Las enmiendas se distribuyen de la siguiente forma:
enmiendas números 1 a 21, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes, del Grupo Mixto —21 enmiendas—; las números 22 a
25, de los senadores Eza Goyeneche, Salanueva Murguialday y Yanguas
Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto —4 enmiendas—; las
números 26 a 78, del Grupo Entesa —53 enmiendas—; las números
79 a 105, del Grupo Socialista —27 enmiendas—; las números
106 a 120, del Grupo Parlamentario Vasco —14 enmiendas—;
números 121 a 124, del Grupo Parlamentario Popular —4
enmiendas—, y las números 125 a 145, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió —21 enmiendas—.

Señorías, se suspende la sesión por 10 minutos, para que se
reuna la ponencia. (Pausa.)

Reanudamos la sesión.

¿Cuál es el informe de la ponencia, señor De las Heras?

El señor DE LAS HERAS MUELA: El informe de la ponencia es
incorporar al texto remitido por el Congreso de los Diputados las cuatro
enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y subsumir una
de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, concretamente la 114,
porque, salvo un error material que puede explicar directamente la
portavoz de dicho Grupo, que es un corta y pega que no procede, es
idéntica a la número 144, del Grupo Parlamentario Popular.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De las Heras.

DICTAMINAR

– PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CREACIÓN DE LA
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

(Núm. exp. 621/000049)

AUTOR: GOBIERNO.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden
del día, dictaminar el Proyecto de Ley Orgánica de creación de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Empezamos debatiendo en primer lugar los vetos.

Para defender el veto número 1, que presentaron los
senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, tiene
la palabra la senadora Capella i Farré por tiempo de diez minutos.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Básicamente, reitero lo ya manifestado en el veto
presentado y, en todo caso, dar por reproducido el contenido del
mismo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.

Respecto al veto número 2, tiene de nuevo la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Únicamente quiero insistir en lo
ya manifestado por escrito e indicar que con esta ley ustedes culminan el
proceso iniciado con la última reforma constitucional y que la creación
de su autoridad independiente de responsabilidad fiscal supone la
defunción definitiva de la mínima autonomía financiera de las comunidades
autónomas, sustrayendo el ámbito de decisión política de las mismas y
depositándolo en un órgano cuyos miembros serán nombrados por el propio
Gobierno del Estado.

Por este motivo y por muchos más que expondremos en el
Pleno, nosotros presentamos este veto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Para defender el veto número 3, que presentaron los señores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Entesa, tiene la palabra el
señor Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias.

Lo doy por defendido.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para defender el veto número 6, que presentaron los señores
Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla
Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, del Grupo Entesa, tiene la
palabra el señor Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias.

De manera muy breve, porque ciertamente todos los grupos
tienen en común que rechazan, obviamente, el texto que nos propone la
mayoría, pero unos lo hacen porque creen que esta autoridad independiente
de responsabilidad fiscal es un organismo innecesario y otros lo hacemos
porque no estamos de acuerdo con el modelo que se nos propone en el texto
que se somete a debate. Obviamente, este texto tiene su origen en la
legislación comunitaria, en la Directiva 2011/85/CE, en el Memorándum de
Entendimiento firmado por España que posibilitó el rescate del sector
financiero, y todo ello obliga a la creación de esta autoridad fiscal
independiente. No somos tampoco un país pionero a este respecto: países
de la Unión Europea, de la OCDE y otros ya la tienen; la más reciente, de
los vecinos portugueses.

La autoridad fiscal independiente se basa en la propuesta
del artículo 135. 5 de la Constitución, dándole configuración de ley
orgánica. El problema es que, desde nuestro punto de vista, no es creíble
ni su autoridad ni su independencia. Solo hay que hay que ver cómo ha
sido saludada por la prensa e incluso por organismos de análisis
económico, como Fedea, esta figura: como una autoridad sin autoridad,
como un mayordomo para Montoro o como una solemne chapuza, porque no es
independiente.

Nosotros presentamos un veto porque pensamos que el modelo
que se nos propone no es el adecuado. No nos parece creíble la
independencia de una autoridad reguladora adscrita al Ministerio de
Hacienda, nombrada por el ministro, y que tendrá acceso a la información
que el ministerio decida, con un reglamento aprobado por el Consejo de
Ministros y con un presupuesto que acabarán financiando las
administraciones territoriales también, tal y como se configura. Nos
parece que su configuración difícilmente será creíble y no podrá cumplir
los fines para los que se crea. Por eso proponemos un conjunto de
enmiendas que, obviamente, defenderemos en el Plenario, tendentes a la
creación y configuración de un órgano de carácter más colegiado, un
consejo independiente de finanzas públicas, no un órgano
presidencialista, que pueda tener acceso a toda la información y no solo
a una parte de ella, con posibilidad de que las Cortes Generales le
puedan encargar estudios y que esté adscrito a dicho organismo para
garantizar efectivamente su independencia. Un órgano que pueda aprobar
por sí mismo su estatuto orgánico y al que se le garantice, por supuesto,
disponibilidad de medios económicos y humanos para el desarrollo de su
función, con unos miembros nombrados por el Consejo de Ministros en este
caso, pero con el aval de una mayoría cualificada del Congreso de los
Diputados y con posibilidad, evidentemente, de emitir informes sobre
temas reglados como aparece en nuestras enmiendas, especialmente en las
números 65 y 66. De hecho, todas las enmiendas configuran un texto
alternativo.

Por estas razones mantenemos el veto y las enmiendas, y
votaremos en contra del texto que se nos propone.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montilla.

Para defender el veto número 5 tiene la palabra la señora
Martínez Muñoz del Grupo Parlamentario Vasco.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario ha presentado un veto con una
justificación muy sencilla y clara que todos ustedes van a entender
perfectamente, más que nada porque venimos repitiéndola casi en todos los
proyectos de ley del ámbito de Hacienda que llegan aquí. Y es que una vez
más no se hace ningún tipo de referencia a las haciendas forales, en este
caso ni a la de la Comunidad Autónoma del País Vasco ni a la de la
Comunidad Foral de Navarra. Se olvida reiteradamente que en el Estado
español coexisten cinco haciendas distintas. Por tanto, un proyecto de
ley que habla de la creación de la autoridad independiente de
responsabilidad fiscal, entendemos que vulnera el marco jurídico
establecido por el concierto económico y por los órganos bilaterales que
a tal efecto existen. Esto justifica sobradamente que nosotros pidamos la
devolución del texto al Gobierno.

Más adelante me extenderé en el contenido de las
enmiendas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.

Para defender el veto número 7, que presenta el Grupo de
Convergència, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros ampliaremos nuestros argumentos en el Pleno, pero
en todo caso queremos fijar nuestra posición inicial.

Nosotros no estamos en contra de la posibilidad de crear
una autoridad fiscal como las que se han creado en otros Estados.
Compartimos el objetivo final, pero lo que no compartimos es el redactado
de la propuesta que nos llega para su discusión porque consideramos que
se crearía un organismo que no sería independiente, que no va a mantener
autoridad ni tampoco va a cumplir los objetivos que inicialmente
podríamos compartir. La no independencia es quizá el aspecto que nos
causa más estupor, y es que crear una autoridad independiente en la que
su presidente y todo el comité directivo sean nombrados a propuesta del
Ministerio de Hacienda y dependan de él, es algo que carece totalmente de
independencia. Y aún hay más; es que aparte de que el proceso de
nombramiento es simplemente una cuestión de trámite, en algunos casos se
obvia absolutamente esta Cámara. De hecho, una parte importante de
nuestras enmiendas se encamina a que esa autoridad tendría que depender
de las Cortes, como es evidente, pero especialmente del Senado dado el
papel que tiene en relación con las comunidades autónomas y con las
corporaciones locales.

Por tanto, nuestro veto se centra en estos aspectos.
Entendemos que lo que al final se pretende es controlar desde el
Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas, pero para eso ya hay
suficientes mecanismos en este momento. Tampoco compartimos el papel que
se le atribuye en el momento de asignar los objetivos de déficit entre
las diferentes comunidades autónomas. Por eso presentamos un veto y
apoyamos los que se han presentado.

En cuanto a las enmiendas, las damos todas por defendidas.
Las argumentaremos todas en el Pleno.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Para defender el veto número 4, presentado por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.

Como todos ustedes saben, esta es una ley orgánica
complementaria de la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y
estabilidad financiera. Son siete los vetos que se han presentado a un
proyecto de ley que tiene que ser un compromiso de todos para tener
credibilidad, lo que me lleva a pensar que el Gobierno debería
reconsiderar su posición aparte de que se trata de una ley muy
compleja.

Durante todos estos meses de crisis, ya una larga crisis,
el Gobierno ha estado dando la imagen de que la responsabilidad del
descuadre de las cuentas públicas correspondía fundamentalmente a las
comunidades autónomas, y en esto basa el refuerzo de esa idea global. Esa
es la imagen que da el Gobierno de que puede controlar los desfases
presupuestarios de las administraciones territoriales y especialmente de
las comunidades autónomas, pensando que con eso gana una importante
credibilidad de cara a los mercados internacionales. Lo cierto es que
durante todo este período de intentos de contención del déficit público
las comunidades autónomas han hecho un gran esfuerzo, el Estado ha hecho
un esfuerzo menor, y este ha sido el que ha fijado el reparto de la
contención del déficit en unas y otras administraciones, evidentemente
con un grado de consenso muy pequeño. Pero en este caso concreto se trata
casi de reformar la autonomía financiera de las comunidades autónomas a
través de esta ley. Por tanto, creo que esto requiere un grado de
consenso, no ya mucho mayor, sino total, porque esta autoridad
independiente es la que va a justificar —incluso en la presentación
el ministro lo decía— la acción punitiva contra las comunidades
autónomas o contra las administraciones en general, pero pensando siempre
en que las comunidades autónomas no respeten los acuerdos de estabilidad
financiera. Pero para que un dictamen de una autoridad tenga autoridad
verdaderamente se requiere que esta sea absolutamente independiente del
Gobierno, que es quien está interesado en demostrar que los responsables
del déficit son los otros.

Por tanto, creo que no solo no está garantizada la
independencia de esta autoridad en el planteamiento que hace el Gobierno,
es que, además, aunque no lo ha dicho nadie y quizá algunas comunidades
autónomas no le hayan dado a esto la suficiente importancia, creo que
debería preverse un mecanismo de participación de las comunidades
autónomas en esta autoridad. Por ejemplo, las autonomías han demostrado
una y otra vez su voluntad en el tema de la corresponsabilidad fiscal y
muchas de ellas han planteado la necesidad de que la Agencia Tributaria
participase también en las comunidades autónomas. A mí eso me parecería
un avance muy importante ya que sería un compromiso global en la lucha
contra

el fraude y habría una mayor colaboración. En este caso
concreto me parece que una autoridad que tiene que ser inapelable debería
tener un compromiso mayor por parte de las comunidades autónomas en su
elección. Esto se garantizaría con las enmiendas que nosotros proponemos.
Sería un consejo mucho más plural que una única autoridad nombrada por el
Gobierno y dependiente a su vez de ella. Creo que debería hacerse el
esfuerzo, sin ninguna duda; lo contrario sería decir, como hasta ahora,
que el Ministerio de Hacienda es el que le dicta a este responsable lo
que tiene que decir para poder actuar, a su vez, demostrando que controla
las finanzas públicas españolas.

Es una autoridad mal hecha, que no sigue las
recomendaciones de la OCDE —están en su memoria de creación—.
Y, desde el punto de vista del derecho comparado, —la memoria de
creación lo explica perfectamente—, la mayoría de las agencias que
funcionan adecuadamente no le dan la razón al planteamiento que el
Gobierno hace en esta ley. Es una ley que, por encima del número de votos
que precise una ley orgánica, requiere, para tener credibilidad ante las
instituciones a las que va a disciplinar, un consenso muchísimo mayor del
que el Gobierno ha conseguido en este caso, que es, por cierto, ninguno:
ha conseguido el consenso de todos los demás para decir que no; salvo lo
que digan el Gobierno vasco y el Gobierno de Navarra que, por su propia
excepción, no se ven afectados por la situación; ya veremos lo que dicen.
No obstante, esto tampoco debería ser así porque, si el Gobierno vasco o
el Gobierno navarro incumplieran las normas, España se vería afectada en
su conjunto y tendríamos un problema de difícil solución.

Lo cierto es que ni se garantiza la independencia ni se
garantiza la credibilidad de una institución que tiene que disciplinar a
unas administraciones que no van a estar representadas en ella. Me parece
que, razonablemente, este proyecto de ley debería retirarse, en beneficio
de otro consensuado que diera realmente fuerza y credibilidad a la
institución que vamos a crear, que es necesaria, desde nuestro punto de
vista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lerma.

¿Algún grupo quiere hacer uso del turno en contra? (El
señor De las Heras Muela pide la palabra.)

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias, señor presidente.

Buenos días a todos, señorías.

Siete vetos son los que han presentado los grupos
parlamentarios a este Proyecto de Ley Orgánica de creación de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Aunque nominativamente
parecen muchos, podríamos agruparlos en tres grupos: aquellos que
discuten la constitucionalidad del artículo 135 de la Constitución;
aquellos que claman por la independencia de la autoridad independiente de
responsabilidad fiscal; y aquellos otros que claman por la posible
vulneración de la autonomía financiera del régimen foral, del concierto
económico, etcétera.

A la vista del proyecto de ley que presenta el Gobierno y
que el Grupo Parlamentario Popular defiende, al que se han añadido además
alguna de las cuestiones que planteaban sus señorías en ciertas enmiendas
—como ampliar el plazo de duración del mandato a seis años—,
e independientemente de la tramitación que en el Pleno siga este proyecto
de ley, sus vetos y sus enmiendas, me gustaría significar dos o tres
cosas respecto de estos vetos que, como decía, se podrían agrupar en tres
bloques.

Hay una cuestión básica, que es la independencia de esta
autoridad independiente de responsabilidad fiscal, que está garantizada
en el proyecto de ley. Me remito al artículo 7 y, como dirían en otros
ámbitos, abro comillas: «La autoridad independiente de responsabilidad
fiscal actuará en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de
sus fines con plena independencia orgánica y funcional. Ni su presidente
ni los miembros de los órganos ni el resto del personal de la autoridad
podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o
privada» —cierro comillas—. Eso se llama independencia.

Por otra parte, la cuestión de fondo, señorías, no es tanto
la supuesta violación o defunción —como le gusta denominarla a
alguno de los miembros de esta Cámara— de la autonomía financiera,
como el control riguroso e independiente de las finanzas públicas; de
todas: las del Estado, las de las comunidades autónomas y las de los
entes locales. Señora Martínez, con concierto o sin él. Señor Bel
Accensi, con competencias específicas o sin ellas; con régimen foral o
sin él; con realidades heterogéneas o sin ellas. En el barco de la
estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del que hablaba
el senador Lerma estamos todos; todos: todas las administraciones. Y
todos juntos debemos remar en un único sentido para salir de la crisis, o
todos juntos —ayuntamientos, comunidades autónomas y el propio

Estado— nos veremos abocados al fracaso más
estrepitoso y a no salir definitivamente de la crisis que atenaza a este
país.

Seguramente, como apuntaba algún miembro de esta Cámara, se
trate más de una cuestión europea; lo digo porque nos encontramos ante un
proceso de recentralización —como le gusta decirlo a alguno de los
miembros de esta Cámara—. En cualquier caso, se trata de un proceso
europeo; un proceso europeo necesario del que España no puede quedar al
margen. Los gobiernos sucesivos de España han adquirido responsabilidades
con sus socios europeos y nos hemos dotado de los mecanismos adecuados
para cumplirlas. Ni nos hemos quedado un paso atrás, ni nos hemos saltado
el cumplimiento de la ley, ni hemos vulnerado la Constitución con este
proyecto de ley orgánica, ni tampoco vulneramos los tratados o acuerdos
como socios de un club, la Unión Europea, del que formamos parte.

En definitiva, se trata de darle el control fiscal a una
entidad independiente; un control fiscal que, repito, no empece en
absoluto los fundamentos de nuestra democracia: no empaña la tarea del
Parlamento, ni la del Congreso de los Diputados ni la de esta Cámara; no
ensombrece ni pone en duda la responsabilidad política del Gobierno a la
hora de aprobar esta ley o cualquier otra. Su diseño no se contrapone al
marco constitucional que nos hemos dado, ni siquiera lo obstaculiza: no
vulnera los derechos de las comunidades autónomas, históricas o menos
históricas, pero comunidades autónomas todas, y tampoco los de las
haciendas forales; es compatible con nuestra diversa realidad autonómica
y con la autonomía municipal plena, que el proyecto de ley protege y
auspicia. Se trata, en definitiva, señorías, de crear una autoridad
independiente que extienda su ámbito de supervisión a todas las
administraciones públicas.

Con este proyecto de ley —que, evidentemente, nuestro
grupo va a apoyar, rechazando los vetos— vamos a dar cumplimiento
en España a las exigencias de pertenencia a un club; esas mismas
exigencias que se derivan de nuestra pertenencia al mismo, que están
promoviendo, entre otras cosas, que nuestro país recupere el crédito y la
confianza. Y eso, señorías, por mucho que le duela a alguno, lo estamos
viendo día a día en la recuperación de la confianza de los mercados
financieros y en los órganos europeos e internacionales que nos
supervisan.

Por todo esto y por otras cuestiones que surgirán en el
debate de esta comisión y del Pleno, nuestro grupo va a rechazar todos y
cada uno de los vetos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De las Heras.

Pasamos a continuación al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿la senadora Capella
quiere hacer uso de la palabra? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Intervengo para dar por
defendidas todas las enmiendas y reiterar lo que ha adelantado mi
compañero, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular: que en la
enmienda 114 se ha hecho una corrección durante la ponencia, porque había
un error de mecanografía, de transcripción. Esta enmienda nuestra será
finalmente transaccionada con el Grupo Popular, porque es idéntica a otra
de este grupo.

Doy por defendidas las demás enmiendas. Casi todas tienen
un tinte competencial, y su justificación se deriva del argumento que
señalé en la defensa del veto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el señor Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Intervengo brevemente para dar
por defendidas las enmiendas 47 a 78 y 26 a 46 —en total, enmiendas
26 a 78—, enmiendas de los senadores Saura y Guillot y del resto de
senadores socialistas del grupo parlamentario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montilla.

Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, ¿señor Bel Accensi? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Bueno, se trata de una cuestión que
recomienda la OCDE, aparte de ser un mandato de Bruselas. La primera
recomendación de la OCDE es precisamente que este tipo de consejos, que
están para ayudar fundamentalmente, han de tener una gran credibilidad. Y
eso significa que han de ser absolutamente consensuados y, desde luego,
absolutamente profesionalizados y despolitizados; lo contrario de lo que
hace este proyecto.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lerma.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor De las
Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Intervendré muy brevemente
para concretar lo que he dicho en el turno de portavoces: la enmienda 114
del Grupo Parlamentario Vasco coincide literalmente con la 123 presentada
por el Grupo Parlamentario Popular y forma parte del informe de la
ponencia, salvo la pequeña corrección, aceptada por la Mesa,
lógicamente.

Una referencia a lo manifestado por el senador Lerma: la
independencia no la garantiza el consenso, la independencia la
garantizará el hecho de que sea independiente; no nos pongamos la venda
antes de que la autoridad independiente de la responsabilidad fiscal
empiece a andar. Seamos consecuentes con el mandato constitucional de una
ley orgánica que en su artículo 7 fija lo que fija; además, este grupo
político y el Gobierno velarán por su absoluta independencia,
evidentemente.

Nada más, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De las Heras.

Pasamos a votar los vetos. En primer lugar, votamos el veto
número 1, que presentaron los senadores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 2, de la senadora Capella i Farré,
del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 3, de los senadores Guillot Miravet
y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 6, de los senadores Almiñana Riqué,
Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté
Borràs y Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 5, del Grupo Parlamentario
Vasco.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el último veto, el número 4, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos al debate de las enmiendas. Enmiendas 1 a 21, de
los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Las doy por defendidas en su
totalidad.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.

Enmiendas números 22 a 25, también del Grupo Parlamentario
Mixto.

Señora Capella, tiene la palabra.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Las doy por defendidas también
en su totalidad.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.

Enmiendas 106 a 120, con la corrección que ha hecho la
senadora Martínez, del Grupo Parlamentario Vasco.

Señora Martínez, tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Las doy por defendidas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.

Enmiendas números 26 a 78, presentadas por el Grupo
Parlamentario Entesa.

Señor Montilla, tiene la palabra.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, las doy por
defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montilla.

Enmiendas 125 a 145, del Grupo Parlamentario Convergència i
Unió. Señor Bel Accensi, tiene la palabra.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.

Como he manifestado anteriormente, quedan defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel Accensi.

Enmiendas 79 a 105, que presentó el Grupo Parlamentario
Socialista. Señor Lerma, tiene la palabra.

El señor LERMA BLASCO: Sí, señor presidente.

En el Congreso presentamos un texto alternativo, porque
realmente creemos en la necesidad de un consejo como ese. Y en este caso
hemos presentado, por medio de las enmiendas, el texto alternativo al que
el Gobierno ha presentado y con el que se ha quedado solo.

Es evidente que no es un órgano independiente, porque no
está garantizada la profesionalidad, en principio. No es independiente,
porque el nombramiento depende del Gobierno. No es independiente, porque
su presupuesto depende también del Gobierno, porque no elabora su propio
reglamento y, encima, es un órgano unipersonal, lo que quiere decir que
su independencia es muy dudosa.

Al mismo tiempo, es un órgano redundante, si se plantea
como ya se ha hecho. La independencia de la Intervención General del
Estado está garantizada, pero es obvio que cumple una función diferente
de la que se pretende que cumpla este órgano. Sería, insisto, un órgano
redundante. Yo creo que están bastante claras la independencia y la
profesionalidad de la Intervención General del Estado, que podría hacer
esta función perfectamente, si no fuera porque se le encomienda otra
diferente.

Esto es lo que hemos intentado plantear con todas estas
enmiendas, que contribuirían a mejorar mucho este órgano. En cualquier
caso, insisto una vez más en que una de las razones de la credibilidad de
la institución reside básicamente en el consenso, situación esta de la
que el Gobierno no puede escapar. No se trata de crear un órgano
indispensable, sino de crear un órgano indispensable con credibilidad. Y
eso significa, una vez más, el consenso que no ha intentado el Gobierno
en esta ocasión, como en tantas otras.

Nada más y gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lerma.

¿Algún grupo quiere hacer uso del turno en contra? (El
señor Pintado Barbanoj pide la palabra.)

El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor
presidente.

Tan solo quiero anunciar que las cuatro enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular han quedado ya incorporadas en la ponencia. Y,
respecto a las explicaciones que acaban de dar el señor Lerma acerca de
sus enmiendas —la réplica al resto de los grupos la daremos,
lógicamente, en el Pleno— creo que hay una contradicción in
terminis en su última exposición con relación a la que hizo
anteriormente. Por un lado, ha criticado en la defensa del veto la
independencia de este órgano, de la autoridad independiente de
responsabilidad fiscal, y, sin embargo, acaba de decir que es innecesario
crear esta autoridad.

Como usted bien sabe, todo esto viene como consecuencia del
verano del año 2011, cuando el Gobierno, en aquel entonces del Partido
Socialista, tuvo que presentar por la vía de urgencia una reforma
constitucional del artículo 135.5 para subsumir el principio de
estabilidad financiera y de suficiencia o sostenibilidad financiera y
estabilidad presupuestaria. A partir de ahí, han ido viniendo una serie
de reformas en cascada que ha propuesto el Gobierno; reformas que se
derivan del Tratado de la Unión Europea, de la directiva a la que usted
hacía referencia anteriormente, la 85/2011. Y el modelo, la adscripción
de esta autoridad independiente a un órgano u otro, no merma en absoluto
su independencia. Tenemos casos así en España; por ejemplo, el Instituto
Nacional de Estadística. No sé si alguien entiende que tiene alguna
dependencia orgánica política dirigista; y, en cambio, está adscrito a un
ministerio, como todos sabemos.

Acaba de decir que la profesionalidad no está garantizada.
El proyecto de ley especifica claramente que tendrán que ser
profesionales de prestigio, con diez años dedicados a la función pública,
y que habrá una propuesta por parte del presidente, que, a su vez
—y no se ha dicho aquí— tendrá que ser convalidado por
mayoría absoluta por la comisión correspondiente del Congreso de los
Diputados.

Ustedes hablan de la adscripción de esta autoridad
independiente de responsabilidad fiscal al Congreso de los Diputados, al
Senado… Sabemos que hay distintas fórmulas en el ámbito
internacional; esta figura no es novedosa en el derecho internacional,
varios países de nuestro entorno han establecido este tipo de figura. Por
nuestra parte, entendemos que nuestra responsabilidad está en el ámbito
internacional, sobre todo en el tema que nos ocupa, que es la garantía
del principio de estabilidad presupuestaria, a que nos hemos comprometido
por ser miembros de la Unión Europea y cuyas directivas nos obligan, como
bien sabemos. Creemos que este órgano va a dar realmente eficacia al
control de las cuentas, y al que quiera ver más allá de la acción
política de un Gobierno determinado solo puedo decirle que ya estamos
acostumbrados en este país, gracias a Dios, a la alternancia política.
Históricamente, cuando se ha creado este tipo de órganos —y no me
refiero a la estabilidad presupuestaria, que se aborda por primera
vez—, el Gobierno siguiente no los cambia. Quiero decir con esto
que, al final, la vía de los hechos demostrará su independencia. En
cualquier caso, entendemos que la regulación que establece el proyecto de
ley le da suficiente autonomía, tanto desde el punto de vista de la
independencia como en cuanto al funcionamiento, por la garantía de
financiación a través de las tasas y —como prevé el proyecto de
ley— por la posibilidad de dotarlo en los Presupuestos Generales
del Estado.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pintado.

¿Algún grupo desea hacer uso del turno de portavoces?
(Denegaciones.)

De acuerdo con el artículo 116 del Reglamento, vamos a
votar el texto propuesto por la ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 13; en contra, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

En consecuencia, queda dictaminado por la Comisión de
Hacienda y Administraciones Públicas el Proyecto de Ley Orgánica de
creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Entiende la Presidencia que delegan en este presidente la
presentación del dictamen ante el Pleno. ¿Es así? (Asentimiento.)

Muchísimas gracias por la confianza.

Muchas gracias a todos.

Se levanta la sesión.

Eran las once horas y veinticinco minutos.