materias o módulos de la educación en valores y otras
enseñanzas y respetar el principio de no discriminación y de inclusión
educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos
recogidos en la LOE y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del derecho a la educación, que incluyen el fomento de la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Por lo tanto, nosotros pedimos, con esta enmienda, la
supresión de la parte que hace referencia a esta igualdad.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, senador
Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para defender las
enmiendas 839 a 842, tiene la palabra la senadora Flores.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Quiero pedir disculpas porque me he despistado por completo
en el despacho y he llegado casi justita.

Después de debatir ayer los tres primeros bloques, si algo
ha quedado claro, por lo menos a mí, es que cuando se habla de equidad el
Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado no hablan de lo mismo. A nuestro juicio, equidad en el sistema
escolar se refiere a cómo se trata a los más débiles, a los más
desfavorecidos para mejorar sus condiciones y no puede haber equidad si
no hay igualdad de oportunidades; lo mismo que no hay igualdad de
oportunidades si no hay equidad y eso desde el inicio del proceso
educativo hasta el final del mismo, garantizando por lo tanto una
educación inclusiva desde el principio y ayudando a que todos terminen en
las mejores condiciones, como les decía antes. Por eso, cuando hablamos
de calidad de la enseñanza no podemos olvidar la equidad que tiene que
impregnar todo el sistema, ¿o solo nos interesa, señorías, el alumnado de
excelencia? El Grupo Parlamentario Socialista cree, por supuesto, que
no.

Si partimos de ese concepto de equidad, que no es el del
ministro ni el del Gobierno, está claro que este proyecto de ley acaba
con él, a pesar de que PISA reconoce que España, en general, y las
comunidades autónomas están a la cabeza de Europa con otros países en lo
que a equidad se refiere. Por eso, no entendemos por qué este proyecto de
ley lanza un ataque frontal contra ella.

Además de las autoemiendas que introdujo el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, en el Senado también introducen
otras dos que justifican para salvar contradicciones con otros artículos,
facilitar estudios a distancia a personas adultas y así lo que hacen es
dar vueltas de tuerca a su ley cuando nosotros creemos que la mejor
autoenmienda que pueden presentar es retirar este texto y empezar de
nuevo.

Como decía la presidenta, el Grupo Parlamentario Socialista
ha presentado a este bloque estas cuatro enmiendas y todas ellas son de
supresión. Ayer se criticó que nosotros presentáramos enmiendas de
supresión. ¿Saben por qué? Pues porque nosotros seguimos defendiendo la
LOE. Su articulado nos parece más apropiado y no compartimos en absoluto
lo que ustedes proponen porque, a nuestro juicio, es discriminatorio y,
desde luego, no garantiza la igualdad de oportunidades y de trato. Por
eso, con estas enmiendas de supresión queremos que se vuelva al texto de
la LOE.

Desde ayer estamos escuchando cosas que a mí me resultan
increíbles, por calificarlas de manera suave. Se están retorciendo
argumentos con medias verdades para intentar desvirtuar o, mejor dicho,
camuflar lo que de verdad subyace en este proyecto de ley, que es ni más
ni menos que elitismos, segregación, preeminencia de la privada sobre la
pública y educación de excelencia para quien tenga, desde luego,
posibilidades económicas y para los demás lo que quede. Con el argumento
del esfuerzo y del rendimiento se cargan el principio de igualdad de
oportunidades y, por tanto —como les decía antes—, la
equidad, eliminan becas —por cierto, y perdone que le haga un
inciso, pero vaya papelón el del ministro Wert ayer con las
Erasmus—, los estudios se están convirtiendo en una carrera de
obstáculos y, además, se elimina profesorado. En definitiva, la educación
ya no será un servicio público para todos y todas y ya no habrá
—repito— equidad.

En cuanto a la educación diferenciada ya tuve ocasión de
preguntar al ministro que dejó claro lo que piensa el Gobierno y, por
tanto, el Grupo Parlamentario Popular. Ustedes se saltan las sentencias
de los tribunales, interpretan a su manera las recomendaciones del
Consejo de Estado para hacer lo que en realidad pretendían: financiar con
fondos públicos los minoritarios y exclusivos centros de élite en manos
casi siempre de la Iglesia católica. Le repito lo que dije entonces, yo
no discuto el derecho de estos centros a existir con su propio ideario,
lo que discuto y a lo que mi grupo se opone es a que se financien con
fondos públicos, dinero de todos y todas para unos pocos.

No es de recibo, señorías del Grupo Parlamentario Popular,
que en época de recortes y dificultades económicas se dedique el poco
dinero que hay a financiar estos centros en lugar de destinarlo a
conseguir que nadie se quede fuera, que nadie se quede en la cuneta. Eso
no es equidad. El Estado, señorías, tiene la obligación de garantizar una
educación adecuada al consenso democrático y de igualdad, justo lo
contrario que hace su ley, suya porque al final se han quedado solos.

Hemos presentado estas enmiendas porque nuestra voluntad es
defender la igualdad en la escuela, la educación pública sostenida con
fondos públicos con arreglo a nuestra legislación, que ustedes cambian
para atender sus compromisos partidarios. La equidad de nuestro sistema
educativo y la consecución de los objetivos de Europa 2020 es lo que nos
interesa, objetivos que nosotros compartimos y que con esta ley y los
recortes ya practicados cada vez, a nuestro juicio, están más lejos.

Su defensa de la libre elección de centro por la familia
por fin la vemos clara. Nos parece que es al revés, que los centros
elijan a los alumnos. Pero lo que está sobre la mesa es que los de
siempre hagan un negocio también con la educación. Ustedes no retocan la
LOE, señorías, le dan la vuelta con la excusa del abandono escolar
temprano y del elevado fracaso escolar que, por cierto, con su itinerario
y las nuevas titulaciones de FP van a lograr bajar estos datos, aunque
sea a costa de manipularlos.

Por último, esta contrarreforma es injusta, muy injusta y
muy regresiva, también puramente ideológica y nos hará más desiguales
primando los intereses de una minoría sobre los derechos de todos los
españoles y españolas. Hagan caso, si no a los grupos parlamentarios, que
ya veo que no, a la comunidad educativa. Creo que están a tiempo y que
podemos buscar juntos la solución a los problemas que, sin duda, tiene
nuestro sistema educativo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Flores.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora
Haro.

La señora DE HARO BRITO: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero señalar que este grupo había
presentado las enmiendas 696 y 697 a este bloque de artículos y que, por
tanto, quedan ya incorporadas al texto.

En este turno en contra tenemos que señalar que debemos
tener en cuenta que estamos tratando los apartados cincuenta y cinco a
sesenta y dos de la LOMCE y de los artículos 71 a 90 de la LOE. Estamos
hablando de 18 artículos. A este bloque se han admitido cinco enmiendas.
Previamente, en la ponencia se había admitido la enmienda 185 del Grupo
Parlamentario Mixto, que daba una nueva redacción al apartado 2 del
artículo 71, y también la enmienda 226, por la que se pretende incorporar
una disposición transitoria que vendría a ser la segunda. Señora
presidenta, aceptamos la enmienda 390, también del Grupo Parlamentario
Mixto, que da una nueva redacción al apartado 3 del artículo 84. Esto
supone que, por ello, dos enmiendas de otros dos grupos a este mismo
bloque, concretamente la 217 del Grupo Parlamentario Mixto y la 749, al
apartado 3 del artículo 84, a la que se ha referido el representante del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, no se
admiten dado que —repito— aceptamos la nueva redacción que se
propone en la enmienda 390 del Grupo Parlamentario Mixto.

Tenemos que destacar que en este bloque, de aproximadamente
40 enmiendas, además de tener estas cinco admitidas, muchísimas son
—como ha señalado la senadora Flores— de supresión y, por
tanto, no se admiten porque su aceptación supondría precisamente volver
al texto de la Ley Orgánica de Educación. Esto mismo ocurre con numerosas
enmiendas de otros grupos; concretamente son de supresión las enmiendas
117 y 118 de Izquierda Unida, las números 445, 548 y 549 de Entesa, la
302, del Grupo Parlamentario Mixto y las números 839 y 840 del Grupo
Parlamentario Socialista.

Por tanto, como todas ellas son enmiendas de supresión,
entendemos que el texto que propone la LOMCE es mucho más adecuado a la
actual situación de la educación en España. Por consiguiente, no las
asumimos porque es una vuelta a la LOE.

También es muy curioso y llama la atención que en algunas
de las enmiendas se proponga la supresión de una serie de artículos y, a
continuación, se presenten otras con las que se pretende la modificación
de esos mismos artículos, es decir, son enmiendas casi contradictorias
entre sí. Por ejemplo, esto sucede con las enmiendas 444 y 445 de Entesa
o con algunas de Izquierda Unida.

Señorías, me llaman la atención igualmente algunas
aseveraciones que se hacen en varias justificaciones a algunos artículos.
En este sentido, es llamativo que en la enmienda 116, del Grupo
Parlamentario Mixto, correspondiente a Izquierda Unida, se pongan en duda
procesos de admisión que hasta ahora han tenido validez y que se
establecen en la Ley Orgánica de Educación, correspondiendo al

artículo 84. En algunas ocasiones incluso se parte de un
concepto erróneo de la libre elección de centros. En la enmienda 152 se
señala que previamente no hay un derecho a respetar la libertad de
elección de centros, lo cual para este grupo resulta sinceramente
llamativo.

Por otro lado, tengo que destacar que también es llamativo
que Izquierda Unida presentara una enmienda por la que se quería eliminar
la posibilidad de concertada en la tramitación de la Ley Orgánica de
Educación en el año 2006 que el Grupo Parlamentario Socialista,
mayoritario en aquel momento, no tuvo en cuenta y, en cambio, en las
enmiendas al texto que ahora tratamos, a la LOMCE, para nada habla de
esta característica.

Respecto a la enmienda 776, que señalaba el representante
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, aunque
se tratará en el bloque sexto, se pretende —creíamos— la
modificación del artículo 82.2, y se corresponde con alguna de las
mociones que se han presentado tanto en el Congreso, por el mismo grupo,
como en el Senado y que han sido rechazadas por la mayoría, representada
en esas mociones y, en este sentido, entendemos que en el artículo 82.2
aparece bien defendida la posibilidad para los alumnos o alumnas de las
zonas rurales y, por tanto, entendemos que la redacción que se mantiene
en el artículo 82.2 es la más correcta para las necesidades actuales.

Nada más, señorías. Señora presidenta, seguiré en el turno
de portavoces.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, senadora De
Haro.

Entramos en el turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones.)

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió? (Pausa.)

Tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Intervengo muy brevemente para hacer
constar que ya me han respondido a una enmienda que todavía no he
defendido. Ya empezamos mal.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Alturo.

¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)

Tiene la palabra la senadora Flores.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.

Voy a ser muy breve. Al final se consuma lo que nos
temíamos. Ustedes aceptan la enmienda 390, de Unión del Pueblo Navarro,
del Grupo Mixto, lo que significa que los colegios que separan por sexos,
lo que ustedes llaman la enseñanza diferenciada, ya no tendrán que
justificar que garantizan la igualdad. A eso, que a nosotros nos parecía
que por lo menos ponía un freno y que el Consejo de Estado se lo había
recomendado, ustedes dicen que no, simplemente se les da el dinero y
punto. A nosotros nos parece mal. Seguimos pensando que eso no está bien
y que, por lo menos, habría que justificarlo, como salió del Congreso, de
forma razonada. Ya no se razona, simplemente se da el dinero. Ustedes
tienen la mayoría, así que ustedes sabrán.

Además de lo dicho antes y de esta puntualización, yo
quisiera apuntar otras cinco notas que abundan en nuestra posición de
rechazo a este proyecto de ley. Como le decía al principio, el truco
estadístico de la FP; la cara oculta de la reválida, que nos parece
fundamental reseñarlo; la invasión de competencias de las comunidades
autónomas y relacionado con este punto los líos que han formado con las
lenguas, creando problemas donde no los había. El otro tema importante es
la financiación. Nosotros nos preguntamos —y no solamente nosotros,
sino también el Consejo de Estado y la Unión Europea— de dónde va a
salir el dinero para implantarla. Ahora nos hemos enterado de lo que
todos sabíamos, pero ahora es cuando nos ha dicho el ministro que va a
ser cara. ¿Quién la paga? Se lo dijo, como le apuntaba, el Consejo de
Estado y la comisaria de Educación, la señora Vassiliou, le dijo textual
que necesitarán importantes recursos presupuestarios. ¿Dónde están? Desde
luego, en los Presupuestos para el 2014 no. ¿Pagan las comunidades
autónomas? ¿Quién paga esto?

Nada más, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Flores.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora De Haro.

La señora DE HARO BRITO: A la vista de las manifestaciones
de los senadores de los dos grupos que han intervenido, me referiré, en
primer lugar, al senador Alturo. Usted mismo ha hablado de la enmienda
776. Como usted sabe, también ha mencionado que se refería al artículo
82.2, que es uno de los artículos incluidos en este título pero,
independientemente de que ya he señalado que dicha enmienda se tratará en
el bloque correspondiente, usted o su grupo en la enmienda 776 presentan
una justificación y, en base a ella, es por lo que esta senadora ha hecho
brevemente una consideración, teniendo en cuenta que este tema ya se ha
tratado, como usted sabe perfectamente, tanto en el Congreso como en el
Senado y en esta Comisión de Educación en el debate de diferentes
mociones. Solamente quería hacer esta puntualización.

En cuanto a la senadora Flores, quiero manifestar respecto
a la financiación que ya el señor ministro en la Comisión General de las
Comunidades Autónomas mencionó y dijo una vez más, después de cinco
conferencias sectoriales con los representantes de las diferentes
comunidades autónomas, que la financiación se está estudiando por un
grupo de trabajo y que, por tanto, se van a tener en cuenta tanto las
manifestaciones que hagan las comunidades autónomas como lo que resulte
de este grupo de trabajo.

Estamos tratando un bloque que ya sufrió modificaciones en
el Congreso. Entró en el Congreso con los apartados cincuenta y tres a
cincuenta y siete y ahora en el texto, en el Senado, aparecen como
apartados cincuenta y cinco a sesenta y dos del título II de la Ley
Orgánica 2/2006, que, como todos saben, se trata de la equidad en la
educación y que comprende 4 artículos referidos al alumnado con
necesidades específicas de apoyo, a la compensación de las desigualdades
en educación y, entre ellos, aparece el artículo 82.2, que antes
mencionábamos, la escolarización en centros públicos y privados
concertados y, por último, en el capítulo IV, premios y concursos. Pues
bien, de los 19 artículos, con sus correspondientes apartados, tan solo
se reforman parcialmente, si bien de una manera importante, algunos de
los apartados de 4 artículos —los números 71, 84, 86 y 87—,
se modifica el texto de uno en su totalidad, que es el artículo 76, y se
añade un nuevo artículo, que es el artículo 79 bis. Ejemplo, por tanto,
de lo que este partido ha señalado reiteradamente, y es que se trata de
la anterior ley, de introducir las mejoras que se entienden necesarias en
la Ley Orgánica de Educación, a diferencia de lo que hizo el Partido
Socialista en el año 2004, cuando derogó de manera inmediata, sin
posibilidad de ver los resultados, la LOCE.

Pues bien, en la ley en general y en este bloque en
particular, aunque se nos acuse de no ser dialogantes, se han admitido,
como he dicho en mi anterior intervención, enmiendas de otros grupos. Lo
que sí está claro y lo que destaca es que el Partido Socialista siempre
habla de que el Partido Popular no tiene diálogo, que este grupo no
dialoga, que el ministerio tampoco dialoga, y esto se dice desde esa
concepción que entendemos que tiene la izquierda de que no hay diálogo,
ni espíritu de consenso si no se aceptan enmiendas pero, desde luego, no
lo hay si no se aceptan las del Grupo Socialista. En el Congreso, si no
me equivoco, se admitieron enmiendas, entre ellas, al artículo 76, de
Unión del Pueblo Navarro, y en la ponencia, como ya he señalado, se
admitieron las enmiendas 185 y 226 del Grupo Parlamentario Mixto y en
este acto hemos admitido la 230, del mismo grupo.

Señorías, las modificaciones realizadas en este bloque son
de las que más se han hablado en relación con la reforma, que pretende la
LOMCE, de la Ley Orgánica de Educación y recordemos que consisten,
básicamente, en que en el capítulo I se regulen los extremos relacionados
con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En este
sentido, existe una muy ligera modificación del artículo 76 de la LOE
para introducir el objetivo de permitir al alumnado con altas capacidades
intelectuales desarrollar al máximo sus capacidades en los planes de
actuación de las Administraciones educativas. En el capítulo III, que se
refiere a la escolarización en centros públicos y privados concertados,
se modifican el artículo 84, apartados 2 y 7, y el artículo 87, apartado
2. Se incluye el criterio del rendimiento académico entre los puntos a
tener en cuenta en los procedimientos de admisión a la enseñanza
postobligatoria, con el límite del 20% de la puntuación asignada a las
solicitudes de admisión y con la posibilidad importante de reducir o
modular este porcentaje cuando sea necesario para evitar la ruptura de
criterios de equidad y de cohesión del sistema. Igualmente, se introduce
expresamente la posibilidad de suscribir conciertos educativos en los
centros de educación diferenciados por sexos por entender que esta forma
de organización educativa no es discriminatoria.

Esto no lo dice el Partido Popular ni el ministerio, sino
la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la
Esfera de la Enseñanza, que, como todo el mundo sabe, es de 14 de
diciembre de 1960, y siempre que se cumplan ciertos requisitos y exista
una justificación objetiva y razonable de la excepción general de la
coeducación, así como que estén previstas medidas para favorecer la
igualdad. Además, este supuesto ha sido analizado recientemente en una
sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de julio de 2012, es decir, del año
pasado.

También se regula la posibilidad de que los centros
públicos y privados concertados reserven plazas destinadas a los alumnos
afectados por movilidad forzosa de los padres, tutores legales o por
cambio de residencia derivados de actos de violencia de género, al tiempo
que aumentar el número de alumnos por aula para la escolarización de
alumnos de incorporación tardía o por incorporaciones ocasionadas por
traslados forzosos.

Mucho se ha hablado, señorías, sobre si la nueva regulación
conculca los principios de libertad de enseñanza, libre elección de
centro o que va contra el principio de igualdad o, mejor dicho, equidad
en la educación. Yo les digo ya que no, puesto que se garantiza el
derecho de acceso a la educación en las condiciones previstas en el
artículo 27 de la Constitución, la libertad de elección para los padres
como principio constitucional, posibilitando que las familias puedan
elegir que sus hijos e hijas acudan a los centros concertados. Entre
estos centros además se encuentran aquellos que se prevén en el artículo
84, apartado 3, párrafo segundo, en la redacción dada en esta ley que
ahora estamos analizando, la LOMCE. En este punto tengo que destacar la
sorpresa por la insistencia en la crítica de la educación diferenciada.
Tengo que señalar que esta educación se estima que ocupa tan solo el 0,7%
en toda España.

También estos grupos critican los centros privados, pero
tenemos que señalar que hasta en la LOE se tuvo que reconocer, como se
señala expresamente en su exposición de motivos, la necesidad de que
existiera educación privada concertada por mandato derivado de la propia
Constitución. Tenemos que recordar que en la tramitación de la LOE
Izquierda Unida presentó una enmienda, como he señalado anteriormente,
para eliminar conciertos con centros privados, que no fue admitida por el
Partido Socialista. Pero obras son amores y la realidad, señores del
Partido Socialista, es que ustedes en las comunidades que han gobernado
han llevado a cabo conciertos o han mantenido los que existían, como ha
sucedido en Andalucía y Asturias, que conoce bien el senador Álvarez
Areces, así como en otras comunidades autónomas.

Igualmente curioso resulta que Izquierda Unida no presente
enmiendas en el sentido de eliminar la educación concertada mediante
modificación de los artículos de la LOE, como pidió en la tramitación de
la ley en 2005, porque equidad —se ha dicho reiteradamente—
no es igualar por debajo, sino posibilitar el acceso en las mismas
condiciones, y este principio, señorías, les digo que está garantizado.
Resulta claro que las medidas adoptadas no suponen una vulneración, no
porque lo diga el Partido Popular, no. Así, el artículo 84. 3 en la
redacción que propone este proyecto de la LOMCE reseña que no constituye
discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza
diferenciada por sexos siempre que la enseñanza que impartan se
desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención que
ya he mencionado anteriormente, relativa a la Lucha contra las
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, aprobada por conferencia
general de la UNESCO el 14 de diciembre.

Como muy bien reseña el informe del letrado de esta
comisión, en la Convención de la UNESCO de 1960, en su artículo 2, se
preveía que los Estados firmantes admitieran las enseñanzas diferenciadas
por sexos, como es el caso de España. A estos efectos, su artículo 1
entiende por discriminación toda distinción, exclusión, limitación o
preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la
religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen
nacional o social, la posición económica o el nacimiento que tenga por
finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la
esfera de la enseñanza; en una palabra, entiende por discriminación el
trato desigual que persigue o genera segregación. Además, dispone que la
enseñanza diferenciada por sexos no constituirá discriminación en este
sentido siempre y cuando reúna los requisitos expresados en su artículo
2, a la que, como hemos visto, alude también el precepto recién citado
del proyecto. Además tenemos que recordar —importantísimo— el
artículo 10.2 de la Constitución, que establece que las normas relativas
a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los
tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados
por España. De ahí la sorpresa manifestada anteriormente, en el turno en
contra de las enmiendas, de que algún grupo político presentara una
enmienda poniendo en duda la validez o la constitucionalidad de la
mencionada convención de la UNESCO. Por otro lado, tal artículo también
se debe interpretar a la luz del

párrafo primero del artículo 84.3 que hemos establecido en
el texto de la LOMCE, que dice que en ningún caso habrá discriminación
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.

Por último, quiero recordar que el Tribunal Constitucional
ha resaltado en múltiples ocasiones el hecho de que, aunque la cláusula
del artículo 14 garantiza la igualdad y prohíbe la discriminación, en
ningún caso implica que prohíba cualquier trato desigual. Por tanto,
trato desigual no es sinónimo de trato discriminatorio. Al respecto,
figuran, entre otras, la sentencia 22/1981, fundamento jurídico tercero,
y, más reciente, la sentencia 87/2009, fundamento jurídico séptimo.
Recomiendo además por lo que se refiere al tema de la equidad un
interesante estudio de la OCDE, Diez pasos hacia la equidad en la
educación, muy aclaratorio y relacionado con el asunto que tratamos.

Detrás de este ataque a la reforma, en la exposición de la
senadora Flores, del Grupo Socialista, se hablaba de que lo que se
pretende es apoyar a la privada, frente al trato de lo público. Pues
bien, entendemos que detrás de este ataque a la reforma se esconde una
vez más el enfrentamiento que algunos propugnan, señoría, entre la
escuela pública y la concertada y la privada. Ambas conviven
pacíficamente en la práctica, como saben, y basta con observar los
últimos datos de los que disponemos para ver que la enseñanza pública
sigue siendo mayoritaria en nuestro país: representa el 68,3%, mientras
que la concertada ocupa un 25% y, aproximadamente, un 7% la privada,
opciones absolutamente legítimas siempre que se elijan con absoluta
libertad, que es lo que nosotros defendemos.

Señorías, hasta en esto se nos acusa de llevar a cabo una
reforma ideológica, una reforma que parte de una ley aprobada bajo
Gobierno socialista, la LOE, que fue una reforma de reformas, es decir,
una contrarreforma. Tengamos en cuenta que fue la cuarta ley bajo mandato
socialista, después de suspender de manera inmediata la LOGSE. En este
punto debemos recordar el dictamen del Consejo de Estado número
1125/2005, de 14 de julio, en el expediente relativo al anteproyecto de
la Ley Orgánica de Educación, que, tras destacar la falta de consenso
sobre el mismo, señalaba de modo claro el carácter profundamente
ideológico.

Y respecto al título II de la LOE que ahora estamos
analizando, también el Consejo de Estado se refería ampliamente a una
serie de defectos entonces establecidos, que esta reforma de la LOMCE,
artículo 71 a 90, pretende mejorar. Señalaba que los artículos 81.3 y
82.2 no dejaban claro si la gratuidad y la oferta necesaria de un puesto
escolar se impone solo para la educación primaria o también para la
educación secundaria; señalaba que los apartados 2 y 3 del artículo 83 no
dejaban claro qué función iba a corresponder al Estado y cuál a las
comunidades autónomas; señalaba también respecto a los artículos 84.2 y
86.1 que no quedaba clara la determinación sobre quién regularía el
régimen de admisión de alumnos; respecto al artículo 84.2, del que ya
hemos hablado, señalaba que se añadiera una parte final; señalaba la
necesidad de establecer con mayor claridad el peso que tenía el
expediente académico en las admisiones en las enseñanzas de bachillerato,
que establecía el artículo 85.1; y señalaba que de la lectura de los
artículos 84.2 y 86 se desprendía que no habría desarrollo reglamentario
estatal para los criterios de admisión regulados en el artículo 84 y
siguientes. Pues bien, señorías, todos estos defectos respecto al título
II se señalaban en aquel dictamen del Consejo de Estado y ahora, con esta
modificación de la LOMCE, se pretenden corregir.

Por ello, resulta a esta senadora, sinceramente,
sorprendente las afirmaciones que se realizan por partidos que llevaron a
cabo una normativa en la que hay aspectos francamente mejorables y que se
pretenden corregir para hacer realmente efectivos los principios
constitucionales en materia de educación, así como los contenidos
previstos, entre otros, en los artículos 1 y 71 de la LOE, que ahora
también modificamos en algún aspecto pequeño, pero también en el artículo
27 de la Constitución.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora De Haro.

Damos por finalizado este cuarto bloque.

Entramos en el quinto, apartados 63 a 81, correspondiente
al título IV, centros docentes, y título V, participación, autonomía y
gobierno de los centros de la Ley Orgánica 2/2006; disposición adicional
segunda del proyecto, disposición transitoria única del proyecto y
disposición final segunda del proyecto.

Para la defensa de las enmiendas, tienen la palabra los
grupos parlamentarios.

En primer lugar, correspondería al portavoz del Grupo
Mixto, que no está presente, para la defensa de las enmiendas números 119
a 138, 173 a 177, 187 y 188, 219 y 220, 303 a 317, 375, 385 a 386.

En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
la senadora Martínez Muñoz para la defensa de las enmiendas 652 a 658 y
674.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Muchas gracias, señora
presidenta.

Mi grupo ha presentado ocho enmiendas a este apartado, un
bloque importante porque hace referencia, primero, a las funciones del
consejo escolar y también a las funciones que va a desempeñar el
director, así como a su proceso de selección.

Casi todas nuestras enmiendas, quitando un par de ellas,
hacen referencia a la inclusión de especificaciones respecto de las
personas con discapacidad y que hemos presentado a instancia del CERMI.
El resto de enmiendas, como decía, se van a centrar en estas cuestiones.
Voy a empezar a hacer una defensa pormenorizada de todas y cada una de
ellas.

En el caso de la número 652, mi grupo lo que está
proponiendo es una mejora pedagógica del texto modificado por la LOMCE,
incluyendo un párrafo en el que se diga que las administraciones
educativas podrán favorecer el ejercicio de la función directiva en los
centros docentes, dotando a los directores de la necesaria autonomía de
gestión para impulsar y desarrollar las acciones de calidad educativa.
Para explicar esta enmienda es necesario conocer que mi grupo, además,
está pidiendo la supresión de los artículos que modifican las funciones
del consejo escolar y del director. ¿Por qué? Porque entendemos que, si
bien es cierto que estamos de acuerdo en que los centros tienen que tener
mucha más autonomía, así como que la figura del director y del equipo
directivo es fundamental para garantizar una correcta autonomía de los
centros docentes, eso — la autonomía de los centros docentes y el
incremento de las responsabilidades del equipo directivo — no está
reñido con el mantenimiento de la actual capacidad decisoria respecto de
la política y la gestión de los centros docentes en los consejos
escolares.

Por lo tanto, pedimos la supresión del apartado que regula
las nuevas funciones del consejo escolar, porque entendemos que la
minoración de sus responsabilidades es negativa, va contra el principio
democrático, va contra el modelo de escuela y contra el modelo educativo
que mi grupo parlamentario defiende y, además, entendemos, como decía,
que eso no está reñido con dotar a los directores y al equipo directivo
de una mayor autonomía. Por eso hemos incluido esta enmienda, en la que
decimos explícitamente que las autoridades educativas dotarán a los
equipos directivos y al director, en este caso, de cuantos instrumentos
sean necesarios para garantizar su autonomía.

Del mismo modo, entendemos que la función del director como
cabeza de un equipo directivo es fundamental. Por lo tanto, tenemos
también enmiendas en las que lo que venimos a pedir es que en el concurso
de méritos para optar a la plaza de director se tenga en cuenta, y mucho,
la opinión del profesorado. No recuerdo en este momento cuál es el
porcentaje exacto, pero dentro de este comité que se crea para organizar
las candidaturas y fijar cuáles son los méritos para la función de
director, lo que pedimos es que el peso del claustro de profesores, en
este caso, y el peso de los representantes que puedan venir del consejo
escolar, sea superior al que marca la ley.

Entendemos también que dentro de lo que es el reparto
competencial —y hay una enmienda que se refiere específicamente a
este aspecto— es fundamental establecer los criterios que permitan
mayor estabilidad al conjunto del profesorado y al claustro dentro de los
centros educativos. Y, además, dentro de lo que es el establecimiento del
ámbito competencial entre las administraciones educativas y el
ministerio, entendemos que otra vez hay una invasión de competencias. Se
está valorando la función pública docente y se está pidiendo un mínimo de
cinco años, pero nosotros lo que venimos a decir es que, además, se tenga
en cuenta la prestación de servicios en la función pública docente en el
ámbito de la Administración educativa convocante de la plaza de director,
en este caso. Entendemos que eso favorece, primero, la estabilidad del
personal docente de los ámbitos educativos. Y, segundo, es mucho más
respetuoso con el reparto competencial. Porque de nuevo tenemos que decir
que la LOMCE invade competencias una y otra vez, ninguneando a las
autoridades educativas. Se lo dije al ministro en la conferencia de
comunidades autónomas, que pretende que el Ministerio de Educación se
convierta en autoridad educativa, pues está asumiendo funciones que son
propias de ellos. Quiere llegar hasta el nivel de tener que establecer
cuáles han de ser los criterios básicos de las funciones del director de
los centros docentes. Entonces, ¿qué papel les queda a las autoridades
educativas en todo este proceso? ¿Qué capacidad vamos a tener de
gestionar nuestros propios centros? Absolutamente ninguna.

Y en el caso de comunidades autónomas que han demostrado,
además, que con un sistema común a todas las comunidades autónomas han
sido capaces de gestionar eficazmente sus centros docentes, a tenor de
los resultados no solo educativos o de informes como el de PISA, sino en
valoraciones y homologaciones de calidad de la gestión educativa. Hay
centros en los que es evidente que hay excelencia, y algo de
responsabilidad tendrán las autoridades educativas en esa gestión.

Por lo tanto, una ley que pretende erigir al ministerio en
autoridad educativa, ninguneando, en este caso, a las comunidades
autónomas, se va a tener que encontrar siempre con la oposición de este
grupo.

Estas son las enmiendas que, a nuestro juicio, solventan,
primero, ese gap competencial, así como esa asunción de competencias que
no le son propias. Y, segundo, son medidas que van a garantizar que la
mayor autonomía de los centros no sea a costa de reducir el valor
democrático de la participación en los consejos escolares de los
diferentes actores de la comunidad educativa.

Esto es todo. Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Martínez.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, en
concreto, la señora Sequera García, que es su portavoz, tiene las
enmiendas números 448 a 459, 487 a 491, 550, 552, 554, 571, 595, 600 y
603.

La señora SEQUERA GARCÍA: Las doy por defendidas.

La señora PRESIDENTA: Las da por defendidas. El Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tiene las
enmiendas 750 a 758, 777, 780 y 784. Tiene la palabra el senador
Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señora
presidenta.

Nosotros, en este bloque que se refiere a los centros
docentes y a la participación, autonomía y gobierno de los centros, hemos
presentado bastantes enmiendas. En primer lugar, voy a hacer referencia a
una enmienda en la que pedimos la supresión del artículo 111 bis nuevo,
que pretende regular materias como las tecnologías de la información y la
comunicación, vulnerando nuevamente en este proyecto las competencias de
las comunidades autónomas en este ámbito. Fíjense, señorías, el nivel al
que llegamos, pues pretenden regular temas como las tecnologías de la
información, que son competencia de las comunidades autónomas, y, en
definitiva, el nivel de recentralización es tremendo, ya que es evidente
que llegar a este nivel de concreción muestra una gran voluntad de
recentralizar competencias.

La enmienda número 752 propone la supresión del segundo y
tercer párrafo del apartado 3, porque su contenido pone en cuestión la
finalidad última de la evaluación de los centros, que no es otra que su
mejora en clave de procesos y de resultados. Los estudios
internacionales, OCDE, McKinsey, etcétera, indican que el ejercicio de la
autonomía por parte de los centros debe ir acompañada siempre de los
correspondientes mecanismos de rendición de cuentas a la comunidad
educativa y a la propia Administración.

En relación con los recursos complementarios, proponemos en
una enmienda que la aprobación la efectúe el consejo escolar y no el
director, tal y como establece el redactado actual. De hecho, es el
consejo escolar del centro el órgano de participación de la comunidad
educativa en su gobierno, y, por lo tanto, le compete el control de los
aspectos vinculados a la gestión económica.

Un grupo de enmiendas, las números 755, 756, 757 y 758,
juntamente con las números 777 y 780, sobre la selección del director,
requisitos para ser candidato a director, procedimiento de selección y
nombramiento, planteamos su supresión y, en consecuencia, el retorno a la
LOE. Consideramos más adecuado el sistema actual que el que proponen en
esta ley.

Por último, la enmienda número 784 a la disposición final
segunda pretende su eliminación, por no considerar oportuna la
modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, puesto que las
administraciones educativas de las comunidades autónomas en ejercicio de
sus competencias, orientan y asesoran a los centros en relación con su
gobernanza. Además, los centros, en virtud de su autonomía, ajustan la
composición de sus estructuras y órganos de gobierno a las necesidades de
sus alumnos y de sus familias, así como las del entorno.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias a usted, senador Alturo.

Tiene la palabra, para la defensa de las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista números 843 a 862, 885, 889 y 892, su
portavoz, el senador Álvarez Areces.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Muchas gracias, señora
presidenta.

Buenos días. Hago uso de la palabra en este bloque quinto
con la defensa de una serie de enmiendas que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista en el Senado, desde mi punto de vista, de gran
trascendencia en lo que significa el debate político en torno a la
LOMCE.

En realidad, a lo largo de todo el debate parlamentario
tanto en el Congreso como en el Senado —y esta Cámara ha jugado un
papel importante al activar ese debate con una serie de planteamientos
nuevos, como ha sido la convocatoria de la Comisión General de las
Comunidades Autónomas, donde se pusieron de manifiesto por primera vez
los posicionamientos totalmente contrarios a la ley, en virtud de su
sistema competencial, por parte de algunas comunidades autónomas—
hemos visto posiciones que, desde nuestro punto de vista, reflejan
claramente un profundo y radical planteamiento de la LOE, que es lo que
en realidad significa la LOMCE.

Nosotros hemos basado nuestras enmiendas generalmente en la
supresión de los párrafos de la LOMCE que a nuestro juicio empeoraban la
LOE, la vuelta a la LOE y en algún caso, de forma muy específica en este
bloque que voy a presentar, incluso la modificación de algunos aspectos
de la LOE. Pero en mi intervención voy a tratar de llamar la atención
sobre tres puntos importantes de este bloque de enmiendas.

El primero de ellos corresponde a las enmiendas 844 y 845,
donde planteamos el debate en torno al artículo 109. En una de esas
enmiendas planteamos la supresión de todo el texto de la LOMCE y en la
otra la modificación incluso del texto LOE, y lo hacemos en función de lo
que a nuestro juicio ha significado la ruptura clara del pacto
constitucional en materia educativa. Por eso pedimos en la enmienda 844,
de modificación al apartado sesenta y cuatro del artículo 109, que quede
redactado como enuncio aquí. Planteamos en la enmienda una lectura del
artículo 109 y, sobre todo, añadimos de forma explícita que en todo lo
que concierne a la escolarización de los alumnos y a los procesos de
admisión de alumnos se tendrá en cuenta, en primer término, la red
existente de centros públicos en el territorio en el que se ejercen sus
competencias y, en segundo término, la red existente de centros privados
sostenidos con fondos públicos para completar las necesidades de
escolarización. Añadimos y restituimos la palabra público. Continúa:
Asimismo, las administraciones educativas garantizarán la existencia de
plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva
población. ¿Por qué decimos esto? Porque desde nuestro punto de vista el
proyecto de ley que aquí se somete a debate, la LOMCE, supone, como dije
ya en mi intervención con motivo de la comparecencia de la secretaria de
Estado, que estamos viviendo el momento más difícil de la educación
pública en nuestro país, de la escuela pública, y también un ataque sin
precedentes a la educación pública al tratar de subordinarla a la
privada.

Nuestro grupo parlamentario considera que de forma
irresponsable se rompe el pacto educativo de la LODE, que se había
respetado hasta entonces. Se instaura un modelo basado en una auténtica
segregación o proceso selectivo gradual que afecta socialmente a capas de
la población muy sensibles desde el punto de vista económico. Se está
supeditando la admisión del alumnado a criterios selectivos que van en
detrimento de una planificación educativa que siempre se ha considerado
previa al carácter de la decisión de los propios padres en la elección de
los centros, que existe. Y esa libre decisión de los padres se ha puesto
en práctica en nuestro país hasta el punto de que prácticamente el 90%
tienen el centro que desean, y el resto elige en función de criterios de
admisión objetivos y de una planificación educativa que tiene en cuenta
los recursos existentes, las diversas zonas del territorio para asegurar
la igualdad en el acceso, etcétera; después de esa planificación, se
practica la decisión voluntaria de los padres. Pues bien, eso se rompe y
nosotros consideramos que, al romperse, también la igualdad de
oportunidades se está resintiendo en su razón de ser, que es precisamente
la escuela pública.

Nosotros creemos que en la ley actual, en la LOE, se
establecía una garantía de existencia de plazas públicas a la hora de
programar la oferta de plazas en la educación obligatoria. Pero este
proyecto pretende sustituir esta garantía por la existencia de plazas
suficientes eliminando la palabra pública, lo cual quiere decir
claramente que se está favoreciendo que la enseñanza sostenida con fondos
públicos, la denominada enseñanza concertada, avance en una dirección,
interpretable muy claramente cuando se ve que a ese criterio explícito se
añaden otros que simbolizan los pasos que se van a dar. Sin duda, los
pasos que se van a dar están favoreciendo toda una serie de
planteamientos en torno a la ampliación del período de conciertos, a la
zonificación, al ranking entre centros —por cierto, la LOE lo
prohíbe expresamente— y a toda una serie de medidas que claramente
son tendentes al impulso de la enseñanza privada sostenida con fondos
públicos en detrimento de la enseñanza pública. Desde nuestro punto de
vista, con los recursos disponibles, cada vez más escasos, se va a
derivar a una parte importante hacia centros concertados y sostenidos con
fondos públicos, de manera que la escuela pública va a quedar convertida
a medio plazo en una red residual para escolarizar a los alumnos más
vulnerables por su condición económica, social y territorial.

Este proyecto practica de esta manera una especie de
selección a la inversa: terminarán siendo los centros los que seleccionen
a sus alumnos, de modo que será exclusivamente la red pública la que
integre a los estudiantes más vulnerables o en riesgo de exclusión. Y
esto no solamente lo decimos nosotros. La propia OCDE advierte en sus
estudios esa segregación o decisión temprana de escoger itinerarios y
encaminarlos hacia otra serie de elementos formativos. Dice: Proporcionar
plena libertad de elección de la escuela a los padres puede resultar en
segregación, según competencias académicas y entornos socioeconómicos, y
generar mayores desigualdades en los sistemas educativos. El
planteamiento de la doble red pública y concertada lleva funcionando bien
y en equilibrio en España y es de nuevo la propia OCDE —figura en
el informe de este año 2013, en el que examinan la proporción
público— privada en Europa— la que señala que España es un
país singular por la presencia de una red privada mucho más importante
que en otros países europeos. Ese equilibrio, más o menos un promedio de
70/30, aunque no es igual en todas las comunidades, se ha venido
manteniendo, pero ahora se rompe claramente ese deseo y voluntad política
plasmada en la LODE en su momento. Se acabará convirtiendo, por tanto, en
inviable el difícil equilibrio entre el derecho a la educación y la
libertad de enseñanza, que era lo que pretendía y sigue pretendiendo el
artículo 27 de nuestra Constitución.

El proyecto de ley, además de ir arbitrando un sistema que
selecciona y segrega alumnos mediante el establecimiento de reválidas,
evaluaciones y elección de itinerarios en los diversos niveles
educativos, desde nuestro punto de vista, olvida que la educación es un
derecho. Y es que al introducir esas pruebas de reválidas en las
diferentes etapas, queda excluido del sistema el alumno que no pueda
superarlas y provoca además que la función del profesorado quede reducida
también a una mera labor preparatoria; parece que lo que se pretende es
salir airosos todos de esos exámenes o reválidas que se van a plantear,
obviando los verdaderos contenidos del proceso de aprendizaje y
desvirtuando la evaluación continua. En España ya existen evaluaciones de
diagnóstico pero el diseño del proyecto se dirige, lógicamente, en otra
dirección. Creo que esas evaluaciones y reválidas están concebidas para
alimentar de alguna manera un sistema de rankings cuya publicación
—y ahora se va a hacer— ha demostrado su ineficacia en
aquellos países que lo han intentado poner en práctica desde hace más de
quince años. Este modelo está orientado claramente a favorecer la
existencia de un mercado educativo, supone concebir la educación como una
mercancía y el proceso educativo como un proceso productivo bajo la
apariencia de otorgar más autonomía a los centros sin que ello mejore la
calidad educativa del proyecto de ley, tal y como enuncia su título, que
constituye una de las razones de ser a pesar de que desde nuestro punto
de vista no lo cumple.

Por si no quedan claras las modificaciones de este artículo
109, voy a resumirlas en cuatro puntos. En primer lugar, se amplía de
cuatro a seis años el período de concertación en la educación primaria;
esto, efectivamente, va orientado a favorecer las renovaciones
automáticas. En segundo lugar, se establece la demanda social, un
concepto difuso de difícil concreción y materialización, como criterio
para programar la red de centros; esto, sin duda, va en detrimento de la
planificación educativa y favorece una litigiosidad que en estos momentos
ya anuncio que va a ser considerable.

En tercer lugar, en las zonas de nueva población, donde
antes había la obligación de garantizar la existencia de plazas públicas
suficientes, se elimina el adjetivo públicas y se abren puertas a la
construcción de centros privados en las nuevas zonas urbanas. En algunas
comunidades autónomas ya se ha dado el caso de que hasta se añade suelo
público para esos conciertos, y algunas autoenmiendas que se han
introducido van exactamente en la misma dirección. La LOMCE se ha
endurecido en el proceso de debate en el Congreso y se está endureciendo
en el proceso de debate en el Senado porque se están introduciendo
autoenmiendas que ya no solamente anuncian este camino sino que lo
refuerzan y lo consolidan, como estamos viendo en las autoenmiendas en el
Senado en los conciertos con los centros que segregan por sexo. Y este
círculo se cierra con la publicación de las clasificaciones de centros o
rankings, que es una medida pensada para estimular la demanda de
determinados centros, produciendo un trasvase del alumnado con más
dificultades a la enseñanza pública.

En otro bloque de nuestras enmiendas a este epígrafe
hablamos de la autonomía de los centros. Estamos convencidos de que
tenemos que avanzar en la autonomía de los centros, todos los expertos y
también las evaluaciones internacionales lo consideran como un elemento
positivo —por cierto, evaluaciones que están recogidas
perfectamente en la LOE—, pero, desde nuestro punto de vista,
algunas de las posibilidades que plantea la reforma no van en la buena
dirección sino justo en la contraria.

Desde luego, avanzar en la autonomía los centros no tiene
por qué significar dar pasos atrás en participación y democracia ni en la
cohesión del sistema educativo. Lo indicábamos en el denso informe

que presentamos ante la Comisión de Comunidades Autónomas,
aquí, en el Senado; lo justificábamos adecuadamente. Lo expusimos en el
debate que hubo tanto en la Comisión de Educación como en la Comisión de
Comunidades Autónomas ante el ministro y ante la secretaria de Estado. Y
lo reiteramos hoy en este bloque. El deseable refuerzo de las tareas de
dirección no es incompatible con los componentes más democráticos de su
elección. En consecuencia, debemos establecer una mayor participación de
los representantes del centro en la comisión de selección de la
dirección.

Lo mismo decimos de las funciones de los consejos
escolares: la implicación de las familias es un factor clave de la vida
de los centros y en el progreso educativo de sus hijos. Consideramos que
tienen que preservarse íntegramente las competencias de los consejos
escolares para no dar marcha atrás en la implicación de los padres y las
madres en el control social de los resultados. Y, desde luego, con las
modificaciones que se pretenden introducir en materia de participación y
gestión de centros el contenido del derecho de participación democrática
de la comunidad educativa en la toma de decisiones se ve mermado con un
carácter muy restrictivo de lo que dispone el artículo 27.7 de nuestra
Constitución acerca de los derechos de los profesores, de los padres y,
en su caso, de los alumnos, que habla explícitamente del derecho a
intervenir en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos
públicos. Se rompe así uno de los grandes principios sobre los que se
asentó la LODE en su momento, en el año 1985, y por tanto el consenso
—como decía— de ese pacto constitucional que estuvo
funcionando desde esa época hasta ahora.

El consejo escolar con este proyecto pasa a ser un órgano
de simple informe y propuesta, en tanto que pierde sus competencias
ejecutivas y decisorias, que quedan convertidas en competencias de mera
evaluación, informe, propuesta, valoración o conocimiento —es una
especie de convidado de piedra—, en tanto que se trasladan al
director, una figura que adquiere un extraordinario refuerzo de carácter
gerencial, las capacidades que ahora tiene el consejo para una
participación corresponsable en la toma de decisiones.

Y sin duda un apartado referido a la especialización de los
centros es también motivo de rechazo y de presentación de nuestras
enmiendas cuando se refiere a esa especialización en los ámbitos
curricular, funcional o según las características del alumnado. Se señala
que las acciones de calidad deben ser competitivas y que los directores
dispondrán de autonomía para adaptar los recursos humanos a las
necesidades derivadas de las mismas. Es decir, estamos interviniendo ya
en una función del director que siempre defendimos como liderazgo del
proyecto pedagógico y educativo de los centros, pero se le está dando ese
carácter gerencial, incluso con intervención en temas de personal
tremendamente delicados que van a chocar claramente con algunos elementos
que regulan la función pública.

Estas medidas, aplicadas sin que se tengan en cuenta las
diferencias de partida que presentan el alumnado y los centros que las
acogen, van a potenciar diferencias, diferencias entre alumnos y centros,
precisamente en uno de los puntos fuertes del sistema educativo español,
que tanto se ha puesto de manifiesto en todos los informes que se han
citado aquí y que mis propios compañeros y compañeras han puesto de
relieve, cuando la OCDE nos considera uno de los países con más equidad
en el conjunto de los países de la OCDE y particularmente en Europa.

El proyecto de ley también pone su acento en la
competitividad entre centros, permite la transferencia de alumnado con
bajo rendimiento escolar o con problemas de comportamiento de unos a
otros, una transferencia que sobre todo va a estar asociada a causas de
segregación socioeconómica y va a contribuir a perpetuar las diferencias
sociales, cuando de lo que se trata es de mejorar la calidad y que no se
vaya en detrimento de la equidad; y esos factores deben estar
inequívocamente asentados en un avance del conjunto de nuestro
sistema.

Desde nuestro punto de vista, todas estas medidas van a
permitir avanzar en la privatización de la enseñanza, en la consideración
de la educación como una mercancía sometida, como decía, a leyes del
mercado, y con esta redacción se atenta contra el derecho de todos a una
educación de calidad en condiciones de igualdad.

Finalmente, hago referencia a un hecho en nuestra opinión
difícilmente justificable, como es el reconocimiento del derecho al
concierto sostenido con fondos públicos de aquellos colegios que
condicionan la admisión del alumnado por razones de sexo. No ponemos en
cuestión que se puedan desarrollar proyectos educativos, pero sí que sean
sostenidos con fondos públicos. Y cuando se dice que eso se hizo en el
pasado no se puede obviar que se hizo con un nivel de litigiosidad
enorme. Y desde hace muchos años —también lo quiero poner aquí de
manifiesto— cuando a esos centros se les retiraban los conciertos
se producían recursos en los que los tribunales superiores de justicia
dictaminaron en

muchos casos a favor de los centros, luego no quiere decir
que haya habido una coexistencia pacífica. Hoy mismo, en Asturias, cuando
la administración educativa los retira el tribunal de justicia se
pronuncia, pero hay sentencias del Supremo —y es en lo que nos
basamos— que consolidaron que era procedente la retirada de esos
conciertos. Es a partir de ahí donde se establece una posición clarísima,
y esa posición clarísima establecida en sentencias del Supremo se quiere
retomar ahora en este nuevo proyecto de ley, pero no solo se quiere
retomar, sino que se quiere favorecer aún más con las autoenmiendas,
algunas de las cuales estamos viendo que están pactadas como
transaccionales en esta comisión.

Como voy mal de tiempo y hay un segundo turno, completaré
este epígrafe en la segunda parte, que ya es más breve.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Álvarez Areces. Ha
utilizado casi veinte minutos.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Seré más breve en el segundo.

La señora PRESIDENTA: He sido generosa con todos, y lo
mantengo también con usted, por supuesto. Faltaría más.

A continuación, tiene la palabra el Grupo Popular en el
Senado. Hay unas enmiendas que me imagino que habrán sido incorporadas.
No sé, señoría, si quiere decir algo sobre ellas —son la 689, 692 y
699 a 700— o si pasamos al turno en contra, si es que lo quiere
hacer.

El señor PERAL GUERRA: Con permiso de la presidenta, me
gustaría referirme a ellas.

Y quisiera decirle a don Vicente Álvarez Areces que, dentro
de su habitual intervención catastrofista, ha dicho algo que no refleja
en absoluto la realidad: que esta ley quiere considerar la educación
pública como algo subsidiario. Mire usted, la persona a la que en este
momento le toca hacer oposición a lo que usted defiende fue consejero de
la Comunidad de Madrid, y en tres años y medio se crearon en la Comunidad
de Madrid 185 nuevos centros públicos: 74 escuelas infantiles, 87
colegios de educación infantil y primaria y 24 institutos. Y 90 de esos
centros públicos creados, y otros que ya existían, se incorporaron a un
plan de centros públicos prioritarios. Esa construcción de nuevos centros
públicos luego fue continuada por la consejera Lucía Figar con el mismo
ritmo, de forma que en la Comunidad de Madrid desde el año 2004 se han
creado 373 colegios públicos frente a 53 concertados; y entre los 53
concertados, a pesar de todo lo que usted nos diga aquí, figura uno
convocado por concurso público en el municipio de Parla y otro convocado
por concurso público en el municipio de Rivas. Asturias tiene un sexto de
la población de la Comunidad de Madrid; a lo mejor usted creó 31 nuevos
colegios públicos en el período 2004-2007. Si así fuese, yo le
felicitaría y le diría que usted se ha comprometido tanto con la creación
de nuevos centros públicos como yo me comprometí cuando estuve al frente
de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Espero sus
informaciones.

Y entrando concretamente en las enmiendas del Partido
Popular, la enmienda 689 lo es simplemente a la corrección de una errata:
donde pone rotacional hay que poner dotacional. Aunque esto al señor
Álvarez Areces le parece una autoenmienda.

La enmienda 690 supone la vuelta al proyecto que vino del
ministerio, pues, tras las negociaciones entre la FERE y los sindicatos
FSIE y USO, ya no se reclama la modificación de este texto. Digamos que
la FERE está conforme con el proyecto que vino del ministerio.

La enmienda 691 añade a la normativa aplicable la laboral,
a petición del sindicato FSIE.

La enmienda 692 supone una mejora técnica sobre el
personal, previendo la prórroga de las comisiones de servicio de los
funcionarios y el mantenimiento de los interinos, siempre que estén
cumpliendo satisfactoriamente en los proyectos de calidad. Es decir, si
alguien desarrolla sus funciones a plena satisfacción, vamos a darle la
oportunidad de seguir haciéndolo.

Finalmente, la enmienda 699 establece que es el titular del
centro quien debe aprobar las aportaciones de los padres y no el
director. Y la número 700 propone que el director sea nombrado por el
titular, previo informe del consejo escolar, pero no por mayoría absoluta
de sus miembros, lo que podría dar lugar a una situación de bloqueo en
algún caso, sino por mayoría de los miembros asistentes.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Peral.

¿Turno en contra? (Pausa.)

Senador Peral, tiene la palabra.

El señor PERAL GUERRA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Vamos a ver si soy capaz de analizar las ciento once
enmiendas —quitando las cinco o seis del Partido Popular, que acabo
de leer—, que me he leído de cabo a rabo.

Al apartado sesenta y tres, que se refiere a los centros
docentes públicos españoles en el exterior, el Partido Socialista
presenta la enmienda 843, de supresión. Quieren seguir con su LOE.

En el sesenta y cuatro, relativo a la programación de la
red de centros, Izquierda Unida resalta el carácter subsidiario
—para ellos— de los centros concertados y algo innecesario:
el derecho a la enseñanza laica, algo que existe desde siempre porque la
enseñanza religiosa es optativa. Y desaparecen, por supuesto, los
derechos de padres y tutores.

La enmienda 448, de Entesa pel Progrés de Catalunya, va en
la misma línea.

La enmienda 303, de Esquerra Republicana de Catalunya,
supone la supresión y le sigue gustando el texto de la LOE.

La enmienda 844, del Partido Socialista, resalta el
carácter subsidiario —para ellos— de los centros concertados;
y en lo demás, la vuelta a la LOE.

La enmienda 845, del PSOE, propone la supresión. Aquí
convendría que el Partido Socialista se aclarase, es decir, si piden la
vuelta a la LOE o ir más allá de la LOE en la limitación de los centros
concertados.

Al apartado sesenta y cinco, de tecnologías de la
información y la comunicación, se presenta la enmienda 120, de Izquierda
Unida. Dice Izquierda Unida que no le gusta por ser genérica, pero al ser
de supresión no aporta las mejoras que alega.

En cuanto a la enmienda 304, de Esquerra Republicana de
Catalunya, no le gusta el texto propuesto y alega invasión competencial,
lo mismo que alega la enmienda 750, de CiU.

La enmienda 449, de Entesa pel Progrés de Catalunya,
propone el mismo texto que Izquierda Unida.

La enmienda 846, del Partido Socialista, elimina al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de establecer, previa consulta
a las comunidades autónomas, los estándares que garanticen la
interoperabilidad entre los distintos sistemas de interoperabilidad
utilizados en el sistema educativo español, en el marco del Esquema
Nacional de Interoperabilidad previsto en la Ley 11/2007. Era en aquel
momento presidente del Gobierno de España don José Luis Rodríguez
Zapatero. O sea, que aquí tenemos una prueba más de esta peculiar forma
de concebir la pasión por España que representa que no intervenga el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ni siquiera en el desarrollo
de una ley aprobada bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y
que las comunidades autónomas se organicen como puedan entre ellas.

En el apartado sesenta y seis, relativo a los conciertos,
la enmienda 121, de Izquierda Unida, establece más dificultades para la
iniciativa social en la educación. Todo esto sería mucho más creíble si
no hubiera un centro concertado sobre suelo municipal en Rivas, un centro
denominado Hipatia, que incluso va mucho más allá de los habituales
concursos para centros concertados sobre suelo dotacional porque en este
caso ha sido el ayuntamiento el que ha construido el centro. Es decir, se
ha construido un centro, se ha financiado la construcción con fondos
públicos, y se ha adjudicado la gestión a una entidad privada. Sin
embargo, hay que reconocer a Izquierda Unida coherencia, en el apartado 9
de esta enmienda, con lo que pidieron en la LOE y que laminó el PSOE, es
decir, que no se pudieran concertar centros concertados de educación
diferenciada. El señor Álvarez Areces nos podrá hablar ahora de todo tipo
de sentencias, pero cuando tuvieron la ocasión de echar abajo algo que
ahora les parece tan mal no lo hicieron.

El punto 10 de esta enmienda es un punto sancionador, y me
temo que hay una errata en la propia enmienda. Todos cometemos errores,
¿verdad, señor Álvarez Areces? (Rumores.) Ya, pero como usted dice que yo
cometo muchos errores, pues también los demás.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Pido a la Presidencia que tenga en
cuenta que estoy haciendo uso de una paciencia ilimitada, porque, en vez
de hacer referencia a las enmiendas que se presentan se están haciendo
referencias personales continuamente desde que iniciamos esta
comisión.

El señor PERAL GUERRA: Pero no ofensivas.

El señor ÁLVAREZ ARECES: No, no, de la manera que sea.

El señor PERAL GUERRA: Pero no ofensivas.

El señor ÁLVAREZ ARECES: No ofensivas para usted. Para mí,
sí.

El señor PERAL GUERRA: No ofensivas.

La señora PRESIDENTA: Senador Álvarez Areces, tendrá su
turno para replicar debidamente.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Luego no se extrañen de que lo
pida.

El señor PERAL GUERRA: Bueno, tiene la piel fina, pero no
le he ofendido en ningún momento. Y si le he ofendido, le pido
disculpas.

El punto 10 es un punto sancionador, y yo creo que tiene
una errata, porque la sanción se refiere a lo que se dispone en el punto
9, no en el punto 7, que se refiere a los PCPI. Sinceramente, no sé qué
hay que sancionar en relación con los PCPI.

La enmienda 122, de Izquierda Unida, insiste en lo mismo,
pero vuelve a querer sancionar a quien incumpla lo relativo a los
PCPI.

La enmienda 187, de Unión del Pueblo Navarro, es una
enmienda que nos parece razonable, pero no se ha querido ir más allá, a
pesar de lo que nos digan en la regulación de los conciertos.

La enmienda 305, de Esquerra Republicana de Catalunya,
propugna la vuelta a la LOE.

La enmienda 450, de Entesa pel Progrés de Catalunya,
propone el mismo texto que Izquierda Unida. Y lo mismo hace la enmienda
451.

La enmienda 847, del Partido Socialista, rechaza este
artículo concreto y, al igual que otras muchas enmiendas, expresa:
queremos volver a nuestra LOE.

La enmienda 219, del Foro, establece que el concierto
tendrá una duración de siete años en primaria y de cuatro años en el
resto. No nos ha parecido adecuado aceptar esta propuesta.

En el apartado sesenta y siete, que se refiere a los gastos
de personal de los centros concertados, la Unión del Pueblo Navarro
propone que se tenga en cuenta la razón económica prevista en el Estatuto
de los Trabajadores en caso de pérdida de concierto o reducción de
unidades concertadas. Esto es algo que no se ha aceptado, porque FERE ya
no lo reclama tras hablar con los sindicatos FSIE y USO.

La enmienda 848, del Partido Socialista, propone la
supresión. Realmente, esta enmienda es innecesaria, porque la enmienda
del Partido Popular número 690 propone la vuelta al texto de la LOE. A
nosotros hay cosas de la LOE que también nos parecen bien.

En el apartado sesenta y ocho, que se refiere al consejo
escolar, la enmienda 123, de Izquierda Unida, propone la vuelta a la LOE.
No se quiere potenciar la figura del director. Se habla de modelo
ideológico autoritario, algo inexistente, como todos sabemos, en los
países que gobiernan o han gobernado los comunistas; allí todo es o eran
formas democráticas y participadas de funcionamiento.

La enmienda 306, de Esquerra Republicana de Catalunya,
propone la supresión y la vuelta a la LOE.

La enmienda 452, de Entesa pel Progrés de Catalunya, es
exactamente igual que la de Izquierda Unida.

La enmienda 751, de CiU, propone la supresión y la vuelta a
la LOE.

Y la enmienda 849, del PSOE, propone la supresión y la
vuelta a su LOE.

En el apartado sesenta y nueve, sobre autonomía de centros
y rendición de cuentas, la enmienda 124, de Izquierda Unida, se opone a
la publicidad de los resultados de los centros considerados en relación
con los factores socioeconómicos y socioculturales del entorno. Así
viene, para precisamente poder resaltar el valor añadido en la educación,
en el texto propuesto por el Gobierno. Y se opone también a la rendición
de cuentas. Es decir, que la sociedad no debe conocer el valor añadido en
la educación en un centro, algo defendido incluso en el Reino Unido por
los Gobiernos laboristas. Es una enmienda paradigma del oscurantismo
educativo de la izquierda política y pedagógica.

La enmienda 307, propone la vuelta a la LOE. No se ha
enterado, al parecer, Esquerra Republicana de Catalunya de que el
apartado dice que las administraciones educativas potenciarán y
promoverán la autonomía de los centros. Y Esquerra Republicana de
Catalunya añade los habituales improperios: centralista, clasista,
chantajista y con injerencia ideológica.

La enmienda 453, de Entesa pel Progrés de Catalunya, es
exactamente igual que la que he citado de Izquierda Unida.

La enmienda 752, de CiU, es verdaderamente sorprendente. Se
opone a la publicación de los resultados y a los planes de mejora de los
centros públicos. Sin duda sus electores no compartirán esta falta de
trasparencia que ustedes están defendiendo con esta enmienda.

La enmienda 850, del Partido Socialista, propone la vuelta
a su LOE.

La enmienda 220, del Foro, solicita una mayor implicación
del ministerio en el impulso a la autonomía de centros.

En el apartado setenta, proyectos educativos, la enmienda
125, de Izquierda Unida, va en contra de la especialización curricular.
Les recomiendo visitar el instituto que existe en Manchester denominado
Wythenshawe High School, en el barrio más pobre de Inglaterra. Es un
instituto especializado en las artes y que, gracias a un equipo directivo
extraordinario, ha conseguido mejoras espectaculares en los resultados.
Yo lo visité con diputados del Partido Popular y del Partido Socialista
de la Asamblea de Madrid. Hay otros casos de buenas prácticas en el área
de Manchester: formación profesional dual, City Academies, proyectos de
colaboración público-privada, el programa Excellence in the Cities…
Izquierda Unida no quiso asistir por si acaso se contaminaba.

Entesa pel Progrés de Catalunya propone la misma enmienda
que Izquierda Unida.

El Partido Socialista Obrero Español propone la enmienda
851, de supresión. Tampoco les gusta que en los centros se establezcan
proyectos educativos y que los hagan públicos. No les gusta la
especialización curricular, al contrario de lo que ocurre con los
laboristas británicos.

Al apartado setenta y uno Izquierda Unida propone la
enmienda 126. No quieren centros con proyectos educativos propios de
calidad. Lo llaman darwinismo escolar.

El Partido Socialista, en su enmienda 852, no quiere
centros con proyectos educativos propios.

El apartado setenta y dos se refiere a los recursos. La
enmienda 127, de Izquierda Unida, no quiere rendición de cuentas de los
mayores recursos que puedan recibir los centros por sus proyectos o por
la población que escolarizan ni que los centros puedan obtener recursos
complementarios.

La enmienda 308, de Esquerra Republicana de Catalunya,
propone la vuelta a la LOE.

La enmienda 753, de CiU, pide que los recursos
complementarios que obtengan los centros sean aprobados por el consejo
escolar y no por el director. Afortunadamente, en este caso no enmienda
la rendición de cuentas.

La enmienda 853, del Partido Socialista, propone la
supresión y la vuelta a su LOE.

En el apartado setenta y tres, acciones de fomento de la
calidad, la enmienda 128, de Izquierda Unida, no está mal; lo reconozco.
Entra a detallar diversas medidas, pero el problema es que si esto se
incorporase a la LOMCE tendríamos nuevas protestas nacionalistas por
invasión de competencias. Esta enmienda me recuerda bastante al plan de
centros públicos prioritarios de la Comunidad de Madrid, que yo puse en
marcha, y del que se beneficiaron casi 90 centros. En fin, es un ejemplo
de enmienda trabajada y constructiva.

Todo lo contrario ocurre con la enmienda 309, de Esquerra
Republicana de Catalunya, que simplemente pide la supresión y la vuelta a
la LOE.

La enmienda 455, de Entesa pel Progrés de Catalunya, pide
exactamente lo mismo que Izquierda Unida. Hay una gran coincidencia, como
verán ustedes, entre muchas enmiendas de Izquierda Unida y de Iniciativa
per Catalunya Verds. Sinceramente, no sé quién prepara las enmiendas o si
alguno se está apropiando de la plusvalía parlamentaria de los otros. A
lo mejor las han preparado los cuatro senadores juntos; yo les felicito
por ello porque lo han trabajado bastante.

La enmienda 652, del PNV, no favorece la autonomía del
director para adaptar los recursos humanos a las necesidades de las
acciones de calidad.

La enmienda 854, del PSOE, propone la supresión y la vuelta
a su Ley Orgánica de Educación.

Básicamente, verán que hay muchas enmiendas de este tipo e
incluso en las acciones de fomento de la calidad, y el comentario que se
me ocurre es que lo que no se le ocurre al Partido Socialista no merece
la pena existir.

En el apartado setenta y cuatro, planes de convivencia y
autoridad del profesor, la enmienda 129, de Izquierda Unida, está bien
trabajada, aunque peca un poco de buenismo y es algo redundante, pues el
proyecto de ley habla específicamente del carácter educativo y
recuperador de las medidas correctoras. Y entra en un detalle que
motivaría la denuncia nacionalista por invasión de competencias.

A Izquierda Unida no le gusta que se considere autoridad
pública a los docentes ni que los hechos constatados por ellos tengan
valor probatorio y presunción de veracidad iuris tantum.

Por increíble que parezca, el Partido Socialista, en su
enmienda 855, plantea la supresión por no compartir lo propuesto; es
decir, no comparte que se considere autoridad pública a los docentes ni
que los hechos constatados por ellos tengan valor probatorio y presunción
de veracidad iuris tantum. A lo mejor, si consultaran más a los docentes
se darían cuenta de lo importante que es esta mejora.

La enmienda 310, de Esquerra Republicana de Catalunya,
propone la supresión por invasión competencial.

En el apartado setenta y cinco, referente al consejo
escolar, el Partido Socialista, en su enmienda 856 propone la supresión;
una vez más, quiere volver a su LOE. No le debe gustar que los profesores
elegidos por el claustro representen al mismo.

En el apartado setenta y seis, sobre las competencias del
consejo escolar, Izquierda Unida propone que el consejo escolar sea quien
elija al director o la directora. Lo que pasa es que cuando hay un
problema en un centro la oposición pide cuentas a la administración
educativa, no al consejo escolar, y así ocurre con Izquierda Unida en las
quince comunidades autónomas donde ellos no forman parte del
Gobierno.

La enmienda 131, de Izquierda Unida, quiere que el consejo
escolar decida sobre la admisión de alumnos y participe en la resolución
de conflictos disciplinarios.

La enmienda 132, de Izquierda Unida, quiere potenciar un
consejo escolar, pero no que promueva la conservación y renovación de las
instalaciones y el equipo escolar. Es decir, el consejo escolar no tiene
por qué ocuparse del estado del colegio; ya está la Administración
—el ojo vigilante de los funcionarios— para resolver
cualquier problema que allí ocurra.

La enmienda 311, de Esquerra Republicana de Catalunya,
propone que el consejo escolar apruebe el presupuesto del centro, la
evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones
internas y externas. Esta enmienda sí que se la ha trabajado Esquerra
Republicana de Catalunya.

La enmienda 312, también de Esquerra Republicana de
Catalunya, propone la supresión. Como tenemos dos enmiendas y una propone
unas cosas bastante razonables y la otra, la supresión, sería interesante
que nos aclarasen cuál es la buena.

La enmienda 456, de Entesa pel Progrés de Catalunya, es
exactamente igual que la de Izquierda Unida. Y también la 457.

La enmienda 653, del PNV, introduce unas mejoras sobre
discapacidad que se considera que ya están adecuadamente atendidas y que
no es necesario especificar.

En relación con la enmienda 654, del PNV, al igual que con
otra que citaré después, senadora Rut Martínez, no he conseguido apreciar
las diferencias con el proyecto que supongan un mayor respeto al
principio democrático. A lo mejor es que me he levantado muy pronto y
estaba con la cabeza un poco mal, pero, sinceramente, comparando esta
enmienda y el texto no he sido capaz de descubrir esas diferencias que
tanto van a incrementar el mayor respeto al principio democrático. Los
textos coinciden.

La enmienda 857, del Partido Socialista, propone la
supresión y la vuelta a su Ley Orgánica de Educación.

En el apartado setenta y siete, referente al director, la
enmienda 133, de Izquierda Unida, no quiere reforzar la figura del
director. Exactamente igual es la enmienda 458, de Entesa pel Progrés de
Catalunya.

La enmienda 655, del Partido Nacionalista Vasco, introduce
algunos matices en relación con la discapacidad que se consideran
adecuadamente atendidos.

En relación con la enmienda 656, del Partido Nacionalista
Vasco, le digo lo mismo: no he conseguido apreciar las diferencias que
supongan un mayor respeto al principio democrático porque, entre otras
cosas, no he sido capaz de ver las diferencias con el texto del proyecto
presentado por el Gobierno.

La enmienda 754, de CiU, no quiere que el director apruebe
la obtención de recursos complementarios. Debe hacerlo el consejo
escolar.

La enmienda 858, del Partido Socialista, propone volver a
la Ley Orgánica de Educación.

El apartado setenta y ocho se refiere a la selección del
director mediante concurso de méritos. La enmienda 134, de Izquierda
Unida, propone su elección por el consejo escolar. Ya he dicho antes que,
normalmente, cuando hay un problema con el centro no se piden cuentas al
consejo escolar sino a la Administración competente.

La enmienda 313, de Esquerra Republicana de Catalunya, la
enmienda 755, de CiU, y la enmienda 859, del Partido Socialista, proponen
la vuelta a la LOE.

En el apartado setenta y nueve, de los requisitos para
participar en el concurso de méritos para poder presentarse a la plaza de
director, Izquierda Unida, en su enmienda 135, dice que no le gusta que
hayan superado un curso de formación sobre desarrollo de la función
directiva. En cambio, en su enmienda 136 exige que tengan por lo menos
durante un año un destino definitivo en el centro en cuestión. Aquí
estamos ante un problema de endogamia, y que no llegue nadie de
fuera.

La enmienda 314, de Esquerra Republicana de Catalunya,
propone la supresión, la vuelta a la LOE, y con su habitual estilo
ofensivo habla de directores paracaidistas que refuercen el perfil
ideológico diseñado por la Administración. Esto me recuerda a algunas
cosas que están pasando en Cataluña.

La enmienda 315, de Esquerra Republicana de Catalunya, pide
que se acredite conocer el catalán. Habla de la lengua cooficial pero,
evidentemente, es el catalán.

La enmienda 657, del Partido Nacionalista Vasco, pide que
los candidatos a director estén en un centro público con una antigüedad
mínima de un año.

La enmienda 756, de CiU, y la enmienda 860, del Partido
Socialista, proponen la vuelta a la LOE.

En el apartado ochenta —Procedimiento de selección de
director—, la enmienda 137, de Izquierda Unida, habla de que el
director, si se aprueba el texto propuesto, va a ser una —entre
comillas— correa de transmisión del partido dominante. ¿Les suena a
ustedes este lenguaje de correas de transmisión, tan utilizado por los
partidos comunistas al hablar de las organizaciones sociales afines?

La enmienda 316, de Esquerra Republicana de Catalunya,
propone la supresión, la vuelta a la LOE, y añade los inevitables
improperios de clientelismo, chantaje ideológico, depuración directa de
directores que hayan participado en movilizaciones, etcétera.

La enmienda 658, del Partido Nacionalista Vasco, propone
que el porcentaje de los representantes de centro en la elección del
director pueda llegar hasta el 66%.

La enmienda 757, de CiU, y la 861, de PSOE, proponen la
vuelta a la LOE. En el apartado ochenta y uno —Nombramiento del
director—, Izquierda Unida insiste en que el director sea elegido
por el Consejo Escolar y les diré que Entesa pel Progrés de Catalunya,
Esquerra Republicana, CiU y PSOE en sus enmiendas 317, 758 y 862,
respectivamente, piden la vuelta a la LOE.

La disposición adicional segunda —Requisito de los
concursos de méritos para selección de directores de centros
públicos—, tanto Esquerra como CiU, como PSOE proponen la vuelta a
la LOE.

La señora PRESIDENTA: Senador Peral, ya llevamos veinte
minutos, y le agradecería, igual que antes al senador Álvarez Areces,
que, si le queda mucho más, lo dejara para el turno de portavoces.

El señor PERAL GUERRA: Me queda muy poco, señora
presidenta, pero lo dejo para portavoces.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Peral.

Entramos, entonces, en el turno de portavoces.

El Grupo Parlamentario Mixto sigue sin estar presente.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Quiero hacer dos matizaciones a
la intervención que ha hecho el señor Peral respecto de nuestras
enmiendas.

Creo que en la exposición que he hecho hoy de las mismas he
sido fehacientemente clara cuando he dicho que si pedimos la supresión de
los apartados que regulan las nuevas competencias del Consejo Escolar y
las funciones del director es porque no compartimos la idea de que una
mayor competencia de los equipos directivos sea en detrimento de las
competencias que ya contienen los consejos escolares. Entendemos que la
autonomía que tanto predica el Partido Popular respecto de los centros
educativos es perfectamente compatible con el mantenimiento del Consejo
Escolar como un órgano no consultivo sino directivo, como el órgano que
realmente rija la gestión de los centros educativos.

Respecto de la responsabilidad del funcionamiento de los
centros educativos le diré que no es que vayamos a eximir a las
administraciones educativas de la responsabilidad que tienen, sino que
compartimos esa responsabilidad con los consejos escolares. Ese es el
modelo que nosotros estamos defendiendo, porque además entendemos que es
el que mejor se adecua a la implantación del sistema democrático en todos
los ámbitos de la vida y también en el educativo. Los consejos escolares
hoy en día están formados por las administraciones locales, por los
ayuntamientos —que tienen y tenemos mucho que decir todavía
respecto del funcionamiento de nuestro centros—; por el
profesorado, por el alumnado, por el equipo directivo, por el claustro,
es decir, es un órgano en el que todos los ámbitos de la comunidad
educativa presentes en la escuela tienen algo que decir y tienen algo que
aportar a la gestión de las propias escuelas. Por lo tanto, lo tenemos
que decir.

Página
20

mujeres representan el 53% de la población con estudios
universitarios, difícilmente se puede poner en duda el éxito y la
eficacia de la educación mixta.

No están claro los buenos resultados de la educación
separada por sexos. El principal argumento esgrimido por los defensores
de la escuela diferenciada es una supuesta mejora de los resultados
académicos, y desde luego nada más lejos de la realidad. No existe ningún
estudio riguroso que así lo avale. Hay un artículo publicado en el año
2011 bajo el título de Pseudociencia de la escolarización por sexos,
publicado por la revista Ciencia —Science—, que señala que
los datos de mejora académica no son sólidos, que las diferencias
cerebrales entre sexos no justifican una educación dual y que esta lleva
a que se incremente el sexismo y los estereotipos —y leo
literalmente la cita de dicha revista—. Esta investigación
publicada en esta revista Ciencia, así como muchos estudios de la OCDE y
de la propia UNESCO coinciden en que un entorno separado no favorece que
los niños interioricen ideas de igualdad entre sexos. Incluso en Estados
Unidos, donde hace una década se empezó a permitir algunas escuelas
públicas con separación de sexos, se ha demostrado que en nada han
mejorado el resultado y, en cambio, han reaparecido problemas de
reproducción de comportamientos sexistas. Lo que sí está demostrado es
que en los países con mejores resultados en PISA apenas existe educación
diferenciada, y en ningún caso el Estado financia este tipo de educación.
Además, en los países donde pueda llegar a existir, la realidad es que se
trata de una opción absolutamente minoritaria, donde ese tipo de colegios
—en algunos países como Estados Unidos o Reino Unido— suponen
el 7% de la enseñanza. Y cada vez más, la evaluación de sus resultados
demuestra que en nada son eficaces.

Educar separadamente solo tiene sentido si se parte de la
idea de que cada sexo ha de tener una distinta función social, y, por lo
tanto, de que mujeres y hombres no deben gozar de las mismas
posibilidades. Hombres y mujeres estamos llamados a compartir la vida y
para nosotros es mucho mejor una educación conjunta desde cualquier punto
de vista que se la examine.

Finalizo mi intervención haciendo unas breves
consideraciones, pues este turno es la última ocasión que tendré de
hablar antes de producirse la votación.

La entrada de la ley en el Senado ha sido muy reveladora,
pues demuestra que en esta Cámara todas las formaciones políticas
trabajan intensamente sobre los proyectos de ley, que se examinan con
rigor, que se incorporan importantes modificaciones —aunque sea
para la denuncia de las leyes que vienen aquí— y se desarrollan
iniciativas políticas, tal y como hemos hecho en la Comisión General de
Comunidades Autónomas, en las que hemos podido poner de manifiesto los
importantes problemas que esta ley acarrea en todos los ámbitos: desde el
ámbito estrictamente educativo, pero también en el ámbito económico y
competencial. En esta ley han coincidido todos los grupos de la oposición
parlamentaria, pero también númerosísimas organizaciones sociales y
profesionales, que, como hemos podido ver a la entrada del Senado, ni
siquiera han podido resolver sus problemas en el Congreso, sino que han
visto cómo se han agravado.

Llama la atención, por ejemplo, que las sociedades
científicas y de economistas no solo en el caso de las Matemáticas
—asunto que yo he analizado en mi primera intervención— nos
pidan al Senado que encontremos una solución, sino también desde otros
ámbitos, como, por ejemplo, el de la Historia de la filosofía, y
diputados muy relevantes en el Congreso de los Diputados que forman parte
del Partido Popular, tal y como se contempla en los artículos
recientemente publicados.

Señorías, estamos viendo que toda la organización
curricular se ha realizado con una improvisación y una falta de rigor que
produce verdadera preocupación en numerosísimos sectores, incluso dentro
del Partido Popular, y no lo digo por especular, sino por la manifiesta y
explícita declaración por escrito, en la que se pide al Senado que
intente arreglarlo, no solo en cuanto al ámbito de las Matemáticas, sino
también en el de Historia de la filosofía. ¿Nosotros qué respondemos? Que
no se hace caso a ninguna enmienda y que las pocas a las que hicieron
caso, cosa insólita, las retiraron —no recuerdo en la historia del
Senado caso semejante. A lo mejor alguien con más veteranía nos puede
recordar algo parecido—: que un día acepten a nuestro grupo
parlamentario cinco enmiendas y otras cinco a Entesa y prácticamente unos
días después, se nos retiren. Es algo insólito. Pero no solo es que se
retiren, sino que se están añadiendo —y lo estamos viendo—
enmiendas transaccionales —razón por la cual me extendí un poco más
en la cuestión de la segregación por sexos— que van en dirección
contraria a lo que opina la mayoría, no solo de esta Cámara sino de la
sociedad española. Estamos viendo día tras día cómo el ministerio cada de
vez que toma medidas vulnera algún derecho, y cuando toma medidas y
vulnera derechos, contingentes de miles de personas se incorporan a la
oposición, como es lógico, frente a unas medidas educativas que forman
parte muy importante del esqueleto mismo del Estado de derecho y de lo
que significa la educación para el progreso de nuestro país, desde el
punto de vista individual de las personas,

de su formación integral, pero también de lo que
necesitamos hoy para hacer frente a una crisis tan importante y global
que nos exige una gran inmersión en la sociedad del conocimiento, que sin
la educación no vamos a poder hacer.

Por tanto, considero que tenemos sobradas razones para
pedir que esta ley no se lleve a la práctica.

Les diré la última consideración. Ustedes hacen una memoria
económica que trata de decir que el coste de todo esto es de 408 millones
de euros —que nadie se lo cree, pero ni el propio
ministerio—, incluso nos dicen que casi la mitad de los 408
millones de euros van a ser financiados con fondos europeos. Primero, los
fondos europeos tienen un destino específico y finalista y es imposible
que vayan a atender a un gasto estructural del sistema. Pero es que la
realidad es que ustedes están derivando el coste económico a las
comunidades autónomas y les están imponiendo un calendario de
implantación inaplicable.

Decía el Consejo de Estado —y termino con esto ya-:
«Llama la atención que se pretenda en dos años…» —ustedes han
rectificado después y han añadido un año más— «… implantar
una reforma tan profunda como la proyectada. Como ya ha sido observado,
la aplicación completa del nuevo modelo exige, además de aprobar los
decretos básicos de desarrollo y los decretos de las comunidades
autónomas de adaptación de los centros y de los libros…»
—dice el Consejo de Estado— «… una inversión ingente, a
asumir en tres ejercicios presupuestarios.» El Consejo de Estado habla de
una inversión ingente —que desde luego no son 408 millones de
euros, la mitad de ellos financiados por Europa—. ¿Quién lo va a
pagar? Las comunidades autónomas. ¿Ustedes creen que con la presión que
está habiendo, con la escasez de recursos, con la obligación de favorecer
la implantación y gestión de los servicios públicos esenciales se va a
poder implantar esta reforma pacíficamente en las administraciones
autonómicas? Eso es imposible.

Ante todo este cúmulo de irracionalidades, este debate en
el Senado —cada uno defendiendo como mejor proceda las ideas que
considera conveniente, ideas que después manifestaremos en el Pleno,
porque si no se nos aceptan muchas de esta enmiendas, como se prevé, las
llevaremos al debate plenario— ha servido para que podamos estar
orgullosos de que los representantes de los ciudadanos españoles
—que no solo actúan como parlamentarios representantes de las
formaciones políticas, sino como personas que representan a sus
territorios— estemos cumpliendo con nuestro deber al denunciar lo
que consideramos que no es bueno para la sociedad y para la educación
española.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Álvarez Areces.
Tiene la palabra el senador Luis Peral.

El señor PERAL GUERRA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Continúo con todo lo que me faltó decir en la intervención
anterior.

Quiero decir en cuanto a la disposición transitoria que la
enmienda 226, de Unión del Pueblo Navarro, ha sido aceptada. La enmienda
780, de CiU, propone la vuelta a la LOE. La enmienda 781, de CiU, propone
que si la consolidación fiscal afecta a las necesidades presupuestarias
de la LOMCE, se pueda modificar el calendario de aplicación. La enmienda
889, del PSOE, propone la vuelta a la LOE. Por último, la disposición
final segunda que establece la modificación de la Ley Orgánica de Derecho
a la Educación. La enmienda 173, de Izquierda Unida, propone que en el
consejo escolar de los centros haya un representante de la administración
educativa y un representante del ayuntamiento. (Cuando esto se introdujo
en la LOE es lo que llamábamos en broma, lógicamente, el comisario
«Controlenko».)

La enmienda 174, de Izquierda Unida, establece que en el
consejo escolar de los centros concertados que impartan formación
profesional haya representación de los agentes sociales, entre ellos los
sindicatos, naturalmente. La enmienda 175, de Izquierda Unida, insiste en
que el director sea elegido por el consejo escolar. La enmienda 176, de
Izquierda Unida, establece algo verdaderamente pintoresco: que las
vacantes del personal de los centros concertados sean cubiertas por la
Administración con los interinos que se hayan presentado a las pruebas de
la pública. La enmienda 177, de Izquierda Unida, quiere recalcar
—aquí sí— el carácter sancionador a los centros concertados,
pudiendo llegar a perder el concierto en determinados casos. La enmienda
número 178 expresa una manifestación que no nos sorprende nada y que dice
textualmente: «Se dejará de concertar progresivamente,…», salvo por
urgencia y excepcionalidad. Probablemente no tuvieron en cuenta estos
criterios en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, gobernado durante toda
la democracia por Izquierda Unida, si no me equivoco, donde el centro
concertado Hipatia, construido con fondos municipales, fue adjudicado
mediante concurso público a la Fundación Hogar del Empleado.

La enmienda 179, de Izquierda Unida, redunda en la
desconfianza hacia los centros concertados, concretamente hacia la
desconfianza de que no se cumplan allí los derechos sindicales
reconocidos por el artículo 28 de la Constitución.

La enmienda 193, de Unión del Pueblo Navarro, que no ha
sido aceptada, propone una clarificación de las sanciones a los centros
concertados.

La enmienda 674, del Partido Nacionalista Vasco, propone
que en las vacantes de personal de los centros concertados no exista
discriminación, lo cual nos parece innecesario porque, en principio, en
ningún centro concertado ni público de España se producen
discriminaciones y, cuando se producen, se denuncian inmediatamente.

La enmienda 784, de Convergència i Unió, y la enmienda 892,
del Partido Socialista, proponen la vuelta a la LOE.

Y como todavía me sobra algún tiempo, quisiera contestar a
la intervención de don Vicente Álvarez Areces, diciéndole en primer lugar
que me ha sorprendido lo extenso de su intervención, referida a la
oposición a la educación diferenciada. La educación diferenciada fue
tratada en el bloque anterior y fue adecuadamente —pienso—
combatida por la senadora que intervino en este bloque. En todo caso, sí
quisiera decirle algunas cosas.

Si le parece que no es aplicable por razón de su antigüedad
la Convención de la UNESCO de 1960, me gustaría conocer su criterio sobre
la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es
del año 1948, y sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es del
año 1950. Parece mentira que, teniendo usted la edad que tiene —más
o menos la mía, o a lo mejor un poco más—, tenga este concepto
propio de la LOGSE de que todo lo que no ha ocurrido durante los últimos
tres años no tiene importancia y son cosas de personas mayores que no
merecen ningún tipo de respeto.

Pero, bueno, ya que habla usted de educación diferenciada,
sí quiero recordarle algunas cosas: que Gobiernos socialistas concertaron
30 de los 102 colegios concertados con educación diferenciada que hay
ahora en España: 12 en Andalucía, 3 en Aragón, 8 en Castilla-La Mancha, 2
en Extremadura y 5 en Madrid. (En la Comunidad de Madrid llegaron a
concertar 8, pero después dos de ellos se convirtieron en mixtos y otro
en privada.) Sinceramente, para una persona como yo, cuyos hijos han ido
a colegios mixtos, y, como he dicho muchas veces, no me hubiera gustado
que me impusieran lo contrario, no cabe otra conclusión sino que el
Partido Socialista tiene un problema freudiano con estos colegios y
quiere dar una patada en nuestro trasero a sus padres concertadores. Le
voy a recordar a usted la ocasión que tuvieron ustedes en el año 2006
para aniquilar la concertación de la educación diferenciada.

El día 17 de noviembre de 2005 el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verts presentó la enmienda 1066
al articulado de la LOE. Esa enmienda —que se llamaba coeducación;
lo decía claramente el artículo al que se refería— dice: «Para
favorecer, y en coherencia con el principio educativo I, establecido en
el artículo 1 de la presente ley, la escolarización del alumnado en los
centros públicos y privados concertados se atendrá en todas las etapas,
niveles, grupos y aulas al principio de coeducación. Motivación: Sería
insólito que se financiaran desde fondos públicos opciones educativas que
entran en contradicción o, al menos, obstaculizan la realización de un
principio de nuestro sistema educativo y los objetivos contenidos en la
Ley de Igualdad.» La enmienda fue votada y obtuvo 6 votos a favor, 314 en
contra y 4 abstenciones. Evidentemente, entre los 314 estaba el Grupo
Socialista en pleno.

No se convenció Izquierda Unida de sus argumentos, y volvió
a presentar, a través del señor Cuenca, la misma enmienda en el Senado y
exactamente con los mismos argumentos. Incluso decía el señor Cuenca
Cañizares: La número 459 es una enmienda que pretendemos que se vote por
separado. Se refiere a la coeducación en centros sostenidos con fondos
públicos. Para que nos entiendan sus señorías: Con esta enmienda queremos
evitar casos como el del centro Monte Tabor, de Madrid, que separa niños
y niñas.» (Yo añado que solamente en las aulas.) «Recientemente hemos
visto en prensa una noticia sobre este centro que dice: Un centro
concertado que segrega por sexos pide 1700 euros por plaza. Esto es lo
que pretendemos evitar con nuestra enmienda, pero no solo eso, sino que,
además, algún dirigente, en este caso del Partido Socialista, y compañero
mío senador, anuncia que retirará las ayudas a los colegios que separen
por sexos. Votando la enmienda se soluciona todo. Lo más adecuado para
evitar que estas cosas ocurran es votar esta enmienda.» Pues bien, llegó
la votación con el siguiente resultado; votos a favor, 21; votos en
contra, 216 —incluyendo los del Grupo Socialista—;
abstenciones, 7. Pues, señorías, ya ven ustedes que una cosa es predicar
y otra dar trigo.

También quiero decirle al señor Álvarez Areces que de
momento no se ha firmado ninguna enmienda transaccional; lo que se ha
hecho ha sido aceptar algunas enmiendas propuestas por grupos tan
respetables como el suyo.

El Partido Nacionalista Vasco tiene en sus manos acordar
dos enmiendas que se refieren a problemas específicos de la formación
profesional en el País Vasco. La primera se refiere a que las
administraciones podrán acordar que se imparta el primer curso de los
ciclos de formación profesional básica en entidades locales, asociaciones
profesionales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones
empresariales y sindicales, que en estos momentos están impartiendo los
programas de cualificación profesional inicial. Al parecer es un tema
importante para el País Vasco. Y la segunda enmienda transaccional que
les proponemos solicita que en el acceso a ciclos formativos de formación
profesional superior se establezca el siguiente criterio —uno
más—: superar los procedimientos de admisión al centro docente que
establezcan las administraciones educativas de acuerdo con las
condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente.

La disposición de aceptar estas enmiendas transaccionales
por parte del Grupo Parlamentario Popular no supone una invasión de
competencias sino todo lo contrario, una sensibilidad hacia una
administración educativa que tiene una formación profesional de alta
calidad y que quiere seguir reforzándola.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, a usted, senador Peral.

Entramos en el sexto bloque de apartados. Apartados ochenta
y dos a ochenta y seis, correspondiente al Título VI de la Ley Orgánica
2/2006, de evaluación del sistema educativo. Resto de apartados
correspondientes a disposiciones de la Ley Orgánica 2/2006, números
noventa y uno, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve, ciento
uno y ciento dos. Resto de disposiciones del Proyecto de Ley orgánica
para la mejora de la calidad educativa: disposición adicional cuarta,
disposición adicional quinta, disposición derogatoria única, disposición
final cuarta, disposición final quinta y disposición sexta. Enmiendas que
proponen apartados o disposiciones nuevos, es decir, no previstas en el
proyecto. Enmiendas relativas al título del proyecto y al conjunto. Por
último, preámbulo del Proyecto de Ley orgánica para la mejora de la
calidad educativa.

Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra, en
primer lugar, el representante del Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa.) No
está.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la señora Martínez Muñoz para la defensa de las enmiendas números
608 a 611, 659 a 663, 667, 672 y 676.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Inicio mi intervención en relación con el último bloque de
enmiendas apelando de nuevo a su generosidad y a su flexibilidad respecto
del tiempo porque son muchas las cosas que quiero decir ya que esta es la
última intervención en el turno de defensa. Quiero hacer un discurso más
o menos coherente, por lo que es probable que me exceda un poco en el
tiempo, aunque espero que no sea mucho.

Por partes. Ya que el señor Peral ha mencionado las dos
enmiendas transaccionales que el Grupo Parlamentario Popular nos ha
ofrecido, les he comunicado, señorías, antes que el Partido Nacionalista
Vasco —en este caso, mi grupo parlamentario— no está
dispuesto a aceptarlas, y ahora le voy a explicar por qué.

La primera enmienda de las transaccionales reconoce a las
autoridades educativas la capacidad de permitir a órganos educativos
distintos… No la tengo aquí delante, con tanto papel estoy
totalmente perdida, pero habilitada a los ayuntamientos a organizar e
impartir los cursos de formación profesional básica, que es lo que viene
a sustituir a los PCPI. En primer lugar, esa enmienda lo que haría sería
concertar una realidad que ya existe, porque no solamente en Euskadi,
sino también en Castilla y León son los ayuntamientos los que están
impartiendo hoy en día los cursos de capacitación profesional inicial.
Por tanto, eso redunda sobre una realidad ya existente. Una segunda
cuestión: se sigue insistiendo en el calendario de implantación para el
curso 2014-2015. Independientemente de que sean los ayuntamientos los que
vayan a seguir impartiendo esa formación, ese calendario es imposible
puesto que no se trata exclusivamente de cambiar de nombre a los PCPI
transformándolos en programas de formación profesional básica; es que los
itinerarios, el currículum y los contenidos son totalmente distintos. Una
tercera cuestión que nos obliga a rechazar esa enmienda es que solo
afecta al primer curso de formación profesional básica, no a los dos, con
lo cual, quedaría ahí una especie de alegalidad, en la nebulosa lo que no
contempla la enmienda transaccional, lo que sucede con el segundo curso
de formación profesional básica. He aquí las razones por las que mi grupo
parlamentario no está dispuesto a aceptar esa enmienda.

Respecto de la segunda enmienda, como usted bien ha dicho,
recoge la posibilidad de que los centros docentes establezcan pruebas o
criterios de admisión particulares para el acceso a la formación
profesional de ciclo superior. Esa enmienda se hace colgándose de otra
enmienda nuestra, la número 644, enmienda cuya aceptación en su totalidad
es fundamental para nosotros, porque no solamente blinda, por decirlo
así, el acceso a la formación profesional de grado superior con unos
criterios de conocimiento suficientes, sino también el acceso al grado
medio desde la formación profesional básica, así como las llamadas
pasarelas horizontales, que nos permitirían ofrecer a los alumnos que
están en formación profesional un reenganche hacia la opción de educación
secundaria obligatoria por opciones académicas. Si la aceptación de esta
enmienda transaccional supone también la aceptación por nuestra parte de
que no se blinde el grado medio, que, como hemos comentado
reiteradamente, es para nosotros la joya de la corona, lo más importante
del itinerario de la formación profesional, es evidente que no podemos
aceptarla porque, como digo, supone renunciar a seguir intentando por
todos los medios posibles negociar con ustedes el blindaje del grado
medio. De ahí que nosotros no podamos aceptar ninguna de las dos
enmiendas transaccionales que nos proponen.

Y paso ya a la defensa de las enmiendas que son propiamente
del bloque sexto. En este bloque tenemos presentadas un total de doce
enmiendas —una cosa así— que hacen referencia a tres
cuestiones fundamentales: a las evaluaciones y a las competencias que les
corresponderían a las autoridades educativas a este respecto; y a la
cuestión de la discapacidad, que se introduce fundamentalmente en el
preámbulo, incorporando términos como igualdad de oportunidades en
especial atención a las personas con discapacidad, equidad, etcétera; y
luego una última cuestión que también es fundamental para nosotros: junto
con la enmienda número 644 sobre formación profesional, a la que acabo de
hacer referencia, esta enmienda, la número 668, es la gorda, es nuestro
órdago a mayor en toda la negociación de la Ley Orgánica para la mejora
de la calidad educativa: la inclusión de una disposición adicional
nueva.

Por lo tanto, voy a empezar por esta última, porque creo
que me va a servir muy bien para hacer un resumen final de cuál es la
postura de mi grupo parlamentario respecto de este proyecto de ley. Lo
que venimos a decir es que con esta disposición adicional lo que nosotros
queremos hacer es salvaguardar el sistema educativo vasco. ¿Por qué?
Sinceramente, porque no creemos que la aplicación de la LOMCE nos vaya a
traer nada bueno ni vaya a servir, efectivamente, para mejorar la calidad
de nuestro sistema educativo, y cualquier cambio general, como el que se
está proponiendo con esta ley, va a afectar al conjunto del sistema,
tanto desde el punto de vista pedagógico, como organizativo y económico.
Hay que tener en cuenta que esta sería la séptima modificación de la
legislación educativa.

Desde el principio pedimos un análisis riguroso, exhaustivo
y honesto que justifique de modo fehaciente la necesidad, la idoneidad y
la oportunidad de las medidas propuestas. ¿Hay algún estudio que diga
que, efectivamente, los problemas detectados en cuanto a abandono y
fracaso escolar se van a solucionar con las medidas incluidas en la
LOMCE? ¿En qué datos se basa? No nos parece razonable que lo que se esté
planteando sea una reforma basada única y exclusivamente en las ideas.
Por eso, muchas veces hemos calificado esta reforma de ideológica, porque
no hay razones pedagógicas, ni siquiera razones estadísticas que unan
diagnóstico con medidas propuestas, sino simplemente el ideario del
Partido Popular reflejado en una medida educativa.

Los resultados educativos, en todos los ámbitos y en todas
las comunidades autónomas son siempre mejorables, también en la comunidad
autónoma de Euskadi. No queremos caer en la autocomplacencia diciendo
siempre que nuestros datos son buenos, que las cosas nos van bien, porque
somos conscientes de que todavía tenemos muchos ámbitos en los que
mejorar. Tanto en la escolarización, como en lo relativo al éxito
académico, al bajo fracaso escolar y a la empleabilidad, nuestros
resultados son mejores, pero eso no quiere decir que nosotros renunciemos
a reformar nuestro sistema ni a mejorarlo; todo lo contrario. Y lo mismo
sucede con la formación profesional. Estamos muy orgullosos y muy
contentos de nuestro modelo porque nos ha costado mucho trabajarlo; nos
ha costado mucho a las administraciones educativas y nos ha costado mucho
en cuanto a la implicación de las empresas. Por lo tanto, lo vamos a
defender con uñas y dientes, y entendemos que con esta ley se pone en
riesgo la continuidad en la mejora de la formación profesional.

En cuanto a los objetivos reales de la reforma, lo que
nosotros vislumbramos a lo largo de todo el anteproyecto, que ya lleva
más de un año de tramitación y que se ha convertido en un proyecto de
ley, es que lo que realmente se está buscando es mejorar única y
exclusivamente las estadísticas, los resultados de PISA y de McKinsey.
Esto no es mejorar la calidad educativa, esto es única y exclusivamente
maquillar indicadores, y ahí no nos van a encontrar a nosotros.

Se ve claro en la exposición de motivos, en el preámbulo de
la propia ley que lo que quieren hacer es mejorar los resultados
estadísticos en fracaso escolar, derivando o segregando una importante
parte del alumnado hacia otras vías, dándoles acceso a una formación
profesional mediante la formación profesional básica, con una reducción
de conocimientos y de recursos educativos que va a afectar a la
consecución de niveles de cualificación requeridos, en este caso por el
sector industrial vasco; y por ahí no pasamos.

Así pues, no vemos que realmente vaya a haber una mejora en
el conjunto del sistema, que mejore las competencias de todo el alumnado
mediante modelos de aprendizajes que sean acordes con el siglo XXI. En
este sentido, entendemos que es una reforma regresiva.

Y vamos a entrar ya en las medidas concretas. Me estoy
extendiendo tanto porque en la disposición adicional tratamos todas estas
cuestiones y pretendemos salvaguardar el modelo educativo vasco
—vuelvo a repetirlo—. Eso es lo que queremos, porque lo
estamos haciendo bien y queremos hacerlo todavía mejor, y para eso no
necesitamos ningún tipo de tutelas.

Respecto a las lenguas, el proyecto de ley jerarquiza las
lenguas, y el euskera no puede estar subordinado al castellano. No
aceptamos cambios a peor, cuando lo que necesitamos es todo lo contrario:
promover, proteger y adecuar el euskera. La lengua cooficial es tratada
de forma discriminatoria en todo el proyecto de ley respecto a la lengua
castellana. En varios artículos de la ley se comete el error de confundir
el objetivo con el instrumento o con el medio, y lo explico.

El medio, lo que se entiende por la proporción razonable de
ambas lenguas, no puede ser un objetivo en sí mismo, porque así no se
resuelve la situación de desigualdad tanto en la propia comunidad
autónoma como entre diferentes comunidades con medidas similares. El
texto debe prestar especial cuidado a la consecución del objetivo de
conocimiento de ambas lenguas. En cambio, se empeña en regular la
proporción de cada lengua vehicular, esto es, el medio de aprendizaje, y
no el objetivo. Confunden otra vez las churras con las merinas, y
jerarquizan y supeditan unas lenguas a otras. Nosotros creemos que cada
Administración educativa debe determinar las lenguas vehiculares de su
sistema educativo en atención a su realidad sociolingüística y a su
estado de normalización lingüística.

Ustedes no asumen como lenguas del Estado las que no son el
castellano. Para ustedes las lenguas cooficiales, las lenguas oficiales
en las comunidades autónomas que tienen además una lengua propia, son un
elemento añadido, siempre y cuando no se perjudique al castellano, que es
lo único que a ustedes les interesa salvaguardar. Por lo tanto, no nos
establezcan una relación de superioridad. Queremos una relación de
convivencia, no una relación de mera coexistencia de ambas lenguas.
Solamente reparan en la posibilidad de excluir al castellano, y se
olvidan de citar la imposibilidad de excluir la lengua cooficial, y lo
hacen constantemente, a lo largo de todo el texto. Tenemos un montón de
enmiendas que persiguen corregir este error y esta equivocación en todo
el texto, enmiendas a las que ustedes han hecho siempre caso omiso.

Entendemos también que para un acomodo, para una
cohabitación sin subordinación, el Grupo Popular haría una contribución
enorme si lengua y literatura cooficiales pasasen del bloque de
asignaturas específicas al bloque de asignaturas troncales, que es donde
les corresponde estar. Además, deberían dar pasos para garantizar el
plurilingüismo en el Estado mediante una disposición que permita al
alumnado experimentar un acercamiento a otras lenguas cooficiales.
Incluso es posible incluir una materia, o parte de ella, donde se
explique la diversidad lingüística del Estado, el cual, siendo
plurilingüe, en la práctica funciona como si fuera exclusivamente
monolingüe.

Respecto a la distribución de competencias, que es otra
cuestión que abordamos también en esta disposición adicional, pedimos un
respeto a la realidad de nuestra comunidad autónoma, con competencias
exclusivas en materia educativa, frente a la invasión competencial y
recentralización que se plantea. Sé que tampoco le gusta la palabra
recentralización, pero me remito a los hechos, no solamente en lo que se
refiere a esta ley, sino a todo el rosario de leyes que han venido
aprobando sistemáticamente; en pocas de ellas han contado con el apoyo de
otros grupos parlamentarios en lo que vamos de legislatura. Para ello,
consideramos necesario modificar la redacción del artículo 6 bis, que se
refiere a la distribución de competencias. Además —he tenido
ocasión de extenderme en ello en las enmiendas parciales—, se deja
a un lado la fórmula de los porcentajes, nos dejan sin competencias para
definir las asignaturas troncales, cuyos contenidos y estados mínimos
corresponden al Estado, o para definir los estándares evaluables de los
contenidos del bloque de asignaturas específicas, o para determinar los
criterios de evaluación del logro de los objetivos de enseñanzas y etapas
educativas y del grado de adquisición de las competencias
correspondientes a cada una de ellas en relación con los contenidos de
los bloques de las asignaturas troncales y específicas.

En cuanto a las evaluaciones —y ya vamos al grano de
algunas otras enmiendas, aparte de la disposición adicional,
correspondientes a este bloque—, hemos presentado las enmiendas
números 659, 660, 663 y 610. Por ejemplo, en la 659, respecto de la
evaluación general del sistema educativo, decimos que al Instituto
Nacional de Evaluación Educativa le corresponde establecer cuáles tienen
que ser los criterios básicos de esa evaluación, pero no establecer todos
los criterios de evaluación. ¿Para qué estamos, si no, las autoridades
educativas?

Lo mismo ocurre en la enmienda número 661, respecto a las
evaluaciones individuales, donde hay una cuestión todavía más grave. No
es solo que ustedes hacen caso omiso de las competencias de las
administraciones educativas, ni siquiera nos dejan complementar las
evaluaciones individuales, sino que además en la calificación de las
pruebas ustedes permiten la entrada de personal docente que no es de la
función pública, es decir, de profesores que no sé si serán de la
concertada o de la privada. Lo consideramos un absoluto error, por lo que
pedimos que la calificación y la práctica de estas pruebas se hagan por
profesorado de la función pública docente.

Respecto a la publicación de los resultados de la
evaluación, entendemos que parte de un concepto de evaluación
completamente erróneo y ajeno al nuestro. Muchas veces he escuchado decir
a miembros del ámbito educativo del Partido Popular que los del PNV
siempre estamos en contra de las evaluaciones, y nos preguntan por qué.
No estamos en contra de las evaluaciones. Es más, si hay un sistema que
está sometido a evaluaciones constantes es el sistema educativo vasco. A
lo que no estamos dispuestos es a que mediante las evaluaciones se
pretenda minar la capacidad de establecer un currículo educativo por
parte de las autoridades educativas vascas. A eso es a lo que nos
oponemos. Y nos oponemos también a que las evaluaciones sean utilizadas
como un mecanismo para fomentar la competitividad mal entendida entre los
diferentes centros educativos.

Por lo tanto, estamos en contra de que se establezcan
evaluaciones finales al término de cada ciclo educativo, porque centran
al alumnado y al profesorado en los conocimientos que deben mostrar en
una prueba final y eclipsan en gran medida las posibilidades de una
educación individualizada, centrada en las competencias, aglutinante del
conocimiento y de las capacidades, actitudes y aptitudes para evolucionar
como personas y aportar valor a la sociedad, porque infravalora y
cuestiona el trabajo del profesorado, —cuando en Euskadi, además,
tenemos que decir que contamos con un profesorado muy bien formado, en
una formación constante—, ya que resta valor a sus evaluaciones a
lo largo del ciclo, que aunque sean positivas, han de ser certificadas
siempre por pruebas externas que ustedes van a realizar; porque coarta
además la creatividad del profesorado para establecer nuevas metodologías
de aprendizaje, valores como el trabajo en equipo, el trabajo por
proyectos y el aprendizaje en colaboración, y además va a ser altamente
desmotivador para su tarea. Nosotros no estamos en contra de las
evaluaciones, estamos en contra del modelo de evaluaciones que está
planteando su proyecto de ley, que es una cuestión muy muy distinta.

Por último, respecto a la formación profesional, vuelvo a
repetir que para nosotros es fundamental, es básica. Entendemos que la
formación profesional es una formación no de segunda, sino de primera, y
por lo tanto, tenemos que decir que los llamados PCPI, los Programas de
Cualificación Profesional Inicial, hasta ahora tienen dos itinerarios que
se complementan, uno dirigido a la profesionalidad del alumnado, para que
pueda cursar una profesión que le permita desarrollar un trabajo autónomo
por cuenta ajena con un nivel de cualificación 1, y, a la vez, permite
cursar un itinerario académico para conseguir el título de ESO y así
avanzar por círculos de grado medio e incluso continuar hacia el
bachillerato. Es decir, con la nueva formación profesional actual lo que
se va a hacer es retroceder en este camino que ya habíamos avanzado.
Excepcionalmente, además, se va a permitir acceder a formación
profesional básica en segundo de la ESO. ¿Qué nivel van a tener si
después acceden a la formación profesional de grado medio directamente,
sin ningún tipo de criba interna? En su enmienda transaccional, vuelvo a
repetirlo, ustedes planteaban pruebas de acceso solamente para la
formación profesional de grado superior. Pero ¿qué ocurre con el grado
medio cuando el 40% de los perfiles demandados hoy en día por el sector
industrial en la comunidad autónoma vasca son titulaciones de grado
medio? Esta ley no solo no asegura las competencias que demandan los
sectores productivos, la empleabilidad y el desarrollo personal y
profesional, sino que las reduce y las elimina. Además, es inadmisible
que se permita acceder a ciclos de grado medio y superior con una
formación profesional básica y con la superación de una prueba de
admisión, pues así lo que van a conseguir es que la verdadera formación
profesional se acabe yendo al traste.

Y respecto a la formación profesional dual —ayer lo
mencionaba el portavoz del Grupo Socialista—, traer aquí el modelo
alemán o el modelo austriaco e implantarlo sin más es totalmente
imposible. Nosotros defendemos el modelo en alternancia, que va mucho más
allá de una diferencia exclusivamente de términos. No es lo mismo la
formación profesional dual que la formación profesional en la
alternancia. Y no es viable, porque económicamente no existe un interés
empresarial para la formación dual que se quiere implantar, salvo en las
grandes empresas; y corremos un riesgo —lo comentaba ayer el
portavoz del Partido Socialista—, que las grandes empresas muchas
veces quieren utilizar este mecanismo de formación para conseguir
contratar mano de obra barata. Por lo tanto, pedimos que la formación
profesional dual no sea el único sistema, y que se permita una formación
profesional en alternancia, porque es mucho más flexible y más acorde a
las características y necesidades de las pequeñas y medianas empresas,
que, al fin y al cabo, son las que realmente aportan valor añadido a esta
formación profesional.

Resumo. Teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho hasta
ahora, lo que mi grupo parlamentario demanda a través de la enmienda
número 668, que propone una nueva disposición adicional, es una relación
bilateral y respetuosa entre la Administración española y la vasca en
materia educativa, una relación bilateral, que sea respetuosa con las
competencias y la especificidad del sistema educativo vasco. En este
sentido pedimos respeto a la legislación y a la normativa vasca, en
general, y a la normativa lingüística muy en particular; que no sea
discriminatoria, de tal manera que el castellano no esté a un nivel
superior de las lenguas cooficiales, incluida la vasca; con una autonomía
real para adoptar propias recetas, para adoptar las medidas más adecuadas
para el avance y la mejora en la educación y no para el retroceso; para
la mejora continua y la búsqueda de excelencia en el sistema educativo
vasco. No debemos olvidar las necesidades y el punto de partida de la
comunidad autónoma vasca en este caso, pero entiendo que es igual en el
resto de las comunidades autónomas. Lo que pedimos es una relación
bilateral que permita realmente mantener los niveles de calidad, y
mejorarlos, evidentemente, mejorarlos, que es el objetivo que nosotros
nos planteamos.

Gracias, señora presidenta, por su generosidad.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora
Martínez.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Alturo para
defender las enmiendas 702, 735 a 739, 759 a 763, 766, 733 a 744, 776,
781 a 782, 786 y 787.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Muchas gracias.

Tenemos un bloque importante de enmiendas a este capítulo y
a algunas de ellas los portavoces del Partido Popular ya han dado
respuesta. Yo voy a continuar defendiéndolas, y luego, en el turno de
portavoces, también me referiré a ellas.

Voy a empezar por la enmienda 759, que pretende suprimir el
apartado ochenta y dos del referido texto. Nosotros consideramos oportuno
mantener el redactado actual del apartado 2 del artículo 140 de la LOE,
en el que se establece que la finalidad de la evaluación no podrá amparar
que los resultados de las evaluaciones del sistema educativo,
independientemente del ámbito territorial estatal o autonómico en el que
se apliquen, puedan ser utilizados para valoraciones individuales de los
alumnos o para establecer clasificaciones de centros. Aquí quiero
contestar al señor Peral, que ha dicho que nosotros nos oponíamos a no se
qué, pero en realidad hay que diferenciar: una cosa es la evaluación de
los alumnos, otra es la evaluación del profesorado, otra es la evaluación
de los centros y otra es la evaluación del sistema educativo. Y lo que no
se puede hacer es que, a través de una evaluación del sistema educativo,
vayamos a organizar rankings de centros o a dar valoraciones de los
alumnos a nivel individual. Por tanto, estamos mezclando cosas y estamos
diciendo cosas que no obedecen a la realidad. El sistema de evaluación es
muy importante, es algo muy serio en el sistema educativo, y merece un
respeto y que se sepa de lo que se está hablando, porque, en principio,
es la base del progreso y el fundamento de nuestra sociedad.

En la enmienda 766 pedimos la supresión de la disposición
adicional trigésimo cuarta, sobre becas y ayudas al estudio, en
cumplimiento de la Sentencia 188/2001, de 20 de septiembre, del Tribunal
Constitucional. Esta enmienda es reiterativa y habitual. Se trata de una
competencia que debe ser transferida a las comunidades autónomas, y
nuestra enmienda va en esa línea.

Las enmiendas 773 y 774 tienen relación y coherencia con
enmiendas presentadas con anterioridad; con la enmienda al preámbulo, en
la que pedíamos la supresión y por tanto el retorno de la LOE, es
evidente.

Las enmiendas 735 y 736 pretenden reforzar de manera
expresa la educación vial atendiendo a la importancia que tiene en la
formación. Es un tema que ya hemos comentado en algunas mociones, pero es
importante que figure en los procesos educativos.

Y otro grupo de enmiendas de nueva introducción pretenden
incluir en la LOE el grado de las enseñanzas artísticas para su
adaptación al espacio europeo, o bien de la educación superior.

Y quiero hacer referencia a una de las enmiendas que
consideramos importante, la 776, de modificación del artículo ochenta y
dos, apartado 2 de la LOE. En este sentido, se establece que vincular los
servicios de la obligación de desplazamiento de alumnos a un municipio
diferente del de la residencia, a veces queda distorsionado por las
características y condiciones geográficas de cada municipio. Así, en
determinados casos, hay alumnos que, sin cambiar de municipio, se ven
obligados a recorrer distancias largas desde su domicilio hasta el centro
educativo, esto sucede en numerosas zonas urbanas, y puede ocurrir que
familias con una renta muy alta entren en desplazamientos de cambio de
municipio y, por tanto, de gratuidad, y familias con una renta
socioeconómica en una situación muy precaria, por el hecho de que su
pueblo esté dentro del propio municipio, es decir por desplazarse dentro
del mismo municipio resulta que no puede tener acceso a esta gratuidad de
transporte y de comedor. Por tanto, proponemos esta revisión. Esto es
justo que se mire, es equidad del sistema, y lamento que la portavoz ya
haya dicho que no en este sentido, que está mejor tal como están las
cosas, cuando en realidad, lo que está negando a estas familias que, por
razones geográficas de un municipio determinado, se encuentran con el
hecho de la movilidad dentro de ese mismo municipio, no puedan tener
derecho a este transporte o a este comedor de forma gratuita. Lamentamos
muchísimo esto y pedimos una reconsideración, ya que aún hay tiempo, de
aquí a la semana que viene.

Voy a comentar una de las enmiendas más relevantes para
nosotros en este bloque, la número 786, que hace referencia al calendario
de aplicación de esta ley. Ustedes han presentado una enmienda, que ya
figura en la ponencia, de modificación inicial de la aplicación del
calendario. La verdad es que hay mucho que hablar y mucho que decir en
este sentido. Los precedentes de las leyes orgánicas reguladas del
sistema educativo aprobadas por Cortes Generales, la LOGSE, la LOCE, la
LOE, establecen en cada caso un plazo global para el calendario de
aplicación, siendo regulada posteriormente la concreción de dicho
calendario mediante reales decretos correspondientes. Nunca han figurado
en el texto de la ley —y podríamos hablar de cada uno de ellos,
porque tenemos los reales decretos—, cuándo se publicaron, en qué
sentido y, en definitiva, el tiempo en el que se aplicaron las distintas
leyes. El mecanismo de implementación adoptado en todos los casos es
similar, lo cual indica que no se trata de una decisión condicionada por
una opción ideológica determinada sino más bien de un criterio técnico
compartido por diferentes legisladores, que se aplica de manera
generalizada.

Permítanme que les comente lo que el Consejo de Estado, en
su dictamen número 172/2013, sobre el proyecto de la LOMCE, señala. Dice
así: «Llama la atención que se pretenda en dos años implantar una reforma
tan profunda como la proyectada. Como ya ha sido observado, la aplicación
completa del nuevo modelo exige, además de aprobar los decretos básicos
de desarrollo, los decretos de las comunidades autónomas de adaptación a
los centros, de los libros y de la inversión ingente a asumir en tres
ejercicios presupuestarios. Al margen de lo anterior, cabe destacar que
el calendario de implantación nunca se ha fijado en una norma de rango
legal, sino que siempre ha habido una remisión a la aprobación del
Gobierno en decretos posteriores. Lo único que se ha previsto en las
sucesivas leyes ha sido la duración total de la implantación gradual:
diez años para la LOGSE; cinco años para la LOCE y para la LOE. Aun
cuando la disposición final en la que se incluye este régimen no tiene
carácter orgánico sino ordinario, quizá debiera considerarse tanto el
plazo que en el mismo se establece para su implantación como su inclusión
en una norma de rango superior.» Esto lo dice el Consejo de Estado en
relación con la aplicación de esta ley.

En este sentido, la implementación de la formación
profesional básica prevista para el curso 2014/2015, que forzosamente
presentará un notable incremento presupuestario a las comunidades
autónomas, supone un doble inconveniente, atendiendo a que la inadecuada
cuantificación de su puesta en marcha se une a la premura del calendario
que imposibilita la correcta previsión presupuestaria para el año 2014.
En este sentido, debe tenerse en cuenta también lo manifestado por el
Consejo de Estado, que dice: «Aun cuando, en definitiva, se ha llevado a
cabo una adecuada tramitación de la norma en proyecto, no puede dejar de
observarse la insuficiencia de la valoración económica que entrañará su
aprobación.»

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cooperación y no en el de competición, para que sepan que
el futuro es de todas y todos y no solo de aquellos que se van eligiendo
reválida tras reválida, como hace cuarenta años; y sí, digo reválida y no
evaluación, y lo hago de forma consciente, a pesar de que el ministro
Wert ha dicho textualmente que utilizar la palabra reválida para
referirse a las evaluaciones al final de cada ciclo educativo es un truco
facilón para descalificar mirando al pasado. Yo creo que más bien es el
PP el que usa el término evaluación como un eufemismo facilón con el que
quiere ocultar o endulzar la realidad.

De ahí que mantengamos también en este bloque, con las
enmiendas números 863 a 866, 877 y 876, la misma postura que se adoptó en
el resto del texto legislativo: supresión de todos los apartados que
hacen referencia a las reválidas y retorno al articulado LOE en el que sí
existen evaluaciones, pero evaluaciones para diagnosticar el sistema
educativo y optimizarlo, no para crear un ranking discriminatorio;
evaluaciones que nos den los instrumentos necesarios para actuar con
eficacia donde tengamos que hacerlo y aportar recursos donde sea
necesario; evaluaciones para ayudar a los alumnos en sus expectativas y
no para truncarlas. Pero no, ustedes quieren con esta ley retrotraernos
al pasado con estas reválidas excluyentes. Y fíjense, señorías, si tienen
ustedes prisa en devolvernos a políticas retrógradas, donde el amparo de
la Conferencia Episcopal es el sustento ideológico que permite la
división económica y social, que quieren hacer entrar en vigor esta ley
en tan solo veinte días. Una prisa innecesaria y contraproducente, tanto
a nivel organizativo como educativo, incluso económico.

Por eso pedimos la modificación de la disposición final
sexta con la enmienda 896. No tiene sentido que digan que esta ley
entrará en vigor a los veinte días de su publicación. Ustedes saben que
es necesario un período de tiempo mayor para la adaptación curricular,
económica y social. Aún así, lo acortan porque saben que al ser esta una
ley impuesta tienen miedo de no poder darle cumplimiento en esta
legislatura. Por eso le proponemos con esta enmienda que la entrada en
vigor se produzca a los doce meses, un plazo razonable y razonado para
una ley que afectará al futuro de los jóvenes de este país.

Con este mismo criterio pedimos la supresión de la
disposición final quinta con la enmienda 895 sobre el calendario de
aplicación. Han presentado ustedes una autoenmienda a esta disposición en
la que alteran el calendario fijado en el Congreso con una única premisa:
diferir costes un año. Así lo exponen directamente en la justificación de
esta enmienda. Usan razones económicas cuando ni siquiera tienen claro ni
quién ni cómo van a pagar la implantación de esta ley. Y se confunden,
este plazo, el plazo de implantación, tiene que ser necesariamente más
amplio, pero por más motivos que el meramente económico: debe consultarse
con las comunidades autónomas y después aplicar un calendario pactado que
no debe imponerse por ley y que permita tener capacidad de resolución
económica suficiente. La experiencia así lo recomienda y no debemos
forzar la maquinaria administrativa y económica que pueda llevarnos al
caos en un asunto tan importante como la educación.

Su propuesta de ampliación de plazos adolece de sentido
común y viéndola solo parece ser un parche para acallar a los consejeros
populares que pedían más plazos por motivos económicos y seguir
manteniendo así una postura afín al dogma del partido. Esos mismos
consejeros y consejeras que en la Comisión General de las Comunidades
Autónomas —y según las palabras que ayer recordó la senadora
Haro— no solo no defendieron el recorte competencial que va a
suponer esta ley en los distintos territorios, sino que les molestó que
se hablara de competencias en la Comisión General de las Comunidades
Autónomas, foro territorial por excelencia para hablar precisamente de
competencias y no para dedicarse durante una tarde entera a lanzar loas
partidistas a una ley como esta.

Este ataque a las competencias autonómicas, aunque fueran
ampliamente defendidas en otros bloques, vuelve a aparecer en las
disposiciones finales cuarta y tercera, que pedimos que se supriman con
las enmiendas 893 y 894, ya que dejan en un segundo plano el desarrollo
normativo de las comunidades, alteran la cohesión territorial y hacen,
eso sí, un nuevo ejercicio de apoyo económico a los centros privados en
contraprestación con los recortes que les están aplicando a la educación
pública.

Y qué mejor ejemplo de recortes para ilustrar lo dicho que
la enmienda 887, que presentamos a la disposición adicional quinta, sobre
el sistema de préstamo de libros de texto. La sustitución del término
promover por garantizar cambia el sentido completo de este artículo. Los
socialistas pedimos que se garantice que todos los alumnos y alumnas
tengan las mismas posibilidades de acceso a los libros. Un sistema de
préstamo de libros aporta, además de una mejora económica a las familias,
un aprendizaje basado en los principios de solidaridad y compromiso con
lo público, que debe formar parte de la educación. Solo se entiende que
mantenga la palabra promover en el ansia de dejar caer en el olvido este
sistema, como ya han hecho en varias comunidades autónomas que gobiernan,
como la gallega, y como están también dejando caer en el olvido las
enseñanzas para ser hombres y mujeres comprometidos con

ideales y con ideas, abandonando la enseñanza de valores e
imponiendo reglas de juego basadas en el adoctrinamiento socialcatólico,
y me estoy refiriendo a la enmienda 878, a la disposición cuadragésima
primera, en la que pretenden articular un mini resumen para educar a los
estudiantes en la resolución pacífica de conflictos y en los valores que
sustentan la democracia y los derechos humanos.

Estando de acuerdo con la necesidad de estudiar esos
valores, entre los que está la prevención de violencia de género, lo
cierto es que ustedes solo han querido poner en un papel una exigua
justificación para la intencionada supresión de la asignatura de
Educación para la Ciudadanía que trataba todos estos conceptos; una
asignatura necesaria para aprender valores sociales como la igualdad; una
asignatura que, de haber existido durante ese período oscuro de España al
que el señor Peral ayer no pudo ponerle nombre pero que recordó con
cariño, les hubiera permitido seguramente tener principios básicos más
sólidos que les hubieran impedido aprobar las enmiendas de UPN para los
centros que segregan por sexo. La igualdad efectiva entre hombres y
mujeres queda en entredicho con esta ley.

¿Qué tipo de educación están planteando? Yo les respondo:
educación sectorizada por nivel económico y, después de esta comisión,
también por sexo. Y tengan cuidado porque a este ritmo, en breve, la
Conferencia Episcopal les propondrá como libro de cabecera para las niñas
el libro publicado por el arzobispado de Granada, Cásate y sé sumisa, en
el que se dice que ha llegado la hora de aprender la obediencia leal y
generosa que es la sumisión, porque la sumisión es un término que le va
al dedillo al fondo ideológico de la LOMCE. El PP quiere formar
ciudadanos obedientes y sumisos, cuando lo que necesita una sociedad de
futuro son ciudadanos libres y críticos.

Sobre el resto de las enmiendas de este bloque, que
corresponden a las números 889, 886, 881, 870 y 871, todas ellas de
supresión, ya ni entro en detalle, ya que han sido suficientemente
debatidas por los compañeros que me precedieron y con las que simplemente
pedimos volver a la LOE.

Y termino no sin antes pedirles, ya que el ministro Wert ha
puesto tan de moda el término rectificar, señorías, que lo hagan suyo y
rectifiquen. Siéntense a negociar de nuevo esta semana las enmiendas
planteadas con seriedad, sin errores y, si no lo hacen, sí estarán
cometiendo un grave error o, si lo prefiere el señor Peral, un gran
malentendido, porque este sí que será realmente un gran malentendido, no
estarán entendiendo lo que la ciudadanía quiere o más bien no estarán
entendiendo lo que la ciudadanía no quiere, y es que no quiere la
LOMCE.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, senadora
Fernández Pena.

A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Popular.

Figuran aquí unas enmiendas que, como en los anteriores
casos, deben estar ya incorporadas, 677 y 694, 695 a 698, 701.

Tiene la palabra el senador Sastre.

El señor SASTRE ÁLVARO: Presidenta, uno esta intervención
al turno de portavoces.

La señora PRESIDENTA: Este es otro turno. Ahora vendría el
turno en contra. ¿No hace uso de él?

El señor SASTRE ÁLVARO: Quiero acumularlo al turno de
portavoces.

La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Entramos entonces en el
turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones.)

El representante del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió no está en este momento.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, ¿usted, senadora
Fernández Pena, que acaba de intervenir, quiere hacer uso del turno de
portavoces?

La señora FERNÁNDEZ PENA: Sí, por supuesto.

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra.

La señora FERNÁNDEZ PENA: Es difícil utilizar el turno de
portavoces si nadie te da la réplica. A lo mejor es porque mis argumentos
eran lo suficientemente fuertes como para que nadie los contradijera.
(Protestas.)

Yo les he escuchado con atención y, sinceramente, después
de haberles escuchado, he de decir que cada vez tengo más claro que el
problema de que defiendan esta ley tal y como está redactada es porque se
olvidan ustedes de para quién están legislando. Si lo recordaran, ustedes
mismos se darían cuenta de la importancia que tiene que de aquí saliera
una ley consensuada en la que no existieran diferencias ideológicas ni
programáticas, porque, señorías, legislamos para los que serán los
ciudadanos y ciudadanas de mañana, y a pesar de ello y de ellos están
diseñando una estrategia educativa sin sentido para el futuro de este
país, están ustedes defendiendo una ley inclusiva que pretende crear
individuos uniformizados en vez de ciudadanos plurales, que es lo que la
sociedad necesita. Un modelo del que saldrán preparados para ir a la
universidad una élite que no se medirá por su capacidad intelectual, sino
más bien por su capacidad económica, mientras que quedarán por el camino
cientos de miles de ilusiones, jóvenes a los que con sus votos en esta
Cámara les estarán negando el futuro que se merecen. Una ley que
sustituye el ideal de educar ciudadanos y ciudadanas por el de crear mano
de obra para el mercado laboral. Están ustedes defendiendo una ley que se
olvida de evaluar el propio sistema educativo en búsqueda de errores para
corregir fracasos, mientras se evalúa constantemente a los alumnos en
búsqueda de aquellos que serán eliminados del sistema porque deben
fracasar. Sería, pues, como legislar en materia sanitaria y culpabilizar
a los enfermos por los errores del sistema, excluyéndolos injustamente de
sus posibilidades de curación. Toda la oposición, toda la comunidad
educativa, familias, asociaciones, sindicatos, ONG, incluso muchos,
muchísimos militantes de base del PP dicen que esta es una ley clasista,
segregadora y excluyente. Sé que no les gustan estos términos y les
molesta, como les molestó ayer, que les digamos que están ustedes solos.
Ayer se revolvían en sus asientos, porque las verdades, cuando no gustan,
duelen. Pero es así, están ustedes solos. Están defendiendo a un ministro
al que ha abandonado hasta la comunidad internacional. Están solos en la
aprobación de una ley redactada a medida de las directrices que marca la
troika, endulzada con planteamientos ideológicos de la Conferencia
Episcopal y con el visto bueno de la FAES para reactivar el negocio de la
educación privada. Un sector que empuja, y mucho, a que hoy ustedes se
vean obligados a truncar el futuro de cientos de miles de
estudiantes.

Están solos y deberían pensar por qué. Algo estarán
haciendo mal. Y ese algo es que el PP se carga con la LOMCE el derecho a
una educación igualitaria. Han fabricado una ley en la que el ideario del
Partido Popular golpea con saña en aquellos elementos que siempre
diferenciaron a las sociedades progresistas, como el libre pensamiento,
la igualdad y la lengua propia. La lengua propia, la seña de identidad de
los gallegos, los catalanes o los vascos. No saben lo que duele a los que
tenemos y queremos una lengua propia ver cómo la supeditan a un papel
menor fuera de las asignaturas troncales.

El PP decidió romper de forma unilateral un consenso
recogido tanto en el texto constitucional como en los estatutos de
autonomía al atacar el eje de las políticas lingüísticas de los
territorios con lengua oficial propia, que se basan en la no segregación
del alumnado en razón de la lengua y en el desarrollo de una doble
competencia, semejante en ambas lenguas oficiales e imprescindible para
asegurar su libertad de elección.

Con la LOMCE, el estatus de la lengua propia de Galicia,
así definida en su estatuto de autonomía, queda en absoluta inferioridad,
no solo frente al castellano, sino también frente a la primera lengua
extranjera. Volvemos a los tiempos preconstitucionales á nosa lingua, a
la nostra llengua, gure hizkuntza. Volvemos a tiempos preconstitucionales
en la educación, con reválidas excluyentes. Volvemos a los tiempos
preconstitucionales en la igualdad de oportunidades. Y aunque algunos
como usted, señor Peral —no sé si está todavía en esta sala—,
lo añoren, la sociedad no quiere volver atrás.

Para terminar, les dejo una reflexión, simple, pero
reflexión al fin. Ya que el ministro ha tenido que dar marcha atrás dos
veces en poco más de una semana, y sin dimitir, a ver si conseguimos que
la tercera sea la vencida: que dé marcha atrás a esta ley y que dimita.
Eso es lo que espera toda la comunidad educativa, esa misma comunidad
que, como decía al inicio de esta intervención, es quien tiene que
liderar la transformación educativa.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Fernández
Pena.

Se ha incorporado el portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, el senador Alturo Lloan, y me
dice que desea intervenir, con lo cual, tiene la palabra.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señora presidenta.
Pido disculpas por haberme ausentado en el momento en que me tocaba
intervenir.

Quisiera aprovechar este turno para hacer un pequeño
balance de lo que ha sido el debate de enmiendas en el dictamen de la
comisión correspondiente. Mi grupo ha querido mantener una actitud
positiva, constructiva y de diálogo, y hemos defendido todas las
enmiendas en el sentido positivo. Enmiendas de diferente ámbito.
Enmiendas que afectan al ámbito competencial, al ámbito lingüístico, al
ámbito económico, a cuestiones que vemos que no pueden funcionar de
ninguna manera, como es el caso del calendario escolar al que hice
referencia. Y lo hemos hecho por respeto a la comunidad educativa, por
respeto a los alumnos, por respeto al profesorado, por respeto a la
sociedad en general, por respeto a nuestra profesión y por respeto a una
ley que es uno de los pilares importantes del bienestar de la sociedad. Y
lo hemos hecho muy a pesar de la actitud del Partido Popular, en concreto
de su portavoz, que lamento que no esté ahora aquí, quien por su actitud,
valoraciones y calificaciones, invita más bien a hacer lo contrario.

No hemos querido mezclar una cosa con la otra. No he
querido entrar en ninguna valoración, porque quiero que quede claro que
la defensa de las enmiendas que hemos planteado, aunque sean críticas a
una ley, puesto que tiene que ser así, dado que nosotros vemos que esta
ley invade competencias de manera brutal y atenta contra la lengua
catalana y contra la cohesión social en Cataluña, ha sido en tono
constructivo y de diálogo, con argumentos.

Digo esto porque no son palabras vacías o por decir.
Ustedes tienen prisa; tienen prisa en aplicar esta ley. Forma parte de su
programa electoral y tienen prisa. Pero para aplicar esta ley se requiere
tiempo. Y para aplicarla bien hace falta tener unos mínimos para poderla
implantar. La urgencia solo puede obedecer a intereses ideológicos y de
partido, porque creo que los argumentos están claros, todo el mundo puede
entenderlos y la sociedad, en general, lo va a ver así.

Ustedes han querido demostrar que aceptan enmiendas
—por cierto, ninguna de CiU hasta el momento— para hacer ver
que negocian, que son capaces de mantener diálogo con determinadas
fuerzas. Hemos visto, como han comentado los portavoces principalmente
afectados, que ha habido enmiendas que les aceptaron en su momento y que
luego han tenido que ser, entrecomillado, desaceptadas. Un espectáculo
que no sé cómo calificar el que hemos vivido aquí en ponencias. Pero no
quiero hacer público ahora ese debate, porque, en definitiva, creo que es
lamentable.

Hemos hablado, hemos razonado, hemos puesto al servicio de
la sociedad en general nuestros argumentos y nuestros motivos.
Lamentablemente, estamos viendo que esta actitud de diálogo no se
manifiesta ni se transforma, sino que simplemente se trata de aparentar
un querer hacer.

Y ya lo que faltaba en estos días, hablando del tema de las
becas. Mi grupo le hizo una interpelación al ministro Wert al respecto.
Salió a la luz pública el recorte de las Erasmus y el lamentable
espectáculo de que Europa tenga que tirar de las orejas al ministro Wert
por una reducción que luego rectificó en las citadas becas. Esto es hacer
el ridículo, permítanme que se lo diga así de claro.

Déjenme que les diga que por parte del Partido Popular hace
falta realismo, humildad y un diálogo sincero. Entendemos que en muchas
ocasiones sobra prepotencia y hay que cuidar las formas como también el
fondo.

Finalmente, permítanme que haga mención a una materia de la
cual yo hasta ahora no había hablado, pero que es importante ponerla de
manifiesto antes de que se debata en el Pleno. Es el tema de las
matemáticas en el bachillerato de las Humanidades y de las Ciencias, que
no figura en el ámbito troncal, sino como optativa. Pues bien, señorías,
el 70% de los alumnos de magisterio acceden al bachillerato por esta vía,
por lo que puede ser incomprensible que no hayan cursado matemáticas en
el bachillerato. Por lo tanto, les hago esta consideración para que de
aquí al día del Pleno se tenga en cuenta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Alturo.

Tiene la palabra el senador Sastre, por el Grupo
Popular.

El señor SASTRE ÁLVARO: Gracias. Buenos días, señora
presidenta, señorías.

En primer lugar, agradezco a todos los intervinientes sus
aportaciones al debate de esta comisión. Antes de nada haré tres pequeñas
salvedades, si me lo permiten, en primer lugar a la senadora Martínez,
del Grupo Vasco, a quien tenemos que decirle que nos felicitamos todos
por los logros conseguidos en la mejora del sistema educativo vasco. Por
otro lado, sentimos que no acepten las transaccionales ofrecidas por el
Partido Popular, y lo siento porque lo que ustedes pretenden es blindar
la FP de grado medio.

Nosotros, en lugar de blindajes y portazgos —el PNV
pide una prueba de acceso desde la FP básica a la FP media y desde la
media a la superior—, lo que queremos es crear pasarelas que acaben
con los callejones sin salida de la LOE; queremos, por lo tanto,
permeabilidad entre todas las opciones educativas del alumno, de forma
que ninguna sea irreversible.

Al senador Alturo, una vez más, y espero poder seguir
diciéndoselo muchas veces desde cualquier sillón, desde cualquier
comisión, ponencia o en el Pleno, gracias por su actividad constructiva,
nunca hemos esperado menos de ustedes, y les voy a decir dos o tres
cositas que también sirven para los demás portavoces.

Nosotros no es que tengamos prisa, ustedes son los que
tienen prisa en que esta ley no se aplique; se ha reunido cinco veces a
las conferencias sectoriales desde el principio de esta legislatura y lo
único que pretenden y siguen haciendo es dilatar, dilatar y dilatar. Tomo
nota igualmente de su sugerencia sobre las matemáticas como asignatura
troncal en el bachillerato para ver si de aquí al Pleno pudiéramos llegar
a algún acuerdo.

Y paso ya, señorías, a hablar de este bloque sexto, que es
en el que estamos. Voy a empezar, lógicamente, por debatir el apartado
relativo a la disposición final quinta, la enmienda 701, que ha
presentado el Grupo Popular en el Senado. Con esta enmienda se solicita
la modificación del calendario de implantación de la LOMCE, que si bien
comenzará en el curso 2014-2015, se hará de una forma más gradual para
facilitar a las administraciones educativas, a los centros docentes y a
los equipos directivos la adaptación del contenido modificado o añadido
por la LOMCE, a la vez que hacerlo compatible con la situación económica
de las comunidades autónomas, difiriendo en un año los costes más
elevados, como son los de la ESO. Pero, señorías, una cosa es diferir en
un año para mejorar la implantación y otra cosa muy distinta entrar en el
juego de los portavoces de los distintos grupos, que con enmiendas
edulcoradas lo que persiguen no es la mejora de la ley, sino su no
aplicación.

No podemos olvidar —y lo tengo aquí, señorías (El
señor Sastre Álvaro muestra un documento a la comisión.)—, el
acuerdo, el pacto firmado en esta Cámara —se celebraban aquí las
reuniones del Congreso porque estaba en obras— donde, junto con el
resto de los partidos, incluido Amaiur —esta foto les va a
acompañar durante mucho tiempo—, ustedes acordaron derogar esta ley
en cuanto pudiesen. Ustedes no quieren mejorar esta ley, no les importa
avanzar en educación, quieren que siga siendo un juguete, su juguete, o
herramienta —escojan la palabra que quieran— para, pese a las
debilidades demostradas, seguir y conseguir formar en la rancia política
de izquierdas o en la excluyente política nacionalista. Gráficamente
podría decirse que si la educación en España está al borde de un
precipicio, alejándose cada día más del resto de los países de nuestro
entorno, que están muy bien asentados en tierra firme, sus señorías se
han aliado, se han puesto de acuerdo para dar un paso al frente y
despeñarnos.

Señores, no por mucho insistir en una mentira se convierte
en verdad. Esta ley no nace en soledad porque ustedes no representan a
toda la sociedad, no representan a todos los colectivos, no todos los
sindicatos ni todas las familias están en contra de la ley, de toda la
ley, solo los voceros y agitadores de la calle, que solo se representan a
sí mismos, azuzados por esa izquierda que cuando no gana en las urnas
quiere ganar en la calle de cualquier manera, ya que no conciben que la
educación es de todos, que el derecho a elegir la educación de nuestros
hijos corresponde a los padres, y ellos y solo ellos son los que tienen
que decidir la educación que quieren para sus hijos, los valores y la
lengua vehicular para que esa enseñanza, si es en castellano, sea en
castellano.

Otra vez más les repito algo que ya se les ha dicho muchas
veces desde esta bancada: bendita soledad la del Partido Popular, que
cuenta solo, solo, solo con el apoyo de once millones de españoles, lo
que no tienen el resto de los partidos. (El señor Álvarez Villazán: Ya se
os fueron unos cuantos.) Bueno, más se os han ido a vosotros.
(Risas.)

En el escaso tiempo de que dispongo para rebatir todas sus
alegaciones, por no llamarles invenciones sobre la LOMCE, me centraré en
aquellos apartados en los que más han incidido sus señorías. Así, en los
apartados ochenta y dos y ochenta y seis, Evaluación, debo recordarles
que las evaluaciones externas se llevan a cabo en veinticuatro de los
treinta y cuatro países de la OCDE, entre ellos diecisiete de la Unión
Europea, pruebas que suponen en este caso mejoras de hasta dieciséis
puntos —en España con esos dieciséis puntos estaríamos ahora en la
media europea o un poco por arriba—. Quiero señalar igualmente que
el Consejo de Estado —al que cuando quieren hacen mención; ese
órgano que atacan o alaban según les interesa— ha dejado claro que
las evaluaciones externas son un mecanismo para diagnosticar y corregir
los problemas del sistema educativo e incentivar el esfuerzo de los
alumnos.

Señorías, ¿qué tienen contra la transparencia y la
libertad? ¿Qué problema hay en establecer un sistema de señalización
claro de los objetivos y las competencias? ¿O es que prefieren el actual
sistema ciego, que solo evalúa a los alumnos en la selectividad al salir
del sistema? ¡Ah!, como pedagógicamente no son atacables las evaluaciones
externas —lo acabamos de escuchar a la portavoz del Grupo
Socialista—, las cargan de ideología, les dan una mano de barniz
populista y, ¡zas!, dicen que son reválidas —palabra negativa
porque la unen a una etapa anterior— y ya está. Pues bien, las
evaluaciones externas no son reválidas porque no regulan la demanda, no
regulan el pase; su orientación es de señalización, no son punitivas, no
son prueba de conocimiento, sino de capacidades y por mucho que lo digan
no buscan el ranking, porque las evaluaciones externas buscan incrementar
el sentido del esfuerzo, buscan incrementar el sentido de la exigencia
—tan denostado y tan poco conseguido en la LOE—, buscan el
compromiso de toda la comunidad educativa de extraer consecuencias de los
resultados de la adquisición de competencias. Si no, fíjense en dos casos
recientes y significativos: Portugal en el año 2000 estaba detrás de
España en el informe PISA y en el correspondiente informe 2009 nos ha
superado y ya está por encima de España. No creo que ponerles de ejemplo
Portugal sea como para decir que está como Finlandia, en otra liga; no,
no, la liga de al lado nuestro, nuestro vecino. O Gales, que decidió no
publicar los resultados y su nivel de competencias del alumnado bajó; hoy
día ha vuelto, lógicamente, a publicar los resultados y a subir.

Voy a terminar este apartado con una frase de alguien de
quien también he oído hablar, del padre del informe PISA, al que tanto
citan, Andreas Schleicher: Si hay evaluaciones externas, hay valor
añadido.

Por ir centrándome en los apartados más mencionados, se han
referido al apartado ciento uno, a la disposición adicional quinta, de la
Ley Orgánica 2/2006, relativo al título competencial. Debería dirigirme a
los grupos nacionalistas, cuyas enmiendas tratan de impedir que el Estado
regule ciertas materias, pero el Grupo Socialista, antiguo PSOE, ayer nos
manifestó a través de su portavoz en ese momento, el señor Álvarez Areces
—si no es así le pido disculpas, pero esperemos que de todas formas
así lo diga el Diario de Sesiones—, que en la Constitución Española
se pensó en la evolución de las comunidades autónomas hacia la
federación. Yo no lo sabía, y creo que los constitucionalistas siguen sin
saberlo, de hecho algunos todavía siguen manteniendo que nuestro sistema
descentraliza más competencias que un Estado federal.

Señorías, la distribución de competencias en materia
educativa está recogida en nuestra Constitución en el artículo 149.1, en
sus apartados 1.º, 18.º y 30.º En cuanto al concepto de materia,
alrededor del cual se han producido las disquisiciones teóricas sobre la
que han estado formulando durante toda la tramitación de esta ley en
ambas Cámaras, ha quedado perfectamente fijado que es por el Tribunal
Constitucional —sentencias a las que no les gusta acercarse, pero
yo las voy a citar—, entre otras en la sentencia del Tribunal
Constitucional 39/1982 o la 123/1984, al entender el concepto de materia
como el conjunto de actividades, funciones o institutos jurídicos
relativos a un sector de la vida social. Y sigo: Dejando claro asimismo
que la competencia del Estado alcanza a todos los aspectos que puedan
considerarse esenciales de esa materia en relación con el sistema
educativo o no esenciales —subrayo— que concreten el
contenido del derecho a la educación para que el Estado pueda
—doble subrayado— asegurar que todos los españoles tengan los
mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del
Estado.

Cerraré este apartado señalando que el informe del Consejo
de Estado no aprecia en el texto de la LOMCE ninguna invasión de
competencias respecto a las comunidades autónomas.

En cuanto al apartado ciento dos, carácter de ley orgánica,
vale todo lo dicho para el apartado ciento uno.

Terminaré haciendo mención a la entrada en vigor. Señorías,
las enmiendas 607 de Entesa pel Progrés de Catalunya, la 787 del Grupo
Catalán Convergència i Unió o la 896 del Grupo Parlamentario Socialista,
solo son salvas de distracción. Al pedir que se retrase la entrada en
vigor, en el mejor de los casos doce meses, haciéndola coincidir con el
día 1 de enero de 2015, lo que están pensando es a ver si tienen suerte y
se cumple lo soñado en el pacto escenificado, al que ya hemos aludido
antes.

El respeto que merece el tema que tratamos, la educación,
el futuro de nuestro país, debería obligarles a no plantear este tipo de
enmiendas de obstrucción para seguir con más de lo mismo: su igualdad a
medida, a nivel de mediocridad, nunca de excelencia. ¿Cómo pueden pedir
que una norma empiece su andadura en enero, y no en septiembre, con el
principio de curso?

No quiero terminar sin hacer una mención a lo que ha dicho
durante toda su intervención la senadora que ha defendido este bloque de
enmiendas del Partido Socialista. Ideología, ideología… son
ustedes. Si quiere, se lo digo en forma poética, mirándola a los ojos,
clavando mi pupila en su pupila: ustedes sí que son ideología; rancia
ideología.

Señora presidenta, señorías de los grupos de oposición,
para pactar la mejora de esta ley, para avanzar en los retos educativos
del día a día, siempre nos encontrarán, con o sin gripe; pero para dejar
a España anclada en el pasado, sin hacer nada, a sabiendas de las
debilidades de nuestro sistema, nunca podrán contar con nosotros.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Sastre.

Tal y como habíamos preanunciado, procede ahora la reunión
de la ponencia, que dispondrá de quince minutos.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Habíamos quedado en que tendríamos
conocimiento de si se está planteando alguna enmienda transaccional, para
saber sobre qué vamos a votar.

La señora PRESIDENTA: Esta Mesa no tiene conocimiento de
que en este momento haya ninguna enmienda transaccional.

El señor ÁLVAREZ ARECES: De acuerdo.

La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, vamos a suspender la
sesión, que se reanudará a las 12:55 horas, para proceder a continuación
a la votación.

Eran las doce horas y treinta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las trece horas y cinco minutos.

La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.

Se han incorporado al informe, por mayoría, tras la
celebración de la ponencia, la enmienda número 390, de UPN, Grupo
Parlamentario Mixto, y las siguientes enmiendas técnicas con carácter de
propuestas de modificación, que la secretaria primera va a proceder a
leer a continuación.

La señora SECRETARIA PRIMERA (González García): Los
portavoces de los grupos parlamentarios abajo firmantes, al amparo del
artículo 115 del Reglamento del Senado, presentan las siguientes
enmiendas en relación con el informe de la ponencia del Proyecto de Ley
Orgánica para la mejora de la calidad educativa.

Se propone añadir a la disposición final séptima de la Ley
Orgánica 2/2006, en su redacción conforme al apartado ciento dos del
proyecto de ley, la mención de los artículos 18.3, 18.4 y 18.6 entre los
preceptos que deben tener carácter de ley orgánica, quedando redactada
como sigue: «Ciento dos. La disposición final séptima queda redactada de
la siguiente manera: «Tienen carácter de ley orgánica el capítulo I del
título preliminar, los artículos 3; 4; 5.1, 5.2; el capítulo III del
título preliminar; los artículos 16; 17; 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 y 18.6;
19.1; 22; 23; 23.bis; 24; 25; 27; 30; 38; 68; 71; 74; 78; 79.bis (nuevo);
80; 81.3 y 81.4; 82.2; 83; 84.1, 84.2, 84.3, 84.4, 84.5, 84.6, 84.7, 84.8
y 84.9; 85; 108; 109; 115; el capítulo IV del título IV; los artículos
118; 119; 126.1 y 126.2; 127; 128; 129; las disposiciones adicionales
decimosexta, decimoséptima, trigésima tercera y trigésima sexta; la
disposición transitoria sexta, apartado tercero; la disposición
transitoria décima; las disposiciones finales primera y séptima, y la
disposición derogatoria única.

Se propone añadir un nuevo apartado cien bis al artículo
único del Proyecto de Ley con la siguiente redacción: «Cien bis (nuevo):
Se suprime la disposición transitoria décima novena.»

Se propone suprimir la disposición derogatoria única y
añadir su texto como apartado siete de la disposición final segunda,
pasando el actual apartado siete a ser el nuevo apartado ocho, en los
términos siguientes: «Disposición final segunda. Modificación de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.
(…)

Siete. Queda derogada la disposición adicional primera de
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación.

Ocho, esta disposición tiene carácter de ley orgánica.»

Se propone añadir un nuevo apartado nueve bis al artículo
único del Proyecto de Ley con la siguiente redacción: «Nueve bis (nuevo):
Se suprime el apartado 2 del artículo 19.»

Página
38

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Aquellas enmiendas que no estén incorporadas permanecen
vivas y podrán defenderse como votos particulares ante el Pleno, como
saben ya los portavoces de los grupos parlamentarios.

Procedemos, por lo tanto, a votar.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 16; en contra, 10.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Ha sido, por lo tanto, dictaminado por esta comisión el
Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.

Queda como último punto la designación del miembro de la
comisión para la defensa en el Pleno. (Varios señores senadores: La
señora presidenta.)

Si no hay otra propuesta, asumiré, como presidenta, esa
tarea.

Antes de levantar la sesión, esta Presidencia quiere
agradecer a todos los grupos parlamentarios el largo, a veces difícil y,
por qué no decirlo, en ocasiones también tenso trabajo realizado a lo
largo de la tramitación de este proyecto de ley, de una manera muy
especial a los portavoces y al equipo más directo que con ellos han
estado trabajando.

Por lo tanto, gracias de nuevo.

Se levanta la sesión.

Eran las trece horas y veinticinco minutos.