CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 119

PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO TARNO BLANCO

Sesión núm. 20 (extraordinaria)

celebrada el martes,

8 de julio de 2014

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ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para ofrecer todas las explicaciones y aclaraciones oportunas en relación con la contratación de obras menores por el Tribunal de Cuentas, así como
acerca de los procesos selectivos de su personal, y sobre aquellas otras cuestiones que resulten de actualidad. Por acuerdo de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. (Número de expediente del Congreso 212/001678 y número
de expediente del Senado 713/000791)... (Página2)

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Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la vigésima sesión de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas con la comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas, don Ramón Álvarez de Miranda García, para
ofrecer todas las explicaciones y aclaraciones oportunas sobre la contratación de obras menores por el Tribunal de Cuentas, así como acerca de los procesos selectivos de su personal, y sobre aquellas otras cuestiones que resulten de actualidad. Han
quedado subsumidas todas las comparecencias solicitadas por los distintos grupos políticos, y como ya planteamos en Mesa y portavoces la comparecencia se desarrollará, en primer lugar, con la intervención del presidente del Tribunal de Cuentas, para
a continuación abrir un turno de intervenciones de los grupos parlamentarios de menor a mayor, con un tiempo máximo de diez minutos. Por tanto para iniciar el orden del día tiene la palabra don Ramón Álvarez de Miranda García.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Señorías, comparezco hoy a petición propia ante esta Comisión agradeciendo de antemano la oportunidad que se me brinda de ofrecer en sede parlamentaria explicaciones
acerca de una serie de informaciones periodísticas publicadas recientemente en un medio de comunicación, y que afectan al buen nombre y al prestigio del Tribunal de Cuentas, agradecimiento que dirijo a su presidente y a los restantes miembros de la
Mesa de la Comisión, dado que a pesar de no estar previsto este trámite en las normas de funcionamiento de esta Comisión, me permiten aclarar las imputaciones vertidas; y hago finalmente extensiva mi gratitud a todos los integrantes de la Comisión,
poniéndome posteriormente a disposición de sus señorías para responder a todas las cuestiones que tengan a bien realizar.


Los asuntos sobre los que deseo centrar mi exposición, siguiendo el orden de publicación de los mismos en la prensa, son los siguientes: la contratación de obras de mantenimiento y conservación en los edificios del Tribunal de Cuentas; la
forma de acceso del personal a la institución que presido, y en tercer lugar, la situación del personal destinado al ejercicio de labores relacionadas con la informática en el tribunal.


Contratación de mantenimiento y conservación. El diario El País, en su edición de 9 de junio, afirma que el Tribunal de Cuentas en los ejercicios 2010, 2011 y 2012 realizó obras por importe de 50.414, 30.022 y 37.530 euros respectivamente,
y fraccionó los contratos para evitar sacarlos a concurso público con el argumento de que se trataba de obras menores, y no superar de esta forma el importe máximo legal, que cifra el autor en 30.000 euros, a la vez que insinúa una posible
vinculación entre estos hechos y la obtención de beneficios personales. Como ya expliqué al director de este medio en una carta que no publicó el Tribunal de Cuentas no fraccionó los contratos, con independencia de que no habría superado el límite
legal, pues este es de 50.000 y no de 30.000 euros como erróneamente se indicaba. Cada una de las contrataciones tenía un objeto determinado conforme a la Ley de Contratos del Estado. Las obras eran independientes unas de otras, y no formaban
parte de un plan de reforma progresiva de las instalaciones, sino que respondían a necesidades puntuales en ocasiones de carácter urgente. Por ello no existió un troceo injustificado ni un fraccionamiento de una obra general de reforma de las
instalaciones cuya necesidad no se planteó.


No quiero aburrir a sus señorías con el desglose de los conceptos a los que se correspondían las obras, pero les facilito copia de los mismos y podrán apreciar que se refieren a obras menores de mantenimiento de naturaleza muy diversa:
pintura de despachos, reparaciones de aseos, fuga de tuberías de calefacción, reparación de humedades, reparación de cubierta, colocación de escayolas, que afectan a cuatro edificios distintos y realizadas en diferentes ejercicios. Por ello no era
posible prever la formalización de un único contrato y la realización independiente de cada una de las obras mediante su división en lotes, en contra de lo afirmado por el periódico. Igualmente no cabe referirse a un fraccionamiento para eludir la
publicidad en la contratación, pues el límite está fijado en 200.000 euros, ya que estamos refiriéndonos a obras cuyo importe ha oscilado entre 500 y 15.000 euros, alcanzando en su conjunto en el ejercicio que ha presentado mayor importe de los que
hace referencia la noticia un total de 50.500 euros. La tramitación de todos estos gastos se sometió a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y fueron objeto de fiscalización por el interventor del Tribunal de Cuentas, que en
ningún caso planteó reparo alguno. No tiene sentido tampoco pretender establecer una vinculación entre contratación y supuestos beneficios personales, pues no hay que olvidar que la contratación es competencia exclusiva del presidente, no
disponiendo el resto de los miembros del tribunal de competencia al respecto. Quisiera indicar en relación con esta materia que el tribunal dispone en su plantilla de personal dedicado a oficios

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que se ocupan del mantenimiento habitual de las diferentes dependencias, por lo que el recurso a contrataciones externas se limita a aquellas ocasiones en que por circunstancias diversas, ya sea la concurrencia con otras tareas o su
complejidad, no se pueden abordar con medios propios. De hecho durante los dos últimos ejercicios no se ha recurrido a contratación de obras menores, ya que se ha podido acometer con medios propios.


Procesos de selección de personal. La segunda información a la que voy a referirme cuestiona los procesos de selección de personal de esta institución, y vierte insinuaciones de enchufismo y nepotismo. Para analizar esta materia hay que
tener en consideración que en el tribunal prestan servicio diferentes colectivos de personal: funcionarios de los cuerpos propios del Tribunal de Cuentas -letrados, auditores y auditores técnicos- que acceden por el sistema de oposición;
funcionarios de cuerpos superiores de las administraciones públicas que se incorporan al tribunal mediante una libre designación, a propuesta del titular del departamento en el que prestarán servicios; funcionarios de otras administrativas públicas
pertenecientes a los subgrupos A2, C1 y C2 que acceden a su plaza en propiedad mediante concurso; y personal laboral contratado mediante convocatoria pública y concurso oposición. Aunque en el artículo se trata de forma única todo el personal,
cada uno de estos colectivos presentan unas características diferentes. El personal de los cuerpos propios del tribunal ha tenido su crecimiento a partir de la Ley Orgánica 2/1982, y la Ley de Funcionamiento de 1988, que los define como se conocen
actualmente. Desde entonces mediante la aprobación de las sucesivas ofertas de empleo público y la convocatoria de las correspondientes oposiciones se han realizado un total de veintinueve procesos selectivos. Todos ellos se han llevado a cabo de
acuerdo con la normativa de la función pública vigente en cada momento, mediante procesos públicos, concretándose en la publicación en el BOE de la oferta de empleo del tribunal, así como de la convocatoria de las plazas y el establecimiento de los
temarios y pruebas selectivas, incluyendo en todos los casos algún ejercicio público. La composición de los tribunales de oposición se rige por el reglamento general de ingresos del personal al servicio de la Administración General del Estado y por
el Estatuto Básico del Empleado Público, y en dichos tribunales participan funcionarios de otros cuerpos de la Administración y catedráticos de reconocido prestigio, junto a funcionarios de los cuerpos de la casa, al igual que ocurre en el resto de
los procesos selectivos de la Administración pública. En conjunto desde 1986 se han convocado para los tres colectivos 556 plazas, a las que han concurrido 5.628 aspirantes en total, habiendo aprobado 371 de ellos. La última incorporación de
personal funcionario se fijó en la oferta de empleo público del año 2009, que estableció 5 plazas para auditores superiores, 3 para letrados y 11 para técnicos de auditoría y control externo. Se cubrieron 14 plazas en total: 4 correspondientes a
auditores superiores, 2 a letrados y 8 a auditores técnicos.


A modo de síntesis de todo lo anterior diré que como resultado de estos procesos selectivos se han incorporado al tribunal, en el periodo 1986-2014, 37 funcionarios al cuerpo de letrados, 50 al cuerpo superior de auditores, y 284 al cuerpo
técnico de auditoría y control externo. La incorporación al Tribunal de Cuentas de funcionarios procedentes de otras administraciones públicas tuvo su origen a principios de los años noventa, después de la promulgación de la mencionada Ley de
Funcionamiento del tribunal, cuando las necesidades del personal técnico eran más notorias ante la escasez de recursos humanos en los cuerpos del Tribunal de Cuentas, recién creados, y de personal administrativo por no disponer de cuerpos propios
para realizar estas funciones. Actualmente prestan servicio en el Tribunal de Cuentas 233 funcionarios procedentes de otras administraciones públicas, de los que 82 pertenecen al subgrupo A1 -titulado universitario de grado-, 24 al subgrupo A2
-titulado universitario de grado-, 67 al C1 -bachiller o técnico-, y 62 al C2 -graduado en ESO-. Todos estos funcionarios han superado oposiciones en sus respectivos cuerpos de origen, y su incorporación al Tribunal de Cuentas se ha producido
conforme a los procedimientos legalmente establecidos.


Por último el Tribunal de Cuentas dispone de personal laboral para el auxilio en las funciones que tiene encomendadas, pues no se sumó al proceso de funcionarización que preveía la Ley 30/84. A lo largo de estos años se han dotado puestos
de trabajo de personal laboral que en el resto de la administración han desaparecido tras la ejecución de los correspondientes procesos de funcionarización. En total prestan servicio 169 empleados laborales pertenecientes a 33 categorías
profesionales de las 43 previstas en convenio colectivo. Desempeñan fundamentalmente actividades propias de oficios, de vigilancia, custodia y otros análogos; y funciones auxiliares de carácter instrumental y apoyo administrativo para el
desarrollo de las funciones encomendadas. No obstante el Tribunal de Cuentas ha experimentado en los últimos treinta años un proceso similar al del resto de las administraciones públicas, y ha evolucionado de un modelo de prestación de servicios
generales como limpieza, mantenimiento de instalaciones, seguridad,

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etcétera, con medios propios, a otro de externalización de una parte importante de los mismos. Al igual que en los cuerpos de funcionarios la cobertura de los puestos de laborales se rige de acuerdo con la normativa de la Función pública
mediante procesos selectivos públicos por el sistema de concurso oposición, mediante convocatoria pública, temario y comisión de selección. En los últimos veinticinco años se han realizado 16 convocatorias de plazas de personal laboral, han
participado 4.646 aspirantes y se han incorporado 180 empleados.


En el conjunto de estos procesos selectivos han participado personas que tienen algún grado de vinculación con otros empleados que prestan servicios en el tribunal, bien sea de los cuerpos propios o bien procedentes de otras administraciones
públicas con destino en el tribunal, o con miembros del pleno. A ellos se hace referencia en el artículo del periódico. El artículo presenta una foto fija de un proceso que se ha producido a lo largo de treinta años. Se alude con un tratamiento
único a situaciones heterogéneas: funcionarios que se han incorporado al tribunal antes que su supuesto benefactor; otros relacionados con políticos en activo o retirados que nunca tuvieron vinculación con el tribunal; funcionarios del tribunal
que actualmente están en otros destinos; otros que han establecido sus vínculos familiares una vez incorporados a la casa; otros que se incorporaron al tribunal hace más de veinte o treinta años, cuando las personas a las que se les vincula no
disponían de competencias para su selección ni ocupaban cargos de responsabilidad; otros se incorporaron al tribunal a la vez que sus familiares y con posterioridad desarrollaron su carrera, e incluso se mencionan vínculos de personas que ni
siquiera han llegado a tener puestos de responsabilidad. En fin, señorías, podría continuar, pero cada caso es singular aunque se metan todos en el mismo saco. Todas las personas que participaron en procesos selectivos, tanto para incorporarse a
los cuerpos propios del tribunal como para proveer plazas de personal laboral, se sometieron a una convocatoria pública abierta a cualquier ciudadano interesado. Las ofertas de empleo y las plazas convocadas fueron publicadas en el BOE de acuerdo
con un temario establecido y un tribunal opositor constituido de acuerdo con las normas que dicta la Función pública, y no cabe deducir de ello un comportamiento arbitrario o irregular de los correspondientes tribunales calificadores o comisiones de
selección. Por otra parte, en una noticia publicada ayer por el mismo diario se hacía referencia a las secretarias de los altos cargos que habían aprobado la última oposición de personal laboral de auxiliar de grabación. Respecto a esta cuestión,
además de lo señalado anteriormente, debo significar que hubo varias plazas que fueron adjudicadas a personas que no tenían vinculación alguna con el tribunal, y al mismo tiempo varios de los aspirantes que ocupaban puestos de eventual no superaron
el proceso. Los expedientes correspondientes a los procesos selectivos a los que me he referido están a disposición de los miembros de la Comisión que lo deseen.


Medios informáticos del tribunal. La tercera noticia que el diario publica cuestiona la dotación informática del personal del tribunal y su cualificación. Para aclarar estos extremos hay que precisar previamente diversos aspectos. En el
Tribunal de Cuentas el personal que realiza funciones informáticas está destinado fundamentalmente en la subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y en menor medida en los diferentes departamentos y unidades del tribunal.
Además existe personal laboral, operadores informáticos, y fundamentalmente auxiliares de grabación que prestan labores de auxilio en la instalación de los equipos y el registro y tramitación de la información recibida y generada en el quehacer
diario de la institución. El artículo mezcla y confunde ambos colectivos y atribuye a los puestos informáticos las características de estos puestos auxiliares. Respecto a este segundo colectivo hay que hacer notar que el tribunal, en el desarrollo
de sus funciones, ha venido recibiendo tradicionalmente en papel un enorme volumen de documentación relativa a la rendición de cuentas y a la fiscalización de las mismas, así como en el ejercicio del enjuiciamiento contable. La magnitud de la
documentación recibida, así como el insuficiente desarrollo de la administración electrónica, tanto en el sector público -emisor de la información- como en el propio tribunal, determinó en el pasado la necesidad de contar con medios suficientes en
tales puestos auxiliares para desarrollar estas funciones. Es deseable que, en la medida en que se implanten soluciones tecnológicas de administración electrónica, se reduzca la necesidad de personal de estas características.


Por su parte el personal que realiza estrictamente funciones informáticas puede ser laboral o funcionario. En el caso del personal laboral los puestos de programador y analista son cubiertos por convocatoria pública de acuerdo con un
temario y con una comisión de selección. Para acceder a las plazas de programador se exigen los mismos requisitos que para pertenecer al cuerpo de gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado -diplomado universitario, ingeniero
técnico, arquitecto técnico o grado-, y el temario está integrado por cincuenta y cuatro temas de contenido muy

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similar al del citado cuerpo en el que está inspirado. Si la comparación se realiza con otros cuerpos TIC la cualificación técnica exigida por el tribunal para un puesto de programador laboral supera a la exigida para pertenecer a estas
escalas. La comisión de selección de dicho personal laboral, como no podía ser de otra manera, se compone de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público y el reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración
General del Estado por representantes de la Administración, y un representante sindical. Quiero hacer hincapié en que este último miembro forma parte de la comisión en cumplimiento del artículo 30 del reglamento general de ingreso, que fija que los
órganos de selección se constituirán en cada convocatoria y deberán estar formados por un número impar de miembros, uno de los cuales al menos será designado a propuesta de la representación de los trabajadores. En la convocatoria que actualmente
está en tramitación, prevista en la oferta pública de empleo para el año 2014 y que fue aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado antes de que estas noticias alteraran el funcionamiento ordinario de la casa, la comisión de selección está
presidida por el subdirector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Tribunal de Cuentas, perteneciente al cuerpo superior de sistemas y tecnologías de la Administración del Estado, y formada por otros tres vocales, uno de los
cuales pertenece igualmente a dicho cuerpo, la subdirectora de la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica, del Ministerio de Hacienda, por cierto presidenta del proceso selectivo
convocado en el 2003 para ingreso en el citado cuerpo para toda la Administración del Estado; otra de las personas pertenece al cuerpo de gestión de sistemas y tecnologías de la Administración del Estado, y el tercero, a propuesta de los
sindicatos, ocupa plaza de programador. El secretario pertenece al cuerpo de gestión de la Administración General del Estado. (El señor vicepresidente, Romero Santolaria, ocupa la Presidencia).


Respecto al personal funcionario que presta servicio en la Subdirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, se confunden las características previstas en la relación de puestos de trabajo -en adelante RPT- con la
cualificación de las personas que ocupan el puesto. La relación de puestos de trabajo constituye el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, precisando los requisitos para el desempeño de cada puesto, y
comprendiendo la denominación y características esenciales de los mismos. Este documento, salvo modificaciones puntuales, ha permanecido invariable desde 1989, por lo que era perentorio proceder a su revisión subsanando aquellas carencias puestas
de manifiesto desde entonces. Con motivo de las medidas adoptadas por el tribunal para impulsar la administración electrónica y potenciar la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el pleno del pasado mes de mayo aprobó
modificar la RPT, y dotarla con nuevos puestos de personal funcionario TIC. En esta actuación se consideró la conveniencia de actualizar los perfiles previstos en la RPT, que como he indicado permanecían invariables desde hace muchos años, para que
en la próxima convocatoria pública del concurso los requisitos de conocimientos del nuevo personal que se incorpore se correspondieran con las necesidades del puesto de trabajo, y se asegurara que solo se incorporase personal cualificado. Por ello
se han modificado los cuerpos a los que pueden pertenecer los funcionarios para ocupar estas plazas, exigiéndose que sean cuerpos de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Antes estaba abierto a todos los cuerpos de la
Administración y se han actualizado, tanto la formación específica requerida como la experiencia exigida. Por tanto no es correcto afirmar que el tribunal dispone de 60 informáticos que no poseen los conocimientos necesarios, pues en esa cifra se
está incluyendo personal que realiza tareas auxiliares, fundamentalmente de grabación y validación de los datos y de manejo de tratamiento de textos; y tampoco es cierto que para ser informático del tribunal sea suficiente disponer de conocimientos
informáticos elementales y saber utilizar el office, ya que como he expuesto los requisitos para acceder a una plaza de programador de personal laboral son equiparables a los exigidos para acceder a los cuerpos de gestión de sistemas e informática
de la Administración del Estado, y para ser funcionario las plazas están limitadas a funcionarios pertenecientes a cuerpos TIC.


Señorías, a modo de síntesis de los tres temas planteados permítanme ofrecer las siguientes conclusiones. Primera, el tribunal no fraccionó los contratos para eludir la concurrencia y la publicidad. Las obras contratadas durante esos años
se referían a actuaciones independientes de importe menor, distinta naturaleza, y en diferentes edificios. Segunda, la incorporación del personal al Tribunal de Cuentas se produjo con arreglo a los procedimientos legalmente establecidos por la
Función pública, mediante procesos selectivos públicos y con tribunales calificadores constituidos conforme a lo previsto en la normativa. Tercera, el personal que desarrolla funciones informáticas debe cumplir los requisitos exigibles e incluso
superiores a los de puestos análogos en otras administraciones públicas, sin que sea correcto

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incluir en dicho colectivo al personal que desarrolla tareas auxiliares. En definitiva, señorías, se pretende proyectar una imagen de un Tribunal de Cuentas ineficiente, de escasa cualificación profesional, y que gestiona irregularmente los
recursos públicos asignados, y lo que es peor con falta de independencia e imparcialidad.


He intentado -no sé sin con éxito- responder a estas acusaciones, pero no transmitiría la imagen fiel, como decimos los auditores, si no defendiera en sede parlamentaria el trabajo que se está realizando desde que soy presidente para
modernizar la institución y asumir los retos que se plantean. Desde hace ahora casi dos años he destinado una parte muy importante de los esfuerzos a modernizar el tribunal, reorganizar los servicios, simplificar los procedimientos, y aumentar la
transparencia. He aplicado para ello la experiencia adquirida en los diez años anteriores en los que, como responsable del departamento de entidades locales del tribunal, lideré un proyecto de modernización e implantación de administración
electrónica en los procesos de rendición y examen de las cuentas de estas entidades. Este proyecto, que ha tenido un gran reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional -fue designado finalista en los premios de Naciones Unidas 2012-,
supone el máximo reconocimiento a la excelencia en el servicio público. Nos permitió apreciar cómo la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación permitían racionalizar la gestión de los recursos y alcanzar altas cotas de
eficacia. Así, dentro de una política de austeridad, de simplificación de procedimientos, y primando los medios propios y el software libre, hemos iniciado una senda que poco a poco va mostrando resultados. La creación de la unidad de
modernización administrativa e impulso de la administración electrónica ha facilitado actualizar la página web del tribunal, carta de presentación de nuestra institución ante la sociedad, y ha dotado de mayor transparencia a la actividad
desarrollada. Se ha creado la sede electrónica para impulsar los procedimientos fiscalizadores y jurisdiccionales del tribunal, y ganar en inmediatez y en agilidad, y se está trabajando en la implantación de la administración electrónica en todos
los procesos diarios. Se han implantado medidas para racionalizar el gasto, de especial relevancia en momentos de austeridad, mediante la renegociación de contratos existentes, la acumulación de diversos contratos en uno único, y el fomento de la
contratación mediante concurso público. En conjunto se ha obtenido un considerable ahorro de los gastos ordinarios que puede cifrarse en el 22%.


Dentro de los gastos corrientes que soporta el presupuesto hay que destacar la gestión del ingente archivo documental del tribunal, uno de los más importantes de España. Hace dos años el archivo estaba disperso en cuatro edificios
distintos, que en conjunto almacenaban 1.400.000 cajas, y este volumen aumentaba progresivamente. Para invertir esta tendencia se han concentrado los archivos, se han aprobado procedimientos de expurgo, y se está desarrollando un proceso de
tratamiento y sistematización de un volumen significativo de la documentación. Además el pleno del tribunal ha aprobado un acuerdo sobre supresión de la remisión de la documentación justificativa de las cuentas de pagos a justificar y anticipos de
caja fija de la Administración General del Estado, gracias al cual a partir de este ejercicio 2014 ha dejado de recibirse esta documentación en papel, hasta que la Administración desarrolle los procedimientos que permitan su remisión en soporte
informático y por medios telemáticos.


En el ámbito del personal la implantación plena en el tribunal de las normas contenidas en el Real Decreto-ley 20/2013, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2012, y la resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en las que se dictan instrucciones sobre jornada y horario para el personal de la Administración General del Estado, de 28 de
diciembre de 2012, ha permitido incrementar las horas de trabajo efectivas al año en un total de 108.000, y he de decir con la mayor satisfacción que fue fruto del acuerdo alcanzado entre el tribunal y los representantes sindicales en el marco de la
negociación del calendario laboral de 2013. En 2014 los criterios básicos del mismo se han mantenido.


Como no podía ser de otra forma todas estas medidas se han traducido en la mejora de la actuación del tribunal, como lo demuestra el incremento significativo en el número de informes aprobados por el Pleno del tribunal, que en 2013 alcanzó
un total de 59 frente a los 39 del ejercicio anterior, lo que supone un aumento aproximado de los resultados de la actividad fiscalizadora en un 50%, incluyendo la puesta al día de la mayoría de los procedimientos fiscalizadores. Todas las medidas
que se están acometiendo se van a traducir en una modificación de la carga de trabajo. Frente al modelo anterior en el que el tribunal recibía una ingente cantidad de documentación que debía ser registrada y tratada posteriormente se está
trabajando para recibir la documentación en el correspondiente soporte informático, con una validación automática de la misma. Este proceso no es autónomo, pues debe ir acompasado con los correspondientes

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desarrollos tecnológicos de las administraciones públicas para poder cumplir con sus obligaciones, de acuerdo con los nuevos procedimientos. La modificación del sistema de trabajo va a requerir la adaptación de los empleados a las nuevas
tareas, y en esta línea el tribunal lleva meses trabajando en la modificación del convenio colectivo para el personal laboral para converger con el vigente de la Administración General del Estado, reduciendo las categorías profesionales, y
permitiendo la movilidad horizontal de sus empleados dentro de su nivel de cualificación. Los trabajos de modificación del convenio prácticamente habían concluido cuando se publicaron estos artículos en prensa, y lamentablemente han impedido que se
pueda materializar el acuerdo alcanzado que era beneficioso para el tribunal y sus trabajadores.


El Tribunal de Cuentas tiene asimismo una creciente actividad internacional que repercute en la mejora del prestigio de nuestro país en el exterior. Participa en diversos proyectos internacionales, mantiene relaciones con el Tribunal de
Cuentas Europeo, actuando como agente de enlace con las administraciones españolas, y ostenta la secretaría permanente de la Organización Europea de Entidades Fiscalizadoras superiores. Desde el punto de vista de los proyectos internacionales
realiza la auditoría de la Organización Panamericana de la Salud, y por ello ha sido objeto de reconocimiento público por distintas instancias, incluyendo su admisión como observador del Panel de Auditores de Naciones Unidas. Forma parte del comité
de auditoría de organizaciones como Eurocontrol, del mecanismo Athena de financiación de operaciones militares, y de defensa de la Unión Europea, de la Organización Conjunta para la Cooperación en Materia de Armamento, y de la Agencia Europea de
Defensa, participa del estudio para reforzar el control externo de la OTAN, y a partir de 2016 llevará a cabo la auditoría externa de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE.


Podría seguir enumerando las actuaciones desarrolladas por el tribunal en el ejercicio de sus funciones y las numerosas medidas que día a día se han ido adoptando para gestionar nuestros recursos de una manera más eficiente y con mayor
transparencia, pues han sido dos años de trabajo intenso. Lamentablemente todo el trabajo realizado, todos los esfuerzos empleados, y todos los sacrificios soportados se diluyen ante noticias en las que, sin capacidad de respuesta efectiva, se
transmite una imagen equivocada del quehacer diario de una institución y de sus empleados. Hace tiempo que hemos dejado de ser una institución desconocida y cada vez estamos sometidos en mayor medida a la observación de las fuerzas sociales,
escrutinio que se proyecta no solo sobre el resultado de nuestra función fiscalizadora y jurisdiccional, sino también sobre nuestra actuación que debe estar presidida por la idea de ejemplaridad. (Termina el señor presidente Tribunal Cuentas).


Por este motivo, ante noticias como las publicadas, debemos recuperar la confianza de la sociedad y esta solo se conseguirá mediante la búsqueda de la excelencia en el desempeño de nuestra labor. Solo de esta manera, haciendo más con menos
recursos y siendo proactivos en el cumplimiento de nuestros fines, seremos capaces de responder a lo que la ciudadanía espera de nosotros. Es necesario que el tribunal adopte una posición activa para evitar que noticias como las publicadas puedan
generar confusión o intranquilidad. Por ello voy a proponer un conjunto de medidas para dotar de mayor transparencia a todas las actuaciones desarrolladas.


En concreto, con respecto a la contratación, aunque es pública y puede ser consultada en la página web del tribunal, en el apartado de perfil del contratante, se va a incrementar para recoger igualmente, dentro de esta página web, la
derivada de los contratos menores que hasta la fecha no estaban previstos. Respecto al personal que presta servicios en el Tribunal de Cuentas, se va a dar publicidad de la relación de puestos de trabajo vigente en la página web. Se va a congelar
la incorporación de nuevo personal laboral. De hecho, en los dos últimos años ya se han 'desdotado' 14 plazas de personal laboral y las únicas que se han contemplado en la oferta de empleo público corresponden a promoción interna. Se va a abordar
una reforma de los procesos selectivos para el ingreso en los cuerpos superiores de letrados y de auditores, así como de técnico de auditoría y control externo. Uno de los problemas de que adolecen estos procesos en las organizaciones de reducido
tamaño como es la nuestra es la falta de regularidad en las convocatorias. Para poder disponer de un cuerpo opositor suficiente y de gran nivel de preparación se están elaborando unas bases generales que regirán el acceso a estos cuerpos propios
del tribunal en sucesivas ediciones, que convergen en gran medida con sistemas de oposición y temarios de otros cuerpos de reconocido prestigio como son los de abogados del Estado e interventores y auditores del Estado. Además, se van a establecer
los criterios de composición de los tribunales de selección con la finalidad de evitar cualquier apariencia de discrecionalidad, primando la participación de funcionarios de otros cuerpos que no presten servicio en el tribunal. Se va a dotar de
transparencia a todos los nombramientos, dando publicidad al curriculum vitae del adjudicatario. Se va a estudiar una posible

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modificación de la relación de puestos de trabajo para primar la designación por concurso frente a la libre designación.


Por último, señorías, voy a estudiar y a proponer al pleno del tribunal someter toda la actuación del mismo a la revisión de un tercero externo mediante el instrumento de revisión entre pares. Mediante los peer review, las entidades
fiscalizadores superiores solicitan una evaluación externa e independiente de sus operaciones y la aplicación de sus normas por otra entidad fiscalizadora superior, facilitando el asesoramiento externo e independiente para perfeccionar la calidad y
la credibilidad de su trabajo. En el pasado el Tribunal de Cuentas participó, junto con el Tribunal de Cuentas de Alemania, en la revisión entre pares que se efectuó en el Tribunal de Cuentas de Perú.


Ya concluyo, señorías. Espero que en la medida de lo posible haya contribuido a disipar las dudas que se han planteado. Además, les he facilitado información de las actuaciones que estamos realizando y de aquellas que espero que abordemos
en un futuro próximo, que espero den satisfacción a las demandas sociales, y quedo a disposición de los miembros de esta Comisión para facilitarles las aclaraciones y explicaciones adicionales que estimen oportuno.


El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Tal como se ha anunciado al inicio de esta comparecencia y como acordamos en Mesa y portavoces, vamos a iniciar el turno de portavoces de menor a mayor, durante un tiempo de diez minutos, al que
les rogaría que se ajustaran al máximo. Por el Grupo Mixto creo que no hay nadie. Por el Grupo Parlamentario de UPyD, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Comparece el presidente del Tribunal de Cuentas para dar explicaciones respecto a una serie de noticias publicadas en un medio de comunicación, que él ha resumido bien, y que tienen que ver con el supuesto
fraccionamiento de contratos para evitar los controles que establece la Ley de contratos de las administraciones públicas y con dudas sobre la selección de personal, sobre la posible existencia de sagas familiares en la institución. Según esas
noticias, el 14% de la plantilla de 700 empleados tendría algún tipo de relación familiar dentro de la institución. Ha habido noticias especialmente sobre el departamento de informática y sobre las cualificaciones técnicas de estos trabajadores.
Este tipo de noticias resultarían preocupantes en cualquier institución pública, pero es evidente que resultan especialmente preocupantes en una institución de control como el Tribunal de Cuentas, que precisamente tiene entre sus funciones perseguir
este tipo de comportamientos en otras instituciones y donde, por tanto, es necesario que la ejemplaridad pública esté especialmente acentuada. Por eso nos parece positiva -lo valoramos favorablemente- la buena disposición del presidente del
tribunal a comparecer hoy aquí y que el grupo mayoritario haya facilitado esta comparecencia. Nos parece sano que haya dado estas explicaciones, más o menos convincentes, de las noticias aparecidas.


Sin embargo, a mi grupo estas noticias le parecen síntomas de hechos más graves. No creemos que la tarea de esta Comisión sea debatir sobre las obras en los aseos del tribunal o sobre el personal informático auxiliar, sino que nos
deberíamos preguntar por qué estas noticias causan esta conmoción. Creemos que eso tiene que ver con la falta de credibilidad de la institución, con las dudas que hay en la sociedad sobre su independencia y sobre su grado de politización; si no,
el hecho de que se contratase a la hija de determinado señor se atribuiría a que estaba cualificada y no generaría ningún tipo de dudas. Las dudas tienen que ver con que estos comportamientos se relacionan con la falta de independencia y se
atribuyen en nuestra opinión a luchas por cuotas de poder dentro de la institución. A eso quiero dedicar mi intervención, porque creo que es la raíz de los problemas.


Es cierto que formalmente el Tribunal de Cuentas cumple muchos requisitos jurídicos para ser considerada una institución independiente. Por ejemplo, tiene autonomía orgánica y funcional. Es él mismo quien determina su programa de
fiscalizaciones. Es él mismo quien aprueba su anteproyecto de presupuestos. También cumple un segundo requisito, que es que el mandato de los consejeros sea un mandato dilatado, de nueve años, aunque en nuestra opinión no deberían ser mandatos
renovables, y también es positivo que el nombramiento sea en sede parlamentaria, con una mayoría reforzada. Formalmente, se cumplen una serie de requisitos que se suelen considerar necesarios para que una institución fiscalizadora sea
independiente. Pero, a nuestro modo de ver, y cada vez lo ve así una parte mayor de de la sociedad, detrás de estos requisitos formales hay una forma de comportamiento en la práctica que vacía de contenido esos requisitos formales, y esta forma de
comportamiento en la práctica se ha convertido en una especie de secreto a voces. El procedimiento se inicia con un pacto político previo entre, básicamente, los partidos mayoritarios, que se reparten por cuotas la dirección del organismo -el

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pleno, los consejeros-, y esos partidos mayoritarios, una vez que llegan a ese acuerdo, controlan obviamente Congreso y Senado y proceden a los nombramientos, con el resultado de que, cuando esos nombramientos se producen, en los medios de
comunicación, a cada nombrado se le pone ya su color político, y se nos dice que del pleno, en que hay 12 consejeros y un fiscal, 8 son del Partido Popular, 4 son del Partido Socialista y uno de Izquierda Unida que le ha cedido el Partido
Socialista. Con esto, el pleno se convierte en una especie de minicámara parlamentaria y, como este es el método de selección, el criterio lógico de selección es que se nombra a las personas básicamente por su lealtad política, y encontramos entre
consejeros a antiguos ministros, a antiguos diputados, a antiguos senadores, a familiares de expresidentes. Creemos que esta es una de las raíces de los problemas.


Se puede decir: bien, de acuerdo, este es el órgano de dirección, pero hay unos funcionarios muy cualificados que van a permitir que esto no tenga consecuencias en la práctica, en el día a día de la institución. Por desgracia, creemos que
esto tampoco es así, porque los consejeros, a su vez, dirigen los departamentos a su cargo, y casi la totalidad de los miembros del grupo A1, de los funcionarios técnicos superiores, que son quienes redactan los informes, están en puestos de libre
designación, y libre designación significa también libre remoción. La remoción además tiene consecuencias en sus ingresos en forma de pérdida de complementos y esto hace que la voluntad de los consejeros en cada uno de los departamentos sea
importante. Un ejemplo muy gráfico de esta relación entre el pleno y los departamentos es el enorme número de ceses y nombramientos que se produce en la institución, cada vez que se cambia el pleno, en los niveles inferiores.


Con esta institución, con este órgano de gobierno y con esta forma interna de funcionamiento, a continuación se nos pide a la sociedad, al resto de partidos que creamos en su plena objetividad, en su plena neutralidad y que tengamos un
comportamiento deportivo. Esto es como si en un partido de fútbol uno de los jugadores de un equipo se quitase la camiseta del equipo, se pusiese la camiseta del árbitro y pidiese que, cuando pita penalti, todo el mundo piense que ha sido neutral.
Es cierto que hay muchos informes con un contenido más técnico, en que el color político puede no ser tan importante, pero hay otros informes con un contenido muy político, y el informe con un contenido más político es el de la financiación de los
partidos políticos. Resulta muy revelador que, cuando se estudia la financiación de los partidos políticos, a un partido nuevo que no participa en el reparto de cuotas se le aplique un microscopio con 100.000 grados de aumento, que magnifica y
detecta cualquier pequeño defecto como si fuese un gran escándalo, y que sin embargo, en ese mismo informe, cuando se mira a un gran partido, que es el que tiene más peso en los nombramientos actuales, en vez de con microscopio se le mira con unas
lentes ahumadas en las que no se ve nada. Si en el primer examen se detecta una mota de polvo, en el segundo no se ven boquetes en la pared o no se ven vigas caídas. Es un ejemplo especialmente gráfico de las consecuencias de los métodos de
nombramiento.


Por eso nosotros creemos que el tribunal necesita una reforma en profundidad. Las que usted ha anunciado hoy son reformas acertadas, pero creemos que el tribunal necesita reformas más profundas, que tengan que ver con los métodos de
elección de los consejeros y con la promulgación de un estatuto de personal que acabe con esta práctica generalizada de la libre designación. Las que ha anunciado, insisto, nos parecen acertadas, las que tienen que ver con la composición de los
tribunales de oposición o con publicar las relaciones de los puestos de trabajo en la página web, pero van más a los síntomas que a la raíz del problema en nuestra opinión, y creemos que la institución se vería mucho más fortalecida en el futuro
frente a este tipo de sus acusaciones si puede presentar una imagen de imparcialidad y de credibilidad mayor de la que hoy puede presentar por los problemas que he señalado. Soy consciente de que al decir esto se nos acusará por otros portavoces de
que denigramos o no respetamos las instituciones, pero créanme que digo todo esto con la conciencia tranquila, porque, en nuestra opinión, no somos los que señalamos los defectos de las instituciones y pedimos que se corrijan los que no respetamos a
las instituciones o los que las denigramos. En nuestra opinión, quienes no respetan a las instituciones son quienes son conscientes de sus defectos y, sin embargo, los perpetúan porque son beneficiarios de esos mismos defectos. Por eso damos la
bienvenida a estas reformas que nos anuncia, pero le pedimos alguna reflexión sobre si no son necesarias reformas más profundas en la línea que hemos señalado.


El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Gracias, señor Anchuelo, por ajustarse al tiempo.


Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el señor Bruguera.


El señor BRUGUERA BATALLA: Señor Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas, quiero agradecerle su comparecencia y sus explicaciones a petición propia, pero también -hay que

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decirlo- a petición de varios grupos parlamentarios. En principio, dentro de las atribuciones de esta Comisión, no está previsto y por lo tanto quiero poner de relieve el primer lugar mi agradecimiento por la comparecencia tanto a propuesta
de los grupos parlamentarios que la han solicitado como a petición de usted mismo.


Estos últimos días han aparecido informaciones periodísticas en las tres líneas que usted ha comentado y que no voy a ampliar más -ya están suficientemente planteadas-. Simplemente haré algunas precisiones. Por cierto, según esta
información periodística, parece ser que quien formula esta denuncia es algún alto cargo del propio Tribunal de Cuentas. Quisiera preguntarle si tiene alguna información. En principio, por lo que dice la prensa, parecería que la información le
llega desde el propio interior del Tribunal de Cuentas. Respecto a la acusación de trocear proyectos de obras y servicios, de obras menores para eludir la Ley de contratos de las administraciones públicas, aceptamos las explicaciones, como no podía
ser de otra manera. No tenemos más información como para dudar de ello ni acusar de nada, pero nos extraña, si es que es así, que parece que estas obras menores cada año se adjudicaban a la misma empresa. Si fuera así, independientemente de las
cuestiones legales del cumplimiento de las normas, de la Ley de contratos de las administraciones públicas, no deja de ser sorprendente y de sembrar cierta dosis de duda respecto a la transparencia, si es que -es lo que le pregunto, señor
presidente- se ha producido este hecho de que durante diversos años la empresa que realizaba estas obras menores era siempre la misma.


En cuanto al segundo aspecto, las supuestas irregularidades en concursos, oposiciones, etcétera, acusando de enchufismo, de favoritismo o de discrecionalidad, tampoco tengo ningún elemento como para dudar de la legalidad de los
procedimientos que se han llevado a cabo estos últimos años para la contratación en el Tribunal de Cuentas. Ahora bien, una cosa es el cumplimiento de la legalidad y otra la cuestión ético-moral. Es decir, ¿es legal que el hermano, la esposa o el
hijo de un alcalde se presenten a un concurso que organiza su ayuntamiento? Por supuesto que es legal. La pregunta es: ¿es ético? Desde el punto de vista del senador que está hablando, no. Por tanto, yo quisiera diferenciar esta cuestión, y más
en una institución como es el Tribunal de Cuentas. Se acusa también de haber hecho convocatorias en plena época vacacional.


Creemos que ha habido una cierta endogamia en la política de contratación. Nos parece que no ha habido en algunos casos suficiente transparencia, suficiente publicidad y, por tanto, garantía de igualdad de oportunidades. ¿Qué quiero decir
con ello? Claro que se han publicado las bases en el Boletín Oficial del Estado, pero lo que abunda no daña. Nos parece que una institución como el Tribunal de Cuentas, aparte de cumplir los requisitos mínimos legales imprescindibles, en estos
temas debería haber sido mucho más escrupulosa y haber ido un poco más allá de lo que dice el cumplimiento mínimo y estricto de la norma. Una institución como es el Tribunal de Cuentas debería tener muy en cuenta el debate, complejo evidentemente,
entre lo legal y lo ético. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


En cuanto al tercer elemento, los servicios informáticos, no tenemos por qué dudar de sus explicaciones, de su información y no quiero añadir nada más al respecto. Simplemente, desde un punto de vista más global, usted, señor Álvarez de
Miranda, nos ha dado las explicaciones derivadas básicamente de tres líneas, de tres aspectos, que han sido los que han aparecido en el medio de comunicación -concretamente en El País- estos últimos días. Señor presidente, nos parece que se ha
quedado corto, sinceramente, con toda franqueza. Nos parece que no es suficiente que haya intentado rebatir -y nosotros aceptamos sus explicaciones- los tres aspectos. ¿Por qué? Porque mañana puede salir un cuarto y entonces, ¿qué haremos, volver
a convocar? Nos parece que la actuación del tribunal no debería haber sido únicamente de reacción a la información periodística aparecida, sino que, como usted ha dicho incluso al final de su intervención, debería haber sido mucho más proactiva.
Concreto un poco más. Nos ha faltado por ejemplo que se hubiera elaborado una auditoría interna, que se hubiera abierto a lo largo de los últimos años una investigación interna respecto a estos tres aspectos que estamos tratando hoy,
independientemente -y lo valoramos positivamente también- del anuncio que usted ha hecho de solicitar una auditoría externa a través de la colaboración internacional, etcétera, que nos parece correcto. Haría falta la redacción de una auditoría
interna o un sistema de investigación propio del tribunal y no únicamente algún tipo de explicación. Asimismo nos parecería bien la creación en esta misma Comisión de un grupo de trabajo, de una subcomisión para poder estudiar con mucha más
profundidad estos temas.


Usted ha planteado de cara al futuro ciertas modificaciones, ciertos cambios en la estructura organizativa del Tribunal de Cuentas en los tres aspectos que estamos tratando. Nos parece bien, lo leeremos con detalle por si a nuestro juicio
faltase alguna cuestión más. Pero, fíjese, el propio hecho de

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que usted nos anuncie esto indica que alguna cosa se habrá hecho mal y que, por lo tanto, hay que introducir cambios, más transparencia, más información, etcétera.


El señor PRESIDENTE: Señor Bruguera, debe ir terminando.


El señor BRUGUERA BATALLA: Finalizo, señor presidente.


Básicamente, esto es lo que le quería plantear, pidiéndole un esfuerzo importante y serio, porque el Tribunal de Cuentas es básico y fundamental no únicamente para la buena marcha y el buen nombre del propio tribunal sino para el conjunto de
administraciones públicas de este país.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Primeramente, señor Álvarez de Miranda, empezaría esta alocución citando lo que ha dicho al final de su intervención y es ese objetivo claro de búsqueda de la excelencia. Nosotros, como Partido Nacionalista
Vasco, entendemos que eso es lo que nos tiene que guiar y, evidentemente, en ese sentido, tenemos que reconocer esta rápida comparecencia, no agradecerla, porque es la obligación que todos los presentes tenemos en estos momentos, la de clarificar
aquellas dudas que han surgido, y hacerlo en un momento en el que hay una desafección tan importante de la ciudadanía para con sus instituciones. Percibimos una clara evolución por parte del Tribunal de Cuentas en sentido positivo y entendemos que
gracias a la labor de todos, pero sobre todo y también del Tribunal de Cuentas, estamos actualizando muchos de los expedientes que estaban durmiendo el sueño de los justos. Esa ambición de querer tener una fotografía mucho más real de lo que va
aconteciendo entendemos que es una perspectiva muy clara en aras de la consecución de ese objetivo que usted ha mencionado, cual es la búsqueda de la excelencia.


Ha citado ese cierto pesimismo cuando decía que, a través de lo que va saliendo en los medios de comunicación, ese esfuerzo que están acometiendo diariamente es un esfuerzo que se diluye. Creo que también hay que ver el momento político que
estamos viviendo, hay que ver la percepción que tiene la ciudadanía de cara a las administraciones públicas y de cara a las instituciones y creo interesante que vayamos en esa vía de mejora y de intentar solventar todas las dudas que a la ciudadanía
se le van generando. Hemos visto en el citado medio de comunicación una serie de reportajes evaluatorios sobre la labor del Tribunal del Cuentas, a raíz de los cuales se aprecia un cierto pesimismo. Que la institución encargada de la fiscalización
externa permanente y consultiva de la actividad económico-financiera del sector público y del enjuiciamiento de la responsabilidad contable de quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos también esté inmersa en un proceso
cuando menos dudoso, evidentemente, genera, además de desafección, pesimismo. Si la institución que tiene que ser la que controla tampoco está ejerciendo su labor de una manera óptima, genera ese tipo de dudas y tenemos que ser contundentes en la
clarificación de esas dudas. Es el mismo mensaje que nosotros como Partido Nacionalista Vasco trasladamos tanto en el Congreso como en el Senado al resto de fuerzas políticas, en el sentido de que si, de cara a la ciudadanía, queremos trasladar una
imagen de claridad y transparencia, tenemos que ser contundentes y no lo estamos siendo -me refiero como partidos políticos-. El Tribunal de Cuentas también tiene que ser muy contundente para clarificar cualquier duda. Por ello, todos aquellos
elementos de mejora que bien el presidente, el pleno del Tribunal de Cuentas o los diferentes partidos políticos aportemos y pongamos como resoluciones encima de la mesa serán bienvenidos y serán positivos para todos.


Hemos recibido hoy un informe del presidente del Tribunal de Cuentas y nosotros vamos a necesitar tiempo para estudiar todos los datos que ha dado y que son muchos, pero, evidentemente, en un primer momento, nos deja más tranquilos de lo que
estábamos antes de entrar a esta sesión. He de decir también que los consejeros son nombrados por el Parlamento, pero tengo que subrayar un tema que es importante -que quizá haga reflexionar al resto de fuerzas políticas-, y es que estos consejeros
son nombrados por el Parlamento, pero no recogen la pluralidad de dichas Cámaras, con lo cual también sería interesante que, en aras de la pluralidad, en aras de la transparencia, en aras de que fuese un trabajo conjunto de todas las fuerzas
políticas, el plenario del Tribunal de Cuentas recogiese la pluralidad que los Parlamentos tienen en cada uno de los momentos.


Nos ha remitido una serie de conclusiones: tres relacionadas con lo aparecido estos días en el periódico El País y dos más en las que nos ha dibujado la labor que está realizando en estos momentos el Tribunal de Cuentas, aparte de una
conclusión propositiva de un conjunto de medidas en los diferentes

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ámbitos. Me voy a referir a las tres primeras conclusiones que ha hecho el presidente, y alguna clarificación de dudas nos vendría bien. Era evidente el primer mensaje de no fraccionamientos de las obras, que han sido de contrataciones
menores; pero mi pregunta iría en el mismo sentido de lo que ha dicho el senador Bruguera, señalando por qué siempre parece que es la misma empresa la adjudicataria o la responsable de realizar estas obras. Parece que esto puede tener una fácil
solución, que cada equis tiempo se realice un concurso con un procedimiento para que, si esto es un problema, este se supere. A fin de cuentas si el objetivo es, como estábamos diciendo, la búsqueda de la excelencia, y vemos que aquí se genera un
problema, veamos cuál es la manera de poder superarlo.


Con respecto al tema del personal, tampoco tenemos ninguna duda de que se haya hecho con arreglo a la Función pública. La cuestión es si en estos momentos es cierta la fotografía que el diario El País estaba ofreciendo, cual es que se dé
una relación de parentesco entre un gran número de trabajadores del Tribunal de Cuentas. En ese sentido, quisiera saber cómo ha sido posible y de qué manera podemos dar salida a este punto. La tercera conclusión es con respecto al ámbito
informático, sobre el que se nos ha dicho que su perfil de trabajadores es análogo al de otras instituciones. La pregunta sería, puesto que entendemos que también se ha hecho con arreglo a la Función pública, si el equipo de personal que está
adscrito al departamento de informática resuelve las necesidades que en este ámbito tienen Tribunal de Cuentas. A partir de ahí quisiera formular otra serie de preguntas: ¿Por qué cree usted que sale esta información en estos momentos? ¿Es una
cuestión interna de la que surge un conflicto a partir del cual se genera esta escalada de filtraciones interesadas a la prensa? ¿Cómo sale? ¿Entiende que además de todos planteamientos de mejora que usted ha propuesto y de todas las informaciones
que durante estos días hemos tenido, hay algún ámbito más en el que el Tribunal de Cuentas tenga que incidir y en el que nosotros podemos ayudar.


Deseo reconocer de nuevo la rapidez de esta comparecencia, tanto al presidente del Tribunal de Cuentas como al resto de fuerzas políticas que lo han posibilitado. Espero que poco a poco vayamos aclarando, clarificando todo para que esa
desafección de las instituciones que ya existe, por parte de la ciudadanía no se dé en una institución más y el tribunal siga trabajando con optimismo y clarificación en la búsqueda de esa excelencia.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: Deseo agradecer la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas que desde mi grupo parlamentario solicitamos en cuanto apareció la primera noticia relativa al funcionamiento interno del tribunal sobre los
contratos. En aquel momento ya perdimos la comparecencia, y posteriormente el desgranamiento de nuevas noticias alarmantes sobre el funcionamiento interno del Tribunal de Cuentas nos ha llevado a presentar una petición de creación de una
subcomisión, no para investigar sino para ver cuál sería la mejor reforma que se podría hacer, la más consensuada y la que pondría al tribunal en el siglo XXI. Esa subcomisión se crearía en el seno de esta Comisión Mixta Congreso-Senado para
estudiar esa reforma más que necesaria. Usted ha terminado su intervención, señor presidente, con una serie de propuestas que nos parecen bien y apoyamos; específicamente en una le íbamos a exigir desde mi grupo parlamentario dar respuesta a
aquello de quién fiscaliza al fiscalizador. Deseamos que el Tribunal de Cuentas sea sometido a una fiscalización por un tribunal homólogo, como ha ocurrido en Austria por Dinamarca, Alemania y Suiza en el 2009 y en Canadá por Francia, Holanda,
Noruega y Reino Unido en 2004. Ahora, vistas estas informaciones, nos toca a nosotros. A mi grupo le alegra mucho que sea una propuesta que ya asume el propio tribunal pedir a otros tribunales homólogos europeos de otros países que procedan a esta
revisión. Nos alegra que se vayan a reformar y a abrir los tribunales de provisión de puestos de trabajo a personal ajeno al propio Tribunal de Cuentas para darle mayor transparencia, mayor efectividad y publicidad (que se dé mayor publicidad a los
procesos, que se dé publicidad a los contratos o que se vaya a publicar la RPT). Sin embargo, toda su intervención anterior ha venido circunscrita a una cuestión, el control de legalidad que usted ha dicho que no se ha incumplido. Ha dicho que
todos los actos y actuaciones del Tribunal de Cuentas han sido conforme a la legislación vigente. Esto es la piedra de toque de lo que nos lleva a exigir la necesidad de una revisión del funcionamiento del Tribunal de Cuentas, de una subcomisión
específica para reformar el funcionamiento y también la ley. No puede ser que un tribunal de cuentas del siglo XXI atienda solamente al criterio de legalidad; no puede ser porque si solamente se atiende a eso se dan los fenómenos de nepotismo que
hay dentro del tribunal, aparte de las faltas de control que está habiendo en otros sitios, por ejemplo en los partidos políticos (caso Bárcenas). Se controla la legalidad de un partido político, de las cuentas, se dice

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que son legales pero al mismo tiempo hay toda una serie de prácticas por detrás... Lamentablemente, esto no ha afectado solo al Tribunal de Cuentas, ni siquiera al Congreso de los Diputados, al que se ha acusado de determinadas prebendas y
demás. Ha afectado a todas las instituciones del Estado, desde a la Casa Real y a la familia real, pasando por el Gobierno y acabando con el Consejo General del Poder Judicial, cuyo anterior presidente todavía lleva un servicio de escolta que ni
los cónsules romanos, ni estos llevaban tantos lictores.


Señor presidente, hay que modificar el Tribunal de Cuentas; no es competencia suya, sino de esta casa, pero le quiero trasladar algunas preguntas. Si la RPT se ha aprobado en el mes de mayo, ¿desde cuándo llevaba el Tribunal de Cuentas sin
una RPT? ¿Cuántos puestos de trabajo se han provisto sin tener en cuenta los criterios necesarios para hacerlo? Así se puede explicar la situación que se ha generado en el servicio de informática, porque la informática de 2014 no es la de la
última vez que se hizo la RPT. ¿Sistemáticamente se han ido promoviendo y proveyendo los puestos de trabajo sin reformar la RPT previamente? Si ahora usted nos trae estas modificaciones, aparte de porque ha salido en la prensa, es porque usted ha
tenido conocimiento de situaciones, hechos y cuestiones que le habrán llevado a hacer estas propuestas, en las que, repito, que le apoyamos desde mi grupo parlamentario. ¿Desde cuándo usted tenía conocimiento de estas cuestiones, desde cuándo lo
tenía la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas? En la información que se ha publicado, relacionada con las obras y servicios del Tribunal de Cuentas, se citaba el actual presidente de la sección de fiscalización, don Javier Medina Guijarro,
y a su hermano don Enrique Medina Guijarro que hasta 2011 fue gerente de la institución, como contratantes a nivel particular de la misma empresa que realizaba tareas de mantenimiento para la institución. ¿Esta persona, el exgerente, ocupa en la
actualidad un puesto de subdirector técnico de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, lo que es un puesto de confianza de nivel 30 en su departamento?


Le quiero realizar también una pregunta específica: ¿Qué garantías han tenido los procesos de selección de personal que se han llevado a cabo en los últimos años en el Tribunal de Cuentas para que su resultado haya sido que una parte de los
puestos ofertados se hayan ocupado por personas relacionadas familiarmente por una parte con altos cargos, especialmente, con el expresidente del comité de empresa don Julio Ronda Hernández y con el actual presidente del comité de empresa, don
Alberto Otero Nieto, de acuerdo con las informaciones que se han publicado? Ha facilitado usted una información genérica sobre los procesos de selección de personal, pero le rogaría que la ampliase desde 2001 hasta la fecha, detallando
especialmente todos los procesos en los que hayan coincidido en los tribunales examinadores del Tribunal de Cuentas los señores Enrique Medina Guijarro, Alberto Otero Nieto y Julio Ronda Hernández. Si no tiene aquí los datos, señor presidente, le
ruego que me los traslade.


Le agradezco este interesante dato de los contratos del Tribunal de Cuentas por obra y servicio desde 2010 hasta 2012, pero le pido que amplíe el plazo y nos entregue -por lo menos a mi grupo parlamentario- desde 2001 hasta la fecha,
específicamente todos los contratos de mantenimiento, y al mismo tiempo cuántas personas han estado contratadas en el Tribunal de Cuentas para esas mismas funciones de obra y servicio. Lo que quiere comprobar mi grupo parlamentario es que no se
haya producido un incremento de los contratos por obra y servicio al mismo tiempo que se aumentaba el personal para atender esas funciones del propio tribunal, ya que sería sumamente irregular en todo caso.


Le pregunto también sobre el porcentaje de puestos de libre designación en el Tribunal de Cuentas y su comparación (si es menor, mayor o similar) con los ministerios y otros organismos de la Administración General del Estado, sobre todo para
comprobar los niveles de arbitrariedad frente a la discrecionalidad. La discrecionalidad en determinados ámbitos y momentos es necesaria, pero la arbitrariedad es un fenómeno que hay que desterrar de las administraciones públicas. Sobre los
sueldos -es otra cuestión que ha salido en la prensa- querría saber si son de verdad los más altos de la Administración española. ¿Puede indicarnos si las retribuciones en los puestos de libre designación del Tribunal de Cuentas son muy superiores,
por ejemplo, a las de la Agencia Tributaria? Me refiero a las retribuciones finales, con productividad y todas las cuestiones. Dado que usted es presidente del tribunal y además funcionario de la casa, ¿considera apropiada la estructura del propio
tribunal? En otros países, como Estados Unidos, con 3.400 funcionarios, cinco veces los del Tribunal de Cuentas, se fiscaliza siete veces el presupuesto español; además dedican solamente el 15% del trabajo a la auditoría financiera y el resto a
otras cuestiones que para mi grupo son capitales -es la función que debería ejercer este tribunal en este nuevo siglo-, como controles más ligados a la eficacia, la eficiencia y al impacto.


El artículo 5 de la Ley de funcionamiento establece el secreto de las deliberaciones del Tribunal de Cuentas. Esto es una especificidad de España pues en otros países las deliberaciones de los mismos

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organismos son públicas. No lo entendemos. Mi grupo parlamentario defendería, en esa reforma del Tribunal de Cuentas, que esas deliberaciones fuesen públicas. La pregunta es: ¿Se han producido abstenciones de miembros del Tribunal de
Cuentas debido a su relación familiar con altos cargos del Gobierno de España cuando se han fiscalizado las cuentas generales del Estado o cuentas derivadas de esa ocupación familiar? Es decir, ¿se han producido abstenciones de miembros del
tribunal por motivos familiares? No le pido que me revele en qué asuntos pero sí si se han producido esas abstenciones.


Para terminar, dado que desde mi grupo parlamentario entendemos que ha habido prácticas que llevan a que ahora se tenga que mejorar el funcionamiento del tribunal, a que se tengan que introducir mejoras que desde mi grupo apoyamos; dado que
se va a hacer un control de legalidad externa que desde mi grupo parlamentario vamos a apoyar; dado que, en todo caso, como digo, se han producido esos hechos que son lamentables y que afectan a la credibilidad del Tribunal de Cuentas, desde mi
grupo parlamentario, señor presidente, le pedimos que traslade a los miembros de la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas nuestra solicitud de que presenten su dimisión inmediata...


El señor PRESIDENTE: Señor Sixto, tiene que ir terminando.


El señor SIXTO IGLESIAS: Concluyo ya.


Pedimos que presenten su dimisión inmediata los tres miembros y que den la oportunidad al pleno del Tribunal de Cuentas de elegir un nuevo equipo de gestión del tribunal que lleve a cabo una tarea más clara y transparente que la que ha
habido hasta ahora.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, CiU, el señor Pàramo tiene la palabra.


El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Señor Álvarez de Miranda, nuestra actitud, la del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, será absolutamente positiva en la misma dirección que la suya al querer comparecer ante esta Comisión tan
rápidamente, y que valoramos, como he dicho antes, muy positivamente.


Sin quitarle la importancia que tiene y como han puesto en evidencia mis compañeros, casi es una anécdota lo que ha pasado. Por aquello de que no hay mal que por bien no venga, quizás ha llegado el momento de tomar grandes decisiones que
afecten al buen funcionamiento del Tribunal de Cuentas del Estado español en el sentido de dar respuesta -también lo han dicho los que han intervenido antes que yo- a esta necesidad absoluta y urgente de transparencia y para mandar un mensaje de
eficacia y eficiencia. Nuestro grupo no pidió la comparecencia. La esperábamos -y así ha sido- de su buena voluntad -que agradecemos-. Nuestro grupo, con ocasión del debate sobre las cuentas del Estado de 2011 -creo que fue a finales de marzo o a
primeros de abril-, ya dio un toque de atención. Dice la Constitución que el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán
al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por este. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que
a su juicio se hubiera incurrido. Después, entre otras consideraciones, dice que el Tribunal de Cuentas tiene la responsabilidad de velar y valorar el resultado del cumplimiento de esos objetivos; y quien debe controlar es precisamente esta
Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.


Ya bien avanzada la X Legislatura va siendo hora de que hagamos autocrítica haciendo el balance necesario que nos ha de permitir presentarnos a la ciudadanía, como decía antes, de manera clara y transparente, como garantes del cumplimiento
del mandato constitucional. El hecho de que en 2014 viéramos las cuentas de 2011 es un despropósito en sí mismo. Pregunto: ¿Pueden imaginarse qué pasaría si las empresas privadas analizaran su gestión pasados tres o más años? Es lo que hay, y de
las empresas no quedaría ni una. Nos movemos en este contexto. El equipo médico -esto les sonará a mis compañeros seguramente, a los que están en el Senado no-, los facultativos del Tribunal de Cuentas actúan sobre el enfermo, que es el sector
público, la Administración General del Estado a la cabeza, no en prevención sino post mortem; en lugar de tratar al enfermo pasamos directamente a la autopsia. En las comisiones se están pasando informes sobre ayuntamientos, comunidades autónomas
y todos los organismos imaginables del Estado, que vistos uno por uno son un compendio escandaloso de incumplimientos y tardanzas. Como muestra, recomiendo a sus señorías ver el informe -lo dije en aquel Pleno y lo repito ahora- de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, ejercicios 2008 y 2009, visto en la Comisión del pasado junio, de 2013. Por favor, fíjense en las palabras del señor presidente del tribunal -de usted mismo, señor Álvarez Miranda- y presten atención al debate y la
intervención de la senadora Nevado del

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Campo, del Grupo Popular; vean las impunidades manifiestas y aquello del ventilador puesto en marcha. Es sabido que el Tribunal de Cuentas es un organismo básico -previsto en la Constitución, lo he dicho antes-; la finalidad es buena como
lo es la gestión y profesionalidad con la que se despachan los asuntos de su competencia, pero su función se ve gravemente limitada por la falta de voluntad de los sucesivos Gobiernos -no del tribunal sino de los sucesivos gobiernos- del Estado que
desatienden la obligación de hacer de esa institución un ejemplo de modernidad ágil y eficaz como corresponde al siglo XXI. Al tribunal se le deben ajustar los objetivos y se le debe dotar de los medios necesarios -esto es importante-.


No se entiende que se propugne la lucha contra la corrupción o se dé curso a la carrera a favor de la racionalización y la sostenibilidad cuando el tribunal rinde las cuentas con tanto retraso y casi sin consecuencias. La tardanza en poner
de manifiesto errores de gobierno, negligencias y desidias es causa de la situación de desgobierno percibida por la ciudadanía. Sin capacidad para rectificar o enmendar a tiempo, abocamos al Estado año tras año al fracaso en la gestión y -también
grave- sin actuar a tiempo contra los responsables de los numerosos y enormes desaguisados detectados.


Trasladamos en esta Comisión las peticiones del presidente del tribunal -sus peticiones, señor presidente- sobre la necesidad de nuevos planteamientos, de nuevos objetivos de modernización y renovación. Hoy ha expresado unos cuantos y se lo
agradecemos. Es hora de cambiar. Comisión tras Comisión los grupos parlamentarios desgranamos una desagradable letanía de propuestas de resolución coincidentes. Ante el desastre -sus señorías saben que no exagero-, ante la denuncia al tribunal
sobre el habitual retraso en la presentación de cuentas, la mala aplicación de las partidas, el descontrol en las delegaciones y encomiendas, la trasgresión de la Ley de Contratos, la no justificación del gasto de multitud de empresas, entidades,
institutos, ministerios, universidades y entidades de todo el entramado del Estado, los grupos parlamentarios nos limitamos a: instar a adoptar medidas para; instar a avanzar en la presentación de; instar a regular adecuadamente; instar a
evaluar la posibilidad de; instar a efectuar consultas para; instar a estudiar fórmulas para; y, como un escarnio, en alguna propuesta instamos a acortar plazos de presentación -ojo, de forma paulatina, no fuera el caso de que derrapáramos en la
curva-, como si tuviéramos miedo de que de tanto correr los organismos del Estado fueran a derrapar.


Señorías, les pido que se sitúen en el debate. Nos estamos refiriendo a la gestión del dinero público, del dinero aportado por nuestro conciudadanos, miles de millones de euros que conforman los presupuestos del Estado. En lugar de tantos
reproches pusilánimes señorías; en lugar de rogar e instar a tantos organismos públicos en situación irregular, ¿no deberíamos pasar ya a exigir, a demandar responsabilidades penales y políticas? Para avanzar, como si fuera una propuesta de
resolución, se trataría de requerir a la Secretaría de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas que a la mayor brevedad posible presente una relación de cuántas resoluciones se han presentado y aprobado durante la IX y X legislaturas, detallando
sintéticamente el sentido de las mismas. Igualmente conviene aportar registro de salida del Congreso al ministerio correspondiente y, a efectos de las mismas, si han servido de base para nuevas leyes o modificación de alguna de las existentes.
Estoy tratando de conseguir hacer aquello que todo el mundo debe hacer, la autocrítica, es decir, valorar qué he hecho yo; cuando digo qué he hecho yo, me estoy refiriendo a qué hemos hecho nosotros como Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. Hay
que requerir al Tribunal de Cuentas la relación de expedientes tramitados en la sala de enjuiciamiento por supuestos delitos contables, detallando el nombre de los organismos cuyos miembros han sido enjuiciados, la cuantía supuestamente defraudada y
con expresión del resultado de sobreseimiento o sentencia. Hay que requerir al Tribunal de Cuentas la relación de expedientes tramitados en la fiscalía por supuestos delitos penales, detallando el nombre de los organismos cuyos miembros han sido
enjuiciados, la cuantía supuestamente defraudada, con expresión del resultado de sobreseimiento o sentencia. Como se ha dicho aquí, somos partidarios de crear una comisión de estudio y propuestas de regeneración del Tribunal de Cuentas.


Para acabar, solo quiero añadir que este es nuestro desafío. La legislatura se está acabando. Desearía, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), junto con mi compañero del Senado, presentarnos a unas nuevas
elecciones habiendo hecho nuestro trabajo. Señor Álvarez de Miranda, recogiendo su buena voluntad, sus ganas de cambiar y reconociendo la enorme dificultad no solo de cambiar el sistema sino aquello que afecta a sus compañeros desde hace años,
profesionales que están trabajando con usted, cuente con nuestro apoyo. Estaremos a su lado y, si se crea esta Comisión, lógicamente nuestra actitud será, como he dicho anteriormente, absolutamente positiva.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Císcar.

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El señor CÍSCAR CASABÁN: Nos encontramos hoy ante una comparecencia singular. Normalmente el presidente del Tribunal de Cuentas comparece en esta Comisión para presentar los informes de fiscalización sobre las instituciones del Estado y
las cuentas de los partidos políticos y fundaciones vinculadas. Hoy el presidente comparece, a petición de grupos de esta Comisión y también a iniciativa propia, con rapidez a responder sobre otras cuestiones, las que tienen que ver con el
funcionamiento interno del propio Tribunal de Cuentas y que traen causa fundamentalmente de informaciones aparecidas en las que se tratan aspectos que el presidente ha entrado a considerar.


La primera consideración que quiero hacer de carácter general es que el deber de toda institución es el cumplimiento de la ley; de cualquier institución y, por supuesto, lógicamente también del propio Tribunal de Cuentas. Además del
cumplimiento de la ley, hay una exigencia cada vez más evidente, más clara, la de transparencia en todas las instituciones del Estado; es decir, es el conocimiento prácticamente inmediato de todas aquellas cuestiones que están sucediendo. Quiero
hacer constar también que, en cuanto al cometido del propio Tribunal de Cuentas y la eficiencia que tiene que demostrar en su gestión, en esos dos años se han dado pasos considerables -es de justicia reconocerlo-, sobre todo de avance en todos los
asuntos que en la fiscalización llevaban bastante retraso, hasta el punto de que en el momento presente estamos prácticamente a dos años de las cuentas que se van analizando, que es el tiempo que legalmente se entiende indispensable para poder
hacerlo con la suficiente solvencia y el cumplimiento de la propia legalidad. En ese aspecto hay que hacer una consideración, porque es necesariamente justa, del avance que se ha producido a lo largo de estos dos años en la fiscalización, que hemos
podido ir comprobando y realizando en esta Comisión mixta. A su vez tengo también que decir que, como algún otro interviniente ha manifestado, de esas fiscalizaciones se produce aceptación de las conclusiones, de las recomendaciones que el propio
tribunal establece mediante las propuestas de resolución que aquí estamos adoptando. El deber de cumplimiento de la ley y la exigencia de la aplicación de transparencia lleva también la necesidad, como exigencia actual de ejemplaridad, de
aplicación ética en todos y, en particular, en quienes fiscalizan a los demás.


Aquí hemos tratado fundamentalmente dos aspectos que tienen que ver con las noticias que hemos conocido y sobre las que el presidente ha dado información. El primero de ellos sería los contratos de obras con adjudicación directa, que, es
cierto, se pueden realizar con el importe máximo, no troceado, de 50.000 euros. A su vez hay exigencias, que se plantean cuando se trata de esas adjudicaciones directas, de consideración de al menos tres presupuestos para poder realizar la
correspondiente adjudicación por las distintas instituciones que la aplican, determinada en su caso por la urgencia y por la cuantía a que obedece. El señor presidente ha dado información sobre este asunto, en la medida que ha afirmado que no se
han troceado contratos y además, supongo, que se habrán contemplado los tres presupuestos correspondientes para esas adjudicaciones. Si bien es cierto que muchas veces la práctica lleva, sobre todo cuando existe habitualidad en la adjudicación, a
que a veces es el propio adjudicatario ya habitual el que se proporciona los demás presupuestos necesarios para que se proceda a la adjudicación. Para mí, lo más claro en este asunto es que desde hace dos años haya dejado el adjudicatario habitual
de serlo para el propio Tribunal de Cuentas. Es una determinación que, por las razones que sean, el propio presidente o el propio Tribunal de Cuentas ha adoptado en ese tiempo.


Otra de las cuestiones en las que el presidente no ha incidido es en la posible contratación para temas particulares con la empresa adjudicataria habitual por parte de alguno de los miembros del propio tribunal. Es cierto también que puede
estar sometido a la legalidad en la medida en que no suponga ni trato de favor ni pago de los servicios realizados, pero también hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de la ejemplaridad, de la ética, incluso de la estética, son
cuestiones que deben de estar eliminadas en cuanto a esa posibilidad. El hecho de reconocer que no se ha seguido contratando desde hace dos años ya determina en este aspecto una finalización de lo habitual y, por tanto, la entrada en aspectos
diferentes, desde el momento en que la actual composición del Tribunal de Cuentas está rigiendo.


Respecto al segundo aspecto que ha sido planteado, que es la política de contratación y la selección de personal, el hecho más preocupante ante la opinión pública y ante nosotros mismos como miembros de esta Comisión, sin duda lo constituye
la clara presencia de lazos de parentesco de distinto tipo que alcanza a ese centenar aproximado de trabajadores del propio tribunal. Sin duda, es un hecho llamativo, con independencia de que si se analizara alguna otra institución pudieran
encontrarse similitudes, que no lo sé, y produce, en circunstancias como las actuales, con la necesidad de una mayor o absoluta transparencia y también con muchas necesidades de empleo, escándalo o la preocupación de que pueda existir esto de una
forma que además no sea ajustada. El presidente ha dado explicaciones de los distintos

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tipos y del sometimiento, en su caso, a la legalidad, pero esto no evita que la apreciación en la opinión pública pueda hacer pensar que supone muestras de enchufismo o endogamia en la institución concreta que se analiza. Por tanto, además
de la aplicación de la legalidad, se han de adoptar medidas que ofrezcan la clara limpieza en la provisión, en la contratación y en la selección de estos puestos. El presidente ha marcado varias. Una de ellas, que también iba a constituir una
propuesta de mi grupo, es la modificación de la composición de los tribunales de oposición para evitar que existan facilidades para producir, desde la endogamia interna, la apreciación o el favor hacia determinados trabajadores de la propia
institución o familiares de los mismos. Constituye una garantía mayor la modificación de la composición de estos tribunales. También es cierto que en estos momentos, ya en el siglo XXI, hay que hacer una reflexión sobre la necesidad de
modificación de estructuras para adecuarlas hoy a las exigencias de la ciudadanía y siempre al cumplimiento estricto de lo que la ley establezca. Hay que estar abiertos a esas posibles modificaciones que mejoren las posibilidades de trabajo, la
eficiencia en el mismo y también la ejemplaridad para que se elimine cualquier duda en una institución que tiene una gran importancia en la medida que fiscaliza a todas las demás. En este sentido, mi grupo, junto con los demás grupos, estaría
dispuestos a realizar cualquier aportación para mejorar y aplicar esos nuevos planteamientos.


El Tribunal de Cuentas tiene su vinculación y su dependencia de las Cortes Generales, lugar donde sin duda reside la expresión de la soberanía nacional y, por tanto, el más adecuado para que exista esa vinculación o esa presencia. Es
verdad, todo hay que decirlo, que no se han suscitado grandes problemas en ninguno de los informes de fiscalización presentados por el tribunal, pero sí que hay siempre determinado descontento cuando el propio tribunal tiene que hacer los informes
de las cuentas de los partidos políticos o de las fundaciones vinculadas, y ello a veces por lo que se dice de unos o por lo que se espera y no se dice de otros. Lógicamente, esta tiene que constituir...


El señor PRESIDENTE: Señor Císcar, tiene que terminar.


El señor CÍSCAR CASABÁN: ...una de las tareas más complicadas a la hora de hacer ese ejercicio por el propio Tribunal de Cuentas.


Finalizo, señor presidente, indicando la disposición de mi grupo para introducir mejoras que eviten cualquier cuestión que implique menoscabo o mala consideración del propio Tribunal de Cuentas. Los casos que hemos estado hoy viendo y de
los que el presidente nos ha informado han tenido que ver sobre todo con la presencia de la opinión pública. Además, se suscitan porque hay algún elemento para ello y porque probablemente dentro del propio tribunal existe en torno a estos asuntos u
otros alguna tensión que mejor que nadie el propio señor presidente conocerá. Quiero decir que mi grupo está dispuesto a contribuir a la mejora y al buen funcionamiento, y no solo al estricto cumplimiento de la ley sino también a la ejemplaridad
que corresponde al Tribunal de Cuentas y a la aplicación de la ética. Estoy convencido de que si hay alguna responsabilidad que exigir, será el propio tribunal el que lo plantee, lo diga y nos lo comunique.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Suárez Lamata.


El señor SUÁREZ LAMATA: Dos cuestiones para empezar. Esta comparecencia se celebra, fundamentalmente y al margen de la petición de los distintos grupos políticos, porque ha habido ciento setenta y cinco firmas del Partido Popular que así
lo han decidido porque querían transparencia, señor Bruguera, y fundamentalmente por la disposición del presidente, que desde el minuto uno, en una cuestión excepcional, deseó comparecer, dar explicaciones y plantear propuestas, como ha hecho, y se
lo agradezco, señor presidente, porque es lo que estaba esperando la ciudadanía hoy. Es obvio que a algunos les ha gustado más y a otros menos, pero esto era previsible. Desde ese punto de vista, le doy las gracias. Gracias también por la
información, que evidentemente arroja luz. Unos lo creerán y otros no lo creerán, pero lo importante es que usted ha puesto a disposición de todos y cada uno de los miembros de esta Cámara esa información. A partir de ahí, que cada una tome las
decisiones que tenga que tomar y que haga lo que estime oportuno o pertinente. Creo que más transparente no se puede ser y que las cosas no se pueden facilitar más.


Es obvio que vivimos tiempos de cambio. Si esto hubiera sucedido hace cuatro o cinco años posiblemente esta comparecencia habría sido en otros términos, pero estamos en donde estamos y la sociedad reclama transparencia y regeneración, y en
eso se ha empeñado el Gobierno de España. Entre las múltiples medidas anunciadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, quiero recordar a sus señorías que

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está la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y la modificación de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Ese será el momento de hacer esos cambios, de plantear aquellas cuestiones que sus señorías entiendan.


Señor presidente, el grupo parlamentario al que represento sigue pensando hoy -lo hemos pensado antes, pero hoy también- que el tribunal debe jugar un papel fundamental en esta apuesta de regeneración y de transparencia. Ustedes fiscalizan
y enjuician las conductas irregulares. Invito a las señorías que han hecho sus planteamientos a que los traduzcan en proposiciones normativas, que traigan al Parlamento endurecimiento de penas en cuestiones que a mí me han sorprendido. Llegar a
oír aquí que los hijos de los políticos no se pueden presentar a una oposición, cuando menos me da que pensar. Lo que habrá que garantizar es que el tribunal sea imparcial, pero de ahí a la propuesta que hemos oído es perder el norte, sobre todo
por parte de una formación política que puede dar poco ejemplo de nada. Creo que hoy se impone, insisto, la mesura.


Señor presidente, ya sabe que yo he defendido esta institución, que tiene muchos años y ha hecho un buen trabajo -evidentemente todo el mundo tiene sus luces y sus sombras-, pero creo que el tribunal tiene que hacer un esfuerzo por dar a
conocer a los ciudadanos los controles internos y externos, los legales, los presupuestarios, los económicos, los de eficacia y los de eficiencia, y sobre todo tienen que dar a conocer lo que se hace en otros países. Da la sensación de que este
país sea de otra galaxia. Hay que conocer lo que hacen las democracias más avanzadas porque muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza y a lo mejor nos parecemos bastante. ¿Que hay que cambiar cosas? Claro que sí, y hay que mejorar, si no,
no progresaría el mundo, pero de ahí a que se dé la sensación de que estamos en otra galaxia, creo que es ser muy injusto con este país y sobre todo con el Tribunal de Cuentas.


Ya se ha dicho, son ustedes un órgano constitucional y lo que se requiere fundamentalmente -y espero que así sea- es independencia, que les dejen trabajar, que se eviten las manifestaciones que descalifican. Y a ustedes les pedimos
integridad de la institución y obviamente de todos sus miembros. Aquí se ha intentado explicar que esta es una cuestión de lucha de poderes. Yo le pregunto, o mejor lo dejo en el aire -no le quiero preguntar-, ¿de poderes entre consejeros o de
funcionarios? Porque, al hilo de una intervención, me ha parecido estar leyendo un artículo recientemente publicado de alguien que lidera la idea de la endogamia del tribunal, que posiblemente sea uno de los problemas de los que hoy estamos
hablando aquí. Ese discurso no lo comparto y me parece peligroso. No crean sus señorías que estamos descubriendo aquí nada nuevo; los hijos de los funcionarios suelen querer ser funcionarios. Esto lo estudió Gary Becker en el año 1992, hay
manuales sobre esto, no crean que es una cosa rara. Las cosas hay que hacerlas bien. Yo sigo pensando, en nombre de mi grupo parlamentario, que es válido que los representantes de la soberanía nacional elijan a los miembros del tribunal. Hay que
conocer lo que se hace en otros países, otros modelos. Me gustaría que se pusieran encima de la mesa otros modelos. El chino, por decir alguno, no es el mío, ya que el presidente directamente y con carácter vitalicio designa al presidente del
tribunal, pero, eso sí, lo aprueba el órgano del partido. Todo es mejorable pero hay que ver lo que se hace en otras democracias avanzadas y veremos que incluso estamos mejor que otros países que creemos que son el paradigma de la democracia.
Estoy pensando en Estados Unidos, por ejemplo.


Me centraré en otra cuestión. No me ha gustado la descalificación que se ha hecho de los miembros del tribunal. Se renovó hace dos años y medio el tribunal; entraron ocho consejeros, seis de los cuales estaban trabajando en el tribunal,
eran funcionarios del tribunal, tenían experiencia acumulada del tribunal. ¿Quién sabe más que los que han desempeñado con anterioridad esa función?


En cuanto a la sección de enjuiciamiento, este debate ya se produjo en el hemiciclo. Entiendo que haya formaciones políticas a las que les guste más que un miembro, un consejero de la sección de enjuiciamiento sea periodista, pero a mí me
gusta mucho más que sea un magistrado. Se nombraron a tres magistrados para entender de cuestiones judiciales y, por lo tanto, habrá que pensar que es razonable que los dictámenes que hacen son coherentes, que los han mejorado, que las cosas se
hacen más rápidas, y habrá que pensar que esos nombramientos, esas designaciones han contribuido a mejorar el tribunal, y quien no quiera ver esto... En esta Comisión nos reunimos permanentemente. Lo ha dicho el presidente: se ha incrementado de
forma exponencial el número de informes. Algo están haciendo bien, y yo lo reconozco, señor presidente. Ustedes están haciendo un esfuerzo importante. Se han fiscalizado los partidos políticos hasta el año 2012. Había mucho retraso y ustedes han
hecho un esfuerzo importante.


Al hilo de lo que he oído, entiendo algunas intervenciones. No entendía lo que se había producido en los medios de comunicación y hoy he entendido algunas intervenciones. A algunas fuerzas políticas no les ha gustado lo que ha sucedido y
hoy tratan de delimitar, por ser suave, a la institución; pero al final

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estamos al día, en el año 2012, en comunidades autónomas. Quiero recordar que Castilla-La Mancha se ha incorporado a ese paquete que hay que fiscalizar. Se ha fiscalizado dependencia, se han fiscalizado las universidades, se ha fiscalizado
el Plan de pago a proveedores, el famoso PlanE; informes hasta 2012 de entidades locales, a los que también -insisto- se ha incorporado Castilla-La Mancha; informes como el AVE, informes del FROB, y así hasta noventa. Ha sido un trabajo intenso
en donde ha habido informes duros. No sé lo que les ha parecido a sus señorías, pero evidentemente hay informes donde el tribunal pone negro sobre blanco, qué es lo que se ha hecho mal.


Vuelvo a lo mismo, porque me ha sorprendido la crítica furibunda que ha hecho el compañero y buen amigo de CiU sobre el tribunal. Pero, claro, ¿cuál es el modelo alternativo? Lo pregunto porque Cataluña, donde gobierna su formación
política, está fiscalizando el año 2012. (El señor Pàramo i Ponsetí hace gestos negativos). Entre usted en la web -yo he entrado hace diez minutos- y verá cómo los informes son del año 2012, luego es complicado articular determinados discursos
aquí cuando en casa de uno no se pueden o no se saben hacer las cosas mejor; vamos a dejarlo en mejor.


El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, debe ir terminando.


El señor SUAREZ LAMATA: Sí, señor presidente. Le pediría un poquito de paciencia. (Risas). Entienda que es una comparecencia excepcional y, por lo tanto, excepcional tiene que ser el tiempo.


Sigo pensando que la fortaleza del tribunal está en sus miembros, que no se van a dejar influir por aspectos que, en todo caso, resulta imprescindible aclarar para evitar cualquier sospecha que los desprestigie. De las propuestas que usted
ha hecho, a mí me gustan algunas, como modificar los tribunales, que evidentemente significa mejorar. Frente a aquellas tesis de que hay que cerrar el tribunal y que los cuerpos tienen que ser mediante oposición, a mí me gusta el
concurso-oposición, ya lo he dicho y está estudiado. Al final se producen estrechamientos cuando los cuerpos son pequeños y eso provoca endogamia; por tanto, como forma de combatirla, creo que hay que abrir el tribunal a otros cuerpos de la
Administración General del Estado. Además, lo dice el propio informe de la CORA; esto ya no es una opinión del que habla sino del propio informe. Tendrá usted que reforzar el carácter colegiado de la institución, señor presidente. Al final, no
sé quién elige a los miembros; entiendo, por lo que se ha dicho, que era la comisión de gobierno. A lo mejor tiene usted que poner en conocimiento de los miembros del pleno quiénes van a ser los miembros del tribunal, o informarles cuando menos.
Le quiero agradecer la puesta a disposición de toda la documentación, tanto de contratos como de las oposiciones, de los miembros de este tribunal.


Voy a concluir diciendo lo siguiente. La Ley de Transparencia nos obliga a todos. En definitiva, nos corresponde a todos los que ostentamos algún tipo de cargo o función pública ser ejemplares. Aquello de consejos vendo que para mí no
tengo, creo que hoy no debe servir. Me ha resultado curioso -ya lo he dicho- que dos formaciones políticas se apresten a pedir dimisiones y exigencias en tonos duros, quizás por lo que el Tribunal de Cuentas ha hecho en algún informe de partidos
políticos y que no les ha gustado nada. Creo que debilitar la institución no es el camino. Creo que es la hora de trabajar más y mejor. En eso, señor presidente, tendrá a mi grupo parlamentario.


El señor PRESIDENTE: Para contestar a los miembros de la Comisión que han intervenido, tiene la palabra don Ramón Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Intentaré seguir el orden de las intervenciones. Les pido disculpas si en la contestación, ante la gran cantidad de preguntas y peticiones de aclaración, puede haber
alguna que no quede suficientemente aclarada. De antemano me ofrezco, por los medios adicionales que en estos casos se suelen producir, es decir, mediante explicaciones por escrito, a complementar aquellas cuestiones que a su juicio no queden
suficientemente respondidas en mi intervención en este momento.


Empezaré por el señor Anchuelo. Usted hace una reflexión sobre la preocupación por la situación. El primer preocupado es el propio Tribunal de Cuentas. Nos preocupan estas noticias, en especial a una institución como la nuestra, que se
dedica precisamente a llevar a efecto el control de otras instituciones. Pero usted hace un hincapié, y es que establece que la falta de credibilidad del tribunal no es por las noticias que se han publicado, sino por la politización y la falta de
independencia de sus miembros. En el tribunal, como han dicho otros intervinientes en esta comparecencia, seis personas de las doce que han sido elegidas, en un periodo que oscila entre treinta, veinticinco, veinte, el que menos quizá siete años,

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formaban parte como funcionarios del tribunal, conocían y conocen el trabajo técnico del tribunal, han participado en fiscalizaciones y han realizado actividades de control. Es decir, no son personas que han aparecido de pronto en el
Tribunal de Cuentas, sino que conocen perfectamente la institución y han trabajado en ella. Hay otras tres personas que han sido magistrados y que se han integrado en el trabajo de la sección de enjuiciamiento. Otras dos personas ya eran miembros
del tribunal y una última persona procede del mundo universitario relacionado precisamente con el control económico-financiero del sector público.


Creo sinceramente que la composición del tribunal, por su forma de extracción, tiene todas las garantías para poder cumplir las funciones asignadas con independencia. Lo que ocurre es que la independencia es una característica personal,
señor Anchuelo. Por muchas garantías que dé el ejercicio de la profesión, la independencia siempre es una actitud personal. Yo le puedo asegurar que en los debates del Tribunal de Cuentas esa independencia se ejerce. La independencia lleva a que
los debates cruzados existentes dentro del tribunal se atienen al contenido de los informes y al planteamiento sobre aquellas cuestiones de deficiencias en su elaboración que son puestas de manifiesto por todos los consejeros a través de un
procedimiento en el que participan todos ellos en la revisión de cada uno de los informes, formulando observaciones que constan por escrito y que tienen que ser necesariamente tratadas por las personas que son ponentes en el ejercicio de su función,
incluso con acceso a los papeles de trabajo que justifican lo que se está afirmando por parte de un determinado ponente. Usted hace referencia, como elemento o prueba fundamental del carácter politizado del tribunal, a los informes de partidos
políticos. Sabe perfectamente que el tribunal, cuando se planteó la posibilidad de tener la competencia de partidos políticos como una de las competencias de su control, expresó que no era precisamente un área del control del sector público, que
eran entidades que podríamos calificar fuera del ámbito del sector público, pero, en la medida en que fue establecido por parte del Parlamento que le correspondía al tribunal el ejercicio de esa función, le aseguro que el control de partidos
políticos se hace con absoluto rigor, y ese absoluto rigor nos ha llevado durante estos años a presentar en esta Comisión mixta las situaciones derivadas de convenios de condonaciones de deuda, de situaciones muy diversas de irregularidades que se
han puesto de manifiesto y que han motivado cambios en los modelos de financiación de partidos políticos. Hemos presentado varias mociones referidas a la fiscalización de partidos políticos en las que señalábamos que la legislación reguladora de la
financiación de partidos políticos no era lo completa que debería ser. Al tribunal se le encomienda la fiscalización de la financiación, es decir, de los recursos financieros que perciben los partidos políticos, pero no estaba suficientemente
desarrollado el control de la aplicación de esos fondos. Estas mociones que, como usted sabe, se han presentado en este Parlamento, han llevado a una progresiva modificación de la legislación de partidos políticos, de tal manera que en la última
propuesta de reforma, en la última propuesta de modificación que el Gobierno elevó a consulta previa al tribunal en diciembre pasado, la opinión del mismo, valorando ese proyecto de reforma que está en estos momentos en marcha, fue que era una
reforma positiva y adecuada para la realización de este control de partidos políticos.


En relación con este tema el señor Sixto ha planteado -perdón por la mezcla, pero estoy hablando de un tema que creo que hay que hablarlo de manera integral- que el gran problema del control de partidos políticos es que se aplica
estrictamente un control de legalidad y que el tribunal, sobre los partidos políticos, únicamente aplica ese control de legalidad. Creo que el problema no es ese, señor Sixto, el problema no es que nosotros revisamos la legalidad de los partidos
políticos -que es nuestra obligación hacerlo-, el problema es de medios personales. Indudablemente, los trabajos que realizamos son verificar la contabilidad de los partidos contra los documentos soportes que ustedes mismos tienen. En esa
fiscalización de revisar cuentas con respecto a los justificantes que ustedes tienen, hay partidos que no salen bien y así se pone de manifiesto. Parece que hemos cometido un grave error, dado que no nos fijamos en aquellos otros partidos que en
otros ámbitos diferentes al trabajo del tribunal pueden estar puestos en cuestión por una determinada actuación judicial. Señor Sixto -y contesto también al señor Anchuelo-, es un problema de medios, porque para que la fiscalización de partidos
políticos tuviera unos resultados más completos, el tribunal tendría que ser capaz no de fiscalizar a los partidos contra sus justificantes, contra sus facturas, contra los medios de prueba que tienen en la contabilidad del partido, sino
directamente en comparación con su actividad, es decir, poder ser capaces de ver aquella actividad de los partidos políticos que no está reflejada en cuentas. Eso necesita una estructura muy potente de gente para poder hacer ese trabajo, estructura
que el tribunal lleva reclamando desde hace mucho tiempo. (Continúa el presidente del Tribunal de Cuentas).

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En los últimos dos años nosotros no hemos podido llevar a efecto la oferta pública de empleo, por cuestiones de carácter general, de restricciones. Por otra parte, tenemos invalidadas las posibilidades de convocar oposiciones hasta que no
quede superada una sentencia de inconstitucionalidad que afecta a los requisitos de acceso a los cuerpos de auditores y letrados. En el momento en que el tribunal tuviera medios suficientes para poder fiscalizar la actividad de los partidos, no
solo desde un punto de vista de regularidad formal sino avanzando en ese terreno, creo que los resultados serían diferentes, y lo creo no porque tenga que presumir que haya actividad fuera, al margen de la que declaran los partidos, sino porque, al
hacer pruebas en este sentido, nuestros informes podrían advertir que en las pruebas que hemos realizado hemos verificado que toda la actividad que hemos fiscalizado de un determinado partido se encuentra reflejada en cuentas. Luego no es un
problema de la orientación del Tribunal de Cuentas sino de los medios de los que dispone en estos momentos para realizar ese trabajo.


Continúo con el señor Bruguera, que me plantea -yendo al problema de los contratos de obras menores- por qué esos contratos se daban a la misma empresa. No toda la contratación de obras menores en el Tribunal de Cuentas se concedía a la
misma empresa. Ha habido contratos que mayoritariamente -eso sí- se han dado a una empresa que, tradicionalmente y desde hace aproximadamente treinta y cinco años, ha llevado a efecto ese tipo de labor de contratos menores. Le digo treinta y cinco
años. ¿Por qué se seleccionaba a ese proveedor por parte de quienes le seleccionaron? Por una cuestión que tiene cierta explicación, cierta lógica. No digo que yo lo haría, pero tiene cierta lógica, y me parece que se la puedo explicar a ustedes
de una manera muy clara. En un edificio tan viejo como es el del tribunal, con dificultades de acometimiento de cualquier tipo de obra, contar con una persona que sabe y conoce perfectamente su estructura interna es un valor añadido. El segundo
valor añadido es que los trabajos realizados por este proveedor se hacían en fin de semana y en vacaciones, para impedir cualquier obstáculo en el desarrollo concreto de los trabajos del tribunal. Esas eran las razones por las cuales quien en su
momento dio ese tipo de obras, sin trocear y con estricto cumplimiento de la legalidad, llevó a cabo ese tipo de contratación.


En la actualidad, como usted sabe y he repetido en diferentes ocasiones, el tribunal ha eliminado la contratación de obras menores sustituyéndola por medios propios. Estos medios propios, este personal por el que me preguntaba el señor
Sixto ha sido incorporado al tribunal en los últimos tiempos, de tal manera que tenemos un personal que, efectivamente, puede cubrir la mayor parte de ese tipo de trabajos, entre otras razones porque aquellas obras menores o mantenimientos
especialmente complicados que hubiera que hacer, por política de austeridad, no se están abordando por el tribunal. Además, tenemos unos programas de modernización de las sedes, tanto de Tribunal de Cuentas de Fuencarral como de Padre Damián, que
va a acometer y que acomete la Dirección General de Patrimonio, que es la propietaria de los inmuebles. Por lo tanto, se hacen a través de concursos públicos y enmarcados en esos programas de reforma del tribunal.


En relación con los concursos-oposiciones, me plantea el problema ético y moral derivado de la participación de personas que tienen una vinculación familiar en un procedimiento de selección. Usted sabe que las comisiones de ética en este
tipo de cuestiones funcionan por ejemplo en el Tribunal de Cuentas Europeo, funcionan en los países anglosajones, y estas comisiones de ética pasan revista a aquellos nombramientos producidos en una determinada entidad, precisamente para ver si
pudiera existir algún tipo de vinculación que no fuera deseable. Esto ocurre en sistemas donde los nombramientos son directos, es decir, donde la autoridad administrativa tiene la capacidad de nombrar a una persona. Entiendo que los comités de
ética tienen su razón de ser porque suponen un control sobre el ejercicio de una actividad y de una capacidad que si no sería discrecional. En nuestro ordenamiento jurídico usted sabe que el sistema de acceso es el de oposición, y de oposición
libre, donde uno de los requisitos es la presentación de las personas que quieren acceder a ese puesto. Se publica una lista de admitidos a la oposición. Según este principio, ¿qué tendríamos que hacer ante una lista de admitidos? ¿Aquellas
personas que tienen la capacidad para aprobar la lista de admitidos -en el caso del Tribunal de Cuentas, la comisión de gobierno- deberían tachar de esa lista de admitidos a personas que han querido participar en un proceso selectivo? ¿Con arreglo
a qué norma, con arreglo a qué criterio? ¿No cometeríamos una arbitrariedad impidiendo el acceso de una persona en un proceso selectivo de estas características? Lo que debe estar puesto en cuestión es que se deben extremar todos los
procedimientos para que la oposición sea absolutamente limpia, para que el resultado de la misma no ofrezca ninguna duda. En la propuesta que hago -y con esto contesto a un conjunto de intervinientes que lo han formulado-, hablo de incrementar ese
grado de presencia externa, pero he de advertir una cuestión. Ya en la actualidad y

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desde hace muchos años, la mayoría de los miembros de un tribunal de oposiciones siempre tienen que pertenecer a un cuerpo diferente al que se oposita. Eso se cumple estrictamente. ¿Qué es lo que cabe y qué es lo que propongo? Que eso
quede incluso reforzado con una mayor presencia externa del tribunal, como mayor garantía de que no exista ninguna discrecionalidad en la realización de esa oposición.


Hay que tener en cuenta -y con esto respondo a los planteamientos de la endogamia existente en el tribunal- que en aquellos lugares como el Tribunal de Cuentas donde no hay oposiciones regulares, donde no se convocan oposiciones todos los
años, la gente tiene renuencia, no quiere participar en un proceso selectivo donde no se le garantiza que todos los años va a haber una convocatoria; prefiere preparar una oposición, como abogados del Estado, como auditores del Estado, donde sabe
que si no la aprueba un año, la puede aprobar el año siguiente, y eso, en la medida en que las oposiciones al Tribunal de Cuentas no han tenido la regularidad que deberían haber tenido, motiva que efectivamente el número, el ratio de personas
presentadas en relación con las plazas ofertadas sea inferior. ¿Cómo pretendemos evitar esta situación? De la manera que les he explicado a ustedes. Los temarios de oposiciones tanto de letrados como de auditores del Tribunal de Cuentas van a ser
exactamente equiparables, el de letrados, muy parecido al de abogados del Estado, y el de auditores, muy parecido al de auditores del Estado o interventores, de tal manera que cualquier persona que prepare oposiciones a esos altos cuerpos tenga
perfectamente la posibilidad también de opositar al Tribunal de Cuentas y pertenecer a su cuerpo de letrados o a su cuerpo de auditores, que son los cuerpos máximos del tribunal. Es una de las garantías adicionales a la no discrecionalidad de las
oposiciones. Por supuesto, en cuanto a la publicidad, las convocatorias de oposiciones, no es porque sea de esta comparecencia -las pocas que ha habido, porque no ha habido en estos dos años-, se han publicado en la página web, están colgadas en la
página web, y así va a ser, aparte de que se les dé toda la publicidad necesaria para que las personas que accedan al tribunal sean suficientes precisamente para garantizar que no existe una mayor proporción de personas que tengan vínculos con otras
personas.


El señor Bruguera manifiesta que el análisis que he hecho ha resultado corto, que no es suficiente intentar rebatir lo que dice la prensa y, en la medida en que he planteado una propuesta proactiva, me solicita mayores precisiones y mayores
compromisos en esa propuesta. Por la premura de esta comparecencia, también he avanzado una posición muy personal y, en ese sentido, al hacer una propuesta muy personal, tengo que tener siempre el límite de que el tribunal está compuesto por un
órgano colegiado, que debe necesariamente avanzar en este tipo de medidas y por lo tanto seguramente completarlas o ampliarlas. De las medidas que he presentado me parece fundamental la propuesta que pienso presentar ante el Tribunal de Cuentas,
que es una propuesta que internamente hemos debatido en varias ocasiones, de someternos al análisis de otro tribunal de cuentas y que ese tribunal de cuentas nos realice la revisión de nuestros procedimientos. Este ese el procedimiento que Intosai
recomienda ante situaciones como las que se han producido y es el procedimiento adecuado. Si el pleno, que es quien debe aprobarlo, así lo hace, intentaremos arbitrar cuanto antes la puesta en marcha de esta revisión entre pares para tener en el
más corto tiempo posible una opinión que nos permita mejorar y, como usted ha dicho, ser proactivos en nuestra eventual y futura modificación. Usted plantea otras cuestiones de creación de grupos de trabajo y de actividad parlamentaria que
lógicamente les corresponde a ustedes. Yo no tengo por qué entrar -ni debo- en cómo deben hacer ustedes el trabajo en la Comisión.


Me plantea el señor Bildarratz en primer lugar que los consejeros no recogen la pluralidad existente en la Cámara. En mi caso, soy funcionario desde hace treinta años en el tribunal, no tengo vinculaciones políticas. Tengo ideas políticas,
por supuesto, pero no tengo ninguna vinculación política. No la he tenido desde el año 1982. Quiere decir que me debo al Tribunal de Cuentas, es lo que he hecho durante toda mi vida y mi mayor aspiración es que el Tribunal de Cuentas logre
efectivamente tener el reconocimiento que creo que se merece, y se lo merece fundamentalmente porque contamos con unos profesionales y unos funcionarios que son personas que cumplen con su obligación, aspirando a eso que usted ha planteado, que es
la excelencia. Por mucho que en el tribunal podamos tener críticas en relación con plazos, el pleno de julio va a aprobar el informe anual del sector público local del año 2012, es decir a los nueve meses del periodo de rendición, y este es un hito
que se produce por primera vez; lo mismo que el informe de gastos sin consignación presupuestaria en 2013 se aprobó en diciembre de 2013. También es un hito que no se ha producido en todos los años anteriores. En relación con partidos políticos
hemos superado cuatro años de retraso. En estos momentos estamos en tiempo. Cumpliremos con nuestro compromiso si en diciembre presentamos el informe del ejercicio en curso y estoy absolutamente comprometido con ustedes -y por supuesto el pleno
del tribunal también lo está- para poder cumplir con ese plazo y que en diciembre

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tengamos tanto el informe de las elecciones que se acaban de desarrollar, como el informe correspondiente al ejercicio 2013 de partidos políticos.


En relación con la cuenta general, señor Pàramo, usted sabe perfectamente que nosotros tenemos un sistema de rendición de cuenta general que es específico y sui generis. En el Tribunal de Cuentas Europeo -usted lo sabe perfectamente porque
conoce estas materias- la cuenta se rinde por los gestores de la Comisión en un periodo muy rápido de dos o tres meses y el Tribunal de Cuentas Europeo ha finalizado su revisión antes de fin de año. Esto, que es lo normal en el Tribunal de Cuentas
Europeo, en el caso español tiene un procedimiento diferente. La Intervención General de la Administración del Estado tarda nueve meses en rendir la cuenta al tribunal. En esos nueve meses no es simplemente que se esté rindiendo la cuenta, que se
esté formando la cuenta, sino que la Intervención General de la Administración del Estado hace una importantísima revisión de la regularidad de las operaciones correspondientes. En nuestro caso, aunque recibimos una cuenta que se rinde con nueve
meses de retraso, lleva muchísimo trabajo efectuado por el control interno. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros no podemos presentar la cuenta general en el ejercicio siguiente al que se rinde, la presentamos en el posterior, que es lo que ocurre
en estos momentos, porque la cuenta general de 2012 se ha remitido la semana pasada a alegaciones del Gobierno. Es un retraso superior al de otros tribunales de cuentas, pero perfectamente explicable por lo que le estoy diciendo a usted, que si
nosotros recibiéramos la cuenta general en los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico, podríamos aspirar -y le aseguro que aspiraríamos- a rendir el trabajo de la cuenta general y su fiscalización antes de que terminara ese
ejercicio.


Me planteaba también el señor Bildarratz una pregunta, si es cierta la fotografía del parentesco. Sí que es cierta, señor Bildarratz. Es cierto, los parentescos existen. Hay algunos que son errores, ha habido algunos que se han puesto de
manera errónea, pero los parentescos existen. Lo que no existe es lo que insinúa ese medio de comunicación, que se produce la entrada de las personas que tienen parentesco vinculadas a la existencia de altos directivos o altos cargos del tribunal
que han posibilitado esa entrada. Eso no es cierto. No lo es por la sencilla razón de que, si vamos desgranando una a una esas situaciones -aparte de que, como le he dicho, lo fundamental es que son pruebas realizadas a través de oposición y con
sus tribunales correspondientes, que son responsables de velar por su efectiva limpieza-, las fechas no corresponden, es decir, hay personas que han entrado antes de eventuales. El caso concreto de la hermana de un antiguo consejero del Tribunal de
Cuentas, que sale citada en ese artículo, ingresó en el Tribunal de Cuentas dos años antes de que su hermano fuera nombrado consejero y esta es una situación que todo el mundo conoce. Sin embargo, parece ser que el periódico no ha prestado la
suficiente atención a esa circunstancia. Lo mismo que la hija que se supone que es de un presidente que fue del tribunal aprobó sus oposiciones diez años después de que ese señor dejara de ser presidente del tribunal. Es decir, si a lo que vamos
es que una vinculación de esa naturaleza levanta una sospecha de actuación irregular, creo que hay que ser extremadamente cuidadosos con esas vinculaciones, porque, lanzadas de esa manera, producen el daño tan terrible que han producido al tribunal
y la situación tan difícil de resolver de que la posición del tribunal ha quedado de alguna manera afectada por las noticias que se producen.


Me plantea también el señor Bildarratz por qué sale esta información y cómo sale. No le puedo responder. No lo sé. Lo que sí sé es que sale de dentro del tribunal, eso es cierto. Ha habido aquí una pregunta formulada por el señor Ciscar
que decía que en el caso de la contratación se alude a altos directivos del tribunal que quieren mantener su anonimato y que de alguna manera son los que denuncian estos contratos irregulares. Me sorprendió cuando leí esa noticia, pero lo que más
me sorprendió es que hubiera altos funcionarios del tribunal que desconocieran los límites de la Ley de Contratos. ¿Cómo es posible que un alto cargo del tribunal desconozca que el límite es 50.000 euros y no 30.000 euros? Posiblemente habría que
plantearse efectivamente si la oposición que aprobaron esos altos cargos del tribunal tuvo las suficientes garantías no de intervención externa sino simplemente de que la materia objeto de examen hubiera sido suficientemente repasada o analizada.


El señor Sixto plantea la subcomisión, y yo, lógicamente, no tengo que entrar en ese terreno. Me pregunta cómo es posible que la RPT se haya aprobado en el último mes. Señor Sixto, en mi exposición he explicado que la RPT se aprueba en
1989 y se ha ido modificando a lo largo del tiempo, si bien es cierto que nunca se ha hecho una nueva RPT, una nueva relación de puestos de trabajo; posiblemente sea necesaria. Yo lo que he explicado -creo que usted lo ha interpretado de una
manera errónea- es que para sacar la convocatoria de cuatro plazas de personal informático se modificó la RPT del tribunal precisamente para exigir que esos puestos tuvieran que ser necesariamente funcionarios con características

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TIC, es decir, funcionarios de cuerpos de tecnologías de la información. Esa es la modificación de mayo. Me pregunta también si yo creo que hay que modificar el Tribunal de Cuentas. Creo que hay una propuesta de modificación del Tribunal
de Cuentas, de su Ley orgánica y de su Ley de funcionamiento, que el Gobierno remitió al tribunal; este consideró que era pertinente y dio además su visto bueno fundamentalmente por dos cuestiones: una, porque establecía la capacidad reglamentaria
del Tribunal de Cuentas precisamente para abordar muchas cuestiones de régimen interior que requieren un funcionamiento y una aprobación específicos que en la actualidad no existe; la segunda, modificando el deber de colaboración. Yo comparecí
precisamente en la Comisión Constitucional para decir que la modificación que está en marcha significa una revolución desde el punto de vista del deber de colaboración respecto del Tribunal de Cuentas. En la antigua legislación el Tribunal de
Cuentas solo podía -por ahora solo puede- solicitar información a las personas que son cuentadantes ante el tribunal. Ellos tienen toda la obligación de dar ese tipo de información. Con la modificación que presentó el Gobierno y a la que dimos el
visto bueno, el deber de colaboración se extiende a cualquier persona, pública o privada, que tenga información relacionada con la gestión que realiza el Tribunal de Cuentas. Por tanto, la posibilidad de dirigirse a proveedores, a entidades
financieras, la posibilidad de contrastar con terceros la actividad que estamos fiscalizando se multiplica de una manera que entiendo puede potenciar precisamente la labor del tribunal a la hora de su revisión.


Me realiza una serie de preguntas concretas también sobre fechas en las que han coincidido en tribunales -entiendo que en convocatorias de laborales- determinadas personas que usted ha citado -Enrique Medina, Alberto Otero, Julio Ronda-.
Esto no se lo puedo dar, pero usted sabe -he hecho este ofrecimiento- que para cualquier petición relacionada con esta materia tienen ustedes las puertas abiertas; es decir, les damos la información de los libros de actas de las oposiciones, de los
elementos que quieran ustedes consultar para que puedan ver efectivamente lo que ustedes estimen oportuno. Lo mismo sucede en relación con los contratos de mantenimiento. Se tiene que dar cuenta de que los contratos de mantenimiento de obras
menores es documentación que no sé si se guarda eternamente; supongo que tendrá un plazo de custodia que yo en estos momentos desconozco, lo que sé es que cuando el periodista en concreto se dirigió al tribunal pidiendo estos datos le dimos los de
los últimos cinco años, porque es lo que nos parecía más razonable y rápido de poder encontrar. Si ustedes, miembros de esta Comisión, quieren tener una ampliación de la documentación, haremos lo posible y lo imposible para que puedan tener toda la
documentación que ustedes deseen.


Me plantea una pregunta sobre el porcentaje de libre designación, y se la tendré que contestar también por escrito porque yo no se lo puedo dar ahora, aunque en la actualidad los puestos con niveles 28, 29 y 30 se proveen por libre
designación. Esa cuestión es cierta desde la aprobación de la RPT en 1989, como le digo.


Me dice que los sueldos son los más altos de la Administración española, y no es cierto. No tenemos los sueldos más altos de la Administración española ni mucho menos. Aquí hay un equívoco; es cierto que los complementos específicos del
tribunal son muy altos, pero por una razón: en cualquier otra administración hay que sumar los elementos sueldo, complemento específico y productividad. En el Tribunal de Cuentas las productividades son muy bajas. Si usted compara las
retribuciones de la Agencia Tributaria, de la Intervención General de la Administración del Estado, por no decir de cualquier otro órgano de relevancia constitucional como el tribunal, y los sueldos son más bajos que en estos sitios.


¿Considero adecuada la estructura del tribunal? Sí, considero que el tribunal tiene los medios que necesita, salvo en tres supuestos que no representan un gran crecimiento del Tribunal de Cuentas. El primer punto es poder dotar
verdaderamente una unidad de partidos políticos que esté en condiciones para cumplir con su cometido; reforzar los departamentos territoriales, en la medida en que ha habido una demanda de superar un retraso que teníamos precisamente en la
fiscalización de comunidades autónomas, y estamos cada día acercándonos al momento de ponerlo plenamente al día; y también reforzar los delegados instructores. Los procedimientos de la sección de enjuiciamiento tienen su cuello de botella
precisamente en la instrucción previa de los procedimientos, existiendo pocos delegados instructores para una multitud de asuntos que ingresan. Esta es otra de las preguntas que quiero contestar al señor Pàramo. Los procedimientos abiertos en la
sección de enjuiciamiento son multitud. Usted lo sabe porque, cada vez que me han preguntado en las comparecencias si hay exigencias de responsabilidad contable; prácticamente no hay informe que no lleve aparejado procedimientos de apertura. No
significa que todos ellos acaben en una sentencia condenatoria, pero por una sencilla razón, que el fiscal y el abogado del Estado ante cualquier duda instan la apertura de un procedimiento, porque lo que no se quiere es que por

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no investigar un asunto queden temas en situación de impunidad. Por tanto, ellos, que son los que pueden hacerlo, formulan muy repetidas demandas de apertura de procedimientos por responsabilidad contable, lo mismo que el traslado de
testimonio de particulares en el ámbito de responsabilidad penal.


No sé si me estoy excediendo en el tiempo. Usted me lo dice, señor presidente. Estoy intentando dar contestación, supongo que no completa, pero aspiro a que lo sea lo más posible. Soy el primer interesado en que ustedes salgan de aquí con
el convencimiento de que el tribunal está haciendo todo lo posible por mejorar -lo hemos hecho en los dos últimos años-, y nuestro compromiso es seguir haciéndolo y recuperar el crédito que ha quedado dañado con las informaciones que estamos
analizando hoy día.


El señor Sixto también pregunta -le he contestado al tema de la estructura- si se producen -no puedo revelar las deliberaciones- abstenciones. ¡Con regularidad! ¡Con absoluta regularidad! Aquellos asuntos que afectan, en aplicación de los
deberes de abstención y recusación, al funcionamiento del tribunal llevan a que los consejeros que están afectados se abstengan, si no lo están, a que cualquier otro consejero plantee que debe abstenerse. Por tanto, no se participa en el debate
correspondiente y, por supuesto, no se vota. No le puedo dar los datos concretos porque, como sabe, aunque usted considera que debían ser debates públicos, el artículo 5 de la ley nos obliga a que las deliberaciones del tribunal sean reservadas.
Pide usted la dimisión de la comisión de gobierno del tribunal. Tomo nota y lógicamente la veremos en ella aunque también le digo que parece una petición que debe realizarse en el propio tribunal por su pleno.


Al señor Pàramo le he ido respondiendo según lo que me planteó. Una de las cuestiones ha sido sobre el conjunto de resoluciones que ha aprobado esta Comisión mixta y el trabajo de la misma. La Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal
de Cuentas tiene un trabajo bastante fuerte. Ustedes tienen una gran carga de trabajo por una sencilla razón, porque les damos muchos informes y hay que leérselos y trabajarlos. En este último año y medio hemos incrementado los informes remitidos
a esta Comisión y se produce un embolsamiento de informes que están pendientes de aprobación. Me he prestado a la presentación masiva de informes, lo que supone un esfuerzo adicional, porque no es fácil el esfuerzo de síntesis que hay que hacer
para presentar quince informes; pero estoy dispuesto a continuar en esa senda y hacer todas las comparecencias que sean precisas. Si ustedes me solicitan que comparezca ante esta Comisión dos o tres veces por mes y que presente todos los informes
retrasados, estoy dispuesto a hacerlo, porque por otra parte los informes me los he tenido que estudiar previamente y lo único que tendría que hacer sería actualizar lo que en su momento hice para aprobarlos.


El señor Císcar ha manifestado que esta es una comparecencia singular. Tiene usted toda la razón. Con relación a los temas que he presentado, me plantea una duda sobre la ejemplaridad. Considera usted que los contratos de obra cumplen los
límites y reconoce que hace dos años se dejaron. Me plantea simplemente un problema de ética y de estética. No ha habido una o dos personas en el Tribunal de Cuentas que hayan hecho uso de ese tipo de obras para sus domicilios particulares, por
supuesto pagando estrictamente la factura que se les ha presentado, sino que es bastante habitual. Hay muchísimos funcionarios del tribunal que han hecho ese tipo de contrataciones. Comprendo que permitir la entrada de alguien en tu casa para que
te arregle algo muchas veces supone dejarse llevar por aquellas personas en las que confías, que conoces en tu entorno y que cumplen. Esa es precisamente la única razón que puede explicar ese tipo de contrataciones, no existe ninguna otra más que
esa.


Respecto a las modificaciones de los tribunales de oposiciones, ya le he indicado que se van a modificar para extremar todo tipo de eventuales dudas. Me comenta la existencia de un determinado descontento en el ámbito de los partidos
políticos. En él los informes del tribunal, por mucho que se quiera decir, han ido en un terreno o en otro. A lo largo de todos estos años son ustedes plenamente conscientes que han señalado las debilidades que afectan a cada uno de los partidos
políticos. Cuando han sido condonaciones de crédito en las que no estábamos de acuerdo lo hemos dicho. Cuando han sido donaciones que no estaban bien justificadas lo hemos dicho. Si uno repasa el conjunto de informes de partidos políticos,
encuentra situaciones irregulares en todos los ámbitos, en todas las circunstancias. No se puede decir -no lo admito porque me parece que no es justo- que el tribunal haya actuado con falta de imparcialidad y de independencia en el ámbito de
partidos políticos.


Don Eloy Suárez reconoce, efectivamente, que hay una modificación en curso de la Ley orgánica y la de funcionamiento del tribunal. Esa modificación es la que puede poner al Tribunal de Cuentas en el momento presente -aquí se ha utilizado la
expresión del siglo XXI-, porque ya en esa modificación se recogen gran parte de las aspiraciones que el Tribunal de Cuentas lleva planteando en todos estos años. Usted, señor Suárez, ha hecho una pregunta muy importante: ¿Hay lucha de poderes
dentro del tribunal,

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lucha de consejeros, lucha de funcionarios? Usted y seguramente todos conocen que en el Tribunal de Cuentas ha existido una fuerte polémica funcionarial derivada de los sistemas de acceso a él entre los diferentes colectivos. Precisamente,
esta situación de enfrentamiento ha provocado recursos ante el Tribunal Supremo, discusiones. Esa situación algo tiene que ver con lo que está ocurriendo. No es la causa, ni mucho menos; la desconozco, pero algo tiene que ver esa cierta
conflictividad. Por tanto, es muy importante la modificación de su Ley orgánica y de su Ley de funcionamiento porque dará claridad al sistema de regulación interno del tribunal, proporcionará un sistema por el cual todos los funcionarios del
tribunal de sus diferentes colectivos se sientan plenamente integrados en el Tribunal de Cuentas. En él no sobra nadie, no sobra ningún funcionario, no se trata de una guerra de funcionarios en la que unos quieren echar a otros y otros quieren
ocupar un sitio. En el Tribunal de Cuentas no sobra nadie, todo el mundo es necesario. Esto, precisamente, se podrá arbitrar con lo que usted ha dicho, señor Suárez, con una modificación de la Ley de funcionamiento que permita abrir un proceso
interno de reglamento de régimen interior, regulando las gestiones de personal del tribunal.


Señor Suárez, me ha preguntado usted también cómo se llevan a cabo este tipo de cuestiones en otros países, tanto las fiscalizaciones como el enjuiciamiento. Usted sabe perfectamente que hay diferentes modelos. Tenemos el anglosajón y el
continental. Yo creo que el Tribunal de Cuentas responde a la característica del sistema jurídico en el que vivimos. No somos un Tribunal de Cuentas al estilo de la GAO americana ni de la inglesa; no tenemos ese tipo de funciones, sino un
tribunal de cuentas que al mismo tiempo que realiza una auditoría financiera hace un control de regularidad viendo el cumplimiento de la legalidad. Analiza también eficacia, eficiencia y economía, como dice nuestra ley; precisamente, buscamos
aplicarlo en todos nuestros procedimientos. En este caso, el Tribunal de Cuentas pretende recuperar plazos y ganar en agilidad. Lo estábamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo; les pido el apoyo para poder continuar con esta labor.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere utilizar el segundo turno de palabra? (Denegaciones).


Damos las gracias al presidente por sus explicaciones, que han sido intensas y extensas, y han servido para aclarar dudas. Asimismo, agradecemos el ofrecimiento que nos ha hecho de contestar por escrito a toda la información que los
miembros de la Comisión consideren necesaria.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y quince minutos de la tarde.


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