El señor PRESIDENTE: Pasamos a la aprobación del informe elaborado
por la Ponencia de estudios sobre medidas de integración, apoyo y
transferencia de conocimiento a las pymes y promoción de un código de
valores en el marco de la I+D+i+d.

Dicho informe, con su redacción actual, ha quedado aprobado por la
ponencia en la reunión celebrada en el día de hoy. Dado el consenso que
ha existido en cuanto a dicho texto, se propone por esta Presidencia
abrir un único turno para la intervención de los portavoces de todos los
grupos parlamentarios por el orden habitual, esto es, de menor a mayor. A
continuación, someteremos a votación dicho texto.

Sin más dilación, doy la palabra al portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto. Senador Iglesias, tiene usted la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

No habiendo formado parte de los trabajos de la ponencia por
haberme incorporado a la comisión recientemente, lo único que puedo hacer
es felicitar el trabajo que se ha hecho y adherirme al respaldo y apoyo a
sus conclusiones.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente. Buenos
días.

También quiero expresar mi felicitación, pero además deseo hacer
una valoración. La sensación que tengo es que ha llevado mucho tiempo,
quizá porque yo me incorporé a la ponencia sin haber podido escuchar a
ningún compareciente, ya que fue justo cuando tomé posesión como
senadora, y es casi ya al final de la legislatura cuando vamos a
aprobarlo. En cualquier caso, si la prolongación en el tiempo ha servido
para que haya un consenso y para que las recomendaciones que se trasladen
sean para bien porque verdaderamente puedan tener su fruto, bienvenida
sea. Como digo, no he tenido la oportunidad de escuchar en directo a los
comparecientes, pero quiero trasladarles mi agradecimiento. Como en todas
las ocasiones en las que en este Senado se crea una ponencia —he
participado en alguna—, creo que es una fórmula y un recurso
positivo porque nos aporta la posibilidad de escuchar desde vertientes
diferentes a expertos que nos ilustran en la tarea que posteriormente
nosotros debemos hacer, en este caso trasladar al Gobierno
recomendaciones en el ámbito de I+D+i+d.

También quiero agradecer el trato entre los ponentes que hemos
formado parte de la ponencia. Me sumo al deseo de que en futuras
ocasiones podamos seguir haciendo este tipo de tareas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

A continuación, tiene la palabra el senador Sabaté, en
representación del Grupo Parlamentario de la Entesa.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Intervengo también con brevedad en la medida en que tampoco he
formado parte personalmente de la ponencia y dado que hoy participo en la
comisión sustituyendo al senador Montilla. Anuncio que compartimos el
resultado de los trabajos de la ponencia y, por tanto, nuestro voto será
favorable.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero expresar también el agradecimiento y felicitación a los
distintos grupos por el trabajo realizado. Por las circunstancias de mi
incorporación a la Comisión de Economía en sustitución del senador
Vilajoana, evidentemente tampoco pude disfrutar de las comparecencias que
se han realizado pero al leerlas veo que hay aspectos que merecen la pena
y son muy interesantes. Creo que las conclusiones recogen muy bien el
común denominador, es decir, la necesidad de las aportaciones en I+D+i,
más d, como le gusta decir al senador Alarcó. Evidentemente, creo que los
Gobiernos deberían hacer caso de ellas dada la importancia que todo ello
tiene. Las conclusiones reflejan muy bien el trabajo realizado a través
de las distintas aportaciones. Es un trabajo muy importante, del que vale
la pena hacer la difusión correspondiente para que se conozca. Agradezco
a todos los grupos el trabajo realizado y también a la letrada y letrados
que han participado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

En la misma línea que el resto de portavoces, quiero poner de
manifiesto fundamentalmente el clima de entendimiento que ha habido desde
el principio en esta ponencia. Lo digo yo, que en otros momentos he dicho
todo lo contrario, pero en este caso hay que reconocer que ha habido un
clima de entendimiento desde el principio, porque además esta ponencia
nació a partir de una moción del Grupo Popular que solamente se refería a
la responsabilidad social corporativa y al mecenazgo, y posteriormente,
con una enmienda nuestra que se aprobó por unanimidad, fue creciendo e
incorporando cosas que están muy alejadas del core inicial. Tal vez por
eso la lentitud, que es cierto que ha sido un detalle que podríamos haber
mejorado. En cualquier caso, el alcance de la ponencia, la cantidad de
propuestas que hay y la cantidad y altura de los intervinientes
justifican que hayamos tardado toda la legislatura en aclararlo. Por
tanto, quiero agradecer a los miembros de la comisión esa voluntad de
acuerdo, especialmente al senador Alarcó, que ha sido el portavoz del
Grupo Popular en este tema, pero también al senador Mateu, a la senadora
Torme y a la vicepresidenta de la comisión, que también tuvo un papel
determinante desde el inicio de la ponencia presidiendo todas las
sesiones.

Yo me atrevería, después de haberlo hablado con el portavoz del
Grupo Popular, a hacer una propuesta a la comisión para que incluyamos en
la aprobación del informe la solicitud a la Mesa del Senado de que el
inicio de la edición del libro de la ponencia no se posponga hasta que se
apruebe en Pleno, porque previsiblemente no podrá tratarse hasta el
primer Pleno de septiembre y eso haría que, en caso de una disolución de
las Cámaras a finales de ese mes o principios de octubre, no podríamos
disponer de esa edición ni difundirla. Por tanto, yo me atrevería a pedir
que la comisión aprobara no solamente el informe de la ponencia sino el
añadido al informe y, dado que es por unanimidad y que no habrá ningún
voto discordante en el Pleno, se podría dar por supuesto que en el Pleno
no va a haber ningún problema y por tanto a lo mejor estaría bien que los
servicios de la Cámara empezaran la edición del libro antes de que llegue
el Pleno de primeros de septiembre. Simplemente esta es mi intervención,
y repito, y que conste en acta, la tremenda capacidad de trabajo de todos
los grupos y de voluntad de acuerdo, ya incluso al elaborar la lista de
comparecientes.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Manchado.

Esta Presidencia, cuando se proponga la votación, incorporará
también dicha propuesta para que la comisión la ratifique.

Senador Alarcó, su turno y su palabra.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias. Buenos días.

En primer lugar, efectivamente, yo creo que estas conclusiones de
la ponencia son un ejemplo de lo que debemos hacer los políticos. Es un
trabajo serio y riguroso de todos que emana de una moción que se aprobó
por unanimidad, que emana de una ley que se aprobó por unanimidad en este
Senado como Cámara de la ciencia, y lo digo muy despacio, Cámara de la
ciencia, que es el Senado español, con diferencia por la actitud y
responsabilidades que está tomando.

Debo recordar obligatoriamente, aunque en el Pleno lo haré otra
vez, en primer lugar al presidente de esta comisión que ya no está con
nosotros, el señor Atarés, que por circunstancias muy injustas, lo digo
de verdad, y prematuramente nos tuvo que abandonar de este mundo duro en
el que vivimos debido a una enfermedad, y yo lo quiero recordar, y creo
que todos, y también lo recordaré en el Pleno. También quiero referirme a
la vicepresidenta, Isabel Jiménez, que no solamente es una magnífica
senadora sino que es una amiga y que tomó la batuta ante las
circunstancias personales de nuestro presidente, y quiero que conste en
acta.

En segundo lugar, hay que reconocer que se ha tardado pero creo
que las últimas conclusiones son muy importantes. Nos hemos reunido 34
veces, 17 senadores de todos los grupos, con 60 autoridades de gran
nivel, elegidas por todos. Si hay algo importante en esta comisión, lo
debo decir y quiero que conste en acta, es que he aprendido mucho de
todos, el clima no solo ha sido excepcional, sino entrañable. Desde
luego, una ideología nunca me ha separado de una persona, y creo que en
este caso se han dado cuenta todos.

Con respecto a la «d» pequeña, es verdad. El senador Alturo y yo
de vez en cuando bromeamos y no solamente en la Cámara sino por los
pasillos, donde me llama I+D+i+d y la unidad de tiempo. Pues sí, la «d»
pequeña de divulgación la aprobamos todos y me encanta pasar esta
legislatura con estos dos principios, no tengo ningún reparo en que se me
recuerde por la «d» pequeña y por la unidad de medida de tiempo en una
legislatura; para mí sería estupendo ese recuerdo. Se aprobó por todos
una ley magnífica de la ciencia que sustituyó a otra ley también
magnífica que duró veinte años, la Ley Maragall, que fue muy buena y que
salió por consenso, y que ha sido motivo de esta ponencia.

Debo aprovechar esta intervención también —porque no he
podido en otro momento aunque lo he hecho personalmente pero quiero que
conste en acta, y lo haré también en el Pleno— para agradecer la
clase que ha tenido por su continuidad como senador, el señor Iglesias,
creo que ha demostrado mucho con su actitud, su forma de trabajar y su
inteligencia emocional, y a mí personalmente me ha dado una clase
superior permanente y quiero recordárselo aquí en público porque yo no he
conocido otro caso parecido, lo digo de verdad, y es cierto que llevo en
política trece años, que no es mucho, hay gente que lleva más tiempo,
pero me llevo otro gratísimo recuerdo de haber conocido a alguien como él
que aunque ideológicamente no tenemos casi nada en común sí creemos en la
libertad, y el señor Iglesias lo ha cumplido con creces y yo me siento
emocionado de poder decirlo.

Con respecto a lo que ha dicho el senador Antonio Manchado, los
dos tenemos desde siempre mucha inquietud por el tema de I+D+i+d, por
nuestras carreras y nuestro proyecto vital. Ha sacado a relucir un tema
con el que estoy de acuerdo, y lo habíamos hablado antes: intentar por
todos los medios que se plasme esto lo antes posible, hablando con el
presidente de la Cámara, porque las circunstancias de esta legislatura
son muy peculiares y tenemos que intentar entre todos que esto tenga la
trascendencia de una publicación correcta y digna y hacérsela llegar a
los sesenta intervinientes que vinieron y que tienen un peso específico
muy importante.

En definitiva, quiero dar las gracias —y lo haré largo y
tendido— a la letrada, María Teresa, y a su grupo, porque da gusto
trabajar con ustedes ya que todo han sido facilidades, y el resumen que
han hecho con respecto a lo que hemos hablado aquí yo creo que es
magnífico y que será el libro que saldrá publicado; sin duda un autor
material final será la letrada y su grupo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alarcó.

Por la vehemencia en sus explicaciones y el convencimiento que
tiene de lo que han hecho, esta Presidencia se hace eco de las
felicitaciones trasladadas por todos los portavoces y de los
agradecimientos reseñados. Insisto también en el agradecimiento a quien
fuera mi amigo y anterior presidente, José Atarés, a la vicepresidenta
Jiménez, a todos los ponentes, a todas las personas que han intervenido
en la ponencia y a los servicios jurídicos, encabezados por Maite, que
tan bien han prestado su asesoramiento y su función para llevar adelante
esta ponencia, que es un ejemplo de lo que debe ser la acción política de
esta Cámara.

Deduzco, por tanto, de las intervenciones de todos los portavoces,
que esta Presidencia puede pedir por asentimiento la aprobación del
informe e incorporar en cualquier caso en ese informe la solicitud que
han hecho algunos portavoces del Grupo Socialista y del Grupo Popular
para que se autorice por la Mesa de la Cámara la publicación del libro
con la mayor urgencia posible y que no tengamos que esperar a la
configuración de Plenos posteriores.

Llegado a este punto también intuyo —pero lo pregunto a los
portavoces— que se solicita que se traslade el debate y se
sustancie en el Pleno de la Cámara. Por tanto, con esas incorporaciones:
la autorización de la publicación del libro y la propuesta de que se
sustancie en el Pleno de la Cámara, entiendo aprobado por asentimiento
este informe.

Enhorabuena a todos y continuamos con el siguiente punto del orden
del día.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día:
Dictamen del proyecto de ley de auditoría de cuentas. La ponencia
designada para estudiar el proyecto de ley de auditoría de cuentas,
integrada por los senadores don Jesús Alique, del Grupo Parlamentario
Socialista; don Ramón Alturo, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i d’Unió; don Juan Antonio de la Heras, del
Grupo Parlamentario Popular; don Jesús Enrique Iglesias, del Grupo
Parlamentario Mixto; doña María Eugenia Iparraguirre, del Grupo
Parlamentario Vasco; don Juan Manuel Juncal, del Grupo Parlamentario
Popular; don José Antonio Manchado, del Grupo Parlamentario Socialista, y
don José Montilla Aguilera, del Grupo Parlamentario Entesa por el
Progreso de Cataluña, han elevado a la Comisión de Economía y
Competitividad el siguiente informe: la ponencia, por mayoría y con el
voto favorable de los ponentes del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, acuerda en su reunión del día de hoy aprobar como informe el
texto remitido por el Congreso de los Diputados. Este es pues el informe
de la ponencia.

A este proyecto de ley se han presentado, como todas sus señorías
conocen, 137 enmiendas que se distribuyen de la siguiente forma:
enmiendas 1 a 5, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 6 a 12, de los
senadores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano, Unamunzaga Osoro y la senadora
Mendizabal Azurmendi, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 38 a 80,
del Grupo Parlamentario Vasco; enmiendas 13 a 26, del Grupo Parlamentario
de la Entesa; enmiendas 81 a 137, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i d’Unió; y enmiendas 27 a 37, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Para la defensa de las enmiendas números 1 a 5 tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, son solo cinco enmiendas en las que se plantea
fundamentalmente reforzar la proscripción de la opción de simultanear
funciones propias de la abogacía, de asesoramiento jurídico como abogado
y de auditoría, y una propuesta de una nueva disposición adicional para
que en el plazo de dos meses el Gobierno presente las reformas legales
necesarias que extiendan a las agencias de calificación que actúan en
España las exigencias contenidas en este proyecto de ley en relación con
las auditorías de cuentas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

¿Para la defensa de las enmiendas 6 a 12 va a intervenir algún
senador?

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Las doy por defendidas. Todas las
enmiendas del Grupo Mixto las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Iglesias.

Pasamos, por tanto, a las enmiendas números 38 a 80, del Grupo
Parlamentario Vasco. La senadora Iparragirre tiene la palabra.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente.

Intervengo para dar por defendidas las enmiendas que presenta mi
grupo, las números 38 a 80, y me reservo su justificación y argumentación
para el Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Para la defensa de las enmiendas 13 a 26, senador Sabaté, tiene la
palabra.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Intervengo también para dar por defendidas las enmiendas
presentadas por nuestro grupo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sabaté.

Para la defensa de las enmiendas 81 a 137, de Convergència i
d’Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.

También, simplemente, para dar las enmiendas por defendidas. En el
Pleno haremos la argumentación correspondiente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo.

Para la defensa de las enmiendas 27 a 37, del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Nosotros hemos presentado once enmiendas que fundamentalmente
tienen que ver con tres aspectos de la ley. El primero es la declaración
de las obligaciones de las entidades de interés público. Es una ley tan
amplia que no tiene nada que ver con el contexto europeo, con lo que pasa
en Europa, ya que el 40 % de las entidades de interés público europeas
son españolas, con lo cual, algo no está bien en esta ley. El segundo
tipo de enmiendas que hemos presentado tiene que ver con los requisitos
que se imponen a las empresas pequeñas de auditorías en comparación con
las grandes; ahí se producen agravios comparativos entre este tipo de
empresas. Y el tercero tiene que ver con las funciones de control y
regulación del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas que, por
otro lado, ha sido —parece ser— el redactor de esta ley, lo
cual ha sido en sí mismo un foco de discrepancias.

Doy las once enmiendas por defendidas con esta intervención.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

¿Turno en contra?

Senador Juncal, es su tiempo.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Sencillamente, para manifestar que el Grupo Popular rechaza las
enmiendas presentadas. Las explicaciones o los argumentos también
tendremos ocasión de debatirlos en el Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Juncal.

Entiendo, por la manera de sustanciar el debate, que no van a
utilizar el turno de portavoces. (El señor Manchado Lozano: Yo sí lo voy
a utilizar). ¿Algún otro portavoz? (Asentimiento del señor De las Heras
Muela).

En turno de portavoces, señor Manchado, tiene usted la
palabra.

El señor MANCHADO LOZANO: Quiero utilizar el turno de portavoces
muy brevemente, en primer lugar, para poner de manifiesto la
disconformidad con este calendario de locura —y quiero que conste
en acta— al que nos somete el Grupo Parlamentario Popular en las
Cámaras en este mes y medio o dos meses. Esta manera de hacer las cosas
—ya lo he dicho repetidas veces— hace que sea físicamente
imposible dialogar o consensuar cualquier cosa; y al ser físicamente
imposible, cualquier voluntad de diálogo que pudiera haber no se produce;
por tanto, me gustaría que constara en acta, no solo por esta ley sino
por todas las que van a venir durante este mes y, además, aviso que lo
voy a repetir cada vez que intervenga en cada una de las leyes.

Esta ley lo que hace es trasponer una directiva que modifica una
ley que a su vez se modificó en el año 2010, y esa modificación del
año 2010 se hizo por consenso de todos los grupos. Este proyecto de ley
que traen ustedes no tiene ningún consenso, ni previo ni posterior, ni
durante el trámite del Congreso ni en el trámite del Senado, obviamente
por lo que hemos visto hace un rato. Y tampoco tiene consenso con los
profesionales de la auditoría, ni con los pequeños, ni con los grandes,
ni con los colegios de auditores ni con los colegios de economistas.
Hemos recibido quejas de todos los profesionales que se dedican a este
mundo. Además, es un proyecto de ley que desaprovecha una oportunidad en
momentos en que hay un resquemor o una desconfianza en la ciudadanía por
la situación de las administraciones públicas y de las entidades públicas
—no solamente de las administraciones—, por tanto, hubiera
sido un buen momento para que esta ley hubiera aprovechado a introducir
mecanismos de lucha contra la corrupción más potentes que los que está
utilizando.

Por estas razones, vamos a oponernos al dictamen de la ley y,
evidentemente, salvo que en el trámite de aquí hasta el Pleno hubiera
algún avance o alguna negociación, nos vamos a oponer a la ley y vamos a
votar en contra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Manchado.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
el senador De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Evidentemente, después de la
intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo
Parlamentario Popular tiene opinión.

Respecto al calendario de locura, señorías, señor Manchado,
dejaron tanto por hacer que ahora toca legislar, que, por otro lado, es
para lo que fuimos elegidos los que estamos aquí, todos, incluso los
designados.

Respecto al Proyecto de Ley de auditoría de cuentas, simplemente
quiero manifestar que tiene cuatro objetivos muy claros que demuestran,
en opinión de mi grupo, que están conseguidos. Primero, incrementar el
grado de transparencia en las actuaciones de los auditores; segundo,
reforzar la independencia de este sector, de los auditores; tercero,
garantizar la competencia de la autoridad supervisora con el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y cuarto, dinamizar el mercado
auditor promoviendo su expansión que, por otra parte, vendrá bien para
todos. Es decir, una mejora global de la calidad auditora con la que se
alcance un elevado nivel de confianza, puesto que hoy, cada día más, el
nivel de las calidades de las auditorías es fundamental a la hora de
tomar en cuenta la información económica. Con eso, además, evitamos
también un conflicto de intereses.

Finalizo, señor presidente. Con este proyecto de ley tendremos una
ley de auditoría de cuentas que proporcionará información veraz,
capacidad de análisis, formación adecuada de los auditores, independencia
—base fundamental de la función auditora— y sobre todo
transparencia.

Evidentemente, rechazaremos todas las enmiendas, como hemos hecho
en ponencia y, salvo que haya alguna sorpresa de última hora, ese será el
sentido de nuestro voto en el Pleno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De las Heras.

Antes de comprobar las asistencias, aprovecho para agradecer la
presencia del letrado, señor Rastrollo. ¿Comprobamos asistencias, señor
letrado? (El señor letrado, Rastrollo Ripollés: Ya están
comprobadas).

De conformidad con el artículo 116.2 del Reglamento del Senado,
sometemos a votación la propuesta que se ha formulado por la
ponencia.

Como les he indicado al principio del debate, la ponencia, por
mayoría, con el voto favorable de los ponentes del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, acuerda en su reunión del día de hoy aprobar como
informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados, que es el que
sometemos a votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 16; en contra, 9; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda dictaminado el
Proyecto de Ley de auditoría de cuentas. El plazo para la presentación de
votos particulares será, como saben, no más tarde de mañana. Hay que
designar quién presentará el dictamen ante el Pleno del Senado. (Varios
señores senadores: El señor presidente). Entonces, si no hay ningún
inconveniente, esta Presidencia así lo sustanciará.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día:
aprobación con competencia legislativa delegada del Proyecto de Ley de
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras.

A este proyecto de ley se han presentado un total de 37 enmiendas,
de las cuales han sido retiradas las números 14, 19 y 21, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.

Pasamos a enumerar las enmiendas presentadas, por orden de menor a
mayor: enmiendas 1 y 2, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 22 y 23, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado; enmiendas 24 a 31, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas 3 a 13, 15 a 18
y 20, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió, y enmiendas 32 a 37, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Advierto, como todas sus señorías conocen, que no ha habido
ponencia y no hay ningún informe, por tanto, sustanciaremos la votación
individualizada de cada una de las enmiendas.

Pasamos a la defensa de las enmiendas. El senador Iglesias
Fernández ha presentado las enmiendas 1 y 2.

Tiene la palabra el senador Iglesias Fernández.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Es cierto que este proyecto no ha desatado el furor enmendante de
los grupos de la oposición. Por nuestra parte, exclusivamente hemos
formulado dos enmiendas. La primera —acogiendo una de las
recomendaciones del informe del Consejo de Estado— plantea la
supresión del primer párrafo del artículo 7, por entender que resulta
superfluo o redundante, incluso que genera confusión en relación con el
párrafo segundo.

La segunda enmienda plantea una modificación del artículo 17,
concretamente de su párrafo 5, estableciendo una declaración expresa de
la autonomía funcional de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, que cuenta como garantía fundamental el reconocimiento de que
sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa y que no cabe recurso
ante el ministro, como plantea el proyecto que estamos debatiendo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de las enmiendas 22 y 23, del Grupo Parlamentario
Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor
presidente.

El número de enmiendas presentadas por mi grupo es pequeño, pero
no por ello dejan de tener importancia. Es cierto que, desde el punto de
vista técnico el proyecto de ley no nos planteaba problemas, pero sí en
lo que respecta al ámbito competencial, al que hacen referencia las dos
enmiendas que ha presentado mi grupo.

En la enmienda número 22 planteamos que la redacción del proyecto,
a nuestro entender, supone reducir a las comunidades autónomas a la
condición de gestoras de fenómenos estrictamente locales e intereses
particularistas, en lugar de reconocerles el carácter de copartícipes en
la gestión de asuntos de dimensión y relieve general, por lo que el
domicilio social y el ámbito principal de operaciones han de ser los
únicos criterios a considerar como delimitadores de competencias, sin
perjuicio de la competencia estatal para el establecimiento de la
normativa básica. También hemos enmendado la limitación del ámbito
competencial de las comunidades autónomas cuando se den los puntos de
conexión relativos a la actividad de seguros de vida. Asimismo, se ha
suprimido la limitación de la actividad ejecutiva de las comunidades
autónomas que supone la reserva al Estado de las competencias en cuanto
al otorgamiento de la autorización administrativa para el ejercicio de la
actividad aseguradora y su revocación.

En la enmienda número 23 planteamos una modificación del apartado
c) de la disposición final decimocuarta, relativa al título competencial
y al artículo 168, en la que se mantiene la atribución competencial sobre
la base de los mismos títulos que fundamentan el actual texto refundido,
ya que las materias son las mismas y no se entiende que su naturaleza
haya mutado de tal forma que pueda provocar un cambio de título
competencial. Por tanto, desde nuestro punto de vista, se trata de una
manipulación del ordenamiento por parte del Gobierno estatal, extrayendo
regulaciones propias de la materia constitucional estatutaria de seguros
para hurtar la competencia autonómica en el desarrollo y ejecución de las
bases estatales; todo ello, a nuestro entender, dentro de un proceso
centralizador desconocido hasta la fecha, modificando la naturaleza de
las materias como recogía la ley actual.

Al igual que ha señalado anteriormente el senador Manchado en el
sentido de que mantendría su opinión, mi grupo parlamentario vuelve a
insistir en nuestro convencimiento del empeño centralizador del
Gobierno.

Por otra parte, quiero recordar que esta operación ha sido
denunciada por colectivos de notarios y registradores, al albur de
algunos anteproyectos de modificación del Código Mercantil, en los que se
recogía la única finalidad de atraer al área mercantil figuras e
institutos propios del derecho civil, de tal forma que fueran
inalcanzables para la legislación civil especial autonómica.

Como decía, mi grupo solo ha presentado dos enmiendas a este
proyecto, pero el número no disminuye su importancia. También es cierto
que el grupo mayoritario habla reiteradamente de nuestra obsesión por un
ataque centralizador. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de ello y
reiteramos nuestra sensación de invasión de competencias en esta vorágine
frenética de aprobación de leyes en tiempo récord.

Por tanto, consideramos que las dos enmiendas que hemos presentado
deberían ser aceptadas para que nosotros pudiéramos apoyar esta ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Iparragirre.

Para la defensa de las enmiendas 24 a 31, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro grupo, Entesa pel Progrés de Catalunya, ha
presentado un conjunto de ocho enmiendas, seis de las cuales —de
la 24 a la 29— corresponden a los senadores socialistas del grupo,
y las otras dos —las números 30 y 31— a los senadores Guillot
y Saura. En mi breve intervención defenderé las seis primeras, explicaré
las razones que nos han inducido a su presentación y daré por defendidas
las dos enmiendas de los senadores Guillot y Saura.

En primer lugar, la enmienda número 24 propone la modificación del
apartado 4 del artículo 96 del proyecto de ley, con el fin de reforzar
los derechos del asegurado a disponer de la información por escrito que
habrá de facilitar la entidad aseguradora sobre los criterios a aplicar
para la renovación de la póliza y actualización de las primas en periodos
sucesivos, así como establecer limitaciones a las reducciones de
cobertura y de prestaciones al asegurado transcurridos tres años desde la
primera contratación.

En segundo lugar, la enmienda número 25 propone una disposición
adicional nueva, mandatando al Gobierno a que presente, en el plazo de
seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, un proyecto de ley de
creación de la comisión nacional de servicios financieros, mediante la
transformación de la actual Comisión Nacional del Mercado de Valores,
teniendo la nueva institución competencias en materia de supervisión de
la prestación a clientes de servicios financieros como los seguros, así
como en materia de conducta de mercado, transparencia informativa, buenas
prácticas, información a los consumidores y resolución de
conflictos.

En tercer lugar, la enmienda número 26 plantea igualmente la
adición de una nueva disposición adicional. Su objeto se refiere a los
seguros vinculados a préstamos. Se mandata al Gobierno a que en el plazo
de tres meses desde la aprobación de la ley, adopte las medidas
necesarias con el objetivo de garantizar una mayor protección de los
consumidores de servicios financieros, imponiendo determinadas
condiciones y obligaciones a los asegurados, especialmente en temas
relacionados con la información, la transparencia y las buenas
prácticas.

En cuarto lugar, la enmienda número 27 propone la inclusión de una
disposición transitoria nueva, planteando la necesidad de que las
comisiones de control de los planes de empleo ajusten su composición a lo
previsto en la disposición final que modifica el Real Decreto
Legislativo 1/2002, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
regulación de los planes y fondos de pensiones, en el plazo de tres
meses, en coherencia con nuestra enmienda número 29, que incorpora el
derecho de los partícipes en suspenso a formar parte de la comisión de
control del plan de pensiones de los sistemas de empleo.

En quinto lugar, la enmienda número 28 propone suprimir el punto
dos de la disposición final décima, ya que consideramos que la figura del
colaborador externo que esta regula supone un retroceso en la
transparencia de la comercialización de seguros y en la protección de los
clientes, yendo además a contracorriente de la legislación
comunitaria.

Por último, en sexto lugar, en nuestra enmienda número 29
proponemos la adición de una disposición final nueva. Como comenté
anteriormente, su objeto es modificar el Real Decreto Legislativo 1/2002,
en concreto su artículo 7, regulando un nuevo diseño institucional del
derecho a formar parte de la comisión de control de los planes de
pensiones del sistema de empleo que contemple a todos los colectivos
implicados y respete el principio de igualdad, incluyendo el derecho de
los partícipes en suspenso a formar parte de la comisión de control del
plan.

Estas son nuestras enmiendas, razonadas y razonables, que
esperamos puedan merecer su consideración.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sabaté.

Para la defensa de las enmiendas 3 a 13, 15 a 18 y 20, por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió,
tiene palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

Doy por defendidas todas las enmiendas presentadas por mi grupo,
la mayoría de las cuales hacen referencia a cuestiones de ámbito
competencial. Sin embargo, me gustaría destacar las cuatro más
significativas e importantes para nosotros.

En la enmienda número 3 proponemos añadir un nuevo párrafo en el
apartado 1 del artículo 19. El apartado 1 de dicho artículo señala: las
comunidades autónomas que con arreglo a sus Estatutos de Autonomía hayan
asumido competencias en la ordenación de entidades aseguradoras y
reaseguradoras, las tendrán con respecto de aquellas entidades, cuyo
domicilio social, ámbito de operaciones y localización de los riesgos
—en el caso de seguros distintos del de vida— o asunción de
los compromisos —en el supuesto de seguros de vida—, se
circunscriban al territorio de la respectiva comunidad autónoma. Nosotros
entendemos que aquí hace falta precisar qué se entiende por actividad de
una entidad aseguradora o reaseguradora. Por tanto, proponemos añadir un
párrafo en el que se especifique que se circunscribe al territorio de una
comunidad autónoma, cuando el número de contratos realizados dentro del
ámbito territorial de dicha comunidad represente un porcentaje superior
al 60 % del total de la cartera de la entidad de forma continuada,
entendiéndose por tal el mantenimiento de dicho porcentaje durante un
periodo mínimo de cinco años consecutivos. El mantenimiento de la
redacción tal y como se establece en el proyecto de ley supone reducir a
las comunidades autónomas a la condición de gestoras de fenómenos
estrictamente locales e intereses particularistas, en lugar de
reconocerles el carácter de copartícipes en la gestión de asuntos de
dimensión y de relieve general, por lo que el domicilio social y el
ámbito principal de operaciones se postulan a ser los únicos criterios a
considerar como delimitadores de competencias, sin perjuicio de la
competencia estatal para el establecimiento de la normativa básica.
Entendemos que esta modificación es importante en lo que se refiere a las
competencias de las comunidades autónomas.

La número 4 es una enmienda de modificación al artículo 40 por
considerar que, de conformidad con las actuales competencias de la
Generalitat de Catalunya, se produce una extralimitación de las
atribuciones estatales al conferir a este precepto un carácter mercantil
y, por tanto, materia exclusiva reservada al Estado. Nada impide que
legalmente, incluso invocando la normativa sobre unidad de mercado, cada
registro administrativo esté gestionado por cada organismo supervisor y
custodie los datos de las entidades, etcétera, que supervisa a efectos de
publicidad; dándose además la circunstancia de que, técnicamente, resulta
posible establecer un punto único informativo que sería constantemente
actualizado con los datos de los registros a cargo de los diversos
supervisores competentes. Dicha posibilidad constituye hoy en día una
realidad en el caso de los mediadores de seguros, por lo que no existe
ningún obstáculo para que se dé también en el ámbito de las
entidades.

La número 15 es una enmienda de adición a la disposición final
décima que, en definitiva, lo que hace es definir el concepto de
mediación, puesto que entendemos que la definición, tal y como se
plantea, engloba tanto a aquellas operaciones o actividades que
finalmente concluyan en la celebración de un contrato de seguro como
aquellas operaciones que no concluyan en contrato pero que impliquen la
realización de algunas de las actividades señaladas por el artículo 2 de
la Ley de mediación de seguros y reaseguros privados. Por lo tanto, la
actividad realizada a través de comparadores de seguros implicaría, en
todo caso, la realización de una actividad de mediación de seguros
independientemente de que a través de ello se pueda concluir o no el
contrato.

Por consiguiente, los mediadores de seguros pueden actuar mediante
presencia física —por oficinas— o a través de medios
telemáticos —por la utilización de comparadores web— y, en
este segundo caso, se entiende que en ocasiones resultaría aplicable la
Ley 22/2007, al estar los mediadores de seguros prestando a distancia su
servicio financiero. Por otro lado, resulta fundamental, en aras de
proteger al consumidor, que el comparador del seguro sea considerado como
un mediador de seguros con el fin de cumplir con la normativa de
mediación de seguros, al igual que el resto de mediadores de seguros que
realizan su labor de manera presencial.

Finalmente, la número 17 es una enmienda de modificación que
afecta a la disposición final decimocuarta, título competencial, por
considerar que el artículo 13 vulnera lo previsto en el artículo 126 del
Estatuto de Autonomía de Catalunya, que atribuye competencia exclusiva a
la Generalitat en materia de estructura, organización y funcionamiento de
las mutualidades de previsión social. Por su parte, los
artículos 172, 173, 175, 179, 180, 181 y 182, además de vulnerar también
la competencia atribuida por el citado precepto del Estatuto de
Autonomía, colisionan con la competencia que tiene atribuida la
Generalitat en materia de derecho civil. Así, el Código Civil de
Cataluña, en su libro relativo a las personas jurídicas, regula la
disolución, liquidación y funciones de los liquidadores de las
mutualidades de previsión social. Por ello, es preciso que dichos
preceptos del proyecto de ley dejen de tener atribuido el carácter de
materia mercantil, debiéndose mantener la atribución competencial sobre
la base de los mismos títulos que fundamentan el actual texto refundido
vigente en las mismas materias, y no se entiende que su naturaleza haya
mutado de tal forma que pueda provocar un cambio en el título
competencial.

Estas son algunas de las enmiendas que hemos presentado que hacen
referencia a aspectos competenciales, que consideramos muy importantes a
la hora de poder dar nuestro apoyo a este proyecto de ley, y que
esperamos que acepte el Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo.

Para la defensa de las enmiendas 32 a 37, del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Ortiz.

El señor ORTIZ MOLINA: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista solo ha
presentado seis enmiendas que han sido calificadas con los números 32
a 37.

La enmienda número 32 se centra en contemplar las circunstancias
por las cuales, en la actualidad, las aseguradoras con muchísima
frecuencia modifican las primas de renovación de los seguros individuales
en función de la siniestralidad de cada asegurado o grupo familiar,
calculadas de forma individual y no sobre el conjunto de la cartera de
asegurados de la compañía. Las tarifas de las aseguradoras se basan,
entre otros conceptos, en un cálculo del comportamiento siniestral de su
cartera en términos globales. La práctica diferenciadora, a nuestro
juicio, pervierte la idea del seguro en cuanto a su función
mutualizadora, y permite además a las compañías seleccionar riesgos con
posterioridad, a base de incrementar las primas con tal fin. Esta
situación se agrava cuando el asegurado va teniendo más edad; de ahí la
propuesta muy concreta que hacemos de que, una vez transcurridos los tres
años desde la primera contratación, la aseguradora no pueda ejercitar
este derecho. Parece lógico que, excepto en casos de fraude, dolo o
similar la aseguradora, transcurrido este período, no pueda proceder a
una anulación individual y unilateral, aunque sea de manera inducida.
Todo lo anteriormente expuesto intenta mantener un equilibrio
—además necesario— entre la solvencia de la aseguradora y la
protección del asegurado.

La enmienda número 33 apuesta por un modelo de supervisión de
doble vértice o supervisión funcional. El propósito de esta enmienda es
que la CNMV se transforme en una comisión nacional de servicios
financieros que supervise también la prestación a clientes de otros
servicios financieros como, por ejemplo —y en este caso así nos
referimos— a seguros. Por otro lado, el Banco de España se
convertiría en el supervisor de la solvencia no solo de las entidades de
créditos sino también de las sociedades y agencias de valores, y de las
compañías de seguros. Con este nuevo diseño institucional, el Banco de
España pasaría a verificar los requerimientos de capital de las
aseguradoras, mientras que la comisión nacional de servicios financieros
sería la encargada de vigilar el correcto comportamiento de las compañías
en su relación con los asegurados.

La enmienda número 34 responde a las exigencias que han venido
imponiendo las entidades de crédito como requisito para la concesión de
un préstamo hipotecario o personal la suscripción de un seguro de vida y
de desempleo con sus propias compañías aseguradoras. El problema surge
cuando se produce el riesgo y se niegan las prestaciones por múltiples
motivos, en especial el desempleo. Es evidente que no hay una información
clara y transparente por la falta de interés de las aseguradoras de las
entidades de crédito. Por ello, en muchos casos procede la anulación de
la póliza y la devolución de las primas abonadas; petición que
generalmente es rechazada. El propio Defensor del Pueblo considera que
estos productos no han tenido un carácter voluntario para los clientes,
sino que han supuesto una exigencia para la concesión de la
hipoteca.

Las entidades de crédito han incrementado sus ingresos a través de
sus aseguradoras imponiendo seguros de amortización de préstamos que no
garantizan el pago del préstamo por imponer en sus cláusulas limitativas
numerosos inconvenientes para desplegar la cobertura, tanto por desempleo
como por incapacidad. La anterior situación debería, a nuestro juicio,
ser corregida con carácter inmediato, y ahora existe esa una oportunidad
con este proyecto de ley, que es lo que pretendemos con la enmienda que
hemos presentado.

Con la enmienda número 36 se pretende suprimir la nueva redacción
por la que se regula la figura del colaborador externo, ya que, a nuestro
juicio, supone un retroceso en la transparencia de la comercialización de
seguros y en la protección de los clientes de seguros. No debería
abordarse ninguna reforma de la legislación de comercialización de
seguros que, como esta, menoscabe los derechos de los consumidores,
máxime cuando en un breve período va a tener que volver a modificarse por
imperativo comunitario.

Respecto a las enmiendas números 37 y 35, consideramos que es
necesario un nuevo diseño institucional del derecho a formar parte de la
comisión de control de los planes de pensiones del sistema de empleo que
contemple a todos los colectivos implicados, incluyendo el derecho de los
partícipes en suspenso a formar parte de la citada comisión.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz.

En el turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el senador Muñoz.

El señor MUÑOZ MARTÍN: Gracias, señor presidente.

El senador Vallines y yo mismo, antes como ponentes y ahora como
portavoces del Grupo Popular, hemos estudiado una a una las 37 enmiendas
presentadas, luego 35. Si las analizamos, y es la primera reflexión que
hago, vemos que en una ley de 200 artículos y cerca de 150 páginas,
estas 35 enmiendas se quedarían en alrededor de 20, una vez descontadas
aquellas que se repiten, como las de Entesa, etcétera. Por tanto, hay un
cierto grado de consenso en relación con esta ley. Además, algunas de
esas 20 enmiendas son relativas a cuestiones exclusivamente
competenciales, y no voy a entrar ahora en su importancia porque para los
grupos proponentes sin duda la tienen, pero haré una reflexión en el
sentido de que estamos hablando de una ley que, en definitiva, es la
trasposición de la Directiva Solvencia II, para la protección al
asegurado, lo que es básico en la ley; la garantía de que este ciudadano
recibirá en el futuro su contraprestación, sin que existan problemas
económicos con los capitales garantizados y con las compañías
aseguradoras. Todo ello con plena transparencia y control en todo el
ámbito comunitario. Esta es la esencia, este es el objetivo de la ley y
no otros temas que, aunque tengan importancia, no se refieren a la ley en
sí.

Voy a tratar de responder rápidamente a cada una de las enmiendas,
por el orden en que se presentaron o por el orden de los artículos, tal y
como se ha publicado en el Boletín Oficial del Senado. Al artículo 7 se
presentan 2 enmiendas: una del Grupo Mixto, la número 3; y otra de la
Entesa, la número 30. Ambas tienen el mismo texto y aluden a una posible
redundancia al referirse a la autoridad de supervisión nacional, la
Dirección Nacional de Seguros y Fondos de Pensiones, pidiendo la
supresión del primer párrafo. Hemos de decir que aunque para España el
segundo párrafo puede parecer suficiente, es importante la definición del
primero para identificar a las que lo sean de otros Estados miembro. En
consecuencia, tenemos que rechazarlas.

Al artículo 17 se presentan igualmente dos enmiendas con el mismo
texto: la 2, del Grupo Mixto; y la número 31, de la Entesa. La Entesa
presenta dos iguales al Grupo Mixto y otras seis iguales al Grupo
Socialista. Ambas piden eliminar el recurso de alzada existente ante el
Ministerio de Economía sobre las decisiones que tome la autoridad
española de supervisión: la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones. Las rechazamos por las mismas razones: acabar ahí la vía
administrativa, como se pretende, es incompatible con el encaje
estructural que tiene ahora la Dirección General de Seguros. Además, la
posibilidad de recurrir es siempre una garantía adicional para el
administrado.

Con el artículo 19 entramos en temas competenciales por lo que,
lógicamente, coinciden el Grupo Vasco, con la número 22 y, CiU, con la
número 3. Se trata de que las comunidades autónomas asuman todas las
competencias, ampliando lo actualmente legislado, para entender que es el
propio ámbito autonómico, cuando el campo de la compañía local no sea
total, sino solo en una parte. En este sentido, una enmienda habla de la
mayoría y, la otra, de más del 60 %. Tenemos que rechazar estas enmiendas
porque el sistema que recoge la ley es el mismo que actualmente rige,
refrendado además por la sentencia del Tribunal Constitucional 173/2005.
Además, lo que lo que se pretende, en definitiva, no lo admite el derecho
europeo y, por tanto, no se puede hacer. Además, en relación con este
punto competencial no deberíamos olvidar lo sucedido y aclarado en el
debate en el Congreso, que estimo no se ha tenido suficientemente en
cuenta al llegar al Senado, porque CiU, al igual que el resto de los
grupos, ha presentado las mismas enmiendas en su totalidad en el Senado.
Precisamente por eso ha tenido que retirar las enmiendas números 19 y 2,
que ya habían sido aprobadas en el Congreso con los números 40 y 42. Por
otro lado, la enmienda 14, que fue aprobada con la 73 del Grupo Popular,
era exactamente igual y ya se aprobó. Sin embargo, senador Alturo, no
entendemos que no se haya retirado también la número 4 al artículo 40,
que fue objeto de una transaccional, la número 3, sobre su equivalente en
el Congreso, la número 23, que aclara en su punto cuarto expresamente
que: las comunidades autónomas que tengan competencias de ordenación y
supervisión, conforme al artículo 19.1, llevarán el correspondiente
registro administrativo. Cada inscripción que se practique en dicho
registro se comunicará de forma telemática a la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones. Por tanto, está claro que lo mismo que con
estas otras cuatro enmiendas que se transaccionaron de CiU, y las otras
cinco que se aprobaron directamente en el Congreso, de lo que se trataba
era de aclarar, si existía alguna duda, que para mí no existe en este
texto legislativo. En este sentido, como dice el artículo 17, si una
comunidad que tiene competencias cuenta con todo el fondo de ese seguro
—es decir, el acto del seguro— la compañía aseguradora y el
asegurado, en su territorio, lo llevará todo; y, si no, lo tendrá que
llevar, como es lógico, el Estado español. Esta es una directiva
comunitaria, es decir, entre entidades de ámbito nacional y no entre
entidades de ámbito regional o autonómico. No se trata de que en Alemania
o en Austria lo lleven los länder, sino de que lo lleven los Estados
miembro y el registro general sirve para todos los Estados miembro de la
Comunidad Europea, pero también para el resto de Estados; es decir, que
esta es una ley europea, insisto, con competencia de los Estados. Lo que
dice la modificación al artículo 40 es que, en las comunidades autónomas
en las que tengan competencia, ustedes llevarán un registro, pero darán
cuenta a ese registro general para que el resto de las naciones puedan
tener conocimiento.

Por esta misma razón también rechazamos las enmiendas 7 y 8 de CiU
al artículo 19, en relación con las agencias de suscripción, a efectos de
su supervisión en el ámbito autonómico, que también fue objeto de una
modificación transaccional; así como las enmiendas 9, 10, 11 y 12 de CiU
a los artículos 56, 60, 61, 63 y 109.

Al artículo 96 se han presentado 3 enmiendas, una de CiU, la
número 13, otra del Grupo Socialista, la 32, y la tercera de la Entesa,
la 24, por la que se blindan los seguros de decesos y enfermedad después
de tres años. Estimamos, aunque pueda parecer de alguna manera razonable,
que estos temas deberían plantearse dentro de la reforma del derecho
mercantil y, en consecuencia, se rechazan. Por tanto, nos remitimos a esa
reforma, cuando se realice.

A las disposiciones adicionales el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i d’Unió presenta una enmienda, la 13,
por la que se solicita, mediante una nueva disposición adicional, que los
partícipes en suspenso estén presentes en la comisión de control. Aunque
podríamos reconocer que esta enmienda también pudiera tener aspectos
positivos, estimamos fundamental que este asunto se consensue previamente
con los sindicatos. En consecuencia, se rechaza.

El Grupo Socialista presenta la enmienda número 33, coincidente
con la 25 de Entesa, por la que se solicita que en el plazo de tres meses
se cree la comisión nacional de servicios financieros. Aquí podríamos
aplicar el viejo aforismo español de que cuando algo funciona bien, lo
mejor es no tocarlo. No tiene nada que ver esto con la máxima de San
Ignacio de que en tiempos turbulentos no conviene hacer mudanzas.
Precisamente el Grupo Popular, y de ahí viene esa crítica, entre
comillas, de algunos miembros de la oposición, de la vorágine de leyes,
ha demostrado su espíritu profundamente reformista, pero en todo lo que
se estima que hay que mejorar, no en lo que funciona bien, y este no es
el caso. Al contrario, la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, cuyas características y competencias se detallan en el
capítulo I del proyecto de ley, ha ejercido su función de reguladora en
España de una forma ejemplar y, en consecuencia, no vemos la razón para
cambiar ahora al modelo Twin Peaks de dualidad, cambiando su tradicional
identidad y trasladando al Banco de España y a la entidad de nueva
creación sus competencias. Por tanto, rechazamos también esta
enmienda.

Igualmente, el Grupo Socialista también ha presentado una
disposición adicional a través de la enmienda número 34, coincidente con
la 26 de Entesa, en la que solicita una mayor protección y control con
respecto a los seguros vinculados a los préstamos hipotecarios, así como
unas nuevas normas en el plazo de tres meses. Hemos de rechazarla porque
esta materia ya está regulada en otras normas sectoriales; por ejemplo,
la EHA/2899/2011, de 28 de octubre y la circular 5/2001 del Banco de
España. Además, todos los préstamos hipotecarios deben realizarse en el
marco de la trasposición de la Directiva Europea 2014/17/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los
contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes
inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las
Directivas 2008/48/CE y la 2013/36/UE y el Reglamento UE número 109/2010,
que regula expresamente esta cuestión.

El Grupo Socialista también solicita una disposición transitoria
nueva a través de la enmienda número 35, coincidente con la 27 de Entesa,
que en su esencia coincide también con la 37, exacta a la 29 de Entesa,
por la que se solicita una nueva disposición cuarta. En ambas se propone
dar entrada en las comisiones de control de los planes de pensiones a los
partícipes en suspenso. Sin dejar de apreciar aspectos positivos en esta
propuesta, se considera fundamental negociarlo previamente con los
sindicatos, por lo que ahora debemos rechazarlas.

CiU solicita una disposición adicional nueva, aunque la llamen la
primera, mediante dos enmiendas: las números 18 y 20, mediante las cuales
pide la modificación de la Ley 50/1980 de contrato de seguro. Una pide
modificar su artículo 3, que se refiere a las condiciones del contrato,
solicitando que se consideren aceptadas si transcurridos dos meses desde
el pago de la prima no dijo nada el tomador, alegando, entre otras cosas,
que así figura en el anteproyecto de código mercantil. La otra, con
similares razonamientos, solicita modificar el artículo 20 de la misma
ley, suprimiendo lo referente al 20 % como intereses de demora. Aunque en
parte consideramos razonables estas enmiendas, no podemos aceptarlas a
estas alturas del trámite legislativo, que está en fase de aprobación en
el Senado, pero sin duda pueden ser temas a plantear cuando se tramite la
aludida reforma del Código Mercantil.

La enmienda número 15 de CiU propone regular los comparadores web.
Hemos de rechazarla porque esta cuestión será abordada por la directiva
de distribución, actualmente en negociación, y lo lógico es
esperarla.

La número 16 del mismo grupo también se rechaza porque la
modificación ahora planteada por el proyecto de ley rescata la
formulación neutra de la directiva, además de que la mayor parte del
sector de la mediación habría solicitado ya esta medida.

La enmienda 36 del Grupo Socialista, coincidente con la 28 de
Entesa, propone suprimir la nueva regulación del colaborador externo por
entender que menoscaba derechos de consumidores, pero precisamente, al
unificar la figura de asesores y auxiliares externos en la de
colaboradores externos, se deslegaliza la figura para que sean los
propios mediadores los que fijen las condiciones de sus colaboradores y,
en su caso, los registren internamente; es decir, que con ello se
suprimen cargas innecesarias.

Finalmente se presentan como disposición final decimocuarta las
enmiendas 17 de CiU y 23 del Grupo Vasco, que deberíamos haber tratado
con el grupo de temas competenciales anteriormente aludido, y que se
rechazan, no porque a través de una transaccional en el Congreso ya se
aclarara el carácter civil o mercantil de algunas materias, entiendo que
suficientemente bien, sino porque, además, todo lo expresamente
solicitado, especialmente por el Grupo Vasco, mediante la eliminación de
determinados artículos tiene una clara naturaleza mercantil. Y no lo voy
a enumerar todo, pero según la definición de operaciones mercantiles,
coaseguro comunitario, grandes riesgos, sistema de gobierno de las
entidades, naturaleza, forma y denominación, aspectos societarios de las
entidades aseguradoras, valoradores de activos, pasivos, garantías
financieras e inversiones, obligaciones contables y operaciones
societarias, todo ello sin duda alguna tiene una clara naturaleza
mercantil.

Por todo lo expuesto, y tras el esfuerzo de aclaración y consenso
que realizó el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, mi grupo no
puede admitir ninguna de las enmiendas que han sido nuevamente
presentadas en el Senado, esperando, no obstante, contar con el voto
favorable de los diferentes grupos a este proyecto de ley, técnico y
completo para la regulación del seguro, que traslada a nuestro
ordenamiento, adaptándolo a ella, una norma europea.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Muñoz.

Agotado el turno en contra, pasamos al turno de portavoces.

Senador Iglesias, ¿desea intervenir? (Denegaciones.)

Gracias.

Tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente.

En el turno de defensa de las enmiendas ya he hecho una valoración
general de lo que mi grupo parlamentario opina sobre el proyecto de ley
que se presenta. Decía que podríamos estar a favor con el contenido
técnico, pero es cierto que a la hora de ahondar en el ámbito
competencial consideramos que se produce una invasión respecto de las
competencias de las comunidades autónomas.

Escuchando la respuesta que nos daba el portavoz del Grupo Popular
sobre las enmiendas presentadas, me gustaría hacer alguna matización. En
varias ocasiones se hace alusión al paso del proyecto por el Congreso y a
las enmiendas que los distintos grupos presentamos, tanto en el Congreso
como en el Senado, y ello es la justificación para la no aceptación de
dichas enmiendas. Se ha llegado a decir que a estas alturas del trámite
parlamentario no se pueden aceptar determinadas enmiendas, y no
concretamente las de mi grupo. Dentro del respeto parlamentario hacia lo
que se realiza en esta Cámara, es verdad que yo agradezco la exhaustiva
explicación que nos ha dado en relación con las enmiendas presentadas por
mi grupo, pero no por ello se nos tiene que convencer, porque en algún
momento se hace alusión a que en el Congreso ya se ha hecho un exhaustivo
esfuerzo de aclaración y consenso, y ni eso tiene por qué conllevar
necesariamente la aceptación de nuestras enmiendas por su parte, ni
tampoco de su explicación por la nuestra. Y es que tras un esfuerzo
exhaustivo de consenso se puede llegar a un acuerdo o no; y eso ocurre
tanto en el Congreso como en el Senado, porque, de lo contrario,
estaríamos obviando el trámite que en este momento estamos
realizando.

Asimismo hacía usted alusión a que se vuelven a traer las mismas
enmiendas sin modificar en el sentido de que no se escuchaba la
explicación. Creo que fue en la última Comisión de Economía celebrada
aquí mismo en la que el Grupo Popular no introdujo sus propias enmiendas
en ponencia porque no tenía muy claro cómo iba a ser el devenir del
debate hasta el trámite del Pleno, y según dijeron ustedes mismos, quizá
necesitaran tener algunas en las que poder introducir necesidades
propias, y no para llegar a acuerdos con nosotros. Con ello quiero decir
que el trámite parlamentario en el Senado tiene su curso y que cada grupo
plantea las enmiendas que considera oportunas, más allá de que ya en el
trámite parlamentario en el Congreso se nos haya dado exhaustiva
explicación, a pesar de la cual en ocasiones no vamos a llegar a un
acuerdo. Y es que en concreto mi grupo plantea dos enmiendas de ámbito
competencial, y aquí su punto de vista y el nuestro no es el mismo, y no
solo por ir al artículo 149.1 de la Constitución nos vamos a poner de
acuerdo por más explicaciones que nos dé. Entiendo que nuestra obligación
es la de presentar las enmiendas que consideremos oportunas y la de
ustedes respondernos, en el Congreso y también en el Senado. Y repito que
agradezco la exhaustiva explicación que nos ha dado en concreto sobre
alguna de las de mi grupo.

Decía también que en tiempos turbulentos no conviene hacer
mudanza. Yo no sé si ustedes valoran estos tiempos como turbulentos o si
esta vorágine de leyes es una mudanza. En cualquier caso, me sumo a la
valoración hecha por el senador Manchado y yo seguiré reiterando mis
argumentos de aquí a que finalice esta frenética entrada de leyes que nos
obliga a trabajar de esta manera; entenderán que van a tener que escuchar
hasta el final lo que pensamos sobre ello, porque no sé hasta qué punto
es ejemplarizante, ni en cuanto a la forma, pues lo tenemos que tramitar
corriendo y sin tiempo, ni en cuanto al contenido, porque ya vamos
visualizando lo que se nos viene, que es la no aceptación de las
enmiendas presentadas, que en algunas ocasiones se llevan al Pleno y en
otras, como en esta, se debaten en comisión con competencia legislativa
plena.

También decía usted que no movamos lo que funciona bien, pero les
ha debido de costar mucho darse cuenta de lo que funciona bien, porque en
este momento final es cuando quieren hacer los cambios. Y también le
decían al Grupo Socialista —me lo han puesto en bandeja, pues todas
son frases que ustedes han empleado en esta misma comisión— que les
dejaron tanto por hacer que ahora toca legislar. Señorías, no estamos al
comienzo de la legislatura; es decir, que han tenido tiempo para darse
cuenta de que no funcionaba y de que lo tenían que cambiar, sin llegar a
este final que se nos viene encima.

Como ven, señorías, una vez más —y ya hablo de mi
grupo— la presentación de nuestras enmiendas no ha obtenido el
resultado esperado para que ustedes hubieran podido aceptarlas. Es cierto
que en este caso eran exclusivamente competenciales, y por tanto, existe
una mayor dificultad para llegar a acuerdos, pero repito que en todas las
ocasiones que tenga oportunidad reiteraré el desacuerdo con la forma de
legislar esta vorágine de leyes que tenemos por delante.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo de Entesa, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señorías, la crisis financiera ha obligado a la Unión Europea y a
los gobiernos nacionales a poner en marcha reformas. Una parte de ese
sistema financiero afectado por la crisis es lo que representa a las
entidades aseguradoras y reaseguradoras. En nuestro país teníamos,
además, pendiente de trasposición la Directiva 2009/138, conocida como
Solvencia II, y referida a este sector. La trasposición se efectúa
parcial y tardíamente con este proyecto de ley, ya que el plazo para su
trasposición a nuestro ordenamiento interno finalizó el pasado 1 de
marzo. Igualmente se traspone otra directiva que afecta al sector,
la 2014/51.

Señorías, el retraso en la trasposición a nuestro ordenamiento del
derecho comunitario viene siendo una constante a lo largo de esta
legislatura. Una segunda cuestión que también viene siendo un clásico en
la tramitación de los proyectos de ley en esta legislatura es la falta de
informes que son pertinentes para su tramitación. Ni el Consejo General
del Poder Judicial, a pesar de que afecta al derecho concursal, ni el
Consejo Económico y Social ni las comunidades autónomas han sido
consultados en cuanto al texto de la ley que regula la distribución de
competencias en la materia entre los diferentes niveles de
Administración; si bien es verdad que el informe, este sí, del Consejo de
Estado reconoce que el proyecto de ley respeta las competencias de las
comunidades autónomas. A pesar de todo, esta es una mala praxis
legislativa, señorías.

Hechas estas observaciones, me gustaría poner de relieve los
objetivos fundamentales de la ley. En primer lugar, como mencionaba al
inicio de mi intervención, la incorporación de la directiva comunitaria
conocida como Solvencia II articula una nueva concepción de la solvencia
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras con reglas uniformes, con
la introducción del nuevo sistema de solvencia basado en el riesgo,
completada con los desarrollos normativos y medidas de ejecución
derivadas de la nueva estructura de supervisión diseñada en este campo
por la Unión Europea.

En segundo lugar, refuerza la transparencia y los requisitos de
las empresas que operan en el sector, tanto en lo que se refiere a su
acceso a la actividad como a su ejercicio.

En tercer lugar, regula los aspectos referidos a la supervisión,
tanto de las entidades como de los grupos de entidades aseguradoras y
reaseguradoras, los distintos niveles de la supervisión y la colaboración
de las diferentes autoridades supervisoras. Hemos de tener presente que
uno de los elementos que posibilitaron la crisis financiera fue
precisamente la ausencia de regulación y de intervención de los
organismos reguladores. Por ello, creemos acertado el enfoque que recoge
la ley, básicamente derivado de la legislación comunitaria.

En cuarto lugar, al igual que en la ley que afecta al sector
bancario aprobada en junio del pasado año, el proyecto de ley regula las
situaciones de deterioro financiero y las medidas de control especial,
así como la revocación, disolución y liquidación de entidades, junto con
la regulación de las infracciones y sanciones.

Señorías, nosotros votaremos a favor del proyecto de ley porque
compartimos, en líneas generales, sus ejes principales, y no solo porque
el derecho comunitario nos obliga a caminar en este sentido, sino porque
es necesario para disponer de un subsector financiero, como es el de los
seguros y reaseguros, que sea solvente, transparente y al servicio del
crecimiento económico y de la mayoría de la población. Ello no quiere
decir que no pensemos que es mejorable, lo es; por ello hemos presentado
el conjunto de enmiendas que he defendido en mi primera intervención. Su
inclusión total o parcial mejoraría el actual proyecto, no tengan ninguna
duda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Catalán en el Senado, tiene la palabra el senador
Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

Desde nuestro punto de vista, este proyecto de ley empezó bien en
el Congreso de los Diputados, pero aquí termina fatal, y me voy a
explicar. Empezó bien en el sentido de que presentamos una enmienda a la
totalidad, un veto en el Congreso de los Diputados, como ustedes saben, y
se iniciaron una serie de negociaciones. Como muestra de buena voluntad y
con el fin de avanzar en la aceptación de enmiendas y propuestas que
presentó mi grupo, retiramos el veto correspondiente. En el Congreso de
los Diputados se dijo que este proyecto de ley tenía que continuar su
tramitación en el Senado. Pues la sorpresa es que llega al Senado y ha
terminado mal porque no aceptan ninguna de las enmiendas. Además, desde
nuestro punto de vista, priman la urgencia, la rapidez y la falta de
reflexión y debate. En definitiva, como esta comisión tiene competencias
legislativas plenas, es evidente que lo que pretende el Congreso de los
Diputados es que se haga el mínimo ruido posible, y de aquí nos vamos al
BOE sin pasar por el Pleno.

Creo que están haciendo un flaco favor a esta Cámara. Con su
actitud, están desprestigiando a esta Cámara. Esta Cámara es de
reflexión, de segunda lectura, ¿o no? Repito, es una Cámara de segunda
lectura; por tanto, impiden el debate en el Pleno, con lo cual lo que
prima es la urgencia, como estamos viendo. No aceptan enmiendas, de ahí
nuestro disgusto, y estamos en contra de cómo se están realizando las
cosas. Ya lo han dicho otros portavoces y me sumo a ello; es decir, su
actitud en tantas leyes tramitadas por el sistema de urgencia y que no se
pueda llevar a cabo el debate pone en evidencia que hay otros intereses,
como es la publicación, que marcan su perfil. Supongo que les interesan
poco las opiniones de los otros grupos parlamentarios. En definitiva,
estamos en contra de cómo están llevando a cabo este procedimiento. Esta
es la realidad.

El señor Muñoz ha leído muy bien el informe que tenía. No voy a
entrar en cómo se ha realizado ni en quién lo ha realizado y quién ha
participado. Lo ha leído bien, pero discrepamos en muchas cosas. Por
ejemplo, se dice: enmiendas presentadas en el Congreso y en el Senado. Es
que lo normal es que aquellas enmiendas que no han sido aceptadas en el
Congreso y que nosotros entendemos que son importantes las presentemos
otra vez aquí porque, si no, nos dirían: ustedes renuncian a las
enmiendas que han presentado. ¿Qué valor estaríamos dando a las enmiendas
que presentamos si luego, en el trámite en el Senado, no las tenemos en
consideración? Supongo que se entiende que tiene que ser así. Ahora bien,
es cierto que en nuestro caso se ha producido un error en tres enmiendas.
Evidentemente, en la tramitación se pueden producir errores. Pues
rectificamos y las retiramos. ¡Faltaría más!

Por lo tanto, en nuestra opinión, ustedes están haciendo un flaco
favor. Esta es una ley importante desde el punto de vista económico por
el peso que tiene el sector asegurador en la economía. Estamos hablando
de la trasposición de la Directiva Solvencia II y estamos de acuerdo en
los principales planteamientos que se están realizando. Hay aspectos muy
importantes de las aseguradoras en cuanto a los objetivos de solvencia
que tienen que conseguir de cara al asegurado, todo esto es positivo,
pero es una lástima que en el ámbito competencial, teniendo las
competencias exclusivas las comunidades autónomas —en este caso
hablo por la Generalitat de Catalunya—, ustedes hagan caso
omiso.

Por tanto, nuestra decepción por el esfuerzo que hizo mi grupo
retirando el veto con el fin de que terminara bien la negociación. No ha
sido posible, por lo que no estamos de acuerdo con esta invasión
competencial que se está produciendo, en cómo se tramita. Este portavoz
reiterará donde pueda la manera nefasta de tramitar los proyectos de ley,
sin dar la lectura correspondiente, la reflexión correspondiente, como
debiera ser, en el Pleno. Lógicamente, hay otro aspecto importante, el
aspecto mediático. En definitiva, creo que les interesa que esto tenga
poco ruido y que de aquí vaya directamente al BOE.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Ortiz.

El señor ORTIZ MOLINA: Gracias, señor presidente.

El portavoz del Grupo Popular nos ha dicho dos cosas que comparto
absolutamente por ser, desde mi punto de vista, ciertas. Una es que el
contenido de la ley es ampliamente compartido. Eso es así, al menos desde
la perspectiva del Grupo Parlamentario Socialista; tan es así, que
solamente hemos presentado seis enmiendas. Otra cuestión que también
compartimos por ser cierta, insisto, es que esta ley viene enmarcada en
el contexto de la normativa europea, fruto de la crisis de las entidades
financieras, que atañe también a las entidades de seguros. A este
respecto, se ha decidido regular esta cuestión en el marco de la
normativa europea para que se armonice la normativa y tengamos todos más
garantías. Todo eso es cierto, pero también lo es que, a pesar de todo,
tienen poca disposición para escuchar las mínimas modificaciones que a
veces se plantean. Solamente hemos propuesto seis modificaciones y nos
sorprende que no haya ninguna disposición para tomar en consideración
alguna de las propuestas que hacemos con argumentos, desde nuestro punto
de vista, a veces muy poco sólidos, porque decir que aquello que funciona
bien no conviene modificarlo… Estamos de acuerdo. El problema es
que hay cosas que consideramos que no funcionan bien. Por eso creemos que
habría que modificarlas y presentamos enmiendas. En la primera premisa
estamos de acuerdo: lo que funciona bien no hay que modificarlo. Si
proponemos una modificación de algo es porque consideramos que no
funciona bien, porque, si no, no haríamos esa propuesta. Y luego, ponen
en la mesa toda una serie de argumentos para tratar de justificar la
enmienda que hemos propuesto en relación con los seguros que se suscriben
en las hipotecas. Pues bien, he de decirle que todos los argumentos que
nos traslada a nosotros, los podría trasladar también a la oficina de la
defensora del pueblo, que coincide con nosotros en esa crítica y en la
necesidad de modificar esos aspectos. Es verdad que ha argumentado toda
una serie de instrumentos que entiende que resuelven ese problema; pues
ni la oficina de la defensora del pueblo ni nosotros estamos de acuerdo
en que esos aspectos están garantizados.

Quizá el portavoz del Grupo Popular, o el Grupo Popular en su
conjunto —al final, los portavoces son meros transmisores de una
posición—, debería ser un poco más sólido al menos en algunas
justificaciones, porque lo que vale para una cosa vale para la otra. Si
se nos dice que algunas modificaciones no deberían incluirse ahora en
este trámite porque dentro de muy poco quizá la normativa europea nos
obligue a una nueva corrección, ese es precisamente el argumento que le
damos nosotros a ustedes para que no modifiquen y no se inventen la
figura del colaborador externo, porque dentro de muy poco quizás habrá
que someterse a una normativa europea que nos impida seguir con lo que
vamos a legislar hoy y tengamos que modificarlo. Es decir, sin darle más
gravedad al asunto del que tiene, sobre todo en el contexto apoteósico
legislativo final en el que nos movemos, creemos sinceramente que el
Grupo Popular debería haber tenido una mayor disposición a algunas
modificaciones que sinceramente hubieran enriquecido la ley.

En cualquiera de los casos y para concluir, señor presidente, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos ratificamos en la actitud
que venimos manteniendo, que es una actitud coherente, consecuente y
responsable, y es que, a pesar de la falta de sensibilidad del Partido
Popular a la hora de atender los argumentos ajenos, a pesar de eso, como
globalmente compartimos el contenido de la ley, insisto, entre otras
razones porque es una política compartida en el marco de la Unión
Europea, volveremos a hacer aquí lo que hicimos ya en el Congreso de los
Diputados —es verdad que malogrando esta segunda oportunidad que
tenemos—: dar nuestro voto favorable a la ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Ortiz.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Muñoz.

El señor MUÑOZ MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.

Consumo también este turno de portavoces en nombre del Grupo
Popular por deferencia de mi partido y especialmente de mi compañero y
también designado para este cometido, el senador Vallines, que me ha
permitido generosamente este abuso, entiendo que probablemente por dos
razones: una, porque posiblemente también sea esta la última ley
—tras tres legislaturas—






en la que ejerza de ponente o de
portavoz tras haberlo hecho en varias durante las anteriores legislaturas
—la Ley del juego, la Ley de morosidad en operaciones mercantiles,
etcétera—. En este momento, a mí se me ocurre decirles, tanto al
portavoz del Grupo Socialista como a los demás portavoces, que no
conseguí nunca que me admitiesen ninguna enmienda, a pesar de ser
razonables y razonadas; lo cual quiere decir que, en fin, en todas partes
cuecen habas, por utilizar un viejo aforismo, y entonces nos quejábamos
de que no se veían leyes, que eran muy lentas, que no había nada, y ahora
nos quejamos de que trabajamos mucho; es que estamos aquí para ello. O
sea, que tampoco es grave. Por tanto, este es el primer motivo por el que
probablemente el senador Vallines me ha autorizado a ejercer de portavoz.
Y el segundo —pienso que también es importante— es un respeto
a la senectud o a la ancianidad, lo cual también tiene su valor (Risas),
especialmente ahora que no se valora tanto. Ayer mismo, en el homenaje
que dio el Senado a don Antonio Jiménez Blanco —un excelente
parlamentario, lógicamente de la UCD—, el que fuera presidente de
esta Casa —otro personaje importante—, Juanjo Laborda, decía
que a toda esa generación que tuvo algo que ver con la Constitución
de 1978, o que lo vivió, quizá se la denostaba por un motivo muy claro:
que ahora se miraba más la demoscopia que la historia, lo cual es triste,
pero es una realidad. Por tanto, le expreso mi doble agradecimiento al
senador Vallines.

Paso al tema de la ley que nos atañe. Ante todo quiero decir que
el trámite de una ley, tanto se debata en el Pleno como en una comisión,
tiene la misma importancia; es más, normalmente, senador Alturo, en el
Congreso se utiliza mucho la capacidad legislativa plena y aquí también
se ha utilizado; creo que en la anterior legislatura yo participé en una
ley con capacidad legislativa plena en el Senado y hasta ahora, en esta
legislatura, solo en ésta. Pero insisto en que tiene la misma
importancia. Por tanto, el debate que hacemos aquí es el mismo que se
hace en el Pleno, a no ser que tenga usted interés en que le saquen una
foto y que se publique diciendo que defiende las competencias. Pero no es
ese el caso. Lo importante es el fondo de la ley.

En el tema de las competencias —siempre nos enfrentamos,
entre comillas, sobre las mismas cosas—, conviene recordar lo que
antes le he dicho: el Reglamento del Senado, en su artículo 103, dice que
conviene ir a la cuestión; es decir, ¿qué es lo importante de esta ley?
Lo importante de la ley es el asegurado y el seguro. Lo otro, los temas
competenciales tienen importancia dentro del marco competencial. Pero,
además, he dado argumentos suficientes y lo he explicado sobradamente
tanto a la senadora Iparragirre como al senador Alturo: he explicado sus
enmiendas, he intentado dar contenido a mis argumentos, y he dicho, sobre
todo, algo que es importante —de alguna manera el senador Sabaté
también lo ha dicho antes—, que se mantienen las competencias, no
se tocan las competencias de las comunidades autónomas. Ustedes a veces,
por desgracia, en las sombras chinescas ven monstruos, pero no es así.
Precisamente, en el trámite del Congreso lo que se hizo fue aclarar, por
si existía alguna duda, cuáles son las competencias que se mantienen y
cuáles son las que no es que no se mantengan, porque lógicamente la
entidad del Estado español tiene que mantener una serie de requisitos que
son los que mantienen todos los Estados miembros, porque es una directiva
europea. Por tanto, no se infringe ninguna competencia de las comunidades
autónomas, lo que se hace es canalizar la directiva europea.

Señorías, los seguros o las leyes relativas a la regulación de los
seguros, tienen un carácter básicamente técnico, profesional, al margen
de las características, programas y matizaciones políticas. Por eso
mismo, en nuestro país, todas las regulaciones sobre la materia han sido
siempre aprobadas con la práctica unanimidad de todos los grupos; si
vemos la trayectoria de esta ley en el Congreso, también se veía esa
tendencia a la sumisión de la ley en su totalidad, como también se ha
visto, salvo los matices competenciales, en el Senado.

El seguro, en definitiva, consiste en el pago de una cantidad,
presente y cierta, a cambio de que en el futuro se me entregue la
contraprestación, para cuyo fin he venido pagando, si se dan las
circunstancias protegidas. Esto quiere decir que lo importante en una ley
de seguros es el asegurado —lo primero—, que debe tener la
mayor protección, y la garantía de que cobre o reciba las prestaciones
aseguradas, si se dan las circunstancias requeridas para ello.

En consecuencia, la Directiva Solvencia II y el proyecto de ley
que la traspone a nuestro ordenamiento se basa en tres pilares: un
requerimiento de capital suficiente a las aseguradoras, un sistema de
supervisión y una exigencia de información y trasparencia ante todo el
mundo; es decir, que se tenga la seguridad económica de que las compañías
respaldan los contratos sin problema alguno y que exista un sistema de
control superior sobre estas entidades para garantizar esa solvencia, y
con la suficiente información y trasparencia ante el ciudadano sobre todo
ello.

En España el seguro, las empresas aseguradoras y, en definitiva,
el sistema asegurador español históricamente han funcionado
razonablemente bien, y ahí diría que su fiscalizador también. Por tanto,
no conviene cambiarlo cuando —por ahí se decía— ha funcionado
bien. Esto a nivel europeo es lo que trata la directiva que ahora
trasponemos a nuestro ordenamiento con este Proyecto de Ley de
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras.

Esta ley, como indica su preámbulo en el apartado III, consta de
un título preliminar y ocho títulos, estructurados en 213 artículos,
veinte disposiciones adicionales, trece transitorias, una derogatoria,
veintiuna finales y un anexo. Un volumen de 148 páginas, a través de las
cuales se traslada a nuestro ordenamiento la Directiva 2009/138 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el
seguro de vida, el acceso a la actividad del seguro y de reaseguro y su
ejercicio —en adelante todos la conocemos ya por la Directiva
Solvencia II—, que fue modificada por la Directiva 2014/51 Unión
Europea del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, en
lo referente a los poderes de la autoridad europea de supervisión
—Autoridad europea de seguros y pensiones de jubilación— y de
la autoridad europea de supervisión —Autoridad europea de valores y
mercados—, la Directiva ómnibus II.

Precisamente, estas directivas inciden directamente en nuestro
texto normativo actual sobre la materia: el texto refundido de la Ley de
ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, que integró de forma
ordenada en un solo texto las disposiciones contenidas en la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de seguros privados y las
reformas posteriores.

Este texto es pues un compendio y armonización, con la legislación
europea, de la normativa sobre seguros en España, que se complementará
con un posterior reglamento, como expresamente se indica en el final del
preámbulo I, lo mismo que lo hará la legislación europea.

Con respecto a la crítica de que se traslada tarde a nuestro
ordenamiento, yo me remitiría a la Comisión Mixta para la Unión Europea
que en su reunión del 11 de diciembre del 2013 dice: Se establece el 1 de
enero de 2015 para la trasposición —vamos un poco retrasados—
y el 1 de enero del 2016 para su aplicación. La disposición final
vigesimoprimera dice: La entrada en vigor será el 1 de enero de 2016. No
obstante, la disposición transitoria decimotercera, la disposición tal,
tal — una serie de aclaraciones— unas entrarán en vigor a su
publicación y otras el 1 de septiembre de 2015, y la disposición final
novena, el 1 de julio de 2016. Por tanto, estamos absolutamente a tiempo
de aprobar esta norma europea. Y me remito a la memoria histórica: yo he
aprobado en este Senado en anteriores legislaturas normas europeas con
bastante mayor retraso todavía que esta. Por tanto, críticas, las
justas.

Queda, por consiguiente, el trámite reglamentario, como he dicho
anteriormente, en el que sin duda podrán matizarse más y aclararse
algunos asuntos de esta ley —insisto, en términos generales es muy
difícil poder contentar al cien por cien a todos los colectivos—
que cuenta con el beneplácito de todos los implicados, y expresamente de
la Unespa —la unión general de seguros—.

Espero, para seguir esta tradición de aplicar criterios técnicos
de seguros y no políticos, o circunstancialmente de discusiones sobre
competencias, que una materia de enorme importancia para los ciudadanos y
para la vida económica del país como es esta ley cuente con el apoyo de
todos los grupos de esta Cámara.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Muñoz, por su
intervención.

Esta Presidencia querría dejar constancia en todo caso —sin
ánimo de entrar en ningún debate, que no corresponde— de que
durante los últimos tres años y medio han sido casi 30 los proyectos de
ley que han pasado por esta comisión, siendo éste el primero que se
tramita para su aprobación con competencia legislativa delegada. Lo digo
simplemente para que quede constancia en el Diario de Sesiones.

Pasamos a la votación de las enmiendas siguiendo el orden del
debate.

Dos apreciaciones. Una: ¿algún portavoz desea votación separada?
Y, dos, ruego a todas sus señorías que no se ausenten de la sala durante
la votación de las enmiendas.

¿Hay alguna modificación con respecto a la votación? (Pausa).

Hacemos un receso de dos minutos. (Pausa).

Señorías, continuamos la sesión. Aunque por un criterio de
eficiencia se ha pretendido agrupar las enmiendas para su votación, quizá
sea más sencillo proceder a votar una por una, teniendo en cuenta que
son 34.

Por tanto, iniciamos la votación de las enmiendas una por
una.

Votamos la enmienda número 1, de los senadores Jesús Enrique
Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 2, de los senadores Jesús Enrique
Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 22, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 23, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 25, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 26, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 28 y 29, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 30 y 31, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Procedemos a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado.

Enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a la votación de la enmienda número 4, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a la votación de la enmienda número 5, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a la votación de la enmienda número 6, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a la votación de la enmienda número 7, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación votamos la enmienda número 8, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 2; en contra, 16; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 2; en contra, 16; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 2; en contra, 16; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a la votación de la enmienda número 12, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación votamos la enmienda número 13, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a la votación de la enmienda número 15, del Grupo
Parlamentario Catalán.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a la votación de la enmienda número 16, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 17 del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 2; en contra, 16; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 18, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 20, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 2; en contra, 17; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista.

Votamos la enmienda número 32, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Senador Alturo, ¿podemos votar de la enmienda 33 a 37, del Grupo
Parlamentario Socialista, de manera unívoca?

El señor ALTURO LLOAN: De la 33 a la 35.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

Sometemos a votación las enmiendas números 33, 34 y 35, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Sometemos a votación las enmiendas números 36 y 37, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a continuación a la votación del texto remitido por el
Congreso de los Diputados, salvo aquellas partes del mismo que pudieran
considerarse ya incluidas en las enmiendas que, en su caso, hubieran sido
aprobadas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 23; en contra, 2; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Por tanto, al haber sido aprobado el texto tal y como venía del
Congreso de los Diputados, queda definitivamente aprobado por las Cortes
Generales el Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de
las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Aprovecho antes de levantar la sesión para desear al senador
Iglesias éxito en su futuro profesional y para agradecerle su trabajo en
esta Cámara y su dedicación durante estos años.

Muchas gracias a todos.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Eran las trece horas y cincuenta minutos.