori, depenen prioritàriament d’aquells convenis
que han fet amb les diputació, en aquest cas a Catalunya, i que estan
fent i han fet amb els diferents ajuntaments. Es tracta d’això,
d’impulsar aquestes coses que van bé, deixar-les fer. El que es
pretén és que puguin actuar en un àmbit com més gran millor, pel bé i per
l’interès del creixement de l’economia, i que els joves
—com diuen vostès a l’enunciat d’aquesta moció—
puguin tenir borses de treball i ocupació, i puguin tenir també
l’oportunitat de tirar endavant empreses que si no moririen.

En definitiva, reitero que cal no aplicar unitat de mercat
a aquest concepte, sinó ajudar a la Cecot, per exemple, com a garantia de
la societat civil, que està impulsant aquesta plataforma i fent aquesta
bona feina.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señora presidenta.

Senador, señor don José Blas Fernández, yo creo que usted
ha planteado esto al revés. Usted ha hablado de centralizar, y que luego
se pueden transferir determinadas competencias en este tema, pero esto
funciona, repito, al revés. Ya hay comunidades autónomas, como es el caso
de Cataluña, que están haciendo una buena labor a través de la Cecot, y
ahora lo voy a explicar porque creo que es de interés para todos los
senadores que nos escuchan hoy aquí. La moción que ahora nos presentan,
sin aceptar ninguna de las enmiendas, ni la del Grupo Socialista ni la
nuestra, pone en evidencia los males que esto representa para la economía
española, que en definitiva son las obsesiones que tiene el Grupo Popular
para recentralizar y de algún modo aplicar la Ley de unidad de mercado; y
eso es tremendamente perjudicial, como ya he dicho en reiteradas
ocasiones.

Con anterioridad a la llegada al poder del Grupo
Parlamentario Popular, y cuando las comunidades autónomas disponían de
recursos y algunas competencias —y explicaré lo que he comentado en
la defensa de la enmienda—, uno de los programas Feder que impulsó
Cataluña fue la creación de una plataforma tecnológica para facilitar la
transmisión de empresas y su posterior acompañamiento. La creación de
esta plataforma ha sido un éxito y ha estado liderada por la patronal
catalana Cecot —ya se han referido a ello—. En estos momentos
hay un registro de unos 1500 emprendedores, y desde su puesta en marcha
ha permitido facilitar, y en muchos casos salvar, a 250 empresas. En
estos momentos se produce una media de 4 transmisiones semanales de
empresas —repito, 4 transmisiones semanales—, una cuestión de
enorme relevancia para salvar el tejido productivo y, por lo tanto, para
generar empleo. La plataforma también ha conseguido firmar convenios con
40 ayuntamientos catalanes, con las 4 diputaciones, y se intercambian
perfiles de empresas que quieren ser transmitidas a potenciales
emprendedores de forma sectorializada, por volumen de empresas,
etcétera.

En los próximos días las distintas asociaciones de comercio
de Cataluña volcarán su información sobre posibles transmisiones a esta
plataforma, y se convertirán así en bolsas de

contratación. Los recursos humanos son los de la Cecot y
los que se ponen a disposición a través de las distintas administraciones
públicas. Por lo tanto, es evidente que la colaboración que se está
produciendo en estos términos con la sociedad civil y a través de la
Cecot es de una importancia capital.

Esta iniciativa es sin duda positiva. Es un excelente
ejemplo de proyecto de éxito en momentos de crisis, pero fíjense en que
surge de la sociedad civil, con la colaboración de las administraciones
territoriales de Cataluña, la Generalitat, que es la impulsora a través
del Feder correspondiente al que yo hacía referencia antes y, por lo
tanto, también de los ayuntamientos. Como decía antes en la defensa de la
enmienda, la proximidad territorial y la identidad propia de cada
comunidad hacen que la proximidad en estos temas sea clave y
absolutamente importante. Esta proximidad depende de los ayuntamientos y
de las comunidades autónomas, y no de una visión centralizadora del
ámbito de los ministerios. Eso es así. Y ahora el Partido Popular
aprovecha esta iniciativa de éxito, lo cual es oportuno, pero lo que
pretende es la revisión de la unidad de mercado y eso es un gran error.
Lo que pretende el aparato del Estado es burocratizar y funcionarizar una
iniciativa de éxito. Y lo siento pero se equivocan con esta propuesta. Lo
que corresponde es celebrar el dinamismo de la sociedad civil, que ha
sido capaz de crear esta plataforma para dar respuesta a un grave
problema de continuidad de empresas viables, celebrar el apoyo que ha
tenido la iniciativa por parte de las administraciones y su financiación
a través de fondos Feder, como decía anteriormente.

El Gobierno tampoco tiene que crear un registro específico
de negocios que estén en disposición de ser traspasados, eso ya lo hace
la sociedad civil. Por lo tanto, pretender aquí incluir este concepto
etéreo de la unidad de mercado solo sirve para crear rigidez. En
cualquier caso el Gobierno lo que debe hacer es ayudar desde el punto de
vista financiero y administrativo a esta iniciativa que, reitero, es una
iniciativa de éxito.

Por cierto, ¿cuáles son los recursos que ha aportado el
Estado a esta iniciativa, y qué recursos piensa aportar a este proyecto
para que funcione mejor? Para que las 250 transmisiones que en estos
momentos se han realizado de aquí a poco tiempo no sean 250 sino 2500.
Eso es lo que hace falta.

Y vuelvo al convenio que se firmó el año pasado con el
Ministerio de Industria, que lo que pretende es que esta plataforma pueda
actuar en todo el ámbito territorial del Estado y, también, en el marco
de la Unión Europea. Por lo tanto, no quieran apropiarse aquí la unidad
de mercado, recentralizar y ahogar de algún modo esta iniciativa, que
está dando estos éxitos en unos momentos de crisis, en los que es
fundamental y básica la creación de empleo y el mantenimiento de
empresas, y no su desaparición. Por lo tanto, olvídense de crear
registros únicos, olvídense de rigideces, olvídense del enquistamiento
que aporta siempre la regulación del Estado, porque de lo que se trata es
de apoyar lo que funciona. No inventen, solo hace falta apoyar estas
iniciativas que, en definitiva, por la proximidad al territorio, dependen
prioritariamente de estos convenios que se están firmando con las
diputaciones, en este caso en Cataluña, y con los distintos
ayuntamientos. De eso es de lo que se trata, de impulsar estas cosas que
van bien, de dejarlas hacer; lo que se pretende es que puedan actuar en
un ámbito cuanto mayor mejor para el bien y para el crecimiento de la
economía y para que los jóvenes, como dicen ustedes en el enunciado de la
moción, puedan tener bolsas de trabajo y de empleo así como la
oportunidad de salir adelante, al igual que otras empresas que de lo
contrario morirían.

En definitiva, reitero una vez más que lo que hace falta es
no aplicar la unidad de mercado, sino ayudar a la Cecot, por ejemplo,
como garantía de la sociedad civil que está en esta plataforma impulsando
esta buena labor.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señora presidenta.

Nos encontramos ante una moción que, tal y como señalé en
la defensa de la enmienda, todos consideramos importante, senador
Fernández y, en nombre de mi grupo, doy la bienvenida a su presentación.
Considero que la moción pone sobre la mesa un asunto relevante pues todo
lo que afecta a las pymes es importante en este momento en que el país se
enfrenta al principal problema,

el paro. La destrucción de empleo o la falta de creación de
empleo sigue siendo el problema fundamental de nuestro país, más allá de
todos los eslóganes electorales que uno quiera acuñar.

Señorías, hablamos de pymes y no solo de empresas
familiares. Las pymes en España pueden ser empresas de hasta 250
trabajadores. Por tanto, nos estamos refiriendo a empresas que son pymes.
Conviene ponerlo encima de la mesa porque de ese tamaño o de esas
características son algunos de los ejemplos que yo quiero poner. Estamos
de acuerdo en que las pymes son la parte del tejido empresarial que más
riqueza aporta en España y en Europa, que más empleo crea y, por tanto,
donde más empleo se ha destruido en estos tiempos. Y no voy a rebatir
ninguna de las cifras que ha dado el senador Fernández, pues todas son
ciertas y estamos de acuerdo con ellas.

Por lo tanto, tratar de que el Estado —contemplándolo
como el conjunto de administraciones que lo integran— ayude a
salvar a las empresas que podrían desaparecer por razones no económicas a
través de su transmisión es una buena tarea y todos debemos instar al
Gobierno y a todos los gobiernos que integran el Estado a llevarla a
cabo. No vamos a discutir sobre el fondo de la cuestión. Se ha hablado de
un proyecto pactado con las patronales que se dedica a dar visibilidad a
las empresas en disposición de ser transferidas, que habla de la
formación del comprador y de la formación del vendedor, cuestiones en las
que estamos de acuerdo y sobre las que no hay ninguna discrepancia.

Como decíamos en el turno de presentación de enmiendas, a
nosotros solo nos preocupa, tal y como señalaba la portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco, ponernos de acuerdo cuando hablamos de la garantía
de la unidad de mercado. El mercado único es importante porque permite a
las empresas moverse en un mercado más amplio y en mejores condiciones de
competitividad, pero cuando uno interpreta la unidad de mercado como se
interpretó con motivo de presentación de la Ley de garantía de la unidad
de mercado empiezan a surgir discrepancias. Voy a poner dos ejemplos,
porque a mí me gusta explicar las cosas para que la gente lo entienda,
sobre todo los que no están aquí dentro o los que no han participado en
esta moción, que justifican cualquier resquemor. Ustedes decían en la Ley
de garantía de la unidad de mercado que era una actividad contraria a la
unidad de mercado incluso el hecho de que cualquier Administración
solicitase o abriese un registro de cualquier actividad. Por lo tanto,
incluir a una empresa en un registro era ya una actividad contraria a la
libertad de establecimiento y circulación de empresas, y eso es
preocupante.

Una pyme, familiar o no familiar, más grande o más pequeña,
puede transferirse de muchas maneras. Voy a ponerles dos ejemplos.
Supongamos que una pyme se transfiere a sus trabajadores, que los
trabajadores deciden comprar la empresa porque es viable. Eso está
ocurriendo en el País Vasco, en Cataluña y en Andalucía, lugares donde la
creación de cooperativas y de empresas de economía social está creciendo,
sobre todo en tiempos de crisis. Cuando los trabajadores compran la
empresa al empleador entramos en un campo, la creación de cooperativas,
de competencia exclusivamente autonómica, con leyes distintas en cada
autonomía. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cómo aplicamos la unidad de
mercado, señor Fernández? Esa es la duda que tenemos y que agradeceríamos
que nos despejasen.

Otro ejemplo. Cuando uno transfiere una empresa se produce
desde el punto de vista fiscal un hecho que está gravado por el impuesto
sobre sucesiones o donaciones, en el caso de que sea una empresa
familiar, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, e incluso, porque dentro del patrimonio de la empresa puede
pasar, por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana o rústica, y esos son tres impuestos transferidos en
gestión y en normativa a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.
¿Cómo aplicamos aquí la unidad de mercado?

Señorías, el único problema que nosotros tenemos —y
lo hemos dicho en el turno de enmiendas— es el primer punto del
petitum, porque no entendemos establecer la unidad de mercado para
transmisiones empresariales más allá de ponerse de acuerdo en buenas
prácticas. En eso estaríamos de acuerdo. El problema es cuando la
transmisión de una empresa afecta a competencias que no son del Estado, y
por tanto, el Gobierno no puede decir cómo hay que hacer eso. Ustedes
trajeron aquí la Ley de garantía de la unidad de mercado con unas
características que ya en aquel momento dijimos que desregulaban algunas
cuestiones reguladas, que uniformizaban materias en las que las
comunidades autónomas tenían competencias. Eso significa

simplemente invadir competencias que no son del Estado, y
nosotros no vamos a votar a favor de una moción que inste al Gobierno a
invadir competencias que no son suyas, más allá de que estemos de acuerdo
en que hay que favorecer cualquier actividad que permita que se salven
empresas que puedan ser viables, señor Fernández.

Ese es el resumen; por eso hemos presentado la enmienda y
nos habría gustado que hubiera habido un acercamiento del grupo
mayoritario hacia el resto de los grupos parlamentarios para haber sido
capaces entre todos de redactar esos puntos números 1 y 2 de una forma
distinta. Porque si hubiéramos sido capaces de hacerlo, quizá esta moción
habría salido aprobada por unanimidad, y le aseguro que era la voluntad
de nuestro grupo hacerlo, pero como usted sabe, yo le llamé ayer por la
mañana y todavía estoy esperando que me devuelva la llamada. Yo comprendo
que haya estado ocupado, pero, desde mi punto de vista, eso no demuestra
mucha voluntad de llegar a un acuerdo para que pudiéramos votar a favor.
Y lo habríamos hecho, teníamos ganas de hacerlo, porque hemos visto que
había algunas otras opciones, como, por ejemplo, la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió, que se acercaban al consenso,
que se acercaban a la transaccional, pero no hemos visto que ustedes
quisieran pactar, y por tanto, lamentablemente, una moción que todos los
grupos parlamentarios hemos dicho que es importante tendrá que salir con
el único apoyo de su grupo, porque no han querido acercarse al resto de
los grupos que hemos presentado enmiendas, todas ellas encaminadas a
mejorar el texto, a clarificar las cosas y a defender el modelo
constitucional que España se ha dado, y que es el que tenemos hasta que
no lo cambiemos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Fernández Sánchez.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señora
presidenta.

Señorías, en primer lugar quisiera agradecer sinceramente
el tono de los intervinientes, que han expuesto la preocupación que
conlleva esta moción para los distintos grupos parlamentarios; una moción
cuyo propietario es el Grupo Parlamentario Popular, y que se nos llame
por teléfono no significa que tengamos que acceder a las pretensiones de
un enmendante. Las enmiendas son enmiendas, si no son aceptadas no son
aceptadas y si lo son, bienvenidas sean.

Nosotros entendemos que esta moción conlleva una situación
propicia y me parece que algunos portavoces han confundido lo que es una
moción con lo que es el trámite de un proyecto de ley. La moción es lo
que es, puede ser ambigua, puede ser parca, puede ser corta, pero no es
específica como puede ser, lógicamente, un proyecto de ley, con todas las
pretensiones jurídicas que conlleva y en el que se hila fino hasta el
último contenido para llegar a un proyecto de ley definitivo. No
confundamos el trámite parlamentario de un proyecto de ley con una moción
en el Parlamento, que es lo que acaba de presentar al Grupo Parlamentario
Popular. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Vamos a centrarnos un poco en las intervenciones de los
portavoces. Por lo visto, a algunos no les agrada la unidad de mercado
pero, señoría, la unidad de mercado favorece a todas las comunidades
autónomas. Yo entiendo que su crítica es ideológica, simplemente
ideológica, pero creo que una moción como esta tenía que haber sido
apoyada en su totalidad puesto que lo que pretendemos es que todo el
contexto del entramado empresarial pueda tener un final feliz. Y lo digo
porque en los tres puntos de la moción se recoge: «Establecer la unidad
de mercado para transmisiones empresariales que aúne y combine la
fortaleza de los distintos modelos de programas de transmisiones de
empresas ya puestos en práctica en España, depurando sus puntos débiles e
incorporando nuestras actuaciones en este ámbito.» Es decir, que admite,
como es lógico, todas aquellas actuaciones que se han hecho en las
comunidades autónomas. He dicho al principio que el propio Ministerio de
Industria tiene ya como colaborador necesario a dos comunidades
autónomas, Extremadura y Murcia, que están colaborando para llevar a cabo
este proyecto, esta moción. Por lo tanto, creo que los puntos débiles que
van a ser incorporados en esta moción son los necesarios para que cada
comunidad autónoma aporte y, lógicamente, combine su actuación con
ella.

Después se dice que se cree un registro específico de
aquellos negocios que estén en disposición de ser traspasados, por
supuesto, un registro específico combinado y actualizado con

las distintas comunidades autónomas. Yo estoy basándome
específicamente en un proyecto que ha hecho un consultor, un tal señor
Ruiz, de la confederación de empresarios de la provincia de Cádiz, a la
que yo pertenezco, en el que habla de las equivocaciones más comunes en
el relevo generacional. Aquí hay un problema generacional, que es el
problema de las pymes, las micropymes y posiblemente de grandes empresas,
porque hay que diferenciar entre propiedad, gobierno y gestión de las
empresas; ese es el gran problema que tienen, un problema generacional,
un problema de diferenciar lo que es la propiedad de lo que es la
dirección. Muchas veces no es cuestión de talento, pero puede que sí lo
sea cuando hay un problema generacional para poner a cargo de la empresa
a otra persona; muchas veces, cuando los herederos no tienen la formación
necesaria, la empresa decae porque no se ha sabido administrar.

Hay equivocaciones muy comunes en el relevo generacional,
equivocaciones muy importantes, por ejemplo, considerar el relevo como un
acontecimiento y no como un proceso. Lo que traemos al Parlamento hoy es
que hay que saber discernir entre lo que es un relevo y un
acontecimiento, para que a lo largo del tiempo, cinco a diez años, las
empresas estén preparadas, los herederos o aquellos que quieran
comprarla. Estoy hablando de un relevo como un acontecimiento importante
que se ha de hacer poco a poco, de forma que serán los propios cuadros de
mando de la sociedad, sea una persona jurídica o una persona física, los
que tendrán que hacerlo, y no de un proceso natural y lógico, como
ocurre, por ejemplo, por jubilación del empleador o por fallecimiento.
Por ello, si en una empresa no se establece el relevo en una fecha fija,
de por sí la empresa cae, puesto que se retrasa la organización y la
estrategia, además de que muchas veces los hijos se acomodan al estatus
que mantiene la empresa, lo que se llama el síndrome del príncipe Carlos,
que lo único que hace es mirar, mirar y mirar y no hacer nada.

Por lo tanto, dada esta situación que se da en la pyme y la
micropyme, tenemos que darnos cuenta del error que supone pensar que es
una obligación con el pasado y no una oportunidad para el futuro. Ese es
el problema de las micropymes, hay que valorar el pasado de la micropyme
y de la empresa que corresponda, pero siempre considerando que hay un
futuro inmediato en el que hay que sustentar las empresas y mantener el
número de trabajadores.

Por lo tanto, como he dicho al principio, no voy a entender
que por un problema ideológico no se apoye una moción, sin embargo, sigo
manteniendo —y algunos portavoces lo han dicho— que se van a
perder empleos de calidad; es cierto —lo decía la portavoz del
Grupo Vasco—, se pueden perder procesos y empleos de calidad; sí,
señor, se pueden perder perfectamente, pero no porque pongamos en marcha
las medidas directamente desde el Gobierno, porque las comunidades
autónomas tendrán que mantener todas sus competencias en el lugar donde
ocurra —estoy de acuerdo con ello—. Si la empresa se va a
traspasar en Cataluña, lógicamente tendrá mucho que decir la comunidad
autónoma, pero ello no significa que no tenga que atenerse a la unidad de
mercado. Estamos en Europa, señores. Europa está por encima de todos
nosotros. Europa conlleva esa unidad de mercado para todos los aspectos.
Por lo tanto, es importante que así se haga. Hay que fomentar toda la
actividad empresarial de cara a esa unidad de mercado. Por ello, es una
moción importante. Algunos piensan que como la moción no es suya y el
partido que gobierna es el Partido Popular, pueden votarla en contra.
Vótenla ustedes en contra. Tienen libertad para hacerlo, pero entiendan
que al estar en Europa esta unidad de mercado tiene que extenderse a todo
el territorio de la Unión. La normativa laboral se legisla en las Cortes
Generales, en el Congreso y en el Senado, y se legisla para que todos los
empresarios y empleadores la cumplan.

Por lo tanto, la moción es valiente y oportuna. Hemos
estudiado, para que luego no se pueda criticar, cómo se calcula la
pérdida de empleo en este país. El Gobierno de la nación ya ha puesto los
mimbres o los parámetros para que haya mejoras sustanciales. Pero a mí me
agradaría que estas mejoras sustanciales, que también las han hecho
algunas comunidades autónomas, se cumplieran. El gran problema de las
pymes y micropymes es que en muchas comunidades autónomas se crean muchos
proyectos que luego no se cumplen. En la comunidad de la que vengo,
Andalucía, estoy cansado de oír hablar del apoyo a las pymes y
micropymes, y no se da nada. No hay ninguna credibilidad. La Junta de
Andalucía no tiene ningún compromiso para crear empleo en las pequeñas y
medianas empresas. Hay una serie de apoyos que luego se pierden, por no
hablar de los cursos de formación, que también se pierden, ni de las
cuantías que se aportan para crear empleo, que no se conocen nunca. Así
estamos, con treinta años de gobierno socialista y con más desempleo.

Señorías, esta moción es oportuna y va a tener un resultado
feliz para aquellas empresas que no están en proceso de extinción por
razones económicas, sino que pueden ser boyantes, para que quien las
pueda comprar, para que quien pueda ver sus posibilidades a través de ese
registro se haga cargo de ellas lo más pronto posible. Esta es la forma
de mirar hacia el futuro, de mirar hacia Europa y hacia España, que es la
nuestra, que es la que tenemos que gobernar y por la que tenemos todos
que mirar, no observando cada uno el ombligo de su propia comunidad
autónoma.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 236; a favor, 145; en contra, 86;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

6. COMISIONES ESPECIALES

6.1. SOLICITUDES DE CREACIÓN

6.1.1. COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA
EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA DE
GÉNERO.

(Núm. exp. 650/000007)

AUTORES: MARCELINO IGLESIAS RICOU (GPS) Y VEINTICUATRO
SENADORES MÁS

El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1. y
6.1.1.

El señor PRESIDENTE: Empezamos con el debate de
totalidad.

Turno a favor.

Tiene la palabra la senadora Flores.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías. El pasado día 22 presentamos la
solicitud de creación de una comisión especial del Senado para el
seguimiento y la evaluación de las políticas públicas relacionadas con la
violencia de género, y no lo ha hecho solo el Grupo Parlamentario
Socialista, sino que lo ha hecho con otros grupos de la Cámara, como son
Convergència, Entesa, PNV y buena parte del Grupo Mixto. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senadora
Flores.

Señorías, hagan el favor de guardar silencio.
(Rumores).

Guarden silencio, por favor, o abandonen el hemiciclo en
silencio.

Gracias.

Continúe, señoría.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Decía que a todos ellos quiero agradecer que hayan firmado
esta iniciativa, con absoluto respeto a los posicionamientos de cada
uno.

Señorías, en los primeros meses de este año han sido
asesinadas por violencia de género 26 mujeres, la mitad del total del año
2013. Este repunte demuestra que no se puede bajar la guardia, al
contrario, exige una alerta continua y una lucha imparable. El informe
del Observatorio contra la violencia de género del Consejo General del
Poder Judicial indica que hay determinados indicadores sobre los que
tenemos que reflexionar. La iniciativa del Grupo Parlamentario Popular de
crear un grupo de trabajo no nos parece suficiente para un asunto tan
importante como es la vida de las

mujeres. Es una cuestión de derechos humanos y por eso
pedimos que se trate en sede parlamentaria, utilizando todos los
instrumentos que el Reglamento de la Cámara pone a nuestra
disposición.

Queremos, señorías, un debate serio y riguroso, del que
surjan propuestas y soluciones. Por eso, reclamamos acciones y medidas
que ayuden a erradicar esta lacra. Hay que contar para ello con
asociaciones, sindicatos, comunidades autónomas, ayuntamientos, fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, profesionales de la abogacía y de los
servicios sociales, etcétera, es decir, con toda la sociedad, porque o lo
hacemos todas y todos juntos o no será posible.

Por eso, pedimos esta comisión, porque, a nuestro juicio,
es prioritario que comparezca el Gobierno para presentar la evaluación de
la ley vigente, que tiene ya diez años, recuerden que fue la primera del
Gobierno de Rodríguez Zapatero; que puedan comparecer, asimismo,
asociaciones de mujeres, juristas, fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, agentes sociales, etcétera, que tienen mucho que decir en este
tema porque lo trabajan día a día; que se cuide la prevención de la
violencia de género, importantísima en la actual ley y que se ha ido
diluyendo con las reformas del Gobierno del señor Rajoy. ¿O es que creen,
señorías, que seremos capaces de eliminar la violencia de género sin
formar ciudadanas y ciudadanos libres y respetuosos con la
diferencia?

Queremos que el Gobierno se comprometa con las conclusiones
de la comisión y queremos que se repongan los fondos que se han ido
detrayendo en estos años de Gobierno del Partido Popular. Queremos, en
definitiva, un pacto social y político por la seguridad de las mujeres y
contra la violencia de género, como el que se logró en el año 2004,
porque aquí, señorías, no caben crisis económicas, sino defensa de los
derechos básicos de ciudadanía de todas las mujeres. Ese pacto, a nuestro
juicio, tiene que contar con un reflejo institucional en las Cortes.

El preocupante descenso de denuncias hace pensar que algo
está fallando. El imparable ascenso del archivo de denuncias o el
incremento de denegaciones de órdenes de protección nos tiene que hacer
reflexionar.

Señorías, el año pasado se registraron 124 894 denuncias,
27 por cada 10 000 habitantes; sin embargo, la reducción desde el año
2008 es del 12%, y se dictaron 32 831 órdenes de protección, o sea, un
26% nada más.

No cabe la menor duda de que la difícil situación actual
tiene una incidencia profunda en este asunto, y las reformas legislativas
de estos años tampoco ayudan: desde la reforma laboral, que manda a las
mujeres a casa, en lugar de desarrollar una verdadera estrategia de
políticas de empleo para las víctimas, a la reforma local, que va a hacer
mucho daño a la red que se ha ido construyendo en los últimos años de
servicios contra la violencia de género en los ayuntamientos.

Nos preguntamos, ¿quién va a hacer la atención directa, la
acción preventiva, la atención policial o la integración laboral? En este
sentido, el papel de la Administración Local es determinante y
decisivo.

Hace unos días, el ministro Wert nos decía en esta Cámara
que la contrarreforma, la LOMCE, no iba a suponer ningún problema para
las políticas preventivas de formación de nuestros jóvenes. Con los datos
del Observatorio sobre violencia de género entre los adolescentes, ¿de
verdad se lo creen? ¿Es que piensan, señorías, que la desigualdad y la
violencia de género, expresión flagrante de ella, desaparece solo con
desearlo? Algo tendremos que hacer.

Señorías, a nuestro juicio, hay que plantear medidas para
la detección de violencia de género en centros educativos, en las
familias, y mantener los servicios de proximidad para apoyar y proteger a
las víctimas, a sus hijos e hijas. El enfoque tiene que ser
multidisciplinar. Las y los expertos tienen que darnos su opinión para
que podamos entre todos abordar el futuro.

El Grupo Socialista pidió un pacto de Estado contra la
violencia de género mediante la convocatoria de una mesa nacional, con la
participación de todos los estamentos, que analizara dónde están fallando
los mecanismos de aplicación de la ley, porque las mujeres, señorías,
tienen miedo, no se sienten seguras y, desde luego, no nos pueden decir
que la seguridad de las mujeres, el mantenimiento de una red de servicios
y centros de ayuda, la educación en igualdad entre mujeres y hombres o
los avances legislativos para la persecución y sanción de estas conductas
están supeditadas a un supuesto principio de cumplimiento de objetivos de
déficit.

¿Cuál ha sido la respuesta? La respuesta, como decía antes,
ha sido la creación de un grupo de trabajo al que hemos acudido, como no
podía ser de otra manera, pero, desde nuestro punto de vista, no se puede
avalar esa informalidad para tratar un asunto tan lacerante, como es la
violencia

que se ejerce contra la mujer por el hecho de serlo.
Creemos, por eso, que es pertinente la creación de esta comisión, tan
importante, al menos, como otras que se han creado en esta Cámara.

¿Qué miedo tienen, señorías del Partido Popular? Quizá que
salga a la luz que no se está aplicando bien la ley por falta de medios,
por la nula prevención o por falta de formación de los profesionales. Sin
embargo y aun así, nosotros creemos que hay que crearla porque hay que
debatir, hay que escuchar para reformar lo que haya salido mal o reforzar
lo que esté dando resultados positivos.

Señorías del Grupo Popular, ustedes tienen la mayoría, lo
sabemos, tienen la legitimidad de origen porque ganaron las elecciones;
la de uso se la tienen que ganar día a día y, desde luego, no ayuda una
negativa como ésta a la creación de una comisión que no va contra nadie
sino a favor de las mujeres y, por lo tanto, de toda la sociedad.

Esperando que recapaciten y que su voto sea favorable a
esta iniciativa, me reservo para el turno de portavoces.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Flores.

Turno en contra. Tiene la palabra la senadora Armisén.

La señora ARMISÉN PEDREJÓN: Buenos días y muchas gracias,
presidente.

A pesar de la intervención que ha hecho la senadora del
Grupo Parlamentario Socialista, la señora Flores, a la que agradezco su
tono, no nos engañemos: hoy no venimos a debatir ninguna propuesta de la
oposición sobre violencia de género. Hoy venimos a hablar de la creación
de un nuevo órgano, de la creación de una comisión parlamentaria. No
sabemos por qué, sinceramente, cuando todos los grupos estamos de acuerdo
en que la violencia de género es la máxima expresión de desigualdad
precisamente contra las mujeres, a los proponentes no les es suficiente
ni el rigor ni la transparencia ni el trabajo en la Comisión de Igualdad.
Sinceramente, no entiendo por qué como instrumento parlamentario no sirve
la Comisión de Igualdad, cuando es un órgano parlamentario permanente,
que existía cuando gobernaba el Partido Socialista —me voy a
centrar en el Grupo Parlamentario Socialista, aunque los solicitantes
también son de otros grupos—, y se ha mantenido en esta legislatura
aunque no es el reflejo idéntico de la estructura ministerial. Como
ustedes saben, el ministerio es de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, y sin embargo se siguen manteniendo las dos comisiones
parlamentarias por el compromiso que el Partido Popular y el Gobierno del
Partido Popular creen que debemos tener con las materias de igualdad. Por
supuesto, la existencia de esta comisión parlamentaria permanente permite
que todos los grupos presenten cualquier tipo de iniciativa en esta
Cámara y mi grupo parlamentario cree que hoy sí es imprescindible hablar
de este tema, pero no solo de la creación de una comisión, sino de la
violencia de género, porque es un asunto tan importante como lo ha sido
antes, como lo ha sido hace años, como lo ha sido siempre, y en mi grupo
y en el Partido Popular estamos absolutamente comprometidos con esa
lucha.

No voy a entrar, y menos en el periodo electoral en el que
nos encontramos, en una guerra de datos —podría sacar los de otros
años— porque creo que no le hace ningún favor ni al Gobierno ni a
ningún representante público, pero sí creemos que es importante, cuando
se ve que estos datos no reconocen un cambio de tendencia, hablar de este
asunto. Pero es importante, señorías, hablar de violencia de género; no
es importante hablar de si los parlamentarios nos reunimos en una
comisión, en una sala, si vamos a ser capaces de sacar una propuesta
adelante o de negociar con lealtad, con trabajo y esfuerzo. Me niego a
reconocer ese discurso, y lo digo desde mi experiencia parlamentaria. Yo
he trabajado muchísimo en grupos con compañeros de muchos signos
políticos y hemos negociado sin necesidad de tener que estar sometidos al
calendario parlamentario de forma exclusiva. Un grupo de trabajo no
quiere decir que ustedes no presenten las propuestas en sede
parlamentaria —estoy hablando formalmente— a través de la
comisión en relación con las iniciativas que consideren oportuno.
¡Faltaría más que esta parlamentaria viniera a decirles lo que tienen que
hacer!, pero una cosa no quita a la otra.

Por otro lado, les tengo que decir que ha habido una
iniciativa por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado para constituir un grupo de
trabajo Congreso-Senado no para hablar de forma general sobre violencia
de género —si hay que hablar de ello en el grupo de trabajo,
también—, sino simplemente para ser una de las patas,

porque somos el legislativo, somos los grupos políticos,
somos los grupos parlamentarios, de manera que pudiéramos aportar en un
breve espacio de tiempo lo que nosotros creemos desde nuestra experiencia
diaria que podría ser modificable en la Ley integral que en estos
momentos lleva diez años en vigor. ¿No seremos capaces, conociendo la
legislación, de llegar a un acuerdo sobre unas propuestas, en las que
estoy segura de que coincido con todas mis compañeras, en las que se
dijera: los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado estamos
dispuestos a presentarle esto al Gobierno, porque es lo que pensamos para
una modificación legislativa? Sinceramente, no me parece que sea un
asunto como para estar discutiendo hoy si una comisión o si un grupo de
trabajo.

Creo que deberíamos pensar un poco en la carrera de la
iniciativa y de la foto diaria. Porque si entramos en este debate les
diré que a mí nadie me ha pedido que presentara ni que solicitara esta
iniciativa. Yo tuve conocimiento de ella en la reunión del grupo de
trabajo. Y sé que mis compañeras están comprometidas con este asunto y
van a trabajar con lealtad, así como que todas ustedes van a participar y
han participado en el grupo de trabajo. Por lo tanto, ¿qué vamos a
hacer?, ¿seguir discutiendo la forma y no dar respuesta al problema? Yo
creo que eso es lo que nos critican los ciudadanos todos los días en la
calle, que seguimos discutiendo entre nosotros las cuestiones. ¿Qué
molesta del grupo de trabajo? ¿Que lo ha propuesto el Partido Popular?
¿Por qué, si nosotros también hemos votado iniciativas en contra de la
violencia de género y nuestro Gobierno está poniendo en marcha
importantes iniciativas al respecto? ¿Molesta que no seamos capaces los
grupos de reunirnos? Nos reunimos todos los días para llegar a
transacciones, a enmiendas, para debatir cuestiones que interesa a
nuestros grupos que salgan por consenso. ¿Qué es lo que molesta?

Sinceramente, no me ha resultado nada agradable tener que
participar hoy en este debate, por motivos que muchas compañeras conocen.
Primero, porque hablar de violencia hoy, después del recuerdo a mi
compañera de muchos años, no me parece adecuado, aunque las razones sean
distintas. (Rumores.) Estoy hablando de mi sentimiento personal. Tan solo
digo que no me ha resultado agradable. (Rumores.) Sé que están todas
ustedes de acuerdo con lo que he dicho. No era el debate de este asunto.
Lo he mencionado por un sentimiento personal y si a alguien le ha
molestado, lo retiro en este momento. Y, segundo, ¿qué competencias creen
ustedes que tiene la Comisión de Igualdad? ¿No es evaluar la aplicación
de la ley integral? ¿No es hablar de violencia de género como máxima
expresión de la desigualdad entre hombres y mujeres?

Señorías, nos vamos a oponer a la creación de la comisión
porque está en marcha el grupo de trabajo, que creemos que es un elemento
más ágil, más funcional y más efectivo. Y lo único que he escuchado,
tanto en el grupo de trabajo como con ocasión de la iniciativa de hoy, es
que si nos reunimos en una sala, que si el presupuesto, que si otras
leyes... Sé que van a decir también que si la ministra ha acudido o no.
Pero hoy no estamos hablando de eso. Estamos hablando del trabajo de los
parlamentarios como representantes de los ciudadanos, no de lo que hace
el Gobierno, sino de qué queremos hacer nosotros y lo que hemos propuesto
es un grupo más ágil para llegar libremente a acuerdos que luego se
puedan plasmar en iniciativas parlamentarias, también en las que ustedes
consideren desde su labor de oposición.

Asimismo, he de decirles que el Gobierno, y el grupo que lo
apoya, tiene una responsabilidad, pero no me voy a escudar en ella:
apoyar al Gobierno, repito, y, lógicamente, fomentar iniciativas en esta
Cámara. Pero creo que la oposición, en este caso, también tiene una
responsabilidad: saber dónde realiza las funciones de control, a través
de qué instrumentos, y ofrecer alternativas y propuestas. Hablando de
pura teoría política, no solo existe la labor de control de la oposición.
Por lo tanto, crear foros distendidos en un tema como este en el que
todos estamos de acuerdo en muchos aspectos, es beneficioso para nuestra
labor de parlamentarios.

Sinceramente, hoy podría hablar mucho, porque son muchas,
de las medidas que está llevando a cabo el Gobierno en materia de
violencia de género, pero creo que hoy la iniciativa no es esta. No sé
cómo me van a contestar ustedes y a lo mejor lo tengo que retomar
después, pero la iniciativa no es esta. ¿Quién tiene la iniciativa en
nuestro sistema para la modificación legislativa? La tiene el Gobierno,
pero también las Cámaras, cómo no; se pueden presentar proposiciones. Yo
creo que llegar a acuerdos sobre la evaluación de una ley para luchar
contra la violencia de género, después de diez años, no es promover una
iniciativa que excluya a las asociaciones, a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado o a la sociedad, porque además todos ellos están

representados en el observatorio; el observatorio también
ha mantenido una reunión, va a hacer su trabajo y elaborará sus
propuestas. ¿Pero no somos capaces de hacerlo nosotros por nosotros
mismos? Desde luego, mi grupo, sí. Mi grupo está dispuesto a trabajar a
diario en ese grupo de trabajo, y soy consciente y tengo asumido que mis
compañeras van a estar allí.

Por lo tanto, espero que esto sea un paréntesis de forma,
como he dicho, y que nos pongamos a lo importante. ¿Qué es lo importante?
Trabajar para buscar las mejores iniciativas que nos permitan ponernos
todos juntos delante de nuestra sociedad, no para que esos datos bajen,
sino para que no tengamos que hablar de esos datos tan tristes ni un día
más. Pero depende de nosotros, no de la responsabilidad de los demás.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Armisén.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor
presidente.

Tengo que decir que para este momento traía cuatro ideas,
siendo la primera la de extraer este tema de la guerra política, como
tantas veces hemos mencionado. Pero, senadora Armisén, si me permite y
desde el cariño que sabe que le tengo, debo responderle algunas
cosas.

Otra de las ideas que yo traía era la de no entrar en la
guerra que unos y otros pueden mantener, unos hablando de herencia y
otros de recortes. Como firmante que soy de la propuesta que hoy se trae
aquí, me parece que usted ha hecho algunas reflexiones que pueden llevar
a la confusión a la Cámara. Digo esto porque cuando se firmó la solicitud
para conformar esta comisión ya se nos trasladó aquello de: ¡pero si no
sabemos para qué está la Comisión de Igualdad! ¿Y ustedes? Porque yo fui
convocada a una reunión de un grupo de trabajo, con bastante poca
precisión —tengo que decirlo—, y ya lo dije en aquella
reunión. Yo no hablé de chimeneas, ni de leyes, yo pedí clarificar para
qué se me había convocado a aquella reunión de un grupo de trabajo
conjunto del Congreso y el Senado. Pero si usted tiene tan claro cuáles
son las funciones de la Comisión de Igualdad, ¿por qué no derivaron a la
propia comisión la realización de lo que en ese grupo de trabajo pensaban
llevar a cabo?

Otra reflexión que ha hecho usted es que hoy no toca hablar
de la conformación de la comisión cuya solicitud de creación se trae
aquí, que hoy toca hablar de la violencia de género. Perdone, pero en el
orden del día figura ese punto de la comisión especial, por lo tanto nos
tocará, en base a la opinión que cada uno tenga, valorar qué nos merece
tal propuesta. Y ciertamente este era otro de los apartados que traía
preparados hoy. Entiendo que hoy no toca hablar en profundidad del tema,
aunque sí debería ocuparnos, sin duda. No deberíamos perder tanto tiempo
en ver qué formato le damos al estudio de un contenido que tanta
importancia tiene, pero lo cierto es que el punto que estamos debatiendo
en este momento nos lleva a hacerlo; nos obliga a llegar a un acuerdo
sobre el formato que queremos la mayoría —evidentemente, con su
mayoría volveremos a encontrar poco acuerdo—, así que tendremos que
dedicarle tiempo y centrarnos en ello.

Usted ha dicho que el grupo de trabajo garantizaba todo,
que era una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular para ser una de
las patas. No para hablar de violencia de género, ¡sorpresa!, sino para
aportar en un breve espacio de tiempo unas cuantas reflexiones. Pues
bien, le vuelvo a decir lo mismo: ¿por qué no en la comisión?

En otro momento, se ha referido a que la comisión ha de ser
ágil, funcional y efectiva; pues bien, dotémosla. Ustedes consideran que
ese grupo de trabajo es más ágil y más funcional, pues bien, tengo que
decir, para que la Cámara lo sepa, que la segunda reunión, que estaba
conformada por miembros del Congreso y del Senado, tuvo que ser
desconvocada al no presentarse los diputados. Por tanto, una de las
defensas que hago para la conformación de este grupo es que, sin duda, es
más ágil que nos reunamos los miembros de la Comisión de Igualdad del
Senado y los miembros de la Comisión de Igualdad del Congreso, salvo que
consigan convencernos del objeto de dicho grupo de trabajo, que todavía
no tengo claro.

También ha dicho que no estamos hablando de eso. Permítame,
senadora Armisén, que le diga que es un poco reiterativo por su parte.
Cuando votamos en contra, es que no hemos entendido la moción; cuando
hablamos de lo que se trae al Pleno, es que no toca hablar de eso.

¡Hombre!, siempre nos tienen que estar diciendo de lo que
toca hablar y de lo que no. Cada uno, desde nuestra comprensión, desde
nuestro entendimiento, traemos propuestas a esta Cámara, y entiendan que
tienen la misma legitimidad y la misma responsabilidad. No creo que nadie
presente en esta Cámara un planteamiento infundado o poco serio. Desde la
discrepancia de opiniones y desde la contraargumentación, lo que quieran,
pero es que siempre escuchamos lo mismo.

Señorías, he traído cuatro ideas para el debate
simplemente, y al escuchar yo misma mis respuestas, parece que queríamos
entrar en ello y no es así. No, señorías, este es un asunto que nos tiene
que abstraer de los partidismos —en este caso, del
bipartidismo—, y de lo que no toca hablar es de herencias ni de
recortes, ni de nada de eso. De eso sí que no toca hablar. Se lo digo yo,
no lo ha dicho usted. Tenemos que ser capaces de estar bajo un gran
paraguas en el que logremos un acuerdo entre todos, porque, si no, el
desacuerdo se traslada a la ciudadanía. Señoría, yo vivo en Irún y allí
tuvimos la trágica experiencia de vivir el asesinato de Nagore Laffage.
La consecuencia posterior del asesinato de Nagore Laffage nos llevó a un
desacuerdo en la ciudadanía. Era incomprensible. Cuando las convocatorias
para la condena de los asesinatos de violencia machista partían de una
línea, sí; cuando tenían la aprobación de la institución, entonces, no.
Tenemos ese ejemplo, y no tengo ninguna duda.

Por otro lado, las cifras están ahí. No creo que hoy
merezca la pena seguir hablando de ello, pero lo que sí debemos hacer es
aunar esfuerzos. No porque no toque hoy hablar de ellas hay que
obviarlas, pues son, evidentemente, una lacra importantísima. De la
operatividad de una u otra ya he hablado, y es cierto que estamos
continuamente reunidos en comisiones debatiendo de otros asuntos, pero,
quizá, respetando la importancia de todos, este lo es en mayor
medida.

Como conclusión, simplemente quiero manifestar que yo
misma, en muchas de las reuniones, he repetido que algo no estamos
haciendo bien, y no me refiero a si participamos en debates que no nos
corresponden o sobre lo que debatimos. Entrando en el meollo de la
cuestión, algo no se está haciendo bien. Debemos dedicar todas las
energías en positivo a todo lo relacionado con la prevención, con la
educación. Tenemos que encontrar la clave porque algo se nos está
escapando. Por ello, la opinión de mi grupo es que en la creación de esta
comisión, con este formato, podríamos llegar a un acuerdo. Pero, como
usted ha dicho, nosotros no vamos a dejar de ir a ningún foro donde se
nos convoque para hablar de este asunto porque si no, caería en una
incoherencia en mi discurso. La importancia de este asunto nos requiere
allá donde se vaya a hablar de ello. Pero no perdamos más tiempo en las
formas, aunque sí que toca hablar de la forma, que es una fórmula más,
una posibilidad más que tenemos para traer propuestas a la Cámara.

Por lo tanto, hoy sí que tengo que hablar de ello, pero
dediquemos el tiempo que tenemos —como he dicho antes— al
contenido, que es lo que estas mujeres, sus hijos y sus hijas, nos
reclaman, algunas a gritos y otras en silencio, que no sé qué es peor. Yo
quiero que demos un ejemplo hoy de lo que la ciudadanía nos exige, esa
capacidad para llegar a acuerdos, de lo que ayer, en algún momento,
hablaba otra compañera suya del Grupo Popular. Yo todavía apelo a ello y
confío en que esta propuesta pueda prosperar, puesto que más allá de la
forma, si a lo que damos valor es al contenido, lleguemos a un punto de
encuentro y seamos capaces de sentarnos, con chimenea o sin chimenea, a
hablar del contenido, que es lo que hoy merece la pena.

Gracias (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente. Buenos días,
señorías.

En primer lugar, quiero aclarar que esto no va de una pelea
entre mujeres en una sala con chimenea, sino que esto es un
reconocimiento de nuestro fracaso colectivo como sociedad. Y creo que
esto tiene que quedar claro, porque es lo que de verdad estamos
discutiendo aquí, que es la muerte de 26 mujeres en lo que llevamos de
año.

Se cumplen diez años de la aprobación de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la
violencia de género. En estos diez años, este país ha cambiado en
muchísimas cosas, pero lo que no ha cambiado es que, a día de hoy,
continúan produciéndose muertes por violencia machista. Eso nos puede
suscitar preguntas a cualquiera de

nosotros que intente reflexionar sobre el tema: ¿Estamos
haciendo todo lo posible desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder
Legislativo? ¿Tenemos que volver a pensar, tenemos que repensar, la
manera de combatir esta lacra? ¿Hay que invertir más en educación, en
sanidad? ¿Cómo vamos a evitar los repuntes de esa violencia machista? Los
medios de comunicación, ¿qué papel juegan?

Déjenme que les ponga un ejemplo que estamos viviendo estos
días. A nivel mundial hay una campaña, que todos ustedes han visto, que
es el Bring back our girls, devuélvannos a nuestras niñas. Como saben,
más de 200 niñas de un colegio católico han sido vendidas como esclavas.
Pues esa campaña, quizás, no hace que los negociadores, o que los
raptores, devuelvan a las niñas, pero nos pone a todos en la conciencia
social de que se venden niñas en el mundo para esclavizarlas. Por lo
tanto, los medios juegan un papel importantísimo para cambiar dinámicas y
cambiar culturas en la sociedad, al igual que la educación.

Por todo ello, podríamos continuar haciéndonos preguntas
sobre qué otros factores intervienen en la violencia, pero lo que está
claro es que las últimas muertes de mujeres a manos de sus parejas han
vuelto a disparar nuestra alarma social. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado?
¿Por qué ha habido ese repunte? ¿Por qué este año está falleciendo más
mujeres? Seguramente, por causas multifactoriales; seguramente, hay que
estudiarlo, hay que analizarlo; seguramente, el contexto crisis tiene
mucho que ver. Pero la propuesta que nos hace el ministerio, en primer
lugar y, en segundo lugar, el grupo mayoritario de esta Cámara, y de la
Cámara del Congreso, el Partido Popular, a nosotros nos parece poco
ambiciosa, porque un grupo de trabajo mixto de portavoces de Igualdad
Senado-Congreso no nos parece nada ambicioso ni reglamentario. ¿Y por qué
digo esto? Porque un grupo de trabajo no está estipulado en ningún
reglamento de las Cámaras, no está regulado en ninguna de las Cámaras. Es
más, un grupo para hablar, exactamente ¿con qué objetivos?, ¿hacia
dónde?, ¿para hacer propuestas? Pues entonces, ¿por qué no lo elevamos a
una comisión, que es lo que propone —y de lo que también somos
signantes— el grupo de Entesa en esta discusión que tenemos
ahora?

Nos cuesta un poco aceptar esta manera de trabajar
—que nos parece poco ortodoxa— en el Parlamento, porque
nosotros no somos un grupo de amigos. Es así, no lo somos. Representamos
a los ciudadanos que nos han elegido democráticamente, esos ciudadanos
que están ahí fuera y que en las próximas elecciones, seguramente, muchos
de ellos se van a abstener, porque uno de los principales problemas es
que en los últimos años —desde los años noventa para acá— la
ciudadanía cada vez cree menos en los políticos y en la política. Y hacer
un grupo de trabajo no ayuda a que crean en nosotros, porque es una cosa
absolutamente aparte y poco transparente de cómo se tienen que hacer las
cosas. Por eso propusimos una comisión especial, para poner negro sobre
blanco todo aquello en lo que trabajáramos: las comparecencias, todo lo
que pudiéramos hacer para aunar esfuerzos en contra de la violencia de
género, y para que fuera transparente también para los ciudadanos, esos
que ya no creen en nosotros, pero a los que representamos de todas
formas.

Estamos seguros de que hay cosas que hay que cambiar, y eso
lo compartimos la mayoría de la Cámara. Seguro que hay que modificar
leyes, y también hay que aplicarlas mejor, también, porque se aplica de
forma muy desigual la Ley de violencia de género en distintas comunidades
autónomas, y esto también lo sabemos. Quizás tendríamos que plantearnos
que hay partidas que no habría que tocar jamás, mandase quien mandase. Es
demasiado complejo para acabar decidiendo cuál es la opción fácil, y una
solución no la vamos a encontrar en dos meses ni en un grupo de trabajo
ni en una comisión especial, seguramente porque es un tema generacional.
Como sabe, nosotros propusimos que se creara una comisión mixta
Congreso-Senado de forma reglamentaria, y lo propusimos porque
consideramos que la violencia de género, desgraciadamente, no la vamos a
solucionar ni en una ni en dos ni en tres legislaturas, porque no hay una
varita mágica, es un tema de estereotipos culturales, de temas muy
subjetivos. Tampoco quisieron ni hablar de esa opción cuando ustedes
tuvieron la posibilidad de crear esa comisión.

Por todo ello, tenemos que ser muy conscientes de que lo
que se está discutiendo hoy aquí es, sin duda, cómo hacemos la política.
Usted ha dicho que tiene ganas de que se termine este paréntesis para
poder empezar a trabajar en el tema de la violencia de género. Considero
que esto también es trabajar contra la violencia de género, porque forma
parte de visualizar ese problema, porque muchas veces no se hace.

Por lo tanto, dejando al margen la pugna partidaria y
centrándome en lo que creo que es real, que son las dificultades de los
estereotipos culturales que tenemos en nuestro país desde hace mucho
tiempo, y que se tiene que trabajar —y no solo en nuestro país, por
supuesto también en Europa; me va a decir, solo faltaría— en
estereotipos que pasan por el amor romántico y que pasan porque nuestra
juventud, con las nuevas tecnologías, está teniendo actitudes más
machistas de control de las que habíamos visto en muchísimo tiempo, y de
la que muchos de nosotros no habíamos sufrido nunca, dejando al margen la
pugna partidaria y centrándome en las dificultades de los estereotipos
culturales, todo esto pasa por poder volver a poner la violencia de
género donde tiene que estar, ponerla en un punto importante de nuestros
programas electorales y de nuestras preocupaciones políticas.

Señorías, este tema es candente, importante, complicado de
defender, porque nadie de los que estamos en esta Cámara, nadie quiere
que ninguna mujer fallezca a manos de su pareja. Pero esto va a pasar y
va a continuar pasando nos guste o no. Por lo tanto, tenemos que evitarlo
de la forma que sea posible y nosotros consideramos que las comisiones,
en este caso la que estamos defendiendo hoy, una comisión especial, es
una manera de dejar de silenciar este tipo de violencia.

Y termino refiriéndome a algo que dice Miguel Lorente, y
que creo que tiene mucha razón cuando afirma que el silencio ha sido el
mayor cómplice de la violencia que las mujeres han sufrido a lo largo de
la historia. La invisibilidad solo ha sido una de sus consecuencias. Como
creo que todos lo compartimos, intentemos cambiarlo.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Señorías, señora Armisén, con todo el cariño que sabe que
le tengo, debo sumarme a la reflexión de la senadora Iparragirre y de las
compañeras que me han precedido en el uso de la palabra para decirle que
no estoy de acuerdo en que se cuestione la propuesta de la creación de
esta comisión apelando al grupo de trabajo o apelando a la Comisión de
Igualdad, justamente por algo tan sencillo como esto: si la Comisión de
Igualdad tiene tal relevancia y es un instrumento tan efectivo para este
trabajo, entonces ¿para qué creamos la comisión de trabajo? Y no me
negará que esta comisión de trabajo goza de una cierta informalidad, que
no aporta recursos para los miembros de la oposición y tampoco para
ustedes al objeto de elaborar unas resoluciones en las que se recoja
oficialmente el trabajo de todos los parlamentarios.

Dicho esto, quiero manifestarle que desde el Grupo de
Convergència i Unió subimos a la tribuna a defender esta iniciativa, no
desde la ofensiva ni desde la defensiva, sino como una oportunidad.
Además, senadora Armisén, hablaba usted de compromiso y lealtad. En temas
tan graves como estos todos somos capaces de practicar el compromiso y la
lealtad, pero creo que siempre tenemos que intentar un paso más allá,
además de compromiso y lealtad debemos tener implicación, una implicación
que en temas como este requiere una generosidad política y parlamentaria
que todos los grupos presentes en esta Cámara, al menos de modo verbal,
estamos dispuestos a practicar; de modo que no entiendo por qué se ve
como una amenaza la creación de esta comisión.

Usted ha dicho que no iba a hablar de cifras. Yo tampoco
las voy a poner sobre la mesa para discutir sobre si unos estamos más
aproximados en los cálculos de estas cifras que otros, porque,
desafortunadamente, son malas, las miremos por donde las miremos, pues
todos en nuestro imaginario tendemos a un escenario donde la violencia
sea cero y las víctimas, cero. Pero, con más de 700 muertes por violencia
de género en 10 años y 26 en lo que llevamos de este, con un descenso que
actualmente se cifra aproximadamente en un 10% por lo que se refiere a
las denuncias en materia de violencia de género y un descenso de las
órdenes de protección de alrededor de un 9%, yo sí pongo los datos sobre
la mesa porque detrás de estas cifras, más o menos aproximadas, aunque
podamos contrastarlas en cierta medida, hay realidades, hay personas, hay
sufrimiento. Estos datos nos sitúan en un escenario dolorosísimo, donde,
además de las propias víctimas, se encuentran atrapadas familias, hijos
que han sufrido el grado máximo de la desigualdad: la violencia contra
las mujeres.

Está claro que nos urge a todos una solución, y no es
fácil. Debemos poner —en este sentido proponemos esta
comisión— todos los medios que tengamos a nuestro alcance para
trabajar en este objetivo. Por ello, el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió no se niega a participar en ninguna iniciativa que se
lleve a cabo a tal fin, ya sean mesas de trabajo, reuniones de amigos, lo
que ustedes quieran. Nosotros estaremos siempre ahí, como no puede ser de
otra manera, porque este tema nos importa, este tema nos preocupa y es
responsabilidad de todos. En consecuencia, estaremos ahí para defender el
ejercicio de esta competencia también desde los territorios, para
coordinar, para aunar esfuerzos, para sumar experiencias y todo ello
encaminado a obtener resultados, a encontrar aquellas grietas en lo que
hoy día tenemos y que, a pesar de tener una Ley contra la violencia de
género desde 2004 y una Ley de igualdad desde 2007, hacen que nos
encontremos en las cifras actuales. Es obvio que algo no funciona.

Por otra parte, las mujeres que han sido víctimas mortales
salen en estas cifras, pero también debemos tener claro que hay
muchísimas mujeres más que mueren en vida, es decir, que viven encerradas
en el miedo, en su miedo y, lo que es peor, en el miedo de sus hijos. Y
como sistema, todos tenemos la responsabilidad de encontrar los
mecanismos para poderlas detectar, porque, si no las detectamos, no
podemos aportar una solución.

El hecho de que las mujeres no denuncien, a pesar de lo que
hemos avanzado con los dispositivos y los protocolos puestos en marcha,
nos tiene que decir algo; tenemos que pararnos a reflexionar sobre qué
pasa. Creo que esta comisión es importante porque, además de escuchar a
muchos interesados y a todos los colectivos implicados, porque sabe usted
que es un tema transversal —familias, docentes, sanitarios,
etcétera—, tenemos que ser humildes, revisar la legislación que
tenemos e intentar mejorarla. Aun no siendo mala, no es suficiente; tiene
que ser mejor.

No podemos obviar que el que la Ley contra la violencia de
género sea de 2004 y la Ley de igualdad sea de 2007 supone un cierto
décalage respecto a las fechas que, a lo mejor, denota que hemos hecho
algo mal desde el punto de partida. La violencia provoca desigualdad, por
supuesto; es el acto máximo de la desigualdad, y quizás a partir de la
desigualdad se propicia esta violencia, o, aún más, tal vez las dos cosas
incidan de manera distinta. Tenemos que hacer una diagnosis mucho más
adecuada a los tiempos en que estamos con los datos disponibles y esta
comisión no pretende otra cosa. No vamos a hablar aquí de lo que se ha
hecho o no se ha hecho; por supuesto, el Grupo de Convergència i Unió no
lo va a utilizar como arma arrojadiza de lo que se hizo o no se hizo. La
ley es de 2004; el problema es anterior. Desde 2004 tenemos una ley, por
tanto, hace diez años que esta ley está vigente. En estos años el número
anual de víctimas mortales por violencia de género no ha bajado de 50
mujeres; en algunos años incluso ha llegado a 79 mujeres. Por tanto,
señorías, el problema no es de esta bancada, tampoco es de aquella
bancada, el problema es de todos, y yo creo que crear una comisión para
poner sobre la mesa estas diagnosis y buscar soluciones es bueno, se mire
por donde se mire, amén de que se hayan hecho otras cosas, amén de que se
esté trabajando en este sentido desde el Gobierno y amén también de que
exista ya una comisión de igualdad.

En nombre de mi grupo no haré más consideraciones, pero
desde esta tribuna sí querría expresar nuestro reconocimiento a los
hombres y mujeres, a los concejales y alcaldes que ahora, incluso, a
pesar de la nueva Ley de reforma de la Administración Local, están
poniendo cara cada día a este drama, a este sufrimiento. Son personas que
conocen perfectamente que cualquier lucha, cualquier cosa que se haga,
cualquier esfuerzo que se lleve a cabo contra la violencia de género
nunca es un fracaso pero, aun así, esto no les consuela cuando se pierde
la batalla y las cifras pasan a tener cara, pasan a tener nombre y
apellidos, se trate de un ciudadano, de un vecino o de un amigo. En este
sentido, quisiera mostrar nuestro reconocimiento a la Administración
Local por trabajar día a día, por ser la Administración que está más
cerca de las personas y por poner cara a estas cifras que todos
presentamos sobre la mesa.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Flores.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Senadora Armisén, hablaba usted de foros distendidos,
¿verdad? Foros distendidos cuando las están matando —la última hace
un rato en Valencia—. ¿Cómo podemos nosotros tener foros

distendidos? Tendremos que tener foros de debate que
busquen soluciones. Aquí no se trata de lo que toca o de lo que deja de
tocar, eso no lo decidimos ni usted ni yo, lo deciden los grupos
parlamentarios mediante las iniciativas que legítimamente presentan y la
Mesa califica; hoy, de lo que se trata es de debatir si creamos la
comisión o no; se trataba de eso. Los datos son los que son, y no se
trata de que nos los arrojemos a la cara usted y yo, no; se trata de que
ahí están los datos y, en consecuencia, tenemos que actuar, porque nos
tenemos que basar en lo que está pasando realmente. Como le he dicho, la
última víctima, hace un ratito.

Usted hablaba de la Comisión de Igualdad. Pero, ¡hombre!,
si la Comisión de Igualdad no se reúne. La ministra no ha venido nunca.
Ha venido una vez el secretario de Estado y también ha venido la delegada
del Gobierno para hablar de la lucha contra la violencia de género; y ya
está. Las otras reuniones de la comisión que hemos tenido —y la
presidenta está ahí— se han celebrado porque la oposición hemos
presentado mociones, si no, ni eso. Y ante estas circunstancias los
grupos se plantean ver de qué manera revitalizamos esta situación.

Yo he acabado diciéndole que la comisión no iba contra
nadie, ni contra el Gobierno, ni contra el Grupo Parlamentario Popular,
sino que se trata de una iniciativa que nos permite el vigente Reglamento
del Senado. Lo mismo que se han creado otras comisiones, nosotros
proponemos la creación de esta porque nos parece que es mucho mejor que
esa especie de grupo de trabajo, de reunión de amigos —y yo estoy
de acuerdo con la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco— que no
sabemos muy bien lo que es y a dónde va. Porque, señorías, la carta que
recibimos —no la voy a leer entera, solo un párrafo— dice lo
siguiente: dada la preocupación por mejorar e intensificar la lucha
contra la violencia de género, el Gobierno de España a través de la
ministra..., y en virtud del compromiso para tratar la violencia de
género como una prioridad...Y entonces dice que vamos a montar un grupo.
Mi grupo parlamentario considera que es el Gobierno el que propone a las
dos presidentas que nos citen, pero llegamos a la reunión y la primera en
la frente, porque el Gobierno no estaba. La tercera reunión se tiene que
desconvocar porque se acaban los Plenos. Si hubiera sido una comisión
reglada, no se desconvoca, señoría, pero, en fin, ustedes mismos. Le voy
a decir una cosa: nosotros vamos a participar en todos los foros, en
todos aquellos espacios de debate porque este es un tema importantísimo,
es vital. Y como nosotros estamos convencidos de ello, vamos a
participar, pero permítannos que presentemos todas aquellas iniciativas
que nos parezcan pertinentes.

Nosotros queremos saber cómo se va a estructurar el grupo
de trabajo porque como no es una comisión, no tenemos asistencia
jurídica, no hay letrado o letrada; cómo se van a adoptar las decisiones;
quién convoca y modera. Hasta ahora han sido las presidentas con unos
turnos de menor a mayor, pero no es una comisión. Es una cosa muy
extraña, reconózcamelo. ¿Y dónde está el Gobierno? No tenemos la
evaluación de la ley. Yo desde aquí le pido a la presidenta que, por
favor, como mínimo le diga a la delegada que venga a hacer una evaluación
formal de la ley. Y ello para que sepamos qué fallos tiene, que seguro
que los tendrá, pero las leyes se hacen y se cambian y no hay problema en
eso. Otra cuestión es cómo vamos a solicitar las comparecencias, quién lo
hace porque no es algo formal, no es algo que esté reglado.

Señorías, hay que impulsar todas las medidas y tenemos que
ver las que nos faltan y las que nos sobran. Vamos a hacerlo, si les
parece bien. Nosotros no podemos dejar de pensar por qué se niegan a
crear esta comisión cuando aquí se han creado comisiones para todo. Se
han creado para estudiar diversos problemas, para la seguridad vial, para
el cambio climático, todas ellas importantísimas y que mi grupo ha
apoyado. ¿Por qué se niegan ustedes a apoyar esta? Si las otras eran
importantes, esta es vital para todas las mujeres y para toda la
sociedad.

Nosotros creemos que la prevención y la lucha contra la
violencia de género ha de ser una prioridad para toda la sociedad. Y el
Gobierno de España tiene que ser el que lidere esta lucha coordinando el
trabajo de todas las administraciones. Este Senado tiene un papel
importante como Cámara de representación, tenemos la obligación de
ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas soluciones. Y lo único que le
estamos ofreciendo es que si el formato es este, que si el formato es el
otro, pero mientras tanto la Comisión de Igualdad no se reúne, el
Gobierno no comparece. Señorías, ante esta situación ¿qué hacemos? En las
iniciativas sobre la igualdad que presentamos, o aceptamos las enmiendas
que ustedes proponen o no salen adelante. Eso es así y tendremos que
reflexionar sobre ello.

Aunque no hemos venido a hablar de recortes, creo que los
presupuestos son los que son y fallan las políticas de prevención y de
protección porque se les ha quitado un montón de dinero, es decir, hay
menos recursos. Te lo dicen las asociaciones, te lo dicen las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado —que están pidiendo una formación
multidisciplinar—, te lo dicen las comunidades autónomas, que han
visto cómo se recortaba sobre todo en transferencias corrientes una
cantidad de dinero importantísima —cerca de un millón de euros este
año—, lo cual no solo repercute en las políticas de las comunidades
autónomas sino también en aquellas asociaciones de mujeres que se están
dedicando a paliar los efectos de esta lacra.

Por todo esto, nosotros hemos presentado una iniciativa que
consideramos está bien y que simplemente formaliza a su vez la suya de
crear el grupo de trabajo. Lo que nosotros queremos es darle una
formalidad y utilizar todos los recursos que el Reglamento nos permite,
ya está, nada más que eso. Nuestra iniciativa no va contra la ministra,
ni contra el Gobierno, ni contra ustedes, ni contra nadie, sino a favor
de las mujeres que están matando. Y yo les pido que reflexionen e,
incluso, les lanzo otra oferta: volvamos al Pacto de Estado contra la
violencia de género, retomémoslo. Y si no les parece bien crear una
comisión en el Congreso y otra en el Senado intenten crear una comisión
mixta, creemos solamente una si no quieren crear dos, para que todos
trabajemos conjuntamente. Desde luego, asistiremos al grupo de trabajo,
como no puede ser de otra manera, pero, lamentablemente, creemos que el
resultado va a ser muy pobre, pobrísimo. Lamento que el debate haya
derivado en esto.

Gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Flores.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Armisén.

La señora ARMISÉN PEDREJÓN: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a todas mis compañeras
sus intervenciones. Empezaré a contestar por el mismo orden.

A la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco quiero decirle
que mi intención no era en ningún caso discutir sobre la legitimidad para
presentar cualquier propuesta o iniciativa. Mi discrepancia se debe en
exclusiva al instrumento parlamentario utilizado y solicitado por la
oposición, no con el fondo de la cuestión ni con que se discuta sobre un
asunto de tanta importancia social como el de la violencia de género, con
el que todas las organizaciones políticas estamos comprometidas. Se trata
exclusivamente de una discrepancia con el instrumento parlamentario
elegido, asunto sobre el que hoy venimos a debatir. Con ello creo
responder también al resto de compañeras. En ningún caso he querido
decir: hoy no toca eso. Lo que todos queremos es entrar en el fondo de
esta realidad social, dadas las dramáticas cifras, y no seguir
discutiendo —permítanme decirlo— sobre el instrumento
parlamentario que a cada uno le parece adecuado.

Dicho esto, quiero expresar mi máximo respeto y
reconocimiento a la legitimidad para presentar iniciativas, como no puede
ser de otra manera; o sí, pero no es el caso.

Quiero decir tres cosas. En primer lugar, si existe la
Comisión de Igualdad, ustedes me preguntan por qué no hemos utilizado el
cauce de dicha comisión. Por dos motivos evidentes, los cuales justifican
la propuesta del grupo de trabajo. En primer lugar, porque el grupo de
trabajo incluía Congreso y Senado. Y, en segundo lugar, en cuanto a
desarrollarlo dentro de la Comisión Mixta, esta es una cuestión que ya
quedó en evidencia en el grupo de trabajo cuando se puso sobre la mesa
frente a la iniciativa de crear dos comisiones, y en la que se volvía a
reproducir la separación de propuestas para solucionar un problema social
común que creíamos debía estar unificado. Se optó por el grupo de trabajo
precisamente porque incluía Congreso y Senado, y, en segundo lugar, se
dijo no a la comisión mixta —era evidente quién había pensado en
este instrumento en esa comisión— porque consideramos que no es
ágil en lo que se refiere a una parte de propuestas. Esto no quiere decir
que no escuchemos a determinados sectores, etcétera. Se trata de que
llevemos a cabo nuestro trabajo, el legislativo, a través de la ley que
se está aplicando desde hace 10 años y que todos conocemos. Tampoco creo
que el grupo de trabajo sea la solución a este problema. ¡Por supuesto,
solo faltaba que yo dijera que un grupo de trabajo sea la solución a
todo! Evidentemente, no. Supongo que será el granito de arena que podemos
y debemos aportar y a lo que estamos comprometidos con nuestros
ciudadanos precisamente a través de nuestra labor en el Parlamento. No
garantiza todo. ¡Claro que no! Por eso seguimos

viendo esas dramáticas cifras que he dicho que me voy a
negar a decir, no porque no exista una realidad social, no porque no
exista un drama social y personal que todos hemos vivido —quienes
estamos vinculadas al ámbito de la lucha contra la violencia de género y
tenemos ya unos años de experiencia hemos vivido de cerca unas realidades
muy dramáticas—, sino porque creo que no es el argumento para decir
cuál es el instrumento parlamentario. Yo considero que ese debate exige
profundidad y seriedad dado el dramatismo de las cifras de las que
estamos hablando, y no voy a entrar hoy, como he dicho, en la profundidad
de las causas porque son muy complejas y, desde luego, no lo vamos a
resolver. Me piden puntos de encuentro, y el punto de encuentro en estos
momentos sería el grupo de trabajo para empezar a avanzar.

La senadora Almiñana me dice que no es ambicioso, que no
está reglamentado, que no somos un grupo de amigos, etcétera. Todo mal
no, señoría, un grupo de trabajo formado por grupos parlamentarios algo
tiene de bueno, y es que hablemos sobre eso. Y en cuanto a que no es
ambicioso, a veces lo muy ambicioso no es eficaz en el tiempo, aunque con
ello no quiere decirse que no haya que avanzar después, que no haya que
llevar esas propuestas a una sede parlamentaria. Pero rechazarlo porque
no es ambicioso creo sinceramente que no debe ser. Dice que no somos un
grupo de amigos. Claro que no, pero eso no quiere decir que no haya
amigos dentro del grupo —es un juego de palabras—; venimos a
trabajar y, además, sobre un tema importante que nos exige mucha
responsabilidad, y no solo a las mujeres que pertenecemos a esos grupos,
sino a todos nuestros compañeros para que también favorezcan esas
iniciativas.

No vamos a buscar la solución en dos meses. Si usted cree
que esto lo han presentado el Grupo Parlamentario Popular del Congreso y
del Senado para encontrar una solución en dos meses, ya le digo que no,
lo digo aquí. No tengo ningún afán de protagonismo, sino de trabajo, de
conseguir que todas tengamos de verdad algún tipo de propuesta y lo que
se pretendía conseguir en dos meses era incentivar esa serie de
modificaciones legislativas en las que los grupos trabajamos y conocemos
por la realidad de estos últimos diez años.

La portavoz del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i
Unió hablaba de generosidad política y parlamentaria. Claro que sí,
señoría. Y yo siempre reconozco el esfuerzo de todos los grupos
parlamentarios, que en general en estos asuntos es grande, para intentar
sacar del debate político este tema. Sin embargo, me gustaría referirme a
tres aspectos que hoy se han citado aquí. Se han citado tres o cuatro
aspectos sobre los que en estos momentos podemos hablar relativos a la
lucha contra la violencia de género. Precisamente por lo que sugieren
esos datos en un corto espacio de tiempo —que no quiere decir en
ningún caso que suponga una tendencia anual ni una tendencia de los
últimos años respecto a estas dramáticas cifras—, sí se han
empezado a tomar medidas de forma inmediata como ha sido la reunión entre
los tres ministerios de Interior, Justicia e Igualdad celebrada el pasado
día 7 de abril, y supongo que esa reunión tampoco la habrán mantenido con
los secretarios ni con los letrados y, sin embargo, son capaces de sacar
adelante y anunciar medidas para empezar a mejorar o revisar las que se
están aplicando, como es el protocolo de valoración del riesgo con nuevos
parámetros, como es intensificar la formación de los agentes, como es
mejorar la atención psicológica o como puede ser la ampliación de las
competencias de los juzgados de violencia. Creo que si en una reunión
entre tres ministros son capaces de hacer eso, nosotros también vamos a
serlo de reunirnos y de hablar de algunas cuestiones referidas a la
legislación que creemos que se deben mejorar. Asimismo le tengo que decir
que este Gobierno ha aprobado la Estrategia nacional contra la violencia
de género 2013-2016. Pero, señoría, como dato final, respecto al
argumento de si a usted le parece que ya existe la Comisión de Igualdad,
etcétera, tengo que decirle que en la Comisión de Igualdad tenemos
pendientes solo 3 mociones —voy a hablar de lo que es una
iniciativa parlamentaria también—; he revisado las anteriores
—me he podido equivocar— y de todas las que ha tramitado la
Comisión de Igualdad desde que se ha iniciado la legislatura, ninguna es
una propuesta de modificación legislativa de la violencia de género,
ninguna (Rumores.) No estoy hablado de eso, estoy hablando del
funcionamiento nuestro, no estoy hablando de si está bien o mal, estoy
hablando de que si queremos hacer una propuesta conjunta en un plazo
breve, quizás deberíamos repensar si el instrumento es crear otro órgano
igual que el que tenemos diciendo que es especial. Lo digo desde el
convencimiento y desde algo, muy poco, pero algo de conocimiento del
Parlamento, y cuando he dicho sentarnos a hablar de forma distendida no
me refería a que no fuera importante el problema, sino a no tener los
rigores de los tiempos que nos impone el Reglamento en nuestras
intervenciones; cuando he utilizado el

término distendido, que a lo mejor no era lo correcto, me
refería a nuestra relación personal en la comisión, como cuando se hace
una ponencia legislativa, en la que sí está el letrado pero no estamos
sometidos al rigor reglamentario.

Lo que me gustaría que quedase en el Diario de Sesiones es
el compromiso de todos los grupos del Senado —no solo del Grupo
Popular, yo lo sé— por seguir trabajando en la lucha contra la
violencia de género, no ya a través de las iniciativas
parlamentarias…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ARMISÉN PEDREJÓN: Yo sé que aquí hay un
compromiso personal de todos ustedes, de todos nosotros, y espero que con
cualquier tipo de instrumento seamos capaces de mejorar la respuesta que
están intentando dar las administraciones públicas, los parlamentos y
todos los responsables públicos, que muchas veces tienen delante la cara
dolorosa de las víctimas, ante un problema de difícil solución, pero no
por ello debemos dejar de intensificar nuestros esfuerzos.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Armisén.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Vamos a proceder a la votación de la solicitud de creación
de una comisión especial para el seguimiento y la evaluación de las
políticas públicas relacionadas con la violencia de género. Ha habido
voto telemático. Se han autorizado dos: de las senadoras Beatriz Jurado
Fernández de Córdoba y Catalina García Carrasco, y solo una de ellas ha
ejercido su derecho, la senadora García Carrasco, que ha votado
afirmativamente. Por tanto, añadiré el resultado de esta votación a la
que realicemos ahora en el hemiciclo.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237 más 2 votos telemáticos, 239; votos emitidos, 237 más 1
voto telemático, 238; a favor, 91 más 1 voto telemático, 92; en contra,
146.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

7. ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

7.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

7.1.1. PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE
CASTILLA-LA MANCHA.

COMISIÓN: GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Núm. exp. 605/000002)

El señor presidente da lectura a los puntos 7., 7.1. y
7.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Imbroda.

El señor IMBRODA ORTIZ: Gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.

Tengo el honor, en nombre de la Comisión General de las
Comunidades Autónomas, de hacer un breve relato de la tramitación de la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que
tuvo su entrada en esta Cámara el día 21 de marzo de 2014, siendo
publicada ese mismo día en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor IMBRODA ORTIZ: El plazo de presentación de
propuestas de veto y de enmiendas expiró el día 2 de abril, siendo
ampliado hasta el día 8. Durante dicho plazo se han presentado 3
propuestas de veto: de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta y del Grupo
Parlamentario Socialista, y 10 enmiendas: 4 de los

senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, 1 de los
senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, 1 del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y 4 del Grupo Parlamentario
Socialista.

La comisión eligió una ponencia constituida por la señora
Riolobos Regadera y los señores Burgos Beteta y Cotillas López, del Grupo
Parlamentario Popular, por los señores García-Page Sánchez y Camacho
Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, por la señora Candini i
Puig, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió,
por el señor Montilla Aguilera, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, por el señor Cazalis Eiguren, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, y por el señor Morano Masa, del Grupo
Parlamentario Mixto.

El día 5 de mayo la ponencia acordó por mayoría proponer a
la comisión el mantenimiento del texto remitido por el Congreso de los
Diputados. La Comisión General de las Comunidades Autónomas dictaminó la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en
su sesión del 8 de mayo de este año, aprobando el informe por 28 votos a
favor, 15 en contra y 1 abstención, rechazando así las 10 enmiendas
presentadas por los señores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, por los
señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y por el Grupo
Parlamentario Socialista.

El dictamen de la comisión ha sido publicado en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales del día 12 de mayo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Imbroda.

Pasamos al debate de las propuestas de veto. En primer
lugar, propuesta de veto número 1 de los senadores Iglesias y Mariscal,
del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la palabra el
Senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Señorías, subo a esta tribuna para defender la propuesta de
veto que los senadores de Izquierda Unida traemos a este Pleno después de
la tramitación parlamentaria correspondiente en la Comisión General de
las Comunidades Autónomas, donde tuvimos ocasión de expresar también
nuestro posicionamiento sobre esta reforma; una propuesta de reforma que
vamos a escuchar en esta Cámara que es una propuesta de reforma parcial,
prácticamente podríamos decir intrascendente, ya que solamente afecta a
un artículo y consiste en la reducción del número de diputados a una
horquilla entre 25 y 35 en el Parlamento de Castilla-La Mancha.

La reforma de un estatuto de autonomía siempre tiene
motivaciones, es una ley que forma parte del cuerpo constitucional
español y debe ser, me imagino, motivada y originada por cuestiones
concretas. Ha habido reformas de estatutos de autonomía en nuestro país
que afectan a la configuración institucional. ¿Cuál ha sido la motivación
de esta reforma estatutaria en Castilla-La Mancha? ¿Quizá poder atender
los problemas de desempleo que hay en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha? ¿Que se haya doblado la tasa de paro en apenas cinco
años desde que comenzó la crisis en esta tierra? ¿Acaso ha motivado esta
reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que se estén produciendo 15
desahucios diarios en esa tierra? ¿Ha motivado la reforma del Estatuto de
Castilla-La Mancha el incremento alarmante del nivel de pobreza en la
zona del interior de Castilla-La Mancha, en una tierra rica? No, lo que
ha motivado la propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha...
iba a decir el miedo, pero miedo no es exactamente, porque, claro, no
puede tener miedo quien tiene las herramientas legítimas y legales para
dar un golpe legal, pero, desde nuestro punto de vista, ilegítimo y
antidemocrático para propiciar que lo que hoy dicen las encuestas que
podría suceder en el futuro en Castilla-La Mancha finalmente no suceda, y
que tiene que ver con la presencia de la fuerza política a la que
representamos en esta Cámara el senador Iglesias y yo, que ya estamos
bastante acostumbrados a ver cómo se modifican las leyes y cómo las leyes
electorales nos afectan en nuestra representación. De hecho, en el
Congreso de los Diputados, si tuviésemos el número de diputados acorde
con nuestro apoyo electoral en este país, en lugar de tener 11 diputados
sentados en la Cámara Baja tendríamos 25, y así desde el comienzo de la
democracia. ¡Imagínense! ¿Qué le vamos a hacer, verdad?

La cuestión es que aquí se dificulta, dejando en un número
de escaños similar al que tienen, señorías, las ciudades autónomas de
Ceuta y de Melilla, a una comunidad autónoma como la castellanomanchega,
manteniendo, además, las 5 circunscripciones, lo cual nos obligará, pero
lo

conseguiremos —seguro, porque vamos bien—, a
superar en algunos casos el 17% para poder conseguir representación
parlamentaria en esa Cámara autonómica. Ese es el intento de instaurar un
sistema mayoritario por la puerta de atrás y dejando en evidencia, una
vez más, la utilización de las reformas de los estatutos de autonomía en
función de sus intereses particulares en cada momento histórico en los
que estas reformas se hayan producido, intereses que tienen que ver, casi
siempre, con el mantenimiento de su poder.

Pero ¿qué antecedentes, señorías, tiene esta propuesta de
reforma del estatuto de autonomía? Porque llegamos a esta propuesta de
reforma, que deja entre 25 y 35 escaños el Parlamento de la Cámara
autonómica castellanomanchega, después de haber eliminado en aquella
comunidad, por ejemplo, 2 instituciones muy importantes para el control
ciudadano y democrático del quehacer diario de los representantes
públicos, me estoy refiriendo a la Sindicatura de Cuentas y al Defensor
del Pueblo, 2 instituciones eliminadas en Castilla-La Mancha por el
Gobierno castellanomanchego, utilizando el mismo argumento que vamos a
escuchar en esta Cámara sobre la eficiencia, reducción de gastos,
etcétera; obsesión que finalmente llevó al Partido Popular en Castilla-La
Mancha a justificar de forma demagógica la eliminación de los salarios a
los miembros del Parlamento autonómico castellanomanchego.

En definitiva, llegamos a esta propuesta de reforma del
estatuto castellanomanchego tras una profundización en la eliminación de
controles públicos, por un lado, y, por otro, en la limitación de la
democracia y en la facilitación de la incorporación a la vida pública
como representantes públicos solamente —según ustedes y con la
eliminación de las percepciones económicas— a los ricos. Política
para ricos y que los pobres no se dediquen a la política. Esto, como ya
dije en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, es muy antiguo,
es tan antiguo como la propia definición de la política por Aristóteles
hace ya bastante tiempo, y es tan antiguo como que fue una revolución en
la Atenas de Efialtes y Pericles, el misthos, es decir, que los
ciudadanos, cuando acudieran a las tareas públicas, recibieran una
percepción económica porque facilitaba que los pobres se pudieran dedicar
a la política. Fíjese si es antiguo, y ustedes han leído bien esto, pero
representan los intereses que representan aquí, allí y en todos los
sitios donde ustedes están sentados.

Y es tremendamente peligroso, a nuestro parecer, que
ustedes se amparen, además, en argumentos que fomentan la antipolítica,
en argumentos peligrosamente populistas que hacen que vayamos encaminados
a una deriva en la cual ustedes afirman permanentemente no solo que
sobran, por supuesto, empresas públicas, sino que sobran representantes
públicos. No sobran directivos del Ibex 35, como el de Iberdrola, que
cobra 13 millones y medio de euros al año. No sobran grandes empresarios
en nuestro país, que son capaces de pagar comisiones para tener
adjudicaciones mientras, como grandes patriotas, pagan sus impuestos en
paraísos fiscales. No sobran banqueros usureros. Sobran representantes
públicos para aumentar la eficiencia y la eficacia.

Yo creo que está bastante claro cuáles son sus motivaciones
y cuáles son sus intereses. Este atentado a la democracia, perpetrado por
el Partido Popular de Castilla-La Mancha y perpetrado por los que
aprieten hoy el botón a favor de su reforma, provoca la degradación de la
política, que también se dijo en la comisión y en los debates que hemos
mantenido. Esto no es Castilla-La Mancha, este es el modelo que el
Partido Popular quiere aplicar en el conjunto de las comunidades
autónomas y en el conjunto del país, y es la reducción absoluta, a su
mínima expresión, de la política, de la política con mayúsculas, de la
defensa y de la solución de los problemas cotidianos concretos de la vida
diaria de los trabajadores y de las trabajadoras, de los ciudadanos y de
las ciudadanas. Ustedes no están en eso, están en otra cosa y lo están
haciendo muy bien.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por los
senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Paso a defender el veto que hemos presentado el senador
Jordi Guillot y yo mismo, diciendo que nunca los representantes de
Iniciativa, ni en el Congreso ni en el Senado, han presentado vetos a
propuestas de reforma de estatutos. La pregunta sería, ¿por qué lo
presentamos hoy?, ¿por qué una cosa que no hemos hecho nunca la hacemos
hoy? La respuesta es fácil. La reforma

que se nos trae no habla de competencias, de financiación,
de relaciones, simplemente es un atentado a los principios democráticos
básicos. Consideramos esta reforma como una vulneración de principios
políticos básicos y por eso presentamos, en definitiva, la propuesta de
veto. La reforma consiste, única y exclusivamente, en disminuir
prácticamente a la mitad de parlamentarios con el argumento de ahorrar
dinero. Antes de entrar a fondo en esta cuestión, quisiera hacer 3
anotaciones que contextualizan esta reforma.

La primera es que hace un par de años el Parlamento de
Castilla-La Mancha incrementó en 2 escaños los parlamentarios de su
Parlamento. No he querido traer el Diario de Sesiones, pero el consejero
de la Presidencia decía que de esta manera se aumentaba la
representatividad y la democracia y que no suponía, en definitiva, costes
económicos.

Segunda nota, desaparición desde enero del 2013 de los
salarios de los parlamentarios.

Y tercera nota, va a ocurrir en esta comunidad que la
Diputación de Albacete o la de Guadalajara o la de Cuenca o la de Ciudad
Real, cualquier diputación, va a tener tantos o más diputados que todos
los parlamentarios de la comunidad autónoma, cosa evidentemente
incomprensible, desde mi punto de vista.

Por lo tanto, son tres notas importantes a tener en
cuenta.

Decimos que hay una vulneración de principios básicos
democráticos, pero, además, hay otra cuestión: que la crisis económica no
puede significar menos democracia. Y hay otra cosa, que a la hora de
valorar lo que cuesta la democracia, hay que pensar en otra perspectiva:
¿qué vale la democracia?

Esta propuesta de reforma de estatuto, que sería grave en
cualquier momento, ahora es especialmente grave, ¿por qué razón? Por el
momento político que vivimos. ¿Y qué es lo que caracteriza el momento
político que vivimos? La desafección ciudadana. Las encuestas del CIS nos
dicen que los partidos políticos, que el Gobierno, que el Parlamento,
sobre una puntuación de 1 a 10, no sobrepasan 2 puntos, 2,5, 1,5. La
gente está lejísimos y tiene desafección ciudadana. Ante esto hay 2
respuestas. La respuesta del populismo, que en Europa crece. Es una
respuesta que se basa fundamentalmente en 2 ejes: en el racismo, en la
xenofobia, pero también en la antipolítica, en definitiva, en la
impugnación de la democracia y la impugnación de los partidos políticos.
Y hay otra vía, que es la que nosotros pensamos que tiene que haber, la
vía de la regeneración, de la transparencia, de la cercanía, de la
participación.

Creo que lo más grave que hace el Partido Popular no son
los efectos sobre la comunidad autónoma, que ya es grave, sino que
fomenta y se sitúa en el populismo. Porque ¿cuál es el mensaje que
transmite la reforma? Que sobran políticos y que los políticos cobran
demasiado. Y eso es absolutamente falso e injusto. Hay políticos que han
hecho corrupción y han de ir a la cárcel. Hay políticos que no trabajan y
se les tiene que expulsar. Pero la mayoría, miles y miles de concejales,
de parlamentarios, de senadores que trabajan cada día no pueden verse
sometidos al mensaje que lanza la reforma del estatuto, y no solo en
Castilla-La Mancha, de que sobran políticos y que los políticos cobran
demasiado.

En definitiva, en esta crisis política de España, ¿qué nos
está pidiendo la gente?, ¿qué nos dice la gente? Los estudios, las
alternativas, los sindicatos, los movimientos sociales nos dicen varias
cosas: que quieren más cercanía de la política, que quieren más
pluralidad, más representatividad, más transparencia, más apertura.

Mi pregunta es, ¿la reforma del estatuto contempla alguno
de estos aspectos? ¿La reforma de este estatuto da más o menos
representatividad? Menos. ¿La reforma del estatuto da más o menos
pluralidad? Menos. Piensen ustedes que para ser parlamentario se va a
necesitar como mínimo del 15 al 17% de los votos de una circunscripción,
con lo cual, se va a evitar que entren partidos que tienen el 15 o el
17%. Por tanto, no hay mayor representatividad, no hay mayor pluralidad,
no hay una sola medida en la reforma del estatuto de transparencia o de
acercamiento a la ciudadanía y, además, existe el tema del salario de los
diputados. Les quiero hacer 2 preguntas. Una persona, un hombre o una
mujer, que se presente a diputado o diputada en las elecciones a las
Cortes y que tenga un trabajo por cuenta ajena, ¿cuánto tiempo piensan
que va a permanecer ahí si continuamente tiene que ir al Parlamento?
¿Durante cuánto tiempo los empresarios o la patronal van a permitir que
haya una persona que vaya constantemente o dos o tres días a la semana al
Parlamento? Y otra pregunta: ¿cuántas personas van a decir que no a ir en
una lista por miedo a perder su puesto de trabajo? Son 2 preguntas clave,
2 preguntas que

enlazan con el populismo. El otro día, el lunes, en muchos
medios de comunicación se decía que los partidos hacen campaña contra el
populismo, y yo pensaba: bueno, no todos. Porque en definitiva la reforma
del estatuto va a favor del populismo, de un populismo que es
antipolítico y que niega la democracia.

¿Por qué hace todo esto el Partido Popular? Ya se ha dicho
antes. No es solo una propuesta de Castilla-La Mancha, sino que es de
Baleares, es de Galicia y, si no recuerdo mal, es de Madrid. Se hace con
un objetivo importante, que es ganar las elecciones y blindar el poder.
Detrás de esta reforma del estatuto no hay ninguna regeneración ni
renovación de la democracia, sino simplemente la necesidad de ganar las
elecciones.

El portavoz del Grupo Popular decía el otro día en la
Comisión General de las Comunidades Autónomas que su propuesta estaba
respaldada en una encuesta por el 94% de la ciudadanía. Y yo pregunto: si
hiciéramos una encuesta sobre si hay que cerrar el Senado o no, ¿qué
piensan ustedes que pasaría? Si hiciéramos una encuesta sobre nuestros
sueldos, que son dignos y a la baja en Europa, ¿qué piensan que pasaría?
El populismo tiene como raíz coger visiones y opiniones de la población
fáciles y alimentadas demagógicamente para convertirlas en principios
generales. Por lo tanto, que el 94% de la gente diga que hay que suprimir
parlamentarios y bajar los sueldos de los diputados no es en absoluto,
para mí, ningún argumento de razón. La razón final es ganar las
elecciones y mantenerse en el poder, reduciendo, en definitiva, la
pluralidad y la representatividad de la democracia.

Pero no puedo acabar sin hablar de otro elemento
importante, que es el modelo de Estado, es decir, las repercusiones de
esta decisión sobre el modelo de Estado. Creo que después de dos años de
Gobierno del Partido Popular sabemos lo que piensan del modelo de Estado.
Hay tres palabras: silencio, bloqueo y retroceso. Ayer, el senador
Fuentes le planteaba al señor Montoro que no se había reunido la comisión
mixta Extremadura-Gobierno central en dos años, pero no es que no se haya
reunido en Extremadura, es que no se ha reunido en ningún sitio,
incumpliendo la ley. No hay transferencias ni de servicios ni de
competencias, no hay reuniones ni de comisión mixta ni de comisiones
bilaterales y, sobre todo, nadie del Partido Popular —creo que este
es un déficit del presidente del Gobierno— ha venido a esta Cámara,
a la Cámara territorial, para decir cuál es su modelo, su proyecto. No se
sabe. Si ustedes leen el programa electoral del Partido Popular para las
generales verán que no se habla ni de estatutos de segunda generación ni
de qué modelo tienen. Como mucho, el señor Rajoy dice el modelo de la
Constitución, como si en la Constitución simplemente cupiera un modelo.
Por tanto, es un modelo de Estado de retroceso, de no renovación y de no
desarrollo de los estatutos, pero es un modelo de Estado que hace lo
contrario de lo que se debe hacer. Creo que en esta crisis política se
trata de bajar el Estado a ras de tierra. Hay que bajar el Estado, y
ustedes lo están subiendo. Sacan competencias a los ayuntamientos, sacan
competencias a las comunidades autónomas y dan competencias a las
diputaciones y al Gobierno central. Es el modelo anterior al Estado de
las Autonomías, el modelo centralista, con diputaciones fuertes y un
poder centralizado.

El otro día decía un profesor político que a la derecha le
daban miedo dos cosas: la política y la descentralización, porque la
política significa conflicto, negociación, cesión, y la descentralización
significa la existencia de diversos centros de poder institucional, y la
derecha no quiere esto. La derecha quiere una administración barata, con
pocos centros de decisión y sin participación.

En resumen, señoras y señores senadores, les pido el voto a
este veto por tres razones. En primer lugar, esta reforma reduce la
democracia y la plantea en otras comunidades autónomas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SAURA LAPORTA: Acabo, señor presidente.

En segundo lugar, es un retroceso del modelo de Estado de
las autonomías. Y en tercer lugar, es un modelo que va a hacer posible
que la gente que tenga patrimonio, que sea rico o que sea funcionario
pueda hacer política, el resto no. Y eso es regresar al siglo XVIII.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el
senador García-Page.

El señor GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ: Muy buenas tardes. Muchas
gracias, señor presidente.

Señorías, creo que es bastante triste —y lamento
tener que empezar por aquí— ver cómo ni en el Congreso ni en el
Senado hemos tenido la presencia de un solo miembro del Gobierno, de
algún ministro, ni siquiera el de Administraciones Públicas. (Aplausos.)
Y triste es también, señorías, que hoy en la Cámara de representación
territorial no haya algún miembro del Gobierno de Castilla-La Mancha para
presenciar el debate. El otro día el representante de la presidenta
Cospedal se fue a la cafetería sin querer escuchar a los grupos
parlamentarios, y hoy dicha presidenta está en campaña, aunque en
realidad la campaña la está haciendo aquí, pero sin estar. Es triste ver
la ausencia, aunque es comprensible. A estas alturas, resulta bastante
evidente, señorías, que el Partido Popular —y esto sonroja a
cualquiera con sensibilidad democrática— intenta pasar de puntillas
en un debate que aquí en Madrid llama la atención.

Quisiera formular tres preguntas sobre el proyecto que hoy
debatimos en su fase final. ¿En qué condiciones llega la reforma del
estatuto de autonomía, la sexta que se hace sobre el estatuto de
Castilla-La Mancha, aquí al Senado? ¿En qué condiciones llega una ley
orgánica, sin presencia de ningún miembro del Gobierno aunque solo sea
para discutirla? ¿Qué motiva esta reforma y qué consecuencias tiene para
la comunidad autónoma y para el sistema constitucional? Señorías, salta a
la vista. Lo que está abordando hoy aquí el Senado y hace unas semanas el
Congreso es un burdo intento de pucherazo electoral. Un burdo intento de
pucherazo electoral. (Protestas.—Aplausos.) Y lo es desde muchos
puntos de vista, pero desde uno muy claro: la contradicción que supone
traer este proyecto hoy aquí cuando hace escasamente poco más de un año
se elevaba en las Cortes de Castilla-La Mancha una ley que dice lo
contrario, no crean que un poquito más o un poquito menos, sino lo
contrario de lo que hoy se está proponiendo en el Congreso y en el
Senado.

Castilla-La Mancha es una región del 143, una región
humilde, una región que seguramente no existiría si no hubiera habido una
demanda histórica de declaración de autonomía por parte de Cataluña, del
País Vasco y de Galicia. Pero es una comunidad autónoma que siempre se ha
desenvuelto en el mapa constitucional de la mano del consenso. Ha habido
5 reformas estatutarias, las 5 tramitadas y aprobadas por unanimidad,
incluso la última, que vino por consenso del Partido Popular y del
Partido Socialista —también hubo un caso con el voto de Izquierda
Unida, que tuvo representación parlamentaria—. La última, con
consenso en Toledo, en las Cortes regionales, y al no conseguir el
consenso suficiente en el Congreso, el Gobierno de Castilla-La Mancha la
retiró. Por tanto, hasta ahora no se ha dado un solo paso estatutario
—e insisto en que es una reforma estatutaria, no una ley
cualquiera, sino un trozo de la Constitución— sin que haya habido
unanimidad. Salta a la vista que aquí se está produciendo una enorme
quiebra de la más elemental sensibilidad democrática, del más elemental
consenso constitucional.

Hay quien dice: la reforma es pequeña; total, son 25
palabras. Son menos, 25 son las que se escriben y 164 las que
desaparecen. 189 palabras que tenía este capítulo concreto del artículo
10, que en realidad significó el mayor acuerdo político e institucional
que se mantuvo en Castilla-La Mancha desde el comienzo de la autonomía.
De recortes hablamos en todos los frentes. Aquí lo hacemos de recortes y
claramente de mentiras.

Señorías, una cosa es recortar la burocracia, con lo que
podemos estar todos de acuerdo, y otra es recortar la democracia. Aquí se
está hablando de algo muy grave, de un proyecto de ley en el que con tan
solo 25 palabras pulveriza una base del acuerdo institucional y
constitucional, que rompe cualquier elemento de diálogo. Y aquí podrían
ustedes preguntar: ¿Hasta dónde puede llegar un Parlamento sin proponer?
¿Hasta dónde pueden dar poder a una minoría, por mucho que sea
mayoritaria? —nos diferencia un solo diputado en las Cortes
regionales— ¿Hasta dónde es impepinable el consenso para poder
tramitar una reforma política e institucional? Es un debate legítimo.
¿Vale que la simple minoría, sea más grande o más pequeña, pueda impedir
la tramitación? Así figura en el texto constitucional y en la mayoría de
los estatutos de autonomía, que incorporan mayorías reforzadas para que
se puedan tramitar modificaciones, pero no es el caso de Castilla-La
Mancha.

Por tanto, no voy a juzgar si llega o no con el voto
mayoritario de las Cortes de Castilla-La Mancha. Es de Perogrullo, tan de
Perogrullo como que estamos en 2014 y en el Senado de España. Eso no
tiene mayor importancia ni le otorga legitimidad de fondo, se la otorga
procesal. El problema de fondo está en que Cospedal y el Partido Popular
de Castilla-La Mancha, una vez más

incumpliendo su palabra, no han dedicado —señorías,
créanme que es muy serio— ni un solo minuto a dialogar con el
Partido Socialista y con el resto de las fuerzas políticas ni en esta ni
en la anterior reforma electoral. Por tanto, ni siquiera juzgo si puede o
no venir con una mayoría concreta. Malo es que pueda venir sin el
consenso, sería motivo suficiente como para parar el proyecto. El
problema es que, frente a lo que se dice, no ha habido ni el más mínimo
intento de debate, de diálogo ni de conversación. Y esto es muy fuerte en
términos democráticos, en términos políticos. Y viniendo de un partido
constitucionalista como el PP, que dice hasta la saciedad que no puede
sacarse adelante nada sin consenso, parece verdaderamente mentira que
lleguemos a tocar un trozo de la Constitución en las Cortes regionales,
donde solo están representados PP y PSOE, y se haya prescindido hasta de
un minuto de conversación. Es grave.

Quiero plantear algo a los señores y señoras senadores del
Partido Popular. Si quieren consenso tienen una ocasión de oro. En este
mismo momento se puede interrumpir el proyecto, se puede paralizar y
crear una comisión con el Partido Socialista y con el resto de
formaciones políticas para intentar llegar a un acuerdo en condiciones.
Pero es evidente que no buscan el consenso, ni lo han intentado, ni
siquiera lo disimulan. Es muy burda la operación. ¿Y por qué es burda?
Porque, simple y llanamente, encierra un pucherazo electoral, y se lo
digo como lo siento.

Hace poco más de un año el Gobierno de Castilla-La Mancha
modificó unilateralmente —y este es el primer estatuto en toda la
democracia que se modifica con el voto de un solo partido, el
primero— la Ley electoral en Castilla-La Mancha, y lo hizo de
manera unilateral y sin hablar con nadie, sin sentarse a hablar
—otra cosa son los periódicos—, para hacer lo contrario: se
elevó el número de diputados regionales, pasando de 49 a 53. Señorías, si
no hace falta bajar los senadores, con no haberlos subido hace un año era
más que suficiente. ¿Por qué hace un año se sube el número de diputados,
que además cobraban sueldo, y resulta que después se les quita el sueldo?
Por cierto, señorías, sueldo que se instituyó mediante acuerdo entre las
formaciones políticas, a propuesta del Partido Popular, hace varios años
en una modificación también estatutaria y reglamentaria; repito, a
propuesta del PP. ¿Por qué hace un año, cobrando los diputados, se dice
que la ampliación de los diputados no supone coste y tan solo un año
después las cuentas ya no salen? No salen por una cuestión evidente, y es
que, de un año a esta parte, lo único que aparece en los medios de
comunicación es escándalo tras escándalo, una hostilidad social cada día
más creciente con el Gobierno de Castilla-La Mancha, y donde antes las
cuentas salían electoralmente con más diputados, ahora solo cabe un
recorte brutal al sistema democrático en la comunidad autónoma.
(Aplausos.)

Salta a la vista, señorías, que lo que buscan es algo tan
sencillo como intentar transformar el sistema proporcional que la
Constitución establece para nuestras legislaciones electorales en un
sistema mayoritario. El tercer partido que quiera obtener representación
en algunas provincias en Castilla-La Mancha, señorías, va a requerir el
17%, y en alguna provincia concreta puede que requiera hasta casi el 20%.
Esto es literalmente una barbaridad democrática, una barbaridad
constitucional y una salida desesperada para intentar romper de raíz el
pluralismo político. Voltear esto y hacerlo, además, de la mano de la
demagogia barata de los sueldos, no tiene sentido. Hace un año, señorías,
no solo defendían que cobraran los diputados sino que subieron su número
diciendo que era lo que necesitaba la comunidad autónoma. Qué mal se ha
debido ir poniendo la cosa como para ahora dar este hachazo al sistema
democrático en Castilla-La Mancha. Yo mantengo una tesis: cada millón que
ha aparecido en Suiza, un diputado menos que le conviene a Cospedal en
Castilla-La Mancha.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador García-Page.

Turno en contra.

Senador Cotillas, tiene la palabra.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en representación del Grupo
Parlamentario Popular para defender el voto en contra a los tres vetos
que se han presentado a la propuesta de reforma del Estatuto de
Castilla-La Mancha. Vamos a votar en contra por dos razones evidentes: en
primer lugar, porque estamos de acuerdo con la propuesta que traen a esta
Cámara las Cortes de Castilla-la Mancha, y en segundo lugar, porque
estamos a favor de su tramitación completa en el tiempo que tiene que

tramitarse, señor García-Page, en el tiempo que
reglamentariamente se exige que se tramite, y por la oportunidad que nos
brinda para que se haga en el momento en que han querido las Cortes de
Castilla-La Mancha.

Vamos a votar en contra porque tampoco compartimos la
defensa que han hecho los señores portavoces del texto de los vetos en
comisión, ni siquiera hoy aquí.

Señor García-Page, cuando no se tienen razones, se dan
voces, se usan los insultos y las gruesas descalificaciones, y eso es lo
que usted ha hecho esta mañana una vez más, porque, lamentablemente,
cuando el Partido Socialista no gobierna en Castilla-La Mancha —y
solo ha ocurrido en esta ocasión—, tenemos un Partido Socialista
radical, tremendamente radical, sectario y absolutamente alejado de la
realidad social de Castilla-La Mancha y de lo que quieren sus ciudadanos.
(Aplausos.—Rumores.)

Les recuerdo que esta reforma la traen las Cortes de
Castilla-La Mancha, que han estado presentes en las Cortes Generales en
el momento en que han tenido que estar presentes, en el momento en que
han tenido que defender su propuesta, en la toma en consideración en el
Pleno del Congreso de los Diputados, y allí también ha estado presente el
Gobierno de Castilla-La Mancha, de la misma manera que han estado
presentes, señor García-Page, los señores senadores cuando han tenido
ocasión de defender esa reforma en la pasada comisión del día 8 de mayo
en esta misma sede, y creo que estaban ustedes presentes, lo vieron, lo
comprobaron y lo decidieron.

Por lo tanto, hoy estamos aquí los que tenemos que estar,
los senadores, los que representamos a los ciudadanos de toda España
porque libre y democráticamente hemos sido elegidos. Y estamos haciendo
lo que tenemos que hacer, que es debatir sobre una propuesta de estatuto
que nos traen legítimamente las Cortes de Castilla-La Mancha.

Es una reforma legal, cumple con la normativa en el fondo y
en la forma, nace en las Cortes de Castilla-La Mancha, le da legitimidad
cumplir con el Estatuto de Castilla-La Mancha, con la Constitución y con
la mayoría que el pueblo de Castilla-la Mancha le ha dado al Partido
Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, mayoría absoluta suficiente
y difícil de conseguir, señor García-Page, porque de pucherazos vamos a
hablar ahora (Rumores), de pucherazos vamos a hablar ahora.

Esta es una reforma constitucional, no modifica el orden
competencial, no modifica ni define relación distinta con el resto del
Estado ni con el Estado, no modifica ningún derecho fundamental de los
castellanomanchegos, por lo tanto, ningún problema.

Es una reforma que, fuera de los prejuicios que ustedes
—que se ponen la venda antes de la herida— tienen, no hay más
que leer lo que dice el preámbulo de esa reforma, que es cortita y se
puede leer. Dice: «Pretende devolver a Castilla-La Mancha...» Devolver,
señor García-Page, ustedes han gobernado en Castilla-La Mancha desde el
inicio de los tiempos—, «Pretende devolver a Castilla-La Mancha la
regulación anterior, que supone una mejor adaptación del marco de la
elección de los diputados regionales.» Eso es lo que pretende la reforma.
Es una reforma que pretende perfeccionar el entramado constitucional del
autogobierno de Castilla-La Mancha y su marco jurídico y democrático. Eso
es lo que pretende esta reforma, lo demás son prejuicios de ustedes,
prejuicios de quienes han perdido las elecciones, a pesar del pucherazo
que intentaron dar en el año 2011. (Aplausos.)

¿Es una reforma oportuna? Claro que es una reforma
oportuna. ¿Por qué? Porque, lejos de lo que dicen ustedes de que el
Partido Popular está solo, de que el Partido Popular no puede salir a la
calle o de que el Partido Popular no es querido en nuestra tierra, da
respuesta a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Castilla-La Mancha,
al 94%, incluidos votantes del Partido Socialista. Ustedes ya no están ni
con sus propios votantes, que es difícil y complicado. Es una reforma
oportuna porque avanza en el redimensionamiento de la Administración
pública en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha. Y no es por casualidad,
señor García-Page. Es porque para ustedes —y digo ustedes porque
quizás los senadores, incluso los de su propio grupo, no conozcan al
senador Emiliano García-Page— puede ser una buena opción, de cara a
su intención de liderar el partido nacional, que no le conozcan; pero el
resto de Castilla-La Mancha sí le conocemos y sabemos que usted, desde el
año 1993 ha tenido responsabilidades de Gobierno en esa comunidad
ininterrumpidas hasta hoy. Por lo tanto, usted es tan responsable como el
Partido Socialista de Castilla-La Mancha y como el señor Barreda de los
más de 3000 millones de

euros de facturas en los cajones (Aplausos.—Rumores);
usted es corresponsable de los más de 10 500 millones de euros de deuda
en los bancos; usted es corresponsable de esos presupuestos inflados que
gastaban 10 000 millones de euros cuando solo entraban 7000 millones
(Rumores); usted es corresponsable de que en Castilla-La Mancha hoy los
castellanomanchegos nos podamos preguntar para qué servía la Sindicatura
de Cuentas, qué control hacía al Gobierno la Sindicatura de Cuentas, que
nos ha arrojado estas cuentas. Cuando hemos entrado en el Gobierno hemos
puesto los papeles encima de la mesa y los hemos estudiado, en unos meses
nos hemos dado cuenta de esto. Y todos esos órganos de control, tan
importantes, tan serios, tan de la mano del Partido Socialista, no se
habían dado cuenta ningún año. ¡Qué casualidad, señor García-Page! Esta
reforma es un ejemplo de austeridad, el ejemplo de austeridad que nos
están dando todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha todos los días,
desde que se levantan hasta que se acuestan. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

El señor COTILLAS LÓPEZ: ¿Con qué cara, señor García-Page,
le puede decir a un ciudadano castellanomanchego que usted, que ha sido
responsable de 3000 millones de euros en facturas no pagadas...
—por cierto, luego entenderán el pucherazo. El 40% de esas facturas
no pagadas correspondían a proveedores de mi provincia, Ciudad Real;
luego entenderán el pucherazo; el señor García-Page ya lo sabe—.
Repito, ¿con qué cara le puede decir usted a los ciudadanos que después
de 3000 millones de euros en facturas no pagadas, de 10 500 millones de
euros en deuda bancaria, son ellos solos los que tienen que sacrificarse,
apretarse el cinturón y ajustarse? No lo tienen que hacer la
Administración —porque usted y su grupo han votado en contra de
todos y cada uno de esos ajustes en la Administración— ni, por
supuesto, los responsables políticos, a los que usted quiere mantener en
los privilegios en Castilla-La Mancha. (Rumores.) Desde el expresidente
Bono, que sigue teniendo —sépanlo todos ustedes— secretaria,
chofer, oficina, etcétera —le debe seguir haciendo mucha falta al
expresidente Bono, pagado por todos los ciudadanos—, hasta cada uno
de los diputados autonómicos. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor;
guarden silencio.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Es un ejemplo, y el Gobierno de
Castilla-La Mancha y el Grupo Popular que lo sustenta han adquirido
varios compromisos con los ciudadanos: a grades esfuerzos de los
ciudadanos, corresponder con esfuerzos de sus responsables políticos;
estar a la altura, señor García-Page y, por lo tanto, reducir altos
cargos, como hemos hecho; reducir asesores, como hemos hecho: más de un
50% en ambos casos; eliminar gastos superfluos y eliminar duplicidades;
no hay menor control, el control que había era duplicado y no servía para
nada, como se ha visto palmariamente en la gestión económica del Gobierno
socialista.

Es una reforma democrática que permite al Parlamento
cumplir sus funciones: La función legislativa, la presupuestaria y el
control al Gobierno. Se va a hacer de la misma manera, con una horquilla
de entre 25 y 35 diputados, que en la actualidad es una reforma que
considera el sistema proporcional, que sigue siendo proporcional y que
permite que todos los territorios de Castilla-La Mancha, sus 5
provincias, sigan estando representados. Hay enmiendas que no piden eso.
Esta reforma la mantiene y no elimina el pluralismo político. Pluralismo
político significa que pueda presentarse a las elecciones todo el que
quiera; y aquí no se le impide a nadie. Actualmente en mi tierra hay
cuarenta y tantas listas para las elecciones al Parlamento Europeo. El
pluralismo político no impide que nadie se pueda presentar; ni los ricos
ni los pobres. Basta ya de ese discurso. Acérquense a la realidad social.
Ricos y pobres hay en todos los partidos y en todos los parlamentos;
también en el Grupo Parlamentario Socialista y en el Grupo de Izquierda
Unida. Pero es que, además, en los ayuntamientos, hay muchos ciudadanos
que se dedican a la política y que van por la mañana, por la tarde y por
la noche a ejercer su representatividad política, su representación de
los ciudadanos, su trabajo ejecutivo, y no cobran. Y no por eso les
despiden de su trabajo ni dejan de tener la oportunidad de presentarse;
lo pueden hacer. Vamos a ser serios.

Señor García-Page, las mayorías y las minorías no se
definen por el hecho de que haya 25, 35 o 47 diputados; las eligen y las
definen los ciudadanos con su voto. Yo he militado en un partido que era
muy minoritario cuando comencé y ahora es un partido mayoritario, y las
leyes han sido

las mismas. Son los ciudadanos con sus votos quienes ponen
a cada uno en su sitio. Por lo tanto, no impide acceder con igualdad.

Señor García-Page, lo importante es esto. Pero yo quiero
que los ciudadanos que nos puedan escuchar, y sobre todo los senadores
que están hoy aquí, conozcan un poco más esa tierra humilde que usted
dice que es Castilla-La Mancha, y que lo es; esa tierra digna, que lo es,
llena de personas dignas, humildes, emprendedoras, responsables y que
están pidiendo que aprobemos esta normativa. ¿Por consenso? ¿Qué es el
consenso, señoría? ¿El consenso es lo que diga el Partido Socialista?
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Señorías, el consenso —lo
vuelvo a decir— ha existido siempre en Castilla-La Mancha, porque
ha habido un Partido Popular que no ha sido radical, como el Partido
Socialista; porque ha habido un Partido Popular capaz de llegar al
consenso. Y eso sigue sucediendo en el Gobierno hoy. El problema es que
tenemos una oposición que en la toma en consideración de esta ley,
señores senadores, abandonó el Pleno. ¿Qué consenso busca ese grupo de la
oposición? ¿Qué consenso buscaba el Partido Socialista abandonando el
Pleno? ¿Cuál es el consenso, senador García-Page? ¿El consenso es que
ustedes tengan derecho de veto, una vez que los ciudadanos no les han
votado? ¿O el consenso es que expliquemos también de dónde venimos tras
la última reforma de la Ley electoral, senador García-Page? Porque en
Castilla-La Mancha pucherazo es igual a García-Page y a Partido
Socialista. (Aplausos.—Protestas.) Usted era miembro del Gobierno
del Partido Socialista cuando dicho Partido aprobó una ley electoral que
hacía que en Cuenca, con menos población que en Guadalajara, hubiese más
diputados. ¿Cuál es la proporcionalidad ahí, si no es la búsqueda de un
pucherazo? Y usted en la última reforma consintió —porque era
miembro destacado del Partido Socialista— que en Castilla-La Mancha
4 provincias fueran pares; solo 1, impar. La impar se llama Ciudad Real,
la impar es aquella provincia en la que ustedes tenían más de 20 puntos
de diferencia con el Partido Popular, según las encuestas; la impar es
aquella en la que ustedes habían adjudicado contratos con un 40% de
facturas no pagadas, con un 20% de la población; la impar iba a votar al
Partido Socialista, seguro —pensaban ustedes—, y la impar
votó al Partido Socialista con solo 600 votos más que el Partido Popular.
Y una de las pares, Guadalajara, pegó el enorme salto que hizo posible
que hoy gobierne en Castilla-La Mancha quien más votos sacó en
Castilla-La Mancha.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Porque con un solo voto más del
Partido Socialista en Ciudad Real y con más de 30 000 votos más del
Partido Popular en toda Castilla-La Mancha hubiese gobernado el partido
que menos votos tenía, el Partido Socialista. Eso es pucherazo, senador
García-Page, eso sí es pucherazo. (Aplausos.—Protestas.)

Y pucherazo está usted acostumbrado a hacerlo porque ha
estado en las dos modificaciones de la Ley electoral que lo permiten y
porque la primera vez que usted gobierna en Toledo lo hace no siendo la
fuerza política más votada. Usted es alcalde de Toledo la primera vez sin
ser la fuerza política más votada, y lo sabe. Eso es pucherazo, señor
García-Page. (Aplausos.—Protestas.)

Y termino, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.

Termine de una vez, señoría.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Señor García-Page, al Partido
Popular y al Grupo Popular no les puede dar usted lecciones de ningún
tipo, ni económica ni de escándalos. Usted debe dar a los ciudadanos de
Castilla-La Mancha explicaciones sobre el último escándalo de
financiación irregular, presunta financiación irregular de su partido
político.

Muchas gracias. (Aplausos.—Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cotillas.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Muchas gracias, señor
presidente. Señorías, intervendré desde el escaño brevemente.

Estoy estupefacto. (Rumores.) Soy sincero en mis
sentimientos. Eso es bueno.

Ustedes tienen una enorme capacidad para reinventar la
lengua española —y eso que dicen que la defienden—, para
nombrar las cosas con otro nombre que permita, a través de perífrasis,
suavizar los efectos de lo que realmente están aplicando. Y ya no sé si
es ignorancia o es cinismo, pero una de las dos cosas tiene que ser;
solamente puede ser una de las dos cosas, señorías.

¿Pucherazo? ¡Hombre…! ¿Pucherazo es que 2 o 3 fuerzas
que suman mayoría en un Parlamento se pongan de acuerdo para gobernar
juntas? Eso acaba usted de decir que es un pucherazo.
(Rumores.—Denegaciones del señor Cotillas López.) Sí, sí, lo ha
dicho: que 2 o 3 fuerzas que suman mayoría absoluta en una Cámara o en
ayuntamiento se pongan de acuerdo para gobernar juntas a través de un
programa es un pucherazo. Yo lo entiendo, porque ustedes están
defendiendo un sistema cada vez más presidencialista, y me imagino que
más pronto que tarde se harán eco de la propuesta de reforma electoral de
la señora Esperanza Aguirre, la amiga de los municipales (Risas), para
poner circunscripciones unipersonales en el Estado español. Y encima,
dirán que eso será acercar la política a la ciudadanía.

Ustedes hablan de consenso. Le voy a explicar lo que es
consenso. Consenso fue el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que salió
apoyado solamente por 2 de 4 fuerzas políticas del Parlamento andaluz y
llegó a esta Cámara, a la Cámara Alta; y se estuvo trabajando con fuerza
para que ustedes se integraran en ese consenso, y también el resto de
organizaciones políticas de la Cámara. Eso se llama consenso, y esto no
viene con consenso. Es legal; ya nos hemos enterado de que es legal. Es
que si no fuera legal no habría llegado aquí. Basta ya de Perogrulllo y
sus obras completas. No, eso no puede ser para hacer política.

Pluralismo político y proporcionalidad. Señoría, si
Izquierda Unida saca el 15% de apoyo electoral en las 5 circunscripciones
no saca ningún escaño. Proporcionalidad y pluralismo político, la
reinvención del lenguaje del Partido Popular. Y yo digo, ya que ustedes
están inventando el lenguaje, que creo que hay que llamar a las cosas por
su nombre, y esto es un gran golpe a la democracia.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra
el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, los senadores y senadoras socialistas del Grupo
de la Entesa no hemos presentado un veto a este proyecto de ley, pero
daremos el apoyo a los vetos presentados. La verdad es que, como
manifesté en la Comisión de Comunidades Autónomas, nos hubiera gustado
poder realizar una intervención que no fuera más allá de la cortesía
parlamentaria, y seguro que algunos de ustedes lo entenderán.
Lamentablemente, no podrá ser así.

Siento que la mencionada comisión avalara esta modificación
estatutaria, una modificación estatutaria que consideramos equivocada y
lesiva para los intereses de los ciudadanos y también potencialmente
lesiva —debo decirlo—, no solo para los ciudadanos de
Castilla-La Mancha, sino de otras comunidades autónomas gobernadas por el
Partido Popular, en la medida en que el entusiasmo con que esta fuerza
política ha apoyado la reforma permite augurar intentos de cambio en la
misma dirección en otras comunidades. Repito, pues, lo dicho. En primer
lugar, no pongo en duda, como aquí se ha dicho, la legitimidad
institucional del Parlamento castellanomanchego para tramitar esta
modificación del estatuto, que, por supuesto, desde el punto de vista
procesal es absolutamente legal.

A los castellano-manchegos les corresponde determinar la
organización de sus instituciones de Gobierno y de representación
popular, siempre, naturalmente, en el marco de la Constitución. Pero esta
modificación es unilateral y cuenta exclusivamente con el apoyo del
Partido Popular, no del Partido Socialista Obrero Español, que cuenta con
más del 40% de representación en la Cámara regional. Es un apoyo legal y
legítimo, pero unilateral, absolutamente unilateral. Una modificación de
un estatuto no requiere unanimidad, pero sí una mayoría amplia; no se
puede

aprobar, digamos, porque se tenga un escaño más. Las
modificaciones estatutarias persiguen, han de perseguir siempre,
permanecer en el tiempo, y eso será difícil si son unilaterales y por la
diferencia de un voto.

Cambiar las reglas del juego de este modo, con el único
propósito de obtener ventajas partidistas, no es, desde luego, una buena
práctica democrática. No es bueno para la calidad de la vida democrática
ni tampoco para la estabilidad política de la región; no se equivoquen.
Además, es lamentable que la persona que preside la comunidad haya
cambiado de opinión a este respecto. Desgraciadamente, como decía, la
señora Cospedal ha cambiado de opinión; solo hay que repasar las
hemerotecas en torno a la reforma anunciada por el presidente Barreda, y
paralizada posteriormente —por cierto, en el año 2007— y ver
que la hoy presidenta decía: El PP no va a consentir ningún golpe de
Estado. Las reformas no se pueden plantear sin el debido consenso, como
se hace en todos los países democráticos. Parece ser que eso se le ha
olvidado, como se le ha olvidado también que en esa misma fecha decía:
Sería la primera vez que en un Gobierno democrático la reforma electoral
sale adelante con el apoyo de un solo partido.

Pues bien, eso es lo que, desgraciadamente, va a pasar en
estos momentos. Miren, nuestro sistema democrático tiene problemas, como
todos los sistemas democráticos, que necesitan actualizarse
permanentemente. Pero ¿acaso el principal problema del funcionamiento
democrático en la región es el número de diputados que conforman la
Asamblea? ¿Mejorará así, como planteaba algún otro portavoz, la
representatividad del Parlamento? ¿Mejorará su pluralismo, un principio
democrático establecido en la Constitución? ¿Mejorará así la relación
entre el electo y el elegido? Yo creo que no, evidentemente. Simplemente
convertirán la Asamblea regional en un órgano que tendrá más dificultades
para ejercer su función de control de Gobierno y de impulso de la
actividad legislativa. Eso es lo que pasará; de hecho, con diputados que
tendrán que compatibilizar —ya lo compatibilizan— su trabajo
con las tareas parlamentarias eso realmente es difícil. Será una asamblea
parlamentaria con menos diputados y diputadas, que han de compatibilizar
su trabajo profesional con la representación pública y que dispondrán de
menor capacidad de intervención y, por supuesto, será menos molesta para
el Gobierno regional. Eso es lo que pasará. Y, señorías, yo no creo que
ese sea el deseo de los ciudadanos castellanomanchegos. Evidentemente,
todo es según y cómo se formulen las preguntas, y en este sentido se
expresaban otros diputados.

Pero he de confesarles que lo que más me ha preocupado en
este debate han sido los argumentos utilizados por el representante del
Partido Popular en la Comisión General de Comunidades Autónomas y también
hoy, aquí. Porque, como muy bien decía otro portavoz, de alguna manera
ustedes hacen antipolítica para resultar más atractivos en un momento de
grave crisis de la política y de la confianza de los ciudadanos en sus
instituciones de representación. A esto se le llama, ciertamente,
populismo, y créanme si les digo que es una tentación demasiado peligrosa
como para que ustedes transiten por ella. Su tesis es que la reforma está
avalada por las encuestas, pero, repito, depende de cómo se formulen las
preguntas.

Y han utilizado de forma reiterada un argumento que también
cabe refutar, y es el de que la composición parlamentaria más reducida y
menos plural es, a su juicio, una garantía de que no podrán gobernar
aquellos que no ganen las elecciones. Debo decir, en primer lugar, que
utilizando este argumento reconocen de forma implícita que su voluntad es
precisamente esa: limitar la pluralidad de la Cámara legislativa, pero,
además, desconociendo lo que se desprende de nuestra propia Constitución
y, ciertamente, situándose en un régimen que es más presidencialista que
parlamentario. Porque, señorías, el sistema político que establece la
Constitución es una democracia parlamentaria, que elige a sus diputados
por un cómputo proporcional, corregido, sí, pero proporcional. Y es la
Cámara parlamentaria la que, con arreglo a una mayoría, procede a la
investidura de un presidente o una presidenta de Gobierno. Es el sistema
que tenemos para la formación de Gobierno en España, e igualmente para la
formación de los gobiernos en las comunidades autónomas y también en los
ayuntamientos. Seguramente podríamos tener otro sistema. En fin, este no
es ni mejor ni peor, todos tienen ventajas e inconvenientes, pero este es
el que determina la Constitución. Los ciudadanos eligen a sus
parlamentarios, y estos, de acuerdo con un programa de Gobierno, designan
al jefe del Ejecutivo. A ustedes parece ser que esto les molesta.

Señorías, para acabar quiero decir que esta no es la
modificación del estatuto que en estos momentos realmente requiere la
democracia española y la democracia también en Castilla-La Mancha. Y no
es una buena noticia, porque no resuelve problemas y, en cambio, anuncia
otros.

Desde luego, no es el buen camino. Ustedes todavía están a
tiempo. Esta no es una reforma oportuna, como se decía, sino una reforma
oportunista, que es otra cosa. Retiren este proyecto. Los ciudadanos se
lo agradecerían. Señorías, vean las cosas con mayor perspectiva y no solo
mirando hacia las elecciones del año que viene.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

¿Grupo Parlamentario Convergència i Unió?
(Denegaciones.)

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador García-Page.

El señor GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, señor Cotillas, reconozco que a usted le toca
hacer un papelón —y supongo que a quien venga detrás
hablando— verdaderamente increíble. Creo que le resultaría mucho
más fácil, y sobre todo más acorde con la dignidad que requiere esta
Cámara, decir lo que pasa; y lo que sucede es tan evidente como que
Cospedal, precisamente porque es ella, porque seguramente otro dirigente
no lo haría y no podría hacerlo, les impone a ustedes tener que aprobar
una normativa que contraviene cualquier equilibrio. Hay poca gente a la
que se le pueda ocurrir, y mucha menos que lo pueda imponer. Eso le
obliga a usted a hacer piruetas en el aire, y si no le conociera de
cerca, y sabe que le tengo respeto, pensaría simple y llanamente que
estamos en un circo.

Señor Cotillas, usted puede decir lo que quiera, pero
plantear que el Partido Socialista o que quien le está hablando es
radical, además de ser una mentira es absurdo. Las 5 propuestas de
reforma estatutaria que nosotros planteamos han venido por unanimidad, y
la única que plantean ustedes viene sin un segundo de conversación, señor
Cotillas. (Aplausos.) Todo lo demás es, simple y llanamente, una
falsedad. Usted cree que la política lo aguanta todo, que se puede decir
cualquier cosa echando mano del fariseísmo y del cinismo político. Y eso
es lo que repudia la gente.

Por tanto, le insisto: están a tiempo de parar el proyecto
y de que nos sentemos a hablar. Ese no es un planteamiento de
radicalidad. Ustedes simple y llanamente niegan la realidad; no lo han
querido. Es más, cuando yo he querido hablar, como representante del
PSOE, con la señora Cospedal, ella me ha dicho que verde las han segado,
que iba para adelante con su proyecto, porque tiene claro lo que
persigue. Y usted, como yo, como todo el mundo, sabemos de lo que estamos
hablando. Verdaderamente, es una barbaridad.

Habla usted de la herencia. Fíjese, podría hasta admitir
que es un argumento: ustedes llegaron y se encontraron la situación muy
mal. Es verdad, se encontraron con miles de millones de deuda. Ahora hay
6000 millones más de deuda que antes de que Cospedal fuera presidenta.
(Aplausos.) Podrían decir que se encontraron con parados. Efectivamente,
fueron por toda la región con panfletos, diciendo: si quieres empleo,
vota al Partido Popular. Es una campaña muy obscena. Hoy hay 100 000
parados más desde que Cospedal es presidenta. (Aplausos.) Podrían ustedes
hablar de déficit. Efectivamente, al que han llegado liquidando, cerrando
hospitales, cerrando plantas, cerrando institutos y echando a la gente al
paro; han despedido ustedes a 24 000 familias. (Aplausos.)

Usted puede hablar de la herencia, y puedo entender que lo
encontraran difícil, pero, señor Cotillas, eso no tiene nada que ver con
lo que estamos hablando. Eso podría explicar que, el primer día, cuando
ustedes cambiaron la ley electoral, bajaran los diputados a 25, pero es
que, con la misma herencia, con la misma situación, con la misma crisis
—ahora incluso dicen que no hay crisis, luego es un buen momento
para retirar el proyecto—, ustedes subieron los diputados de 49 a
53. (Aplausos). Por tanto, no quieran tomarnos el pelo. Al menos respeten
la inteligencia de los señores y señoras diputados y senadores.

Con este estatuto, que obliga a una nueva ley, puede darse
perfectamente la situación de que un partido tenga 100 000 votos más y no
gobernar. No se trata de un pucherazo contra el PP o contra el PSOE, se
trata de un pucherazo al sistema democrático. (Aplausos.) Ustedes están
viendo que en las encuestas aparece Izquierda Unida, que a lo largo de la
trayectoria democrática de la región ha tenido, es verdad, poca
representación; aparece UPyD; aparecen otras formaciones; y han dicho: se
trata de ponérselo difícil. El argumento de que el número de diputados no
tiene que ver con la representación, señor Cotillas, es de primero de
EGB. (Risas.) Si hubiera 5 diputados, uno por provincia, solo podría
salir un partido; si hubiera 2 senadores por cada provincia española,

solo podría haber 2 partidos, básicamente. Por tanto, sí
tiene que ver. Al contrario, la esencia del sistema democrático es llegar
al equilibrio entre el número de representantes y su
proporcionalidad.

Señorías, con esta ley, no solo puede gobernar quien tenga
muchos menos votos, sino, además, distribuyendo arbitrariamente el número
de los diputados según la provincia que convenga. Ustedes ya se vengaron
—si quieren, dicho entre comillas— de la ley electoral
anterior. Por cierto, y para que conste en el Diario de Sesiones, diré
que en la anterior reforma legal del sistema electoral en Castilla-La
Mancha el Gobierno regional citó formalmente, por escrito, hasta 5 veces
a la señora Cospedal; y debe de ser la primera vez que se produce un
cambio estatutario votado por un solo partido, debe de ser el único caso
en Europa en que se produce un doble cambio electoral en un solo año, y
debe de ser el único caso en el que se niegan a sentarse con la
oposición, y antes, cuando estaban en la oposición, a sentarse con el
Gobierno, lo que verdaderamente es costoso de entender. (Aplausos.)

Con este sistema, señoras y señores senadores del PP,
ustedes no tendrían representación ni en Cataluña ni en el País Vasco.
Está afectando, y claramente —lo verán ustedes en los debates
futuros de los próximos meses y años—, al sistema. No vale todo,
señor Cotillas; y menos, algunas encuestas. Le pueden ustedes decir al
señor Michavila, que se las hace últimamente, que pregunte por muchas
cosas. Pueden ustedes preguntar por el nivel de cercanía de la señora
Cospedal; en ese caso deben estar preguntándole sobre todo a los
guardiaciviles, que son los únicos que se le acercan. (Aplausos.) Pero lo
cierto y verdad, señor Cotillas, señores senadores del Partido Popular,
es que las encuestas lo aguantan todo. Prueben ustedes a preguntar, no si
quieren más o menos políticos, porque es evidente que a cualquier
ciudadano al que se le pregunte si quiere o no políticos dirá
—siempre, desde que yo estoy en política, y son ya muchos años,
pero hoy todavía más— que no quiere. Prueben a preguntar, por
ejemplo, si les parece bien que la presidenta Cospedal sea presidenta los
jueves en Castilla-La Mancha, y el resto del tiempo, secretaria general
del Partido Popular. O prueben, que es mucho más fácil, a preguntarles lo
que opinan acerca de que los políticos cobren sobresueldos. El 180 les
saldrá.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
García-Page.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Riolobos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Señor presidente, señorías, si
hoy tuviera que dar un titular sobre la reforma del Estatuto de Autonomía
de Castilla-La Mancha que estamos debatiendo, diría que es una reforma
ejemplar que demuestra la empatía del Gobierno de la presidenta Cospedal
con los ciudadanos. (Risas.—Rumores.) Y añadiría un segundo
titular…

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Y añadiría un segundo titular:
No se entiende la oposición feroz del señor García-Page y del Partido
Socialista, por sus antecedentes tramposos. Esos serían los dos titulares
que yo daría a esta reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Mancha. (Aplausos.)

Quiero agradecer a los grupos políticos, al Grupo Mixto, a
Unión del Pueblo Navarro, a los senadores independientes que están en el
Grupo Mixto, a Foro, y al PNV y Convergència i Unió, en primer lugar, que
no hayan presentado vetos, y en segundo lugar, su exquisita neutralidad,
respetando el deseo de los parlamentarios de Castilla-La Mancha, que
mayoritariamente han aprobado una reforma del Estatuto que quiere el 94%
de los ciudadanos castellanomanchegos. Muchísimas gracias.

La reforma que hoy traemos es muy sencilla; ya se ha
explicado: reducir al 50% el número de diputados, algo que han planteado
otras comunidades autónomas, como Madrid, Galicia, Baleares, Extremadura,
Valencia y Cantabria. Es un Estatuto que no modifica nuestra relación con
el Estado y ni siquiera nuestras competencias. Es legal, como ya se ha
dicho y reconocido por todos los grupos políticos que han intervenido. Es
plenamente constitucional. Es más justa que la que había anteriormente,
hecha por el Partido Socialista, porque permite que gobierne el que saque
más número de votos y, por lo tanto, más diputados. Dimensiona las
instituciones. Y, como ya se ha dicho, está aceptada y valorada por el
94% de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Decía el senador Saura cuando defendía su veto que nuestra
reforma del estatuto lo que hacía era alejarnos de los ciudadanos.
Nosotros pensamos, señor Saura, que es justo todo lo contrario: creemos
que esta reforma, que reduce al 50% los diputados en Castilla-La Mancha,
lo que hace es prestigiar a los políticos, acercarlos al sentir de los
ciudadanos y generar esa empatía que tienen el Gobierno de la presidenta
Cospedal y el Partido Popular de Castilla-La Mancha con los ciudadanos. Y
además se hace con criterios de ahorro y austeridad: se van a ahorrar más
de 4 millones de euros, que es un dinero que en Castilla-La Mancha se
necesita para mantener los centros de salud, para generar empleo y, sobre
todo, para mantener la educación, la sanidad y los servicios sociales.
(Rumores.)

Es una reforma que se hace por la nefasta herencia recibida
en Castilla-La Mancha, que ya ha comentado mi compañero el senador Carlos
Cotillas. Y, desde luego, es una reforma que viene precedida de toda una
política de austeridad en todas las instituciones de Castilla-La Mancha
llevada a cabo por la presidenta Cospedal, que ha sido ejemplar. Y no lo
dice el Partido Popular, lo ha dicho el presidente de la Comisión
Europea, Durao Barroso; lo han dicho dos comisarios, Tajani y
Lewandowski; y lo ha dicho recientemente el presidente del Gobierno de
España en nuestra tierra. Además, viene precedida de la supresión de un
conjunto muy importante de cargos y sobre todo de instituciones,
organismos y fundaciones para intentar ahorrar el máximo posible y
dedicarlo a lo que los ciudadanos de Castilla-La Mancha necesitan, que es
generar empleo y sobre todo mantener los servicios sociales. Fíjense
ustedes: solo en las Cortes de Castilla-La Mancha, cuando llegó al
Gobierno el Partido Popular el presupuesto era de 13,7 millones de euros,
y en este momento es de 8,7; se van a ahorrar 20 millones de euros en
esta legislatura. Nosotros, el Gobierno de Castilla-La Mancha y los
castellanomanchegos y el Partido Popular, estamos haciendo los mismos
sacrificios que los ciudadanos.

Decía el señor García-Page que todo se había hecho sin
consenso. Mire, lo que es absolutamente imposible es que, habiendo dos
únicos partidos políticos en el Parlamento, usted quiera que se haga todo
por consenso, cuando usted ha votado permanentemente en contra de todas y
cada una de las propuestas que ha llevado el Gobierno de Castilla-La
Mancha tendentes a la austeridad y a reducir los gastos de nuestra
tierra. Dijeron no a eliminar los privilegios de los 70 ex altos cargos
que cobraban entre 400 y 1000 euros más al mes por haber sido ex alto
cargo. Ustedes votaron en contra de los privilegios del señor Bono, que
nos cuestan 640 000 euros en cada legislatura. Y votaron en contra de
reducir el sueldo a los diputados.

Tanto el señor Mariscal como el señor Saura nos ponían un
reparo o una pega a la reforma del estatuto, diciendo que hacíamos una
reforma que iba a ser únicamente para ricos. No es verdad; ustedes saben
que ese argumento se cae por su propio peso, y le voy a decir por qué:
hay miles de alcaldes, miles de concejales en toda España que tienen unas
funciones fundamentalmente gestoras, que están las veinticuatro horas del
día trabajando, que nunca han tenido sueldo público ni lo van a tener, y
están trabajando permanentemente y mantienen sus actividades
profesionales. (Protestas.)

Ustedes hablan, y hablaba el señor García-Page, de que el
criterio de austeridad no se sustenta como un elemento para justificar la
reducción del número de diputados que traemos en esta modificación
estatutaria, y yo les digo que no es cierto, que la austeridad es
necesaria en nuestra tierra. Y fundamentalmente el señor García-Page, que
ha sido corresponsable de toda la tropelía económica que se ha hecho en
nuestra tierra, no puede venir aquí ahora a intentar darnos lecciones de
gestión económica ni lecciones de democracia. Señor García-Page, usted
sabe que le tengo mucho aprecio, que le tengo cariño y que le tengo
respeto. (Risas.) Le tengo respeto —él lo sabe
perfectamente—, pero usted está muy alejado de lo que están
pidiendo los ciudadanos de Castilla-La Mancha en este momento, y le voy a
explicar por qué. Señor García-Page, usted lleva veintisiete años
—y mire que es usted joven—, lleva veintisiete años, digo,
subido en el coche oficial (Protestas), y nunca jamás ha cotizado usted a
la Seguridad Social por algo que no fuera un cargo político. (Protestas.)
Por eso no está usted cercano a los ciudadanos, señor García-Page, porque
lleva toda la vida subido en el coche oficial. (Protestas.) Ese es su
problema. (Rumores.—Protestas.—Aplausos.)

Usted, señor García-Page, es responsable o
corresponsable...

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

La señora RIOLOBOS REGADERA: ...porque ha formado parte de
casi todos los gobiernos de Castilla-La Mancha... (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Usted es corresponsable de los
escándalos más espectaculares que ha conocido toda España, y no los voy a
relatar. (Fuertes rumores.—Protestas.) Caja Castilla-La Mancha,
Seseña, aeropuerto de Ciudad Real, el caso recién conocido de
Cuadrifolio... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

La señora RIOLOBOS REGADERA: ...y los cuatro titulares de
El Mundo. (Aplausos.—Fuertes protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, así es imposible seguir con
el debate. Es imposible, no se oye nada. Guarden silencio, por favor.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Usted ha sido vicepresidente
del Gobierno de Castilla-La Mancha o consejero portavoz o consejero de
Obras Públicas cuando en nuestra región se cometían los mayores
atropellos que nos llevaban a la situación económica tan lamentable y tan
dramática que ha heredado la presidenta Cospedal, que nos ha llevado a
las políticas de austeridad más ejemplares de toda España. Usted aparece,
señor García-Page, en el auto de la imputación del alcalde de Seseña. Y
no lo dice el Partido Popular. Aparece en la denuncia que presentó
Izquierda Unida cuando usted le ofreció al alcalde de Izquierda Unida de
Seseña un trato especial como alcalde socialista. (Rumores.) Sí, como
alcalde socialista, si le facilitaba los trámites al pocero en
Seseña.

Señor García-Page, usted no nos va a dar lecciones ni de
democracia ni de cómo se puede gobernar. Esta reforma es legal, es
constitucional, está en relación con lo que nos están pidiendo los
ciudadanos en Castilla-La Mancha, y usted, desde luego, no tiene
argumentos morales para criticarnos en este sentido. (Varios señores
senadores del ala izquierda del hemiciclo: ¡Pucherazo,
pucherazo!—Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías; al señor
García-Page se le ha dejado hablar, se le ha escuchado con todo respeto.
(Aplausos.—Fuertes rumores.) Hagan ustedes el favor. (El señor
Alique López pronuncia palabras que no se perciben.) Senador Alique, le
llamo al orden; senador Alique, le llamo al orden. Dejen acabar a la
señora senadora.

La señora RIOLOBOS REGADERA: ¿Sabe lo que le duele a usted,
señor García-Page? ¿Sabe lo que le duele? Que todas las encuestas dicen 2
cosas: que si hoy hubiera elecciones el Gobierno de Castilla-La Mancha
volvería a ser de la presidenta Cospedal, porque es la más querida y la
más valorada. (Rumores.) ¿Y sabe también lo que dicen las encuestas,
señor García-Page? Que sus aspiraciones para ser secretario nacional de
los socialistas están siempre en la última del ranking. En la última
encuesta que se ha hecho está 2,5 puntos por detrás de otros.
(Aplausos—Rumores.) Esa es la realidad.

Y les tengo que decir que la reforma que se plantea...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Sí, voy terminando, señor
presidente.

…es una reforma que no plantea ninguna ilegalidad,
que es constitucional, que está de acuerdo con los ciudadanos y que
avalan el 94% de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Muchísimas gracias. (Aplausos.—Varios señores
senadores del ala izquierda del hemiciclo: ¡Pucherazo, pucherazo!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Riolobos.

Llamen a votación. (Aplausos.—Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a votar las propuestas de veto.
Ha habido utilización de voto telemático. Se han autorizado 2: las
senadoras Beatriz Jurado Fernández de Córdoba y la senadora Catalina
García Carrasco, ambas del Grupo Popular. Ha emitido su voto solamente la
senadora Catalina García Carrasco en las 3 propuestas de veto. El sentido
de su voto ha sido negativo, que añadiré a las votaciones de los 3
vetos.

Comenzamos votando la propuesta de veto número 1, de los
senadores Iglesias y Mariscal.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 225 más 2 votos telemáticos, 227; votos emitidos, 220 más 1
voto telemático, 221; a favor, 64; en contra, 143 más 1 voto telemático,
144; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de veto número 2, de
los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226 más 1 voto telemático, 227; votos emitidos, 221 más 1 voto
telemático, 222; a favor, 64; en contra, 143 más 1 voto telemático, 144;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 3, del
Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226 más 2 votos telemáticos, 228; votos emitidos, 221 más 1
voto telemático, 222; a favor, 64; en contra, 143 más 1 voto telemático,
144; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Rechazadas, por tanto, las propuestas de veto, pasamos al
debate de las enmiendas.

En primer lugar, de los senadores Iglesias y Mariscal, del
Grupo Parlamentario Mixto, la enmienda número 5.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.
(Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor.

Cuando quiera, senador Mariscal. (El señor vicepresidente,
Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

El señor MARISCAL CIFUENTES: La enmienda que presentamos
los senadores de Izquierda Unida trata de ir en la dirección contraria a
la que aparece en la reforma. Se trata de garantizar el cumplimiento o de
dar la razón al artículo 1.1 de la Constitución española, que nosotros
creemos que esta reforma conculca, y tiene que ver con el pluralismo
político, que sería mucho más adecuado y garantizaría una mayor
proporcionalidad si hubiera una circunscripción única en el
conjunto… (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por favor,
señorías, ruego permitan al orador que se le escuche en el hemiciclo.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Al orador se le oirá, que se
le escuche ya es otra cosa. (Aplausos.)

La cuestión es que nosotros quisiéramos que hubiera una
mayor proporcionalidad, por lo tanto, defendemos una circunscripción
única para Castilla-La Mancha manteniendo el número actual de escaños, y
también quisiéramos —aprovecho esta ocasión para proponerlo—
que el Gobierno de la señora Cospedal sometiera esta importante reforma
del estatuto de autonomía a la consideración de sus conciudadanos y a
referéndum… (Rumores.) ¡Qué tontería eso de votar! ¡Es que la
democracia tiene unas cosas!

En fin, pedimos que se someta a referéndum esta importante
reforma del Estatuto de Autonomía como un ejercicio de-mo-crá-ti-co.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Mariscal.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, los senadores Quintero
Castañeda y Zerolo Aguilar presentan las enmiendas números 1 a 4.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Zerolo.

El señor ZEROLO AGUILAR: Las damos por defendidas.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
presenta la enmienda número 6. Para su defensa, tiene la palabra el
senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

La enmienda consiste solamente en mantener el número de
parlamentarios actuales, pero que la circunscripción sea una
circunscripción única en toda la región para que todos los votos valgan
lo mismo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas
números 7 a la 10. Para su defensa, tiene la palabra el senador Camacho.

El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve.

Doy por defendidas las 4 enmiendas que ha presentado mi
grupo parlamentario a esta reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha, pero quiero aprovechar este tiempo para hacer un par
de consideraciones.

En todas las intervenciones que ha realizado el Grupo
Popular, tanto en la comisión general del pasado día 8, como hoy, durante
la celebración del Pleno, se ha basado fundamentalmente en 2 argumentos:
el económico, y la petición de los ciudadanos para llevar adelante esta
reforma.

Pues bien, en primer lugar, y en cuanto al tema económico,
creo que ha quedado claro, y todo el mundo tiene meridianamente claro
—valga la redundancia—, que el objetivo de ahorro económico
no se produce puesto que los diputados regionales de Castilla-La Mancha
no cobran. Por tanto, me gustaría que esto que ustedes plantean como
ahorro económico o, de alguna manera, que el problema económico es por lo
que llevan esto adelante, también lo practicaran dentro del Partido
Popular. Ustedes saben perfectamente, por ponerles un ejemplo —y
aquí hay dos senadores de mi provincia—, que el presidente del
Partido Popular en la provincia de Toledo, diputado nacional, como
presidente de la diputación provincial cobra 1500 euros de dieta cada vez
que va a un Pleno, como concejal del ayuntamiento, 400 euros también por
asistir a los plenos, y si quieren ser congruentes con lo que están
planteando, digo yo que podría renunciar precisamente a alguno de esos
sueldos por coherencia, si el tema es puramente económico. (Aplausos.) ¿O
es lo ancho para unos y lo estrecho para otros? No. Vamos a ser todos un
poquito coherentes.

En segundo lugar, refiriéndose a la petición de los
ciudadanos de Castilla-La Mancha, ha dicho el señor Cotillas que es del
94%. Yo soy de una ciudad que se llama Talavera de la Reina. ¿Le suena,
verdad, señora Riolobos? Yo voy por la calle, me imagino que igual que
usted, y le aseguro, les aseguro a todos ustedes, que todavía a día de
hoy —y mire que llevan tiempo hablando de la reforma del estatuto y
del recorte—, nadie, nadie me ha parado para decirme: oye, apoya al
Partido Popular en esto; nadie en absoluto, ni siquiera para preguntarme,
y hablo con mucha gente.

¿Sabe lo que plantea la gente en la calle? No sé si a
usted, señora Riolobos, pero a mí, en Talavera de la Reina, ciudad de 90
000 habitantes, con un 40% de desempleo, ¿sabe lo que me preguntan? Esa
promesa del Partido Popular en las pasadas elecciones: Si quieres
trabajo, vota al Partido Popular, ¿dónde está?, porque cada día tenemos
más desempleo en esta ciudad. (Aplausos.) O también, ¿qué está ocurriendo
con el hospital de Talavera, donde cada vez se cierran más camas? Un
hospital que era un ejemplo y ahora se está quedando en un centro de
especialidades. O ¿qué está ocurriendo con las unidades escolares? Eso es
lo que a la gente le preocupa, eso es lo que la gente pregunta en la
calle, es decir, cómo van a poder dar de comer a sus hijos si están
cerrando los comedores escolares, qué está ocurriendo con el transporte
escolar, porque lo están eliminando...

Esa es la realidad de lo que ocurre en una ciudad
castellano-manchega como la mía, señora Riolobos. No sé si en la suya o
usted vive en un mundo totalmente distinto.

A los ciudadanos lo que les preocupa es poder llegar a
final de mes, poder pagar su hipoteca, poder pagar la luz, poder pagar el
agua, no lo que ustedes quieren hacer. (Aplausos.) Además, lo quieren
hacer porque igual que a los ciudadanos les preocupa esto que les estoy
diciendo, a ustedes les preocupa otra cosa, y lo saben perfectamente. Lo
ha dicho el senador García-Page muy claramente: a ustedes lo que les
preocupa es que en las próximas elecciones del año que viene se puedan
garantizar que la señora Cospedal vuelva a ser la presidenta de
Castilla-La Mancha. No tienen otro objetivo y eso es lo que quieren
llevar adelante con este pucherazo.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

En turno en contra tiene la palabra el senador señor
Burgos.

El señor BURGOS BETETA: Con la venia, señor presidente.

A estas alturas, señorías, la reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha se ha debatido con profusión de tiempo y
argumentos. Probablemente nunca en una reforma tan escueta, nunca en una
reforma tan corta, que no cuestiona el núcleo esencial del estatuto, se
ha gastado tanto tiempo y argumentos. Para el Grupo Parlamentario Popular
en Castilla-La Mancha el punto de partida no es otro que la situación que
encontró el Gobierno del Partido Popular cuando recibió el respaldo
mayoritario de los castellanomanchegos en 2011 y las medidas que tuvo que
tomar para evitar la quiebra de los servicios sociales básicos. Señorías,
fueron momentos duros y complicados en los que se hicieron ajustes en la
propia Administración y se pidieron también sacrificios a los ciudadanos.
No nos pidan a nosotros que arreglemos en estos pocos años lo que ustedes
nos dejaron después de treinta años de Gobierno. No nos pueden pedir a
nosotros que resolvamos lo que fue el desastre del Gobierno del Partido
Socialista a nivel nacional con la negación de la crisis o lo que fue el
desastre del Gobierno del Partido Socialista en la comunidad autónoma,
que fue incapaz de tomar medidas contrarias a lo que estaba ocurriendo a
nivel nacional. No nos lo pidan a nosotros. Hoy en día sí que hemos
puesto en marcha medidas que pueden realmente ayudar a resolver estas
cuestiones, señorías.

Las Cortes han sido coherentes con esta situación, y además
de otras medidas proponen, como aquí se ha dicho a lo largo del día, una
reducción de la horquilla parlamentaria, de manera que ahora pase a ser
de un máximo de 35 a un mínimo de 25. Como ven, insisto, la reforma es
limitada, y estamos seguros de que representa el sentir de la
mayoría.

Como ustedes saben, a esta iniciativa —y es a lo que
vengo a contestar— se han presentado 10 enmiendas, 5 del Grupo
Parlamentario Mixto, de las cuales 4 son de Coalición Canaria y 1 de
Izquierda Unida; otra de Entesa, idéntica en su fondo a esta última; y
finalmente 4 del Grupo Parlamentario Socialista. Adelanto que vamos a
oponernos a todas las enmiendas, como ya hicimos en la Comisión General
de Comunidades Autónomas.

Con respecto al primer bloque, las que atañen a la
reducción del número de parlamentarios, es evidente nuestra razón porque
van directamente contra el objeto de la reforma pretendida por las
Cortes, de manera que poco hay que explicar que no se haya dicho ya por
mis compañeros en la oposición a los vetos de hace un momento.

Las Cortes de Castilla-La Mancha creen que la labor
legislativa y de control que reserva el estatuto a los diputados puede
hacerse con menos, y nosotros lo apoyamos, señorías. Esto no es un
pucherazo. El auténtico pucherazo —y permítanme que insista porque
aquí ha salido y lo han sacado ustedes— es conocido en Castilla-La
Mancha y protagonizado por su Gobierno, señor García-Page, cuando aprobó
una ley electoral que insisto, insistimos, pretendía que gobernara el
PSOE, perdiendo en 4 de 5 circunscripciones estrepitosamente en número de
votos. Eso fue lo que usted quiso hacer y permitió que se hiciese. Eso sí
que era un pucherazo electoral, señor García-Page, que sólo el apoyo
masivo de los castellano-manchegos pudo evitar en aquel momento. Este
pasaje de su historia política le invalida, señor García-Page, para
acusarnos a nosotros de ningún tipo de pucherazo. Nosotros nunca haremos
una barbaridad como esta y queremos que gobierne el que gane las
elecciones, como hemos repetido hasta la saciedad.

Con respecto al segundo bloque, señorías, cambio de
circunscripción, elaboración de la Ley de plazos, procedimientos,
etcétera, son materia propia, en su mayor parte, de la Ley electoral que

existe en Castilla-La Mancha, como, por cierto, existe en
la mayoría de las comunidades autónomas. Quedan, por tanto, fuera de la
propuesta de reforma planteada y creemos que deben seguir perteneciendo
al ámbito competencial de esa Ley electoral, o, en algún caso concreto y
puntual, la rechazamos para mantener la redacción actual del texto del
estatuto que no afecta a la modificación.

Finalmente, respecto a las enmiendas que ha presentado el
PSOE, entiendo que son absolutamente coherentes con el veto las números
7, 8 y 9, así, la oposición al veto que hemos votado hace un momentito
explica perfectamente el voto contrario a estas enmiendas, por lo que
entiendo que no tenemos que extendernos más en ellas. Ahora bien, sí
merece un comentario aparte la enmienda número 10. En ella se supedita la
reforma que estamos debatiendo a la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional, que pretende la recuperación del recurso
previo de inconstitucionalidad en relación con los estatutos de
autonomía. Como ustedes saben, PP y PSOE han llegado a un acuerdo para
tramitar esta reforma del Tribunal Constitucional. Hay un acuerdo entre
los dos grupos políticos instando, de alguna manera, por la reforma del
Estatuto de Cataluña, cuya inconstitucionalidad era evidente, tal y como
sentenció el Tribunal Constitucional en 14 artículos y del que
reinterpretó otros 23, si no me falla la memoria. Pero este no es el caso
y ustedes lo saben bien. Tanto no lo es, que en el trámite de
presentación de enmiendas para la reforma del estatuto, ni el PSOE ni
ningún otro grupo parlamentario propusieron esta enmienda en el Congreso.
Esta enmienda ha aparecido aquí, en el Senado, en la mitad de la
tramitación del estatuto. Cosa extraña, señorías, más aún dada la
importancia que ustedes mismos le dan al plantearla como enmienda
puntual. Y no se puede explicar con el argumento de que las enmiendas se
presentaron antes que la Proposición de Ley de reforma del Tribunal
Constitucional, porque la diferencia fue de apenas siete días, de hecho,
el 11 de febrero ya se sabía el acuerdo para recuperar el recurso previo.
¿Es que no la consideraban importante en el Congreso? ¿Es que no les
dejaron intervenir en la enmienda que su grupo parlamentario planteó en
el Congreso? ¿No será que no les hacen caso ni en el partido ni en el
grupo parlamentario en el Congreso, señor García-Page? (Aplausos.)

Tal vez les explicaron que esta técnica legislativa de
condicionar una ley que aún no se ha debatido por otra que está
finalizando su tramitación es un tanto extraña, irregular, y, por eso,
les aceptaron como compensación política una adicional en el texto de la
iniciativa de recuperación del recurso previo. Pero no aquí. Eso no
obliga a nada, señorías del Grupo Socialista, y su eficacia jurídica
resulta muy cuestionable, por no decir inútil. En todo caso, con su
enmienda ustedes pretenden literalmente que el Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha no entre en vigor según lo apruebe esta Cámara. Están
sometiendo la ley que hoy debatimos a la tramitación de otro proyecto que
no sabemos cuándo será aprobado. Aún no se ha producido el debate y la
admisión a trámite de la ley anterior, señorías. Insisto, están
intentando supeditar la voluntad de los representantes de Castilla-La
Mancha, expresada en un acuerdo de las Cortes regionales, a lo que
pudiera ocurrir en los próximos meses, cuando hoy existen mecanismos
constitucionales para dilucidar la legalidad de esta reforma.

Su enmienda sí es inconstitucional. Contradice el artículo
90.2 de la Constitución, que fija la tramitación de un proyecto de ley en
el Senado en un plazo máximo de dos meses si se optara por la dilación de
trámites. Es por eso, señor García-Page, por lo que no se puede parar la
tramitación en este momento ni abrir ningún tipo de comisión, porque la
Constitución nos lo impide. Desde otro punto de vista, sería un fraude de
ley aprobar otra cuya entrada en vigor quedase en el aire y condicionada
por la posterior de igual rango, es decir, una orgánica. No me parece
serio, señorías. Si ustedes tienen alguna duda sobre su
constitucionalidad, aunque ya sabemos que aciertan poco en estos asuntos
relacionados con las Cortes de Castilla-La Mancha, son muy libres de
presentar los recursos que quieran, pero no le pidan al Grupo
Parlamentario Popular que acepte esta tesis suya. El acuerdo de las
Cortes regionales es constitucional, se ha realizado con los requisitos
exigidos por el propio estatuto en su artículo 54 y por eso lo traemos
aquí y lo defendemos sin ningún rubor. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)

Para finalizar, señorías, hemos reiterado el respaldo
popular que tiene esta medida de reducción de parlamentarios, y el apoyo
es abrumador. No volveré a referirme a cifras o a encuestas pero sí les
diré que no nos resulta extraño, porque los ciudadanos son conscientes
del esfuerzo y sacrificio que ha habido que hacer estos años y, por ello,
les piden los mismos a sus representantes. Entender esto y asumirlo como
propio no es populismo, sino sentido común, señorías; es sentido
común.

La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha
no es más que una respuesta a los castellanomanchegos. No es una medida
economicista, aunque portavoces autorizados de mi región han valorado en
4 o 5 millones el ahorro posible. Pretende ahorrar, cierto, pero su
principal intención es enviar un mensaje nítido a los
castellanomanchegos, y es que sus instituciones, las que hoy les
gobiernan porque han recibido su apoyo mayoritario, quieren sumarse aún
más a los esfuerzos que se han hecho. Ayer fue el Gobierno de Cospedal,
hoy también son las Cortes de Castilla-La Mancha.

Estas son nuestras razones, estos son los fundamentos que
hicieron que las Cortes de Castilla-La Mancha abordara esta reforma que
queremos aprobar hoy definitivamente. Han sentido la necesidad de adaptar
la institución a la difícil realidad heredada, racionalizándola, dando
peso a lo que realmente importa: su representatividad, para que cumpla
sus funciones con austeridad y eficacia con el número de miembros
precisos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Burgos.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señor
presidente.

He de confesar que me he quedado preocupado por el nivelazo
del debate. (Risas.—Aplausos.) O sea, no ha consistido en debatir
sobre el contenido de la reforma, sino sobre la gestión de los diversos
gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha, y esto no tocaba hoy, en
absoluto tocaba.

Continúo añadiendo 3 o 4 cosas. Mi segunda preocupación
viene motivada porque de verdad que no sé cómo se puede defender que
disminuir la posibilidad de acceso al Parlamento, hasta un 17% de los
votos, reducir el número de diputados y eliminar los salarios no
significa menos democracia. Me preocupa que lo piensen, y si lo dicen es
que lo piensan. Dice la señora portavoz del PP que hay muchos alcaldes y
concejales que no cobran, evidentemente, pero estamos hablando de los
parlamentarios. Pero a esto hay que añadir que el 17 de mayo de 2012 un
consejero de Castilla-La Mancha, hablando del aumento de diputados, dijo:
Por tanto, no hay mayor coste, todo lo contrario, lo que va a haber es
más representatividad y, por lo tanto, mucha más democracia. Dicho de
otra manera, si hay menos diputados habrá menos representatividad y menos
democracia.

No han hecho referencia al tema del modelo del Estado pero
yo les invito a pensar hacia dónde nos dirigimos. Nos dirigimos hacia un
Estado donde los ayuntamientos tienen menos competencias y donde la
mayoría de ministerios llenan de competencias las diputaciones, vacían
las de los Gobiernos autonómicos y las centralizan en el Gobierno
central. Es decir, la Constitución dejó en pie dos modelos de Estado: un
modelo de Estado centralista y un modelo de Estado autonómico. El modelo
de Estado centralista viene configurado por las provincias y el modelo de
Estado autonómico por la elección en los Parlamentos. Hoy existen dos
Estados. En esta Cámara estamos senadores que representamos dos Estados,
aquellos a los que nos han designado los Parlamentos autonómicos y los
que son senadores por las elecciones generales. Pues bien, lo que el
Gobierno central está haciendo es, no diciendo qué modelo de Estado
quiere, porque no lo dice, centralizar la Administración quitando poderes
a los ayuntamientos e incrementando los poderes a las diputaciones como
elemento fundamental de un Estado centralista. Como les he dicho antes,
se nos está pidiendo bajar el Estado a ras de tierra y ustedes están
subiendo el Estado hacia arriba.

Creo que en una propuesta de reforma de estatuto es
inconcebible que no se planteen medidas de regeneración, de renovación,
de participación, de apertura..., que no se plantee ni una sola propuesta
de estas características, sino que simplemente se plantee una propuesta
económica. La pregunta es: si en una balanza ponemos 4 millones de euros
—suponiendo que sean 4 millones de euros, que es lo que figura en
los documentos— y menos diputados, menos salarios, menos
representación, menos pluralismo, ¿qué es lo que pesa más? ¿Ustedes creen
que con 4 millones de euros se puede hacer todo lo que dicen que van a
hacer? En definitiva, el problema no son los 4 millones de euros sino
ganar las elecciones y blindar el poder político del PP en Castilla-La
Mancha.

Por tanto, como he dicho, nuestro voto se resume en estas 3
palabras. Hay una reducción evidente, digan ustedes lo que digan, de
menos democracia. Ustedes pueden subir a la tribuna y decir lo contrario,
pero es evidente que hay una reducción de la democracia. Hay una
limitación, una reducción, de las posibilidades de nuevas formaciones
políticas en el Parlamento autonómico, digan ustedes lo que digan; se
necesitará un 17%. Hay un efecto colateral de reforzar un Estado
centralista y recentralizador y, por último, hay, evidentemente, una
política que lleva, digan ustedes lo que digan —si conocieran la
situación de la reforma laboral—, a que mucha gente no se vaya a
querer presentar en las listas para no tener problemas.

En cuanto al dato de la encuesta, el 94%, no me han
respondido. ¿Qué creen ustedes creen que pasaría si hiciéramos una
encuesta sobre si se tiene que cerrar o no el Senado? Y si, además, hacen
caso de la encuesta, estamos salvados con la Ley del aborto, porque no
creo que ustedes presenten una Ley del aborto que goza del desprestigio y
de la negativa de la mayoría de ciudadanos de Cataluña y de España.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gracias, señor presidente.

Ante esta reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Mancha, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió
considera, como dije en la Comisión General de Comunidades Autónomas, que
lo que hace es alejar la democracia. Para nosotros, un Parlamento, una
Cámara territorial, los diferentes hemiciclos parlamentarios,
difícilmente pueden ser cien por cien democráticos si no se tiene la
sensación real de que hay una enorme representatividad del territorio. Es
curioso cómo las personas que saben de ciencias políticas, de estudios
sobre la gobernabilidad del siglo XXI, justamente llegan a la conclusión
de que cada vez es más necesario que para que la democracia se adecúe
realmente a las nuevas estructuras y movimientos sociales, interactuar,
integrar determinados movimientos, determinadas maneras de comportarse
democráticamente que den la sensación real de que lo que se está haciendo
es integrar en muchísimos aspectos la realidad y el movimiento
social.

Además, nosotros creemos realmente que esta reforma del
estatuto —se ha dicho anteriormente, pero también lo queremos decir
nosotros— intenta, de cara a la galería, con la reducción de
determinado número de diputados, demostrar el ahorro económico que supone
la representatividad democrática y corregir las maneras de hacer de la
política. En un Parlamento puede haber muchísimos senadores y diputados,
o diputados de las Cámaras autonómicas, no importa el número,
absolutamente faltos de ética y de principios democráticos, puede que sea
así, pero también puede ser que sean muy pocos y que tampoco se garantice
ni el principio de la ética ni el de la democracia.

Por tanto, el hecho de reducir la Cámara parlamentaria no
significa necesariamente que lo que se está demostrando es el ejercicio
de la democracia, el ejercicio de la representatividad territorial y el
ejercicio de la transparencia. Cada vez es más necesario asociar política
y kilómetro 0. El kilómetro 0 es la esencia, es el pulso, es el saber
realmente las necesidades de nuestras calles, de nuestras poblaciones, de
nuestras ciudades, de nuestros territorios y de todo el Estado español.
Con esta reducción realmente uno tiene la sensación de que se acoge al
matiz de la enorme representatividad. Yo creo sinceramente que esta
reducción de escaños hace —lo han dicho otras personas— que
aquellos grupos políticos minoritarios no puedan acceder a la
representatividad que tiene que ser. Únicamente el matiz nos hará
grandes. El matiz nos hará grandes. El pensamiento único, a partir de que
somos mayoritarios —y que mayoritarios quiere decir que somos
pensamiento único o que, por ser mayoritarios, tenemos la verdad
única—, en realidad debilita la democracia. Por tanto, creemos
sinceramente que la reforma de este Estatuto realmente no es buena; que
no es buena para el matiz, ni es buena para el territorio de Castilla-La
Mancha.

Dicho esto —lo sabe perfectamente la senadora
Riolobos, porque ya lo manifesté en la sesión de la Comisión de
Comunidades Autónomas—, nos abstendremos. Lo que queremos es que se
respete lo que sale del Parlamento. Tanto es así, senadora Riolobos y
señores senadores que han intervenido en nombre del Partido Popular, que
pedimos que se nos respete también lo que sale en el Parlamento de
Cataluña, porque hay una diferencia muy grande: en el Parlamento de

Cataluña, lo que sale aprobado es prácticamente por las
tres cuartas partes del Parlamento de Cataluña, por las seis fuerzas
políticas, mientras que aquí ustedes están defendiendo una mayoría mínima
—de únicamente un solo diputado— y una reforma muy muy
estructural. Por tanto, nosotros nos abstendremos.

Agradecemos el respeto y la neutralidad del Grupo de
Convergència i Unió que dice la senadora Riolobos. En todo caso,
esperamos que ustedes hagan exactamente lo mismo cuando se discute en
otros territorios que no son Castilla-La Mancha.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CANDINI I PUIG: Finalizo.

El último senador ha hecho referencia al Tribunal
Constitucional, lo lamentamos profundamente, así como que haya intentado
hablar de Cataluña. Se ha dejado una cuestión para nosotros muy
importante y que, además —y finalizo, presidente—, en buena
medida, contradice sus posiciones: que el Estatuto de Cataluña se aprobó
en las Cortes Generales —en el Congreso y en el Senado—, y
después, los representantes del Tribunal Constitucional —que no son
elegidos por sufragio directo, evidentemente— fueron los que, de
una manera u otra, giraron la posibilidad. Por tanto, este matiz tan
importante, que es la representatividad de la democracia, Congreso y
Senado, yo creo...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora CANDINI I PUIG: Finalizo. Me hubiera gustado que
en otras cuestiones también dijera lo mismo, presidente. Me he pasado
pocos segundos, o un minuto, y en otros casos me parece que han sido
bastante más minutos.

Gracias. La posición está marcada.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador García-Page.

El señor GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ: Sí, señor presidente. Si me
lo permite, intervengo desde el escaño para fijar la última posición en
este trámite de enmiendas.

Quiero en primer lugar agradecer a todos los grupos
parlamentarios —obviamente, no lo puedo hacer con el Grupo
Popular— que hayan manifestado tanto en el Congreso como en el
Senado la evidencia que supone este proyecto de ley. Independientemente
de que su inercia estatutaria, su posición en el Parlamento les lleve a
votar una cosa u otra, lo cierto y verdad es que no ha colado. En el
Congreso quedó muy evidente, por todos los grupos parlamentarios, y aquí
también —me remito a la última intervención de Convergència i
Unió— cuál es la intención, cuál es el motivo profundo. Por si
alguien lo dudaba, se esconde detrás de esta magnífica intervención, y
quedará en el glosario parlamentario de la señora Riolobos, que es
evidente que me tiene un cariño y un respeto extraordinario —como
ella decía—. (Aplausos.) Todo es igual de verdadero en sus
palabras, como el cariño que me tiene.

Decían que esta reforma no tiene mucha importancia porque,
realmente, es cortita. Cortitas es como quieren dejar las Cortes de
Castilla-La Mancha, muy cortitas. Pero lo cierto y verdad es que resulta
muy ridículo que se plantee que la cosa no tiene entidad porque haya
pocas palabras, bastaba con haber hecho un solo trámite —queda
suspendido el Estatuto de Castilla-La Mancha—, más corto y
seguramente más eficaz para sus intenciones.

Señorías, es muy absurdo el planteamiento, muy peregrino.
Hay pocas palabras como estas que hayan hecho tanto daño al sistema y a
la convivencia democrática, aunque quieran ustedes pasar de puntillas
sobre el asunto. No han explicado ni por qué quieren suspender —que
pueden hacerlo perfectamente a petición del Gobierno de Castilla-La
Mancha— la tramitación y sentarnos a hablar —les da lo
mismo—, ni han explicado por qué no agotaron un minuto de tiempo
para hacerlo, ni han explicado por qué, en tan solo dos años, van a hacer
dos cambios de legislación electoral en sentido contradictorio, en
sentido opuesto, y es el único caso, aunque yo creo que todo el mundo
sabe por qué.

Y a estas alturas resulta muy patético, señorías, que se
quiera hablar de ahorro. Estamos en el Senado de España y resulta muy
lamentable que se hable de ahorrar en democracia 1 millón

o 2 millones de euros después de ver lo que vemos todos los
días con los sobresueldos, los sobres en A, los B y los C. (Aplausos.)
Resulta muy llamativo que sus altos cargos, sus dirigentes —alguno
ha salido aquí a relucir—, como el presidente de la Diputación de
Toledo, que es presidente de la Comisión Constitucional del Congreso,
que, además de cobrar por ello, se haya subido la dieta de 900 a 1500
euros por ir diez minutos al Pleno en la Diputación de Toledo; o que no
renuncie —como, por cierto, hemos hecho los demás— a la dieta
por ser concejal en el ayuntamiento. A estas alturas los ciudadanos no se
engañan. (Aplausos.)

Señora Riolobos, yo no sé qué cambios tendrá que hacer la
política para que recuperemos entre todos la credibilidad; estoy seguro
de que, de los muchos cambios que haya que hacer, uno será desterrar de
la vida política intervenciones como la suya (Aplausos) —esto lo
tengo claro— y estoy convencido de que les falta el respeto, más
que a mí y a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, a sus propios
compañeros —seguro que todos piensan lo mismo que yo—. Del
Partido Socialista, que ha cometido muchos errores en su vida —yo
se lo puedo reconocer—, y yo también, hay una cosa de la que me
alegro mucho como dirigente del PSOE, y no es la de recordar la herencia
que ustedes dicen, porque hasta en eso mienten, hasta en eso están
mintiendo, señor Burgos Beteta. Cuando se tramitó la última reforma
electoral en las Cortes de Castilla-La Mancha, yo no era ni diputado ni
miembro del Gobierno —y no reniego de ello, al contrario—,
era alcalde y estaba corrigiendo el déficit que me encontré de sus
compañeros; era alcalde. (Aplausos.) Y, además, cuando dejé la comunidad
autónoma, esta tenía superávit, y no quiero ni mucho menos con ello dejar
de lado el resultado de los últimos años y el peso de la crisis sobre
Castilla-La Mancha. Pero le voy a decir, señora Riolobos, que, de todos
los aciertos que ha cometido el PSOE, el más importante —y lo va a
entender todo el mundo— y del que me siento orgulloso es de que nos
opusiéramos a cuando usted, hace muchos años, quiso entrar en las filas
del PSOE. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador García-Page.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Cotillas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señorías.

Hay personas que, con envolver muy bonito lo que dicen,
parece que ya no ofenden ni intentan ofender, y yo creo que es el caso
del señor García-Page.

Señor García-Page, mire, en ese año, en esa reforma
electoral, usted era alcalde de Toledo, pero era además era el secretario
general del Partido Socialista en la provincia de Toledo: algo tendría
usted que decir sobre esa reforma. Seguramente, usted no está de acuerdo
con esto; lo digo por la calidad del debate de hoy, que decía otro
portavoz. Lo he dicho antes: cuando no hay razones, hay voces, insultos,
graves descalificaciones, mentiras y lo que ustedes quieran. Eso sí: muy
bien envueltas, para que parezca que no hieren.

Pero hoy la portavoz del Partido Socialista en Castilla-La
Mancha —no sé si mandada por el señor García-Page o contra las
instrucciones del señor García-Page, cualquiera de las dos cosas puede
ser realidad— ha calificado esta reforma del Estatuto de
Castilla-La Mancha como el plan Ibarretxe de Cospedal. Esa es la altura
del Partido Socialista, la no radicalidad del Partido Socialista, la
búsqueda de acuerdos y consensos del Partido Socialista, la mano tendida
del Partido Socialista.

Señor García-Page, el señor Burgos le ha contestado al
Partido Socialista por qué no es posible dejarlo sobre la mesa. Lo que
pasa es que lo mismo usted no ha estado, como en tantas otras ocasiones,
en lo que aquí se dice y se hace.

Como ya dije al final de mi intervención anterior, es muy
difícil, senador García-Page, escucharle con serenidad cuando nos da
lecciones al Partido Popular sobre muchas cosas: sobre situación
económica. ¡Hombre, superávit...! Con 3000 millones de euros en facturas
metidas en los cajones, sin contabilizar, seguro que se podía dar
superávit; sin contabilizarlas, seguro que se podía dar superávit, señor
García-Page.

De derroches y de despilfarros no vamos a hablar. Solo hay
que pasarse por la sede del Sescam, del Servicio de Salud en Castilla-La
Mancha: miles de metros cuadrados de maderas en el suelo, de buena piedra
en las paredes para que al fondo haya una mesa con un guardia de
seguridad. Eso es lo que ha ideado y lo que ha hecho el Partido
Socialista en Castilla-La Mancha. Y mientras tanto, efectivamente, jalean
a aquellos pueblos y municipios donde no fueron capaces

de acabar los consultorios ni los centros de salud porque
no les pagaban a los proveedores, señor García-Page. (Aplausos.)

Lecciones económicas, no. Lecciones de democracia y
corrupción... Señor García-Page, llevan muchos años —se lo he
dicho— y creo que lecciones no nos debe dar, sino explicaciones.
Denos explicaciones sobre lo último que ha salido en un diario nacional.
Denos explicaciones sobre si se troceaban o no los contratos en
Castilla-La Mancha para saltar todas las normativas. Denos explicaciones,
por favor, sobre si era casualidad eso o era una manera sistemática de
actuar. Denos explicaciones y luego admitiremos las lecciones. Pero
primero denos explicaciones, señor García-Page.

Hemos traído aquí una reforma. Algún portavoz seguramente
prefiere hacer chascarrillos o decir que no ha habido debate. En nuestras
intervenciones, nosotros hemos hablado muy claro. Hemos traído una
reforma que es legal y constitucional, y en democracia, la ley y la
Constitución es igual para todos y todos tienen que respetarlas. Las
Cortes de Castilla-La Mancha la respetan, la traen aquí, y el Congreso y
el Senado la respetan y aprueban una normativa que es legal y
constitucional. ¿Que genera un ejemplo de austeridad a los ciudadanos,
que lo están siendo y mucho? Evidentemente. ¿Que va contra el principio
de representatividad? No. ¿Que hay déficit democrático? ¿Por qué? Hay
menos senadores de Castilla-La Mancha representado a Castilla-La Mancha
en este Senado que diputados regionales va a haber en las Cortes de
Castilla-La Mancha. Hay menos diputados de Castilla-La Mancha en el
Congreso de los Diputados que diputados regionales va a haber en las
Cortes de Castilla-La Mancha. Para ser senador por Castilla-La Mancha, 91
305 votos; para ser senador por Madrid, 599 000 votos. No, no es como
ustedes dicen.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Voy acabando.

La pluralidad política es antes de estar en las Cámaras: es
poder presentarse, es poder expresarse, es poder tener una
representación, sí; representación si te la ganas con los votos de los
ciudadanos. Y vuelvo a decir, como antes: mi partido, el partido en el
que yo milito, empezó siendo minoritario; hoy es mayoritario con las
mismas leyes.

Señor García-Page, estamos ante una ley legal,
constitucional que quieren los ciudadanos de Castilla-La Mancha, y
nosotros no nos conformamos ni nos resignamos a pensar que ustedes
entiendan…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Voy acabando, señor
presidente.

No nos resignamos a pensar que ustedes entiendan el
consenso como el derecho de veto de la minoría —que es lo que
quieren practicar en Castilla-La Mancha—, ni quiero entender que
ustedes entiendan que debe gobernar siempre el que no gane las elecciones
—como le ha ocurrido al señor García-Page en Toledo la primera vez
y como querían que sucediese en Castilla-La Mancha la última
vez—.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cotillas.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, un par de cuestiones antes de proceder a la
votación de las enmiendas: al terminar el Pleno se reunirá la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación en la sala Clara Campoamor; y, al
finalizar la sesión de la comisión, se reunirán Mesa y portavoces.

8. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

8.1. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS DOSCIENTAS
TREINTA NIÑAS SECUESTRADAS EN NIGERIA.

(Núm. exp. 630/000018)

AUTORES: GPP, GPS, GPCIU, GPEPPC, GPV Y GPMX.

El señor PRESIDENTE: Se acaba de presentar, firmada por
todos los grupos, una declaración institucional —a la que voy a dar
lectura— de apoyo a las 230 niñas secuestradas en Nigeria. Dice
así: «El secuestro hace hoy un mes de 230 niñas nigerianas ha estremecido
al mundo entero y ha movido la solidaridad de toda la comunidad
internacional. Este ataque es el último de los muchos que viene sufriendo
Nigeria desde que en 2002 naciera Boko Haram.

Desde el Senado de España queremos mostrar nuestra
solidaridad con el pueblo de Nigeria y nuestro apoyo a esas niñas,
víctimas del terrorismo, así como a sus familias, y, de la misma manera,
queremos reivindicar su inmediata liberación.

Instamos al Gobierno a que continúe actuando en
coordinación con Naciones Unidas y con la Unión Europea, más allá de las
meras declaraciones, y prosiga en su labor de apoyo al Gobierno
nigeriano, poniendo a su disposición los medios y los profesionales para
posibilitar la puesta en libertad y el retorno a sus hogares de esas
menores, víctimas de la barbarie y la sinrazón.

Finalmente, queremos hacer un llamamiento al Gobierno de
España, a la Unión Europea y a toda la comunidad internacional para que
no cesen en sus esfuerzos de cooperación en la lucha contra el terrorismo
en esta región de África que tantas víctimas inocentes está causando.

Palacio del Senado, 14 de mayo de 2014.» (Aplausos
prolongados.)

7. ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

7.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

7.1.1. PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE
CASTILLA-LA MANCHA. (Votación.)

COMISIÓN: GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Núm. exp. 605/000002)

El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos ya a la
votación de las enmiendas.

En primer lugar votamos la enmienda número 5, de los
senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 4; en contra, 141;
abstenciones, 74.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los senadores Quintero y Zerolo, también del Grupo
Parlamentario Mixto, votamos las enmiendas números 1 a 4.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 3; en contra, 141;
abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
votamos la enmienda número 6.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 2; en contra, 141;
abstenciones, 76.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las
enmiendas números 7 a 10.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 64; en contra, 141;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos a continuación en un solo acto la
propuesta de reforma.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 142; en contra, 63;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, definitivamente
aprobada por las Cortes Generales la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha. (Aplausos prolongados de las señoras y
señores senadores, puestos en pie.—Varios señores senadores del ala
izquierda del hemiciclo: ¡Pu-che-ra-zo! ¡Pu-che-ra-zo!)

Se levanta la sesión. Buenas tardes, señorías.

Eran las quince horas y cincuenta y cinco minutos.