CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 99

PARA LA UNIÓN EUROPEA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GERARDO CAMPS DEVESA

Sesión núm. 43

celebrada el martes,

11 de marzo de 2014

en el Palacio del Senado

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del Director General de Presupuestos, D. Jaime Iglesias Quintana, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, para informar sobre el estado de ejecución de proyectos y partidas conforme al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo de Pesca (FEP). (Número de expediente del Senado 713/000490 y número de expediente del Congreso 212/000966).


Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (CONGRESO DE LOS DIPUTADOS) ... (Página2)


Nota: Por acuerdo de la Mesa de la Comisión, oídos los Portavoces, de 25-02-2014, esta comparecencia será sustanciada por el Director General de Fondos Comunitarios.


Comparecencia del Director General de Fondos Comunitarios, D. José María Piñero Campos, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, para informar sobre el estado de ejecución de los programas operativos financiados con fondos europeos en
el período de programación 2007-2013. (Número de expediente del Senado 713/000725 y número de expediente del Congreso 212/001483).


Autor: GOBIERNO ... (Página2)


Debate sobre el control de subsidiariedad de iniciativas legislativas de la Unión Europea:


- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a una red europea de servicios de empleo, al acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y a la mayor integración de los mercados de trabajo (Texto
pertinente a efectos del EEE) [COM (2014) 6 final]. (Número de expediente del Senado 574/000232 y número de expediente del Congreso 282/000299).


Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA ... (Página25)

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- Propuesta de Decisión del Consejo que modifica la Decisión 2004/162/CE en lo relativo a su aplicación a Mayotte a partir del 1 de enero de 2014 [COM (2014) 24 final]. (Número de expediente del Senado 574/000233 y número de expediente del
Congreso 282/000300).


Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA ... (Página18)


- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) número 1308/2013 y el Reglamento (UE) número 1306/2013 en lo que atañe al régimen de ayudas para la distribución en los centros
escolares de frutas y hortalizas, de plátanos y de leche [COM (2014) 32 final]. (Número de expediente del Senado 574/000234 y número de expediente del Congreso 282/000301).


Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA ... (Página21)


- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (CE) número 715/2007 y (CE) número 595/2009 en lo que respecta a la reducción de las emisiones contaminantes de los vehículos de carretera
(Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2014) 28 final]. (Número de expediente del Senado 574/000235 y número de expediente del Congreso 282/000302).


Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA ... (Página22)


- Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión, y por la que se
modifica la Directiva 2003/87/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2014) 20 final]. (Número de expediente del Senado 574/000236 y número de expediente del Congreso 282/000303).


Autor: COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA ... (Página22)


Se abre la sesión a las once horas y cinco minutos.


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Buenos días, señorías, se abre la sesión. Vamos a dar comienzo a la Comisión Mixta para la Unión Europea. Antes de nada, me gustaría preguntar a los grupos si están de acuerdo en
alterar el orden del día, de manera que el punto tercero, es decir, el primer debate de control de subsidiariedad, sea el último del orden del día, ya que el ponente de ese punto está en el Congreso en una comisión y no llegará a tiempo.


¿Están de acuerdo los grupos? (Asentimiento).


COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS, D. JAIME IGLESIAS QUINTANA, ANTE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y PARTIDAS CONFORME AL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
(FEDER), FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE), FONDO DE COHESIÓN, FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER) Y FONDO EUROPEO DE PESCA (FEP). (Número de expediente del Senado 713/000490 y número de expediente del Congreso 212/000966).


AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (CONGRESO DE LOS DIPUTADOS)


Nota: Por acuerdo de la Mesa de la comisión, oídos los Portavoces, de 25-02-2014, esta comparecencia será sustanciada por el Director General de Fondos Comunitarios.


COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS, D. JOSÉ MARÍA PIÑERO CAMPOS, ANTE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS EN
EL PERÍODO DE PROGRAMACIÓN 2007-2013. (Número de expediente del Senado 713/000725 y número de expediente del Congreso 212/001483).


AUTOR: GOBIERNO


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Para empezar estaba prevista la celebración de las siguientes comparecencias: del director general de Presupuestos para informar sobre el estado de ejecución de proyectos y
partidas conforme al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo

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Social Europeo, Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo de Pesca; pero por acuerdo de la Mesa de la Comisión, oídos los portavoces, esta comparecencia será realizada por el director general de Fondos
Comunitarios, cuya comparecencia también estaba prevista para informar sobre el estado de ejecución de los programas operativos financiados con fondos europeos en el período de programación 2007-2013.


Y para sustanciar estas comparecencias tenemos al director general de Fondos Comunitarios, don José María Piñero Campos, a quien le doy la bienvenida a esta comisión, y el uso de la palabra.


El señor DIRECTOR GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS (Piñero Campos): Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados.


Comparezco hoy aquí como director general de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas responsable de la negociación de los fondos europeos y de la gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo
de Cohesión. Y lo hago para dar cuenta de la situación actual de la ejecución de estos dos fondos en un momento que considero crucial para ello, como es el del final de un período de programación 2007-2013 y el comienzo de un nuevo período de
programación de los fondos europeos, el correspondiente al período 2014-2020.


Me centraré en mi intervención en el grado de ejecución del período 2007-2013, de acuerdo con el título de mi comparecencia, aunque me permitirán sus señorías que les proporcione, muy brevemente, al final de esta intervención, algunas claves
de lo que será el nuevo período 2014-2020 de programación de fondos europeos que ahora comienza.


Para glosar el grado de ejecución del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión me referiré a los datos de ejecución hasta 31 de diciembre de 2013, haciendo hincapié en que son estos unos datos especialmente estrictos, ya
que corresponden a gastos efectivamente pagados sometidos a las distintas verificaciones de estos que establece la normativa comunitaria ; y les recuerdo que al menos son tres tipos de verificaciones a nivel del Estado español, que son las
correspondientes a la Autoridad de Gestión, la Autoridad de Certificación y Pagos y la Autoridad de Auditoría y, además, incluidos en declaraciones válidas de gastos que se remiten a la Comisión Europea. Son, por tanto, datos especialmente
estrictos y especialmente significativos, ya que son los datos que la Comisión Europea utiliza para aplicar la llamada regla N+2. Según esta regla, los gastos programados se pueden efectuar, como mucho, hasta dos años después de cuando están dichos
gastos programados, lo que significa que los gastos del período actual se pueden prolongar dos años más hasta el 31 de diciembre de 2015.


Hay que resaltar las especiales dificultades del período de programación actual, que supongo que a ninguna de sus señorías se le escapan, debido a que el período anterior 2000-2006 se extendió en la práctica hasta el 30 de junio de 2009; o
sea, dos años y medio más del período de programación, un poco como excepción a la regla que les he comentado anteriormente del N+2, y, por supuesto, a la fuerte consolidación fiscal que todas las administraciones públicas españolas están sufriendo
en estos últimos años y que lógicamente hace que efectuar gastos con cargo a los fondos europeos sea una tarea especialmente difícil.


Sin embargo, considero que los datos son muy positivos, ya que todos los programas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión han conseguido cumplir con la regla N+2, tanto los diecinueve programas regionales, como los
tres programas plurirregionales, como el programa Feder, Fondo de Cohesión.


La ayuda Feder asignada a España en el periodo 2007-2013 para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ascendió a 23 052,7 millones de euros. A 31 de diciembre de 2013, se ha solicitado a la Comisión un total de gastos -verificados, como he
dicho anteriormente- de 15 004,5 millones de euros, lo que significa un grado de ejecución del 65,1 % y haber cumplido con la ya varias veces mencionada regla N+2. La ejecución en el último año, en 2013, ha sido del 17 %. Como verán ustedes, si
sumamos la ejecución actual y los dos años que quedan a esta tasa del 17 %, estaremos en un grado de ejecución prácticamente del 100 %, lo cual asegurará el uso completo de los fondos Feder en España.


En cuanto al Fondo de Cohesión, la ayuda asignada para España en el periodo 2007-2013 es de 3543,2 millones de euros, de los cuales se han gastado y presentado en solicitudes válidas -verificadas, como he dicho anteriormente- ante la
Comisión 2733,7 millones de euros hasta 31 de diciembre de 2013, lo que supone un grado de ejecución del 77,2 % -como ven, ligeramente más alta que la del Fondo Europeo de Desarrollo Regional-. La ejecución del último año se sitúa por encima del 16
%, con lo cual en este caso, si sumamos la ejecución hasta el 31 de diciembre y los dos años que

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quedan a esta tasa del 16 %, verán sus señorías que estamos francamente por encima del 100 % de los fondos asignados a España.


Si se comparan estos resultados con la media comunitaria, diremos que España presenta una ejecución que se sitúa 1,5 puntos por encima de la media europea, de los veintisiete países que hasta ahora eran beneficiarios de estos fondos de la
Unión Europea. Y si hablamos de los grandes países receptores de fondos, estamos por detrás de Alemania, al mismo nivel de ejecución que Polonia y Francia y francamente por encima de Reino Unido, Italia o Rumania.


Si vamos al detalle por programas operativos, de los diecinueve programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional correspondientes a programas regionales, el grado de ejecución global se sitúa en un 64 % -como ven, muy coherente
con la media nacional, aunque muy ligeramente por debajo-. Y de los 17 918,2 millones de euros asignados a estos programas regionales, la ejecución se sitúa a 31 a diciembre de 2013 -vuelvo a repetir a sus señorías que esta es la fecha de
referencia para todo el informe que estoy desarrollando- en 11 474,7 millones de euros. Entre estos programas, algunos de ellos tienen una ejecución francamente positiva, que supera el 70 %, como son los de Castilla-La Mancha, Asturias, Murcia,
Ceuta, Melilla, Castilla y León, Comunidad Valenciana y La Rioja, y, sin embargo, otros están muy próximos pero no alcanzan el 60 %, como son los de Andalucía, Galicia, Aragón, Baleares, Cantabria y Madrid. Las razones de esta dispersión -aunque no
muy elevada, existente- son muy variadas, y fundamentalmente son las siguientes: en primer lugar, el propio volumen del programa -como pueden imaginar ustedes, hay programas muy voluminosos, como el de Andalucía-, lo que, combinado con el esfuerzo
de consolidación presupuestaria, hace difícil esta ejecución; en segundo lugar, el peso relativo de las inversiones en infraestructuras del transporte y otros tipos de inversión. Tradicionalmente, la inversión de los fondos se ha concentrado en
los sectores de infraestructuras del transporte y medio ambiente, que, con pocos proyectos, con pocas actuaciones, concentran una gran parte de los fondos europeos. En este periodo 2007-2013 se empieza la transición hacia otro tipo de inversiones
-menos intensivas en utilización de fondos-, que necesitan muchas más actuaciones para poder concentrar un mismo volumen de fondos. En este caso están, por ejemplo, las inversiones en investigación, desarrollo e innovación o las inversiones en
ayuda a las empresas y, en concreto, a las pequeñas y medianas empresas. Y, en tercer lugar, entre las razones de esta dispersión, podríamos hablar de las dificultades de financiación que están padeciendo algunas empresas, en particular las pymes,
y, por tanto, en el acceso a los fondos correspondientes.


Si pasamos a los programas plurirregionales, aquellos que ejecutan exclusivamente organismos del Estado, en toda la geografía nacional, tenemos tres programas: el primero es el Programa Operativo de I+D+i, por y para el beneficio de las
empresas, conocido como Fondo Tecnológico -como saben sus señorías, este programa apoya fundamentalmente a la I+D+i en su aspecto más relacionado con las empresas-; en segundo lugar, tenemos el Programa Operativo de Economía basada en el
Conocimiento, que apoya la I+D de carácter más básico realizada por centros públicos, junto con las actuaciones de impulso a la sociedad de la información; y, en tercer lugar, tendríamos el Programa de asistencia técnica, de un volumen mucho más
reducido. En estos programas conviene distinguir entre las comunidades autónomas del grupo de convergencia -las antiguamente denominadas comunidades del Objetivo 1 y que en el próximo periodo pasarán a denominarse comunidades menos desarrolladas,
que presentan un menor nivel de renta per cápita y que, globalmente, dedican un menor esfuerzo a la I+D y, por tanto, tienen más dificultades para consumir los recursos dedicados a este programa del Fondo Tecnológico o al Programa de Economía basada
en el Conocimiento- y las comunidades autónomas del grupo de la competitividad, que son las comunidades autónomas más desarrolladas, que concentran la mayor parte de la actividad de los centros de investigación y las empresas innovadoras.


Pues bien, el Fondo Tecnológico presenta una ejecución global del 64 % -como verán, muy en línea con la media total- y, de los 2248,5 millones de ayuda programada, lleva consumidos -gastados y, por tanto, presentados con las solicitudes de
ayudas convenientemente verificadas a la Comisión Europea- 1468,7 millones de euros. La diferencia entre lo que se lleva consumido en el tramo de competitividad y en el de convergencia es bastante elevada, por las razones que he explicado
anteriormente. En el tramo de competitividad, la ejecución es del 88,7 % y en el tramo de convergencia, del 55,8 %.


En cuanto al Programa Operativo de Economía basada en el Conocimiento, lleva una ejecución global del 66,1 %, 968,4 millones de euros ejecutados, de un total de 1465, que se desglosa en un 60 % de ejecución para el tramo de las comunidades
autónomas del grupo de convergencia y un 99,6 % para el tramo de las comunidades autónomas del grupo de la competitividad. El tercero de los programas

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plurirregionales, que es el de asistencia técnica, tiene un volumen mucho menor, de 64 millones de euros, y presenta un grado de ejecución del 68,2 %.


Para llegar a este resultado -que, como he dicho anteriormente, debemos calificar de muy positivo-, a lo largo de las anualidades 2011, 2012 y 2013 se han venido adoptando una serie de medidas dirigidas a facilitar la absorción de la ayuda
comunitaria asignada a todos estos programas. Estas modificaciones han debido contar con la aprobación de la Comisión Europea, por lo que se han definido sin desvirtuar los objetivos originales de los programas operativos, o sea, manteniendo su
orientación estratégica básica hacia el cumplimiento de los objetivos de Lisboa.


Entre las medidas introducidas, pueden citarse las siguientes: en primer lugar, aumento de la tasa de cofinanciación comunitaria hasta el máximo permitido por los reglamentos, que ha quedado fijado en un 80 % para las regiones del objetivo
de convergencia y en un 50 % para las regiones del grupo de la competitividad; la consideración como elegible del gasto privado en el objetivo convergencia del Programa Operativo del Fondo Tecnológico, lo que supone una contribución por parte del
sector privado, en coordinación con la cofinanciación que aporta el sector público; una redistribución de la asignación de la ayuda entre ejes prioritarios, tratando de reforzar aquellos que presentan mejores perspectivas de ejecución; la
introducción de nuevos organismos ejecutores, cuyos gastos no tenían hasta ahora cabida en los programas cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional al inicio de los programas y que ahora se han incorporado a la programación; la
introducción de nuevas tipologías de proyectos y de convocatorias de ayudas y la puesta en marcha de instrumentos financieros dirigidos a facilitar la financiación de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en su actividad innovadora.


Es de destacar también, de una manera muy especial, la intensa coordinación entre las administraciones autonómicas, locales y la Administración General del Estado, que ha sido la base de que podamos haber llegado, como ya decía, al resultado
positivo que hemos anunciado anteriormente.


Hay que tener en cuenta que los programas regionales cuentan con la participación de las administraciones autonómicas y de la Administración General del Estado y que incluso en los programas plurirregionales orientados a la I+D+i juegan un
papel fundamental las universidades y los organismos de investigación, gran parte de ellos en el ámbito de la Administración autonómica.


Ni mucho menos está garantizada la absorción total de los recursos comunitarios asignados a los programas Feder y al Fondo de Cohesión. Estimamos que todavía es necesario seguir haciendo un esfuerzo muy importante para asegurar que todos
estos recursos vengan a España. Para ello, es fundamental, en primer lugar, extremar el rigor en el gasto; ya me he referido anteriormente al importante número de verificaciones que los gastos efectuados tienen que sufrir antes de ser presentados
en Bruselas. Creemos que es un elemento fundamental que hay que reforzar y que hay que extremar para conseguir que estos gastos se puedan tramitar sin ningún problema y que se obtengan los retornos correspondientes.


En segundo lugar, extender los procedimientos de gestión y control de los fondos comunitarios a gastos que hasta ahora no venían siendo cofinanciados y que se deberán mantener hasta el final del período, en 2015.


Y, en tercer lugar, como decía anteriormente, mantener el excelente nivel de cooperación entre administraciones que hemos conseguido; esperamos así poder ofrecer noticias tan positivas como las de hoy cuando, en 2016, el vigente período de
programación haya terminado en cuanto a la ejecución de los gastos correspondientes.


Como anuncié al principio, quiero muy brevemente anticipar algo del futuro período de programación 2014-2020. Cabe decir, en primer lugar, que contaremos con un volumen de fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional muy similar al del
período actual; por tanto, cerca de esos 23 000 millones de euros de los que hemos hablado al principio. Eso, a pesar de que el volumen dedicado por la Unión Europea a la política de cohesión es un 12 % inferior al que se dedicó en el período
pasado, fruto también de la consolidación a nivel europeo del presupuesto comunitario. Y también a pesar de que las cifras utilizadas en el cálculo, en el reparto entre los distintos Estados miembros, corresponden al período más alto en términos de
PIB por habitante de la economía española; pero el poder contar con un volumen de fondos semejante al del período actual, como les he dicho, se debe fundamentalmente a tres causas: la asignación para España de una cuantía adicional de 1824
millones de euros, conseguida en el tramo final de la negociación; a la creación de la ya conocida Iniciativa de Empleo Juvenil, de la cual España será la máxima beneficiaria, con un volumen de fondos por encima de los 900 millones de euros; y,
finalmente, a la consecución de una cláusula de revisión que, a partir de 2016, adaptará las asignaciones comunitarias

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de los Estados miembros en función de sus últimos datos económicos y de la cual España pensamos que también será la máxima beneficiaria.


Sin embargo, lo que quizá es más significativo del nuevo período, aparte de las cuantías económicas, es un enfoque de la programación distinto del actual, fundamentalmente en su relación con la eficacia en el uso de los fondos. Así, en el
nuevo período de programación se plantea de una manera integrada para intentar conseguir esa mayor eficacia y eso se programa en tres fases: en primer lugar, antes de comenzar con el ejercicio de programación, coincidiendo con lo que se denomina
condicionalidad ex ante. Eso significa que antes de invertir en un determinado sector tenemos que cumplir con una serie de condiciones a priori que aseguren que la implementación de fondos en ese sector garantice una eficacia suficiente. Esas
condiciones normalmente se refieren tanto al marco normativo o legislativo del sector como a la política o estrategia que esté planteada en cada Estado miembro para ese ámbito, como a la capacidad administrativa que se demuestre para el uso de las
ayudas en el citado sector.


En segundo lugar, y una vez hablado de lo que se exige ?por así decirlo? a priori, durante el período de programación se busca la eficacia a través de lo que se llama la concentración. Se trata de concentrar una serie de recursos, en
primer lugar, en favor del Fondo Social Europeo, teniendo en cuenta ?como ya saben? el enorme problema de paro que existe en muchos países de la Unión Europea y, por supuesto, en el nuestro; en segundo lugar, las grandes apuestas de la Estrategia
Europa 2020, como son la I+D+i, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, y la transición hacia una economía con un uso más bajo del carbono. Esas cuatro prioridades deben
concentrar en las regiones más desarrolladas hasta un 80 % de la programación y, en las menos desarrolladas, como mínimo un 50 %. Asimismo, se busca una concentración de al menos un 5 % de proyectos urbanos sostenibles integrados.


Finalmente, en la fase de ejecución, se tratará también de buscar esta eficacia en el uso de los fondos a través de dos elementos fundamentales como son la reserva de eficacia y el marco de rendimiento, que medirán por primera vez los
resultados no solo en términos económicos y financieros ?como he expuesto en esta comparecencia? sino también mediante indicadores de resultados. En el próximo período, los programas se evaluarán no solamente por haberse gastado los recursos
inicialmente previstos sino por haber conseguido los objetivos que estaban planteados en la programación, en términos por ejemplo de empresas ayudadas o de proyectos de I+D puestos en marcha, etcétera.


Quedo a disposición de sus señorías por si desean plantear alguna pregunta.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias, señor director general.


Iniciamos el turno de intervención de los portavoces, comenzando por el portavoz del grupo autor de la solicitud de comparecencia, el señor Álvarez Areces.


El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias, señora presidenta.


Señor director general, gracias por su comparecencia, a pesar de que hemos tardado bastantes meses en hacerla posible.


Es verdad que desde que se solicitó, no solo esta sino también otras, ha habido un número muy importante de preguntas, de iniciativas y de peticiones de comparecencias que no se han podido resolver, y lo digo sin ninguna acritud pero, sobre
todo, con el ánimo de vitalizar políticamente esta comisión, que tiene una carga de trabajo muy intensa ?soy miembro de cinco comisiones y esta es la que se reúne con mayor frecuencia?, pero un peso proporcional sobre informes de subsidiariedad,
desde mi punto de vista, descompensado respecto a lo que puede ser el ámbito político de control y orientación de Gobierno. Por eso, es muy importante que estas comparecencias se produzcan en el entorno de las fechas en que se solicitan y que otras
que están solicitadas se resuelvan también, porque es indudable que la rendición de cuentas de este período, que es positivo, ha de combinarse también con la explicación de qué criterios, qué asignaciones y qué valoración se hace de lo que España va
a disponer en el nuevo período 2014-2020, de lo que usted nos ha dado algunos apuntes esta mañana pero que, sin duda, hay que profundizar en ello porque nos jugamos mucho en este envite como país y como europeos. Así como también en el contexto de
un debate europeo sobre muchísimas cuestiones en las que ahora no quiero entrar, pero que desde la perspectiva del marco financiero plurianual tenemos que considerar que han sido insatisfactorias porque, desde luego, está claro ?y hemos compartido
incluso reflexiones con el comisario europeo recientemente, el señor Lewandowski? que el resultado final es muy inferior a lo que

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incluso había planteado la Comisión Europea y, sin duda, es inferior por vez primera en la historia de la programación de todas las perspectivas de lo que ha sido el período anterior. Por tanto, arrancar en un reto de Europa 2020 con
petición de más Europa, de entrar en la sociedad del conocimiento, y en los retos que tiene, con un dinero disponible menor que en el período anterior, e incluso menor de lo que ha planteado la Comisión, no es precisamente para hacer balances
demasiado optimistas. Hay que ser realistas y es evidente que tenemos recursos, pero hay que concentrar los esfuerzos, que hay que ser eficientes y, desde mi punto de vista, no se pueden hacer valoraciones optimistas de lo que esto significa. En
cualquier caso, no quiero entrar en ese punto sino que voy a hacer una serie de consideraciones sobre el informe que ha presentado.


Ha dado unas cifras de cumplimiento y, sinceramente, ha sido muy optimista. Ojalá sea así, pero la práctica ?y yo he tenido alguna desde ámbitos de Gobierno y de la propia pertenencia a organismos europeos? es que ese N+2 hay que
pelearlo, y mucho. Porque nosotros estamos viendo en los diferentes programas que hay muchas dificultades de cofinanciación, entre otras cosas, nunca hemos logrado saber cuánto se ha perdido por falta de cofinanciación pública y, en este caso,
estamos percibiendo que en algunas líneas -líneas que, según el nuevo marco, incluso tienen menos dinero- va a haber muchas dificultades. Hemos visto recientemente debates en torno a la PAC y la cofinanciación, en el segundo pilar respecto al tema
del desarrollo rural, donde la cofinanciación está puesta por muchas comunidades autónomas como un problema serio porque se está disminuyendo el nivel de cofinanciación al 30 %. Y, desde luego, tenemos que intentar que no se pierda un solo euro en
todo ese proceso.


Teníamos algunos datos, a pesar de este distanciamiento en la información, que facilitó la Comisión en un momento dado. Estoy refiriéndome fundamentalmente al período acumulado de 2007 a septiembre de 2013, durante el que teníamos -y se
anunciaban- riesgos de que se perdiesen asignaciones, sobre todo dado el nivel de ejecución que en aquel momento se cifraba en torno al 60 % de las partidas asignadas al período 2017-2013. Había un estudio pormenorizado del fondo asignado, de los
pagos realizados y de lo que quedaba en riesgo, que no estaba comprometido aún. Y estamos hablando de fondos Feder, de Fondo Social Europeo, de Fondo de Cohesión, incluso del Feader. En el Feader no se conocía ni siquiera lo comprometido, porque
teníamos problemas muy serios para averiguar qué comunidades autónomas estaban teniendo verdadera imposibilidad de cofinanciación. Esto ha surgido en debates, no en esta comisión, pero sí en debates tanto en el Senado como en el Congreso, y lo ha
reconocido el propio ministro cuando ha comparecido. Por tanto, yo quisiera ser más cauteloso con esta explicación tan optimista a partir de los datos que se nos han ofrecido.


Merced a esas medidas de mejora de cofinanciación que nos ha indicado que se han negociado, España puede llegar a un nivel en torno al 80 %. Eso ha permitido también ahorros de financiación para la propia Administración del Estado, pero,
aunque se ha mejorado ese nivel de cofinanciación, queda todavía un riesgo inherente a algunos de los fondos. En los millones asignados a esos fondos a los que hace referencia, estamos por detrás de Polonia para ese período, y ese nivel de
ejecución del que teníamos conocimiento ahora ha mejorado, pero no en proporciones tales, por los datos que me está ofreciendo y que yo estoy comprobando. En este sentido, le rogaría simplemente por razones de claridad que estas informaciones que
ahora nos ha proporcionado, y que quedan como constancia en el Diario de Sesiones, se nos pudiesen facilitar con una cierta periodicidad por escrito, ni siquiera haría falta la comparecencia; sería razonable que en esa cooperación que solicita
todos contribuyésemos a estimular que pudiesen ser resueltos los problemas que se fueran originando, porque tenemos el N+2, pero como no actuemos a tiempo en esta dirección, yo creo que también vamos a tener bastantes problemas y habrá que seguir
negociando con la Comisión algunas cláusulas para facilitar cofinanciación o trasvase entre grupos, entre ejes, que en un momento dado se autorizaron, e incluso en el período anterior lo pudimos ver. Estoy hablando, por ejemplo, de los temas
relativos a medioambiente, que desde la Administración del Estado en un momento dado puede facilitarse que algunas comunidades autónomas con altos niveles de ejecución puedan tener ese tipo de transferencias.


Las comunidades autónomas -si se desglosase por comunidades- tienen un nivel de ejecución desigual, lo cual quiere decir que tenemos que estar atentos no solo al conjunto del Estado, globalmente, para no perder ni un euro, sino también a que
la cohesión territorial verdaderamente se produzca en los niveles que se desean, porque, lógicamente, las políticas de cohesión a través de los fondos que las instrumentan tienen que tener incidencia en cada territorio. Es decir, por un lado
estaría bien llegar al cien por cien de ejecución, pero no estaría nada bien si esa ejecución se produjese como consecuencia de pérdida de fondos asignados inicialmente a regiones que están, por ejemplo, en régimen de transición o

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en menos competitivas y no pueden alcanzar sus objetivos de cohesión precisamente porque no tienen capacidad de cofinanciación. Y las capacidades de cofinanciación surgen por muchos motivos, entre otros por las restricciones presupuestarias
que se han impuesto en la política fiscal. Sin duda, hay una reducción importante, discrepo un poco de lo que usted ha dicho por las informaciones que nos facilita la Comisión, porque yo tengo aquí la diferencia de recursos que vamos a tener en un
período y en otro: en la rúbrica 1, crecimiento inteligente inclusivo, hay un 1 % de aumento en 2014 comparado con 2007; en la subrúbrica, competitividad por el crecimiento y el empleo, es verdad que se crece, un 37,3 %, pero en la cohesión
económica, social y territorial figura globalmente un 8,4 % en el conjunto del monto total -precios corrientes en 2011- y, en cambio, España, como no puede disponer del Fondo de Cohesión por alcanzar ya el 90 %, pierde más de un 30 %. En ese
sentido, es una noticia a la que tendremos que adaptarnos porque eso se ha producido, y desde luego nosotros, que se nos han adjudicado 25,1 millardos en lugar de los 36,1, hemos tenido una pérdida importante de fondos que tendremos que tener en
cuanta porque, lógicamente, a la hora de aplicarlos a políticas incentivadoras vamos a tener menos dinero.


Todo ese epígrafe cae en conjunto, como decía, según los propios datos que facilita la Comisión, un 8,4 %. Hay algunos otros cuadros que simbolizan que esa política de cohesión en su conjunto disminuye en torno a un 9 %, pero en principio
es una disminución global. Hay unos países con una reducción fuerte, como es el caso de España, que está entre los cinco países cuyos recortes superan el 30 %, Alemania, Holanda, Eslovenia y Grecia, con una reducción similar a la española; hay
seis que sufren recortes entre el 20 y el 25 % y a cuatro se les recorta menos. Estamos en una situación, sobre todo en ese tipo de medidas, por debajo de la que teníamos antes. Y, efectivamente, hay un hecho positivo, que es el relativo a la
rúbrica 1a, crecimiento y empleo, donde están los grandes programas y, además, deberíamos poner un punto de atención en ellos porque en la propia conversación que tuvimos con el señor Lewandowski reconocía explícitamente la decepción del resultado
global del presupuesto y señalaba para España tres puntos importantes de mejora: el Mecanismo Conectar Europa; la Iniciativa de Empleo Juvenil, en la que se complementan los fondos que provienen específicamente de esa garantía juvenil y se
suplementan con el Fondo Social Europeo y reconocía la negociación en torno a las regiones en transición, que es como se denominan ahora. Pero, sinceramente, este último caso tampoco es un gran logro, porque las regiones en transición son las
antiguas regiones phasing out; eso se logró en la época en que estaba el señor Barnier, no en el período actual, simplemente cambiaron los nombres. Cambiaron los nombres y hoy lo que se denomina regiones menos desarrolladas son las antiguas
regiones de Convergencia-Objetivo 1; hoy hay una sola región. Ahora en España hay cuatro o cinco regiones y ciudades en transición, el resto son las antiguas de competitividad que ahora se llaman más desarrolladas. Pero quiero recordarle, como lo
hice con el señor Lewandowski, que este no es un asunto que deba producirnos satisfacción. Además, es verdad que, ahora, con el nuevo Parlamento Europeo que surja de las próximas elecciones tendremos ocasión de que el Parlamento juegue su verdadero
papel -sinceramente, en toda esta negociación el Parlamento pudo modular algunas cuestiones, pero no tomó la iniciativa que le corresponde por lo que el Tratado le reconoce-, sobre todo porque confiamos en que Europa pueda abordar los retos de
futuro. Me estoy refiriendo a que en la revisión del año 2016 tenemos que resolver algunos problemas muy importantes sin lo cual Europa no va a resolver sus problemas de fondo. Entre ellos está el de los recursos propios, que el Grupo de Alto
Nivel recientemente constituido, con el señor Monti como presidente y al que se incorpora también, entre otros, el señor Lewandowski, tiene que revisar. Si no hay recursos propios adecuados no puede haber un presupuesto ambicioso que sea capaz de
abordar los retos de futuro, es decir, los retos del empleo, del crecimiento y de la cohesión.


Usted se ha referido al tema de conectar Europa, para lo que, efectivamente, hay una disponibilidad de fondos muy importante superior a 29 000 millones de euros, y no es una asignación territorial. Lógicamente, España, como tiene corredores
dentro de los nueve grandes corredores europeos, tendrá una capacidad de intervenir. España tiene reconocidos oficialmente el corredor mediterráneo y el corredor atlántico, y hay que utilizarlo en términos adecuados, teniendo en cuenta que no
solamente es la Administración General del Estado la que debe programar las grandes obras y orientarlas exclusivamente hacia una política de gastos sino que también debe tomar en consideración una política de cohesión. Esos corredores requieren el
debido tratamiento y, aunque en el debate político se enfatiza mucho más uno que otro, la España plural y diversa tiene que estar presente. Esos fondos tienen que utilizarse en el conjunto, España tiene que ser competitiva porque los períodos que
se asignan para poner en marcha esos corredores son muy escasos. De hecho, las asignaciones de fondos, cuando se abra esa concurrencia, prácticamente se van a desarrollar entre los años 2014 y 2015. Estamos ya en 2014 y el 2015 está ahí, y tenemos
que preparar todo un dispositivo de cooperación -estoy absolutamente de acuerdo- entre la

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Administración del Estado y las comunidades autónomas para intervenir activamente y procurar que España tenga los fondos adecuados para ello, que serán unos miles de millones de euros.


El segundo aspecto que señalaba el señor Lewandowski era el de la garantía juvenil que, aunque es positivo, claramente hay que reconocer que es insuficiente. Estamos hablando de 6000 millones de euros, procedentes de dos asignaciones
presupuestarias distintas de 3000 millones cada una. Sé que ustedes han hecho un intento de reprogramación, dirigido también a las comunidades autónomas, y como todo ese dinero se concentra en las dos primeras anualidades prevén su continuidad y,
por tanto, la posibilidad de que desde el Feder se reprogramen fondos para el Fondo Social Europeo. Quisiéramos tener información de cómo se está produciendo esa reasignación, porque el empleo juvenil dentro del contexto general del empleo es
fundamental. Nosotros sabemos que se ha empezado bien, que es una buena iniciativa que hay que apoyar entre todos, pero es absolutamente insuficiente. Además, debemos utilizarla adecuadamente porque, señorías, si se nos ocurriera -y voy a poner un
ejemplo- que parte del dinero destinado a esa garantía juvenil pudiera destinarse a asumir gastos estructurales de la puesta en marcha de la reforma educativa de la Lomce para financiar la formación profesional básica, estaríamos haciendo algo que
no corresponde exactamente a aquello para lo que se han creado dichos fondos. Y eso significa que incluso corremos el riesgo de que la propia Unión Europea en los controles estrictos que lleva a cabo, una vez aplicado incorrectamente, pudiera
exigir que se devolviese. Entiendo que no se deben dedicar fondos de ese tipo a gastos estructurales de un sistema y a la puesta en marcha de una reforma educativa que, lógicamente, tenía ya asignados a los módulos PCPI presupuestos propios de la
Administración del Estado. Cofinanciarlos con fondos europeos como el Fondo Social Europeo, que teóricamente tendrían que ir al desempleo juvenil estricto, me parece arriesgado. No tengo información detallada, por lo que me gustaría que lo
clarificase.


Por otro lado, tenemos que hacer un esfuerzo en las políticas de empleo en general, que no solo es un asunto estrictamente español sino específicamente europeo. España y Europa tienen que plantearse seriamente un programa inversor que sea
capaz de estimular la financiación pública en torno a las prioridades de la Europa 2020. En ese sentido, es muy importante esa revisión para el 2016, de la que España saldrá beneficiada, pero tanto usted como yo sabemos que va a salir beneficiada
por un hecho no positivo, y es que hemos perdido convergencia. En consecuencia, está claro que la convergencia que habíamos ido adquiriendo no solo nosotros, sino también otros países más atrasados -ha sido extraordinariamente beneficioso todo lo
que ha financiado la Unión Europea para llegar a ella- se ha visto alterada por la crisis. Se ha alterado específicamente la convergencia país, pero también la convergencia de las comunidades autónomas. Yo estoy seguro de que todo lo que ha
servido para la asignación inicial a los países y la clasificación de las regiones del estatus en las políticas de cohesión -es decir, aquellas que estén por debajo del 90 %, que es el tope, están en la transición; las que estén por debajo del 75 %
en la convergencia; y más del 90 % las más desarrolladas- es una clasificación absolutamente artificial. Ya en su momento se lo hicimos llegar a los comisarios que aceptaron el PIB, porque utilizado de esa manera no es un modo de medir el
bienestar de las regiones y había que complementarlo con otros indicadores. Se hizo una comunicación al Parlamento, al CdR, se emitió el resultado de ese debate, que fue muy importante. Se dijo que había que utilizar el PIB y otros indicadores
complementarios, indicadores sociales y medioambientales. Se aceptó y, en cambio, no se articuló en el marco financiero plurianual. Ahora con la crisis nos vamos a encontrar con que no solamente el PIB no refleja realmente la cohesión territorial
sino que estamos alterándolo por la misma crisis, porque había países que estaban en la raya del 90 o del 75 y todo eso va a bailar y va a cambiar en el marco del 2016. En resumen, se revisará, España puede recibir más dinero, pero es consecuencia
de un hecho negativo.


Por otra parte, por no extenderme y acabar esta primera intervención, debo decirle que en esta comisión ha habido un importante grado de consenso. Yo pertenezco a cinco comisiones, y le puedo decir que es la comisión en la que se trabaja
con un grado de consenso más elevado porque todas las formaciones políticas que intervenimos aquí, con espíritu crítico y con lo que cada una de ellas aporta, sabemos que ante Europa hemos de fortalecer nuestras posiciones como país miembro. Yo
creo que eso se ha producido, incluso se ha producido un acuerdo en el mes de junio, muy importante, para que España pudiese negociar algunas cuestiones. Y en ese acuerdo o negociación una de las afirmaciones que se han hecho es que, precisamente,
se hiciesen los máximos esfuerzos, con la máxima transparencia, para que no se perdiese un solo euro en todo lo que significaba la aplicación del período financiero 2007-2013 y la utilización del N+2, que estamos en ello. Como se nos mezcla el N+2
con el inicio del nuevo período y con la puesta en marcha de los programas operativos del nuevo período, el trabajo es múltiple y hay una cierta

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confusión en algunas cuestiones. Ya digo que algunos de mis compañeros le harán algunas preguntas específicas y cortas, pero no quisiera alargar esta intervención sin decirle que necesitamos clarificación. Entre otras cosas rogaríamos que
se produjesen comparecencias políticas, que vamos a solicitar. Por ejemplo, la del señor Montoro, que ya la tenemos solicitada desde hace muchísimo tiempo, pero no ha tenido ocasión de venir aquí a darnos explicaciones. Queríamos que nos explicase
cómo iba la negociación del marco financiero, que ya acabó en el mes de noviembre al aprobarlo el Parlamento, también nos gustaría que se produjera esa comparecencia para saber cómo van a establecerse los criterios, las prioridades y la articulación
desde el inicio del marco y cómo ha quedado España en las distintas rúbricas.


Para el Mecanismo Conectar Europa vamos a pedir también la comparecencia de la ministra de Fomento para que nos explique realmente cómo van a utilizarse en régimen competitivo todos esos recursos que figuran ahí. También vamos a pedir la
comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social en relación con el programa relativo a garantía juvenil que, por cierto, está prevista una cumbre en fechas muy recientes, me parece que es el 8 de abril, donde se va a analizar el arranque
de todos los programas en todos los países miembros, cómo se va cumpliendo, y cómo se van a establecer los fondos futuros no para el primer bienio, sino para el conjunto del programa.


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Tendría que ir terminando, señor Álvarez Areces.


El señor ÁVAREZ ARECES: Creo que es muy importante que todo eso se produzca en un debate político que podamos complementarlo con los informes de subsidiariedad.


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias, señor Álvarez Areces.


Seguidamente intervienen el resto de portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo -subrayo- de diez minutos por orden de menor a mayor.


Tiene la palabra el portavoz de la Entesa, señor Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señora presidenta.


Gracias, señor director, por su comparecencia y por la información.


Si bien es cierto que se recogerán en el Diario de Sesiones, en comparecencias en las que se manejan tantos datos creo que sería bueno que nos hicieran llegar un dossier con estos datos con el fin de poder trabajar sobre ellos y hacer el
seguimiento adecuado.


Yo, con brevedad, solo quería plantearle tres cuestiones. Hablaba usted de un buen nivel de cumplimiento por parte de las distintas administraciones. No es la percepción que tenemos, pero, en cualquier caso, no vamos a poner en duda los
datos que ha facilitado. Sí que me gustaría que ampliara la diferencia en la aplicación por comunidades autónomas, que profundizara un poco precisamente en el ámbito autonómico para ver el nivel de aplicación, de cumplimiento y de cofinanciación
por parte de las distintas comunidades autónomas.


Quería preguntarle sobre qué sectores económicos se han beneficiado más de las ayudas de los fondos europeos, sobre todo los que han aprovechado más este cambio, esta incentivación en innovación, desarrollo e investigación.


Finalmente, la tercera pregunta es si desde el ministerio, desde su dirección tienen elaborado algún tipo de estudio sobre los impactos de la aplicación de los fondos europeos sobre la economía, porque precisamente cuando se plantean los
retos de futuro para el nuevo periodo 2014-2020 sería interesante saber -desde nuestra entrada en la Unión los fondos europeos en general han tenido un impacto positivo- si tienen estudiado y analizado hasta qué punto, sobre todo en un periodo tan
difícil como el comprendido entre 2007 y 2013, ese impacto ha sido positivo y, principalmente, la distribución de ese impacto en el conjunto de nuestro economía.


Nada más, señor director.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias, señor Sabaté.


Por último, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, la señora Ripoll.


La señora RIPOLL JUAN: Gracias, señora presidenta.

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Sé que el señor Areces ha sido muy exhaustivo, como suele serlo en este tipo de comparecencias; también nos ocurrió cuando coincidimos con la intervención del señor Lewandowski. Yo entiendo que esta es una comparecencia, por tanto, no voy
a hacer referencia a lo que usted ha comentado, porque considero que es, en todo caso, el director general quien tiene que hacer las contestaciones al respecto. No obstante, sí quiero comentar, empezando por el final de su intervención, respecto al
periodo 2014-2020 que nosotros entendemos que el presupuesto, éste, el europeo y cualquiera nunca es suficiente, porque siempre queremos más en condiciones de bonanza, y es de imaginar que querremos muchísimo más en las condiciones en las que nos
encontramos actualmente y de las que ya estamos saliendo, porque también hay a decirlo.


Pese a ello, el comentario que ha hecho usted sobre el volumen de los fondos Feder y su similitud con el ejercicio del periodo anterior es destacable, porque hay que tener en cuenta que el presupuesto de la Unión en conjunto se ha reducido
considerablemente y, por lo menos, en ese aspecto nosotros lo hemos mantenido, pese a los ajustes del presupuesto comunitario. Sin tener un optimismo exacerbado, sí es justo reconocer el esfuerzo y el trabajo para mantener esas cantidades, además
de la cuantía adicional, de los 1800 millones de euros, para la Iniciativa de Empleo Juvenil, los más de 900 y la inclusión de la cláusula de revisión, que también es importante, aunque puede que beneficie más a unos que a otros, por esa revisión,
por unos aspectos negativos, señor Areces, pero en ese caso debemos aprovechar esa negatividad como también debemos aprovechar las circunstancias que nos son desfavorables para ayudar a nuestros ciudadanos y a este país a salir de donde estamos.


En principio, señora presidenta, quería agradecerle el turno de palabra y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, también quería agradecerle, señor director general, su comparecencia en esta comisión y las explicaciones que nos ha dado
sobre el tema de su competencia y máxime dada la complejidad intrínseca del mismo y la cantidad de dígitos de las cifras que manejamos, que uno se pierde.


Queda claro que la programación de los fondos estructurales en España en el periodo 2007-2013 reforzaba aspectos clave para el crecimiento y la consolidación económica de España tales como la economía del conocimiento, el desarrollo
empresarial, la innovación y la inversión en capital humano. No obstante, también es cierto que el contexto socioeconómico en España ha cambiado notablemente desde el inicio del actual periodo de programación, desde 2007, pasando de un contexto de
fuerte crecimiento y creación de empleo a una etapa de destrucción del mismo y también de recesión económica. Pese a ello, de los diferentes análisis y evaluaciones que se han realizado de los programas financiados con fondos se extrae un poco la
conclusión de que la estrategia diseñada por España sigue siendo válida y pertinente tanto para los Feder como para el Fondo Social Europeo, como también para el Fondo de Cohesión, ya que responde a debilidades precisamente estructurales de dónde
van a ir dirigidos esos fondos o qué parte de ese Fondo Social Europeo va a ir a empleo juvenil, si se va a destinar a una cuestión relacionada con educación ya que, al fin y al cabo, son temas también estructurales fruto de una situación caótica y
fruto de las reformas que está aplicando este Gobierno. Por lo tanto, son fondos estructurales dedicados a medidas estructurales que afectan a la regeneración, en este caso, también educativa, que también lo es directamente -no digo indirectamente-
del tema educativo en nuestro país. No obstante, ya se preveía que serían necesarios ajustes -también lo ha comentado usted- en los programas operativos, reforzando aspectos no contemplados inicialmente con tanta intensidad como el desempleo, el
apoyo empresarial, así como ajustes en la programación financiera. Así, durante la implementación de los programas operativos del período 2007-2013 han surgido diferentes dificultades que han debido ser afrontadas, gran parte de ellas consecuencia
del contexto de crisis económica y laboral de nuestro país en los últimos años y, por tanto, se han tenido que adoptar medidas para neutralizar o minimizar esos efectos, siempre de acuerdo con los objetivos básicos de la iniciativa. Entendemos que
son relevantes esos efectos en la ejecución y los resultados así como la potenciación del impacto de los programas sobre el crecimiento y el empleo.


Creemos también importante destacar por su relevancia la Declaración de los miembros del Consejo Europeo de enero del 2012, que recoge la iniciativa Barroso, que establece como prioridad de la Unión Europea el fomentar el empleo y, en
especial, como hablábamos antes, algo tan importante para este país como el empleo juvenil. En este contexto, la Comisión se comprometió a apoyar los esfuerzos en este ámbito, trabajando con los Estados miembros con niveles de desempleo juvenil más
elevados a fin de reasignar los fondos aún no comprometidos a iniciativas destinadas al fomento del empleo juvenil, así como a medidas que faciliten la financiación de las pymes, tan necesarias también. Cada Estado miembro fijó en su programa
nacional de reformas las medidas concretas que tomaría para abordar este reto; en el

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nuestro, España también lo eligió. La iniciativa parte del hecho de que los fondos disponibles son los que ya existían, sin prever ni incrementos ni trasvases entre Estados miembros.


Para el desarrollo de la iniciativa Barroso en España se creó un grupo de acción con responsables tanto de la Unión Europea como de la Administración española, el cual acordó una serie de actuaciones a realizar por parte española y por la
comunitaria, evidentemente, así como la creación de grupos de seguimiento para la reasignación de esos fondos Feder y del Fondo Social Europeo.


En la línea con lo anterior, se han llevado a cabo reprogramaciones -también lo comentábamos- de los programas operativos del Fondo Social Europeo españoles por un importe global superior a los 3000 millones de euros y, en ese sentido,
destacan la reorientación de fondos como el Fondo Social Europeo -como decíamos hace un momento- hacia actuaciones para combatir específicamente el desempleo juvenil.


Cobra especial importancia, tanto desde el punto de vista estratégico como financiero, el caso del Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo, que consideramos importantísimo y que ya en 2010 fue modificado para reforzar las políticas
activas de empleo y con ello contribuir en mayor medida a la lucha contra el desempleo, que iba creciendo en España de una forma desmesurada. Posteriormente, en 2012, se desarrolló otra modificación del programa orientada a aumentar la
participación de los jóvenes en las actuaciones del Fondo Social Europeo y favorecer así la reducción de la tasa de desempleo juvenil en España, muy superior a la media europea. Más concretamente, esta modificación contempla, como sabemos, la
reorientación de recursos no comprometidos del actual periodo de programación para desarrollar el Plan de Empleo Juvenil a través de medidas sobre el mercado laboral activas y preventivas o el fomento de acuerdo, redes, asociaciones y apoyo a las
iniciativas locales para el empleo y la inclusión social. Por su parte, se ha elaborado el Plan de Empleo Juvenil -también lo sabemos-, que forma parte del Programa Nacional de Reformas 2012 y contempla medidas urgentes para reducir el desempleo
juvenil, tal y como se acordó en el Consejo Europeo informal del 30 de enero de 2012.


Además de todo ello, se han adoptado medidas para acelerar la ejecución financiera en el ámbito del Feder y el Fondo de Cohesión, como promover la presentación anticipada de solicitudes de grandes proyectos, o la inclusión de nuevos grandes
proyectos en el Programa Operativo del Fondo Tecnológico, en concreto en regiones de convergencia. Igualmente, se ha animado a las comunidades autónomas a utilizar la posibilidad reglamentaria de certificar pagos adelantados a los beneficiarios en
regímenes de ayuda sin esperar a certificar los gastos efectivamente relacionados por ellos, lo cual creo que también es muy importante.


También destaca la utilización de instrumentos financieros, como Jeremie y Jessica, que contribuyen a mejorar la disposición de recursos financieros por parte de las empresas para su desarrollo y expansión en un momento en que estas,
particularmente las pymes, sufren dificultades para acceder a las fuentes de financiación, como todos sabemos. Elevar los anticipos, que inicialmente se establecieron al 5 %, al 7,5 %, esos anticipos con que los beneficiaros cuentan con una mayor
liquidez para iniciar la puesta en marcha de sus operaciones, es importante, así como la modificación de los programas operativos, por una parte, para incrementar las tasas de cofinanciación, y, por otra, para adaptar las dotaciones financieras a
distintos temas prioritarios con objeto de optimizar el uso de los recursos en el cumplimiento de los objetivos planteados. Esto último creemos que también es de especial importancia, ya que el incremento de la tasa de cofinanciación posibilitará
que para el mismo nivel de ayuda el gasto cofinanciado se reduzca, facilitando a España la adopción de su nivel de gasto general a los objetivos de reducción del déficit público, que estamos obligados a no perder nunca de vista.


Como he dicho al comienzo de mi intervención, todo lo anterior nos hace tener una idea general, teniendo en cuenta la complejidad intrínseca del tema, de la dificultad que conlleva la ejecución de esos fondos, a lo que hay que añadir la
falta de uniformidad en su gestión si atendemos, por ejemplo, como usted también ha mencionado, a los diecinueve programas operativos del Feder regional, en cuya ejecución participan tanto la Administración del Estado como las comunidades autónomas,
e incluso algunas entidades locales, aunque en mucha menor cuantía, evidentemente. Así, ante factores como el propio volumen del programa, nos preguntábamos cómo puede ser, al ver las cifras, que haya un cierto desequilibrio entre la aplicación y
el grado de ejecución de unas comunidades autónomas u otras. Y entendemos que factores como el propio volumen del programa, y más en momentos de austeridad, el peso relativo de las inversiones en infraestructuras de transporte, el volumen de
recursos destinados a I+D y a la inversión empresarial, con el agravante de la dificultad de financiación de las pymes, hacen

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que esa ejecución no sea uniforme -creo que usted lo ha mencionado- u homogénea. Creo que es importante destacarlo, porque son razones de peso y entiendo que es lo que justifica esas diferencias.


Para acabar, creo igualmente importante destacar los programas plurirregionales que se ejecutan exclusivamente por organismos de la Administración General del Estado y distinguir la ejecución en las comunidades autónomas del objetivo de
convergencia y en las del objetivo de competitividad, estas últimas con un porcentaje siempre mayor en ejecución, tanto en lo referente al Fondo Tecnológico como al Programa Operativo de Economía basada en el Conocimiento.


En cualquier caso, según los datos detallados por usted, entiendo que puede considerase que el grado de ejecución global es aceptable, como decía al principio y también le comentaba al señor Areces, sin un optimismo exacerbado, pero la
realidad y los números son los que son y los porcentajes se sacan de unas cifras concretas. Por tanto, decir que es aceptable hoy por hoy es algo a considerar, ya que dicho grado de ejecución respecto de las ayudas del Feder asignadas a España en
el periodo 2007-2013, si no he apuntado mal, es del 65,1 % y en lo referente al Fondo de Cohesión, del 77,2 %. Así pues, si se entiende que la reasignación de fondos a partir del 70 % se puede considerar que es algo satisfactorio, no lo es menos
que ello tiene una explicación en tanto en cuanto los datos que usted presenta abarcan hasta el 31 de diciembre de 2013, por lo que entiendo que a fecha de hoy no deben de estar validados en su totalidad los gastos pagados hasta la fecha, por lo que
es evidente que sí se va a poder alcanzar el objetivo.


Así, y atendiendo al escrupuloso cumplimiento de la regla N+2 para el año 2013, se cumple con los objetivos, lo cual, dada la situación, no ha sido nada fácil. Además, es importante señalar, como usted también ha mencionado, que la
ejecución del periodo 2006-2011 -algo que se comentaba que podría también pasar con ese periodo respecto al posterior- comenzó realmente en 2009, por lo que ese solapamiento es evidente ya que fue en el año 2009 cuando comenzaron a certificarse las
cantidades más significativas, y además con cargo al periodo 2007-2013.


No obstante, respecto del periodo 2014-2020, de las pinceladas que usted ha dado quiero comentar que entendemos que incrementar la productividad y la competitividad y promover el empleo en un marco de consolidación fiscal y de
reestructuración del crédito, que está resultando muy difícil de llevar, pero que estamos sacando adelante, va a ser la prioridad de ese próximo periodo, centrándonos sobre todo en la investigación y la innovación, el apoyo a las pymes, la calidad
de la enseñanza y la formación, como mencionábamos antes, y la calidad del empleo y la cohesión social, buscando la máxima productividad, además del tema que usted ha mencionado: el cambio climático, con las bajas emisiones de carbono, es decir,
todo el tema medioambiental, que consideramos de suma importancia.


De todo lo mencionado anteriormente he intentado tratar de humanizar un tema que considero eminentemente técnico, de cifras y datos, y además tengo que decir que soy una mujer de letras, por lo que repito que he intentado humanizar y
ejemplificar con un poco más de teoría y muchas menos cifras aquello que creo que usted ha desglosado con exactitud y que yo he intentado esquivar utilizando la palabra para ejemplificar la misma conclusión a la que usted ha llegado y acabar
destacando ese enorme esfuerzo de gestión, extremando el rigor en el gasto por parte de todas las administraciones, desde el convencimiento de que todos juntos somos y seguiremos siendo capaces de optimizar los recursos y conseguir la mayor
eficiencia en el gasto, atendiendo al objetivo final para el que se dirigen esos fondos. Con realismo -con realismo, señor Areces-, pero también con el optimismo propio de todos los que creemos en las posibilidades y capacidades de este país y de
sus ciudadanos.


Muchas gracias de nuevo por su comparecencia. Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias, señora Ripoll.


Para dar respuesta a los comentarios, cuestiones y preguntas planteadas por los portavoces de los grupos parlamentarios, tiene de nuevo la palabra el señor Piñero Campos.


El señor DIRECTOR GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS (Piñero Campos): Gracias, señora presidenta. Y gracias a sus señorías por estas no sé si preguntas o comentarios, que voy a tratar de convertir en preguntas para responder al mayor número
posible de ellas.


En cuanto a los comentarios del señor Álvarez Areces, los resumiría en dos grupos, el primero, referente a la ejecución del periodo actual, que recordemos que es el objetivo de mi comparecencia. Le diré que no puedo estar más de acuerdo con
usted. Evidentemente, mis palabras han sido muy medidas, en el sentido de que he calificado el resultado de positivo, nunca he dicho una palabra más allá de positivo. Creo que es así. Pero también es verdad -creo que lo he dicho- que el resultado
final no está

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asegurado, ni mucho menos. Todavía tenemos que trabajar mucho, como ha dicho la portavoz del Partido Popular; tenemos que seguir trabajando mucho, y de manera muy rigurosa, para conseguir lograr el objetivo, que repito que no se ha
alcanzado ni mucho menos. Todavía quedan muchos retos por sacar adelante, y somos los primeros convencidos de ello. Por ejemplo, usted ha dicho que hay que negociar un trasvase entre ejes. Bien, gracias a Dios, en la última instrucción sobre el
cierre del periodo ya está prevista la posibilidad de sobreejecutar un eje un 10 % y con eso compensar menores ejecuciones en otros ejes. Seguimos luchando día a día, región a región, programa a programa, para conseguir llegar al objetivo. No
estamos lejos de alcanzarlo, estamos más o menos a la distancia adecuada, pero, evidentemente, en cualquier momento cualquier problema o fallo que pueda haber puede ponernos en situación de riesgo; y por eso estamos luchando, intentando estirar al
máximo todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance, siempre, por supuesto, como he dicho también, en el marco de los reglamentos e incluso de la hasta ahora Estrategia de Lisboa y a partir de ahora de Europa 2020.


Con respecto a la periodicidad de los datos que solicitaba el señor Álvarez Areces, nosotros, como siempre, contestamos las preguntas que nos llegan a través del procedimiento reglamentario. Y lo mismo en este caso le digo al señor Sabaté
en cuanto al reparto por comunidades autónomas. No tengo aquí los datos, pero creo que los he suministrado en varias ocasiones. De todos modos, si usted formula la pregunta a través del trámite reglamentario tendré mucho gusto en mandarle el dato
de ejecución, comunidad a comunidad, aunque, como digo, creo que ya lo hemos hecho en alguna ocasión. Pero no habría ningún problema en repetirlo ante una pregunta suya.


En relación con el periodo actual, no puedo estar más de acuerdo con el señor Álvarez Areces. Por ahora el dato es positivo, y esa es una buena noticia. Pero no podemos bajar la guardia en ningún momento, y vamos a ir al límite de nuestras
posibilidades, utilizando además la buena comunicación que hay entre las administraciones regional, local y nacional, para conseguir un buen resultado en la totalidad de los fondos europeos.


Preguntaba el señor Álvarez Areces cuánto se ha perdido por falta de cofinanciación nacional. Yo le diría que en el ámbito del Feder y del Fondo de Cohesión, que es de lo que he venido a informar, como dice el informe, a 31 de diciembre de
2013 no se ha perdido ningún dinero porque hemos sido capaces de cumplir estrictamente con lo establecido en la regla N+2.


En cuanto al próximo periodo y el apunte que he hecho de las cantidades, también ahí tenemos muchos puntos de coincidencia. Efectivamente, el Fondo de Cohesión desapareció, pero ya había desaparecido en el periodo anterior porque, como
usted bien sabe, estaba en régimen de extinción; se concedió una cantidad, pero una vez que se había decidido que España dejaba de pertenecer al Fondo de Cohesión. Evidentemente, eso ya ha desaparecido, y en cuanto a lo que he dicho sobre que el
volumen de recursos para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional va a ser parecido, tendrá usted ocasión de comprobarlo cuando se pongan en marcha los programas operativos, y además teniendo en cuenta los importantes elementos que se consiguieron en
la nueva acepción, entre ellos, la cláusula de revisión, que usted la presenta como que se ha conseguido precisamente porque se ha perdido en convergencia. Yo creo que la virtud que tiene la cláusula de revisión es adaptar los datos de reparto a
las variables reales socioeconómicas. Nadie va a ocultar aquí el impacto que ha tenido la crisis, de una manera asimétrica, como usted bien sabe, en los países del sur de Europa; y evidentemente estos países vamos a ser los más beneficiados,
especialmente España, por este tipo de cláusulas. Eso no lo podemos negar; y peor habría sido si no hubiéramos conseguido una cláusula de revisión que nos acercará las asignaciones financieras a los datos socieconómicos que tendrá España en estos
momentos de aplicación de los fondos.


Es verdad -en eso estoy de acuerdo con usted- que hay muy buenas noticias, aparte de los fondos, lo que me corresponde en mi otra faceta, que he apuntado al principio, de negociador de los fondos europeos y en general del marco financiero
plurianual, como la CEF, Connecting Europe Facility, de la cual España evidentemente puede ser un gran beneficiario, en concurrencia competitiva, como bien sabe usted, con todos los países de la Unión Europea.


También me permitirá recordarle un programa que quizás no ha remarcado con tanta importancia, como es Horizon 2020, que ha aumentado casi un 40 % sus asignaciones financieras. Y España, que empezó muy tímidamente en el periodo 2007-2013
obteniendo apenas el 5 o el 6 % de esas asignaciones, en estos momentos está por encima de su participación en el PIB comunitario, con cerca del 9 % de participación en Horizon 2020, y con el objetivo, según los responsables de la I+D en España, de
llegar casi al 10 % en el próximo periodo, lo cual supondrá un aumento de retornos con respecto a este

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importantísimo instrumento comunitario realmente importante. Recuerdo de nuevo que este instrumento se asigna en régimen de concurrencia competitiva y, por tanto, los proyectos de excelencia compiten con otros proyectos de países de la
Unión Europea del calibre de Alemania, Reino Unido, Francia, etcétera, con los cuales hay que competir para llevarse estas asignaciones. En este caso tenemos fundadas esperanzas de contar con una posibilidad de acceder a fondos europeos de gestión
centralizada muy importante.


También estamos de acuerdo en que los recursos propios son importantes. Como ya sabe, España ha sido parte de los países que estaban incluso en un intento de cooperación reforzada para poner en marcha un nuevo recurso propio. Ahora parece
que eso se está complicando, pero, evidentemente, vamos a participar con todas nuestras fuerzas para conseguir mejorar el sistema de recursos propios de la Unión Europea porque lo consideramos un elemento vital.


En cuanto a la garantía juvenil, es una buenísima noticia para España. Es cierto que nuestras necesidades son muy importantes y que probablemente la Iniciativa de Empleo Juvenil no podrá cubrirlas en su totalidad, pero supondrá un gran
elemento de ayuda, sobre todo por su concentración en los primeros años, para poder resolver este problema.


En relación con la intervención del señor Sabaté, ya le he dicho que si solicita los datos a través del trámite reglamentario nosotros estaremos encantados de proporcionárselos.


Y quiero hacer una precisión sobre los sectores económicos beneficiados de la I+D+i. Aunque, como bien ha dicho también la portavoz del Partido Popular, la ejecución es muy inferior en las regiones de convergencia que en las de
competitividad, hay que tener en cuenta que los recursos están del orden de cinco a uno entre las regiones de convergencia y las de competitividad, o sea que, en cuanto a esa menor ejecución en esas regiones, si vamos al volumen económico en
realidad estaríamos hablando de una ejecución de casi el triple que en las regiones más desarrolladas, en las regiones de competitividad. Es decir, la política regional no puede esconder su vocación de ser regional, de hacer cohesión territorial y,
por tanto, de intentar estimular, en la medida de lo posible, la inversión en I+D+i en aquellas regiones que realmente necesitan esa inversión para mejorar su situación económica. Por tanto, no podemos equivocarnos pensando que porque la ejecución
es más baja en las regiones de convergencia hemos concentrado menos recursos en esas regiones, ni mucho menos. La concentración de recursos entre las regiones menos desarrolladas y las más desarrolladas es muchísimo más importante en las regiones
menos desarrolladas.


En relación con la evaluación de impactos sobre la economía, evidentemente los fondos europeos tienen un procedimiento de evaluación que está recogido en los reglamentos. En el periodo 2007-2013 España ha hecho una evaluación en dos
sectores concretos, como son el medio ambiente y la I+D+i, que estamos a punto de terminar. Lógicamente, las evaluaciones se hacen al final del periodo, que es cuando se puede saber todo lo que se ha hecho. Como digo, estamos a punto de terminar
esas dos evaluaciones, que se harán públicas dentro de poco, y ahí hemos hecho un análisis no solamente cualitativo -como normalmente son este tipo de evaluaciones- sino incluso desde el punto de vista cuantitativo, para intentar identificar de una
manera concreta los impactos que los fondos europeos han tenido en este caso sobre estos dos sectores de la economía.


En cuanto a la economía en general, creo que hay suficientes estudios a nivel europeo elaborados por algunas entidades tan prestigiosas como la London School of Economics, que si usted quiere le puedo proporcionar, donde podrá ver resultados
en este aspecto.


Respecto de lo que ha dicho la portavoz del Partido Popular, no puedo estar más de acuerdo, sobre todo en un tema que ella ha resaltado y que yo no había recogido en mi intervención, como es el resultado de la iniciativa Barroso. Creo que
es un elemento muy importante, y ahí España ha hecho un gran esfuerzo. A mitad de periodo no es fácil intentar ajustarse a nuevos condicionantes, a nuevos requerimientos, a cambios sustantivos en la programación y, como digo, España ha hecho un
esfuerzo para acercarse e intentar acometer los nuevos requisitos, como consecuencia de la crisis, a los cuales nos enfrentamos.


También quiero resaltar lo que ha dicho sobre los instrumentos financieros, que es importante. España ha puesto en marcha instrumentos financieros como Jessica o Jeremie, y últimamente un instrumento financiero al que me he referido muy de
pasada en mi intervención, dedicado a pymes en el sector de la innovación, que pensamos que puede ser muy importante para sostener a estas pymes innovadoras en un periodo tan complicado como el que vivimos.


Por mi parte no tengo más que añadir. No sé si he respondido a todo; mis notas están un poco confusas, pero espero haberlo conseguido.

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La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias, director general.


A continuación, los portavoces de los grupos pueden hacer uso de la palabra por tiempo de tres minutos. (Pausa).


Entonces, vamos a pasar a un turno individual de parlamentarios para quienes quieran intervenir. Tenemos dos peticiones de palabra. Primero intervendrá el señor Fidalgo y, luego, don Alejandro Alonso.


El señor FIDALGO AREDA: Gracias, presidenta.


Señor director general, yo voy a pasar de la realidad al territorio, y hablo como senador de una Cámara territorial sobre cuestiones que se han suscitado por parte de este senador en diversas iniciativas y que no han tenido respuesta por
parte del Gobierno.


Un tema que he planteado en diversas iniciativas y que no ha sido respondido es que, en el caso de Galia, en la Xunta de Galicia, en diversos programas, en concreto en el programa Leader, a la hora de atribuir el uso de fondos a los
distintos GDR se prima a los territorios más desarrollados y se perjudica a los más desfavorecidos, a aquellos que sufren en la zona rural el despoblamiento, el envejecimiento y otros problemas que los que vivimos en la zona rural conocemos. Por lo
tanto, si esos fondos son precisamente para corregir esos desequilibrios y mi provincia necesita esa ayuda y esa solidaridad, creemos que se debe garantizar que sean utilizados para ese objetivo.


La segunda cuestión tiene que ver con otro grupo de iniciativas, en concreto sobre un gran proyecto -hablamos de mucho dinero gestionado por la Diputación Provincial de Ourense, que gobierna el Partido Popular-, y se pide que de la totalidad
de las inversiones, de 13 millones, dedicadas a depuradoras rurales, haya que devolver la totalidad de la inversión, la totalidad de la ayuda europea, de 10 millones de euros, por irregularidades muy graves y responsabilidades de corrupción
importantes.


Esa serie de preguntas concretas que este senador formuló recibieron por parte del Gobierno la respuesta, yo creo que insultante, de que me remitiera a leer en el Congreso de los Diputados el Diario de Sesiones número 161, páginas 19 a 21.
Creo que esa no es la respuesta de un Gobierno que quiere transparencia en el uso de fondos públicos, porque estamos hablando de fondos públicos. Y me tuve que buscar la vida para averiguar y conseguir el informe final de la OLAF, que obliga y toma
esas medidas tan importantes, de finales de agosto de 2013. En las conclusiones se dice que los requisitos que se hacen en el concurso favorecen a una determinada empresa. Que en cuanto a la adjudicataria de contratos, de más de 13 millones de
euros, para ciento siete pequeñas depuradoras que son suministradas a 60 000 euros y fueron vendidas a la diputación por 120 000 euros, los criterios de adjudicación son contrarios a la normativa de contratación pública. Que se dio información
confidencial al licitador que ganó. Que el criterio precio no tenía peso. Que en las asistencias técnicas se simuló el procedimiento negociado, ya que estaban adjudicadas y ejecutándose. Que hay que descertificar todas las actuaciones y devolver
todos los fondos. Que hay ilícitos penales, entre ellos, delito de prevaricación, delito de tráfico de influencias y delito de fraude al presupuesto europeo. Que la diputación, decidiendo estas cuestiones, entre otros personajes, el
vicepresidente, que hoy es delegado de la Xunta en la provincia de Ourense, diseñó este pliego con interés en favorecer a una determinada empresa, permitiéndole utilizar información confidencial. Que se conocían de antemano los requisitos que se
iban a pedir. Y que se viola el principio de igualdad, no discriminación y transparencia.


Por lo tanto, le pido al Gobierno que me explique estas actuaciones, que me diga cómo pueden pasar estas cosas y qué va a hacer para que no vuelvan a pasar y para depurar responsabilidades. Desde luego, exigir medidas en la vía penal, si la
hay, y también en la vía civil, para que aquellos que son responsables y que pueden haber causado un grave daño a esta institución provincial también lo paguen de su bolsillo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Gracias, señor Fidalgo.


Tiene la palabra el señor Alonso, por tiempo de tres minutos.


El señor ALONSO NUÑEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Creo que tendré bastante.


Aprovechando que está aquí el Director General de Fondos Comunitarios, y dado el interés que tengo personalmente, por mi responsabilidad, le quiero preguntar específicamente sobre los temas de fondos agrícolas. Las preguntas son concretas.
En la comparecencia se habla de que usted informaría sobre el Feader. En cualquier caso, la segunda parte de la pregunta es específica sobre el Feader.


En relación con los fondos agrícolas, señor director general, ¿nos podría dar datos concretos, certidumbres, sobre las cantidades que el Reino de España va a recibir en la próxima programación, tanto

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del Feaga como del Feader? Hemos visto los datos globales que facilita la Comisión del total del presupuesto y, a partir de ahí, las estimaciones que están haciendo cada uno de los Gobiernos o de los agentes interesados. La pregunta es muy
sencilla. Hay menos dinero en el conjunto de la Unión Europea, y los veintisiete Gobiernos de la Unión Europea dicen que van a recibir lo mismo o más. Hay una contabilidad creativa -no digo que la esté haciendo el Gobierno de España, sino el
conjunto de países de la Unión Europea-, y todos dicen que ganan cuando el presupuesto es inferior, luego algo pasa, hay gato encerrado, por lo que le pediría que me concretara, si tiene posibilidad, las cuantías que del Feaga y del Feader va a
recibir el Reino de España en la próxima programación 2014-2020.


En cuanto al periodo anterior, 2007-2013, también voy a hacerle dos preguntas concretas, señor director general, sobre el Feader. ¿Me puede decir, cuánto dinero ha perdido España en 2012 y cuánto dinero ha perdido España en 2013 por falta
de justificación de las cantidades previstas en esos dos ejercicios, 2012 y 2013? Si me da ese dato, le agradecería que me lo diera por comunidades autónomas, es decir, que me dijera en qué comunidades autónomas se ha producido la pérdida de fondos
por falta de ejecución.


Respecto del período nuevo, 2014-2020, también voy a ser muy concreto. En primer lugar, ¿qué pasa en relación con el Feader con los fondos de 2014? El año 2014 va avanzando, y no hay programación, no hay presupuesto. No sé qué va a pasar
con los fondos asignados a 2014. En segundo lugar, me gustaría que me dijera qué efectos va a tener sobre la ejecución de estos programas la rebaja de la cofinanciación, o sea, la decisión que ha tomado el Gobierno de España de rebajar al 30 % la
cofinanciación a los programas de desarrollo rural. Si puede defender la decisión, se lo agradecería muchísimo, porque nosotros no la comprendemos. En cualquier caso, ¿el Gobierno va a reconsiderar la decisión? Seis comunidades autónomas,
incluidas algunas del mismo partido que apoya al Gobierno, han pedido que se reconsidere la decisión de rebajar al 30 % la cofinanciación del Estado. Es una pérdida de fondos muy importante; o perdemos fondos o las comunidades autónomas tendrán
que hacer un esfuerzo superior que no sé si estarán en condiciones de hacer. Me gustaría que nos hiciese una valoración al respecto.


Por último, sobre la distribución de recursos del Feader entre las comunidades autónomas, ¿me podría explicar cómo es posible que, aplicando una fórmula objetiva, esta dé como resultado que todas las comunidades autónomas ganan recursos y
solo pierde Andalucía? Es decir, me gustaría saber si usted, responsable de los fondos europeos en España, tiene datos que puedan justificar la fórmula objetiva de distribución de fondos que permite llegar a esta terrible conclusión para Andalucía
de que todos ganan menos Andalucía, que pierde.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias, señor Alonso.


Tiene la palabra el señor Piñero.


El señor DIRECTOR GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS (Piñero Campos): Gracias, señora presidenta.


Siento reconocer que no estoy en condiciones de informar sobre las preguntas que me han hecho en relación con el Feader. Como bien he dicho al principio de mi intervención, soy responsable de la negociación de los fondos europeos y de la
gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión. En la negociación de los fondos europeos no hay cuantías específicas para el Feader ni para los fondos agrícolas; no se deciden cantidades específicas sino que el monto se
establece a nivel global. Luego son los Estados miembros los que, en función de los criterios que se establecen en la propia negociación, concretan con la Comisión las cuantías concretas que corresponden. Pero eso forma parte de la fase de
gestión, que lógicamente está en manos de las autoridades del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, por lo que les pediría que trasladaran esas preguntas, a través del conducto oficial, al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que es el
responsable de la gestión y, por tanto, de la concreción de esas cifras. Y lo mismo sucede en el caso de los programas Leader. En este caso creo que son más bien responsabilidad de la Xunta de Galicia, que es la que, lógicamente, asigna estas
cuantías a los grupos de acción rural y, por tanto, la que probablemente tendría la posibilidad de contestar.


Lo que sí me corresponde es el tema de la Diputación de Ourense -y no voy a esquivar la pregunta ni mucho menos-, que se refiere a un programa de cooperación territorial. Desde luego, la contestación que usted ha recibido no la ha escrito
nuestra dirección general; supongo que se referirá a una sesión del Congreso donde se trató este tema. Siempre que a nosotros nos han preguntado sobre este tema -y tenemos varias preguntas sobre el asunto- hemos respondido, y hemos respondido lo
que podemos

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responder. Nosotros hemos puesto en marcha rigurosamente las recomendaciones que establece la OLAF. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el informe de la OLAF establece una serie de recomendaciones. Evidentemente, hay que
resolver los temas legales en España. Nosotros hemos seguido puntualmente las recomendaciones de la OLAF y tenemos en trámite el proceso de certificación al que usted hacía referencia, que es un proceso que tiene su trámite legal, establecido en la
reglamentación de los fondos, con una serie de pasos que en estos momentos no han terminado pero que están muy avanzados y que probablemente terminen los próximos días.


En cuanto a los temas legales, tengo que decir, como bien establecía el propio informe de la OLAF, que se han puesto en conocimiento de la fiscalía, que será la que tendrá que tomar las actuaciones procedentes. Nosotros, como usted podrá
comprender, en el ámbito administrativo no tenemos competencias para establecer si hay ilícito penal o no. Será la fiscalía quien tenga en su mano toda la documentación, proporcionada por la OLAF, más todas las investigaciones que juzgue oportuno
realizar y la que podrá establecer si hay un ilícito penal o no. Evidentemente, en el ámbito administrativo la dirección general no puede hacer ninguna actuación en ese sentido.


Esto es lo que le puedo informar y así es como hemos informado en más de una decena de preguntas que nos han planteado sobre este asunto distintos diputados y senadores, a las que hemos tratado siempre de responder de una manera concreta y
específica sobre estos elementos, que son los elementos que normalmente podemos contestar porque son los que conocemos.


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Le doy las gracias al director general de Fondos Comunitarios por su comparecencia en esta comisión y por responder a las cuestiones planteadas por los diputados y senadores.


Ahora vamos a pasar a debatir las directivas, pero suspendemos la comisión un minuto mientras se marcha el director general. (Pausa).


DEBATE SOBRE EL CONTROL DE SUBSIDIARIEDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA:


- PROPUESTA DE DECISIÓN DEL CONSEJO QUE MODIFICA LA DECISIÓN 2004/162/CE EN LO RELATIVO A SU APLICACIÓN A MAYOTTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014 [COM (2014) 24 FINAL]. (Número de expediente del Senado 574/000233 y número de expediente del
Congreso 282/000300).


AUTOR: COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA


La señora VICEPORESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Señorías, vayan tomando asiento, vamos a reanudar la comisión.


Como hemos acordado al inicio de esta comisión, el punto tercero pasaría al final del orden del día, con lo cual empezamos ahora con el punto cuarto, que es la propuesta de decisión del Consejo que modifica la Decisión 2004/162, en lo
relativo a su aplicación a Mayotte a partir del 1 de enero de 2014.


Se ha recibido informe del Gobierno.


Interviene, en primer lugar, en un turno de cinco minutos, para presentar el informe, el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.


El informe que ha elaborado este diputado, siguiendo las instrucciones de la Mesa, lo tienen todos en sus manos, por lo que no lo voy a leer, pero sí que quiero hacer algunas consideraciones al respecto. Primero, recuerdan los miembros de
esta comisión que la incorporación el 1 de enero de 2014 de la isla Mayotte, perteneciente al archipiélago de las Comores, por su condición de región ultraperiférica, de acuerdo con el mandato del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de
acuerdo con el Tratado de Lisboa, ha supuesto que varias decisiones comunitarias que vinculan a fiscalidad específica y singular para determinados productos en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea hayan tenido que ser objeto de ligeros
retoques, unos, y de modificaciones sustanciales, otros, para que la normativa genérica le sea de aplicación a ese nuevo miembro de la Unión Europea en forma de región ultraperiférica, me refiero a la isla Mayotte.


Saben sus señorías que con la decisión comunitaria 2012/419, por la que se modificó el estatuto de Mayotte, se decidió que Mayotte tuviese, a partir de enero de 2014 el estatuto de región ultraperiférica. Lo he reiterado por segunda vez
para que quedase claro por si no había sido este diputado capaz de

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expresarse con el suficiente rigor. O sea, es una isla que pertenece al Estado francés y que recibe el tratamiento de región ultraperiférica.


Sentado ya ese planteamiento, que fue objeto también -y esto hay que ponerlo en valor- del informe de subsidiariedad positivo por parte de esta comisión mixta de las Cortes Generales españolas, hay que dar otro paso al frente, y el otro paso
al frente viene hoy con la modificación de una decisión comunitaria, la Decisión 2004/162. ¿Qué significa esta decisión comunitaria? Señorías, esta decisión comunitaria autoriza -repito, la 2004/162- a las autoridades francesas a establecer
exenciones, reducciones del arbitrio insular para los productos fabricados localmente en los departamentos franceses de ultramar -toda una serie de productos a los que no voy a hacer referencia-, y le permite a las autoridades francesas, para que
esos productos puedan ser competitivos con los equivalentes que se producen en territorio continental, un arbitrio insular protector, como lo hay en Canarias, el arbitrio insular AIEM, que también ha sido objeto de análisis en esta comisión mixta.


Consiguientemente, que esa fiscalidad específica que la Decisión comunitaria 2004/162 le da a una serie de productos que se producen -valga la redundancia- en Martinica, en Guadalupe, en fin, en los distintos departamentos de ultramar
franceses, sea de extensión a la isla Mayotte. Ese es el objeto que sigue la modificación de la Decisión comunitaria 2004/162.


Este diputado, con el respeto que lógicamente le merecen todos los miembros de esta comisión, la comisión en su conjunto y el mandato de la Mesa, ha elaborado este informe. Y permítaseme que termine mi intervención haciendo una última
consideración. En este informe defiendo que, desde luego, se cumple el principio de subsidiariedad, defiendo que se cumple el principio de proporcionalidad, pero me gustaría, antes de hacer la aseveración siguiente, dirigirme a la Presidencia de la
Mesa y a la secretaría fundamentalmente con el objeto de preguntarles si formalmente las Cortes Generales se han dirigido al Parlamento de Canarias, única región ultraperiférica española, para conocer el criterio, que no es preceptivo, pero sí
deseable, del Parlamento de la comunidad canaria.


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Todas las iniciativas se remiten de forma automática a todos los parlamentos autonómicos.


El señor SEGURA CLAVELL: ¿A todos los parlamentos autonómicos? Y sobre esta decisión comunitaria, ¿de cuáles se ha recibido posición?


La señora MARTÍN GÓMEZ: De Cantabria, La Rioja y Galicia. En todos los casos han dicho que se archive el expediente y no han puesto ninguna objeción.


El señor SEGURA CLAVELL: ¿Y el Parlamento de Canarias, que es el más interesado?


La señora MARTÍN GÓMEZ: Expresamente los que han remitido escrito son esos tres. Entiendo que el Parlamento de Canarias no se ha pronunciado.


El señor SEGURA CLAVELL: Voy a terminar, señora presidenta, porque necesitaba conocer ese tema. Agradezco a la señora senadora que nos haya dado este dato.


Asimismo, agradezco que tres parlamentos autonómicos españoles, Cantabria, Galicia..., perdón, pero no lo anoté.


La señora MARTÍN GÓMEZ: Se han recibido escritos del Parlamento de Cantabria, La Rioja y Galicia en los que comunican la no emisión de dictamen motivado o el archivo del expediente.


El señor SEGURA CLAVELL: Lamento, y tengo ese derecho como representante de una provincia en las Cortes Generales españolas, que el Parlamento de mi comunidad no haya emitido informe. Y lo lamento por la razón que explico en la última
parte del informe elaborado por este diputado, donde digo: Por último -hablo en primera persona porque no puedo responsabilizar a nadie más-, tampoco podemos ignorar, y por tanto debemos resaltar, que estamos tratando una propuesta que encuentra un
precedente relevante en relación con una medida muy similar de aplicación exclusiva en el ámbito nacional español en las islas Canarias. El arbitrio -me refiero al arbitrio- sobre las importaciones y entregas de mercancías en Canarias, AIEM, que ha
sido prorrogado hasta el próximo mes de julio, para lo cual esta comisión mixta también emitió informe, cuya renovación para el periodo comprendido entre julio del 2014 y julio del 2020 tiene que realizarse en los próximos meses, constituye un
impuesto estatal indirecto que grava la

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producción e importación de bienes y al mismo tiempo establece reducciones y exenciones aplicables a determinados productos fabricados en las islas Canarias. El AIEM afecta aproximadamente a unos doscientos códigos de partidas de la
nomenclatura combinada. Por las razones expuestas -y aquí viene la fundamentación de mi preocupación-, parece razonable -y lo quiero reiterar- el apoyo de España, entre otras razones por la conveniencia en la diplomacia comunitaria de la
cooperación de los países en los que se residencian regiones ultraperiféricas.


Es decir, como parlamentario que representa a una circunscripción de la comunidad canaria tengo que expresar, desde luego, que mi deseo hubiese sido que el Parlamento de la comunidad canaria hubiese expresado también una vez más su posición,
porque ello coadyuvaría precisamente a conseguir los apoyos diplomáticos en los foros comunitarios de aquellos países que tienen regiones ultraperiféricas y a los que desde esta comisión mixta de las Cortes Generales españolas se les está dando el
apoyo razonable que estas regiones necesitan.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias, señor Segura.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora doña María José Martín Gómez.


La señora MARTÍN GÓMEZ: Como muy bien ha explicado el señor Segura, estamos ante la Decisión 2014/162, de 10 de febrero, que autoriza a Francia a establecer hasta el 1 de julio de 2014 exenciones o reducciones del impuesto de arbitrio
insular para determinados productos fabricados en los departamentos franceses de ultramar, teniendo en cuenta una serie de bonificaciones de entre el 20 y el 30 %. La propuesta tiene por objeto modificar la Decisión 2014/162 para hacerla aplicable
a Mayotte, región ultraperiférica, como muy bien se ha dicho aquí, desde el 1 de enero de 2014. Concretamente, el Consejo Europeo, mediante su Decisión 2012/419, modificó el estatuto de Mayotte respecto a la Unión Europea y se decidió que a partir
del 1 de enero se estableciera el estatuto de región ultraperiférica para esta región a los efectos de lo establecido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Cuál es el objetivo? Que Mayotte tenga el mismo trato en
cuanto al IVA e impuestos especiales que las demás regiones ultraperiféricas francesas, dejando a este departamento francés de ultramar fuera del ámbito de aplicación territorial de las directivas sobre IVA e impuestos especiales a partir del 1 de
enero de 2014. Eso afectaría concretamente a cincuenta y nueve productos para los que existe una producción local en Mayotte. El motivo para que se aplique a estos productos es que las autoridades francesas han justificado, en primer lugar, la
existencia de una producción local; en segundo lugar, la existencia de importaciones significativas que pueden poner en peligro el mantenimiento de la producción local; y por último, la existencia de costes adicionales que afectan a la producción
local con relación a los productos importados que socavan la competitividad de los productos fabricados localmente. Lo que se pretende, en definitiva, es proteger esa lista de productos en función de varias escalas que los dividen en tres tipos.


Con respecto al principio de subsidiariedad y proporcionalidad, que es lo que nos compete en esta comisión, entendemos que es competencia exclusiva del Consejo adoptar medidas específicas, de conformidad con el artículo 349 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, en favor de las regiones ultraperiféricas a fin de adaptar la aplicación de los tratados a dichas regiones, incluidas las políticas comunes, a causa de sus desventajas permanentes, lo que repercute en su situación
económica y social.


Igualmente se cumple también el principio de proporcionalidad, entendemos nosotros, visto que ello solo afecta a una serie de productos que se han justificado previamente debido a los costes adicionales que tienen por producirse localmente.
Y también se ha propuesto un diferencial máximo para cada tipo de producto objeto de la presente propuesta, como ya he indicado, limitado de 10 a 30 puntos porcentuales. Por tanto, podemos concluir que para favorecer la competitividad de esos
productos se cumple el principio de proporcionalidad puesto que solo se hace de forma muy concreta para proteger esos productos locales. Como bien se ha dicho aquí este es un precedente relevante en relación con una medida muy similar de aplicación
exclusiva en el ámbito territorial de las Islas Canarias, el arbitrio sobre las importaciones y entrega de mercancías en Canarias, AIEM, al que se ha referido el diputado, cuya renovación se va a realizar en el período julio 2014-2020. Es un
impuesto indirecto estatal que grava la producción e importación de bienes estableciendo al mismo tiempo reducciones y exenciones aplicables a determinados productos fabricados localmente, en este caso en las islas Canarias. El AIEM afecta
aproximadamente a unos doscientos códigos de partida de nomenclatura combinada.

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Por tanto, la opinión del Grupo Parlamentario Popular es que se respeta el principio de proporcionalidad y de subsidiariedad. Además, en un breve período de tiempo también va a afectarnos a nosotros la renovación, por lo que nuestra postura
es respaldar el informe del ponente.


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias, señora Martín.


- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE MODIFICAN EL REGLAMENTO (UE) NÚMERO 1308/2013 Y EL REGLAMENTO (UE) NÚMERO 1306/2013 EN LO QUE ATAÑE AL RÉGIMEN DE AYUDAS PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LOS CENTROS
ESCOLARES DE FRUTAS Y HORTALIZAS, DE PLÁTANOS Y DE LECHE [COM (2014) 32 FINAL]. (Número de expediente del Senado 574/000234 y número de expediente del Congreso 282/000301).


AUTOR: COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Pasamos a debatir el punto quinto del orden del día: Propuesta de reglamento del Parlamento y del Consejo por el que se modifican el Reglamento 1308 y el 1306, ambos de 2013, en
lo que atañe al régimen de ayudas para la distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas, de plátanos y de leche. Se ha recibido informe del Gobierno así como informe del Parlamento de Extremadura.


Para presentar el informe interviene en primer lugar la señora Lago Martínez, del Grupo Parlamentario Popular.


La señora LAGO MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, intentaré en primer lugar explicarles el contenido de la propuesta del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que estamos tratando, por el que se modifican los reglamentos de la Unión Europea que afectan al régimen de
ayudas para distribución en los centros escolares de frutas, hortalizas y plátanos y de leche. Estamos hablando, pues, del programa consumo de frutas y del programa consumo de leche.


Ambos programas han sido desarrollados en diferentes momentos con independencia uno del otro, pero persiguen dos objetivos comunes: impulsar el consumo de productos hortofrutícolas y lácteos por su importancia para la agricultura europea ya
que representan un 15 % del valor de la producción agrícola total de la Unión Europea. Por otra parte, establecer el consumo de estos grupos de productos, beneficiosos para la salud pública, a través de su distribución en las escuelas.


Todos y todas somos conscientes de que a pesar de los constantes esfuerzos que se hacen, la realidad es que la tendencia de consumir productos agrícolas continúa a la baja, agravándose, entre otros factores, por los hábitos de nuestro
tiempo, que nos llevan al consumo de alimentos muy transformados, a menudo con un alto contenido de azúcares, sal y grasas, e impulsado sobre todo por los grupos de edad más jóvenes, acarreando problemas serios de obesidad. Desde el inicio de la
creación de los programas mencionados se han detectado deficiencias en su diseño y problemas en su funcionamiento. Para buscar soluciones se han introducido elementos importantes en la PAC 2020, como cambios en la financiación del programa de
consumo de frutas y el fortalecimiento de su dimensión educativa, ya que en cuanto al programa consumo de leche el requisito es que los Estados miembros participantes elaboren una estrategia que contribuya a focalizar mejor la aplicación del
programa.


Introduciéndonos en la nueva propuesta, desde la Comisión Europea destacan como elementos más importantes los siguientes: el suministro a las escuelas centrado exclusivamente en dos productos básicos, la fruta y hortalizas frescas y la
leche de consumo. Se unifican las disposiciones y se mantienen las condiciones financieras, 150 millones de euros para frutas, hortalizas frescas y plátanos, presupuesto incrementado en el marco de la reforma del PAC 2020, y 80 millones de euros
por curso escolar para la leche. Refuerzo también de la dimensión educativa que ya existía en frutas y hortalizas. Se impone como requisito obligatorio para el consumo de leche el apoyo a medidas educativas. En el caso de frutas y hortalizas se
elimina la cofinanciación, que se sustituye por la fijación de una ayuda máxima por ración de frutas y hortalizas a nivel comunitario. Además, en la nueva propuesta se pretende una mejora de los programas atendiendo a los siguientes aspectos:
coordinación y sinergia entre ambos programas, reorientación de su organización y refuerzo de su dimensión educativa contribuyendo a reconectar a los jóvenes ciudadanos europeos con los alimentos y con sus fuentes mejorando su percepción del valor
que

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representa la agricultura y sus productos, la política agrícola común y la Unión Europea, así como una serie de cuestiones más amplias relacionadas, entre otros temas, con la salud pública y el medio ambiente.


Por otro lado, una de las opciones contempladas en la evaluación de impacto es crear un nuevo marco, es decir, no solo se propugna un marco jurídico y financiero común para la distribución de un número limitado de productos, sino que, al
reforzarse la dimensión educativa del régimen, se orienta hacia la consecución de objetivos a largo plazo. La opción del nuevo marco es la que ofrece a los Estados miembros una mayor flexibilidad para gestionar los programas escolares y para
orientar sus acciones en función de exigencias más prioritarias al tiempo que les brinda la flexibilidad presupuestaria necesaria para operar entre diferentes fuentes financieras y responder al cambio de situaciones. También hay que decir que esta
opción es considerada como la más equilibrada de todas. Es necesario tener en cuenta que para los intereses de España es muy importante que se amplíe el alcance de los programas escolares al aceite de oliva y a las aceitunas de mesa, tal y como se
recoge en esta propuesta.


Por último, y en relación con la conformidad de subsidiariedad, diré que se ha recibido informe de la Asamblea legislativa de Extremadura y del Gobierno de la nación, quedando patente que la propuesta de reglamento es conforme con el
principio de subsidiariedad. El Grupo Parlamentario Popular así lo considera también, por lo que votaremos favorablemente al informe elaborado.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Gracias, señora Lago.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Moscoso.


El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Estamos de acuerdo con el contenido del informe que ha explicado muy bien la senadora Lago. Creemos que es importante que desde el ámbito de la Unión y, por tanto, cumpliendo los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, se pongan en
marcha campañas como esta para impulsar el consumo de productos hortofrutícolas y lácteos para mejorar los hábitos de alimentación de los jóvenes y niños reforzando así la dimensión educativa alimenticia también desde una perspectiva de salud
pública y medioambiental en un momento en que los hábitos propician un cierto declive en el consumo sano de frutas, hortalizas y de otros productos, como ha explicado la senadora, es decir, aceite de oliva, aceitunas, y reforzando de este modo el
vínculo de los más jóvenes con la agricultura y con el importante papel que este sector desempeña no solo como productor de productos alimenticios sino también como garante del equilibrio medioambiental y de la sostenibilidad del medio rural.


Por ello vamos a votar a favor del informe que ha elaborado la senadora.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Gracias, señor Moscoso.


- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS REGLAMENTOS (CE) NÚMERO 715/2007 Y (CE) NÚMERO 595/2009 EN LO QUE RESPECTA A LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES DE LOS VEHÍCULOS DE CARRETERA
(TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2014) 28 FINAL]. (Número de expediente del Senado 574/000235 y número de expediente del Congreso 282/000302).


AUTOR: COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA


- PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE UNA RESERVA DE ESTABILIDAD DEL MERCADO EN EL MARCO DEL RÉGIMEN DE COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE LA UNIÓN, Y POR LA QUE SE
MODIFICA LA DIRECTIVA 2003/87/CE (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2014) 20 FINAL]. (Número de expediente del Senado 574/000236 y número de expediente del Congreso 282/000303)


AUTOR: COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Pasamos a debatir los puntos sexto y séptimo del orden del día conjuntamente: Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los reglamentos
número 715/2007 y número 595/2009 en lo que respecta a la reducción de las emisiones contaminantes de los vehículos de carretera. Propuesta de decisión del

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Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión.


Se han recibido informes del Gobierno en ambas iniciativas, así como informe del Parlamento de Extremadura en la primera de ellas.


Para presentar el informe interviene en primer lugar el señor Sánchez Pérez- Castejón.


El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señora presidenta.


Ya ha comentado la señora presidenta el objeto de la ponencia, los nombres de las dos decisiones que van a ser objeto de esta ponencia, del informe conjunto, que básicamente tiene como objetivo plantearlo de esta forma por considerar que son
dos objetivos absolutamente interrelacionados que no consisten más que en establecer un régimen jurídico de derechos de emisión adaptado a los objetivos de la Estrategia 2020 de la Unión Europea.


Como verán en el final del informe, se cumple con el principio de subsidiariedad y en consecuencia no tiene mayor trascendencia desde el punto de vista jurídico. Pero desde el punto de vista político sí me gustaría subrayar sobre todo la
decisión de creación por parte de la Comisión Europea de la reserva de estabilidad en relación con el mercado de derechos de emisión de C02 ya que esta es una reforma estructural de calado en un mercado que es un pilar fundamental en la lucha contra
el cambio climático por parte de la Unión Europea.


Saben ustedes que los mercados de derechos de emisión surgen como consecuencia del Protocolo de Kioto; que la Unión Europea es el único continente del mundo que ahora mismo cuenta con un mercado de derechos de emisión que desde el punto de
vista británico se denomina como cup-and-trade; es decir, de topes máximos y también de comercialización de los derechos de emisión que puedan ser susceptibles de venta, de comercio entre los agentes que están vinculados con este mercado de
derechos de emisión y que cubre ahora mismo en torno a un 40 o 45 % del conjunto de industrias que emiten C02 gases de efecto invernadero, a la atmósfera.


Este mercado de derechos de emisión en el período 2013-2020 va por su tercera etapa; se inició a principios del año 2000, con un período de prueba, un período piloto, y a partir de entonces lo que se ha registrado ha sido un excedente en
los derechos de emisión que se comercializan y, en consecuencia, una caída muy sustantiva del precio de la tonelada de emisión de C02 que se incorpora tras la creación de este mercado de derechos de emisión.


La propuesta que hace el Parlamento Europeo y también la Comisión Europea, que es objeto de este informe, es crear una reserva de estabilidad de mercado que básicamente lo que haría sería, a través de criterios objetivos, creando una banda
mínima y una banda máxima de excedentes de derechos de emisión, operar quitando derechos de emisión del mercado o inyectando derechos de emisión del mercado para que el precio de la tonelada de C02 sea lo suficientemente incentivador como para que
aquellas industrias que emiten C02, que emiten gases de efecto invernadero, sean incentivadas a hacer inversiones verdes, a hacer una transición tecnológica hacía una economía más hipocarbónica.


Este es básicamente el objeto de la ponencia. Esto se une a una decisión en el corto plazo que adoptó el Consejo Europeo hace escasas fechas, también a propuesta de la Comisión Europea, y que ha sido objeto de un debate político muy de
fondo dentro del Parlamento Europeo y que ha abierto fisuras en los distintos grupos parlamentarios presentes en la Cámara comunitaria, y es el famoso back-loading, que es, en definitiva, el quitar en torno a 900 millones de toneladas de derechos de
emisión a principios de la tercera fase que ahora mismo estamos iniciando; es decir, de 2013 a 2015. En lo que está ahora mismo la Comisión, en lo que está ahora mismo el Parlamento Europeo y en lo que está también el Consejo Europeo es en hacer
una reforma estructural que permita de verdad, de una vez por todas, hacer efectivo el mercado de derechos de emisión y, en consecuencia, luchar de una manera mucho más activa, mucho más eficaz contra un reto común que tiene la humanidad y, en
consecuencia, también las instituciones comunitarias, que es el cambio climático.


Pues bien, es una reforma de mucho calado, una reforma estructural muy potente que va a tener un efecto indudable sobre las políticas de lucha contra el cambio climático -también sobre la competitividad de nuestras industrias- y, en ese
sentido, me parece que va por la buena senda -y con esto termino, señora presidenta-, en relación con la medida que ahora mismo va a ser susceptible de voto y esperemos que de voto afirmativo por parte del resto de los grupos parlamentarios.


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias, señor Sánchez.

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Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado tengo entendido que habrá dos portavoces que se van a repartir el turno de palabra.


Tiene la palabra el señor Serrano.


El señor SERRANO CORONADO: Gracias, presidenta.


Señorías, compartiendo en lo esencial el informe defendido por el ponente, quisiera hablar de los antecedentes y del objetivo de la propuesta. En ese sentido, he de hacer una referencia obligada al precio del derecho de emisión que, como
sus señorías saben, ha descendido notablemente desde que se inició la segunda fase de aplicación del comercio de derechos de emisión en el período 2008-2012. Tras un máximo de casi 30 euros, actualmente se sitúa en torno a los 6,5 euros habiendo
llegado a mínimos inferiores a 3 euros. Este comportamiento responde a los fundamentos del mercado: ha bajado la demanda como consecuencia del descenso de actividad industrial asociado a la crisis económica. No obstante, el actual nivel de
precios limita el incentivo para que los agentes privados inviertan en tecnologías limpias y reduce considerablemente los ingresos de los Estados en las subastas de derechos de emisión.


En este contexto se debate desde hace meses la conveniencia de introducir medidas que mejoren la señal de precio. Hasta ahora las discusiones se han centrado en una medida de corto plazo denominada back- loading, que consiste en retrasar la
subasta de 900 millones de derechos de emisión correspondiente a los años 2014-2016 al período 2019-2020.


La propuesta que la Comisión Europea hace ahora se refiere a una medida de carácter estructural que tiene por objeto restablecer el equilibrio entre oferta y demanda en el mercado de largo plazo.


Resumiendo brevemente la propuesta, esta establece una reserva de estabilidad del mercado diseñada como un mecanismo objetivo y reglamentado sobre la base del cual los volúmenes de venta en subasta se ajustan de manera automática en
condiciones predefinidas añadiéndose derechos de emisión a la reserva o retirándose de ella en función del número total de derechos de emisión en circulación. Además, introduce algunas modificaciones en la Directiva 2003/87 para garantizar la
coherencia del régimen de comercio de derechos de emisión. En particular, prevé que cuando se produzca un aumento significativo de la oferta de derechos de emisión, al final de un período de comercio, una parte de dicho aumento se subaste en los
dos primeros años del período del comercio siguiente. Se aplicará a partir de la cuarta fase del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea que comenzará en 2021 y prevé una revisión en 2026.


En cuanto a dicha propuesta y a los intereses españoles se refiere en relación con la propuesta, esta propone un mecanismo que regulará el sistema europeo de comercio de derechos de emisión en su conjunto. La repercusión que dicho mecanismo
tenga en las instalaciones españolas afectadas por este régimen será similar a las instalaciones de otros Estados miembros. En principio creemos que el mecanismo puede tener un efecto positivo sobre el mercado dado su carácter automático y su
capacidad para regular la oferta en los dos sentidos. Además, servirá para reducir el volumen a subastar cuando el mercado esté inundado, pero también para aumentar la oferta si se produce una subida rápida del precio del derecho de emisión;
efecto que, en cualquier caso, entendemos también positivo.


En definitiva, señorías, como puede verse, la propuesta modifica una directiva de la Unión Europea y queda restringida en su contenido exclusivamente a materias competencia de la Unión, por lo que por los motivos anteriormente aducidos
entendemos que es conforme al principio de subsidiariedad y votaremos y respaldaremos el informe defendido por el ponente.


Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Álvarez de Toledo Peralta Ramos): Muchas gracias, señor Serrano.


Ahora tiene la palabra el señor Benitez de Lugo.


El señor BENÍTEZ DE LUGO MASSIEU: Gracias, señora presidenta. Seré breve también.


Como muy bien ha expuesto el ponente, los reglamentos 2007 y 2009 se refieren a la homologación de vehículos de motor en lo concerniente a sus emisiones; y la finalidad de la propuesta es la reducción de las emisiones contaminantes de los
vehículos en carretera y las consideraciones en materia de calidad del aire de la Unión Europea.


Se trata de la modificación de dos reglamentos ya existentes, por lo que esta materia ya ha sido considerada como de competencia de la Unión Europea. La propuesta introduce sobre todo actos delegados para facultar a la Comisión a introducir
modificaciones en normas detalladas, procedimientos, ensayos y requisitos específicos en materia de homologación. Desde el punto de vista técnico, esta

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propuesta de reglamento resuelve el inconveniente de tener que hacer un doble ensayo a los vehículos de motor que se encuentran en la frontera entre vehículo ligero y vehículo pesado, lo que conlleva una menor carga administrativa y
económica para la industria nacional.


En mi opinión, los aspectos más destacables ya han sido subrayados por el ponente, y en especial aquellos que tienen que ver sobre todo con el contexto de la propuesta, la evaluación de los impactos y las cuestiones jurídicas de la reforma.
Ahora bien, señorías, me gustaría en este contexto, aprovechando mi breve intervención, llamar la atención sobre lo que significa para Europa poder ver reducida las emisiones de C02 a partir de 2020 de 147 gramos por kilómetro, por ejemplo, como
promedio, desde la perspectiva de los vehículos nuevos a fabricar y comercializar en la Unión Europea, lo que implica una reducción mayor desde los 130 gramos/kilómetro previstos para 2015 hasta los 95 gramos/kilómetro en 2020.


El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático señala que el clima se está volviendo más extremo y que en las últimas décadas las emisiones de C02 a la atmósfera se han disparado en gran parte por el abuso de combustibles
fósiles como el petróleo, el gas y el carbón; y esto ha provocado que las lluvias sean más intensas en algunas partes del planeta y más escasas en otras sin ninguna razón aparente.


Para aportar algunos datos objetivos, en las últimas décadas, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se ha incrementado porcentualmente de una manera elevada debido sobre todo a la actividad humana; y según las previsiones
actuales, las emisiones de C02 se duplicarán en los próximos cincuenta años, salvo que se adopten medidas; medidas que para cambiar la tendencia será necesario que se hagan de común acuerdo en todo el planeta y en los distintos sectores
productivos. Estos cambios están teniendo consecuencias para la agricultura y la generación de energía, etcétera; y el cambio climático nos afecta por igual a todos.


En las zonas mediterráneas, donde se encuentra España, se prevé que los efectos podrían ser más catastróficos si no se toman estas medidas. Por poner un ejemplo, José Miguel Viñas, meteorólogo, afirma que no nos quedará más remedio que
adaptarnos a unas condiciones ambientales, que ya están cambiando y seguirán haciéndolo en los próximos años y décadas, incluso a mayor velocidad.


La Unión Europea es la institución más involucrada en la lucha contra este cambio climático y la reducción de emisiones de C02 es un problema que incumbe a todos, como ya he dicho, y, en la medida de nuestras posibilidades y nuestras
responsabilidades, entre todos podemos contribuir a reducirlas. ¿Cómo? Apoyando la eficiencia energética y el uso de renovables, desplazándonos de forma más sostenible, aplicando las tres erres del ecologismo: reducir el consumo hasta lo
imprescindible; reutilizar, para aprovechar al máximo la vida útil de los productos; y reciclar, para aprovechar los materiales de los productos eliminados, que son también importantes contra el cambio climático, compensando las emisiones de C02 y
conservando y mejorando los sumideros de carbono. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Por todo ello y teniendo en cuenta el criterio favorable del Gobierno, no tengo más que decir que mi grupo votará a favor, como no podía ser de otra manera.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A UNA RED EUROPEA DE SERVICIOS DE EMPLEO, AL ACCESO DE LOS TRABAJADORES A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD Y A LA MAYOR INTEGRACIÓN DE LOS MERCADOS DE TRABAJO (TEXTO
PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2014) 6 FINAL]. (Número de expediente del Senado 574/000232 y número de expediente del Congreso 282/000299).


AUTOR: COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Pasamos al debate de la última iniciativa legislativa europea, sobre control de subsidiariedad; en concreto, de la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a una red europea de servicios de empleo, al acceso de
los trabajadores a los servicios de movilidad y a la mayor integración de los mercados de trabajo.


Se ha recibido informe del Gobierno, así como del Parlamento de Extremadura.


Interviene, en primer lugar, para presentar el informe el señor De Olano Vela.

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El señor DE OLANO VELA: Muchas gracias, señor presidente.


En el año 1993 la Unión Europea creó la Red Europea de Servicios de Empleo, Eures, una red de cooperación destinada a facilitar la libre circulación de los trabajadores en el marco del Espacio Económico Europeo. El objetivo general es que
la red Eures llegue a ser un instrumento eficaz para todo demandante de empleo o empleador interesado en la movilidad laboral dentro de la Unión Europea y sus actuaciones se encaminarán a facilitar el ejercicio de los derechos conferidos por el
artículo 45 del Tratado y del Reglamento 492/2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión. La aplicación de la Estrategia coordinada para el empleo, de conformidad con el artículo 145 del Tratado, está destinada a
mejorar el funcionamiento de la integración de los mercados de trabajo en la Unión Europea, a incrementar la movilidad geográfica y profesional voluntaria en la Unión sobre una base equitativa y la inclusión y la integración social de las personas
excluidas del mercado laboral.


El texto que analizamos es una reforma ambiciosa que pretende posibilitar una red Eures que facilite un servicio de compensación de ofertas y demandas a nivel europeo que, entre otras cosas, incluya todas las ofertas de empleo publicadas y
disponibles a nivel nacional y cuyo portal telemático lleve a cabo un intercambio electrónico automático de los currículum vítae y realice una puesta en relación automática de estos sobre la base de una plena interoperabilidad de datos. Se trata de
solventar las insuficiencias existentes en la red Eures actual.


Cada Estado miembro creará un sistema para autorizar a sus socios de Eures a participar, a supervisar sus actividades y a comprobar que respeten el derecho nacional y de la Unión, en aplicación de esta propuesta normativa. El objetivo es
establecer un mecanismo flexible que permita a los Estados miembros incluir en la red a las organizaciones que puedan ser útiles para alcanzar los objetivos perseguidos, lo que puede incluir un amplio abanico de organizaciones pertinentes, tales
como las relativas a servicios públicos o privados de empleo, organizaciones patronales, sindicatos, cámaras de comercio y las organizaciones no gubernamentales de apoyo a los trabajadores migrantes. El marco permite, pues, una amplia flexibilidad.


La evaluación que podemos hacer de esta propuesta y sus repercusiones para España habrán de ser necesariamente positivas, ya que opera directamente en una de las cuatro libertades fundamentales de la Unión Europea, en uno de los elementos
esenciales de la ciudadanía de la Unión Europea, cual es la libertad de circulación de los trabajadores. El artículo 45 del Tratado consagra el derecho de los ciudadanos de la Unión a desplazarse a otro Estado miembro por motivos de trabajo. La
movilidad puede generar ventajas económicas y sociales. Una mayor movilidad laboral dentro de la Unión ampliará las posibilidades de empleo de los trabajadores y ayudará a los empleadores a cubrir puestos de trabajo mejor y más rápidamente. Esto
contribuye al desarrollo de un mercado de trabajo europeo con un nivel de empleo elevado. Sin embargo, la movilidad laboral dentro de la Unión actualmente es relativamente baja, si se compara con las dimensiones del mercado de trabajo y la
población activa de la Unión.


En este sentido, se considera positiva la propuesta de reglamento, por la importancia que tienen todos los instrumentos que faciliten y mejoren la libre circulación de trabajadores en un contexto económico y de empleo como el actual. La red
Eures debe resolver las carencias que tenía y ser una herramienta eficaz para todo demandante de empleo o empleador interesado en la movilidad laboral dentro de la Unión Europea. En todo caso, a nivel nacional se crearán servicios de apoyo
dependientes de los servicios estatales de empleo. Estos servicios serán gratuitos para los trabajadores y pudieran estar sujetos a una tasa para los empleadores.


Como bien decía el señor presidente, el Gobierno ha emitido un informe favorable y se ha recibido también informe de la Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que considera que es conforme con el citado principio de
subsidiariedad.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ortiz.


El señor ORTIZ MOLINA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, esta propuesta de reglamento tiene como objetivo, tal y como se ha indicado, mejorar el acceso de los trabajadores a los servicios de apoyo a la movilidad laboral dentro de la Unión Europea. La propuesta sustituye a las
disposiciones relativas al intercambio de información sobre las ofertas de empleo, las solicitudes de empleo y los currículum vítae en los Estados miembros. Asimismo, restablece con un enfoque, a nuestro juicio, más acertado la Red Europea de
Servicios de Empleo, Eures, con el objetivo de

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prestar ayuda en la búsqueda de empleo y la contratación en los Estados miembros. Actualmente, existe una red similar en virtud de una decisión de la Comisión adoptada en 2012.


La libertad de circulación de los trabajadores es una libertad fundamental en la Unión Europea y un elemento esencial de ciudadanía en este ámbito. Es evidente que la movilidad genera ventajas económicas y sociales. Una mayor movilidad
laboral dentro de la Unión Europea ampliará las posibilidades de empleo de los trabajadores y ayudará a los empleadores a cubrir puestos de trabajo probablemente mejor y más rápidamente.


En los últimos tiempos se ha producido un incremento significativo del número de trabajadores que manifiestan su disposición a la movilidad. Entre 2007 y diciembre de 2013, el número de solicitantes de empleo inscritos en el portal Eures se
incrementó, pasando de 175 000 a 1 200 000. Como decía, el objetivo general es que la red Eures llegue a ser un instrumento eficaz para todo demandante de empleo o empleador interesado en la movilidad laboral dentro de la Unión Europea. Dado que
establecer un marco común para la cooperación entre los Estados miembros a fin de agrupar las ofertas de empleo y de permitir responder a ellas facilita la consecución de un equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo que no
puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y que puede alcanzarse con mejoras a escala de la Unión, es por lo que suscribimos en su totalidad el informe de la ponencia, en el sentido de que esta propuesta de reglamento es
plenamente respetuosa con el principio de subsidiariedad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Finalizados los debates, procede iniciar las votaciones.


Me comunica la señora vicepresidenta que del contenido de los distintos debates se deduce que se pueden aprobar por asentimiento.


Si ninguno de los portavoces manifiesta su disconformidad, se entienden aprobadas por asentimiento. (Asentimiento).


Quedan aprobadas.


Se levanta la sesión, señorías.


Eran las trece horas y veinte minutos.