de dar una segunda oportunidad en esta proposición de ley a
aquella gente que lo necesita. Lamentablemente, en la propuesta que
debatimos se hace una aplicación arbitraria de la sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas abusivas.
Lamentablemente, no se resuelven los procedimientos de ejecución en curso
y no se da una solución para los que ya tienen una sentencia firme; no
hay ninguna propuesta que repare el daño producido a los desahuciados a
partir de cláusulas abusivas. Es más, el Gobierno no aceptó, no quiso,
una vez conocida la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, aplicar una moratoria hasta poder discernir cuáles eran las
cláusulas abusivas y cómo se trasladaban a nuestro sistema legal. Las
ejecuciones se han ido produciendo independientemente de lo que nos ha
dicho Europa.

El código de buenas prácticas no ha servido hasta hoy, y el
que se nos presenta en esta proposición de ley sigue siendo un código de
buenas prácticas voluntario; y no solo es voluntario para las entidades
financieras, sino que es tan estricto que excluye a la mayoría de los
deudores hipotecarios. El mismo Fondo Social de Viviendas es del todo
insuficiente, y mi grupo no puede entender cómo puede ser que las
viviendas vacías de entidades financieras, algunas ya nacionalizadas, no
puedan incorporarse a él.

Ya he dicho que no agotaría el tiempo, porque es en el
Pleno donde habrá que entrar, una vez vista la capacidad de diálogo de la
mayoría del Partido Popular, en un debate más concreto. Doy, pues, por
defendidos el veto número 1 y el veto número 2 de los senadores y
senadoras del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y pido
su voto para ellos.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Guillot.

Para la defensa del veto número 3, presentado por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fernández.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Ya sabe toda la ciudadanía de España que el Partido Popular
es el partido de los recortes; pero, claro, llegar a hacerlo en las leyes
es un paso más. Esta es una proposición de ley recortada en las medidas,
recortada en los objetivos, recortada en el apoyo con que cuenta
—solo con el del partido del Gobierno—, e incluso recortada
en el procedimiento: la vamos a tramitar lo más rápido posible y con el
menor tiempo posible de debate y de reflexión. En fin, que, para una ley
tan importante para la ciudadanía, el Partido Popular ha optado también
por los recortes.

Señorías, la última EPA ha registrado más de 6,2 millones
de parados —929 100 parados más desde que llegó al Gobierno
Rajoy—, y se ha alcanzado la cifra de 1,9 millones de hogares con
todos sus miembros en paro. A estas cifras que muestran un escenario
dramático, hay que añadir las del Consejo General del Poder Judicial: 415
220 procedimientos de ejecución hipotecaria, entre 2008 y 2012, y 224 400
lanzamientos, con una tendencia claramente creciente en los últimos años.
Nos decían que estas cifras eran globales —las del Consejo General
del Poder Judicial—, que incluían todo tipo de inmuebles; pero el
mes pasado, el Colegio de Registradores de la Propiedad concretó las que
se referían a vivienda habitual, y, tras haber contabilizado solo el 85%
de los registros, obtuvieron 40 300 procedimientos de ejecución
iniciados, 30 500 adjudicaciones y 11 400 daciones en pago, todas ellas
de vivienda habitual. Y aún así, a pesar de todas estas daciones en pago,
el saldo de préstamos morosos superaba, a 31 de diciembre del 2012, la
cifra de los 25 300 millones de euros. Y una cifra más: según las
estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial, más de
350 000 familias se verán abocadas a abandonar sus viviendas en los
próximos cinco años, por culpa de ejecuciones hipotecarias que, sin duda,
son producto de la crisis. Y para más desasosiego, hay que añadir que el
paro no deja de crecer y que las políticas públicas de vivienda del
Estado no dejan de menguar. Creo que las cifras son lo bastante
contundentes como para sentir que nos exigen que hagamos política, y no
una ley de desahucios recortada.

Vivimos una etapa en la que todo el mundo sufre o conoce de
cerca el drama del paro; y poco a poco, va sufriendo o conociendo de
cerca el drama del desahucio. Hay miles de familias en situaciones
dramáticas, que han perdido su vivienda por no poder hacer frente a la
hipoteca; miles de familias angustiadas porque no han pagado la hipoteca
o están a punto de dejar de pagarla, y muchas más que piensan en cómo
podrán afrontar esa situación, si les llega a ellos. La crisis está
dejando una profunda huella de miedo en nuestra sociedad, y devolver la
confianza a la gente requiere que hagamos uso del sentido común y, sobre
todo, que hagamos la política para la que fuimos elegidos: preocuparnos
de la

gente y defender los intereses de los ciudadanos. No creo
que ya nadie se sienta a salvo, o prácticamente nadie, en nuestra
sociedad.

Y ante tal inseguridad, la ciudadanía ha hecho lo lógico en
una democracia: volver la vista hacia los políticos, e instarles
—instarnos— a resolver el problema, y a hacerlo ya. Es
evidente que la intensidad del problema, la crudeza con que se ha
manifestado hasta ahora, ha hecho que resulten insuficientes las reformas
que se han venido acometiendo. Y las medidas de esta proposición de ley
de desahucio, cuyo texto es el resultado de un ejercicio de
filibusterismo puro del Partido Popular, en el que ha enterrado la
iniciativa legislativa popular contra los desahucios apoyada por un
millón y medio de personas, vuelven a ser insuficientes para atajar el
problema, y el drama de los desahucios continuará agudizándose. Digo
filibusterismo porque, al final, lo que estamos haciendo es alargar el
debate innecesariamente, porque las medidas habrá que acordarlas y habrá
que acometerlas, y nos volveremos a ver dentro de un tiempo debatiendo
este asunto, como viene ocurriendo hasta ahora.

Esta proposición es solo del Partido Popular. Ninguna
organización social —o prácticamente ninguna— ni ningún
partido político lo apoyan, porque es a todas luces insuficiente para
abordar el problema de los desahucios. Tengo la sensación de que es una
proposición de ley reflejo del poder y no querer del Partido Popular
—al contrario que en el dicho popular— resolver el drama de
miles de familias; un poder y no querer, que antepone los intereses de
los bancos. Esta proposición de ley se ha quedado raquítica; las medidas
que propone son pocas y claramente insuficientes para atajar un problema
que ya no es un problema individual, no es de familias concretas, se ha
convertido en un problema de la sociedad en su conjunto, que está
generando una enorme herida social en nuestro país. Sin embargo, las
limitaciones para acogerse a las medidas son tan restrictivas que, en
algunos casos, pueden rallar el absurdo: se puede quedar excluido un
soltero con un hijo, cuando éste cumpla los cuatro años; o una familia
que, aun cumpliendo todos los requisitos, cuente con un miembro que gane
900 euros y pague por su hipoteca 425, que, como no llega al 50% de los
ingresos familiares, no podrá acogerse a la protección de las medidas que
se proponen.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un veto a
esta proposición de ley porque las medidas que aporta no cambian el
escenario. Con esta proposición de ley va a seguir funcionando la tijera
que recorta a las familias. Si una familia no puede pagar unos meses su
hipoteca, entonces, en el futuro —no solo en el pasado—, en
el futuro que esta ley abre, la deuda crecerá de manera abusiva y el
valor de la vivienda se depreciará hasta el 50% de su valor de tasación.
Eso, a pesar de esta ley. ¿Qué estamos cambiando, señorías? Esa es la
pregunta. No estamos haciendo lo suficiente. El Gobierno nos ha traído
una propuesta que no aborda el problema de fondo. La sociedad rechaza y
el sentido común repugna un procedimiento de ejecución que provoca un
rápido aumento de la deuda, que el deudor pierda su vivienda y se quede
además con una deuda enorme, a la que se sumarán las tasas judiciales
—que, con esta proposición de ley, pueden alcanzar el 5% de la
cantidad reclamada—, que se le embargue su salario después de haber
perdido la vivienda y que encima deba pagarle al ayuntamiento el impuesto
sobre la supuesta plusvalías de una vivienda que no ha vendido
—sino que la ha perdido—. Pero todo esto no lo evita esta
proposición de ley, no se ocupa de este problema que he descrito y que es
real; esta proposición de ley va a permitir que siga pasando.

Presentamos un veto porque, aun cuando según esta
proposición de ley no se tramiten los desalojos durante el año, señorías,
no se paralizan los intereses de demora; de manera que, cuando se cumpla
ese plazo, las familias van a estar en una situación económica mucho peor
de la que tenían al principio de la paralización. Por eso, también,
presentamos el veto: porque el Gobierno no enfrenta el problema, lo que
hace es aplazarlo y empeorarlo.

Presentamos un veto a esta proposición de ley porque la
dación en pago solo la considera como parte del código de buenas
prácticas, en un ámbito restringido y de carácter voluntario para las
entidades financieras; además, son estas las que controlan el proceso.
Para eso no hace falta una ley, ya lo hacen cuando quieren; ahí tenemos
el informe y las cifras de los registradores a las que me he referido al
principio. El Partido Popular nos trae una proposición de ley para
decirle al banco: si usted quiere aceptar la dación en pago, puede
hacerlo. Eso ya lo sabe el banco, no necesita que se lo digamos. Para eso
no hacía falta esta ley.

Presentamos un veto porque esta proposición no considera
una segunda oportunidad, y perdemos la oportunidad de poner en marcha un
proceso extrajudicial, previo al concursal, para dar solución al
sobreendeudamiento que tengan las familias que nos sea doloso, y que se
haría mediante un convenio notarial. Hacer una ley de segunda oportunidad
también nos permitiría no olvidarnos, como hace esta ley,

de quienes ya perdieron su vivienda y aún continúan con una
importante deuda con el banco. Para ellos tampoco hay ley de segunda
oportunidad.

Presentamos un veto a esta proposición de ley porque
consideramos que un interés de demora de tres veces el interés legal del
dinero es usurario. No entendemos cómo se puede proponer que el interés
por comprar una vivienda, si se llega al caso de que haya una ejecución
hipotecaria, sea del 12%, cuando la Ley de contratos de crédito al
consumo prevé que el interés máximo es de un 10%. O sea, que si se compra
un barco de lujo, o un coche, o lo que sea, el interés máximo de demora
es de un 10%, y para una vivienda lo fijamos en el 12%; perdemos la
oportunidad de fijar el interés en un valor razonable, y por eso mi grupo
propone que sea justo de la mitad: un 6% para la vivienda habitual.
Además, con esta proposición de ley los bancos podrán seguir cobrando el
20% por otros inmuebles que no sean la vivienda habitual, incluido el
local de negocio donde un autónomo se gana la vida y defiende
precisamente su vivienda. Por otro lado, fijamos estos intereses, cuando
el Banco Central Europeo fijó ayer el tipo de interés oficial en el 0,5%,
en el mínimo histórico; así que estarían cobrando un interés de demora 24
veces superior al Euribor o al tipo de interés oficial que ha fijado el
Banco Central Europeo; 24 veces mayor es el interés de demora que fija
esta ley.

Presenta un veto el Grupo Parlamentario Socialista porque
no entiende esta proposición de ley del Partido Popular. No pensemos
hacia atrás, pensemos hacia el futuro: si se produce una ejecución
hipotecaria, el banco se podrá quedar con la vivienda por el 52,5% del
valor en que fue tasada para conceder el préstamo; y esto, después de
todos los debates que hemos mantenido y con todo lo que está ocurriendo
en la sociedad española, no tiene lógica. Esta ley le permite al banco
quedarse con la vivienda por el 52,5% del valor en que se tasó para
conceder el préstamo hipotecario. Es un sinsentido en el tiempo en que
nos toca vivir. Y esto si se trata de la vivienda; porque, si se trata de
otro bien inmobiliario, entonces se quedaría con él por el 37,5% del
valor por el que fue tasado.

El señor PRESIDENTE: Senador Fernández, le ruego que vaya
terminando. Después tendrá opción, si lo desea, de defender sus
enmiendas. Lo digo para su administración.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Termino, señor presidente.

Creo que hay argumentos más que sobrados para presentar un
veto a esta proposición de ley, y espero que sea tenido en cuenta.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fernández.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Utrera, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Quisiera comenzar este turno en contra aclarando una de las
cuestiones que ha preocupado mucho a los enmendantes de veto, porque en
los tres vetos se hace referencia a ella: me refiero al procedimiento; al
procedimiento que se ha seguido en la tramitación de esta proposición de
ley, que lo es. Incluso se ha clasificado a ese procedimiento de estafa
parlamentaria o de filibusterismo. Creo que todos los enmendantes están
olvidando lo que ha ocurrido, o quizá no hayan seguido el debate en su
totalidad, en las distintas fases en las que se ha ido desarrollando en
el Congreso de los Diputados. Si no entendí mal, tanto durante mi
presencia como tras haber leído las intervenciones de todos y cada uno de
los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, se dijo lo
siguiente: por un lado, teníamos un decreto ley que el Gobierno propuso
que se tramitara como proyecto de ley, y hubo una amplia mayoría, casi
unanimidad, para que se tramitara como proyecto de ley, en eso estamos de
acuerdo; y, por otro lado, se tomó en consideración una iniciativa
legislativa popular para su tramitación; y, al mismo tiempo, no sé si
todos los grupos parlamentarios, pero me consta que Convergència i Unió,
que se atribuyó los méritos de la propuesta inicial, y desde luego el
Grupo Socialista, vinieron a decir que, para que no hubiera demora en la
entrada en vigor de esta ley, se subsumiera en la misma ponencia el
debate de ambos textos legislativos que concurrían en el Congreso de los
Diputados, con iniciativa legislativa plena de la Comisión de Economía en
el Congreso de los Diputados. Eso es lo que dijeron todos y cada uno de
los participantes; expresamente, Convergéncia i Unió y, expresamente, el
Partido Socialista. Y todos los demás asintieron, porque entendían que,
efectivamente, eso acortaba los plazos que llevarían finalmente a una ley
aprobada que diera solución a multitud de personas y de familias, que en
este momento se encuentran ciertamente

en una situación de extrema necesidad; a una ley que
resolviera la cuestión que nos está ocupando. El texto lo trató una
ponencia, la ponencia constituida al efecto en el Congreso de los
Diputados; esa ponencia emitió un dictamen, y la comisión parlamentaria
correspondiente —la Comisión de Economía— hizo suyo el texto
de la ponencia con las modificaciones a que hubo lugar, con la
incorporación de enmiendas o de partes de enmiendas o de trazos de
enmiendas, como ustedes lo quieran llamar. En cualquier caso, hubo un
proceso en el cual se incorporaron los textos existentes hasta ese
momento: el proyecto de ley derivado del decreto ley, el texto de la
iniciativa legislativa popular, más las enmiendas que se habían
presentado a uno y a otro. Bien es verdad que fueron consideradas en un
debate como el que estamos teniendo hoy aquí, un debate de ensueños, un
debate que tira para arriba, sin preocuparse, ni en la ponencia ni en la
comisión de Economía del Congreso de los Diputados, de entrar en detalles
que, cierta o posiblemente, hubieran mejorado el texto que estamos
discutiendo.

Por tanto, nada de filibusterismo, nada de estafa
parlamentaria; a no ser que ustedes vengan a decirme que no es verdad lo
que estoy diciendo. Y espero que tanto Convergència i Unió como PNV y los
otros grupos aquí presentes me den la razón en cuanto al procedimiento
que se siguió; que fue ese, que fue aceptado por todos. Eso sí, estamos
una vez más ante esas decisiones colectivas extrañas en las que, si el
resultado de los procedimientos no es el que a uno le satisface, se
tiende a cuestionar el procedimiento. Pero se equivocan al hacerlo así,
porque está escrito; está escrito en las sucesivas intervenciones en el
Congreso de los Diputados. Por tanto, les ruego a todos los enmendantes
de veto que se lean las intervenciones tal y como se desarrollaron en el
Congreso de los Diputados, ya que seguramente no asistirían a ninguna de
ellas; que las lean y entiendan que el procedimiento y el correspondiente
texto resultaron de un acuerdo de todos los grupos parlamentarios,
precisamente para evitar —y en eso estábamos todos de acuerdo, y
creo que deberíamos seguir estándolo— lo que hubiera podido
ocurrir. Bien es verdad que se trabajaba con red, porque ya había dos
decretos ley aprobados y vigentes, y, por tanto, gran parte de las
medidas que en este momento estamos debatiendo en esta proposición de ley
ya están en vigor como decretos ley. Pero también es verdad que si
esperábamos a un nuevo texto final que saliera del debate de ambos textos
legislativos por separado, aceptando los vetos que se presentasen,
entonces se produciría una demora en aplicar medidas muy importantes que,
aunque a ustedes les parezcan irrelevantes, no lo son en modo alguno: la
reducción de los tipos de mora o algunas otras que incorporamos en esta
proposición de ley, fruto, como digo, de ese proceso consensuado por
todos, pero que ahora veo, sorprendentemente, denostado por todos, porque
el resultado no les satisface. Esta es la primera cuestión que quiero
aclarar. Creo que es muy importante, porque, si ustedes siguen
insistiendo en esto del procedimiento, me imagino que tendrán que
llamarles del Congreso de los Diputados para decirles que no insistan en
ese argumento porque se están equivocando.

Cosa distinta es si las comisiones deben tener competencia
legislativa plena o no, que es una cuestión que no ha mencionado ninguno
de ustedes. Una vez que la Mesa del Congreso de los Diputados otorga
competencia legislativa plena a una comisión, el debate es abierto y
transparente, con taquígrafos y con toma imágenes para Internet, que son
accesibles a todos los ciudadanos españoles —la transparencia es
plena—, pero tiene lugar en la comisión, porque esta tiene
competencia legislativa plena, y no en el Pleno; cosa que en el Senado no
ocurre, porque en el Senado debe ir necesariamente al Pleno y, por tanto,
ahora en comisión y después en el Pleno, tendremos ocasión de debatir
todos y cada uno de los extremos que ustedes quieran de esta proposición
de ley.

En cuanto a la segunda cuestión, voy a ser muy breve puesto
que también ustedes lo han sido esencialmente. Estamos en una especie de
ánimo de demostrar quién es capaz, no de ser más generoso, sino de llegar
más lejos. Y en ese sentido me sorprende lo que dice el Partido
Socialista específicamente, pero también sus aliados de Gobierno, que le
votaban en la pasada legislatura y apoyaban su acción de gobierno en el
Gobierno de España, Deberían reflexionar mucho sobre lo que están
diciendo. Yo no digo que no se pueda cambiar de opinión; se puede
cambiar, e incluso se debe cambiar de opinión con el paso de los años.
Pero usted, señor Fernández, en este momento está desautorizando
absolutamente, está desautorizando absolutamente lo que se dijo. Usted
conoce al señor Rubalcaba, ¿verdad?, que era ministro con el señor
Zapatero. ¿Lo conoce, verdad? Pues el señor Rubalcaba, en sede
parlamentaria, en sede gubernamental, vino a decir que no solamente la
dación en pago no podía realizarse en modo alguno porque quebraba o
quebrantaba contratos firmados entre las partes, acuerdos de partes
anteriores, sino porque al mismo tiempo eso supondría una injusticia para
quienes estaban pagando sus hipotecas. Eso lo decía el señor Rubalcaba.
El señor Zapatero lo defendía todavía con más vehemencia, porque llevaba
más lejos la cuestión de la injusticia que suponía hacer nada, nada de
nada —es que no movieron

un dedo—, nada de nada de nada en favor de múltiples
personas, cuando, ya desde el año 2007, tal como reconocen ustedes en el
texto de su veto, empezaba a apuntar las orejas un problema que era muy
grave, que se está arrastrando, que viene fundamentalmente de los años
2008 y 2009 en su concreción en estos momentos.

Por tanto, les pediría un poco de humildad, por no hablar
de sensatez, a la hora de hacer discursos. No digo que no quieran ustedes
perfeccionar la proposición de ley, de lo cual nos alegramos. Nosotros
también estamos dispuestos a ello. No digo tampoco que su ánimo realmente
no esté inspirado por la gravedad del problema que nos inspira y al que
nos enfrentamos. Pero, señoría, tenga usted al menos la modestia, la
humildad o la sensatez de reconocer que este Gobierno —el Gobierno
actual, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, y el Gobierno que el
Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular apoyamos con nuestra
mayoría absoluta— es el primero que ha legislado a favor de la
dación en pago. El primero. Estamos de acuerdo en eso ¿no? Es decir,
hasta ahora la dación en pago no estaba recogida como procedimiento para
cancelar deudas hipotecarias, y durante los muchos años del Gobierno
socialista del señor Zapatero nunca se concibió; de hecho, se votó por
diez veces, si la información que tengo es exacta —pero lo mismo me
da si han sido nueve o han sido once—, en contra de la dación en
pago. Pues bien, la dación en pago está en este texto; de hecho, ya
estaba en el primer decreto ley que el pasado mes de marzo —no
marzo de 2013, sino de 2012— aprobó el Gobierno y que convalidó
posteriormente el Congreso de los Diputados, en el cual se contempla la
dación en pago, pero no de forma voluntaria, como usted ha dicho
—no es verdad—, sino forzosa.

Ustedes no han entendido el juego que supone un código de
buenas prácticas, y es muy importante que lo entiendan. Por eso se lo voy
a explicar. La adhesión a un código de buenas prácticas es voluntaria,
pero una vez que alguien está adherido a ese código de buenas prácticas
este es obligatorio en sus preceptos. Por tanto, todas las entidades
financieras, todas —de hecho, todo el sistema financiero español,
todas las entidades, más del 99% de las que tienen concedidos créditos
hipotecarios, están adheridas al código de buenas prácticas—, una
vez que están adheridas a dicho código están obligadas a cumplirlo. Y lo
que decía el decreto ley y lo que ratifica esta proposición de ley es que
se busque a los deudores hipotecarios, primero, una solución viable de
reestructuración de deuda. Si esa reestructuración viable de la deuda no
es posible, entonces, una quita. Esta sí es potestativa dentro del código
de buenas prácticas; una quita que puede llegar al 35%. Repito que esta
sí es potestativa. Pero si no hay quita, o incluso con la quita
potestativa siguiera resultando no viable el plan de reestructuración,
entonces —si se cumplen las condiciones: que sea una familia a
proteger—, necesariamente en ese caso, dación en pago.

Por tanto, la dación en pago es obligatoria. Afine usted
los conceptos, porque, así como ha señalado algunas cosas que pueden
tener interés, en otras se excede en el uso de términos que no se
corresponden con la realidad. Y es que quizá en este debate estemos muy
impregnados. Como ustedes decían, la base misma era la iniciativa
legislativa popular, que viene avalada por un gran número de ciudadanos
pero que desde luego no viene avalada ni por la calidad del texto ni por
la eficacia de la literalidad de la proposición de ley. Porque dación en
pago la hay en esta proposición de ley. Hay dación en pago. ¿Que se
contempla un número de familias que se considera superior a cien mil, con
los posibles beneficiarios, con este decreto ley? También. ¿Que hay quita
de deuda? También. ¿Qué hay reducción de tipos de demora a tres veces el
interés legal del dinero? Dice usted que es el 12%. Sí, el 12 es ahora,
pero cuando aprobemos la próxima ley de presupuestos puede bajar al 9 o
al 6. En la medida en que, como usted apuntaba, desciendan los tipos de
interés europeos, entiendo —no soy experto en la materia, en cómo
se determinan los intereses legales— que el interés legal del
dinero también se irá relajando en favor de la reducción general de tipos
de interés que la política monetaria que se está practicando en todo el
mundo favorece y permite. Por tanto, no estamos hablando de un 12%; un 12
lo es en este momento, pero repito que puede ser de un 9 o un 6 en el
futuro. Con lo cual ustedes —me refiero a usted, señor
Fernández— además corrigen su enmienda de veto porque lo hicieron
mal, y hay una addenda, una corrección de errores, unos cuantos días
después; y como cuando dijeron que los intereses del 20% eran usurarios
vieron que era un error, que podían llegar como máximo al 12 en estos
momentos, hicieron la corrección de la enmienda de veto diciendo que el
12% también es usurario. Bien, usurario. Y el 5%; cuando los tipos de
interés fueran al cero, el 5% también sería usurario. Cada uno tiene la
medida de las cosas que tiene. Pero lo cierto es que por primera vez en
España se reducen los tipos de interés de demora en hipotecas
inmobiliarias y además se fija un techo máximo de aplicación de intereses
de demora. Eso es verdad. Como lo es también que se respeta…

El señor PRESIDENTE: Senador Utrera, para la administración
del tiempo le indico que ha consumido quince minutos. Posteriormente
habrá un turno de portavoces.

El señor UTRERA MORA: Termino con este argumento.

Como decía, entiendo que se respeta escrupulosamente,
aunque en esta materia la vida puede hacer cambiar algunos elementos, la
reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué?
Porque, si no he entendido mal la sentencia, que he leído varias veces,
primero, es una sentencia prejudicial, por tanto, lo que hace es informar
a los jueces de España que estén viendo este asunto sobre los criterios
que deben o pueden aplicar. En ese sentido la sentencia tiene un valor
informativo sobre la autoridad judicial española, sobre los tribunales
españoles. Y, básicamente, como puede haber cláusulas abusivas —que
no define, pero dice que las puede haber y, por tanto, que se
estudien—, abre la vía para que el juez de oficio o en cualquier
caso alguna de las partes, normalmente la deudora, esgriman como
argumento para paralizar el procedimiento administrativo la existencia de
esos vicios o cláusulas abusivas. Y precisamente en esta proposición de
ley están recogidos los dos elementos: las cláusulas abusivas y la
posibilidad que se otorga a los jueces —posibilidad que se otorga
absolutamente, es decir, que no hay ninguna duda, esta proposición de ley
lo hace— de paralizar los procedimientos hipotecarios una vez que
se aprecien cláusulas abusivas, de llevar a un declarativo y determinar
en él si esas cláusulas son abusivas o no. En el caso de que las hubiera,
se paraliza o se retorna al procedimiento sin esas cláusulas abusivas. En
definitiva, el espíritu de esa sentencia está perfectamente recogido, y
me cuesta trabajo creer que ustedes no acepten esta cuestión, porque
insisto que viene recogida.

Por estas y algunas otras razones, de las que ya tendremos
ocasión de hablar, y en función del tiempo, agradeciendo al presidente la
flexibilidad que me ha dado en el turno en contra, el Grupo Parlamentario
Popular se va a oponer a las tres enmiendas de veto.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Utrera.

Ahora corresponde un turno de portavoces, en el que tienen
la opción de volver a intervenir.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Mariscal,
por un tiempo máximo de diez minutos.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Señorías, el señor Utrera nos llama a la reflexión, y como
esta es la casa de la palabra y de la deliberación, creo que el
llamamiento es legítimo y oportuno. Por eso me van a permitir que también
yo haga un llamamiento a la reflexión presente y futura de los y las que
nos están gobernando y de los hombres y mujeres que con su voto apoyan y
toman decisiones que afectan de forma diaria a la gente. Y digo a la
reflexión futura, porque, como estamos viendo, y se dice por allí abajo,
aquí está todo el pescado vendido. Efectivamente, parece que es eso lo
que sucede. Por lo tanto, mucho nos tememos que el resultado final no sea
en absoluto rescatar a las personas empobrecidas y a las personas que
están sintiendo cada día la vulnerabilidad, fruto de unas condiciones de
vida y de existencia propiciadas también por decisiones políticas de los
hombres y las mujeres que estamos en estos órganos y que afectan a la
vida de la gente. Creo que deberíamos tener esto en mente en primer
lugar, y creo que eso es lo que han tenido en mente el 1 402 854 personas
que han firmado la iniciativa legislativa popular. No voy a entrar en las
cuestiones procedimentales que aquí se han reseñado, pero está claro que
hay un fraude, un fraude político en torno a lo que suponía la aceptación
del contenido de la iniciativa legislativa popular, de su inclusión en el
debate, para finalmente desvirtuar —en eso tendrán que estar de
acuerdo conmigo—, porque lo que decía la iniciativa legislativa
popular no es que haya sido tímidamente añadido o contemplado, no, ha
sido ignorado y burlado por parte de los redactores de esta ley.

Hasta diciembre de 2012 —ya han pasado casi cinco
meses de eso— las entidades financieras españolas han recibido más
de 589 000 millones de euros de fondos públicos en concepto de ayudas.
Solamente cerca del 14% del total son ayudas de capitalización, mientras
que el 85% han sido ayudas a la financiación de las mismas. Han sido
ayudas directas en forma de capital, seguros sobre pérdidas futuras,
avales a las emisiones de deuda, adquisición de activos líquidos, suelo
de inmuebles, suscripción de participación en los bonos preferentes
convertibles y préstamos ilimitados del Banco Central Europeo. Es decir,
se han tomado decisiones políticas para rescatar con una cantidad
exorbitante de dinero a los causantes de esta crisis. Y las víctimas, los
hombres y mujeres del pueblo trabajador, que han visto cómo cada día
empeora su situación económica y su incapacidad para hacer frente a la
usura, son expulsados y echados de sus casas; y todo eso genera,
evidentemente, movilización, conflicto y el impulso de iniciativas, como
la iniciativa legislativa popular.

Mi intervención es para mostrar la adhesión de los dos
senadores de Izquierda Unida especialmente al veto número 1. Vamos a
votar a favor de los tres, pero —repito— especialmente a
favor del veto número 1, de los compañeros Guillot y Saura. Nos parece
que en él quedan claro los motivos por los que esta ley tiene que
devolverse, y creemos que el contenido de esta ley no resuelve el
problema social de la deuda hipotecaria. Es muy difícil, señorías, hacer
equilibrios entre la banca y las personas, entre el sistema financiero y
el pueblo trabajador. Es ya absolutamente imposible hacer equilibrios
entre uno y otro, y el pueblo les está diciendo que tomen la decisión de
ponerse de una vez por todas con el pueblo, a pesar de que tienen también
fundamentalistas que exigen que vayan incluso más allá, dentro de las
filas de su propio partido, lo cual asusta un poco; que vayan incluso más
allá. Hay que tener en cuenta que esta no es una cuestión de caridad, de
pobrecitos desahuciados; creemos que esta es una cuestión de justicia que
afecta a las personas que están en situación de lanzamiento, a las que ya
lo han sufrido, a las que están en la calle tiradas y sin empleo. Pero
sobre todo afecta a la sociedad en su conjunto, porque de las decisiones
que aquí adoptemos dependerá en gran medida la solución a una cuestión
que es de derechos humanos. Me gustaría que eso también quedase claro:
esta es una cuestión de derechos humanos, y no se soluciona con las
decisiones que se están tomando en esta casa ni con las que se van a
tomar el miércoles que viene ni con las que se tomaron en la casa hermana
del Congreso de los Diputados, porque no afectan a la solución de un
problema que —insisto— no es de caridad sino de justicia, de
justicia social y de justicia democrática. Creemos que lo que están
haciendo con este texto podrá ser absolutamente legal, pero nos parece
que es absolutamente ilegítimo; y creo que el tiempo nos dará la razón,
por desgracia. Con este texto no se van a paralizar los desahucios, no se
va a paralizar el drama social de los desahucios, como se dice
—porque lo es—, y no va a emerger una senda que permita que
aquellos que han recibido esos 589 000 millones de euros en ayudas
reviertan esa ayuda al pueblo. Pero, claro, si les seguimos dejando con
las manos libres… Ustedes tienen la responsabilidad de atárselas y
no son capaces porque se someten a la voluntad de ellos mucho más que a
la voluntad democrática del pueblo. Afortunadamente, el pueblo tendrá
oportunidad de manifestarse en su momento. Lo que más tememos son todas
las barbaridades que van a seguir cometiendo contra los derechos
sociales, contra los derechos civiles y contra la justicia social en este
país.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Mariscal.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Bildarrazt.

El señor BILDARRAZT SORRON: Muchas gracias, señor
presidente.

Primero quiero saludarles en esta para mí nueva comisión,
porque, como ustedes saben, en estos momentos sustituyo a la que era
hasta el día 30 nuestra senadora Lore Leanizbarrutia. Y hasta que
internamente consigamos reordenarnos aquí estaré, intentando ayudar en lo
que entiendo que todos los senadores y senadoras aquí presentes quieren y
desean.

También yo quiero comenzar realizando una reflexión sobre
el procedimiento, que cuando menos es curioso. Y no voy a ser yo quien le
quite la razón al senador Utrera diciendo que en determinados momentos en
el Congreso se adoptaran determinadas decisiones de manera conjunta en la
estrategia a trabajar con los dos textos entonces a debate.

Me voy a referir más al procedimiento que estamos siguiendo
en esta Cámara, porque, evidentemente —este tema también salió en
la Junta de portavoces—, todos somos conocedores del escaso margen
que por ley tenemos en esta Cámara para el debate una vez declarado un
proyecto de urgente, como es el caso. A su vez, tenemos que ser
conscientes de que ya en diciembre en el Congreso se estaba debatiendo,
se estaba hablando, se estaba discutiendo de la dación en pago; sin
embargo, entendiendo el procedimiento urgente que se ha seguido aquí,
también tenemos que ser conscientes de que no es lógico que a las once y
media de la mañana se reúna la ponencia y a la una del medio día estemos
en comisión debatiendo el texto, porque eso, evidentemente, a todos nos
genera una duda o, más que una duda, una intuición: que probablemente no
vaya aceptarse, no ya un veto, sino ninguna de las enmiendas que se van a
tratar aquí, en comisión, o en el Pleno. En ese sentido me genera
preocupación, porque, como decía, no es normal que en el foro donde de
una manera más ágil podemos discutir, como es la ponencia, prácticamente
no nos hayamos sentado para tratar y debatir el tema.

Abordando ya el asunto que nos ocupa, creo que una de las
primeras reflexiones que tenemos que hacernos todos los aquí presentes,
porque probablemente todos los que estamos aquí representamos a partidos
políticos que de alguna manera o en un momento u otro hemos tenido o
tenemos responsabilidades

de Gobierno, una de las primeras reflexiones, digo, es cuál
ha sido la política de vivienda, cuáles han sido las diferentes políticas
de vivienda. Y no estoy haciendo historia ni acusando o recriminando a
algunos partidos políticos por algunas acciones o no acciones, etcétera,
no; lo único que intento aportar es una pequeña reflexión. ¿Para qué?
Para ver, en el momento en el que nos encontramos, dónde están las
responsabilidades. Evidentemente, las responsabilidades las tenemos muy
compartidas, pero nosotros —digo nosotros como políticos; unos más
que otros, lógicamente— tenemos una gran responsabilidad en la
situación en la que nos encontramos actualmente.

Antes mi amigo José Manuel Mariscal hacía referencia a los
derechos humanos. Yo voy a hacer una referencia a la Constitución, a la
Carta Magna, que tanto utilizamos, como tiene que ser, para llevar
adelante proyectos y debates en esta misma casa. Y la Constitución, en su
artículo 47, dice: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con
el interés general para impedir la especulación.» Me quedo con esta
última frase. ¿Hemos cumplido, como políticos, con este precepto que la
Constitución nos plantea? Es decir, ¿se ha regulado la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación?
Cada uno de nosotros buscará una respuesta o dará una u otra, pero
—y no me refiero a un partido político o a un grupo parlamentario,
no, sino a nosotros, como políticos— hay que preguntarse si hemos
cubierto o podemos desprendernos de esa importante responsabilidad. Y
digo desprendernos de la responsabilidad, porque entiendo que para
nosotros la preocupación tiene que ser cualquier persona que en cualquier
momento se vea abocada a salir de manera traumática de su vivienda.
Aunque solo tengamos así a una persona, si en aquello que estemos
legislando vemos que todavía tenemos temas por solucionar eso debe ser un
motivo de preocupación y ocupación para nosotros.

Antes el senador Fernández también preguntaba si un padre o
una madre con un hijo o una hija, con un menor mayor de tres años, no
merece entrar en el grupo en el que de una manera u otra se deje de lado
el lanzamiento. ¿No se lo merece? ¿No puede? ¿No es nuestra preocupación?
¿No debemos ocuparnos también de ello? Creo que es necesario un debate
sereno, de tiempo y paciente para que, entre todos —entiendo que
todos los presentes tenemos el objetivo de atender a nuestra ciudadanía,
con diferentes perspectivas, sí, pero atenderla—, intentemos
escuchar las diferentes sensibilidades que cada uno de nosotros tiene
para responder aunque sea a ese caso, que es tan evidente y que se repite
de manera diferente.

Tenemos más responsables; la banca, por ejemplo, las
entidades financieras, a las que se ha ayudado. Se las ha ayudado mucho y
con dinero público. Y había que ayudarlas. Había que ayudarlas para
mantener el sistema financiero, evidentemente; para dotar de estabilidad
a todo el sistema financiero que, a fin de cuentas, también va a ayudar a
mantener una estabilidad social. Pero también debemos preguntarnos,
primero, ¿hay responsabilidad en la banca o en las instituciones
financieras? Esta misma mañana, antes de venir aquí, he estado analizando
en la hemeroteca de los años 2007 y 2008 los balances de las diferentes
entidades financieras, las ganancias. Y las mayores ganancias de las
entidades financieras eran a costa del sector inmobiliario y de las
hipotecas. Evidentemente, estas entidades financieras dejaban, cedían,
prestaban más dinero que el que el propio demandante necesitaba. Todos
hemos conocido situaciones en las que al demandante se le ha ofrecido
incluso más dinero que el que pudiera ser necesario para adquirir una
vivienda. Esa ha sido la política que las entidades financieras han
llevado adelante. Creo que es momento también para que a esas entidades
financieras se les exija que devuelvan a la sociedad lo que la sociedad
en su momento les ha dado con creces. Y de una manera u otra las
entidades financieras tienen que responder. Entiendo que entre todos
hemos colaborado a un ambiente que ha hecho que la gente pudiera vivir en
algunos momentos por encima de una determinada situación, sin calcular lo
que ha sobrevenido a partir de 2008.

Por eso quiero terminar repitiendo el mensaje de que, con
que haya una sola familia que se quede fuera de la proposición de ley en
la que estamos trabajando en estos momentos, aunque sea una sola,
deberíamos preocuparnos e invertir el tiempo necesario para oír las
diferentes opiniones y sensibilidades de modo que pudiéramos darle a esa
familia —que, evidentemente, es un ejemplo— una solución.

El senador Utrera hacía antes una pregunta…

El señor PRESIDENTE: Senador Bildarratz, sepa usted que ha
consumido su tiempo. Vaya terminando, por favor.

Gracias.

El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, termino.

El senador Utrera hacía una pregunta y nos trasladaba su
sensación personal: esto parecía un concurso para ver quién es capaz de
llegar más lejos ofreciendo más. Lo que todos debemos perseguir
obsesivamente es llegar más lejos recogiendo el mayor número de casos y
de familias, para que no tengan que verse abocadas a abandonar
traumáticamente su vivienda. No es bueno que estén en total y absoluta
soledad como grupo mayoritario; los demás no podemos estar tan tan
confundidos, en todo; creo que en algo podremos acertar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bildarratz.

Señorías, quisiera hacer una aclaración. Esta Presidencia
ha hecho las convocatorias, tanto para constituir la ponencia y para
reunirla como para reunir a la comisión, cumpliendo el Reglamento de la
Cámara. Una vez que se declaró la urgencia, publicada como estaba la
proposición de ley el 20 de abril, estaba claro que tenía que llegar,
cumpliendo los plazos establecidos, al Pleno de los días 7 y 8 de mayo;
puesto que el de los días 21 y 22 quedaría fuera de los plazos
establecidos por la declaración de urgencia. Es cierto también que esta
semana, con una fiesta nacional y una autonómica, se desvirtúa en parte
la programación de trabajo. Ahora bien, la operativa que se ha seguido en
esta comisión, de reunión de la ponencia e inmediata reunión posterior de
la comisión, es algo absolutamente normal, se hace en todas las
comisiones, y se hace también para no marear al personal convocándolo en
días distintos. Es una apreciación de esta Presidencia que el debate
político no tiene nada que ver con los justos y estrictos términos del
procedimiento. De este tema se viene hablando desde hace muchos meses, y
a nadie coge por sorpresa ni los contenidos de la proposición de ley ni
los de la iniciativa legislativa popular, puesto que a nivel político ha
habido debate. Ahora estamos dando cumplimiento estricto al procedimiento
que estable el Reglamento. Y siempre hemos ido forzando los plazos con
arreglo al Reglamento: alargando al máximo el plazo de presentación de
enmiendas, o alargando al máximo —como luego les anunciaré al final
de esta sesión— el plazo para anunciar los votos particulares para
que se puedan incorporar al Pleno, si así lo estiman oportuno los
distintos grupos parlamentarios. Una vez dada esta explicación, desde
luego no voy a entrar en debate con ninguno los portavoces. No es de mi
competencia ni tengo interés en hacerlo.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Guillot por un tiempo máximo de diez
minutos.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Empiezo por el procedimiento, como ha hecho el senador
Utrera. Ya sé que le cuesta un poco entender la toponimia parlamentaria,
si se trata de la izquierda. Bien, mi grupo en el Congreso es La
Izquierda Plural, que nunca ha avalado lo que ha dicho usted. Además, en
el Diario de Sesiones del Congreso, del 18 de abril, veo que la señora
Iglesias Santiago, del PSOE, dice: «…lo primero que nos gustaría
hacer es denunciar un procedimiento un tanto tramposo y sin voluntad
política de acuerdo…». La señora Ciuró i Buldó, de Convergència,
dice: «De parte de mi grupo parlamentario quisiera empezar esta
exposición hablando primero de las formas que se han seguido en la
tramitación de todo este proyecto. En primer lugar, por el hecho de que
se ha sustraído del debate el texto completo de la iniciativa legislativa
popular, que el Pleno de esta casa aceptó a trámite por parte de todos
los grupos parlamentarios, y finalmente no ha podido ser así.»

Aparte de este debate, que es insustancial, el problema
aquí es que llevamos muchos años, como mínimo desde el 2008, con un grave
problema que se llama desahucios. Estamos hablando de 400 000. No sé si
será una crisis sistémica, pero seguro que sí es una pandemia. Hablamos
de que, desde que Joan Herrera presentó en el Congreso la primera moción
en el año 2007 hasta la última proposición de ley que yo mismo presenté
en el Senado —y lo digo sin falsa modestia— a favor de la
tregua de invierno para los desahucios, se ha votado no a todas, siempre.
Y es verdad que, si hoy discutimos esto aquí, es porque ha habido una
gran movilización ciudadana, porque hay una gran sensibilización
ciudadana, porque ha habido suicidios, porque ha llegado una ILP y por lo
que ha dicho un tribunal superior, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea; por eso estamos todos discutiendo hoy esto aquí. Mi grupo
parlamentario no ha tenido demasiada suerte desde el año 2007 hasta el
2012 con sus propuestas, pero, como mínimo, hoy toda esta gran marea de
movilización y el toque que nos ha dado el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea nos han forzado a entrar en este debate. Y mi pregunta es:
¿vamos a entrar en una espiral para ver quién va más lejos? No; si aquí,
en España, la que ha ido más lejos ha sido la

banca. Si a alguien se le ha ido la olla durante todos
estos años ha sido a los bancos; y a la mayoría de estas entidades
financieras hemos tenido que rescatarlas. Lo único que se está
proponiendo con muchas de las enmiendas que se presentan, y sobre todo
con el empuje de la ILP, es un intento de rescate de estas personas que
lo están perdiendo todo. Señorías del PP, a todo aquel que pierde su
residencia habitual —no hablamos de una segunda residencia—,
a todo aquel que cae en una insolvencia sobrevenida posterior a la
solicitud de su hipoteca y que no dispone de otra vivienda, ¿le
resolvemos sus problemas con esta proposición de ley?, ¿si o no? La
respuesta de mi grupo parlamentario es que no. Esta proposición de ley se
queda cortísima en muchos aspectos y, en otros, sigue la misma lógica que
se ha seguido hasta el momento. Por eso hablaba de estafa parlamentaria:
porque el empuje inicial que trajo este debate al Congreso, y
posteriormente al Senado, fue una gran movilización ciudadana, que pedía
y sentía unas propuestas, y una sentencia europea; y ustedes cogieron
todo esto y lo transformaron en esta proposición de ley que nada tiene
que ver —por lo menos, admítanlo— con la ILP, nada tiene que
ver. Habría sido mucho más razonable y mucho más correcto que el Gobierno
hubiera hecho su proyecto de ley, que lo hubiera sometido a debate
parlamentario, y hubiéramos vista que daba de sí.

Todos estamos de acuerdo en que ha habido una burbuja
inmobiliaria; todos estamos de acuerdo en que ha habido desmanes de las
entidades financieras, el portavoz del Grupo Vasco se refería a ellos:
hipotecas exageradas, muy por encima del valor del bien inmueble,
etcétera; y todos estamos de acuerdo en que ha habido un rescate para
estas entidades financieras. En este punto, no puedo entender por qué no
se puede priorizar también una ayuda a toda esta gente que lo está
perdiendo todo. Es verdad que la sensibilidad social no es patrimonio de
nadie, pero las prioridades sí lo son; todos tenemos sensibilidad social,
pero, en cuanto a las prioridades, sí que hay diferencias entre unos y
otros. Nosotros hemos creído siempre que no se podían cuadrar los números
sin cuadrar también los intereses de la gente, y especialmente los de
aquellos que son más débiles y que están más desprotegidos. Sin embargo,
lamentablemente, senador Utrera, no creo que la propuesta que defiende
usted, la propuesta que llega con el apoyo de la mayoría parlamentaria
del Partido Popular, sea la adecuada. Dice usted: es la primera vez;
efectivamente, siempre hay una primera vez, pero esta no es la buena. Y
también me pregunto con sorpresa —lo decía el portavoz del Partido
Nacionalista Vasco—: ¿cómo puede ser que, entre doscientas
enmiendas largas, no encuentren nada —nada—, que incorporar,
ni la fecha? Y luego tenemos que escucharles dándonos la tabarra sobre la
voluntad de diálogo y del acuerdo para ir todos juntos; es
incomprensible. No lo digan; vayan ustedes a su bola y, como mínimo, no
nos calienten la cabeza con la voluntad de acuerdo y de diálogo.

Con todo, creo que es un error, que es una ocasión perdida.
Lamentablemente, el problema de los desahucios seguirá, volveremos a
hablar de ello. Únicamente confío en que, a partir de todo este debate, a
partir de lo que dé de sí, podamos cambiar, modificar, esta situación en
el futuro; esta situación tan desgraciada, que sufre tanta gente.

Sin más, gràcies, president.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Guillot.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el
senador Alturno.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president.
Señorías, muy buenos días.

En primer lugar, quiero presentarme también ante esta
comisión: soy el nuevo portavoz de mi Grupo Parlamentario, de
Convergència i Unió, y esta es mi primera intervención ante esta
comisión.

Nuestro grupo no ha presentado ningún veto a esta
proposición de ley porque esperábamos que fuera realmente la ley del
consenso, la ley de los grandes pactos; que pudiéramos decir que habíamos
dado respuesta a los problemas que en estos momentos están padeciendo
miles y miles de familias, muchísimas personas. En definitiva, esta era
nuestra intención: no presentar veto, no tratar de imponer nuestra
voluntad, sino dialogar y que se tomaran en consideración las enmiendas
que hemos presentado —luego hablaré de ellas, en el turno de
defensa de enmiendas—, porque pensamos que mejoran muchísimo el
texto. Sin embargo, lo que estamos viendo no va en este sentido; no va en
el sentido del consenso, del diálogo, de aceptar enmiendas. Voy a poner
dos ejemplos: el texto que hoy estamos debatiendo fue aprobado en la
Comisión de Economía del Congreso de los Diputados con competencia
legislativa plena, luego no se debatió en el Pleno. Desde un punto de
vista mediático, no es lo mismo tratarlo en un ámbito que tratarlo en
otro. El señor Guillot ha leído parte de la intervención de nuestra
portavoz en la comisión del Congreso, así que solo me queda recordarlo;
no se aceptaron enmiendas y no hubo posibilidad de un debate en el Pleno.
Hay que llamar a las cosas por su nombre.

Por otra parte, nuestro grupo había presentado a la Mesa de
la Comisión un escrito de aplazamiento de esta sesión, porque se trata de
una proposición de ley muy importante y hay que dar tiempo al debate y
dar tiempo a las negociaciones sobre las enmiendas; nuestro grupo,
concretamente, tiene 41, y, desde que se publicaron hasta hoy, no ha
habido tiempo material para hacer transaccionales y hablar del tema. De
todos modos, vemos que en esta comisión no se aceptarán enmiendas y que
pasarán al Pleno. Vamos a ver qué pasa entonces, no podemos hablar en
términos absolutos; hay que esperar al día 8 para ver por dónde vamos, a
ver si se aceptan o no, pero tenemos la impresión de que quieren
ventilarse esta proposición de ley con un pim, pam, pum…, ¡fuera!,
así de rápido; esta es la impresión que tenemos. A ver si el día 8
podemos decir lo contrario, porque hayan aceptado negociaciones, hayan
aceptado enmiendas; sería perfecto. Veremos lo que ocurre.

El señor Utrera hacía referencia antes a mi grupo
parlamentario. En el Congreso de los Diputados hubo dos ponencias en un
momento dado: una, para el Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre,
que luego fue validado como proyecto de ley, un proyecto de ley sometido
a debate, el ministro de Economía lo defendió el 30 de enero; y otra,
para la iniciativa legislativa popular que se presentó posteriormente;
había pues dos ponencias. Pero una cosa es que hubiera dos ponencias y se
fundieran, una cosa es estar a favor de propiciar el debate de un único
texto, y otra es que no se acepten enmiendas. El resultado final fue que
en el Congreso no se aceptaron nuestras enmiendas, no se aceptaron
enmiendas importantísimas. Vemos que hay una especie de interés en que el
debate no sea como tendría que ser; que la negociación no existe, que no
existe la posibilidad de introducir enmiendas. En fin, veremos qué ocurre
el día 8, pero nuestra impresión ahora es la que les digo.

Nosotros ponemos nuestra atención en el millón y medio de
personas que avalaron la iniciativa legislativa popular, miles y miles de
ciudadanos, y en la expectación que se ha producido en torno a esta
iniciativa legislativa popular; en el montón de ciudadanos que están
sufriendo en estos momentos como consecuencia de los desahucios y de las
situaciones sobrevenidas por las circunstancias económicas y por las
circunstancias de las que también tendremos ocasión de hablar el día del
Pleno con más detalle; en las familias que han sido objetivo de
desahucios, familias que están sufriendo, en definitiva, porque han
perdido su vivienda y porque ha habido familiares directos o padres que
han avalado a hijos y los hijos han perdido la vivienda y los padres
también. En resumen, se ha producido un drama social enorme, y hay que
dar soluciones definitivas; no transitorias: definitivas. Por todos
ellos, por toda esta gente que está padeciendo, que está sufriendo, que
espera que en el ámbito legislativo seamos capaces de ponernos de
acuerdo, quiero pedirle al Partido Popular que acepte las enmiendas; de
aquí al día 8 hay margen de negociación, negociemos las enmiendas, como
mínimo. El Partido Popular tiene la mayoría absoluta, pero difícilmente
tendrá la razón absoluta, y me remito a algunas intervenciones
anteriores: entre todas las enmiendas que se han presentado, algunas
habrá que mejoren el texto desde cualquier punto de vista. Si esta
posibilidad existe, les pedimos que la utilicen en beneficio de los
ciudadanos que están esperando que solucionemos el problema de manera
definitiva.

En conclusión, vamos a apoyar los vetos que se han
presentado; a ver si, de aquí al día 8, hay un cambio de actitud. Ojalá
nos sorprendamos y el texto final sea fruto de consensos, cosa que en
estos momentos dudamos.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo.

Por cortesía, les doy la bienvenida, tanto al senador
Alturo como al senador Bildarratz, a esta comisión. Muchas gracias.

Corresponde el turno de palabra al representante del Grupo
Parlamentario Socialista, senador Fernández, por un tiempo máximo de diez
minutos.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

El señor Utrera en su intervención nos daba una explicación
exhaustiva del procedimiento que ha seguido esta ley en el Congreso, y
afirmaba que había pasado por la presentación de documentos, que luego se
enmendaban de forma distinta; documentos que, al final, presenta el
Partido Popular recogiendo partes de otros —usted mismo lo ha
descrito en esos términos—, partes de enmiendas —decía
usted—; y todo ello finaliza en el documento que se presenta tras
una tramitación azarosa, hasta el punto de que el documento que publica
el Congreso y el que llega al Senado son dispares. Y con toda esta
tramitación, la decisión de recortar el procedimiento de esta ley en el
Senado la toma del Gobierno, la toman ustedes. Lo que criticamos es que,
para un tema tan importante como este y tras un procedimiento tan azaroso
en el

Congreso como el que usted ha descrito, hubiera sido más
conveniente que nos hubiésemos dado un plazo normal de tramitación de la
ley, que también es legal; son legales las dos cosas, y ustedes han
elegido la que requiere un tiempo más corto. Es una decisión que ustedes
han calculado, y a nosotros nos parece que hubiese sido mejor que nos
hubiésemos dado un tiempo para seguir debatiendo, porque hay temas que
hay que resolver todavía en esta ley y hay oportunidad para hacerlo, si
el Gobierno tuviera voluntad de hacerlo. Por cierto, una precisión sobre
mi intervención anterior que, de todas formas, está en el Diario de
Sesiones: no me refería a filibusterismo en los plazos, sino por haber
fagocitado la iniciativa legislativa popular. Eso quería decir al decir
que hacían un ejercicio de filibusterismo.

Respecto a si es oportuno y legítimo hacer en este momento
propuestas que no se han hecho antes, le pongo un ejemplo: yo fui alcalde
y, cuando tuve la oportunidad de gobernar, me dediqué a resolver los
problemas que había en ese momento, no me dediqué a preguntar por qué no
los había resuelto otra persona antes; del mismo modo, sabía que no les
dejaría resuelto el futuro a los responsables políticos que vinieran
después. Es la política, el Gobierno está en continua transformación;
todos los días traemos leyes a las Cámaras haciendo cosas que no se han
hecho antes, a partir de los escenarios que tenemos. Por lo tanto, le
reconozco al Partido Socialista, y me la reconozco a mí mismo, absoluta
legitimidad para presentar las enmiendas y las propuestas que
consideramos oportunas en este escenario; en un escenario en el que ya se
han alcanzado los seis millones de parados y en el que el Gobierno dice
que no va a mejorar esa cifra a lo largo de la legislatura. El escenario
que tenemos es malo, pésimo, económica y socialmente, y no va a mejorar
en los próximos años. Yo le he dado unas cifras al empezar mi
intervención para situarnos en el contexto real. Y en ese contexto, hay
que hacer una ley acomodada a ese escenario; no al que había antes, en
otra época, cuando se hizo la Ley Hipotecaria. Ahora es el momento de
cambiarla, tenemos un escenario con decenas de miles de familias que lo
están pasando mal, y otras muchas, como he dicho antes, que viven con el
miedo de que les toque a ellas. Nuestras propuestas son absolutamente
razonables y sensatas en este momento.

Me hacía una apreciación sobre el 12% de los intereses de
demora, diciendo que cada uno tiene su medida de las cosas. He dicho el
12%, porque hoy el interés legal está en el 4%; es incontrovertible que
esta ley dice que será tres veces el interés legal, mientras que la Ley
de contratos de crédito al consumo dice que el interés máximo es dos
veces y media. No discutamos, si quiere, el 12%, que lo es hoy, y que es
una cifra correcta hoy; discutamos que están haciendo una ley por la que
la vivienda va a tener un interés de demora más alto que otros bienes,
incluso de lujo. Me parece que eso no es razonable, y hay tiempo para
corregirlo. De hecho, el código de buenas prácticas considera otras
opciones más cercanas, o iguales, a las que proponemos del interés legal
más el 2%. Luego no estamos diciendo ninguna insensatez, estamos pidiendo
una reflexión dentro de un orden sensato de las cosas. Y nos sigue
pareciendo usurario, claro que sí, el 12%; si el límite para el interés
de demora del crédito al consumo es el 10%, ¿cómo nos va a parecer
razonable el 12%, cuando, además, el tipo interbancario es del 0,5%?
¡Pues claro que nos parece usurario!, y a la ciudadanía en general,
incluso a ustedes, aunque no lo manifiesten. El Gobierno ha fijado el
12%, pero no es razonable ese porcentaje.

Antes le he hecho una reflexión sobre cuál es la cantidad a
partir de la cual el banco se puede quedar ahora con la vivienda, si
llega el caso en que una familia no puede hacer frente al préstamo. Les
propongo la siguiente reflexión: se tasa una vivienda en 100 000 euros;
el banco solamente podrá dar 80 000 euros y, si en dos años esa familia
tiene problemas —tal como va la economía, es muy posible— y
no puede afrontar el pago, el banco se quedará con los doce 12 000 o 13
000 euros que haya pagado de cuota durante estos dos años, valorará su
vivienda en 52 500 euros —a mí no me parece razonable, no sé a
ustedes— y, encima, la familia tendrá que pagar la plusvalía,
tendrá que pagar el 5% de costas judiciales, tendrá que pagar intereses,
se quedará con una deuda con el banco de 30 000 o 40 000 euros… No
es razonable que lo permitamos en una ley. Esto no puede depender del
voluntarismo de las entidades financieras. Me decía usted: ya recoge la
dación en pago el código de buenas prácticas. Sí, ya le oímos al ministro
de Economía decirnos en esta Cámara que, en los primeros seis meses, se
habían resuelto así 42 casos —creo que esa era la cifra—; lo
dijo él, no lo digo yo. No ha sido útil. Sin embargo, la cifra que dan
los registradores es de 11 400 daciones en pago en el año 2012. Esto
quiere decir que las entidades financieras lo hacen cuando ellas deciden,
no cuando nosotros estamos gobernando y dirigiéndolo con la ley. Yo lo
que les pido es que lo dirijamos nosotros; además, la ciudadanía nos los
está exigiendo a nosotros; nos está diciendo: señores políticos,
legislen; hagan lo que les pedíamos cuando les votamos. Y ahora nos vemos
en esa situación. No es una cuestión de voluntarismo de los bancos.
Nosotros podemos hacerlo. Los bancos no han quebrado al aceptar esas 11
400 daciones, no han

quebrado. Estamos haciendo una ley absolutamente alicorta.
Esas son las reflexiones que les planteo. Les estoy pidiendo que hagamos
una ley de segunda oportunidad, que es absolutamente razonable. Si una
empresa puede llegar a un acuerdo, a un convenio de acreedores, ¿por qué
no puede llegar una familia? Sobre todo, cuando son causas sobrevenidas,
cuando no son dolosas, cuando estamos dejando a las familias en la calle
y estamos buscando soluciones para encontrarles vivienda; busquemos todas
las alternativas posibles. Creo que hay tiempo para la reflexión y, si
no, lo tendremos que hacer en el futuro, como he dicho en mi primera
intervención.

No se puede dejar el código de buenas prácticas al
voluntarismo de las entidades. Si el 95% de las entidades financieras
—decía el ministro, y usted lo ha recordado hoy— ya están
adheridas, ¿qué problema tenemos en hacerlo obligatorio? ¿Por qué no?
¿Cuá es la causa de fondo, si todo el mundo está de acuerdo en hacerlo?
Venga, hagámoslo. Nuestra propuesta es que sea obligatorio. ¿Qué más da?,
si ya todo el mundo está de acuerdo. Obliguemos a que cumplan esas
normas. Las podemos hacer, los políticos somos los que tenemos que
legislar, y no dejarlo al voluntarismo de los bancos; eso es lo que está
proponiendo el Partido Socialista. No entiendo por qué tiene que crearse
una bolsa de vivienda voluntaria de los bancos, que, además, van a fijar
un alquiler —el que ellos quieran— para las familias que
hayan sido desahuciadas. Eso es competencia de la política. Las
instituciones son las que tienen que dar respuesta a los ciudadanos.
Hagamos nosotros un fondo de viviendas para eso; hagamos un parque de
vivienda pública en alquiler —que la haga el Gobierno—.
Además, tenemos mecanismos para hacerlo sin tener que hacer mayores
desembolsos de los que ya se han hecho, porque tenemos viviendas en la
Sareb, porque hay entidades financieras que han sido intervenidas por el
FROB y que tienen viviendas para ponerlas a disposición de las familias.
Creo sinceramente que los bancos no van a querer más viviendas, deben de
estar saturados. Hacemos propuestas sensatas. Alguien dice: hombre, con
esto ponemos en riesgo a los bancos. ¿En qué? ¿Para qué quieren más
viviendas? Busquemos otras soluciones, dejemos que ahora tengan vivienda
las familias, ayudemos a lograr ese objetivo. Ese debería ser el
planeamiento de la política.

No quisiera alargar la intervención, aunque hay un montón
de elementos en esta ley con los que estamos en desacuerdos. Solamente he
subrayado los que me parecen más sustantivos, los que me parecen de
trazo, si quieren, más grueso. Tendremos oportunidad, seguramente en el
debate sobre las enmiendas o en el debate que se produzca en el Pleno,
para entrar en detalle en cada una de las cosas que se pueden mejorar
para cambiar esas condiciones. Por ejemplo, no es lo mismo que se pueda
alquilar la vivienda por el 2% de su valor que por el 3%; no es lo mismo
que haga frente a ese alquile una institución en un momento dado, que el
hecho de que la familia ni siquiera pueda pagar la cantidad que el banco
le fija como renta, porque no tiene ingresos. ¿Qué hacemos, la dejamos en
la calle? También es responsabilidad de las instituciones ayudar a la
gente; busquemos otros mecanismos.

Todas esas propuestas están en las enmiendas presentadas
por el Grupo Socialista y no están en la proposición de ley. Por eso
hemos presentado este veto, convencidos de que aún queda margen.
Nosotros, el Partido Socialista, vamos a seguir haciendo un esfuerzo para
enriquecer esta proposición de ley y mejorar las condiciones de las
familias. Los bancos ya están suficientemente mejorados; ahora toca
preocuparse de la gente que lo está pasando mal y de la que está
preocupada por que le toque en el futuro, que va a ser mucha, me
temo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fernández.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Utrera, por un tiempo máximo de diez minutos.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Utilizaré menos, porque los argumentos están dados y,
aunque la reiteración no hace daño, no es estrictamente necesaria. Todos
conocemos los argumentos de todos.

Lo que sí puedo decirles, al senador Fernández y a todos
los demás intervinientes, es que en el Grupo Parlamentario Popular
estamos estudiando las enmiendas una a una y con detenimiento. También es
verdad que observamos que hay mucha reiteración respecto a enmiendas ya
debatidas y desechadas. Con desechadas quiero decir que han sido votadas
en contra por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a las que,
no solamente por coherencia sino porque entendemos que debe ser así,
también votaremos en contra en el Senado.

En cualquier caso, ahora estamos hablando de vetos y vamos
a ceñirnos a los vetos. Por las razones que expuse antes, votaremos en
contra de los vetos.

Quiero añadir únicamente dos o tres elementos adicionales.
El primero tiene que ver con el tema del procedimiento, al que aquí se le
sigue dando vueltas. No voy a entrar en los procedimientos que se vienen
siguiendo en las comisiones del Senado; ya lo ha explicado
suficientemente bien el presidente de la comisión. En cuanto a la
declaración de urgencia o no de una proposición de ley, creo que eso
viene de suyo y así es como se viene haciendo desde hace años. Es la
mecánica que aquí se ha utilizado, el procedimiento que se ha utilizado
por la Mesa, por todas las Mesas de las comisiones y las comisiones en sí
mismas.

Pero es verdad que alguno de ustedes sigue sin entender
cuál es la cuestión, y permítanme que haga una reflexión muy breve a este
respecto. Una cosa es que a ustedes les enerve el hecho de que no se
debata en el Pleno del Congreso de los Diputados un texto legislativo y
otra muy distinta es que no se haya respetado escrupulosamente el
procedimiento en la tramitación de esta proposición de ley. Son dos cosas
diferentes. Entiendo que desde los grupos parlamentarios se diga: hay que
ir al Pleno para debatir. Bien, a eso yo contesto: primero, las
comisiones tienen muchos procedimientos para que sus contenidos se
difundan ampliamente entre la ciudadanía, como hemos podido ver en el
debate de esta proposición de ley. Y, segundo, el que vaya o no al Pleno
es una decisión que desde hace muchos años corresponde a las Mesas, en
este caso del Congreso, donde se decide el tratamiento con competencia
legislativa plena de los proyectos.

Y no confundamos las cuestiones. Es decir, esto que estamos
debatiendo no es fruto de la iniciativa legislativa popular. Dicho de
otra manera, ciertamente, hay una situación penosa, de angustia, de miedo
—ha dicho alguno de ustedes—, en la sociedad en relación con
los desahucios. Eso es estrictamente cierto, y nosotros lo compartimos,
de la misma forma que la hay en relación con la pérdida de empleo o con
el problema de crecimiento de la economía española. Por tanto, en eso
estamos de acuerdo. También estamos todos de acuerdo en que es un
problema que hay que resolver. Que en el pasado hubo iniciativas de
grupos parlamentarios para intentar frenar el problema de los desahucios,
que ya estaba en marcha, también es verdad. Y el Gobierno anterior no
hizo nada o, mejor dicho, sí hizo, con la pretensión de creación de
juzgados especiales para acelerar los desahucios y, al mismo tiempo, con
la creación, a petición de Convergència i Unió —que estaba muy
satisfecha con el asunto y ahora nada le satisface, pero que entonces
estaba, repito, muy satisfecha—, de una subcomisión en el seno de
la Comisión de Economía para debatir sobre los problemas de los
desahucios, cuando ya se sabía que esa subcomisión no iba a concluir nada
porque la legislatura estaba vencida, como así ocurrió. Es decir, a los
tres meses la subcomisión se acabó porque se convocaron elecciones.
Entonces CiU, como digo, estaba ciertamente muy satisfecha con ese gran
avance que suponía la creación de una subcomisión para estudiar el asunto
de los desahucios. Ahora no lo está.

Lo cierto es que todo eso es verdad, pero también lo es que
el primer texto legislativo, el primero, que en España ha tratado, con
mejor o peor acierto —desde nuestro punto vista, con bastante
acierto—, el tema de los desahucios, el frenar los lanzamientos,
considerar las circunstancias de la población, de las familias con
necesidad de especial protección, la paralización de los procedimientos
en la fase final —como he dicho antes, el lanzamiento—, la
reducción de tipos de interés de demora…, todo eso, empezó en el
mes de marzo de 2012, con un decreto ley de marzo de 2012. Ese no se
tramitó como proyecto de ley porque, por las circunstancias de aquel
decreto ley, concretamente por el código de buenas prácticas, se pensó
que era mejor no tramitarlo como proyecto de ley para, digamos, no crear
incertidumbres en las entidades financieras y que se adhirieran
rápidamente al código de buenas prácticas, que era lo que urgía entonces.
Así se hizo, y se adhirió —dice usted el 95%, señor Fernández; no,
no— el 99%. Todo el sistema está ya adherido, todo. Y una vez
adherido ya es obligatorio, o sea, es voluntario hasta que uno se
adhiere. Estos códigos de buenas prácticas son muy frecuentes en la OCDE;
por ejemplo, el código para evitar los sobornos. Existen códigos de
distinta naturaleza que, ciertamente, son voluntarios en cuanto a la
adhesión, pero una vez adherido ya obliga el texto completo del código.
Por lo tanto, no insistan en eso; es obligatorio. Es obligatorio en los
términos en que está establecido en esta proposición de ley.

La iniciativa legislativa popular es muy posterior, de
diciembre del año 2012. Ya habíamos visto el primer decreto ley en el
código de buenas prácticas y el de la creación de la vivienda social. Ya
habíamos visto en el Parlamento el siguiente real decreto ley, del mes de
noviembre, también a iniciativa del Gobierno; y este sí se decidió
tramitarlo como ley. Y cuando entró la iniciativa legislativa popular,
que tiene

fecha de publicación de diciembre de 2012, posterior al
segundo real decreto ley del Gobierno en relación con los desahucios, es
cuando nos encontramos con dos textos: uno, aceptado por el Pleno que se
tomara en consideración, la iniciativa legislativa popular, y otro, el
texto de la ley que derivaba del real decreto ley de noviembre. ¿De
acuerdo? Eso es así. Entonces se dijo que, a propuesta del señor Durán
—si hemos de creerlo, porque yo al señor Durán no se lo he oído,
pero sí al portavoz de Convergència i Unió—, se incorporarían los
dos para su tratamiento en una ponencia conjunta. Al mismo tiempo, la
portavoz socialista en esta materia dijo que no se debía gastar ni media
hora, que no se debía retrasar ni media hora la aplicación de estas
medidas, de estas o las de la iniciativa legislativa o cualesquiera otras
para mejorar la situación de los desahuciados, cosa que nosotros
compartíamos. Y como no se podía gastar ni media hora, se entendió
—y ese fue el acuerdo de todos— que ambas confluyeran en un
mismo texto, en una misma ponencia que se encargara de hacer el
texto.

Esto es así. ¿Ahora no les gusta el resultado? Ya estamos
viendo que ni siquiera a los proponentes de CiU les ha gustado el
resultado de esa ponencia conjunta que ha ahormado ambos textos y ha
tomado en consideración enmiendas de los distintos grupos parlamentarios.
Parece que no ha satisfecho a ningún grupo parlamentario. Bien, eso
también es un hecho, por tanto, no lo vamos a negar, no vamos a decir que
eso ha sido fruto del consenso de todos los grupos y que se han
incorporado enmiendas y textos completos de otros grupos. No, no es así.
Lo que sí se ha hecho es elaborar una proposición de ley en una ponencia,
donde se ha tomado en consideración todo el cuerpo de conocimiento
legislativo que teníamos.

En cuanto a quienes consideran, como los de las plataformas
antidesahucios, que no cabe otra cosa que el texto de la iniciativa
legislativa popular y no les gusta el texto que estamos viendo, nosotros
lo comprendemos; no lo compartimos, pero lo comprendemos. No les gusta.
Claro, es que este es distinto, este lo hemos hecho nosotros en el
Congreso de los Diputados. ¿Que se incorporan elementos de esa iniciativa
legislativa popular? Sin duda: la dación en pago, no con carácter
retroactivo; lo relativo al parque de viviendas, efectivamente en nuestro
caso negociado con entidades financieras… Pero eso, frente a la
nada absoluta que había antes, es un paso importantísimo; y por eso nos
sorprende la actitud de muchos grupos, sobre todo —repito—
del Grupo Socialista, que parece ser que ahora, de repente, en esta
legislación no solo quiere que se considere a las familias monoparentales
con hijos de hasta tres años como máximo sino que también se dé
satisfacción a los de cuatro o cinco. Y qué bien estaría dar satisfacción
a todos, pero lo cierto es que se ha definido y se considera que hay que
definir una situación, un umbral de protección especial, y eso es lo que
se hace en el decreto ley. Comprendo que algunos puedan pensar que ese
umbral no es suficiente. Para nosotros sí lo es, porque más de cien mil
familias se van a poder beneficiar, y no solamente de la dación en pago.
Por cierto, la dación en pago tampoco es una solución; nunca la hemos
considerado como la mejor solución y ni siquiera como una solución
deseable. Es preferible la reestructuración de la deuda, con quita. De
hecho, a diferencia de lo que han dicho algunos portavoces —creo
que ha sido el senador Guillot quien ha hablado de que los bancos están
haciendo operaciones—, la colaboración de los bancos está siendo
muy importante. Y en este texto y en el decreto ley inicial, el de marzo
del año pasado, una vez que se definía en el código de buenas prácticas,
también se decía que las entidades financieras por su propia voluntad
podían ampliar las condiciones del código de buenas prácticas, tanto en
cuanto a los sujetos elegibles como a las circunstancias económicas que
concurrieran en su caso. Y lo están haciendo, algunas entidades lo están
haciendo. De ahí sale —no se sorprenda usted— la dación en
pago que el Colegio de Registradores le da a usted, porque las entidades
financieras lo están haciendo de forma voluntaria en gran medida; en
otros casos, no. Por eso, al establecer este código lo que nosotros
decimos es que, en esas circunstancias personales, de renta y familiares,
en todo caso se va a aplicar esa dación en pago.

El señor PRESIDENTE: Senador Utrera, termine, por
favor.

El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente.

Además de las otras ventajas, indudables, sobre todo si las
contrastamos con la nada que había antes, indudables
—repito—, que este proyecto de ley incorpora.

Votar a favor de los vetos, como ya ha anunciado el
portavoz del Grupo de Convergéncia i Unió, supondría parar todo otra vez.
Como dije antes, efectivamente, trabajamos con red porque ya hay dos
decretos leyes que han puesto en vigor el código de buenas prácticas.
Pero se retrasarían en el tiempo —por eso precisamente se declaró
urgente la tramitación de esta proposición de ley en el Senado—
bastantes de las mejoras que este texto incorpora. Por tanto, el Grupo
Parlamentario Popular, que no

quiere que haya retrasos en esta cuestión, no lo quiere, va
a votar en contra de los vetos precisamente porque gran parte de la
ciudadanía española, de las familias españolas, necesita que esta
proposición de ley sea aprobada con la máxima urgencia posible para poder
beneficiarse de las medidas que incluye.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Utrera.

A usted y a todos los senadores que han intervenido
previamente he de decirles que creo que se han ajustado bastante a los
tiempos establecidos. Y también les agradezco el tono de sus
intervenciones.

Vamos a pasar a la votación de los vetos, que hay que votar
por separado. Pero antes se va a comprobar la asistencia de los señores
senadores. Si hay alguna sustitución, les ruego que la pongan de
relieve.

Por la señora letrada se procede a la comprobación de las
señoras y los señores senadores presentes.

El señor PRESIDENTE: Comprobada la asistencia de los
señores senadores en la comisión, pasamos a votar la propuesta de veto
número 1, presentada por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de veto
número 1.

Votamos la propuesta de veto número 2, presentada por las
senadoras Almiñana Riqué y Sequera García y los senadores Boya Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de veto
número 2.

Votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de veto
número 3.

Pasamos al debate de las enmiendas, que saben que no se van
a votar puesto que hay un dictamen previo de la ponencia que incorporaría
las que en su caso hayan acordado.

Para la defensa de las enmiendas hay un turno para cada uno
de los grupos que quiera intervenir. Habíamos hablado de un tiempo de
cinco minutos. Posteriormente a la defensa de las enmiendas habría un
posible turno en contra, para quien lo solicite, también por un tiempo de
cinco minutos. Y después corresponde otro turno para todos los grupos,
por un periodo máximo asimismo de cinco minutos.

Para la defensa de las enmiendas números 1 a 32,
presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Mariscal por un tiempo máximo de cinco minutos.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

También doy por defendidas las enmiendas 33 a 37,
presentadas por la senadora Capella, y las números 38 a 43, de los
senadores del Grupo Mixto de Unión del Pueblo Navarro.

Las enmiendas 1 a 32 tratan sobre la paralización de los
desahucios de la vivienda habitual, la dación en pago retroactivo y el
alquiler social para las personas que hayan sido expulsadas de su
vivienda y estén en manos de los bancos. Estas tres cositas son las
fundamentales. Y no me enrollo ni un segundo más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Mariscal.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco, el senador Bildarratz tiene la palabra.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor
presidente.

Yo también voy a dar por defendidas las enmiendas, puesto
que, como dice el senador Utrera, todavía están analizándolas.

Solo quiero añadir un pequeño matiz: yo no me fijaría
únicamente en la cantidad de casos que se solucionan, lo que,
evidentemente, es muy importante, sino en aquellos que se están quedando
fuera, por ejemplo, porque alguna persona esté en desempleo o porque viva
con un hijo de cuatro años.

Como digo, doy por defendidas las enmiendas, pero también
pido al grupo mayoritario que se fije —repito— en todos
aquellos casos que se quedan sin solucionar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, para la
defensa de las enmiendas 58 a 92, 134 a 159, y 161 a 204, tiene la
palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Este conjunto de enmiendas intenta mejorar este texto para
responder a esa gran afirmación de que todo el mundo lo está haciendo tan
bien, empezando por los bancos y siguiendo por el Gobierno. Pero si en
2012 seguimos con una media de 280 desahucios al día, vamos a ver si con
estas enmiendas podemos acabar de hacerlo mejor.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Guillot.

Para la defensa de las enmiendas correspondientes al Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió números 93 a 133,
tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.

También voy a dar las enmiendas por defendidas. Simplemente
quiero comentar que nuestras enmiendas aportan múltiples soluciones, como
ampliar los colectivos de personas y familias beneficiarias de las
distintas medidas para suspender los desahucios y extenderlo también a
los procedimientos judiciales. O adecuar la vigente Ley Hipotecaria a la
sentencia del Tribunal Europeo, porque entendemos como algo básico y
fundamental que en estos momentos toca rescatar a las personas. Es
evidente que la creación del FROB en su momento está permitiendo
facilitar la recapitalización de las entidades financieras y, con ello,
garantizar su viabilidad. Sin embargo, la respuesta a la crisis no se
puede limitar exclusivamente a evitar el crack del sistema financiero
sino que es preciso abordar respuestas realistas y efectivas para evitar
el crack social. Y este es el momento del rescate de las personas y las
familias.

Nos extenderemos más en la defensa de todas estas enmiendas
el día de su debate en el Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo.

Para la defensa de las enmiendas números 205 a 230 y 232 a
275, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
el senador Fernández.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Casi todos los grupos hemos dicho, y creo que estamos de
acuerdo en general, que estamos ante un problema social de gran
envergadura. Estamos ante una enfermedad social que se agrava por días,
para la que ya es necesario un potente antibiótico; pero tengo la
sensación de que lo que ofrece el Partido Popular con este proposición de
ley es una aspirina. Ya veremos si en el futuro no nos encontramos con la
necesidad de volver a debatir este tema y entonces tener que operar.

Creo que es el momento de tomar medidas y de corregir esta
proposición de ley en algunas cosas que son claramente mejorables.

Por lo que se refiere al Capítulo I, nuestra propuesta es
que, además de suspender la ejecución —que sea por tres años en
este caso—, se suspenda también el devengo de intereses de demora.
Me parece que es bastante razonable, como he explicado en mi primera
intervención, porque de no hacerlo así lo que conseguiremos es que las
familias, cuando pase el plazo de los dos años, estén mucho más
endeudadas todavía de lo que lo están en estos momentos, de manera que
tendrán una dificultad aún mayor para salir adelante.

El principal bloque de enmiendas al Capítulo II tiene como
fin poner en marcha una ley de segunda oportunidad. He insistido mucho en
que debe haber una vía de acuerdo, de convenio entre las partes, con los
acreedores, para dar una salida extrajudicial. Y debería ser un notario
quien la dirigiera y no que los acuerdos se produzcan gobernados por una
de las partes; porque lo que propone el código de buenas prácticas es que
si hay algún acuerdo lo gobierne el banco, y entendemos que eso no da
garantías al deudor, que no da garantías al ciudadano.

Al Capítulo II también hemos presentado enmiendas en el
sentido de que el Gobierno genere un parque público de viviendas en
alquiler que pueda garantizar a las familias el acceso a un alquiler
social si llega el momento en que sean desahuciadas y se queden sin
vivienda. Ya hemos dicho en anteriores intervenciones que ahora mismo hay
recursos en el Estado para poner a disposición ese parque de viviendas,
utilizando los recursos de la Sareb o de las entidades que han sido
intervenidas por el FROB.

Hemos incluido también una enmienda, la número 223, en el
sentido manifestado por la señora defensora del pueblo hace unos meses,
para que se recuperara una línea de apoyo del ICO con el fin de conseguir
aplazamientos temporales y parciales en la obligación del pago de las
cuotas de las familias que tuvieran especial riesgo de exclusión social,
de manera que ayudemos a que se queden en su vivienda, que busquemos
alternativas para que las familias puedan quedarse en las viviendas.

En cuanto al tercer bloque, las enmiendas a la Ley
Hipotecaria, me gustaría subrayar las enmiendas que hemos presentado
—lo vamos a mantener y vamos a insistir mucho en eso— para
que los intereses de demora no pasen del interés legal, el interés
remuneratorio más dos puntos, para la vivienda habitual y los locales en
los que se ejerza el negocio que supone el medio de vida —porque en
esta proposición de ley solo se habla de vivienda habitual, pero
olvidamos que también hay afectados locales con los que se sustenta a las
familias e incluso se hace frente al pago de la hipoteca de su vivienda,
por lo que creemos que necesitan de igual protección—, y un interés
remuneratorio más cuatro para el resto de inmuebles.

Con respecto a la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se
recoge en el Capítulo III, me gustaría subrayar la enmienda que hace
referencia a todo el procedimiento de subasta y al de adjudicación del
banco, porque nosotros sí contemplamos que si no hay postores y el banco
decide quedarse con la vivienda, entonces que lo haga como dación en
pago.

Con la enmienda número 243 defendemos que el valor de
tasación sea igual al valor de salida de la subasta. Señorías, como he
dicho en mi primera intervención, estamos hablando de una ley que se va a
aplicar también de ahora en adelante, y están consintiendo, están
haciendo que la ley recoja que el valor de subasta sea solamente del 75%
del valor de tasación, y eso no es razonable. El taxista que me traía
esta mañana, y al que le explicaba de qué íbamos a debatir, me decía que
eso es robar con la ley en la mano, y yo comparto ese tipo de
reflexiones. No podemos estar legislando para que tasen una vivienda hoy
en 100 y dentro de dos años le digan al propietario que su vivienda se
deprecia al 50%. Eso es una barbaridad, y nosotros vamos a defender que
el valor de subasta sea igual al valor de tasación y que, llegado el caso
en que el banco se adjudique la vivienda porque no haya postores, se la
quede en dación en pago.

Para no alargarme mucho más, diré que a las disposiciones
hemos presentado dos enmiendas que me gustaría subrayar. La número 270,
en el sentido de que el banco debe ser el sujeto pasivo en las
transmisiones de vivienda habitual por ejecución hipotecaria. Le pido al
Grupo Popular, como he hecho en relación con otros asuntos a lo largo del
día de hoy, que reflexione también sobre ello. No es lógico que una
persona que pierde su vivienda además se encuentre con que tiene que
pagar una plusvalía en el ayuntamiento. Eso habría que resolverlo; o lo
paga el banco o se elimina, pero no tiene lógica que le demos una vuelta
más de tuerca a una familia que acaba de perder su vivienda y que tiene
dificultades para atender a sus hijos. Creo que, sin ponernos en un
límite excesivo, este planteamiento requiere una reflexión y que al menos
el Partido Popular y el Gobierno reflexionen sobre ello.

Para terminar, haré referencia a la enmienda 275, en la que
proponemos que se acabe con las cláusulas suelo, porque tampoco entiendo
muy bien que, teniendo la oportunidad con esta ley de acabar con ellas,
no lo hagamos. Creo que no hay argumentos para defender que, bajando los
intereses, el banco obtenga más beneficios en lugar de que mantenga los
que ya tiene y que firmó cuando firmó la hipoteca. Tal como nos han
reclamado muchas asociaciones y organizaciones, tenemos la oportunidad de
acabar con esas cláusulas suelo y además limitar la variación entre los
intereses que se pueden aplicar a una hipoteca. Nuestra propuesta es que
la diferencia entre el mayor y el menor sea de cuatro puntos como
máximo.

El Grupo Socialista ha presentado muchas más propuestas.
Les recomiendo la lectura detallada de todas las enmiendas, pero he
subrayado las que me han parecido suficientemente sustantivas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fernández.

Para turno en contra, y por un tiempo máximo de cinco
minutos, tiene la palabra el senador Utrera.

Les recuerdo que posteriormente se ofrecerá un turno para
todos los portavoces que deseen intervenir, también de cinco minutos.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

No voy a hacer uso más que de un minuto para incidir en lo
que ya he apuntado, y no es una falta de cortesía para con los portavoces
que han defendido o expuesto algunas de sus enmiendas. Lo cierto es que
las estamos analizando todas ellas. Y precisamente debido al calendario,
que ha coincidido con unos días festivos, tardaremos algo más en tomar
una decisión en relación con algunas de las enmiendas, que nos han
parecido más razonables; otras, por el contrario, como he apuntado antes,
ya fueron rechazadas en el Congreso de los Diputados y entendemos que la
situación no ha variado sustancialmente.

Por tanto, dejamos para la próxima semana el juicio
individualizado de cada una de las enmiendas, y se les dará explicación a
todos y cada uno de ustedes de cuál será nuestro voto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.

Bien, ofrecemos un turno a los portavoces de los grupos
parlamentarios. ¿Grupo Parlamentario Mixto, quiere hacer uso de la
palabra? (Denegaciones.)

Muchas gracias. ¿Grupo Parlamentario Vasco quiere hacer uso
de la palabra? (Denegaciones.)

Tampoco. ¿Grupo Parlamentario Entesa de Progrés de
Catalunya? (Denegaciones.)

Tampoco. ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió? (Denegaciones.)

No. ¿Grupo Parlamentario Socialista, quiere intervenir de
nuevo? (Denegaciones.)

Tampoco. ¿Grupo Parlamentario Popular, quiere intervenir?
(Denegaciones.)

Entonces, damos por cerrado el debate sobre las enmiendas y
pasamos a votar el informe de la ponencia, que ha aprobado el texto
remitido por el Congreso de los Diputados en sus términos. Votaremos
solamente, insisto, el informe de la ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 14; en contra, 9; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Entonces, con mayoría suficiente,
queda aprobado el informe de la ponencia, que será el que se incorpore
como dictamen de la comisión.

Sobre el plazo para la presentación de los votos
particulares, se ha requerido un acuerdo de la Mesa de la Cámara que, en
su reunión de 30 de abril, acordó que dicho plazo finalice el lunes, 6 de
mayo, a las 10 de la mañana; para que lo tengan presente.

Queda por designar el miembro de la comisión que presente
el dictamen ante el Pleno, que proponemos que sea este presidente, o, en
su caso, la Vicepresidencia. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)

Estamos de acuerdo. Les recuerdo que ahora tenemos reunión
de Mesa y Junta de Portavoces. Les agradecemos a todos su presencia este
viernes.

Se levanta la sesión.

Muchas gracias.

Eran las quince horas y cinco minutos.