Contestación del Gobierno a

– Pregunta sobre las cantidades aportadas o previstas
por el Gobierno para la explotación del Gran telescopio Canarias
(Grantecan) durante los ejercicios de 2014 y 2015.

(Núm. exp. 681/002004)

Autor: FUENTES CURBELO, DOMINGO FRANCISCO (GPS) MEDINA
TOMÉ, GREGORIO RAMÓN (GPS) GONZÁLEZ BETHENCOURT, JOSÉ VICENTE (GPS)

– Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con
respecto a la mejora de la dotación destinada al Instituto de Astrofísica
de Canarias (IAC) durante el año 2014 o sucesivos.

(Núm. exp. 681/002005)

Autor: FUENTES CURBELO, DOMINGO FRANCISCO (GPS) MEDINA
TOMÉ, GREGORIO RAMÓN (GPS) GONZÁLEZ BETHENCOURT, JOSÉ VICENTE (GPS)

Comparecencia del Presidente de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC), D. José María Marín Quemada, ante la
Comisión de Economía y Competitividad, para presentar el Plan Estratégico
de la Comisión Nacional.

(Núm. exp. 713/000784)

Autor: COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Debatir

– Moción por la que se insta al Gobierno adoptar
nuevas medidas de protección a los deudores hipotecarios.

(Núm. exp. 661/000482)

Autor: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO

Página
3

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una
enmienda a la moción número 661/000482, del Grupo Parlamentario
Mixto.

Pasamos al debate de la moción por la que se insta al
Gobierno a presentar un proyecto de ley de transposición de la Directiva
2013/50 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22
de octubre de 2013, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Pido por anticipado disculpas a los miembros de la comisión
porque tendré que ausentarme, dado que simultáneamente estoy en la
Comisión de Defensa. Haré además una defensa sintética de las 2
mociones.

Esta moción surge como consecuencia de una respuesta del
Gobierno a una pregunta sobre los avances que se estaban dando en materia
de transparencia societaria por parte de los grandes grupos
empresariales. El Gobierno en su respuesta me informaba de los pasos que
se habían dado, y reconocía que se encontraba pendiente de transposición
esta Directiva 2013/50/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
octubre de 2013, que, además, a la vista de la experiencia reciente de
acontecimientos que han afectado a un gran número de ciudadanos en
nuestro país, entendemos que resulta necesario y urgente trasladar al
derecho interno español, en tanto en cuanto esta directiva plantea la
armonización de los requisitos de transparencia relativos a la
información sobre emisores cuyos valores se admiten a negociación en un
mercado regulado y sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta
pública. No voy a ilustrar a sus señorías sobre cuestiones que son
sobradamente conocidas —basta la lectura de los medios de
comunicación— de lo que han significado en nuestro país las
preferentes, las subordinadas, ofertas públicas de adquisición de
acciones de sociedades que se basaban en información en cuanto a su
situación contable que no respondía a la realidad y que exigen una
respuesta bastante inmediata.

Resulta llamativo, y lo veíamos ayer en el debate del
proyecto de ley de riesgos medioambientales, que en ocasiones el Gobierno
quiera ir por delante de las iniciativas de la Unión Europea y plantee
proyectos antes de que la Comisión Europea apruebe directivas de carácter
medioambiental, y sin embargo en otras materias, como esta, que, insisto,
es fruto de la experiencia dolorosa de cientos de miles de ciudadanos, se
espera para abordar la transposición. De ahí que yo considere necesario
que la comisión inste hoy al Gobierno a afrontar de la forma más urgente
posible la redacción de este proyecto, y espero contar con el apoyo del
resto de la comisión.

El señor PRESIDENTE: Gracias senador Iglesias.

En el turno en contra, tiene la palabra la senadora
Lorite.

La señora LORITE GARCÍA: No intervengo ahora, lo haré en el
turno de portavoces.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Lorite.

Entramos en el turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.

Intervengo simplemente para manifestar nuestro
posicionamiento. Estamos de acuerdo con la moción presentada. Entendemos
que el objetivo es transponer la normativa doméstica a la necesidad de
simplificar las obligaciones de determinados emisores con el fin de que
los mercados regulados resulten más atractivos para los pequeños y
medianos emisores que deseen obtener capital en la Unión, y entendemos
que se pretende introducir una mejora en la eficacia del régimen de la
transparencia existente, especialmente en cuanto a la información sobre
la titularidad empresarial, mejorando lo que ya está regulado por la
Directiva 2004/109 de la Comisión Europea. Por tanto, persigue la
armonización del régimen de notificación de las participaciones
importantes en los derechos de voto, especialmente en cuanto a la
agregación de la tenencia de acciones y de instrumentos financieros, que
debería mejorar la seguridad jurídica y la transparencia y reducir la
carga administrativa para los inversores transfronterizos. Por tanto,
entendemos que va en la línea de una mayor transparencia y una mayor
simplificación de procesos administrativos, que nos parece bien, por lo
que vamos a dar nuestro apoyo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.

Nosotros vamos a votar a favor porque necesariamente la
transparencia ha de ser una condición imprescindible de las nuevas
emisiones. Este es un enfoque equivocado de la cuestión por parte de la
Comisión, porque el problema no es la transparencia o no de las
emisiones, sino fundamentalmente la escasez de control del Banco Central
respecto al endeudamiento o apalancamiento de las entidades financieras
europeas, y este es un problema que el Banco Central no ha sabido atajar,
que no han atajado los supervisores y que ha superado con mucho los
apalancamientos que hay, que ha habido en la banca de los Estados Unidos,
con toda su crisis financiera. Nosotros hemos cometido un error
imperdonable, y la solución que está adoptando en estos momentos la
Comisión no es suficiente para atajar el problema de la banca europea. El
problema real que habría que abordar no es la transparencia en las
emisiones, sino el control del apalancamiento que tienen las entidades
financieras europeas al amparo de una legislación que las hace, por un
lado, nacionales, cuando tienen problemas, y por otro, internacionales,
cuando se trata de pedir crédito y apalancarse. Insisto, el problema no
son las emisiones y su transparencia, el problema es la cantidad de
emisiones que hacen, el endeudamiento, el apalancamiento excesivo de las
instituciones financieras europeas, que el Banco Central Europeo tiene
que poder controlar. Me temo que todavía no estamos en esa disposición, a
pesar de la situación del supervisor único europeo, pero, en todo caso,
quiero insistir: toda la transparencia del mundo, pero enfoque erróneo
para atajar el problema de la banca europea.

Gracia, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.

Por el Grupo Popular, ahora sí, tiene la palabra la señora
Lorite.

La señora LORITE GARCÍA: Gracias, señor presidente. Buenos
días.

Como expone el cuerpo de la moción, el Gobierno está
trabajando en la elaboración de un plan nacional de empresas y de
derechos humanos y en una estrategia de responsabilidad social de las
empresas, teniendo en cuenta las directrices que marca la nueva directiva
europea.

En materia de observancia de derechos humanos y de
responsabilidad social corporativa, la estrategia española responde a las
recomendaciones plasmadas en la estrategia renovada de la Unión Europea,
que insta a los países miembros a impulsar políticas nacionales en esta
materia. El documento que está elaborando el Gobierno servirá de marco
común para todo el territorio español. Contiene 60 medidas y parte de 6
principios, marca 4 objetivos y 10 líneas de actuación con sus
correspondientes medidas para apoyar el desarrollo de las prácticas
responsables de las organizaciones públicas y privadas con el fin de que
se constituya en motor significativo de la competitividad de nuestro país
y de su transformación hacia una sociedad y una economía más productiva,
sostenible e integradora.

Entre las actuaciones del Gobierno que tienen relación con
la Directiva, con la RSE, están: la aprobación de la Ley de transparencia
y de buen gobierno, la puesta en marcha de la Ley de control de la deuda
comercial en el sector público, y la elaboración y tramitación del
anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de sociedades de
capital. Cabe destacar que en el marco de la Estrategia de Emprendimiento
y Empleo Joven, el Gobierno ha creado un sello para dar visibilidad a
aquellas empresas y organizaciones que realizan actuaciones para aquellos
jóvenes que tengan más y mejores oportunidades laborales. Una iniciativa
que en Europa ya ha sido considerada como una buena práctica. Se han
sumado a la estrategia 414 empresas y organizaciones, y 254 tienen ya el
sello concedido. Solo la iniciativa privada ha comprometido 400 millones
de euros adicionales, que se suman a los casi 3500 millones con los que
cuenta la estrategia para poner en marcha actuaciones que faciliten la
inserción de los jóvenes.

También se está trabajando en la creación de un espacio
accesible, que contará con una herramienta telemática para el envío de
las memorias de sostenibilidad IRS de las empresas; en acciones dirigidas
a fomentar la integración de responsabilidad social en las pymes, o en
actuaciones de impulso de la RSE para fortalecer la imagen de España y la
percepción positiva de los productos y servicios españoles.

En cuanto a la modificación de la Ley de sociedades de
capital, que está en fase de enmienda en el Congreso, su objetivo es
lograr la mejora del gobierno corporativo de las empresas. Además de un
informe sobre el proceso electoral aborda aspectos como remuneración de
los consejos, la duración de su

mandato, nombramientos, las situaciones de conflictos e
intereses y los deberes de lealtad y diligencia de los
administradores.

Como novedad incluye una serie de directrices sobre
diversidad y recomendaciones de la directiva europea, como que las
empresas cotizadas deberán elevar la presencia de mujeres en sus consejos
de administración, por lo que la reforma de la Ley de sociedades de
capital obliga a las compañías a fijar un objetivo de representación para
el sexo con menos presencia. A la empresa se le va a marcar uno objetivo
de presencia de mujeres, y las que no lo alcancen deberán presentar
medidas para lograrlo.

Por otra parte, las empresas estarán obligadas a publicar
en sus memorias el plazo medio de pago a proveedores, y si está por
encima de lo establecido deberán explicar las medidas para ajustarse.

La junta de accionistas de las empresas aprobará la
política de remuneración, con carácter vinculante, al menos cada tres
años. Además se reducirá del 5 al 3% el capital necesario para ejercer
los derechos de las minorías, y el cargo de la administración se ejercerá
por periodo máximo de cuatro años frente a los seis actuales. Y si el
cargo de presidente y consejero recae en la misma persona, se pedirá que
al menos dos tercios de la junta aprueben ese nombramiento.

Igualmente, en la norma se propone extender a todas las
sociedades la prohibición del voto del socio que resulte beneficiado en
determinados casos muy claros de conflicto de intereses, y las decisiones
que afecten al 35% de la sociedad tendrán que ser aprobadas por la junta
de accionistas. Con todo ello es evidente que el Gobierno está trabajando
y teniendo en cuenta las directrices y recomendaciones de la directiva
europea. Además de elaborar un estudio sobre las mejores prácticas en
materia de gobierno corporativo y de proponer iniciativas y reformas
normativas adecuadas para garantizar el buen gobierno corporativo, el
Gobierno va a proceder también a la transposición de la Directiva 2013/50
de la Unión Europea.

La nueva directiva europea establece que los Estados
miembros pondrán en vigor las disposiciones legales reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en
ella, dentro del plazo de veinticuatro meses a partir de su entrada en
vigor. Es decir, esta directiva deberá transponerse antes de finales de
noviembre de 2015, y resulta que el Gobierno de España está trabajando en
la actualidad en la transposición de la citada directiva para cumplir los
plazos establecidos.

Por consiguiente, y a tenor de que ya se está trabajando en
la transposición, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de la
moción. Señorías, al tratarse de legislación europea estamos vinculados a
ella y es nuestra obligación cumplirla.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Lorite.

Esta Presidencia entiende, por el transcurso del debate,
que hay consenso de todos los grupos para aprobar la moción. ¿Se entiende
entonces aprobada por unanimidad y asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobada. Muchas gracias.

DEBATIR

– MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR
NUEVAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS.

(Núm. Exp. 661/000482)

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.

El señor PRESIDENTE: Continuamos.

Siguiente moción: Por la que se insta al Gobierno a adoptar
nuevas medidas de protección a los deudores hipotecarios, del Grupo
Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra el senador
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

El pasado martes discutimos en el Pleno una moción en
términos muy similares que defendió el senador Mariscal Cifuentes. En
consecuencia me adhiero a los argumentos fundamentales que de forma
acertada expuso.

Sintetizando mucho el contenido de la moción, quiero
señalar que, como el propio Ministerio de Economía y Competitividad
reconocía, los resultados alcanzados con las medidas impulsadas por el
Gobierno han sido escasos en relación con el código de buenas prácticas,
que en este momento, cuando

el FROB va a poner a la venta la cartera de hipotecas
problemáticas de Catalunya Banc, parece que una de las exigencias que va
a introducir o que va a demandar de los ofertantes es un compromiso de
cumplimiento del código de buenas prácticas en tanto en cuanto estos
adquirientes de fondos extranjeros, fondos buitres en principio no están
comprendidos en el ámbito en el que se estableció y negoció el código de
buenas prácticas, y eso puede dar lugar a un número elevado de desahucios
por estas hipotecas problemáticas que van a adquirir.

La paralización de los desahucios durante dos años también
ha beneficiado a un porcentaje muy pequeño de los desahuciados —en
la moción citaba el porcentaje—, y el Fondo social de viviendas ha
dado también resultados muy limitados: en el año 2013, los datos que se
barajan en la moción hacen referencia a los 3 primeros trimestres, pero
tomando en consideración incluso el cuarto trimestre, en el caso concreto
del Fondo social de viviendas, si no me equivoco, fueron 800 las
viviendas que al final se adjudicaron. En 2013 la banca se adjudicó 50
000 viviendas, un 11% más que en 2012, según los datos del Banco de
España, y de ellas serán primeras viviendas 38 961, más o menos las
mismas que en el año anterior. Entendemos por tanto, y de ahí la razón de
la moción, que es necesario introducir nuevas medidas de protección de
los deudores hipotecarios para salir al paso de ese drama social que son
los desahucios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado, como antes
he referenciado, una enmienda de adición que pretende añadir al texto de
la moción —leo textualmente—: «… entre las que se
incluya, entre otras y como prioritaria, la presentación en las Cámaras
de un Proyecto de Ley de insolvencia sobrevenida que dé una segunda
oportunidad a las familias en riesgo de desahucio por razones
sobrevenidas que contemple todas las medidas necesarias para evitar la
pérdida de la vivienda». Para la defensa de dicha enmienda tiene la
palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Yo creo que la moción es lo suficientemente explícita como
para que la apoyemos, pero entendemos que precisamente en la propuesta de
acuerdo se deja muy abierto cuáles son esas nuevas medidas que pedimos o
que instamos al Gobierno a que tome en consideración. Nosotros hemos
presentado esta enmienda, compartiendo el fondo de la cuestión, para que
el Gobierno adopte nuevas medidas, y proponemos alguna medida muy
concreta, que por cierto son las que hemos venido proponiendo en los dos
últimos años, que es cuando se han puesto de manifiesto esos problemas,
ese drama de un montón de familias que pierden la vivienda y además
siguen con problemas de hipoteca. Esta es la razón de que presentemos la
enmienda, y posteriormente en el turno de portavoces explicaré más
profundamente nuestra posición sobre la moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

Para aceptar o rechazar la enmienda, tiene la palabra por
el Grupo Parlamentario Mixto el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Compartiendo el contenido de la enmienda, no tendría ningún
inconveniente en asumirla, pero dado que en las conversaciones de pasillo
previas al inicio de la sesión, el Grupo Popular me ha trasladado su
voluntad de votar la moción tal cual ha sido presentada, me veo compelido
a no poder aceptar la enmienda, desde una perspectiva estrictamente
práctica, no por colgarme la medalla de que una moción que he planteado
sea aprobada —hace tiempo ya que tengo mi orgullo bastante
embridado—, sino porque creo que, desde la perspectiva de aquellos
a los que va dirigida la moción, es decir, quienes se ven perjudicados
como consecuencia de la pérdida de la vivienda…

El señor PRESIDENTE: Perdón, senador Iglesias, me da la
sensación, por los gestos de los senadores del Grupo Parlamentario
Popular, que hay algún error en la consideración (Asentimiento de los
senadores del Grupo Parlamentario Popular).

Hacemos una pausa de dos minutos (Pausa).

El señor PRESIDENTE: Continuamos con la sesión.

Aclarado el incidente, doy de nuevo la palabra al senador
Iglesias, con la moviola, para que manifieste lo que tenga a bien.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Señor presidente, de lo
manifestado hasta ahora, nada. (Risas). Me desdigo de todo lo que acabo
de decir, una vez que se me ha aclarado que el Grupo Popular, en la
conversación previa, cuando manifestó que iba a votar a favor de la
moción, se refería a la primera y no a esta segunda moción. En ese
sentido, y dado que no la va a aceptar, yo sí voy a aceptar expresamente
la enmienda del Grupo Socialista, porque, como había dicho con
anterioridad, comparto su contenido, y solo por una cuestión
estrictamente práctica, por la de conseguir hipotéticamente que el Grupo
Popular se pronunciara a favor de la moción para que el Gobierno buscara
nuevas medidas de ayuda a los deudores hipotecarios, estaba dispuesto a
rechazarla, pero, dado que no va a ser así, la asumo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Iglesias.

Se entiende entonces incorporada la enmienda a la moción
del senador Iglesias.

Y ahora sí, para turno en contra, senadora Garau, tiene la
palabra.

La señora GARAU JUAN: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado no va
a apoyar esta moción presentada por los senadores Iglesias y Mariscal por
considerarla innecesaria y sin fundamento alguno en estos momentos, ya
que el Gobierno ha adoptado las medidas necesarias para proteger a los
deudores hipotecarios en el umbral de exclusión.

Las normas que rigen esta situación del deudor hipotecario
no son pocas, y debo enumerarlas para que sus señorías sean conscientes:
primera, Real Decreto Ley 6/2012, que ya comenta la moción. Segunda, Real
Decreto Ley 27/2012 —que es para reforzar el anterior—, de
protección a los deudores hipotecarios —incluye a las familias
numerosas, a las familias monoparentales, a las familias con menores de 3
años, a las familias que tengan dependientes o discapacitados a su cargo,
también a las víctimas de violencia de género y a las familias que estén
en situación de paro—. Tercera, Ley 1/2013 —que también es
para la protección a deudores hipotecarios y que reforma el Real Decreto
Ley 6/2012—: su ámbito de aplicación se extiende además a los
contratos de préstamo o crédito garantizados en hipoteca inmobiliaria, y,
evidentemente, tiene en cuenta el umbral de exclusión, que es su objeto
principal. Cuarta, Ley 14/2013, de 27 de septiembre —que es la
última que se ha aprobado—, de apoyo a emprendedores y su
internacionalización, que ya protege de alguna manera esa vivienda
habitual del empresario que, por razones empresariales, se encuentra en
situación de insolvencia. Asimismo, la institución del Defensor del
Pueblo, con fecha 23 de octubre de 2013, en el marco de las competencias
atribuidas en el artículo 54 de la Constitución y los preceptos de la Ley
Orgánica 3/1981, elaboró un estudio en torno a la insolvencia personal y
reconoce los progresos que se han efectuado a través de las citadas
reformas legislativas que he comentado anteriormente. Y finalmente, en la
Comisión General de Codificación se está trabajando en la reforma del
libro cuarto del Código Civil, sobre todo en la reforma del contrato de
préstamo para la defensa del deudor hipotecario.

Todas estas normas que acabo de comentar cumplen con su
objetivo y están dando sus resultados. Por todo ello, el Grupo Popular no
apoyará la presente moción.

La moción que estamos debatiendo hoy hace hincapié en
varios temas respecto a los que me gustaría exponerles que sobre todo en
el Real Decreto Ley 6/2012 se marcan: los parámetros en los que se define
el deudor incluido en el umbral de exclusión; los tipos de interés
moratorios, en los que se rebaja el tipo de interés de demora; el Código
de Buenas Prácticas de las entidades financieras, al que ha habido una
adhesión total cercana al 100% —en concreto, el 98%—, cómo se
aplica —previo a la ejecución hipotecaria, se reestructura la deuda
a medio y largo plazo, se reduce el tipo de interés, euríbor+0,25 durante
la carencia, que se ha establecido en cuatro años, se amplía el plazo
total de amortización, hasta 40 años, de la concesión del crédito—.
Si no se puede reestructurar, entra en juego la quita —de manera
excepcional se podrá solicitar, en sustitución a la ejecución
hipotecaria, la dación en pago—. La comisión está realizando todas
estas tareas, y su vigilancia se está haciendo de forma rigurosa y
estricta. Además de todas estas medidas, se han puesto en marcha desde
hace más de un año otras en materia fiscal, procesal y de ayuda a la
vivienda.

Finalmente destacaría el trabajo que está realizando el
Fondo Social de Viviendas, destinado al alquiler. Estas viviendas
—que nacen del fondo y que son unas 6000— están a disposición
de aquellas familias que hayan sido desalojadas de su vivienda por el
impago de un préstamo hipotecario en la misma

entidad propietaria del fondo. Este fondo lo forman 3
ministerios —Fomento, Economía y Sanidad—, además del Banco
de España, la Federación Española de Municipios y Provincias, la
Plataforma del Tercer Sector —que integra a las principales ONG de
este país y que representa a casi 9 millones de personas—,
patronales bancarias y 33 entidades de crédito, que son las que conforman
esas 6000 viviendas que les he comentado. Estas familias se podrán
beneficiar de este fondo por el impago de préstamo hipotecario y pagarán
una renta de entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo que las
proteja, que se ha fijado en un 30%.

Más datos: el pasado mes de mayo de este mismo año, la
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Fondo Social de Viviendas
acordó ampliar el ámbito de aplicación del convenio por el que se rige
este instrumento. Según se van modificando los datos y las situaciones de
la sociedad española, este Gobierno, al que el Grupo Popular en el Senado
da cobertura, va introduciendo modificaciones legislativas, como queda
constancia con las 4 últimas normas que he mencionado y que se han
aprobado en los escasos dos últimos años.

La Comisión de control sobre el cumplimento del Código de
Buenas Prácticas ha elaborado recientemente el tercer informe, que se
caracteriza por ser el primero que aporta los datos de los 2 decretos que
he mencionado anteriormente y que conviven en estos momentos: el creado
Real Decreto Ley 6/2012 y el modificado, Ley 1/2013. El informe señala
claramente que ya se han adoptado importantes medidas para hacer frente a
la situación de deudores hipotecarios en el umbral de exclusión y que
tales medidas ya han desplegado un efecto positivo sobre el número de
desahucios, que presumiblemente habría sido aún mayor sin ellas.

En último lugar quiero destacar en el seno de esta comisión
las conclusiones publicadas por el Banco de España mediante su nota
informativa de 19 de mayo de 2014 —el mes pasado— sobre los
procesos de ejecución hipotecaria sobre viviendas, donde compara los
datos de 2013 con los de 2012. En esta nota se expresan una serie de
datos que quiero comentarles muy brevemente: un aumento en el número
total de entrega de viviendas de un 11%; un ligero crecimiento del 1,3%
en el total de daciones en pago, aunque las correspondientes a viviendas
habituales se reducen en un 13%; un incremento en las entregas judiciales
de un 18,5% en 2013 respecto al año anterior, y en el caso de las
entregas de viviendas vacías, un aumento del 27%; y, por último, la
entrega de viviendas por intervención de las fuerzas del orden cayó un
57% en 2013 respecto a 2012. Creo que los datos cantan por sí solos.

Quiero dejar claro —y esto va dirigido a los otros
grupos parlamentarios— que el Grupo Mixto —en este caso, los
senadores Iglesias y Mariscal— habla en su moción de préstamos
vivos para que los números parezcan otra cosa. No es así, solo deberían
referirse estos números a datos de préstamos fallidos y no a los
préstamos vivos que están en los datos nacionales, porque no podemos
comparar situaciones familiares de exclusión con todas las familias de
España que pagan las hipotecas. Esta moción solo afecta a los que
lamentablemente están en ese umbral de exclusión y no pueden hacer frente
a sus deudas. Les pediría en este punto, habiendo explicado todas las
normas que están sobre la mesa y todos los números que se están
publicando por organismos oficiales, que seamos un poco serios.

Con todos estos datos y con mi exposición, creo que he dado
motivos suficientes por los cuales no procede esta moción, por tanto, les
pediría a los otros grupos parlamentarios que hicieran lo mismo. Porque
hay normativa, hay normativa suficiente —en dos años, cuatro
leyes— y se van modificando según va siendo necesario. Se están
aplicando con rigurosidad y están dando sus frutos. Propongo así al resto
de los grupos parlamentarios que se unan al Grupo Popular para continuar
con la protección al deudor hipotecario que se está llevando a cabo en la
actualidad.

Muchas gracias, señorías. Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Garau.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo muy brevemente para insistir en varios puntos:
primero, en que los resultados alcanzados con las medidas tomadas por el
Gobierno son magros y escasos. Segundo, en que los datos en relación con
la inversión extranjera en nuestro país en 2013 indican precisamente un
crecimiento en la inversión en el sector inmobiliario y en el sector
financiero; es decir, las inversiones más importantes del exterior se
están produciendo en la adquisición de paquetes de viviendas, fruto de la
reestructuración del sector financiero, o de la compra de créditos
fallidos, o de hipotecas en riesgo de no ser abonadas. Tercero, en

que estos inversores están al margen del Código de Buenas
Prácticas, hasta el punto de que, como le citaba en la primera
intervención, incluso el FROB se ha sentido obligado a poner como
condición en la próxima subasta de principios del mes de julio, que
afecta a una de las entidades, que se respete este Código de Buenas
Prácticas. Cuarto, en que todo ello se está traduciendo en un incremento
de los desahucios, porque quien adquiere de saldo estos paquetes de
viviendas o de créditos evidentemente lo hace buscando una rentabilidad
inmediata, y esta la logra liberando a la vivienda de su deudor
hipotecario, del titular de la vivienda. Quinto, que en el caso concreto
de la paralización de los desahucios, los datos son reales y salen del
informe elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda, que dice que
solamente un 3% del total de alzamientos realmente realizados fue
paralizado por aplicación del Real Decreto 27/2012.

Respecto al Fondo Social de Viviendas, insisto en que, de
las 6000 viviendas que se plantearon a mediados del pasado año para la
constitución de este fondo, solo 800 llegaron a ser ocupadas, porque las
exigencias que se van introduciendo en la práctica para su adjudicación
dilatan en el tiempo los procesos y hacen que en muchos casos resulte
imposible acceder a ellas. En consecuencia, la realidad demanda más
medidas que las que han sido aprobadas por el Gobierno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, el senador Montilla
tiene la palabra.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Intervengo muy brevemente para manifestar que daremos apoyo
a esta moción con la enmienda que se propone incorporar. Lo hacemos
basándonos no en la consideración de que el Gobierno no haya adoptado
iniciativas en este sentido, que las ha habido —y aquí se ha hecho
alusión a la legislación que se ha desarrollado a lo largo de este
tiempo—, sino en la evidencia de los resultados, como muy bien ha
manifestado el senador Iglesias. Solo hay que ver los datos del Consejo
General del Poder Judicial de este año respecto al año anterior: hay un
crecimiento de un 13,9% de las ejecuciones hipotecarias —24 226 en
concreto en el primer trimestre—. Evidentemente, no todas estas
ejecuciones hipotecarias afectan a personas en riesgo de exclusión o que
puedan acogerse al Código de Buenas Prácticas y a la legislación que a
este respecto se ha desarrollado, pero sí que marca una tendencia, y eso
quiere decir que el problema no está en absoluto solucionado, y que, por
lo tanto, plantear como la moción que se adopten nuevas medidas de
protección a los deudores hipotecarios me parece absolutamente
necesario.

Las medidas que se han adoptado no han solucionado el
problema, nada más que aspectos muy parciales y minoritarios, y el
problema continúa creciendo porque cada vez hay más familias que dejan de
tener protección del seguro de desempleo y tienen, obviamente, muchas
dificultades para encontrar empleo, cuando no se encuentran con que lo
han perdido. Por lo tanto, este problema ha venido para quedarse durante
una larga temporada, desgraciadamente, y desde luego, las medidas hasta
ahora adoptadas se han mostrado bastante ineficaces. Por lo tanto,
proponer al Gobierno que adopte nuevas medidas me parece de absoluto
sentido común.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.

Esta es una moción parecida a una que debatimos en el Pleno
pasado, por tanto, yo podría utilizar los mismos argumentos que entonces,
en el Pleno, en relación con la moción presentada.

Nosotros entendemos que en estos momentos solamente hay que
constatar el drama personal que muchas familias están sufriendo y
padeciendo por los desahucios a los que se ven sometidos por el impago de
las hipotecas, por lo que la Ley de deudores hipotecarios es francamente
insuficiente, se ha quedado corta, como ya lo dijimos en su momento. Y a
pesar de que es cierto que se han adoptado determinadas medidas, el drama
continúa, por lo que hay que tomar medidas más contundentes para
desdramatizar esta situación, que muchas familias, por desgracia, están
viviendo como consecuencia de los desahucios a los que son sometidos.

Nosotros ya hemos hecho aportaciones en positivo —que
voy a enumerar otra vez aquí— a través de enmiendas concretas y nos
hemos manifestado en positivo en este sentido para que el Gobierno pueda
adoptar estas iniciativas que creo que son básicas e importantes:
primero, ampliar el colectivo de personas y familias beneficiarias de las
medidas destinadas a suspender los desahucios y extenderlo a los
procedimientos de ejecución hipotecaria, entre ellos, a los siguientes
colectivos: usted habla de familias con hijos menores de 3 años, nosotros
decimos familias con hijos menores; a familias cuya fuente principal de
ingresos sea una pensión; al deudor, cuando este sea un avalador
—familiar o amigo— de una hipoteca para la que haya sido
ejecutado el titular principal de la deuda; a familias con un miembro en
el paro; y además, ampliar los 18 000 euros de renta en un 15% por cada
miembro de la unidad familiar a partir del tercero. Es decir, queremos
ampliar las medidas a colectivos a los que tendríamos que tener
presentes. Esto en lo que respecta al primer bloque de iniciativas.

Segundo: la colaboración con entidades de intermediación
que establece la Ley de mediación, a fin de que estas medien para hallar
una solución al sobreendeudamiento de los colectivos obviamente
vulnerables, entre las que cabe la dación de pago. Nosotros propusimos
también otra fórmula: el leasing social sobre la vivienda habitual, que
les permita con un pago determinado poder hacer frente a la deuda que
tienen establecida.

Tercero: establecer una normativa básica de la Ley de
sobreendeudamiento, cuya gestión será de ámbito autonómico, que deberá
servir para establecer mecanismos de mediación para proceder a una
ordenación liquidada de las deudas de las personas físicas.

Cuarto: regular, como la mayoría de países avanzados
—Alemania, Estados Unidos, Francia o Italia—, el otorgamiento
de una segunda oportunidad a las personas endeudadas, para que no tengan
que devolver una deuda que les condena a la pobreza de por vida. Para
ello, modificar la Ley concursal que permita a las personas físicas
reestructurar la deuda pendiente, con limitación cuantitativa y temporal,
de manera que pueda ser asumida por el deudor de acuerdo con sus ingresos
—esto es importante, muy importante: de acuerdo con sus
ingresos— la condonación de la deuda —es decir, la dación en
pago— siempre que la insolvencia haya sido sobrevenida y de buena
fe.

Y quinto: transformar el Fondo Social de Viviendas en un
parque de viviendas sociales, donde una parte significativa de los pisos
del Sareb sean cedidos temporalmente a ayuntamientos y a comunidades
autónomas. Las administraciones territoriales tendrían que gestionar
estas viviendas directamente o a través de entidades sin ánimo de
lucro.

Estas son algunas de las propuestas que hemos hecho a
través de diferentes enmiendas, proposiciones no de ley y mociones, que
mi grupo entiende que son necesarias.

Esta moción propone ampliar las medidas de la Ley de
protección a los deudores hipotecarios, por tanto, evidentemente,
nosotros estamos de acuerdo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Muchas gracias, señor
presidente.

Esta moción —como han reconocido el propio senador
Iglesias, que ha presentado la moción, y la senadora Garau, que ha
intervenido en el turno en contra— afirma que se han tomado medidas
desde el año 2012, por tanto, no discutimos que se hayan tomado medidas,
la propia moción lo especifica. Lo que se trata de aprobar aquí es que el
Gobierno adopte nuevas medidas de protección, por lo que no se puede
descalificar la moción diciendo que ya se han hecho cosas —porque
la propia moción lo reconoce—, simplemente hay que decir que lo que
no se quiere es adoptar nuevas medidas. Porque esta moción no dice que no
se haya hecho nada, nadie está diciendo que no se haya hecho nada, se
está diciendo que hay que hacer más cosas. Y se está diciendo que hay que
hacer más cosas porque los datos son los que son, y aquí se han dado
algunos. Yo voy a dar alguno más: de esa misma nota informativa del Banco
de España del 19 de mayo de 2014 se deriva que 8 de cada 10 viviendas de
las que se entregaron a las entidades financieras en 2013 eran residencia
habitual, es decir, de cada 10 viviendas entregadas, 8 constituían la
vivienda principal de la familia. Ese es un dato a tener en cuenta, más
allá de si eran muchas o pocas. Pero es que además eran muchas,
exactamente 39 051. Y estamos hablando del año 2013, cuando ya se habían
adoptado las medidas y ya se había aprobado el Real Decreto Ley del 2012
e incluso la Ley de 2013.

Los datos derivados tanto de la estadística del Consejo
General del Poder Judicial como de la nota informativa del Banco de
España indican que, así como el año 2011 había un 7% de hogares
entrevistados con problemas de retraso en el pago de la vivienda, el año
2013, ese 7% se había convertido en 9,3%, cuando ya se habían adoptado
medidas, es decir, seguía aumentando el problema.

En el primer trimestre de 2014 —lo ha citado el
senador Montilla— se produjo un incremento del 8,3% del alzamiento
de bienes inmuebles. Y no debemos olvidar que se ha dado la circunstancia
de que en el año 2013 y en el primer trimestre de 2014 la gente ha
seguido perdiendo empleo y que los niveles de pobreza de la sociedad han
aumentado. Por lo tanto, no es que no se haya hecho nada, es que la
situación socioeconómica del país aconseja que tomemos nuevas medidas.
Pueden ser las que se propusieron ayer en la moción del Pleno que no se
aprobó; pueden ser las que ha planteado el senador Alturo; pueden ser las
que nosotros proponemos en la enmienda; o puede ser cualquier otra. Yo
entiendo como miembro de la Comisión de Economía del Senado que no
queremos aprobar una moción que simplemente pide más sensibilidad hacia
las personas que siguen perdiendo la vivienda.

Los datos son los que son, pero, aunque no fueran tan
malos, está claro que tenemos un problema serio. En este momento en
Murcia el 19,8% de hogares tienen problemas para pagar la hipoteca; en
Baleares, el 17,2%; en Canarias, el 15,1%; en Andalucía, el 11,7%; en la
Comunidad Valenciana, el 11,6%; en Castilla-La Mancha, el 11,2%. Esos
datos están ahí, por tanto, esas familias, esas personas deberían ver que
las políticas del Gobierno y las instituciones tienen en cuenta su
problema. Esas personas que tienen problemas para pagar la vivienda ahora
son susceptibles de ser desahuciadas de sus viviendas habituales.

La distribución de los hogares en riesgo de ejecución
hipotecaria es lógica: si la repasamos por comunidades —las que he
dicho—, son precisamente aquellas en las que la incidencia de la
burbuja inmobiliaria fue mayor, donde la crisis del ladrillo fue más
brutal —porque precisamente la incidencia del sector de la
construcción en su economía durante unos años fue más potente—, y
ahora se están pagando las consecuencias —son consecuencias que
vienen de lo que vienen—. Pero no creo que consigamos nada si
escondemos la cabeza bajo el ala y decimos: como ya hemos hecho cosas, no
vamos a hacer más. Si los datos que tenemos nos indican que lo que hemos
hecho —sin entrar a calificar si es bueno o malo— es
insuficiente, no cerremos los ojos a esa realidad y apostemos por adoptar
más medidas. Esto es lo que plantea la moción, simplemente, que hagamos
más cosas.

Voy a volver a leer el texto de la moción, pero no contiene
ninguna crítica al Gobierno, de ahí la confusión de creer que se iba a
aprobar. A pesar de estar firmada por los 2 senadores de Izquierda Unida,
no hay ninguna crítica al Gobierno, simplemente se dice que el Gobierno
adopte nuevas medidas de protección a los deudores hipotecarios, nada
más. ¿No queremos que el Gobierno adopte nuevas medidas de protección?
¿Entendemos que ya es suficiente con lo que se ha hecho? Nosotros creemos
que no, porque los datos son los que son, tanto los que yo he mencionado
como los que ha comentado la senadora Garau, y siguen siendo malos, y
aconsejan la acción del Gobierno para mejorar la situación de familias
españolas que están en riesgo de perder su vivienda, lo que les provoca
un sufrimiento añadido al que ya tienen, derivado de tener muchos
familiares, o todos, en paro, o de encontrarse en el nivel de pobreza,
etcétera.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

Tiene la palabra la senadora Garau.

La señora GARAU JUAN: Gracias, señor presidente.

Señorías, aunque estamos en el turno de portavoces, quiero
comentar al señor Manchado que esta moción se ha estudiado con su debido
tiempo por ser importante, como es evidente. La moción pide expresamente
que la Comisión inste al Gobierno a adoptar nuevas medidas de protección
a los deudores hipotecarios. El Gobierno y este grupo que da soporte al
Gobierno consideran que las medidas están tomadas y que están dando
resultados positivos. Ustedes no nos están proponiendo medidas concretas.
Háganlo y lo volveremos a estudiar, no hay ningún problema. La moción
pide que la Comisión inste al Gobierno a adoptar nuevas medidas de
protección a los deudores hipotecarios, pero nosotros consideramos que
realmente están protegidos: se han elaborado 4 leyes en dos años, tenemos
informes del Banco de España, del Defensor del Pueblo, del Fondo Social
de Viviendas, de la Comisión de Seguimiento y Coordinación del Fondo
Social de Viviendas, de la Comisión de control sobre el cumplimiento del
Código de Buenas Prácticas, y todos esos organismos indican lo contrario
de lo que nos

están diciendo ustedes. Si realmente creyéramos que hubiera
algún problema, evidentemente nosotros seríamos los primeros en proponer
modificaciones y una adaptación a la nueva situación, pero no es así.
Propongan ustedes algo más concreto y volveremos a estudiarlo. Ese es el
motivo por el que no vamos a apoyar la moción.

Vuelvo al tema que nos ocupa tras este paréntesis. En este
turno de portavoces quiero explicarles que nuestro objetivo es responder,
paliar y dar solución a esta situación que sufren estos colectivos, y
estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado el senador Alturo.
Precisamente nosotros no nos escondemos detrás de nada, no escondemos la
cabeza debajo del ala como ha comentado algún senador, estamos al frente,
hemos liderado —con su colaboración en muchas ocasiones—
estas reformas, estas nuevas leyes, esta reestructuración precisamente
para dar cobertura a una situación que hacía años no existía, no se
producía y ahora sí. Por eso reformamos, modificamos, cambiamos; en
definitiva, nos adaptamos a la sociedad actual.

Dichas normas, las que he explicado en mi exposición
anterior, en el turno en contra, tienen como objetivo el reparto
solidario de los esfuerzos que hacen todos los españoles. Lo tenemos muy
muy en cuenta. Todos los españoles están haciendo ese esfuerzo adicional
por la situación económica nacional. Exigimos más a los que más tienen, y
aliviamos la situación de los más vulnerables. En este sentido se
determinan como beneficiarias las personas que se encuentran en situación
profesional y patrimonial que les impida ese cumplimiento de sus
obligaciones hipotecarias a las que hemos hecho tantas veces referencia
en esta moción y, evidentemente, a las que carezcan de la capacidad para
hacer frente a las elementales necesidades de subsistencia. Esa es mi
responsabilidad. Y quiero recalcar que los datos del ejercicio 2013 que
se derivan de los organismos oficiales que he comentado con anterioridad
—no los contenidos en esta moción del Grupo Parlamentario
Mixto— hablan de préstamos vivos, cuando sólo deberían referirse a
los fallidos, porque la mayoría de las familias sí pagan las hipotecas, y
aquí, evidentemente, nos estamos refiriendo a familias que se encuentran
en situaciones extraordinarias, y es a ellas a las que debemos
proteger.

No nos hablen de desahucios. Los desahucios han disminuido,
y les he dado los datos. En la anterior legislatura, en la de Zapatero,
con el Grupo Parlamentario Socialista, si no recuerdo mal, se produjeron
370 000 desahucios. No nos hablen ustedes de cifras, porque las nuestras
están bajando, y lo hacen en la situación que estamos viviendo.

Para resumir, todas las medidas presentadas por el Gobierno
de Mariano Rajoy, que el Grupo Popular, al que represento en este
momento, apoya en su totalidad, muestran esa sensibilidad y el compromiso
del Ejecutivo hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. Este
Gobierno ha tenido que ingeniárselas para cubrir esa falta de cobertura
de las familias que no han podido seguir pagando sus hipotecas, que no
han podido. Creo, realmente, que la sociedad española, por todo lo que
sufre, está en su derecho de exigir a sus señorías de la oposición y a
nosotros mismos un poquito más de seriedad en el contenido de las
mociones o propuestas legislativas en comisión o en Pleno, y que se dejen
de propuestas vacías. Propongan. No digan, como señalan en la moción:
adoptar nuevas medidas. No; que tengan contenido. No distorsionen datos.
Creo que la sociedad española está en su derecho de exigirnos a los que
la representamos, a todos, que hagamos de ella una sociedad mejor. Yo les
invito a que en otras iniciativas, en otras mociones haya mayor contenido
para que podamos discutirlas y negociarlas con mayor detenimiento.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Garau.

Terminado el debate de la moción y comprobadas las
asistencias de los señores senadores, pasamos a la votación.

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a
favor; 7; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.

– MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
PROFUNDIZAR EN LA LIBERALIZACIÓN DE HORARIOS PARA GENERAR NUEVAS
OPORTUNIDADES Y COMBATIR LA RECESIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO.

(Núm. exp. 661/000490)

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO.

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, por la que se insta al Gobierno a profundizar en la
liberalización de horarios para generar nuevas oportunidades y combatir
la recesión del consumo doméstico.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Aroca.

El señor AROCA SÁEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, comparezco ante esta comisión con el fin de
defender y justificar la presente moción en nombre del Grupo
Parlamentario Popular. A nadie se nos escapa la importancia que tiene el
turismo para nuestra economía, tanto desde el punto de vista de la
producción como del empleo, haciendo que el gasto por turista y día sea
creciente. Por ello debemos estimular la oferta comercial, dada la íntima
relación entre turismo y comercio, aprovechando la capacidad de consumo
de los turistas que nos visitan.

La ampliación de los horarios comerciales y la declaración
expresa de zonas de gran afluencia turística son cuestiones de gran
importancia, tanto para la actividad turística como para la actividad
económica en general, de ahí las medidas adoptadas en el Real Decreto Ley
20/2012, de 13 de julio, para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad.

La ampliación de la libertad de horarios tiene efectos
positivos sobre la productividad y la eficiencia en la distribución
comercial minorista y en los precios, proporcionando a las empresas una
nueva variable que permitirá incrementar la competencia entre los
comercios. Asimismo se incrementan las posibilidades de compra del
consumidor y, en consecuencia, sus oportunidades de conciliar la vida
laboral y familiar.

Del mismo modo, las definidas como zonas de gran afluencia
turística están jugando un importante papel en lo expuesto anteriormente.
Tienen plena libertad para determinar los días y horas en que sus
comercios permanecerán abiertos al público. Dentro del modelo aperturista
que avanzó el real decreto ley se ha mantenido la necesidad de ponderar,
por razones de política económica, el factor turístico, ante el récord de
turistas que han llegado a España: 61 millones de turistas extranjeros
nos visitaron el pasado año, lo que ha supuesto un aumento del 5,6% sobre
2012, gastando la cifra de casi 60 000 millones de euros, lo que
establece un incremento del 9,6% respecto al año anterior.

En la disposición adicional undécima del mencionado real
decreto ley se establece que serán zonas de gran afluencia turística «los
municipios que reuniesen en 2011 los requisitos del artículo 5.5 de la
Ley 1/2004», de forma que: «En el plazo de seis meses desde la entrada en
vigor de este real decreto- ley, las Comunidades Autónomas declararán al
menos una zona de gran afluencia turística en los municipios con más de
200 000 habitantes que hayan registrado más de 1 000 000 de
pernoctaciones en el año 2011 o que cuenten con puertos en los que operen
cruceros turísticos que hayan recibido en 2011 más de 400 000 pasajeros.»
Los 14 municipios recogidos en un anexo de este real decreto ley eran:
Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Granada, Málaga,
Alicante, Bilbao, Zaragoza, Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria,
Cartagena y Santa Cruz de Tenerife, lo que suma una población total de
aproximadamente 10 millones de habitantes. Estas 14 ciudades representan,
con sus más de 173 000 comercios, ejes estratégicos del comercio español,
y a excepción de Bilbao y Barcelona, en todas ellas han sido declaradas
zonas de gran afluencia turística.

Además, los últimos datos de recepción de turistas en el
mes de mayo en España ponen de manifiesto los buenos datos turísticos,
con la recepción de más de 6 millones de turistas internacionales, con un
aumento del 5,7% con relación al mismo mes del año anterior. En el
periodo eneromayo España acumula 21,4 millones de llegadas, un 8,2% más
que en el mismo periodo de 2013. El gasto total satisfecho por los
turistas internacionales se situó en abril en 4790 millones de euros, un
18,4% más que en el mismo mes del año anterior. Los turistas
internacionales que viajaron a España en los cuatro primeros meses de
2014 realizaron un gasto total de 14 856 millones de euros, un 11,2% más
que en el mismo periodo de 2013.

Los datos sobre la evolución turística de las comunidades
autónomas afectadas por el Real Decreto Ley 20/2012 en el periodo
20122013 sobre las pernoctaciones de las 14 ciudades que fueron objeto de
la primera liberalización comercial como consecuencia del real decreto
avalan la importancia turística de estos municipios y permiten plantear
la extensión de la declaración de nuevas zonas en otras comunidades
autónomas que cuenten con ciudades de especial relevancia turística, para
lo que se hace preciso ahondar en el proceso de declaración de zonas de
gran afluencia turística, dotadas de un régimen de horarios con total
libertad para atender las necesidades de compra de los turistas. De
hecho, en el periodo que va de enero a abril de 2014, España acumula 15,3
millones de llegadas, un 9,2% más que en el mismo periodo de 2013, lo que
se traduce en cerca de 1,3 millones de turistas adicionales. Todas las

comunidades autónomas en las que se ubican los 14
municipios incluidos en el Real Decreto Ley 20/2012 han continuado con
una tendencia expansiva en lo que se refiere a la recepción de turistas.
Actualmente, en nuestro país hay declaradas 681 zonas de gran afluencia
turística en un total de 526 municipios, la mayoría en comunidades
turísticas como Canarias, Baleares, Cataluña, Valencia y Madrid, que
disponen de plena libertad de horarios comerciales desde el año 2012 en
toda la región.

Desde el 15 de julio de 2012 se viene incrementando el
número de zonas de gran afluencia turística, y en ninguna de las
comunidades autónomas que las han declarado ha dado marcha atrás; todo lo
contrario, han seguido ampliando el número de estas declaraciones. Cada
vez son más las comunidades autónomas que se animan a declarar zonas en
sus respectivos territorios. Tal es el caso de Castilla y León en
municipios como Ávila, Salamanca o Valladolid. Por ejemplo, en
Extremadura han ultimado la declaración en Mérida, Badajoz y Cáceres, y
en Galicia han declarado los municipios de Tui y de Baiona.

Señorías, a lo largo de mi intervención he pretendido
ofrecer las razones y los datos concluyentes positivos para que esta
comisión apruebe por unanimidad la moción del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado a fin de instar al Gobierno, a través del Ministerio de
Economía y Competitividad, a seguir profundizando en todas aquellas
medidas que sean necesarias para fomentar nuestro comercio y, por
consiguiente, incidir en la recuperación económica y en la creación de
empleo, de tal modo que la Secretaría de Estado de Comercio siga
trabajando en la liberalización de horarios comerciales y estudie la
posibilidad de modificar la actual regulación con el fin de reducir los
umbrales de población y pernoctaciones para conseguir la declaración de
nuevas zonas de gran afluencia turística en otras ciudades.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aroca.

Al no haberse presentado ninguna enmienda al texto de la
moción, pasamos al turno en contra. (Pausa). Nadie hace uso de él.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Nosotros vamos a votar en contra de esta moción. Lo haremos
por diversas razones: en primer lugar, porque el problema del comercio en
estos momentos no es la libertad de horarios, no nos engañemos; el
problema tiene que ver con la atonía del consumo, y la atonía del consumo
tiene que ver con otros problemas que sobradamente hemos discutido en
muchas ocasiones, tiene que ver con la marcha de la economía, con el
empleo, con las expectativas, con la confianza... Pero el hecho de abrir
más horas no significa que muchos comercios vendan más, excepto,
obviamente, en determinados municipios y en determinadas zonas, que para
eso ya hay regulación específica, que en tal caso compete a las
comunidades autónomas el desarrollarla en función de sus peculiaridades y
ejerciendo sus competencias. Hay que recordar que las competencias en
materia de comercio interior están transferidas y son asumidas por las
comunidades autónomas, y que no todo se puede hacer apelando a los
principios rectores de la economía que fija la Constitución en el
artículo consabido.

Hay muchos comercios que en estos momentos, si el consumo
no tira, no necesitan contratar a nadie, pero si tuvieran que abrir más
horas, evidentemente tendrían dificultades para contratar, porque el
problema no es contratar a más gente para abrir más horas, el problema es
vender más, y no necesariamente estando más horas abierto un determinado
tipo de comercio vendería más. Pero sí podría provocar, por supuesto, más
precariedad y más dificultades, especialmente al pequeño comercio, que ya
de por sí lo tiene bastante difícil.

Se ha hecho alusión en la moción a las supuestas ventajas
que esto genera, y se ha utilizado como referencia alguna comunidad como
Madrid. Yo también le recomendaría una publicación del propio Ministerio
de Industria La distribución comercial en España, que comenta que en la
Comunidad de Madrid, de junio de 2008 a octubre de 2013, el comercio
minorista retrocedió en sus ventas un 19,4%. En España la media fue 19,1%
y en Cataluña, 17,4%. Repito que el comercio en estos momentos se
encuentra en una buena situación, es obvio, pero las medidas
liberalizadoras de horarios comerciales no necesariamente comportan un
incremento de las ventas. Solo pueden estar justificadas en determinadas
zonas turísticas, y para eso ya existen estos mecanismos que se pusieron
en marcha mediante la legislación de las zonas

de gran afluencia turística. De hecho, las medidas de
ampliación de horarios solo pueden acabar favoreciendo a las grandes
cadenas de distribución, y sin ningún género de dudas irán en detrimento
del pequeño comercio más tradicional, mucho de él modernizado, que juega
un papel fundamental en la creación de empleo, y para el que, por
supuesto, ampliar sustancialmente el horario quiere decir a veces ampliar
las plantillas y, por tanto, dejar de ser rentable. El pequeño comercio
tiene y ha de tener un papel fundamental, construye ciudades, crea
ciudad, y en este sentido no estoy planteando medidas de tipo
proteccionista, pero sí realistas.

Vale la pena que veamos lo que pasa en otros países, no
todos los países europeos y todo lo moderno es libertad total de
horarios. Al contrario, también hay que pensar que la existencia de unos
horarios comerciales comporta, entre otras cosas, que los trabajadores
del sector puedan también ejercer sus derechos. Los trabajadores también
tienen derechos, y, evidentemente, algún tipo de regulación acaba
comportando precisamente que a veces estos derechos, también el derecho
al descanso, se vean conculcados.

Estas y otras razones, que me llevaría mucho más tiempo
explicar, hacen que nuestro voto sea en contra de esta moción que plantea
el Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, president
Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.

Señor Aroca, yo estoy de acuerdo con una de sus
afirmaciones: que el turismo representa un sector estratégico de vital
importancia y que, evidentemente, hay que cuidarlo. Pero eso no quiere
decir que mayor turismo tenga que ir compaginado con una mayor
liberalización para poder atender esta mayor afluencia de turismo, que,
por suerte en este sentido, en algunas comunidades autónomas se nota
porque va creciendo. Esto es diferente.

Hay que escuchar primero al sector, hay que hablar con el
sector. Esto es muy importante porque a veces da la sensación de que
adoptando medidas desde el ámbito de la Administración sin saber qué
opina el sector, podemos resolver la situación, y esto no es así, hay que
escuchar a las comunidades autónomas, que tienen competencias exclusivas
en este sentido y, por tanto, son las comunidades autónomas las que
sabrán qué es lo que más conviene hacer en su comunidad autónoma de
acuerdo con sus características concretas. No todas las comunidades
autónomas son iguales, no todo el turismo es exactamente igual y, por
tanto, no se puede ir a una normativa generalizadora, ampliadora y
uniformizadora, no. Esto hay que dejarlo, que ya tienen las competencias
las comunidades autónomas, y son ellas las que, en definitiva, saben lo
que les conviene. Mi grupo parlamentario siempre ha defendido y apoyado
el comercio de proximidad, que es muy importante. Se ha dicho aquí que
crea ciudad, que crea municipios y, por tanto, comercio de proximidad.
Hay que compaginar estas cuestiones.

Me gustaría comentar algunas de estas medidas
liberalizadoras que se han ido aplicando, los problemas que nos han
traído y dónde nos situamos. El 13 de julio de 2012 se aprobó el conocido
Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, que impulsó las medidas
de liberalización comercial, y mediante el cual se modificó: por un lado,
la Ley 1/2004, de horarios comerciales, que realizó modificaciones
sustanciales, como el paso a las 90 horas de apertura semanal y el mínimo
de 10 días festivos de apertura, entre otras. Y en segundo lugar, la Ley
7/1996, de ordenación del comercio minorista, mediante la cual se
modificaron, entre otros, los periodos de rebajas, por ejemplo. ¿Qué
generó todo ello? Generó un conflicto de constitucionalidad que
actualmente está sin resolver, dado que la Generalitat de Catalunya
aprobó, casi al mismo tiempo que la normativa española, en base a sus
competencias estatutarias en esta materia, un decreto que establece la
regulación de los horarios comerciales en Cataluña. Hay que recordar que
la legislación catalana comercial ha sido siempre constitucional, con un
reconocimiento expreso por parte del Estado en la comisión bilateral. El
Estatuto de Autonomía de Cataluña reconoce en su artículo 121 la
competencia exclusiva de la Generalitat en la regulación de los horarios
comerciales, y actualmente el Gobierno de la Generalitat tiene presentado
un recurso de inconstitucionalidad frente al Real Decreto Ley 20/2012, de
liberalización comercial, por invasión de competencias, y a su vez el
Gobierno español tiene recurrida la ley catalana ante el Tribunal
Constitucional por entender que afecta a la legislación básica. Por
tanto, nos encontramos ante un conflicto. Esta moción nos plantea
nuevamente una invasión competencial y, por

tanto, nosotros de ningún modo estamos de acuerdo con ello,
y no estamos de acuerdo con el modelo imperativo de legislar vía decreto,
ni ahora con esta propuesta de impulso de nuevas reformas, auspiciando,
bajo una mayoría absoluta, materias tan específicas como el comercio, que
es una gran fuente de riqueza, lo que conlleva un cambio brusco del
modelo del país y de la sociedad en que vivimos.

Permítanme finalmente poner de manifiesto el acuerdo que,
por ejemplo, se ha alcanzado en Barcelona con el Grupo Parlamentario
Popular y que, en definitiva, creo que es por donde hay que ir, y no por
estas medidas liberalizadoras que ustedes proponen. Barcelona es una de
las ciudades más turísticas, y en ella mi grupo parlamentario,
Convergència i Unió, y el Partido Popular han llegado a un acuerdo para
la creación de zonas especiales de Barcelona a las cuales se les pueda
aplicar medidas de liberalización comercial diferenciadas, con más horas
y días de apertura, debido a la situación comercial que tienen y el tipo
de clientes que reciben. Estas son soluciones que respetan las
competencias, que respetan el comercio y el modelo catalán y que
solucionan los conflictos.

Por tanto, nosotros nos oponemos a esta moción de carácter
general, de liberalización, y entendemos que lo que hay que hacer es
escuchar al sector y respetar las competencias que tienen las comunidades
autónomas en este sentido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Me gusta traer las cosas preparadas, pero también me gusta
escuchar al que expone la moción, y yo cuando leí esta moción, siguiendo
los criterios de la senadora Garau me dije: esta es una moción muy poco
seria, porque no propone nada concreto. Al igual que la señora Garau nos
ha dicho hace un momento que no votaba a favor de la anterior moción
porque no decía nada concreto, yo podría decir que no votamos a favor de
esta moción porque no dice nada concreto.

El senador Aroca en su intervención ha añadido algo más que
no está escrito y que yo no sé si lo acordaremos en caso de que se
apruebe esta moción; a lo de profundizar en la liberalización de horarios
para generar nuevas oportunidades ha añadido alguna frase más: que la
Secretaría de Estado de Comercio siga añadiendo más medidas a este Real
Decreto Ley 20/2012 —iba a decir: que siga añadiendo más leña al
lío que tenemos montado con alguna comunidad autónoma, pero no lo diré,
porque ya lo ha dicho el senador Alturo—.

Por tanto, el objetivo de la moción no lo tenía claro, y
ahora ya veo que lo que pretende es ampliar esas medidas que se
propusieron en el Real Decreto Ley 20/2012, y supongo que en la misma
línea.

Comparto los datos que ha dado sobre el turismo. Nada que
decir al respecto, perfecto. Las cifras del turismo han mejorado, y como
puede imaginarse, me satisface mucho. Yo soy senador por Mallorca y me
satisface mucho, porque cuando el turismo mejora, la economía de las
islas mejora; casi es la primera que mejora cuando el turismo mejora y,
por tanto, no tengo nada que decir. Pero no veo por qué hay que ligar la
mejora del turismo y algunos datos del turismo, como estancias hoteleras,
consumo de turistas, etcétera, necesariamente a que esto produce más
venta minorista si hay liberalización de horarios. No hay ninguna
justificación empírica que diga que estos datos que ustedes nos ponen en
la moción tienen que ver con la liberalización de horarios. Yo le voy a
dar un dato del Instituto Nacional de Estadística del último mes. En el
último mes —me refiero a abril de 2014—, 10 comunidades
autónomas han aumentado sus ventas de comercio minorista con respecto a
abril de 2013; 10 comunidades autónomas han aumentado sus ventas. La que
más, Baleares, un 5,9%; Canarias, un 3,5% y Comunidad Valenciana, un
2,8%. Y ha habido algunas que han perdido: casi la que más, Madrid, con
un 3,5%; Madrid, que es el paradigma de la liberalización de horarios.
Por tanto, ni tiene nada que ver esto con la liberalización de horarios,
ni lo contrario. Si no podemos decir que Madrid ha perdido ventas de
comercio minorista porque no hay liberalización de horarios, tampoco
podemos decir lo contrario. No podemos justificar que la liberalización
de horarios es buena per se porque si se liberalizan los horarios se
vende más.

El senador Montilla ha dicho antes que hay una asociación
en Madrid que se llama Asociación de comerciantes de las calles
Preciados, Carmen y Arenal, Apreca, que, como ustedes saben son calles
que están muy cerca de aquí, con el horario absolutamente liberalizado, y
la portavoz de Apreca, la señora Paloma de Marco decía: No es que se
venda más, lo que pasa es que la gente viene más repartida a lo largo del
día. Por tanto, las propias organizaciones favorables a la liberalización
de horarios —y esta lo

es, porque se manifiesta a favor de las medidas que tomó la
Comunidad de Madrid— dicen que no se vende más.

En esto hay partes: por un lado, las grandes superficies,
que ciertamente salen beneficiadas cada vez que se liberalizan los
horarios y, por otro, el pequeño comercio, la empresa unilocalizada, que
pierde. Es cierto que de estas cada vez quedan menos, y si ustedes no
cambian la manera de funcionar no hará falta defenderlas, pero de momento
todavía conviene que las defendamos.

Le voy a dar otro dato de abril de este año comparándolo
con abril del año pasado, también del Instituto Nacional de Estadística.
El empleo en el comercio minorista de la Comunidad de Madrid —con
liberalización de horarios y, por tanto, maravilla de las maravillas
desde el punto de vista de las ventas— cayó un 1,2%; y, sin
embargo, en otras comunidades autónomas donde no existe la
liberalización, en algunas ha crecido y en otras ha bajado. Con ello
quiero decir que no hay una relación biunívoca exacta en que si
liberalizamos horarios mejora la situación del comercio minorista. No es
cierto. Lo que sí podemos decir es que si liberalizamos los horarios
habrá menos pequeño comercio, porque estas medidas del Real Decreto Ley
20/2012, y las que ustedes nos proponen hoy, que supongo que es más de lo
mismo, lo que producen es un desplazamiento de los ingresos de turismo
del sector del pequeño comercio a las grandes distribuciones. Esto es lo
que se produce: cuanto más liberalicemos los horarios, más venderán las
grandes superficies y menos venderá el pequeño comercio.

Yo creo que en esto, como en muchas otras cosas, la
sensatez y la mesura suele ser el punto en el que pararse. Entre la
regulación absoluta y la liberalización absoluta hay términos medios, y
cuando uno está en el término medio, conviene no abusar. Yo no sé si
ahora estamos en el término medio, pero creo que cualquier medida de este
calibre tiene que tener en cuenta algunas cuestiones. La primera es que
no puede hacerse por real decreto, imponiendo el Gobierno de España las
condiciones a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. No puede
hacerse así. Y yo no entro en si es constitucional o no; no debe hacerse,
porque no funciona, porque las cosas no funcionan así. No se puede poner
en un real decreto que a partir de ahora los mínimos serán 16 al año y
que las comunidades autónomas no pueden hacer no sé qué. Es que no se
puede hacer así. Si no hay acuerdo con todas las comunidades autónomas,
no conviene hacer las cosas así. Decir que cada comunidad autónoma debe
declarar zona de gran afluencia turística a los municipios de más de 200
000 habitantes y que cumplan determinadas condiciones, quizá no conviene.
Conviene hacer las cosas logrando pactos y acuerdos, porque entonces sí
que podemos llegar a posiciones centradas en las que todo el mundo se
sienta cómodo, y en esta materia, como usted sabe, hay muchas
posiciones.

Por tanto, la primera cuestión es que en la liberalización
de horarios comerciales —y en otras materias, pero en esta en
concreto, que es por la que estamos aquí— se debería llegar a
acuerdos, porque funcionan mucho mejor, y así se evitarían acciones tales
como que se apruebe un decreto ley y una comunidad autónoma lo impugne, y
posteriormente haya que impugnar la ley de la comunidad autónoma. Esto no
conduce a nada, no mejora la situación de nadie.

En segundo lugar, hay que pensar —lo ha dicho el
senador Montilla— que el pequeño comercio no solamente es un agente
económico; el papel del pequeño comercio en el mantenimiento del centro
de las ciudades, en el atractivo turístico del centro de las ciudades, es
clave. Un centro de ciudad vacío de comercios abiertos es un desierto al
que nadie quiere volver. Cuando se habla de turismo conviene conocer algo
que es fundamental en los estudios turísticos: las encuestas que se suele
hacer a los turistas para saber cuándo están dispuestos a volver a un
destino y por qué. Es muy difícil que un turista repita un viaje a una
ciudad española de playa, de turismo cultural, de turismo arqueológico, o
de cualquier otro turismo que se da en nuestro país —porque
afortunadamente hay muchos tipos—, es muy difícil que vuelva, si lo
que encuentra es una zona inhóspita. No puede ser que en una zona
turística los hoteles estén cerrados y los bares abiertos; ni lo
contrario, no se puede abrir hoteles si no se abren bares.

Todo esto hay que hacerlo con cuidado y con consenso. No se
puede aspirar a que alguien visite dos veces el centro de Barcelona, el
de Madrid, el de Palma de Mallorca o el de cualquier ciudad que usted ha
mencionado: Alicante, Valencia o Bilbao, no se puede aspirar a que el
turista vaya más de una vez si allí no se abren pequeños comercios. Y el
pequeño comercio no puede soportar una liberalización salvaje de
horarios, simplemente no lo puede soportar. Conviene conocer cómo es el
pequeño comercio; usted sabe cómo es. Un pequeño comerciante que abre la
tienda con su mujer y su hijo y tiene una persona contratada no puede de
repente abrir sábados y domingos y en horario salvaje. Ese es el problema
que nos crea en muchos casos —y, por cierto, nadie hace nada—
la competencia de determinado pequeño comercio en propiedad de algunas
nacionalidades asiáticas —por no poner nombre—. Es decir, hay
pequeños

comercios que se han arruinado porque al lado —para
que nos entendamos— le han abierto un chino. Porque el chino abre
24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, y el comerciante
madrileño o alicantino no lo puede soportar. Estas cosas hay que tenerlas
en cuenta.

Si lo que provocamos con estas medidas liberalizadoras es
que una parte de la venta que se hacía en el pequeño comercio se traslade
a la gran superficie porque la gran superficie sí puede abrir 365 días al
año, si provocamos eso con la medida, estamos afectando de manera muy
negativa al pequeño comercio. Y afectar de manera muy negativa al pequeño
comercio es atacar a uno de los atractivos turísticos que tiene España,
que es precisamente ese centro de las ciudades. Y hay que tenerlo en
cuenta, no podemos tener solo en cuenta que si vienen más turistas gastan
más, hay que tener en cuenta todas estas cosas.

Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta
moción. Y vamos a hacerlo porque entendemos que ya hay suficiente
liberalización como para seguir abundando en esta línea, y esto es lo que
propone la moción.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Aroca tiene
la palabra.

El señor AROCA SÁEZ: Muchas gracias, presidente.

Intentaré responder más o menos de forma conjunta a los 3
portavoces que han hablado en esta comisión.

Señorías, yo creo que es bueno aprovechar el gran potencial
turístico que tiene España; esos 61 millones de turistas que han venido
el pasado año consumen, están, llegan a nuestras ciudades, y es bueno
aprovechar ese potencial turístico. No cabe duda de que cuantas más
personas haya en una ciudad, mayor será el consumo, así lo entendemos
nosotros. Ustedes hablan mucho de las medidas que se están adoptando en
cuanto a liberalización, pero yo creo que dichas medidas son buenas. De
hecho es verdad que hemos tenido 38 o 39 meses consecutivos de retroceso
en el consumo interno, en el comercio interior; es cierto, venimos
arrastrando ese déficit de muchos meses, de varios años. No obstante, los
datos que están ya en boca de todos y que se están dando a conocer es que
durante los cuatro o cinco últimos meses el comercio interior ha empezado
a repuntar, y eso hay que aprovecharlo.

Han hablado de las promociones en ventas. Yo creo que
también es bueno que se hayan liberalizado las rebajas, que se haya
puesto en manos de los comerciantes la liberalización de saldos, de
liquidaciones, de distintas promociones que puedan hacer en determinadas
horas y en determinados días, porque así se va a facilitar al consumidor
la adquisición de productos.

Los últimos datos que conocemos, sin ser triunfalistas, ni
muchísimo menos, nos indican que poco a poco vamos generando empleo. A
mayor número de empleados, mayor disponibilidad económica y mayor
potencial de consumo y, por lo tanto, también mucha más confianza por
parte del consumidor para salir, para adquirir productos y para consumir.
Yo creo —sin triunfalismos, como digo— que estamos empezando
a remontar unos datos dramáticos de paro, y poco a poco vamos encontrando
algunas soluciones.

No focalicemos todo solo en la liberalización de horarios.
Hablemos del conjunto, de un todo. Vamos a hablar por ejemplo de lo que
este Gobierno ha hecho en beneficio de los autónomos, de lo que este
Gobierno ha hecho en beneficio de los pequeños y medianos comercios;
vamos a hablar de la licencia exprés, una medida del Gobierno del Partido
Popular que ha facilitado que los pequeños comercios puedan tener sus
puertas abiertas simplemente con una declaración responsable. Esa es una
buena medida, y está dando buenos resultados para la implantación de
nuevos comercios.

Vamos a hablar también de la recientemente anunciada
reforma fiscal, que beneficia al consumidor, porque tiene más dinero
disponible, y de las rebajas fiscales que están encontrando los
autónomos. Hablen ustedes con las asociaciones de autónomos y les dirán
lo satisfechos que están; ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión de
trabajo con la asociación de autónomos de Castilla-La Mancha, y nos
mostraron su satisfacción por las reformas fiscales que el Gobierno acaba
de emprender y por las conversaciones que están manteniendo con el
Gobierno.

Vamos a hablar de medidas como la tarifa plana, que ha
hecho que muchísimos emprendedores puedan crear nuevos comercios pagando
solamente 50 euros al mes a la Seguridad Social. Vamos a hablar de la Ley
de unidad de mercado, que está evitando que para poder comercializar se
tengan que tener varias licencias dependiendo de la comunidad
autónoma.

Hablan ustedes, señorías, de la falta de acuerdo o de
diálogo con el sector. Pues no; nosotros vemos todo lo contrario. Saben
ustedes que se ha hecho un plan de apoyo al comercio minorista; que en
ese plan hay 32 medidas, dentro de 10 ejes de actuación bien
diferenciados, y que se ha elaborado en

comunión con el sector y con todas las comunidades
autónomas. La Secretaría de Estado de Comercio está apostando de forma
constante por la creación de empleo a través de los comercios y, por lo
tanto, por el consumo interior.

Vamos a hablar también de la bajada de las comisiones que
están consiguiendo los comerciantes en los pagos con tarjeta de crédito.
Esto también favorece la apertura de nuevos comercios y, por tanto, a los
comercios ya establecidos.

Señorías, yo creo que los datos empiezan a ser positivos.
Entiendo que haya comunidades autónomas que quieran presentar un recurso;
es lógico, es normal, pero el Gobierno y el grupo que lo sustenta
entendemos que el Real Decreto 20/2012 es plenamente constitucional, y
pensamos que es así porque tenemos los informes y por eso se ha hecho
precisamente ese real decreto.

Señorías, hablan también de las comunidades autónomas,
cuando son ellas las que se están dirigiendo al Gobierno para que se
puedan ampliar esas zonas de gran afluencia turística. ¿Por qué? Porque
donde existen se está incrementando la venta. Es verdad que en Madrid,
como consecuencia de una bajada de turismo —no hay por qué
negarlo—, las ventas no están siendo todo lo buenas que los
madrileños quisieran. Pero en aquellos lugares donde ya están implantadas
las zonas de gran afluencia turística se están incrementando las ventas,
se está dando más posibilidades a los comerciantes, y yo creo que a un
pequeño o mediano comercio no se le niega la posibilidad de liberalizar
sus horarios, todo lo contrario, tiene la oportunidad de hacerlo. Cuanta
más gente, cuantos más clientes haya paseando por las calles de nuestras
ciudades, más posibilidades hay de que entren a los distintos comercios
de cualquier materia o especialidad.

Por lo tanto, nosotros instamos al Gobierno a que siga
profundizando en esta materia, porque con la recuperación económica y con
la creación de empleo que empezamos a tener, es muy bueno que potenciemos
y que alentemos a los comerciantes a abrir nuevos comercios y a mantener
los ya establecidos, favoreciéndoles en muchísimas cosas que
anteriormente ya he citado.

Como no puede ser de otro modo, señor presidente, vamos a
apoyar esta moción para instar al Gobierno a que siga profundizando en
estas medidas liberalizadoras.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aroca.

Terminado el debate de la moción, procedemos a su
votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 16; en contra, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.

Antes de suspender la sesión, he de decirles que no he
comentado al principio de la reunión que en la carpeta que se les ha
entregado a todos los señores senadores aparece un documento denominado
Medidas de la Unión Europea para atajar la crisis. La nueva Gobernanza
económica. Se trata de un documento de una reunión que tuvimos algunos
miembros de la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso y del
Senado el pasado día 27 de mayo en el Congreso de los Diputados y esta
Presidencia ha creído oportuno que fuera conocido por todos los senadores
de esta Comisión.

Sustanciados estos puntos del orden del día, tal y como
indiqué al principio de la sesión, terminamos esta primera parte y
dejamos para la tarde las comparecencias y las preguntas.

Suspendemos, por tanto, la sesión hasta las dieciséis
horas.

Muchas gracias.

Eran las doce horas y cuarenta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Continuamos
con la sesión que iniciamos a las once de la mañana.

COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN, DÑA. CARMEN VELA OLMO, ANTE LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, PARA INFORMAR SOBRE LOS PLANES QUE TIENE SU
DEPARTAMENTO Y EL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)
RESPECTO AL PRESENTE Y FUTURO DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO HISPANO-ALEMÁN
DE CALAR ALTO, SITUADO EN ALMERÍA.

(Núm. exp. 713/000752)

AUTOR: PÉREZ NAVAS, JUAN CARLOS (GPS)

COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN, DÑA. CARMEN VELA OLMO, ANTE LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, PARA EXPLICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES LA
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN SIGUE SIN ESTAR CONSTITUIDA Y LOS PASOS
O PROCESOS DE CONSULTA O NEGOCIACIÓN QUE ESTÉN PREVISTOS PARA SU
CONSTITUCIÓN EN 2014, TAL Y COMO HA COMPROMETIDO EL GOBIERNO.

(Núm. exp. 713/000760)

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

El señor PRESIDENTE: En esta segunda parte van a comparecer
miembros de diferentes instituciones del Gobierno.

Agradezco la presencia de la secretaria de Estado de I+D+i,
Carmen Vela, cuya disposición y cercanía a la comisión es palpable pues
como saben todos los senadores viene con bastante asiduidad a visitarnos
para hablar de cuestiones importantes. En este caso concreto, secretaria
de Estado, de acuerdo con el artículo 66.3 del Reglamento del Senado y,
de conformidad con lo acordado por la Mesa y Junta de Portavoces, vamos a
tramitar conjuntamente las dos comparecencias, de tal manera que daremos
contestación a la petición de don Juan Carlos Pérez Navas, del Grupo
Parlamentario Socialista, para informar sobre los planes que tiene su
departamento y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
respecto al presente y futuro del Observatorio astronómico hispano-alemán
de Calar Alto, situado en Almería, y también, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista, para explicar las razones por las cuales la
Agencia Estatal de Investigación sigue sin estar constituida y los pasos
o procesos de consulta o negociación que estén previstos para su
constitución en 2014, tal y como comprometió el Gobierno.

Para ambas comparecencias conjuntas, le doy la palabra ya,
sin más dilación, a la secretaria de Estado, doña Carmen Vela.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
E INNOVACIÓN (Vela Olmo): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, muy buenas tardes. Es siempre un placer
comparecer ante ustedes para hablarles de ciencia. En concreto voy a
responder a lo que me han planteado sobre el Observatorio de Calar Alto,
la Agencia Estatal de Investigación, el Instituto de Astrofísica de
Canarias y el gran telescopio de Canarias.

Empiezo por la primera de las cuestiones, la formulada por
el senador por Almería, don Juan Carlos Pérez Navas, para informar sobre
los planes que tenemos respecto al presente y el futuro del Observatorio
hispano-alemán de Calar Alto. En primer lugar, tengo que aclararles que
las decisiones sobre Calar Alto las toman el Instituto Max Planck y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas que tienen constituida
una AEI y son los responsables. En contra de lo que suele ser mi práctica
voy a leer bastante, porque son muchos los datos y las fechas sobre las
que quiero informarles con todo detalle y no me gustaría perder
ninguno.

Quisiera, en principio, ponerles en contexto sobre esta
situación. Alemania y España crearon el Centro Astronómico Hispano-Alemán
en el año 1973 mediante un acuerdo por 30 años. En 2003 este acuerdo se
renegoció, pasando el CSIC a ser el nuevo socio hasta 2013. Los
compromisos de gasto durante el periodo 2004-2013 ascendieron a 1,5
millones de euros anuales por parte del CSIC y a 2,5 millones de euros
por parte del Max Planck. En el año 2010, el Instituto Max Planck
manifestó su interés por abandonar Calar Alto en el año 2013 ya que no
era una prioridad en su política científica. El CSIC fue capaz de
reconducir estas negociaciones y en mayo de 2013 se amplió el acuerdo
hasta el año 2018, lo que suponía un considerable esfuerzo
presupuestario. En el nuevo acuerdo se estableció que las condiciones
entre el año 2014 y 2018 serían una aportación total de 1 600 000 euros,
de los que el Max Planck aportaría un millón y el CSIC 600 000 euros. La
actividad se centraría en el telescopio de 3,5 metros y en el instrumento
Carmenes.

Señorías, a la Secretaría de Estado que dirijo y, por
supuesto, al CSIC, nos preocupa —y trabajamos por ello— el
futuro del observatorio de Calar Alto, sobre todo a partir del año 2018,
momento en el que el Max Planck se retirará y pasará a ser una
instalación cien por cien española. Para ese momento —si no
antes— hay que disponer de una fórmula jurídica que involucre a
otro tipo de instituciones en el mantenimiento de la instalación. Estamos
hablando con las diputaciones de Almería y de Granada, con la Junta de
Andalucía, con quien tenemos una excelente sintonía, con el CSIC, por
supuesto y, desde luego,

con el Ministerio de Economía y Competitividad con el
objetivo de asegurar la continuidad de Calar Alto. Hemos empezado ya a
hacer todos los contactos necesarios para que cuando llegue 2018 estemos
bien preparados.

Tenemos informes de distintos comités científicos que
señalan la conveniencia de modificar la utilización de los telescopios
del CAHA, algo que es muy necesario si tienen ustedes en cuenta que cada
vez hay telescopios más grandes, diferentes y tecnológicamente más
potentes, y en la mayor parte de ellos España está participando porque
creemos que la astronomía tiene una capacidad y un potencial importante
para nuestro país. A tal efecto, se ha constituido un comité técnico y,
al mismo tiempo, un comité financiero encargados de proponer las medidas
correspondientes que garanticen la viabilidad del observatorio y están
trabajando estrechísimamente con los jefes de departamento de la propia
instalación y con los delegados de los trabajadores. El comité técnico
está definiendo las mejores condiciones de funcionamiento. Se pretende
optimizar la eficiencia y eficacia de las estructuras que teníamos
respecto a los servicios en el CAHA —restauración, administración,
limpieza— que no eran las más adecuadas y, al mismo tiempo, es
extraordinariamente importante alinear los salarios de los investigadores
que allí trabajan con los del personal del CSIC con los que, a más
tardar, en el año 2018 se homologarán.

El comité financiero está adaptando las estructuras de
operatividad en el marco presupuestario para el observatorio y esto
incluye un nuevo convenio colectivo con una asesora externa. Les tengo
que anticipar que el convenio colectivo se firmó ya el pasado 1 de junio,
siempre buscando las mejores alternativas y las mejores soluciones y,
créanme, estamos trabajando y vamos a seguir haciéndolo para que esta
instalación tan importante —porque lo es para España, para el CSIC
y para esta Secretaría de Estado— tenga una viabilidad segura,
tanto en el presente como en el futuro, sin lugar a dudas.

En cuanto a la Agencia Estatal de Investigación, paso a
responder al senador Manchado sobre cuáles son las razones por las que
sigue sin estar constituida y los pasos o procesos de consulta o
negociación que están previstos para su constitución en el 2014.

Señorías, creo que todos ustedes, y desde luego el senador
Manchado, saben de las dificultades que conlleva crear una agencia. Es
siempre difícil, pero particularmente en los momentos económicamente
complejos que estamos viviendo. Y con este Gobierno, aunque es bien
cierto que con retraso a lo que establece la Ley de la Ciencia —la
Ley de la Ciencia nos dio un plazo máximo de seis meses, tengan ustedes
en cuenta que los seis primeros meses del año 2012 no fueron
estrictamente los habituales en cualquier circunstancia—, nosotros
empezamos a trabajar en el estatuto de la agencia y a realizar toda su
tramitación administrativa. Pretendemos —eso se ha dicho por
diversos actores y con insistencia— que sea la principal reforma en
materia de I+D+i de esta legislatura. La agencia facilitará un elemento
de gestión flexible y eficiente para que se garantice al mismo tiempo una
financiación estable. Sin embargo, es un actor instrumental al servicio
de las políticas de I+D+i, por lo que los esfuerzos que hemos tenido que
repartir en nuestra actividad se han dirigido a disponer de un marco
general para dichas políticas, en este momento más que al instrumento, y,
por tanto, debimos dedicar gran cantidad de esfuerzos —y así se
hizo— a la aprobación de la estrategia española y al plan estatal,
que se hizo en febrero de 2013, de manera que constituíamos el marco
político que permitía establecer una clara división de funciones y
responsabilidades en materia de gestión y quedó de esta manera libre y
expedito el camino para el desarrollo de la agencia, que les tengo que
recordar que es a coste cero.

El proceso de tramitación se inició en 2013. Se envió el
primer borrador de la memoria y del estatuto al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas que nos fue devuelto a finales de ese año. Eran
bastantes el número de observaciones y comentarios, muchos de ellos
extraordinariamente positivos, pero, una vez recibidos, tuvieron que ser
integrados todos en el nuevo texto de la memoria y del estatuto que tuvo
la obligación de volver a pasar por la Abogacía del Estado. Este segundo
borrador de la Abogacía del Estado nos fue devuelto a finales de marzo de
este mismo año y hemos tenido que volver a integrar todos sus comentarios
en el informe. Se han incorporado todas las observaciones y en este
momento el documento se encuentra en trámite de solicitud de conformidad
de la Secretaría de Estado, de nuestro propio ministerio y de nuestra
subsecretaría.

Entendemos que este procedimiento no va a ser muy largo
—nos ocuparemos de que se mueva con agilidad— y en el momento
en que tengamos la conformidad, el estatuto y la memoria serán remitidos
al Ministerio de Hacienda, que esperemos que los informe favorablemente,
con lo cual abre el camino para el informe del Consejo de Estado y
culminar el proceso en el Consejo de Ministros. Difícil es poner fecha,
pero sí queremos hacerlo a la mayor brevedad.

Con esto doy por terminada mi respuesta a las dos primeras
cuestiones planteadas en esta comparecencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de
Estado.

A continuación, procedemos a dar la palabra al senador
Pérez Navas, en primer lugar y, en segundo lugar, al senador
Manchado.

El señor Pérez Navas tiene la palabra.

El señor PÉREZ NAVAS: Muchas gracias, señor presidente y
buenas tardes, señora secretaria de Estado.

En primer lugar, quiero agradecer su presencia pero, como
habrá podido comprobar, su comparecencia se solicitó en el mes de marzo.
Han cambiado las cosas, indudablemente, pero quiero que entienda que este
era nuestro último recurso, dadas las incertidumbres que se habían
generado en todo el año anterior. Tenga usted en cuenta que empiezan las
noticias contradictorias en el año 2013, allá por el mes de marzo o abril
—incluso hay manifestaciones suyas en Granada sobre cierta
incertidumbre en el aspecto científico y financiero del
observatorio— pero ahora nos vemos obligados, fíjese, a hablar de
presente y de futuro y no de pasado, porque entendemos que hay algo que
se ha gestionado mal o al menos no se ha sabido explicar con toda la
claridad que se tenía que haber explicado, lo que ha generado
incertidumbre en la sociedad almeriense y andaluza, puesto que, como muy
bien dice una revista muy prestigiosa de astronomía El cielo de Europa,
este observatorio es una magnífica instalación compartida con el Gobierno
alemán hace ya muchísimos años y eso también, lógicamente, le da un
empuje —y ahí coincido con usted— al elemento estratégico que
tiene que ser la astronomía en este país, la ciencia y la
investigación.

En definitiva, las instituciones, los trabajadores, los
municipios, los sindicatos, los empresarios, los grupos políticos, todos,
nos hemos visto alarmados porque entendíamos que la falta de financiación
ya en el 2013 —que no era el periodo que comenzaba hasta el
2018— estaba poniendo en riesgo la continuidad del observatorio.
Esa ha sido la alarma que ha generado que se convocaran manifestaciones y
que se realizaran incluso una serie de actuaciones políticas,
empresariales y sindicales. Me tocó preguntar al ministro para que
disipara dudas, algo que no se produjo puesto que él anunció que se iba a
buscar una solución y esa solución no ha llegado hasta prácticamente
ahora. Es verdad —me lo tiene que reconocer— que hay una
importante colaboración del personal de la instalación sin el que no
hubiera sido posible este gran acuerdo y al que yo quiero también desde
aquí reconocer su esfuerzo y su sacrificio, porque ha habido despidos, ha
habido estandarización, pero también es verdad que la profesionalidad y
la altura de este personal —de los científicos y de todos los que
allí trabajan— ha sido ejemplar en una posible consecución final de
esta situación.

Este es un observatorio que tiene mucho futuro, usted lo ha
dicho, así lo entendemos nosotros y por eso pedimos esta comparecencia.
En el mes de junio se presentaban los proyectos Califa y Carmenes
—de Carmenes ha hablado usted—, dos proyectos internacionales
que pueden constituir una referencia internacional en el muestreo
galáctico, que permitirá conocer la estructura y evolución de la galaxia
con muchísimo detalle. Ambos proyectos son una aportación clarísima de
Calar Alto y de España a la astronomía y, por tanto, el futuro está
garantizado. Simplemente se trata de que, si tenemos un centro que genera
oportunidades, que genera también ingresos porque diversifica —es
verdad que Calar Alto ha batido todos los récords, en el 2012 batió el
récord en cuanto a horas de observación, 2.477, no hay otro centro en el
mundo que pueda tenerlo—, que los ingresos que percibe de la
Administración, del Instituto Max Planck, del CSIC y del ministerio son
devueltos a la sociedad en investigación y en innovación en colaboración
con la Agencia Espacial Europea, y que hay proyectos conjuntos, nunca
entendimos por qué se producía ese ajuste tan drástico —del 75% que
después parece ser que ha ido disminuyendo— que generó
incertidumbre, mucha zozobra y mucho pesimismo sobre la continuidad de
Calar Alto. Nunca quedó claro quién quería recortar, si era Max Planck o
era España.

El CSIC depende de su ministerio y quiero recordarle que en
su primera comparecencia aquí sí nombró el telescopio de Canarias pero no
el de Calar Alto y, por tanto, esa era una deuda que tenía, porque es un
referente, indudablemente; sin menospreciar la capacidad que tiene
Canarias, son telescopios distintos y se complementan en sus aportaciones
al mundo científico. Entendemos que en ciencia, en investigación, no se
puede recortar. Esta mañana se nos entregaba un documento en el que el
segundo gran objetivo para atajar la crisis es invertir en ciencia, en
tecnología y en innovación. Aquí tenemos una oportunidad de excelencia,
con un centro de excelencia, que cuesta poco realmente al Gobierno de
España dentro de las macrocifras de la crisis, que hay rentabilidad
internacional de lo que allí

se puede producir y que simplemente necesita un mayor
apoyo, una mayor implicación del ministerio y, lógicamente, del CSIC que
depende de usted.

Por tanto, España no puede perder ser un referente
internacional en el ámbito científico y tecnológico, queremos que Calar
Alto sigua siendo el cielo de Europa, como decía esa revista y el señor
Galadí —científico que ha sufrido un cese seguramente por haber
manifestado en voz alta que quería mejorar y haber vendido la excelencia
de este centro—, que sus trabajadores e investigadores científicos
lo sigan usando y demandando, como así lo están haciendo, dándole
prestigio y cualificación a nuestra ciencia, dentro y fuera de España, y
que siga siendo un observatorio al servicio de la comunidad, de las
empresas, de las instituciones, que vuelva a aportar datos y estudios
como los que sirvieron para el Premio Nobel de Física en el 2012
—estudios que salieron de Calar Alto—, que vuelva a ser el
centro astronómico de referencia y que vuelva a batir el récord.

En definitiva, señora secretaria de Estado, que el
ministerio de la internacionalización apueste por Calar Alto, disipe
todas las dudas hasta el 2018 y que —es verdad y así me consta de
las conversaciones con otras administraciones— sea el empuje de
todos, entendiendo que debemos ir a proyectos más que a financiar
estructuras, a sacar adelante proyectos como Carmenes o como el que antes
hemos citado y que son referencias internacionales. Necesitamos que su
departamento se comprometa, que se consideren y estimen las aportaciones
necesarias y que las instalaciones a la hora de proyectos para la
industria y para la ciencia sean apoyadas desde el ministerio y desde el
Gobierno de España.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez
Navas.

Tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Agradezco la presencia de la secretaria de Estado aquí. Es
cierto que es una persona que ha comparecido más que la media del
Gobierno, lo cual creo que es importante. Lo que pasa es que cuando uno
comparece más que la media se compromete más que la media y, entonces,
mete la pata más que la media. Ese es el problema que tenemos hoy y que a
mí me obliga, desde el respeto que le tengo a la secretaria de Estado, y
siendo amable, a recordarle que si hubiera comparecido menos veces me
habría dicho menos inexactitudes.

Le voy a hacer un pequeño repaso de lo que usted nos ha
dicho las veces que ha comparecido y verá cómo tengo razón cuando le digo
que comparecer más es arriesgarse más. Usted, el 30 de mayo de 2012
—le estoy hablando de hace más de dos años— nos decía:
«Tenemos que conseguir que un sistema eficiente haga que los recursos
exiguos lleguen al sujeto que tiene que ejecutarlos. Para ello vamos a
desarrollar la Ley de la Ciencia, que fue aprobada por mayoría, y en la
que ustedes participaron y apoyaron —refiriéndose al anterior Grupo
Parlamentario Socialista del Senado—. En primer lugar, hemos de
crear la agencia estatal para la investigación. En esta área estamos
trabajando». Y añadía: «Una agencia es simplemente una respuesta, la
agencia agiliza y ayuda a la excelencia...» En fin, me hablaba de un
sistema moderno que colabore y coopere con las administraciones de las
comunidades autónomas para fomentar la I+D+i evitando redundancias,
etcétera.

Usted misma reconocía, uno, que la agencia es clave y, dos,
que ya estaban trabajando en ello. Y esto es lo que más me preocupa; de
verdad me preocupa que el 30 de mayo ya estuvieran trabajando en la
agencia, no porque estuvieran, que fue una excelente noticia, sino porque
la productividad de la Secretaría de Estado en este caso es dudosa.

Y seguimos. El 21 de noviembre, señora Vela, volvía usted a
decirnos: «La Agencia Estatal de Investigación la proponíamos el año
pasado en mayo y hemos estado trabajando...» De manera que se comprometía
a, lo antes posible, poner en marcha la agencia. Más o menos seis meses
después volvió a decirnos que estaban trabajando y seguían trabajando en
la creación de la Agencia Estatal de Investigación. Seguía usted
reconociendo en aquel momento que la agencia era una reforma clave
—lo ha dicho hoy también— y nos recordaba —tanto usted
como el senador Alarcó a quien voy a citar un momento— que solo
había cuatro países en Europa que no tenían agencia, ni más ni menos que
Grecia, Italia, Luxemburgo y España y que la agencia —le estoy
hablando del 2 de abril de 2013—, tal y como la tenemos ahora mismo
definida en los estatutos que están empezando ya su tramitación
administrativa, depende de la Secretaría de Estado y además tendrá una
gran autonomía.

También nos decía que tenía que ser a coste cero, eso lo
sabíamos desde el presupuesto de 2012 y en eso nunca hemos puesto
problema; nuestro problema no es cuánto va a costar sino que se ponga en

marcha. Incluso el señor Alarcó iba un poquitín por delante
de usted y, aparte de decir que era clave, decía: La agencia va a salir,
no a mitad de legislatura, sino ya; tiene fecha», y lo decía el 2 de
abril de 2013. Cuando a mí el 2 de abril de 2013 el portavoz de I+D+i del
Senado que tiene relación con el Gobierno me dice «ya», yo no podía
imaginar que en junio de 2014 todavía estuviéramos haciendo esta
pregunta.

Finalmente, en octubre de 2013, usted misma —no le
voy a volver a leer lo mismo—, decía: «La agencia es una reforma
principal de este Gobierno, es un compromiso, no solo por la Ley de la
Ciencia, que ya sé que es suficiente, sino porque está asumida y recogida
en el Plan nacional de reformas». Un plan que usted ha manifestado que lo
han hecho antes que la agencia, pero que a pesar de todo y de haber
recogido la agencia en el plan, ustedes no han realizado. Y continuaba:
«Es verdad que hemos intentado ponerlo en marcha y que el estatuto ha
empezado a tramitarse con retraso...» Otra vez lo mismo: pendientes de
Hacienda, pendientes de su propio ministerio. Recuerdo que le dije una
vez en una comparecencia —no recuerdo en cuál, no sé exactamente si
era de presupuestos o una anterior— que yo creía que la única
persona que se creía el tema de la ciencia en el Gobierno era usted y
estoy casi convencido de esto. Porque, claro, usted nos ha explicado hoy
un proceso de idas y venidas del estatuto de un ministerio a otro y
cuando me ha dicho que todavía falta pasar por Hacienda otra vez es
cuando ya le digo que estoy convencido de que la agencia no nacerá en
esta legislatura. Creo que es evidente.

El 21 de octubre de 2013 —hace más de seis
meses—, dijo: «La agencia inició su tramitación a finales de julio,
tenemos algunos informes, tan solo nos falta uno del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Lo que ha llegado hasta la fecha es
perfectamente asumible, pequeños cambios, y creemos que a lo largo del
próximo trimestre la agencia continuará su recorrido y podremos alcanzar
el objetivo…» Bueno, pues pequeños cambios, pero desde octubre no
hemos sido capaces, señora Vela, de hacerlos. Lamento ser tan agrio en mi
crítica pero, de verdad, me parece un error de bulto haber hecho esto. Y
cuando mi preocupación fue mayor —se lo tengo que decir pues fue a
raíz de ese momento cuando pedí esta comparecencia—, fue cuando en
una pregunta que le hice al señor De Guindos, al ministro de Economía,
relativa a la agencia, su respuesta fue: «Señoría, la Agencia Estatal de
Investigación, como todos sabemos, no es un fin en sí misma ni una medida
aislada, es un instrumento para elaborar un sistema de I+D+i más
eficiente, más transparente y con un claro retorno social». En el resto
de lo que me dijo estoy de acuerdo y en esto también, pero cuando se hace
una pregunta al ministro sobre un tema y responde esto, preocupa. Después
hice una segunda intervención y en la réplica me contestó: «Usted me
puede criticar por no haber puesto en marcha la agencia, pero la agencia
no es un fin en sí mismo, es un medio». Eso fue todo lo que me dijo el
ministro de la agencia. Entonces fue cuando yo me ratifiqué en mi
opinión.

Estoy convencido de que afortunadamente hay alguna persona
o personas —me refiero a usted y a su equipo que está aquí sentado
y con todo el respeto— que creen en esto, porque no puede ser que
el ministro cuando le pregunto por la agencia me conteste vaguedades
sobre la I+D+i, con la que estamos de acuerdo, y sigamos sin saber qué
pasa con la agencia. A mí me parece un error de bulto. Sin la agencia no
puede avanzar la I+D+i y usted lo sabe. Si su objetivo en mayo de 2012
era colaborar y cooperar con el resto de administraciones del Estado para
evitar redundancias, usted eso solo lo puede hacer con la agencia. La
agencia es un instrumento básico para juntar al resto de administraciones
al sector investigador, al sector privado que queremos que ponga dinero
en la investigación y seguimos sin hacer el instrumento. Por tanto, creo
que estamos cometiendo un error serio, un error de verdad. Yo comprendo
sus dificultades pero, en mi opinión, hacer una agencia a coste cero no
puede ser tan difícil. Entiendo que es difícil hacer cosas en el
Gobierno, pero le dije en una anterior comparecencia que en este país
hemos hecho en tres años un banco malo, la Sareb, el FROB y un montón de
cosas que son difíciles de hacer —no es fácil hacer algo como la
Sareb—, pero lo hemos hecho, y debe ser más fácil hacer una agencia
estatal a coste cero —no hay que poner dinero ahí—. Repito,
no digo que sea fácil, pero será más fácil que hacer este otro tipo de
cosas que hemos hecho.

Por tanto, para mí —y ya se lo dije— creo que
esto no es una prioridad. De verdad que hoy me habría encantado que usted
nos hubiera dicho: ya tenemos los estatutos medio hechos, vamos a
ponerlos en funcionamiento. Porque, después de toda esta tramitación
administrativa, entiendo —según el criterio de que estas cosas
siempre conviene tenerlas muy pactadas— que luego viene un proceso
de negociación con el sector, con la oposición y con las fuerzas
parlamentarias para que al final salga un instrumento lo más pactado
posible, como fue la Ley de la Ciencia, y que este instrumento tenga
visos de continuidad, porque si hacemos una agencia que no nos gusta a la
mitad, probablemente esa agencia tendrá poco

futuro; y no me refiero a la mitad de fuerzas políticas
solo, me refiero a la mitad del sistema y en el sistema usted sabe que
hay mucha gente —usted conoce perfectamente el sistema— y
deberíamos hacer una agencia pactada con todo el sistema, lo más pactada
posible me refiero.

Por tanto, cuando acabe todo ese peregrinar administrativo
que usted nos ha contado, todavía tendremos que tener un proceso de
negociación y creo que vamos camino de acabar la legislatura y sería un
fracaso que esta agencia no pudiéramos llevarla a cabo. Es verdad que la
Ley de la Ciencia se hizo en enero de 2011 y es verdad que gobernó el
PSOE hasta noviembre de 2011, cuando ustedes llegaron al Gobierno. Le
concedo que en los primeros seis meses del 2012 el presupuesto estaba
prorrogado —por cierto, no por culpa del PSOE— pero a partir
de mayo de 2012 tienen presupuestos… He dicho no por culpa del PSOE
porque quien decidió no presentar los presupuestos fue el señor Rajoy
esperando a las elecciones andaluzas, vamos a decir las cosas como son.
Bien, luego me dicen ustedes que no y yo no les creeré igual; yo le
concedo eso. Usted me ha dicho seis meses y yo se los concedo, pero del
30 de mayo de 2012 hace dos años y un mes y estamos como estábamos en esa
fecha desde el punto de vista del sistema de I+D+i. Supongo que usted ha
hecho su trabajo, no digo que no lo haya hecho, pero no le ha salido muy
bien, señora Vela, y eso me gustaría que lo entendiera en el tono menos
agrio posible. Yo entiendo que el trabajo que ustedes han hecho como
Secretaría de Estado de I+D+i para constituir la agencia no ha sido un
buen trabajo o, por lo menos, los frutos no han sido los que deberían
haber sido puesto que la agencia creo que podría haber estado hecha
antes.

No quiero alargarme más. Usted sabe lo que pienso, usted
sabe que se lo voy a repetir n veces de aquí al final de la legislatura y
hasta que lo pongan en marcha pero, de verdad, nada me habría satisfecho
más. He puesto esta mañana en las redes sociales, y les conmino a verlo,
que nada me satisfaría más que la secretaria de Estado de I+D+i nos
entregara hoy un borrador y, como es público y está colgado en las redes,
lo puede usted ver. Yo no vengo aquí a criticar por criticar pero creo
que es criticable un Gobierno que no es capaz de poner en marcha una
agencia a coste cero en dos años, después de lo que pactamos en el 2012
en el presupuesto.

Ese es el motivo de la petición de comparecencia y si usted
en el turno de dúplica no es capaz de aclararnos más este asunto,
nosotros saldremos de aquí pensando que, efectivamente, ustedes no han
hecho un buen trabajo con la agencia y prefiero pensar eso a que el
Gobierno no quiera tener una agencia, que sería mucho peor.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

Para la contestación conjunta a los senadores Pérez Navas y
Manchado Lozano, tiene la palabra la secretaria de Estado.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
E INNOVACIÓN (Vela Olmo): Creo que ya le he insistido al senador de
Almería respecto a nuestra postura para el CAHA. Permítame hacerle una
pequeña observación y es que, desde luego, es un extraordinario cielo el
que recoge al CAHA de la Europa o de la España continental; tenemos otros
cielos extraordinariamente buenos en astronomía, a los que me referiré
después.

Somos un país potente en astronomía y tenemos que utilizar
muy bien los recursos y es muy importante que una instalación de
relevancia como es el CAHA sea capaz de atender a demandas
presupuestarias y a demandas científicas y tecnológicas de actualización
y de futuro. Lo que se hace en ciencia en un determinado momento teniendo
un gran valor hay que seguir actualizándolo para que lo tenga y nosotros
queremos seguir haciéndolo. Usted me hablaba de algunos casos
particulares de personas en los que yo no voy a entrar pero usted y yo
sabemos, en cuanto al tema presupuestario referido a los contratos de
personal, que había manifiestamente mejoras que hacer y es a esas a las
que nos hemos dedicado. Porque en aras de la eficiencia y de la eficacia
—también se puede hacer de otras maneras que no sea la agencia,
aunque luego diré lo importante que es—, es imprescindible que el
dinero dedicado a ciencia vaya a ciencia, que no gastemos en
tramitaciones administrativas o en recursos completamente innecesarios
unos presupuestos de los que a lo mejor en un momento se dispuso pero
ahora no, y tenemos que utilizarlos bien. En cualquier caso, nosotros
estamos promoviendo y provocando el diálogo —creo que usted ya lo
sabe—, y hemos trabajado porque le insistí que Alemania ha cambiado
sus prioridades, pues tiene instalaciones en Namibia y grandísimos
telescopios, a los que me referiré un poquito más adelante, que se están
construyendo en el mundo y ha dejado de tener interés en el CAHA. El
CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, consiguió
—no es un mérito que me adscriba

personalmente— que no abandonaran la instalación en
el año 2013, que tuvieran una prórroga, que siguieran financiando para
durante este tiempo ponernos a trabajar todos y hacer que esta
instalación se siga manteniendo porque yo comparto con usted que tiene
valores y que debemos mantenerla. En eso vamos a estar y seguro que nos
encontraremos en ese camino porque usted tiene interés en ella y
nosotros, no le quepa la menor duda, también.

Me refiero ahora a los comentarios del señor Manchado.
Habla usted de inexactitudes y se lo admito, pero inexactitudes en
fechas, eso es verdad; es muy difícil hacer un calendario, muy difícil, y
creo que usted lo sabe porque ha vivido otras legislaturas, pero también
me reconocerá —según iba usted citando— que soy inexacta en
las fechas pero muy coherente en el planteamiento. Esto es cierto.
Creemos y seguimos creyendo —y no solo yo— en este ministerio
que la agencia es un instrumento; no es el final de nuestro sistema de
I+D+i, pero es un instrumento que hace ganar eficiencia y eficacia, que
los países a los que nos queremos parecer y con los que queremos trabajar
la tienen y créame que seguimos trabajando en ella, lo cual ni se
diversifica ni se separa lo más mínimo de la respuesta que a usted le dio
el señor ministro.

Se extraña usted de que yo el día 30 de mayo le dijera que
la agencia era algo importante y cita las fechas. Verá, para el 30 de
mayo nosotros habíamos realizado ya todas las consultas públicas sobre la
agencia, incluidas las de su grupo. Ese es un trabajo que ya está hecho.
Habrá que ponerla no sé si en comparecencia pública y seguiremos
hablando, porque algo que sí se nos puede achacar a esta secretaría de
Estado es la enorme voluntad de diálogo. Sabemos de las dificultades del
momento y entendemos que la única manera de resolver muchos de los
problemas es todos y juntos y, por tanto, hablando. La agencia ha tenido
sus discusiones, su diálogo, con todos los sectores y el documento que
tenemos ahora mismo es un documento fruto del consenso. Necesitará
posibles y futuras revisiones. Usted sabe que crear una agencia, aunque
sea a coste cero, es un trabajo serio y es un trabajo duro y también sabe
que la tramitación es compleja porque ha habido 3 intentos de crear
agencia en legislaturas anteriores y nunca se ha podido hacer porque es
complejo. Le sorprende a veces el calendario. Yo le decía que en octubre
de 2013 estábamos recibiendo comentarios informales de Hacienda. A
finales de 2013 Hacienda emitió un informe intenso y exhaustivo de un
gran número de páginas con comentarios, muchos, insisto, interesantes,
que hemos integrado en el texto, texto que ya ha pasado a la Abogacía del
Estado. La agencia, en su tramitación, amén de trabajar con todos los
actores para la primera definición, ha pasado ya dos veces por Abogacía
del Estado, una vez por Hacienda, está ahora mismo en nuestro propio
ministerio para observaciones y entrará en Minhap esperamos que en un
plazo no muy alejado; le diría a usted que en un mes, pero como lo va a
anotar, no lo anote porque a lo mejor me equivoco en el plazo.

Quiero decirle, senador, que nosotros tenemos la voluntad
de que la agencia se establezca. Quiero decirle que trabajamos y que
hemos trabajado, sobre todo porque la tramitación administrativa, aunque
a usted le parezca larga, es así —a mí también me parece
larga—. Está incluida la agencia, porque no queremos que deje de
estarlo, en el Plan de reformas del año 2014, y si a usted le gustaría
que la secretaria de Estado le trajera un borrador, no sabe cómo le
gustaría a esta secretaria de Estado traerle el documento final, cosa que
prometo haré.

El señor PRESIDENTE: Gracias, secretaria de Estado.

Intervención de los diferentes portavoces de los grupos
parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió,
tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.

Muy buenas tardes, señora secretaria de Estado, bienvenida
a esta comisión en nombre de mi grupo, Convergència i Unió. Agradecemos
su comparecencia y, por supuesto, y aun a riesgo de equivocarse y de
inexactitudes, cuantas más veces venga tanto mejor porque, en definitiva,
de lo que se trata es de que nos traiga información y escuche cuáles son
nuestras preocupaciones, que creo que es también lo importante.

Quisiera dividir esta intervención en dos partes, en dos
ejes diríamos: uno, incidir en lo que justamente acabamos de hacer, en la
agencia estatal de investigación, porque mi grupo considera que es
primordial e importantísima. La Ley 14/2011, en la disposición adicional
duodécima, establece que el Gobierno en el plazo de un año debe crear la
agencia estatal de investigación; en el plazo de un año, esto lo dice la
Ley de ciencia en la disposición adicional duodécima, y estamos a 26 de
junio del 2014. No voy a repetir los comentarios que han hecho tanto
usted como los distintos portavoces, pero sí voy a insistir en que mi
grupo considera primordial que el Gobierno implante de una vez por todas
esta agencia estatal de

investigación, ya que creemos que tiene que ayudar a dar un
mayor impulso, una mayor eficiencia a los recursos económicos y
materiales del sistema de ciencia que, en definitiva, tiene que facilitar
también la retención del talento en este país. Creo que este es un
aspecto de gran importancia. No hay que olvidar que la mayoría de los
países europeos que han apostado por impulsar políticas en I+D+i poseen
agencias similares y que, en definitiva, vienen a incidir en la
transformación del modelo productivo, que es necesario multiplicar los
impulsos de las políticas de I+D+i a través de una política explícita,
ambiciosa, coherente y que dé apoyo a las actividades que desde luego la
agencia estatal entendemos que tiene que hacer, tiene que procurar, que
incrementar y multiplicar, y más en estos momentos de crisis y de
extremas dificultades económicas. Entendemos que tiene que ser un impulso
también a la recuperación económica y de ahí que mi grupo se sume en este
sentido a exigir ya de una vez por todas que se cree la agencia y, por
tanto, cuanto antes nos pueda traer el documento final tanto mejor.

Por otro lado, me gustaría conocer su opinión sobre los
presupuestos en I+D+i, puesto que vemos que ahí francamente nos estamos
alejando de los objetivos europeos de inversión en I+D+i. Según el
Instituto Nacional de Estadística, en el 2011 el gasto español en I+D+i
cayó un 1,33% del PIB; en el 2010 fue un 1,39%, y ahí ya se rompió una
trayectoria ascendente de este porcentaje de las últimas décadas, con lo
cual nos estamos alejando de la media de la Unión Europea que podíamos
situar en un 2%. Los presupuestos del 2013 y del 2014 han supuesto un
descenso en las partidas destinadas a investigación científica, con lo
cual nos estamos situando a niveles ya del 2005. Por lo tanto, entiendo
que en este sentido no vamos bien. Seguramente me dirá que la I+D+i no
está solo en el Ministerio de Economía sino que es transversal, que I+D+i
también está en Industria, que está en otros departamentos, en otros
ministerios, pero la realidad es que, haciendo el balance conjunto, nos
estamos alejando de esta media europea que es el 2% con el que deberíamos
coincidir.

El informe de la OCDE de octubre del 2011, «Perspectivas de
la OCDE: España. Políticas para una recuperación sostenible», establece
que uno de los principales retos de la modernización de la economía
española es apoyar la I+D+i en las empresas y fomentar los vínculos entre
ciencia e industria. Creo que es fundamental que esto se cumpla, es
decir, vehicular las transferencias entre la ciencia, la industria y, por
tanto, las transferencias de conocimiento y facilitar que esto realmente
vaya en este sentido. Déjeme también decirle que a nivel europeo, de
imagen, la revista Nature, precisamente en el 2013, recientemente, no nos
deja bien parados porque en algunos de sus artículos dice que la política
científica de España necesita un cambio de sentido; también dice que las
Cortes Españolas amplían la brecha de investigación norte-sur de Europa,
con lo cual viene a incidir en estas preocupaciones que tenemos. También
me gustaría conocer su punto de vista del Horizonte 2020. La Unión
Europea está preparando esta iniciativa con la que va a financiar
proyectos de investigación e innovación tecnológica del 2014 al 2020. Me
gustaría que nos comentara cuáles son los recursos de los que nosotros
vamos a poder disponer y, en definitiva, cómo vamos a ir en esta
línea.

Para finalizar, y sin ningún ánimo de petulancia ni de
presunción, permítame que le explique algunas situaciones que se dan en
Cataluña en I+D+i, pues creo que vale la pena poner de manifiesto cosas
que van bien, que sirven, que tiran y que son motor. Cataluña tiene un
1,5% de la población europea y nuestros investigadores publican el 3% de
los artículos científicos que se realizan en Europa, y su captación de
proyectos competitivos en pie de igualdad con el resto del continente es
un 50%, yo diría superior a los que corresponderían por población.
Seguramente también conocerá el ICREA, la Institució Catalana de Recerca
i Estudis Avançats, que en definitiva lo que hace es una retención de
talento competitivo internacionalmente y que se ha consolidado como uno
de los ejes de éxito en I+D+i europea, hasta el punto de que 235
investigadores del ICREA de Cataluña concentran el 42% de las concesiones
del Consejo de Europa de Investigación. Creo que estos son datos que vale
la pena tener presentes precisamente para ver adónde hay que ir y qué es
lo que hemos de hacer en ciencia, en investigación y en desarrollo. Nos
gustaría que desde su secretaría de Estado se comprometiera a que en un
tiempo determinado fuéramos incrementando los presupuestos en I+D+i para
acercarnos —no para alejarnos— al 2%, que es el promedio y lo
que tendría que ser de la Unión Europea y, desde luego, la agencia
estatal cuanto antes la tengamos mejor.

Agradecemos su presencia y su comparecencia aquí. Muchas
gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Alarcó.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente. Muchísimas gracias, secretaria de Estado.

Efectivamente, la secretaria de Estado cree en la ciencia y
viene de la ciencia y ha venido a esta Cámara que yo me he permitido el
lujo de decir muchas veces que es auténtica Cámara de la ciencia porque
su comportamiento con respecto a lo que significa la Ley de la ciencia, a
la investigación, etcétera, ha sido constante en los últimos ocho años,
marcando pautas muy importantes al respecto y adelantándose a otras
cámaras representativas de este país. Y lo digo con orgullo. Creo que es
una misión fundamental que tiene el Senado, que en la próxima reforma
seguramente será Cámara de la ciencia, como lo es en Francia el Senado
también. Con lo cual, le doy las gracias. Cuando hay comparecencias, el
Partido Popular, que soporta al Gobierno, no tiene que defender a la
secretaria de Estado; vamos a contar lo que piensa el partido. Vaya por
delante que la secretaria de Estado no necesita que la defiendan, ni lo
vamos a hacer. Pero con respecto a las 2 comparecencias que se ha
decidido unir, sí me gustaría, como representante del Grupo Popular o
portavoz de ciencia e innovación, señalar algunos matices. En el primer
punto de la comparecencia unida, que es el de Calar Alto, que presentó el
senador Juan Carlos Pérez, la primera pregunta que nos podríamos hacer es
por qué no está el senador del PP de Almería. Como estamos hablando de
innovación y de astrofísica, se decidió que lo llevara personalmente
quien les habla; si no, evidentemente, podría estar perfectamente el
senador del PP de Almería. Lo comento como una actitud del propio Partido
Popular. Creo que ha quedado muy claro. Y como estamos hablando de
ciencia, de innovación y de astrología, debo decir que esta es una
institución y la secretaria de Estado ya ha contestado. Seguro que ha
sido una negociación difícil y ya está garantizada con esta unión hasta
el 2018. El 2018 yo todavía lo veo lejos, pero es una garantía absoluta
—lo digo por el señor Manchado y después le dedicaré un poco de
tiempo a sus comentarios—, el 2018 está garantizado; no lo estaba
y, como no lo estaba, me alegro profundamente de que esa negociación
difícil haya llevado a que esa unión con el Max-Planck sea hasta el año
2018. Ya veremos lo que va a ocurrir, qué puede ocurrir y podrá ocurrir
muchísimo. También debo decir, como habló del Astrofísico de Canarias,
que el mejor cielo astronómico del mundo es el de Canarias, y no lo digo
porque yo sea canario, sino porque los que lo miden se encargan del
concepto de seguridad. Es el mejor, científicamente demostrado. Lo digo
con orgullo y eso nos ha permitido además que haya un compromiso formal
con ese cielo que nos hemos encontrado —astronómicamente el mejor
del mundo—, con un compromiso bastante serio de la ciudadanía con
ese cielo que permite que en la isla de La Palma, por ejemplo, consiga
ser, desde el punto de vista observatorio, muy bueno: cerca de Europa,
con grandes seguridades sanitarias, sin desplazarse mucho tiempo, sin
fenómenos meteorológicos graves como tiene Chile, etcétera. Con lo cual,
nunca se nos tenía que haber escapado, nunca, el gran telescopio europeo,
que se nos ha escapado; no es momento de hablarlo ahora aquí, pero en un
momento determinado seguro que lo diré. Como dice el señor Manchado,
estaré siempre detrás de que eso vuelva y, por cierto, Chile está
teniendo dificultades serias de inversión, pero no es el caso ahora. En
definitiva, respecto al observatorio de Calar Alto, su bibliografía, su
aportación a la ciencia, sus 5 telescopios, etcétera, garantizado hasta
2018, me parece muy bien. Los que estamos en el mundo de la ciencia de
alguna manera nos sentimos absolutamente satisfechos y estoy convencido
de que a partir de 2018, esté quien esté gobernando, tomará las medidas
oportunas para que esto siga funcionando. Por cierto, tenemos clima
favorable a partir de ahora con respecto a la I+D+i europea, que después
también comentaré y creo que es importante. Debo decir también
—porque es una comparecencia y me complace decirlo— que este
observatorio con sus 5 telescopios tiene hitos científicos importantes
que deberíamos siempre recordar y agradecer —muy importantes, pero
por el tiempo del que dispongo no voy a nombrar uno por uno—. En
definitiva, nosotros, el Grupo Popular del Senado, nos sentimos
satisfechos al respecto.

Vaya por delante que la secretaria de Estado ha venido, que
yo recuerde, 3 veces voluntariamente —que yo recuerde, 3, no es que
tenga muy buena memoria para eso— y lo importante es que ha venido
sin que nosotros, ni el Partido Popular ni los demás partidos se lo
pidieran, a contarnos las estrategias de investigación españolas,
etcétera.

Si yo no conociera al señor Manchado pensaría que está
enfadado, pero no, yo lo conozco bien y es un hombre afable. Pero decirle
a la secretaria de Estado: usted se compromete mucho y, como se
compromete mucho, se equivoca mucho…Pues, bueno, no habrá que
comprometerse. Eso no es científico, hay que comprometerse mucho y el
error es una de las cosas que más enseñan en investigación. Pero creo que
no son errores, son temas de fechas. Además también le dice usted a la
secretaria que mete mucho la pata —según copié aquí—. Como no
está enfadado, sé que es una forma de hablar y a mí

no me gustaría que cuando me quisiera decir un piropo me
dijera que meto la pata u otro tipo de cosas. Digo lo siguiente: respecto
a la agencia, en esta Cámara donde estamos todos se transformó, se fraguó
no una mayoría absoluta sino una unanimidad en la Ley de la ciencia en la
anterior legislatura. Nunca se había conseguido. Y fue una Ley de la
ciencia, que es un documento base muy importante, que nació con consenso
y que vino a sustituir a una gran Ley de la ciencia que duró casi treinta
años. Ahí dentro está lo de la agencia, pero, claro, creo que no merece
la pena recordar ahora aquí dónde hemos estado metidos todos. No voy a
hablar de las causas —el señor Manchado habló de causas: no se
aprobaron los presupuestos, no fue Zapatero—, no voy a entrar ahí
porque el y tú más es algo que yo en la ciencia nunca voy a practicar,
aunque evidentemente estoy dispuesto a hablarlo y si en la dúplica sale
tendré que decirlo pero es mejor no hablar de ese tema. Lo que yo sí debo
decir es que es la primera vez que desde 2009 sube el presupuesto en
I+D+i —y, señora secretaria de Estado, +d pequeña, que lo consagra
la ley y no sé por qué siempre se lo comen, será que los asesores no le
tienen muchas ganas a la d de divulgación; no existe ciencia sin la d de
divulgación y la ley lo consagra y en este Senado se introdujo y, por
cierto, una de las personas que le dedicó más tiempo a esa d pequeñita
fui yo, y lo digo con cariño; creo que hay que poner en los documentos
I+D+i+d—. Como digo, desde 2009, la primera vez que sube el
presupuesto de I+D+i+d es en el 2014, y yo me alegro. ¿Tenemos que hablar
de por qué no ha habido más presupuesto? Si quieren lo contamos, pero
creo que no ha lugar que digamos que hubo 1000 millones de euros que no
se gastaron, por cierto, con una ministra de Innovación con la que yo
tuve relaciones muy afables, con la que hubo un diálogo muy fluido, pero
ocurrió lo que ocurrió. Primer punto.

Segundo, en el Consejo de Ministros del viernes —ya
la secretaria de Estado lo ha contado— se aprobó algo muy
importante, muy importante para todos, no para el Partido Popular sino
para la ciencia, y la ciencia no tiene ideología —por lo menos en
mi caso—, ninguna, y si la tuviera sería una mala ciencia; no tiene
ninguna ideología. Se aprobaron 95 millones de euros. Para los que
estamos educados en las pesetas, 95 millones de euros es mucho, mucho
dinero. ¿Suficiente? Nunca es suficiente, pero ese compromiso se aprobó y
tiene una finalidad clara: recursos humanos, investigación… Por
cierto, también se han cumplido todos los planes que se habían dicho con
respeto al Plan estatal de recursos humanos. Yo lo cuento encantado y,
como digo, hay que sumarlo a eso.

Respecto a los comentarios directos del señor Manchado, no
voy a hablar de las misiones fundamentales que tiene la agencia estatal
porque no ha lugar, pero son claves y definitivas. No estoy nada de
acuerdo con el señor Manchado, que es un hombre que entiende de ciencia,
conoce la ciencia y la vive y aporta muchos datos, en que no existe una
buena ciencia sin la agencia. No, gracias a Dios, los que creen en Dios,
y al Altísimo, los que creen en el Altísimo, se puede funcionar sin la
agencia. Se funciona peor, sin duda, y por eso ese instrumento nos lo
hemos dado entre todos, porque este no es un mérito del que le habla
representando al Partido Popular, es un mérito de todos y la agencia
tampoco tiene ideología. Con lo cual, es muy importante saber que va por
ahí y que se va a crear. Debo decirle —me lo va a permitir el señor
Manchado, que estoy hablando varias veces de él porque él me nombró a mí,
si no diría el Partido Socialista— que la unidad de medida de
tiempo en democracia siempre es una legislatura, nunca es otra unidad de
medida; no existe ninguna unidad de medida de tiempo en democracia que no
sea una legislatura. Ahora usted dirá: bueno, sí. Pero no es ninguna
excusa. Ya ha dicho la secretaria de Estado —no tengo por qué
defenderla, pero lo ha dicho en sede parlamentaria— que en tema de
fechas el Gobierno del Partido Popular no ha acertado, pero también es
verdad que hemos vivido momentos históricos críticos que han cambiado
casi todo y creo que no hace falta nombrarlos más.

Respecto a las revistas —no lo puedo evitar, algunos
de los que estamos aquí nos dedicamos a publicar algunas cosas—, la
revista Nature —yo no tengo ningún trabajo, me encantaría
tenerlo— también tiene sus fallos y sus valoraciones. Y no digamos
Science. El último patinazo serio lo referí y fue el tema de las células
madre con el señor japonés, que mejor no hablarlo. Pero, ¿necesitamos más
inversiones en I+D+i en España? Sí, esa es nuestra opinión. ¿Tenemos que
mejorar? Sí, sin duda, pero estamos donde estamos. La Biblia de la
religión católica no son las revistas Science ni Nature, y a mí me
gustaría tener un montón de trabajos publicados ahí, con lo cual tendría
un nivel de impacto que me saldría. Pero seguiremos luchando por
ello.

También quería decir otra cosa que creo que interesa.
Respecto a nuestro compañero el senador de CiU, en Europa siempre
tendemos, de una forma muy clara, a buscar un espacio único sanitario
europeo, y ya lo tenemos; un espacio único universitario, y ya lo
tenemos; pero estamos buscando un espacio único de investigación europea
que es lo que llamamos los que estamos en ciencia la quinta libertad. Y
la quinta libertad real es la libre circulación del conocimiento. Yo
respeto profundamente a

Cataluña, es más, he trabajado mucho allí con temas de
trasplante, pero, bueno, se está hablando de investigación y cuando
hablamos de I+D+i hablamos de agencias, de Europa, de España; pero
hablamos de Europa y esa Europa, que es un valor añadido que tenemos
todos como ciudadanos, está buscando esa quinta libertad, la libre
circulación del conocimiento, que suma siempre, nunca es discriminatorio;
se suma lo que se está haciendo en Cataluña, en Canarias, en Castilla-La
Mancha o en Ceuta y Melilla. Eso se suma, pero no hay una investigación
catalana, con todo el respeto. Yo he estado investigando allí, como digo,
el trasplante de páncreas y hay una investigación española, muy potente,
por cierto, y, por sectores, pionera, pero tenemos que seguir mejorando
sin duda.

En definitiva, para terminar esta primera intervención, el
otro día hubo una reunión —la secretaria de Estado y nuestros
compañeros lo saben— de los técnicos europeos para la nueva
gobernanza económica europea. Para mí fue un documento muy importante en
el que hay un compromiso formal de Europa, de los veintisiete países, y
el segundo nivel de actuación, objetivo serio, es más inversión en I+D
—le falta +i+d, y se lo permitiremos a los europeos—. Ese es
el segundo objetivo y, por cierto, había de todos los partidos, del
Partido Socialista había 4 o 5 compañeros. Creo que es un documento
básico que demuestra —le contesto al señor Manchado— que
vamos en una senda donde, incluida Europa, incluido el déficit, la I+D+i
podrá ser contabilizada de otra manera. Por cierto, idea que planteó en
la comisión el señor Manchado y que ha sido aceptada. También ahí
planteamos lo que se llama la contabilidad científica, que fue muy bien
asumida por Europa, que es quien lo tiene que autorizar y es que los
plazos científicos no tienen que ver nada con los plazos políticos. La
I+D+i no tiene años naturales. Creo que también fue asumido y ese tema
viene a garantizar que vamos a estar en una senda muy, muy positiva. No
quiero —ni debo, pero es que no quiero— dejar de decir que el
proyecto de reforma fiscal que hay en nuestro país introduce para la I+D
española criterios muy importantes que no teníamos y uno de los más
importantes, sin duda, es la creación de una nueva reserva de
capitalización de las empresas en I+D+i que es definitiva para esa
necesidad de trabajar por ese 3% del PIB en el año 2020; el 3% del PIB
que no lo consigue casi ningún país pero que la tendencia debe ser ir a
buscarlo para la I+D+i+d española.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alarcó.

Su turno de réplica, señora secretaria de Estado.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
E INNOVACIÓN (Vela Olmo): Me referiré un poquito más adelante a algunas
de las cosas que ha apuntado el señor Alarcó porque creo que son noticias
relativamente frescas, de hace pocas semanas, y suficientemente buenas
como para que también seamos capaces de compartir buenos puntos.

Mientras tanto, voy a contestar al señor senador de CiU que
nos recordaba que la agencia quedó, de acuerdo con la Ley de la ciencia,
en un compromiso de un año. Le puedo decir que un año no es nada en la
Administración, pero es que si este año lo partimos por la mitad con unas
elecciones, me hubiera gustado mucho el día que yo tomé posesión y pasé a
mi despacho, acompañada de la ministra Garmendia —por cierto, el 2
de enero— que me hubiera traspasado la mitad de la documentación de
la agencia —habían pasado ya seis meses y no hubo una sola
referencia—. Luego, como el senador Manchado me daba los otros seis
meses del año 2012 de gracia, ya este año está cumplido. Quiero decirle,
aparte de la broma, que es nuestra voluntad. Los plazos, tremendamente
difícil. Que en un año se pudiera hacer la agencia, ni con la mayor
continuidad se hubiera conseguido, porque hay momentos en los que los
responsables de la agencia, que es esta secretaría de Estado, pueden
trabajar y trabajan, pero hay momentos en los que nuestro reloj se para
porque entra en otros departamentos, en otras entidades y en otras
instituciones dentro de la propia Administración General del Estado donde
nuestra influencia y velocidad son relativamente difíciles. Simplemente
le digo que a mí no me dejaron la mitad de la agencia hecha.

Hablaba usted de los presupuestos. Es bien cierto, el
presupuesto de I+D+i, como se ha comentado, empezó a bajar en el año 2009
y la bajada ha sido muy importante y, como bien apuntaba el senador
Alarcó, en el año 2014 no bajó, en el año 2014 esta secretaría de Estado,
que es la responsable de más del 76% por ciento de la función 46
—se refiere usted a otros ministerios, a otros departamentos, pero
la mayor responsabilidad recae en esta secretaría de Estado— tuvo
un incremento de 140 millones en capítulo 7. Es verdad que no compensan
ni muchísimo menos lo que había habido en disminuciones, pero es cierto
que cuando las cosas empiezan a subir, cuando como decía Andreu
Mas-Colell, la segunda derivada es positiva, estamos en segunda derivada
positiva, y ese presupuesto subió y subió un 10%. No

compensa pero es muy importante, primero, por el cambio de
tendencia que quiere significar algo y, segundo, porque somos capaces, a
pesar de no tener la agencia, de utilizar bien esos 140 millones en
servicio de la I+D+i española.

Ya se ha hablado de la OCDE y de la importancia de la
ciencia y la industria. Nosotros lo tenemos muy claro. Si ustedes han
tenido tiempo de observar la Estrategia española de ciencia, tecnología e
innovación, y después el plan correspondiente, habrán visto que es una
estrategia que tiene un recorrido parecido desde el año 2013 hasta el año
2020. Y esta estrategia por primera vez hace un solo documento que quiere
significar mucho, un extraordinario cambio conceptual. Hablamos de
investigación, desarrollo e innovación —voy a decir también
divulgación, y luego haré un aparte para el senador Alarcó—, pero
lo hacemos todo en un continuo. Queremos que se genere conocimiento. Es
extraordinariamente importante hacer investigación para generar
conocimiento, para saber; pero además queremos que ese conocimiento sea
transferido a la sociedad de la manera más rápida, de la manera más
eficiente, porque la tarea que tiene la ciencia es resolver problemas de
los ciudadanos. Es decir, hay que generar conocimiento y, al mismo
tiempo, ser capaces de transformarlo en riqueza, en empleo y en servicios
para los ciudadanos, que es para lo que trabajamos. Esto es clave y
fundamental en la estrategia española, atendiendo a los comentarios de la
OCDE y de otros muchos, amén de haber hecho un documento consensuado con
todos los actores, con todas las comunidades autónomas y con todo aquel
que quería y tenía algo que decir con respecto a nuestro sistema de
I+D+i.

Yo también le doy mucho valor a Nature —tengo la
suerte de tener una publicación en Nature Biotechnology—. Y cuando
Nature habla de ciencia e investigación acierta en el 99% de los casos,
pero cuando interpreta sobre política científica —lo puedo decir
por propia experiencia— no siempre tiene todos los datos, lo cual
no quiere decir que nuestro sistema científico esté perfecto; dista de
ser perfecto. Pero, además de nuestro propio análisis, para analizarlo y
ver cómo está se ha pedido, y en breve se presentará, un peer review a la
Unión Europea con el fin de que analice nuestro sistema y nos responda a
una serie de preguntas importantes; por ejemplo, cómo hacer más y mejor
la colaboración público-privada, cómo hacemos las métricas de la I+D+i
para demostrar, además de con palabras, que es eficaz y que sirve a los
ciudadanos, o cómo somos capaces de trabajar con las comunidades
autónomas de una manera más común, menos paralela, con menos
duplicidades. En fin, nosotros nos sometemos a juicios externos para que
nos ayuden, porque lo que queremos es mejorar. En breve nos darán esta
opinión, y seguiremos sus recomendaciones, como no puede ser de otro
modo.

Hablaba usted de Horizonte 2020. Es el nuevo programa de la
Unión Europea que, con un detalle innovador, en vez de llamarse VIII
programa marco se decidió denominarlo así. Desde el año 2014 su horizonte
está, efectivamente, en el 2020. Puedo decir en primera persona que
España ha trabajado enormemente en Horizonte 2020, pero no esperando,
tras la publicación de las convocatorias, ver qué tal se nos da, sino
para asegurarnos. Así, desde el mes de enero del año 2012 empezamos a
trabajar para asegurarnos de que lo que Horizonte 2020 fuera a contener
estuviera también contenido en todo lo que se hace en España, es decir,
que no hubiera ninguna línea roja, de manera que quedáramos excluidos. En
Europa nos ha pasado con cierta frecuencia que no hemos participado en
las definiciones, pero luego, cuando vamos, las cosas no nos gustan y nos
quejamos. Como digo, no queríamos que eso nos pasara, y por eso desde el
primer momento trabajamos con las presidencias danesa, griega,
lituana…, con todo el mundo, para conseguir que todo lo que se hace
en España en materia de ciencia estuviera reflejado y recogido en este
gran programa, porque es un grandísimo programa. Estamos hablando de 72
000 millones de euros hasta el año 2020 —el programa anterior, con
el mismo periodo de tiempo, contaba con 54 000—, y además tenemos
objetivos muy claros. España se ha planteado objetivos cuantificados y
cuantificables de nuestra participación en Horizonte 2020. En las últimas
convocatorias, del VII programa marco, hemos participado razonablemente
bien, pero, en promedio, nuestro retorno —valorado en lo económico,
luego hablaremos de lo intangible de ciencia— está en torno al
8,5%, mientras que España está poniendo cantidades superiores al 9%. Es
decir, a día de hoy, en los programas de ciencia España ha seguido siendo
durante todos estos años un proveedor neto de recursos para Europa.
Nuestro objetivo es, cuando menos, que el retorno sea un justo retorno,
si no más, lo que significa que cada año deberíamos traer de la Unión
Europea más de 700 millones de euros para todo el sistema español de
I+D+i. El objetivo es ambicioso pero, desde luego, ni mucho menos
inalcanzable, porque en los últimos datos de las últimas convocatorias
que conseguimos presentar en el año 2013 ya aparecían porcentajes en
torno al 9,2 o el 9,3% de retorno. Además, tenemos el objetivo de que el
10% de los proyectos estén coordinados

por investigadores españoles. Coordinar un proyecto, además
de un trabajo enorme, supone liderar el proyecto, dirigir esa
investigación y ser el que más participa, amén de ser quien más recursos
económicos obtiene.

No sabemos cómo nos va a ir; esperemos que bien, porque el
trabajo ha sido muchísimo. Tenemos medidas para activar e incentivar la
participación en Europa, recursos para ayudar a las universidades, a los
OPI, a las empresas, para que participen bien en Europa. De momento solo
tenemos resultados muy parciales. Acaban de cerrarse las convocatorias
—en el mes de abril—, pero les diré que, solamente en el área
de biotecnología, España ha sido el país de la Unión Europea que más
proyectos ha presentado y que más proyectos coordina. Hablo de proyectos
presentados. Tenemos que ver los resultados. No voy a comprometerme, para
que luego me digan ustedes que no cumplo mi palabra, pero espero que sean
buenos, porque se ha hecho un enorme trabajo. Y quiero decir algo muy
importante: si no hemos conseguido más proyectos con anterioridad no ha
sido porque nuestro sistema, porque nuestros científicos no fueran
capaces, sino porque no iban a Bruselas; no iban a pedir proyectos
europeos. Era más cómodo estar con el proyecto del plan estatal o con el
proyecto de cada comunidad autónoma. Eso es poca ambición, y necesitamos
ser muy ambiciosos en ciencia, muy ambiciosos. Por tanto, espero que
podamos traer también a esta Cámara buenas noticias tras las primeras
evaluaciones.

Me cita usted Cataluña. Como decía el senador Alarcó, la
ciencia tiene una dimensión mucho más grande, pero es bien cierto que los
números acompañan a la investigación en Cataluña. En Cataluña se ha
puesto mucho dinero, particularmente en biomedicina, y eso también tiene
sus contrapartidas; hay mucho dinero puesto y mucho dinero por devolver
en algunos casos, pero hay ejemplos muy buenos.

Me cita también Icrea, un programa para la detección de
talento excelente. Como usted sabe, la mayor ventaja de Icrea es que
tiene una flexibilidad en el modelo de contratación que no tenemos en la
Administración central, donde hay que cumplir una serie de normas
—no vamos a decir si buenas o malas— que no permiten ese tipo
de contratación tan flexible. En la Administración central se tienen
procedimientos parecidos en fundaciones, pero no en las universidades ni
en el consejo superior ni en los organismos públicos de investigación.
Por eso, en la secretaría de Estado estamos trabajando para buscar esa
flexibilidad, que se ha demostrado válida en Icrea y en muchas otras
iniciativas. Pero también le diré que, aunque Icrea es un programa
excelente de atracción de talento, si ese talento no pudiera venir a la
Administración General del Estado a solicitar proyectos de investigación
tendríamos mucho talento con poco que hacer, con lo cual nos
complementamos y nos complementamos bien.

Senador Alarcó, voy a aprovechar para hacerle algún
comentario, fundamentalmente sobre la divulgación, que sé que es una
cuestión que le preocupa, aunque creo que sabe que a nosotros
también.

Nos acompaña hoy el director general de Fecyt, y usted
sabe, como nosotros, que en Fecyt tenemos una institución, una entidad
cuya actividad más importante es la divulgación de la ciencia; la más
importante. Tenemos una convocatoria de cultura científica. Estamos
lanzando —además, con el apoyo de la actual reina— FameLab,
una serie de monólogos científicos para llevar a todo el mundo en clave
de humor experimentos importantes y relevantes. La semana que viene
inauguramos los campus científicos de excelencia, en colaboración con la
Fundación La Caixa, que llevan a 1900 jóvenes en torno a los 16 años a
distintas entidades científicas, donde pasan un par de semanas trabajando
en los laboratorios y decidiendo lo que hacen. Tenemos la serie de Tadeo
Jones en televisión. Tenemos las píldoras científicas… Es decir, no
nos olvidamos de la divulgación, porque esta no es más que el mecanismo
para comprometer a una sociedad con la ciencia, y estoy segura de que si
nuestra sociedad hubiera estado más comprometida y más informada con la
ciencia quizá los temas presupuestarios nos hubieran ido mejor. Queremos
una sociedad culta en ciencia, y para eso la divulgación es el mejor
mecanismo. Y hacemos todo lo que podemos.

Termino complementando algunas de las cosas que decía el
senador, que creo que son importantes. Además de las dificultades que
tenemos, que son muchas, y en las que seguimos trabajando, hace quince
días el Consejo de Ministros aprobó la participación en el telescopio más
grande del mundo, el E-ELT. Comparto con el senador que no se nos debió
ir de España, pero se fue, y entiendo que las personas que estaban
anteriormente en esa responsabilidad no pudieron mantenerlo. Bien,
participemos en él, porque es riqueza y generación de conocimiento para
nuestros investigadores y nuestras empresas. Al participar en ello
participarán nuestros investigadores, que irán allí. La construcción que
acaba de empezar tiene unas primeras licitaciones en torno a 300 millones
de euros, y hay bases sólidas como para que nuestras empresas puedan
retornar 130 millones de euros. Es decir, para nosotros ha sido una
buenísima noticia el hecho de que se haya aprobado.

Y en el mismo Consejo de Ministros se aprobó la reducción o
la bonificación del 40% de las cotizaciones de la Seguridad Social para
todo el personal que trabaja en investigación, desarrollo e innovación en
empresas y centros tecnológicos. Esta mañana he tenido una reunión con
centros tecnológicos, y me lo agradecían enormemente. Además, eso tiene
efecto retroactivo desde el 1 de enero del año 2013, con lo cual es una
inyección de tesorería que no viene nada mal a todas las entidades que
trabajan en I+D.

Por otro lado, hace poco más de un mes lanzamos el Programa
100, que va estrictamente en la línea de la colaboración público-privada,
de la que se ha hablado. Se trata de poner a trabajar juntos a empresas
grandes, a empresas pequeñas y a centros públicos de investigación. Lo
tenemos muy claro: hay que favorecer la colaboración público-privada y
ayudar a las empresas a que inviertan más en I+D+i, que es una de
nuestras mayores debilidades.

Por último —y espero que no el final de todo—,
el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó un crédito
extraordinario de 95 millones que nos va a permitir fortalecer todas las
convocatorias de proyectos y recursos humanos, que esperamos empezar a
lanzar antes del verano. Creo que más que una buena noticia para nosotros
es una buena noticia para el sistema, y nos satisface enormemente poderla
compartir.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, secretaria de
Estado.

Para dúplica, por el Grupo Convèrgencia i Unió, tiene la
palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.

Muy brevemente. Agradezco a la secretaria de Estado sus
palabras y explicaciones, y constato que hay aspectos en los que
coincidimos. Me gusta que reconozca aquellas cosas que no van bien.
Ciertamente, los presupuestos en I+D+i han sufrido unas bajadas
considerables en los últimos dos o tres años, y es cierto que este año,
2014, se han incrementado, como usted decía; pero no hemos llegado a
cubrir las bajadas que se han realizado. Esperemos que el año que viene,
en 2015, realmente podamos constatar que vamos en esa línea y nos
acercamos a la media europea, que es lo que debe ser. Creo que esto es
importante en la situación de crisis que tenemos, para salir del agujero
donde estamos.

Por último, quiero resaltar que hay tres ejes prioritarios:
la retención del talento, que es clave; la creación del conocimiento, que
es importantísima, necesaria; y la transferencia del conocimiento al
sector productivo, que también es clave. Y es que el sistema productivo
debe estar muy vinculado a la creación del conocimiento, porque si
creamos conocimiento pero eso no tiene una repercusión en el sistema
productivo, no avanzamos. Coincidimos en ello, y pido también a la
secretaria de Estado que se hagan todos los esfuerzos en este sentido y
que en los presupuestos de ciencia del año que viene podamos constatar
que realmente no se ha equivocado, que no ha informado mal, y que
realmente vamos en línea ascendente, para acercarnos al 2% de la media de
la Unión Europea.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias senador Alturo.

Tiene la palabra el senador Pérez Navas.

El señor PÉREZ NAVAS: Muchas gracias señor presidente.

También intervendré brevemente. Empezaré por referirme al
señor Alarcó, entendiendo, lógicamente, su papel de apoyo al Gobierno,
aunque se le ha escapado lo de soportando —no sé si le ha
traicionado el subconsciente y realmente es lo que pasa: soportando al
Gobierno—. En fin, entiendo ese apoyo y esas manifestaciones. Y
tengo que decirle que no vengo a competir en cielos. Como le ha dicho la
secretaria de Estado, España es un potencial en cielos y cada uno tiene
sus características, aunque sigo manteniendo, lógicamente, que el
Observatorio de Calar Alto tiene el mejor telescopio —con una
cúpula de 3,5 metros— de los que existen en este momento; y de ahí
no me pienso bajar.

Y, de verdad, no echo en falta a ningún senador del Grupo
Popular porque no vengo a competir, no vengo a eso. Vengo básicamente a
traer el problema de una provincia que se ha visto alarmada puesto que
podía perder una referencia local, pero internacional, y lo hemos podido
comprobar con todas las referencias que todos podemos hacer a Calar Alto.
A eso es a lo que quería referirme, y esta tarde quería llevarme de aquí
un compromiso de la secretaria de Estado para los trabajadores, para los
científicos, para los investigadores, para la sociedad almeriense, pero
también para la sociedad internacional, que ha podido ver con cierta
incertidumbre el futuro de Calar Alto.

La secretaria de Estado me ha hecho tres observaciones que
entiendo, pero creo que son la base de lo que ha pasado. Hay que
reconocer que algo se ha hecho mal y que necesitamos un nuevo tiempo para
Calar Alto y un nuevo tiempo para la ciencia en esta materia. Usted
también me hacía referencia a que había que atender a la demanda
científica. Creo que en todo este proceso con Calar Alto hemos querido
confundir —no sé si intencionadamente o no— estructura con
capacidad científica, y hemos podido dejar entrever la falta de
capacidad, de instrumentos y de instalaciones. Pero yo entiendo que no,
que son inmejorables, y ahora también me referiré brevemente a eso. En
segundo lugar, ha habido un ánimo de mejora, pero también entendemos que
se ha producido un ajuste muy drástico que ha puesto en riesgo el
observatorio y su continuidad. Y, en tercer lugar, creo que también ha
faltado diálogo y consenso; ese que se ha producido ahora, al cabo de un
año, podíamos haberlo intentado buscar desde el primer momento pactando
con los trabajadores, los científicos y las sociedades oportunas.

Como decía el señor Alarcó y usted misma, señora secretaria
de Estado, el 2018 está garantizado, pero tenemos que verlo presupuestado
en el 2015. Y eso es lo que, como senador de mi provincia, vengo a
pedirle: que se comprometa para que en el 2015 vuelva la estabilidad a
Calar Alto, que no se vuelva a hablar de Calar Alto nada más que en
positivo y que no volvamos a traerlo, cuando estamos hablando de
cantidades en torno al millón, millón y medio o dos millones de euros,
que es lo que ha podido poner en zozobra o riesgo este observatorio tan
importante, que antes daba trabajo a 52 personas y ahora a menos, con los
ajustes. Queremos la implicación de su ministerio y que se vuelva a
reinvertir en este observatorio. Y era necesaria la rectificación que se
ha hecho. El 2015 es una oportunidad para la ciencia, es una oportunidad
para su ministerio, para el departamento que usted dirige, y para que el
CSIC cumpla con su obligación y ustedes ordenen al CSIC que cumpla con la
suya, que es garantizar el observatorio, la tranquilidad y la proyección
internacional y la investigación, que es a lo que se tiene que dedicar
básicamente ese observatorio. Y en eso estaremos todos dispuestos a
colaborar, tal como usted nos ha conminado, además de haber puesto de
manifiesto las magníficas relaciones o conversaciones que existen con
otras administraciones. Y nadie va a huir del consenso, del acuerdo y del
apoyo futuro, pero en 2015 hay que estabilizar definitivamente Calar Alto
para comprobar que en el 2018 estará garantizado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias señor Pérez Navas.

Senador Manchado, tiene la palabra para dúplica.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Desde luego, no estaba enfadado, en absoluto. Y quiero
pedirle disculpas al señor Alarcó. Si ha entendido que meter la pata era
una expresión desafortunada, la retiro; no tengo ningún problema.

He hecho un poco de broma con las comparecencias de la
señora secretaria de Estado, pero entiendo que desde el respeto. No
quería decir nada más. No he dudado de su coherencia en ningún caso, con
lo cual le reconozco la coherencia desde el primer día. Yo he dudado de
los errores de bulto que ha cometido usted en la previsión, y hablo de
errores de bulto, porque lo digo con respeto. Le aseguro que si no la
respetara a usted como la respeto yo hablaría de mentir, pero no hablo de
mentir. Estoy seguro de que usted no nos ha mentido en sede
parlamentaria, estoy seguro de que solamente se ha confundido, y lo digo
para que quede claro que yo no estaba en absoluto ni enfadado ni
indignado.

Le manifiesto una vez más el apoyo del grupo al que
represento en la tarea de crear la agencia. Nos van a encontrar en
cualquier cosa que ustedes consideren que el Grupo Socialista puede hacer
para que la agencia salga lo antes posible y lo mejor posible. Le
agradezco que comparezca, aunque sea a riesgo de equivocarse, y le
agradezco que siga aventurando opiniones, aunque se equivoque, porque eso
nos ayuda a conocer más.

Y me gustaría cerrar mi intervención haciéndole una
pregunta por si tuviéramos alguna noticia sobre el tema. Cuando el 8 de
abril le pregunté al ministro sobre la agencia, me comentó de pasada que
en aquella semana había 13 expertos europeos reuniéndose con agentes del
sistema de I+D+i, es decir, con empresas, universidades, comunidades
autónomas e investigadores, y que las conclusiones de este estudio
—decía el ministro— nos servirán para la puesta en marcha de
la propia agencia. Me gustaría conocer si hay o no conclusiones de ese
estudio, y, en el caso de que sea así, si es posible que se nos hagan
llegar —si no es ahora, cuando estén—, porque puede ser una
documentación interesante.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

Senador Alarcó, es su turno.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero manifestarle al compañero senador
Pérez Navas que decir: con que hubiera un senador del Partido
Popular… Era simplemente una crítica. Nosotros respetamos mucho lo
que representa cada uno en el territorio; y era ciencia,
independientemente del lugar donde estuviera, de ahí mi modesta presencia
aquí. Era todo lo contrario.

Y soportar significa sustentar. Mi subconsciente, que es
bastante grande, igual que el suyo, dijo claramente soportar, que
significa sustentar. Si quiere podemos empezar a hablar de otro tema,
pero, evidentemente —lo digo públicamente—, no soporto a
ningún Gobierno sino que sustentamos un Gobierno de forma clara.

Y, señor Manchado, vaya por delante que le conozco lo
suficiente como para saber que usted nunca tiene ninguna tendencia a
ofender —lo digo de verdad y públicamente—,
independientemente de que tengamos muchas discrepancias ideológicas
profundas que lo seguirán siendo, porque somos de dos partidos
absolutamente diferentes. Y eso es muy bueno.

Con respecto al concepto público-privado, es
imprescindible. No habrá una buena investigación sin el concepto
público-privado, que no significa privatizar nada sino el compromiso
formal de la sociedad en general con este tema. La reforma fiscal va por
ahí, y por eso digo que el proyecto de reforma fiscal es muy social. Será
criticable por otras cosas, pero es muy social.

En cuanto a la transferencia de conocimientos, es la clave
del asunto. Y algo que no puedo dejar de mencionar es la cooperación
internacional con la I+D+i, punto también necesario e imprescindible.

Por otro lado, el tema de Calar Alto y el IAC, el Instituto
Astrofísico de Canarias, no es para competir. Somos complementarios, son
observaciones diferentes. Almería tiene un cielo astronómico maravilloso,
y nosotros tenemos un cielo maravilloso que se llama Canarias, que es de
los mejores del mundo, y no porque lo diga yo sino porque tiene esas
condiciones geoestratégicas y de clima; y las dos juntas suman una gran
astrofísica española, que es uno de los valores añadidos más importantes
que tiene España en el mundo de la ciencia. Y tenemos que seguir
claramente por esa vía.

Con respecto a las patentes —no hemos hablado de
ello, pero lo debo decir—, se ha hecho un esfuerzo enorme para
favorecer que haya patentes y que estas perduren. Y España patenta poco,
porque el mantenimiento de la patente es caro, pero ya hay una unidad en
el Gobierno español que se dedica a potenciar claramente su
mantenimiento. Vamos a ver si conseguimos introducir en las patentes el
idioma español, lo que será muy importante; nos hemos quedado fuera, pero
repito que eso será muy importante.

En relación con la biotecnología, creo que es un valor, una
fortaleza española de primer orden y de cualquier sitio. Considero que
hay que seguir en ello, y además somos pioneros en puntos muy claves de
la biotecnología a nivel mundial.

También se está hablando de algo, y creo que es
imprescindible dentro de lo público-privado, que va a ser contemplado en
esta reforma fiscal. Me refiero a los denominados fondos éticos,
micromecenazgos, mecenazgos y responsabilidad social cooperativa. Y hay
un compromiso formal. Antes el señor Manchado ha manifestado que yo he
dicho: la agencia, ya. Pero yo no marco el tiempo del Gobierno. Hablar de
«ya» significa que el Gobierno está muy implicado y que tenemos muchas
ganas de tener la agencia. Creo que esos conceptos se van a empezar a
utilizar de forma clara y van a ser muy beneficiosos para la I+D+d
española.

Y en un minuto escaso me voy a referir a la divulgación,
que no es una obsesión; podría llegarlo a serlo, pero no lo es. No se
trata de propaganda, sino de complicidad de los ciudadanos. Señora
secretaria de Estado, salga del Senado por la calle Bailén o por la plaza
de la Marina, coja al azar a 10 ciudadanos y pregúnteles por lo que es es
I+D+i. Le dirán que es un partido político, le dirán que es de todo menos
ciencia. Y es que cuando uno no se implica con la ciencia no entiende que
se gaste en la ciencia.

El descubrimiento de la pseudociencia solo se puede hacer
por los medios de comunicación, solo por ellos. La pseudociencia fluye en
España en los medios de comunicación como nada, y anula a la ciencia,
compite deslealmente con la ciencia de forma terrible. Y aumenta con los
días; todos los días leo sobre pseudociencia, con grandes anuncios que no
hacen otra cosa que perjudicar al conocimiento y la ciencia. Es lo que
quería comentarle, y estoy seguro que el Gobierno está haciendo un
esfuerzo en ese sentido, porque creo que hay que ir más a los medios
normales de comunicación. Las campañas que ustedes acaban de anunciar son
buenísimas; sé que serán un triunfo porque la gente joven lo capta. Pero
el

ciudadano medio en general tiene que entender que cuando
uno enciende una luz está hablando de I+D, que poner la vitrocerámica es
hablar de I+D+d puro. ¿Y qué significa? Esto, esto y esto. Y esa
inversión siempre suele tener una transferencia importante.

Muchísimas gracias. He terminado mi intervención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias senador Alarcó.

Para cerrar la comparecencia y el debate, tiene la palabra
la secretaria de Estado, doña Carmen Vela.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
E INNOVACIÓN (Vela Olmo): Gracias.

Muy brevemente, quiero decirle al senador de CiU que ya
habríamos querido que solo hubiera habido una disminución presupuestaria
en I+D+i en los últimos dos o tres años. El problema más grave es que
esta disminución presupuestaria arranca en el año 2009, que es cuando
empieza a caer, con una pendiente claramente pronunciada. Y a eso nos ha
llevado, con la situación de crisis. Sin describir ninguna
responsabilidad, la ciencia desafortunadamente empieza a caer en el año
2009; empiezan a reducirse las contrataciones de personas y a disminuir
el presupuesto, y eso no es bueno. Sepa usted —y yo creo que lo
sabe— que trabajamos para revertirlo al máximo.

Con respecto a lo que se comentaba de Calar Alto, y más
allá de la belleza del cielo —si ustedes lo recuerdan, Manolito
Gafotas decía que el mejor cielo del mundo era el de Carabanchel
Alto—, porque debe de haber buenos cielos en muchos sitios, por
todas partes, usted pide que el CSIC se comprometa. Pues bien, sin que
nosotros le hayamos dicho nada, el CSIC se ha comprometido y ha
conseguido que Calar Alto no se cerrara en el año 2013. El Max Planck
tenía la voluntad de cerrar la institución, y por compromiso y por valor
de la institución el CSIC ha conseguido que esto continúe; y seguirá
apostando por ello. Ahora bien, a veces el diálogo es difícil cuando
alguien no se quiere sentar a hablar. Y yo entiendo que se había
producido una situación buena, en en una instalación muy particular, con
buena investigación, pero con unos salarios muy por encima de las medias
en cualquier sitio y unos servicios generales que no se ajustaban a las
necesidades. Y de la misma manera que dice usted que antes tenía 52
personas, reconocerá que el menor número que tiene ahora se refiere de
forma muy mayoritaria a servicios administrativos, de restauración o de
limpieza, que se pueden hacer con una contrata externa; y no es necesario
tener 3 cocineros para una instalación de 52 personas. Es en eso en lo
que nos hemos tenido que concentrar: en que el dinero, no mucho, que
tenemos vaya a la ciencia, vaya a los equipos, vaya a Cármenes y vaya a
los laboratorios.

Senador Manchado, con tal de que usted me reconozca la
coherencia en el planteamiento, le acepto la inexactitud en las fechas.
Ya me gustaría que no fuera así, pero no ha quedado más remedio.

Decía usted que en abril el ministro le había hablado
acerca de esta evaluación. Es lo que denominamos el peer review, al que
me refería con anterioridad. La Unión Europea hace este tipo de
evaluaciones a solicitud de los países, y lo habían hecho ya otros,
aunque es verdad que ninguno tan grande como España. Nosotros solicitamos
esta evaluación, y reconocemos que nuestro sistema es bueno. El sistema
de I+D+i que hay en España es bueno, no porque lo hayamos hecho nosotros,
ni siquiera otros partidos, sino porque el sistema y los investigadores
han trabajado y han crecido y han hecho un buen sistema, con menos
recursos que los que tienen sus homólogos en el resto del mundo y, sin
embargo, con una eficacia mucho mayor. Hace muy poquito, el día 11 de
junio, la Comisión Europea lanzaba un comunicado valorando muchos de
estos aspectos, y es verdad que estábamos por debajo de la media en
financiación, pero muy por encima de la media en eficacia. ¿Cómo
utilizamos los recursos? Porque a veces parece que los investigadores los
utilizan muy mal. No es cierto, utilizamos muy bien los recursos, con una
eficacia mayor que en otros países.

Pero, a pesar de todo, nuestro sistema tiene algunas
debilidades. Como ya he dicho, la inversión privada en I+D tiene
dificultades, hay que saber cómo gestionarnos mejor, cómo establecer
mejores pautas para entendernos con las comunidades autónomas. Es decir,
hay una serie de cosas, y se pidió que hiciera este informe.
Efectivamente, vinieron en los primeros días de abril —cuando
entiendo que fue la comparecencia del señor ministro—, y durante la
primera semana de junio —los días 9 y 10 de— han estado otra
vez en Madrid. Es un grupo formado por personas contratadas por la
Comisión Europea y por personas, a nivel de director general, de
diferentes países, como Alemania, Bélgica o Estonia —Estonia tiene
un sistema administrativo muy interesante y queremos también aprender de
eso. Como digo, son personas de diversos países. Han entrevistado en
total a 98 agentes del sistema, a empresas, organismos públicos de
investigación o centros tecnológicos. Por ejemplo, ha venido el director
de la Agencia Icrea,

de Cataluña. Y también parlamentarios; por ejemplo, tuvimos
la fortuna de contar con Inma Riera. Es decir, se han entrevistado con
todas las personas que creemos que deberían decir algo para la ciencia,
que les han mostrado cuáles son las debilidades y las fortalezas del
sistema. Y ellos están trabajando.

Ayer me encontré accidentalmente en Copenhague con la
persona que preside este grupo, y me dijo que el informe está muy
resuelto. Prácticamente tenemos cerrada la fecha del 24 de julio para la
presentación pública de este documento. Entiendo que será suficientemente
pública como para que les podamos hacer llegar una invitación, pero si
así no fuera, en cualquier caso seguro que tendrán una copia del
informe.

Comentaba muchas cosas el señor Alarcó que nos darían para
estar aquí hasta la noche, porque mucho es lo que queremos hacer en
colaboración público-privada, en transferencia de conocimiento. Lo que se
ha dado en llamar transferencia de conocimiento, a nosotros nos gusta
mucho más llamarlo circulación de conocimiento, porque si hablamos de
transferencia parece que va del mundo académico al mundo empresarial y
ahí se queda, y tiene que ir en las dos direcciones, porque el mercado,
el mundo empresarial mucho sabe de lo que hay que generar en
conocimiento, tiene que ser mucho más tridimensional y en ambas
direcciones.

El aspecto internacional es fundamental. Hemos hablado un
poquito del Horizonte 2020. Aquella ciencia que no tenga carácter
internacional no es ciencia; así de radical. Las patentes o cualquier
procedimiento de protección intelectual e industrial son
extraordinariamente importantes, las marcas, el know-how, es fundamental
que lo pongamos en el escenario.

Con respecto a la patente en español ya perdimos la
batalla. La patente europea no será en español. España e Italia han
firmado un colateral, aunque Italia se está volviendo más a la patente
europea. Por tanto, podremos patentar en español o podremos patentar en
patente europea, pero no hemos podido conseguir el español. No se pudo
conseguir, porque esto es algo que ya nos encontramos hecho.

En cuanto al mecenazgo, ayer en una reunión en ESOF sobre
cómo hacer políticas en ciencia, se hablaba de que es extraordinariamente
importante para Europa favorecer el mecenazgo y la filantropía. Si uno
compara los datos que tiene Estados Unidos en cuanto a financiación
pública y privada, comprobará que en Estados Unidos el mecenazgo es muy
significativo. En Europa, Inglaterra tiene el Wellcome Trust que trabaja
muy bien, pero en el resto de Europa ha desaparecido, solamente hay otra
línea pequeña de la Fundación Gulbenkian en Portugal. Mucho hay que hacer
para que, como decía ayer una profesora danesa, convenzamos a los
billonarios para que pongan dinero y el mecenazgo sea una actividad
importante en apoyo a la ciencia.

Y como me citaba usted la biotecnología, no puedo por menos
que decir que mi corazón es biotecnológico y lo será en un futuro. La
biotecnología a día de hoy en nuestro país supone el 7,5 del PIB, lo cual
no está nada mal y, a pesar de la crisis, el año pasado incrementó tanto
la inversión como el número de personas que trabajan en biotecnología
entre un 26 y un 27 por ciento. Es verdad que tenemos sectores
importantes y cuando son importantes, luego nos luce porque van a Europa
y optan por posiciones muy relevantes.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora secretaria de
Estado.

Quiero agradecer a todos los intervinientes la gran altura
y el nivel del debate que se ha sustanciado esta tarde aquí con estas dos
comparecencias.

CONTESTACIÓN DEL GOBIERNO A

– PREGUNTA SOBRE LAS CANTIDADES APORTADAS O PREVISTAS
POR EL GOBIERNO PARA LA EXPLOTACIÓN DEL GRAN TELESCOPIO CANARIAS
(GRANTECAN) DURANTE LOS EJERCICIOS DE 2014 Y 2015. (Núm. exp.
681/002004)

AUTOR: FUENTES CURBELO, DOMINGO FRANCISCO (GPS) MEDINA
TOMÉ, GREGORIO RAMÓN (GPS) GONZÁLEZ BETHENCOURT, JOSÉ VICENTE (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al quinto punto del orden del
día. Contestación del Gobierno a preguntas.

Pregunta sobre las cantidades aportadas o previstas por el
Gobierno para la explotación del gran telescopio de Canarias (Grantecan)
durante los ejercicios de 2014 y 2015, que han formulado los

senadores Domingo Francisco Fuentes Curbelo, Gregorio Ramón
Medina Tomé y José Vicente González Bethencourt del Grupo Parlamentario
Socialista.

Le doy la palabra para la formulación de la pregunta al
senador González Bethencourt.

El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Gracias, presidente, buenas
tardes señorías. Secretaria de Estado, encantado de que esté hoy con
nosotros.

Hemos hablado ya hoy un poco sobre el observatorio
astrofísico, el Instituto Astrofísico de Canarias, lo que se denomina el
Grantecan, pero concretamente nos queremos referir hoy al gran telescopio
de Canarias, el Grantecan, un proyecto español. Se trata del mayor
telescopio óptico del mundo, liderado por el Instituto de Astrofísica de
Canarias, que realizó, como todos sabemos, su primera luz oficial en la
madrugada del 13 al 14 de julio del 2007.

Las obras comenzaron en el año 2000 en el Observatorio de
Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, un lugar francamente
maravilloso. A los que no lo conozcan les invito a que vayan, a que
conozcan este lugar de la isla de La Palma, al igual que en el caso de
Tenerife el Observatorio del Teide. Ambos constituyen el observatorio
norte europeo. En este lugar se reúnen condiciones óptimas para la
observación, debido a la calidad del cielo y a la existencia de una ley
que lo protege.

En el año 1994 se crea esta sociedad anónima, el Grantecan,
para el fomento del proyecto y la construcción de este telescopio óptico,
el mayor del mundo. Tiene carácter internacional, se han firmado acuerdos
con México, a través del Instituto de Astronomía de la Universidad
Nacional Autónoma de México, y además otras instituciones de Estados
Unidos intervienen a través de la Universidad de Florida. En cualquier
caso, la participación extranjera está limitada a un máximo de un
30%.

Evidentemente, con este telescopio se hace una gran labor
que todos conocemos, pero lógicamente se necesita una financiación para
que esta gran obra siga adelante. En La Palma, en Tenerife, en general en
Canarias, estamos preocupados por este proyecto y por eso le preguntamos
hoy a la secretaria de Estado qué cantidades ha aportado o piensa aportar
el Gobierno del Estado a la explotación del Grantecan, tanto durante el
2014 como lo que tiene previsto para 2015.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Bethancourt.

Tiene la palabra la secretaria de Estado para contestar a
la pregunta.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
E INNOVACIÓN (Vela Olmo): Ha hecho usted una extraordinaria descripción
del recorrido histórico por el Grantecan, no me referiré yo por tanto a
ello. Lo que sí le puedo decir es que desde el primer momento en que nos
ocupamos de esta secretaría de Estado hemos trabajado todo lo que se ha
podido para buscar un sistema de financiación estable, a medio plazo
cuando menos, para el Grantecan.

En julio del 2012, en el consejo de administración de
Grantecan, que como usted sabe está integrado por el Ministerio de
Economía y Competitividad y el Gobierno canario, ambas administraciones
llegamos a un acuerdo de financiación —porque es así como está
recogido— para finalizar la construcción del telescopio y toda la
instrumentación. Firmamos un acuerdo con plazo 20132015, con las
siguientes cantidades: 8,8 millones de euros para gastos de operaciones
del telescopio, que es la aportación del Estado, y 9,35 para cubrir las
inversiones para la instrumentación que se completarán por el Gobierno
canario. El Gobierno canario pondrá una gran parte en forma de fondos
Feder.

En el presupuesto de este ministerio en el año 2012 y 2013
se mantuvo una transferencia de 2 millones de euros, y en el año 2014
esta transferencia se incrementó hasta 3,5 millones de euros. Dado que el
compromiso que tenemos para el próximo año, aunque los presupuestos desde
luego no están cerrados, es de 3,5 millones, usted se dará cuenta de que
incluso estamos por encima de los 8,8 millones que se habían pactado para
el periodo 2013-2015.

También estamos de acuerdo con la comunidad canaria en que
tenemos que trabajar para la incorporación de nuevos socios. Usted cita a
México y Florida. Como probablemente sepa, Florida se retiró en un
determinado momento; estamos intentando que vuelva a incorporarse porque
desafortunadamente las deficiencias y las disminuciones presupuestarias
se han producido en ciencia —y digo desgraciadamente, no es un
consuelo— en todo el mundo, incluido Estados Unidos, y no disponían
de recursos para participar. Ahora mismo, con una gran actividad por
parte de la nueva dirección de IAC y, por tanto, también de Grantecan,
estamos intentando buscar nuevos socios que puedan completar

ese 30% y que sigan aportando recursos para que Grantecan
siga trabajando y convirtiéndose cada vez más en lo que es: una
grandísima instalación.

Esperamos poder renovar este tipo de acuerdos a medio plazo
más allá del año 2015, porque dan estabilidad y una tranquilidad mucho
mayor, como pedía el senador de Almería, para que no haya ningún tipo de
alteración y se pueda trabajar en ciencia, que es lo que tienen que hacer
estas grandes instalaciones.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora secretaria de
Estado.

Señor González Bethencourt, tiene la palabra para su
réplica.

El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Más que una réplica es un
agradecimiento. Veo que es consciente de la importancia que tiene el
Grantecan y solo me resta pedir que, en la medida de lo posible, toda la
ayuda económica que depende del ministerio y de la Administración central
se mantenga y se dé.

– PREGUNTA SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON
RESPECTO A LA MEJORA DE LA DOTACIÓN DESTINADA AL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA
DE CANARIAS (IAC) DURANTE EL AÑO 2014 O SUCESIVOS.

(Núm. exp. 681/002005)

AUTOR: FUENTES CURBELO, DOMINGO FRANCISCO (GPS) MEDINA
TOMÉ, GREGORIO RAMÓN (GPS) GONZÁLEZ BETHENCOURT, JOSÉ VICENTE (GPS)

El señor PRESIDENTE: Procedemos pues a la formulación de la
siguiente pregunta relacionada con la mejora de la dotación destinada al
Instituto de Astrofísica de Canarias.

Tiene la palabra para formularla.

El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Antes hablamos de la
importancia que tiene el Instituto de Astrofísica de Canarias. Es un
centro localizado en las islas Canarias, lo que se llama el observatorio
norte europeo, con sede en una ciudad universitaria, San Cristóbal de La
Laguna. Se trata de un consorcio público integrado por la Administración
del Estado, el Gobierno de Canarias, la Universidad de La Laguna y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, además, tiene
participación de instituciones de 19 países. Es una institución muy
querida en Canarias, muy valorada por la sociedad tinerfeña.

Siendo una instalación puntera en España en proyectos de
I+D+i, consideramos que los recursos asignados en los presupuestos del
2014 en este caso no son suficientes para atender a los proyectos que
tiene el observatorio en el caso del Roque de los Muchachos de la isla de
La Palma, los servicios propios del Instituto de Astrofísica de Canarias,
todas sus líneas de investigación, el equipamiento astrofísico, el
equipamiento del centro de cálculo y el del centro de tecnología, así
como los proyectos de desarrollo tecnológico. Por tanto, preocupados por
todo ello, le preguntamos a la secretaria de Estado: ¿tiene previsto el
Gobierno mejorar la dotación destinada al Instituto de Astrofísica de
Canarias en el 2014 o en los ejercicios sucesivos?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor senador.

Señora secretaria de Estado, tiene la palabra.

La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
E INNOVACIÓN (Vela Olmo): Como en el caso del Grantecan, siempre nos
hemos preocupado enormemente por el IAC. Desde el primer momento en que
tomamos posesión de esta secretaría de Estado hemos trabajado en la
consolidación y en el fortalecimiento organizativo del instituto. De
hecho, en el año 2012 tuvimos que aprobar unos nuevos estatutos, tal y
como exigía la Ley de la ciencia, que nos ha puesto muchísimas tareas.
Usted sabe también que ha habido un cambio en la dirección. Hemos
trabajado mucho, pero siempre buscando la estabilidad de la
institución.

Es cierto que desde el año 2009 se han producido
reducciones presupuestarias importantes y se produjeron porque los
remanentes de tesorería que mantenía el instituto le permitían seguir
funcionando, pero es bien cierto que los remanentes de tesorería no son
infinitos, tienen su final. En cualquier caso, es muy importante señalar
que por méritos propios, no por otra cosa, el Instituto Astrofísico de
Canarias consiguió de este ministerio la nominación como centro Severo
Ochoa, que lleva aparejada una aportación

de 4 millones de euros para cuatro años, un millón cada
año; esto también ha sido una ayuda importante más allá de los
presupuestos, conseguido exclusivamente por sus méritos.

Somos conscientes de que las administraciones públicas
tenemos que trabajar para buscar un equilibrio que garantice la
sostenibilidad financiera a medio plazo del instituto y que nos dé tiempo
a todo lo que estamos intentando hacer. Para ello hemos acordado ya con
el Gobierno de la comunidad autónoma cómo vamos a utilizar los fondos
Feder, que son importantes, incluso los del Estado regionalizados para la
comunidad canaria, para que tengan un efecto positivo sobre estas
instalaciones.

También supongo que el senador conoce que estamos
trabajando, y mucho, junto con Canarias y con la dirección del
astrofísico para que Canarias se convierta en la sede del telescopio CTA
norte, del Cherenkov Telescope Array, que supondría una gran inversión
para la isla, para la que queremos usar fondos Feder para ser capaces de
atraer esta instalación.

Finalmente, los presupuestos de 2015 sabe usted que están
en sus primeros pasos; no hay nada decidido ni fijo, no hay una cifra
concreta que yo le pueda ofrecer. Si hubiera una estimada, aún a riesgo
de equivocarme, también lo haría, pero no es el caso. Sí le puedo decir
que es intención de esta secretaria de Estado mejorar el presupuesto con
el que se contó en años anteriores.

El señor PRESIDENTE: Gracias señora secretaria de
Estado.

Su turno, señor González Bethencourt.

El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Me quedo con el final, con
esa intención de mejorar los presupuestos. Agradecido por su
respuesta.

Quiero decirle, una vez más, que para Canarias, para
Tenerife, para La Palma, este tipo de instituciones tienen muchísima
importancia, porque además vivimos del turismo y concretamente el
Grantecan es un motivo de atracción turística importante en La Palma, y
todo ello unido es lo que nos ayuda a continuar con estas
instituciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Quiero agradecer la presencia, las
explicaciones, las propuestas y los comentarios efectuados por doña
Carmen Vela, secretaria de Estado de I+D+i+d. (Risas). Gracias por su
claridad, por su valentía parlamentaria y por la cercanía con la que
siempre atiende a los miembros de esta comisión. Muchas gracias.

Hacemos un receso de cinco minutos y continuamos con el
orden del día previsto. (Pausa).

COMPARECENCIA DEL PRSIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC), DON JOSÉ MARÍA MARÍN QUEMADA, ANTE LA
COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, PARA PRESENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO
DE LA COMISIÓN NACIONAL.

(Núm. exp. 713/000784).

AUTOR: COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD.

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión con la
comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, don José María Marín Quemada, para presentar ante esta
Comisión de Economía y Competitividad del Senado el Plan estratégico de
la comisión nacional. Le agradezco su comparecencia y el informe que nos
ha adelantado a los miembros de la Comisión, cosa que no siempre es así,
en esta su primera comparecencia en el Senado de España.

Don José María Marín Quemada, tiene usted la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS
Y LA COMPETENCIA (Marín Quemada): Señoras y señores senadores, es para mí
un honor comparecer ante esta comisión para exponerles el Plan
estratégico de la CNMC. Quiero además aprovechar esta ocasión para
proporcionarles un breve resumen de la actividad desarrollada por
nosotros durante los primeros nueve meses de funcionamiento y, siendo
esta además la primera ocasión en la que me dirijo a esta Cámara,
permítanme que antes de todo ello haga una breve referencia a lo que ya
entre nosotros —y si me permiten sus señorías lo extenderé a esta
comparecencia— llamamos el modelo CNMC de supervisor, que también,
permítanme que les adelante, está siendo objeto de seguimiento y de un
interés apreciable por parte de otros países, fundamentalmente de la zona
euro, porque es un modelo nuevo, porque es un modelo interesante y porque
es un modelo que, aunque resulta más ambicioso que el de otros países, no

es ni mucho menos el único por lo que a conjunción de
agencias se refiere. Es también para mí un honor tener la oportunidad de
comparecer ante ustedes apenas unos días después de la proclamación de su
majestad el rey Felipe VI, cuyo reinado inaugura en nuestra opinión, en
opinión de los que formamos la comisión, una nueva etapa en la historia
de España y nos brinda la oportunidad de reforzar nuestras instituciones,
la CNMC entre ellas, para hacer frente a los desafíos de un entorno que
creo puede definirse como de transformación.

La reciente crisis internacional e interna que tanto ha
afectado a nuestra economía, ha acelerado diversos fenómenos que sin duda
habían aparecido previamente, pero cuyo alcance resultaba antes difícil
de calibrar porque estaban enmascarados en una serie de factores
asociados al crecimiento: un mundo ya globalizado donde el eje Pacífico
es la principal área económica, un mundo en el que la tecnología permite
abrir mercados hasta ahora aislados a una competencia mucho más dinámica
de día en día, un mundo en el que no hay liderazgos externos, como se
pone de manifiesto a cada momento, ni rankings que sean inmutables; y en
medio de todo ello nace la CNMC con el objetivo de ayudar a la sociedad
española a asumir el reto de recuperar el puesto que creemos le
corresponde en el ámbito internacional, naturalmente en colaboración con
todas las administraciones, y para ello reclamo encarecidamente la ayuda
de esta Cámara.

Señorías, creo firmemente que un regulador es, si lo es
fuerte, sinónimo de un país también fuerte, porque garantiza la
independencia, la transparencia y la seguridad jurídica, que deben ser
las tres características fundamentales de una agencia como la nuestra.
Como saben sus señorías, el modelo CNMC, al que me he referido hace unos
instantes, combina regulación sectorial y competencia, y eso nos
permitirá encontrar soluciones óptimas a nuestros numerosos desafíos.
Utilizar conocimientos especializados en diferentes sectores con la
perspectiva de la Agencia de Defensa de la Competencia debe ayudarnos a
conseguir una regulación económica eficiente y, al contrario también, de
la concatenación de los factores asociados a los recursos existentes en
nuestra agencia, en nuestra dirección de competencia, puesta a trabajar
junto con las direcciones de supervisión regulatoria. Y estas soluciones,
que no tienen por qué implicar necesariamente ninguna intervención
traumática, son las que pretendemos desarrollar con naturalidad como
consecuencia de ese desarrollo de funciones que la ley nos asigna. Este
es además uno de los objetivos fundamentales del Plan estratégico, que
brevemente tendré ocasión, contando con la benevolencia de sus señorías,
de exponerles a continuación. Pero antes de someter a su consideración
con cierto detalle dicho plan, que tuve ocasión ya de presentar en mayo
en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los
Diputados, me gustaría, brevemente, dar cuenta a sus señorías de su
contenido y brevísimamente de la actividad desarrollada por la CNMC para
que tengan ustedes constancia del trabajo que hemos llevado a cabo
durante los nueve primeros meses de vida de la institución.

El consejo —saben ustedes que estamos organizados en
pleno y en dos salas— ha celebrado un total de 105 reuniones: 26 de
pleno, 36 de la sala de competencia y 43 de la sala de supervisión
regulatoria; aproximadamente un ritmo de tres reuniones semanales, lo que
entendemos que refleja un funcionamiento quizá dinámico, pero para
nosotros normal, de la institución. Y esa normalidad con la que la CNMC
aparece casi diariamente en los medios de comunicación da una idea del
interés que despierta en la sociedad la actividad de la institución.

Además, en estas reuniones del pleno y de las salas a las
que acabo de hacer referencia se han tomado distintas decisiones.
Permítanme que se lo resuma. Han sido 995 acuerdos o resoluciones durante
estos meses, desde luego de distinto calado e importancia, pero también
deseo poner en su conocimiento que junto a estos 995 acuerdos o
resoluciones se han presentado para seguimiento o conocimiento del
consejo 483 asuntos; en torno al 27% de ellos corresponden al área de
competencia, una de nuestras responsabilidades, como sus señorías
conocen, y promoción de la competencia; el 48% a energía; el 20% a
telecomunicaciones y sector audiovisual, y el 5% a transportes y postal.
Además, la CNMC ha absorbido en estos meses nuevas funciones que le
atribuye, por ejemplo, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de
unidad de mercado, un desafío nuevo, una responsabilidad enorme para la
CNMC la que se deriva de esta ley, en cuyos artículos 26, 27 y 28 se
desarrolla con detalle un nuevo papel del que nos sentimos responsables,
especialmente el que nos asigna el artículo 27. Esta nueva tarea refuerza
claramente la facultad de legitimación activa que tiene atribuida la CNMC
ya desde el año 2007 con la Ley de defensa de la competencia, porque la
extiende claramente al ámbito de la unidad de mercado y de la regulación
económica eficiente. Si me he detenido en estas consideraciones en
relación con la Ley de unidad de mercado y su aplicación es porque soy
absolutamente consciente de

que el Senado de España es especialmente sensible a estas
cuestiones y, naturalmente, a su desarrollo. Para su seguimiento quedo a
disposición de sus señorías y compareceré tantas veces como consideren
oportuno.

Con el fin de dar efectivo cumplimiento a estas tareas, el
consejo, precisamente en relación con la Ley de unidad de mercado, acordó
establecer un comité que se encargará de emitir los informes previstos en
los artículos 26, 27 y 28, a los que acabo de referirme, y más
específicamente en el 26.5 y 28.2, para, naturalmente, tomar las medidas
oportunas, someter las deliberaciones al pleno y decidir sobre la
procedencia de su impugnación, ese artículo 27.3 que nos asigna un
especial nivel de responsabilidad, si bien por razones de rigor y de
garantía plena para la efectiva interposición del recurso
contencioso-administrativo que se deriva de la efectividad práctica de
esa función para la CNMC será necesario el acuerdo expreso del pleno,
como he indicado anteriormente.

Hasta la fecha, la comisión ha trabajado sobre 20 asuntos
de diferente naturaleza. La CNMC ha asumido estas nuevas funciones
—las derivadas de la Ley de unidad de mercado— sin contar,
por cierto, con medios humanos y materiales adicionales. Lo mismo está
ocurriendo, si me permiten que ponga un ejemplo que creo que puede ser
del interés de sus señorías, con la Oficina de cambio de suministrador,
una nueva responsabilidad que nos asigna la Ley del sector eléctrico de
diciembre de 2013, que, para que se hagan una idea, ha gestionado durante
el año 2012 —cifras que están cerradas— cerca de 5 millones
de cambios de contrato de suministrador. Esta es una gestión que hasta
ahora venía desarrollando una sociedad creada por distintos intereses
privados y, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley del sector
eléctrico pasa, como es de rigor, a una institución independiente, porque
entendemos que los cambios de suministrador son una garantía del sistema
y no deben estar administrados, manejados y realizados en última
instancia por los mismos operadores del sistema.

Entendemos, respecto a esas cifras cerradas de cinco
millones de cambios de contrato, que durante el año 2013 habrán
permanecido entre los cinco y los seis millones, cuando la reactivación
económica sea un hecho más palpable de lo que ya es, seguramente se
aceleren por la cantidad de ofertas asociadas al cambio de suministrador
eléctrico que las compañías incumbidas tendrán que situar en el
mercado.

En cualquier caso, la CNMC participa también de forma
activa —si me permiten ustedes un cambio en el tema— en los
organismos de competencia y regulación de la Unión Europea. Está
adquiriendo creciente relevancia, no en vano se encuentra entre los 4
primeros reguladores europeos de competencia en los ranking que se
elaboran al afecto, y aspiramos a situarnos ventajosamente también con
los organismos de regulación en niveles de referencia.

Señorías, estas son brevísimamente las principales
actuaciones recientes de la institución. Paso ahora a centrarme en
nuestro Plan estratégico, después de ofrecerles, como no podía ser de
otra forma, mi absoluta disposición para someterme a las preguntas o
consideraciones que ustedes piensen que son oportunas en la segunda parte
de mi comparecencia en esta Cámara. El Plan estratégico al que acabo de
hacer referencia sintetiza el mandato que nos impone la legislación, el
conocimiento acumulado en los distintos organismos que ahora se integran
en la CNMC y la experiencia adquirida durante los primeros meses previos
a la realización del plan. Es un plan —el primero que se elabora en
la institución, por razones obvias— seminal, es un plan
fundacional, es un plan que trata de fijar los basamentos fundamentales,
los cimientos de la institución. Es también, naturalmente, un plan
plurianual y con vocación de permanencia, pero no es, ni muchísimo menos,
un plan inmutable, no lo puede ser nunca en una institución tan joven
aunque acumule la experiencia de tantas agencias y en algunos casos de
tantos años de alguna de las agencias anteriores.

En el plan fijamos tres objetivos, que debemos conseguir
alcanzar mediante la puesta en marcha de 16 acciones concretas. En esta
parte voy a ir relativamente rápido para dejar tiempo a que, después, las
preguntas de sus señorías centren el interés en aquellos objetivos o en
aquellas acciones que consideren más oportunas.

El primer objetivo establece que la CNMC aplicará con el
máximo rigor su cartera de instrumentos de acción sobre los mercados y
sectores regulados, de manera que obtenga la máxima eficiencia en sus
resultados. Permítanme, señorías, recordar que el abanico de instrumentos
legales de que dispone la CNMC para actuar es amplio, y debemos
aplicarlos con rigor y eficiencia; no todos los problemas requieren
soluciones idénticas y, obviamente, hemos de aplicar la mejor solución en
cada caso

El segundo objetivo tiene que ver con la necesaria
independencia y transparencia con que debe actuar la CNMC, a fin de dotar
a sus acciones de la máxima predictibilidad. La transparencia y la
independencia vienen impuestas por la normativa, son irrenunciables y son
a la vez dos herramientas

fundamentales en nuestro trabajo del día a día. Son fines y
a la vez son medios; solo con transparencia e independencia la CNMC podrá
labrarse la reputación necesaria para conseguir la confianza de los
ciudadanos.

Señorías, me he detenido y puesto especial énfasis en la
transparencia, en el rigor y, como no podía ser de otra manera, en la
independencia. Entiendo que estas instituciones, y desde luego la CNMC,
sin esos tres elementos fundacionales, pero también de referencia básica,
dejan de ser útiles para España, dejan de ser útiles para el sistema y
dejan de ser un eslabón en la cadena de reformas estructurales que,
entendemos, es uno de los papeles fundamentales de nuestra institución.
Pero no basta hablar de ello; ahora, durante los primeros meses de
funcionamiento de la institución, a veces hay que hablar más, pero el
verdadero rigor, la verdadera transparencia, la verdadera independencia
vendrán de la mano de los hechos, de la percepción efectiva del trabajo
de la comisión, pero para eso se necesitan más que unos meses.

La transparencia implica dar publicidad, naturalmente, no
podía ser de otra forma, a todas nuestras actuaciones e informar con
rigor de nuestras decisiones, ya se trate de resoluciones, de informes
sobre propuestas normativas, de informes sobre sectores, sanciones,
etcétera, y no solo lo determina nuestra Ley 3/2013, en el artículo 37,
sino que es también una cuestión en la que creemos firmemente. Hemos
incluido dentro del plan una acción, la 13, que me permito adelantarles,
específicamente dedicada a ello. En esa acción se establece que vamos a
integrar un portal con datos interactivos a disposición del público para
dar cabida a la información sobre todos los sectores. Además, la CNMC
contará con un calendario de publicación de la información de mayor
referencia. Por otra parte, elaboramos continuas notas de prensa a
propósito de los expedientes que se incoan, de las resoluciones que se
alcanzan o de los informes que se van elaborando y haciendo públicos, que
son, naturalmente, la totalidad de ellos.

Respecto a la independencia, quisiera compartir con ustedes
algunas reflexiones. Como ya señalé durante la presentación del plan en
el Congreso de los Diputados, la independencia debe alcanzarse
—pensamos en la CNMC— escuchando a todos, con una política de
puertas abiertas; escuchando, insisto, a todos, no solo a unos pocos,
pero sin renunciar a ejercer nuestras funciones con rigor e incluso
sancionar cuando sea necesario. Demostraremos nuestra independencia
cuando demostremos que nuestras decisiones están basadas en la defensa de
los intereses de los ciudadanos; en definitiva, en la protección del bien
común frente a los intereses particulares. Y naturalmente, señorías, la
independencia requiere contar con recursos suficientes y poder asignarlos
según las necesidades, teniendo siempre la obligación de realizar una
gestión rigurosa y eficaz de los recursos públicos. No quiero ocultarles
en este sentido que contar con los recursos suficientes en estos momentos
tiene algunas dificultades.

Tras los dos primeros objetivos, la búsqueda de la máxima
eficiencia y el mejor funcionamiento de los mercados, paso ahora a
centrarme brevísimamente en el tercero, derivado del modelo de
supervisión puesto en marcha con la CNMC. Aprovecharemos —es el
tercer objetivo— nuestra estructura integrada para dar soluciones
globales que garanticen la mayor seguridad jurídica. En los sectores
regulados, y concretamente en los llamados estratégicos, se produce muy a
menudo un solapamiento de ordenamientos, en ocasiones no siempre bien
alineados. La CNMC brinda la oportunidad, por primera vez en España, de
resolverlo porque es un órgano de supervisión multisectorial y
convergente, ya que aúna la aplicación de la normativa de competencia y
la supervisión regulatoria. En la CNMC es normal elaborar las
resoluciones trabajando conjuntamente las personas que prestan sus
servicios en la Dirección de Competencia con las personas que prestan sus
servicios en la Dirección de Energía; las personas que prestan sus
servicios en la Dirección de Energía con las personas que prestan sus
servicios en la Dirección de Transportes; las personas que prestan sus
servicios en la Dirección de Competencia con las personas que prestan sus
servicios en la Dirección de Telecomunicaciones, y en ese entramado, en
ese intercambio de experiencias, de conocimientos y, por qué no decirlo,
también de búsqueda de nuevos nichos de reflexión es donde, señorías,
creo que está el gran valor añadido de la institución y del modelo y
donde este modelo de la CNMC debe mostrar sus ventajas competitivas.
También nos debe permitir reforzar la seguridad jurídica, además de para
los otros objetivos, también para que los operadores económicos nos
perciban como un país seguro, atractivo y que España sea un lugar donde
invertir y hacer negocios con la misma seguridad jurídica de que pueden
gozar los países más desarrollados del mundo. Esa seguridad jurídica no
debería entenderse, a mi juicio, como el mantenimiento de un statu quo.
Podemos contribuir al aumento de la seguridad jurídica mediante
decisiones predecibles, argumentadas y razonadas, no siempre mediante
reglas inmutables. En términos negativos, equivale a mí entender a la
ausencia de arbitrariedad y a la existencia de coherencia y enfoque
global de los temas.

Señorías, nuestro Plan estratégico propone un total de 16
acciones, si bien voy a centrarme solamente en algunas que son, en mi
opinión, las que mejor representan el conjunto de nuestras actuaciones
para los próximos meses y años. Así, mediante la acción número 1 se prevé
que la CNMC realice un enfoque integrado de los problemas en los mercados
con objeto de favorecer la competencia y la regulación económica
eficiente, ofreciendo esas soluciones óptimas a las que me he referido
anteriormente. No puede ser de otra forma puesto que esta es la razón de
ser del modelo de la CNMC; en definitiva, la justificación última de su
origen y donde el modelo debe mostrar, como les acabo de indicar, sus
ventajas más claras. Estas soluciones óptimas —destaco
óptimas— pueden o no implicar intervención, pero deben ser
percibidas como tales por la sociedad en su conjunto.

La acción 3 —saltando alguna— establece que la
CNMC reforzará la persecución de las prácticas más dañinas para la
competencia, en especial los cárteles, y si me centro ahora, en esta
Comisión y con sus señorías, en ese punto es porque en la CNMC las
personas que integramos la institución creemos que los cárteles son una
de las figuras más perniciosas para una economía, y en particular para
los consumidores. Por desgracia, en nuestro país, en España —y
estoy seguro de que no es el único—, existen numerosos cárteles,
presentes incluso desde hace un cierto tiempo, y la CNMC va a seguir
luchando contra ellos con todos los instrumentos a su disposición. Esta
misma mañana, y me permitirán sus señorías que no les dé detalles por
razones de seguridad jurídica a las que he hecho referencia, pero sus
señorías tendrán cumplida noticia a lo largo de los próximos días, hemos
desarmado un cartel importante que venía operando en España desde hace
cierto tiempo y que era un elemento de desestabilización continua de una
específica y muy concreta actividad económica.

La acción 4 establece que la CNMC se dotará de un programa
de responsabilidad social corporativa y articulará procedimientos de
captación, asignación, gestión y formación de personal basados en la
capacidad, méritos y excelencia profesional. La CNMC será, en definitiva,
lo que sean las personas que la formamos. Si hemos podido responder a la
sociedad desde el primer día y evitar que se interrumpa la actividad que
realizaban las anteriores comisiones ha sido gracias al esfuerzo, al
empeño, a la dedicación y, por qué no decirlo, a la ilusión de las
personas que integraban la institución; en conclusión, al esfuerzo de
todos durante estos meses.

Salto acciones pero quiero recalcar la 8, 10 y 12, que se
refieren a la necesidad de colaboración entre la CNMC y las distintas
administraciones. El contacto entre la CNMC y las administraciones es
fundamental para que en el proceso de elaboración de normas, y también en
la práctica diaria, se tengan en cuenta los efectos de la regulación
sobre la competencia en el mercado. La coordinación con otras
administraciones, especialmente con las autoridades de competencia de las
comunidades autónomas —a las que quiero hacer una referencia
especial precisamente en esta Cámara y mostrarles mi agradecimiento por
el fruto y la colaboración mutua continua que se establece entre ellos y
nosotros y entre nosotros y ellos—, y también con las autoridades
europeas es imprescindible. En este sentido estamos decididos a
aprovechar las mejores prácticas, probablemente las del área de la
competencia, materializadas a través del Consejo de Defensa de la
Competencia, y a aplicarlas con los necesarios ajustes a otros ámbitos
importantes, como el audiovisual, en el que, estoy convencido, hay
suficiente margen de mejora.

La CNMC no quiere ni puede entrar en debate alguno, al
nivel que sea, sobre la atribución de competencias entre los distintos
niveles de las administraciones, esto es algo que no nos corresponde,
pero sí podemos y debemos opinar sobre las ventajas y desventajas que
tienen determinadas regulaciones que buscan solucionar un mismo problema.
En este sentido, los territorios pueden y deben competir entre ellos
usando la mejor regulación posible. Hace pocos días tuvimos ocasión de
tener una reunión conjunta entre la autoridad andaluza y la autoridad
catalana del sector audiovisual y créanme sus señorías que el trabajo
conjunto fue especialmente fructífero por el intercambio de ideas, y
sobre todo por el intercambio de soluciones, que deben ayudar a una
coordinación nacional, y también autonómica, eficiente y continua.

Por último —estoy saltando acciones para no emplear
más que el tiempo imprescindible de sus señorías—, la acciones 11 y
15 inciden en una cuestión que nos parece esencial, la importancia de
reforzar los aspectos o las acciones más internacionales. La CNMC debe
inspirarse en las mejores prácticas de los distintos países para mejorar
nuestros procedimientos y al mismo tiempo debemos potenciar nuestra
aportación en foros internacionales, y en especial en los comunitarios,
para contribuir a mejorar la regulación. La CNMC tiene la satisfacción de
pilotar distintos grupos de trabajo que están conectando distintos
sectores, por ejemplo telecomunicaciones, por ejemplo energía. No voy a
cansar a sus señorías pero creo que la CNMC, que ha recogido el testigo,
muchas veces alto e importante, de las agencias anteriores, está
colaborando a establecer criterios en común en la zona de la Europa
continental

y estableciendo un puente que nos parece especialmente
próximo y un deber ineludible con los países del cono sur, con los países
de habla hispana, con los países latinoamericanos. Estas son en esencia,
señorías, las grandes líneas del Plan estratégico.

Permítanme que me refiera ahora brevemente a los
principales retos, de especial relevancia para el cumplimiento de
nuestros objetivos. En primer lugar, debemos redoblar nuestros esfuerzos
para delimitar y definir con claridad qué funciones y qué competencias
corresponden a la CNMC. Sin una definición clara y estable de las mismas
resulta imposible no solo obtener los recursos humanos y financieros
necesarios para realizarlas, sino asignar los escasos recursos a las
diferentes competencias. Debemos seguir haciendo esfuerzos adicionales
con las personas que trabajan en la CNMC, ellos son la gran fuerza y la
riqueza de esta comisión. Para ellos es imprescindible que solventemos el
reto anterior al que me he referido. Igualmente, creo sinceramente que la
CNMC debe mantener su naturaleza de partida y tener personal laboral y
funcionario que aporte la experiencia y conocimiento indispensables para
cumplir nuestros objetivos. Este es un tema que en este momento no
siempre es bien entendido.

En segundo lugar, hemos de reforzar nuestra transparencia.
La política de apertura también encaja aquí con naturalidad. Vamos a
modificar en profundidad nuestra página web, que es la primera ventana de
aproximación para muchas personas que quieren acercarse a la CNMC, dentro
de un esfuerzo adicional para mejorar la información a disposición de los
consumidores, los agentes políticos, económicos, etcétera, que estén
interesados. Pero también debemos seguir perfeccionando y consolidando el
trabajo conjunto desde una cultura de coordinación en la fase de
instrucción y en el trabajo del Consejo dirigido a lograr la mayor
fluidez de las salas y para que el pleno tenga un papel cada vez más
activo, de forma que todos los consejeros, que además tienen que rotar
entre las dos salas, puedan aportar y ofrecer su conocimiento. Un papel
más activo del pleno —les decía— resulta imprescindible para
que el modelo de la CNMC de agencia única tenga éxito; lo contrario sería
quebrar el espíritu de la ley y renunciar a las ventajas que el modelo
CNMC ofrece, que son muchas e importantes.

Por último, nuestro éxito, nuestra capacidad para cumplir
con los objetivos depende de todos. La CNMC está en marcha, créanme que
se lo digo como lo siento, y con el repaso de los grandes números, de los
objetivos, de las funciones y de los logros conseguidos hasta ahora creo
que sus señorías habrán sido capaces de formarse una idea aproximada, que
yo estoy en disposición de perfeccionar en aquellos ámbitos que ustedes
consideren. Es preciso —también debo decirles— un esfuerzo
conjunto y es imprescindible el apoyo explícito y decidido de esta
comisión para que la CNMC pueda cumplir la misión que se le ha
impuesto.

Voy terminando ya, pero antes de finalizar quiero
agradecerles la oportunidad de presentarles este informe, nuestro primer
Plan estratégico: las acciones fundamentales, los objetivos que
pretendemos, las tareas realizadas hasta ahora. Se ha avanzado mucho
—pensamos— durante estos nueve meses, y quiero agradecer a
las personas que trabajan en la CNMC, y naturalmente al Consejo, su
dedicación, entusiasmo y responsabilidad. Pero el camino a recorrer es
largo y necesitamos superar retos y desafíos importantes que ahora, y con
el paso de estos meses, creemos tener bastante bien identificados. Por
eso creo que no va a ser fácil ni rápido, pero confío en contar con el
apoyo de sus señorías para poder superar estas dificultades. Estos
primeros meses de funcionamiento de la CNMC también nos deben servir para
reflexionar sobre posibles ajustes en su marco normativo y proponer, en
su caso, las mejoras que se consideren necesarias para su eventual
tramitación, lo que tenemos previsto plantear en el futuro.

Por último, quiero trasladarles la disposición de la CNMC
—no podía ser de otra forma— para colaborar con esta comisión
en aquellos asuntos que, en el marco de las competencias que tenemos
atribuidas, consideren sus señorías que nuestra aportación puede ser de
utilidad.

Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición
para lo que estimen.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marín Quemada,
por su prolija, interesante y útil exposición como presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en su primera
intervención en esta sede parlamentaria.

Pasamos a continuación a las intervenciones de los
diferentes portavoces de los grupos parlamentarios presentes, y en tal
sentido doy la palabra al Grupo Parlamentario de la Entesa. Señor
Montilla, tiene usted la palabra.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero agradecer al señor Marín su
comparecencia y sus palabras. Todos los que estamos aquí sabemos lo que a
veces cuesta que comparezcan personas que tienen responsabilidad y
obligación formal de comparecer, por lo que en este caso agradezco una
comparecencia solicitada motu proprio. Quiero ponerlo en valor.

El señor Marín hablaba básicamente de los tres objetivos
que inspiran de alguna manera este Plan estratégico de la CNMC, que
obviamente están enlazados con los propios objetivos que dibujaba la
exposición de motivos de la Ley de creación de la CNMC; es decir, tanto
la aplicación de los instrumentos de acción sobre los mercados y los
sectores regulados para lograr eficacia, competencia y calidad en el
resultado como hacerlo mediante una actuación que obviamente ha de ser
transparente e independiente, aprovechando sinergias derivadas de las
estructuras integradas. Usted sabe que nosotros no compartimos el modelo
de la CNMC, y así lo expresamos en su momento, cuando se discutió la ley
que creó la misma, por distintas razones que ahora no vienen al caso,
pero que eran discrepancias respecto a la conveniencia de integrar,
digamos, los reguladores horizontales y verticales en un solo organismo
con los problemas que comporta a este respecto la especialización que ha
de tener, teniendo en cuenta los sectores regulados sobre los que actúa,
y también por una razón, si acaso singular pero que seguro que usted
entenderá, como era, entre otras cosas, el que comportaba la eliminación
del único organismo regulador, del único organismo del Estado, podríamos
decir, que no tenía la sede en Madrid, como era la CMT, ubicada en
Barcelona. Por estas y otras muchas razones nosotros, en su momento, nos
opusimos a la creación y expusimos un modelo alternativo. Hay que tener
en cuenta que el modelo de la CNMC es un modelo ciertamente novedoso en
Europa, hay muy poquitos, un par de países, Holanda y Reino Unido en
parte, con un modelo parecido al nuestro, el resto tienen modelos,
digamos, más clásicos, más parecidos a la regulación americana que a ese
respecto es la que nosotros compartimos un poco más.

Dicho esto, a mí me parece muy interesante el Plan
estratégico presentado. Los objetivos que se recogen en el mismo y que
usted ha detallado no dejan de ser, como todas las acciones estratégicas
de un plan de estas características, una declaración de intenciones.
Obviamente, a ustedes se les juzgará en su momento por sus hechos, pero
ahora tienen solo nueve meses de recorrido y a ese respecto hay que
darles un margen de confianza para ver si son capaces de conseguir esos
objetivos, y yo no dudo de la capacidad, de la honestidad y de la
profesionalidad de las personas que componen la institución. Sí quisiera
preguntar un par de cuestiones. Una primera, al margen de que no es su
función la de legislar, es relativa a la legislación actualmente vigente.
Lo que hace referencia a las materias de competencia de manera más
estricta, la Ley de defensa de la competencia o la Ley contra la
competencia desleal, ¿son instrumentos adecuados para llevar adelante
este conjunto de acciones que recoge el plan? ¿Hay algunas lagunas? Y una
segunda cuestión, referida en este caso a las leyes de carácter más
sectorial, alguna de las cuales hemos tenido la ocasión de aprobar
recientemente en esta Cámara, como es la Ley de telecomunicaciones, pero
hay otras. La legislación, la regulación que tienen en estos momentos
estos sectores, los sectores regulados que son objeto de su competencia,
¿es la adecuada?, ¿es mejorable? Ya digo que, a pesar de que no es su
función la de legislar, nos gustaría, al menos a mí me gustaría, conocer
su opinión a este respecto.

Para la consecución de los objetivos recogidos en este Plan
estratégico disponen ustedes de la legislación pertinente, pero ¿disponen
también de los recursos humanos, materiales, logísticos para llevarlos
adelante? Me gustaría conocer su opinión respecto a las limitaciones en
materia de personal y de carácter presupuestario, el hecho de que a este
respecto sea un organismo, digamos, poco homologable con los europeos por
no tener autonomía desde el punto de vista financiero, que yo creo que es
un gran déficit de la CNMC porque realmente es difícil garantizar la
independencia cuando se ha de negociar el personal con la Cecir y se han
de negociar los presupuestos en todos sus extremos con el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. También, por supuesto, quiero
lamentar el hecho —al menos quiero ponerlo de relieve porque así lo
hemos defendido algunos en esta Cámara y en otras— de la pérdida de
algunas competencias que han ido derivadas hacia los ministerios en los
procesos últimos de legislación, sobre todo de carácter sectorial en
materia de telecomunicaciones, pero también por ejemplo en materia de
energía, competencias que han acabado en manos de los ministerios, que no
eran de los ministerios hasta hace relativamente poco, y con los riesgos
que eso comporta, sin poner tampoco en duda la profesionalidad de las
personas que trabajan en estos ministerios, pero obviamente en un
ministerio es más fácil que haya más discrecionalidad y que posiblemente
pueda haber más arbitrariedad que en un organismo colegiado como es la
CNMC.

Por eso, y con esto acabo, los que defendemos que un país
como el nuestro necesita unos organismos realmente independientes y
fuertes, dotados de competencias, a pesar de que haya algunas
discrepancias respecto a la composición y a que siempre las cosas se
pueden hacer de manera que se puedan sentir, digamos, reflejadas las
preocupaciones de más formaciones políticas de las que en su momento
dieron la aquiescencia a la actual comisión, pero, dicho todo esto, los
que apostamos por una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
fuerte y dotada de competencias, independiente, en una línea claramente
europea, nos alegramos de que se haya elaborado en este periodo de tiempo
este Plan estratégico. Se les juzgará, como decía, por sus hechos, pero
al menos las intenciones hay que ponerlas en valor y yo se lo
agradezco.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.

Agradezco muchísimo al señor Marín su comparecencia en esta
comisión. La verdad es que compartimos el Plan estratégico, los objetivos
que aquí nos ha planteado; en definitiva, todos deseamos que este nuevo
órgano regulador, la CNMC, funcione como deseamos con los principios que
usted ha mencionado: la transparencia, el rigor y la independencia.

A mí gustaría conocer algunos de los aspectos que hacen
referencia a este organismo. Como recién creado, tiene sus funciones;
evidentemente las reglas de juego han cambiado por el hecho de fusionar,
como todos sabemos, las actuaciones relativas al correcto funcionamiento
de los mercados, de sectores que eran supervisados por la Comisión
Nacional de la Energía, la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones,
de la Competencia, la Comisión de la Regulación Económica Aeroportuaria,
etcétera. Por tanto, ha habido un cambio importante y por ello nos parece
oportuno preguntarle de manera genérica cuáles son a su juicio las
principales dificultades y los retos que encuentran en estos momentos en
este nuevo organismo y en esta nueva etapa.

También, de acuerdo con el proyecto de ley que dio pie al
propio organismo, el Gobierno se reservó la potestad para dictar por
decreto el estatuto orgánico de funcionamiento de la CNMC. En este
sentido, me gustaría preguntarle qué opinión le merece esta decisión y si
cree que su organismo puede apuntar algunas de las necesidades internas
de funcionamiento que el Gobierno debería considerar a la hora de crear
determinado estatuto orgánico.

Otra de las cuestiones que dejó reguladas el propio
proyecto de ley y sobre la que nos gustaría que hiciera alguna valoración
está en relación —de hecho ya ha hecho algún comentario al
respecto— con la autofinanciación del organismo. Así, tal y como se
consolidó en el proyecto, la mayoría de las tasas no van a financiar la
CNMC, sino que financian al propio Estado. ¿Cree usted que esto puede
suponer algún problema para el organismo? ¿Cómo ve esta situación?

Hay otro aspecto que a Convergència i Unió le preocupa, y
es que gracias a una enmienda transaccionada entre el Grupo Popular y
Convergència i Unió quedó abierta la puerta, la posibilidad de que la
CMT, ubicada actualmente en Barcelona, se mantuviera allí, que pasase
allí la dirección estratégica de telecomunicaciones y audiovisuales. En
este sentido me gustaría saber si puede asegurar que la sede de la CMT en
Barcelona va a conservarse con funciones o incluso se puedan ver
reforzadas sus actividades. Me gustaría conocer su opinión en este
sentido.

Finalmente, en el ámbito de los sectores que se acaban de
regular, por ejemplo el sector eléctrico o el sector de las
telecomunicaciones, precisamente por la repercusión que tienen los 2 en
la sociedad y las, digamos, situaciones que se han producido, nos
gustaría conocer, sobre todo en relación con el sector eléctrico, algunas
cuestiones. En principio, qué valoración hace de la modificación del
sector eléctrico por lo que a sus competencias se refiere. Por otra
parte, el reciente mecanismo propuesto por el Gobierno para fijar el
precio de la energía eléctrica para los usuarios acogidos a la antigua
TUR ha suscitado algunas dudas, como usted ya sabrá, y en esta línea nos
gustaría saber cómo valora estas ofertas realizadas por las eléctricas
con relación a la llamada tarifa plana o fija anual que están obligadas a
hacer a los clientes. También, hace escasos días que su organismo afirmó
que los contadores inteligentes no permiten consultar datos en tiempo
real y que deberían dar más información al consumidor. Me gustaría que
nos ampliara en la medida que crea conveniente cómo ve esta situación. Y,
en el ámbito de las eléctricas, me gustaría saber si considera usted que
la política energética en vigor contribuirá a moderar

o a reducir la tarifa que los consumidores tienen que
pagar. Finalmente, en cuanto a la Ley de las telecomunicaciones, puesto
que también hablamos allí de la CMT y de las funciones, las competencias
que les dan de manera adicional, concretamente las residuales, nos
gustaría conocer su valoración al respecto y cómo ve esta situación de
cara al consumo, de cara a los consumidores, a los precios y a la
competencia.

Muchas gracias, le agradecemos muchísimo su presencia hoy
aquí.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias.

Lo primero que tengo que hacer, naturalmente, es agradecer
la comparecencia, que se produce a petición suya. Y, aparte de darle las
gracias, tengo que decirle que entiendo que piense que es una obligación
evidente, no solo porque es normal dar traslado al Parlamento de su
voluntad, sino también porque yo creo que, aunque no reproduzcamos el
debate anterior respecto a la ley, lo cierto es que el Gobierno cometió
el gran error de no acordar la creación de los organismos reguladores, y
esa es una situación mala de partida para cualquier regulador. Entonces,
se trata de intentar recuperar la credibilidad del resto de los grupos
parlamentarios que no apoyaron la creación. Porque es verdad que esta
concentración de organismos reguladores es un elemento innovador que
nosotros no compartimos; innovar en algunos temas cuando ya se sabe que
lo anterior funciona es algo demasiado arriesgado cuando nos jugamos
tanto, sobre todo cuando estamos hablando de la regulación y de los
organismos reguladores. Sin ninguna duda, la credibilidad de la comisión
hubiera sido mucho mayor si el Gobierno hubiera hecho un esfuerzo real
por jugar a una ley acordada y a un modelo más pensado que todos
pudiéramos apoyar, porque este a todos nos permitió creer que esta
situación no era tanto para ahorrar como para remover a los consejeros de
las distintas comisiones reguladoras en su momento sin terminar su
mandato. Creo que esa fue una mala actuación, un error que, estoy seguro,
el actual presidente quiere borrar porque desea prestar un magnífico
servicio a la economía española en su conjunto, que no es solamente
prestar un servicio a la economía española, sino también a la
credibilidad de las instituciones, porque son muchas las actuaciones en
materia económica respecto a los temas de la competencia en las que el
ciudadano duda que se esté produciendo una competencia efectiva y real.
No hace falta que las diga yo, pero podría citar cientos de ejemplos en
los que el ciudadano cree que su actuación está efectivamente cartelizada
y que los precios no responden realmente a la libre competencia.

Si bien coincidimos en los objetivos fijados, hemos de
decir que respecto a los hechos realmente vamos a juzgar con absoluta
comprensión todos los planteamientos que se vayan produciendo. Pero en
este sentido no es que no compartiéramos el modelo por diferencias
ideológicas profundas, sino que pensamos que realmente hay 2 cosas que
eran difíciles de explicar. En primer lugar, la recuperación de
competencias por parte del Gobierno respecto a los reguladores
anteriores; eso naturalmente da una idea de poca independencia. Y, en
segundo lugar, la independencia consiguiente de los organismos
reguladores y la capacidad real de fiscalizar la actuación de
determinados sectores, porque es verdad que en teoría —y esta es
una pregunta que hago— tenemos menos personal, pero ¿cuánto
personal menos? ¿Qué integración se ha producido realmente? ¿Qué tenemos
respecto a los técnicos? Porque se trata de actividades bien distintas
que realmente requieren una especialización que ahora no sabemos si se da
o no se da en el personal que finalmente ha quedado. Y también,
naturalmente, estaba el riesgo evidente de la falta de independencia
económica, que provoca en muchas ocasiones que haya una identificación
del regulador con los intereses del sector, y esto es también lo que
queríamos evitar, además naturalmente de la credibilidad tocada, creo yo,
por esta actuación del legislador y del Gobierno de no tener en cuenta
las opiniones de los demás a la hora de regular la situación.

Dicho todo esto, además de compartir los propósitos, habría
que decir lo que a nosotros nos preocupa realmente; es decir, una y otra
vez oímos hablar del sector eléctrico, pero es difícil comprender
realmente lo que pasa ahí. Nadie cree, salvo quizá las propias compañías
eléctricas, las dificultades que hay para financiar su capacidad de
competir; en este sentido la gente de más edad se acuerda de los costes
para la adaptación a la competencia y de lo que debemos y seguimos
debiendo sistemáticamente en esto, pero el recibo de la luz no para de
subir. Entonces, ahí hace falta una actuación muy seria, con mucha
credibilidad y que seamos capaces de enterarnos realmente de lo que pasa
y de controlar sobre todo que haya competencia, que nadie se cree que la
haya. Igual que en ese mercado, pasa en el mercado energético en general.
Todos los ciudadanos están acostumbrados a leer sistemáticamente en los
medios

de comunicación el asunto del efecto lunes respecto a la
gasolina, etcétera, y bueno, pasa, sigue pasando, vamos pagando, pero lo
cierto es que los precios tienen un volumen realmente complicado para
esta época de deflación que estamos viviendo en España y no parece que se
ajusten a esa situación. Luego, en el mercado de las telecomunicaciones
hay algo permanente, que la gente duda, y específicamente no solo es que
las telecomunicaciones en España han sido más caras que en ningún país
europeo, sino que además lo siguen siendo. ¿Y cómo puede ser que los
costes sean más elevados aquí que en cualquier país europeo respecto a
Internet? Pero no solo es que sean más caros los costes, es que además
ninguna compañía ofrece el servicio que realmente contratas. Esa es una
situación que podemos ver directamente cuando enchufamos el ordenador y
comprobamos cómo los megas no acaban de llegar y cómo se corta
sistemáticamente el suministro. Ya sé que son cosas muy concretas, pero
en definitiva creo que ser capaces de atajar estos problemas es lo que
contribuye a dar credibilidad a una institución. Así se plantea la
comisión el tema de la transparencia, la página web, etcétera. Es que los
ciudadanos acceden a las páginas web todos los días. Por poner un ejemplo
concreto, cuando vas al Corte Inglés y ves el precio de una cosa que
puedes comprar en Amazon por la mitad del precio, una vez descontado el
transporte, descontados impuestos y descontado todo, te das cuenta de que
pasa algo aquí que no se sabe quién lo tiene que solucionar.
Probablemente esto compete a la comisión, aparte de corresponder
evidentemente a los responsables de los grandes almacenes que se van a
arruinar si siguen por este camino. Esto pasa también con las
distribuidoras de cine, que prácticamente no puede vivir ninguna
exhibidora. En fin, puedo apuntar cientos de cosas que nos llevan a creer
que la competencia no funciona realmente en España y que hace falta una
institución muy potente que sea capaz de hacernos creer que se está
haciendo lo suficiente para que realmente funcione la competitividad y
tengan credibilidad las instituciones. No quiero insistir más en este
tipo de ejemplos, ridículos probablemente, pero que afectan mucho a la
vida de los ciudadanos, simplemente diré que nosotros, a pesar de que no
coincidimos en el modelo, estamos dispuestos a apoyar al presidente de la
comisión para dar credibilidad a la institución y para que se produzca
una actuación eficaz que permita a los ciudadanos confiar en la labor que
el legislador le ha encomendado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Lerma.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Agradezco al presidente de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia su presencia aquí esta tarde, además a petición
propia, algo que no es usual. Por tanto, esperamos su petición propia
cada seis meses, periódicamente, y si no ya pediremos los grupos
parlamentarios que venga porque entiendo, primero, que ha sido
ilustrativo y, segundo, que ha sido, digamos, suficientemente expresivo
puntualizando algunas de las cuestiones que en este momento tienen más
interés. En concreto, respecto a las actuaciones durante estos nueve
primeros meses de funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia, nos ha dado usted unos datos —yo no tengo
elementos para contrastar y comparar—: casi 1000 reuniones, a
ciento y algo al mes. Supongo que serán las que hay que hacer, las
adecuadas. Le instamos a que siga por esa vía; es decir, que se trabaje,
que es en definitiva la obligación de toda institución pública con
mandato legislativo que incluye las funciones y que otorga competencias,
en este caso tan importantes como la regulación y la vigilancia de los
mercados. Por tanto, poco que añadir, e incluso que valorar, respecto a
esta actuación durante los primeros meses de la comisión, como tampoco al
Plan estratégico, que entiendo que efectivamente es un plan seminal, es
un plan originario que puede constituir en el futuro un pilar de
referencia; es breve, se entiende perfectamente y además está muy bien
estructurado: los tres objetivos, las 16 acciones y la comparación de
objetivos con acciones en un cuadro donde se pueden ver de forma muy
didáctica cada una de las funciones y la voluntad del propio consejo, de
la propia dirección de la comisión en relación con las actuaciones
futuras de funcionamiento del organismo.

En cuanto a los retos, me ha sorprendido alguna de sus
afirmaciones, como los eventuales ajustes al marco normativo. Así dicho,
parece que efectivamente un marco normativo tan reciente como el que
tenemos tiene que ser ya ajustado. Si esto fuera así, me gustaría saber
exactamente cuál de los elementos normativos habría que ajustar o cuál
considera que no ha funcionado correctamente a lo largo de este tiempo
para hacer, además con toda normalidad, las reformas, las correcciones
que sean necesarias. Pero estas cosas hay que concretarlas, porque si
usted ha querido decir sencillamente que en el futuro se

darán necesidades de ajuste normativo, eso ya lo sabemos,
ya sabemos que en el futuro será necesario, pero si lo cita usted aquí,
en esta comparecencia, parece que está pensando en algún ajuste normativo
concreto y por tanto debería explicárnoslo porque eso no es información
confidencial ni restringida.

En relación con las intervenciones de los demás portavoces,
ellos saben muy bien que en comparecencias de cargos del Gobierno o, como
en este caso, de instituciones, yo normalmente me centro en el cargo y no
replico ni entro en valoraciones de las intervenciones de los demás
portavoces, pero sí hay dos cosas, para bien una y para regular otra, que
me han suscitado interés y por tanto las quiero exponer. En primer lugar,
dentro de las múltiples funciones —he leído la ley— de esta
comisión no está desde luego el constituirse en una especie de oráculo de
Delfos al cual se le pueda preguntar qué piensa que va a ocurrir si varía
el tipo de cambio euro-dólar o si varía el precio del dólar o si se fija
una TUR —una tarifa de último de recurso— de un tipo o de
otro. Entiendo yo —y si estoy en un error que se me saque de
él— que ni en comparecencia en el Senado ni en el Congreso ni en
ningún otro sitio esta comisión debe aspirar, ni su presidente ni ninguno
de sus vocales, directores o miembros, a constituirse en elemento de
referencia para enjuiciar cualquier cambio, ya sea normativo o de otra
naturaleza, porque yo podría preguntarle qué opina sobre la reforma
fiscal en el funcionamiento de los mercados financieros o hipotecarios o
cualesquiera otros. Espero que no se convierta en una práctica usual
contraponer la opinión, o al menos intentar hacerlo, de una entidad
independiente a decisiones, ya sean de mercados independientes, ya sean
del propio Gobierno. En segundo lugar, me ha interesado del portavoz
socialista no tanto los argumentos, que esos ya están pasados, ya se
vieron en el debate de la ley constitutiva del organismo, sino la parte
referida al funcionamiento de los mercados. Yo soy de la opinión de que
efectivamente en los mercados importantes, principales, sobre todo de los
grandes suministradores de servicios, hay problemas de competencia y por
tanto esos problemas tienen que ser resueltos, y le preguntaría en este
sentido, porque yo sé que forma parte de las competencias atribuidas a la
comisión, si en esos análisis de mercados, en esos estudios de mercados,
de funcionamiento —ni ex post, ni ex ante, ni de regulación, ni
tampoco estudios de competencia cuando hay problemas de competencia, sino
en esos análisis de mercados a realizar por la comisión— veremos
estas comparaciones internacionales que nos permitan efectivamente
calibrar o hacernos una idea del grado de competencia o en muchos casos
del grado de incorporación de tecnología a nuestros mercados que abarate
los costes; en definitiva, tener un juicio sobre qué está funcionando o
qué podría mejorarse en el funcionamiento de los mercados, sobre todo
este tipo de mercados regulados, mercados de servicios, mercados amplios
de los que de una forma u otra todos somos clientes.

Por mi parte nada más. Le felicito por su nombramiento y
por estar aquí hoy a petición propia y espero que se repita
periódicamente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.

Para el derecho de réplica, el señor presidente de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, don José María Marín,
tiene la palabra.

El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS
Y LA COMPETENCIA (CNMC) (Marín Quemada): Gracias a los senadores que han
tenido la amabilidad de formularme sus preguntas o sus reflexiones a las
que intentaré, con la precisión de que sea capaz, dar respuesta a lo
largo de los próximos minutos. Por razones prácticas me voy a permitir
agrupar algunas de las contestaciones que me parece que tienen algo en
común entre las consideraciones que han realizado algunos senadores al
objeto de hacer una utilización óptima del tiempo; no obstante, ruego
encarecidamente a sus señorías que si en algún momento hay alguna
cuestión que dejara de contestar y que les pareciera relevante, me lo
hicieran ver para volver a detenerme en ello.

En primer lugar, y en general, déjenme que reitere mi
absoluta disposición a comparecer ante esta comisión en tantas ocasiones
como sus señorías consideren y, si su amabilidad lo permite, darme
nuevamente la oportunidad, a petición propia, de estar aquí con ustedes
compartiendo las preocupaciones o las reflexiones que como presidente de
la CNMC y en nombre de toda la institución, especialmente de su consejo,
puedan, en mi opinión, ser de su interés. Así lo he hecho en esta ocasión
y así pretendo seguir haciéndolo en el futuro, me parece que es una pieza
indispensable e inseparable de esos 3 pilares a los que ya he hecho
referencia: independencia, rigor y transparencia, al que me permito
añadir ahora la seguridad jurídica. Creo que toda vez que nuestra
dependencia lo es, tal y como nuestra ley indica, de las

instituciones más altas del Estado, nuestra comparecencia,
la mía o la de quien ustedes consideren oportuno de la CNMC, es una pieza
indispensable de esa labor fundamental de rendición de cuentas naturales
ante las Cámaras.

Y siendo ya mucho más concreto y por el orden en que sus
señorías me han formulado las reflexiones o cuestiones, me voy a referir
en primer lugar a algunas de las que ha planteado el senador Montilla.
Sé, senador, que no comparte el modelo, lo sé perfectamente y por eso en
los primeros minutos de mi intervención he centrado algunas frases
precisamente en esta cuestión. Créanme, lo saben sus señorías, que yo no
he tenido nada que ver en la definición del modelo. Conocí el modelo
cuando se hizo público por parte de las Cámaras el anteproyecto o el
proyecto, lo fui siguiendo en los distintos medios y cuando se me propuso
ocupar la Presidencia de la institución lo leí con muchísimo más
detenimiento antes de prestar mi conformidad a hacerme cargo como primer
responsable de la institución. Si no creyera en el modelo, sinceramente
hubiera rechazado esa propuesta, me hubiera parecido un contrasentido.
Ahora que llevo ya unos meses, creo que el modelo es posible que
funcione. Decía el senador Montilla con toda razón que hay otros modelos
en Europa, y citaba el de Holanda o el del Reino Unido, que tienen algún
parecido con nuestra institución, aunque son menos ambiciosos que el
modelo español. Los 3 modelos son en este momento seguidos por distintas
autoridades de competencia o de supervisión regulatoria en distintos
países de Europa, y están siendo seguidos con naturalidad por una parte y
con un elevado interés por otra. Me consta que hay instituciones de
algunos países que están pensando en ampliar precisamente sus modelos
existentes en este momento, con acumulación de agencias, por distintos
motivos, que van desde la reducción de costes, siendo este el motivo de
decisión —creo yo por mis conversaciones con autoridades de
distintos países de Europa— menos definitivo, hasta la
transversalidad y la sinergia que da en muchas áreas el trabajo en común.
Es la gran ventaja, creo, del modelo, por encima del ahorro de costes,
que lo es y también es importante, y desde luego lo que sí permite es una
utilización conjunta de los recursos, impide la captura del regulador,
cuestión no menor en el tema que nos ocupa —me estoy refiriendo a
la captura intelectual, naturalmente— y facilita en definitiva la
utilización de unos recursos escasos que, al ser puestos en común, creo,
por la experiencia de estos meses, que dan un resultado excelente.

Me voy a detener muy brevemente en la continuidad de la
dirección de Telecomunicaciones de la CNMC en Barcelona. Eso es algo que
yo interpreto —permítanme que utilice este término refiriéndome a
mí mismo— como una obligación derivada de la ley y, por tanto, en
ningún momento vamos a cambiar esa referencia que consideramos que es una
cuestión de partida, una parte fundamental e inseparable en la actuación
cotidiana del momento. Pero también permítanme —y ahora me estoy
refiriendo tanto a las cuestiones que ha planteado el senador Montilla
como a las que ha planteado el senador Alturo— decir que es muy
fácil trabajar a distancia en determinados temas. En Barcelona tenemos
concentradas actividades tan distintas para toda la CNMC, actividades que
no son directamente vinculables a telecomunicaciones, son para todo el
sistema, como, por citar dos ejemplos muy rápidos y no los más
importantes, la realización de todos los temas estadísticos, que para
nosotros como institución es muy importante porque es una fuente de datos
fundamental —está en Barcelona y es para toda la CNMC porque está
allí centralizada—, o, dando un giro de 180º y un tema que también
tiene importancia, las relaciones con algunos medios de comunicación o la
elaboración del resumen de prensa, etcétera. La tecnología da muchas
posibilidades, tantas como para no ser imprescindible que haya unas
personas en un sitio, sino que, por el contrario, desde cualquier
ubicación se pueda prestar un trabajo que es absolutamente útil para el
resto de la organización. Así lo hemos entendido y estamos trabajando con
absoluta naturalidad. Podría ponerles otros ejemplos, pero por razones de
economía de tiempo, salvo que sus señorías lo consideren, no me detendré
en ellos.

Sí quiero decirles que la legislación actual es adecuada
pero con algunos considerandos, fruto de la experiencia. Yo creo que
tenemos dos referencias en la aplicación de la normativa de competencia,
una la Ley de 1989 y otra la Ley de 2007, que en ocasiones crean algunas
dificultades interpretativas a la hora de formular resoluciones, y algo
que sí me preocupa más es que la capacidad de sancionar de la CNMC no es
todo lo disuasoria, por el importe de las multas, que en la CNMC
entenderíamos que debería ser, pero además nos encontramos con el
obstáculo adicional de que en el recurso normal
contencioso-administrativo derivado del Estado de derecho, que nadie
cuestiona, en la Audiencia esas multas aún son a veces, con más
frecuencia de la que quisiéramos, recortadas. Me estoy refiriendo a
sanciones que son anteriores a la entrada en funcionamiento de la CNMC y,
por ello, lo estoy utilizando como un argumento de reflexión que no está
directamente ligado a la tarea del día a día de los últimos ocho meses.

Naturalmente, lo hemos heredado aceptando las
responsabilidades y los hechos de las anteriores agencias, pero la
Audiencia está recortando más. Seguramente ese recorte viene de la falta
de concreción absoluta en la determinación de sanciones por parte de la
ley, lo que hace que en este momento el asunto esté en el Supremo, con
una perspectiva quizá de un año o dos para alcanzar un resultado. Esto
nos crea determinados inconvenientes de trabajo en el día a día y
entendemos que no colabora a la seguridad jurídica del sistema. También
entendemos que es normal y que el desarrollo, la puesta en práctica y la
aplicación de las leyes y de la normativa es lo que va dando señales de
atención de cuáles son los puntos a perfeccionar.

En la ley reciente a la que han hecho referencia algunos
senadores, la Ley de telecomunicaciones, sí quisiera ser algo más
concreto. En primer lugar, agradecer y mucho las referencias que ha hecho
el senador Alturo a propósito de la cláusula residual, pero en la
práctica hay una serie de funciones que venía desempeñando la CNMC y que
han pasado a ejercerse por el Minetur: la llevanza y gestión del registro
de operadores; el otorgamiento de derechos de uso de los recursos
públicos regulados en los planes nacionales de numeración,
direccionamiento y denominación; el suministro de datos que facilitan los
operadores a las entidades que elaboran las guías telefónicas de abonados
y las que prestan sus servicios de información telefónica; las
competencias sancionadoras respecto de las anteriores funciones, se
traspasa la facultad de sancionar por el incumplimiento de condiciones
exigibles, de ausencia de notificación a la Administración; la gestión de
la aportación para la financiación de Radiotelevisión Española, y el
avance y gestión del registro de parámetros de información de los
servicios de televisión digital terrestre. Hay otras competencias que, a
mi juicio, se han debilitado frente a la normativa anterior; las tengo
aquí y, salvo que sus señorías lo consideren, por razones de tiempo no
haré mención específica de ellas. Permítanme que les diga que, como
presidente de la CNMC, yo hubiera preferido que no hubiera sido así e
hice todo lo que en mi mano estaba hasta el día anterior. Cuando la ley
se publicó en el BOE, para mí era de obligado cumplimiento y ya dejó de
ser cuestionable. Si lo digo aquí es únicamente porque sus señorías han
aludido a este tema. Me hubieran gustado otras disposiciones; son las que
sus señorías acordaron y para mí ahí se ha terminado la reflexión.

Algunos senadores también han hecho alguna referencia a la
disposición de medios, empezando por el propio senador Montilla. La
independencia no se debe calificar y es un ejercicio complejo, pero
—lo comentaba en Bruselas en relación con algunas reflexiones
compartidas con colegas que están al frente de agencias de otros
países— si hubiera que destacar un paradigma de la independencia
habría que hablar de la independencia financiera, y la independencia
financiera no es una cuestión a corto, sino algo derivado de un modelo de
financiación. Cuando existe la facilidad de que a través de los
Presupuestos Generales del Estado se determine el nivel de financiación
de la institución, yo estoy seguro de que a corto plazo no vamos a tener
más dificultades que las derivadas de un momento de austeridad de la que
nos consideramos absolutamente solidarios, pero como parte del modelo y a
medio y largo plazo no deja de ser un instrumento que deja al albur de un
gobierno, el que fuere dentro de los años que sean, la posibilidad de
modular, a través de la determinación de la financiación de una
institución como esta, el ejercicio práctico del día a día de la
institución. Si se la dobla en medios se la dobla en potencia y si se le
reducen a la mitad indudablemente se coarta considerablemente, si me
permiten ustedes la simplificación del análisis, el papel de la
institución. No me estoy refiriendo por tanto al momento actual, que
también lo haré como consecuencia de algunas de las reflexiones que aquí
se han puesto encima de la mesa, sino por lo que respecta al modelo, que
me parece entender que era lo que el senador Montilla ponía encima de la
mesa en su consideración inicial.

Respecto a las cuestiones que ha centrado el senador
Alturo, entre las dificultades a las que yo me he referido de pasada en
mi intervención y al hilo de la pregunta de su señoría —a mí ahora
me gustaría ser más preciso como consecuencia de su pregunta— yo
pondría en primer lugar la dificultad de combinar las culturas. En la
CNMC en este momento prestan sus servicios 520 personas. De estas 520
personas, en números redondos, en grandes números fáciles de recordar 300
son personal laboral, con sus convenios colectivos, con sus derechos
adquiridos, etcétera, y el resto, hasta 520, es personal funcionario. Por
tanto, hasta ahí la ley permite que los puestos sean desempeñados por
personal funcionario o por personal laboral, pero la aplicación práctica
hoy en el día a día es, según a mí me parece percibir, un deseo de
funcionarización de la institución. Y no tendría nada que objetar a ello
si hubiera cuerpos de la Administración suficientemente dotados en
número, en experiencia y en capacidades profesionales para cubrir algunas
de las necesidades que en este momento y desde luego en el futuro
tendremos en la CNMC, y así como tenemos espléndidos abogados del Estado,
espléndidos administradores públicos,

espléndidos técnicos comerciales, etcétera, que pueden
nutrir buena parte de las responsabilidades que tiene la CNMC, no ocurre
exactamente lo mismo con los especialistas que se requieren en política
energética, en contabilidad de costes o en el sector de
telecomunicaciones, porque no hay cuerpos especializados en la
Administración Pública ni hay componentes de esos cuerpos especializados,
en el caso de que exista alguno, que en número suficiente considere la
posibilidad de venirse a la CNMC, y esto sí que en el día a día está
siendo objeto de una preocupación creciente por mi parte, no tanto ahora
mismo, que desde luego también, sino, por lo que al modelo respecta, en
el medio plazo. Y este tipo de consideraciones prácticas, que son fruto
de los nueve meses de funcionamiento de la institución, son algunos de
los cambios normativos a los que yo creo que con normalidad, pero también
como consecuencia del desarrollo práctico del día a día, me refería en mi
intervención al hilo de algunas de las consideraciones que ha tenido a
bien formular el senador Utrera. Por tanto, creo que en ese sentido el
estatuto orgánico es perfeccionable y así propondré los cambios que,
fruto de esa experiencia, no a mí sino al conjunto del personal directivo
y del consejo de la CNMC, se nos vayan apareciendo como cuestiones
fácilmente o menos fácilmente pero en todo caso perfeccionables del
modelo.

Indudablemente los sectores eléctrico y de
telecomunicaciones son dos sectores críticos para la economía española
—creo que para la economía de cualquier país europeo— y,
desde luego, para la atención que a ellos se presta desde la CNMC, y aquí
había algunas consideraciones del senador Alturo en las que voy a pasar a
centrarme en los próximos minutos. El ministerio es el que desarrolla la
política energética, la política eléctrica en este caso, de España y la
CNMC tiene las funciones derivadas de la supervisión, de la regulación y
el estímulo de la vigilancia de la competencia. Si se me pide una
valoración que seguramente excede mi competencia —y coincido con
las reflexiones del senador Utrera—, pero que me voy a atrever a
formular brevísimamente, tengo que decir que creo que hemos pasado de un
sistema de precios de subastas que fijaba un día, en un momento
determinado, el precio de tres meses a un sistema mucho más pegado al
mercado, mucho más pegado al día a día de los precios y, en ese sentido,
mucho más próximo al sistema de determinación de precios de otros países
y, en definitiva, mucho más pegado a la libertad y a las ventajas
inherentes al mercado. Por tanto, en ese sentido creo que hemos dado un
paso adelante. Lo que pasa es que ese paso adelante tropieza en el nivel
de detalle —y ahora me voy a referir al tema de los contadores, que
también es una cuestión que se ha puesto de manifiesto por parte de los
señores senadores— con la realidad, y la realidad es que en España
tenemos 27 millones de consumidores con derecho al precio equivalente a
la tarifa de último recurso anterior y al sistema nuevo. Están conectados
a baja tensión y con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios. De
estos 27 millones de consumidores, en cumplimiento del plan de
sustitución de contadores potencialmente 7 millones deberían haber
contado con equipos con capacidad efectiva de facturación horaria a
comienzos de 2014 y progresivamente todos los demás, entre 7 y 27
millones, deberían incorporarse a lo largo de los próximos años. Créanme,
señorías, que esto implica unos cambios que en el día a día y en la
tecnología aplicable están llenos de dificultades, como así lo están
poniendo de manifiesto los instaladores de los contadores y desde luego
las compañías eléctricas, generadoras y especialmente distribuidoras. Lo
que pasa es que este paso había que darlo, porque lo lógico es pagar por
las cosas y lo lógico en ese sentido es que el consumidor sea capaz de
discriminar su consumo incluso en función de las horas, el grave problema
es que los contadores instalados no lo permiten y que, por tanto, ahí hay
un desarrollo tecnológico importante a efectuar a lo largo de los
próximos años. Yo sé que todo esto son pasos adelante que implican
dificultades, pero había que darlos. Estamos inmersos en un cambio del
modelo eléctrico valiente, con desafíos, infinitamente mejor que la fase
anterior y, por tanto, en esa valoración que no sé si debo o puedo hacer
pero que algunos matices sí tienen que ver con las responsabilidades de
la CNMC, yo me permito no solamente, hasta ahí podíamos llegar, ponerme
claramente a favor de algunos de los temas que se han planteado por parte
del ministerio sino que también tengo que decir que hemos sido críticos
con otras cuestiones, pero me parece que son cosas que había que hacer.
Me parece que estamos en la vía de hacerlas y que lo normal es que los
consumidores de electricidad puedan decidir, si me permiten sus señorías
utilizar un lenguaje más vulgar, cuándo ponen sus lavaplatos o sus
lavadoras en su casa y que hay que obligar a las compañías eléctricas y a
los instaladores de contadores a que doten a los consumidores de esos
instrumentos, que son normales y deben ser cada vez más normales en la
vida cotidiana de los ciudadanos.

A propósito de los precios eléctricos en España, como sus
señorías conocen perfectamente, estos precios son los herederos de la
política energética de muchos años. Brevísimamente —y permítanme el
necesario recuerdo hacia atrás de determinados hechos
fundamentales—, la decisión asociada al parón

nuclear tiene que ver con los precios de la electricidad
que pagamos hoy. Las decisiones asociadas al mantenimiento de un sector
de extracción de carbón y de generación eléctrica en base al carbón
tienen que ver con los precios de la electricidad que pagamos hoy. La
decisión de construir una serie de centrales de ciclo combinado tiene que
ver con los precios de la electricidad que pagamos hoy. La decisión de
establecer un programa que en su momento fue puntero, sin duda ninguna,
en energías renovables tiene que ver con los precios de la electricidad
que pagamos hoy. Y, desgraciadamente, algunas de estas cuestiones tienen
que ver con el alto precio de la electricidad que se paga en España, lo
cual, por cierto, resta competitividad a los productos españoles por
razones obvias y por el alcance ubicuo de los precios de la electricidad
en lo que es la tabla input-output de cualquier economía. Pero esta es la
realidad; nos gustaría que fuera otra. Déjenme solo que les dé un dato
que sus señorías conocen sobradamente: la prima a las renovables está en
9.000 millones de euros al año. Después de las últimas modificaciones
realizadas por el Ministerio de Industria esos 9.000 millones se han
reducido a 7.500 millones. Reducir de 9.000 a 7.500 es un paso
importantísimo, pero nos siguen quedando 7.500 millones, que son
consecuencia de unas decisiones tomadas en un momento determinado frente
a una generación eléctrica de vanguardia. Si me lo permiten, les daré
otro dato: el 90% de las placas solares que se construían en el mundo en
un momento determinado tenían su destino en España porque se produjo un
efecto llamada como consecuencia de la retribución que se ofrecía a la
generación de los parques solares. Todo esto, que son hechos de nuestra
historia pasada reciente y que yo no juzgaré positiva ni negativamente,
no es mi tarea aquí, faltaría más, determina el precio de la electricidad
de hoy y de los próximos años. Detrás de todo esto está el déficit
tarifario y tantas y tantas cuestiones que sus señorías conocen incluso
mejor que yo mismo.

El senador Lerma ha tenido la amabilidad de decirme que
tenía que ausentarse pero que un representante de su grupo, el senador
Manchado, iba a escuchar mis posibles respuestas y en eso voy a emplear
los próximos minutos de esta comparecencia. Considero, como les decía al
principio de mi intervención, que es una obligación natural y nada
forzada de este presidente, y desde luego de la institución a la que me
honro en representar en este momento, que yo procuraré ejercer y, si no,
sus señorías me lo deberán demandar con la mayor regularidad posible.
Respecto a los temas que ha tratado el senador Lerma a propósito de la
situación de los consejeros, todo eso es anterior a la creación de la
CNMC o, por lo menos, es anterior al nuevo equipo de la CNMC y poco le
puedo yo contestar. Sin embargo, sí quiero detenerme en la
especialización de personal, que es otra de las reflexiones que ha
considerado oportuno realizar. A propósito de si esa especialización era
suficiente para hacer frente a las distintas responsabilidades, desde
luego extraordinariamente variadas, que tiene la CNMC, debo ser
absolutamente radical, si me permiten ustedes el término, en mi
respuesta. Desde luego que sí. He encontrado en las personas que prestan
sus servicios, con una generosidad y una ilusión absolutamente digna de
mención en este momento y en esta Cámara, un grupo de profesionales de
primer nivel, sean funcionarios o sea personal laboral. Son primeros
expertos en cada una de las áreas de las que provienen, de ahí su
especialización y su experiencia, sea en energía, sea en
telecomunicaciones, sea en el sector audiovisual, sea donde sea, y es un
honor para mí como presidente de la CNMC poner este hecho de manifiesto.
Señorías, nosotros solo tenemos talento —quiero decir la personas
de la comisión, naturalmente—; no tenemos otra cosa, no tenemos
establecimientos industriales, ni fábricas, solo tenemos talento, solo
tenemos el talento de esas personas, que brindan sus servicios a la
sociedad española con una enorme generosidad. Por tanto, la
especialización, créanme, está absolutamente garantizada.

Las referencias que también ha hecho el senador Lerma a
propósito del efecto lunes, etcétera, tienen mucho que ver con la
evolución de los precios de los combustibles, con la distribución al por
menor, etcétera, en estaciones de servicio. Es un sector de prioritaria
atención para la CNMC y en este momento tenemos varios expedientes
abiertos, por lo que sus señorías me permitirán que no sea excesivamente
concreto. Tengo aquí el listado de expedientes y, si las señoras y
señores senadores lo consideran, lo puedo repasar, pero déjenme que les
diga en cualquier caso que es un sector de vigilancia prioritaria para
nuestra institución por las razones que están en la mente de todos. Como
lo es la actividad desarrollada por distintas empresas, etcétera, en el
sector de las telecomunicaciones, que también es objeto de atención
preferente tanto por la Dirección de Competencia como por la Dirección de
Telecomunicaciones.

El senador Utrera también ha tenido la amabilidad de
formularme algunas reflexiones. Insisto, senador Utrera, estoy a la
entera disposición de esta Cámara para lo que esta Cámara y las señoras y
señores senadores consideren oportuno, y con la naturalidad que usted ha
expuesto, con la naturalidad del deber

de rendir cuentas ante la institución a la que nos debemos.
La CNMC se debe a la sociedad española y a esta Cámara; seguramente a
esta Cámara, que representa a la sociedad española que es lo que en
definitiva —perdonen que no sea politólogo— creo entender que
representan sus señorías. Muchas gracias por las palabras tan amables que
ha tenido respecto a nuestro plan estratégico y únicamente, al hilo de su
amable reflexión, añadiré algo que no había tenido ocasión de comentar
con sus señorías. El plan estratégico fue sometido a información pública.
Esto no había ocurrido en España nunca. Lo sometimos a información
pública en la seguridad de que ese proceso iba a resultar no solo un
ejercicio de transparencia, sino un ejercicio beneficioso para la calidad
final del plan. Así ha sido, se recibieron más de una treintena de
consideraciones, muchas de ellas se han incluido con la naturalidad de un
ejercicio absolutamente normal en una institución como la nuestra, y
desde aquí aprovecho para mostrar la gratitud de la institución a tantas
instituciones a su vez y tan diferentes, empresas, sectores
profesionales, colegios, etcétera, que nos brindaron sus reflexiones,
algunas extraordinariamente creativas e importantes, que sin duda han
enriquecido nuestro plan. Los retos de los que he hablado y que su
señoría ha tenido la amabilidad de recoger en su reflexión son los que ya
he mencionado; no los repetiré. Se trata de incorporar con naturalidad la
experiencia de estos meses de funcionamiento. El modelo, lo decía cuando
contestaba al senador Montilla, tiene a mi juicio unas potencialidades
extraordinarias. Es un modelo de una valentía en su diseño digna de
resaltar y a esto hacen especial mención las cuestiones que nos llegan de
distintas partes del mundo y, como les decía, de distintos países
europeos, y luego, en el día a día, es lo que los colegas de otras
agencias nos preguntan insistentemente e incluso vienen a Madrid para
intercambiar puntos de vista a propósito de las ventajas de este modelo
nuevo, de este modelo lleno de potencialidades, de este modelo con un
diseño extraordinariamente atrevido en opinión de algunos, pero también
extraordinariamente creativo en opinión de otros, entre los que me
encuentro; lleno de desafíos, seguramente con algunos retos, pero con
unas posibilidades y una potencialidad extraordinarias. La comparación
internacional, que las consideraciones realizadas por el senador Utrera
me dan pie a desarrollar ahora algo más, se centra en la participación en
los grupos de trabajo a los que ya he hecho referencia con objeto de,
primero, recoger información y, segundo, influir en la normativa de la
Unión Europea, que luego nos rebota inmediatamente como consecuencia de
habernos oído en esos grupos internacionales. Por otra parte, es una
actividad normal dentro de todas las agencias de los países más
desarrollados y una actividad que desde la CNMC desarrollamos también con
la naturalidad de cumplir, con el deber que nos impone estar en una
agencia de un país moderno, una agencia impulsora de la seguridad
jurídica, una agencia que cree ser —nos gusta pensar que así
somos— un eslabón en la cadena de reformas estructurales y, en
definitiva, una institución sumadora de esfuerzos y garantizadora de
seguridad jurídica.

Gracias a todos los senadores que han tenido la amabilidad
de formular reflexiones y, si he dejado algo sin contestar, ruego a sus
señorías que insistan para poder centrarme en ellas con más detenimiento
ahora o en otra comparecencia que sus señorías tengan la amabilidad de
aceptar o demandar en el futuro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marín. Su
intervención ha debido de convencer bastante a los portavoces y, en
cualquier caso, como primera intervención creo que ha sido
suficientemente expresiva y explicativa porque ninguno de los portavoces
quiere ejercer su derecho a dúplica. Así que muchas gracias, señor Marín,
por su intervención, como decía algún portavoz, muy ilustrativa. Sin
duda, ha sido clara, pedagógica y muy útil para conformar la opinión de
los miembros de esta comisión parlamentaria. Reitero nuestro
agradecimiento. Sé, porque así lo ha expresado usted hoy, que vamos a
tenerle con nosotros en alguna otra ocasión, por lo que, entiendo, iremos
conociendo la evolución de la comisión nacional que preside en los
próximos meses y a lo largo de esta legislatura. Desde luego, estaremos
encantados de tenerle entre nosotros por la, repito, alta e importante
responsabilidad que usted ostenta y por lo relevante que es para el
desarrollo de la sociedad española. Muchas gracias, por su presencia. Le
reitero nuestro agradecimiento. Y a todas sus señorías, muchas gracias
por su presencia en este largo día de comisión, desde las once de la
mañana hasta ahora mismo.

Se levanta la sesión.

Eran las diecinueve horas y treinta minutos.