las previsiones de mejora que se hallan ya establecidas o
se están perfilando para mejorar el funcionamiento actual del consejo y
de los órganos del Poder Judicial.

Como se produce la información respecto del año 2011 y,
efectivamente, estamos en 2013 —por lo tanto, para ustedes supone
un cierto retraso—, lo que he hecho es traer todos los datos que
tenemos en este momento de 2012, con lo cual no solamente les voy a
explicar cómo está la situación a finales de 2011 sino, en la medida de
las posibilidades, con datos que probablemente no sean definitivos, pero
que son los que tenemos en este momento, cómo funciona, cómo ha
funcionado y qué han hecho el Poder Judicial y el consejo en el año
2012.

Indudablemente, no estuve en el año 2011 en el consejo y,
por lo tanto, lo que voy a explicar está en relación con un tiempo en que
yo no estuve, en que no formaba parte de la institución. Pero he de
decirles que me siento plenamente identificado y solidariamente
responsable de la labor realizada por el actual consejo en aquellos años
en que yo no estuve, una labor que califico de positiva en muchos
aspectos que tal vez en demasiadas ocasiones han pasado desapercibidos;
labor tapada, como ha estado, por otros problemas de todos conocidos y
que no solo han menoscabado la imagen del consejo sino, lo que es más
grave, que han erosionado la confianza de la sociedad en la justicia en
algún momento. Pero en este momento histórico estoy en condiciones de
mantener o de afirmar la labor del consejo, la labor de este consejo por
encima de acontecimientos puntuales. En definitiva, ha sido y es objetivo
de este consejo y de mi presidencia recuperar esa credibilidad de la
ciudadanía y, evidentemente, ante sus más legítimos representantes, sus
señorías, lo que convierte en más importante y significativa esta
comparecencia.

Entrando ya en esta gran división que voy a hacer, es
decir, hablar del consejo y hablar de los órganos del Poder Judicial,
saben ustedes que el Consejo General del Poder Judicial, previsto en la
Constitución Española de 1978 como órgano de gobierno del Poder Judicial,
se halla integrado por veinte vocales y un presidente, que es elegido por
ellos como presidente del Tribunal Supremo y que una vez elegido como
presidente del Supremo pasa a ser presidente del consejo.

La actividad del consejo, de naturaleza gubernativa, a
diferencia de lo que ocurre con el Tribunal Supremo, cuya naturaleza es
de órgano jurisdiccional, se desarrolla a través de unos órganos
colegiados, que deciden, y otros órganos técnicos o funcionales, que
proponen y ejecutan, todos ellos actuando dentro de las competencias
atribuidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, recogidas en el
artículo 107. Los órganos técnicos dependen de una secretaría general que
dirige sus actividades dentro de las previsiones y acuerdos legales y
reglamentarios. En la memoria les incluí un organigrama de funcionamiento
del consejo, sobre el que, si ustedes quieren, pueden preguntar.

En relación con la actividad de los órganos del consejo
durante el año 2011 —ya he dicho que intercalaré datos del año
2012—, hay que distinguir una actividad normal o actividad
ordinaria de actividades culturales, que me voy a permitir reflejar para
que se vea la importante actuación que ha tenido este consejo a lo largo
de sus cuatro años y pico de existencia. En la actividad normal de los
órganos del consejo el presidente es quien convoca, preside y fija el
orden del día de las sesiones del Pleno y de la comisión permanente,
controla el funcionamiento de la Administración de Justicia a través del
servicio de inspección y es el que ostenta a todos los efectos la
representación de aquel. El Pleno de todos los integrantes, presidido por
el presidente, es el órgano por excelencia del consejo, y es el que toma
las decisiones más importantes. En las páginas 39 y siguientes de la
memoria se recogen los datos más importantes de la actividad del Pleno.
Su actividad real se resume en el hecho de que en el año 2011 resolvió un
total de 1426 asuntos en las catorce sesiones que celebró, y entre ellos
aprobó dos reglamentos importantes, como son el de asociaciones
judiciales y el de la carrera judicial. Por otra parte, en el año 2012 se
inició un plan de austeridad, acomodándose a las circunstancias por las
que atraviesa el país, y en los años 2011 y 2012 ha ido sucesivamente
reduciendo sus presupuestos para acomodarse a esta situación.

Como he dicho, funciona por comisiones. Hay comisiones
legislativas, comisiones que están previstas en la ley orgánica, como la
permanente, la disciplinaria, la de calificación, la de igualdad..., y
comisiones reglamentarias. Los miembros o vocales del consejo pertenecen
a unas u otras y toman sus decisiones en comisión de acuerdo con las
previsiones establecidas en la norma, en virtud de la cual actúan. Entre
las comisiones reglamentarias están la comisión de estudios, la comisión
presupuestaria, la comisión de relaciones internacionales, de
modernización, de comunicación, la comisión de escuela y la comisión de
inspección. O sea, todas las funciones del consejo se llevan a cabo a
través de comisiones, que posteriormente, si es necesario, aprueba el
consejo.

Es muy importante resaltar, además de las comisiones, la
existencia de vocales territoriales. Cada miembro del consejo tiene
encomendada una función, que es visitar y comunicar de forma permanente

con los jueces y tribunales de cada territorio; y esto, que
parece que queda fuera de la órbita del consejo, está sin embargo muy
dentro de ella puesto que a través de los vocales territoriales y de su
comunicación con los jueces y presidentes de TSJ es como directamente
conoce el consejo cuáles son las situaciones de necesidad y cuál es el
real funcionamiento de estos órganos. Por consiguiente, a través de ellos
se trata y se consigue dar solución a muchos de los problemas que se
detectan. Las actividades generales u ordinarias se traducen en esta
funcionalidad a través de Plenos, comisiones y vocalías.

Quiero resaltar actividades del consejo de particular
trascendencia e importancia llevadas a cabo en el año 2011, de las que
voy a dar una relación somera. Por ejemplo, es muy importante tener en
cuenta la gran actividad que se ha llevado a cabo en relación con la
selección y la formación de los jueces. La selección de jueces, como
ustedes saben, se produce a través de un sistema de oposición en el que
comparecen quienes tengan las condiciones exigidas por la ley. El ingreso
en la categoría de juez se realiza mediante la superación de una
oposición libre y después de un curso teórico y práctico de selección
realizado en la escuela judicial. Pero también existe la posibilidad de
acceder, con la categoría de magistrado, a través de un concurso entre
juristas de reconocida competencia. Por la vía de la oposición ingresaron
en 2011 un total de 231 jueces, que han obtenido sus despachos, que les
entregamos el pasado 4 de abril. Tomarán posesión esta misma semana y
pertenecen a la 63 promoción. La escuela lleva cerca de dos años dando
formación práctica a los jueces que ya aprobaron la teoría, o sea que
aprobaron su oposición. En la escuela judicial hay en este momento
—ya salen 231— otros 204 que aprobaron la oposición convocada
en el año 2011 y que terminarán el año que viene su formación; y se
producirá otra vez la entrega de despachos. Por el turno de juristas
ingresaron quince magistrados del orden jurisdiccional social, quince del
de lo contencioso y treinta de civil y penal.

En el año 2012 no hubo oposiciones, no se convocaron debido
al problema económico de este país. Y en este año, 2013, en enero
conseguimos obtener del Gobierno una convocatoria de oposiciones para
cincuenta nuevos alumnos, que difícilmente van a cubrir siquiera las
vacantes que por el orden normal de las cosas, jubilaciones y
defunciones, se producen dentro de la carrera judicial. Hay que tener en
cuenta que en este momento histórico en la carrera judicial hay más de
cinco mil jueces, por lo tanto, esto supone una evolución o modificación
constante en cuanto a sus destinos y situaciones.

Además de la selección, el consejo se ha dedicado a una
actividad muy importante: la formación continua en la carrera judicial.
En la carrera judicial el tema de la formación en todos los territorios
es fundamental. La formación continua supone que todos los jueces tienen
la posibilidad de acudir cada año a una diversidad de convocatorias que
se hacen para participar en cursos de formación, cursos de formación para
los cuales hay un plan estatal, que generalmente tienen lugar en Madrid,
pero también hay un plan de formación descentralizada en los territorios
judiciales. También funciona una escuela de verano y existe la
posibilidad de formación a distancia. En definitiva, para el consejo la
formación es algo muy importante que creo que merece resaltar. En el año
2011 se llegaron a realizar 326 acciones formativas en las que pudieron
participar 2547 jueces.

Un aspecto de interés en este tema de la formación —y
estamos muy implicados en ello— es la formación de jueces en
aspectos relacionados con las facultades de mediación, mediación en los
procedimientos para tratar de conseguir que estos se resuelvan, no por
sentencia, que es la actuación del poder del Estado, sino por acuerdo
entre los afectados, que es la solución más interesante.

Aparte de las actividades de formación, el consejo ha
realizado actividades de seguimiento de la actividad judicial a través de
la inspección de los tribunales. La Inspección de los Juzgados y
Tribunales es un organismo que realiza un seguimiento permanente de la
actividad jurisdiccional para determinar qué juzgados tienen necesidades,
qué juzgados las tienen cubiertas, qué juzgados funcionan bien y qué
juzgados no funcionan bien. En definitiva, es un servicio que está
permanentemente atento a la situación de cada juzgado. En el año 2011
este organismo hizo 5098 propuestas de mejora de actuación de los
distintos órganos judiciales; unas fueron dirigidas al ministerio, otras,
a los propios órganos, algunas tuvieron por objeto proponer expedientes
de seguimiento de la actividad de los mismos, otras, iniciar actividades
disciplinarias por alguna actuación judicial no acomodada a derecho. En
definitiva, es una actividad permanente que se realiza todos los años y
en el año 2012, por supuesto, va a seguir haciendo lo mismo con una
actividad constante, de la que también tengo los datos. Pero creo que lo
importante es dejar constancia de que la inspección, con dieciocho
unidades inspectoras, está permanentemente vigilante respecto de la
actividad de los juzgados, y creo que gracias a ello la actividad
jurisdiccional, si no está llevando a cabo una actuación óptima, por lo
menos creo sinceramente que está realizando en este país una actividad
bastante aceptable; a mi juicio, muy aceptable.

Hemos hablado de formación, hemos hablado de inspección y
ahora, de las actuaciones relacionadas con la mejora de las condiciones
laborales de los jueces y magistrados. También los jueces y magistrados
son funcionarios, son personal al servicio de una actividad pública, y
tienen unos derechos que se traducen en algunas necesidades, de las que
el consejo también se preocupa. Concretamente, en el año 2011 se creó,
dentro del Servicio de Personal Judicial, una Sección de Prevención de
Riesgos Laborales. Como ustedes saben, la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales de 1995 prevé que en todos los órganos y en todos los ámbitos
de las administraciones públicas y de la actividad privada se detecte o
se estudie la posibilidad de que haya un riesgo de enfermedad o de
accidente, y en cualquier caso el órgano de gobierno se ha preocupado de
que esto se controle respecto de la actividad de los jueces.

Relacionado también con la actividad jurisdiccional, y en
atención a un mejor funcionamiento del organismo, es importante el
funcionamiento dentro del consejo del Centro de Documentación Judicial,
Cendoj. El Centro de Documentación Judicial, con sede en San Sebastián,
está permanentemente emitiendo o haciendo publicaciones. Realiza una
labor de resolución de consultas de informática jurídica, elabora
herramientas para auxilio judicial, gestiona bibliotecas judiciales,
pero, desde luego, lo más importante es que tiene recogidas todas las
sentencias que se dictan por cualquier tribunal español y a ellas tiene
acceso en línea y en cualquier momento cualquier juez. Y para el trabajo
judicial es fundamental que este Centro de Documentación Judicial
funcione de forma adecuada; y, por ejemplo, como ya he dicho, en el año
2012 se han visitado 3 405 580 páginas de este órgano.

Existen actividades relacionadas con la modernización de
los medios al servicio de la Administración de Justicia. También el
consejo se preocupa, aunque su competencia está un poco a caballo entre
la que tiene el Gobierno y la que tiene el consejo, de modernizar los
medios al servicio de la Administración de Justicia. En este sentido,
conviene resaltar algo tan importante como es el punto neutro judicial,
que permite que los juzgados se comuniquen, se envíen exhortos, el
intercambio directo de comunicación entre juzgados y centros de
detención, la realización de embargos por vía telemática, la averiguación
de cuantías de bancos y entidades de crédito, conexiones directas con el
Fondo de Garantía Salarial, el Registro de la Propiedad o la Agencia
Tributaria.

De esta manera, en lugar de emitir lo que hasta ahora se
producía, que eran exhortos y comunicaciones escritas, en la actualidad,
a través del Punto Neutro Judicial, se tiene acceso directamente a
centros de detención, o a lugares como el del Fondo de Garantía o el del
Registro de la Propiedad, lo que le permite al juez tener al momento unos
datos que, de otra forma, tendría que esperar mucho tiempo para
obtenerlos. En el año 2011 se pasaron por vía telemática 16 millones de
consultas, y en el 2012 más de 18 millones, a través del Punto Neutro
Judicial. Esto quiere decir que, si no existiera el Punto Neutro
Judicial, se habrían perdido tres millones de horas de trabajo en los
juzgados haciendo los papelitos y mandando los sobres. También se han
reducido los costes que se derivan del ahorro de 37 millones de sobres,
37 millones de oficios y 37 millones de acuses de recibo; todo esto es
curioso, pero cierto. La diferencia entre la existencia o no del Punto
Neutro Judicial no se nota, pero existe y es muy importante por el ahorro
de tiempo y de coste.

Se han realizado actividades de acercamiento de la
judicatura a la ciudadanía a través de la Unidad de Atención Ciudadana,
que tiene terminales en todos los órganos judiciales y permite que todo
ciudadano que accede a uno de ellos pueda recabar información o remitir
quejas sobre la atención recibida. Creo que esto es muy importante para
el ciudadano: tener la posibilidad de quejarse directamente o de pedir
que se le aclaren determinadas actuaciones. En el año 2011 se recibieron
14 822 quejas o escritos, y en el 2012 estamos en una situación parecida.
A todos se les da respuesta y se mejora el servicio, en la medida de lo
posible, si se considera conveniente atender a lo que el ciudadano pidió.
De cualquier manera, en el año 2011, y a partir de estas comunicaciones,
se incoaron 16 expedientes disciplinarios a otros tantos jueces,
derivados de hechos denunciados o comunicados por los ciudadanos.

En el Consejo, además de la Unidad de Atención Ciudadana,
actúa el Foro de Justicia y Discapacidad, que trata de coordinar las
instituciones jurídicas del Estado y conocer mejor los problemas a los
que se enfrentan las personas discapacitadas que necesitan una especial
atención de nuestra Administración de Justicia, y es de especial interés
la creación de juzgados especializados en incapacidades y de secciones
especializadas en las audiencias. Esto se complementa con una decidida
acción formativa encaminada a alcanzar las mayores cotas de calidad de la
actividad de los jueces en la prestación de la justicia. El foro impulsa
un servicio de orientación jurídica a discapacitados y familiares, y, al
final cada año, se entrega el premio de justicia y discapacidad
precisamente a quienes han realizado actividades de mayor alcance para
este colectivo de personal dentro de la Administración de Justicia.

En la relación con la sociedad también, funciona el
Observatorio contra la violencia doméstica y de género, con la finalidad
de garantizar la protección de las personas más vulnerables y de luchar
por alcanzar una justicia de igualdad para todos. Con esta actividad, el
consejo contribuye a combatir la violencia de género, habida cuenta de
los terribles sucesos que día a día se producen en este marco social. El
observatorio, que controla la actividad jurisdiccional en esta materia,
controla las denuncias que sobre este tema se producen y trata
especialmente de formar a los jueces que intervienen en esta materia,
teniendo en cuenta que hay 106 juzgados exclusivos de violencia en este
país, que en el año 2011 atendieron 134 002 casos. Esto quiere decir que
no es un tema que haya que minusvalorar, como todos ustedes saben, puesto
que su alcance es además superior en número al que las noticias diarias
nos permiten saber.

Se conceden también premios a la calidad de la justicia
para órganos jurisdiccionales y oficinas judiciales que hayan trabajado
de manera especial creando mecanismos nuevos o que hayan introducido
mejoras en la actividad jurisdiccional. Y aunque parezca mentira, esto,
que puede considerarse accesorio, tiene mucha importancia, porque con
pequeñas cosas se consiguen a veces grandes soluciones. Por ejemplo, el
año pasado se le entregó el premio a un juzgado de primera instancia de
Barcelona porque, con la Generalitat de Catalunya, había conseguido poner
en marcha un primer proyecto de expediente digital, que es a lo que se
tiende. Si funciona bien en el Juzgado de Primera Instancia número 37 de
Barcelona, probablemente se podrá exportar, mejorado, a otros juzgados,
una vez conocidas sus peculiaridades y sus problemas. Otro año se entregó
el premio a un juzgado de guardia de Valencia, por la implantación de un
sistema que consistía en que las personas que están en busca y captura o
tienen que presentarse en los juzgados se presenten en el juzgado de
guardia, en vez de hacerlo en cada juzgado. Un avance respecto del
sistema anterior, en que todo se hacía a nivel individual. Aquí se
consiguió hacer a nivel colectivo.

El Consejo General del Poder Judicial utiliza también las
redes sociales. Es decir, que tiene una comunicación con la sociedad que
realmente no se acaba de percibir, pero que existe, y creo que es
importante señalarlo, con independencia de la valoración que se haga.
Considero que son muy importantes todas estas actividades relacionadas
con los discapacitados, con la protección contra la violencia de género,
o con la comunicación de los ciudadanos con el consejo por vía telemática
para denunciar o para quejarse.

El consejo desarrolla también una actividad disciplinaria,
y lo ha hecho todos los años. La actividad disciplinaria se concreta en
la actividad de la Comisión Disciplinaria, que controla la actuación de
los jueces respecto de sus obligaciones legales y controla y digiere las
denuncias, las informaciones y las quejas. En el año 2011 se resolvieron
916 informaciones previas elevadas por el Servicio de Inspección a la
Comisión Disciplinaria, y se incoaron 57 expedientes disciplinarios, y
otros 44 en el 2012, que finalizaron con sanciones. En el 2012, 28
expedientes terminaron sin sanción y 29 con ella. Tengan en cuenta que,
aunque este es un colectivo numeroso, la sanción significa una tacha de
importancia en la carrera de un juez, lo que no obsta para que el consejo
sanciones, cuando lo considera necesario, por actividades realizadas
contra su propio estatuto. Por ejemplo, en 2012 se le impuso a un juez
una sanción de traslado forzoso de un juzgado a otro situado en otro
lugar de la península; a otro se le impuso una sanción de suspensión de
siete meses; a otro, una suspensión de empleo y sueldo de tres meses; a
dos se les impuso una sanción de un mes; a otro, una suspensión de 15
días; a otro se le hizo una de advertencia, y los restantes fueron
multados con multas de hasta 2000 euros. Llamo la atención sobre el hecho
de que, aunque parezca que el número total de sanciones es menor, se
trata de un colectivo cuyos miembros saben cómo hay que funcionar; los
jueces funcionan en su gran mayoría con arreglo a sus obligaciones, y por
tanto, no se puede minimizar el número reducido, puesto que obedece
precisamente a que los jueces en general se comportan y actúan conforme a
sus obligaciones.

El consejo ha desarrollado también una labor internacional
muy importante, participando en relaciones institucionales, como la Red
Europea de Consejos del Poder Judicial y la Cumbre Judicial
Iberoamericana. Su presencia en organismos y eventos internacionales es
notable y permanente: se realizan encuentros hispano-marroquíes cada dos
años, se coopera con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y con
órganos judiciales internacionales y supranacionales. En materia de
auxilio judicial internacional, colabora con el Ministerio de Justicia en
la acción del Gobierno relacionada con esta materia e interviene en la
gestión administrativa de las autorizaciones de desplazamiento al
extranjero de jueces y magistrados relacionados con el auxilio judicial
internacional. También en materia de cooperación internacional, realiza
asistencias técnicas a diferentes países y participa en un programa
iberoamericano de formación técnica especializada;

o en otras muchas materias, como en la ejecución de un
proyecto de la Unión Europea para Latinoamérica, Eurosocial II, y
colabora con aquellos países de África con los que ya tenía relación
—países del arco mediterráneo—, a la vez que continúa
participando en el marco de programas Euromed de Justicia. En definitiva,
en el marco internacional, el consejo está desarrollando una labor muy
importante y permanente de potenciación del sistema judicial español y de
colaboración con órganos europeos e internacionales, para que el servicio
judicial mejore; y no solo en España, sino también en todos estos otros
países en los que nuestra ayuda puede ser interesante.

El Consejo General del Poder Judicial se ha acomodado
también, en lo relativo a la actividad presupuestaria, a las exigencias
de la situación, y ha ido rebajando cada año su presupuesto, de manera
que, desde el año 2011, en que fue de 74 millones de euros, lo ha ido
reduciendo hasta alcanzar los 62 778 000 euros que tiene para el 2013.
Sucesivamente, ha ido reduciendo sus gastos, tratando de conseguir que
esa reducción no suponga una merma de su actividad.

El 28 de junio de 2012, el Consejo aprobó una propuesta de
actualización del régimen de control y gestión y de transparencia del
Consejo, que también es muy importante, y desde entonces, desde junio del
año 2012, publica en su página web la agenda institucional de
actividades, reuniones de las comisiones y vocalías, y —muy
importante— publica trimestralmente el estado de la ejecución
presupuestaria clasificada por programas, capítulos y conceptos, de
manera que en todo momento se puede saber cuál es la situación y la
actividad presupuestaria del consejo con plena transparencia y
actualidad; siempre teniendo en cuenta, desde luego, que se trata de
dinero público que se debe manejar con cuidado y tratando de que su
destino sea el más adecuado a la función que tiene encomendada.

He querido hacer un resumen a bote pronto, y quizás muy
rápido, de la actividad del consejo, con el ánimo únicamente de resaltar
que es muy variada, que es muy completa y que, en realidad, supone que el
consejo está permanentemente en activo, desarrollando unas funciones muy
complejas, por las que, aun cuando se pueden mejorar —todo es
mejorable en esta vida—, no se puede decir, contra lo que pueda
parecer, que el consejo haya estado inactivo durante estos cuatro
años.

Independientemente de la labor del consejo, es muy
interesante ver cuál es el estado del funcionamiento y actividades de los
juzgados y tribunales durante los años 2011 y 2012. Les traslado ahora
los datos que entiendo fundamentales, si bien advirtiendo previamente de
que los datos que aparecen en la memoria, a los que me voy a referir, son
datos estadísticos. Hago esta distinción, porque la estadística, como
ustedes saben, no siempre refleja la exacta realidad; no obstante, la
estadística es la estadística, y yo tengo que dar datos estadísticos. Se
trata de datos ciertos; aunque sean estadísticos y puedan ser opinables,
se trata de datos ciertos. Quiero hacer la salvedad previa, en cuanto al
número se asuntos registrados, de que, cuando hable de asuntos
registrados, se trata de los asuntos que se registran como tales, que no
son lo mismo que asuntos que acaben en un procedimiento judicial; hay
asuntos registrados, como ocurre en algunos asuntos penales sin autor
conocido, que se archivan sin ulterior actividad procesal, que están
registrados como procedimientos pero terminan antes de que se inicie
realmente un procedimiento judicial; eso no quiere decir que no haya una
actividad jurisdiccional, porque registrarlo, dar vista al fiscal o
archivarlo supone una actividad jurisdiccional; se trata de asuntos que
están registrados, pero que no han desembocado en un procedimiento real,
con todo la actividad que supone. El consejo, desde el año 2010, está
tratando de unificar los criterios de registro en toda España; no se ha
conseguido y, por lo tanto, las cifras que puedo dar se corresponden,
repito, con la realidad de los asuntos registrados, pero, probablemente,
no se traducen en una realidad de asuntos efectivamente llevados hasta
sus últimas consecuencias.

En el año 2011 ingresaron en los órganos judiciales 9 041
442 asuntos, que, en realidad, no se tradujeron en otros tantos
procedimientos judiciales; la diferencia puede que sea de tres millones,
y, por tanto, puede hablarse casi con seguridad de unos seis millones de
asuntos reales tramitados por los juzgados. Como ustedes verán es una
enorme cantidad. Durante los años 2010 y 2011 se ha producido una
variación. En el año 2012 la crisis económica ha influido de forma
determinante en la situación, pero ha habido otras circunstancias, otras
modificaciones legales, sobre todo de carácter procesal, que también han
influido para contrarrestar la importancia de los asuntos que hayan
podido ingresar en los juzgados. Según la estadística judicial —me
voy a referir a 2012, porque probablemente sea el año que más
interesa— han ingresado 8 972 000 menos que en el año 2011, lo que
implica una reducción del 0,7%; el 20% de los asuntos ha correspondido a
la jurisdicción civil; el 71,8%, a la penal, el 2,5%, a la
contencioso-administrativa y el 5,2 a la social. Se han resuelto más
asuntos que en el año 2012 —9 102 000, frente a 8 918 000 de
entrada—, de modo que existen en este momento en trámite menos
asuntos que el año pasado,

concretamente 2 913 086 asuntos —estos son datos
reales—, un 4,9% menos que en 2011. Existe, por tanto, en
tramitación este elevado número de asuntos, y se han dictado, entre todos
los órganos judiciales, 1 659 890 sentencias. En la jurisdicción civil,
tras dos años de disminuciones, el número de asuntos ingresados se ha
incrementado; en los juzgados de familia y de primera instancia e
instrucción, el incremento ha sido de un 4%, mientras que en las
audiencias provinciales ha sido del 5,3%. Lo que fundamentalmente llama
la atención de todo esto es la existencia de 198 076 ejecutorias
pendientes en ejecuciones hipotecarias. Llama mucho la atención, porque
se trata de ejecuciones hipotecarias que, como ustedes saben, están en
plena ebullición. Nos encontramos con un problema social, político y
jurídico muy importante. Ahora bien, aun cuando esto es así —ese
número es cierto—, no todas, ni muchísimo menos, afectan a la
primera vivienda. No se puede decir que hay 198 076 ejecuciones
hipotecarias de personas que pueden ser desahuciadas de su casa, no; la
inmensa mayoría se refieren a ejecuciones hipotecarias de locales de
negocio, de superficies urbanas o rurales, de segunda vivienda —la
mayoría son de segunda vivienda, de personas que se había embarcado en
problema que luego no han podido superar—; pero la preocupante es
la de la primera vivienda. No tenemos estadística real; no podemos dar
una estadística real de cuáles son las que afectan a la primera vivienda;
aproximadamente se puede entender que es un 10%, cifra importante, pero
como no lo podemos dar, no puedo decir cuál es la cantidad. Sí que quiero
resaltar que este número tan importante no se corresponde, ni muchísimo
menos, con lo que constituye el problema o drama social que está a la
orden del día. Esa mañana mismo, a las nueve y media, para limitar en la
medida de lo posible este problema social humanitario, he suscrito un
convenio con la Junta de Galicia para que los servicios sociales atiendan
a las personas que puedan ser desahuciadas de su primera vivienda y que
puedan estar en situación de exclusión social, por su invalidez o por sus
peculiaridades personales. El juez que detecte una situación de este tipo
avisará a los servicios sociales para que, antes de proceder al
alzamiento, se atienda a estas personas. Yo creo que esta es una medida
que se va a extender —y creo que es muy importante que se
extienda— a todo el Estado, creo que las comunidades autónomas van
a tomar nota de esta solución. Esta misma solución ya la estaban
aplicando algunos jueces personalmente, de forma particular, acudiendo a
los servicios sociales, precisamente para evitar el drama de que una
persona mayor, sola o inválida, o familias enteras que no tienen dónde
acudir, puedan verse en la calle. También hay un protocolo firmado con el
Ayuntamiento de Barcelona, por el que ya se está actuando de esta manera.
Por lo tanto, aunque es cierto que es un problema grave, vamos a ver si
por vía judicial y en colaboración con los servicios sociales minimizamos
o reducimos este problema en la medida en que afecte a personas
desvalidas.

En la jurisdicción contencioso-administrativa ha habido una
disminución importante de los asuntos ingresados, 22% menos en el año
2012 que en 2011. Probablemente es debido al hecho de que en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa se previó que
las costas se aplicaran por el sistema del vencimiento y eso ha ayudado a
reducir el número de ingresos. Sin embargo, en la jurisdicción social y
en la mercantil se ha producido un gran aumento. En la jurisdicción
social se han incrementado un 6% respecto al año anterior, y la mayor
parte de los asuntos se refieren a despidos de trabajadores; no digo nada
nuevo, es así, y estamos ante un incremento tremendo de los asuntos de
esta naturaleza. En el año 2012 se presentaron 10 290 concursos de
acreedores, se batió un record histórico; y al final del año quedaban en
tramitación 25 647. Es un tema muy grave. En materia concursal y en
materia de despidos es donde más incidencia ha tenido la crisis económica
de este país.

Frente a todo este número tan enorme de asuntos que
ingresan en los tribunales, contamos hoy en la planta judicial con 5047
jueces en activo. También es cierto que, como he dicho anteriormente,
tomarán posesión de sus destinos esta misma semana 231 jueces más, pero
hoy no se pueden contar; por tanto, serían 5047 más 231. Eso da una ratio
de jueces por habitante que no alcanza la media de la Unión Europea, que
está en 14 jueces por 100 000 habitantes y nosotros estamos en 10,96. Eso
ha supuesto un déficit de jueces respecto a otros países. También es
verdad que hacer la comparación en frío es muy difícil, pero es cierto
que en España ha habido un pequeño problema en relación con este asunto,
que ha hecho necesario acudir a jueces sustitutos, a magistrados
suplentes y a magistrados eméritos, que nos han ayudado a solventar el
problema del retraso, que es crónico en este país en algunas materias y
en algunos lugares, como todos ustedes saben, pero no en la totalidad del
orden jurisdiccional, porque hay muchísimos organismos que funcionan al
día y bien, lo que pasa es que son noticia los que no funcionan al día, y
esto se debe a una multiplicidad de causas. En cualquier caso, lo que sí
es cierto, grosso modo, es que hemos tenido que utilizar medidas de
refuerzo para que los juzgados pudieran dar respuesta a las demandas del
ciudadano. En el año 2012 se autorizaron 156 comisiones de servicios de
otros tantos

magistrados con relación de funciones, 90 sin relación de
funciones, 21 medidas de autorrefuerzo, 26 magistrados eméritos, 55
magistrados suplentes en activo, 167 jueces sustitutos, etcétera; en
definitiva, ayudas para solventar el problema del enorme número de
asuntos que acceden a los órganos jurisdiccionales.

Es cierto también que se han aprovechado las actividades de
mediación en procesos familiares, penales y civiles y, aunque realmente
son incipientes, es esta una vía que estamos transitando con mucho
interés desde el punto de vista del consejo, de la Administración de
Justicia y de la ciudadanía. Aunque las cifras son muy reducidas, les
puedo decir que en el año 2011 se resolvieron por la vía de mediación
familiar 358 asuntos; no son muchos pero es una vía que ya se ha iniciado
y que ha producido este efecto. En cuanto a mediación penal, aunque no se
puede hablar de mediación en sentido estricto, en asuntos en los que ha
habido acuerdo y se ha dictado la sentencia, por tanto, con arreglo a lo
que se había previsto, se han resuelto 966 asuntos; en mediación civil no
familiar, 14; y en cuanto al órgano jurisdiccional
contencioso-administrativo, se va a introducir el sistema de mediación,
que es una de las vías que, repito, puede permitir aligerar la carga de
trabajo de los órganos judiciales. Está por ver —ahora no se puede
ver— la influencia que en la reducción de asuntos pueda tener la
reciente legislación sobre tasas judiciales. Estamos haciendo un
seguimiento, pero en este momento todavía no contamos con ningún dato que
nos permita decir si ha influido de manera determinante o no en el
ingreso de asuntos.

La existencia de todos esos millones de asuntos, la
existencia de esos miles de jueces y la necesidad de que hubiera algunos
más, llevó a entender que en el año 2011 hacían falta 295 jueces más 114
magistrados —aquí está la memoria—, en total, 409. No se creó
ninguna plaza en 2012 ni en 2013, y esto ha obligado al consejo, respecto
de esta promoción de 231 cuyos despachos entregaremos el día 4 de este
mes, a dejar huecos para los alumnos de la escuela por el sistema de
reforzar los órganos existentes, una medida paliativa de los retrasos en
todos los asuntos. Para los órganos judiciales que el consejo sabía que
estaban más retrasados y con más necesidad de ayuda se abrió un sistema
de comisión de servicios, en virtud del cual jueces que tienen una plaza
en determinado lugar han sido trasladados a petición propia a otros
juzgados y han dejado las vacantes necesarias para que los alumnos de la
escuela empiecen su actividad judicial. Así, esos 231 alumnos, que
tomarán posesión el día 12 de este mes, van a ayudar indirectamente a que
los juzgados con más retraso funcionen mejor, puesto que les hemos puesto
el refuerzo correspondiente. La verdad es que el año que viene va a pasar
lo mismo: 204 habrán de ser colocados en la escuela judicial y
seguramente por la misma medida, porque no se crea ningún juzgado, y
veremos las perspectivas que tenemos para años sucesivos. Pero la verdad
es que no hay perspectiva de creación de órganos y, por tanto, tendremos
que solucionar el problema como podamos, con los medios de que
actualmente disponemos. Eso puede traer problemas de funcionamiento,
claro está, porque no es lo mismo enviar un juez allí que crear un
juzgado donde haga falta. En fin, iremos viéndolo. La situación es la que
es, y lo único que les digo es lo que estamos haciendo, que es reforzar
los juzgados y tribunales que están en peor situación, llevando allí
jueces con una cierta experiencia y que pueden colaborar a solventar la
situación.

Respecto a la situación de la justicia, quiero señalar el
caso particular del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es, como
sabemos, el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, como
señala la Constitución, y por ello es el referente de toda la doctrina
interpretativa de las normas que rigen nuestro sistema jurídico; por
ello, considero necesaria hacer una referencia a él. Tiene cinco salas,
como saben, que están funcionando ahora mismo a un rendimiento que yo
diría que es óptimo, a pesar del volumen de recursos que reciben, que, en
mi opinión, son demasiados para ser un órgano de última decisión, un
órgano de casación. Pero, desde el año 2006, a través de sucesivos
acuerdos con los distintos ministerios de Justicia, la Sala de Gobierno
del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial —yo he
estado en la sala de Gobierno desde entonces, desde 2006; en el consejo
estoy desde hace un año solo, pero he vivido directamente este proceso
porque, además, estaba en la comisión negociadora tratando con el
ministerio sobre estos asuntos— ha conseguido, a través de ayudas
económicas, y sobre todo de colaboración con magistrados de otros
lugares, que se pueda decir que el Tribunal Supremo está en este momento
al día. Esto es muy importante; es muy importante que se pueda decir que
la Sala Primera, por ejemplo, que entiende de los asuntos civiles y
mercantiles, está resolviendo actualmente asuntos que ingresaron a
finales de 2011 o a primeros de 2012; estar al día significa que está
resolviendo dentro del plazo que tienen previsto las leyes de
enjuiciamiento para la actividad ordinaria del tribunal. La Sala Segunda
ha funcionado tradicionalmente al día y está funcionando igualmente al
día. La Sala Tercera, que llegó a tener a finales de 2011 un total de 11
272 asuntos pendientes y en 2010 tenía 14 376, ahora

tiene entre 3000 o 4000, lo que supone la labor de un año.
A la Sala Cuarta le pasa lo mismo: funcionaba normalmente al día y sigue
funcionando normalmente al día. Y, por supuesto, la Sala Quinta está
súper al día, puesto que tiene muy poquitas entradas. El Plan de refuerzo
del Tribunal Supremo, que finalizó en principio el 31 de diciembre, ha
sido prorrogado durante seis meses; por tanto, ya se puede decir
definitivamente que el Tribunal Supremo está al día, gracias a un sistema
nuevo de ayuda permanente, pactado con el Gobierno; es decir, un gabinete
técnico que está colaborando directamente con el tribunal. Esto es muy
importante. El Tribunal Supremo no tiene retrasos en la actualidad, algo
que no se había producido nunca, porque la Sala Primera llegó a tener
siete años de retraso y la Sala Tercera también. En la actualidad, se
puede decir que esas dos salas están al día. Cada mes puede cambiar según
el número de asuntos que ingresan y el número de asuntos que terminan,
pero a una distancia de un año de resolución, que es algo que en la vida
se hubiera podido pensar, o por lo menos no hubiéramos podido pensarlo
hace diez años.

En definitiva, los órganos jurisdiccionales están
saturados, pero no todos lo están por igual. Muchos de ellos están al
día, otros no lo están por muy diversas causas; muchas veces por falta de
medios, otras veces por falta de decisión, otras veces por diversas
razones; porque puede ocurrir, por ejemplo —y, de hecho, está
ocurriendo—, que haya un juzgado que funcione bien y, de repente,
le entra un asunto como el Palma Arena u otro cualquiera de los que
ustedes puedan pensar, y empieza a funcionar mal porque no puede con todo
lo que se le viene encima. En concreto, el juzgado que lleva el asunto
Palma Arena tiene 26 piezas separadas, 26 asuntos separados. Es muy
complicado para un juzgado llevar todo eso adelante. Esto ocurre con
muchos juzgados, y hace que en ocasiones se retrasen. Es lo mismo que
ocurre en un juzgado mercantil, que puede caerle un concurso de
acreedores de una empresa puntera o importante, de mucha trascendencia
económica, y en ese momento, con la cantidad de incidentes que puede
llegar a tener, ese asunto vale por otros trescientos o más. Por eso he
dicho que los números que reflejan las estadísticas no se corresponden
con la realidad de las situaciones, tanto porque las estadísticas reales
pueden no corresponderse con las estadísticas reflejadas en los
registros, como por el hecho de que un asunto no es siempre un asunto;
hay un asunto fácil y hay otro asunto que puede tener dentro de él otros
doscientos asuntos. Repito, por eso, que la estadística es algo que hay
que tomar con prudencia o al menos con relativa credibilidad.

Como conclusión —no quiero extenderme, ustedes me
preguntarán luego lo que quieran—, en relación con la actividad del
consejo, más allá de la versión más bien negativa que se tiene del mismo,
puedo decir —y lo digo con propiedad porque yo presido este consejo
desde finales de julio de 2011— que, a mi juicio, es un organismo
que ha estado cumpliendo con bastante rigor sus previsiones
constitucionales y sus competencias.

En líneas generales funcionan a satisfacción las comisiones
y los servicios, y si se ha producido un deterioro de su imagen de cara
al exterior, creo que se está recuperando y puede decirse que estamos
ante un órgano del Estado que funciona con naturalidad —aunque no
lo parezca, yo quiero decir que esto es así porque estoy convencido de
que esto es así—, cumple su función fundamental de preservar la
independencia de los órganos del Poder Judicial —también esto es
importante— y su actividad administrativa —vamos a llamarla
así.

Ya hemos visto en relación con los órganos judiciales
—jueces y magistrados de los tribunales en general— cómo el
número de asuntos que tienen excede de las posibilidades —por mucho
que algunos se dediquen a ello con todos sus esfuerzos— y sí que me
consta que la inmensa mayoría de los integrantes de dichos órganos
alcanzan el nivel óptimo de dedicación, aunque hay otros que no y otros
que no podrían de ninguna manera alcanzarlo porque los asuntos que tienen
no se los pueden quitar.

Pero el problema no es solo —y ya estamos en el
capítulo de necesidades— que exista una desproporción entre asuntos
a despachar y jueces para resolver, sino que hay otras causas que hacen
que sea imposible para muchos juzgados dar solución adecuada en el tiempo
a todos los asuntos que les llegan. A mi juicio, un problema
importantísimo viene constituido por la defectuosa organización de la
institución planta judicial en España; yo creo que hay una defectuosa
organización.

En efecto, hasta ahora la Ley Orgánica del Poder Judicial y
la vigente Ley de planta habían articulado la articulación judicial sobre
el esquema clásico de partidos judiciales y audiencias provinciales, con
pequeñas concesiones a nuevas pautas, juzgados provinciales de
videovigilancia, de menores, de lo penal, etcétera. Hoy en día, tanto por
la mayor facilidad en las comunicaciones como por una mejor operatividad
y menor coste económico, se impone la creación de otro tipo de órganos.
Sinceramente, estoy de acuerdo con lo que se ha previsto para la futura
ley orgánica, a pesar de los problemas de

actualización que esto va a tener en los tribunales de
instancia, para que estos aglutinen en un mismo órgano judicial,
integrado por varios jueces, y con una demarcación superior a la
tradicional o con la que sea necesaria, con una sola oficina judicial, la
carga competencial correspondiente al orden jurisdiccional de que se
trata y al territorio que se le haya atribuido. Por tanto, yo creo que
esto, unido a una posible y distinta competencia funcional según los
órganos jurisdiccionales, sería muy importante para el buen
funcionamiento de la futura organización y para los futuros jueces y
tribunales.

La nueva organización habría de añadir la necesidad de los
elementos técnicos —que hoy en día ya son posibles— para un
adecuado funcionamiento procesal. Se trata de llegar al expediente
digital, pero no con los medios ya vigentes y actualizados —tenemos
la nueva oficina judicial, que no siempre funciona bien, y el futuro auto
judicial order.net—, que es algo muy distinto, algo nuevo, algo
que, como les he dicho, se está experimentando ya en un juzgado de
Barcelona y que posiblemente nos permita extenderlo en un plazo que no se
sabe si será corto o largo, pero más bien será corto que lejano. Se trata
de introducir un expediente judicial que permitiría que todos los
tribunales tuvieran un mismo sistema de trabajo y no tuvieran el papel,
lo cual eliminaría tiempos, costes y daría mucha agilidad al sistema.

La interoperatividad entre los programas de gestión
procesales de las distintas comunidades autónomas también es un
desiderátum que daría un paso importante a la unificación de los órganos
de gestión. Un tema espinoso en relación con las necesidades de medios
personales y materiales lo constituye el hecho de que haya comunidades
autónomas que han asumido esta transferencia de medios y con el actual
nivel de autoridad pueden encontrarse con dificultades para facilitarlo.
Hasta ahora el problema no se ha producido con gravedad ni en lo que se
conoce como territorio ministerial ni en relación con ninguna de las
comunidades, pero sí que puede apreciarse un principio de dificultades en
esta materia: locales insuficientes, medios de funcionamiento escasos,
personal auxiliar interino poco competente. Esto se está empezando a
detectar como un problema que puede hacer que los juzgados no funcionen
bien, y yo pienso que es algo que tendría que despejarse. Hasta ahora, en
la medida en que lo hemos solicitado, las comunidades y el ministerio
están atendiendo las necesidades, pero, como la situación económica siga
como está, es muy probable que tengamos dificultades, y eso influiría en
un mal funcionamiento de la Administración de justicia. Yo acudí a una
comunidad autónoma un día vendiendo el expediente digital, diciendo que
en el futuro iba a haber papel cero, y me contestaron que en esa
comunidad ya tenían papel cero, no les daban papel para trabajar. Quiero
decir que eso puede ser grave y nos puede explotar.

Habría que insistir en los medios extrajudiciales de
solución de conflictos, concretamente en actividades de mediación, en la
medida que pueden ser incentivadas desde las distintas administraciones,
incluida la conciliación y mediación intraprocesal, que está teniendo los
frutos que les he dicho pero que el consejo está tratando de
potenciar.

Nunca hay que bajar la guardia ante la necesidad de una
mejor formación de los jueces y magistrados, teniendo en cuenta que los
jueces y magistrados en la actualidad, como ustedes saben, están siendo
jueces constitucionales y jueces comunitarios. El otro día leía yo al
señor Rubio Llorente y decía: No, el juez español en este momento lo
primero que tiene que hacer es ver si para resolver un asunto la ley que
tiene que aplicarse se acomoda a la Constitución. No estamos ante un
sistema anglosajón en el que el juez pueda decir que esta ley es
inconstitucional. Estamos viendo un problema y es que tendrá que ver si
la ley es o no constitucional, y eso aumenta el esfuerzo del juez que se
enfrenta con cualquier problema en el que haya duda de
constitucionalidad, que, aunque lo tenga que resolver planteando una
cuestión, puede también resolverlo entendiendo que la ley está de acuerdo
con la Constitución. Ese es un problema que hemos de valorar en cuanto al
nuevo juez. El nuevo juez no es el señor que aplica una ley estándar o
una ley vigente en España, como tradicionalmente era el juez de la
legalidad, sino que es un juez que ya ha traspasado a la mera boca de la
ley, es un juez que tiene que ver el efecto constitucional de aquella
norma que tiene que aplicar, pero no se les olvide tampoco que es un juez
europeo. Nada más se tiene que ver lo que está pasando con los
desahucios. El juez europeo es un señor que tiene que tener en cuenta las
directivas comunitarias, la normativa comunitaria, ver si la legislación
que tiene que aplicar se acomoda o no a la normativa comunitaria. Pero
esto exige un bagaje de conocimientos, una necesidad de formación en la
que se tiene que insistir, y desde luego el consejo, que está dando
formación, quiero pensar que en el futuro seguirá dándola, que es
fundamental para que los proyectos se resuelvan con arreglo a Derecho.
También sería muy importante que la formación se trasladara a los
abogados en ejercicio porque se ve en muchas ocasiones un déficit de
formación en alguna de estas materias que

hace que los jueces tengan posibilidades a la hora de
resolver sus asuntos, porque la colaboración de los abogados es
fundamental para que el buen fin del proceso se produzca.

Una vez realizados estos pasos previos —organización,
medios materiales, medios nuevos y formación—, tendremos que ver si
los órganos judiciales funcionan o no con arreglo a lo que la sociedad
les pide. Yo creo que se puede conseguir, sinceramente. No estamos en una
situación óptima, tampoco estamos en una situación tan mala como se nos
dice, ahora bien, de cara al futuro, no habrá que seguir haciendo más de
lo mismo —que solamente ha sido crear más juzgados—, sino que
habrá que hacer más pero de otras cosas, y probablemente estas otras
cosas sean una nueva organización, unos nuevos medios y una nueva
insistencia en la necesidad de formación.

En definitiva, y termino —ustedes preguntan
luego—, el Consejo General del Poder Judicial funciona en la medida
que yo creo con arreglo a lo que se podía esperar de él, aunque no se
haya trasladado esa imagen a la sociedad. Yo mismo les puedo decir que
cuando estaba en el Tribunal Supremo —que está enfrente— me
parecía que el consejo era un desastre y, sin embargo, cuando estaba
dentro, me ha parecido que no era tanto desastre. Se lo puedo decir. No
me extraña nada que ustedes desde fuera puedan apreciar lo mismo que
apreciaba yo, pero eso probablemente es un problema de comunicación, no
es un problema de activación, igual que pasa con los órganos judiciales.
Ayer mismo leía Metroscopia —esta estadística trimestral que se
produce— y aunque vamos mejorando —parece ser que según las
estadísticas se va mejorando—, todavía estamos en unos niveles que
no serían los mejores. Pienso que, aunque la apreciación exterior sea de
un aprobado, el Poder Judicial en general está trabajando con notable
acierto y dedicación. No sería matrícula de honor, no sería sobresaliente
pero sí, por lo menos, un notable alto. Si se ponen los medios que yo
sugiero —creo que se van a poner y si no se ponen, será
peor—, y hay posibilidades para llegar a hacerlo, todos
conseguiremos una Administración de justicia y un Poder Judicial mejor de
lo que ahora tenemos —siempre es mejorable— y, en cualquier
caso, acomodado a las exigencias de la sociedad española, que es lo que
queremos, para que el ciudadano obtenga tutela y la satisfacción de sus
derechos lo más pronto posible.

Muchas gracias. Tienen ustedes la palabra.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moliner
Tamborero.

Antes de dar la palabra a los portavoces quiero dar la
bienvenida a los vocales del Consejo General del Poder Judicial que hoy
nos acompañan y a los que antes no me he referido.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra don
Jokin Bildarratz Sorron.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, como no podría ser de otra manera,
quisiera saludar a don Gonzalo Moliner Tamborero, presidente del Consejo
General del Poder Judicial, a los vocales de dicho consejo y al resto de
miembros, y felicitarles por el trabajo que su presidente ha calificado
de activo. Quiero también dar mi felicitación al señor presidente por su
comparecencia de hoy. Le he visto muy animado y con muchas ganas, lo que
es importante a la hora de sacar adelante un proyecto como este o un
proyecto difícil al que hay que enfrentarse.

Estamos analizando en 2013 la Memoria de 2011, que fue
aprobada en el mes de julio de 20012 como usted ha dicho. Es evidente que
no voy a hacerle a usted responsable de esto, faltaría más, pero sí a la
institución o a las instituciones, tanto en la que en este momento nos
encontramos como la que usted preside. Entiendo que todos tenemos que ir
dando solución a todo este tipo de problemas y trabajar en positivo. Me
gustaría que buscásemos entre ambas instituciones un compromiso por el
que entendamos que una comparecencia como esta de hoy es importante para
las dos. Como usted decía, nosotros, aquí, en el Senado, tenemos que
hacer también otras cosas. Tengo que decirle para su tranquilidad que a
mí me pasaba lo mismo que a usted cuando estaba en el Tribunal Supremo,
que veía una imagen determinada del Consejo: cuando yo estaba fuera del
Senado, la imagen que tenía de esta Cámara ya sabe usted cuál era
(Risas.), pero cuando he entrado aquí resulta que el tiempo no me da, no
sé si es que me organizo mal, no sé. Creo que nos ha pasado algo
similar.

Ha actualizado la Memoria de 2011 y nos ha traído datos de
2012. Me gustaría hacer una serie de reflexiones y ponerlas encima de la
mesa para ir actualizando el trabajo que pretendemos realizar
conjuntamente. El primer tema que quiero subrayar se refiere a algo que
usted ha comentado: ese objetivo de ganar credibilidad ante la ciudadanía
—es un aspecto básico—, sobre todo ganar confianza ante
ella.

El informe que hoy nos traen aquí también hace mención a la
unidad de atención ciudadana, como ha comentado, y además plantea que el
mayor número de quejas están relacionadas con la lentitud de la

Justicia. Y pondré únicamente a modo de ejemplo la síntesis
de lo que, en mi opinión, siente la ciudadanía. La semana pasada hemos
visto que el titular del Juzgado de lo Social ha fijado para el día 11 de
julio de 2014 el juicio por el despido del Partido Popular de su ex
tesorero —no quiero hablar de este tema, únicamente lo traigo a
colación—. Que en estos momentos esté situándonos en el 11 de julio
de 2014, cuando menos causa extrañeza. Nosotros que estamos dentro de la
política podemos entenderlo más o menos, pero el ciudadano de a pie
lógicamente, cuando menos, se extraña. Tenemos que seguir trabajando en
todo eso.

Me sugiere una pregunta lo que usted mismo ha aportado con
el Palma Arena. Es verdad que hay tribunales que en un momento
determinado pueden estar funcionando de manera correcta, habitual, pero
surge un problema, y usted ha puesto el caso Palma Arena como ejemplo. Mi
pregunta sería si ante este tipo de interferencias, entre comillas, ante
este tipo de eventos también tienen ustedes algún plan de actuación, si
ayudan, de qué manera actúan y cómo lo llevan a efecto.

Sigo con la perspectiva de la atención ciudadana. Ha
comentado usted que se realizan una serie de inspecciones, que suponen
propuestas de mejora y que son importantes en su número. Son 5098 con 18
unidades inspectoras, es decir, entiendo que es una actividad muy
aceptable. Hoy no lo ha citado usted aquí, pero en el Diario de Sesiones
del Congreso de los Diputados he podido leer lo que dijo usted allí: que
había juzgados que no funcionaban al rendimiento necesario. Me gustaría
preguntarle cómo actúan, cómo lo ven, qué estrategia tienen de trabajo
para con ellos.

Otro elemento para mí importante de cara a la credibilidad
ante la ciudadanía y para poder ganar su confianza es la lengua en la que
los ciudadanos y los jueces se comunican. La lengua es un vehículo
importante en cuanto a lo que se refiere a la cercanía y para ganar esa
confianza. Mi pregunta es cómo estamos en cuanto al uso de las lenguas
cooficiales en general y en particular respecto del euskera. Sabiendo de
antemano que los datos van a ser pobres —entre comillas—,
desearía saber si entra dentro de su estrategia, planificación, objetivo
y prioridad el ir readecuándolo a las necesidades que la propia
ciudadanía nos comenta.

Otro tema que escandaliza un poco o mucho a la ciudadanía
es el de las filtraciones interesadas. Creo que este es verdaderamente un
gran problema para todos ya que acrecientan la desconfianza de la
ciudadanía, la cual entiende por otra parte que dichas filtraciones lo
que persiguen es un objetivo espurio, un objetivo que no está claro. ¿Qué
medidas disciplinarias y de otro tipo se han adoptado o se adoptan?
¿Existe algún plan conducente a evitar este tipo de acciones? Dicho de
otra manera, ¿esto que estamos viviendo día a día tiene remedio, se le
puede poner remedio de algún modo?

Dejo el bloque sobre la sensibilidad y confianza ante la
ciudadanía y voy a referirme al de la formación. Usted ha subrayado, como
no puede ser de otra manera, la importancia que tiene la formación
continua, y es que no hay duda de que la selección y formación de jueces
y magistrados es un elemento fundamental para ofrecer el servicio de
calidad que todos queremos o incluso, como usted ha subrayado al final de
su intervención, también la de los abogados es importante. En mi modesta
opinión, y asociándola a la formación, entiendo que últimamente
determinados jueces han dado un salto positivo a la hora de atender una
serie de dramas sociales que nos están tocando vivir hoy. Incluso diría
que en algunos casos han liderado una actitud muy importante, léase
desahucios, corrupción, hipotecas, maltratos… Mi pregunta sería si
dentro del criterio de formación, si dentro de los objetivos de esa
formación continua se coordina, se forma o se ponen recursos formativos
asociados al contexto que en estos momentos estamos viviendo. Dicho de
otra manera, ¿qué formación se está priorizando o si esta se adecua a los
dramas que estamos viviendo hoy en día, que entiendo que es muy
importante, con el objetivo de ir planteando criterios homogéneos y sobre
todo interpretando la ley con los criterios de actualidad?

Ha hecho referencia a la no convocatoria de plazas en 2012
y ha dicho también que son 50 las que se van a convocar en 2013, plazas
con las que no se consiguen cubrir de ninguna manera las necesidades, con
lo cual una parte se tendrá que cubrir con alumnos de la Escuela
Judicial, que son los que ayudarán a solventar los problemas que, como
usted decía, como podamos se irán solucionando, pero es evidente que esto
traerá problemas consigo. En ese sentido querría que todos hiciésemos una
reflexión a este respecto ya que no es posible que, siendo conscientes de
que no se va a atender a las necesidades de uno de los grandes poderes,
como es el Poder Judicial, siendo conscientes de que esa realidad es así,
no seamos capaces de intentar cubrir ese tipo de necesidades viendo
también los datos que el propio presidente nos daba en una comparación
relativa, como ha dicho, en esa ratio media de la Unión Europea con
respecto a nosotros.

En ese sentido sí creo que cada uno de nosotros,
evidentemente con las responsabilidades que tiene, deberíamos ser
conscientes y ponerle remedio a algo que es básico en el funcionamiento
de una sociedad, en el funcionamiento democrático de una sociedad.

Para ir terminando, voy a hablar de tres bloques. El
primero es de los desahucios. Nos ha dado una serie de datos
significativos de dramas importantes, que quiero tratar en positivo
porque nos acaba de anunciar que hoy mismo, además, ha firmado un
convenio con la comunidad de Galicia —por lo que intuyo que también
con los ayuntamientos, y hemos hablado de servicios sociales—. Por
tanto, me gustaría que desarrollase un poquito más esta firma, y ver cómo
está el resto, en mi caso cómo estamos en la comunidad de Euskadi, porque
el que seamos capaces de coordinar instituciones tan alejadas
—entre comillas— pero a su vez con algo tan común es
importante.

El segundo bloque es el relativo a la corrupción. Estamos
viéndolo un día sí y otro no, porque todos los días nos estamos
despertando con alguna noticia en este sentido, y es algo que
evidentemente preocupa de gran manera a la ciudadanía en general. Me
gustaría conocer cuál es la situación de los diferentes tribunales
superiores, si tienen los recursos necesarios para ir abordando este
problema, es decir, cuál es el diagnóstico en ese sentido y el papel que
el consejo que usted preside está jugando.

El tercer bloque, un tema muy importante, el de las
preferentes. He podido ver que también están preparando la máquina
administrativa para poder responder a la posible presentación de demandas
de titulares de participaciones preferentes. Además, en Álava, en Euskadi
también ha habido alguna sentencia interesante a favor del cliente y en
contra de la entidad financiera por falta de claridad y falta de
información. Me gustaría saber cómo están funcionando o cómo están
enfocando el problema.

Para terminar, ya que ha hablado con sinceridad, y me
alegra porque desde la misma creo que es como podemos construir
—porque ha llamado al pan pan y al vino vino, y, como digo, es de
agradecer—, qué opinión le merece el proyecto de ley orgánica sobre
el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que en
estos momentos suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente el
artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sin más, termino. Les agradezco nuevamente tanto a usted
como a los vocales y miembros del consejo que le acompañan su presencia y
les felicito por el ímprobo trabajo que están realizando.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra don Joan Saura Laporta.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Agradezco la presencia del señor Moliner y de todos los
vocales del Consejo General del Poder Judicial por su presencia y por las
explicaciones detalladas que han dado.

He de confesar que me llevé una sorpresa cuando vi que
desde 2005 el presidente del Consejo General del Poder Judicial no
asistía al Senado a explicar su memoria —durante siete años—
y me he llevado otra sorpresa por el retraso en discutir lo de 2011. La
explicación es que se aprueba en julio, y sin querer injerirme en nada
—no soy nadie para hacer sugerencias en este sentido—, sería
interesante poder discutirlo en el Senado antes del verano del año
siguiente, porque si no, las informaciones que se dan están muy
descontextualizadas. Incluso su amabilidad en ofrecernos cifras actuales
choca con la imposibilidad de administrarlas bien y de compararlas. Por
tanto, creo que es importante lo que decía el presidente de la comisión
de la comparecencia anual, que se pudiera producir en un espacio de
tiempo que permitiera una reflexión más actualizada de la situación.

Me ha gustado su intervención, pero de todas maneras, si
fuera posible, desearía que en su segunda intervención incidiera más en
el bosque que en los árboles. Nos ha especificado cifras sobre formación,
sobre qué pasa en los tribunales, y al final ha hecho una reflexión muy
breve: pensaba que era aprobado, es notable, pero es necesaria una nueva
etapa. Creo que eso es lo que nos interesa más aquí, por lo menos a mí,
es decir, qué es lo que ha pasado en 2011 —globalmente—,
cuáles son los grandes retos y cuáles son las estrategias. Porque yo,
viendo algunas cifras o algunos cuadros estadísticos de la Memoria de
2011, tengo alguna preocupación —que puede ser que sea
absolutamente falsa y muy fácilmente se pueda demostrar que no es
preocupación—, como, por ejemplo, que los asuntos resueltos en
todas las jurisdicciones disminuyen por primera vez en 2011. Desde 2001,
en que hay 6 800 000, va subiendo siempre, llega a 9 217 395 en 2010, y
en 2011 disminuyen. ¿Por qué disminuyen? Sería una primera pregunta. ¿Por
qué razón los asuntos resueltos disminuyen? Pero igualmente sucede en el
tema

de las quejas. Entre 2010 y 2011 hay un incremento del 10%
de las quejas. La pregunta es: las mejoras que se están produciendo ¿no
deberían significar una disminución de las quejas? ¿O el incremento de la
quejas demuestra que las mejoras que se han tomado no son tan eficaces?
Porque yo entiendo que en esta idea de fondo de modernizar la
Administración de la justicia, de hacerla más abierta, de hacerla más
informatizada, de hacerla más próxima, todo esto, debería llevar a una
disminución de las quejas, pero aumentan. Cuando uno va a explorar qué
pasa dentro de las quejas, el 93 o el 94% de las mismas son relativas a
posibles vulneraciones en la carta de derechos, especialmente de la
justicia moderna y abierta; es decir, que prácticamente todas las quejas
están relacionadas con la percepción que tienen los ciudadanos de que es
una justicia no abierta y no moderna. En este espacio de quejas también
me sorprende mucho que en 2011 haya unas grandes disparidades
territoriales. Hay territorios donde las quejas se incrementan el 35% y
hay otros donde disminuyen el 14%. La pregunta es: ¿qué pasa que en un
mismo año judicial hay comunidades autónomas como Asturias que
incrementan el 35% y otra como Aragón que disminuyen el 14%? Por tanto,
lo que me gustaría es que a estos elementos que he cogido, que son
parciales, que pueden ser absolutamente insignificantes, se les pudiera
dar una respuesta.

Me preocupa también el tema de la violencia doméstica y de
género, en el que creo que usted ha sido, a mi entender, excesivamente
breve. Para expresar una primera percepción y, como tal, subjetiva: que
desde hace un cierto tiempo, el observatorio aparece menos públicamente
dando su opinión. No sé si estoy equivocado o no, es mi percepción
subjetiva. Hace pocos días un diputado del Congreso hizo unas
declaraciones respecto a las que eché en falta la voz del observatorio;
se hicieron unas declaraciones que para mí eran absolutamente ofensivas
con relación a las mujeres. He visto un par de cifras en la memoria que
también me preocupan: que de 17 000 órdenes de protección incoadas, hay
casi 6000 denegadas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son los
elementos importantes de la denegación? Asimismo me preocupa el hecho de
que en los juicios de falta por violencia de género el 11%, que es la
cifra más baja desde 2004, solo sean por juicios rápidos. Tampoco sé si
esto tiene algún sentido o no, pero es la cifra más baja. He escogido
estos cuatro o cinco elementos, para mí significativos, que no sé si
pueden llevarnos a la conclusión de que se está avanzando, pero en
algunos casos menos de lo que se debería.

Para terminar, voy a formularle cuatro o cinco preguntas.
La primera —ya sé que la respuesta no es fácil— se refiere a
cuáles son los efectos de fondo de las restricciones presupuestarias que
se están produciendo sobre la Administración de Justicia, o sea, qué
supone en estos momentos esta situación.

La segunda pregunta guarda relación con los desahucios. Ha
dicho que no tenían cifras. Si me lo permite, le diré que a mí me parece
imprescindible conocerlas y saber cuántas son de primera vivienda. Me
gustaría, si es posible, tener ese dato y saber a qué periodo
corresponden, porque, ante el problema político y social que se está
produciendo, saber exactamente qué parte de estos potenciales desahucios
son de primera vivienda me parece, como digo, absolutamente
imprescindible y necesario.

También se ha hablado del tema de las lenguas, sobre el que
ha preguntado el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco. Yo le puedo
decir que en Cataluña, en los últimos quince años han ido disminuyendo
las sentencias en catalán, de tal manera que en estos momentos, en 2012,
las sentencias en catalán no llegan al 30% y las del castellano son del
70%, cuando prácticamente estaban al 50-50 hace diez años. Esto lleva a
un problema: que se vulnera el derecho que tienen los ciudadanos a poder
ser contestados en su lengua desde la Administración. Desde esta
perspectiva, me gustaría saber si ustedes han pensado qué hacer para que
no se vulneren estos derechos de la lengua.

Luego está el tema de los consejos de justicia. Sé que
cuando se aprobó el estatuto de autonomía el Tribunal Constitucional no
aceptó unos consejos de justicia que fueran autonómicos, en el sentido de
que el organismo de dirección y de gobierno era el Consejo General del
Poder Judicial. La pregunta es si es posible que existan, no consejos
descentralizados autonómicos, sino consejos desconcentrados, es decir,
consejos que, evidentemente, tengan la jerarquía del Consejo General del
Poder Judicial pero que faciliten desde el territorio, dependiendo del
Consejo General del Poder Judicial, su acción de la justicia.

Y, por último, ha dicho que ustedes no tenían una cifra
sobre las repercusiones de las tasas en la actividad judicial. ¿Cuándo la
pueden tener? Es decir, ¿cuándo podremos saber exactamente cuáles han
sido las repercusiones?

Acabo agradeciendo su presencia. No tengo ninguna duda de
la competencia y del buen trabajo que está haciendo el consejo, a pesar
de que, como usted ha dicho, determinados hechos que han sucedido han
puesto la credibilidad del consejo muy abajo, pero creo que eso se está
superando. Me gustaría que, si puede, en su segunda intervención hiciera
una valoración más global de las mejoras, y de mejoras para

el ciudadano —le he hecho preguntas de
ciudadano—, de los efectos de las restricciones presupuestarias y
de cuáles son las líneas de trabajo para que la Administración de
Justicia aparezca como una Administración mucho más abierta y mucho más
moderna.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra su portavoz, don Jordi Miquel Sendra Vellvè.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, presidente.

Voy a ser muy breve, porque en principio no tenía intención
de intervenir ya que, de hecho, en la comparecencia del presidente del
Consejo General del Poder Judicial en el Congreso de los Diputados
nuestro grupo parlamentario presentó una batería de diecisiete
proposiciones en relación con la memoria del 2011, que iban desde la
referencia a la excesiva movilidad de los magistrados y jueces en el
territorio, al uso de las lenguas, pasando por las filtraciones de los
procesos, etcétera. Pero creo que es de obligada cortesía parlamentaria
intervenir para dar las gracias al señor Moliner y a los vocales que le
acompañan por su comparecencia para presentar esta memoria del 2011. Y
quiero aprovechar para reiterar las palabras del portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco y también del Grupo de la Entesa en relación con las
comparecencias de las instituciones del Estado en las Cámaras
parlamentarias. El respeto a las Cámaras parlamentarias empieza con la
asistencia puntual a las comparecencias para presentar los informes
debidos, no con el ninguneo. Precisamente por eso le agradezco, en nombre
de mi grupo parlamentario, su comparecencia hoy, y estoy convencido,
desde luego, de que no tendremos que esperar al 2015 para conocer la
memoria del 2012 en esta Cámara.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sendra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su
portavoz, don Arcadio Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.

Bienvenido, señor Moliner, y bienvenidos también no solo
los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que han sido elegidos
por las Cámaras, sino también los servidores públicos y los integrantes
de su equipo que le acompañan en la mañana de hoy.

Si yo le hablo de Los Sabandeños supongo que le sonará a
algo positivo. Es un conjunto musical canario, y tienen una canción que
se llama Campanas de Vegueta. Y aunque estamos en Madrid, si uno afina un
poco más el oído —yo lo tengo un poco más estropeado por mis 59
años— oye cómo las campanas de Vegueta tañen de alegría por su
comparecencia aquí, en la mañana de hoy. Y tañen de alegría, señor
presidente, porque este senador, que representa a la población de Gran
Canaria, ha estado en los últimos meses muy interesado en que usted
compareciera. Y créame que no solo lo ha hecho porque se gana su sueldo
con la mejor voluntad y con la dignidad de que es capaz, sino por razones
institucionales y por razones personales. Yo a usted nunca lo he saludado
en persona, no le he hecho el pasillo que le han hecho mis colegas
—solo les faltaba tirar el arroz, dicho sea con cariño, señor
presidente—. Como digo, no le hecho el pasillo, nunca lo he
saludado, pero le tengo un inmensísimo respeto, no solo por su condición
de presidente sino sobre todo un intensísimo respeto como a todos los
españoles que pelearon por las libertades. Para mí tienen un plus, en
virtud del cual tiene ya una predisposición positiva, no solo
—insisto— por razones institucionales, lo que va de suyo,
sino incluso por otra razón, ya de egoísmo inteligente, pues podría ser
que dentro de tres años, al acabar como senador, vuelva al duro
considerando, como se decía antes; y tendría que hacerle un poco la
pelota a usted y a los vocales porque antes o después van a estar ahí,
tomando decisiones, confirmando o revocando otras resoluciones
anteriores. Pero créame que no lo hago por nada de eso, sino
—repito— por respeto institucional y también por esa
consideración personal que ya le manifiesto ab initio, así, de
entrada.

Segunda cuestión. Yo me he leído todas sus intervenciones
públicas, todas, incluso su comparecencia en el Congreso, y le agradezco
que el informe de hoy no sea exactamente el mismo del Congreso; hay
algunas partes semejantes, pero hay variaciones y cierta actualización
que le agradezco por aquello de que el tiempo pasa. Han pasado cuatro
meses y, por lo tanto, es menester ajustar la exposición a lo que se ha
vivido durante ese tiempo. Y ya dejo a los buenos oficios del presidente
de la comisión y al magnífico letrado que le asesora algo para la próxima
ocasión, y fíjese que le diría algo positivo de su antecesor,

dicho también con respeto. Su antecesor, la última vez que
compareció en el Congreso de los Diputados ya avanzó la posibilidad de
comparecer ante las Cámaras con antelación a la entrega oficial del
informe. La entrega oficial del informe al Jefe del Estado tiene toda la
solemnidad que usted ha descrito, y yo eso no lo discuto. Pero sí se
puede comparecer para hablar sobre los elementos esenciales de cómo se
evalúa el año anterior, porque no está prohibido que el presidente y los
vocales puedan comparecer en la Comisión de Justicia en el Congreso y en
el Senado para hablar de la materia que estimen oportuna. No tiene por
qué ser solo y exclusivamente para hablar del informe cuando haya sido
aprobado, sino que incluso antes de su aprobación pueden comparecer para
lo que estimen oportuno. Porque lo que anima a la Cámara, lo que anima a
esta Comisión de Justicia, de todos los portavoces, de todos sus
integrantes, es tener con usted y con todos los vocales una actitud de
leal colaboración institucional. ¿Para qué? Para que esto funcione mejor.
Es lo que justifica su sueldo, es lo que justifica el sueldo de los
vocales y lo que justifica también nuestro sueldo: el ser útiles. Y yo,
en la mañana de hoy, no tengo ningún interés en hacer ninguna otra cosa
sino tratar de ser útil; de ahí las propuestas que le iba a hacer en la
intervención.

Una de las primeras cosas que usted planteaba en sus
primeras comparecencias era la necesidad de prestigiar el consejo y, en
esa necesidad de prestigiar el consejo, la sugerencia es la cierta
regularidad en la conversación fluida con las comisiones de Justicia.
Luego, en el despiece del informe de 2011 —tengo aquí el
ejemplar—, yo he hecho uso del esquema inicial que tiene en la
página 23, los ocho ejes del plan de modernización de 2008 y el convenio
eje previsto de 2009 a 2012. Y le planteo si podría hacer un análisis de
cada uno de sus apartados. Hay un apartado relativo a la oficina
judicial. Hay una experiencia muy interesante en Murcia, en Burgos, en
Cáceres, en Ciudad Real, en Mérida. Y luego, la experiencia en el País
Vasco: en Irún, en Azpeitia, en Eibar, en Getxo. ¿Qué pasa con esa
experiencia? ¿Qué evaluación se hace? Yo sé que se han cometido errores,
porque pregunto a muchos integrantes de la carrera judicial y pregunto
también a senadores de esos territorios qué evaluación hacen de todo
eso.

En relación con la planta y demarcación, hay una actividad
del consejo, que es la de hacer informes, dictámenes, sugerencias, vamos
a llamar de prelegislador o protolegislador o de cooperación con el
legislador, como fuere, porque sé que en las introducciones de todos los
informes hay grandes disquisiciones doctrinales acerca de la naturaleza
jurídica de esa actividad. No tengo ningún interés en la calificación
nominal, pero de esa actividad hay un conjunto de informes en general
bastantes densos. Yo los he utilizado mucho, tanto cuando hacía una
función de apoyo al Gobierno de España, que tuviera o no razón era el
Gobierno que yo apoyaba, y buscaba allí argumentos, como en esta ocasión,
en la que no estoy apoyando al Gobierno de España sino en la oposición
como portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Senado. Ahí hay un
montón de argumentos, por no citar lo último que se plantea en relación
con lo que se va a debatir aquí dentro de dos días. Cuando usted
compareció en el Congreso hace cuatro meses, ese día entraba en vigor el
tasazo. Aquello que tenía que haber entrado en vigor el 21 noviembre,
como no tenían los impresos, tuvieron que decir que había que retrasarlo;
y entró en vigor en esa fecha. Luego hay un juego institucional con
respecto al recorte del 0,5 al 0,1, de 10 000 euros a 2000 euros, pero
ciertamente entró en vigor en esas fechas. Y ahora, dentro de dos días,
se va a plantear esa especie de legislación preventiva para crear las
condiciones que permitan el vaciamiento competencial del consejo y la
transferencia de competencias al Ministerio de Justicia o al Tribunal
Supremo.

Yo no le voy a decir que avance usted más allá de lo que
pueda hacer, porque usted tiene una responsabilidad institucional y mi
función no es llevarlo a estas situaciones críticas, pero me gustaría que
al menos pudiera ilustrarnos acerca de la argumentación; y yo le leí en
la posición mayoritaria del consejo y luego, la segunda posición de los
cinco vocales.

En cualquier caso, el propio informe de 2011 habla de la
independencia judicial, y durante 2011, aunque fueron sesenta y tres las
peticiones de amparo, solo hubo una petición de amparo judicial que se
aceptó; las otras no se aceptaron. Lo adoptó la Permanente y el Pleno lo
ratificó. Solo una. Y esa solicitud de amparo judicial se hizo por la
agresión a su independencia. Como establece el artículo 14 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, el juez está obligado a comunicarlo al
consejo. El consejo les concede esa petición de amparo, no por una
agresión a su independencia proveniente de algún otro poder público
—que es lo que siempre se dice: que son los poderes públicos los
que afectan a la independencia de los jueces—, al contrario, por la
agresión que suponía una línea editorial y un conjunto de artículos de
determinado medio hacia un juez, mucho más allá de lo que es la crítica a
las resoluciones judiciales.

Si es verdad que la razón de ser del Consejo General del
Poder Judicial es sobre todo preservar la independencia judicial, que es
la primera exigencia que establece el 117.1 de la Constitución, que dice
que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por
jueces y magistrados integrantes

del Poder Judicial, independientes, responsables,
inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley, la primera
exigencia es la de independiente. Y como la función básica, la función
genuina es preservar la independencia de los jueces, de los 5199 jueces
que usted dijo que había en España hace cuatro meses —no sé si en
estos cuatro meses habrá habido alguna variación por la nueva promoción o
por alguna otra jubilación, voy a limitarme a ese número exacto, a esos
5199—, como quiera que la función del consejo es preservar la
independencia, el argumento es: ¿cree usted que como la independencia ya
está garantizada, por esa razón ya el consejo no hace falta? ¿O, por el
contrario, precisamente esa independencia se ha conquistado, entre otras
cosas, por el trabajo de los veintiuno y del equipo de servidores
públicos muy cualificado que prestan servicio a todos los españoles en el
Consejo General del Poder Judicial?

Ese es el planteamiento que le hago. No le pregunto sobre
el tasazo, que en nuestra opinión es una barrera en el acceso a la tutela
judicial efectiva. En cualquier caso, eso lo podremos evaluar más
adelante.

Luego, me gustaría escuchar su criterio en torno a lo de la
instrucción para el ministerio fiscal, por ejemplo. Me gustaría saberlo,
por aquello de mojarse con una propuesta que a mí me parece que es
bastante relevante para nuestro futuro.

Le hablaba de la oficina judicial, le preguntaba sobre
estas experiencias, y le preguntaba en torno a este segundo eje del plan
de 2009-2012 que aprobó el Consejo, y esto conviene subrayarlo. No se
trata de algo que saque el ministerio y lo tengan ahí, como Juan Palomo:
yo me lo guiso, yo me lo como. No, este plan de modernización y el
convenio eje 2009-2012 fue acordado, consensuado por las comunidades
autónomas, por el Ministerio de Justicia, por el Consejo General del
Poder Judicial y por todos los oficios jurídicos. Hay un segundo momento
de la planta y demarcación, y nosotros le trasladamos nuestra
preocupación porque, en términos telemáticos, hoy en cualquier parte del
mundo un correo electrónico llega de un lugar a otro en fracciones de
segundo. Si es por eso, entonces desaparecen los territorios en términos
físicos. Si es por la comunicación, en aquel entonces en la planta
judicial, cuando se hacían los partidos judiciales, la gente iba en burro
de un municipio a otro; pero como ahora la gente no va en burro de un
municipio a otro sino en coche, también se justifica su desaparición.
Pero es que la razón de ser del partido judicial no es solo eso, la
comunicación telemática, que ahora lo haría innecesario, o como cuando se
comunicaba en burro y ahora en coche, sino hacer lo imposible en términos
geográficos para que la distribución de la población en toda España no
esté concentrada en cuatro, cinco, diez o quince hiper, mega o
supermastodónticas ciudades; la función del partido judicial también
suponía acercar los órganos jurisdiccionales a la población.

En su momento se creó una gran alarma con un informe que
provenía del consejo, que el ministro había aplaudido. Ahora hay un
proyecto que de nuevo se plantea la desaparición del partido judicial y
rescatar el concepto de la provincia. Y a nosotros lo que nos preocupa no
es que los juzgados sean provinciales. Los juzgados pueden ser
provinciales o nacionales, eso no es lo que nos preocupa. Lo que nos
preocupa es que la concentración de los órganos jurisdiccionales se haga
de tal manera que todo se concentre en las capitales de provincia y que
un montón de territorios se vayan despoblando, porque eso es un asunto
preocupante en términos de desertización de muchas partes de España.

Si ustedes me dicen: lo inteligente y lo prudente es
remitirnos al informe que hagamos, lo entenderé perfectamente, pero
quiero ir avanzando esto porque, junto a ese plus que le adjudicaba y al
papel institucional, yo también desempeño aquí una función de portavoz
crítico, al estar en la oposición. No lo estoy haciendo con usted, lo
hago con los que integran el ministerio, sobre todo con el ministro, pero
de vez en cuando tengo que aprovechar una intervención pública para ir
desgranando algunos argumentos, por aquello del frontón, si usted me
permite la expresión coloquial.

Otro asunto es el referido a las nuevas tecnologías en
relación con el punto neutro judicial, y no sé qué evaluación se está
haciendo al respecto.

Por otra parte, con respecto a la Carta de derechos de los
ciudadanos, si usted solo hubiese hablado del año 2011 yo me hubiera
limitado a lo que dice ese informe del 2011. Pero como ha sido usted tan
amable de hablar también del 2012, me gustaría saber cuál es su opinión y
qué evaluación hace del grado de cumplimiento de la Carta de derechos de
los ciudadanos durante el año 2012, dado que es el año sobre el que usted
ha planteado su argumentación.

Finalmente, quiero apuntar dos asuntos más, y con esto
acabo, señor presidente. Hay un asunto relativo a lo que podríamos llamar
la transparencia. En la página 169 del informe se alude a ese gran
objetivo, y luego hay otras dos referencias concretas, una de las cuales
figura en la página 203. Le argumento. En relación con la igualdad, que
es uno de los objetivos que se plantea en la página 169,

durante el año 2011 el consejo hizo cincuenta
nombramientos. De esos cincuenta nombramientos, siete fueron mujeres, más
o menos un 3,5%. Sin embargo, en la carrera judicial, de los 5199
miembros el 50,05% son mujeres y el 49,95% son hombres. Y estos datos no
son míos, son de la comparecencia del presidente del consejo en el
Congreso de los Diputados. Lo que intento trasladarle —y yo no le
estoy responsabilizando a usted ni a los veintiún integrantes del
consejo, porque, como se dice, calvo, sí, pero tonto, no; no estoy
haciendo eso— y lo que estoy planteando es que en el transcurso de
los años, junto a velar por el lenguaje —aquello de os/as—,
aparte de eso, está el trabajo y el acceso a las funciones
gubernamentales en el conjunto. No se puede hacer nada cuando nadie se
presenta, pero también es verdad que el 9.2 de la Constitución nos obliga
a todos a remover aquellos obstáculos que impidan o dificulten que la
libertad e igualdad sean reales y efectivas. Y remover todos los
obstáculos que impiden que la libertad y la igualdad se hagan efectivas
supone plantearse qué podemos hacer para modificar esto.

En relación con los principios de mérito y capacidad, que
se reclaman también en el año 2003, a mí me hubiera gustado —y es
una sugerencia ad futurum para sus redactores— que en el informe
figuraran dos cosas. La evaluación de lo que estoy diciendo, no solo el
lenguaje y la práctica en los juzgados de violencia de género, sino
—e insisto en lo que es la promoción en los puestos de dirección
gubernamental dentro del Poder Judicial— que cuando se aluda a los
principios de mérito y capacidad se expliquen algo las decisiones. Le
pondré un ejemplo. Si para el quinto turno se presentan varios
catedráticos, y el que lleva más tiempo de doctor, el que lleva más
tiempo de catedrático o el que ha trabajado un conjunto de materias
transversales es el que sale, yo digo: lógico; es el que lleva más tiempo
de doctor, más tiempo de catedrático o el que ha trabajado un montón de
materias transversales. En fin, es lógico como la copa de un pino. Si no
es así, y sale el que lleva menos tiempo de doctor, menos tiempo de
catedrático y ha trabajado en materias más restringidas, etcétera, yo me
pregunto: ¿Por qué? Algún motivo habrá. Algo tendrá que haber. Y ese algo
me gustaría saberlo. Se llama exteriorizar, motivar, razonar. Es lo mismo
que para cualquier cargo gubernativo. Si resulta que uno tiene veintitrés
años más de experiencia en el escalafón, tiene muchas más sentencias
puestas y tiene mucha más experiencia gubernativa, ¿por qué razón, en
lugar de al que tiene más experiencia gubernativa, más años de escalafón,
más sentencias puestas y más capacidad productiva, se pone al que tiene
menos en todo eso? Igual tiene que ver con la simpatía, con el don de
gentes o con la capacidad de relaciones públicas. No sé con qué. Pero
igual son argumentos muy importantes que uno no conoce, porque se trata,
en la medida de lo posible, de ir reduciendo aquello que decía el
artículo 9.3 de la Constitución, aquello de la interdicción de la
arbitrariedad. La interdicción de la arbitrariedad en la medida de lo
posible es que no se designe a A o a B porque sí, porque me resulta más
simpático desde el punto de vista subjetivo, sino porque hay razones. Y
la mejor manera de cubrirse a la hora de la responsabilidad en la toma de
decisiones es explicar las razones por las que se adoptan esas
decisiones. La pregunta es si eso puede llegar a saberse, porque sería
bueno.

Eso conecta con aquel objetivo que usted planteaba al
comienzo de su responsabilidad como presidente: el de prestigiar el
consejo. En esa tarea estamos todos los que estamos en la vida pública.
Hay cosas que no están en su mano ni en la nuestra, y lo digo por la caza
de brujas en la que están metidos algunos poderes a través de algunos
medios que controlan a todo el que está en la vida pública, sobre todo en
la vida política, y particularmente en la parlamentaria. Eso difícilmente
tiene salida, porque es una manera que tiene digamos la criminalidad
financiera de salvar su responsabilidad en la actual crisis económica.
Entonces, la responsabilidad es de los políticos, como llaman ellos, o de
los parlamentarios, como llaman ellos, de los que están en el escaparate.
Ese margen de incidencia nosotros no lo tenemos, pero sí tenemos una
pequeñita responsabilidad, y esa pequeñita responsabilidad es que si un
parlamentario abre la boca es porque se ha estudiado antes el asunto; si
no, que no la abra. Es una manera de prestigiar la tarea parlamentaria, y
mi sugerencia para su gestión es que en la medida de lo posible se
expliquen las decisiones que se adoptan. Yo he visto en esas páginas a
las que me he referido los nombramientos: para tal función, tal persona.
Y no hace falta que sea una motivación extensa. La Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común establece que al menos sea sucinto, y
sucinto puede ser al amparo de los méritos acumulados en su trayectoria
ejerciendo la jurisdicción, por su experiencia en tareas gubernamentales,
por la cantidad de sentencias interpuestas o por las mínimas revocaciones
que haya tenido. Yo no lo sé; el argumento que se estime oportuno.

Ya le he hablado de independencia. Ya le he hablado de
transparencia. Me faltan —pero no se preocupe, señor presidente,
que estoy acabando ya— más páginas del despiece que habíamos hecho.

Yo le he hecho un despiece del año 2011, pero me parece un
exceso por mi parte que me concentre en el 2011 cuando usted, al abrir el
melón del 2012, nos da pie a que le planteemos alguna consideración. No
le voy a preguntar por las dos huelgas que ha habido en el servicio
público de la justicia. No le voy a preguntar por eso, porque no es este
el lugar ni me corresponde a mí preguntarle a usted. Pero sí me gustaría
escuchar de usted una evaluación, porque usted tiene la oportunidad
privilegiada de escuchar a esos 5199 —si no puede hablar con los
5199, sí que los escucha mucho—, del momento actual que estamos
viviendo con estas leyes que se nos vienen encima. Francamente, hay
lugares en España —y esos datos los tendrá usted mejor que
yo— con la concentración, el retraso y la acumulación de
señalamientos que se está dando por el ERE que se ha hecho a esos 1200
jueces y magistrados que se han puesto fuera. Y, francamente, no me
parece que sea un indicio bueno de que el asunto vaya con una fluidez
mayor que cuando estaban ahí. Sé cómo se han planteado las cosas; se les
pone fuera, se saca a concurso, se reparten las tareas. Pero lo cierto es
que son 1200 personas menos; si le parece excesivo el número de 1200 lo
rebajamos a 1000, yo no voy a discutir por el número, pero son más de
1000 personas las que se han puesto fuera después de un entrenamiento que
el Poder Judicial ha tenido con todos ellos y todas ellas a lo largo de
varios años.

Acabo, señor presidente, reiterándole las gracias y
planteándole que, como puede ver, somos buena gente en el Senado. Y como
somos buena gente en el Senado, nos gustaría verle a usted con más
frecuencia y con toda naturalidad. Ya ha visto usted que se pueden hacer
comentarios evaluadores más o menos críticos con libertad, con cariño y
con afán de mejorar las cosas. En la medida en que su gestión se buena y
la de los veinte vocales sea buena, será bueno para todos los españoles,
y la única razón de ser de los que estamos aquí es estar al servicio de
los españoles. Eso es lo que justifica, insisto, el contenido de nuestra
exposición. Señor presidente, le reitero las gracias por su presencia
aquí.

Y gracias al presidente de la Comisión de Justicia por su
benevolencia al permitirme esta intervención sin interrupciones. Muchas
gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Tejera.

Para finalizar este turno, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, don Manuel Altava Lavall.

El señor ALTAVA LAVALL: Muchas gracias, señor
presidente.

Señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, le
quiero agradecer en nombre propio y en el de todo el Grupo Parlamentario
Popular su presencia aquí, que hago extensiva al vicepresidente del
consejo, a los vocales y a los colaboradores que le acompañan. Ya ha
visto lo importante que es su presencia en la Cámara que ha ido a
recibirle el presidente del Senado y le ha acompañado hasta aquí, la sala
Clara Campoamor, donde estamos celebrando esta comisión.

Señor presidente, con fecha 28 de diciembre de 2012, desde
esta comisión y por el conducto reglamentario, le invitamos a que
compareciera ante ella para que nos explicara las memorias de 2010 y
2011; se fijó fecha para la comisión a tal efecto el día 17 de enero de
2013, e incomprensiblemente dicha comisión fue desconvocada por tener
usted al parecer, según se nos informó, comisión permanente en el Consejo
General del Poder Judicial, comisión permanente que convoca usted mismo.
Pues bien, no hubo Comisión de Justicia, privándose entonces a aquella
Cámara a través de esta Comisión de Justicia de que pudiéramos debatir
sobre las memorias que hoy se presentan, pero usted ese día, según se nos
informó, sí acudió al Senado y se las entregó a señor presidente de la
Cámara —no sé si con el Congreso de los Diputados hubiera actuado
de la misma manera—.

Señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, si
estuviéramos hablando utilizando nuestra jerga de actos preclusivos, este
acto ya habría precluido y poco sentido tendría hacer una presentación de
las memorias de 2010 o 2011, o en este caso del 2011, como esta misma
mañana en la junta de portavoces hemos decidido. Pero vamos a entender
que no es un acto de parte, sino que es un acto judicial que no ha
precluido y que puede tener pleno efecto, incluso de una memoria cuya
presentación no le correspondería exponer a usted, sino a su predecesor,
que debió estimar que no éramos dignos de poderla debatir porque no
acudió nunca a esta comisión.

Conoce bien qué dice el artículo 66 de la Constitución, que
las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por
el Congreso de los Diputados y el Senado. In claris non fit
interpretatio, es un Parlamento bicameral y aquí lo que hacemos es un
llamamiento no a usted, sino al presidente del Consejo General del Poder
Judicial para que comparezca tanto ante la Comisión de Justicia del
Congreso de los Diputados como ante la del Senado, en mérito a lo
establecido por el

artículo 109.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que
usted ha mencionado, y a fortiori el artículo 76.2 de la Constitución.
Máxime cuando esta Cámara, señor presidente, entre otras competencias
elige a algunos de los vocales que junto con usted gobiernan el Poder
Judicial y también elige magistrados del Tribunal Constitucional.

Señor presidente, la semana que viene, lunes 15 de abril,
tenemos Comisión de Justicia, comparece el fiscal general del Estado para
explicarnos la memoria de 2012. El fiscal general del Estado desde el
momento en que esta Cámara solicitó su presencia no dudó en asistir
nunca. A mí no me gusta esconderme de nada y le tengo que manifestar que
en la penúltima mesa y portavoces que tuvimos expliqué que no me parecía
bien que usted acudiera a esa comisión como consecuencia de un chivatazo,
adelantándose a la comparecencia que el lunes que viene va a tener el
fiscal general del Estado, o al menos eso es lo que parece. Y se lo
explico, porque la única petición de comparecencia que se le realizó fue
en diciembre, no ha habido ninguna posterior, y esa parece que fue
contestada por su persona con la comparecencia que hizo ante el
presidente del Senado. Por ello encontramos de difícil explicación el
retraso en acudir a esta comisión, que de todas maneras le agradecemos
sinceramente, y que haya sido porque le han puesto en conocimiento que el
lunes que viene acudirá el fiscal general del Estado.

Dicho esto, yo me confirmo en lo que le ha manifestado el
portavoz socialista: que somos buena gente, de verdad le digo que sí, y
le aseguro que desde el mayor respeto esperamos poder contar todo los
años con su presencia, al menos una vez al año, cuando así se lo
solicitemos, para que nos pueda explicar la memoria del Poder Judicial.
Sé que entiende perfectamente lo que le estoy diciendo. Que sepa que
aquí, en el Senado, tenemos buena y directa relación también con el
Ministerio de Justicia y le anticipo que cuenta con mi apoyo para que
pueda venir usted en años sucesivos para hacer la presentación de las
consecuentes memorias.

Para nada el Consejo General del Poder Judicial es un
desastre; Indudablemente, como juez lo conozco, lo sé y usted lo ha
puesto de manifiesto. Es verdad que a lo mejor se puede explicar mal,
faltaría esa educación a la ciudadanía de entender qué se hace en el
Consejo, pero el Consejo General del Poder Judicial trabaja mucho y muy
bien.

Es indudable que usted no va a poder hacer valoraciones
sobre lo que se debería legislar o qué propuestas cabría hacer, porque
esa labor nos corresponde a nosotros, y además así lo dice el artículo 87
de la Constitución: la iniciativa legislativa la tienen el Gobierno, el
Congreso, el Senado y la iniciativa legislativa popular. Pero ya que
usted, y se lo agradezco, ha hecho una explicación amplia no solamente de
la memoria de 2011, sino de la actual situación de la justicia, me
gustaría hacerle algunos comentarios y solicitarle también su opinión
desde la alta magistratura que ostenta.

Me gustaría abordar algunos puntos como la existencia de un
Poder Judicial único y que lo tenemos que tener claro todos. Las
comunidades autónomas no tienen un Poder Judicial propio, ex artículo
149.5 de la Constitución. Conocemos que el Estado tiene las competencias
en materia de Administración de Justicia en función de lo que
establecieron las sentencias del Tribunal Constitucional 56 y 62/1990, de
29 y 30 de marzo, y que las competencias de las comunidades autónomas,
por abreviar, van a ser las que establecen los artículos 470 a 473 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial. En todo caso, nunca puede haber una
dicotomía entre los consejos autonómicos de justicia y las salas de
gobierno; si estamos buscando órganos desconcentrados, como se ha dicho,
sin la pérdida de la titularidad de competencias, sino que la tiene el
órgano superior, ese órgano desconcentrado tiene que ser la sala de
gobierno, no el consejo autonómico de justicia, al menos así lo
entendemos nosotros. Porque la actividad desconcentrada de gobierno,
según el reglamento de la carrera judicial, corresponde a las salas de
gobierno; por ello los consejos de justicia autonómicos no pueden
pretender obtener ninguna liberalidad soberanista, tampoco por esta vía,
al margen de nuestra Constitución, suscrita precisamente por quien hoy
propugna esos consejos autonómicos, y máxime, señor presidente, cuando
esos consejos de justicia están integrados por personas ajenas al mundo
judicial. Quizá en el ámbito autonómico podamos potenciar la casación por
infracción de derecho foral ante los tribunales superiores de justicia,
manteniendo la casación ordinaria y la unificación de doctrina ante el
Tribunal Supremo.

Tendría que poner en valor muchas cuestiones de las que
están realizando y por las que le felicito sinceramente; quiero pararme
en algunas de ellas porque no tengo tiempo para exponerlas todas. Sí
considero muy positivo —y usted he hecho referencia a ello—
que las condiciones de jueces y magistrados han mejorado sustancialmente,
por una parte en cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos
laborales, como ha puesto de manifiesto, porque se hace una revisión
médica anual a los jueces y magistrados. En mi época, que no hace tanto,
no se hacía y la verdad es que no va a mal conocer en qué

situación se encuentra el juez. Dado que nuestros jueces y
magistrados se dedican absolutamente a su profesión sin contar las horas,
es muy apropiado que tengan esa revisión médica anual. Por otra parte,
otro gran acierto de jueces y magistrados ha sido el de su
posicionamiento respecto a temas que preocupan a la sociedad —me
refiero a los desahucios—, porque han demostrado ser conocedores de
la realidad social y preocupados por ella. Le felicito sinceramente.

Es verdad que el presupuesto con el que cuenta el Consejo
General del Poder Judicial y el Ministerio ha decrecido. El Consejo pone
de manifiesto en las memorias que las crisis empresariales y las malas
noticias económicas también afectan a la Administración de Justicia y hay
que ser conscientes de la coyuntura económica tan complicada en la que
nos encontramos y en la que el Poder Judicial también tiene que hacer un
esfuerzo presupuestario, como otros colectivos han hecho, por ejemplo las
universidades, al prescindir en la inmensa mayoría de los profesores
asociados.

Señor presidente, 5047 jueces y magistrados, según usted ha
manifestado, tienen que resolver más de 9 millones de asuntos, aunque
sabemos, efectivamente, como también ha puesto en consideración, que
muchos de ellos son diligencias penales que se sobreseen a limine, se
pone el consecuente SP, sobreseimiento provisional, y no va más allá.
Pero con todo, es conocido que en materia civil y mercantil entran en
España 4200 asuntos por cada 100 000 habitantes; en Francia, 2700 y en
Alemania, 1900, esto es menos de la mitad. Me gustaría preguntarle: ¿cómo
considera que se podría solucionar esta situación, acudiendo quizá a
fórmulas heterocompositivas como el arbitraje, a fórmulas
autocompositivas como es la mediación? A lo mejor la solución pasaría por
no incrementar el número de jueces o no tan solo por incrementar el
número de jueces, sino por evitar la judicialización de los asuntos.
Quizá también sea importante evitar una sociedad querulante donde el
auxilio judicial quede para los asuntos más graves y revisiones de unas
anteriores resoluciones de órganos jurisdiccionales y no
jurisdiccionales.

En cuanto a los magistrados suplentes y jueces sustitutos,
no es de recibo que los derechos de los ciudadanos sean tutelados por
personal ajeno a la carrera judicial. No pasa en ninguna otra profesión.
Bien es cierto que muchos de ellos llevan muchos años dictando sentencias
y que los jueces sustitutos y magistrados suplentes que tenemos en el
Poder Judicial son auténticos profesionales. De hecho, si no lo hubieran
sido, el Estado no los habría contratado ni permitido que ejercieran su
función jurisdiccional. Doña Silvia Franco, senadora y viceportavoz de la
Comisión de Justicia por el Partido Popular y yo nos hemos reunido con
ellos, con tres asociaciones de jueces sustitutos y magistrados
suplentes. Ellos son conscientes —y así nos lo manifestaron—
de que tienen que buscar otros nichos de mercado, porque la situación es
la que es, y ellos mismos manifestaron que quizá en la carrera fiscal,
siguiendo la estela marcada por la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal
o, si llega a aprobarse así, el Código Procesal Penal, dado que parece
que se va a conceder esa instrucción al Ministerio Fiscal. Quizá entre
todos debamos ayudarles a encontrar una ubicación idónea, sin perjuicio
de que seguirá haciendo falta que existan jueces sustitutos y magistrados
suplentes.

Este año el presupuesto del Ministerio de Justicia en el
capítulo 1 ha sido reducido en 36 millones de euros, con lo que mantener
esta figura en términos similares a la de años anteriores es
absolutamente inviable. Solo en 2011, los gastos fueron más de 60
millones de euros, entre jueces sustitutos, magistrados suplentes y
fiscales sustitutos. No obstante, el Ministerio de Justicia ha reservado
un poco más de 8 millones de euros para el pago de jueces sustitutos y
magistrados suplentes para el presente año, por lo que no desaparece la
figura. A lo mejor —y se ha puesto de manifiesto— de los ERE
podría hablar mucho el Partido Socialista. No sé si del ERE de jueces
sustitutos y magistrados suplentes, pero de los ERE en general,
indudablemente, sí que nos podría ilustrar. Que los asuntos se pueden
retrasar, ya veremos; puede que sí, pero lo tenemos que comprobar.
Tampoco es fácilmente comprensible que los ciudadanos vean que la
potestad jurisdiccional la realiza quien no supera unas correspondientes
pruebas de selección. Además, he leído en su declaración en el Congreso
de los Diputados ante la Comisión de Justicia que no veía que esta
cuestión fuera de especial relevancia.

También se ha cuestionado por parte de otro portavoz el
sistema de la posible suspensión del artículo 112 y parcialmente del 114,
que vamos a ver en el Senado el próximo miércoles. Leyendo su
comparecencia en el Congreso, tengo que manifestarle mi absoluto acuerdo
con su manera de entender la politización de la Justicia. No me preocupa
cómo sea la elección de los vocales del Consejo General del Poder
Judicial, porque ¿qué competencias tiene el Consejo General del Poder
Judicial? Los diez apartados que vienen indicados en el artículo 107 de
la Ley Orgánica: nombramientos del presidente del Tribunal Supremo, de
los miembros del Tribunal Constitucional, elaboración de informes,
servicios de inspección, el CENDOJ, centro de documentación judicial,
selección y formación de jueces y magistrados,

etcétera. En el ejercicio de su trabajo, estoy convencido
de que ni el presidente ni los vocales del Consejo General del Poder
Judicial dejan de hacer justicia —justicia con mayúsculas—,
aunque no resuelvan en el ejercicio de la potestad jurisdiccional en esos
momentos. ¿Alguien puede pensar que usted, como presidente, o algún vocal
se considera menos independiente a la hora de dictar una resolución, la
que sea, por haber sido propuesto por una Cámara o por otra, o por haber
contado con el apoyo mayoritario de unos partidos políticos, y no de
otros? La verdad, considero que no. La verdadera politización que creo
que debe preocupar al Consejo General del Poder Judicial y a su
presidente es la del juez o magistrado que en el ejercicio individual de
su función jurisdiccional actúe contra un ciudadano o contra un político
de manera distinta a como trataría a cualquier otra persona de no ser ese
ciudadano o ese político. Tiempo tendremos en el Pleno, cuando venga el
proyecto de ley, de debatir al respecto, tampoco quiero extender en ello,
pero sí quiero matizar lo que se ha comentado de la independencia de
jueces y magistrados. La independencia —y todos lo sabemos—
se predica de personas individuales y tiende a garantizar su actuación
solo bajo el imperio de la Ley. Es una cuestión personal y así lo ha
dicho nuestra jurisprudencia en interpretación del artículo 117.1 de la
Constitución. La autonomía del Poder Judicial sí es predicable del
conjunto del Poder Judicial frente a los otros poderes para garantizar la
mejor independencia, precisamente individual, del juez. Así lo ha
manifestado usted y nos lo ha recordado, sin mencionarlo, la disposición
derogatoria tercera de la Constitución: que el juez tiene que tener en
cuenta la normativa europea también en la resolución de los asuntos.

En cuanto a la Ley de Demarcación y Planta Judicial, aquí
sí encuentran competencia las comunidades autónomas, en virtud de lo
establecido en el artículo 152.1 de la Constitución —así lo
establece también la sentencia del Tribunal Constitucional
56/1990—. Usted ha manifestado que requiere una revisión de la Ley
de Demarcación y Planta, y estamos de acuerdo. Además, a propuesta del
Grupo Parlamentario Popular, se aprobó aquí, en el Senado, en esta X
Legislatura, una moción para que el Gobierno cuente con las comunidades
autónomas en la redacción de la nueva Ley de Demarcación y Planta
Judicial. La comisión codificadora parece que tiene finalizados
prácticamente sus trabajos, aunque todavía no ha hecho entrega formal de
los mismos al Ministerio de Justicia. Tendremos que esperar a conocer
cuál es ese anteproyecto para poderlo debatir.

En cuanto a la nueva Oficina Judicial —muy importante
también y así ha sido mencionada por otros portavoces—, se debe
interpretar como complemento a los tribunales de instancia.
Indudablemente, en la nueva Oficina Judicial se deben corregir
disfunciones e ir avanzando en la implantación en otras ciudades, aunque
con el presupuesto de 2013 pueda resultar más dificultoso, al tiempo de
que además debe ir coordinada con la implantación de la nueva Oficina
Fiscal. Al respecto, me gustaría preguntarle qué opinión le merece el
funcionamiento de la nueva Oficina Judicial allí donde ya está
instaurada, si merece una valoración satisfactoria, o, en su caso, qué se
debería modificar. Además, la nueva Oficina Judicial tiene que ir de la
mano de una modernización de los órganos jurisdiccionales. En la Memoria
de 2010, aunque no la hemos tratado en este caso, se pone de manifiesto
el mantenimiento de los esfuerzos de la llamada Comisión de modernización
judicial e informática a tal efecto. Pues bien, conocemos que desde el
Ministerio de Justicia se están preparando una serie de convenios con el
Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para
cerrar compromisos en cuanto a la comunicación en red entre los órganos
jurisdiccionales entre sí y con las fuerzas y cuerpos y de seguridad.
Usted lo pone de manifiesto en la Memoria del Consejo de 2011, en las
páginas 313 a 320. Mi pregunta es si nos puede comentar algo respecto al
trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del
Poder Judicial y el Fiscal General del Estado en la interconexión de
sistemas; cómo va la utilización de los medios informáticos, la
utilización de las videoconferencias, los sistemas de grabación y el
almacenaje de datos; cómo cree que funciona la informatización judicial,
el punto neutro judicial, la red SARA y los embargos telemáticos. En
definitiva, le estoy preguntando por la aplicación e-Justicia, que
también se trata de manera importante en las memorias.

Concluyendo, aunque va a ser una conclusión dilatada,
porque todavía tengo algunas preguntas que hacerle, señor presidente,
como bien conoce, no basta con tener una atención expectante respecto a
los asuntos que llevamos entre manos, nos tenemos que ocupar de ellos
para buscar las soluciones apropiadas. No voy a hacer alarde
enciclopedista, por dos cuestiones: en primer lugar, porque no es el
momento de hacer alarde, puesto que todavía no estamos cerrando
legislatura, y en segundo lugar, porque no debemos polarizar asuntos,
sino, como dicen los franceses, acudir al esprit de suite, ir hacia la
orientación de algo específico para concretar. Ya sé que corresponde a
los legisladores dar soluciones de mejora a las distintas cuestiones,
pero usted tiene una situación privilegiada, por sus años de servicio al

Poder Judicial y como presidente del mismo, desde la que
nos puede dar luz sobre determinadas cuestiones. Sé que no se puede
pronunciar sobre las leyes que se le presentarán en su día a informe por
parte del Gobierno, pero creo que sí puede darnos su parecer sobre
determinadas cuestiones que han ocupado al Poder Judicial y que le
expongo.

En primer lugar, como el portavoz del Grupo Socialista, no
le voy a preguntar por las huelgas, pero me gustaría conocer su opinión
respecto a la posibilidad que jueces y magistrados puedan tener de hacer
huelga o de manifestarse. ¿Considera, en su caso, que deberíamos abordar
una reforma en tal sentido desde el Legislativo en la Ley Orgánica del
Poder Judicial o en el Reglamento de la Carrera Judicial?

En segundo lugar, más allá de falsas rutas por donde la
imaginación se pueda aventurar, y conocida la futura Ley de
Enjuiciamiento Criminal o Código Procesal Penal y el presumible futuro
papel que van a tener el Ministerio Fiscal y el juez, ¿considera que se
debe volver a la unificación de las carreras judicial y fiscal? ¿Sería
bueno? Y, por ende, ¿cree que quizás debería trabajar en este sentido el
grupo de estudio de los modelos de acceso a la carrera judicial que se
explica en la página 57 del libro 1.º de la Memoria 2011?

En tercer lugar, respecto de la especialización de los
órganos jurisdiccionales, ¿funcionan bien? ¿Habría que modificar algo
hacia el futuro?

En cuarto lugar —y le agradezco que lo haya puesto de
manifiesto—, en cuanto a la mediación, me gustaría interesarme por
la mediación en procesos familiares y civiles que no ha sido muy amplia
por lo que ha manifestado. ¿Cree el Consejo General del Poder Judicial
que la están potenciando adecuadamente? ¿Hasta qué punto nosotros, el
legislador, les podemos ayudar en este sentido, incluso también para una
cuestión muy importante como la mediación penal?

Hay cinco comunidades autónomas que todavía no tienen
transferencias en materia de justicia. Usted lo ha manifestado. ¿Hay
alguna diferencia resaltable entre esas cinco comunidades autónomas que
tienen competencias transferidas y las que no las tienen, las que
pertenecen al territorio nacional? ¿Se administra justicia con la misma
prontitud en unas comunidades autónomas que en otras? Usted ha hablado de
dificultades, ¿hasta qué punto alcanzan esas dificultades?

En sexto lugar, señor presidente, respecto del Pleno y de
las comisiones legales y las otras que obran en la memoria del Consejo,
¿considera que funcionan todas correctamente? ¿Habría que modificar algo
en alguna de ellas?

En séptimo lugar, por lo que me comentan compañeros
magistrados que se encuentran en juzgados penales exclusivos de
ejecutorias, me dicen que funcionan bien, que están contentos, que
realizan un gran trabajo, ¿tienen en el Consejo General del Poder
Judicial alguna valoración individualizada al respecto o, en su caso, se
han planteado extender como modelo el sistema de juzgados penales
exclusivos de ejecutorias a todo el territorio nacional?

Como ve, señor presidente, le he planteado muchas
preguntas, todas ellas con el ansia y con el mayor de los cariños porque
necesitábamos que el presidente del Consejo General del Poder Judicial,
con independencia de quien fuera —en todo caso me he referido al
presidente del Consejo General del Poder Judicial—, acudiera a esta
Comisión de Justicia del Senado, porque los que amamos la justicia
necesitamos hablar de ella y debatir sobre ella para aportar soluciones.
Quizás no me pueda contestar a todas las preguntas que le he manifestado.
Le relevo de hacerlo. Simplemente, contésteme a las que usted considere
más importantes.

Por último, señor presidente, abusando de su magnanimidad,
voy a hacerlo una petición y una propuesta. Una petición como juez de
vigilancia penitenciaria, que lo fui. Inste, yo por mi parte también lo
intentaré hacer, a que haya un procedimiento judicial para los jueces de
vigilancia penitenciaria. Creo que es muy importante. Yo por lo menos lo
adolecí. La única legislación que se encuentra regulada es la disposición
adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial; es muy poco para
todo el trabajo que se lleva en un juzgado de vigilancia penitenciaria en
la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad. Considero que es
importante. Es verdad que el anteproyecto del Código Procesal Penal, que
ya conocemos, regula de una manera más extensiva lo que tiene que ver con
la ejecución de las penas y medidas, pero aún así es importante que
exista un procedimiento exclusivo para que el penado, para que el que
está sometido a la medida de seguridad, para que el juez, para que los
abogados, las partes, puedan conocer las reglas del juego en esa
ejecución de penas y medidas, porque, si no, ya conoce los criterios
uniformadores que tienen los jueces de vigilancia penitenciaria que
—válgame la osadía— casi es doctrina legal comparable a la
del Tribunal Supremo, al menos en lo que se refiere a esos criterios que
aprueban los jueces de vigilancia penitenciaria. Sería importante tener
un procedimiento claro y específico

para estos magistrados en el marco de lo que establece el
artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

Por último, le haré una propuesta. Como usted conoce, el
artículo 259 de la Constitución de 1812 creó en la Corte un tribunal que
le llamó Supremo Tribunal de Justicia, antecedente del hoy Tribunal
Supremo. Ese Supremo Tribunal de Justicia tuvo su sede en la torre Tavira
de la ciudad de Cádiz. Pues bien, hay un senador que se encuentra en esta
Comisión de Justicia ahora mismo, don José Blas Fernández, que es primer
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Cádiz y que me ha manifestado que
desde dicha corporación —asimismo lo manifiesta su alcaldesa—
pensaban que quizás fuera bueno que la torre Tavira de Cádiz, primera
sede del Tribunal Supremo, pudiera ser utilizada por el Consejo General
del Poder Judicial para la realización de cursos, jornadas u otras
actividades de formación que, incluso, pudieran tener que ver con
Iberoamérica, dada precisamente la situación geográfica de Cádiz y las
competencias que aquel Supremo Tribunal tuvo al extenderse a los
territorios de ultramar. Se lo comunico por si le parece una buena idea
que pueda llevarse a la práctica. El Ayuntamiento de Cádiz está dispuesto
a colaborar y ceder el uso de ese local que fue la primera sede del
Tribunal Supremo.

Señor presidente, y concluyo, ni el Consejo General del
Poder Judicial ni ningún otro poder del Estado se puede convertir en un
misterioso cenáculo. Los ciudadanos nos están juzgando todos los días.
Juzgan al Poder Ejecutivo, juzgan al Poder Legislativo y también, aunque
pueda parecer una paradoja, al Judicial. Nuestra actividad está sometida
a perpetúo control por quien ostenta la soberanía popular y nos debemos
esforzar por, en este caso, darles la mejor justicia. En esa tarea tiene
una especial importancia el Consejo General del Poder Judicial y su
presidente.

Más allá de un diletantismo jurídico, nos tenemos que
dedicar, como verdaderos profesionales, a buscar las mejores soluciones
para nuestra justicia. Y con ello le reitero mi agradecimiento por su
presencia y le confío la leal colaboración que va a encontrar en esta
Cámara, en el Grupo Parlamentario Popular, en el empeño de poder ofrecer
a nuestros ciudadanos la mejor justicia.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Altava.

Para contestar a los portavoces de los grupos, tiene la
palabra el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del
Tribunal Supremo, don Gonzalo Moliner Tamborero.

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Y DEL TRIBUNAL SUPREMO (Moliner Tamborero): Muchas gracias, señor
presidente.

Les agradezco a todos ustedes el interés extraordinario que
han manifestado por la actividad del consejo y, en concreto, por la
memoria que he presentado, aunque haya sido con el retraso que todos
ustedes han denunciado. En realidad el problema viene de antes porque,
según mis noticias, hacía muchos años que no comparecía aquí ningún vocal
del consejo. Tiene algo que ver con el artículo 109 que dice que la
comparecencia para la exposición de la memoria se hará ante las Cortes
Generales. Ha habido tradicionalmente la duda de si debía convocarse una
comisión conjunta Congreso-Senado o, por el contrario, habría de ser por
separado. En cualquier caso, yo me he brindado a venir en los dos casos,
en los dos casos con retraso. El retraso se debe al hecho de que la
memoria, como está previsto en la ley, ha de presentarse el día de
apertura de tribunales y, por lo tanto, no antes. Eso no quiere decir que
yo no pueda venir antes, pero no para hablar de la memoria, sino de
algunas otras cosas que les pudieran interesar. En este sentido estoy
disponible. En definitiva, me ofrezco a colaborar con el Senado. Me
gustaría que se colaborase con nosotros, pero en lo que respecta a la
memoria tenemos que atenernos a las pautas establecidas por la ley
orgánica.

Mi comparecencia no se produjo en el Senado el día 17 de
enero porque tendría otra cosa que hacer. No me acuerdo, pero seguramente
urgente, porque da la casualidad de que, como presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo, tengo muchas cosas que hacer y algunas de ellas de
mucha urgencia. Si no vine, no fue por capricho. No sé lo que tenía que
hacer el 17 de enero, pero seguramente no pude venir. Si tuve una
permanente sería una permanente especial porque, si no, la hubiera
suspendido. No recuerdo. No lo sé.

Me entero ahora de que va a venir el Ministerio Fiscal la
semana que viene. En eso sí que no ha acertado usted, porque no sabía
nada de que viniera el Ministerio Fiscal. Me alegro de haber venido
ahora. Quisiera haber venido antes, pero no sabía que viniera el fiscal.
Me alegro de que también venga el Fiscal General del Estado.

Salvando la situación, reitero mi ofrecimiento porque no
tengo ningún inconveniente en dar explicaciones cuando ustedes lo
necesiten, siempre que pueda y siempre que se acomode a mis competencias.
Al hilo de esto ustedes me han hecho muchas preguntas y algunas de ellas
exceden de aquello para lo que yo he venido aquí. Yo tengo opinión sobre
todo lo que me han pedido, pero yo no voy a dar la opinión que yo tengo
porque ustedes tienen aquí al presidente del Tribunal Supremo y del
Consejo, no a un señor cualquiera, a un señor ciudadano. Yo tengo mi
opinión, y algunas de mis opiniones discrepan de las del consejo, pero yo
tengo que dar las del consejo. Por lo tanto, cuando me hablan de la Ley
de Tasas, me atengo a lo que el consejo aprobó cuando informó sobre ella.
Y cuando me hablan de las posibles reformas del Consejo General del Poder
Judicial, tengo que manifestar que el Consejo General del Poder Judicial
ya se manifestó opinando en el sentido que ustedes conocen y que está
perfectamente publicado respecto de lo que entendía sobre el alcance o el
acomodo de dicha reforma.

Por consiguiente, voy a contestar a otras preguntas
puntuales que se refieren concretamente a la memoria y que creo que
merecen una respuesta puesto que se trata de informar sobre aquello a lo
que venía.

El representante del PNV me hacía la siguiente pregunta
sobre formación: ¿Acomodan ustedes los criterios de formación a los
problemas actuales y a los dramas que se están produciendo? Los criterios
de formación se adoptan en una comisión de formación de un año para el
año siguiente y se acomodan, generalmente, a la nueva legislación que va
surgiendo. Como ustedes saben, hay mucha sucesión de leyes en el tiempo y
la formación se trata de acomodar a estas nuevas reformas legislativas.
Por lo tanto, no se acomoda necesariamente a aquellos problemas más o
menos dramáticos que van surgiendo al hilo de los acontecimientos
sociales. En cualquier caso, está claro que hay temas, como el de la
violencia doméstica, que está permanentemente en estudio y en
perfeccionamiento, y algunos otros que pudieran ser especialmente
llamativos motivarían una intervención concreta en este sentido, pero los
criterios de formación generalmente se preparan de un año para otro y se
acomodan al proceso legislativo.

Otra pregunta es sobre cómo es posible que haya juzgados
que señalen para julio de 2014. Ya les he dicho que en este país el tema
de los despidos, en este momento, es agobiante y se ha producido creo que
un 398% de incremento en relación con el año anterior, por lo que hay
juzgados que se encuentran sobresaturados. Eso es así. Se está tratando,
y se tratará —en este caso posiblemente tengamos que tomar alguna
medida— de potenciar la ayuda a estos juzgados que están tan
retrasados. Se están preparando jueces de apoyo —de hecho se está
haciendo—, y enlazo con otra pregunta. Cuando hemos encontrado que
algún juez o jueza tiene una situación de imposibilidad para cubrir su
trabajo con normalidad, se propone el nombramiento de un juez de apoyo,
en comisión o de alguna otra manera, para liberar al juez correspondiente
de la carga de trabajo grave que le puede suponer. Han visto ustedes lo
que ha pasado con la jueza de Sevilla; en estos momentos en Valencia hay
un juez que está llevando un asunto muy grave y lo hace en exclusiva
—hay otro juez que lleva su juzgado—, y en Baleares está
pasando lo mismo, que hay un juez que lleva asuntos especialmente
importantes en exclusiva y hay otro juez en su juzgado que lleva los
asuntos ordinarios. Esto lo hacemos habitualmente. Quiero decir que
cuando hay un juez que está sobresaturado, siempre a petición propia
porque el Consejo no puede interferir en la acción de un juzgado, se
suelen tomar medidas de apoyo que están dando bastante solución y están
siendo eficaces.

Las soluciones para los juzgados que mantienen un cierto
nivel de ineficacia parten, en primer lugar, de que sea realmente
necesario el apoyo y, en segundo lugar, de que se pida. Lo que no puede
hacer el consejo, en esta función que tiene de garante de la
independencia judicial, es introducirse en un juzgado para tratar de dar
solución a asuntos que el juez entienda que no lo necesitan. Eso se
podría interpretar perfectamente como una injerencia y, desde luego,
nosotros no lo vamos a hacer. Solo cuando el juzgado lo necesita, o dice
que lo necesita, es cuando nosotros vamos a intervenir.

Alguien ha preguntado también sobre qué ocurre en este
momento con los temas de corrupción, o temas que se llaman de corrupción,
porque en definitiva la corrupción no es un tipo penal que exista. Hay
problemas que todos conocemos bajo ese nombre y efectivamente hay jueces
que están sobresaturados en estas materias. Ya saben que a iniciativa
mía, el 24 de enero en el consejo hemos pedido a los presidentes de los
TSJ que nos digan cuáles son los juzgados que tienen problemas especiales
de saturación derivados de esta circunstancia, y los presidentes del TSJ
nos han contestado, algunos con mayor precisión y otros con menos. Los
vocales territoriales también están encargados de apoyar esta medida, o
sea, de ver hasta qué punto se necesitan apoyos, pero realmente les podré
decir que el problema quizá no sea tanto de medios sino de que el sistema
hace muy difícil que se pueda avanzar en temas de gran envergadura por un
juzgado. Les he puesto un ejemplo, pero hay otros más. Otro caso

está en Cantabria, donde una jueza de un juzgado normalito,
de estos ordinarios, que tiene competencias tradicionales, que tiene su
personal tradicional, que funciona de maravilla, recibe una querella en
la que hay veinte imputados; se proponen cien testigos y se aportan
veinte tomos de documentos, ¿qué pasa con ese juzgado? Esa jueza, ella
sola, va a tener muy difícil llevar eso adelante. Le nombramos un juez de
apoyo, porque aunque tenga medios personales es un tema muy complejo para
este tipo de juzgados y con muchas derivaciones —en este y otros
muchos casos se ven— que una sola persona muy difícilmente va a
poder llevarlo. Una investigación llevada por el juez, y esto conecta con
el tema que me han preguntado sobre el Ministerio Fiscal, puede llevar a
que no se pueda desarrollar en tiempo prudencial por imposibilidad
manifiesta de que un solo juez lleve ese asunto, aparte de los temas
procesales que se producen. Hay otro juez en Valencia que lleva un asunto
en exclusiva y en su tramitación ha tenido dieciséis recursos de
apelación que han motivado dieciséis paralizaciones porque la audiencia
tenía que responder a los recursos y, por lo tanto, con entorpecimientos
continuados en un solo juzgado. El tema puede ser tan grave que la
solución que pueda dar el consejo no siempre será óptima, porque a ese
juez no le podemos dar otro juez que instruya con él. Es él solo el que
puede llevarlo. Podemos ayudarle a que lleve los demás asuntos del
juzgado, pero el asunto gordo lo tendrá que llevar él, y él solo en
ocasiones será muy difícil que pueda avanzar en la medida en que él o los
demás desearíamos.

La investigación que se prevé en el futuro código procesal
penal por parte del Ministerio Fiscal puede ser una solución en tanto en
cuanto el Ministerio Fiscal sí que puede destinar a varios fiscales para
que, en conjunto, todos puedan dar agilidad a esta investigación que todo
el mundo desearíamos que fuera lo más rápida posible, tanto en interés de
la justicia como en interés de los afectados por el procedimiento, que
cuanto más dure más destructivo va a ser para ellos, sobre todo cuando al
final puede ocurrir que termine en una absolución o en un
sobreseimiento.

En definitiva, los asuntos que se llevan se hacen en la
medida en que se puede. Las necesidades de los juzgados pueden ser unas u
otras, pero no siempre el problema de una investigación, sobre todo
penal, se puede desarrollar con los medios y con la organización que
actualmente tienen en la medida en que desearíamos.

Los asuntos judiciales se van resolviendo año a año no en
la misma medida exacta en que entran —el señor Saura preguntaba
algo sobre esto—, sino en la medida en que el procedimiento lo
permite porque los asuntos, como he dicho antes, no son todos iguales. Un
año pueden entrar nueve millones de asuntos y pueden resolverse
perfectamente en ese mismo año, y en otro entrar solo seis millones y ser
imposible resolverlos, aun haciendo el mismo esfuerzo y teniendo los
mismos medios, porque pueden tener otra naturaleza. Los asuntos son los
que son cada uno individualmente y cada uno tiene un procedimiento
depende de la índole de que se trate, tienen un recorrido y tienen unos
entorpecimientos mayores o menores que no dependen del número, sino de su
calidad concreta. Por lo tanto, hay asuntos que disminuyen año tras año
porque no se han podido resolver, aunque puede influir el hecho de que
hayan faltado jueces, que algún juez haya tenido alguna enfermedad, como
está ocurriendo con algunos jueces que están medio año de baja, lo que
suspende trámites y no se puede remediar porque esos asuntos son suyos y
no pueden ser de otro. Todos estos entorpecimientos pueden darse, pero en
realidad, el seguimiento que se hace de la inspección de tribunales nos
da una idea general de que está funcionando todo con cierta corrección,
salvo en juzgados en los que por mucho que se dedique el juez no va a
poder llevar adelante su carga de trabajo, y ahí es donde hemos puesto el
apoyo este año y pensamos que esto puede producir su efecto.

Esto conecta con lo de los magistrados suplentes y jueces
sustitutos que usted decía. En efecto, los magistrados suplentes y jueces
sustitutos han cumplido una función. A nadie se nos oculta que eso ha
sido un poco exagerado. Yo sinceramente pienso que ha habido mucha
intervención, quizá demasiada, de los jueces suplentes y sustitutos, pero
han ayudado. Muchos lo han hecho bien y otros no lo han hecho tan bien.
Ahora, el desiderátum, efectivamente, es que sean los jueces titulares.
En este sentido, el gran problema que tenemos ahora es este impasse en el
que se reduce el número de magistrados suplentes y no se incrementa el de
jueces titulares, y ahí es dónde surge la duda sobre qué pasará. Pues
bien, lo que pasará ya lo veremos; estamos en ello y lo estamos
controlando.

Desde el consejo estamos enviando los refuerzos que podemos
y los suplentes y sustitutos continuarán en la medida en que no podamos
resolverlo de otra manera, pero sí tenemos el empeño ―y en esto
creo que no vamos a defraudar a la sociedad― de que no se caigan
los juzgados. Estoy convencido de que no va a haber un peor
funcionamiento, a pesar de contar con menores medios, porque se van a
hacer mayores esfuerzos. Esa es mi idea, pero ya veremos lo que ocurre.
En este sentido,

insisto en que el año que viene veremos si es verdad o no,
pero estoy convencido de que los jueces van a hacer un esfuerzo porque
esto no se caiga e incluso me consta que el Ministerio de Justicia está
en disposición de ayudar en la medida de lo posible, para que no pueda
hablarse de un juzgado sin juez, que no puede funcionar o que carece de
los mínimos medios.

El señor Saura ha hablado del incremento de las quejas.
¿Por qué se incrementan las quejas? Nadie lo sabe, pero sí quiero decir
que el hecho de que se incrementen no equivale necesariamente a que se
funcione peor sino a que el señor que se queja piensa que así va a haber
más eficacia. Por tanto, cuanto mejor se actúa, más quejas se presentan.
¿Por qué? Porque consideran que ha servido para algo. Por tanto, el hecho
de que haya más quejas no es tan problemático, lo importante es que las
quejas se atiendan y, desde luego, se atienden. Sin embargo, como ustedes
comprenderán, muchas de ellas son de ciudadanos descontentos porque se ha
fallado en su contra y, como también comprenderán, no vamos a darles
satisfacción porque no podemos modificar la resolución. En cualquier
caso, en cuanto obedecen a un mal funcionamiento judicial, a uno
defectuoso o a un tema concreto de maltrato, etcétera, se atienden y, en
cuanto que se atienden, aumentan. Ocurre igual con los recursos
judiciales porque en cuanto se prevé que se puede recurrir una
resolución, se recurre. ¿Hay más recursos? Hay más recursos porque se
atienden con mayor propiedad que si no los hubiera. En definitiva, a mí
no me preocupa lo de las quejas porque creo que es bueno que la gente se
pueda quejar, siempre que obtenga satisfacción.

La disparidad territorial en relación con las quejas
probablemente se deba a que en algunos sitios se han dado cuenta que de
que las quejas ayudan y en otros no, pero también a que, efectivamente,
en algunos sitios se funcionará mejor que en otros y, por lo tanto, los
ciudadanos tienen menos razones para quejarse.

El Observatorio contra la violencia de género está
funcionando, otra cosa es que su labor trascienda más o menos, pero es
una de las joyas del consejo y, por tanto, lo estamos cuidando y creo que
se puede decir que ha sido eficaz. Desde luego, la atención que prestamos
a los jueces de violencia de género en cuanto a formación y estudios,
sinceramente no creo que se pueda mejorar porque, a mi juicio,
funciona.

En relación con los desahucios les diré que es un problema
que se nos ha venido encima por la situación de crisis económica. Desde
mi punto de vista, además, también se ha desorbitado porque nadie duda de
que un solo desahucio de una persona que no haya podido cumplir con su
obligación y esté en situación de indefensión es suficiente para que no
se pueda aceptar, pero las cosas son como son, la legislación es la que
es y los jueces aplican la legislación y, por consiguiente, se producen
situaciones que a nadie nos gustan. Lo que ha ocurrido con los temas
estadísticos es que en el consejo no se ha previsto una estadística de
desahucios de primera vivienda sino una estadística de desahucios.
Además, cuando se presenta una demanda ejecutiva, arrendaticia o la que
sea, no se señala si es de una primera vivienda o una segunda vivienda y,
por tanto, en ningún momento se va a saber si es primera vivienda más que
si acaso, al final del proceso y, por tanto, es muy difícil establecer
criterios estadísticos sobre esta cuestión. No obstante, a posteriori, sí
estamos haciendo un seguimiento de los asuntos que se ha demostrado que
al final habían producido una situación de este tipo y ahí sí que
podríamos saber, una vez producidos, qué ha ocurrido. Hay que tener en
cuenta que de los asuntos que he citado, muchos terminan sin desahucio;
es decir, que muchísimos asuntos hipotecarios terminan por acuerdo, por
desistimiento o de muchas otras maneras que no necesariamente implican el
lanzamiento de las personas y, por lo tanto, estos últimos son los que
realmente preocupan y los que estamos controlando a posteriori, pero que
no podemos controlar a priori.

Nos pasa algo parecido, y lo han podido comprobar ustedes
también, con las tasas. El Consejo hizo un informe en relación con la Ley
de Tasas que no era positivo, como todos ustedes conocen, y se acordó
hacer un seguimiento de su aplicación. Ese seguimiento se está haciendo
y, desde luego, tenemos noticias y notas de enero y de febrero ―de
marzo, todavía no― pero no nos sirve porque se han hecho reformas;
la primera ley fue reformada por una segunda ley, ha habido problemas de
aplicación y no se han aplicado a los asuntos que ya estaban en trámite.
En definitiva, estamos en un momento inicial y aunque lo hemos intentado
y tenemos una primera aproximación no sirve para nada. Pienso que después
del primer trimestre podremos contar con algunos datos, pero a día de hoy
no los tenemos, a pesar de que les puedo asegurar de que he pedido
información a día de hoy. En cualquier caso, a medida que vayan
transcurriendo los meses sabremos en qué medida la aplicación de la Ley
de Tasas puede haber influido en el número de asuntos que ingresan o no
en los juzgados.

Los representantes de algunos grupos están muy preocupados
por las lenguas. ¿Qué pasa con la utilización de las lenguas en la
Administración de Justicia? Pues bien, lo que pasa es que el que quiere
la

utiliza y el que no, no. Eso depende de las circunstancias
de cada comunidad. Es cierto que se utilizan quizá en menor medida de la
que se pueda corresponder con lo que ocurre en la sociedad catalana o en
la sociedad vasca, pero desde el Consejo no podemos intervenir porque no
podemos decirle a un juez que escriba en catalán si no sabe o decirle que
lo haga en castellano y que no lo haga en catalán. Ni lo hacemos ni lo
haremos ni tenemos por qué decirlo. La realidad es la que produce esa
situación social en un momento histórico y en algunos momentos se
incrementará su utilización y, en otros, bajará. En cualquier caso, se
trata de una cuestión que más bien afecta al ámbito autonómico que al
campo del consejo de la justicia, en términos generales.

Por lo que se refiere a la independencia de los jueces, les
diré que está fundamentalmente garantizada por la Constitución. Los
jueces en este momento histórico y desde la aprobación de la Constitución
cuentan con su amparo. El juez sabe que es independiente y utiliza esa
independencia; y los poderes públicos saben que no pueden atentar contra
esa independencia y así se comportan. Llevo más de 40 años de juez y,
aunque en un momento dado quisieron que resolviera de determinada manera,
lo cierto es que fue en los años setenta, no después del año 1978, y,
sinceramente, no conozco a nadie que se pueda quejar de que desde el
poder público se atenta contra su independencia. Ha habido denuncias
pero, como han visto, muchas de ellas no se han amparado porque no tenían
contenido real y si en algún momento lo tienen, sí que se ampararán.

Eso no quiere decir que el consejo no sea necesario, que sí
lo es, porque aun cuando esa garantía se recoge en la Constitución, el
consejo es quien estará detrás en cualquier supuesto en el que se
produzca un atentado, y el mero hecho de que esté ahí, pendiente de
quejas que puedan suponer un atentado contra la independencia, justifica
suficientemente su labor. En cualquier caso, en este país somos lo
suficientemente civilizados como para que se sepa que no se puede tratar
de influir en un juez para que resuelva de una manera determinada. Por
ejemplo, no se me ocurre pensar que el presidente de este Gobierno ni el
del Gobierno anterior ni de ningún otro quisiera intervenir para que un
juez hiciera algo que le interesara a quien lo pidiera; no se me ocurre
pensarlo, no va a ocurrir y nadie lo va a hacer y es una garantía
importante que sepamos que eso no va a ocurrir y que ningún ministro va a
llamar a un juez para decirle lo que tiene que hacer. No se hace y, por
tanto, tengan ustedes la seguridad de que la independencia está
garantizada en este país. Eso no quiere decir que estén garantizados
contra los errores o las equivocaciones porque eso es otra cosa, pero sí
lo está la independencia.

Respecto a la transparencia, por la que me preguntaba el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el principio de igualdad en
los nombramientos, los criterios de mérito y capacidad y la motivación,
tiene toda la razón; el mérito y la capacidad están en la Constitución.
Todos los nombramientos tienen que hacerse por mérito y capacidad y
tienen que estar motivados para que todo el mundo sepa por qué razón se
ha nombrado a determinada persona y qué méritos se le han advertido para
nombrarla. No sé si se darán cuenta, pero yo estoy especialmente
preocupado por esto y, en principio, estamos tratando de nombrar a
quienes nos parece que tienen ese mérito acreditado. Lo estamos haciendo,
también nos podemos equivocar, y lo estamos motivando de la mejor manera
que podemos. Yo estoy convencido de que tiene que hacerse así y cada vez
tenemos que hacerlo mejor.

En cuanto a la oficina judicial, en España se ha implantado
en varios sitios, como ustedes sabrán, pero la verdad es que en general
no se puede decir que funcione bien. Hay sitios donde funciona bien y hay
sitios donde funciona mal. Yo no sé por qué razones eso es así, pero me
parece, y esto habría que estudiarlo detenidamente, que obedece muchas
veces a la verdadera organización de la misma, otras veces a los medios
que se ponen para que funcione, pero fundamentalmente a que se ha
introducido —y esa es mi opinión, en este caso no es la del
Consejo, estoy hablando yo— una oficina judicial para unos
organismos que funcionan individualmente, una oficina común para órganos
que funcionan con individualidad. Yo creo que quizás el carro se ha
puesto delante de los caballos. Probablemente la oficina judicial esté
prevista para un tribunal que funciona como un conjunto y que tiene a su
vez una oficina, y no para 17 juzgados a los que tiene que atender una
oficina. Se producen retrasos en algunos sitios; no obstante, hay sitios,
por ejemplo en el País Vasco, que está funcionando en general bastante
bien, y eso quiere decir que, quizás, o se ha organizado mejor o se le ha
dotado de mejores medios. Por tanto, esa experiencia hay que contrastarla
y analizarla con más detenimiento.

En cuanto a las cuestiones de planta y demarcación sobre
todo de cara al futuro tribunal, los tribunales de instancia, son
gravísimas y a ustedes no se les oculta en absoluto. Creo que los
tribunales de instancia son una gran medida prevista, pero acomodarla a
las exigencias sociales va a ser muy complejo. Se va hacer y habrá que
conjugar la cercanía con la eficacia. Esto es algo que ustedes tendrán
que valorar

cuando aprueben la ley, y que el Gobierno de turno, el que
sea, tendrá que valorar a su vez cuando tenga que aplicar esa ley. Creo
que es un gran reto, pero es algo que se tendrá que hacer con mucho
comedimiento y con mucha atención a las circunstancias o condiciones de
la sociedad en ese momento.

Otro asunto que se me ha planteado es el de los consejos
territoriales de las comunidades autónomas. Esto se me escapa. Ya saben
ustedes que en el último informe sobre la reforma del Consejo General del
Poder Judicial se entendió por mayoría que debía aceptarse la
introducción de los consejos territoriales. Dependerá de cómo se haga y
de qué se pretenda con ellos el que estos funcionen o no. Pueden existir,
pero es la ley la que tendrá que decir cuál es su contenido y cuáles sus
condicionantes. Lo que está claro es que el Poder Judicial es único, eso
lo dice la Constitución y no vamos a cambiarlo. Ahora bien, los consejos
territoriales, según las facultades que se les conceda, podrían
funcionar.

Me pregunta el señor Altava por qué entran más asuntos en
los juzgados que en otros países. Pues no lo sé, la verdad es que hay una
litigiosidad a mi juicio exagerada en este país. Yo personalmente le
podría decir cuál es la razón, pero no lo haré porque no sé lo que
opinará el Consejo. En efecto, hay elementos que se pueden contrastar con
otros países en los que hay menos litigiosidad. En este momento histórico
el que haya mayor litigiosidad también obedece a circunstancias
históricas, pero tradicionalmente en España ha habido más. Y esto es
preocupante porque litigiosidad tendrá que haber la que sea, pero pleitos
que no conducen a nada no debieran existir y mucho menos recursos.
Recursos ante tribunales superiores hay una exageración. Yo nada más he
dado datos de entrada en el organigrama judicial, pero si habláramos de
recursos ante audiencias provinciales o ante el Tribunal Supremo,
sinceramente me parece que es bastante exagerado con respecto a lo que
ocurre en otros países.

Bien, estoy pasando revista a todo lo que ustedes me han
ido preguntando: lenguas, tasas, desahucios, corrupción. De los
desahucios ya les he hablado y respecto a los asuntos de corrupción,
están salpicando constantemente. Los jueces están trabajando, yo estoy
convencido de que todo se aclarará, para bien o para mal. Es decir,
aclarar no quiere decir que todos los que ahora aparecen como denunciados
vayan a ser condenados, ni mucho menos, y que a lo mejor alguien que
ahora no está denunciado ni imputado sí que pueda ser condenado. El
proceso judicial seguirá, la independencia del Poder Judicial funcionará,
y al final se sabrá la realidad. Deberíamos saberlo antes, hay asuntos
que están tardando demasiado, pero en cualquier caso creo que esto se
producirá.

En cuanto a las preferentes, algo que también ha nombrado
el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, es un tema de los tiempos que
corren. Es un problema grave, pero no es un problema propiamente de la
Administración de Justicia, sino de la ciudadanía. Las denuncias que se
produzcan, se investigarán. La Sala Primera del Tribunal Supremo está
pendiente y ya ha resuelto en algún caso temas parecidos sobre hipotecas
con cláusulas suelo, etcétera. Denuncias o reclamaciones de este tipo
están pendientes, y todo se irá aclarando, pero un proceso judicial tarda
y, por lo tanto, nadie puede aventurar en este momento qué es lo que
ocurrirá. Estamos en plena vorágine de acontecimientos en asuntos de
desahucios, corrupción, preferentes, y en este momento, repito, no se
puede decir qué es lo que al final resultará.

Me preguntan también por las huelgas. Se han producido dos
huelgas con bastante éxito realmente, pero yo siempre he dicho, y no lo
digo yo solo, que no soy partidario de la huelga. En los jueces me parece
que no tiene sentido, y si la hacen se respeta mientras ustedes no
establezcan una norma que la prohíba, si es que entienden que se ha de
prohibir, o se permite y se regula, si entienden en ese caso que se debe
permitir y regular.

Respecto a la intervención del Ministerio Fiscal en el
futuro, sinceramente yo la encuentro positiva para la investigación
siempre que haya un juez de garantías, que también está previsto, y que
estará detrás para autorizar medidas que puedan afectar a los derechos
fundamentales y, en su caso, para coger la investigación en el supuesto
de que el fiscal no la haya realizado en un tiempo límite que se verá en
el proyecto de ley. Ahora bien, esto me imagino que tardará en
producirse, y mientras tanto el juez tiene que seguir funcionando como
hasta ahora, aunque realmente la función del juez no es instruir ni
investigar, sino resolver pleitos y resolver las cuestiones planteadas
entre partes. Por lo tanto, es un tercero, no un primero. En estos
momentos es así desde la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y hasta
que no se cambie no será de otra manera. Yo creo que es bueno que se dé
la investigación al fiscal pero con garantías, es decir, con la garantía
del juez de garantías que así se piensa llamar.

En cuanto a las comisiones del consejo, y el consejo en
general, funcionan con arreglo a lo que tienen previsto y no paran de
funcionar. Por lo tanto, yo no encuentro dificultades en que sigan

funcionando. Realmente ya les he dicho que hay varias y
todas ellas están funcionando a mi juicio a satisfacción, con criterios
distintos porque indudablemente somos personas humanas.

Otra pregunta se refería a los procedimientos judiciales en
materia de vigilancia penitenciaria. Es un problema del legislador, como
le he dicho, y el que se hagan o no en la torre Tavira las reuniones o
comisiones es algo que se puede valorar, pero en este momento histórico
con restricciones crediticias no podemos pensar en incrementar la
formación trasladándola a otros sitios distintos de donde actualmente la
tenemos ubicada. Y en cuanto a las filtraciones, ¿qué quieren que hagamos
con las filtraciones?, pues lamentarlas. Se producen filtraciones en
todos los lados. Hoy mismo, aquí seguramente, habrá alguna filtración y
ya habrán salido cosas que he podido decir o que, a lo mejor, se han
entendido mal y no las he querido decir. En cualquier caso no lo podemos
evitar y, por lo tanto, lo único posible es lamentarlo.

Sobre la convocatoria de plazas judiciales, saben ustedes
que el año pasado estaba previsto no crear ninguna plaza. Yo me esforcé y
obtuve una respuesta positiva de parte del presidente del Gobierno para
que se comprometieran a convocar como mínimo 50 plazas no solamente para
este año, sino para años sucesivos. Yo pienso seguir insistiendo en que
al año que viene se convoquen más, pero también dependerá de las
posibilidades económicas y, por lo tanto, eso excede de mis posibilidades
puesto que es en los presupuestos donde tiene que preverse.

No sé si he contestado a todo o ustedes quieren que les
diga alguna cosa más. Me han parecido muy interesantes las preguntas que
me han hecho, yo he respondido a lo que he podido. En cualquier caso, lo
mismo que ustedes me han agradecido que hoy haya venido, yo les agradezco
su intervención. Les doy la palabra otra vez para lo que ustedes
quieran.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moliner.

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara cabe un último
turno de intervención por parte de aquellos portavoces que deseen usarlo.
¿Senador Bildarratz? (Denegaciones.)

¿Señor Saura? (Denegaciones.)

¿Señor Sendra? (Denegaciones.)

¿Señor Díaz Tejera? Aunque no sé si es una imprudencia
invitarle a que tome el uso de la palabra. (Risas.)

El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, creo que el señor
presidente del consejo y todos sus acompañantes agradecen infinito que en
esta ocasión no use el turno y que, por una vez, aprendamos del Congreso.
(Risas.) ¿Se da usted cuenta de las carcajadas de adhesión?

El señor PRESIDENTE: Que conste, señor Díaz Tejera, que lo
ha usado usted. (Risas.)

El señor DÍAZ TEJERA: He diferido el turno, señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Altava, tiene la palabra.

El señor ALTAVA LAVALL: Gracias, señor presidente.

Voy a utilizar mi turno de la misma manera que quien me ha
precedido en el uso de la palabra, únicamente para agradecerle su
presencia y sus palabras, señor presidente del Consejo General del Poder
Judicial, y para decirle —y se lo digo de verdad, si no, no se lo
diría, créame— que haré todo lo que esté en mi mano para que usted
pueda volver muchos años más a esta comisión a relatarnos las memorias de
cada año del Poder Judicial.

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Y DEL TRIBUNAL SUPREMO (Moliner Tamborero): Muchas gracias. Muchas
gracias a todos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Altava.

Señor presidente, quiero agradecerle su comparecencia y,
como usted habrá podido colegir, le esperamos muchas veces en esta
comisión.

Muchas gracias. Buenas tardes.

Se levanta la sesión.

Eran las catorce horas y cinco minutos.