Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 113, de 10/06/2014
cve: DSCG-10-CM-113
PDF
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 113
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO TARNO BLANCO
Sesión núm. 18
celebrada el martes,
10 de junio de 2014
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar conjuntamente sobre:
- Informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicios 2010 y 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000138 y número de expediente del Senado 771/000136) ... (Página2)
- Informe anual de la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicios 2010 y 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000139 y número de expediente del Senado 771/000137) ... (Página2)
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:
- Informe de fiscalización de las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea de alta velocidad Madrid-Barcelona, desarrolladas desde el 1 de enero de 2002 hasta la puesta en funcionamiento de la línea.
(Número de expediente del Congreso 251/000116 y número de expediente del Senado 771/000114) ... (Página7)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicios 2010 y 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000148 y número de expediente del Senado 771/000146) ... (Página20)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicios 2010 y 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000161 y número de expediente del Senado 771/000160) ... (Página24)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social. (Número de expediente del Congreso 251/000160 y número de expediente del Senado 771/000161) ...
- Informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicios 2010 y 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000162 y número de expediente del Senado 771/000157) ... (Página29)
- Informe de fiscalización de la legalidad de las actuaciones del Fondo de reestructuración ordenada bancaria, de los fondos de garantía de depósitos y del Banco de España relacionadas con la reestructuración bancaria, referida al periodo
2009-2012. (Número de expediente del Congreso 251/000163 y número de expediente del Senado 771/000159) ... (Página29)
Se abre la sesión a las once y veinte minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR CONJUNTAMENTE SOBRE:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, EJERCICIOS 2010 Y 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000138 y número de expediente del Senado 771/000136).
- INFORME ANUAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, EJERCICIOS 2010 Y 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000139 y número de expediente del Senado 771/000137).
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Se abre la sesión con la presentación por parte del señor presidente del Tribunal de Cuentas, don Ramón Álvarez de Miranda
García, de los siguientes informes: en primer lugar y conjuntamente, por razón de la materia y por razón territorial, los informes de fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicios 2010 y 2011, y el informe anual de la Universidad
Politécnica de Cartagena, ejercicios 2010 y 2011. Para su presentación tiene la palabra don Ramón Álvarez de Miranda.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
Los informes de fiscalización de ambas universidades fueron aprobados por el pleno de Tribunal de Cuentas en su sesión de 28 de noviembre de 2013. Como antecedente de estas fiscalizaciones, al margen de los informes individuales
correspondientes a los ejercicios anteriores y que han sido ya objeto de presentación ante esta Comisión mixta en comparecencias precedentes, es preciso hacer referencia a la fiscalización horizontal llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas y los
órganos de control externo autonómicos sobre el conjunto de las universidades públicas relativa al ejercicio 2003, debiendo señalarse que en la actualidad se está efectuando una nueva fiscalización horizontal del conjunto de las universidades
públicas referidas al ejercicio 2012, dando así cumplimiento a la resolución de la Comisión mixta de 25 de noviembre de 2009.
En cuanto a la rendición de cuentas, entrando en los resultados de la fiscalización, hay que señalar que las cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011 de la Universidad de Murcia y Politécnica de Cartagena han sido remitidas a este
Tribunal de Cuentas por la Presidencia de la Región de Murcia, de acuerdo con los plazos previstos en la normativa, habiendo sido elaboradas de conformidad con la estructura y el modelo de los documentos económico-patrimoniales y estados
presupuestarios que deben incluirse en las mismas. Hay que señalar que, al igual que ocurría en otros casos, estas dos universidades no habían implantado un sistema de contabilidad analítica a lo largo de los ejercicios fiscalizados.
Con respecto a las denominadas entidades dependientes, destaca el caso de la Universidad de Murcia, donde se plantean problemas especialmente desde el punto de vista de su control, observándose
que el procedimiento de aprobación y rendición de cuentas de dichas entidades dependientes ha sido conjunto con las cuentas anuales de la universidad mediante apartados al final de la memoria. Sin embargo, se estima que hubiera sido más
adecuado individualizar ambos procedimientos de manera formal, con mención de la normativa aplicable en cada caso.
En el caso de la sociedad Ticarum SLU, fue creada en 2011 como medio propio de la Universidad de Murcia para el mantenimiento, gestión y distribución de soluciones basadas en tecnologías de la información y redes, cuyo objeto coincide con el
de otra sociedad en la que participa la universidad. No ha sido consistente con las medidas de austeridad establecidas en el proceso de reordenación del sector público iniciado por la Administración autonómica.
Con respecto a la actividad económico-financiera de los presupuestos de las dos universidades, han sido aprobados y publicados de acuerdo con la normativa aplicable. No obstante, en ninguno de los dos ejercicios se cumplió lo dispuesto en
la Ley Orgánica de Universidades, que señala que al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la universidad especificando la totalidad de sus costes.
Destaca el elevado grado de modificación de los presupuestos iniciales. Con respecto a la Universidad de Murcia, las modificaciones suponían el 27 % en 2010 y el 36 % en 2011, alterando significativamente los créditos iniciales aprobados,
que pasaron en 2010 de 227 millones de euros a un total de 289 millones de euros y de 211 millones de euros a 288 millones de euros en 2011.
Por lo que se refiere a la Universidad Politécnica de Cartagena, la modificación de sus presupuestos iniciales supuso un total del 43 % de los créditos iniciales en 2010 y el 50 % en 2011. Así, en 2010 se pasó de unos créditos iniciales de
62 millones de euros a unos créditos finales de 89 millones y en 2011 se pasó de 59.630 miles de euros a 89.289 miles de euros. Esta situación de alteración tan significativa en los créditos iniciales aprobados se viene poniendo de relieve por el
Tribunal de Cuentas en sus informes de fiscalización sobre las diferentes universidades públicas, debiendo considerarse contraria a las prescripciones y exigencias derivadas de la estabilidad presupuestaria y a la regla del gasto máximo.
Las obligaciones reconocidas por la Universidad de Murcia han aumentado un 19 % en el periodo 2007-2011, destacando los gastos de personal, que aumentaron un 21 %. El grado de ejecución de las obligaciones reconocidas sobre los créditos
definitivos fue del 78 % en 2010 y del 74 % en 2011. Con respecto a la Universidad de Cartagena, las obligaciones reconocidas en el periodo 2007-2011 han aumentado un 5 %, si bien los gastos de personal se incrementaron un 24 %. El grado de
ejecución sobre los créditos definitivos será del 66 % en 2010 y del 68 % en 2011.
Por otra parte, se ha realizado un seguimiento especial en los dos ejercicios de los costes de personal, tanto en su fase de presupuestación como de ejecución, a fin de comprobar el cumplimiento de los límites autorizados en las leyes de
presupuestos de la Región de Murcia y en la normativa básica estatal, por cuanto contiene una serie de previsiones aplicables a todo el sector público, entre las que se encontraban la reducción del conjunto de las retribuciones del 5 %, en términos
anuales, respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010 con efectos a 1 de junio de 2010. En las verificaciones realizadas se ha constatado que, pese a la aplicación de la rebaja salarial al personal de las universidades, no pudo cumplirse con el
objetivo de reducir la masa salarial perseguido por el Real Decreto-ley 8/2010. Asimismo, hay que señalar que en la aprobación de los presupuestos de los dos ejercicios no se cumplieron los límites legales establecidos. También destaca la
existencia de diferencias de tratamiento de los premios de jubilación para el personal de las universidades y los establecidos para el personal del resto de la Administración.
Por otro lado, estas universidades tienen establecido un procedimiento de funcionarización que implica la posibilidad de que el personal docente e investigador laboral pueda solicitar que se le cree una plaza de funcionario, la cual puede
ocupar interinamente, lo que resulta contrario a los principios de organización y planificación del personal y desbordan notablemente el ámbito del convenio al regular materias propias del régimen jurídicos de los funcionarios públicos que le están
vedadas. Adicionalmente, se considera que los correspondientes premios de funcionarización carecen de la cobertura legal suficiente, además de configurarse como un abono retroactivo de unos complementos retributivos que no han podido ser devengados
y acreditados por el personal laboral que se convierte en funcionario.
En la Universidad de Murcia la funcionarización alcanzó en el ejercicio 2010 a un total de veinticuatro profesores como profesores titulares de universidad, lo que supuso un importe total por premios de funcionarización de 302 miles euros.
Y en el ejercicio 2011 obtuvieron la plaza por este método veintinueve profesores, con un importe total de premios de 227 miles de euros. En la Universidad de Cartagena, en el año 2010, se funcionarizaron once personas, las cuales recibieron
premios por un importe global de 64
miles de euros, y en el año 2011 se funcionarizaron cuatro personas, las cuales recibieron premios por un total de 47 miles de euros.
En cuanto a los recursos humanos de que disponen estas dos universidades, hay que señalar el incremento en el periodo 2007-2011 de una media del 10 %, si bien la mayor parte del aumento corresponde al personal docente investigador laboral.
En cuanto a la gestión docente, hay que destacar la existencia de una reducción de alumnos de nuevo ingreso del 8 % en la Universidad de Murcia y un aumento en la misma proporción en la Politécnica de Cartagena. Las plazas ofertadas por la
Universidad de Murcia para nuevo ingreso presentaban un incremento del 7 % en los últimos cinco cursos y en la de Cartagena, sin embargo, una disminución del 44 %. La satisfacción de la oferta en el curso 2011-2012, entendida como el porcentaje de
plazas ofertadas de nuevo ingreso que son cubiertas, supuso un 86 % de media en la Universidad de Murcia y un 63 % en la Politécnica de Cartagena. La evolución de los créditos impartidos revela un crecimiento del 7 % en la Universidad de Murcia en
los últimos cinco cursos, si bien presenta evoluciones contrarias según las distintas ramas de conocimiento, mientras que la evolución de los créditos matriculados pone de manifiesto una tendencia creciente en los cinco últimos cursos, con un
incremento global del 15 %. Sin embargo, en la Politécnica de Cartagena existe una disminución global del 5 %. El número de alumnos graduados ha aumentado en los últimos cinco años un 23 % en Murcia y un 41 % en Cartagena.
Por último, en cuanto a la gestión de estas dos universidades en materia de contratación, cabe señalar con carácter general para ambas las siguientes deficiencias e irregularidades: las justificaciones de las necesidades para el servicio
público se limitan a describir o mencionar las prestaciones constitutivas del objeto o son excesivamente genéricas e imprecisas; en la mayoría de los contratos de servicios examinados se aprecia una regulación contradictoria y confusa sobre la
revisión de precios; en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de la mayoría de los contratos examinados no se estableció la forma o método de valoración ni de asignación de las puntuaciones de los criterios susceptibles de
valoración subjetiva ni tampoco se determinaron con precisión los plazos de ejecución, lo cual no es conforme con los principios de publicidad y transparencia rectores de la contratación pública; finalmente, en la adjudicación de varios contratos
se han observado diversas irregularidades en la actuación de la mesa de contratación, vulnerando los principios que rigen la contratación pública.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Antes de iniciar el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, quiero advertirles que en los puntos 1.º y 2.º, que estamos debatiendo ahora, y 4.º y 5.º los intervinientes tendrán un máximo de cinco minutos,
y de diez minutos en el punto 3.º
Señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Quiero comentar un par de cuestiones. La primera es de actualidad, porque es el primer punto. Como el señor presidente del Tribunal de Cuentas no ignora, el tribunal lleva dos días siendo noticia de actualidad y
desde mi grupo parlamentario ya hemos presentado en el Registro general de la Cámara una petición de comparecencia para que dé cuenta de estas noticias preocupantes que están apareciendo sobre el funcionamiento interno del tribunal, que creo que es
urgente aclarar para tranquilidad del conjunto de los españoles.
Sobre la cuestión de las universidades, se repite mucho la misma problemática en unas y otras, con ciertas deficiencias menores en cuestiones de control interno y de contratación, que son recurrentes y extensibles al conjunto de las
administraciones públicas. Al margen de todo lo que ha comentado, una cuestión que resulta más preocupante es la sistemática modificación presupuestaria, que impide que al final una previsión que se elabore en un momento determinado por un equipo
de gestión acabe llegando a buen puerto, precisamente porque se producen una serie de modificaciones. Esto no tendría mayor importancia siempre que las modificaciones fuesen ligadas a gasto finalista que se atribuye a mitad del ejercicio porque se
ha solicitado a otras administraciones públicas, se ha obtenido esa financiación y, por tanto, hay que desarrollar proyectos, pero no parece desprenderse de los datos que ha suministrado usted que eso sea así; todo lo contrario, incluso en la
Universidad de Cartagena se comenta específicamente una mala gestión en cuanto a los remanentes de tesorería, que son los que soportan al final estos incrementos de gasto y que llevan a que no haya una relación clara entre los gastos con
financiación afectada y los gastos generales. Le rogaría una reflexión con respecto a esta sistemática modificación sustancial por parte de las dos universidades de sus créditos presupuestarios, que incluso lleva en uno de los dos ejercicios a la
de Cartagena a estar en más de la mitad del presupuesto.
El señor PRESIDENTE: Señor Saura, por el Grupo Socialista.
El señor SAURA GARCÍA: Varias cuestiones. En primer lugar, quiero destacar el trabajo desarrollado por el Tribunal de Cuentas con respecto a estas dos instituciones, las universidades de Cartagena y Murcia. Nos llama la atención
positivamente incluso que se llegue a incluir el índice de cobertura del coste total de la enseñanza por los alumnos y alumnas. Como digo, quiero destacar el trabajo desarrollado por el Tribunal de Cuentas. Y lo que se pone también de manifiesto,
al hilo del propio trabajo, del documento y de las palabras del presidente del Tribunal de Cuentas esta mañana, es el desarrollo estos últimos años, en cantidad y en calidad, de estas dos instituciones tan importantes para el presente y el futuro de
la Región de Murcia. La segunda cuestión que me gustaría destacar es que no se han puesto limitaciones al alcance de los trabajos desarrollados por el tribunal -algo que merece ser destacado- por parte de las dos universidades. La tercera
consideración es el resultado positivo presupuestario en el año 2011 de estas dos instituciones -en los tiempos que corren, resultado presupuestario positivo-, lo que pone de manifiesto una gestión económica prudente por parte de las dos
universidades en estos tiempos que nos parece muy acertado. Por último, las recomendaciones del tribunal son todas necesarias y, como lo son, creemos que se tienen que adoptar medidas urgentes por parte de las dos universidades para implementar
dichas recomendaciones. En definitiva, los dos informes ponen en evidencia un crecimiento en cantidad y calidad de las dos instituciones estos dos últimos años, así como una gestión prudente de ambas universidades. Por último, también es necesario
que se desarrollen las sugerencias y recomendaciones del Tribunal de Cuentas para ambas instituciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Carreño.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: También quiero agradecer la presencia del presidente del tribunal y le felicito por todos los informes que el Tribunal de Cuentas ha expuesto aquí, sobre todo porque condensar tanto informe en tan poco tiempo es
tan difícil como dar respuesta desde los grupos parlamentarios a cada uno de esos informes.
Antes de entrar un poco más en detalle, me gustaría destacar la gestión de las universidades y enmarcar políticamente la buena gestión que el Gobierno del Partido Popular ha hecho también con las universidades en la Región de Murcia. No
todas las universidades actuales han actuado de la misma forma. Hay que decir que las universidades públicas de la región, tanto la de Murcia como la Politécnica, han ofrecido una oferta formativa que alcanza a más de 40.000 universitario,
ofertándose más de 8.000 plazas de nuevo ingreso cada año, y esta cifra se ha mantenido constante en los últimos cursos económicos, pese a la minoración progresiva de la aportación que se ha tenido que realizar desde el Gobierno regional. Esta es
una situación que pone de manifiesto el informe y es que las universidades públicas de la Región de Murcia han tenido un trato privilegiado, sabiendo que durante el periodo 2002-2010 tuvieron un incremento del 86,02 % en la financiación y solo una
minoración del 15 % en el periodo 2010-2012. Creo que esta es una situación que queda reforzada por otro dato importante y es esa compleja ejecución de los compromisos adquiridos por el Gobierno regional. ¿A qué nos referimos? Usted lo ha dicho,
muy sencillo: si hiciéramos comparativa con otras comunidades autónomas, podría no ser real en algunos aspectos, puesto que es difícil contrastar si la financiación comprometida y la que aparece en las universidades y en los presupuestos
autonómicos responde realmente a los presupuestos ejecutados y comprometidos finalmente. En el caso de la Región de Murcia podemos decir que los dos datos son plenamente fiables, toda vez que las cantidades presupuestadas pero que no pudieron
ejecutarse en su momento por tensiones de tesorería fueron reconocidas para su ejecución mediante un plan de pagos plurianual a partir de 2012.
Señor presidente, de la lectura de las conclusiones de ambos informes de fiscalización se puede comprobar que un 75 % de las mismas son idénticas para ambas universidades y todo indica que parece que las valoraciones del tribunal no tienen
muy en cuenta tanto los principios como los fines y los objetivos de las universidades en general. Voy a intentar entrar en algunos detalles sin colapsar la sesión. Ya que se ha mencionado aquí el aspecto negativo señalado por el Tribunal de
Cuentas sobre el elevado volumen de las modificaciones presupuestarias que han derivado en ampliaciones de crédito, nosotros sabemos que todas las modificaciones presupuestarias están motivadas por la existencia de situaciones que no pueden ser
conocidas en el momento de elaborar los presupuestos. Es un aspecto que fue explicado al Tribunal de Cuentas en el trámite de alegaciones de las universidades. En este sentido, consideramos que el Tribunal de Cuentas debe entender que existen
ingresos liquidados a lo largo del ejercicio por
subvenciones ejecutadas por organismos comunitarios estatales y regionales para la financiación de proyectos de investigación competitivos y por la facturación de los contratos con empresas realizados al amparo del artículo 83 de la LOU.
Por tanto, es imposible -insisto, imposible- saber si las necesidades de una empresa o la resolución de una convocatoria de proyectos europeos va a cristalizar en que en un determinado ejercicio la universidad tenga esos ingresos. En consecuencia,
un matiz contable parece impedir una flexibilidad para la captación de unos fondos que desde otras instancias tanto se han reclamado que sean foco de atención de las universidades.
Señor presidente, tampoco se entiende muy bien su consideración en cuanto a la superación de gasto de personal fijado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ustedes consideran que todos los costes de personal, incluso los
contratos vinculados exclusivamente a proyectos de investigación, deben imputarse al capítulo 1 y, por tanto, superan el límite fijado por la comunidad autónoma para las retribuciones salariales. Además, los valores con los que se superan los
límites son anecdóticos. Permítanme una nueva reflexión. Si nuestras universidades son capaces de desarrollar una actividad investigadora de alto nivel que le permita captar en un determinado año varios millones de euros de empresas u organismos
para desarrollar proyectos en I+D, ¿qué hacen?
El señor PRESIDENTE: Señora Carreño, tiene que ir terminando.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Sí, señor presidente.
¿No contratan a los investigadores necesarios para el desarrollo de esta tarea porque superan el techo de gasto de personal?
Para finalizar permítanme una reflexión sobre las universidades de la Región de Murcia. El Gobierno regional ha destinado desde 2009, justo el momento de comienzo de la crisis, 1.120 millones de euros a financiar las universidades. Eso
demuestra la gran apuesta del Gobierno regional.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): En primer lugar, no siendo un tema estrictamente de mi comparecencia, el señor Sixto me plantea la preocupación respecto de noticias que afectan al Tribunal de Cuentas
y ya digo, no siendo cuestión de mi comparecencia, le he de informar de que el día de ayer envié al periódico que sacó en su edición cuestiones relacionadas con la contratación del Tribunal, toda la información detallada de los contratos por obras
menores celebrados entre los ejercicios 2010 y 2014, con detalle de los realizados, en los que perfectamente se ve que son contratos independientes que no guardan relación y, por tanto, de los que no se puede derivar ninguna acusación de
fraccionamiento o de troceo injustificado, como dice ese periódico. Esta información todavía no ha sido publicada y espero que lo sea. Le animo a usted a que la pueda revisar y valorar como estime conveniente y, en todo caso, ver que en las
razones que explico en este informe se podrá valorar la contratación del tribunal mejor o peor, pero creo que en ningún caso se puede valorar como una contratación irregular, y eso tiene que quedar perfectamente claro.
Entrando directamente en lo que es objeto de la comparecencia, usted me pregunta en relación con las modificaciones presupuestarias precisamente otra cuestión que está relacionada con la intervención de la señora Carreño. Dando contestación
a su pregunta le diré que las modificaciones presupuestarias de la Universidad de Murcia fueron del 27 % en 2010 y del 36 % en 2011, principalmente referidas al capítulo 6, y en la de Cartagena el 43 % en 2010 y el 50 % en 2011, también
fundamentalmente derivadas del capítulo 6. En el capítulo 6 se genera crédito cuando se recibe la financiación para investigación, que es una de las cuestiones que ha planteado la señora Carreño, y luego se ejecuta a lo largo de dos o tres
ejercicios a través de remanentes de crédito. Este tipo de gestión presupuestaria es la que de alguna manera genera desajustes a la hora de articular el funcionamiento presupuestario con la forma en la cual se reciben los fondos dedicados para
investigación. En relación con lo que me plantea la señora Carreño, no se trata de no recoger este tipo de financiación o de poner límites a la financiación o de poner límites a la investigación, sino de que las cuentas reflejen adecuadamente la
realidad económica que se está produciendo. Por tanto, los gastos de personal, si son gastos de personal, deben de quedar recogidos en el capítulo 1, que es el adecuado para registrar ese tipo de gastos, y no deben de quedar incluidos en capítulo 6
que, como usted sabe perfectamente, lo que viene a recoger son las inversiones. El tribunal en este caso lo que plantea es una objeción de carácter técnico al modo y manera en que la universidad está recogiendo contablemente sus gastos
presupuestarios.
El señor Saura me plantea la importancia que pueden tener las recomendaciones del tribunal, y coincido con él en que, efectivamente, de todas las recomendaciones que plantea el tribunal se le debe dar una especial relevancia a la petición de
mejora de la planificación presupuestaria, y esto entraría precisamente en aquellas cuestiones que hacen referencia a lo que planteó el señor Sixto en su intervención inicial, también a dar la publicidad oficial a los presupuestos de la universidad
y sus relaciones de puestos de trabajo, que es una de las carencias que hemos advertido y, por último, y muy importante para poder valorar cómo funciona una universidad, implantar definitivamente la contabilidad analítica en el funcionamiento
universitario.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir? (Pausa.-El señor Sixto Iglesias pide la palabra).
Señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Intervengo muy brevemente para agradecerle al presidente sus explicaciones respecto a la actualidad del tribunal, pero quisiera rogarle que comparezca a la mayor brevedad para dar toda la información en extenso a
esta Comisión con el fin de solventar todas las dudas que, desde luego, nosotros no queremos que enturbien el funcionamiento del tribunal.
El señor PRESIDENTE: El presidente no puede comparecer a petición propia porque no es un ministro ni un alto cargo del Gobierno, luego la celeridad no depende de él.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES CONTRATACIONES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA FÉRREA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-BARCELONA, DESARROLLADAS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2002 HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA.
(Número de expediente del Congreso 251/000116 y número de expediente del Senado 771/000114).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º del orden del día: Informe de fiscalización de las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea de alta velocidad Madrid-Barcelona, desarrolladas desde el 1 de
enero de 2002 hasta la puesta en funcionamiento de la línea.
Tiene la palabra el señor presidente del tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Este informe se aprobó el 25 de abril de 2013, referido a las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea de alta velocidad
Madrid-Barcelona, desarrolladas desde el 1 de enero de 2012 hasta la puesta en funcionamiento de la línea.
La fiscalización ha sido realizada a iniciativa del tribunal, siendo su objeto el análisis de la legalidad y eficacia de las contrataciones desarrolladas inicialmente por el ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias y
posteriormente por la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, para la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona desde 2002 hasta la puesta en marcha el 20 de febrero de 2008. Se ha
verificado el proceso de preparación, adjudicación, formalización, ejecución y liquidación de los principales contratos adjudicados en el periodo fiscalizado. Los trabajos para la construcción de la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa se iniciaron en 1993. En 1997 se le atribuyó al Gestor de Infraestructuras Ferroviarias la construcción y administración de la citada línea. Posteriormente, la Ley del Sector Ferroviario creó ADIF que
asumió a partir de 1 de enero de 2005 todas las funciones del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, quedando este último ente público extinguido.
Entrando en los resultados derivados del trabajo de fiscalización, la normativa interna sobre contratación de ADIF, de la que carecía hasta el mes de marzo de 2007, dispuso la sujeción de todos los contratos de servicios y de suministros
superiores a 400.000 euros a la Ley 48/1998, sobre procedimientos de contratación para los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, aunque se incluían contratos excluidos del ámbito de aplicación de dicha ley. Para
la construcción de la línea férrea, con una longitud de 621 kilómetros, se formalizaron 2.095 contratos principales, que se adjudicaron por un importe global de 6.823 millones de euros; 38 contratos de obras complementarias por un importe
de 172 millones y nueve obras de emergencia por 240 millones. No obstante, el coste final total ascendió a 8.967 millones de euros, lo que determina una desviación global del 31,4 % respecto del precio de adjudicación de los contratos
primitivos y un coste medio de 14,4 millones por kilómetro de línea. El 81,7 % de la inversión correspondía a 666 contratos de ejecución de obras, adjudicados por un importe de 5.406 millones de euros, con un ahorro inicial del 10 % respecto del
precio de licitación. No obstante, como consecuencia de las modificaciones de los contratos, de las obras complementarias y de emergencia, de las revisiones de precios y de las liquidaciones adicionales, el coste total de ejecución de estos
contratos ascendió a 7.326 millones, incrementándose el precio de adjudicación un 35,5 %. Las prórrogas y ampliaciones de plazo afectaron a un total de 555 expedientes, con un periodo medio de aplazamiento de 4,5 meses. Además, se licitaron 653
contratos de asistencia técnica, destinados fundamentalmente a la redacción de los proyectos y a la asistencia técnica a la dirección y supervisión de los proyectos y de las obras. El coste final de estos contratos ascendía a 474 millones de euros,
sobrepasando el precio de adjudicación en un 27,4 %.
Antes de entrar a analizar cada tipo de contrato, es preciso resaltar que, en el caso del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, aunque el órgano de contratación era su consejo de administración, todos los expedientes fueron iniciados, por
razones de urgencia, con la autorización de su presidente. Ello supone un uso abusivo de la facultad que atribuyen los estatutos del GIF al presidente de la entidad para adoptar decisiones reservadas al consejo de administración. Dicha urgencia
alegada no se ha podido apreciar, ya que todos los contratos fueron tramitados por el procedimiento ordinario del concurso abierto, sin reducción de plazos. Por lo que se refiere a la contratación de obras, que supuso el 31 % del total de los
contratos adjudicados, se materializó en 356 contratos de obra principal, adjudicados por un importe de 2.029 millones de euros. Durante la ejecución de las obras se formalizaron 69 modificaciones de contratos y se adjudicaron 14 contratos de obras
complementarias y 8 de obras de emergencia que, junto a las revisiones de precios y a las liquidaciones adicionales, elevaron el coste total de las obras inicialmente contratadas a 3.036 millones de euros, lo que supuso un incremento del 49,6 %
respecto al precio de adjudicación. Además, se autorizaron 336 prórrogas y ampliaciones de plazo, con un incremento medio de 13,5 meses en los plazos de ejecución de los contratos. Especialmente significativos resultaron 6 contratos de obra, que
representan el 10 % del valor total adjudicado, para los que se aprobaron hasta dos modificaciones, siendo de especial relevancia el contrato para la ejecución de las obras de construcción de la plataforma del tramo Hospitalet- La Torrassa, en el
que, además de un modificado, se realizaron cinco obras de emergencia, superándose en un 229,6 % el precio de adjudicación del contrato principal. Por resolución de ADIF, ratificada posteriormente por el Juzgado Central de lo
Contencioso-administrativo, la UTE adjudicataria de este último contrato principal fue declarada responsable de los daños y perjuicios. El expediente concluyó que el importe de dichos daños y perjuicios ascendía a 34,25 millones de euros, sin que
se tuviera constancia de la recuperación efectiva de dicha cantidad. Por otra parte, en el 30 % de los contratos se demoró el plazo de inicio de las obras, siendo el retraso medio del comienzo de las mismas de siete meses desde la firma del
contrato, si bien en algún caso, como en el del contrato de ejecución de obras del proyecto de construcción de las plataformas del tramo Santa Coloma de Cervelló-Sant Joan Despi y del tramo Martorell-río Llobregat, el retraso fue de treinta meses.
Estos retrasos en numerosas ocasiones se debían a que se iniciaron las licitaciones sin haber comenzado los procedimientos de expropiación forzosa de los terrenos afectados. Respecto a las modificaciones de los contratos, en muchas ocasiones se
observó que no cumplían los requisitos exigidos en la normativa, al calificarse como necesidades nuevas o causas imprevistas cuestiones de las que ya se tenía conocimiento antes del inicio de las obras o al originarse por una defectuosa ejecución de
las mismas. En otros casos se calificaron como obras complementarias lo que en realidad eran modificaciones del objeto de los contratos. Asimismo, cuando se tramitaron modificaciones, se solicitó autorización provisional para continuar las obras,
justificando tal actuación en que su paralización supondría un grave perjuicio para el cumplimiento de los plazos de ejecución, pese a lo cual dichos plazos se superaron ampliamente.
Por lo que se refiere a la contratación de consultoría y asistencia técnica, en el periodo fiscalizado se tramitaron 259 contratos, adjudicados por un importe de 154 millones de euros. Sin embargo, como consecuencia de las incidencias
surgidas durante esa ejecución, el coste final de estos contratos ascendió a 194 millones, superando en un 25,4 % el precio de adjudicación. El 29 % de estos contratos fueron objeto de modificaciones, con un coste adicional de 28,5 millones de
euros, y el 85 % de los contratos fueron objeto de prórrogas y ampliaciones en los plazos de ejecución. ADIF aplicaba en la contratación con la sociedad Tecnología e Investigación Ferroviaria, Tifsa, de la que era titular del 61,78 % de su capital
social, la excepción a los procedimientos que la Ley 48/1998 autorizaba para las empresas asociadas, si bien parte de esta contratación quedaba fuera del ámbito de dicha ley. Por otra parte, la sociedad mercantil estatal Ingeniería y
Economía del Transporte, Ineco, participada minoritariamente por ADIF, suscribió un acuerdo de colaboración técnica con Tifsa para la prestación mutua de servicios y la actuación unitaria frente a los clientes. Como consecuencia de dicho convenio,
Tifsa se beneficiaba de los contratos adjudicados por Adif e Ineco, a pesar de que Tifsa no podía acudir a las licitaciones de su matriz. Durante las obras de construcción de la línea férrea se adjudicaron 171 contratos de consultoría y asistencia
técnica por un total de 219 millones de euros, de los que Tifsa resultó adjudicataria en sesenta y dos ocasiones por un importe de 84 millones. También se adjudicaron 3 contratos a las UTE en las que participaba la sociedad estatal por 16,2
millones de euros. En definitiva, el 45,8 % del importe total de los contratos de consultoría se adjudicó a Tifsa en solitario o con otras empresas y el 81 % de estos contratos fueron encargos directos.
Entre los años 2002 y 2005, el procedimiento ordinario de contratación del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias con Tifsa era el de concurso abierto, tendencia que cambió desde la creación de ADIF. Así, a partir del año 2006 se
incrementó considerablemente la contratación con Tifsa, representando el encargo directo el sistema normal de adjudicación. Así, de los 46 contratos adjudicados, en cuarenta y cinco ocasiones se hizo mediante este procedimiento, siendo además las
ofertas económicas presentadas por Tifsa coincidentes con el presupuesto previsto, por lo que ADIF no obtuvo ahorro alguno en la adjudicación de estos contratos. En contraposición, en los contratos de consultoría y asistencia técnica que fueron
objeto de licitación, la baja media obtenida fue del 19,3 % del presupuesto inicial.
Por lo que se refiere a la contratación de suministros en el periodo fiscalizado, se adjudicaron 105 contratos por un importe total de 214 millones de euros, si bien como consecuencia de las modificaciones, revisiones de precios y
liquidaciones, el coste total de estos contratos se elevó a 229,8 millones de euros, incrementando el precio de adjudicación en un 7,5 %. En el 63 % de los contratos se autorizaron prórrogas y ampliaciones de plazo para acomodar los suministros al
grado de avance de las obras, lo que dio lugar a revisiones de precios que elevaron el coste de los contratos en 6,6 millones de euros. A este respecto, tanto el GIF como ADIF habían justificado la contratación independiente de los suministros con
la finalidad de adaptar los ritmos de fabricación y transporte de los suministros al de ejecución de las obras. En conjunto, durante el periodo fiscalizado se adjudicaron 1.182 contratos principales, 18 contratos complementarios y 8 de obras de
emergencia, cuyo coste final ascendió a 3.722 millones de euros. Los contratos principales se habían adjudicado por un importe de 2.600 millones de euros, por lo que el coste efectivo se incrementó en un 43,2 % respecto al precio de adjudicación de
los contratos.
Finalmente, las resoluciones de la Comisión mixta correspondientes a los dos informes de fiscalización anteriores, los correspondientes al periodo 1999-2000 y 2001, relativos a la construcción de esta línea de Ave, no han sido atendidas en
cuanto a las medidas que proponían: que los proyectos básicos contaran con el detalle suficiente que permitiera anticipar el inicio de los trámites expropiatorios de los terrenos, que se solventaran las deficiencias de los proyectos constructivos
para evitar paralizaciones de las obras y la necesidad de realizar modificaciones, y que se redujeran las ampliaciones de plazos y se evitaran las prórrogas y modificaciones de contrato sin la debida motivación técnica.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de los grupos.
En primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Querría comenzar resaltando que este es un informe de fiscalización realizado a iniciativa del propio Tribunal de Cuentas incluido en su programa de fiscalizaciones del año 2009. A mi grupo le parece una decisión
acertada esa iniciativa del tribunal y nos felicitamos por ella, porque efectivamente el gasto en la construcción de las líneas de alta velocidad ha sido un capítulo importante dentro del gasto público en España en los últimos años. Como en otras
ocasiones, lo que analiza el Tribunal de Cuentas se hace con rigor y la información que proporciona es útil, pero también, como en otras ocasiones, desde el punto de vista de mi grupo el problema no es tanto lo que se analiza sino lo que se deja de
analizar. Creemos que con mucha frecuencia se limita tanto el ámbito de las preguntas que se quieren responder que se dejan fuera otras que también se podrían haber abordado dentro de las competencias del Tribunal de Cuentas y que tienen
importancia social. En el caso que nos ocupa me estoy refiriendo en concreto al tema de la eficiencia económica de la construcción, no solamente de esta línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, sino del conjunto de la red de alta velocidad en
España. Cuando se ve una línea construida resulta muy atractiva para los usuarios; encontramos un servicio
cómodo a la hora de ser utilizado ya que se acorta el tiempo de viaje, resulta muy vistoso ver las fantásticas obras de ingeniería que se han realizado y resulta muy irresistible para los responsables políticos que tienen que tomar la
decisión; son obras muy vistosas, muy aparentes, irresistibles para un alcalde, para un presidente de comunidad, para un ministro de Fomento, para un presidente del Gobierno. Sin embargo, no está tan claro que sean tan beneficiosas desde el punto
de vista del conjunto del país, y al fin y al cabo tanto el Tribunal de Cuentas como este Congreso de los Diputados tienen que velar por eso, por el interés del conjunto del país. Digo que no está tan claro un tanto eufemísticamente, porque lo que
vienen a señalar los estudios especializados de todo tipo con bastante claridad es que buena parte de la línea de alta velocidad no ha sido rentable desde el punto de vista de la eficiencia económica.
Hay dos conceptos económicos elementales que vienen a cuento en este estudio. Uno es el análisis coste-beneficio. Decía que el beneficio es muy vistoso, muy aparente, pero al fin y al cabo limitado, se acorta el tiempo de viaje a los
pasajeros -porque estamos hablando solo de pasajeros- en un determinado trayecto; ese es el beneficio. Por su parte, los costes son los enormes costes de construcción y mantenimiento de esta vía. Recordemos que hay alternativas a ese tránsito de
pasajeros, no estamos hablando de que fuesen puntos incomunicados, solo estamos hablando de un acortamiento del tiempo de viaje a quienes se puedan permitir pagar los billetes de estos trayectos. Hay pruebas indirectas que vienen a demostrar que se
nos ha ido la mano en la construcción de estas líneas de alta velocidad. Una es que se suele presumir por el Gobierno anterior y el actual que nuestra red de alta velocidad es la más extensa de Europa o del mundo. Precisamente, nos podríamos
preguntar por qué es la más extensa de Europa o del mundo. Tenemos el ejemplo del Reino Unido, un país donde no se suelen hacer mal las cosas, en el que solo hay una línea de alta velocidad, la del canal de la Mancha, y tienen serias dudas sobre si
construir una segunda línea de Londres a Birminghan. Tenemos también el caso de nuestra vecina Portugal, que ni siquiera quiere construir la línea que enlazaría Lisboa con Madrid y el resto de la Unión Europea, y sin embargo en España seguimos
construyendo más líneas. Incluso esta línea de la que estamos hablando, Madrid-Barcelona, que sería la más justificada -es la que une las dos principales ciudades del país-, se enfrenta a algunos estudios académicos solventes que ponen en duda su
conveniencia. El segundo concepto económico del que hablaba es el coste de oportunidad, qué se podría haber hecho con estas decenas de miles de millones que se han utilizado así. En el ámbito de las infraestructuras de transporte España tiene una
carencia importante en el tráfico de mercancías por ferrocarril; tal vez hubiese tenido más sentido económico mejorar ese tránsito de mercancías, por no hablar de lo que se podría haber hecho en ámbitos como I+D, educación o servicios sociales.
Por eso, creemos que en este informe se echa en falta ese análisis desde el punto de vista de la eficiencia económica, que entraría dentro de las competencias del tribunal; análisis que debería extenderse no solo a esta línea sino al conjunto de la
red de alta velocidad española.
Sin embargo, como decía al principio de mi intervención, en los temas que sí responde el tribunal con rigor y deja claro, pone de manifiesto un método de funcionamiento regular, incorrecto, que ha generado los sobrecostes en la línea; un
método de funcionamiento en el que se produce inicialmente un ahorro aparente en las licitaciones, pero ese ahorro aparente acaba convirtiéndose finalmente en un importante sobrecoste del 30 % en el conjunto de la línea, superior al 30 % en algunos
tramos, llegando en otros a espectaculares sobrecostes del 229 % por procedimientos como las modificaciones, las revisiones o las ampliaciones de plazo a menudo sin suficiente justificación. Esto desvirtúa completamente el sistema de licitaciones,
porque incentiva licitar a la baja para hacerse con el contrato y luego ir revisándolo por estos métodos. Resultan preocupantes estos sobrecostes por la ineficiencia que suponen. Nos informaban hace pocos días de que en los últimos seis años ha
habido 10.000 millones de euros de sobrecostes en las obras del Ministerio de Fomento, pero resulta todavía más preocupante porque parecen ligados no solo a ineficiencia económica, sino incluso a casos de corrupción, como ha demostrado alguna
actuación reciente de la fiscalía. Es difícil en este contexto no recordar que las empresas constructoras han estado asociadas a otros casos de corrupción en nuestro país, por ejemplo en las donaciones que han concedido a algunos partidos
políticos. Por otro lado, estamos hablando de un asunto en el que se ven involucrados fondos europeos, con lo que eso supone para la imagen de nuestro país. Por eso creemos que es importante extender este análisis de sobrecostes al conjunto de la
red de alta velocidad en España.
Quería terminar con un último punto que aparece citado en el informe aunque luego no es demasiado tratado y que mi grupo considera importante: las estimaciones del número de viajeros. Esto también ha sucedido con otras infraestructuras,
como los aeropuertos que han terminado convirtiéndose en aeropuertos sin tráfico, sin aviones, aeropuertos en los que se estimaban unos volúmenes de tráfico
asombrosos y que luego se quedaban en nada. En este caso las estimaciones también han quedado muy por encima de la realidad; en vez de los 7,8 millones de pasajeros previstos son 5,3 los que ha habido en realidad, es decir, se estimó un 47
% de más, y en el trayecto completo Madrid-Barcelona en vez de 4 millones previstos han sido 2,5 millones, es decir, se estimó un 60 % de más. Nos parece un tema importante, porque esas sobreestimaciones en el número de pasajeros llevan a la
decisión de construir una infraestructura que luego se acaba demostrando innecesaria, como en el caso de los aeropuertos. Sin embargo, no se entra en el fondo del tema de por qué se producen sobreestimaciones tan elevadas en el número de pasajeros.
Me gustaría saber cuáles son las causas de esas sobreestimaciones en el número de pasajeros. Pediría al señor presidente del Tribunal de Cuentas que, si es posible, profundizarse un poco más en esta materia en su segunda intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Quiero agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas el informe, que lo incluyeron en su plan anual, así como el resultado del mismo, que la verdad sorprende por todas las cifras que van en la misma línea. Es
decir, sistemáticamente se contrata por unas cantidades que se ven incrementadas sistemáticamente, ya sean contratos de obra, ya sean asistencias técnicas, ya sean suministros, ya sea cualquier cuestión. Repito, es sistemático, para verlo tenemos
un elenco de cifras, de los incrementos más escandalosos a los menos. Ya se ha comentado alguno, como el tramo de alguna obra que se ha incrementado en un 221 %, algo absolutamente desmesurado, y lo más preocupante de todo es que, de acuerdo a su
intervención, todavía no sabemos si la declaración de daños y perjuicios por valor de más de 34 millones de euros se ha reintegrado o no a las administraciones públicas, al Estado. Es un panorama tremendo porque se parece más a lo que se deriva de
contratar a un albañil -con todos mis respetos para los albañiles-, que te dice que te va a salir por 50 euros y luego te sale por 100 o por 150. Eso podría ser comprensible en una obra en la cual no hubiese informes técnicos previos, en los que se
gastan cientos de miles de euros en informes, en estudios, en prospecciones geológicas, pero lo que no tiene sentido es que después, sistemáticamente, estén todos los proyectos de obra mal calculados; la inmensa mayoría están mal calculados.
Cuando se contrata de urgencia, ¿no se puede hablar con el departamento de al lado, que lleva las expropiaciones, para saber a que ritmo van? De lo que usted nos ha comentado, señor presidente, se deduce que buena parte de las urgencias se han
visto retrasadas no por las inclemencias metereológicas o geológicas, sino sencillamente porque se ha retrasado algo tan básico como eran las expropiaciones necesarias previas para poner a disposición de las empresas los terrenos para que pudiesen
empezar las obras. La verdad es que no es un panorama sustancialmente diferente al que se muestra en otros informes del Tribunal de Cuentas respecto a la contratación en general de las administraciones públicas. Muchísimos contratos de las
administraciones públicas tienen estas mismas características; sufren incrementos sistemáticos, no se justifican suficientemente las medidas, se adoptan decisiones de urgencia o de continuidad por órganos no específicamente habilitados para ello,
como pasa con el gestor de Adif, al que se ha referido antes en el tema de la urgencia, que se tomaban por parte del gerente y no por parte del consejo de administración. Son cuestiones que invaden las administraciones públicas en España y a las
cuales la propia ley no da soluciones. Esto no tiene ninguna justificación.
Se puede entender que en una parte razonable de las obras, cuando uno va a excavar, se encuentre con una zona geológica con unas cavidades en la mitad de la provincia de Zaragoza, se puede encontrar con sorpresas, pero que esto suceda
sistemáticamente en todas las obras nos resulta incomprensible. Esto no lo podemos justificar delante de la ciudadanía. Parece como si las administraciones públicas tuviesen un bolsillo sin fondo y se les dijese a las empresas: metan ustedes la
mano y vayan sacando dinero porque aquí no hay problema para sacar dinero; vayamos haciendo ampliados, modificaciones, contratemos a nuevos arquitectos y hagamos nuevas imprevisiones, porque no se pueden calificar de otra forma. Es un panorama
tremendo, con un coste absolutamente injustificado, a pesar de que se hace con informes previos, con expedientes carísimos pagados, y no solamente estos, sino los que previamente se hacen para justificar la necesidad de la obra, para que al final
los costes y el incremento de los precios se haga a unos niveles absolutamente inasumibles. Nos parece tremendo, terrible, y creo que los legisladores deberíamos centrarnos en tratar de hacer un texto legal que impidiese que esto fuese sistemático
en las administraciones públicas, no solamente en este informe de la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Agradezco desde mi grupo parlamentario el trabajo realizado por el Tribunal de Cuentas para poner de manifiesto todas
estas disfunciones, pero deberíamos plantearnos qué modificaciones
legales son necesarias para que esto no se produzca, para que cuando se justifique la urgencia en la contratación de una obra o de un suministro no haya una descoordinación con el departamento de al lado, que es el que está llevando la
cuestión previa para tener esa obra o ese suministro en marcha, ya sean expropiaciones o ya sean otras contrataciones previas; para que cuando se hace un proyecto, los técnicos encargados de hacer este sean responsables de lo que han hecho y no se
produzcan al final modificaciones sistemáticas y que nunca pase nada. Nunca pasa absolutamente nada, pero alguien tiene que ser responsable si se hace un proyecto que cuesta un montón de miles de euros que dice que el coste de la obra va a ser tal,
por el cual una empresa externa contrata con el Estado haciendo una rebaja y al final ni la rebaja ni el informe previo ni nada; se multiplican los precios sistemáticamente. Y si solamente hubiese sido en esta obra... Señor presidente, usted lo
conoce porque viene aquí a presentarnos todos los informes que hace el Tribunal de Cuentas sobre los contratos de las administraciones públicas; es sistemático en todas las administraciones públicas. Es una situación tremenda que requiere un
esfuerzo por nuestra parte para hacer una modificación legal que acabe con este tipo de prácticas. No podemos seguir siendo sistemáticamente el país de la picaresca, el país en el cual se contrata por un precio, se produce una baja equis y al final
acaba pasando como ha pasado en el canal de Panamá, acabamos convirtiéndonos en bandera de la picaresca a nivel mundial. Es una situación tremenda que exige de nosotros una apuesta seria por modificar la ley para evitar este tipo de prácticas;
para que los cálculos estén bien hechos; para que las bajas cuando se produzcan se respeten sistemáticamente; para que si hay que hacer un modificado -tiene que haber razones en un momento determinado para hacerlo-, esa modificación esté
sobradamente justificada; y para que si hay responsabilidades en los cálculos previos, estas sean depuradas en las administraciones públicas. Mientras no emprendamos ese camino seguiremos por esta vía, con un bolsillo enorme en manos de las
administraciones públicas, en el cual meten la mano sistemáticamente determinadas empresas y determinadas opciones técnicas para sacar el dinero a espuertas porque no le ponemos ningún coto a que puedan asaltar los bolsillos de los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: En primer lugar, quiero saludar al presidente del Tribunal de Cuentas y agradecerle el trabajo que hoy nos presenta; con algunas limitaciones que vamos a ponerle de relieve, pero estrictamente con los objetivos
marcados, hay que felicitarles. Sin embargo, tenemos que contextualizar esta comparecencia en el día de hoy, junio de 2014. Estamos analizando obras que finalizaron en 2008, pero hay que remontarse a diciembre de 1988. El 9 de diciembre de 1988
el Consejo de Ministros declara prioritaria la construcción de la línea AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona. La declara prioritaria en el año 1988, pero el AVE llega a Barcelona en 2008, veinte años después de declararse prioritaria, y acaba llegando a
Gerona y a la frontera francesa en 2013, veinticinco años después de que se declare prioritaria la construcción. Uno se pregunta qué hubiese pasado si no se hubiera declarado prioritaria esta actuación; seguramente medio siglo después todavía
estaría en ejecución una conexión que todo el mundo entiende absolutamente normal porque conecta la capital del Estado con la segunda capital y con la frontera francesa y que ha tardado veinticinco años. De igual forma se podría aplicar esta
reflexión al corredor del Mediterráneo, un corredor que toda Europa entiende que es prioritario y que todavía hoy se está ejecutando. En todo caso, la primera constatación es que, a pesar de las prioridades, esta obra se ha retrasado en exceso y
seguramente todos los Gobiernos sean responsables de ello. (El señor vicepresidente, Romero Santolaria, ocupa la Presidencia).
Analizando el informe, que creo que nos da unas pautas y unos datos significativos, hay que poner de manifiesto varios aspectos. En primer lugar, este es el tercer informe ya que existen dos previos. El presidente del Tribunal de Cuentas
ha expresado -creo que con cierta decepción- que los dos informes previos no sirvieron de nada porque no se cumplieron las recomendaciones, y lo que se apuntaba en aquellos informes en este tercero se ha agravado. Es decir, el periodo analizado,
desde 2002 a 2008, acentúa todos los defectos en la ejecución de estas obras que se habían percibido en el primero. Digo esto porque del informe se desprende que el total de esta obra Madrid-Barcelona, dejando el último tramo aparte, ha tenido un
coste cercano a los 9.000 millones de euros, con un sobrecoste respecto a lo inicialmente previsto de un 31,4 %, casi una tercera parte. Es muchísimo. Esto en conjunto, pero si analizamos simplemente este tramo que ha fiscalizado en este informe
el Tribunal de Cuentas, vemos que mientras el incremento global era de un 31 %, concretamente en este tramo es de un 43 %. Por tanto, se ha acentuado en el último tramo el desfase del coste de las obras. Si se estudia contrato por contrato, se
constata que este incremento en esta última fase se produce en todos los aspectos. Los contratos de obra
tienen un incremento de un 49,6 %, cuando en el conjunto de la obra es del 35,51 %. Resulta difícil de explicar que, a pesar de que se liciten unos contratos que en un principio generan un 9 % de ahorro, tengan un sobrecoste de un 49 %.
Cuando la opinión pública constata estos datos todo el mundo pierde credibilidad; pierden credibilidad los gestores que han hecho posible estos datos y perdemos credibilidad los que tenemos la obligación de controlarlos y que simplemente podemos
constatarlos, puesto que no podemos pedir más responsabilidades políticas de las que ya las urnas tomaron en su momento. También resulta paradójico que este desfase no solo se produzca en los contratos de ejecución de obras sino también en los
contratos de asistencia técnica. Los contratos de asistencia técnica también superan un 25 % las previsiones iniciales en este trámite. Más preocupante resulta cuando en un porcentaje elevado -cerca del 81 %- estos contratos fueron adjudicados
también a una empresa pública o a otras que participaban en Tifsa. Esto agrava el problema puesto que la misma Administración se adjudica unos contratos que ella misma incumple en cuanto a sus precios de adjudicación y genera un sobrecoste. No voy
a seguir porque creo que está muy bien detallado en el informe y a ello ha hecho referencia el presidente del Tribunal de Cuentas en los diferentes ámbitos. En todos los tipos de contratos hay sobrecostes, algunos muy significativos, como a los que
se ha aludido aquí, que superan el 200 %. No nos preocupa el hecho de que por la gestión del día a día se pueda generar un caso concreto de sobrecoste por circunstancias sumamente justificadas, lo que no tiene justificación es este incremento
global de un 43 % o de casi un 50 % en la ejecución de obras.
Queríamos hacer algunas reflexiones o preguntas. Es evidente que las recomendaciones de los dos informes anteriores no tuvieron éxito y entendemos que se planteen algunas más. No sé si se podría ir más allá. Parece ser que incluso los
acuerdos de contratación interna iniciales por parte de algunas sociedades ya no cumplían la legalidad previa, con lo cual llueve sobre mojado. No sabemos si todos estos acuerdos previos de contratación deberían ser también fiscalizados de
antemano. No sabemos si se tendría que realizar alguna modificación legislativa adicional, aparte de las modificaciones que se han producido en la Ley de contatos del sector público para penalizar de alguna forma estas situaciones. En la
Administración municipal, en la que yo también participo, resulta difícil o imposible; intentamos evitar al máximo justificar ante los ciudadanos la adjudicación de una obra a la baja que después tiene un sobrecoste importante. Resulta paradójico
que en estos momentos se nos esté reclamando a diferentes administraciones que algunas de nuestras inversiones, incluso limitando nuestra autonomía, deban ser declaradas previamente como inversiones financieramente sostenibles, y con esto quisiera
terminar. ¿Cree el presidente del Tribunal de Cuentas -estoy hablando concretamente de las inversiones en el ámbito de la alta velocidad, pero podríamos extrapolarlo a cualquier otro ámbito de infraestructuras ferroviarias o de comunicación- que
este tipo de inversiones se deberían someter a un análisis previo de eficiencia económica, a unos análisis coste-beneficio que determinasen la conveniencia o no de estas inversiones? También quisiéramos preguntarle, más allá de lo que son
estrictamente las recomendaciones que se han establecido, si cree que debería producirse alguna modificación en la legislación vigente, a efectos de limitar las situaciones que hemos visto en este informe, de obras que se adjudican a la baja y que
tienen un coste muy elevado posteriormente.
El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Muchas gracias, señor Bel, por ajustarse al tiempo.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz, señor Císcar.
El señor CÍSCAR CASABÁN: En primer lugar, quiero agradecer la presencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas, así como el informe amplio que nos rinde en relación con las principales contrataciones relacionadas con la construcción
de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y que en este caso vienen desarrolladas desde el 1 de enero de 2002 hasta la puesta en funcionamiento de la línea en 2008. Al mismo tiempo quiero reconocer, porque es de justicia, el esfuerzo que desde
el Tribunal de Cuentas se está realizando para poner al día asuntos pendientes y avanzar de forma decisiva en los informes de fiscalización. También quiero hacer notar que el adecuado funcionamiento y la rectitud en los distintos organismos e
instituciones del Estado y de las administraciones en general es una exigencia clara, por lo que entiendo que ante cualquier noticia que pueda poner en cuestión estos aspectos los responsables de las instituciones darán cumplida información y
adecuado tratamiento a los mismos para que no pueda existir ninguna duda por parte de la ciudadanía.
Hoy nos ocupa el informe de fiscalización de las principales contrataciones de la línea AVE Madrid-Barcelona. La línea AVE Madrid-Barcelona Sants, con una longitud de 621 kilómetros, entró en funcionamiento en febrero de 2008, originó un
precio medio de 14.439.000 euros por kilómetro, con una
desviación global, como nos ha comentado el presidente, del 31,4 % respecto a los precios iniciales previstos debido a las modificaciones de los contratos, a las obras complementarias y de emergencia, a las revisiones de precio y a las
liquidaciones adicionales que se produjeron. Es evidente que a la hora de realizar la fiscalización el Tribunal de Cuentas sigue unos objetivos de carácter general que son los propios de la contratación administrativa; es decir, la comprobación
del cumplimiento de la legalidad en las fases de preparación, de adjudicación, de formalización, de ejecución y de liquidación de los contratos examinados.
Desde esta perspectiva, quiero comenzar diciendo que mi grupo comparte la forma de trabajo y que hacemos nuestras las recomendaciones que desde el Tribunal de Cuentas nos expone el presidente. En los antecedentes que ya fueron fiscalizados
por el Tribunal de Cuentas, observamos que en esos informes anteriores, en cuanto a la existencia de posibles responsabilidades contables, solo consta una diligencia preliminar sobre la que se dictó auto de archivo el 22 de julio de 2008 por
inexistencia de responsabilidades contables. Actualmente, el informe que nos rinde el presidente del Tribunal de Cuentas aprecia y sobre todo ha indicado aquí posibles indicios contables en el informe actual, que se han centrado fundamentalmente,
si no recuerdo mal, en seis aspectos sobre los cuales la Abogacía del Estado manifestó su conformidad con las conclusiones y recomendaciones del proyecto y no apreció ningún indicio de responsabilidad. Me centraré en dos aspectos: el incremento
del precio del contrato para la construcción de la plataforma en el tramo Hospitalet-La Torrassa, con una superación que representa el 230 % del incremento del precio adjudicado, y las deficiencias en el proyecto para las obras de construcción de
los tramos Castellbisbal-Papiol, Hospitalet-Can Tunis y La Torrassa-Sants. Básicamente han sido estos los aspectos en cuanto a la superación o por las revisiones de los porcentajes que ha indicado el presidente. Es evidente que esto estará en fase
de determinar las circunstancias en las que se produjeron los mismos, la identidad de sus presupuestos responsables y el importe de los perjuicios que podían haber sufrido los caudales públicos, dado que resultan imprescindibles para poder ejercitar
acciones encaminadas a exigir resarcimientos. También en los previos hemos podido ver cómo la propia Administración, el Gobierno, exigía responsabilidades y pedía a las constructoras resarcirse de algunas de las actuaciones que se habían producido.
Entiendo que en unas obras de tan considerable volumen como estas, lo que al final se centra en el estudio de la legalidad son estas cuestiones en las que aparecen en estos supuestos que he indicado alguna posible responsabilidad contable,
que estoy seguro que en su momento nos dará cuenta de las decisiones correspondientes sin que quepa en este momento entrar más allá. Pero sí es cierto, y algunos de los intervinientes lo han manifestado, que a veces hay sobrecostes en las obras que
tienen que ver, en primer lugar, al analizar cualquier modificado o sobrecoste, con el ajuste a la legalidad. Es decir, el sobrecoste está contemplado en la ley, la modificación se ha hecho correctamente y lo que supone está dentro de los límites
que la ley establece. De ahí que existan, sobre todo en obras de importancia, reformados y modificaciones, pero modificaciones y reformados que están contemplados en la ley en cuanto a sus cuantías y sus necesidades. ¿Por qué ocurre esto? He
tratado de ver en distintas administraciones, por supuesto la Administración del Estado, autonómicas y locales, cuál ha sido el planteamiento a lo largo del tiempo en las obras de los modificados que se van realizando y de los sobrecostes que
suponen. En primer lugar, es necesario establecer un mayor presupuesto y el tiempo necesario en la redacción de los proyectos y de los estudios geológicos para obras de la importancia como la que aquí estamos considerando, a la vez que hay que
valorar adecuadamente y actuar en el tiempo sin la precipitación que a veces establece la urgencia por terminar determinada obra, la expropiación de los terrenos necesarios para ser ocupados en la realización de una obra de importancia y la
necesidad de redactar mejor los proyectos, para lo cual hay que tomar tiempo y dedicar más recursos que los que a veces dedican las administraciones en esta fase que es tan importante para que no tengan luego la necesidad de aplicar modificaciones o
reformados, la necesidad de hacer estudios geológicos adecuados al tipo de obra de que se trata con la solvencia necesaria, con el tiempo necesario y también con el coste necesario para que luego no tengan que verse sometidos a esas modificaciones
que la propia obra va determinando en su ejecutoria y que, a la vez, también establece paralizaciones importantes en el tiempo y la necesidad de llevar un procedimiento expropiatorio para que esto se haga así. Se trata de valorar tanto la mejora
previa como los tiempos en la realización de una obra para que se reduzcan los sobrecostes, a la vez que cabría saber -ya se le ha formulado la pregunta al señor presidente y yo la reitero- si harían falta modificaciones para que esto funcionara de
la mejor forma posible. Debo decir, no para abrir ningún debate sino a título de ejemplo, que ahí están las obras de la Ciudad de las Ciencias, en Valencia, con un
sobrecoste del 625 %; el edificio Cibeles, 500 millones más de lo presupuestado, en torno al 50 %; la trayectoria de ejecución de obras en la etapa de gobierno de Convergencia i Unió, con sobrecostes notables. Por lo tanto, en cualquier
asunto, como anteriormente indicaban algunos de los intervinientes, a lo que probablemente tendríamos que ir es a ver qué revisiones se deben establecer para que los sobrecostes no vengan determinados por improvisaciones y, en todo caso, que se
determinen en la adjudicación de las obras los procedimientos en los que se limite al máximo el sobrecoste producido por determinadas modificaciones. Es importante porque si no se presta a confusión.
No voy a entrar en más temas porque el Tribunal de Cuentas en su nota informativa o aclaratoria ya lo hizo ante noticias que aparecieron en diversos medios de comunicación. Estamos analizando una situación que será el Tribunal de Cuentas,
en su trayectoria de lo que ha quedado pendiente de estudio o de apreciación por posibles situaciones contables, quien lo aclarará, igual que ha hecho en momentos anteriores. En todo caso, hemos de hacer el esfuerzo necesario para que las obras
públicas, en general la contratación de obras desde las administraciones, se lleve con el mayor rigor, con la mayor transparencia y con la modificación normativa que sea necesaria para que los previos...
El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Señor Ciscar, le ruego vaya terminando.
El señor CÍSCAR CASABÁN: ... se produzcan bien y los costes luego no excedan a lo que legalmente se establece.
El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: En primer lugar, quiero reconocer el trabajo hecho por el tribunal y la presencia de quien es su presidente.
Entrando en el informe, reconozco, señor presidente, que hace un enorme esfuerzo de síntesis y hay un reflejo claro en que el régimen jurídico que sujeta la contratación del sector, en este caso de ferrocarriles-obras públicas, es
complicado, como decía el señor Sixto. Al final, los que estamos en esta Comisión leemos informes, sobre todo de contratación, y las cuestiones se van reproduciendo. Llama la atención y al ciudadano es complicado explicárselo. Me hacía gracia oír
al señor Císcar poner ejemplos de ciudades donde gobiernan otros. A mí también se me ocurren otros muchos, incluso la ciudad donde yo vivo, pero no es el caso. Ustedes perdieron una oportunidad de oro para aplicar lo que usted contaba en la
modificación de la Ley de contratos del sector público. Esa era la ocasión, pero en absoluto se parece lo que usted explicitaba hoy aquí a lo que hicieron, porque al final la justificación de muchas de las cosas que hoy estamos viendo aquí la tiene
el escenario temporal que había, las elecciones de 2008, eso explica casi todo lo que ha pasado en la ejecución de este proyecto. En cualquier caso, el informe se centra en los resultados sobre las ejecuciones de obra. Mi buen amigo y compañero
señor Bel decía: ¡Veinticinco años para que llegue el AVE a Gerona! Oiga, los de Galicia no tienen AVE; ya les gustaría a los de Galicia tenerlo. Y hablaba usted del corredor mediterráneo. Ya me gustaría a mí que fuese igual la travesía central.
No se quejen tanto que al final España se porta bien con ustedes y las infraestructuras pasan por Cataluña y lo hacen con recursos de todos los españoles. Además, están -para qué se lo voy a negar- bien planteadas.
Este informe es de alabar, señor presidente, porque es complejo. Es difícil el análisis, la justificación de deficiencias en la tramitación, las muchas modificaciones, contratos complementarios, obras de emergencia, revisiones de precios, y
al final un aumento exponencial de lo que cuesta la ejecución de esa infraestructura. Pero sobre todo me quedo con una cosa: la falta de justificación de muchas de esas modificaciones o la no adecuación al procedimiento. Cuando uno analiza el
informe -y si esto no es así le ruego que me corrija-, al final no hay un análisis de partidas y certificaciones al nivel del que se hace en algunos contratos, por ejemplo, de suministros. Hay un contrato que era de 6.000 euros y acaba siendo de
39.000, y ahí hay un análisis muy detallado, como otro que era de 5.000 euros y acaba incrementándose en un 179 %. Pero cuando entramos en los contratos de obra -que es donde realmente se manejan cantidades astronómicas-, yo, desde mi modesta
opinión, no aprecio ese análisis tan exhaustivo que se ha hecho en otros contratos. ¿Por qué le digo esto y por qué creo que es importante -alguien ha sobrevolado ya sobre esa cuestión-? Porque al final en la ejecución de esta infraestructura ha
habido cosas poco presentables. Al final 6 millones están siendo investigados y hay nueve imputados, lo que hace que se disparen todas las alarmas.
Hay una cuestión respecto al ámbito temporal que me gustaría que aclarara. En el apartado 1.2 se dice que la fiscalización es la legalidad y la eficacia de las contrataciones desde exactamente el 1 de enero de 2002 hasta el 20 de febrero de
2008. Esto sitúa este informe en un ámbito temporal y quizás sea ese su problema, porque las noticias que hemos tenido suceden a partir del 20 de febrero en la construcción de una plataforma en el tramo La Sagrera-Nudo de la Trinidad. Le pregunto
si la contratación a la que estoy haciendo referencia forma o no parte del ámbito de fiscalización. Esto que le pregunto es determinante porque una gran parte de las irregularidades presuntamente cometidas se inician desde la propia adjudicación y
se materialización en alteraciones de certificaciones y facturas a ellas asociadas. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Al final, señor presidente, no alcanzo a entender -a ver si soy capaz de explicárselo- por qué se para el 20 de febrero
del año 2008 el informe de fiscalización, sobre todo, insisto, después de lo que hemos visto.
En cuanto al contrato objeto de la actuación policial -me voy a detener un momento en ello-, creo que es obligado hacer un análisis. ¿Por qué? Una empresa resulta adjudicataria de un contrato, una oferta que reduce el 31 %, y
posteriormente en su ejecución se producen irregularidades en las mediciones y en las certificaciones con incrementos injustificados que provocan un notable perjuicio para los caudales públicos; insisto, de cerca de 6 millones de euros. Cuando uno
ve esto, va al informe y yo por lo menos no he observado -y a esto es a lo que me quería referir antes- ningún apartado específico donde haya un examen de la documentación, mediciones, certificaciones y facturas, lo que evidentemente preocupa. Si a
partir de 2008 se ha producido -yo no quiero ser malpensado y me gustaría equivocarme, pero entenderá que haga mi reflexión personal-, ¿por qué no se ha podido producir en lo anterior? Por tanto, le pregunto si no hubiera sido lógico hacer un
análisis de esta cuestión concreta en la parte que el informe ha analizado. Al final es evidente lo que le estoy diciendo: si hay una sospecha, ahí está la pregunta.
Hay otra cuestión en la que también me gustaría incidir, y voy a intentar acabar pronto. De todo el informe, parece que el análisis es: adjudicación inicial, importe de la adjudicación y al final la ejecución, pero no se analizan las
certificaciones, ni las partidas, ni las mediciones. Esto me llama poderosamente la atención porque los que estamos aquí como portavoces ya hemos leído muchos informes del Tribunal de Cuentas y vemos que en otros informes se entra en el análisis de
estas cuestiones y además se hace con bastante rigor y precisión, y evidentemente eso tiene luego unas consecuencias. Y da la sensación -insisto, es una sensación- de que aquí no se ha hecho.
En relación con las obras de emergencia, el informe pasa de una forma muy sucinta. Había unas compensaciones, a las que usted ha hecho referencia, que debieron exigirse de acuerdo con lo expuesto en el informe sobre las enormes
discrepancias existentes entre las cuantías de contratos de emergencia y las compensaciones. Le pregunto si de las actuaciones que se han hecho queda acreditada la recuperación de cantidades reclamadas o si al menos se ha asegurado el cobro, y, si
es posible, que determine de forma exacta y precisa el grado de recuperación de esas cantidades, así como si se ha hecho de forma diligente o no.
Decía el señor Ciscar -no lo recordaba yo, luego me he acordado- que el propio tribunal veía irregularidades en seis tramos y había incoado expedientes por responsabilidad contable. Yo le pregunto: ¿y no los hay por responsabilidad penal?
Es una pregunta que le dejo ahí y en función de la respuesta, que desconozco, le haré unas consideraciones.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los intervinientes tiene la palabra el presidente del tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Intentaré dar contestación a las preguntas formuladas. En todo caso han sido muchas y si alguna de ellas no recibe la suficiente explicación o respuesta les ruego que
me lo hagan saber para, por los medios escritos que en otras ocasiones se han utilizado, poder completar lo que ustedes me formulan.
Plantea el señor Anchuelo, en primer lugar, un reconocimiento sobre la iniciativa del tribunal en relación con este tema, reconocimiento que también ha sido manifestado por otros intervinientes, y que le agradezco. A continuación plantea la
duda sobre aquello que se deja fuera de este informe en la medida en que no se entra a valorar el coste de oportunidad, es decir la realización de este tipo de inversiones y de otras que ha señalado en relación con otras vías ferroviarias e incluso
la construcción de infraestructuras de alto coste, coste no dedicado sin embargo a la realización de otras actividades, y ha puesto ejemplos internacionales al respecto. En esto le querría decir que el tribunal podría hacer perfectamente un
análisis coste-beneficio; aunque no forma parte de esta fiscalización, podría ser un trabajo a desarrollar en el futuro la verificación de en qué medida este tipo de proyectos o inversiones tienen un retorno adecuado.
Sí quiero decirle que yo creo -es mi opinión- que no entra dentro del cometido del Tribunal de Cuentas determinar, dentro de un programa de ingresos y gastos públicos, aquellas elecciones que están directamente vinculadas y relacionadas con
las decisiones que acometen quienes tienen las responsabilidades de gobernar. En definitiva, la respuesta de si comprar cañones o mantequilla es una decisión política y le corresponde a quien tiene la responsabilidad de llevar a efecto la política
gubernamental. Lo que el tribunal podría hacer es analizar el coste y el beneficio asociado de una decisión concreta adoptada.
En relación con las estimaciones de viajeros, indudablemente se realizaron en un momento en que la crisis económica no estaba presente y no se la esperaba. Por lo tanto, las estimaciones de viajeros que se formularon en el momento de la
realización de estas inversiones han quedado por debajo de cualquiera de las que en su momento se realizaron.
El señor Sixto me plantea igualmente aquellas cuestiones que son repetitivas en relación con este informe y con los anteriores. Coincido plenamente con él, verdaderamente no es tanto el informe de fiscalización el que queda de alguna manera
en entredicho, dado que repite cuestiones que fueron formuladas para el ejercicio 1999-2000 y para el ejercicio 2001, sino que son las propias recomendaciones de la Comisión mixta, que se aprobaron en el ejercicio 2003 y en el ejercicio 2005, las
que no han sido tenidas en cuenta porque las grandes conclusiones de este informe afectan precisamente a que pueda anticiparse el inicio de los trámites expropiatorios para que los procesos de realización de estas inversiones no tengan retrasos,
para que se puedan solventar las deficiencias de los proyectos constructivos y evitar las paralizaciones de obras, y para evitar también las modificaciones de contratos sin la debida motivación técnica.
El señor Sixto me pide que le informe -al igual que el señor Suárez en su intervención- en relación con el tramo Hospitalet-La Torrassa, sobre el que se establece una cantidad pendiente de recuperación de la UTE por la reclamación formulada
de daños y perjuicios. Le podría decir que ADIF reclamó a la UTE por daños y perjuicios por un importe de 34,25 millones de euros. ADIF ha descontado a esta UTE 26,7 millones de euros en compensaciones por el cobro de cantidades pendientes y el
resto está pendiente porque ADIF ha ganado el recurso de la UTE pero se encuentra recurrido. Hasta que el recurso en relación con esta cantidad final no quede resuelto, se está pendiente de la recuperación eventual de esa cantidad restante.
El señor Bel pide información relativa a la duración de esta obra indicando que, efectivamente, acumula mayores retrasos en su ejecución posterior que en la inicial. Es cierto que el retraso, incluso el desfase presupuestario, fue menor en
el proyecto abordado en los años 1999-2000 y 2000-2001 que en el periodo posterior, puesto que en este periodo posterior tanto en la ejecución como en las desviaciones presupuestarias ha resultado un desfase mayor, si bien también hay que tener en
cuenta que posiblemente la parte de mayor dificultad en ejecución de obra es la correspondiente -como usted sabe perfectamente- al terreno menos adecuado para la realización de este tipo de infraestructuras, que resultan muy complejas.
Me plantea también el señor Bel una pregunta que incide en las recomendaciones sin éxito de la Comisión mixta y del propio tribunal. Reconozco que usted tiene razón en lo que formula; plantea una eventual modificación legislativa
adicional. Creo que no es tanto un problema de modificaciones legislativas sino de responsabilidad en la ejecución de los contratos y de la responsabilidad que debe exigirse a quien tiene un proyecto de estas características en el que no solo debe
contar a la hora de establecer la proyección de estas medidas con los informes técnicos -que creo que son muy correctos los que se han formulado-. Generalmente, los informes técnicos establecen la realización de un proyecto sin establecer aquellos
tiempos asociados a la ejecución de un proyecto de estas características, que lleva asociados múltiples problemas que posiblemente no han sido abordados en la proyección técnica, es decir que requieren de una gestión integral que debe acumular todo
tipo de eventualidades que puedan suceder a la hora de llevar a efecto unas obras de estas características, que no solo pueden retrasarse en la ejecución material de la obra sino en cosas tan importantes como, por ejemplo, tener los terrenos
dispuestos para poder iniciar las obras y no acumular retrasos. En relación con estos proyectos me pregunta si son financieramente sostenibles. Indudablemente, sobre este tipo de trabajos el tribunal tiene en su programa de fiscalizaciones
aportaciones nuevas. Hay prevista una fiscalización específica sobre la financiación de las infraestructuras ferroviarias para el ejercicio 2011-2013 y también hay otra fiscalización prevista sobre la actividad de Ingeniería y Economía del
Transporte, Ineco, que son directamente citadas en esta
fiscalización. Es decir, podremos realizar algún tipo de trabajo adicional sobre el que se ha realizado -que es estrictamente de legalidad- y que por lo tanto podrá abordar cuestiones adicionales sobre la sostenibilidad financiera de este
tipo de inversiones.
Me plantea el señor Ciscar -eso he creído entender- una reflexión al hilo del debate sobre las instituciones, que deben dar cumplida información sobre cualquier tipo de situación que afecte a su gestión. Me va a perdonar usted porque estoy
muy sensible en un día como hoy para darme por aludido, pero tomo nota de lo que usted me dice. Indudablemente estoy plenamente dispuesto a dar cumplida información sobre mi gestión. También querría aclarar y que ustedes aclararan hasta dónde
lleva dar cumplida información sobre gestiones anteriores. ¿Qué periodo, desde el origen de los tiempos del Tribunal de Cuentas? Si ustedes así lo formulan, no tendré ningún inconveniente. En relación con este informe, hace referencia
fundamentalmente a las cuestiones puestas de manifiesto por el fiscal y por el abogado del Estado. Usted sabe que es habitual que puedan existir diferencias entre las opiniones que formulan ambos intervinientes en este tipo de informes. Le doy
cuenta de lo que en relación con responsabilidades se ha producido -que también lo ha formulado el señor Suárez en su intervención-: que como consecuencia de los hechos que han sido analizados en este informe se ha abierto diligencias por presuntas
irregularidades por incidencias durante la ejecución del tramo Hospitalet-La Torrassa -que usted ha citado-, así como deficiencias en el tramo La Torrassa-Sants, en el tramo Castellbisbal-Papiol y en el tramo Hospitalet-Can Tunis, por las que fue
necesario contratar modificados y complementarios por un importe global de 168,5 millones de euros. También se han iniciado actuaciones previas que se encuentran en fase de instrucción a causa de la falta de imposición de penalizaciones por
incumplimiento del contrato de suministro y transporte de traviesas y por irregularidades en la ejecución del contrato de suministro de plataformas para el cambio de ancho de trenes de viajeros de tecnología Talgo, de instalaciones de descongelación
de rodales y medidores de parámetros determinantes de la ejecución del contrato que han tenido un incremento medio del 134,7 %.
En contestación a lo formulado por el señor Suárez Lamata, tanto el fiscal como la Abogacía del Estado no han formulado pretensiones de exigencia de responsabilidad penal por los hechos que describe el informe. Además, el señor Suárez me
plantea una serie de preguntas que afectan de alguna manera al contenido del informe, al ámbito de trabajo del informe, al carácter exhaustivo o no del trabajo desarrollado en comparación con otros informes que desarrolla el Tribunal de Cuentas en
la medida en que echa en falta la explicación pormenorizada de partidas y certificaciones que en otras ocasiones sí que se han puesto de manifiesto en estos informes. Usted tiene que comprender, señor Suárez, que normalmente cada informe tiene un
ponente diferente, que en la realización del trabajo presta en ocasiones mayor atención a unas determinadas cuestiones u a otras. Le puedo decir que en este caso lógicamente la realización del trabajo incluye la verificación de partidas y
certificaciones, quizá su exposición es una exposición más general y atendiendo más a lo que es el desarrollo de un proyecto de tan dilatado proceso y fundamentalmente a lo que son las grandes cifras de desarrollo de esta fiscalización. ¿Y por qué
termina el 20 de febrero de 2008? Termina en esta fecha porque es la puesta en funcionamiento de la línea, lo cual no excluye, como usted sabe perfectamente, que quepa una fiscalización posterior, dado que esta línea siguió desarrollando su trabajo
en el periodo correspondiente hasta el ejercicio 2013. Por tanto, lo mismo que se hizo una primera fiscalización del AVE hasta su llegada a Zaragoza, una segunda en la que se avanzó hasta el 31 de diciembre de 2001 y la actual, que termina el 20 de
febrero de 2008, no descarte usted que hagamos la fase final de estudio de esta línea en la medida en que yo creo que tiene importancia poder analizar un proceso tan complejo pero, por otra parte, tan importante para el desarrollo de la
infraestructura ferroviaria española como es el que ha consistido en la realización de esta obra hasta la frontera francesa. Usted me pregunta por importantes tramos de esta línea en los que, por otra parte, existen noticias relativas a supuestos
de eventual responsabilidad penal y actuaciones policiales y actuaciones de la fiscalía en relación con estos temas, y he de decirle que en el ámbito de trabajo del tribunal estas cuestiones quedan pendientes de poder abordarse; no se han abordado
en el desarrollo del trabajo, pero podrían efectivamente valorarse en el futuro en el desarrollo de un informe complementario sobre el resto de ejecución que queda pendiente de analizar.
Pidiéndoles disculpas porque seguramente me he dejado muchas cuestiones por contestar, estoy dispuesto a cualquier aclaración complementaria.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir para una aclaración complementaria? (El señor Bel Accensi pide la palabra).
Señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Intervengo muy brevemente para agradecer la contestación al presidente del Tribunal de Cuentas. En todo caso, tendremos en consideración algunas de las sugerencias que nos hace y seguiremos también con interés algunos
de estos informes que están pendientes de formularse y de verse en esta Comisión mixta.
También, aunque no es un turno de réplica, aprovecho para hacer algunas matizaciones. En mi intervención no he nombrado a ninguna formación política; alguna se habrá sentido directamente aludida y, por tanto, ellos sabrán. En todo caso,
si quieren hablar de sobrecostes de alguna obra de CIU, nos tendrán que decir de cuál y hablaremos.
Finalmente, hay muchos sitios del Estado español donde no hay AVE y, en todo caso, mi pregunta al presidente del Tribunal de Cuentas sobre la necesidad de hacer estudios de coste-beneficio y de eficiencia económica no tanto ex post, sino ex
ante, es porque seguramente serviría para priorizar. Lo que tenemos que hacer los responsables políticos es priorizar y debemos priorizar donde las obras tengan un mayor impacto económico y un mayor impacto social, y así se nos hace llegar también
desde diferentes instancias de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel.
Señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Intervengo con brevedad, señor presidente, al hilo sobre todo de la intervención del propio presidente del tribunal. No quería entrar en la cuestión, pero voy a volver a ratificar por enésima vez el convencimiento
de mi grupo de que el tribunal está trabajando y está trabajando bien, y ha hecho un trabajo importante. Es verdad que estos días estamos viendo cuestiones relacionas, pero, al final, estoy convencido, señor presidente, de que el propio tribunal
tiene mecanismos más que suficientes -y usted ya ha dicho algo aquí- para aclararlas y dejar tranquila a la ciudadanía. Creo que insinuaciones de otro tipo no van a ningún lado más allá del desprestigio de las instituciones, que en estos momentos
no conviene. Por eso, señor presidente, estoy convencido de que usted lo hará y lo hará bien.
Respecto a la cuestión de responsabilidad, al final yo tiendo mucho a comparar porque a mí me da parámetros y usted me acaba de dejar un poco sorprendido. Recordaba un informe que de forma muy graciosa dijo que lo había hecho usted, el
informe famoso del Plan Zapatero con los ayuntamientos, y recuerdo, a pesar de la complejidad, porque aquello sí que era complejo, una exhaustividad que he echado en falta en este. No me refería a nada extraño, pero, claro, hablamos de 7.000
millones, entienda usted la preocupación de este portavoz y de este grupo por que se llegue a ese nivel de análisis, que es posible porque usted lo hizo. Me dice usted que esto también va en función de los ponentes. No me convence mucho el
argumento, pero en cualquier caso es una explicación.
Respecto a la no apreciación de responsabilidad penal, como digo, yo tiendo a comparar y me acordaba de un informe referido a la comunidad autónoma de la que yo vengo, Aragón, donde se incoaron veintiséis expedientes de responsabilidad penal
por cuestiones muy similares a las que se reproducen en este informe. Me dice usted que no hay ninguna en este y evidentemente nada tengo que decir, pero cuando menos me sorprende.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Intervengo únicamente para decirle al señor Suárez que los informes del tribunal, con independencia de que tengan diferente redacción y diferente ponente, se someten a
procedimientos estándares en su realización y ejecución. Puede diferir lo que es la redacción del informe y la amplitud en la que se demuestran los resultados. Quizá usted preferiría otro tipo de exposición de los mismos, pero eso no significa que
los resultados de un informe queden de alguna manera ensombrecidos o no porque contengan un mayor desglose y detalle de certificaciones o de partidas incluidas en el mismo. Evidentemente está siempre el estilo de la persona que lo redacta, pero lo
que sí le puedo decir es que en todo caso cualquier informe del tribunal se hace de acuerdo con procedimientos estandarizados de ejecución de sus trabajos. Por tanto, quédese usted tranquilo porque el trabajo se ha desarrollado.
En cuanto a lo que usted manifiesta en relación con la responsabilidad derivada de los informes, no puedo informarle más de lo que conozco. Es responsabilidad de quien la tiene y le aseguro que la ejerce en el caso del Tribunal de Cuentas
con una eficacia y un esmero en la dedicación absolutamente encomiable.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, EJERCICIOS 2010 Y 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000148 y número de expediente del Senado 771/000146).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º del orden del día: Informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicios 2010 y 2011.
Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Señor presidente, este informe se aprobó el 23 de diciembre de 2013 y, aunque con carácter general no han existido limitaciones al alcance, cabe resaltar que la
universidad en los dos ejercicios fiscalizados aún no había implantado un sistema de contabilidad analítica. Esto se repite en otras universidades. En este sentido, en un entorno de consolidación fiscal motivado por las exigencias ineludibles de
estabilidad presupuestaria, la introducción de indicadores de estructuras de costes debe redundar en una mejora de la racionalidad y de la eficiencia en la gobernanza de las propias universidades, al margen de la previsión legal de disponer de dicha
contabilidad analítica, que se establece en la Ley Orgánica de Universidades y en el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril. Asimismo, acompañando al estado de gastos de los presupuestos en los dos ejercicios fiscalizados, no figuraba la relación
de puestos de trabajo del personal de la universidad.
Las cuentas de la Universidad de Cantabria correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011 fueron remitidas al Tribunal de Cuentas en los plazos previstos en la normativa y elaboradas de conformidad con la estructura y el modelo de los
documentos económico-patrimoniales y estados presupuestarios que figuran en la normativa que lo regula, con determinadas salvedades que se mencionan en el informe. En el análisis de la liquidación presupuestaria se observa que se aprobó un elevado
volumen de modificaciones presupuestarias -del orden del 47 % en 2010 y del 44 % en 2011-, especialmente en el capítulo 6 del presupuesto de gastos y, sin embargo, el grado de ejecución de las inversiones reales al final de cada ejercicio presentaba
un porcentaje relativamente bajo. Esta situación se considera contraria a las prescripciones y exigencias derivadas de la normativa de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto máximo. Las obligaciones reconocidas ascendieron a 125 millones
de euros en el ejercicio 2010, con un grado de ejecución del 68 %, mientras que en 2011 se elevaron a 130 millones, con un grado de ejecución del 71 %. Entre 2007 y 2011 tales obligaciones se incrementaron en un 19 %.
Respecto a los dos ejercicios se ha producido el análisis de los costes de personal tanto en su fase de presupuestación como de ejecución, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones aplicables, especialmente los límites
autorizados en las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la normativa básica estatal. Los recursos humanos de los que disponía la universidad a 31 de diciembre de 2010 y de 2011 ascendían a un total de 1.870 y 1.907
personas, respectivamente. Considerando el período 2007-2011, el personal había experimentado un incremento del 7 %, si bien la mayor parte del aumento se registra en el personal docente e investigador laboral con un crecimiento del 20 %. Los
resultados obtenidos en la fiscalización ponen de manifiesto que no se cumplió plenamente el objetivo de reducción de la masa salarial en un 5 % a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2010, considerando que en el ejercicio 2011 la
masa salarial se incrementó en un 0,6 % respecto a la del ejercicio anterior. Se observa que los costes de las retribuciones correspondientes al personal investigador no eran imputados al capítulo 1 del presupuesto, sino al capítulo 6 de
inversiones, sin que existan motivos suficientes que amparen dicha aplicación. El coste del personal docente e investigador de la universidad en los ejercicios 2010 y 2011, tanto el imputado en el capítulo 1 como en el capítulo 6, ascendió a un
total de 43,18 millones y 42,87 millones de euros, respectivamente, por lo que se superaba la cifra legalmente autorizada en 0,7 y 1,06 millones de euros. Teniendo en cuenta los gastos de personal de la Fundación Leonardo Torres Quevedo para la
promoción de la investigación tecnológica en la Universidad de Cantabria, los costes totales de personal ascenderían a 59,77 y 59,66 millones de euros en 2010 y 2011, frente a los costes autorizados para todo el personal por importe de 59,43 y 58,97
millones.
Por otro lado, se apreciaron diferencias en el tratamiento de determinadas prestaciones del personal laboral de administración y servicios con las correspondientes para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad
Autónoma de Cantabria aprobadas por los respectivos convenios colectivos. En
relación con el pago de los distintos conceptos correspondientes a la acción social, las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para los años 2010 y 2011 establecieron la suspensión durante dichos ejercicios de
la concesión de las ayudas de acción social a todo el personal de la comunidad autónoma. A pesar de esta suspensión, que afectaba al personal docente, la Universidad de Cantabria abonó ayudas de acción social por importe de 1,27 y 1,12 millones de
euros en los ejercicios 2010 y 2011, respectivamente, incluyéndose entre ellas las de los planes de incentivos a la jubilación.
Las plazas ofertadas por la universidad para nuevo ingreso en el curso 2011-2012 ascendieron a 3.530, correspondiendo todas ellas a las nuevas enseñanzas de grado, con una disminución del 2 % en los últimos cinco cursos. El número de
alumnos de nuevo ingreso en dicho curso ascendió a 2.608, mostrando una evolución en los últimos cinco cursos de un crecimiento del 35 %, destacando las ramas de Ciencias de la Salud y Artes y Humanidades. La satisfacción de la oferta, entendida
como el porcentaje de plazas ofertadas de nuevo ingreso que fueron cubiertas, fue de un 74 % de media, si bien en los másteres la media de plazas cubiertas solo llegó al 42 %. La evolución de los créditos impartidos presenta un crecimiento del 7 %
en los últimos cinco cursos, mientras que la evolución de los créditos matriculados pone de manifiesto una tendencia creciente en este mismo periodo a una tasa media del 4 %. El número de alumnos matriculados en el curso 2011-2012 en la Universidad
de Cantabria ascendía a 10.973, sobre todo en Ciencias Sociales y Jurídicas y en Ingeniería y Arquitectura, contando en los últimos cinco cursos con unas tasas medias anuales de crecimiento de alumnos matriculados del 8 %. El número de alumnos
graduados para el curso 2011-2012 fue de 2.099, representando un aumento de un 21 % respecto a los últimos cinco años. Por otra parte, en la modificación aprobada en 2012 sobre las normas electorales, no se aprecia previsión alguna tendente a
alcanzar la paridad de mujeres y hombres en los órganos de representación, existiendo una cierta infrarrepresentación de la mujer.
En cuanto a las denominadas entidades dependientes de la universidad, debe incluirse entre ellas a la Fundación Leonardo Torres Quevedo, a pesar de que la universidad no participó en su constitución al no realizar aportación alguna ni
ostentar parte de su patrimonio fundacional. En este sentido, se trata de una fundación de la universidad controlada completamente por la misma conforme a la composición de su patronato y, además, las actividades de dicha fundación se encuentran
ligadas a la promoción y desarrollo de los fines de la universidad, en concreto las referentes a la investigación y formación mediante trabajos contratados. Esta consideración determina su pertenencia al sector público autonómico, por lo que no
resulta coherente que la universidad pretenda invocar el carácter privado de su constitución para evitar sujetarse a los requisitos de elaboración de sus presupuestos, ejecución de sus gastos y presentación de cuentas e informes previstos en la ley
para las entidades que forman parte del sector público autonómico.
En materia contractual, en los expedientes examinados se aprecia con carácter general una deficiente acreditación de las necesidades justificativas de la contratación, así como de la declaración de urgencia en la tramitación de determinados
expedientes. Además, de la documentación que acompañaba a los contratos examinados, no se desprende la existencia de una expresa justificación del procedimiento ni de los criterios de selección empleados. En el contrato de ejecución de la obra del
edificio de Tres Torres se concedieron prórrogas con posterioridad al vencimiento del plazo para su terminación. Por último, no consta que los contratos fueran facilitados al Registro de Contratos del Sector Público.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, el señor Sixto tiene la palabra.
El señor SIXTO IGLESIAS: Intervendré muy brevemente. Se reproducen muchas veces los mismos síntomas en varias universidades; de hecho, ya los hemos visto en dos informes previos. Solamente quería preguntarle dos cuestiones muy concretas
al presidente del tribunal: una, sobre el incumplimiento de exigencias por parte de la Fundación Leonardo Torres Quevedo, que es la fundación instrumental de la Universidad de Cantabria; y, dos, sobre las irregularidades detectadas en las mesas de
contratación de la universidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Gallego tiene la palabra.
La señora GALLEGO ARRIOLA: En primer lugar, quisiera saludar al señor Álvarez de Miranda.
Se analiza hoy el informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria de los ejercicios 2010 y 2011. Como siempre, el análisis lo hacemos tres años más tarde. Siempre decimos lo mismo, pero la impresión que tengo es que estamos
realizando un mero trámite administrativo y político, analizando la fiscalidad de
un organismo tan importante como la Universidad de Cantabria, cuando han cambiado ya las cosas tanto en este país. También ha cambiado la política educativa y los presupuestos que el Estado está dedicando a las universidades españolas; y,
sobre todo, está cambiando el tratamiento que el Estado está otorgando a una de las instituciones mejor valoradas de este país, en mi caso la Comunidad Autónoma de Cantabria, que siendo una comunidad uniprovincial con unos 500.000 habitantes, la
universidad logró alcanzar un grado de desarrollo excelente, con un alto grado de desarrollo en la innovación y en la investigación, en un camino adecuado para un cambio en el modelo productivo necesario para crear riqueza y empleo.
Estamos hablando de una universidad que está considerada como una de las mejores universidades del país por su calidad y por su productividad científica. Es una universidad donde, entre otras muchas cosas, se ha realizado el último informe
del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas a través del Instituto de Hidráulica Ambiental que dirige el catedrático Íñigo Losada, que, por cierto, en este estudio observa los efectos nocivos que tendrá la Ley de Costas
aprobada por el Gobierno sobre la costa española. Es en este instituto donde se encuentra la élite nacional e internacional en el área del conocimiento científico y tecnológico. Aprovecho esta ocasión para agradecer profundamente al rector Gómez
Sal y a su equipo el trabajo que están realizando actualmente con un presupuesto que ellos mismos están calificando de subsistencia y que, a pesar de tener menos ingresos, este año han dotado una partida presupuestaria para ayudar a aquellos
estudiantes que tengan dificultades económicas para hacer frente al pago de la matrícula; partida que, seguramente, se habrá quedado corta dados los recortes brutales del ministro Wert. En definitiva, se están enfrentando a pocos recursos
económicos y a amplias limitaciones derivadas de una forma de hacer política.
Ante esta reflexión, nos encontramos con la labor que hace el Tribunal de Cuentas para mejorar el funcionamiento de las instituciones, sobre todo en eficacia, en transparencia y en rendición de cuentas, y así debe ser. Es verdad que tenemos
delante un amplio informe con treinta y siete conclusiones y otras catorce recomendaciones, que son reiterativas de ejercicios anteriores y que, desde luego, deprimen al más optimista, y al que por parte de la gerencia de la universidad también se
ha realizado un amplio informe de alegaciones. Al leer los dos entramos en contradicciones, porque da la sensación de que no existe un conocimiento exacto de cómo funcionan estas instituciones en el ámbito autonómico -o es la sensación que me ha
dado a mí-, porque las conclusiones realmente coinciden con lo que está pasando en la mayoría de las universidades españolas. Se hace referencia a la adecuación de los recursos humanos y a la necesidad de redimensionamiento a las necesidades del
servicio público que se presta. Sin embargo, en Cantabria el Gobierno ha allanado el terreno para la implantación de una universidad privada que, además, estará situada en un terreno que se hizo con presupuesto público y que ahora ha sido comprado.
Es decir, por un lado, a las universidades públicas se les está exigiendo una adecuación en la demanda a su oferta, se les está limitando sus recursos pero, por otro lado, se estimula a que entre la universidad privada en la comunidad autónoma, lo
que parece suponer una falta importante de coherencia. El Grupo Socialista ya ha presentado una iniciativa para parar la práctica y evaluar realmente las diferentes necesidades.
En cuanto al profesorado, no se puede hablar solo de una evaluación de su tarea en relación con el número de horas lectivas, sino que el profesorado tiene dos funciones, una la docencia y otra la investigación, tan importante una como la
otra. En este sentido, hay dos posturas encontradas en cuanto a las retribuciones de la actividad investigadora que, a mi modo de ver y entender, solo se pueden aclarar si se forma una mesa de trabajo entre ambas instituciones para negociar una
acción común. Lo mismo pasa con una fundación que se ha nombrado aquí, la Fundación Leonardo Torres Quevedo, con la que está trabajando la Universidad de Cantabria y a la que el informe del Tribunal de Cuentas se ha referido en varias ocasiones.
También existe una discrepancia entre ambas instituciones, puesto que la Universidad de Cantabria ha aportado documentación sobre la existencia de una norma estatutaria, que fue elevada a aprobación del Consejo de Gobierno de Cantabria, y en la cual
dicha fundación se somete a previo control de legalidad por el servicio jurídico del Gobierno de Cantabria, que es el que informa favorablemente del funcionamiento de la misma. Así pasa con otras recomendaciones y con otras conclusiones y su
posterior respuesta por parte de la universidad. Por cierto, en cuanto a las modificaciones presupuestarias, la universidad ha dicho que ya se ha cambiado el modo de realizar ese tipo de modificaciones.
En definitiva, defendemos esas recomendaciones que instan a llevar a cabo una colaboración leal y fluida entre el Tribunal de Cuentas y la Universidad de Cantabria como, por ejemplo, en mesas de trabajo entre ambas instituciones para aclarar
conceptos -yo no sé si esto existe- y que sirva para que la
Universidad de Cantabria siga siendo una universidad pública de referencia y a la vanguardia, y desconfiar de aquellas recomendaciones que puedan suponer una destrucción de puestos de trabajo y de merma de personal docente e investigador...
El señor PRESIDENTE: Señora Gallego, tiene que ir terminando.
La señora GALLEGO ARRIOLA: Sí, ya acabo, señor presidente.
... mientras que, por otro lado, y sin control alguno del Tribunal de Cuentas -que yo sepa- se está favoreciendo la instauración de nuevas universidades privadas que lo único que aportan es mayor desigualdad.
El señor PRESIDENTE: Para presentar sus alegaciones al informe, tiene la palabra la señora Madrazo, por el Grupo Popular.
La señora MADRAZO DÍAZ: En primer lugar, quiero dar la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas y agradecer un trabajo exhaustivo -como siempre- y riguroso con respecto a la Universidad de Cantabria sobre la actividad
económico-presupuestaria de los ejercicios 2010 y 2011. Sin duda, los informes del Tribunal de Cuentas nos sirven para detectar y corregir, de cara al futuro, determinadas deficiencias y subsanarlas, porque el objetivo de todos los que estamos aquí
es mejorar la eficiencia y la eficacia en el gasto público, aunque algunos grupos no parecen darse cuenta de ese principio fundamental del gasto público.
En primer lugar, me gustaría resaltar que la Universidad de Cantabria es una de las universidades españolas más saneadas a nivel económico. Tiene sus cuentas muy saneadas gracias a una gestión eficiente de la secretaría y de la gerencia de
la universidad. Si me lo permite, algunas de las recomendaciones que hace el tribunal podrían haber tenido sentido en los años 2010 y 2011, pero dada la actual coyuntura económica han dejado de tenerlo porque las reducciones económicas y las normas
de estabilidad presupuestaria han obligado al cumplimiento de las recomendaciones. Me refiero, sobre todo, a la reducción de gastos en materia de personal. Sí me gustaría detenerme en algunas de las recomendaciones efectuadas que han llamado
nuestra atención y que son comunes -por lo que he escuchado aquí a lo largo de la presentación de los informes de otras universidades, como la de Cartagena y Murcia- a todas las universidades. Respecto a la necesidad de contar con un sistema de
contabilidad analítica, a día de hoy, las universidades españolas se encuentran todavía sin implantar ese sistema de contabilidad analítica, que parece que es obligatorio para el curso 2015-2016.
En cuanto a la publicidad y la transparencia de los presupuestos de la Universidad de Cantabria, me gustaría destacar que la universidad da publicidad en su página web. Desde el año 2012 se incorpora ya al presupuesto de la Universidad de
Cantabria la relación de puestos de trabajo, tanto del personal docente e investigador como del personal administrativo y de servicios.
Con respecto a la Fundación Leonardo Torres Quevedo, si me lo permite, señor presidente, no nos queda muy claro que la Fundación Torres Quevedo dependa de la Universidad de Cantabria, pues según nuestra ley de finanzas ello se daría si la
Universidad de Cantabria tuviera participación mayoritaria en la misma, cuestión que no es así y que ya ha comentado el presidente.
Por lo que se refiere a la presupuestación y ejecución de los gastos de personal en la autorización de los costes de personal a la Universidad de Cantabria, nunca se han tenido en cuenta los importes derivados de la ejecución de convenios,
proyectos y convocatorias que implican contratación de personal, ni los importes que pudiera recibir el personal por convenios de colaboración. Por ello, la cuantía que se autoriza cada año contempla la del año anterior y los incrementos naturales.
Esa suele ser la práctica presupuestaria.
En cuanto a la existencia de desequilibrios en la tendencia de los gastos que aconsejan la adopción de medidas de contención del gasto, las últimas medidas normativas, tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en
particular la existencia de una tasa de reposición del 10 %, obligan ya al cumplimiento de esta recomendación.
En relación con el elevado grado de modificación de los presupuestos iniciales, ya se ha hecho esta observación en otros informes relativos a las universidades también de Cartagena y Murcia, la mayoría de las modificaciones vienen originadas
por la incorporación de remanentes de proyectos de investigación. El funcionamiento de estas subvenciones conlleva un gasto a lo largo de la ejecución del proyecto que contempla varios ejercicios, siendo sin embargo el ritmo de recepción de los
fondos distinto del de ejecución.
Por último, en cuanto a la recomendación a la que alude el Tribunal de Cuentas relativa a que la Universidad de Cantabria ha reconocido pagos con cargo al concepto de acción social en los ejercicios 2010 y 2011, me gustaría resaltar que el
acuerdo Administración-sindicatos 2008-2011 sobre mejora de la calidad de los servicios de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de las condiciones de trabajo de sus empleados públicos, así como el acuerdo
administración-sindicatos en materia de condiciones de trabajo de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y los respectivos acuerdos en el ámbito docente y estatutario no son de aplicación a la Universidad de Cantabria y, por
tanto, no les afecta la suspensión de la concesión de ayudas de acción social acordada en las leyes de presupuestos de los años 2010 y 2011, según la dicción literal de las mismas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor presidente del tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El señor Sixto, la señora Madrazo y la señora Gallego plantean dudas respecto a la Fundación Torres Quevedo. El tribunal establece un criterio y lo aplica por igual
en todos los casos en el sentido de que se considera pública cuando existe una participación mayoritaria en sus órganos de Gobierno y porque realiza funciones reservadas a entidades dependientes de la universidad. Esas dos cuestiones, aunque no
haya habido aportación inicial por parte de la universidad, llevan a que el tribunal considere necesaria su incorporación dentro de las cuentas de la universidad.
El señor Sixto me planteaba una segunda cuestión relativa a las mesas de contratación y a la responsabilidad derivada de la actividad contractual de la universidad. Le puedo informar de que se encuentran abiertas actuaciones en fase de
instrucción en relación con los pagos de ayudas de acción social, así como por exceder el coste del personal docente e investigador de los límites legalmente establecidos. Por otra parte, el fiscal apreció asimismo la existencia de indicios de
responsabilidad por deficiente justificación de la prestación de un contrato de mantenimiento de equipos de seguridad. Adicionalmente, el ministerio fiscal ha trasladado testimonio de particulares por un contrato cuyo pliego de prescripciones
técnicas determina presuntamente de manera ilegal la elección del adjudicatario y en un supuesto de presunta falsedad por el acta de recepción de una obra que no reflejó las deficiencias que la misma presentaba. Esas son las cuestiones de
contratación de las que le puedo informar en relación con responsabilidades.
Por otra parte, me plantea la señora Gallego la diferencia entre el informe y las alegaciones. Las alegaciones forman parte del informe y ustedes las conocen. El tribunal ha hecho un tratamiento de las mismas en la medida en que, respecto
del informe originario, se han establecido aquellas correcciones que se han podido verificar como cuestiones directamente constatables. Así se indica en el tratamiento de alegaciones en todos los pies de página de cada una de las páginas del
informe en las que ha habido modificaciones respecto de aquellas cuestiones que, planteadas en alegaciones, se han podido comprobar con la documentación que se ha aportado por parte del ente fiscalizado, en este caso de la universidad.
Me pregunta también la señora Gallego en relación con la eventual promoción de una universidad privada en la Comunidad de Cantabria. El tribunal no entra a valorar en ningún caso la política universitaria en el ámbito privado. Se
circunscribe a la fiscalización de la universidad pública de Cantabria, aplicando los mismos criterios y los mismos elementos de cualquier otra universidad pública. Asimismo, intentamos realizar un trabajo que sea homogéneo y comparable en el
conjunto de las universidades públicas para verificar su gestión, echando en falta, por otra parte, la imposibilidad de realizar un análisis plenamente comparativo porque, como ustedes saben y ha dicho también la señora Madrazo, la contabilidad
analítica no será directamente aplicable como exigible hasta el periodo 2015-2016, pero las universidades llevan ya mucho tiempo pudiendo aplicar criterios y sistemas de contabilidad analítica y sin embargo no los han aplicado.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún diputado quiere intervenir para hacer alguna aclaración? (Pausa).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, EJERCICIOS 2010 Y 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000161 y número de expediente del Senado 771/000160).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al 5.º punto del orden del día: Informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicios 2010 y 2011. Tiene la palabra para presentarlo el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Este informe se aprobó en marzo de 2014 y efectúa un recorrido por los cambios legislativos más significativos acaecidos en la Ley Orgánica de Universidades, los
cuales vienen motivados por dos tipos de razones: la armonización de los sistemas educativos superiores, en el marco del proceso denominado Declaración de Bolonia, por el que se sientan las bases del Espacio Europeo de Educación Superior, y la
necesidad de introducir elementos de racionalidad y eficiencia en la prestación de este servicio público que coadyuven a la consecución del equilibrio presupuestario compatible con el objetivo de estabilidad presupuestaria. No se han producido, con
carácter general, limitaciones al alcance que imposibilitaran el cumplimiento de los objetivos de la fiscalización, sin perjuicio de la falta de remisión en ocasiones de determinada documentación solicitada.
En cuanto a la rendición de cuentas, hay que señalar que las cuentas anuales de la Universidad de Extremadura, aprobadas por el consejo social de la universidad, fueron remitidas a la Intervención General de la Junta de Extremadura y
tuvieron entrada en el Tribunal de Cuentas por remisión del Consejo de Gobierno de la Junta. Tales cuentas de la universidad están incluidas en la cuenta general de la comunidad autónoma. En este sentido, tanto la aprobación y remisión de las
cuentas de la Junta de Extremadura como la posterior rendición al tribunal han sido efectuadas en plazo en ambos ejercicios. Por otro lado, la universidad aún no había implantado un sistema de contabilidad analítica al final del periodo
fiscalizado, circunstancia que debe subsanarse antes del curso 2015-2016. En este informe se han analizado las entidades dependientes de la universidad, creadas con la aprobación del consejo social para la promoción y el desarrollo de sus fines,
destacando los problemas que plantean especialmente desde el punto de vista de su control. En particular se hace referencia especial a la Fundación Universidad-Sociedad, constituida en 2005 y participada íntegramente por la universidad, a la que se
encarga diversas actuaciones propias de la misma, además de la gestión del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extremadura.
Por lo que se refiere al control económico y presupuestario de la fundación, dada su condición de entidad integrante del sector público autonómico, sus cuentas y el informe de auditoría han sido rendidos por conducto de la Intervención. No
obstante, no consta la aprobación de las cuentas anuales por parte del consejo social, con carácter previo al trámite de rendición de cuentas, y tampoco consta que dicho consejo aprobara, con carácter previo a la aprobación por el órgano que
proceda, el presupuesto de la fundación, pese a estar previsto que el consejo apruebe el presupuesto anual de las entidades que dependen de la universidad y de aquellas otras en las que la universidad tenga participación mayoritaria de su capital o
fondo patrimonial.
En cuanto a los presupuestos de la universidad, han sido aprobados y publicados de acuerdo con la normativa aplicable, si bien destaca el elevado volumen de modificaciones presupuestarias aprobadas respecto a los créditos iniciales del 50,6
en 2010 y del 48,8 en 2011. Los créditos finales de los ejercicios 2010 y 2011 se elevaron a 227 y 216 millones de euros respectivamente, con un grado de ejecución sobre los créditos definitivos del 68,7 y 70,1 %. Se ha observado la existencia de
un traslado en la imputación de determinados gastos de cada ejercicio al siguiente, habiéndose contabilizado en ejercicios posteriores gastos devengados en 2010 por 2,3 millones de euros y en 2011 por 1,9 millones. En los dos ejercicios
fiscalizados se ha realizado un seguimiento especial de los costes de personal, tanto en su fase de presupuestación como en la de ejecución, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones aplicables, especialmente de los límites autorizados
en las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la normativa básica estatal. En las verificaciones realizadas se ha constatado que, aunque se aplicó la rebaja salarial al personal de la universidad en los términos previstos
con carácter general, no pudo cumplirse con el objetivo perseguido por el Real Decreto 8/2010 de reducir la masa salarial un 5 % con objeto de destinar el ahorro a disminuir el déficit y el endeudamiento, al establecer expresamente la ley autonómica
que se declaran recursos afectados los derivados de la aplicación de las medidas de reducción de costes de personal que se destinarán a reducir el déficit público. Teniendo en cuenta que en el año 2010 la rebaja fue de un 5 % en términos anuales,
que se aplicó durante siete meses y que en el año 2011 ya afectó a todo el año, se observa que la contención de la masa salarial en ambos ejercicios fue del 1 % y del 2 %, respectivamente.
El incumplimiento de las predicciones establecidas fue motivado principalmente por el crecimiento del personal en la universidad en 2010 y en 2011, cuando se observa un intento serio en la contención del gasto en la universidad. Las
retribuciones del personal docente e investigador correspondiente a la investigación son imputadas al capítulo 6 del presupuesto, no al capítulo 1, ascendiendo a 8,8 y 8,7 millones
de euros en 2010 y 2011, respectivamente. De las comprobaciones efectuadas se puede concluir que la universidad había incurrido en un coste de personal de administración y servicios que supera la cifra legalmente autorizada en 4,6 millones
de euros en 2010 y 3,8 millones de euros en 2011, sin que lo dispuesto en la normativa específica permita a la universidad aplicar discrecionalmente la imputación presupuestaria de dichos gastos y sustraerse al exacto cumplimiento de la autorización
del coste de personal contenido en las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Adicionalmente hay que señalar que con cargo al concepto presupuestario acción social se reconocieron en 2010 y 2011 obligaciones por un
importe de 1,3 y 1,2 millones de euros en concepto de jubilaciones anticipadas al personal docente e investigador, de los que en el anterior informe sobre esta universidad, aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas correspondiente a los
ejercicios 2008 y 2009, ya se señaló que carecían de cobertura legal, si bien se ha comprobado que en los ejercicios fiscalizados no se han acogido a estos planes de incentivos de jubilación anticipada más trabajadores pertenecientes al personal de
la universidad.
Los recursos humanos de que disponía la universidad a 31 de diciembre de 2010 y de 2011, incluidos funcionarios y laborales, ascienden a un total de 3.280 y 3.114, respectivamente. En el periodo 2007-2011 el personal ha experimentado una
disminución del 3,56 %, descenso que se ha producido tanto en el personal funcionario como especialmente en el personal laboral. En cuanto a la docencia, la universidad tenía 23.724 alumnos matriculados en el ejercicio 2011-2012, con una tasa de
crecimiento en los últimos cinco cursos de alumnos matriculados y de alumnos de nuevo ingreso del 3 % y del 2 %, respectivamente, mientras que la reducción de créditos matriculados fue del 3 %. Las plazas ofertadas para nuevo ingreso en el curso
2011-2012 ascendieron a 8.005, con un incremento del 9 % en los últimos cinco cursos. La oferta de la universidad incluye un total de 79 titulaciones oficiales de forma presencial. El número de alumnos de nuevo ingreso se elevaba a 5.328,
mostrando la evolución en los últimos cinco cursos un crecimiento del 2 %. La satisfacción de la oferta, entendida como el porcentaje de plazas ofertadas de nuevo ingreso que son cubiertas, es de un 67 % de media. La evolución de los créditos
impartidos revela un crecimiento del 17 % en los últimos cinco cursos, mientras que la evolución de los créditos matriculados pone de manifiesto una tendencia decreciente del 3 % en el mismo periodo. El número de alumnos graduados asciende a 4.040
para el curso 2011-2012, los cuales han aumentado en los últimos cinco años en un 11 %.
Finalmente, en materia contractual hay que señalar que, con carácter general, en los contratos examinados no consta que los mismos fueran facilitados al registro de contratos del sector público. En general, no constan las justificaciones de
la necesidad para el servicio público de los contratos o están redactadas en unos términos tan excesivamente genéricos e imprecisos que no pueden considerarse adecuadas a los efectos de lo dispuesto en la normativa.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posiciones, tiene la palabra el señor Buyolo, por el Grupo Socialista.
El señor BUYOLO GARCÍA: Bienvenido, señor presidente del Tribunal de Cuentas. Antes de referirme al informe, quiero aludir a algunas cuestiones importantes para situar qué es la Universidad de Extremadura. Es una universidad de tamaño
medio, de aproximadamente unos 22.000 estudiantes, de los cuales el 6,5 % de los matriculados son de fuera de esta comunidad; luego comentaré un dato sobre los universitarios extremeños que no están en esta universidad sino que están fuera. La
Universidad de Extremadura es una inversión socialmente responsable ya que aporta el 1,6 al PIB de Extremadura y supone el 2,2 % del empleo total de la comunidad. Respecto al informe, en muchos o en casi todos de los que yo he visto habla el
tribunal de la necesidad de implantar el sistema de contabilidad analítica, con lo que estamos de acuerdo, pero tenemos que ser conscientes de que tiene la obligación de hacerlo antes del curso 2015-2016, lo que se recuerda en todos los informes.
En el segundo punto hay algo que no he llegado a entender; sí coincidimos en que es necesario un marco estable de financiación para las universidades, en este caso para la Universidad de Extremadura, pero habla del cumplimiento del artículo 81.1 de
la LOU, que dice que las comunidades autónomas podrán fijar los objetivos de financiación, etcétera, y usted lo pone como algo que debe ser exigible a la Administración, cuando la ley no dice que sea así. Hay algo que me ha sorprendido y que me
gustaría que me explicara, el punto 4 del informe de conclusiones, donde se habla del consejo social. Esto, con estas apreciaciones de funcionamiento de las universidades, me ha chocado verlo en este informe y me gustaría que lo comentara. El
punto 7 también me ha generado una duda, cuando dice que en los ejercicios no se ha cumplido lo dispuesto en el 81.4, que es que el estado de los gastos corrientes se acompañará de la relación de los puestos de trabajo. En
los dos anteriores ejercicios, donde también intervine yo en este punto, no había esta conclusión; quería saber si es que ahora no se ha cumplido en comparación con los años 2008 y 2009 o ha sido algo nuevo que ha incluido en el informe el
Tribunal de Cuentas.
Sí quería resaltar la contribución que hace la universidad a la comunidad. La universidad genera más de 100 millones de euros de renta y más de 2.828 empleos directos. En el año 2010, según un informe de la propia universidad sobre la
contribución socioeconómica de la Universidad de Extremadura, por el gasto realizado para todos los agentes asociados, es decir, la universidad, los estudiantes, las familias o visitantes de los estudiantes, la participación en jornadas y en
congresos organizados, esa cantidad se elevaría hasta 279,6 millones de euros, con lo cual, como decía al principio, la Universidad de Extremadura es una inversión socialmente muy buena. Hay que hablar también de la contribución al desarrollo
económico. La Universidad de Extremadura, que como decía es una universidad media, no es muy grande, ha facilitado la generación de capital humano, ha contribuido a través de las actividades de I+D+i a las que ahora me referiré, ha generado
actividad emprendedora, ha generado ingresos fiscales, lo cual hay que tener en consideración a la hora de elaborar en este informe. Las plazas ofertadas en la universidad ahora están en el 67 %, como dice el informe, pero hay que señalar que en
los años 1997 y 1998 estaba solamente en el 31 %, con lo cual vemos el avance importante de adaptación que ha tenido la universidad para que su oferta académica sea más productiva. En el ámbito de la producción científica, por ejemplo, el
porcentaje es del 152,2 %, incrementado desde el año 1998 hasta el año 2009, algo que ya le comenté en la anterior intervención y que mi compañera Puerto también le ha comentado; el papel del profesorado no es solamente la docencia, como comentamos
con usted la otra vez, sino que también es muy importante esa contribución a la investigación. En cuanto al personal, los proyectos y la adecuación de la universidad a las necesidades de cada uno de los proyectos que ha puesto en marcha ha llevado
a que no se cumpla ese 5 % que usted ha comentado.
Otro tema que me ha sorprendido y que me gustaría que me aclarara porque me parece interesante ha sido la referencia a la Ley de Igualdad. Me gustaría aplaudir a la Universidad de Extremadura, que en 2009 aprobó ese Plan de igualdad del PAS
que actualmente afecta al 35,7 % de mujeres y al 48 % de hombres, algo que por cierto se comenta aquí pero que no he visto en otros informes y que tampoco se incluye en las recomendaciones. Me gustaría conocer el motivo porque creo que es
importante y sería interesante integrarlo en las recomendaciones. Para terminar, señor presidente, he de mencionar algo que hemos comentado en muchas ocasiones respecto de las recomendaciones. Las seis primeras recomendaciones son idénticas a las
recogidas en el último informe 2008-2009, por lo que creo que aquí hay una parte de responsabilidad del tribunal en cuanto a lo que hemos mencionado respecto de la tardanza en la emisión de esos informes para que las universidades puedan hacerlo.
Por último, respecto de las cuestiones administrativas, en las que no voy a incidir, y en lo relativo al tema de contratos, creo que hay que mejorar por parte de esta universidad y de todas, aspecto común en todos los informes.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Nevado del Campo.
La señora NEVADO DEL CAMPO: Señorías, quiero felicitar al tribunal por el minucioso informe que ha presentado relativo a las cuentas de la Universidad de Extremadura respecto de este periodo y agradecer la presencia del presidente. Quiero
destacar que en los ejercicios 2010-2011 se han ido corrigiendo, como se pone de manifiesto, algunas actuaciones irregulares de ejercicios anteriores, como era el pago de incentivos. Comparto plenamente que la Universidad de Extremadura es una
inversión socialmente responsable -yo estudié en esta universidad y me siento orgullosa-, pero a la luz de los informes del tribunal, hemos de decir que en algunas ocasiones ha sido más rentable para unos que para otros. A pesar de que se han ido
corrigiendo las irregularidades relativas a ejercicios anteriores, como el pago de esos incentivos sin cobertura legal por jubilaciones voluntarias anticipadas, como así constaba en el informe de fiscalización 2008-2009, en este periodo han sido más
de 2,5 millones de euros los que se han tenido que abonar con cargo al personal que se adhirió a aquellos planes de jubilación de esos ejercicios y que el expresidente Ibarra, recordemos, también intentó asegurarse al dejar el Gobierno regional y
cumplir los 61 años habiendo impartido únicamente dos cursos en la Universidad de Extremadura, dando cobertura a esta situación su sucesor don Guillermo Fernández Vara. Quiero traerlo a colación, presidente, porque a lo largo de esta mañana hemos
escuchado que a veces las actuaciones del Tribunal de Cuentas son mero trámite, que es un proceso meramente administrativo, que llega tarde, sin embargo, en el informe de fiscalización de los años 2010-2011 de la Universidad de Extremadura se
evidencia que
las recomendaciones que se formulan tras estos informes son meramente prácticas y tienen una repercusión directa en los órganos fiscalizados. A raíz de que este tribunal instara a la Universidad de Extremadura sobre este particular a que
acabara de inmediato con la praxis de estos planes, se puso fin a los mismos.
A través de las preguntas que le formularemos al final, queremos destacar que no se cumplió el objetivo de rebaja salarial del 5 % que aprobó el Gobierno socialista del señor Zapatero, afectando por tanto a los recortes de educación, y que
la contención, aunque solo llegó al 1 y al 2 % fue porque en este periodo preelectoral hubo un crecimiento de personal al amparo de la legislación autonómica. Quiero también destacar las modificaciones presupuestarias con cargo a remanentes de
tesorería, como muy bien ha señalado el presidente, que se imputaban a gastos de ejercicios siguientes, reconociendo operaciones por supra o infravaloración y que provocó un resultado negativo en el presupuesto de 2011.
Nosotros compartimos que la Universidad de Extremadura genera actividad emprendedora y que el pueblo extremeño es emprendedor por naturaleza. Claro que genera renta y claro que genera empleo, lo que no quiere decir que haya que incumplir
las leyes de estabilidad porque son las que, con su incumplimiento, pondrían en peligro la garantía de esa universidad que tanto enriquece a nuestra tierra. Por eso, entendemos las recomendaciones del tribunal de que los créditos impartidos por
profesor, que están por debajo de los 24 anuales exigidos también legalmente excepto en arte y humanidades, deban corregirse porque 14 alumnos por profesor es un exceso que pone en peligro la universidad y más teniendo en cuenta -como aquí también
se ha dicho- que hay un déficit en el personal docente investigador que se redujo en este periodo un 5 % y que los presupuestos bien podrían destinarse no solo a la docencia sino a la investigación, con una reducción -nuevo recorte en el año 2010-
en materia de educación del 3,6 % acordado por el anterior Gobierno.
Por último, nos han llamado la atención -aunque no sea materia específica de fiscalización en cuanto que no es ni económica ni presupuestaria- las afirmaciones preocupantes que se recogen en el informe que estamos examinando relativas a la
igualdad efectiva...
El señor PRESIDENTE: Señora Nevado, tiene que ir terminando.
La señora NEVADO DEL CAMPO: Estoy terminando, presidente.
... de mujeres y hombres porque se dice literalmente que brilla por su ausencia, a pesar de que había una ley autonómica y que hay un claro sesgo machista en los órganos de gobierno especialmente y en todos los investigados. Teniendo en
cuenta que compartimos todas las recomendaciones del informe y que el presidente Monago aprobó hace muy poquitos días, el 3 de junio de 2014, en el consejo de Gobierno el anteproyecto de la ley de financiación de la Universidad de Extremadura que va
a garantizar por primera vez en treinta años un presupuesto mínimo anual y que es una demanda histórica, le preguntamos si se va a hacer alguna recomendación en cuanto a estas disfunciones de género e igualmente si se va a deducir alguna
responsabilidad por los incumplimientos que se han puesto de manifiesto en el informe.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del tribunal.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): En relación con la última pregunta formulada por la señora Nevado -empezando por el final- sobre las responsabilidades, hay diligencias preliminares abiertas a
instancias del servicio jurídico del Estado por irregularidades detectadas en el incremento significativo de las plantillas de personal en los ejercicios fiscalizados sin que se haya aportado información adecuada al respecto, así como también por
las retribuciones del personal directivo al no cumplir lo dispuesto en los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Por su parte, el ministerio fiscal ha solicitado la remisión de testimonios para instar su persecución ante el orden penal
de una serie de hechos: deficiencias en la preparación y adjudicación de determinados contratos de obras, suministros y servicios en 2011. Dicho testimonio ha sido objeto de remisión a la Fiscalía Superior de Extremadura.
En relación con el informe de esta universidad, me formulan ustedes múltiples preguntas que hacen referencia a precisiones que podrían derivarse del informe o comentarios que deberían exigirse del informe. Lamentándolo, en muchas ocasiones
lo que puedo hacer es presentarles el informe y en todo caso, en relación con determinadas preguntas, trasladarlas a los consejeros ponentes para que en el desarrollo de futuros trabajos relativos a este tipo de universidades se pueda precisar más
en el sentido de la reclamación o la demanda parlamentaria, para que los resultados de los trabajos sean más completos
y ofrezcan soluciones a determinadas preguntas que ustedes formulan. Con carácter general, en este tipo de informes se plantea una queja relativa a que el trabajo del tribunal solo considera, a la hora de valorar los créditos exigidos, lo
que se refiere al planteamiento de la docencia universitaria por parte de los profesores y no se imputa la actividad investigadora. Creo que es una crítica no acertada en la medida en que se incluye en los trabajos que hace el tribunal tanto lo que
se puede derivar del ejercicio de la actividad docente como de la investigadora, teniendo en cuenta por otra parte que los profesores universitarios están sometidos, lo mismo que el resto de los funcionarios públicos, al cumplimiento de unos
horarios de trabajo y por lo tanto la comparación entre los porcentajes que establece el informe y el conjunto de horas que tiene que dedicar un profesor a la universidad deja un amplísimo periodo de tiempo para el ejercicio de actividades de
investigación en el desarrollo de su cometido.
Me formulan también preguntas en relación con la referencia a la Ley de Igualdad. He de decir que el cumplimiento de la Ley de Igualdad se establece en todos los informes del tribunal, tanto en los que he presentado con anterioridad como en
este. En el desarrollo de este informe se hace referencia expresa a las cuestiones que se han puesto de manifiesto en el desarrollo del trabajo; no incluirlo en las recomendaciones no es óbice en la medida en que, por otra parte, en el conjunto
del informe se detalla con suficiente profundidad.
También me plantean que las recomendaciones en el ámbito universitario son idénticas a las realizadas en ejercicios anteriores. Desgraciadamente esto es algo que suele ser usual y bastante común en informes que se repiten, es decir, los
cambios que se derivan de la fiscalización tardan en producirse. Pondré un ejemplo más claro, la contabilidad analítica, no siendo una obligación legal, sin embargo es una obligación ineludible para realizar cualquier tipo de análisis en
profundidad de la gestión universitaria y se repite año tras año la falta de unos elementos de contabilidad analítica necesarios para valorar la gestión universitaria y realizar ese análisis comparativo entre lo que cuesta la obtención de una
determinada titulación en una universidad o en otra y por lo tanto poder realizar análisis horizontales para el conjunto de la universidad española.
Me han hecho también una pregunta sobre el consejo social de la universidad como órgano de participación de la misma que afecta a su funcionamiento. No les voy a explicar el cometido del consejo social en la medida en que incluye a todos
los miembros de la universidad, tanto al rector como al secretario general, gerente, profesores o estudiantes y que tiene una función fundamental en el desarrollo de la labor de control y de orientación universitaria de cara al futuro.
La señora Nevado me plantea otra serie de cuestiones correspondiente a las jubilaciones anticipadas, indicando que el tribunal ha obtenido una rectificación concreta no solo en la Universidad de Extremadura sino en múltiples universidades
españolas, en la medida en que la formulación que hizo aproximadamente hace tres o cuatro años de la existencia de una escasa base legal para la adopción de este tipo de complementos ha llevado a que el conjunto de las universidades españolas
suspenda el reconocimiento de esas jubilaciones anticipadas hasta tanto pueda existir una norma que ampare con grado suficiente el reconocimiento de esas prestaciones.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún interviniente quiere hacer alguna aclaración? (Pausa). Despedimos al presidente del Tribunal de Cuentas, dándole las gracias por su prolija información.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente del Congreso 251/000160 y número de expediente del Senado 771/000161).
- INFORME ANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, EJERCICIOS 2010 Y 2011. (Número de expediente del Congreso 251/000162 y número de expediente del Senado 771/000157).
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA LEGALIDAD DE LAS ACTUACIONES DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA, DE LOS FONDOS DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y DEL BANCO DE ESPAÑA RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, REFERIDA AL PERIODO
2009-2012. (Número de expediente del Congreso 251/000163 y número de expediente del Senado 771/000159).
El señor PRESIDENTE: Tras la presentación de los informes, vamos a continuar la sesión con el debate y votación de los informes a los que se han presentado propuestas de resolución. En primer lugar, punto 6º del orden del día, informe de
fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social.
Empezamos votando las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Popular. En primer lugar, la número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar la número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la número 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, 1; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos a votar las propuestas de resolución de La Izquierda Plural. En primer lugar, las números 10, 12 y 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las propuestas de resolución del Grupo Socialista. En primer lugar, las números 15 y 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la número 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos ahora las números 20, 21 y 22.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las propuestas del Grupo Catalán. En primer lugar, la número 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las números 24, 26, 27, 28, 29 y 30.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos las números 25, 31 y 32.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos al punto 7.º del orden del día, informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicios 2010 y 2011. Votamos en primer lugar las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, de la número
1 a la 6.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos ahora a votar las presentadas por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. En primer lugar, la número 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora las números 8, 9, 12, 13, 14, 16 y 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos ahora las números 7, 10 y 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar ahora las del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, las número 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 y 28.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar las números 21, 25, 27, 29 y 30.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos al punto 8.º del orden del día, informe de fiscalización de la legalidad de las actuaciones del Fondo de reestructuración ordenada bancaria, de los fondos de garantía de depósitos y del Banco de España relacionados con la
reestructuración bancaria referida al periodo 2009-2012. Votamos las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, la número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos a votar las números 5 a 13, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las correspondientes al Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. En primer lugar, las número 14, 15 y 16.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos ahora la número 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 25; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 18, que corresponde al Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las correspondientes al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, las números 32 y 33.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto del Grupo Parlamentario Catalán.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sin más puntos a tratar, se levanta la sesión.
Eran las dos y quince minutos de la tarde.