CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 59

PARA LA UNIÓN EUROPEA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GERARDO CAMPS DEVESA

Sesión núm. 25

celebrada el martes,

9 de abril de 2013

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


- Proposición no de ley sobre el cumplimiento de la estrategia Europa 2020 en la lucha contra la pobreza y la inclusión social. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 161/001409 y número de
expediente del Senado 663/000035) ... (Página2)


Debate sobre control de subsidiariedad de iniciativas legislativas de la Unión Europea:


- Propuesta de directiva del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito del impuesto sobre las transacciones financieras [COM (2013) 71 final] [2013/0045 (CNS)] [SWD (2013) 28 final] [SWD (2013) 29 final].
(Número de expediente del Congreso 282/000177 y número de expediente del Senado 574/000109) ... (Página6)


- Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación, y por la que se sustituye la Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo [COM (2013) 42 final]
[2013/0023 (COD)] [SWD (2013) 19 final] [SWD (2013) 20 final]. (Número de expediente del Congreso 282/000172 y número de expediente del Senado 574/000104) ... (Página11)


- Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad de los productos de consumo y por el que se derogan la Directiva 87/357/CEE del Consejo y la Directiva 2001/95/CE (Texto pertinente a efectos del EEE)
[COM (2013) 78 final] [2013/0049 (COD)] [SWD (2013) 33 final] [SWD (2013) 34 final] - Paquete sobre seguridad de los productos y vigilancia del mercado. (Número de expediente del Congreso 282/000178 y número de expediente del Senado 574/000110) ...
(Página13)


- Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) número 562/2006 en lo que respecta a la utilización del Sistema de Entrada/Salida (EES) y el Programa de Registro de Viajeros (RTP) [COM
(2013) 96 final] [2013/0060 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000181 y número de expediente del Senado 574/000114) ... (Página15)

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- Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Sistema de Entrada/Salida (EES) para registrar los datos de entrada y salida de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores
de los Estados miembros de la Unión Europea [COM (2013) 95 final] [2013/0057 (COD)] [SWD (2013) 47] [SWD (2013) 48] [SWD (2013) 49]. (Número de expediente del Congreso 282/000183 y número de expediente del Senado 574/000116) ... href='#(Página15)'>(Página15)


- Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un programa de registro de viajeros [COM (2013) 97 final] [2013/0059 (COD)] [SWD (2013) 50] [SWD (2013) 51] [SWD (2013) 52]. (Número de expediente del
Congreso 282/000184 y número de expediente del Senado 574/000117) ... (Página15)


- Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información en la Unión [COM (2013) 48 final] [2013/0027 (COD)] [SWD (2013) 31 final]
[SWD (2013) 32 final]. (Número de expediente del Congreso 282/000176 y número de expediente del Senado 574/000108) ... (Página18)


Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.


- PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA INCLUSIÓN SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso 161/001409 y número de
expediente del Senado 663/000035).


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar el trámite del orden del día de la vigésimo quinta sesión de esta Comisión Mixta. En primer lugar, someto a sus señorías una modificación en el orden del día. Se ha solicitado por varios
grupos que la proposición no de ley que figura en el orden del día en último lugar sea debatida en primer lugar y que el informe de subsidiaridad respecto a la propuesta de directiva del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en
el ámbito del impuesto sobre las transacciones financieras, que consta como punto número 3, se debata a continuación como primer informe de subsidiariedad. Si no hay ninguna consideración al respecto, entiendo que se aprueba esta modificación del
orden del día. (Asentimiento).


Procedemos al debate de la proposición no de ley sobre el cumplimiento de la estrategia Europa 2020 en la lucha contra la pobreza y la inclusión social. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la misma. En primer lugar,
intervendrá para su defensa, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Moscoso del Prado Hernández.


El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: El mes pasado registramos esta proposición no de ley sobre el cumplimiento de la estrategia Europa 2020 en la lucha contra la pobreza y la inclusión social. Como ustedes saben esta estrategia se aprobó
en el semestre de Presidencia española en el año 2010. Se trata de una estrategia de crecimiento económico y creación de empleo para la próxima década que pretende buscar un crecimiento económico inteligente, más justo, más cohesionado y con
capacidad de mantenimiento del bienestar futuro durante generaciones. Para ello apuesta por la educación, la investigación e innovación, el crecimiento sostenible y el impulso de actividades energéticas sostenibles e industriales muy competitivas.
Y que debe de ser financiada con el marco financiero 2014-2020, que se aprobó recientemente y que hemos tenido ocasión de debatir en esta Comisión.


En esta estrategia se establecen cinco ambiciosos objetivos cuantitativos. Es la primera vez que se establecen objetivos cuantitativos claros en materia de empleo, innovación, educación, cambio climático y energía e integración social. En
este punto de integración social radica el objetivo de lucha contra la pobreza. El objetivo que Europa se marca para este periodo es reducir en al menos 20 millones el número de personas en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social para
el total de la Unión Europea de los cuales a España corresponderían, según el objetivo marcado en el 2010, un total de entre 1.400.000 y 1.500.000 personas que están en riesgo de pobreza y de exclusión social y con un énfasis particular en

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la pobreza infantil dentro de la reducción general de la pobreza; objetivos que están ligados a los de consecución de empleo y de educación.


Resulta oportuno recordar que en el I programa nacional de reformas de España, aprobado en el año 2011, se dedicó un apartado específico a dicho objetivo analizando la situación y proponiendo una serie de medidas concretas como, por ejemplo,
el incremento del salario mínimo interprofesional, el desarrollo de la estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad, el incremento de la oferta de servicios educativos de 0 a 3 años, la continuidad de la Ley de la
Dependencia y una promoción del alquiler entre los jóvenes mediante la renta básica de emancipación. Sin embargo -lamentamos tener que decirlo-, el II programa nacional de reformas de 2012 no dedica ni una sola línea al objetivo de reducir la
pobreza en España. Por ello, la Unión Europea advirtió al Gobierno español sobre este respecto y, en concreto, en sus recomendaciones -las que realizó tras recibir el documento del programa nacional de reformas de 2012 que envió el Gobierno actual-
la Unión Europea le pide al Gobierno español que tome medidas específicas para combatir la pobreza, aumentando la eficacia del apoyo a la infancia y mejorando la empleabilidad de los grupos vulnerables.


El Partido Socialista presentó el pasado domingo una propuesta concreta para crear, mediante un compromiso nacional que involucre a todas las administraciones -al Gobierno central, ayuntamientos y comunidades autónomas-, un fondo de
emergencia de 1.000 millones de euros destinado a atender de forma prioritaria las necesidades de niños, mayores y familias. De estos 1.000 millones, según nuestra propuesta, 400 se destinarían a los servicios sociales de los ayuntamientos para
aumentar las ayudas a la alimentación, a los gastos de vivienda, al material escolar o a la ayuda a domicilio -como todos sabemos, estamos viviendo una situación extrema en materia de pobreza en la cual vemos todos los días como familias, niños y
personas de todo tipo viven en condiciones muy difíciles e incluso no les queda más remedio que subsistir a base de comedores sociales, escolares y de otro tipo de servicios públicos-; otros 400 millones se destinarían a las comunidades autónomas
para aumentar, en al menos 83.000 beneficiarios, las rentas mínimas de inserción y los 200 millones restantes se dedicarían a la convocatoria extraordinaria de subvenciones, a las ONG del tercer sector para duplicar los fondos anuales que tienen
para este año. Este paquete de emergencia, que debe de ser una medida adoptada en un momento de crisis profunda, económica y social, como la que vivimos, exigiría -como dijo nuestro secretario general, el señor Rubalcaba, el domingo- un esfuerzo de
1.000 millones de euros para un país que tiene una renta per cápita de 30.000 euros por persona, no llega a 2 euros al mes de esfuerzo por habitante para este plan de emergencia contra la pobreza.


Por eso, presentamos esta proposición no de ley que tiene cinco puntos. El primero insta al Gobierno a atender las recomendaciones que le hizo la Unión Europea cuando presentó el programa nacional de reformas para que tome medidas
específicas para combatir la pobreza, porque no había ninguna, y en particular para aumentar la eficacia del apoyo a la infancia y mejorar la empleabilidad de los grupos más vulnerables. En segundo lugar, poner en marcha un fondo estatal de
emergencia para las familias y personas en situación de pobreza y exclusión social con medidas de choque concretas ante la situación excepcional que estamos viviendo ahora. En la proposición no de ley no especificamos la cantidad que propuso el
partido, por lo que nos parece que esta propuesta es perfectamente asumible por todos los grupos, porque establecer un fondo estatal de emergencia en la situación actual es algo a lo que nos lleva el sentido común y cualquier sentido mínimo de
solidaridad. En tercer lugar, aprobar, durante el primer trimestre del año en curso 2013, un nuevo plan nacional de acción para la inclusión social y dotarlo económicamente con la financiación necesaria para el cumplimiento de sus fines. En el
punto cuarto, proponemos incluir en el programa nacional de reformas 2013 un apartado concreto para que se especifiquen medidas adoptadas por el Gobierno para reducir la pobreza y, en quinto lugar, promover y trabajar ante y en las instituciones
europeas para la creación de un fondo europeo contra la pobreza y la inclusión social para que haya una dimensión europea en esta lucha contra la pobreza con el fin de combatirla y cumplir con el objetivo establecido en el año 2010 en la estrategia
Europa 2020. En definitiva, reivindicamos y pedimos la dotación y creación de esas medidas que han desaparecido de los planes nacionales de reforma en España atendiendo a las recomendaciones que nos hace la Unión Europea, pero también, ante la
situación de emergencia actual en la que estamos, hacemos un llamamiento a todos los grupos para que se sumen a esta iniciativa de crear un fondo nacional de emergencia que, como todas las medidas de fondo y fundamentales, debe de tener también un
fondo complementario europeo que instamos a que se cree para entre todos combatir la pobreza y crear medios adicionales para suplir las importantes carencias y necesidades que nuestra sociedad está padeciendo en estos momentos de crisis.

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El señor PRESIDENTE: A continuación para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don José López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO (don José): El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda que pretende respetar todo lo que de positivo se encuentra en la proposición no de ley del Grupo Socialista manteniendo literalmente tres de los
cinco puntos contemplados y que ha expuesto el señor Moscoso. Debemos esforzarnos por mantener el espíritu que preside esta Comisión Mixta de la Unión Europea que es un espíritu siempre correcto, respetuoso y a menudo, en la mayoría de las
ocasiones, de concordia, de conciliación y de acuerdo. Por eso hago un llamamiento al Grupo Socialista para la aceptación de la enmienda. Esta proposición no de ley aborda cuestiones que a todos nos preocupan y no solo nos preocupan, sino que nos
duelen los desempleados jóvenes y mayores, las familias que carecen de rentas, las familias con escasos recursos, las familias que se quedan sin hogar, la infancia maltratada, la infancia en riesgo de exclusión, por eso es bueno -y el señor Moscoso
ha hecho honor a lo que planteo ahora- que mantengamos ese tono correcto y de acuerdo en una cuestión que debe alejarnos de posiciones de inquina y de agravio. Debemos intentar mantenernos en términos del máximo acuerdo a ser posible, y esta
Comisión ha sido foro habitual de esos máximos acuerdos. Sin duda, la situación que el país viene atravesando durante los años de crisis es dramática, a ella no se llega en apenas un año y tres meses de Gobierno y de la misma debemos sentirnos
todos corresponsables. Por esa corresponsabilidad venía apelando desde el inicio de mi intervención al acuerdo, a la conciliación y, a ser posible, a la aceptación de esta enmienda para que la proposición no de ley se apruebe con el mayor apoyo
posible.


Señorías, la situación que vive nuestro país con el crecimiento desorbitado de la desigualdad, con planes que no hemos sido capaces de cumplir en años anteriores y con una brecha entre ricos y pobres cada vez mayor -he de recordar que en el
año 2009 los índices de desigualdad en España tan solo fueron superados por Lituania, Rumania y Letonia y nos convertimos en el segundo país de la OCDE con la tasa pobreza infantil relativa más alta-, el Gobierno del Partido Popular, apoyado por
este grupo parlamentario, ha entendido que, además de hacer frente a los grandes desequilibrios macroeconómicos con los que se encontró al inicio de esta andadura -el déficit desbocado, una deuda pública duplicada en los últimos 4 años, con una
crisis financiera gravísima también-, había que atajar esos objetivos macroeconómicos y había que luchar para rectificarlos. Además ha puesto en marcha a lo largo de este año y tres meses de manera simultánea un amplísimo abanico de medidas
transversales que pretenden generar riqueza y empleo y, a través de ello, sacar de esta situación a todas las familias y personas que se encuentran sumidas en la pobreza o en riesgo de exclusión.


Señorías, el Gobierno al que apoya el Grupo Parlamentario Popular presentó el II programa de reformas, al que ha hecho referencia el señor Moscoso y al que tengo que rectificar. En la defensa de su proposición no de ley hacía referencia a
que no existía un apartado específico, y es cierto que no lo dedica, pero más de una línea debía dedicar a estos objetivos cuando el programa nacional de reformas de 2011, aprobado por el anterior Gobierno, contaba con 47 páginas y el programa
nacional de reformas de 2012, aprobado por el Gobierno actual, cuenta con 264 páginas en las que se hace referencia a muchísimos temas transversales que tienen que ver con luchar contra la desigualdad y contra la pobreza. Se ha aprobado el plan
concertado en 2012 para propiciar esa colaboración entre las administraciones. Se han aprobado importantes medidas que tenían relación con esos déficits estructurales para apoyar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, como son el Plan
de pago a proveedores y el Fondo de liquidación autonómica, no podemos olvidar que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes ejercen una buena parte de las competencias en materia de servicios sociales y de sanidad. Se ha apoyado la
consecución en el ámbito comunitario de que se dedique un 20 % del Fondo social europeo al fomento de la inclusión social, y en esto hubo un especial empeño del presidente del Gobierno. Dentro de esas medidas transversales en el ámbito del empleo,
como en la última reforma del mercado laboral, se han adoptado medidas orientadas a mejorar la empleabilidad de personas con mayores dificultades de inserción laboral y en flexibilizar el mercado de trabajo para conseguir que más personas pasen a
formar parte del mismo. En el Plan anual de política de empleo, publicado en agosto de 2012, se ha reforzado la formación profesional, a la que también hacía referencia el señor Moscoso, como eje de la educación para sacar de ese riesgo de
exclusión a parte de nuestra sociedad. Ese refuerzo de la formación profesional y mejora de la dotación de la demanda laboral a la oferta a través del real decreto aprobado el día 8 de noviembre. Se han aprobado medidas de apoyo al emprendedor y
estímulo del crecimiento; medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento

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activo, estos son decretos-leyes aprobados a lo largo de estos últimos meses de este año 2013; se ha constituido la red de inclusión social; se han garantizado rentas a través del Plan Prepara garantizando para esos parados de larga
duración o con cargas familiares que agoten la prestación o subsidio por desempleo y no tengan otros ingresos esos 400 ó 450 euros para evitar ese riesgo de exclusión.


Otro tema transversal es la vivienda, que también es un factor fundamental que incide en el riesgo de exclusión y que incide en la pobreza. Se ha aprobado el Plan estatal de fomento del alquiler de vivienda, la rehabilitación edificatoria y
la regeneración y renovación urbanas. Se encuentra en trámite parlamentario la ley de medidas de flexibilidad y fomento del mercado de actividad de viviendas. Se ha firmado, el 17 de enero de 2013, un convenio para la creación de un Fondo social
de viviendas destinadas a alquiler con 5.891 viviendas firmado por varios ministerios y la Federación Española de Municipios y Provincias junto con la plataforma del tercer sector; el pacto sociosanitario, el catálogo de referencia de servicios
sociales, medidas de protección de la infancia como no había habido hasta la fecha en este país, el segundo Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia 2013-2016, que cuenta con un presupuesto cuantificado en 5.159 millones de euros para
los próximos 4 años para proteger a la infancia. Estamos hablando de más de 1.000 millones de euros cada año en este objetivo. Se han aprobado medidas para favorecer la inclusión de la población gitana y se ha reconocido muy expresamente el
trabajo del tercer sector, que constituye un pilar fundamental para esta lucha contra el riesgo de pobreza y la exclusión social. Todo esto va mucho más allá de la medida que contempla concretamente el punto 2 de la proposición no de ley del Grupo
Socialista y, por referirnos al punto 5, que es otro que tampoco incluimos en nuestra enmienda, ya que la Unión Europea ha puesto en marcha un Fondo de ayuda europea para los más necesitados con lo cual consideramos que es innecesario. La propuesta
del Grupo Socialista en ese punto 2 -y que nosotros respetuosamente rechazamos- es poco operante dentro de un escenario de medidas transversales que afectan al mercado de trabajo, a la vivienda, a la sanidad, a la protección social y creemos que los
ejemplos que señala ese plan del Grupo Socialista no son precisamente los que nos van a sacar de esta situación. De esta situación se sale con esas medidas transversales, con el esfuerzo de todos y con políticas integrales desde todos los puntos de
vista.


Acabo. Se atribuye a Aristóteles, hace más de 2.000 años, casi 3.000, una frase que dice que la política es el arte de lo posible. Hay algunos que no la entienden y la han traducido como que la política es el arte de lo imposible. El arte
de lo imposible seguramente será la magia, pero no la política. El arte de hacer posible aquellas cosas en las que estamos en condiciones de alcanzar acuerdos, de aquellas cosas que tenemos delante de nuestros ojos y que por distraernos en
cuestiones a veces partidarias o muy subjetivas nos impiden llegar a esos acuerdos y llegar a hacer posible lo posible. No es una frase simple, tiene profundo contenido si nos paramos a pensar en ella. Es un magnífico momento y este foro de la
Comisión Mixta de la Unión Europea es donde procuramos, en la medida de lo posible, hacer posible lo posible. Señorías, les pedimos que se apruebe esta enmienda y con ello alcanzar una vez más un amplio consenso en esta Comisión y mejorar
respetuosamente la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A continuación se abre un turno de portavoces. Tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Entesa, el señor Sabaté. (Rumores). Les rogaría a los señores Benítez y Jáuregui que no interfieran en el uso de la
palabra del señor Sabaté que está justo detrás de ustedes.


El señor SABATÉ BORRÀS: Señorías, intervengo con brevedad para mostrar el apoyo de nuestro Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya en el Senado a la proposición no de ley cel Grupo Socialista. Ciertamente la gravedad de la crisis no ha hecho
si no aumentar y lo que es peor y terrible, más allá de las dificultades de la economía y de las cifras macroeconómicas, es la afectación sobre las familias y personas, el desempleo que conlleva en definitiva más pobreza y marginación social.
Aplaudimos la propuesta realizada por el secretario general del Partido Socialista -y a la que aludía el señor Moscoso en este momento- de este fondo estatal de emergencia. Nos parece que para solucionar problemas de esta envergadura hacen falta
soluciones extraordinarias y hay que hacer un esfuerzo por parte de todos. También estoy de acuerdo con el portavoz del Grupo Popular, el señor López Garrido cuando decía -citando a Aristóteles- que la política es el arte de lo posible, pero lo
posible es lo que en definitiva permite que nuestros conciudadanos, que para eso estamos aquí, mejoren sus condiciones de vida. Les invito a que todos hagamos hoy un esfuerzo para apoyar esta proposición no de ley del Grupo Socialista precisamente
para ser útiles a los ciudadanos españoles, a nuestros conciudadanos, y demostrar algo que es obvio: que nuestra sensibilidad está a flor de piel y que somos conscientes de la gravedad de la

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situación que estamos viviendo. Más allá del debate sobre si el programa nacional de reformas incluye más o menos medidas o no, que es un debate legítimo y que sin duda merece todas las reflexiones políticas oportunas, es necesario actuar
para lo que es imprescindible llegar a acuerdos. El hecho de que el Grupo Popular haya presentado una enmienda constructiva puede favorecer el acuerdo, por lo que con toda la modestia de nuestro pequeño grupo en el Senado invitaría a los dos grupos
mayoritarios a que traten de llegar al mismo y que realmente hoy de esta sesión salga un acuerdo instando al Gobierno a políticas concretas que palíen precisamente los efectos de la crisis y sobre todo las consecuencias de la tremenda situación de
pobreza que millones de nuestros conciudadanos están padeciendo.


El señor PRESIDENTE: A continuación por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Seré breve como si estuviéramos en el Parlamento europeo utilizando un par de minutos para expresar el apoyo del Grupo Parlamentario Catalán a esta iniciativa del Grupo Socialista. Se tienen que atender las
recomendaciones realizadas sobre el informe del año 2012 que se refieren a la necesidad de que se tomen medidas específicas para combatir la pobreza aumentando la eficacia del apoyo a la infancia y mejorando la empleabilidad de los grupos
vulnerables de la Unión Europea, citando literalmente el programa nacional de reformas del año 2012. La política social europea no es una política que se considera a través solamente de fondo, sino a través de una verdadera integración política.
Algunos objetivos del pasado y de política social, como los objetivos de Lisboa que preveían para el año 2010 Europa como un espacio de pleno empleo, evidentemente nos invitan a veces a un cierto escepticismo. En el fondo de esta cuestión está la
necesidad y la discusión sobre una Europa política realmente integrada que haga posible en todas sus dimensiones la Europa económica, pero también una Europa de indudable contenido social. Vamos a votar favorablemente la proposición del Grupo
Socialista deseando que sea posible el acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Acabado el debate sobre la proposición no de ley.


El señor MORENO PALANQUES: Pregúntele si acepta la enmienda.


El señor PRESIDENTE: Respecto a la enmienda que han propuesto se preguntará en el momento de votar y pueden seguir ustedes intentando llegar a un acuerdo.


DEBATE SOBRE CONTROL DE SUBSIDIARIEDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA:


- PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA COOPERACIÓN REFORZADA EN EL ÁMBITO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS [COM (2013) 71 FINAL] [2013/0045 (CNS)] [SWD (2013) 28 FINAL] [SWD (2013) 29 FINAL].
(Número de expediente del Congreso 282/000177 y número de expediente del Senado 574/000109.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate sobre el control de subsidiariedad de diversas iniciativas. En este caso empezamos por la que consta como punto número 3, que es el debate sobre la propuesta de directiva del Consejo por el que se
establece una cooperación reforzada en el ámbito del impuesto sobre las transacciones financieras. Se ha recibido informe del Gobierno, interviene en primer lugar para presentarlo don Jordi Xuclà i Costa.


El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, señorías, paso a relatar este informe y la propuesta de conclusión del mismo. Hoy los periódicos están llenos de reflexiones sobre el legado de la que fue primera ministra británica Margaret
Thatcher con algunos puntos a favor y algunos en contra precisamente del proyecto europeísta por parte de nosotros los continentales de la Unión Europea. Si en algo coincidieron los continentales con el legado político de la señora Thatcher fue en
la apuesta a favor del mercado interior. Esta propuesta de directiva, señorías, precisamente de lo que trata es del reforzamiento del mercado interior a través de un instrumento indispensable para una Europa integrada, para una Europa más justa, en
la que no sea posible fracasar en la libre competencia, como es la opción de la armonización de la legislación indirecta de transacciones financieras, evitando así el falseamiento de la libre competencia.


Señorías, una vez más nos ubicamos en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea y en los análisis sobre los principios de subsidiariedad y proporcionalidad para hacer frente al análisis de esta propuesta

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de directiva. Concretamente, la base jurídica de la propuesta legislativa realizada se halla en el Título VII de la tercera parte del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea sobre normas comunes, sobre competencia, fiscalidad y
aproximación de las legislaciones; más concretamente, y en particular, en el artículo 113 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, que creo que es oportuno que les lea, porque claramente apuesta por esta propuesta de directiva. Leo,
pues, el artículo 113, que reza de la siguiente manera: El Consejo, por unanimidad, con arreglo a un procedimiento legislativo especial y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité económico y social, adoptará las disposiciones referentes a
la armonización de las legislaciones relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, los impuestos sobre consumos específicos y otros impuestos indirectos en la medida en que dicha armonización sea necesaria para garantizar el
establecimiento y el funcionamiento del mercado interior y evitar las distorsiones de la competencia. Pues bien, señorías, este mandato o, esta cobertura legal del artículo 113 del Tratado de la Unión Europea tiene su expresión de desarrollo
legislativo a través de esta propuesta de directiva, que tiene como objeto armonizar la legislación relativa a la fiscalidad indirecta de las transacciones financieras para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior y evitar el
falseamiento de la competencia.


Señorías, cuando los europeístas estamos discutiendo, no de forma acrítica sino muy crítica, sobre la viabilidad, sobre el buen funcionamiento de las instituciones europeas, esta propuesta de directiva es una buena noticia, porque va en la
línea de una integración del paquete económico que hará viable la Unión Europea. La propuesta de directiva no vulnera el principio de subsidiariedad, según el informe que les presento, ya que la acción de armonizar la legislación relativa a la
fiscalidad de las transacciones financieras, que resulta necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior, únicamente puede lograrse a través de un acto de la Unión Europea y, por tanto, no puede alcanzarse de manera suficiente por los
Estados miembros por sí solos, ya que la divergencia de normativas en los distintos Estados daría lugar a problemas en el funcionamiento del mercado interior. Además, las normas comunes son necesarias para evitar la indebida deslocalización de
transacciones y, por tanto, también de empresas, así como de los participantes en el mercado, y la sustitución de los instrumentos financieros.


Respecto del otro principio que siempre analizamos en este proceso, que es el principio de proporcionalidad, también se puede considerar que la propuesta de directiva lo respeta, ya que solo se centra en regular el establecimiento de una
estructura común del impuesto y disposiciones comunes sobre el devengo, pero deja margen de maniobra suficiente a los Estados miembros participantes a la hora de fijar los tipos impositivos. Por tanto, la armonización propuesta no va más allá de lo
necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, uno de los cuales es, principalmente, como les decía, el correcto funcionamiento del mercado interior.


Señorías, por todo lo expuesto, les propongo que esta Comisión Mixta para la Unión Europea entienda que la propuesta de directiva del Consejo, por la que se establece una cooperación reforzada en el ámbito del impuesto sobre las
transacciones financieras, no vulnera los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en el Tratado de la Unión Europea, que la votemos favorablemente y que recordemos que en esta Europa que vive momentos críticos en cuanto a su
viabilidad e integración económica es una apuesta por el mercado interior, por el libre funcionamiento de la competencia y por la viabilidad económica de Europa.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Diego López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Como siempre, es un placer asistir a una reunión de la Comisión Mixta, en esta ocasión con la intervención de dos López Garrido en vez de uno.


Mi grupo va a apoyar con toda claridad el dictamen, que ha defendido brillantemente el diputado señor Xuclà, de esta propuesta de directiva sobre el impuesto de transacciones financieras internacionales. A través del procedimiento de la
cooperación reforzada, ya que no fue posible la unanimidad en el seno de la Unión, once países, entre ellos España, han impulsado esta tasa de transacciones financieras, armonizando, por tanto, la legislación tributaria a este respecto. Se trata de
una directiva que cumple con todos los requisitos formales, como ha señalado el señor Xuclà, que no vulnera el principio de subsidiariedad, que está técnicamente muy bien confeccionada, basada en el principio de residencia y del lugar de emisión,
para que ninguna transacción financiera, de aquellas a las que se refiere esta directiva, pueda escaparse, cosa que es muy importante, puesto que una de las críticas que se ha hecho siempre por los enemigos de una tasa de transacciones financieras
ha sido que eso produciría la deslocalización de las

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empresas financieras a países que no la tuvieran. Esta propuesta de directiva lo evita, ya que aún cuando una empresa se deslocalizara, cualquier tipo de transacción financiera de las que están previstas con el país de emisión de la
transacción en cuestión, con el país de destino, es decir en cuanto toque algo a un país determinado, si es de los once que aprueban esta cooperación reforzada, va a tener que pagarla al tipo establecido; esto se refiere a todos los tipos de
instrumentos financieros en una imposición en cascada que deja de lado lo que tiene que ver con la economía real. Esta es una tasa sobre la economía virtual y no sobre la real.


Nos parece que lo más importante es el fondo de esta tasa de transacciones financieras, sus objetivos políticos, y por esa razón la vamos a apoyar. Es sabido que el origen, cuando se empezó a hablar de algo parecido, fue la propuesta que
hizo el Premio Nobel de Economía, el norteamericano Tobin, en 1972, porque se acababa de terminar el sistema de Breton Woods y, por tanto, había peligro de una desaforada transacción de divisas nacionales, e iba dirigida más a aspectos monetarios
que financieros. Esta tasa de transacciones financieras de hoy no es como la que propuso Tobin, porque se refiere a transacciones financieras no monetarias y está en otro contexto. De todas maneras, está relacionada con lo que decía Tobin, porque
él planteó esa tasa como una forma de luchar contra una excesiva movilidad de capitales, que efectivamente fue lo que sucedió en los años ochenta y noventa, impulsado, como decía el señor Xuclà, en buena medida -algo que se recordó ayer y que se
seguirá recordando estos días motivo de la muerte de Margaret Thatcher-, por una tremenda desregulación financiera, liberalización del movimiento de capitales, que ha llevado a que la economía financiera virtual represente decenas de veces la
economía real. Sin duda esta economía financiera es la que está en el origen de la crisis económica que vivimos en este momento. Por tanto, esta es una tasa que surge en una determinada coyuntura y que claramente es una expresión de la lucha
contra la crisis económica. Esta es una tasa para luchar contra la crisis económica que vivimos, que en buena medida se ha desencadenado por la acción desmesurada, exagerada, y en ocasiones delictiva directamente, de los mercados financieros, que
son los que han producido esta terrible crisis, que es de origen claramente financiero.


La tasa de transacciones financieras que empieza a ver la luz en la Unión Europea, afortunadamente, trata de luchar contra esta crisis, contra los movimientos meramente especulativos de la economía financiera que no aportan nada a la
economía real, que no aportan ningún beneficio a la sociedad. Es una tasa contra la especulación, pero, evidentemente, tiene una finalidad, que no tenía la de Tobin en su momento, recaudatoria, que se ha dejado de lado en las últimas décadas en el
mundo occidental, porque se prefirió ir hacia la deuda en lugar de ir hacia los impuestos. La tasa de transacciones financieras es una especie de vuelta a los impuestos, a una forma sana de financiar la economía. Son ingresos para la Unión Europea
y para los Estados, porque la Comisión propone que una parte de esos ingresos -los que provengan de la recaudación de esta tasa- vayan a la Unión Europea como recurso propio y otra vaya a los Estados firmantes de la cooperación reforzada, y que lo
que vaya a la Unión Europea pueda restarse incluso de la aportación que los Estados hacen por la vía del producto nacional bruto. La Comisión calcula en estos momentos que esta tasa puede suponer unos ingresos de entre 30.000 y 35.000 millones de
euros anuales. Nos parece que esta es una cantidad importante en unas economías muy necesitadas de ingresos fiscales, porque una de las consecuencias de la crisis ha sido el derrumbe y el desplome de dichos ingresos. Esta tasa también -está de
moda en estos últimos días- es una forma de luchar contra la evasión fiscal y contra los paraísos fiscales. Hemos descubierto que hay muchos paraísos fiscales en el interior de la Unión Europea y la tasa de transacciones financieras será una forma
de luchar contra ellos.


Esta tasa va dirigida a luchar contra la crisis, pero es que además es justa, absolutamente justa. El sector financiero, que es el creador de esta crisis, tiene que pagar, no porque sea culpable de sus pecados sino porque tiene que aportar
en parte lo que se le ha dado por los rescates. La Comisión calcula que los rescates dirigidos al sector financiero han supuesto un peso del 20 % del PIB de las economías europeas. Ese deterioro del PIB tiene que tener una contraprestación en la
aportación de ese sector financiero, que es el que más rentabilidad ha tenido en las últimas décadas y que, además, fiscalmente es un sector privilegiado porque no paga IVA ni impuestos de ninguna clase. Por tanto, repito, esta tasa dirigida a las
transacciones financieras es absolutamente justa. Es importante dejar claro que esta tasa no afecta a la economía real, a las transacciones realizadas por las empresas, por los ciudadanos, por préstamos, por pagos, por seguros, por depósitos,
etcétera, sino que irá dirigida a las transacciones que tienen un trasfondo claramente especulativo. Para nosotros es justa porque tenemos que aprovecharla para objetivos sociales, de los que se ha hablado en el anterior punto del orden del día,
para el crecimiento y para el empleo. En ese sentido, tenemos que recordar la proposición no de ley que presentamos el año

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pasado, que fue rechazada con los votos en contra del Grupo Popular, para impulsar un impuesto sobre las transacciones financieras en España. La tasa de transacciones financieras en las últimas décadas está vinculada -y hay que
reivindicarlo- claramente la cultura socialdemócrata, al pensamiento socialdemócrata. El Partido Socialista Europeo ha sido el que más ha luchado, el que más ha impulsado esta tasa, y nos alegramos de que ahora la apoyen Gobiernos conservadores
como el alemán o como el español, aunque es verdad que ha sido de los últimos en apuntarse a esta cooperación reforzada y hubiéramos deseado que hubiera sido de los primeros.


Señor presidente, esperamos que una vez que se apruebe esta directiva venga lo antes posible un proyecto de ley que la aplique, puesto que viene en forma de directiva y no de reglamento, y que pudiera ponerse en vigor el 1 de enero de 2014.
Nos gustaría que fuera así. Además, conviene tener en cuenta que hay un margen para que los Estados puedan establecer un tipo impositivo por encima del límite mínimo que establece la directiva, cuestión que tendrá que ser objeto de discusión entre
nosotros.


Estamos a favor de una tasa que ha sido apoyada ya de forma evidente en toda Europa por organismos como el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, el G-20, que en el año 2009 planteó un apoyo a este tipo de acciones para reformar el
sistema financiero, año que era el centro de la crisis económica -porque claramente es una tasa contra la crisis, surgida coyunturalmente con motivo de la crisis-, impulsada por la Presidencia española de la Unión en el año 2010 y planteada ya, a
través de un texto, por la Comisión en octubre de 2010. Tampoco hay que olvidar que está apoyada por la opinión pública europea, puesto que todos los sondeos señalan que una inmensa mayoría de ciudadanos europeos están a favor de la tasa de
transacciones financieras. Naturalmente, esperamos el apoyo de los parlamentos de los once países que suscriben esta iniciativa y del nuestro también.


El señor PRESIDENTE: Para terminar el debate sobre esta iniciativa, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Muñoz-Alonso.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Debo comenzar diciendo que comparto el informe que ha presentado el ponente, el diputado señor Xuclà; estoy de acuerdo con su planteamiento y con sus conclusiones. Comparto también muchas de las cosas que ha
dicho el diputado don Diego López Garrido, porque creo que hace un análisis que puedo compartir al cien por cien; después, saca algunas conclusiones que quizá podríamos discutir, pero no es el momento. Me parece que tenemos más puntos de acuerdo
que cuestiones de las que discrepar.


Nos hallamos ante una propuesta de directiva muy complicada, tanto por el tema del que trata, el siempre complejo mundo de las transacciones financieras, como por la forma en que lo aborda. Quisiera empezar por ahí. De alguna manera
estamos ante la constatación de un fracaso: como no se pudo lograr la unanimidad se echa mano de la cooperación reforzada, que es la vía que se sigue cuando esa unanimidad no se consigue. Hay que recordar que el artículo 20 del Tratado de la Unión
Europea habla de la cooperación reforzada como un último recurso, es decir, cuando no hay más remedio. El otro señor López Garrido hablaba de lo posible, y hemos hecho lo posible porque no era fácil alcanzar lo deseable, que era que todos
estuvieran dentro -creo que eso también debemos tenerlo en cuenta-, porque no podemos olvidar que el artículo 328 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea dice que hay que tender a fomentar la participación del mayor número posible de
Estados miembros. Es un poco frustrante ver que de los veintisiete miembros de la Unión Europea solo once se han comprometido con esta propuesta de directiva.


Por otra parte, me atrevería a decir, y el señor López Garrido lo sabe muy bien, que cuando se empezó a hablar del tema de las cooperaciones reforzadas no se estaba pensando precisamente en este ámbito financiero sino más bien en temas de
seguridad y de política exterior; es decir, que se ha aplicado perfectamente y de acuerdo con los tratados de utilización, pero haciendo quizá una interpretación muy extensiva de lo que eran las intenciones de los redactores del Tratado de Lisboa.
Este es un viejo proyecto del que, como ha señalado el señor López Garrido, se empezó a hablar cuando se planteó por el que fue Premio Nobel la llamada tasa Tobin, con la que algunos han querido hacer una comparación; pero, como se ha dicho muy
bien, esto no se puede comparar porque la famosa tasa Tobin se refería sobre todo a las transacciones monetarias, que quedan excluidas en el proyecto. Sin embargo, en el ámbito de la Unión Europea empieza a hablarse de esto después de una reunión
del G-20, en el año 2009, cuando se llega a la conclusión de que hay que hacer algo en este sentido. En las reuniones de los últimos consejos europeos -cuando digo últimos estoy hablando de años- se viene hablando de la necesidad de avanzar hacia
una unión fiscal y hacia un unión bancaria. Se podría considerar que esta propuesta de directiva es

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un paso en esa dirección. Incluso mucho antes se habló en la Unión Europea de armonización fiscal, que también podría ser, desde cierto punto de vista, una aportación, si se quiere modesta, porque se refiere solo a un aspecto de la misma.


De la exposición de motivos me han interesado algunas pistas que orientan acerca de las razones profundas de esta propuesta de directiva. Voy a leer un párrafo que curiosamente se repite en dos momentos distintos de dicha exposición de
motivos, porque me parece extraordinariamente significativo y claro. Dice así: El sector financiero ha desempeñado un papel fundamental en el desencadenamiento de la crisis, pero han sido las administraciones públicas y los ciudadanos europeos en
su conjunto quienes han tenido que soportar los costes de la misma. Aquí se señala con el dedo al mundo financiero, y ya el señor López Garrido hablaba de la economía financiera como algo diferente de la economía real. En la exposición de motivos
se señala otro aspecto que me parece relevante, que es cuando dice que el sector financiero debe aportar una contribución más equitativa, y habla de la escasa tributación a que está sujeto actualmente. Esto, sin duda, plantea algunos problemas.
Uno de ellos, es sí podríamos tener la seguridad -y lo digo como una pregunta, porque no creo que nadie pueda hacer una afirmación tajante- de que quienes paguen al final este impuesto sobre las transacciones financieras sean los bancos y no los
clientes de los mismos. Eso es algo que se ha planteado desde el primer momento y que no deja de ser preocupante. En esta cuestión no me puedo permitir ser demasiado optimista, pero creo que es algo que conviene no perder de vista.


En la misma exposición de motivos se habla de otros objetivos, por ejemplo, del de armonizar la legislación relativa a la fiscalidad indirecta sobre las transacciones financieras para evitar, además, la fragmentación de los mercados
financieros. Actualmente, distintos Estados miembros de la Unión ya han legislado, de una o de otra manera, sobre estos aspectos y qué duda cabe de que convendría que la propia Unión, como quiere hacer ahora, intente avanzar con una armonización de
esas legislaciones. Otros creen también que este instrumento puede ser muy útil contra la especulación, que en algunos momentos ha tenido graves efectos en el desencadenamiento de la crisis. Hay quien se ha planteado si esto podría afectar a la
libre circulación de capitales, aunque no se refiere a lo monetario, que es un problema sobre el que tendríamos que seguir meditando. También se ha discutido si no será un instrumento que favorezca la deslocalización financiera, en beneficio, por
ejemplo, de la City londinense, puesto que Reino Unido no ha firmado. La propuesta de directiva trata de evitar -también lo ha señalado el señor López Garrido- estos efectos negativos sobre la base del principio de residencia, en virtud del cual se
exige que las instituciones financieras, al menos las que participen en el proceso, estén situadas en la Unión Europea. Se establece un tipo mínimo del 0,1 % para las acciones y las obligaciones que es una cifra relativamente modesta, y del 0,01 %
para los derivados, para lo que no son acciones y estrategias. También se afirma que los Estados miembros podrían aumentar estos tipos si así lo estimaran oportuno. No estoy muy de acuerdo con lo que podría devengarse de este impuesto. Me parece
que el señor López Garrido hablaba de treinta y tantos o de 40.000 millones de euros, pero las cifras que he visto y la propia exposición de la directiva dicen que el ideal estaba entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año, aunque al final las
estimaciones más realistas se quedan en 31.000 millones de euros al año. Por otra parte, hay que recordar que Alemania se ha opuesto a que esos ingresos engrosen el presupuesto europeo, por lo que se distribuirán entre la Unión Europea y los
Estados miembros, disminuyéndose la parte con la que contribuyen estos por otros conceptos, por ejemplo, por el IVA.


En resumen, señorías, nos encontramos con un impuesto de transacciones financieras que de momento van a aplicar once de los veintisiete Estados miembros, que yo me atrevo a afirmar que es como un experimento que habrá que ver cómo funciona.
Si lo hace como deseamos, habrá que introducir las modificaciones adecuadas para que pueda ser aceptado por todos y, desde luego, para tratar de que pueda aplicarse al conjunto de los Estados miembros. Creo que podríamos decir que en esa unión
fiscal de la que tanto se habla este es un paso, por modesto que sea, y que también es una lección aprendida de la crisis, lo que ya por sí mismo tiene un valor. Aquí se están señalando una serie de cosas que han sido consecuencia de la crisis y de
cómo la han afrontado el sector financiero y -habría que añadirlos, por supuesto- los órganos reguladores. Estas elecciones las hemos aprendido y creo que no las debemos olvidar. Por otra parte, no se trata de una improvisación sino que, como
muestran los estudios y las consultas que han precedido a la redacción de esta propuesta por la Comisión Europea, esto ha llevado mucho tiempo y ha habido consultas a muy alto nivel y de mucha importancia.


Para terminar, debo decir que, dadas las características, está claro que no se contradice el principio de subsidiariedad ni el de proporcionalidad. Por tanto, nuestra posición coincide con la que ha expresado

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el ponente y también con la emitida por el Gobierno en el informe que forma parte del dossier y que todos conocemos.


- PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA A LA PROTECCIÓN PENAL DEL EURO Y OTRAS MONEDAS FRENTE A LA FALSIFICACIÓN, Y POR LA QUE SE SUSTITUYE LA DECISIÓN MARCO 2000/383/JAI DEL CONSEJO [COM (2013) 42 FINAL]
[2013/0023 (COD)] [SWD (2013) 19 FINAL] [SWD (2013) 20 FINAL]. (Número de expediente del Congreso 282/000172 y número de expediente del Senado 574/000104).


El señor PRESIDENTE: Procedemos al debate sobre el control de subsidiariedad de la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación, y por la que
se sustituye la Decisión marco 2000/383 del Consejo. Se ha recibido informe del Gobierno, así como del Parlamento Vasco.


Interviene, en primer lugar, para presentar el informe, la señora Gutiérrez del Castillo.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Intervengo para informar sobre la aplicación del principio de subsidiariedad a la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente
a la falsificación, y por la que se sustituye la Decisión marco del Consejo 2000/383/JAI. La Mesa y portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea se reunió el 26 de febrero de 2013 y se adoptó el acuerdo de proceder a realizar el examen de
la iniciativa legislativa europea indicada. Como ha dicho el presidente, se han recibido escritos del Parlamento de La Rioja, de Las Cortes de Aragón, del Parlamento de Cantabria y del Parlamento de Galicia. Por parte de los mismos se ha
comunicado el archivo del expediente, la toma de conocimiento y la no emisión de dictamen motivado. En ninguno de ellos se cuestiona el respeto al principio de subsidiariedad de la iniciativa que hoy examinamos. También ha remitido su informe el
Gobierno, al que me referiré más adelante.


La propuesta de directiva que examinamos pretende sustituir la actual normativa contenida en la Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo, modificada por la Decisión marco 2001/888. Según los servicios de la Comisión Europea, se ha comprobado
que el marco actual presenta deficiencias para lograr un nivel adecuado de protección penal del euro y otras monedas. La falsificación de moneda es un problema de toda la Unión Europea. El euro es la moneda usada por más de 330 millones de
personas, es la segunda divisa en importancia en las transacciones internacionales y además es la moneda de reserva para terceros Estados. Por ello, el euro es objeto de delincuencia organizada y, según el Banco Central Europeo, el perjuicio
financiero total de los euros falsificados desde 2002 asciende a más de 500 millones.


El principal objetivo de la propuesta, con carácter general, es prevenir la falsificación del euro y de otras monedas, reforzando la protección penal y fortaleciendo la cooperación judicial y policial transfronteriza dentro del más estricto
respeto a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De esta forma se pretende además mantener y reforzar la confianza en la moneda europea y en otras monedas. Se trata de establecer las normas mínimas relativas a la definición de los
delitos y sanciones penales en el ámbito de la falsificación del euro y de otras monedas y además de introducir disposiciones comunes para reforzar la lucha contra esos delitos y mejorar su investigación. Específicamente, con la directiva se
persigue, en primer lugar, aumentar el efecto disuasorio de la falsificación y eliminar los incentivos de los denominados foros de conveniencia de algunos Estados miembros; en segundo lugar, facilitar la aplicación proporcionada de la orden de
detención europea con relación a la falsificación de moneda; en tercer lugar, facilitar la investigación transfronteriza; en cuarto lugar, reforzar la prevención de los delitos de falsificación y aumentar la detección de billetes y monedas
mediante procedimientos específicos.


La Comisión Europea, través de sus servicios, ha analizado tres opciones y, tras varios estudios, ha hecho la propuesta de directiva que hoy analizamos. La opción elegida ha sido proponer una nueva directiva para sustituir la Decisión marco
2000/383/JAI del Consejo, modificada por la Decisión marco 2001/888, e introducir disposiciones sobre el nivel mínimo y máximo de las sanciones penales y sobre las herramientas de investigación y transmisión de las falsificaciones aprehendidas. La
base jurídica de la propuesta es la competencia de la Unión Europea para establecer normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en ámbitos delictivos que sean de especial gravedad y tengan una dimensión
transfronteriza. Se establece en el artículo 83, apartado 1, del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. La falsificación de los medios de pago se menciona explícitamente en este apartado como un ámbito delictivo de especial gravedad.

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En cuanto al principio de subsidiariedad, no cabe duda del respeto al mismo por parte de la propuesta. Es clara la necesidad de una acción de la Unión Europea para lograr los objetivos propuestos, teniendo en cuenta determinados factores.
Primero, la falsificación del euro y de otras monedas plantea un verdadero problema a la Unión y a sus ciudadanos, a sus empresas y entidades financieras. El hecho de que el euro sea la moneda única de la zona euro lleva a considerar que el delito
de falsificación del mismo causa igual perjuicio en toda la zona, independientemente del lugar en el que se haya perpetrado el delito. La dimensión paneuropea exige que la falsificación se combata de forma similar y que a los delincuentes se les
apliquen penas equivalentes, independientemente del país de la Unión Europea en el que hayan cometido el delito. Solo la Unión Europea está en condiciones de desarrollar una legislación vinculante aplicable a todos los Estados miembros, creando un
marco legal para superar las actuales deficiencias. A ello hay que añadir la aplicación del Convenio de Ginebra para la represión de la falsificación de moneda, de 20 de abril de 1929, según el cual no debe establecerse discriminación en cuanto a
la protección de otras monedas distintas de la propia.


Antes de concluir, me gustaría resaltar algunos de los aspectos que el Gobierno incorpora en su informe. En primer lugar, la propuesta que analizamos se encuentra en los inicios de la fase de negociación, que comenzó el pasado mes de marzo.
En segundo lugar, es necesario prestar atención a los avances de la propuesta de directiva sobre lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión mediante el derecho penal, la PIF, por cuanto contiene propuestas similares a
las de la directiva que hoy examinamos; algunos de sus extremos han sido modificados de forma sustancial. En tercer lugar, las cuestiones sensibles que contiene la directiva se refieren básicamente a cuatro aspectos sobre los que hay discusión en
el seno del Consejo: en primer lugar, al establecimiento de los umbrales mínimos de penas mínimas -este es un tema que incorpora ex novo la directiva y sobre el que existe discusión entre los distintos Estados miembros-; en segundo lugar, la
extensión del umbral mínimo de penas máximas a otros tipos de delitos no contemplados en la Decisión marco 2000/383/JAI, a la que esta propuesta de directiva está llamada a sustituir; en tercer lugar, la obligación de tipificar la instigación,
complicidad y tentativa de los delitos, y en último lugar, la extensión de la jurisdicción extraterritorial y la justicia universal.


Señorías, no tenemos duda de nuestro interés en contar con un instrumento que introduzca niveles de homogeneidad en la sanción penal de los delitos de falsificación del euro, así como con reglas que permitan su persecución eficaz y la
cooperación judicial entre los Estados miembros. Por todo ello, propongo que esta Comisión mixta considere que la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la
falsificación y por la que se sustituye la Decisión marco del Consejo 2000/383/JAI es conforme a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en el vigente Tratado de la Unión Europea.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Martín Gómez.


La señora MARTÍN GÓMEZ: Señorías, en primer lugar quisiera resaltar que el Grupo Popular comparte el informe de la ponente, de la señora Gutiérrez, si bien vamos a hacer una pequeña introducción.


El euro, que es la moneda utilizada por los diecisiete Estados de la Unión Europea viene siendo objeto de falsificación. Como se ha dicho ya, se calcula que los daños financieros que su falsificación ha podido causar desde su entrada en
circulación han sido de 500 millones de euros, si bien esta directiva se debe a que en los últimos semestres ha habido un incremento importante en la comisión de delitos. Como se ha indicado, existía una normativa previa, las decisiones marco del
año 2000 y del año 2001, pero es evidente que estas medidas no han sido suficientes, fundamentalmente porque establecían un nivel mínimo para las penas máximas, pero en ningún caso un nivel mínimo para las sanciones mínimas, lo que ha llevado a una
disparidad entre los distintos Estados miembros, encontrándonos con algunos en los que no existían penas mínimas y con otros en los que podían llegar a los diez años. A ello hay que añadir que no en todos los Estados miembros existían los medios
necesarios para investigar estos delitos que afectan en su mayoría a varios Estados de la Unión Europea y que tampoco existía la obligación por parte de estos de transmitir los billetes y monedas de euros supuestamente falsos, objetos de incautación
en el seno de procedimientos judiciales, a las autoridades nacionales. Por ello, como ya se ha resaltado aquí, se hacía necesaria una normativa que armonizarse y sobre todo garantizarse la protección global del euro y que persiguiese los delitos
contra el euro sobre una base común. Como ya se ha indicado aquí, en la presente directiva se ha optado por establecer en principio una pena mínima de seis meses y una pena máxima de ocho años, además de establecer los medios de investigación y
transmisión de los efectos incautados a las autoridades científicas durante los procedimientos judiciales. El objetivo general de la

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propuesta es prevenir y perseguir la falsificación del euro y de otras monedas, fortaleciendo su protección por medios penales y facilitando la cooperación judicial penal entre los Estados miembros a través de dicha armonización y de las
correspondientes sanciones penales. El Grupo Popular entiende que, tal como ha resaltado la ponente y tal como aparece en el informe del Gobierno, se cumple con el principio de subsidiariedad. En este caso es evidente que los Estados miembros por
sí solos y de forma individual no son capaces de cumplir con el objetivo común de luchar contra la falsificación del euro y que esto se puede conseguir de una manera mucho más efectiva a través de la presente directiva. La consideración del euro
como un bien común de la Unión Europea exige la existencia de esta normativa para combatir la falsificación con penas equivalentes en todos los Estados miembros. En esta propuesta de directiva se establecen unas normas mínimas que los Estados
miembros deben incluir en sus ordenamientos nacionales -está previsto en el artículo 5-, sin que puedan situarse por debajo de dichos niveles. También es verdad que cada Estado miembro podrá mantener los principios y reglas generales de sus
derechos nacionales en cuanto a la aplicación y ejecución de penas en función de las circunstancias concretas del caso. De hecho, otro de los principios objeto de estudio, el principio de proporcionalidad, resalta, como ha indicado la ponente, que
esta normativa no excede lo necesario para alcanzar los objetivos de los tratados y por tanto también cumpliría con el principio de proporcionalidad. A través de la presente directiva se establece una armonización de mínimos y se entiende además
que las sanciones propuestas son proporcionales a la gravedad de los delitos y al considerable impacto de la falsificación del euro y de otras monedas en los ciudadanos y en las empresas. Además, a fin de garantizar la normativa establecida para
cada Estado miembro se introduce una cláusula de salvaguarda para los casos de falsificación de monedas y billetes menores. Por todas estas razones, el Grupo Popular entiende que se cumplen ambos principios y va a votar favorablemente. (Aplausos).


- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSUMO Y POR EL QUE SE DEROGAN LA DIRECTIVA 87/357/CEE DEL CONSEJO Y LA DIRECTIVA 2001/95/CE (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE)
[COM (2013) 78 FINAL] [2013/0049 (COD)] [SWD (2013) 33 FINAL] [SWD (2013) 34 FINAL] - PAQUETE SOBRE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y VIGILANCIA DEL MERCADO. (Número de expediente del Congreso 282/000178 y número de expediente del Senado 574/000110).


El señor PRESIDENTE: Los portavoces me han solicitado un nuevo cambio en el orden del día, que consistiría, si hay asentimiento de sus señorías, en que el debate que tendría que tener lugar a continuación, relativo al punto 2 del orden del
día, pasara a ser el último en debatirse. (Asentimiento).


No habiendo problema, pasamos al debate sobre el control de subsidiariedad de la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad de los productos de consumo y por el que se deroga la Directiva 87/357/CEE
del Consejo y la Directiva 2001/95/CE. Se ha recibido informe del Gobierno así como de la Asamblea de Extremadura. Para presentar el informe, interviene en primer lugar la señora Ripoll Juan.


La señora RIPOLL JUAN: Señorías, tal como ha dicho el señor presidente, tratamos en este punto el informe sobre la aplicación del principio de subsidiaridad por la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
seguridad de los productos de consumo, por el que se derogan la Directiva 87/357/CEE del Consejo y la Directiva 2001/95/CE. Ustedes ya conocen el informe emitido. La propuesta se refiere a los productos de consumo manufacturados no alimenticios y
forma parte del paquete sobre seguridad de los productos y vigilancia del mercado, que incluye también la propuesta de un único reglamento sobre vigilancia del mercado y un plan de acción plurianual para vigilancia del mismo en el periodo 2013-2015.
Dicha propuesta contribuye a la estrategia de crecimiento decenal de la Unión Europea Europa 2020, pues aumenta la confianza de los consumidores en la seguridad de los productos y mejora el funcionamiento del mercado único a través de la
consolidación y mejora de la seguridad de los productos merced a una vigilancia del mercado eficaz en toda la Unión.


El documento de trabajo de los servicios de la Comisión en el que se resume la evaluación de impacto acompaña al paquete sobre seguridad de los productos y vigilancia del mercado. La evaluación de impacto se refiere a productos
manufacturados no alimenticios, que están sujetos bien a la legislación de armonización de la Unión para categorías específicas de productos, bien a la Directiva 2001/95/CE, relativa a la seguridad general de productos aplicable a los productos de
consumo. Este conjunto de

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normas de la Unión Europea ha establecido requisitos de seguridad para una gran cantidad de productos, mientras que las categorías de productos restantes se rigen por las disposiciones del tratado relativas a la libre circulación y al
principio de reconocimiento mutuo.


La libre circulación de productos seguros es uno de los pilares básicos de la Unión Europea. Este principio constituye una parte fundamental del mercado único y permite a los consumidores y empresas comprar o vender productos en otro Estado
miembro. La vigilancia eficaz del mercado debe permitir la identificación de productos inseguros o nocivos y su prohibición de comercialización o su retirada del mercado, así como la penalización de los agentes económicos -que los hay- sin
escrúpulos. Asimismo, debería tener un efecto disuasorio. En un mercado único, en el que los productos circulan libremente, la vigilancia del mercado ha de estar coordinada y ser capaz de reaccionar con celeridad en una zona, como sabemos, muy
amplia. Sin embargo, la vigilancia del mercado no ha seguido el ritmo de evolución del marco regulador dentro de la Unión. El reglamento de seguridad de los productos sustituye a la Directiva 2001/95/CE en vigor y, al igual que ella, requiere que
los productos no alimenticios de fabricación para el consumo sean seguros y contiene ciertas obligaciones para los operadores económicos, estableciendo también disposiciones para el desarrollo de estándares de cumplimiento de los requisitos de
seguridad. También mantiene el principio de un alto nivel de protección de la salud y seguridad de los consumidores, al mismo tiempo que evita la competencia desleal y simplifica y agiliza su funcionamiento y su relación con el resto de la
normativa comunitaria. Junto con otra serie de acciones, en el Acta del Mercado Único I y II se señalaba que la revisión de la Directiva sobre seguridad general de los productos, como parte del paquete sobre seguridad de los productos y vigilancia
del mercado, era una iniciativa importante, que contribuiría a impulsar el crecimiento y también la creación de empleo. Es una evidencia que la fragmentación de las normas de vigilancia del mercado y de las obligaciones de los agentes económicos en
varias normativas comunitarias ha generado confusión entre aquellos -los agentes económicos- y las autoridades, restando eficacia a la vigilancia del mercado en la Unión. Es por ello por lo que la propuesta tiene por objeto clarificar el marco
regulador de los productos de consumo, adaptándola a la evolución legislativa de la Unión. A la par, el hecho de pasar de ser una directiva a ser un reglamento facilita su aplicación. Igualmente, el objetivo del paquete es mejorar la seguridad de
los productos de consumo que circulan en el mercado único e intensificar la vigilancia del mercado relativa a todos los productos no alimenticios, incluidos los importados de terceros países, lo que contribuirá a reforzar la protección de los
consumidores y a establecer la igualdad de condiciones para todas las empresas, mejorando también la trazabilidad e identificación de los productos no seguros para facilitar su rápida retirada del mercado. Por su parte, la Asamblea de Extremadura
indica que la actuación aislada de los Estados miembros en este campo puede entrar en conflicto con las exigencias de los tratados o perjudicar considerablemente los intereses de otros Estados miembros, motivo por el cual las medidas comunitarias
existentes resultan insuficientes para alcanzar los objetivos pretendidos, y la presente propuesta, que busca superar esas dificultades, respeta el principio de subsidiariedad.


Por todo lo anterior, señorías, y en conclusión, según el informe del Gobierno, la acción propuesta implica directamente la modificación del actual marco regulador comunitario y se refiere a un ámbito regulador en el que la Unión Europea ya
ha ejercido competencias compartidas de acuerdo con el artículo 4.2 del Tratado de funcionamiento de la Unión, por lo que respeta el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 de dicho tratado.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ortiz Molina.


El señor ORTIZ MOLINA: Voy a exponer con brevedad la posición del Grupo Socialista en relación con el informe que se somete a nuestra consideración, relativo al reglamento sobre seguridad de los productos de consumo, por el que se derogan
dos directivas. Anuncio de entrada que nuestra posición será favorable.


El reglamento, tal y como se ha dicho, se refiere a los productos de consumo manufacturados no alimenticios, exige que los productos de consumo sean seguros, establece determinadas obligaciones para los agentes económicos y contiene además
disposiciones sobre la elaboración de normas. Es verdad que el marco normativo que tenemos en vigor en estos momentos y que viene a modificar este reglamento ha generado una gran confusión, tanto para los agentes económicos como para las
autoridades nacionales, y ha restado mucha eficacia a la actividad de vigilancia del mercado en la Unión. Una de las grandes virtudes que tiene es precisamente la finalidad de aclarar el marco reglamentario de los productos de consumo no
alimenticios. Además, la propuesta establece de manera muy clara las

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obligaciones elementales de los agentes económicos, como que los fabricantes estarán obligados a generar la documentación técnica que contenga la información necesaria para demostrar que el producto en cuestión es seguro. La propuesta exige
a los agentes económicos que sean capaces de identificar a sus proveedores y sus clientes y además -y creemos que este es un acierto del reglamento- la Comisión estará facultada para adoptar medidas que exijan a los agentes económicos que
establezcan un sistema de trazabilidad electrónico o se adhieran a un sistema de este tipo ya establecido. En definitiva, se trata de garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores y también de evitar que los Estados miembros adopten
reglamentaciones divergentes sobre los productos que conduzcan a una fragmentación del mercado único.


Las razones expuestas avalan sobremanera la necesidad de que esta regulación tenga ámbito europeo y son más que suficientes. Nos parece muy acertado que se trate de un reglamento y que venga a suplir las directivas, porque así evitamos la
tramitación de una trasposición de directivas con la distorsión que genera. El reglamento tiene una aplicación directa, con lo cual plantea un marco unificador bastante eficaz. Si además tenemos en cuenta que se vienen a regular materias que ya
estaban reguladas, no tenemos ninguna duda -así lo plantea con acierto la ponente- de que cumple los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Ratificando nuestra posición favorable, concluyo mi intervención.


- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO (CE) NÚMERO 562/2006 EN LO QUE RESPECTA A LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENTRADA/SALIDA (EES) Y EL PROGRAMA DE REGISTRO DE VIAJEROS (RTP) [COM
(2013) 96 FINAL] [2013/0060 (COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000181 y número de expediente del Senado 574/000114).


- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE ESTABLECE UN SISTEMA DE ENTRADA/SALIDA (EES) PARA REGISTRAR LOS DATOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES QUE CRUZAN LAS FRONTERAS EXTERIORES
DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA [COM (2013) 95 FINAL] [2013/0057 (COD)] [SWD (2013) 47] [SWD (2013) 48] [SWD (2013) 49]. (Número de expediente del Congreso 282/000183 y número de expediente del Senado 574/000116).


- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE ESTABLECE UN PROGRAMA DE REGISTRO DE VIAJEROS [COM (2013) 97 FINAL] [2013/0059 (COD)] [SWD (2013) 50] [SWD (2013) 51] [SWD (2013) 52]. (Número de expediente del
Congreso 282/000184 y número de expediente del Senado 574/000117).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate sobre el control de subsidiariedad de tres propuestas agrupadas: la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un sistema de entrada/salida para registrar los
datos de entrada y salida de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea; la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el reglamento
número 562/2006 en lo que respecta a la utilización del sistema de entrada/salida y el programa de registro de viajeros, y la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un programa de registro de viajeros.
Se han recibido informes del Gobierno a todas las propuestas. Para presentar el informe, tiene la palabra el señor Moreno Palanques.


El señor MORENO PALANQUES: Se trata efectivamente de un paquete de tres propuestas de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, tres propuestas que son importantes. Basta experimentar el paso de fronteras en distintos países, como
Estados Unidos y algunos de la Unión Europea, para ver la necesidad de esta nueva iniciativa legislativa a nivel europeo. Son tres propuestas sobre las que se han recibido informes del Gobierno que las califican como respetuosas con el principio de
subsidiariedad.


La primera propuesta a la que me voy a referir es la de modificación del Reglamento 562/2006, el denominado Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras, que conocemos como Código de fronteras Schengen, que es
necesario modificar para dar cabida a las otras dos propuestas, la del establecimiento de un sistema de entrada y salida y la del programa de registro de viajeros. Estas dos últimas se basan jurídicamente en los artículos 74 y 77 del Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea. Todo ello arranca el 15 de marzo de 2006, que es cuando se adopta el Código

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Schengen como un conjunto de normas detalladas que rigen las inspecciones en los pasos fronterizos exteriores. De conformidad con el artículo 7, toda persona debe ser sometida a inspecciones en las fronteras exteriores, tanto si es nacional
como si no lo es; la diferencia está en que los ciudadanos de la Unión Europea y otros beneficiarios del derecho a la libre circulación, en virtud del derecho de la Unión, tenemos inspecciones mínimas tanto a la entrada como a la salida, mientras
que todos los demás son sometidos a una inspección minuciosa, que incluye la verificación del objeto de la estancia, la comprobación de que disponen de medios de subsistencia suficientes, la intención que tienen de regresar al país, así como su
búsqueda en el sistema de información Schengen y en las bases de datos nacionales. Esta comprobación la realiza el guardia de fronteras mediante una entrevista al viajero. Así es como se hace hoy en día, como todas sus señorías saben. Se hace la
entrevista y se cotejan y controlan los documentos necesarios para esa entrada. Además, el guardia de fronteras debe supervisar la estancia autorizada en el espacio Schengen mediante el cálculo de los sellos de los ingresos que tienen los
documentos de viaje. El cálculo de esa estancia se hace cotejando los sellos de entrada y el momento de la salida. Por tanto, el Código de fronteras Schengen no tiene disposiciones relativas a la anotación de los desplazamientos transfronterizos
de los viajeros. Hoy por hoy, el sellado del documento es el único método para indicar las fechas de entrada y salida y para calcular la duración de la estancia en el espacio Schengen, que como ustedes saben no puede exceder de noventa días en un
período de ciento ochenta días. Otras herramientas son las bases de datos, como el sistema de información Schengen o el sistema de información de visados, cuya consulta es obligatoria a la entrada pero no a la salida y que no fueron concebidos para
anotar los cruces de fronteras y no prevén esa funcionalidad. En resumen, hoy por hoy no existen medios electrónicos para comprobar dónde o cuándo un nacional de un tercer país ha entrado o salido del espacio Schengen. No existe ese sistema de
anotación coherente a escala de la Unión Europea para las entradas y salidas del espacio ni existen medios fiables para determinar si un nacional de un tercer país ha sobrepasado su derecho de estancia. Hay trece Estados miembros, entre ellos
España, que tienen esos sistemas propios de entrada y salida. Si una persona entra por un Estado que tiene estos sistemas y sale por el propio Estado es relativamente fácil -aún así es difícil- comprobar la duración de la estancia autorizada, pero
si el ciudadano entra, como es muy habitual, por un país como España y sale por otro país del espacio Schengen no pueden cotejarse las fechas de entrada y salida. Tampoco se dispone de datos fiables sobre el número de inmigrantes irregulares que
permanecen actualmente en la Unión Europea y en caso de que los nacionales de terceros países destruyan el documento de entrada, el pasaporte u otro, tampoco existe la información suficiente para que las autoridades tengan acceso a información
fiable para establecer su identidad. Esa es la situación que tenemos. En este sentido, se propone la creación de un sistema de entrada o salida cuyo objeto sea mejorar la gestión de las fronteras exteriores y luchar contra la inmigración ilegal,
un sistema que calcule la estancia autorizada de cada viajero, que preste asistencia en la identificación de cualquier persona que presuntamente no cumpla las condiciones de entrada o estancia en el territorio de los Estados miembros y que sirva de
apoyo al análisis de las entradas y salidas de los nacionales de terceros países. Por otro lado, las actuales normas aplicables a los nacionales de terceros países pueden calificarse de uniformes, en el sentido de que no se hacen distinciones en
cuanto a la minuciosidad de la inspección a la entrada en función de determinados riesgos que pueda tener un viajero o no, es decir, hay uniformidad en ese análisis que se hace en fronteras con algunas excepciones, que son mínimas, como puedan ser
los jefes de Estados -por razones obvias-, los trabajadores transfronterizos o los residentes fronterizos, pero esta es una ínfima minoría, corresponde al 0,2 % del flujo total de viajeros. En relación con lo expuesto en este punto, se propone el
establecimiento de un programa de registro de viajeros que, combinado con el sistema de entrada y salida, tenga como objeto mejorar la gestión y el control de los flujos de viajeros en las fronteras, lo que facilitará las inspecciones y acelerará el
cruce de aquellos viajeros frecuentes de terceros países que previamente hayan sido controlados. El procedimiento de inspección fronteriza que podemos considerar alternativo supondría en la práctica la aprobación de una solicitud que presentaría el
viajero previamente, expidiéndosele una tarjeta que sería leída automáticamente en la frontera junto con el documento del viaje y las impresiones dactilares, que se compararían con los datos almacenados en el repositorio central y demás bases de
datos incluidos el sistema de información de visados, en el caso de que ese viajero pase con éxito todos esos controles previos podría atravesar la barrera automáticamente permitiéndole el paso por los puestos fronterizos sin intervención humana.
Este programa de registro de viajeros, junto con el sistema de entrada y salida, con o sin datos biométricos, permitirá llevar a cabo anotaciones de estas entradas y salidas para estancias de

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corta duración y es la condición previa necesaria para la plena automatización de las inspecciones fronterizas de los viajeros registrados.


España, como todos nosotros sabemos, es un país con importantes fronteras exteriores y un numeroso cruce de las mismas. Por tanto, está interesada en ese sistema y es favorable al desarrollo de ambos procesos. Sin embargo, también ha
expresado la necesidad de cumplir con determinadas condiciones entre las cuales la más importante es el acceso policial a las nuevas bases de datos, cuestión -dicho sea de paso- que no está resuelta en la propuesta de la Comisión. Al analizar el
respeto al principio de subsidiariedad, que es realmente lo que nos compete como Comisión, hay que tener en cuenta que, de conformidad con el artículo 77 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, la Unión está facultada para adoptar medidas
relativas a los controles de las personas y la vigilancia eficaz en el cruce de fronteras exteriores de los Estados miembros. Es necesario establecer normas armonizadas sobre las anotaciones de los desplazamientos transfronterizos y el seguimiento
de las estancias autorizadas para el espacio Schengen en su conjunto que faciliten el cruce de las fronteras a los viajeros registrados sin necesidad de un escrutinio separado y sin menoscabo de la seguridad. Los objetivos de las propuestas no
pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros en cuanto a que la propuesta para introducir modificaciones necesarias depende solamente de que la Unión pueda modificar un acto suyo vigente como es el código Schengen.


En relación con el instrumento jurídico elegido solo puede escogerse como instrumento jurídico un reglamento, teniendo en cuenta que se creará un sistema centralizado mediante el cual los Estados miembros cooperarán entre sí, lo cual
requiere una arquitectura y unas normas de funcionamiento comunes y se establecerán normas sobre las inspecciones fronterizas uniformes para todos los Estados miembros. Sobre las repercusiones presupuestarias, la modificación del reglamento no
representa ningún impacto presupuestario en sí misma, como es lógico, y el apoyo financiero de las otras dos propuestas está previsto en el marco financiero plurianual 2014-2020, a través del Fondo de seguridad interior.


Finalmente, la presente propuesta se basa en el acervo de Schengen en la medida en que concierne al cruce de fronteras exteriores y, por tanto, habrá que considerar las consecuencias para los distintos protocolos anejos a los tratados y a
los acuerdos de asociación celebrados con terceros países. En conclusión, consideramos que las tres propuestas de reglamento son conformes al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Ortega.


El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Señorías, los europeos disfrutamos en nuestras fronteras con el reto de países de la Unión del código de fronteras Schengen que permite el libre movimiento de personas dentro de la Unión Europea con resultado muy
positivo que ha podido comprobar cualquiera que haya tenido que cruzar la frontera dentro de los países internos de la Unión Europea. El paquete de reglamentos que evaluamos hoy está destinado a la gestión de las fronteras externas de la Unión
Europea con terceros países, que se ven atravesadas por un movimiento de más de 100 millones de personas anualmente y esta es una cantidad que va a seguir aumentando. Con el código Schengen tenemos dos niveles, uno para los ciudadanos europeos,
como ha señalado el ponente, con controles prácticamente mínimos y otro para los ciudadanos de terceros países que tienen que sufrir inspecciones minuciosas en las que se verifican el objeto de su estancia, los recursos suficientes que tengan, la
búsqueda en el sistema de información Schengen y en las bases de datos nacionales, un procedimiento que se hace lento y que está generando ya problemas de gestión de filas en más de un país en la actualidad. Este escenario nos abocaría a aumentar
el número de guardas fronterizos y de nueva infraestructura, dado que el volumen ya es suficientemente grande y la previsión es que siga aumentando por encima de esos 700 millones de cruce anual a los que me he referido. La única posibilidad de
control que existe en este momento es el sellado del documento de viaje, que lleva fecha de entrada y salida y no disponemos de medios electrónicos para comprobar cuando un extranjero ha salido de la Unión Europea o por dónde sigue, si sigue o no
dentro de la propia Unión. No podemos controlar si una persona ha sobrepasado su autorización de estancia dentro de la Unión Europea con el actual sistema vigente. Por la parte que nos compete a España para nosotros es importante mejorar todo lo
que sea el control de las fronteras exteriores puesto que tenemos en el turismo una de las bases de la economía del país y además el volumen de cruces de frontera debe llegar prácticamente al centenar de millones de cruces que se pueden producir en
las

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fronteras exteriores de nuestro país al año. Es muy importante que este sistema de control se mejore y se agilice para la propia economía de nuestro país.


Los reglamentos que se someten hoy a informe de subsidiariedad suponen una propuesta de modernización de la frontera europea coherente con el desarrollo de la gestión integrada de fronteras de la Unión Europea y de la comunicación sobre
fronteras inteligentes y se nos propone hacerlo mediante sistemas informáticos avanzados: el sistema de entrada y salida y el programa de registro de viajeros. Estos sistemas informáticos se nos plantean con el objetivo de facilitar y dar
comodidad a los extranjeros que cruzan nuestra frontera e incluso ganaremos en seguridad con la instalación de estos sistemas y por la parte que compete a España entiendo que supone una mejora importante para el turismo e incluso para el conjunto de
los países de la Unión Europea, también para el comercio, para los negocios y para todas aquellas personas que, a partir de la instauración de estos sistemas informáticos, con un solo control podrán cruzar en repetidas ocasiones las fronteras
prácticamente de forma automática. La propuesta del sistema informático mejora el control de la inmigración irregular y permite tener información precisa independientemente del país por el que se entre en la Unión Europea. Se conocerá cuántos
inmigrantes hay en Europa con exactitud, que en este momento somos incapaces de conocerlo. Se podrá efectuar un seguimiento de la duración de la estancia permitida y va a permitirnos al conjunto de los países de la Unión mejorar nuestros controles.
Entendemos que es proporcionada en cuanto a la protección de los datos personales, puesto que solo se prevé que se almacenen durante seis meses y, si sobrepasa la duración autorizada, se almacenarían por cinco años. También entendemos que es
proporcional en cuanto a los costes. Se reservan 1.100 millones del Fondo de seguridad interior para el periodo 2014-2020 y nos parece un acierto que se decidan cubrir los costes de los componentes principales, pero también los del desarrollo de
los componentes nacionales de los Estados miembros, garantizando que entre en funcionamiento simultáneamente en todos los países, que es una condición sine qua non para que sea operativo y para que funcione el sistema.


Para alcanzar estos objetivos se propone el desarrollo de un doble sistema informático, como he dicho antes, el sistema de entrada y salida y el programa de registro de viajeros, que coordina el control de fronteras a nivel europeo, permite
el acceso a la información en cualquier punto independientemente de donde se genere -no importa por qué frontera haya entrado, en la salida se podrá controlar- y agiliza el control de los pasajeros. Para que sean operativos estos sistemas deben
estar lógicamente instalados en todas las fronteras exteriores de la Unión Europea y aplicarse con iguales normas. Se convierte en un desarrollo del acervo Schengen, lo que viene a subrayar la posición favorable de nuestro grupo sobre el informe de
subsidiariedad que hoy evaluamos. El artículo 77.2, letra b), del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea faculta a la Unión para adoptar medidas en los controles de personas y vigilancia en el cruce de fronteras exteriores y además los
Estados miembros entendemos que por sí solos no pueden alcanzar el objetivo de control y seguimiento de las personas que cruzan las fronteras exteriores de la Unión Europea, por lo que el Grupo Socialista entiende que procede informar favorablemente
este paquete de reglamentos en cuanto al cumplimiento de la subsidiariedad de estas iniciativas.


- PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA A MEDIDAS PARA GARANTIZAR UN ELEVADO NIVEL COMÚN DE SEGURIDAD DE LAS REDES Y DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIÓN [COM (2013) 48 FINAL] [2013/0027 (COD)] [SWD (2013) 31 FINAL]
[SWD (2013) 32 FINAL]. (Número de expediente del Congreso 282/000176 y número de expediente del Senado 574/000108).


El señor PRESIDENTE: Procedemos al debate del último punto del orden del día, en este caso el control de subsidiariedad sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a medidas para garantizar un elevado nivel
común de seguridad de las redes y de la información en la Unión. Se ha recibido informe del Gobierno así como de la Asamblea de Extremadura. Interviene en primer lugar para presentar el informe la señora González Veracruz.


La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Adelanto que además de una directiva imprescindible valoramos positivamente el cumplimiento del principio de subsidiariedad por las razones que ahora expondré. Internet y las redes son un nuevo espacio de
convivencia donde trabajamos, exportamos, compramos y vendemos, también nos relacionamos y donde además se encuentran muchos de los jóvenes. Porque hago esta introducción, porque precisamente en el nuevo espacio de convivencia que suponen las redes
hay que garantizar desde las políticas públicas, desde las instituciones, que se preserven los derechos y también

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las libertades. Por eso es tan importante una estrategia de ciberseguridad en el marco de la Unión Europea por el contexto transfronterizo de las redes, por eso es tan necesaria una regulación transnacional y bienvenida sea esta directiva,
además de informar positivamente sobre el principio de subsidiariedad. Precisamente en España en el año 2006 se crea Inteco, el Instituto de seguridad -que es el centro de equipos de respuesta, emergencia informática, referencia de la Unión
Europea-, con el objetivo que pretende esta directiva que es garantizar la seguridad de las redes y de la información. Lo que pretende la directiva es garantizar un entorno digital seguro y fiable, sin olvidar por supuesto la promoción y la
protección de los derechos fundamentales y otros valores esenciales de la Unión Europea. Esta directiva es el principal instrumento de toda una estrategia que incluye además medidas centradas en la concienciación, el desarrollo de un mercado
interior de productos y servicios de ciberseguridad -que también me parece fundamental desde el punto de vista económico- y el fomento de las inversiones en investigación y desarrollo. Hay un contexto importante a resaltar, también para justificar
la propia directiva, que se recoge en la exposición de motivos de la iniciativa y que habla de todos los resultados de distintas consultas. Una de ellas es una consulta pública para ilustrar la necesidad de la directiva. Por ejemplo, la consulta
pública sobre la mejora de la seguridad de las redes y de la información en la Unión Europea establece que el 57 % de los participantes en ella habían sufrido a lo largo del año anterior incidentes de seguridad en las redes y de la información que
habían tenido graves consecuencias en sus actividades. Es decir, si queremos promover el comercio electrónico, por ejemplo las exportaciones por medio de la redes, y si queremos una Unión Europea más competitiva gracias a las tecnologías de la
información y la comunicación tenemos que garantizar que se cumpla lo que opinan en el Eurobarómetro de 2012 sobre ciberseguridad: los europeos y europeas señalan que al 38 % de los usuarios de Internet de la Unión Europea le preocupa la seguridad
de los pagos en línea y que en consecuencia ha modificado su comportamiento. Es decir, probablemente un 18 % comprará menos en Internet y un 15 % no utilizará tanto los servicios bancarios en línea. Hay más documentos en esta dirección, pero creo
que son suficientemente ilustrativos sobre la necesidad de esta directiva, que además se encuentra dentro del marco de la Agenda digital europea que fue planificada a iniciativa del Gobierno de España durante los meses de la Presidencia española de
la Unión Europea y que, sobre todo, pretende un mercado digital único en el que la ciberseguridad y la propia directiva sean una garantía fundamental para la propia competitividad y el desarrollo económico de la Unión Europea.


La iniciativa impone tres medidas principales, desde el punto de vista de que la imposición es la única manera de que entre todos los países se pueda conseguir la coordinación necesaria en este contexto transfronterizo. La primera es la
imposición a todos los Estados miembros de la obligación de velar porque exista un nivel mínimo de capacidades nacionales mediante la designación obligatoria de autoridades competentes en materia de seguridad de la redes y de la información, es
decir, la creación de equipos de respuesta a emergencias informáticas, como es nuestro caso, en este sentido España es pionera y está avanzada en la materia, como en tantos otros temas de tecnologías de la información y la comunicación con el
instituto Inteco que, como decía antes, se creó en 2006. En segundo lugar, impone que las autoridades nacionales competentes deben cooperar dentro de una red que garantice una coordinación segura y eficaz y en particular un intercambio coordinado
de información y una labor de detección y respuesta a escala de la Unión Europea. En tercer lugar, siguiendo el modelo de la directiva marco sobre las comunicaciones electrónicas, la propuesta pretende implantar una cultura de gestión de riesgos y
garantizar el intercambio de información entre los sectores público y privado. Esto es muy importante, porque las empresas de los sectores críticos concretos que han sido citadas en las administraciones públicas tendrían que evaluar conjuntamente
los riesgos a los que se enfrentan y adoptar medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar esta seguridad cuya necesidad estoy argumentando. En definitiva, por la necesidad de tomar medidas que sean transfronterizas por el contexto y por la
necesidad de cooperación obligatoria entre los países, informamos positivamente sobre el principio de subsidiariedad de esta directiva, además de que, como he argumentado, es necesaria.


El señor PRESIDENTE: Para finalizar los debates de hoy tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Candón Adán.


El señor CANDÓN ADÁN: La seguridad de las redes y de la información está adquiriendo una importancia creciente para nuestra economía y nuestra sociedad, así como también es un requisito previo para crear un entorno fiable para el comercio
mundial de servicios. Evidentemente estos sistemas de información pueden verse afectados por incidentes relacionados con la seguridad, tales como pueden ser

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errores humanos, fenómenos naturales, fallos técnicos o ataques malintencionados. La verdad es que la frecuencia, la complejidad y la envergadura son cada vez mayor. La falta de seguridad en las redes y de la información puede llegar a
comprometer servicios vitales que dependen de la integridad de las redes y de los sistemas de información, interrumpiendo las actividades de las empresas, generando cuantiosas pérdidas financieras para la economía de la Unión Europea e incidiendo
negativamente en el bienestar de la sociedad. Algunos datos significativos a modo de ejemplo, se estima que cada día hay unos 150.000 virus informáticos en circulación, también tenemos 148.000 ordenadores afectados y como también ha referido la
anterior ponente del Grupo Socialista sobre el Eurobarómetro, que no voy a repetir, pero sí quiero facilitar un dato importante: el 74 % de los consultados coinciden en que el riesgo de sufrir un ciberdelito ha aumentado, el 12 % ya ha sido víctima
de fraude en la red y el 89 % ya evita divulgar información personal. Así que la directiva tiene como objetivo establecer las medidas que garanticen un alto nivel común de seguridad en las redes y de la información con el fin de garantizar el buen
funcionamiento del mercado interior. Por ello, la directiva estipula que los Estados miembros deberán poner en marcha un alto nivel de seguridad común que facilitará el diálogo y la cooperación y ayuda a consolidar de una cultura de seguridad
transfronteriza, hacer frente a los ciberataques y ciberdelincuencia organizada en la red. Además establecerá obligaciones tanto para el sector público como privado para que los operadores de infraestructura crítica refuercen la seguridad de los
sistemas de información, incluyendo medidas necesarias para mitigar los posibles riesgos, a la vez que comuniquen los incidentes de seguridad a las autoridades competentes establecidas por los Estados. Desde el punto de vista de sus repercusiones
para España podemos decir: en primer lugar, España apoya dicha propuesta al considerar que la propuesta de directiva forma parte de la Agenda digital para Europa y de la estrategia Europa 2020, constituyéndose en una red de acciones clave
contemplada en dicha agenda y, en segundo lugar, el apoyo viene justificado por el hecho de que los objetivos propuestos, como la puesta en marcha de estrategias nacionales, analizar las amenazas y los riesgos de la seguridad, identificar las líneas
de respuesta y definir mecanismos de coordinación son objetivos centrales de la estrategia española de seguridad. Dicho todo lo anterior, la propuesta se ajusta en concordancia con lo expuesto por la Comisión al principio de subsidiariedad ya que
los Estados miembros por sí solos no pueden conseguir la aproximación de las medidas nacionales ni la aplicación coordinada de un enfoque armonizado. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Acabados los debates procedemos a las votaciones. (El señor Moreno Palanques pide la palabra). Señor Moreno.


El señor MORENO PALANQUES: El Grupo Parlamentario Popular pediría votación separada en la proposición no de ley de los puntos 1, 3 y 4, como un bloque, y 2 y 5, como otro bloque, si al ponente no le parece mal.


El señor PRESIDENTE: Señor Moscoso.


El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Se ha adelantado el portavoz popular a mi intervención. La enmienda que ha presentado el Grupo Popular es una enmienda de supresión, que recoge en sus términos exactos tres puntos de nuestra
proposición y dos no aparecen. Nosotros proponemos lo que ha indicado el portavoz del Grupo Popular, que votemos los tres puntos que se repiten en la enmienda en un bloque y los dos puntos que no están en la enmienda en otro bloque. No
aceptaríamos la enmienda, sino que la votaríamos por separado.


El señor PRESIDENTE: Señorías, procedemos a votar los puntos 1, 3 y 4 de la proposición no de ley en un solo bloque.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.


Ahora votaríamos, porque hay que votar la totalidad de la PNL, el resto que son los puntos 2 y 5.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

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Respecto a los informes del subsidiaridad y tal como se ha producido el debate creo que pueden ser votados por asentimiento si así lo entienden los portavoces. (Asentimiento). Se entienden aprobados todos ellos por asentimiento.


Señorías, se levanta la sesión y llamo a los portavoces y miembros de la Mesa a su reunión.


Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.