Convergència i Unió; enmiendas 49 a 115, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas 116 a 119, del
Grupo Parlamentario Vasco; enmiendas 120 a 147, del Grupo Parlamentario
Socialista; y enmiendas 148 a 151, del Grupo Parlamentario Popular.

La ponencia, cuya reunión ha acabado hace unos minutos, ha
acordado por mayoría incorporar al texto del Congreso las enmiendas 148 a
151 —ambas inclusive—, del Grupo Parlamentario Popular, y la
enmienda número 44, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.

Se debatirán, por tanto, los vetos.

En primer lugar, por orden de presentación, intervención
del senador Quintero, para la defensa del veto número 1.

Su señoría tiene la palabra.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Doy por defendido el veto número 1, de los senadores Jesús
Iglesias y José Manuel Mariscal.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para la defensa del veto número 2, tiene la palabra el
senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias.

Doy por defendido el veto de los senadores Saura y Guillot,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Para la defensa del veto número 3, del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.

Como ustedes saben, nosotros abrimos un periodo de
reflexión en el debate a la totalidad en el Congreso y hablamos de una
abstención, en el bien entendido de que pensábamos que era indispensable
regular eso y endurecer las condiciones de funcionamiento del sistema
financiero en general. Asimismo insistimos en la necesidad de la
trasposición de las directivas europeas, pero, evidentemente, también en
que era algo muy importante que requería un consenso nacional. Por eso,
dejamos abierto el tema y planteamos no un voto en contra, sino una
abstención. A continuación, en el debate en comisión, ya hablamos de
algunos temas. Algunas posiciones han mejorado a resultas del debate
logrado, pero, por otro lado, se ha producido un cierto endurecimiento de
la posición del Gobierno en la actualidad, especialmente porque la
referencia que se hace a las comunidades autónomas no es constitucional.
Es una cuestión que anteriormente ya se había suscitado con otros
proyectos de ley. Creo que en el tema concreto de la reforma del sistema
financiero hemos avanzado demasiado en criminalizar a las comunidades
autónomas en la responsabilidad de la crisis financiera.

La responsabilidad de la crisis financiera no era, desde
luego —como se suele decir habitualmente de forma despectiva—
por la presencia de políticos en los consejos de administración, porque
no hay que olvidar que lo que hacíamos era intentar que la representación
popular, la de los ciudadanos, tuviera una presencia en el control de
unas entidades que no tenían dueño. Por otro lado no hay que olvidar
tampoco que la crisis financiera no se ha producido como consecuencia de
la presencia de políticos en las cajas de ahorros. Esto es algo que
proviene de la falta de regulación del sistema financiero norteamericano,
y no del sistema financiero legal —como erróneamente atribuye el
ministro además—, sino concretamente del sistema financiero en la
sombra, que no se ha mejorado en su regulación. Por tanto, esta crisis
financiera no viene de las comunidades autónomas, o no solo de las
comunidades autónomas, ni en absoluto de la presencia de los políticos,
sino de la responsabilidad por la falta de regulación.

Insisto en que ahora parece un elemento positivo mejorar la
regulación, así como endurecer las condiciones, pero, desde luego, es muy
insuficiente, máxime haciéndolo unilateralmente, para las necesidades que
tenemos y sobre todo para las explicaciones que piden los ciudadanos.

Por tanto, la crisis financiera es el producto de eso que
he dicho. También es el producto de la mala o laxa regulación —que
parece no tenerse en cuenta muchas veces—. En el caso concreto
español es el producto del crédito barato, consecuencia de una regulación
del Banco Central Europeo desligada de las necesidades de la economía
española y buena parte de la Europa del sur en su momento. Pero también
es el producto de muchos otros factores, fundamentalmente de los malos
gestores, y, no cabe duda, que de la posición de algunas comunidades
autónomas. Ahora bien, en absoluto se puede pensar que

restringiendo o quitando competencias a las comunidades
autónomas se va a solucionar el problema de la crisis financiera.

Por otro lado, respecto a las condiciones de funcionamiento
de las entidades financieras que vamos a trasladar —es decir, lo
que se ha dado en denominar Basilea III, que endurece las condiciones de
Basilea II y a su vez las anteriores—, a mí me parece
insuficientemente ponderados los riesgos que están asumiendo. Siempre que
se trata de esta cuestión se habla de endurecer los ratios de capital,
pero realmente la solución de la banca y de la financiación no está en
absoluto en eso. La realidad es bien distinta. Desde el punto de vista
teórico no es ese el problema. Siempre que hay un largo período de
crecimiento —como el que hemos vivido antes de 2007— se
produce un exceso de crédito porque hay una mala valoración del riesgo
por parte de las entidades financieras, de los reguladores y de los
ciudadanos en general, y cuando esas condiciones se modifican rápidamente
—por lo que sea—, todas las previsiones de insolvencia son
insuficientes. Ahora vamos a adoptar una norma —en realidad, para
generar colchones— que la economía española ya tenía y por la que
había sido alabada, pero una economía española que ha resultado
clarísimamente insuficiente para abordar el problema con el que nos
estamos enfrentando. Además insuficiente es claramente la dotación que
vamos a tener para abordar, por ejemplo, el cierre de entidades en
Europa. Cierto que todo el mundo se preguntará: ¿Y de dónde sale más?
Porque para abordar una crisis financiera del calibre de la que hemos
tenido los instrumentos son insuficientes todavía, porque no avanzamos.
Vamos a avanzar en la supervisión única, pero solo relativamente, porque
prácticamente vamos a inspeccionar el 90% de entidades españolas y vamos
a tocar muy de soslayo muchas entidades europeas que parece que están en
bastante mala situación, que no han sido analizadas por un supervisor
único hasta ahora y que tampoco han entrado en los test de estrés. Por
tanto, es una situación claramente insuficiente y la solución todavía es
muy nacionalizada —cuando se trataba de dar créditos y facilidades,
desde luego la banca era europea, y cuando se ha tratado de abordar los
problemas, entonces la banca se ha vuelto a nacionalizar—. En
definitiva, aunque haya todavía supervisor único, para solucionar los
problemas de alguna manera, se vuelve a nacionalizar la banca. Además me
parece insuficiente la dotación que vamos a tener.

Basilea III es muy interesante porque endurece las
condiciones, pero no sirve para abordar una crisis financiera como la que
tenemos por delante. Nos hemos de dotar de instrumentos mucho más
eficaces. No es cuestión de discutir ahora aquí la validez de Basilea
III, pero sí la validez de las políticas económicas que se hacen, cuya
consecuencia es que los balances de los bancos quedan tocados —y
hundidos también posiblemente—. La realidad, insisto, es que si se
endurecen las condiciones de los bancos para abordar una crisis como
esta, no tenemos más solvencia, sino menos crédito y más caro, y un
deterioro de los activos, que continúa, por tanto, como consecuencia de
la aplicación de políticas que restringen el crecimiento. Y eso es lo que
nos propone esta ley —con muchos aspectos técnicos, por otro lado,
que yo tengo que decir que son muy razonables probablemente—. Ahora
bien, no está justificada la tramitación de urgencia para una cuestión
técnica como esta, que requiere un análisis mucho más en profundidad que
el que vamos a hacer.

Con los problemas financieros que tenemos, es vergonzoso
que abordemos esto en dos días. Esto no es razonable ni nos llevará a
buenas cosas. El excesivo fervor legislativo que caracteriza a este
Gobierno —más que legislativo, de decretos leyes— hace
fundamentalmente que abordemos mal técnicamente leyes que son
indispensables para el funcionamiento de nuestro sistema financiero y de
nuestra economía general. A veces, para temas que son poco importantes,
se pasan años rodando por los ministerios otros proyectos de ley y este
se trae con un plazo brevísimo, de urgencia, cuando resulta que ya están
en vigor la mayor parte de las cosas que queremos trasponer. Por tanto,
tendríamos que fijar un plazo mucho más amplio para poder actuar en un
tema, cuya incidencia, repito, es tremenda desde el punto de vista de la
economía y también desde el punto de vista de la sensibilidad ciudadana.
No pueden ser todas estas cosas.

Por otro lado, como decía anteriormente, Basilea III avanza
—es muy importante—, pero no es capaz de abordar la falta de
crecimiento, y si hay falta de crecimiento, los bancos van perdiendo
solvencia, y van perdiendo solvencia claramente por la inadecuación de la
política financiera europea a la realidad económica que estamos viviendo.
Porque ¿cuánto aumenta la solvencia de los bancos en Basilea III elevando
las exigencias de capital? Pues mucho menos de lo que disminuye, teniendo
un 0,5% de inflación en la zona euro, cuando la previsión tenía que ser
un 2%. Esto es lo grave realmente, que no se actúe cuando estamos en esta
situación, porque esto contribuye mucho más a la insolvencia de los

bancos que las dotaciones de capital. Y eso es lo que no se
recoge, lo que no discutimos, lo que no debatimos y lo que no se puede
hacer en dos días, como nosotros tenemos para debatir este proyecto.

Por último, y termino, me parece especialmente importante
también el tema de los errores que solemos cometer en las técnicas
legislativas como consecuencia del apresuramiento y de meter cosas que
poco tienen que ver, en concreto —antes lo decía de broma, ahora lo
digo en serio— la cuestión sobre la Ley del mercado de valores, que
debería ser algo sobre lo que deberíamos estar discutiendo durante tiempo
—además, técnicamente se requiere al tratarse de una ley con
complejidad—. Es evidente que la protección del ciudadano y las
necesidades de la economía justifican claramente que nos metamos en
discusiones por separado respecto a todas las cosas que estamos regulando
que a veces son más propias de un reglamento que de una ley—, pero
aquí, en cambio, lo dejamos de lado, con una especie de disposición
adicional, cuando carece de sentido que utilicemos estas técnicas
legislativas y además, que lo hagamos individualmente.

Por todas estas cuestiones que he dicho, hemos tenido que
pasar necesariamente de la abstención inicial esperanzada a la
presentación de este veto, que, sin ninguna duda, hubiera tenido mucho
mayor calado si hubiéramos tenido más tiempo para prepararlo.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lerma.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador Fernández
de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente. Señorías, buenos días.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para
posicionar en el ámbito de la Cámara lo que significa nuestro voto en
contra a los tres vetos que se formulan —en este caso, por los
grupos parlamentarios Mixto, Entesa y Socialista— y para saludar y
valorar de manera muy positiva la llegada a las Cortes Generales en este
momento, en su tramitación en el Senado, del Proyecto de Ley de
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito
concretamente.

He de decirles, señorías, que esta es, sin lugar a dudas,
una norma jurídica, que, en opinión de nuestro grupo parlamentario,
refuerza fundamentalmente el nivel de exigencia en materia de solvencia
financiera y en algo extraordinariamente importante, en la regulación
prudencial que afecta al conjunto de las entidades financieras. Saben
ustedes, señorías, que, con ello, la propia normativa española incorpora
los acuerdos internacionales adoptados en respuesta a la crisis
financiera que se produjo precisamente en el año 2008, y, además, lo hace
con un carácter preventivo. El propio proyecto de ley —como conocen
y saben sus señorías— absorbe el contenido del real decreto ley
aprobado el 29 de noviembre de 2013, que hacía referencia a las materias
más urgentes al respecto.

En ese sentido he de indicarles que el marco regulador
global para reforzar los bancos y sistemas bancarios, que sale
precisamente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea —más
conocido, en términos coloquiales, como el acuerdo de Basilea III—,
constituyó la respuesta internacional más relevante a las carencias
regulatorias detectadas precisamente en el ámbito de esa crisis
financiera.

Los ejes centrales de este acuerdo se transformaron a
mediados del año pasado en una normativa que tenía carácter armonizador
en el propio conjunto —en este caso, de la Unión Europea—
mediante un reglamento y una directiva que hoy consumamos a través de
este proyecto de ley en lo que significa la plena traslación y, en
consecuencia, transposición al ordenamiento jurídico interno español.
Este es un proyecto de ley cuyo contenido queda aglutinado en tres
bloques: el primero aborda el régimen jurídico de las entidades de
crédito, donde se incorporan de una manera clara, nítida y expresa los
requisitos de autorización, de idoneidad, de identidad, de homogeneidad y
de gobierno corporativo de las propias entidades financieras. En el
segundo, hacemos referencia a la solvencia de las instituciones de
crédito y a esa solvencia prudencial, incluyendo un régimen sancionador.
En el tercero se modifica la Ley del mercado de valores para adaptarla
fundamentalmente a lo que significa la normativa europea, con especial
atención al régimen de las participaciones preferentes; también para
adaptar dicha regulación interna española y la normativa comunitaria a
los conglomerados financieros, así como para modificar la composición de
la comisión gestora del Fondo de Garantía de Depósitos.

Tendremos oportunidad de debatir, de desarrollar y de ver
lo que significan las 151 enmiendas. Quedan vivas actualmente 146,
consecuencia de la incorporación de 4 del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado y de la enmienda número 44 formulada por CiU, sin perjuicio de
dos transaccionales que hemos propuesto —43 y 45— al Grupo de
Convergència i Unió, que debatiremos antes de la sesión

plenaria, pero permítanme, señorías, para terminar,
decirles que la valoración que realiza mi grupo parlamentario, en este
caso en apoyo al Gobierno, es la siguiente: recoge como objetivo y como
contenido, una vez más, la incorporación de la totalidad de la normativa
de la Unión Europea en materia de solvencia, la CRD IV —es decir,
la Directiva de Adecuación de Capital—, que, evidentemente, vincula
y obliga al país miembro, y que fue aprobada en junio del año pasado.
Este proyecto de ley no solo incorpora esa normativa europea, sino que
también fusiona, sintetiza y sistematiza la normativa de solvencia
española, que hasta ahora era dispersa y que —como sus señorías
saben— carecía de toda sistemática.

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado
rechaza los vetos planteados y da la enhorabuena al Gobierno de España
por lo que significa esta actividad legislativa. Otros nunca la
plantearon, nunca se atrevieron, vivían en la Champion League, pero
nosotros queremos, evidentemente, poner de manifiesto el compromiso del
Gobierno de España en la solvencia de las entidades financieras.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández de
Moya.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor
presidente.

Únicamente quería anunciar que nuestro grupo se abstendrá
en la votación de los vetos presentados.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Telegráficamente, quiero decir que nuestro grupo no ha
formulado un veto a este proyecto de ley. No obstante, daremos nuestro
apoyo a los tres vetos presentados. Lo haremos porque pensamos que este
texto es necesario no solo por las cuestiones a las que se ha hecho
alusión, sino por la necesaria incorporación de la directiva —en
concreto, la CRD IV, como se ha dicho— a nuestra normativa y la
adaptación de una parte de la normativa vigente, fruto en este caso de la
aplicación directa del reglamento comunitario.

Pensamos que, por supuesto, es necesario mejorar la
regulación, que es necesario reforzar la solvencia de las entidades, que
es necesario mejorar la gobernanza de las mismas. Tal y como lo recoge la
ley, hay aspectos que son mejorables, y, sin ningún género de dudas,
tendremos ocasión de ampliar nuestro posicionamiento en el Pleno a través
de las enmiendas y de su discusión correspondiente.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha hecho
alusión a un tema que para nosotros es muy importante —que fue
incorporado en el debate en el Congreso de los Diputados porque no
figuraba en el texto inicial del Gobierno—, que es la modificación
del protectorado de las fundaciones bancarias, ley que acabamos de
aprobar hace cinco meses, lo cual quiere decir que hay —alguien
podría decirlo— improvisación. Seguro que en la ley hay algunos
aspectos que son improvisados, pero otros no son nada improvisados y
seguramente obedecen a esa corriente uniformizadora y centralizadora que
tiene la legislación de este Gobierno por lo que respecta a la invasión
competencial de las comunidades autónomas, que no puedo por menos que
poner de relieve. Por tanto, este proyecto de ley significa también una
cierta ocasión perdida para acordar con la inmensa mayoría de grupos de
esta Cámara un texto y una ley que es importante, que es necesaria y que
seguramente por eso, entre otras cosas, requeriría que saliera con unos
apoyos mucho más mayoritarios de los que me temo que tendrá este texto
que hoy debatimos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.

Simplemente quiero indicar que nuestro grupo se va a
abstener en la votación a los vetos que se han presentado.

Evidentemente, este proyecto de ley supone un paso más en
la reconstrucción y reordenación de nuestro sistema financiero. Quiero
dejar claro que nuestro grupo siempre ha venido dando apoyo a estas
normativas porque entendemos que la mejora del sistema financiero es
clave para el crecimiento de nuestra economía. Así lo hicimos con la
convalidación del Real decreto ley 14/2013, del pasado mes de noviembre.
Gran parte de esta ley recoge lo que se traspuso en este real decreto. En
un principio —cuando esta ley entró en el Congreso de los
Diputados— nuestro grupo se posicionó en contra de los vetos que se
habían planteado, pero en este momento, debido a que en el trámite de
enmiendas en el Congreso ha habido un cambio importantísimo, un cambio
negativo a través de la enmienda 144, que ha afectado a una ley —a
la Ley de las fundaciones bancarias, a la que luego haré
referencia— y a las competencias de las comunidades autónomas,
debido a esta y a otras razones, que ampliaremos en el debate en el
Pleno, mi grupo va a abstenerse en la votación de los vetos que se han
presentado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias.

Le agradezco la explicación al Grupo Popular, el relato de
que esto se trata de una trasposición, de que la voluntad fundamental es
incrementar el control y la regulación, pero eso no contesta a mis
posiciones y no es suficiente para que lo tomemos en consideración. Y no
contesta a mis posiciones porque, en primer lugar —y es
razonable—, el Gobierno se tiene que acostumbrar a no proponer, por
razones de urgencia, la limitación de los plazos, hasta tal punto que
ahoga en el Senado cualquier posibilidad de presentar nuevas enmiendas;
no es razonable porque no está justificada la urgencia en este caso,
porque la mayoría de las cosas que se han planteado ya están en vigor
como consecuencia del real decreto ley. Por lo tanto, discutamos con
tranquilidad, argumentemos, consultemos a los expertos, porque son cosas
de una técnica tremenda que tienen que durar muchos años y ser muy
eficaces para no volver a caer en esta situación. No digo que en el
Congreso no se puedan aplazar las cosas, pero tampoco que en el Senado
puedan entrar por razones de urgencia que no están justificadas. Creo que
toda la comisión debería recurrir esta urgencia al Constitucional, o
donde fuera necesario, porque no tiene ninguna justificación y el
problema es importantísimo como para que podamos documentarnos
suficientemente y mejorar la técnica legislativa, ya que se trata de una
cuestión muy política, pero también muy técnica. Hay que justificar la
razón de urgencia que, en mi opinión, no está justificada.

Por otro lado, tampoco está justificado que se tenga que
hacer aquí la regulación del mercado de valores, que es una cosa muy
compleja. Está muy bien unificar la legislación, pero hacerlo en su
propia ley, para que la gente sepa a dónde se tiene que dirigir para
saber cómo funciona esto. Hemos tenido bastantes problemas ya en el
mercado de valores y hemos hecho ya suficientes cosas mal hechas como
para que volvamos a caer en este error. Estas cosas no pueden ser, igual
que la ley anterior —que no recuerdo, porque al final no puedes
hacer referencia porque son leyes que no tienen nada que ver con lo que
se incorpora—, donde todo el asunto de las zonas francas, que
requería una regulación específica, lo metimos en una ley que no tenía
nada que ver y seguro que hicimos una mala regulación. Esto no puede ser,
no podemos consentirlo más, y no el Grupo Socialista, sino el Senado no
puede consentir estos planteamientos. ¿¡Cómo podemos opinar adecuadamente
con los plazos que se fijan y con la técnica que se utiliza!? Me parece
una situación intolerable que no deberíamos consentir.

La última cuestión es que se ha introducido un tema
competencial grave. Ya he dicho con anterioridad que está muy bien que a
cada uno se le exija su responsabilidad, en concreto al regulador, a la
mala construcción del euro, a la falta de instituciones para controlar
todo esto, pero ¿la culpa de toda la crisis financiera la van a tener las
comunidades autónomas y hay que arrebatarles las competencias como sea
porque, si no, no puede funcionar? ¡Por favor! Esta situación no es
comprensible en un Estado como el que tenemos nosotros, esta situación no
puede ser, hay que moderar un poco ese afán, que no es recaudatorio en
este caso, sino recentralizador, porque las instituciones funcionan si
respetamos los ámbitos de discusión y no nos echamos la culpa unos a
otros y asumimos cada uno nuestra propia responsabilidad. Creo que el
Partido Popular se ha pasado mucho en el asunto competencial. Por tanto,
no me han convencido las posiciones y deberían esforzarse más en
justificar la urgencia, la regulación mal hecha del mercado de valores y
el tema competencial.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lerma.

Después de su vehemente y prolija explicación y en algún
momento incluso un punto acalorada, quiero decirle, desde esta
Presidencia, señor Lerma, que la declaración de urgencia, de conformidad
con el artículo 90.3 de la Constitución, es competencia exclusiva del
Gobierno.

Dicho eso, le doy la palabra al portavoz del Grupo Popular,
senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente.

Con mucha brevedad, porque ha sido un argumento recurrente,
tanto por el Grupo de Convergència i Unió como por el Grupo Parlamentario
Entesa y por el Grupo Parlamentario Socialista, quiero decir algo que es
de Perogrullo, pero que hay que ponerlo encima de la mesa, y es que el
marco jurídico de distribución competencial entre el Estado y las
comunidades autónomas tiene dos normas de referencia: la primera, la
Constitución española y, la segunda, los estatutos de autonomía aprobados
mediante ley orgánica, y este proyecto de ley es extraordinariamente
respetuoso con la Constitución española y con el desarrollo normativo de
los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas. Esa es la
opinión del Grupo Parlamentario Popular y es la que vamos a defender
dentro de nuestro marco de convivencia, de nuestro marco normativo, de
nuestro ordenamiento jurídico interno. Lo digo para que no se siembre la
duda acerca de invasión competencial, que no se produce desde nuestro
punto de vista, sino más bien el oportuno respeto del desarrollo que hubo
en su momento del Título VIII, vinculado a la organización territorial
del Estado en el ámbito de la Constitución española, y el desarrollo
normativo que se produce de los correspondientes estatutos de autonomía a
través de las respectivas leyes orgánicas. Por lo tanto, en nuestra
opinión, hay un respeto absoluto a lo que significa esa distribución
competencial, que solo la puede enmarcar, hoy por hoy, en el ordenamiento
jurídico español la Constitución española y los correspondientes
estatutos de autonomía que se aplican en desarrollo de la Constitución y
cuya existencia se debe precisamente en este caso a la propia
Constitución española.

Una vez más, quiero poner de manifiesto, como he dicho en
mi primera intervención, que los acuerdos establecidos en su momento en
Basilea II y que ahora tienen su refrendo en Basilea III, como ustedes
saben, se adoptaron en diciembre del 2010 por el Comité de Basilea en el
ámbito de la supervisión bancaria. Entonces ustedes gobernaban España y
nos decían que estábamos en la Champions League y, por consiguiente, no
veían ningún problema en la economía española, ningún problema en las
entidades financieras y no articularon ningún tipo de medida. Eso está
ahí y la historia juzga a cada uno, entre otras cuestiones, por las
iniciativas legislativas que ustedes no tuvieron y que nosotros sí
tenemos. Y una parte de esa normativa, la más urgente, ya está en vigor
desde el pasado mes de diciembre, en concreto desde diciembre del 2013,
tras la convalidación del real decreto ley que se aprobó en materia de
medidas urgentes relativas a solvencia y a supervisión de las entidades
financieras. Señor Lerma, imagino que usted compartirá esta afirmación,
pero usted sabe que la crisis ha tenido un marcado carácter financiero y
ha puesto de manifiesto que los instrumentos que se tenían que poner a
disposición para luchar contra esa crisis financiera eran manifiestamente
mejorables y, en consecuencia, la regulación existente en ese momento no
logró controlar el comportamiento de muchas entidades financieras, lo que
provocó un agravamiento de esa inestabilidad del sector financiero y los
efectos sobre la propia economía real, que se han prolongado durante
mucho tiempo. Nosotros entendemos, y de ahí el apoyo del Grupo
Parlamentario Popular, que era evidente que había que establecer unas
nuevas bases para un sistema bancario solvente, sólido y que al mismo
tiempo fuera capaz de resistir las turbulencias financieras, esas que
ustedes decían que eran de la Champions League, las que nunca vieron,
sobre las que nunca regularon, pero que sí llevaron a una situación de
absoluta inestabilidad financiera al conjunto de la nación española.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández de
Moya.

Terminado el debate de los vetos con las intervenciones de
los proponentes, el turno en contra y la posición de los diferentes
grupos parlamentarios, pasamos a su votación por orden de
presentación.

Veto número 1 de los senadores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto número 1.

Veto número 2 de los senadores Guillot Miravet y Saura
Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto número 2.

Veto número 3 del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto número 3.

Pasamos al debate de las enmiendas presentadas.

Para la defensa de las enmiendas números 1 a 38, del
senador Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, tiene la palabra el
senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Voy a ser muy breve. Doy por defendidas las enmiendas 1 a
38, de los senadores Iglesias y Mariscal.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Quintero.

Intervención del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió para la defensa de las enmiendas 39 a 48.

Tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.

Voy a darlas por defendidas. Agradezco que se haya aceptado
en ponencia la enmienda 44. Teníamos una propuesta de 2 enmiendas
transaccionales sobre la base de la 43 y la 45, pero debido a la brevedad
de tiempo que hemos tenido lo que proponemos es analizarlas con más
detalle y dejarlas para el Pleno para poder tratarlas con más rigor.

Quisiera hacer una defensa de manera especial de las 3
últimas enmiendas, es decir, de la 46, la 47 y la 48, que hacen
referencia a la Ley de cajas y fundaciones bancarias, porque precisamente
en el Congreso se introdujo una modificación en el artículo 45. Lo que
proponemos a través de la enmienda 46 es la supresión de la disposición
final décima, apartado uno. Con la enmienda 47 proponemos una
modificación en relación con la disposición final décima, apartado tres.
Y en la enmienda 48 proponemos la supresión de la disposición final
décima, apartado tres.

Estas tres enmiendas, que hacen referencia al ámbito
competencial de la Ley de fundaciones bancarias, son clave para volver a
la posición que teníamos inicialmente. En consecuencia, pedimos al
Partido Popular que las mire con atención puesto que son, insisto, de
ámbito competencial, como más adelante demostraremos e indicaremos. Estas
enmiendas establecen dudas en cuanto al protectorado de las fundaciones
bancarias cuando su ámbito de actuación sea superior al propio de la
comunidad autónoma donde tienen su sede social. Por lo tanto, pedimos que
se valoren porque, desde nuestro punto de vista, son las más
importantes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Intervención del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la
palabra la senadora Iparragirre para la defensa de las enmiendas 116 a
119.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias,
presidente.

Las doy por defendidas. Simplemente quiero decir que las
enmiendas 116, 117 y 118 que presenta mi grupo responden a la necesidad
de dar cobertura a dos sentencias del Tribunal Constitucional que ya
mencionaré más detalladamente en el Pleno.

La enmienda 119 hace referencia a lo que ya se ha venido
hablando anteriormente en relación con la disposición final que modifica
lo aprobado en diciembre en la Ley de cajas de ahorros y fundaciones.
Modifica el origen del texto que entró en el Congreso y que hoy viene al
Senado, y a pesar de haber escuchado antes en boca del portavoz popular
que a su entender se mantenían y respetaban los ámbitos competenciales,
nosotros discrepamos de ello —en el Pleno lo explicaré con más
detalle—. Antes CiU proponía la supresión, mientras que nosotros
planteamos una exención en el sentido de que en aquellas

comunidades autónomas que ya lo tengan regulado no sea de
aplicación porque entendemos que, además de ser una irrupción en la
competencia que nos corresponde, incumple y rompe el acuerdo alcanzado en
su momento cuando se aprobó la Ley de cajas de ahorros y fundaciones
bancarias. En el turno de portavoces explicaré cuál ha sido nuestra
postura sobre el texto desde el origen de la tramitación parlamentaria y
en qué punto estamos en este momento. En todo caso, agruparía las
enmiendas de esas dos maneras.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

Para la defensa de las enmiendas 49 a 115, tiene la palabra
el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias.

Intervendré brevemente para dar por defendidas nuestras
enmiendas. Lamento la nula receptividad del grupo mayoritario hacia
ellas, como también hacia las de otros grupos. No a las de todos los
grupos, pero sí a las de la mayoría de los grupos. No creo que no se
pueda encontrar entre nuestras enmiendas nada que no sea aprovechable. Es
tanto como si yo dijera aquí que de los 118 artículos de la ley más las
50 disposiciones adicionales, derogatorias y finales, no hay nada
aprovechable. Compartimos la mayoría del contenido de la ley. Por lo
tanto, lo que no entendemos es esta actitud.

También quiero hacer un comentario sobre lo que se ha
puesto de relieve en las intervenciones tanto de Convergència i Unió como
del Grupo Parlamentario Vasco y del propio Grupo Parlamentario Socialista
respecto a la enmienda introducida en el debate en el Congreso y que
afecta a las competencias de las comunidades autónomas en materia del
protectorado de fundaciones bancarias. Coincido en que, por supuesto, la
regulación ha de ser respetuosa con la Constitución —¡faltaría
más!— y con los estatutos de autonomía, que forman parte del bloque
constitucional, pero también, como muy acertadamente señalaba la portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco, con la jurisprudencia constitucional. Lo
que no se puede hacer mediante la legislación estatal, sea de bases o no,
como pone de relieve la jurisprudencia en esta y otras materias, es
vaciar de contenido competencias que los estatutos reconocen a las
comunidades autónomas, y yo creo sinceramente que estamos en uno de estos
casos. Al menos esta es mi opinión.

Por supuesto que defenderemos nuestras enmiendas en el
Pleno y allí ampliaremos la argumentación en torno a ellas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Para la defensa de las enmiendas 120 a 147, del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Intervengo para dar por defendidas nuestras enmiendas y
para volver a hacer una breve reflexión sobre lo que ha planteado mi
compañero el senador Lerma sobre la urgencia, inexplicable e inexplicada
urgencia, reflexión que no haré de forma acalorada ni vehemente, aunque
sí de forma práctica. Ya tenemos ejemplos de leyes que han pasado por el
Congreso y por el Senado y que después se demuestra que tienen graves
errores, e incluso son puestas en duda por los tribunales. Me voy a
referir a la Ley de la justicia universal porque hasta los jueces
plantean errores en ella.

Tramitar las cosas por urgencia tiene una consecuencia
directa, y es que en el Senado no se puede mejorar la ley porque es
imposible tener el tiempo suficiente para reflexionar, los grupos de la
oposición para presentar alternativas y el grupo que apoya al Gobierno
para analizarlas con tranquilidad. Por lo tanto, independientemente de a
quién corresponda la competencia para fijar o no la urgencia, que no lo
voy a discutir, lo que sí es cierto es que si la competencia es del
Gobierno debería ser el grupo que apoya al Gobierno y que tiene la
mayoría quien hiciera esta reflexión al Gobierno, porque si no es muy
difícil para todos plantear nuevas alternativas y para el grupo que apoya
al Gobierno estudiarlas.

Esta ley, aparte de trasponer una directiva y de toda una
serie de cuestiones muy técnicas, tiene aspectos que conllevan un impacto
social importante. En este momento la ciudadanía contempla con malos
ojos, ve con malos ojos a las entidades de crédito porque estas han sido
las que han provocado mucho dolor en muchas familias, y no deberíamos
dejar pasar esta ley sin mejorar, desde nuestro punto de vista, todo lo
que tiene que ver con la transparencia de la remuneración de los
consejeros, con la responsabilidad de los consejeros, con el código
deontológico de los consejeros y de los altos cargos de

las entidades de crédito, porque eso es algo que afecta,
aunque sea de forma coyuntural, a personas que lo están pasando muy mal.
Pero, además, nosotros hemos presentado enmiendas que son suficientemente
sensatas como para que esta ley hable de cómo se recupera el apoyo
público que han tenido los bancos. De eso debería hablar también esta
ley, así como de otros temas, como el de la protección de los usuarios,
el de las comisiones bancarias, el de las cláusulas abusivas de los
contratos entre las entidades de crédito y los ciudadanos. Porque es algo
que ha pasado en este país y volverá pasar. Y si esta ley no mejora este
aspecto, estaremos dejando pasar una oportunidad.

Hace poco se ha elaborado un proyecto de ley que habla de
refinanciar la deuda empresarial. Y, con ocasión de esta ley, este es un
buen momento para aplicar algo parecido para las personas físicas. Una de
nuestras enmiendas pretende que el Gobierno se comprometa a elaborar en
un plazo de tres o seis meses —no recuerdo muy bien— un
proyecto de ley de insolvencia de las personas físicas que contemple la
insolvencia sobrevenida, porque eso está provocando mucho dolor en la
ciudadanía española, en muchas familias que, además de tener los
problemas derivados de la crisis, del paro, de la pobreza, tienen
problemas con sus contratos con las entidades de crédito. Asimismo,
proponemos que se hable de cuestiones como la limitación de los intereses
de demora en las hipotecas. Y todo este tipo de cosas que afectan a los
ciudadanos constituyen el grueso de nuestras enmiendas. Probablemente,
con un proceso más tranquilo de debate podríamos haber llegado a acuerdos
respecto a alguna de ellas.

Doy por defendidas el resto de enmiendas, pero quisiera que
hicieran un esfuerzo. No voy a añadir el tema competencial, del que ya
han hablado los compañeros, más allá de quién estuviera o no en la
Champions League y más allá de este tipo de discursos que, desde luego,
no solucionan ningún problema, y lo digo por el senador Fernández de
Moya. Otros están en la Champions League de la recuperación y, sin
embargo, tenemos un 60% de jóvenes en paro, un 27% de familias en riesgo
de pobreza y más de 5 millones de parados. Pero discutiendo eso no vamos
a solucionar el problema ni de los parados, ni de los jóvenes, ni de los
pobres. Ese tipo de discursos no conducen a nada, no acercan posturas. Y
no acercar posturas en temas como los que he aludido me parece un grave
error.

Con esto termino y doy por defendidas el resto de las
enmiendas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Manchado.

Para la defensa de las enmiendas 148 a 151, y entiendo que
acumula también turno en contra, tiene la palabra el senador Fernández de
Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente.

Intervendré con brevedad en relación con la incorporación
de las 4 enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Popular, sobre
todo porque obran en poder de sus señorías. La enmienda número 148 es
aquella que hace referencia a la modificación del párrafo undécimo del
expositivo segundo del preámbulo II, que queda redactado conforme se
establece en el contenido que ha formulado mi grupo parlamentario.
Fundamentalmente, de lo que se trata es de adaptar la exposición de
motivos a las modificaciones introducidas en el artículo 84 y en el
apartado 24 de la disposición final primera del proyecto de ley.

En cuanto a la enmienda número 149, que modifica el
apartado 2 del artículo 84, el contenido literal se expresa en la propia
enmienda que se formula, y su justificación es ampliar la habilitación
para dictar las normas de contabilidad pública y los modelos a los que
deberán sujetarse los estados financieros de las entidades de
crédito.

La enmienda número 150, que modifica el apartado 24 de la
disposición final primera, y que afecta al artículo 86 sobre obligaciones
de información contable y de consolidación, establece que, dado el
extenso periodo de tramitación de la norma, los plazos para la entrada en
vigor de algunos artículos referentes a obligaciones de Gobierno
corporativo podrían ser excesivamente cortos. De ahí que se proponga una
ampliación del plazo hasta el 31 de octubre.

En último lugar, haré referencia a la enmienda número 151,
al apartado 2 de la disposición final decimocuarta, cuya naturaleza es,
fundamentalmente, de modificación. Pretende la sujeción de los estados
financieros en virtud del artículo 84.1 de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del mercado de valores.

Brevemente, quisiera contestar a algunas intervenciones.
Vuelvo a reiterar respecto a la distribución competencial que, en nuestra
opinión y en la del Grupo Parlamentario Popular, ese marco jurídico queda
salvado en el contenido material de la ley. Además, el propio proyecto de
ley ya contiene disposiciones

—baste leer la disposición final novena.3 o la
disposición adicional quinta— que demuestran el escrupuloso respeto
que se produce en relación con el marco jurídico constitucional y
estatutario.

En cuanto al señor Montilla, hay una parte de su
intervención que me ha llamado poderosamente la atención y que me ha
chocado. Dice usted que comparte sustancialmente una parte importante de
la ley, pero bien que vota a favor de los 3 vetos que se formulan. Por
tanto, veo ahí una contradicción extraordinariamente importante, pues no
sé cómo se puede salvar que estando sustancialmente de acuerdo con la
ley, después se establezcan vetos y se voten a favor, vetos que
precisamente solicitan la devolución del proyecto de ley.

En cuanto al PSOE, hay un discurso que no termino de
entender, pero ahora que ustedes abren un periodo de reflexión, deberían
hacerlo sobre ese no permanente a todo lo que trae el Gobierno de España,
sobre todo porque ustedes no hicieron los deberes cuando tuvieron la
oportunidad de legislar y de poner instrumentos normativos al servicio de
los ciudadanos como lo ha hecho el Gobierno con este proyecto de ley, sin
ir más lejos, en el tema de las participaciones preferentes. En ese
sentido, les pido que reflexionen. Negaron la crisis como ahora niegan el
inicio incipiente, muy pequeño, con mucha hoja de ruta por delante de
recuperación económica. Pero, insisto, ahora que abren un periodo de
reflexión, de verdad, háganlo sobre lo que a ustedes les está
significando el no por el no a todo lo que plantea el Gobierno de
España.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández de
Moya.

Continuamos con la intervención de los grupos
parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Mixto no hay intervenciones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor
presidente.

Llama la atención que en la última intervención que
acabamos de escuchar del portavoz del Grupo Parlamentario Popular haya
hecho alusión a lo pronunciado por el señor Montilla y tengo que decir
que mi grupo comparte lo que el señor Montilla decía pues nosotros
también estamos de acuerdo con gran parte de lo que plantea el proyecto
de ley. Pero yo le haría un símil. Usted decía que está sustancialmente
de acuerdo pero luego votaba a favor de los vetos. Pues ustedes suelen
estar sustancialmente muy de acuerdo con las enmiendas que el resto de
los grupos planteamos y, al final, nunca llegan a ninguna conclusión. El
no por el no al que usted aludía refiriéndose al Grupo Socialista, podría
aplicarse también al no por el no respecto de las enmiendas que se
presentan. Digo esto como introducción porque a mi grupo le parecía
positiva y necesaria la aprobación de este proyecto de ley, vista la
experiencia de los últimos años en el sector financiero y la necesidad de
adoptar medidas con el fin de reforzarlo. Porque la esencia del proyecto
era la trasposición de un reglamento y de una directiva comunitaria con
las que estábamos básicamente de acuerdo. Y, porque, además, durante el
trámite parlamentario consideramos que se había mejorado con la
aceptación de determinadas enmiendas, algunas nuestras, como, por
ejemplo, las relativas a políticas de igualdad dentro de los consejos de
administración y también de otros grupos. Pero, como ya se ha comentado,
ha habido otros cambios sustanciales, especialmente tras la introducción
de algunas enmiendas presentadas por el Grupo Popular.

Y, como dije anteriormente en la defensa de la enmienda
número 119 que presenta mi grupo, seguimos siendo de la opinión de que
este texto no respeta, en nuestro caso concreto, la ley de fundaciones
del País Vasco. Además, los equilibrios políticos y los acuerdos
alcanzados hace unos meses, como he citado también anteriormente respecto
a la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, no sabemos muy bien
dónde quedan. Nos parece que no son formas de legislar. Incluso, en el
informe que nos ha trasladado la letrada, se considera que, desde el
punto de vista técnico-legislativo, no parece lo más apropiado —y
leo literalmente— que se modifique la disposición final primera de
esta manera porque tiene entidad suficiente como para ser tramitada como
proyecto de ley independiente. En algunos casos, como este, porque se
considera que tiene entidad suficiente y por ello se le debería dedicar
más tiempo, como ya se ha mencionado, y en otros, como es el caso de las
cajas de ahorros y fundaciones, porque se desdice de lo que hace unos
meses acordamos.

Por último, quiero hacer mención a la justificación de la
urgencia, algo de lo que también se ha hablado anteriormente. Mi grupo no
encuentra justificación para esa urgencia cuando, además, tras lo que
aprobemos hoy, dentro de seis meses, con la aprobación de otra ley, vía
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular o de alguna otra
manera, podemos encontrarnos con modificaciones de lo aquí acordado.

Por ello, he dicho al principio que sí que estábamos de
acuerdo —he utilizado el pasado y no ha sido por error—,
porque cuando uno está de acuerdo con el contenido, no cambia de la noche
a la mañana, y las modificaciones que se han producido a lo largo del
trámite parlamentario hacen que en este momento nuestra posición no sea
la misma que en origen, sin ninguna duda.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
el senador Montilla tiene la palabra.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, presidente.

Voy a intervenir muy brevemente para aclarar al señor
Fernández de Moya que los senadores socialistas no hemos presentado veto
a esta ley porque pensamos que es una ley necesaria. Hay una parte
vigente después de la aprobación del decreto ley en su momento y es
trasposición de una directiva cuyo contenido compartimos en gran parte.
Otra cosa son todas aquellas cuestiones añadidas que ustedes han regulado
y se podían haber regulado de otra manera, y aquí es donde está la
cuestión, porque no hemos visto receptividad hacia alguna de nuestras
enmiendas. ¿No les gusta ninguna de nuestras enmiendas? ¿Todas son
descartables? ¿Las nuestras, las del Grupo Parlamentario Socialista?
Nosotros somos de los que pensamos que las cosas no siempre son blancas o
negras. Normalmente, nunca o casi nunca son blancas o negras, más bien
son grises, y no hay algo que se haga del todo mal ni del todo bien. Yo
no soy tampoco de los que dice que el Gobierno todo lo hace mal: algunas
cosas no las hace mal, no me duelen prendas en reconocerlo; pero a veces
parece que ustedes consideran que la oposición siempre lo hace todo mal.
Hoy tenemos una prueba de ello: ninguna de nuestras enmiendas se ha
incorporado, ninguna ha merecido su reconocimiento ni su discusión. No
querrán que, además, tengamos una actitud positiva respecto a la ley.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.

Simplemente intervengo para hacer algunas reflexiones en
relación con lo que se ha comentado. Como decía anteriormente, nuestro
grupo dio su apoyo a la convalidación del Real Decreto Ley 14/2013, del
pasado mes de noviembre. Esta ley recoge en gran parte este real decreto
ley, con lo cual, cuando se inició el debate en el Congreso de los
Diputados, nuestro grupo era favorable a esta ley en su conjunto. ¿Qué ha
ocurrido mientras? Lo que ha ocurrido es que estamos hablando de otra ley
debido a las enmiendas que ustedes introdujeron en relación con las
fundaciones bancarias, y me refiero al artículo 45 que hace referencia al
protectorado. Cuando se tramitó y debatió la Ley de fundaciones
bancarias, nuestro grupo se abstuvo, precisamente porque dice así: En el
supuesto de fundaciones bancarias cuyo ámbito de actividad principal
exceda del territorio de una comunidad autónoma, el protectorado será
ejercido por el Ministerio de Economía y Competitividad, en caso
contrario, el protectorado será ejercido por la correspondiente comunidad
autónoma. Nosotros nos abstuvimos por ello, porque si el protectorado
tiene otro ámbito de actuación, algo tendrá que decir la comunidad
autónoma, y después comentaré lo que dice el Estatuto de Autonomía de
Cataluña. Y ahora resulta que, a través de la enmienda, este artículo 45
lo que hace es agravar todavía más la situación porque establece que una
fundación bancaria excede de una comunidad autónoma cuando el 40% de la
actividad de las entidades de crédito en las que participe directa o
indirectamente, considerando la distribución territorial de los depósitos
de sus clientes, se realice fuera de la comunidad autónoma en la que la
fundación tiene su sede. Por tanto, desde este punto de vista, estamos
agravando la situación que contenía el artículo 45 de la ley
anterior.

Y permítame, señor Fernández de Moya, que lea el artículo
120 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, porque usted dice que esta ley
es respetuosa con el estatuto, y yo le digo que no. El artículo 120 del
estatut dice: Corresponde a la Generalitat, en relación con las cajas de
ahorros domiciliadas en Cataluña, la competencia exclusiva sobre la
organización, respetando lo que dicte el Estado sobre las bases de la
normativa actual. En todo caso, el propio Estatuto de Autonomía de
Cataluña establece que es materia de competencia exclusiva la
determinación de los órganos de gobierno, el estatuto jurídico de sus
miembros, el régimen jurídico de creación, fusión y liquidación de cajas,
las potestades sobre las fundaciones y la regulación de las agrupaciones
de cajas que se creen. Lamentamos muchísimo que

estas enmiendas, y la que introdujeron en su momento, vayan
en sentido contrario de lo que entendemos que son competencias
autonómicas.

Por tanto, les queda margen de aquí al pleno de la semana
que viene, para reflexionar sobre esta cuestión. En definitiva, nosotros
hoy, aquí, nos vamos a abstener por estas razones porque vemos claramente
que es una situación que perjudica a las fundaciones bancarias. Estamos
hablando de otra ley que ya pasó por aquí; hemos empeorado las
circunstancias y esto ha hecho que nuestro sentido del voto cambie con
respecto a la previsión inicial.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Quiero empezar mi intervención asegurando al señor
Fernández de Moya que mi partido reflexionará lo que consideremos que
tenemos que reflexionar y, desde luego, sin aceptar ningún consejo. El
discurso del no permanente es un eslogan, porque quiero recordarle que
las dos últimas leyes en las que yo he participado como ponente las hemos
aprobado por unanimidad. Hemos votado con el Partido Popular la Ley de
telecomunicaciones y la Ley de cámaras, por tanto, a lo mejor el problema
no está en este grupo sino en el otro; a lo mejor, cuando ustedes se
muestran dispuestos a dialogar, como se mostró el Gobierno en el caso de
la Ley de telecomunicaciones y en la Ley de cámaras planteando la
presencia en esta Cámara de los secretarios de Estado de Comercio y de
Telecomunicaciones, llegamos a algún acuerdo. Por tanto, a lo mejor hay
que mirar cuál es el problema porque, a veces, no está en el vecino sino
en uno mismo, con lo cual, lo del no permanente no es cierto, es
radicalmente falso. Quiero que conste en el Diario de Sesiones que es
falso porque nosotros hemos aprobado últimamente, en este periodo de
sesiones, al menos esas dos leyes con el Grupo Parlamentario Popular. Por
consiguiente, no es verdad lo del no permanente y tampoco es verdad que
esta ley sea perfecta. Y sigo diciendo que en esta ley, seguramente con
los mismos interlocutores —con ustedes— y con los mismos
miembros del Gobierno, los que correspondan en este momento, con más
tiempo, probablemente llegaríamos a alcanzar acuerdos; probablemente,
algunas de esas enmiendas que hemos presentado todos los grupos les
parecerían correctas y las incorporaríamos a dicha ley, con lo cual, la
ley sería mejor. Ese es el planteamiento del que deberíamos partir
siempre que empezamos a debatir leyes.

Quiero que tengan en cuenta esto. Desde que estoy aquí, en
el Senado, no he hecho ninguna intervención ni en comisión ni en Pleno
que cierre la puerta al acuerdo, absolutamente ninguna. Y como los
Diarios de Sesiones son testigos de lo que le digo, le reto a que los
lean y me digan en qué momento yo, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, cuando dicho grupo me ha dado la posibilidad de ser su
portavoz, he cerrado la puerta a alcanzar acuerdos; en ninguno, y en este
caso tampoco. Lo que ocurre, señor Fernández de Moya, es que nosotros
entendemos que este es un proyecto de ley que traspone la directiva en
algunos casos, como el de las preferentes, pero que, en el fondo, se
olvida de una parte muy importante de las entidades de crédito, que son
sus clientes, sus usuarios, y que es mejorable desde ese punto de vista.
Por tanto, lo que les pedimos es que la mejoremos entre todos. Esa es la
petición que hacemos, que mejoremos un proyecto de ley que se olvida de
los usuarios y de los clientes y que tiene tics que nos hacen pensar que
son más cómplices de determinadas prácticas que han pasado y que han
producido dolor en España que de la voluntad de solventarlos. Si ustedes
son capaces de reflexionar y llegar a acuerdos sobre algunas enmiendas, a
lo mejor seremos capaces de llegar a acuerdos en el proyecto de ley. Y yo
coincido con los senadores que han señalado que es un proyecto de ley lo
suficientemente importante como para que salga con más acuerdos que con
el simple voto del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Pero, como
siempre, está en sus manos; son ustedes quienes tienen que demostrar la
voluntad de diálogo, y mientras no la demuestren ustedes no nos acusen a
nosotros del no permanente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente.

Afortunadamente, todo queda reflejado en el Diario de
Sesiones, y probablemente haya sido un error de la senadora vasca, porque
en ningún momento yo he dicho que estuviera sustancialmente de acuerdo
con las enmiendas que se han formulado a este proyecto de ley. No sé de
dónde se ha sacado usted esta afirmación. Yo he dicho que estoy de
acuerdo con las cuatro enmiendas que ha incorporado el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado y con la enmienda número 44, en este
caso, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y 43 y 45 que
estamos transaccionando. Yo le pediría que usted me dijese en qué momento
de esta comisión yo he dicho que estoy sustancialmente de acuerdo con las
enmiendas, porque simple y llanamente no es verdad, y es un dato objetivo
que se puede constatar consultando el Diario de Sesiones.

Senador Alturo, yo lamento profundamente que usted solo me
lea el Estatuto de Autonomía de Cataluña. ¿Por qué no me ha leído el 149
de la Constitución Española, que establece la planificación de la
actividad económica general y la legislación básica a través de
instrumentos a entidades financieras y como mecanismo de supervisión que
corresponde al Estado respecto a las comunidades autónomas? Es que la
Constitución está por encima del Estatuto de Autonomía; el Estatuto de
Autonomía existe porque existe la Constitución Española, si no, no habría
Estatuto de Autonomía. De hecho, se aprueban por leyes orgánicas, tal
como prevé el artículo 81 de la Constitución Española, que es fuente
autónoma y heterónoma de norma jurídica, y es la que genera la existencia
de una ley orgánica que delimita que se apruebe un estatuto de autonomía.
Por lo tanto, léame usted lo que significa la ley de leyes, la norma de
normas, que es la norma suprema, y no es el Estatuto de Autonomía, es la
Constitución Española de 1978. Lo digo porque es importante que si
hablamos de normativa jurídica y de ordenamiento jurídico interno citemos
las fuentes que obligan al Gobierno, es decir, el principio de legalidad
y de jerarquía normativa; y en este caso lo es la Constitución Española,
y yo estaré encantado de debatir —algunas sentencias del Tribunal
Constitucional tengo ya preparadas para el debate en el Pleno—
sobre el ámbito y delimitación competencial entre el Estado y las
comunidades autónomas en esta materia.

Señor Manchado, le vuelvo a reiterar que ahí está el Diario
de Sesiones, y ustedes están permanentemente en el no por el no. Yo les
invito a que reflexionen si esa estrategia es o no correcta; y como
ustedes han abierto ese período de reflexión, que puedan trasladar a toda
la sociedad española si esa estrategia es o no correcta.

Señoría, usted se ha referido a las preferentes. Y yo
quiero recordarle algo que me parece importante. En el caso de las
preferentes, hemos introducido tres cambios; lo ha hecho el Gobierno del
Partido Popular, no el Gobierno socialista, con el que se generó y creó
el problema. Lo ha hecho el Gobierno del Partido Popular. El precio de la
preferente tiene que estar fijado al menos por un segmento institucional
que suponga el 50% —medida aprobada por el Gobierno del Partido
Popular—. No se pueden hacer inversiones de menos de 100 000 euros
para evitar que haya pequeños ahorradores —medida aprobada por el
Gobierno del Partido Popular—. Y, por último, se obliga a poner de
puño y letra que, efectivamente, se entiende qué es este producto.

¿Por qué no lo hicieron ustedes? Esto es muy sencillo. ¿Por
qué no legislaron ustedes? Ha sido un Gobierno del Partido Popular el que
lo ha hecho, y esto ha generado mucho sufrimiento en muchos ciudadanos
españoles; pero indudablemente ha sido este Gobierno el que ha tomado las
medidas, y eso está ahí y es un dato objetivo.

Yo lo único que les pido es que reflexionen de aquí al
Pleno de la semana que viene en donde debatiremos, siempre con respeto,
lo que significa la posición de cada uno de los grupos parlamentarios,
pero como yo vengo de una tierra, la tierra andaluza, donde se vive con
pasión la política, como en otros muchos lugares de España,
evidentemente, cada formación política y cada grupo parlamentario,
legítimamente, expondrá cuál es su criterio, su opinión y su votación
final.

Por cierto, también quiero dejar muy claro, tal y como ha
dicho el presidente de la comisión, que si ustedes se repasan el
Reglamento de la Cámara que nos rige, que es nuestra norma interna, el
Gobierno ejerce su facultad, desde el punto de vista formal y material,
si quiere declarar el procedimiento en su tramitación de urgencia. Nadie
lo discute; como ustedes lo hicieron cuando gobernaron con Zapatero, con
Felipe González y cuantos presidentes del Gobierno ha tenido la
democracia española.

Por lo tanto, el Gobierno está ejerciendo en su ámbito
formal y material una competencia que le confiere la normativa por la que
se regula la tramitación de una iniciativa legislativa que emana del
Gobierno y —señor presidente, con esto termino— el Grupo
Parlamentario Popular apoya.

Muchas gracias. (La señora Iparragirre Bemposta pide la
palabra.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández de
Moya.

Sustanciado el debate de las enmiendas y conforme determina
el artículo 116.2 del Reglamento del Senado, sometemos a votación la
propuesta que ha formulado la ponencia, que ha acordado por mayoría
incorporar al texto remitido por el Congreso de los Diputados... (La
señora Iparragirre Bemposta pide la palabra.) Entiendo que pide la
palabra por alusiones.

Tiene la palabra.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Sí, quisiera hacer la
aclaración que él ha pedido.

Sin duda, en el Diario de Sesiones estará lo que he dicho.
Quizás lo que he dicho no es lo que quería decir y eso es lo que quería
explicarle. No se sonría. Usted ha pedido una aclaración y yo se la doy.
No tengo ninguna dificultad en explicar cuál era mi intención. He tomado
nota cuando decía que, sustancialmente, estando de acuerdo, votará a
favor de los vetos. El paralelismo que quería hacer era que en muchas
ocasiones —quizás no en el caso de estas enmiendas y por eso lo que
he dicho no era correcto—, en el hemiciclo, en la sesión plenaria,
referido a una moción o a otra iniciativa, escuchamos de boca del Grupo
Parlamentario Popular que pueden estar de acuerdo, pero siempre hay una
justificación —lógicamente, como usted ha dicho al final, legítima
desde la opinión que cada uno tiene— para terminar diciendo que no
nos la pueden aceptar. Ese paralelismo entre estando de acuerdo, no poder
aceptar, o estando sustancialmente de acuerdo, no poder votar a favor es
el que he tenido la intención de hacer. Sin duda, el Diario de Sesiones
reflejará que lo que estoy diciendo ahora no es lo que he dicho antes.
Pero ya que usted ha pedido la aclaración, quiero indicar simplemente
cuál ha sido mi intención.

Muchas gracias por el turno.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Iparragirre.

Tiene la palabra el senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Como la conozco, me ha
extrañado esa afirmación. Por lo tanto, le agradezco la aclaración,
porque sé que usted trabaja con rigor y con precisión. Por eso me ha
extrañado esa afirmación que no había salido de mis labios.

Muchas gracias por su aclaración.

El señor PRESIDENTE: Aclarada la cuestión, continuamos.

Esta Presidencia estaba diciendo que, conforme al artículo
116.2 del Reglamento del Senado, una vez terminado el debate, vamos a
someter a votación el acuerdo del informe de la ponencia, que por mayoría
ha determinado incorporar el texto del Congreso de los Diputados las
enmiendas 148 a 151, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y la
enmienda número 44, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.

En tal sentido, sometemos a votación dicho informe.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 16; en contra, 7; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la
ponencia del Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de
entidades de crédito que hemos sustanciado en la sesión de la comisión
del día de hoy.

Les comunico a todos ustedes que el plazo para la
presentación de los votos particulares termina mañana. Además, hay que
designar al miembro de la comisión que hará la presentación del dictamen
ante el Pleno del Senado. (Varios señores miembros de la comisión: El
presidente de la comisión.) Esta Presidencia sustanciará dicha
presentación.

Muchas gracias a todas sus señorías por su asistencia, por
el nivel y por la profundidad del debate que se ha mantenido en relación
con este importante proyecto de ley.

Se levanta la sesión.

Eran las trece horas y veinte minutos.