El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a proceder a designar
la ponencia de este proyecto de ley.

¿A quiénes propone el Grupo Parlamentario Popular, señor
Altava?

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular propone a los senadores don Luis
Rogelio Rodríguez Comendador y don Dimas Cuevas Cuerda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Y por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Sen?

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista propone a Arcadio Díaz Tejera, a
María de los Ángeles Marra y a mí mismo, Nicanor Sen.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sen.

Se entiende que en para el resto de los grupos parlamentarios será
ponente cada uno de los miembros de la comisión.

En consecuencia, la ponencia va a quedar integrada por los
senadores que se han nombrado.

Si les parece bien, vamos a interrumpir la sesión para que pueda
reunirse la ponencia —he hablado con todos los grupos—
durante unos quince minutos, aproximadamente. Les pido, por tanto, que no
se alejen demasiado de la sala para reanudar la sesión y debatir este
proyecto de ley.

Se suspende la sesión.

Eran las doce horas y diez minutos.

Se reanuda la sesión a las doce horas y veinticinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

Vamos a proceder al dictamen del Proyecto de Ley de la
jurisdicción voluntaria, proyecto de ley al que se han presentado 4
propuestas de veto y 787 enmiendas.

Como cuestión previa, los ponentes del Grupo Parlamentario
Popular, con mayoría en la ponencia, manifiestan que su criterio es
contrario a la aprobación por la comisión de las propuestas de veto
presentadas a este proyecto de ley.

En segundo lugar, la ponencia aprueba mantener en sus propios
términos el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Vamos a pasar a la defensa de las propuestas de veto, que son las
siguientes: propuesta de veto número 1, presentada conjuntamente por los
señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo
Parlamentario Mixto. Propuesta de veto número 3, presentada conjuntamente
por los señores Guillot Miravet y Saura Laporta, ambos del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Propuesta de veto
número 2, presentada conjuntamente por la señora Almiñana Riqué, el señor
Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor
Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García,
todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Y
propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la propuesta de veto número 1, del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

De forma muy sintética, este proyecto de reforma de la Ley de la
jurisdicción voluntaria responde a un modelo que, a través de otras
reformas, ha abundado en reducir el ámbito de intervención de la
Administración de justicia para transferirlo a otros operadores, que,
bajo la cobertura de su condición funcionarial, establecen una relación
diferente con quienes hasta entonces, antes de estas reformas, eran
justiciables.

Por otro lado, no compartimos que, tal como prevé el proyecto, se
faculte a los notarios para celebrar matrimonios o divorcios de mutuo
acuerdo. Entendemos que el compromiso de gratuidad que se refleja en el
texto no es lo suficientemente contundente en tanto en cuanto queda
pendiente de una revisión de los aranceles, y seguramente se puedan
establecer otros mecanismos de compensación puesto que resulta difícil
creer que registradores o notarios vayan a desarrollar nuevas funciones
sin tener compensación económica alguna. Por contra, el modelo que
defendemos en Izquierda Unida los senadores Mariscal Cifuentes y yo mismo
en relación con la jurisdicción voluntaria es el de atribuir estas
cuestiones a los secretarios judiciales, con una mayor participación del
ministerio fiscal y la posibilidad, en todo caso, de interponer recursos
frente a las resoluciones de trascendencia.

Por otro lado, y con ello concluyo, el modelo de secretario
judicial que aquí se establece es el de un mero fedatario público. Como
se refleja en nuestras enmiendas, creemos que es posible atribuirles un
número de competencias mucho más amplio, lo que sin duda llevaría a un
funcionamiento más eficaz de la Administración de Justicia.

Finalmente —y ahora sí que es la última consideración en
relación con los secretarios—, aunque en diferentes ocasiones he
reconocido la coherencia del modelo político que se establece a través de
las diferentes reformas que van llegando a esta Cámara, hoy tengo que
expresar mi perplejidad por el hecho de que estemos debatiendo un
proyecto de ley de jurisdicción voluntaria que habla de secretarios
judiciales cuando ya ha entrado en la Cámara un proyecto de ley de
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que cambia —en mi
opinión sin motivación alguna, y en su momento argumentaré por qué—
su denominación. ¿Tanto costaría acompasar las reformas para que los
textos resultaran coherentes? La conclusión es que en el Pleno de la
próxima semana va a aprobarse este proyecto de ley con la denominación
clásica de secretarios judiciales y quince días más tarde el Pleno se
cargará —imagino, si no hay una modificación de criterio por parte
del grupo mayoritario— esta denominación —supongo que con el
ánimo de ennoblecer una función ya de por sí suficientemente noble y
reconocida— al transformar la denominación de secretario en letrado
de la Administración de Justicia, aunque tampoco creo que el concepto de
letrado sea más noble que el concepto de secretario judicial.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.

Para la defensa de la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor
Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Voy a defender también el veto número 2.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Saura.

El señor SAURA LAPORTA: A pesar de que en el Congreso de los
Diputados se están tramitando diversos proyectos de ley relativos a la
justicia, nuestro balance de cuál ha sido la política en materia de
justicia en esta legislatura se resume en tres ideas. En primer lugar, el
objetivo ha sido laminar la independencia del Poder Judicial. En segundo
lugar, se ha dado un fuerte impulso a la externalización de los actos de
la justicia. Y en tercer lugar, como consecuencia de ello, el Gobierno ha
sustraído derechos fundamentales como el de la tutela judicial
efectiva.

Esta no es solo la opinión de Jordi Guillot y la mía, recogida en
el veto número 3, o la de los firmantes del veto número 2, sino que es la
opinión del colegio oficial de abogados y de muchas entidades y
asociaciones. Me refiero al hecho de que en esta legislatura la justicia
no ha mejorado y que difícilmente oímos a alguien decir, ni siquiera a
los miembros del Gobierno, que la justicia ha mejorado.

Desde ese punto de vista, pensamos que esta ley se inscribe en esa
filosofía conservadora de la política de justicia del Gobierno, que hoy
externaliza y privatiza actos judiciales importantes, y por otro lado,
disminuye la facilidad o el derecho a la tutela judicial efectiva, hasta
el punto de que se pueden establecer dos tipos de justicia: una que irá
mucho más rápida y otra mucho más lenta. En este proyecto de ley el
Gobierno insiste en que va a ser gratuito, pero no va a serlo porque, si
no recuerdo mal, en una disposición adicional se habla de los aranceles y
de que el Gobierno va a tener que hacer frente a los costes que eso
representa para los registradores y los notarios.

He de decir que esta es la legislatura de los registradores. Con
la Ley hipotecaria de hace quince días y con otros muchos proyectos de
ley todo va a pasar por los registradores, todo: el catastro, donde los
registradores asumen poderes que van más allá de registrar; las bodas y
los divorcios, etcétera. Desde este punto de vista, me gustaría que el
ministro de Justicia nos contestara qué va a quedar en el Ministerio de
Justicia. ¿Qué van a dejar? Porque la mediación, la Ley hipotecaria, los
matrimonios..., todo esto, en definitiva, se está externalizando.

Como decía el portavoz del Grupo Mixto, creemos que se debe
atribuir con exclusividad a los secretarios judiciales todo el trámite,
el impulso y la definición final de la justicia voluntaria.

Por esas razones planteamos el veto. Este proyecto de ley se
inscribe en una visión conservadora de la justicia en el sentido de que
busca laminar la independencia del Poder Judicial y externalizar y
privatizar actos judiciales, lo cual reduce derechos a la ciudadanía. Por
estas razones les pedimos el voto favorable para nuestro veto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Para la defensa de la propuesta de veto número 4, del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Como continuación a lo que han indicado los portavoces de los
otros grupos que han presentado veto a este importante proyecto de ley,
diré que nuestro grupo también ha formulado un veto al entender que este
proyecto de ley viene a continuar la línea establecida por el Partido
Popular desde su llegada al Gobierno de la nación en el sentido de hacer
de la justicia algo de unos pocos y no de todos, que es como los
socialistas concebimos la justicia.

Nosotros entendemos que esta nueva ley no cumple con los objetivos
que se fijaron y que, además, vuelve a introducir la privatización de un
servicio en cuestión, lo que dificulta de forma importante el acceso a la
tutela de los derechos e intereses de los ciudadanos y a tener una
justicia gratuita.

En lo que se refiere a este proyecto de ley, siempre hemos
entendido —y así lo hemos dicho en el Congreso de los
Diputados— que es necesaria una nueva ley de jurisdicción
voluntaria, si bien a juicio de nuestro grupo el texto que se nos remite
no cumple los objetivos para los cuales debería haberse redactado:
primar, siempre y en todo momento, los derechos de los ciudadanos frente
a unos lobbies, como aquí han indicado otros portavoces.

Entendemos que con este proyecto se renuncia a la regulación de
buena parte de los expedientes de la jurisdicción voluntaria, no se
concita el consenso de buena parte de los operadores llamados a aplicarla
y supone un paso más en la estrategia de privatización por parte del
Gobierno del Partido Popular. Además, va a suponer una dificultad añadida
para los ciudadanos en su acceso a una tutela judicial efectiva de sus
derechos e intereses. Esta es la legislatura de una justicia de
aranceles, de externalización, de tasas —primero se pusieron las
tasas y luego desaparecieron—, de poner palos en las ruedas a los
ciudadanos en su acceso a la justicia, sin duda uno de los grandes
valores con los que cuentan los ciudadanos de cada país. Como también se
ha indicado aquí, se propicia un refuerzo desmesurado de las competencias
de determinados lobbies o sectores, en concreto de los notarios y
registradores.

Por ello —y quiero que quede perfectamente claro—, el
Grupo Parlamentario Socialista no piensa acompañar al Grupo Parlamentario
Popular en este camino iniciado, pues consideramos que es un camino
fallido. Con este proyecto de ley no se va a poder conseguir la
modernidad, la agilidad y la eficiencia que se precisa, razón por la cual
el Grupo Parlamentario Socialista presenta y apoya este veto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sen.

Para el turno en contra, tiene la palabra don Dimas Cuevas.

El señor CUEVAS CUERDA: Gracias, presidente. Buenos días.

Es evidente que nuestro grupo va a votar en contra de los cuatro
vetos, aunque realmente no son cuatro, son tres, porque los vetos
números 1 y 3 son calcados punto a punto y coma a coma; no sé quién
tendrá el copyright, pero son iguales.

Realmente, los cuatro se parecen mucho y ninguno entra en el fondo
de la ley; ninguno entra a valorar cuál es el ímpetu modernizador que
supone esta ley de jurisdicción voluntaria ni cuáles son las virtudes
previstas en el servicio a los ciudadanos, que al final es lo que todos
pretendemos lograr mediante la actividad legislativa. Los vetos se basan
en apriorismos, en puros prejuicios e ideas preconcebidas. Todos los
grupos que han presentado veto repiten un mantra, el mismo del que llevan
casi cuatro años hablando: la privatización, el castigo a la función
pública, el castigo a los servicios públicos, el castigo al ciudadano.
Ese es el mantra que se repite en estos vetos, y tiene bastante poco
fundamento, porque esta ley es plenamente garantista para todos aquellos
expedientes que quedan en manos de la Administración judicial; es
plenamente garantista.

Con esta ley, eso sí, queremos que se utilicen todos los recursos
públicos y en muchos casos son protagonistas los funcionarios públicos,
depositarios de la fe pública y con una gran preparación y un gran
conocimiento de los temas que se les van a encargar. Es una ley donde,
además, hay alternatividad en muchos casos. Los vetos hablan, por
ejemplo, de los matrimonios, pero nadie va a estar obligado a casarse
ante notario, sino que va a haber alternativas para poder elegir entre
casarse ante notario, ante secretario, ante el ayuntamiento o donde
quieran. Hay alternatividad en muchos casos, mientras que en otros casos
se ha optado siempre por el camino más rápido y menos costoso para el
ciudadano. También se garantiza la atención gratuita en todos los casos
para quien así lo necesite. Por tanto, estos vetos son apriorísticos, son
de puro prejuicio y mantienen una actitud en contra del Gobierno del
Partido Popular.

No deja de ser llamativo que el señor Saura se refiera a la
independencia del Poder Judicial, porque no sé qué tiene que ver la Ley
de jurisdicción voluntaria con esto, sinceramente. No es aquí donde
procede hacer ese debate, aunque está bien traído simplemente porque es
la misma comisión, solo por eso.

Vamos a votar en contra de unos vetos que no aportan nada a la
ley, que simplemente se limitan a establecer un prejuicio ni siquiera
ideológico, sino puramente partidista, doblemente incomprensible en el
caso del Grupo Parlamentario Socialista ya que esta ley bebe de un
proyecto de ley que fue presentado por el Gobierno socialista hace apenas
cinco años y deriva también del Pacto por la justicia suscrito entre el
Partido Popular y el Partido Socialista. Además, ante este proyecto de
ley, que obedece a los libros blancos sobre la cuestión y a
recomendaciones de los países de nuestro entorno del ámbito europeo, el
Partido Socialista, de forma incomprensible, una vez más se alinea con
las tesis más radicales y menos racionales y no entra en el fondo de una
ley que estamos convencidos de que va a mejorar la atención a los
ciudadanos, va a permitir múltiples opciones, va a mantener plenamente
las garantías para las familias, para los menores y para las personas con
discapacidad judicialmente modificada. Estamos convencidos de que será
una buena ley para todos y, evidentemente, estos vetos no van a
prosperar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cuevas.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto,
el señor Iglesias tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Intervendré brevemente, señor
presidente.

Los vetos pueden ser calificados de muchas maneras, pero como
radicales me parece que resulta imposible. En todo caso serían
conservadores porque pretenden mantener un modelo de Administración de
Justicia que es el existente hasta este momento y que, además, es fruto
de una larga tradición jurídica en nuestro país que se innova desde
planteamientos que no se comparten ni ideológica, ni política, ni
técnicamente. Por eso es difícil hablar de prejuicios cuando los vetos,
además de constatar una realidad, se basan en una experiencia, la de
estos casi cuatro años de acción de Gobierno del Partido Popular en
materia de justicia, de la que este proyecto es solo una pieza más. Como
lo que no se comparte es ese modelo de Administración de Justicia, en la
parte que esta pieza del puzle representa se formulan los vetos y, sobre
todo, porque lo quiera reconocer o no el Partido Popular, como luego se
demuestra en las enmiendas que desarrollan los argumentos del veto y que
se concretan en el articulado, lo que se plantea es un modelo
alternativo, el contrapunto. Frente a la apuesta de diferentes reformas
por sacar del ámbito de la Administración de Justicia gran parte de lo
que hasta ahora han sido competencias suyas para transferirlas a otros
colectivos con el único argumento de que son funcionarios —aunque
sean especiales, en tanto en cuanto no perciben su retribución de los
Presupuestos Generales del Estado, sino que se retribuyen con cargo a los
ciudadanos que acuden como clientes a los registros o a las
notarías—, defendemos un modelo que, dando un paso más sobre la
base existente, entendiendo que es necesario establecer cambios en la
regulación de la jurisdicción voluntaria y en la distribución de sus
competencias dentro del ámbito de la Administración de Justicia, plantea
como opción diferente que, sin salirse de ese ámbito, sean los
secretarios judiciales los que asuman esas competencias que ahora se
externalizan, por utilizar un término más propio de la empresa privada
que de la Administración Pública, pero que seguro que ideológicamente
responde a los planteamientos del proyecto.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señor presidente.

Quería anunciar simplemente que nos vamos a abstener en todos los
vetos y enmiendas, sin perjuicio de que después el Grupo Vasco exprese su
postura en el Pleno correspondiente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Yo decía en mi intervención anterior que tal vez es el momento de
hacer un cierto balance de la política de justicia. ¿Ha mejorado la
justicia en estos cuatros años? Es difícil que alguien diga que ha
mejorado, o dicho de otra manera, el nivel de contestación de
asociaciones, entidades o del Consejo General de la Abogacía en relación
con este ámbito ha sido el máximo, llegando a la huelga más importante en
el mundo de la justicia.

¿Qué balance hacemos nosotros? Que no se ha mejorado la justicia y
que las políticas se han dirigido a tres objetivos: primero, el de la
independencia, a la que esta ley, evidentemente, no hace referencia, pero
en el texto que se aprobó de la reforma del Consejo General del Poder
Judicial sí se ve ese objetivo de laminar la independencia de la
justicia, donde el ministerio se queda con competencias y deja que el
Consejo General del Poder Judicial administre pequeñas vicisitudes de
jueces y fiscales. En segundo lugar, la externalización; y en tercero,
que se dificulta el acceso de la ciudadanía a la justicia.

El portavoz Dimas Cuevas decía que esto no responde a cuestiones
ideológicas, sino a apriorismos nuestros. Para no cansarle, le voy a leer
dos citas de las seis que tengo, para ver si esto es un problema
apriorístico de la oposición. La primera es del presidente del Consejo
General de la Abogacía, que ha manifestado lo siguiente: El Estado de
derecho, fruto del pacto constitucional de 1978, está en riesgo de quedar
huérfano. Nuestra justicia está más lejos de los ciudadanos y nuestra
democracia es hoy menos democracia. Y no es de Iniciativa, se lo aseguro.
Otra cita de un editorial de la propia revista del consejo, que dice lo
siguiente: El anteproyecto de ley de justicia voluntaria, entre otros
muchos enfoques desafortunados, pone en manos de notarios y registradores
el negocio de determinados actos hasta ahora judiciales, como bodas,
divorcios, convocatorias de juntas generales, subastas voluntarias y
expedientes de participación, por lo que también se habrá de pagar dos
veces, una en los impuestos y otra por cada acto. No son de Iniciativa. Y
no le leo manifiestos de Jueces por la Democracia o de otras entidades.
Es decir, que hoy la justicia en el Estado español no ha significado una
mejora creo que es generalizado. Ha sido una legislatura de
confrontación, de malos rollos en la justicia, de huelgas y, en
definitiva, es evidente que ustedes están vaciando el servicio público de
la justicia para privatizarlo. Por esta razón, en el caso del proyecto
que nos ocupa, creemos que se externaliza y privatiza, que se vacía de
contenido el servicio público de la justicia y que, además, tarde o
temprano se va a hacer pagar vía impuestos o vía Presupuestos Generales
del Estado el trabajo que ejercen los notarios y los registradores.
Repito que ha sido la legislatura de los registradores.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Nosotros coincidimos en muchos de los argumentos esgrimidos en las
cuatro propuestas de veto defendidas por los respectivos grupos
parlamentarios y coincidimos en el diagnóstico, ya que el texto no acaba
de cumplir con los objetivos que inicialmente el Gobierno se había
propuesto, pero consideramos que es imprescindible la tramitación y
aprobación de este proyecto de ley de jurisdicción voluntaria, que hoy es
objeto de dictamen en esta comisión, porque viene de un mandato que ya
hacía en su momento la disposición final decimoctava de la Ley 1/2000, de
enjuiciamiento civil. En ella se encomendaba al Gobierno de entonces que
remitiera a las Cortes Generales un proyecto de ley de jurisdicción
voluntaria. Esto, evidentemente, no quita que este proyecto sea
mejorable.

Estamos de acuerdo con cuatro o cinco de sus puntos, como por
ejemplo con la apuesta clara por traspasar a otros profesionales y
funcionarios públicos ciertas materias que hasta ahora estaban atribuidas
a jueces y magistrados, en la misma línea del parecer del Consejo General
del Poder Judicial expresado en su informe al anteproyecto. En términos
generales estamos de acuerdo, puesto que compartimos la necesidad de
descargar de trabajo al juez y aligerar la carga que afecta a tribunales.
Ahora bien, destacamos que estamos de acuerdo en que la
desjudicialización se lleve a cabo de manera parcial y no se predique de
todos los supuestos de jurisdicción voluntaria.

Como decimos, si bien consideramos adecuado aligerar la carga de
trabajo de los juzgados, no podemos olvidar que es indudable que para el
ciudadano la máxima garantía de sus derechos viene dada por la
intervención del juez. Por lo tanto, hay asuntos que no se pueden
desvincular de su conocimiento, como por ejemplo la afectación de
derechos fundamentales, derechos relacionados con menores y otras
personas especialmente protegidas.

Por otro lado, tampoco estamos de acuerdo con que la tramitación
del divorcio se haga ante notario, a pesar de que el artículo 87 prevea
la atribución al notario del control de los convenios reguladores de
separación y divorcio en el caso de aquellos que sean de mutuo acuerdo,
pues consideramos adecuado que se mantenga la competencia del juez, ya
que el divorcio acostumbra a ser un momento proclive para hacer valer
situaciones de desigualdad u otras que hacen necesaria la intervención
del juez.

Asimismo, y como compartimos el informe del Consejo General del
Poder Judicial, consideramos que el expediente notarial de reclamación de
deudas dinerarias tendría que suprimirse y mantenerse este procedimiento
de jurisdicción voluntaria en el ámbito judicial.

Por lo que se refiere a que la valoración de concurrencia de
requisitos relativos a la insuficiencia de recursos económicos para
disfrutar del beneficio de justicia gratuita esté en manos de notario o
registrador, entendemos que esta valoración debería corresponder y
permanecer en manos de las comisiones de asistencia jurídica
gratuita.

Finalmente, en relación con la eventualidad de la ley y la
desjudicialización de la jurisdicción voluntaria contenida en el presente
proyecto, entendemos que convendría valorar una ampliación del consenso
con las administraciones de las comunidades autónomas que, como Cataluña,
tienen competencia para regular la creación de una justicia de
proximidad.

Señorías, tal y como ya manifestamos, nos vamos a abstener en la
votación de los vetos, pues consideramos que se debe continuar con la
tramitación de la ley. Asimismo, esperamos que nuestras 90 enmiendas
puedan ser aprobadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
Sen.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros no estamos de acuerdo, y mucho menos con las palabras del
senador Dimas en cuanto a que estos son vetos radicales. Nada más lejos
de la realidad. Lo único que ocurre es que el Grupo Parlamentario
Socialista tiene su opinión sobre lo que considera que debe ser la
calidad de la justicia de nuestro país y la facilidad del acceso a dicha
justicia por parte de la ciudadanía. Nosotros entendemos que la justicia
debe ser moderna, ágil, eficaz y, por supuesto, gratuita, y que todos los
ciudadanos han de sentirse perfectamente respaldados por el sistema.

En cuanto se refiere a lo que he indicado antes en la defensa de
nuestro veto, entendemos que el texto de este proyecto de ley fracasa
profundamente a la hora de sistematizar de manera coherente la regulación
de los expedientes de jurisdicción voluntaria cuando renuncia a
establecer un marco para todos ellos Además, se autolimita, como hace el
artículo 1.1 del proyecto, en relación con los que se tramitan ante
órganos jurisdiccionales, dejando buena parte de los expedientes sin
regularizar o haciéndolo en otros cuerpos normativos. Consideramos que
cuando las cosas se hacen bien no deben obtener rechazo. Y solo tenemos
que remitirnos al listado de normas y proyectos que se han tramitado en
las Cortes de nuestro país para ver que la inmensa mayoría no solamente
han contado con una oposición férrea por parte de los grupos políticos de
la oposición, sino que gran parte de ellos —salvo muy raras
excepciones— han sido rechazados también por los principales
operadores jurídicos en cada uno de los ámbitos. Por eso es importante
para nosotros que este proyecto de ley vuelva al Congreso de los
Diputados y se trabaje entre todos los grupos políticos con el fin de
conseguir solucionar los problemas que tienen los ciudadanos de este país
y no los casi inexistentes problemas que tienen esos lobbies a los cuáles
se dirige y a los cuáles mira la inmensa mayoría de los proyectos
aprobados por parte del Gobierno del Partido Popular.

Señorías, nosotros mantenemos la defensa del veto que hemos
presentado y apoyaremos el resto de los vetos planteados a este proyecto
de ley. Durante el debate de esta norma en el Pleno ampliaremos nuestros
argumentos y defenderemos las enmiendas que nuestro grupo ha
presentado.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sen.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Cuevas.

El señor CUEVAS CUERDA: Gracias, señor presidente.

Creo que quienes han presentado estos vetos se han limitado a
reafirmarse, razón por la que nosotros reafirmamos también nuestra
posición al respecto. Agradecemos al Grupo vasco y al Grupo catalán que
se vayan a abstener, pues con ello permiten que se siga tramitando este
proyecto de ley y, sobre todo, agradecemos al Grupo catalán que haya
entrado en materia y no en el juego de los prejuicios, sino que se haya
referido directamente a los contenidos de la ley. Creo que es muy
importante que hablemos de los contenidos de esta ley y de las mejoras
que va a suponer para los ciudadanos.

Sí hay una cosa que me ha llamado la atención en las
intervenciones, y es que varios de los portavoces han hablado de justicia
a dos velocidades. Es curioso: piden alternativas y cuando se dan hablan
de justicia a dos velocidades. No lo entiendo. Esto denota desconfianza
en el servicio público de la justicia, desconfianza en la Administración
de Justicia. ¿Por qué va a dar peor servicio el funcionario que el
notario? Nosotros confiamos en los dos, en el funcionario y en el
notario. Hablar de justicia a dos velocidades supone, además de un
prejuicio —pues descalifica a unos profesionales dando por hecho
que no van a ser capaces de hacerlo con criterios de igualdad y de
seguridad jurídica—, una desconfianza plena en la Administración de
Justicia, en los servidores públicos, en los funcionarios. Esto es
incomprensible, sinceramente, pues esta ley incorpora alternatividad,
abre el abanico para que el ciudadano elija cuál es su mejor opción y,
muy importante, garantiza siempre los derechos fundamentales —como
mencionaba también la portavoz de Convergència i Unió—. En este
sentido, quiero señalar que en esta ley queda bien claro que cualquier
asunto que afecte a derechos fundamentales, que afecte a menores y a
discapacitados, estará siempre garantizada por la figura del juez que va
a intervenir en la resolución de cualquier conflicto o derecho que se
plantee.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuevas.

Vamos a proceder a votar los vetos que se han debatido.

En primer lugar, comenzamos con la propuesta de veto número 1,
presentada conjuntamente por el señor Iglesias Fernández y el señor
Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos a votar la propuesta de veto número 3, presentada
conjuntamente por el señor Guillot Miravet y el señor Saura Laporta,
ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Propuesta de veto número 2, presentada conjuntamente por la señora
Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor
Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la
señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Por último, votamos la propuesta de veto número 4, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, pasamos a la defensa de las enmiendas.

En primer lugar, enmiendas 1 a 11, presentadas por la señora
Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Iglesias tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Las doy por defendidas, señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.

Enmiendas 12 a 153, presentadas conjuntamente por el señor
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario
Mixto.

Señor Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERÁNDEZ: También las doy por defendidas, señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.

Enmiendas 154 y 155, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado.

El señor Cazalis tiene la palabra.

El señor CAZALIS EIGUREN: Las doy por defendidas igualmente, señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cazalis.

Enmiendas 245 a 575, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

El señor Saura tiene la palabra.

El señor SAURA LAPORTA: Las doy por defendidas, señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.

Enmiendas 156 a 244, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.

La señora Rieradevall tiene la palabra.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rieradevall.

Enmiendas 576 a 766, del Grupo Parlamentario Socialista.

El senador Sen tiene la palabra.

El señor SEN VÉLEZ: Las damos por defendidas, señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sen.

Enmiendas 767 a 787, del Grupo Parlamentario Popular.

Señor Cuevas, tiene usted la palabra.

El señor CUEVAS CUERDA: Las doy por defendidas y traslado el
debate al Pleno, donde las defenderemos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cuevas.

Pasamos al turno en contra. ¿Va a ejercerlo algún portavoz?
(Denegaciones).

Pasamos entonces al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: No haré uso del turno, señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).

¿Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Convergència i Unió? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Popular?

El señor ALTAVA LAVALL: Me solidarizo con el resto de
portavoces.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, procedemos a votar el texto
propuesto por la ponencia en su informe.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 16; en contra, 8; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Por tanto, queda dictaminado por la Comisión de Justicia el
Proyecto de Ley de jurisdicción voluntaria.

Señorías, hay que designar el miembro de la comisión que llevará a
cabo la presentación del dictamen ante el Pleno del Senado. (El señor
Altava Lavall pide la palabra).

Tiene la palabra, señor Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: El Grupo Parlamentario Popular propone al
señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Altava. (El señor Sen
Vélez pide la palabra).

Señor Sen, tiene la palabra.

El señor SEN VÉLEZ: El Grupo Socialista también propone al señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sen.

Antes de terminar, señorías, quiero informarles de que, tras la
marcha del letrado don Juan José Pérez Dobón, hoy hemos sido asistidos
por la letrada doña María Teresa González, a quien damos las gracias por
su presencia. A partir de hoy —también está presente—, el
letrado de la Comisión de Justicia será don Javier Ballarín.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Eran las trece horas y cinco minutos.