8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. LECTURA ÚNICA

8.1.1. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con
la Comunidad Autónoma del País Vasco. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000067)

9. TRIBUNAL DE CUENTAS

9.1. DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO

9.1.1. Declaración sobre la Cuenta General del Estado
correspondiente al ejercicio 2011, así como la Resolución adoptada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

(Núm. exp. 770/000003)

10. PONENCIAS DE ESTUDIO

10.1. INFORMES

10.1.1. Ponencia de estudio de las vertientes técnica y
económica de la utilización del gas natural licuado (LNG) como
combustible marino.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

(Núm. exp. 543/000004)

Página
10028

Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 233; a favor, 85; en contra, 145;
abstenciones, 3.

Se suspende la sesión a las catorce horas y cincuenta
minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y quince
minutos.

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. LECTURA ÚNICA

8.1.1. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con
la Comunidad Autónoma del País Vasco. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA

10098

(Núm. exp. 621/000067)

En turno de portavoces intervienen las señoras Mendizabal
Azurmendi y Salanueva Murguialday, por el Grupo Parlamentario Mixto, y
Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV);
los señores Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, y Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; la señora Vicente González, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Rabanera Rivacoba, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Hace uso de la palabra el señor Bel Accensi con relación a
la alusión del señor Rabanera Rivacoba a la conveniencia de que se
hubiera celebrado en el Senado el debate de la toma en consideración de
la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, orgánica de delegación
en la Generalitat de Cataluña de la competencia para autorizar, convocar
y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña, que tuvo
lugar en el Congreso el día anterior. Intervienen asimismo a este
respecto el señor presidente y el señor Cleries i Gonzàlez.

Se procede a votar.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para las senadoras Ortega Rodríguez y
García Carrasco, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, siendo el
sentido de sus votos afirmativo.

Se aprueba el proyecto de ley con el siguiente resultado:
presentes, 227 más 2 votos telemáticos, 229; votos emitidos, 227 más 2
votos telemáticos, 229; a favor, 227 más 2 telemáticos, 229.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

9. TRIBUNAL DE CUENTAS

9.1. DICTÁMENES SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO

9.1.1. Declaración sobre la Cuenta General del Estado
correspondiente al ejercicio 2011, así como la Resolución adoptada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas

10109

(Núm. exp. 770/000003)

En turno de portavoces intervienen los señores Bruguera
Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel
Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; Sen Vélez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Parro del
Prado, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para las senadoras Ortega Rodríguez y
García Carrasco, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, siendo el
sentido de sus votos afirmativo.

Se aprueba el dictamen con la resolución propuesta por la
comisión mixta con el siguiente resultado: presentes, 210 más 2 votos
telemáticos, 212; votos emitidos, 210 más 2 votos telemáticos, 212; a
favor, 205 más 2 votos telemáticos, 207; en contra, 5.

10. PONENCIAS DE ESTUDIO

10.1. INFORMES

10.1.1.Ponencia de estudio de las vertientes técnica y
económica de la utilización del gas natural licuado (LNG) como
combustible marino.

Comisión: Medio Ambiente y Cambio Climático

10114

(Núm. exp. 543/000004)

La señora Ruiz Ruiz, presidenta de la comisión, presenta el
informe.

En turno de portavoces intervienen los señores Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Saura
Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya;
Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, y Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario
Socialista, así como la señora Pons Vila, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.

Tras la felicitación del señor presidente, en nombre de los
miembros de la Mesa, a todos los ponentes por el trabajo realizado, se
aprueba por unanimidad el informe.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas y quince
minutos.

Página
10032

El presupuesto de la institución en 2013 se ha reducido un
3,25%, se ha concretado en 14 millones de euros. Es un presupuesto
ajustado, bastante ajustado, y creo que ha sido suficiente para una
acción eficaz, fuerte, comprometida y dinámica. Pese a la reducción en
este 3,25% hemos podido convocar dos plazas para funcionarios, en un
concurso abierto, convocatoria pública para cubrir dos plazas de
especialistas en materia de vivienda y de medio ambiente
—necesitábamos a estas personas—.

El número de administraciones que no colaboran porque no
responden o hay que hacerles muchos requerimientos para que contesten ha
descendido de manera muy llamativa; apenas hay una, dos o tres que se han
resistido. Hemos puesto en conocimiento del fiscal las de los últimos
ejercicios que no respondían y yo creo que eso les ha llamado la atención
y les ha movido también a responder debidamente. Eso es lo que deben
hacer todas las administraciones porque, como decimos, siempre detrás de
cada queja, detrás de cada actuación, hay un grupo de ciudadanos o hay un
ciudadano, y todos estamos obligados a explicar por qué hacemos las cosas
o por qué no las hacemos, pero hay que dar una respuesta.

Nuestro esfuerzo se ha concentrado en este ejercicio en las
recomendaciones, porque las recomendaciones se derivan de las quejas y,
por tanto, de los problemas que diagnosticamos, y el número de
recomendaciones con respecto al ejercicio de 2012 ha aumentado por
nuestra parte en un 29,74%. En este caso se ha realizado un gran trabajo
por parte de los técnicos y del personal de la institución. Este aumento
ha dado resultados porque se han aceptado el 83,19% de las
recomendaciones, lo cual demuestra que la institución del Defensor sabe
cómo debe actuar, y lo explica razonadamente, recibiendo por ello una
respuesta justa y suficiente en la mayoría, aunque no en la totalidad de
los casos. Se trata de la capacidad de persuasión de la institución, que
va más allá de las personas, de los adjuntos, de mí misma. Es la
institución la que tiene capacidad de persuasión, lo cual se demuestra en
las respuestas de las administraciones públicas.

Les voy a poner el ejemplo de una última recomendación
aceptada por el Gobierno de la nación en una materia que nos preocupa a
todos como es el IRPF. Nosotros insistíamos en que las asociaciones que
reciben una subvención no tuvieran que declarar y pagar por esa
subvención hasta no haberla cobrado. Con anterioridad, nada más
concederse la subvención había que declararla o prepararse para la
declaración, mientras que a nosotros nos parece que eso debe hacerse
cuando se ha percibido la cuantía, no cuando se ha concedido. Pues bien,
esta recomendación ha sido aceptada por el Ministerio de Economía.

Seguimos trabajando en algo que sé que les preocupa a sus
señorías: ciertos productos financieros vendidos por cajas de ahorros
hace unos cuantos meses, participaciones preferentes entre otras. Ya
hemos hablado de este asunto en la comisión, no voy a adentrarme en la
materia, pero sí quiero decirles que continuamos trabajando en ello
porque han quedado grupos de personas fuera del arbitraje. Y aunque esas
personas cuentan ahora con la vía judicial —vía importante, desde
luego—, nosotros quisiéramos que esa vía fuera rápida porque muchas
de las personas que acuden a ella no pueden esperar mucho tiempo para
recuperar sus ahorros.

Por otra parte, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, a solicitud y recomendación nuestra, está preparando un código
para las entidades financieras con el propósito de que estas ofrezcan una
información clara, para que las personas que trabajan en estas entidades
tengan la obligación de informar debidamente y para que cuenten con un
código con colores que determine y aclare el riesgo de los productos.
Este código de colores es algo que la institución del Defensor había
solicitado tiempo atrás y parece que ahora se va a aceptar. Consideramos
que es bueno que la persona que se acerque a una entidad financiera
conozca el grado de riesgo o de complejidad de ciertos productos, lo cual
puede evitar muchos errores, falta de información y la transgresión de
las normas, tal y como ha ocurrido con las participaciones preferentes,
en las que no se ha tenido en cuenta lo que dice la directiva sobre la
idoneidad y la conveniencia de las personas que compraban esos
productos.

Sobre las recomendaciones efectuadas en materia de tasas
judiciales hemos hablado en varias ocasiones. He explicado la cuestión
largamente en la comisión, por lo que les voy a ahorrar a sus señorías
esa parte de la intervención. Haber logrado que los supuestos de la Ley
de justicia gratuita avancen y entren en vigor junto con las tasas
judiciales es una mejora importante del proyecto de ley porque beneficia
a muchas personas que iban a tardar tiempo en lograr una justicia
gratuita.

En materia económica hemos insistido mucho ante el
Ministerio de Economía en que aquellas liquidaciones o en que aquellos
préstamos que se hayan hecho para pagar a proveedores tuvieran un
destinatario prioritario: las entidades que prestan servicios sociales,
lo cual se ha logrado. De ello nos alegramos porque había muchas
administraciones que nos decían que si no pagábamos en un tiempo
determinado nos iban a cerrar un centro de menores, un centro para la
tercera edad o un centro para personas con alguna discapacidad. Este
fondo de proveedores cumple un papel —estoy segura de que lo habrán
analizado— muy importante y yo me alegro de haber escuchado ahora
que esos préstamos van a tener un período de devolución mayor porque hay
muchos ayuntamientos que no iban a poder devolver el préstamo en el plazo
en que se había hecho la concesión, por lo que se va a prorrogar. A mí me
parece algo positivo.

Deseo dedicar unas palabras al estatuto de las víctimas que
elabora el Ministerio de Justicia. El ministerio ha aceptado nuestra
recomendación de que se incluya a las víctimas del terrorismo de manera
singular y que haya una referencia especial a las víctimas. Nosotros no
podemos reparar el daño causado a las familias y a las víctimas del
terrorismo, pero sí podemos ayudar para que su vida sea un poco menos
difícil. Que en este estatuto de las víctimas haya una mención, un
reconocimiento, unos apoyos y unas ayudas singulares es lo menos que la
sociedad española puede hacer y que todos podemos hacer. Me asombra y me
admira la fortaleza de estas asociaciones de víctimas. Ahora Covite acaba
de conseguir reabrir un caso del año 1986, un atentado en el que murió el
guardia civil Antonio Ramos. Por cierto, la familia nos ha mostrado hasta
dónde llega el daño en un atentado y hasta dónde puede extenderse
después. Nos ha mostrado que hay una víctima o varias, que hay toda una
familia y varias generaciones profundamente afectadas por ese daño tan
enorme.

España y todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad
en las instituciones, en los organismos públicos, en Naciones Unidas, en
el Consejo de Europa o en la Unión Europea, debemos transmitir, cuando
sea procedente, el daño que el terrorismo ha hecho en España. Debemos
explicarlo. Estos organismos internacionales que velan por los derechos
humanos deben ser también conscientes de lo que aquí ha pasado durante
décadas y décadas y décadas. Creo que el Proyecto de Ley de acción
exterior tiene esta intención de explicar, exponer, dar cuenta en el
exterior de los hechos sucedidos, de los actos terroristas y del
terrorismo en general en años anteriores, y hacerlo contando con las
asociaciones de víctimas.

En relación con los grupos de quejas que llegan a la
institución, les diré que el más numeroso a lo largo del año 2013 ha sido
el relacionado con economía y hacienda, entidades financieras, hipotecas
—subsiste todavía este problema—, planes de pensiones
—yo espero que en la reforma fiscal se revise la fiscalidad de los
planes de pensiones porque es una manera de ahorrar de las
familias— y también ha habido muchas quejas sobre electricidad
—se da cuenta de todo ello—. Los usuarios, los consumidores
se quejan del incremento de las facturas y de la complejidad que en ellas
subsiste. Sería muy bueno lograr deslindar perfectamente en la factura de
la luz los impuestos que tienen relación con la electricidad de las
subvenciones que puedan existir, de manera que el consumidor perciba
claramente a cuánto asciende su consumo, justamente el consumo y
enganchar con la red eléctrica correspondiente. Esto sería interesante y
en este campo nosotros vamos a seguir trabajando y pidiendo claridad.

Además de los asuntos relacionados con la economía —y
dentro de ellos el desempleo, por supuesto—, hay retrasos en las
ayudas al desempleo. Ya sabemos, porque así nos ha respondido, que Fogasa
va a aumentar su personal para poder proceder a liquidar las ayudas
obligadas y las ayudas que tienen grupos de personas y familias, y
hacerlo en un plazo de tiempo razonable.

El siguiente grupo en materia de quejas es el de la
asistencia sanitaria y el copago farmacéutico. A nosotros nos parece que
hay supuestos desproporcionados en el copago. La ministra de Sanidad nos
ha dicho que el Consejo Nacional de Salud, consejo que engloba a las
comunidades autónomas, va a revisar la proporción en el copago de algunos
sectores de la sociedad, porque nos parece que era excesivamente alto en
relación con la renta que esas personas o esas familias perciben. Las
listas de espera también han acaparado la atención y la demanda de los
ciudadanos y hemos observado que hay comunidades autónomas y hospitales
dentro de comunidades autónomas que están haciendo y han hecho un
esfuerzo grande pero desigual para recuperar una actividad suficiente
para enfermos y pacientes.

Saben bien el Ministerio de Justicia y el ministro que
sigue preocupando a los ciudadanos el retraso en la Administración de
justicia. Espero que las acciones emprendidas por el ministerio, las
iniciativas, los proyectos de ley y el proyecto de ley que se acaba de
aprobar agilicen la Administración de justicia. Sabemos todos que esto es
absolutamente imprescindible porque a las personas les desespera ser
emplazadas para juicio en el 2016 o en el 2017. Eso es una amargura, es
un camino largo que desestabiliza a una familia y produce unos enormes
perjuicios y una grandísima inseguridad.

Dimos cuenta en la comisión mixta —y por eso no voy
más que a mencionarlo— de un informe realizado sobre viviendas
públicas vacías, y ahora lo que pretendemos, en una segunda parte, es ver
qué han hecho en un año ayuntamientos y comunidades autónomas en esta
materia; es decir, de aquellas viviendas que tenían vacías, cuántas han
puesto a disposición de los ciudadanos y en qué condiciones. Es lo que
nos proponemos hacer ahora.

Paso a otro capítulo de este informe relativo a la
inmigración. Estoy segura de que les preocupa y les ocupa a todos
ustedes. En materia de inmigración tenemos que considerar, en primer
lugar, que Europa es un continente que envejece y que lo hace a un ritmo
muy llamativo y preocupante. Europa necesita la inmigración, pero de
acuerdo con los organismos internacionales que supervisan la emigración y
los movimientos migratorios, el movimiento hacia el norte, hacia la Unión
Europea, no va a ser exclusivo. Va a haber un movimiento migratorio en
los próximos años —así dicen los centros de investigación más
prestigiosos— hacia el este, hacia el oeste y hacia el sur también.
No va a ser fundamentalmente la Unión Europea el destino de los
inmigrantes en las próximas décadas.

La cumbre África-Unión Europea, celebrada los días 2 y 3 de
abril, me parece que ha sido interesante, porque además de hablar de la
paz y de la seguridad, que son presupuestos fundamentales para un
desarrollo, se ha incluido en el orden del día —gracias a
España— el crecimiento y desarrollo personal, y se ha llegado a la
conclusión de un plan hasta el 2017 con un apoyo económico importante
para este desarrollo personal en África por parte de la Unión Europea,
además de las contribuciones de los distintos países miembros de la
Unión.

Creo que, partiendo de las dificultades, los movimientos
migratorios que llegan hacia España, fundamentalmente por el sur y a las
ciudades de Ceuta y Melilla, no deberían ser tratados exclusivamente
desde el punto de vista de la defensa de las fronteras. Ya sabemos todos
que desde el momento en que existen fronteras —invento del XIX
reforzado en el XX—, las naciones defienden las fronteras. Lo
acatamos y lo aceptamos, por supuesto, pero no puede ser meramente la
defensa de las fronteras. El futuro no es, creo yo, solamente la defensa
de los límites físicos y normativos. Es mucho más complejo, y lo saben
ustedes, lo saben personas de esta Cámara que lo viven día a día. Además,
hay razones económicas. La Unión va a necesitar emigrantes, va a
necesitar a estas personas en situación legal, con llegada legal a
España, naturalmente, pero también hay razones de asistencia humanitaria.
Creo que en España también podemos hacer un mayor esfuerzo en materia de
protección internacional y de asilo, porque la proporción de personas que
solicitan protección internacional en España, comparada con lo que se
solicita a otros países de la Unión, es una tasa baja, muy baja. Nosotros
queremos hacer un informe, con la colaboración entre otros de Acnur, para
estudiar el problema del asilo y compararlo con lo que hacen y cómo lo
tramitan otros países de la Unión Europea.

Debo referirme de manera breve a las dos ciudades
españolas, Ceuta y Melilla, que ven casi a diario la llegada de numerosos
inmigrantes que huyen de la miseria, que buscan un modus vivendi o,
incluso, que huyen de las guerras. En primer lugar, me gustaría dejar
claro que nosotros apreciamos mucho el esfuerzo que hacen las dos
ciudades, los vecinos, los ciudadanos de Ceuta y de Melilla, por acoger,
por acompañar y por ayudar a estas personas. Es general este esfuerzo.
También lo hacen los gobiernos y los cargos públicos de esas ciudades. Lo
hemos visto. Hemos hablado con ellos. Mantenemos conversaciones,
reuniones. Hay un gran contacto con la institución del Defensor y hay que
reconocer el comportamiento de las dos ciudades hacia estas personas que
llegan en las circunstancias de las que hablábamos anteriormente. Debo
reconocer también el trabajo que desempeñan los funcionarios que están en
los centros de acogida. Aunque estos centros estén desbordados, es
impresionante la labor que realizan los funcionarios, cómo lo hacen y
cómo tratan a las personas. Asimismo, debo reconocer el enorme esfuerzo
que hace la Guardia Civil en unas circunstancias verdaderamente
difíciles, muy difíciles.

Nosotros tenemos una Ley de extranjería que es una ley
garantista. Y es la que tenemos. Desde el momento en que una persona en
situación no legal —y si fuera legal también— está en
territorio español, tiene que ser tratada conforme a la legalidad
vigente. Yo no entiendo que se hable de devoluciones en caliente. Eso no
existe en la Ley de extranjería. Cuando una persona entra en territorio
español de manera no legal, tiene un tratamiento de acuerdo con la ley,
unos procedimientos, una asistencia y unas verificaciones que hace la
Policía Nacional. Si no reúne los requisitos, y así se decide conforme a
la ley, esa persona será devuelta a su lugar de procedencia, pero hay una
tramitación y tenemos que cumplirla mientras esta ley esté en vigor. Esto
es así. Estoy segura de que a todos nos duele la imagen, muchas veces
desgarradora, de personas subidas en una valla o en lo alto de un poste.
Claro que nos duele. Nos duele enormemente. Por eso, a esas personas
tenemos que tratarlas conforme a la legalidad. No hay devoluciones en
caliente si están en territorio español y creemos que lo están. Y la
Unión Europea tiene la obligación de cooperar, como he dicho antes, para
que esa inmigración se produzca de manera regular, ordenada, por vías
regulares, así como de contribuir —no podemos ahora entrar en esta
discusión— a la mejora de la situación de determinados países, que
son aquellos de los que hay un porcentaje alto de ciudadanos que quieren
salir, que quieren marcharse.

Como saben ustedes, la institución del Defensor es también
un mecanismo para la prevención de la tortura y de los malos tratos, lo
que nos lleva a visitar los centros de privación de libertad en España y
en el extranjero en los que haya presos españoles. Hemos efectuado 60
visitas a lo largo del año 2013 y yo he participado en 15. Son unas
visitas exhaustivas en las que vamos acompañados de técnicos médicos;
psiquiatras y expertos en medicina legal de fuera de la institución nos
acompañan en estas visitas y nos ayudan a elaborar los informes que luego
enviamos al Ministerio del Interior, fundamentalmente, o a otras
administraciones.

En el extranjero nuestra preocupación por los españoles que
están en las cárceles extranjeras se centra en la situación de aquellas
personas que padecen una grave enfermedad e intentamos que regresen a
España para que cumplan la pena que les corresponde aquí, más cerca de
sus familias y con una atención distinta a la que reciben en este
momento. Mi última visita ha sido a la cárcel de Salé-Rabat, donde
acompañada siempre por el cónsul y por representantes de la embajada de
España hablamos con la dirección para que se pudieran atender las
circunstancias de algunos de los españoles que están allí; también
intentamos por todos los medios que vuelvan a España. Con la ayuda del
cónsul de España en Bogotá hemos conseguido que una persona que estaba
gravemente enferma y cuya familia suspiraba por que regresara ya esté,
después de meses, cumpliendo en Granada el tiempo que le queda de estar
en prisión; y esto supone un alivio inmenso para esta persona, que puede
recibir tratamiento, y para su familia. Esta es una de las acciones que
nosotros realizamos con estas visitas, si bien siempre contamos con la
colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y de los cónsules, que
son los que se encargan de supervisar el trato de los españoles que están
en prisión en el extranjero.

Podríamos hablar de los CIE, los centros de internamiento,
y de los centros de estancia temporal, pero creo que debo ir terminando
mi intervención. El reglamento de los CIE los define, como su propio
nombre indica, como centros de internamiento, aunque creo que se van a
llamar centros de retención; así se llaman en Francia, donde hay 23, pero
también existen en Alemania y en Gran Bretaña. Recientemente, he visto el
que está a los pies del aeropuerto Charles de Gaulle, donde hay un
inmenso centro de privación de libertad para personas que han entrado de
manera no legal en Francia y van a ser devueltas a sus países de origen.
No es algo que exista solamente en España, ni muchísimo menos, pero sí
podemos mejorar algo el funcionamiento y la infraestructura de estos
centros, así como la atención a las personas que están allí durante un
tiempo breve. Creo que no existen grandes diferencias con el tratamiento
que se da en Francia, por ejemplo, pero sí caben algunas mejoras, como le
hemos trasladado al Ministerio del Interior. Por ejemplo, la
participación en esos centros de la Cruz Roja o de alguna otra ONG nos
parece que es muy importante, que ayuda mucho y es muy buena, por lo que
podría ampliarse y que la policía prestara fundamentalmente servicios de
vigilancia y de seguridad; pero hay otro tipo de atenciones que están
mejor en manos de la Cruz Roja o de otras ONG que tienen experiencia y
práctica en este campo.

En este momento la institución está sumida en varios
informes —voy a nombrarlos, y concluyo—. Uno de ellos es el
relativo a las telecomunicaciones. Es un mercado tan complejo, tan

rápido, que funciona a tal velocidad, que nosotros no
podemos decir a las empresas cómo deben actuar —no somos
quiénes—, pero sí podemos indicar a los órganos reguladores algunas
cuestiones, como la supervisión de los derechos, que se cumplan los
derechos de los usuarios en sus contratos, que se les dé la información
suficiente, que se puedan rescindir los contratos con las operadoras con
relativa facilidad, etcétera. Y en eso estamos en este momento.

Y me voy a referir a una cuestión que estoy segura de que
ustedes conocen bien. Me refiero a un informe sobre licencias
urbanísticas. Queremos saber cuánto tardan los ayuntamientos
—lógicamente, es un muestreo, no lo podemos hacer, ni muchísimo
menos, con la mayoría de los ayuntamientos—, por tamaños, en dar
las licencias municipales. Y queremos hacerlo, porque el que una licencia
de obra tarde dos semanas o dos meses supone una diferencia monumental
para la persona que la solicita. A una persona que tiene una iniciativa
que va a ser beneficiosa, que ha solicitado un crédito, o que va a
suscribir una hipoteca, no se le puede hacer esperar 2, 3, 4, 5 meses o 2
años para obtener una licencia urbanística; no puede ser. Eso va en
contra de la persona, va en contra de la economía de la zona, de la
comunidad autónoma, y además provoca que haya numerosas ilegalidades en
las edificaciones porque los ciudadanos no están dispuestos a esperar dos
años para obtener una licencia, salvo en casos complejísimos, que lo
mejor es que no existieran, tales como el del Algarrobico y compañía. Es
un dislate que tras siete años se dicte una sentencia —no sé si ya
es la última o la antepenúltima—, diciendo ahora que es legal. Eso
no puede ser. Pero no me refiero a este tipo de construcciones, sino a
cuestiones más cotidianas y más sencillas. Es importante que los
ayuntamientos y las comunidades actúen en materia urbanística y en su
legislación con la celeridad que el ciudadano merece; y que tengan
confianza también. Y luego que inspeccionen, como hace la Agencia
Tributaria. Primero hacemos la declaración de Hacienda, y luego puede
haber una inspección, pero en principio se presupone que uno actúa
conforme a la legalidad. Pues lo mismo en materia urbanística.

El último informe que estamos haciendo y que prácticamente
se ha concluido es el de los menores ante la justicia, los menores en los
procedimientos civiles; qué sucede cuando hay una ruptura, cuando hay un
problema en la familia, qué puede suceder con los menores y cómo cuenta
su opinión. Esa parte del trabajo ya está realizada y la presentaremos en
la comisión posiblemente —así se nos ha dicho— en el mes de
junio. E iniciamos ahora la segunda parte, sobre los menores en los
procedimientos penales.

Señoras y señores, señorías, les agradezco su atención, y
compareceré en la comisión tantas veces como ustedes lo requieran.

Concluyo diciendo algo parecido a lo que dije en el
Congreso en días pasados: nos dicen la OCDE y otros organismos que
estamos en la era del aprendizaje permanente, continuo, y explican por
qué, para qué y cómo todos somos capaces de mejorar y aprender en
cualquier momento de nuestra vida. Yo creo que esto también debe ser
aplicable a las instituciones públicas, y nosotros queremos seguir
aprendiendo para hacer las cosas mejor, para servir mejor, porque somos
una institución que es un servicio público. En los próximos meses vamos a
poner en la página web toda la información a disposición de cada una de
las personas que tiene un problema o una queja y se dirige al Defensor. Y
al igual que uno puede acceder a su cuenta en una entidad bancaria con
una clave, el ciudadano que se dirija al Defensor, y que así lo quiera,
podrá acceder a su documentación y saber en qué momento está su queja. Y
vamos a salir retratados, primero, nosotros, en lo que se refiere a
cuánto tiempo tardamos en admitir o en rechazar una queja, en admitir o
rechazar un problema; pero también van a salir todos los demás, porque
van a salir todas las administraciones con sus tiempos. Creo que eso es
una buena cosa; no solo es un ejercicio de transparencia, sino también de
eficacia y de responsabilidad para dar respuesta, por lo menos por parte
de la institución del Defensor. Y creo que es nuestra obligación en este
momento.

Señor presidente, muchas gracias por su atención y la de
todas sus señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora defensora del
pueblo, por la exposición de su informe.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene el senador Yanguas,
que va a compartir turno.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Hace unos días, en la comisión correspondiente, la
defensora nos relató el informe que hoy además ha comentado aquí. Quiero
comenzar, como no puede ser de otra manera, felicitando a la defensora y
también a los adjuntos y a todo su equipo por el gran trabajo —así
lo entendemos en Unión del Pueblo Navarro— que ahí se ha plasmado.
Se lo dijimos en comisión y se lo volvemos a decir hoy.

Por lo que hemos podido leer, es importante la contención
—hoy lo ha repetido aquí— en el gasto de la institución.
Espero y deseo que eso no provoque una menor actuación del Defensor del
Pueblo o que baje la calidad. Usted ya ha dicho que va a seguir como
hasta ahora y, desde luego, nosotros, Unión del Pueblo Navarro, le
animamos a que así sea.

Usted ha hablado de la crisis y de la insolvencia personal.
Yo pido que se insista al Ministerio de Justicia con el fin de que se
arbitre un procedimiento para esos deudores de buena fe. Yo mismo le hice
una pregunta al ministro, basándome en un informe que presentó la
Defensoría del Pueblo, pero creemos que todavía se puede hacer mucho más
en este tema. Por eso le pedimos que insista en él.

He tomado también unas notas de lo que ha dicho al final
sobre las licencias urbanísticas. Desde luego, los que somos alcaldes,
como yo, muchas veces tardamos más de lo que se debería en conceder una
licencia, porque, como en el caso de la Comunidad Foral de Navarra o en
el de otras comunidades autónomas, hay que esperar muchísimos informes.
Por tanto, creo que ese va a ser un informe interesante, muy interesante,
y respaldamos esa iniciativa. Además, esas licencias muchas veces pueden
traer aparejados empleos, que se podrían crear y no se crean porque la
licencia llega tarde o muchas veces no llega, y el empresario o la
persona que quiere poner un negocio en marcha a veces desiste porque no
se le contesta en un plazo razonable. Como le digo, estamos a favor de
ese tema.

Y hay un asunto muy importante al que me referí en la
comisión y del que también quiero hablar aquí, al hilo de ese estatuto de
las víctimas del terrorismo, que suscribimos. En Unión del Pueblo
Navarro, mi partido, suscribimos todas las palabras que usted ha dicho
hoy. Ya insistí en comisión, y se lo pido de nuevo aquí: para Unión del
Pueblo Navarro, para mi partido, es muy importante que usted, que la
institución esté encima de todas esas reuniones que ha habido y que se
están produciendo de terroristas etarras, con autorización judicial, eso
sí, porque podrían humillar a las víctimas. Le pedimos que indague, que
se ocupe de estos temas tan importantes —usted ya lo ha dicho un
poco aquí—, que son importantes para nosotros y también para la
convivencia. Después de todo, unos son los verdugos y otras son las
víctimas. Ahora es muy importante centrarnos también en el relato de los
hechos, en esa batalla que está habiendo por el relato de los hechos, en
la memoria, en la dignidad y en la justicia, desde luego. También me
consta —se lo tengo que decir— que está en contacto directo
con los ministerios de Justicia e Interior, y les pido que desde la
institución sigan trabajando en esa línea.

No me quiero extender más, porque voy a compartir el turno.
De nuevo le doy la enhorabuena por su informe. Se lo dije en comisión y
se lo repito esta mañana.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días.

Empiezo también felicitando a la defensora del pueblo y a
su equipo por el trabajo desarrollado y reflejado en el informe que nos
acaba de presentar. No creo que sea necesario que la defensora se
justifique porque este no sea un informe de éxitos —no debe ser un
informe de éxitos, en ningún caso debe serlo— ni tampoco porque
pueda no gustar a quien tiene responsabilidad de Gobierno en el ámbito
que sea.

El papel de la institución del Defensor del Pueblo tiene
una especial relevancia en el momento en el que vivimos, porque es
precisamente ese pueblo el que está padeciendo las consecuencias de una
crisis y de las políticas con las que se está afrontando esa crisis. La
institución adquiere precisamente la plenitud de su legitimidad por ser
consciente de ello y afrontar con contundencia, dentro de sus ámbitos
competenciales, esa función de denunciar aquellas actuaciones que suponen
perjuicios para los ciudadanos y que motivan las quejas que estos
realizan, sea cual sea

la Administración que las desarrolle, sea cual sea el color
político de esa Administración, y después, efectivamente, tras la
constatación de ese perjuicio a los ciudadanos, hacer las propuestas
correspondientes.

A mí no me parece mal que, como ocurría en el informe
anterior, la defensora del pueblo apueste por la negociación, por el
diálogo con esas administraciones en la búsqueda de las soluciones. No
sería legítimo pretender que la institución se convirtiera en una especie
de ariete político frente a quien tiene las responsabilidades de Gobierno
en cada uno de los ámbitos. Lo que ocurre es que del informe también se
deduce que las posibilidades que ofrece ese marco negociador son
limitadas y reducidas. Y en demasiadas ocasiones el informe que hoy nos
presenta reconoce que las sugerencias o peticiones que se han realizado
desde la institución no han sido contempladas o aceptadas por quien tiene
la responsabilidad de Gobierno.

El informe —no podía ser de otra manera— es una
fotografía de la difícil situación que vive la mayoría de la sociedad
española y de cómo les están afectando las políticas de ajuste, los
recortes y la devaluación de las condiciones de vida de la mayoría de esa
sociedad. Hoy tenemos que reflejar —yo, como senador
asturiano— que una víctima más de esas políticas de ajuste y
recorte ha sido la institución de la Procuradoría General del Principado
de Asturias, que en el debate del informe correspondiente al 2012 ya
anunciábamos que estaba en grave riesgo, y que en el tiempo transcurrido
desde entonces ha sido ya una institución suprimida. Yo no me felicito
por ello en ningún caso. Creo que era una institución útil para los
asturianos y un buen apoyo para la institución del Defensor del
Pueblo.

Entrando de forma muy rápida y somera en algunas de las
materias que son objeto de este informe, empezaré por las referencias a
la Administración de Justicia. Aunque en el informe se refleja una cierta
satisfacción porque el Ministerio de Justicia en el Real Decreto Ley
3/2013 haya acogido alguna de las consideraciones que se realizaban en
torno a las tasas judiciales, lo cierto es que el mantenimiento de estas
tasas hoy sigue siendo un problema real, sigue siendo un obstáculo para
el acceso de los ciudadanos a la justicia, y está dando lugar a
diferentes conflictos en el ámbito judicial o jurisdiccional, como son
las cuestiones de inconstitucionalidad que ha presentado la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y diversos juzgados:
el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Torrelavega, el Juzgado de
Primera Instancia número 44 de Barcelona y el Juzgado de lo Social número
1 de Tarragona, que yo haya podido comprobar que lo han realizado.

Por otro lado, se produjo una resolución no jurisdiccional
de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, la Sala de lo Social, poniendo en
cuestión las tasas en los casos de recurso de casación, que tampoco ha
sido aceptada o asumida por el Ministerio de Justicia. Y la consecuencia
en algunos ámbitos jurisdiccionales es bastante notable. Se habla de una
caída en la litigiosidad contencioso-administrativa del 40%, y este
ámbito jurisdiccional es el que permite a los ciudadanos plantear su
defensa frente a acciones de los poderes públicos, de las
administraciones; y tendrá aún más transcendencia, si sale adelante en
los términos previstos, el anunciado proyecto de ley de seguridad
ciudadana.

Los jueces decanos de toda España se han adherido al
acuerdo adoptado por la Junta de Jueces Centrales de Instrucción de la
Audiencia Nacional, de 30 de enero del 2013, en relación con algo que
también denuncia el informe de la defensora: la falta de medios en la
justicia, fundamentalmente —y eso era el motivo que daba lugar a
este pronunciamiento— en los grandes casos de corrupción. El
Gobierno ha encontrado una fórmula para solucionar eso: se ha anunciado
una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que suprime la figura
de los jueces decanos y que convierte la instrucción en la Audiencia
Nacional en una acción colegiada, con lo que va a ser más difícil en el
futuro encontrarse pronunciamientos de estas características.

La situación de colapso de los órganos judiciales por la
merma de medios materiales y de personal que refleja el informe
—dice literalmente: rayando la insuficiencia para el desarrollo de
sus funciones— supone una limitación del ámbito más importante al
que pueden acudir los ciudadanos para ejercer la defensa de sus
derechos.

En relación con las instituciones penitenciarias, el
informe refleja algo que no hace mucho debatimos en el Pleno: la
reducción de los servicios médicos, de la atención sanitaria en
prisiones. Confío en que la anunciada recomendación que —en el
informe se dice— está elaborando la institución del Defensor del
Pueblo dote de estabilidad a la unidad terapéutica y educativa de

Villabona, en gravísimo riesgo, como ha podido comprobar
con su visita personal allí la defensora del pueblo. Desde luego, todas
las actuaciones previas a esa visita y las que se han continuado
desarrollando después no apuntan en la dirección de que se mantenga una
unidad que ha resultado muy eficaz a lo largo de los años en que ha
venido funcionando.

Aunque no se hace una exposición detallada de las
conclusiones de esas visitas a instituciones penitenciarias y de las
quejas que se han formulado, entiendo que no deben de haber sido poco
importantes cuando han dado lugar, como se dice en el informe, a 21
recomendaciones, 92 sugerencias y 4 recordatorios de deberes legales. Y
me parece más grave lo de los 4 recordatorios de deberes legales porque
intuyo cuál puede ser su contenido.

En relación con el funcionamiento de las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado, el informe hace referencia a la mejora de los
mecanismos de identificación de los funcionarios policiales, aunque sabe
la defensora que eso sigue dando problemas, porque en determinados
momentos la colocación de anoraks sobre el uniforme tapa la placa de
identificación. Y otro fenómeno que ha sido denunciado en los últimos
meses por diferentes colegios de abogados es una práctica de
interrogatorio en la que los agentes de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado utilizan pasamontañas, lo cual, obviamente, anula
cualquier posibilidad de identificación del agente.

Y comparto la mayor parte de lo que se dice en el informe,
y que se ha reiterado en la presentación, en relación con los temas de
inmigración. La limitación del derecho de asilo es obvia y evidente. Hace
pocas semanas los medios de comunicación reflejaban que a mediados del
mes de febrero se tomó la decisión de cerrar la frontera de Melilla
porque acudían 200 sirios; obviamente, 200 sirios con la pretensión de
solicitar el derecho de asilo y de hacerlo en un puesto fronterizo, como
nuestra legislación y nuestros compromisos internacionales obligan y
prevén. El cierre de la frontera con ese objetivo es una auténtica
desviación de poder y una vulneración de nuestra normativa interna y de
nuestros compromisos internacionales.

También comparto lo dicho sobre lo curioso que resulta la
larga duración de los trámites en los expedientes de solicitud de asilo y
las pocas concesiones, sobre todo si se comparan, como apunta el informe,
con la media de otros Estados; de otros Estados que además no son
frontera, como ocurre en nuestro país, con un continente con muchos
conflictos, con graves riesgos y tremendas violaciones de los derechos
humanos, como es el africano. Estoy absolutamente de acuerdo con el
rechazo a la devolución en caliente, como expresamente recoge el informe,
que se sigue practicando. Y también muestro mi absoluta complacencia con
la recomendación de que se retire la concertina en las fronteras de Ceuta
y Melilla y que se insista en que no se produzcan esas devoluciones en
caliente.

En materia de educación, se constata las consecuencias de
los ajustes y los recortes, sobre todo la caída de las ayudas a la
adquisición de libros de texto, y se anuncia la elaboración de un
informe, cuyo contenido seguiré con el máximo interés. Y agradezco
expresamente que en el informe se refleje que la institución ha
trasladado su preocupación a la Secretaría de Estado de Educación por los
nuevos criterios para el acceso a becas y ayudas, lo que ha sido motivo
de debate en diferentes ocasiones en esta Cámara.

En materia sanitaria, estoy absolutamente de acuerdo con lo
que se dice en relación con lo que conlleva haber excluido a los
inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria, esa
limitación de la universalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, y
que, frente a lo que se expresó en el último debate que tuvimos en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales el pasado lunes, se refleje
también que no es cierto que todas las comunidades autónomas hayan
encontrado alternativas y soluciones a esta realidad; solo algunas han
buscado seguir dando cobertura a ese colectivo. El informe refleja
igualmente que la recomendación realizada a la Administración del Estado
de que, en el convenio que permitiría tener esa cobertura sanitaria a las
personas excluidas, en los casos en que no hubiera disponibilidad
económica por parte del inmigrante ilegal, se practicara una exención, no
ha sido aceptada por la Administración del Estado, como dice el informe.
Y refleja igualmente la novedad de que se abre un resquicio —a mí
me parece muy estrecho— a que se pueda aplicar la cobertura
sanitaria utilizando criterios de protección de la salud pública en
determinadas enfermedades infectocontagiosas graves.

Se constata el aumento de las listas de espera quirúrgica,
lo que no se resuelve por decreto fijando plazos sino con más medios. Es
inevitable que se dé, después de que en los últimos años se hayan
reducido en 50 000 el número de médicos y enfermeras en el Sistema
Nacional de

Salud. Se recoge el rechazo que se dio a las
recomendaciones que se plantearon en materia de prestación farmacéutica
para que se exima del pago a personas con discapacidad, con rentas
mínimas o sin rentas y a que se impute, en los casos de declaración
conjunta, a cualquiera de los cónyuges el conjunto de las rentas.

En cuanto a política social —y voy acabando—,
me parece muy adecuada la referencia que se hace a los riesgos de
malnutrición infantil y a la necesidad de potenciar los comedores
escolares. Igualmente, se refleja claramente el deterioro del sistema de
autonomía y atención a las dependencias; menos atención, más copagos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Concluyo, señor
presidente.

Podría seguir refiriéndome, si tuviera tiempo, al conjunto
de los contenidos. Solo me queda alentar a la institución a seguir
jugando un papel, tal como afirmaba al principio, clave y básico en una
coyuntura económica que coloca en grave situación a gran parte de la
sociedad española y a las políticas de ajuste y de recorte que se
proyectan sobre ella.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones). No hay
intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Señora defensora, y equipo de personas que le acompaña,
buenos días. Muchas gracias por su informe, por sus explicaciones, y
sobre todo, y lo más importante, por su trabajo ante las dificultades y
los problemas de tantas y tantas personas en nuestro país que acuden a
usted como última instancia para intentar resolver los problemas.

Quiero empezar mi intervención recordando que en los
debates de estos años atrás hemos hablado mucho de los CIE, de los
problemas en los centros de internamiento, de la necesidad de un
reglamento… Y me ha gustado mucho lo que usted ha dicho aquí,
porque es cierto que el problema de los CIE ha quedado absolutamente
superado con el problema de las fronteras; es decir, en este momento, el
problema no es tanto el de aquellos que consiguen cruzar la frontera y
que debemos recluir en estos inventos tan desagradables como el de los
CIE, como el que tenemos en este momento en el monte Gurugú, donde, como
usted sabe, se hacinan los inmigrantes a la espera de saltar una valla
para poder entrar en nuestro país. Decía la comisaria europea Kristalina
Georgieva que le avergüenza la valla que impide huir a las personas del
hambre, y es cierto. Conocemos la situación de estos inmigrantes en
Marruecos y también sabemos, porque usted lo acaba de decir aquí, de la
imagen y el discurso moral y humano que transmiten esas imágenes. Por
tanto, es cierto que el debate de los CIE ha quedado desfasado por una
situación más sangrante, más lacerante, que es la de esas personas
colgadas en una valla, heridas por las concertinas, o muertas en una
huida que siempre, además, va acompañada de desesperación y a veces
también de pelotas de goma o de otros escenarios realmente terribles.

Por cierto, estoy de acuerdo con usted —no puedo
decir otra cosa— en que necesitamos un mayor esfuerzo, que
necesitamos que se entienda que esta situación no puede ser tratada
únicamente como un tema del Ministerio del Interior y que, por tanto,
alguna cosa debemos hacer como país ante esta situación, que es
absolutamente inmoral e inhumana.

Y enlazo esta cuestión con otra que me parece importante,
porque, ciertamente, los problemas no se acaban en la valla. Cuando
entramos, detrás de la valla, el debate de las tarjetas sanitarias, de
los brutales recortes en materia de sanidad, sitúan otra vez a la
inmigración en el centro del escenario. Sabe usted que, con la excepción
de Andalucía y Asturias, en relación con el resto de las comunidades
autónomas, algunas de ellas han hecho esfuerzos para suplir los recortes
en materia de amparo sanitario a los inmigrantes, pero la verdad es que
la situación, el escenario, ha cambiado muchísimo. Médicos del Mundo ha
anunciado que en estos dos años de recortes sanitarios ha habido más de
mil vulneraciones al derecho de la salud, de la atención sanitaria, en

España, después de esta reforma. Castilla-La Mancha está al
frente de los que no han hecho absolutamente nada para mejorar esta
situación y, evidentemente, esto también debemos decirlo.

Este relato, señora defensora, es todo un síntoma de la
medida en que, como país, estamos situando los derechos humanos en
nuestro orden de prioridades. Y la asistencia sanitaria lo es, es un
derecho de los que vivimos aquí, de los que vienen y de todos aquellos
que lo necesitan. Y yo añadiría a este escenario de descalabro
—casi me atrevería a calificarlo de macabro—, que empieza,
como decía en el monte Gurugú, un golpe que se avecina y del que
seguramente en sus informes tendremos que hablar porque es un golpe a las
organizaciones no gubernamentales, aquellas que precisamente tenían o
tienen la misión de atajar este problema —lo que hacemos de forma
absolutamente insuficiente— en el origen, es decir, en nuestra
capacidad de entender que África, en este caso, es un continente que
necesita de nuestra ayuda para desarrollarse y para garantizar que todas
las personas que han nacido en esos países no tengan que emigrar de ellos
por culpa del hambre, de la guerra y de las situaciones críticas que
están viviendo. Por tanto, insisto, no solo no vamos en el camino de
encontrar soluciones, sino que posiblemente tengamos aún la capacidad de
empeorar los escenarios de futuro.

Es cierto que esas imágenes que vemos en televisión
deberían indignarnos, causarnos estupor, pero tal vez nos estemos
acostumbrando a ellas y, por tanto, nuestra capacidad de indignarnos
resulta ya superada por los hechos. Pero lo cierto es que nosotros, aquí,
hoy, y mucha gente de nuestra sociedad no podemos vivir de espaldas a
esto. Tenemos que decirlo, y tenemos que decirlo aquí con toda
claridad.

Ya sabe usted que yo le voy a insistir sobre el tema de la
pobreza y sobre el tema de los dramas sociales, allá, en el monte Gurugú,
pero también en Vallecas; de los inmigrantes que están perdiendo sus
derechos sanitarios, pero también de los de nuestros jóvenes, que los
están perdiendo por salir a buscar trabajo fuera, un trabajo que no es
capaz de darles nuestro país.

Se tiende a ver todos estos hechos que le estoy relatando
de forma aislada, pero en realidad no son hechos aislados; al final, son
parte de un relato que nos dibuja una forma de entender el mundo en su
complejidad. No estoy hablando de una visión personal, ni de una visión
del Gobierno, ni de una visión de la defensora del pueblo, sino que es
una visión colectiva como país. Es decir, al final, este relato dibuja
nuestra visión colectiva como país de la situación que estamos viviendo
aquí e, insisto, también fuera.

A mí, señora defensora, me gustaría vivir en un país justo.
Yo sé que la justicia es muy complicada y que es un ejercicio muy
difícil, pero al menos me gustaría vivir en un país que quiera ser justo.
Y por eso voy a relatar algunas cuestiones más, que sobre todo nos
acerquen a ese sentido de la justicia que hoy creo que no tenemos.

Esta mañana, yo he tenido que indignarme otra vez cuando he
oído en la televisión que ocho narcotraficantes egipcios han quedado en
libertad, porque, como fueron apresados en aguas internacionales, nuestra
no Ley de justicia universal los ha dejado en libertad. Pues, fíjese, yo
me sigo indignando ante estas cosas y porque estas cosas sucedan en mi
país.

Su informe, efectivamente, habla de las tasas judiciales, y
creo que su trabajo ha sido muy meritorio en este ámbito.

En cuanto a los libros de texto, ayer tuvimos oportunidad
de escuchar al ministro Wert, y el senador don Andrés Gil le dijo lo que
sucedía con los recortes de su ministerio en relación con esta cuestión
y, por tanto, la brutal caída de recursos en algo que nos parece muy
importante.

Ha hablado de las preferentes y de las listas de espera. Y
creo que también merece nuestra felicitación por el tema de la vivienda;
por su informe, pero sobre todo por su persistencia en esta cuestión, que
me parece muy importante.

Y podríamos seguir con los deudores hipotecarios, etcétera,
pero quiero acabar mi intervención, defensora, insistiendo en algo que le
planteé el día que tuvimos la oportunidad de debatir en el Congreso en la
comisión mixta. Me alegré mucho cuando usted, creo que en un gesto de
dignidad, que le honra públicamente, dijo que, en esa polémica
inexplicable del ministro Montoro con Cáritas, usted tomaba partido por
Cáritas. La verdad es que a mí me pareció una posición digna y muy
sensata, porque este es otro ejemplo de lo que decía antes sobre la
posición colectiva de nuestro país, de nuestras instituciones del Estado
ante el problema de la justicia social. Yo no entiendo cómo se puede
minimizar hoy la pobreza en nuestro país, ni tampoco entiendo cómo el
ministro de

Economía puede cuestionar el informe de Cáritas sobre la
pobreza. No lo entiendo, e insisto en que me parece que es un insulto a
la conciencia y al sentido colectivo de la justicia.

Hoy tenemos 2,5 millones de niños pobres. La pobreza
infantil es una lacra infame, y sin duda es la parte más grave de esta
cara triste de la crisis; todas son tristes, pero esta lo es aún más. La
infancia es la más vulnerable y esto es el resultado de la situación
crítica que viven las familias de nuestro país, y usted sabe que no
tenemos una respuesta contundente sobre este gravísimo problema. Cáritas
ha pasado de atender a 408 000 personas a más de un millón. Hemos
aumentado en un 50% las familias que viven con una renta mínima, tenemos
un incremento del 80% de hogares sin ingresos, y una tasa de pobreza
severa que está alrededor del 22%.

Ahora conocemos la pobreza energética, que está causando
más muertes que los accidentes en carretera. Y, señora defensora, en
Europa somos los campeones de la desigualdad; y aunque es cierto que este
problema no es únicamente nuestro, yo siempre pongo un ejemplo muy
práctico para entender lo que está sucediendo: la riqueza se acumula cada
vez más en unas pocas manos. En el año 1960 el 10% ostentaba el 30% de la
riqueza del mundo, y en este momento ese 30% ha pasado a ser el 50%; por
tanto, cada vez hay menos ricos, que son más ricos, y más pobres, que son
más pobres.

En fin, tenemos que ser capaces de abordar esta cuestión,
tenemos que hacerlo —lo decía el otro día—, no solo desde la
perspectiva de la queja, sino desde su capacidad como defensora del
pueblo de hacer un estudio sobre cómo estamos afrontando el problema de
la pobreza y de qué forma nuestras políticas son eficaces o no para
combatir la pobreza, y en especial la pobreza infantil. Este es un reto
que creo que su institución no puede eludir. Sé que en este momento, ante
esta situación, y ante —permítame decirlo— la indolencia que
hay sobre esta cuestión, usted no necesitaría la Defensoría del Pueblo,
usted tendría que ser prácticamente un ministerio para afrontar este
reto. Pero, en fin, como digo, creo que esta es una cuestión
ineludible.

Y déjeme acabar, señora defensora, con otra cuestión que me
parece que no podemos dejar de abordar en este debate. Ayer mantuvimos en
esta Cámara un minuto de silencio por las 22 mujeres que este año han
muerto debido a la violencia de género. A mí esto me parece que es un
escándalo de una magnitud absolutamente inasumible por este país, como
también lo son los recortes que hemos hecho en las políticas de
prevención y de atención a las mujeres que sufren la violencia de
género.

Yo le decía antes que creo que hemos agotado nuestra
capacidad de indignarnos. Usted ha hablado de las víctimas del terrorismo
y yo hablo de ellas con el máximo respeto y con la máxima consideración,
pero creo que las mujeres todavía hoy no reciben todo el respeto que
merecen por parte de esta sociedad. Yo pregunto a los senadores que están
hoy en la Cámara si estamos haciendo todo lo que podemos y todo lo que
debemos para defender a las mujeres de la violencia de género, porque si
todos tuviéramos esta convicción, no aceptaríamos de ninguna manera el
21,6% de recortes en esta cuestión. Es decir, no podemos aceptar ni un
minuto más que se prolongue esta situación y hacerlo de una forma
indiferente.

Por tanto, señora defensora, yo creo que la pobreza y la
violencia de género son dos cuestiones que usted tiene que abordar. Yo
quiero agradecerle, como he hecho siempre, su informe y el trabajo de su
equipo, porque ciertamente lo hacen en unas condiciones limitadas, los
problemas son muchos y la capacidad de trabajo es la que es, pero sabe
que tiene usted todo nuestro apoyo y todo nuestro soporte para seguir
trabajando sobre los problemas de la gente, los de las víctimas, los de
los que se quejan, pero también y sobre todo de aquellas víctimas que no
tienen siquiera la capacidad de la queja. Decía Quevedo que cuando no hay
justicia es grave tener razón. Pues bien, en eso estamos, defensora, en
la gravedad de la razón. Ojalá su trabajo y el de sus colaboradores nos
quite la razón y nos acerque a la justicia.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Buenos días, señor presidente,
señorías.

En primer lugar, un saludo para la defensora del pueblo,
para sus adjuntos y para su equipo técnico, que hoy nos acompañan en la
tribuna de invitados.

En nombre de mi grupo parlamentario voy a dividir mi
intervención en varios apartados para su mejor seguimiento. En primer
lugar, vamos a destacar todo lo positivo que puede desprenderse del
presente informe; estamos hablando del informe correspondiente a la
gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante el año 2013.

Entendemos que desde la defensoría del pueblo se ha hecho
un esfuerzo, se ha aumentado el empeño por conseguir respuestas positivas
de las administraciones públicas ante las quejas de los ciudadanos. Se ha
conseguido una notable reducción de las actitudes no colaboradoras o
entorpecedoras de las distintas administraciones, según expresión de la
propia defensora del pueblo.

Se constata un respeto a las tareas, al trabajo y a las
competencias de las diferentes instituciones análogas, en el caso de
Cataluña singularmente del Síndic de Greuges. De las cerca de 22 000
quejas, solamente 1951 procedieron de Cataluña, lo que representa un 8,6%
del total, lo cual supone prácticamente la mitad del porcentaje que
atiende la defensoría del pueblo en el resto del territorio. Entendemos,
pues, que debe tener sentido una buena actividad del Síndic de Greguges
en cuanto a resolución y atención de problemas.

Cabe expresar nuestra felicitación por el notable avance en
aquello a lo que se comprometió en su toma de posesión: el aumento de la
transparencia y la explicación sobre todos los procedimientos iniciados.
Se ha producido —antes nos hemos referido a ello— un aumento
de un 29,74% en el apartado de resoluciones en un solo año, de 2012 a
2013; como también se produjo el aumento de un 22,28% en las
recomendaciones en un único ejercicio. Asimismo, se incrementó de manera
más notable, un 51%, el concepto de sugerencias, figura que nos parece
muy importante y a la que debemos prestar toda nuestra atención.

Por otra parte, es importante subrayar que más de la mitad
de las quejas, 22 000, proceden de la Administración General del Estado y
tienen su origen en dicha Administración, en concreto, más de 11 500. En
este sentido, la Administración que menos ha aplicado la reducción del
gasto público y que en gran parte lo ha centrifugado a comunidades
autónomas y ayuntamientos es la que más quejas recibe. La Administración
que no tiene competencias en sanidad, ni en servicios sociales ni en
enseñanza, por poner tres ejemplos de ámbitos que ocasionan un gran gasto
presupuestario, es la que no aplica ajustes, no adelgaza y se limita a
centrifugar los esfuerzos en contención y en control de gasto y, a la
vez, es la que acumula un mayor número de quejas.

En cuanto a otros asuntos a que hace referencia el informe
de la defensoría del pueblo, respecto a los productos financieros, el
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió planteó unas medidas
paliativas y preventivas en la Subcomisión sobre transparencia e
información de productos hipotecarios y financieros. Compartimos la
voluntad de las medidas presentadas por el Defensor del Pueblo y
esperamos que el Gobierno pronto las desarrolle. Se trata de dar una
respuesta resolutoria que garantice que las ineficiencias derivadas de la
asimetría y falta de transparencia informativa existente entre
consumidores y entidades de crédito en relación con productos financieros
complejos, como las participaciones preferentes, pero también en relación
con contratos más comunes, como los créditos hipotecarios o los contratos
de seguros, no vuelvan a repetirse en el futuro. En el caso concreto de
las preferentes, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió abogó por
el arbitraje, cubriendo el cien por cien del importe por parte de las
entidades a los afectados. Por ello, es de agradecer el conjunto de
medidas que el Defensor del Pueblo remitió a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa del Ministerio de Economía y Competitividad para paliar el
problema social creado por dichas entidades financieras.

Vivienda y desahucios. Valoramos las recomendaciones del
Defensor del Pueblo que tienen como objeto paliar los desahucios. Nuestro
grupo parlamentario ha reclamado una legislación que dé garantías
jurídicas a los afectados. Y aunque, como es sabido, en 2013 se legisló
al respecto, creemos que no es suficiente, vista la trayectoria de este
último año, para parar el cada vez más creciente número de desahucios. La
mejor prueba de ello es el bajísimo porcentaje de personas afectadas por
una demanda de desahucio que se han podido acoger a las medidas de
protección legisladas o a sus beneficios. Es decir, si en 2013, después
de aprobarse la legislación al respecto, se ha producido un porcentaje
tan bajo de personas que se han podido acoger a dichas medidas, todos
convendremos en que no han sido eficaces, o al menos no útiles, para
lograr la finalidad que buscábamos.

Violencia de género. Esta es una cuestión sobre la que
nuestro grupo parlamentario tiene una gran preocupación. Las cifras son
dramáticas. Por ello nuestro grupo le pide la máxima contundencia y
rotundidad a la hora de proponer actuaciones a todas las administraciones
a las que considere necesario dirigirse.

Trata de seres humanos. Es una lacra social y todos tenemos
la obligación de luchar para erradicarla. Supone una vulneración de los
derechos humanos y un delito, por lo que hay que perseguir al tratante y
proteger a la víctima. Compartimos todo lo establecido en el informe y
valoramos muy positivamente los avances logrados en dicha materia.

En seguridad y justicia mostramos nuestra preocupación ante
las demoras judiciales y los problemas atávicos de colapso en los
registros y en los juzgados, ya que provocan que la justicia deje de ser
justicia.

Nuestro grupo parlamentario tiene dudas de que la seguridad
y la justicia se vean afectadas positivamente de tramitarse como está
redactado el actual anteproyecto de seguridad ciudadana, que ya ha
causado estupor en la sociedad tanto por sus cambios normativos como por
las sanciones que conllevará. No podemos dejar pasar este informe sin
decir que la reforma que ha hecho el Gobierno de la justicia gratuita
imposibilitará el acceso a la justicia a muchos ciudadanos.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió comparte plenamente el criterio de la defensora del pueblo al
considerar que las nuevas tasas judiciales son extraordinaria y
excesivamente elevadas. Pedimos a la defensora del pueblo que haga suya
la enmienda que Convergència i Unió hizo al Proyecto de Ley de asistencia
jurídica gratuita relativa a que las nuevas tasas judiciales se destinen
a justicia gratuita, lo cual requiere que sean gestionadas por quien
gestiona la justicia, en Cataluña por la Generalitat, y en aquellas
comunidades que tienen competencias, por sus respectivas autonomías; así
garantizaremos que las tasas judiciales no sean un impedimento para la
defensa de los intereses de los particulares.

Paso a hablarles de las lenguas. En su informe se destaca,
en el apartado de Administración Local, que hay páginas web oficiales en
solo una lengua oficial allí donde hay lengua cooficial. Por este motivo,
la institución inició actuaciones, en concreto dos, la 13016747 y la
10018918. Por el contrario, en el apartado 14.2 de su informe se dice que
el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, el IDAE,
indica que realizará las traducciones al catalán conforme a sus
disponibilidades presupuestarias. Parece ser que para según qué
Administración, la lengua es una simple cuestión presupuestaria.

No compartimos el criterio reiterado en numerosas
iniciativas legislativas de que parece que estamos estableciendo dos
rangos en lo referente a la oficialidad de las lenguas. No vale tener dos
varas de medir. El artículo 3 de la Constitución, cuando habla del
especial respeto y protección a las lenguas del Estado, no lo hace de una
forma retórica. El artículo 3 de la Constitución encomienda y mandata al
Estado a tener políticas activas de protección y fomento de las distintas
lenguas, de la lengua castellana y de las demás lenguas cooficiales del
Estado. Por lo tanto, no compartimos el criterio con el que se aborda la
cuestión en este caso concreto al que me he referido.

Voy a hacer una consideración respecto de la propia
institución del Defensor del Pueblo. Nuestro grupo parlamentario sigue
expresando la necesidad de que el perfil del defensor del pueblo siga
siendo lo más independiente y ecuánime posible, libre de prejuicios
ideológicos. En este sentido, tal como manifestamos en su toma de
posesión, instamos a la creación de un protocolo que evite la
arbitrariedad y la subjetividad del defensor del pueblo a la hora de
establecer actuaciones de oficio. No estamos pensando en la actual
defensora del pueblo ni en su equipo, pero sí que pensamos en conspicuos
antecesores en el cargo que, tristemente, fueron más allá de lo que la
corrección institucional, al menos a nuestro entender, les mandataba.
Recordamos con profundo pesar la posición que mantuvieron anteriores
titulares de la defensoría del pueblo respecto al recurso que se
interpuso contra el Estatut d´Autonomia de Catalunya, que en buena
parte puede entenderse como origen de los actuales problemas que tenemos
en Cataluña.

Formato del informe. En el apartado expedientes de quejas
recibidos de comisionados parlamentarios autonómicos y en expedientes de
solicitud de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional
podemos ver el número de quejas totales pero no la materia de estas.
Sería interesante conocer la materia de las quejas para saber si un
determinado asunto es cuestión de queja general o solo territorial, para
tener una mayor actuación.

Otra cuestión en la que compartimos el criterio y el
informe de la defensoría del pueblo es la relativa a la no asistencia
sanitaria gratuita a inmigrantes en situación no regular, con excepción
de menores, mujeres embarazadas y enfermedades graves. Esto ha preocupado
a esta institución, que ha formulado recomendaciones que no han sido
aceptadas, pero hay que señalar que comunidades autónomas y
organizaciones no gubernamentales han habilitado sus propios
procedimientos para alcanzar la atención necesaria.

En cuanto a crisis económica e insolvencia personal, tras
comparar las legislaciones de otros países de la Unión Europea, se
propone revisar la legislación española para facilitar a los deudores de
buena fe una negociación con las entidades acreedoras y evitar así que un
alto número de familias en estas circunstancias se vean abocadas a la
pérdida de todos sus bienes, sin posibilidad de reconducir sus vidas
laborales, profesionales y personales. Estamos hablando de aliviar la
carga financiera de las familias más endeudadas, evitando su exclusión
social.

El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió solicitó que
fuera cedido a los ayuntamientos y comunidades autónomas el fondo de
viviendas de la Sareb que están vacías, porque se produce la paradoja,
que también refleja usted en su informe, de que, teniendo un fondo de
viviendas vacío, se estén produciendo desahucios a un ritmo muy elevado y
dramático.

Quiero concluir ya, señor presidente, con una recomendación
a la ministra de Empleo y Seguridad Social en el sentido de que el
Gobierno de la nación asuma el compromiso de compensar la pérdida de
capacidad adquisitiva que sufren las pensiones públicas en el momento en
que se recupere el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social y no
resulte necesario acudir al Fondo de reserva para garantizar la liquidez
del sistema.

Para finalizar, quisiera dejar constancia de la
conveniencia de estudiar con profundidad y detenimiento la situación de
las personas con discapacidad en relación con el copago.

Muchas gracias, señor presidente, señorías, por su
atención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Burgos.

El señor BURGOS GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señora defensora y adjuntos, señorías, quisiera empezar
saludando a la chavalería que nos acompaña hoy en el Senado. Espero, de
verdad, que os lo paséis bien.

En primer lugar, en nombre del Grupo Socialista, quiero,
señora defensora, agradecer su presencia en el Senado y el trabajo que
desarrolla la institución que personifica, plasmada en el informe que hoy
analizamos, correspondiente al pasado año 2013.

«La mezcla explosiva de recortes presupuestarios con
recortes de derechos y la puesta en venta de muchos servicios públicos en
sus distintas versiones hará que la institución del Defensor del Pueblo
incremente su actividad». Así comenzaba el año pasado mi intervención en
relación con su informe correspondiente al año 2012 y la tozuda realidad
que siguen sufriendo los españoles, que lejos de mejorar, ha empeorado,
viene a confirmar y superar tan doloroso pronóstico.

Voy a recordarles algunos datos muy significativos,
recogidos en el último informe publicado por Cáritas Europa. Este informe
identifica a la población española como una de las más afectadas por la
crisis económica. España es el segundo país de la Unión Europea con el
mayor índice de pobreza infantil, superado solo por Rumanía. En nuestro
país, el riesgo de pobreza entre los niños se situó en 2012 en el 29,9%,
casi 9 puntos por encima de la media de la Unión Europea, que se elevó al
21,4% según datos de 2013 de Eurostat.

Otro sector de la población especialmente afectado por la
crisis según el informe es el de las personas mayores, pues la pobreza
entre ellas ha sufrido un aumento significativo, del 7% en 2008 al 10,6%
en el 2012, cuando paradójicamente en muchos hogares son las pensiones de
los abuelos los únicos ingresos de la familia. En efecto, la gente más
vulnerable es la que está pagando las consecuencias de la crisis. Las
bajadas de salarios, la congelación del salario mínimo y los recortes en
las prestaciones a los subsidios de desempleo, lejos de contrarrestarse
con el fortalecimiento de las políticas sociales, se han visto acentuados
con drásticos recortes.

A los recortes en los servicios públicos y en los derechos
sociales, este Gobierno ha decidido sumar el ataque a las libertades de
los ciudadanos. La manifestación más significativa es el proyecto de
reforma del Código penal que impulsa el Gobierno y, en el mismo sentido,
el

anteproyecto de la nueva Ley de seguridad ciudadana
centrada en imponer sanciones económicas desproporcionadas a ciudadanos
ejerciendo su derecho de manifestación. No se puede criminalizar la
disidencia, y manifestamos nuestra preocupación ante estas iniciativas
autoritarias que recortan nuestros derechos.

La actuación del Gobierno en relación con los graves
sucesos de Ceuta nos ha parecido reprobable, al no respetar los derechos
humanos ni el derecho internacional. Coincidimos con usted en su petición
de que se retiren las cuchillas, las concertinas. Coincidimos también con
usted en la ilegalidad de las denominadas devoluciones en caliente.

En sanidad, la defensora dirigió tres recomendaciones en
materia de copago al Ministerio de Sanidad, pero las tres fueron
rechazadas, lo que revela la poca sensibilidad social de este
Gobierno.

También cabe referirse a las conocidas como preferentes,
cuya venta ha afectado gravemente a los ahorros de miles de personas. Los
datos que conocemos evidencian su carácter de auténtica estafa. Son
loables los esfuerzos de los jueces por atender las justas reclamaciones
de los afectados. Los responsables de esta estafa deberían terminar en la
cárcel. Lo grave es que ni las entidades bancarias involucradas ni el
Gobierno manifiestan ninguna intención de repararlo.

Señora defensora, en mi calidad de alcalde vaya por delante
que valoro muy positivamente que haya recurrido al Constitucional el Real
Decreto 14/2013, en concreto, la decisión de atribuir a los alcaldes la
competencia para acogerse a determinadas medidas, como aprobar el plan de
ajuste sin contar con el pleno de los ayuntamientos. Sin embargo, echo de
menos la presentación de recursos de inconstitucionalidad por su parte en
relación con las numerosas leyes que, impulsadas por este Gobierno,
suponen un flagrante ataque a nuestra Carta Magna. En los últimos dos
años ha recibido en torno a 250 000 peticiones en este sentido y hasta la
fecha solo ha aceptado la referida. Y como alcalde echo especialmente de
menos su recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local, que
supone un ataque gravísimo a nuestra democracia y a la autonomía
local.

En relación con el desprecio de este Gobierno por lo local,
por los ayuntamientos, y su mera actuación propagandística al respecto,
me gustaría trasladarle desde esta tribuna, instándole a que lo analice
con profundidad, el grave problema que tienen hoy sobre la mesa los
ayuntamientos y el que va a suponer el pago de las cuotas de amortización
de las operaciones formalizadas por las entidades locales en el marco del
conocido mecanismo de pago a proveedores.

Este mecanismo de pago ha significado transformar la deuda
comercial de los ayuntamientos en una deuda financiera, viéndose, en
síntesis, las entidades locales obligadas a formalizar unas operaciones
de crédito a largo plazo, a un abusivo tipo de interés y con una
exigencia añadida de cumplir con unos planes de ajuste aceptados por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Un tipo de interés
impuesto a los ayuntamientos, sin capacidad alguna de negociación por su
parte y que supone una auténtica usura por parte de los bancos que han
obtenido el dinero al 1% en el BCE y lo están prestando a los
ayuntamientos al 6,5%. Una usura permitida y alentada por el Gobierno de
España que, además, ha vendido irresponsablemente como un beneficio para
los ayuntamientos, cuando serán estos y sus ciudadanos, sin ayuda pública
alguna, los que van a terminar pagando estos elevados préstamos y sus
intereses, y no el Gobierno.

Estas circunstancias explican que muchos, muchísimos
ayuntamientos, van a ser incapaces de asumir estos pagos. Porque, si en
tiempos de bonanza generaron deuda, en estos tiempos de crisis como los
que padecemos, les va a ser imposible seguir garantizando los servicios
públicos a sus vecinos y, al mismo tiempo, cumplir con estas obligaciones
de amortización de intereses. Y lo más preocupante de todo, la auténtica
trampa del mecanismo que nos ocupa es que esta realidad, sumada a la
reciente reforma local, va a llevar inexorablemente a que el Gobierno
intervenga muchos ayuntamientos con la excusa de que no pueden afrontar
la deuda, lo que explica que de cuatrocientos y pico funcionarios que va
a crear el Gobierno, la gran mayoría sea precisamente para vigilar a los
ayuntamientos, que son las entidades públicas más responsables, a
diferencia de la Administración General del Estado con sus desvíos ya
conocidos.

Por todo ello, señora defensora, urge pedir al Gobierno de
España que revise las condiciones establecidas en las operaciones
financieras formalizadas por entidades locales en el marco del Plan de
pago a proveedores, y que la revisión de estas condiciones implique la
ampliación del período de carencia y del plazo de amortización, así como
la reducción de los tipos de interés.

Señora defensora, señorías, la realidad que este informe
pone sobre la mesa es la de unos ciudadanos que están sufriendo y a cuyo
bienestar nos debemos por encima de cualquier otro ajuste o imposición
económica o restrictiva de derechos. Alguien escribió que en una
dictadura lo que no está prohibido es obligatorio. Al contrario, un rasgo
muy característico de una democracia avanzada es que únicamente establece
las prohibiciones más esenciales para garantizar la convivencia. Tampoco
un sistema verdaderamente democrático puede imponer adhesiones
obligatorias a un determinado credo moral, religioso o político. Sin
embargo, en nuestro país se tambalean principios que parecían
consolidados. Nuestro Estado social y democrático de derecho se encuentra
en una situación de alarmante crisis de futuro incierto. Los recortes en
los servicios públicos y las intensas limitaciones de los derechos
sociales han fracturado el consenso constitucional de la transición. Y
ahora le ha llegado el turno a los ataques a las libertades.

Y lo más preocupante es que esto va a más, entrando en una
peligrosa deriva irresponsable de pérdida de derechos fundamentales para
los ciudadanos. Dentro de un año, desgraciadamente, lo volveremos a
confirmar. Mientras tanto, mi grupo parlamentario le agradece su trabajo,
le anima a trabajar denodadamente por evidenciar lo que este Gobierno
quiere acallar y a no abandonar ese pequeño papel que aún disfruta de
vigía de nuestra democracia.

Muchas gracias, señora defensora; muchas gracias, señores
adjuntos; muchas gracias, chavales.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Burgos.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
señora Torme.

La señora TORME PARDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señora defensora del pueblo, señorías, en primer lugar,
quiero expresar mi agradecimiento, como no podía ser de otra manera, a la
señora Becerril, a los adjuntos del Defensor del Pueblo, el señor
Fernández Marugán y la señora Ferrer, así como al resto del personal que
trabaja en la defensoría por ese informe que se ha presentado hoy en esta
Cámara, correspondiente a la gestión realizada en el año 2014.

El agradecimiento por este informe quiero hacerlo extensivo
al enorme trabajo que conlleva y que se refleja someramente en él.
Simplemente, basta citar algunos datos, como el estudio de las quejas de
los ciudadanos que ustedes han realizado a partir de los más de 22 000
escritos de quejas presentados por los ciudadanos, o la gestión de más de
33 000 expedientes, o la elaboración de resoluciones que ustedes dirigen
a las administraciones públicas y que siguen para ver si se cumplen. Este
año han batido el récord y han dirigido más de 700 resoluciones a las
administraciones públicas, de las cuales más de 200 corresponden a
recomendaciones, que es la actuación que lleva más trabajo y más esfuerzo
de estudio; es la más completa y compleja. Y lo han hecho en un contexto
de importante retención y reducción del gasto, pues en los dos últimos
ejercicios ha habido casi un 8% de disminución del presupuesto, pero ello
no ha supuesto un menoscabo de la labor realizada, simplemente se han
ajustado a la situación de contención y de solidaridad con el resto de
los españoles en un contexto de crisis y contención del gasto.

Señora Becerril, ha cumplido usted su compromiso de
informar puntualmente a las Cortes Generales, y así, hemos visto que los
informes de 2012 y este que debatimos de 2013 se presentaron en febrero
del año siguiente y ambos —en este caso, hoy— se han debatido
entre marzo y abril, tanto en comisión como en el Pleno de ambas Cámaras,
el Congreso y el Senado. Creo que es importante cumplir esos compromisos,
que se debata próxima en el tiempo la gestión realizada, pues eso
demuestra la eficacia de la institución y redunda en su legitimidad y en
la buena consideración que tengan de ella los ciudadanos.

Pero su compromiso de información ha ido más allá. En el
informe del 2013 hemos visto un avance, y es que en octubre vino usted,
señora Becerril, a presentar un avance de la gestión que se había
producido hasta el 30 de septiembre de 2013, de modo que en el propio año
en curso pudimos analizar esos datos y la evolución de las quejas. Yo
creo que esa posibilidad es muy positiva, pues nos brinda la oportunidad
de celebrar una doble sesión para analizar el informe así como los
problemas y las quejas que se producen ese año. Creo que demuestra el
gran respeto que esa institución tiene a las Cortes Generales —como
alto comisionado de ella que es— llegando a compromisos que van
mucho más allá de lo que exigen las leyes.

En esta línea quiero destacar también que la presencia
parlamentaria se ha extendido a distintas sesiones, en las que hemos
podido analizar estudios e informes monográficos sobre participaciones
preferentes, deudores hipotecarios, trata de seres humanos, crisis
económica e insolvencia personal, gratuidad de libros de texto, además de
los informes anuales correspondientes al mecanismo nacional de prevención
de la tortura. Quedan pendientes otros informes, como los relativos a
viviendas protegidas vacías o la aplicación de alternativas a la pena de
prisión en España. Desde luego, simplemente con enunciar todo lo que
hemos estado trabajando, las recomendaciones que ustedes nos han
presentado, el informe que nos han dado sobre cómo han sido aceptadas en
su gran mayoría por el Gobierno, se pone sobre la mesa que en esa
institución se está analizando la España real, los problemas que
manifiestan los ciudadanos, y se dan soluciones; soluciones que, por
cierto, son recogidas por el Gobierno.

A la hora de hablar de la eficacia es importante tener en
cuenta que más del 83% de esas recomendaciones que ustedes han hecho han
sido aceptadas por las distintas administraciones públicas, y en algún
caso no son aceptadas, sencillamente, porque no ha habido ninguna
actuación irregular de las administraciones públicas. Un ejemplo que
ponen ustedes en el informe es el importante aumento de quejas relativas
a la negación de visado por reagrupamiento familiar que se solicitaba por
cónyuges de extranjeros residentes, que no han dado lugar a esa
rectificación porque los matrimonios se habían celebrado en fraude de
ley. Por el contrario, un asunto conexo a este que afecta también a
ciudadanos extranjeros, la tramitación de expedientes de nacionalidad,
también dio lugar a muchísimas quejas pero, en virtud de sus
recomendaciones, se abordó un plan intensivo de nacionalidad concertando
una encomienda de gestión con el Colegio de Registradores, lo que ha
permitido que a finales de 2013 se hayan tramitado más de 400 000
expedientes. Por tanto, esa aceptación del 83% es muy importante y
demuestra el talante y la sensibilidad del Gobierno y la eficacia de esta
institución. No se trata meramente de recibir las quejas, como usted
decía hoy en la Cámara, sino de actuar, de conseguir que estas se
atiendan, que se resuelvan los problemas y los sufrimientos de los
ciudadanos.

En este sentido, como usted decía, la labor del defensor no
es ni fácil ni grata, ya que viene a informar de los problemas de los
ciudadanos, de su sufrimiento y, desde luego, tras seis años de grave
crisis económica, son muchos los problemas —empezando por el
paro— y es mucho el sufrimiento.

Afortunadamente, contamos con un Gobierno de España que,
haciendo un riguroso diagnóstico de la realidad, ha acometido un
ambicioso e intensivo programa de reformas que, en solo dos años, está
permitiendo cambiar la tendencia en que se encontraba España, la
situación en que nos dejó el Gobierno socialista, abocada a la quiebra
del sistema del bienestar. (Protestas). Desde luego, este Gobierno no
recorta derechos, este Gobierno no recorta prestaciones; hemos tenido
siempre muy clara una línea roja que son las políticas del bienestar:
sanidad, educación, pensiones, prestaciones por desempleo y políticas
sociales. (Protestas.—Aplausos). Lo que hace este Gobierno es
garantizar la sostenibilidad del sistema de bienestar, aunque a ustedes
les duela porque tienen remordimientos por la situación que nos dejaron.
(Aplausos.—Protestas).

Ustedes no reconocen la situación en que nos encontrábamos,
la labor del Gobierno y ni siquiera el cambio de tendencia, pero es que
por no reconocer tampoco reconocen lo que se constata en el informe del
Defensor del Pueblo: ese alto grado de aceptación de las recomendaciones
que se han dirigido. Tienen la desfachatez de exigir soluciones a
problemas que han creado ustedes, que ustedes agravaron y que no supieron
resolver. (Rumores).

Hoy preguntaban por la reforma local y por qué no se ha
presentado un recurso. No sé cómo tienen la desfachatez de hablar de la
reforma de la Administración Local del Gobierno del Partido Popular
cuando ustedes fueron incapaces de acometerla. Por el contrario, hay un
Gobierno ambicioso, serio y que acomete reformas muy difíciles e
incómodas, pero lo hace.

No me extraña que ustedes estén en busca de un nuevo
discurso porque, desde luego, carecen absolutamente de él. (Risas). Esta
semana se ha presentado un libro de un diputado socialista, Ser hoy de
izquierdas, en el que —entre otras cosas— propone acabar con
el mito de que gestiona mejor la derecha. Tengo que decirles, aunque
ustedes lo nieguen, que saben muy bien que no es un mito, que es una
realidad contrastada y contrastable. (Protestas). Ya lo vimos en los ocho
años de gobierno de Aznar y lo estamos viendo en los solo dos años de
gobierno del

presidente Rajoy porque, aunque de manera incipiente,
estamos viendo que ese esfuerzo, ese sacrificio, ese ambicioso programa
de reformas empieza a dar sus frutos. (Protestas).

El Partido Popular gestiona bien, defendiendo los intereses
de España y de los españoles, y los ciudadanos lo saben. Desarrolla un
programa de gobierno riguroso, difícil e incómodo, pero da sus frutos en
beneficio de todos los españoles. (Rumores).

Estos días, en los que recordamos al expresidente Suárez,
quiero traer a esta Cámara sus palabras. Decía Adolfo Suárez: La vida
siempre te da dos opciones, la cómoda y la difícil. Cuando dudes, elige
siempre la difícil porque así siempre estarás seguro de que no ha sido la
comodidad la que ha elegido por ti.

Pues bien, esa ha sido y está siendo la opción del Gobierno
del Partido Popular, la opción difícil, que es la que defiende el
bienestar y el futuro de los españoles, y es la opción que también se
manifiesta en el informe del Defensor del Pueblo. Por ello, señora
Becerril, le animo a que sigan en esa línea, a que sigan defendiendo y
apoyando, por ejemplo, a las víctimas del terrorismo que, desde luego,
merecen el respaldo y el reconocimiento de toda la sociedad española. En
este sentido, han hecho importantes recomendaciones que se han tenido en
cuenta, como hemos visto en debates anteriores, y hoy nos hablaba de que
están pendientes de incorporar algunas propuestas en el nuevo estatuto de
las víctimas, y nos volverá a dar cuenta a los parlamentarios en la
comisión y en las sesiones plenarias.

Hay una cuestión que me preocupa mucho y que también han
planteado otros portavoces: la violencia de género. En lo que va de año
han fallecido veintiuna mujeres y, desde luego, eso nos conmociona, es un
drama terrible contra el que tenemos que actuar. Es una verdadera
cuestión de Estado y exige que actuemos desde la unidad y el consenso, no
con discursos demagógicos hablando de recortes.

El Gobierno, desde luego, considera la lucha contra la
violencia de género una prioridad absoluta, y está muy comprometido en
ello. Es importante seguir cumpliendo leyes —como la Ley Orgánica
de 2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género,
que se aprobó por unanimidad de todas las Cámaras—, pero aquí
quiero destacar el último plan de actuación que ha hecho el Gobierno: la
Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer,
aprobaba en julio de 2013. Recoge 284 medidas, fue consensuado con todo
el sector y está dotado con más de 1500 millones de euros. Esto es
compromiso. (Rumores). No se han hecho recortes ni en prevención ni en
atención. (Rumores). Como digo, tenemos un Gobierno que contempla la
lucha contra la violencia de género como objetivo prioritario, y lo
cumple, y pone el presupuesto necesario para acometerlo. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Guarden un poco de silencio, por
favor.

Senadora Llinares, guarde un poco de silencio, por
favor.

La señora TORME PARDO: Hemos visto esta misma semana
también la sensibilidad y el carácter prioritario con que el Gobierno
aborda esta cuestión en la reunión urgente que se acometió entre los
ministerios de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Justicia e Interior.
Ya tenemos nuevas medidas, nuevos acuerdos para seguir con una actuación
integral en la lucha contra la violencia de género.

Creo, señorías —y aquí, señora Becerril, le pido que
sigan ustedes de una forma muy directa, con actuaciones de oficio, este
grave problema—, que es muy importante avanzar en la ruptura del
silencio porque es cómplice del maltrato. Hay que avanzar en la detección
temprana y toda la sociedad nos tenemos que involucrar en la condena de
la violencia de género, en apoyar a las mujeres que la sufren para que
rompan el silencio y confíen en el sistema, y en cambiar culturalmente
nuestra sociedad en pro de la igualdad entre hombres y mujeres.

Otra cuestión que aparece en el informe y a la que también
se ha hecho referencia aquí por otros parlamentarios es la situación en
que se encuentran muchos españoles de pobreza y de exclusión social
cuando llevamos más de seis años de una grave crisis económica. También
aquí se está demostrando cómo el Gobierno atiende las recomendaciones que
se hacen desde el Defensor del Pueblo y cómo el Gobierno, por propia
iniciativa, está abordando de una forma prioritaria esta lucha contra la
exclusión social y contra la pobreza.

Es cierto que desde que se inició la crisis económica ha
habido un incremento progresivo del número de personas en riesgo de
pobreza o exclusión social. Les dolerá, pero aquí hay que tener

en cuenta cómo en 2007 un 23% de la población se encontraba
en riesgo de pobreza, mientras que en 2011 pasamos de ese 23% al 28%. De
manera que en los años de gestión socialista es cuando más se ha agravado
el volumen de población en situación de riesgo de pobreza. (El señor
Burgos García: ¡Mentirosa! — Rumores). Sin embargo, los datos
provisionales para 2013 muestran un ligero descenso —desde luego,
es incipiente y no nos podemos conformar con él ni lanzar las campanas al
vuelo— y demuestran que está cambiando la tendencia también en la
lucha contra la tasa de la pobreza.

Es importante resaltar que el indicador de pobreza referido
a la población de más de 65 años presenta una mejora notable: se ha
pasado del 27,8% en 2007 al 16,6% en 2012; es un logro importante, pero,
desde luego, hay que seguir actuando.

La lucha contra la pobreza infantil es otro objetivo
prioritario en el que está comprometido este Gobierno, y para ello
tenemos distintas actuaciones, empezando por la reforma laboral. La
reforma estructural del mercado de trabajo es la mejor política social
que se puede hacer para luchar contra la pobreza y contra la exclusión a
través de la creación de empleo. Pero es que, además, el Gobierno ha
aprobado en diciembre de 2013 el Plan nacional de acción para la
inclusión social, una herramienta que contiene 240 medidas orientadas a
erradicar la pobreza y la exclusión social, dirigidas a los colectivos
más vulnerables, y que aborda de forma transversal el objetivo de
reducción del riesgo de pobreza y exclusión de la infancia. Se ha
aprobado también por parte de este Gobierno el II Plan estratégico
nacional de infancia y adolescencia, que va del 2013 al 2016, y tiene
como objetivo prioritario la lucha contra la pobreza infantil. Se está
elaborando el plan de apoyo a la familia 2014-2017. Como digo, es un
Gobierno comprometido, que ha conseguido que el 20% del Fondo Social
Europeo se destine al fomento de la inclusión social en nuestro país.
También en los presupuestos de 2014 hay una nueva partida de 40 millones
de euros para financiar el nuevo Fondo europeo de ayuda a los más
desfavorecidos, que contribuirá a luchar contra la pobreza y la exclusión
social. (Rumores).

Los datos demuestran cuál es la actuación de este Gobierno,
quién garantiza los derechos de los españoles, quién consolida el sistema
de bienestar, y ante eso, no se pueden hacer críticas, solo demagogia
burda y barata que no lleva a ningún lado. (El señor Burgos García: ¡Qué
insultona eres!— La señora Andrés Prieto: ¡Mentirosa!). Perdone, yo
no he insultado a nadie, he dicho que contra los datos...

El señor PRESIDENTE: Senadora Torme, vaya terminando, por
favor.

La señora TORME PARDO: Sí, señor presidente.

Recuerdo nuevamente al presidente Suárez. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

La señora TORME PARDO: El presidente Suárez decía: «Un
político no puede ser un hombre frío. Su primera obligación es no
convertirse en un autómata. Tiene que recordar que cada una de sus
decisiones afecta a seres humanos. A unos beneficia y a otros perjudica.
Y debe recordar siempre a los perjudicados...»

Pues bien, señorías, eso es lo que hace el Grupo
Parlamentario Popular, eso es lo que está haciendo el Gobierno presidido
por Mariano Rajoy y yo creo que todas las instituciones, entre otras, una
tan importante como el Alto Comisionado de las Cortes Generales, que es
el Defensor del Pueblo. Entre todos —Parlamento, Gobierno y demás
instituciones— contribuiremos a resolver los problemas de los
ciudadanos y a avanzar en mayores cotas de libertad, derechos, igualdad
de oportunidades y bienestar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Torme.

Muchas gracias, señora defensora del pueblo, por su
presencia hoy aquí en esta Cámara.

6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

6.1. MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN
POR EL NEGATIVO IMPACTO QUE PODRÍA TENER EL CIERRE DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE PURINES Y SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR DETERMINADAS
MEDIDAS PARA GARANTIZAR SU CONTINUIDAD COMO INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
ECONÓMICA DESTINADOS AL APOYO DEL SECTOR PORCINO.

(Núm. exp. 671/000115)

AUTOR: GPCIU

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de
interpelación se han presentado 2 enmiendas: una, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, y otra, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra por tiempo
de cinco minutos el senador Plana. (El señor vicepresidente, Lucas
Giménez, ocupa la Presidencia).

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, president.

Senyories, avui ens trobem aquí per debatre aquesta moció
conseqüència d’interpel·lació, que el ple passat vaig tenir ocasió
d’interpel·lar directament el ministre d’Indústria.

Voldria dir que és un dels causants d’aquesta
situació en la qual ens trobem i de l’afectació amb què es pot a
trobar el sector ramader en unes zones concretes i determinades. Al
ministre d’Indústria li vaig comentar de forma explícita aquesta
situació concreta, quan s’omplien la boca de l’aportació que
es fa per part del sector ramader, de la transformació agroindustrial, i
de tots els efectes positius que té tant al mercat interior com,
sobretot, a l’exportació. És a dir, quan les coses van bé, fem tot
el possible per atribuir-nos els mèrits. Quan hi ha una situació com la
que ens trobem actualment, generada, insisteixo, per la deriva legal
d’aquest Govern del Partit Popular —per que al cap i a la fi
qui ho ha fet ha estat el Govern del Partit Popular—, després són
els primers d’afectar directament un sector que s’ha adaptat
de forma continuada i sostinguda a les normatives europees, a les
directives marc europees i a les diferents ordres ministerials i
reglaments establerts que vénen per part del Govern de l’Estat
espanyol.

Fixin-se, senyories, d’on ve tot això. Hi ha una
directiva marc del 12 de desembre relativa a la protecció de les aigües
contra la contaminació produïda per nitrats d’origen agrícola, que
es va transposar a la normativa espanyola mitjançant el Reial Decret
261/1996. Al final dels anys noranta, els ministeris d’Agricultura
i Indústria varen vincular el tractament dels purins a la cogeneració per
mitjà del Reial Decret 2818/1998. L’any 2007, que és el rovell de
l’ou, es modificà el marc normatiu amb el Reial Decret 661/2007,
pel qual es regula l’activitat de la producció d’energia
elèctrica en règim especial, on es demanava i es donava un marc vigent
—i aquí rau tot el problema— d’una durada de 15 anys.
Aplicat i aparegut al BOE. Per tant, tant que parlen vostès de la
seguretat jurídica i de la marca Espanya, si no es pot confiar en allò
que s’estableix al BOE, de quina manera podem pensar que hi hagi
una argumentació i una certa credibilitat, tant per part dels ramaders i
aquelles indústries que s’han adaptat a un marc normatiu que han
establert vostès mateixos, com a nivell internacional.

És per tot això, amb aquella exposició que vam fer i amb el
que avui estic exposant, que Convergència i Unió, el partit que jo estic
representant, els presenta aquesta moció, entre altres coses, amb unes
mesures determinades. Encara que digui el ministre Soria que estava
avalat per la doctrina del Tribunal Suprem a l’hora de canviar la
vigència d’aquesta normativa, no pot ser que es canviïn les normes
del joc a mig partit. Per tant, sí, s’ha de revisar aquest model
productiu i s’ha de revisar el tractament de les dejeccions
ramaderes, dels purins, perquè pot generar un problema mediambiental, que
ve tutelat per la Unió Europea; però donin una moratòria. Demanem que
s’estableixi una moratòria en l’aplicació de la proposta de
l’ordre ministerial feta de forma unilateral per part del Ministeri
d’Indústria; regular un nou càlcul dels paràmetres retributius
contemplats en l’ordre ministerial que el desenvolupi, aplicables a
les plantes de purins; regular una nova reformulació del càlcul de les
retribucions en l’ordre ministerial que el desenvolupi, eliminant
el concepte de venda d’energia tèrmica, ja que la calor generada no
es comercialitza, sinó que

s’utilitza íntegrament en la mateixa instal·lació per
realitzar el tractament de purins, i estudiar els mecanismes que permetin
la reconversió de les actuals plantes, un cop transcorregut un període de
15 anys de funcionament, en plantes més sostenibles, amb la introducció
d’energies renovables i biogàs, que contribueixin a la lluita
contra el canvi climàtic.

Senyors del Partit Popular, no es pot tenir una visió de
tan curta volada. Si vostès estan aplicant aquestes retallades de forma
indiscriminada en un sector que està generant aquesta riquesa és que no
entenen res de l’economia productiva, i el que fan és aplicar
criteris economicistes a curt termini, que provocaran una davallada tant
en l’ocupabilitat com en la generació de riquesa en uns determinats
territoris, en unes zones vulnerables que estan establertes per una
directiva europea. Per això vull tornar a reafirmar la vulnerabilitat i
la quantitat de producció intensiva que hi ha, en aquest cas, en la zona
de la vall de l’Ebre, la meva zona, i també a Catalunya, a
l’Aragó i a Múrcia.

Gràcies senyor president i perdó per haver-me donat una
mica més de temps.

Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy nos encontramos aquí para debatir esta moción
consecuencia de interpelación.

En el Pleno pasado tuve ocasión de interpelar directamente
al ministro de Industria, uno de los causantes de esta situación en la
que nos hallamos y de la afectación con la que se puede encontrar el
sector ganadero en unas zonas concretas. Al ministro de Industria le
comenté de forma explícita que se llenaban la boca con la aportación del
sector ganadero, con la transformación agroindustrial y con todos los
efectos positivos que conlleva tanto de cara al mercado interior como
hacia la exportación su situación concreta. Es decir, cuando las cosas
van bien, hacemos todo lo posible por atribuirnos los méritos; pero
cuando hay una situación como la actual, generada, insisto, por la deriva
legal de este Gobierno del Partido Popular —porque, al fin y al
cabo, quien lo ha hecho ha sido el Gobierno del Partido Popular—,
somos —son, en este caso— los primeros en afectar
directamente a un sector que se ha adaptado de forma continuada y
sostenida a la normativa europea; a las directivas marco europeas y a las
órdenes ministeriales y reglamentos del Gobierno del Estado español.

Fíjense, señorías, de dónde viene todo esto. Hay una
directiva marco de 12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas
contra la contaminación producida por nitratos de origen agrícola, que se
traspuso a la normativa española mediante el Decreto 261/1996. A finales
de los años noventa, los ministerios de Agricultura e Industria
vincularon el tratamiento de los purines a la cogeneración por medio del
Real Decreto 2818/ 1998, en 2007 —que es de donde viene todo esto,
es el origen de todo— se modificó con el Decreto 261/2007, por el
que se regula la actividad de producción eléctrica en régimen especial,
en el que se daba un marco aún vigente —que es donde radica todo el
problema—, con una duración de 15 años. Eso se aplicaba, ha
aparecido en el BOE. Por lo tanto —ustedes que tanto que hablan de
la seguridad jurídica, de la marca España—, si no se puede confiar
en lo que se establece en el BOE, ¿de qué forma vamos a poder decir que
existe una argumentación y una cierta credibilidad tanto por los
ganaderos como por las industrias que se han adaptado al marco normativo
que han establecido ustedes mismos, así como en el ámbito
internacional?

Por todo eso —por la exposición que hicimos y por lo
que hoy también estoy exponiendo—, el partido de Convèrgencia i
Unió, al que represento, les presenta esta moción, entre otras cosas, con
unas medidas determinadas. No puede ser, aunque el ministro Soria diga
que estaba avalado por la doctrina del Tribunal Supremo cuando se cambió
la vigencia de esta normativa, que se modifiquen las reglas del juego a
la mitad del partido. Por tanto, pedimos revisar este modelo productivo,
revisar el tratamiento de las deyecciones ganaderas —en este caso,
de los purines— porque pueden generar un problema medioambiental
que viene tutelado por la Unión Europea, pero den una moratoria.
Solicitamos que se establezca una moratoria en la aplicación de la
propuesta de la orden ministerial, hecha de forma unilateral por parte
del Ministerio de Industria; regular un nuevo cálculo de los parámetros
retributivos contemplados en la orden ministerial que lo desarrolla,
aplicables a las plantas de purines; regular una nueva reformulación del
cálculo de las retribuciones en la orden ministerial que lo desarrolle,
eliminando el concepto de venta de energía térmica, ya que el calor
generado no se comercializa, sino que se utiliza íntegramente en la misma
instalación para realizar el tratamiento de purines; y estudiar los
mecanismos que permitan la reconversión de las actuales plantas, una vez
transcurrido un periodo de 15 años de

funcionamiento, en plantas más sostenibles, con la
introducción de energías renovables (biogás) que contribuyan a la lucha
contra el cambio climático.

Señores del Partido Popular, no se puede tener una visión
de tan corto alcance. Si ustedes están aplicando estos recortes de forma
indiscriminada a un sector que está generando esta riqueza, es que no
entienden nada de la economía productiva. Lo que están haciendo es
aplicar criterios economicistas a corto plazo, que van a provocar un
descenso tanto de la ocupabilidad como de la generación de riqueza en
unos determinados territorios, en unas zonas vulnerables establecidas por
una directiva europea. Quiero reafirmar en ese sentido la vulnerabilidad
y la cantidad de producción intensiva que hay, en este caso, en la zona
del valle del Ebro, en mi zona, y también, sobre todo, en Cataluña, en
Aragón y en Murcia.

Perdón por haber podido extenderme en el tiempo.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Se han presentado dos enmiendas: una, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y, otra, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la enmienda de Entesa, tiene la palabra
el senador, señor Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gràcies, senyor president.

El senador Manel Plana ho ha dit amb tota contundència, i
estic absolutament d’acord amb el que ha plantejat. Jo li afegiria
que en aquest moment el problema no només està en que el Partit Popular
té una manca evident sobre l’economia productiva d’aquest
país, sinó que a més no ens escolta, i a més, entre el senyor Cañete i el
senyor Soria no parlen. És a dir, tenim un problema de comunicació dins
del Govern més que evident, perquè aquest és un problema que per al qual
s’haurien de trobar solucions raonables. La veritat no és absoluta,
i podem comprendre que el senyor Soria vulgui rebaixar els costos del
dèficit tarifari, és cert; però no ho pot fer afegint problemes a un país
que el que ha de combatre amb preferència és el problema de l’atur.
Les solucions que aplica el ministre Soria respecte d’aquest
conflicte i el conflicte de la cogeneració —perquè van agafats de
la mà tots dos— perjudiquen molt directament els interessos de la
senyora Báñez, els interessos del senyor Montoro i, molt especialment,
també els interessos d’Agricultura. És en aquest sentit que
nosaltres demanem amb la nostra esmena precisament que es produeixi un
diàleg, que hauria de sentit comú, en el si del Govern, que
d’alguna manera ens portés a trobar un marc respecte de
l’energia al camp, al sector agrari i ramader, i que posés sobre la
taula les bases d’un model de consum energètic i de producció
energètica, i també d’energia renovable, en el si de la producció
agrària i ramadera, que ens permetés, d’una banda, ser competitius,
i de l’altra banda, emular el que estan fent altres països —i
després m’hi referiré en el temps de portaveus—, com ara
França, Itàlia o Alemanya, que tenen un tractament específic per al món
agrari i ramader en el marc de l’energia.

La nostra esmena potser va més enllà del sentit precís
d’aquesta moció, però també ens ha semblat oportú. Molt em temo,
senyor Plana, que no tindrem èxit amb aquesta moció, vistos els
antecedents i la resposta ahir del senyor Soria a la meva pregunta sobre
aquesta qüestió; però ens sembla que hem d’intentar per tots els
mitjans fer raonar el partit que dóna suport al Govern, i molt
especialment, el Govern en aquesta matèria. La resposta que dóna el
ministre Soria a aquesta qüestió no és una resposta de rebut; entre
altres coses, perquè no ha dialogat amb el sector. No ho ha fet. I els
números que té sobre la taula no són certs. Contrastant-ho amb les
empreses, contrastant-ho amb la realitat, el que diu el ministre no és
veritat. Les plantes de purins estan tancades. Li vaig recordar ahir que
el 40% de la cogeneració d’aquest país està tancada, està parada. I
que d’aquest complement de la nostra indústria, de tota aquesta
indústria que té la cogeneració associada com un mitjà per garantir la
seva competitivitat, en pengen 80.000 llocs de treball directes.

Per tant, ens sembla que seria de sentit comú que el grup
que dóna suport al Govern i el Govern s’avinguessin a dialogar
sobre aquesta qüestió, a trobar solucions, perquè és i ha de ser una
qüestió prioritària per a aquest país, no només per evitar que es perdin
els 80.000 llocs de treball i els problemes que s’estan generant
des del punt de vista mediambiental i tota la cadena de conseqüències que
té, sinó perquè a més ens estem carregant les eines que hem de tenir en
el futur per recuperar-nos d’aquest 26% d’atur que tenim
avui.

Per tant, espero que el proponent accepti la nostra esmena
i que el Govern, i especialment el Grup Parlamentari del Partir Popular
al Senat, s’avinguin a votar afirmativament aquesta moció.

Gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, señor presidente.

El senador Manel Plana lo ha dicho con toda la
contundencia, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha planteado.
Yo añadiría que en estos momentos el problema no está solo en que el
Partido Popular tenga una falta de conocimiento evidente sobre la
economía productiva de este país, sino que, además, no nos escucha. Y
además, entre el señor Cañete y el señor Soria no hablan. Es decir,
tenemos un problema de comunicación dentro del Gobierno más que evidente.
Este es un problema para el que deberían hallarse soluciones razonables.
La verdad no es absoluta. Podemos entender que el señor Soria quiera
rebajar los costes del déficit tarifario, es cierto, pero no puede
hacerlo añadiendo problemas a un país que tiene que combatir con
preferencia el paro. Por lo tanto, las soluciones que aplica el ministro
Soria a este conflicto y al conflicto de la cogeneración —porque
ambos van de la mano— perjudican muy directamente los intereses de
la señora Báñez, los intereses del señor Montoro y, muy especialmente,
los intereses de Agricultura. En ese sentido, hemos pedido, a través de
nuestra enmienda precisamente, que tenga lugar un diálogo —debería
ser de sentido común— en el seno del Gobierno, un diálogo que nos
llevara de alguna manera a encontrar un marco respecto a la energía en el
campo, en los sectores agrario y ganadero, y que sentara las bases de un
modelo de consumo energético y de producción energética, así como de
producción de energías renovables en el seno de la producción agraria y
ganadera, que nos permitiera ser, por un lado, competitivos, y, por otro,
emular lo que están haciendo en otros países, —y después me
referiré a ello en el turno de portavoces— como Francia, Italia o
Alemania, que tienen un tratamiento específico para el mundo agrario y
ganadero en el marco de la energía.

Evidentemente, nuestra enmienda quizá va más allá de lo que
es el sentido preciso de esta moción. Pero nos parece oportuno —y
mucho me temo, señor Plana, que no vamos a tener éxito en esta moción,
vistos los antecedentes y la respuesta de ayer del señor Soria a mi
pregunta sobre esta cuestión— intentar por todos los medios hacer
entrar en razón al partido que da apoyo al Gobierno y, muy en especial,
al Gobierno en esta materia. La respuesta del ministro Soria a esta
cuestión no es de recibo, entre otras cosas, porque no ha dialogado con
el sector, no lo ha hecho, y los números que tiene sobre la mesa no son
ciertos. Lo que dice el señor ministro, contrastándolo con las empresas,
contrastándolo con la realidad, no es verdad. Las plantas de purines
están cerradas. Le recordé ayer que el 40% de la cogeneración de este
país está cerrada, está parada, y que de este complemento de nuestra
industria, de toda esa industria que tiene la cogeneración asociada como
un medio para garantizar su competitividad, cuelgan 80 000 puestos de
trabajo directos.

Por tanto, sería de sentido común que el grupo que apoya al
Gobierno y el Gobierno se avinieran a dialogar sobre esta cuestión y a
encontrar soluciones, porque es y debe ser una cuestión prioritaria para
este país, no solo para evitar que se pierdan los 80 000 puestos de
trabajo, los problemas que se están generando desde el punto de vista
medioambiental y toda la cadena de consecuencias que conlleva, sino
porque nos estamos cargando las herramientas que vamos a necesitar en el
futuro para recuperarnos de este 26% de paro que tenemos en la
actualidad.

Por todo ello, espero que el proponente acepte nuestra
enmienda y que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular en el Senado
se avengan a votar afirmativamente esta moción.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de
su enmienda, tiene la palabra el senador Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, señor presidente.

Senador Boya, senador Plana, compartim el vostre sentit de
cara a aquesta realitat que tenim a l’Aragó, a Catalunya, a
Andalusia, a València i a les Castelles.

Senador Boya, senador Plana, compartimos su sentido de cara
a esta realidad que tenemos en Aragón, en Cataluña, en Andalucía, en
Valencia y en ambas Castillas.

El porcino es un sector de la economía muy boyante, lo que
demuestra la situación en la que estamos en el mercado europeo: el
segundo país más importante en este sector.

Señorías, el Partido Socialista entiende su enmienda de
adición desde dos puntos de vista: primero, impulsar las negociaciones
entre el ministerio y las asociaciones. Ayer, el ministro —no sé si
dijo medias verdades o medias mentiras— afirmó que estaba
negociando, pero nosotros hemos hablado con el sector y no tiene esa
información. Pues bien, siéntense a negociar porque es una realidad
tangible en este país. Y, segundo, tienen que ser planteamientos a largo
plazo, no sirve una economía a corto plazo, fijándose solo en el déficit,
—por cierto, comunidades como la de Aragón no han cumplido con este
objetivo—. Es decir, lo importante son acciones a largo plazo para
que los inversores puedan pensar en una estabilidad económica y en una
alternativa como es la cogeneración.

La situación actual supone miles de puestos de trabajo, lo
han dicho anteriores intervinientes y defensores tanto de la moción como
de la enmienda, y una pérdida de impuestos para las arcas públicas, con
lo cual el marco regulatorio de los 25 años va a pasar a 3 más 3, como
decían los inversores, y cualquier entidad financiera tendrá dificultades
para poder aportar. (Posteriormente me referiré a la financiación de las
inversiones).

Aunque el ministerio nos venda que lo que quiere es
regular, bajar o compensar el déficit de tarifa, no es así, porque,
últimamente, el déficit de tarifa ha subido a pesar de que los incentivos
han disminuido. Y un asunto que lo agrava todavía más es el de que con
las plantas cerradas se consume menos gas y, al consumir menos gas, hay
que mantener los gastos de infraestructura gasística, con lo cual los
costes al consumidor van a ser mayores.

Y la segunda parte de nuestra enmienda consiste en que, de
forma transitoria —reitero, de forma transitoria—, se
instrumenten medidas para que en las zonas donde las plantas no funcionen
y las explotaciones porcinas estén ubicadas en zonas vulnerables o bien
en zonas con una alta densidad ganadera y con poca superficie, los
purines procedentes de las deyecciones de los cerdos se trasladen de las
zonas de producción —es decir, de las granjas— a las de
consumo, que son las zonas agrícolas. Y las experiencias nos demuestran
que se realizan traslados, en distancias de más de 60 kilómetros, incluso
de más de 80 kilómetros, con cubas grandes para poder utilizar esos
purines y aprovecharlos en zonas cerealistas tanto de regadío como de
secano, puesto que permiten utilizarlo todo el año. Si hablamos de
cultivos de invierno, como la cebada, por ejemplo, nos referimos
solamente a una época del año, pero si lo compatibilizamos con cultivos
de regadío, como el maíz, nos permite utilizarlo todo el año. Y para esto
hacen falta tres patas de la mesa —una es el ganadero que produce,
que está dispuesto a pagar, y otra, el agricultor que lo puede emplear
también como fertilizante—. Pero hace falta un instrumento que
ponga el aceite, la guinda y el sabor; hay que instrumentar la fórmula y
propiciar el acuerdo entre las partes. Como decía, esta fórmula es
transitoria y afectaría solamente a 2,5 millones de toneladas de purines
que se producen en las zonas vulnerables, que, como saben sus señorías,
están reguladas por una directiva marco comunitaria, en la que la
contaminación de nitritos es la que regula el uso de fertilizante y la
cantidad a utilizar.

Señorías, nuestro objetivo es defender claramente tanto al
sector porcino, fundamental en muchos territorios españoles, como al de
la cogeneración, que han apostado por esta actividad.

Sin más, solo me queda insistir en que nuestra enmienda
quiere propiciar acuerdos entre ambas partes, creo que vale la pena.
Propiciar acuerdos no quiere decir imponer sino sentarse, hablar y buscar
fórmulas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, el senador Plana, para
manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, vicepresident.

Senyories, senador Boya, senador Arrufat, en primer lloc
vull agrair-los el to i l’aportació que estan fent a una moció que
gairebé tots —si més no aquelles persones que estem molt

interessades, o que per les nostres atribucions estem a la
Comissió d’Agricultura— podem compartir, tot i que alguns de
forma explícita i d’altres potser de forma tàcita, arran de les
disciplines existents.

Tanmateix, jo els voldria remarcar un element important.
Tot això és fruit del fet que potser no hi ha un mix energètic i una
política energètica ben pautada, ben lligada i ben establerta. Això
hauria de ser una política d’Estat, i no hi és. Hi ha diferents
punts de vista, i en funció dels partits governants a l’Estat
espanyol es van fent unes certes modificacions de l’àmbit
regulatori, que tenen la seva afectació. Però amb poc diàleg amb el
sector —i en això sí que coincideixo amb vostès, senyories. I això
sí que caldria dir-ho al Govern de l’Estat espanyol. Poden estar
d’acord o no, poden tenir els seus arguments, fins i tot podríem
entendre que aquest ordre de prioritats, o de jerarquia, ve des del
Ministeri d’Hisenda, passa pel Ministeri d’Indústria i
finalment qui rep és el Ministeri d’Agricultura, el Magrama. Ho
podríem arribar a entendre, però dialoguin amb totes les parts.

Avui aprofito per saludar totes aquelles persones que han
vingut de les diferents associacions que estan implicades, des dels
productors fins a les persones de les plantes de purins, que els estan
tractant. I aprofito també per insistir en aquest element de la
culpabilització excessiva de segons quins actors d’aquesta cadena,
en el tema dels purins, per part del ministre Soria. Ja li vaig dir a la
intervenció del passat Ple que els porcs no tenen la culpa de la factura
elèctrica, i ell en part m’ho va reconèixer. Però vull tornar a
insistir-hi, i també en un element importantíssim. Els que ens creiem
l’entorn rural creiem que juntament amb l’activitat agrària
pot haver-hi un complement, com poden ser aquestes granges que estan
gestionant i estan contribuint al PIB. Aprofito per dir que Catalunya
aporta el 18,8% del PIB de l’Estat espanyol, i dins d’aquest
PIB hi ha una part molt important del sector porcí. Donem-los les
facilitats perquè això pugui ser. Cal una disposició transitòria per
adaptar-se. Ja els parlaré després al torn de portaveus de les activitats
i les actuacions que s’han fet per part del Govern de la
Generalitat, perquè sabem que hi ha uns elements que són crítics, i la
gestió de les dejeccions és un element crític. Però donin un temps per
adaptar-se. Arribem a un punt d’acord. Crec que les aportacions que
han fet tant el senador Boya com el senador Arrufat van en aquesta
línia.

Diguin-me que sóc una mica naïf, però el fet que no
m’hagi presentat cap esmena el grup del Partit Popular potser
implica que he fet una moció —i permetin-me la llicència— tan
correcta que hi votaran a favor. Potser és una certa esperança que no
caerá esa breva, com diuen per aquí, però sí els demano això: dialoguin
fins a l’últim moment.

Ara hem tingut unes pluges que aporten un cert caràcter
crític a poder gestionar aquests purins. Hi ha una directiva marc
europea, hi ha un sector que està creixent, hi ha una transformació, hi
ha un valor afegit en el sector del porcí. I no em diguin que això és un
problema únic i exclusiu de Catalunya. No, també a Múrcia, com ha dit el
senador Arrufat, també a les dues Castelles. A Lorca es fa una de les
fires més importants.

Aquí trobem senadors dels diferents grups polítics que
estan dient que hi ha aquesta situació, aquest problema i aquest punt
crític. Per tant, el que els demano i els apel·lo —perquè és un
element que ens caracteritza— és que intentem trobar una sortida i
no culpabilitzem de tot una part. Siguem hàbils per veure qui ha generat
aquest problema, qui ha generat aquesta situació, i no canviem les regles
del joc a mig partit, perquè això no dóna credibilitat al sistema ni a
l’Estat ni al país.

Els vull donar les gràcies i els vull dir, tant al senador
Boya com al senador Arrufat, que òbviament acceptaré les esmenes
presentades i les incorporarem al text final per debatre.

Moltes gràcies.

Gracias, vicepresidente.

Señorías, senador Boya, senador Arrufat, en primer lugar,
quiero agradecerles el tono y la aportación que están haciendo a una
moción que creo que casi todos —o al menos aquellas personas que
estamos muy interesadas, o porque por nuestras atribuciones formamos
parte de la Comisión de Agricultura— podemos compartir, aunque
algunos de forma explícita y otros quizá de forma tácita debido a las
disciplinas existentes.

En cualquier caso, querría remarcar un elemento importante.
Todo esto es fruto de que tal vez no haya un mix energético y una
política energética bien pautada, bien ligada y bien establecida.

Debería ser una política de Estado. No la hay. Existen
distintos puntos de vista y, en función de los partidos gobernantes en el
Estado español, se van haciendo unas ciertas modificaciones en el ámbito
regulatorio, que tienen su afectación, pero —y en esto sí que
coincido con ustedes, señorías— con poco diálogo con el sector. Y
esto habría que decírselo al Gobierno del Estado español. Pueden o no
estar de acuerdo, pueden o no tener sus argumentos, incluso, podríamos
entender que ese orden de prioridades o ese orden de jerarquías viene del
Ministerio de Hacienda, pasa por el Ministerio de Industria y,
finalmente, quien recibe es el Ministerio de Agricultura, eso podríamos
llegar a entenderlo, pero dialoguen, dialoguen con todas las partes.

Hoy aprovecho además para saludar a todas las personas que
han venido de las distintas asociaciones que están implicadas
—desde los productores hasta las personas de las plantas de
purines, que están tratando purines—, así como para insistir en ese
elemento de la culpabilización excesiva de según qué actores de esta
cadena —que en el tema de los purines lo tenemos— por parte
del ministro Soria. Ya se lo dije en mi intervención en el Pleno pasado:
los cerdos no tienen la culpa de la factura eléctrica. Y él, en parte, lo
reconoció. Pero quiero insistir en ello y en un elemento importantísimo:
quienes nos creemos el entorno rural, quienes creemos que, junto con la
actividad agraria, puede haber un complemento, como puede ser el caso de
las granjas que están gestionando y están contribuyendo al PIB
—aprovecho para decir que Cataluña aporta el 18,8% del PIB del
Estado español y, dentro de ese PIB, hay una parte muy importante del
sector porcino—, démosles las facilidades para que eso pueda ser
así. Si se necesita una disposición transitoria —luego en el turno
de portavoces hablaré de las actividades y actuaciones que se han hecho
por parte del Gobierno de la Generalitat, porque sabemos que hay unos
elementos que son críticos, y la gestión de las deyecciones es un
elemento crítico—, den tiempo para adaptarse, lleguemos a un punto
de acuerdo. Creo que las aportaciones que han hecho tanto el senador Boya
como el senador Arrufat van en esa línea.

Y llámenme ingenuo, pero el hecho de que no haya presentado
ninguna enmienda el Grupo Popular quizás implica que he hecho una moción
—permítanme la licencia— tan correcta que van a votar a
favor. No sé, quizás es una cierta esperanza y no caerá esa breva, como
dicen aquí. Pero sí que les pido eso, les pido que dialoguen hasta el
último momento.

Ahora hemos tenido unas lluvias que para la gestión de los
purines aportan un cierto carácter crítico a la situación. Hay una
directiva marco europea y un sector que está creciendo y una
transformación, hay un valor añadido en el sector del porcino. No me
digan: Bueno, esto es una aportación o es un problema única y
exclusivamente de Cataluña. No, también de Murcia —lo ha dicho el
senador Arrufat—, también de las dos Castillas. Por ejemplo, en
Lorca —Murcia— hay una de las ferias más importante.

Y aquí te encuentras con senadores de los distintos grupos
políticos que están diciendo que esta situación existe, que este problema
existe y que hay ese punto crítico. Por lo tanto, lo que les pido, y les
apelo —si este es un elemento que nos caracteriza—, es que
intentemos encontrar una salida y no culpabilicemos de todo a una parte.
Seamos hábiles para decir quién ha generado este problema o quién ha
generado esta situación. No cambiemos las normas del juego a la mitad del
partido porque resta credibilidad al sistema, al Estado y al país.

Quiero agradecer al senador Boya y al senador Arrufat sus
enmiendas, que, obviamente, aceptaré y las incorporaré al texto final
para debatir.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Romero,
doña VirginIa.

La señora ROMERO BAÑÓN: Gracias, vicepresidente.

Señorías, senadores, en primer lugar quiero decir que el
Grupo Popular en el Senado es plenamente consciente de la importancia del
sector porcino y lo apoya. No hay ninguna discrepancia entre la política
del Ministerio de Agricultura y la del Ministerio de Industria. El
Gobierno apoya todos los proyectos, y todos de innovación, en este
sector. Pero, señorías, ustedes coincidirán conmigo en que estas
innovaciones y estos proyectos tienen que estar dentro de unos parámetros
que respondan a unos principios y a unos criterios de razonabilidad y de
sostenibilidad del sistema. Y convendrán también conmigo en que el
problema más importante —uno de los problemas más
importantes— con el que se ha encontrado en los últimos tiempos, y
se está

encontrando el Gobierno, es el problema del déficit de la
tarifa eléctrica. Y hoy, en esta Cámara y en este momento, estamos
tratando, señorías, una de las causas. No es que los cerdos tengan la
culpa del incremento de la tarifa eléctrica, senador Plana, no es así,
pero coincidirá conmigo en que sí es una de las causas que ha contribuido
al incremento de la tarifa eléctrica en estos últimos años.

Coincido con usted en que las políticas de energía deben
ser políticas de Estado, en que tienen que ser políticas con una duración
en el tiempo y deben ser políticas consensuadas, pero convendrá usted
conmigo en que durante muchos años atrás, por una mala gestión del
Partido Socialista, por una mala gestión económica se han llevado a cabo
políticas con las que se ha incrementado el sistema eléctrico, de manera
que está siendo inasumible para todos los ciudadanos. Este incremento,
todos estos sobrecostes no los está pagando ninguna administración,
senador Plana, no lo está pagando la Generalitat, no lo está pagando
ninguna comunidad, lo está pagando usted en su recibo, lo estoy pagando
yo y lo estamos pagando todos los españoles

Por eso, lamentándolo mucho pero con pleno convencimiento
de ello, no podemos aceptar su moción, y no podemos hacerlo —y voy
a intentar ser breve— debido a las siguientes razones: En primer
lugar, porque, como le acabo de explicar, y respecto de la moratoria que
ustedes piden en ella, no se le puede decir a los ciudadanos que van a
seguir pagando en el recibo de la luz un sobrecoste, que en parte se
produce por el mantenimiento de las plantas de purines —porque el
Gobierno, señorías, tiene que proteger y defender los intereses generales
de todos los ciudadanos, no los particulares de ningún sector de la
actividad comercial y energética—. En segundo lugar porque estas
instalaciones han tenido desde 1998 un régimen económico particular para
la venta de energía del sistema mucho más favorable que el resto de las
plantas de cogeneración. Y los datos económicos que tenemos en relación a
la venta de energía eléctrica en el año 2012, que son los únicos de que
se dispone y que se han publicado completos por la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, son los siguientes: Hay, como usted ha
dicho, 33 plantas distribuidas por todo el territorio español. Esas 33
plantas hicieron una inversión de 285 millones de euros, y han recibido,
a costa de todos los españoles, más de 3000 millones de euros, señoría.
Eso es inasumible en la situación en la que ahora nos encontramos. Pero
además —vamos a ser más concretos— hay un sobrecoste por el
sistema de 324 millones de euros en primas. Esto supone que para el
sistema eléctrico hay 135 euros, que cuesta la tonelada por purín, frente
a 60 euros por tonelada que supone tratar los residuos sólidos urbanos.
Fíjese usted en la desigualdad en el tratamiento que existe entre una
planta y otra. Hay una retribución total unitaria media de 157,9
megavatios/hora frente a los 120,9 megavatios/hora de media en cualquier
cogeneración. Y por último, y como ya le he dicho, desde el comienzo de
su actividad las instalaciones de purines han recibido un total de 3092
millones de euros en concepto de primas de mercado, de los cuales 1924
millones de euros han sido en concepto de primas y 1168 millones de euros
de retribución por el mercado. Es decir, la cantidad que este sector ha
recibido ha sido un 675% más de la inversión total que realizaron. Ahora,
con la nueva regulación, ¿van a seguir teniendo incentivos? ¿No se les
elimina ningún incentivo?

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
finalizando, por favor.

La señora ROMERO BAÑÓN: Lo único que se va a eliminar es el
trato diferencial que han tenido hasta la fecha. No van a tener pérdidas,
pero no van a tener tantos beneficios, porque esos beneficios, señorías,
entre otras cosas, los estábamos pagando todos los españoles en el recibo
de la luz a final de mes.

Por eso, senador Plana, y lamentándolo mucho, entendemos
que no podemos aceptar en ninguno de sus términos la moción que ustedes
han planteado. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto no se hace uso de
la palabra.

Por parte del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene
la palabra el senador señor Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, señorías,
nuestro grupo va a aprobar esta iniciativa del Grupo Parlamentario
Catalán porque nos parece lógica, porque el Gobierno español, y
concretamente el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha propuesto
a partir de la aprobación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
sector eléctrico una reforma de este sector que, entre otras medidas,
pretende reducir el 40% del sistema retributivo de la producción de
energía con cogeneración y tratamiento de purines. Siempre tiene que
pagar alguien el pato y en este caso le toca a este sector tan importante
sobre todo en Cataluña. Y esto puede conllevar el cierre de las 6 plantas
de cogeneración de tratamiento de purines que hay en Cataluña, que a su
vez representa un grave problema para las 540 explotaciones ganaderas que
llevan purines a estas plantas.

Cataluña, a diferencia de España y de otros países de
Europa, es desde el punto de vista agrario un país eminentemente
ganadero. Su modelo productivo se basa en la ganadería intensiva, donde
cuenta con una elevada eficiencia productiva a partir del modelo
organizativo de la integración, que constituye hoy uno de los principales
clusters agroalimentarios de Europa, con un peso muy importante en las
exportaciones.

Estas plantas han contribuido a una mejora de la gestión de
los purines en las áreas donde se encuentran ubicadas y tratan anualmente
unos 600 000 metros cúbicos de purines, correspondientes a unos 650 000
cerdos procedentes de unas 540 granjas de Osona, Garriges, Pla
d’Urgell y Segrià, y estos 600 000 metros cúbicos de purines que
son excedentarios no tienen salida actualmente como abono agrícola ya que
no hay superficie agraria para asumirlos.

Las plantas de tratamiento de purines han permitido
desarrollar en el medio rural suministros de energía que han sido básicos
para el tejido económico y empresarial que se ha implantado a su
alrededor. Las instalaciones ganaderas son un instrumento básico de la
cohesión territorial y fundamento del sistema agroalimentario, y muchas
de estas áreas no tienen grandes opciones más para la actividad económica
que estas granjas.

En las zonas rurales esta inversión ha generado una
actividad económica y nuevos puestos de trabajo —tanto las plantas
de cogeneración como las granjas que hay que preservar—, y el
cierre de las 6 plantas de tratamiento de purines de Cataluña crearía una
situación crítica para las explotaciones ganaderas y las zonas afectadas
ya que las plantas garantizan que se puedan gestionar correctamente los
purines en el territorio y minimizar su impacto ambiental, así como la
continuidad de las explotaciones ya que actualmente no se dispone de
alternativas para la gestión de sus excedentes de purín. Si se aplica la
nueva normativa, el coste resultante de tratar los purines se
incrementará de tal manera que impedirá la viabilidad de las plantas.

Estos cambios de la normativa relativa a energías
renovables crean una inseguridad jurídica que afecta gravemente a
inversiones importantes en el territorio, que ven modificadas las
condiciones de negocio planificadas a largo plazo y que las hacen
inviables.

Ayer tuvo lugar en el Congreso de los Diputados un debate
sobre Cataluña y se hablaron bonitas palabras. Bueno, tienen ustedes una
magnífica oportunidad para, ante un planteamiento, una moción catalana,
por lo menos no tener una actitud de voto en contra; por lo menos no
estaría mal que se abstuvieran. Sin embargo, sigue imperando el criterio
economicista frente a un criterio que sería lógico abordar, porque las
plantas a las que se hace referencia en este debate son apenas el 2,5% de
la capacidad instalada de este tipo de instalaciones que convierten los
purines en energía, lo cual tecnológicamente es muy adecuado.

El sector porcino tiene una alta incidencia en Cataluña,
donde se encuentra el mayor número de granjas, en especial en Lleida, por
lo que entendemos el interés del Grupo Catalán al respecto de presentar
esta moción. El cambio regulatorio que se va a aplicar se parece mucho a
los acontecimientos referidos en el sector de las renovables, y en ese
sentido no cabe duda de que a los propietarios que han invertido pensando
en una reversión de la inversión les hacen una faena mortal para sus
empresas.

En Euskadi el sector es de una mínima dimensión y no
existen ese tipo de instalaciones, por lo que no afecta el cambio
propuesto en ninguna medida ni instalación, pero nos parece lógico que el
Grupo Catalán presente esta iniciativa y nosotros la vamos a apoyar.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Voy a intentar responder a la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular. Ustedes nos quieren engañar; no son ciertos los
números que nos están dando en este momento. La cifra de 135 euros por
megavatio es una cantidad inferior a la que pagamos en el recibo de
nuestra casa. Pero es que, además, el recorte de un 11% de la
electricidad generada por la cogeneración en este país, supondrá que la
electricidad que recoja la factura será la que provenga de la energía
fotovoltaica y termosolar, cuyo coste es de 300 euros/megavatio y 400
euros/megavatio. Por lo tanto, el coste de la factura va a ser superior a
lo que se está pagando por la cogeneración o por las plantas de purines.
Por lo tanto, con esta medida el recibo no va a bajar, es absolutamente
inútil para bajar el recibo de la luz. El ministro Soria tiene el mérito
de haber aumentado en 9000 millones el déficit tarifario, y lo que va a
suceder ahora es que el déficit continuará aumentando y, de paso, habrá
acabado con el sector del porcino —sector que adolece de un
problema muy grave—, además de acabar también con la competitividad
de buena parte de nuestra industria. Señoría, esto es de cajón, y perdone
que lo diga con estas palabras tan coloquiales.

Fíjese, un brick de leche, sin el soporte de la
cogeneración, en vez de valer 1,20 euros en el supermercado, costaría 3
euros; es decir, sería inasumible para nosotros. Por tanto, explíqueme
usted qué va a suceder si a las industrias del ladrillo, del alperujo o
del aceite en Andalucía, a la de la agroalimentación, a la del caviar de
mi tierra o a los purines les cortamos en este momento el elemento
principal para poder ser competitivos y seguir funcionando, porque en
estos momentos están paradas. Lo que ustedes tendrían que entender es que
nadie cierra una industria si es rentable; sin embargo, el ministro se
pone de perfil, mira hacia otro lado y dice que no es verdad. Oiga, las
plantas están paradas, el 40% de la cogeneración ha cerrado; son 29
plantas en toda España. Y ustedes dicen ahora: no, vamos a ir con
camiones y nos vamos a llevar los purines a 500 kilómetros de las
explotaciones. Eso no es sostenible de ninguna manera ni una medida
presentable para solucionar el problema. Tienen ustedes que decirle al
ministro que vuelva a hacer los números, que no los está haciendo bien, y
que tiene que reunirse con las empresas para que estas le transmitan de
verdad cuál es la situación en nuestro país.

El sector porcino adolece de un problema muy serio que
demanda ahora una solución acuciante porque las balsas están llenas y no
se puede tirar más purín al campo. En Cataluña tenemos 6 plantas, pero es
que en España hay 29. Ustedes saben que el purín conlleva, además, un
grave problema medioambiental que debe resolverse. El señor Soria dice:
es que yo voy a ahorrar 1,7 puntos del déficit tarifario, pero es que a
la señora Báñez y al señor Montoro les va a hacer perder 2,2 puntos de
sus retribuciones en impuestos y en puestos de trabajo. Es un pésimo
negocio para nuestro país.

Además, ustedes no están haciendo bien las cuentas, por
mucho que presuman de ello. Esta es una cuestión que nos indigna porque
están generando un grave problema donde no lo había. Es cierto que
deberíamos tender hacia un modelo de transición, porque la incorporación
de las nuevas tecnologías nos permite hacer evolucionar los modelos, pero
—como muy bien decía el señor Plana— establezcamos un tiempo
de transición que no obligue a cerrar a las empresas. Eso sería lo más
sensato que podría hacer un Gobierno. Y ustedes no solo cambian las
normas a mitad de partido —les recuerdo que han llevado a cabo 14
cambios en la normativa eléctrica de este país durante los dos últimos 2
años—, sino que, además, la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia les ha dicho ahora a las empresas: de lo que les debo, no les
pago; les pago un 25% y el resto ya veremos. Efectivamente, lo que están
haciendo las empresas es cerrar. Ustedes dicen que nos estamos
recuperando de la crisis mientras las empresas están cerrando.

Francamente creo que en este debate, y en este tema en
concreto, tienen ustedes un problema muy grave. Deben replanteárselo,
deben convencer al ministro de que vuelva a mirar los números, de que no
tiene razón y de que deberían aprobar esta moción por el bien de este
país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el
senador Plana.

El señor PLANA FARRAN: Gràcies, vicepresident.

Seré molt gràfic. Imaginin que quan arriba el producte
transformat, el pernil salat o tots aquells derivats de la carn de porcí,
al costat hi anés ajuntada una part de les dejeccions que estan generant
aquells porcs. Quin cop suposaria per al producte del porcí; quin cop tan
fort sobre aquest esforç de posicionament de la transformació de la carn
de porcí. Al públic, si hi anem d’aquesta manera, fent que aquesta
factura elèctrica repercutís a la ciutadania, també se’ls ha de dir
que en aquest procés de transformació hi ha una part d’alimentació
que hauríem de parlar d’aquesta dependència de les matèries
primeres, que el porc s’engreixa i durant aquest procés està
generant unes dejeccions. I després s’està transformant. Facin
arribar això al ministre Cañete. Diguin-li que tot aquest esforç que diu
del sector del porcí, del jamón, del chorizo i de tots aquests productes
derivats del porcí, pot venir llastrat perquè no hi ha una bona gestió
d’una part d’aquest procés productiu. El que s’està
fent aquí avui és negar que hi ha una realitat. El procés d’engreix
i aquesta integració que s’ha fet, aquest model que hem fet
nosaltres i que ha facilitat aquesta sostenibilitat i aquest arrelament a
nivell territorial, perquè d’alguna manera ha complementat les
rendes dels petits ramaders i agricultors, poden quedar afectats per una
visió economicista a curt termini.

Senadora Romero, vostè ha dit que aquestes plantes que
estan transformant això han rebut en aquests anys 3092 milions
d’euros. Això és voler veure només una part de la situació. Les
relacions econòmiques no són compartiments estancs. Caldria veure com
s’ha generat tot això, quina incidència ha tingut en altres
sectors, quin element ha tingut d’arrelament de productors al
territori, tant que parlem del sector agrari, del món agrari i del món
rural.

També li vull comentar que si vostès veuen excessius
aquests 3092 milions d’euros, ahir el conseller de Catalunya els va
demanar uns diners, perquè hi hagués una gestió al més adequada possible
durant aquest període transitori, i parlava de 30 milions d’euros,
i vostès diuen que és excessiu, que n’ofereixen 2,4. Per tant,
d’una banda diuen que 3.092 milions és excessiu —i podríem
arribar a seure’ns i veure que potser el model productiu s’ha
d’adaptar, i tots els actors implicats en aquesta cadena hi estan
d’acord— i després, quan se’ls demanen en una situació
d’emergència 30 milions d’euros —que per part de la
Unió Europea estan vigilant perquè pot haver-hi un problema
mediambiental— diuen que també és excessiu. Aquí hi ha quelcom que
grinyola.

I també vull parlar-li d’una altra cosa: la
credibilitat. Hi ha intangibles més enllà dels resultats econòmics que
s’han de cuidar, i torno a reiterar el concepte de la marca
Espanya. La credibilitat que pot tenir un Estat que no respecta el BOE,
encara que com va dir el ministre Soria hi hagi doctrina del Tribunal
Suprem que donava una part de raó, fa que a ulls de la Unió Europea
estiguin molt amatents i molt vigilants, perquè el que no pot ser és que
es generin negocis a partir d’unes condicions establertes, que
haurien de ser inamovibles, o si es mouen, amb el vistiplau i amb el
consentiment de tots els actors, i que després hi hagi aquesta situació
de desempara legal que s’està realitzant per part del Govern del
Partit Popular.

Reflexionin, si us plau. Ja sé que aquí no
m’acceptaran la moció —tot i que tenen encara aquest temps
per reflexionar-ho—, però quan surtin d’aquí tornin a
adreçar-se als dos ministres implicats i intentin donar-hi sortida; per
bé dels ramaders, per bé dels productors, per bé dels transformadors i
per bé, si volen, de l’economia d’aquest país.

Gràcies.

Gracias, vicepresidente.

Seré muy gráfico: imagínense que cuando les llega el
producto transformado, el jamón serrano o todos aquellos derivados de la
carne de porcino, les llega también, al lado, adjunta, una parte de las
deyecciones que están generando esos cerdos. ¡Qué golpe supondría para el
producto del porcino! Un golpe muy fuerte que lastraría ese gran esfuerzo
que se está haciendo para la transformación de la carne de porcino. Si le
vamos diciendo al público que nosotros queremos que esta factura
eléctrica repercuta en la ciudadanía, también tenemos que decirle que en
este proceso de transformación del producto hay una parte, que es la
alimentación, que tiene una dependencia de las materias primas, porque el
cerdo se engorda y durante ese proceso genera unas

deyecciones que luego se transforman. Hagan llegar al
ministro Cañete esto. Díganle que todo ese esfuerzo del que habla: del
jamón, del chorizo, de todos esos productos derivados del sector del
porcino, puede venir lastrado porque no hay una buena gestión de una
parte del proceso productivo. Por tanto, lo que se está haciendo aquí hoy
es negar que hay una realidad que, junto con el proceso de engorde y este
modelo de integración que hemos hecho nosotros y que ha facilitado esta
sostenibilidad y este arraigo territorial, ha complementado de algún modo
las rentas de los pequeños ganaderos y agricultores y que puede verse
afectada por una visión economicista a corto plazo.

Usted, senadora Romero, me ha dicho que las plantas
transformadoras han recibido en estos años 3092 millones de euros. Eso es
querer ver única y exclusivamente una parte de la situación. Las
relaciones económicas no son compartimentos estancos. Debería ver cómo se
ha generado todo eso, qué incidencia ha tenido en otros sectores y qué
arraigo tienen los productores al territorio, puesto que hablamos del
sector agrario y del mundo rural.

Quiero comentarle que si ustedes ven excesivos estos 3092
millones de euros, ayer el consejero de Cataluña les pidió que hubiera
una gestión del dinero lo más adecuada posible durante este período
transitorio, y hablaba de 30 millones de euros. Ustedes dicen que es
excesivo y ofrecen 2,4 millones. ¡Hablan de 3092 millones de euros y
dicen que es excesivo! —podríamos llegar a sentarnos para hablar
del modelo productivo, si todos los actores implicados en esta cadena
están de acuerdo en que hay que intentar adaptar ese proceso productivo
en sí—, y cuando se les pide y se habla, en una situación de
emergencia, pues la Unión Europea está vigilando porque puede haber un
problema medioambiental, de 30 millones de euros, también les parece
excesivo. Hay algo que chirría aquí.

Quiero también hablarle de la credibilidad. Hay
intangibles, más allá de los resultados económicos, que hay que cuidar. Y
vuelvo a reiterar el concepto de la marca España. La credibilidad que
puede tener un Estado que no respeta el BOE —aunque haya, como dijo
el ministro Soria, doctrina del Tribunal Supremo que daba parte de
razón—, la credibilidad que puede tener un Estado en ese aspecto
hace que a ojos de la Unión Europea estén muy atentos y muy vigilantes,
porque lo que no puede ser es que se generen negocios a partir de unas
condiciones establecidas que deberían ser condiciones inamovibles, y si
se mueven, que al menos lo hagan con el visto bueno y el consentimiento
de todos los actores, y después se produzca esta situación de desamparo
legal que se está realizando por parte del Gobierno del Partido
Popular.

Reflexionen, por favor. Ya sé que no me van a aceptar esta
moción —tienen aún tiempo para reflexionar sobre ello—, pero
cuando salgan de aquí, vuelvan a dirigirse a los dos ministros implicados
e intenten dar salida a este tema por el bien de los ganaderos, por el
bien de los productores, por el bien de los transformadores y por el
bien, si quieren, de la economía de este país.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el senador señor Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Senadora Romero, le invito a usted
a que vaya a Els Ports, a Morella, a Forcall, totes aquestes viles que
están a la part alta de Castelló, y que vegi el que passa allí; que ho
vegi, que ho té a prop de casa.

El objetivo es reducir el déficit de tarifa. Le recuerdo,
señoría, que cada uno en nuestra casa, todos los ciudadanos españoles,
pagamos bastante más que hace 2 años. Y lo más grave es que ustedes
hablan de la reforma laboral. ¿Saben lo que ha supuesto en este país la
reforma laboral? Por cada euro que se ha ahorrado, suben 2. Las empresas
estamos pagando 2 euros más en coste energético, con lo cual la
competitividad disminuye. Es una contradicción más de las que tiene el
Gobierno. No digan nunca que esto es para reducir el déficit de tarifa.
Podrían decir otra cosa: vamos a proteger al oligopolio energético y
vamos a perjudicar a los más débiles, que son, en este caso, los
ganaderos y agricultores.

Nosotros nos postulamos a favor de las propuestas que hace
la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, ANPROGAPOR; los
sindicatos agrarios ASAJA, COAG y UPA; las cooperativas ganaderas y la
Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines, ADAP,
pero no me quiero olvidar de un sector que es muy importante para la
economía

de este país, ustedes lo van a comprender rápidamente, y es
el sector de la Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo de
Oliva, ANEO. ¿Por qué? Porque recoge todos los alperujos de las
cooperativas oleícolas, no solamente de Andalucía sino de otras partes de
España, y esto les permite la reducción de los costes y el
aprovechamiento de esos productos que irían en perjuicio del medio
ambiente y, por supuesto, repercute en todos los olivicultores del Estado
español.

En relación con las propuestas de eliminar el carácter
retroactivo en la aplicación de la normativa legal y luego buscar
soluciones o entablar conversaciones, ¿qué es lo más importante? Mi grupo
plantea soluciones posibles y viables, tanto económicas como
medioambientales. No olvidemos que aparte de la directiva comunitaria,
tenemos otras situaciones económicas en el territorio. Usar correctamente
los purines permite un crecimiento sostenido del turismo en las zonas
rurales.

Nuestro objetivo está en mantener la actividad económica
del ganado porcino —esto se ha explicado en la exposición de esta
moción—, mantener la actividad de las plantas de purines, evitar la
contaminación de acuíferos y, como decía antes, disponer de alternativas
viables transitoriamente ante la situación que estamos generando o que
están generando en estos momentos.

Nosotros proponemos que se miren actuaciones a largo, no a
corto plazo y que se piensen proyectos para captar inversiones
importantes, porque cuantas más inversiones se generen, habrá, en
contrapartida, más puestos de trabajo y más ingresos derivados de los
impuestos.

Señorías, el optimismo del Gobierno al que estamos
asistiendo todos los días se traduce en otra contradicción: el crédito
concedido a las empresas a petición propia ha disminuido durante el
último año —hablo de febrero a febrero— en un 21%. Si
hablamos de las grandes empresas, en más de un 30%. De esta parte de
crédito que ha ido a las empresas, ha habido refinanciaciones, con lo
cual no todo son inversiones. En consecuencia, si hay un marco económico
en el que la gente está dispuesta a invertir, como son las empresas que
han trabajado en energía renovable, y hay posibilidades de crédito, está
demostrado que nadie puede decir que los bancos no dan dinero, sino que
en estos momentos es a petición de los interesados. Así, aprovechemos la
situación porque hay gente dispuesta a invertir y gente dispuesta a dar
dinero.

Senador Plana, vamos a apoyar la moción —ni qué decir
tiene—, y resumo con lo que decía hace un momento. Vemos que esto
solo beneficia a unos pocos y perjudica a una gran sociedad rural
española, así que reconsideren la postura porque creo que vale la
pena.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
senador.

Para cerrar el debate, por tiempo de cinco minutos, tiene
la palabra la senadora señora Romero en nombre del Grupo Parlamentario
Popular.

La señora ROMERO BAÑÓN: Gracias, señor presidente.

Senador de Entesa, le voy a contestar. Los datos que acabo
de dar están sacados del informe de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia de diciembre de 2013, con datos del año 2012, que son
los únicos que están publicados.

Cuando usted habla del 40%, efectivamente, en España se
producen 50 millones de toneladas de purines. En esta moción solamente se
habla del 5% de esa cantidad, es decir, 2,5 millones. ¿Qué está
ocurriendo, como dijo el ministro cuando compareció en esta Cámara, con
el resto de las toneladas, con 47,5 millones? Que van como han ido toda
la vida, y como van en todos los países europeos, como fertilizantes
directos al campo.

En Europa no hay ningún país que tenga un sistema de
incentivos al tratamiento de purines como el que hay en España desde el
año 1999. Este modelo de negocio, señoría, no existe en ningún otro país
de nuestro entorno. España es el único país que emplea este tipo de
plantas energéticas para el tratamiento del purín de porcino, y ello se
traduce, señorías, en cifras, y no ya económicas, que las he dado en mi
anterior intervención, sino en cifras energéticas. Hay 33 instalaciones
—no 29, senador— entre 1999 y 2009 distribuidas por todo el
territorio español, con una potencia instalada de 414 megavatios que
supone el 1% del anterior régimen especial, con una energía eléctrica
producida de 2951 gigavatios hora, que supone el 3% del anterior régimen
especial, y con un régimen de funcionamiento tan intenso que supera en
cómputo anual las 7000

horas equivalentes. Es decir, como he dicho anteriormente,
son 33 fábricas que supusieron una inversión de 285 millones y han
recibido en primas, pagado por todos los españoles, más de 3000
millones.

Estamos hablando de unos extracostes en la factura de la
luz —el Grupo Parlamentario Popular en el Senado coincide con el
Gobierno y lo apoya— que no son justos. No es solidario ni obedece
al principio de igualdad que los paguemos todos los españoles en nuestro
recibo de la luz al final de mes. No es razonable, teniendo en cuenta
además el déficit tarifario que se ha acumulado, cargar sobre el sistema
eléctrico otros costes que no sean los estrictamente derivados de la
energía eléctrica.

Con la nueva regulación que el Gobierno propone, además de
que se han establecido 15 estándares para el colectivo de estas plantas,
atendiendo su rango de potencia y el año en que entraron en
funcionamiento, no se retira el incentivo del tratamiento, que es lo que
ustedes están pretendiendo hacer creer a todos los colectivos, sino que
lo iguala al resto de plantas de cogeneración. Además, ustedes han
hablado de los 3000 millones de excedente. ¿Saben de alguna actividad
económica en este país que tenga garantizada por ley una rentabilidad del
7,5%? ¿Existe alguna actividad económica en este país que tenga
garantizada por ley esta rentabilidad? Ninguna. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)

Asimismo, la nueva regulación ha recogido la última
doctrina derivada y nacida del Tribunal Supremo como consecuencia de
recursos interpuestos por las multinacionales. Porque, senador del
Partido Socialista, el Partido Popular no beneficia a los oligopolios.
Todo lo contrario. De acuerdo con esta sentencia lo que hace es
establecer una doctrina sobre el rendimiento medio en el mercado de las
obligaciones del Estado con un 10% de diferencial. Eso es lo que está
haciendo. En definitiva, lo que se está intentando es que las inversiones
en las tecnologías de generación sigan estando protegidas y fomentadas en
España con este nuevo marco normativo, pero con una consagración al
principio de rentabilidad razonable y estableciendo unos criterios de
revisión de los parámetros retributivos cada seis años para poder cumplir
con este principio.

Por eso, señorías, entendemos que no se puede aceptar esta
moción, porque es inasumible en los términos y en la situación en que
actualmente se encuentra, porque son unas plantas, un sistema y un sector
de la actividad que ha estado muy reconocido y con un tratamiento
favorable en perjuicio de otros sistemas y de otras actividades
económicas. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio,
por favor.

La señora ROMERO BAÑÓN: Y, precisamente, porque el Gobierno
del Partido Popular no quiere beneficiar a los oligopolios, es por lo que
establece esta nueva regulación para que haya un sistema más justo, más
razonable y sostenible.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ROMERO BAÑÓN: Por último, quiero decirle al
senador del Partido Socialista que la multinacional Dresser-Rand no habla
de pérdidas. Me refiero a lo que usted decía acerca de que nosotros
beneficiamos a los oligopolios.

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.

La señora ROMERO BAÑÓN: Dice que van a perder 4 millones en
beneficios, pero no habla de pérdidas. No nos parece justo, señorías, que
todos los españoles tengamos que pagar en el recibo los beneficios de los
oligopolios.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Romero.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación
del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, con la incorporación de
las dos enmiendas aceptadas del Grupo Parlamentario de la Entesa y del
Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 237; a favor, 98; en contra, 139.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

7. MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE DISEÑE Y
EJECUTE, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS DE LAS CIUDADES DE CEUTA Y
MELILLA, UN PLAN DE ACTUACIÓN EN LAS FRONTERAS Y SU ENTORNO PARA EL
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LAS ANUALIDADES DE 2014 Y 2018.

(Núm. exp. 662/000130)

AUTOR: GPP

El señor PRESIDENTE: Punto 7 del orden del día:
Mociones.

La moción del Grupo Parlamentario Popular ha sido
aplazada.

7.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA LIMITAR LA DEVALUACIÓN SALARIAL.

(Núm. exp. 662/000131)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura al punto 7.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción le ha presentado una
enmienda el Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los senadores
Iglesias y Mariscal. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores).

Señorías, abandonen el hemiciclo en silencio, por favor.
(Rumores).

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Varela, por el Grupo Parlamentario Socialista, si guardan un poco de
silencio... (Rumores). No va a comenzar hasta que no guarden silencio.
Muchas gracias.

Senador Varela, cuando quiera.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, hace algo más de dos años, ya va para dos años y
medio, el Partido Popular llega al Gobierno de España. Sabe y conoce bien
que hay una fuerte crisis que castiga a nuestro país. Conoce, aunque
falsea reiteradamente —y aquí lo escuchamos Pleno tras
Pleno—, cuál es el origen de esa crisis. Sabe que es una crisis que
afecta fundamentalmente a nuestro déficit y a nuestra deuda y, por lo
tanto, sabe que tiene que decidir.

El Gobierno del Partido Popular tiene que decidir cómo se
paga esa crisis y quién paga esa crisis. Esa es la primera gran decisión
del Partido Popular, seguramente ya tomada antes de las elecciones. Y el
cómo se paga esa crisis ya le viene decidido al señor Rajoy, lo decide la
señora Merkel y lo decide la troika; se paga con la lengua fuera, a uña
de caballo, sin que el Gobierno de España tenga la más mínima intención
de modificar tiempos y espacios para que ese cómo pagar la crisis en
España pueda ser más llevadero para el pueblo español.

Y la segunda gran decisión es quién paga la crisis. ¿La
paga el conjunto de España, de los españoles, de sus ciudadanos o no?
Pero el Gobierno también lo tiene claro: no pagarán todos la crisis. No
pagarán los bancos o las entidades financieras, responsables en buena
parte de esa crisis; no pagarán las rentas empresariales; no pagarán las
rentas del capital; no pagarán los altos patrimonios de nuestro país, y
no pagarán los altos salarios de nuestro país. Pagarán los salarios
medios y bajos; pagarán los parados con prestaciones contributivas;
pagarán los parados con subsidio; pagarán los preferentistas; pagarán, en
definitiva, señorías, las clases medias y bajas.

El Partido Popular no está ejecutando un plan de salida de
la crisis, señorías, está haciendo un plan de endoso de la crisis a
determinados sectores y colectivos de nuestro país. Cuando Rajoy habla
del esfuerzo de España y agradece el esfuerzo de España en la salida de
la crisis debería decir que es gracias al esfuerzo de los sectores a los
que les ha endosado la crisis, en lugar de pagarlo solidariamente entre
el conjunto de los españoles. Salir de una crisis es abandonarla,

dejarla atrás. Endosar es algo muy distinto, es colocarla
sobre un colectivo que ha de resultar finalmente el pagano de la
misma.

Ahí, señorías, comienza su diseño para salvar a unos a
costa de los otros. Y actúan sobre las prestaciones. Hoy, solo un tercio
de los parados tienen cobertura de prestaciones contributivas. Reducen
sus cuantías y aumentan las aportaciones a la seguridad social de esas
prestaciones. Y actúan sobre los subsidios en el caso de los mayores de
52 años, cuando parcializan el subsidio para aquellos trabajadores que
tienen un contrato a tiempo parcial, pues el subsidio va en función del
tiempo trabajado. Y, sobre todo, actúan sobre los salarios, que es la
razón de esta moción. Pero no actúan sobre todos los salarios, actúan
fundamentalmente sobre los salarios sujetos a convenio colectivo, es
decir los salarios medios y bajos. Actúan de dos maneras: en primer
lugar, señorías, con decisiones y actuaciones propias del Gobierno, como
es el caso de los salarios de los funcionarios ―que lo puede hacer
directamente el Gobierno―, sobre el salario mínimo interprofesional
o sobre la regulación de las horas extraordinarias; y, en segundo lugar,
actúan también indirectamente a través de la negociación colectiva,
trayendo a las Cámaras una Ley de reforma laboral que lo que pretende,
entre otras cosas, es precisamente esa caída salarial.

Es evidente, aunque lo negaron una y otra vez, que el
objetivo de la reforma laboral es el desplome salarial en España. No sé
si es un objetivo marcado desde fuera o desde dentro, pero es claramente
un objetivo de este Gobierno la caída salarial. Así, señorías, hasta el
momento, en los 2 años de Gobierno del Partido Popular los salarios en
España han caído un 9%. Según indica el Banco de España, los salarios
caen el doble de lo que señala la estadística, pero vamos a reconocer los
datos que hay encima de la mesa, ese más de un 9%, y sabemos que el
objetivo del Gobierno de Mariano Rajoy es que, en los 4 años de
legislatura, los salarios en España caigan en torno al 20%. Ese es el
gran objetivo que se marca este Gobierno.

No pueden hacerse de nuevas, señores del Partido Popular,
señores de la mayoría y señores del Gobierno; no pueden hacerse de nuevas
con esta cuestión porque hace 2 años ya lo dijimos aquí. Recientemente
hemos oído declaraciones hipócritas sobre la inesperada caída de los
salarios o, cuando no, declaraciones negando esa caída de los salarios,
como la del ministro de Hacienda, el señor Montoro. Son declaraciones
hipócritas porque ese era su objetivo cuando pusieron en marcha la
reforma laboral, la caída salarial, e hipócritas, porque se lo advertimos
en esta Cámara.

Señorías, el 24 de abril de 2012, hace ya dos años,
preguntamos al Gobierno sobre los efectos que ya se empezaban a percibir
en los salarios de nuestros trabajadores con motivo de la reforma
laboral. Permítanme un recordatorio de lo que dijimos aquí hace dos años:
«... señora ministra, con la reforma laboral han puesto ustedes en marcha
un remolino infernal que amenaza con tragarse 30 años de trabajo de
varias generaciones de este país.» «Con la reforma laboral han partido
ustedes en dos el fiel de la balanza que permitía el equilibrio en la
negociación colectiva de nuestro país...» «El carácter colectivo era el
que concedía la capacidad de la igualdad de fuerza entre las partes, esa
igualdad de fuerzas propiciaba la necesidad de acuerdo y el acuerdo
propiciaba el diálogo social, que es el modelo que nos dimos durante 30
años y que ustedes han roto.» Les decíamos, señorías, que habían
reglamentado unos convenios en los que los empresarios se sentarían en
los dos lados de la mesa de negociación y que eso supondría, señorías
―como ya dijimos hace dos años―, el deterioro de los
salarios.

Eso les decíamos y hoy es una realidad incuestionable; y
les pedíamos que dijesen la verdad a los españoles: que estaban
procediendo a una devaluación encubierta de parte de nuestra economía, de
solo una parte de nuestra economía, la de las rentas del trabajo de
nuestro país. Una devaluación selectiva y profundamente injusta por
cebarse solamente sobre una parte de la población y de los bienes.

Anunciábamos también, señorías, que la llamada reforma
laboral no era sino una involución clarísima a tiempos pretéritos a la
aprobación de nuestra Constitución, que se pretendía justificar ante la
ciudadanía como un sacrificio necesario para frenar la sangría de empleos
y el aumento del paro como consecuencia de la crisis que nos afectaba;
nada más lejos de la realidad.

Les decíamos que, a corto plazo, los objetivos pretendidos
por la reforma no eran otros que facilitar y abaratar el despido, y
generar una debilidad en la capacidad de negociación de los trabajadores
que tirara indefectiblemente de los salarios hacia abajo.

Entonces anunciamos aquí, señorías, que con esta
formulación no solo no crecería el empleo sino que este disminuiría en
número y se degradaría en calidad, dirigiéndose hacia modalidades de
contratación como los falsos autónomos, los falsos becarios y los
contratos de inserción sin derecho a indemnización por despido. Decíamos
que todo esto configuraría un panorama de desprotección y abuso laboral,
tal y como se está produciendo en este momento en España.

Señorías, si algo caracteriza la reforma laboral del año
2012 es sin duda la capacidad de los empresarios para producir
modificaciones unilaterales de las condiciones de trabajo sin
encomendarse ni a Dios ni al diablo. Es la implantación de unos convenios
de duración limitada, que pueden ser modificados por acuerdos de empresa
o por meras decisiones unilaterales de los empresarios, lo que ha tenido
un efecto demoledor sobre las condiciones de trabajo y, singularmente,
sobre los salarios de los trabajadores.

Les dijimos, señores de la mayoría, que la quiebra social
no iría unida a beneficios en nuestra economía, que se deprimiría el
consumo interno, que sería desincentivado el esfuerzo de los jóvenes por
alcanzar una mayor cualificación, puesto que no sería reconocido ni su
nivel ni su salario, que se potenciaría la emigración de nuestros jóvenes
más capacitados y que se resentiría la investigación y la innovación
tecnológica con empleos de remuneración y calidad adecuada como
plataforma necesaria de un nuevo modelo productivo de nuestro país.

Señorías, sobre la caída de los salarios y, por tanto, del
consumo interno está sobrevolando el fantasma de la deflación que hoy nos
amenaza: caída de salarios, caída de consumo, caída por tanto de la
inflación y posible deflación. Les dijimos que su Gobierno, volviendo la
vista atrás, muy atrás, señorías, fiaba todo su proyecto en la capacidad
de producir y competir de España en función de bajos costes laborales.
Lamentable e inútil esfuerzo, señorías, porque en este mundo globalizado,
tristemente, siempre hay quien lo haga más barato.

No ser conscientes de que el que sale adelante es el que lo
hace mejor y no el que lo hace más barato, es estar ciego ante la
realidad del mundo actual. Y estamos aquí, señorías, en 2014; no nos
gusta, pero los peores augurios se han cumplido: caída brutal del empleo
asalariado, caída de la estabilidad laboral, jornadas negras encubiertas,
caída de las prestaciones por desempleo, caída de la tasa de cobertura,
caída de los salarios de forma intensa y continuada un 9%, como decíamos,
señoría, casi el doble, según apreciaciones del Banco de España, y, como
consecuencia de todo ello, la resultante es un aumento sin precedentes de
la desigualdad en la distribución de la renta disponible de nuestro
país.

Señoras y señores senadores, si ha habido un campo en el
que el Partido Popular utilizó la demagogia en la etapa del Gobierno
anterior ha sido el del empleo. Para el Partido Popular el mayor fracaso
de Zapatero fue que las cifras del desempleo alcanzaran los 5 millones de
parados. Hoy, cuando han transcurrido más de dos años de la legislatura
de este Gobierno de Mariano Rajoy, el paro se ha incrementado en 1 millón
de personas, y los ocupados han caído en 1 400 000 personas, y se
pretenden ofrecer a los ciudadanos, como una de las claves del éxito de
la política del Gobierno, estos resultados. El real decreto que regulaba
la Ley de la reforma laboral, dos años después de su aprobación, ha
demostrado dos graves efectos perversos: por un lado, ha sido responsable
de la mayor pérdida de empleo asalariado que se ha producido en un bienio
en nuestro país; la mayor pérdida de empleo de un bienio, repito. Y, como
ya comentamos, el segundo efecto de la reforma laboral ha sido romper el
equilibrio en la negociación colectiva, favoreciendo la posición de las
patronales. Esa ruptura del equilibrio también ha supuesto la mayor
pérdida de capacidad adquisitiva de los asalariados que se ha producido
nunca en nuestro país en un período tan corto. Esta pérdida salarial
ocasiona además graves problemas, incluso de supervivencia de las
familias, y una restricción del consumo interno que imposibilita
materialmente la salida de la crisis.

Señoras y señores senadores, esta es una situación
francamente complicada. Después de negar la reducción salarial como uno
de los objetivos de la reforma laboral, recientemente la señora Báñez ha
afirmado que el Gobierno defiende el ajuste salarial coyuntural de esos
palabros a que nos tiene acostumbrados el Partido Popular para ocultar la
realidad de lo que pretende. De esta manera, por fin se reconoce en
España lo que ya se venía afirmando fuera de ella, que el ajuste salarial
no es una consecuencia indeseada, sino que formaba parte de los objetivos
del Gobierno en la redacción de la reforma laboral. Lo que no nos ha
dicho la señora ministra de Empleo, y nos gustaría que nos dijera, es de
qué instrumentos piensa dotarse para que el ajuste

salarial que califica de coyuntural no se convierta en
estructural. O dicho de otra manera, dónde está el límite de la política
de devaluación que, por no poder ser monetaria en un marco de moneda
única, se ha cifrado exclusivamente por el Gobierno en las rentas
salariales; más bien diría, señorías, se ha cebado en las rentas
salariales.

Señorías, el resultado de todas estas decisiones es que los
desequilibrios buscados por la reforma laboral en la negociación
colectiva comienzan a acreditar sus objetivos y a mostrar sus
consecuencias en la medición de nuestro PIB según las rentas. En los
últimos 2 años con respecto a los 2 anteriores, las rentas salariales han
caído en nuestro país en 44 000 millones de euros, al tiempo que los
excedentes empresariales han crecido en 18 000 millones de euros. Los
salarios medios y bajos, puesto que los altos no han sufrido esa caída,
están pagando el pato de la crisis; no solo pierden capacidad, sino que
transfieren rentas a los excedentes empresariales. Más injusto no puede
ser, señorías.

Nuestro modelo económico para salir de la crisis, ese que
intentamos poner como ejemplo para el mundo, no es otro, señorías, que el
desequilibrio en el reparto de la riqueza del país. Un modelo que en esto
se separa de lo que están haciendo los otros países de nuestro entorno
europeo, gobernado igualmente por partidos de derechas. También en esto,
señorías, nuestra derecha es radical e injusta ya que hace que la carga
de la crisis sea soportada por aquellos que no están en ningún modo en el
origen de la misma.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el senador
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

La enmienda que hemos presentado pretende que se produzca
un aumento de la cuota patronal en la cotización por horas
extraordinarias, que está fijada, como sus señorías saben, en el 23,6%, y
que se incremente la sanción por superar el límite máximo anual de 80
horas extraordinarias. En este momento la sanción se mueve entre 300
euros con 52 céntimos y 3005 euros con 6 céntimos. Y ello porque en un
momento en el que el empleo es un bien escaso, en el que hay un
elevadísimo número de desempleados, no es admisible que las horas
extraordinarias dejen de ser eso, dejen de ser extraordinarias para
convertirse en un elemento que permite a las empresas no generar puestos
de trabajo aun cuando aumente la demanda y la producción. En mi comunidad
autónoma hay un ejemplo paradigmático: una multinacional del acero, que
hace unos meses en la negociación logró imponer a los trabajadores una
rebaja salarial del 8,5%, realizó en sus plantas asturianas el pasado año
200 000 horas extras. Superó de esta manera el límite máximo de las 80
horas por trabajador. Y la sanción que tuvo como consecuencia de la
visita de la Inspección de Trabajo por ese exceso de horas fue de poco
más de 6000 euros. Una cantidad ridícula porque, según cálculos
sindicales, las horas extraordinarias realizadas, de no haberse llevado a
la práctica, hubieran obligado a la creación de 117 puestos de
trabajo.

Por no hablar de esas horas extraordinarias que no se
pagan, que son un fraude cada vez más amplio. Según la encuesta de
población activa del último trimestre de 2013, en ese trimestre se dio un
aumento de las horas extraordinarias no pagadas del 28,6%, llegando a
suponer 3,38 millones de horas, equivalentes a 84 540 puestos de trabajo
a jornada completa. Como tuvimos oportunidad de expresar en otros debates
y también apuntaba el portavoz proponente de la moción, la mayoría de
estos fraudes se producen en los contratos a tiempo parcial ya que desde
la aprobación de la reforma laboral se ha visto cómo se incrementaba el
número de horas extraordinarias no remuneradas en un 104% en este tipo de
contratos. Seguramente, antes había algo de fraude en la contratación a
tiempo parcial en relación con las horas extraordinarias realizadas y no
pagadas, pero al menos había la posibilidad de que la Inspección de
Trabajo pudiera detectarlo, levantar las actas correspondientes e imponer
las sanciones previstas en nuestra legislación, aunque estas sanciones
resulten muy poco disuasorias para aquel empresario desaprensivo que tome
la decisión de superar los límites máximos legales fijados para la
realización de horas extraordinarias.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra el senador Varela, para indicar si acepta
o no la enmienda.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Quiero manifestar que vamos a aceptar la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los
senadores Iglesias y Mariscal, puesto que, como se puede comprobar en la
moción, nosotros ya trasladamos en la propia parte dispositiva nuestra
preocupación por lo que está pasando con las horas extraordinarias porque
se está produciendo en nuestro país una situación muy curiosa,
paradójica.

La enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Mixto
mejora el texto en el sentido de un mayor rigor y un más amplio control
de estas horas a través de la Inspección. Y digo que se produce una
situación muy paradójica porque, por una parte, estamos viendo que crece
el desempleo de manera galopante y, sin embargo, paralelamente, se está
produciendo una expansión de las horas extraordinarias no reguladas, es
decir, de las horas ilegales.

Como bien saben ustedes, la capacidad para hacer horas más
allá de la jornada reglamentaria de las 40 horas semanales se cifra en 80
horas al año. Por lo tanto, si analizamos el cómputo de las horas
habituales trabajadas, que nos facilita la EPA, en relación con las
jornadas laborales en nuestro país, resulta que nos encontramos con que
de los 419 millones de horas que se realizan cada semana en nuestro país,
11 561 568 horas, es decir, 11 millones y medio de horas son ilegales; no
quiere decir que no sean retribuidas sino que, como las horas a las que
se refería el señor Iglesias, están por encima del límite permitido de
horas extraordinarias. Y esto es lo mismo que decir que si esos 11
millones y medio de horas ilegales no se hubieran realizado, se habrían
creado 326 838 empleos durante el mismo periodo de tiempo. Esto no solo
es curioso sino que incluso resulta deprimente pensar que más de 320 000
personas podrían estar trabajando en el tiempo en que se realizan esas
horas extraordinarias ilegales.

Y otro dato no menor. Los menores de 30 años, en el año
2013, perdieron 188 802 empleos. Si las horas ilegales realizadas por los
menores de 30 años, por ellos mismos, por este mismo colectivo, se
hubieran traducido a empleo, la destrucción hubiera sido un 23% menor, es
decir, habría habido, en ese colectivo de menores de 30 años, 43 000
empleos más en nuestro país simplemente con que este colectivo de los
jóvenes menores de 30 años no hubieran realizado horas extraordinarias
por encima de las legalmente permitidas.

Por lo tanto, cómo no, aceptamos con mucho gusto la
enmienda del Grupo Parlamentario Mixto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

¿Turno en contra? (Pausa).

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo para agradecer que se haya aceptado nuestra
enmienda y para expresar mi conformidad con el texto de la moción.

No quiero ser reiterativo, por tanto, doy por reproducido
lo que manifesté en relación con una moción debatida en la tarde de ayer,
tanto en lo referente al incremento de la temporalidad, al aumento del
trabajo a tiempo parcial, a las consecuencias de la promoción del
contrato de autónomos en cuanto que favorece la generación de empleo de
falsos autónomos, como en lo que tiene que ver con la rebaja de los
salarios y el incremento de los márgenes empresariales, que además
también han sido motivo de referencia por parte del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Me centraré exclusivamente en el hecho de que la reforma
laboral obviamente no está alcanzado los objetivos que expresamente se
pretendían, que justificaban la misma desde la perspectiva del Gobierno y
del grupo que lo sustenta y, además, ni tan siquiera está satisfaciendo a
los empresarios, que siguen diciendo que no basta, que siguen exigiendo
nuevas reformas que contribuyan a empeorar las condiciones de trabajo y
que les permitan continuar profundizando en el ajuste salarial, y de
alguna forma lo han ido consiguiendo a través de esos retoques, más o
menos encubiertos, que se han venido produciendo desde el Gobierno de la
nación a la reforma laboral; al menos en 11 ocasiones ya se ha retocado
la reforma laboral para remover aquellos obstáculos, en la mayoría de los
casos fruto de la interpretación de juzgados y tribunales, que

significaban que no se alcanzaba el grado de
flexibilización que desde el Gobierno se pretendía lograr. Y, como digo,
ello ni tan siquiera satisface a esas organizaciones empresariales que
desde la perspectiva más dura y neoliberal siguen apostando por lo que se
llama el contrato único, cuya creación no se haría lógicamente a partir
de unificar los derechos de los contratos precarios con los derechos
propios de los contratos fijos sino que se traduciría en convertir en
absolutamente precario todo el mercado laboral. De alguna manera, ello se
está logrando con la reforma aprobada en tanto en cuanto ésta aumenta la
dualización del mercado de trabajo que, como recordarán sus señorías, era
otro de los argumentos o de las coartadas con las que se pretendía
justificar esta reforma laboral. Pero ¿va a permitir esta reforma laboral
superar esa dualización? Al contrario. El incremento de los contratos
precarios, la reducción de las condiciones laborales, la caída de los
salarios cada vez hace mayor la franja que separa a los trabajadores que
disfrutan —y nunca mejor dicho— de un contrato estable y con
derechos de aquellos otros que acceden al mercado laboral en las
condiciones de jungla que ha abierto la reforma laboral.

Concluyo con el último extremo al que hace referencia la
moción, la necesidad de actualizar el salario mínimo interprofesional. Si
ello siempre es necesario, ahora es más importante un incremento notable
del salario mínimo interprofesional cuando, también como consecuencia de
la reforma laboral, del laberinto en el que ha metido a la negociación
colectiva, de las facilidades para el descuelgue de los convenios
colectivos realizado por muchas empresas el salario mínimo
interprofesional desgraciadamente acaba siendo el referente salarial de
un número cada vez más importante de trabajadores. Y la contención en el
incremento de ese salario mínimo interprofesional está siendo otro
elemento de la devaluación interna y otro elemento que contribuye a lo
que apuntaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, esta crisis
en sí y las políticas que se están aplicando y la reforma laboral están
logrando una redistribución de la riqueza del Estado más injusta en tanto
en cuanto la parte de la tarta del producto interior bruto que
correspondía a las rentas del trabajo se reduce para incrementar la parte
de la tarta, la participación en el producto interior bruto de las rentas
del capital sin que ello se esté traduciendo ni esté significando un
incremento del nivel de empleo.

Por tanto, quienes están haciendo caja gracias a esta
reforma laboral y al conjunto de las políticas con las que se está
afrontando la crisis, de nuevo, están prefiriendo jugar a la especulación
y no a la economía real, y ello, además, se está produciendo porque se
alienta no solamente dentro de nuestras fronteras sino en relación con la
captación de inversores extranjeros. Resulta muy llamativo que cuando se
vende como un gran éxito que de nuevo los inversores confían en España,
nos encontremos con que, en 2013, esos inversores que acuden a España con
sus recursos han reducido su participación en la economía real en las
empresas productivas por encima del 38% y, sin embargo, han incrementado
su participación en el negocio inmobiliario por encima del 60%. Supongo
que ello responde a esos paquetes de viviendas que la Sareb está
vendiendo a fondos buitres por un precio medio que no llega a los 78 000
euros, sin que ello contribuya en ningún caso a una rebaja del precio de
la vivienda en nuestro país para los ciudadanos y, por tanto, a facilitar
su acceso al ejercicio del derecho a la vivienda.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Vaya por delante el apoyo de mi grupo parlamentario a la
moción porque, además, se ha visto sumamente enriquecida con la
aportación, vía enmienda, del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de
Izquierda Unida, incluyendo no solamente en la parte expositiva sino
también en la dispositiva lo que suponen las horas ilegales, las horas
extras por encima del tiempo pactado.

Efectivamente, es una moción que viene muy al caso porque
estamos experimentado durante los últimos años una caída en picado del
empleo estable, asalariado e indefinido. Comentaba también en un proyecto
de ley, hace 2 o 3 Plenos, que en las medidas de protección de los
trabajadores a tiempo parcial se está dando una circunstancia de
trialización del empleo. Si antes hablábamos de dualización y veíamos que
había grandes diferencias a nivel salarial y de protección social de los
trabajadores temporales e indefinidos, ahora a estos se están sumando
—y por eso hablamos de trialización del empleo— los
trabajadores a tiempo parcial que, como bien han

señalado quienes me han precedido en el uso de la palabra,
en muchos casos están sustituyendo jornadas a tiempo completo por
jornadas a tiempo parcial, haciendo un abuso de las horas extraordinarias
para llegar, incluso, a situaciones de manifiesta ilegalidad. Por esta
razón, bienvenida sea la enmienda que ha tenido a bien incorporar el
Grupo Parlamentario Socialista.

Todas estas cuestiones, toda esa trialización, toda esta
pérdida de empleo estable, asalariado e indefinido, es evidente que tiene
una causa fundamental, que es la coyuntura económica, la crisis
económica, pero no es menos cierto que ya de por sí se está viendo
agravado en mucha medida, además, por las reformas emprendidas por el
Gobierno del Partido Popular y, especialmente, por la reforma laboral,
que viene a consagrar la unilateralidad en las relaciones laborales,
rompiendo el equilibrio preexistente entre patronal y trabajadores, algo
que ya existía con el anterior modelo de negociación colectiva, y
añadiendo de esta forma un elemento más de desprotección de los
trabajadores asalariados frente al despido, frente a las
deslocalizaciones de empresas y también frente a las reducciones
salariales, que es la cuestión que hoy en día traen ustedes a colación
con esta moción.

Hay dos matices que quiero hacer a su moción, y el primero
de ellos consiste en que son muchas las empresas que se han acogido a
estas medidas incorporadas por la reforma laboral para poner en práctica
todo este tipo de medidas de flexibilización unilateral, de
deslocalización, de reducción salarial, pero no todas se han acogido a
estas medidas; de hecho, son muchas las empresas que han hecho caso omiso
del descuelgue de los convenios colectivos y han seguido aplicando
convenios colectivos —creo que el senador socialista lo ha
mencionado durante su intervención— y que han acometido
moderaciones salariales pactadas con los sindicatos atendiendo a la
coyuntura económica, al margen de las medidas que les permitía aplicar la
reforma laboral. Y se les debe rendir homenaje porque es evidente que
todas las empresas, pero, sobre todo, las pequeñas y medianas, están
haciendo un ímprobo esfuerzo por mantener el empleo y la capacidad de sus
trabajadores. Pero es cierto que una buena parte —la mayoría, por
desgracia— se ha instalado en esa cultura de o lo tomas o lo dejas,
que, además, viene favorecida por la reforma laboral que está dejando en
manos de la patronal el establecimiento de cuáles tienen que ser las
condiciones de trabajo. Es una cultura, como decía, diametralmente
opuesta a cualquier cosa que se parezca a lo que debería ser —y a
lo que ha sido— un proceso de negociación colectiva. Ante el
panorama laboral existente, ante las pobres expectativas de creación de
empleo a corto plazo —tenemos que recordar que el Fondo Monetario
Internacional ya ha dicho que en el año 2014 se va a crear prácticamente
una cifra residual de empleo y que en 2015 este crecimiento de empleo
tampoco va a ser apreciable, al menos a nivel social, lo que llamamos
economía real—, los trabajadores y trabajadoras están condenados a
un trágala, que en la práctica, en muchos de los casos, supone trabajar
más horas, en peores condiciones y por salarios mucho más bajos. Es
difícil cuantificar las reducciones salariales. Es muy difícil decir en
cuánto han bajado los salarios, sobre todo, porque las fuentes son
diversas y cada una dice una cosa. Los sindicatos dicen algo, luego el
Gobierno dice otra cosa distinta, que viene luego rebatido por el Banco
Central Europeo, que, a su vez, es desmentido por los datos que ofrece la
OCDE y, finalmente, acaba saliendo la CEOE, con el propio señor Rosell a
la cabeza, diciendo que, efectivamente, en España los salarios están
bajando mucho más de lo que el Gobierno dice, con lo cual, es difícil
cuantificarlas. Lo que es evidente es que los salarios han bajado y
mucho, lo suficiente como para que la economía entera se esté
resintiendo. Sabemos que en Francia el nuevo Gobierno del señor Hollande
está planteando ya medidas para complementar los salarios más bajos.
Porque, efectivamente, la reducción salarial no es un problema exclusivo
de los trabajadores que ven mermados sus ingresos y su capacidad
adquisitiva. Es un problema de toda la sociedad porque actúa
negativamente frente a la demanda interna y frente a la capacidad de
compra que pueden tener los propios trabajadores.

Segunda cuestión que me gustaría introducir en la moción y
que echo en falta. La moderación salarial no es exclusiva de los
asalariados. También la Función Pública ha sufrido una moderación
salarial y unos recortes salariales muy muy muy importantes, que también
afectan, evidentemente, al conjunto de la economía. Como decía, también
los trabajadores de las administraciones públicas han visto su salario
muy reducido. También aquí es difícil cuantificar. Durante la última
semana hemos visto que, fundamentalmente, los sindicatos han salido con
cifras. Voy a poner solamente algunos casos y cójanmelo también como lo
que es, es decir, lo que han dicho sindicatos de

determinadas comunidades autónomas. Puede que los datos
varíen, según las fuentes. Pero es evidente —y todos los
sabemos— que en los últimos años, además del 5% de recorte salarial
para los funcionarios públicos que estableció Zapatero, ha habido
congelaciones salariales durante los años posteriores y además se les
quitó una paga extra. O sea, que era también un buen pellizco de lo que
era su salario. Como decía, estos sindicatos situaban, por ejemplo, que
en la comunidad autónoma de Murcia se había visto recortada la capacidad
adquisitiva de los trabajadores en cinco años en más de un 30%. Para el
caso de la Comunidad Foral de Navarra esta pérdida de capacidad
adquisitiva algunos sindicatos la cifraban en torno al 18% y un 25%, en
el caso de Aragón. Cojamos estos datos como lo que son. Pero sí que
quisiera hacer hincapié en eso, en que también los funcionarios públicos
han visto que sus salarios se han reducido drásticamente.

Casi toda la reducción salarial aplicable para los
funcionarios responde a medidas impulsadas por el Ministerio de Hacienda,
hay que decirlo. Parece que los únicos que se van a salvar —o que
se han salvado— de esta reducción generalizada —y lo sabemos
desde esta mañana en que lo han publicado los medios— va a ser la
Guardia Civil. A ellos sí que les van a subir los sueldos. Quiero
aprovechar que el señor Montoro está en esa fase generosa —inédita
en él— para que haga extensiva esta generosidad también al resto de
las administraciones públicas y reconsidere la reducción de la tasa de
reposición, por ejemplo, que hoy en día está en el 10%, que tiene
totalmente colapsados a servicios públicos básicos como puede ser, por
ejemplo, el de la sanidad, como puede ser el de la educación y como es,
particularmente, el de las administraciones locales, sobre todo, de los
ayuntamientos muy pequeños, que tenemos un problema muy importante con
ese tema, y también el ámbito universitario, que tiene totalmente
colapsado su sistema de promoción interna por esta tasa de reposición del
10%. Esto es lo que está obligando a que los funcionarios públicos tengan
que hacer, además de su trabajo, el de quienes no han podido ser
sustituidos por culpa de esa de reposición de un 10%, que es,
ciertamente, inviable y que está ahogando económicamente también a la
Administración Pública. En este sentido, funcionarios y asalariados se
ven obligados a trabajar más por menos. Es triste esta equiparación, es
triste que se les tenga que equiparar por vía de la reducción salarial y
admitir que, efectivamente, están sometidos a una situación que es
sumamente insostenible. Como mencionaba antes, en Francia hemos visto que
ya el Gobierno francés va a adoptar medidas para intentar complementar
estos salarios más bajos.

En este sentido, debería tomar nota el señor Rajoy y
reconsiderar, a su vez, si las circunstancias actuales son las más
adecuadas para congelar el salario mínimo interprofesional que, como bien
decía el senador Iglesias, se está transformando, se está convirtiendo en
el salario de referencia para muchos convenios de ámbito estatal. Quiero
recordar que para el año 2014 el salario mínimo interprofesional se ha
congelado, se sitúa en 645,30 euros al mes. Es la mitad que en los países
de nuestro entorno, la mitad que en Francia, que en Bélgica, que en
Irlanda o que en Holanda, algo menos de la mitad de lo que es en Reino
Unido, que está en torno a los 1240 euros. Nos estamos acercando al
salario mínimo interprofesional de Grecia. ¿Es este el momento adecuado
para hacer eso, cuando los convenios estatales se están convirtiendo en
referencia para la firma de otros muchos convenios? Entendemos que no y,
por tanto, vaya por delante nuestro apoyo a esta moción con estos dos
matices que, estoy segura, ustedes comparten conmigo; no tengo la menor
duda.

Así pues, votaremos a favor.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra
el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

En primer lugar, quiero anunciar el voto favorable de mi
grupo a la moción del Grupo Parlamentario Socialista, presentada por el
senador Varela, porque compartimos, desde la exposición de motivos, todos
los puntos que en la misma se plantean y también la incorporación hecha
por el senador Iglesias.

Quisiera pedir que, siempre que hablemos de la reforma
laboral y del empleo, lo hagamos con cierto pudor estadístico y rubor
intelectual. Lo digo porque he escuchado algunas intervenciones

en el debate sobre el informe del Defensor del Pueblo que
se alejaban mucho de este pudor estadístico y de este rubor
intelectual.

En el plan de reformas presentado por el Partido Popular
uno de los principales objetivos era la devaluación interna, un concepto
que aparece en el preámbulo de la Ley de internacionalización de la
economía; no es un concepto académico, ni periodístico ni político de la
oposición, sino que es un concepto que utiliza el Gobierno, y su
principal instrumento ha sido y es la reforma laboral.

En mi intervención para justificar nuestro apoyo a esta
moción hablaré solo de dos cuestiones: de salarios y de empleo. ¿Cómo ha
afectado la reforma laboral a los salarios? ¿Se han reducido? Sí, es
innegable; solo en las grandes empresas se han reducido en estos dos
últimos años un 10%. ¿Qué efectos tienen estas rebajas salariales? Pues
les voy a anunciar seis. El primero es que deprimen la demanda interna,
que debería ser uno de los instrumentos más eficaces para el
relanzamiento económico. El segundo es que provocan una nueva categoría
de pobreza, que es la pobreza laboral. ¿Y cómo definir la pobreza
laboral? Pues es la que sufren todas aquellas personas que, aun teniendo
empleo, no perciben los ingresos suficientes para salir de la pobreza. ¿Y
a cuánta gente afecta? Según la Unión Europea a un 12% de las personas
que están en el mercado laboral. Es decir, se da en personas con empleo,
pero cuyos ingresos les colocan por debajo del umbral de la pobreza.

Asimismo se han incrementado en más de un 10%, a partir de
la congelación del salario mínimo interprofesional, los trabajadores que
solo perciben ese salario mínimo interprofesional, salario que en dos
años ha perdido un 5,5% de poder adquisitivo. Con el actual salario
mínimo interprofesional en un hogar de un solo miembro se bordea el
umbral de la pobreza; en un hogar con dos miembros ya se está por debajo
de él. Otro efecto de la rebaja salarial es que se ha incrementado la
brecha entre hombres y mujeres; las mujeres cobran un 30% menos que los
hombres. Y por último, estas reducciones salariales, o en el mejor de los
casos las congelaciones de las retribuciones, hacen aún más insoportables
los incrementos de los suministros y servicios básicos. La contención a
la baja del IPC no corrige esta situación, y aparece un nuevo fenómeno,
como es el de la pobreza energética.

Señorías, desde hace años, mucho antes de que empezara la
crisis, los incrementos salariales han estado por debajo de los índices
de productividad. Con esta crisis esa brecha se ha agrandado, y les daré
solo un dato. La participación de los salarios en la renta nacional ha
caído 6 puntos entre 2009 y 2013. En el mismo periodo la productividad
laboral se ha incrementado un 9% acumulado. Todo ello supone que España
sea un caso único en la Unión Europea. De todos los países de la Unión
Europea en los que ha habido una pérdida de riqueza, solo en España
aumenta el excedente empresarial. ¿Y ello por qué? Pues porque con las
rebajas salariales se ha compensado la totalidad de la pérdida de la
riqueza y una parte de ello se ha cedido al excedente empresarial, lo
cual es una verdadera inmoralidad.

¿Y cómo afecta la reforma laboral al empleo? Creo que todo
el mundo compartirá la idea de que estamos en unos niveles insoportables
de paro: un 26% de paro con un paro juvenil por encima del 54%. Esto es
realmente un drama social, es una fuente de desigualdad generadora de
pobreza y un factor de descohesión social.

Como hará referencia —me imagino— la portavoz
del Partido Popular a los datos del mes de marzo, voy a decir que yo
prefiero escuchar datos positivos de empleo y de afiliación a la
Seguridad Social que datos negativos. ¿Pero qué pasa realmente con el
empleo? De momento la reforma laboral sigue costando 1,3 millones de
empleos; los contratos a tiempo parcial eran el 23% en 2006 y ahora son
el 35%; la duración media de los contratos ha bajado 25 días en el mismo
período. ¿Qué ha pasado este mes de marzo? Que se han incrementado las
personas afiliadas a la Seguridad Social pero trabajando menos horas y
con salarios bastante más bajos. Ya iremos analizando lo que vaya
sucediendo en el mercado laboral en 2014, lo que sí sabemos ya es que en
2013 se destruyeron 265 000 empleos a tiempo completo. Lo que sí sabemos
ya también es que en el primer trimestre de este año hay 110 000 personas
afiliadas menos que en el primer trimestre de 2013. Insisto: prefiero
datos de marzo positivos que negativos, pero esta es la realidad de qué
tipo de datos son y el contraste con el año pasado.

En definitiva, ¿qué está pasando? Que cada vez hay más
personas que trabajan menos horas de las que desean, con menos salario,
en peores condiciones y sin beneficiarse de la cualificación que poseen.
¿Y qué está sucediendo con este gran incremento de la temporalidad? Pues
que se

está precarizando el mercado laboral. Y si sumamos paro más
precariedad, ¿cuál es el resultado? Pobreza. Paro y precariedad ya se
escriben con «p» de pobreza, escribía Antonio Casado, y yo lo comparto:
pobreza severa y estructural. El informe de Cáritas habla de 700 000
familias en las que no entra ningún ingreso; hogares con todos los
miembros en paro, 1 800 000; el 40% de los parados sin cobertura ninguna;
antes decía, el 12% de los trabajadores con empleo pero por debajo del
umbral de la pobreza; parados de larga duración en crecimiento; según
Eurostat, el 26,8% de la población española por debajo del umbral de la
pobreza; más de un tercio de nuestros niños viven en riesgo de
pobreza.

En conclusión, señorías, especialmente señorías del Partido
Popular, la gestión, el cómo han abordado ustedes la crisis económica ha
generado una gravísima crisis social, su apuesta de descargar en la
espalda de la clase trabajadora y las capas medias los costes de la
crisis está generando no solo más pobreza, sino especialmente mayor
desigualdad. A nadie se le escapa también que el 20% de la población más
pobre hoy es más pobre y que el 20% de la población rica aún hoy es más
rica. Ha habido y hay una total impunidad de los responsables de esta
crisis, crece el enriquecimiento de los poderosos —antes hablaba de
lo que ha representado el incremento de los excedentes
empresariales—, todo esto se ha realizado sin ningún tipo de
diálogo, con una actitud autoritaria, laminando derechos laborales y
sindicales y, evidentemente, el resultado es la ruptura de la cohesión
social. Yo no sé si tarde o temprano saldremos de la crisis, pero lo que
sí va a quedar en España es una gravísima crisis social, que ha llegado
para quedarse, que se incrementa y se dramatiza con sus medidas.

Es por todo esto que mi grupo parlamentario va a votar la
moción, la oportuna moción del senador del Grupo Parlamentario Socialista
señor Varela, y es por ello que pido también el voto a la misma.

Gràcies, senyor president. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor
Presidente.

Pel que fa al punt 1 de la moció presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, instant a derogar els articles 12, 13, 14 i 18
de la Llei 3/2012, per retornar a la seva redacció anterior, hem de dir
que no hi estem d’acord. I no hi estem d’acord per diversos
motius.

Entenem nosaltres i això no ens hem cansat de repetir-ho:
la reforma laboral no és la culpable de tots els mals. La seva aprovació
era necessària i si bé no ha tingut tots els efectes positius que se
n’esperaven, aquest grup no està d’acord tampoc, de moment,
en la seva derogació parcial ni total. Els eixos principals de la
reforma, centrats en la flexibilitat interna de les empreses, com a
recurs alternatiu als acomiadaments, en la millora de
l’ocupabilitat dels treballadors (amb nous drets de formació), i en
la consecució d’una nova estructura de la negociació col·lectiva
que ajudi a les empreses a adaptar les seves condicions a les exigències
del mercat, han suposat un canvi important en la manera d’entendre
les relacions laborals. La reforma laboral ha flexibilitzat el mercat de
treball, tot i que no ha creat ocupació, i en això hi estem tots
d’acord.En el seu moment el meu grup va considerar que era
necessari que a Espanya es posés en marxa una nova reforma del mercat de
treball orientada a millorar la posició competitiva de les seves empreses
i a corregir algunes de les disfuncions del mercat de treball, en la
perspectiva d’introduir elements de flexibilitat per a fer possible
el manteniment de l’ocupació, i que marqués un camí de seguretat
pel moment en què arribés la recuperació econòmica per a crear ocupació.
Però els impactes que pot tenir a mitjà i llarg termini la reforma
laboral han d’anar acompanyats de mesures a curt termini enfocades
a la immediata creació d’ocupació, que és evident que la reforma
laboral no està comportant. La reforma laboral havia d’anar
acompanyada també d’una reforma financera que permetés que les
petites i mitjanes empreses poguessin accedir al crèdit. També, a part de
fer fluir el crèdit a les empreses, que són les que creen ocupació, calia
no deixar en situació de caiguda lliure a les famílies que no tenen cap
mena d’ingrés i no retallar en polítiques actives d’ocupació
precisament en el moment en què eren més imprescindibles.

Davant d’aquesta situació, però, el govern en comptes
d’incrementar les partides pressupostàries i les accions per a
incentivar l’ocupació, ha portat a terme una forta retallada en
polítiques actives d’ocupació i en les prestacions per desocupació
i no ha dotat dels recursos necessaris a les Comunitats Autònomes i els
Municipis per a fer front als ajuts que han de prestar a les persones en
situació de desocupació que han esgotat tots els subsidis.Calia doncs
acompanyar la Reforma Laboral, de mesures que propiciessin l’accés
al crèdit per a petites i mitjanes empreses i sobretot, d’un pla de
xoc contra l’atur que a hores d’ara no hi és, i
desgraciadament ni se l’espera.

Cal insistir que aquest Grup Parlamentari ha presentat fa 1
any i 1 mes una moció sobre e Pla de Xoc a la Comissió de Treball i
Seguretat Social i que a data d’avui encara no s’ha pogut
veure donat que la seva presidenta no ha convocat la Comissió a aquest
efecte. Així doncs, podem repartir una mica les culpes o les
responsabilitats, com millor prefereixin. El Partit Socialista per no
reaccionar a temps i deixar que el fantasma de l’atur s’anés
instal·lant i el Partit Popular per reaccionar de forma parcial; buscant
l’acord per a una Reforma Laboral que només podia desplegar tots
els seus efectes positius si a la vegada i de forma paral·lela anava
acompanyada de mesures perquè el crèdit fluís, per el Pla de Xoc, i un
Pla de Xoc contra l’atur a nivell general, per a tots els
col·lectius. Això és molt important, no només pels joves, que estan
afectats i de manera molt intensa sinó també pels majors de 45 anys, pels
pares i mares de família, pels no tan joves però que ja no poden ser
considerats joves.

Considerem doncs que, els articles 43, sobre modificacions
substancials de condicions de treball, 47, sobre suspensió del contracte
o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o
de producció o derivades de força major, el 82.3, sobre negociació
col·lectiva, i el 51 sobre acomiadament col·lectiu, de l’Estatut
dels Treballadors, aborden tots ells mesures per a afavorir la
flexibilitat a les empreses i la millora de la competitivitat. Per tant,
en la mesura que l’actual situació de crisi aconsella aquest tipus
de mesures, caldrà mantenir-les fins a una clara recuperació de la
situació de crisi econòmica.

Pel que fa al punt 2 de la moció, que insta el govern a
eliminar la prolongació de la jornada laboral als contractes a temps
parcial més enllà del previst en el pacte d’hores complementàries,
considerem que s’ha de tenir en compte que l’objectiu en
aquests moments és incentivar la contractació, però incentivar-la amb
garanties. Amb la reforma introduïda pel Reial decret llei 16/2013, de 20
de setembre, de mesures per a afavorir la contractació estable i la
millora de l’ocupabilitat dels treballadors, la jornada dels
treballadors a temps parcial s’ha de computar dia a dia i
s’ha de totalitzar mensualment, lliurant una còpia al treballador
dels resum de totes les hores realitzades cada mes, tant les ordinàries
com les complementàries, amb el rebut de salaris. I l’empresari
n’ha de conservar els resums mensuals al registre de jornada durant
un període mínim de quatre anys. En cas d’incompliment de
l’obligació de registre, el contracte s’entendrà celebrat a
jornada completa, excepte prova en contrari. Per tant, cal entendre que
la normativa esmentada ja va resoldre una mica la dificultat de realitzar
un control de la jornada laboral en aquest tipus de contractes.

En la línia del punt 3, entenem, però, que caldria
incrementar les actuacions de control de la durada de la jornada laboral
en els contractes a temps parcial per a evitar el frau en la realització
d’hores complementàries. I així, justament per el que fa al punt 3
de la moció, hem de dir que el meu Grup té un posicionament favorable a
millorar el control de la jornada de treball per a evitar el frau en la
contractació i en la Seguretat Social. Si bé és cert que mitjançant la
Inspecció de Treball, es fan controls per a assegurar el compliment de la
jornada de treball, en tot tipus de contractes i sectors, en el suposat
cas que es produeixi una situació tipificada com a infracció al text
refós de la Llei d’Infraccions i sancions en l’ordre social,
també cal remarcar que incrementar el control esdevé necessari.

Pel que fa al punt 4 de la moció mitjançant el qual
s’insta el govern a actualitzar el Salari Mínim Interprofessional
d’acord amb els criteris fixats per la Carta Social Europea, cal
remarcar que tot i que la congelació del SMI durant l’any 2014,
s’ha de contextualitzar en la situació econòmica actual, s’ha
de tendir a incrementar el SMI de manera que es recuperi el poder
adquisitiu perdut per la seva congelació i establir un mecanisme
automàtic que el garanteixi anualment. Tal i com el meu Grup va Proposar
al Congrés al «debate del Estado de la Nación», cal adoptar les mesures
oportunes a curt i a mig termini per el seu increment progressiu, fins a
assolir el 60% del salari mig

net estatal. Tot i així, no podem votar favorablement la
present moció donat que no coincidim en la literalitat dels 4 punts de la
moció presentada, i per tant ens abstindrem a la votació.

Gracias señor. Presidente.

Gracias, señor presidente.

Por lo que respecta al punto 1 de la moción presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista instando a derogar los artículos 12,
13, 14 y 18 de la Ley 3/2012, para volver a su redacción anterior, tengo
que decir que no estamos de acuerdo en este punto por diferentes
motivos.

Nosotros entendemos —y nos hemos cansado de
repetirlo— que la reforma laboral no es la culpable de todos los
males. Su aprobación era necesaria y, aunque no ha tenido todos los
efectos positivos que se esperaban de ella, este grupo no está de acuerdo
tampoco de momento en su derogación ni parcial ni total. Los ejes
principales de la reforma centrados en la flexibilidad interna de las
empresas como recurso alternativo a los despidos, en la mejora de la
ocupabilidad de los trabajadores con nuevos derechos de formación y la
consecución de una nueva estructura de la negociación colectiva que ayude
a las empresas a adaptar sus condiciones a las exigencias del mercado han
supuesto un cambio importante en la manera de entender las relaciones
laborales. Todos estamos de acuerdo en que la reforma laboral ha
flexibilizado efectivamente el mercado del empleo aunque no ha creado
ocupación. En su momento, mi grupo consideró que era necesario que en
España se pusiese en marcha una nueva reforma del mercado laboral
orientada a mejorar la posición competitiva de sus empresas y a corregir
algunas de las disfunciones del mercado laboral con la perspectiva de
introducir elementos de flexibilidad que hicieran posible el
mantenimiento del empleo y marcasen un camino de seguridad para que
cuando llegase la recuperación económica se creara empleo. Pero los
impactos que puede tener a medio y largo plazo la reforma laboral tienen
que ir acompañados de medidas enfocadas a la inmediata creación de empleo
a corto plazo, lo cual es evidente que la reforma laboral no está
conllevando. Por consiguiente, la reforma laboral debería ir acompañada
de una reforma financiera que permitiese que las pequeñas y medianas
empresas pudiesen acceder al crédito. También, aparte de hacer fluir el
crédito en las empresas, que son las que crean empleo, no debería dejarse
en situación de caída libre a las familias sin ningún tipo de ingresos,
como tampoco se debería recortar en políticas activas de empleo
precisamente en el momento en que son imprescindibles.

Ante esta situación, el Gobierno, en lugar de incrementar
las partidas presupuestarias y las actuaciones para incentivar el empleo,
ha llevado a cabo un fuerte recorte en políticas activas de empleo y en
las prestaciones por desempleo, además de no dotar de recursos necesarios
a las comunidades autónomas y los municipios para que puedan hacer frente
a las ayudas que han de prestar a las personas en situación de desempleo
que han agotado todos los subsidios. Habría que acompañar la reforma
laboral de medidas que propiciasen el acceso al crédito a pequeñas y
medianas empresas y, sobre todo, un plan de choque contra el paro, algo
que todavía no tenemos y, desgraciadamente, no se le espera.

Este grupo parlamentario presentó hace un año y un mes una
moción sobre el plan de choque a la Comisión de Empleo y Seguridad Social
que, a fecha de hoy, todavía no se ha podido ver, dado que su presidenta
no ha convocado la comisión a estos efectos. Así pues, podemos repartir
un poco las culpas o las responsabilidades, como prefieran. Al Partido
Socialista, por no reaccionar a tiempo y dejar que el fantasma del paro
se fuese instalando y, al Partido Popular, por reaccionar de forma
parcial, buscando el acuerdo para una reforma laboral que solo podía
desplegar todos sus efectos positivos si a la vez y de forma paralela iba
acompañada de medidas para que el crédito fluyese, y todo ello incluido
en el plan de choque; un plan de choque contra el paro en general para
todos los colectivos. Esto es muy importante, no solo para los jóvenes
—quienes se ven afectados de manera intensa— sino también
para los mayores de 45 años, para los padres y madres de familia y para
los no tan jóvenes, para quienes ya no pueden ser considerados
jóvenes.

Entendemos que tanto el artículo 43 —sobre
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo—, como el
artículo 47 —sobre suspensión del contrato o reducción de jornada
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción derivadas
de fuerza mayor—, el 82.3 —sobre negociación colectiva—
y el 51 —sobre despido colectivo— del Estatuto de los
Trabajadores abordan medidas para favorecer la flexibilidad de las
empresas y la mejora de la

competitividad. Por tanto, en función de que la actual
situación de crisis aconseje este tipo de medidas, habrá que mantenerlas
hasta una clara recuperación de la crisis económica.

Por lo que respecta al punto 2 de la moción, que insta al
Gobierno a eliminar la prolongación de la jornada laboral en los
contratos a tiempo parcial más allá de lo previsto en el pacto de horas
complementarias, consideramos que se debe tener en cuenta que en estos
momentos el objetivo es incentivar la contratación, pero con garantías.
Con la reforma introducida por el Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de
septiembre, de medidas para favorecer la contratación estable y la mejora
de la ocupabilidad de los trabajadores, la jornada de los trabajadores a
tiempo parcial se debe computar día a día y se ha de totalizar
mensualmente, dando una copia al trabajador del resumen de todas las
horas realizadas cada mes, tanto de las ordinarias como de las
complementarias, con el recibo de los salarios. Asimismo, el empresario
tiene que conservar los resúmenes mensuales del registro de jornada
durante un periodo mínimo de cuatro años. En caso de incumplimiento de la
obligación de registro, el contrato se entenderá celebrado a jornada
completa excepto prueba en contrario. En este sentido, la normativa
mencionada ya resolvió en parte la dificultad para realizar un control de
la jornada laboral en este tipo de contratos.

En la línea del punto 3 de la moción, consideramos que se
deberían incrementar las actuaciones de control de la duración de la
jornada laboral en los contratos a tiempo parcial para evitar el fraude
en la realización de horas complementarias. Por ello, en lo que respecta
a este punto 3 mi grupo es favorable a mejorar la duración de la jornada
de trabajo y evitar el fraude en la contratación y a la Seguridad Social.
Aunque es cierto que por medio de las inspecciones de trabajo se hacen
controles para asegurar el cumplimiento de la jornada de trabajo en todo
tipo de contratos y sectores, en el supuesto caso de que se produzca una
situación tipificada como infracción en la Ley de infracciones y
sanciones en el orden social, hay que subrayar que incrementar el control
es necesario.

Por lo que respecta al punto 4 de la moción, que insta al
Gobierno a actualizar el salario mínimo interprofesional de acuerdo con
los criterios fijados por la Carta Social Europea, hay que remarcar que,
a pesar de la congelación del salario mínimo interprofesional durante el
año 2014, se ha de contextualizar la situación económica actual, se ha de
tender a incrementar el salario mínimo interprofesional de manera que se
recupere el poder adquisitivo perdido por su congelación y se establezca
un mecanismo automático que lo garantice anualmente. Tal y como mi grupo
propuso en el debate del estado de la nación, hay que adaptar las medidas
oportunas a corto y medio plazo para su incremento progresivo hasta
llegar al 60% del salario medio neto estatal. Por eso no podemos votar
favorablemente esta moción, ya que no coincidimos con la literalidad de
los 4 puntos presentados y, por tanto, nos abstendremos en la
votación.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Varela.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

En primer lugar voy a expresar mi agradecimiento a los
grupos que van a apoyar esta moción, que merece ser apoyada porque la
caída salarial en España, además de la caída del empleo, de la
desregulación laboral y de la pérdida de las condiciones de trabajo, está
generando un problema gravísimo en nuestro país, que es más grave cuanto
más en dirección contraria caminan los países de nuestro entorno.

Esas consideraciones con respecto a las intervenciones son
sencillas. Decía la portavoz del PNV, y tiene razón, que algunas empresas
han mantenido su modelo de negociación, y por lo tanto hay que
reconocerlo, y así lo hacemos; pero lamentablemente la mayoría de las
empresas, como también manifiesto aquí la portavoz, han utilizado una
herramienta que el Gobierno ha puesto en sus manos para tratar de mejorar
su posición frente a la de los trabajadores.

¿Es difícil cuantificar lo que han caído los salarios en
España? No es tan difícil. Si nos remitimos a la encuesta de costes
salariales y analizamos lo que ha pasado con el producto interior bruto
por rentas, todo viene a coincidir en que en este período los salarios
han perdido capacidad en torno a un 10%. Si analizamos el PIB nos
encontramos con que hace 3 años, cuando estábamos empezando este período,
la renta de los salarios suponía el 49,54% del conjunto del PIB por
rentas y la de las empresas el 42%. Hoy son el 45% y el 45%. Eso nos
indica bien quién

está transfiriendo a quién renta, quién está transfiriendo
a quién salario. Además, si tenemos en cuenta que en Europa las rentas de
los salarios suponen el 50,4% y las de las empresas el 38,3%, vemos el
enorme desfase que se está produciendo en nuestro país y que estamos
caminando en dirección absolutamente contraria a como caminan el resto de
los países en Europa, porque en estos últimos años, con algunas crisis
que también han sufrido estos países, se ha producido la situación
inversa, han ganado peso las rentas de los salarios frente a las rentas
empresariales o los excedentes empresariales.

Por tanto, podemos concluir que los salarios en España se
han desplomado en estos 2 años en torno a un 10%. Para mí no hay otro
calificativo que el de desplome; y es un desplome, además, buscado, es un
desplome voluntario que buscaba el Partido Popular.

¿Qué ha pasado durante este tiempo? Que la política del
Gobierno —y hago esta referencia a la portavoz de Convergència i
Unió— tiene efectos sobre los trabajadores de todo el país, sobre
los que viven en Madrid, sobre los que viven en Toledo, pero también
sobre los que viven en Barcelona o en Gerona. Esos trabajadores están
perdiendo salarios, fruto de la reforma laboral —por cierto, que
apoyaron ustedes—, y esos trabajadores están perdiendo condiciones
de trabajo; y esos trabajadores están trabajando horas no pagadas, porque
cuando decimos que hay 11 millones de horas que podrían suponer en torno
a 300 000 puestos de trabajo en nuestro país —horas ilegales,
porque sobrepasan el tope de horas extraordinarias permitidas—,
estamos poniendo encima de la mesa un problema muy grave.

Además, para las gestiones de las administraciones de las
comunidades autónomas las medidas del Gobierno tampoco son neutras. En
los últimos presupuestos el Gobierno del Estado ha sacado de los
subsidios por desempleo 320 millones de euros, que los han tenido que
incorporar, vía ayudas sociales, las comunidades autónomas a sus
presupuestos. Es decir, se ha producido un trasvase desde el Gobierno
central, que se saca de encima ayudas que estaba dando a personas que se
encontraban en situación de subsidio, y eso han tenido que asumirlo en
buena parte con 120 millones de euros en sus presupuestos las comunidades
autónomas.

Está recogida, por supuesto, en nuestra moción y en la
parte dispositiva la preocupación que tenemos sobre la caída de los
salarios de los funcionarios; está recogida la preocupación por el
incremento de horas no pagadas que se está produciendo en las empresas,
que es otra forma de devaluación salarial; y está recogida en nuestra
moción la necesidad de incrementar el salario mínimo interprofesional en
la misma dirección en que está caminando Europa. A los que nos dicen que
bajemos el salario mínimo interprofesional, les diré que la señora Merkel
lo incrementa en su país. Proponemos que sea incrementado en relación con
los criterios fijados por la Carta Social Europea, lo que supondría unos
salarios mínimos interprofesionales en torno a los 900 euros, ligeramente
por encima de los 900 euros. Esto es lo que proponemos, porque este es el
camino que están siguiendo todos los países de Europa, y España está
siguiendo el camino contrario.

La reforma laboral ha supuesto en nuestro país una brutal
destrucción de empleo y un desplome de los salarios. Esos son los dos
elementos fundamentales que definen esta reforma laboral: caída brutal
del empleo, multiplicando la caída, que ya era muy grave y muy intensa,
del Gobierno anterior, y desplome de los salarios. Además se manifiestan
otras graves consecuencias: se está transformando empleo asalariado en
trabajadores independientes, previsiblemente falsos autónomos; se está
transformando empleo a tiempo completo, con jornada legal, en empleo a
tiempo parcial, muchos de ellos con jornada ilegal, como acabamos de ver
en los datos anteriores. La reforma laboral no ha eliminado, sino que ha
incrementado las horas ilegales, que se traducen en jornadas superiores a
40 horas. Una cuarta consecuencia que se proponía formalmente alejar la
reforma laboral y que no ha incidido en ella es la precariedad en el
trabajo. La precariedad en el trabajo ha aumentado exponencialmente
durante este período de aplicación de la reforma laboral.

En resumen, señorías, podemos poner encima de la mesa
algunos datos no contestables, porque están en los documentos oficiales,
en las informaciones oficiales del propio ministerio de España, el
Ministerio de Empleo. El resumen de la reforma laboral en nuestro país es
bien sencillo: se han destruido 1 354 644 empleos, media de ocupación del
año 2011 y media de ocupación del año 2013; se ha pasado de una
destrucción de 788 empleos diarios a que cada día, en los 2 años
anteriores, 1918 personas asalariadas pierdan su trabajo, es decir,
señores del Partido Popular, han multiplicado ustedes la herencia por 2,5
en la destrucción de empleo; ha provocado que la autoridad laboral mire
para otro lado, ya que con las horas trabajadas ilegalmente en nuestro
país

de manera habitual, por encima de las 42 horas semanales
máximas, entre las 40 y las 2 de horas extraordinarias, se podrían crear
326 838 empleos; ha supuesto que en la Administración pública, en la
educación, la sanidad y los servicios sociales se hayan destruido 468 688
empleos, un 8,4%, además de la caída de los salarios de los trabajadores
públicos; ha supuesto que los contratos puramente temporales y los
formativos aumenten su peso en el conjunto de la contratación, aumentando
así la precariedad laboral; ha supuesto que el 50,8% de las personas
paradas lleven más de un año sin empleo, el 32,7% lleve más de 2 años sin
empleo y el 22,1% lleve más de 3 años sin encontrar un empleo; ha
supuesto que en 2 años la tasa de protección para los parados haya
disminuido hasta situarse en un 34%, solo 1 de cada 3 parados está
protegido, y que el gasto en prestaciones por persona parada haya pasado
de 5966 euros en el año 2011 a 5000 euros en 2013, es decir una caída del
16%; y ha supuesto, y este es el motivo de la moción, que los asalariados
sean los grandes perdedores de esta crisis que está sufriendo nuestro
país.

Señorías, el Gobierno dice que sobre esta reforma laboral
se asentará la recuperación. Si es así, será una recuperación solamente
para unos pocos, mientras la mayoría tendrá menos empleo, más
precariedad, más parcialidad, menos prestaciones, menos políticas activas
y menos salario. Se pretende una salida de la crisis con un nuevo modelo
social más discriminador y más injusto. Señorías, solo podrá haber una
salida de la crisis verdadera y justa para todos los españoles conjugando
la solidaridad con la justicia, una salida para todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Peris.

La señora PERIS JARQUE: Buenos días. Muchas gracias,
presidente.

Señoría, de la inicial lectura del título de la moción
podría parecer interesante su debate, pero siento decirle que, desde mi
humilde punto de vista, no va a ser así, porque es todo lo contrario de
lo que pregona.

Ustedes, el Partido Socialista, con sus portavoces a la
cabeza, dicen que la reforma laboral ha producido dos efectos. Uno, que
ha supuesto la mayor destrucción de empleo vista en España —esto en
los tres primeros párrafos de la exposición de motivos de la
moción—. Aquí usted dice que desde el año 2007 al año 2011 se han
perdido en España 2 millones de empleos. Hasta el senador Iglesias ya
dijo hace mucho tiempo que había habido durante la crisis, en los últimos
5 años —¿se acuerda, senador Iglesias?—, una pérdida de
afiliados de 3,4 millones de personas en este país. Nos acordamos ¿no? Se
acuerda usted, se acuerda Guillot, se acuerda la portavoz de CiU y la del
Grupo Parlamentario Vasco, nos acordamos todos. Se ve que el Grupo
Parlamentario Socialista, al escribir la moción, tiene demasiado interés
en no decir la verdad sobre la reforma laboral.

Nosotros estamos por asumir las consecuencias de la reforma
laboral; las verdaderas, no las que usted dice. Dice que desde 2007 a
2011 se han perdido 2 millones de puestos de trabajo. No, se perdieron
3,4 millones de puestos de trabajo, esos 3,4 millones de afiliados menos
a la Seguridad Social. Ese es el primer efecto de la reforma laboral que
dice el Partido Socialista que se produce, y es falso.

Segundo efecto de la reforma laboral. Dice que al modificar
la negociación colectiva se produce un desequilibrio entre las partes y
que se han disminuido los salarios. Es verdad que por cuestiones
técnicas, organizativas, económicas y de producción probadas, las
empresas pueden modificar el salario, la jornada y las funciones de los
trabajadores siguiendo el procedimiento legalmente establecido. Eso es
cierto. Gracias a eso se han mantenido en España estos 2 últimos años
muchos puestos de trabajo. Muchos españoles y españolas conservan su
puesto de trabajo gracias a estos acuerdos y a estas modificaciones. Y
esto también es verdad, y lo saben.

Esta reforma que hicimos de la negociación colectiva tenía
el origen en una de ustedes del año 2011, en concreto en el Real Decreto
Ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la
negociación colectiva. Nosotros lo único que hicimos fue avanzar en esa
reforma de la negociación colectiva, pero ustedes nos invitaron a ello y
nos introdujeron a todos.

El objetivo del Gobierno no es la rebaja salarial con la
reforma laboral, sino el mantenimiento de los empleos. El BBVA ya dijo
cuando se aprobó la reforma laboral que se hubieran ahorrado 1 millón de
despidos en este país, es decir, que hace 2 años 1 millón de personas más
hubieran

estado trabajando si se hubiera aprobado antes esta reforma
laboral. El Ministerio de Economía dijo el año pasado que esta reforma
laboral había ahorrado más de 225 000 puestos de trabajo. Y a fecha de
hoy lo que sabemos todos es que de una destrucción del empleo de más del
12,5% en este país, se ha pasado a que se esté reduciendo a un ritmo
superior al 4,5%. Es decir, tenemos menos paro, menos desempleo. Hemos
tenido 8 meses consecutivos de reducción de paro, 6 de ellos simplemente
de reducción de paro y los 2 últimos ya con creación neta de empleo. Los
datos de marzo son muy claros: 84 000 personas más afiliadas a la
Seguridad Social, con un interanual de Seguridad Social positivo de más
de 115 013 afiliados. El último año, el número de parados registrados ha
disminuido en 239 377 personas. Ahí está lo que le he dicho: el 4,75% de
reducción de desempleo interanual. Este es el verdadero efecto de la
reforma laboral y de muchas otras cosas.

En cuanto a los datos de la moderación salarial, usted no
puede empezar a hablar de moderación salarial a partir de la reforma
laboral, porque es casi un insulto a todos los trabajadores de este país
y a todos los desempleados, ya que la moderación salarial se inicia en
2010. Esta es una verdad que todos sabemos y que nadie niega, excepto
ustedes. ¿Que en parte se han moderado los salarios por la reforma
laboral? Sí. ¿Que también se han moderado por el pacto entre sindicatos y
patronal del año 2012? También. ¿Está usted desautorizando a la patronal,
a los sindicatos y a la libre voluntad de las partes de llegar a un
acuerdo en este tema? —acuerdo que es bastante importante, y ahora
mismo están renegociando el pacto trienal de sueldos— ¿También los
va a desautorizar cuando lleguen a un acuerdo? —que ojalá lo hagan,
por el bien de todos—.

Por otro lado, no han utilizado la reforma laboral las
empresas que así lo han querido; la han utilizado las que lo han
necesitado para mantener puestos de trabajo. Porque ya está bien de eso
del amo y el esclavo, la confrontación del empresario contra el
trabajador y del trabajador contra el empresario. Esa no es la filosofía,
no es la manera, así nunca vamos a llegar a ningún sitio. Así es como
ustedes han trabajado en este país y como ustedes han querido que se vean
los españoles, pero esa no es la verdad. Mercadona no ha bajado salarios,
en Almussafes ya se ha llegado a un acuerdo para crear más de 1 millón de
puestos de trabajo, y hasta 2018 se van a recuperar todas y cada una de
las condiciones de los trabajadores que se hayan modificado. Asimismo, en
Castellón se pactó el año pasado el convenio del azulejo. Es que ustedes
no han dado a las personas oportunidad de desarrollarse y de trabajar por
el bien común, que es lo que hace la mayoría si se les deja y no se les
manipula utilizando datos de una manera totalmente torticera. Lo que
quieren normalmente las personas es el bien común y para ello trabajan y
se esfuerzan todos los días.

Por eso no les sorprenderá que el Partido Popular vote en
contra de esta moción. Si quiere que hablemos de reforma laboral,
hablemos, pero con datos verdaderos, no falsos. Si quiere, ofrezca una
alternativa. Usted dice que tenemos que derogarla porque hemos prolongado
la jornada laboral. No la podemos eliminar porque el Gobierno no ha
prolongado la jornada laboral.

Respecto al contrato parcial, ha hablado de las horas
extraordinarias. Pues bien, en la normativa se prohibió la realización de
horas extraordinarias, lo que sí ha permitido es la realización de horas
complementarias. Yo entiendo que a ustedes no les guste llamar a estas
cosas por su nombre, pero es la verdad. Si tanto les preocupa el fraude y
si se hacen más horas, ¿por qué no hicieron un plan de lucha contra el
fraude, como ha hecho este Gobierno? ¿Por qué a partir del año 2010, en
el que cambiaron un poquito las condiciones de los trabajadores, por la
crisis y por su inacción, no mandaron a los inspectores a las empresas
para ver cuánto cobraban los trabajadores y cuántas horas trabajaban? ¿Y
por qué no pedían vacaciones? ¿Por miedo a que les despidieran? ¿De eso
ustedes no se dieron cuenta en el año 2010? Si tanto les preocupaba, ¿por
qué no lo hicieron?

Respecto al salario mínimo interprofesional, el Gobierno y
todos nosotros estaríamos encantados de subirlo, claro que sí, pero no
utilizando —y vuelvo a repetir— datos falsos ni haciendo
demagogia con este tema, utilizando a los españoles que trabajan y a los
que no trabajan para hacer política de este tema. Usted dice que
considera adecuado un salario mínimo interprofesional de 900 euros al
mes. ¡Si es que ustedes gobernaban hace 2 años! ¿Por qué no lo elevaron a
900 euros al mes? ¿Durante los años de bonanza de este país en los que
gobernaron por qué no lo elevaron, no a 900, a 1000 euros si les parecía
tan adecuado y tan digno? Ustedes

con estos temas solo hacen demagogia y cuando gobiernan,
que es cuando hay que actuar con hechos, se ve su verdadera
intención.

¿Saben por qué no anuncian su alternativa a la reforma
laboral? Pues muy sencillo, porque la alternativa a nuestra reforma
laboral, si la derogáramos, serían los despidos. Despidos que ustedes,
sin inmutarse, aguantaron que hubiera en este país: 3,4 millones de
despidos, 3,4 millones menos de afiliados a la seguridad social. Es más,
tiene el valor de hablar de los salarios de los funcionarios y dice que
los hemos congelado. ¿Quién los rebajó? O sea, rebajan el salario a los
funcionarios y ahora nos hablan del salario de los funcionarios.

Dicen que esto es del pasado. No, la reforma laboral de
2010 que ustedes aprobaron —ustedes siguen manteniendo que sea
así— conllevaba una sucesión límite de los contratos temporales.
¿Cómo pueden hablar ustedes de precariedad laboral, si en esa reforma
laboral aprobaron la sucesión indefinida de contratos temporales?

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora PERIS JARQUE: El señor Martínez-Aldama nos afea
como recorte que no subvencionamos los despidos a las empresas solventes
porque quitamos la subvención de las empresas que pueden pagar los
despidos. Es que su filosofía es pagar los despidos, animar a las
empresas a despedir.

Para acabar diré que su opción se traduce en ningún salario
para el trabajador, esa es la verdad, en el despido, como demostraron
mientras gobernaban con su reforma laboral. Pero es que en la actualidad
lo siguen manteniendo en sus discursos. Nosotros, por el contrario, con
mucho esfuerzo de los españoles, sí, hemos frenado la sangría del paro, y
se creará empleo neto este año.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora PERIS JARQUE: Acabo.

Y lo ha manifestado hoy mismo el presidente del Gobierno,
que se creará empleo neto en 2014 y que ya está fluyendo el crédito.

La realidad es que el Partido Popular se ocupa de la
principal preocupación de los españoles, que es el paro, a diferencia de
ustedes. Nosotros estamos aquí para resolver muchos problemas personales
de muchas familias, de muchas personas, y por tanto resolveremos el drama
de este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Peris.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario
Socialista, con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo
Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 240; a favor, 80; en contra, 147;
abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

7.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE CUMPLA
CON EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LOS PROCESOS DE
REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y CORRIJA LA DENEGACIÓN DE
INDEMNIZACIÓN A LAS MISMAS.

(Núm. exp. 662/000129)

AUTOR: GPV

El señor presidente da lectura al punto 7.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una
enmienda, del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor, y abandonen el
hemiciclo en silencio. (Rumores).

No va a dar comienzo el debate de la moción hasta que no
haya silencio en el hemiciclo.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Bildarratz, del Grupo Parlamentario Vasco, por tiempo de quince minutos.
(Rumores).

Guarden silencio, señorías, por favor.

El señor BILDARRATZ SORRON: Buenos días.

La cuestión central de la moción que presento en este
momento encuentra su base en el análisis de la argumentación que permite
al Ministerio del Interior denegar o desestimar tanto las solicitudes de
actualización de indemnizaciones como varios recursos de reposición a
personas ya reconocidas como víctimas del terrorismo, entendiendo
―y se puede decir que esta es la argumentación genérica― que
dichas víctimas tuvieron pertenencia en organización terrorista. Más o
menos se puede decir que ese es el contexto. (El señor vicepresidente,
Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Desde hace un año, el Gobierno español está denegando
indemnizaciones a víctimas del terrorismo que tienen legalmente
reconocida esta condición; se trata principalmente de víctimas no
provocadas por ETA ―aunque haya alguna― sino por
organizaciones terroristas como el Batallón Vasco Español, el GAL y
similares.

Dado que hay mucha legislación al respecto, quisiera que
sus señorías se centrasen en dos textos normativos principalmente. El
primero es la Ley 29/2011, de 23 de septiembre, de reconocimiento y
protección integral a las víctimas del terrorismo; y el segundo, el
artículo 8, apartado 2 del convenio europeo sobre indemnizaciones a
víctimas de delitos violentos, de 1983, ratificado por el Estado español
en diciembre de 2001 y con entrada en vigor en febrero de 2002. La
necesidad, además, de ratificación de este convenio europeo al derecho
interno español hace que en los Presupuestos Generales del Estado
—la Ley 17/2012— se reforme la ley antes citada de víctimas
del terrorismo, adecuándola, como les decía, al nuevo convenio ratificado
por el Estado. Hoy, evidentemente, no es el día de analizar cómo se
realizaron estas modificaciones legislativas y si compartimos su
contenido o no, hoy únicamente tomaremos como base los textos
legislativos que les he mencionado, los textos legislativos vigentes a
día de hoy, y realizaremos un análisis sobre ellos.

El artículo anteriormente citado, el 8.2 del convenio
europeo, que es la base de la reforma realizada por la Ley 17/2012, de
presupuestos generales del Estado para el año 2013, dice lo siguiente
—y creo que esto es importante que lo retengan—: «Se podrá
reducir o suprimir asimismo la indemnización si la víctima o el
solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una
organización que se dedica a perpetrar delitos violentos», es decir, si
participa en delincuencia organizada o participa en delitos violentos.
Analizando este artículo que les acabo de leer, que a nuestro entender es
la base de todo este debate, podemos decir que nos encontramos, en base a
la literalidad del propio artículo, ante sujetos que, habiendo sido
víctimas de delitos violentos, haya sido probado suficientemente que
estuvieran implicadas en delincuencia organizada o que pertenecieran a
una organización criminal —entiendo que todos podemos estar de
acuerdo en ese punto—; es decir, que haya sido probado
suficientemente que hayan sido actores en esa delincuencia organizada o
hayan pertenecido a una organización criminal. Hecho este que,
evidentemente, y en nuestra opinión, solo quedaría constatado en caso de
que exista una sentencia condenatoria firme que así lo determine; no cabe
otra opción.

La garantía jurisdiccional en la que se concreta el
principio de legalidad exige que la existencia del delito y la imposición
de la pena se determinen por medio de una sentencia judicial y según un
procedimiento legalmente establecido. Es evidente que toda persona ha de
ser considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su
responsabilidad. Evidentemente, eso solo lo puede determinar un juez, no
lo puede hacer ni el ministro ni la Policía ni la Guardia Civil ni los
senadores ni los diputados, solo lo puede hacer un juez. La culpabilidad
solo puede ser declarada mediante sentencia firme.

La legalidad encuentra su principio —y esto es
importante— en cuatro garantías: la primera, garantía criminal,
exige que el delito se haya determinado por la ley —nullum crimen
sine lege—; la segunda, garantía penal, requiere que la ley señale
la pena que corresponde al hecho —nulla poena sine lege—; la
tercera, garantía jurisdiccional, exige que la existencia del delito y la

imposición de la pena se determinen por medio de una
sentencia judicial y según un procedimiento establecido; y la cuarta y
última, garantía de ejecución, requiere que la ejecución de la pena se
sujete a una ley que la regule. Este principio de legalidad encuentra
paraguas, encuentra cobijo en el artículo 24 de la Constitución española,
que indica lo siguiente en su apartado primero: «Todas las personas
tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en
el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún
caso, pueda producirse indefensión». Conclusión de esta primera
reflexión, señorías, no hay delito si no hay sentencia. Esa es la primera
conclusión.

El segundo de los aspectos controvertidos dentro de las
resoluciones emitidas por el Ministerio del Interior consiste en analizar
desde cuándo es eficaz el convenio citado anteriormente, el convenio
europeo aprobado en 1983, ratificado por España en diciembre de 2001 y en
vigor desde 2002; desde cuándo se incorpora al derecho interno.

Como ustedes saben, la eficacia de este tratado depende,
por una parte, de la voluntad de un Estado de ratificar el propio
tratado, y por otra, de la adopción de medidas de aplicación interna
dentro del propio Estado. En este sentido tenemos que destacar dos
cuestiones: primero, que los supuestos de hecho previstos en las
solicitudes de indemnizaciones se refieren a hechos anteriores a la
entrada en vigor del convenio europeo de 1983 en el ámbito del
ordenamiento jurídico español; esto es, son todos anteriores a febrero
del año 2002. Y segundo, que la ausencia de normativa de desarrollo y
motivación alguna hasta el año 2012 deja sin efecto la posibilidad de
suprimir o reducir las ayudas aunque la víctima hubiera participado o
pertenecido a organización que se dedique a perpetrar delitos violentos.
Solo desde el momento en que el Gobierno español acoge expresa y
motivadamente las disposiciones del artículo 8.2 del convenio citado,
puede entenderse o interpretarse eficaz desde el punto de vista jurídico
en el desarrollo jurídico interno. Lo contrario, en nuestra opinión,
viola directamente el principio de legalidad y la irretroactividad de las
disposiciones restrictivas de derechos del artículo 9.3 de la
Constitución española, que establece: «La Constitución garantiza el
principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las
normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad
jurídica, la responsabilidad y la interdicción —o
prohibición— de la arbitrariedad de los poderes públicos».

Además, han sido numerosas las ocasiones en las que el
Tribunal Constitucional se ha posicionado en relación con la
interpretación del sentido de la prohibición de retroactividad
contemplada en el artículo 9.3. A destacar, por ejemplo, la Sentencia
97/1990, también la Sentencia 83/2005, de 7 de abril, o la Sentencia
42/1986, que dice en su literalidad lo siguiente: «El precepto
constitucional no permite vigencias retroactivas que produzcan resultados
restrictivos o limitativos de los derechos que se habían obtenido en base
a una legislación anterior vigente en el momento de adquisición del
derecho, aunque sustituida luego con efecto retroactivo por la norma
posterior.» Entiendo que es una reflexión bien clara por parte del
Tribunal Constitucional. Un texto tan invocado últimamente por todas sus
señorías, evidentemente merece el respeto y el seguimiento de la doctrina
marcada por el Tribunal Constitucional.

¿Esto qué quiere decir? Que lo que el artículo 9.3 prohíbe
es la retroactividad entendida como incidencia de la nueva ley en los
efectos jurídicos ya producidos en situaciones anteriores. He de
recordarles, como he dicho, que ya todas son consideradas víctimas del
terrorismo en base a la Ley de 1999, con lo cual ya se han creado una
serie de derechos subjetivos para cada uno de los peticionarios que ha
invocado al Ministerio del Interior que resuelva pagando la diferencia de
los derechos que les ha generado la Ley de 2011, reformada después por la
Ley 17/2012, y donde se incluía el convenio europeo. Tal como les decía,
la incidencia de la nueva ley en los derechos únicamente puede ser
establecida hacia futuro, nunca de una manera restrictiva que pueda
recortar una serie de derechos que antes ya se han creado. Ahí podemos
considerar el artículo 9.3, la sentencia del Tribunal Constitucional, las
declaraciones del propio ministro del Interior en diferentes
comparecencias, tanto en el Congreso como en el Senado, para interpretar
en torno a esta ley todo lo que les estamos diciendo. Por tanto,
señorías, entendemos que no se ajustan a derecho las resoluciones que en
estos momentos está emitiendo el Ministerio del Interior.

En definitiva, señorías, solo pedimos una cosa, que se
cumpla la ley, no pedimos otra cosa, ni la discutimos, ni en estos
momentos la debatimos, ni la cuestionamos, no es objeto de la reflexión
de hoy. Hoy únicamente pedimos que se cumpla le ley. Y en ese sentido se
han realizado dos

reflexiones bien claras y las dos relacionadas con el
artículo 8.2 del convenio europeo: primero, que todos estos hechos son
anteriores a que el convenio europeo sea efectivo en el Estado español y,
segundo, que no pueda aplicarse esa retroactividad con base en la ley, en
la propia Constitución. En definitiva, podemos concluir que el Ministerio
del Interior no aplica el convenio europeo, sino que lo que está haciendo
es instrumentalizarlo de una manera fraudulenta.

Les pido el voto favorable a esta moción y, además, no
estoy haciendo una valoración política, únicamente es una atención al
derecho, es una atención al cumplimiento estricto de la ley, porque la
democracia solo pervivirá con su cumplimiento, nos guste o no; unas veces
nos gustará más y otras veces nos gustará menos, pero si nos hemos dotado
y nos hemos dotado de un marco normativo, evidentemente es para llevarlo
adelante, que es lo que nos va a hacer profundizar en la democracia.

Cumpla el Gobierno de España, no vaya a darse una situación
como la que hemos vivido no hace mucho tiempo y que tan poco ha gustado,
porque eso mismo ha generado mucho malestar, porque eso mismo también ha
generado un clima nada positivo para solucionar todos estos problemas y,
de verdad, que únicamente podemos hacer frente a este complicado ámbito
desde el cumplimiento estricto de la ley, que es la base de la democracia
que estamos gestionando.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
senador Bildarratz.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.

El Grupo Socialista, de acuerdo con lo que han venido
manifestando el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista
de Euskadi, con la misma preocupación que ha expresado el senador
Bildarratz con referencia al desamparo en el que se pueden quedar las
víctimas y de acuerdo con las últimas informaciones en las que el
ministro Fernández Díaz ha materializado el protocolo y la decisión que
se adoptó hace más de dos años para desarrollar el centro memorial de las
víctimas del terrorismo y ubicarlo en Vitoria, ha presentado esta
enmienda de adición que de verdad creemos completa la moción planteada
por el grupo nacionalista, y también es una forma de reparar a las
víctimas, a todas las víctimas desde 1999, honrando su recuerdo. La
enmienda pretende consolidar e impulsar esta institución que está
encaminada a preservar y difundir los valores democráticos y éticos que
encarnan los damnificados por la violencia terrorista.

Por fin hemos conseguido que tras más de 2 años, que
después de 26 meses desde que se firmó el protocolo del centro memorial
de las víctimas del terrorismo, tengamos una buena noticia. El Ministro
del Interior se ha comprometido a que este centro será una realidad, y
nosotros consideramos que, una vez hecho esto, es necesario consensuar
con el Gobierno vasco, con todas las fuerzas políticas y con las
asociaciones de víctimas del terrorismo la puesta en marcha de este
centro.

Señorías, el Gobierno vasco, presidido por Patxi López,
impulsó la creación de este organismo con un claro objetivo: dignificar
la historia de las víctimas y propiciar un relato veraz de lo ocurrido en
España y en Euskadi. Inexplicablemente, este memorial, este instituto de
la memoria, este reto histórico ha quedado paralizado, y me temo que por
razones puramente partidistas, durante 26 meses. No éramos capaces de
entender cómo este proyecto de tal calado democrático, que pretende sin
duda la legitimación ética, social y política de las víctimas del
terrorismo, no se haya acometido por el Gobierno de España hasta el
pasado 3 de marzo. Al Partido Popular le ha faltado decisión y coherencia
al tardar tanto tiempo en poner en valor a las víctimas o quizás lo que
pretendía era que la memoria de las víctimas se relegara a un segundo
orden, olvidándose de su legado o de su sacrificio.

El Gobierno ha tenido y tiene la obligación ética y
política desde hace 26 meses de impulsar este proyecto, y hoy quizá sea
más urgente que nunca. Han dado un paso, magnífico. Activen ahora el
memorial de las víctimas. No digan un día sí y otro también que están al
lado de las víctimas y tarden otros 26 meses en dotar a la sociedad de
este derecho a la memoria y al recuerdo. Y no lo hagan solos. No
desperdicien la colaboración del Gobierno vasco, del Consejo Vasco de
Participación de las Víctimas del Terrorismo porque esto sería otra vez
incomprensible.

Ahora todos debemos pensar en el futuro y pasar la trágica
página de la historia del terrorismo desde la dignidad y desde la
memoria, por tanto, no vuelvan a ser inmovilistas. Avancen en el proceso
de paz, dejen a un lado los problemas partidistas y busquen la
convivencia democrática basada en los derechos humanos. Pongan en marcha
este memorial. Honren el recuerdo, que esto es lo decente y lo honrado,
tal y como dijo el presidente del Gobierno en el Kursaal de San Sebastián
no hace mucho tiempo.

Por todas estas razones, esperamos que el grupo
nacionalista acepte nuestra enmienda para completar su moción, porque
desde luego los pueblos sin memoria no van a tener mucho futuro.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco,
senador Bildarratz, para manifestar si acepta o no la enmienda
presentada.

El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señor presidente.

Comenzaré mi intervención diciendo que, evidentemente,
vamos a aceptar esta enmienda y quiero basar nuestra justificación en dos
ejes: el primero, es una de las iniciativas del propio Plan de paz del
Gobierno vasco, la iniciativa número 3, denominada Contribución al
Memorial de Víctimas del Terrorismo, que refleja una clara voluntad de
trabajo conjunto entre diferentes instituciones y diferentes partidos,
que es como consideramos que se deben tratar estos temas, y segundo, aun
sin ser una competencia nuestra, complementa una competencia del propio
Gobierno vasco que en su segunda iniciativa organiza también el Instituto
de la Memoria y la Convivencia.

Vamos a aceptar esta enmienda pero, en nuestra opinión, hay
cinco principios que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar
este proceso y este tipo de reflexiones. Primero, hay un argumento ético
y democrático, lo que quiere decir que la superioridad de la democracia
frente a quienes la quieren violentar está precisamente en el
cumplimiento de las reglas de juego. La justicia lleva una venda en los
ojos porque la ley se debiera aplicar por igual, sin discriminación y
respetando los derechos de todas las personas. Estamos obligados a tratar
a todas las víctimas de atentados terroristas bajo el principio de
igualdad y no discriminación, que es un principio ético y muy básico que
exige un compromiso político firme.

El segundo argumento es el jurídico. Tal como les he
comentado anteriormente de forma más amplia, con las resoluciones
denegatorias del derecho a la indemnización a las víctimas del terrorismo
no provocadas por ETA se está vulnerando el principio de legalidad y de
seguridad jurídica, la presunción de inocencia y el derecho a una tutela
efectiva por los tribunales y el principio de irretroactividad de las
normas y disposiciones restrictivas de derechos de los interesados.

El tercer argumento es el consenso. En la Ley de víctimas
del terrorismo del año 2011 hubo un gran consenso, y esa es la manera de
trabajar, pero una vez desarrollado ese consenso, cúmplase. Este es uno
de los motivos por los que aceptamos la enmienda presentada por el Grupo
Socialista porque ya viene recogida en la propia Ley de víctimas del
terrorismo del año 2011.

El cuarto argumento por el que apoyamos este texto es el
respeto a las víctimas del terrorismo. Estas denegaciones provocan un
problema de vacío legal para el reconocimiento y reparación de personas
que, sin lugar a dudas, han sido víctimas de actos terroristas. Pero no
solo eso, confirman entre sectores de las víctimas la percepción de que
una vez más hay víctimas diferentes, hay víctimas que reciben un trato
diferente, por diferentes motivos, pero todas ellas son víctimas del
terrorismo y además tienen ese reconocimiento gracias a la Ley de
víctimas del terrorismo. Pues que ni se les discrimine ni se les trate de
una manera desigual. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo.

Y como quinto y último argumento, el argumento humano.
Estas denegaciones son injustas porque castigan a los familiares de las
personas asesinadas o que han sufrido un atentado terrorista, familiares
que no pertenecen a organización terrorista alguna, pues de los
familiares es el derecho a percibir esa indemnización. Estamos hablando
de familias a las que en algún momento un acto terrorista ha roto su vida
de manera violenta; se está denegando en ese sentido la indemnización a
un madre, a una hija, a una esposa.

Solo con uno de los argumentos de los cinco que les he
citado hubiera sido suficiente para pedir e instar al Gobierno a que
cumpla con la ley. Por eso, además de aceptar la enmienda

propuesta por el Grupo Socialista, les propongo que voten
favorablemente esta moción para que se cumpla la ley con todas las
víctimas del terrorismo sin discriminación y sin desigualdades.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra el señor Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señor portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, voy a
consumir este turno en contra, a pesar de que podamos estar cercanos en
algunos sentimientos de los que usted ha expresado hoy aquí, pero me
sorprende tremendamente que suba a la tribuna y diga: hoy no vengo aquí a
hablar de política. Señoría, aquí venimos a hablar de política, en mi
opinión. Y un gobierno hace política, por supuesto, siempre dentro del
marco de la ley, y esto es política. Usted ha subido hoy a la tribuna
—y yo se lo respeto—, se ha puesto la toga de abogado y se ha
dedicado a defender una serie de casos que, por otra parte, le recuerdo
—como usted sabe bien—, tienen las puertas de los juzgados
abiertas.

Vamos a ver si podemos centrar el problema que nos ocupa,
porque ustedes piden en su moción dos cuestiones que, desde nuestro punto
de vista, no se ajustan lo más mínimo a la realidad: en primer lugar,
piden al Gobierno que cumpla con el principio de igualdad y no
discriminación en los procesos de reparación a los que nos estamos
refiriendo y, en segundo lugar, que corrija la denegación de
indemnización a víctimas del terrorismo que tienen reconocida esa
condición de víctimas. Estas dos afirmaciones pueden hacernos suponer que
el Gobierno está incumpliendo, y nosotros creemos firmemente que no.

Señoría, cuando se habla de la ley, no solamente hay que
referirse a la letra de la ley sino también a su espíritu, y me parece
fundamental en este caso. La norma legal a la que nos estamos refiriendo,
la Ley 29/2011, de reconocimiento y protección integral de las víctimas,
tiene por objeto el reconocimiento y establecimiento de un marco de
ayudas para paliar el daño causado por el terrorismo, y se funda en unos
valores que no hay que olvidar: memoria, dignidad, justicia y verdad.
Este es el espíritu que impregna la ley.

Fíjense, desde un punto de vista moral, me pregunto hoy
aquí, y se lo traslado a sus señorías: ¿creen ustedes reconocer estos
valores en algunos de los solicitantes que han recibido una contestación
denegatoria por parte del ministerio, por parte del Gobierno? Pero no
quiero entrar en esta cuestión moral. Vamos a ver si podemos, en
contestación a lo que usted ha planteado desde el punto de vista
jurídico-administrativo, responderle con claridad. Esta normativa de la
que nos estamos ocupando abre dos posibilidades: la posibilidad de
indemnizar a quien nunca recibió ninguna compensación por el acto
terrorista y la posibilidad de obtener complementos a las indemnizaciones
que se percibieron en otro tiempo con arreglo a normativas anteriores,
fundamentalmente al año 1999. Abro un paréntesis, señor portavoz del
PSOE. Le recuerdo que todo esto lo puso en marcha José María Aznar, por
lo tanto, difícilmente puede usted acusarnos de ralentizar ni de
paralizar nada. José María Aznar, por cierto, víctima del terrorismo
también (Aplausos).

A partir de esta nueva normativa del año 2011, que
posteriormente se ve reformada en 2012 y 2013, se reciben en el
ministerio múltiples solicitudes. En total, creo que son, a día de hoy,
4216 solicitudes. Muchas de ellas, o algunas de ellas, de personas, de
familiares, o bien de miembros de ETA o del entorno ilegalizado de ETA.
Se comprueba, por parte del centro directivo que tiene que tramitar estas
solicitudes, que muchas de esas personas han sido ya indemnizadas en el
pasado y lo que piden son esas diferencias indemnizatorias que la
normativa nueva permite, como les decía.

La resolución de esos expedientes, señor Bildarratz, se
realiza de acuerdo con esta normativa, y esta normativa, a la que usted
se ha referido, condiciona la percepción al cumplimiento de una serie de
requisitos. No se está valorando si es víctima o no es víctima, como
usted decía. No, no se entra en eso, sino si cumplen los requisitos que
marca la ley. Y expresamente se refiere a los principios que establece el
Convenio 116, del Consejo de Europa, que usted dice que no tiene vigencia
en esos momentos, pero realmente nosotros creemos que sí la tiene, y
usted sabe que en derecho casi todo es discutible. A partir de aquí,
todos esos expedientes se resuelven basándose

en informes de la Secretaría de Estado de Seguridad,
informes de la Dirección General de la Policía, informes de la Dirección
General de la Guardia Civil, para ver si esas personas solicitantes
cumplen los requisitos o están incursos en alguna de las cuestiones que
impedirían que las pudieran recibir. En concreto, a lo que nos hemos
referido es a miembros de la organización armada ETA, de la organización
terrorista ETA, que están en el entorno ilegalizado, y esos documentos y
esos informes, de los que usted no admite su validez porque pide que haya
una sentencia condenatoria, son suficientes, a nuestro entender, por
supuesto, y a entender del ministerio, porque así lo dice la ley,
señoría, y se lo voy a leer textualmente. El artículo 80 de la Ley
30/1992 —ya que usted nos ha querido llevar a ese terreno—,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico y de procedimiento administrativo
común, admite cualquier medio de prueba admisible en derecho. Y estos
informes, evacuados por organismos, en este caso dirección general
competente en la materia, son base suficiente para poder denegar un
expediente administrativo, que es de lo que estamos hablando. Aquí no hay
un trámite penal, aquí hay un expediente administrativo. Este es el
camino, señoría. En el momento en que el expediente administrativo se
deniega, el ciudadano afectado tiene abierta, cómo no, la posibilidad de
ir a los tribunales ordinarios y reclamar por esa vía lo que cree que es
su derecho. Y esa sí que es la parte que usted ha defendido con
brillantez; es decir, ha hecho usted de abogado de estos 46 casos. Y me
parece muy bien. Ahí tienen el trámite.

Pero, como le decía, aquí estamos haciendo política. Y un
Gobierno está en la obligación de cumplir la ley, pero de cumplir la ley
en la letra y en el espíritu. Y usted está pidiéndonos —ahí lo
tiene, en el petitum de su moción— igualdad. Y la igualdad,
señoría, exige la existencia de supuestos iguales. Y la igualdad exige
trato diferente cuando los casos son distintos. Y este Gobierno, señor
portavoz, señorías, y este grupo parlamentario nunca van a considerar en
plano de igualdad a verdugos y a víctimas. (Aplausos). Y esa es una de
las razones básicas para que en el fondo apoyemos la labor del Gobierno
en la denegación de todos estos expedientes. Repito, 46 expedientes de un
total de 4216. Y, a partir de aquí, podemos hablar de todo lo que ustedes
quieran. Yo hoy prefiero no tener que entrar en otras consideraciones
morales ni en otras valoraciones morales que pudieran llevarnos a puntos
donde no queremos encontrarnos. No vamos a igualar —repito—
verdugos y víctimas; vamos a cumplir estrictamente la ley. Y en un Estado
de derecho, y este lo es y está suficientemente probado, el ciudadano que
crea lesionado su derecho tiene abiertos los cauces que establece nuestra
normativa, es decir, los tribunales. Ese es el camino que le queda a
quien considere que no se han cumplido sus expectativas. Esta es la razón
y no otra, señor Bildarratz, por la que vamos a votar en contra de su
moción. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

A continuación pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en
primer lugar, la señora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor presidente.
Eguerdi on guztioi.

El texto de la moción que nos ha presentado el Grupo
Parlamentario Vasco dice —y leo textualmente— que se insta al
Gobierno a que cumpla con el principio de igualdad y no discriminación en
los procesos de reparación de víctimas, y en consecuencia y sobre la base
de los principios normativos desarrollados por la legislación española,
corrija la denegación de indemnizaciones a víctimas del terrorismo que
tienen o puedan tener reconocida esa condición.

En relación con esta cuestión debo decir que recientemente
ha habido una comparecencia en el Parlamento de Gasteiz que ha dado mucho
que hablar. Se trata de la comparecencia en la Comisión de Derechos
Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana del catedrático de Derecho
Penal de la Universidad del País Vasco, don Ignacio Muñagorri, que
presentaba un informe sobre la negación de las ayudas a las víctimas del
GAL, del Batallón Vasco Español y de la Triple A, del cual es autor junto
con la profesora de Derecho Penal, doña Ana Pérez Machio. El citado
informe ha estudiado desde un aspecto jurídico la actuación del
Ministerio del Interior en lo que respecta a la denegación de las ayudas
a algunas víctimas, y les puedo decir que ciertamente se trata de un
informe completo, con una argumentación muy sólida que arroja serias
dudas sobre la legalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno
español. Tan es así que hemos solicitado la comparecencia en el Congreso
de los Diputados, tanto del ministro Fernández Díaz como del

catedrático y autor Muñagorri, con el fin de tratar este
tema con más profundidad y dar las explicaciones pertinentes.

Entre otras cosas, el informe dice que no se aplica el
convenio europeo —y leo textualmente—, sino que se
instrumentaliza falsariamente a través del contenido reformado en el año
2012 que no desarrolla el convenio europeo número 116, sino que lo vacía
de garantías con relación a derechos fundamentales, que lo vacía de
supuestos básicos de un Estado de derecho y constitucional como son los
principios de legalidad, la tutela judicial efectiva, la presunción de
inocencia, la seguridad jurídica y la intervención de la arbitrariedad de
los poderes políticos, rompiendo la división de poderes. Por tanto,
estamos hablando, señorías, de hechos muy graves.

Los grupos EH, Bildu y Amaiur, como ya hemos hecho en
reiteradas ocasiones, expresamos nuestro reconocimiento a las víctimas y
al sufrimiento causado por todas las manifestaciones de violencia que ha
habido en nuestro país, porque apostamos por el reconocimiento y la
reparación de todas ellas, y del mismo modo que lo hacemos por el
conocimiento de toda la verdad, estaríamos dispuestos a apoyar esta
moción en dichos términos, pero tras la incorporación de la enmienda del
Grupo Socialista en la que se propone la adición de un segundo punto por
el que el Senado insta al Gobierno de España a consensuar con el Gobierno
vasco, todas las fuerzas políticas y las asociaciones de víctimas del
terrorismo la configuración y puesta en marcha del centro memorial de las
víctimas del terrorismo, no podemos apoyar la moción en su totalidad, por
lo que nos vamos a abstener. Y me explico. Cuando menos me parece
paradójico que en esta moción, que insta al Gobierno a que cumpla con el
principio de igualdad y no discriminación de las víctimas, y en la que,
por tanto, se da por hecho que el Gobierno no trata a todas las víctimas
por igual y en definitiva se comparte lo constatado en el informe al que
antes he hecho referencia, que dice —y leo textualmente— que
las denegaciones de las indemnizaciones son arbitrarias, resulta
paradójico, como digo, que acto seguido, por medio de esa enmienda de
adición, se inste al Gobierno a consensuar la creación del centro
memorial cuando ya se ha anunciado públicamente la ubicación precisamente
por boca del mismo ministro que firmó las denegaciones de las ayudas a
las víctimas. Por lo tanto, me pregunto en qué condiciones van a hacer
este centro; me pregunto si son estas las condiciones que se merecen
todas las víctimas. Y si se ha constatado la arbitrariedad en cuanto a
las víctimas, si se ha anunciado la creación de un centro sin consenso
alguno, si no se reconoce a todas las víctimas por igual, me pregunto
sobre qué cimientos van a hacer este centro.

Creemos que este no es el camino y nosotros hemos mostrado
nuestra voluntad de impulsar la reconciliación basada en el respeto
mutuo, el reconocimiento, la reparación y la memoria. Esos deberían ser
los cimientos de un proceso de reconciliación, y para ello debemos
empezar por el conocimiento de la verdad, un deber básico y fundamental
para poder transitar por los senderos de la paz. Por eso nos mostramos a
favor de la creación de un instituto vasco que sea inclusivo, donde
participemos todos, donde estén reconocidas todas las víctimas, porque la
verdad, la justicia y la reparación de las víctimas son el camino a una
reconciliación y a una mejor convivencia. Para ello es preciso sacar de
la oscuridad las violaciones de derechos humanos que aún se mantienen
ocultas.

El suelo ético de la convivencia construida en la paz y la
democracia son los derechos humanos, y frente a las vulneraciones de los
derechos humanos somos taxativos: no cabe excepción en este ámbito.
Realizamos esta afirmación sabiendo que no existe una sola verdad ni una
sola forma de ver las cosas y que la verdad con mayúsculas no se
construye haciendo la media de las conculcaciones ocurridas, sino
teniendo en cuenta todas y cada una de ellas, sin que quepa ninguna
excepción.

Por ello somos conscientes de que la elaboración de un
relato único es algo muy complicado de llevar a la práctica, pero sí es
posible realizar una suma de relatos, una suma de relatos que miren al
futuro, a la construcción de un proceso de paz y de convivencia
democrática para nuestro pueblo. Nadie puede quedarse con unas
vulneraciones y no con otras, y es que en la actualidad no existe una
política pública de las víctimas relacionada con la vulneración de
derechos humanos de motivación política; no existe una política que
contemple a todas las víctimas sin distinciones basadas en quiénes sean
los perpetradores de los hechos, y sin esto no hay centro memorial que
valga. Es más, la praxis política ha generado todo tipo de distinciones
—este es el caso de la moción de hoy—, con diferentes
criterios y agravios comparativos; la legislación asimétrica ha

provocado que a distintas víctimas les correspondan
distintos derechos, y si no superamos esto entre todos, no hay memorial
que valga. Por ello hemos de ser capaces de avanzar, de hablar, de
contrastar para entre todos, de una manera inclusiva, afianzar esta
oportunidad histórica sobre dos ejes principales: por un lado, erradicar
toda expresión vulneradora de derechos y, por otro, lograr el
reconocimiento y la reparación de todas las víctimas sin excepciones, así
como establecer la garantía de no repetir lo ocurrido. Esta es la vía en
la que transitamos, en la que esperamos encontrarnos con el resto de las
fuerzas políticas, una vía en la que la moción original pudo haber
transitado y, lamentablemente, no lo hará debido a los cambios
sufridos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Mendizabal.

Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, la senadora
señora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente,
señorías.

Brevemente, porque el tiempo es limitado, voy a manifestar
el posicionamiento de Unión del Pueblo Navarro respecto a la moción que
ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco.

Comparto el discurso y las afirmaciones del señor Aznar,
porque escuchando al señor Bildarratz —del que no tengo dudas de
sus buenas intenciones y, desde luego, cuenta con mi máximo
respeto—, este no es un debate jurídico. Usted nos ha traído aquí
un debate jurídico porque seguro que es lo más fácil, y seguro que están
pensando en actuar con rectitud —estoy convencida—, pero el
debate que nos ha traído usted aquí es un debate propio de los
tribunales. Si hay incumplimiento o se considera que las resoluciones
administrativas adoptadas al respecto no se cumplen, deben ser defendidas
—además con ese grado de profundidad con que usted lo ha
hecho— en otro sitio.

Esto es una Cámara de representación política, de debate
político, y esto tiene una traducción política clara. Aunque usted ha
querido decir que no, que quería abstraerse de una valoración o de
connotaciones políticas de otro tipo, en esta moción dicen que el
Gobierno español está denegando de manera sistemática indemnizaciones a
víctimas —de manera sistemática, como si fuera algo arbitrario y
caprichoso del Gobierno de España, con lo cual, a nuestro entender es una
afirmación seria sobre la actuación del Gobierno de España—. Pero
vamos más allá, la moción continúa diciendo: …a víctimas de delitos
violentos que, según entiende el propio ministerio —insisto, como
si fuera algo caprichoso—, han participado en delincuencia
organizada o pertenecen a una organización que se dedica a cometer
delitos violentos. Pues, faltaría más. Faltaría más. Yo no sé si la
Declaración de las Naciones Unidas, la legislación en vigor o la norma
que nos hemos dado permite, porque sería una auténtica barbaridad, que
estemos contemplando como víctimas, reconociéndolo y pagándoles con el
dinero de todos los españoles a personas que han participado o pertenecen
a una organización que se dedica a cometer delitos violentos. Faltaría
más. Por lo tanto, no tenemos dudas; y si hay alguna duda sobre el
funcionamiento o la actitud del Gobierno, reclámese en otra
instancia.

Como le decía, hay que hacer valoraciones políticas.
Evidentemente, esta moción tiene una traducción. Ustedes nos traen esto
aquí, y dice usted que esto afecta a víctimas del GAL, del Batallón Vasco
Español y otras de ETA. Ya solo con eso le aseguro que nos ponen los
pelos de punta. A Unión del Pueblo Navarro nos pone los pelos de punta
que vengan ustedes aquí con esa equidistancia que a veces mantienen como
partido político, que vengan aquí a reclamar una indefensión o una
injusticia que supuestamente o presuntamente se produce a víctimas de
ETA. Nos pone los pelos de punta. Creo que ustedes tienen la oportunidad
y la han tenido; y pocas iniciativas hemos visto aquí de apoyo a otras
víctimas del terrorismo. Nos duele, nos resulta inaceptable. Y seguro
—insisto— que lo han hecho con la mejor intención; es
posible, no voy a dudar de eso, porque, además, en lo personal la
relación es cordial y sé de la altura de miras de muchos de ustedes. Pero
en lo político —y estamos hablando en clave política, no en clave
personal— creo que su sensibilidad hacia las víctimas del
terrorismo la deben manifestar de forma más continua, más permanente y
más abierta a quienes en realidad han sufrido, sufren y todavía requieren
de la sociedad española, de los partidos políticos y de las instituciones
que gobiernan los ayuntamientos, de los gobiernos autonómicos y los
gobiernos centrales una reparación. Requieren que la dignidad, la verdad
y la justicia permanezcan y prevalezcan. No voy a entrar en polémicas que
ya son muy concretas y muy locales, pero su propio asesor del Gobierno
vasco

para las víctimas del terrorismo, que ha sido cesado
recientemente, durante estos días detecta un distanciamiento y un
enfriamiento del Gobierno del Partido Nacionalista Vasco hacia las
víctimas del terrorismo.

De verdad, que nos sirva para aprender y para que todos
sumemos —no voy a entrar en otras cuestiones, salvo en una mención
muy puntual—, para buscar el estar a la altura de las
circunstancias de lo que la sociedad española y las víctimas del
terrorismo necesitan y todavía requieren, a pesar de que ETA ya no
mate.

Para finalizar, de la intervención anterior, de la senadora
de Bildu, Amaiur, Batasuna, quiero decir que al cinismo no vamos a
responder. En cualquier caso, votaremos en contra de esta moción.

Creemos que la enmienda que se ha incorporado, del Grupo
Socialista, no aporta nada...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, finalice.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Acabo ya.

No aporta nada y no contribuye al debate. Y si realmente se
considera que hay un incumplimiento, creemos que hay otras vías.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador señor Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor
presidente.

Señora Salanueva, con el respeto que usted dice tener, yo
no le acepto que usted valore la actuación del Partido Nacionalista Vasco
con respecto a la violencia de ETA de equidistante. Ni mucho menos se lo
acepto. Porque llevamos muchos años trabajando, muchos años, de muchas
maneras, de manera discreta, de manera no discreta (Aplausos); y eso lo
sabe el Partido Popular y lo sabe el Partido Socialista, las fuerzas con
las que principalmente trabajamos, porque son las fuerzas con las que
principalmente podemos llevar adelante proyectos como los que se están
llevando. Quizá usted no lo conozca, pero la prudencia política también
le debe llevar a no valorar aquello que desconoce y que principalmente
pueda hacer daño. Haga los gestos que quiera, pero eso es así. Ustedes no
van a valorar la equidistancia o no equidistancia que podemos tener con
respecto a las víctimas del terrorismo. Faltaría más.

Señor Aznar, evidentemente, hoy no me voy a vestir con una
toga, pero sí me voy a vestir de político. Y si en esta Cámara aprobamos
una serie de textos normativos es evidente que además velemos porque se
cumplan o al menos porque el Gobierno en este caso no cometa lo que en
nuestra opinión está siendo un fraude de ley, lo que voy a intentar
justificar sobre la base de los mismos argumentos que usted me ha
aportado.

Usted me habla de cuándo entra en vigor el Convenio 116 de
Europa, y dice: bueno, eso es discutible. Es verdad que es discutible,
pero hay una cosa que no lo es, señor Aznar: que se aprobó en 1983. Eso
no es discutible. Y tampoco es discutible que para que surja efecto,
evidentemente, los Estados miembros que quieran ratificarlo lo tengan que
hacer. Eso tampoco es discutible, con lo cual no es discutible que el
Estado español ratifica en diciembre de 2001 ese texto y tampoco es
discutible que en febrero de 2002 entra en vigor. Eso no es discutible. A
partir de ahí, puede ser discutible si entra en vigor o es de aplicación
en el Estado antes de que se haga la reforma de 2011. Eso sí puede ser
discutible, independientemente de que cuando se aprueba la Ley 17/2012,
de los presupuestos generales del Estado, precisamente introduciendo este
precepto, el 8.2 del Convenio de Europa, se dice lo siguiente en la
disposición transitoria novena: La modificación de la Ley 29/2011
—a la cual estamos haciendo mención—, de 22 de septiembre, de
reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo,
introducida por la disposición final vigésima séptima, surtirá efectos
desde el 23 de septiembre de 2011. No se lo discuto, pero todos los casos
que usted ha mencionado, todos, son previos a la ratificación del
Convenio 116 por el Estado español. Y es verdad que todo es
interpretable, pero lo que le estoy diciendo no lo es, porque es
objetivo.

Me preocupa también otro tema: aquello que podamos
presentar como prueba en sustitución de una sentencia; y el delito viene
definido precisamente por una sentencia. En cuanto a la

condición de prueba documental, a la que usted se refería,
de carácter oficial y emitida por órgano competente, capaz de desvirtuar
la presunción de inocencia, entendemos que no es posible legalmente que
en un procedimiento administrativo —como es, como usted decía,
precisamente este— se puedan determinar delitos y personas
penalmente responsables. Faltaría más. Es cierto que es un procedimiento
administrativo, por supuesto que lo es, pero lo que no puede aplicar es
el artículo 80 de la Ley de procedimiento administrativo para definir
quién es culpable o quién no es culpable. Una vez declarado culpable, una
vez obtenida esa sentencia, una vez definida la persona que ha cometido
el delito, evidentemente le aplicamos el procedimiento administrativo,
pero a través de un procedimiento administrativo nunca vamos a poder
definir que alguien ha cometido un delito. Eso llevaría a un vaciamiento
de las garantías básicas del procedimiento penal absolutamente
inadmisible en derecho, que además rompería gratuitamente la necesaria
separación de poderes democráticos, porque, a fin de cuentas, el
Ejecutivo, evidentemente, estaría adoptando medidas que a él no le
corresponden.

Podemos estar de acuerdo con muchas de las valoraciones que
ha hecho el señor Aznar, pero, de toda la reflexión que ha realizado
—repito que puedo estar de acuerdo en muchos elemento y
criterios—, le pido que veamos y analicemos esos dos puntos que
entendemos que se están incumpliendo por parte del Gobierno y que a
nosotros, como Cámara legislativa, nos competen. Y voy a añadir más sobre
lo que usted me decía acerca de que, sobre la base del artículo 80, se
pudieran presentar una serie de documentos oficiales que dijeran o que
posibilitaran que esas personas pudieran pertenecer a una banda armada,
organización delictiva, etcétera. Mire, en un mismo expediente, en un
mismo caso —cuyo nombre, evidentemente, no nos importa—,
tengo un informe de la Guardia Civil, con fecha 12 de diciembre, en el
cual viene a decir que un miembro de ETA resultó muerto mediante
disparos, etcétera. Bien, pues la Policía Nacional, a instancias del
Ministerio del Interior, que le pide un informe, quince días más tarde
viene a decir, con respecto a si pertenecía a una organización
terrorista, etcétera, que desconoce que esa persona perteneciera a
ninguna banda armada. En ese sentido, yo no estoy criticando, porque
seguro que cada uno de los cuerpos ha hecho su trabajo, su labor, con la
mejor de las calidades posible. ¿Qué es lo que le estoy intentando
trasmitir? Que, evidentemente —es una constatación—, ni al
Ministerio del Interior ni a sus fuerzas les corresponde de ninguna de
las maneras decir quién ha delinquido o quién no ha delinquido, sino que
a las fuerzas del Estado, al Ministerio del Interior le corresponde
informar, posibilitar, investigar, para que otro colectivo, en este caso
el de los jueces, determine, como decíamos antes, si hay delito o no.

También he de decirle, señor Aznar, que, siendo este es un
tema complicado, sobre el que previamente usted y yo hemos intentado
reflexionar conjuntamente, también le agradezco que el tono al menos haya
sido de reflexión, cada uno con su punto de vista, pero sobre todo
respetuoso, respetando al otro, entendiendo que el otro también tiene el
mismo interés que nosotros, que es cuidar, tutelar a todas las víctimas
del terrorismo, a diferencia, por ejemplo, de lo que ha hecho nuestra
compañera la senadora Amelia Salanueva. La verdad es que me sorprende,
porque eso es no conocer ni mi trayectoria personal —por eso me
duele— ni la de mi grupo a la hora de trabajar con estas víctimas,
de trabajar de la mano con ellas para reconocer, para vivir, para revivir
todo el sufrimiento que cada una de ellas tiene, para intentar ayudarlas
en toda la desesperación que esa situación les ha provocado, para
intentar facilitarles la vida ante eso que ya es irrecuperable. En todas
esas preocupaciones es en las que, con mayor o menor fortuna, con mayor o
menor acierto, intentamos trabajar para que esas víctimas del terrorismo,
después de todo lo que han sufrido, no vuelvan a sufrir.

Antes les he citado cinco argumentos y podría plantearles
otros dos, como, por ejemplo, los argumentos de derecho internacional de
la ONU. Podría decirles muchas más cosas. Y sobre todo hablar del último
argumento: el de la convivencia, porque el argumento de la convivencia es
precisamente que todos nos podamos encontrar. Ya sé que todos somos
diferentes y todos merecemos un trato diferente, pero bajo unos mismos
criterios, criterios de igualdad que recoge la Ley 29/2011;
evidentemente, una igualdad significativa para cada persona, una igualdad
respetuosa, con la diferencia que cada uno ha vivido, pero una igualdad,
una igualdad para aquellas víctimas del terrorismo cuya vida ha
desaparecido…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por
favor, finalice.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, presidente.
Termino.

…por una decisión de alguien que no merece ningún
calificativo. Y entiendo que la mejor manera, como decía antes, de llevar
adelante todo este tema es, sí, desde el acuerdo, desde el consenso, pero
sobre todo desde el respeto escrupuloso a la ley. Repito que yo no me voy
a poner la toga, pero sí me voy a poner el traje de político para pedir,
para exigir al Gobierno que cumpla con el texto legislativo del que nos
hemos autodotado y aquí hemos aprobado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bildarratz.

Por el Grupo de Entesa, tiene la palabra el senador
Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gràcies, senyor president.

Des de l’escó, vull fixar la posició del nostre Grup
Parlamentari de l’Entesa per al Progrés de Catalunya. Nosaltres
votarem a favor d’aquesta moció presentada pel Partit Nacionalista
Basc, amb l’esmena incorporada pel Grup Socialista, sobre la base
de quatre afirmacions.

En primer lloc, compartim i estem d’acord amb la part
dispositiva de la moció, que demana, reclama i insta el Govern al
compliment dels principis d’igualtat i de no discriminació en els
processos d’indemnització i de reparació a les persones que han
sigut víctimes del terrorisme. En segon lloc, també estem d’acord
en la necessitat, en l’esforç i en l’obligació que té
l’Estat espanyol de tirar endavant i d’aplicar les polítiques
de reparació a les víctimes i als seus familiars sobre la base
d’uns principis que, des del nostre punt de vista, són molt clars:
els principis de memòria, de dignitat, de justícia i de veritat. En
tercer lloc, també estem d’acord amb el compliment estricte de les
disposicions de les lleis de les quals ens hem dotat, i que per cert, en
aquest cas, varen ser aprovades amb un ampli consens de totes les forces
polítiques a les Corts Generals. Tant la Llei de Solidaritat amb les
Víctimes del Terrorisme, de l’any 1999, com la Llei de
reconeixement i protecció integral de les víctimes del terrorisme, del
2011, modificada en part, per cert, per la Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat del 2013, i evidentment també, com ha comentat el senyor
Bildarratz, el Conveni europeu sobre indemnització a les víctimes de
delictes violents, de l’any 1983, que va ser ratificat per
l’Estat espanyol el 2001. Finalment, la quarta afirmació és
respecte de l’esmena del Grup Socialista, incorporada i acceptada,
perquè també estem d’acord amb que es posi en marxa el memorial de
víctimes del terrorisme de Vitòria, i especialment sobre la base de la
redacció de l’esmena socialista, sobre la base de l’acord, el
diàleg i el consens amb el Govern Basc, amb totes ─repeteixo,
totes─ les forces polítiques i també amb les associacions de
víctimes del terrorisme.

Aquestes són les quatre afirmacions que ens porten a votar
afirmativament aquesta moció.

No voldria acabar, però, sense posar sobre la taula una
altra qüestió, potser una mica colateral però que també em sembla de
justícia que la comentem. Aquests principis d’igualtat i no
discriminació no només ─que també─ s’han
d’aplicar a les víctimes del terrorisme, sinó també a les
associacions de víctimes del terrorisme. En aquest sentit ens preocupa
que, per exemple, a partir del 2012, aquest tracte d’igualtat
creiem que s’ha vulnerat, pel fet que s’han reduït les
subvencions a algunes associacions de víctimes del terrorisme, com la de
l’11M, i en canvi, s’han augmentat aquestes ajudes a alguna
altra associació de víctimes del terrorisme; és a dir, no hi ha hagut una
disminució equitativa sinó que s’han augmentat. Simplement volem
posar-ho sobre la taula.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, señor presidente.

La posición del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya es votar a favor de esta moción presentada por el Grupo
Parlamentario Vasco, con la enmienda incorporada del Grupo Socialista,
sobre la base de cuatro afirmaciones.

En primer lugar, compartimos y estamos de acuerdo con la
parte dispositiva de la moción, que pide, que reclama, que insta al
Gobierno al cumplimiento de los principios de igualdad y no
discriminación en los procesos de indemnización y reparación a las
personas que han sido víctimas del terrorismo. En segundo lugar, estamos
también de acuerdo con la necesidad, el esfuerzo y la obligación que
tiene el Estado español de sacar adelante y aplicar las políticas de
reparación a las víctimas y a sus familiares sobre la base de unos
principios que, desde nuestro punto de vista, son

muy claros: los principios de memoria, dignidad, justicia y
verdad. En tercer lugar, también estamos de acuerdo con el cumplimiento
estricto de las disposiciones de las leyes de las que nos hemos dotado,
que, por cierto, en este caso fueron aprobadas con un amplio consenso de
todas las fuerzas políticas en las Cortes Generales, tanto la Ley de
solidaridad con las víctimas del terrorismo, del año 1999, como la Ley de
reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, de
2011, modificada en parte, por cierto, con la Ley de presupuestos
generales del Estado, de 2013, y, evidentemente —también lo ha
comentado el senador Bildarratz—, el Convenio Europeo sobre
Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos, del año 1983, que fue
ratificado por el Estado español en 2001. Y la cuarta afirmación se
refiere a la enmienda incorporada y aceptada, del Grupo Socialista. Y es
que también estamos de acuerdo con que se ponga en marcha el memorial de
víctimas del terrorismo de Vitoria, en especial sobre la base de la
redacción de la enmienda socialista, es decir, basado en el acuerdo, el
diálogo y el consenso con el Gobierno vasco y con todas —repito,
todas— las fuerzas políticas y con las asociaciones de víctimas del
terrorismo.

Estas son las cuatro afirmaciones que nos llevan a votar
afirmativamente esta moción.

Y no querría acabar sin poner sobre la mesa otra cuestión,
quizás algo colateral pero que me parece que también es de justicia
comentar, y es que estos principios de igualdad y no discriminación no
solo deben aplicarse, aunque también, a las víctimas del terrorismo, sino
asimismo a las asociaciones de víctimas del terrorismo. En este sentido,
nos preocupa que, por ejemplo, a partir de 2012 este trato de igualdad y
no discriminación se haya vulnerado —eso creemos— por el
hecho de que se hayan reducido las ayudas, las subvenciones a algunas
asociaciones de víctimas del terrorismo, como la de víctimas del 11-M, y
en cambio se hayan aumentado —es decir, no ha habido una
disminución equitativa— las ayudas a otras asociaciones de víctimas
del terrorismo.

Simplemente queríamos poner esto sobre la mesa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra el
senador señor Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gràcies, senyor president.

Des de l’escó, i molt però que molt breument, només
vull anunciar que el nostre grup parlamentari donarà suport a la moció
presentada pel Partit Nacionalista Basc. També donarà suport,
evidentment, a l’esmena. Si el Partit Nacionalista Basc creu que
millora l’apartat resolutiu, nosaltres l’acceptem.

Donem suport a aquesta proposta sobre la base dels
arguments i els criteris que s’han exposat en la part expositiva de
la moció. L’Estat ha de complir amb el principi de legalitat.
Aquell principi que cada dia a l’hora d’esmorzar, a
l’hora de berenar i a l’hora de sopar ens recorden als
catalans, l’Estat és el primer que l’ha de complir.
L’ha de complir i ha de vetllar pel compliment de les lleis, però
de totes, no només de les que li interessen.

En segon lloc, la possibilitat de reduir o suprimir la
indemnització a víctimes de delictes violents no pot quedar en mans de
l’arbitrarietat i de l’objectivitat administrativa del
Govern, sinó en mans de la justícia i, tal com demana el Partit
Nacionalista Basc, amb sentència ferma condemnatòria. No fer-ho així, i
per tant denegar la indemnització a víctimes de terrorisme que tenen
reconeguda aquesta condició atemptaria contra el principi
d’igualtat i és discriminatori, i així es produeix també una segona
victimització. La no aplicació de la llei per reparar el dany ocasionat a
víctimes d’actes violents comporta una situació d’iniquitat
tant per a les víctimes com per a la pròpia societat.

És per tot això que nosaltres donarem suport a la moció del
Partit Nacionalista Basc.

Gràcies, president.

Gracias, presidente. Intervendré desde el escaño y muy
brevemente.

Solo quiero anunciar que nuestro grupo parlamentario va a
apoyar la moción presentada por el Grupo Parlamentario Vasco y también,
evidentemente, la enmienda, porque si el Grupo Parlamentario Vasco cree
que mejora el apartado dispositivo, nosotros la aceptamos.

Queremos apoyar esta propuesta sobre la base de los
argumentos y los criterios que se han expuesto en la parte expositiva de
la moción. El Estado tiene que cumplir con el principio de

legalidad, ese principio que, siempre, a la hora de
desayunar, de merendar y de cenar, nos recuerdan a los catalanes. El
Estado es el primero que tiene que cumplirlo; tiene que velar por el
cumplimiento de las leyes, pero de todas, no solo de las que le
interesan.

En segundo lugar, la posibilidad de reducir o suprimir la
indemnización a víctimas de delitos violentos no puede quedar en manos de
la arbitrariedad y la objetividad administrativa del Gobierno, sino en
manos de la justicia y, tal y como pide el Partido Nacionalista Vasco,
con sentencia firme condenatoria. No hacerlo así y, por tanto, denegar la
indemnización a víctimas del terrorismo que tienen reconocida esa
condición, atentaría contra el principio de igualdad y sería
discriminatorio, lo que produciría una segunda victimización. La no
aplicación de la ley para reparar el daño ocasionado a víctimas de actos
violentos comporta una situación de iniquidad, tanto para las víctimas
como para la propia sociedad.

Por todo ello, vamos a apoyar la moción del Grupo
Parlamentario Vasco.

Gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Sendra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias de nuevo, señor
presidente.

En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Vasco que haya
aceptado nuestra enmienda, que creemos que refuerza el valor de su
moción. Efectivamente, 26 meses de retraso desde la firma del protocolo
para ustedes no es nada; y mucho peor me lo pone, señor Aznar, si me lo
retrotrae al presidente Aznar. Pero no me extraña que para ustedes 26
meses no sean nada, porque con lo que tardan en tomar decisiones... Y, si
no, pregúntenselo al señor Cañete, al que han tenido en vilo durante no
sé cuánto tiempo y no sabían todavía qué decisión tomar. (Protestas). No
se enfaden, hombre; no se pongan nerviosos.

Centrándome ya en el ámbito de la moción, nuestra vigente
legislación reconoce y protege a las víctimas del terrorismo y se
compromete con todas las personas que han sufrido cualquier tipo de
violencia terrorista, con un evidente papel integrador y conciliador. Y
todos tenemos la obligación de reparar el sufrimiento de las víctimas, de
todas las víctimas, y de sus familiares. Todos tenemos la obligación
ética, social, democrática y política de poner en valor ese sufrimiento y
cumplir y hacer cumplir la ley por igual. Todos tenemos esas
obligaciones, señorías, también ustedes, desde el Gobierno. Y aquí no
vale negar la mayor ni generar desigualdades o discriminaciones. Ninguna
víctima se lo merece. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Y si
ustedes o el Gobierno, con sus decisiones, no lo hacen así, estarán
vulnerando el principio de legalidad, como se ha dicho, y de presunción
de inocencia. Será un auténtico abuso de poder. Si se mantienen en las
denegaciones no estarán atendiendo a nuestra normativa interna y estarán
vulnerando el ordenamiento jurídico constitucional y legal español. Todas
las víctimas tienen derecho a la reparación, nos guste más o nos guste
menos. Y todas las víctimas tienen derecho a la verdad. Todas, señorías;
si se cumple con nuestro ordenamiento jurídico, todas.

Estamos en una sede legislativa y política, pero, en
términos jurídicos, la Ley de solidaridad con las víctimas del
terrorismo, de 1999, la ley de reconocimiento y reparación a las víctimas
del terrorismo, de 2008, y la Ley de reconocimiento y protección integral
a las víctimas del terrorismo, de 2011, que fue reformulada por los
presupuestos generales del Estado para 2013, son de aplicación; y son de
aplicación con una mayor amplitud extensiva que el propio convenio
europeo que ustedes esgrimen continuamente para denegar estas
indemnizaciones. Pero es que, señorías, el Ministerio de Interior ni
siquiera está aplicando ese convenio. Voy a intentar explicarlo: lo está
instrumentalizando, primero, vaciando de contenido, después,
interpretando erróneamente, o, lo que es peor, interpretando
falsariamente.

Yo no voy a poner encima de la mesa posibles violaciones de
derechos fundamentales, como ha hecho ya alguna senadora, y, por lo
tanto, la aplicación del artículo 404 del vigente Código penal, como han
hecho los catedráticos de Derecho Penal y miembros del Instituto Vasco de
Criminología. No voy a hablar de la posible presunta prevaricación del
ministro de Interior. Nosotros solo les decimos que lo principal en una
sociedad agradecida es proteger a las víctimas y reconocer el sacrificio
de todas ellas. El futuro de la convivencia debe ser construido
ineludiblemente sobre la memoria, y tenemos que recordar y reconocer a
quienes han sufrido para que la historia no se repita —estoy seguro
de que está de acuerdo conmigo, señor Aznar— y además se salde una

deuda que este país tiene con muchas personas. No se pueden
crear víctimas de primera y víctimas de segunda, porque las víctimas,
todas las víctimas, siguen esperando verdad, justicia y reparación.

La violencia terrorista que durante los últimos 50 años ha
sufrido España, y Euskadi principalmente, constituye una de las mayores
lacras de esta sociedad, tanto por el dolor que ha originado a las
víctimas y a sus familiares, que también lo son, como por la conmoción
que ha provocado en el resto de los ciudadanos. Por eso no se les puede
ignorar, no se les puede apartar o no se les puede discriminar con un
apoyo legal a un convenio europeo instrumentalizado. El gran reto de los
que estamos aquí es garantizar por parte del Estado un trato equitativo
en la compensación económica y moral, garantizar la tutela efectiva de su
dignidad, evitar respuestas desiguales entre iguales. Y esta moción, que
nosotros apoyaremos, es un signo de reconocimiento, de respeto, de
solidaridad, y al final no deja de ser reparación y puramente legalidad.
Lo dice el texto de la propia moción: memoria, dignidad, justicia y
verdad. Y creemos, además, que con su apoyo se deslegitima una vez más la
violencia terrorista.

Señorías, yo soy vasco y socialista. He sufrido, como
algunos de ustedes y muchos socialistas, la violencia terrorista de forma
directa e indirecta. ¿Qué me va a contar, señor Aznar? Ni una lección
más, ni una lección más a un socialista sobre sufrimiento y sobre
violencia. Ni una lección más, ni una. (Aplausos).

Pero entre todos, señorías, debemos plantearnos un
horizonte, que es construir una nueva ética, construir una sociedad
digna. Y eso se medirá por la dignidad con la que el Gobierno y los
gobiernos amparen y protejan a todos los que han sido víctimas. Y con
resoluciones denegatorias como las que está haciendo el ministro de
Interior no se llega a la búsqueda de ese horizonte. Porque, al final, la
reparación e indemnización a las víctimas del terrorismo supone honrar la
memoria de los que no están y responder a las expectativas de quienes,
pese al sufrimiento, siguen y seguimos construyendo y buscando ese
horizonte de verdad y de conciliación.

Por tanto, apoyaremos la moción del grupo nacionalista,
pero solicitamos que ustedes, desde el grupo mayoritario, también la
apoyen. En primer lugar, porque es necesario un centro memorial para las
víctimas —y les exigimos que lo consensuen— y también porque,
desde la esperanza —ahora desde la esperanza—, las víctimas
no pueden ser en estos momentos víctimas de la paz ni víctimas de la
legalidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señor portavoz del PSOE, lejos de la intención de este
senador dar una lección a nadie; y no solo de este senador, de este
grupo. Pero le voy a decir una cosa: desde el profundo respeto que me
merece el que usted haya sufrido personalmente, como nos cuenta que ha
sufrido, y no tengo la más mínima duda, usted ha venido hoy con su grupo
y ha presentado una enmienda para no entrar en el fondo de la cuestión
que aquí se debate; y si usted se quiere poner de perfil, es problema
suyo. (Aplausos). Por lo tanto, este grupo tiene muy claras las
cuestiones que aquí hemos defendido y vamos a seguir defendiendo.

Señor portavoz del Partido Nacionalista Vasco, es verdad:
hemos estado hablando mucho tiempo y probablemente con puntos de vista
que no coinciden en algunas cuestiones. También le tengo que admitir que
seguramente no es lo mismo vivir lo que ustedes viven allí que lo que
vivimos nosotros en otras partes, lo cual no quiere decir, ni muchísimo
menos, que el sufrimiento se haya producido exclusivamente en un
territorio. El sufrimiento, lamentablemente, ha afectado a todo el
territorio español. No quiero recordar ahora, porque sería absurdo, que
de esas 829 víctimas de la violencia etarra, terrorista, una grandísima
parte se ha producido en territorio lejos de Euskadi. Lo saben ustedes
igual que yo, pero no venimos a hablar de eso.

Venimos a hablar de igualdad en el trato a las víctimas.
Bien, pues la igualdad en el trato a las víctimas, y coincido con usted
en que así debiera ser, es, primero, saber quiénes son las víctimas. Y,
señoría, desde mi punto de vista, los 47 expedientes que se han denegado,
salvo los errores que se puedan haber producido, no pueden tener la misma
consideración que las víctimas de la violencia etarra a la que yo me
estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque parece ser que forman parte

de ETA o de su entorno ilegalizado, y esa es la razón,
desde el punto de vista exclusivamente administrativo, por la que se les
deniega la percepción de unos derechos indemnizatorios.

No digan que se está faltando a la tutela activa, porque no
es verdad. En la misma resolución, como a usted le consta perfectamente,
senadora Mendizabal, se alude a la posibilidad inmediata, en un Estado de
derecho como el nuestro y con la tutela judicial en plena vigencia, de
que puedan acudir a los tribunales de justicia ordinarios para defender
esos derechos que, presumiblemente, y según su teoría, no han sido
reconocidos por el Gobierno de España.

Por lo tanto, no se trata de buscar una responsabilidad
penal en esos expedientes, señor Bildarratz, no es eso; no estamos
hablando de ese tipo de pruebas, que se han de presentar en los
tribunales, sino de cuáles son las víctimas que cumplen unos requisitos
que, desde el punto de vista legal, les permiten acceder a un determinado
tipo de indemnizaciones. Nada más. Y ese es el marco en el que nos
estamos moviendo.

A mí me alegra mucho que el portavoz del Partido Socialista
haya vuelto a hablar de la legislación del año 1999, porque aquella
importante legislación —que promovió el presidente Aznar en su
día— estaba enfocada al único objetivo de proteger a la persona.
Por lo tanto, estamos muy orgullosos de aquella legislación que, con el
paso del tiempo, se ha ido complementando y mejorando. En ese camino
estamos y en ese camino nos podremos encontrar con todos los grupos
políticos, pero teniendo muy clara cuál es la defensa primordial de las
víctimas que queremos hacer.

Senadora Mendizabal, no me parece de recibo que ahora
vengan a llamarnos a todos al consenso, pero a un consenso en el que
marcan ustedes las condiciones. ¡A santo de qué! Señoría, las condiciones
en democracia las marcan las mayorías, máxime cuando tienen el respaldo
de prácticamente todo el arco parlamentario. Por lo tanto, no vengan a
imponer condiciones y a hacer el discurso buenista de que hay que seguir
el camino de la paz, todos de la mano... Pero ¿con qué condiciones? Con
las que se imponen desde ahí. No, señorías. Es hora de que ustedes
también den con valentía ese paso que tienen que dar, y el paso es unirse
a las tesis que defendemos la mayoría de los demócratas en este país. Ese
es el paso. (Aplausos).

Señorías, creo que queda mucho sufrimiento en España
todavía, que las heridas todavía están sangrando en muchas familias y no
debemos perder esa perspectiva. No se ha terminado el problema porque ETA
lleve no sé cuántos meses sin matar —que es importante—, las
heridas siguen sangrando en muchas familias, las consecuencias de aquella
violencia salvaje sigue doliendo en muchas familias y no podemos perder
esto de vista.

Por tanto, les hago un llamamiento a la inversa: únanse
ustedes a las tesis de la mayoría demócrata, que no las hemos empezado a
defender hace unos meses sino que llevamos años haciéndolo, también en la
época del hierro y en la del plomo; ese es el camino en el que nos
tenemos que encontrar todos los demócratas. Y ahí estaremos con el
Partido Nacionalista Vasco, con Izquierda Unida, con el Partido
Socialista y con todos los grupos que tienen representación en las
Cámaras.

A mi grupo parlamentario le gustaría que las próximas
cuestiones que lleguen a esta Cámara, bien sea como mociones o como
propuestas del tipo que sean, no las presente un solo grupo sino que
exista un consenso de varios grupos que pudieran allanar más ese camino
hacia el encuentro y empezar realmente a construir la paz que todos
necesitamos.

Mientras tanto, en el Partido Popular y en el Grupo
Parlamentario Popular seguiremos protegiendo a las víctimas del
terrorismo, como estoy seguro de que seguirán haciendo también la mayoría
de sus señorías, lo digan con más o menos fuerza.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Aznar.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Vasco
con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
que ha sido aceptada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 233; a favor, 85; en contra, 145;
abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Señorías, se suspende la sesión hasta las cuatro y cuarto
de la tarde.

Eran las catorce horas y cincuenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y quince
minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Vayan tomando
asiento.

Se reanuda la sesión.

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. LECTURA ÚNICA

8.1.1. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY
12/2002, DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO CON
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000067)

El señor presidente da lectura a los puntos 8, 8.1. y
8.1.1.

El señor PRESIDENTE: A este proyecto de ley no se han
presentado propuestas de veto.

Turno a favor. (Denegaciones).

No hay turno a favor.

Turno en contra. (Denegaciones).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes a todos.

Subo a esta tribuna para anunciar nuestro voto favorable a
la ley de actualización del concierto económico. No obstante, quisiera
hacer alguna matización sobre este instrumento jurídico que regula las
relaciones tributarias y financieras entre la Administración del Estado y
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Estamos ante una ley que incorpora mejoras técnicas y
sistemáticas, pero, por encima de todo, es cierto que el concierto
económico es una herramienta que reconoce el derecho a decidir de la
ciudadanía vasca. El señor ministro decía en el Congreso de los
Diputados, y con razón, que el concierto no es un privilegio sino un
hecho diferencial. Y nosotros añadimos: Es un derecho, un derecho
originario que reconoce la propia Constitución en su disposición
adicional y es un derecho fruto del consenso democrático, basado
precisamente en ese respeto al derecho a decidir de la sociedad vasca. Se
trata de un derecho reconocido incluso por la Unión Europea, que ha dicho
con total claridad que en el Estado español hay cinco sistemas
tributarios propios: el sistema tributario estatal y los correspondientes
a los territorios forales. Se trata por tanto de un elemento positivo, de
un derecho con el que podemos dar respuesta a las necesidades de la
ciudadanía vasca, una herramienta con la que podemos gestionar nuestras
necesidades. Nos permite realizar y llevar adelante una fiscalidad más
justa.

Mi coalición, Amaiur y Euskal Herria Bildu, está aplicando
en la gestión de la Diputación de Guipúzcoa un modelo tributario
diferente al del Estado, incluso distinto en algunos aspectos al de otros
territorios de la propia Comunidad Autónoma del País Vasco y también de
la Comunidad Foral de Navarra. Estamos llevando a cabo una gestión más
justa y más progresiva, estamos demostrando también una mayor eficacia en
la lucha contra el fraude fiscal. De hecho, los incrementos de
recaudación han sido significativos y diferenciados también con respecto
a otros territorios. Estamos demostrando pues con hechos que se puede
atajar el fraude fiscal. En definitiva, estamos aprobando esta ley y, al
mismo tiempo, nos estamos reafirmando en la necesidad de seguir avanzando
en la soberanía. Para nosotros, avanzar en la soberanía es dar respuesta
a las necesidades de la ciudadanía vasca, es dar respuesta a la demanda
mayoritaria de la sociedad vasca de decidir su propio futuro, y estamos
reivindicando también dar respuesta

en temas concretos a la necesidad de una fiscalidad mucho
más justa, más progresiva y más cercana a la ciudadanía.

Por lo tanto termino puntualizando que el concierto
económico no es un fin en sí mismo, el fin no es el concierto, el fin es
el servicio a la ciudadanía, un fin democrático siempre de respeto a la
voluntad de la ciudadanía expresada democráticamente. A eso es a lo que
aspira la sociedad vasca, a decidir pacífica y democráticamente su propio
futuro; y en ello estamos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Mendizabal.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado...

Perdón, tiene la palabra la senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDA: Gracias, presidente.

Cuando ha preguntado, la verdad es que no estaba en el
hemiciclo. Le agradezco la cortesía.

Muy brevemente. Intervengo simplemente para poner en valor
el acuerdo al que se ha llegado —es un acuerdo entre instituciones,
Gobierno de España y Gobierno vasco— entre partidos políticos en el
marco de las leyes, de la Constitución española. La Constitución española
establece un marco de relaciones posibles, en las que todos cabemos y de
plena cabida en el contexto europeo.

He leído las intervenciones que se han producido en el
Congreso y hay quien afirmaba y acusaba de que no era un sistema
democrático. El concierto vasco, así como el convenio económico navarro
son sistemas, son modelos absolutamente democráticos, y quiero decirlo
porque creo que es importante. Y es muy peligroso hacer ese tipo de
afirmaciones cuando la política está viviendo momentos bastante
convulsos.

Es precisamente en el seno de las Cortes Generales, en las
instituciones —Gobierno vasco y, en su caso, cuando toque, el
Gobierno navarro y, por supuesto, en las Cortes Generales, Congreso y
Senado, que es donde se ratifica y donde se aprueban, y donde estamos
interviniendo gracias a esa posibilidad— donde radica la soberanía
nacional.

El concierto vasco —y, en su caso, el convenio
navarro, del que tendremos oportunidad de hablar—, en contra de lo
que se dice y de lo que se afirma, es un elemento de solidaridad con
todos los ciudadanos españoles. Los ciudadanos vascos y los navarros
aportan con sus impuestos, que luego el Gobierno recauda, y son
precisamente con esos impuestos con los que se dedica a hacer las
políticas que cada Gobierno establece, sin necesitar y sin utilizar
fondos y recursos, que sí hacen otras comunidades. Es simplemente un
modelo distinto pero, como digo, solidario plenamente con el conjunto de
los pueblos y de los territorios de España. De hecho, Navarra y el País
Vasco no pueden acceder a ningún fondo estatal de ayudas ni a ningún
fondo de liquidez, todo se hace desde el esfuerzo único de los ciudadanos
de esa comunidad.

A nuestro juicio, el éxito del convenio o del concierto no
es solo su mera existencia, que también, y su reconocimiento
constitucional, sino su gestión. Sus consecuencias económicas o sus
ventajas no son per se, sino que, en función de la gestión puntual que
hagan del mismo las administraciones que dirigen en cada momento las
distintas comunidades tendrá mayor o menor éxito. Debe ser una
herramienta que sirva para ayudar a la recuperación económica —por
supuesto, del País Vasco y de España—. Lo que vamos a aprobar esta
tarde es bueno para Euskadi y es bueno para España. Es un sistema de
financiación distinto pero también solidario.

En Navarra vamos a iniciar próximamente las negociaciones y
los trabajos para la actualización de nuestro convenio económico. Nos
debemos felicitar por el acuerdo al que se ha llegado, que, insisto, es
un acuerdo entre instituciones, entre las principales instituciones,
entre Gobiernos y entre partidos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Salanueva.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente, y, si
me lo permite, aunque sea un proyecto de ley, dada la naturaleza del
mismo, eskerrik asko.

Quería comentar en primer lugar, y al hilo de las
intervenciones de las senadoras Amalur Mendizabal y Amelia Salanueva, que
me congratulo del voto positivo de ambos grupos parlamentarios: en el
caso de Amelia Salanueva, porque viene a revocar la abstención que tuvo
lugar en el Congreso, que, sinceramente, era muy difícil de entender,
teniendo en cuenta que tanto el concierto económico que hoy estamos aquí
aprobando como el convenio de Navarra responden a naturalezas similares,
y quiero dar, por supuesto, la bienvenida al grupo de Amaiur,
concretamente a la senadora Amalur Mendizabal, a la defensa del concierto
económico. Se nota que su estancia en las instituciones vascas, que la
gestión que usted ahora mismo estaba reivindicando ha servido para que
aprecien realmente el valor de un instrumento que es fundamental para el
desarrollo de Euskadi, como lo ha sido siempre. Así que gracias a las
dos.

El concierto económico del País Vasco es una figura de
carácter paccionado, responde a un pacto; es decir, su naturaleza obliga
a las partes implicadas a alcanzar un acuerdo en el seno de la Comisión
Mixta del concierto económico, de la que forman parte tanto el Gobierno
español, como el Gobierno vasco, como las 3 diputaciones forales. Decía
que nos obliga a pactar, y es así, les obliga a pactar, a acordar la
concertación de los impuestos aprobados por el Estado desde el momento de
su última actualización, y a partir de ese momento pasarán a ser
recaudados y gestionados por las diputaciones forales de Álava, Vizcaya y
Guipúzcoa.

Hoy aquí actualizaremos esta ley para dar cabida a los
nuevos impuestos en las reformas tributarias que ha acometido el Gobierno
del Estado desde el año 2007, que fue la fecha de su última
actualización. Esta actualización era, por tanto, necesaria para
garantizar el buen funcionamiento del propio concierto y de las
relaciones institucionales entre todas las partes involucradas y, además,
es indispensable para el correcto funcionamiento de nuestro sistema
económico y financiero. Así, en esta ley —y ya pasamos a hablar de
sus contenidos— se conciertan impuestos referidos a un amplio
abanico de sectores: desde la exacción de premios de lotería y apuestas y
la retención de la parte correspondiente por la institución competente
—es decir, que será aquella del territorio donde resida
habitualmente la persona que ha sido afortunada con este premio— a
los impuestos derivados de los depósitos de las entidades de crédito que
van a recibir similar tratamiento; o también el impuesto sobre la
producción de energía eléctrica, o sobre la producción de combustibles
nucleares, o sobre el impacto de los residuos radioactivos que puedan
tener. Se ha concertado igualmente el nuevo impuesto de hidrocarburos, o
los recientemente establecidos para los gases fluorados que inciden
negativamente en el medio ambiente por su afectación al llamado efecto
invernadero —son numerosos los ejemplos de los contenidos de esta
actualización de la ley—, así como podrían ser también las nuevas
modificaciones pactadas en el propio seno de la comisión mixta para la
renta de los no residentes del impuesto de sucesiones y de los
denominados impuestos especiales.

Además de la concertación de los tributos y de los
impuestos, se incorporan a la ley elementos que no son de carácter
tributario, sino más bien de carácter formal o del propio funcionamiento
del sistema del concierto, como es el caso de la Comisión de Coordinación
o de la Junta Arbitral, en la que ya se ha acometido por fin la
renovación de sus miembros. Todas estas cuestiones han sido, como decía
antes, sumamente beneficiosas para el buen funcionamiento del
sistema.

Al margen de los contenidos técnicos del proyecto de
actualización, que son ciertamente complejos —alguno podría pensar
que incluso tediosos— y también ciertamente arduos para alcanzar
acuerdos, se impone también hacer una valoración de carácter político,
que, por lo que respecta a mi grupo parlamentario, no puede ser sino de
muy positiva. Trasladamos, por tanto, nuestra felicitación a todas las
partes, a todos los partidos que gobiernan en las diferentes
instituciones involucradas en este pacto y mostramos nuestro
agradecimiento por la voluntad de acuerdo que han demostrado.

Dentro de esta valoración política quisiera ahora hacer
lectura de unas palabras que se pronunciaron la semana pasada en el
Congreso, durante el debate de la actualización de este proyecto de ley,
que son las siguientes. (Va a ser un tanto extenso, pero sí que me
gustaría reproducir literalmente lo que allí se dijo.) Abro comillas: «El
proyecto de ley que hoy se debate en esta Cámara viene a actualizar el
régimen constitucional del concierto económico vasco. El concierto
—no hace falta recordarlo— es modelo propio de una comunidad
autónoma con unas peculiaridades históricas únicas, que ha permitido la
plena inserción del régimen foral en la Constitución. Esta actualización
que proponemos se produce además en un marco de absoluta

normalidad institucional, alejada de cualquier tipo de
tensión, fruto de la estabilidad y permanencia que desde hace 12 años
tiene la Ley del concierto. Una ley que establece la relación entre la
Hacienda central y las haciendas forales, una ley armonizadora. Debemos
rechazar que esta ley sea entendida como un privilegio; lo que es un
hecho diferencial no es equivalente a ningún tipo de privilegio.

El concierto es una institución histórica que forma parte
esencial de la propia naturaleza de la foralidad vasca. Aunque en sus
orígenes a finales del siglo XIX surgió con carácter provisional, su
éxito le hizo afianzarse en las instituciones vascas, pero ha sido la
Constitución actualmente vigente y el Estatuto de Autonomía del País
Vasco los que le han dado definitivamente carta de naturaleza.» Sigo
leyendo literalmente: «Si el concierto económico, incluyendo el instituto
del cupo, es la manifestación más expresiva del régimen foral de los
territorios históricos del País Vasco, es la Constitución la que en su
disposición adicional primera ampara y respeta los derechos históricos de
los territorios forales y es el Estatuto de Autonomía del País Vasco el
que plasma la previsión constitucional en el ámbito tributario y prevé
los mecanismos para la fijación del cupo.

Es un motivo de satisfacción...» —y sigo leyendo
palabras que no son mías— «... que podamos acometer hoy esta
actualización de la Ley del concierto cuando ya ha contado con el
respaldo de todos los actores implicados: el Gobierno de España, el
Gobierno vasco y las diputaciones forales de Álava, Vizcaya y
Guipúzcoa.

Consenso. Consenso conseguido a la hora de renovar esta Ley
del concierto. (...) El consenso es un ejercicio político que debe estar
en la cartera de todos los grupos políticos, especialmente en la cartera
y acción de un gobierno y que en esta ocasión ha servido para sacar
adelante la actualización del régimen económico vasco con el visto bueno
de instituciones que gobiernan fuerzas políticas muy dispares, muy
diferentes entre sí, como ocurre en las diputaciones forales...», que,
como ustedes saben, están gobernadas por PNV, Bildu y Partido Popular
respectivamente.

Estas palabras las pronunció el ministro Montoro en la
defensa de la actualización de este proyecto de ley el pasado 27 de marzo
en el Congreso. Coincidimos plenamente con su valoración y agradecemos
sus palabras, y esperamos que este talante del consenso que tanto ha
desarrollado él en la defensa de este concierto lo traslade. Una vez más
vuelvo en este caso a pedirle al señor Montoro que haga extensiva esta
buena forma de entender los pactos y de entender el acuerdo, la defensa a
ultranza que hizo en su día del consenso a la renovación del cupo, que es
el próximo reto al que nos vamos a enfrentar, porque, como ustedes saben,
la Ley quincenal del cupo a día de hoy sigue sin estar actualizada
—desde el año 2007—. Esperemos que, para entonces, el
Gobierno del Estado, en este caso, muestre la misma disposición —y
el resto de grupos y partidos políticos, por supuesto— a alcanzar
este consenso, que, sin duda, es la clave para entender por qué hoy muy
probablemente, con el voto de todos, se va a aprobar esta ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa pel Progrés de
Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, este proyecto de ley, como se ha indicado, es la
consecuencia lógica de la previsión de la vigente Ley del concierto
económico vasco que establece la necesidad de su adaptación cuando se
producen reformas tributarias que así lo requieran, como ha sido en este
caso. No es la primera vez que esto ocurre— ya se abordó en la
modificación de la ley en el 2007 para adecuarla a las reformas y cambios
tributarios producidos desde el momento de su aprobación en el año 2002
hasta ese momento—.

Ahora lo que se hace es incorporar los acuerdos que, con
relación a una serie de impuestos, a los que se hacía alusión en la
intervención de la portavoz del Partido Nacionalista Vasco
—digamos, los impuestos establecidos en los últimos tiempos por la
Administración General del Estado y que serán recaudados por la Hacienda
foral—, se han alcanzado en la Comisión Mixta del Concierto
Económico —los depósitos bancarios, la producción de energía
eléctrica, el combustible nuclear, las emisiones de gases fluorados, el
gravamen sobre loterías, etcétera—.

Las Cortes ratifican o no esos acuerdos, lo hacemos por el
procedimiento de lectura única y sin trámite de enmiendas ya que lo que
se pone en valor es precisamente el carácter de norma

paccionada entre la Administración General del Estado, las
diputaciones forales y el Gobierno vasco, como prevé la mencionada Ley
del concierto.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
votará a favor de esta ratificación y, por consiguiente, del proyecto de
ley que nos ocupa. Pero quisiera hacer algunas consideraciones con
relación al contenido del proyecto y al contexto en el que se
aprueba.

Celebramos que el proyecto de ley sea el resultado de un
proceso de diálogo bilateral que concluye con éxito, diálogo bilateral en
el que ambas partes siempre ceden en algún aspecto para alcanzar un
acuerdo equilibrado, que se traduce finalmente en una norma legislativa.
Bien es cierto que en este diálogo y negociación tienen también
protagonismo las administraciones provinciales vascas, además del
Parlamento de Euskadi. Ese es el procedimiento previsto en el
ordenamiento jurídico, fruto de la singularidad de las instituciones
vascas.

Aplaudimos también el hecho de que, con estos acuerdos y
los precedentes, y los que deberán proseguir, se pone de manifiesto la
vigencia de la especificidad constitucional del sistema de financiación
del País Vasco mediante el concierto económico. Nuestro grupo no pone en
cuestión en ningún caso esa especificidad constitucional. Sin embargo, se
da la circunstancia de que esta adecuación de la Ley del concierto se
produce en un momento en el que el Gobierno de España ha anunciado una
profunda reforma fiscal y, en paralelo, una reforma del sistema de
financiación de las comunidades autónomas de régimen común, que, de
acuerdo con las previsiones de la LOFCA, debería haber entrado en vigor
el 1 de enero pasado. Entrado ya el mes de abril, desconocemos qué
previsiones tiene el Gobierno acerca del calendario para esa reforma de
la financiación autonómica. En mi opinión, reitero —sin menoscabo
de la constitucionalidad del concierto económico foral— que no es
posible abordar la negociación de la financiación autonómica de las
comunidades autónomas de régimen común sin tener presente también los
resultados económicos previstos de la reforma fiscal y de la aplicación
concreta de los sistemas forales.

Hoy hablamos del concierto económico, no de la metodología
del señalamiento del cupo. El concierto no es un privilegio, coincido en
eso, sí una singularidad reconocida constitucionalmente, que nosotros
compartimos. El cupo —depende de cómo se calcule— sí puede
ser un privilegio. Ya sé que este es un tema tabú, que afecta a otros
territorios y a su sensibilidad y a la de las personas, y sobre el que
todo el mundo se cree con derecho a hablar y opinar, y además es bueno
que sea así. Repito, este es un tema tabú, señorías, y ustedes lo saben,
pero conviene ir pasando página.

El sistema de financiación de las comunidades autónomas de
régimen común contempla también, como ustedes saben, un conjunto de
singularidades derivadas de condicionantes geográficas o competenciales,
que, a mi juicio, deben continuar, y que tampoco son fuente de privilegio
alguno. (Recuerdo el sistema canario, que es el caso más evidente.) Todos
hemos constatado sin embargo, a pesar de las mejoras a través de las
diversas revisiones periódicas, las deficiencias en el vigente sistema de
financiación relacionadas en particular con el modo de establecer la
distribución interna de la solidaridad —solo hay que leer las
declaraciones de los presidentes de las comunidades autónomas de todos
los partidos—. Déjenme decir de antemano que, en mi opinión, debe
existir un mecanismo de solidaridad que transfiera renta de unas
comunidades a otras, como existe en Europa entre los Estados miembros.
Sin embargo, ese mecanismo, muy condicionado por los ciclos económicos,
debe ser revisado periódicamente. Por ello, la LOFCA prevé su
renegociación a los cinco años de vigencia, que, repito, ya han
transcurrido.

Ese nuevo sistema de reparto de la solidaridad interna a
nuestro juicio debería contar también con las correspondientes
aportaciones del País Vasco y de Navarra. No se trata de cuestionar el
concierto, en absoluto, pero sí de prevenir el posible resultado
solidario o no del cupo —que no lo sabemos—. Es cierto que en
el Fondo de Compensación Interterritorial ya participan ambas
comunidades, pero ese no es principal instrumento de la solidaridad
interna como ustedes saben. No se trata de sacralizar ninguna cifra
porque todas son discutibles, me referiré a una publicada recientemente
por un importante asesor del Gobierno —que no mío—, el
profesor Ángel de la Fuente. Según él, la exención a la solidaridad
derivada del cupo actual con datos de 2007 reduce la aportación vasca a
la Hacienda común en unos 1790 millones de euros, y añade que, como
consecuencia de una valoración a la baja de los gastos estatales
imputables y de un cálculo a su juicio erróneo sobre la liquidación del
IVA, cabe considerar otros 2690 millones de reducción. En total, a fecha
de 2007, inicio del quinquenio, calcula unos 4500 millones. Cifras
discutibles, seguro, pero lo que no son y no deben ser es un tabú para
discutir.

En los próximos meses la comisión mixta del concierto
deberá abordar el cálculo del nuevo cupo para el quinquenio 2007-2012
—como reclamaba la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, con
mucho acierto—, y creo que el debate permanente sobre la
solidaridad y el derecho a la igualdad de todos los españoles debería
tenerlo presente.

Cabe una consideración sobre las atribuciones fiscales que
el sistema de concierto atribuye a las administraciones vascas y
navarras. No tengo ninguna duda de que contribuyen a una mayor
corresponsabilidad fiscal, y creo que es bueno. Probablemente no se pueda
generalizar y seguro que en un momento u otro habrá que buscar su acomodo
a la legislación europea cambiante y evolucionada en la medida en que la
Unión avance en esa definición de una política fiscal común; seguramente
será así. En cualquier caso, una mayor responsabilidad fiscal de las
administraciones territoriales en la política de ingresos y no solo en el
gasto es algo bueno, así lo considero yo.

Por ello estimo que deben darse pasos en la dirección de
atribuir a las comunidades autónomas que lo deseen más responsabilidades
en la administración fiscal y tributaria. Cataluña así lo ha planteado en
su estatuto, con la propuesta de creación de un consorcio tributario
entre la agencia tributaria estatal y la de la Generalitat, con espacios
para la colaboración y la coordinación de la gestión tributaria y también
de la lucha contra el fraude, que no es en absoluto algo que no tenga
sentido, al contrario, tiene todo, aunque el Gobierno de España en estos
momentos no mueva ficha, como en otras muchas cosas.

Ayer, en el Congreso de los Diputados, tuvo lugar un debate
relevante sobre temas que afectan a Cataluña y a España. No voy a hablar
de ello, no es el objeto de este debate, porque, aunque son muchos los
que opinan en Cataluña que esta relación Cataluña-España no tiene futuro,
otros muchos pensamos que todavía tiene arreglo, que es bueno que sigamos
juntos, pero aún mejor, cambiando las cosas que dificultan el
entendimiento, mediante una negociación compleja pero valiente en la que
unos y otros cedan para alcanzar el acuerdo; también cuando hablemos de
fiscalidad y del papel de las comunidades autónomas a este respecto. Los
que creemos así, señorías, seguiremos defendiéndolo tozudamente, no les
quepa ninguna duda.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, vaya por delante que, como ya pueden intuir,
nuestro grupo va a apoyar la propuesta, va a votarla favorablemente. No
voy a ocupar muchos minutos describiendo su contenido, en todo caso, lo
han hecho mucho mejor que yo lo podría hacer desde esta tribuna los
portavoces, pero sí quiero hacer notar algún aspecto.

Efectivamente, esta es una ley que modifica la del año
2012, la Ley del concierto, que había sido rectificada en 2007 por última
vez, actualiza el concierto, y todas aquellas figuras tributarias que se
han ido creando especialmente durante los dos últimos años se conciertan.
Con ello se consigue que todos estos nuevos tributos creados puedan ser
recaudados y, por tanto, causen efecto en el País Vasco. Perfecto; yo
creo que deseable. Esto no ha pasado en el resto de comunidades
autónomas. Se han creado las figuras, estas figuras son pagadas en todas
las comunidades autónomas, pero no se les actualiza nada, y su
recaudación no beneficia a las comunidades autónomas —salvo,
afortunadamente, la del País Vasco y la Comunidad Foral de
Navarra—, solo a la Administración General del Estado, que es la
que recauda exclusivamente estas figuras. No las voy a enumerar, pero
mencionaré algunas, como la última que se debatió aquí: el impuesto sobre
gases fluorados, el impuesto sobre el juego, etcétera.

¿Qué quiero explicitar aquí? No es que sea un privilegio,
nosotros no lo entendemos como un privilegio sino como el reconocimiento
de un hecho diferencial, que, seguramente, no es el único existente en el
Estado español.

Ayer, como ustedes saben, en nuestra Cámara hermana, hubo
una representación del Parlament de Catalunya que explicitaba claramente
cuáles son las aspiraciones de Cataluña y las del pueblo catalán en estos
momentos. Las conocen, no las voy a reproducir; las conocen, y son las
nuestras. Ahora bien, ayer era una ocasión especial. Algunos,
bienintencionados; algunos, porque creen en una tercera vía, y algunos,
porque creen que se le debe dar una solución a las

relaciones España-Cataluña, esperaban algún gesto: algún
gesto enmarcado en este debate pero un gesto constitucional, eso sí.
Porque si ayer quedó clara alguna cosa era que el problema era la
Constitución: lo que piden los catalanes, la Constitución no lo
permite...; lo que pide el Parlament de Cataluña, la Constitución no lo
permite...; lo que quiere el pueblo catalán, la Constitución no lo
permite... Y los bienintencionados, los de la tercera vía, los que tienen
alguna esperanza en poder rehacer esta cuestión, pensaban: propondrán
alguna solución constitucional para reconocer el hecho diferencial
catalán, si es que se reconoce el hecho diferencial catalán. Y alguien se
atrevió, incluso, a publicarlo. Y alguien bien informado podría pensar:
bueno, se puede ofrecer un sistema de financiación similar al concierto
vasco, que no lo prohíbe la Constitución; no lo prohíbe. Ustedes pueden
leer tranquilamente el artículo 157 de la Constitución y verán que
permite cualquier sistema de financiación aprobado mediante ley orgánica.
No prohíbe la bilateralidad, no la prohíbe, es constitucional, y por ello
alguien podría pensar que, bien desde el Gobierno o bien desde el partido
mayoritario en la oposición, podía surgir alguna propuesta constitucional
en torno a la financiación, entendiendo —ustedes lo saben, unos y
otros, y si no lo saben, se lo decimos— que el problema de hoy en
Cataluña no es exclusivamente financiero, no es exclusivamente de un
déficit fiscal. Pero, en fin, alguien podría pensar que esta sería una
forma de empezar a rehacer esta situación. Y la realidad, ¿cuál fue?
Constitución, Constitución, Constitución: no, no, no, y ninguna
alternativa. Un diálogo del que todo el mundo habla, pero que no se
concreta, y ninguna oferta. Y la podrían haber hecho.

Las conclusiones son varias: Primera, a aquellas personas
—y hay más de las que ustedes se pueden imaginar— que podían
pensar hasta ayer —yo creo que desde ayer ya no puede pensarlo
nadie— que una tercera vía era posible, les dejan sin argumentos;
les dejan, absolutamente, sin argumentos, porque les dicen: oigan, ¿cuál
es la propuesta constitucional?, ¿se puede establecer un sistema
bilateral de financiación? Pues se podría establecer de acuerdo con la
Constitución, pero nadie lo propone. ¿Hay un hecho diferencial en
Cataluña? Si lo hay, ¿se debe reconocer de alguna forma? Y no hubo
propuesta, ni de unos ni de otros.

Segunda conclusión. El problema no es la Constitución, el
problema es la concepción; la concepción que ustedes tienen de Cataluña.
No es un problema de Constitución, es un problema de que no reconocen
ningún hecho diferencial a Cataluña, y si no reconocen ningún hecho
diferencial a Cataluña, evidentemente, no se le debe dar un trato
diferencial, no privilegio. El señor Montoro lo dice: no es ningún
privilegio. Y yo entiendo que no es ningún privilegio para el País Vasco
o Navarra. No, no; privilegio, no: reconocimiento de un hecho
diferencial. Y si alguna cosa quedó clara ayer —y queda clara
hoy— es que en este Estado español se reconocen unos hechos
diferenciales, afortunadamente, pero no se reconocen otros hechos
diferenciales y la Constitución permite reconocer otros hechos
diferenciales. Por tanto, repito, no es un problema de Constitución, es
un problema de concepción.

Dicho esto, no quiero que nadie entienda nuestras palabras
como una reivindicación del concierto vasco. La reivindicación del pueblo
de Cataluña, la reivindicación del Parlament de Catalunya, que es el
representante del pueblo de Cataluña, quedó clara ayer, pero alguien
podría pensar, como les he dicho, que se iba a plantear una alternativa
constitucional. No hubo alternativa; el sistema de financiación para
Cataluña de acuerdo con esta propuesta, que antes el president Montilla
recordaba que no llega y que entiendo va a tardar en llegar, va a ser
homogénea; tampoco por esta vía se va a reconocer el hecho diferencial, y
si al final no te reconocen ningún hecho diferencial en el Estado que te
enmarca y tú entiendes que se debería hacer de forma similar a otros
pueblos que están en este Estado, a los que sí se les reconoce el hecho
diferencial, la verdad es que solo queda una vía. No hay ni una primera
ni una segunda ni una tercera vía, hay una única vía, y o ustedes
entienden que solo están dejando una vía a Cataluña o el resultado es el
que vimos ayer en el Congreso.

En todo caso vamos a votar a favor… (El señor
Lanzarote Sastre: ¡qué vergüenza!). Señor senador, no es ninguna
vergüenza; yo me expreso aquí libremente (El señor Lanzarote Sastre: Yo
también) y entiendo que el presidente me debería amparar ante este
comportamiento.

El señor PRESIDENTE: Por favor, les ruego que guarden
silencio y respeten las opiniones que se dan en la tribuna.

El señor BEL ACCENSI: Yo expreso aquí libremente nuestras
opiniones; ustedes también lo hacen y nosotros las respetamos. Esa es la
diferencia: que nosotros las respetamos.

En todo caso, quiero felicitar al País Vasco por esta
renovación del concierto. Deseamos que puedan disfrutar de estos
impuestos que ha creado el Estado español y que el resto de las
comunidades autónomas no vamos a poder disfrutar.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Vicente.

La señora VICENTE GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, como socialista y como vasca, y quiero resaltarlo
en ese orden, intervengo en nombre de mi grupo parlamentario para decir
hoy en el Senado, en el procedimiento de lectura única del Proyecto de
Ley por el que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se
aprueba el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco,
que, tal y como se indica en la exposición de motivos de dicho proyecto
de ley, el actual concierto económico aprobado en el año 2002 prevé en su
disposición adicional segunda, y por su carácter indefinido, su
adaptación en caso de que se produzcan reformas en el ordenamiento
jurídico y tributario, y que afecten y alteren por consiguiente las
propias competencias normativas en la imposición indirecta y en la
creación de nuevas figuras tributarias que ha sufrido la legislación
estatal desde octubre del 2007, última reforma de este proyecto de
ley.

Pero permítanme hacer, previamente al debate que hoy nos
ocupa, una breve reseña histórica para que puedan entender perfectamente
la justificación de la aprobación de este proyecto de ley. Quiero
recordarles, como ya hice en el 2007, que la característica principal que
define el concierto económico, como bien se indica en el Estatuto de
Autonomía de Euskadi y en la propia Constitución —y me alegro que
haya portavoces que hayan mencionado ambas normas— es que este es
un instrumento que ha tenido como principal fundamento el acuerdo; un
instrumento capaz de regular las relaciones financieras y tributarias
entre la Administración General del Estado y las tres diputaciones
forales competentes en el ámbito fiscal y pilar importante de nuestro
sistema foral; un instrumento capaz de construir un acuerdo entre
diferentes que constituye la base fundamental del sistema de autogobierno
del País Vasco defendido por todos los vascos por igual; un instrumento
también que ha engarzado el siglo XIX con el siglo XXI a través de la
Constitución de 1978 y del Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1981,
y que en estos 33 años de vigencia ha sido capaz de consolidarse, pasando
a ser de carácter indefinido con la modificación del 2002, como bien se
ha apuntado; un instrumento que ha tenido la permanente necesidad de
adaptarse a los cambios que habitualmente se producen en la legislación
estatal y en la europea, lo que obliga a este acuerdo institucional a
realizar las modificaciones necesarias. Por ejemplo, en 1986, cuando
España se incorporó a la Unión Europea, momento fundamental para este
país, el sistema tributario del País Vasco lo recogió también en el
concierto económico. O la última modificación producida en 2007,
realizada en la Comisión Mixta del Concierto Económico, órgano, como
ustedes saben, en el que participan la Administración General del Estado,
el Gobierno vasco y las tres diputaciones forales, en la que se
alcanzaron acuerdos sustanciales, entre otros la constitución efectiva y
real de la Junta Arbitral, mecanismo de resolución de conflictos entre
las administraciones tributarias del País Vasco y la Administración
central. Así como también decisiones adoptadas en materia comunitaria al
respecto, por ejemplo, de las ayudas al Estado en los términos y plazos
previstos.

Pero después de hacer este breve repaso histórico, me voy a
ajustar a las modificaciones acordadas en la Comisión Mixta del Concierto
Económico del pasado 16 de enero, modificaciones que suponen más de una
docena de cambios normativos fiscales y otros tantos de carácter
institucional, consecuencia del cambio legislativo estatal producido
desde 2007.

Como también se ha dicho, con respecto a los cambios
fiscales, están, entre otras, las novedades de, por un lado, creación de
nuevos impuestos de titularidad estatal —como el impuesto sobre
actividades del juego, el impuesto sobre la producción de energía
eléctrica y otros, como el impuesto sobre depósitos de entidades de
crédito o el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero—
y, por otro lado, se incorporan además nuevas modificaciones técnicas en
materia de residencia habitual y en materia de domicilio fiscal, o de
obligaciones o de información de