El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Con su permiso, voy a defender los dos vetos: el que
firmamos el senador Saura y yo, y el que firmaron otros senadores y
senadoras del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para nosotros, esta reforma de la Ley General de la
Comunicación Audiovisual se mueve en la lógica de la acción de gobierno
de esta legislatura: políticas neoliberales, conservadoras y
recentralizadotas, cuando no involucionistas, siempre haciendo especial
hincapié en el sector audiovisual. Hace poco ya se modificó la Ley que
regula la elección del Consejo de administración y el presidente de la
Corporación de Radiotelevisión Española, y hoy debatimos un proyecto de
ley de reforma que tiene para nosotros tres grandes inconvenientes que
justifican este veto. En primer lugar, un proceso de liberalización de
las cadenas públicas autonómicas. Nosotros pensamos que esto es muy
negativo, que lo único que hace es ponernos al servicio de los grandes
operadores privados. En segundo lugar, una invasión de competencias
autonómicas. Y, en tercer lugar, esta reforma supondrá, en el caso de que
prospere, la reducción —la jibarización— del sector público
radiotelevisivo y su puesta al servicio de los operadores privados.

Creemos que esto no es lo que conviene al país, que la
experiencia ha sido positiva hasta ahora, aunque haya cuestiones que
arreglar. En definitiva, estos argumentos justifican los dos vetos que
presentan algunos miembros de nuestro grupo parlamentario.

Gràcies.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista y para defender el
veto número 4, tiene la palabra el senador Gil.

El señor GIL GARCÍA: Gracias, presidente.

El proyecto de ley que presenta el Gobierno a esta Cámara
para su debate tiene como finalidad, al menos declarada, facilitar la
consolidación del presupuesto y el saneamiento de las cuentas públicas en
lo que se refiere a los prestadores del servicio público de comunicación
audiovisual autonómica —un fin con el que el Grupo Parlamentario
Socialista estaría de acuerdo, en principio—, con objeto de
racionalizar la estructura y de garantizar la viabilidad económica y
presupuestaria de los organismos que llevan a cabo la prestación de este
servicio audiovisual en las diferentes comunidades autónomas. Para ello,
se posibilita una mayor flexibilidad de las formas de gestión del
servicio público de la comunicación audiovisual, incluida —y quiero
destacarlo—, la privatización de la titularidad.

Sin embargo, el proyecto de ley que hoy se presenta tiene
un objetivo, a nuestro entender, oculto, que no es otro que la ruptura
del modelo de radio y televisión pública; un modelo que ha funcionado
bien. Construido en España en el año 1980, culminó con la Ley General de
la Comunicación Audiovisual del año 2010, y hoy el Partido Popular
pretende reformarlo. Un modelo por el que han coexistido las radios y
televisiones públicas y privadas, y que ha garantizado una información
plural.

Este proyecto de ley cruza varias líneas que para nuestro
grupo son incompatibles con las necesidades sociales de los españoles en
materia de información y de pluralismo. Primero, porque se trata de un
proyecto de ley innecesario. Las comunidades autónomas cuentan con
capacidad normativa para flexibilizar sus formas de gestión y ajustarse a
los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. Segundo, porque este proyecto de ley excede el ámbito
competencial del Estado al imponer a los prestadores públicos que están
bajo la dirección y control autonómico obligaciones muy concretas y
demasiado exhaustivas. Tercero, porque otorga a los grupos mediáticos
—afines, entendemos— una plataforma para la capitalización y
expansión de su acción mediática. Cuarto, porque no es un proyecto de ley
neutral en cuanto a las formas de gestión: se favorece ostensiblemente la
desaparición del servicio público de radiotelevisión autonómica en
beneficio de la gestión privada. Y, en último lugar, porque este proyecto
de ley quiebra los principios de independencia, neutralidad y pluralismo
con la externalización de los servicios informativos, que forman parte,
sin duda, del núcleo esencial del modelo público de comunicación
audiovisual. Esta reforma busca, sin duda, ventajismo político. En
resumen, sin dar respuesta a los fines que dice buscar —la
reducción de costes para la consolidación presupuestaria y el saneamiento
de las cuentas—, esta reforma esconde los verdaderos propósitos del
Partido Popular: la privatización de las radiotelevisiones públicas, el
control del Gobierno de los servicios informativos —igual que se ha
propuesto hacer en Radiotelevisión Española— y facilitar la
capitalización de determinadas empresas o grupos mediáticos.

Es verdad que la crisis económica hace muy difícil la
sostenibilidad de las televisiones públicas autonómicas. La financiación
del servicio público de comunicación audiovisual autonómico se apoya en
los ingresos públicos casi en un 60%, así como en la publicidad, y ambos
han caído mucho. Por eso en el

Grupo Socialista entendemos que es necesario acometer
actuaciones que posibiliten cuestiones vitales. Por ejemplo, fomentar
todo lo posible la producción propia, que es más barata; reducir la
producción ajena extranjera que no produce ningún retorno; y, por último,
reducir costes estructurales y disminuir el coste de las parrillas de
programación. Cuando estábamos en el Gobierno dimos pasos firmen en este
sentido; hoy, en la oposición y por responsabilidad, consideramos que hay
que redoblar esfuerzos en esta línea.

Sin embargo, señorías, este proyecto de ley no da respuesta
a estos problemas y fía su suerte a un modelo de gestión exclusivamente
de mercado. Este proyecto de ley invade el espacio competencial
autonómico. Tienen que ser las comunidades autónomas, en el marco de sus
competencias, quienes impulsen y desarrollen actuaciones que les permitan
hacer las reformas necesarias y garantizar la sostenibilidad
presupuestaria de un servicio público de radio y televisión; unas
reformas que le permitan a nuestro sistema autonómico cumplir con los
objetivos de déficit público que señala la Ley de estabilidad.

Mi grupo cree que es necesario buscar fórmulas de
cooperación, de colaboración y de confederación entre los prestadores del
servicio público de ámbito autonómico, como base para la eficiencia y la
racionalización. Cooperación para la producción y la edición conjuntas y
para el intercambio de contenidos; cooperación para adquirir derechos de
emisión y material; y cooperación para el reparto de costes de difusión
de la señal, de sedes y de instalaciones. Es necesario un servicio
público de televisión en todas las comunidades autónomas; un servicio que
difunda su cultura, su lengua y sus tradiciones, porque esa diversidad es
un activo que nos aporta riqueza a todos y que se la aporta al país. ¿Y
se puede tener un servicio público de televisión autonómica para todo
esto, con un menor gasto? Entendemos que sí, que es posible, que se puede
conseguir. ¿Cómo podemos generar sinergias económicas, reducir costes y
garantizar la sostenibilidad? Pues basándonos en los argumentos que acabo
de exponer, sobre la base de la cooperación.

Señorías, el proyecto de ley considera la posibilidad de
transferir la titularidad del servicio público audiovisual a una empresa
privada, y aquí está el verdadero meollo de la cuestión. Esta es una
propuesta inadmisible para el Grupo Parlamentario Socialista, porque se
da de frente con nuestro modelo de radio y televisión. El proyecto de ley
no es neutral, con las fórmulas de gestión que propone: este proyecto de
ley abre la posibilidad de externalizar la producción y la edición de los
servicios informativos, sin garantías suficientes, a nuestro entender. Y
lo más grave: el Partido Popular tiene la intención de utilizar, una vez
más, los servicios informativos en beneficio propio, como ha hecho en
algunos canales que no voy a citar en este momento.

Como ya anticipaba algún destacado militante del Partido
Popular en el año 2010, se proponen eliminar las televisiones públicas;
eso es exactamente lo que están haciendo, a nuestro entender. Por fin,
este es un proyecto de ley innecesario desde el punto de vista normativo
e inoportuno desde el punto de vista político. Estos son algunos de los
argumentos que justifican la presentación de este veto por parte del
Grupo Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para turno en contra, el senador Muñoz-Alonso tiene la
palabra.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, presidente.

Voy a hacer un breve turno en contra de los tres vetos
presentados y, en la sesión correspondiente del Pleno, haré un desarrollo
más completo de los argumentos en que basamos, en que apoyamos, este
proyecto de reforma que ha presentado el Gobierno y ha aprobado ya el
Congreso de los Diputados.

Desde luego, nuestros postulados son totalmente distintos a
los que han expuesto las dos señorías que han presentado los vetos.
Partimos de una situación distinta, aunque tengo que decir algo que es
muy curioso: estoy totalmente de acuerdo con la primera línea de la
exposición de motivos del veto que ha presentado el Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya; decía el señor Guillot que se mueve en
la lógica de lo que está siendo la acción de gobierno, y dice exactamente
el texto: «este proyecto de ley profundiza en la línea liberalizadora de
la vigente Ley General de la Comunicación Audiovisual». Sí señor, eso es
lo que queremos: profundizar en la línea liberalizadora. No nos da miedo
la libertad, ni la nuestra ni la de los demás; y queremos avanzar por la
línea de la liberalización. Se mueve en la lógica de lo que está siendo
la acción de gobierno, lo decía el señor Guillot. Lógicamente. Evidente,
queremos profundizar en esa línea, porque el nuestro es el grupo
parlamentario que apoya al Gobierno. Y hablaba de políticas neoliberales:
quite el neo-; llámelas, si quiere, políticas liberales, que se basan en
la libertad y en la libre competencia, que, por otra parte, es la
filosofía de fondo de la Unión Europea.

Y, desde luego, lo que niego radicalmente a los dos
portavoces que han intervenido es que esto vaya en contra de la
autonomía. Todo lo contrario: profundiza en la autonomía, porque, hasta
ahora, las comunidades autónomas tenían un solo camino para gestionar el
servicio público de televisión autonómica, y ahora van a tener muchas
posibilidades. El que quiera seguir como hasta ahora está en su perfecto
derecho de hacerlo, a nadie se le obliga; y el que quiera, puede ensayar
otras fórmulas. Por cierto, hay un debate abierto —al que imagino
que habrán tenido acceso— en el que los expertos expresan
constantemente la idea de que hay que introducir de alguna manera
elementos privados, porque no hay otra salida.

Miren, yo he estado bastante tiempo metido en el mundo de
las televisiones autonómicas, y un poco sé de cómo funcionan por dentro.
Se trata de un modelo insostenible, hay que ser sincero. Las propuestas
que acaba de exponer el senador socialista, que en principio podríamos
compartir todos, se han ensayado ya en muchas ocasiones y en otras ni
siquiera se han podido ensayar. ¡Y no vea fantasmas! No nos hable de
intenciones ocultas. No hay intenciones ocultas. No dude de que, el día
que este Gobierno o los grupos parlamentarios que le apoyan en el
Congreso y en el Senado quieran plantear otra cosa, lo harán
abiertamente. No vea aquí ningún interés —ningún deseo— en
entregar a la gestión privada nada, y sí en introducir elementos de
competencia y de mercado, que son los que al final van a garantizar la
sostenibilidad de la televisión pública. Eso de que esto se hace en
beneficio de la iniciativa privada o de la gestión privada es un juicio
de intenciones que, evidentemente, yo no puedo admitir. Parece que hay un
conchabeo entre el Partido Popular y no se sabe qué extrañas empresas que
se van a repartir no sé qué extraño pastel. Olvídense de eso, porque no
es serio en una Cámara parlamentaria; eso se puede decir en otros
ámbitos, pero no es serio.

Por favor, hablemos en serio de cómo están las televisiones
autonómicas y manejemos algunos números. Voy a dar rápidamente algunos
números, porque creo que es importante que los conozcamos. A partir de
ahí, en este momento de crisis económica y con el enorme clamor popular
que existe frente a la dilapidación de gastos públicos que se ha venido
produciendo —y uno de los capítulos de ese despilfarro han sido las
televisiones públicas—, algo tenemos que hacer. Lo que estamos
haciendo aquí es lo mínimo que se puede hacer. Esta es una reforma
reducida, mesurada; es un paso, y quizá haya que afrontar otros en otro
momento, pero no es esta nuestra intención ahora. Sí les puedo decir, por
ejemplo, que en el año 2010, el último del que tenemos datos completos,
las televisiones autonómicas tuvieron un coste total de 1750 millones de
euros; por cierto, mucho más de lo que en aquel mismo año supuso el
recorte de las pensiones. De esta cuantía, solo 240 millones, es decir el
15%, vino de la publicidad, el resto procedía de fondos públicos; dicho
de otra manera: de los impuestos de los ciudadanos. Eso hemos de tenerlo
muy presente. Ese mismo año, 2010, las televisiones autonómicas generaron
empleo para 7260 personas, con un coste personal agregado de 410
millones, que vino a ser el 48% de los gastos totales, una ratio
absolutamente insostenible en cualquier empresa, y desde luego en una
empresa mediática; no se puede sostener. Además, las plantillas están
absolutamente sobredimensionadas, pero eso ya lo explicaré con más
detalle; en algunos casos se acercan a las 2000 personas y en otros andan
en torno a las 1000, con un coste medio por empleado de 56 400 euros, que
también es excesivo en cualquier empresa de este tipo.

Hay que introducir, pues, algunas medidas de control. Lo
que se hace aquí es dar, por lo pronto, la posibilidad de introducir
elementos privados —si se quiere, no es obligatorio—, para
ayudar a sobrellevar la carga. En segundo lugar, en el último artículo
que se modifica, por medio del punto 8 bis, se introducen una serie de
mecanismos que no suponen ni más ni menos que la aplicación a este
sector, primero, del artículo 135 de la Constitución, recientemente
modificado, y después, de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, que algunos de ustedes votaron, por cierto.
Tratamos de aplicarla al sector, porque es una ley de aplicación general;
no es una ley que se aplique en un sector, y en otro no: se aplica en
general. Con ello pretendemos aplicar al ámbito autonómico los principios
que laten en ese artículo de la Constitución y en esa ley orgánica. Estas
me parecen razones de fondo, y además de oportunidad, en este momento en
que estamos padeciendo una crisis económica; una crisis que carga sobre
los hombros de nuestros conciudadanos. Este es un intento modesto; desde
luego, la crisis no se va a arreglar solo con esto, pero este será un
paso en la buena dirección para aliviar la carga que hoy sobre nuestros
conciudadanos. Por ese motivo nos oponemos a los vetos que se han
presentado.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

¿Alguien quiere introducir un pequeño matiz, en unos
segundos, en el turno de portavoces, o pasamos a la votación? (El señor
Guillot Miravet pide la palabra.)

Señor Guillot, tiene la palabra.

El señor GUILLOT MIRAVET: Sí, señor presidente. Pensé que
las intervenciones iban a ser cortas; pero, como veo que la exposición ha
sido amplia, quiero añadir tres cuestiones.

Primera, que el liberalismo no es libertad; no se confunda
y estúdielo bien. (Risas.—El señor Muñoz-Alonso Ledo: ¿Lecciones
académicas ahora?)

Segunda. ¿Sabe qué no es serio? Subir el IVA por culpa de
los defraudadores y, luego, amnistiarlos. Creo que ustedes califican de
serias o no serias las opiniones de la oposición con demasiada alegría, y
permítame que le haga el retorno con la misma alegría. Si quiere hablar
de seriedad, hablemos de seriedad integral.

Tercera. El fondo de mi intervención se sustenta en que,
por ley, es obligatoria la reserva de frecuencias para el sector público;
por ley es obligatorio, insisto. Una comunidad autónoma tiene dos
posibilidades: no solicitar la frecuencia; o, si la ha solicitado y no
puede luego hacerse cargo de ella, retornarla. Lo que no es razonable es
añadir que la pueda adjudicar a un emisor privado, porque eso hipoteca el
futuro de esta comunidad autónoma respecto a la posibilidad de disponer o
no de una frecuencia, y, por otra parte, porque ya hay un paquete para el
sector privado. Esto es de una lógica sencillísima: usted, como comunidad
autónoma, decida si quiere tener o no la frecuencia y decida si quiere o
no mantenerla. Pero si usted introduce la posibilidad de privatización,
está haciéndoles el caldo gordo a los operadores privados, y a eso es a
lo que nos negamos.

Por último, si hay que hablar de la gestión de las radios y
televisiones públicas, lo hacemos, pero esta reforma de la ley no es el
marco adecuado. Esta reforma no es el marco adecuado para hablar de cómo
funcionan las radios y televisiones públicas autonómicas, porque lo que
ustedes hacen con ella, fundamentalmente, es abrir la puerta a la
privatización de estas televisiones. Y experiencias de público-privado
hay muchísimas, empezando por la televisión de Barcelona. Con esto no
inventan la pólvora, ya existe. Aquí lo que criticamos, lo que vetamos,
es este paso adelante porque creemos que es muy negativo.

Gràcies, president.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Guillot.

Senador Muñoz-Alonso, tiene la palabra. Sea breve, por
favor.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Sí, seré breve.

Senador Guillot, no vamos a entrar aquí en una discusión
sobre si el liberalismo es libertad o no es libertad; creo que no viene a
cuento. Usted lo mantiene y yo, desde luego, lo niego; pero no deja de
ser la libre opinión de cada uno.

¿Obligación de reserva?, sin ninguna duda. Pero
precisamente lo que hace esta ley es señalar que cada comunidad autónoma
gestiona esos canales y frecuencias de la manera que le parezca más
adecuada. Antes había un corsé obligado, la ley del tercer canal, que
hace suyo esta ley de 2007 que reformamos ahora. Nosotros lo que les
decimos a las comunidades autónomas es que esos canales que tienen
reservados pueden gestionarlos de la manera que les parezca más adecuada,
incluso mediante la enajenación de la titularidad del servicio, así se
dice; porque no va en contra de la Constitución. Tenga usted en cuenta
que la Constitución, en su artículo 20, da por supuesta la posible
existencia de canales públicos; no obliga a que existan canales públicos.
Establece que, en caso de que los haya, estarán sometidos a cierto
control a través de las comisiones de control parlamentario; pero no dice
que exista una obligación, ni mucho menos. Lo que sí dice la Constitución
—ya lo he dicho— es que hay unas normas básicas que las da el
Estado. Y nosotros lo que hacemos aquí, exclusivamente, es dar unas
normas básicas que, al final, benefician en dos aspectos: en el de la
gestión y en el económico-financiero, en cuanto a los fondos que se
dedican a esos canales públicos.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Muñoz-Alonso. (El
señor Gil García pide la palabra.)

Senador Gil, no le he visto antes pedir la palabra. Tiene
la palabra.

El señor GIL GARCÍA: Gracias, señor presidente. Intervendré
brevemente pues comparto gran parte de los argumentos del senador
Guillot.

En cualquier caso comentaré únicamente tres cosas. Dice el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular que no veamos fantasmas, y qué
quiere usted que le diga, señoría, con su modelo han quedado bien
retratados a la vista de lo que han hecho con Radiotelevisión Española.
Es difícil no ver temas de fondo en esta reforma. En segundo lugar quiero
que se acuerde de que fueron ustedes quienes abrieron la posibilidad al
endeudamiento de las televisiones públicas. Es bueno hacer memoria. Y por
último le he dicho con todo respeto, e intentando estar a la altura de
esta Cámara, que una de sus pretensiones es acabar con las televisiones
autonómicas, y este no es un argumento del Partido Socialista, sino que
lo ha dicho don Gabriel Elorriaga en una entrevista que concedió a la
revista Tiempo que, si usted desea, puedo facilitarle, y en la que
reconocía que ese es su objetivo. Es el camino que llevan, ya han
empezado con Radiotelevisión Española y ahora pretenden extrapolar el
modelo al ámbito autonómico.

Nada más y muchas gracias, señor presidente. (El señor
Muñoz-Alonso Ledo pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra, señoría, pero
sea muy breve.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Seré muy breve, pero debo decir
a su señoría que hasta que mi partido, que es, por cierto, el más grande
de España —hay gente que opina de muy distinta manera—, no
toma una posición respecto de un tema, no se puede decir que en el
partido se piensa tal o cual cosa, y aquí hay ahora una posición de
partido que es la que estoy exponiendo. No me hable usted de
Radiotelevisión Española, porque podríamos hablar del uso que ha hecho de
ella el Partido Socialista incluso después de la ley que creaba la
corporación de Televisión. (Aplausos.—Rumores.) Pero de eso ya
hablaremos en otro momento porque no es el objeto de este debate. Así
pues, señoría, no estoy de acuerdo con su planteamiento.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos, pues, a la votación de los vetos por el orden en
que han sido presentados, que se votarán uno a uno aunque el señor
Guillot haya agrupado la defensa de los dos vetos del Grupo Parlamentario
de Entesa.

Votamos, pues, el veto número 2, de los senadores Guillot y
Saura.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 3 de los senadores Mónica Almiñana,
Rafael Bruguera, Joan Sabaté, Iolanda Pineda, Carlos Martí, Francisco
Boya, José Montilla y María Jesús Sequera.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 4, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

A continuación pasamos al debate de las enmiendas.

Comenzamos con la defensa de las enmiendas números 1 a 4,
del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra la señora
Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor
presidente.

Mi grupo parlamentario mantiene estas cuatro enmiendas y
quisiera manifestar cuál ha sido nuestra filosofía al presentarlas, que
es precisamente algo tan importante como la descripción del servicio
público de comunicación audiovisual que recoge el artículo 40.1 de la Ley
7/2010, General de la Comunicación

Audiovisual. Nosotros lo proponemos porque nos parece que
es lo único que garantiza que se fomenten valores democráticos como es el
de contribuir a la formación de una opinión pública.

Asimismo en otra enmienda pedimos que se firme un protocolo
de carácter público entre las partes para que realmente sepamos de qué se
está tratando en esos contratos. Finalmente solicitamos que se garantice
la prestación del servicio público de comunicación audiovisual en
aquellas comunidades autónomas que no cuenten con un servicio público
audiovisual propio, así como la prestación de dicho servicio respetando
la diversidad cultural, que es algo tan rico y que se tiene que poner en
valor, y sobre todo la lingüística de aquella comunidad en la que se
preste dicho servicio. Esto nos parece básico, pues la diversidad es algo
que enriquece y nosotros vamos a defender siempre todo aquello que
garantice el derecho a una formación de una opinión pública objetiva para
que el individuo se pueda mover en libertad.

Y esto es, señorías, lo que nosotros pretendemos con
nuestras cuatro enmiendas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría, por su
defensa y por su brevedad.

Para la defensa de las enmiendas números 53 a 119, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés, tiene la palabra el senador
Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

Doy por defendidas nuestras enmiendas. En el Pleno
justificaré su presentación.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 51 y 52, del Grupo
Parlamentario Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra el senador
Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.

Muy buenas tardes, señorías. Mi grupo parlamentario ha
presentado dos enmiendas, pero antes de hablar de ellas quisiera enmarcar
muy brevemente el proyecto de ley que estamos debatiendo hoy.

Hay una primera parte en la que se hace referencia
exclusivamente a la flexibilización de los modos de gestión, y dicho sea
de paso estoy de acuerdo con las modificaciones que introduce este
proyecto de ley en este sentido. La segunda parte introduce un nuevo
apartado, que es el 8) bis al artículo 43, que choca de manera frontal
con las competencias que en esta materia tiene la Generalitat de
Cataluña. Entendemos que aquí se está obviando el Estatuto de Autonomía
de Cataluña, que también es una ley orgánica, así como la Ley de
financiación de las comunidades autónomas. Así pues con estas enmiendas
nosotros pretendemos reconducir esta invasión de competencias a las que
acabo de hacer referencia.

En definitiva la enmienda número 52 propone suprimir el
apartado 6 del artículo único del proyecto de ley, y la número 51 propone
un nuevo redactado que respete las competencias de las comunidades
autónomas, y en concreto las de la Generalitat de Cataluña, y que
mantenga el espíritu de esta reforma. Así pues, como digo, con estas dos
enmiendas pretendemos garantizar las competencias de las autonomías, y
concretamente la Generalitat de Cataluña, y esperamos que puedan salir
adelante.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 120 a 132, del
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Antes de entrar a explicar los criterios por los que hemos
presentado nuestras enmiendas quisiera que constara en acta, en respuesta
a la manifestación del portavoz del Grupo Parlamentario Popular de que su
partido es el más grande de España, que la grandeza de los partidos no se
mide en función de los votos que se obtengan en un momento determinado,
sino que es algo cíclico. (Rumores y protestas.)

Dicho lo cual…

El señor PRESIDENTE: Señorías, yo les rogaría a todos
ustedes que se centren en el proyecto de ley objeto de este debate.

El señor MANCHADO LOZANO: Dicho lo cual, con el mismo
respeto con el que él ha dicho que el Partido Popular es el más grande de
España, entendemos que la necesidad de austeridad que se tiene

que aplicar a las televisiones autonómicas es evidente, y
ahí compartimos la visión del portavoz del Grupo Parlamentario Popular;
entendemos que es posible aplicar criterios de eficiencia y de eficacia
en el tema de los costes, pero también entendemos que hay cosas que hacen
que esta eficiencia y esta eficacia se tengan en cuenta. Desde nuestro
punto de vista podemos aplicar criterios de eficiencia y eficacia siempre
que se respete el derecho a que cada comunidad autónoma tenga por lo
menos uno de los canales de titularidad pública, y entendemos que el
redactado del proyecto de ley no permite que sea así.

Queremos también salvaguardar las necesidades de eficiencia
y eficacia —es posible que haya eficiencia y eficacia—,
compatibilizándolas con la transparencia y el control de los fondos
públicos aplicados. También se han presentado enmiendas en este
sentido.

Entendemos que hay que aplicar la gobernanza democrática en
las radiotelevisiones autonómicas y tenemos que seguir manteniendo la
independencia y el pluralismo informativo. Por tanto, este también es uno
de los criterios que aplicamos en nuestras enmiendas.

Hay que mantener y asegurar que ese proceso de gestión
indirecta o ese proceso de ayudar a las autonomías a ahorrar costes en
los temas de los medios audiovisuales tiene que ser compatible con el
hecho de la no concentración de capital de los medios de comunicación.
Por lo tanto, es importante tener eso en cuenta.

Lógicamente, entre los beneficios de esas televisiones hay
que tener en cuenta también el hecho de que una parte de esos beneficios
va directamente ligada al fomento del sector audiovisual local, lo que
también contribuye al cambio de modelo y, por tanto, también es un
beneficio a tener cuenta.

Y, finalmente, entendemos que hay que mantener en esta ley
el cumplimiento de la normativa europea de las ayudas públicas, en tanto
en cuanto son proyectos, son servicios de interés general, de interés
económico general y, por tanto, algunas de nuestras enmiendas van en esta
línea.

Por otro lado, alguna de nuestras enmiendas va ligada a la
necesidad de defender la autonomía financiera de las comunidades
autónomas fijada en algunos de sus estatutos, sin perjuicio de la
competencia estatal de fijar los límites de gasto, además de poder
decidir cómo se aplica. Por eso, alguna de nuestras enmiendas también va
dirigida en este sentido.

Sobre estos criterios hemos articulado nuestras trece
enmiendas y no entraré a defender cada una de ellas, porque hemos quedado
en que no lo haríamos, pero básicamente en esos cinco ejes se fundamentan
las que hemos presentado y que en el Pleno defenderemos
convenientemente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para turno en contra, por el Grupo Popular tiene la palabra
la senadora Azuara.

La señora AZUARA NAVARRO: Gracias, presidente.

Buenas tardes, señorías. Este proyecto de ley, como bien ha
contestado el senador Muñoz, pretende dar competencias normativas a las
comunidades autónomas para que sean ellas, y precisamente ellas, las que
decidan cuál debe ser su modelo de gestión con respecto a las
televisiones autonómicas, que sean las propias comunidades autónomas las
que tengan el poder de decisión libre y legítimo de si quieren o no una
televisión autonómica pública y, si la quieren, cuál es el modelo de
gestión que necesitan. Los objetivos que persigue este proyecto de ley no
son otros que proporcionar mayor flexibilidad a las comunidades autónomas
para que determinen el modelo de gestión en la prestación de su servicio
público de comunicación audiovisual, que puedan escoger, si así lo
deciden, entre un modelo de gestión directo o indirecto, que sea público,
privado, o público-privado, el que mejor consideren, según los propios
intereses generales de esa comunidad.

Durante mucho tiempo, las entidades públicas creadas por
las comunidades autónomas para gestionar sus televisiones han acumulado
importantes déficits anuales que han derivado en el incremento de la
deuda que, en el contexto económico actual en el que estamos, es
necesario reducir a través de procesos de austeridad y de
racionalización. Por eso es tan importante dotar de medios a las
comunidades autónomas y a sus entidades públicas para que se pueda llevar
a cabo una gestión más eficaz y, sobre todo, una gestión más eficiente de
los recursos públicos. En ningún momento, en este proyecto de ley, con
las modificaciones que se han llevado a las Cortes Generales, se invaden
competencias de ningún tipo ni se limita el poder de decisión de ninguna
comunidad, sino todo lo contrario, se pretende dar herramientas de
libertad para que así, si lo estiman oportuno, puedan decidir sobre el
modelo de televisión autonómica pública o no que desean tener.

Algunos grupos parlamentarios han querido aprovechar esta
oportunidad para proponer enmiendas que reformen más a fondo esta ley,
pero este no es el caso que nos ocupa, pues con esta reforma lo que se
pretende es acometer los aspectos más importantes y, sobre todo, los más
urgentes, para que, en estos momentos de coyuntura económica, podamos
cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Además, y creo
que ya lo ha dejado claro el senador Muñoz-Alonso en su intervención
relativa a los vetos, no es cierto que este proyecto apueste por una
privatización de los medios audiovisuales autonómicos ni que vaya a
invadir competencias de las comunidades, sino todo lo contrario, da
libertad para elegir el modelo de gestión que estimen más oportuno y abre
un abanico de posibilidades para mejorar su servicio.

Y dicho esto, para ser breve e ir finalizando, solo añadiré
que el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de las enmiendas
presentadas a este proyecto de ley por los grupos parlamentarios del
Senado, porque, como he dicho antes, en la mayoría de los casos proponen
actuaciones que no son objeto de la modificación legal que en este caso
estamos debatiendo, y en el resto contradicen la iniciativa del Gobierno
al impedir que los medios públicos audiovisuales autonómicos se gestionen
libremente y puedan prestar un servicio público mucho más flexible.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Si no hay más peticiones para aclarar algún matiz concreto,
pasamos a las votaciones.

Empezamos por la votación de las enmiendas números 1 a 4,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 17; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 53 a 119, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 17; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar las enmiendas números 51 y 52, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 16; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a la votación de las enmiendas números 120 a 132,
del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 6; en contra, 17; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto del texto del proyecto de ley en lo no
modificado por las enmiendas aprobadas —ninguna en este
caso—.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 16; en contra, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

En consecuencia queda dictaminado por la Comisión de
Industria, Energía y Turismo, el Proyecto de Ley de modificación de la
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para
flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de
comunicación audiovisual autonómicos.

Procede ahora designar a un miembro de la comisión para
presentar el dictamen ante el Pleno. (Varios señores senadores: El señor
presidente.)

Muchas gracias, señorías. Este presidente, con mucho gusto,
les representará a ustedes en el Pleno.

Recuerdo a los diferentes miembros de los grupos que
deberán presentar sus enmiendas, para mantenerlas vivas, en el Registro
de la Cámara, en un plazo de veinticuatro horas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Muchas gracias.

Eran las dieciséis horas y cincuenta minutos.