Medio Ambiente no hayan participado en la elaboración de la
ley, pero, en cambio, sí hayan participado personas como el señor Abel
Matutes.

Y termino diciendo lo siguiente. Evidentemente la Ley de
Costas tiene aspectos políticos, técnicos y medioambientales, pero
también los tiene morales. ¿Y ello qué quiere decir? Que moralmente en mi
opinión no es aceptable supeditar, subordinar o reducir el interés
público en aras de fuertes intereses privados, y cuando se apruebe esta
ley, el uso público del litoral va a ser menor, en tanto que la
utilización y el uso privado de esos mismos terrenos será mayor. Y por
esa razón mantenemos el veto y nos gustaría que esta ley no se
aprobara.

Y quiero exponer una última cuestión relativa a esa visión
del ministro Arias Cañete de supeditar siempre el medioambiente a la
economía. En 1972 en Estocolmo se llegó a la conclusión de fijar en el
informe al Club de Roma el límite del crecimiento, en el sentido de que
si se continuaba creciendo de esa manera habría problemas. El señor Arias
Cañete está desde antes de 1972. Es decir, no es que las políticas
ecologistas hayan de estar supeditadas al crecimiento económico, sino que
desde 1972, y después en el foro de Sao Paulo y en los demás sitios, la
política económica solo ha de ser posible si es sostenible
ecológicamente. La Ley de Costas de 1988 es el único instrumento del que
hemos gozado para proteger el litoral, un instrumento que se ha aplicado
mal, que no produce inseguridad jurídica, pues hay una sentencia del
Tribunal Constitucional y diversas sentencias del Tribunal Supremo en
este sentido, y en estos momentos lo que en definitiva se quiere, incluso
yendo en contra del contenido de alguna sentencia, es producir una
segunda ofensiva del boom del ladrillo. Por tanto, planteamos que se
apruebe este veto y la consiguiente retirada de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señora presidenta.

No es habitual que nosotros presentemos vetos a las leyes,
pero en este caso lo consideramos conveniente. Hay un veto casi a la
totalidad del texto que se presenta, empezando por el título, pero
también se trata de regular un tema recogido en la Constitución, como es
el carácter público de un bien como es el litoral y el dominio público
marítimo-terrestre. Pedimos la devolución del texto al Gobierno, y en ese
sentido creemos que no son posibles acuerdos puntuales sobre dicho texto,
sino que se debe empezar desde el principio por la forma y por el
procedimiento de tramitación. Un principio de este tipo debe ser regulado
o modificado partiendo de cero, teniendo en cuenta los tiempos en que
vivimos y evaluando cómo se ha desarrollado la ley vigente, así como
teniendo también en cuenta temas como el de cómo va a afectar el cambio
climático. Y a partir de ahí hay que ver qué modificaciones hay que
hacer. Pero en todo caso cualquier modificación siempre será para darle
más protección, no para retroceder.

Esta es una modificación, una nueva contrarreforma que se
hace también en contra de los informes técnicos y científicos. No hay ni
un solo científico que avale esta modificación en contra de los propios
estudios de la Administración pública y de las recomendaciones de la
Unión Europea. El pasado mes de marzo el Consejo Europeo hizo diversas
consideraciones en este sentido. Esta reforma supone que un bien que la
democracia ha conseguido que sea de carácter público, que sea propiedad
de todos los españoles, se pase de forma gratuita y con retroactividad a
los intereses privados y empresariales, que si bien son legítimos, no
tienen por qué sobrevivir con regalos de la Administración pública. Esta
es una norma que prima la ilegalidad, pero no solo legaliza lo ilegal,
sino que regala la propiedad y recupera principios propios del
franquismo, como es la concesión a perpetuidad. Porque 75 años además de
la prórroga de las concesiones de las que ya se ha gozado constituye una
prórroga a perpetuidad. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí
piensa gozar de nada durante una prórroga de 75 años.

Asimismo hay algo espectacular, y es que esta norma exime
del cumplimiento de la ley a determinados núcleos y en determinadas
circunstancias, e incluso hay algo también curioso, como es que exime de
cumplir las sentencias de los tribunales mediante una enmienda que se ha
introducido en el Senado en la ponencia a propuesta del Grupo
Parlamentario Popular. Por ello creemos que con esta modificación no se
va a resolver ningún problema, sino que se va a favorecer la litigiosidad
en esta materia y va a suponer un gran perjuicio para los intereses
públicos, que creo que es lo que debemos defender los grupos
parlamentarios y los representantes de los ciudadanos en las Cortes
Generales.

Por estas razones, y por alguna otra que explicaremos más
detenidamente ante el Pleno, pedimos la devolución de este texto al
Gobierno porque consideramos que con el mismo el ministro de Agricultura
pasará a la historia como aquél que desamortizó la costa española.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

A continuación se abre un turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el
señor Sanz.

El señor SANZ CABELLO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, nunca nos sorprenden los distintos grupos
parlamentarios, y tampoco el Socialista, a la hora de hacer sus
valoraciones en defensa de los vetos, porque es fácil hacer política en
esta materia utilizando generalidades y titulares. Así lo hace
cualquiera. Se trata de buscar titulares sin especificar dónde se dice en
el texto lo que uno argumenta, y evidentemente con ello se corre el
riesgo de quedarse en las generalidades. Construir los vetos a base de
tópicos, como aquí se ha hecho, no es responsable. Y cuando habla usted
de los científicos, señoría, habrá que ver a quién otorga usted el
título, porque a lo mejor sólo se lo reconoce a algunos, y evidentemente
eso no es serio. Pensamos que hay que tener miras más altas a la hora de
plantear los posicionamientos políticos.

Creo que cuando se dice que el medio ambiente se supedita a
la economía ha llegado la hora de mirar las cosas de forma acertada y
moderna. Lo que realmente se busca y en lo que se debe de avanzar es en
hacer compatible la protección del medio ambiente con el desarrollo
sostenible, y eso es en lo que evidentemente se basa la ley, lo que
argumenta y lo que sustenta, una ley que precisamente parte de la
experiencia, tras 24 años de vigencia, de la Ley de Costas de 1988, una
ley claramente desconectada de la realidad. Y todo eso ha dificultado su
aplicación.

Es evidente que ha sido ineficaz en la protección del
litoral, y precisamente acabo de oír al Grupo Parlamentario Socialista
hablar de titulares, pero siempre que el Grupo Parlamentario Socialista
argumenta sus posicionamientos habla de lo mismo: de privatizaciones. Da
igual la ley de que se trate, siempre introduce la palabra privatización,
pero precisamente el historial y la hoja de servicio de la aplicación de
esta ley su grupo y los diferentes Gobiernos lo tienen repleto de tachas.
Y, por tanto, no están ustedes para hojas de servicios. ¿Por qué? Porque,
evidentemente, se ha sido ineficaz. Y, de lo que se trata con esta norma
es de abordar la enorme inseguridad jurídica, la arbitrariedad, la enorme
conflictividad generada, las pocas garantías, lo poco garantista que era
la norma, y la desprotección. Estamos ante una nueva Ley de Costas
ambiciosa y exigente con la protección de la naturaleza, que apuesta
claramente por dotar de seguridad jurídica y por generar confianza y
certidumbre en las ocupaciones de la costa y la actividad económica,
haciendo esa compatibilidad, que es, creo, la visión moderna que hay que
tener.

Se habla de muchas cosas. Son llamativas las conclusiones
que se alcanzan, pero, precisamente, es justo lo contrario lo que va a
desarrollar esta Ley y lo que va a significar su aplicación.

El uso público y gratuito del litoral está totalmente
garantizado. No hay privatización. Está claro que la Administración
otorgará solamente las concesiones compatibles con la integridad del
dominio público marítimo-terrestre, cuyos solicitantes asumirán con más
firmeza que hasta ahora su corresponsabilidad de preservación y mejora de
la costa.

Por tanto, habrá más rigor y se aplicarán, efectivamente,
las causas de caducidad de la concesión. Se han dado diferentes
argumentos. Sus señorías hablan de reducción de la servidumbre. La
reducción de la servidumbre solo se podrá producir respecto a núcleos
costeros que antes del año 1988 tuvieran carácter urbano; hablan ustedes
de excepciones en la ley, pero las excepciones en la ley en relación con
los 12 núcleos no han sido caprichosas, señorías, han sido los servicios
técnicos, han sido criterios absolutamente restrictivos, requisitos
precisos, los que han determinado claramente cuáles eran estos núcleos.
Así pues, hablar de intereses, hablar de otros objetivos, creemos que no
es acertado.

En el Grupo Popular, evidentemente, consideramos que es un
paso ambicioso, muy avanzado, pero, sobre todo, es necesario e
imprescindible el marco que ampara la importancia de esta ley.

Y, desde luego, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
defendemos esta ley, evidentemente, con las mejoras que se han ido
aportando durante todo el proceso, por el avance que supone esta ley,
pero, sobre todo, por la garantía en pro de la protección del litoral y
de la seguridad jurídica que, sin duda alguna, aporta el texto, que este
grupo defiende claramente.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

¿Algún portavoz desea intervenir en turno de portavoces?
(Pausa.)

Senador Maluquer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió, tiene la palabra.

El señor MALUQUER FERRER: Muchas gracias, señora
presidenta.

Quiero explicar por qué no presentamos veto y por qué hoy
estamos aquí atentos a la tramitación de esta ley.

Igualmente, quiero remarcar el hecho de que la Ley de
Costas, aprobada en 1988 —y todos estábamos de acuerdo en esto, en
la moción que presentamos en su día, en el mes de febrero, ante el Pleno
de esta Cámara—, no ha evitado la degradación del litoral; pero a
nadie se le escapa que la ley que tenemos aquí tampoco va a poder
solucionar todos los problemas que tiene planteados nuestro litoral.

Han pasado veinticinco años desde la aprobación de la
última ley y, a pesar de todo, yo veo que hay una predisposición por
parte del Partido Popular en el Gobierno a buscar esta fórmula de llegar
a acuerdos para la gestión del litoral, como marcan las competencias que
tenemos las comunidades autónomas en este ámbito.

Evidentemente, surgen interrogantes y se van a seguir
produciendo, pero no desde la oposición frontal, sino con este ánimo más
positivista para intentar solucionar, tema a tema, los problemas con que
se encuentran las administraciones a la hora de gestionar este
litoral.

Tenemos la voluntad de seguir avanzando en esa ley ideal
que algún día llegaremos a tener, pero que, de alguna forma, por la
situación económica actual, por las vicisitudes y hechos singulares que
se encuentran, hacen que sea una ley que, tal como está concebida plantea
algunos interrogantes, no lo descartamos, pero, a pesar de ellos, vemos
que se avanza.

Por eso, de momento, nuestra posición ante estos vetos va a
ser de abstención. No vamos a votar a favor, pero tampoco en contra.

Gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

¿Algún grupo parlamentario más desea intervenir?
(Denegaciones.)

Pasamos a la votación de los vetos.

Antes de proceder a la votación, la letrada de la comisión
va a comprobar la asistencia, indicando, por favor, el portavoz, cuando
el titular de la comisión no esté, por quién es sustituido.

Por la señora letrada se procede a la comprobación de las
señoras y los señores senadores presentes.

La señora PRESIDENTA: Procedemos a la votación.

En primer lugar, votamos el veto número 1, de la senadora
Ester Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 5; en contra, 16; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votamos el veto número 2, de los senadores Jesús Enrique
Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 6; en contra, 16; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votamos el veto número 4, de los senadores Guillot Miravet
y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 6; en contra, 16; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Finalmente, votamos el veto número 3, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 6; en contra, 16; abstenciones, 3.

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igual que el terreno de la zona. No cumplen los requisitos
contemplados en esta ley, como tener acceso rodado, pero sí otros
requisitos, que para nosotros son más importantes, relativos a los usos y
costumbres, la historia y el tipo de arquitectura local. A pesar de la
diferenciación etnográfica que caracteriza a estos poblados, que esta
modificación de la ley no reconoce, se verían abocados a su destrucción.
Si el informe fuese favorable, aunque en este caso no es así puesto que
no fueron catalogados como urbanos antes de 1988, no se verían abocados
al derrumbe. Y me parece que estas actuaciones dañan muchísimo, porque
lugares relevantes desde el punto de vista etnográfico como este no se
podrán volver a hacer y no podremos recuperarlos. No estamos hablando de
edificios de ladrillo y cemento, que se pueden tumbar porque afean;
estamos hablando de construcciones históricas, de valor cultural, que
vamos a dañar y que en ningún momento podremos reponer.

Estas son algunas de las cuestiones consideradas en las
enmiendas que hemos presentado, que me gustaría que tomasen en cuenta, de
modo que de aquí al Pleno —vuelvo a repetir que he enviado un
informe a todos los portavoces de la comisión— pudiésemos llegar a
algunas enmiendas transaccionales para evitar un mal irreversible y un
daño tremendo, como ya he dicho, a aquellas personas que, por sentencia
firme, vamos a dejar en la calle, cuando ya cuentan con un expediente
abierto para la reposición de sus casas, y, en segundo lugar, vamos a
estropear la costa, en vez de mejorarla, en aquellos lugares pintorescos,
de valor histórico y etnográfico que, por los usos y costumbres de una
tierra como es la canaria, poseemos. Yo no me meto con las excepciones
que se han hecho, que podrán estar completamente reguladas.
Evidentemente, las Islas Baleares poseen una consideración diferente en
cuanto a la limitación de costas, y lo entiendo perfectamente. Pero
también considero que las islas Canarias son una excepción. Y, por
ejemplo, en La Graciosa, un islote poblado, no se ha hecho esa excepción,
cuando es más pequeña incluso que la isla de Formentera.

No estamos pidiendo exclusividad y no estamos pidiendo,
como se decía, que se permita hacer en toda la costa canaria lo que se ha
hecho, porque se han hecho muchas barbaridades, sino simplemente que en
aquellos núcleos, en aquellos lugares costeros que, como he declarado
aquí, son pintorescos e históricos o que tienen situaciones completamente
especiales, se atiendan de una manera especial en una comunidad autónoma
que ha vivido frente al mar. Y otra cosa, no es lo mismo el deslinde
marítimo-terrestre en un continente, en una península continental, como
puede ser la península ibérica, que en un sitio insular, y esta ley no
recoge ninguna de esas cuestiones. Por eso nos gustaría que de aquí al
Pleno se atendieran estas peticiones que hacemos y que se entendiera que
no son enmiendas en ningún caso para excluir a Canarias porque a nosotros
nos apetezca, sino por una realidad social, cultural, histórica y
arquitectónica que tenemos diferenciada del resto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Antes de continuar con las enmiendas, tenemos que someter a
votación la propuesta de veto número 5, que también había defendido el
senador Saura.

Por tanto, votamos primero este veto. ¿Votos a favor?

El señor FIDALGO AREDA: Señora presidenta, ahora nosotros
estamos en cuadro. Yo le pido, en todo caso, que se vote al final, antes
de votar el informe de la ponencia.

La señora PRESIDENTA: Reproducimos el resultado, si
quieren. Lo damos por reproducido respecto del veto número 4.
(Asentimiento.)

Si no recuerdo mal era: 6 votos a favor, 16 en contra y 3
abstenciones.

Queda rechazado el veto número 5.

Seguimos con el debate de enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, mahaiburu
jauna.

Señora presidenta, nosotros hemos presentado las enmiendas
números 48 a 55. Creíamos en su día, y seguimos creyendo, que la Ley de
1988 no ha servido para proteger el litoral ni ha servido tampoco,
desgraciadamente, para proteger los derechos de los propietarios
particulares. Creemos que no ha cumplido ninguna de las dos funciones. Si
hablamos de expertos y si hablamos de informes, para la primera parte
tenemos los informes de destrucción a toda costa de Greenpace, que nos
deja claro lo que se ha hecho desde 1988, y para la segunda parte tenemos
el Informe Auken, que también deja bien claro

qué se ha hecho y qué se debe hacer en el futuro. En lo que
tenemos dudas es en si este nuevo proyecto va a cumplir con estos dos
requisitos, y creemos sinceramente que no. No hemos presentado ningún
veto porque no nos parecía que la Ley de 1988 estuviera cumpliendo con su
función.

Intentando cambiar la realidad —la realidad a través
de la ley, evidentemente— hemos presentado estas enmiendas, que
esperemos, como bien ha dicho el portavoz popular cuando hablaba de los
vetos, sirvan para mejorar el texto. La verdad es que esa es nuestra
intención. Todavía nos queda tiempo. Nos gustaría poder transar algunas
de ellas, porque creemos que es importante, en la línea que ha dicho el
senado Quintero. En principio, eso es lo que vamos a intentar de aquí al
Pleno. No ha sido posible antes, tampoco ha sido posible en muchos casos
en el trámite en el Congreso. Espero que en el Senado, después sobre todo
de ver la ingente cantidad de enmiendas que se han presentado y los
cambios que ha habido sin ningún problema por parte del propio Partido
Popular, que es quien sustenta al Gobierno y quien presenta el proyecto,
pueda ser así.

En nuestro caso, en este trámite nos vamos a abstener en
todas las enmiendas. Las discutiremos y las votaremos pormenorizadamente
en el Pleno correspondiente para lo que haremos la petición de voto
particular.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya?

El señor SAURA LAPORTA: Las doy por defendidas.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Por Grupo Parlamentario Catalán, ¿senador Maluquer?

El señor MALUQUER FERRER: Las doy por defendidas.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Por Grupo Parlamentario Socialista, ¿senador Fidalgo?

El señor FIDALGO AREDA: Yo las voy a defender.

Nuestras enmiendas, evidentemente, tocan los temas
fundamentales en los que discrepamos con el Gobierno y que, de alguna
forma, se sustentan en la filosofía que pretendemos que se recupere en el
texto de la ley en vigor de 1998, en concreto tanto en lo que afecta a la
definición del dominio público marítimo-terrestre, que esta ley modifica
—modifica desde la línea del mar hasta otros muchos
conceptos—, como la cuestión temporal de las concesiones y otra
serie de particularidades, como la transmisión, etcétera, pero creemos
que el tiempo de setenta y cinco años es excesivo. Determinadas
desprotecciones que esa ley santifica, como por ejemplo, las dunas;
excepcionar los cultivos marinos o salinos, es decir, los terrenos
inundados; que especifique y le dé un trato diferenciado a los tramos
urbanos de las playas —las playas tienen que ser protegidas o no
tienen que ser protegidas, que es la posición del Partido Popular, pero
no se pueden diferenciar por tramos urbanos o de otro tipo—;
pensamos que cuatro años es excesivo para la duración de las
autorizaciones desmontables; el concepto de que las concesiones tienen
uso privativo —ya dijimos lo de la concesión de los setenta y cinco
años—, su transmisión y la forma de extinguir la concesión.

Ese articulado que se introduce por el delegado del
Gobierno sobre la suspensión de los actos de las administraciones
locales, teniendo en cuenta que estamos en un Estado de las autonomías y
de la autonomía local, evidentemente es inadecuado y fuera de tiempo.
Asimismo, en los terrenos inundados pensamos que la ley en vigor resuelve
mejor cómo se regula la realización de obras e instalaciones, tanto en
zonas de protección como en zonas de tránsito; que en las urbanizaciones
marinas puedan ser de propiedad privada terrenos que son aguas privadas.
La supresión del artículo 2 recoge la prórroga de las concesiones
anteriores por ese período de setenta y cinco años, así como otra serie
de circunstancias; que se revisen todos los deslindes realizados por la
Administración española a lo largo de estos veinticinco años de vigor de
esta ley; o que se haga un deslinde específico de los paseos marítimos y
que se desafecten los terrenos del interior de los paseos marítimos,
hasta las excepciones en islas, núcleos, y que los terrenos que dejan de
formar parte del domino público se reintegren a los particulares en esos
bienes. Pero para resolver que se excluya a unos determinados núcleos que
existían antes de 1988 proponemos la fórmula del Parlamento de Galicia y
del Parlamento de Canarias.

Proponemos la creación de la Agencia de evaluación
urbanística y del suelo, porque creemos que debe haber un órgano de
control que garantice que toda la normativa que se desarrolle por las
demás administraciones en consenso y gestionada en conjunto por el Estado
y las comunidades autónomas y ayuntamientos se cumple. También proponemos
que se haga una evaluación de la incidencia del cambio climático en la
protección del litoral, y que este informe —que debe realizar el
Gobierno— se haga llegar a las Cortes Generales, donde no solo se
estudien los riesgos y medidas para prevenir, mitigar y adaptarnos a los
efectos del cambio climático en el litoral.

Esas son en conjunto nuestras enmiendas sobre las de los
demás grupos nos pronunciaremos en Pleno, aunque lamentamos la poca
claridad de ideas del Gobierno, que ha presentado un texto a las Cortes
Generales, lo ha modificado muy profundamente en el Congreso, y no solo
ha cambiado su posición en temas determinantes en las enmiendas del
Senado, sino que ahora, dos minutos antes de empezar la comisión, nos
presentan unos textos de modificación, textos de corrección de errores,
que no son errores, sino que son modificaciones y enmiendas que modifican
el texto y que pensamos, por lo tanto, que no pueden tramitarse como
errores. Y otra serie de cuestiones que, evidentemente, requieren de un
tiempo, que no sé si se quiere dar hoy; o cómo se van a gestionar estos
textos que nos han pasado, o si es para que los vayamos estudiando de
cara al Pleno.

En todo caso, votaremos en distinto posicionamiento
nuestras enmiendas y las del Grupo Popular, y las de los demás grupos,
según proceda.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señoras y señores senadores, en primer lugar, quiero
manifestar mi agradecimiento a los grupos por las propuestas que han
presentado, que, como saben, han sido acogidas siempre con ánimo de
dialogar, estudiar y llegar a acuerdos. En segundo lugar, también quiero
manifestar mi agradecimiento, cómo no, al Grupo Popular en el Senado por
el excelente trabajo que ha realizado desde que entró este proyecto de
ley en el Senado. Nosotros creemos en el Senado, nosotros creemos en el
modelo bicameral que tenemos en este momento y, por tanto, nosotros
creíamos, creemos, y así hemos actuado, que debíamos intentar mejorar el
texto que ha entrado aquí. Esa, quizá, sea una diferencia de criterio,
pero esto es en lo que nosotros creemos.

Efectivamente, presentamos una serie de propuestas que
están claramente amparadas en el Reglamento de esta casa, en concreto, si
no recuerdo mal —la señora letrada me corregirá si no es así—
en el artículo 115, que permite a un grupo establecer estas correcciones.
Además, nos hemos preocupado de entregarlas por escrito para que no
solamente sea mi explicación sino que puedan ser atendidas debidamente en
la forma en que disponga la Mesa, como no puede ser de otra manera en
este momento, así como su incorporación al dictamen final de esta
comisión.

No voy a leer todo el texto que sus señorías ya tienen,
pero quiero destacar que una de nuestras propuestas es precisamente una
transaccional firmada con el Grupo de Convergència i Unió, basada,
apoyada en la enmienda número 165 de dicho grupo; por tanto, ambos grupos
estamos de acuerdo y queremos que se tramite para su incorporación al
texto. También hay una serie de correcciones a las enmiendas números 170,
176, 178 y 182, incluyendo entre ellas las que ustedes tienen, admitiendo
el real decreto —lo hablamos en ponencia, no estaba todavía
publicado en ese momento, ahora sí, por eso indicamos su número—, o
también la incorporación de los planos definitivos, la planimetría
definitiva proporcionada por el Gobierno, que hacen referencia a la
enmienda, si no recuerdo mal, número 185, que incorpora los dos
municipios, Xilxes y Moaña, a los diez ya existentes.

No voy a extenderme más sobre este asunto porque lo conocen
sus señorías, lo tienen por escrito. Si necesitan tiempo para leerlo, la
Mesa decidirá sobre esta cuestión. Pero he de decir que nuestra
intervención ha sido absolutamente positiva y que aportamos mejoras a un
texto por el que, insisto, tengo que felicitar a todos mis compañeros del
Grupo Popular en el Senado de la Comisión de Medio Ambiente porque han
hecho un excelente trabajo.

Muchísimas gracias.

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