Ese es el contexto en el que se inscribe el origen del
Programa de asistencia financiera externa, aprobado por el Eurogrupo el
20 de julio de 2012, que incluía la disponibilidad de fondos europeos por
un importe máximo de 100 000 millones de euros y un Memorando de
Entendimiento (MOU) acordado por las autoridades españoles y europeas,
también con la participación del Fondo Monetario Internacional, donde se
recogía una estrategia de fortalecimiento de nuestro sistema
bancario.

Una parte esencial de la estrategia consistió en reforzar
los poderes del FROB, con objeto de posibilitar la reestructuración de la
parte más débil de nuestro sistema bancario. En concreto, con la
aprobación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, que convalidaba el Real
Decreto Ley 24/2012, de 31 de agosto, el FROB obtuvo el marco legal y
operativo necesario para facilitar la reestructuración y, en su caso, la
resolución ordenada de las entidades de crédito.

Esta normativa se sitúa entre las más avanzadas en materia
de resolución, anticipando gran parte de las medidas que están recogidas
en el proyecto de directiva europea de recuperación y resolución
bancaria, que se prevé sea aprobada próximamente. En concreto, la
mencionada norma dota al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria de
las facultades mercantiles y administrativas que permiten, para la
consecución de un objetivo superior, como es la preservación de la
estabilidad financiera, la sustitución de la junta general de accionistas
o del consejo de administración de una sociedad anónima. Ello facilita la
adopción y ejecución en breve plazo de tiempo de acuerdos como aumentos o
reducciones de capital, modificaciones estatutarias, etcétera. Asimismo,
se otorga al FROB la posibilidad de implementar acciones de gestión de
instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada, con el objeto de
minimizar los apoyos públicos y hacer eficaz el principio de contribución
de los accionistas y acreedores a los costes de la reestructuración o
resolución. Estas facultades han permitido al FROB gestionar los rescates
bancarios, logrando un compromiso razonable entre la protección adecuada
de los clientes bancarios y la minimización de los costes para los
contribuyentes.

El FROB debe entenderse, por tanto, como un producto claro
de la crisis económica y financiera y un instrumento eficaz para
preservar la estabilidad financiera con el menor coste público posible.
Sus actuaciones han resultado determinantes para llevar a buen puerto la
reforma del sistema bancario iniciada con la firma del Memorando de
Entendimiento hace ya un año y medio.

El momento en que se produce esta comparecencia en el
Senado no podría ser más oportuno. Hace, como saben, apenas unas semanas
el Eurogrupo certificó el cumplimiento de los compromisos contraídos en
el Memorando de Entendimiento y en el Programa de asistencia financiera,
y confirmó la finalización de este programa en enero de 2014 basándose en
las valoraciones, en los informes favorables emitidos por la Comisión
Europea, el Banco Central Europeo y también por el Fondo Monetario
Internacional.

Por lo tanto, considero que esta es una buena oportunidad
para revisar ante sus señorías los principales hitos de la reforma
efectuada y, en particular, aquellos en los que el FROB ha estado
involucrado, señalar, además, las tareas más relevantes en el momento
presente y, finalmente, si me lo permiten, comentar los efectos del
proceso acometido sobre la situación actual y las perspectivas de nuestro
sistema bancario.

Los componentes de la estrategia de reforma contenida en el
programa eran fundamentalmente cinco. En primer lugar, la identificación
de las necesidades de fondos propios específicas de cada entidad de
crédito. En segundo lugar, la adopción de planes para la cobertura del
déficit de capital mediante actuaciones de las propias entidades y, en
los casos en que fuera necesario, mediante ayuda pública. En tercer
lugar, el saneamiento de los balances de todas las entidades vulnerables
mediante la transmisión de activos ligados al sector inmobiliario a una
compañía de gestión de activos externa. En cuarto lugar, la aprobación de
planes de reestructuración o resolución de las entidades con ayudas
públicas, con objeto de reforzar la eficiencia de las entidades viables y
también promover la desaparición —desaparición ordenada— como
entidades independientes de aquellos bancos no viables. Finalmente, en
quinto lugar, el programa incluía la adopción de un conjunto de reformas
y cambios legales destinados a fortalecer el sistema bancario en su
conjunto.

El FROB ha tenido, lógicamente, un papel relevante en todo
el proceso, actuando siempre en coordinación con el Ministerio de
Economía y Competitividad, con el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y, por supuesto, con el Banco de España.

Si me lo permiten, resumiré brevemente las principales
actuaciones en cada etapa de la estrategia, con la excepción de la
reforma regulatoria por considerarlo innecesario ya que esta Cámara,
evidentemente, ha participado directamente en la misma como parte del
poder legislativo de la nación.

El primer paso de la estrategia fue, como he dicho, la
identificación de las necesidades de capital de los bancos españoles.
Este se basó en un ejercicio conducido por un consultor externo y que
contó con la colaboración de las cuatro principales firmas de auditoría y
dos empresas especializadas en la valoración de activos inmobiliarios. El
ejercicio se estructuró en dos fases: en primer lugar, una revisión
exhaustiva de la calidad y del tratamiento contable de los activos y, en
segundo lugar, unas pruebas de esfuerzo o de estrés test desagregado,
banco a banco.

A pesar de que el ejercicio se condujo con una elevada
rapidez —apenas tres meses—, creo que fue posible satisfacer
los mejores estándares de rigor. Ello responde al amplio alcance del
ejercicio, que abarcó más del 90% del sistema bancario; la exhaustividad
de la información utilizada; la severidad de los escenarios
macroeconómicos considerados y la sólida estructura de gobernanza, en la
que participaron autoridades nacionales e internacionales a las que
reportaban regularmente los consultores externos contratados. Creo que
resulta ilustrativo de la rigurosidad del análisis realizado el hecho de
que el Banco Central Europeo lo haya utilizado como referencia para el
diseño del ejercicio de valoración de la banca europea, que debe realizar
con anterioridad al comienzo de las actividades del mecanismo único de
supervisión el próximo año, de acuerdo con el reglamento comunitario que
acaba de ser aprobado.

Como recordarán sus señorías, los resultados de la prueba
de esfuerzo fueron presentados en septiembre del año 2012. Esos
resultados revelaron que las necesidades de capital del conjunto del
sistema, en un escenario adverso, ascendían a algo más de 57 000 millones
de euros, claramente por debajo del respaldo máximo contemplado en el
Programa de asistencia financiera. Asimismo, casi un 90% de esas
necesidades estaban concentradas en las cuatro entidades que ya en aquel
momento controlaba el FROB. De este modo, el ejercicio reveló que el
núcleo del sector financiero español, aproximadamente el 80% del mismo,
no requería capital adicional o lo podía obtener sin ayuda pública. Creo
que este hecho no se ha enfatizado suficientemente. Creo que la sólida
posición de solvencia de la mayor parte de nuestro sistema bancario, a
pesar de la profunda crisis que atravesaba nuestra economía y del colapso
del sector inmobiliario, ha supuesto una diferencia cualitativa relevante
respecto a las crisis bancarias generalizadas atravesadas en otras
jurisdicciones, y que esta singularidad de los problemas de la crisis
financiera en nuestro país ha moderado claramente el alcance de la crisis
y ha facilitado de modo apreciable la gestión del proceso de reforma.

Una vez identificadas las necesidades de capital de cada
entidad de crédito, el siguiente paso en la hoja de ruta consistió en
proceder al proceso de recapitalización de los bancos que así lo
necesitaran. Como saben, las ayudas públicas finalmente desembolsadas han
sido menores a las necesidades de capital estimadas en las pruebas de
resistencia, como consecuencia de la capacidad de las entidades para
generar capital por sus propios medios, al efecto de la segregación de
activos problemáticos, de la transmisión de esos activos a la SAREB y,
principalmente, a la asunción de pérdidas por parte de los tenedores de
instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada, las participaciones
preferentes y los bonos de deuda subordinada, a los que me referiré más
adelante.

En cumplimiento de la Ley 9/2012 y según los términos del
Memorando de Entendimiento, la estrategia de recapitalización fue
recogida en los planes presentados en el Banco de España y la Comisión
Europea para su aprobación. Los planes de resolución para las entidades
del denominado Grupo 1, participadas mayoritariamente por el FROB y
compuesto por BFA/Bankia, Catalunya Banc, Nova Caixa Galicia-Banco y
Banco de Valencia, fueron elaborados por el FROB y aprobados por el Banco
de España primero y por la Comisión Europea después, en noviembre de
2012.Los planes de las entidades del denominado Grupo 2, es decir, bancos
no participados en aquel momento por el FROB que requerían ayuda estatal,
como Banco Mare Nostrum, Grupo Banco Caja 3, CEISS y Liberbank, fueron
aprobados durante el mes de diciembre de ese mismo año, en 2012.

Las ayudas públicas finalmente desembolsadas ascendieron a
un total de 39 000 millones de euros, aproximadamente, correspondiendo
algo menos de 37 000 millones al Grupo 1 y algo más de 1800 millones al
Grupo 2. La elección del instrumento para canalizar el apoyo financiero,
acciones ordinarias o instrumentos convertibles computables como capital
principal, dependió principalmente de la situación de capital de cada
entidad. En concreto, las entidades del Grupo 1 recibieron los fondos
mediante la suscripción de acciones ordinarias de nueva emisión. Todas
ellas presentaban valores económicos y contables negativos y, en
consecuencia, unas elevadas necesidades de capital. Por su parte, de las
cuatro entidades del Grupo 2, tres de ellas recibieron apoyo financiero
mediante la suscripción de instrumentos convertibles en acciones,
(CoCos), mientras que la cuarta, BMN, fue objeto de una ampliación de
capital suscrita por el FROB.

En todos los casos, los accionistas de las entidades
contribuyeron a los costes de la reestructuración, absorbiendo las
pérdidas antes de la inyección de fondos públicos y soportando un efecto
dilución muy pronunciado. El alcance de estas actuaciones fue muy amplio,
hasta el punto de que las cajas de ahorros que controlaban los bancos
rescatados del Grupo 1 perdieron toda su participación en los mismos. Por
lo tanto, debe señalarse que los fondos públicos aportados no han sido
utilizados para rescatar a los antiguos propietarios de las entidades
apoyadas, sino más bien para proteger a los depositantes y otros
acreedores de las entidades, con objeto de preservar la estabilidad del
sistema financiero.

Con todo, llegados a este punto es obligado preguntarse
cuál ha sido el coste total para el contribuyente de esas actuaciones de
las autoridades públicas en relación con la estabilidad del sistema
bancario y permítanme que intente dar respuesta a esta pregunta
aprovechando la detallada información que el Banco de España viene
publicando al respecto.

En el marco del Memorando de Entendimiento del Programa de
asistencia financiera, como he detallado, la cuantía total de la ayuda
pública requerida por los bancos nacionales fue de 39 000 millones de
euros. Con anterioridad a este MOU y desde mayo de 2009, se prestaron
ayudas públicas en diversas formas a través del FROB, ya fuera bajo el
programa del denominado FROB 1, establecido por el Real Decreto Ley
9/2009, de 26 de junio, o por el denominado FROB 2, establecido por el
Real Decreto Ley 2/2011, de 18 de febrero. En total, las ayudas públicas
instrumentadas por esos dos programas ascendieron a 14 404 millones de
euros. Finalmente, debe tenerse en cuenta la ayuda que prestó el Fondo de
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito en el caso de Unimm, CAM y
CCM, que supuso un total de 7884 millones de euros.

En total, la aportación de fondos públicos se sitúa en una
cifra aproximada de 61 366 millones de euros, comprometida en diversas
formas de capital desde mayo de 2009. Esta cifra no tiene en cuenta, por
su naturaleza contingente, el volumen de avales concedidos por el Estado
a las entidades ni tampoco, evidentemente, los apoyos contingentes
formalizados mediante esquemas de protección de activos en algunos
procesos de integración. Por lo tanto, las ayudas públicas comentadas se
sitúan en una cifra próxima al 6% del PIB. Se trata, indudablemente, de
una cifra muy significativa pero que, francamente, no destaca en exceso
de la registrada en otros países europeos afectados por la crisis
financiera. De hecho, las ayudas públicas otorgadas en España representan
aproximadamente el 15% del total de la Unión Europea desde 2008. Si lo
prefieren, en términos del producto interior bruto, las ayudas realizadas
en España se sitúan en niveles comparables a las realizadas en Reino
Unido, Bélgica, Holanda y Portugal, y sustancialmente por debajo de las
cifras alcanzadas en países como Grecia, Chipre o Irlanda.

Uno de los componentes más sensibles y complejos del
proceso de reforma han sido, sin duda, los ejercicios de gestión de
instrumentos híbridos por el que los tenedores de participaciones
preferentes y de deuda subordinada han asumido una gran parte, parte
notable al menos, de los costes de la recapitalización de las entidades.
Tal y como establece el Memorando de Entendimiento, y con el fin de
aligerar la carga al contribuyente, tras asignarse pérdidas a los
accionistas, se exigió la aplicación de medidas para repartir la carga
entre los titulares de capital híbrido y deuda subordinada, ya fuera
mediante ejercicios voluntarios u obligatorios.

En síntesis, las acciones implementadas implicaron un
recorte sobre el valor nominal de los títulos y su posterior reinversión
en acciones u otros instrumentos de capital. Los tenedores de deuda
subordinada con vencimiento tuvieron, con carácter general, la opción de
elegir como alternativa a las acciones la reinversión de sus títulos,
previo el oportuno recorte, en un producto de deuda senior, con idéntico
vencimiento a los instrumentos subordinados y con un cupón del 2%
pagadero a vencimiento. Ahora bien, el tratamiento de los títulos, tanto
en cuanto al recorte como al activo que se ofreció en canje, varió en
función del instrumento de origen, el tipo de interés de la emisión y la
fecha de vencimiento, de acuerdo con los requisitos establecidos por la
Comisión Europea. En total, los ejercicios de asunción de pérdidas por
parte de tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada han
afectado a un volumen total de 14 750 millones de euros, lo que se ha
traducido en una importante reducción del coste de la recapitalización
bancaria para el contribuyente.

Con todo, es evidente para todos nosotros que el caso
español reviste una singularidad relevante, en la medida en que una parte
importante de los tenedores de esos instrumentos híbridos eran inversores
minoristas. En concreto, el 83% del volumen invertido en instrumentos
híbridos estaba en manos de 611 500 inversores minoristas en el momento
de la ejecución de los ejercicios. Esta singularidad, unida a la
existencia de malas prácticas de comercialización de estos instrumentos,
tal y como ha sido

evidenciado y acreditado en sede administrativa y judicial,
ha ampliado sensiblemente los costes sociales de los ejercicios de
gestión de híbridos y ha deteriorado el valor de la franquicia de las
entidades afectadas.

Por ello, la estrategia de las autoridades ha consistido,
por una parte, en explotar el margen permitido por la normativa
comunitaria y nacional, con objeto de aliviar la carga para los clientes
minoristas y, por otra, en facilitar la restitución del daño en el caso
de aquellos inversores que hubieran sido perjudicados por una deficiente
comercialización. Esa estrategia se ha concretado esencialmente en tres
actuaciones. En primer lugar, la reducción en lo posible de los recortes
de valoración a aplicar. En segundo lugar, el establecimiento de un
mecanismo de liquidez para los inversores en títulos de entidades no
cotizadas. Y, en tercer lugar, el establecimiento de mecanismos de
arbitraje como alternativa a la vía judicial para los inversores
presuntamente afectados por una mala comercialización.

La ejecución de los ejercicios de gestión de híbridos ha
supuesto, en términos medios, un recorte del 26% sobre el conjunto de las
emisiones de participaciones preferentes y deuda subordinada de las
entidades que han recibido apoyo público. Aunque se trata de pérdidas
significativas de valor, esas resultan inferiores a los recortes
aplicados en otros países, como Irlanda, donde los recortes a la deuda
subordinada fueron superiores al 70%, o en el caso de un banco holandés,
donde los recortes llegaron prácticamente al 100%. Es más, resulta
previsible que, una vez entre en vigor la futura directiva de
recuperación y resolución bancaria, los saldos emitidos de instrumentos
híbridos deban, como regla general, ser completamente utilizados para
recapitalizar a las entidades vulnerables antes de cualquier inyección de
fondos ajenos a la entidad.

Con objeto de que la Comisión Europea, en cumplimiento de
sus propios criterios sobre ayudas de Estado, aceptara unos recortes más
moderados que los previstos inicialmente, el valor recuperable por los
inversores debió materializarse en acciones ordinarias computables como
capital de primera calidad. En el caso de Bankia, por ejemplo, se
recibieron acciones a un precio de suscripción de 1,35 euros, las cuales
han llegado a cotizar en el período de tiempo transcurrido tras su
admisión a cotización a un máximo de 1,18 euros por acción, es decir, a
un 87,4% del precio de adquisición.

Naturalmente, el tipo de canje instrumentado
—híbridos por acciones— resultaba especialmente gravoso para
los inversores de entidades como NCG Banco o Catalunya Banc, cuyas
acciones no cotizan en mercados líquidos. Para aliviar este coste se
estableció un mecanismo de liquidez a través del Fondo de Garantía de
Depósitos. Así, el Real Decreto—ley 6/2013, de 22 de marzo, otorgó
al Fondo de Garantía de Depósitos la capacidad de adquirir, a precios de
mercado, las acciones no cotizadas que resultasen de los canjes
obligatorios de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada.

En virtud de esta norma, la Comisión Gestora del Fondo de
Garantía de Depósitos, en sus sesiones de 4 y 7 de junio de 2013, acordó
formular una oferta de carácter voluntario para la adquisición de las
acciones de NCG y CX suscritas en el marco de las acciones de gestión de
instrumentos híbridos o deuda subordinada, dirigida exclusivamente a los
titulares que tuvieran la condición de clientes minoristas. El plazo para
la aceptación de la referida oferta terminó el pasado 12 de julio y se
saldó con una gran aceptación. De hecho, la oferta para la adquisición de
títulos de NCG Banco y CX fue aceptada por titulares que representaban el
88,3% de las acciones a las que se dirigía la oferta en el primer caso
—en el caso de NCG— y el 97% en el segundo caso —en el
de CX—. El coste total de la operación ascendió a algo más de 1800
millones de euros, que será sufragado por la industria a través de sus
aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos. Además, la industria y
los bancos serán los que asuman en último término el riesgo relativo a
una posible depreciación de las acciones adquiridas hasta el momento de
su enajenación.

Finalmente, para hacer frente a los casos en los que se
había producido una deficiente comercialización de instrumentos híbridos,
se han establecido mecanismos de arbitraje voluntarios en las entidades
participadas por el FROB que en el pasado habían colocado sus
instrumentos entre su clientela minorista. Esos instrumentos se han
ejecutado de acuerdo con los criterios publicados el 17 de abril de 2013
por la Comisión de seguimiento de los instrumentos híbridos de capital y
deuda subordinada, creada por el Real Decreto—ley 6/2013, de 22 de
marzo. A día de hoy han acudido 427 802 inversores a los procesos de
arbitraje abiertos en NCG Banco, Catalunya Banc y BFA Bankia, lo que
supone el 80% de los titulares con derecho a arbitraje y que representan
un 70% del importe total. De este modo, ya hay 144 189 inversores que han
recibido un laudo positivo en el arbitraje, lo que equivale al 34% de los
titulares que lo han solicitado. No obstante, hay que tener en cuenta que
si bien el proceso ya está completado en el caso de Novacaixagalicia,
donde el 62% de los inversores que solicitaron el arbitraje han
recuperado el 100% de la inversión como consecuencia del laudo positivo,
el proceso aún está en marcha en Catalunya Banc y

Bankia. Este último es el que ha empezado más tarde, aunque
ya ha alcanzado un porcentaje de laudos favorables sobre un total de
solicitudes del 30%.

Teniendo en cuenta la referencia de NCG, donde ya se ha
completado todo el proceso de arbitraje, a día de hoy es esperable que,
cuando finalicen los otros dos procesos en marcha, más de la mitad de los
inversores minoristas, más de dos tercios de todos aquellos que soliciten
el arbitraje, podrán recuperar su inversión inicial gracias al laudo
favorable sobre posibles defectos de comercialización obtenido en los
arbitrajes conducidos por las entidades controladas por el FROB. Para el
resto de los inversores minoristas, teniendo en cuenta los recortes
anteriormente comentados y las medidas de liquidez instrumentadas,
podemos estimar que una amplia mayoría ha recuperado o ha podido
recuperar en forma de efectivo o de acciones líquidas más del 50% de la
inversión inicial y que solo un porcentaje relativamente reducido
recuperará un importe inferior al 25%. Es evidente, señorías, que esos
datos suponen escaso alivio para aquellos inversores que se sientan más
perjudicados. No obstante, creo que estos datos son en parte ilustrativos
de que, como mínimo, las medidas adoptadas han podido paliar un problema
de gran alcance económico y social.

Permítanme a continuación referirme brevemente a la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria, con el acrónimo SAREB, que ya se ha hecho popular. Se trata,
como saben, de una pieza esencial en la reforma del sector bancario ya
que ha contribuido a uno de sus objetivos fundamentales, que es el
saneamiento de los balances de aquellas entidades de crédito más
vulnerables, aquellas entidades de crédito que han requerido apoyo
público.

La SAREB se constituyó el 28 de noviembre de 2012 con un
objetivo global consistente en la gestión y desinversión en el plazo de
quince años de los activos recibidos, tratando siempre de obtener por
ellos el máximo valor. El 45% del capital de la SAREB es propiedad del
FROB, estando el resto en manos de entidades privadas: catorce bancos
nacionales, dos bancos extranjeros, cuatro aseguradoras y una compañía
eléctrica.

Sus recursos propios ascienden a 4800 millones de euros, el
8% del total de activos, de los que 1200 corresponden a capital y 3600 a
dos emisiones de deuda subordinada no garantizada contingentemente
convertible, suscrita por los mismos accionistas. Su actividad efectiva
comenzó el 31 de diciembre de 2012, fecha en la que se traspasaron los
activos de las entidades clasificadas del Grupo 1: BFA Bankia, Catalunya
Banc, NCG Banco y Banco de Valencia. El 28 de febrero de 2013 se completó
el balance de la sociedad con el traspaso de los activos correspondientes
a las entidades del Grupo 2: Liberbank, BMN, CEISS y Caja3. El total del
volumen transmitido fue de 50 781 millones de euros en inmuebles y
préstamos destinados a la promoción inmobiliaria.

Debo decir que, tras una etapa fundacional ciertamente
compleja, la sociedad está ya plenamente operativa. De hecho, la
actividad comercial de la SAREB ha ido avanzando rápidamente en la
enajenación de activos inmobiliarios y financieros mediante los tres
canales previstos: la venta de carteras mayoristas, la venta de activos
singulares y la venta minorista a través de las entidades cedentes.

La cifra de flujos de caja en el primer semestre ascendió a
842 millones de euros, de los cuales 674 millones de euros proceden de
activos financieros y 168 de activos inmobiliarios.

A mediados de noviembre la sociedad había vendido ya 6500
activos inmobiliarios. Y en su primer año se prevé que la SAREB alcance
ingresos brutos que deben ser superiores a 2000 millones de euros.

Finalmente, en el repaso de las distintas etapas del
proceso de reestructuración, permítanme unas palabras sobre el proceso
estrictamente de reestructuración y resolución, que es el último
componente, del que hablaba al principio, del proceso de reforma.

Para optimizar la eficacia del apoyo público suministrado
es necesario exigir en paralelo la reducción de la capacidad del sector
mediante el proceso de adelgazamiento de las entidades más vulnerables y
mediante la promoción de procesos de integración que mejoren en términos
generales la organización de la industria. De hecho, los planes de
reestructuración o resolución de las entidades que han recibido ayudas
incluyen una reducción media en el número de oficinas del 35%, una
reducción de plantilla del orden del 30% y una contracción media de los
balances cercana al 35%. El grado de avance hasta la fecha sitúa las
reducciones en un 16% de sucursales, 17% de plantilla y 12% de activos.
Naturalmente, el proceso cobra diferentes grados de intensidad
dependiendo del volumen de la ayuda pública recibida por la entidad y su
calificación como entidad en reestructuración o en resolución. El término
resolución se reserva para aquellos procesos en que la entidad de crédito
no es viable y, por lo tanto, no se prevé la devolución completa de las
ayudas recibidas. Los planes de resolución contemplan la salida del
mercado como entidad independiente —por ejemplo, mediante la
absorción por otra entidad— en un plazo acotado

de cinco años, siempre mediante fórmulas que preserven la
protección de los clientes y la estabilidad financiera. El término
reestructuración, por el contrario, se aplica en sentido estricto a
entidades que requieren apoyo financiero público para garantizar su
viabilidad, pero que cuentan en principio con la capacidad para devolver
tal apoyo financiero en los plazos previstos por cada instrumento de
apoyo. Asimismo, se puede considerar la reestructuración en el caso de
que una entidad que de otro modo hubiera sido calificada como entidad en
resolución pudiera realmente generar riesgos apreciables sobre la
estabilidad del conjunto del sistema financiero.

En función de los criterios anteriores, fueron consideradas
entidades en resolución Catalunya Banc, Banco de Valencia, Banco CEISS,
NCG Banco y también su filial, Banco Gallego. Por su parte, BFA Bankia,
BMN, Liberbank y Caja3 se calificaron como entidades en
reestructuración.

La estrategia seguida hasta el momento por el FROB sobre
las entidades receptoras de ayudas públicas, que comentaré a
continuación, puede resumirse en la venta de dos bancos nacionalizados,
la promoción de dos operaciones corporativas y el impulso a la cotización
en Bolsa de otra entidad. Además, permanecen bajo el control del FROB en
estos momentos cuatro entidades, dos de las cuales está previsto que sean
enajenadas próximamente, siempre que, naturalmente, se reciban ofertas
aceptables.

Así, en lo que se refiere a los bancos en resolución, el
FROB dispuso la enajenación de las acciones de Banco de Valencia y de
Banco Gallego, que fueron vendidas a Caixabank y Banco de Sabadell,
respectivamente.

En cuanto a NCG Banco, participada por el FROB en un 63%,
aproximadamente, recientemente, como saben, se ha iniciado el proceso
formal de subasta de la entidad, que se desarrollará, en principio, en
dos fases y que esperamos que concluya en torno a finales de año.

En el caso de Catalunya Banc, con una participación del
FROB del 66%, su proceso de venta se halla en estos momentos en fase de
análisis. Una vez identificados los potenciales compradores, se les
facilitará la información necesaria para que estos comuniquen un posible
rango de precios al que estarían dispuestos a adquirir la entidad. Dicho
precio será utilizado como principal criterio de decisión, como principal
referencia a la hora de adoptar el acuerdo correspondiente sobre el
lanzamiento de la segunda fase del proceso, que no es otro que la venta
formal de la entidad.

La tercera entidad en resolución, Banco CEISS, integrante
de una de las dos operaciones corporativas mencionadas con anterioridad,
ha sido objeto, como conocen, de una oferta de adquisición por parte de
Unicaja. La oferta está dirigida a los antiguos tenedores de instrumentos
híbridos de Banco CEISS, quienes, tras el ejercicio de gestión de
híbridos llevado a cabo por el FROB, son titulares de acciones y valores
convertibles en acciones del banco. Una vez aprobado por la CNMV el
folleto de la oferta el pasado 26 de noviembre, estos inversores disponen
de un plazo de treinta días naturales para aceptarla. La aceptación de la
oferta conlleva renunciar a cualquier tipo de acción judicial contra
Unicaja Banco o Banco CEISS. Por ello, el FROB ha ofrecido a los
titulares minoristas de instrumentos híbridos de Banco CEISS, aquellos
titulares que acepten la oferta de Unicaja, la posibilidad de someterse a
un mecanismo de revisión de los procesos de comercialización por los que
adquirieron en su momento participaciones preferentes y deuda
subordinada. Esta revisión seguirá criterios equivalentes a los
utilizados en los arbitrajes realizados en NCG, CX y Bankia. Por lo
tanto, este mecanismo evita el perjuicio que supondría para los
inversores minoristas de CEISS la aceptación de la oferta en relación con
el trato dispensado a los inversores en otras entidades en resolución, al
tiempo que se favorece el éxito de una operación que resulta sólida desde
el punto de vista prudencial y permite el ahorro de un volumen apreciable
de recursos públicos.

En lo que se refiere a las entidades en reestructuración,
en dos de ellas, Bankia y BMN, el FROB es accionista mayoritario, ya que
las ayudas públicas se instrumentaron en su momento a través de
inyecciones de capital. En ambos casos no está prevista la desinversión
del FROB en el corto plazo, ya que las dos entidades están siguiendo la
hoja de ruta marcada y cuentan con sistemas muy eficaces de gestión, lo
que debe traducirse en un aumento gradual de su valor económico. De
hecho, en el caso de Bankia, participada por el FROB en un 68,4% a través
del Banco Financiero y de Ahorros, la acción cotiza actualmente en 0,93
euros, que es un 63% por encima de los 0,57 euros a los que cerró el 28
de mayo, primer día en que se pusieron en negociación las nuevas
acciones, fruto del acuerdo de la comisión rectora que ejecutaba el
ejercicio de gestión de híbridos y recapitalizaba la entidad.

En cuanto a BMN, en la que el FROB posee el 65% del
capital, ya han culminado los principales hitos del proceso de
reestructuración, en gran parte gracias a la venta de la red de la
antigua Caixa Penedés al Banco de Sabadell. El plan contempla, además, la
salida a Bolsa antes de finales de 2017.

Las otras dos entidades en reestructuración, que son
Liberbank, que salió a Bolsa en mayo pasado, y Caja3, que está a punto de
culminar su proceso de integración con Ibercaja, recibieron ayudas a
través de la suscripción por parte del FROB de obligaciones
contingentemente convertibles, que se prevé que puedan ser devueltas en
los plazos establecidos en los respectivos planes de
reestructuración.

En resumen, puede decirse que se están cumpliendo
satisfactoriamente los planes diseñados para cada una de las entidades
que han recibido apoyo público, al tiempo que se está impulsando una
reordenación del sistema bancario español, con menos entidades pero más
solventes y mejor gestionadas.

Por todo ello, creo que el esfuerzo realizado en el
desarrollo del programa de reforma del sistema bancario español ha
fortalecido apreciablemente el sector, lo que resulta oportuno habida
cuenta de los importantes desafíos a los que deberá hacer frente en el
futuro próximo.

Y permítanme que en la última parte de mi intervención me
refiera precisamente a esta cuestión, a la situación actual del sector
bancario y sus perspectivas.

En el pasado reciente se ha apreciado una importante mejora
de los principales indicadores del sector bancario. Entre ellos cabe
destacar la mejora de la rentabilidad del conjunto del sector, a pesar de
la atonía de la actividad, de los reducidos niveles de los tipos de
interés y de la persistencia de un apreciable grado de fragmentación en
los mercados financieros en la zona del euro. Tras las pérdidas asociadas
al esfuerzo extraordinario de provisiones que se realizó en el año 2012,
los resultados han regresado en 2013 al terreno positivo, y es previsible
que en el conjunto del año los beneficios antes de provisiones se sitúen
por encima de los niveles que se contemplaban en los ejercicios de
resistencia que se realizaron el pasado año, no solamente y, por
supuesto, en los escenarios estresados o adversos, sino incluso también
en el escenario central, el escenario de mayor probabilidad.

Por otra parte se ha producido un avance muy significativo
en el saneamiento de los balances de las entidades y, en particular, en
la reducción de su exposición a los riesgos derivados del sector
inmobiliario. Y ello ha sido posible gracias a unos requerimientos de
provisiones más estrictos, así como a la segregación de los activos
transferidos a la SAREB por parte de las entidades que requirieron ayudas
públicas. De hecho, la exposición neta de provisiones a los riesgos
inmobiliarios ha pasado de 240 000 millones de euros, a finales de 2011,
a poco más de 100 000 millones en la actualidad.

Además se ha producido una mejora significativa de las
ratios de capital del sector, especialmente para las entidades de los
denominados grupos 1 y 2, cuya solvencia se ha visto reforzada no solo
por la asistencia financiera que se les prestó, sino también por los
ejercicios de gestión de instrumentos híbridos de capital y deuda
subordinada. En consecuencia, a día de hoy todas las entidades superan
los mínimos regulatorios, el mínimo del 9% de capital principal. Y de
hecho cabe esperar que para el conjunto del sector dicha ratio se sitúe
por encima del 10% a finales de este año, a finales de diciembre.

Estos desarrollos han contribuido a mejorar la percepción
acerca de la solidez del sector bancario de nuestro país, como muestra el
aumento de las cotizaciones de las principales entidades desde mediados
del pasado año. La ratio entre el precio de mercado y el valor contable
de los bancos españoles cotizados es de hecho superior a la media europea
para un conjunto de entidades de tamaño comparable, lo que refleja una
mejoría en la confianza no solo en las perspectivas de rentabilidad a
medio plazo de nuestro sistema bancario, sino también en la calidad de
los activos tal y como se refleja en los balances bancarios.

No obstante, los avances que acabo de comentarles deben
tomarse en su justo término, porque, como les decía, el sistema bancario
español sigue teniendo por delante desafíos de gran importancia. Entre
ellos cabe destacar, en primer lugar, la debilidad de la situación
económica. La economía española acaba de superar su segunda recesión en
menos de un lustro, y los datos más recientes apuntan a una prolongación
de esa tendencia a la mejoría. Sin embargo, la intensidad de la
recuperación es aún muy moderada y cabe esperar que continúe siéndolo en
el corto plazo, en un contexto en el que el gasto privado se seguirá
viendo lastrado por los elevados niveles de endeudamiento, así como por
la evolución de la renta disponible y de la riqueza de los hogares. Más a
medio plazo, el proceso en marcha de corrección de los principales
desequilibrios de la economía española apoya la expectativa de una
recuperación sostenida, cuya intensidad dependerá, entre otros factores,
de la medida en que se mantenga el impulso reformador.

Otro de los principales retos para la economía española y
para el sector bancario en particular es la continuada contracción del
crédito. La evidencia disponible parece indicar que esta evolución se
explica en su mayor parte por factores de demanda, como el proceso de
desapalancamiento de familias y empresas, si bien también se observan
ciertas restricciones por el lado de la oferta, como es el mencionado
grado de fragmentación de los mercados financieros en la zona del euro,
que pueden estar dificultando el

acceso al crédito de algunos prestatarios solventes,
especialmente pequeñas y medianas empresas. Con todo, los datos recientes
reflejan un cambio en las pautas observadas desde el inicio de la crisis,
que es más evidente en el caso de las empresas, para las que la tasa de
contracción de los préstamos ha tendido a reducirse desde el verano.

Por otra parte, el volumen de activos dudosos del crédito
al sector privado se ha continuado incrementando, y la ratio de
morosidad, que ha aumentado de forma generalizada para todas las ramas de
actividad, se sitúa actualmente en torno al 13% para el conjunto del
sector. Teniendo en cuenta el habitual desfase entre el ciclo económico y
la evolución de los activos dudosos, cabe esperar que la tasa de
morosidad continúe todavía aumentando en los próximos meses.

Finalmente, el último reto al que me gustaría referirme es
el de los importantes cambios que se avecinan en la regulación y
supervisión del sector bancario. El nuevo marco de capital, de
requerimientos de capital, Basilea III, incorporado a la normativa
europea mediante la Directiva y el Reglamento sobre requerimientos de
capital, introducirá casi ya, a partir de enero de 2014, nuevos
requisitos para las entidades que se irán endureciendo de forma
progresiva en los próximos años. Las nuevas normas suponen un desafío
importante en la medida en que exigen un aumento significativo de la
cantidad de capital que se exigirá a las entidades y una mejora de su
calidad, esto es, de su capacidad de absorción de pérdidas. En todo caso,
debe destacarse que las entidades españoles disponen en general de un
margen suficiente para hacer frente a los nuevos requisitos. De hecho,
los niveles de capital ordinario según la definición de Basilea III
deberían situarse en enero de 2014 en niveles próximos al 10%, claramente
por encima de los mínimos exigidos.

Además, el sistema bancario español deberá hacer frente a
los desafíos que supone el proceso de avance hacia la unión bancaria
europea. En particular, la creación del mecanismo único de supervisión
exigirá a las entidades adaptarse a nuevas reglas, criterios y
procedimientos de interacción con los supervisores. Como paso previo, las
entidades españolas que pasen a ser supervisadas directamente por el
nuevo mecanismo único, más del 90% de nuestro sistema bancario, deberá
ser sometido, como el resto de los bancos europeos significativos, a un
análisis exhaustivo que incluirá la revisión de la calidad de los activos
y una nueva prueba de esfuerzo.

Aunque los detalles del ejercicio, en especial en lo que se
refiere a este último componente, a la prueba de esfuerzo, no han sido
todavía plenamente definidos, el Banco de España ha desarrollado
recientemente una herramienta que permite realizar análisis prospectivos
de la solvencia en diferentes escenarios. Los primeros resultados,
publicados recientemente en el Informe de Estabilidad Financiera del
Banco de España, muestran que el conjunto de las entidades analizado
presenta una posición de solvencia bastante confortable, dado que su
capacidad de absorción de pérdidas superaría las pérdidas esperadas
incluso en escenarios bastante adversos. Estos resultados indican que el
sistema bancario español, tras la reforma realizada y las acciones
acometidas por las propias entidades, se encuentra bien posicionado para
afrontar los retos asociados a la puesta en funcionamiento del nuevo
marco supervisor europeo. Pero ello, evidentemente, no alivia en absoluto
la intensidad con la que las entidades deben emplearse en el
mantenimiento del rigor en el reflejo contable de la evolución de la
calidad de los activos, en la implementación de mejoras en su eficiencia
y, sobre todo, en la preservación del capital.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Restoy, por su
prolija y detallada exposición.

Es momento de la intervención del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, solicitante de la comparecencia.

Senador Lerma, tiene usted la palabra.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor
presidente.

Con mucha brevedad, he de decir que inicialmente había
solicitado la comparecencia pensando fundamentalmente en que se hablaba
de que podía haberse malvendido alguna entidad de estas que estaban en
reestructuración, porque se trataba fundamentalmente de ventas
precipitadas. Me estoy refiriendo específicamente a una declaración del
director general del FROB en relación con la venta del Banco de Valencia.
Posteriormente hubo una declaración fechando la obligatoriedad para
deshacerse del Banco de Valencia definitivamente, en función de la cual
hubo que hacer esa operación de venta e integración en la Caixa, en
CaixaBank. Y da la impresión de que la necesidad de la venta inmediata ha
supuesto un coste para los ciudadanos muy importante, que más o menos
vendría a ser algo así como 1000 millones iniciales —que luego se
ampliaban a 2000 millones de crédito, y me parece que eso

quedó liquidado—, más 4500 millones, más un esquema
de protección de activos entre 300 y 600, más —y esta es mi
pregunta— todo lo que son créditos fiscales de todas las entidades
que se venden que no están contabilizados y cuentan también a la hora de
la verdad. En el caso concreto del Banco de Valencia eso sería alrededor
de 2000 millones más de coste para el erario, que se ahorraría en este
caso el comprador y que en los otros casos también se ahorrarían. Subiría
mucho el coste para los contribuyentes, porque en el caso concreto de
todas estas operaciones, como se venden a un euro, no se recupera ninguna
aportación pública de las que se han hecho. Esta era mi preocupación
inicial.

Pero, al mismo tiempo, tengo que agradecer la comparecencia
del presidente del FROB y su análisis global de la situación que me
parece particularmente importante en el momento en que se produce. Es
verdad que cuando estuvimos hablando con el gobernador del Banco de
España insistimos en la idea de que la liquidación de la operación de los
40 000 millones quizá podría haber sido precipitada porque estaba
pendiente de la supervisión del supervisor único y no sabíamos si
realmente podíamos necesitar más dinero o no, aunque previsiblemente
estábamos recién inspeccionados y, por tanto, tendríamos que tener
solvencia suficiente, pero lo cierto es que el gobernador dijo que había
que cerrar la operación si no había más costes por el momento.

En cualquier caso, repito, agradezco su intervención, creo
que viene en el momento oportuno, además, vamos a terminar con la
regulación de las cajas de ahorros y las fundaciones bancarias, lo que
supone que el proceso de reestructuración bancaria está siguiendo su
camino, y aunque queden algunos bancos por vender, no se trata de hacer
una operación que pueda ser costosa para el erario o para el
contribuyente porque lo cierto es que tenemos un periodo de tiempo
suficiente para que las ofertas puedan ser más razonables de lo que han
sido hasta este momento.

Por tanto, quiero terminar agradeciendo de nuevo su
colaboración, preguntando si realmente todo lo que queda por vender de
los créditos fiscales también forma parte de lo que el contribuyente
aportará a la reestructuración del sistema financiero y espero que siga
adelante todo este proceso de reestructuración en la forma en que se está
haciendo y seamos capaces de recuperar el crédito, porque el problema
real es que, a pesar de todas las aportaciones públicas, a pesar de las
aportaciones europeas, y a pesar de que teóricamente los bancos están
mejorando sus niveles de solvencia y capitalización, el crédito a
pequeñas y medianas empresas y particulares sigue reduciéndose en una
cifra muy considerable, y una de las condiciones básicas para la
recuperación obviamente es la recuperación del crédito, y seguramente
cabe alguna opción intermedia entre el desapalancamiento y la
consideración de alguna demanda solvente que haga posible que seamos
capaces de consolidar de una manera más firme la recuperación.

Muchas gracias de nuevo por sus aportaciones.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lerma por su
intervención.

Tiene la palabra el señor Restoy, para responder a sus
preguntas.

El señor PRESIDENTE DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA
BANCARIA (FROB) (Restoy Lozano): Gracias, señor presidente.

Senador Lerma, usted ha planteado básicamente tres temas y
voy a responder a los tres. Respecto a la venta del Banco de Valencia,
creo que se ha recogido razonablemente el proceso; efectivamente, el
Banco de Valencia, de acuerdo con el memorándum de entendimiento y con la
hoja de ruta establecida, era un banco al que no se le podía suministrar
apoyo público en el marco de un proceso de resolución de
reestructuración, como el que ha tenido lugar con otras entidades, porque
el apoyo público debería estar asociado a un proceso de venta de manera
inmediata.

Esto era lo que contenía el plan de resolución de la
entidad, y así se ejecutó, y se hizo de la mejor manera posible. Se puso
en marcha un proceso muy acelerado de prospección del mercado, se
pidieron ofertas a distintas entidades, se fueron seleccionando aquellas
que resultaban más ventajosas, y finalmente se adjudicó a CaixaBank
porque su oferta fue la menos cara para el erario de todas las que se
habían recibido, y, en todo caso, el coste total de la operación era
claramente inferior al que hubiera supuesto la liquidación, lo que fue
acreditado, como publicamos en su momento, por los informes de valoración
efectuados hasta por tres evaluadores.

Este ha sido el proceso del banco de Valencia, es una
combinación de las condiciones establecidas en la hoja de ruta en el plan
de resolución de la entidad y en el momento en el que se produjo la venta
de la entidad. A partir de aquí podemos especular sobre qué hubiera
pasado si se hubiera aproximado al proceso de una manera distinta; es
posible que se hubiera conseguido una oferta mejor, o quizás no,

pero, si me lo permite, es una reflexión un poco
melancólica en la medida en que las restricciones eran las que eran.

Respecto a lo que queda por vender, hemos sido siempre muy
claros, nuestro planteamiento en este momento, por supuesto garantizando
que las ventas de las entidades en resolución se realiza de manera
ordenada, sin alterar en absoluto las condiciones necesarias para el
mantenimiento de la estabilidad financiera, garantizado esto, lo que
queda es tratar de minimizar el coste para el contribuyente. En este
sentido, como saben, y como he comentado anteriormente y me gusta siempre
repetir, las entidades en resolución, por definición de nuestra norma,
son entidades en las cuales en principio no se espera que se pueda
recuperar todo el apoyo público suministrado. Por tanto, nuestra
estrategia consiste en minimizar costes, y nuestra evaluación
—ayudado, como saben, por consultores independientes— ha sido
que merece la pena intentar proceder a la venta de dos de estas
entidades, NCG y CX, lo antes que se pueda y siempre, evidentemente, que
las condiciones del mercado lo permitan. Y en eso estamos, ese es el
marco en el cual se inscribe la apertura del proceso formal de venta de
la entidad NCG, y en ese marco se inscribe la apertura del proceso de
análisis de una eventual venta de Catalunya Banc, y si en nuestro proceso
de prospección de la demanda encontramos que hay probabilidades de que se
pueda enajenar a un coste razonable, evidentemente, también procederemos
a la apertura formal del proceso de venta a principios del próximo
año.

Sobre los créditos fiscales, he de decirle que básicamente
es una deuda que tiene contraída el Estado con las entidades afectadas;
la única forma en la cual el Estado podría ahorrarse esos créditos
fiscales sería un supuesto de liquidación de la entidad. Por tanto, hay
que pensar que la recuperación de esos créditos lleva aparejado un
escenario que no es nada favorable ni desde el punto de vista de la
estabilidad financiera ni desde el punto de vista del propio
contribuyente; de otra manera, uno tiene que pensar que pronto o tarde
los créditos fiscales se terminan aprovechando por la entidad y, como
saben, la norma contable contempla hasta dieciocho años para poder
aprovechar esos créditos fiscales.

El tercer tema que usted plantea es la evolución del
crédito y yo coincido con su apreciación; evidentemente, predominan los
elementos de demanda claramente, lo que los bancos llaman demanda
solvente —no sé si será el término más adecuado—. Lo que
ocurre es que estamos en una situación de ajuste de la economía, que
tiene varias dimensiones, varios ángulos, uno de los cuales es
ciertamente el necesario desapalancamiento de empresas y familias, con un
ratio de endeudamiento excesivo y, por tanto, en una economía con una
baja tasa de crecimiento y con una baja tasa de inflación, la única forma
de reducir esos ratios de endeudamiento es reducir crédito, reducir su
deuda con los bancos.

Hay que pensar que es difícilmente compatible un escenario
de ajuste, un escenario de reducción de los ratios de endeudamiento, con
una expansión significativa del crédito. Debemos ser conscientes de esto.
Lo normal es que el crédito no empiece a crecer a tasas significativas
hasta que la recuperación esté más avanzada. Dicho esto, también es
cierto que puede haber elementos de oferta, que puede haber fricciones en
el margen que obstaculicen de alguna manera el acceso al crédito para una
parte de la demanda solvente. Hablamos de pequeñas y medianas empresas.
Eso puede estar ocurriendo realmente. Hay algunas iniciativas —el
Banco de España publicó un informe al respecto— para eliminar esas
fricciones que afectan en el margen a la oferta de crédito y, por lo
tanto, a la capacidad de financiación de entidades que realmente sí
tienen un proyecto solvente que desarrollar. Pero de nuevo tenemos que
tener clara la importancia relativa de los distintos factores de demanda
en el marco del proceso de ajuste de la economía que parece que en este
momento predomina.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Restoy.

Turno de intervención del resto de los portavoces de los
grupos parlamentarios de menor a mayor.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la señora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero pedir disculpas, porque me he
tenido que ausentar un par de veces. Únicamente quiero agradecer al señor
Restoy Lozano su comparecencia.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Brevemente quiero agradecer al compareciente su presencia y
la amplia explicación que nos ha dado sobre los temas relativos a la
reestructuración del sector y a otros aspectos colaterales que son de
gran interés.

Brevísimamente quisiera hacer tres preguntas. La primera
tiene que ver con el calendario de resolución de los expedientes del
laudo de los productos híbridos. No me refiero solo a las del CEISS,
porque supongo que el Fondo de garantía solventará la cuestión
relativamente rápido, sino al proceso más general que en unas entidades
está más avanzado y en otras menos. ¿Cuáles son sus previsiones respecto
de la resolución parcial? La otra ya veremos cuando deciden los
tribunales sobre ella. Le pregunto por la que hace referencia al
laudo.

Una segunda cuestión es relativa a Catalunya Caixa. ¿En qué
fase se encuentra en estos momentos el proceso de reestructuración
interna? Con reestructuración interna me refiero a lo que usted ha dicho,
a la reducción de balances, de oficinas, de plantillas, etcétera.
¿Piensan acabar la reestructuración antes de la venta de la entidad?
Hablan ustedes de venta, ¿la venta será en bloque, será fraccionada? Ya
sé que obviamente hay oficinas, especialmente fuera de Cataluña, que se
han vendido, pero ¿hay previsto o no un fraccionamiento? En función de
las ofertas que se presenten y de cómo esté el mercado, le pregunto si
razonablemente puede haber una previsión respecto al cierre de este
proceso.

SAREB es una entidad privada, el 45% del FROB, pero ha
habido críticas respecto de la opacidad de sus operaciones. No sé qué
opina usted de esto. Se quejan, por ejemplo, personas que han perdido los
inmuebles y que los acaban encontrando en manos de los fondos a los que
SAREB ha vendido a unos precios a los que seguramente algunos de ellos
habrían podido rescatarlos si hubieran tenido un derecho de tanteo; pero
como obviamente eso no lo prevé la normativa de SAREB, no es posible.

En cuanto al crédito, una cuestión fundamental desde mi
punto de vista —coincido con el análisis que usted ha hecho—
es que el crecimiento será lento y hasta que la recuperación no esté más
avanzada difícilmente crecerá el crédito. Hemos de pensar en la
singularidad de nuestro tejido empresarial, en la pequeña empresa y en
sus tremendas dificultades para acceder al crédito y, además, en el
diferencial del coste del crédito de este tejido empresarial respecto de
los que son sus competidores en el resto de Europa. Ya sé que es un
problema tremendamente complejo en el que me consta que, además, están
trabajando, pero yo creo que sería necesario para facilitar que el
crédito pueda fluir, aunque sea lentamente, de la manera más rápida
posible.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, president Montilla.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió? (Pausa.) El senador Alturo estaba en la sala, pero ha tenido que
abandonar la comisión.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
quiero manifestar nuestra gratitud al señor Restoy, al presidente del
FROB, por su comparecencia en la Comisión de Economía y Competitividad
del Senado.

Con mucha brevedad, señor presidente del FROB, voy a
ponerle encima de la mesa cinco reflexiones que, a juicio de nuestro
grupo parlamentario, indudablemente vienen a poner en valor la labor
realizada por el Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria.

En primer lugar, compartimos los informes emitidos por la
propia Comisión Europea y por el Fondo Monetario Internacional que
coinciden en señalar que, efectivamente, se están aplicando de manera
correcta las medidas previstas en el MOU, en el memorándum de
entendimiento, desde la perspectiva financiera aplicada al conjunto del
sector bancario.

En segundo lugar, el Grupo Parlamentario Popular comparte
plenamente lo que significa la solidez y consolidación de los planes de
reestructuración. En este sentido se valoran también de manera muy
positiva los importantísimos avances acometidos hasta la fecha y, además,
he de resaltar lo que significa y representa la consolidación de la
posición patrimonial sólida que se respira en el conjunto del sistema
bancario español, también en aplicación del propio memorándum de
entendimiento.

En tercer lugar, nos gustaría destacar la buena ejecución
de los correspondientes programas de desinversiones impuestos a las
distintas entidades financieras y bancarias en sus respectivos planes,
vinculados fundamentalmente al correcto cumplimiento de lo que
representan los programas de ajuste, de

capacidad y del reajuste de balances que se han efectuado,
con la mejora, de manera directa e indirecta, de los indicadores de
eficiencia, liquidez y solvencia.

Compartimos igualmente con usted —y buena prueba de
ello es la última circular puesta de manifiesto por el propio FROB el 31
de octubre de 2013— lo que significan los ejercicios de reparto de
la carga conforme a la normativa vigente de la Ley 9/2012, de minimizar
la utilización de los recursos públicos en los procesos de
reestructuración y resolución de las distintas entidades financieras.

Con referencia a la SAREB hay que poner de manifiesto
—usted lo reflejaba también en su propia comparecencia en el
Congreso— que el año 2013 ha estado plagado —decía usted
textualmente— de desafíos logísticos y financieros, porque a la
necesidad de avanzar rápidamente en la implantación del sistema, en el
conocimiento de control y gestión de la cartera y la puesta en marcha
igualmente de los distintos canales de comercialización, hay que añadir
que la SAREB soporta una carga financiera del ejercicio completo frente a
la actividad comercial que es objeto de imputación en el comienzo del
segundo trimestre.

Por eso, y para concluir, voy a ponerle encima de la mesa
dos últimas reflexiones. El gobernador del Banco de España ha puesto de
manifiesto que poco a poco se va limando, en la medida de lo posible, la
insatisfacción empresarial porque empieza, aunque de manera lenta, a
fluir el crédito. Indudablemente ya se ponen encima de la mesa cuestiones
extraordinariamente importantes vinculadas a lo que debe ser la fluidez
del crédito y todos estamos de acuerdo en que esas medidas de liquidez
tienen que llegar a las pymes y a los autónomos para consolidar lo que
representa el conjunto del sistema económico y del propio sistema
financiero.

Y como segunda consideración, quiero ponerle de manifiesto
que la estrategia seguida, tanto por el FROB como posteriormente por la
SAREB, como hoja de ruta de la identificación del problema, de los planes
financieros vía recapitalización de los bancos, el propio saneamiento de
balances, los planes de reestructuración y las reformas y cambios
legislativos que se han puesto encima de la mesa como cinco ejes
fundamentales para llevar a cabo el diseño del marco de estabilidad
financiera, y todo ello complementado al mismo tiempo con el Plan
nacional de reforma, sin lugar a dudas han sido ejes de acción y a la vez
un acierto del Gobierno de España en la adopción de medidas vinculadas a
ese Plan nacional de reforma.

Por último, quiero ponerle de manifiesto algo que me parece
extraordinariamente importante, sobre todo por lo que ha significado de
crítica permanente acerca de si se concedían o no ayudas públicas al
conjunto del sistema financiero para salvar o dejar de salvar a las
entidades financieras o a la banca. Fundamentalmente, el propio grupo
parlamentario y el Partido Socialista han sido siempre muy críticos con
la labor realizada en este sentido por el Gobierno de España.

Yo quiero poner encima de la mesa un informe que la
Comisión Nacional de la Competencia hizo público respecto al total del
volumen de las ayudas concedidas vinculadas al sistema financiero,
concretamente en el año 2010. Y cito textualmente lo que se recoge en la
página 9 del informe de la Comisión Nacional de la Competencia, donde en
el cuadro segundo se reflejan las ayudas anticrisis concedidas a la
nación española concretamente en el periodo 2010. Las ayudas al sector
financiero fueron 87 145,47 millones de euros, representando el 8,20% del
producto interior bruto y al mismo tiempo en renta per cápita vinculada a
euros 1846,67 por español. Es el informe que hace público en su momento
la Comisión Nacional de la Competencia sobre lo que representa el cuarto
informe anual sobre ayudas públicas en España vinculado al ámbito de lo
que son ayudas anticrisis, sector financiero y otras variables, así como
otras actividades.

Por lo demás, señor presidente de la comisión, no me queda
más que agradecerle al señor Restoy su comparecencia, extraordinariamente
constructiva y enriquecedora para mi grupo parlamentario. Le animo a
seguir trabajando en la misma línea.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fernández de
Moya.

Para turno de réplica, tiene la palabra el presidente del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el señor Restoy.

El señor PRESIDENTE DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA
BANCARIA (FROB) (Restoy Lozano): Muchas gracias, señor presidente.

Quiero dar las gracias a los tres portavoces que han
intervenido en este turno. Pero déjenme que empiece con los comentarios
realizados por el senador Montilla.

En cuanto a los calendarios de arbitraje, ya he dicho que
en el momento actual Galicia está finalizado. Tenemos Bankia
relativamente avanzado y Catalunya Banc al nivel de Bankia,
aproximadamente. En este momento nuestro objetivo es acabar con esto en
el primer semestre del año que viene e incluiríamos también la ejecución
del proceso de revisión de la comercialización en el caso del Banco
CEISS. Este es el objetivo y seguramente podremos cumplirlo con holgura,
pero no quiero comprometerme más a allá de lo que acabo de comentar.

Ha planteado un segundo tema sobre cómo va el proceso de
reestructuración de Catalunya Banc. El proceso de reestructuración va
razonablemente bien, marginalmente algo más lento que la media como
consecuencia de que es una entidad que ha atravesado algunos procesos un
poco más complicados desde el momento en que se nacionalizó. En el
proceso ha habido dos intentos de venta; la primera justo antes de la
aprobación del memorándum de entendimiento y la segunda más
recientemente. Cuando una entidad se está vendiendo, evidentemente, los
esfuerzos se desvían de lo que es la actuación, la ejecución del plan de
reestructuración, pues se lleva a cabo una actuación algo distinta que ha
podido retrasar en alguna medida el proceso. No obstante, como ha
recordado, se han vendido sucursales fuera de Cataluña en el marco del
proceso de reestructuración. Si la media está algo por debajo del 50%,
estamos hablando de una cobertura del plan de reducción de capacidad en
torno a un 25 o 30%, así que es evidente que en esa entidad no se va a
completar el proceso de reestructuración antes de su venta, si es que
finalmente se consigue vender la entidad, como se pretende, el próximo
año.

No obstante, este es un hecho generalizado. Es decir, los
planes de reestructuración tienen un proceso de ejecución de hasta cinco
años y por lo tanto en principio las enajenaciones de las entidades se
van a realizar en la primera parte de ese proceso, lo cual significa que
como regla general va a ser el comprador quien tendrá que hacerse cargo
de lo que reste del proceso de reestructuración, para lo cual gozará de
alguna posibilidad de ajustarlo a sus propias necesidades, previa
aprobación del Banco de España y de la Comisión Europea.

Sobre si Catalunya Banc va a ser vendido en su totalidad o
de forma fraccionada, el mensaje que siempre transmitimos es que depende.
Es decir, lo haremos de la manera que creamos que resulta mejor desde el
punto de vista de la preservación del patrimonio público. Al final,
vender de forma conjunta o fraccionada depende mucho de que haya o no una
discrepancia de valor entre lo que no se vende. Si realmente se mantienen
una serie de activos en la entidad de los que se tiene que hacer cargo el
FROB es porque en principio el FROB tiene una valoración de esos activos
superior a la que tiene la entidad que lo compra. Luego puede ocurrir o
no, depende de las circunstancias, de la oferta. Por lo tanto, es muy
difícil establecer una regla general. Desde luego, en términos de
sencillez, de limpieza de la operación evidentemente todo lo que sea
vender la entidad en su conjunto es preferible, pero como todo tiene un
precio, si esto resulta demasiado caro para el contribuyente, iríamos a
fórmulas algo más complejas.

Respecto al asunto de la SAREB, es justo reconocer —y
lo ha comentado también el senador portavoz del Grupo Parlamentario
Popular— que la puesta en funcionamiento de una sociedad como la
SAREB, especializada nada menos que en vender activos inmobiliarios, en
medio de una crisis inmobiliaria y con un balance de 57 000 millones de
euros, hace casi imposible que empiece a funcionar inmediatamente de
manera satisfactoria. Creo que se ha hecho un esfuerzo más que loable
para intentar conseguir una velocidad de crucero relativamente pronto,
aunque la sociedad ya ha alcanzado o está a punto de alcanzar una
velocidad de crucero en el proceso de gestión y de enajenación de los
activos que tiene en su balance.

Ya se ha publicado el informe de seguimiento del primer
semestre del año, y creo que es una pieza importante de transparencia
sobre lo que han sido las actividades de esta sociedad. Esperamos que
pueda publicar en su momento las cuentas anuales correspondientes al año
2013, que es el primer año efectivo de funcionamiento, porque esto
permitirá tener una idea más clara de lo que ha hecho, cuál es su
posición patrimonial actual, etcétera. Piense que hace solamente dos
semanas se ha aprobado un real decreto ley por el que se establece cuál
es el régimen contable de la sociedad, aunque está todavía pendiente de
desarrollo en algunos extremos por parte del Banco de España.

En todo caso, en cuanto a la falta de transparencia en
operaciones concretas, sí le quiero decir que realmente no creo que en el
país haya una sociedad que esté supervisada con mayor intensidad que la
SAREB. La SAREB, aparte de su comisión interna de auditoría y de su
auditor externo, se ha sometido a la supervisión del Banco de España y
está además supervisada por un comité de seguimiento en el que están
representadas autoridades nacionales del Ministerio de Economía y del
Banco de España y también del Banco Central Europeo. Esto no es una
garantía, evidentemente, de que todo se haga siempre de la manera

óptima, pero es verdad que hay muchos controles para que
las operaciones se realicen de la manera correcta, absolutamente
ajustadas a derecho. Por tanto, la SAREB evoluciona, funciona y hace sus
negocios con un cumplimiento perfecto de los objetivos que tiene
establecidos en la norma que la crea.

El otro tema que usted ha planteado es el del crédito,
nuevamente. No puedo coincidir más con usted en lo que se refiere a los
problemas para que fluya el crédito a las pymes. Es cierto que, además de
los elementos de demanda, hay algún elemento de oferta y quizá entre
ellos el más relevante sea el elevado coste de financiación. Es decir,
las pymes en este momento tienen un coste de acceso al crédito muy
superior al de sus competidores europeos, como usted nos ha recordado, y
eso está estrechamente ligado a los problemas de fragmentación de los
mercados financieros del área del euro. Como estamos viendo, no solamente
el spread soberano, el diferencial soberano, las primas de riesgo se
transmiten a los costes de financiación de las pequeñas y medianas
empresas, sino que además este coste financiero se está mostrando poco
sensible a las mejoras que estamos observando recientemente en los
mercados de deuda. Y eso es una fuente de preocupación, tiene usted toda
la razón. Desgraciadamente, la solución a ese problema no está en
nuestras manos, por lo menos no en su parte fundamental, pero sí le puedo
decir que los avances que se están realizando a nivel de la unión
monetaria, en particular la puesta en funcionamiento del mecanismo único
de supervisión —y ojalá pronto tengamos también un mecanismo único
de resolución de entidades y por lo tanto podamos completar la unión
bancaria pronto—, sin duda alguna deben favorecer que se anticipe o
acelere el proceso de normalización de los mercados financieros en
Europa. Y eso, sin lugar a dudas, luego repercutirá en aliviar los costes
de financiación de las pymes en los países que más están sufriendo este
problema de fragmentación de los mercados.

En cuanto a los comentarios del señor Fernández de Moya,
evidentemente, le agradezco las explicaciones suplementarias que ha
realizado sobre la actuación del FROB y el marco en el que se
inscriben.

Quisiera aprovechar su último comentario, su última
acotación, sobre la ayuda a la banca, sobre el volumen de ayuda a la
banca y las ayudas públicas que han sido inyectadas a las entidades
financieras, quisiera decirle que lo que tenemos es una desagradable
ausencia de información comparable entre países. En este momento, los
criterios que se siguen en los distintos organismos, desgraciadamente, no
son homogéneos, de tal manera que hacer un ranking de ayudas a la banca
es muy, muy, complicado. Lo hemos intentado de muchas maneras. Por ello,
usted ha visto que en mi intervención hablaba de que estamos más o menos
en línea, etcétera, porque realmente es muy complicado tener una
estadística, un ranking, que, utilizando el mismo concepto de ayuda
pública, nos permita ordenar los distintos sistemas financieros. Lo que
he dicho sí parece bastante robusto. La idea de que España, en estos
momentos, haya inyectado ayudas a la banca en un nivel, en términos de
PIB, comparable a países como Bélgica, Holanda, Reino Unido, es realmente
robusto. Las distintas medidas que, por supuesto, en términos absolutos,
están algo por debajo de Alemania, pero, desde luego, sí están por
encima, en términos relativos del PIB, y, en todo caso, en términos de
ayudas públicas, están muy por debajo con otros países con programas,
como Irlanda, Portugal y, sobre todo, Grecia, sí parecen bastante
robustas.

Más allá de esto, ir a cifras concretas es muy complicado.
Yo creo, por ejemplo, que en la estadística que usted comentaba de la
CNMC el concepto de ayuda pública es muy distinto al que nosotros
utilizamos. Y, seguramente, junta aquí ayudas públicas de distintas
naturaleza y, sobre todo, elementos que son difícilmente cuantificables,
porque tienen una naturaleza contingente. No sabemos, por ejemplo, cuánto
van a suponer para el erario los esquemas de protección de activos,
porque eso solamente lo sabremos en el momento en que finalice la EPA y
veamos cuánto de las pérdidas de las carteras protegidas ha tenido que
cubrir el Fondo de Garantía de Depósitos o el FROB en los distintos
procesos de integración. Es algo que tiene una naturaleza contingente y
no tenemos estimaciones fiables hasta el final de la duración del esquema
de protección de activos.

Y también me da la impresión de que se incluyen los avales
a la financiación de las entidades financieras. Esto, de nuevo, tiene un
carácter contingente y, además, le puedo decir que hasta la fecha no se
ha tenido que ejecutar ninguno de estos avales. Por lo tanto, podemos
calcular cuál es el volumen total de deuda avalada que se ha emitido.
Pero esto tiene muy poquito poder informativo sobre lo que nos interesa,
que es saber cuánto ha perdido el sector público como consecuencia de
esos avales, que, en este momento, le puedo decir que es nada.

Por lo tanto, tenemos que ser un poquito cautelosos cuando
analizamos las cifras de ayuda pública a la banca, pues,
desgraciadamente, no tenemos estadísticas homogéneas. Sí le puedo decir
que nosotros hemos expuesto en distintos foros europeos la necesidad de
de que los ciudadanos europeos sean

capaces de entender bien cuánto se ha utilizado de sus
recursos para apoyar a las entidades financieras, cuánto se ha hecho a
través de distintas modalidades, cuánto se ha podido recuperar, etcétera,
y que podamos comparar sobre una base homogénea cuánto ayuda se ha
inyectado en cada una de las jurisdicciones nacionales.

Muchas gracias a los senadores por su amabilidad.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Restoy.

¿Algún grupo parlamentario quiere ejercer el derecho de
dúplica? (Denegaciones.)

Muchas gracias.

Señor Restoy, quiero agradecerle muy sinceramente su
comparecencia, sus explicaciones y el detalle de su contenido. Ha sido,
sin duda, su exposición, clara, directa y muy detallada, por lo que creo
que de la misma hemos obtenido la información que precisábamos para poder
emitir juicios más certeros y ajustados a la realidad. Sin duda, pues,
una comparecencia efectiva y oportuna. Si las circunstancias así lo
aconsejaran estaremos gustosos de que vuelva usted por aquí en alguna
otra ocasión.

Gracias también a los señores portavoces por sus opiniones,
su tono y por el desarrollo de la comparecencia.

Saben sus señorías que tenemos el dictamen del Proyecto de
Ley de cajas de ahorro a partir de las dieciséis horas.

Se suspende la sesión hasta las dieciséis horas.

Eran las catorce horas y diez minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco
minutos.

DICTAMINAR

– PROYECTO DE LEY DE CAJAS DE AHORROS Y FUNDACIONES
BANCARIAS.

(Núm. exp. 621/000053)

AUTOR: GOBIERNO

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Buenas tardes, gracias a sus señorías por su presencia.

Vamos a proceder al debate y votación del dictamen del
proyecto de ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.

Pasaré a enumerar las propuestas de veto y las enmiendas
presentadas, por orden de menor a mayor. A este proyecto de ley se han
presentado cuatro propuestas de veto y ciento cinco enmiendas. La
enmienda número 78, de la senadora Capella i Farré, ha sido retirada por
acuerdo de la Presidencia del Senado de fecha 27 de noviembre de
2013.

Las propuestas de veto son las siguientes: número 1, de los
senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto; número 2, de la senadora Capella i Farré, del Grupo
Parlamentario Mixto; número 3, de la senadora Mendizabal Azurmendi y los
senadores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano y Unamunzaga Osoro, del Grupo
Parlamentario Mixto; y número 4, de los senadores Guillot Miravet y Saura
Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Las ciento cinco enmiendas se distribuyen de la siguiente
forma: enmiendas números 1 a 21, de los senadores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas números 75 a
78, de la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto;
enmiendas números 79 a 96, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado;
enmiendas números 43 a 74, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; enmiendas números 32 a 42, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; enmiendas números 22 a 31, del Grupo
Parlamentario Socialista; y enmiendas números 97 a 105, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Esta mañana se ha reunido la ponencia del presente proyecto
de ley y ha emitido informe acordando por mayoría incorporar al texto
remitido por el Congreso de los Diputados las enmiendas números 97 a 105,
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

A continuación, iniciamos el debate de las propuestas de
veto.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor
presidente.

Intervengo para dar por defendidos el veto número 1, de los
senadores Iglesias y Mariscal; el veto número 2, de la senadora Capella,
y el veto número 3, de los senadores Goioaga, Unamunzaga y Aiartza y la
senadora Mendizabal.

Por otro lado, les indico que me abstendré en la votación
de estos vetos, porque el Grupo Parlamentario Mixto es muy heterogéneo y
son vetos particulares de otros compañeros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Doy por defendido el veto
presentado por los senadores Guillot y Saura.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador
Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Por lo que veo, no es el momento de exponer mi
argumentación en contra de los vetos. Por tanto, me limitaré a manifestar
que mi grupo parlamentario los rechaza por muy diversas razones.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Popular? (Denegaciones.)

Antes de proceder a la votación de las propuestas de veto,
solicito a la señora letrada que compruebe las asistencias.

Por la señora letrada se procede a la comprobación de las
señoras y los señores senadores presentes.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora letrada.

Comprobada la presencia de los señores portavoces, pasamos
a la votación de los vetos.

Votamos el veto número 1, de los senadores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en
contra, 14; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 2, de la senadora Capella i Farré,
del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en
contra, 14; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 3, de la senadora Mendizabal
Azurmendi y los senadores Aiartza Azurza, Goioaga Llano y Unamunzaga
Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en
contra, 14; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 4, de los senadores Guillot Miravet
y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en
contra, 14; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos a continuación al debate de las enmiendas.

Para la defensa de las enmiendas números 1 a 21, tiene la
palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Intervengo simplemente para dar por defendidas las
enmiendas números 1 a 21, de los senadores Iglesias y Mariscal, y las
enmiendas 75, 76 y 77, de la senadora Capella.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

Para la defensa de las enmiendas números 79 a 96, tiene la
palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, senadora
Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor
presidente.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

Para la defensa de las enmiendas números 43 a 74, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor
Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Muchas gracias, señor
presidente.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montilla.

Para la defensa de las enmiendas números 32 a 42, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra
el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.

Las doy también por defendidas y en el Pleno explicaremos
el contenido de las mismas y las situaciones que se pueden generar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alturo.

Para la defensa de las enmiendas números 22 a 31, del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra en senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Del mismo modo que el resto de los portavoces, las doy por
defendidas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Manchado.

Para la defensa de las enmiendas números 97 a 105, del
Grupo Parlamentario Popular y de las transaccionales, de conformidad con
cuanto previene y determina el artículo 115, tiene la palabra el señor
Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

En el trámite de ponencia, ya hemos incorporado las
enmiendas correspondientes, firmadas y presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular.

En este momento me gustaría hacer un comentario de tres
enmiendas transaccionales, en realidad cuatro —puesto que se ha
añadido una modificación del preámbulo—, que han sido
transaccionadas por distintos grupos.

En la primera, que se refiere a la disposición transitoria
segunda, se transacciona la enmienda número 103, de nuestro grupo, con
las números: 27, del Grupo Parlamentario Socialista; 41, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; 84, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, y 69 y 74, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya. Estas transacciones han sido
distribuidas y en este momento desconozco si van a ser aceptadas, pero
nosotros las ofrecemos.

En segundo lugar, en la disposición adicional decimoquinta
proponemos la transacción sobre la base de la enmienda número 100, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Asimismo, se propone a todos los grupos la modificación del
preámbulo, habida cuenta de las modificaciones introducidas en la
disposición transitoria segunda y en la disposición adicional
decimoquinta.

Por último, sobre la base de la enmienda número 33, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, proponemos
una transaccional para la modificación del artículo 39, relativa a la
composición del patronato de las fundaciones. (El senador Montilla
Aguilera: Esa la desconocemos.)

El señor PRESIDENTE: Es la última transacción que se ha
repartido.

Muchas gracias, senador Utrera.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)

Tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor
presidente.

Intervengo para justificar la postura del voto.

En primer lugar, quiero hacer alguna mención a las formas,
que tantas veces repetimos, y a las prisas, que incluso parece que
algunos no tenían las transaccionales. Ello nos debe llevar a alguna
reflexión. Lo reiteramos, y aún así ni se ven cambios ni deja de ser
importante, pero ya que acaba el año y se suelen fijar intenciones y
nuevos propósitos para año nuevo y vida nueva, deberíamos reflexionar
para modificar algunas formas con las que se llevan a cabo los
debates.

Por otra parte, simplemente quiero argumentar que nuestro
grupo se va a abstener a la espera de la aprobación de alguna enmienda
que para nosotros es muy importante, y confiamos y esperamos, por como ha
transcurrido el desarrollo de este proyecto —en el que hemos podido
llegar a acuerdos—, que todavía en el trámite que queda hasta
finalizar la aprobación del proyecto, podamos seguir encontrándonos y
podamos tener la satisfacción de que se acepte esa enmienda, tan
necesaria e importante para nosotros. Por lo tanto, como digo, nos vamos
a abstener, todavía esperando que en el transcurso del tiempo que queda
hasta el Pleno, podamos encontrarnos. Si no fuera así, tendríamos que ver
cuál sería nuestro voto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.
Que así sea.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el señor Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Voy a intervenir
brevísimamente.

En primer lugar, nosotros nos hemos abstenido en los vetos
por razones que ustedes considerarán obvias, sobre la base de algunas
consideraciones: el proyecto es la continuación de un proceso de
reestructuración del sector financiero iniciado la legislatura pasada.
Nosotros hemos compartido algunos aspectos, otros no, pero, en líneas
generales, pensamos que es necesario.

En segundo lugar, es cierto que el texto continúa
arrastrando algunas desconfianzas o resquemores. Me refiero a las
transaccionales de última hora respecto a algunos aspectos de este
proyecto que para nosotros son importantes y sustanciales.

En líneas generales, la valoración que nosotros hacemos del
modelo de cajas a lo largo de su historia es positiva. No puede
entenderse la historia del sector financiero español sin su papel; en
cierto momento, los depósitos activos llegaron a representar más del 50%,
como ustedes saben.

Es obvio que también, aparte de los éxitos ha habido
errores: fallos en la gobernanza, no en todos los casos, por supuesto;
fallos en la gestión, tampoco en todos los casos; dificultades en el
modelo que las configuraba; el hecho de no poder ampliar capital o tener
que recurrir a algunas figuras que se han demostrado no precisamente
positivas, y me refiero a los productos híbridos. Pero también es verdad
que la primera entidad financiera en activos del país es una caja, o será
un banco de una fundación bancaria de las que configura esta ley, y eso
hace que con todas estas cauciones nosotros acabemos valorando
positivamente el proyecto de ley.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, president
Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.

Como ya han dicho otros portavoces, el problema está en las
formas porque que al empezar la sesión se nos distribuyan cuatro
transaccionales no sé si el objetivo es suspender la sesión y volver a
convocar ponencia, o que estas transaccionales pasen de aquí al debate en
Pleno. No sé cuál es la intencionalidad ni el objetivo en este sentido
del Grupo Popular; en estos momentos, lo ignoro. En cualquier caso, si el
objetivo es parar la sesión y luego volver a convocar otra vez ponencia
para analizarlas y, por tanto, cambiar el informe de la ponencia que ha
tenido lugar esta mañana y luego votar el nuevo, se requiere de un tiempo
determinado para que estas enmiendas se puedan analizar. En este sentido,
mi primera queja

son las formas. Hemos tenido toda la mañana y el día de
ayer, tiempo razonable para poderlo comentar. Es evidente que este no es
un proyecto de ley cualquiera, es un proyecto muy importante, sobre todo
porque va a definir el futuro de cuatro cajas que se han convertido en
bancos.

Por otro lado, hay que hablar de las competencias de las
comunidades autónomas, que es otro de los aspectos a analizar. En estos
momentos, tal como está el proyecto de ley, recentraliza las competencias
y, por tanto, hay que mirarlo con detenimiento.

Desde nuestro punto de vista, quedan dos o tres asuntos
también importantes: uno es el de los patrones fundadores, qué presencia
van a tener en las nuevas fundaciones. Quiero hablar, por ejemplo, de La
Caixa, de patrones fundadores como la Societat Econòmica Barcelonesa
D´amics del País; la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Barcelona; Foment del Treball Nacional, etcétera. Es un aspecto que
condiciona situaciones futuras en cuanto a votar de una forma u otra.

Y otra cuestión que estaba encima de la mesa es la
coexistencia de presidencias en un tiempo determinado en fundaciones y
bancos. Todas estas cuestiones son fundamentales y hay que analizarlas
con detenimiento. Dada la importancia, repito, la importancia de esta
ley, tratar estos aspectos de esta forma es, sencillamente, una mala
praxis que está utilizando el Grupo Popular.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Voy a intervenir para abundar en el mismo sentido de los
portavoces del Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario Vasco y
del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Esta ley pasó por el Congreso el 17 de octubre. Uno tendrá
que añadir al final de todas las intervenciones aquello que dice el
anuncio de: «yo no soy tonto», porque da la sensación de que nos toman
por tontos. Esta manera de hacer las cosas no es correcta. Esta mañana
hemos estado en la ponencia a las diez y media de la mañana, y la
decisión del Grupo Popular ha sido asumir todas sus enmiendas, las nueve,
y ahora nos presentan una transaccional sobre una enmienda suya,
exclusivamente suya. No es que no estemos de acuerdo en el contenido,
pero la adicional decimoquinta es una transaccional sobre la base de la
enmienda número 100, del Grupo Parlamentario Popular, que se ha aceptado
esta mañana y que hemos incorporado en la ponencia. No lo puedo entender.
Con todo un Gobierno detrás y con un aparato administrativo como deberían
tener, no podemos entender cómo es posible que no se les haya ocurrido
antes de hoy añadir: «siempre que sean titulares o cuenten con el
consentimiento…» En fin, es un problema de praxis, es un problema
de método, es un problema de desprecio al reglamento y a lo que debería
ser el comportamiento democrático de un partido en sede parlamentaria, en
el Senado o en el Congreso.

Dicho esto, me gustaría saber cuál es el procedimiento a
partir de este momento, porque estas enmiendas llegan ahora y no sabemos
qué hay que hacer. Por tanto, nos gustaría que la Mesa aclarara qué pasos
vamos a dar en lo que queda de tarde para solucionar este asunto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Manchado.

Voy a dar la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, el senador Utrera, y después explicaré lo que vamos
a hacer.

Señor Utrera, tiene la palabra.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra
ha señalado que este es un proyecto de ley muy importante. Yo creo que
todos lo son, porque todos tienen interés no solamente para sectores
concretos de la población, sectores económicos y sectores sociales, sino
que en algunos casos, incluso, tienen consecuencias a muy largo
plazo.

Lo que les ha pasado a las cajas de ahorros viene de muy
atrás y tiene consecuencias hoy. Quiero retomar en parte las ideas de
algunos de los discursos anteriores, en el sentido de que debemos
entender que esta no es una situación sobrevenida, sino que ha habido
múltiples errores que han ido produciendo una mala práctica, en algunos
casos, y en otros, temeridad, algo que con esta ley precisamente se
quiere corregir.

Esta ley permite que haya cajas en España, que continúen
operando cajas en España, y al mismo tiempo aclara y define los
contenidos de aquellas fundaciones que, siendo propietarias de cajas, no
podrán interferir en su gestión, y habrán de tener patronos y consejeros
separados en unos casos y en otros. Además, serán sometidas a mecanismos
de control más exigentes cuanto mayor sea la participación de la
fundación en la entidad financiera, en la caja. Por tanto, con estos
principios estamos básicamente de acuerdo.

Algunas cuestiones que se apuntan no dejan de ser de
procedimiento. Entiendo que en una comisión se pueden incorporar
enmiendas, que es lo que se ha propuesto con estas transaccionales, que
las incorporemos. Esta mañana se incorporaron algunas en ponencia, ahora
incorporamos en comisión, y en el Pleno, si analizamos las enmiendas
presentadas por todos los grupos, se podrá, quizá, seguir avanzando y
llegar a alguna transaccional sobre la base de algunas enmiendas
presentadas por otros grupos. Quizá sí o quizá no; en estos momentos no
me puedo comprometer a que se vaya a aceptar alguna enmienda, bien sea en
su totalidad o a través de una transaccional. En todo caso, el debate de
un proyecto de ley atraviesa distintas fases que no nos han de
sorprender, y menos aún cuando su tramitación tiene la calificación de
urgente —y con esto me refiero al portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista— y que pueda verse en un breve espacio de tiempo.
Observe también que este proyecto de ley encuentra su justificación
básica en el Memorándum de Entendimiento con la Unión Europea, que ha
permitido en gran medida refinanciar, mantener y reestructurar el sistema
financiero español. Por tanto, ahora que el Memorándum ha sido satisfecho
prácticamente en casi todos sus contenidos y ahora que ya se ha dado por
finalizado el plan de apoyo al sistema financiero español, parece lógico
que haya urgencia en la aprobación de una de las condiciones que el
propio Memorándum exigía para la reestructuración del sector financiero.
Es decir, en eso estamos.

Repito que a nadie debe extrañar la rapidez con que estamos
viendo este proyecto de ley. ¿Qué es muy importante? Estamos todos de
acuerdo, pero como todos. Y lo que me ha parecido oír es todo eso de a
quién ponemos y dónde, y he oído nombres y fechas en que puede ser
compatible la presencia en el patronato, etcétera. Pues si nos referimos
a eso, también aquí queda clarificado: hasta 2016 o hasta el vencimiento
del mandato como patrono en la fundación. Hasta eso queda clarificado en
este proyecto de ley. Se estará de acuerdo o no, pero lo que no puede
hacerse es tratar de insinuar que las cosas no están claras cuando están
perfectamente clarificadas. Y si hace falta, en el Pleno las
clarificaremos todavía un poco más.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Utrera.

Es un proyecto de ley importante y como tal, como decía su
señoría, hay que intentar tramitarlo por el procedimiento establecido
para que quede sustanciado en este acto.

De conformidad con el artículo 115 y el artículo 116,
apartado 2, cerrado el debate, el presidente someterá a votación la
propuesta que en ese momento formule la ponencia. Pues bien, comoquiera
que hay que aceptar las enmiendas transaccionales, esta Presidencia
propone suspender la sesión durante diez minutos para incorporar y
aceptarlas antes de proceder a la votación. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con la sesión.

Se va a someter a votación el informe de la ponencia, de
conformidad con cuanto previene el artículo 116.2 del reglamento y una
vez terminado el debate, con las siguientes modificaciones que han
surgido e introducido en esta comisión: Primero. Modificar la disposición
transitoria del proyecto introducida esta mañana en la ponencia, que
afecta a las enmiendas números 103, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, 27, del Grupo Parlamentario Socialista, 84, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado y 69 y 74, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.

Segundo. Modificar la disposición decimoquinta añadiendo:
«siempre que sean titulares o cuenten con el consentimiento previo de la
entidad titular de dichas marcas o nombres comerciales.»

Y, en consecuencia con lo anterior, también se produce una
modificación en la exposición de motivos, que diría: «Disposición
transitoria primera. Prevé por su parte la transformación de las cajas de
ahorros de ejercicio indirecto en fundaciones bancarias en el plazo de un
año desde la entrada en vigor de la ley.» «Disposición transitoria
segunda. Prevé el régimen transitorio en cuanto a la incompatibilidad de
los miembros del consejo de administración de una caja de ahorros que
sean simultáneamente miembros del consejo de administración de la entidad
bancaria a través de la cual aquella ejerza su actividad como entidad de
ahorro.» Esta sería la parte que se incorporaría, consecuencia de las dos
modificaciones anteriores.

Si sus señorías coinciden con lo expuesto y si lo que se va
a someter a votación se entiende con claridad, pasaríamos pues a la
votación del informe de la ponencia con esas tres modificaciones que
acabo de explicitarles, en tanto en cuanto había otra modificación que se
pretendía introducir, pero, tras las conversaciones que se han mantenido
por los portavoces de los grupos parlamentarios, no se ha llegado a una
solución definitiva, a la espera de que en el trámite que queda hasta la
aprobación en Pleno pudiera sustanciarse.

Creo entender que este ha sido el acuerdo de los
portavoces. (Asentimiento.)

¿Antes de votar desean dar alguna explicación? (El señor
Alturo Lloan pide la palabra.)

Sí, senador Alturo, tiene la palabra.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.

Yo quería manifestar la explicación del voto ante la
situación que estamos viviendo en estos momentos.

Yo no dudo de que algunas de las enmiendas transaccionales
que se han planteado vayan en la línea de nuestras enmiendas y de lo que
nosotros habíamos presentado; pero hay algunas cuestiones que no son
exactamente iguales —se han incorporado otros detalles— y es
necesario analizarlas con tiempo.

Nosotros tenemos la voluntad de llegar a acuerdos —y
lo quiero manifestar y dejar claro—, pero, dadas las circunstancias
y el procedimiento, y ante la imposibilidad de poder valorar de forma
rigurosa qué implica cada una de ellas, nos vamos a abstener porque
necesitamos el tiempo oportuno para poder ver qué representan todas ellas
y las modificaciones que puedan haberse introducido. De aquí al Pleno
tenemos tiempo y espero que este tiempo lo podamos aprovechar.

Repito, deseamos llegar a acuerdos y con la voluntad de que
las cosas vayan bien, pero ustedes han de entender que esto requiere unos
tiempos mínimos para poder analizar las consecuencias de los cambios
introducidos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo. En esa
voluntad quedamos todos comprometidos.

Solventadas las formalidades y aclaradas las dudas…
(El señor Manchado Lozano pide la palabra.)

¿Sí, senador Manchado?

Tiene la palabra.

El señor MANCHADO LOZANO: Intervengo solo para que conste
en acta que la firma de las transaccionales que hemos hecho no avala para
nada el procedimiento. Rechazamos de plano el procedimiento y lo haremos
cada vez que el Partido Popular abuse del Reglamento en este sentido
—que desde nuestro punto de vista es un abuso—. Dado que las
transaccionales mejoran la situación anterior, solamente por eso, las
hemos firmado, pero que nadie entienda que eso significa un aval del
Grupo Socialista al procedimiento empleado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Así se entenderá, senador
Manchado.

Senadora Iparragirre, tiene también la palabra.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Dado el proceder diferente
que había habido, en mi anterior intervención ya he manifestado el voto
de nuestro grupo, pero incidiendo en la línea de lo que se está
comentando acerca del procedimiento, y puesto que se habla de prisas,
quiero decir que a veces las prisas van encaminadas a buscar el consenso,
pero la búsqueda de ese consenso tiene que ser en dos direcciones. Por lo
tanto, yo apelo a que esas prisas no sean solamente para lo que uno
quiere —aun entendiendo que puede enriquecer el texto— sacar
adelante, sino también en el otro sentido, y lo digo porque mi grupo
lleva bastante tiempo en la línea del diálogo y de la búsqueda de
acuerdos y siempre se alude al tiempo o a la falta de tiempo para no
introducir algunas enmiendas cuando lo hemos solicitado, mientras que hoy
estamos viendo cómo se puede utilizar esa falta de tiempo para introducir
otras. Por lo tanto, que sea en ambas direcciones y, repito, siempre en
la voluntad de nuestro grupo para llegar a un acuerdo en el tiempo que
queda para la finalización del trámite.

No quiero reiterarme, pero debo manifestar nuevamente el
desacuerdo con las formas y que esa misma manera de obrar debería ir en
ambos sentidos.

Nada más.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Iparragirre.

¿Senador Utrera?

Tiene la palabra.

El señor UTRERA MORA: Sí, señor presidente, con mucha
brevedad dado que nos hemos dado un segundo turno de portavoces.

Agradezco a los portavoces de los demás grupos la
colaboración que han tenido, tanto aceptando y firmando esas
transaccionales como no —porque entienden que tienen que pensar más
sobre ello—, pero, en fin, a todos mi agradecimiento.

Creo que en esta comisión podemos darnos por satisfechos
porque estamos aprobando una ley que, como todas, es muy importante.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Utrera.

Aunque de manera un poco anárquica, ¿desea intervenir,
senador Montilla?

El señor MONTILLA AGUILERA: Intervengo exclusivamente
también para decir que las enmiendas incorporadas, y entre ellas las
transaccionales, modifican el proyecto de ley en algunos aspectos que a
nosotros nos parecen positivos y que, a pesar de las discrepancias que
pueda haber —que las hay— respecto al procedimiento, teniendo
en cuenta que esta sí que es una ley que venga por el procedimiento de
urgencia —lo cual hubiera posibilitado otro tipo de negociación y
de diálogo—, es de esperar que todavía se pueda mejorar de aquí al
Pleno, dentro de dos semanas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Montilla.

Pues bien, ahora sí que ya, solventadas las formalidades y
aclaradas las dudas, pasamos a la votación, pero antes como presidente
quiero agradecer a los grupos su capacidad de diálogo y consenso al menos
en posibilitar la incorporación de dichas transaccionales. Es verdad que
en política en muchas ocasiones la forma es tan importante como el fondo,
pero yo creo que el fondo de esta ley es tan importante que,
efectivamente, bien ha merecido la pena esperar ese cuarto de hora para
intentar encauzar la votación y dejando esas posibilidades que quedan
abiertas hasta el día de la celebración del Pleno, como decían algunos
portavoces.

Pasamos, por tanto, a votación el informe de la ponencia de
conformidad con cuanto se ha explicitado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 15; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado el informe
de la ponencia con las incorporaciones a las que se ha hecho mención.

El plazo para la presentación de votos particulares
finaliza no más tarde del día de mañana y hay que designar miembro de la
comisión para la presentación del dictamen en el Pleno. (Varias señoras y
señores senadores: El presidente.)

Con sumo gusto, así lo haremos.

Si no hay nada más que tratar, se levanta la sesión.

Muchas gracias a todos por su presencia.

Eran las diecisiete horas.