El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día,
que, como saben, es lo que ha motivado fundamentalmente la convocatoria
de esta sesión extraordinaria de la comisión, que es el debate y
aprobación, en su caso, con competencia legislativa delegada, del
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de
prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar.

A este proyecto de ley se han presentado un total de dieciocho
enmiendas, de las cuales han sido inadmitidas las números 8 y 11, de la
senadora Ester Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto. El resto
de las enmiendas presentadas por orden de menor a mayor son las
siguientes: enmiendas 1 a 3, de los senadores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto. Enmiendas 4 a 11, de la senadora
Capella i Farré, del Grupo Mixto. Enmiendas 12 y 13, del Grupo
Parlamentario Socialista. Y enmiendas 14 a 18, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.

Pasamos, por tanto, al debate de las enmiendas.

Tiene la palabra la senadora Capella para defender las enmiendas 1
a 3, del senador Iglesias, y si lo desea puede defender también las
suyas, las números 4 a 7 y 9 y 10.

Si alguno de los portavoces tiene que hacer alguna sustitución,
que lo haga llegar a la Mesa.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente, y gracias
también por darme la posibilidad de defender conjuntamente los dos
bloques de enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.

Voy a dar por defendidas las enmiendas de los senadores Iglesias y
Mariscal y también las mías. Pero no quiero dejar de defender en este
turno la posición que Esquerra Republicana mantiene a lo largo de las
modificaciones legislativas que se están operando en esta habilitación de
julio y agosto para aprobar leyes.

Quiero mostrar la disconformidad de Esquerra Republicana, y la mía
como portavoz del Grupo Mixto, con la forma en que el Gobierno del
Partido Popular y del grupo que le da apoyo en esta Cámara está actuando
en este tramo final de la legislatura, en el sentido de intentar aprobar
—que lo va a hacer— cuarenta y tres leyes, algunas de mucha
importancia, a través de comisiones con competencia legislativa delegada.
Si bien es cierto que el Reglamento lo permite, que sea legal no quiere
decir que sea normal la forma en que está procediendo esta casa, el
Senado, porque consideramos que lo que se está haciendo es sustraer del
debate público gran parte de las modificaciones legislativas que se están
llevando a cabo.

Entendemos que no tiene nada que ver con trabajar mucho o poco,
sino con la transparencia, con la voluntad de debatir, de confrontar
ideas y de que la ciudadanía se haga partícipe de los debates. Ustedes
podrán decirme que es lo mismo una comisión con competencia legislativa
que el Pleno del Senado, pero yo lo sigo discutiendo.

Entendemos también que con este proceder se está materializando de
nuevo la actitud del grupo mayoritario de la Cámara al aplicar su mayoría
absoluta en el sentido de menospreciar a la oposición hasta el punto de
no aceptar ni una sola de las enmiendas que se presentan; a esta senadora
no se le han admitido a trámite algunas de las enmiendas con el pretexto
de que nada tienen que ver con el proyecto legislativo, y, si quieren,
les puedo recordar cuántas enmiendas se han introducido en proyectos
legislativos presentados por el Partido Popular que poco tienen que ver
con el proyecto que se debate. En todo caso, quería que constante en esta
comisión con competencia legislativa mi protesta por la inadmisión de dos
enmiendas que sí tienen que ver con el proyecto que vamos a debatir en
esta sesión.

Esquerra Republicana de Cataluña es muy crítica con este proyecto
de ley. No se puede llevar a cabo una iniciativa de este calado mientras
se destinan tantos y tantos recursos a grandes proyectos armamentísticos
que hipotecan recursos sociales y científicos —en este sentido iban
las enmiendas que ustedes nos han inadmitido—, a la vez que suponen
costes elevadísimos y producen un gran endeudamiento al Estado, a costa,
como decía, de atender las necesidades básicas de la ciudadanía.
Consideramos hipócrita que mientras se venden armas con las que se
vulneran y violan los derechos humanos, se torture y mate a civiles tan
inocentes como los que pisan una mina. Cada vez son más los tratados
respecto a la limitación del armamento, pero curiosamente en España el
gasto militar crece cada año que pasa. Están ante una espiral de
perversión de la que tenemos que salir lo antes posible, y en este
sentido van nuestras enmiendas, también las no admitidas.

El problema no radica única y exclusivamente en las bombas y en
las minas antipersonal, sino en la capacidad armamentística y destructiva
global. Esquerra Republicana ha abogado siempre por la cultura de la paz;
por eso hemos presentado estas enmiendas y por eso en el Congreso de los
Diputados planteamos una enmienda a la totalidad con texto alternativo.
En el contexto de crisis en el que estamos sumidos nos parece inmoral que
se recorte en sanidad o en educación mientras se mantiene el gasto
militar o se conceden créditos por valor de 856 millones de euros
destinados a fines militares.

Básicamente, las enmiendas que hemos planteado —incluidas
las inadmitidas, que pese a ello he justificado debidamente—
pretenden limitar la exportación de armas y que no se siga vendiendo a
países que incumplen o violen derechos humanos. También evitar la
subvención pública para la construcción de armas. Proveer nuevas normas
financieras para evitar el fraude de ley. Prohibir que el Estado sea
cómplice de actividades prohibidas por la legislación estatal. Proponemos
la modificación de la Ley de exportación de armas para que exista un
control real y evitar vender armas a países que cometen crímenes contra
la humanidad u otras violaciones de derechos humanos. Proponemos —y
esta es la justificación de todas las enmiendas— que no se pueda
usar el Fondo de contingencia para enmascarar un incremento de gasto
militar —esta es una de las enmiendas no aceptada—. Y
proponemos una reflexión y una redimensión de los efectivos
militares.

Por todo ello, pedimos el apoyo de la Cámara, de los senadores de
los grupos parlamentarios, a las enmiendas presentadas, que han sido
debidamente justificadas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Capella.

Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

En el turno de portavoces me posicionaré sobre el conjunto del
proyecto de ley. Mi grupo ha presentado cinco enmiendas. Doy por
defendidas las números 16, 17 y 18, que corresponden a los senadores
Guillot y Saura. Me voy a referir a las que presentamos los senadores
socialistas de Entesa, las enmiendas 14 y 15, cuya voluntad es ir un poco
más allá de lo que va el proyecto de ley en cuanto a la limitación tanto
de financiación como de actuación en conflictos exteriores donde se usen
o se puedan utilizar tanto minas antipersonal como munición de racimo. En
concreto, en la enmienda 14 pedimos que se extienda la prohibición de
financiación directa o indirecta aun cuando las empresas o actividades
estén radicadas en terceros países que no hayan firmado la
convención.

Con la enmienda número 15 lo que pretendemos es que no solo se
prohiba el desarrollo, almacenamiento, utilización de minas antipersonal
o municiones de racimo en operaciones militares en colaboración con
países no firmantes de la convención, sino que además se excluya la
participación de nuestras Fuerzas Armadas en operaciones militares donde
se use este tipo de armamento, en el caso de las minas antipersonal, o
este tipo de munición, en el caso de la munición de racimo. Entendemos
que hay que asumir plenamente el espíritu del acuerdo de Oslo y, por
tanto, habría que ir más allá en ese compromiso internacional de
erradicar completamente este tipo de armamento y este tipo de
munición.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la
palabra el senador Losada.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Muchas gracias, presidente.

En este turno defenderé las enmiendas que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista, dejando para el turno de portavoces nuestra
posición global sobre las enmiendas del resto de los grupos y la posición
que sobre esta ley tiene el Grupo Socialista.

Como saben, estamos en la fase final de una ley que viene, a
nuestro entender, con retraso y ahora con prisas, una ley que permite
unificar el tratamiento que reciben las minas antipersonal y las que se
denominan bombas racimo. Era un objetivo que los socialistas nos pusimos
y cumplimos ya en el 2008, por lo que, en general, nos parece correcto
que esta ley atienda a esas cuestiones fundamentales. Pero nuestro afán
es conseguir cerrar todos los resquicios por los que se pueda, si me
permite la expresión, colar alguna artimaña jurídico-técnica o
empresarial que evite las prohibiciones que esta ley marca. Por eso,
nuestras enmiendas intentan mejorar el texto. Lo hicimos en el Congreso y
lo volvemos a hacer en el Senado porque estamos totalmente convencidos de
que mejorarían este proyecto y sobre todo conseguirían lo que se propone
la Convención de Oslo, que es evitar y prohibir cualquier tipo de armas
de esta clase. La primera enmienda se dedica a la prohibición de esta
financiación, incluso cuando las actividades se realizan y se llevan a
cabo en un país que no hubiera suscrito la Convención de Oslo. Y la
siguiente enmienda es no autorizar a participar en operaciones militares
que incluyan, en cualquiera de las fases, la utilización de municiones de
racimo.

Con estas dos enmiendas cerramos toda posibilidad e incentivamos a
que los países que aún no han firmado la convención se animen a hacerlo.
Creemos que nuestras enmiendas tienen una cuestión de fondo, porque si
bien la convención permite la colaboración militar y la participación
conjunta de nuestro país en operaciones donde haya Estados que no hayan
suscrito la Convención de Oslo, nos parece que esta colaboración no se
debiera dar en las operaciones en las cuales se vaya a usar ese tipo de
munición. Además, esto es una forma no solo de evitar cualquier uso
tangencial de las prohibiciones que esta ley establece para España y para
los países que la han firmado, sino también porque nos lleva a seguir lo
que España pretende, por lo menos el Grupo Parlamentario Socialista y el
Gobierno socialista cuando aplicó esta moratoria, y es que queden cada
vez menos países que puedan utilizarlas.

Por eso, mantenemos estas dos enmiendas y esperamos que los grupos
tengan a bien apoyarlas, porque mejoraremos y dejaremos cerrado de forma
completa la base, el espíritu y los deseos de la Convención de Oslo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Losada.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Sala Torres.

El señor SALA TORRES: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero destacar, en primer lugar, que en el Congreso de
los Diputados se aceptaron diversas enmiendas, en concreto una del Grupo
Parlamentario Vasco, en virtud de la que se suprimió la expresión «si
procede» del artículo 3.2, relativo a la obligación de las empresas
armamentísticas de comunicar al Ministerio de Defensa los programas de
reconversión o cierre de las instalaciones de producción de las armas
prohibidas por la ley, de modo que tal comunicación ha de producirse en
todo caso. Otra, del diputado Joan Tardà, del Grupo Mixto, que permitió
incluir en el artículo 2.1, entre las prohibiciones que allí se
contemplan, la financiación de este tipo de armamento. Y otra del Grupo
Parlamentario Socialista, en virtud de la que mediante un texto
transaccional se añadió una disposición final primera, por la que el
Gobierno se compromete a impulsar la adhesión al Tratado de Ottawa y a la
Convención de Oslo de los países que aún no lo han hecho, así como a
poner en marcha mecanismos para promover las normas establecidas y
desalentar del uso de este tipo de municiones a países que no forman
parte de dichos acuerdos.

Las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios
en esta Cámara en su conjunto reiteran las que ya fueron rechazadas en el
Congreso de forma absolutamente justificada, a nuestro entender. El
número de enmiendas presentadas en el Senado es de 18, si bien dos de
ellas han sido inadmitidas, la 8 y la 11, de forma bien fundada, por
cierto, ya que una de ellas pretende la modificación de una ley orgánica,
para lo que carece de rango normativo. Por otra parte, las números 14
y 15, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, son
idénticas a las 12 y 13 del Grupo Parlamentario Socialista, y las
números 16, 17 y 18, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, también son idénticas a las números 1, 2 y 3, de los senadores
de Izquierda Unida, por lo que en realidad son once las enmiendas a
valorar.

Algunas de ellas pretenden extender la prohibición de financiación
incorporada en el Congreso a entidades domiciliadas en cualquier otro
lugar del mundo, criterio que tendría un alcance extraterritorial que
excedería las competencias de nuestro propio ordenamiento jurídico, lo
que no parece oportuno, cuando de lo que se trata es de ajustarlo a las
obligaciones derivadas de un tratado internacional. Llama la atención,
por cierto, que una de las enmiendas en este sentido sea del Grupo
Parlamentario Socialista, sin tener en cuenta que el propio PSOE cuando
gobernó no lo incluyó en este mismo proyecto de ley, cuya tramitación
inició en el 2011 y decayó por la finalización de la legislatura.

Otras enmiendas proponen incrementar la cuantía de la multa por
realizar una actividad prohibida hasta alcanzar el importe del beneficio
obtenido por la misma. Entendemos que no existe concreción en la base
legal de dicha multa y que es completamente inadecuada su introducción en
el proyecto legal que se debate, puesto que es en el Código Penal donde
deben recogerse las sanciones a las conductas que se prohíben, como así
ocurre en los artículos 563 a 570, del código punitivo, bajo la rúbrica
de la tenencia, tráfico y depósito de armas y municiones, especialmente
después de su modificación por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de
marzo.

Otro grupo de enmiendas persigue prohibir la participación en
operaciones militares con otros Estados que no sean parte de la
convención de municiones de racimo y utilicen este tipo de armas, lo que
no es admisible porque limitaría o impediría la posibilidad de
cooperación con ciertos Estados aliados por parte de nuestras Fuerzas
Armadas, afectando incluso a compromisos ya adquiridos, tantos
bilaterales como a través de organizaciones internacionales.

Por último, hay tres enmiendas, todas ellas de Esquerra
Republicana de Cataluña, las números 7, 9 y 10, que proponen la adición
de sendas disposiciones adicionales: una para modificar la Ley 53/2007,
sobre control del comercio exterior de material de defensa y doble uso;
otra para racionalizar la política europea de defensa y seguridad; y una
tercera para negociar el retorno de los créditos recibidos por la
industria armamentística. Resulta de todo punto improcedente incorporar
tales enmiendas al proyecto de ley que debatimos, cuya finalidad está
perfectamente definida y consiste tan solo, como ya se ha dicho, en
ajustar nuestro ordenamiento interno a las obligaciones derivadas de un
tratado internacional.

No podremos —y así concluyo— aceptar ninguna de las
enmiendas presentadas en esta Cámara tras las que ya se aceptaron en el
Congreso y que contribuyeron, sin duda, a la mejora del proyecto de ley,
y espero que ello no sea obstáculo para que este obtenga el respaldo
unánime o de la amplia mayoría de la Cámara, en este caso de la comisión,
como ya ocurrió en el Congreso de los Diputados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sala Torre.

Pasamos al turno de portavoces. Como es habitual, intervendrán los
grupos de menor a mayor, por un tiempo de cinco minutos para cada
portavoz.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente. Intervengo muy
brevemente.

Una flor no fa estiu; es decir, que se haya admitido una enmienda
en el Congreso de los Diputados, en este caso de Esquerra Republicana y
de otros grupos, que mejora sustancialmente la ley, no debería impedir
que en este trámite parlamentario en el Senado se intentase incorporar
otras enmiendas, porque en algunas de ellas coincidimos en lo básico
prácticamente todos los grupos de la oposición; no debería ser obstáculo
para hacerlo.

Me habría gustado que el portavoz del Grupo Popular nos hubiese
dado contenidos o fundamentos que fuesen más allá de la improcedencia de
alguna de las enmiendas. Por ejemplo, en la que se decía que tendrían
cabida en el Código Penal determinadas conductas, entendemos que el
Estado no es susceptible de ser imputado o sujeto activo de un delito del
Código Penal. En todo caso, la legislación tiene que prever aquellas
actividades que puedan ser justificación de la comisión de un delito o
bien la comisión de una conducta que un Estado no puede defender.

Una de las enmiendas que nosotros planteábamos proponía nuevas
normas financieras para evitar el fraude de ley; es decir, que estemos
legislando aquí que no se pueden llevar a cabo determinadas conductas,
que el Estado no favorecerá determinadas conductas, que no colaborará con
otros Estados que incumplen convenios internacionales y, sin embargo, por
la vía de no poder hacer extensiva la no aplicación del convenio a otra
soberanía, el Estado español acabe participando de un hecho que en estos
momentos estamos legislando en contra. Por tanto, no creo que las
enmiendas sean improcedentes, que no haya capacidad y competencia por
parte del Estado español para establecer que determinadas conductas
atentan a los derechos humanos, atentan al derecho internacional, atentan
al derecho de paz.

Nosotros consideramos que estos son los motivos que nos han
llevado a presentar estas enmiendas y entendíamos que eran perfectamente
admisibles y mejoraban el texto. En definitiva, creemos que esto nos
libera de poder votar aquello que nosotros creamos procedente en atención
a que la voluntad que se manifiesta a través de esta ley es una voluntad
única y exclusivamente de pasar el trapo del polvo por encima pero sin
profundizar en lo que realmente se quería plantear con lo que
inicialmente debía ser este proyecto de ley.

Como decía, una flor no fa estiu y la admisión de alguna enmienda
no da carta de naturaleza de bondad y de legislación plena de lo que se
pretende hacer con este proyecto de ley. Por tanto, nosotros votaremos en
contra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Por el Grupo Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador
Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.

A la señora Capella se le ha olvidado mencionar una cuestión que
es muy importante: que estamos en el mes de julio, que estamos
finalizando una legislatura y que no se admiten enmiendas para que no se
abra ahora el debate en el Congreso porque muchas de esas enmiendas son
favorables y se podrían haber asumido sin ningún problema. Pero, bueno,
las cosas son así y están funcionando de esta manera.

Mi grupo parlamentario va a votar a favor por la argumentación que
ha utilizado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, porque se ha
admitido en el trámite del Congreso algo que para nosotros es
fundamental, que es la eliminación de la expresión de dos palabras que
son casi una mina antipersonal: si procede. Generalmente, cuando se dice
si procede significa que no se va a hacer. Una vez eliminadas esas dos
palabras consideramos que ha mejorado sustancialmente la ley y, por
tanto, votaremos favorablemente.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente, por darme la
palabra.

De entrada agradezco el tono del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, el senador Sala Torres, pero lamento que tanto el Gobierno como
el grupo mayoritario que le apoya no acepten las enmiendas. El senador
Sala hacía referencia al hecho de que algunas enmiendas, entre otras,
nuestras enmiendas 14 y 15, pretenden extender la prohibición a países no
firmantes de la Convención de Oslo y, por tanto, esto es inaceptable.
Pero, en realidad, vamos más allá. Lo que pretendemos es que España no
participe en operaciones militares o no las financie cuando incluyan el
empleo de este tipo de armamento y de munición. No se trata tanto de
imponer a terceros países no firmantes de la convención una normativa o
una legislación que ellos no comparten, sino de predicar con el ejemplo y
de no participar en operaciones que incluyan este tipo de armamento.
Estamos ante una cuestión fundamental de sensibilidad humana, humanística
diría yo, de respeto a las personas, y hablando de temas militares esto
iría mucho más allá. En cualquier caso, por algo se empieza y estamos
intentando eliminar, erradicar un tipo de armamento y de munición que
tiene sobre la población civil un impacto especial y, como se ha dicho
muchas veces, en particular sobre la población infantil, sobre los niños,
por ser un tipo de munición, tanto las minas antipersonal como los
proyectiles de racimo que quedan esparcidos, que muchas veces llama la
atención de los niños y acaba siendo letal para ellos. Por tanto, hay que
hacer todos los esfuerzos posibles para que nuestras Fuerzas Armadas en
ningún caso participen en operaciones militares que incluyan este tipo de
armamento. Hay muchas otras alternativas que se pueden utilizar, tanto en
operaciones defensivas como ofensivas, que permiten cumplir no solo la
letra sino el espíritu de la Convención de Oslo y, por tanto, eliminar
este tipo de armamento y de munición.

En cualquier caso, la voluntad de eliminar las minas antipersonal
que está recogida en nuestra legislación arranca, entre otros
precedentes, de la Convención de 1980 de Naciones Unidas, sobre
prohibiciones o restricciones de empleo de ciertas armas convencionales
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados. Precisamente, el Protocolo II de esta Convención de
Naciones Unidas trata de las minas antipersonal. En 1993 hay una
resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre suspensión de
la exportación de minas antipersonal. Y, finalmente, la Conferencia de
Oslo, de 18 de septiembre de 1997, preparó el texto firmado el mismo
año 1997 por el que se acordó la prohibición del empleo, almacenamiento,
producción y transferencia de minas antipersonal y la destrucción de
todas las existencias que cada país parte de la convención posea, ya sea
en almacén o en zonas minadas, bajo su jurisdicción o control.

A todo esto hay que añadir, precisamente, la Convención de Oslo
de 2008, que se deriva de la Conferencia de Dublín del mismo año, que
entró en vigor en 2010, sobre las municiones en racimo. En su artículo 1
dice que cada Estado parte de la convención se compromete a nunca y bajo
ninguna circunstancia: a) emplear municiones en racimo; b) desarrollar,
producir o adquirir, de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir
a nadie directa o indirectamente municiones en racimo; y c) ayudar,
alentar o inducir a nadie a participar en una actividad prohibida a un
Estado parte, según lo establecido en la presente convención. Entiendo
que precisamente esto último que he leído es lo que obligaría a que
España, en ningún caso, ni aliente ni ayude ni induzca a nadie a
participar en un conflicto u operación militar donde se emplee este tipo
de actividades prohibidas en la convención.

Quería destacar también que es importante que tratemos esta
cuestión en el ámbito parlamentario y quería poner en valor que la Ley
Orgánica de la defensa nacional de 2005, aprobada e impulsada bajo
Gobierno socialista, implicó una mayor participación y protagonismo de
las Cortes Generales en cuanto a las misiones en el exterior como
representantes de la soberanía nacional. Por tanto, da un papel mucho
mayor al Parlamento para pronunciarnos y controlar nuestra participación
en operaciones militares en el ámbito internacional y también,
evidentemente, sobre el tipo de armamento a utilizar. El artículo 4.a) de
esta ley dice: «Otorgar —como competencia de las Cortes— las
autorizaciones previas para prestar el consentimiento del Estado a
obligarse por medio de los tratados y convenios internacionales, así como
las restantes autorizaciones previstas en el artículo 94.1.b) de la
Constitución», que hace referencia precisamente a los tratados o
convenios de carácter militar como el que nos ocupa.

Este proyecto de ley, señorías, modifica y adecúa la Ley 33/1998,
de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de
efecto similar, y añade lo acordado en la Convención de Oslo, a la que
hacía referencia, sobre prohibición de munición de racimo.

Compartimos la voluntad del Gobierno y del Grupo Parlamentario
Popular, y por eso vamos a votar favorablemente este proyecto de ley. El
anterior Gobierno, presidido por el señor Rodríguez Zapatero y siendo
ministra de Defensa la señora Carmen Chacón, aprobó una moratoria
unilateral para prohibir el empleo, desarrollo, producción, adquisición,
almacenamiento, conservación y transferencia de cualquier tipo de
proyectiles de racimo, adelantándose precisamente a lo que preveía la
propia Convención de Oslo y al calendario previsto. España está haciendo
una buena labor también en el ámbito internacional en tareas de desminado
y formación de otros ejércitos en estas labores. Y desde antes de la
Convención de Oslo, como he dicho, lleva actuando en Bosnia, Kosovo,
Líbano o Afganistán.

Lo que se le puede reprochar principalmente a esta iniciativa, en
este caso del Gobierno, es que este proyecto de ley debería haberse
traído para su aprobación antes, pero, como dice el dicho castellano:
nunca es tarde si la dicha es buena.

Por tanto, como ya he anunciado, votaremos a favor de este
proyecto de ley, pese a que no se hayan aceptado nuestras enmiendas.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene
la palabra el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Gracias, presidente.

Nuestro grupo va a votar a favor de este proyecto de ley. En
cierta medida es un proyecto bastante técnico, de adecuación de la norma
española a la Convención sobre Municiones de Racimo, ratificada por
España en 2009. Consideramos que es una adecuación necesaria y por ello
no hemos presentado enmiendas y votaremos a favor.

Celebramos esta adecuación del ordenamiento jurídico español, como
marca el artículo 96 de la Constitución, sobre los acuerdos que ha
adoptado el Estado español en esta convención. Quiero hacer referencia a
cierta vocación expansiva de esta norma en el sentido no solo de pensar
en la aplicación internamente, sino también de intentar influir en
terceros Estados e internacionalmente, y por ello creo que podrían haber
aceptado algunas enmiendas sobre las operaciones militares con los
Estados que las suscriben; es decir, no se trata solo de que España pueda
tomar la iniciativa interiormente, sino de intentar promover que más
Estados se sumen a esta causa.

Si me permite el presidente, tras manifestar nuestro voto a favor
del proyecto, quiero hacer una breve referencia a la importancia de sumar
y apoyar estas convenciones que son fruto del diálogo. Esta semana hemos
visto dos noticias importantes a nivel internacional relacionadas con el
diálogo: una es la relativa al tratado nuclear con Irán, y la otra,
precisamente de ayer, 20 de julio, es el restablecimiento de las
relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Creo que la Comisión
de Asuntos Exteriores tiene que felicitarse por estas dos noticias
positivas relacionadas con el diálogo y con solucionar conflictos
internacionales que existen.

Aprovecho diez segundos de mi tiempo porque, si bien valoro
positivamente el diálogo entre Estados Unidos y Cuba —algunos
hablan de apertura—, quiero recordar que mañana hará tres años que
murió —a mi entender, asesinado— el líder opositor cubano
Oswaldo Payá, amigo personal, un gran amigo. Para mí la apertura de Cuba
no será efectiva hasta que se esclarezcan los hechos de la muerte de
Oswaldo Payá. Mañana, repito, hará tres años de su muerte y quiero dejar
constancia de ello. Valorando positivamente lo que ayer pasó en cuanto al
restablecimiento de relaciones diplomáticas, creo necesario que el Estado
cubano dé respuesta a las demandas de la familia, a las demandas de
muchos parlamentos, entre ellos el Parlamento Europeo y muchos estatales,
para esclarecer los hechos que ocasionaron la muerte de Oswaldo Payá, una
gran persona, un gran líder cubano y un gran humanista. Por tanto,
repito, quiero dejar constancia en esta Cámara de que mañana se conmemora
el tercer aniversario de su muerte.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sedó.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Losada.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Gracias, señor presidente.

Esta es una ley importante. No es una ley técnica, es una ley
importante que marca y define claramente cuál es la posición de España en
el contexto internacional y de los conflictos bélicos, y su posición en
lo que se refiere al respeto de los derechos civiles y la seguridad es un
ejemplo.

Quiero mostrar nuestra insatisfacción por la forma de tramitar
esta ley. Una ley que comienza en 2013, que se mantiene invernada en el
Congreso y que se activa en junio de 2015, y ahora el Gobierno y el grupo
que lo apoya la tramita de esta forma. No pongo en duda la dignidad de
esta comisión, pero por la importancia de esta ley, debería ser aprobada
por el Pleno. Creo que se hace deprisa y corriendo. Lo más criticable
puede ser nuestra posición, ya que el Gobierno actual se encontró con una
moratoria que el Gobierno socialista aprobó nada más terminar la
Convención de Oslo, adelantándose al tiempo de moratoria y dando un
ejemplo de cómo debe ser la aplicación de los acuerdos de la Convención
de Oslo.

Señorías, dejando aparte esto, que tiene importancia, saben
ustedes muy bien que en la terminología parlamentaria los términos
procedimentales también son muy importantes, y por fin, el Estado español
va a regular, mediante ley, el compromiso adoptado el 3 de diciembre
de 2008 en Oslo por 96 países. Acuerdo que, como saben, obligaba a las
partes firmantes a efectuar los cambios legales que permitieran el
cumplimiento de esos acuerdos y que incorporaran sanciones penales para
aquellas personas y empresas que vulneraran estas previsiones. Por
cierto, quiero trasladarle al senador Sala Torres que desde 2010 las
personas jurídicas son responsables criminales, ya está establecido en
nuestro sistema jurídico, y las sanciones pueden estar en cualquier ley y
no solo en el Código Penal.

Como les decía, en 2009 el Gobierno del presidente Zapatero y de
la ministra Chacón aplicó al momento los acuerdos de Oslo —como muy
bien ha dicho el senador Sabaté—. Y no solo impulsamos y
establecimos las medidas, sino que ya hace cinco años y varios meses que
se destruyeron cerca de 6000 municiones de racimo. Fíjense, la moratoria
decía que había ocho años para hacerlo y España el 19 de marzo de 2009
culminó su destrucción. Es más, quiero poner en valor hoy aquí a nuestras
Fuerzas Armadas, con sus misiones en Bosnia y Herzegovina, Líbano y
Afganistán, o la propia acción internacional que realiza el ejército de
tierra en Hoyo de Manzanares, donde hay un Centro Internacional de
Desminado y donde participa activamente en las técnicas de desactivación.
Es decir, somos vanguardia y un referente en cuanto a los derechos
civiles en los países. Esta es la razón de nuestras enmiendas.

Hoy cerramos legislativamente un proceso que evitará los
padecimientos sufridos durante décadas por la población civil. Un proceso
legal que da respuesta a estas insuficiencias de los protocolos, sobre
todo el Protocolo V, lo que propició que se pusiese en marcha el proceso
de Oslo. Ya hay 107 países adheridos, de los cuales 30 exigen que una vez
ratificada pueda ser puesta en valor como proyecto de ley y como ley.
España lo aplicó, como les decía, el 8 de junio de 2009. Ahora, en esta
fase final, el Gobierno nos propone la modificación de la Ley 33/1998,
que permitirá unificar el tratamiento que reciben las minas antipersonal
y la armas de similares efectos como son las bombas de racimo.

Lamentamos profundamente que el grupo mayoritario no asuma
nuestras enmiendas, que hemos estudiado en profundidad y que permiten que
España siga en la vanguardia en materia de derechos, de cambios en la
legislación internacional y de cambios en las acciones bélicas y
contribuyen a mejorar el derecho internacional. Y, como les decía en mi
anterior intervención, propicia en la actuación del Estado español en
países que no se hayan adherido a esta convención la posibilidad de
obligarles y conseguir que en vez de 109 países seamos la totalidad de
los países del mundo.

Señorías, como decía al principio, nosotros mantenemos las
enmiendas y votaremos a favor de las números 1, 2 y 10, del Grupo Mixto y
de las números 14 y 15, del Grupo de Entesa. También votaremos a favor
del proyecto de ley, porque estamos convencidos de que el texto va en la
dirección de la Convención de Oslo y de las medidas que en su momento
tomó el Gobierno Socialista para adelantarse a estas indicaciones sin
esperar el plazo de moratoria.

Ahora bien, insisto y espero que en esta fase —aunque queden
escasos minutos— el Grupo Parlamentario Popular apoye nuestras
enmiendas para seguir en la vanguardia y para dotar a España de toda la
fuerza para ello. Decía Jody Williams, premio Nobel de la Paz: «La mina
terrestre está eternamente preparada para causar víctimas». Debemos hacer
lo posible para eliminarlas del planeta tierra.

Señorías, se calcula —y termino, presidente— que desde
la década de los sesenta 100 000 personas han sido víctimas de este tipo
de armas, de ellas, más de 30 000 son niños.

Hoy debemos felicitarnos como país, y debemos decirle a la
comunidad internacional que España desea seguir estando a la vanguardia,
que inició en 2008 con su erradicación. Es un compromiso más con el
desarme, un compromiso más con un nuevo derecho internacional. Por ello,
el Grupo Parlamentario Socialista, a pesar de que no se aprueben nuestras
enmiendas, que, insisto, mejoran de forma profunda el proyecto de ley,
votará a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Losada.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Benítez de
Lugo.

El señor BENÍTEZ DE LUGO MASSIEU: Gracias, señor presidente.
Señorías, muy buenos días a todos.

Una vez fijada la posición de nuestro grupo parlamentario por mi
compañero, José Sala, respecto de las enmiendas, no puedo más que
sentirme orgulloso de presentar el proyecto de ley cuyo debate afrontamos
hoy. No siempre se tiene la oportunidad de dirimir sobre un asunto de
tanta humanidad como es adecuar el régimen que afecta a las municiones de
racimo al ya existente de las minas antipersonal.

Nuestra historia más contemporánea está plagada de intentos, no
siempre exitosos —todo hay que decirlo—, por evitar que la
población civil sufra en las contiendas bélicas. Así ha sido desde que
en 1868 se firmara en San Petersburgo la primera declaración que condena
expresamente el uso de armas que ahonda en el sufrimiento de las personas
que no participan en los frentes de la guerra. Y es que la tecnología
puesta al servicio de la guerra ha hecho partícipe del horror bélico a la
retaguardia, y la única forma de limitar el padecimiento de civiles
—niños, enfermos y mayores sobre todo— es apelando a la
humanidad de las naciones en tiempos de paz, desarrollando el derecho y
haciéndolo cumplir por medios legales siempre que sea posible.

El proyecto sobre el que hemos debatido es una trasposición al
marco jurídico español de lo recogido en el Tratado de Oslo, que entra en
vigor a primeros de agosto de 2010 y que, a su vez, es el resultado de un
proceso que se inicia en Dublín dos años antes. España es el primer país
firmante del tratado que decidió destruir su stock de bombas racimo,
ejemplo que después han seguido Japón, Bélgica, Francia o la misma
Alemania.

Señorías, no voy a insistir mucho en el corolario de los hechos
que nos llevan hasta aquí y en el comportamiento ejemplar adoptado por
nuestro país, porque el ministro de Asuntos Exteriores dio sobrada cuenta
de ello en el Congreso de los Diputados en su momento y no creo
conveniente repetirme en lo ya expuesto. Ahora bien, sí me gustaría
compartir con ustedes unos datos que con absoluta frecuencia se callan,
cuando, a mi parecer, hablan por sí solos, a saber: primero, las bombas
de racimo han matado civiles en todos aquellos conflictos en los que se
han utilizado. Aunque no hay cifras concluyentes, los expertos calculan
que unas 100 000 personas pueden haber muerto o resultado gravemente
heridas como consecuencia del uso de este tipo de explosivos; de ellos,
el 98 % serían civiles, preferentemente niños. Y es que uno de los
problemas de este tipo de armas —de ahí la urgencia y necesidad de
su regulación nacional e internacional— es que su uso no distingue
entre blancos civiles y militares, y que por sus altas tasas de error
sigue causando muertos y heridos mucho tiempo después de que el conflicto
bélico se da por finalizado: entre el 5 % y el 30 % de las municiones no
llegan a explotar.

Segundo, en 2011 —por coger un año concreto con datos
oficiales— se registraron un total de 4286 víctimas de minas
antipersonal en el mundo, en comparación con las 4191 registradas
en 2010. Ello significa un aumento del 2 %. Del total de las
víctimas, 1320, el 30 %, murieron a causa del accidente; 2907, el 68 %,
resultaron heridas, y de las 59 restantes no se tiene conocimiento sobre
su estado. Asimismo, de las víctimas registradas, 2874 son civiles, 1041
son miembros de las fuerzas públicas, 83 son personas expertas en
desactivación y de 287 no se tiene información. En cuanto al sexo,
el 76 % de las víctimas fueron hombres, el 9 % mujeres, y del 15 % no se
tiene información. Por último, de las víctimas sobre las que se conoce su
edad, el 42 % eran menores de edad en el momento del accidente.

Y tercero, se calcula que hay más de 110 millones de minas
repartidas en más de 64 países, la mayoría en África. Cada año más
de 26 000 personas mueren o sufren traumáticas mutilaciones debido a las
explosiones de estas armas, que no distinguen entre combatientes y
población civil. Pueden permanecer activas durante más de cincuenta años
después del fin de un conflicto y frecuentemente no se señalizan las
zonas minadas, ya que son lanzadas arbitrariamente desde aviones o desde
lanzaderas sin ningún control sobre las zonas en las que caen. Tampoco se
elaboran mapas de minas, cosa que provoca, como ocurrió en Bosnia y
Herzegovina, que muchas veces los soldados en plena retirada, ante una
contraofensiva del contrincante, sean víctimas de las minas que ellos
mismos han colocado previamente.

Con estos datos, señorías, sobran las palabras. Todos los
esfuerzos para conseguir frenar esta barbarie son pocos. Cada uno de
nosotros podrá pensar en conciencia lo que quiera, pero antes de decidir
el sentido de nuestro voto, que creo que prácticamente todos ya lo hemos
decidido, recordemos que esta ley es muy importante. España quiere dar
hoy un paso de gigante hacia delante. Las minas antipersonal y las armas
de efecto similar, como las bombas de racimo horrorizan a nuestra
humanidad. La legislación, la comunidad internacional y el Senado de
España tienen la obligación de dar un paso hacia la civilización, hacia
la paz y hacia el desarme. Por eso, repito, no debemos distraer nuestra
atención con otras cuestiones, y en justicia en nuestro deber centrarnos
en aprobar lo que la sociedad civil española nos reclama, lo que las
organizaciones humanitarias internacionales nos demandan. No podemos
traicionar la intensa labor desarrollada por las organizaciones no
gubernamentales tanto en el ámbito de los derechos humanos como en el de
la promoción de la paz, la sensibilización y la presión internacional
para suprimir este tipo de armas especialmente inhumanas, y lo haríamos
si entráramos en un debate que escapa a los contornos más básicos del
derecho humanitario.

Señorías, la guerra siempre es inhumana, siempre es injusta y
siempre deja consecuencias, pero quienes más lo pagan suelen ser aquellas
personas que menos implicación han tenido y menos defensa tienen para
combatir contra aquello que les dejan ahí. Precisamente los sitios que
más han padecido la barbarie de las bombas de racimo y de las minas
antipersonal están hoy día fatalmente condenados a seguir padeciéndola.
He aquí la perversión, el horror y la falta de humanidad a la que aludo,
pues la capacidad destructora tanto de las minas antipersonal como de las
bombas de racimo no termina con el fin de la guerra; al finalizar la
contienda, estas continúan cobrándose vidas humanas, y es así porque su
razón de ser original se fundamenta en el hecho perverso, amoral e
inhumano de que siempre es más complicado para el enemigo mantener a un
herido que a un muerto. Por eso decimos que no, que basta ya de tanta
atrocidad, de tanto horror e inhumana insensatez, y les invito a que se
rebelen con nosotros en un grito de rechazo a la perversión que auspicia
esta barbarie.

La nuestra es una propuesta concreta, consensuada entre todos, y
con la reforma normativa que planteamos quedará totalmente prohibido el
empleo, mantenimiento, almacenamiento, producción, adquisición o
transferencia de bombas de racimo, y la infracción será sancionada de
conformidad con el Código Penal. Es importante señalar el compromiso del
Gobierno español por mantener el apoyo a los programas y proyectos de
detección, desactivación y desmantelamiento de bombas de racimo y restos
de explosivos de guerras existentes en otros Estados. La disposición
adicional primera hace referencia a los mecanismos de financiación, que
serán con cargo a las partidas del Ministerio de Defensa. Prohibir
definitivamente en nuestra legislación las bombas de racimo, como es
nuestro deseo, es un paso más en la estricta normativa española respecto
del comercio de armas, de la que, por otra parte, nos sentimos
orgullosos.

España tiene uno de los más avanzados sistemas de control y
seguimiento del comercio de armas y materiales de doble uso, tanto que
incluso ha inspirado el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas,
que se aprobó en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 2 de
abril de 2013. En España, nuestra normativa vigente supone una referencia
en este objetivo de superponer la defensa de los derechos humanos al
libre comercio armamentístico.

Señorías, y con esto concluyo, hemos contraído una gran
responsabilidad con la sociedad que nos ha elegido y con todas aquellas
organizaciones que nos miran confiadas en que vamos a obrar de manera
justa, honesta y moral. Debemos estar a la altura de las circunstancias y
obrar en consecuencia. Demos todos un paso firme hacia adelante y
logremos que en los lugares que más lo necesitan sea efectivo el derecho
internacional humanitario. Votando sí a la propuesta nos hacemos un favor
a nosotros mismos y a esa parte de la humanidad que aguarda en silencio
un gesto de esperanza como este.

No quiero finalizar sin dejar de agradecer el apoyo mayoritario de
todos los portavoces.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Benítez de Lugo.

Antes de proceder a la votación de las enmiendas, quiero pedir a
los portavoces que, si hay alguna sustitución que no haya sido
comunicada, la comuniquen en este momento. (El señor Chiquillo Barber
pide la palabra).

Tiene la palabra el senador Chiquillo.

El senador CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, a las dos
sustituciones que hemos anunciado antes de comenzar la sesión, el Grupo
Popular añade dos nuevas: la senadora García-Pelayo es sustituida por el
senador Ruiz Reyes y el senador Casero Ávila es sustituido por el senador
Aparici Moya.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Chiquillo.

¿Alguna otra sustitución? (Denegaciones).

Procedemos a la votación de las enmiendas.

En primer lugar, votamos las enmiendas 1 y 2, del senador
Iglesias.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 3, también del senador Iglesias.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a la votación de las enmiendas de la senadora
Capella.

En primer lugar, enmiendas números 4 y 6.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 17; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 5, 7 y 9, también de la senadora
Capella.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 10, también de la senadora Capella.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.

En primer lugar, enmiendas números 14 y 15.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 16 y 17.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 18, también de la Entesa.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos las enmiendas 12 y 13, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos a continuación el resto del texto remitido por
el Congreso de los Diputados.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 25; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Queda, por tanto, definitivamente aprobado por las Cortes
Generales el proyecto de ley de modificación de la Ley 33/1998, de 5 de
octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto
similar. (Aplausos).

Señorías, se levanta la sesión.

Eran las trece horas.