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DS. Senado, Pleno, núm. 100, de 19/02/2014
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Página
9407




PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO
MÁRQUEZ


Sesión núm. 47


celebrada el miércoles, 19 de febrero de 2014


ORDEN DEL DÍA


4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


4.2. Moción por la que se insta al Gobierno a que garantice
la prestación sanitaria de todos los españoles desplazados al
extranjero.


(Núm. exp. 671/000108)


Autor: GPS


5. MOCIONES


5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la puesta en
funcionamiento de una Estrategia en Enfermedades Raras.


(Núm. exp. 662/000120)


Autor: GPP


5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a continuar
avanzando en la búsqueda de nuevas estrategias para la implantación de un
modelo más eficiente de gestión clínica.


(Núm. exp. 662/000121)


Autor: GPP


5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a desarrollar
un sistema que posibilite las cuotas individuales transferibles (CIT) por
especie pesquera entre las empresas.


(Núm. exp. 662/000122)


Autor: GPP


6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la
publicación de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas con la
Administración Central.


(Núm. exp. 671/000109)


Autor: GPCIU









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9408




7. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES


7.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN


7.1.1. Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y
lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho
en Estambul el 11 de mayo de 2011, así como Declaraciones que España
formulará al mismo.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000106)


7.1.2. Convenio entre el Reino de España y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio y su Protocolo, hecho en Londres el 14 de marzo de
2013.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000107)


7.1.3. Retirada de la Declaración formulada por España el
22 de junio de 2006 al Convenio relativo a los Transportes
Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de
1980.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 610/000108)


8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


8.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


8.1.1. Proyecto de Ley de la Acción y del Servicio Exterior
del Estado.


Comisión: Asuntos Exteriores


(Núm. exp. 621/000059)


9. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS


9.1. CONOCIMIENTO DIRECTO


9.1.1. Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma
del País Vasco y la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de
asistencia sanitaria.


(Núm. exp. 592/000013)


Autores: GOBIERNO VASCO y GOBIERNO DE LA RIOJA











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9409




SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.


4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


4.2. Moción por la que se insta al Gobierno a que garantice
la prestación sanitaria de todos los españoles desplazados al
extranjero.


(Núm. exp. 671/000108)


Autor: GPS


9414


El señor Varela Sánchez defiende la moción.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Rubio
Mielgo.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor
Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; el señor Varela Sánchez, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Rubio Mielgo, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes,
207; votos emitidos, 207; a favor, 81; en contra, 126.


5. MOCIONES


5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la puesta en
funcionamiento de una Estrategia en Enfermedades Raras.


(Núm. exp. 662/000120)


Autor: GPP


9424


La señora Elorriaga Pisarik defiende la moción.


El señor Cazalis Eiguren defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


La señora Cunyat Badosa defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


La señora Llinares Cuesta defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


La señora Elorriaga Pisarik expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, indicando que acepta únicamente
determinados párrafos de las tres enmiendas presentadas. En el posterior
turno de portavoces, aclara que reglamentariamente no es posible, por lo
que finalmente acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ-PNV).


En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la
señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; la señora Llinares Cuesta, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Elorriaga Pisarik, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), con el siguiente
resultado: presentes, 239; votos emitidos, 235; a favor, 155; en contra,
2; abstenciones, 78.









Página
9410




5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a continuar
avanzando en la búsqueda de nuevas estrategias para la implantación de un
modelo más eficiente de gestión clínica.


(Núm. exp. 662/000121)


Autor: GPP


9439


El señor Alarcó Hernández defiende la moción.


La señora Rivero Segalàs defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor González Bethencourt defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Alarcó Hernández expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Almiñana Riqué, por
el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rivero
Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; el señor González Bethencourt, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Alarcó Hernández, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el
siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 150;
en contra, 69; abstenciones, 16


5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a desarrollar
un sistema que posibilite las cuotas individuales transferibles (CIT) por
especie pesquera entre las empresas.


(Núm. exp. 662/000122)


Autor: GPP


9454


La señora Larriba Leira defiende la moción.


El señor Fidalgo Areda defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


La señora Larriba Leira expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de la enmienda, anunciando la posterior
presentación de una propuesta de modificación.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Boya
Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el
señor Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y la señora Larriba Leira, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.


Se aprueba la propuesta de modificación con el siguiente
resultado: presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 217; en contra,
1; abstenciones, 16.


6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


6.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la
publicación de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas con la
Administración Central.


(Núm. exp. 671/000109)


Autor: GPCIU


9466


El señor Bel Accensi defiende la moción.


El señor Lerma Blasco defiende las tres enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Bel Accensi expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.









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9411




En turno en contra hace uso de la palabra el señor Utrera
Mora.


En turno de portavoces intervienen la señora Capella i
Farré, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por
el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Montilla
Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y
el señor Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.


Por alusiones, hacen uso de la palabra los señores López
Veiga, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y Bel Accensi, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


Finaliza el turno de portavoces con las intervenciones de
los señores Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Utrera
Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes,
237; votos emitidos, 234; a favor, 78; en contra, 145; abstenciones,
11.


7. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES


7.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN


7.1.1. Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y
lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho
en Estambul el 11 de mayo de 2011, así como Declaraciones que España
formulará al mismo.


Comisión: Asuntos Exteriores


9481


(Núm. exp. 610/000106)


7.1.2. Convenio entre el Reino de España y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio y su Protocolo, hecho en Londres el 14 de marzo de
2013.


Comisión: Asuntos Exteriores


9481


(Núm. exp. 610/000107)


7.1.3. Retirada de la Declaración formulada por España el
22 de junio de 2006 al Convenio relativo a los Transportes
Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de
1980.


Comisión: Asuntos Exteriores


9481


(Núm. exp. 610/000108)


El señor Muñoz-Alonso Ledo, presidente de la comisión,
presenta los convenios.


El señor presidente pregunta a la Cámara, ya que no se han
presentado propuestas, si los convenios pueden aprobarse por
asentimiento. El señor Unamunzaga Osoro manifiesta la solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto de que sean sometidos a votación.


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para las senadoras Eva Parera Escrichs, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que no ha
hecho uso de su derecho al voto; Catalina García Carrasco y María Navarro
Viscasillas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que han
emitido voto telemático, en ambos casos favorable a los tres
convenios.


Se autorizan estos convenios con el siguiente resultado:
presentes, 231, más 3 votos telemáticos, 234; votos emitidos, 228, más 2
votos telemáticos, 230; a favor, 223, más 2 votos telemáticos, 225; en
contra, 1; abstenciones, 4.


Se suspende la sesión a las catorce horas y quince
minutos.









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9412




8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


8.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


8.1.1. Proyecto de Ley de la Acción y del Servicio Exterior
del Estado.


Comisión: Asuntos Exteriores


9483


(Núm. exp. 621/000059)


El señor Muñoz-Alonso Ledo, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.


Se inicia el debate de las propuestas de veto al proyecto
de ley.


La señora. Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende la propuesta de veto número 1.


El señor Aiartza Azurtza defiende la propuesta de veto
número 2, de este senador, el señor Goioaga Llano, la señora. Mendizabal
Azurmendi y el señor Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Mariscal Cifuentes da por defendida la propuesta
de veto número 3, de este senador y el señor Iglesias Fernández, del
Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 5, de este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Chiquillo Barber.


En turno de portavoces intervienen la señora Capella i
Farré, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); los señores
Sabaté Borràs y Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; el señor Maldonado i Gili, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Losada
de Azpiazu, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Chiquillo
Barber, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar las propuestas de veto.


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para las senadoras Eva Parera Escrichs, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que no ha
hecho uso de su derecho al voto; Catalina García Carrasco y María Navarro
Viscasillas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que han
emitido voto telemático, en ambos casos contrario a las propuestas de
veto.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 228, más 3 votos telemáticos, 231; votos emitidos,
228, más dos votos telemáticos, 230; a favor, 7; en contra, 148, más dos
votos telemáticos, 150; abstenciones, 73.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 228, más 3 votos telemáticos, 231; votos emitidos,
228, más dos votos telemáticos, 230; a favor, 8; en contra, 147, más 2
votos telemáticos, 149; abstenciones, 73.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 228, más 3 votos telemáticos, 231; votos emitidos,
228, más dos votos telemáticos, 230; a favor, 7; en contra, 147, más dos
votos telemáticos, 149; abstenciones, 74.


Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente
resultado: presentes, 228, más 3 votos telemáticos, 231; votos emitidos,
228, más dos votos telemáticos, 230; a favor, 7; en contra, 147, más dos
votos telemáticos, 149; abstenciones, 74.


Comienza el debate de los votos particulares.









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9413




El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas 2 a 26 y
28 a 67, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el
señor Iglesias Fernández y este senador.


El señor Anasagasti Olabeaga defiende las enmiendas 205 a
208, 210 a 221, 223 y 224, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV).


El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 69 a 77 y 79 a 129,
131 y 133 a 138, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de
los Diputados en lo modificado por las propuestas de modificación
aprobadas sobre la base de las enmiendas 349 y 357 del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Guillot Miravet da por defendidas las enmiendas
números 139 a 204, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


El señor Maldonado i Gili defiende las enmiendas números
296 a 298, 300 a 342, 344 y 345, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió.


El señor Losada de Azpiazu defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista números 226 a 234, 236 a 286, 288, 289 y 291 a
293, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los
Diputados en lo modificado por las propuestas de modificación aprobadas
sobre la base de las enmiendas 349 y 357 del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Sanín
Naranjo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Sabaté Borràs,
por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor
Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Losada de Azpiazu, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Sanín Naranjo, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a la votación


9518


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen con
número de registro 103720.


Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto
de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación
anterior.


Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.


El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.


9. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS


9.1. CONOCIMIENTO DIRECTO


9.1.1. Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma
del País Vasco y la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de
asistencia sanitaria.


(Núm. exp. 592/000013)


Autores: GOBIERNO VASCO y GOBIERNO DE LA RIOJA


9522


El señor presidente informa a la Cámara de que no se han
presentado propuestas de que la celebración de este convenio necesite la
autorización de las Cortes Generales.


La Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho
convenio.


Se levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta
minutos.










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9414




Se reanuda la sesión a las nueve horas.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la
sesión.


4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN.


4.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE GARANTICE
LA PRESTACIÓN SANITARIA DE TODOS LOS ESPAÑOLES DESPLAZADOS AL
EXTRANJERO.


(Núm. exp. 671/000108)


AUTOR: GPS


El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción no se han presentado
enmiendas.


En el turno a favor tiene la palabra el senador Varela.


El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, desde hace unos meses, los últimos meses del
pasado año, venimos observando que el Gobierno desarrolla una amplia
batería de medidas gubernamentales y también actuaciones que traslada a
las Cámaras, tanto al Congreso de los Diputados como al Senado, en
relación con la condición de la residencia de los españoles y con la
asistencia sanitaria cuando nos encontramos fuera de nuestro país.


Y lo cierto, señorías, es que, según las propias
afirmaciones del Partido Popular y de la señora ministra, se trata de no
modificar nada para no menoscabar ningún derecho; pero el artículo 3, que
hace referencia a los titulares de los derechos en la Ley 16/2003, de 28
de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, ha sufrido
en los últimos tiempos reiteradas modificaciones. Modificaciones que se
realizan mediante el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud
y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, por el que pasa a
denominarse «de la condición de asegurado», que por fuerza habrá de
considerarse más restrictiva que la anterior. Modificaciones que se
realizan mediante el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que
se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la
asistencia sanitaria en España. Modificaciones que se realizan mediante
la disposición final vigésimo octava de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Modificaciones que se
realizan mediante la disposición final decimoprimera de la Ley 22/2013,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2014, y que introduce el requisito de residencia en España respecto de la
regulación anterior. Y modificaciones que se realizan por los efectos que
esta última tiene con la disposición final cuarta, apartado séptimo, de
pérdida de residencia a efectos de prestaciones de la Seguridad Social,
incluidos los complementos a mínimos de la propia Ley 22/2013, que
establece el límite máximo de residencia en el extranjero en noventa días
al año para mantener el derecho a las prestaciones sanitarias.


Pues bien, después de todas estas modificaciones, de todas
estas actuaciones del Gobierno, en el Pleno anterior preguntamos a la
ministra, la señora Mato, cuál es el objetivo de esta abultada batería de
actuaciones y modificaciones legislativas a instancias del Gobierno, y la
respuesta fue que la intención de todas estas medidas, de todas estas
actuaciones era que no tuvieran ningún efecto. Eso nos dijo la señora
ministra. Sí, señorías, todo este diseño, todas estas actuaciones
dirigidas por el Gobierno, concienzudas, estudiadas, todo ese esfuerzo es
para no afectar a nada ni a nadie, según nos dice el Gobierno. Tantas
molestias, total, para nada. Cosas de la señora ministra que, como saben,
tiene cierta tendencia a relativizar las cuestiones de importancia.


Cualquier ciudadano medianamente racional, incluso podemos
incluir en ese grupo al senador de esta Cámara que está defendiendo esta
moción, debe pensar que todo esto tiene una intención, que se hace para
algo, que se pretende algo con esa serie de actuaciones. Y mi grupo y
este senador, en nuestra estulticia, no somos capaces de entender qué es
lo que nos está diciendo la señora ministra cuando toda esta batería de
medidas no va a tener ninguna consecuencia. Pensamos que sí. Sabemos que
sí, y ya está empezando a tener consecuencias. Sabemos que tiene
consecuencias sobre las personas, sobre sus vidas, sobre su salud, sobre
su futuro. No nos









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9415




ha convencido la señora ministra. No nos ha convencido
porque, por mucho que pretenda, esta regulación no es un límite a los
trabajadores extranjeros que han abandonado nuestro país en evitación de
un fraude. Lo cierto es que la última regulación normativa tiene carácter
genérico, por cuanto se refiere al beneficiario, sin otra especificación
en relación con la nacionalidad.


Hablando en plata, señorías, se han puesto en marcha una
serie de medidas destinadas a que los trabajadores españoles que hayan
agotado su prestación por desempleo o su subsidio o situación asimilada
no puedan tener asistencia sanitaria en el extranjero si permanecen más
de noventa días fuera, se trata de trabajadores que pueden estar buscando
un empleo durante ese periodo, trabajadores que pueden estar en una
formación no reglada o convalidada con la formación en España, y que se
van a encontrar en una situación de absoluta indefensión, porque estos
trabajadores que están fuera...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.


Como decía, estos trabajadores que están fuera,
desgraciadamente, no tienen capacidad económica para disponer de otro
tipo de asistencia sanitaria que no sea la que le pueda facilitar su
derecho de haber cotizado en España durante mucho tiempo y de ser
ciudadano español. Es una medida destinada a ese efecto, y por ello
presentamos esta moción, para evitar que eso se pueda producir.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.


Turno en contra.


Senador Rubio, tiene la palabra.


El señor RUBIO MIELGO: Gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías.


Señor Varela, voy a intentar explicar, una vez más, los
motivos y el alcance de las disposiciones aprobadas recientemente y que
su grupo solicita derogar en esta moción, que ya le anticipo que nosotros
no vamos a apoyar.


Las modificaciones aprobadas por el Gobierno hasta la fecha
han estado dirigidas a facilitar la extensión de la cobertura sanitaria a
todos los españoles y a los residentes en España hasta hacerla
prácticamente universal; algo que, por cierto, no ocurría antes de 2012,
cuando ustedes gobernaban, ya que en aquella época existían amplios
colectivos, como eran los desempleados de larga duración, que habían
agotado sus prestaciones, o los profesionales liberales, que no tenían
reconocido el derecho a la asistencia sanitaria.


Con las diferentes modificaciones que ha mencionado usted
de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud,
se han establecido los requisitos que deben cumplir los ciudadanos para
acceder a las condiciones de asegurado o de beneficiario. Y en el
artículo 3 modificado se establece que tienen derecho a la asistencia
sanitaria los trabajadores, los pensionistas, los perceptores de
cualquier prestación periódica de la Seguridad Social y las personas que,
habiendo agotado la prestación por desempleo u otras prestaciones de
similar naturaleza, se encuentren en situación de desempleo, no acrediten
la condición de asegurado por cualquier otro título y residan en
España.


Pero es que, miren, señorías, a mayores, por si hay alguna
duda, además, en aquellos casos en que no se cumpla ninguno de los
supuestos anteriormente establecidos, las personas de nacionalidad
española o de algún Estado miembro de la Unión Europea o del espacio
económico europeo o de Suiza que residan en España y aquellos extranjeros
titulares de una autorización para residir en territorio español podrán
ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan
el límite de ingresos determinado reglamentariamente. También en dicha
ley se regula la asistencia sanitaria a los extranjeros no registrados ni
autorizados como residentes en España, quienes recibirán asistencia
sanitaria en las siguientes modalidades: de urgencia, por enfermedad
grave o accidente cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta
médica; de asistencia al embarazo, parto y postparto, y, en todo caso,
los extranjeros menores de 18 años recibirán asistencia sanitaria en las
mismas condiciones que los españoles.









Página
9416




Como puede comprobarse, existe una cobertura prácticamente
universal para todos los españoles y ciudadanos comunitarios extranjeros
con autorización para residir en España y una cobertura de las más
solidarias de Europa para los inmigrantes en situación irregular, y digo
prácticamente universal porque solamente puede dejar fuera a aquellos
ciudadanos que tengan unos ingresos superiores a 100 000 euros.


Aclarado este punto, que considero fundamental, hay que
decir que se estaban produciendo situaciones concretas de fraude de ley
consistentes en que ciudadanos extranjeros, una vez agotado su derecho a
la prestación por desempleo, abandonaban España en dirección a su país de
origen o a cualquier otro país de la Unión Europea solicitando y
obteniendo la tarjeta sanitaria europea, que les facilitaba la atención
sanitaria en el país de destino con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado. Esto contribuía a que nuestro Sistema Nacional de Salud
llegara a erigirse en un sistema internacional, algo que, como sus
señorías pueden comprender, no nos podemos permitir.


Para finalizar esta intervención quiero poner de manifiesto
que con las modificaciones emprendidas, siempre en aplicación de los
reglamentos 883/2004 y 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre la coordinación de los sistemas de Seguridad Social y sus normas de
aplicación, los ciudadanos españoles que se desplacen temporalmente al
extranjero en ningún caso —repito, en ningún caso— pierden el
derecho de asistencia sanitaria en España.


Usted se refiere en su moción a la portabilidad a otros
países del derecho de asistencia. En este sentido y de forma general los
ciudadanos españoles que se desplacen temporalmente a países de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo, incluida Suiza, cualquiera que
sea el motivo, tienen garantizada la asistencia a través de la tarjeta
sanitaria europea o del certificado provisional sustitutorio. Y más
concretamente, los ciudadanos que se encuentren en paro y hayan agotado
las prestaciones por desempleo o similares, cuando salen a un Estado
miembro de la Comunidad, tienen garantizada la asistencia durante tres
meses a través del certificado provisional sustitutorio, tiempo que puede
considerarse prudencial para la búsqueda de un empleo. Pero en caso de
que permanezcan más tiempo fuera de España, y solo hasta su regreso, la
asistencia sanitaria será la que corresponda al aplicar la legislación
del país de residencia, siempre de acuerdo con los reglamentos
comunitarios que he mencionado anteriormente, como ocurre en nuestro
país.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rubio.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el
senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Como ocurre en tantas ocasiones, a lo largo del discurso
político con el que se justifica una medida adoptada por el Gobierno se
va produciendo una evolución que puede llevar a que, transcurrido no
mucho tiempo, nos olvidemos de cuáles son los motivos y las razones de
esa decisión. Ni el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en su turno
en contra, ni la ministra en la interpelación del Pleno anterior
destacaron lo que aparece escrito en la memoria económica que sirve de
base a esta decisión: se busca un ahorro económico, estamos ante un nuevo
recorte en el gasto sanitario. ¿Y quiénes son los damnificados en este
caso? Se insiste mucho en que en la búsqueda de ese ahorro económico, que
supone una reducción del principio de universalidad del sistema, quiérase
o no, se excluye de la cobertura del sistema a un colectivo, el de los
trabajadores españoles que han agotado la prestación y que salen de
nuestro país por un tiempo superior a noventa días, y se trata de impedir
que otros ciudadanos que no tienen la nacionalidad española puedan verse
beneficiados por una cobertura sanitaria con cargo a las arcas del Estado
español. Pues bien, si ese hubiera sido el único objetivo, ¿por qué se
mete a los españoles en el mismo paquete? ¿Por qué se regula de forma
expresa en relación con los ciudadanos españoles que se encuentran en esa
situación?


En primer lugar, no nos vale como argumento que en caso de
que se vayan a la Unión Europea contarán con cobertura durante el tiempo
de vigencia de la tarjeta sanitaria europea, y después la que corresponda
en el Estado en el que se encuentren. ¡Solo faltaría que no se les
aplicara la legalidad vigente a los españoles, a los italianos o a los
franceses cuando estén









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en un Estado de la Unión que no sea el suyo! Eso no es
mérito del Gobierno de España; forma parte de las reglas del juego de la
Unión Europea, y la legislación española no está en condiciones ni de
mejorarlo ni de empeorarlo, se escapa a la competencia de esta Cámara y a
las decisiones del Gobierno de España.


Esta medida va a afectar a un número cada vez más
importante de ciudadanos, porque además la Unión Europea no es el único
destino de los parados españoles que emigran. Por suerte, o por desgracia
—en la mayoría de los casos lamentablemente por desgracia—,
nuestros emigrantes tienen que buscarse la vida cada vez más lejos, en
América. Estados Unidos es uno de los destinos que está recibiendo más
emigrantes, por detrás de Francia y del Reino Unido, y, desde luego, el
sistema sanitario norteamericano no es precisamente un ejemplo; pero
incluso a Asia también están emigrando los españoles. Cierto es que no
tenemos el boom de la emigración de los años sesenta, cuando dos millones
de ciudadanos españoles salieron de nuestro país, pero empieza a ser un
fenómeno importante.


Según la Fundación la Caixa, si no fuera por la emigración,
el paro en España sería hoy del 27,9%, como en Grecia. Las fuentes
oficiales hablan de que entre 2008 y 2012 se habrían marchado buscando
trabajo 225 000 españoles. Son datos parciales, porque los que van a la
Unión Europea normalmente no realizan el trámite de inscribirse en la
oficina consular. Otras fuentes hablan de entre 460 000 y 700 000. En el
primer semestre de 2013, según el Instituto Nacional de Estadística,
salieron de nuestro país 39 690 españoles, representando un incremento
del 26,3% sobre el semestre anterior. El estudio Randstad de 2013 refleja
que el 65% de los jóvenes españoles estaban dispuestos a emigrar, no
porque de repente tuvieran una vocación de viajar sino porque no veían
expectativas de vida en nuestro país; eso representa 10 puntos más que el
año anterior,


Por tanto, estamos ante un problema que cada vez es más
serio, y precisamente porque el Gobierno detecta que el problema es cada
vez más serio toma medidas para que no suponga un coste, y aplica ajustes
y recortes que reducen el carácter universal de la asistencia del sistema
público nacional de nuestro país y que deja a un colectivo de españoles
fuera de esa cobertura.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño, con su permiso.


Nosotros, en principio, vamos a estar a favor de la moción,
no tanto por el detalle sino por una cuestión conceptual, como ha dicho
también el senador Iglesias.


El paso del sistema de sanidad universal al sistema de
sanidad por aseguramiento nos lleva a tener que hacer este tipo de
ajustes, que pueden estar bien o pueden estar mal, pero, evidentemente,
van contra el concepto que nosotros hemos defendido en esta sala y que
también estamos defendiendo por las responsabilidades de gobierno que nos
toca ejercer. Eso no quita para que no se persiga el fraude y las malas
prácticas, evidentemente, pero hay que hacerlo. Lo que no se puede hacer
es montar una norma general pensando en los casos particulares. Además,
en este caso, viendo que no existe consenso al valorar los cambios
efectuados en sanidad, hacerlo a través de una disposición adicional en
los presupuestos generales no ayuda precisamente a que se acepten estos
cambios.


Por lo tanto, anunciamos que vamos a votar a favor de la
moción.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Con la venia, señor presidente.
Señorías, buenos días.


Hace unos años una chica joven, después de terminar sus
estudios universitarios, decidió viajar y estuvo cerca de un año
recorriendo Centroamérica. Esta chica joven tuvo un problema al cabo de
unos meses y recibió asistencia sanitaria. Pues bien, esta chica joven,
mi propia hija, si









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hoy hiciese lo mismo, transcurridos los tres meses podría
ir al médico, por supuesto, pero pagándolo de su bolsillo.


I és que la seva reforma sanitària, senyories, més enllà de
les retallades econòmiques, la privatització de serveis, l’augment
de les llistes d’espera, la reducció de professionals i la
precarització de la seva feina, ha comportat també l’expulsió del
sistema de més de 800 000 persones, 800 000 persones que s’han
quedat sense coberta sanitària: una punyalada al principio
d’universalitat del nostre sistema sanitari. I la moció
conseqüència d’interpel·lació que ha defensat el senador Valera
posa sobre la taula una segona punyalada que incrementarà encara més
aquesta escandalosa xifra de persones, espanyols, que quedaran sense la
targeta sanitària.


Ja s’ha comentat, una disposició final —a part
de moltes altres modificacions— a la Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat, a la qual, per cert, el nostre grup parlamentari, i
altres grups parlamentaris, tot sigui dit, hi va presentar una esmena
posant sobre la taula aquest problema i aquestes esmenes no van ser
ateses pel grup majoritari, doncs bé, aquesta disposició final el que
regula és el sistema d’assegurat i acaba —no ho torno a
llegir, perquè ja ho ha llegit el senador del Grup Popular— amb la
coletilla «residir en España». I aquí comença el problema, a «residir en
España», és a dir, els estudiants espanyols, els milers d’espanyols
especialment joves que intenten guanyar-se la vida i trobar feina fora
del nostre país, els cooperants espanyols que estan fent una feina
extraordinària fora del nostre país, els espanyols que per qualsevol
circumstància són fora del nostre país, si són aturats de llarga durada o
han perdut les prestacions o la pensió mínima, si resten fora de
l’Estat espanyol més de tres mesos, de noranta dies, perden la
targeta sanitària i, per tant, l’assistència sanitària.


Efectivament, el Govern ho argumenta sobre la base de
lluitar contra l’ús i l’abús, contra el frau de llei que
representa que estrangers que marxen del nostre país a un altre país de
la Unió Europea o fins i tot tornen a casa seva al seu país
d’origen continuen utilitzant d’una manera fraudulenta la
targeta sanitària espanyola. Evidentment, contra això s’ha de
lluitar i estic d’acord amb el que ha dit el senador Cazalis, però
això creiem que d’alguna manera ja queda regulat al Reial Decret
1192/2012, de 3 d’agost.


Per tant, hi ha dues explicacions possibles, des del nostre
punt de vista, només n’hi ha dues. O bé es tracta d’un error
involuntari, no desitjat, un perjudici i una conseqüència no desitjada ni
volguda pel Govern, o bé el Govern atempta greument contra la coberta
sanitària universal dels espanyols. Si es tracta del primer cas, la
solució és relativament senzilla, fàcil: votar a favor d’aquesta
moció conseqüència d’interpel·lació i retirar la coletilla «residir
en España» de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i
d’altres normatives.


Vostès trobaran altres arguments, però jo els en dono un
parell o tres: No ho havíem previst; no era la nostra voluntat; de savis
és rectificar, etc. Del contrari, si aquesta moció no s’aprova
perquè el Grup Parlamentari Popular hi vota en contra, si no rectifiquen,
quedarà clara la seva voluntat de limitar la cobertura sanitària
universal a una part important, o una part almenys, dels ciutadans del
nostre país, que és en definitiva el que nosaltres sospitem, el que
creiem que és la seva intenció real amb aquesta modificació.


En definitiva, i amb això acabo, de vostès depèn: o
rectifiquen votant aquesta moció o diguin clarament que trenquen la
igualtat de tots els espanyols a rebre atenció sanitària independentment
de la seva situació laboral i personal.


Moltes gràcies. (Aplaudiments.)


Y es que su reforma sanitaria, señorías, más allá de los
recortes económicos, de la privatización de servicios, del aumento de las
listas de espera, de la reducción de profesionales y de la precarización
de su trabajo, ha comportado también la expulsión del sistema de más de
800 000 personas, que se han quedado sin cobertura sanitaria; una
puñalada al principio de universalidad de nuestro sistema sanitario. Y la
moción consecuencia de interpelación que ha defendido el senador Varela
pone sobre el tapete una segunda puñalada, que va a incrementar aún más
esta escandalosa cifra de personas, de españoles, que van a quedar sin su
tarjeta sanitaria.


Se ha comentado ya la disposición final —además de
muchas otras modificaciones— de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado a la que, por cierto, mi grupo parlamentario y otros grupos
presentaron enmiendas poniendo sobre el tapete el problema que entrañaba,
pero estas enmiendas no fueron atendidas por el grupo mayoritario. Como
decía, esta disposición final









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estipula el sistema de seguro y —como ha leído el
portavoz del Grupo Popular— la necesidad de residir en España. Ahí
termina el texto, pero empieza el problema: residir en España. Es decir,
que los estudiantes españoles, los miles de españoles —sobre todo
jóvenes— que intentan ganarse la vida y encontrar trabajo fuera de
nuestro país, los cooperantes españoles que están realizando una labor
extraordinaria, o los españoles que por cualquier circunstancia están
fuera de nuestras fronteras, si son desempleados de larga duración, han
perdido sus prestaciones o la pensión mínima, etcétera, cuando
permanezcan más de tres meses, noventa días, fuera del Estado español,
perderán la tarjeta sanitaria y, por lo tanto, la asistencia
sanitaria.


El Gobierno lo argumenta por la lucha contra el abuso o el
fraude de ley que significa que extranjeros que salen de nuestro país y
se trasladan a otro de la Unión Europea o regresan a su país de origen
sigan utilizando de forma fraudulenta la tarjeta sanitaria española.
Evidentemente debemos luchar contra esto, y estoy de acuerdo con lo dicho
por el senador Cazalis; sin embargo, pensamos que esto ya queda regulado
en el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto.


Por lo tanto, desde nuestro punto de vista solo hay dos
explicaciones posibles: o bien se trata de un error involuntario, no
deseado, un perjuicio y una consecuencia no deseados ni buscados por el
Gobierno; o bien el Gobierno está atentando gravemente contra la
cobertura sanitaria universal de los españoles. De tratarse del primer
caso, la solución es relativamente sencilla: votar a favor de esta moción
consecuencia de interpelación y retirar la coletilla de «residir en
España» de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de otras
normas.


Entiendo que ustedes encontrarán otros argumentos, pero les
daré dos o tres: No lo habíamos previsto; no era nuestra voluntad; es de
sabios rectificar, etcétera. De lo contrario, si esta moción no se
aprueba porque el Grupo Parlamentario Popular vota en contra, si no
rectifican, va a quedar clara su voluntad de limitar la cobertura
sanitaria universal a una parte de los ciudadanos de nuestro país, que,
al fin y al cabo, es lo que sospechamos, lo que creemos que es realmente
su intención con esta modificación.


En definitiva, depende de ustedes: o rectifican y votan a
favor de esta moción, o díganlo claramente, que rompen la igualdad de
todos los españoles a la hora de recibir atención sanitaria, con
independencia de su situación laboral y personal.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra la senadora Cunyat.


La señora CUNYAT BADOSA: President, moltes gràcies.
Senyories, molt bon dia a tothom.


Traspassat l’equador d’aquesta legislatura,
ahir mateix el president aprofitava el seu torn per respondre algunes de
les respostes a la sessió de control per fer balanç, avui debatem sobre
algunes de les decisions polítiques més antisocials i injustes que ha
pres l’equip del Sr Rajoy des de la seva arribada al Govern de
l’Estat.


El motor principal que dirigeix la vida de les persones
evidentment és la salut i, per tant, aquest tema no es pot
banalitzar.


En primer lloc, i tal com reflecteix la moció presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, és evident que l’aprovació del
Reial Decret Llei de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del
sistema nacional de salut va suposar una autèntica ruptura del sistema
sanitari públic existent fins al moment i del qual tots el partits
compartíem els principis fonamentals: caràcter públic, universalitat,
equitat i qualitat. Una ruptura que és claríssimament l’inici del
problema, que ha generat enormes desigualtats entre ciutadans i que cada
dia, vistes les seves pretensions polítiques, anirà a més.


Vostès, senyories del Partit Popular, van voler arribar
fins al moll de l’os d’un sistema que presentava importants
febleses en l’àmbit econòmic, és cert, però que havia esdevingut
—i ahir en parlàvem— un referent a nivell internacional pels
seus alts índexs de qualitat. Des del nostre grup compartíem amb vostès
la necessitat de realitzar canvis estructurals que permetessin
assegurar-ne la sostenibilitat. Però la nostra decepció va ser veure com,
més enllà de l’establiment de mesures que introduïssin
l’eficiència i l’eficàcia com a pilars fonamentals del
sistema de salut per al segle XXI, el que en realitat es feien era un
autèntic canvi de model sanitari que no compartim. D’un model
sanitari, públic i universal, en què el dret a l’assistència
sanitària venia determinat pel fet de la mateixa ciutadania i es
finançava, com saben, a través dels impostos, hem passat









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novament a un model de seguretat social i cobertura basada
en el treball. Un model discriminatori i que, com he dit abans, genera
autèntiques desigualtats. Un model que va quedar obsolet, que va ser
substituït, de manera molt encertada, per un model autènticament públic i
universal, i que va suposar un gran progrés en drets socials. Un gran
salt endavant en la protecció de la vida i la salut de tots els que
vivíem a l’Estat espanyol. Però avui, aquest model és un simple
miratge, un retorn als anys 80 o més enllà que ha suposat que un alt
nombre de persones hagin quedat, com bé s’ha dit, fora del sistema,
i això és irresponsable, intolerable i, evidentment, absolutament
contrari al que la ministra propugna: el concepte d’igualtat.


Vostès saben perfectament que no hi ha cap innocència en
les seves polítiques —ho han dit la resta de portaveus— i que
amb el reial decret llei centenars de persones han quedat fora del
sistema. No només parlo dels majors de 26 anys, els professionals
liberals, les persones que no tenen recursos, persones vulnerables, sinó
evidentment un gran col·lectiu també, que és el d’immigrants
irregulars, els quals vostès no han volgut atendre.


Saben perfectament quin és el nostre posicionament respecte
d’aquest fet. L’atenció sanitària s’ha de poder
garantir a tothom per raons humanitàries i de salut pública. Des de
Catalunya, hem atès totes aquestes persones que no tenen reconeguda la
condició d’assegurat o beneficiari segons el seu Reial Decret llei,
i ho seguirem fent. Però si la situació ja era preocupant fins avui
—i de fet els recordo que per cert, aquest mes de gener, fins i tot
el Consell d’Europa s’ha posicionat en contra de la seva
decisió i considera, per exemple, que negar l’atenció sanitària als
immigrants sense papers va en contra dels tractats internacionals—,
per tant, si la situació ja era greu, les dues modificacions incorporades
via Pressupostos Generals de l’Estat encara fomentaran molts més
problemes de desigualtat.


Per moltes explicacions que ens doni la ministra o que el
mateix portaveu del Grup Popular pugui explicar, per molts supòsits que
hagin intentat plantejar i justificar, tots tenim algun cas, algun
exemple, que els desmunta absolutament la teoria. Jo no entraré al cas,
però si vol n’hi explicaré un personalment, que és el cas de la
meva germana que també va viure un greu problema fora de l’Estat
espanyol i que ara encara seria pitjor, vistes les propostes que vostès
fan. Per tant, el que compta no són les interpretacions subjectives, el
que compta és el que ha quedat escrit. Hi haurà conseqüències, deixaran
fora del sistema molts ciutadans espanyols emigrants, especialment joves
sense feina, abocats al límit de les seves possibilitats, que, perdonin
l’expressió, surten d’Espanya per anar a buscar-se la vida,
600 000 persones han marxat d’Espanya aquest 2013 —això anirà
a més— i ens suposarà a tots un problema. Un pas més que demostra
que l’executiu central clarament...


Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días
a todos.


Traspasado ya el ecuador de esta legislatura, ayer mismo,
el señor presidente del Gobierno aprovechaba su turno para responder a
algunas de las preguntas en la sesión de control para hacer balance, y
hoy debatimos sobre algunas de las decisiones políticas más antisociales
e injustas que ha adoptado el equipo del señor Rajoy desde su llegada al
Gobierno del Estado.


El motor principal que dirige la vida de las personas, qué
duda cabe, es la salud y, por lo tanto, no podemos banalizar este
asunto.


Tal y como refleja la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, queda patente que la aprobación del Real
Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud supuso una auténtica ruptura del sistema
sanitario público existente hasta la fecha, del que todos los partidos
compartíamos sus principios fundamentales: el carácter público, la
universalidad, la equidad y la calidad. Una ruptura que a todas luces es
el inicio del problema y que ha generado enormes desigualdades entre
ciudadanos, que cada día, vistas sus pretensiones políticas, van a ir a
más.


Ustedes, señorías del Partido Popular, quisieron llegar
hasta la médula de un sistema que presentaba importantes debilidades en
el ámbito económico, es cierto, pero que se había convertido —ayer
lo comentábamos— en un referente a nivel internacional por sus alto
índices de calidad. Nuestro grupo compartía con ustedes la necesidad de
realizar unos cambios estructurales que permitieran garantizar su
sostenibilidad, pero nuestra decepción fue darnos cuenta de que más allá
de establecer medidas que introdujeran eficiencia y eficacia como pilares
fundamentales del sistema de salud del siglo XX lo que en realidad se
lograba era un auténtico cambio de modelo









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que nosotros no compartimos. De un modelo sanitario público
y universal, en el que el derecho a la asistencia sanitaria venía
determinado por la misma ciudadanía y se financiaba, como ustedes saben,
a través de los impuestos, hemos pasado ahora a un modelo de seguridad
social y cobertura sanitaria basada en el trabajo; modelo discriminatorio
que, como he dicho antes, genera auténticas desigualdades; modelo que
quedó obsoleto y que fue sustituido, con mucho acierto, por un modelo
realmente público y universal y que también supuso un enorme progreso en
materia de derechos sociales, un gran salto adelante en la protección de
la vida y la salud de todos los que vivimos en el Estado español. Pero
hoy en día este modelo es un mero espejismo. Este retorno a los años
ochenta o más allá ha supuesto que un alto número de personas se hayan
quedado fuera del sistema. Esto es irresponsable, intolerable y
completamente contrario a lo que propugna la ministra como concepto de
igualdad.


Ustedes saben perfectamente que no hay ninguna inocencia en
esas políticas —lo han dicho ya los demás portavoces— y que
con el real decreto ley centenares de personas se han quedado fuera del
sistema. No me refiero solo a los mayores de 26 años, a los profesionales
liberales y a personas que no cuentan con recursos, personas vulnerables,
sino también a un gran colectivo que son los inmigrantes irregulares a
los que ustedes no han querido atender.


Saben perfectamente cuál es nuestro posicionamiento
respecto a este hecho: la atención sanitaria debe garantizarse a todo el
mundo, por razones humanitarias y de salud pública. En Cataluña hemos
atendido a todas estas personas que no tienen reconocida la condición de
asegurado o beneficiario, según su real decreto ley, y vamos a seguir
haciéndolo. Pero si la situación ya era preocupante hasta hoy —le
recuerdo, por cierto, que este mismo mes de enero incluso el Consejo de
Europa se ha posicionado en contra de su decisión, y considera, por
ejemplo, que negar la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles va
en contra de los tratados internacionales— repito, si la situación
ya era suficientemente grave, las dos modificaciones incorporadas ahora
vía Presupuestos Generales del Estado van a fomentar aún muchos más
problemas de desigualdad.


Por muchas explicaciones que nos dé la ministra o que el
propio portavoz del Grupo Popular intente explicarnos, por muchos
supuestos que hayan intentado plantear y justificar, todos tenemos algún
caso, algún ejemplo, que desmonta absolutamente su teoría. No voy a
entrar al trapo, pero le puedo poner uno personal: mi hermana, que vivió
un grave problema fuera del Estado español y que hoy en día aún sería
peor a juzgar por sus propuestas. Por lo tanto, lo que cuentan no son las
interpretaciones subjetivas, sino lo que ha quedado plasmado por escrito.
Va a haber consecuencias, van a dejar fuera del sistema a muchos
ciudadanos españoles emigrantes, sobre todo a jóvenes sin trabajo, que
están ya al borde de sus posibilidades y, permítanme la expresión, salen
de España para buscarse la vida; unas 600 000 personas han salido de
España en el año 2013 —cifra que va a ir a más—, y esto va a
suponer para todos un problema. Por lo tanto, un paso más que demuestra
que el Ejecutivo...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora CUNYAT BADOSA: Termino, señor presidente.


Un pas més que demostra que l’executiu central
clarament actua en contra del dret universal al sistema sanitari
públic.


No compartim el seu model. Hem presentat mocions també al
Congrés en el sentit d’aquesta moció i, per tant, votarem a favor
de la moció que presenta el Grup Parlamentari Socialista.


Moltíssimes gràcies.


Termino, señor presidente.


Repito, un paso más que demuestra que el Ejecutivo central
actúa en contra del derecho universal al sistema sanitario público.


No compartimos su modelo, hemos presentado mociones también
en el Congreso en el sentido de esta moción y, por lo tanto, vamos a
votar a favor de la que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.


Muchas gracias.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Varela.


El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Permítame antes de nada que agradezca a los grupos
parlamentarios su apoyo a esta moción. Estábamos absolutamente seguros de
que iba a ser así.


Señor portavoz del Grupo Popular, ustedes tienen la mayoría
y, por lo tanto, pueden y machacan día a día con su legislación y con sus
decisiones a Juan Español. Nos pueden machacar con su mayoría y lo están
haciendo, pero no nos insulten, no insulten nuestra inteligencia. No
vengan aquí a decir que ponen ustedes en marcha una batería intensa de
actuaciones para modificar la condición de residencia y el derecho a la
asistencia sanitaria para luego decir que eso no supone nada. Porque,
además, en ese insulto a la inteligencia, señor portavoz, lea usted el
artículo 3 sobre la asistencia sanitaria y la residencia en España y,
casualmente, se para donde dice: siempre y cuando no permanezcan más de
noventa días fuera de nuestro país tendrán la condición de residentes. Y
ello porque saben que si están más de noventa días, pierden esa condición
y pierden el derecho a la asistencia sanitaria. Y como, además, el 99% de
la gente que sale de España en esa situación no tiene recursos, se
encuentran indefensos ante la enfermedad poniendo en riesgo sus vidas;
insisto, poniendo en riesgo sus vidas. Eso es lo que están haciendo
ustedes.


Por lo menos aquí en este Pleno hoy hemos avanzado algo.
Ustedes se han referido a la sanidad española prácticamente universal. Ya
hemos avanzado algo; teníamos una sanidad que era universal, gratuita y
de calidad, y estamos yendo al reconocimiento de una sanidad
prácticamente universal, que será pronto prácticamente gratuita y que
será pronto prácticamente sin calidad. Esa es la realidad y no vengan
ustedes aquí a engañar a nadie. Sí que era universal la sanidad anterior,
¿de dónde sacan ustedes que los trabajadores parados o en situación de
desempleo o que hubieran agotado prestaciones no tenían derecho a
asistencia sanitaria? ¿De dónde lo sacan ustedes? Ustedes han modificado
el derecho a la gratuidad en los medicamentos, cosa que yo les reconozco
y les valoro, porque las medidas que son buenas se valoran, pero la
asistencia sanitaria la tenían, por supuesto que la tenían, como el resto
de los españoles, porque era una asistencia universal.


Ustedes lo que han hecho, señores del Grupo Popular, es dar
una vuelta de tuerca más para tratar de dañar nuestro sistema sanitario
que, como se ha dicho aquí por todos los portavoces ahora y en la
interpelación, está universalmente reconocido como un buen sistema
sanitario. Se lo han dicho a ustedes las instituciones de dentro y de
fuera de España. Se lo recordamos en la interpelación y se lo voy a
recordar nuevamente. Le han hecho una enmienda a la totalidad a su
peligro de política sanitaria. Se lo ha dicho el Consejo de Estado, se lo
ha dicho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, se lo ha
dicho la Organización Mundial de la Salud, se lo ha dicho Médicos del
Mundo, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Salud, la Sociedad
Española de Salud Pública, la Asociación Médica Colegial, UGT, Comisiones
Obreras. Se lo han dicho a ustedes todo el mundo: están poniendo en
peligro la salud de los españoles, señores del Partido Popular. Todos
ellos concluyen lo mismo: la sanidad que están desarrollando es
excluyente, es privatizadora y está castigando a las rentas medias y
bajas.


Resumiendo, señores del Grupo Popular, su política
sanitaria está poniendo en riesgo vidas, más aún, está costando vidas. Y
como sabemos que la ausencia de atención sanitaria tiene efectos, eso sí,
en diferido, va a costar salud y vidas en el futuro. Por lo tanto,
ustedes deben tratar de modificar esa situación.


Una última cuestión en cuanto a quiénes afectan estas
medidas que están poniendo ustedes en marcha. Afecta a todos a cuantos
puede afectar su medida, porque si es cierto que afecta a los
trabajadores en desempleo que han agotado las prestaciones fuera de
nuestro país, también es cierto que si un trabajador está percibiendo
prestaciones en nuestro país y sale al extranjero, a los quince días
pierde ese derecho a la percepción de prestaciones. Por lo tanto, pasan
al grupo b, es decir, los que no tienen prestaciones, y les es de
aplicación inmediatamente esta norma que han puesto ustedes en marcha. Y
si ese trabajador desempleado de nuestro país sale fuera y encuentra un
trabajo, lógicamente, ya no le es de aplicación porque estará cubierto
por el seguro de ese trabajo. Pero saben ustedes como yo que hay
situaciones en el exterior, por ejemplo, cuando se tiene el conocido como
contrato minijob, que al no tener cobertura sanitaria en el país de
origen y









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al no tener cobertura sanitaria transferida o portada desde
nuestro país, ese trabajador se encuentra nuevamente sin cobertura
sanitaria.


Por lo tanto, están haciendo ustedes un mal favor,
fundamentalmente a nuestros jóvenes, que son los que más…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.


…van a sufrir esta situación; a nuestros trabajadores
en el exterior y a los jóvenes. Van a poner en riesgo su salud, van a
poner en riesgo su vida y están ustedes haciéndoles un flaco favor.


Tienen ustedes una oportunidad de rectificar. No es cierto
que esto fuera dirigido a los trabajadores no españoles; esa modificación
la hicieron ya ustedes con el Real Decreto 1192/2012. Por lo tanto, está
dirigido a quien está dirigido, a los trabajadores españoles que salen
fuera y no tienen prestación. Están ustedes a tiempo de rectificar,
rectifiquen en esta moción que, desde luego, se lo agradecerá mucha
gente.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Rubio.


El señor RUBIO MIELGO: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor Varela, he intentado explicarle
anteriormente el alcance y el objetivo que tienen las modificaciones
realizadas por el Gobierno, y usted, como era de esperar, no ha querido o
no ha podido entenderlo, seguramente porque yo me explico mal, pero
también, fíjese, puede influir el que usted posiblemente padezca un
cuadro severo de un síndrome muy extendido en la bancada socialista y que
desde el Gobierno del señor Zapatero se ha convertido en una auténtica
epidemia. Este síndrome, que yo denomino síndrome PSOE, presenta un
cuadro clínico típico. Primero, hay una alteración cualitativa de la
percepción, una alteración que les impide reconocer la realidad, y el
ejemplo evidente lo pudimos ver antes, cuando todo el mundo advertía de
una crisis económica severa y ustedes en la inopia. Y ahora, cuando todos
los organismos e instituciones dicen que estamos en el buen camino
gracias al esfuerzo de la mayoría de los españoles, ustedes siguen sin
enterarse.


El segundo síntoma es una amnesia selectiva que, por un
lado, les impide recordar el motivo por el que los españoles tenemos que
hacer estos grandes esfuerzos, y ese motivo no es otro que su desastrosa
gestión, que queda reflejada en informes como el del Tribunal de Cuentas
y, por otro, provoca no solo que sean incapaces de asumir cualquier tipo
de responsabilidad, sino que, además, echen la culpa de sus errores al
resto del mundo.


Y para terminar el cuadro clínico, y entre otros síntomas,
hay uno llamativo que consiste en que suelen tener el convencimiento,
siempre equivocado, de estar en posesión de una especie de superioridad
moral que les hace creer que ustedes son los únicos que defienden los
servicios públicos en este país. En este sentido quiero decirle un par de
cosas: el sistema sanitario español, uno de los mejores del mundo, no lo
defiende quien gestiona mal el dinero público, quien despilfarra gastando
más de lo que puede e incrementa la deuda hasta los 16 000 millones de
euros; no lo defiende quien pone en riesgo miles de empleos y cientos de
empresas suministradoras de los servicios públicos de salud cuando no se
les paga las facturas o se hace con más de un año de retraso; no lo
defiende quien no quiere llegar a acuerdos y abandona la Subcomisión de
Sanidad del Congreso, por ejemplo. Y esto es lo que ustedes hacen cuando
gobiernan y cuando están en la oposición.


Deben ser conscientes, señorías, de que si ustedes hubiesen
continuado un minuto más en el Gobierno aplicando sus políticas, esas
políticas que nos reclaman ahora, estaríamos en una situación similar a
la de Grecia, en donde, por cierto, el 30% de la población no tiene
seguro de salud y en donde recientemente el Parlamento se ha visto
obligado a la disolución de la atención primaria del sistema de salud
pública, al cierre de la mayoría de las policlínicas y a dejar 5000
médicos incluidos en el cupo de la reserva laboral. Señorías del Partido
Socialista, ¿es esto lo que quieren para España? Nosotros, desde luego,
no. Ya se lo digo.









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Por el contrario, el sistema público lo defiende quien
realiza una gestión austera, quien controla hasta el último céntimo,
quien reduce la deuda paulatinamente, quien no gasta más de lo que tiene
y quien paga en tiempo a los proveedores. Señorías, eso sí es hacer
sostenible el sistema, eso es creer en él y defenderlo, y eso es lo que
está haciendo el Gobierno del Partido Popular, haciendo más con menos. Ya
sé que a ustedes esto les parece imposible porque han demostrado
reiteradamente que son incapaces de hacerlo. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio,
por favor.


El señor RUBIO MIELGO: Sus Gobiernos solo son expertos en
el despilfarro del dinero público y en llevar los servicios básicos a
situaciones límite que, posteriormente, otros tienen que enderezar.


Señorías del Partido Socialista, si ustedes no tuvieran esa
alteración de la percepción se darían cuenta de que en este momento, con
el esfuerzo de todos los españoles, eso, el conseguir más con menos, se
está haciendo en este país y es lo que ha posibilitado cambiar el rumbo y
caminar en la buena dirección. Mientras ustedes se dedican a
intranquilizar y a intentar socavar la confianza de los ciudadanos
españoles, el Gobierno de Mariano Rajoy seguirá trabajando para
garantizar, con el esfuerzo de todos, las prestaciones básicas, los
servicios públicos y para que este país salga adelante, que, no olviden
ustedes, es lo que la inmensa mayoría de los españoles anhela, y espero
que ustedes también.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rubio.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación
del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 207; votos emitidos, 207; a favor, 81; en contra, 126.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


5. MOCIONES


5.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UNA ESTRATEGIA EN ENFERMEDADES RARAS.


(Núm. exp. 662/000120)


AUTOR: GPP


El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.
(Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


A esta moción se han presentado tres enmiendas: una del
Grupo Parlamentario Vasco, otra del Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió y, finalmente, otra del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio, por favor.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora
Beatriz Elorriaga.


La señora ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias, señor
presidente.


Buenos días, señorías. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio por
favor.


La señora ELORRIAGA PISARIK: Señorías, subo a esta tribuna
para ejercer mi derecho a desarrollar un turno a favor de la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, al que represento en este
momento, y lo hago en apoyo de todas aquellas personas que padecen
enfermedades de las llamadas raras por poco frecuentes, a las que sin
duda, señorías, es necesario apoyar.









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Antes de comenzar, quiero dar las gracias a todos los
portavoces de los diferentes grupos con los que he tenido la oportunidad
de dialogar en la tarde de ayer y esta misma mañana por el talante con el
que han abordado esta moción, si bien no hemos podido conseguir llegar a
ningún acuerdo previo.


Señorías, traigo este tema ahora, en el mes de febrero,
pocos días antes de la celebración del Día Mundial de las Enfermedades
Raras, que este año se va a celebrar el próximo 28 de febrero, y no es
casual que se debata hoy esta moción, no es una coincidencia, se hace con
la intención de apoyar la conmemoración de un día de tanta importancia.
Como digo, este año se celebra el día 28 y es que no hace tantos años,
hace seis, en el año 2008 se instauró como día de su celebración el 29 de
febrero y se eligió esa fecha precisamente para dar una mayor visibilidad
de la rareza de las enfermedades. Se eligió un día raro para conmemorar
las llamadas enfermedades raras y apoyar a las personas que las padecen y
a sus familias.


Y, señorías, la traigo también en un año como este, en el
que vamos a tener un encuentro electoral —va a haber elecciones
europeas—, porque me parece importante que en este caso haya sido
precisamente Europa la que más haya hecho dentro del panorama mundial
para que estas enfermedades raras hayan salido a la luz. Gracias al
trabajo de los países miembros y de la Organización Europea de
Enfermedades Raras, Eurordis, hemos conseguido que las personas que
padecen estas enfermedades raras sean protagonistas y sean conocidas por
toda la sociedad. Afortunadamente, hoy hablamos ya de una iniciativa
global en la que se está trabajando en todo el mundo, pero siempre hay un
origen y siempre hay unas personas que inician la labor. Fue en el año
2008 cuando se realizó una sesión abierta en el Parlamento Europeo para
tratar asuntos relacionados con políticas sobre las enfermedades raras y
fue en ese momento, señorías, cuando se estableció el día mundial.


Señorías, España, nuestro país, no se ha quedado atrás.
Desde luego, hemos trabajado con intensidad, y mi criterio y el del Grupo
Parlamentario Popular es que es importante tener en cuenta los días
mundiales porque persiguen un objetivo clave, y ese objetivo clave es la
sensibilización. En pocos asuntos la sensibilización de la sociedad es
tan importante como en el tema que hoy nos ocupa. Hay que dar apoyo a la
conmemoración del día mundial y por eso hemos elegido este momento.


Al hablar de sensibilización, señorías, no quiero quitar
importancia a otros aspectos que afectan a estos enfermos. Es importante
también la prevención, el diagnóstico, el tratamiento o la
rehabilitación. Sencillamente, señorías, cuando destaco la
sensibilización es porque quiero explicar la importancia que tiene en una
problemática tan compleja como la que hoy estamos abordando.


Señorías, estamos ante un problema que afecta a tres
millones de personas en toda España. Estas personas sufren patologías
consideradas como raras, habitualmente sin tratamiento y sin literatura
médica; son casos muy complejos, muchas veces sin cura. Desde luego,
todas ellas son personas carentes de un proyecto vital normal. Pero estas
personas luchan día a día para que la sociedad conozca sus problemas y
para que las administraciones se impliquen. Sin duda, han ido ganando
posiciones pero, señorías, nos queda mucho por hacer.


Señorías, quizá el Senado sea un ejemplo, pues aquí se han
apoyado muchas iniciativas que parten de estos grupos; se han celebrado
distintos actos a favor de las personas con enfermedades raras; hemos
escuchado testimonios firmes y rotundos en boca de personas afectadas, y
en una palabra, todos los grupos parlamentarios hemos estado a favor de
estas personas. Dentro de unos días, de hecho el próximo día 28 y bajo la
Presidencia de Su Alteza Real la princesa de Asturias, celebraremos un
acto por el día mundial 2014. Me consta que el Senado es una referencia
para otras instituciones, que tienen muy en cuenta lo que aquí hacemos.
Pero sobre todo, señorías, un país como España, que ha trabajado en
políticas de integración de las personas con capacidades diferentes en
todos los niveles, y estoy pensando en el nivel estatal, en el regional y
en el local, no puede desatender el apoyo solicitado día tras día por las
personas que padecen estas enfermedades y por sus familias.


Estamos ante un tema que tiene una vertiente social y una
vertiente sanitaria. Estamos ante un claro ejemplo de lo que debe ser una
problemática tratada desde el ámbito sociosanitario, y creo firmemente
que las políticas sociosanitarias son el futuro de la sostenibilidad de
nuestro Estado de bienestar. Desde luego en este caso el abordaje es
absolutamente preciso y absolutamente









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incuestionable. Insisto, un país como el nuestro que acaba
de recibir el pasado año en Nueva York el premio Roosvelt sobre
discapacidad por la labor que desempeñamos en favor de la integración
absoluta de las personas con discapacidad, tiene sin duda que seguir
luchando por los que más lo necesitan, y esto es, señorías, el objeto de
esta moción; es lo que pretendemos con ella. El galardón puede ser algo
anecdótico, pero sí les digo que este premio es considerado como el nobel
de la discapacidad y fue recogido por la reina de España, pero sobre
todo, y por ello lo menciono, debe servirnos de estímulo para seguir
avanzando hacia una sociedad más igualitaria.


Señorías, la senadora que les habla en este momento
representa en esta Cámara a la Comunidad de Madrid. Les aseguro que desde
Madrid hemos seguido muy de cerca los problemas que tienen las personas
con enfermedades raras y sus familias. En la Comunidad de Madrid tenemos
equipos de trabajo y considerados modelos para otras comunidades
autónomas. Se ha facilitado un procedimiento específico para valorar la
dependencia en estos casos, y se firmó un convenio con la federación en
este sentido. Asimismo se están editando unas guías de valoración con un
modelo específico de las que ya se han elaborado veinticinco. Esta
experiencia también está siendo tenida en cuenta en otras
comunidades.


Pero ni los galardones obtenidos ni los avances conseguidos
ni los esfuerzos ya realizados, como la iniciativa del ministerio de
declarar el año 2013 año español de las enfermedades raras, ni las
futuras iniciativas, como la de declarar el próximo año 2016 como año
internacional de la investigación en enfermedades raras, nos tienen que
hacer considerar que ya lo hemos hecho todo, que todo está encaminado y
que ya se ha trabajado suficiente. No cabe duda, y lo he dicho antes, que
el camino realizado es importante, que se ha dado voz a unas personas y a
unas patologías que parece que antes no se tenían en cuenta, pero no
olvidemos, señorías, que aún queda mucho por hacer. No podemos dejar
pasar oportunidades para acercar a los ciudadanos el conocimiento de las
patologías consideradas como poco frecuentes, porque es muy importante
dar voz a aquellos que no la han tenido durante mucho tiempo.


Estas enfermedades se llaman raras por su baja prevalencia,
pero tres millones de personas nos tienen que hacer reflexionar. Quizá a
algunos les puedan parecer pocas, pero en el mundo son muchas. Sin duda
son un grupo heterogéneo de más de 7000 dolencias, generalmente crónicas
y degenerativas, pero tienen que ser atendidos. Siento ser tan
insistente, pero este es el objeto de esta moción.


La familia que convive con estos pacientes también padece
serias dificultades y corre el grave riesgo de aislarse socialmente. Todo
esto implica la necesidad de una actuación, como les decía al principio,
de carácter sociosanitario porque las actuaciones solamente sanitarias
pueden ser insuficientes. El modelo social debe actuar en las
evaluaciones, en la intervención social facilitando recursos, en
suministrar, por ejemplo, centros de día, en el apoyo a la familia, y así
podríamos seguir enumerando.


No me olvido tampoco de la investigación, que debe llegar a
un número de diversas patologías con un reducido número de pacientes y
que no voy a ocultar que entraña una dificultad.


Pero, señorías, hay que seguir, el Grupo Parlamentario
Popular considera que es un tema al que hay que dedicarle tiempo. No
quiero hablar tampoco de los medicamentos, que por supuesto son unos
medicamentos que no son rentables para las farmacéuticas, de ahí la
denominación de medicamentos huérfanos. Son unos medicamentos muy
costosos, de difícil obtención y dirigidos a muy pocos pacientes, pero,
señorías, se necesitan y se necesitan para diagnosticar, se necesitan
para prevenir y se necesitan para tratar.


Señorías, estamos ante una investigación científica, quizá
podríamos decir fuera del interés del mercado, pero que debe suponer un
reto y que debe producirse. Y en eso los propios enfermos nos dan una
lección, porque ellos estos problemas que se les plantean no los ven como
obstáculos, sino que siempre te hablan de un reto a superar; los propios
afectados transmiten una fortaleza para enfrentarse a los problemas que
desde luego es digna de admiración.


El objetivo de la federación es que la sociedad ponga cara
a sus problemas, piden que se impulsen medidas, que se hagan propuestas
claras y, por supuesto, en el Grupo Parlamentario Popular consideramos
que es necesario hacer un llamamiento a la sociedad y hacer propuestas al
Gobierno de España para que existan profesionales de referencia y para
que haya coordinación entre todas las comunidades autónomas.









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En Madrid, por ejemplo, tenemos —se creó hace dos
años— un centro de referencia estatal en el que se forman y
especializan profesionales de distintas especialidades, tanto médicos
como psicólogos o enfermeros, en una palabra, equipos multidisciplinares.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad firmó el año
pasado un convenio con Radiotelevisión Española y las asociaciones que
representan a los pacientes para favorecer la sensibilización; una acción
de sensibilización que sin duda va a ayudar a reunir apoyos para la
investigación abordando tanto el eje social como el sanitario, que es lo
que se pretende. Y así, señorías, podría seguir enumerando acciones
realizadas en nuestro país, pero, por supuesto, no me da el tiempo de sí.
Lo que sí quiero conseguir y lo que les solicito es su apoyo para seguir
avanzando y para conseguir que la voz de las personas con enfermedades
raras se siga escuchando en España.


Insisto en la importancia del abordaje sociosanitario, en
un abordaje integral. Reconocemos sin duda la labor ya realizada, no
olvidamos que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
aprobó en 2009 la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional
de Salud, que fue además elaborada por un comité técnico y otro
institucional, algo que valoro realmente porque creo que es importante
que haya un equilibrio entre ambos grupos de trabajo: por un lado los
técnicos, por otro los representantes institucionales.


Sabemos que en el año 2012 se evaluaron los dos primeros
años de implantación de la estrategia que se acababa de crear dos años
antes. En marzo de 2013 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud aprobó el procedimiento de realización del mapa de unidades
hospitalarias de atención en enfermedades raras. En diciembre de 2013 un
catálogo de once buenas prácticas en enfermedades raras del Sistema
Nacional de Salud. Señorías, el Instituto Carlos III sigue trabajando y
desarrolla diferentes acciones y posee diversas estructuras dedicadas a
la investigación sobre las patologías de las que hablamos.


Desde luego, señorías, el trabajo que se hace es intenso.
Hoy en día estamos implicados en más de cinco proyectos europeos que son
considerados de élite, pero insisto, señorías, y aun a riesgo de ser
pesada, Feder, Federación Española de Enfermedades Raras, nos hace nuevas
propuestas, se dirige de nuestro a nosotros, nos pide que sensibilicemos,
que trabajemos en la prevención y en el diagnóstico, y ese es el motivo
por el que el Grupo Parlamentario Popular trae hoy esta moción. Nuestro
criterio es que debemos seguir manteniendo este tema vivo, que no podemos
dejar que la indiferencia se extienda ante este complejo tema y que
debemos seguir todos trabajando y haciendo un esfuerzo para apoyar tanto
a las personas que padecen las enfermedades raras como a sus
familias.


Por tanto, señorías, y para terminar, no me queda más que
pedir el apoyo de todos ustedes a una moción de estas
características.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Elorriaga.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on barriro, mahaiburu
jauna.


Hemos presentado una enmienda en la línea de lo que la
senadora del Partido Popular acaba de declarar. Nosotros entendíamos que
no se podía hacer una alusión a las enfermedades raras sin hacer una
alusión a la estrategia que ya en enfermedades raras tenía el Sistema
Nacional de Salud, porque ya estaba revisada. Se presentó a finales de
2012 y después ha habido varias acciones y creemos que en ese documento
todavía se siguen recogiendo aquellas actuaciones necesarias para que
este tema, si no resolverse, por lo menos pueda encauzarse para bien de
los pacientes.


Nuestra enmienda va en esta dirección. Creemos que
completa, si cabe, eso, sobre todo, porque, además —luego
intervendré mejor—, en esta estrategia de enfermedades raras se
recoge, yo creo, lo que realmente hay que hacer. Por tanto, esperemos que
el Grupo Popular acepte la enmienda que mi grupo ha presentado.


Muchas gracias, señor presidente.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra las senadora Cunyat para defender
su enmienda.


La señora CUNYAT BADOSA: Gracies president,


Senyories, molt breument. Hem presentat una esmena
d’addició que, com sempre, pretén exigir màxim respecte a les
competències que en aquest àmbit ostenten les comunitats autònomes. El
govern central ha demostrat ja en aquests dos anys quines són les seves
intencions de fons i, com sempre, des de CiU, amatents a protegir el que
legalment ens correspon, presentem totes les esmenes que faci falta per
protegir les nostres competències.


Demanem també en aquest afegitó que es tinguin en compte
els programes de detecció precoç en malalties minoritàries —ja en
funcionament o en procés d’implantació—, l’impuls
d’una estratègia global i conjunta no pot anar en cap cas en
detriment dels avenços realitzats i aconseguits en alguns territoris,
evidentment no tots, i per tant demanem que es respectin i es tinguin en
compte tots els plans que existeixin a nivell estatal.


En aquest sentit, vull fer un breu apunt: tot i que la
relació cronològica de les accions més destacades portades a terme a
Catalunya en l’àmbit de les malalties rares es remunta a
l’any 1969, jo voldria destacar específicament dos moments: el mes
de novembre de 2008, en què el Parlament de Catalunya va aprovar una
resolució sobre l’adopció de mesures relatives a les necessitats de
les persones afectades per malalties minoritàries, i el maig de 2009 en
què es va crear la Comissió Assessora en Malalties Minoritàries i que va
impulsar, entre altres coses, la definició i implantació d’un model
d’atenció a les malalties minoritàries i que, encara ara, està en
funcionament i amb bons resultats. És un model d’atenció que
treballa amb una perspectiva clarament territorial, sota les premisses de
proximitat i de participació i tenint en compte les singularitats i les
necessitats educatives, socials i de salut de les persones afectades per
aquesta tipologia de malalties.


Per últim, com saben, demanem que s’incrementin als
Pressupostos Generals de l’Estat la dotació pressupostària
destinada a les comunitats autònomes en concepte d’estratègies per
afrontar aquest tipus de malalties. De fet, un dels problemes que tenim a
nivell territorial és el pressupost per poder afrontar aquests diferents
plans específics i, en aquest cas, un d’ells és el que estem
debatent avui i, per tant, és important per a nosaltres que el seu
compromís el demostrin també en la dotació de pressupostos.


I evidentment demanem que ens acceptin les esmenes.


Moltíssimes gràcies,


Gracias, presidente.


Señorías, muy brevemente. Hemos presentado una enmienda de
adición que, como siempre, pretende exigir máximo respeto a las
competencias que en este ámbito ostentan las comunidades autónomas. El
Gobierno central ha demostrado a lo largo de estos años y en múltiples
ocasiones cuáles son sus intenciones de fondo y, por lo tanto, como
siempre, desde CiU, procurando amparar lo que nos corresponde,
presentamos todas las enmiendas que sea necesario para proteger nuestras
competencias.


En este añadido también pedimos que se tengan en cuenta los
planes de acción y los programas de detección precoz en las enfermedades
minoritarias —en funcionamiento o en proceso de
implantación—, que el impulso de una estrategia global y conjunta
en ningún caso puede ir en detrimento de los avances realizados y
conseguidos en algunos territorios —evidentemente, no todos—
y, por lo tanto, pedimos que se respeten y tengan en cuenta todos los
planes que existan a nivel estatal.


En este sentido, un breve apunte. Si bien la cronología de
las acciones llevadas a cabo en Cataluña en el ámbito de las enfermedades
raras se remonta al año 1969, yo quisiera destacar muy específicamente
dos momentos: noviembre de 2008, cuando el Parlamento de Cataluña aprobó
una resolución sobre la adopción de medidas relativas a las necesidades
de las personas afectadas por enfermedades minoritarias, y mayo de 2009,
cuando se creó la Comisión Asesora en Enfermedades Minoritarias, que
impulsó, entre otras, la definición e implantación de un modelo de
atención a la enfermedades minoritarias y que aún hoy está funcionando
con buenos resultados; un modelo de atención que trabaja con una
perspectiva claramente territorial, sobre las premisas









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de proximidad y de participación y teniendo en cuenta las
singularidades y las necesidades educativas, sociales y de salud de las
personas afectadas por este tipo de enfermedades.


Por último, como saben ustedes, pedimos que se aumente en
los Presupuestos Generales del Estado la dotación para las comunidades
autónomas en concepto de estrategias para hacer frente a este tipo de
enfermedades. De hecho, uno de los problemas que tenemos a nivel
territorial es el presupuesto para hacer frente a los diversos planes
específicos, en este caso, el que estamos debatiendo hoy. Por eso es
importante para nosotros que el compromiso también lo demuestren con la
dotación de presupuestos.


Evidentemente, pedimos que nos acepten las enmiendas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.


La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
para defender esta enmienda que consideramos tan importante, pero quiero
que mis primeras palabras sean para mostrar nuestro reconocimiento y
apoyo a los enfermos con patologías de enfermedades graves y a sus
familias por su lucha incansable para garantizar los derechos y la
igualdad de oportunidades. Y, sobre todo, quiero expresar un emocionado
recuerdo para mi amigo Nicolás Beltrán, que el año pasado recibió el
Premio Feder a Toda una Vida. (Aplausos.)


Lamentamos que una vez más el Grupo Parlamentario Popular
nos presente una moción —es verdad que con muy buena intención por
parte de la senadora que ha intervenido— vacía de contenido, una
moción de cara a la galería, una moción para distraer la atención, una
moción para no hablar de lo que realmente le importa a la ciudadanía, una
moción para ocultar los recortes y los copagos introducidos en la sanidad
pública, recortes y copagos que están afectando muy especialmente
—y lo hemos dicho en muchísimas ocasiones— a los
pensionistas, a las personas con enfermedades crónicas y, por tanto, a
los enfermos con enfermedades raras. Lamentamos tener que subir un año
más a esta tribuna y decir que estamos igual que estábamos, si no peor.
Lo lamentamos de verdad, porque es cierto que respecto a este asunto
mantenemos una sensibilidad especial, ya que todos tenemos amigos,
familiares o conocidos y sabemos la situación por la que están
pasando.


Señorías, en el año 2013 Feder presentó al Gobierno y a los
grupos políticos un documento con treces propuestas y no se ha llevado a
cabo ni tan siquiera una de las que pedían. Por tanto, está muy bien
mostrar el reconocimiento y el apoyo, pero hay que pasar de las palabras
a los hechos.


Nosotros hemos presentado una enmienda que consideramos
responde a las necesidades reales: eximir del copago de los medicamentos
a las personas que padecen una enfermedad rara, tanto para los que se
dispensan en la farmacia hospitalaria de uso ambulatorio, como para los
que se dispensan en las oficinas de farmacia. Otra enmienda importante es
la que propone impulsar a través del Consejo Interterritorial la creación
en las comunidades autónomas de unidades multidisciplinares de
información, seguimiento, control y atención a las personas con
enfermedades raras.


Señorías, no es posible que cada año subamos a esta tribuna
en conmemoración del Día de las Enfermedades Raras y que el Partido
Popular no haya puesto en marcha ni una sola medida efectiva y real para
mejorar la calidad de vida de estas personas. Señorías, no es posible.
(Aplausos.) Es necesario abordar esta cuestión con la seriedad y la
profundidad que se merece. Por eso hemos presentado esta enmienda.
Nosotros sí que apelamos a la sensibilidad del Grupo Parlamentario
Popular para que acepte nuestras enmiendas, porque es de justicia social
lo que estamos solicitando.


Señora senadora, son muchísimas las palabras pero muy pocos
los hechos. Es verdad que hace falta un abordaje integral pero también
recursos. No es verdad que se pueda hacer más con menos, como decía el
senador que ha intervenido anteriormente —luego les daré los
datos—.


Señorías, es en los presupuestos donde se enmarcan las
prioridades de los Gobiernos. Pues bien, en el año 2011 —Gobierno
socialista—, en los presupuestos dedicados a estrategias de la









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salud se destinaron 17,12 millones de euros. En el año
2014, ese Gobierno del Partido Popular que dice que se preocupa tantísimo
por las personas, destinó a estrategias de salud dos millones de euros.
Sobran las palabras. Se trata de una disminución de más del 88%, casi el
90% de disminución en los presupuestos para estrategias de salud.
(Aplausos.) ¡Y ustedes vienen y nos dicen que les preocupan tanto los
enfermos con enfermedades raras? De verdad, pongamos medios, pongamos
recursos...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora LLINARES CUESTA: No lo pide solo el Grupo
Parlamentario Socialista. Lo piden los enfermos y sus familias y lo pide
la federación de asociaciones como Feder. Por lo tanto, les pedimos
sensibilidad, pero les pedimos también recursos.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.


Tiene la palabra la senadora Elorriaga para indicar si
acepta o no las enmiendas.


La señora ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias,
presidente.


Intervengo para manifestar que admitimos una serie de
enmiendas. En el caso de la senadora Cunyat, de Convergència i Unió,
admitimos el párrafo tercero, en el que se habla de tener en cuenta
aquellos planes de acción y programas de detección; en el caso del Grupo
Parlamentario Vasco, admitimos la enmienda número 1; y en el caso del
Grupo Parlamentario Socialista, admitimos el número 5 de su enmienda.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Elorriaga.


¿Turno en contra? (Denegaciones.)


Pasamos al turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?


Tiene la palabra el senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Muchas gracias, presidente.


Buenos días, señorías. Voy a intentar ser breve, aunque
haya bajado al estrado, porque no voy a hacer todo desde el escaño.


Cuando planteamos la enmienda lo hicimos con una cierta
finalidad, que es precisamente que se cumpla lo que señala la Estrategia
en Enfermedades Raras que hizo el Sistema Nacional de Salud, porque
ustedes saben —incluso algunos me tachan de pesado— que,
desde nuestro humilde punto de vista, es el Consejo del Sistema Nacional
de Salud el que tiene que liderar este tipo de iniciativas si queremos
que en todo el Estado las cosas puedan funcionar de una manera
medianamente uniforme, dejando que cada una de las comunidades autónomas
siga su desarrollo. Evidentemente, nos parece que es la mejor manera de
realizarlo, si se hace. Tampoco tiene sentido tener un documento tan
elaborado y tan íntegro como la Estrategia en Enfermedades Raras del
Sistema Nacional de Salud y, después, que en el informe de seguimiento
que se publicó en 2013, aunque se aceptó por el Consejo en el 2012,
aparezcan una serie de carencias y de cumplimientos irregulares en todo
el Estado que tampoco tienen demasiado sentido.


En ese informe de valoración se hacía referencia a la
información en enfermedades raras, y en esto parece que no estamos del
todo mal, pero hay grandes diferencias entre comunidades autónomas. Se
hablaba también de prevención y detección precoz, algo que es
importantísimo y que hay que protocolizar. Hay comunidades autónomas que
tienen protocolos muy bien estructurados y otras, en cambio, no. En
cuanto a atención sanitaria, evidentemente, es lo que los enfermos piden
y necesitan —necesitan curarse de su enfermedad, y luego hablaré
también un poco más sobre esta cuestión—. Aquí entran los temas de
investigación, y las diferencias son enormes.


Por lo que se refiere a las terapias, ya se ha comentado,
todos sabemos que es complicado y muy difícil que las empresas privadas
entren en el desarrollo de estos medicamentos —de ahí los
medicamentos huérfanos—, pero es muy importante regular el
medicamento de uso









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compasivo, porque muchas veces, aunque no sea médicamente
lo más adecuado para un uso general, en casos en los que no podemos estar
pensando en grupos de control, etcétera, es una manera de trabajar.


Se habla de la investigación y de la formación, que creo
que es muy relevante. En estos campos también hay muchísimas diferencias
entre comunidades autónomas. Pero existe un punto, el quinto, que es la
atención sociosanitaria. Creo que aquí es donde más diferencias puede
haber entre las distintas comunidades autónomas. Aquí también debemos
hablar de la atención sanitaria.


Decía la senadora que hay siete mil dolencias
estadísticamente diferenciadas y tres millones de afectados, pero son
tres millones de afectados por una misma enfermedad, con distinto nombre
pero una misma enfermedad, que es la enfermedad rara. Y la enfermedad
rara tiene dos tratamientos, uno de los cuales es el específico de las
siete mil dolencias que, desgraciadamente, se tratan de distinta manera y
con diferente éxito, y otro es el que necesitan los tres millones de
afectados por esa misma enfermedad, la enfermedad rara, y ahí es donde
entra la atención sociosanitaria.


Este documento habla de cómo deben ser las cosas y se
debería intentar cumplir con ello pero, sinceramente, es en este terreno
en el que más aguas hace la política que el Gobierno central está
llevando a cabo. Podemos hablar de los recortes —no lo digo yo,
también lo ha dicho la senadora Llinares al referirse al documento de
Feder—, con un rechazo de plano al copago, con personas que tienen
problemas para subsistir en una sociedad medianamente normalizada.
Hablamos de coordinación sociosanitaria con los sistemas educativos, con
todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, con la salud mental,
con la calidad de vida, con las campañas de sensibilización. Hablamos del
apoyo al asociacionismo y al voluntariado, que casi todas las comunidades
autónomas están haciendo bien, pero es por interés, porque así se suple
parte de lo que la Administración no es capaz de hacer.


Por tanto, no se puede hablar de enfermedades raras y no
hablar de esto, no se puede hablar de tratamiento de enfermedades raras y
no hablar del tratamiento de la única enfermedad que padecen los tres
millones de pacientes enfermos de enfermedad rara.


Y por muy buenas intenciones que tenga esta moción, aceptar
la enmienda que mi grupo ha presentado centra mucho la discusión; ya no
es una moción buenista, generalista, sino que ahora estamos hablando de
un documento-estrategia con su valoración —que puede ser mejor o
peor; evidentemente, hay que revisarla—, pero que contiene medidas
concretas; y hay que cumplir lo que indica el documento, porque haremos
un favor a los pacientes. Además, es el momento adecuado, porque, si no
me equivoco, la próxima semana se celebrará el Día Mundial de las
Enfermedades Raras.


Señorías, vuelvo a lo mismo, hacer documentos y no
cumplirlos no sirve para nada. Hacer documentos y que a los dos años nos
digamos que cumplimos de una manera casi medalaganaria tampoco sirve para
nada. Desde luego, muchas comunidades autónomas han apostado por este
tema, la mía también, y espero que lo siga haciendo. Pero es necesario e
imprescindible que ahora que parece que estamos saliendo de la crisis,
que hemos visto la luz al final del túnel —esperemos que no sea de
nuevo el tren que viene de frente—, ahora que podemos disponer de
gasto esperemos que todas estas medidas —los recortes en temas
sociosanitarios, la Ley de dependencia, el apoyo a los cuidadores,
etcétera— vuelvan a su estado original, que nunca tenía que haber
cambiado.


Mi grupo va a votar a favor porque pensamos que con nuestra
enmienda se concreta esta iniciativa y, por supuesto, quiero mostrar la
solidaridad de mi grupo para con las personas que padecen esta enfermedad
única, que es la enfermedad rara, que desgraciadamente tiene más de siete
mil dolencias con distintos tratamientos, muchos de ellos pendientes.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.









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La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.


Me gustaría comenzar mi intervención con las frases de un
libro: Todos estos hechos han cambiado mi vida totalmente. Primero no lo
aceptaba, pensé que aquello no iba conmigo, no me podía pasar a mí. Tenía
35 años, una familia que me necesitaba y muchas cosas por hacer. Este
párrafo que les acabo de leer podría identificarse con cualquier
enfermedad, pero si ahora leo: Yo llevaba años con la enfermedad y no
había conocido a nadie con ella. Lo había buscado alguna vez en Internet,
y el Google no me contestaba. Me sentía rara, rara, muy, muy rara. Este
ya no puede ser cualquier enfermedad. Estas frases pertenecen a un relato
de un libro que han escrito veinticinco mujeres afectadas por una
enfermedad muy poco frecuente: linfangioleiomiomatosis. Es una enfermedad
que afecta solamente a las mujeres jóvenes, en edad fértil, y daña sus
pulmones y otros órganos, siendo muchas veces el único tratamiento un
trasplante de pulmón. Es una enfermedad rara, una enfermedad minoritaria.
Se considera una enfermedad rara cuando solo hay cinco casos cada diez
mil habitantes.


Aunque ya se ha señalado muchas veces en el debate de esta
moción, les diré que hay más de siete mil enfermedades minoritarias
clasificadas, hoy por hoy, en el mundo. En España, son tres millones las
personas que padecen estas enfermedades, y, como saben sus señorías, esta
Cámara constituyó una ponencia de estudio en 2006 y propuso una serie de
recomendaciones, como la elaboración de un plan interministerial, para
abordar la problemática que planteaban estas enfermedades, o el impulso
de la investigación. Muchas de estas propuestas fueron recogidas por el
Ministerio de Sanidad y Política Social, en 2009. Se aprobó la Estrategia
en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud en el Consejo
Interterritorial y se elaboró un plan integral para los recursos
destinados a la investigación. El Parlament de Catalunya, como muy bien
ha dicho la senadora Cunyat, aprobó una resolución en la que se acordó
abordar desde la Administración las principales necesidades de los
afectados por enfermedades raras, de sus familias y de los facultativos
implicados, con el fin de dar respuesta sobre la base y las medidas de
las líneas de actuación: por ejemplo, establecer una red de centros de
referencia con servicios y unidades de expertos que pueden garantizar el
exceso, sobre todo al diagnóstico; desarrollar programas formativos para
los profesionales; fomentar la formación y la información de estos
enfermos; potenciar la coordinación; velar por la integración escolar de
los niños, porque, como ustedes saben, un 80% de ellas son genéticas y
afectan, principalmente, a los niños; y financiar el tratamiento con
fármacos huérfanos, indicados en patologías de prevalencia muy baja.


El año 2013 fue declarado el año de las enfermedades
minoritarias en España. También coincidió con que se publicó una
estrategia europea, que el Gobierno del señor Rajoy hizo propia, lo que
ocurre es que no hemos visto los resultados. Y también fue en febrero del
año pasado cuando el Grupo Parlamentario Popular votó en contra de una
moción presentada en la Comisión de Sanidad por mi grupo sobre las
enfermedades minoritarias; y votó en contra porque, básicamente, se
pedían medidas concretas.


Hoy, ustedes, nos vuelven a presentar una moción vacía de
contenidos y pretenden que votemos a favor. No hace falta que les
recuerde que han recortado en investigación biomédica, en sanidad, ni que
volvamos a hablar del copago, etcétera. Y no me digan que, como estos
enfermos tienen todos reconocida la invalidez o el grado de discapacidad,
sus medicinas son gratis, porque no es verdad. Desgraciadamente, senadora
Elorriaga, conozco a más de una y a más de dos mujeres trasplantadas de
pulmón que les han dado el alta médica, y eso quiere decir que ahora,
cuando vayan a buscar sus medicinas al hospital, tendrán que pagar cuatro
euros, si sigue adelante su plan. Por tanto, señorías, estas enfermedades
son complejas, difíciles de diagnosticar. Sus enfermos pasan un periplo
de pruebas. Antes, les ha llegado un diagnóstico y, luego, tienen la
dificultad de convivir con ellas.


Nos presentan una moción para distraernos, aprovechando que
el día 28 celebramos en esta Cámara el Día de las Enfermedades Raras.
Pues no nos van a distraer, ni a los afectados ni a nosotros. Siempre
decimos que la política son prioridades, y ellos, los pacientes, lo saben
mejor que nadie.


Termino como he empezado, con un homenaje a estas mujeres
que padecen una enfermedad rara, que son jóvenes, que luchan, que se
mueven para hacerse oír, que escriben sus experiencias y que, como ellas
definen, son raras pero interesantes.


Muchas gracias. (Aplausos.)









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.


La señora CUNYAT BADOSA: Gracies president.


Senyories, debatem en aquesta ocasió, una moció amable
sobre una problemàtica molt concreta i molt punyent, que evidentment
desperta el nostre interès i avoca la màxima sensibilitat de tots els
grups. Concretament estem parlant de les malalties rares o malalties
minoritàries, que com bé s’ha dit en la presentació de la moció,
són un grup d’unes 6000 malalties que es caracteritzen per afectar
a una petita proporció de la població. Poden afectar en conjunt a un 5-7%
de la població general, s’estimen uns 30 milions d’afectats a
la Unió Europea, uns 3 milions a l’Estat espanyol i entre 300 000 i
400 000 afectats a Catalunya. En general són hereditàries i
s’inicien a l’edat pediàtrica, cosa important, i per tant
representen un repte per a la salut pública. Causen el 35% dels morts
dels nadons menors d’un any i el 10% de les morts de criatures
entre 1 i 5 anys. El 50% dels afectats mor abans dels 30 anys. I
aproximadament un 80% d’aquestes malalties rares tenen, com he dit,
origen genètic. Però a pesar dels números absoluts, que impacten, com ja
han dit altres portaveus, és precisament la baixa prevalença, la seva
cronicitat i les dificultats d’accés, de diagnosi i de tractament
els factors que fan d’aquests malalties unes malalties invisibles,
malalties minoritàries durant molt temps i que necessiten evidentment el
nostre màxim recolzament.


Aquest és un panorama desolador per als malalts i per a les
seves famílies. Necessiten que els fem costat, que els acompanyem en
aquest procés llarg, dur i complex, que posem al seu servei plans
d’atenció específics, que siguem capaços de treballar en xarxa, que
se’ls ajudi a accedir als tractaments o a les teràpies, que
se’ls informi dels avenços científics que hem de continuar
impulsant i, evidentment, que més enllà de l’àmbit de la sanitat,
que és el que ens correspon avui, també hi hagi plans que incloguin
programes d’educació inclusiva, o estratègies d’inclusió i
inserció laboral.


Jo sincerament estic molt agraïda al Grup Parlamentari
Popular per haver portat, a aquest ple, la moció que estem debatent. Però
sincerament deixi’m que els digui que han estat poc ambiciosos.
Presenten una moció amb poc contingut que no debatrà realment sobre la
problemàtica concreta que gira a l’entorn de tot aquest col·lectiu
de malalts i que de fet avui tenim la gran oportunitat de conèixer el seu
plau, quin era la seva estratègia i, per tant, d’entrar al detall
de les acciones que vostès tenen possiblement previstes, i de conèixer en
definitiva quin és el seu model.


Jo també voldria fer una petita repassada històrica. El
Grup Parlamentari Popular al Senat, el 20 de febrer de 2006, va impulsar,
via moció, la creació d’una ponència d’estudi per precisament
—i llegeixo textualment el títol de la ponència—: Analitzar
l’especial situació dels pacients amb malalties rares, i
especialment, les mesures sanitàries, educatives i socials que
contribueixin a un adequat tractament dels malalts i de les seves
condicions de vida. La ponència, com s’ha dit, va finalitzar els
seus treballs el 2007 i va determinar moltes recomanacions, distribuïdes
en 7 grans eixos, absolutament vigents 7 anys més tard.


No sé si tots els senadors coneixen el contingut del
document però, si tenen l’oportunitat de llegir l’informe,
veuran que incorpora algunes recomanacions en l’àmbit de la
investigació, en l’àmbit de la formació dels professionals, en
l’àmbit del diagnòstic genètic, en l’àmbit dels medicaments
orfes, en l’àmbit de l’atenció primària, en l’àmbit de
les assegurances mediques, en l’àmbit dels centres sociosanitaris,
en l’àmbit de la dependència —un dels grans temes
d’aquesta legislatura—, en l’àmbit de les ajudes
tècniques, en l’ambit de l’ adaptació dels habitatges, en
l’àmbit dels treballadors socials, en l’àmbit de les ajudes a
la integració laboral....i moltes altres que donen una perspectiva
transversal dels diferents aspectes que hauríem d’estar tractant
avui en aquesta cambra parlamentària.


Senyories del PP, vostès en aquell moment, que estaven a la
oposició, per demostrar la seva preocupació i la seva sensibilitat
respecte aquest col·lectiu de malalts, van impulsar la ponència. És
veritat que en aquell moment no tenien l’oportunitat
d’aplicar les recomanacions —aprovades per unanimitat, per
cert— i proposades al text —a l’executiu hi havia
l’actual grup de l’oposició—, però també és veritat que
arran d’aquesta ponència es va crear l’estratègia que ha
estat en funcionament fins a l’actualitat.









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Però el que no entenem —i aquí sí faig una
crítica— és que tot just ara, dos anys després de la seva arribada
al govern, és a dir, amb dos anys de retard, presentin una moció que
insta al govern a posar en funcionament una estratègia en malalties
rares. Personalment em sabria greu —i els ho dic amb molt de
respecte— que una moció d’aquesta característica la facin
servir només per posar-se la medalla de la seva capacitat —en tot
cas fictícia— d’arribar a acords i pactes amb els altres
grups parlamentaris, quan sabem que a l’hora de la veritat, amb els
aspectes punyents, no només no hi ha acord sinó que no hi ha diàleg.


Jo de moment encara no sé què votaré, no sé si finalment es
plantejarà una transaccional i arribarem a un acord en què tots els grups
ens puguem sentir còmodes, cosa que seria evidentment la millor manera de
presentar els nostres respectes i de posar-nos al servei d’aquest
col·lectiu de malalts i de les seves famílies, però també és veritat que
la resta de grups hem fet propostes molt concretes i ens agradaria que es
poguessin incorporar per facilitar la feina, per exemple, a les
comunitats autònomes que són, no només les que tenen la competència, sinó
les que desenvolupen aquesta feina al territori.


Així doncs, jo de moment no vull marcar quin serà el meu
posicionament, ja veurem quina proposta fa finalment el Grup Parlamentari
Popular.


Voldria acabar fent una reflexió entorn d’un
comentari que ha fet la portaveu quan deia que queda molt per fer. Jo
pregunto, per què no ho han fet fins ara? S’han carregat els
pressupostos en investigació, s’han carregat, com sap, els
pressupostos vinculats a programes específiques que es desenvolupen a les
comunitats autònomes, no estan aplicant l’estratègia que ha estat
en funcionament fins ara, que es va crear al 2009, i que ens ha permès
avançar i tampoc no han complert amb el compromís que l’any passat
la ministra, el 2013, any dedicat a les malalties rares, adquiria davant
de la societat.


Per tant, més enllà de la moció —que ja veurem com
acabarà—, jo els demanaria que si us plau siguin àgils, que
realment implantin mesures en benefici d’aquests malalts i, per
tant, no deixem passar més temps perquè ja fa dos anys que estan en el
govern. Els demano doncs celeritat en les seves decisions i serietat amb
el que plantegen a aquestes cambres.


Gràcies.


Gracias, presidente.


Señorías, debatimos en esta ocasión una moción amable sobre
una problemática muy concreta y potente que, evidentemente, despierta
nuestro interés y que, además, también despierta la máxima sensibilidad
de todos los grupos. Estamos hablando concretamente de las enfermedades
raras o enfermedades minoritarias que, como ya se ha explicado en la
presentación de la moción, son un grupo de unas 6000 que se caracterizan
por afectar a una pequeña proporción de la población. Pueden afectar en
conjunto entre un 5 y un 7% de la población general; se estiman unos 30
millones de afectados en la Unión Europea, unos 3 millones en el Estado
español y entre 300 000 y 400 000 afectados en Cataluña.


En general se trata de enfermedades hereditarias que
empiezan en edad pediátrica, algo importante, y representan un reto para
la salud pública. Causan el 35% de las muertes en bebés menores de un año
y el 10% de las muertes de criaturas de entre 1 y 5 años. El 50% de los
afectados muere antes de los 30 años y aproximadamente un 80% de estas
enfermedades raras tienen, como decía, un origen genético. Sin embargo, a
pesar de los números absolutos, que impactan, como ya han dicho otros
portavoces, son precisamente su baja prevalencia, su cronicidad y las
dificultades de acceso, de diagnóstico y de tratamiento los factores que
han hecho de estas enfermedades que sean invisibles; han sido
enfermedades minoritarias durante mucho tiempo y requieren,
evidentemente, todo nuestro apoyo.


Es este un panorama desolador para los enfermos y para sus
familias. Necesitan que les apoyemos, que les acompañemos en este proceso
largo, duro y complejo y que pongamos a su servicio planes de atención
específicos, que seamos capaces de trabajar en red, que se les ayude a
acceder a los tratamientos o a las terapias, que se les informe de los
avances científicos que tenemos que seguir impulsando. Y, evidentemente,
más allá del ámbito de la sanidad, que es el que nos ocupa hoy aquí, en
estos planes también deberán introducirse programas de educación
inclusiva o estrategias de inclusión e inserción laboral.









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Sinceramente, yo estoy muy agradecida al Grupo
Parlamentario Popular por haber traído esta moción al Pleno, pero
permítanme que les diga que también siento que han sido ustedes poco
ambiciosos. Presentan ustedes una moción con poco contenido, una moción
en la que no se contempla debate alguno sobre la problemática concreta
que gira en torno a este colectivo de enfermos aunque hoy teníamos la
gran oportunidad de conocer cuál era su plan, su estrategia y, por
consiguiente, la de entrar en el detalle de las acciones que seguramente
habrán previsto ustedes, en definitiva, la oportunidad de conocer su
modelo.


También quisiera repasar históricamente la situación. El
día 20 de febrero de 2006 el Grupo Parlamentario Popular en el Senado
impulsó vía moción la creación de una ponencia de estudio precisamente
para —leo textualmente su título—: Analizar la especial
situación de los pacientes con enfermedades raras y especialmente las
medidas sanitarias, educativas y sociales que contribuyan a un adecuado
tratamiento de los enfermos y de sus condiciones de vida. Como ya se ha
dicho, esta ponencia finalizó sus trabajos en el año 2007 y determinó
muchas recomendaciones distribuidas en siete grandes ejes que siguen
absolutamente vigentes siete años más tarde, es decir, hoy.


No sé si todos los senadores conocen el contenido del
documento, pero si tienen la oportunidad de leer el informe verán que se
incorporan algunas recomendaciones en el ámbito de la investigación, muy
importante, en el ámbito de la formación de los profesionales, en el
diagnóstico genético, en el de los medicamentos huérfanos, en el ámbito
de la atención primaria, los seguros médicos, los centros
sociosanitarios, la dependencia —uno de los grandes temas de esta
legislatura—, las ayudas técnicas, la adaptación de las viviendas,
los trabajadores sociales, las ayudas a la integración social y muchos
otros ámbitos que dan una perspectiva completamente transversal de los
distintos aspectos que hoy deberíamos estar debatiendo en esta
Cámara.


Señorías del Grupo Popular, evidentemente, ustedes en aquel
momento, cuando estaban en la oposición, para demostrar su preocupación y
sensibilidad respecto a este colectivo de enfermos, impulsaron la
ponencia. Es cierto que en ese momento no tenían la oportunidad de
aplicar directamente las recomendaciones —aprobadas por unanimidad,
por cierto— propuestas en el texto —en el Ejecutivo estaba el
actual grupo de la oposición—, pero también es verdad que, a raíz
de esta ponencia, se creó la estrategia que ha funcionado hasta el día de
hoy.


Lo que no entendemos —y en este caso sí es una
crítica— es que, justo ahora, dos años después de su llegada al
Gobierno —es decir, con dos años de retraso—, presenten
ustedes una moción que inste al Gobierno a poner en funcionamiento una
estrategia para las enfermedades raras. Personalmente, lamentaría
—y lo digo con todo respeto— que utilizaran una moción de
estas características solo para colgarse la medalla por su capacidad
—en todo caso, ficticia— de llegar a acuerdos y pactos con
los demás grupos parlamentarios, cuando sabemos que, a la hora de la
verdad, en los aspectos más potentes no solo no hay acuerdos sino ni
siquiera diálogo.


De momento, todavía no sé qué votaremos, no sé si
finalmente se planteará una transaccional y llegaremos a algún tipo de
acuerdo en el que todos los grupos nos podamos sentir cómodos, que sería
la mejor manera, evidentemente, de presentar nuestros respetos y de
ponernos al servicio de este colectivo de enfermos y de sus familias,
pero también es cierto que el resto de grupos hemos hecho propuestas muy
concretas y nos gustaría que se pudieran incorporar para facilitar la
labor, por ejemplo, a las comunidades autónomas, que no solo son las que
tienen las competencias, sino las que desarrollan esta labor en el
territorio.


Por consiguiente, de momento, no quiero marcar nuestro
posicionamiento —vamos a ver cuál es la propuesta final del Grupo
Parlamentario Popular—.


Quisiera terminar con una reflexión en torno a un
comentario hecho por la portavoz que decía que queda mucho por hacer. En
ese caso pregunto: ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora? Se han cargado
los presupuestos en investigación, se han cargado los presupuestos
vinculados a programas específicos que se desarrollan en las comunidades
autónomas, no están aplicando la estrategia que ha funcionado hasta
ahora, que se creó en 2009 y que nos ha permitido avanzar, y tampoco han
cumplido con el compromiso que en 2013, año dedicado a las enfermedades
raras, adquiría la señora ministra ante la sociedad.


Por lo tanto, más allá de la moción —que vamos a ver
cómo termina—, les pediría que, por favor, sean ágiles, que
realmente implanten medidas en beneficio de estos enfermos y, por lo









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tanto, no dejen pasar ya más tiempo, porque hace dos años
que están en el Gobierno. Celeridad pues en sus decisiones y seriedad con
lo que plantean en estas Cámaras.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Llinares.


La señora LLINARES CUESTA: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, se ha dicho ya por parte de los portavoces que
han intervenido pero creo que está bien insistir y poner en valor que
para los socialistas el abordaje de estas patologías siempre ha sido una
prioridad. Después de la ponencia que se desarrolló en el Senado, el
Gobierno socialista en el año 2009 elaboró e implantó la Estrategia en
Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud, que marcó por primera
vez en la historia del sistema sanitario lo que tenía que ser una
respuesta seria y sensible a esta problemática. Así, se puso en marcha en
el año 2006 el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Raras (Ciberer) y en el año 2009, el Centro de Referencia Estatal de
Enfermedades Raras, en Burgos. Por tanto, se hicieron muchas cosas.


Es verdad, y lo han dicho todos los que me han precedido en
el uso de la palabra, que todo lo que hagamos respecto a los pacientes
con enfermedades raras siempre será poco, y son enfermedades respecto de
las que el diagnóstico precoz y la investigación son prioritarios. Son
prioritarios porque son enfermedades con una prevalencia inferior a cinco
casos por cada 10 000 personas, y en la mayoría de las ocasiones se trata
de enfermedades genéticas, crónicas e invalidantes que, por tanto,
requieren cuidados especializados continuos. Además, en el 85% de los
casos es necesario un tratamiento de por vida, y, como se ha dicho,
afectan aproximadamente a 3 millones de personas.


Como les decía, la investigación y el diagnóstico precoz es
fundamental. Además, requiere de un enfoque global y multidisciplinar,
que va más allá de la atención sanitaria, porque también es necesario
abordar las necesidades de asistencia social, de asistencia educativa, de
inserción y de integración laboral. Estamos hablando de enfermedades muy
muy muy invalidantes, con muchísima carga personal, emocional y
familiar.


Por eso lamentamos profundamente la insensibilidad que ha
mostrado el Grupo Parlamentario Popular al no aceptar nuestras enmiendas;
enmiendas de contenido, enmiendas para eximir del copago al menos en los
medicamentos. Ya saben ustedes que estas familias han de destinar el 30%
de sus ingresos anuales a los gastos en medicamentos y además han de
pagar también muchos medicamentos a los que ustedes les retiraron la
financiación sanitaria en el mes de septiembre del año pasado.


Nuestra enmienda no pide nada del otro mundo sino algo que
para nosotros es de justicia. Ustedes se limitan a pronunciar palabras
muy bonitas pero vacías de contenido, eso no nos sirve.


Ustedes hablan de investigación. Yo les he dicho que lo
fundamental es el diagnóstico precoz y la investigación. He de decir que
en el programa 465, de Investigación Sanitaria —no del Ministerio
de Sanidad, que ahí no existe absolutamente nada, sino del Instituto de
Salud Carlos III, que depende del Ministerio de Economía y
Competitividad—, en el año 2011 las transferencias corrientes a las
comunidades autónomas fueron de 13,4 millones de euros, y en 2014 ustedes
redujeron esta cifra hasta 1,7 millones de euros. Además, tengo que decir
que en la mayoría de las comunidades autónomas se está abordando esta
problemática y se están implementando medidas. (La señora vicepresidenta,
Vicente González, ocupa la Presidencia.)


Antes he hablado de las estrategias en salud, que había
disminuido el presupuesto el 88%, sin embargo, a ustedes se les llena la
boca y dicen que van a conseguir la cohesión territorial, que en todas
las comunidades las personas tengan garantizadas las mismas prestaciones.
Pero cuando hay que plasmar en los presupuestos esa cohesión, disminuyen
el presupuesto del fondo de cohesión sanitaria prácticamente el 80%.


Por tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos
hablando? A mí me gustaría hablar de otra forma, y saben que siento esto
profundamente y que tengo una concienciación especial con este tipo de
patologías, pero es que no podemos aceptar que se venga aquí todos los
años a hablar de lo maravilloso que es el Gobierno del Partido Popular
cuando no está destinando medios y recursos y se ve que las personas lo
están pasando mal y que precisamente lo están pasando peor aquellas
personas que menos tienen.









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Por ello, señorías, no podemos aceptar su moción porque no
dice nada. Es que fíjese lo que dice su moción. Si van a la página web,
comprobarán que la ministra se comprometió en 2013, ese año dedicado
especialmente a las enfermedades raras, a poner en marcha la
actualización de la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional
de Salud, que es lo mismo que ustedes piden ahora al Gobierno. Ustedes
dicen lo mismo, pero un año después. ¿Pero creen que esto es serio? ¿De
qué estamos hablando? De verdad, lamento profundamente que ustedes suban
aquí y que no pongan recursos y medios para mejorar la calidad de vida de
estas personas que lo están pasando muy mal. (El señor presidente ocupa
la Presidencia.)


Es tal el abandono de las políticas públicas en este país,
que las familias tienen que desarrollar la imaginación para resolver
situaciones que afectan a su calidad de vida y a la de sus familias
—todos ustedes lo habrán visto, porque ha salido en varias
televisiones—, por ejemplo, en mi comunidad: «Tapones que salvan
vidas». «La falta de ayuda de las administraciones públicas obliga a las
familias más necesitadas a idear soluciones creativas para resolver
situaciones que afectan a la calidad de vida.» «Campañas de recogida de
tapones.» «Venta de camisetas». «Impresión de calendarios u organizar
actividades deportivas.» «Falta de fondos.» Y esto lo denuncian las
asociaciones de enfermos de patologías raras o minoritarias.


Por tanto, no es que el Grupo Socialista venga aquí a
hablar de algo que no es una realidad. Esta es una realidad de lo que
está pasando hoy en día en este país, y ustedes suben aquí un día sí y
otro también —como antes el senador que me ha precedido— y
presumen de lo bien que lo está haciendo el Gobierno del Partido Popular,
cuando ha desmantelado el Sistema Nacional de Salud, cuando ha dejado
excluidas a miles y miles de personas. ¡Y ustedes presumen! ¡Y dicen que
era por la herencia recibida, los 16 000 millones! Pero, por favor, ¿de
qué estamos hablando? ¡Pero si la comunidad más despilfarradora, la que
peor ha gestionado los recursos, donde hay un montón de implicados por
casos de corrupción, es la Comunidad Valenciana! ¿Y ustedes nos hablan de
la herencia recibida? (Aplausos.) No, por favor, un poco más de seriedad
y un poco más de rigor cuando hablamos del Sistema Nacional de Salud, de
lo que sufren las personas. A ustedes les da igual, ustedes vienen aquí
con ese discurso que les han pasado y venga y venga, los 16 000 millones.
¡Pero si ustedes en dos años ya deben más de 10 000 millones! ¿De qué
estamos hablando? ¿Es que se creen que no tenemos capacidad de analizar y
de estudiar?


Última noticia de hoy —miren la política sanitaria de
la que ustedes presumen, lo tengo que decir, y me sabe mal—:
Hospital de Toledo: colapso de las urgencias. En una semana mueren dos
pacientes en los pasillos. Los médicos denuncian ante el juzgado
—fíjense ustedes— la saturación de las urgencias tras
solicitar durante meses más recursos. Es una situación insostenible por
falta de espacio y de camillas. Lo dicen los profesionales, lo dicen los
médicos. ¿Y ustedes presumen y están orgullosos de lo bien que lo están
haciendo? De verdad, un poquito más de sensibilidad.


Señorías, un país decente no puede permitir que bajo la
excusa de la crisis se estén implantando medidas que suponen un grave
retroceso en los derechos de las personas, eso sí, de las personas más
necesitadas, de las personas más vulnerables, como son las que padecen
una enfermedad rara. Por eso le pedimos que, por una vez, aprueben alguna
enmienda...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora LLINARES CUESTA: ... que dé contenido de
recursos, porque hacer más con menos es imposible.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Elorriaga.


La señora ELORRIAGA PISARIK: Gracias, presidente.


Señorías, en primer lugar, quiero manifestar mi
agradecimiento y el del Grupo Parlamentario Popular por las aportaciones
que han hecho todos y cada uno de los portavoces que esta mañana han
intervenido. Cada uno de ustedes, atendiendo, está claro, a su
especialidad, han tratado alguno de los temas que quizá no había sido
abordado con suficiente profundidad, por lo que yo creo que han aportado
en esta mañana una riqueza al debate que hoy se está manteniendo.









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Antes de contestar a las intervenciones de los portavoces,
quiero manifestar que, por cuestiones de Reglamento, no pueden ser
admitidos fragmentos de enmiendas, no se pueden aceptar las enmiendas
parcialmente. Por tanto, llevaremos la moción a votación —ya que lo
ha preguntado la senadora del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió,
doña Coralí Cunyat— tal cual la presenta el Grupo Parlamentario
Popular; insisto: por cuestiones de reglamento, puesto que no se puede
sacar un párrafo.


Continúo con mi intervención. Quiero agradecer, como les
decía, a todos ustedes el interés con que se han tomado esta moción.


Quiero dar las gracias al senador Cazalis, porque haya
planteado y haya puesto sobre la mesa la necesidad de coordinación de las
comunidades autónomas. Comparto con usted que es necesario intentar que
haya cohesión a la hora de trabajar entre todo el territorio español.
Usted da mucha importancia a la investigación y formación. Comparto con
usted este detalle, y que lo haya traído a colación me parece realmente
importante. De la misma manera habla de la relevancia de los diagnósticos
en todas y cada una de estas enfermedades, que, efectivamente, son muchas
y entrañan una gran complejidad.


Tengo que agradecer al Grupo Parlamentario Entesa algo que
me parece fundamental: la importancia que ha dado a la presencia del
aspecto femenino. Es verdad que la discapacidad, cuando afecta a mujeres,
supone un doble obstáculo. El punto de vista femenino en la discapacidad
es realmente importante. Y yo creo que el que se haya hecho una
intervención destacando la situación de las mujeres es relevante.


Le agradezco a la senadora Cunyat su felicitación y su
agradecimiento al Grupo Parlamentario Popular por haber traído esta
moción, que desde luego consideramos importante. Comparto con usted, y de
ahí mi intención, que deben respetarse todas las competencias en las
comunidades autónomas. De hecho, en nuestro texto viene especialmente
claro. No obstante, yo tenía la intención de que constase el párrafo al
que usted hace mención para que quedase más concreto, como usted me
solicitaba.


Y me queda por contestar a la senadora Llinares, a la que
lamento haber escuchado en el tono con el que ha hablado esta mañana en
un punto como este que estamos abordando, que no persigue otro objetivo
que dar apoyo y voz a las peticiones que hacen unas personas que forman
parte de una serie de asociaciones de nuestro tejido social, que quieren
ser oídas y que se sensibilice a la población.


Dice usted que lamenta que nosotros traigamos este tema a
colación. Yo lo que realmente siento es haber oído hoy el discurso de su
boca en esta Cámara y, profundamente además, que utilice las enfermedades
raras, a los familiares de las personas que las padecen y a los propios
enfermos para hacer un discurso puramente partidista, en el que habla de
la corrupción, en el que habla de los presupuestos —que a usted no
le parecen bien— y en el que habla de lo mal que actúa el Gobierno
del Partido Popular.


Señoría, aquí nadie viene a presumir, los resultados del
Partido Popular son los que son y están sobre la mesa. El Gobierno,
presidido por Mariano Rajoy, lleva dos años ejerciendo el Gobierno de
España y, desde luego, lo primero que ha tenido que hacer es sacar a este
país de la situación a la que ustedes lo llevaron.


Yo no comprendo cómo usted, después de haber dejado un país
desmantelado —porque España ha quedado desmantelada por la labor
que hicieron ustedes—, le guste a usted o no
(Aplausos.—Protestas.), tiene el valor de salir hoy aquí y
aprovechar una moción de sensibilización y apoyo a las personas que
padecen las enfermedades raras para hablar de si le gustan o no los
presupuestos, para hablar de que el Partido Popular solo sube a esta
tribuna a presumir y para hacer una serie de afirmaciones, que, cuando
menos, faltan a la verdad, y usted lo sabe. (Aplausos.) Así que, señoría,
yo lo que le pediría es que no utilice unos temas de tanta sensibilidad
para los españoles para hacer su propia campaña política.


Señoría, usted falta a la verdad cuando dice que se han
disminuido los presupuestos, y lo sabe perfectamente. Usted conoce muy
bien que el tema de los medicamentos con las enfermedades raras es muy
complejo, porque son muchas y muy distintas. Y usted sabe muy bien cómo
debe llevarse el tema del copago en el caso de las enfermedades raras.
Porque, señoría, no es usted una persona indocumentada en ese tema, es
una persona que sabe perfectamente de lo que estamos hablando y conoce
muy bien la patología que afecta a las enfermedades raras, o al









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menos eso nos ha dicho usted esta mañana haciendo un acto
que llama a la sensibilidad, que yo más bien llamaría de sensiblería.


Señoría, por mucho que insistan ustedes en llamarnos
insensibles y por mucho que se empeñen ustedes en decir que tienen
autoridad moral sobre el Partido Popular en los temas sociales, ni hoy ni
nunca lo vamos a aceptar, porque eso no es verdad, señoría. Estamos
trabajando día a día por las personas que más lo necesitan; estamos
trabajando, entre otras cosas, para que este país salga adelante. Porque,
señorías, ustedes lo dejaron destrozado, y, si no, pregunten qué se
encontraron en la sanidad en Castilla La Mancha, qué pasó con las 600 000
facturas que nos encontramos en un cajón que no se habían pagado, qué
pasó con el tema de las insulinas. (Aplausos.) ¿Qué nos hemos encontrado
en todas aquellas comunidades en las que han gobernado ustedes
—ustedes, que tan bien han llevado la sanidad—? Mire,
señoría, creo que ni merece la pena contestar a la intervención que usted
ha hecho, porque si aquí hay algo carente de contenido es la intervención
que usted ha hecho. (Aplausos.)


Señoría, si usted no cree en la sensibilización y no cree
en la importancia que en los temas sociales y en los temas sanitarios
tienen tanto la prevención como la sensibilización, siento decirle que
desconoce completamente cómo se trabaja en los temas sociales. Por tanto,
señoría, lo único que puedo manifestar es que me avergüenza haber oído la
intervención que por parte del Grupo Parlamentario Socialista hemos oído
aquí esta mañana. Y nada más, señoría.


Creo que era importante, en un día tan cercano a la
conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que esta Cámara
—que, por otro lado, ha sido siempre pionera a la hora de apoyar a
estos enfermos y a sus familias— hiciera una mención a la
conmemoración del Día internacional de apoyo a las enfermedades
raras.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Elorriaga.


Senadora Elorriaga, de su intervención anterior se
desprende que había aceptado íntegramente la enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco, no así las otras dos, porque solo había aceptado una
parte y eso el Reglamento no lo permite.


La señora ELORRIAGA PISARIK: Me ha comunicado la letrada
que el Reglamento no permite que una parte pueda ser aceptada.


El señor PRESIDENTE: Pero la enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado queda admitida.


La señora ELORRIAGA PISARIK: Sí, la enmienda del PNV se
acepta.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Elorriaga.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Popular, con la incorporación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 239; votos emitidos, 235; a favor, 155; en contra, 2;
abstenciones, 78.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.
(Aplausos.)


5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONTINUAR
AVANZANDO EN LA BÚSQUEDA DE NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN
MODELO MÁS EFICIENTE DE GESTIÓN CLÍNICA.


(Núm. exp. 662/000121)


AUTOR: GPP


El señor presidente da lectura al punto 5.2.









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El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos
enmiendas: una, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y otra,
del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores.)


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Popular, el senador Alarcó, por tiempo de quince
minutos.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias.


Me complace comparecer una vez más ante el Pleno de esta
Cámara en representación del Grupo Popular en el Senado para defender una
moción en el ámbito sanitario, una moción estrictamente técnica, por
tanto, una moción no ideológica. No es que me preocupe la ideología, ni
mucho menos —me siento profundamente orgulloso de mi
ideología—, pero es una moción estrictamente técnica que tiene un
contenido altamente sensible para toda la ciudadanía, Y cuando digo toda
la ciudadanía hablo también de todos nosotros.


Somos de los que pensamos que no se debe hacer política con
la sanidad —lo digo convencido— y sí debemos hacer política
sanitaria, que son dos temas muy distintos. Y deberíamos buscar grandes
consensos para los grandes problemas sanitarios pues creo que es
imprescindible. Vaya por delante que esta Cámara ha dado ejemplo de ello
muchas veces, y en esta ocasión vuelvo a solicitar humildemente que
busquemos grandes consensos para esta moción que presenta el Grupo
Popular.


Lo que pretende esta moción es seguir incorporando
—no empezar— nuevos criterios a la gestión clínica de los
centros, dando más autonomía a los profesionales y, además, haciendo el
centro de esa gestión clínica a lo que se llama el usuario, el enfermo;
gestión clínica que consiga una atención sanitaria más eficiente, mucho
más centrada en las necesidades de la salud de los pacientes y que
aumente significativamente la autonomía de los profesionales, sus centros
y su capacidad de desarrollo dentro del sistema sanitario público.


La gestión clínica es una herramienta imprescindible. No es
un ente, como se plantea en alguna moción que se ha presentado. Es una
herramienta con cuya correcta utilización se mejora el sistema sanitario.
Y constituye un factor decisivo en la organización óptima de los recursos
sanitarios de nuestro país. (Rumores.)


Un sistema sanitario mejor gestionado solo significa un
ahorro significativo en un factor decisivo para la sostenibilidad del
denominado orgullosamente por todos los europeos Estado del bienestar,
que además constituye una condición más eficiente al brindar al usuario
del Sistema Nacional de Salud un sistema más eficiente acorde con las
necesidades que participa claramente en el proceso curativo de nuestros
pacientes. (Rumores.)


Todas las fuerzas políticas... (Rumores.) Es imposible...
(Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio por favor.
Hay un runrún de fondo que hace imposible oír al senador Alarcó. Guarden
silencio, por favor.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente. Casi no me oigo yo.


Todas las fuerzas políticas debemos hacer cuantos esfuerzos
sean posibles para garantizar la sostenibilidad de un modelo que hemos
hecho entre todos y que hace posible una sanidad universal, accesible
para todos los ciudadanos que precisan asistencia médica y de calidad,
como sucede en el caso que nos ocupa: la sanidad española. Criterios de
calidad que hemos de aplicar, que generalmente suponen un coste cero y
que representan más una aptitud y una actitud —con «p» y con
«c»—; y no es una moda, sino una necesidad objetiva del sistema
sanitario.


Este sistema sanitario, además, parte con una fortaleza muy
importante, aparte de los ciudadanos, que es el capital humano. Y no me
refiero al capital médico, sino al capital humano sanitario, y debemos
presumir con claridad de tener un capital humano sanitario y científico
por encima de la media europea. Y esta fortaleza importantísima la
debemos defender todos los grupos políticos y nunca apartarnos de la
misma.


Un dato evidente de lo que somos es que, una vez más, con
este sistema sanitario público estamos a la vanguardia del mundo en
trasplantes de órganos. La Organización Nacional de Trasplantes, a la que
me honra pertenecer y que cumple este año veinticinco años, y nuestros









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hospitales están brindando los mejores resultados del mundo
gracias a un sistema público cohesionado, equitativo y técnicamente de
primer orden, tanto en la organización como en la técnica de cualquiera
de los trasplantes. Por cierto, no es el primer año que sucede —con
este ya van cuatro años seguidos— y eso solamente es posible con un
sistema público que cuenta con profesionales de primera calidad.


¿Dónde tenemos que movernos para hablar de gestión clínica?
Pues hemos de movernos en la eficiencia y en la eficacia, pero sobre todo
tenemos que movernos en el distrito sanitario único europeo al que
pertenecemos. Esto es una fortaleza en sí, unos compromisos en sí y
además un cambio claro de profundización de la gestión sanitaria.


¿Qué dice el espacio único europeo? Desde el Tratado de
Maastricht, que lo firmamos diecisiete países, pasando por la
modificación del de Ámsterdam y el Tratado de Lisboa, en el que tuve el
honor de participar tanto en el tema de la I+D+i como en la parte
sanitaria, en relación con la sanidad siempre se ha recogido una cosa muy
clara pero contundente: los países signatarios del Tratado de Lisboa
tendrán una sanidad de financiación pública. Luego no discutamos lo que
no es discutible, punto y aparte. Provisión de servicio libre, que lo
haga quien mejor lo haga con un sistema de acreditación europeo.
Cualquier discusión que mantengamos sobre qué es la financiación en el
distrito único sanitario europeo es banal, estéril, absurda y equivocada.
El modelo sanitario al cual pertenecemos es de financiación pública y
provisión de servicios libre, porque en la Europa a la que pertenecemos,
en este Estado del bienestar está demostrado que cuando la provisión de
servicios viene equiparada permanentemente a la financiación, crea
ineficacia de forma permanente. Por tanto, no discutamos lo indiscutible,
porque si hemos sido signatarios de estos tres tratados, discutir de
dónde es la financiación y hablar de la privatización de la sanidad es
absurdo, estéril y no tiene cabida. Cosa distinta es la provisión de
servicios.


Y quienes tenemos responsabilidades políticas, algo de lo
que yo me siento muy orgulloso, deberíamos ser muy cautos a la hora de
utilizar la palabra «gratuita». La sanidad es de financiación pública y
es universal, pero está financiada con impuestos; no es gratuita, es
carísima, pero muy buena. Porque cuando utilizamos la palabra «gratuita»
parece como si se le pudiera demandar permanentemente de todo, para
todos, todo el tiempo. Es verdad que una vida no tiene precio, un
concepto moral que estoy seguro tenemos todos los que estamos aquí, pero
la sanidad tiene un coste y es limitado. Hay que ser muy sensato con
esto; hay que hacer una cartera de servicios pactada, una cartera de
servicios universal, pero ello tiene una financiación determinada que
fijamos entre todos. Luego, insisto, la sanidad no es gratuita, es
universal y se paga con impuestos, lo cual es un factor muy
importante.


¿Pero cuáles son las razones de este replanteamiento que
hacemos con la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado? Es evidente que lo que se pretende con ella es que esta Cámara
siga fijando su postura, que ha sido contundentemente respecto de muchos
temas, algo de lo que me siento profundamente orgulloso. Hemos sabido
apartar nuestras diferencias para luchar contra lo que hay que luchar, y
lo que dice la moción es evidente. Se trata de seguir avanzando en la
búsqueda de mejores criterios de gestión clínica. Fíjense ustedes la
tremenda demanda que hay. Pues bien, eso es lo que pretendemos y por ello
seguimos buscando los grandes consensos.


¿Y por qué queremos seguir profundizando en este tema?
Primero, porque es un instrumento decisivo, básico y obligatorio.
Segundo, porque es un sistema sanitario en constante evolución. Quienes
tenemos la fortuna de pertenecer a este gremio de la sanidad sabemos que
esto es una evolución permanente y que tenemos que actualizarnos también
permanentemente. Tercero, porque el paciente debe ser el elemento nuclear
del sistema, y esto no es baladí. Hospital significa hospitalidad, pero
muchas veces hemos hecho una construcción que está muy lejos de lo que
significa hospitalidad, porque el centro no tienen que serlo los
profesionales, que somos el segundo eslabón, sino el paciente, que es el
único y riguroso eslabón al que todos nos debemos. También hay que buscar
una mayor implicación si cabe de los profesionales. Cuando uno busca una
mayor implicación, lo que está buscando es contar con ellos. No podemos
prescindir del talento; intentar hacerlo es una maniobra equivocada, y el
talento generalmente suele tener edad. Luego hay que ser muy rigurosos en
la gestión clínica y contar con el talento, pues no hay ningún país
democrático que prescinda de él independientemente de la edad. Y hay que
tener autonomía de los centros. Es clave que los centros públicos tengan
gerencia descentralizada, personalidad jurídica propia,









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cartera de servicios y competencia en la diferencia. Puntos
todos ellos clave, importantes y decisivos que hemos de ir introduciendo
en esa Europa a la que pertenecemos.


En definitiva tenemos que buscar más efectividad y más
transparencia, contando claramente con los medios para ver qué podemos
ofrecer, cómo podemos ofrecerlo, y luchando permanentemente contra el
intrusismo y la pseudociencia que tanto daño están haciendo al sistema
público sanitario español. Porque todos debemos sentirnos orgullosos de
cómo es, de quién lo forma y de que sea un valor sin duda de nuestra
querida marca España. Por tanto, tenemos que hablar de tarjeta sanitaria
europea, que ya tenemos, y hay que seguir profundizando en qué significa
su utilización; una tarjeta única sanitaria nacional que haga compatibles
para todos los españoles los sistemas autonómicos que tenemos. La
autorización sin falta de las nuevas tecnologías, las llamadas TIC, que
se están usando, tenemos que hacerla integradora y es un cambio paulatino
y permanente del que no podemos descolgarnos. Tenemos que hacer los
sistemas interoperativos; es definitivo seguir profundizando en eso,
intentando aplicar las diferencias, las distintas aplicaciones
asistenciales contando con las comunidades autónomas. Implantación de
forma decidida tanto en lo local como en lo autónomo como en lo nacional
o como en lo europeo, en ese distrito único sanitario, de las TIC. Una
estrategia clara, manifiesta y utilizando las nuevas tecnologías y los
criterios de distrito único sanitario europeo para los enfermos crónicos,
es una asignatura en la que ya se están tomando medidas claras y que
tenemos que compartir con el espacio europeo al que pertenecemos. Tenemos
que buscar un nodo central de intercomunicación, liderado por el
Ministerio de Sanidad, una oficina de desarrollo armónico de todo lo que
significan las nuevas tecnologías, hacer la implantación general de la
telemedicina, la telemonitorización, la historia clínica universal
—la llamada carpeta del ciudadano— y la historia clínica de
la Unión Europea, como ha quedado muy bien expresado en la ponencia sobre
las últimas tecnologías, que llevaron la presidenta y nuestro portavoz
brillantemente, y que fue aprobada por todos los ciudadanos —quiero
decir que fue aprobada por unanimidad en esta Cámara—. Creo que
este es el sistema que hay que buscar.


En definitiva, en esta primera intervención como
representante del Grupo Popular resumo la petición que hacemos en la
moción: seguir avanzando en la búsqueda de nuevas estrategias para la
implantación de un modelo más eficiente de gestión clínica, debe ser una
constante del sistema público sanitario y a ello deberíamos contribuir
buscando fórmulas de consenso desde esta Cámara del Senado, que ha dado
muestras más que demostradas —y valga la redundancia— de la
implicación no solamente en I+D+i, sino también en las soluciones
globales de la sanidad.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alarcó.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president. Bon dia. Molt
breument, senyories.


Ens trobem novament davant d’una d’aquestes
mocions, si m’ho permeten, tan simpàtiques, perquè al primer cop
d’ull cauen bé a tothom, com no podia ser d’una altra manera,
i pretenen assolir objectius que a la força tenen consens universal.


Anem a veure, si destriem la part dispositiva, instem el
Govern a continuar avançant, per la qual cosa —permetin-m’ho
dir— ja ens felicitem d’avançada que estem avançant amb la
cerca de noves estratègies. Per tant, acceptem que encara no hem arribat
al punt d’objectiu, estem buscant noves estratègies, que
d’altra banda no són gaire definides. I tot això, de cara a la
implantació d’un model de gestió clínica, cosa que, vostè ho sap,
senyoria, en la majoria de les comunitats ja hi ha aquesta sensibilitat i
models avançats en major o menor greu. Tot això amb els objectius
següents: atenció sanitària més eficient —per suposat, sí—;
atenció sanitària centrada en les necessitats de la salut del pacient
—un altre cop, sí—; augment de l’autonomia dels
professionals —una altra vegada li he de dir sí—; i augment
de la capacitat de desenvolupament del sistema públic de salut
—altrament, sí—.


No es pot dir no davant d’aquests plantejaments.
Però, molt breument, curt i clar, la nostra esmena és una esmena de
contingut competencial. El que venim a dir-los és: avancin, trobin,
incorporin, millorin, però sempre en el límit recollit per llei de
garantir la no-intromissió en les competències de les comunitats
autònomes. A hores d’ara, i en temes com aquest, semblaria que









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una esmena d’aquest caràcter seria innecessària, però
vostès saben que en el nostre cas és necessària, l’hem de posar
sobre la taula, i el que ens agradaria per part seva també és que fos
necessari tenir aquesta sensibilitat i garantir, evidentment, aquestes
competències i aquests treballs previs que ja s’estan duent a
terme. (La senyora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la
presidència.)


Únicament el sentit d’aquesta esmena és d’àmbit
competencial i ens agradaria que quedés incorporada. Això faria que, si
més no, no haguéssim de votar contràriament a la moció.


Moltes gràcies.


Gracias, presidente, buenos días. Muy brevemente,
señorías.


Nos encontramos nuevamente ante una de estas mociones, si
me lo permiten, tan simpáticas, y digo simpáticas porque a primera vista
caen bien a ojos de todos, como no podría ser de otra forma: pretenden
alcanzar objetivos que por fuerza tienen un consenso universal.


Si a partir de aquí seleccionamos la parte dispositiva,
vamos a instar al Gobierno a seguir avanzando y ya con eso nos
felicitamos de que estamos avanzando —si me lo permiten— en
esta búsqueda de nuevas estrategias. Así pues, aceptamos que aún no hemos
llegado al objetivo, estamos buscando nuevas estrategias que, por otro
lado, no están demasiado definidas, todo ello de cara a la implantación
de un modelo de gestión clínica, y usted sabe, señoría, que en la mayoría
de las comunidades autónomas ya existe esa sensibilidad y también existen
ya modelos, avanzados en mayor o menor grado. Y todo ello, insisto, con
los siguientes objetivos: atención sanitaria más eficiente —por
supuesto, sí—; atención sanitaria centrada en las necesidades de la
salud del paciente —una vez más, sí—; aumento de la autonomía
de los profesionales —una vez más debo decir que sí— y
aumento de la capacidad de desarrollo del sistema público de salud
—una vez más, sí—.


No podemos decir no a ninguno de estos planteamientos, pero
nuestra enmienda es una enmienda de contenido competencial. Lo que
queremos decir es: Sí, avancen, encuentren, incorporen y mejoren, pero
siempre dentro del límite recogido por la ley, que garantice la no
intromisión en las competencias de las comunidades autónomas. A estas
alturas, en materias como esta, una enmienda de este carácter debería ser
innecesaria. Pero —ustedes lo saben— en nuestro caso es
necesaria, lo es, debemos ponerla sobre el tapete; y lo que nos gustaría
es que fuera necesario por su parte mostrar sensibilidad y garantizar,
cómo no, estas competencias y estas labores previas ya realizadas. (La
señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)


Sencillamente, el sentido de esta enmienda es ese: el
ámbito competencial, y nos gustaría que quedara también incorporado. Con
eso, al menos, no votaríamos en contra de la moción.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias.


Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador González Bethencourt.


El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Buenos días. Gracias, señora
vicepresidenta.


Señorías, el Grupo Popular trae hoy una moción con la que
pretende que el Gobierno avance en un modelo más eficiente de gestión
clínica, pero cuando la leemos nos sorprende que no diga absolutamente
nada sobre cómo hacerlo, solo que el Gobierno busque nuevas estrategias,
pero sin definir estas. Se trata entonces de una moción anodina, sin
contenido, una mera declaración de intenciones, un brindis al sol, una
manera de distraer y entretener para que al final el Senado dé un cheque
en blanco al Gobierno.


Por ello, hemos presentado una alternativa a la pasividad
que tiene el Partido Popular con esta cuestión mediante una enmienda que
sí que recoge los pasos que habría que dar para que la gestión clínica
sea una realidad y no quede en un trámite parlamentario más. Después de
oír la propuesta del Partido Popular resulta evidente que lo que más le
preocupa es el dinero, la financiación. A nosotros, no. Para el Grupo
Socialista lo fundamental del modelo de gestión clínica es el enfermo.
Por eso, proponemos una enmienda que contemple y atienda las
especificidades de todos los centros sanitarios, tanto hospitales como de
atención primaria, debiendo siempre garantizar el cuidado integral del
paciente, su continuidad asistencial, abarcando no solo la promoción de
la salud, la prevención de su enfermedad, sino también la educación, la
asistencia









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médica, los cuidados de enfermería, la rehabilitación, la
reinserción social, la investigación y la docencia. Un modelo que sea
consensuado con los sindicatos, con las sociedades científicas, con las
asociaciones de pacientes y que cuente con el apoyo mayoritario de los
grupos parlamentarios; que funcione como una gestión pública directa
dentro de nuestro sistema sanitario público, de tal forma que ni
contemple la privatización de servicios ni la externalización de la
gestión, que ya bastante fracaso ha supuesto la experiencia frustrada que
el Partido Popular ha tenido con el intento de privatización en seis
hospitales públicos de Madrid y varios centros de salud, al que
afortunadamente ha puesto freno la justicia.


Por otro lado, la gestión clínica no puede tener
personalidad jurídica propia, sino que esta tiene que residir en el
servicio de salud y la consejería autonómica correspondiente y se debe
integrar siempre en la organización del hospital o centro de salud con el
mismo régimen jurídico.


Finalmente, la moción del Partido Popular no hace
referencia alguna a la necesidad de que el Gobierno garantice para la
puesta en marcha del modelo de gestión una asignación presupuestaria, ni
habla de presupuesto, ni nombra a las comunidades autónomas, ni pacta con
las comunidades autónomas, que sería el paso más importante a realizar.
La coordinación con las comunidades autónomas nos parece un requisito
imprescindible para que tenga el éxito que todos deseamos.


Efectivamente, queremos que los profesionales se integren,
que sea voluntario, que se mantenga el régimen jurídico que cada uno
tenga en su hospital y que, además, esto no solo sea un tema de
hospitales. Siempre hablamos de hospitales, pero tenemos que hablar de la
atención primaria. La atención primaria también puede ser un modelo
perfecto para que los equipos de atención primaria funcionen con este
concepto de gestión clínica, que tengan autonomía, que discutan los
presupuestos y que, al final, una vez aprobados los presupuestos con el
centro correspondiente, los defiendan siempre, pensando en la mejora
calidad asistencial que se merecen los enfermos.


Por lo tanto, señorías del Partido Popular, lo ideal sería
que atendieran nuestros puntos, que son muy concretos; son los que
realmente sería necesario incorporar para que avance, como ustedes dicen,
el modelo de gestión clínica. Si no lo hacen, yo le aseguro, señor
Alarcó, que su moción no servirá absolutamente para nada. Será una
declaración de intenciones, una más, que pasará sin pena ni gloria por el
Senado, y la verdad, para eso, para traer una declaración de intenciones,
no hace falta una moción: traen una declaración de intenciones, la
aplaudimos todos y así le dan un cheque en blanco al Gobierno.


Por consiguiente, no estamos de acuerdo con esta moción,
nos parece que no va a servir para nada, y por ello hemos aportado con
responsabilidad los puntos que realmente deberían concretarse para que la
gestión clínica sea una realidad.


Gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias, señoría.


Para manifestar si acepta las enmiendas o no, el senador
Alarcó, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Gracias, presidenta. Con su
permiso, contesto desde el escaño.


Con respecto a la enmienda que propone Convergència i Unió,
en primer lugar, le agradezco el tono, una vez más; y en segundo lugar,
su implicación en la enmienda. Está aceptada y la incorporaremos
íntegramente en su redacción.


Con respecto a la enmienda de sustitución presentada por el
Partido Socialista, me entristece. El señor Bethencourt nos dice que se
trata de una moción que pasará sin pena ni gloria —no sé a qué
viene esto—. A mí me da pena que un sanitario como él exprese esto.
Hay dieciséis puntos que se aprobaron por su partido por unanimidad en la
ponencia sobre la utilización de nuevas tecnologías, lo que yo he
felicitado en mi primera intervención. Los puntos de aplicación en la
gestión clínica fueron aprobados por el Partido Socialista en la
ponencia, que ha sido modélica en su funcionamiento y cuyo trabajo merece
tenerse en cuenta como documento básico. En consecuencia, a estas alturas
decir esto me parece triste. Eso sí creo que pasará sin pena ni
gloria.


Además, nos habla otra vez de la privatización cuando
estamos en un distrito único europeo, cuya financiación será pública. Por
cierto, no sé si está hablando de Madrid porque se confunde o









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está hablando de Andalucía porque lo conoce. No sé de qué
está hablando, si de la externalización andaluza o de los dieciséis o los
dieciocho mil millones de euros de déficit. No quería entrar en esa vía,
y me entristece que un sanitario, en un tema de gestión sanitaria
aprobado por el Partido Socialista por unanimidad en la ponencia,
introduzca criterios como los que ha introducido el senador del Partido
Socialista.


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


En turno en contra no se hace uso de la palabra, por lo que
pasamos al turno de portavoces.


El Grupo Parlamentario Mixto no hace uso de la palabra.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Buenos días de nuevo, señorías.
Vuelvo a bajar a la tribuna.


Senador Alarcó, el otro día le comenté a uno de sus
compañeros que solo estábamos absolutamente de acuerdo en el fondo de la
moción. Le vuelvo a felicitar por su intervención porque suele ser
brillante.


La gestión clínica, en realidad, supone —se ha dicho
aquí— una transferencia de poder y responsabilidad a los
profesionales facultativos y de enfermería, que son los que toman la
mayor parte de las decisiones sobre utilización y consumo de recursos en
todos los ámbitos de los sistemas de provisión pública. En nuestro caso,
además de sistema de provisión pública, sistema de gestión pública, pero
podía ser otro sistema de gestión en el que la gestión clínica podría
llevarse hasta sus últimas consecuencias con gestión presupuestaria, cosa
que la mayor parte de las veces, por lo menos en el sistema vasco, a día
de hoy no se puede hacer porque lógicamente, como también apunta el
senador González Bethencourt en su enmienda, los sistemas sanitarios, por
lo menos el vasco, tienen establecido un presupuesto único y una gerencia
única, lo cual limita en parte la posibilidad de gestión clínica, que
sería completa si se pudiera hacer gestión presupuestaria y de personal,
que evidentemente con una provisión pública, con sistema público, no se
puede hacer.


Por lo tanto, en principio, se trata de un método de
liderazgo compartido en nuestro sistema. No se trata de sustituir las
gerencias, pero sí de que las gerencias compartan sus responsabilidades
con quien ejerce la gestión clínica en cada caso. Es un modelo
organizativo, y probablemente haya tantos modelos organizativos de
gestión clínica como servicios existen en un sistema de salud. Como dice
usted en su propia moción, se trata de aumentar la capacidad auto
organizativa de las unidades. Por suerte para todos, esto lleva a la
introducción de instrumentos de gestión que añaden valor a la propia
gestión clínica y obligan a la innovación y mejora continua —con
todos los corsés de los que hemos hablado antes—, porque las
unidades de gestión clínica se crean para eso. Hablo de unidades de
gestión porque en Euskadi el sistema se ha desarrollado sobre la base de
la creación de unidades de gestión clínica. Podía haber sido de otra
manera, pero se ha desarrollado así. Se organizan atendiendo a las
características de las organizaciones de servicios y conforme a criterios
de autonomía, eficacia, eficiencia y calidad del servicio; objetivo único
de todo lo que estamos hablando aquí. Estas unidades de gestión pueden
agrupar servicios y unidades pertenecientes a la misma o distinta
organización de servicio, en vertical y en horizontal, en hospital y en
atención primaria, con más o menos problemas, con sus propias
características.


Por lo tanto, estamos de acuerdo solo con el fondo de la
cuestión. Con lo que ya no estamos tan de acuerdo es con que se inste al
Gobierno a que lo haga, pues si hablamos de auto-organizaciones, como
decía la senadora Rivero, en este país las competencias están
transferidas en exclusiva tanto en el caso vasco como en casi todos los
casos de las comunidades autónomas. Por ello, yo sí me atrevo a instar al
Gobierno vasco a que continúe avanzando en todo lo que se tenga que
avanzar.


También estoy de acuerdo con la senadora Rivero en que es
un poco cansino estar continuamente recordando esto. Senador Alarcó, se
podría decir que el Senado insta a los Gobiernos competentes en las
cuestiones sanitarias a continuar avanzando, y entonces podríamos
considerarla una moción generalista, buenista o lo que usted quiera, pero
por lo menos atendería a la realidad de lo que es la arquitectura
institucional del país.


Por otra parte, parece que ustedes van a aceptar la
enmienda de Convergència i Unió, por lo que nosotros no votaremos en
contra de la moción. Nos hubiera gustado que se hubiera llevado a









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cabo de otra manera, nos hubiera gustado que se
incorporasen algunas de las aportaciones del Grupo Parlamentario
Socialista —no todas, porque no estoy de acuerdo con todas, aunque
sí con la mayoría de ellas—. Por lo tanto, el grupo proponente
tiene su opinión y nosotros anunciaremos nuestra abstención en la
votación de esta moción.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra la
senadora Almiñana.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidenta. Bon dia,
señorías.


Quiero dedicar mi primer minuto al público asistente. Me
gustaría explicarles que esta Cámara aprobó durante la pasada legislatura
la posibilidad de que se hablaran todas las lenguas del Estado español.
Mi grupo, el grup de l’Entesa, representa a Cataluña, y por eso
esta moción la voy a desarrollar en catalán. Intentaré hablar despacio,
porque sé que ustedes no tienen la posibilidad del traductor, del famoso
pinganillo, pero creo que el catalán es una lengua fácilmente
entendible.


Quiero resaltar que esto, que puede parecer un sinsentido,
lo que pretende es reforzar que esta es una Cámara territorial, y que,
como muchos defendemos, tiene que dirigirse hacia un Estado federal.
(Aplausos.)


Por este motivo, intentaré hablar despacio y alguna parte
de mi intervención la acabaré en castellano.


Senador Alarcó, això és una cambra parlamentària. Això no
és la Real Academia de Medicina. Per tant, totes les mocions que es
porten a aquesta cambra són política, perquè vostè i jo som aquí per fer
política, no per fer de sanitaris. Dic això perquè tant vostè com jo som
metges, però quan vam acceptar el càrrec de senadors, vam assumir una
responsabilitat davant dels ciutadans, que era representar-los
políticament, no professionalment. Professionalment els podem representar
en altres ocasions o d’altres formes. Per tant, no intenti, com de
costum amb el seu talante, amb el seu to adequat i prudent, convèncer-nos
que això no és política. Això és política; pot ser política per resoldre
problemes o política —deixi’m que ho defineixi així—
decorativa, però política.


Parlant de la gestió clínica, en els darrers anys la
sanitat ha passat al primer pla en l’agenda política, no pròpiament
pels problemes sanitaris, per les malalties, sinó pels problemes de
sostenibilitat. La salut no és una despesa, la salut acaba sent una
inversió, però tot i així cada cop és més cara. La tecnologia sanitària
no substitueix l’anterior, els fàrmacs, la innovació encareixen
molt els processos, els recursos humans són qualificats i cada cop més
especialitzats, les estructures que cal mantenir són complexes i
cares.


Tot això no canviarà, sinó que anirà en augment. Cap dels
problemes de la sanitat s’arreglarà només amb diners. També caldrà
fer canvis amb la manera en què hem fet les coses fins ara. La paradoxa
en sanitat és que, encara que la crisi millori, al futur hi ha altres
factors que són clau, com la demografia, l’envelliment de la
població, la inflació, les expectatives que tenen els ciutadans... Tot
això anirà cada cop més en augment. I, per tant, hem de buscar maneres de
tenir sistemes més eficients. Els grans reptes de la sanitat en el futur
—al món, no només a Espanya— són les malalties cròniques i
l’envelliment. Si canvia el repte, com ha canviat, cal canviar la
manera d’enfrontar-nos-hi. Per començar, cal un nou relat en salut,
un relat que aporti cohesió social, seguretat, a la població, que sàpiga
que quan necessiti la salut, la tindrà i li respondrà. Cal canviar alguns
esquemes que tots tenim, tant professionals com ciutadans, que donem per
normals i que no són normals. Cal reorganitzar un sistema que tenim
terriblement fraccionat entre l’hospital, la primària, el
sociosanitari i convertir-ho de forma més eficient. Deixi’m que els
posi un exemple: quan un malalt surt de l’hospital després
d’haver estat ingressat per una malaltia greu, imagini’s que
és una persona gran, el fet que un infermer el visiti a casa seva pot
evitar que aquest senyor o torni a ingressar o consulti un altre cop a
l’atenció primària. Hi guanyem dues coses: el malalt està més ben
controlat i és més barat, surt menys car.


Cal redirigir l’atenció a les malalties cròniques i
cal abordar-les des de tots els aspectes: la prevenció, el coneixement
del mateix pacient de la malaltia. Hi ha un programa a Catalunya que va
començar l’any 2010 anomenat El pacient expert, on pacients
expliquen a altres pacients com ser més actius amb la seva malaltia. Per
suposat, cal revalorar la prescripció farmacèutica, que









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continua per exemple tenint malalts que prenen molts i
molts medicaments que fa que a vegades requereixin ingressos.


Però tot això, absolutament, s’ha de fer amb els
professionals i els ciutadans, perquè són part de la solució, són del nou
sistema sanitari. Això realment s’allunya de la política que fins
ara el Partit Popular està fent. Per tant, ens sorprèn que ens presentin
un altre cop una moció que busca un consens en un tema tan singular.


Miri, senador Alarcó, nosaltres no podem de cap manera
estar en desacord amb el text de la moció, i l’hi llegeixo.


El Senado insta al Gobierno a continuar avanzando
—solo faltaría que no continuáramos— en la búsqueda de nuevas
estrategias para la implantación de un modelo de gestión clínica que
consiga una atención sanitaria más eficiente y más más centrada en las
necesidades de salud de los pacientes, y que aumente la autonomía de los
profesionales y su capacidad de desarrollo dentro del sistema
público.


Evidentment, tot això no hi podem estar en contra, però sap
el què passa? Que el meu considera, primer: les seves polítiques, les del
Ministeri, no apunten en aquesta direcció, perquè de moment no han
consensuat gaire. Per no consensuar, no han consensuat ni el reial decret
que ha fet el canvi més important en aquest país. El van presentar com un
reial decret. Vam passar de ser una sanitat universal a assegurats. Ni
tan sols van fer una llei, cosa que hauria obligat els diferents òrgans a
pronunciar-se.


En segon lloc, el Ministeri pot coordinar, impulsar,
homogeneïtzar, però són les comunitats autònomes, com ja s’ha dit,
les que tenen les competències per fer-ho.


En tercer lloc, els protagonistes reals són dos: els
ciutadans i els professionals. Ara per ara, no tinc la sensació que cap
dels dos estigui content amb les polítiques del Partit Popular, vist el
que ha passat des de fa molt de temps als carrers de la capital
d’aquest país, on la marea blanca ha demostrat que, quan es prenen
decisions importants, cal comptar amb ells. Quan es prenen decisions que
afecten la sanitat pública, no es pot fer sense comptar amb ells.


Hoy y siempre hablan de la herencia recibida de los
socialistas, de cómo nosotros desmantelamos el país, pero en dos años
ustedes han desmantelado la sanidad, la educación, los servicios
sociales... (Rumores.) En resumen, están desmontando el Estado de
bienestar, están rompiendo consensos. Vuelven a lo de siempre: traen
mociones para el consenso, pero aplican políticas que lo rompen.


Votaremos en contra de la moción.


Muchas gracias. (Aplausos.)


Senador Alarcó, esta es una Cámara parlamentaria, no es la
Real Academia de Medicina. Así pues, todas las mociones que se traen a
esta Cámara son políticas, porque tanto usted como yo estamos aquí para
hacer política y no para hacer las veces de sanitarios. Lo digo, porque
ambos somos médicos, pero cuando aceptamos el cargo de senadores asumimos
una responsabilidad ante los ciudadanos, que era representarles
políticamente, y no profesionalmente; les podemos representar
profesionalmente en otras ocasiones o por otras vías. Por tanto, no
intente, como suele hacer con ese talante, con ese tono adecuado y
prudente, convencernos de que esto no es política. Esto es política;
puede ser política para resolver problemas o política decorativa
—déjeme que la defina así—, pero política.


Hablando de la gestión clínica, en los últimos años la
sanidad ha pasado al primer plano de la agenda política, y no por los
problemas sanitarios, por las enfermedades, sino por problemas de
sostenibilidad. La salud no es un gasto, la salud acaba siendo una
inversión, pero aun así constantemente va encareciéndose. La tecnología
sanitaria no sustituye a la anterior, los fármacos y la innovación
encarecen los procesos, los recursos humanos son cualificados y cada vez
más especializados, y las estructuras que debemos mantener son complejas
y caras.


Todo esto no va a cambiar sino que va a ir en aumento.
Ninguno de los problemas de la sanidad va a poder solucionarse
sencillamente con dinero; vamos a tener que realizar cambios en la forma
en la que hemos actuado hasta ahora. La paradoja en la sanidad es que,
aunque la crisis mejore, en el futuro existirán otros factores clave,
como la demografía, el envejecimiento de la población, la inflación o las
expectativas que albergan los ciudadanos. Todo esto va a ir aumentando
constantemente. Por tanto, tenemos que encontrar formas de tener sistemas
más









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eficientes. Los grandes retos de la sanidad de cara al
futuro —en el mundo, no solo en España— son las enfermedades
crónicas y el envejecimiento. Y si cambia el reto, como ha cambiado,
también debemos cambiar la forma de enfrentarnos a él. Para empezar,
debemos tener un nuevo relato en salud, un relato que aporte cohesión
social y seguridad a la población, y que esta sepa que cuando necesite la
sanidad va a poder contar con ella, que le va a responder. Debemos
cambiar algunos esquemas que tenemos todos, profesionales y ciudadanos,
que damos por normales y que no lo son, reorganizar un sistema que está
muy fraccionado entre el hospital, la atención primaria, el sector
sociosanitario, y convertirlos en más eficientes. Voy a darles un
ejemplo: el de un enfermo que sale del hospital después de haber estado
ingresado por una enfermedad grave. Imagínese que es una persona mayor.
Pues bien, el hecho de que un enfermero le pueda visitar en su casa puede
evitar que esa persona vuelva a ingresar o que consulte una vez más a la
atención primaria, y con eso ganamos dos cosas: el enfermo está mejor
controlado y también resulta más económico, menos caro.


Debemos, por tanto, redirigir la atención a las
enfermedades crónicas y abordarlas desde la prevención, el conocimiento
por parte del paciente de la enfermedad, etcétera. Existe un programa en
Cataluña, que empezó en el año 2010, llamado Paciente experto, en el que
algunos pacientes explican a otros pacientes cómo ser más activos en su
enfermedad. Y, por supuesto, hemos de revalorar la prescripción
farmacéutica, porque sigue habiendo pacientes que toman muchísimos
medicamentos y que requieren esos ingresos.


Todo lo que he mencionado debe realizarse con los
profesionales y con los ciudadanos, porque forman parte de la solución,
porque forman parte del nuevo sistema sanitario, pero esto se aleja
realmente de la política que hasta ahora ha mostrado el Partido Popular.
Por tanto, nos sorprende que una vez más nos presente una moción que
busca un consenso en un tema tan singular.


Senador Alarcó, nosotros no podemos de ninguna manera estar
en desacuerdo con el texto de la moción. Voy a leerlo.


El Senado insta al Gobierno a continuar avanzando
—solo faltaría que no continuáramos— en la búsqueda de nuevas
estrategias para la implantación de un modelo de gestión clínica que
consiga una atención sanitaria más eficiente y más más centrada en las
necesidades de salud de los pacientes, y que aumente la autonomía de los
profesionales y su capacidad de desarrollo dentro del sistema
público.


Evidentemente, no podemos estar en contra de todo esto.
Pero mi grupo considera ante todo, en primer lugar, que sus políticas,
las del ministerio, no apuntan en esa dirección porque de momento no han
consensuado demasiado; por no consensuar, no han consensuado ni el real
decreto que ha realizado el cambio más importante de este país. Lo
presentaron como real decreto, y pasamos de ser una sanidad universal a
una asegurada, es decir, ni siquiera hubo una ley, lo cual hubiera
obligado a los distintos órganos a pronunciarse.


En segundo lugar, el ministerio puede coordinar, impulsar y
homogeneizar, pero son las comunidades autónomas, como ya se ha dicho,
las que ostentan las competencias para hacerlo.


En tercer lugar, los protagonistas reales son dos: los
ciudadanos y los profesionales, y de momento tengo la sensación de que
ninguno de los dos están contentos con las políticas del Partido Popular
visto lo sucedido, lo que viene sucediendo desde hace tiempo en las
calles de la capital de este país, donde la marea blanca ha demostrado
que cuando se toman decisiones importantes se debe contar con ellos, que
cuando se toman decisiones que afectan a la sanidad pública no se pueden
llevar a cabo sin contar con ellos.


Hoy y siempre hablan de la herencia recibida de los
socialistas, de cómo nosotros desmantelamos el país, pero en dos años
ustedes han desmantelado la sanidad, la educación, los servicios
sociales... (Rumores.) En resumen, están desmontando el Estado de
bienestar, están rompiendo consensos. Vuelven a lo de siempre: traen
mociones para el consenso, pero aplican políticas que lo rompen.


Votaremos en contra de la moción.


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.









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La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, presidenta.


Senyor Alarcó, d’entrada, des del meu grup, i aquesta
senadora, li agraeix el fet que presenti aquesta moció, que posi aquest
tema sobre la taula. Coincideixo amb el senyor Cazalis en el sentit que
nosaltres estem absolutament d’acord amb el fons de la moció. Jo
intentaré explicar el punt de vista de Catalunya i com participem
d’aquest nou model de gestió clínica, però evidentment tenim un
seguit de reserves que també intentaré transmetre-li al llarg de la meva
intervenció.


Estem d’acord que a cada escenari econòmic, polític i
social li hauria de correspondre un model de gestió. Ni tot serveix per a
tot, ni tot serveix per sempre. Aquesta reflexió no deixa de ser una
evidència de supervivència i adaptació que podríem aplicar arreu. La
gestió clínica no és altra cosa que aquesta reflexió portada a la
realitat de la gestió sanitària. Això comporta assumir nous reptes. Sabem
que hem d’afrontar nous reptes i que això és difícil, ja que moltes
vegades els reptes tenen més velocitat que la nostra pròpia capacitat
d’adaptació. Per tant, un cop més, cal flexibilitat.


Fa falta canviar moltes coses, han passat sens dubte
d’una gestió gratificant, on l’escenari econòmic era
d’expansió, el política era de posada en marxa de moltes
infraestructures i noves tecnologies, i el social, on la prestació de
serveis no era tan qüestionada. Al nou escenari que tenim el nivell
d’expansió s’ha reduït molt, no es poden satisfer les
demandes al mateix ritme que es feia abans i, per tant, es demanen
explicacions i es qüestiona la gestió. Aquí estem. Per tant, cal tenir
coratge, cal avaluar, cal detectar les debilitats i trobar un sistema de
gestió que garanteixi i faci sostenible la gestió sanitària. Fins aquí
penso que tots hi estem d’acord. Per això parlem de gestió clínica,
és a dir, de planificació, organització i gestió de recursos.


Tendim, doncs, en l’àmbit de la gestió clínica
sanitària, a la major implicació per part dels professionals sanitaris en
la gestió dels recursos i en la presa de decisions: recursos humans,
econòmics, decisions en relació amb les llistes d’espera,
pràctiques clíniques, etc. La primera norma és aproximar les decisions al
lloc on es donen els serveis. Entenem que la implicació dels
professionals és un valor afegit, atès que són els coneixedors en primera
persona de les virtuts i de les mancances del sistema. Això suposa que
poden ser més eficaços i més eficients en la gestió, alhora que se situa
el pacient en el lloc que es mereix, ja que és el referent per prendre
qualsevol decisió, la qual cosa afavoreix, evidentment, una millor
atenció des d’un punt de vista més integral del pacient.


Em consta que moltes comunitats autònomes treballen i estan
regulant aquest tema, però no conec —els sóc sincera— el
nivell de maduresa a què han arribat en cada comunitat autònoma. A
Catalunya ja fa temps que estem treballant, ens hi estem implicant i
alhora estem fent pedagogia i implicant els professionals sanitaris en la
gestió, elaborant programes i facilitant-los eines adequades per a una
millor gestió clínica. Hi ha diferents formes de gestió adaptades a
realitats diferents, també a realitats donades per diferents territoris i
qüestions de mobilitat o repartiment demogràfic.


Com a exemple, els citaré una eina informàtica que rep el
nom d’Intel·ligència Activa per a Grups. Agrupa els pacients que
tenen assignat un equip d’atenció primària i els classifica segons
unes característiques diferenciades: nombre d’ingressos, proves a
què s’han sotmès, medicacions que han pres, nombre de visites, etc.
Evidentment, aquesta eina facilita l’atenció. En aquest sentit,
parlant de cooperació i coordinació, en aquesta cambra s’ha dut a
terme una ponència i s’està parlant interoperabilitat de les dades
informàtiques. Nosaltres hi estem d’acord, pensem que això podria
millorar, sempre que la imposició d’aquesta operativitat no vingui
donada per un sistema únic que no tingui en compte la feina que ja
s’està duent a terme en altres llocs. Per tant, hem de trobar la
manera que aquesta coordinació tingui doble via en la comunicació, no com
ahir ens deia el senyor Rajoy, una via només en el sentit que a mi em va
bé, sinó una via d’anada i de tornada que tingui en compte el
nivell de maduresa que hi ha en cada lloc. És a dir, apugem el llistó,
intentem que tothom pugui arribar al llistó de l’òptim, i no
l’abaixem amb l’excusa del cafè per a tots i que tots hem
d’estar al mateix lloc.


En qualsevol cas, també els podria parlar de què hem fet a
Catalunya en les diferents formes de gestió dels centres d’atenció
primària, no només als hospitals. En aquest sentit, és conegut per tothom
que treballa en aquests àmbits, les entitats de base associativa són el
model intrínsec, per se, de la gestió clínica. Però bé, no hem vingut a
parlar només del que fem a Catalunya, tothom podria explicar el que fa al
seu lloc. L’única cosa que els vull traslladar és que la gestió
clínica admet molts graus, moltes fórmules, i que la seva implantació amb
més o menys èxit depèn de









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molts factors, però sobretot de la sensibilitat que cal
saber, cal tenir i cal practicar. Tots estarem d’acord que parlar
de fer més gestió clínica, en principi, no fa mal a ningú i agrada a
tothom, ja que els objectius són prou lloables. Una altra cosa és com es
fa, de quina manera i si és amb coordinació o amb imposició.


Per tant, des del Grup de Convergència i Unió, des de la
feina que en aquest sentit s’està fent per part del Govern a
Catalunya, i també dels professionals de la sanitat a Catalunya, la
nostra mà estesa, sempre que parlem d’aprofitar les experiències
dels uns i els altres per millorar tots plegats, però ni un pas enrere en
aquelles fites que ja tenim assolides en el desenvolupament de les
competències que ens són pròpies.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Señor Alarcó, de entrada, esta senadora le agradece que
presente usted esta moción, que se ponga este tema sobre la mesa. Y
coincido con el senador Cazalis, porque estamos absolutamente de acuerdo
con el fondo de la moción. Voy a intentar explicar el punto de vista de
Cataluña y cómo participamos de este nuevo modelo de la gestión clínica,
pero, evidentemente, tenemos una serie de reservas y voy a hacer lo
posible para transmitírselas a lo largo de mi intervención.


Estamos de acuerdo en que a cada escenario político,
económico y social debería corresponderle un modelo de gestión, porque ni
todo sirve para todo ni todo sirve para siempre. Esta reflexión no deja
de ser una evidencia de supervivencia y adaptación que podríamos aplicar
en todos los casos. La gestión clínica no es otra cosa que esta reflexión
pero llevada a la realidad de la gestión sanitaria, y esto conlleva
asumir nuevos retos. Sabemos que debemos plantar cara a nuevos retos, y
eso es difícil, puesto que en muchas ocasiones los retos tienen mayor
velocidad que nuestra capacidad de adaptación. Así pues, una vez más
debemos ser flexibles.


También tenemos que cambiar muchas cosas. Hemos pasado de
una gestión gratificante, sin duda, con un escenario económico de
expansión, un escenario político en el que se implementaban una serie de
estructuras y tecnologías, y también desde el punto de vista social, en
el que la prestación de servicios no estaba tan cuestionada, a un nuevo
escenario, el que vivimos ahora, en el que el nivel de expansión se ha
visto muy reducido. No se pueden satisfacer las demandas al mismo ritmo
que hasta ahora y, por consiguiente, se piden explicaciones, se cuestiona
la gestión. Aquí es donde estamos. Debemos ser valientes, debemos evaluar
y detectar las debilidades y encontrar un sistema de gestión que
garantice y convierta en sostenible la gestión sanitaria. Creo que hasta
aquí todo el mundo está de acuerdo. Por eso hablamos de gestión clínica,
es decir, de planificación, organización y gestión de los recursos.


Por tanto, en el ámbito de la gestión clínica sanitaria,
tendemos a una mayor implicación por parte de los profesionales
sanitarios en la gestión de los recursos y en la toma de decisiones:
recursos humanos, económicos, decisiones relativas a las listas de
espera, prácticas clínicas, etcétera. La primera norma en este sentido es
aproximar las decisiones al lugar donde se prestan los servicios.
Entendemos que los profesionales que se impliquen en la gestión son un
valor añadido puesto que son los conocedores en primera persona de las
virtudes y carencias del sistema. Esto implica que puedan ser más
eficaces y más eficientes en la gestión, al tiempo que el paciente se
sitúa en el lugar que merece, siendo él el referente para tomar cualquier
decisión, y se favorece, cómo no, una mejor atención desde un punto de
vista más integral del paciente.


Me consta que muchas comunidades autónomas trabajan y están
regulando este tema, pero no conozco —le soy sincera— el
nivel de madurez que han alcanzado en cada una de las comunidades. En
Cataluña ya llevamos mucho tiempo trabajando y nos estamos implicando, y
a la vez también estamos haciendo pedagogía implicando a los
profesionales sanitarios en la gestión, elaborando programas y
facilitándoles las herramientas adecuadas para una mejor gestión clínica.
Existen distintas formas de gestión adaptadas a realidades distintas y
también a realidades diferentes según el territorio en cuanto a
cuestiones de movilidad o reparto demográfico.


Pondré un ejemplo. Existe una herramienta informática
llamada inteligencia activa para grupos, que agrupa a los pacientes que
tienen asignados un equipo de atención primaria y los clasifica conforme
a unas características diferenciadas: ingresos, pruebas a las que se han
visto sometidos, medicaciones que han tomado, número de visitas... Es
evidente que esta herramienta facilita la atención. En este sentido, y ya
que hablamos de cooperación y coordinación, en esta Cámara se









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ha presentado una ponencia en la que se está hablando de la
interoperabilidad de los datos informáticos. Nosotros estamos de acuerdo;
pensamos que esto podría mejorar, siempre y cuando esta interoperabilidad
no venga impuesta por un único sistema que no tenga en cuenta toda la
labor ya realizada en otros sitios, con lo cual debemos encontrar la
forma de que esta coordinación tenga una doble vía en la comunicación, y
no, como ayer nos decía el señor Rajoy, una única vía. Es decir, conviene
que sea una vía de ida y vuelta que tenga en cuenta el nivel de madurez
de cada comunidad. Por tanto, elevemos el listón, intentemos que todo el
mundo pueda alcanzar el listón de lo óptimo, y no lo rebajemos con la
excusa de lo del café para todos y que todo el mundo debe estar en el
mismo sitio.


Sea como fuere, también podría hablarles de lo que hemos
realizado en Cataluña, de las distintas formas de gestión de los centros
de atención primaria en nuestra comunidad y no tan solo en los
hospitales. En este sentido, son conocidas por todos los que trabajan en
estos ámbitos las entidades de base asociativas, que son el modelo
intrínseco per se de la gestión clínica. Pero no hemos venido a hablar
tan solo de lo que hacemos en Cataluña; todo el mundo podría explicar lo
que realiza en su propia comunidad. Lo que sí me gustaría trasladarles es
que la gestión clínica admite muchos grados, muchas fórmulas, y su
implantación, con mayor o menor éxito, depende de muchos factores, pero
sobre todo de la flexibilidad que debemos tener, conocer y practicar.
Todos estaremos de acuerdo en que hablar de realizar una mayor gestión
clínica no hace daño a nadie y agrada a todo el mundo. Los objetivos son
en sí mismos encomiables, pero otra cosa es saber luego cómo se realiza,
de qué forma, si con coordinación o con imposición.


Por tanto, Convergència i Unió, teniendo en cuenta la labor
realizada por el Gobierno en Cataluña y también por parte de los
profesionales de la sanidad allí, tendemos nuestra mano siempre que
hablemos de aprovechar experiencias de todo el mundo para que todos
mejoremos, pero no vamos a dar un paso atrás respecto de los hitos ya
conseguidos en el desarrollo de las competencias que nos son propias.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador González Bethencourt.


El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Gracias, presidenta.


Quiero saludar a los jóvenes que hoy están en la tribuna de
público. Es un honor para nosotros que ustedes nos escuchen. Y quiero
decirles también que lo más importante en la vida es la salud. Sin salud
no hay vida; la vida exige cuidar mucho la salud, y ustedes tienen que
estar muy pendientes de eso.


Pero también la salud tiene conceptos políticos, y vemos
que en esta moción lo que prima para el Partido Popular es el dinero, la
financiación de la gestión clínica. Para los socialistas lo que prima es
el enfermo, para nosotros lo más importante es el enfermo y atenderlo en
las mejores condiciones.


Por lo tanto, insisto en que esta moción del Grupo Popular
no dice absolutamente nada, solo le dice al Gobierno que continúe
avanzando. Sin embargo, en la nuestra nos mojamos en cinco puntos muy
concretos sobre cómo habría que gestionar estas unidades en los
hospitales y en los centros de salud. Nos mojamos, y decimos exactamente
lo que hay que hacer. Insisto: el Grupo Popular solo dice que el Gobierno
siga avanzando. Como sigamos así, con esta lentitud, estas unidades de
gestión clínica van a seguir en el olvido. De hecho, fíjense en que el
concepto de gestión clínica no es nuevo. Hace dieciséis años en el Reino
Unido ya comenzaron a trabajar en ese sentido. Se trata de que haya
responsabilidad, calidad, un establecimiento de protocolos en la práctica
clínica cuando se atiende a los enfermos. El objetivo fundamental debe
ser garantizar la calidad de la atención sanitaria que prestamos a los
pacientes. Sin embargo, la moción del Grupo Popular, que repito que no
dice nada —pero es verdad que cuando entramos en su ideología, la
ideología de la derecha, vemos que solo habla y siempre piensa en cómo
hacer la financiación—, pretende incluso que las unidades de
gestión clínica, a las que se les asigna un presupuesto, supongan siempre
también un ahorro, cuando hay que gastar todo el dinero para dedicarlo a
los enfermos.


Realmente, el modelo de gestión clínica tiene unas bases
muy sólidas en nuestro país. Nos tenemos que remontar a cuándo
gobernábamos, en el año 1984, a un real decreto sobre las









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estructuras básicas de salud. También, a la Ley General de
Sanidad, que elaboró el Partido Socialista en el año 1986. Y a un real
decreto de 1987 sobre el reglamento de hospitales. Eso comenzó a
proporcionar una mayor autonomía en los recursos y anticipó la creación
de unidades asistenciales, dotadas de normas de funcionamiento. Y nos
preocupa mucho que detrás de esta moción del Grupo Popular esté
encubierta la posibilidad de que se dé personalidad jurídica propia a
estas unidades de gestión dentro de los hospitales y los centros de
salud. Creemos que eso no se debe hacer, porque significa la
fragmentación del hospital, la fragmentación del centro de salud.


Esta moción del Grupo Popular no dice que estas unidades
tengan personalidad jurídica propia, pero tampoco dice que no la vayan a
tener. No se mojan, y el senador Alarcó tampoco dice nada sobre esto. Y,
claro que hablamos de privatización encubierta, porque si estas unidades
tuvieran personalidad jurídica propia podrían hacer contratos externos y
externalizar la gestión de la salud en la sanidad pública, que es lo que
nosotros no queremos de ninguna manera. Estas unidades se tienen que
integrar en el hospital y en el centro de salud.


Para nosotros es clave que en estas unidades de gestión
clínica se impliquen los profesionales. En eso estamos todos de acuerdo.
Los profesionales exigen una descentralización en la toma de decisiones,
una autonomía real en la gestión, y para ello han de contar con el apoyo
de la autoridad sanitaria, que es la que planifica realmente el nuevo
modelo.


Por otro lado, si bien el modelo de gestión clínica está
más avanzado sobre todo en cuanto a servicios hospitalarios o a un equipo
de atención primaria, también es válido para áreas u otros institutos de
estructura más compleja, más multidisciplinar, que implique a diferentes
servicios o a varios centros. Eso va a permitir que diferentes centros
puedan tratar de manera integral al paciente, procurando siempre, eso sí,
que la incorporación de los profesionales sea siempre voluntaria.


Otra condición esencial es la adecuada financiación, de
forma que su presupuesto no se puede basar en la búsqueda de ahorros,
sino en la eficiencia, en la utilización de los recursos disponibles. Ni
un solo euro destinado a asistencia sanitaria debe ser ahorrado. El
dinero presupuestado en sanidad se tiene que gastar todo y debe ser
empleado y gastado de la forma más eficiente posible.


En cuanto a los incentivos a los profesionales, que están
muy pendientes de lo que nosotros digamos al respecto, no conviene
unirlos al ahorro sino al grado de cumplimiento de los objetivos. Hay que
incentivar a los profesionales no solo económicamente sino dotándolos de
los recursos y de un ambiente de trabajo lo más adecuado posible.


En relación con el acceso a la dirección clínica, a la
dirección de estas unidades, que es un tema importante, en el Grupo
Parlamentario Socialista pensamos que no se debe recurrir al sistema de
libre designación, porque no solo se crean problemas cuando eso es así
sino que incluso hay sentencias judiciales que no están de acuerdo con el
citado sistema. Parece más conveniente que los profesionales participen y
se impliquen en la elección de los que dirijan estas unidades, así como
en la posterior evaluación periódica —debe ser así— de los
puestos, debiéndose tener siempre en cuenta los méritos, la capacidad, la
evaluación transparente y que no sea nunca una designación a dedo.


Ya hemos definido antes nuestro criterio en cuanto a que
las unidades de gestión clínica no posean personalidad jurídica propia y
que esta debe residir en el servicio de salud del Gobierno autónomo
correspondiente, en la consejería. Cualquier otro modelo de fragmentación
anunciaría la nada improbable privatización; por eso nosotros siempre
hablamos de la probable privatización que se esconde detrás de un modelo
del Partido Popular, que no ha dicho absolutamente nada al respecto y que
debería concretar y mojarse sobre si pretende o no la privatización
encubierta de estas unidades de gestión clínica.


Por otro lado, un profesional puede prestar servicios en
otros institutos, como dijimos antes. Por tanto, nosotros no podemos de
ninguna manera votar a favor de esta moción, que incluso debería ser
retirada. Podríamos votar, si quieren, a favor de una mera declaración de
intenciones para dejarles satisfechos.


Y lo que sí les digo es que se preocupen menos del dinero y
mucho más de los enfermos.


Gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Alarcó.









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El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora
vicepresidenta.


Señorías, como se trata del último turno y soy el
proponente de la moción, antes de nada quiero dar las gracias a todos los
portavoces. (Risas.) Aunque alguno se ría —no sé si tendrá que ver
con lo que yo estoy contando; tampoco me preocupa mucho—, se las
doy de verdad a todos. Y al final, siguiendo el orden de las
intervenciones, responderé de forma algo especial al senador González
Bethencourt, del Grupo Socialista, porque me he quedado abochornado
oyéndole hablar de este tema.


Senadora Rivero, le agradezco el tono. Efectivamente, la
propuesta que ustedes hacen como partido ha sido aceptada, y no solo eso
sino que mejora nuestra moción. Y como la mejora, no hemos tenido ningún
tipo de discusión. Además, la he escuchado muy atentamente con el
pinganillo —no como otros, porque algunos no escuchan, y cuando
contesta alguna portavoz de nuestro grupo algunos que tienen que escuchar
no lo hacen—. Por cierto, quiero decir a ese maravilloso público
joven en la tribuna del público que se sientan como en casa. Esto es de
ustedes tanto como de nosotros. No les voy a decir nada más especial.


Señoría, tengo en alta estima a la sanidad catalana, que
además conozco bastante bien —después también dedicaré unas
palabras a la doctora Almiñana, médico y compañera—. Y usted sabe
que los maestros en la medicina son muy importantes. Para nosotros es
algo trascendental el respeto al maestro, al que te enseña, y todos
tenemos alguno en la vida profesional. Y en Cataluña tuve la oportunidad
de aprender algo interesante, muy importante, porque no en vano en
Cataluña están los mejores cirujanos del mundo de trasplante de páncreas.
Y nos entendimos muy bien. A mí me encantaría saber catalán, y lo digo de
verdad, porque es un signo cultural que me interesaría. No lo conozco,
aunque lo entiendo un poco. Pero ¿cómo me entendí yo con mis maestros
catalanes? Hablé cómodamente en castellano y hablamos otro idioma, el
esperanto, que se entiende en casi todos lados, incluida China, cuando
uno habla de sanidad porque es un idioma internacional muy respetado.


En definitiva, senadora Rivero, sí a su propuesta. Ha
hablado de la experiencia catalana en gestión sanitaria. La tiene,
evidentemente, y por eso nuestra moción habla de continuar avanzando. Si
hubiéramos propuesto hacer y hacer nos estaríamos metiendo en la gestión
de las comunidades autónomas; y somos muy respetuosos. Hay un área de
coordinación, y todos tenemos que hacer esfuerzos a nivel nacional y a
nivel de comunidades autónomas y aprovechar la experiencia que estas
tienen. Y Cataluña tiene experiencia, pero no solamente Cataluña sino
también otras comunidades autónomas. Lo que pretendemos es que el idioma
técnico que hablemos sea intercambiable, que no tengamos un sistema
informático distinto en diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades
autónomas, que tengamos un idioma informático que nos valga a todos en
todos los sitios, incluida Europa, en ese distrito único sanitario. Por
eso hablamos de continuar. Pretender decir: hacer, hacer y hacer, depende
de muchísimos factores, también del Gobierno, pero no solamente este.


Y, señor Cazalis —médico también—, le
agradezco, como siempre, tanto su tono como el de su grupo. Cuando
hablamos de sanidad y de I+D+i la verdad es que tenemos un entendimiento
fácil. Le agradezco, además, la felicitación; me alegra mucho que le
guste. Es cierto que usted no está de acuerdo en ciertas cosas, al igual
que la senadora Rivero, y lo entiendo. El País Vasco también tiene
gestión sanitaria, y la está haciendo desde hace tiempo con protocolos
determinados. Pero lo que pretendemos es profundizar. Y es que hay gente
que cree que la gestión sanitaria es un edificio —aquí ha habido
algún portavoz que así lo cree—, pero la gestión es un instrumento,
y los instrumentos no pueden tener personalidad jurídica propia; son
instrumentos a utilizar. Repito que le agradezco su apoyo y sus
comentarios, y acepto que lo que tenemos que hacer es que en la medicina
primaria —la concertada, la pública, la europea, la catalana, la
vasca, la canaria— entendamos lo que tenemos, la historia del
ciudadano, que es un ciudadano europeo, porque así nos potenciamos
muchísimo más. (Rumores.)


Y, senadora Almiñana, claro que esto no es una real
academia —y yo me honro en pertenecer a la Real Academia española
desde hace mucho tiempo—. Esto no es una academia, es un órgano
político, y a mí me apasiona la política. Sé lo que estoy representando
aquí: a los miles de ciudadanos que representamos y también a los que no
nos han votado. Pero yo no opero ideológicamente; opero bien, pero no
ideológicamente. La gestión es un tema técnico, del que hablamos los
políticos, pero —repito— un tema puramente técnico. Yo creo
que sin duda está a









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tiempo de modificarlo; usted es una mujer inteligente y
seguro que lo modificará. (Rumores.) Cuando uno opera no opera
ideológicamente, sino bien; y cuando uno habla de gestión lo hace dentro
de un modelo sanitario de gestión. El modelo sanitario sí es política, y
la gestión, un tema técnico para hacer la política, pero no es política.
Yo hago aquí política, como usted, cada uno en su estilo, y estoy
encantado de hacer política, pero repito que la gestión no es un tema
político, es un instrumento que se puede utilizar para hacer política,
pero no lo es. (Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías,
guarden silencio.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Reservo para el último lugar la
contestación al portavoz del Grupo Socialista. Señoría, en un momento en
el que estamos buscando consensos, en un momento en el que la mayoría de
la Cámara va a apoyar esta moción, aunque a usted no le guste, que venga
a decir aquí que lo único que nos importa es el dinero... No sé qué tiene
que ver el dinero con esto. Estamos hablando de que hay un modelo de
distrito único sanitario europeo, que está definido, de financiación
pública.


Yo creo que, no a todo el Partido Socialista, pero sí a una
parte, lo que le gusta es gastar y no pagar; por lo menos, por lo que
dejaron. Es un tema que no me ha gustado introducir, cuando estamos
buscando el consenso para arreglar, modificar o colaborar a mejorar este
buen sistema público sanitario español que tiene unos magníficos
profesionales y en el que el centro de los modelos de gestión, tiene que
estar exclusivamente, como he dicho antes, el ciudadano. Pero yo le
respondería que la gestión sanitaria no puede tener personalidad jurídica
propia porque no es un edificio; la gestión es un instrumento y sigue
usted confundido con ese tema. Los cinco puntos de su enmienda son todos
obvios, aunque alguno de ellos además es una contradicción. Y le recuerdo
también que el informe de la ponencia de estudio para la aplicación de
las nuevas tecnologías, que es una parte muy importante de esta moción,
el partido al que usted pertenece, por lo menos creo que pertenece, lo
aprobó por unanimidad y son los quince puntos que hemos sacado aquí a
relucir. Por último me gustaría recordarle, señor González Bethencourt,
que de lo que se mira solo se ve lo que se sabe.


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Llamen a votación. (Pausa.—El señor presidente ocupa
la Presidencia.)


El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.


Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular
con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 150; en contra, 69;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.


5.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DESARROLLAR
UN SISTEMA QUE POSIBILITE LAS CUOTAS INDIVIDUALES TRANSFERIBLES (CIT) POR
ESPECIE PESQUERA ENTRE LAS EMPRESAS.


(Núm. exp. 662/000122)


AUTOR: GPP


El señor presidente da lectura al punto 5.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores.)


Señorías, guarden silencio, por favor.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora
Larriba, por tiempo de quince minutos.


La señora LARRIBA LEIRA: Gracias, señor presidente.









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Señorías, la incorporación de España a las políticas
pesqueras comunitarias ha supuesto para el sector pesquero español un
cambio fundamental en dos vertientes, por un lado, la integración de
nuestros caladeros en los comunitarios y, por otro, que sea el Consejo
Europeo de Ministros de Pesca al que le corresponda regular el acceso a
los mismos mediante la concesión de licencias, el establecimiento de los
totales de capturas autorizados —los TAC—, las normas sobre
especies y tamaños, las técnicas de capturas, las zonas de pesca, la
repoblación de especies y otras medidas de sostenibilidad
medioambiental.


La gestión de los recursos pesqueros se ha basado, desde
los inicios de la política pesquera comunitaria, en el establecimiento de
TAC monoespecíficos, es decir, en topes de captura individuales por cada
especie o stock. Este sistema, como veremos más adelante, produce grandes
problemas de sostenibilidad en la gestión de pesquerías mixtas en las que
diferentes especies son capturadas de forma simultánea por las mismas
flotas ya que agrava la práctica del descarte, impidiendo la recuperación
de algunos de los stocks más sensibles.


Para repartir entre los Estados miembros el total de
capturas admisibles en cada caladero, la Comisión utilizó como criterio
las actividades tradicionales de pesca de cada país, tratando de respetar
las necesidades específicas de las regiones altamente dependientes de la
pesca y estableció un sistema de cuotas de acuerdo con el principio de
estabilidad relativa, que ha resultado, a la larga, discriminatorio para
España ya que ha supuesto una menor valoración de la flota española con
respecto a la de los demás países comunitarios. Al sector pesquero
español se le asignó una capacidad de capturas muy pequeña en relación
con la dimensión de su flota operativa, por lo que ha tenido que
afrontar, desde entonces, un arduo proceso de reconversión y ajuste
estructural, para lo que se arbitraron diferentes ayudas procedentes de
los fondos estructurales del IFOP y del Fondo Europeo de la Pesca.


Desde 1977 se contingentaron los buques censados en cada
uno de los caladeros históricos y se establecieron sistemas de reparto de
derechos que facilitaron que las embarcaciones pesqueras españolas se
adecuaran paulatinamente a las nuevas posibilidades de pesca, generando
el sistema de regulación más avanzado de Europa. Esta tarea contó con el
doble concurso de la iniciativa privada y del buen uso de los fondos
comunitarios. España ha sido el Estado de la Unión que de manera más
eficaz e intensa ha empleado los fondos para el cese definitivo de la
actividad. Sin embargo, las cuotas de pesca existentes son aún hoy
claramente insuficientes para mantener la actividad de la flota durante
todo el año, por lo que diversos segmentos de flota se han visto
sometidos a paralizaciones de la actividad por el agotamiento de la cuota
de la especie objetivo.


Las consecuencias de estas circunstancias son básicamente
dos: la demanda de ayudas públicas, por un lado —y en nuestra
situación económica pues son difícilmente asumibles o muy costosamente
asumibles—, y, por otro, la derivación de la presión pesquera hacia
otras especies.


España aspira a ser una economía moderna, y el sector
pesquero español comparte no solo dicha aspiración, sino que, además,
tiene una vocación clara de liderazgo que hace precisa la utilización de
conceptos económicos y ecológicos renovadores. En la base de este
planteamiento está la gestión sostenible de las pesquerías para lo que es
preciso aceptar límites a la actividad, que, en el contexto actual de la
política pesquera comunitaria, implica un escrupuloso respeto de las
cuotas de capturas, y a ellas han de atenerse nuestros barcos. Compete a
nuestra Administración asegurar que no se sobrepasan por un doble motivo.
En primer lugar, porque hay que respetar la norma para asegurar la
gestión sostenible de los stocks y, en segundo lugar, porque —y
utilizando la sentencia cesariana— se debe estar por encima de toda
sospecha. Dicho de otro modo, no solo hay que ser honesto, sino
parecerlo, porque la imagen de España tiene que ser la de un país que
lidera la gestión sostenible de los recursos. Esta buena imagen hoy en
día se ha convertido, incluso, en un requerimiento comercial, prueba de
ello es la solicitud de certificación de gestión sostenible que cada vez
con mayor insistencia y con mayor fuerza se exigen para acceder a ciertas
grandes cadenas de distribución comercial. Ahora bien, si las capturas
están limitadas, caben solo dos alternativas: la denominada pesca
olímpica o el reparto entre los operadores, cualquiera que sea la forma.
No hay más posibilidades.


La pesca olímpica ha demostrado ser en economía pesquera un
caso clásico de ineficiencia en la regulación del uso de este recurso
natural por parte de los operadores de la flota. A periodos de
superabundancia de capturas les siguen otros de gran carestía. Se generan
tensiones entre los pescadores de las distintas comunidades autónomas y,
dentro de ellas, entre las distintas artes de









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pesca. Un modelo económico de los más sencillos que se
emplea para el análisis de la producción de las pesquerías es el modelo
bioeconómico desarrollado por Gordon Schaefer. Este modelo combina
factores económicos y biológicos. El modelo confirma que el libre acceso
a un recurso que tiene un valor económico relevante en relación con sus
costes de explotación, como lo es la pesca, propicia su sobreexplotación,
especialmente, cuando la Administración es negligente en el cumplimiento
de sus obligaciones de vigilancia y control. El bochornoso ejemplo de las
sanciones a España como resultado de la sobrepesca de caballa por falta
de aplicación del Gobierno anterior, no se puede volver a repetir.


La única gestión razonable y moderna es la del reparto de
los cupos, que puede adoptar diversas fórmulas: repartos temporales,
repartos espaciales, entre comunidades autónomas, entre organizaciones de
pesca, o, entre operadores, sistemas que se deben dotar de flexibilidad.
Esta segunda opción en la que estamos mayoritariamente de acuerdo todos,
es la más razonable. Sin embargo, ha sido censurada por algunos grupos,
ya que la distribución transferible de derechos lleva a una pérdida de
unidades de pesca, es decir, al desguace, y, con ello, a la pérdida de
capacidad productiva. Se reclama el mantenimiento de los buques para
cuando los stocks se recuperen y los subsidios a los productores en
periodos de paradas temporales.


Este es, sin duda, un argumento falaz. Los stocks solo son
sostenibles, es decir, solo permiten su desarrollo económico sin ayuda
exterior ni merma de los recursos existentes, cuando la capacidad de
pesca adquiere su tamaño óptimo y se mantiene en ese nivel. Si se
soltaran más buques cuando las pesquerías se recuperan, se volvería a la
situación de sobrepesca y los stocks volverían a retroceder. Así lo han
denunciado instituciones internacionales como la FAO o la ONU, a través
de sus informes de las cumbres de Río y Johannesburgo. En estos informes
se reconoce que el exceso de capacidad pesquera lleva a la explotación de
los caladeros por encima de su capacidad de regeneración natural, y, por
tanto, es el responsable del agotamiento de importantes reservas marinas
en el mundo.


La intensidad de las operaciones de pesca, lo que
denominamos esfuerzo pesquero, está en función directa al número de
barcos o al tiempo de duración de las campañas, a las artes empleadas y a
la tecnología que se va paulatinamente instalando en los buques, que
están multiplicando sus posibilidades y su capacidad de captura. De ahí
la necesidad constante de adaptar el número de buques a las cuotas
disponibles, de acuerdo con la eficacia de la flota. Si hoy hay, por
ejemplo, cien buques operando sobre una pesquería como número óptimo,
dentro de diez años, con los avances tecnológicos que se incorporen, la
misma cuota y estado de los recursos, este número óptimo tiene que ser
por fuerza muchísimo menor, ya que la eficiencia en las capturas habrá
aumentado mucho. Nada que no suceda en otros sectores económicos y en el
resto de las industrias.


Los modelos económicos tradicionales aceptados
internacionalmente nos dicen que si las pesquerías se dejan evolucionar
sin restricciones, se llega siempre a una situación de sobrepesca, con la
consecuente disipación de beneficios empresariales, lo cual genera,
inevitablemente, una economía pesquera débil y necesitada de subsidios
públicos. No queremos este modelo, ni para España, ni para Europa. Se
requiere, pues, un modelo económico que permita la generación de los
beneficios necesarios para que la flota pesquera sea capaz de renovarse y
de modernizarse.


Herramientas eficaces para la gestión futura de las
pesquerías son los derechos de pesca individuales y transferibles, los
que conocemos como ITQ.


Un sistema de ITQ flexible permite reducir la capacidad
pesquera y favorecer el desarrollo sostenible, ya que a largo plazo
implicaría la desaparición de aquellos segmentos de flota menos rentables
y competitivos. Esta misma selección, en aras de la eficacia y del
desarrollo sostenible del sector pesquero, es precisamente lo que
persigue la política pesquera comunitaria.


Para el reajuste de la flota, la Unión Europea está pagando
por no pescar mediante las ayudas al desguace. Las ITQ conseguirían la
misma finalidad pero con un considerable ahorro para las arcas públicas,
por lo menos las partidas del FEMP que se destinan al desguace o a la
reconversión. Una parte importante de los costes de reducción de la
capacidad pesquera por paradas definitivas serían sufragadas por el
propio sector en forma de adquisición de derechos de pesca y no
necesitarían depender de ayudas financieras públicas en virtud de las
políticas pesqueras comunitarias que se establezcan.









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El sistema de ITQ obliga a cada operador a ser responsable
de sus capturas —es su futuro— y permite una gestión de la
actividad individual. Si además estos derechos de pesca son plenamente
transferibles, se facilita que los operadores más eficientes compren a
los más ineficientes contribuyendo de este modo a aliviar el problema de
la sobrecapacidad de una manera natural y también, cómo no, a disminuir
los descartes. Se trata de un modelo que ya se ha aplicado con éxito en
otros países como Islandia y en pesquerías industriales como la de Nueva
Zelanda.


Quiero resaltar que esta posibilidad de transferencia no
significa que no se pueda establecer una regulación de la producción que
evite la excesiva concentración de los derechos. Por otra parte, en una
gestión financiera moderna, si así se decide, estos derechos podrían ser
objeto de pignoración, con lo que se facilitaría enormemente el crédito a
los operadores sin necesidad de recurrir a subvenciones públicas, como ya
se está haciendo en países como Noruega y Francia entre otros. Lo que se
necesita, por tanto, es un sistema dotado de la máxima flexibilidad.


No quiero olvidar en esta exposición la dificultad que
conlleva asignar derechos de explotación en materia pesquera. No es tan
sencillo como hacer una concesión demanial de una parcela para su
explotación agropecuaria, por ejemplo, ya que los recursos pesqueros se
desplazan por diferentes regiones del océano y la explotación futura
dependerá del uso sostenible de estos recursos. Por tanto, se hace
necesario que el sistema asegure el derecho efectivo, lo que supone un
sistema de control eficiente.


Señorías, además de la reducción de la flota, lo que aquí
proponemos es dar un paso más en la optimización de la explotación de los
recursos. Es imprescindible adaptar los cupos a la especialización de los
barcos, ya que por ejemplo un palangrero necesita más cuota de merluza
que de otras especies, mientras que uno de arrastre precisa más cupo de
gallo, cigala o rape que de merluza. Se debe dotar, por tanto, de mayor
flexibilidad a los sistemas de transferencia de cuotas individuales de
manera que puedan realizarse por especies y no por grupos de especies,
tal y como se viene haciendo desde nuestra incorporación a la Unión
Europea.


Se trata de que las empresas puedan adquirir las
denominadas posibilidades de pesca, los cupos, de un caladero, es decir,
los porcentajes que se utilizan para calcular las cuotas disponibles para
cada barco, para cada especie y zona de su interés. Actualmente, el
reparto se hace por zonas y las empresas se ven obligadas a adquirir
todas y cada una de las especies con cuota a las que dan derecho sus
posibilidades de pesca, sean o no de su interés. Con la opción que
proponemos, los interesados adquirirán directamente las especies objeto
de su pesquería y se eliminarán los intercambios y condicionamientos a
los que está obligando la limitación actual.


Por todo ello, señorías, mi grupo les propone instar al
Gobierno a desarrollar un sistema que posibilite la transferencia de
cuotas individuales por especie y zona entre las empresas.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Larriba.


Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el senador
Fidalgo.


El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Socialista considera que el sistema de
ITQ de las cuotas individuales transferibles puede ser un sistema útil en
la gestión de los recursos pesqueros, y de hecho la nueva PPC así lo
refleja. Nosotros pensamos que a partir de experiencias positivas que ha
habido con el anterior Gobierno, y que también hay en otros países, puede
ser positivo implantarlo, pero para ello creemos que deben tenerse en
cuenta determinadas cautelas. Ello a pesar de que para nosotros lo ideal
también sería ir a la implantación de un sistema de cuotas pesqueras a
nivel europeo para acabar con ese atraso de que en Europa haya libre
circulación de mercancías, libre circulación de personas, pero no libre
circulación de pescadores. No se considera a Europa como un todo donde
podamos desarrollar la actividad pesquera como se desarrollan otras
actividades.


Para ello proponemos diversas cautelas. Una de ellas es que
se excluya de este sistema a las flotas artesanales costeras, pues nos
parece que preservar esas flotas tiene mucha importancia a nivel social,
económico y de empleo en determinados territorios que dependen mucho de
la actividad pesquera. Consideramos que, de no hacerlo, el coste social
sería altísimo. Asimismo pensamos que debe tratarse exclusivamente en
pesquerías que tengan establecida una cuota de pesca y partimos de la
concepción de que las ITQ deben ser un bien público, es decir, el Estado,
que es el propietario de unos recursos públicos, concede derechos de uso
que recupera cuando









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se acaban y vuelve a conceder en las mismas condiciones. Y
el Estado debe reservarse una parte para corregir desequilibrios y para
nuevos pescadores. Todo ello se debe hacer mediante el diálogo con el
sector y con las comunidades autónomas que tienen competencias muy
importantes en la materia. Yo creo que todos sabemos que un sector como
este, con tantas peculiaridades, solo puede gobernarse de acuerdo con
él.


En ese sentido hacemos esta serie de propuestas para
incorporar a una resolución. Pensamos que es posible llegar a un acuerdo
y recogerlas todas, y evidentemente creo que esa normativa debe hacerse
de forma muy cuidadosa. El principio debe ser un sistema muy transparente
en el que pueda controlarse en todo momento cómo se están gestionando
esas cuotas y esas concesiones, y debe haber normas para evitar la
concentración en unas pocas manos de demasiadas licencias, porque ello
puede utilizarse de forma muy perversa. Así, por ejemplo, hay sectores
financieros, sectores distribuidores que podrían acaparar licencias que
podrían ser utilizadas de una forma inadecuada por el sector, creando
incluso burbujas pesqueras en este caso. Por ello creo que debe
estudiarse la aplicación de este sistema para ver qué efectos puede tener
en determinadas pesquerías y combinarlo con otras acciones que pueden ser
objeto de otro debate, y que hoy no quiero repetir.


En todo caso pedimos al Grupo Parlamentario Popular que si
es posible incorpore estas cautelas, estas condiciones mínimas con las
que debe regularse este sistema que nosotros pensamos que puede ser útil
bien utilizado, si bien es verdad que si se le da un mal uso puede ser
perjudicial.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la
senadora Larriba para indicar si acepta o no la enmienda.


La señora LARRIBA LEIRA: Gracias, señor presidente.
Intervendré desde el escaño.


Señorías, quisiera dar una pequeña explicación a cada uno
de los puntos que se plantean en la propuesta de adición.


En cuanto al punto 1, que se refiere a la exclusión de la
flota costera artesanal, estamos de acuerdo en que así sea. En cuanto al
2, que se refiere a que solamente será para las pesquerías que tengan
establecida cuota de pesca, efectivamente también se aceptará. Pero,
desde luego, no la limitación que explican en el segundo apartado, porque
eso desvirtuaría la moción que presentamos, es decir, la posibilidad de
su gestión prolongada en el tiempo, y esto que se plantea desvirtuaría
nuestra propuesta. En cuanto al punto 3 relativo a que el Estado se
reservará parte para corregir desequilibrios y nuevos pescadores, estamos
de acuerdo en que el Estado se reserve una parte para la corrección de
esos desequilibrios, pero sobre todo para solventar los problemas que se
planteen de sobrepesca o incluso para una posible negociación con otros
Estados de la Unión, pero desde luego no para la incorporación de nuevos
pescadores, que esta debería ser porque otros pescadores dejen la
actividad, no para aumentar nuestra capacidad pesquera.


Por último, en el punto 4, que dice que hay que contar con
las comunidades autónomas en este proceso, estamos totalmente de acuerdo
también. De hecho se ha hecho así desde siempre, es decir, el sistema de
ITQ que se viene empleando se ha hecho siempre en comunicación con las
comunidades autónomas


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Senadora Larriba, me tiene usted que
decir si acepta la enmienda en su totalidad o no, porque no se pueden
aceptar distintos puntos, unos sí y otros no, tiene que ser en la
totalidad.


La señora LARRIBA LEIRA: En este momento estamos terminando
de negociar una transaccional, que es la que someteremos a la aprobación
de la Cámara.


El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias.


Entonces pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.









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El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Como le había comentado previamente a la senadora ponente
en esta materia, nuestra intención era votar en contra de la moción tal
como se presentó; de todas maneras, esperaremos a conocer la redacción
transaccional que fruto de la negociación que están manteniendo se
concrete para pronunciarnos. Si se hubiera aceptado en su totalidad la
enmienda formulada por el Grupo Socialista, probablemente el sentido de
nuestro voto hubiera cambiado, porque muchos de los argumentos que ha
utilizado el portavoz del Grupo Socialista son los que nos llevan
inicialmente a rechazar la moción planteada por el Grupo Popular.


Le explicaba a la ponente del Grupo Popular que nuestro
modelo es el de entender la pesca como un derecho que tienen los
pescadores para explotar un recurso público y no como un derecho de
propiedad de quien realiza la actividad pesquera. Por eso el
planteamiento que desde el Grupo Socialista se trasladaba en el sentido
de ratificar esta idea de recurso público se aproximaba bastante a
nuestro planteamiento.


No nos parece que el sistema de cuotas individuales
transferibles abunde en el concepto de recurso público de la pesca, y
entendemos que es imprescindible establecer limitaciones una vez que el
mismo ha sido incorporado a la política pesquera común, limitaciones que
también se parecen bastante a algunas de las planteadas por el Grupo
Socialista, incluso algunas de las que han sido expresamente asumidas por
el Grupo Popular en este debate. No creemos que sea susceptible de ser
transferida la cuota propia de la flota artesanal, hay que identificar
una cuota propia de la pesca artesanal y, efectivamente, buscar una
alternativa a su gestión que no sean las cuotas individuales
transferibles, porque si no el resultado último sería que en la práctica
dejaría de haber esa cuota propia de la pesca artesanal porque sería
adquirida por flotas económicamente potentes que comprarían a los
titulares de estos derechos las cuotas individuales. Creemos que hay que
establecer cortapisas claras en la comercialización o transmisión de
estas cuotas individuales que impidan la acumulación excesiva de derechos
en pocas manos. Y además creemos que para ratificar esa concepción de
recurso público habría que establecer la condición del carácter revocable
de las concesiones.


Entendemos que el modelo, tal como ha sido definido en la
política común pesquera y tal como se refleja en la moción planteada por
el Grupo Popular, se aleja bastante de nuestros planeamientos.


En todo caso, concluyo diciendo que leeré con detenimiento
la transacción que hayan podido alcanzar y decidiremos el voto a partir
de esa lectura.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Eguerdi on, mahaiburu jauna;
eguerdi on, senatari jaun-andreok.


Estamos de acuerdo con la moción presentada por la senadora
Larriba, sobre todo cuando se habla de desarrollar un sistema que
posibilite. Evidentemente, desarrollar un sistema que posibilite abre la
puerta a desarrollar un sistema que posibilite. Nosotros planteábamos que
se pudiera desarrollar el sistema en una discusión posterior, con
racionalidad, con flexibilidad y con conceptos que yo creo que en muchos
casos también han faltado en la gestión pesquera, que son la seriedad y
la disciplina. La caballa o verdel, que se ha mencionado, es uno de los
ejemplos.


Con las propuestas aceptadas de la enmienda socialista se
va acotando un poco más el campo de juego. Es evidente que nosotros al
aceptar esta enmienda nos referíamos a la pesca multiespecie, no se nos
ocurría, ni tan siquiera en este momento, hablar de la pesca costera, que
ya tiene cuotas definidas de especies definidas, porque entonces sí
podríamos entrar en el tema de la acumulación y de la concentración de
cuotas. Nosotros entendíamos más la moción original desde el punto de
vista del arrastre, tal y como aparece en la parte expositiva de la
moción. Evidentemente, de lo que se trata es de mejorar los rendimientos
económicos del sector intentando preservar lo mejor posible los recursos
marinos, porque si no, nos volvemos a encontrar de nuevo en la situación
de la que parece que ahora estamos saliendo. Por lo tanto, este sistema
de transferencias de ITQ sí creemos que va en la vía de mejorar el
rendimiento económico y esa es la única vía que podemos seguir.









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Estoy también de acuerdo en que hubiera una cuota única
europea. Absolutamente de acuerdo, pero, evidentemente, yo creo que esa
batalla se perdió en el momento en que entramos en la antigua Comunidad
Económica Europea.


Si no luchamos por el rendimiento económico de las empresas
nos podemos encontrar en la situación preocupante en la que están
nuestros vecinos; vecinos que nunca han tenido problema de cuotas, vamos
a decir que han nadado en la abundancia de cuotas, y en cambio están
viendo desaparecer flota a pasos agigantados, porque la gente no quiere
ir a la mar; para la gente es mucho más cómodo trabajar en tierra que ir
a la mar, y está pasando en Francia con cuota sobrante.


Tal vez nosotros tenemos más tradición, y evidentemente
podremos aguantar mejor, pero siempre y cuando se pueda hacer que la
gente gane dinero cuando vaya a la mar y que el rendimiento económico de
los días de mar sea superior al que es en este momento, porque ahora, con
el desempleo en tierra las cosas han cambiado un poco. En todo caso, para
ir a la mar hay que ser un auténtico aficionado a la mar, aunque ya no
haya tanta diferencia entre ir a una cadena de montaje e ir a pasar lo
que se pasa en alta mar.


Creemos que hacía falta —lo comento porque se lo he
dicho a la portavoz—, y con la aceptación de las enmiendas del
Grupo Socialista —centrando más el debate— me preocupa lo de
reservar una parte para corregir desequilibrios. Me preocupa porque se
tenía que haber llegado a esto al final del desarrollo de todo el
proceso, desarrollo que se tenía que haber hecho, evidentemente, con las
asociaciones de armadores, con los sindicatos, con el sector y con los
departamentos de pesca de las comunidades autónomas, porque si damos ya
de reserva al Estado una parte para corregir desequilibrios nos podemos
encontrar con cosas que no nos han gustado en el pasado, con
desequilibrios corregidos cuando incluso no había desequilibrios, o no
corregidos a gusto de todos o no en todos los momentos. Esto sí me genera
un poco más de interferencia, aunque entiendo que —aun debiendo
haber sido al final del proceso, al final de toda la
reglamentación— se acuerde uno de que se tiene que hacer.


Estoy también de acuerdo con la senadora proponente en que
hay que fomentar la incorporación de la juventud al sector. Eso no quiere
decir necesariamente que tenga que ser con unidades nuevas. Hay que
racionalizar entre el recurso y la explotación, y probablemente unidades
nuevas en este momento no tuvieran mucha cabida, pero nunca se sabe.


Vamos a votar a favor, y estaremos muy atentos a su
desarrollo, que apoyaremos aportando toda la experiencia del País Vasco,
y esperemos que podamos seguir debatiendo este tema en esta Cámara porque
creo que va a ser muy importante.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Boya.


El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente. Intervendré
con mucha brevedad para no reiterar los argumentos que ya se han
planteado desde esta tribuna en este debate.


Nos parece, en principio, una moción —con las
enmiendas que se han planteado— sensata. Es cierto que la flota ha
evolucionado y que el marco pesquero en nuestro país ha cambiado
—lo ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular—, y
es cierto también que estamos ante unos mercados que exigen mucha
competitividad a nuestros barcos y a nuestros pescadores. Es evidente que
a eso hay que dar respuesta agilizando los mecanismos y dando facilidades
ante una serie de problemas que en este momento se han puesto en
evidencia con el tema de las cuotas, pero seguramente también podríamos
hablar de otros aspectos relacionados con la burocracia. Tendríamos que
profundizar en ellos y facilitar todo este proceso, y hemos de hacerlo
garantizando la sostenibilidad de los recursos y la viabilidad de toda
esta industria tan importante para nuestro país.


Es cierto que esta mejora en los mecanismos de las cuotas
tiene mucha complejidad porque estamos utilizando un recurso público, un
bien común, y ahora hemos de otorgar un derecho privado y además los
derechos de transferibilidad que se derivan de ese derecho privado que va
a tener el buque y, por lo tanto, la propiedad individual. Pero es cierto
que, por su complejidad y por ser un ámbito muy heterogéneo, es
importante abordar el debate, que se plantee de qué forma se









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pueden llegar a conciliar los intereses de la pesca con la
gestión de este bien público, de este bien común, y por tanto, que se
encuentren soluciones a problemas que existen y que en este momento
tampoco están resueltos.


Con este mecanismo, por lo que he visto, puede haber
también un proceso de corresponsabilización del propio pescador, no con
un bien público, sino con un bien que él gestionará y que, por tanto,
pasa a tener condición de bien privado. Nos parece que esta
corresponsabilidad en la sostenibilidad del stock, en la sostenibilidad
del banco, es una de las virtudes que puede tener este proceso.


Nos parece también que la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista mejora de forma sustancial el redactado, porque es cierto que
hay que acotar algunos aspectos, y en el caso de la pesca artesanal es
evidente, como explicaba el senador Cazalis. Es cierto que existen
algunos ejemplos internacionales, como es el caso de Chile, donde
finalmente ha sucedido que algunas conserveras han acaparado todos los
derechos y finalmente los pescadores han terminado siendo asalariados de
estas conserveras. Yo creo que no es el caso, pues ya se ha hablado de
las características de la flota, hacia quien se orienta esta nueva
regulación.


Solo me queda decir que nos parece muy importante
garantizar la transparencia del proceso, la sostenibilidad del bien común
que es la pesca, así como desarrollar un proceso que pueda ser
participado y fácilmente controlable y que de alguna manera el Estado
garantice que se eviten, como ha dicho muy bien el senador Fidalgo,
abusos, y que aquellos que tengan mayor capacidad puedan acaparar el
derecho y, por tanto, que este derecho no pueda ser repartido de forma
equitativa entre toda la flota.


Señor presidente, acabo diciendo que, como parece que la
transacción ha salido hacia delante, nuestro voto será positivo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.


Efectivamente, se acaba de presentar una propuesta de
modificación firmada por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo
Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya y el Grupo Parlamentario Vasco.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, president.


El nostre grup, Convergència i Unió, votarà abstenció, i ho
farà per moltes raons, unes positives i d’altres negatives. De
vegades, quan un suma i resta, arriba al terme mig, i això és el que ens
passa aquí. Ho ha explicat molt bé el senador Iglesias, que deia que
estaven pel no però acabaran per l’abstenció. Bé, nosaltres estem
en aquesta línia.


Per aspectes positius no volem votar no i per aspectes
negatius no podem votar sí. Pot semblar un contrasentit però de seguida
ho entendran. La part positiva és la voluntat de consens,
l’acceptació de gran part —no de tot— de la modificació
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, que millora en gran part
aquest text, i que permet esmenar algunes disfuncions que hi havia en el
seu redactat. I també, perquè no, per l’actiu de la portaveu del
Partit Popular, Elvira Larriba, que ha tingut una actitud dialogant, cosa
que li agraeixo perquè no és pràctica habitual, malauradament, en aquesta
casa, però aquesta actitud dialogant ha fet que es pactés, que hi hagués
una transaccional, que es millorés i, per tant, nosaltres ho valorem
positivament. Em sap greu que no hagi sigut la totalitat de
l’esmena del Grup Parlamentari Socialista, però bé, la part
incorporada és una part important.


Un altre motiu pel qual no votarem en contra és perquè
Convergència i Unió mai no acostuma a votar iniciatives parlamentàries en
contra que puguin beneficiar algun sector social o econòmic, malgrat que
a Catalunya no ens afecti. I això és el que ens passa una mica en aquesta
moció. És una moció en la qual la flota pesquera catalana no està
afectada. De fet, hi ha bàsicament només una empresa, la flota de
l’Ametlla de Mar que es regeix pel règim de quotes, però aquestes
ho estan per l’IICAT. Per tant, podríem dir que a Catalunya no ens
afecte en excés aquesta iniciativa.









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Per què no votarem a favor? Algú podria dir, escolti, per
què no voten a favor, doncs? Doncs, mirin, per la política pesquera del
govern, que és una política pesquera bàsicament centrada en la pesca
d’altura de l’Atlàntic. La pesca del Mediterrani és la
ventafocs, i per a aquells que no ho coneguin, el «patito feo» o la
«cenicienta».


Ens trobem aquí amb moltes iniciatives del Partit Popular
—la veritat és que, malauradament, algunes són un brindis al
sol— i majoritàriament estan enfocades a la pesca d’alta mar
i a la pesca d’altura de l’Atlàntic. I ens oblidem
reiteradament de la pesca costanera, de la pesca del litoral, de la pesca
del Mediterrani. Aquesta és la pesca catalana, aquesta és la pesca que
tenim a Catalunya en un tant per cent molt elevat, és una pesca de
sortida diària de port, és una pesca multiespècie i, per tant, és una
pesca que necessita un tractament parlamentari governamental específic
que no trobem.


També ens agradaria deixar clar que, actualment, els blocs
pesquers no són en base a països, sinó que són blocs pesquers amplis, el
bloc pesquer europeu, el bloc pesquer americà, el del Mercosur, etc. Per
tant, tornem a debatre microsolucions quan hauríem de parlar de
macrosolucions. D’aquí la importància que s’hagi esmenat amb
el punt tres de la modificació presentada pel Grup Socialista que diu:
«El Estado se reservará parte para corregir desequilibrios y para la
negociación, en su caso, con otros Estados miembros». Clar, perquè el
bloc europeu pot entendre que aquesta és una decisió unilateral
d’Espanya, i la Unió Europea pot intervenir. Per tant, aquesta
aportació socialista és valuosa perquè en algun moment es pot queixar un
altre Estat i s’haurà de negociar.


També valorem molt el fet que s’hagi exclòs la flota
costanera litoral perquè no tenia cap sentit que s’inclogués una
flota que no està subjecte a quotes. I el punt dos d’aquesta
aportació socialista diu: «serà exclusivament per a pesqueries que
tinguin establerta quota de pesca». Era un redactat imperfecte, un
redactat que ens portava a la votació del no. I ara, en base a aquesta
millora —la llàstima és que no s’hagi acceptat la
totalitat— ens abstindrem.


És trist que s’hagi acceptat aquest text i el diré en
castellà perquè s’entengui bé: «el Senado insta al gobierno a
desarrollar, en colaboración con las comunidades autònomas, un sistema
que posibilite», etc. I sempre estem esmenant. Recordin que som un Estat
plurinacional, plurilingüístic i, en aquest cas, amb autonomies amb
competències també en pesca. I sempre hem de, a última hora, de pressa i
corrents, dir, eh! Que som l’Estat de les Autonomies!. Allò tan
suat de «Teruel también existe», doncs igual amb les autonomies, que
també existeixen. I sempre hem d’esmenar aquelles iniciatives
parlamentàries, bàsicament del Partit Popular, que s’obliden de
respectar les competències autonòmiques, que s’obliden que tenim
competències en molts aspectes, inclosa la pesca, i s’obliden de
fer les coses «de común acuerdo o respetando las competencias».


Per tant, senyors del Partit Socialista, gràcies per haver
recordat al Partit Popular que estem en un Estat de les autonomies. De
vegades, vostès també se n’obliden, però vaja, entre tots hem de
sumar.


Res més, tret de dir que ens agradaria començar a rebre
iniciatives parlamentàries del Partit Popular sobre el Mediterrani, sobre
la pesca al Mediterrani, la pesca costanera i de litoral, sobre vedes
biològiques, sobre ajudes a la pesca costanera, ajudes a la pesca
litoral. De tant en tant ens arriben queixes del sector de les
confraries, del sector pesquer, que diuen que aquí es parla molt de la
pesca d’altura, es parla molt de l’Atlàntic i es parla poc de
confraries, poc del litoral, poc del Mediterrani i poc d’ajudes a
aquells sectors que pateixen tant o més que les macroempreses de
pesca.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, señor presidente.


Nuestro grupo, Convergència i Unió, votará abstención, y lo
hará por muchos motivos, unos positivos y otros negativos. A veces,
cuando uno suma y resta, llega al punto medio y eso es lo que aquí
sucede. Lo ha explicado muy bien el senador Iglesias, que decía que
aunque en principio iban a votar que no, acabarán absteniéndose. Nosotros
seguimos esa línea.


Aspectos positivos: por aspectos positivos no queremos
votar no, pero por aspectos negativos no podemos votar sí. Tal vez
parezca un contrasentido pero lo van a entender enseguida. La parte
positiva es la voluntad de consenso, la aceptación de buena parte
—aunque no de todo— de la modificación presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, que mejora en buena medida este texto y
permite corregir algunas disfunciones de su redactado. Y también, por qué
no, por la actitud









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dialogante que ha mantenido la portavoz del Grupo Popular,
cosa que agradezco pues, desgraciadamente, no es una práctica habitual en
esta casa. Esta actitud dialogante ha conseguido que se pactara una
transaccional y se mejorara la moción, lo que valoramos positivamente.
Lamento que no se haya incorporado la totalidad de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, aunque la parte incorporada es importante.


Otro motivo por el que no vamos a votar en contra es porque
Convergència i Unió nunca suele votar en contra de iniciativas
parlamentarias que puedan beneficiar a un sector social o económico a
pesar de que estas no afecten a Cataluña. Eso es lo que sucede en esta
moción, en la que la flota pesquera catalana no se ve afectada. La
empresa de la flota de l’Ametlla de Mar se rige por un sistema de
cuotas, por lo que a Cataluña no le afecta en exceso esta iniciativa.


Alguien podría preguntarse por qué no votamos a favor. Pues
bien, por la política pesquera del Gobierno, básicamente centrada en la
pesca de altura del Atlántico, mientras que la pesca del Mediterráneo es
la cenicienta, o también podríamos decir el patito feo.


Conocemos las iniciativas del Partido Popular, muchas de
ellas son un brindis al sol, mayoritariamente enfocadas a la pesca de
alta mar, a la pesca de altura del Atlántico, y reiteradamente olvidamos
la pesca de costa, la pesca litoral, la pesca del Mediterráneo, que es la
pesca catalana, la que en un porcentaje muy elevado tenemos en Cataluña;
es una pesca de salida diaria de puertos, una pesca multiespecie y, por
tanto, necesita un trato parlamentario y gubernamental específico que no
encontramos.


También nos gustaría dejar claro que en la actualidad los
bloques pesqueros no existen sobre la base de países sino que son más
amplios: el bloque pesquero europeo, el bloque europeo americano, el de
Mercosur, etcétera. Por tanto, volvemos a debatir microsoluciones cuando
deberíamos hablar de macrosoluciones, y de ahí la importancia del punto
tres de la modificación presentada por el Grupo Socialista, que dice que
el Estado se reservará parte para corregir desequilibrios y para la
negociación, en su caso, con otros Estados miembros. Evidentemente,
porque el bloque europeo puede entender que esta es una decisión
unilateral de España, y la Unión Europea puede intervenir. Por tanto,
esta aportación socialista es valiosa puesto que en algún momento otro
Estado la puede adoptar y se tendrá que negociar.


Asimismo, valoramos, cómo no, el hecho de que se haya
excluido la flota de la costa del litoral, porque no tenía ningún sentido
que se incluyera una flota que no está sujeta a cuotas. El punto dos de
esta aportación socialista dice: «será exclusivamente para pesquerías que
tengan establecida una cuota de pesca». Y es que era un redactado
imperfecto que nos llevaba a votar negativamente, y ahora, en función de
esta mejora —la pena es que no se haya aceptado la totalidad—
nos vamos a abstener.


Es triste que se haya aceptado este texto, y lo voy a leer
en castellano para que se entienda: «El Senado insta al Gobierno a
desarrollar en colaboración con las comunidades autónomas un sistema que
posibilite...», etcétera. Y siempre estamos enmendando. Recuerden que
somos un Estado plurinacional, pluricultural, plurilingüístico, en este
caso, con autonomías con competencias en pesca, y siempre a última hora,
deprisa y corriendo, tenemos que decir: ojo, somos un Estado de las
autonomías; ya saben aquello tan manido de que «Teruel también existe»,
pues las autonomías también existen, y básicamente siempre tenemos que
enmendar las iniciativas parlamentarias del Grupo Popular, que olvidan
ese respeto por las competencias autonómicas, que olvidan que tenemos
competencias en muchos aspectos, como la pesca, y que olvidan hacerlo de
común acuerdo o respetando las competencias.


Por tanto, señores del Partido Socialista, gracias por
haber recordado al Partido Popular que estamos en un Estado de las
autonomías; a veces ustedes también lo olvidan, pero entre todos tenemos
que sumar.


Solo me queda decirles que nos gustaría empezar a recibir
iniciativas parlamentarias del Partido Popular sobre la pesca en el
Mediterráneo, sobre la pesca de costa y litoral, sobre vedas biológicas,
sobre ayudas a la pesca de costa, ayudas a la pesca litoral. De vez en
cuando recibimos quejas de las cofradías, de los sectores pesqueros, que
nos dicen que aquí se habla mucho del Atlántico, de la pesca de altura,
pero se habla poco de cofradías y muy poco del litoral, del Mediterráneo
y de ayudas a aquellos sectores que sufren tanto o más que las
macroempresas de pesca.


Gracias.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
senador Fidalgo.


El señor FIDALGO AREDA: Gracias, presidente.


Cuando leímos la moción del Grupo Parlamentario Popular,
nos llamó la atención que se presentara la propuesta de una forma tan
poco condicionada, en el sentido de que los mandatos que las Cortes
Generales, en este caso el Senado, dan al Gobierno han de ser mandatos
concretos y no loas al Gobierno. Aquí no estamos para hacer la pelota al
Gobierno y, por tanto, deben ser propuestas medibles, controlables,
etcétera.


Nos ha llamado la atención también ese doble juego del
Grupo Popular en esta Cámara, que por una parte presenta este tipo de
iniciativas muy genéricas y por otra, hace el doble discurso de que
cuando algo sale mal la culpa es de los europeos, lo cual genera ese
discurso antieuropeo tan atrasado, y cuando algo sale bien es gracias al
ministro Arias Cañete, que es un crack en las negociaciones europeas.


Por otra parte, consideramos que ese discurso convive
perfectamente con la total ausencia del Gobierno en esta Cámara para
explicar la política pesquera. Crean una cortina de humo para que, de
alguna forma, no nos demos cuenta de que el Gobierno no tiene política
pesquera, ni de su falta de actividad, de recursos y de políticas
propias, ni de lo mucho que tiene que hacer en política pesquera —y
no depender exclusivamente de lo que hace Europa—. Por cierto, ni
siquiera viene a explicar el resultado de sus negociaciones como ministro
en los foros y en los consejos europeos.


Por tanto, esta noche, después de todo el año 2013 ausente
de esta Cámara, tendremos la oportunidad de escuchar al ministro para dar
cuenta de su gestión; por cierto, un año, 2013, donde no se habló de
cosas menores, pues se decidió la política pesquera común para los
próximos siete años, el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para los
próximos años y otra serie de medidas, como, por ejemplo, muchos tratados
internacionales que caducaron y que hubo que renovar y que,
evidentemente, no se vieron reflejados en la eficacia del Gobierno.
Esperamos que el Gobierno venga aquí a explicar el acuerdo sobre las ITQ
y no quede en un mero acuerdo, porque luego no da cuenta a esta Cámara de
cómo desarrolla y gestiona esa medida.


Por consiguiente, nosotros defendemos las aportaciones que
figuran en la enmienda. Pensamos y seguimos defendiendo que las ITQ, las
cuotas individuales transferibles, pueden ser un buen sistema en
determinadas pesquerías para determinadas especies y en determinadas
circunstancias, pero con determinadas cautelas. Y por eso consideramos
que previamente debe hacerse un estudio de viabilidad, de cómo afecta a
las flotas y a las especies en los determinados lugares donde se puede
aplicar; beber de las experiencias positivas que hay aquí ya fruto de la
gestión del Gobierno anterior y de otros países donde también hay
experiencias interesantes. Si observamos las organizaciones de
productores, comprobaremos que han tenido lugar experiencias de
agrupación de cuotas de sus miembros, donde ellos mismos supervisan el
grado de utilización de cuotas y la comercialización de capturas, donde
efectúan canjes con otras OP; es decir, que el propio sector lleva a cabo
una gestión positiva para mejorar la rentabilidad de su actividad y al
mismo tiempo la preservación de los siempre escasos recursos
pesqueros.


Por tanto, a partir de esas buenas experiencias, con las
cautelas que proponemos, para nosotros es importante el carácter público
de estas concesiones de forma que el Estado sea el que gestione un bien
público que, por una parte, es un alimento necesario, pero por otra, es
el fruto en el que trabaja todo un sector industrial muy importante, que
crea actividad económica en muchos territorios y muchos puestos de
trabajo.


Y, desde luego, para eso tiene que haber también una
regulación con normas claras y máxima transparencia que evite la
concentración. A nosotros nos parece importante que haya normas y medidas
en la regulación que eviten, por el procedimiento que sea, que en algún
caso un poder financiero muy potente pueda perjudicar a las empresas del
sector que viven y trabajan en él. En ese sentido yo creo que el papel
del Estado es importante. Y desde luego, debe excluirse a la flota
artesanal, como ha admitido la portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
y debe hacerse dialogando con los sectores.


Pensamos que al Gobierno le quedan otras muchas cosas que
hacer aparte de esto. Esta es una herramienta más, pero hay otras muchas;
y hay otras medidas y otras muchas propuestas y programas que el Gobierno
debe llevar a cabo con las comunidades autónomas y con el sector. Y









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hay también muchas cuestiones para mejorar la rentabilidad
de los barcos, desde la forma de pescar —a veces se puede trabajar
en evitar desplazamientos excesivos a los caladeros— hasta evitar
consumos excesivos tanto de combustibles como de víveres, programar las
arribadas a puerto de forma escalonada de tal modo que se evite que
muchos buques descarguen al mismo tiempo o que se descargue a la vez un
mismo producto con la influencia que eso tiene sobre los precios que se
pagan, o que se programe la preparación de los productos a bordo en
función de su destino, etcétera.


En ese sentido creemos que el sistema de cuotas
individuales puede ser útil. Estamos en una transacción que creo puede
terminar felizmente. Nosotros queremos que haya acuerdo en esta materia;
lo hemos demostrado en más ocasiones, como cuando en esta Cámara llegamos
a un acuerdo todos los grupos políticos sobre el marco que debería tener
la nueva política pesquera común. En este sentido, repito, nosotros
queremos acuerdos. Por tanto, haremos todo lo posible para lograr el
acuerdo —yo creo que será posible—, aunque es evidente que ni
todas las letras ni todas las palabras que propone este grupo
parlamentario sean posibles.


Finalmente, me gustaría agradecer el diálogo y el talante
de la senadora Larriba que, como otras muchas veces, ha demostrado tener
también buena cintura y capacidad para llegar a acuerdos.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la
senadora Larriba.


La señora LARRIBA LEIRA: Gracias, presidente.


Señorías, desde hace ya muchos años España viene
manteniendo en su sector pesquero una política de libertad de empresas
solo limitada, lógicamente, por la necesaria adecuación de la capacidad
pesquera a los recursos disponibles, en línea con lo que recomiendan
tanto el Código de Conducta para la Pesca Responsable, de la FAO, como
las técnicas de gestión de los recursos pesqueros desarrolladas por los
organismos internacionales más solventes.


Durante el período previo a nuestro ingreso en la Comunidad
Europea, España estableció un sistema para contingentar los caladeros con
censos cerrados y un régimen de derechos individuales transferibles entre
las diversas empresas adscritas a esos censos. Nuestro país ha sido
usuario principal de los fondos comunitarios, como ya dije, destinados a
la adaptación de las capacidades de pesca, tanto temporal como
definitiva. El sistema de transferibilidad de derechos de pesca ha
permitido su acumulación en las empresas más eficientes sin que ello
vulnere la competencia. De hecho, el mercado de productos de pesca sigue
siendo abierto y las unidades de pesca numerosas.


A dicha concentración de derechos han contribuido las
políticas basadas en la libertad de empresa y circulación de capitales,
que, cumpliendo con el espíritu de los tratados, han favorecido a la vez
el desarrollo de un aparato productivo más eficiente. Las ventajas del
sistema que les estamos proponiendo, así considerado debería ser una
aspiración de la política pesquera comunitaria, estamos totalmente de
acuerdo. De hecho se emplea ya en buena parte de las industrias pesqueras
de algunos países de la Unión, como el Reino Unido y Holanda. Esto está
produciendo en el mercado europeo, en el que se deben aplicar los
principios de igualdad de acceso a los recursos y a los mercados, una
situación irregular. A la vista de los tratados, es difícil defender que
mientras que dos empresarios británicos pueden competir por la compra de
un derecho determinado para la explotación de un recurso, en esta leal
competencia no pueda participar otra empresa europea no británica.


Pues bien, contestando ya a sus matizaciones, a
Convergència i Unió le diría que lo mejor es enemigo de lo bueno. En este
caso concreto ustedes ven el beneficio del modelo, lo ven; de hecho, han
firmado esta transacción. Sin embargo, se abstienen argumentando que esta
cuestión no va básicamente con ustedes. Lo lamento, pero no entiendo su
postura. Sepan ustedes que estaremos encantados de debatir cuantas
cuestiones se planteen en materia pesquera que ustedes sí consideren que
les afectan, porque le aseguro que nos afectan a todos.


En cuanto a la respuesta del señor Fidalgo, quería
agradecerle el discurso explicativo de las enmiendas y más aún que haya
aceptado esta transacción. Pero, señoría, aquí venimos a plantear una
cuestión técnica, una cuestión fundamental de gestión y de política
pesquera, no venimos









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solamente a loar la acción del Gobierno. Pero si a usted
eso le parece mal, me permitirá que le recuerde que España padece
sanciones por sobrepesca de caballa que han sido el resultado de la
incompetente y negligente gestión socialista, de la que entonces también
deberíamos hablar. Su política de control pesquero consistió en dejar
hacer y mirar hacia otro lado. Incluso en el traspaso de poderes no se
informó al Gobierno de las multas comunitarias, ni a nivel ministro ni a
nivel secretario general de pesca, pese a que se conocían estas sanciones
desde noviembre de 2011.


Senador Fidalgo, tenemos que loar la acción del Gobierno,
no queda más remedio. Sus acciones han sido encaminadas a aclarar el
exceso de pesca y a atenuar el impacto de la sanción, un impacto para un
sector que ya soportaba multas por sobrepesca en 2010. Por eso, quisiera
destacar que las buenas prácticas del Gobierno Rajoy en el desarrollo de
una pesca responsable y sostenible están logrando por fin el punto de
equilibrio. Prueba de ello es que actualmente las poblaciones de merluza
y otras especies capturadas por la flota española en Gran Sol han
alcanzado el nivel de rendimiento máximo sostenible, mientras que en
aguas comunitarias de otras pesquerías, como la del bacalao, explotadas
principalmente por países del norte de Europa, que poco o nada han hecho
para reducir sus capacidades de pesca, están incluso por debajo de sus
niveles biológicos.


Agradezco a todos los grupos que hayan sabido entender las
posibilidades que ofrece el sistema de transferencia de cuotas
individuales por especie entre las empresas que se pretende desarrollar y
que, por tanto, habrá tiempo de estudiar y matizar con detalle. Les
agradezco su apoyo a esta moción.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Larriba.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación
a la moción del Grupo Parlamentario Popular firmada por todos los grupos
parlamentarios, salvo el Grupo Parlamentario Mixto.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 217; en contra, 1;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)


6. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


6.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
PUBLICACIÓN DE LAS BALANZAS FISCALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL.


(Núm. exp. 671/000109)


AUTOR: GPCIU


El señor presidente da lectura a los puntos 6 y 6.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de
interpelación se han presentado tres enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Bel, por tiempo de cinco minutos. (Rumores.)


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.


Bé, aquesta moció és una moció que entenc que aixeca
passions entre moltes de les seves senyories. (La senyora vicepresidenta,
Vicente González, ocupa la presidència.) Però és que és una moció que
simplement el que tracta és de fer complir uns acords que ja són acords
parlamentaris. (Rumors.)









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Entiendo que esta moción no levante pasiones entre muchas
de sus señorías. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la
Presidencia.) Sin embargo, trata sencillamente de obligar a cumplir unos
acuerdos, que son acuerdos parlamentarios. (Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías,
guarden silencio, por favor.


El señor BEL ACCENSI: Gràcies, presidenta, moltíssimes
gràcies.


Intentava explicar que, precisament, la moció és molt
senzilla. És tan senzilla com que, simplement, planteja tres qüestions.
Dues d’elles ja estan aprovades per aquesta cambra i també pel
Congrés de Diputats. El que planteja és, primer, que s’insta el
Govern a valorar positivament la publicació de les balances fiscals, i
que les dades que aporten aquestes balances fiscals siguin dades
importants a l’hora de prendre decisions d’assignació de
recursos públics. Alhora, que s’actuï en les polítiques de
desigualtat que puguin haver-hi a l’Estat espanyol.


La segona ja no és valorar, sinó que l’Institut
d’Estudis Fiscals, d’acord… (Rumors.)


Muchas gracias, señora presidenta.


Intentaba explicarles que esta moción es muy sencilla, tan
sencilla como simplemente plantear tres cuestiones, dos de las cuales ya
fueron aprobadas por esta Cámara y también por el Congreso de los
Diputados. Así, lo que plantea es, en primer lugar, instar al Gobierno a
valorar positivamente la publicación de las balanzas fiscales y que los
datos que aportan dichas balanzas fiscales sean datos importantes a la
hora de tomar decisiones de asignación de recursos públicos; y, al mismo
tiempo, poder actuar con ellos en las políticas de desigualdad que puedan
producirse en el Estado español.


En segundo lugar, ya no se trata de valorar sino de que el
Instituto de Estudios Fiscales…(Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías,
guarden silencio o salgan del hemiciclo.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, señora presidenta.


Jo puc entendre i puc comprendre que no sigui un tema sobre
el qual algunes de les seves senyories estiguin extremament
sensibilitzats, ho entenc, però també m’han d’entendre a mi
que vulgui explicar el motiu de la moció, malgrat ja va quedar bastant
palès en la intervenció de fa quinze dies.


Deia que el segon punt el que pretén és que sigui
l’Institut d’Estudis Fiscals qui elabori d’acord amb
una metodologia ja contrastada, d’acord amb una metodologia ja
aprovada per una comissió d’experts que es va constituir al mateix
Institut d’Estudis Fiscals amb la participació de diferents
catedràtics de sis universitats diferents de cinc comunitats autònomes
diferents i d’experts també de l’Administració central. El
que es tractaria és que els acords parlamentaris successius del 2006, del
2008, es complissin, i que es publiquessin aquestes balances fiscals. Que
es fes amb la metodologia aprovada i, dins d’ella, s’hi
reconeixien dos mètodes: el de càrrega-benefici i el de flux monetari.
Igual com es van publicar el 2008 amb referència a 2005 per part de
l’Institut d’Estudis Fiscals, també es publiquessin
anualment. I si, a més a més, perquè el Govern, perquè el ministre,
perquè una part d’aquesta cambra que no s’ha expressat o
d’una altra cambra que no s’hagi expressat creu necessari que
es publiquin d’acord amb una altra metodologia o alguna alternativa
a les balances fiscals com són els comptes públics territorialitzats,
nosaltres no hi tenim cap inconvenient, però el que demanem és que la
metodologia que es va aprovar es respecti i es publiqui. I ningú ha de
tenir por dels resultats.


Mirin, els resultats després cadascú en farà la seva
interpretació, i si Catalunya té un dèficit fiscal de 16 000 milions ho
farem d’afrontar. El que no podem fer és amagar-ho. El que no podem
fer és no discutir-ho, ignorar-ho. Però, en tot cas, ho hem de publicar.
També té una tercera part, que és que, simplement, el que ha fet el
Govern per a aquest exercici es faci per als successius, és a dir, que
anualment es publiquin les dades base que han de servir perquè, qui
cregui convenient —siguin experts universitaris, siguin membres
d’alguna comunitat autònoma, sigui el mateix Institut
d’Estudis Fiscals, que és el que nosaltres reclamem— també
pugui elaborar anualment les balances fiscals d’acord amb la
metodologia aprovada segons un mandat parlamentari, el del Congrés i el
del Senat.









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Aquesta és una moció que és molt neutra, no hauria de
generar cap dificultat i hauria de tenir la possibilitat de ser aprovada
com havien estat aprovades en anteriors ocasions amb una àmplia majoria.
L’hem fet sense cap càrrega política. Per tant, els demano el seu
vot favorable a aquests acords que ja prèviament havia pres el Senat i el
Congrés en consideració.


Moltes gràcies.


Gracias, señora presidenta.


Puedo comprender que no sea un tema sobre el que algunas de
sus señorías se sientan extremadamente sensibilizadas, pero también deben
ustedes entender que desee explicar el motivo de la moción, a pesar de
que quedó de manifiesto en la interpelación de hace quince días.


Como decía, el segundo punto lo que pretende es que sea el
Instituto de Estudios Fiscales el que elabore, de conformidad con una
metodología ya contrastada, ya aprobada por una comisión de expertos
constituida en el mismo Instituto de Estudios Fiscales, con la
participación de distintos catedráticos de seis universidades distintas,
de cinco comunidades autónomas distintas, así como de expertos de la
Administración central. Se trataría de que los acuerdos parlamentarios
sucesivos de 2006-2008 se cumplieran, y que dichas balanzas fiscales se
publicaran siguiendo la metodología aprobada, y dentro de ella se
reconocían dos métodos: el método carga-beneficio y el método de flujo
monetario. Del mismo modo que se publicaron en el año 2008 en referencia
al 2005 por parte del Instituto de Estudios Fiscales, también se
publicara con carácter anual, y si además, el Gobierno, el ministro o
parte de una Cámara u otra Cámara, que no se ha expresado, considera
necesario que se publiquen de acuerdo con otra metodología o una
alternativa a las balanzas fiscales, como son las cuentas públicas
territorializadas, nosotros no tenemos ningún inconveniente, pero lo que
solicitamos es que la metodología que se aprobó se respete y se publique.
Y nadie debe tener miedo a los resultados.


Luego, cada uno va a hacer la interpretación que quiera
sobre los resultados. Si Cataluña tiene un déficit fiscal de 16 000
millones, vamos a tener que afrontarlo; lo que no podemos hacer es
esconderlo, lo que no podemos hacer es no discutirlo, no podemos
ignorarlo; en todo caso, debe publicarse. Y también tiene una tercer
parte, que sencillamente es que lo que ha hecho el Gobierno para este
ejercicio se haga también para los ejercicios sucesivos; es decir, que de
forma anual se publiquen los datos base que deben servir para que quien
lo considere oportuno —expertos universitarios o miembros de alguna
comunidad autónoma o el mismo Instituto de Estudios Fiscales, que es lo
que nosotros reclamamos— pueda elaborar con carácter anual las
balanzas fiscales siguiendo la metodología aprobada según un mandato
parlamentario; mandato parlamentario del Congreso y mandato parlamentario
del Senado.


Esta es una moción muy neutra. No debería generar ningún
tipo de dificultad y debería contar con la posibilidad de ser aprobada
como se ha hecho en anteriores ocasiones, con una amplia mayoría. La
hemos presentado sin ningún tipo de carga política. Así que pido su voto
favorable a estos acuerdos que ya se habían tomado previamente en el
Senado y que en el Congreso también se habían tenido en
consideración.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Para la
defensa de las enmiendas, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias.


Acogiéndome a las palabras del senador Bel, puesto que esta
moción no tiene ninguna carga política, sino que fundamentalmente se
trata de ver si hay una distribución fiscal equitativa, yo proponía que a
su iniciativa del conocimiento de las balanzas fiscales se le hiciera a
su vez un seguimiento de los índices de desigualdad social, que parece lo
más pertinente. Más que en las balanzas fiscales en realidad, porque hace
referencia a cuestiones territoriales que tienen poco que ver con la
igualdad social, deberíamos insistir, precisamente, en ver cuál es la
evolución de la igualdad social. La igualdad social ha sufrido un
deterioro tan evidente en los últimos años que requeriría unas
intervenciones contundentes del Gobierno y de esta y de la otra Cámara
parlamentaria española. Quiero decir que en los últimos tiempos es
bastante evidente que los índices de Gini, que tradicionalmente hacen
referencia a los más pobres en relación con los más ricos, han aumentado
extraordinariamente en España, hasta tal nivel que en la última de las









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publicaciones de la ONG Intermon-Oxfan, conocida por todos,
hacía referencia a que España se había convertido en el segundo país más
desigual de Europa. Lógicamente eso nos debería preocupar mucho más,
entiendo yo, que lo que propone el senador en el debate de su última
interpelación con el ministro de Hacienda. Se trata fundamentalmente de
buscar la equidad fiscal, no se trata de poner de manifiesto que unas
comunidades pagan más que lo que reciben, porque eso es una cosa normal.
Cuando estamos en un proyecto común en general, hay ciudadanos que pagan
más de lo que reciben para que otros ciudadanos reciban más de lo que
pagan, porque el proyecto común significa fundamentalmente la igualdad de
oportunidades entre todos los ciudadanos. Y hacer el descubrimiento de
eso o ponerlo en evidencia, que es lo que pretende el senador con la
publicación de las balanzas fiscales, no sería ninguna novedad. Todo el
mundo sabe perfectamente que hay quien paga más de lo que recibe para que
haya quien reciba más de lo que paga, porque eso, insisto, es el proyecto
común que tenemos todos los ciudadanos en este país actualmente, salvo,
al parecer, los miembros de Convergència i Unió, que son los que parece
que no pueden admitir esta enmienda.


En consonancia con esto, lamentablemente nosotros tendremos
que tomar otra posición, si de lo que se trata no es de buscar la
igualdad, sino de buscar la confrontación, que no debería ser el elemento
que inspirase nuestra conducta, y menos en la situación en que se
encuentra el Gobierno catalán últimamente.


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Para indicar si acepta las enmiendas presentadas, tiene la
palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Gràcies, presidenta.


Intentaré fer-ho breument. Senyor Lerma, a mi
l’aportació no em pareix descabellada. Jo crec que seria raonable
que un estat modern, que un estat homologat al segle XXI, tingués una
publicació fixada, homogènia, dels índexs de desigualtat, efectivament.
Però aquesta no és la qüestió d’aquesta moció i, per tant, ja li he
avançat que nosaltres no acceptarem aquesta esmena, però és més, ja
l’hi he dit personalment i ara l’hi ratifico des de la
tribuna, nosaltres entenem que un estat modern ha de tenir estos índexs
publicats i, si no els té, ho hem de fer possible. I si vostès no
presenten una moció o una interpel·lació al respecte durant sis mesos,
nosaltres ho farem, perquè ara aquí parlem de balances fiscals i la
interpel·lació al ministre va ser de balances fiscals. El que pretenem
amb aquesta moció simplement és que es compleixin uns acords que van ser
votats també pel Grup Socialista. En el debat d’investidura de 2008
el president Zapatero els va fer seus i s’hi va comprometre a
publicar-los anualment. Els va publicar el 2008 en relació amb el 2005 i
després no els va publicar.


Per tant, no és qüestió que es vulgui utilitzar o que
Catalunya no vulgui ser solidària o aportar més que altres regions. Jo
crec que això no ho ha dit ningú a Catalunya, no ho ha defensat cap força
política, ni una. Sempre s’ha dit que entenem que també ha
d’haver-hi una quota de solidaritat interterritorial. És evident.
Ara, a nosaltres ens pareix absurd que aquesta quota de solidaritat
interterritorial assoleixi el 8% del PIB, quan en cap regió del món
supera el 4% del PIB. I, si el que fa por a l’Estat espanyol és que
aquestes dades quedin reflectides, llavors evidentment hi ha un problema,
però no és del Govern català, no és de Catalunya, sinó que és del conjunt
de l’Estat espanyol. No hem de tenir por a veure quines són les
dades.


És més, nosaltres diem que només calculi l’Institut
d’Estudis Fiscals les balances fiscals amb el mètode de flux
monetari? No. Què diem? Calculin d’acord amb la metodologia
aprovada de flux monetari i calculin amb la càrrega-benefici, i després
ja cadascú farà la interpretació que hagi de fer. Ara, en estos moments,
el Partit Popular, el ministre, va tenir diferents opinions, primer va
dir que no ho va publicaria, després va dir que sí que ho publicaria, a
la interpel·lació no va dir ni una cosa ni l’altra, avui quedarà en
evidència quin és el plantejament del Partit Popular, però entenc que el
Partit Socialista no hauria de tenir absolutament cap problema.


Pel que fa a l’índex de desigualtat, li he dit que hi
estem absolutament d’acord. Miri, Catalunya —vostè pot entrar
a la pàgina web de l’Idescat— publica anualment índexs de
desigualtat i ho fa un organisme oficial, l’Idescat. Ho publica i
ho posa en evidència, no només publica l’índex Gini, que també,
sinó el 80/20, i jo estic d’acord que en un estat europeu
modernitzat no solament els organismes europeus haurien de fer la
publicació d’aquest índex, sinó que es constituís també









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—podria ser l’Institut d’Estudis Fiscals
un bon lloc— una comissió d’experts que determinés, igual com
a les balances fiscals, una metodologia amb què tothom pogués sentir-se
còmode i que publiqués anualment el resultat. Coincidiríem que,
segurament, estos índexs de desigualtat s’han incrementat els
últims anys. També veuríem que, fins i tot en anys de bonança econòmica,
aquests índexs van continuar incrementant-se, malgrat que després van
tenir un retrocés afortunadament.


Però jo crec que no té res a veure la moció conseqüència
d’interpel·lació sobre balances fiscals amb relació a un tema que,
ja l’hi dic, si vostès no porten a aquesta cambra en un termini
prudencial, atès que han tingut la iniciativa a través d’aquestes
esmenes, el nostre grup parlamentari farà una interpel·lació o presentarà
una moció perquè sigui possible, perquè és lamentable que després de 30
anys de democràcia cap govern espanyol hagi implementat un sistema per
tenir aquests índexs. En això sí que coincidim, senyor Lerma.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Voy a intentar ser breve. Señor Lerma, a mí la aportación
no me parece descabellada. Yo creo que sería razonable que un Estado
moderno, un Estado homologado en el siglo XXI tuviera una publicación
fijada, homogénea, de los índices de desigualdad. En efecto, pero esta no
es la cuestión de esta moción. Así pues, ya le he avanzado que nosotros
no vamos a aceptar esta enmienda. Es más, se lo he dicho antes
personalmente y ahora se lo ratifico desde la tribuna: nosotros
entendemos que un Estado moderno debe tener estos índices publicados y,
si no los tiene, debemos hacer lo posible. Si ustedes no presentan una
moción o una interpelación al respecto en seis meses, nosotros lo vamos a
hacer, porque nosotros estamos hablando aquí de balanzas fiscales, la
interpelación al ministro fue sobre balanzas fiscales. Lo que pretendemos
con esta moción es sencillamente que se cumplan unos acuerdos que fueron
votados también por el Grupo Socialista y que en el debate de investidura
del año 2008 el presidente Rodríguez Zapatero hizo suyos, se comprometió
en el debate de investidura a que se publicaran anualmente. Se publicó en
el año 2008 en relación al año 2005, y luego no se publicó más.


Por lo tanto, no se trata de querer utilizar o de que
Cataluña no quiera ser solidaria o de que Cataluña no desee aportar más
que otras regiones. Yo creo que esto no lo ha dicho nadie en Cataluña, no
lo ha defendido ninguna fuerza política, ni una. Siempre se ha dicho que
entendemos que también debe haber una cuota de solidaridad
interterritorial, es evidente. Ahora bien, a nosotros nos parece absurdo
que esa cuota de solidaridad interterritorial alcance el 8% del PIB,
cuando en ninguna región del mundo supera el 4% del PIB. Si lo que genera
miedo al Estado español es que estos datos queden reflejados, entonces,
evidentemente tenemos un problema, pero el problema no es del Gobierno
catalán, el problema no es de Cataluña, el problema es del conjunto del
Estado español. No debemos tener miedo a ver los datos.


Es más, ¿nosotros decimos que tan solo el Instituto de
Estudios Fiscales calcule las balanzas fiscales siguiendo el método de
flujo monetario? No. ¿Qué decimos nosotros? Que lo calcule siguiendo la
metodología aprobada, el flujo monetario, y también el método de
carga-beneficio. Y luego, cada uno va a realizar la interpretación que
deba hacer. Pero el ministro tuvo distintas opiniones: primero dijo que
no las iba a publicar, luego dijo que sí las iba a publicar; en la
interpelación no dijo ni lo uno ni lo otro; hoy va a quedar en evidencia
cuál es el planteamiento del Partido Popular, pero entiendo que el
Partido Socialista no debería tener ningún tipo de problemas.


Índice de desigualdad. Se lo he dicho, absolutamente de
acuerdo. Cataluña —usted puede entrar en la página web del
Idescat— publica anualmente índices de desigualdad —el
Idescat es un organismo oficial— y pone en evidencia los datos; no
solo publica el índice Gini, que también, sino el 80/20. Yo estoy de
acuerdo en que en un Estado europeo modernizado no tan solo los
organismos europeos deberían realizar esa publicación del índice, sino
que se constituyera también —podría ser el Instituto de Estudios
Fiscales un buen organismo— una comisión de expertos que
determinara, del mismo modo que se hace con las balanzas fiscales, una
metodología en la que todo el mundo pudiera sentirse cómodo, y que esa
metodología publicara anualmente cuál es el resultado. Coincidiríamos en
que seguramente esos índices de desigualdad se han incrementado en los
últimos años. También veríamos que incluso en años de bonanza económica
esos índices siguieron incrementándose, a pesar de que posteriormente
tuvieran un repunte, afortunadamente.









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Yo creo que no tiene nada que ver la moción consecuencia de
interpelación sobre balanzas fiscales con un tema que, ya se lo avanzo,
si ustedes no aportan a esta Cámara en un plazo prudencial, dado que han
tenido la iniciativa mediante esta enmiendas, mi grupo parlamentario va a
realizar o una interpelación o va a presentar una moción para que sea
posible, porque es lamentable que, después de treinta años de democracia,
ningún Gobierno español haya implantado un sistema para obtener estos
índices. En esto sí coincidimos, señor Lerma.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias.


Turno en contra.


Tiene la palabra el senador Utrera.


El señor UTRERA MORA: Gracias, señora presidenta.


Señoras, señores senadores, estamos ante una moción que se
nos presenta desde un punto de vista muy técnico, aunque en realidad el
debate no es técnico ni mucho menos, y las implicaciones que se tratan de
sacar de los resultados de un estudio o pseudoestudio o cuasi estudio
académico sobre los saldos, las diferencias que se producen entre
ingresos y gastos según los territorios, la verdad es que han ido mucho
más lejos de quienes idearon hace ya bastante años las ideas sobre los
flujos interterritoriales de financiación pública; desde luego, en España
los hemos superado pero con mucho, los hemos pasado pero con mucho.


El objetivo de la moción es prácticamente irrelevante. Por
un lado, que hay que ser transparente, ya lo sabemos. Como hay que ser
transparente, hay que publicar balanzas fiscales. Bien, luego le
mencionaré la cuestión de la oficialización o no de esos datos. En
segundo lugar, que hay que publicarlas anualmente y, además, de acuerdo
con una metodología que se determinó en el año 2006, y ha de ser
necesariamente con esa metodología. Eso también es algo paradójico porque
entenderá usted, señor Bel, y todos los senadores del grupo proponente de
la moción, que las metodologías van cambiando con los tiempos y que
pueden evolucionar a mejor, si ese es el caso, pues es mejor aplicar la
más adecuada que la más anticuada. Y, en tercer lugar, que se publiquen
los datos de base, que precisamente ha publicado el Gobierno hace unos
días por primera vez. Por tanto, que haga el Gobierno lo que ya está
haciendo. Eso es lo que dice la moción en apretada síntesis.


En la cronología de acontecimientos, el otro día en la
interpelación el senador Bel hacía referencia a unos cuantos hitos que se
han producido en esta cuestión de las balanzas fiscales. Concretamente en
el año 2004 una proposición no de ley —en el Senado nosotros la
llamamos moción— aprobada en el Congreso de los Diputados. Año
2006, la metodología de los expertos para la base de cálculo de las
balanzas fiscales. Año 2008, la publicación de las balanzas fiscales, es
decir, de los saldos interterritoriales en relación con el presupuesto
del Estado —los gastos del Estado— correspondientes al año
2005. Y, después, ya en cronología más reciente, en días, hablaba de unos
actos del Partido Popular en Barcelona, de una exposición de expertos en
Gerona, etcétera.


Pues bien, en esa exposición metodológica a usted se le
olvidó una referencia que para mí es muy importante, quizá la más
importante desde el punto de vista conceptual, no mecánico, no de cálculo
de datos, pero sí conceptual. Fue una interpelación que tuvo lugar en el
Congreso de los Diputados en el año 2007. Entonces el ministro era
Solbes, entonces gobernaba el Partido Socialista con el apoyo de ustedes,
y en esa interpelación quedaban dos cosas muy claras: por un lado, las
intenciones de quien formulaba la interpelación y, por otro lado, las
dudas y preocupaciones del que entonces era ministro de Economía y
vicepresidente del Gobierno, señor Solbes. Las intenciones se
manifestaban con ocasión de ese debate —interpelación mes de julio
2007— en dos elementos esenciales.


En primer lugar, se decía que la no publicación de las
balanzas fiscales, en cuanto que suponía una merma de transparencia,
corroía intensamente —y el verbo corroer es literal— la
democracia española. Y, en segundo lugar, que aun sin estar publicadas
todavía las balanzas fiscales oficiales —ciertamente, las
universidades y algunos Gobiernos autonómicos tienen sus estimaciones,
pero no son oficiales—, como digo, sin estar aún publicadas en el
año 2007, año anterior a 2008, en el que se publican las balanzas
fiscales 2005, ya se hablaba de expolio fiscal, 18 000 millones
—entonces se valoraba en esta cifra—, entre un 10 y un 11%
del producto interior bruto, que usted









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ahora ha rebajado a algo más del 8% del producto interior
bruto. Y, claro, se decía que eso era demasiado, que hasta un puntito se
podía llegar, pero solo hasta un puntito y a partir de ahí la solidaridad
interterritorial no debe existir.


De ese catálogo de intenciones, el señor Solbes manifestaba
entonces dos preocupaciones. Por una parte, decía que no había
precedentes de publicación oficial de balanzas fiscales en ningún lugar
del mundo. Y, por otra, que la metodología era muy complicada, que exigía
supuestos muy complejos y que los resultados tenían que ser interpretados
de manera académica, porque si esos resultados se utilizaban como se
utilizaron, inmediatamente después de publicadas las balanzas fiscales,
para no solamente reafirmar el expolio, sino para empezar a hablar...


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.


El señor UTRERA MORA: Sí, termino, señora presidenta.


...para decir, avanzando en el debate, que España nos roba,
entonces hemos hecho un pan como unas tortas. Es decir, un instrumento
que debería servir para mejorar nuestro conocimiento de las relaciones
financieras entre el Estado y los distintos niveles subcentrales de la
Administración, el regional y el local, se ha convertido en un motivo de
conflicto, de cuita, de agravio, que en manos de profesionales del
victimismo se convierte en un elemento más —hay otros— de
conflicto que hay que explotar.


Por tanto, nos oponemos a esta moción y luego, en
portavoces, si quiere, le explico algunos elementos más del porqué de
esta oposición.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra la senadora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gràcies, presidenta.


Bé, voldria manifestar el nostre vot favorable a la moció,
tot i que des d’Esquerra Republicana considerem que el tema de les
balances fiscals és un marc mental irreal ja superat. I real, dic real.
És evident que el dèficit fiscal català existeix, l’espoli, malgrat
que algú s’ha entossudit que no hi és, que li diguin com vulguin,
però existeix, és una realitat. Com també existeix, o existia, un mètode
de càlcul ja pactat i que va servir al seu dia per poder publicar les
balances fiscals. I existia també un acord parlamentari amb relació a com
s’havia de calcular i com havien de fer palesa aquesta
situació.


I la realitat és tossuda, i ens diu que hi ha un dèficit
fiscal, que Catalunya pateix un dèficit estructural del 8% difícil de
negar, tot i l’entestament del ministre Montoro, d’algun
altre, del Govern de l’Estat i que algun altre exministre de
diferent signe polític també nega. Ara, des d’Esquerra Republicana
de Catalunya, ja fa temps que hem deixat de creure en les promeses que
fan alguns.


En tot cas, vull constatar que a Catalunya de forma
majoritària també la posició respecte a les balances fiscals és la que
és. I, per tant, també la ciutadania de forma majoritària ha superat
aquest debat. El que està fent en aquests moments una gran part de la
ciutadania de Catalunya, que esperem que sigui majoritària, és
preparar-se per votar el 9 de novembre, els agradi o no els agradi a
alguns. En tot cas, mentrestant el Govern de l’Estat que faci el
que cregui que ha de fer o cregui convenient per treballar per negar la
realitat que existeix en una part del territori que actualment forma part
d’un estat, però que, com deia o diu algú, la realitat és molt
tossuda i se’ns presenta com és.


Per tant, en el sentit que he expressat a l’inici de
la meva intervenció, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció.


Gracias, presidenta.


Me gustaría manifestar nuestro voto favorable a la moción,
aunque en Esquerra Republicana consideramos que el tema de las balanzas
fiscales es realmente un marco mental y real ya superado. Es evidente que
el déficit fiscal catalán existe. El expolio, a pesar de que algunos
decían que no existe, pueden cambiarle el nombre pero existe, es una
realidad. También existe o existía un método de cálculo ya pactado que
sirvió en su día para poder publicar las balanzas fiscales. Y también
existía un acuerdo parlamentario relativo a cómo debía calcularse y cómo
debíamos manifestar dicha situación.









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La realidad es testaruda y nos dice que Cataluña padece un
déficit estructural del 8%, difícil de negar a pesar del empecinamiento
del ministro Montoro, y de otros, como el Gobierno, el Estado, o de algún
exministro de distinto signo político. En Esquerra Republicana de
Catalunya hace tiempo que hemos dejado de creer en las promesas que hacen
algunos.


En todo caso, me gustaría constatar que en Cataluña, de
forma mayoritaria, también la posición respecto a las balanzas fiscales
es la que es. Por lo tanto, la ciudadanía de forma mayoritaria también ha
superado ese debate. Lo que está haciendo en este momento gran parte de
la ciudadanía de Cataluña, y esperamos que sea la mayoría, es prepararse
para votar el 9 de noviembre, les guste o no a algunos. En todo caso,
mientras tanto, el Gobierno del Estado que haga lo que considere que debe
hacer, lo que crea conveniente, que al parecer es negar la realidad que
existe en una parte del territorio que actualmente forma parte de este
Estado. Pero, como ha dicho alguien, la realidad es muy testaruda y se
nos presenta tal y como es.


Así pues, conforme al sentido expresado al principio de mi
intervención, nosotros vamos a votar a favor de la moción.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Bai, egun on, jaun-andreak.


Nik uste dut lehenengo gauza ikusi behar duguna dela hemen
dagoela datu garbi eta objektibo bat, eta da lehenago Bel senatariak
aipatu duen adostasuna edo akordioa. Eta hau ezin dugu ahaztu. Alegia,
2004an lortu zen adostasun bat Diputatuen Kongresuan, eta horren baitan
balantza fiskalen inguruan urtero argitaratu beharreko agindu bat jaso
da. Zer gertatzen da? Hori ez zela bete aurreko legealdian eta ez dela
bete ezta ere legealdi honetan. Aurreko legealdian —esan beharra
dago—, 2009an argitaratu zen, baina argitaratu zen 2005eko datuekin
eta, noski, ez da jarraitu orduan Legebiltzarrean onartutakoarekin.


Interpelazioan, nire ustez edo gure ustez, Montoro
ministroak bi gauza ahazten ditu: bat eta lehenengoa, ez zituela
balantzak publikatu; eta bigarrena, eta guretzat eztabaidagarriena edo
bere jarrera azaltzen duena, unilateralki kuestionatu zuela kalkulurako
metodologia, hautsiz edo puskatuz ordu bitarte lortu zen adostasuna. Gure
iritziz, aldatu nahi baldin badira, zehaztu nahi baldin badira, garatu
nahi baldin badira momentu honetan ari ginen bezala, edo modernizatu nahi
baldin badira kalkulurako tresnak, bueno, alda daitezela, baina bueltatu
daitezela Legebiltzarrera, 2004an bezala. Alegia, jar ditzatela
eztabaidagai.


Egun dagoen giro politikoarekin, debate hau berriro atera
da, eta guk, talde bezala, ez daukagu inongo eragozpenik hori horrela
izan dadin. Guk bakarrik hiru gauza eskatzen ditugu: bat, gardentasuna;
bi, zuhurtzia; eta hiru, eta hau ere oso inportantea, adostasuna edo
kontsentsua.


Aldi berean, esan beharra dago Estatuan
finantzazio-sistemak, denok dakigun bezala, oso ezberdinak direla: daude
erkidego orokorren finantzazioa, eta gero badago beste bat, bai Euskadin
eta bai Nafarroan ematen dena. Hau ere egoera onartu beharrekoa edo bizi
beharrekoa da, eta gestionatu beharra dagoena. Jakina, bai Euskadin eta
bai Nafarroan oinarri juridikoa oso ezberdina da: eskubide historikoetan
oinarria bilatzen duena, bai Konstituzioan eta bai estatutuetan nolabait
bilatzen duena bere atxikipena, lortuz Kontzertu Ekonomikoa eta
Nafarroako Hitzarmena aurrera ateratzea.


Kasu honetan sinatu berria dugu Euskadin Kontzertu
Ekonomikoa hurrengo bost urteetarako, eta momentu honetan esan beharra
dago daukagula mahai gainean kezka bat. Montoro ministroa orain dela
gutxi Getxon egon zen, eta horrek pixka bat harritu gintuen, adierazi
baitzuen, alde batetik, Kupoa ez zela negoziatuko hurrengo udazkena
bitarte. Horrek kezka sortu zigun, azken finean atzerapen handia eta
dezentea daramagulako. Bestetik, guk ez daukagu inongo arazorik, berak
zioen bezala, beste autonomien finantzazioarekin batera joan ahal
izateko, edo paraleloki, baina kontuz, ezberdinduz gauza bat dela
finantzazio autonomiko orokorra edo komuna, eta beste bat, gure egoera.
Baldin eta oinarri hori errespetatzen baldin bada eta baldin eta oinarri
hori garatzen bada, guk ez daukagu inongo zalantzarik eta inongo
arazorik.


Bakarrik eskatuko genuke Kupoa udazkenean izan beharrean
lehenbailehen izatea.










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Nik uste dut gure postura garbi gelditzen dela. Zentzu
horretan, Alderdi Popularrari eskatu beharko litzaioke lehenago esan
duguna: aldatu nahi baldin bada adostasunen bat, adostasun hori beste
adostasun batekin alda dadila.


Eskerrik asko.


Buenos días, señorías.


Considero que lo primero que debemos ver es un dato claro y
objetivo —y me refiero al acuerdo o consenso que antes ha
mencionado el senador Bel, que no podemos olvidar—, y es que en
2004 se alcanzó un consenso en el Congreso de los Diputados, un acuerdo
respecto a la obligatoriedad de publicar las balanzas fiscales con una
periodicidad anual. Lo que ocurre es que ese acuerdo no se ha cumplido ni
en la anterior legislatura ni en esta. Bueno, en la anterior legislatura,
en concreto en el 2009, sí se publicaron pero con datos referidos al
ejercicio de 2005, pero este acuerdo aprobado en el Congreso no tuvo
continuidad.


Creemos que en la interpelación el señor Montoro obvió dos
cuestiones: Por una parte, el hecho de no haber publicado las balanzas y,
por otra —y es lo más polémico en nuestra opinión o lo más
indicativo de su postura—, que unilateralmente cuestione la
metodología de cálculo acordada; es decir, viola o vulnera el acuerdo
alcanzado hasta entonces. En nuestra opinión, si se quieren modificar,
desarrollar, concretar o incluso modernizar los instrumentos de cálculo,
que así sea, pero estas cuestiones han de volver al Parlamento en
posición de ser debatidas.


En este ambiente político este debate vuelve a surgir y
nuestro grupo no tiene ninguna objeción, tan solo solicitamos tres cosas:
Por una parte, transparencia, por otra, prudencia y, en tercer lugar
—y es muy importante—, consenso.


También cabe decir que los sistemas de financiación son muy
diversos en el Estado, tal y como todos sabemos. Están las comunidades
autónomas del régimen común y, por su parte, el régimen de Euskadi y de
Navarra. Esta situación la debemos aceptar, y gestionar en base a ello.
Tanto en Euskadi como en Navarra la base jurídica es muy diferente, pues
tiene su fundamento jurídico en los derechos históricos de ambas
comunidades, reconocidos por la Constitución y sus respectivos estatutos
de autonomía, que establecen para cada comunidad un mecanismo de
financiación propio que se desarrolla sobre la base del pacto o relación
bilateral.


En Euskadi en este caso se ha aprobado recientemente con el
Gobierno central el Concierto Económico que estará vigente en los
próximos cinco años. Queda por cerrar la revisión del cupo, lo cual nos
preocupa, pero hay que tener cuidado con mezclar ambos temas. Nosotros no
ponemos objeción a ir en paralelo o con otras comunidades autónomas, pero
siempre teniendo en cuenta estas diferencias que mencionaba respecto del
régimen común de las demás comunidades autónomas y el régimen propio de
Euskadi y Navarra.


Solo pediríamos que este cupo se debatiera cuanto antes en
vez de hacerlo el próximo otoño. Creo que nuestra postura ha quedado
clara y me gustaría solicitar al Grupo Parlamentario Popular que, si
quiere modificar o reformar un acuerdo, lo haga a través de otro.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Senyora presidenta,
senyories.


Novament parlem de les balances fiscals en aquesta cambra.
En aquesta legislatura la veritat és que ho hem fet de forma tangencial,
en altres legislatures sí que va ocupar, va omplir pàgines del Diari de
Sessions. El desencadenant, de fet, ha estat l’anunci per part
d’un membre del Govern en un fòrum partidari de la nova metodologia
per a la construcció d’un sistema de comptes públics
territorialitzats, elaborat per un equip pluridisciplinari dirigit per un
membre de l’Institut d’Anàlisi Econòmica del CSIC des de
l’òptica càrrega-benefici.


Res a objectar a aquest estudi per part nostra, perquè
aportarà més informació entre altres coses per conèixer els diferents
fluxos de recursos que paguen les persones físiques i jurídiques de les
diferents comunitats autònomes en forma de càrrega impositiva a
l’Estat i dels fluxos que reben, o rebran, en forma de flux
monetari o de béns i serveis que reverteixen també en cadascun









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dels territoris. Serà una informació molt valuosa, però no
substitueix la que faciliten les balances fiscals, tot i que segurament
ajudarà també a la seva confecció.


També seria interessant l’elaboració i publicació
dels índexs de desigualtats, com demanava el portaveu socialista, el
senyor Lerma. Les balances fiscals s’elaboraven
—oficiosament, és veritat, no hi ha un organisme, ni
l’executiu ni el legislatiu les valida en cap país— en molts
països federals o descentralitzats, i aporten informació en les seves
diferents variants, com aquí s’ha dit, de flux monetari o de
càrrega-benefici, neutralitzades o no neutralitzades. Donen resultats
diferents perquè també responen a preguntes diferents, i no n’hi ha
una de bona i tres de dolentes, els quatre resultats o variants donen
informació. El problema és per a què es volen utilitzar i qui les
utilitza.


Jo crec que en el nostre cas han de servir per facilitar
informació i elements, entre altres coses, per ajudar conjuntament amb
altres factors a reformar l’actual sistema de finançament. Un
sistema que, cal recordar, s’ha de revisar aquest any en els seus
paràmetres més importants i comprèn la llei vigent de 2009. Òbviament, a
mi em preocupa que, en aquests moments i a hores d’ara del
calendari, el Govern no estigui negociant els paràmetres del sistema de
finançament amb les comunitats autònomes, perquè si bé el sistema vigent
va comportar més equitat, el resultat deixa de ser satisfactori a la
vista dels resultats obtinguts. No es pot mantenir una situació en què
els ciutadans d’algunes comunitats autònomes contribueixin per
sobre de la mitjana i rebin per sota de la mitjana, o a l’inrevés.
La solidaritat, absolutament necessària en un sistema com el nostre, no
pot convertir en més ric qui la rep que qui la practica. Aquest és el
veritable debat, no el de les balances fiscals o el sistema de comptes
territorialitzats, que no deixen de ser instruments facilitadors
d’informació, però que evidentment no determinen ni haurien de
fer-ho el resultat del sistema.


Nosaltres votarem favorablement la moció. Benvingut sigui
el nou sistema de comptes territorialitzats, però elaborem també les
balances fiscals en les seves quatre variables, entre altres coses perquè
existeix també com diu la moció un mandat parlamentari no revocat perquè
això es faci. I, sobretot, malgrat que això no figura a la moció, instem
també el Govern a començar la negociació del nou sistema de finançament.
Jo crec que això és el que preocupa de manera molt singular tots els
governs de diferents tipus, de diferents partits del nostre país. I en
això és el que s’hauria de posar a treballar el Govern.


Res més i moltes gràcies. (Aplaudiments.)


Señora presidenta, señorías, una vez más hablamos de las
balanzas fiscales en esta Cámara y en esta legislatura, y la verdad es
que lo hemos hecho de forma tangencial. En otras legislaturas sí llenó
páginas del Diario de Sesiones. De hecho, el desencadenante ha sido el
anuncio por parte de un miembro del Gobierno hecho en un foro partidario
de la nueva metodología para la nueva construcción de un sistema de
cuentas públicas territorializadas elaborado por un equipo
pluridisciplinar y dirigido por un miembro del Instituto de Análisis
Económico del CSIC desde el punto de vista carga-beneficio.


Por nuestra parte no tenemos nada que objetar a dicho
estudio, pues aportará más información, entre otras cosas, para conocer
los diferentes flujos de recursos que pagan las distintas personas
físicas y jurídicas de las distintas comunidades autónomas en forma de
carga impositiva al Estado, y de lo que reciben o recibirán en forma de
flujo monetario por los bienes y servicios que revierten también en los
distintos territorios. Será una información muy valiosa, pero no
sustituye a la que facilitan las llamadas balanzas fiscales, aunque
seguramente ayudará también a su confección.


Sería también interesante la elaboración y publicación de
los índices de desigualdad, tal y como solicitaba el señor Lerma,
portavoz socialista. Las balanzas fiscales se elaboran
—oficiosamente, es verdad. No existe un organismo; ni el Ejecutivo
ni el Legislativo las validan en ningún país— en muchos países
federales o descentralizados y aportan información en sus distintas
variantes, tal y como se ha dicho: de flujo monetario o de
carga-beneficio, neutralizadas o no neutralizadas, y dan resultados
distintos, porque también responden a preguntas distintas. No es que una
sea buena y las otras malas. Los tres o cuatro resultados o variantes dan
información, el problema es para qué se quieren utilizar y quién las
utiliza.


Yo creo que en nuestro caso deben servir para facilitar
elementos para ayudar, entre otras cosas y conjuntamente con otros
factores, a reformar el actual sistema de financiación, un sistema









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que debe revisarse este año en sus principales parámetros
tal y como prevé la ley vigente del año 2009. Evidentemente a mí me
preocupa que en estos momentos, a la altura del calendario en la que
estamos, el Gobierno no esté negociando estos nuevos parámetros del
sistema de financiación con las comunidades autónomas, puesto que si bien
el sistema vigente comportó una mayor equidad, deja de ser satisfactorio
a la vista de los resultados obtenidos. Qué duda cabe que no se puede
mantener una situación en la que los ciudadanos de algunas comunidades
autónomas contribuyen por encima de la media y reciben por debajo de
ella, o al revés. La solidaridad es absolutamente necesaria,
indispensable, en un sistema como el nuestro, pero no puede convertir en
más rico al que recibe esa solidaridad que a aquel que la practica. Este
es el debate real, no el de las balanzas, ni el del sistema de cuentas
territorializadas, que no dejan de ser instrumentos facilitadores de
información pero que no determinan ni deberían determinar el resultado
del mismo sistema.


Nosotros vamos a votar favorablemente a la moción,
bienvenido sea el nuevo sistema de cuentas territorializadas, pero
también elaborando las balanzas fiscales en sus cuatro variables, porque
existe, como dice la moción también, un mandato parlamentario no revocado
para que esto se realice. Y también, sobre todo, aunque no aparezca en la
moción, instamos al Gobierno a que empiece a negociar el nuevo sistema de
financiación. Esto es lo que preocupa de forma muy singular a todos los
Gobiernos, de distintos tipos, de distintos partidos de nuestro país, y
en cierto modo es en esto en lo que debería ponerse a trabajar el
Gobierno.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, presidenta.


La veritat és que he assistit amb certa perplexitat a la
intervenció del senador Utrera, perquè ja ha començat la seva intervenció
dient que hi havia pseudoestudios, pseudouniversitarios,
pseudocientíficos... No, no, hi ha una metodologia que no és
pseudocientífica ni correspon a cap pseudoestudi. És una metodologia
aprovada per diferents catedràtics d’universitat en el marc de
l’Institut d’Estudis Fiscals i que complia un mandat
parlamentari, i no hi ha cap altra metodologia aprovada amb idèntic
resultat. Per tant, no són pseudoestudios. Són estudis molt fiables i no
n’hi ha d’altres de millors. En tot cas, ha quedat patent una
cosa i quedarà avui per primera vegada en una cambra parlamentària: el
Govern del Partit Popular es nega a publicar les balances fiscals a
l’Estat espanyol.


Ara ja no podran dir que ho he interpretat malament, que el
ministre no ho va entendre... No. Vostès no volen publicar les balances
fiscals. És clar, quina és la raó? No estan d’acord amb la
metodologia? No. Vostès no la discuteixen. La cosa més contrària que han
dit contra la metodologia avui aquí és que va fer set o vuit anys enrere.
Discuteixen els resultats, perquè hi ha algú que mal interpreta els
resultats de les balances fiscals. Com que hi ha algú que ho mal
interpreta o utilitza per a alguna finalitat política, no les publiquen.
Qualsevol dia d’estos vostès no publicaran les llistes
d’espera a la sanitat, perquè, com que hi haurà algú que mal
interpretarà les llistes d’espera de la sanitat o les utilitzarà
públicament vostès acabaran sense publicar-les.


La diferència entre vostès i nosaltres sap quina és? Jo
crec que el senador Montilla ho ha expressat clarament: nosaltres no
tenim por a la veritat. Nosaltres no tenim por als resultats. Som capaços
de discutir qualsevol resultat de qualsevol metodologia. Els comptes
públics territorialitzats? Cap problema, els poden publicar.
Publiquin-los. Ara, no diguin que no publicaran les balances fiscals,
perquè aleshores crec que queden vostès en evidència i molt. Si no volen
publicar-les, siguin valents. Portin aquí, al Congrés, una moció que
revoqui els acords anteriors. Portin una moció que digui que
l’Institut d’Estudis Fiscals ja no publicarà les balances
fiscals i que publicarà per mandat parlamentari —tenen la majoria
absoluta per fer-ho— els comptes públics territorialitzats. Però
tampoc ho fan això. Se’n van a Barcelona, de cap de setmana, a una
convenció del PP i el ministre diu que això que va aprovar al seu dia el
Congrés i el Senat ja no valdrà.


Després vostès no entenen per què a Catalunya passa el que
passa. Encara passa poc! Encara passa poc, perquè és molt difícil anar a
Catalunya i explicar que hi ha voluntat. Hi ha algú









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—legítimament, ho entenc— que defensa la
tercera via, però és una tercera via que va a un túnel sense sortida.


Ahir, a instàncies del senador Montilla, el president Rajoy
va respondre algunes preguntes. Després d’un exercici de
galleguisme veritablement… (El senador López Veiga: ¡Oiga!, ¿qué
coño es esto?)


Muchas gracias, presidenta.


La verdad es que he asistido con cierta perplejidad a la
intervención del senador Utrera, puesto que ya ha empezado su
intervención diciendo que había pseudoestudios, pseudouniversitarios,
pseudocientíficos... No, existe una metodología que no es seudocientífica
ni corresponde a ningún pseudoestudio, es una metodología aprobada por
distintos catedráticos universitarios en el marco del Instituto de
Estudios Fiscales y que cumple un mandato parlamentario, y no existe
ninguna otra metodología aprobada con idéntico resultado. Por lo tanto no
son pseudoestudios, son estudios muy fiables y no existen otros mejores.
En todo caso, me parece que ha quedado patente una cosa y va a quedar
patente hoy por primera vez en una Cámara parlamentaria: el Gobierno del
Partido Popular se niega a publicar las balanzas fiscales en el Estado
español.


Ahora ya no van a poder decir que lo ha interpretado mal,
que el ministro no lo entendió... No, no, ustedes no quieren publicar las
balanzas fiscales, ¿y cuál es la razón? ¿No están de acuerdo con la
metodología? No, ustedes no la discuten; lo más contrario que han dicho
respecto a la metodología es que se realizó hace siete u ocho años atrás.
Discuten los resultados porque hay alguien que malinterpreta los
resultados de las balanzas fiscales, y como existe alguien que
malinterpreta los resultados de las balanzas fiscales o hay alguien que
utiliza los resultados de las balanzas fiscales para alguna finalidad
política, no las publicamos. Cualquier día de estos ustedes no van a
publicar ni las listas de espera de la sanidad porque como habrá alguien
que va a malinterpretar las listas de espera de la sanidad o las va a
utilizar públicamente, ustedes van a acabar dejando de publicar las
listas de espera de la sanidad.


Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. ¿Sabe cuál
es? El senador Montilla lo ha expresado claramente: a nosotros no nos da
miedo la verdad, no nos dan miedo los resultados; nosotros somos capaces
de discutir cualquier resultado de cualquier metodología. ¿Las cuentas
públicas territorializadas? Ningún problema, las pueden publicar;
publíquenlas, pero no digan que no van a publicar las balanzas fiscales
porque entonces yo creo que quedan ustedes en evidencia. Si no quieren
publicarlas, sean valientes, traigan aquí o lleven al Congreso una moción
que revoque los acuerdos anteriores, lleven una moción que afirme que el
Instituto de Estudios Fiscales ya no va a publicar las balanzas fiscales
y que el Instituto de Estudios Fiscales va a publicar por mandato
parlamentario —tiene la mayoría absoluta para hacerlo— las
cuentas públicas territorializadas. Pero eso tampoco lo hacen. Van
ustedes a Barcelona a pasar el fin de semana a la convención del PP y el
ministro dice que ahora lo que aprobó en su día el Congreso y lo que
aprobó en su día el Senado ya no va a valer.


Después ustedes no entienden por qué en Cataluña sucede lo
que sucede. Pues es que sucede poco, sucede poco, porque es muy difícil
ir a Cataluña y explicar que existe una voluntad —legítimamente, lo
entiendo—, alguien que defiende también una tercera vía, pero es
una tercera vía que va hacia un túnel sin salida.


Ayer, a instancias del senador Montilla, el presidente
Rajoy respondió a algunas preguntas, a algunas cuestiones. Y después de
un ejercicio de galleguismo real... (El senador López Veiga: ¡Oiga!, ¿qué
coño es esto?)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Retire esas
palabras, señoría. (El señor López Veiga: ¡No las retiro!) Señoría, le
pido que retire esas palabras. (Denegaciones del senador López
Veiga.)


El señor BEL ACCENSI: Sense voler entrar a personalitzar
res, segurament com que no ha utilitzat el pinganillo no deu haver entès
exactament el sentit de les meues paraules. Segurament quan ho pugui
llegir traduït al Diari de Sessions entendrà que esta reacció no era
pròpia d’un senador a una cambra territorial.


En tot cas, si em permet… (Rumors.)









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Sin querer entrar en personalizar nada, seguramente, al no
utilizar usted el pinganillo, no ha entendido exactamente el sentido de
mis palabras. Seguramente, cuando pueda usted leerlo traducido en el
Diario de Sesiones entenderá que esta reacción no era propia de un
senador en una Cámara territorial.


En todo caso, si me lo permiten... (Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Vamos a dejar
de hablar de otras cosas. Sigamos con el debate.


El señor BEL ACCENSI: Bé, després d’una intervenció
que va fer el senyor Mariano Rajoy poc clarificadora en relació amb si es
movia o no, si s’havia de moure, si era bo o no moure’s, va
dir: «Estoy dispuesto a moverme en relación a Cataluña». Vostès avui amb
la seua votació estan demostrant quin és el moviment que vol el Partit
Popular en relació amb Catalunya. És un moviment com els crancs, un
moviment que va endarrere. (Rumors.) Acabo… (Rumors.) Acabaré quan
se m’esgoti el temps i la presidenta així m’ho indiqui.
Acabo. És un moviment que vostès deuen saber on porta, però segurament
d’aquí a un temps se n’acabaran penedint.


Moltes gràcies. (Aplaudiments.—El senyor López Veiga
demana la paraula.)


Tras una intervención realizada por el señor Mariano Rajoy,
poco clarificadora en relación con si se movía o no se movía, si tenía
que moverse, si era bueno o malo moverse, dijo: estoy dispuesto a
moverme, con relación a Cataluña. Ustedes hoy, en su votación, están
demostrando cuál es ese movimiento que quiere el Partido Popular respecto
a Cataluña. Es un movimiento como el de los cangrejos, es un movimiento
que va hacia atrás y, por lo tanto (Rumores.), termino... (Rumores.)
Terminaré cuando se me agote el tiempo y la presidenta me lo indique. Voy
acabando. Es un movimiento que ustedes sabrán adónde lleva, pero,
seguramente, dentro de un tiempo acabarán arrepintiéndose.


Gracias. (Aplausos.—El señor López Veiga pide la
palabra.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias.


Sí, señoría.


El señor LÓPEZ VEIGA: Señora presidenta, señorías, yo,
personalmente y como representante del grupo territorial gallego del
Partido Popular, me he sentido muy ofendido, porque los gallegos estamos
hartos de esto, de que se nos califique de ambiguos, que es lo que ha
hecho usted con esa mención al galleguismo. De acuerdo, yo puedo retirar
toda expresión malsonante, aunque me ha sentado fatal, como les sienta a
todos los gallegos que estamos aquí, que estamos hartos de ese tipo de
expresiones (Aplausos.), pero también exijo al senador Bel que retire esa
palabra.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría,
estamos en el hemiciclo y no creo que demos ningún ejemplo a los
ciudadanos que escuchen estas intervenciones en las que se descalifica,
tanto por un lado como por otro (Varios señores senadores: ¡No! ¡No!),
las intervenciones de los diferentes portavoces. (Fuertes rumores.) Por
eso les digo, señorías, que se tranquilicen y sigamos con el debate. (El
señor López Veiga: ¡Si se escuchan en Galicia, ya verá usted lo que
piensan!) Señorías, no quiero que se siga hablando sobre este tema. (El
señor Bel Accensi pide la palabra.)


Senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Se lo voy a poner muy fácil, señora
presidenta.


El objeto de la intervención son las balanzas fiscales. Si
a usted o a cualquier miembro de esta Cámara, mis palabras, estas, las
que he pronunciado hasta este momento o las que voy a pronunciar durante
los próximos dos años de legislatura, les molestan, me lo dicen y las
retiro. No quiero ninguna polémica al respecto. El objeto es claro; la
interpretación que usted hace de mis palabras seguramente será
equivocada, pero no voy a discutírselo.


Por tanto, si mis palabras molestan o han molestado, las
retiro; pero el contenido de la intervención es exacto y literal.


Muchas gracias.









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La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Sigamos con el debate con tranquilidad.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Gracias.


Creo que la interpelación, y la moción como consecuencia,
surgieron fundamentalmente a raíz de la excursión del presidente a Girona
—tiene todo el derecho del mundo a ir, por cierto— y
presentar una nueva interpretación respecto a lo que habían planteado los
expertos sobre los procedimientos de cálculo de las balanzas fiscales, y
no sé a qué viene la inquietud de Convergència i Unió a este respecto
porque no se trataba de ocultar nada, sino de generar mayor información
para el cálculo que después Convergència pudiera hacer. Es verdad que
entre lo que se pusieron de acuerdo los expertos sobre el flujo monetario
o sobre el sistema de carga-beneficio salía, según decía el propio
ministro de Hacienda, una variante del sistema de carga-beneficio que
hacía referencia, fundamentalmente, al sistema de cuentas públicas
territorializadas, del que solo podía salir más claridad o más
información, y probablemente una información más justa. De la misma
manera que en el cálculo de las balanzas fiscales, sea cual sea el método
que se utilice, no es suficiente un solo año para sacar una conclusión
porque, según como funciona la economía, podría ser que, a lo mejor, una
comunidad que en algún caso aporta, en otros fuera perceptora después.
Por tanto, las balanzas fiscales no aportan mucho en un solo ejercicio,
salvo una visión fotográfica en un momento dado.


¿Qué pasaría si de repente Cataluña, o cualquier otra
comunidad, tuviera un shock asimétrico? De acuerdo con el proyecto
colectivo que representamos, todas las otras comunidades autónomas se
volcarían en apoyarla y en ese momento, por tanto, tendría una
singularidad en el sentido de que sería perceptora una comunidad que en
teoría había estado por encima de la media durante muchos años. A esto es
a lo que nos estamos refiriendo. No acabo de saber cuál es la intención
de Convergència con esta posición porque, primero, tenemos más
información con el otro método que propone el ministro, además de los dos
anteriores que ya son objeto de tratamiento por parte de los expertos, y
segundo, como digo, no sería suficiente el dictamen de un solo ejercicio
para sacar ninguna conclusión. Es razonable que se vuelvan a publicar las
que terminaron de publicarse en 2011 y no aporta nada más que una
información para una actuación, en algún caso, porque insisto en que otra
cuestión es que se le quiera dar una interpretación a un tema concreto en
un año determinado que, como digo, no sería relevante.


Lo que sí sería relevante es la tendencia que, en el caso
específico de la desigualdad, sí se va concretando ya en muchos años, y
si de lo que se trata es fundamentalmente de buscar la equidad en el
trato, sería mucho más coherente que buscáramos también no la
publicación, sino la publicación y, en consecuencia, la actuación en los
índices de desigualdad. Eso es lo que debemos de perseguir y lo que
también deben de perseguir las balanzas fiscales.


Creo que no somos capaces de dar la batalla de opinión en
lo que algunos han pretendido hacer con las balanzas fiscales, porque es
simplemente acabar con la equidad del sistema fiscal español. Para eso se
pretende en muchas ocasiones utilizar la balanza fiscal, y lo que hay que
procurar es que el sistema fiscal español sea más equitativo además de
más eficaz de lo que es actualmente. Eso es lo que creo que tenemos que
defender y, a partir de ahí, no tener ninguna vergüenza en defender que
pagan más los que más tienen para que los que menos tienen puedan recibir
más, y ya está, y si Cataluña tiene la suerte, si es que lo pensamos así,
de que tiene personas y sociedades más ricas que otras zonas de España,
pues está muy bien que contribuya más, y si hay otros a los que hay que
ayudar, perfecto. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Asumir directamente
desde el primer momento que lo que pretendemos es tener un proyecto común
y más equitativo para los ciudadanos de toda España, vivan donde vivan y
tengan la riqueza que tengan.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Utrera.









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El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.


Para concluir este debate he de manifestar, en primer
lugar, mi sorpresa en cuanto a los argumentos utilizados por el senador
Bel, porque no me ha entendido. Yo no he dicho en ningún momento que
todos los estudios sobre las balanzas fiscales sean pseudoestudios. Lo
que sí he dicho es que algunos pseudointelectuales o pretendidos
intelectuales utilizan los resultados de las balanzas fiscales para un
objeto distinto del que deben utilizarse. Eso sí lo he dicho, pero no que
quienes determinan las metodologías, etcétera, sean siempre
pseudointelectuales o pseudoestudios. Desde luego, tampoco he dicho que
no se publiquen las balanzas fiscales. (Rumores.) No, no lo he dicho. He
dicho que las balanzas fiscales no deben utilizarse como una herramienta
para generar conflictos. ¿Pueden mejorar el conocimiento de la realidad?
Sí, y en ese sentido ya se han publicado. Lo que también he manifestado
es que en ningún país del mundo están oficializadas, lo cual es
diferente. En España hemos decidido publicarlas, como ya hizo el Gobierno
socialista en el año 2008, y se hará ahora. Dentro de unos días, el 7 de
marzo está convocado un seminario para revisar las metodologías que se
estaban utilizando sobre la base de un documento muy extenso que usted
nos traía físicamente aquí, y que todos podemos consultar en la página
web del Instituto de Estudios Fiscales, junto a los datos de base que
usted pide aquí, que ya están publicados en dicha página. Con esos
elementos se va a organizar un seminario que, como decía, se puede ver
anunciado en la página web del Instituto de Estudios Fiscales y que se va
a celebrar el día 7 de marzo. Ese día tendrá lugar una reunión de
expertos a la que asistirán usted y los expertos invitados que determinen
las distintas comunidades autónomas para determinar esa metodología. Y lo
más importante es que esa metodología no excluye las balanzas
fiscales.


Usted ha planteado un debate victimista y faltón en cierta
medida —dejemos esto aparte—, pero, desde luego, sí
victimista. Decía usted que el Gobierno no las quiere publicar. Sí, se
van a publicar, pero se van a publicar unos elementos de información
mucho más enriquecedores que la propia balanza fiscal. ¿Sabe por qué?
Porque las balanzas fiscales se van a derivar de esa metodología de las
cuentas territorializadas en el sentido de que dichas cuentas van a
permitir valorar los impactos de políticas —ya sea social,
económica o financiera— derivadas de los flujos financieros entre
Estado y comunidades autónomas, entendiendo Estado en sentido amplio, no
sólo Estado y Seguridad Social sino todo tipo de organismos públicos, y
en el futuro habría que empezar a estudiar la posibilidad de incluir a
empresas públicas. Por lo tanto, esta metodología tiene que evolucionar y
enriquecerse con el tiempo para que, así, podamos tener ese conocimiento
completo. Con una pequeña fracción de esa información se pueden obtener
las balanzas fiscales, los saldos, que es lo que a ustedes les preocupa e
interesa como enseña, como bandera para poder mostrar y demostrar el
agravio regional que resulta para algunos y los beneficios teóricos que
resultan para otros.


Recientemente, el consejero de Economía del Gobierno de
Cataluña decía que su preferencia era el criterio de flujo monetario
—esto ya lo sabe usted—; criterio de flujo monetario sobre la
base de neutralización de déficit público. Usted me entiende, los demás
no me están entendiendo, ni siquiera los de su grupo. (Rumores.) La
normalización de déficit público y, además, sobre la base de la
imputación de gasto que, como se trata de flujo monetario, ha de ser
gasto estrictamente realizado en la comunidad autónoma
—regional—, sin considerar el efecto del gasto realizado
fuera de la comunidad autónoma, fuera de la región y que tiene efecto
sobre las vidas, haciendas y bienestar de los españoles residentes en
Cataluña. Esa metodología es útil para determinadas cosas, para otras no,
pero no deja de ser una más. Concretamente, usted lo sabe —aunque
muchos de los aquí presentes y, desde luego, la mayoría de sus compañeros
de grupo tampoco lo saben—, en el año 2005 no se hicieron unas
balanzas fiscales, se hicieron seis balanzas fiscales. Y yo le diría más:
se podrían haber hecho seiscientas —usted no lo dice, pero sabe que
es así—, no una ni seis, seiscientas,...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor UTRERA MORA: ... porque, en función de la
hipótesis que asumamos de distribución del efecto recaudatorio del
impuesto sobre sociedades, en función de la hipótesis que asumamos en
cuanto a la imputación de la recaudación del impuesto sobre el valor
añadido, en función de las hipótesis que asumamos respecto de la
recepción de prestaciones —que no siempre están









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regionalmente determinadas pero afectan ciertamente a
individuos concretos—, en función de todo eso, se derivarían saldos
diferentes. Usted coge el del flujo monetario...


El señor PRESIDENTE: Termine, señor Utrera.


El señor UTRERA MORA: ... neutralizando el déficit cuando
habla del 8,5% del producto interior bruto —los famosos 16 000
millones—, aunque muchos expertos o pseudoexpertos —como
usted quiera llamarlos— han dicho —como el señor Borrell, que
ganó unas primarias, aunque luego le echaron— en el Partido
Socialista Obrero Español, hace unos días que no existen esos 16 500
millones.


El señor PRESIDENTE: Senador Utrera, termine.


El señor UTRERA MORA: Termino en un momento, señor
presidente.


El señor PRESIDENTE: A ver si es verdad. Vaya
terminando.


El señor UTRERA MORA: Por tanto, ¿en qué situación nos
encontramos?


Una metodología que es más refinada, que se va a estudiar,
que se va a completar, y sobre su base se van a publicar estudios más
evolucionados, que siempre serán susceptibles de ser utilizados por
victimistas para promover su idea de que el conflicto sobre una región es
un hecho y que España nos roba.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 234; a favor, 78; en contra, 145;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


7. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES


7.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN


7.1.1. CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA, HECHO
EN ESTAMBUL EL 11 DE MAYO DE 2011, ASÍ COMO DECLARACIONES QUE ESPAÑA
FORMULARÁ AL MISMO.


COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES


(Núm. exp. 610/000106)


7.1.2. CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO
DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y
PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE
EL PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, HECHO EN LONDRES EL 14 DE MARZO DE
2013.


COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES


(Núm. exp. 610/000107)


7.1.3. RETIRADA DE LA DECLARACIÓN FORMULADA POR ESPAÑA EL
22 DE JUNIO DE 2006 AL CONVENIO RELATIVO A LOS TRANSPORTES
INTERNACIONALES POR FERROCARRIL (COTIF), HECHO EN BERNA EL 9 DE MAYO DE
1980.


COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES


(Núm. exp. 610/000108)









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El señor presidente da lectura a los puntos 7., 7.1.,
7.1.1., 7.1.2. y 7.1.3.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador
Muñoz-Alonso para hacer una breve presentación de los convenios.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor
presidente.


Los tratados y convenios internacionales, a los que acaba
de aludir el presidente y que se someten en este acto a la consideración
del Pleno del Senado, tuvieron su entrada en esta Cámara el día 11 de
diciembre de 2013, siendo publicados ese mismo día en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales. Se han tramitado por el procedimiento
ordinario.


El plazo de presentación de propuestas a los referidos
tratados y convenios internacionales expiró el día 23 de diciembre de
2013, no habiéndose presentado ninguna.


La comisión dictaminó dichos tratados y convenios
internacionales en su sesión del día 12 de febrero de 2014 y acordó
elevar al Pleno propuestas favorables a la concesión de autorización al
Gobierno para que preste el consentimiento del Estado a obligarse por
medio de ellos. Esta ha sido la tramitación de estos tres convenios y
tratados en el ámbito de la comisión.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Muñoz-Alonso.


No se han presentado propuestas a estos convenios.


¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.)


Hay voto telemático. Solicito a los grupos su opinión sobre
si puede someterse a asentimiento, en cuyo caso añadiríamos el voto
telemático, y, si no, deberíamos proceder a votación. (El senador
Unamunzaga Osoro pide la palabra.)


Adelante, senador Unamunzaga.


El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor
presidente.


Nuestro grupo quiere pedir votación.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


El voto telemático ha sido autorizado para las senadoras
Eva Parera, Catalina García Carrasco y María Navarro. La senadora Eva
Parera no ha hecho uso de su derecho al voto, la senadora García Carrasco
ha votado afirmativamente a los tres convenios y la senadora María
Navarro también ha votado afirmativamente a los tres convenios.


Por tanto, entiendo, senador Unamunzaga, que lo que podemos
hacer es votar los tres convenios juntos. (Asentimiento.)


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228, más 3 votos telemáticos, 231; votos emitidos, 228, más 2
votos telemáticos, 230; a favor, 223, más 2 votos telemáticos, 225; en
contra, 1; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan autorizados
estos tratados y convenios internacionales.


Señorías, se suspende la sesión hasta las cuatro de la
tarde.


Muchas gracias.


Eran las catorce horas y quince minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.


Se reanuda la sesión.









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8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


8.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


8.1.1. PROYECTO DE LEY DE LA ACCIÓN Y DEL SERVICIO EXTERIOR
DEL ESTADO.


COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES.


(Núm. exp. 621/000059)


El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1. y
8.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen de
la comisión, tiene la palabra su presidente, el senador Muñoz-Alonso.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, el proyecto de ley que se somete en este acto a
la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el
procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el día 11 de
diciembre de 2013, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizó
el 30 de diciembre de 2013, tras su ampliación. A este proyecto de ley se
han presentado siete vetos y trescientas cincuenta y nueve enmiendas que
se distribuyen de la siguiente forma. Veto número 1 de la senadora Ester
Capella, del Grupo Parlamentario Mixto; veto número 2 de los senadores
don Urko Aiartza, don Iñaki Goioaga, doña Amalur Mendizábal y don Alberto
Unamunzaga, también del Grupo Parlamentario Mixto; veto número 3, de los
senadores don Jesús Enrique Iglesias Fernández y don José Manuel Mariscal
Cifuentes, del mismo grupo parlamentario; veto número 4, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado; veto número 5, de los senadores don
Jordi Guillot Miravet y don Joan Saura, ambos de la Entesa pel Progrés de
Catalunya; veto número 6, de los senadores doña Mónica Almiñana Riqué,
don Francisco Boya Alós, don Rafael Bruguera Batalla, don Carlos Martí
Jufresa, don José Montilla Aguilera, don Joan Sabaté Borràs y doña María
Jesús Sequera, también de la Entesa pel Progrés de Catalunya; y veto
número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió.


Las enmiendas se distribuyen de la siguiente forma:
enmienda número 1, de los senadores don Narvay Quintero Castañeda y don
Miguel Zerolo Aguilar; enmiendas 2 a 67, de los senadores don Jesús
Enrique Iglesias Fernández y don José Manuel Mariscal Cifuentes;
enmiendas 68 a 204, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; enmiendas 205 a 224, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado; enmiendas 225 a 295, del Grupo Parlamentario Socialista;
enmiendas 296 a 345, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; y enmiendas 346 a 359, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


El día 19 de diciembre de 2013 se reunió la Comisión de
Asuntos Exteriores para designar la ponencia que estudiara el proyecto de
ley, que quedó integrada por don Urko Aiartza Azurtza, del Grupo Mixto;
don Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, del Grupo Parlamentario Vasco; don
José María Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Popular; don Josep
Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; don Francisco Javier Losada de Azpiazu, del Grupo
Parlamentario Socialista; don Joan Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya; doña Luz Elena Sanín Naranjo, del Grupo
Parlamentario Popular; y don Dimas Antonio Sañudo Aja, del Grupo
Parlamentario Socialista.


La ponencia se reunió el día 4 de febrero de 2014. En dicha
reunión, tras anunciar los representantes del Grupo Parlamentario
Socialista la retirada de las enmiendas 294 y 295, la ponencia acordó
aprobar como informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados
con la incorporación de las enmiendas 27, de los señores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes del Grupo Mixto; 225, del Grupo
Parlamentario Socialista; 343, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió; y 359, del Grupo Parlamentario Popular.


Asimismo, se incorporan por mayoría las enmiendas 222, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; 287, del Grupo Parlamentario
Socialista; 346, 348, 350, 352, 353, 354, 355 y 356, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, y sendas enmiendas transaccionales
sobre las enmiendas 349 y 358, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado. Igualmente, se acuerda corregir el error observado en la
referencia a otra disposición del proyecto de ley contenida en el
artículo 45.4.









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El día 12 de febrero de 2014 se reunió la Comisión de
Asuntos Exteriores y emitió dictamen sobre el citado proyecto de ley,
introduciendo en forma de enmiendas transaccionales modificaciones
respecto al informe de la ponencia. Asimismo, se anunció la retirada de
los vetos números 4, 6 y 7.


Se han presentado los siguientes votos particulares a este
dictamen: voto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto; votos números 2,
3, 4 y 8, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; voto
número 5, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; voto número 6, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; voto número
7, del Grupo Parlamentario Socialista.


Y esta ha sido hasta el momento la trayectoria
parlamentaria de este proyecto de ley.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Muñoz-Alonso.


Pasamos al debate de los vetos.


En primer lugar, propuesta de veto número 1, de la senadora
Capella, que tiene la palabra para su defensa.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda. Gràcies president.
Gracias, senadores.


Se mire como se mire, por más buena voluntad que se tenga o
que en Esquerra Republicana podamos tener, es muy difícil hallar motivos
de encuentro en los proyectos de ley que el Gobierno del Partido Popular
y el grupo parlamentario que le da apoyo presentan, y bien saben ustedes
que intentamos encontrar un brote de bondad en todos ellos. Pero qué
quieren que les diga: la bondad ni está ni se la espera. Ustedes tienen
un plan preconcebido y lo llevan a cabo con paso firme. Bajo el burdo
pretexto de racionalizar, ahorrar y unificar criterios aprovechan para
recentralizar y tutelar. He dicho burdo porque tales conceptos, los que
enunciaba —racionalizar, ahorrar y unificar—, viniendo de
ustedes están vacíos de contenido.


El presente proyecto de ley es un ridículo intento de
control, fiscalización y censura de la acción exterior de las comunidades
autónomas y hemos de suponer que en particular de Cataluña, que es la que
siempre sitúan como único objeto de todas las críticas respecto a la
acción exterior, a pesar de que muchas otras comunidades autónomas,
algunas de ellas sin la identidad cultural, económica, política y
nacional que posee Cataluña, tienen oficinas en el exterior. Un claro
ejemplo es la Comunidad de Madrid. Las oficinas exteriores de Cataluña
defienden y difunden, entre otras, la lengua y la cultura catalana, cosa
que las oficinas exteriores del Gobierno español prácticamente no han
hecho. También defienden y promocionan los intereses económicos de
Cataluña y de las empresas catalanas, estructuradas principalmente en
pymes, frente a unas oficinas exteriores del Estado que no han tenido la
eficacia o la voluntad política de defender a buena parte de las empresas
catalanas que pretendían proyectarse en Europa y en el mundo, en el
planeta.


Si quieren, les recuerdo la actitud de los diferentes
Gobiernos del Estado español en temas de gran calado económico, como
podría ser el establecimiento de vuelos internacionales y la priorización
de determinados aeropuertos, o la actitud de los distintos Gobiernos del
Estado español defendiendo única y exclusivamente la lengua castellana,
con exclusión de las lenguas propias de Catalunya, País Valencià, las
Illes, Galicia y Euskalherria. Si quieren, les recuerdo el informe
—por llamarlo de alguna manera— que estas últimas semanas el
ministro, señor García-Margallo, ha remitido a las embajadas españolas, a
todas ellas: doscientas páginas para negar que Cataluña es una nación y
que el proceso para ejercer el derecho a decidir no será posible. Sus
esfuerzos se ven recompensados: cuanto más nos niegan, resulta más
evidente que existimos y somos. A pesar de la cruzada iniciada por el
ministro de Asuntos Exteriores contra la democracia —lo he dicho
muchas veces y lo volveré a repetir cuantas sea necesario—, haremos
efectivo el ejercicio democrático del derecho a decidir.


Y sí —lo digo sin complejos—, las oficinas
exteriores de la Generalitat también defienden y deben defender los
intereses nacionales de Cataluña, como hacen las embajadas y consulados
españoles cuando actúan contra Cataluña y contra los intereses y
consulados catalanes y como han hecho también —quiero
recordarlo— cuando han actuado contra los intereses de
organizaciones privadas como son las entidades federativas deportivas.
Contra Cataluña meten sus narices nacionalistas en un ámbito de
relaciones privadas, como son el deporte y las competiciones
internacionales. Ustedes ven la paja en el ojo ajeno pero no ven nunca la
viga en el suyo.









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Ya sabemos que no les gustó ni les ha gustado nunca nuestro
Estatut d’Autonomia y que lo impugnaron prácticamente en su
totalidad ante el Tribunal Constitucional —también recogieron
firmas para negar la realidad nacional de Cataluña—, incluyendo en
esa impugnación la acción exterior de la Generalitat. Esto, más allá de
retratarlos, significa que hasta un politizado —politizado— y
nacionalista Tribunal Constitucional reconoció y reconoce que tenemos
nuestras legítimas competencias para realizar nuestra acción exterior. Y
sobre esta base lo hacemos —efectivamente, lo hacemos—, en
defensa de nuestros intereses económicos y políticos, así como de nuestra
lengua y nuestra cultura.


Ciertamente, en esta ley, como en tantas otras, hacen
alguna referencia a las otras lenguas españolas o a la promoción y
difusión de las culturas de las nacionalidades. No obstante, a la hora de
la verdad, miremos los porcentajes que corresponden a otras lenguas y
culturas que no sean la castellana tanto en la actividad de cualquier
embajada y consulado como en la de los institutos Cervantes o en la de
los centros culturales. En definitiva, con ustedes pasa como en la
canción: Parole, parole, parole.


Al margen de esa vertiente nacionalista y centralizadora,
que es la principal aportación, el presente proyecto de ley es un fraude,
continúa sin afrontar la racionalización de la acción y el gasto
exterior. La diplomacia española está sobredimensionada, mantiene caros y
lujosos edificios y no es capaz de plantearse políticas de
racionalización del gasto. Solo hay que ver cada vez que en el BOE salen
publicados los gastos destinados a mantenimiento de los edificios de las
embajadas, la piscina existente en alguna embajada y un largo etcétera.
Es decir, que deberían ustedes aplicarse la medicina que pretenden que
apliquen las comunidades autónomas cuando las impulsan a compartir
espacios físicos; aplíquenselo ustedes y compartan también con la Unión
Europea o, mejor aún, como les proponíamos en el Congreso de los
Diputados, cierren embajadas en favor de una acción y servicios
exteriores comunes en el marco de la Unión Europea. Comiencen por hacerlo
en aquellos países donde no se justifica una presencia tan permanente o
destacada.


Finalmente, hemos de lamentar que en este proyecto de ley
no se contemplen los derechos humanos como un principio transversal y un
objetivo de la política exterior del Estado español. Pese a que en el
Congreso de los Diputados se consiguió incorporar algún avance en
derechos humanos respecto al texto inicialmente aprobado por el Gobierno,
sigue teniendo carencias esenciales. En particular, se reconocen ustedes
mejor en su aplicación a otros países que en las políticas propias; es
decir, que hacen referencia a los derechos humanos cuando se trata de que
los otros países los apliquen, pero cuesta encontrar los derechos humanos
como guía de la política exterior española, y para muestra un botón: no
es necesario que les recuerde, o quizá sí, la patética respuesta que ha
dado el Gobierno del Estado español ante la muerte de quince personas
delante de las costas de Ceuta o el tratamiento que se sigue en materia
de derechos humanos en los centros de internamiento de extranjeros.


En definitiva, por estos y otros motivos, hemos presentado
este veto al Proyecto de Ley de la Acción y del Servicio Exterior del
Estado, interesando el apoyo de esta Cámara y anunciando nuestro apoyo a
los vetos presentados por el resto de los grupos políticos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por los
senadores Aiartza Azurtza y Goioaga Llano, la senadora Mendizabal
Azurmendi y el senador Unamunzaga Osoro.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Aiartza.


El señor AIARTZA AZURTZA: Señor presidente, señorías,
arratsalde on.


Mi intervención será breve dado que ni la posición de
nuestra coalición ni su argumentación van a ser una sorpresa para ninguno
de los presentes, y supongo que tampoco va a influir mucho en el
resultado de este Pleno.


Una ley de la acción y del servicio exterior debe dar
respuesta, en principio, a la pregunta de cómo se defienden los intereses
nacionales en el exterior. En este sentido, cuando nuestras concepciones
―la del Partido Popular y la de Amaiur― de nación y Estado
son tan diametralmente opuestas, ciertamente es difícil alcanzar
consensos en materia de acción exterior. Partimos de posiciones políticas
y conceptuales sobre la nación y el Estado absolutamente divergentes, y
digo









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esto como una mera constatación de unos elementos que, por
supuesto, luego sustentan nuestras grandes diferencias. Por tanto,
subrayo en primer lugar, lo obvio, pero es importante tenerlo en
cuenta.


Para nosotros, el presente proyecto de ley no es más que
parte y continuación del proceso de recentralización que viene
desarrollando este Gobierno en muy diversos ámbitos, como la educación,
etcétera. Toda la legislación del Partido Popular está orientada y tiene
como rumbo la recentralización; son ustedes alumnos aventajados del
centralismo del siglo XIX.


Lo que descansa en esta ley es la intención de uniformizar
la imagen exterior del Estado, obviando la potencialidad de las
competencias autonómicas y demás instancias locales y, por supuesto,
obviando también la existencia de naciones propias y diferenciadas dentro
del Estado. Esto engarza con la visión de Estado del partido que la
presenta, cuyo más claro exponente es la estrategia de la denominada
marca España.


Por medio de esta nueva ley, el Gobierno español desea
tutelar, desea controlar la acción exterior de las comunidades autónomas,
naciones sin Estado y demás entes, en el marco de sus competencias, en el
ámbito internacional. Se apela para ello a los criterios de unidad de
acción, de lealtad institucional y de coordinación, pero lo que se busca
es la uniformización y el control, a través de un engorroso sistema de
información y comunicación de las actuaciones realizadas y a realizar por
las administraciones en el exterior. Se busca ampliar la regulación
básica, con el fin de reducir la capacidad de las comunidades
autónomas.


Por tanto, este proyecto de ley supone una intromisión más,
consecuencia de esa visión centralista en relación con las acciones
acometidas por las diversas instituciones vascas en defensa de los
intereses de los ciudadanos. No podemos olvidar que en numerosas
ocasiones, desde la Administración del Estado, a nuestro entender, se ha
actuado en este ámbito en contra de los intereses de la sociedad vasca,
de sus trabajadores, de sus empresas y sus instituciones. No olvidemos
que fue el Gobierno de España el que intentó cerrar ya la delegación
exterior de la comunidad autónoma vasca en Bruselas; decisión que fue
revocada por el Tribunal Constitucional en 1994. Por tanto, en general,
nada nuevo bajo el sol.


Si esta actitud del Gobierno siempre ha sido para nosotros
inasumible, lo es mucho más en estos momentos en que la misma sociedad
vasca, con características propias y con posiciones diferenciadas,
reclama cada vez con más fuerza una voz propia y directa en la Unión
Europea y en el mundo; necesidad, especialmente patente, de tener una
representación propia que lleve, por ejemplo, la voz de la fiscalidad
vasca al Ecofin o que defienda que nuestra lengua propia, el euskara,
pueda ser oficial en la Unión Europea; necesidad de articular una
política de internacionalización de la economía vasca propia, no tutelada
ni controlada por Madrid, que dé respuesta a las necesidades de nuestro
pueblo, nuestros trabajadores, nuestras empresas en este nuevo marco
internacional de carácter multiplural con la emergencia de nuevos actores
de creciente importancia en el ámbito político y económico, en una
situación, además, de crisis económica en la que, como reconocen empresas
exportadoras vascas, la marca España no es ciertamente un label de
prestigio.


En Amaiur nos reafirmamos en la necesidad de contar con un
ámbito vasco de decisión, también en el marco de las relaciones
internacionales. Es preocupante, además, el carácter residual que se
otorga a la cooperación al desarrollo en esta Ley de acción exterior. Lo
que nos pide la mayoría social de nuestro país es que nuestro pueblo
tenga voz propia y soberana en Europa y en el mundo, para responder así
de forma adecuada a los retos que el siglo XXI nos depara. Estamos, por
tanto, ante un proyecto que no entiende lo que, a nuestro entender, son
las relaciones internacionales en este siglo XXI, que persigue únicamente
un papel recentralizador de las políticas que pueden tener algún tipo de
reflejo o incidencia en el ámbito internacional, con independencia de que
sea esta última vinculante o no, que produzca o no efectos jurídicos y
cabría decir también políticos.


Por todas estas razones, señoría, presentamos este veto al
Proyecto de Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y pedimos
su devolución al Gobierno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aiartza.


La propuesta de veto número 3 es de los señores Iglesias y
Mariscal.









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Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.


Quiero dar el veto por defendido y dejar constancia en el
Diario de Sesiones de que nos reflejaremos en la defensa que de su veto
hagan los compañeros Guillot y Saura, de Iniciativa.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.


La propuesta de veto número 5 es de los señores Guillot y
Saura.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señorías, este veto se inspira en la enmienda a la
totalidad presentada por Izquierda Plural en el Congreso, que justifica
la propuesta que acaba de realizar el senador Mariscal. Es, pues, un veto
que presentamos el senador Saura y yo, pero por extensión también con los
senadores de Izquierda Unida.


Señorías, en más de tres décadas de democracia, nuestra
acción exterior ha funcionado sin ninguna ley. A lo largo de estos años
se ha intentado en diferentes ocasiones legislar sobre esta materia, pero
por unas razones u otras no se hizo. Era esta una norma pendiente. Hoy
debatimos la ley que debe inspirar y ordenar la acción y el servicio
exterior del Estado; una ley que nace ya con un grave déficit de
consenso: en el Congreso, enmiendas a la totalidad de BNG, Esquerra
Republicana, Amaiur, PNV, Izquierda Plural CiU y PSOE; en el Senado,
siete vetos iniciales, de los que se mantienen vivos cuatro, y un total
de trescientas cincuenta y nueve enmiendas; una ley que todo hace pensar
que saldrá aprobada con el voto del PP, y poco más.


Señorías, si la política exterior debe ser entendida como
política de Estado, esta debe contar con los consensos imprescindibles
que permitan trascender la alternancia de Gobiernos. Si esta es la
lógica, sería exigible que la ley que inspirará y ordenará nuestra
política exterior contara con el consenso necesario para una cuestión tan
sensible como la acción exterior y más en un Estado compuesto como es
España. Así como sería oportuno que las grandes directrices de la
política exterior fueran aprobadas por las Cortes Generales a propuesta,
eso sí, del Gobierno, si realmente —insisto— el objetivo es
que la política exterior sea política de Estado. Estos ya de por sí
serían unos primeros argumentos para justificar el veto que hoy defiendo
al presente proyecto de ley.


Es también una ley mal hecha, de pésima calidad y mala
redacción. Y para argumentar estas afirmaciones les recordaré lo que
opina el Consejo de Estado. Leo casi literal, nos dice el Consejo de
Estado: Llama la atención que una parte significativa de los contenidos
del proyecto corresponde a materias cuya regulación en una norma jurídica
de rango legal puede reputarse de innecesaria, cuando no de inconveniente
—se refiere a los artículos 15 a 32—, ya que incorpora
rigideces normativas que se podrían resolver con un desarrollo
reglamentario, y así poder ir realizando los cambios necesarios que
determinen nuevos realidades. Al contrario, me sorprende que el proyecto
de ley no regule cuestiones como son la creación de secciones de
intereses o las misiones diplomáticas conjuntas. También el Consejo de
Estado señala, una vez más y de forma crítica, que el proyecto de ley
incorpora preceptos o fragmentos de preceptos extraídos y prácticamente
copiados de la Constitución, que son repetidos sin ningún desarrollo, lo
que es innecesario afirma el Consejo de Estado y perturbador
—artículos 4 y 6 a 10—.


Si sumamos los anteriormente citados, artículos 15 a 32, a
estos últimos, señorías, el Consejo de Estado nos dice que casi la mitad
de esta ley es innecesaria, cuando no inconveniente o perturbadora.
Sorprende también al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder
Judicial que una ley ordinaria pueda delimitar actuaciones de órganos
constitucionales, cuestión que en lo que afecta al Consejo General del
Poder Judicial pudiera afectar a la necesaria e imprescindible división
de poderes que reconoce nuestra Constitución. Nuevos argumentos para
justificar este veto.


Miren, esta ley parte de una interpretación abusiva y
expansiva de los artículos 149.1.3 y 97 de la Constitución, hasta el
punto de que tanto el Consejo General del Poder Judicial como el mismo
Consejo de Estado piden una revisión en profundidad del concepto de
acción exterior del Estado, de modo que no se englobe bajo esta categoría
toda actividad que incida en el ámbito internacional. Piden una mayor
acotación y precisión en la definición de acción exterior y de política
exterior.









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Pero, señorías, este proyecto de ley, como otros
presentados en esta legislatura, tiene un principal objetivo: acotar y
disciplinar la acción exterior de las comunidades autónomas, con el ojo
puesto esencialmente en la acción exterior de la Generalitat de
Catalunya. Desgraciadamente en el pensamiento conservador de nuestro país
se ha impuesto la idea de que el proceso de descentralización política
que se inicia con la Constitución es una fuente de problemas, por lo que
hay que acotar, cuando no revertir, ese proceso. En vez de orientar esta
ley a la conciliación de la autonomía de las comunidades autónomas, la
coordinación horizontal y vertical y la garantía de la coherencia de la
acción exterior, nos presentan un proyecto de ley recentralizador,
controlador y marcado por una profunda desconfianza institucional. No es
nueva esta desconfianza, la hemos observado en otras leyes.


Pues, señorías, en lo que afecta a la acción exterior no es
cierto que la actividad exterior de las comunidades autónomas tenga un
efecto negativo; no es cierto. Y les recomiendo que lean un muy
interesante trabajo de la Fundación Alternativas, cuyo título es La
acción internacional de las comunidades autónomas y su participación en
la política exterior española. En él se analiza la acción exterior de las
comunidades autónomas y se compara con las experiencias de Alemania,
Canadá, Austria, Bélgica, y en algunos casos con Suiza y Estados Unidos.
En el estudio se constata que los problemas son en gran medida comunes.
No somos diferentes a otras realidades de Estados compuestos como el
español. La diferencia radica en las soluciones que ustedes plantean.


Ustedes, señorías del PP, exigen en este proyecto de ley
lealtad hacia las competencias exclusivas del Estado. El senador Saura,
los senadores de Izquierda Unida y yo les exigimos lealtad hacia las
competencias de las Comunidades Autónomas y su capacidad de actuación en
aquello que sea necesario, o al menos conveniente —en palabras del
Tribunal Constitucional—, para su ejercicio. Les pedimos una mutua
lealtad.


Señorías, la acción exterior autonómica tiene, como no
puede ser de otra manera, componentes políticos y, evidentemente, puede
generar controversias, algunas de calado político, que deberían
resolverse a través de mecanismos de cooperación y coordinación;
mecanismos que el proyecto de ley no ofrece, y no los ofrece porque su
lógica es la jerarquización institucional. Y les pondré un solo ejemplo:
la formulación de la Estrategia de Acción Exterior está excesivamente
centralizada en el Gobierno. En el proyecto de ley plantean un del todo
insuficiente punto en el que se prevé recabar e integrar, en su caso, las
propuestas de acción exterior que planteen las comunidades autónomas.
¿Ustedes creen que ese es el trato adecuado a dar a las comunidades
autónomas en la definición de la Estrategia de Acción Exterior? ¿Ustedes
creen que así se define la política exterior como política de Estado?
¿Ustedes creen que las administraciones con acción exterior, reconocida
en sus estatutos y avalada por el Tribunal Constitucional, deben ver
reducida su participación en la definición de la Estrategia de Acción
Exterior a este simple recabar e integrar si se cree oportuno? Nosotros
creemos que no.


Esta es una lógica de desconfianza institucional y de
voluntad recentralizadora, y será y es una fuente de problemas. Y no nos
engañemos, en el marco de las comunidades autónomas este proyecto de ley
tiene un principal destinatario: la acción exterior de la Generalitat de
Catalunya, y más ahora en medio de un conflicto abierto en las relaciones
entre Cataluña y España. Con la excusa de poner orden en la acción
exterior de las comunidades autónomas, ustedes pretenden pararle los pies
a la Generalitat. Un grave error.


Permítanme hacer una reflexión política. Mientras se dé el
conflicto de relaciones entre el Estado y Cataluña, no habrá ninguna ley
que impida lo que se ha venido a llamar la internacionalización del
conflicto. La capacidad de internacionalizar el conflicto no depende ni
de las oficinas de la Generalitat, ni de los viajes del president o sus
consellers, ni de los argumentarios o contraargumentarios realizados. La
capacidad de la internacionalización radica en la existencia misma del
conflicto, en sus proporciones sociales y en las propuestas y
reivindicaciones presentes. Pero, sobre todo, la capacidad de
internacionalización del conflicto territorial que vive España se debe a
su no resolución y al progresivo enconamiento de las posiciones.


Ayer, el presidente del Gobierno, señor Rajoy, se
vanagloriaba de su inmovilismo. En lo que afecta a las relaciones entre
Cataluña y España, les puedo garantizar que este inmovilismo provoca
rigidez política y atrofia programática. Rigidez y atrofia que es lo que
menos necesita la actual situación.









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Y, señorías, les invito a hacer una reflexión: del 10 de
junio del 2010, fecha de la gran manifestación unitaria en contra de la
sentencia del Tribunal Constitucional, a día de hoy, ¿la situación está
mejor o peor? Muchísimo peor. La fractura emocional, institucional y
política se ha agrandado, y proyectos de ley como éste no ayudan en
nada.


Permítame también hacer un paréntesis. La transaccional que
no obliga a informar de los viajes, visitas, intercambios y actuaciones
de presidentes de comunidades autónomas y consejeros cuando se trate de
actuaciones en el ámbito de la Unión Europea, no es ninguna cesión. Es,
sencillamente, la aplicación de las sentencias del Tribunal
Constitucional. Lamentablemente, hasta esto hay que transaccionar.


Permítanme cerrar este apartado de mi veto con una duda. En
el proyecto de ley se exige a las comunidades autónomas que comuniquen al
Ministerio de Asuntos Exteriores su actividad exterior para que pueda
informar. La pregunta es, cuando el informe sea negativo, ¿qué pasará? No
he sabido encontrar respuesta en el texto del proyecto de ley, y espero
que el portavoz del Partido Popular me lo explique.


El Gobierno quiere poner orden en la acción exterior de las
comunidades autónomas, pero es incapaz de poner orden en su propia casa.
Este proyecto de ley adolece de un gran defecto y es que deja sin
resolver la jerarquización y coordinación del jefe de misión sobre el
personal de otros ministerios que realizan acción exterior. Y este sí que
es un grave problema, y esto sí que daña, y mucho, la unidad de acción
exterior y su eficacia. Es evidente que el ministro García-Margallo no se
ha visto con fuerzas para disciplinar a sus colegas de Gobierno y acabar
con estos verdaderos reinos de taifas en la acción exterior.


Voy terminando la justificación del veto, denunciando el
trasfondo neoliberal al definir los intereses de España que realiza este
proyecto. Los intereses que priman son los económicos y comerciales. La
cooperación internacional también se ve afectada y negativamente por el
proyecto de ley. Como muy bien señala la Coordinadora de ONG para el
Desarrollo, esta ley está orientada principalmente a la diplomacia
comercial, en la lógica de la marca España, y con un tratamiento muy
residual de la cooperación internacional; se pierde la ocasión de avanzar
en una mayor coherencia de la acción exterior con los objetivos de
desarrollo; no se establece el criterio de primar la capacidad técnica y
la experiencia probada en la designación del personal para la
cooperación, primando a los funcionarios de carrera diplomática;
afectación a la cooperación descentralizada; débil reconocimiento y
limitación del papel de las Cortes Generales para ejercer su función de
control del Gobierno, al eliminar la obligación del Gobierno de remitir a
las Cámaras, para su debate y dictamen, los planes anuales de actuación;
limitaciones, también, al Consejo de Cooperación en su papel de órgano
consultivo y asesor en materia de cooperación.


En definitiva, señorías, toda esta serie de razones
justifican que, en representación de los senadores de Izquierda Unida, en
nombre del senador Saura y mío, y en representación de Iniciativa per
Catalunya Verds, haya presentado este veto y les pida el voto
afirmativo.


Gracias por su atención.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Turno en contra.


Tiene la palabra el senador Chiquillo.


EL señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado para defender los argumentos y justificación de nuestra oposición
a estos cuatro vetos que siguen vigentes en la sesión de hoy en uno de
los últimos actos de este Proyecto de Ley tan importante que es el de la
Acción y el Servicio Exterior del Estado.


Intentaré cumplir a rajatabla y contestar a todos y cada
uno de los portavoces que han intervenido, aunque son cuatro vetos en
dos. Realmente, los dos primeros coinciden en el fondo y, prácticamente,
en la forma. Y los dos últimos, que ha defendido el señor Guillot,
coinciden en el fondo, en la forma y en la defensa de sus argumentos,
plasmados en cada uno de sus documentos de presentación de veto y de
mantenimiento ante este Pleno de sus posiciones.


Se habla en estos vetos, en primera instancia, de
invasiones competenciales, de que se violan diversos artículos de
estatutos de autonomía, de que se limita la acción exterior de las
comunidades









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autónomas, de que hay una obsesiva campaña del Gobierno de
España contra el derecho a decidir y contra la independencia de Cataluña.
Asimismo, los defensores de estos vetos dicen que aparece muy poco, que
hay un nulo compromiso en relación con los derechos humanos, con la
defensa de los derechos humanos más allá de nuestras fronteras y con
otros derechos sociales. También se habla de recentralización, de
uniformidad, de que no se respetan las competencias de las comunidades
autónomas, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del que el
Gobierno quiere tutelar, censurar toda acción de las comunidades
autónomas en la materia que nos ocupa en el debate de hoy.


Respecto a lo que en su día fue en el Congreso la enmienda
y el texto alternativo de la Izquierda Plural, aquí defendido por el
señor Guillot en nombre de Izquierda Unida—Iniciativa per Catalunya
Verds, se habla de que no hay un refuerzo de los mecanismos democráticos
de debate, del Consejo de Política Exterior, de los temas sociales, del
papel de las comunidades autónomas, etcétera. Son críticas que voy a
intentar desmontar, porque he leído el dictamen del Consejo de Estado, he
leído las sentencias del Tribunal Constitucional, no de hace dos días, no
alguna que como justificación ponga en algún párrafo un argumento
jurídico que arrime el ascua a la sardina del que interviene, sino
sentencias del Tribunal Constitucional desde el año 1982 hasta 2012, y en
concreto las de 2010 y 2012 que, reafirmando doctrina anterior, hablan
del tema de la política exterior, del artículo 97 de la Constitución, del
149.1.3 y del 149.1.18, respecto a la base jurídica y al rango normativo
del proyecto y de lo que legitima la acción del Gobierno —¡faltaría
más!— en cuestiones de política exterior, acción exterior, servicio
exterior y relaciones internacionales.


Porque este proyecto no es una aventura que ha surgido hace
un año cuando, según algunos de los que han intervenido, aparece la
obsesión del Partido Popular de hacer ataques y contraataques al tema del
derecho a decidir. No. Hay sentencias del Tribunal Constitucional y unos
cuantos borradores de anteproyectos desde el año 1982 de todos los
Gobiernos democráticos relativos a la acción y al servicio exterior, a la
política exterior de Estado, a imagen y semejanza de otros Estados,
algunos tan complejos como el nuestro, que van en lo esencial en la misma
dirección que se recoge en este proyecto de ley: la necesidad de
articular, modernizar y adaptar, transcurridos más de treinta años de
democracia, la actuación y la organización del Estado en el exterior a un
nuevo contexto en el que los actores no son únicamente los Estados, sino
una multitud de sujetos que proyectan su actividad en el exterior, y el
papel de las comunidades autónomas, de las entidades locales y de órganos
constitucionales que, en el ejercicio de sus competencias, que se
respetan escrupulosamente en este proyecto, desarrollan actividades que
tienen, sin duda, una dimensión exterior y van a seguir teniendo, a pesar
de algunos agoreros que hoy han dicho que parece que esto es, como han
denominado, una cruzada contra las comunidades autónomas. Nada más lejos
de la realidad: adaptar, modernizar y reorganizar. Lógicamente, no puedo
convencer ni coincidir con aquellos que hablan de un Estado que no es un
sujeto de derecho, una realidad que no existe como tal ni jurídica ni
políticamente. Por lo tanto, es difícil ponerse de acuerdo al hablar de
cuestiones que son futuribles e hipótesis que en el marco normativo de la
España, de la Europa y del mundo del 2014 no existen. No se puede
legislar sobre futuribles, sobre proyectos políticos que, repito, están
lejos del encaje constitucional, de reiteradas sentencias del Tribunal
Constitucional y, sobre todo, del proyecto de construcción europeo.


El Gobierno ha presentado este proyecto después de un
amplio debate. Hace más de un año empezó el camino parlamentario, por eso
me sorprende lo de falta de debate, falta de diálogo, falta de tiempo,
falta de atención a todas y cada una de las sensibilidades. De hecho, me
consta que hasta hace unos minutos el Gobierno ha seguido hablando con
algunas comunidades y algún portavoz en el turno de los vetos ha hablado
en nombre de, cuando no puede hablar en nombre de. El Gobierno de España
está intentando canalizar repito, desde el máximo consenso y desde la
coherencia interna, y ordenar una visión estratégica de la acción
exterior, del conjunto de lo que es hoy la realidad de España en la
Europa del 2014. Y lo hace mediante la mayor coordinación de todos los
sujetos que participan en la acción exterior: el Estado y las comunidades
autónomas, entre otros actores.


En el debate algunos se han quejado de que en el momento de
que las comunidades autónomas realizaran sus aportaciones
—especialmente se ha quejado una— se pretendió fiscalizar,
coartar, censurar y llevar a la mínima expresión sus actuaciones en el
exterior. Eso es rotundamente falso. Lo que existe es un consenso en
cuanto a la necesidad de dotar un marco









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unificado de regulación sobre esta materia, porque
—repito— desde principios de los años ochenta han sido muchos
los intentos para impulsar un proyecto de semejantes características. ¿Es
mejorable? Toda articulación legal es mejorable pero el esfuerzo de este
Gobierno desde el minuto uno con todas las comunidades autónomas
—este Gobierno no le tiene fobia a ninguna comunidad
autónoma— ha ido dirigido a un proyecto en el que quepamos todos y
el que se ve fuera es porque se autoexcluye. Repito, ahí están los vetos
y la aritmética de lo que representan esos vetos, dicho con todo el
respeto del que les habla, del grupo parlamentario al que represento y
del Gobierno al que damos nuestro apoyo. Diálogo, todo. Consenso, lo
hemos buscado y lo seguiremos buscando porque entendemos que este
proyecto de política exterior es muy importante.


Pero, sinceramente, no entiendo algunas de las cuestiones.
Por ejemplo, el artículo 2 del proyecto de ley, principios objetivos de
la política exterior, en su punto 1 habla de que los principios
inspiradores de este proyecto y de toda la acción del Gobierno son el
respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de
derecho y los derechos humanos. Creo que no es un compromiso vacío, sino
que desde el primer artículo, desde la exposición de motivos existe el
compromiso de la política exterior que impregna la acción y el trabajo de
los que en el servicio exterior van a llevar a España, con lo que
significa España de realidad plurilingüística, a todos los extremos del
mundo. Y esos objetivos de política exterior que aparecen en la
Constitución aparecen aquí refrendados, como ha puesto de manifiesto este
Gobierno en los últimos dos años.


Se habla de cuestiones como la paz y la seguridad
internacional, se habla del Estado de derecho, se habla del desarrollo
social y económico de todos los Estados. Se hace alusión también al
compromiso por la paz, a la eliminación de las armas de destrucción
masiva. Se atiende al compromiso social y de los derechos humanos. De
hecho, hoy una ONG que no es nada sospechosa —y siempre se citan
ONG, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, para hablar de
estas cuestiones— y las principales ONG de España han reconocido,
en primer lugar, que España va a ser uno de los primeros países de la
comunidad internacional que va a ratificar y poner en vigor el tratado
sobre el comercio de armas. Pero, según algunos, no tenemos sensibilidad
ni compromiso alguno con los derechos humanos, la dignidad humana, el
respeto a la libertad, la democracia y el Estado de derecho, algo que
este Gobierno ha defendido y va a seguir defendiendo. Y eso pasa,
lógicamente, por el respeto a todos y cada uno de los municipios y
pueblos que componen el Estado español.


Habla de la acción de Gobierno, ¡y claro que esta ley
define siete principios básicos, como todas las leyes parecidas en
cualquier rincón del mundo, desde los modelos federales a los nada
federales! Hablan de unidad de acción y de lealtad institucional, máxime
en un Estado como el nuestro; hablan de coordinación, de clarificación,
de eficiencia, de eficacia, de especialización, de transparencia y de
servicio al interés general. ¡Claro que el artículo 97 da participación
en el Consejo de Política Exterior!, ¡claro que quiere dar cauce a la
sociedad, y de hecho se ha incorporado en el trámite del Congreso y del
Senado!, ¡claro que quiere dar cauce a todos los interlocutores y dar
margen de maniobra —lo cual es muy importante— a todos los
actores de la política exterior del Estado, que somos todas las
administraciones del Estado! Y se habla del papel del Consejo de
Residentes en el extranjero y de la protección a los derechos
humanos.


En cuanto al artículo 5.2, por supuesto que cumplimos con
las recomendaciones del Consejo de Estado y con lo establecido en las
sentencias del Tribunal Constitucional, de las que ahora hablaré. Y es
que no se puede entresacar con pinzas un párrafo de las sentencias
emitidas durante treinta años por dicho tribunal, no se puede coger un
párrafo que nos conviene y dejar sin valor numerosos argumentos y
fundamentos de peso jurídico que han sentado jurisprudencia y que afectan
precisamente al encaje, al papel, a la proyección y al trabajo, que esta
ley respeta, de las comunidades autónomas y de todas las administraciones
que componen el Estado, y por supuesto también del personal laboral, de
la cooperación en el debate de la estrategia de acción exterior y en cada
uno de los informes, o al papel que puedan tener futuras leyes exteriores
que dentro de sus competencias pueden presentar las comunidades
autónomas, algunas de las cuales están en trámite.


Por lo que se refiere al tema de que las comunidades
autónomas participarán, propondrán y se incorporarán al trámite
parlamentario, hay algo que han omitido todos los defensores de los
vetos, y es que, en el caso de que el Ministerio de Asuntos Exteriores no
acepte una propuesta de una comunidad autónoma, el rechazo tiene que ser
justificado, tiene que ser argumentado y tiene que









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ser motivado. No se puede hacer de una manera arbitraria,
sino, repito, de una forma motivada, que creo es una expresión que pone
de manifiesto que en esa estrategia exterior tenemos que participar
todos.


Se dice que este proyecto de ley viene a ser poco más o
menos que la marca España, que es importante, ¿pero quienes han
presentado los vetos saben en realidad en cuántos artículos o
disposiciones de la ley se habla de la marca España? Tienen seis minutos
para contestarme, pero como no lo saben, yo se lo diré. La expresión
marca España aparece en este proyecto de ley tan solo dos veces, pero hay
aquí algunos obsesionados en que este proyecto de ley es la marca España.
Pero, insisto, señorías, solo aparece dos veces en todo el proyecto de
ley. Y señor Guillot, sé que usted sí se lo ha leído, pero considero que
hay que hablar con un poquito de propiedad, si me permiten la
expresión.


Dicho esto debo hablar para aquellos que se sienten tan
atacados, y que justifican y es lo único que han dicho por escrito y en
sus intervenciones orales. El Tribunal Constitucional lo deja
meridianamente claro en casi una docena de sentencias que van desde 1982,
la primera de ellas, hasta 2012 la última. La Sentencia 165/1994, de 26
de mayo, dice lo siguiente, y lo leo:» ... para obtener del tribunal una
opinión favorable a que las comunidades autónomas pudieran llevar a cabo
actividades con proyección exterior como parte del ejercicio de sus
competencias, siempre que fueran necesarias o por lo menos convenientes
para el despliegue de sus competencias, estuviesen desprovistas de toda
relación con el ejercicio del ius contrahendi —tema este de derecho
de tratados—, careciesen de incidencia en la política exterior del
Estado y no generasen responsabilidad para el mismo frente a Estados
extranjeros u organizaciones internacionales o supranacionales».
Posteriormente ha habido varias sentencias que han ahondado en estos
considerandos y fundamentos de sentencias.


Repito, varias comunidades han alegado durante el trámite
del expediente —y esto es del Consejo de Estado— que el
sistema dispuesto por esta norma que hoy debatimos es una injerencia en
el reparto competencial previsto en la Constitución y en los estatutos.
Repito, artículo 149.1.3 de la Constitución y artículo 97.


El alcance del referido título competencial a la
celebración de tratados internacionales, la representación en el exterior
del Estado, la creación de obligaciones internacionales y la
responsabilidad internacional establece que eso es una competencia
estatal, les guste más o les guste menos. Y luego hay sucesivas
sentencias donde ya, en entrecomillado, establecen cuáles son los límites
de esa competencia para el Estado y cuáles son para las comunidades
autónomas.


El artículo 149.1.3 habla de que son relaciones entre
sujetos internacionales y regidas por el derecho internacional y ello
excluye necesariamente que los entes territoriales dotados de autonomía
política, por no ser sujetos internacionales —véase comunidades
autónomas—, puedan participar en las relaciones internacionales y
consiguientemente concertar tratados con Estados soberanos y
organizaciones internacionales gubernamentales y, en lo que aquí
particularmente importa, excluye igualmente que dichos entes
territoriales puedan establecer órganos permanentes de representación
ante esos sujetos dotados de un estatuto internacional, porque las
comunidades autónomas no son un sujeto de derecho internacional.


La doctrina se ha reiterado —repito, sentencias
31/2010 y 80/2012 reiterando doctrina anterior— y establece
textualmente: La posibilidad de las comunidades autónomas de llevar a
cabo actividades que tengan una proyección exterior debe entenderse
limitada a aquellas que, siendo necesarias o al menos convenientes para
el ejercicio de sus competencias, no impliquen el ejercicio del ius
contrahendi —firma de tratados—, no requieran obligaciones
inmediatas y actuales frente a poderes públicos extranjeros, no incidan
en la política exterior del Estado y no generen responsabilidad de este
frente a Estados extranjeros u organizaciones inter o supranacionales,
pues los entes territoriales dotados de autonomía —véase
comunidades autónomas— en el seno de un único Estado soberano no
son sujetos de derecho internacional. A mayor abundamiento, esto
significa que dentro de esta competencia exclusiva estatal se sitúa la
posibilidad de establecer medidas que regulen y coordinen las actividades
con proyección externa de las comunidades autónomas para evitar o
remediar eventuales perjuicios sobre la dirección y puesta en ejecución
de la política exterior, que es exclusivamente competencia estatal.
Blanco y en botella, en mi pueblo: leche.









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Y eso es lo que dicen las sentencias del Tribunal
Constitucional y eso es lo que ha motivado la enmienda transaccional del
5.2, lógicamente. Lo dice el Consejo de Estado y lo dicen las sentencias,
no es ninguna concesión, es cumplir lo que dicen las sentencias y lo que
recomienda el Consejo de Estado. No puede ser de otra manera, porque esas
mismas sentencias consideran que en cuestiones de instancias europeas
—en la Unión Europea y sus distintos organismos— debe
considerarse derecho interno, intramuros, no relaciones de derecho
internacional como una comunidad igual a un Estado soberano. Y por eso,
en esas actuaciones ante las instancias europeas esta ley recoge, vía
enmienda transaccional de todos los grupos, esa posibilidad para
favorecer, permitir y respetar las legítimas aspiraciones recogidas en
sus estatutos de autonomía de todas y cada una de las comunidades
autónomas.


Por lo tanto, se participa por parte de las comunidades
autónomas, se respetan sus competencias escrupulosamente y van a seguir
defendiendo sus intereses y las competencias de cada uno de sus
territorios en los foros europeos donde las sentencias establecen que
tiene que permitirse y, sobre todo, canalizarse. Y esta ley hace lo que
le establecen las sentencias y le recomienda el Tribunal Constitucional:
coordinar y planificar con la aportación de todos.


El ministro decía que este era un proyecto abierto. Durante
el trámite se ha demostrado: ha habido una amplia audiencia pública, ha
habido un amplio consenso, a pesar de que hoy este consenso va a irse
hacia la abstención, pero saben que se ha avanzado. Se ha avanzado porque
en treinta y cinco años no habíamos conseguido canalizar en un documento
lo que diversas sentencias y las aspiraciones legítimas de las
comunidades nos estaban demandando y, por lo tanto, de cara al futuro
creo que es importante para la consolidación de un modelo de Estado en el
que cabemos todos y no sobra nadie.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo.


Su constitucionalidad ha sido constatada por el informe del
Consejo de Estado y algunos de los artículos de este proyecto recogen
algunos de los considerandos y argumentos jurídicos de, repito,
reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional respecto al papel,
protagonismo, voz y voto de las comunidades autónomas que componen el
Estado español en los foros internacionales.


Por lo tanto, yo doy las gracias a los que han retirado los
vetos —luego en mi turno de portavoces así lo haré— y llamo a
hacer una reflexión, porque se ha avanzado hacia un modelo respecto a la
proyección exterior de España y de todos los que representamos ese
proyecto desde la solidaridad, un proyecto en el que, repito, cabemos
todos y no sobra nadie.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
senadora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente, intervendré
desde el escaño.


Señor Chiquillo, no se enfade, pero le haré una reflexión.
Es una de las muchísimas leyes a las que se presentan siete vetos
—es verdad que se retiran tres—. Siete vetos, trescientas
cincuenta enmiendas a una ley con sesenta artículos, quince disposiciones
adicionales, una disposición derogatoria única y una disposición final.
Esta mañana hemos oído desde que no entendemos de lo que estamos hablando
hasta que no nos leemos las leyes. Los grupos de la oposición siempre
tenemos un verdadero problema con la comprensión lectora. Yo que ustedes
me plantearía si no será que no escriben bien, escriben muy mal, o se les
entiende demasiado bien. Y aquello que decía de blanco y en botella...
Cuando ustedes lo califican, ustedes hablan de otras cosas. Y si quiere,
me refiero a los pufos que tienen entre manos.


Pero vayamos a lo que tenemos que ir. Ustedes hablan de
diálogo. Pues deben emitir señales de humo, porque, claro, siete vetos,
de los que se han retirado tres... Ya veremos cómo acaba este proyecto de
ley, cuántas enmiendas aceptan y si realmente los grupos que ha retirado
el veto les acaban apoyando la ley... Veremos la capacidad de diálogo que
tienen y si realmente cuajan esos largos y extensos proyectos de ley que
no habían llegado a cuajar nunca.









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En relación con los derechos humanos, dime de qué presumes
y te diré de lo qué careces. Y pueden ustedes entenderlo o no entenderlo,
pero España tiene verdaderas carencias, importantes carencias, a la hora
de defender y proteger los derechos humanos. Y si quieren no me explayo o
me explayo, como gusten. Vayan poniendo el dedo en el ojo y se
encontrarán un día con un disgusto.


Yo le preguntaría: ¿cómo califica usted el ingente trabajo
que ha efectuado el Ministerio de Asuntos Exteriores para preparar, por
calificarlo de alguna manera, el informe de doscientas hojas o doscientos
folios o doscientas páginas que ha remitido a todas las embajadas
españolas en el mundo, con verdaderos errores de bulto, sacando también
fuera de contexto frases que han escrito algunas personas que ahora están
muertas y no pueden defender lo que en su día escribieron? Dígame usted
cómo lo califica, cómo califica el informe presentado por el ministro
Margallo y enviado a las embajadas españolas, dígame qué calificación
merece. Pues de auténtica cruzada contra un derecho básico que los
catalanes y las catalanas defenderemos y que ejerceremos, les guste o no
les guste.


Por tanto, se lo pueden tomar de muchas maneras posibles.
Ustedes también recuerdan sistemáticamente y a renglón seguido incorporan
aquello de: miren ustedes qué lugar ocupan en este hemiciclo.
Efectivamente, el que nos toca y el que queremos ocupar, porque allá
dónde nos jugamos las misas de verdad, ustedes ocupan poco más que el
cuarto lugar.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


¿Alguna intervención más del Grupo Mixto?
(Denegaciones.)


Ninguna.


Pasamos entonces al Grupo Parlamentario Vasco.


Senador Anasagasti, tiene la palabra.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente,
señorías.


Nuestro grupo parlamentario presentó al inicio de la
discusión de este proyecto de ley en el Senado un veto. De ahí que no nos
extrañe que se hayan mantenido cuatro de ellos. Y lo decimos porque este
proyecto de ley, a nuestro juicio y sobre todo al principio de la
discusión, es muy corporativo, pocos sensible con el Estado autonómico,
incluso con este Senado, que queda subsumido, tutelado, ninguneado,
cuando se habla de las Cortes Generales, al Congreso.


El señor Chiquillo ha hecho una intervención diciendo que
la política europea es política interna. Y es verdad, pero ¿por qué no se
puso desde el principio un artículo donde eso se consagrara y así no
hubiéramos tenido que presentar ninguna enmienda?


También tengo que decir que no ha habido ni la posibilidad
de que las comparecencias del ministro, de los secretarios de Estado
puedan hacerse de forma conjunta Congreso-Senado. El Senado no es el
hermano pobre de estas Cortes, sino el hermano invisible. Lo acabamos de
comprobar. No sé por qué a algunos se les llena la boca hablando de la
Constitución, cuando se incumple tan flagrantemente. Este debate se
debería haber realizado la semana que viene, pero se hace en esta. ¿Por
qué? Porque el presidente del Gobierno, por sí y ante sí, ha decidido
someterse al debate sobre el estado de la nación cuando a él le ha
convenido. ¿Puede hacerlo? Claro que sí, pero demuestra la misma
sensibilidad hacia el Senado que una almeja.


Nosotros siempre hemos reivindicado que este debate no
puede estar al albur, al capricho o a los intereses del presidente del
Gobierno. Esto no es serio en una democracia solvente; aquí te pillo,
aquí te mato. El ciudadano debería saber que en la segunda semana de
febrero de todos los años se celebra el debate sobre el estado de la
nación como inicio del año legislativo, y no cuando al presidente le
conviene; pero eso sería tener un mínimo de consideración con el
Legislativo y con el Senado. Hasta ahora se ha hecho este debate, desde
la época de Felipe González, cuando el Gobierno ha querido o le ha
convenido: en octubre, en junio, en abril, en diciembre y, en este caso,
en febrero, algo a nuestro juicio muy poco serio. ¿Y quién ha pagado el
pato este año del capricho de la agenda del Ejecutivo? Pues, como
siempre, el Senado; agenda rota, reuniones clausuradas y falta de
respeto.


Otro dato. El Gobierno ha negociado en el Congreso esta
ley. El propio ministro García-Margallo así lo ha hecho. Aprobada la ley
en el Congreso, y ya sita en el Senado, invitó a un desayuno ¿a quiénes?
A los portavoces de la Comisión de Exteriores del Congreso. El portavoz









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del Grupo Vasco en el Congreso le recordó al ministro que
el proyecto de ley estaba en el Senado. No se había enterado. El ministro
García-Margallo compareció, a petición de todos los grupos, en diciembre
del año pasado en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. Se le
había visto en desayunos varios, en conferencias varias… Pero,
siendo, como dice, un parlamentario vocacional, al parecer tenía miedo de
que le cayera alguna teja en esta Casa y había decidido en el año 2013 no
comparecer nunca en el Senado —como la ministra Ana de Palacio, que
no compareció nunca—. Concretamente, lo hizo el 19 de diciembre,
cuando todos los grupos nos pusimos de acuerdo y le enviamos una carta.
Nuestro grupo le afeó en comisión esta anomalía, cuando había invitado a
los portavoces a desayunar a su ministerio. El ministro contestó
concretamente lo siguiente, y quiero que lo escuchen, porque no tiene
pérdida: Señor Anasagasti, la Ley de acción exterior, que vio tres
intentos y una comisión interministerial antes de este Gobierno sin
llegar satisfactoriamente a puerto, ha tenido en este Gobierno una
tramitación muy complicada. El Ministerio de Asuntos Exteriores hizo
hasta treinta y cinco borradores de proyecto porque ha habido una
negociación interna extraordinariamente complicada. Aquí intervienen
todos los departamentos ministeriales, intervienen las comunidades
autónomas, intervienen las corporaciones locales, y eso ha determinado
que la negociación fuese muy complicada. Y es obvio que yo no he podido
hablar con los otros grupos parlamentarios —en este caso me refiero
al Congreso— hasta que pudiese estar seguro de que tenía un
producto que estaba consensuado con mis compañeros de gabinete. Es verdad
que hubo una reunión el otro día con los portavoces del Congreso. ¿Y por
qué los portavoces del Congreso? Porque la tramitación en la comisión
fue, por decirlo suavemente, accidentada. Y lo que yo quería comprobar
con estos portavoces es que los pactos a los que habíamos llegado se
habían cumplido; cuáles se habían cumplido y cuáles se habían quedado en
el tintero para buscar una rectificación en el Senado. Todavía no me he
reunido con los portavoces del Senado… —ni se piensa reunir,
claro—, entre otras cosas, porque una reunión tiene por motivo el
estudiar las distintas posiciones, debatir las distintas posiciones, y el
Senado todavía no ha presentado sus enmiendas. Por lo tanto, la reunión
sería muy amistosa y muy navideña, pero carente de objeto porque no
habría una posición alternativa que contrastar. No le quepa la menor
duda… —fíjense en lo rotundo de la afirmación— de que,
en cuanto sus señorías hayan hecho las enmiendas, yo me reuniré con los
portavoces del Senado… —mentira— …, como no podía
ser de otra manera, pero créame que entre mis distintos dones no está el
de profetizar cuáles van a ser las posturas que van a plasmar los grupos
en sus enmiendas.


Es decir, el ministro se comprometió a hablar con los
portavoces de los grupos parlamentarios del Senado. No lo ha hecho. Ahora
bien, tengo también que constatar que, aparte de que el ministro habla
por hablar en una comparecencia parlamentaria y no cumple lo que dice, en
el trámite de ponencia tuvimos una reunión con el Gobierno, con el señor
subsecretario, que amablemente acudió y nos presentó una enmienda
transaccional. Y el portavoz del Partido Popular en la Comisión de
Exteriores, el señor Chiquillo, se ha empleado a fondo y ha hecho lo que
ha podido para quitarle ese feo pelo de la dehesa centralista que lo
impregna a un proyecto de ley a nuestro juicio demasiado corporativo.


La ley está cerca de ver la luz en este febrero de 2014,
tras muchos meses de tira y afloja. No obstante, nuestras dudas se han
acrecentado durante la tramitación. La propuesta de armonización de la
acción exterior con la política exterior del Estado ha sido duramente
criticada por todos los partidos de la oposición, los medios de
comunicación y la sociedad civil, que han visto un intento de
centralización del Ejecutivo de buena parte de las competencias en
materia de acción exterior, tanto dentro de la propia Administración del
Estado como con otras administraciones.


Establecer un mapa de prioridades estratégicas, definiendo
a grandes rasgos qué se hace en el exterior mediante una estrategia de
acción exterior cada cuatro años, cómo se hace, y quién lo hace, mediante
un consejo ejecutivo de política exterior, y revisar los objetivos
mediante evaluaciones anuales, es un procedimiento saludable para una
Administración que quiere ser eficaz y eficiente. Pero esto no resuelve
el pecado original de esta ley, que es similar en fondo al problema que
encarna la marca España, aunque se nombre solamente dos veces: que la ley
sea identificada más como un proyecto político muy español, al calor de
una mayoría absoluta y sin prácticamente debate parlamentario ni social
alguno, que como un proyecto de Estado, de lo que se entiende como un
Estado moderno, que entraña una reforma administrativa con vocación
duradera.









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Por otra parte, si bien es cierto que el Estado tiene una
amplia colección de cuerpos en el exterior cuya actuación dista de ser
coordinada en muchas ocasiones, toda la acción del Estado en el exterior
no puede subrogarse a objetivos de política exterior, sobre todo si estos
corresponden a objetivos de política económica; coloquialmente, aumentar
las exportaciones y atraer inversiones.


La atribución de competencias en materia de asuntos
exteriores también ha despertado gran oposición no solo en el Parlamento
sino también entre los Gobiernos de las comunidades autónomas; la
administración de exteriores se ha posicionado públicamente en contra de
esta ley. Como he dicho, nosotros presentamos al principio un veto, y lo
hemos retirado en comisión. No se crean que estamos muy entusiasmados;
porque una enmienda transaccional sobre los viajes de los representantes
de las comunidades autónomas nos obliga a hacer un gesto de cortesía,
pero no somos entusiastas ni vamos a tirar ningún cohete cuando se
apruebe esta ley, porque, efectivamente, de alguna manera se ha arreglado
un cierto entuerto, pero hemos visto que la vocación no era
fundamentalmente plasmar en un proyecto de ley una ley que representara
al Estado español y no solamente a un Gobierno profundamente
centralizado.


Tampoco estamos de acuerdo con el planteamiento que se hace
con los derechos humanos. Y cuesta muchísimo en cada proyecto de ley que
se reconozca que, además del castellano, que es una lengua vigorosa y que
tiene mucha presencia en todo el mundo, hay otras lenguas cooficiales,
les guste o no. Porque cuando uno ve esas inauguraciones del Instituto
Cervantes con el príncipe Felipe lo único que se habla es el castellano,
y nosotros seguimos sin creer que desde la Administración central se haya
asumido que este es un Estado autonómico, un Estado plurinacional y un
Estado plurilingüe. Eso nunca se reconoce en los proyectos de ley, y
hacen falta muchas enmiendas para que de alguna manera este pequeño
Frankenstein que va a salir de un debate parlamentario en la tarde de hoy
sea medianamente solvente.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Anasagasti.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre la
organización de la Administración del Estado en el exterior, define y
regula bastante bien la organización del Servicio Exterior del Estado;
sin embargo, veintisiete años después es necesario adaptar nuestra
legislación. El presente proyecto de ley debería profundizar en los
principios de la política exterior y adaptar la organización del Servicio
Exterior y de la política exterior a las nuevas realidades, entre otras,
la Unión Europea, porque es cierto que la política hacia la Unión Europea
es realmente una política interior, pero la Unión Europea sí tiene una
política exterior propia, de la que participamos, sobre todo a partir de
la designación de la alta representante de la configuración de todo el
Servicio Exterior de la Unión. Asimismo, nuestra pertenencia a la
Organización del Tratado del Atlántico Norte, es, cada vez más, acabada
la guerra fría, un instrumento de actuación multilateral y un instrumento
de actuación en el contexto internacional en defensa de los valores de
los derechos humanos, de la democracia y de la libertad.


El presente proyecto de ley parece más bien fruto del
recelo hacia otros actores institucionales que participan de la acción
exterior, especialmente, como ya se ha dicho, de las comunidades
autónomas. El artículo 2, que hace referencia a los principios y
objetivos de la política exterior, dice: 1. La política exterior de
España tiene como principios inspiradores el respeto a la dignidad
humana, la libertad, la democracia, el Estado de derecho y los derechos
humanos. La política exterior de España defenderá y promoverá el respeto
y desarrollo del derecho internacional, en particular el respeto de los
principios de la Carta de las Naciones Unidas.


Esta definición, si me perdonan, suena vacía. Se habla de
principios inspiradores que no obligan de manera determinante e
inexcusable. La falta de voluntad política en este sentido del Partido
Popular y, por tanto, del Gobierno, se pone clamorosamente de relieve con
la proposición de ley aprobada la semana pasada en el Congreso de los
Diputados, y que sigue su tramitación por vía de extrema urgencia. Me
estoy refiriendo a la ley sobre la jurisdicción universal, una futura ley
que limita en gran parte, sino elimina, la aplicación en España del
principio de justicia universal. El principio de justicia universal ha
permitido hasta ahora la investigación y el enjuiciamiento en









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España de crímenes horribles, como el genocidio, o crímenes
de guerra cometidos en otros países. Fue la comunidad internacional la
que decidió, después de los horrores de la segunda guerra mundial, que
estos crímenes, por su especial gravedad, no podían quedar impunes y
tenían que ser perseguidos por los Estados, con independencia del lugar
donde se cometieran y de la nacionalidad de las víctimas y los
victimarios, tal como afirman el profesor Antonio Cuerda, catedrático de
Derecho Penal, de la Universidad Rey Juan Carlos, y el profesor Manuel
Ollé, de la Universidad Complutense, en un artículo muy interesante,
publicado por El Periódico, de Cataluña, el pasado sábado, 15 de febrero.
Ambos profesores afirman asimismo: Esta proposición de ley es contraria a
nuestra Constitución y al derecho internacional y, por tanto, se
contradice completamente con lo que se supone que son los principios que
deben inspirar nuestra política exterior, de acuerdo con el proyecto de
ley que en este momento estamos debatiendo en esta Cámara.


Señorías, pese a las modificaciones introducidas en
comisión, estamos ante un texto marcadamente insuficiente, excesivamente
genérico y que encubre posiciones políticas del Gobierno, como acabo de
referir, contradictorias con los principios que se dice que han de
orientar la acción y la política exterior de España.


Con todo, valoramos positivamente la voluntad negociadora
del portavoz del Grupo Popular, el senador Chiquillo, a lo que ha hecho
referencia también el senador Anasagasti, portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco hace un momento. Y atendiendo a algunas de las
mejoras transaccionadas en comisión, hemos retirado el veto de los
senadores socialistas de la Entesa a este proyecto de ley, y no porque
estemos muy convencidos, como acabo de decir, de la bondad, la
profundidad y la corrección del texto que se somete a debate, pero vamos
a hacer un último esfuerzo en el debate de las enmiendas para intentar
mejorar el texto en lo posible. Les anuncio que el voto de los senadores
socialistas de la Entesa ante los cuatro vetos presentados va a ser de
abstención.


Continuará en este turno de intervención el senador
Guillot, también de la Entesa.


Gracias, señor presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.


Senador Guillot, tiene la palabra.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señor Chiquillo, eso de mezclar intervenciones evita
respuestas directas e impide conocer exactamente su opinión. Yo le voy a
pedir la suya sobre una serie de cuestiones.


En primer lugar, ¿usted cree que es suficiente el consenso
conseguido en el Congreso, y presumiblemente aquí, en el Senado, para
sacar adelante una ley tan importante como esta, una ley que en principio
debería entenderse, como todo lo que es política exterior, como política
de Estado? ¿Usted cree que cuenta con la mayoría suficiente? Yo creo que
no. Ya lo he dicho antes: la relación de enmiendas a la totalidad que se
presentaron en el Congreso, los siete vetos planteados —que al
final son cuatro—, el número de enmiendas, la actitud, y los
portavoces. Escúchelos.


En segundo lugar, ¿usted cree que puede venir por una
transaccional en el Senado lo que debería constar ya en el anteproyecto
de ley, que es la incorporación de sentencias del Tribunal Constitucional
y recomendaciones del Consejo de Estado respecto de la nueva necesidad de
informar de las visitas de los presidentes y otros cargos de las
comunidades autónomas de todo aquello que forma parte de la Unión
Europea? Usted se vanagloria diciendo: no, no, es que estamos cumpliendo
con una sentencia del Tribunal Constitucional. Pues haberlo hecho en el
anteproyecto, porque esto nos permite opinar que hay que arrancarles
—como en un dentista— cada una de las cuestiones que mejoran
o alivian el maltrato que tienen las comunidades autónomas.


En tercer lugar, en relación con las comunidades autónomas,
en la definición de la estrategia exterior este proyecto de ley solo
contempla que podrán opinar, que se recabará su información y, si se cree
oportuno, se incorporará. Punto. Léaselo; habla de recabar y, si se
considera oportuno —la expresión exacta es «en su caso»—,
incorporar.


Y, señor Chiquillo, usted no me ha contestado sobre uno de
los grandes déficits de este proyecto de ley: que no pone orden en el
conjunto de personas del Gobierno que realizan la acción exterior. Ni la
jerarquiza ni la coordina respecto del papel que tiene que jugar el
embajador o jefe









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de misión. Se siguen manteniendo los reinos de taifas y eso
es un grave problema para la unidad de acción exterior y para su
eficacia.


¿Qué pasa, en definitiva? Usted dirá lo que quiera, pero si
uno lee a la FAES, si escucha a sus portavoces, a muchos de sus
presidentes y a opinadores, para ustedes el proceso de descentralización
política acaba siendo un problema, lo ven como un problema. Las
comunidades autónomas son sinónimo de despilfarro. Las comunidades
autónomas son sinónimo de ruptura de la unidad de mercado. Las
comunidades autónomas tiran el dinero en televisiones, tiran el dinero en
oficinas en el exterior, etcétera. Y esta desconfianza institucional,
esta lectura negativa del proceso de descentralización política está
comportando que ustedes elaboren proyectos de ley como este.


Nadie discute, ni mi partido ni mi grupo en el Congreso ni
el Grupo de la Entesa, la competencia exclusiva del Estado en política
exterior. Lo que les exigimos, lo que les pedimos, es respeto a las
competencias que tienen muchas comunidades autónomas vía estatutaria y
reconocidas por el Tribunal Constitucional; porque ustedes impugnaron en
el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional desestimó, lo
que son las competencias que tienen las comunidades autónomas en la
acción exterior. Y ustedes con este proyecto de ley intentan mermarlas.
Esto es lo que, en parte, ha justificado este veto. Con lo cual le pido
que cuando usted responda intente acotar las respuestas a cada una de las
intervenciones, porque en ese tótum revolútum, señor Chiquillo, se me
pierde. No le entiendo. Eso sí, le permite esquivar los temas
espinosos.


Gràcies, president.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Gràcies, senyor president.


Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i
Unió presentó un veto al proyecto de ley y lo ha retirado en
reconocimiento a algunas transacciones realizadas, como las que
flexibilizan la información sobre viajes al exterior de autoridades de
las comunidades autónomas, que suavizan este ánimo burocrático y de
control que destila el proyecto de ley, por lo que se abstendrá respecto
de los vetos que se mantienen vivos.


La acción de retirar el veto perseguía también buscar
complicidades con el Gobierno para abordar nuevas modificaciones. Sin
embargo, el Gobierno no se ha permitido seguir avanzando por la senda de
la colaboración, el consenso y las complicidades con las demás
administraciones en el trámite parlamentario de este proyecto.


Retiramos el veto en aras del respeto parlamentario de los
pactos. Hemos pactado. Ha habido una cierta voluntad de enmendar algunas
cosas y, por tanto, nosotros mantendremos lo que hemos pactado. Pero si
nos preguntan si nos gusta la ley, tenemos que decir que no. No nos
gusta. Por eso no la votaremos a favor. Si nos preguntan si creemos que
se debía llevar a cabo esta ley, también tenemos que decir que no.
Creemos que no se debe llevar a cabo. En cuanto al señor Chiquillo, con
su buena voluntad, también soy de los que me añado a la afirmación de que
ha hecho una gran labor, un gran trabajo, un gran esfuerzo por intentar
llegar a acuerdos. Quiero que eso conste por parte de mi grupo. Pero ha
dicho que ha habido no sé cuantas docenas de proyectos, no sé cuántos
años de Gobiernos que han querido cambiar esta ley…, y curiosamente
la cambian ahora, en 2014. ¿Por qué no había que cambiar esta ley? Pues
porque la relación entre Gobiernos debe basarse en la confianza; en la
confianza institucional, y en el respeto también, pero sobre todo en la
confianza institucional. Por lo tanto, no se debe fiscalizar, no se debe
controlar.


Dicho esto, introducida la parte del consenso, del pacto,
del respeto institucional, del respeto parlamentario que nos ha llevado a
retirar el veto y que nos llevará a abstenernos en los demás vetos que
siguen vivos, permítanme que vaya más allá. Permítanme que les diga que
este portavoz está triste, está dolido, está indignado. Hoy, igual que
otros días, se ha filtrado en algún medio de comunicación que las
embajadas españolas han recibido consignas partidistas y partidarias
respecto de lo que ustedes llaman el problema catalán. Y lo queremos
denunciar aquí, hoy, en que se habla de política exterior y de política
diplomática. Las embajadas españolas se están convirtiendo en un
instrumento de un partido que quiere combatir lo que ellos llaman el
problema catalán. Se llega a escribir, a dar instrucciones escritas en
donde se dice que no somos una









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nación, donde se dice que lo que piensa el presidente de la
Generalitat, Artur Mas, es una ficción, un simple relato, que no nos
podemos definir como nación.


Señorías, ¿saben cuál es la primera ley que aprobó el
Parlament de Cataluña en junio de 1980, hace treinta y cuatro años? ¿La
primera? Aquella donde se reconocía que Cataluña es una nación. Y
—fíjense bien— con todos los votos: los de UCD, Alianza
Popular —que creo que podría representar hoy en día a una parte del
Grupo Parlamentario Popular—… Con todos: los de derechas,
izquierdas… Todos. Hoy esto no sería posible, como hoy no es
posible la inmersión lingüística, que durante muchos años ha convivido en
nuestro país, en Cataluña, en nuestra nación. Esta inmersión lingüística
ahora no es posible, está combatida, el ministro Wert la está
combatiendo. Y como no se permite que Cataluña —lo ha dicho la
portavoz de Esquerra Republicana— participe en deporte
internacionalmente, con sus selecciones nacionales, algunas reconocidas,
como hacen Escocia y otras naciones sin Estado.


Todo esto nos demuestra que estamos en un momento en el que
se está pasando la línea roja, la línea roja del respeto institucional,
la línea roja con la cual se nos quiere hacer entender que Cataluña no
puede tener política exterior, no puede tener embajadas. Pero no
pretendemos tener embajadas, al menos por ahora, hasta que no cambie
nuestro estatus político. Queremos tener solo oficinas de representación,
oficinas donde se ayude a los sectores económicos, empresariales,
culturales, etcétera. Y las oficinas de la Generalitat no son mansiones,
no tienen vajillas ni cuberterías de plata, no tienen edificios nobles;
son pequeñas oficinas donde se trabaja para ayudar al sector empresarial
y económico en su proyección.


Señorías, hemos retirado el veto porque somos un grupo
parlamentario de palabra. Hemos pactado unas mejoras, pocas, pero
sustanciales y de calado. Hemos conseguido que al menos los altos cargos
de la Generalitat cuando quieran ir de viaje oficial no tengan que pedir
permiso al Gobierno español para que puedan desplazarse; solo lo tendrán
que hacer el presidente de la Generalitat y los consellers. Ahí es nada:
un presidente elegido por un pueblo, por el pueblo de Cataluña, tiene que
informar. Pero al menos los directores generales, los subdirectores y los
que siguen podrán viajar sin que pidan permiso. Esto y otras cosas se han
mejorado, y hemos intentado de alguna forma cumplir con nuestra palabra.
Pero nos entristece enterarnos hoy de estas consignas políticas,
gubernamentales, de un ideario de un partido que aprovecha las embajadas
para decir todo eso: que somos una entelequia, que es una ficción, que es
un sueño, una alucinación del presidente de la Generalitat, que Cataluña
no es una nación. Pero repito que en 1980 fue la primera ley que se
aprobó por unanimidad —por derechas, izquierdas, centro,
todos—, e incluso algunos compañeros que hoy militan en el Partido
Popular votaron a favor de esa ley.


Por tanto, ¿qué venimos a decir? Que por respeto
parlamentario retiramos el veto, pero que, desde el punto de vista
político, con mucha contundencia institucional, no entendemos que se pase
la línea roja de la diplomacia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Losada.


El señor LOSADA DE AZPIAZU: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, voy a intervenir en este turno con una calculada
brevedad.


El Grupo Parlamentario Socialista ha sido consecuente con
su posición en la tramitación parlamentaria. Por ello, hemos decidido no
presentar un veto a esta ley, porque somos, repito, consecuentes con
nuestra posición en torno a la política exterior, que debe ser de
consensos y acuerdos buscados al máximo, y con nuestra postura
programática en el inicio de esta Legislatura ante el ministro de Asuntos
Exteriores.


Pero, estando de acuerdo en la necesidad de una ley de
acción y del Servicio Exterior que dé cohesión a toda nuestra actuación
internacional, creemos —y así lo defenderé en el momento de las
enmiendas y la expresión de la posición de mi grupo— que esta es
una ley que necesita de muchas mejoras, asumiendo, como decía al
principio, que el recorrido parlamentario, tanto en el Congreso como en
esta Cámara, ha mejorado esta ley. Ha permitido llegar a acuerdos que han
propiciado una mejora importante del articulado y también limar artículos
que en nada describían lo que tenía que ser una acción del Estado
español, con sus características territoriales. Creímos









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que existían suficientes bases para encontrar una
distribución adecuada de las funciones entre el Estado central, que es
verdad que guarda una competencia esencial, según el artículo 149 de la
Constitución, y las comunidades autónomas, según sus estatutos de
autonomía. Y ahí está la jurisprudencia, ya citada, del Tribunal
Constitucional y también —¿por qué no?— la práctica real de
la proyección exterior, en áreas de su competencia, de los diferentes
Gobiernos.


Con ese convencimiento y las enmiendas que hemos presentado
logramos algo que ha sido importante: una transaccional que firmamos
todos los grupos, que ha desatascado y ha facilitado posteriores acuerdos
entre todos. Hemos trabajado intensamente para lograrlos con todos los
grupos parlamentarios, y creo que de la ley enviada hemos hecho un buen
trabajo; no el suficiente, pero un buen trabajo por parte de todos los
grupos. Pero, dispuesto el Gobierno a aprobar una ley de estas
características, hasta ahora inexistente, esta ley debería haber sido una
buena ocasión para dotar al Estado, no solo al Gobierno, de unos
objetivos claros, unos procedimientos novedosos y eficientes, así como
para dar garantías a nuestro cuerpo diplomático y ser eficaces utilizando
la potencia de toda la Administración pública, de toda la Administración
del Estado, y aprovechar para resolver problemas enquistados en una
diplomacia tan antigua en el tiempo como la nuestra. Saben sus señorías
que tenemos que remontarnos casi al año 1700, cuando se nombra al primer
secretario de Estado, que era cómo se conocía al responsable de la acción
exterior. Ha trascurrido un largo tiempo a lo largo de estos siglos,
sobre todo hasta el último tercio del siglo XX y lo que llevamos del
siglo XXI, en que tanto nuestra incorporación a Europa como el Tratado de
Lisboa han dado un giro de casi 180 grados a la gestión, a lo que tiene
que ser la acción exterior, el interés nacional, el interés del Estado en
Europa y en el mundo.


Por eso, como les decía, en el trámite de defensa de las
enmiendas seré más preciso, entraré más a fondo en la cuestión y en la
posición de nuestro grupo. Y en este turno, referido a los vetos, por
coherencia, al no haber presentado un veto, manifestamos una abstención
positiva ante una ley que ha ganado mucho en el trámite parlamentario
pero que a nuestro entender se ha quedado escasa porque, evidentemente,
no es nuestra ley y nosotros no hubiésemos presentado una con estas
características.


Agradezco profundamente al senador Chiquillo todo su
esfuerzo y también al resto de portavoces, en el debate de una ley que es
de todos. Es cierto que le falta algún punto, pero espero que a lo largo
del debate exista la posibilidad de llegar a acuerdos y que el grupo
mayoritario cambie su voto y acepte nuestras enmiendas.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Losada.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.


Intentaré contestar a todos los portavoces y no dejar nada
en el tintero, que es algo que no me caracteriza ya que suelo entrar al
cuerpo a cuerpo; sin embargo, entre tantas opiniones, es lógico que
alguna se pueda escapar.


Quiero empezar mi intervención, para que conste en acta,
expresando mi agradecimiento al talante y actitud de todos los portavoces
que han participado en el debate preponencia, en la ponencia y en la
comisión ―extensivo al día de hoy― relativas a este proyecto
de ley. Cuando hablo de todos, hablo de todos, pero me van a permitir que
haga alguna mención especial al senador Quintero, de Coalición Canaria,
que motivó que pudiésemos elaborar una transaccional con las enmiendas de
otros grupos respecto al dichoso y tan traído y manido artículo 5.2.


Además, quiero dar las gracias al Grupo Parlamentario
Socialista porque no presentó ningún veto al inicio del trámite, y a su
portavoz, presente hoy, el senador Losada, así como al portavoz ausente
por tareas parlamentarias, el senador Sañudo.


Igualmente quiero mostrar mi agradecimiento al portavoz del
Grupo Parlamentario Vasco, el senador Anasagasti, por la no presentación
de ese veto y por la actitud y aptitud que ha manifestado en todos y cada
uno de los trámites parlamentarios. También al señor Sabaté, portavoz de
Entesa pel Progrés de Catalunya, del PSC, para ser más concretos. Y,
asimismo, al senador Cleries, hoy bien representado por el senador
Maldonado.


Lógicamente, he de mencionar al resto de grupos
parlamentarios y, cómo no, al senador Guillot y a los representantes del
Grupo Parlamentario Mixto.









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Quiero hacer una pequeña puntualización al senador
Anasagasti y es que al señor ministro de Asuntos Exteriores le hubiera
gustado estar presente, pero fue operado hace más de veinte días y, hoy,
en la sesión de control, aún había justificado su ausencia por su
convalecencia. No sé, porque no conozco tan profundamente a otros
ministros, pero le puedo garantizar que al señor ministro de Asuntos
Exteriores le gusta, y mucho, el debate parlamentario y su deseo, no solo
hoy sino a lo largo de más de una actuación en el Senado, le hubiera
gustado estar presente.


Respecto a lo que ha comentado el senador Guillot sobre el
consenso, le diré que lo hemos buscado desde el primer momento. Este
comentario sirve de respuesta para algún otro portavoz que habla de que
no hay consensos o diálogos, pero el trámite de una ley no se presta a
que se presente hoy para fastidiar a una comunidad sino que empieza
―y usted ha tenido responsabilidades o ha estado cerca de las
esferas de responsabilidades de Gobierno en su comunidad― con un
anteproyecto, un borrador, unos estudios previos, etcétera. En este
sentido, esta ley empezó a caminar a mediados de 2012 a través de
borradores, que los ha habido, y muchos.


Este Gobierno inició sus trabajos en enero de 2012 y antes
del verano empezó a trabajar con los antecedentes del Ministerio de
Asuntos Exteriores en esta materia. Durante 2013 hubo un amplio,
amplísimo, período de audiencia a las comunidades autónomas,
organizaciones empresariales, sindicales, del mundo de la cultura,
etcétera, que han intervenido, han alegado y han propuesto mejoras; ha
habido docenas, decenas de interlocutores.


Su grupo presentó en el Congreso de los Diputados un texto
alternativo, que yo he leído, pero ¿qué significa consensuar? ¿Aceptar su
texto alternativo del Congreso?


Aquí ha habido portavoces que han dicho: estamos en las
antípodas. Gran parte de los artículos de su texto alternativo no solo
están en las antípodas de lo que dice este proyecto, sino de todos los
borradores que han confeccionado diversos Gobiernos en los últimos
treinta años en nuestra democracia. Hemos llegado a acuerdos hasta donde
hemos podido llegar, porque consenso ¿qué es? Yo no voy a pedir que usted
comulgue con todo el articulado de este proyecto, pero me he leído su
texto alternativo y hay distancias insalvables, con todos los respetos a
su texto alternativo y a nuestro proyecto de ley.


Claro que hemos respetado lo que dice el Tribunal
Constitucional, como no podía ser de otra manera, y lo que recomienda el
Consejo de Estado, y lo hemos plasmado no solo en el artículo 5.2. Hay un
número importante de artículos de este proyecto que son prácticamente
citas textuales, con redacción de artículos, repito, de esa casi docena
de sentencias del Tribunal Constitucional, por supuesto, en muchos
artículos y disposiciones de la ley, precisamente porque queremos ser
escrupulosamente respetuosos y porque somos sensibles a esa cuestión, a
los artículos 149.1.3ª, 149.1.18ª y 97, y al encaje de las comunidades
autónomas, respetando lo que dicen las reiteradas sentencias del Tribunal
Constitucional; repito que los artículos 10 y 12 recogen las sentencias
anteriores que se han plasmado en diversos artículos, entre ellos el
artículo 35. Las comunidades autónomas tienen voz y voto, participan,
proponen, y no se rechaza arbitrariamente; si no se acepta su propuesta
tiene que ser de una manera motivada, argumentada y justificada. Yo creo
que otra cosa no se puede poner. Lo que no puede hacer el Estado, si una
comunidad hace una propuesta, es aceptarla sí o sí textualmente; si
rechaza alguna parte de esa propuesta, repito, tendrá que justificar y
motivar por qué no la acepta.


El Tribunal Constitucional nos merece todos los respetos,
nos guste más o menos lo que dice, pero en esta materia, repito, creo que
es muy importante que sepamos todos lo que dice el Consejo de Estado
respecto al balance de todas estas sentencias. En la página 22
—referido a este proyecto de ley— dice: De conformidad con la
jurisprudencia referida —y habla de las once sentencias— la
acción exterior de las comunidades autónomas en cuanto tenga incidencia
en las relaciones exteriores del Estado, se desarrolla en dos planos
diversos: el propio de la actividad de la Unión Europea —no hay
caso porque está respetado, y ahora diré algo más— y el más amplio
y general de las relaciones internacionales, entendido como las
relaciones de España con otros Estados independientes y soberanos y con
organizaciones internacionales intergubernamentales; relaciones regidas
por el derecho internacional general en el que los entes territoriales,
repito, dotados de autonomía política, por no ser sujetos internacionales
tienen limitada su acción exterior. Más claro agua, vuelvo a repetir.
Pueden llevar a cabo actividades de proyección exterior, si bien
limitadas a aquellas que sean necesarias o, al menos convenientes, para
el ejercicio de las









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competencias que tengan atribuidas estatutariamente. Y
siempre que tal actuación no incida en la reserva estatal del artículo
149.1.3ª de la Constitución, Relaciones internacionales, ni en la
dirección y ejecución de la política exterior en los términos expuestos
por el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias, y siempre que no
las perturben o condicionen, lo que se traduce en la posibilidad por
parte del Estado de establecer medidas que regulen y coordinen esas
actividades con proyección exterior de las comunidades autónomas, que es
lo que pretende el proyecto de ley que hoy votaremos. Esa interpretación
no la hago yo, es del Consejo de Estado en cada una de las sentencias.
Por lo tanto, vaya por delante esa cuestión.


Le voy a dar otro argumento que también se ha dado aquí: la
unidad de acción, la lealtad institucional, la coordinación son
principios de la acción exterior que vienen avalados por las sentencias
del Tribunal Constitucional y que se han plasmado en este proyecto de ley
como la planificación, la eficiencia, la eficacia, la especialización, la
transparencia y el servicio al interés general.


Y luego, de acuerdo con nuestro sistema competencial
—lo pone en la exposición de motivos y está en todos y cada uno de
los artículos— se habla del encaje y el papel protagonista que
tienen y van a seguir teniendo las comunidades autónomas. No hay ninguna
fobia al hecho autonómico, repito que es una realidad política
territorial estatutaria y constitucional. Y atendiendo a esta sugerencia
del Consejo de Estado, se ha precisado que las comunidades autónomas
deben supeditarse a los instrumentos de planificación en la acción
exterior porque ellas van a participar en ello. Y está marcado en la
definición de directrices de las actuaciones propias de la política
exterior del Estado, que los artículos de la Constitución, la
interpretación que de la misma hace el Tribunal Constitucional y las
recomendaciones del Consejo de Estado, se plasman en temas de política
exterior, acción exterior y relaciones internacionales en el modelo que
refleja este proyecto de ley. Entiendo que es la mejor manera de
coordinar y cumplir el mandato de esas sentencias, porque esas sentencias
son mandato para nuestro Gobierno y para los Gobiernos autonómicos.


Las comunidades autónomas claro que van a seguir con sus
oficinas en el exterior, como hasta el día de hoy. Y además, se les
ofrece la posibilidad de integrarse voluntariamente en el Servicio
Exterior del Estado. Voluntariamente, no se le va a obligar a nadie. Y la
imagen internacional de las lenguas autonómicas, de la proyección
económica, turística, de las comunidades va a seguir siendo igual que a
partir de la entrada en vigor este proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor CHIQUILLO BARBER: Un proyecto de ley que,
recuerdo, una vez publicado, va a tener un posterior reglamento y
normativas que van a desarrollar algunos de los extremos.


Por tanto, esta coherencia que queremos para la proyección
exterior desde el respeto a las comunidades va a seguir esos principios
que inspiran nuestra Constitución y este proyecto de ley. La acción
exterior va a ser tarea de todos con ánimo constructivo. Repito, aquí
cabemos todos, y aquí los que no caben o se autoexcluyen son los que no
quieren construir un proyecto de España de paz, convivencia, respeto y
solidaridad.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.


Llamen a votación. (Pausa.)


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a proceder a votar las propuestas de veto,
teniendo en cuenta que también hay votación telemática.


Comenzamos votando la propuesta de veto número 1, de la
senadora Capella i Farré.


En el voto telemático, en esta propuesta de veto la
senadora Eva Parera Escrichs no ha ejercido su derecho al voto; la
senadora Catalina García Carrasco ha votado en sentido negativo y la
senadora María Navarro Escasillas también ha votado en sentido negativo.
Por tanto, los sumaremos a la votación del hemiciclo.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228, más 3 votos telemáticos, 231; votos emitidos, 228, más 2
votos telemáticos, 230; a favor, 7; en contra, 148, más 2 votos
telemáticos 150; abstenciones, 73.









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El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Vamos a proceder a votar la propuesta de veto número 2, de
los senadores Aiartza, Goioaga, Mendizabal y Unamunzaga.


En el voto telemático la senadora Eva Parera Escrichs no ha
ejercido su derecho al voto, la senadora Catalina García Carrasco ha
votado en sentido negativo y la senadora María Navarro Escasillas también
ha votado en sentido negativo.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228, más 3 votos telemáticos, 231; votos emitidos, 228, más 2
votos telemáticos, 230; a favor, 8; en contra, 147, más 2 votos
telemáticos, 149; abstenciones, 73.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Vamos a proceder a votar la propuesta de veto número 3 de
los senadores Iglesias y Mariscal. (Rumores.) Señorías, silencio, por
favor.


El resultado de la votación telemática ha sido, la senadora
Eva Parera Escrichs no ha ejercido su derecho al voto, la senadora
Catalina García Carrasco ha votado en sentido negativo y la senadora
María Navarro Escasillas también ha votado en sentido negativo.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228, más 3 votos telemáticos, 231; votos emitidos, 228, más 2
votos telemáticos, 230; a favor, 7; en contra, 147, más 2 votos
telemáticos, 149; abstenciones, 74.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Finalmente votamos la propuesta de veto número 5 de los
senadores Guillot y Saura.


La votación telemática es la siguiente, la senadora Eva
Parera Escrichs no ha ejercido su derecho al voto, la senadora Catalina
García Carrasco ha votado en sentido negativo y la senadora María Navarro
Escasillas también ha votado en sentido negativo.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 228, más 3 votos telemáticos, 231; votos emitidos, 228, más 2
votos telemáticos, 230; a favor, 7; en contra, 147, más 2 votos
telemáticos, 149; abstenciones, 74.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Por lo tanto, una vez rechazadas las propuestas de veto,
entramos en el debate de las enmiendas, comenzando por las enmiendas de
los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, que han
presentado las enmiendas 2 a 26 y 28 a 67.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Mariscal.


El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente. (La
señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia.)


Señorías, los senadores Iglesias y Mariscal, de Izquierda
Unida, hemos presentado sesenta y seis enmiendas que están basadas,
obviamente, en un texto alternativo completo a este Proyecto de Ley de la
Acción y del Servicio Exterior del Estado.


En primer lugar, gran parte de nuestras enmiendas se basan
en que la política exterior debe recoger los principios
constitucionales… (Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías,
guarden silencio.


El señor MARISCAL CIFUENTES: …que nosotros pensamos
que no recoge adecuadamente esta ley, y principios basados también en la
Carta de Naciones Unidas que pensamos que tampoco recoge. Por ejemplo,
aquellos principios que hacen mención al reconocimiento, al impulso del
derecho de autodeterminación de los pueblos. Un derecho que es un
principio básico de la Carta de Naciones Unidas, y que nos gustaría que
fuera un valor activo de la política exterior de España, pues ya vemos
que actualmente, sobre todo en lo que tiene que ver con los pueblos
saharaui y palestino, no solamente no se reconoce el derecho de
autodeterminación de estos pueblos, sino









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que las tareas y la práctica diaria del Gobierno español va
en el sentido y en la dirección absolutamente contrarias al
reconocimiento de este derecho humano de los pueblos, al principio de no
injerencia y de unas relaciones justas económicas entre los Estados.


Que lo que viene plasmado en este proyecto de ley haga
mención a la Carta de Naciones Unidas. Que centre más las competencias en
las Cortes Generales y no tanto en el Ejecutivo. Enmiendas que hagan que
este proceso de recentralización —del cual este proyecto de ley es
un nuevo capítulo del Gobierno del Partido Popular también en la acción
exterior— se pueda dar la vuelta. Que el papel de las Fuerzas
Armadas esté sujeto y subordinado a la Carta de las Naciones Unidas y a
su funcionamiento. Y que el Gobierno español no pueda realizar acciones
en el exterior que no vengan avaladas por el reconocimiento de las
Naciones Unidas y de su Carta, como ya ocurrió con el caso de Irak, así
como posteriormente. Que haya una mejor definición de la composición y de
las funciones del Consejo de Política Exterior. Que se pueda poner en
marcha una comisión interterritorial de acción exterior que permita
revertir, como decía hace un momento, este proceso recentralizador, y que
la política exterior también tenga un papel activo, protagonista, en las
diversas administraciones que forman el Estado español.


Enmiendas que vienen a regular las clases de oficinas
consulares que hay en el exterior. Enmiendas para poner en marcha un
consejo de participación social en la política exterior, así como una
cosa muy sana desde el punto de vista de la democracia, como es la
rendición de cuentas, de tal forma que se pueda someter a la
consideración de las Cámaras un informe anual de la acción exterior para
que, de esta forma, sus señorías puedan valorar el papel del Gobierno en
la acción exterior.


Finalmente, hay una serie de enmiendas importantes que han
sido recogidas especialmente por la aportación de los sindicatos de
clase, en concreto, por Comisiones Obreras, que vienen a hacer mención
desde un principio de diálogo, de consideración, a que la ley podía haber
sido positiva en el sentido de haber regulado a los profesionales, a los
contratados laborales y a los cuerpos que se integran en el servicio
exterior, incluyendo, cómo no, las remuneraciones y de haber hablado de
la contratación y del régimen del personal laboral —una asignatura
pendiente que creemos que este proyecto de ley no soluciona—.


Y, la verdad, se han rechazado todas las enmiendas que
suponían una mayor participación institucional de los representantes de
los trabajadores en el modelo del servicio exterior. Desde aquello que
tiene que ver con la atención sanitaria a estos profesionales que
conforman el servicio exterior, a que no se haya asumido la mesa
sectorial de negociación para todos los trabajadores en el exterior, ni
la creación de una subcomisión interministerial de retribuciones para
todo el personal en el exterior, ni la presencia en el Consejo Ejecutivo
de Política Exterior de los sindicatos mayoritarios. Por lo tanto, al no
aceptarse nuestras enmiendas —aún estamos a tiempo— esta ley
no resuelve las carencias en materia de personal en el exterior ni
respeta los principios y los derechos laborales del personal español que
está prestando sus servicios en el exterior, ni tampoco en materia de
participación institucional de los representantes de los
trabajadores.


Pero el no va más, señorías, en este debate que tenemos
normalmente sobre cuál es la función de esta Cámara de segunda lectura y
cuál debe jugar en el futuro en nuestro sistema democrático como Cámara
de representación territorial, por la cual algunos apostamos con fuerza,
el Partido Popular sí tiene claro para lo que sirve esta Cámara.


Y otro ejemplo de ello nos lo encontramos en la
modificación, con nocturnidad y de tacón, de una nueva enmienda
introducida en el Senado tratando de hacer del trámite del Senado un
ejemplo de clandestinidad legislativa que impide rendir cuentas sobre las
modificaciones, y me estoy refiriendo esencialmente a la modificación de
la disposición adicional cuarta de este proyecto de ley. No es la primera
vez que nos encontramos con este fenómeno, con lo cual el Partido Popular
sí sabe para qué utilizar esta Cámara: para hacer modificaciones sobre
consensos que ya se habían producido en el Congreso, con un pretendido
bajo coste político y mediático.


Señorías, la modificación de la disposición adicional
cuarta, que nosotros evidentemente rechazamos, es un atentado contra el
principio de libertad sindical, nada más y nada menos. El texto que venía
del Congreso hacía referencia al acuerdo del 3 de diciembre de 2007, que
se iba a tener en cuenta para la conformación de los derechos y al
elaborar el informe sobre la situación del personal laboral en el
exterior —lo acordado en su momento por la comisión técnica en
personal laboral—, y esto, señorías, ha desaparecido del texto. No
solamente se amplía el plazo









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de seis a doce meses para realizar este informe, señorías,
sino que se obvia la base del acuerdo del 3 de diciembre de 2007, con la
participación de la comisión técnica en personal laboral, evitando por lo
tanto la participación sindical, la participación de los representantes
legítimos de los trabajadores y trabajadoras en la elaboración de ese
informe. Sin duda, un nuevo ataque a la democracia aprovechando
instituciones democráticas como esta. Para eso utilizan ustedes el
Senado.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. De la
205 a 208, 210 a 221 y las números 223 y 224.


Senador Anasagasti, tiene la palabra.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señora
presidenta.


Señor Chiquillo, la verdad es que yo me había dado cuenta
de que el señor ministro de Asuntos Exteriores no estaba en perfectas
condiciones de salud —luego me han informado de que ha sido
operado— porque últimamente no hacía declaraciones,
fundamentalmente sobre Cataluña. Eso nos había puesto un poco sobre
aviso. Sí hemos visto unas declaraciones del embajador Elorza en Roma,
unas declaraciones impropias de un embajador. Si esa va a ser la
estrategia a seguir, indudablemente eso no es para hacer amigos, ni para
hacer una política de Estado, ni para sumar esfuerzos.


Pero, señor Chiquillo, he leído el Diario de Sesiones,
donde se recoge que el ministro García-Margallo se comprometió a llamar a
todos y cada uno de los portavoces parlamentarios; no ya a presentar la
ley, y hubiera sido muy bueno que la hubiera presentado. Indudablemente,
nos hubiera gustado que nos hubiera invitado a un cruasán, como hizo con
los portavoces del Congreso, pero no ha sido así. Pero, como los
esfuerzos baldíos producen melancolía —y ustedes conocen esa
expresión— y yo últimamente estoy bastante melancólico ante la
postura del Partido Popular y, sobre todo, del Ministerio de Asuntos
Exteriores, tampoco voy a insistir al respecto. Con su pan se lo coman y
ya está. Aprueben la ley, que tienen mayoría absoluta, pero sepan que no
es una ley sensible.


Nosotros hemos presentado las enmiendas que van de la 205 a
la 224 porque en cuanto vimos y analizamos el proyecto de ley nos asaltó
una primera preocupación. Enseguida comprobamos que había una confusión
entre acción exterior y política exterior y advertimos una expansión de
la primera que conlleva la minoración o limitación inapropiada del papel
que las comunidades autónomas juegan en el exterior. En este
posicionamiento del prelegislador —todavía estaba en
proyecto— se citaban facultades de integración y dirección en el
papel planificador que se reserva el Estado y, a nuestro entender,
deberían ser sustituidas por las de coordinación, en los justos términos
explicitados por la doctrina constitucional, artículos 97 y 149 de la
Constitución, porque el papel de las comunidades autónomas no puede ser
el de mero sujeto pasivo de la estrategia exterior fijada por el poder
central. Un señor decide hacer en el ministerio, en el Palacio de Santa
Cruz, un tipo de política exterior; llama a las comunidades autónomas y
les dice: chicos, esto es lo que hay que hacer. ¿Y por qué? Porque yo lo
he decidido. Pues muy bien, eso será política exterior, pero
indudablemente no es política amistosa.


Nosotros creemos que la acción exterior se nutre y
conceptúa como la actuación del conjunto de agentes institucionales y
como el resultado de una acción plural y multidisciplinar y acorde con la
distribución material de las competencias. En definitiva, la acción
exterior no se puede impedir ni imponer, es sin embargo la adición de la
actuación sectorial de los diversos niveles de gobierno en un entramado
que no debe perjudicar la política exterior del Estado —y en eso
estamos de acuerdo—, pero que tiene su límite más obvio en las
competencias estatales en materia de relaciones internacionales, según el
artículo 149 de la Constitución. Esta desaparición desproporcionada de la
acción exterior como espacio natural de las competencias autonómicas no
llega a enmendarse en esta iniciativa, ni siquiera cuando se han aprobado
las enmiendas que ustedes han transaccionado en este proyecto que vamos a
votar dentro de muy poco, mediante los débiles mecanismos que se engarzan
de cara a cuidar la presencia de las comunidades autónomas en el núcleo
del proyecto. El listado de ámbitos materiales que sin clasificarse
conforme a la distribución interna de competencias se efectúa en el
proyecto integrándolos o atribuyendo su









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vertiente exterior al Estado es claro ejemplo de lo que
decimos. Capítulo II del Título I del proyecto. Y por ello hemos
presentado las enmiendas.


Pero, sobre todo, en la acción exterior no cabe una función
de dirección unívoca del Estado, sino más bien una función coordinadora
que permita que las actuaciones del resto de sujetos políticos fluya en
el exterior sin quebrantar ni perturbar las directrices de política
exterior que le corresponden al Estado, y claro está, sin interferir en
los ámbitos clásicos del derecho público internacional. Como muy bien ha
dicho el senador Chiquillo, la política europea no es política exterior,
es política doméstica.


Consecuencia de este sustrato que manifiesta el texto del
proyecto, nos encontramos con una filosofía de la vigilancia sobre toda
la acción exterior que se manifiesta a través de las distintas técnicas
de control jerárquico esparcidas en distintos preceptos; trato jerárquico
en el ámbito de unas relaciones que, no debe olvidarse, se vertebran por
el principio de competencia. Y en este sentido hay una sentencia del
Tribunal Constitucional, la Sentencia 31/2010.


En definitiva, se trata de la configuración de un marco de
coordinación para la acción exterior autonómica que, en palabras del
Tribunal Constitucional, no incida ni perturbe ni condicione o perjudique
la política exterior del Estado, como si el Estado fuera el Palacio de
Santa Cruz. Pero oiga, que no es así, que el Palacio de Santa Cruz es un
edificio, pero no es el Estado; el Estado también son las comunidades
autónomas. ¿O no es así? Pero la filosofía que impregna todo este
proyecto de ley no es esa, sino la de que el Palacio de Santa Cruz es el
faro que nos ilumina a todos y que se tiene que hacer exactamente lo que
dice en cada momento el ministro de Asuntos Exteriores, y lógicamente el
Gobierno, sin contar para nada con las comunidades autónomas, lo cual
evidentemente origina fricciones. Y ello nos lleva a proclamar un ámbito
libre de actuación que conduzca a la satisfacción de los intereses
exteriores de las comunidades autónomas en sus legítimos ámbitos
competenciales.


Asimismo hemos presentado enmiendas porque consideramos
—y vuelvo a insistir en lo que he dicho anteriormente— que
los idiomas cooficiales no están bien tratados. Ya sabemos que el
castellano es el idioma oficial y que existe la obligación y el deber de
saberlo y divulgarlo. Claro que sí; nadie está poniendo eso en cuestión,
pero existen lenguas cooficiales, y esas lenguas cooficiales no son
respetadas; no son respetadas nunca, nunca, y eso es lo que nosotros
queríamos denunciar. ¿Que va a prosperar? Seguramente lo hará en una
medida muy tibia, un saludo a la bandera nada más.


Otro tema que nosotros hemos considerado de vital
importancia es la política en relación con los derechos humanos. Los
derechos humanos siempre están supeditados a los intereses de Estado.
Hemos visto ahora lo que está ocurriendo con la ley de jurisdicción
universal. Importa sobremanera la política exterior —lo dijo ayer
el portavoz Alonso en el Congreso de los Diputados—, nos está
creando problemas diplomáticos la jurisdicción universal. ¡Oiga, que los
derechos humanos son derechos universales, están consagrados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos! Ya sé que en este momento
son más importantes los derechos económicos y que los intereses del Banco
Santander o del BBVA o de Iberdrola o de Repsol son más importantes
—por ejemplo, lo estamos viviendo en Venezuela con todo lo que está
ocurriendo y el Gobierno está callado—.


Por tanto, vemos que en este proyecto de ley los derechos
humanos no son una de las banderas, a pesar de que el presidente Rajoy en
su primera declaración institucional en el debate de investidura dijo que
los derechos humanos iban a ser uno de los nortes de actuación política
de su Gobierno. Pues no lo vemos por ninguna parte, desgraciadamente,
vemos que se cambia el concepto de justicia universal, que nos parece un
retroceso muy grave porque España era uno de los pocos países que podía
jactarse de tener una política en relación con este tema muy avanzada, y
sin embargo se va a hacer un grandísimo retroceso.


Estas enmiendas son las que nosotros hemos presentado, no
son muchas, sabemos que se nos ha aprobado una enmienda transaccional con
otros grupos parlamentarios en relación con los viajes de los presidentes
y de los miembros de los ejecutivos, que de alguna manera palía
tibiamente y recoge lo que consideramos que se tenía que hacer. Creemos
que, indudablemente, un Gobierno autonómico tiene que dar cuenta de los
viajes que realiza, pero no ese control exhaustivo que se pretendía,
sobre todo al principio, incluso pidiendo permiso.









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En definitiva, estas son las enmiendas que nosotros
presentamos y que ojalá prospere alguna, aunque no tenemos la menor
esperanza.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, números 69 a 77, 79 a 129, 131 y 133 a 138, y vuelta al texto
remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las
propuestas de modificación aprobadas sobre la base de las enmiendas 349 y
357, del Grupo Parlamentario Popular.


Senador Sabaté, tiene la palabra.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señora presidenta.
Señorías.


Los senadores socialistas del Grupo de la Entesa hemos
presentado un conjunto de setenta enmiendas con la voluntad de mejorar el
texto remitido por el Congreso de los Diputados y después de su paso por
la comisión correspondiente, la Comisión de Asuntos Exteriores, y las
mejoras que se han introducido en el debate en ponencia y comisión. Voy a
referirme a algunas de ellas que de alguna forma resumen el espíritu y la
voluntad con los que abordamos el debate de nuestras propuestas.


La enmienda número 70 hace referencia al concepto de acción
exterior, que engloba la actuación no solo de la Administración General
del Estado, sino de otras administraciones públicas y especialmente de
las comunidades autónomas. Es conveniente concretar que el Servicio
Exterior del Estado se circunscribe únicamente a la Administración
General del Estado para evitar confusiones.


En la enmienda 71 planteamos que es necesario redefinir los
principios y objetivos de la política exterior española conforme al
ordenamiento constitucional español y al marco de las nuevas realidades
del contexto internacional, tal y como he hecho referencia precisamente
en mi intervención en el turno de portavoces de los vetos, en la medida
en que participamos de organizaciones internacionales multilaterales y,
en especial, de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte.


En la enmienda 74 hacemos una defensa de la eficiencia, y
precisamente defendemos la unificación de servicios para mejorar,
manteniendo la eficacia pero bajando los costes de nuestro Servicio de
Acción Exterior.


Con la enmienda 82 se pretende regular en diversos
artículos la actuación de distintas autoridades y órganos
constitucionales, incluidas la Corona y las Cortes Generales; se pretende
precisamente reglamentar y definir cuál va a ser la acción exterior de un
conjunto de instituciones. De acuerdo con el dictamen del Consejo de
Estado de 31 de mayo de 2013 —al que se ha hecho referencia en
distintas intervenciones—, se considera más adecuado desde un punto
de vista de técnica normativa un precepto de carácter general que se
refiera como sujetos de la acción exterior a las autoridades y órganos
constitucionales, sin entrar en esta reglamentación tan detallada.


En la enmienda 92 pedimos la supresión del artículo 17 y
otros, porque precisamente la regulación de los objetivos propios de cada
uno de los ámbitos de actuación de la acción exterior de forma
pretendidamente exhaustiva y estática es incompatible con el dinamismo de
la política internacional, y puede constituir un obstáculo para la
vocación de permanencia consustancial a las normas del rango legal. A
veces es necesario hacer una referencia más genérica para permitir esa
adaptación a esa realidad cambiante.


Con la enmienda 99 hacemos referencia al artículo 24, que
dice: La acción exterior en materia de cooperación para el desarrollo se
orientará a contribuir a la erradicación de la pobreza y al desarrollo
humano sostenible. Pese al argumento al que hacía referencia hace un
momento de que hay que regular exhaustivamente los ámbitos de actuación
exterior, no obstante existen políticas, como la relativa a derechos
humanos y a la cooperación para el desarrollo, que por su transversalidad
exigen su permanencia específica en esta ley. Sería una excepción al
principio a que antes he hecho referencia.


Con la enmienda 109 pretendemos que se reconozca el papel
de los órganos representativos de la ciudadanía española en el exterior y
de un órgano consultivo en materia de política exterior, como es el
Consejo de Cooperación al Desarrollo en la definición de la Estrategia de
Acción Exterior.









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Con la enmienda 112 proponemos una modificación del
artículo 36, que trata de la promoción de la imagen de España y de la
acción informativa en el exterior. Se pretende responder a la realidad
territorialmente descentralizada del poder político, reforzando los lazos
de lealtad institucional y, como han hecho referencia distintos
portavoces, entre ellos el senador Anasagasti, dando relevancia también
en este ámbito al uso de las lenguas cooficiales.


Con la enmienda 114, el informe anual de acción exterior no
solo debe ser presentado ante las Cortes. Valoramos positivamente que se
haya modificado el proyecto de ley para que sea preceptiva su
presentación en ambas Cámaras, también ante el Senado, ante esta Cámara.
Pero para que sea fruto de una verdadera democratización de la acción
exterior, este informe anual de acción exterior debería ser sometido
también a aprobación en las Cortes Generales, en ambas Cámaras. No es
suficiente su presentación, pese a que sea un paso adelante.


Con la enmienda 115 planteamos que en el Consejo de
Política Exterior deberían participar las comunidades autónomas y los
entes locales, en función de lo que les afecten los temas a tratar.


En la enmienda 116 hacemos referencia al artículo 41.1, que
trata de fijar claramente el papel del embajador como responsable de la
dirección de la Administración General del Estado en el exterior y la
coordinación de todos los órganos, sin perjuicio de que dependan orgánica
y funcionalmente de sus respectivos departamentos ministeriales. Es
necesario, precisamente, definir mucho mejor esta función del embajador
como responsable, como director del conjunto de la Administración General
del Estado en el ámbito de su competencia.


Con la enmienda 117, en línea con lo que proponemos en la
enmienda 112, al artículo 36, a la que he hecho referencia, proponemos un
apartado nuevo del artículo 41 para impulsar el uso de las demás lenguas
cooficiales, además del castellano, en el Servicio Exterior del Estado.
Todas las lenguas oficiales de España deben estar presentes en esta
acción exterior del Estado, precisamente por eso, porque son oficiales;
no solo el castellano, sino también el gallego, el euskera y el
catalán.


Con la enmienda 119 proponemos que los embajadores, durante
el mes siguiente a su nombramiento, comparezcan ante la Comisión de
Asuntos Exteriores del Congreso. Es una forma precisamente de garantizar
el carácter democrático de la acción exterior: comparecencia, exposición
de su programa de actuación y que puedan, en este caso, someterse a las
preguntas también de los miembros de esa Comisión de Asuntos Exteriores
del Congreso, representantes de los distintos grupos parlamentarios.


Con la enmienda 126 proponemos que se reconozca a los
familiares del personal laboral del Servicio Exterior los mismos derechos
que a los familiares de los funcionarios. Entendemos que aquí se
demuestra muy poca sensibilidad del Gobierno precisamente porque son
muchas las personas que llevan trabajando mucho tiempo y las que se
puedan incorporar como personal laboral, que son la mayoría del personal,
excepto los altos cargos que forman parte del Servicio Exterior de
España, y a los que, evidentemente, no se les reconocen una serie de
derechos que en este proyecto de ley que estamos debatiendo se reconocen
y se establecen para los propios funcionarios y también para sus
familiares, tanto para el desplazamiento como también para poder optar a
puestos de trabajo en el lugar de destino del familiar de referencia.
Sería necesario, sería un acto de justicia que se pueda reconocer ese
derecho también a los familiares del personal laboral.


Las enmiendas 127 y 128 siguen la misma línea de mejorar
las condiciones y opciones de los familiares de los funcionarios y
personal laboral del Servicio Exterior.


Finalmente, la enmienda 137 propone la supresión de la
disposición final primera, que limita la facultad de control de las
Cortes sobre la cooperación internacional para el desarrollo al
eliminarse la obligación del Gobierno de remitir los planes anuales en
ejecución de la política de cooperación internacional para el desarrollo
española. Los planes serán cuatrienales y, por tanto, se dilata mucho más
la comparecencia y la dación de cuentas ante las Cortes Generales. En
ningún caso propone un mecanismo anual alternativo para debatir esta
política en el Parlamento. Esta enmienda continúa en la línea del resto
de enmiendas que hemos presentado, donde destacamos que el papel de las
Cortes Generales como Parlamento debe ser mucho más activo en el control,
en la definición y en la aprobación de la política exterior española. No
se trata solo de un recelo hacia el resto de administraciones, hacia las
comunidades autónomas, como se ha dicho ya en multitud de ocasiones a lo
largo de este debate, sino que también parece existir un recelo hacia el









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control parlamentario. Sin embargo, en un asunto de
política de Estado como es la política exterior, las Cortes Generales son
el instrumento adecuado para ejercer ese control, para tener el debate
necesario y someter todos los instrumentos de la política exterior y de
cooperación al desarrollo a ese debate parlamentario, para recibir todas
las aportaciones y para que el conjunto de grupos parlamentarios podamos
así hacer más nuestra la política exterior, esa política de Estado en la
que todos intentamos buscar el consenso necesario.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Para defender las enmiendas 139 a 204 del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el
senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.


Como repetiría los argumentos expuestos por el senador
Mariscal para defender enmiendas idénticas, les voy a ahorrar ese
tiempo.


Gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Para defender las enmiendas 296 a 298, 300 a 342, 344 y 345
del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra
el senador Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyora
presidenta.


Como he prometido a algún compañero una cierta brevedad
—cierta, no total—, intentaré no alargarme mucho. Sí que
pasaré a vista de pájaro por encima de nuestras enmiendas para dar una
idea de nuestro voto final.


Intervengo en nombre de Convergència i Unió para defender
las enmiendas de mi grupo, que ha mantenido vivas cuarenta y siete. Nos
aprobaron muy pocas enmiendas; hubo una aprobación minimum minimorum,
aprobación que hemos pagado con creces retirando el veto. Por tanto,
mantenemos las que nos quedan con el ánimo, la voluntad y el deseo de que
se nos aprueben todas o algunas para mejorar el redactado final de la
ley. Por ello pedimos al Grupo Popular y a su portavoz, que tanto ha
trabajado esta ley, un último esfuerzo para ver si podemos mejorar el
redactado final.


Las voy a enumerar de manera muy breve. La enmienda 296
pretende evitar una incongruencia —técnicamente tautología—
cuando se menciona la salvaguarda de las competencias de los distintos
departamentos ministeriales, porque estos ya están comprendidos en la
acción del Gobierno como órgano colegiado al que se otorga la dirección y
coordinación del Servicio Exterior. Por lo tanto, no tiene sentido.


En la enmienda 297 planteamos una objeción de fondo sobre
este artículo, dado que el principio de unidad de acción en el exterior
vulnera, entre otros, los artículos 152, 193, 194 del Estatut de
Catalunya y el principio de autonomía local consagrado por la
Constitución española; Constitución que tanto utiliza el Gobierno para
evitar el proceso democrático que está teniendo lugar en Cataluña,
mientras que aquí se hace caso omiso. La Constitución sirve para que los
catalanes no tengan derecho a decidir su futuro, pero no sirve para
respetar la acción del Gobierno catalán en el exterior tal y como
contempla el Estatut de Catalunya; es lo que se llama vulgarmente
utilizar diferentes raseros.


La enmienda 298 pretende que se recoja la realidad
plurinacional del Estado. No voy a explicar más esta cuestión porque todo
el mundo sabe qué significa.


La enmienda 301 plantea la plena participación de todos los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La modificación pretende que
quede recogido este aspecto.


En la enmienda 302 proponemos la supresión de una parte del
texto final del artículo 11 para que se respeten las disposiciones del
Estatut d’Autonomia referentes a esta temática.


La enmienda 303 pretende también la supresión de una parte,
ya que desarrolla un mecanismo de tutela que no es tal sino una
intromisión en las actividades que llevan a cabo las autonomías y las
administraciones locales sobre la base de sus competencias.


La enmienda 304 es de supresión porque ya estará regulada
en la futura ley de tratados.









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Las enmiendas 305, 306, 307 y 308 todas ellas son de
supresión y modificación porque vulneran las competencias reguladas por
el Estatut de Catalunya.


Las enmiendas 309, 310, 311, 312, 313 y 314 pretenden la
modificación del artículo 14, y a la vez la supresión de los artículos 15
a 33 porque crea un problema de seguridad jurídica y una clara confusión
entre los verdaderos ámbitos de acción exterior.


La enmienda 315 también es de modificación por vulneración
competencial.


Las enmiendas 320, 322, 323, 326, 327 y 328 tienen las
mismas justificaciones que la 309 y sucesivas.


La enmienda 321 pretende la modificación del artículo 25
porque las comunidades autónomas y muchas administraciones locales ya
disponen de documentos propios de planificación en materia de cooperación
internacional para el desarrollo, por lo que no se puede pretender que
queden sujetos en su acción exterior a un plan que no les es propio; es
aquello de homogeneizar todo, hasta la cooperación.


La enmienda 324 es de modificación y tan solo pretende
recoger la pluralidad nacional del Estado. Es más de lo mismo.


La enmienda 325, como otras muchas, vulnera las
competencias de la Generalitat.


La enmienda 333, de modificación, es importante para
Convergència i Unió porque queremos que quede claro que las
administraciones públicas, en este caso la Generalitat y las
administraciones locales, no están obligadas a participar en absoluto en
la elaboración de la estrategia de acción exterior ni en el informe anual
de acción exterior, ni sus actuaciones con proyección exterior se
integrarán necesariamente en dichos documentos. Es otro intento de
homogeneizar a todas las administraciones en materia de acción
exterior.


Antes de acabar, porque quiero ser breve, voy a mencionar
una enmienda a la que damos mucha importancia, la número 337, de
modificación, que propone que se respeten las competencias de las
comunidades autónomas delimitadas en los respectivos estatutos de
autonomía, así como la política de los entes locales; entes locales muy
ignorados y muy invadidos en esta ley.


Tampoco quiero acabar sin mencionar la importancia que
damos a la enmienda 341, de modificación, porque vuelve a vulnerar las
competencias de la Generalitat, imponiendo un informe previo del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para la apertura de
oficinas para su promoción exterior y un informe adicional del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas. Es un intento más de poner las
mayores barreras posibles para que Cataluña promocione sus sectores
empresariales y económicos.


En fin, señorías, solo escuchando el porqué de nuestras
enmiendas acabarán intuyendo cuál será nuestro voto final. Es triste que
después de tantos años desde el comienzo de la democracia, tras la muerte
del dictador, estemos retrocediendo en política exterior. Como he dicho
anteriormente, en el año 1980 la primera ley aprobada en el Parlament de
Catalunya establece que somos una nación: Catalunya és nació. Pues bien,
ahora resulta que una nación no puede ni abrir una oficina
—oficina, ¿eh?— para promocionar sus productos y sus
empresas. Es triste, muy triste. Veremos cómo acaba pero pinta mal porque
creemos que el Gobierno ha planificado una política de acoso y derribo a
la acción exterior de las autonomías, básicamente de la catalana. Mal lo
veo y de alguna forma es una planificación teledirigida, como he dicho,
hacia unas líneas rojas que creía que nunca se deberían traspasar.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista
números 226 a 234, 236 a 286, 288, 289 y 291 a 293, y vuelta al texto
remitido por el Congreso de los Diputados, en lo modificado en las
propuestas de modificación aprobadas sobre la base de las enmiendas 349 y
357 del Grupo Parlamentario Popular.


Senador Losada, tiene la palabra.


El señor LOSADA DE AZPIAZU: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en el turno de defensa de nuestras enmiendas la
primera pregunta es por qué mantenemos este voto particular, y la
respuesta es clara y rotunda, porque nuestras enmiendas mejoran el texto.
Creemos que lo mejoran por cuestiones que posteriormente diré, a pesar de
que el recorrido parlamentario, tanto en el Congreso como en nuestra
Cámara, ha permitido ciertos









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acuerdos que ha proporcionado corpus doctrinal a lo que era
—me van a permitir la expresión— un simple reglamento.


Estas enmiendas se basan en la experiencia de gobierno de
este grupo parlamentario, en una visión moderna de la diplomacia, con una
concepción de la política exterior como asunto de Estado, y esto último,
señorías, significa una visión amplia, una visión abierta, una visión no
dogmática y una visión menos influida por los avatares del presente, como
parece que algunos artículos de esta ley establecen, una herramienta
básica, susceptible de ser utilizada por los diferentes y distintos
Gobiernos que en su acción exterior tendrán esta ley como guía, porque es
cierto que una ley de estas características no cambia con diferentes
mayorías. Habrá Gobiernos de muy diferentes ideologías pero que en la
acción exterior mantienen una acción internacional en defensa y puesta en
valor de los intereses permanentes del Estado: intereses históricos,
intereses nacionales, nacidos de nuestra Constitución y de los tratados
internacionales suscritos.


Una parte importante de nuestras enmiendas son de
supresión, y lo hacemos conscientemente porque tenemos razón, y sus
señorías del grupo mayoritario saben que la tenemos. Una ley de esta
envergadura tiene que soltar lastre de todo aquello que es más
competencia de reglamentación que de doctrina legislativa, no solo por
utilidad y mejora procedimental sino por hacernos eco de una de las
demandas más intensas del informe del Consejo de Estado, pero también de
los profesionales de la diplomacia, del informe del letrado asesor de la
comisión y, sobre todo, señorías, del sentido común, porque una cosa son
los prolijos reglamentos y otra los textos legislativos, sobre todo
cuando estamos hablando de lo que quiere ser la acción exterior de una
gran nación como la española.


Sobran bastantes artículos en esta ley, porque, como he
dicho, son susceptibles de ulterior reglamento o, incluso, de normativas
de inferior rango, y su presencia desvirtúa la importancia de otros
artículos de esta ley. Las enmiendas números 239, 241 a 244, 246 a 255,
257 a 265 afectan a todo el articulado —desde el artículo 15 al
19—, y mi grupo está convencido de que el texto ganaría con la
supresión de todos estos artículos. La misma actitud de buscar la mejora
con las enmiendas que mantenemos de adición o de sustitución porque
creemos que precisan mejor el texto, dan más garantía al personal laboral
y funcionario y a las familias de nuestros expatriados; tratan
adecuadamente, en su terminología real, a los españoles que tienen que
abandonar, por desgracia, nuestro país; integran correctamente a las
administraciones locales y a las autonómicas; aligeran y simplifican el
articulado engorroso; mantienen —luego hablaré de esta
enmienda— los acuerdos obtenidos en el Congreso que,
sorprendentemente, se han cambiado en el trámite de enmiendas en esta
Cámara; y garantizan el acceso en igualdad al trabajo en el exterior al
personal laboral y funcionario.


Les hago un breve resumen de nuestras enmiendas. Se agrupan
en seis bloques que podemos desglosar así: las que inciden en los
derechos humanos como eje de nuestra acción exterior, las que reflejan
que la cooperación es uno de los instrumentos fundamentales en la
actividad exterior de España, las que modifican todas las cautelas e
injerencias anticonstitucionales en las actividades que en el exterior
pueden hacer las comunidades autónomas y las corporaciones locales, la
referida al Estatuto de los Trabajadores en el exterior porque son ellos
los que van a trasladar en el día a día los conceptos y la estrategia de
nuestra acción exterior, las destinadas a evitar la prolija
reglamentación y las que propician el reconocimiento del Senado con su
constitucional capacidad de coadyuvar y de tener a su vez capacidad de
acción propia internacional, y no solo para la dación de cuentas por el
Gobierno en igualdad con el Congreso sino porque somos un órgano
constitucional que no depende de ningún Gobierno ni de ninguna otra
institución.


Les decía que para nosotros ha sido sorprendente e
incomprensible, porque está fuera de la normal diplomacia —y valga
el uso de esta palabra— parlamentaria, la desaparición del artículo
transaccionado por todas las fuerzas en el Congreso, en relación con la
disposición adicional cuarta que hace referencia al Acuerdo de 3 de
diciembre de 2007. Y nos parece sorprendente porque ha sido un acuerdo
transaccionado a propuesta del Partido Popular y que aquí, en el Senado,
con una doble enmienda, desaparece, lo que da desconfianza a las fuerzas
sindicales y al personal laboral y funcionario.


No entendemos cómo enmiendan doblemente el acuerdo obtenido
en el Congreso o cómo no aceptan nuestra enmienda 292, de adición,
referida al estatuto de los familiares del personal del









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Servicio Exterior, con una indicación de los plazos para
elaborar dicho estatuto, que es tan necesario.


También deseo hacer hincapié, por su importancia
estratégica y programática, en la enmienda 267, al apartado 5 del
artículo 35, que señala que el balance de la acción exterior de España
debe tener como elemento fundamental de enjuiciamiento los derechos
humanos; enmienda para nosotros básica que mantenemos y, por ello,
esperamos tener el apoyo de la mayoría. También queremos el apoyo de la
mayoría para nuestras enmiendas a los artículos 11, 12, 15 y 35 y para
otra de nuestras enmiendas por la que pretendemos incluir una nueva
disposición adicional, porque creemos que nuestra acción exterior tiene
que ser de vanguardia, basada en una historia notable de nuestra nación,
en un pasado que es también brillante, pero sobre todo ha de buscar esa
potencia hacia el futuro para que todos nos encontremos en un punto, para
que todos tengamos un mínimo común denominador.


Esta es nuestra posición en el trámite en el Senado.
Seguimos pensando que nuestras enmiendas enriquecen y mejoran el texto
porque se basan en esos principios que les decía, principios que están en
la gobernanza global, principios que están en el sentido de la sociedad
española, a la espera de la receptividad del grupo que sustenta al
Gobierno.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría. (Aplausos.)


¿Turno en contra? (Pausa.)


Tiene la palabra la senadora Sanín.


La señora SANÍN NARANJO: Gracias, señora
vicepresidenta.


Permítanme, señorías, agradecer el talante y el esfuerzo de
todos los grupos parlamentarios y también del Gobierno para alcanzar el
mayor consenso que nos ha sido posible, cara a tener un número de
enmiendas transaccionadas e incorporadas ya a este proyecto de ley. Pero
de manera muy especial quiero agradecer que se me haya admitido la
enmienda al artículo 5.2 de la ley, incorporando las dos ciudades
autónomas al texto de dicha disposición en su apartado segundo, que, al
igual que el resto de las comunidades autónomas, son también sujeto de
acción exterior y de servicio exterior del Estado en su proyección
exterior.


Señorías, ya era hora de que se presentase una ley que nos
permitiese introducir orden en el desarrollo de las competencias que les
fueron asignadas a las comunidades autónomas; una ley para promover y
fomentar en el exterior con su aval los valores e intereses de España,
reforzar su imagen en el mundo y fortalecer su presencia internacional;
una ley abierta a la participación de todas y cada una de las
administraciones públicas y respetuosa con la legitimidad competencial de
todas ellas; una ley que ha venido a conceptualizar lo que significa
política exterior, acción exterior y Servicio Exterior del Estado con el
fin de armonizar y coordinar la acción exterior con la política exterior
del Gobierno, porque es precisamente la política exterior y sus
principios los que orientan y condicionan la acción exterior del
Estado.


La Constitución española ha marcado los límites de lo que
son competencias del Estado y lo que son competencias de las comunidades
autónomas en sus artículos 148 y 149 y en el artículo 97 le atribuye al
Gobierno la dirección de la política exterior. Esta ley, en definitiva,
viene a marcar una línea roja competencial infranqueable. Ya lo decía el
Tribunal Constitucional en sus Sentencias 31/2010, y 80/2012, al aclarar
conceptos constitucionales y competenciales afirmando que las
posibilidades de que las comunidades autónomas lleven a cabo actividades
que tengan proyección exterior debe entenderse limitada a aquellas que,
siendo necesarias o al menos convenientes para el ejercicio de sus
competencias, no originen obligaciones frente a poderes públicos
extranjeros, no incidan en la política exterior del Estado y no generen,
por supuesto, responsabilidades de este frente a Estados extranjeros u
organismos internacionales.


Esa es la razón, señorías, por la que no se pueden aceptar
las enmiendas, por ejemplo, al artículo 11, al pretender la supresión de
los apartados que son esenciales, entre ellos, el que hace referencia a
la doctrina del Tribunal Constitucional, ni tampoco la supresión de las
entidades locales en su apartado 2 al haberse ya admitido. Lo que no
podemos suprimir, señorías, es la mención a que las entidades locales
deben ejercer su proyección exterior en el ámbito de sus competencias y
respetando los límites establecidos en la doctrina constitucional.
Significa, señorías, que los sujetos de la acción y Servicio Exterior del
Estado han de respetar en su









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proyección al exterior los principios de la política
exterior, sus directrices, fines y objetivos, cuya definición corresponde
en exclusiva al Estado.


Con esta ley se les está tendiendo, señorías, la mano a las
comunidades autónomas para su proyección exterior a través del Servicio
Exterior del Estado. Pero como siempre, señorías, ustedes quieren todo y
pretenden introducir algunas enmiendas con claros sesgos de
inconstitucionalidad en un intento de socavar por la puerta de atrás la
competencia del Gobierno en su papel de dirección de la política
exterior.


No voy a entrar, por supuesto, en infundadas presiones o
injerencias de la Administración para investigar acontecimientos
históricos que nada tienen que ver con esta ley, ni voy a dar respuesta a
aquellas que vienen a comparar a España con Canadá, Bélgica, Reino Unido,
entre otras de igual naturaleza. No estamos, señorías, en ese debate.


El señor Anasagasti decía que los vascos han de hacer el
camino solos. Señorías, por mucho que quieran no pueden hacerlo porque
están sometidos al imperio de la ley, a ese ordenamiento jurídico que
todos nos hemos dado y al cumplimiento y acatamiento de las resoluciones
judiciales. Esa es la democracia, señorías, esa es la democracia si es
que todavía ustedes no han querido entenderlo. ¿Saben ustedes que es una
competencia transferida o una competencia delegada? Si lo han olvidado,
señorías, la respuesta la tienen en la Constitución, una Constitución
consensuada por todos, una Constitución que ha permitido la
reconciliación de todos los españoles, perdón, no de todos, porque
aquellos, los del tiro en la nuca, los que no se arrepienten, los que no
piden perdón, los que no se disuelven ni entregan las armas y que,
lamentablemente, quienes les apoyan les están representando legítimamente
en las Cortes Generales y ni la acatan ni la han acatado nunca.
(Aplausos.—Rumores.) Sí, es verdad. Y es una Constitución que ha
permitido a las comunidades un autogobierno como nunca se había conocido
ni se conoce en país alguno.


Dicen ustedes que quieren salir al mundo con personalidad
propia. Difícil lo tienen, señorías, porque la soberanía del Estado
reside en el pueblo español, representado en las Cortes Generales. Y si
estamos aquí es precisamente por decisión de ese pueblo soberano. ¿Por
qué les asusta que la acción exterior deba desarrollarse en unidad de
acción, armonizada y coordinada con la política exterior del Gobierno? Si
ustedes no tienen intención de invadir las competencias relativas a
política exterior, ¿por qué pretenden introducir enmiendas que solo
llevarían a una colisión competencial, de resultados impredecibles? ¿Por
qué les asusta informar al Gobierno sobre los distintos viajes cuando es
una cuestión que desde siempre se ha venido haciendo con total respeto
institucional? ¿Por qué les asusta informar con carácter previo a la
apertura de las oficinas que quieran establecer las distintas comunidades
autónomas en el exterior? Señorías, como se ha dicho aquí, no se trata de
sometimientos, ni controles ni tutelajes; se trata de ordenar, coordinar
y armonizar con los sujetos de la acción exterior su proyección exterior,
se trata simplemente de allanarles el camino a través del embajador del
que se trate, a quien se le ha de hacer llegar una carta de instrucciones
para que la proyección exterior sea en unidad de acción, transparente,
eficiente y eficaz.


Ustedes pretenden eliminar los artículos 14 a 33, vaciando
de contenido esta ley. Si generalizamos, sin concretar los ámbitos de
acción exterior que dimanan de las competencias que le han sido
atribuidas a las comunidades autónomas, nos podemos encontrar, señorías,
con alguna comunidad que quiera solapar la política exterior con su
política de acción exterior. Y si alguna comunidad ya se ha atrevido a
desobedecer e incumplir las sentencias del Tribunal Constitucional e ir
en contra de la misma Constitución ¿qué nos podríamos encontrar si no
acotamos y delimitamos el ámbito de aplicación de esta ley, si no
armonizamos la acción y Servicio Exterior con la política exterior, si no
coordinamos con el Gobierno nuestra acción exterior? Señorías, si no lo
hacemos, nos podemos encontrar con el hecho de que alguna comunidad asuma
compromisos en el exterior que puedan afectar directamente a la
responsabilidad del Estado. Excluir los artículos 14 a 33 de esta ley es
tanto como pretender excluir de la acción exterior los principios
inspiradores de la política exterior como es el respeto, la dignidad
humana, la libertad, la democracia, el Estado de derecho y los derechos
humanos. Estos principios figuran en esta ley de la acción y del Servicio
Exterior que ustedes echan tanto en falta cuando realmente están
recogidos en el artículo 2 de este proyecto de ley.


Hablan ustedes de quiebra de la atemporalidad y de
caducidad ab initio de la ley. Por el contrario, con ella se pretende dar
mayor continuidad a la política exterior del Gobierno mediante









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el mecanismo del Servicio Exterior del Estado de impulsar y
dinamizar la proyección exterior de las comunidades autónomas dentro del
ámbito de sus competencias. En la modificación que pretenden del artículo
26.1.f) —que, sinceramente, me ha llamado la atención—
subyace algo más profundo e inquietante que la simple literalidad de su
enmienda. Pero no les quepa duda, señorías, de que el Gobierno, en el
desarrollo de esta ley, hará lo que tenga que hacer en materia educativa,
a tenor de los principios constitucionales, a los que ustedes, al igual
que el resto de los españoles, están sometidos.


Señorías, no pretendan delimitar o eliminar del artículo 24
lo referente a la acción exterior, ha de contribuir a la consolidación de
los procesos democráticos y el Estado de derecho, a la reducción de las
desigualdades, a la cohesión social, a la promoción de los derechos de
las mujeres y a la igualdad de género. Señorías, precisamente me ha
sorprendido que pretendan ustedes excluir de esta ley principios que son
tan fundamentales para su desarrollo. Ustedes vienen a decir hoy aquí que
no se recogen en este proyecto de ley esos principios fundamentales, esos
derechos humanos. Sin embargo, esos derechos humanos están recogidos en
este proyecto de ley. Espero que lo relean nuevamente porque entiendo
que, o bien no lo han leído o no se han parado a analizar su
articulado.


Para concluir, señorías, he de decirles que la acción
exterior, como decía mi compañero, no puede ni debe ser impuesta, pero sí
debe estar coordinada en su desarrollo para que no incida, no perturbe ni
condicione o perjudique la política exterior del Estado.


Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?


Tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señora presidenta.


Intervendré con brevedad, y desde el escaño, para insistir
en la legitimidad de presentar enmiendas y, evidentemente, de defender
una visión complementaria si no alternativa ―porque las
alternativas eran los vetos a la totalidad― al proyecto de ley que
nos ocupa.


Es evidente, como he dicho en mis intervenciones
anteriores, que de alguna forma el texto es insuficiente, tanto en la
definición de los principios inspiradores de la acción y de la política
exterior como en cuanto a la redacción, que no recoge la nueva realidad
de la política exterior; el hecho de que se resuelva prácticamente en un
artículo todo lo que hace referencia al ámbito de política exterior de la
Unión Europea nos parece manifiestamente insuficiente, máxime en el
contexto del mundo globalizado en el que vivimos, donde toda nuestra
política exterior tiene sentido a partir de nuestra pertenencia a la
Unión Europea y, precisamente, nuestra política exterior, nuestro
Servicio de Acción Exterior y el conjunto de nuestra acción exterior
deben encuadrar su actuación en ese contexto y en ese marco, del mismo
modo ―como ya he dicho― que en el marco de nuestra
pertenencia a la Alianza Atlántica, que evidente también es un
instrumento importante de acción de política exterior en este
momento.


Más allá de esto, no se ha resuelto necesariamente esa
sensibilidad hacia las comunidades autónomas y, sobre todo, hacia la
diversidad cultural y lingüística a la que hemos hecho referencia
distintos portavoces y que defendíamos en nuestras enmiendas.


Además, lamentamos que de alguna forma se intente presentar
esto casi como anticonstitucional, cuando en realidad estamos dentro del
marco de la Constitución, precisamente en el marco del Estado de derecho
del que formamos parte, haciendo un intento por que sea más respetuoso
con la propia realidad de un Estado plural, de un Estado compuesto y de
un Estado que, en definitiva, recoja esa pluralidad que debe plasmarse en
el conjunto de nuestra acción legislativa, precisamente por respeto a una
realidad diversa, que es la propia de España y la que configura el Reino
de España en este momento. Por lo tanto, lamentamos que en el curso de
este debate no se haya podido precisamente avanzar más en la mejora del
proyecto de ley y que en el último momento no se haya podido aceptar
alguna de las enmiendas que presentábamos en esta línea.









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Por todo ello, el voto de los senadores socialistas del
Grupo de la Entesa al proyecto de ley será la abstención.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


¿Senador Guillot? (Denegaciones.)


Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió,
tiene la palabra el senador Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies.


Comparezco básicamente para exponer la posición de mi grupo
parlamentario ante este Proyecto de Ley de la Acción y del Servicio
Exterior del Estado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En este
sentido, aquellas de sus señorías que hayan tenido la paciencia de
escucharme intuirán que nuestro voto será negativo.


Es verdad que hemos hecho grandes malabarismos, grandes
intentos y posibilismos parlamentarios para llegar incluso a la
abstención, pero al final no ha podido ser; no ha podido ser por muchas
razones pero, sobre todo, por el contexto. Si me pregunta: ¿les gusta la
ley? No. ¿Hacía falta hacerla? No. ¿Tocaba ahora? No. Pero, además,
fíjese bien, nuestro grupo parlamentario de Convergència i Unió en el
Congreso y en el Senado ha intentado negociar —siempre con el ánimo
de mejorar esta ley y poder llegar a más aproximaciones— una
supresión de la previsión legal del cierre de las delegaciones de la
Generalitat y comunidades autónomas en caso de incumplimiento de los
objetivos de déficit. Esta era una norma que más directamente atacaba al
autogobierno; había figurado en los diferentes borradores de la ley hasta
el último anteproyecto. En el proyecto de ley se contemplaba un sistema
de hasta tres informes vinculantes y no motivados en los Ministerios de
Asuntos Exteriores, Hacienda, Economía y Competitividad para abrir
cualquier delegación exterior, tanto de la Generalitat como de otras
comunidades autónomas. En este sentido, cabe recordar el esfuerzo de
aproximación en la redacción de los artículos 11 y 12, así como la
disposición adicional quinta. Ahora contemplan una comunicación y la
posibilidad de que el Ministerio de Asuntos Exteriores emita un informe
motivado —en ningún caso vinculante— que pueda conllevar el
cierre de las delegaciones. Este es un aspecto en el que se ha
mejorado.


Comunicación de los viajes. En el debate de la comisión se
han aprobado diversas enmiendas transaccionales sobre la redacción del
artículo 5 para perfeccionar la ley y establecer que solo el presidente
de la comunidad y los consejeros deban informar sobre los viajes y no
extenderlo a todos los altos cargos. Ya lo he dicho antes: algo es algo.
La comunicación de los viajes tampoco tiene efectos cuando se realizan
dentro de los Estados miembros de la Unión Europea. Tal y como queda
redactado el texto, tampoco tendría efecto para los viajes a países
candidatos y precandidatos. Es curioso que en Europa haya libre
circulación para todos los ciudadanos excepto para el presidente de la
Generalitat de Catalunya y los consellers, que tienen que avisar cuando
quieren circular por Europa; es, entre comillas, curioso, por no decir
diferente, pero ahí es donde estamos.


Hemos querido reforzar el carácter pluricultural y
plurilingüístico del Estado en forma transversal en diferentes artículos
de la ley; tampoco en este ámbito hemos conseguido acuerdos. Hemos
querido incorporar la Policía autonómica catalana como actor en la acción
exterior en el artículo referido a los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado; no ha habido acuerdos, etcétera. Tengo muchos ejemplos más, pero
no me quiero alargar porque en la explicación del veto ya he dicho que me
parece una ley retrógrada; es una ley que no se hizo ni en 1980, ni en
1990, ni en 2000 y se hace en 2014. Es una ley que sigue en esa línea de
recentralizar, controlar, fiscalizar, etcétera.


El maestro Anasagasti, portavoz del Partido Nacionalista
Vasco, gran parlamentario y gran orador, ha hecho mención al embajador de
España en Roma. Señor Anasagasti, yo tengo aquí las declaraciones,
tristes, muy tristes. Hace años era impensable que un embajador pudiera
decirle al director de un periódico italiano muy importante, Il Corriere
della Sera (en un artículo que se titulaba: I veri dati della situazione
in Catalogna): «…incluso si usted continúa dando datos erróneos
sobre lo que hace esta comunidad autónoma…» (este embajador estaba
diciéndole al director lo que tenía que hacer). Pero, en la misma línea,
nos encontramos con que el ministro —alentado o









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animado, supongo, por este embajador que se dedica a hacer
política de partido en lugar de política diplomática en Roma— envía
una circular a todas las embajadas para combatir las falsedades de los
argumentos de Mas. En la carta del ministro se dice que este embajador
acaba diciendo que, sobre la base de la pregunta del derecho a decidir
—esto hace referencia al señor Margallo—, alguna cosa más se
quiere hacer, que es violentar la legalidad democrática a través de
manifestaciones y sondeos, que se convierten en hechos consumados, y a
través de elecciones autonómicas desnaturalizadas. Es la primera vez en
mi vida que oigo que unas elecciones democráticas puedan ser
desnaturalizadas. Todo esto, señorías, no ayuda. En Cataluña hay voluntad
democrática, hay voluntad de pacto, hay voluntad de consenso, hay
voluntad de llegar a acuerdos; pero, con declaraciones como las de este
embajador, como se dice en catalán, malament nem, vamos mal. Y vamos mal
porque lo que se está haciendo es entrar en una dinámica en la cual se
están mezclando papeles. Yo creo que la política la tiene que hacer el
Gobierno, la política la tienen que hacer los partidos y la diplomacia
los diplomáticos. Que un embajador inspire una carta de un ministro
—carta partidista— a todas las embajadas, que un embajador le
diga al director de Il Corriere della Sera que no siga equivocándose, que
un embajador llegue a estos extremos, señorías, algo va mal.


Por esto nosotros creemos que esta ley no hacía falta
hacerla, creemos que esta ley llega en un mal momento. Es una ley que
pone más gasolina al fuego y que lo que pretende es intervenir, coartar,
reducir la autonomía, en este caso de Cataluña, y de otras comunidades
autónomas. Por esto nuestro grupo parlamentario votará en contra, a pesar
de nuestra voluntad, de nuestro deseo de votar a favor o, al menos, de
abstenernos, pero es imposible desde el punto de vista de nuestra
dignidad nacional.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Losada.


El señor LOSADA DE AZPIAZU: Muchas gracias, señor
presidente.


Intervengo en este turno de portavoces para indicar la
posición del Grupo Parlamentario Socialista ante este proyecto de ley. Y
voy a hacerlo usando la última palabra de esta ley, Estado, porque esta
tenía que ser una ley de Estado. Tenía que ser una ley en la que
estuviésemos todos de acuerdo, en la que votásemos todos sí porque todos
en cada una de nuestras instituciones, de nuestros ámbitos, estamos
apoyando siempre los intereses permanentes de nuestro país. Y no ha
podido ser porque fundamentalmente esta ley se ha convertido casi en una
ley sectorial, como luego iré diciendo. Nuestra voluntad de acuerdos nos
lleva a abstenernos, aunque el cuerpo doctrinal nos llevaría a votar no a
una ley de esta índole. Tanto es así que, como he dicho al principio,
nosotros no hubiésemos traído esta ley, la que hubiésemos traído seguro
que tendría el sí de toda la Cámara.


Señorías, este es un proyecto que desde el punto de vista
de mi grupo parlamentario tiene aspectos referidos al balance que se
tiene que hacer de la acción exterior y que, en nuestra opinión, no
introduce algo fundamental como es el enjuiciamiento en el balance de la
acción del Estado de los derechos humanos. No sucede, no tiene una
flexibilidad inteligente y real, como hemos visto en muchos de los grupos
que tienen importantes funciones de gobierno en muchas comunidades con
respecto a la actividad exterior, así como en las corporaciones locales,
acorde con lo que somos, es decir, un país que debe tener lealtad
constitucional, lealtad institucional y respeto a la jurisprudencia,
sobre todo a la Sentencia 165/1994 del Tribunal Constitucional. Y me
refiero al artículo 11 de la ley que vamos a votar.


Falta una referencia al personal del Servicio Exterior en
la disposición adicional cuarta que, como les decía en mi anterior
intervención, adolece de diplomacia parlamentaria. No es entendible esa
enmienda transaccional realizada aquí. Señorías, esta ley de acción
exterior debería ser una buena ocasión para repensar una política
orientada a defender nuestros intereses como nación, como territorio
plural, con una participación activa en la gobernanza global para el
futuro, para defender los intereses permanentes de España con nuestros
compromisos internacionales. Una nueva política exterior del siglo XXI
que abriese una nueva etapa, una nueva época. Y también para la
diplomacia parlamentaria porque, en opinión de mi grupo, a pesar de que
hemos transaccionado ese olvido para que el Senado pudiese ser el lugar
donde tuviese que venir









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obligado el ministro de Exteriores y de Cooperación a
explicar la acción exterior, no entendemos por qué no hay una capacidad
de análisis superior. Por el contrario, en otros países de nuestro
entorno, e incluso en el Parlamento Europeo, se preparan informes de gran
calidad sobre cuestiones complejas de acción internacional, sin embargo,
las Cortes, con este proyecto, no tienen esa capacidad. Igualmente
pensamos que con esta ley España pierde la posibilidad de encontrar
actores que lleven a cabo para los próximos años un proyecto de acción
exterior común en un mínimo común denominador, una estrategia nueva
diseñada y pensada en la realidad actual, porque se trata de ajustar a
decisiones operativas. Nosotros nos quedamos cortos en repensar esa
misión y respecto a los objetivos de la acción exterior que tienen las
grandes naciones del mundo cuando hacen sus políticas exteriores. Porque
nosotros hemos hecho un cuasi reglamento, una ley sectorial.


Señorías les decía que no podemos dar el sí a un texto que
no recoge informes e indicaciones del Consejo de Estado, pues se queda en
muchas ambigüedades en temas que aún siguen vigentes en ese informe del
Consejo de Estado, así como tampoco soluciona las argumentaciones sobre
la autonomía de los órganos constitucionales, señorías. Las Cortes
Generales no pueden estar a la misma altura que el Gobierno, ya que
tienen constitucionalmente la capacidad de tener su propia política
exterior, su propio servicio exterior, y eso no está recogido en esta
ley.


Creemos, señorías, que esta va a ser una ley difícil de
aplicar por algo que está puesto en el preámbulo y después en la
normativa desaparece. Es una atomización de la acción exterior, porque,
en vez de unificar, lo que hemos visto es que se ha quedado, por el
camino procedimental del ministerio y del paso por el Congreso, en un
articulado, en el que hay un protagonismo de todos, de decenas de
organismos del Gobierno. Incluso, señorías, fíjense ustedes, en el
Consejo de Política Exterior y en la Comisión Ejecutiva queda devaluada
la figura del ministro de Exteriores, porque ¿quién asume su papel
fundamental y coordinador? No es el ministro, sino la vicepresidencia del
Gobierno.


Señorías, incluso se dijo aquí que se citaba dos veces la
marca España —sí, sí, y, por cierto, ya empieza a ser objeto de una
recolocación en el discurso del Gobierno la marca España— y hemos
puesto en el mismo rango de igualdad el Plan Estratégico de la Acción
Exterior y la marca España. Señorías, no tiene sentido.


Les hablaba de nuestras enmiendas de supresión, motivadas
por un texto prolijo, porque hay una mezcla que es totalmente
inentendible entre la acción exterior y el servicio exterior —una
cosa es el servicio exterior y otra es la acción exterior—, y una
ley que quiere ser doctrinal, tendría que estar basada en la acción
exterior.


Señorías, y se lo digo sobre todo al senador Chiquillo, con
todo el afecto porque valora este portavoz el esfuerzo que ha hecho para
conseguir mejoras en la ley, nos encontramos con un texto aceptable en
algunos aspectos pero en otros va a haber una caótica coordinación, que
al final será lesiva para nuestra gestión. Miren, señorías, incluso la
asociación de diplomáticos españoles —nada sospechosa de proximidad
a nuestros postulados— advierte de estos problemas, dice que va a
haber una caótica coordinación y que será lesiva para la gestión.


Es cierto que esta ley es un paso adelante, sin duda, pero
falta algo más: falta definir nuestra política exterior, falta repensarla
y reorientarla en defensa de esa gobernanza y de forma coordinada.


Por eso, señorías, lamentando profundamente no poder dar el
sí porque esa es nuestra vocación en la acción exterior, tenemos que
darle una abstención. Es un punto de confianza, no es asumir como propia
una ley que nació mal, que se fue mejorando pero que no ha conseguido
obtener ese mínimo común denominador que nos permitiese a todos poner en
la ley lo que sentimos, que es la defensa allí donde estemos, siempre, de
los intereses permanentes de nuestro país, España.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Losada.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Sanín.


La señora SANÍN NARANJO: Gracias, señor presidente.


Señorías, sinceramente, yo lamento que no vayan a apoyar
esta ley. Entiendo que si no la apoyan, es una abstención o una negativa
que carece de todo fundamento. No pueden olvidar









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ustedes que en treinta y cinco años de democracia no
habíamos tenido una ley similar. Esta ley viene a marcar precisamente ese
interés del Gobierno en que la acción y el servicio exterior del Estado
sea desarrollada por todas las administraciones públicas, pero, por
supuesto, armonizada y coordinada por el Gobierno. El artículo 97 de la
Constitución es el que da al Gobierno la exclusividad, la competencia
exclusiva de la dirección exterior del Estado.


Señorías, ha habido muchas enmiendas transaccionadas. He
visto que ha habido una política de consenso bastante importante. He
visto que todos los grupos parlamentarios han puesto su grano de arena
para poder llegar a ese consenso y poder transaccionar algunas enmiendas.
Sin embargo, espero que en el desarrollo de esta ley vayamos de la mano.
Efectivamente, no es una ley perfecta, porque nada es perfecto en esta
sociedad ni en ninguna otra, pero trabajando juntos, intentando que esa
acción y ese servicio exterior del Estado vayan de la mano, entre todas
las comunidades autónomas, podemos mejorar el desarrollo de la ley. Lo
que no podemos permitir bajo ningún concepto es que las comunidades vayan
por libre. No podemos permitir que sean ellas las que marquen la pauta al
Gobierno y a su política exterior, ni tampoco que vayan por libre en la
acción y el servicio exterior del Estado.


Señorías, es que la acción y el servicio exterior del
Estado están orientados y condicionados por la política exterior del
Gobierno, y precisamente la política exterior del Gobierno marca la pauta
para una verdadera política exterior del Estado. Y, sí, señorías, se
trata de la acción y del servicio exterior del Estado. Hablamos de
Estado. Pero hablamos de Estado porque Estado somos todos. Todas las
comunidades autónomas son parte de un Estado y, por lo tanto, son Estado.
Entiendo, señorías, que, siendo todas o cada una de ellas un todo, que es
el Estado, debemos trabajar todos al unísono para que la ley de acción y
del servicio exterior del Estado sea una realidad.


Después de treinta y cinco años sin haberse acometido una
ley de tal naturaleza, esta viene a marcar un principio, y espero que no
vaya a ser el fin de una posibilidad de gobernar al unísono Gobierno y
comunidades autónomas.


Entiendo también que esta ley es mejorable entre todos en
el desarrollo de la proyección exterior de todas las comunidades
autónomas, de las ciudades autónomas y de todas las administraciones
públicas.


Considero que precisamente esta ley es el instrumento para
que ustedes se proyecten en el ámbito internacional. Ustedes se quejan de
que no se tocan, de que no se cuidan, de que no se protegen y de que no
se promueven las lenguas cooficiales. Señorías, las lenguas cooficiales
están perfectamente garantizadas por la Constitución Española, y
precisamente en esta ley de la acción y del servicio exterior del Estado
las comunidades autónomas pueden proyectar su acción exterior en el
sentido de divulgar su cultura y sus lenguas cooficiales. Qué duda cabe
que la lengua oficial del Estado es el castellano, evidentemente, pero el
Gobierno del Partido Popular nunca, jamás ha negado o desprotegido las
otras lenguas cooficiales.


Asimismo la misma ley recoge la situación en la que se
encuentran los funcionarios adscritos al servicio exterior del Estado, e
incluso contempla posibilidades de subvenciones para los hijos de las
familias de los funcionarios que están adscritos al servicio exterior del
Estado. Además también se plantea la posibilidad de procurar tratados
internacionales a fin de que precisamente esas familias de los
funcionarios encargados del servicio exterior del Estado puedan acceder a
un mercado de trabajo remunerado.


Por lo tanto, el Gobierno con esta propuesta de ley está
abriendo las puertas, abre el paraguas a todas las comunidades autónomas
y administraciones públicas para que se puedan proyectar al exterior.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sanín.


Llamen a votación. (Pausa.)


Por favor, cierren las puertas.


Señorías, a finalizar el Pleno se reunirá la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación en la sala Clara Campoamor y la
ponencia de la Comisión de Interior en la sala 20003.


Vamos a comenzar con la votación de las enmiendas.


Empezamos con las enmiendas de los senadores Iglesias y
Mariscal.









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Votamos, en primer lugar, las enmiendas números 2, 5, 7, 9,
11, 15, 17, 20, 21, 23, 28, 31, 34, 36 y 38.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 58; en contra, 143;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 3, 4, 13, 16, 18 19, 22, 24 a
26, 29, 30, 32, 35, 37 y 39 a 67.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 62; en contra, 144;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 14.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 57; en contra, 158.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 6, 8, 10, 12 y 33.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 57; en contra, 149;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Vasco votamos las enmiendas números
205 a 208, 210 a 221, 223 y 224.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 14; en contra, 142;
abstenciones, 59.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa votamos las enmiendas
números 69 y 73.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 57; en contra, 144;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 82.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 65; en contra, 144;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 74, 75, 77 y 84


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 57; en contra, 149;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 88


Comienza la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 66; en contra, 148.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos de la 70 a la 72, 76, 79 a 81, 83, 85 a 87, 89, 91,
99, 109, 110, 112 a 115, 119 a 122, 124 a 129, 131, 133 a 136 y la
138.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 214; votos emitidos, 213; a favor, 61; en contra, 144;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 90, 92 a 98, 100 a 108, 111, 116 a 118, 123 y
137.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 71; en contra, 144.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos de la 139 a la 141, 144, 148 a 150, 158 a 161, 163,
164, 166, 169 a 172, 174 a 190 y 197 a 204.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 62; en contra, 144;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 151.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 62; en contra, 153.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 143, 145 a 147 y 168.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 57; en contra, 149;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 142, 152 a 157, 162, 165, 167, 173 y 191 a
196.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 57; en contra, 143;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, comenzamos
votando de la 296 a 298, 300, 303 a 310, 312 a 319, 321 a 342 y la
344.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 72; en contra, 142;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 301, 302, 311 y 320.


Comienza la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 14; en contra, 201.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 345.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 14; en contra, 142;
abstenciones, 58.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la 226, 227,
229 a 231, 237, 239 y 269.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 213; a favor, 57; en contra, 142;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 234, 236, 240, 245 y 267.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 57; en contra, 148;
abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas número 228, 232, 233, 238, 241 a 244,
246, 248 a 256, 266, 268, 270 a 272, 274, 276 a 279, 281 a 286, 288, 289
y 291 a 293.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 62; en contra, 143;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 247, 249 a 255, 257 a 265,
273, 275 y 280.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 72; en contra, 141;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas


Del Grupo Parlamentario Entesa y del Grupo Parlamentario
Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por
las propuestas de modificación aprobadas sobre de las enmiendas números
349 y 357, del Grupo Popular.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 214; a favor, 66; en contra, 143;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con
número de registro 103720, firmada por todos los grupos
parlamentarios.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 215; a favor, 214; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Señorías, votamos aquellas partes del proyecto de ley
enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.


Comienza la votación. (Pausa.)









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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 216; a favor, 150; en contra, 3;
abstenciones, 63.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 215; votos emitidos, 215; a favor, 141; en contra, 13;
abstenciones, 61.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se
dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncia sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey. (Aplausos.)


9. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS


9.1. CONOCIMIENTO DIRECTO


9.1.1. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA EN MATERIA DE
ASISTENCIA SANITARIA.


(Núm. exp. 592/000013)


AUTORES: GOBIERNO VASCO y GOBIERNO DE LA RIOJA


El señor presidente da lectura a los puntos 9., 9.1. y
9.1.1.


El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas de que
la celebración de este convenio necesite la autorización de las Cortes
Generales.


¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.)


En consecuencia, la Cámara toma conocimiento de la
celebración de dicho convenio.


Señorías, buenas tardes.


Se levanta la sesión.


Eran las diecinueve horas y treinta minutos.