ustedes, es de mayor calidad, con una retribución media de
los empleos un 20 % superior a la media de otros sectores de la economía.
Además son empleos mucho más estables, con una media de unos seis años de
los trabajadores en la industria, muy superior al de los otros sectores
de la actividad económica, y por cada 100 puestos de trabajo que se crean
en la industria se generan entre 60 y 200 empleos inducidos a su
alrededor.

¿Cómo no va a ser importante el sector industrial en
España, que representa el 15,9 % del producto interior bruto si sumamos
industria más energía? ¿Cómo no va a ser importante un sector que genera
2 300 000 empleos —lo que viene a ser el 13 % del total
nacional—, que está formado por más de 129 000 empresas y es el
realiza un mayor esfuerzo en innovación en I+D? En el año 2013, el 48 %
de la inversión empresarial que se produjo en España en innovación vino
de empresas del sector industrial y con unas exportaciones —como he
dicho antes— que representan el 20,5 % del PIB y que están
creciendo a un ritmo del 9,7 % desde el año 2009.

Señorías, todos estos datos nos reafirman en el
convencimiento de que el sector industrial es el sector que España
necesita para un crecimiento sostenible de nuestra economía y la
consecución de un sistema productivo basado en más innovación, más
competitividad, más exportación y, por lo tanto, más industria.

La importancia pues de la industria en la economía española
y el objetivo de aumentar el peso del sector industrial en nuestro PIB
han hecho que desde el inicio de la legislatura hayamos sido conscientes
de la necesidad de articular un conjunto de actuaciones que son
responsabilidad de distintos ministerios y en temas tan dispares como
puedan ser el sector energético, el medioambiental, el fiscal o el
laboral, pero todas ellas contribuyen sin embargo a facilitar un entorno
empresarial favorable al desarrollo de la industria. Porque, señorías, la
política industrial no se realiza solo en el Ministerio de Industria.
Tenemos que ser conscientes de que las políticas llevadas a cabo por la
mayoría de los demás departamentos ministeriales tienen una incidencia
directa sobre las industrias y sobre las pequeñas y medianas empresas.
Por ello, desde el inicio de esta legislatura hemos configurado una
política industrial activa, sustentada en dos premisas: la primera, que
tenía que ser una política industrial participativa, escuchando a todos
los actores de la política industrial —nos referimos a empresas,
sectores, agentes sociales, departamentos ministeriales—, de manera
que garantizásemos el compromiso de todos y cada uno de ellos en la
puesta en marcha de la política industrial y en la ejecución de dicha
política. La segunda premisa de la que partíamos es que tenía que estar
diseñada para realizarse en dos fases, de manera que se pudiera relanzar
la productividad y competitividad de nuestras industrias con medidas
específicas, eso sí, una vez que las medidas macroeconómicas y las
reformas estructurales llevadas a cabo por el Gobierno al inicio de la
legislatura permitieran afrontar las dos crisis más importantes a las que
se enfrentaba nuestro país en ese momento: la crisis de deuda soberana y
la crisis bancaria.

Con este objetivo, a lo largo de 2013 realizamos un
diagnóstico del sector industrial español, en el que se analizó en primer
lugar la situación en la que se encontraba en ese momento el sector
industrial debida a la crisis económica que estábamos atravesando.
Además, se identificaron las mejores prácticas llevadas a cabo en países
similares al nuestro —porque todos los países de nuestro entorno
están desarrollando políticas industriales de referencia importantes para
promover y apoyar estos sectores en sus economías— y se analizaron
en nuestro estudio las principales ventajas competitivas de España
—qué áreas teníamos de potencial mejora— e identificamos
líneas de actuación específicas. En dicho análisis, que se presentó en
noviembre de 2013, ya se recogía que todo el proceso —y esa era la
primera frase— tenía que culminarse con la formalización de un plan
de acción compartido entre los distintos organismos implicados, tanto
públicos como privados. En plan de acción, que ya figuraba en nuestro
informe de 2013 y que nos comprometimos a realizar, es en el que hemos
venido trabajando a principios de este año, fue aprobado por el Consejo
de Ministros del 11 de julio y al que hemos denominado y constituye la
Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España.

En cualquier caso, como he dicho anteriormente, si
queríamos diseñar una política industrial activa era imprescindible que
participasen en su diseño todos los principales organismos públicos que
tienen algo que decir dentro de la política industrial. Por ello, se
organizaron cuatro foros de discusión, que tuvieron lugar a lo largo de
los meses de marzo y abril, en los participaron y realizaron sus
aportaciones 25 asociaciones y organizaciones empresariales, entidades y
organismos relacionados con la actividad industrial, así como las
organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y las organizaciones
sindicales UGT y Comisiones Obreras. La agenda está integrada por un
conjunto de propuestas de actuación realizadas por todos los agentes que
les acabo de citar, que son concretas, bien delimitadas

—como he dicho— y que, puestas en marcha en el
corto plazo, van a permitir mejorar las condiciones transversales en las
que se desarrolla la actividad industrial en España y a contribuir a que
nuestra industria crezca, sea competitiva y aumente su peso en el
conjunto del PIB.

Esta agenda recoge actuaciones del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, pero también, como he dicho antes, actuaciones de
otros departamentos ministeriales y entidades públicas, orientadas a
facilitar el entorno empresarial favorable al desarrollo de nuestro
tejido industrial. Está en línea con el Programa nacional de reformas de
2014 y con la agenda económica del Gobierno. Y, como no podía ser de otra
forma, esta agenda se enmarca de lleno en las iniciativas que se están
instrumentando a escala de la Unión Europea y que sitúan a la industria
como un factor clave de crecimiento.

La Estrategia Europa 2020 establece el objetivo común de
que en ese año —en 2020— el 20 % del PIB europeo tiene que
venir del sector industrial. Es un objetivo firmemente apoyado por el
Ministerio de Industria.

La agenda, pues, se compone de 97 medidas, agrupadas en
torno a 10 líneas de actuación y estructuradas en tres grandes bloques en
función de su alcance y ámbito de actuación. De este modo es posible
distinguir entre acciones de ámbito nacional, acciones de ámbito
internacional y acciones transversales. Permítanme, señorías, que me
refiera brevemente a cada una de ellas.

Como he señalado anteriormente, a lo largo del último año
se ha producido un cambio de la tendencia registrada desde el inicio de
la crisis en lo que se refiere a la demanda de bienes duraderos y de
equipo, que son los más relevantes en el sector industrial. Es momento,
por tanto, de consolidar esa tendencia positiva. Por ello, la primera
línea de actuación recogida en la agenda engloba un conjunto de medidas
de estímulo temporales a la demanda de bienes industriales, priorizando,
eso sí, aquellos actores con un efecto tractor y un efecto superior
multiplicador en la economía y potenciando sobre todo la inversión en
sectores industriales estratégicos.

Ahora bien, en un mundo cada vez más globalizado, no se
puede hablar de fortalecer el sector industrial si no se contemplan
políticas de optimización de costes de los factores productivos clave que
permitan una mejora de la competitividad de las empresas industriales. Me
refiero básicamente a los costes logísticos, a los costes laborales y a
los costes energéticos. La agenda contempla en este sentido medidas para
la reducción de los costes logísticos y de transporte, medidas para la
mejora de las redes de conexiones nacionales y europeas, así como
aquellas relativas a la homogeneización de los requisitos de transporte
en todo el territorio nacional. Desde el punto de vista de los costes
laborales, tenemos que tener en cuenta que, desde el inicio de la crisis
económica, España ha realizado un importante esfuerzo para ajustar los
costes laborales unitarios, hasta situarse un 10 % por debajo de la media
de la Unión Europea y entre un 15 y un 20 % por debajo de los países de
nuestro entorno como son Italia, Francia y Alemania. Sin embargo, existe
todavía potencial de mejora en el ámbito de las relaciones laborales,
fundamental para asegurar la competitividad del sector industrial español
en los próximos años.

Otro de los factores productivos clave, sin ninguna duda,
es el factor energético. El acceso a fuentes de energía competitivas es
un factor fundamental en la toma de decisiones de inversión en nuestras
instalaciones y determina la competitividad de las empresas en los
mercados internacionales. Por ello, el objetivo de este Gobierno es
completar la reforma del sector eléctrico y gasista, compatibilizando la
exigencia de sostenibilidad económica y financiera del sistema con la de
preservar la competitividad de la industria, garantizando el suministro
al mínimo coste posible.

Pero para mejorar la competitividad de nuestra industria,
junto con las medidas de estímulo de la demanda y la mejora de los
factores productivos clave, es necesario establecer medidas encaminadas a
reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio español.
Permítanme señalarles dos razones para ello: en primer lugar, porque no
se puede realizar un análisis del sector industrial español sin tener en
cuenta cuál ha sido la participación de la inversión extranjera directa,
que ha contribuido tradicionalmente —y que debe seguir
contribuyendo— al fortalecimiento y desarrollo de nuestro sector
industrial. Solo un dato: en nuestro país hay establecidas más de 10 000
empresas con capital extranjero, que dan empleo a más de 1 200 000
personas, lo que viene a suponer cerca del 6,6 % del total del empleo
nacional. Y en segundo lugar, porque la unidad de mercado constituye un
principio económico esencial para el funcionamiento competitivo de la
economía española, y según estimaciones del Ministerio de Economía, este
programa de trabajo que se está desarrollando de garantía de unidad de
mercado puede resultar de un crecimiento en torno al 1,5 % de nuestro PIB
en el largo plazo. Por lo tanto, es necesario seguir avanzando en la
ejecución de ese programa de trabajo, desarrollando lo previsto en la Ley
de unidad de mercado y en el Plan de racionalización normativa para
conseguir eliminar, por ejemplo, las duplicidades

en la gestión administrativa o la dispersión de
competencias entre distintos organismos para atender distintos aspectos
de una misma actividad industrial.

Permítanme, señorías, seguir refiriéndome al resto de los
ámbitos en los que se desarrolla la agenda, más en concreto, al ámbito
internacional. Uno de los indicadores relevantes del sector industrial en
estos últimos años, como he dicho anteriormente, ha sido su contribución
al sostenimiento de la demanda exterior. La industria cuenta con una gran
experiencia exportadora y desde 2009 las exportaciones del sector
industrial han crecido al ritmo del 9,7 % anual, lo que ha permitido, sin
ninguna duda, mitigar el impacto de la crisis económica sobre este
sector. Sin embargo, aunque España goza de una posición privilegiada como
socio comercial de referencia para los países de la Unión Europea,
todavía tenemos que aumentar nuestra presencia en otros mercados
internacionales. Por ello, en las líneas de actuación que componen el
ámbito internacional de la agenda, se encuadran medidas de apoyo a la
internalización de las empresas industriales y de apoyo a la
diversificación de los mercados, que vamos a llevar a cabo en plena
coordinación y colaboración con el Instituto Español de Comercio
Exterior.

Pero además España debe situar el apoyo al sector
industrial en su agenda política internacional, sobre todo cuando estamos
hablando del marco de la Unión Europea. La política exterior es un
mecanismo clave para la defensa y promoción de la industria, por tanto,
es necesario orientar la capacidad de influencia de España a la defensa
de sus intereses industriales.

Junto a las líneas de actuación ya expuestas en los ámbitos
nacional e internacional que persiguen un fortalecimiento de dicha
actividad industrial en España, existe otro tipo de iniciativas
—que son las que hemos denominado de carácter transversal—
que tienen como objetivo asegurar la mayor eficiencia del uso de los
recursos, reforzar el aprovechamiento de las fortalezas de la economía
española y corregir los principales desequilibrios provocados como
consecuencia de la crisis económica. Estas iniciativas se estructuran en
torno a cuatro líneas de actuación: la correspondiente al gasto en I+D+i,
la necesidad de aumentar el tamaño de las pymes, el modelo educativo y
uno de los más importantes: la financiación de estas empresas
industriales.

Empezaré por la inversión en I+D+i. Es verdad que España
desde la década de los noventa ha realizado un esfuerzo muy importante,
que ha permitido un significativo progreso a lo largo de los últimos
años, sin embargo, la distancia con respecto a los países líderes de la
Unión Europea es todavía considerable, sobre todo si nos estamos
refiriendo a la inversión en I+D+i que se realiza por el sector
empresarial.

Para la definición de esas quince medidas que se recogen en
la agenda hemos trabajado con la Secretaría de Estado de Investigación en
el marco de la Estrategia española de ciencia, tecnología e innovación,
con dos objetivos solicitados encarecidamente por los distintos sectores
partícipes en nuestros foros: la necesidad de incrementar la eficiencia
de la inversión en I+D+i y, sobre todo, llevar a cabo iniciativas que
incentiven la transición desde un modelo teórico hacia otro que priorice
la aplicación comercial y la generación de actividad económica.

Si la inversión en I+D de nuestras empresas es todavía
inferior —como estamos viendo— a la media de la Unión
Europea, esta situación se ve todavía agravada cuando nos referimos a las
pymes. Como saben, el 99,8 % del tejido empresarial español está
compuesto por pequeñas y medianas empresas, eso sí, sin olvidarnos de que
generan el 63 % del empleo y de que están aportando el 64 % del valor
añadido bruto nacional. Sin embargo, esa falta de escala genera
desventajas que limitan no solo su competitividad y potencial de
crecimiento, sino también el acceso a los mercados internacionales y su
acceso a las fuentes de financiación. Por ello, otra línea de actuación
de la agenda incluye doce medidas para apoyar el crecimiento y
profesionalización de nuestras pymes.

Es necesario impulsar de forma activa el crecimiento y la
agrupación de pymes españolas, muy especialmente aquellas que desarrollan
su actividad en el sector industrial, para facilitar así su acceso a las
ventajas derivadas de una mayor escala y aumentar su competitividad. Me
refiero más concretamente a detectar los efectos escalón de nuestra
normativa que implica aumentos de costes para las empresas; me refiero a
establecer mecanismos para aumentar la participación de las pymes en la
ejecución de los grandes contratos de empresas tractoras tan importantes
como son las que tenemos en España; y me refiero a impulsar entre las
administración públicas una legislación inteligente, aquella que implica
una simplificación normativa y una eliminación de los obstáculos
administrativos a la actividad de las empresas. Para ello, tenemos que
profundizar en lo recogido ya en la Ley de apoyo a emprendedores y su
internacionalización, aprobada hace algo más de un año.

Las empresas españolas, indudablemente, deben aumentar su
tamaño para poder competir en un mundo cada vez más globalizado, pero
también tienen que profesionalizarse, y para ello es necesario asegurar
el encaje de nuestro modelo formativo con la demanda real de las empresas
para facilitar así la puesta en valor del capital humano.

Señorías, si el fortalecimiento directo de la actividad
industrial en España es el objeto fundamental de esta agenda, un lugar
primordial en el análisis tiene que ser la necesidad de aumentar el peso
de la financiación no convencional en las empresas industriales. Porque
durante la crisis, a la dificultad de acceder a la financiación
—las empresas, y sobre todo las pymes, tenían un coste superior en
esa financiación—, tenemos que añadir la elevada dependencia de las
empresas españolas de la financiación convencional en detrimento de otras
fuentes alternativas como puede ser la deuda corporativa o el capital
riesgo, lo que han amplificado sin ninguna duda las consecuencias de la
reducción del crédito que hemos venido padeciendo en los últimos
años.

Permítanme que les aporte un dato: solamente un 20 % de las
empresas españolas acuden a financiación no bancaria frente a más de un
40 % de empresas alemanas, y no hablemos ya de los mercados anglosajones:
más de un 70 % de la financiación de las empresas americanas o de las
empresas de Reino Unido viene por fuentes que no son las meramente
bancarias.

Por ello, considero que, en este contexto, los instrumentos
financieros que gestiona esta secretaría general se constituyen como
herramientas estratégicas de actuación para el desarrollo de nuestra
política industrial.

Nuestro objetivo, desde el punto de vista financiero,
consiste en ofrecer a las empresas industriales una financiación
alternativa en cada una de las fases en que se desarrolla ese proyecto
empresarial, en función del riesgo que se asume —fundamentalmente
al inicio de la puesta en marcha de sus proyectos empresariales— y
en función de la maduración de ese proyecto.

A fin de acometer este objetivo hemos contado en este
ejercicio 2014 con un presupuesto de 843 millones de euros. Este
presupuesto está distribuido en los programas de fomento de la
competitividad y de reindustrialización en los préstamos participativos
de Enisa, a los que tendríamos que añadir los 37 millones de euros que se
han realizado en este presupuesto como aportación a los recursos propios
de Cersa.

Señoría, dada su importancia, permítame detenerme, aunque
muy brevemente, en cada uno de ellos. Como ya señaló mi antecesor en el
cargo, cuando compareció ante ustedes al inicio de esta legislatura, en
un contexto de restricción presupuestaria como el que se tuvo que hacer
al inicio de la legislatura por efecto de la crisis, fue necesario
priorizar y concretar acciones que estaban en ese momento en marcha con
el fin de aprovechar las actuaciones más relevantes, en concreto en lo
que se refiere a los programas de competitividad y reindustrialización.
De esta manera, en 2013 se realizó una profunda revisión de ambos
programas, integrándolos en una iniciativa de apoyo a la inversión
industrial, y que ha venido a aportar una mayor coherencia y unidad de
criterio en la valoración de los proyectos industriales. Esta revisión se
ha consolidado y se ha mejorado en 2014. Tenemos en este momento dos
líneas de actuación diferenciadas: una de ellas, la de apoyo a las nuevas
implantaciones industriales, a los aumentos de capacidad de producción o
a las relocalizaciones acometidas por las empresas para ganar
competitividad, y la segunda para el apoyo a los planes de inversión,
para la mejora de la competitividad, financiando, por tanto, la
eficiencia en los procesos de producción, y la innovación en los
productos. La financiación de ambos programas se plantea con una
concesión a largo plazo —una financiación a 10 años con 3 años de
carencia y con 7 años adicionales de amortización y de devolución del
principal— y con unos tipos de interés que se determinan en cada
momento que sale la convocatoria en función de cómo esté en ese momento
el bono a 10 años. De esta forma, lo que nos estamos asegurando en este
momento son unos tipos atractivos pero compatibles con el objetivo de
reducción del déficit público. En esta misma línea se concede un mayor
peso a la valoración de la viabilidad económica del proyecto y a la
capacidad y solvencia financiera de los solicitantes, estableciendo la
presentación de una mínima garantía para el acceso a dichas ayudas.

Los apoyos financieros de esta secretaría general se
canalizan a través de dos sociedades —Enisa y Cersa—, que
están jugando hoy en día un papel fundamental no solo en la financiación
de la pyme sino en este ecosistema emprendedor que está surgiendo en
España de una manera muy importante. Enisa centra su actividad en
financiar con préstamos participativos o capital riesgo a las pequeñas y
medianas empresas, de tal forma que lo que está haciendo es reforzar la
estructura financiera y desarrollar así proyectos viables y proyectos
innovadores en el seno de las pequeñas y medianas empresas, pero en este
momento sobre todo en el seno de los emprendedores. Siempre hablábamos de
los jóvenes

emprendedores, pero ahora hay que hablar ya de los
emprendedores puesto que existen muchos que no son tan jóvenes y que
están iniciando o poniendo en marcha en este momento proyectos
empresariales muy interesantes.

Desde su creación, Enisa ha concedido más de 3500 préstamos
participativos, por un importe superior a los 600 millones de euros. En
el caso concreto de los años 2012 y 2013 se aprobaron 1494 operaciones,
lo que supuso más de 200 millones de euros colocados en el mercado para
financiar estos proyectos de emprendedores y pymes. En el presente
ejercicio Enisa dispone de un presupuesto de 118 millones de euros.

Por su parte, Cersa tiene por objetivo, como saben sus
señorías, reforzar el sistema de garantías español al asumir en torno al
50 % del riesgo por avales concedidos a pymes por parte de las sociedades
de garantía recíproca —las SGR—. Estos avales están
posibilitando a las empresas la obtención de financiación a medio y largo
plazo ya que, de otra manera, no podrían acceder al crédito bancario o lo
harían en condiciones muy gravosas, con lo cual no podrían conseguir esa
financiación que necesitan para financiar sus proyectos.

Desde su constitución, la actividad de Cersa ha
posibilitado que más de 150 000 empresas obtengan financiación por un
importe superior a 26 000 millones de euros. Solo en 2013 se acogieron a
este sistema 7500 empresas, que obtuvieron avales por 906 millones de
euros. Ahora bien, si los instrumentos financieros que pone esta
secretaría general a disposición de las empresas son importantes, no lo
es menos la política sectorial que llevamos a cabo y que se centra
básicamente en sectores que presentan un perfil estratégico para nuestra
economía, bien por la importancia en términos del PIB, bien por la
importancia del empleo que generan, bien por la importancia que se le da
por la inversión realizada en I+D+i, bien por el efecto tractor que
generan sobre el resto de los sectores económicos. Voy a referirme
brevemente a algunos de ellos.

No podría dejar de empezar por el sector de automoción.
Minetur apoya a este sector debido a su indiscutible importancia
específica en toda la industria. Representa el 6 % del valor añadido
bruto industrial. En el año 2013 se registró un fuerte incremento de la
producción, alcanzando los 2 200 000 vehículos, siendo las previsiones
—que seguro se van a cumplir para 2014— de llegar a producir
2 400 000 vehículos en las plantas de las empresas de inversión
extranjera que están presentes en nuestro mercado. Genera 60 000 empleos
directos en fabricantes, pero 190 000 empleos en el sector de componentes
de automoción. Representa el 14 % de nuestras exportaciones, con casi 2
millones —1,9 millones— vehículos exportados el año pasado,
siendo el tercer sector exportador, detrás del sector agroalimentario y
del sector de los bienes de equipo, y con un aporte a la exportación
sobre la producción de vehículos de casi un 90 %. El plan PIVE —que
ya va por su sexta edición— ha permitido situar las matriculaciones
con crecimientos positivos desde hace un año. En concreto, se han llegado
a achatarrar vehículos con más de 16 años de antigüedad, lo que ha dado
lugar a una venta, por tanto, a una producción y a una renovación de más
de 711 000 vehículos, que están en este momento circulando por nuestras
carreteras.

Es necesario resaltar un tema fundamental y es que las
empresas fabricantes de automóviles en nuestro país han tomado en los
últimos meses decisiones estratégicas de asignación de nuevos modelos a
las plantas en España, lo que ha derivado en que en 2014 tengamos 12
nuevos modelos producidos en las plantas de nuestro país. Como ejemplos
tenemos el Opel Mokka, el Nissan Pulsar, el Nissan nw200, el Renault
Captur, el Citroën Cactus, el nuevo Picasso, la nueva Mercedes Vito, el
nuevo Iveco Daily, etcétera. Podemos hablar de una manera aproximada de
unos 5000 millones de euros de inversión en los próximos cinco años en lo
referido únicamente a los fabricantes de vehículos, a lo que tendríamos
que añadir lo que va a generar de incremento de producción y de trabajo
en todas nuestras grandes e importantísimas empresas productoras de
componentes de automoción. Estas inversiones y esta asignación de nuevos
modelos darán lugar también de una manera estimada a una generación de
empleo de unos 6000 nuevos puestos de trabajo directos en las empresas
fabricantes y de unos 25 000 empleos adicionales en la industria de
equipos y componentes.

Otro sector que consideramos estratégico es el aeronáutico
y espacial. No olvidemos que España es la octava potencia mundial en el
sector aeronáutico. Es un sector que factura casi 7000 millones de euros,
dedica a inversión en I+D+i un 11 % de su facturación, da empleo a 38 000
personas, de las cuales un 55 % son titulados superiores. Es un sector
netamente exportador —el 80 % de lo que factura—. Es además
uno de los activos más importantes de nuestro país, de lo que se deriva
nuestra apuesta histórica por Airbus y nuestra pertenencia al grupo EADS,
como todos ustedes saben, hoy integrado dentro de lo que se conoce como
Grupo Airbus.

En el año 2012 el Gobierno puso en marcha un grupo de
coordinación de las actividades gubernamentales en Airbus como
herramienta imprescindible para aumentar la participación industrial en
todos los programas que desarrolla Airbus. Se ha trabajado activamente
con los gobiernos socios —con Francia y con Alemania en
concreto— para alcanzar acuerdos que redundaran en la mejora de la
gestión de Airbus, en su competitividad en el mercado mundial y sobre
todo defendiendo al mismo tiempo los intereses industriales de dicho
grupo en España. En esta secretaría general continuamos apoyando la
participación de nuestra industria en el modelo de avión, el A350 XWB, y
en el motor correspondiente, que actualmente se está desarrollando
mediante préstamos a empresas de Airbus Operations y a subcontratistas
del primer nivel.

La política industrial del sector espacial es otra de las
apuestas estratégicas realizadas por esta secretaría general. Nuestro
impulso se canaliza —aunque no solo— a través de la Agencia
Espacial Europea. España, como saben ustedes, es miembro fundador de la
Agencia Espacial Europea, de la ESA, y comprometemos fondos de la
Secretaría General de Industria para el programa científico, que es con
carácter obligatorio, pero también se destinan fondos a los programas
operativos que puedan ser de interés para las empresas de nuestro sector
nacional. A través de estas dos vías, la industria española desarrolla
tecnologías punteras en el ámbito estratégico, como es el sector
espacial, gracias al retorno geográfico de las inversiones nacionales de
la agencia. El Consejo de Ministros ha aprobado en 2014 un acuerdo
mediante el cual se eleva el techo autorizado de gastos para la ESA hasta
los 1368 millones de euros para el período comprendido entre 2014 y 2022.
Esto se traduce en que en el Consejo ministerial de la ESA, que tiene
lugar el próximo 2 de diciembre en Luxemburgo, este año vamos a ser
capaces de comprometer 343 millones de euros para nuevos programas
optativos y que lo que va a garantizar es una contribución constante de
152 millones de euros anuales hasta el año 2022. Esta contribución que
hemos conseguido de más de 343 millones de euros es de vital importancia
para las empresas españolas de este sector, ya que los programas de la
ESA son la base para la captación tecnológica de la industria del sector
espacial español.

La participación de España en la agencia ha tenido un papel
fundamental en el crecimiento del sector. Un ejemplo: Entre los años 2000
y 2010, un aumento de la contribución de España del 100 % se ha visto
reflejado en un incremento de la facturación de nuestras empresas del
sector espacial de un 133 %. Gracias a los trabajos realizados para la
ESA —y en la ESA— la industria ha pasado de producir equipos
reducidos de poco valor añadido a ser capaces de diseñar y fabricar
satélites completos de gran complejidad, como son los que están en este
momento en desarrollo —ya en su última fase—: el satélite
Ingenio y el satélite Paz, que se lanzará el año que viene, y que están
englobados, como ustedes saben, en el PNOT —Programa Nacional de
Observación de la Tierra—.

Pero nuestra actuación en el sector del espacio no se
reduce solo a la ESA. La secretaría general también participa en
programas como pueden ser el Copernicus, de observación de la tierra, y
el programa SST, de vigilancia y seguimiento de los objetos espaciales. Y
además, en los últimos meses esta secretaría general ha lanzado y
liderado una iniciativa que creemos es muy importante, que es crear una
comisión interministerial de la política industrial y tecnológica del
espacio. Y de hecho, la creación de esta comisión se encuentra en el
orden del día de la Comisión delegada, de la CDGAE, que está teniendo
lugar en este momento, que esperemos que pase y que en las próximas
semanas podamos disponer de esta comisión interministerial. ¿Y por qué es
importante esta comisión interministerial? Porque vamos a conseguir tener
en España un órgano colegiado para la coordinación y seguimiento de los
aspectos industriales de la política nacional del espacio, con el objeto
de defender los intereses de nuestras industrias y, sobre todo, mejorar
el retorno industrial de la inversión pública nacional en dicho sector,
porque los grandes organismos internacionales aportan mucho presupuesto,
pero hace falta trabajar continuamente con ellos para que eso se derive
en retornos y en contratos que vengan a nuestras empresas.

Otro sector del que me gustaría hablar aquí, aunque sea
brevemente, es el sector naval. El sector de la construcción naval es un
sector industrial privilegiado internacionalmente por los elevados
estándares de calidad en buques muy sofisticados y que está exportando en
estos momentos el 90 % de su producción. La acción del Minetur, en
relación con este sector, tiene como principal objetivo favorecer la
modernización de los astilleros hasta alcanzar el nivel de competitividad
necesario que están reclamando los mercados internacionales. Los
astilleros necesitan apoyo; necesitan apoyo para mejorar sus
instalaciones y realizar inversiones en innovación y en I+D, que les
permita mejorar así el producto que ofrecen a los mercados; un producto
que tiene un precio muy elevado y que hace de la obtención de
financiación una cuestión de vital importancia. En el ámbito del sector
naval, por lo tanto,

la estrategia de la política industrial viene definida por
los regímenes de financiación para la exportación de buques y por las
ayudas horizontales a la construcción naval. Estas ayudas horizontales
son las relativas a la I+D+i y las subvenciones del 1 % del tipo de
interés que se otorgan a los contratos de crédito que posibilitan así la
exportación de buques.

Pero, sin duda, lo más relevante en el último año ha sido
nuestra defensa del sector naval español en el expediente abierto en la
Comisión sobre el anterior tax lease, canalizando el esfuerzo de todas
las administraciones y agentes implicados, de forma que se consiguió
minimizar sustancialmente el impacto sobre el sector de la decisión de la
Comisión en relación con el anterior régimen. De forma simultánea, el
Ministerio de Industria desarrolló, junto con el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y con la Comisión Europea, un nuevo régimen de
tax lease aplicable para España. Desde su aprobación, esta secretaría
general ha llevado a cabo una intensa labor de difusión de este
instrumento y de este nuevo régimen, con el objetivo de lograr la
recuperación de la confianza en el sistema por parte de los inversores.
De esta forma, actualmente los astilleros españoles están inmersos en
numerosas misiones comerciales en las que han vuelto a poner de
manifiesto su carácter altamente competitivo. Su trabajo y nuestro
impulso se traducen a día de hoy, a fecha de ayer, en 12 operaciones de
tax lease, cerradas con contratos, por importe superior a los 309
millones de euros y que están generando más de 1 370 000 horas de trabajo
en nuestros astilleros.

Señorías, el esfuerzo conjunto de este ministerio con el
sector de construcción naval ha permitido dotarnos de un nuevo sistema
que aporta nuevamente certidumbre jurídica al sector y que está logrando
que se incorporen nuevos inversores a este sistema.

Ahora bien, no podemos hablar de sectores industriales
estratégicos de nuestra economía sin hacer una mención especial a la
industria de la Defensa. Desde el año 1996, y fruto de un acuerdo
suscrito con el Ministerio de Defensa, la secretaría general viene
prefinanciando los denominados programas principales de la Defensa. Estos
proyectos tecnológicos industriales, relacionados con programas de
modernización de las Fuerzas Armadas, son actuaciones de apoyo a la
innovación industrial y a las que se otorga, sin ninguna duda, un alto
valor estratégico. Y la importancia la estamos midiendo por los retos
tecnológicos que en ellos se plantean, por la transferencia de tecnología
que se produce hacia otros sectores de actividad y por el importante
efecto de arrastre, tanto para la actividad como para el empleo, para las
industrias auxiliares y para los subcontratistas. No olvidemos que el
sector de la Defensa factura más de 4000 millones de euros y que está
dando empleo a más de 17 500 personas. En este marco se han financiado
programas como el de la fragatas F-100, F-105, los buques de
aprovisionamiento de combate, el avión de transporte militar A400M
—que está ensamblado en Sevilla—, el helicóptero Tigre, los
carros Leopard, los vehículos Pizarro, el avión de combate Eurofigther,
etcétera. En el año 2014, el Ministerio de Industria sigue financiando
alguno de estos programas que están en curso y, concretamente, estamos
financiando los submarinos S-80, los helicópteros NH90 y el avión de
transporte militar A400M. Para estos programas el Minitur dispone en este
ejercicio de 343 millones de euros. Ahora ya conocen que en el
presupuesto de 2015 se recogen 220 millones de euros como consecuencia de
la incorporación del programa de buques de acción marítima —los dos
BAM que van para el año que viene— y para financiar los programas
tecnológicos asociados a la fragata 110 y a los vehículos blindados
8x8.

Para finalizar los aspectos relacionados con el ámbito
industrial, es preciso mencionar la importante actividad reglamentaria
que en el ámbito de la calidad y la seguridad industrial se realiza en
esta Secretaría General de Industria. Realizamos la trasposición de
directivas comunitarias de productos industriales para garantizar el uso
seguro de aquellos que en su producción o utilización tienen riesgo de
causar accidentes. Y adaptamos así la legislación nacional de
instalaciones industriales a las innovaciones técnicas para disponer de
instalaciones más seguras y más eficientes. Pero, además, esta secretaría
general realiza un importante papel en lo que se refiere a la garantía de
unidad de mercado. De esta forma, señorías, durante 2014 se ha procedido
a una intensa labor de análisis del impacto de la normativa industrial en
la unidad de mercado y ya se está procediendo a la modificación de la
normativa afectada con objeto no solamente de actualizar los requisitos
técnicos, sino también de crear un modelo regulatorio de las actividades
económicas más eficiente. Todas estas modificaciones se trabajan en el
seno de la Conferencia Sectorial de Industria y de la Pyme que se
realiza, como saben, con las comunidades autónomas. Durante los años 2013
y 2014 se han incorporado al ordenamiento jurídico nacional 21 normativas
europeas, se han publicado 7 reglamentos nacionales sobre diferentes
aspectos de instalaciones y productos industriales, estando previsto que
para el resto de la legislatura se publiquen otros 10 nuevos reglamentos
nacionales al objeto de poder mejorar el modelo regulatorio
existente.

Señorías, a lo largo de mi intervención, y ya para
terminar, he ido desengranando la estrategia de la política industrial
llevada a cabo en esta Secretaría General de Industria y de la Pyme, así
como las actuaciones que se están desarrollando y que se encuentran todas
englobadas en la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en
España. Esta secretaría general ha asumido el compromiso de realizar
anualmente un informe de seguimiento del grado de implantación de las
medidas recogidas en la agenda, de manera que es nuestra intención
presentar periódicamente informes del grado de su cumplimiento. En este
sentido, les puedo asegurar que la vigilancia sobre el cumplimiento de
los compromisos que hemos incluido en esta agenda va a ser una de
nuestras prioridades para los próximos meses, porque estamos convencidos,
como decimos en la primera frase que sitúa la introducción de nuestra
agenda, de que el sector industrial puede y debe jugar un papel clave en
el proceso de recuperación de la economía española y pensamos que tiene
margen de maniobra suficiente para convertirse en los próximos años en
uno de los motores de nuestra economía aportando soluciones a los
principales retos que afronta nuestro país.

Sin más, finalizo aquí la presentación de las políticas de
la Secretaría General de Industria y de la Pyme y me pongo a su
disposición para responder las preguntas que me deseen formular.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria
general.

Al haber sido la comparecencia solo a petición propia,
pasamos directamente al turno de portavoces.

El portavoz del Grupo Mixto no está presente.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente. Muchas gracias, señora secretaria general de Industria.

Me parece que no he escuchado por su parte ninguna alusión
a algo que creo que va a tener gran importancia en relación con el mundo
de las pymes, que es el Tratado Trasatlántico de Comercio entre Estados
Unidos y la Unión Europea. Usted sabe que se han completado cinco rondas
de negociaciones y que ahora hay una nueva situación política en Estados
Unidos, después de las últimas elecciones y la nueva correlación de
fuerzas en el Senado. Me gustaría preguntarle si cree que esto va a
afectar de alguna manera a este tratado comercial.

Otro de los asuntos es que por presión de Francia se dejó
fuera a toda la industria audiovisual, que tiene también su interés, y
existe la sensación de que este es un gran acuerdo para las
multinacionales. Pero, claro, si se eliminan barreras arancelarias, puede
ser un gran acuerdo para las pequeñas y medianas empresas que no saben
cómo vender, por ejemplo, su producto en Estados Unidos. ¿Ustedes se
están preparando para este reto tan inmediato? Me gustaría saber cómo lo
ve usted y en qué punto cree que está.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por parte del Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra
el senador don José Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Muchas gracias, señor
presidente. Buenos días.

En primer lugar, quiero agradecer a la secretaria general
su comparecencia.

Estoy seguro de que todos estaríamos de acuerdo en las
bondades de disponer de una política industrial, en la necesidad de que
el país disponga de una industria importante y fuerte por todo lo que
supone para aquellas cosas de las que muchas veces hemos hablado: empleo
más estable, más cualificado, una economía menos expuesta a los cambios
de ciclo, más exportadora y, por tanto, más favorable a nuestra balanza
comercial y, por supuesto, una economía en la que habría más inversión en
investigación, desarrollo e innovación. Estoy seguro de que respecto a la
diagnosis de los problemas y los objetivos sería fácil ponerse de
acuerdo. De hecho, distintos estudios de diversas consultoras y cámaras
de comercio coinciden sobre nuestra industria y los problemas que tiene
en estos momentos

También podríamos compartir aquellas propuestas que se
mueven en el terreno de lo genérico. Las diferencias aparecen cuando se
trata de concretar esas propuestas genéricas, cuando se trata de pasar de
los principios a las acciones de gobierno, porque es obvio que nuestra
industria necesita ganar dimensión empresarial. Como usted muy bien ha
explicado, tenemos un tejido formado en el 98 % por pymes. Pero para que
nuestras empresas ganen dimensión, ¿qué se está haciendo? Sé que esto no
es

competencia del Ministerio de Industria, básicamente
depende del Ministerio de Hacienda. En la reforma fiscal que ahora hemos
tenido ocasión de analizar, en el impuesto sobre sociedades
—también en otros pero en ese en concreto— no hemos sabido
ver medidas que ayuden a conseguir ese objetivo, entre otras cuestiones,
aunque ya digo que es más una competencia del Ministerio de Hacienda que
no del Ministerio de Industria. Pero para que nuestras empresas ganen
dimensión, aparte de buenas intenciones y de apuntarlo como problema
—que lo compartimos—, lo que no vemos es que aquellos que
tienen la posibilidad de hacerlo lo tengan como prioridad.

Tampoco la financiación es un problema de la industria
española que pueda resolver el Ministerio de Industria, a pesar de los
instrumentos de que dispone, como Enisa o Cersa, elementos de pequeña
dimensión para lo que supone nuestra industria. Por lo tanto, el crédito
bancario, a pesar de que comparto esa afirmación de que lo normal es que
se vaya tendiendo a otras fuentes de financiación, como sucede en otros
países, como Estados Unidos —más capital riesgo y otras fuentes de
financiación alternativas—, sigue jugando un papel determinante.
Pero lo que hemos visto en los últimos años es que el flujo de crédito
bancario hacia nuestras empresas ha ido menguando. Insisto en que ya sé
que no es un problema de su secretaría, que no tiene los instrumentos
para solucionarlo, o tiene unos instrumentos que son pequeños, aunque,
por supuesto, creo que son útiles y que hacen su papel, y así lo
reconozco.

Las infraestructuras también juegan un papel importante,
por ejemplo, para el sector del automóvil, que usted ha citado como
modelo y yo creo que es un buen ejemplo del esfuerzo entre
administraciones y dentro de una propia administración en cuanto a
colaboración entre los ministerios y con las comunidades autónomas,
afortunadamente. No hay muchos más ejemplos pero este es uno y además
positivo. Por tanto, en cuanto a las infraestructuras y la logística, una
parte de estas decisiones depende del Ministerio de Fomento, de la
rapidez que se dé en impulsar los corredores de mercancías, el corredor
mediterráneo, por citar uno, y a ese respecto, francamente, las cosas son
mejorables.

Los costes energéticos evidentemente son un factor muy
importante, pero lo que ha ocurrido es que han subido. En algunos casos,
algunas de las medidas adoptadas que han afectado a sectores como el de
la cogeneración tienen un impacto colateral en algunas actividades
económicas industriales que están comportando algunos cierres, y eso me
preocupa.

En cuanto a la I+D+i, nosotros estamos muy lejos de la
media comunitaria —es verdad— y tenemos el problema de que en
nuestras empresas, al contrario de lo que sucede en el terreno europeo,
la financiación es mayoritariamente pública y minoritariamente privada
—dos tercios a un tercio—, cuando en Europa normalmente es al
revés. Pero el proceso que se está dando —no es algo que empezara
con este Gobierno, sino en la última etapa del Gobierno anterior—
no es de convergencia con Europa, sino de divergencia, y eso es sumamente
preocupante. También es un tema que no depende de su ministerio, sino del
Ministerio de Economía, que seguramente tiene otras prioridades. Solo hay
que ver las intervenciones públicas del señor De Guindos. Seguro que la
I+D es algo que le preocupa como una cosa más, pero le preocupan más
otras, es decir, no es su preocupación central.

En cuanto a la internacionalización, si nos vamos a los
recursos y a los instrumentos de que se dispone —en este caso
también el Ministerio de Economía—, tampoco han crecido. Por lo
tanto, para nuestras empresas, especialmente la pequeña empresa
—porque la gran empresa sabe buscarse la vida—, a pesar de
las buenas intenciones que hay —que no digo que no las haya—,
si nos remitimos a los hechos, la cosa poco cambia. Yo apuntaba que la
política industrial desde luego es transversal, ha de serlo
necesariamente y también con las comunidades autónomas que tienen
competencias a este respecto, y todos los esfuerzos de coordinación que
se hagan han de ser bienvenidos. Y hay algunos ejemplos muy positivos,
como es el sector del automóvil, y otros seguramente no tan positivos,
como los derivados de sectores que se están viendo afectados por los
costes energéticos, en este caso por la reforma y por la cogeneración en
concreto.

Es difícil realizar política industrial sin disponer de más
instrumentos y de más recursos. Pero no digo solo de más recursos, que
siempre son escasos y que en estos momentos, con las restricciones
presupuestarias que desgraciadamente tienen todas las administraciones
desde hace años con la llegada de la crisis económica, es obvio que se
trata de optimizarlos al máximo. Pero a veces no se trata solo de
recursos, también hay que tener en cuenta los instrumentos, y estos deben
estar al servicio de la política industrial. Esto ha de entenderse como
una prioridad no solo por parte del ministro de Industria, que seguro que
así lo entiende, sino también por parte del resto de ministerios que
disponen de instrumentos básicos y decisivos para que España disponga de
una política industrial.

Tan solo quería poner de relieve esas cuestiones. Le
traslado mis mejores deseos para que pueda concretar a lo largo de lo que
le queda de mandato las propuestas que nos ha comentado, algo que seguro
que hará conociendo como conozco su capacidad y su profesionalidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Muchas gracias, señor
presidente.

Señora secretaria, muchas gracias por su comparecencia, por
hacernos un análisis de la situación industrial del Estado y ver los
retos que afrontamos para una reindustrialización de España y de Europa,
un hecho que ya es palpable. Europa está volviendo a tener industria
propia de capacidad, está volviendo a aumentar los niveles de
industrialización, y creo que esto es positivo.

Usted ha hablado de la Agenda 2020 y de la opción de tener
un 20 % del PIB sustentado en el sector industrial, y este es un objetivo
que compartimos. En los últimos años hemos notado cómo en el marco de la
globalización económica se hablaba mucho de deslocalizaciones. Hoy en día
podemos analizar que las empresas que se han deslocalizado o se han
focalizado para ganar mercados con industrias y fabricación en otros
países son las que han podido mantener en buena medida las fábricas en el
territorio del Estado, y esto es un aspecto positivo. Estamos viendo que
está volviendo la industria, y es que el aumento de los costes laborales
y, sobre todo, de los costes del transporte hace que ir a fabricar a
países lejanos para vender en la Unión Europea ya no sea tan viable o
efectivo económicamente. Como digo, notamos esa reindustrialización, y
nos tenemos que alegrar y al tiempo fomentar y apoyar cualquier
iniciativa que se pueda realizar por parte de los estamentos públicos
para apoyar esta reindustrialización; en algunos casos —y lo
podemos ver en algunas comarcas de Cataluña— sectores como el
textil que parecían abocados a la desaparición están volviendo con
fuerza, con mucha innovación, mejoras técnicas y buscando una gran
calidad, y nos tenemos que alegrar por ello.

Quiero hacer algunos comentarios en relación con sus
palabras, que en buena medida compartimos, y sobre algunos de los retos
que tenemos. Muchos de los hándicaps que puede encontrarse en su labor en
la secretaría no dependen de usted, y a ello ha hecho también referencia
el senador Montilla. Aquí tenemos problemas de financiación, y por mucho
que a través de los instrumentos que tenga el ministerio, como Cersa y
Enisa, se intenten resolver, son insuficientes y por eso tenemos que
buscar la forma de garantizar que a través de la financiación tradicional
bancaria el dinero llegue a las pequeñas y medianas empresas, porque no
está llegando. Por eso en los sectores industriales y empresariales
existe la sensación de que no se está haciendo lo suficiente para poder
canalizar el crédito, de forma que llegue de las entidades bancarias a
las empresas, y con ello fomentar la creación de puestos de trabajo.
Hemos podido destinar mucho dinero a la salvación de bancos y cajas de
ahorros pero la gente no ve que este dinero público llegue en forma de
créditos a las empresas. Por tanto, tenemos que buscar la manera de
conseguirlo. De hecho, la propia Unión Europea, a través del Banco
Central Europeo, está intentando garantizar que esto se produzca. Se lo
comento aunque seguramente este aspecto no dependa de su secretaría.

Comparto su posición sobre que tenemos que buscar fórmulas
de financiación alternativa a la financiación tradicional. Usted ha dado
unos datos muy claros de porcentajes en Alemania o en el mundo anglosajón
y esto es un reto que la industria española tiene que conseguir: ser
capaces de romper este binomio, esta relación tan fuerte con el sistema
bancario tradicional y de buscar fórmulas alternativas. Es importante,
por tanto, que, a través de su ministerio y de otros que pudieran
implicarse, por ejemplo el de Economía, se pueda fomentar la captación de
fondos por otras vías. Pero a veces parte de la financiación tiene que
venir de las políticas fiscales, y algunas medidas de la reforma fiscal
—nosotros consideramos que solo es un maquillaje— del
Gobierno del que usted forma parte tampoco están ayudando a que las
empresas puedan tener ventajas fiscales para poder capitalizarse.

También quiero hacer referencia a la I+D+i porque es la
herramienta clave para poder ganar competitividad. En este momento no
podemos competir por la vía salarial y hemos de ganar competitividad por
la vía de la innovación y el desarrollo, pero nos queda mucho camino para
llegar a los estándares europeos. Algunos sectores están funcionando muy
bien pero otros, especialmente la pequeña y mediana empresa notan todavía
las grandes dificultades, muchas veces burocráticas o administrativas,
para poder acceder a los fondos europeos. Uno de los grandes objetivos
que consiguió el programa

Horizon 2020 fue reducir esta burocracia y permitir que a
alguna pequeña empresa no le costase más contratar a alguien para que le
llevase un proyecto que el propio importe del proyecto que recibía para
innovar. Es básico fomentar esto, que podamos trabajar mucho más en
conseguirlo, porque es la herramienta clave para ganar competitividad. En
este sentido, sería importante fomentar, como ahora se ha hecho en
Cataluña, que los propios centros tecnológicos que dan servicio en
innovación, desarrollo e investigación a la pequeña y mediana empresa
puedan consolidarse y ganar tamaño. Los 6 centros tecnológicos de
referencia en Cataluña están en proceso de unificación y esto puede
ayudar a las pymes a desarrollar proyectos de más calado y con mayor
capacidad de financiación en el ámbito de la innovación y el
desarrollo.

Se ha hecho también referencia a otros aspectos
importantísimos para mejorar la competitividad y para que la industria
gane peso en nuestro PIB que no afectan a su ministerio, por ejemplo, las
infraestructuras y el coste energético, si bien en este caso sí compete a
su ministerio. Creo que es importante que el apoyo a la industria se
focalice mucho más en las infraestructuras. Yo soy de los que piensa que
igual no nos hace falta tanto AVE y sí más tren de mercancías. Se ha
hablado también aquí de los corredores de mercancías o de cómo algunos
puertos todavía soportan cuellos de botella a la hora de sacar
mercancías. Todavía no hay ni fecha para poder licitar accesos
ferroviarios de todo tipo de ancho que nos permitan ganar competitividad.
El transporte ferroviario de mercancías sigue suponiendo un porcentaje
muy bajo, el 5 o 10 % comparado con el de carretera. Por tanto, para
ganar competitividad es importante fomentar este medio. Ya sé que no le
corresponde a su ministerio pero creo que desde su secretaría se tiene
que focalizar y pedir que en materia de infraestructuras se cambie el
concepto que tenemos, especialmente en el transporte ferroviario.

Voy terminando, pero antes quiero hacer alusión al ámbito
de la energía. Este aspecto supone un coste elevadísimo para las
empresas, y no tan solo para las pequeñas y medianas, también para las
grandes empresas que necesitan de un aporte energético importante, por
ejemplo, el sector químico tiene un problema grave de competitividad
porque la energía es lo que les hace no ser competitivos a nivel europeo.
En este ámbito tenemos que seguir luchando. Por cierto, no creo que la
posición del Gobierno respecto a la cogeneración —y no me voy a
extender porque ya se ha comentado— sea positiva.

Ha hecho usted referencia a algunos sectores como el de la
automoción, sin duda importantísimo, o el aeronáutico, y creo que deben
ser una apuesta clara del Estado. Pero yo añadiría algunos otros sobre
los que no he oído nada y que considero fundamentales, y me refiero al
sector químico, donde tenemos uno de los clústeres más importantes del
sur europeo, y al sector farmacéutico, puntero en investigación y
desarrollo y líder en España a nivel mundial.

Y termino con su referencia a la unidad de mercado. Si con
ello se quieren recentralizar competencias, no podemos estar de acuerdo.
Creo que tiene que haber una mayor colaboración entre las diferentes
administraciones y que se puedan aplicar las diferentes competencias que
tiene cada una de ellas. En alguna comunidad autónoma su Gobierno no va a
aplicar la Ley de unidad de mercado y, en cambio, otras comunidades la
quieren aplicar de todas todas. Por tanto, en eso, como digo, no podemos
estar de acuerdo. La competencia es positiva en este aspecto, y la idea
de unidad de mercado para armonizar, con la simple excusa de que así
eliminaremos trabas, puede llevar a eliminar una competencia positiva que
puede existir entre territorios y comunidades para focalizar el
crecimiento económico.

Finalizo agradeciéndole una vez más su presencia aquí. Y
esperemos que en lo que queda de legislatura se puedan potenciar e
intentar conseguir estos objetivos de reindustrialización tan importantes
para el país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don
Jesús Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

También el Grupo Parlamentario Socialista da la bienvenida
a la secretaria general, la señora Cristeto Blasco, a quien, si me lo
permite, le haré un pequeño reproche: que haya tardado diez meses en
comparecer desde que tomó posesión.

La he estado escuchando atentamente, y una vez más
comprobamos que el Gobierno vive una realidad que no coincide con la que
viven los ciudadanos, las pymes y los autónomos de nuestro país, que ven
que tienen dificultades para acceder al crédito, que está estancado el
consumo, que se

incrementan sus costes energéticos y tienen serias
dificultades para mantener sus negocios. Y como hay un tema de
actualidad, me gustaría preguntarle al respecto.

Sabe usted que esta semana se ha incendiado la fábrica de
Campofrío en Burgos, y hay 2000 trabajadores y trabajadoras directos e
indirectos que están preocupados por el futuro de la empresa y sus
puestos de trabajo. Y quisiera saber si nos puede adelantar alguna medida
o actuación que el Gobierno tenga previsto realizar para hacer frente y
colaborar con la empresa y con los trabajadores ante la dramática
situación que están viviendo.

Señora Cristeto, en contra del discurso triunfalista de las
raíces profundas del señor Rajoy, que, por cierto, no terminan de
arraigar, el presidente del Banco Central Europeo, el señor Draghi,
recientemente admitía que la economía de la eurozona estaba en punto
muerto. Esto, lógicamente, por mucho que el Gobierno se empeñe en decir
lo contrario, afecta a la economía española. Es más, el propio señor De
Guindos recientemente reconocía que la economía española no es inmune a
la desaceleración de la eurozona. Sin embargo, ustedes, erre que erre,
nos presentan un cuadro macroeconómico en los Presupuestos Generales del
Estado que evidencia que 2015 es un año eminentemente electoral y que el
papel lo aguanta todo, como aguantó su programa electoral el decir que
crearían empleo o que recortarían en educación, sanidad o dependencia.
Ahora, en los Presupuestos Generales del Estado para 2015, nos dicen que
el PIB crecerá un 2 % y que bajará el paro. Eso sí, reconocen que habrá
400 000 empleos menos que cuando Rajoy llegó al Gobierno. Pero cualquier
analista serio sabe, señora secretaria general, que si la eurozona no
avanza la economía española no chuta —permítame la
expresión—, y quizás por eso el propio gobernador del Banco de
España reconocía recientemente que él no puede garantizar que se vaya a
cumplir ese cuadro macroeconómico. En estas circunstancias, la economía
española se enfrenta a un entorno exterior lleno de incertidumbres, lo
que tendrá un impacto negativo en las exportaciones y, por tanto, también
afectará de manera singular a la producción industrial. Sin embargo, y
eso es lo preocupante, el Gobierno sigue sin tener política industrial a
pesar del deterioro de la industria y del desempleo en ese sector.

Ante esta situación, ustedes en estos tres años han mirado
para otro lado y han metido en el cajón un Plan integral de política
industrial, el PIN 2020, que se acordó con los agentes económicos y
sociales y con las comunidades autónomas, que fue refrendado en el
Parlamento, que tenía una memoria económica para el horizonte 2011-2015
de 83 000 millones de euros, y que se empezó a aplicar —ahora le
voy a explicar por qué— en el 2011. En los Presupuestos Generales
del Estado del año 2011 ya tuvo su impacto económico; eso sí, luego el
Partido Popular llegó al Gobierno y recortó año tras año todos los
programas. Le recuerdo que el Programa de desarrollo industrial se
recortó un 36 % con respecto al año 2011; el de reconversión y
reindustrialización, un 25,4 %; y el de apoyo a la competitividad
industrial, un 25,2 %, por no citarle el sector naval y todos los que
usted ha mencionado. Usted misma ha reconocido en la comparecencia del
Congreso que todas las medidas del PIN se han incorporado a su agenda, y
mi pregunta es por qué no las han aplicado durante estos tres años. ¿Por
qué ustedes han tenido dinero para rescatar a los bancos y no para
rescatar a la industria española? ¿Por qué han tenido dinero para
rescatar a los bancos y, sin embargo, no han obligado a esos bancos a que
financiasen a nuestras empresas y pymes para generar empleo, en
definitiva, para mantener nuestra industria? ¿Por qué usted dijo el otro
día en el Congreso que le parecía excesivo invertir 700 millones de
euros, como hizo el Partido Socialista en el año 2011, en los programas
de reindustrialización? Por cierto, no le he escuchado hablar ni un
segundo de reindustrialización.

Con todo ello, los resultados de la gestión del Gobierno en
materia industrial son evidentes: ustedes no han conseguido ni siquiera
recuperar el nivel de afiliación en el sector industrial que existía a
finales del año 2011, cuando llegaron al Gobierno. Hoy hay 161 000
afiliados menos en el sector industrial que en diciembre del año 2011. En
términos de ocupados de la EPA hay 229 400 empleos menos en el sector
industrial que en el año 2011, un 8,9 % menos de puestos de trabajo en
dicho sector.

Señorías y señora secretaria general, los Presupuestos
Generales del Estado en el programa 20, en lo que corresponde a su
departamento, son la prueba de que este Gobierno carece de una estrategia
industrial para reactivar la industria de nuestro país. El Partido
Popular ha basado toda su apuesta en su reforma laboral para ganar
competitividad, y lo único que han ganado es que los trabajadores
españoles hoy sean los chinos de Europa. Usted debe saber que hoy, según
las estadísticas, España es el tercer país que más trabajadores pobres
tiene. Incluso la propia Unión Europea nos dice en su informe que hoy
encontrar un trabajo en España no garantiza salir de la pobreza. Sin
embargo, han abandonado la apuesta

por la innovación productiva. Por ejemplo, el Programa de
I+D industrial de su departamento se ha recortado un 43,3 % respecto al
año 2011. Y se ha abandonado la formación de capital humano.

Señora Cristeto Blasco, ¿no cree que es muy pobre el
balance para un Gobierno que lleva casi tres años en el poder presentar
ahora y sacarse de la chistera una agenda para el fortalecimiento
industrial? Una agenda —por cierto, tampoco ha hecho referencia a
ello— que no ha tenido el consenso de los sindicatos y que ustedes
no han consultado con las comunidades autónomas. Nosotros creemos que sí,
que el balance es muy pobre, y que además es poco creíble, porque no
tiene siquiera un cronograma de actuación y, lo que es más importante, no
tiene memoria económica. Esta agenda es un canto al sol, es un nuevo
papel mojado que nos presenta este Gobierno, un papel mojado como el
programa electoral con el que se presentaron a las elecciones y que han
incumplido reiteradamente. Una vez más ustedes recurren al autobombo y a
la retórica, pero ustedes, señora secretaria general, ya no tienen
credibilidad, pues las palabras son cera y los hechos son acero. Y eso es
precisamente lo que hay que hacer: pasar de las palabras a los
hechos.

Este país necesita, como hemos propuesto los socialistas,
una transición económica que resuelva los tres problemas estructurales
con los que entramos en la crisis: el alto endeudamiento privado, la baja
productividad, y el paro y la precariedad laboral, problemas a los que
este Gobierno, el del señor Rajoy, no ha hecho frente y ha añadido dos
nuevos: el endeudamiento público, prácticamente ya el 100 % de deuda, y
la desigualdad. No cabe duda de que tenemos, señora secretaria general,
un problema serio de desindustrialización. Solo le voy a dar un dato: la
crisis ha destruido ya más empleo que la reconversión industrial de los
años ochenta. En concreto, se han destruido un millón de empleos más y
casi uno de cada tres empleos que se han destruido con la crisis ha sido
del sector industrial. Por eso tenemos un problema de
desindustrialización que, evidentemente, este Gobierno no afronta. Me
gustaría saber por qué no afrontan ese problema de reindustrialización
que tiene España.

Por tanto, la conclusión es clara: ganar el futuro pasa por
reindustrializar España, pasa por cumplir el objetivo de la Unión Europea
de llegar al 20 % del PIB del sector industrial, con lo que se podrían
crear 600 000 empleos directos. Hay muchas cosas que podemos hacer, que
ustedes no han hecho en estos tres años y ahora dicen que se van a hacer,
por ejemplo, aumentar el tamaño de nuestras pymes, porque, como usted
bien decía, solo el 2 % de ellas tiene menos de 20 trabajadores. Si
fuésemos capaces de conseguir ese objetivo podríamos aumentar un 15 %
nuestra productividad, tan solo si se alcanzara el tamaño medio que
tienen las empresas en Alemania.

Hay que hacer también una reforma profunda de la formación
profesional para que los ciclos formativos se puedan adaptar mejor a los
cambios de los diferentes sectores productivos.

Es necesario —lo han dicho ya las personas que me han
precedido— realizar una transición energética que reduzca el coste
de la electricidad, que supone el principal factor de falta de
competitividad de nuestras industrias. Y para ello es necesario, como
también se ha dicho, apoyar las plantas de cogeneración, que
prácticamente están desapareciendo con la reforma energética del
Gobierno.

Usted dijo en su última comparecencia en el Congreso, y
cito textualmente: No hay una industria o empresa que se siente en mi
despacho cuyo primer tema de conversación no sea el coste energético.
¿Qué van a hacer para bajar ese coste? ¿Qué le dice a esas empresas
cuando le preguntan eso y están preocupadas?

Hay que mejorar la financiación para la inversión
industrial, y para ello el Grupo Socialista plantea la creación de un
banco público de inversión, como existe ya en Alemania, que proporcione
financiación y avales a las empresas para que puedan invertir.

Es necesario aumentar los presupuestos en I+D, que, por
cierto, se han recortado un 40 % con el Gobierno del Partido Popular.

La reindustrialización también pasa por una clara apuesta
por sectores de futuro, por volver a apostar por las energías renovables
y, si me lo permite, por apoyar al sector de la construcción, para que
una parte de esta, que ha sufrido más la crisis, pueda reorientarse hacia
la rehabilitación de viviendas con un componente de eficiencia
energética. Le recuerdo que un informe reciente de la OIT nos decía que
con la economía verde se podrían crear hasta un millón de empleos de aquí
a 2020; solo en eficiencia energética de edificios, 400 000 empleos. Y,
por último, apostar también por medidas fiscales que apoyen a las
empresas productivas, a los emprendedores, a quienes creen empleo y
riqueza en nuestro país.

Señora secretaria general, voy terminando. Es evidente que
es necesario reindustrializar España —el propio ministro lo ha
dicho recientemente en una entrevista—, pues sin industria no hay
país y sin industria no hay empleo de calidad. Pero somos conscientes,
como también lo son las empresas de este país, de

que con este Gobierno es muy difícil reindustrializar
España, porque ustedes no tienen una política industrial. Porque ustedes
han hecho un ataque claro hacia la cogeneración, que es una herramienta
clave para la industrialización de nuestro país —le recuerdo que
con cogeneración se produce el 20 % del PIB industrial—. Porque
ustedes no escuchan a 13 sectores industriales que firmaron un manifiesto
en favor de la cogeneración como herramienta para la reindustrialización
de España —les han mandado ese manifiesto, y todavía no les han
atendido—. Y porque este Gobierno —y perdone que se lo
diga— tiene a una responsable, en este caso a usted, la secretaria
General de Industria, como responsable de la política industrial, que
recientemente dijo en el Congreso que no le gusta hablar de sectores
industriales. Y dijo textualmente: No me gusta hablar de
reindustrialización. Dijo también que le parecía mucho dinero los 700
millones de euros que invertía el Gobierno socialista en proyectos de
reindustrialización. Y yo le pregunto: ¿por qué no le gusta hablar de
sectores estratégicos? ¿Por qué no le gusta hablar de
reindustrialización, si el propio ministro, su jefe directo, ha dicho que
es necesario reindustrializar España? ¿Por qué le parece que 700 millones
de euros es mucho para apostar por la reindustrialización en estos
presupuestos?

Termino ya. Sabemos que el Partido Popular no piensa
tampoco reindustrializar España, pero en 2015, cuando ustedes vuelvan a
la oposición, lo hará el Partido Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra su portavoz, José Ignacio Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor
presidente.

Señora secretaria general de Industria, le saludo en nombre
del Grupo Popular, le doy la bienvenida, y le agradezco su explicación,
que hemos escuchado con mucho interés.

En primer lugar, y en relación con el tema de Campofrío,
quiero felicitar al Gobierno de España, con el ruego de que se lo
transmita, por la rapidez con que ha actuado en relación con el incendio
que se produjo el pasado domingo en la planta de Campofrío. En estos
momentos —hoy estamos a jueves— la empresa ya ha recolocado a
118 de sus trabajadores, pero el Gobierno de España sigue trabajando en
colaboración el Ayuntamiento de Burgos y la Junta de Castilla y León.
Ayer la ministra de Trabajo, la señora Báñez, se reunió con los
directivos de la empresa y les ha prestado todo su apoyo. Y también el
titular de su ministerio, el señor Soria, ha ofrecido a la empresa las
diferentes herramientas financieras que hay para que se pueda construir
cuanto antes la nueva planta y, por tanto, pueda volver a su
actividad.

No es novedoso, pero tengo que decir que la intervención
del portavoz que me ha precedido nos ha causado un cierto estupor, porque
ha vuelto a reiterar que este Gobierno carece de una estrategia
industrial y que no ha hecho política industrial a lo largo de estos tres
años. Hay que recordar que en la pasada legislatura la industria perdió
660 000 empleos, que cientos de miles de pymes y autónomos tuvieron que
cerrar sus negocios, y que la industria sufrió una pérdida considerable,
de casi 4,5 puntos porcentuales del PIB. Quizá ese sea un balance rico,
ya que se decía que el balance actual es un balance pobre. Yo creo que es
este el balance rico.

El portavoz que me ha precedido se olvida también de que
cuando se produjo el cambio de Gobierno España atravesaba el peor momento
de la crisis y que la mejor política industrial que se podía hacer en ese
momento consistía en realizar un diagnóstico certero de la situación, no
como otros, que lo primero que hicieron fue negar la crisis y, después,
cuando la reconocieron, venían a esta Comisión de Industria durante la
pasada legislatura a hablarnos de brotes verdes. Es decir, lo que había
que hacer era identificar los males que lastraban nuestra economía
—la deuda externa, el déficit público— y evitar el rescate
financiero. Y una vez hecho ese diagnóstico era necesario tomar medidas
para lograr el desendeudamiento externo de nuestra economía, controlar el
déficit público, potenciar el emprendimiento, especialmente de autónomos
y pymes, y afrontar las reformas estructurales necesarias, que otros no
supieron, no quisieron o no se atrevieron a acometer. Porque solo así,
con medidas y con reformas, se podía cambiar el rumbo, frenar la sangría
y corregir todos los males.

Parece que algunos todavía no se han enterado de que si
primero no se ponía orden todos esos desequilibrios económicos no era
posible iniciar una política industrial per se. Por eso, todas esas
medidas y reformas que se han puesto en marcha en estos casi tres años
han tenido como objetivo, primero, superar la crisis, recuperar el
crecimiento económico y, lo más importante, crear empleo. Y gracias a
todo ello nuestra economía dejó de hundirse y empezó a salir a flote, por
lo que esos objetivos cada vez están más al alcance de la mano.

Con estas decisiones hemos pasado de ser el problema de
Europa y del mundo, como sucedía no hace mucho, a ser tomados como modelo
a seguir en la reciente Cumbre del G20. Y esas decisiones están surtiendo
efecto en nuestra industria porque, tal y como nos indican una serie de
datos, su tendencia en estos momentos es positiva. Así lo señala el
índice de producción industrial, el del valor añadido bruto industrial,
el del grado de utilización de la capacidad productiva, o el del consumo
eléctrico industrial, que lleva ya muchos meses creciendo a ritmos
positivos del 4, el 5 o el 6 %, y que en el último mes ha crecido un 1 %.
Lo indican también los ingresos por IVA de las pymes, que en octubre de
2014 habían crecido un 8,1 % en comparación con octubre de 2013, los
ingresos por retenciones de las pymes, que también crecieron en octubre
respecto de octubre de 2013 el 8,4 %, o los pagos fraccionados de
empresarios individuales, que han crecido un 7,7 %

Y, a no ser que se esté ciego, estos incrementos en la
recaudación de impuestos solamente se explican por el cambio económico
real que se ha producido, porque si las pymes están creciendo es porque
están vendiendo más, porque están haciendo más actividad económica, están
contratando más, y se están desarrollando por primera vez desde el inicio
de la crisis.

Quizá este sea un balance pobre, pero estos son datos
objetivos con los que se comprueba esa actividad económica, que algunos,
como vemos, siguen pretendiendo negar, aunque los analistas
internacionales sí están reconociendo el acierto del actual Gobierno a la
hora de tomar decisiones y afrontar las reformas necesarias con las que
se ha puesto orden a todos los desequilibrios económicos con los que se
encontró este Gobierno. Y ahora, esas medidas tomadas por todos los
departamentos del Gobierno, como medio ambiente ─al que se refería
la secretaria general─ hacienda, trabajo, energía, comercio, o
fomento, están dado resultados.

Nuestras empresas van a poder competir mejor. Se va a
facilitar su crecimiento y se va a estimular la creación de nuevos
puestos de trabajo, que como digo, es lo fundamental. La crisis económica
ha demostrado que los países con un mayor peso de su industria en el PIB
han sido más resistentes a este ciclo económico adverso porque han salido
de ella de una forma mejor. Han perdido menos empleo y han aumentado sus
exportaciones. Y eso es así, porque la industria ofrece un empleo más
cualificado, más remunerado y más rentable. Por eso, ahora, cuando ya se
ha puesto orden, es cuando tenemos que impulsar nuestra industria, que es
la que crea empleo, la que compite en el mundo, la que exporta y hace que
nuestra balanza comercial sea mejor o peor y la que realiza la mayor
parte de la inversión en I+D+i, como ha dicho la secretaria general.

La industria tiene que jugar ese papel de protagonista en
nuestra recuperación económica, tiene que convertirse en uno de los
motores de nuestra economía y tiene que aportar soluciones a uno de los
principales retos que afronta nuestro país, como es el de alcanzar el
objetivo propuesto por la Comisión Europea, ese 2020, del 20 % del PIB en
el año 2020. Sí, la reindustrialización y la competitividad se tienen que
convertir en los ejes centrales de la política económica, no solo de
España sino también de la Unión Europea, en los próximos años. Y se debe
seguir desarrollando una política industrial activa que facilite la
transición de nuestra economía hacia un nuevo modelo económico que esté
más basado en la innovación y el conocimiento.

Como ha dicho la secretaria general, el Gobierno aprobó en
el Consejo de Ministros del día 11 de julio esa agenda para el
fortalecimiento del sector industrial en España, que es la que en el
futuro inmediato tiene que guiar la política industrial y estimular la
demanda de bienes industriales para que genere un efecto multiplicador en
nuestra economía. Es una agenda que ha sido elaborada después de realizar
—como se hizo cuando se llegó al Gobierno— un certero
diagnóstico de la situación de la política industrial española. Una
agenda que consiste en un plan de acción que, como nos indicaba la
secretaria general, tiene 97 medidas que afectan a todos los
departamentos ministeriales y va a servir para recorrer ese camino y dar
un impulso importante a nuestro sector industrial. Una agenda con la que
se van a modernizar nuestras pymes industriales y se van a mejorar todos
los sectores industriales estratégicos, sectores de los que me ha dado la
sensación de que la secretaria general se había olvidado, pero creo que
ha ido mencionando uno por uno todos ellos. Por ejemplo, el sector del
automóvil, con la importancia que tiene; y en estos momentos muchas
empresas automovilísticas están decidiendo instalarse en España, aun
cerrando plantas en sus propios países, e invirtiendo en las que ya
tenían aquí. Eso es porque tienen confianza en este país.

Como he señalado al principio, al hablar del balance
—que debe de ser rico— de la legislatura pasada, las pymes y
los autónomos han sido los auténticos sufridores de esta crisis, y ahora
son en gran medida los responsables de que podamos estar hablando de una
recuperación. Por eso, en esta agenda, que ha

sido aprobada por este Gobierno, se contempla, no solo
apoyar el fomento de la iniciativa emprendedora y la creación de
empresas, sino las ayudas para mejorar la competitividad, porque, tal
como se recoge en ella, a la hora de implantar cualquier tipo de política
económica en el Gobierno hay que tener en cuenta cuál va a ser el efecto
de esa medida sobre las pymes. Y hay que hacerlo así, porque las pymes y
los emprendedores, por su dinamismo, por su capacidad de adaptación a los
nuevos desafíos y por su capacidad para crear empleo son claves para
lograr la recuperación de la economía española, por lo que todas las
medidas económicas que se tomen inciden en su competitividad. Y el
camino, tal como se contempla en la agenda, consiste en fomentar la
creación de empresas; facilitar su crecimiento y su acceso a la
financiación —la secretaria general nos ha hablado de todos los
recursos que hay para ello—; eliminar trabas administrativas y
normativas; mejorar su acceso para que puedan aumentar su dimensión;
propiciar el paso de pequeñas a medianas empresas; apoyar la búsqueda de
nuevos mercados en el exterior; y fomentar en este país la innovación y
el espíritu emprendedor. En todas estas medidas se está actuando, no solo
a través de la secretaría general y del Ministerio de Industria, sino de
todo el Gobierno.

Cuando hablamos de política industrial no podemos olvidar
la reforma fiscal que esta Cámara aprobó en el Pleno de la semana pasada,
porque en gran medida afecta a la industria, las grandes empresas, las
pymes y los autónomos. Es una reforma fiscal que va a suponer una bajada
de impuestos sobre el trabajo asalariado, una retirada de los incentivos
fiscales y financieros; una reforma que va a favorecer el
desendeudamiento de nuestras empresas, que va a servir para estimular el
crecimiento económico y la creación de empleo, que va a mejorar la
competitividad de nuestras empresas y va a apoyar claramente a la I+D+ i
en el impuesto sobre sociedades. Porque al bajar los impuestos y las
retenciones en las nóminas, a partir del próximo día 1 de enero, se va a
favorecer a las empresas ya que va a haber más dinero en circulación, con
lo que crecerán la inversión y el consumo, con los consiguientes efectos
beneficiosos para el conjunto de la economía.

Señora secretaria general, aunque algunos sigan negando la
evidencia, nosotros estamos convencidos de que con la agenda que han
elaborado y han aprobado, y con medidas como la de la reforma fiscal, la
tendencia positiva de nuestra industria —de la grande, la mediana y
la pequeña— se va a afianzar y va a jugar un papel de protagonista
en nuestra recuperación económica. En definitiva, ustedes, el Gobierno, y
más en concreto el ministerio y esa secretaría general, van a lograr que
se convierta en uno de los motores de nuestra economía y que alcancemos
ese objetivo de la Comisión Europea, el 2020. Por todo ello, el Grupo
Parlamentario Popular quiere felicitarles y decirles que nos tiene a su
disposición en la medida de nuestras posibilidades.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para el turno de réplica, tiene la palabra la señora
secretaria general de Industria.

La señora SECRETARIA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA (Cristeto Blasco): Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes sus
comentarios. Y me van a permitir que, antes de entrar a contestar cada
una de sus preguntas, haga una puntualización a lo que ha dicho el señor
Alique. Además, me quiero volver a reafirmar en esta sala en que a mí,
Begoña Cristeto, secretaria general de Industria, no me gusta la palabra
reindustrialización, porque reindustrializar significa —soy
salmantina y creo que tengo un buen manejo del castellano— que
vamos a construir de nuevo algo que está asolado. ¿Y usted piensa que
está asolado un sector que es el 15 % del PIB? ¿Piensa que está asolado,
cuando existen 129 000 empresas? En el caso de Campofrío sí que tenemos
que reconstruir, pero nunca diríamos que tenemos que fortalecer la
fábrica de Campofrío. Por tanto, hablar de reindustrialización
—insisto en que no me gusta, aunque muchas veces salga esa palabra
en la conversación— significa volver a construir algo que ha
quedado, repito, totalmente asolado. Y si quieren volvemos a hablar de
cifras. Considero que la industria en España sigue siendo un sector
potente que tenemos que fortalecer. Porque, ¿hay que reindustrializar el
polo químico de Tarragona? ¿Hay que reindustrializar las numerosas
empresas de fabricantes de automoción que tenemos en España? No, las
tenemos que fortalecer. A eso me refería cuando hablaba de que no me
gustaba, e insisto en que no me gusta, la palabra
reindustrialización.

Una vez hecho este apunte, me gustaría hacer referencia a
un comentario del señor Alique, y a continuación hablaré de lo que es la
agenda del Plan integral para la industria 2020, el PIN 2020. En cierto
modo me sorprende que usted nos diga que hemos tardado tres años en sacar
un plan industrial, cuando

ustedes lo aprobaron en diciembre de 2010, el tercer año de
su segunda legislatura o el séptimo de sus dos legislaturas. Es decir,
tardaron más de siete años en sacar un plan integral, y cuando lo sacaron
—insisto: en diciembre de 2010— era un plan no realista,
porque en plena crisis económica, cuando estábamos en lo más profundo de
la crisis, ustedes planteaban un plan con un presupuesto —usted lo
ha dicho— de 82 000 millones de euros. Estaban hablando de aplicar
31 000 millones de euros a competitividad, 7800 a innovación, 3800 a
mercados internacionales y 32 000 a pymes. He dicho nada más empezar que
llevo toda mi vida trabajando en la Administración, y lo que me gusta es
la eficiencia de los recursos. Y lo primero que hago antes de poner en
marcha cualquier plan es mirar todo lo que se ha hecho anteriormente. Y,
como todos ustedes han dicho aquí, todos tenemos claro el diagnóstico y
las distintas medidas que se han ido señalando, y que están en línea con
lo que se plantea en nuestra agenda.

Además, me han hablado de Reindus y Competitividad. Es
verdad que ustedes destinaron cerca de 800 millones de euros en el último
año, pero es que los informes que estamos viendo de los planes de ese año
nos están ya alertando de una tasa de fallidos que, en el mejor de los
casos, pueden llegar a un 40 % de empresas que no van a devolver esos
préstamos; préstamos a tipos de interés 0, a diez años, pero sin ningún
tipo de garantía ni análisis sobre la viabilidad de los proyectos. Por lo
tanto, es posible que ese dinero se malgastase en ese momento.

Cuando hemos hablado de la Agenda para el fortalecimiento
del sector industrial en ningún momento lo hemos denominado plan
estratégico porque consideramos que lo que necesita España en este
momento son medidas excepcionales, teniendo en cuenta la grave crisis que
hemos vivido en los últimos años. Así, en este momento no nos hace falta
hablar de un plan estratégico porque nuestra estrategia está fijada y
nuestro objetivo es llegar al 20 % en 2020. Es muy difícil, pero
intentaremos conseguirlo. Y por eso no llamamos a nuestra agenda plan
estratégico, porque lo que queríamos es que fuera un plan de acción, una
agenda, una hoja de ruta; es decir, vamos a detectar, con todos los
sectores, los agentes sociales y los agentes empresariales cuáles son las
medidas que ellos consideran que puestas en marcha en el corto plazo
—y por corto plazo me refiero a los próximos dos o tres años—
van a hacer realmente que nuestra industria salga fortalecida, sea
potente y pueda competir en los mercados internacionales.

Es verdad que esto no solo depende del Ministerio de
Industria, y ya lo he dicho claramente, pero lo que hemos asumido en
Industria y en la secretaría general ha sido la responsabilidad de
coordinar y de estar detrás de todos los ministerios para que las medidas
que nos han pedido los sectores, y que ellos han corroborado al
aprobarlas en el Consejo de Ministros del 11 de julio, se lleven a cabo.
De hecho, la prueba más evidente es que a día de hoy han transcurrido
cinco o seis meses desde su aprobación y el 70 % de nuestras medidas
están ya en marcha; algunas a punto de concluirse, otras en fase de
análisis y, las que representaban la parte normativa, con el trámite
necesario para llevarlas a cabo. Insisto, casi el 70 % de las 97 medidas
están ya puestas en marcha.

Es verdad que no figura un presupuesto, pero si ustedes han
mirado con detalle esas medidas, habrán visto que más del 17 o el 18 %
son medidas normativas, que van a suponer un gran impulso al sector
industrial pero que no requieren presupuesto; hay medidas que son
simplemente actuaciones que tienen que llevar a cabo los ministerios; y
aquellas que realmente sí cuentan con presupuesto, este está contemplado
en los Presupuestos Generales del Estado de cada uno de los
ministerios.

Por lo que se refiere al Ministerio de Industria, donde sí
le puedo dar datos, le diré que el presupuesto agregado de las distintas
secretarías de Estado y de esta secretaría general, asciende a más de
2200 millones de euros.

Al concebir la agenda como un conjunto de medidas
acordadas, consensuadas y comprometidas por todos los ministerios para
llevarlas a cabo en el corto plazo, podemos hablar, si ustedes quieren,
de las que han citado los distintos senadores que han intervenido y que
yo concentraría en cuatro. La primera de ellas es la financiación y, en
este sentido, puedo decir que estoy de acuerdo con ustedes en que uno de
los graves problemas que han tenido nuestras industrias, nuestras
empresas y nuestros empresarios ha sido la dificultad de acceso a la
financiación.

Es verdad que toda esta financiación alternativa que
estamos intentando poner en marcha nunca va a sustituir a la fuente de
financiación natural de las empresas, los bancos, y también es verdad que
todos los datos que nos van llegando últimamente indican una mayor
facilidad de las empresas para acudir a estos préstamos, a estos créditos
bancarios, incluso a tipos de interés que ya empiezan a ser atractivos
para nuestros empresarios. Pero nuestra obligación como Administración es
siempre hacer política anticíclica; es decir, buscar y contrarrestar
aquellas necesidades que el propio mercado no es capaz de satisfacer por
sí mismo. Por ello, de cara a las futuras crisis o incluso para hacer un
balance más natural

en las industrias y en las empresas, tenemos que
concienciar a nuestros empresarios de que su cartera de financiación ha
de estar formada también por financiación que denominamos no alternativa,
porque eso va a permitir un balance y, por lo tanto, contar con una forma
de financiación que no les hace ser tan dependientes de lo que ocurra en
un momento determinado en el sistema financiero o en el banco concreto
que les esté dando ese préstamo.

Insisto, como Administración y, en este caso, como
Secretaría General de Industria, lo que queremos hacer es contar con un
producto financiero, que somos conscientes de que no va a ser la panacea
del sistema, pero que está apoyando a más 6000 o 7000 empresas entre
todos los programas al año. Lo que queremos es disponer de un producto en
cada una de las fases en las que se lleva a cabo ese proyecto
empresarial. Lógicamente, si empezamos por el mundo del emprendedor, que
es el de mayor riesgo, tenemos el producto Enisa, préstamo participativo.
Ustedes conocen que este método financiero es un préstamo que se da sin
aval ni garantía porque el aval y la garantía es el propio proyecto
empresarial; además, el tipo de interés ha de ir acorde con el propio
proyecto empresarial y con los resultados de la empresa; es decir, que el
tipo de interés es muy bajito, muy preferencial los primeros años de vida
del proyecto y cuando ese proyecto ya tiene resultados financieros
positivos es cuando se le empieza a aplicar un tipo de interés superior.
En este sentido, si somos capaces de apoyar estos proyectos cuando la
banca les cierra la puerta, lógicamente el sistema les aplica un tipo de
interés de capital riesgo cuando obtiene rendimientos financieros
positivos. Una vez que va avanzando en su grado de madurez, aparecen
otros productos financieros que son, en este caso, Cersa, que se mantiene
en todos los productos, y Reindus y Competitividad.

Reindus y Competitividad son programas que tienen
muchísimos años, es verdad, y por eso he dicho claramente que del PIN
2020 nosotros cogimos este programa, que en el etapa anterior había
contado con un presupuesto importante. Pero, insisto, en épocas
difíciles, en época de crisis y en época de recursos escasos, tenemos que
ser capaces de que los mejores proyectos no se queden sin financiación,
pero tenemos que ser muy cautos con los recursos públicos y concedérselos
únicamente a aquellos proyectos que tengan viabilidad técnica, por
supuesto, pero también viabilidad financiera que garantice que en
circunstancias normales de mercado ese préstamo se devolverá a las arcas
del Estado.

Les he contado la política de financiación en el ámbito de
la Secretaría General de Industria, pero en el ámbito del capital riesgo
el ICO está ejerciendo un papel fundamental. Ustedes saben que el
FOND-ICO Global dispone de más de 1250 millones de euros para entrar en
fondos de capital riesgo; es decir, que hay un conjunto de elementos del
sistema que sí están permitiendo, en la medida de lo posible, ir
balanceando poco a poco ese 20 % que tenemos en este momento de
financiación no alternativa en la composición de la financiación de
nuestras empresas.

Les aseguro que el coste de los factores productivos fue
uno de los aspectos que más preocuparon a los empresarios en las
reuniones que mantuvimos. Y, por supuesto, les preocupaba el coste
energético, ¿cómo no les iba a preocupar? ¿Cómo no le iba a preocupar a
mi ministro, el señor Soria, cuando llegó al ministerio al inicio de la
legislatura y se encontró con el déficit que existía? Es decir, que ante
una situación como la que había, con un déficit galopante, creciendo de
manera insostenible para el sistema, ¿cómo no se han de tomar medidas
excepcionales? Esas son las medidas que ha tomado la Secretaría de Estado
de Energía; medidas que van a permitir hacer un sistema a medio plazo
mucho más sostenible y que estamos convencidos de que a medio plazo, y en
2014 ya se va a demostrar, va a permitir una reducción de la tarifa
energética.

Es verdad que todas las empresas e industrias potentes que
entran en mi despacho me hablan de energía. ¿Cómo no van a hablar de
cogeneración? ¿Cómo no van a hablar de interrumpibilidad? Por cierto,
esta semana están teniendo lugar las subastas de interrumpibilidad, y en
todas ellas estamos trabajando de la mano de Energía para que las medidas
que están llevando a cabo en todo momento tengan presente o minimicen el
impacto que puedan tener sobre la industria.

Con respecto a otro de los costes, el del transporte, todas
las medidas que ustedes pueden leer en nuestra agenda han sido negociadas
con el Ministerio de Fomento. Por lo tanto, tenemos el compromiso del
Ministerio de Fomento de que las está poniendo en marcha.

El señor Sedó, de Convergència i Unió, ha hablado del
transporte ferroviario. En este sentido, le diré que ya está en marcha la
medida para aprobar los trenes de 750 metros de longitud, muy demandados
por la industria.

Página
21

Con respecto a las dos preguntas que me hizo el señor
Anasagasti al inicio de la ronda de intervenciones, quiero decirle que,
por supuesto, seguimos muy de la mano de la secretaria de Estado de
Comercio en lo que se refiere al tratado comercial trasatlántico. La
secretaria de Estado de Comercio es la que tiene la representación de la
Administración central, pero todo esto lo lleva la Unión Europea. Estamos
preocupados, sobre todo, por un caso concreto, el apoyo que está dando la
Administración americana a Boeing, algo que está perjudicando seriamente
a modelos de Airbus en los que tiene interés España tanto comercial como
sobre todo de fabricación en las plantas españolas.

Con respecto a lo que me ha comentado sobre la posición de
Francia en la industria audiovisual y lo que estamos haciendo, lamento
comunicarle que la industria audiovisual, aunque es verdad que pone la
palabra industria delante, no la llevamos directamente desde mi
secretaría general, sino que se lleva desde la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones.

Creo que con esto he contestado a todo lo que me han
preguntado. Si me he dejado algo, me pongo a su disposición para
aclararlo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria
general.

¿Algún portavoz quiere hacer uso de un breve turno? (El
señor Alique López pide la palabra).

El senador Palacios tiene la palabra. Perdón, el señor
Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Bueno, se debería tener un capítulo
para contestar también al señor Palacios, para que nos diga dónde está
esa España que pone él de ejemplo, cuando tienen que irse los jóvenes de
nuestro país a buscar empleo a otros países, o cuando hay más ninis; en
fin, no voy a entrar en ello. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.
Si los portavoces se centraran en la comparecencia, acabaríamos
antes.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Lo he dicho al hilo de la invitación
que usted me ha cursado con el nombre del señor Palacios.

Señora secretaria general, me preocupa que a usted no le
guste hablar de reindustrialización, entre otras razones porque según
estaba hablando he entrado en la página del ministerio y por todos los
sitios aparece la palabra reindustrialización: programa de
reindustrialización, incluso definen ustedes qué es el programa de
reindustrialización —si quiere se lo digo—. Me preocupa
porque el propio ministro, el señor Soria dice: Necesitamos
reindustrializar España; la señora Cospedal en Castilla-La Mancha:
Necesitamos reindustrializar Castilla-La Mancha; el señor González, en la
Comunidad de Madrid: Necesitamos reindustrializar Madrid. Explíquenles
ustedes que no tienen que decir eso porque en España no hay que
reindustrializar, como tampoco hay que reindustrializar ni Castilla-La
Mancha ni Madrid. Primero pónganse de acuerdo, porque usted nos pregunta
qué es reindustrializar y sin embargo todos los programas que tienen en
el ministerio hablan de ello y el propio ministro habla de
reindustrializar.

Yo creo que sí es necesario reindustrializar España, porque
reindustrializar no solo es reconstruir lo que ha quedado desolado, que
también, sino, además, crear tejido productivo donde ha habido problemas
de deslocalización y donde había un tejido industrial importante que se
ha venido abajo fundamentalmente por efectos de la crisis.

Yo no le reprocho a usted que haya tardado tres años en
hacer un diagnóstico; lo que le reprocho es que el diagnóstico ya estaba
hecho cuando llegaron. Usted me dice que el Gobierno tardó siete años, y
es verdad. Cuando empezó la crisis económica hubo que moverse, como se
movió toda Europa. Antes no se había movido. Es verdad que vivíamos de
ese cartón piedra de la economía que ustedes crearon en torno a la Ley
del suelo, con la burbuja inmobiliaria fundamentalmente como uno de los
grandes problemas que ha tenido la economía española. Pero el Gobierno se
puso las pilas, si me permite la expresión, y le voy a dar un dato que
posiblemente no conozca: entre el año 2010 y el 2011 la industria
española experimentó tasas de crecimiento superiores a las registradas
durante los periodos de auge económico porque se empezó a actuar en la
industria. Fue con la llegada del Partido Popular cuando se desatendió la
industria y otra vez entró en una profunda recesión, fundamentalmente por
la falta de crédito, fundamentalmente por la falta de inversión —se
lo he dicho anteriormente— en I+D, por los elevados precios
energéticos y, sobre todo, el declive industrial viene por su reforma
laboral que facilita el despido y el cierre de muchas industrias en
nuestro país.

El Gobierno sabía que había un plan consensuado con las
comunidades autónomas. Este plan lo conocía el ministro y, por cierto, en
la primera comparecencia en marzo de 2012 —usted no estaba—
el señor Soria dijo que se comprometía a revisarlo, pero no lo hizo.
¿Sabe lo que hizo al año siguiente, en febrero del año 2013? Mandó una
carta a 70 empresas —está en los medios de comunicación—
pidiéndoles consejo ante su falta de ideas para aplicar una política
industrial en nuestro país. Fue, de alguna manera, una ocurrencia, y por
eso le digo que a los tres años ustedes sacan la chistera y usted misma,
hace un mes más o menos, dice en el Congreso que, efectivamente,
contemplan todas las medidas que tenía el Plan industrial 2020. ¿Y por
qué durante tres años no las aplicaron? Esa es la queja, ese es el
reproche que le hago.

Y ahora usted dice que han aprobado una agenda y nos ha
dicho hoy, si mal no le he entendido, que casi el 70 % de esas medidas
están en marcha. Mi pregunta es: ¿Son medidas nuevas, acaso no son
medidas que ya estaban muchas de ellas aplicándose y que este Gobierno ha
recortado, como antes le he comentado, del año 2011 al 2020? No han
puesto en marcha ninguna medida nueva, dígame una sola medida que hayan
puesto en marcha en estos tres meses y que ya esté operativa.

Y poco más, solo le pido que, por favor, se aclare con el
ministro sobre si España necesita reindustrializarse o no, porque parece
ser que usted no considera que haya que reindustrializar, a pesar, como
le he dicho anteriormente, de que se haya destruido más empleo en el
período de crisis económica que en todo lo que fue la reconversión
industrial. Y, por cierto, las exportaciones, que es verdad que están
creciendo, crecían más cuando ustedes heredaron el poder, en este caso
cuando llegaron al Gobierno, crecían un 7,3 %. Hoy también sabemos que,
igual que en la última década, las exportaciones iban de alguna manera
acompasadas a la actividad industrial, hoy sabemos que están
desacopladas, que las exportaciones no son un elemento tractor de la
economía, que no tiran de la economía. O sea, son muchas cosas las que
tenemos que trabajar.

Por último, cuando apela a la herencia —que también
usted lo ha hecho—, solamente le digo una cosa: cuando uno apela a
la herencia es porque se avergüenza de las políticas de este Gobierno,
que nos han traído más paro, más precariedad, más desigualdad y menos
servicios públicos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

¿Senador Palacios? (Denegaciones).

No hace uso de la palabra.

Para finalizar la comparecencia, tiene la palabra la señora
secretaria general.

La SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA (Cristeto Blasco): No nos vamos a enzarzar en el concepto
de reindustrializar o no. Yo le he dicho que a mí personalmente, como
Begoña Cristeto, no me gusta esa palabra, le he explicado los motivos,
pero no considero que una sesión como esta deba centrarse en una palabra,
sino en cómo apoyamos entre todos la industria.

Se ha partido de la base —y creo que todos ustedes en
cada una de sus intervenciones lo han dicho— de que es necesario
más industria, es necesario llevar a cabo una serie de actuaciones, y si
repasamos una a una las que han dicho, son las actuaciones que están
recogidas en la agenda.

Claro que analizamos el PIN, pero cómo no lo vamos a
analizar. Yo le garantizo que me nombraron el 1 de febrero de este año y
a las dos o tres semanas ya estaba analizando ese PIN, porque la
situación de la industria española y las recetas estaban claras, pero es
verdad —lamento decirlo, pero si quiere lo sacamos y lo
leemos—, el diagnóstico que se estaba haciendo era totalmente
erróneo, porque se partía de una situación que nosotros considerábamos
que no era real. ¿Por qué tuvimos que realizar otro diagnóstico? Porque
no tenía nada que ver la industria que entro en la crisis con la
industria que estaba saliendo de la crisis. Es decir, para poder
establecer las medidas necesarias hay que tener muy claro el diagnóstico
de la situación que en ese momento, en 2012—2013, tenía nuestra
industria.

Se realizó en el tiempo más rápido posible, se presentó en
2013 y la agenda, vuelvo a insistir, son medidas que hemos consensuado
con todos los ministerios, con todos los sectores, medidas que puestas en
marcha, si todas tienen lugar en un momento preciso, como son los
próximos dos o tres años, van a significar dar un vuelco real al entorno
en el que se está desenvolviendo nuestra industria. Hay 70 medidas que
están en marcha, hay medidas —es cierto— que ya vienen del
año pasado, pero lo que están haciendo es que nuestras empresas y
nuestras industrias se vean beneficiadas realmente de su potencia, su
desarrollo y su establecimiento en un momento determinado.

Les invito a que nos apoyen en este proceso que todos
compartimos; es necesario más industria, es necesario apoyar a nuestras
industrias, a cada una con la problemática distinta que tiene, y creo que
hay muchos sectores en los que se puede trabajar conjuntamente, como en
el de la automoción que, como hemos dicho claramente, ha dado un vuelco
importante, ha dado un empujón importante a los resultados del
sector.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria
general. Agradecemos su comparecencia a petición propia, porque ningún
grupo hasta ahora la había pedido, por tanto se la agradecemos
doblemente. Y el presidente le agradece especialmente no solo su completa
disertación, sino su aclaración lingüística, que hace honor a su
nacimiento en Salamanca, de lo que me siento muy honrado. (Risas).

Muchas gracias, señorías. Hacemos una pausa de dos minutos
para despedir a la señora secretaria general. (Pausa).

DEBATIR

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ESTABLECER UNA
LÍNEA DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE FRAILES (JAÉN) PARA LA
FINALIZACIÓN DEL HOTEL BALNEARIO EN DICHO MUNICIPIO.

(Núm. Exp. 661/000468)

AUTOR: GUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión con el
segundo punto del orden del día: debate de las mociones. En primer lugar,
moción por la que se insta al Gobierno a establecer una línea de
colaboración con el Ayuntamiento de Frailes, en Jaén, para la
finalización del hotel balneario en dicho municipio, con número de
registro 661/000468, de la que es autor el Grupo Parlamentario
Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
don Felipe López García.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, las razones por las que traemos a debate esta
moción a esta comisión son fáciles de entender: la necesidad de
aprovechar todos los recursos disponibles del mundo rural y del mundo
urbano. En este caso hablamos del mundo rural, de un municipio pequeño de
la sierra sur de Jaén, de 1800 habitantes, que tuvo un balneario de agua
sulfurosa, con notable éxito y con gran actividad durante el último
tercio del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Dicho balneario se
abandonó y ahora ha surgido la oportunidad de reabrirlo y aprovecharlo,
lo cual puede suponer un revulsivo económico y social de primer nivel
para un municipio de pequeñas dimensiones como este.

¿Qué ha ocurrido? Que el propio ayuntamiento, con sus
escasos medios, abandera la idea y empieza a buscar cooperación,
imprescindible para que el proyecto pueda llevarse a buen puerto. El
ayuntamiento pone al servicio de esta idea todos los recursos
disponibles, con el límite de endeudamiento que le marca la legislación,
pues se trata del proyecto más importante de este municipio en este
siglo. Recaba cooperación de la Diputación Provincial de Jaén y del
Gobierno de Andalucía y se embarcan en esta tarea, hercúlea para ellos
pero imprescindible desde el punto de vista de las oportunidades para el
desarrollo del municipio en el ámbito del turismo y de la generación de
empleo.

Durante el desarrollo del proyecto se concibe el balneario
como un hotel de tres estrellas, aunque finalmente, después de un
estudio, se aconseja que termine convirtiéndose en un hotel de cuatro
estrellas con el fin de ubicarlo dentro de un mercado que parece tener
muchas más posibilidades de éxito en cuanto a su explotación, que es de
lo que se trata. Por tanto, se hace necesaria una financiación
complementaria.

El objetivo de esta moción es que, junto al Ayuntamiento de
Frailes —gobernado, por cierto, por el Partido Popular, lo cual no
significa nada, pues lo sustantivo, más allá de la coyuntura política y
de quien gobierne el municipio, es que el proyecto pueda salir
adelante—, que ha puesto todos sus medios al servicio de este
interesante, importante y potente proyecto para el municipio, que ha
contado con la cooperación de la diputación y el Gobierno de Andalucía,
el Gobierno de España pueda arrimar el hombro para sacar adelante este
proyecto que, sin duda, representará un revulsivo para el desarrollo
económico y social y para el empleo de este municipio. Este es el
contenido de la moción y por ello pedimos a la comisión que inste al
Gobierno a establecer esta línea de cooperación con el ayuntamiento.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

¿Hay turno en contra? (Denegaciones).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto no está
presente.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco no está
presente.

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones).

El senador Montilla no hace uso de la palabra.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió? (Denegaciones).

El senador Sedó no hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
nuevamente el senador López García.

El señor LÓPEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Espero que el hecho de que no haya turno en contra
represente una buena señal, y es que exista la posibilidad de que la
moción se apruebe por unanimidad y se inste al Gobierno a colaborar para
que este ayuntamiento pueda sacar adelante este importante proyecto.

Reitero la oportunidad que un proyecto de esta envergadura
representa para un pequeño municipio como este, de 1800 habitantes. La
economía de este municipio se encuentra ligada al sector agrario
fundamentalmente, pero está enclavado en una zona con altos valores
naturales —la continuación de la sierra Subbética y la Sierra
Mágina—, y su atractivo como espacio natural, aunque la zona no
esté calificada como parque natural, y los valores de la zona lo hacen
suficientemente atractivo.

Por lo tanto, este proyecto supone un revulsivo y una
oportunidad y requiere de un esfuerzo compartido. Espero que así sea
entendido por la comisión y pueda instarse al Gobierno a establecer esta
línea de cooperación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López
García.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora García Carrasco.

La señora GARCÍA CARRASCO: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías.

Comienzo señor López, y siento defraudarle, diciéndole que
el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de su moción, de la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Sin embargo,
quiero dejar muy claro que el Grupo Parlamentario Popular no vota en
contra, y sí apoya el hotel balneario Ardales, en Frailes. Lo digo por
los errores que se suelen cometer en los titulares de prensa, sobre todo
en nuestra provincia. Por ejemplo: «el Gobierno no quiere reducir las
peonadas», «El Gobierno de España abandona a los agricultores», o usted
mismo, cuando el 24 de abril le decía al alcalde de Frailes que
convenciera a senadores y diputados para que apoyaran este balneario, y
lo apoyamos. Usted sabe, y el Partido Socialista de Jaén lo sabe muy
bien, que no hay nada más lejos de la verdad. Y es que el Partido Popular
y su Gobierno no abandonan nada ni a nadie nunca, y lo ha demostrado con
creces. Lo hizo en el año 2012, cuando rebajó las peonadas y cuando bajó
la fiscalidad de los agricultores, y lo ha demostrado durante los últimos
tres años, cuando ha remado contracorriente para salvar las naves que
ustedes abandonaron y casi hundieron. El Gobierno de Mariano Rajoy ha
tirado el lastre y ha conseguido reflotar España. Ya no se habla del
rescate de España, ya no se habla de la prima de riesgo, ya no se habla
de la deuda del sector exterior, no se habla del déficit público
—90 000 millones de euros que nos gastábamos más de lo que
ingresábamos—, una situación que ustedes, señorías del PSOE,
conocen perfectamente porque nos la dejaron de herencia y porque así
abandonaron España. Herencia, una nueva coletilla que parece han sacado
ahora, señor Alique, diciendo que cuando hablamos de herencia nosotros
nos avergonzamos. De nada. Pero sí queremos dejar muy claro que la
herencia que nos dejaron era imposible y que el Partido Popular ha
conseguido en tres años llegar a la situación en la que ahora nos
encontramos.

La apuesta del Partido Popular fue clara: había que plantar
cara a la crisis desde España, desde aquí, que otros no decidieran por
nosotros, que el futuro de los españoles lo decidiéramos nosotros, y así
comenzó el camino de las reformas estructurales y del sistema financiero
para convertir a España en un país creíble y competitivo, en un país
capaz de crecer y crear empleo y, por lo tanto, mejorar el bienestar de
los españoles. Se han sentado las bases para el futuro, para que no
vuelva a ocurrir la pesadilla que

han vivido y todavía viven muchos españoles. Y, claro, una
vez pasada la tormenta y recuperada la nave, ustedes miran hacia arriba,
al Gobierno de la nación. Pero no tendrían que hacerlo, claro que no, si
la Junta de Andalucía cumpliera con sus competencias.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz,
siempre dice: El Partido Socialista sabe hacer las cosas de otra manera,
sabe gobernar de otra forma, y que Mariano Rajoy tome nota. Si
verdaderamente supieran gobernar de otra manera, no hubieran quitado a
los ayuntamientos de Andalucía en dos años 720 millones de euros por la
reducción del Plan de cooperación o el incumplimiento de la Patrica, lo
que le hubiese permitido al Ayuntamiento de Frailes continuar con la
obra. Si la Junta de Andalucía supiera gobernar de otra manera, no
hubiera reducido las inversiones en cinco años en un 75 % o, en el año
2014 no hubiese dejado de invertir 580 millones de euros en
infraestructuras, porque ha ejecutado solo el 32,7 % del presupuesto. Si
gobernaran de otra manera, no hubieran dejado de invertir 816 millones de
euros para proyectos empresariales. Y solo le hablo de lo que compete a
esta moción.

Dicho esto, es responsabilidad de todos, ayuntamientos,
Gobierno central y Junta de Andalucía, sacar adelante el proyecto del
balneario de Frailes. ¿Qué está haciendo el Gobierno del Partido Popular,
en concreto el Ministerio de Industria, Energía y Turismo? Trabaja para
posicionar a España como un país referente a nivel mundial en el turismo
de salud, donde se enmarcaría el proyecto del balneario de Frailes. Según
la Estrategia 2020, el turismo de relax es un subsegmento del turismo de
salud, en el cual la motivación principal es mantener o mejorar el
equilibrio físico y psíquico del turista que lo practica. La demanda está
formada principalmente por personas sanas que disfrutan de buena salud,
pero que, debido a su estilo de vida, necesitan un tiempo para relajarse
y cuidarse. Todas las fuentes internacionales coinciden en que el turismo
de salud es tendencia creciente mundial. La Organización Mundial del
Turismo dice que se trata de un producto turístico de enorme potencial y
el informe de la OCDE reafirma que supone al año 75 000 millones de
euros.

El Plan nacional integral de turismo 2012—2015
incluye el producto de salud como un recurso aprovechable dentro del
territorio. Y puede contribuir al impulso y mejora del turismo en España,
sobre todo del turismo internacional. El turismo de salud puede ayudar a
transformar el turismo de España, el turismo de las comunidades autónomas
y de los municipios. Frailes será uno de los municipios que podrá
aprovecharse de esta nueva estrategia dentro del Plan nacional de
turismo, que tendrán que integrar las comunidades en sus planes, como han
hecho ya algunas.

El pueblo de Frailes apostó, como usted bien ha dicho, por
sus recursos endógenos y sus fuentes de agua sulfurosa. Y se ha
convertido en un enclave privilegiado en la comarca de la sierra sur para
albergar el proyecto del balneario, gracias a su clima fresco, que
recuerda al del norte, y por ser frontera de tres provincias. Frailes
lucha por un proyecto que, sin lugar a dudas, ayudará a diversificar la
economía del municipio, basada en el monocultivo del olivar, y a fijar la
población al territorio por la creación de empleo, motor de desarrollo y
bienestar. Este empleo ya se viene generando en el presente, puesto que
supone de 10 a 12 personas trabajando al mes en la construcción. Una vez
finalizado el proyecto, se estima que podrá generar 20 puestos de trabajo
de forma directa, más alguno de forma indirecta, además del turismo que
generará el propio balneario y que repercutirá en toda la comarca de la
sierra sur y también en la provincia de Jaén. El ministerio, a través de
la Secretaría de Estado de Turismo, pone a disposición del Ayuntamiento
de Frailes la financiación, con la línea de préstamo Fomit, tras la
correspondiente solicitud y a través de la comunidad autónoma.

Y ahora les toca a ustedes, señorías del Partido Socialista
y de Izquierda Unida, porque gobiernan en la Junta de Andalucía y llevan
la Consejería de Turismo, sobre todo en Andalucía, siempre, claro está,
dentro de las competencias de la Junta de Andalucía, porque una de sus
competencias es el turismo en nuestra comunidad. Pero se lo voy a poner
muy fácil, señores, las ITS, las Iniciativas de Turismo Sostenible que
financiaban este proyecto, no han existido en el presupuesto de la Junta
de Andalucía en 2012, 2013 y 2014. Desaparecieron. Pero en 2015, parece
ser que hay alguna partida para la ITS. Ahora bien, ustedes sabrán a qué
van destinadas. Nosotros, no. Pero ustedes sí. Porque el presupuesto de
la Junta de Andalucía no está provincializado, con lo cual, ustedes sí
van a poder hacer fuerza.

Pues bien, señorías, concluyendo. Hay una enmienda del
Partido Popular a los presupuestos del Parlamento de Andalucía. Una
enmienda de detracción para invertir en el balneario de Frailes.
Sencillísimo. Ustedes la apoyan, le ponen la misma cantidad que están
pidiendo al Gobierno de España y problema solucionado.

Termino como empecé, señorías. El Partido Popular en el
Senado no apoya la moción, pero apoya la construcción y la terminación
del balneario de Frailes.

Muchas gracias, señorías. (Rumores.—Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Señorías, ruego guarden silencio.

Vamos a proceder a la votación de la moción que se acaba de
expresar.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 15; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

— MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REVISAR Y
MODIFICAR LAS MEDIDAS NORMATIVAS QUE TIENE PREVISTO APROBAR EN EL ÁMBITO
DE LA ELECTRICIDAD PARA EVITAR PERJUICIOS EN EL SECTOR DE LAS BIOMASAS Y
EN EL MEDIO RURAL.

(Núm. exp. 661/000510)

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

El señor PRESIDENTE: La siguiente moción es del Grupo
Socialista.

Tiene la palabra el señor Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Intervengo para decir que retiramos
la moción.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor portavoz. (El
señor Palacios Zuasti pide la palabra).

Tiene la palabra el señor Palacios

El señor PALACIOS ZUASTI: En relación con la retirada,
quiero decir que algún grupo a lo largo de esta legislatura está
repitiendo los mismos argumentos, bien sea con las prospecciones
petrolíferas, con el fracking, con las renovables o con la biomasa. Pero
lo que no nos había sucedido hasta ahora era que en 2 órdenes del día
viniera el mismo asunto, porque tenemos 2 iniciativas idénticas al 100 %.
Una, que se debatió y votó en el Pleno de esta Cámara el día 25 de junio,
que tenía número de registro de entrada 131987, de 16 de junio, y la que
ahora vamos a debatir es la misma, aunque es cierto que en el papel han
cambiado un poco el formato, pero es idéntica al 100 % a otra que
presentaron el 19 de mayo, que es esta, y que tiene el número de registro
de entrada 127356. Yo no entiendo cómo hemos podido llegar con esto hasta
este momento, es decir hasta el momento en que se iba a debatir en
comisión. El grupo proponente tendría que haberla retirado en el momento
en que se debatió y votó en el Pleno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor portavoz. (El señor
Alique López pide la palabra).

Tiene la palabra, señor Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Sin ánimo de entrar en ningún
debate, podríamos haberla debatido, habernos autoenmendado y podríamos
seguir discutiendo sobre el tema de la biomasa, que no es un asunto
cerrado. Pero parece que al portavoz del Grupo Popular, si me permite la
expresión, le va la marcha. (Rumores). Sí, claro, porque yo hablé con el
letrado —él puede ratificarlo, creo que fue ayer por la
mañana— y le comenté que si podía transmitírselo al presidente o al
resto de los grupos, o hacer una modificación, porque la íbamos a
retirar. Es verdad que no lo he formalizado por escrito, pero se sabía
que se iba a retirar. Por eso no entiendo por qué se reitera. La hemos
retirado, pero podríamos haberla mantenido, señor Palacios, entre otras
razones, porque lo que está usted diciendo hoy podría haberlo dicho en la
reunión de Mesa y portavoces, que es cuando se podía haber retirado esta
moción si se hubiese considerado así. No quiero entrar en debate pero
quiero decir que la hemos retirado y que, por tanto, no se va a debatir.
No hable usted de que se va a debatir algo que no se va a debatir, porque
nos van a volver locos. Dicen que apoyan a un ayuntamiento, le dan besos,
pero luego votan en contra de una moción. Viene una secretaria general
que habla de reindustrialización y le contradice al ministro. Menuda
mañana llevan. (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, un poco de orden. Yo creo
que el tema está suficientemente claro. Ustedes, como cualquier grupo,
están en su derecho de retirar mociones en cualquier momento. La

moción se ha retirado, aunque no se ha retirado formalmente
en el sentido de presentar un escrito, pero se retira ahora verbalmente y
de forma expresa, por lo que queda retirada. Por tanto, ya está, no hay
más que hablar del asunto. Además, así ganamos tiempo, algo que estoy
seguro de que todos los miembros de la comisión agradecerán.

DICTAMINAR

— PROYECTO DE LEY DE METROLOGÍA.

(Núm. exp. 621/000096)

AUTOR: GOBIERNO

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden
del día: dictaminar el proyecto de ley de metrología. Número de
expediente 621/000096.

A este proyecto se han presentado 3 vetos, 54 enmiendas y
una corrección de errores a la enmienda número 34, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. Asimismo, por
acuerdo de la Presidencia del Senado de 11 de noviembre de 2014, no se ha
admitido, por carecer de manera evidente y manifiesta de conexión con el
objeto del proyecto de ley que se tramita, la enmienda número 50 del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió. (El señor
Sedó Alabart pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Senador Sedó, tiene usted la
palabra.

El señor SEDÓ ALABART: Presidente, ¿no se ha admitido la
enmienda número 50, o la corrección de errores a la enmienda número
50?

El señor PRESIDENTE: No se han admitido ninguna de las dos,
según me manifiestan aquí, en la Mesa.

Gracias, senador Sedó.

El señor PRESIDENTE: La ponencia se reunió hace pocos días
y acordó aprobar el informe del texto remitido por el Congreso de los
Diputados con la incorporación de la enmienda número 31 y diversas
correcciones de técnica legislativa; en todo lo no modificado por la
enmienda y las correcciones, la ponencia aprueba por mayoría el texto tal
y como fue remitido por el Congreso de los Diputados.

A continuación se pasa al debate y votación de los vetos.
Si ninguno fuera aprobado, continuaríamos con el debate de las
enmiendas.

Los vetos son los siguientes: veto número 1, del Grupo
Parlamentario Socialista; veto número 2, de los senadores doña Mónica
Almiñana Riqué, don Francisco Boya Alón, don Rafael Bruguera Batalla, don
Carlos Martí Jufresa, don José Montilla Aguilera, don Joan Sabaté Borràs
y doña María Jesús Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, y veto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió.

Pasamos, pues, al debate de los vetos. Para la defensa del
veto del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la
palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Intervengo muy brevemente para decir que esta es una ley
que en principio no tendría que ser objeto de confrontación política.
Supongo, además, que si debatiéramos el tema de la metrología con la
inmensa mayoría de los ciudadanos de la calle, tampoco lo sería, pues no
es algo que suscite un especial debate ciudadano.

A pesar de todo, nosotros presentamos un veto por dos
razones: la primera, porque hay determinados artículos de la ley que
entran en confrontación con competencias que están atribuidas, en este
caso, al Estatuto de Autonomía de Cataluña por su artículo 139.4, que
dice que corresponde a la Generalitat las competencias ejecutivas en
materia de control metrológico. Entendemos que no se respeta en el
redactado de la ley las competencias de un artículo vigente del Estatuto
de Autonomía. Y la segunda, porque en el trámite parlamentario de esta
ley en el Congreso se incorporó una disposición final cuarta que, a
nuestro modo de entender, intenta evitar los informes preceptivos
—que si se hubiera tramitado mediante otra norma, no incorporándolo
como enmienda en el trámite parlamentario, no habría evitado— del
Consejo de Estado y de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, ya que esta

disposición final cuarta modifica en un tema no menor una
ley como la del sector eléctrico. Pero no quiero entrar en los detalles,
supongo que habrá tiempo en el Pleno de dar los argumentos, y a él nos
remitimos para defender nuestro veto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa del veto del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió tiene la palabra el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente para justificar este veto, que hemos
presentado por cuatro motivos básicos. El primero se refiere al aspecto
competencial. Esta ley ataca competencias ejecutivas que son de las
comunidades autónomas, y en este caso de Cataluña, donde se aplica un
sistema que funciona correctamente, y por la línea de la tan famosa
unidad de mercado se quiere limitar competencias, que en este caso son de
las propias comunidades autónomas, y se intenta limitar la capacidad
administrativa y ejecutiva que compete al Gobierno catalán. También hay
razones de índole técnica e industrial que nos hacen considerar que este
proyecto de ley no tiene sentido. Y finalmente hay también aspectos de
seguridad industrial que afectan a los derechos de los consumidores.

Por tanto, nosotros nos ratificamos en este veto, y en el
Pleno creo que tendremos ocasión de desarrollar mejor estos
argumentos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.

Para la defensa del veto del Grupo Parlamentario
Socialista, que figura como tercero en el orden del día de hoy
—porque según el orden de presentación, el veto número 1 es el que
vamos a debatir ahora, del Grupo Parlamentario Socialista; el número 2 es
el de Entesa, y el número 3 el de Convergència i Unió, pero supongo que
ustedes entienden el orden del debate—, tiene la palabra el senador
Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

De forma muy breve voy a defender la posición del Grupo
Parlamentario Socialista en relación con el veto que presenta a este
proyecto de ley de metrología.

Respecto a la metrología, seguramente es necesario
actualizarla para adaptarla a la realidad económica, social e industrial
tras la plena integración de España en la Unión Europea. Es verdad que ya
va camino de cumplir 30 años desde la última ley que se aprobó en
democracia sobre metrología, concretamente en el año 85, y en este
sentido nada que objetar. Solo esto no motivaría el veto que presenta el
Grupo Parlamentario Socialista más allá de las enmiendas que luego
defenderá mi compañero Medina para mejorar este proyecto de ley. Pero
llegamos a la disposición final tercera y nos encontramos, si se me
permite la expresión, con otro ejercicio de piratería parlamentaria del
Partido Popular, porque en el Anteproyecto de Ley de metrología que el
Gobierno remite para su informe al Consejo de Estado no figura esa
disposición final tercera, y por tanto, el informe que emite el Consejo
de Estado lo hace sin conocer esta disposición final tercera, que
transforma ni más ni menos que varios artículos de la Ley de industria de
1992. Por tanto, en el texto que se remite al Consejo de Estado no
aparece esa disposición, y a posteriori, por la puerta de atrás —si
me permiten la expresión—, para evitar ese informe del Consejo de
Estado, se introduce la disposición final tercera. Este mecanismo es algo
a lo que nos tiene acostumbrado el Grupo Parlamentario Popular durante
esta legislatura. Pero a veces también adoptan otro mecanismo para eludir
el informe del Consejo de Estado, cuando trasponen directivas europeas,
en las que la Constitución Española obliga a que haya un informe previo
del Consejo de Estado. Por ejemplo, la última trasposición de la
directiva de eficiencia energética la hacen ustedes a través de un real
decreto ley que no tiene obligación de ser remitido al Consejo de Estado,
y, por tanto, esa directiva se traspuso sin el correspondiente informe
del Consejo de Estado, contraviniendo con ello la Constitución. Ustedes
apelan unas veces a la Constitución y otras se la saltan a la torera.

Así pues, utilizan primero una ley, la de metrología, para
modificar otra que nada tiene que ver con lo que estamos debatiendo, que
es la seguridad industrial, modificando la Ley de industria, y en este
caso, además, modifican la Ley de industria con un claro debilitamiento
de los mecanismos de control de todas aquellas instalaciones vinculadas
de una u otra manera a las seguridad industrial. ¿Y cómo lo hacen?
Eliminando el régimen de autorización de los órganos de control para
iniciar y desarrollar servicios

relacionados con la calidad y la seguridad industrial, que
no es una función, la de los órganos de control, estrictamente privada,
sino que es una función pública. Y esto nos preocupa. Y en segundo lugar,
de esta forma, como digo, se saltan ya de paso el informe del Consejo de
Estado.

Si hay que hacer modificaciones legislativas a la seguridad
industrial, preséntese una ley de seguridad industrial o una ley de
industria y debatámosla. Pero esto no lo han hecho ustedes en estos tres
años, y lo que no es razonable, y por tanto, no aceptamos, es que de
tapadillo se utilice la Ley de metrología para debilitar la seguridad
industrial, vulnerando, además, la directiva europea de servicios.

Como digo, nosotros habríamos dado luz verde a este
proyecto de ley, pero, evidentemente, aquí hay dos leyes, la de
metrología y una modificación importante de la Ley de industria en lo que
se refiere a la seguridad industrial. ¿Que hace falta una nueva ley de
industria? Pues ya hemos tenido ocasión de debatir con la secretaria
general de Industria sobre lo importante que es apostar por la industria
en este país, y no voy a reiterarlo. Por tanto, como digo, utilizan una
ley para modificar otra que nada tiene que ver, sin el oportuno informe
del Consejo de Estado, pero hete aquí que hay una novedad en el trámite
en el Congreso que, por supuesto, el Consejo de Estado no pudo conocer, y
es que ustedes introducen una enmienda en el Congreso, la número 58, y
vía enmienda modifican una ley que nada tiene que ver con la metrología.
Me estoy refiriendo a la Ley del sector eléctrico, ley que fue debatida
hace tan solo un año, que tuvo unas 280 enmiendas en el trámite tanto en
el Congreso como en el Senado, algo que, por cierto, tampoco es nuevo,
porque ustedes lo hicieron en la Ley de evaluación ambiental,
introduciendo enmiendas en el Congreso, modificando varias leyes para dar
vida y por ley al trasvase Tajo-Segura. Como decimos en nuestro veto, se
contravienen las resoluciones judiciales, en este caso la sentencia del
Tribunal Constitucional 119/2011, cuando afirma que la enmienda no puede
servir de mecanismo para dar vida a una realidad nueva que debe nacer de
una también nueva iniciativa, es decir, que tiene que haber correlación
entre la enmienda que se presenta y la ley que se está debatiendo, y en
este caso, evidentemente, la Ley de metrología no tiene absolutamente
nada que ver con la Ley del sector eléctrico, que es la enmienda que
ustedes presentan.

Por tanto, rechazamos el método y rechazamos el contenido,
entre otras razones porque lesiona los derechos de los parlamentarios y
evita todos los informes y los dictámenes previos de los órganos
consultivos propios de cualquier iniciativa parlamentaria. Además, aquí
ustedes rizan el rizo porque, como digo, primero, modifican en una ley
que no tiene que ver nada sobre la que trata, en segundo lugar, se saltan
el informe del Consejo de Estado y, en este caso, además debilitan el
ámbito competencial de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, es decir, del regulador. ¿Y cómo lo debilitan? A través de
esa enmienda, convertida ya en su tramitación en el Senado como
disposición final cuarta, en la que quitan a la CNMC la competencia de
fijar los peajes y la metodología para su cálculo, contraviniendo con
ello la Directiva europea 2009/72. Esto es una prueba más del
intervencionismo por parte del Gobierno del Partido Popular, que parece
que le molestan los órganos reguladores. Primero eliminaron varios
órganos reguladores, entre ellos la Comisión Nacional de Energía, y
después metieron todas las competencias en la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. La Ley del Sector Eléctrico, en el artículo
16, les atribuye esta competencia, la de fijar los peajes y la
metodología para su cálculo, pero ahora ustedes se la roban, si me
permiten la expresión, a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Seguramente podrá haber una investigación formal por parte
de la Comisión Europea porque esta directiva, precisamente, marca como
principal objetivo la independencia del regulador.

Creo que son razones suficientes para presentar el veto y
pedirles el apoyo al mismo. En cualquier caso, en el Pleno tendremos
ocasión de debatirlo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

¿Hay turno en contra? (Denegaciones).

Empezamos el turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿senador Iglesias?
(Denegaciones).

El Grupo Vasco no está presente.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
¿senador Montilla? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, ¿senador Sedó? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Socialista, ¿señor Alique?
(Denegaciones).

Por el Grupo Popular en el Senado, la senadora Luzardo
tiene la palabra.

La señora LUZARDO FUENTES: Muchas gracias, señor presidente
y muy buenos días.

Voy a empezar con una cuestión previa. A mí me parece,
senador Alique, que le estamos haciendo un flaco favor a esta Cámara
cuando utilizamos términos como tapadilla, piratería, robar y alguno más.
Sinceramente, como cuestión previa, le diría que a mí me molesta ese
vocabulario, porque podemos estar de acuerdo o no en cómo se hace una ley
y en qué disposiciones se ponen al final, pero deberíamos ser muy
respetuosos con la democracia, con la Cámara en la que estamos
representando a nuestros ciudadanos y, sobre todo, con el vocabulario que
utilicemos porque, como usted comprenderá, cada vez tiene más
trascendencia lo que hace el Senado, y la verdad es que a mí me disgusta
mucho los términos que usted ha utilizado.

Voy a defender las bondades de este Proyecto de Ley de
metrología, y después expondré por qué el Grupo Popular va a votar,
evidentemente, en contra de los tres vetos que se han presentado.

En primer lugar, quiero decir que este proyecto de ley
actualiza y mejora la vigente Ley de 1985, pues después de casi tres
décadas se hace necesario y oportuno adaptarla a los nuevos tiempos, y
sobre todo introducirla en las nuevas tecnologías. Quiero destacar la
facilidad de esta ley para compilar en un solo texto toda la normativa
existente con el único objetivo de facilitar la comprensión, sobre todo,
a los ciudadanos, así como la gran flexibilidad para adaptarse a las
directivas europeas.

Esta ley tiene tres vetos, en donde se cuestionan, sobre
todo, las dos disposiciones finales pero, en primer lugar, me gustaría
destacar qué es la metrología. La metrología es la parte de la física que
estudia las mediciones de las magnitudes, garantizando su normalización.
Incluye el estudio, el mantenimiento y la aplicación del sistema de pesas
y medidas. La propia Constitución, en el artículo 149.2, establece que el
Estado tiene la competencia exclusiva sobre las pesas y medidas y la
determinación de la hora oficial.

Este texto establece la obligatoriedad de utilizar el
sistema internacional de medidas que va más allá de las tradicionales
unidades de medida, ya que incluye no solo su nombre y la definición,
sino el uso de sus múltiplos y submúltiplos. Esta norma garantiza el
control metrológico del Estado, asegurando la certeza y la corrección de
las mediciones, los procedimientos para su utilización, el mantenimiento,
la evaluación y la verificación. Se someten a este control los
instrumentos, medios materiales de referencia, sistemas de medidas y
programas informáticos que sirven para medir o para contar, y que son
utilizados por razones de interés público, salud y seguridad, además de
la protección también del medio ambiente.

La senadora Nicolás y yo misma nos hemos reunido con los
diferentes sectores, con asociaciones, con fabricantes, y teníamos
intención —no sé si después del tono que ha utilizado seguiremos
teniéndola— de aprobar alguna de las enmiendas parciales que han
presentado los diferentes grupos porque nos parece que era una
oportunidad para mejorar el texto. Yo sé que hay algunos partidos que no
tienen nada que ver con la filosofía que tiene el Partido Popular, pero
nosotros queríamos aplicar la Ley de garantía de la unidad de mercado,
que entre otras coscas, como saben, permite que las empresas con una
única licencia puedan operar en todo el territorio español. Como digo, sé
que esta no es la postura, sobre todo, de algunos grupos que me han
precedido en el uso de la palabra, pero para nosotros sí era
fundamental.

Me van a permitir también que diga algunas de las novedades
que tiene esta ley y que a mí me parecen muy importantes, como la puesta
en marcha del instrumento testigo. Esto significa que en un mercado
municipal, por ejemplo, vamos a poder comprobar que el pesado que hemos
tenido en uno de los puestos del mercado es exactamente el mismo que nos
llevamos. Es decir, si quiero comprar un kilo de plátanos
—comprenderán que ponga el ejemplo de los plátanos o de tomates por
aquello de la tierra—, voy a poder comprobar en el instrumento
testigo que esa es la cantidad exacta. He descubierto también algunas
curiosidades en el estudio de este proyecto de ley que abarcan desde ir
al supermercado, coger un taxi o llevar el coche a la gasolinera para
repostar.

Quería comentarles, asimismo, que no hay ningún problema de
competencias con las comunidades autónomas porque incluso en las
sentencias del 13 de mayo y 12 de diciembre del año 1991, el propio
Tribunal Constitucional deja claro que corresponde a las comunidades
autónomas la competencia ejecutiva en la aplicación de la Ley de
metrología. Por lo tanto, no existe exclusión de las facultades
autonómicas.

En relación con la Ley de industria —ahora sí me voy
a extender más en los dos apartados— es verdad que el Gobierno ha
considerado la oportunidad y la urgencia de modificar varios artículos de
dicha ley. ¿Por qué? Porque es necesario que las instalaciones y
productos industriales cumplan con los requisitos técnicos de seguridad y
medio ambiente. También es cierto que la trasposición de la Directiva
2006, que luego se estableció con dos leyes, la 17/2009 y la 25/2009,
establece la obligación de que los organismos de control dispusieran de
una acreditación por parte de la Entidad Nacional de

Acreditación, ENAC, que se garantice la competencia técnica
y la autorización administrativa previa, y además la exigencia de
disponer de una póliza de seguros de responsabilidad civil. Todo esto nos
parece que es oportuno, precisamente ahora, establecerlo en la ley. Y la
sentencia del Tribunal Supremo del año 2011 también establecía que los
organismos de control tenían la necesidad de la autorización
administrativa, salvo que el Estado justificase una razón imperiosa de
interés general. Se modifica esta ley porque hay que establecer el
control ex ante, la acreditación por la ENAC y la posterior declaración
responsable.

Como comentaba antes, la Ley de garantía de la unidad de
mercado es la que habilitará a que los organismos de control puedan
ejercer actividad en todo el Estado español, cosa que la Ley de 1992 no
lo contempla.

Termino diciéndole que en este apartado también se han
actualizado las infracciones y se establece, de acuerdo con la Ley de
desindexación, que se impida la subida de las sanciones con respecto al
IPC correspondiente en cada momento.

Senador Alique, yo le he escuchado atentamente, y como he
buscado, he mirado, he estudiado y tengo aquí el PIN 2020, puedo decirle
que es cierto lo que usted ha dicho, pero no ha mencionado que en la nota
de prensa que hizo en su día el Gobierno, el Plan Integral de Política
Industrial 2020, el PIN, en su punto 3 dice lo siguiente: Las previsiones
del impacto económico son consistentes con el compromiso de reducción del
déficit adquirido por el Gobierno ante la Unión Europea. Le repito,
señoría ─¿me escucha?─ que el déficit adquirido por el
Gobierno ante la Unión Europea fue el 6 % y no el 9,4 %, que fue el que
luego aparecía en las cuentas heredadas.

Además, quiero decirle que, como no tengo ningún problema
de complejo con el Gobierno actual del señor Rajoy, y muchísimo menos con
mi ministro —déjeme que diga mi ministro Soria— también haré
algunas reflexiones sobre lo que hemos recibido de herencia que, para mí,
no es ningún complejo sino la realidad.

En relación con la disposición final de la Ley del sector
eléctrico, es verdad que hay otros partidos, otros gobiernos, que cometen
un error y se mantienen durante años en ese error; nosotros, no. Nosotros
hemos considerado que era necesario aclarar las competencias de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, y también
aclarar las que le corresponden al propio Gobierno de España. Por tanto,
lo que hemos hecho es clarificar las competencias de la CNMC y también
dejar claro que al Gobierno le corresponde fijar la estructura de los
peajes y los precios.

Termino haciendo mención a la situación que hemos recibido
del Gobierno anterior en relación con el sistema eléctrico. Señoría, la
reforma del sistema eléctrico ha logrado equilibrar el sistema eléctrico
garantizando el suministro con un nivel de calidad adecuado y al menor
coste posible y, además, ha asegurado su sostenibilidad económica en el
futuro. En este año 2014, se prevé y se estima que la bajada de la
factura del consumo de la luz sea en torno al 4 %; ya bajó un 3 % en el
año 2013. Es la primera vez que las compañías eléctricas, gracias a la
reforma que se ha llevado a cabo, han devuelto 400 millones de euros a
los consumidores por haberles cobrado de más. Sé que con esto les puede
parecer a ustedes que estoy liando la intervención, pero lo que quiero
dejar claro es que este Gobierno toma decisiones, corrige, si considera
necesario, una ley reciente y, sobre todo, acomete reformas para sostener
el sistema eléctrico que recibimos como herencia del Partido Socialista
Obrero Español.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Acabado este turno, pasamos a la votación de los vetos, por
el orden del debate.

Por tanto, votamos el veto número 2, de los senadores
Almiñana Riqué,

Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla
Aguilera, Sabaté Borràs, Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

A continuación, votamos el veto número 3, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda, igualmente, rechazado.

Finalmente, pasamos a votar el veto número 1, del Grupo
Parlamentario Socialista. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda, igualmente, rechazado.

Pasamos al debate de las enmiendas por el orden de su
presentación, empezando por los grupos de menor a mayor. Por tanto, para
defender la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo solo para dar por defendidas todas las enmiendas
del Grupo Parlamentario Mixto, y después salir corriendo hacia la
Comisión de Presupuestos de donde procedo. Pido perdón por
ausentarme.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iglesias.
Conocemos su

múltiple actividad en estos días.

Pasamos a las enmiendas 32 y 33, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado, que entiendo que también las dan por defendidas.
(Asentimiento).

El siguiente grupo de enmiendas números 17 a 30, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Para su defensa, tiene la
palabra el señor Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Intervengo para dar por
defendidas las enmiendas 17 a 27 y 28 a 30, contenidas en dos
bloques.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para defender las enmiendas 34 a 49 y 51 a 54, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra
el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Gracias, señor presidente.

Intervengo para darlas también por defendidas y esperar a
su debate en el Pleno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 2 a 16, por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Medina.

El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, presidente.

Señorías, voy a comentar dos aspectos. Senadora Luzardo,
los que hacen un flaco favor a la Cámara son quienes se saltan los
procedimientos para evitar pronunciamientos de los órganos competentes en
la materia. Eso sí que es faltar al respeto a la Cámara.

Desde luego, nos encontramos ante un proyecto de ley un
poco singular por varios motivos: primero, por la propia materia que
trata. Los que hemos tenido la oportunidad de estudiar algunas carreras
de ciencias, como es mi caso, soy licenciado en Matemáticas, sabemos la
importancia que tiene medir bien las cosas, saberlas medir, y ese es el
objeto de la ley: qué es susceptible de medir; qué instrumentos debemos
usar para medir; qué unidades para comparar; cómo normalizamos el
procedimiento de la medida; cómo garantizamos que se mida bien, y cómo
sancionamos a los posibles defraudadores. Ese es el objeto del proyecto
de ley, y no lo digo yo, lo dice el texto en su artículo 1.

Pero la singularidad de esta ley no está en la materia que
trata, que, como muy bien ha dicho el senador Montilla, suscita poca
discusión, si acaso alguna cuestión de matices, porque es una ley más
científica que política. El problema que tiene esta ley está en las 2
disposiciones finales que introduce el Grupo Parlamentario Popular y que
nada en absoluto tienen que ver con el objeto que el artículo 1 define.
Ya tendremos oportunidad de debatir en Pleno con más profundidad este
asunto. Pero miren si es curioso lo que está pasando que la señora
Luzardo ha dedicado más tiempo a las dos disposiciones finales que a
defender el grueso del proyecto de ley, lo que significa que algo no va
bien; pero, en fin, en el Pleno seremos más concretos.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 15
enmiendas; en el Congreso presentamos 25 y fueron aceptadas 10. Voy a
describirlas rápidamente. Al capítulo III, Control metrológico del
Estado, 2; al capítulo V, Organización, 4; al capítulo VI, Régimen de
infracciones y sanciones, 3; a la disposición

transitoria única, 1; y a las 2 disposiciones finales, que
son la clave del veto, presentamos 4 enmiendas: 3, a la modificación de
la Ley de industria, una de ellas de supresión; y a la disposición final
cuarta, modificación de la Ley del sector eléctrico, como es natural y en
coherencia con lo que hemos defendido, tanto en el Congreso como en el
Senado, una de supresión.

Señorías, las damos por defendidas, y nos remitimos al
debate en Pleno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra.

La señora NICOLÁS MARTÍNEZ: Gracias, presidente.

Voy a intervenir en el turno en contra de las enmiendas
presentadas por los grupos de la oposición.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señora Nicolás.

La señora NICOLÁS MARTÍNEZ: Muchas gracias. Ya la tenía.
Creía que me la había dado antes.

Obviamente, contestaré al Grupo Mixto en el Pleno, puesto
que se ha tenido que ausentar. Y, muy brevemente, en primer lugar y
continuando con la reflexión que acaba de hacer el portavoz del PSOE,
señor Medina, le diré que me alegro mucho de que la haya hecho y tengo
que decirle que muchos de los destinatarios de este proyecto de ley no
han estudiado Matemáticas, ni siquiera tienen una carrera o no han hecho
una carrera de Ciencias —tampoco yo, son jurídicas todas las que he
estudiado—. Pero lo que sí tienen muy claro es que la obligación,
el deber del Gobierno es que se vele por sus intereses para que no se les
engañe; y esa y no otra es precisamente la filosofía de este Proyecto de
Ley de metrología, defender los intereses de los consumidores y defender
también que esos consumidores puedan, en un libre mercado, saber que se
están garantizando sus derechos no solamente por el Gobierno sino sobre
todo por los organismos encargados de velar por esos intereses.

Vamos a rechazar las enmiendas, aun advirtiendo a los
grupos que me han precedido en el uso de la palabra que mi compañera y yo
seguimos estudiando algunas de ellas para intentar aprobar las que sean
posibles en el Pleno, pero no la mayoría. En primer lugar, por la falta
de coherencia de algunas en lo referente al texto del Proyecto de Ley de
metrología, porque están en contra del principio de unidad de mercado
—que nosotros como grupo parlamentario obviamente vamos a defender
y defendemos—. En segundo lugar, porque no están en línea con las
directivas de la Unión Europea, que es uno de los objetivos fundamentales
de este proyecto de ley, pues, por ejemplo, algunas eliminan los
requisitos de independencia para la designación de los organismos que
intervienen en el control metrológico del Estado. Y, en tercer lugar y
como último argumento, porque quizá, sin darse cuenta, ustedes con esas
enmiendas que vamos a rechazar proponen la virtual desaparición del
control metrológico del Estado para que, como desgraciadamente ocurre en
este país con tantas materias, sea un control metrológico hecho por 17
territorios diferentes.

Nosotros, en virtud de la normativa europea, consideramos
que traemos un buen texto al Senado. Creemos que, como ha dicho el PSOE
aquí y en el Congreso, efectivamente, el texto de este Proyecto de Ley de
metrología actualiza e incorpora toda la normativa regulada en esta
materia a nivel europeo. Y, con respecto a las disposiciones que tanta
polémica han generado, como son la disposición final tercera, y la
disposición que modifica la Ley del sector eléctrico, lo único que hace
el Gobierno es cumplir con su obligación, y es que cuando sabe que una
cosa no funciona, lo más rápidamente posible —y en este caso,
utilizando un procedimiento que es absolutamente legal— actuar,
como digo, de la manera más rápida posible para que todo ello repercuta
en el desarrollo del bienestar y en la mejora de la economía de este
país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Pausa).

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Popular en el Senado?
(Denegaciones).

Muchas gracias, señorías.

Finalizado, por tanto, el debate, vamos a pasar a la
votación del informe de la ponencia y, si fuera aprobado, se entendería
que quedan rechazadas todas las enmiendas que no hubiesen sido aceptadas
por la ponencia. Nos ahorramos así votaciones de enmiendas.

¿Están de acuerdo los miembros de la comisión?
(Asentimiento).

Pasamos, entonces, a votar el informe de la ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 15; en contra, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la
ponencia. Igualmente, queda dictaminado por la Comisión de Industria,
Energía y Turismo el Proyecto de Ley de metrología.

Les recuerdo que el plazo para la presentación de votos
particulares no debe ser más tarde del día de mañana.

Finalmente, es preciso designar a un miembro de la comisión
para que presente el dictamen en el Pleno. (Varios señores senadores:
Usted mismo).

Muchas gracias, agradezco la confianza de la comisión. El
presidente presentará el dictamen ante el Pleno.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Eran las trece horas y veinticinco minutos.