Es una ley que se está reclamando de forma insistente por
el sector; un sector que a lo largo de estos años ha visto cómo se
complicaba la situación laboral mediante una ampliación importantísima,
tanto de las empresas como de los vehículos; estamos hablando de más de
104 000 empresas de transporte terrestre, de más de 3600 empresas de
transporte de viajeros y, sobre todo, de cerca de 550 000 vehículos
circulando por las carreteras españolas.

El sector reclama insistentemente una actualización que
permita encontrar en la nueva ley, sobre todo y ante todo, una
oportunidad de mejorar la crisis que actualmente está viviendo. Yo creo
que esta ley, que mejora no solamente este proyecto que hoy se trae aquí,
que mejora no solamente lo existente, sino hasta aquello que se preparó,
en el año 2011 y que no puedo llegar a las Cortes como consecuencia del
calendario electoral, es una ley que responde a lo que los transportistas
están deseando. Es una ley eminentemente técnica, que recoge muchos de
los aspectos, por no decir todos, que se están poniendo sobre la mesa un
día sí y otro también por el sector del transporte.

Quiero recordar muy sucintamente que la ley tiene tres
grandes apartados: en primer lugar, quiere mejorar la competitividad
empresarial, manteniendo el máximo rigor y exigencia en el acceso al
mercado, racionalizando también el régimen de sanciones; en segundo
lugar, quiere mejorar la eficiencia empresarial, eliminando barreras
burocráticas y operativas, y, en tercer lugar, quiere racionalizar el
transporte público de viajeros, incrementando la transparencia y, sobre
todo, estabilizando la red. Cualquiera de estas razones, y todas ellas en
su conjunto, yo creo que serían motivo más que suficiente para que por
parte del Grupo Popular no pusiésemos ninguna traba a la continuación en
la tramitación de la ley, es decir, a darle la oportunidad de debatirse
en el Senado y que se realicen, por parte de los distintos grupos, las
aportaciones que consideren oportunas. Pero, en todo caso, yo creo que
parar la ley hoy carecería de sentido.

Si nos centramos en el tema fundamental de las propuestas
de veto, aquí sí que tengo que decir que existe una divergencia absoluta
entre lo que se plantea en las dos propuestas de veto y lo que yo leo en
la ley.

En primer lugar, quiero aclarar que el detonante de esta
modificación de la ley no es, ni muchísimo menos, la transposición de los
reglamentos en materia de transporte a la legislación española. Los
reglamentos de la legislación comunitaria son de aplicación directa y
universal en todos los Estados y, por tanto, no hay necesidad de
transponerlos; otra cosa es adecuar la normativa española a esos
reglamentos, que es, precisamente, lo que el Consejo de Estado nos pide.
Literalmente pide una adecuación de la LOTT a la reglamentación europea.
Y eso es lo que se hace, buscar una reglamentación acorde, adecuarla y,
sobre todo, buscar algo que yo creo que es muy útil para todos, hacer de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres una cabecera de grupo
normativo de la que arranquen todos los preceptos que afectan a un sector
amplísimo y que tienen que tener también una cierta referencia.

No estamos de acuerdo con que uno de los fines de la ley
sea la reducción de sanciones. Yo no sé si es buena o es mala la
reducción de sanciones —habría que estudiarlo en su momento—,
pero, desde luego, lo que sí digo es que la ley a veces baja la cuantía
de las sanciones y a veces las aumenta, en concreto, en aquellos casos
más interesantes, como son los que atañen a seguridad y competencia. Si
hablamos de esto, hay que recordar que las sanciones en materia de
seguridad de transporte de materiales peligrosos o en temas de intrusismo
en la ley es igual —o similar— a la normativa francesa en
materia de sanciones; es decir, no se baja para nada. Y hay más, si
hablamos de sanciones, hay un grupo de sanciones que implica literalmente
la retirada automática de la honorabilidad. Y así se expresa en el propio
proyecto de ley. Esto es para nosotros muy, muy, importante. No hay que
olvidar que el concepto de honorabilidad —uno de los cuatro que se
pide a los transportistas— aparece en el año 1987 en la legislación
española y desde 1987 ni un solo transportista lo ha perdido, lo cual
quiere decir que hasta ahora ha sido algo que adornaba la ley, pero que
no tenía operatividad y, sin embargo, el nuevo proyecto de ley contempla
cómo se pierde este criterio de forma inmediata sin recurrir a unos
trámites largos y engorrosos.

Por lo que se refiere al transporte público de mercancías
en vehículos de entre 2 y 3,5 toneladas, que se acusa en los vetos de dar
libertad absoluta a este transporte, quiero recordar que este transporte
está ya desregularizado desde al año 2006. Por tanto, no sería ninguna
novedad. Además, se hizo una modificación en el Reglamento de Ordenación
de los Transportes Terrestres por parte del Gobierno socialista, al
tiempo que la propia Directiva europea 1071/2009 los liberaliza por
completo. Por tanto, lo que hace el proyecto de ley que hoy traemos aquí
no es esto; es todo lo contrario, impone dos condiciones: la
honorabilidad y el establecimiento, que no se exigen en ningún otro
sitio. En definitiva, no se desregula

ni se hace una liberalización absoluta y sí
—insistimos— están sujetos a autorización, es decir, no se
trata de una actividad sin reglamentación.

Se argumenta también en defensa de los vetos que un
porcentaje muy alto de estos vehículos no superan la Inspección Técnica
de Vehículos, la ITV. Eso lo único que quiere decir es que los vehículos
que no están bien no salen a la carretera, es decir, realmente se les
controla, y no están, al libre albedrío, recorriendo las carreteras
españolas.

En cuanto a la reducción de cargas administrativas, que es
uno de los aspectos más significativos de la ley, no es hacer dejación de
funciones en lo que se refiere a control en las condiciones de acceso y
explotación de los servicios; es modernizarlos, es decir, evitar esos
trámites burocráticos tan largos, tan onerosos que dificultan hacer lo
más importante que tienen que hacer los transportistas, que es trabajar y
poder competir en un mercado cada día más complicado.

Para ir acabando ya, en cuanto al régimen tarifario
—al que también se hace referencia—, hay que recordar que las
tarifas mínimas se suprimieron ya en el año 1997. Por tanto, no se está
haciendo nada especial. Y no solamente eso, sino que en el año 2002 se
eliminaron incluso las tarifas de referencia. Es decir, hay una absoluta
liberalización de las tarifas, como recoge el Reglamento europeo 1370,
del año 2007.

Por fin —y ya termino—, este proyecto de ley
permite mejorar en las empresas la competitividad y la eficacia,
racionaliza la red del servicio público de transporte de viajeros, ha
sido consultado a los agentes sociales —no hay que olvidar que ha
sido sometido a informe del Consejo Nacional de Transportes
Terrestres—; es un proyecto de ley esperado y solicitado, y además
ha sido mejorado en su paso por el Congreso, donde se han admitido
muchísimas de las enmiendas de los distintos grupos; y, desde luego, lo
que no podemos pedir a este proyecto de modificación de la ley es que
contenga aspectos relativos a la regulación fiscal o sobre contratos de
trabajo, tráfico o sanidad, materias que quedan fuera de lo que es en sí
este proyecto de ley y que ya están regulados y tratados, bien de forma
general o específica, en el ordenamiento jurídico.

Por tanto, creo que, por la importancia de la ley, por lo
que abarca, por la necesidad que de ella se tiene y lo que de ella se
espera, y porque no compartimos, en su mayoría, los argumentos que se
esgrimen en favor de los vetos, el Grupo Popular va a votar en su contra
y va a permitir que el proyecto de ley se siga debatiendo en el
Senado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? Tiene la palabra el senador
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: No haré uso del turno, señora
presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado tiene la
palabra la senadora Iparragirre, a quien, por cierto, damos la bienvenida
porque es la primera vez que asiste a esta comisión.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: No voy a hacer uso de este
turno pero sí quiero saludar a todos los que aquí están presentes. Pido
disculpas por si cometo algún error en algún momento y espero que todos
me vayan ubicando.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
(Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Socialista? Tiene la palabra el
senador Medina.

El señor MEDINA TOMÉ: Muchas gracias, señora
presidenta.

Buenos días, señorías.

La posición que va a mantener el Grupo Parlamentario
Socialista con relación a los vetos es la de votar a favor y voy a
procurar dar razones suficientes para argumentarla.

Al Grupo Parlamentario Socialista le hubiera gustado que el
Gobierno hubiese trabajado sobre la base del proyecto de ley que el
Gobierno socialista registró en las Cortes en el año 2011; no ha sido
así.

Hubiera sido deseable percibir en la ponencia reunida el
pasado día 6 de junio una actitud más conciliadora y positiva por parte
del Grupo Popular, y no solo con el Grupo Parlamentario Socialista, sino
también con el resto de grupos. Entendemos que 255 enmiendas, el trabajo
de mucha gente así lo merecería; no ha sido así. Una vez más, creemos que
se ha perdido una gran oportunidad de trasladar a la ley no solo la
regulación de las normas europeas sino también de hacer las cosas bien,
mejor, y una vez más constatamos que el Grupo Popular en un proyecto de
ley tan importante como este, no solo por su objetivo sino también por la
cantidad de gente que está detrás, ha hecho uso de su mayoría absoluta,
legítima pero cada vez menos sensible a los problemas de los ciudadanos;
últimamente, siempre es así.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado cerca de 60
enmiendas, a través de las cuales manifestamos que este proyecto de ley
ni mejora el sector ni beneficia más ni mejor a los usuarios en
comparación con la ley en vigor. El Grupo Parlamentario Socialista
entiende que con este proyecto de ley no se mejora la seguridad de los
conductores, no se favorece la competencia, se encarecen sobremanera los
servicios de transporte que en él se regulan, no se favorece el
desarrollo de las cooperativas ni el diálogo social entre las partes,
importante y transcendental en una materia como esta y por eso una de las
cuestiones que planteamos y compartimos con los grupos que presentan el
veto es la creación de una mesa social por el transporte. El Grupo
Parlamentario Socialista no está de acuerdo con el trato que se da a las
cooperativas del transporte, no está de acuerdo con que se eleve a 3,5
toneladas el peso para la autorización del transporte de mercancías, no
está de acuerdo con que se atribuyan tareas impropias a los conductores
de vehículos, no está de acuerdo con el incremento de tasas aéreas y
canon a los viajeros de guaguas, de autobuses, un incremento que al final
—el tiempo nos dará la razón— pagaremos los de siempre, los
usuarios, aquellos a quienes no nos queda más remedio que movernos,
porque a algún territorio de este país nos va la vida en ello: Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla pongo como ejemplos; y no está de acuerdo en
que la nueva ley no atienda al compromiso adquirido con el sector del
taxi, en el sentido de que la incorporación de nuevos vehículos con
conductor se haga de forma proporcional al número de licencias.

Todas estas razones están contempladas y singularizadas en
la cantidad de enmiendas —en torno a 60, repito— que el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado a este proyecto de ley. Vamos a
votar a favor de los vetos e, insisto —y concluyo—, una vez
más hemos perdido la oportunidad de hacer las cosas mejor.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Medina.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el senador Santamaría.

El señor SANTAMARÍA HERRANZ: Muchas gracias, señora
presidenta.

En principio, creo que hay que distinguir el trámite de
defensa de las enmiendas y el de vetos. Son dos trámites distintos; las
enmiendas las debatiremos a continuación y se verá cuál es la postura de
cada grupo.

Por otro lado, me extraña, señor portavoz del Grupo
Socialista, el voto a favor de los vetos, cuando su grupo en el Congreso
de los Diputados manifestó la opinión de que no se debía vetar este
proyecto de ley y que no se había presentado veto por parte del propio
Grupo Socialista porque quería que se tramitase la ley y realmente se
diese solución a una problemática que está en la calle, demandada por un
amplísimo sector social.

No estoy de acuerdo, como no puede ser de otra manera, en
que no mejora el sector. Yo creo que lo mejora muchísimo, y le digo más:
la base de estudio, de arranque de esta modificación de la ley es el
proyecto que había en el año 2011, que era un proyecto que estaba
terminado, únicamente pendiente de debatir. Es un proyecto que se ha
mejorado y se ha ampliado. El proyecto de 2011 se dedicaba
fundamentalmente al régimen sancionador y este coge otros aspectos, como
la gestión, el acceso a la profesión y enriquece muchísimo lo que había
en las distintas propuestas del año 2011.

Me sorprende el tema de las cooperativas. Estoy seguro de
que ustedes han recibido a muchísimas asociaciones y grupos que les han
hablado de las cooperativas. Nosotros también y lo único que proponemos
en esta modificación de la ley es que las cartas sean las mismas para
todos, es decir, que no haya cooperativas de un tipo o de otro, sino
cooperativas únicas. Por tanto, ahí es adonde hay que llegar y lo que hay
que solucionar. Y le digo más: los agentes sociales nos han expresado
tácitamente que hay que eliminar esas situaciones de privilegio que
tienen algunas cooperativas en relación con otras formadas por
empresarios del sector.

Sobre vehículos de 3,5 toneladas, ya hemos hablado de ello
en la primera intervención. Se desregularizan por un Gobierno socialista
en el año 2006, mediante una modificación del reglamento, y lo único que
se hace aquí es ponerles más condiciones y más control. Luego yo no veo
por qué se liberaliza.

En cuanto a los taxis, saben ustedes que la ministra de
Fomento mantuvo una reunión con el sector del taxi y asumió aquellas
peticiones que el sector le presentó. Por consiguiente, el sector del
taxi no puede quejarse de lo que va en el proyecto de modificación de la
ley porque son las peticiones que ellos realizaron en el Ministerio de
Fomento y una de las cosas que va es una proporcionalidad para dar
sentido y raciocinio al alquiler de vehículos con conductor, ni más ni
menos, sin olvidar que esa es una competencia de las comunidades
autónomas, es decir, que no tienen por qué venir directamente regulada
desde aquí.

Mantenemos el voto en contra de los vetos.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador
Santamaría.

Vamos a votar las propuestas de veto.

En primer lugar, votamos el veto número 1, de los senadores
Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votamos la propuesta de veto número 2, de los senadores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Pasamos al debate de las enmiendas del conjunto de la ley,
que se debatirán agrupadamente. Los grupos intervendrán de menor a
mayor.

En primer lugar, enmiendas del senador Iglesias, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Las doy por defendidas, señora
presidenta.

La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra, por
el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias.

Yo también las voy a dar por defendidas.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, la actualización de la ley de 1987 era necesaria.
Por eso los senadores a los que represento no hemos presentado ningún
veto, aunque me gustaría sumarme a la idea de que el anteproyecto, que
estaba redactado antes de la convocatoria de las elecciones de 2011, era
un anteproyecto basado muchísimo más en el consenso y, a nuestro
entender, tendría que haber sido el texto de referencia. Aún así, no
hemos presentado veto porque entendemos que la actualización de esta ley
es necesaria y conveniente, entre otras cosas, en el marco de las
necesidades de adaptación de la legislación europea. Es cierto que hemos
presentado muchas enmiendas porque hay algunas cuestiones importantes que
consideramos que están mal resueltas. Voy a citar brevemente las que se
refieren al artículo 1 y después haré también una referencia al artículo
2.

Pensamos que en el artículo 1 está mal resuelto, como se
decía hace muy poco, el asunto de las cooperativas. No vemos justificada
la regulación que instaura esta ley y mucho menos que no haya

ninguna moratoria para la adaptación al nuevo régimen por
parte de las cooperativas que van a verse obligadas a cerrar o, en todo
caso, a reestructurarse de una manera necesitada de recursos, dinero y
tiempo.

El segundo asunto mal resuelto, que también se ha citado,
es el paso de la autorización de menos de 2 toneladas a 3,5 toneladas.
Creemos que esto es complejo y que está mal resuelto en esta ley. Puede
dar lugar a situaciones de falta de seguridad y resultar desaconsejable
en términos de competencia dentro del propio sector.

El tercer aspecto es una posible relajación, una ambigüedad
en las condiciones para conducir determinado tipo de cargas. La
relajación o una posibilidad de relajación en estas condiciones nos
parece altamente preocupante. Nada justifica poner en riesgo la seguridad
de los conductores, pero también de las dos personas que se pudieran ver
involucradas en incidentes o accidentes fruto de esta circunstancia.
También pensamos que está mal resuelta toda la cuestión vinculada a las
nuevas normativas relativas involucrar más a los conductores en la carga
y descarga. Creemos que esto rompe equilibrios que en el sector estaban
plenamente estructurados y que va a generar problemas donde no los había
hasta ahora.

Finalmente, en referencia al artículo 1, está el taxi, que
también se ha citado. Entendemos que no tiene ningún sentido incumplir la
promesa que se había hecho de mantener el límite de una licencia de
vehículo con conductor por cada 30 taxis, puesto que el servicio del taxi
es un servicio con regulación específica y es altamente contradictorio
dejar que florezca un subsector que puede invadir, sin ningún tipo de
sentido, el ámbito que toda esta regulación desde hace mucho tiempo viene
delimitando, puesto que es un servicio especialmente sensible para el
transporte de viajeros en zonas urbanas e interurbanas.

En relación con el artículo 2, quiero mostrar nuestra
absoluta contrariedad respecto a la introducción de esta nueva tasa de
seguridad aérea, que se suma, como se ha dicho antes, al canon de
viajeros en autobús. Introducir tasas constantemente en toda la
legislación no responde a una política adecuada en nuestra sociedad. Si
se quiere recaudar más por parte de las administraciones, hay que
afrontar subidas de impuestos y hay que afrontar directamente las cargas
impositivas porque los impuestos, al fin y al cabo, son siempre muchísimo
más proporcionales y aunque sean indirectos, siempre repercuten su carga
en función de la renta, mientras que las tasas son estricta y
absolutamente lineales y lo que acaban haciendo es repercutir de igual
manera a todo tipo de familias y rentas y en muchos casos acaban
impidiendo, no en estos pero en muchos casos, el acceso a los servicios o
discriminando el acceso a los servicios.

Durante muchos años, se quitaron tasas en este país,
afortunadamente, con Gobiernos socialistas principalmente; quitamos tasas
sobre la base de este principio. Pero, desde que el Partido Popular ha
llegado a la Moncloa, lo único que hacemos es volver atrás y camuflar la
recaudación pública en tasas, por medio de epígrafes y artículos
escondidos en leyes que muchas veces no tienen nada que ver con el objeto
de la tasa. Por tanto, rechazamos de plano este artículo 2 y esta
estrategia de tasas, en este caso una tasa para compensar las actuaciones
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Este es, señora presidenta, el resumen de nuestras
enmiendas a este proyecto de ley.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Interviene, a continuación, la portavoz del Grupo Catalán
en el Senado Convergència i Unió, la senadora Candini, para la defensa de
las enmiendas 213 a 248, y 251 a 255.

La señora CANDINI I PUIG: Gracias, señora presidenta.

El Grupo Parlamentario Catalán presenta cuarenta y una
enmiendas. Me adhiero, en todo caso, a lo que han comentado algunos
portavoces de que, durante la pasada legislatura, el Gobierno anterior
propuso una ley que modificaba en buena parte el transporte terrestre.
Nos pareció una buena ley; además, la actitud del Gobierno anterior fue
acercamiento de posiciones, en la medida de sus posibilidades. De hecho,
se llegó a un entendimiento que acogió diferentes sensibilidades,
diferentes cuestiones de sectores estratégicos, y daba la sensación de
que la ley iba a dar buenos resultados.

Es cierto que esta ley abre nuevos aspectos, es una ley que
afecta a la cadena logística, y los intereses de unos protagonistas y
otros no siempre coinciden. A pesar de ello, creemos que el interés del
cargador es que le haban el transporte con el mínimo coste, el interés de
los transportistas es el de obtener beneficios, y el interés de los
profesionales es ganarse la vida; hay que decirlo así, de manera clara. A
veces encontrar el equilibrio entre los intereses de los diferentes
segmentos profesionales no es fácil.

Aunque me extenderé mucho más en la sesión plenaria, quiero
hacer hincapié en tres o cuatro enmiendas de las que hemos presentado. La
enmienda 228, al artículo 102.2, propone que donde dice: «el transporte
no podrá ser contratado de forma independiente», diga: «su coste se
facturará junto con los productos o servicios que constituyan la
actividad principal de la empresa.» La justificación está en que, en el
sector del consumo, es habitual que la entrega a domicilio se realice con
los medios de transporte propios, de modo que esta sea una opción que se
le ofrece al consumidor de forma separada, sin incluirla en el precio de
los productos que adquiere. Cuando el transporte de los productos que
adquiere el consumidor tiene un coste, debería poder reflejarse en la
factura por separado, en vez de estar obligado a incluirlo en el precio
de venta al público; esto último, además de ser sumamente difícil le
confunde al cliente. Me consta que la Organización Empresarial de
Logística y Transporte le ha enviado una carta a la ministra Pastor
mostrándole su inquietud; le dicen que lo que resulta del proyecto de ley
es de una enorme transcendencia, teniendo en cuenta que las empresas del
sector suman más de 80 000 empleos directos y facturan 10 000 millones de
euros, y algunas de ellas responden a marcas internacionales y nacionales
de prestigio y tradición reconocidos. Consideran que la norma se hace de
manera precipitada, sin valorar su impacto real en el sector, y que el
texto es ambiguo y genera muchas dudas, aun cuando el desarrollo
reglamentario posterior permita matizar y afinar indefiniciones. Hasta
aquí nuestra enmienda 228.

La enmienda 232 pretende modificar el apartado 3 del
artículo 119, y propone el siguiente texto: «La autorización de operador
de transporte habilitará a sus titulares para intermediar en la
contratación de transportes, tanto interiores como internacionales. Los
titulares de la autorización de operadores de transporte, excepto los
transitarios, deberán contratar en nombre propio tanto con el demandante
de servicio como con el transportista que vaya a realizarlo. Las
condiciones señaladas en este punto serán de aplicación también a la
intermediación que, en su caso, lleven a cabo los titulares de
autorizaciones de transporte y las cooperativas y sociedades de
comercialización a que hace referencia el punto uno.» La justificación
queda clara si se tiene en cuenta que la economía de mercado exige que se
dejen al libre juego de la oferta y la demanda tanto la fijación de los
precios como las restantes condiciones de contratación, entre las que hay
que incluir la forma de contratar, a saber: en nombre propio, aunque por
cuenta ajena —representación indirecta— o por cuenta ajena
—representación directa—. Para nosotros, esto es enormemente
importante. La obligación de contratar en nombre propio impuesta a los
transitarios es contraria al libre juego de la oferta y la demanda, y
limita considerablemente la libertad de explotación de sus actividades y
su capacidad de intervención en el comercio mundial. Nos consta
igualmente que esta es una demanda que le ha hecho llegar a la ministra
—sin que haya recibido respuesta alguna, como en el anterior
caso— la Federación Española de Transitarios. Afecta, como ustedes
saben bien, a muchísimos agentes, a muchísimos autónomos, y tiene gran
impacto en la economía. En todo caso, en la sesión plenaria me explicaré
con detalle.

La tercera de las cuatro enmiendas que quiero explicar con
mayor detalle es la 246, que pretende modificar la disposición adicional
sexta, en cuanto a la acción directa contra el cargador principal en los
supuestos de intermediación y en relación con los impagos, con el
siguiente texto: «en los supuestos de intermediación en la contratación
de transportes terrestres, el transportista que efectivamente haya
realizado el transporte tendrá acción directa contra el cargador
principal y todos los que, en su caso, le hayan precedido en la cadena de
subcontratación por la parte impagada por estos en caso de impago del
precio del transporte por quien le hubiese contratado, salvo en el
supuesto previsto en el artículo 227.8 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Públicos». Desde nuestro punto de vista, el texto
actual de la disposición adicional sexta del proyecto de ley es
perjudicial puesto que supone que las empresas que contratan un servicio
de transporte —los cargadores— tengan que pagar dos veces por
el mismo servicio, si se ha producido subcontratación y el transportista
efectivo no cobra su trabajo. El objetivo es evitar que el que contrate
el transporte y haya pagado el cien por cien de la factura a quien ha
contratado —el intermediario o subcontratista— tenga que
pagarla dos veces si recibe una reclamación por vía de acción directa del
transportista efectivo que ha recibido el encargo por subcontratación y
no ha sido remunerado por el subcontratista. Esta enmienda también es muy
importante.

Paso a la enmienda 247, que tiene que ver con la
euroviñeta. En nuestra opinión, la disposición adicional nueva, el
gravamen que pueda establecerse en el futuro por la circulación de
vehículos pesados, de acuerdo con la Directiva 1999/62/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, y sus modificaciones posteriores, debe ser
repercutido por las empresas transportistas en los beneficiarios del
transporte de mercancías por carretera. La aplicación de la tasa por el
uso de la infraestructura, de acuerdo con la

denominada directiva euroviñeta, plantea la necesidad de
avanzar cuanto antes en la determinación del marco jurídico regulador de
la misma en nuestro territorio, y no entendemos que no se tenga en cuenta
en este proyecto de ley una disposición de la directiva comunitaria.

Como saben, no ha sido admitida a trámite nuestra enmienda
número 250. Presentamos una argumentación que ha sido rechazada por la
Mesa. En todo caso, reservo mi explicación y mi argumentación para el
plenario.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Becana, para defender las enmiendas 54 a 101, y 103 a 112.

El señor BECANA SANAHUJA: Muchas gracias, presidenta.

Como ya se ha recordado aquí, este proyecto de ley parte
del trabajo previo para elaborar un texto que recogiera las propuestas de
todos los sectores afectados y actualizara la legislación española a la
normativa comunitaria; un texto que en el año 2011 no puedo ser tramitado
por el adelanto de las elecciones. El Gobierno del Partido Popular
contaba, pues, con un trabajo realizado ya, en el que él mismo había
participado también y de cuyo consenso formaba parte. De hecho, todos
esperábamos que, durante su tramitación en el Congreso, se acabara de
mejorar, de perfilar, una ley que el sector estaba reclamando desde hacía
tiempo. Sin embargo, durante la tramitación en el Congreso, aunque se
transaron algunas enmiendas que recogían propuestas del sector y
propuestas de grupos parlamentarios, quedaron muchos flecos sueltos, y
hemos constatado que en el sector había muchas esperanzas de que en esta
segunda lectura en el Senado se perfilaran algunos cambios que se
consideran sustanciales. Al menos, así nos lo expresaron las
asociaciones, las empresas y los profesionales que se reunieron con los
grupos parlamentarios —me consta que también con el Grupo
Parlamentario Popular— con la esperanza de que este trámite
sirviera para mejorar el texto que se había aprobado en el Congreso. Por
eso quiero manifestar, antes de empezar a explicar nuestras enmiendas, la
sorpresa de nuestro grupo cuando el Partido Popular rechazó en ponencia
todas las enmiendas en un solo acto, sin estudiar ni una sola
propuesta.

No obstante, vamos a insistir en la defensa de las
enmiendas. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado cincuenta y
siete; recogen el espíritu del texto consensuado en 2011 y las
preocupaciones que nos trasladaron más de doce organizaciones con las que
nos reunimos para analizar el texto aprobado en el Congreso de los
Diputados. En esa reunión nos quedó claro que ningún sector, ninguno,
está de acuerdo con el texto que defiende hoy el Partido Popular en
solitario. Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista tienen varios objetivos. El primero, muy importante:
garantizar la seguridad en todos los ámbitos. Ahí presentamos la enmienda
62, que destacaré, aunque luego en el Pleno la defenderemos más con más
detalle. Es una enmienda que limita la participación del conductor en las
operaciones de carga o estiva. Es más, hay una enmiendas, la 96, que
propone una sanción por la participación del conductor en las operaciones
de carga y estiva. La responsabilidad de un conductor está en la
carretera; ahí se juega no solamente su vida sino la de todos los
conductores que van por la vía; pensamos que el conductor debe ocupar su
tiempo de trabajo efectivo precisamente en esa función, la de conducir su
camión descansado y concentrado.

Otra enmienda relativa a la seguridad es la de mantener el
régimen vigente en materia de sanciones por tiempo de conducción, por el
descanso o manipulación del tacógrafo, y no derivar estas sanciones a los
trabajadores; y proponemos mantenerlo así en coherencia con la
legislación comunitaria.

Presentamos la enmienda 100 que aumenta la cuantía de las
sanciones por infracciones que pongan en riesgo la integridad de los
trabajadores.

La 89 suprime el apartado que exime de autorización a los
vehículos con masa máxima autorizada que no supere las 3,5 toneladas.
Efectivamente, con este texto se produce la liberación de ese sector de
transporte, y es este texto el que hace que salte la alarma entre los
profesionales del sector, que piensan que los conductores y los vehículos
que transporten entre 2 y 3,5 toneladas de mercancías deben tener una
tarjeta de transportes y una autorización de transportes, porque esto
conlleva la cualificación de los profesionales que las conducen.

Y, finalmente, en cuanto a seguridad también, presentamos
la enmienda 85 para que los transportes discrecionales de viajeros se
realicen en vehículos de cuatro o más ruedas.

Un segundo bloque de enmiendas va dirigido a favorecer la
competencia en el sector pero respetando unas normas comunes. La enmienda
56 y la 57 pretenden castigar el dumping impidiendo que ningún
transportista facture por debajo de costes. Es también una cuestión de
seguridad. Facturar por debajo de costes quiere decir que la empresa
tarda más tiempo en renovar la flota o que la conservación y
mantenimiento de los vehículos se hace de una forma más laxa. Estas
enmiendas y la número 112, que obliga a establecer un plazo máximo del
precio del transporte de treinta días desde la fecha de la entrega,
favorecen la competencia, pero sin atentar contra la seguridad del
tráfico. La enmienda 76, en la misma dirección, quiere limitar la
subcontratación en el transporte de mercancías.

En el transporte de viajeros y en lo que afecta a la
concesión de líneas de viajeros, presentamos una enmienda, la 82, que
pretende sustituir el derecho de preferencia por el sorteo, para
dilucidar el empate en los concursos por concesiones de líneas de
transportes de viajeros.

La número 87 quiere contribuir a la liberalización del
sector y posibilita el contrato indistinto por plaza o por la capacidad
total del vehículo.

La 107, de tramitación nueva en el Senado, pretende impedir
que un vehículo que ha sido subvencionado para prestar su servicio en una
línea regular pueda prestar servicios con carácter discrecional. Si no,
esta empresa jugaría con ventaja, al haber recibido subvenciones para el
material que utiliza en el transporte discrecional, frente a otras
empresas que, como no tienen la concesión de ninguna línea regular de
viajeros, se dedican exclusivamente al transporte discrecional y tienen
que abonar la totalidad de los costes de sus autobuses.

Es cierto que nuestro grupo ha cambiado de postura,
respecto a la que mantuvo en el Congreso, ya lo ha comentado el compañero
que ha intervenido para manifestar nuestro apoyo a los vetos. Pero es que
en el Congreso, señorías, nos hicieron una tropelía: en una ley de
transporte terrestre introdujeron una tasa de transporte aéreo, una tasa
de seguridad aérea. Y no solo lo hicieron con nocturnidad y alevosía,
sino que lo hicieron también a lo grande: introduciendo una enmienda que
nos obligaba incluso a cambiar el título de la ley. Se modificó el título
de la ley por una enmienda que se introdujo en el Congreso y que va a
repercutir en el bolsillo de los ciudadanos insulares fundamentalmente
—lo han dicho claramente—, que son los que utilizan
habitualmente el transporte aéreo en su territorio y para venir a la
península. Y junto a esta nueva tasa de seguridad aérea, el Partido
Popular, que era —recuerden— el partido que no iba a tocar
los impuestos, que los iba a bajar, que no iba a endosarles a los
ciudadanos cargas adicionales por vía de tasas o de recaudación,
introduce también un canon al trasporte de viajeros, un canon que se
imputará al precio del billete. ¿Y quién lo pagará? Lo pagarán los
usuarios del autobús, que no pertenecen precisamente a las élites de
nuestra sociedad, a los pudientes de nuestra sociedad.

Finalmente, se meten ustedes solos, con la colaboración
imprescindible del señor Gallardón, en un lío, y crean un problema donde
no lo había: en las juntas arbitrales de transporte. Por un lado, obligan
por ley a acudir a las juntas arbitrales de transporte y, por otro lado,
en la Ley de tasas judiciales, se impone a los laudos de las juntas
arbitrales, que siempre habían sido gratuitos, una tasa de 200 euros.
Está claro que lo que acabara sucediendo es que, si los procesos
ordinarios, monitorios, de la Administración de justicia están exentos de
tasas, estos contenciosos de menor cuantía, en lugar de resolverse en las
juntas arbitrales de transporte, se resolverán en la administración
ordinaria de justicia. Pero si tomamos las cifras del año 2011, resulta
que, si la traslación es automática, trasladamos nada más y nada menos
que cerca de 10 000 casos a la Administración de justicia. En fin, es un
lío sobre el que merece la pena que reflexionen y que merece la pena que
trabajen. Aprovechen este trámite para evitarlo porque, si no, cuando
haya acabado la tramitación de este proyecto de ley, cuando los textos
que hoy debatimos sean publicados en el Boletín Oficial del Estado, será
tarde y el lío que habrán montado tendrá una solución más complicada.
Tienen ahora la oportunidad de darle sentido a este debate, estudiando
nuestras enmiendas, que están por supuesto sujetas a diálogo, a debate, a
estudio y a la posibilidad de transar un texto con el que esté cómodo el
Gobierno y también el resto de los grupos parlamentarios; tienen la
posibilidad de solucionar problemas como este del que hablamos y como el
que voy a defender a continuación, que es el de las cooperativas.

Es cierto que el Partido Popular se pregunta: ¿qué pasa con
las cooperativas? ¡Si solamente actuamos contra falsas cooperativas,
contra los que hacen un uso indebido, fraudulento, de este tipo de
organización social! Es cierto que hay cooperativas falsas, que van a
tener dificultad con esta ley para seguir con sus actividades; pero son
las cooperativas tradicionales de transporte, que son más de 1000 en este
país y que, según los portavoces del sector, acogen a más de 20 000
familias, que han trabajado con la legislación española —con la
legislación fiscal española y con la legislación de transporte— y
con la

legislación comunitaria, las que nos dicen ahora que, si se
aprueba la ley tal como está, tendrán que dejar de trabajar; tendrán que
dejar de trabajar cerca de 20 000 transportistas porque les resultará
difícil hacerlo, ya que su autorización, su tarjeta de transportes, no
está a su nombre sino al nombre de la cooperativa para la que trabajan.
Nos lo dicen ellos, así que permítanme que crea un poquito más al sector
que al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, senador Becana.

El señor BECANA SANAHUJA: Acabo ya, presidenta.

Vale la pena aprovechar este momento para escuchar; vale la
pena aprovechar este momento para reflexionar, sobre todo si podemos
evitar ese daño. Y si al final el Partido Popular se empeña en cargarse
el sector cooperativista del transporte, le proponemos, por lo menos, una
salida humana para aquellos cooperativistas que se han comprado el
camión, que han hecho ahora la inversión, y que, en cuanto esta ley se
publique en el Boletín Oficial del Estado, tendrán que cambiar de
actividad; al día siguiente de que se publique tendrían que cambiar de
actividad. Démosles un plazo; un plazo por el período de amortización
considerado habitual en las empresas, cinco años; que esta normativa que
dificulta el funcionamiento de las cooperativas entre en vigor dentro de
cinco años, para minorar los efectos sociales que pueda tener.

Acabo recordándoles que hay otro grupo de enmiendas
dirigidas a reforzar el diálogo social; enmiendas que quieren también
garantizar los derechos de las personas con movilidad reducida.

La señora PRESIDENTA: Senador, termine ya; ha consumido su
tiempo ampliamente.

El señor BECANA SANAHUJA: Muchas gracias, presidenta.

Acabo enseguida. Si me deja medio minuto, remato con un
grupo de enmiendas relacionadas con el sector del taxi, sector que ya han
defendido otros portavoces, y con una llamada a la reflexión al grupo
mayoritario.

Estamos en una Cámara socialmente cuestionada: el Senado;
estamos en una Cámara cuyo criterio territorial está también cuestionado,
porque todavía no se ha reunido la Comisión General de las Comunidades
Autónomas; estamos en una Cámara a la que le queda la función de segunda
lectura —lo decimos siempre, cuando le explicamos a alguien para
qué sirve al Senado—, para mejorar textos como este que son
susceptibles de mejora. Señorías, no solamente van a aprobar una ley que
tiene muchas carencias, sino que, si no aprovechan este trámite para
mejorarla, acabarán también con el sentido que tiene esta Cámara como
Cámara de segunda lectura. Apelo a su responsabilidad.

Gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Becana.

Pasamos al turno en contra.

Tiene la palabra el senador Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Muchísimas gracias, presidenta.
Muy buenos días, señorías.

Tras las intervenciones de sus señorías es evidente que
esta ley era más que necesaria, bien esperada, y yo creo que bastante
bien resuelta en su redacción, una redacción que se asienta sobre una
documentación ya preexistente, como comentaba el portavoz del Grupo
Socialista, a la cual no se ha dejado de lado sino todo lo contrario, se
ha trabajado sobre ella, incluso mejorándola.

Al hilo de lo que decía el senador Becana, y contestando
también a la intervención de otros senadores, durante estos meses todos
los grupos de esta Cámara hemos recibido y hemos podido contrastar estos
articulados con una gran parte de los colectivos que operan en este
sector. Por lo tanto, esta Cámara tiene mucho recorrido todavía, tiene
mucho que decir en la lectura de esas doscientos dieciséis enmiendas que
traían del Congreso de los Diputados, donde se han admitido más de
cincuenta, señor Becana, lo cual significa el 23% de la admisión. En
estos momentos tenemos sobre la mesa doscientas cincuenta y cinco, y es
cierto que se van a desestimar en su conjunto, pero después de haber
analizado y estudiado una a una de forma detallada. Pero eso no significa
que haya un desprecio a su trabajo o a su participación o al interés que
están mostrando, y por los motivos que vamos a ir viendo a lo largo de mi
intervención podrán compartir conmigo que su justificación es más que
evidente.

Hecha esta introducción, paso a contestar a las enmiendas.
El articulado empieza hablando claramente sobre las definiciones, sobre
quiénes son los que actúan, quiénes son los partícipes en esta

ley. Y es cierto que hay una serie de enmiendas, sobre todo
respecto de las actividades auxiliares y complementarias del transporte,
pero creo que se justifica bastante bien el hecho de nombrarlas así.

También hablamos de la competencia de la Administración
General del Estado, y recurrentemente muchos partidos están
constantemente viendo vulnerada su competencia administrativa, cuando ya
desde el primer artículo se establece claramente el respeto según lo que
dice el Tribunal Constitucional.

Hay un punto que es clarísimo, y si no se entiende dicho
punto la ley ya no puede tener sentido para muchas personas. Se trata de
la libertad de contratación, el principio básico de que todo aquel que
tenga esa documentación, esa licencia, esa habilitación, tiene libertad
de contratación; y, por supuesto, lo que transporta se cobra, gracias a
esa otra figura de la acción directa.

Hay una alegación a otro punto importante, el de las
obligaciones del servicio público, que podemos contestar en su conjunto,
como informó el Consejo de Estado en relación con el anteproyecto de ley,
en el sentido de que queda justificado que en determinados aspectos este
reproduzca lo que señala la reglamentación comunitaria, por constituir la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres la norma base de un
amplio conjunto normativo en relación con los transportes terrestres.
Pues bien, volviendo a esas obligaciones de servicio público y a quién
contrate, en el artículo 22 se dice que únicamente contrata servicios de
mercancías en concepto de porteador y emitir facturas en nombre propio
por su prestación quien sea titular, como decía, de la licencia o
autorización. Y aquí todos los grupos hacen sus reflexiones y lo vinculan
todo a las cooperativas.

Se establece una regla general para todos aquellos que
contratan transporte en nombre propio y en concepto de porteador. La
regla es sencilla: solo puede contratar legalmente la prestación de un
servicio de transporte en tal concepto quien sea titular de la preceptiva
autorización y, lógicamente, solo podrá facturar la prestación de este
servicio —digo facturarla— quien previamente lo haya
contratado como porteador, puesto que ya en el proyecto se suprimen los
artículos 60 y 61. Y aquí es donde ustedes acusan de que hay un ataque
contra las cooperativas y sus socios, pero no hay ningún impedimento para
que se sigan haciendo cooperativas. A mí me gustaría romper el mantra que
hay acerca de que vamos a dejar a 20 000 personas en la calle. Creo que
nadie ha justificado esa cantidad y simplemente es un número que ya se
comentaba en el Congreso. La verdad es que en el Registro de cooperativas
en España hay 12 000 camiones, por tanto, es muy difícil que si hay 12
000 camiones de transporte tengamos a 20 000 cooperativistas, y dentro
del ministerio se cuestionaba esa cantidad. Pero lo que sí hay que decir
—y ya lo decía el senador Santamaría— es que hay que entender
que las reglas de juego tienen que ser iguales para todos, y con este
artículo 22 se ponen las bases para que esas reglas sean así.

A lo mejor no viene al caso que detallemos cuál es el
funcionamiento de la figura en la que trabajaban algunas cooperativas,
pero verdaderamente ellas eran las que, según los agentes sociales con
los que hemos estado hablando, nos decían que estaban rompiendo el
sistema las que estaban trabajando en el dumping, las que estaban
trabajando en una competencia desleal, las que se estaban haciendo daño a
ellos mismos, a los transportistas de esas cooperativas. Y en ningún
artículo de los que hemos traído en esta ley se dice que desaparecerán
las cooperativas. Las cooperativas pueden operar como han venido operando
hasta la fecha. En la tierra de la que yo vengo hay una tradición
cooperativista muy importante, también en el transporte, y cuando se
respetan las reglas de juego funciona perfectamente.

Por lo tanto, la figura de la cooperativa no desaparece
sino que se refuerza, y en donde se trabaja ahora, en la continuidad de
estas cooperativas, lo tienen muy fácil: es simplemente el modo de
tarifar, el modo de realizar su gestión administrativa y fiscal. Es donde
se pueden adecuar perfectamente. Ustedes hablan de una moratoria hasta
2019, pero créanme que es muchísimo más sencillo. Además, en estos
momentos hay unas 80 000 personas autorizadas para realizar transporte,
por tanto, el coste de ese estudio que tienen que hacer para la
preparación de la autorización, debido a la ingente cantidad que tiene
esa autorización, no tiene por qué suponer, según el Partido Popular y el
Gobierno, un impedimento para poder seguir trabajando.

Aprovecho también aquí para referirme a la estiba y
desestiba. Es cierto que es una alegación a posteriori, pero resulta
significativo que en el reciente II Acuerdo general de las empresas de
transporte de mercancías por carretera, alcanzado entre las asociaciones
profesionales del sector y las organizaciones sindicales, y publicado por
resolución del 13 de marzo de 2012, la Dirección General de Empleo no
establezca ninguna limitación en esta materia; muy al contrario, en su
artículo 16.2 prevé expresamente la participación de los conductores y
conductores mecánicos en la carga y descarga de los vehículos —este
es el acuerdo al que ha llegado la Dirección General de Empleo—.
Por lo tanto, es fundamental que el transportista sepa lo que transporta
y cómo se lo almacenan, cómo lo acopian y cómo

lo dosifican. Eso también es trabajo, y es fundamental que
él sepa cómo está repartida la carga en la parte trasera del
vehículo.

Se realizan alegaciones con respecto al transporte
multimodal y al sometimiento del arbitraje. El sometimiento del arbitraje
va a seguir siendo gratuito; ha habido una negociación muy intensa en el
Congreso, en la que se ponía una cantidad máxima de arbitraje, que se ha
subido a 15 000 euros. Esa junta arbitral va a seguir siendo gratuita. Sí
es cierto que, aplicando la Ley de tasas, en el caso de exigir la
ejecución… Pero ya estamos hablando de otra ley, estamos en otro
campo de juego, en otra zona. En esta ley el sistema de laudo de junta
arbitral sigue siendo gratuito.

Se hacen alegaciones respecto del transporte público de
viajeros y mercancías sometido a las autorizaciones y a las competencias
autonómicas, que volvemos a insistir que se respetan. Se habla del
otorgamiento de autorizaciones. Hay normas comunes en el ejercicio de la
profesión del transporte, siguiendo los comentarios del Consejo de
Estado.

Con respecto al registro de honorabilidad, creo que el
senador Santamaría ha dejado bien claro cuál era su situación hace unos
años y qué es lo que se persigue en estos momentos. En cuanto a la
capacidad financiera, si no tienes capacidad financiera no puedes actuar
en el mercado, pero queda justificado que en determinados aspectos en que
esto se produzca lo que señala la reglamentación comunitaria, por
constituir la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres la norma
base de un amplio conjunto normativo en relación con dichos transportes,
en su artículo 46. La declaración en concurso de una empresa supone, por
definición, que esta no pueda hacer frente a sus obligaciones económicas,
pero solo cuando se haya alcanzado un convenio concursal en base al cual
el concursado pueda volver a hacer frente a sus obligaciones, ya sea
mediante acuerdos de quita, espera u otras condiciones, podrá estimarse
que este vuelve a cumplir con el requisito de capacidad financiera.

En cuanto a la competencia profesional, podríamos hablar
aquí del acuerdo de la enmienda transaccionada, 157, del Grupo Popular,
respecto al taxi y sobre las relaciones de proporcionalidad. Aquí no se
habla de ese 1/30, aquí se habla de que hay un principio de
proporcionalidad. Todos hemos escuchado a los taxistas sobre su licencia
municipal y sobre su licencia interurbana.

Otro comentario era sobre la transmisibilidad y que no se
ve razón para establecer un régimen de transmisibilidad para las
autorizaciones de transporte de viajeros en vehículos de turismo distinto
del general. Reglamentariamente las autorizaciones de esta clase se
encuentran condicionadas a que su titular disponga de una licencia
municipal, de taxi, como decía, de autotaxi, referida al mismo vehículo.
Consecuentemente, en el caso de transmisión de esta licencia municipal el
anterior titular perderá su derecho a la autorización de transporte
interurbano y el nuevo titular adquirirá el derecho a solicitar una
autorización de transporte interurbano en nombre propio. En este
supuesto, pues, no hay transmisión de autorización sino extinción de un
derecho.

Pasaríamos al incumplimiento de las condiciones con
respecto al artículo 43, del otorgamiento de autorizaciones. Decimos que
las autorizaciones de transporte de viajeros en autobús no están
referidas a un vehículo concreto identificado por su matrícula, sino
referidas genéricamente a la empresa transportista. Y esto afecta a todo
lo que son las penalizaciones, que veremos en los próximos artículos, a
partir del 140. Es importante en la documentación, en el registro de
empresas y actividades de transporte. También, que quien contrate una
operación de transporte como porteador deberá llevarla a cabo a través de
su propia organización empresarial. El régimen mercantil de la
contratación de transporte —y esto podría aplicarse a los
transitarios— es objeto de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del
contrato de transporte terrestre de mercancías, de reciente aprobación. Y
no parece introducir reglas específicas en esa materia en el proyecto que
ahora se debate, máxime si es para introducir limitaciones al principio
de libertad de contratación, que, por otra parte, se recoge en la
redacción que el propio proyecto da en el artículo 17.

En cuanto al apartado de sanciones, la verdad es que es un
apartado en el que todos hemos querido aportar con objeto de buscar la
seguridad. Las redacciones y las penalizaciones que se realizan en esas
sanciones en líneas generales dan cumplimiento no solo a la normativa
europea, en la que incluso rebaja sus pretensiones económicas, sino que
activa toda una cadena de medidas que persiguen que no haya fraude, que
no haya dumping, que no haya un mal uso de todo lo que es el aparataje
del transporte. Son una serie de alegaciones muy puntillosas que se
podrían discutir una por una, pero creo que no es el momento.

Con respecto a la adjudicación del contrato, en el artículo
74, se valoran las variantes y mejoras siempre que estén solicitadas en
el pliego de condiciones. Se pueden valorar esas mejoras. Y en caso de
empate entre diversas ofertas, una de las cuales fuese presentada por el
anterior concesionario, debe

tenerse en cuenta como primer criterio de adjudicación la
correcta prestación del servicio por parte de aquel. Ello da mayor
garantía a los usuarios de continuidad en la prestación. También esto ha
sido motivo de una discusión intensa en la Cámara Baja. ¿En qué sentido?
En que se eliminaba un privilegio que ya se venía arrastrando desde hacía
años, desde 1997: que todo aquel que estuviese actuando en el transporte
de pasajeros regular pudiese tener una puntuación de cinco puntos
superior a los futuros candidatos. Sin embargo, se elimina y se llega a
un acuerdo que es más que lógico —aunque veo que lo siguen
cuestionando—, por el que, a iguales condiciones, a iguales
prestaciones, ¿para qué vamos a mover la estructura? Mantengamos la
empresa que estaba actuando hasta el momento. Mantengamos ese contrato de
gestión, y ya no hablamos de concesión. Yo creo que nos tiene que gustar
que este vocabulario ya no sea una concesión, que algo que hace años daba
concesiones para cincuenta o noventa años ahora esté establecido en diez
años.

El contratista está obligado en el contrato de gestión a
reservar —y esto creo que es algo que tenemos que aplaudir— a
favor de la Administración, si lo demanda, un número de plazas para
estudiantes y trabajadores. Ha habido enmiendas en las que se hablaba
solamente de estudiantes de colegios concertados, pero yo creo que es
mucho más interesante que esté abierto para estudiantes y trabajadores, y
así hacer economía de escala. También queda clarísimo que habrá una
subrogación obligatoria en cuanto al personal mínimo cuando haya este
tipo de contratos.

En cuanto al artículo 82, sobre los transportes regulares
de viajeros y de uso especial, únicamente podrán prestarse cuando se
cuente con autorización especial. Aquí permítanme que les lea una
enmienda que viene a cuenta de lo que algunos grupos han solicitado. Dice
así: que los servicios regulares de uso especial se encuentren por
definición destinados a grupos homogéneos de viajeros que presenten
características especiales que permiten diferenciarlos del tráfico
general. Si se admiten viajeros que no respondan a estas características
especiales el transporte habrá devenido, necesariamente, en transporte de
uso general. No cabe definir como transporte especial uno al que puedan
acceder viajeros de cualquier clase, como tampoco podría definirse como
general un transporte que estuviera exclusivamente destinado a trasladar
a una sola categoría de viajeros. Si lo que se pretende es mejorar la
ocupación de los servicios en zonas de baja demanda, parece más acertado
el tratamiento que aporta el proyecto, al señalar en el artículo 75.2 que
el contratista de un servicio de uso general estará obligado a reservar a
favor de la Administración pública que así lo demande un cierto número de
plazas de determinadas expediciones para el transporte, como decíamos
antes, de estudiantes y trabajadores.

También hay una serie de alegaciones a la autorización en
el transporte público de viajeros, a las que fundamentalmente contestamos
que no es necesario hacer referencia a la posibilidad de limitar el
otorgamiento de autorizaciones de arrendamiento con conductor, la
posibilidad de que se establezcan limitaciones cuantitativas en el
otorgamiento de estas autorizaciones, lo que ya está previsto en el
artículo 48.2.

En el artículo 108 hablamos de que las empresas estén
establecidas en España. Es una de las condiciones para esa autorización,
y por definición la licencia comunitaria solo puede ser otorgada a
empresas transportistas. No cabe, en aplicación de la reglamentación
comunitaria, otorgar tales licencias a quienes, como en el caso de los
operadores de transporte, carecen de los medios para realizar transporte
por sí mismos. Con respecto al transporte turístico, sí se considera
suficiente la definición de transporte turístico que recoge el proyecto,
sin perjuicio de que se vaya a un desarrollo reglamentario. Es muy
habitual en muchas de estas enmiendas que se desvíe el precisar, el
llegar a cerrar correctamente el espíritu de cada uno de estos artículos
vía reglamento, y esa vía de reglamento va a ir al Consejo Nacional de
Transporte, previamente al Comité Nacional de Transporte, que son una
serie de agrupaciones o de elementos administrativos, como es el consejo
nacional, que nos van a permitir que esta ley pueda seguir viviendo con
una actualización a través de esos dos años que nos hemos planteado de
actuación para el reglamento.

Con respecto a los intermediarios, ya hemos hablado de que
los transitarios, la agencia de transportes, el operador logístico, el
transitario, el almacenista-distribuidor deberán tener la autorización de
operador de transporte. Esto también es algo fundamental. La referencia
que se pretende incluir por parte de CiU la consideramos innecesaria, ya
que sería de aplicación lo previsto en el apartado b) del artículo 119,
que exime de autorización de operador de transporte a los titulares de
autorizaciones de transporte público de mercancías que se limiten a
utilizar la colaboración de otros transportistas para atender demandas de
porte que excedan coyunturalmente de la capacidad del transporte de sus
socios. En cualquier caso, se trata de una cuestión que, como decía
antes, deberá ser desarrollada por vía reglamentaria.

Por otro lado, la Ley 15/2009, del 11 de noviembre, del
contrato de transporte —y con esto también contesto a CiU—
establece un régimen jurídico mercantil para los transitarios idéntico al
de cualquier otro operador del transporte, impidiéndoles en todo caso la
contratación en nombre propio. Por tanto, esta ley, si en algunos casos
alguien ha solicitado: a mí míreme de diferente forma, persigue en
conjunto mirar de la misma forma a todos por igual, eso sí, analizando
sus singularidades. Pero yo creo que esas singularidades se reflejan en
unas reglas del juego comunes.

Con respecto a la enmienda al artículo 119, punto 4, no
puede ser admitida puesto que por definición únicamente puede ser
transportista quien cuenta con los medios materiales necesarios para
ello. Quien tiene camión lógicamente puede ser transportista. Por otra
parte, el transitario lleva años manteniendo una discusión constante, y a
este respecto hay otra enmienda, cuyo número ahora no recuerdo, por la
que el transitario solicita que se le denomine o que sus actividades sean
redactadas de otra forma, y consideramos que la redacción existente acoge
perfectamente los principales objetivos laborales del transitario.

En cuanto a la modificación del artículo 138, no introduce
ninguna responsabilidad para el personal de la empresa, que es otra de
las cosas de las que se ha acusado, de que vamos a favorecer al
propietario en menoscabo del transportista. El artículo 138 no introduce
ninguna responsabilidad para el personal de la empresa como consecuencia
de la comisión de infracciones de transporte. Lo que señala es que cuando
la actuación del conductor que da lugar a dicha infracción constituya a
su vez una falta de desobediencia o indisciplina tipificada y sancionada
en el ámbito laboral conforme a la legislación regulada de esa materia,
el empresario podrá quedar exonerado de responsabilidad por el
incumplimiento de la legislación de transporte de que se trate. La
sanción que pueda haber recaído sobre el trabajador será consecuencia de
la legislación laboral, no de la de transportes. La modificación del
artículo 138 resulta, por tanto, irrelevante para el trabajador.

Antes les hablaba de las infracciones y de los retrasos en
el pago, pero los retrasos en el pago de precios se regulan actualmente
en la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. También se propone sancionar a
aquellas empresas que alquilen furgonetas sin transportista y les obligan
a que hagan la figura de inspectores o de controladores. Sancionar esa
conducta como infracción grave parece excesivo, máxime cuando la
obligación de disponer de autorización de transporte recae sobre las
empresas de transporte y no sobre las que se dedican al arrendamiento de
los vehículos.

Otra de las quejas se refiere a la inmovilización del
vehículo, que solo tiene sentido cuando la comisión de la infracción se
encuentra en curso, en el momento en que se detecta en carretera. No
tiene sentido inmovilizar pasados una serie de días. La multa, la
infracción que se ha cometido seguirá su procedimiento, pero inmovilizar
es paralizar la actividad de esas personas, y a lo que estamos es a
favorecerla.

También hay una serie de comentarios con respecto a la
reducción de las cuantías de las multas o incluso de la ampliación del
plazo, que se ha estipulado en treinta días para hacer voluntariamente el
pago de esas multas con una bonificación del 30%. Y esas son las
cantidades que han parecido más válidas.

En cuanto a la tasa aérea, la tasa de seguridad supone
únicamente un incremento de 0,18 céntimos de euro por pasajero
transportado, y se cobra directamente al pasajero y no a las compañías, a
diferencia de las tasas aeroportuarias. Como digo, va directamente al
pasajero y no a las compañías o a AENA, y se considera que el incremento
de dicha tasa no afecta a la demanda. Por cierto, no es meterla de
rondón, pero es una medida necesaria con vistas a algo que nos está
preocupando en esta ley de transporte, que es la seguridad, y esta es la
tasa de seguridad. Por tanto, me parece más que procedente que esté aquí
la tasa.

Coalición Canaria formulaba una alegación —y con esto
finalizo— respecto del uso del tacógrafo en las zonas insulares,
aquellas superficies que no superen los 2300 kilómetros cuadrados. La
verdad es que no se estima la petición de eliminar el tacógrafo en la
zona de las islas, pero es cierto que en estos momentos hay en curso una
negociación muy avanzada para dar interpretación a un régimen especial de
esos usos vía un real decreto.

Como ven, el seguimiento de las enmiendas cuando menos se
ha hecho con total atención y respeto a su trabajo, como siempre solemos
hacer, atendiendo, además, a las peticiones, a los comentarios, a las
sugerencias que nos han hecho los operadores del transporte, a los cuales
en una gran cantidad de peticiones se les ha remitido a la futura
reglamentación, a esos dos años que tenemos de plazo para complementar
esta ley con lo que viene a llamarse el ROTT.

Y con esto termino, señora presidenta. Muchísimas
gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador
Ibarrondo.

Pasamos ahora al turno de portavoces de los grupos
parlamentarios, de menor a mayor, por tiempo de cinco minutos.

¿Grupo Parlamentario Mixto?

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: No haré uso del turno.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: No voy a hacer uso del
turno.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? Tiene
la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señora presidenta.

El senador Ibarrondo nos ha dado muchas explicaciones, algo
que se agradece; podemos coincidir con algunas, con otras no, pero de una
cosa no ha dado ninguna explicación: de la subida de la tasa. ¿Por qué
subir esta tasa? ¿Por qué poner esta tasa en esta ley? ¿Dónde está la
urgencia? ¿Dónde está la necesidad? ¿Por qué, señor Ibarrondo? ¿Intenta
justificar lo injustificable? Por favor, aunque solo sea de cara a la
posterioridad, me permito insistir en esta cuestión, porque no solo es la
cuestión en sí, sino lo que significa en general, en términos de política
de recaudación para la Administración pública y en términos de técnica
parlamentaria.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Martí.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

En 2011 había un proyecto de ley que estaba pactado con
todo el sector —como se ha dicho en varias ocasiones a lo largo de
la mañana—, que tenía un alto grado de consenso, que ha sido
sustituido, dieciocho meses después, por un proyecto en el que todas las
organizaciones del sector o están abiertamente en contra o se sienten
insatisfechas. Por lo tanto, la primera conclusión que se puede sacar de
este hecho es que el proyecto lo que ha hecho ha sido empeorar.

Y nosotros hemos señalado —lo han hecho mis
compañeros con anterioridad— una serie de elementos que nos parecen
sustantivos con los que manifiestamente estamos en contra. Voy a subrayar
solamente algunos —por el tiempo de que dispongo de
intervención—, que, además, merecen explicar la discrepancia que
tenemos.

En el ámbito de la seguridad, el Grupo Socialista se ha
esforzado con sus enmiendas en no rebajar las sanciones por exceso de
velocidad o por descanso porque no se cumpla el tiempo de descanso de los
trabajadores, y porque no se transfiera la sanción al trabajador. Decía
el señor Ibarrondo en su intervención que las sanciones no son
competencia de esta ley en estos casos sino que serían de ámbito laboral.
Y en la modificación que se hizo en el Congreso de este proyecto de ley
se establece que las sanciones pueden llegar a parar al trabajador;
fíjense señorías que son sanciones cometidas en relación con los tiempos
de conducción y descanso de los conductores o con la manipulación del
tacógrafo. Señorías, pónganse ustedes en el papel del trabajador y del
empresario; el conductor quiere ir mucho más rápido y, además, quiere
manipular el tacógrafo y, además, no quiere descansar, y eso lo hace
voluntariamente y, por lo tanto, hay que excluir de esa sanción al
empresario y pasársela al conductor. Claro, el conductor queda protegido
porque tiene que haber una sanción que sea firme mediante sentencia. Pero
también pone en el proyecto: «…o no haya sido objeto de reclamación
judicial por parte del trabajador…». Pues pónganse ustedes en la
situación real del mercado de hoy, cuando un trabajador tenga que decir
que él no ha querido descansar y que, además, no piensa reclamar porque
su jefe le sanciona. Eso va a ocurrir voluntariamente ¿verdad? Y eso lo
está haciendo esta ley.

El Grupo Parlamentario Socialista está en contra de eso y
hemos pedido que se suprima. No sé qué más explicación necesita este
hecho. Si se aprueba el proyecto de ley tal y como está estará
permitiendo que se extorsione a los trabajadores, a los conductores de
los camiones. Y, señorías, no se necesitan más

interpretaciones. Si ustedes quieren aprobar eso, lo van a
aprobar, porque tienen la mayoría para hacerlo, pero lo van a hacer con
el voto en contra al menos del Grupo Parlamentario Socialista.

Con respecto a la competencia, nosotros hemos propuesto que
el vehículo que se utiliza en el transporte discrecional de pasajeros se
adscriba al servicio por el que tiene la concesión. Con eso estamos
garantizando que no se utilice un autobús para conseguir muchos
concursos, sino solamente en el que se vaya a utilizar y, además, lo que
queremos es que, una vez que está amortizado con fondos públicos, porque
se ha subvencionado, que no se utilice para hacer una competencia
desleal. Nos parece que es absolutamente razonable. Estamos pidiendo que
haya más operadores por línea de transporte público en carretera, como
ocurre en otros sectores; estamos en contra del derecho de preferencia,
que cuesta mucho poder explicarlo. Cuando se intenta explicarlo se dice
que es mejor quedarnos con lo que ya está, que es solvente y, por lo
tanto, toda su argumentación en defensa de la competencia se les cae,
porque entramos en el debate de: como es bueno, mantengámoslo. Entonces,
nos estamos cargando todo el debate sobre competencia, y el Grupo
Parlamentario Socialista está en contra de eso, y por eso hemos pedido la
supresión de ese artículo.

Se ha hablado del sector del taxi, y usted ha recordado que
hubo un acuerdo con la ministra. Pero nos llama la atención que no estén
dispuestos a recoger ese acuerdo en el proyecto de ley y a decir que haya
una regla de proporcionalidad. No estamos diciendo que se fije en el
proyecto qué proporción debe haber —el acuerdo es de 1-30—,
lo que estamos diciendo es que se reconozca que debe haber una
proporcionalidad, y ustedes también se oponen a eso.

Con respecto a la subida de tasas, que nos parece también
importante, en este proyecto de ley suben la tasa de seguridad aérea, y
ya tendremos oportunidad en el siguiente proyecto de ley de volver a
hablar de cómo el Gobierno va a perjudicar los intereses de los
ciudadanos insulares, particularmente de Ceuta y Melilla, con pequeños
arañazos en sus intereses, y lo hace subiendo las tasas que tienen que
pagar y descontando de la bonificación determinados aspectos. Y, al
final, lo que están consiguiendo es perjudicar sobre todo a los
ciudadanos insulares —y en general a toda la ciudadanía—,
pero en particular a ellos, que lo necesitan para su transporte con más
intensidad, y también a un sector que es estratégico para el país, que es
el sector turístico, para el que ya han subido las tasas aeroportuarias
más de un 28% desde que llegaron, y siguen añadiendo elementos que hacen
subir el precio hasta que, al final, difícilmente podamos ser
competitivos en un sector que es muy complejo y donde es fácil que los
ciudadanos elijan, por motivos de coste en el transporte, otros destinos
turísticos, perjudicando, como digo, a un sector que, además, ha
soportado bien la crisis en nuestro país, que la está soportando bien y,
particularmente, en mi tierra, en Andalucía, es un balón de oxígeno para
el empleo y para la creación de riqueza.

No he entendido bien el razonamiento que ha hecho el señor
Ibarrondo con respecto a las tasas que se han impuesto a las juntas
arbitrales de transporte.

La señora PRESIDENTA: Señor senador, vaya terminando.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Qué corto se me hace el tiempo
para todo lo que tengo que decir. Seré muy breve.

Estamos en contra de que se mantenga. Me parece que no
tiene ninguna razón, y ni siquiera es una cuestión ideológica poner 200
euros de tasas en las juntas arbitrales y que sea gratuito en los
procesos monitorios en los juzgados. Con eso ustedes lo que van a
conseguir es que los transportistas que tengan que reclamar se vayan a
los juzgados porque es gratis. Nos parece un contrasentido con el interés
general y con lo que pretende el Gobierno al crear la junta arbitral de
transporte, que lo que intenta es desatascar los juzgados, y ustedes los
están volviendo a meter dentro. No veo cuál es el interés que pueden
tener en no aceptar la enmienda que les estamos proponiendo. Francamente,
ni siquiera es una cuestión ideológica.

En cuanto a las cooperativas de transporte, sus cifras me
han llamado la atención, y seré breve, señora presidenta. Usted ha dicho
que hay 12 000 camiones, pero también ha hablado de 80 000 personas
—si he entendido bien— con autorización para transportar. No
me casan los datos, y los dos provienen del ministerio. Pero sus señorías
tienen que saber que una cooperativa de transporte tiene autónomos que
han comprado un camión, y que cuando se apruebe este proyecto de ley, si
quieren seguir trabajando en el sector del transporte tienen que tener
tres camiones para ser transportistas. Y, por lo tanto, no van a poder y
se van a quedar colgados de la brocha sin poder pagar el camión que
tienen. Y todavía puede ocurrir que un señor compre hoy un camión para
sumarse a una cooperativa de transporte y dentro de 15 o 20 días no pueda
trabajar con ese camión. A nosotros nos parece una barbaridad, y por

eso hemos propuesto una moratoria de cinco años, teniendo
en cuenta que el Gobierno tenía muy claro que iba a hacer desaparecer las
cooperativas de transporte.

Por último —y termino—, quiero seguir
insistiendo en que sería muy conveniente que hubiese —y forma parte
del impulso al diálogo social, como nosotros proponemos— una mesa
del transporte en el que estén todas las partes, y no como ocurre con la
Comisión Nacional de Transporte, que solo están empresarios y ministerio.
Nosotros proponemos que haya una en la que estén los sindicatos,
empresarios y Gobierno.

Muchas gracias, señora presidenta, y más por haberme dejado
excederme del tiempo.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, senador Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Gracias, señora presidenta;
gracias, señorías.

Respecto a la subida de la tasa, me pedía que quedase algo
escrito para la posteridad. Lo que yo le puedo decir es que en este
momento, en esta situación y en la coyuntura de crisis que vivimos, el
que se solicite un aumento de tasa en aras de la seguridad y que esa
cantidad repercuta en el viajero y no en la empresa creo que es más que
justificable.

Me habla de que este proyecto, hace 11 meses, contaba con
un alto consenso y es cierto, pero es que ese alto consenso era producto
de que solamente se querían revisar —y se revisaban
someramente— las listas de penalizaciones, las infracciones y poco
más. La sencillez de esa modificación, centrada en las tarifas, en los
módulos o en las penalizaciones era lo que aglutinaba. Sin embargo, esta
revisión le da la vuelta y, como decía en el Congreso de los Diputados el
señor Ayala, amplía al menos 17 aspectos, desde la honorabilidad hasta el
concepto de libertad y de autorización para transportar, para contratar,
etcétera, que son aspectos donde surgen algunas dificultades ya que se
trata de un colectivo muy atomizado, en el que cada uno tiene lógicamente
sus intereses, que muchas veces coinciden en transportes, en puntos y en
zonas muy concretas y que alteran la convivencia, mientras que la
anterior ley no lo analizaba y no trabajaba sobre esos puntos.

En este articulado, como le he dicho, prácticamente se
altera la ley en más de un 40% —mientras antes simplemente se
alteraban las penalizaciones— y es lógico que exista más
contestación. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que hay muchísima
novedad, también muchísima participación de todos los colectivos, a los
que hemos despertado y, sinceramente, tras haberles escuchado, al final
les hemos preguntado cómo veían esta ley y le daban más votos favorables
que desfavorables. Y si digo esto es porque lo puedo demostrar.

Seguramente no hemos contentado a todos, pero también
seguramente habrán quedado muy satisfechos de que ciertas cosas, ciertas
injusticias y ciertas situaciones que no estaban contempladas ahora se
contemplen, se regulen, se penalicen y se prohíban porque, como se indica
en el preámbulo de la ley, las cosas en el transporte han cambiado.

Habla de bloquear el uso fraudulento de un autobús para
presentarse a diferentes concursos, pero las licencias son para las
empresas no para los autobuses y ese es otro principio básico de esta
ley.

Vuelvo a insistir en que el articulado es muy concreto en
el sentido de que durante la vida de este reglamento el Gobierno y la
Comunidad Europea se dan la posibilidad de añadir una serie de posibles
casuísticas que no se producen en este momento, pero se abre la puerta a
ampliar esa casuística de fraude.

Dice que no se ha plasmado por escrito el acuerdo entre los
taxistas y la señora ministra, pero en el artículo 48.2 se indican las
limitaciones reglamentarias de otorgamiento y se habla del acuerdo con
los taxistas y con los vehículos con conductor. Es cierto que no se
refleja esa proporcionalidad, pero le vuelvo a remitir al reglamento y a
la diversidad y movilidad de la sociedad española respecto a este tipo de
casuística. Por lo tanto, sí está recogido en el artículo 48.

Les agradezco la atención prestada.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Vamos a proceder a la votación del texto del proyecto de
ley conforme a la propuesta formulada por la ponencia en relación con
este, con las modificaciones, en su caso, aceptadas e introducidas por la
ponencia durante el debate de la comisión, con arreglo a lo previsto en
el artículo 116.2 del Reglamento del Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 17; en contra, 8; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por 16 votos a favor,
8 en contra y 1 abstención.

Una vez dictaminado por la Comisión de Fomento el proyecto
de ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio,
de Seguridad Aérea, queda pendiente designar al miembro de la comisión
que llevará a cabo la presentación de este dictamen ante el Pleno del
Senado. (Varios señores senadores: La presidenta.)

Muchas gracias.

– PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY ORGÁNICA 5/1987, DE 30 DE JULIO, DE DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL
ESTADO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN RELACIÓN CON LOS TRANSPORTES POR
CARRETERA Y POR CABLE.

(Núm. exp. 621/000035)

AUTOR: GOBIERNO.

La señora PRESIDENTA: Iniciamos el debate del proyecto de
ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de
julio, de delegación de facultades del Estado en las Comunidades
Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable.

A este proyecto de ley se han presentado dos enmiendas.

El informe de la ponencia ha acordado mantener sin
modificaciones el texto del proyecto de ley remitido por el Congreso de
los Diputados, sin perjuicio del mantenimiento para su debate en comisión
de las enmiendas presentadas, como haremos a continuación.

En turno de defensa de las enmiendas, tiene la palabra la
senadora Candini, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, por tiempo de quince minutos.

La señora CANDINI I PUIG: Las doy por defendidas.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Candini.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Ortiz.

El señor ORTIZ PÉREZ: Gracias, señora presidenta.

Por los mismos motivos, mi grupo parlamentario las va a
rechazar.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Ortiz.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: No haré uso del turno, señora
presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Tampoco haré uso del
turno.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Socialista? Tiene la palabra el
senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

Seré muy breve.

Intervengo para decir que este proyecto de ley modifica la
Ley Orgánica 5/1987 únicamente en su artículo 10, con la ampliación de
algunos supuestos en el ejercicio de la delegación de competencias que
hizo el Estado a las comunidades autónomas en relación con los
transportes por carretera y por cable, para evitar la duplicidad de
funciones administrativas.

Con respecto a las enmiendas que se han presentado he de
señalar que ninguna comunidad autónoma ha emitido informe sobre este
proyecto de ley proponiendo la transferencia del otorgamiento de las
licencias comunitarias a las comunidades autónomas y, además, se nos ha
informado de que esta propuesta entorpecería la comunicación con otros
Estados miembros y contravendría alguno de los regímenes previstos en el
reglamento de la Comunidad Europea 1072/2009, de ahí que no apoyemos las
enmiendas y que vayamos a votar a favor del proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Ortiz.

El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señora
presidenta.

Quiero expresar mi agradecimiento a los grupos
parlamentarios que han mostrado su apoyo a este proyecto de ley.

Aunque entiendo los argumentos de la senadora Candini,
recogidos en la exposición de motivos de las enmiendas, repito que no
podemos aceptarlas. Se trata de un proyecto de ley con un artículo único
y, además, coincidimos con la opinión que ha expresado el senador
Fernández Ortega. Por ello, apoyaremos el proyecto de ley y votaremos en
contra de las enmiendas de Convergència i Unió.

En la sesión plenaria ampliaremos un poco más nuestros
argumentos, las bondades de este proyecto de ley, el esfuerzo que ha
hecho el Gobierno y el apoyo que ha recibido de los grupos parlamentarios
para que se lleve a efecto y se apruebe en la sesión plenaria.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Ortiz.

Pasamos, por lo tanto, a la votación del texto del proyecto
de ley conforme a la propuesta formulada por la ponencia con las
modificaciones, en su caso, aceptadas o introducidas en la ponencia
—no hay ninguna según me comenta el letrado— durante el
debate en comisión con arreglo a lo previsto en el artículo 116.2 del
Reglamento del Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 25; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

Finalizada la votación, ha sido dictaminado en la Comisión
de Fomento el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley
Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado
en las comunidades autónomas en relación con los transportes por
carretera y por cable.

Señorías, hay que designar a un miembro de la comisión que
lleve a cabo la presentación de este dictamen al Pleno del Senado.
(Varias señoras y señores senadores: La presidenta.)

De acuerdo, muchas gracias. (El señor Martí Jufresa pide la
palabra.)

Tiene la palabra el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Presidenta, si vamos a continuar
solicito un receso de tres minutos para subir a buscar los papeles puesto
que se había dicho que se vería por la tarde.

La señora PRESIDENTA: Lo que les propondría ahora, senador
Martí Jufresa —es lo que iba a decir—, es pasar al siguiente
proyecto de ley correspondiente a la rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas, toda vez que hemos sido bastante ágiles en los dos
anteriores. En consecuencia ahora, antes de la hora de la comida,
podríamos ver los vetos y votarlos, y después hacer una interrupción de
la comisión y continuar a las cuatro de la tarde con el proyecto de ley.
(El señor Iglesias Fernández pide la palabra.)

Tiene la palabra, senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Señora presidenta, yo tengo el
avión a las cuatro. Por lo tanto, después de votar los vetos, me gustaría
que se me permitiera dar por defendidas las enmiendas.

La señora PRESIDENTA: Lo haremos.

Suspendemos la sesión por tres minutos. (Pausa.)

Señorías, comenzamos de nuevo.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco me comenta que ha
habido un error en lo que he manifestado sobre la votación del dictamen
del primer proyecto de ley del orden del día —la Ley de
transportes—. Yo dije que eran 16 votos a favor, y son 17 votos a
favor, 8 votos en contra y 1 abstención. Ese fue el resultado, lo digo
para que conste en el Diario de Sesiones.

– PROYECTO DE LEY DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y
RENOVACIÓN URBANAS.

(Núm. exp. 621/000040)

AUTOR: GOBIERNO

La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a dictaminar
el proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Este proyecto de ley tiene cuatro vetos: veto número 1, de los senadores
Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto; veto número 2, de los senadores Jordi Guillot
Miravet y Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya; veto número 3, de los senadores Mónica Almiñana Riqué,
Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José
Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y veto número 4, del
Grupo Parlamentario Socialista.

Vamos a pasar al debate de las propuestas de veto.
Interviene, en primer lugar, el senador Iglesias Fernández para la
defensa de la propuesta de veto número 1.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: La doy por defendida, señora
presidenta. Y en el caso de que los vetos no prosperen, aprovecho el
turno para solicitar que se den por defendidas las enmiendas que mi grupo
ha formulado al texto.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muy bien. Muchas gracias,
senador.

Pasamos a la defensa del veto número 2.

El señor MARTÍ JUFRESA: También se da por defendido este
veto número dos, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador.

Pasamos a la defensa del veto número 3.

El señor MARTÍ JUFRESA: Señora presidenta, este veto no lo
voy a dar por defendido sino que voy a utilizar el turno, puesto que
figura mi nombre en él también.

La señora PRESIDENTA: Tiene diez minutos, senador.

El señor MARTÍ JUFRESA: Señorías, este proyecto de ley que
vamos a dictaminar hoy en esta Comisión de Fomento resuena sin duda
alguna como importante; cosa distinta es que lo acabe siendo o que las
expectativas que genera se acaben realizando algún día. Sinceramente,
nuestro grupo cree que no va a ser así, fundamentalmente porque la
tramitación y la redacción de este proyecto de ley han sido objeto de la
peor de las consejeras: la prisa. No tiene ningún sentido que este
proyecto de ley se tramite por el procedimiento de urgencia. Si
comparamos este proyecto de ley con el que acabamos de dictaminar, que ha
seguido un trámite normal y para el que se ha contado con la oportunidad
de discutirlo, de debatirlo en detalle con todos los sectores, en este
caso debería haberse incluido un debate a fondo con las comunidades
autónomas y con los ayuntamientos. En definitiva, no solo el trámite
formal, sino también el debate que se ha producido sobre este proyecto de
ley son absolutamente incompatibles con el éxito de su contenido. Y no
quisiera pensar que la urgencia no se debe al contenido primero de la ley
sino a las disposiciones finales que han incorporado el Congreso y el
Senado. Si pensáramos que esta ley es urgente porque es una ley ómnibus
que debía contener muchas otras cosas para tramitarlas rápidamente, el
nivel de perversión alcanzaría límites impropios de su condición
parlamentaria, señorías.

No obstante, las prisas en el debate con los sectores en el
trámite de audiencia y en la tramitación parlamentaria conseguirán que la
ley no cumpla sus objetivos mínimos, porque la rehabilitación, la
regeneración y la renovación urbanas, señorías, aunque son fuente y
locomotora de actividad económica, no solo son eso. No tiene ningún
sentido plantearse una ley como esta solo desde el punto de vista de la
dinamización de la actividad económica, aunque ello sea una consecuencia
importante. La rehabilitación,

la regeneración y la renovación urbanas tienen otros
impactos como mínimo igual de importantes. En primer lugar, sobre las
condiciones de habitabilidad; en segundo lugar, sobre el paisaje y sobre
la protección del patrimonio; en tercer lugar, sobre el medio ambiente y
la sostenibilidad ambiental; y en último lugar, el más importante a
nuestro juicio, sobre el modelo social y urbano de nuestras ciudades y
municipios. Por tanto, no se puede despachar la rehabilitación, la
regeneración y la renovación urbanas simplemente con un enfoque
económico, con el deseo de dinamizar un sector económico, por muy
importante que sea; porque entonces, por el camino, se perderán muchos
elementos y muchas oportunidades de hacer las cosas bien.

Tampoco han sido útiles las prisas porque estos tres
conceptos que vamos a repetir mucho a lo largo de esta tramitación no se
pueden considerar indiscriminadamente. Regenerar y renovar entornos
urbanos no es lo mismo, según dónde y cuándo se haga. No es lo mismo
renovar centros históricos, que polígonos industriales. No es lo mismo
renovar barrios degradados de la periferia, que espacios a medio
construir. En definitiva, rehabilitar, regenerar y renovar un tejido
urbano es algo mucho más complejo, que no se puede despachar con normas y
planteamientos universales.

Por fin, centrar todo el impulso de la rehabilitación, la
regeneración y la renovación urbanas en dar facilidades a agentes
rehabilitadores fundamentalmente privados, entraña riesgos colaterales
sumamente importantes que esta ley no aquilata suficientemente. En primer
lugar, riesgos para personas y familias que pueden verse envueltas, sin
comerlo ni beberlo, en cargas adicionales o, incluso, en desplazamientos
de sus viviendas que no tengan ninguna justificación. Y más aún, riesgos
directos para el urbanismo presente y futuro de nuestras ciudades y
municipios, porque esta ley fía todo su impulso, toda su fuerza, toda la
capacidad de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, a los
recursos privados de agentes rehabilitadores que pueden estar interesados
en acabar haciendo beneficio. Hay muchas otras maneras o habría muchos
otros recursos donde encontrar fuerza dinamizadora. Evidentemente, en el
sector público; también en el sector privado, pero los créditos están
bajo mínimo y, por tanto, es difícil. El ahorro de los particulares
también está bajo mínimos. Y quiero señalar, porque luego lo esgrimirán,
que no me sirve la capacidad del Plan de Vivienda 2013-2016,
recientemente aprobado: las cifras los programas de rehabilitación en su
conjunto son absolutamente irrisorias e impropias de un programa que
lleve este nombre.

Por tanto, señorías, estos tres aspectos —centrarlo
todo en la idea de la dinamización económica, pensar que todos las
ciudades o entornos que haya que rehabilitar, regenerar y renovar son
iguales, y tener como único impulso o única capacidad real de
dinamización las facilidades urbanísticas que se den a los agentes
rehabilitadores privados— confieren a este proyecto de ley un
carácter absolutamente empequeñecido, desenfocado e incapaz de abordar
con toda la fuerza y la necesidad que se requeriría una cuestión tan
importante. No habrá posibilidad de desplegar el esfuerzo inmenso que se
requiere en todo el país para que la rehabilitación, la regeneración y la
renovación urbanas sean el santo y seña de las transformaciones urbanas
durante los próximos años, si no se hace con el impulso y bajo la
dirección del sector público. Dejar en manos privadas, fragmentadas e
interesadas exclusivamente en un supuesto beneficio urbanístico, esta
cuestión nos parece una equivocación de fondo. Podríamos citar diferentes
ejemplos del pasado. No lo voy a hacer, pero está en la mente de todos
que algunas veces sí se han hecho las cosas bien en algunas ciudades
españolas. De todas maneras, mientras digo estas palabras, me viene a la
mente que el único gran proyecto que han puesto encima de la mesa, de
momento, los responsables del Partido Popular se llama Eurovegas, que
está en las antípodas de la filosofía de la rehabilitación, la
regeneración y la renovación urbanas, porque es un proyecto que no
rehabilita nada, que no regenera nada y que no renueva nada, sino que
intenta construir en un páramo una ciudad imposible absolutamente
desprovista del sentido de tal nombre. Por tanto, señorías, nuestro grupo
parlamentario se opone frontalmente a que este proyecto de ley siga
adelante, aunque, en aras de la objetividad, quiero decir que la parte
que menos nos incomoda es la que corresponde a los informes de evaluación
energética, que creemos que podría tener algún sentido; pero el resto del
proyecto de ley nos parece mal encaminado, mal enfocado, para abordar
esta problemática tan importante para nuestro país, para nuestras
ciudades y para nuestros municipios.

Además, creemos que la ley puede invadir competencias de
las comunidades autónomas, e incluso de los ayuntamientos. Por eso he
dicho antes que hubiera sido muy necesario hablar en profundidad con
estas administraciones, antes de lanzar los borradores o el anteproyecto
de ley. Además, promueve un liberalismo basado en una liberalización
absolutamente equivocada de las unidades de reparcelación urbanística, y
va a dar pocos resultados; y, si da alguno, me temo que será de mala
calidad.

Por último, y para cerrar esta crítica, señorías, vuelvo a
subrayar lo nefasto de esta técnica parlamentaria de utilizar las leyes
como si fueran un autobús, al que, una vez que está en marcha, se pueden
subir otras leyes que nada tienen que ver, de modo que se impide su
debate en el Congreso y se impide una discusión a la altura de las
modificaciones legislativas que comportan.

La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, senador.

El señor MARTÍ JUFRESA: Por ello, señoría, frente a una
necesaria ambición real de orientación urbana, frente a una ley orientada
a la renovación urbana, y no a la reactivación del sector de la
construcción, liderada por las administraciones públicas, esta ley no
ofrece casi nada, y por eso nuestro grupo parlamentario presenta este
veto a su tramitación.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, para la defensa del veto número 4, tiene la
palabra el portavoz socialista, Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

Señoría, ha transcurrido más de un año desde que el
Gobierno anunció una serie de medidas legislativas en el sector de la
vivienda para mejorar la sostenibilidad y la accesibilidad de los
edificios, y promover que la vivienda vuelva a ser un motor de
crecimiento de una manera sana y sostenible; he utilizado palabras
explícitas del Gobierno. Y cuando llega al Senado, después de un año de
anuncios, se tramita por el procedimiento de urgencia y ni siquiera se
agota el plazo de veinte días. Se estrangula así el análisis y el debate
que se debe realizar en el Senado, que además es muy necesario porque, a
pesar de la premura con que hay que trabajar, hemos presentado un gran
número de enmiendas. Más adelante, en el turno de defensa de enmiendas,
explicaremos la importancia que tienen para nosotros muchas de ellas. Ha
dicho portavoz que me ha precedido que han querido utilizar el
procedimiento de urgencia para modificar otras muchas leyes, que
simplemente han subido al autobús en marcha. En nuestra opinión, la han
convertido en una ley patera, y nos oponemos; no es forma de trabajar las
leyes ni de analizar los cambios que son necesarios.

Centrándome en el proyecto de ley que debatimos, los
elementos que justifican que el Grupo Parlamentario Socialista lo rechace
y que presente este veto son los siguientes: en primer lugar, el tema que
más nos preocupa es el impacto que puedan tener las obras de
rehabilitación en las familias que no puedan hacer frente a ellas, que
las puede llevar incluso al desalojo. Han presentado muchas disposiciones
que se alejan del pretendido objetivo básico de fomentar la
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, y que lo que
introducen son modificaciones normativas que, de aplicarse, pueden acabar
expulsando a los ciudadanos de menores rentas de los centros urbanos
cuando se inicien procesos de rehabilitación urbana, porque ustedes no
han tenido en cuenta qué puede ocurrir con esas familias. Es más, lo que
han hecho ha sido retirar la salvaguarda que había en la ley actual. Han
eliminado los límites que había para salvaguardar a las familias que no
tuviesen recursos de verse obligadas a entrar en un proceso de este tipo,
que podría incluso obligarles a desalojar su vivienda. Había dos límites:
uno, para poder obligar a hacer las obras de rehabilitación a las
familias, situado en 2,5 veces el Iprem, de forma que a las familias que
estuviesen por debajo de este límite no se les podía obligar a hacer
obras de rehabilitación; y otro, que, en caso de que aun con las
subvenciones el coste anual —y digo anual— de las obras
sobrepase el tercio de sus ingresos anuales, también quedarían excluidas
de la obligación legal de tener que hacer frente a las obras de
rehabilitación. Y ustedes, que al hacer esta ley estaban pensando más en
el negocio —como ha dicho también el portavoz que me ha
precedido—, más en los aspectos económicos, que en los aspectos
sociales, han suprimido estas garantías para las familias con menos
recursos y van a crear un problema donde no lo había, van a crear un
problema social. No entendemos que no atiendan a las enmiendas que hemos
presentado para salvaguardar unas mínimas garantías para las familias que
no puedan atender a los procesos de rehabilitación. Imagínese que una
familia que tenga unos ingresos de 1500 euros —que es la propuesta
que hacemos, de tres veces el Iprem— se vea obligada a hacer una
obra de rehabilitación en un edificio antiguo, con los costes que eso
tiene. Lo que proponemos es que, con las ayudas, no supere un tercio; o
sea, que si tiene que destinar 500 euros de sus ingresos mensuales a
pagar las obras de rehabilitación ya es suficiente ganando 1500, que le
queden

al menos 1000 para la familia. No estamos pidiendo ninguna
insensatez. Sin embargo, ustedes han borrado de un plumazo esa
salvaguarda.

Nos preocupa también que esta ley no tenga financiación. No
han recogido ningún elemento dentro de la ley que garantice que vaya a
haber inversión pública en rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas. Es más, todo el esfuerzo legislativo que hacen ustedes en este
proyecto de ley pone el foco del esfuerzo inversor en el sector privado,
en la parte privada; no hay compromiso del Gobierno en esta área, dicen
que ya está en su Plan de Vivienda y Suelo. La cantidad que prevén es
absolutamente ridícula: prevén 600 millones de euros, y ya veremos
después qué cantidades ejecutan. Ustedes me dirán: sí, al final sí que
hay inversión, sí que tenemos un esfuerzo previsto. Le voy a citar
textualmente la memoria que acompaña al proyecto de ley. En el análisis
del impacto presupuestario, señorías, se dice literalmente que el impacto
en los Presupuestos Generales del Estado de esta ley —que se llama
de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas— es nulo, no
generando ningún compromiso ni obligación económica. Esto es lo que dice
el Gobierno, no la oposición: lo dice el propio Gobierno en la memoria
que acompaña al proyecto de ley. Ustedes están reconociendo que no hay
ninguna voluntad de abordar este tema. Dicen ustedes que es una fuente de
creación de empleo muy importante y, sin embargo, dicen que no están
dispuestos a poner nada, ni el más mínimo esfuerzo; y lo ponen por
escrito, no es una opinión de un grupo de la oposición.

Nos preocupa también que se focalice todo el esfuerzo donde
creen que puede haber rentabilidad económica, y por eso no hablan de la
rehabilitación aislada. El proyecto se focaliza sobre todo en el
rehabilitación de edificios en las ciudades, de zonas degradadas de
ciudades, pero olvidan un elemento muy importante, donde se ha actuado
significativamente con anteriores planes de vivienda y suelo, que ha
llegado a muchos miles, decenas de miles de viviendas que se han
rehabilitado cada año; y, sin embargo, la rehabilitación aislada, que
sobre todo afecta al mundo rural, se olvida en esta ley y no se trata, no
se prevé nada para ella.

Hay otro elemento que nos preocupa mucho también: todo lo
relacionado con los ayuntamientos. Decía yo en el debate sobre el
proyecto de ley anterior que el Gobierno, siempre que puede, araña un
poquito a los ciudadanos insulares en el tema del transporte aéreo; pero
también, siempre que puede, en esta legislatura y en anteriores —he
sido alcalde y recuerdo las decisiones que tomaba el señor Aznar—,
procura ir quitándoles a los ayuntamientos lo que puede, también en
competencias. Eliminan el 30% de la reserva de VPO; permiten que pueda
ocurrir: que se pueda suspender durante cuatro años la obligación de
dejar el 30% de reserva para VPO. Como tuve ocasión de explicarles en la
ponencia, les recuerdo que los trámites del urbanismo son muy largos.
Aquí hay muchos alcaldes que saben que lo que estoy diciendo es de
sentido común. Yo he sido alcalde también, y la tramitación de cualquier
instrumento urbanístico es muy larga. Ustedes van a permitir que se pueda
dejar sin ejecutar el 30% de reserva de vivienda durante cuatro años, y,
cuando sea necesario, ya veremos con qué nos encontramos, porque todo el
que pueda lo hará.

Otro elemento que nos preocupa respecto a los ayuntamientos
es que volvemos a que suelos no urbanizados pasen por urbanizados, suelos
de periferia normalmente. Todo el que ha ejercido de alcalde sabe los
problemas que esto genera, las desventajas de equipamientos respecto a
otros barrios. Donde se hace de forma ordenada, se garantiza que hay
equipamientos, que hay plazas, que hay recursos para prestar servicios a
los ciudadanos; pero donde los suelos que eran de periferia se
consideraron automáticamente urbanos, todo eso desaparece —ahí está
la plusvalía del que está especulando y jugando con estas cosas—.
Los que tenemos responsabilidad de gobierno en los ayuntamientos
—de un color o de otro— sabemos que cualquier puerta que se
abra en este aspecto solo generará problemas en el futuro y problemas en
el presente.

Respecto a la eficiencia energética, este proyecto de ley
desaprovecha la oportunidad de hacer propuestas que apoyen la mejora de
los edificios y las inversiones en eficiencia energética, en ahorro
energético. Este es un problema que les preocupa a los ciudadanos, que
valoran muy negativamente la situación en la que están sus edificios. Sin
embargo, no hay apuesta decidida en ese sentido, no hay ninguna medida
contra la pobreza energética, no hay ninguna oportunidad de crear empleo
verde y desaprovechamos las oportunidades de impulsar determinadas
fuentes de energía renovable; una oportunidad desaprovechada, lo hemos
recogido en las enmiendas y lo explicaré luego.

No quiero terminar mi defensa del veto sin hacer referencia
a la igualdad. El urbanismo tiene mucho que ver con este asunto, cómo se
ordena el territorio y cómo se hace una planificación diferencial urbana
que permita atender las necesidades diferentes que tienen hombres y
mujeres. Aquí también citaré la

memoria; el Gobierno deja muy claro cómo resuelve el tema
de la igualdad y su preocupación por este asunto en el urbanismo. Dice en
la memoria de valoración de impacto que este proyecto no supone impacto
de género alguno ni en el fondo ni en la forma; ¡solventado! Y nos dice
además, señorías, que es positivo porque las mujeres, como viven más, se
van a beneficiar más de la accesibilidad cuando se den ayudas para poner
ascensores en los edificios. Y con eso da por comentado y analizado el
tema. Creo que, tras la explicación del Gobierno, huelga que yo haga
explicaciones más largas en esta intervención.

Para terminar, vuelvo casi al principio: también
presentamos el veto porque en la tramitación se han incluido una maraña
de modificaciones. Decían que hacían este proyecto de ley para reordenar
la normativa en la materia y, al final, lo que han conseguido es una
maraña de modificaciones legislativas que empeoran el marco jurídico
actual; llegan incluso a cambiar de sitio un artículo sin cambiar su
texto; ya me dirán la ventaja que tiene eso, aparte de la inseguridad
jurídica que puede generar.

En conclusión, creemos que hay suficientes temas y de la
suficiente amplitud como para que el Grupo Socialista presente este veto
y les pida a sus señorías que atiendan la propuesta que hacemos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, senador Mateu, por treinta minutos como máximo.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Buenos días, señora presidenta.
Muchas gracias, señorías, buenos días a todos.

Oyendo las críticas que han formulado en estos vetos,
parece que no están de acuerdo en la necesidad de una ley de estas
características, con las ventajas y beneficios que va a tener tanto en el
plano económico como en el social y en el medioambiental. Yo ahora
trataré de desgranar, sin usar todo el tiempo de que dispongo, los
argumentos del Gobierno, de los redactores de la ley, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, para rebatir sus planteamientos en
los vetos que han defendido.

La verdad es que la política del Gobierno en materia de
vivienda ha sido muy intensa. Les recuerdo que aprobamos recientemente y
que entró en vigor el día 6 de este mes la Ley de medidas de
flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, que en
uno de sus vetos es enormemente criticada, con el objetivo principal de
aproximar voluntades entre arrendador y arrendatario para facilitar el
alquiler y poner en el mercado muchas viviendas que ahora mismo están
desocupadas, de modo que España no se aboque solamente a la
compraventa.

Otra medida importante y muy trabajada por el Gobierno, y
que, como bien saben, está en vigor desde el día 11 de abril, es el Plan
Estatal de Vivienda, tan vilipendiado en cuanto a su aportación en la
memoria económica, que abarca un período importante, de 2013 a 2016, que
cuenta con una aportación pública de 2421 millones de euros, y orientado
también básicamente al mercado de alquiler y a la rehabilitación de
vivienda, antesala del proyecto de ley que estamos tramitando en estos
momentos. Es la tercera pata de este banco, y habrá otras medidas, desde
luego, pero es fundamental el proyecto de ley que estamos debatiendo hoy.
Este proyecto de ley trata de reconvertir el sector de la construcción y
de la vivienda, que digamos que ha estado mal enfocado en los últimos
años por no haber sido atendidas con las políticas existentes las
verdaderas necesidades del ciudadano. Y lo que se quiere ahora con esta
ley es corregir una serie de desequilibrios estructurales del sector y
que el dinero público que ha fluido en los años anteriores, que en forma
de ayudas han concedido tanto el Estado como las comunidades autónomas y
los ayuntamientos, vaya a las personas que realmente lo necesiten y,
desde luego, a atender la conservación, la accesibilidad, la eficiencia
energética y la sostenibilidad ambiental de nuestras ciudades.

Señorías, les recuerdo que en los últimos cincuenta años el
urbanismo español se ha centrado nada más que en generar nueva ciudad, en
generar nuevos asentamientos, nuevas poblaciones, y desde luego no ha
atendido en la debida proporción las tareas que ahora queremos resolver
de una manera eficaz para los ciudadanos españoles. No se han atendido
las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que
son, efectivamente, las tres claves fundamentales que se contemplan en
este proyecto de ley. Sabemos todos que la actuación sobre una ciudad ya
hecha es mucho más compleja y, desde luego, menos rentable. De ahí la
oportunidad de esta ley para garantizar que se vuelquen esfuerzos sobre
las tres erres con que denominamos esta ley: la rehabilitación, la
regeneración y la renovación urbanas. Y, desde luego, para impulsar y
apoyar —a pesar de sus críticas— al sector de la construcción
y

al de la vivienda, dándoles una nueva orientación para que
sean también motores, agentes o cabezas tractoras del impulso de la
recuperación económica española.

¿Por qué digo esto? En el periodo 2007-2012 desaparecieron
1,5 millones de puestos de trabajo en la construcción. En apoyo de los
argumentos del Gobierno para la aprobación de esta ley hay que decir que
tenemos cuarenta y cinco años con suelo suficiente y con una legislación
también suficiente para dar respuesta a las necesidades de construcción
de nuevas viviendas. En estos momentos se construye un 73% menos que en
2006. Y de los 25 millones largos de parque de viviendas que tenemos en
España, según el último censo del año 2011, un 20,3% se ha construido en
la última década, y un 17% aproximadamente es el nuevo parque de
viviendas vacías que hay en la actualidad. Por eso, señorías, en el orden
de la construcción de nuevas viviendas, creo que estamos totalmente
sobrados.

Pero, entrando en esa relación numérica de las necesidades
de la mejora de la eficiencia energética, tenemos que decir que más del
60% de ese parque tiene una antigüedad de entre treinta y cincuenta años,
cuando todavía no existía ningún marchamo de garantía de conseguir una
eficiencia energética. Son datos tremendos en los momentos actuales para
justificar más todavía la existencia de esta ley. Hay 85 532 viviendas en
edificios en estado ruinoso; 265 788 están en mal estado, y 1 380 531
están en un estado deficiente. Pero lo más triste en estos momentos,
señorías, y hasta da vergüenza recordarlo y mencionarlo, es que 156 208
viviendas carecen de servicio o aseo. No me dirán ustedes que no es
necesario un proyecto de ley de este tenor.

En poblaciones de más de 20 000 habitantes tenemos 624
barrios que están en pésimas condiciones de calidad de vida y
habitabilidad, lo que está afectando a más de 4 millones de personas.
Nuestros homólogos europeos dedican prácticamente el 41% de la actividad
del sector de la construcción a estas tareas de rehabilitación. Nosotros
nos hemos quedado atrás, pero casualmente la tipología de vivienda que
tenemos en España, la tipología de vivienda residencial de uso colectivo,
tiene un peso muy importante en el parque de viviendas de España, parque
que también está en la edad crítica para abordar todas las actuaciones
previstas en esta ley. Estamos hablando de que esas viviendas han sido
construidas entre los años 1940 y 1980.

Señorías, creo que estos datos y cifras son elocuentes y
son los que han movido al Gobierno de España a tratar de resolver esta
situación. Por eso el Gobierno presenta este proyecto de ley, porque la
legislación vigente, según han podido deducir ustedes de las cifras que
yo les he dado, no parece que haya dado una respuesta muy positiva a
estas operaciones de regeneración, rehabilitación y renovación urbanas.
Además, presenta lagunas importantes que tienen que ser resueltas para
permitir la eficacia de este proyecto, viabilidad técnica y, desde luego,
la económica en esta clase de actuaciones.

Por otra parte, señorías, también estamos inmersos en un
mundo global en el que estamos en íntimo contacto con nuestros paisanos
de la Unión Europea y sometidos a la denominada Estrategia 2020, que nos
obliga fundamentalmente a tres actuaciones importantísimas, cuales son,
por un lado, la reducción del 20% de las emisiones de gases invernadero
con respecto a lo que existía en el año 1990; señorías, tenemos que
reducir 26 millones de toneladas. También es necesario incrementar en un
20% la eficacia energética en su consumo final. E incrementar asimismo
las fuentes de energías renovables en otro 20%. De ahí la denominación de
esta estrategia. Y como dato último que apoya este compromiso del
Gobierno de España con la Estrategia Europea 2020, les recuerdo que según
el IDAE las viviendas españolas consumen el 17% de la energía final del
país y el 25% del total de la energía eléctrica.

Señorías, he escuchado atentamente todos los planteamientos
que han hecho ustedes aquí, del mismo modo que he leído atentamente el
veto que presentaron ustedes por escrito en el Senado. Y quiero decirles
que no acabo de entender por qué no apoyan este proyecto de ley en su
integridad, pero, por supuesto, señorías, respeto el trabajo que hacen
ustedes, siempre concienzudo, sobre lo que, dentro de su ideología o de
su estructura económica, o su estructura de país, o su estructura de
urbanismo, entienden para esta legislación.

Se han oído críticas, como que la Ley del mercado del
alquiler no facilita la puesta en el mercado de las viviendas que en
estos momentos están desocupadas, más de 700 0000. Desde luego, existen y
se abordan temas que el Gobierno cree que está haciendo en las
condiciones que debe hacer. Se dice que este proyecto de ley tiene una
visión economicista y especulativa, sustituyendo a otros tipos de
consideraciones de carácter integral —les haré en términos más
reducidos algunos comentarios al respecto—. Que hay perjuicios para
los propietarios por tener que adelantar las cantidades para la ejecución
de las actuaciones. Que hay un incremento —y me preocupa lo que
ustedes han dicho— del deber de conservación a cargo de los
propietarios de los inmuebles, generando a la vez un conflicto con

los agentes privados rehabilitadores. Que hay ausencia de
garantías en un tema tan social y tan trascendental, cuando creo que el
Gobierno del Partido Popular se caracteriza y se va a seguir
caracterizando por ese matiz social, que no es propio ni único ni
exclusivo ni reserva de los Gobiernos catalogados por sí mismos como de
izquierdas en materias de realojo. Ustedes aluden a una conversión del
espacio público en solares edificables aumentando indiscriminadamente esa
edificabilidad y el volumen, o bien la financiación de las
infraestructuras o financiación por medio de los ahorros amortizables.
Falta de participación de los habitantes en estos programas de
regeneración urbanística. También mencionan la falta de participación en
la elaboración de este proyecto de ley. Y la falta de participación de
los ciudadanos, como he podido leer en el informe de evaluación de los
edificios.

También me duele escuchar que todo se fía a la gestión de
la iniciativa privada y que no hay protagonismo de la Administración
pública o de los poderes públicos. Que sustituimos ese caudal de
plusvalías en el sector de la construcción por un caudal de plusvalías
dentro de lo que es la propia ciudad, cosa que rechazo tajantemente por
ese matiz de conciencia social de que dispone el Gobierno de España.
Dicen que se generan situaciones de exclusión social derivadas del tema
de los desalojos. Que hay un olvido de la rehabilitación de la vivienda
aislada —luego les comentaré algo al respecto para que vean que
están ustedes equivocados—. Una reducción de la reserva del 30% de
suelo para la construcción de VPO. Y aquí también les voy a matizar algo,
porque ustedes no consideran o valoran la evolución de las circunstancias
en el módulo del precio de la vivienda pública y el precio de la vivienda
libre, ni las dificultades que existen ahora mismo por parte de las
familias. Y, desde luego, en ese parque de 700 000 viviendas tenemos
también viviendas de protección pública. Se habla de la incorporación de
suelos que no disponen de servicios ni de infraestructuras urbanas como
suelo urbanizado. Que esto es un cajón de sastre, una ley ómnibus, para
colocar la regulación de otra normativa que, evidentemente, no tiene nada
que ver con este proyecto de ley, que aborda las tres erres:
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Desde luego, hay un
matiz importante que ha introducido el Partido Socialista, que es que el
Gobierno de España con esta ley no respeta ni tiene en consideración el
artículo 31 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres. Y añado que algunos de ustedes también han aludido
a que la certificación energética presenta grandes deficiencias.

Señorías, estos criterios, a mi modesto entender y al del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, carecen de todo basamento o
toda fundamentación en sus planteamientos. Con sus planteamientos, con el
veto en contra, de rechazo y devolución al Gobierno de este proyecto de
ley, ustedes no quieren considerar la trascendencia o importancia que
este tiene para la generación de empleo en nuestra España. Así, derivado
de estudios que ustedes conocen bien, por cada millón de euros invertidos
se generan dieciocho nuevos empleos directos; y con ese matiz que tiene
la inversión pública de generar un efecto multiplicador de entre tres y
cuatro veces la inversión privada, podemos decir que por cada millón de
euros de aportación pública invertidos se generan cincuenta y cuatro
puestos de empleos directos.

Con estos vetos ustedes pretenden el rechazo a esta ley, en
especial el Grupo Socialista, aunque Izquierda Unida no ha hecho el uso
debido en esta comisión del turno de defensa de su veto —está en su
perfecto y legítimo ejercicio—. Y yo les pregunto: ¿de qué pueden
presumir ustedes en los lugares donde han gobernado? ¿Qué logros pueden
presentar ustedes ante el pueblo español y ante sus ciudadanos por lo
conseguido con sus políticas de vivienda? Desde luego, señorías, yo creo
—y lo digo con todo respeto— que poco pueden poner ustedes en
la balanza de los logros conseguidos.

Por eso, señorías, sin ánimo de ser exhaustivo, puesto que
luego tendremos tiempo de sobra en el turno en contra, que nos servirá
para fijar bien las posiciones en el Pleno que se celebrará la próxima
semana, solo quiero dar un sencillo repaso, intentando entrar en
cuestiones un poco más concretas sobre los planteamientos que les he
escuchado a ustedes y que también he leído en los vetos que ustedes
presentaron en la Mesa del Senado con motivo de la tramitación de esta
ley.

Podemos empezar hablando de que esta ley está basada en una
triple visión: social, ambiental y económica, con lo cual no solo está
basada en una visión economicista, en una visión que deja al margen los
planteamientos o cuestiones sociales para una calidad de vida y un modelo
sostenible y competitivo —también ustedes lo argumentan en contra
en alguna de sus enmiendas— de lo que es la nueva ciudad, la
regeneración de la ciudad nueva.

Creo que también han hablado de la ausencia de una memoria
económica, de ausencia de financiación, de que la memoria económica
suponía un coste cero. Evidentemente, en esta ley no tenemos por qué
hablar de cantidades económicas, sino sencillamente hay que decir, como
he hecho al inicio de mi intervención, que este proyecto de ley y el Plan
de Vivienda 2013-2016 van de la mano, plan en el cual

hay una suculenta cantidad para realizar las tareas o
ejecuciones en las tres áreas que contiene esta ley. Además, he de
recordarles que el Plan 2013-2016 se ha hecho, por supuesto, en un
momento difícil para la financiación pública en la actual coyuntura
económica.

Ustedes argumentaban también que la reducción de la reserva
de suelo para vivienda protegida es un error, una barbaridad, que es
mejor tener preparado el camino para el futuro, pero yo les digo que,
desde luego, hay que darle al suelo urbanizado la normativa que le
corresponde de acuerdo con su realidad, que nada tiene que ver ahora
mismo con lo que son los suelos urbanizables, en los que está actualmente
todo por desarrollar de una manera ex novo.

Legislación ómnibus. Yo me sorprendo, señor Fernández
Ortega —y se lo digo con todo el afecto y aprecio que sabe que le
tengo—, porque en su momento ustedes propiciaron un marco de total
caos legislativo. Ustedes mezclaron la Ley de Economía Sostenible con un
decreto largo de nombre del año 2008, y lo mezclaron también con la Ley
del suelo del 2008. En fin, no entiendo por qué ustedes hablan de estos
temas. Desde luego, si incluimos las reformas para que afecten a otras
normas es porque eso deriva de la necesidad de acometer modificaciones en
otras normas, y creo que todos ustedes son capaces de entender que tienen
un carácter accesorio totalmente a la ley. Por eso, si se incorporan a
una ley es por premura, para regular mejor y dar mejor bienestar a los
ciudadanos, y desde luego no se mezclan con lo que es el objeto propio de
esta ley.

Se habla también de maquinaciones especulativas o de
negocio conforme a la generación del suelo. Usted sabe, como máxima, que
es principio del derecho urbanístico español el equilibrio de que ninguna
actuación urbanística puede generar más cargas que beneficios. Desde
luego, eso lo conocen ustedes; y usted, señor Fernández Ortega, conoce
bien el urbanismo debido a su antigua responsabilidad como alcalde. Y no
contravenimos, por supuesto, nada de lo dispuesto en el artículo 47.

A la iniciativa privada se la impulsa y se la anima porque
es otro de los factores fundamentales para la financiación de estos
proyectos contemplados en esta ley. Y el poder público, las autoridades
administrativas, quiere que la financiación privada entre acompañada de
la potestad pública, porque, si no, desde luego no entrarían por sí
solos. Y si no entra también la iniciativa privada en la Administración
pública, ¿qué quieren, que dejemos en manos de la subvención pública o
del coste que genera a los propietarios todas estas actuaciones? Desde
luego, señorías, por esa labor no anda el Partido Popular.

Viviendas aisladas. Evidentemente, el Gobierno para nada se
olvida en esta ley de la rehabilitación de las viviendas aisladas.

En cuanto a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,
en los argumentos que sustentan su veto no indican en qué no se ve esa
igualdad, y el Partido Popular, el Gobierno de España, es sumamente
escrupuloso en el mantenimiento de esta igualdad. Y con respecto a lo que
usted decía de que el impacto económico lo despacha el Gobierno en la ley
argumentando nada más que favorece a las mujeres porque en definitiva no
tenemos otros argumentos, pues yo creo que es una de las partes de la
igualdad de la mujer atendiendo al principio de longevidad de los hombres
con respecto a las mujeres.

Ustedes también han criticado el proyecto de Eurovegas, y
yo entiendo que puede ser magnífico para la economía española actual.
Quiero recordar que ahora mismo en Cataluña se está gestionando otro
proyecto con Barcelona World, con el que también se quieren establecer
una serie de sinergias y la creación de empleo en base a ciertas
actividades allí realizadas.

Señorías, voy terminando. Quiero decirles que el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado va a votar en contra de estos vetos, y
creo que los motivos que les he dado son de suficiente peso para hacerlo
así. Desde luego, ya tendremos oportunidad de tener un debate más amplio
y profundo, como he dicho antes, en el Pleno de la próxima semana.

Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias,
señorías, por su atención.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pasamos ahora al turno de portavoces, siguiendo el orden de
menor a mayor, y por tiempo de cinco minutos.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.) No
interviene.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones.)
Tampoco interviene la senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el señor Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, señora presidenta.

¿Ley de rehabilitación, regeneración y remodelación urbana?
Sí, pero bien, señor Mateu. Y lo bueno es enemigo de lo rápido. Las
prisas son malas consejeras. La urgencia no tiene ningún sentido en la
tramitación de esta ley. Y usted no me ha contestado, solo ha esbozado la
necesidad de crear empleo. Pero no puede decirme que los tres meses que
se podrían haber añadido perfectamente a esta tramitación fueran a
cambiar nada, y en cambio podrían haber mejorado muchísimo.

Dinero que apoya siguiendo el plan de vivienda: 650
millones de euros al año para todo el plan de vivienda, que incluye el
alquiler, la rehabilitación y otras medidas. ¿Usted considera que eso va
a ser la locomotora de una ley como esta? Seguro que no, señor Mateu,
aunque usted pueda decir que sí.

En los últimos cincuenta años no se ha hecho nada bien en
España en materia de rehabilitación, no hay logros conseguidos en el
pasado en estos campos. Lo siento, pero eso no es verdad. Tampoco vamos a
empezar de cero, no estamos descubriendo la sopa de ajo. Sí hay
experiencias positivas que podrían servirnos de ejemplo. Y, ya que usted
ha dicho explícitamente que no había ninguna, voy a reivindicar las que
conozco: Barcelona, que puedo poner sin ningún tipo de rubor como ejemplo
de una experiencia altamente positiva. La conocida como Ley de barrios
del Gobierno de Cataluña es otra experiencia absolutamente positiva y,
por descontado, en las antípodas de Eurovegas, señor Mateu, que no tiene
nada que ver con un planteamiento ni de rehabilitación ni de remodelación
ni de renovación urbanas, sino que es todo lo contrario, supone estimular
un urbanismo que nada tiene que ver con esa filosofía que ustedes ahora
defienden con tanto ahínco. Y de paso le diré que el Barcelona World,
que, entre otras cosas, no debería llevar el nombre de Barcelona, es un
auténtico desastre que mi grupo no apoya para nada; ni Eurovegas, ni
Barcelona World, ni ninguna otra iniciativa de falso crecimiento basado
en la especulación urbanística y en la especulación que representa el
juego. Se lo digo con todas las letras, por si no había quedado
claro.

Segundo elemento. Usted dice que vayamos más allá de hablar
solo de economía, y cita la visión social, ambiental y económica. Pero es
que esta ley es una ley urbana, señor Mateu. Se deja lo más importante:
que la visión central que debe guiar una ley como esta es la visión
urbanística, la visión de enfoque urbano. Una ley como esta configura, o
debería configurar, un modelo urbano, formas de entender la vida en común
que se organizan a partir de las ciudades y de los tejidos urbanos en los
que todos y todas vivimos. Y en este sentido ustedes tienen miras cortas.
Ya lo ha dicho: prisas, rapidez, eficacia. Pues no. Lo que hace falta
aquí es ambición real, trabajo en profundidad y bien hecho para lograr
transformaciones urbanas que sean productivas e interesantes desde el
punto de vista del desarrollo económico, pero, sobre todo, con una visión
integral de desarrollo colectivo y humano.

Y, señor Mateu, a lo mejor no puede contestarme ahora y lo
hace después o en los turnos del Pleno, pero no acabo de ver cómo
funciona esta ley, dónde está la gasolina, cómo se van a mover realmente
los procesos de transformación, más allá de si estoy de acuerdo —en
este caso ya sabe que no— o de las consecuencias negativas que
podría llegar a tener. ¿Cómo funciona esto, señor Mateu? No consigo
entenderlo. ¿Dónde está la gasolina que va a hacer que haya una auténtica
rehabilitación, renovación y regeneración urbanas a partir de esta ley?
Si no hay dinero público suficiente, si no hay capacidad privada que no
esté basada en un aprovechamiento, que va a ser minúsculo o tangencial,
de plusvalías que hasta ahora no existían, ¿dónde va a estar la fuerza de
transformación?

Y termino con lo que hay que terminar, señor Mateu. ¿Los
errores del pasado justifican los errores de ahora? Si el Gobierno del
Partido Socialista se había equivocado, ¿ustedes están autorizados para
pervertir la tramitación parlamentaria y volver a equivocarse? ¿Qué
argumento es este, señor Mateu? ¿Por qué esta ley es una ley ómnibus?
Todavía no nos lo ha explicado. ¿Ha dicho usted que los temas que se
adjuntan tienen carácter accesorio? ¿Que los tabacos y el transporte
aéreo tienen algo que ver con lo que estamos discutiendo? Señor Mateu,
por favor, no dé estos argumentos, porque si los da al final voy a llegar
a la misma conclusión del principio: que a ustedes en realidad todo esto
les importa poco. Había una idea que despachar de manera rápida, sin
demasiada importancia, y pasar un trámite. De paso, nos sirve para
cargarle otros temas que seguramente sí les interesan más, y al final,
una ley inconsistente y vacua que desgraciadamente va a ser de nuevo una
oportunidad perdida en políticas de vivienda.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

¿Por el Grupo Catalán en el Senado Convergència i Unió?
(Denegaciones.) No hace uso de la palabra la senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

Decía el portavoz del Grupo Popular que no nos quejemos de
que esta sea una ley patera, porque ya en otras ocasiones se han
introducido temas que no correspondían con la ley. Sí, pero este tema ya
se discutió. Ustedes lo llevaron al Constitucional, ustedes ya
reclamaron, con lo cual, aplíquenselo.

Empezando por donde ha terminado mi compañero Carles, hay
que decir que ustedes han incluido en esta ley la ordenación del mercado
del tabaco para que puedan ponerse nuevos estancos, nuevas expendedurías
de tabaco en los edificios públicos. Han incluido aquí la necesidad de
regular los planes de asistencia a las víctimas de accidentes aéreos. Se
han metido con la bonificación de las tarifas. Con esta ley han entrado
en la estructura de los presupuestos de las entidades locales. Y en
diecisiete o dieciocho días la vamos a tramitar en el Senado. Nosotros
creemos que esto es una barbaridad y les estamos pidiendo que lo hagan
con sensatez. Y ese es uno de los motivos que nos lleva a pedirles el
veto a esta ley, algo que creo que es bastante razonable.

Ha dicho usted que el PP también tiene conciencia social y
que esta ley no es economicista. Con respecto a los desahucios por la
rehabilitación de edificios, ustedes han suprimido la salvaguarda que
había en el deber de conservación para las familias con menos ingresos.
Eso lo han quitado. No es que se les haya pasado, es que lo han borrado
de la ley. Han suprimido —repito— la salvaguarda que había. Y
como no les parecía suficiente con suprimir la salvaguarda, encima
legislan en esta ley diciendo que en el caso de que una familia no haga
frente a ese deber se puede llevar incluso hasta el 75% del coste de
reposición lo que se les puede cargar a los propietarios respecto del
deber de conservación.

Está claro que están tomando las decisiones apostando por
que se haga la rehabilitación se pueda o no se pueda, y a nosotros no nos
parece razonable. Piensen sobre todo en el centro de las ciudades, en la
parte histórica, donde vivan familias que con los problemas de paro que
hoy existen no puedan atender a un proceso de rehabilitación del edificio
con los ingresos que tienen. Y con las condiciones que ustedes han puesto
en la ley, o lo atienden, o fuera de su vivienda. Eso es una barbaridad.
Y no pensemos solamente en la gente que es propietaria de la vivienda,
porque también por no poder hacer frente puede haber personas que se vean
obligadas a dejar los contratos de alquiler que tuvieran con las
condiciones de ese contrato. Quiero decir que esto tiene una amplia
repercusión.

Antes Carles decía que no veía la gasolina por ninguna
parte para este proyecto de ley. Yo he encontrado la gasolina, y lo he
dicho en mi primera intervención, en el deber de conservación. Ustedes
han fiado al esfuerzo particular la inversión que sea necesaria. En esta
ley prácticamente todo está reglamentado para que se apoye en el deber de
conservación de los propietarios. No hay un impulso del Gobierno, no hay
un compromiso. Y, claro, usted lo referencia a su plan de vivienda y
suelo. Pues tengo que decirle que sus señorías se quedarán sorprendidos
cuando comparen las cifras, porque no es ya que sean muchos menores que
las cifras de los Gobiernos socialistas, sino menores que las del último
plan de vivienda y suelo que hicieron ustedes cuando estaban en el
Gobierno, el Plan 2002-2005. Un tercio menor. El Plan 2002-2005
contemplaba 3300 millones, y este, 2400. Es un 30% menor el esfuerzo que
hace el Estado respecto del Plan de 2002. Aquí, efectivamente, no hay
gasolina, no hay ningún esfuerzo público para apoyar este tipo de
proyectos de rehabilitación.

Además, estamos vendiendo que estamos apostando por el
empleo. Pero, claro, con este nivel de inversión, las cifras que dan son
auténticamente ridículas. Usted ha dicho, y así aparece en la memoria de
impacto de este proyecto de ley, que por cada millón de euros de
inversión pública se generan dieciocho nuevos empleos. Pues con las
cuentas que tienen ustedes se van a ir a diez mil empleos en cuatro años.
¿Hacen falta muchas alharacas para vender eso? Y eso suponiendo que
cumplieran con toda la inversión que tienen prevista y con la inversión
añadida, que se multiplica, de los particulares. Son cifras que no
podemos aplaudir. Nosotros creemos que hace falta actuar. Usted mismo ha
dicho que hay millones de viviendas que necesitan una actuación de
rehabilitación, y nosotros creemos que habría que fijar el reto de que se
interviniera en 240 000 viviendas al año. Estaríamos actuando sobre el 2%
de las viviendas que necesitan intervención, ya que hay 12 millones de
viviendas con más de 30 años. Con ese 2% de intervención anual —y
no estoy diciendo nada desproporcionado—, y teniendo en cuenta que
hay 12 millones de viviendas en nuestro país de más de 30 años, con una
inversión media de 36 000 euros estaríamos generando una actividad
económica de 8640 millones y 175 000 empleos cada año. Entonces sí
estaríamos hablando de cifras significativas y de un impulso económico
verdaderamente importante. Pero las cifras en las que usted está fijando
esta ley apoyada en su plan de vivienda y suelo

son absolutamente ridículas porque no van a servir para
actuar. Criticaba usted y se preguntaba cómo hemos llegado hasta aquí;
imagine lo que pasará dentro de unos años con el ritmo de inversión que
están proponiendo.

Y por no alargarme más haré solo una referencia a la
apuesta que desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos hecho para que
esta ley se focalizara aún más en la eficiencia energética, conscientes
de que España no ha cumplido el compromiso global del protocolo de Kioto
en cuanto al sector de la vivienda y la energía que se consume en los
edificios, porque las emisiones de gases de efecto invernadero por uso de
la energía de los edificios han pasado del 16% en 1990 al 21% en el 2005,
y por tanto, son necesarias políticas más agresivas para controlar y
mejorar la eficiencia energética de los edificios. Creemos que esta ley
era una oportunidad que se ha desaprovechado y también una causa más para
presentar nuestro veto.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado tiene la
palabra el senador Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, señora presidenta. Buenos
días de nuevo.

Señor Martí Jufresa, la urgencia es la que determina la
situación que tenemos en España y hay que ponerse a trabajar ya en esta
materia de la rehabilitación, regeneración y renovación urbana. En cuanto
al dinero, evidentemente lo previsto: aportación pública en el plan
2013-2016 y la aplicación de unas fórmulas existentes. En la memoria de
la ley y en el proyecto vienen perfectamente establecidas algunas otras,
como pueden ser, por ejemplo, la economía de escala que se puede obtener
en la rehabilitación de edificios más que hacerlo en las viviendas de
forma aislada; posibles medidas técnicas y jurídicas para procurar que
las operaciones de rehabilitación sean rentables, generen sus propios
recursos y sean capaces de conseguir capital privado; convenios, cesiones
o arrendamientos de espacios. Y es que hay una serie de cuestiones que no
solo se basan en la aportación que establece el plan de vivienda.

Salvo que me haya equivocado, y en tal caso le ruego acepte
mi rectificación, yo no he dicho que en los últimos 50 años no se hubiera
realizado ninguna actividad de rehabilitación, sino sencillamente que ha
habido una desproporción entre lo dedicado a la nueva vivienda y lo
dedicado a la rehabilitación. Hay ejemplos muy interesantes y muy buenos
en muchos territorios de España, por eso creo que no me ha entendido. Es
una pena que no quieran ustedes lo de Barcelona World, porque desde luego
la palabra Barcelona unida a World, que significa mundo, supone hacer
patria y es una pena, repito, que no lo apoyen.

En cuanto a la gasolina, ya les he explicado de dónde
vienen los fondos o la financiación, y desde luego creo que ha sido usted
demasiado beligerante, demasiado vehemente respecto del contenido de esta
ley. Yo le aseguro, señoría, que en la presentación de este proyecto de
ley hay una sanísima y buenísima intención hacia los ciudadanos españoles
y por ello le ruego que analice esa dureza con la que se ha manifestado
usted en su intervención, porque creo que no estaba muy justificada. Se
lo digo con todo respeto, afecto y cariño. No quiero que esto redunde de
ningún modo en nuestra relación.

Señor Fernández Ortega, en cuanto a la ley patera, esta ley
no es algo que haya imaginado uno de esos magníficos funcionarios que
existen en el Ministerio de Fomento para hacer un anteproyecto, sino que
sencillamente esto ha sido parido dentro de un equipo gubernativo en el
que interviene fundamentalmente una parte de la Administración pública
española, que creo que es un cuerpo muy prestigioso y muy capaz, como es
el de la Abogacía del Estado. Con lo cual sí se aprovecha una ley ómnibus
para renovar otras materias que urgen en este momento en España, y creo
que a pesar de eso que decía usted sobre esa sentencia del Tribunal
Constitucional, no íbamos a ser tan pueriles como para saltarnos a la
torera una sentencia del Constitucional. Nosotros siempre respetamos lo
que dice el Tribunal Constitucional a diferencia de alguna otra comunidad
que en algún supuesto no ha querido atender sus dictados.

Entiendo que le preocupe a usted el tema de gravar a esas
familias que ahora mismo no tienen los fondos suficientes como para
afrontar las tareas de rehabilitación y conservación. El Gobierno del
Partido Popular recoge lo mismo que había antes, que es el hecho de que
el deber de conservación se encuentra implícito en la legislación
urbanística anterior, y que nunca se han condicionado esas tareas a la
renta del propietario, porque le quiero recordar que el plan de viviendas
dispone de hasta 4000 euros para conservación; hasta 4000 euros para
accesibilidad y hasta 5000 euros para mejorar la eficiencia energética. Y
hay una máxima en esta ley según la cual donde no lleguen los dineros del
particular, estará

la Administración con esas fórmulas innovadoras de
colaboración público-privadas, señor Fernández Ortega. Por ello he de
insistir en que desde luego esta ley no sale para que se esfume como el
humo, sino que tiene un fundamento económico suficiente como para
realizar las actuaciones en ella previstas.

Para rebatirme las cuentas que yo le hago en cuanto a las
viviendas de más de 50 años, utiliza usted uno de los varios informes
existentes al objeto de determinar qué número de puestos de trabajo se
crean, y usted ha utilizado precisamente reflexiones sobre la
rehabilitación de edificios de Garrigues y yo otro sobre el Impacto
económico de las políticas de rehabilitación del Plan estatal de vivienda
y rehabilitación 2009-2012; hay otro informe, el WWF de 2012 y otros
varios. Pero usted está arrimando el ascua a su sardina, aunque es lícito
utilizar varios de estos informes para justificar sus planteamientos.
Dice usted que este Plan de vivienda 2013-2016 tiene poco fundamento
económico y que tenían más los anteriores, pero es muy fácil escribir en
barra de hielo porque luego se derrite. Por eso, señor Fernández Ortega,
debo decirle con todo el respeto del mundo que esta ley es la que ahora
mismo necesita España y tiene ese fundamento económico que ustedes están
siempre rebatiendo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Mateu.

A continuación pasamos a votar las propuestas de veto.

Propuesta de veto número 1, de los senadores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de los senadores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores
Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla
Aguilar, Sabaté Borràs y Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4 del Grupo
Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Señorías, tal como ya comentamos antes, se suspende la
sesión, que se reanudará a las cuatro de la tarde en esta misma sala para
el debate de las enmiendas presentadas a este proyecto de ley.

Eran las catorce horas y cuarenta minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

La señora PRESIDENTA: Vamos a continuar la comisión con el
debate del dictamen del proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas. Tal como habíamos acordado por la mañana, vamos a
debatir esta tarde las doscientas cuarenta y cuatro enmiendas, que se
distribuyen de la siguiente forma: enmiendas números 1 a 47, de los
senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal
Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, un total de cuarenta y siete
enmiendas, que se han dado por defendidas esta mañana; enmiendas 182 a
209, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, un total de veintiocho
enmiendas; enmiendas números 48 a 132, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, un total de ochenta y cinco enmiendas; enmiendas
210 a 244, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, un total de treinta y cinco enmiendas; y enmiendas 133 a 181, del
Grupo Parlamentario Socialista, un total de cuarenta y nueve
enmiendas.

Vamos a comenzar el debate por orden de los grupos de menor
a mayor. Como he comentado, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto
se han dado por defendidas.

Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado, tiene la palabra la senadora Iparragirre Bemposta, por
tiempo de quince minutos.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias. Buenas
tardes.

El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado considera que el
Proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
incorpora medidas interesantes desde el punto de vista de la reactivación
económica del sector de la construcción.

Compartimos la necesidad de adaptar la legislación a los
criterios europeos de eficiencia energética —como se ha ido dicho
esta mañana—, y como punto de partida estamos de acuerdo en crear
nuevos instrumentos orientados a la rehabilitación en materia
urbanística, así como en flexibilizar los existentes, y, como no puede
ser de otra manera, también en la implementación de medidas en favor de
la adaptación a los criterios básicos de accesibilidad para las personas
con discapacidad o con movilidad reducida.

Pero, desde nuestro punto de vista, el texto propuesto
manifiesta debilidades que, en opinión de este grupo, deberían ser
mejoradas con la incorporación de las enmiendas propuestas.

Las enmiendas que mi grupo presenta son en su mayoría, a
pesar de que hay algunas que no entran dentro de este grupo, relativas al
ámbito competencial; más bien a lo que nosotros entendemos por invasión
de ese ámbito competencial. Entendemos que este proyecto que hoy se trae
a debate invade competencias que, en nuestro caso, son exclusivas de la
Comunidad Autónoma de Euskadi. Es cierto que el texto contiene algunas
mínimas referencias a esas competencias autonómicas, pero no repara por
ello lo antes mencionado, porque según los términos del texto del
proyecto, lo que se plantea es el diseño de una política de vivienda
urbanística y de ordenación del territorio de carácter uniforme y
unitaria para el conjunto del Estado que limita el diseño de políticas
públicas en esta materia por las administraciones territoriales que han
asumido competencias exclusivas en esos sectores.

Por lo tanto, con esta explicación un poco general, y
entendiendo que algunas de las enmiendas que presentamos no se ciñen al
ámbito competencial, con esta valoración doy por defendidas el grueso de
las enmiendas. Pero no quisiera terminar sin antes mencionar que vamos a
retirar dos de las que hemos presentado, las números 188 y 191.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Interviene a continuación el portavoz
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, el señor Martí
Jufresa, para la defensa de las enmiendas 48 a 132.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Voy a hacer un breve resumen de las enmiendas más
destacadas que hemos presentado, evidentemente en coherencia con el veto
y con las explicaciones que hemos aportado al porqué de este veto, siendo
las enmiendas aportaciones parciales al respecto. En coherencia con ello,
la mayoría de ellas son enmiendas de supresión, que presentaré, muy
brevemente, en seis bloques.

El primer bloque tiene que ver con el apartado de
definiciones, en el que hemos querido hacer algunas precisiones. En
particular me gustaría subrayar la idea de supresión del concepto
competitivo, que creemos que en este contexto no se justifica; en un caso
presentamos la supresión, y en el segundo la sustitución por «funcional».
A nuestro entender, también hay una definición equivocada del concepto de
vivienda colectiva.

El segundo bloque, mucho más clave, tiene que ver con todas
aquellas enmiendas que pretenden volver a los textos originales y, por
tanto, evitar reformas que, a nuestro juicio, van a llevar a un impacto
urbano equivocado en nuestras ciudades y municipios; van a llevar a
hipotecas que, según cómo, podrían llegar a ser pesadas en el futuro en
términos de políticas de vivienda y de urbanismo. Tiene que ver con la
disposición transitoria segunda, que permite la eliminación de la VPO por
cuatro años, y la disposición final duodécima, de modificación de la Ley
de Suelo, en concreto en los puntos tres, seis, siete y diecinueve, que,
de alguna manera, contribuyen a desposeer de recursos en el futuro, para
políticas de suelo o vivienda y urbanismo, a los municipios; tiene que
ver con la iniciativa pública y privada en las actuaciones de
transformación urbanística y edificatorias, con la rebaja en la cesión de
vivienda pública del 30 al 10% en algunos casos, con excesos de laxitud
—a nuestro entender— en la caracterización de lo que se
considera suelo urbanizado, y con las rebajas en los aprovechamientos
para los municipios.

Un tercer bloque tiene que ver con evitar efectos perversos
—como hemos señalado al principio— de este tipo de
transformaciones urbanísticas empujadas únicamente por una iniciativa
privada, que forzosamente va a querer maximizar sus beneficios, puesto
que es la única manera de darle viabilidad y rentabilidad a estas
operaciones y, por tanto, evitar que las personas y las familias con
rentas más bajas se vean altamente perjudicadas por este influjo.

Estas enmiendas tienen que ver con el artículo 12 y con la
disposición final primera, de modificación de la propiedad
horizontal.

El cuarto bloque tiene que ver con lo que he comentado esta
mañana en el sentido de tener mucho más en cuenta a las comunidades
autónomas y a los ayuntamientos en algunos de los procedimientos y de las
disposiciones; en particular, en este caso, harían referencia a los
artículos 4 y 9.

En el quinto bloque hay una enmienda que nos parece
importante de cara a añadir especificaciones en el artículo 4 de los
informes de evaluación de edificios.

Y finalmente, el sexto bloque tiene que ver con suprimir
las trece disposiciones finales, absolutamente impropias y que nada
tienen que ver con esta ley y, como hemos dicho antes, de ningún modo se
justifica que consten en este proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Martí.

Para la defensa de las enmiendas 210 a 244, tiene la
palabra la portavoz de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, la señora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gracias, señora presidenta.

Las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Catalán
en relación con el proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas básicamente van en la línea de la planificación y
ejecución de estrategias para fomentar un cambio cultural en relación con
la rehabilitación y el mantenimiento de los edificios, respetar la
nomenclatura en relación con las viviendas que establece la legislación
de las comunidades autónomas en esta materia e incluir que las políticas
públicas no se dirijan únicamente hacia un espacio urbano accesible y
eficiente en el consumo de agua y energía sino también en las
viviendas.

También es importante para nosotros la periodicidad con la
que se evalúa el estado de los edificios, que se regula en la legislación
de las comunidades autónomas.

Además, se propone también en alguna de ellas sustituir la
expresión ordenación para la promoción, y refieren la regulación de su
iniciativa de forma genérica a las actuaciones de rehabilitación
edificatoria.

Otras razones son las expresadas en cuanto a mantener las
competencias autonómicas sobre ordenación territorial y urbanística,
porque lo que se regula es reiterativo en la parte que puede incluir el
conflicto competencial.

En el mismo sentido, otras enmiendas tratan de establecer
una regulación genérica de las actuaciones de rehabilitación
edificatoria, considerando que las de regeneración urbana sí se sujetan a
la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.

En el mismo sentido, también presentamos unas enmiendas en
relación con la línea de crédito ICO para financiar las inversiones y
especificar más cuándo las entidades urbanísticas de conservación están
sujetas a la Ley de propiedad horizontal.

En otra enmienda se recoge que los estatutos establezcan
distintas categorías de elementos comunes de forma diferenciada a como lo
hace la ley; por ejemplo, que en los estatutos se pueda recoger que el
ascensor es un bien común particular de las viviendas o que la puerta del
garaje es un bien común particular de las plazas del garaje. Es
conveniente abrir expresamente dicha posibilidad para evitar discusiones
estériles y dotar su seguridad jurídica en una norma que, por su
vocación, tiene que procurar evitar conflictos en lugar de
provocarlos.

Hay diferentes modificaciones. Quizá la más importante es
ampliar de tres a cinco años el período en el cual la comunidad tendrá
preferencia en el cobro de las cuotas impagadas respecto a otros
deudores.

En otra enmienda se facilita la toma de acuerdos para poder
hacer obras con el fin de instalar infraestructuras, telecomunicaciones,
suministros eléctricos, energía renovable…

En definitiva, estas son algunas de las enmiendas
presentadas, sobre las que insistiré en otro momento.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Candini.

Para la defensa de las enmiendas 133 a 188, tiene la
palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el senador
Tovar.

El señor TOVAR MENA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el portavoz de mi grupo parlamentario en esta
comisión ha tenido esta mañana la oportunidad de explicar en la defensa
del veto a este proyecto de ley nuestra posición y lo importante que es
para la ley —y, por lo tanto, para todos los ciudadanos de este
país— que ustedes incorporen algunas de las propuestas que los
diferentes grupos hacemos a través de nuestras enmiendas.

El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, cumpliendo
con su obligación, ha presentado alrededor de cuarenta enmiendas con el
fin de mejorar la forma y el fondo de esta futura ley; y lo hacemos con
la esperanza de que el Grupo Parlamentario Popular entienda que la
oposición está para aportar y que seguro que parte de estas aportaciones
se pueden asumir tanto por el Grupo Parlamentario Popular como por el
Gobierno al que sustentan.

Presentamos seis enmiendas al preámbulo de este proyecto de
ley, y la primera es al propio título porque estamos convencidos de que a
este proyecto, cuyo título habla de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas, hay que añadirle la palabra eficiencia energética.
Estamos convencidos de que una ley de rehabilitación y de regeneración
que no vaya acompañada de una parte importante de eficiencia energética
para esos edificios sobre los que en el futuro se va a intervenir será
desaprovechar una oportunidad única. No se trata ya solo de la palabra
que corresponde a las formas, sino del fondo, que hemos podido comprobar
después de leer detenidamente este proyecto de ley que no atiende mucho a
esa parte que, como decía anteriormente, para nosotros es fundamental.
Este proyecto debería estar impregnado de eficiencia energética y, sin
embargo, no es así.

Como decía, hemos presentado seis enmiendas a esta parte
del proyecto de ley y he de destacar la número 135, de adición, donde
planteamos añadir un párrafo para garantizar que el informe de evaluación
de edificación sea homogéneo en todo el Estado español. De la lectura de
esta ley se desprende que pudiera no serlo y es fundamental que en todo
el Estado español tengamos un informe único, en el sentido de que sea
homogéneo.

En la enmienda número 137 planteamos la inclusión de
artículos en los que se analice cómo resolver la pobreza energética, que
es un problema grave en nuestro país y nos tememos que puede ser aún
mayor en el futuro. Directivas europeas como la 2009/72 o la 2009/73 se
refieren ampliamente a él y a través de ellas se pueden buscar las
fórmulas para ir resolviendo ese problema que se está dando ya, como les
decía, y que seguro será mayor en el futuro, muy a nuestro pesar,
evidentemente.

La enmienda número 138 es de supresión. Entendemos que no
se puede asumir que suelos que en estos momentos no son urbanos, que no
tienen las dotaciones como suelos urbanos, puedan pasar a ser
considerados como tales. Esto crea graves problemas, fundamentalmente en
los municipios. Estimamos que esa incorporación es una de las partes más
importantes cuando se habla de filosofía en la ley, y entendemos que a
través de ella pudiera darse esa circunstancia.

Pasamos ya al articulado, donde nuestro grupo plantea un
total de once enmiendas. También intentaré hacer un resumen de las que
para nosotros son más importantes.

La número 139, de modificación, la presentamos porque
entendemos que el concepto de sostenibilidad entra en contradicción con
el de competitividad. Más adelante volveremos a hablar y a insistir en
este asunto porque, sinceramente, todo lo relacionado con la
competitividad a la que hace alusión esta ley no solo no queda claro,
sino que nos preocupa cómo puede ser interpretado en el futuro.

Lo mismo ocurre con la enmienda número 140, que presentamos
para que quede claro a qué se refiere el proyecto de ley cuando habla de
carga desproporcionada. ¿Dónde está el límite de la carga
desproporcionada? ¿Quién decide cuándo lo es o cuándo no? En esta
enmienda intentamos marcar con claridad los límites y planteamos que esa
carga desproporcionada vaya en función de las características de la
persona o entidad afectada, de los costes de la medida, de las ayudas que
se puedan recibir, y que todo ello debe plasmarse en la memoria del
proyecto o en la memoria justificativa del Código Técnico de la
Edificación, es decir, que haya un técnico que, efectivamente, esté
detrás de todo ese informe y de toda esa valoración.

La enmienda número 142 pretende una modificación para
eliminar el término competitivo en función de lo que le decía hace solo
unos minutos, ya que no se aclara en ningún momento su significado ni
entendemos que sea necesario para los objetivos que supuestamente
persigue esta ley.

A través de las enmiendas números 143, 144 y 145 queremos
adaptar la terminología a la Ley de igualdad de oportunidades. También
queremos indicar aspectos importantes que deben ser incluidos en el
informe de evaluación de edificios. Asimismo, queremos proporcionar mayor
seguridad jurídica a este anteproyecto de ley.

Con la enmienda número 146 queremos dejar clara la
participación de los ayuntamientos, al menos su derecho a la información.
Nos parece muy bien ese censo económico al que hace alusión el proyecto
de ley, pero se olvida de que los municipios tienen no solo
responsabilidad, sino también competencia en todo lo que esta ley está
definiendo. Por lo tanto, nos gustaría que fuera obligatorio que las
comunidades autónomas pasaran un censo a cada municipio de todos los
edificios que ellos han catalogado con algún tipo de problema.

La enmienda número 148 la consideramos realmente
importante, puesto que aquí no quedan claros los límites económicos a la
hora de obligar al propietario o al arrendatario en su aportación. Es
más, creemos que se corre el riesgo de que personas con dificultades
económicas acaben siendo desahuciados de sus viviendas bien como
propietarios o bien como inquilinos. Este es un tema de calado, insisto,
en esta ley, y de preocupación para el Grupo Parlamentario Socialista
puesto que ya estamos viviendo una trágica experiencia en todo lo
referido a los desahucios y debemos intentar que de ninguna manera pueda
producirse a través de esta ley ninguna situación de ese tipo.

En este apartado, por último, la enmienda número 149, de
modificación, con la que queremos velar por que a la hora de disolverse
las asociaciones a las que se refiere este artículo se deje absolutamente
claro que entre sus obligaciones pendientes quedan incluidas las
relativas a daños materiales ocasionados por defectos o vicios ocultos en
la construcción. Estamos viendo que cuando pasan unos años pueden
aparecer en cualquier construcción vicios ocultos sobre los cuales es
difícil pedir responsabilidades a quienes actuaron en dicha construcción.
Por lo tanto, dejemos claro que la responsabilidad, aunque se disuelva la
asociación, la siguen manteniendo respecto a todo lo que dicen ustedes en
el anteproyecto de ley, pero haciendo especial hincapié en los defectos y
vicios ocultos.

A las disposiciones adicionales también hay una serie de
enmiendas que para nosotros son importantes. Cuando hablan de las
sanciones a quien no entrega el certificado de eficacia energética
válido, registrado y en vigor, no se diferencia entre quien lo hace a la
hora de vender o quien lo hace a la hora de alquilar. Entendemos que,
siendo una operación económica tan diferente la de una venta a la de un
alquiler en cuanto a su cuantía, deberíamos llevar la falta de ese
certificado, en el caso de venta, a un tipo de falta más grave y en el
caso del alquiler a un tipo de falta más leve.

En esa misma línea, decimos en la enmienda número 151 que
no podemos entender que el monto de la sanción económica a quien incumple
con este requisito sea igual al beneficio obtenido en la operación,
puesto que alguien podría pensar que si no corre ningún riesgo, no cumple
la ley. Entendemos que hay que modificarlo, y nuestra propuesta es que la
sanción sea de 1,2 veces el beneficio obtenido. Nos parece que es un tema
absolutamente elemental y razonable.

En las disposiciones adicionales hemos incorporado cinco, a
cual más importante según nuestra forma de ver este proyecto de ley.
Nuestras disposiciones adicionales pasan, en primer lugar, por incluir
una en la enmienda número 152, insistiendo en lo que decíamos
anteriormente. Tenemos que salvar en este proyecto de ley a toda aquella
gente que no pueda pagar el mínimo imprescindible, como la energía, el
mantenimiento, etcétera, de la vivienda de la que son propietarios o de
la que ocupan como inquilinos. Por lo tanto, hacemos hincapié en que se
regule y se marque un articulado para la lucha contra la pobreza
energética. Lo echamos en falta a lo largo del anteproyecto y lo añadimos
en esta disposición adicional que presentamos en nuestra enmienda número
152.

En nuestra opinión, la enmienda número 153 también es
importante, como todas las que presentamos, porque queremos incorporar
algo absolutamente necesario en una ley de este tipo como es la promoción
del empleo verde. En un país, con 6 millones de parados, que elaboremos
una ley de rehabilitación, de protección de medioambiental, etcétera y
que no nos preocupemos por dar un impulso al empleo, y en este caso al
empleo verde, nos parece que es algo que se echa muy, muy en falta en el
anteproyecto y que nosotros queremos aportar.

Otra disposición adicional nueva que planteamos en la
enmienda número 154 consiste en incluir la obligatoriedad de programas de
concienciación ciudadana e información a los propietarios y arrendatarios
de inmuebles para que conozcan sus obligaciones y sus derechos.

La señora PRESIDENTA: Señoría, vaya terminando.

El señor TOVAR MENA: Sí, señora presidenta.

En la enmienda número 155 planteamos regular la biomasa e
impulsarla en el sector de la rehabilitación, en el plazo de seis meses,
realizándose las modificaciones correspondientes en el Código Técnico de
Edificación y en el Reglamento de Instalaciones Térmicas.

La última enmienda hace referencia a una disposición
adicional, en la que planteamos actualizar la Ley 15/1995, de 30 de mayo,
sobre los límites de dominio sobre inmuebles para eliminar barreras
arquitectónicas, que, como ustedes saben, tiene ya casi cuarenta
años.

No me va a dar tiempo a hablar del resto de las enmiendas,
pero quiero decirles que hemos presentado la enmienda número 161, de
adición —porque es un tema que nos preocupa—, que vuelve a
hablar de aquellos que no tienen recursos económicos para afrontar la
rehabilitación de una vivienda para que no puedan ser excluidos o
echados, por decirlo con claridad, de la vivienda que ocupan y que se
busque una fórmula para que toda esa gente quede exenta de tener que
aportar esas cantidades.

Las últimas enmiendas son de supresión. Todas las
disposiciones finales, desde la tercera a la novena, como se ha dicho ya
anteriormente, no tienen absolutamente nada que ver con esta ley y hay
algunas que son muy perjudiciales para ciudadanos de Canarias, de
Baleares, etcétera, referidas a la regulación aérea, algo que también se
plantea en este anteproyecto de ley.

Termino diciéndoles, señorías, que están a tiempo de que
esta ley sirva de verdad para lo que debe servir una ley, que es para el
beneficio de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país,
pero, sinceramente, si no recogen al menos una parte de las propuestas de
la oposición, si esta ley queda vacía de contenido, sin dotación
presupuestaria, sin posibilidad de generar empleo verde, sin posibilidad
de proteger…

La señora PRESIDENTA: Señoría, ya ha rebasado ampliamente
su tiempo.

El señor TOVAR MENA: Acabo ya, presidenta.

Sin posibilidad de proteger a los más necesitados, habrá
sido una oportunidad perdida.

Termino ya, señora presidenta, agradeciéndole su
generosidad para con mi intervención.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Turno en contra por un tiempo de treinta minutos como
máximo.

Tiene la palabra el senador Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Presidenta, señorías, muy buenas
tardes.

Ahora que debatimos las enmiendas a esta ley, me gustaría
hacer un esquema o sencilla descomposición de su estructura. Ya hemos
visto cómo esta ley tiende a regular lo que viene a ser un claro cambio
de modelo en la concepción arquitectónica y urbanística española, lo que
es una reconversión del sector inmobiliario y de la construcción. Esta
ley consta de 19 artículos y 30 disposiciones, desarrolladas tras un
preámbulo, un título preliminar y dos títulos.

Ha llegado a esta Cámara del Congreso tras un importante
debate —y eso siempre me gusta recalcarlo— y tras presentarse
en la Cámara baja 207 enmiendas de los diferentes grupos, y se han
aceptado total o parcialmente 83, lo que viene a ser una aportación, como
ha dicho el senador Tovar, que enriquece por parte de la oposición un 40%
de esta ley.

Voy a entrar a detallar las enmiendas. Como han dicho, hay
una primera enmienda que va en contra del título, donde se quiere incluir
las palabras «eficiencia energética». ¿Y por qué no incluimos también
mejora estética o mejora acústica; eficiencia energética, mejora
acústica, mejora de eficiencias técnicas y mejora de eficiencias de
instalación? No podríamos poner límite a este título. Por tanto,
consideramos que la redacción es correcta.

Al preámbulo se han presentado seis enmiendas relacionadas
con lo que persigue la ley respecto al desarrollo sostenible y
competitivo y medio urbano. Hablan sobre tener un informe homogéneo de
eficiencia energética que no es admisible para respetar las competencias
autonómicas, las respeta completamente.

La enmienda número 137 se refiere a consideraciones sobre
la pobreza energética, algo que ya se recoge en la Directiva 2009/72, del
Parlamento Europeo, en su artículo 3, Obligaciones de servicio público y
protección del cliente, en sus apartados 7 y 8, y traspuestos al Real
Decreto 13/2012. Se propone hacer campaña de sensibilización, algo que no
compete a esta ley. Eso dependerá de las decisiones autonómicas o locales
y de las que dependerá la creación de servicios específicos para resolver
dudas.

Respecto al título preliminar se esgrimen argumentos sobre
suprimir el adjetivo competitividad antagónico a sostenibilidad, algo que
nosotros creemos que son perfectamente compatibles.

Ajuste a los comentarios sobre eficiencia energética,
comentario sobre ajuste razonable respecto a la accesibilidad, tal y como
lo demanda la Convención Internacional de los Derechos de las Personas
con Discapacidad. Es ajeno al ámbito de la energía de la eficiencia
energética y su repercusión no es superior a un 30% de las
mensualidades.

Hay presentada una enmienda respecto al concepto de
vivienda vacía como lugar donde no se vive durante seis meses. En mi
opinión, es una discusión que huelga trabajarla en este debate. Hay una
discusión terminológica sobre vivienda colectiva claramente enraizada en
lo que es la tipología arquitectónica, por lo que la enmienda no mejora
nada respecto a este término.

Respecto al artículo 2, he de decir que respeta la
terminología local y las competencias, así queda clarísimo.

Respecto al artículo 3, se propone una nueva redacción al
artículo 3.2, pero se considera repetitiva y confusa, fomentando el uso
de la vivienda habitual.

En cuanto al artículo 4, relativo al informe de la
eficiencia energética, se propone por algún grupo un informe propositivo,
sin orden de ejecución de obras, más bien de tipo informativo. Proponen
centrarse en el ruido, la accesibilidad y la eficiencia energética. Es
cierto que el ruido está muy relacionado con la eficiencia energética,
pero este informe no solicita eso, quiere respetar a las comunidades
autónomas, y, por tanto, eso puede estar en las famosas ITE o en los
códigos técnicos de la edificación. Sobre la periodicidad de diez años,
unos proponen que sean competencias de las comunidades autónomas, algunos
restringen el contenido del deber de conservar. Al Estado le interesa
diseñar políticas de su competencia y otorga en este instrumento del
informe de eficiencia energética la necesaria uniformidad a los
contenidos que se entienden necesarios para obtener la calidad y la
sostenibilidad del medio urbano. Por eso se centra en la accesibilidad
universal, mandato de ley del 26/2011, y la eficiencia energética.

Artículo 7. Hay propuestas que vuelven a confundir
conceptos de la Ley del Suelo con conceptos de la Ley de Economía
Sostenible, y, por ello, la redacción impone evitar fragmentación e
inseguridad jurídica. Se acentúa algún supuesto para dar entrada a la
legislación de ordenación territorial y urbanística.

Respecto al artículo 8, hay una propuesta para impedir que
el propietario no pueda acordar mensualidades por pagos de
rehabilitación, algo que va clarísimamente en contra del espíritu de la
reciente aprobada Ley de Arrendamientos Urbanos.

Artículo 9. Se propone que las administraciones públicas
favorezcan y promuevan actuaciones de regeneración. La ley lo que busca
es adoptar medidas que aseguren la realización de las obras de
conservación. La iniciativa podrá partir de las administraciones públicas
y estas adoptarán las medidas para su realización. Por tanto, no hay
invasión competencial.

Se defiende la integridad del dominio público, a lo que se
responde diciendo que la integridad del dominio público se garantiza si
se exige su funcionalidad y excepcionalidad. Este principio garantista
vale tanto para el suelo como para el subsuelo. Aquí tampoco se invaden
competencias. El precepto busca solucionar problemas de accesibilidad
universal y de eficiencia energética en el suelo público en cuanto a
regla básica, y los ayuntamientos y las comunidades autónomas regularán
sus pautas urbanísticas.

Artículo 11, Memoria de viabilidad económica. Se propone
suprimirlo por competencia. Y nosotros consideramos una piedra angular de
todo el proceso la Memoria de viabilidad económica, es decir, la
obligación de tener una memoria que asegure la viabilidad económica en
términos de rentabilidad, conservación, equilibrio entre los beneficios y
las cargas; un estudio comparado, edificabilidad, densidad, ingresos
suficientes, repercusión del suelo, posible participación de empresas
suministradoras; en definitiva, un control económico.

El artículo 12, Efectos de delimitación de los ámbitos de
gestión y ejecución de las actuaciones, se refiere a la delimitación del
ámbito tanto continuo como discontinuo. Una vez delimitado, no existe
distinción entre actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación
a los efectos de establecer unas reglas procedimentales comunes mínimas,
por lo tanto, expropiación, venta forzosa, sustitución forzosa. No
procede clasificarlas.

Hay que destacar el artículo 148, porque así lo hemos
venido hablando con el Grupo Parlamentario Socialista dada su inquietud
respecto a los ingresos y posibles situaciones de vulnerabilidad. Me van
a permitir que les diga que el deber de conservación que se encuentra
implícito en las actuaciones de rehabilitación no ha estado sometido
nunca en la legislación urbanística española a la renta de su
propietario. Esta regla la incluyó la Ley de Economía Sostenible,
haciendo de paso inviable cualquier tipo

de actuación rehabilitadora. En España el propietario es el
responsable de mantener su inmueble en adecuado estado de conservación,
lo que incluye la seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato, hasta el
límite del 50% del valor de reposición del inmueble, descontando el valor
del suelo. El proyecto de ley garantiza que ninguna obra de
rehabilitación se podrá exigir a los propietarios superando el límite del
deber legal de conservación, y además permite poner en marcha mecanismos
para que los ayuntamientos acerquen al máximo los beneficios de la
operación con las cargas, permitiendo que las empresas privadas puedan
costear parte de las obras con cargo a nuevos aprovechamientos
urbanísticos. Y es ahí donde la Administración urbanística competente
deberá ser sensible a estas situaciones. Lo que no es razonable ni
admisible es que la renta de determinados propietarios implique
automáticamente que a ellos no se les podrá exigir que mantengan los
inmuebles de su propiedad en adecuado estado de conservación, lo que
significa que bien directamente pondrán en peligro a los demás ciudadanos
por motivos de seguridad, o discriminarán a personas con discapacidad
negándoles su derecho a la accesibilidad universal, o bien trasladarán al
resto de los ciudadanos la carga de conservar sus propiedades en buen
estado. La repercusión superior al 30% que se propone y la regla del
IPREM constituyen límites, además de injustificados, de imposible
aplicación, como ha demostrado la práctica tras la entrada en vigor de la
Ley de Economía Sostenible. Así lo han puesto de manifiesto las
asociaciones representativas de la discapacidad y los administradores de
fincas. Si esto es así en el ámbito de un simple edificio o comunidad de
vecinos, piénsese en su aplicación en ámbitos de regeneración o
renovación urbana. Las normas que resultan inaplicables no tienen ningún
sentido porque al final no protegen a nadie y en este caso resultarían
muy negativas para los intereses generales que persigue el proyecto de
ley.

Artículo 13, Formas de ejecución. Se discute la posible
invasión competencial por la convocatoria de un concurso público y crear
una asociación administrativa para gestionar la rehabilitación y se
desestima, pues se considera que su novedad y fórmula pueden ser
verdaderamente válidos. El concurso persigue obtener la propuesta más
ventajosa y de mayor beneficio para la comunidad. Sí es cierto que se
admitieron en el Congreso unas enmiendas del Grupo Convergència i Unió a
esa redacción muy acertadas.

Artículo 14, Los derechos de realojamiento y de retorno.
Las enmiendas tienden a cuestionar el sistema de gestión de realojo. Este
artículo recoge el espíritu de lo que marcó la Sentencia 61/1997 en
relación con los derechos de realojamiento y de retorno que le competen,
entre ellos, todos los relacionados con las actuaciones sistemáticas
conjuntas o integradas no expropiatorias.

Artículo 15, Facultades de los sujetos legítimos. Proponen
no aplicar en algunas actuaciones el régimen de equidistribución. El
régimen de equidistribución de cargas y beneficios se rige por el
principio básico del urbanismo español, de que los beneficios deberán
superar a las cargas, si no, no procede seguir adelante. Además, el
artículo 11, que ya hemos considerado, regula la Memoria de viabilidad
económica que debe acompañar a estas actuaciones, por lo que este
principio también lo garantiza.

Artículo 16, Asociaciones administrativas. Si bien es
cierto que algunas enmiendas mezclan el artículo 16 con el artículo 19,
lo que está claro es que la disolución de estas asociaciones
administrativas se hará siempre que se haya cumplido la función del
acuerdo con la Administración urbanística. Tampoco hay discusión
competencial, pues algunas mínimas reglas se ampliaron en la legislación
de la ordenación territorial y urbanística. También se han transaccionado
con CiU ciertos comentarios a este artículo.

Artículo 17, Convenios para la financiación de actuaciones.
Se requiere distinguir las actuaciones en función de si es de renovación
o de regeneración, cosa que hemos descartado anteriormente.

Artículo 18, Cooperación interadministrativa. Quizás aquí
radica la premura de esta tramitación, senador Martí. Se podrán
beneficiar, como dice este artículo, de la colaboración y cooperación de
los planes estatales los que conserven, los que rehabiliten y los que
programen planes de actuación rehabilitadora, y este es, en mi humilde
opinión, uno de los elementos básicos para que funcione esta ley.

Artículo 19, Organización de la cooperación. No se invaden
competencias urbanísticas autonómicas en la medida en que se establecen
unas reglas procedimentales mínimas y básicas, que, lógicamente,
encontrarán su adecuada pormenorización en la legislación de ordenación
territorial y urbanística.

Disposición adicional tercera, Infracciones en materia de
certificación de la eficiencia energética de los edificios. Esta
disposición traspone la Directiva 2010/31 —en concreto, en el
artículo 27—, siendo infracción grave, no muy grave. La disposición
adicional cuarta va en el mismo sentido.

La disposición adicional nueva, sobre pobreza energética,
que a todos nos inquieta y nos preocupa. Por eso, de ello nos ocupamos,
tal como dispone la Directiva 2009/72, sobre todo en su artículo 3 sobre
obligaciones del servicio público y protección del cliente, en sus
apartados 7 y 8. Los contenidos de esta directiva ya han sido traspuestos
al ordenamiento jurídico español en el Real Decreto 13/2012, de 30 de

marzo, por el que se trasponen directivas en materia de
mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones
electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las
desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores
eléctrico y gasista, en particular en el punto 9 de su artículo 1, en el
que se actualiza el contenido del artículo 44 a su vez, en relación con
los consumidores vulnerables y se prevé su desarrollo reglamentario.

Por lo que se refiere a las propuestas en materia
energética contenidas en el punto 2, les diré que ya están siendo objeto
de actuaciones y de disposiciones normativas específicas en el marco de
la política energética.

Empleo verde. La política del Gobierno actualmente en
materia de empleo viene definida en el contexto más amplio del Programa
Nacional de Reformas de 2013, aprobado en el Consejo de Ministros de 26
de abril. Estas estrategias a favor del empleo serán las que se definan
en el próximo Plan de política de empleo 2013, cuyos contenidos ya han
sido discutidos en las comunidades autónomas, recogiendo estas
directrices de mejora en la eficiencia de las políticas activas
orientadas a resultados, el cual será aprobado en el segundo trimestre de
2013. Esta reforma se realizará en todo caso teniendo en cuenta el marco
actual de las restricciones presupuestarias, para cumplir con el objetivo
del déficit público existente en estos momentos.

Campaña de información y sensibilización de conservación.
Le diré que este no es el lugar donde se puedan realizar esas campañas.
Yo creo que es más un tema de administraciones locales, de pequeño
detalle, fundamentalmente centrado en cada localidad, en cada región, en
cada provincia o en cada comunidad. También se propone promover
instalaciones de biomasa con líneas ICO. Yo creo que ya hay en curso
actuaciones que se han establecido en el marco normativo para las
acciones relativas al ahorro y eficiencia energética en el sector de la
vivienda. Además, en el pasado mes de abril, en una acción coordinada del
Gobierno, se han aprobado una serie de medidas para garantizar el derecho
constitucional a la vivienda digna y adecuada, mejorar el estado de
conservación, la accesibilidad, la calidad, la sostenibilidad y la
eficiencia energética. Además estas medidas tienen por objeto dar
cumplimiento a nuestros compromisos de la Estrategia Europea 2020 y
conseguir una economía de bajo consumo de carbón.

El Programa de rehabilitación energética de viviendas del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
—IDAE— es un programa específico de ayudas y financiación
para facilitar la ejecución de medidas de mejora de eficiencia energética
y la utilización de energías renovables, con una dotación de 100 millones
de euros. Aquí también hay parte del secreto de esta ley.

Disposición transitoria primera, Calendario para la
realización del Informe de Evaluación de los Edificios —IEE—.
Es una regla básica y, por lo tanto, no puede quedar supeditada a la
competencia autonómica, eso sí, con esos diez años. Lo que sí se puede es
convivir con los informes técnicos de edificación, que muchas comunidades
tenemos en funcionamiento, y que no desdice ni una ni la otra, es más,
ambas persiguen la calidad del entorno, no solamente del residente, sino
de la colectividad.

Disposición transitoria segunda, Regla temporal de
aplicación excepcional de la reserva mínima de suelo para vivienda
protegida —otra inquietud de los grupos—. La exposición de
motivos del proyecto de ley aclara el carácter excepcional y durante un
período que no excederá de cuatro años de esta norma transitoria que
trata de adecuar la reserva mínima obligatoria de suelo para vivienda
protegida a la realidad del mercado, así como a la de sus potenciales
beneficiarios.

La regla del artículo 10.1.b) de la vigente Ley del Suelo
tenía sentido en una coyuntura de expansión de nuestros mercados
inmobiliarios prolongada e intensa en el tiempo, a la vez que en un
contexto marcado por las ayudas públicas a la adquisición de una clase de
viviendas. La realidad, sin embargo, es hoy bien distinta. La actual
situación de las familias que reúnen las condiciones para poder acceder a
estas viviendas es diferente.

Disposición final primera, Modificación de la Ley 49/1960,
de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, en su artículo 5. Busca
adecuarse al nuevo modelo de recuperar el patrimonio edificado y, por
ello, flexibiliza y agiliza mucha complejidad de obtención de mayorías
que tenían las comunidades de propietarios para procedimientos propios de
adjudicaciones, de ventas, arrendamientos, etcétera. Revisa la obtención
de mayorías con la inquietud de conseguir el objetivo de poder realmente
conservar nuestro patrimonio, fundamentalmente el residencial, y trabajar
por la verdadera accesibilidad.

El artículo 10.2. Respecto al epígrafe en el que se habla
de esta inquietud, concretamente del Grupo Socialista y muy personalmente
del senador Fernández Ortega, en cuanto al módulo de tres veces el IPREM,
le tengo que decir que la medida propuesta supone un obstáculo para la
realización efectiva de

las obras, puesto que las mismas se paralizan solo por el
hecho de que una familia en el edificio no cumpliese el citado requisito,
como ha demostrado la práctica tras la entrada en vigor de la Ley de
Economía Sostenible. No puede paralizar un residente o una familia el
interés de la accesibilidad de toda una comunidad. Así también lo han
puesto de manifiesto, como les decía antes, las asociaciones
representativas de la discapacidad y de los administradores de
fincas.

Disposición final duodécima, modificación del artículo 18
de la Ley de Suelo. Es evidente que esta ley debe adecuarse a un fenómeno
urbanístico no bien resuelto en la historia del urbanismo español desde
los años cincuenta, y este es el de las actuaciones, planificaciones y
modos de gestionar el suelo urbano ya consolidado. Esta modificación de
la Ley del Suelo respira y recoge la esencia de las reglas urbanísticas,
pero en quien piensa, además de en el patrimonio, es en el ciudadano. ¿De
qué sirve diseñar un plan de actuación, un PERI o cualquier actuación
urbanística si no se puede ejecutar? Por eso, su interés prevalente va
más allá de las plusvalías o rendimientos de cuentas con las dotaciones;
es eliminar la infravivienda o solventar los graves problemas que aquejan
los barrios con altos índices de degradación y sin suelos materialmente
cedibles para dotaciones y equipamientos.

Se han consensuado en el artículo 39 redacciones como esta:
Los bienes y recursos de patrimonio público deberán ser destinados a la
construcción de viviendas o bien tendrán por objeto el desarrollo de las
medidas socioeconómicas en actuaciones de regeneración o de renovación en
ámbitos urbanos vulnerables o barrios residenciales degradados. Algo muy
difícil de pensar hace poco tiempo.

El artículo 6 busca —no de forma caprichosa ni
aleatoria— responder a la necesidad de redefinir los estatutos
básicos del promotor y del propietario, adecuar el régimen del agente
urbanizador y del rehabilitador. No se suprime para nada la prevalencia
de la iniciativa pública respecto a la privada y se ajusta concretamente
a la figura del urbanizador como motor público que pone en marcha el
sistema, convocando el correspondiente concurso.

El artículo 10.1 trata sobre el 30% de cesión. Uno de los
objetivos fundamentales del proyecto de ley es flexibilizar el régimen
establecido en relación con los suelos ya urbanizados, con el objeto de
hacer viables las operaciones de rehabilitación. Estos suelos no pueden
ni deben tener el mismo tratamiento que los suelos urbanizables, porque
las actuaciones sobre ellos son mucho más complejas y también más caras.
La necesaria adaptación de la oferta mínima de suelo para vivienda
asequible hoy se fija en un 30% de la edificabilidad residencial prevista
y busca asegurar en la mayor medida posible la ya complicada viabilidad
de las operaciones de renovación urbana que implican una reurbanización
del ámbito de actuación. Además, la regla contenida en el artículo
10.1.b) de la vigente Ley del Suelo tiene sentido en una coyuntura de
expansión de nuestros mercados inmobiliarios prolongada e intensa en el
tiempo como decíamos.

El objetivo pues es flexibilizar los suelos edificados
respecto a los urbanizables, pues las actuaciones son verdaderamente
complejas y más caras. Los tiempos, evidentemente, han cambiado.

Se discute en las enmiendas, cómo no, de las competencias,
las cuales se respetan. Quiero decir, seguimos con las competencias pero
las respetamos. Se habla de mayor seguridad jurídica y claridad respecto
a competencias; se eliminan trabas y se flexibiliza sobre las
indemnizaciones del valor del suelo.

Disposición final decimotercera, Ley de Contratos del
Sector Público. La disposición final decimotercera modifica el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, para incorporar una nueva disposición
adicional trigésimo cuarta, que explica que en los contratos ejecutados,
aportando de forma sucesiva bienes y servicios de precio unitario, las
demandas de la Administración que sobrepasen el presupuesto máximo que
fue objeto de la licitación para adjudicar el contrato tendrán el
tratamiento de modificaciones previstas en la documentación que rige la
licitación de dicho contrato.

La disposición final decimosexta modifica la Ley 17/2012,
de Presupuestos Generales del Estado, para introducir elementos
adicionales de transparencia que además resultan acordes con la práctica
habitual existente en la actualidad.

La disposición final nueva respecto al IVA reducido tiene
una gran complejidad. Estos pocos minutos que me quedan para concluir no
los quisiera desaprovechar, la dejaré para la segunda parte, pero lo que
está claro es que las obras de rehabilitación energética en edificios ya
construidos es una de las actuaciones que dentro del concepto de obras
conexas han de considerarse incluidas dentro de la edificación más amplia
de obras de rehabilitación, y, por tanto, se les aplicará el tipo
impositivo del 8%, si bien es cierto que el Real Decreto Ley 20/2012, de
13 de julio, dice que las obras de renovación energética

tributarán al tipo reducido del 10% cuando formen parte del
proyecto de rehabilitación en los términos expuestos. ¿Quién dice cómo
son este tipo de obras? La ley se está remitiendo a los dictámenes de los
profesionales.

El Partido Nacionalista, inquieto por el tema de la
accesibilidad, propone que haya una modificación en menos de seis meses
respecto a la Ley 15/1995. Nosotros decimos que calma, esperemos a ver
cómo se posicionan los ministerios y también cómo el Consejo de
Accesibilidad Nacional se dispone.

Y dicho esto respecto a la tramitación del IVA y de la
accesibilidad, sí querría hacer una mención con relación la Ley de
Ordenación de la Edificación, en concreto, a una enmienda muy sensible
para el colectivo de diseñadores y arquitectos de interiores, en la que
en algún momento se han visto excluidos o marginados respecto a sus
actuaciones versus la edificación y la rehabilitación. Lo han realizado
también a través de algunos grupos, concretamente del Grupo Mixto y del
Partido Nacionalista. Les tenemos que remitir que esta enmienda no
procede sobre las obras que afecten a las fincas registrales que sean
susceptibles de titularidad independiente, remitiéndolas a una normativa
inexistente sobre las obras de diseño de interiores. Yo creo que el
problema radica en que lo importante es que haya una titulación, una
capacitación y una habilitación. Eso no se regula en esta ley; hay otra
serie de espacios donde tiene que regularse y controlarse ese tipo de
capacitación. Una vez resuelta esa duda podrán intervenir perfectamente
en todas las obras de conservación edificatoria.

Con esto, presidenta, creo haber respondido a una gran
parte de las enmiendas. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Ibarrondo.

Turno de portavoces de menor a mayor. El Grupo
Parlamentario Mixto no interviene.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya
tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias. Intervendré con
brevedad.

Señor Ibarrondo, ¿seguro que la vivienda colectiva está
bien definida? Yo no soy arquitecto, pero muchos de ellos me han dicho
que esa no es la definición correcta, que esa definición corresponde a
viviendas plurifamiliares o a edificios multivivienda y que la definición
de vivienda colectiva queda subsumida. Quería hacer esta matización
porque lo que usted ha dicho antes me había resultado sorprendente.

Entrando ya en este turno de portavoces quiero expresar una
idea que, en mi opinión, viene a resumir todo el debate. Ustedes han
hablado mucho de la realidad del mercado, pero ¿no será que esta ley
quiere hacer barato lo que en realidad va a ser caro aunque pueda
resultar contraproducente? ¿No será que esta ley quiere hacer rentable
económicamente lo que en realidad solo tiene una rentabilidad social o
pública? Si es así, cuando se lleven a efecto actuaciones en el marco de
esta ley se van a desnaturalizar esos dos principios. Señores ponentes,
¿no les queda a ustedes esta duda?

Gracias.

La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra la
portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gracias, presidenta.

Nos reservamos para el Pleno.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

En este breve tiempo de intervención voy a tratar tres o
cuatro puntos que me parecen lo más significativo de lo que llevamos de
debate hasta ahora.

En primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, senador Ibarrondo, al referirse a los desahucios y a la
salvaguarda para evitarlos en procesos de rehabilitación ha dicho que la
ley garantiza que no se le pueda exigir al propietario de una vivienda de
un edificio que se esté rehabilitando nada más allá del deber de
conservación. Pero, señorías, es que el deber de conservación es el 50%
del valor de reposición, y estamos en un momento en el que, a pesar de
haber debatido ya la Ley de desahucios, quizá aún no somos conscientes de
que están echando a la gente de sus casas por no pagar la cuota de sus
hipotecas.

Es decir, estamos hablando de un problema real, no de un
problema hipotético, de algo que difícilmente pueda llegar a ocurrir. En
los últimos días ha habido informes de la cantidad de gente que se está
viendo afectada por los desahucios, y se dan cifras que oscilan entre 40
000 y 75 000 en función del órgano que haga el informe. Siguen siendo
unas cifras que son una barbaridad y ahora estamos abriendo otra vía para
añadir y ampliar un problema que ya es uno de los más importantes de este
país. Estamos abriendo una nueva vía de agua en un edificio que ya se
está derrumbando. Con esta ley estamos permitiendo que se quite la
salvaguarda que había para que cuando una familia no pueda —no digo
que no quiera— no se la obligue a dejar su vivienda porque haya que
rehabilitar el edificio. Pongan ustedes otras medidas. La solución no
puede ser la que han adoptado en su proyecto de ley. Y dice usted,
señoría, que las organizaciones del sector le han dicho que no puede ser
que una sola familia impida que se rehabilite un edificio. Pues la medida
del Gobierno de la derecha, de ese Gobierno que dice que es social, ha
sido esta: si no puede pagar, váyase.

Nosotros habíamos puesto una salvaguarda de garantía para
no obligar a una familia que realmente no pueda; además, los límites que
hemos puesto son razonables. Pero su respuesta no es: vamos a discutir
los límites; su respuesta es: no hay límites. Y tampoco hay una propuesta
que diga: en estos casos ampliaremos las ayudas que ha previsto el
Gobierno para la rehabilitación de edificios. Tampoco es esa la respuesta
que dan ustedes. Lo que ustedes dicen es: si una familia no puede, que se
apañe. Eso no es ser un Gobierno social; eso es justamente lo contrario y
van a tener ustedes la oposición más firme por parte del Grupo
Parlamentario Socialista. Este problema que ya está afectando a demasiada
gente en este país como para abrir otra oportunidad que afecte a más
familias. ¿O es que creen que el problema de no poder pagar solamente
afecta a quien tiene una vivienda y la debe al banco? Cuando tengan que
hacer una rehabilitación en un edificio que llegue al 50% del valor de
reposición y no pueda pagarlo, su propuesta es: ¡ah!, lo siento, tiene
usted que irse; en el registro va a quedar constancia de que su vivienda
tiene un embargo. Si no puede pagar, usted se va fuera.

Eso no me parece razonable y, como digo, van a encontrarse
ustedes con un rechazo total por parte del Partido Socialista. Además,
eso también implica una falta de sensibilidad importante, la misma que me
encuentro cuando empezamos a discutir la enmienda que hemos presentado en
relación a que no se suprima la reserva de suelo del 30% para vivienda
protegida. Y me cuenta usted que es que el mercado ha cambiado. ¡Y
volverá a cambiar, no le quepa la menor duda! Y dentro de cuatro años nos
encontraremos con un escenario en el que ya veremos qué es lo que se
necesita. Pero lo que ustedes están diciendo es que todo el que esté vivo
y ande ágil tiene cuatro años para poder quitarse de encima el tener que
ceder a los ayuntamientos el 30%. Y los que hemos gestionado un
ayuntamiento, como he dicho antes, sabemos la importancia de poder
disponer de ese suelo.

Por cierto, todos los grupos políticos estamos en la idea
de hay que impulsar la vivienda en alquiler, pero ¿qué está haciendo la
Administración?, ¿renunciar a aquellos suelos para construir viviendas en
alquiler? Porque ese 30% no es solo para vivienda nueva sino también para
vivienda protegida en alquiler. Pero ustedes, implícitamente, están
renunciando a cualquier actuación en vivienda protegida, sea nueva o sea
en alquiler. No quieren ni el suelo. Es decir, no estamos hablando de
cosas baladíes, creo que hay ahí un fondo político e ideológico muy
importante a la hora de ver qué decisión se toma, y también una falta de
sensibilidad hacia problemas que van a afectar a muchas familias. Luego
podremos llegar incluso a la misma discusión que hubo a propósito de los
desahucios en el debate en el Pleno; allí discutíamos la cantidad, si
eran muchos o pocos. Pues son los suficientes como para preocuparnos,
señorías, los suficientes. Porque llevar el debate a que nosotros tenemos
mala información y a que esto afecta a poca gente, me parece
improcedente. Esto afecta a las personas suficientes. Pero cuando se
están haciendo las leyes hay que pensar en toda la gente. Y si hay uno
que no puede, pongan ustedes una medida diciendo: vamos a aumentar las
ayudas. Pero no me digan lo de que se busque la vida la familia. Eso no
es razonable. Por cierto, esto también le puede tocar a gente que sea
militante de su partido. Esto es para todos porque la crisis le está
llegando a todo el mundo. Tenemos ya 6 millones de parados y entre 40 000
y 75 000 desahucios al año como he dicho antes.

También echamos de menos, como ha explicado mi compañero,
más medidas con respecto a la eficiencia energética. No estamos conformes
con las que recoge la ley ni con las explicaciones que nos ha dado
respecto del sector de la biomasa y el impulso que necesita. E igual de
insatisfechos si no más nos quedamos con lo que se propone en esta ley.
Incluso ha hecho un comentario con lo del título diciendo que también
tendría que incluir la protección contra el ruido. Nosotros sí nos hemos
preocupado de ello y hemos propuesto que se incluya haciéndonos eco de
una demanda social. En el propio informe

que acompaña a la ley se habla de que una encuesta del CIS
del año 2010, de hace poco tiempo, reflejaba que el 42% de los ciudadanos
consideran que tienen un mal aislamiento contra el ruido. Lo que estamos
planteando es que pongamos el acento en eso.

La señora PRESIDENTA: Vaya terminando.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Termino ya. Gracias, señora
presidenta.

Estamos hablando de que prácticamente la mitad de la
ciudadanía piensa que hay que actuar en ese tema. Pues pongamos el foco.
No estamos opinando simplemente por opinar, no. Nos estamos basando
incluso en los informes que acompañan a la ley.

Para terminar haré una referencia al empleo y a la
inversión. El Plan 2002-2005 de vivienda y suelo contemplaba 3300
millones de inversión. El de 2013-2016 solo contempla 2311. Los objetivos
que ustedes fijan son 11 286 empleos producidos directamente por la
inversión pública en rehabilitación y renovación urbana. Me parece que es
una pírrica cifra para un proyecto de ley tan importante y tan necesario
en nuestro país.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra don Jorge Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señorías, permítanme decir —y en absoluto me explico
desde la pedantería— que yo no sé con qué arquitectos se ha reunido
el señor Martí, pero el colectivo de arquitectos, que es muy variopinto,
complejo y singular, no ha superado las pruebas de la titulación sin
haber cursado una de las asignaturas más disciplinadas respecto a las
características tipológicas de la edificación. Concretamente en España,
la tipología residencial está muy bien catalogada, muy bien sectorizada.
Por lo tanto, esta ley no recoge más que ese procedimiento que viene de
la parte técnica.

Respecto al ruido, hilando también con una intervención
técnica, tengo que decir que la absorción acústica está muy relacionada
con la eficiencia energética, con lo que es el aislamiento térmico. Son
materiales que comparten unas características muy similares y muy
relacionadas, lo que garantiza un confort acústico y térmico muy similar.
Y eso es lo que persigue esta ley, contestando al señor Martí, que se
hace unas preguntas… No sé si cree el ladrón que todos son de su
condición. Se hace unas preguntas perversas sobre qué es lo que busca
esta ley y esta ley lo que busca es la conservación, proteger nuestro
patrimonio y mejorar la calidad ergonómica, térmica y acústica, la
calidad en toda su extensión, del residente en la vivienda, tanto en
propiedad como en cualquier otro tipo de régimen.

Se necesitaban una serie de reglas frente al cambio tan
sustancial de este momento, dada la coyuntura económica española. Ya no
es invasión, ya no es ocupación de suelo, ahora nos dirigimos a revisar
lo construido, a ver si podemos reocupar lo que ya estamos ocupando mal.
Por lo tanto, esas nuevas reglas, que evidentemente tienen que ser
diferentes a las que hay cuando ocupamos un espacio que está limpio y
libre y en el que no hay propiedad residiendo, esas reglas que han
alterado tantas leyes, se tienen que adecuar a una casuística urbanística
pero también a una situación social, familiar y personal. De ahí esta
complejidad y esta discusión acalorada en algunos momentos.

Pero aquí no se trata de echar a un colectivo, no queremos
echar al más débil. Es que, concretamente, esta ley lo que persigue es
—y lo he dicho en mi primera intervención— poner de
manifiesto que el estudio económico y financiero es fundamental. Todo
estudio urbanístico de rehabilitación o de conservación respeta esa regla
de cargas y beneficios, se realiza partiendo de ese equilibrio. Y se
ponen sobre la mesa una cantidad importantísima de fórmulas respecto a
las posibilidades de que el más débil y vulnerable pueda participar,
porque se le dan una serie de aprovechamientos, se le permiten unas
reglas del juego a través de convenios, de arrendamientos. Se da la
posibilidad de que con locales que estaban infravalorados dentro de una
comunidad, dependiendo de una serie de mayorías que ahora son mucho más
reducidas debido a la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal,
pueda obtener recursos el propio inmueble. Esto no es una planificación
sobre un papel que lo aguanta todo; tiene una carga de estudio económico
y de viabilidad económica que nos permite realizar esta actuación. Por lo
tanto, nosotros no dejamos a nadie fuera de esta mejora colectiva.

Respecto a la moratoria de cuatro años, tengo que decirle
que es evidente. No tiene más que ir a cualquier ayuntamiento —y es
cierto que el urbanismo tiene sus tiempos y sus dilataciones, como
también

lo es que cuatro años pueden pasar muy rápido—, pero
créame si le digo que hoy en día con el colchón que tenemos: 700 000
viviendas libres y nuestra capacidad de calificar suelo edificable, con
más de 45 millones de metros cuadrados disponibles, un plazo de moratoria
de cuatro años es más que suficiente para que podamos tomar esta decisión
que yo considero bastante razonable y que los ayuntamientos recibirán con
sincera felicitación en tanto que van a poder centrarse en lo que ahora
hay que centrarse, que es en la conservación de nuestro patrimonio.

Muchísimas gracias. Buenas tardes.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (El señor Martí
Jufresa pide la palabra.)

Sí, señoría.

El señor MARTÍ JUFRESA: Por alusiones, le pido treinta
segundos, por favor.

La señora PRESIDENTA: Sea muy breve para no reabrir el
debate.

Tiene la palabra, señoría.

El señor MARTÍ JUFRESA: Sí.

Simplemente, quiero decirle al senador Ibarrondo que mis
preguntas no responden a que yo sea un ladrón, sino acaso a que por ser
licenciado en Filosofía a veces la cabeza me da más vueltas de las que
debería.

Muchas gracias. (El señor Ibarrondo Bajo pide la
palabra.)

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Tiene la palabra, señor Ibarrondo.

El señor IBARRONDO BAJO: Solamente quiero decirle que en
ningún momento he pensado eso. Si en algún momento le he ofendido o
molestado, le pido sinceramente disculpas porque no era esa mi
intención.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Una vez debatidas las enmiendas, pasamos a la votación del
texto del proyecto de ley conforme al informe de la ponencia, con arreglo
a lo previsto en el artículo 116.2 del Reglamento del Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 16; en contra, 8; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, aprobado y
dictaminado.

Señorías, solamente queda designar al miembro de la
comisión que lleve a cabo la presentación de este dictamen ante el Pleno.
(Varias señoras y señores senadores: La presidenta.) De acuerdo, lo hará
la presidenta. Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

Eran las diecisiete horas y veinte minutos.