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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 82, de 18/12/2012
cve: DSCD-10-PL-82
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2012 X Legislatura Núm. 82
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 78
celebrada el martes
18 de diciembre de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)
Exclusión en el orden del día ... (Página7)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a los planes del Gobierno para establecer medidas de apoyo y fomento de la competitividad de las pymes. (Número de expediente 172/000078) ... (Página7)
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el desarrollo en España de la técnica de extracción de gases no convencionales denominada fracturación hidráulica o 'fracking'. (Número de expediente 172/000082)
... (Página7)
Retirada del orden del día ... (Página7)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para reforzar la figura del director en la resolución de conflictos. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie B, número 34-1, de 5 de enero de 2012. (Número de expediente 122/000024) ... (Página7)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 98-1, de 31 de octubre de 2012. (Número de expediente 122/000081) ...
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el desarrollo de un mapa de conocimiento. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 187, de 30 de noviembre de 2012. (Número de expediente 162/000474) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre mecanismos para facilitar la liquidez de las universidades. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 141, de 7 de septiembre de 2012. (Número de expediente 162/000398) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en relación al anteproyecto de ley de mejora de la calidad educativa (Lomce), vista la acción discriminatoria que
el mismo realiza sobre el modelo lingüístico de Cataluña, el cual está siendo causa de alarma social en Cataluña. (Número de expediente 173/000055) ... (Página33)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno acerca de la creación del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. (Número de expediente 173/000056) ... (Página40)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página48)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página48)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página49)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)
El señor presidente comunica a la Cámara haber recibido una carta del señor Sixto Iglesias en la que le solicita hacer una aclaración acerca de unas declaraciones vertidas en el Pleno de la semana pasada, concediéndole la palabra.
Contesta el señor Merino López; replica el señor Sixto Iglesias y duplica el señor Merino López.
Exclusión del orden del día ... (Página7)
La Presidencia, de conformidad con el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado por la Junta de Portavoces, somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día del próximo miércoles de los puntos 27 y 29, correspondientes a las
interpelaciones urgentes del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la número 27, relativa a los planes del Gobierno para establecer medidas de apoyo y fomento de la competitividad de las pymes y la número 29, del Grupo Parlamentario Mixto (Sr.
Álvarez Sostres), sobre la política general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para controlar el gasto público y prevenir las prácticas irregulares en el manejo de fondos públicos y subvenciones en los entes y fundaciones culturales en
las que participa el Estado, lo que se aprueba por asentimiento.
Retirada del orden del día ... (Página7)
La Presidencia informa a la Cámara de la retirada, por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de la toma en consideración de su proposición de ley, de modificación de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
para reforzar la figura del director en la resolución de conflictos.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página7)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia ... (Página7)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Iglesias Santiago, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila y Jordà i Roura y el señor Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán,
del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Matos Mascareño, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora Iglesias Santiago pide la palabra en virtud del artículo 71 del Reglamento, que no le es concedida.
Proposiciones no de ley ... (Página20)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el desarrollo de un mapa de conocimiento ... (Página20)
Defiende la proposición no de ley el señor Fernández Álvarez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto y las señoras García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Cortizo Nieto, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Fernández Álvarez.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre mecanismos para facilitar la liquidez de las universidades ... (Página25)
Defiende la proposición no de ley la señora Costa Palacios, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y la señora Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y las señoras Oramas González-Moro y Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y
la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Costa Palacios.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página33)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en relación al anteproyecto de ley de mejora de la calidad educativa (Lomce), vista la acción discriminatoria que el
mismo realiza sobre el modelo lingüístico de Cataluña, el cual está siendo causa de alarma social en Cataluña ... (Página33)
Defiende la moción el señor Barberà i Montserrat, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Nuet Pujals, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Soler Sicilia, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno acerca de la creación del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito ... (Página40)
Defiende la moción el señor Hurtado Zurera, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bosch i Pascual y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y la señora Madrazo Díaz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Hurtado Zurera.
La señora Iglesias Santiago solicita, en virtud del artículo 72.2 del Reglamento, la lectura de la fecha de dos documentos. Así se hace por el señor secretario, Gil Lázaro.
El señor Matos Mascareño pide la palabra, que no le es concedida.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página48)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia, se rechaza por 141 votos a favor y 175 en contra.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página48)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el desarrollo de un mapa de conocimiento, se aprueba por 317 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre mecanismos para facilitar la liquidez de las universidades, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural, se rechaza por 140 votos a favor, 176 en contra y 2 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página49)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en relación al anteproyecto de ley de mejora de la calidad educativa (Lomce), vista la
acción discriminatoria que el mismo realiza sobre el modelo lingüístico de Cataluña, el cual está siendo causa de alarma social en Cataluña, se rechaza por 136 votos a favor y 183 en contra.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno acerca de la creación del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito, con la incorporación de las enmiendas 1 y 3 del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 135 votos a favor, 176 en contra y 7 abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Con carácter previo al examen del orden del día vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento.
En sustitución de don Daniel Fernández González, pregunto a don Germán Rodríguez Sánchez si jura o promete acatar la Constitución.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Sí, prometo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Don Germán Rodríguez Sánchez ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos).
Antes de comenzar el orden del día hay una carta que me ha enviado el señor Sixto referente a unas alusiones que hubo en el Pleno anterior. Para explicar sus razones tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Muchas gracias, señor presidente.
En el anterior Pleno, en uno de los puntos del orden del día, el señor Merino acusó a esta fuerza política de algo derivado de un artículo que había aparecido en prensa que no responde a la realidad, y por eso esta petición de palabra.
Concretamente, el señor Merino nos acusó, en vista de un artículo que
había publicado el diario El Mundo, de no haber pagado en los últimos trece años la Seguridad Social en la Federación de Izquierda Unida de Madrid. Eso no responde a la realidad, señor Merino. Tampoco lo decía el artículo textualmente. Lo
que decía el artículo es que los problemas se remontan a hace trece años, cuando esta fuerza política tuvo unos malos resultados electorales y debido a ello pasó por ciertas estrecheces. Hace ya varios años que esta fuerza política está pagando
puntualmente sus cuotas a la Seguridad Social, hace ya varios años que viene sucediendo eso y ya se ha cerrado el acuerdo con la Seguridad Social y con Hacienda para pagar la deuda acumulada.
Esta fuerza política ha pasado por momentos mejores y por momentos peores, pero siempre hemos tenido nuestra financiación clara y a las expensas de los presupuestos públicos. No quiero decir que otras fuerzas políticas tengan otras fuentes
de financiación. Nosotros no hemos tenido ninguna otra fuente de financiación y fruto de eso, cuando los electores nos han retirado su apoyo, hemos tenido menos dinero, igual que les ha pasado a muchas otras empresas en este país, igual que les ha
pasado a entidades tan queridas para muchos ciudadanos y ciudadanas como son los clubes de fútbol. Pero nosotros, que le conste y que le conste a nuestro electorado, estamos cumpliendo todas nuestras obligaciones con Hacienda y con la Seguridad
Social y ya hemos negociado con Hacienda y con la Seguridad Social el impago que se había producido debido a una mala situación.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Merino López pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sixto.
Señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Sixto, lo primero que me sorprende es que, habiendo tres diputados de Izquierda Unida por la circunscripción de Madrid, ninguno de ellos haya hecho uso de la palabra y sea un diputado por Valencia el que intervenga en nombre de
Izquierda Unida de Madrid.
Sus propias palabras demuestran que ustedes han impagado -usted mismo lo ha reconocido-, ustedes han incumplido la obligación de pagar las cotizaciones sociales de los trabajadores de Izquierda Unida durante diez años, desde el año 1999
hasta el año 2009. Y usted mismo ha reconocido que están negociando con la Seguridad Social y con Hacienda el ponerse al día en el pago de las cuotas. Yo le digo y lo mantengo, se demuestra que dije la verdad. (Una señora diputada: ¡No!). Por
lo tanto, no tengo nada que retirar porque ustedes han impagado.
Le digo que lo que no se puede consentir es que se esté agarrado a una pancarta en la calle con los trabajadores a los que no se les pagan las cotizaciones sociales; se lo digo, se lo mantengo y se lo repito. Usted no puede estar diciendo
que aquí se vulneran por parte de este grupo parlamentario y de este Gobierno derechos de los trabajadores, y que ustedes incumplan las leyes, incumplan las obligaciones que tienen con sus trabajadores de Izquierda Unida de pagar las cotizaciones
sociales. Evidentemente todo el mundo tiene problemas. ¿Sabe usted lo que le digo? Que hay distintas formas de elegir en qué se gasta uno el dinero y yo creo que lo más justo y lo que representa más derechos para los trabajadores es que se paguen
las cotizaciones sociales que luego dan derecho a las pensiones de jubilación. Luego, le repito nuevamente, es muy fácil ir a la Comisión del Pacto de Toledo, ir a la Comisión de Empleo y decir que este Gobierno vulnera los derechos de los
trabajadores, cuando ustedes son los primeros que los están incumpliendo. (Aplausos.-El señor Sixto Iglesias pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor Sixto, como siempre ocurre en estas cosas, las opiniones no son coincidentes, pero creo que lo que sí ha quedado claro son los hechos, la opinión suya y la opinión del señor Merino. Por lo tanto, creo que está
sustanciado el incidente. (El señor Sixto Iglesias vuelve a pedir la palabra).
Señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Señor presidente, el señor Merino no ha vertido una opinión sobre lo que yo le exigía, que era una rectificación. Él puede rectificar o no rectificar, es una cuestión personal, lo que pasa es que el señor Merino ha
vuelto a incidir en el fondo del asunto y ha vuelto al debate que tuvimos en la última sesión y eso sí que no es aceptable.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Merino López pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor Merino, está resuelto porque ha quedado claro. Señor Merino, un minuto.
El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Mire usted, señor Sixto, el que tendría que decir algo y rectificar sería su secretario de finanzas, don Gerardo del Val, que en la asamblea que Izquierda Unida celebró en Madrid a final de noviembre fue el que facilitó estos datos...
(Aplausos y protestas).
El señor PRESIDENTE: Señor Merino, no tiene usted la palabra.
El señor MERINO LÓPEZ: Claro, es que parece...
El señor PRESIDENTE: Señor Merino, no tiene usted la palabra. (Rumores). Hemos acabado porque el punto ha quedado dilucidado y claro. No hay nada más que decir. Vamos con el orden del día.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA A LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA ESTABLECER MEDIDAS DE APOYO Y FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES. (Número de expediente 172/000078).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR ÁLVAREZ SOSTRES), SOBRE LA POLÍTICA GENERAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PARA CONTROLAR EL GASTO PÚBLICO Y PREVENIR LAS PRÁCTICAS IRREGULARES EN EL MANEJO DE FONDOS PÚBLICOS Y
SUBVENCIONES EN LOS ENTES Y FUNDACIONES CULTURALES EN LAS QUE PARTICIPA EL ESTADO. (Número de expediente 172/000083).
El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión de los
puntos 27 y 29, correspondientes a las interpelaciones urgentes de los grupos parlamentarios Vasco (EAJ-PNV) y Mixto. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Queda aprobado.
RETIRADA DEL ORDEN DEL DÍA.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN, PARA REFORZAR LA FIGURA DEL DIRECTOR EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. (Número de expediente 122/000024).
El señor PRESIDENTE: Debo anunciar también que el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ha retirado la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para reforzar la figura
del director en la resolución de conflictos. Por lo tanto, queda excluido el punto número 2 del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MEDIDAS CONTRA EL DESAHUCIO, EL SOBREENDEUDAMIENTO Y LA INSOLVENCIA. (Número de expediente 122/000081).
El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Socialista, de medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia. Para su defensa, tiene la palabra
la señora Iglesias.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Señorías, la semana pasada concluyó el Pleno con una lamentable intervención sobre la legitimidad moral para presentar y defender iniciativas de mi grupo parlamentario. Pues bien, la iniciativa que presentamos
hoy no solo nos es legítima, sino que la aceptación de su tramitación por este Parlamento, seguro, dignificaría la actuación de todas y todos los que estamos aquí. (Aplausos). Durante este año, las ejecuciones hipotecarias han crecido un 134 %,
miles de familias se
enfrentan ya a un sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso y podrán ser muchas, muchísimas más, miles más, si no hacemos nada para evitarlo; familias que han cumplido fielmente con sus obligaciones del pago de la hipoteca, familias que se
endeudaron con un único objetivo: poder acceder a una vivienda en un mercado sobrevalorado y en un mercado hinchado por la burbuja inmobiliaria. Por cierto, señores de la bancada del Partido Popular, ahora que tanto les gusta eso, burbuja
inmobiliaria que como la patronal bancaria reconoció hace una semana en este misma Cámara, se generó precisamente en la época de su Gobierno: es parte de su herencia. (Aplausos). Nuestra obligación con esta proposición es la de parar, de una vez
por todas, todos los abusos de la regulación hipotecaria, garantizarles a las familias que puedan permanecer en sus casas, especialmente a ellas que son quienes más están sufriendo la crisis económica, y poner fin, de una vez por todas, a estos
desahucios.
Vaya por delante, especialmente y en primer lugar, nuestro reconocimiento expreso a los que siempre estuvieron ahí, a los colectivos afectados, a los que se han expuesto, a los que han dicho que no se iban de sus casas y a los que se han
puesto en medio para que no los echaran, a las plataformas de afectados por la hipoteca y también a los expertos, a los sectores profesionales, a los sindicales, a los económicos, a los sociales y a los de la comunicación, a toda esa gente con la
que llevamos meses trabajando para construir esta proposición.
En la pasada legislatura se adoptaron algunas medidas, sí, medidas de calado, medidas como el aumento de las garantías para los consumidores que contrataran préstamos hipotecarios, medidas como el aumento de los ingresos inembargables,
medidas como el aumento de la cantidad mínima de adjudicación del bien, medidas que se tomaron durante abril de 2009 o julio de 2011; todas, evidentemente, han sido medidas insuficientes, como les advertimos -ya se lo dijimos- lo son también el
código de buenas prácticas o la moratoria en la paralización de los lanzamientos hipotecarios que beneficiarán a una parte ínfima, mínima, casi ridícula de los afectados. Asumimos nuestra responsabilidad -el error obliga-, asuman todos su
responsabilidad. Presentamos una iniciativa necesaria. No cometan otros grupos políticos la equivocación de no tomar medidas que siguen siendo necesarias, medidas que son las que las familias de nuestro país hoy necesitan.
La crisis sin duda está poniendo en evidencia situaciones poco conocidas antes. No podemos seguir consintiendo que la parte más débil siga asumiendo, casi en solitario, las consecuencias de la asunción de un riesgo, cuando menos imprudente
también por parte de las entidades financieras. No podemos sobre todo consentir que algunos consideren un activo tóxico algo por lo que otros dan la vida. No podemos mirar a otro lado mientras se producen prácticas abusivas sin posibilidad de
reclamación por parte del deudor. Hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se lo está diciendo. Ya se ha pronunciado sobre esta cuestión. No esperemos a que tenga que llegar una sentencia para tomar las decisiones. Tenemos hoy la
oportunidad de corregir nuestra legislación.
Nuestra proposición aborda justamente todas estas cuestiones. Es una proposición de ley ambiciosa y necesaria que reforma en profundidad la regulación del régimen de ejecución hipotecaria impidiendo las prácticas abusivas en cuestiones como
las casaciones, garantizando la independencia real de las tasadoras, o impidiendo que el valor de tasación del bien a efectos de ejecución sea diferente al que sirvió para la concesión del préstamo -la simple existencia en nuestra legislación de dos
préstamos distintos, de dos tasaciones distintas, una para la adquisición y otra para la ejecución, repugna al sentido común-, paralizando los intereses de demora durante los procedimientos de ejecución, paralizándolos durante el procedimiento de
renegociación de la deuda y estableciendo límites a unos intereses de demora claramente abusivos que pueden llegar hasta el 29 %, limitándolos a dos puntos sobre el tipo de interés del préstamo; controlando los procedimientos de subasta evitando el
abaratamiento del bien que se ha producido hasta la fecha; permitiendo la dación en pago como alquiler social, en caso de que no se pueda garantizar la permanencia en la vivienda, y otros aspectos sobradamente conocidos como la eliminación de la
cláusula suelo.
No son cuestiones que nos inventemos, no son prácticas abusivas que se estén dando fuera de la realidad. Es el caso por ejemplo de Encarna y Manuel. El banco se quedó con su vivienda. Se habían comprado un chalet de 220 metros cuadrados
en León. El banco se lo quedó por 6 euros y seguían debiendo al banco 23.000, después de pagarles 6 euros. Dieciocho años después se les reclama una deuda por más de 65.000 euros en concepto de intereses. Noticias como esta inundan todos los días
los periódicos de nuestro país, todos los días hay noticias relacionadas con situaciones parecidas. Son los casos de Encarna, de Manuel, de Pilar, de Virtudes, de Enrique, son madres solteras, parejas jóvenes, son fiadores de viviendas para sus
hijos o para sus nietos, son familias que no esperaban en ningún
momento enfrentarse a una situación de desempleo de larga duración. Es, señorías, la sociedad española. (Aplausos). Podrá ser legal hoy en nuestro ordenamiento jurídico, pero no es moral, y por eso hay que cambiarlo.
Se abordan también en nuestra proposición prevenciones del sobreendeudamiento futuro con medidas como el establecimiento de una duración y una cuantía máxima de los préstamos, pero sobre todo lo que abordamos en nuestra proposición es la
posibilidad real para las familias de poder permanecer en sus casas. Evitar la pérdida de la vivienda habitual es el objeto de esta iniciativa, con cosas como la obligatoriedad del código de buenas prácticas, la ampliación de su aplicación, pero
sobre todo con la creación de un procedimiento extrajudicial con intermediación y con garantías -no a libre disposición de las entidades financieras-, que permita, mediante la misma oportunidad que tiene un empresario cuando acumula una serie de
deudas, mediante la aplicación de un procedimiento concursal, la renegociación y la liberación de su deuda, habilitando lo que en otros países de nuestro entorno se conoce como ley de segunda oportunidad, que ni ha quebrado el sistema financiero de
los países que la tienen vigente, ni impide que siga habiendo crédito para jóvenes en el futuro.
Es seguro que puede haber cuestiones a mejorar en nuestra proposición. Durante la tramitación parlamentaria se podría hacer, si hoy la Cámara decide aceptarla a trámite, pero también es seguro que esta es una buena ley, es necesaria y está
siendo demandada. Dejemos de una vez por todas de poner parches, cuando lo que se necesita claramente es cambiar las leyes. Los errores en la concesión de préstamos de la banca los pagamos todos y no es defendible que mientras a las entidades
financieras se les acepta la dación en pago mediante el banco malo, no se atienda el verdadero rescate que necesita nuestro país, el rescate de las familias. No se trata de que la gente no pague sus deudas, más bien al contrario. Si priorizamos la
capacidad de pago de las familias en condiciones asumibles, garantizaremos el derecho a la vivienda. Nuestra prioridad son las personas. Ayudándolas, ayudaremos también a las entidades financieras a deshacerse de sus deudas, pero al revés está
claro que no funciona. Los recortes educativos, los sanitarios, los laborales, los recortes en el poder adquisitivo de la clase trabajadora, el despido fácil y barato, los copagos, las tasas educativas, las tasas judiciales, esos son los verdaderos
llamamientos al impago de la sociedad española hoy.
Señorías del Partido Popular, no se queden solos diciendo que fueron los primeros en hacer algo. Ni lo fueron ni sirve para nada lo que están haciendo. Al contrario de lo que el ministro Guindos afirmó en esta Cámara, la diferencia entre
suspender los lanzamientos y parar los procedimientos ejecutorios, como estábamos proponiendo en primer lugar, y después corregir las condiciones que se están dando, no es un matiz técnico, no engañen a la gente, es elegir entre la eutanasia pasiva
con fecha de defunción de las familias o darles de verdad la oportunidad de vivir. (Aplausos). Ustedes no solucionan los problemas. La táctica del señor Rajoy es simplemente aplazarlos. Jueces, magistrados, notarios, el conjunto de los
defensores del Pueblo, de todos los defensores del Pueblo, los medios de comunicación, las cajas de ahorros, los colectivos de afectados, los cerrajeros, prácticamente toda la sociedad está reclamando una legislación como la que les presentamos, y
difícilmente eso se garantiza con la tramitación del real decreto-ley que trajo el Gobierno a esta Cámara. ¿Quién más necesitan que se lo haga ver? ¿A quién responden? ¿No pueden o no quieren? Gobernar, señorías, no es repartir dolor. Gobernar
es repartir justicia. (Aplausos).
No se trata de caridad. Se trata de justicia. Es seguro que para muchas familias llegamos tarde. No dejemos que sea para más, mientras nos ponemos de acuerdo. Tampoco, por cierto, abandonemos a los que ya han sufrido la pérdida de su
hogar. Por eso nuestro compromiso va mucho más allá. Desde cada Administración local o autonómica en la que tengamos la posibilidad de decidir, adoptaremos todas las medidas posibles para evitar nuevas ejecuciones y seguiremos impulsando nuevas
iniciativas que den respuestas a los que ya han sido víctimas de la pérdida de su vivienda sin ninguna oportunidad por parte de los que tenemos la obligación de legislar. Es una prioridad y vamos a seguir. Anunciamos desde ya nuevas actuaciones,
anunciamos desde ya una enmienda a la totalidad al decreto del Gobierno, a ese decreto que no protege a las familias, a ese decreto que las sigue condenando a abandonar sus casas con fecha de defunción.
Pedimos hoy sin duda a todos los representantes de esta Cámara que sean de verdad representantes de los ciudadanos, que tengan en cuenta las exigencias de la ciudadanía votando a favor de la tramitación de esta proposición, dando respuesta
con la mayor urgencia posible -que es hacerlo desde hoy- a la situaciones de emergencia que viven muchas familias, dignificando, en definitiva, nuestra tarea de legislar. Sean patriotas. No es por nosotros. Es por los españoles y por las
españolas. Es por nuestro país.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Iglesias.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en diciembre de 2011 el Bloque Nacionalista Galego presentó en registro una proposición de ley de modificación de la Ley Hipotecaria y un año después estamos discutiendo la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, justamente en este mismo mes de diciembre. Señorías del Grupo Socialista, bienvenidos a la causa en defensa de las personas que están sujetas a una situación de gravedad en relación con las hipotecas.
El Bloque Nacionalista Galego presentaba en aquel momento esa modificación de ley porque la legislación procesal, hipotecaria y civil vigente impide que los juzgados adopten medidas intermedias que ponderen el derecho de la entidad
financiera acreedora a que le sea resarcida la deuda contraída con el derecho al acceso a una vivienda digna por parte de personas cuyo incumplimiento de la obligación de afrontar los pagos derivados del préstamo hipotecario deviene de una situación
de crisis que además ha provocado en el 99 % de los casos la pérdida del empleo. La rigidez del marco procesal, aun conociendo la ardua realidad económica de muchas familias, no admite siquiera un proceso contradictorio donde se analicen
alternativas diferentes al pago total e inmediato de la deuda vencida.
Señorías, después de que nuestro grupo presentara esta iniciativa, han sido muchas las voces -incluso la Comisión Europea, además de los propios jueces- que han hablado de la incongruencia o de la injusticia de la rigidez de la Ley
Hipotecaria, que no permite otras soluciones. Ayer mismo el presidente del Consejo General del Poder Judicial informaba de ese 134 % de incremento de ejecuciones hipotecarias, como ya se ha dicho. Por tanto, en el día de hoy tenemos todo un
proceso no solamente llevado a cabo por las asociaciones y plataformas de afectados, sino también por los jueces y otras entidades, que indican la necesidad de modificar la Ley Hipotecaria por una ley más justa, por una ley más flexible que permita
soluciones a la dramática situación actual. En consecuencia, desde el BNG anunciamos nuestro apoyo favorable a la propuesta que hoy debatimos del Grupo Parlamentario Socialista. Al mismo tiempo demandamos de sus señorías un voto favorable, porque
si tramitamos una proposición de ley para modificar la Ley Hipotecaria, seguramente podremos llegar a alcanzar acuerdos. Si lo hubiéramos hecho hace un año, habríamos evitado muchísimos dramas familiares que todas y todos conocemos porque
desgraciadamente han saltado a los medios de comunicación de manera dramática.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señor presidente.
Señorías del Partido Socialista Obrero Español, lamentablemente llegan ustedes más de un año tarde a plantear esta proposición de ley y a situarse en la defensa del derecho a la vivienda. De hecho, en el seno de este Parlamento han sido
varios los grupos que desde la oposición, en más de una, en más de dos o incluso en más de tres ocasiones, hemos puesto a debate la que creemos que es sin duda la única solución a esa tragedia: la dación en pago; la dación en pago como una fórmula
justa, legal y que hace años lleva aplicándose en muchos países europeos.
La sangría de los desahucios ya tiene una cifra oficial y a la vez escandalosa: en 2012 las ejecuciones hipotecarias han aumentado un 134 %. Desgraciadamente -tengo que decirlo así- ha sido necesario que el sufrimiento de la gente se
hiciera ya insoportable para que el bipartidismo PSOE y Partido Popular haya reaccionado, los primeros proponiendo aquello a lo que hasta ahora se habían opuesto; los segundos con un maquillaje de decreto que paraliza durante dos años los
desahucios a los limitados colectivos que consideran más vulnerables, contabilizados en 120.000 familias. El bipartidismo ha priorizado pues los derechos económicos de los bancos sobre los derechos sociales de las personas desahuciadas y en
particular sobre el derecho a la vivienda digna, según su sacrosanta Constitución.
No criticamos que se garanticen los derechos económicos, pero el drama de los desahucios llega precisamente porque para buena parte de la población no se han garantizado, en primer lugar, apareciendo los despidos, que este año han crecido
casi un 30 %; después la gente se ha quedado obviamente sin dinero; a continuación ha dejado de pagar las cosas básicas, incrementando aún más la recesión; y, finalmente y para colmo, los enriquecidos culpables de la crisis, sin ningún escrúpulo,
interponen la
demanda judicial para cobrar la hipoteca y además quedarse con la casa. Esto supone una doble injusticia: más allá de negar el derecho a la vivienda, se condena a la víctima a devolver su casa y la totalidad del dinero en que el propio
banco la tasó. Es decir, la ciudadanía desahuciada debe pagar, y a precio de especulación, repito, a precio de especulación, una casa que nunca será suya. Es una auténtica apropiación indebida; un robo legal en otras palabras. La pesadilla
neoliberal de los desahucios es el pan de cada día en la España del siglo XXI.
Acabo. Señorías, hoy no vamos a plantear que se deba dejar caer a los bancos. No lo vamos a hacer porque las consecuencias quizá podrían ser tanto o más catastróficas que lo que hoy se pretende evitar, pero sí reclamamos que se garantice
el derecho a la vivienda y que, como mínimo, los bancos que son salvados con dinero público estén obligados a garantizarlo. Ustedes dirán que no hay dinero para hacerlo. Yo les quiero recordar que el gasto militar en el Estado español es de más de
50 millones de euros diarios.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar.
La señora JORDÀ I ROURA: Acabo, señor presidente.
Repito, más de 50 millones de euros al día. Con este dinero el derecho a la vivienda digna se puede -se lo aseguro- garantizar. Solo es cuestión pues de prioridades políticas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Señorías, señora Iglesias, antes de entrar en materia quería hacerle una pregunta, y rogarle que, si puede, la conteste. ¿Puede Amaiur dar su voto positivo a esta proposición de ley, habida cuenta de que hace tan
solo una semana negaron nuestra firma en el recurso de inconstitucionalidad que se quería poner? ¿Manchamos o atentamos contra su inmaculada imagen si damos nuestro voto positivo? Podrían contestar de una forma expresa. (La señora Iglesias
Santiago pronuncia palabras que no se perciben). Muy agradecido.
Entramos en materia. Amaiur considera que, en general, la partitura y la música de esta proposición de ley pudieran resultar positivas, lo que ocurre es que ustedes cantan de falsete, desafinan bastante, y al final la música se convierte en
ruido. Ustedes en su proposición hablan del difícil trance que atraviesa la economía española derivada de la pasada situación de exceso de oferta inmobiliaria. Bonita manera de escurrir el bulto, como si los problemas hubieran caído del cielo y no
tuvieran nada que ver con el Partido Socialista. Amaiur piensa que no es un difícil trance, sino una grave crisis económica la que aquí tenemos, y que esta no se deriva de un exceso de oferta, sino de una política muy concreta, cementera,
especuladora, que ha sido animada y engrasada desde muchas instituciones, en las cuales el Partido Socialista ha estado presente, en el Gobierno estatal, en Gobiernos autonómicos, en concejalías importantes, etcétera. Ya se ha señalado -me imagino
que ha sido bastante reiterado en las intervenciones- que ustedes no han hecho ni la mitad, ni la tercera ni la cuarta parte de todo lo que han propuesto en los ocho últimos años que han estado en el Gobierno estatal. ¿Por qué han desoído
reiteradamente todas aquellas críticas y opiniones que se han hecho desde sectores, organismos sociales, sindicales, políticos y profesionales en relación con la debacle urbanística que se estaba generando, y en la cual ustedes tomaban parte?
Gobiernos socialistas fueron los que ya hace veinticinco años, con la llamada ley Boyer, modificaron radicalmente el mercado de las viviendas de alquiler y apostaron por la vivienda en construcción, favoreciendo ya desde entonces este proceso que se
ha dado. Ustedes también aprobaron por primera vez las deducciones en el IRPF para favorecer la compra de la vivienda, y a lo largo de todas estas décadas ustedes han tratado con guante de seda a promotores, constructores y especuladores de todo
tipo. Es así, y hay que decirlo.
En opinión de Amaiur, la propuesta de ley que ustedes defienden pretende tan solo limar las estridencias más grandes, los aspectos más sangrantes de la situación y de la normativa existente, que en cualquier caso supedita el derecho a la
vivienda, pone por encima de este derecho los intereses de constructores, de especuladores y de la banca, en concreto. Por el contrario, Amaiur -lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones- cree que se debería afirmar por encima de todo el derecho a
la vivienda, concebirlo como un derecho público, de la misma entidad que tiene, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, para impulsar políticas positivas desde las administraciones, desde las instituciones, a favor de la
garantía de este derecho, y esto quiere decir no dejar el mismo en manos del mercado, sino tomar
posturas activas que tienen que ver incluso con la municipalización del suelo urbano, con la apuesta decidida por un parque municipal y público de viviendas en alquiler social, y por combatir el escándalo tremendo de lo que son hoy 3,4
millones de viviendas vacías, según el ministerio. Si se avanza por esta vía se posibilitaría que Amaiur tuviera un mayor grado de identificación con la propuesta que ustedes hacen. Mientras tanto estaremos de acuerdo con dar nuestro voto positivo
a la tramitación de esta proposición de ley, pero desde ahora les advertimos de todas las críticas que hacemos al contenido de la misma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadra.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, recientemente tuvimos la ocasión de debatir en esta Cámara sobre el problema de los desahucios con motivo de la aprobación del real decreto-ley que había
aprobado previamente el Gobierno en Consejo de Ministros. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). El real decreto fue aprobado con los casi exclusivos votos del Grupo Parlamentario Popular, ya que el resto de los
grupos de la Cámara nos mostramos en contra de dicho real decreto-ley, y coincidimos los grupos de la oposición en que las medidas que contemplaba el mismo eran tímidas, escasas, de alcance limitado, y que solucionaban parcialmente el problema en un
número muy pequeño de personas y familias, excluyendo a muchísima gente que también tiene riesgo real de sufrir exclusión social. Por ello compartimos la idea de que es preciso ampliar el alcance del real decreto-ley y aumentar las medidas con el
fin de dar una respuesta eficaz al problema de los desahucios.
Así, pensábamos que lo que podíamos hacer con la tramitación como proyecto de ley del señalado real decreto-ley, y el Grupo Vasco pensaba que lo podríamos hacer asimismo con un amplio consenso entre todos o la mayoría de los grupos
parlamentarios. Sin embargo el Grupo Socialista -no sé si intentando ponerse una medalla más o buscando una solución real al problema de la incapacidad real de muchos ciudadanos de hacer frente a la hipoteca y a los desahucios que de ella se
derivan- nos trae para su toma en consideración una proposición de ley que pretende abordar los desahucios, el sobreendeudamiento y la insolvencia. Nos sorprende la iniciativa, pero hemos de decir que el Grupo Vasco, con las reservas que plantearé,
considera que es una buena iniciativa, y por lo tanto votaremos a favor de ella.
En el previsible caso de que sea rechazada por esta Cámara su contenido podría ser convertido en gran parte en enmiendas parciales con las que modificar el real decreto-ley de referencia. Revisar el sistema de tasación del bien a efectos de
ejecución de la garantía por impago a través de unas sociedades de tasación independientes, evitar los abusos que se derivan de los intereses de demora excesivos, elevar el nivel de renta de los afectados para evitar los desahucios de la vivienda
habitual, facilitar la reestructuración de las deudas hipotecarias, avanzar en lo que se denomina la segunda oportunidad, etcétera, son cuestiones muy relevantes que merecen ser consideradas. Los ciudadanos y las familias que ven perder su vivienda
habitual por no poder pagar la hipoteca esperan una respuesta de las entidades financieras, y sobre todo de los políticos. Nuestra responsabilidad es responder ante las situaciones de emergencia y de injusticia social que se generan por la crisis
económica, que a muchos ciudadanos les deja en paro, y además sin techo, sin hogar y sin proyecto de vida. Es difícil defender las ayudas públicas -cuantiosas en muchos casos- a multitud de entidades financieras para salvar el sistema financiero y
no solucionar los problemas de exclusión social que se generan como consecuencia de la crisis y de los impagos de las hipotecas.
También en este tema debemos evitar los argumentos demagógicos si queremos ganar en credibilidad. Lo que a veces parece lo políticamente correcto puede convertirse en ineficaz e incluso en injusto. Hemos de resolver los problemas más
urgentes, pero a la vez hay que evitar lanzar el mensaje político de que, aunque no se pague la hipoteca, no pasa nada. Se ha de facilitar la negociación de la deuda; reducir los intereses de demora de manera sustancial; se ha de aumentar en las
subastas el precio de adquisición de la vivienda, pasando del 60 al 80 % el porcentaje mínimo del valor al que la entidad financiera se ha de adjudicar el inmueble. Además desde la política social, dentro de las políticas públicas, se han de
facilitar viviendas dignas a los afectados con alquileres accesibles, etcétera. Facilidades todas, pero es preciso tener en cuenta que la inmensa mayoría de los ciudadanos realiza un importante esfuerzo para pagar
mensualmente su hipoteca, así que no debemos incentivar a que esto no sea así. Debemos medir muy bien lo que proponemos en esta materia.
El Grupo Vasco quiere sumarse a las mociones que el Partido Nacionalista Vasco va a presentar en todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que creo que realmente son sensatas, unas mociones que señalan -y cito textualmente-
lo siguiente: una de las consecuencias más graves de esa situación son sin lugar a dudas las ejecuciones hipotecarias o desahucios, que se están materializando especialmente en el colectivo social con menores recursos económicos. Esta problemática
tiene una doble implicación en las personas que se ven afectadas por estas ejecuciones. Por un lado, el de perder la vivienda habitual, y por otra parte -aún más grave-, el tener que hacerse cargo del pago de unos intereses desproporcionados, más
allá de la entrega de la propia vivienda, lo que conlleva a una quiebra absoluta de las familias afectadas. Estas situaciones además de ser éticamente reprochables son un incumplimiento, según ha señalado la propia Unión Europea, de directivas
comunitarias en lo que a las cláusulas abusivas en los contratos se refiere.
Ha sido aprobado por el Gobierno del Estado un real decreto -el 27/2012, de 15 de noviembre, que he citado anteriormente- que a todas luces es insuficiente para frenar la oleada de desahucios a la que estamos asistiendo, día sí y día
también. Como consecuencia de lo anterior se hace imprescindible -dice la moción- una modificación de calado de la normativa aplicable, y concretamente de la Ley Concursal, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, que conlleve la
defensa de los derechos del deudor frente a las cláusulas abusivas que existen en la actualidad, y que le posicionan en una clara indefensión frente a las instituciones financieras. Estas modificaciones deben tenerse en cuenta y producirse de
manera urgente para los casos concretos e individualizados de las personas que han actuado de buena fe en la compra de su vivienda habitual. Por otra parte, la primera opción de cara a la solución del problema no debe ser la ejecución de la
hipoteca, sino que las entidades financieras intenten desde el primer momento llegar a acuerdos y eviten llegar a esta situación.
Si el supuesto anterior no hubiera podido resolverse con éxito, se hace absolutamente necesaria una modificación normativa que reduzca los intereses de demora aplicables en estos casos, por ser totalmente desproporcionados y abusivos, al
igual que no parece justo que el porcentaje mínimo de adjudicación de las viviendas esté actualmente en torno al 60 % del valor de tasación, cuestión esta que hace que toda la carga de la situación recaiga únicamente de la parte del deudor y no de
la entidad financiera correspondiente. Parece lógico pensar que este porcentaje ha de elevarse como consecuencia de la corresponsabilidad de las partes, y que por tanto las entidades financieras corran con parte del mismo.
Pero además de procurar con estas medidas que se reduzcan de manera importante los desahucios, las administraciones públicas -dice la moción- deben establecer políticas encaminadas a dar apoyo a las personas que irremediablemente se queden
sin...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Azpiazu, ha acabado su tiempo.
El señor AZPIAZU URIARTE: Termino, señora presidenta.
Por ello creemos necesaria la participación de todas las administraciones en la creación de un parque de viviendas destinadas a este colectivo, así como la necesaria comunicación de los desahucios antes de que se produzcan, para así poder
actuar con antelación al abandono de la vivienda. Esto es lo que dice la moción.
En coherencia -y con esto termino, señora presidenta- con estas ideas desde el Grupo Vasco, reiterándonos en la idea de votar favorablemente en la tramitación de esta proposición de ley, manifestamos nuestra gran preocupación por este tema
que tiene profundas implicaciones sociales, y nos mostramos dispuestos a colaborar con el resto de grupos de la Cámara en buscar soluciones eficaces para los afectados, evitando posiciones engañosas y demagógicas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
No se preocupe, no voy a alargarme demasiado. La verdad es que al discutir esta cuestión tan importante a mí al menos me invade una cierta sensación de irrealidad, porque realmente es una de las cuestiones políticas más urgentes. Es tan
urgente que varios grupos de esta Cámara ya hemos presentado
propuestas sobre esta cuestión; nosotros mismos lo hicimos el 13 de marzo de este año y algunos grupos lo hicieron incluso en la pasada legislatura, así como La Izquierda Plural este año, y que ahora volvamos un poco a las andadas, al hilo
del real decreto-ley que rectificaba a su vez el anterior real decreto-ley del Grupo Popular -que tampoco es que esté aquí con una presencia muy masiva para apoyar la importancia de esta cuestión y llevarlo a su terreno- francamente nos parece que
estamos un poco como siempre equivocándonos. Una obligación que tenemos en esta institución -insisto- es tratar de resolver los problemas de los ciudadanos, no alargarlos en el tiempo para exhibir nuestras diferencias internas y con acusaciones
sobre quién empezó antes la burbuja inmobiliaria, como lamentablemente ha hecho la portavoz socialista al inicio de su exposición. Se lo digo porque ya le anuncio que vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley
sabiendo, pese a todo, que va a tener un recorrido parlamentario muy breve, porque nos encontramos también inmersos en la tramitación del anterior real decreto-ley como proyecto de ley, por lo que parecería lógico que muchas de las cosas que se
plantean en esta proposición de ley -como también ha dicho mi predecesor, el señor Azpiazu, y nosotros vamos a hacerlo con nuestras propias propuestas- se incorporasen como enmiendas a esa ley que esperamos que de una santa vez asuma lo central, lo
esencial del problema de los desahucios en la actualidad. ¿Cuál es? ¿Es un problema de tipo sentimental, como tan a menudo se nos lleva a contemplar en esta tribuna, como una cuestión de familias dickensianas arrancadas de su hogar? Siendo eso
cierto, por otra parte, esa no es nuestra labor; no venimos aquí a lamentarnos y a tratar de probar a los ciudadanos que nos duelen mucho más que a ellos los males que padecen, en parte por la mala legislación y por la mala calidad legislativa de
muchas de las cosas que se producen en esta Cámara, y en ese sentido tenemos que tener claro cuáles son los objetivos.
Para nosotros los objetivos son básicamente dos: uno, por supuesto, impedir que personas en situación de insolvencia sobrevenida pierdan su vivienda habitual, y segunda cuestión -muy importante y que no les he oído citar a ustedes antes-,
acabar con la práctica legal de la responsabilidad ilimitada en los créditos hipotecarios. Es decir, la situación en la cual una persona que suscribe un crédito hipotecario en una situación de insolvencia sobrevenida se ve perseguida por esa ley
durante el resto de su vida. No se trata solo de acabar -que también- con los intereses usurarios; se trata de que el trato a los particulares que suscriben un crédito hipotecario no sea distinto al que recibe una empresa cuando se ve también en
una situación de insolvencia, y puede recurrir a un concurso de acreedores. Esto es muy importante y hay que subrayarlo; no se trata de hacer una nueva excepción legal, se trata de extender de una manera técnicamente bien hecha a los particulares
lo que ya hacen las empresas, y es que en una situación de quiebra puedan resolver su situación sobre todo para que ahí no se termine, no se acabe para siempre la capacidad de iniciativa financiera del empresario, de la sociedad anónima, de los
accionistas, etcétera. Aquí ocurre igual. ¿De qué se trata? ¿Qué cambio legal necesitamos en España? En primer lugar, impedir que se convierta en una plaga la pérdida de viviendas habituales por parte de personas que no pueden pagar de buena fe,
y no debido a una conducta malévola o especulativa, y en segundo lugar, que se puedan liquidar las deudas de créditos hipotecarios y que no se produzca la excepción que actualmente existe en la Ley Hipotecaria de que los únicos créditos que
persiguen al deudor durante el resto de sus días sean los que están derivados de créditos hipotecarios. Por eso mismo en nuestra iniciativa debatida el 13 de marzo de este año y rechazada en esta Cámara proponíamos que sobre todo girara en torno a
la reforma de la Ley Concursal, algo en lo que estamos de acuerdo. De hecho, he de felicitar al Grupo Socialista porque su proposición tiene algunos parecidos interesantes y notables con nuestro proyecto de ley, que me imagino que vendrán de la
confluencia lógica de un razonamiento racional. De todas maneras les voy a decir que en su proposición hay cosas, que ya les anuncio que si se tramitara enmendaríamos, que nos parecen insuficientes. Por ejemplo, ustedes le dan demasiado peso a la
mediación notarial previa al concurso de acreedores. Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es cambiar la Ley Concursal para que el concurso de acreedores de los particulares se asimile, sea semejante, con mediación notarial, al que existe en
los ERE de las empresas, porque esa fe excesiva en el notario -no en el notario como persona física, sino en su función- olvida dos cosas. Primero, no existe una relación de igualdad equiparable entre el acreedor y el deudor en esta situación; no
se puede pretender que un banco está en la misma situación a la hora de ofrecer un convenio a su deudor que cuando se trata de una familia normal, que además simplemente no puede seguir pagando el crédito hipotecario. Por tanto, eso es una ficción,
por eso pensamos que se equivocan en este punto, y que es algo que hay que corregir en su propuesta. También he de decirles que tengan cuidado porque esto en realidad favorece a la banca. Es decir, proponer la ficción jurídica de que existe una
equiparación de posibilidades a la hora
de establecer, de cerrar con mediación notarial un convenio preconcursal entre un particular que no puede pagar un crédito hipotecario y un banco es realmente bastante fantástico, y más bien digno de una película tipo Bambi u otras de ese
estilo que a ustedes les gustan tanto.
Por tanto nosotros les proponemos superar ese buenismo de considerar que todo el mundo actúa aquí movido por móviles altruistas estupendos, que si fuera así harían innecesarias las leyes, y vayamos a hacer una reforma legal que toque -como
ustedes también proponen, pero les proponemos completarla- al menos esos tres campos legales: la Ley Concursal, la Ley Hipotecaria, que contra los temores de la banca es la que menos habría que tocar y sí mucho más la Ley Concursal, y la Ley de
Enjuiciamiento Civil, así como alguna ley adicional relacionada con estas. Ustedes también citan algunas otras -me refiero al Grupo Socialista- y nosotros les propusimos también incluir en esta reforma la Ley del impuesto sobre las personas
físicas. Dicho todo lo cual, insisto, vamos a votar a favor de la toma en consideración. También está en marcha el trámite legislativo del anterior real decreto-ley, y esperemos que sea posible darles a los ciudadanos la buena noticia de que por
una vez de este Parlamento ha salido una ley que soluciona sus problemas, en lugar de usarlos para arrojarse a la cabeza lo que son en el fondo muchas veces diferencias impostadas, diferencias que no son reales y que desde luego tienen muy poco que
ver con los problemas que tenemos que solucionar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro Grupo de La Izquierda Plural va a votar a favor de la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista. No les escondo que al subir a la tribuna he tenido que vencer la tentación de preguntarles cómo no pensaron en su
momento que estas reformas se podían hacer mucho mejor desde el Gobierno que desde la oposición, pero no lo haré. No lo haré por varias razones. Primero, porque la ciudadanía espera de nosotros que, en temas tan sensibles y en situaciones tan
dramáticas como esta, pensemos en los derechos de la gente y no en nosotros, para nosotros y por nosotros. Segundo, porque creo que hay que reconocer la honestidad que supone que en la exposición de motivos de la proposición de ley ya se acepta que
el Decreto-ley 8/2011 fue insuficiente e insatisfactorio, y hoy lo ha destacado también la diputada Leire Iglesias. Y tercero, porque la verdad es que situar las responsabilidades del Gobierno Zapatero, que son muchas y evidentes, no contribuirá en
nada a mejorar la situación y en cambio sí a desresponsabilizar al actual Gobierno del Partido Popular.
Señorías, lo que es evidente en estos momentos es que estamos ante algo más que un accidente, estamos ante las consecuencias de las barbaridades de un sistema legal y económico que al final ha saltado por los aires, pero que tenemos ahora la
oportunidad de reformar en profundidad. Un sistema más orientado a garantizar el buen funcionamiento del mercado hipotecario y su condición de producto financiero de elevada rentabilidad y seguridad, que a buscar el equilibrio necesario siempre
entre deudores y acreedores.
A nuestro entender, la proposición de ley del Grupo Socialista aborda de manera correcta unas reformas que deben hacerse, entre ellas por ejemplo acabar con el actual modelo de tasación bipolar, una tasación que es elevada cuando se trata de
conceder la hipoteca y que es bajísima cuando se trata de valorar para ejecutar el bien hipotecado. También compartimos la idea de limitar la cuantía y la temporalidad de los intereses de demora para erradicar las prácticas abusivas propias de la
usura de algunas entidades financieras. He de decirles que tenemos algunas dudas en relación con la llamada ejecución extrajudicial, creemos que su propuesta no evitaría los abusos que en estos momentos se están cometiendo con la connivencia de
algunos de los notarios en la práctica real.
En relación con las propuestas de modificación del llamado código Guindos sobre buenas prácticas compartimos la necesidad de una reforma en profundidad, y esperamos que el Gobierno la presente pronto. Nos parece que su urgencia justifica
que este tema lo situemos ya en la elaboración del proyecto de ley que se deriva del Decreto-ley 27/2012, que discutimos hace muy poco en esta Cámara, en cambio he de decirles que discrepamos abiertamente del nuevo umbral de exclusión que ustedes
nos proponen. Plantear una frontera de 2,5 veces el Iprem, o sea 1.331 euros, para decidir si se está dentro o fuera de las unidades familiares con derecho a acceder al código de buenas prácticas nos parece que es un error, porque entre otras cosas
creo que lo que debemos abordar en esta situación es que el universo de gente protegida debe ser todo aquel que se vea afectado en su vivienda habitual, que tenga una insolvencia
sobrevenida, y que haya actuado de buena fe. Establecer un umbral de exclusión en este sentido nos llevaría sin duda a una cuestión injusta siempre.
Nos parece que algunas de las cosas que ustedes han planteado en estos términos son insuficientes, no da tiempo. Creo que la posición de nuestro grupo es superconocida, la hemos traído aquí desde el mes de febrero y por lo tanto no me voy a
extender. En estos momentos tenemos todos una responsabilidad muy importante, tenemos delante el reto de dar solución de una vez por todas a la problemática dramática de las personas desahuciadas, y tenemos también la posibilidad de abordar una
reforma en profundidad de la legislación hipotecaria, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Concursal. Es eso lo que esperan de nosotros los ciudadanos, y deberíamos abordarlo ya con el máximo consenso posible. Señorías, llamo a todos los
grupos de la Cámara para dejar de hacer escarceos entre nosotros, para dejar de ver quién presenta la próxima proposición de ley, para dejar de ver quién es el que hace más de palabra en relación con la situación de los desahucios y nos pongamos a
trabajar ya en una solución definitiva, aunque no les escondo que en ese sentido la responsabilidad no es igual; sin duda la responsabilidad les corresponde en primer lugar al Partido Popular y al Gobierno, porque son los que hasta ahora han
bloqueado estas situaciones, y son los que tienen en su mano la llave para poder desbloquearla. Le pido al Partido Popular y a los miembros del Gobierno que aprovechen el mes de enero para hacer una cosa: tráigannos ya una propuesta para que, a
través del proyecto de ley que tramita el decreto-ley que acabamos de ver en esta Cámara, se pueda abordar de una vez por todas la suspensión universal de todos aquellos desahucios que afecten a vivienda habitual como consecuencia de insolvencia
sobrevenida y adquirida de buena fe. Y lo digo en esos términos: universal, porque a ese universo es al que debemos dirigirnos. Solo así se podrá resolver el problema de fondo mientras abordamos la reforma en profundidad, una reforma en
profundidad que sin duda debe ir al fondo del problema. Y el fondo del problema es que nuestra legislación hipotecaria corresponde a otro siglo, corresponde a aquel momento en que las hipotecas se establecían entre iguales, y por eso se determinó
sin duda la responsabilidad limitada. Soy consciente de que existe en nuestra legislación la posibilidad de establecer hipotecas de responsabilidad limitada, pero soy consciente también de que no se usan, que los bancos no la usan y que ese es
nuestro principal problema. Debemos ir claramente a un cambio legislativo que permita que en el acceso a la vivienda habitual la responsabilidad del que acepta la hipoteca sea limitada al bien hipotecado, al bien que le garantiza el derecho a la
vivienda, su vivienda habitual -no nos olvidemos-, diferenciando bien claramente eso de otros supuestos. Ustedes nos han dicho en alguna ocasión que eso no puede ser porque generaría problemas en el acceso a la propiedad de la vivienda, y yo les
digo que bienvenidas esas dificultades si van acompañadas de una política de acceso al mercado del alquiler. Tienen ustedes la gran oportunidad de hacerlo. Hay en estos momentos un gran banco de viviendas vacías que se pueden destinar por primera
vez a facilitar el alquiler.
También tienen ustedes otro argumento, y es que eso afectaría mucho al tipo de interés de las hipotecas, y es cierto, pero tampoco sería ningún problema porque lo que no podemos hacer de ninguna de las maneras es volver a ese momento en el
que el dinero es gratis para endeudarse no solo en el acceso a la vivienda habitual, sino en el acceso a la especulación. Mucho me temo que ustedes están esperando a que la crisis termine para volver al mismo modelo económico. Ese es el problema,
y el problema tiene un nombre: se llama mercado hipotecario. Desgraciadamente ustedes no han querido abordar el tema de fondo porque saben que detrás de las hipotecas hay un producto financiero de altísima rentabilidad que afecta en estos momentos
a 700.000 millones de cédulas hipotecarias que han sido garantizadas con un tipo de interés muy elevado y en un contexto de mucha seguridad al inversor. Y eso, los derechos de un inversor en las cédulas hipotecarias, es lo que les impide a ustedes
abordar el problema del drama humano de los hipotecados, y al mismo tiempo también una reforma en profundidad de la Ley Hipotecaria, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: ... la Ley Concursal. Ese es el tronco de la cuestión y ese es el reto.
Termino, señora presidenta. Tienen ustedes una oportunidad. Les sugiero lo siguiente: aprovechen el mes de enero, que no hay Pleno, para convocar a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que son los que mejor conocen la situación de
drama de estas familias, y creo que tienen ideas muy buenas que aportar. Con eso, preséntennos urgentemente ya una medida provisional de suspensión universal de los desahucios, mientras no se aborde en esta Cámara una reforma en profundidad de la
legislación, que la necesitamos, porque con este modelo más pronto o más tarde se volverá a provocar otro drama humano
antes de haber salido del que hoy acecha a gran parte de las familias españolas. Creo que ustedes tienen en su mano su responsabilidad y por eso me dirijo a ustedes y no al Grupo Socialista ...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: ... porque desgraciadamente todos sabemos que de aquí no va a salir nada bueno.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, me temo que nuestro grupo va a empezar como el resto de los grupos -no es ninguna novedad-, anunciando que vamos a votar favorablemente la proposición de ley de medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento
y la insolvencia, presentada por el Grupo Socialista, y lamentando mucho que esta proposición de ley sea una proposición de ley y no hubiera sido en su momento un proyecto de ley del Gobierno. Yo puedo compartir -no suele suceder a menudo- algunas
afirmaciones del señor Coscubiela de que este es un tema tan serio como para que todos los grupos fuéramos capaces de llegar a acuerdos. De hecho, como saben perfectamente las señoras y señores diputados, nosotros lo intentamos y conseguimos algo,
que los representantes de la plataforma de afectados por la hipoteca vinieran a esta sede parlamentaria a relatar sus líneas de actuación. Esto -se lo recomiendo a todos los señores diputados porque tiene ya un año y cinco meses pero es muy actual-
está relatado en la subcomisión que se creó a tal efecto y que no pudo concluir sus trabajos a causa de la disolución del Parlamento por el señor Rodríguez Zapatero.
Aprovechando esta proposición de ley, que me temo no va a ser tomada en consideración, habría que hacer un llamamiento más a intentar un acuerdo que puede vertebrarse a través de esta proposición de ley, pero también a través del proyecto de
ley en el cual sea reconvertido el real decreto del Gobierno. Me consta que el interlocutor por parte del grupo de la mayoría en esta cuestión va a ser el diputado Pablo Matos, que es una persona que vivió todos estos trabajos de forma muy directa
y su sensibilidad en estas cuestiones. Quiero recordar que en el anterior mandato la diputada del Grupo Socialista -que ahora ya no lo es, infelizmente- Ana Fuentes, que llevaba estos temas en la Comisión de Vivienda, también tenía una
extraordinaria sensibilidad. Al señor Matos le puede suceder lo mismo que a la señora Fuentes, que cuando llegaba al banco del ministro de Hacienda -entonces de Economía- se encontraba con una nula sensibilidad. Creo que debemos hacer un esfuerzo
extraordinario para ayudar a aquellos diputados y diputadas, que estoy seguro que hay en todas las filas de este Parlamento, a dar argumentos al señor ministro de Economía -no sé si al de Hacienda también- para que por una vez sea sensible a los
problemas de una gran mayoría de ciudadanos.
Quiero decirles algo porque creo es de justicia. El problema actual que tiene nuestro sistema financiero no proviene de los ciudadanos, sino en todo caso de la burbuja inmobiliaria y del sector. Hoy mismo -datos que suministra la
Agrupación Hipotecaria Española, representante de la patronal bancaria- dicen que el índice de morosidad de los ciudadanos es del 3,63 %, que es una cifra importante porque son miles de familias -un 3 % es un 3 %-; sin embargo el índice de
morosidad global es el 11,62 %, lo cual significa que los demás que han pedido crédito, es decir los grandes promotores, etcétera, deben tener como mínimo un 20 %, mucho más, para promediar y llegar a este 11 %. Hagamos un servicio a los
ciudadanos. Sepamos comunicar al señor ministro de Hacienda que los ciudadanos merecen una solución, porque ellos, nuestras familias están haciendo todo lo posible para pagar sus hipotecas y solo aquellos en situaciones realmente muy desesperadas
-3,63 %- no logran hacerlo. Debemos ser capaces de llegar a este acuerdo. Yo sé que hubo un intento, unas negociaciones entre el Partido Socialista y el Gobierno que no llegaron a buen fin. Yo les sugiero una solución que me parece que es
democrática y correcta, no nos excluyan a los demás. Si ustedes no lo han logrado solos a lo mejor las buenas aportaciones de un partido y de otro, del conjunto de grupos parlamentarios -lo digo humildemente- les ayuda a ustedes a encontrar una
solución. El mes de enero, por ejemplo, es un buen mes para trabajar intensamente, todos. Señor Coscubiela, no solo que trabajen ellos, y yo los espero aquí. No, no, usted y yo. Comprometámonos todos a trabajar. Yo pido al Grupo Socialista y al
Grupo Popular, por favor, que nos den vela en este entierro; a lo mejor podemos ayudar. Lo que aporta
el Grupo Socialista son buenas ideas; nosotros no las compartimos al cien por cien, pero sí en buena medida. Algunas de esas ideas que yo conozco a lo mejor el señor Matos las va a relatar hoy mismo; son buenas ideas y coincidentes,
trabajémoslas. Creo que tenemos un deber importantísimo. Además, si fuéramos capaces de llegar a este acuerdo, esta casa, la clase política, ganaría una batalla muy importante. Se lo debemos, señoras y señores diputados, a nuestros ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Macias.
Por el Grupo Popular en el Congreso, señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señora presidenta.
Señora Iglesias yo jamás pensé ver a una portavoz del Partido Socialista Obrero Español compartiendo con la Asociación Española de la Banca, con la AEB, su posición respecto a la burbuja inmobiliaria. De verdad creo que no debía hablar de
la burbuja inmobiliaria aquí, y le voy a dar unos datos: año 2003, último año de Gobierno del Partido Popular, préstamos al promotor 78.000 millones de euros; año 2009, gobernando el señor Rodríguez Zapatero, 324.000 millones de euros, el triple.
En cuanto a los préstamos a los hogares: en el año 2003, último año del Partido Popular, 278.000 millones; en el año 2009, 652.000 millones. Creo que deben tomar nota de quien creó la burbuja inmobiliaria. (Rumores.-El señor Elorza González
pronuncia palabras que no se perciben.-Aplausos). En segundo lugar, ha dicho usted que aquí no podemos decir nosotros que fuimos los primeros en hacer algo. En el año 2007, gobernando ustedes, 25.943 ejecuciones hipotecarias; en el año 2008,
58.000, y ustedes no hicieron absolutamente nada; en el año 2009, 93.319, y ustedes no hicieron absolutamente nada; en el año 2010, 98.393, y ustedes no hicieron absolutamente nada; en el año 2011, 77.854, y ustedes no hicieron nada. Dicen que
somos los que no hemos hecho nada pero somos los que hemos sacado la posibilidad de reestructurar la deuda hipotecaria, de hacer una quita del capital pendiente, además de ofrecer la posibilidad por primera vez de la dación en pago, que jamás la
habían contemplado y ustedes siempre lo habían negado. En el decreto ley que aprobamos la semana pasada por primera vez en España se prohíben los lanzamientos por un periodo de dos años de todos aquellos ciudadanos que tengan deudas hipotecarias y
que ganen menos de 19.170 euros y tengan cargas familiares. Además, por primera vez en España se crea un fondo social de vivienda para acoger a las familias que son desahuciadas. El otro día el ministro De Guindos además dijo que este decreto del
que se aprobó su tramitación como proyecto de ley también iba a servir para ampliar la posibilidad de acceder a la reestructuración de la deuda hipotecaria a más familias y para mejorar nuestro sistema hipotecario. El ministro De Guindos fue
absolutamente claro en su intervención. Dijo: Este Gobierno está convencido de que tiene que abordar una serie de mejoras en el funcionamiento del mercado hipotecario. Estas mejoras deben formar parte de esta ley y deben contar con las
aportaciones y el amplio respaldo de los grupos de la Cámara. Se deben revisar los intereses de demora, debemos dar más independencia a las sociedades de tasación frente a las instituciones bancarias. Tenemos que evitar en el futuro el
sobreendeudamiento fomentando conductas más prudentes, especialmente en la compra de vivienda habitual. El empeño de este Gobierno es contar con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios y estamos dispuestos a hablar absolutamente de
todo. Fin de la cita. ¿Cuál fue la respuesta del Grupo Socialista ante la aprobación de este real decreto y su tramitación como proyecto de ley? Pues calificarlo de insuficiente, de un tanto mezquino, como dijo su portavoz, y solicitar de
inmediato la inclusión en el orden del día de este Pleno de la proposición de ley que hoy debatimos.
Analicemos la proposición de ley: título I, artículos 1 y 17. Tiene como objeto -leo de la exposición de motivos-: primero, avanzar en la exigencia de una mayor independencia de las sociedades de tasación; segundo, modificar el régimen
sancionador tipificando con mayor severidad algunas conductas de esas sociedades de tasación; y, tercero, establecer medidas de prevención del sobreendeudamiento. Sociedades de tasación, intereses de demora y sobreendeudamiento, los mismos
aspectos que el ministro De Guindos anunció que el proyecto de ley del Gobierno quiere abordar. Título II, modificar el Real Decreto-ley 6/2012 (Rumores), con el fin de extender las soluciones -vuelvo a leer la exposición de motivos- en él
ofrecidas -reestructuración de la deuda, quita del capital pendiente y dación en pago- a muchos otros deudores. Lo mismo que el ministro De Guindos anunció en el proyecto de ley y que el Gobierno quiere abordar. Y en el título III abordan el
procedimiento extrajudicial, que es la única novedad que presenta la proposición de ley. Es decir, señorías, el 29 de noviembre este Pleno aprueba la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 6/2012 con el fin de modificarlo, ampliando
su ámbito de aplicación, y de establecer medidas para alcanzar una mayor independencia de las sociedades de
tasación, limitar los intereses de demora y evitar el sobreendeudamiento, pero el Grupo Socialista, en vez de presentar enmiendas a este proyecto de ley, nos pide hoy, diecinueve días después, que aprobemos una proposición de ley que trata
exactamente de lo que pretende el Gobierno que se haga con la tramitación del proyecto de ley. (El señor Elorza González: ¡Mentira!).
Señorías, cuando se han subido a esta tribuna a defender su proposición de ley y pedir que la apoyemos, ¿pensaban, de verdad, que el Gobierno y el grupo parlamentario que lo apoya iban a retirar, a renunciar a la tramitación del proyecto de
ley admitido a trámite hace solo diecinueve días y que persigue exactamente los objetivos que hoy ustedes plantean? ¿De verdad les pasó por la cabeza esa posibilidad? ¿Conocen ustedes algún caso en nuestra historia democrática en que un gobierno,
a quien el Pleno del Congreso de los Diputados aprueba la toma en consideración de un proyecto de ley, lo retire a los diecinueve días para abordar una proposición de ley del grupo de la oposición sobre el mismo asunto? ¿Ustedes se encuentran bien?
(Risas.-Rumores). ¿No consideran más lógico, más normal si quieren, presentar todas sus propuestas como enmiendas, trámite que ya está abierto? De verdad, señorías, nosotros entenderíamos perfectamente que si en la tramitación del proyecto de ley
no se incorporan sus propuestas o ustedes no se sintieran satisfechos presentaran para su debate una alternativa como proposición de ley, pero hacerlo cuando ya está abierto el trámite de enmiendas de un proyecto de ley sobre lo mismo resulta del
todo incomprensible. Presentar proposiciones de ley es ejercer la oposición -nosotros presentamos en la legislatura pasada noventa y siete proposiciones de ley-, pero hacerlo cuando ya está abierto el trámite de enmiendas de un proyecto de ley no
es ejercer la oposición, señorías, es hacer el ridículo, y perdonen que se lo diga. (Aplausos).
Termino. En mi última intervención ante este Pleno en defensa del Real Decreto-ley 27/2012 y su tramitación como proyecto de ley manifesté que nuestro sistema hipotecario es sólido y ha permitido acceder a la vivienda a millones de
ciudadanos españoles, pero que la crisis había puesto en evidencia aspectos y prácticas bancarias que es necesario y urgente corregir. Que se hayan concedido préstamos hipotecarios por encima del valor de tasación o que se hayan tasado suelos o
viviendas por encima de su valor no es una buena práctica; que se hayan establecido cláusulas suelo del 3 % con cláusulas techo del 12 % -además cuando se preveía la bajada del Euríbor- no es una buena práctica; que se incorporen a los contratos
de préstamo hipotecarios fórmulas para calcular los intereses de demora que pueden alcanzar el 29 % no es una buena práctica. Lo he dicho en otra ocasión, eso es usura. Esas prácticas no han sido impulsadas por este Gobierno, ni por el anterior,
ni por el anterior, pero es responsabilidad de este Gobierno corregirlas, evitarlas o prohibirlas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Matos, tiene que finalizar.
El señor MATOS MASCAREÑO: Eso lo sabe la banca, eso es lo que no hizo el Gobierno anterior y eso es lo que está haciendo este Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Iglesias Santiago pide la palabra).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Iglesias.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Pido la palabra en virtud del artículo 71 del Reglamento, por alusiones directas e inexactitudes del diputado.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Iglesias, he asistido al debate y alusiones personales no ha habido ninguna.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Ha dicho que la diputada hace el ridículo presentado su proposición. (Varios señores diputados: No, no).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por favor, silencio.
Señora diputada, aquí se han vertido expresiones de todo tipo, primero por usted y después por los portavoces. (Rumores y protestas). Por tanto, usted no ha sido aludida personalmente y no tiene la palabra, señora Iglesias. (Protestas).
Por favor, silencio.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL DESARROLLO DE UN MAPA DE CONOCIMIENTO. (Número de expediente 162/000474).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposiciones no de ley. (Continúan los rumores). Por favor, silencio. En primer lugar debatiremos la del Grupo Parlamentario Popular, sobre el
desarrollo de un mapa de conocimiento. Para su presentación tiene la palabra el señor Fernández Álvarez.
El señor FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Gracias, presidenta.
Señorías, uno de los rasgos negativos de nuestro sistema nacional de I+D+i es la dispersión de actores y de sectores en el ámbito del conocimiento. No es una opinión que exprese este diputado desde esta tribuna, es una opinión compartida
por la comunidad científica y que ha expresado también en múltiples ocasiones la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Esta dispersión acaba provocando en muchas ocasiones que se adopten decisiones estratégicas erróneas por parte de
los poderes públicos. Para evitar precisamente eso, que se tomen decisiones equivocadas, el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno de España a impulsar la creación de un mapa de conocimiento. ¿Qué es un mapa de conocimiento? Es una
herramienta que será sencilla y que nos permitirá saber de manera muy precisa quién, cómo y dónde se investiga y se innova en España. ¿A qué nos referimos con los múltiples que pueden llegar a estar dispersos? Hablamos de que a investigación e
innovación posterior no solamente se dedican desde la ciencia básica en el ámbito universitario, estamos hablando también de muchísimos parques tecnológicos, de departamentos de investigación de las empresas. Todos tienen que quedar perfectamente
sistematizados en este mapa de conocimiento. ¿A qué nos referimos con múltiples sectores en el ámbito del conocimiento? Se suele pensar erróneamente que solo se investiga y se innova en sectores de alto valor añadido relacionados con las
tecnologías de la información y la comunicación o con el sector farmacéutico, y no es verdad. Incluso industrias de corte tradicional, como la alimentación, la carpintería, la cerámica y la industria textil -muy importante en España- están
innovando muchísimo. Esas prácticas innovadoras tienen que quedar también perfectamente recogidas en el mapa de conocimiento. En definitiva este mapa nos va a permitir, como decía con anterioridad, sistematizar, ordenar sectores y actores de
nuestro conocimiento, y además les va a permitir a los actores comunicarse entre sí, saber qué buenas prácticas están desarrollando y conseguir que esas dos palabras que todo el mundo usa y que son tan bonitas pero a veces tan difíciles lograr,
generar sinergias y trabajar desde la transversalidad, sean una realidad. El mapa de conocimiento lo facilita. Va a mejorar también una de las carencias que tiene nuestro sistema nacional de I+D+i, la relación empresa-universidad. Va a ayudar a
difundir actividades. Va a permitir que los poderes públicos seamos capaces también de evaluar estas prácticas. Es una de las carencias seculares que tiene la gestión pública en España en comparación con los países de nuestro entorno. No hemos
sido capaces de tener sistemas de evaluación correctos. Se ha tendido muchas veces a evaluar exclusivamente en función de los recursos públicos que se dedican, y hay parámetros e indicadores mucho más fiables de cómo la investigación y la
innovación pueden llegar a ser genuinamente competitivas. Esto también lo hace el mapa del conocimiento.
Hay un último punto vital. El mapa del conocimiento también puede servir para que desde fuera, desde otros países, se sepa exactamente lo que estamos haciendo. Esto es importante, primero, para atraer inversiones y, en segundo lugar -esto
también es vital en la medida en que la exportación está salvando nuestra economía-, para que la gente de fuera sepa dónde puede adquirir y comprar innovación española. Es muy importante que desde fuera a través del mapa del conocimiento lo puedan
añadir a sus prácticas y a sus decisiones empresariales.
Para acabar, quisiera pedir apoyo al conjunto de grupos políticos para esta iniciativa. Debo avanzar que hemos aceptado una enmienda de adición de Convergència i Unió y una enmienda de Esquerra Republicana, que, en principio, nos ha
comentado que ha retirado la segunda que habían presentado. Hemos llegado a un acuerdo de transacción con el Grupo de La Izquierda Plural y pido al resto de los grupos de la Cámara que se sumen a este gran acuerdo. Es una política positiva;
insisto en que no nos la hemos sacado nosotros de la manga sino que emana de la propia comunidad científica. No es un brindis al sol ni una cuestión banal; es un instrumento potente que están utilizando desde hace algunos años los países que mejor
innovan en nuestro entorno y lo podemos asumir nosotros. Por tanto, cometeríamos un error y lanzaríamos un mensaje no demasiado positivo a la comunidad científica si en un asunto de esta
importancia no fuéramos capaces de trasladar un mensaje de unidad y no consiguiéramos que se aprobara por unanimidad esta iniciativa. Así deseo que sea.
Muchísimas gracias por su atención. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor diputado.
A esta iniciativa se han presentado una serie de enmiendas. En primer lugar, para la defensa de la que le corresponde, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar subrayamos algo que ustedes ya saben: su mapa del conocimiento, como cualquier otro mapa, nos provoca una cierta inquietud, porque normalmente no se corresponden con los nuestros. No obstante, consideramos
positivo -así lo estamos demostrando en las enmiendas a la ley de transparencia- que exista una base de datos del conocimiento y facilidad para su acceso, especialmente para aquello que se genera con dinero público. Por ello, presentamos una
enmienda a su proposición no de ley para que la publicidad de la información referida esté contemplada y regulada en la ley de transparencia e información pública, buscando -eso sí- un equilibrio entre el derecho y los beneficios de compartir el
conocimiento y los límites para salvaguardar la ventaja de la competitividad en las innovaciones. Por otro lado, esperamos que la realización de este mapa no sea utilizada para centralizar y unificar todos los modelos de I+D+i. En este sentido,
hemos de remarcar la existencia de un modelo catalán diferenciado y de éxito que, lamentablemente, queda relegado en las inversiones estatales por criterios de territorialidad más que por criterios racionales de eficiencia. Asimismo, nos preocupa
que la realización del mapa del conocimiento sea a costa de recursos de otras partidas de I+D+i que ya han sufrido demasiados recortes en los últimos años. De hecho, cualquier recorte sería un desastre teniendo en cuenta que el cambio del paradigma
productivo solo puede basarse en la I+D+i. Por ello, esperamos que el mapa del conocimiento sea desarrollado sobre la base de recursos existentes y, en su caso, de aquellos previstos para la ley de transparencia.
Finalmente, y vinculado con lo que hoy tratamos, en la segunda enmienda que hemos presentado subrayamos la importancia que tienen las becas de formación para jóvenes investigadores, como las becas de formación del personal investigador. En
tal sentido, reclamamos que se cumplan los plazos establecidos en la convocatoria. Es lamentable la incertidumbre y el desamparo vital en que se encuentra el personal investigador, que planifica su vida y su trabajo según estas becas, y luego su
resolución definitiva se retrasa. De hecho, este año debería haberse resuelto antes del 31 de julio pero se ha acabado resolviendo a finales de noviembre. Ya sabemos que esta mala praxis viene de Gobiernos anteriores, pero consideramos oportuno
corregirlo. Por cierto, esperamos que esta misma semana el Gobierno resuelva definitivamente las becas de formación de personal universitario. Por otro lado, nuestra enmienda reclama que se mantenga el presupuesto de becas suficiente para cumplir
con las plazas ofertadas, así como que se procure la continuidad de las líneas investigadoras después del doctorado. Consideramos que es una lástima que investigadoras e investigadores especialistas no puedan profundizar tras la finalización del
doctorado en investigaciones oportunas, que puedan ser eficientes y rentables, y por falta de financiación acaben inconclusas. Señorías, si acaso renunciaran a gestionarlo bien, si no quieren gestionarlo con criterio, no duden en traspasarnos las
competencias sobre estas becas. Les recordamos, por si lo habían olvidado, que es una competencia que nos corresponde desde el año 1979. De hecho, no tenemos ninguna duda de que lo haríamos mejor. En todo caso, a estas alturas de la historia
ustedes se preguntarán si vale la pena insistir como insistimos; yo les reconozco que no demasiado. Aun así la realidad es esta y esperaremos a ver cuál es la transaccional posible a nuestras enmiendas, que no son las únicas; vamos a esperar a
ver a lo largo de la tarde cuál es la transaccional que pueda salir resultante. Aunque no se aceptara parte de nuestras enmiendas y aun reconociendo que el tema de las becas es un asunto colateral -se lo reconozco-, nadie puede negar que afecta
directamente al núcleo de las potencialidades investigadoras de nuestra ciudadanía.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.
Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señorías, es obligado que mis primeras palabras sean de reconocimiento a una universidad pública que está siendo acusada por el actual ministro de ineficaz, cara e inútil, cuando muy al contrario los estudios
internacionales muestran que nuestra docencia y productividad científica son equiparables a las de los países de la OCDE, a pesar de que la inversión en nuestro país supone unos recursos anuales un 20 % inferiores, y todo ello se consigue en la
universidad pública con un coste por alumno o alumna un 25 % más bajo que el de la privada.
La crisis, ese paraguas que todo ampara, es la excusa a la que se acogen para efectuar recortes a las universidades públicas, en el CSIC, en los OPI, volviendo a esquemas elitistas de años atrás, sometiendo sus objetivos a la satisfacción de
los intereses de los sectores económicos, más alejados del conocimiento profundo y la I+D+i. El arraigo económico es una realidad; los presupuestos de todas las administraciones competentes lo refleja. Se ha despedido a un número significativo del
personal universitario, tanto PDI como PAS. Por eso desde esta tribuna manifestamos una vez más nuestra solidaridad con las acciones que las trabajadoras y trabajadores de estos centros estarán llevando a cabo mañana con concentraciones en diversas
universidades.
Paso a referirme al tema de la iniciativa de hoy. Ha llamado poderosamente nuestra atención que, habiendo como hay mapas previos recogidos en sucesivos planes nacionales de investigación, que suponemos que llevarán los correspondientes
inventarios realizados por las distintas comunidades, y con lo que está cayendo en el ámbito educativo, el Grupo Popular traiga hoy una iniciativa de estas características. En cualquier caso, mi grupo siempre ha abogado por la elaboración de un
mapa del conocimiento, y en principio -pese a las deudas que sus actuaciones nos deparan- si aceptan nuestra enmienda votaríamos a favor de la iniciativa. Si bien, como es lógico, tenemos reparos, que vienen dados por esa falta de compromiso con lo
que ustedes mismos proponen, desgraciadamente, porque ya viene siendo habitual, casi costumbre, que hoy propongan una cosa y segundos después la contraria o simplemente ninguna. Señorías, nos preocupa que se despilfarre el trabajo previo ya
realizado, por eso solicitamos que con antelación se revise y se incorpore en los mapas y estudios ya realizados por los anteriores planes nacionales, como decía anteriormente -tercero, cuarto y quinto-, así como los realizados por las comunidades
autónomas, orientando los mismos hacia las más modernas hojas de ruta, donde se identifican las tendencias a corto y a largo plazo y que sirven tanto para la investigación básica como aplicada. Esperamos y deseamos que estos mapas de investigación
no sean la cabeza de puente para establecer un ranquin público de centros de investigación basado en patentes, resultado de investigación, etcétera, y menos aún para privatizar, perdón, privatizar no, externalizar otra función dentro de I+D+i.
Señorías, hemos puesto sobre la mesa nuestras dudas, ese agnosticismo que nos caracteriza y que ustedes, desgraciadamente, alimentan día a día. Pese a ello, hoy haremos dejación del mismo. Espero y deseo que no tengamos que arrepentirnos.
Si aceptan nuestra enmienda, tal y como dije, votaremos a favor. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora García Álvarez.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, en primer lugar, quiero hacer una valoración positiva respecto a las intenciones de la proposición no de ley que presenta el Partido Popular y al debate que nos plantea. Un debate en torno a la
innovación y al conocimiento, que echamos en falta, y mucho, en la actividad parlamentaria y que, en cambio, es imprescindible tanto en términos de reactivación como de competitividad y crecimiento de nuestra economía. Estamos obligados a impulsar
la competitividad de nuestra economía a través de una mayor y mejor transferencia y de una mayor y mejor innovación. Hemos de ser capaces no solo de continuar fomentando la investigación, sino de poner al servicio de nuestro tejido productivo, de
nuestra economía, todos aquellos instrumentos que impulsen la actividad innovadora y fomenten la transferencia del conocimiento. Hoy aún son dos déficit estructurales que estamos obligados a reconducir.
Respecto a la proposición no de ley que debatimos, si bien coincidimos en el debate, quiero manifestar un cierto escepticismo respecto a alguna parte del contenido de esta proposición, especialmente por tres motivos. En primer lugar, por la
ambigüedad que presentan algunos puntos contenidos en la iniciativa, que distan de ser concretos y, por tanto, difícilmente medibles y valorables; en segundo lugar, por la falta de referencia a las comunidades autónomas, que son parte fundamental
del entramado del conocimiento y de la innovación; y en tercer y último lugar, por manifestar una cierta desconfianza, ya que a pesar de que las ideas contenidas en este mapa del conocimiento pueden entenderse como un punto de partida hacia
una mejora de las políticas de investigación, desarrollo e innovación, también es cierto que las mismas pueden fácilmente quedar reconducidas a una mera fotografía cartográfica si el Gobierno no acompaña a esta propuesta de políticas
concretas y de otras medidas de estímulo a la I+D+i y actúa en consonancia con ellas. En este sentido, el grupo parlamentario que represento quiere pedir coherencia al Gobierno y que aproveche esta propuesta para llevar a cabo un verdadero giro a
favor de la I+D+i, considerándola parte esencial del crecimiento y de la competitividad de nuestra economía, un cambio cualitativo y cuantitativo, es decir, de recursos, que sin duda implica no recortar más en estos ámbitos, que llevan padeciendo
constantes recortes desde 2009. Debe ponerse fin a esta dinámica negativa que está continuando también en esta legislatura. Las reducciones aplicadas en los últimos ejercicios, señorías, son especialmente graves. Es necesario, por tanto, una
visión de futuro en estos ámbitos, una visión más estratégica, como se plantea en la propia exposición de motivos. Pero esta visión más estratégica para la innovación va vinculada a la priorización de recursos hacia las políticas de I+D+i, y este
ha de ser, a nuestro entender, el primero de los cambios. Desde esta perspectiva de mejora integral, Convergència i Unió puede compartir el planteamiento de esta propuesta entendiendo que el contenido de la misma es un primer paso hacia más y mejor
investigación, desarrollo e innovación, que pretende ganar eficiencia informativa y mejoras en la gestión sobre la base de un mapa que permita un mayor aprovechamiento de los recursos actuales existentes en el territorio del Estado.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a fin de clarificar que estas mejoras que se plantean se hagan en todo momento contemplando la diversidad y la especificidad tanto del sistema de I+D+i como del territorio del Estado, y
pasa también ineludiblemente por reconocer el papel de las comunidades autónomas en su aportación y gestión del conocimiento y de la innovación. Nuestra enmienda también expresa la necesidad de que, para el correcto funcionamiento de este mapa, se
actúe en colaboración con los distintos agentes del sistema afectados e implicados en las políticas de I+D+i y reitera el máximo respeto, como decía antes, hacia las competencias en la materia que hayan sido asignadas a nivel autonómico. Por
último, nuestra enmienda también propone la supresión del término homogéneo, que se utiliza en el apartado 3, a fin de evitar posibles interpretaciones que vayan en la dirección de la uniformidad o centralización.
Agradecemos que esta enmienda -tal y como ha manifestado el portavoz del Grupo Popular en la presentación de la proposición no de ley- haya sido aceptada. Esperamos que, tal y como he comentado antes, esta proposición no de ley pueda
constituir un punto de inflexión en las políticas de I+D+i, en las apuestas por el conocimiento, la transferencia y la innovación, es decir, que sea un punto de inflexión hacia el crecimiento y la competitividad de nuestra economía y que, de
marginales, las políticas de I+D+i pasen a ser prioritarias. Este es nuestro deseo y creemos que también la necesidad de nuestra economía.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a fijación de posición. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Ya le anuncio al portavoz del Grupo Popular que vamos a apoyar su proposición no de ley, pero no me resisto, porque me parece que no sería adecuado, a hacer algunos comentarios al hilo de lo que realmente propone. Por supuesto, compartimos
la idea de mejorar los instrumentos de comunicación y de conocimiento de qué es lo que se hace en investigación, como en cualquier otra cosa. Tiene que ver con políticas de transparencia, tiene que ver también con crear redes aprovechando la
existencia de Internet para poner en contacto a diferentes grupos, a empresas, a grupos de investigación, etcétera, pero tiene muy poco que ver con la política científica, y creo que hay que decirlo. Cuando leí lo del mapa del conocimiento pensé
que igual era una propuesta para hacer un mapa de conocimiento antes de que se acabe el conocimiento. Igual es un mapa como los medievales, donde aparece conocimiento hay que poner terra incognita, hic sun leones y cosas de estas, porque, claro,
con una política de recortes tan brutal precisamente en el campo de la I+D+i en España, donde nos encontramos tales desigualdades en el gasto, la inversión y, por poner un ejemplo muy reciente, salvar cajas de ahorro o bancos quebrados sin ninguna
justificación desde el punto de vista de la política económica, y en cambio volver ocho o nueve años atrás en lo que es la inversión en los Presupuestos Generales del Estado en I+D, no sé qué mapa vamos a hacer. Igual ese mapa debería tener una
parte arqueológica en la que incluiríamos aquellos proyectos de investigación y grupos de investigación que han desaparecido o están a punto de desaparecer por los recortes injustificables en lo que debería ser una política de Estado prioritaria.
Convendría repetirlo
ahora que ustedes proponen hacer un mapa del conocimiento. Claro que está muy bien y es muy encomiable poner en relación las empresas con las universidades, los OPI y diferentes entidades de investigación, pero no nos engañemos, lo sabe
todo el mundo, este es un país que todavía no tiene un desarrollo industrial suficiente para que sea la industria privada la que se ocupe de la investigación, no digo ya de la básica, que por supuesto no les interesa, sino de la aplicada. Hacer
investigación en España significa básicamente invertir en recursos humanos y en equipos de investigación, que todo el mundo sabe que tarda mucho tiempo en consolidarse y que es importante proteger porque son básicamente capital humano y know how.
No digo que ustedes con la excusa de la crisis quieran acabar con la investigación, no voy a hacer una acusación tan idiota, simplemente les llamo a la coherencia y la congruencia. Ya que ustedes son el grupo que apoya al Gobierno, hablen
con él porque a los demás no nos hacen el menor caso. Explíquenles que está muy bien hacer un mapa de conocimiento pero que para que ese mapa sirva para algo, primero hará falta preservar, cultivar y aumentar el conocimiento. En una situación de
crisis como la actual, quizá no se pueda invertir más en muchos capítulos, pero por lo menos hay que mantenerlos. Hay que mantener las aportaciones de España a organismo internacionales como el CERN de Ginebra y no bajarla; hay que mantener por lo
menos los grupos que son estratégicos y los OPI fundamentales; hay que mantener al CSIC, con una reforma administrativa si se quiere para que su funcionamiento sea más transparente y más eficaz. ¿Qué vamos a hacer, un mapa de conocimiento como si
fuera el mapa de las instituciones del Jurásico, lleno de crucecitas? ¿Había un magnífico proyecto de biomedicina no sé dónde, pero ya nos lo hemos cargado? Esto no es posible. En cuanto al mapa no sé qué va a decir la comunidad científica porque
no voy a tener la pretenciosidad de decir que pertenezco a la misma -aunque alguna relación tengo-, pero les va a hacer gracia. Como les pasó a ustedes hace poco en la entrega de unos premios a científicos, que se les rebelaron y les dijeron:
Gracias por darme un premio, pero hubiera preferido que me mantuvieran ustedes el contrato de investigación.
Por eso, siendo una idea que vamos a votar favorablemente, no deja de ser una idea como presentar aquí, yo qué sé, una moción para erradicar el hambre en el mundo o para que los niños sean felices. ¿Quién va a decir que no? Todos diremos
que sí porque forma parte de la civilización, pero ¿qué mapa estamos haciendo? ¿El mapa de la destrucción del conocimiento? ¿El mapa de un país donde sí hay recursos para salvar ahora al Banco de Valencia -lo último estimado son unos 4.500
millones de euros-, cuando ustedes saben como todo el mundo que con esos 4.500 millones de euros se salvaría el 100 % del sistema de investigación español, porque en realidad es un sistema que en general necesita poco dinero y sin embargo está
siendo sacrificado? Por eso decía que vamos a aprobar aquí el mapa de conocimiento de un cementerio, lo cual no deja de ser una noticia sarcástica y de bastante mal gusto para acabar el año.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Cortizo.
El señor CORTIZO NIETO: Señora presidenta, señorías, habría que decir mapa del conocimiento menguante, porque el conocimiento en función de la política del Gobierno respecto a este sector está siendo de tal calibre que quizá habría que
enmendar esta proposición en el sentido de que se den prisa en hacer el mapa porque hay el riesgo de que al final no haya nada que poner en el mismo. El Gobierno que agrede más duramente a la ciencia y la tecnología del país; que con su política
está provocando el exilio investigador de miles de jóvenes investigadores; que está provocando el cierre de programas de investigación; que está provocando un retroceso de muchos años, de decenios, en el sistema de ciencia y tecnología español,
quiere hacer un mapa. Pues nada, hagamos un mapa, menguante, pero mapa al fin y al cabo.
Quizá el hecho de que los mapas de conocimiento sea una forma estructurada de acceder a la información relevante y por tanto útil, nos debería llevar a votar afirmativamente esta proposición no de ley, pero su contumacia en la destrucción
del conocimiento, no solo en el ámbito del I+D+i sino en todo el sector educativo, nos debería llevar a votar que no. Su incongruencia cuando en la introducción de esta PNL dicen que el conocimiento es la base del crecimiento y del desarrollo,
debería llevarles a no priorizar el mapa y a priorizar los recursos que se dedican a la generación del conocimiento. Esto me lleva a recordar la primera intervención de este Pleno y señalar también que haría falta un mapa del conocimiento para
algún señor diputado, tanto en las fechas de la presentación de las iniciativas como de las cosas que
desde aquí se dicen. Todo para terminar preguntando si están ustedes bien. Nosotros estamos bien, pero yo recordaría a aquel gran personaje público que preguntaba: ¿Cómo están ustedes? Sería más eficaz.
Quizá ustedes piensen y asuman la doctrina Wert, esa de soy un toro bravo que se crece con el castigo, pero la ciencia no es un toro bravo que se crece con el castigo, salvo que haya que correlacionar esa asunción de carácter de toro bravo
del ministro de Educación, de conocimiento por tanto -y anda que está ejerciendo su faceta también de destructor-, con lo que dijo el señor Gallardón de gobernar es repartir dolor. Pues entre Gallardón repartiendo dolor y Wert creciéndose con el
castigo, yo ya me imagino los trajes de cuero. (Risas.-Aplausos).
La verdad, señores diputados, causa perplejidad ver que ustedes quieren hacer un mapa del conocimiento cuando están tan empeñados en los presupuestos en borrar todo conocimiento del mapa. Es un contrasentido; borran el conocimiento, hacen
lo posible por destruir parte del conocimiento de este país, por destruir los mecanismos de generación de conocimiento que tanto ha costado construir, pero quieren hacer un mapa. Votaríamos que no como símbolo de protesta frente a esa política
destructiva, frente al carácter menguante de ese mapa del conocimiento que quieren hacer, pero vamos a tener un ataque de sensatez (Un señor diputado: ¡Por una vez!), a pesar de sus incongruencias, de sus incoherencias y de sus cambios de paradigma
que ni Thomas Kuhn fue capaz de imaginar de tal manera, y ver únicamente la utilidad del mapa del conocimiento. Por más que no sea prioritario para el país, cuando se está produciendo una política destructiva en ese ámbito; por más que sea una
cortina de humo para ocultar el fondo del problema del conocimiento, de la I+D+i en este país, que son las políticas que ustedes están desarrollando, vamos a ser solidarios con el país, vamos a prescindir de una ocasión para ponerles en evidencia y
vamos a permitir que se vanaglorien de haber conseguido un amplio respaldo a la propuesta del mapa del conocimiento, pero lo hacemos...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cortizo, tiene que finalizar.
El señor CORTIZO NIETO: Acabo, señora presidenta.
Lo hacemos desde la convicción de que son ustedes unos Atila de la I+D+i en este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cortizo.
Señor Fernández, ¿aceptación o rechazo de las enmiendas?
El señor FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Estamos negociando con el conjunto de los grupos un texto transaccional.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pues hágalo llegar a la Mesa antes de la votación.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MECANISMOS PARA FACILITAR LA LIQUIDEZ DE LAS UNIVERSIDADES. (Número de expediente 162/000398).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre mecanismos para facilitar la liquidez de las universidades.
Para su presentación, tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA PALACIOS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, las universidades no son una excepción en el escenario de dificultades económicas y financieras que afectan a los organismos públicos de todas las administraciones. En este panorama de escasez de financiación para todas las
administraciones públicas las universidades también se resienten; se resienten no solo por las reducciones presupuestarias y por la restricción de acceso al crédito comunes a todos los entes públicos, sino que además sufren los recortes en las
políticas de I+D+i y en otras partidas presupuestarias específicas, así como las consecuencias negativas de normas recientes como los distintos decretos-leyes, de cuya aplicación se ha derivado una merma evidente de derechos fundamentales, además de
en la sanidad y en la educación.
La situación económica de muchas universidades públicas españolas está fuertemente condicionada por el retraso en las transferencias a las administraciones autonómicas que pueden generar tensiones de tesorería y en general dificultades de
liquidez, especialmente para hacer frente a la retribución de sus
trabajadores y atender los pagos a proveedores de servicios básicos para su funcionamiento. Los recortes presupuestarios durante estos meses han incidido sobre todo en transferencias corrientes a universidades directamente o por medio de
las comunidades autónomas, a las que se les ha encomendado que soporten la parte más onerosa de los presupuestos universitarios y que, en aras de sus competencias y de acuerdo con las propias universidades, decidan por ejemplo la cuantía de las
tasas. En algunas comunidades autónomas se ha hecho un sacrificio bastante notable con el fin de evitar desigualdades a la hora del acceso a las aulas o de la permanencia en ellas. Si la cifra total de matrículas baja o si, lo que es más probable,
los estudiantes solo optan al mínimo de créditos académicos requeridos -siendo esta una de sus principales fuentes de ingresos de financiación-, si se ha reducido el número de becas y ayudas al estudio y su cuantía -las de FPU, Erasmus, Séneca
movilidad, etcétera-, si se han incrementado las tasas universitarias y, sobre todo, si a las comunidades autónomas se les han detraído cantidades respetables en transferencias corrientes, el panorama que se presenta es muy sombrío para las
universidades, pero no en el futuro sino en el presente, es decir, ya están ahogadas, ya están asfixiadas. La incidencia de estas contingencias en la financiación de las universidades públicas podrá evaluarse cuando conozcamos las cifras
definitivas de matrícula, o mejor del número de créditos académicos a los que no han podido acceder los alumnos por razones económicas o porque la exigencia de los requisitos académicos se alteró cuando el curso ya estaba casi concluido.
El Gobierno viene adoptando medidas de apoyo, no del todo suficientes, a la liquidez de comunidades autónomas y corporaciones locales mediante anticipos de tesorería o mecanismos extraordinarios como la línea ICO-vencimientos o el Plan de
pago a proveedores. Sin embargo, estos mecanismos extraordinarios no están previstos para las universidades y si lo están en las comunidades autónomas es con una prioridad muy baja, prácticamente al final. Habría que arbitrar el medio para que las
comunidades autónomas pudieran transferir a las universidades con mayor rapidez. Hasta el momento estos fondos que tienen previstos tanto para una u otra cosa no han podido utilizarse para las universidades como mecanismos de refinanciación de la
deuda, porque las universidades por sí mismas no tienen capacidad para acceder a estos fondos. Algunas comunidades autónomas han solicitado el FLA, no todas. Para poder paliar la falta de liquidez en las universidades habría que tener una idea
general de todas las universidades españolas. La persistencia de los referidos problemas de liquidez y financiación de las universidades puede incidir en el deterioro -y estará incidiendo ya- del sistema universitario, y así lo están manifestando
constantemente y con gran preocupación los rectores, tildando de auténtica asfixia su situación.
El Grupo Parlamentario Socialista no puede ni debe mantenerse al margen de las dificultades y penurias que están sufriendo nuestras universidades públicas, a veces tan injustamente tratadas en algunas instancias políticas y por algunos
medios de comunicación, que muchas veces por desconocimiento evalúan las universidades sin tener en cuenta los distintos tipos de financiación que hay entre unas y otras. Comparar Harvard con cualquiera de las universidades españolas es
sinceramente ridículo, no se puede comparar de ninguna manera.
Solicitamos una solución específica para las universidades, independientemente de en qué comunidad autónoma se ubican y de si esa comunidad ha pedido o no fondos de liquidez autonómica. Los problemas de liquidez son comunes y similares a
todas las universidades y su mayor o menor necesidad depende de cuestiones como el tamaño, la actividad investigadora, la capacidad que tienen para atraerse otros medios de financiación a determinados proyectos, etcétera. Esta solución tiene que
tener carácter de urgencia porque la situación de la universidad es de angustia, y aunque estén ahorrando en gastos corrientes, como por ejemplo cerrando en vacaciones, etcétera, lo próximo será que peligren las nóminas de su personal, si no lo
están haciendo ya. Un personal que, por cierto, está muy castigado por la reducción en sus percepciones salariales y, lo que es peor, porque se siente sumido en la frustración y el pesimismo sin ningún aliciente.
Hasta ahora, el Grupo Parlamentario Popular que sustenta al Gobierno no ha presentado ninguna alternativa concreta y mucho menos urgente para una situación que empeora cada día que pasa. De nos ser atendida esta petición de auxilio,
pensemos, si les parece mejor con criterios economicistas, en el indudable impacto económico que sufre el territorio en el que están ubicadas las universidades. En algunas ciudades -por ejemplo Granada y Salamanca- la vida universitaria determina
en una gran parte su desarrollo económico. Tal vez sería exagerado decir que viven de las universidades pero, sin duda, las universidades suponen para estas ciudades y para otras muchas más un importante motor económico para la ciudad en la que se
localizan. Por esto, les repito: busquen soluciones específicas y concretas que faciliten su financiación y les permita afrontar sus problemas de tesorería para paliar la situación económica
en la que están sumidas las universidades públicas españolas. No nos hagan creer que al cortarles el grifo financiero, en realidad lo que están acariciando es la tentación de privatizarlas. Demuestren que les preocupan de verdad las
universidades públicas, en las que se forman en gran medida quienes van a ser capaces de tornar el modelo productivo. Faciliten que pasemos del ladrillo al libro o del ladrillo al laboratorio, si no tendremos que denunciar la falta de compromiso
del Partido Popular y de su Gobierno por las universidades públicas, y esto sinceramente no nos gustaría; por lo menos al Grupo Socialista no le gustaría en absoluto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señor VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Costa.
A esta iniciativa se han presentado enmiendas. En primer lugar, para la defensa de las del Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta, seré breve.
Hemos presentado dos enmiendas a esta proposición no de ley. Compartimos la propuesta, pero creemos que habría que mejorarla en dos cuestiones muy concretas. Una, exigiendo al Gobierno que actúe con celeridad; exigimos el carácter urgente
de esta medida. La otra enmienda que planteamos es que sea a un interés del cero por ciento, que no suponga un mayor gravamen para las universidades acceder a estos créditos, que no los tendrían que pedir -estas ayudas no las tienen que pedir por
su mala gestión sino por la mala gestión de otras comunidades autónomas-, esperando que al menos así no les pase lo que les sucede a los ayuntamientos, que han tenido que pedir ayuda y que están pagando unos considerables intereses en estos planes
de ayuda.
Me consta que el Partido Popular está tratando de llegar a un acuerdo en la negociación de estas enmiendas. Por parte del Grupo de La Izquierda Plural, nuestra predisposición es que esta Cámara alcance un acuerdo unánime, pero siempre que
al menos estas dos cuestiones que planteamos se vean reflejadas en alguna medida: la exigencia al Gobierno de que actúe con celeridad y la exigencia de que no supongan una mayor carga, un mayor gravamen en los intereses a las operaciones que tengan
que hacer las universidades. En la medida en que eso se vea asumido en la propuesta, este grupo se sumará a una transaccional que se pueda elaborar. Lo haremos desde una desconfianza en que al final el Gobierno acabe incumpliendo con lo que desde
esta Cámara se le insta con absoluta mayoría, cuando el Grupo Popular, el grupo mayoritario que da soporte el Gobierno, vota a favor de las propuestas. Mi grupo presentó no hace demasiadas semanas una proposición no de ley en la que se pedía que se
adecuasen las pensiones a lo que marca la legislación vigente, el Partido Popular la apoyó y ahora nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de que el Gobierno no atiende los requerimientos de esta Cámara, algo que en democracia resulta muy
difícil de entender. Esperamos que de alguna forma el Gobierno arbitre las medidas necesarias para que este país no se ahogue. Ahora estamos viendo una cuestión concreta, y es que si tuviésemos una banca pública, como desde los bancos de la
izquierda defendemos, simplemente con que se le diese una orden para que financiase este tipo de operaciones nos evitaríamos muchísimas disquisiciones; sin embargo, tenemos que estar recurriendo a operaciones especiales y a iniciativas específicas
del Gobierno.
Esperamos que no haga falta una marcha de rectores como la que se ha emprendido hoy por parte de la discapacidad en el País Valenciano, Comunidad Valenciana o Reino de Valencia -para nosotros, País Valenciano-, una segunda marcha por la
discapacidad que ha empezado esta misma mañana, o que no haya que encadenarse a las verjas delante de la Generalitat durante dos noches, como ha hecho Elvira Murcia, una gran mujer, que después de ese sacrificio ha conseguido que la Generalitat
Valenciana atienda y ponga oído al menos a sus requerimientos de impagos.
Las administraciones autonómicas, y en particular la valenciana, han tenido una gestión nefasta durante demasiado tiempo y han arrastrado a muchos otros sectores, a muchas otras administraciones, como la municipal o las universidades, a una
situación desastrosa y lamentable. Desde nuestro punto de vista, hacen falta no solamente unas líneas especiales de crédito del ICO o unas líneas especiales para pagar a proveedores, hace falta un cambio estructural en las políticas económicas de
este país para salir de esta crisis.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.
Para defender la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Moro.
La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias.
Señorías, en la iniciativa socialista que se ha presentado se defienden muchas cuestiones, al menos en los antecedentes así se hace, y después se concreta en la propuesta de resolución. Se habla de calidad, de internacionalización, de
colaboración, de interacción universitaria, etcétera. Después se insiste en la idea de liquidez, aunque, como ya hemos hablado la portavoz y yo en distintas ocasiones, se mezclan aspectos de financiación en general y de programas en particular que
no son liquidez en ninguno de los dos aspectos. Esto ya tuve ocasión de comentarlo en el debate en Comisión Dije -y vuelvo a reiterarlo- que la cuestión de la financiación de las universidades no es nueva, diría incluso que es tan antigua como las
universidades, del mismo modo que han de diferenciarse los temas que se hacen notar en su iniciativa, porque solo de esa manera podremos ser eficaces.
Es verdad que se ha emprendido una táctica -no lo digo en este caso por la portavoz del Partido Socialista- en general por ciertos grupos de la oposición consistente en hacer un totum revolutum de cuestiones diversas y distantes y así
olvidarse del tema competencial, hacer caso omiso de las múltiples causas determinantes de la endémica o de la puntual falta de liquidez de algunas universidades para no atender a los problemas de base, siendo así injustos con aquellos que han hecho
un buen trabajo y lo siguen haciendo a pesar de las dificultades.
Tratando de forma breve de poner un poco de claridad en todo esto, me gustaría decir que no hay que olvidar que el Gobierno y este grupo son conscientes de las dificultades económicas que también afectan a las universidades, pero estas
dificultades económicas no se producen en 2011 ni en 2012, sino que vienen de tiempo atrás. El Gobierno lo sabe y no rehúye su estudio y su planteamiento. Por eso le encomendó al comité de expertos que viene trabajando desde el mes de abril un
informe sobre los problemas más significativos, entre ellos, estudiar también el tema de la adecuada financiación universitaria. No ha dejado de trabajar, de hablarlo o de enfrentarlo en la Conferencia General de Política Universitaria o en el
Consejo de Universidades. Sin embargo, la cuestión, como digo, no es sencilla. Es acuciante, pero no para todas las universidades. Es acuciante para algunas universidades.
Si nos remontamos a los últimos cinco años, veremos que las universidades se encuentran, como tantas entidades e instituciones, con problemas de liquidez por sobreendeudamiento, vinculados o no a una mala gestión, con problemas de
financiación insuficiente y con problemas de desajuste en el momento de las transferencias de fondos por parte de la comunidad autónoma de referencia, ese desajuste entre el momento en que debe producirse la transferencia y cuándo se han contraído
las obligaciones o ha de hacerse efectivo el pago. Son los propios rectores los que permiten deducir que esto es así, que no están todos en la misma situación, que en ocasiones su problema es de insuficiente o inadecuada financiación, que en otras
es de endeudamiento e incluso que en ocasiones, como una de las más significativas de Madrid, es debido al recalcitrante incumplimiento de la normativa vigente por parte de los gestores universitarios. Eso, claro está, también determina problemas
de tesorería.
Sin ir más lejos y para tratar el tema con total objetividad, basta leer el reciente comunicado sobre la materia de los rectores de las universidades públicas andaluzas para comprobar que ellos mismos dicen literalmente: nuestro problema
-el problema- no es de índole presupuestaria, pero en la liquidación de 2011 las transferencias realizadas por la Junta de Andalucía solo alcanzaron al 60 % de las previstas. Ese problema no se ha corregido en 2012, sino que se ha visto aumentado
como consecuencia de las dificultades de liquidez del conjunto de las administraciones, hasta el punto de que en declaraciones en prensa rectores andaluces cifran en más de 750 millones esa demora de pago en las transferencias. Parece lógico que se
encuentren en una difícil situación.
Sin embargo, es curioso también que estos problemas ya se denunciaban por algunos rectores de la Comunidad Valenciana o de otras comunidades en el año 2007, problemas de desajuste que determinan problemas de tesorería. Curiosamente, en una
nota de prensa de la CRUE del 27 de octubre de 2011 y ante las administraciones ministeriales en materia de universidades hacen un llamamiento leve a las administraciones central y autonómica para que sigan esforzándose para que la liquidez no les
cercene la posibilidad de investigar. En solo tres meses, el 18 de enero de 2012, la CRUE pasa de ese leve toque de atención a declarar que no podemos permitir que los problemas de financiación deterioren el sistema universitario. Es llamativo que
en tres meses haya existido el problema. No es verdad; sabemos que el problema, diverso, distante, por muchas causas, procede de tiempo atrás y no se adoptaron las medidas oportunas. En este elenco no podemos poner en el mismo saco, por tanto,
universidades que, como la propia portavoz del PSOE decía, han buscado fuentes de financiación, se han esforzado en programas competitivos, han hecho programas de estabilidad presupuestaria y de austeridad, han firmado contratos-
programas con otras, como la Complutense de Madrid, que con sus dos últimos rectores ha pasado de endeudamiento cero a endeudamiento de 150 millones de euros.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Moro, tiene que finalizar.
La señora MORO ALMARAZ: Termino enseguida, señora presidenta.
O el rector actual de la Complutense que, en contra de las previsiones del Gobierno que están atendiendo tantas universidades, como no podía ser de otra manera, ha sacado 184 plazas, yendo en contra, por tanto, del criterio del 10 % de la
tasa de reposición, porque suponemos que no ha habido una baja en la Complutense de 1.840 profesores.
¿Debe abordarse este tema que nos plantea con rigor por las administraciones competentes, siendo las primeras administraciones competentes las comunidades autónomas? Sí. ¿Hay cauces institucionales para que la coordinación del Gobierno
haga fructífero ese estudio y tome las medidas más adecuadas a las universidades en función de su situación? Sí, la Conferencia General de Política Universitaria. El Gobierno es consciente del problema, no hay una única razón, no podemos tratar a
todas las universidades y comunidades de forma idéntica. Por eso ofrecemos esa enmienda de sustitución, una enmienda de sustitución en la que ponemos de manifiesto que hay problemas, que hay que analizar los problemas y que hay que analizarlos con
inmediatez. Deben analizarse, y esto -lo he hablado con la portavoz socialista- lo podemos añadir en la Conferencia General de Política Universitaria, y allí las administraciones competentes decidirán lo que es más oportuno en cada uno de los
casos. En absoluto Complutense, Salamanca, Granada, Valencia o Carlos III de Madrid son lo mismo, como su señoría sabe.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Moro.
Pasamos al turno de fijación de posición. En primer lugar, Grupo Mixto, señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
Supongo que no cosecharé tantos aplausos por parte del Grupo Popular porque las universidades públicas se enfrentan a tres problemas: la escasez de recursos, el retraso en los pagos de las administraciones públicas y los intereses
devengados por los retrasos. Pretender que la solución es que se les preste dinero teniendo que pagar intereses al Estado en vez de reivindicar el pago de la deuda y que este pago incluya los intereses devengados, que son deuda ilegítima, no nos
parece la gran solución. Desde Compromís-Equo no nos vamos a oponer a que se pongan a disposición de las universidades públicas mecanismos con los que se pueden ahorrar intereses, pero nuestra reivindicación es otra: que las administraciones
paguen a las universidades públicas la deuda junto con los intereses, y a ello hemos de sumar que se les ha de compensar por la pérdida de recursos económicos derivados del incremento de las tasas en un 33 %. La consecuencia ha sido la reducción de
matrículas, los alumnos ya no pueden seguir estudiando y los ingresos de las universidades han caído. Es decir, no solo cuentan con un menor presupuesto este año, sino que además sus ingresos por tasas se han reducido porque hay menos estudiantes
que las pueden sufragar, dejando a gente sin posibilidades de acceder a la universidad pública. Como muestra, un botón: la Administración valenciana, donde el PP lleva gobernando diecisiete años seguidos, debe a la universidad de Valencia 309
millones de euros, 309 millones, y el Ministerio de Educación, 3 millones de euros. Los retrasos en sus pagos son intereses, deuda ilegítima que asfixia a nuestras universidades y que no para de crecer. Esta mala gestión solo tiene un objetivo:
un cambio de modelo en el que solo los hijos de la élite puedan acceder a los estudios; pura ideología. En un documento de la FAES, de donde tanto bebe el PP, llegan a comparar las universidades y el sistema de educación con los servicios de
restauración. Es brutal.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví, tiene que finalizar.
El señor BALDOVÍ RODA: Me quedan quince segundos.
Comparan las universidades con el servicio de restaurantes, y este y no otro es el quid de la cuestión, que el PP no acaba de comprender la relevancia que para la competitividad, para el avance del Estado y para salir de la crisis tienen
nuestras universidades. Paguen, señores del PP, paguen y nos evitaremos muchos problemas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Señora Oramas, por el mismo grupo.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, la disminución en un 18 % de las partidas para educación superior en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y el ajuste en más de un 80 % en los gastos no financieros en I+D+i supondrá, según los rectores, un
deterioro irreparable del sistema de investigación, desarrollo e innovación que llevará a nuestro país a la pérdida del tren de desarrollo tecnológico hipotecando la investigación y los mayores avances en la frontera del conocimiento. A la férrea
unidad de todos los rectores para escenificar su honda preocupación por los recortes se suman las manifestaciones públicas de la inmensa mayoría de la comunidad educativa. La iniciativa que hoy presenta el PSOE es una opción que el Gobierno debería
estudiar para frenar el deterioro de los estándares de calidad educativa como consecuencia de unos ajustes realizados a ciegas y sin pensar en sus consecuencias para el presente y el futuro de muchas generaciones. El Gobierno, pese a las protestas
de la comunidad educativa, ha optado por no escuchar a los principales actores del sistema y seguir adelante con unos recortes inasumibles y que sin duda causarán un daño irreparable a tres de los grandes pilares de la universidad: la docencia, la
investigación y la innovación. Están caminando en sentido contrario a su promesa de que nuestro país debe basar su progreso en el conocimiento. ¿Cómo pretende el Partido Popular y el Gobierno cumplir su promesa si cercena el futuro de la educación
superior y la I+D+i con recortes que hacen inviable su funcionamiento? Y sin conocimiento, como denuncian los rectores en su comunicado conjunto, no habrá progreso en un país que ha asistido en los últimos años a una fuga de cerebros con la que
hemos dejado escapar gran parte de nuestro potencial de futuro. El Gobierno debe dar un giro en su política antes de que sea demasiado tarde. Si las universidades fracasan, fracasaremos todos y el Gobierno será responsable de dejar sin futuro a
los jóvenes a los que se cierran puertas en España y cuya única salida es emigrar a otros países.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Oramas.
Señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Desde el Bloque Nacionalista Galego no nos oponemos en absoluto a que se articulen o arbitren determinados mecanismos para facilitar liquidez a las universidades, pero pensamos que esa es una medida transitoria
que no va a solucionar el problema en origen. El problema en origen, en gran parte, está en un Gobierno que pone en práctica medidas de recortes brutales, tal y como coincidieron en afirmar a primeros de este mes de diciembre todos y cada uno de
los rectores y rectoras de las universidades del Estado español y, por tanto, no se va a solucionar solamente con este tipo de mecanismos absolutamente transitorios. El Gobierno central entiende los servicios públicos como una posibilidad para
salir de esta crisis y lo único que está haciendo con ellos es recortarlos. Pues bien, nosotros creemos, primero, que el pago puntual por parte de la Administración estatal a las universidades solucionaría en gran parte el problema y, en segundo
lugar, si se dispusiera de la financiación que le corresponde a las comunidades autónomas en mayor cantidad y con mayor puntualidad por parte del Gobierno central, también se solucionaría otra gran parte de los problemas.
Por tanto, y termino, no nos vamos a oponer, pero entendemos que esta no es la solución definitiva, no va a solucionar el problema ni el origen del problema.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.
Pasamos al Grupo de Unión Progreso y Democracia. Señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Vamos a apoyar esta propuesta del Grupo Socialista, porque también previamente apoyamos la que era idéntica en la Comisión de Educación y es una propuesta de imposible negativa, porque realmente propone algo con lo que todos estamos de
acuerdo, la situación angustiosa en la que se han visto atrapadas algunas universidades debido a las consecuencias en cadena de la crisis, de su dependencia de las administraciones y de su sistema de financiación francamente mejorable. Espero que
se pueda llegar a un acuerdo sobre esto, porque nos parece suficientemente abierto lo que se plantea en la proposición no de ley como para hacerla aún más vaporosa e inconcreta. Dicho esto, y estando de acuerdo
además en que no está justificado dar a las universidades un tratamiento discriminatorio, restrictivo o más negativo que a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos, y que por lo tanto procede encontrar mecanismos de financiación de
urgencia parecidos, querríamos añadir un par de observaciones de carácter general. En primer lugar pensamos que este tipo de ayudas -como también debería haberse hecho, aunque no se ha hecho, con las comunidades autónomas- tendrían que ser
finalistas, es decir, con condiciones exactamente iguales -nadie debería escandalizarse por esto- a las condiciones de los rescates europeos, por ejemplo, al rescate bancario que tenemos ahora en marcha. Cuando el rescate europeo pone condiciones
para ayudar a salvar determinada entidad financiera y todo el mundo lo acepta diciendo: 'sí, bwana, amén, usted sabe más', aunque no se esté de acuerdo se está admitiendo que es bastante disparatada la pretensión de conseguir financiación y
cancelar tus deudas a cambio de nada. En este sentido digo que la ayuda debería ser finalista porque tampoco se puede afirmar que todas las universidades se hayan gobernado igual. Hay, también lo ha dicho antes la portavoz del Grupo Popular,
grandes diferencias en la situación de unas y de otras, y esto no es casual. Para empezar se debe, en general, a un mal gobierno -creo yo- de muchas instituciones universitarias e incluso a un concepto equivocado de la autonomía universitaria, a lo
que tenemos que añadir también una mala política universitaria en el caso de muchas comunidades autónomas. Me explico. La autonomía universitaria, en opinión de mi grupo, debería de ceñirse a lo que es la investigación y el trabajo académico, una
autonomía universitaria académica, pero no respecto a la gestión, en la cual se han cometido muchas veces todo tipo de desmanes que tenían que ver con inversiones que no eran tales y que a veces han tenido que ver con intereses puramente sindicales
y partidistas en el seno de algunas universidades, intereses que no tienen nada que ver con sus funciones académicas y de investigación. Por eso mismo debería de haber unas condiciones más estrictas en la liquidación de las deudas de aquellas
universidades que han demostrado un peor gobierno económico y, en nuestra opinión, esto debería abrir también un debate a fondo sobre la gobernanza universitaria, sobre el significado exacto de la autonomía universitaria. Y, relacionado con esto,
hago una propuesta que es un momento interesante para lanzar, aunque no tenga nada que ver para condicionar nuestro voto a esta proposición. Me refiero a iniciar la investigación, por ejemplo, del abaratamiento de costes que podría haber en la
fusión de algunas universidades, porque no olvidemos que parte de este problema es consecuencia también de la expansión insensata que ha tenido lugar en algunas comunidades autónomas, donde han proliferado universidades. Incluso se han troceado y
partido universidades perfectamente sólidas solamente para contentar los intereses de determinados partidos o alcaldes, dentro de aquella política de proliferación universitaria parecida a la de proliferación aeroportuaria. En este caso sí hay
alumnos, no es como los aeropuertos sin aviones, pero muchas veces hay alumnos y profesorado pero no hay fondos. Esto se ha hecho con una absoluta irresponsabilidad. Por tanto, sería bueno aprovechar la crisis para examinar hasta qué punto un
abaratamientos de los gastos corrientes no podría favorecer una mejor gestión de las universidades, una inversión más eficaz y eficiente y una reconsideración también de qué es lo que entendemos exactamente como autonomía universitaria que, como
digo, no debería extenderse a ciertos campos que tienen que ver con la gestión económica.
No es casualidad que las universidades tampoco hayan brillado en muchos casos por la transparencia de su gestión. En este sentido querríamos aprovechar para decirles a los órganos rectores de las universidades que su obligación es también
la dación de cuentas de la gestión y no meramente aparecer con peticiones -por otra parte, justificadas- porque la crisis los asfixia y hay que pagar sus deudas. Sin duda alguna hay que pagar esas deudas, pero por otra parte hay que averiguar cómo
se han causado, a qué han obedecido y por qué existen en unas universidades sí y en otras universidades no. En principio, el régimen legal de todas es el mismo.
Dicho esto, vamos a apoyar, como he anunciado, esta proposición no de ley. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por Convergència i Unió, señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nos trae hoy el Grupo Parlamentario Socialista una iniciativa que fue ya debatida y votada en la Comisión de Educación el pasado mes de octubre. Hoy la vuelve a traer a debate porque, tal como se nos ha expuesto, al parecer la
situación de falta de liquidez de las universidades es un tema cada vez más acuciante. Convergència i Unió, en coherencia con la posición mantenida en la Comisión, va a votar afirmativamente la iniciativa que estamos viendo y lo vamos a hacer desde
las siguientes consideraciones.
La primera es que hay que dejar claro que no estamos hablando de la financiación de la universidad sino de liquidez. Esto es importante porque, tanto del cuerpo de la iniciativa como de la literalidad de la parte dispositiva en donde se
utiliza la palabra financiación, podría entenderse que estamos hablando de esta última, de financiación. En ese caso habría que dar la razón a lo expuesto por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Moro, en defensa de la
enmienda que su grupo ha presentado en el sentido de que no podemos hablar de financiación sin contar con las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de universidades, y sin contar tampoco con las propias universidades. Sería,
pues, nuestra primera consideración la de circunscribir a la liquidez el objeto del debate que estamos teniendo, por lo menos en cuanto a la razón de nuestra voto afirmativo.
La segunda sería que, aunque tensiones de tesorería y de falta puntual de liquidez se han dado siempre por variados motivos -lo ha señalado muy bien la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular-, a nadie puede escapársele que la
situación actual de enormes dificultades para financiarse y acceder al crédito añade una dificultad importante al funcionamiento cotidiano para hacer frente, por ejemplo, a las retribuciones de los trabajadores e incluso al pago a proveedores. La
situación de muchas universidades está condicionada por el retraso de las transferencias de las comunidades autónomas, que a su vez no reciben a tiempo las transferencias corrientes del Estado.
En definitiva, se están produciendo situaciones de falta de liquidez e imposibilidad de financiarse que el Gobierno debiera atender como ha atendido en el mismo sentido el problema de liquidez de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales. Aunque es cierto que en los programas para la aplicación del mecanismo de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas, el FLA, están incluidas en el listado de pagos que se deben satisfacer subvenciones o transferencias
a universidades, también es cierto que vienen relacionadas en el último lugar, con lo cual no parece que de momento puedan ser un mecanismo excesivamente eficaz. Vamos a verlo, pero de momento esta es la sensación que hay.
Por todo ello, Convergència i Unió va a votar afirmativamente la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, aunque -y esta sería la tercera y última consideración- hemos de tener en cuenta también que la liquidez no solo no está reñida
con la financiación sino que está muy directamente relacionada. En este sentido, desde Convergència i Unió creemos que debemos avanzar en la definición de un mejor sistema de financiación porque entendemos que el sistema actual tiene un marco
regulador que no favorece ni la estabilidad ni la diversificación de los ingresos ni la sostenibilidad financiera, que son cruciales para una buena financiación que permita mantener la calidad del sistema educativo universitario, especialmente en
una coyuntura de crisis como la que estamos viviendo. Así se señala en el informe de la ponencia para el estudio de la gobernanza del sistema universitario de Cataluña, presentado el pasado mes de septiembre, en donde se apuntan los caminos a
seguir para avanzar hacia una necesaria mayor autonomía financiera de las universidades. ¿Cuáles serían estos caminos? Serían: operar dentro de un marco estable de aportaciones públicas con reglas del juego claras; fijar precios para los
servicios académicos, de investigación, de transferencia o de servicios internos; captar recursos privados por la vía del mecenazgo y patrocinio; diversificar las fuentes de financiación; fijar normas internas de gestión; permitir una mayor
autonomía financiera e incrementar la autonomía de las universidades, todo ello ligado, como no puede ser de otra manera, al funcionamiento efectivo de sistemas de rendición de cuentas que fomenten la calidad y que tengan en cuenta los procesos, los
resultados y los impactos. Este sería a grandes líneas un esquema del sistema de financiación que Convergència i Unió, en sintonía con este informe, considera apropiado para afrontar los retos de la mejora de la gobernanza universitaria y
garantizar en definitiva la calidad en la prestación de un servicio de tanta trascendencia para el futuro individual de nuestros jóvenes, pero también para nuestro futuro colectivo, como es el sistema universitario. Vamos, pues, a apoyar la
propuesta que se nos hace en cuanto a la liquidez pero dejando sobre la mesa la necesidad imperativa de hablar de gobernanza y de financiación.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pigem.
Tiene la palabra la señora Costa para la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
La señora COSTA PALACIOS: Aceptaríamos la enmienda de La Izquierda Plural y, dado que la del Partido Popular es de sustitución, no la podemos aceptar por inconcreta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Costa.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EN RELACIÓN AL ANTEPROYECTO DE LEY DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE), VISTA LA ACCIÓN DISCRIMINATORIA QUE
EL MISMO REALIZA SOBRE EL MODELO LINGÜÍSTICO DE CATALUÑA, EL CUAL ESTÁ SIENDO CAUSA DE ALARMA SOCIAL EN CATALUÑA. (Número de expediente 173/000055).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Mociones consecuencia de interpelación. En primer lugar, la del Grupo de Convergència i Unió, sobre las actuaciones del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en relación con el anteproyecto de ley de mejora de la calidad educativa, vista la acción discriminatoria que el mismo realiza sobre el modelo lingüístico de Cataluña, el cual está siendo causa de alarma social en Cataluña.
Para su defensa, por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en la interpelación del pasado miércoles nuestro portavoz ya explicitó nuestro total rechazo a los cambios introducidos en el texto del borrador del anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, por el trato
que supone para el sistema educativo de Cataluña y, concretamente, por el ataque al modelo de inmersión lingüística.
Después de más de treinta años continúa siendo un modelo de éxito para todos los ciudadanos de Cataluña, que consigue superar con nota los objetivos marcados en el ámbito de las competencias básicas comunicativas lingüísticas. Sirve para
aprender a ser y actuar de una forma autónoma, permite usar ambas lenguas para pensar, comunicar, descubrir y tener iniciativa; es un modelo de convivencia y habilita a todos los ciudadanos para desenvolverse autónomamente en el mundo actual.
Este, señorías, es nuestro modelo, que sin duda necesita mejorar en aspectos que posteriormente anunciaré, pero no crea diferencias en el dominio de las lenguas cooficiales al finalizar la etapa.
El señor ministro nos acusó de crear un relato basado en falsedades y, como le respondió el señor Duran, el relato de falsedades es el suyo. Como otros partidos anunciaron, la cortina de humo la están creando ustedes desde el Gobierno, pero
no con algo inocuo e improvisado. Les acusaban de querer esconder sus políticas injustas, de disimular su modelo de gobierno de real decreto y actuar sin voluntad de diálogo y consenso real, pero también tienen un objetivo claro y premeditado para
las comunidades con lengua cooficial. Donde tienen fuerza suficiente políticamente aplican su modelo, pero en Cataluña les ha sido imposible; por este motivo, entre otros, ya se opusieron a la Llei d'Educació de Catalunya. Ustedes defienden el
bilingüismo y quieren implantarlo también en Cataluña, pero en Cataluña mayoritariamente defendemos nuestro modelo lingüístico, un modelo de inmersión lingüística diferente al suyo.
Señorías, desde Cataluña la comunidad educativa y la mayor parte de la sociedad reclama unidad a las fuerzas catalanas que defendemos nuestro modelo propio y singular. El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió quiere ser parte de esa
unidad, y no tenemos ninguna duda, los grupos políticos que participaron en el acuerdo para tener una posición conjunta ante la propuesta del ministro nos encontrarán aquí y en cualquier iniciativa que se proponga, como una sola fuerza, unidos, cada
vez que pretendan cambiar nuestro modelo de inmersión lingüística.
Pero hablemos de la excusa: sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, muchas veces repetida por el señor ministro. Señorías, saben muy bien que esta sentencia avala la constitucionalidad de nuestro régimen lingüístico estatutario y se
ha pronunciado a favor de los ejes vertebradores del modelo lingüístico de Cataluña. Ratifica el contenido del Estatut de Catalunya en cuanto a cooficialidad lingüística. Avala también la legitimidad constitucional del modelo que usa el catalán
como lengua vehicular y de aprendizaje, siguiendo la resolución del mismo Tribunal Constitucional en sentencia 137/1986. Garantiza que el catalán, lengua propia de Cataluña, sea la lengua de uso normal en las administraciones públicas y en los
medios de comunicación públicos y, aún más importante para el tema que tratamos, avala el proceso de normalización lingüística que se puso en práctica desde principios de la década de los ochenta. No utilicen sesgadamente preceptos jurídicos del
Tribunal Constitucional y díganlo abiertamente, quieren modificar y desnaturalizar el modelo lingüístico propio de Cataluña. Por eso, en el primer punto de la moción, señorías, pedimos retirar del texto actual de la Lomce los apartados que
impliquen invasión de competencias y aquellos que quieran cambiar nuestro régimen lingüístico.
En el segundo punto de la moción proponemos abordar un pacto por la educación, con las fuerzas parlamentarias y las administraciones competentes, sin olvidarnos de las administraciones competentes, que identifique los principales problemas
de que adolece el sistema educativo y las medidas a adoptar para mejorar el éxito escolar y mantener a los alumnos en el sistema hasta estar formados para realizarse como individuos. En Cataluña se aprobó con un amplio apoyo parlamentario la Llei
d' Educació de Catalunya, una ley que tiene muchos puntos que pueden compartir la mayoría de fuerzas políticas, incluso algunos grupos que no le dieron apoyo totalmente sí lo hicieron parcialmente. Este esfuerzo de diálogo se hizo en Cataluña; los
partidos políticos, la comunidad educativa y la sociedad lo consiguieron. Repetimos una y otra vez que los sucesivos cambios legislativos estructurales son tan inmediatos que no tenemos tiempo suficiente para sacarles provecho y descubrir qué
aspectos es necesario mejorar o adecuar a las nuevas realidades. Aun así, la comunidad educativa realiza su trabajo y los alumnos aprenden.
Se ha usado por parte del Gobierno la palabra diálogo muchas veces estos días. Hoy repetimos que diálogo sí, en aquellos aspectos que, respetando nuestro modelo lingüístico y nuestro marco competencial, sabemos sustentarán una mejora real
de nuestro sistema educativo. Seguidamente, les anuncio algunos de estos aspectos. La mejora de la competencia profesional de los docentes, que incluye hablar de la formación inicial, del acceso a la función docente, su formación continuada y,
sobre todo, la aplicación de esta formación a las necesidades educativas de los alumnos. La mejora de la atención individualizada, cómo establecer mecanismos para detectar o intervenir precozmente en las dificultades de aprendizaje de los alumnos.
El desarrollo y la potenciación de la innovación metodológica y didáctica en las aulas. La potenciación de la autonomía de los centros. La profesionalización de la dirección y otros muchos aspectos, terminando con uno que es clave y que también
sustantiva todos los esfuerzos que proponemos en nuestra moción, disminuir el absentismo escolar y trabajar para minimizar el abandono escolar.
Señorías, la mejora de la educación preocupa a Convergència i Unió, pero nunca la utilizaremos como herramienta política. Es demasiado importante para nosotros, por eso rechazamos aquellos intentos que esconden otros intereses que no sean
los propiamente educativos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Barberà.
Pasamos a fijación de posición, puesto que no se ha producido ninguna enmienda. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
La última persona que conocí con dificultad para hablar el castellano -no para entenderlo- era mi abuelo. Nació en 1904 y hoy tendría ciento ocho años. Aun así, cuando tenía que hablarlo lo hacía con muchísima dignidad. He sido maestro y
puedo afirmar que no hay ni una sola niña o niño valenciano que no sepa hablar perfectamente en castellano. En cambio, he conocido muchísimos que no saben hablar en valenciano. Como padre elegí para mis tres hijas la línea en valenciano, que
garantizaba que al final de la educación primaria dominarían perfectamente las dos lenguas, castellano y valenciano, y así fue. En cambio, cuando pasaron al instituto, a pesar de seguir en la línea en valenciano, hubo muchas asignaturas en las que
no se les garantizó la opción que habían elegido; por no hablar de la universidad, donde su opción lingüística no se les respeta en absoluto. Atendiendo a los datos de Escola Valenciana, en 2011 mientras la demanda en infantil de líneas en
valenciano era del 61 %, la oferta era solo del 33 %. Este año, 126.000 alumnos de infantil y primaria no podrán estudiar en la lengua que eligieron, en valenciano, y el porcentaje es superior en institutos y universidades. Esa es la auténtica
realidad y no la que cuentan algunos panfletos que se llaman diarios o algunos incendiarios malintencionados que se llaman tertulianos, que quieren extender su caspa unitarista a un Estado plural, diverso, rico y tolerante. La propuesta de ley
orgánica de mejora de la calidad de la enseñanza presentada por el ministro Wert es una contrarreforma ideológica recentralizadora, que se quiere hacer sin debate y que solo utiliza el castellano como lengua de primera, el resto son de segunda.
Ataca directamente las líneas de inmersión lingüística que tan buenos resultados han dado. Una ley que nacerá muerta porque es hija del desacuerdo, del despotismo y de la imposición...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví, tiene que finalizar.
El señor BALDOVÍ RODA: Me quedan cinco segundos.
Todo lo contrario de lo que necesita la educación: consenso, generosidad y acuerdos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Por el mismo grupo, señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, presidenta.
Ya dijimos el otro día que esta es una ley que entendemos que atenta contra la convivencia en diversos frentes. En primer lugar, la convivencia lingüística -ya lo explicamos el otro día-; existe el peligro de que no sea obligado conocer el
catalán para acceder a la universidad en Cataluña. La ley dice claramente que la lengua y la literatura catalanas se convierten en especialidad de tercera, no son materias troncales. Un cúmulo de malas intenciones que consideramos inaceptables.
También contra la convivencia de género, en el sentido de que retrocede, permite volver atrás en el tiempo y ayuda públicamente a las escuelas que practiquen esa segregación de género. Eso también nos parece inaceptable y que atenta contra la
convivencia. También contra la convivencia en el sentido confesional, porque es una ley hecha a remolque de la Conferencia Episcopal y sus criterios; se reintroduce el temario religioso, tal y como quería la Conferencia Episcopal. Finalmente,
convivencia social, ya que da por perdida a la gente joven en formación mucho antes de que anteriores legislaciones lo hicieran. No sirve para fomentar la igualdad de oportunidades, sino para todo lo contrario, para fomentar la desigualdad de
oportunidades y, por ende, la desigualdad social.
Señorías del PP, nosotros les pediríamos que trasladasen a su Gobierno tres peticiones, que nos hicieran tres favores, no a nosotros personalmente, sino a la sociedad; yo incluso diría que tres favores a la humanidad. En primer lugar, que
el señor Wert, ministro de Educación, retire esa expresión que realizó en su día de querer españolizar a los alumnos catalanes. (Un señor diputado: ¡Hala, hombre!). Sí, ¡hala hombre! Pues sí, que la retire, porque incluso es lesiva para ustedes.
No sé si se han dado cuenta de que es lesiva también para ustedes y para sus ideas, porque si dice que hay que españolizar a los alumnos catalanes es que consideran que no son suficientemente españoles, o que no lo son en absoluto; porque si hay
que españolizarlos es porque no lo son, o no lo son bastante, si no ¿de qué? Por tanto, en ese sentido, que no es el nuestro -nuestra crítica no va en ese sentido, como saben muy bien-, yo creo que hay que retirar esa expresión. En segundo lugar,
hay que retirar la ley. Olvídense del tema. No hace falta, la educación en los términos en que la plantea la ley ya funciona, no necesita reforma legal. En tercer lugar, que ustedes y el señor Wert hagan un último favor a la humanidad y que se
retire el señor ministro de todas sus funciones. Eso sí que sería hacer algo en pro de la educación y de la convivencia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bosch.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, el señor Martínez Gorriarán tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
A mí me hubiera gustado explicarle al señor Duran lo que íbamos a decir sobre esta moción, sobre todo porque en buena medida se apoya en las cosas que él afirmó cuando presentó la interpelación, pero ya que nos priva de su autocarisma me
dirigiré al Pleno o a lo que queda de él.
Lo primero que a nosotros nos sorprende de esta moción es su carácter preventivo, porque están hablando de que se retire un anteproyecto de ley que ni siquiera hemos tenido ocasión de tramitar en el Pleno, lo cual no sé muy bien como
interpretar, porque desde luego por el punto 1 de la propia moción, donde se habla de retirar del anteproyecto de ley para la mejora de la calidad las disposiciones que implican invasión competencial y aquellas que afectan al régimen lingüístico,
qué quiere que les diga, esto a mí me suena a un veto de un partido, de una fuerza parlamentaria, que en este caso asume que representa a una comunidad autónoma, que viene aquí y nos dice a los demás que nos abstengamos muy mucho de discutir
aquellas cuestiones que les pueda suponer a ustedes invasión competencial. Con una mentalidad así, no es ya que sería imposible una democracia constitucional en España, sino que hubiera sido imposible por ejemplo la constitución europea, porque
cualquier debate europeo habla directamente de las competencias que los Estados miembros van a tener que acabar cediendo, luego estaríamos hablando de una invasión competencial incesante.
Dicho lo cual y yendo al meollo del asunto -aunque esto es también importante porque está relacionado con la cuestión, que es la de preservar como sea la inmersión lingüística-, yo quería referirme precisamente a la cuestión en sí. La
cuestión en sí es que aquí se pretende fundamentar una defensa intransigente y absolutamente cerrada de un sistema educativo que normalmente es aceptado por la comunidad educativa para el aprendizaje de lenguas extranjeras; se quiere utilizar como
un sistema único
sin alternativa justificándolo solamente en la supuesta unanimidad del respaldo que tiene, lo cual aparte de ser una apología de la unanimidad muy poco aceptable desde el punto de vista de los valores en una democracia que corresponde con
una sociedad abierta, porque creo que coincidiremos en que no hay sociedad abierta allá donde se pretende que todo el mundo apoye unánimemente determinada política, precisamente además porque es política y por eso no puede ser unánime, sino que
habrá diferentes puntos de vista, perspectiva e intereses legítimos en juego, como digo, se quiere fundar en una serie de afirmaciones sencillamente faltas. Por ejemplo, afirmar que la Unesco ha bendecido la inmersión lingüística, eso es
radicalmente falso; es decir, lo niego, es mentira. La Unesco lo que dice es exactamente lo contrario. Si leemos cualquier de sus muchísimos documentos que hablan de la lengua y la educación sostienen, por ejemplo, lo siguiente: La Unesco
promueve estrategias educativas bilingües o plurilingües basadas en el uso de la lengua materna. Las conclusiones de las investigaciones indican que este enfoque tiene repercusiones positivas en el aprendizaje y sus resultados. La Unesco se ha
hartado de hacer este tipo de afirmaciones precisamente para preservar el derecho de aquellas minorías o de aquellas partes de la sociedad en países plurilingües donde no se respeta el derecho a educar a los niños en su lengua materna, exactamente
lo mismo que hacen ustedes en Cataluña, porque ustedes no reconocen el derecho básico que tiene cualquier menor, en este caso su familia que es quien ejerce el derecho por él, a ser educado en su lengua materna, incluso dentro de un sistema
bilingüe, porque un niño evidentemente puede ser educado legítimamente en un sistema educativo bilingüe, pero siempre y cuando se respete su derecho a ser educado en su lengua materna. ¿Por qué? Por razones cognitivas, porque es mucho mejor para
su rendimiento intelectual, porque es mejor para su formación. Pero esto a ustedes les importa un pimiento, porque realmente el propio señor Duran el otro día al final de la intervención lo dijo muy claro -no sé si era un lapsus freudiano, o estas
prisas de la construcción nacional-, y lo voy a leer, no digan ustedes que nos lo estamos inventando nosotros. Habló claramente de que lo que estaba aquí en juego era la lengua como nervio principal de nuestra condición de nación. (El señor
vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Es decir, lo que se está haciendo no es un sistema educativo que atiende al interés de los menores, de los escolares ni de la propia sociedad, sino al interés de un proyecto político e
ideológico, y será muy legítimo que ustedes quieran tener un Estado propio, pero se lo hemos dicho muchas veces y se lo vamos a decir siempre, todos los días -nos da igual-, hasta que lo entiendan; la técnica de Voltaire: repetiremos lo obvio
hasta que ustedes lo entiendan, y es que todos los niños tienen derecho a ser educados en su lengua materna y que ustedes no tienen ningún derecho a desprotegerles y a quitarles ese derecho, ninguno, ni en nombre de la nación catalana ni en el de la
nación lusitana; me da exactamente igual a la que invoquen ustedes. Precisamente, cuando en la Transición se aceptó la cooficialidad de las lenguas en las comunidades autónomas bilingües fue en nombre de este derecho. Si se aceptó que tenía que
haber enseñanza bilingüe en las comunidades bilingües que hay en España es porque todos los niños tienen ese derecho, el de ser educados en su lengua materna, sean catalanohablantes o castellanohablantes. La supresión por razones de utilidad
política sencillamente no es aceptable.
Comenzaba el señor Duran su intervención hablando de que la idea del Gobierno -por cierto, no sé de dónde la sacan, porque el señor Wert, y en esto tampoco estoy de acuerdo con él, dijo que él no ataca la inmersión lingüística, y yo sí- era
el peor ataque que había habido desde Franco a la libertad lingüística y política. No, lamentablemente desde que murió Franco y comenzó la Transición el peor ataque que hay a un derecho tan básico como el del uso de la lengua materna en la
educación es el que ustedes están constantemente cometiendo. Es muy lamentable, pero tengan la seguridad de que nosotros de esta posición política no nos vamos a apear.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de IU, ICV, EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la moción presentada por el Grupo de Convergència i Unió. El anteproyecto de ley de mejora de la calidad educativa es un despropósito de dos patas. Una pata está basada en el
fomento de una clara discriminación sobre el modelo lingüístico existente en Cataluña y también afecta a otros territorios del Estado como les Illes Balears; la otra pata, no menos importante, es el intento de profundizar en la mercantilización de
la educación y en la privatización de la enseñanza pública. Quiero decirles que los recortes llevados a cabo por el Gobierno del Partido Popular en Madrid y el de Convergència i Unió en Barcelona están deteriorando las condiciones de
aprendizaje del alumnado y, en consecuencia, están afectando negativamente tanto al desarrollo de una inmersión lingüística de calidad como del resto de las actividades educativas de la escuela pública en general.
Quiero señalar que el modelo privatizador del presente proyecto de ley lo ha practicado Convergència i Unió en Cataluña; siempre hay que recordarlo. La comunidad educativa catalana conoce bien este modelo, comunidad educativa que también
en Cataluña está muy unificada criticando y movilizándose contra la política educativa del Gobierno de Convergència i Unió. Ya sabemos lo que provoca este modelo privatizador: más alumnos por aula, menos profesores, menos programas de apoyo y
refuerzo, reducción de sueldos del profesorado y de los trabajadores de la comunidad educativa, más alumnos por docente, menos becas y ayudas, menos ayudas a los libros, a los comedores escolares y al transporte escolar, menos plazas públicas de
cero a tres años y más conciertos privados y segregación de alumnos. Nosotros estamos en contra de la segregación de alumnos, en contra de la segregación por motivos lingüísticos, pero también en contra de la segregación por motivos de género, por
motivos de religión o por motivos de origen social; en contra de toda la segregación o de todas las segregaciones posibles.
Este modelo provoca más desigualdades, menos oportunidades y pérdida de calidad educativa y de derechos laborales. Quiero decirles una cosa, si se obrase un milagro en esta Cámara y resultase que la moción de Convergència i Unió tuviese el
voto favorable del Partido Popular, no pensemos que ya estaría todo arreglado, la comunidad educativa seguiría teniendo que organizarse y movilizarse contra muchos aspectos del anteproyecto de ley que presenta el ministro y de las políticas
educativas que practican el Partido Popular y Convergència i Unió. Por tanto, el tema de la lengua es profundamente preocupante pero, por desgracia, no es el único frente que tiene la comunidad educativa en nuestro país. Sobre el tema de la
lengua, estamos ante el ataque más importante de la democracia de nuestro país a los derechos lingüísticos de los distintos pueblos que conforman el Estado español, un ataque sin precedentes que ha hecho removerse de sus sillas al Partido Popular de
Cataluña y evidenciar su soledad y su aislamiento en este tema. Si Franco en cuarenta años no acabó con la lengua catalana, eso no va a conseguirlo ahora un ministro del Partido Popular. En la delimitación que se hace de asignaturas troncales
específicas y especiales, la lengua catalana queda relegada a la especialidad, con un itinerario obligado de reducción de horas y es tratada como una lengua de segunda en su propio territorio. En Cataluña, señoras y señores del Partido Popular y de
Unión Progreso y Democracia, no hay discriminación lingüística hacia la lengua castellana y, por ello, no necesitamos a un ministro que emprenda una nueva cruzada contra nuestra lengua y contra nuestra cultura. Durante la Transición, la cultura
política de la que procede buena parte de mi grupo parlamentario acuñó conceptos como aquel de que es catalán el que vive y trabaja en Cataluña, u otro como el de hablar de un sol poble, un solo pueblo, independientemente del origen o de la lengua
que se utilice.
Seguiremos manteniendo nuestra cohesión y nuestra decisión de que la cultura popular catalana, en la cual se inserta nuestra lengua, mantenga su modelo lingüístico de cohesión social.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir.
El señor NUET PUJALS: Ahora les decimos al Partido Popular y al ministro Wert, con otro pasaje de nuestra tradición de lucha y resistencia, que no pasarán, no pasarán, señores y señoras del Partido Popular, no pasarán. Y al ministro Wert
le decimos también con toda solemnidad desde este estrado que lo mejor que puede hacer a la educación, a España y al pueblo de Cataluña es dimitir de forma inmediata. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Nuet.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Soler.
El señor SOLER SICILIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el consenso, el diálogo y el acuerdo son sin duda algunos de los principales activos con los que debería contar toda reforma, toda política que pretenda llegar a buen fin. En algunos casos, el acuerdo es incluso mucho más que una
condición deseable, es una condición necesaria; este es el caso de la educación. Lamentablemente, el único consenso que ha conseguido la reforma educativa que pretende poner en marcha el Gobierno es el rechazo de los grupos de la oposición y de
toda la comunidad educativa. Todos se han echado a la calle para mostrar su más enérgico rechazo a esta norma, todos excepto el Partido Popular y las comunidades donde gobierna. Pocas veces se ha producido un consenso tan
abrumador en contra de una reforma educativa. Es evidente por qué, estamos ante una reforma que, unida a los recortes del Gobierno, podría tener unos efectos devastadores para nuestra educación pública, aquella a la que acceden la mayoría
de los niños y niñas de nuestro país y que ha sido y debe seguir siendo el motor del futuro y de la igualdad de oportunidades de nuestra sociedad.
El Grupo Socialista se opone radicalmente a esta reforma educativa fundamentalmente por tres razones: la primera, porque esta reforma supone un cambio de modelo educativo, un retroceso pedagógico y un ataque a la igualdad de oportunidades
en el acceso a la enseñanza que nos devuelve más de treinta años atrás; la segunda, porque es una reforma que piensa más en los intereses de la jerarquía católica y de la escuela privada y concertada que en las necesidades y los retos de nuestra
educación; y la tercera, porque es una reforma que vulnera competencias autonómicas y que pretende poner fin a un modelo de éxito, el modelo de inmersión de la escuela catalana, que lo ha sido fundamentalmente no solo para nuestra lengua sino
también para la cohesión social y la convivencia lingüística en Cataluña. Estamos, pues, ante una reforma que no soluciona ninguno de los problemas de nuestro sistema educativo, sino que lo empeora y que encima crea problemas donde no los había.
Y, además de no aportar soluciones, el señor Wert nos viene con más problemas, y entro en la cuestión que nos ocupa, es decir, en el ataque sin precedentes al modelo de inmersión.
Uno se pregunta: ¿Por qué es necesario cambiar un modelo que ha contribuido de una forma excepcional a la formación de los niños y niñas y a la cohesión de la sociedad catalana? Nadie lo entiende. ¿No garantiza el sistema educativo en
Cataluña que los alumnos sepan catalán y castellano cuando acaban la formación obligatoria? Claramente sí. ¿Tienen acaso los alumnos catalanes un nivel inferior al castellano? Rotundamente no. Ante tantas evidencias, el Gobierno ha tenido que
justificar su ofensiva contra el catalán en el cumplimiento de algunas sentencias judiciales del Tribunal Supremo y del Constitucional, como siempre haciendo una interpretación sui generis. Puestos a cumplir las sentencias, háganlo con todas; por
ejemplo, con las sentencias del Supremo que prohíben las subvenciones a los colegios que segregan por sexo. (Aplausos). ¿Dónde está, pues, el problema? Seamos claros, no existen razones objetivas para cuestionar el éxito y la vigencia del actual
modelo educativo en Cataluña. Si hay una lengua que está en inferioridad en Cataluña que necesita ser protegida, es el catalán. Solo desde el dogmatismo y desde posiciones claramente reaccionarias y anticatalanas se puede sostener lo contrario.
Voy acabando. Decía el señor ministro en una entrevista publicada este pasado fin de semana que la de volver la religión a las aulas era una opción política. Es evidente. Lo preocupante es que toda su reforma educativa es pura ideología,
ideología conservadora de la A a la Z, empezando por las formas. Ustedes han optado desde el principio por la confrontación, han convertido su reforma en una cruzada ideológica que no ofrece ninguna respuesta a los retos que tiene nuestra educación
y que pone en riesgo el camino que ha recorrido nuestra escuela en estas más de tres décadas de democracia. Por todo ello, señorías, el Grupo Socialista va a apoyar la moción que hoy nos presenta Convergència i Unió, con el objetivo de mantener y
preservar la unidad de acción en defensa de la escuela en catalán. Por ese motivo tampoco hemos presentado ninguna enmienda al texto, aunque no oculto que nos hubiera gustado que su redacción hubiera sido más explícita. Sobre todo, esperamos que
Convergència i Unió sea tan beligerante con los recortes, con la inclusión de la religión en las aulas o con el mantenimiento de los privilegios a las escuelas concertadas del Opus Dei, como lo ha sido con el modelo lingüístico que plantea esta
reforma. Sinceramente, no nos gustaría que ambos, Convergència i Unió y Partido Popular, como en otras ocasiones, intentaran esconder bajo el ataque al modelo de inmersión lingüística las coincidencias básicas que tienen en materia educativa.
Señores del Partido Popular, con el catalán no se juega. Señores de Convergència i Unió, con la escuela pública con igualdad de oportunidades, tampoco. La educación necesita consensos, acuerdos, pero para ello necesitamos menos toros bravos y más
ministros con sentido de la responsabilidad y altura de miras.
Muchas gracias, señor presidente. (Risas.-Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Soler.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a rechazar la moción que hoy se somete a debate a iniciativa del Grupo de Convergència i Unió. Nuestro rechazo se fundamenta en una ausencia absoluta de afinidad con las dos peticiones que
contempla el texto de la iniciativa. No compartimos ninguna de las dos. Ni este grupo piensa avalar la retirada en el anteproyecto de ley para la mejora de la calidad educativa de
aquellos aspectos que afectan al uso de la lengua en el ámbito educativo, ni mucho menos está de acuerdo con que existan disposiciones en dicho anteproyecto de ley que impliquen cualquier tipo de invasión competencial. No existe esa
supuesta invasión competencial en la que ustedes fundamentan este debate. El texto se ha redactado respetando escrupulosamente las competencias del Estado y de las comunidades autónomas.
Cuestión diferente es que ustedes se hayan acomodado a una legislación, la vigente Ley orgánica de Educación, que redactada con una ambigüedad perfectamente medida ha permitido al Estado, es decir al Gobierno, al anterior Gobierno del
Partido Socialista, hacer dejación de sus funciones. Esa es la realidad. La actual legislación en materia educativa ha permitido la ruptura del sistema educativo español: diecisiete sistemas distintos que ofrecen a sus alumnos unos modelos,
contenidos y niveles diferentes, como así ponen en evidencia varios informes nacionales e internacionales.
El último informe de la Fundación BBVA señala que en nuestro país las diferencias de los resultados educativos entre autonomías son tan grandes como entre los países de la OCDE y aumentan si se compara la calidad de la educación. Señorías,
no parece sensato eludir este problema si de lo que estamos hablando es de la mejora del sistema educativo en su conjunto, de garantizar el mismo nivel de calidad a todos los alumnos con independencia de su lugar de residencia. Este es el motivo de
la inclusión en el anteproyecto de ley de una serie de medidas encaminadas a garantizar la calidad, la excelencia y también la igualdad de oportunidades.
Ustedes solicitan ahora un pacto por la educación y debo decirles en nombre de mi grupo que nada nos complacería más que el que esta reforma educativa lograse el máximo consenso de esta Cámara, de la comunidad educativa y de la sociedad en
general, pero la búsqueda de acuerdos no puede dilatar en el tiempo lo que resulta ser una necesidad imperiosa de la sociedad, y ustedes, al igual que nosotros, al igual que el resto de esta Cámara, al igual que los diferentes sectores educativos,
al igual que una buena parte de los ciudadanos, saben -lo sabemos perfectamente- cuáles son las necesidades del sistema educativo. Lo sabemos porque llevamos años analizándolas, porque algunas comunidades han aplicado en el ámbito de sus
competencias medidas de éxito. Resulta por tanto poco riguroso, después de todas las experiencias compartidas y de la comparativa internacional, decir que tenemos que identificar los problemas del sistema, porque precisamente, señores de
Convergència, la Lomce está basada en eso, en una detección rigurosa de los problemas del sistema y en la adopción de aquellas medidas que han conducido al éxito a los países con mejores resultados: mayor autonomía de los centros, mayor
transparencia en el rendimiento educativo, evaluaciones, mayor profesionalización de la función directiva. No existe justificación sólida que cuestione la validez de estas medidas.
Pero me temo que ustedes tienen otra inquietud y con toda seguridad sea esta y no otra la que justifique esta moción. Solicitan que desaparezcan del anteproyecto de ley aquellas disposiciones que afectan al régimen lingüístico. Pues bien,
permítanme que les diga que lo verdaderamente sorprendente es que una ley orgánica de educación de aplicación en todo el territorio nacional no pueda hacer una mención al uso de la lengua en el ámbito educativo, como ustedes pretenden. Eso es lo
verdaderamente sorprendente. Cuestión diferente es que ustedes hayan querido hoy hacer de estas disposiciones un núcleo de enfrentamiento entre el catalán y el castellano y nosotros les decimos que no, que no es así, que interesada o
desinteresadamente están profundamente equivocados. Ustedes consideran que su modelo catalán es un modelo de éxito. ¿Pueden decir también que es un modelo de libertad? Porque algo falla, señorías, cuando las familias tienen que acudir a los
tribunales para defender sus derechos constitucionales, ni más ni menos el derecho a que sus hijos puedan estudiar en la lengua vehicular de su elección. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Lo que sí hace la ley es incluir disposiciones buscando el respeto a las distintas sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sentencias que ponen en evidencia una realidad,
la necesidad de cumplir con el derecho constitucional de los alumnos, sus padres o tutores a elegir la lengua vehicular en la educación de sus hijos, sea esta el castellano o el catalán. Se trata de cumplir la ley, señorías, no es otra cosa,
cumplir la ley, y la ley es muy precisa al respecto: el uso de la lengua cooficial en una comunidad autónoma no puede ser excluyente del uso del castellano. Señor Barberà, usted ha hecho referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional
31/2010. Pues bien, esta sentencia considera que el castellano también es lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña. Las diferentes sentencias del Tribunal Supremo son muy claras al respecto. Cumplan la ley, señores de Convergència.
Señorías, este grupo, el Grupo Parlamentario Popular, defiende un bilingüismo integrador. Considera las lenguas cooficiales que conviven en nuestro país junto al castellano, lengua oficial del Estado, como instrumentos que enriquecen
nuestra herencia cultural. La sociedad catalana es una sociedad bilingüe, señorías. Sería bueno que la escuela catalana también lo fuera. Nunca, jamás, debe ser utilizada una lengua como instrumento de confrontación. Así lo entiende el Grupo
Parlamentario Popular y sería deseable que así lo entendieran muchos de ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA CREACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS DEPÓSITOS EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO. (Número de expediente 173/000056).
El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir la última moción, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno acerca de la creación del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. Para su defensa tiene la palabra
el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Señorías, esta es, digamos, la historia de una chapuza política made in Montoro, y la memoria es muy fácil. (Una señora diputada: ¡Dimisión!). En primer lugar, en el año 2001 se establece un impuesto en el Parlamento de Extremadura; en
el año 2002 el ministro Montoro decide impugnarlo ante el Tribunal Constitucional con dos argumentos insostenibles. Posteriormente se unen otras comunidades, Andalucía y Canarias, en la aprobación de este impuesto. Por cierto, hoy mismo también el
Gobierno de Cataluña ha aprobado la implantación de este impuesto en Cataluña. La resolución del Tribunal Constitucional es de noviembre de este mismo año, una resolución que tumba los argumentos que el señor Montoro dio sobre el recurso; los
tumba y el señor Montoro no tiene otra cosa que hacer que crear, a través de una enmienda en el Senado, un impuesto general sobre los depósitos bancarios a tipo cero, que trata de evitar que las comunidades que lo han aprobado y lo están recaudando
puedan seguir haciéndolo y que trata, en definitiva, de crear un impuesto ficticio, un artilugio, una artimaña tributaria para seguir dando el privilegio a los bancos a tipo de gravamen cero.
En la interpelación el señor ministro no dijo realmente nada, no contestó a ninguna de las preguntas que se le hicieron. No contestó a por qué no había convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera para darle no solamente información
sobre la resolución y la sentencia judicial, sino también para hacer planes de futuro, en coordinación y en colaboración con todas las comunidades autónomas, como marca la Lofca y como marca la propia Constitución. Tampoco nos contestó cómo iba a
compensar, de qué manera y durante cuánto tiempo iba a compensar el Estado a las comunidades autónomas que han regulado este impuesto sobre los depósitos bancarios. No contestó a nada, solamente se remitió a un argumento, al argumento de no
segmentación del mercado financiero en este país, un argumento que fue, por cierto, contrario al que dio la propia vicepresidenta del Gobierno, diciendo que era una consulta a Bruselas la que había llevado al Gobierno a establecer este tipo cero en
el impuesto sobre depósitos.
Lo más curioso es que al día siguiente en el Senado sí contesta, pero contesta justamente lo contrario de lo que venía insinuando -porque la contestación no la dio en el Congreso-, y en el Senado anuncia que es posible que se establezca este
impuesto, un tipo de gravamen moderado -dijo-, justamente lo contrario de lo que dicen en su propia enmienda y justamente lo contrario de lo que vamos a aprobar el jueves -con el Grupo Parlamentario Socialista, desde luego, no van a contar ustedes,
pero se va a debatir en esta Cámara y probablemente lo aprueben ustedes-, lo contrario de lo que anunció el ministro Montoro en el Senado, un tipo de gravamen moderado en el futuro. También anunció que iba a convocar al Consejo de Política Fiscal y
Financiera, algo que tenía que haber hecho desde el primer momento.
Por tanto, nosotros hemos presentado una moción que, en primer lugar, propone que se convoque lo antes posible al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se estudie y se debata con las comunidades autónomas, que se admita y se acate en
su totalidad esta sentencia; que se deje este impuesto para las comunidades autónomas y que sirva para financiar servicios básicos como la sanidad, la educación, la asistencia a dependientes o el fomento del empleo, esos recursos que tendría que
pagar la banca por los depósitos que captura en las distintas entidades de las diferentes comunidades autónomas. Por otra parte, pedimos que, en el caso de que el Gobierno y el Grupo del Partido Popular continúen en la senda
equivocada -que va a llevar, no me cabe la menor duda, a la solicitud de recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de las distintas comunidades autónomas-, tienen que compensarlo, pero no como dice la enmienda presentada, compensando
a las tres comunidades autónomas que lo tienen establecido desde el 1 de diciembre de 2012, en concreto Extremadura, Andalucía y Canarias, sino que tiene que compensar al resto de comunidades, porque el resto de comunidades autónomas tienen ahí un
nicho tributario del que también se quieren beneficiar. Igualmente, decimos que establezcan un impuesto general sobre las transacciones financieras. Dejen ustedes el impuesto sobre los depósitos para las comunidades autónomas, establezcan un
impuesto sobre las transacciones financieras en este país, al igual que ha hecho Francia, para financiar al conjunto del Estado y para financiar también, como nosotros presentamos en una moción, recursos para la lucha contra la pobreza.
Esa es la moción que presentamos y hacemos una valoración de lo que ustedes han hecho con esa enmienda, de lo que ustedes van a aprobar. En primer lugar, es un auténtico fraude de ley que va a llevar a la presentación de recursos en defensa
de los intereses y derechos de las comunidades autónomas. Por otra parte, vulnera la potestad tributaria de las propias comunidades autónomas, se salta a la torera no solamente la Lofca sino los estatutos de autonomía. En tercer lugar, el Partido
Popular y el Gobierno siguen dando los máximos privilegios a la banca. Les quitan el dinero, a través de las compensaciones, a los ciudadanos de sus bolsillos, de la recaudación de impuestos, para evitar que ese dinero lo tenga que pagar la banca.
Siguen ustedes dando ese trato de favor, y la ciudadanía está indignada. Son miles y miles de recursos públicos, 250.000 millones de euros, los que se han trasladado a la banca, no solamente en capitalización sino también en liquidez, en avales, y
seguimos inyectando dinero y ayudas públicas sin recibir y sin que la banca se comprometa con la salida de la crisis.
Estos dos impuestos pueden servir para compensar un poco el esfuerzo y el sacrificio de la ciudadanía en pro de la banca y sobre todo para contar con recursos suficientes para abordar la salida de esta crisis y para sostener el Estado del
bienestar.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
Se han presentado enmiendas a esta moción formuladas por dos grupos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.
Señorías, nos encontramos ante otro ejemplo de abuso y de fraude democrático de este Gobierno. ¡Vaya primer año de Gobierno que llevamos! Un año caracterizado precisamente por lo que expresa esta medida que plantea la ley de medidas
tributarias, en primer lugar fraude democrático, con una legislatura a base de decretos-leyes, y ahora medidas que entran por la puerta de atrás, por las enmiendas del Senado, sin diálogo, sin participación de las comunidades autónomas y en las que
blindan también al sector bancario. Es otro ejemplo de recentralización, como casi todas las medidas que ustedes han adoptado, negando poder tributario a las comunidades autónomas, y otro ejemplo también de injusticia y de insensibilidad salvando
al sector financiero mientras ahogan a la gente. Este es el resumen de esa creación de un impuesto sobre depósitos bancarios a tipo cero.
¿Por qué lo hacen? ¿Qué hay detrás de esta artimaña? No les digo nada nuevo cuando afirmo que este Gobierno está al servicio del sector financiero. La Lofca establece tres límites a la capacidad normativa de las comunidades autónomas en
materia fiscal que permiten la intervención del Estado, en primer lugar el límite de la territorialidad, es decir, no exportar los efectos del impuesto, evitar la doble imposición y garantizar la unidad de mercado. Señor Montoro, ustedes utilizan
de forma burda la excusa de la unidad de mercado, pero la realidad es que no fijan un mínimo, aunque sea pactado con las comunidades autónomas, para establecer ese impuesto o para impedir esa fragmentación del mercado. ¿De qué unidad de mercado
están ustedes hablando? Ese criterio, la unidad de mercado, lo podrían aplicar a cualquier impuesto creado desde los años ochenta, por ejemplo a los impuestos creados sobre la industria o a la ecotasa. Ahí ustedes no hablan de unidad de mercado.
¿Por qué lo utilizan ahora como criterio? Pues porque con la banca hemos topado. El sector financiero es el intocable, el más privilegiado a nivel fiscal. Las empresas financieras del IBEX 35 son las que tienen el tipo efectivo del
impuesto sobre sociedades más bajo. ¿Este impuesto resolvería esto? No, pero como mínimo ayudaría a contribuir a la Hacienda pública de una manera un poco más equilibrada. Por cierto, el señor Montoro habla de la unidad de mercado y de la excusa
de la huida de capitales. En el periodo 2002-2011, ¿saben cuántos capitales perdieron los bancos y cajas de Andalucía? Resulta que esos capitales
se incrementaron en un 65,7 %. La motivación de crear este tributo tapón no es ni la unidad de mercado ni la fuga de capitales, porque realmente es absurdo hablar de que hoy el mercado financiero tiene las fronteras en el Estado español.
Si no las tiene en las comunidades autónomas, no las tiene en el Estado español y seguramente no las tiene ni en la propia Unión Europea. Hoy los capitales fluyen en todo el planeta.
Otro ejemplo es el que constituye un acto de deslealtad con las comunidades autónomas. El Gobierno del Partido es muy leal con el sector financiero pero muy desleal con las comunidades autónomas. Partimos de un sistema de financiación
injusto, que además incumplen reiteradamente, pero la deslealtad institucional en este caso va más allá, porque poner un tipo cero con el único objetivo de que las comunidades autónomas no puedan poner ese tributo es hacer trampas. Eso sí que es un
fraude e impide precisamente a las comunidades autónomas, que están asfixiadas por esa Ley de Estabilidad, obtener más recursos. ¿Y se compensará? Pues no sabemos cuándo, ni cómo, ni a qué comunidades autónomas. ¿Y qué pasa con las comunidades
autónomas que lo hubieran podido aplicar en los próximos años? Es completamente inaceptable.
Hoy Cataluña ha aprobado esta medida y celebramos que Convergència i Unió haya decidido aprobarla. Lamentamos que no lo haya hecho antes o que haya votado hasta tres veces en contra cuando Iniciativa Verds-Esquerra Unida la llevó al
Parlament. Hemos perdido 500 millones de euros anuales. Ahora la han aprobado. Sinceramente lo celebramos -creo que las buenas noticias hay que celebrarlas-, pero seguramente la razón es que ahora que el Partido Popular ha protegido a la banca,
ustedes se atreven a poner este impuesto, porque saben que al final la banca no se verá afectada.
También es desleal porque no respeta las normas del juego democrático. Ustedes llevan las leyes al Constitucional por sistema, solo porque no les gustan, y cuando este dice que son constitucionales, entonces cambian las leyes. Precisamente
hemos planteado enmiendas que quieren completar esta moción. La primera les recuerda a los señores del PSOE que el respeto a las competencias autonómicas no debe darse solo en una situación de insuficiencia de recursos públicos, sino siempre, en
cualquier situación.
La segunda enmienda -que no quieren aceptar y nos sorprende- cuestiona el marco de austeridad que nos está asfixiando y también el reparto injusto de los objetivos de déficit de la Ley de Estabilidad. El marco presupuestario concede un gran
margen al Estado y, en cambio, ahoga a ayuntamientos y comunidades autónomas. En el peso del gasto público entre administraciones, según los datos más recientes, corresponde a la Administración central un 44 %, a las comunidades autónomas un 39 % y
a los entes locales un 17 %. ¿Pero qué pasa con el déficit? Resulta que en 2013, en el objetivo máximo de déficit, a los que gastan el 44 % les dejan el 85 % de margen de déficit y a los que se gastan el 39 % les dejan solo el 15 %. Es injusto y
antisocial, porque ahogan precisamente los servicios básicos: educación, sanidad y servicios sociales.
Finalmente, en la tercera enmienda recordamos que la fiscalidad no es neutra y que condiciona los comportamientos económicos. El señor Montoro decía que debíamos garantizar el crédito. Este impuesto precisamente daba incentivos a los
bancos para dar crédito porque podía deducirse de la base imponible. En definitiva, votaremos afirmativamente esta moción porque queremos evitar este nuevo abuso democrático, competencial y social del Gobierno y esperamos que recapaciten.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.
Ha presentado una enmienda también el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y tiene la palabra para su defensa el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una enmienda transaccional al punto número 5 de la moción del Grupo Parlamentario Socialista, que después de la intervención del portavoz socialista no
sabemos si la van a aceptar o no. Estamos de acuerdo en que se cree un impuesto sobre las transacciones financieras en el plazo de tres meses, pero en nuestra enmienda pedimos que sea acorde con la agenda de trabajo del Consejo Europeo la creación
de un impuesto de estas características, que gravará las operaciones sobre acciones admitidas a negociación en mercados secundarios oficiales para que el sector financiero contribuya de una forma equitativa a los esfuerzos para superar la crisis
económica.
Partimos de la base de que estamos en una situación económica excepcional, con grandes dificultades y que afecta a muchísimas familias españolas, a muchísimas personas que han perdido su puesto de trabajo o que tienen la amenaza de poderlo
perder en breve. Sobre la base de esta situación excepcional de carácter extraordinario, pensamos que ha llegado el momento de implementar una serie de nuevos tributos que alivien la situación de todas estas personas que, repito, están en una
situación extremadamente delicada.
Independientemente de que el Grupo Parlamentario Socialista acepte la enmienda que hemos presentado al punto número 5 de la moción, estamos de acuerdo en los cuatro puntos restantes de la misma, por lo cual, en caso de que no se aceptara
nuestra enmienda, pediríamos votación separada para votar afirmativamente los cuatros primeros puntos de la moción y nos abstendríamos en el punto número 5.
¿Por qué estamos de acuerdo con los cuatro primeros puntos de la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista? Porque no entendemos que, dada la excepcional y delicada situación por la que atraviesa la economía española, el
Partido Popular se obstine cada día más en implementar una serie de actuaciones que nosotros entendemos que son desleales, pues tratan de ahogar sistemáticamente las finanzas de las comunidades autónomas. Incluso me atrevería a decir que no solo se
trata de ahogar la situación de tesorería de las comunidades autónomas, porque, ojalá me equivoque, pero si van en la dirección que ustedes están planteando últimamente, pueden llegar a exterminar a las comunidades autónomas mediante una serie de
mecanismos que impidan la financiación correcta de las mismas. Por eso no entendemos que a pesar de que haya una sentencia del Tribunal Constitucional que puede dar viabilidad a que las comunidades autónomas puedan crear impuestos o tributos para
gravar los depósitos financieros de las entidades financieras que tributan en las mismas, el Partido Popular plantee en el Senado, sin una tramitación previa -yo diría que a escondidas-, una enmienda sobre un impuesto nuevo de tributación al tipo
cero para todos los depósitos de ámbito estatal con el fin de evitar que las comunidades autónomas puedan gozar de esta financiación complementaria para poder llevar a cabo toda una serie de servicios esenciales -los servicios de la educación, la
sanidad o los servicios sociales- y poder aplicar con justicia, mediante esa financiación, estos servicios que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Por ello, señorías, nosotros vamos a apoyar la moción presentada, en función de
lo que diga el portavoz socialista, al menos los cuatro primeros puntos que ha planteado. Respecto al quinto punto, en caso de que no se aprobara la enmienda transaccional, nos abstendríamos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señor presidente.
Mañana miércoles entra en vigor un decreto-ley del Gobierno catalán que introduce un impuesto sobre la banca. Esta iniciativa ha sido posible gracias en buena parte a instancias de Esquerra Republicana de Catalunya. Como saben, lo llevaba
pidiendo desde hace meses y durante la campaña y, por suerte, se ha introducido este nuevo tributo que tanto hemos reclamado. También quiero comentarles una noticia de último minuto. Parece ser que se cierra un trato de gobernabilidad en Cataluña
que permitirá entre otras cosas celebrar un referéndum de autodeterminación próximamente. Para nosotros también es motivo de satisfacción, y todavía más anunciarlo aquí en esta Cámara.
Vuelvo al impuesto sobre la banca. Es un impuesto que ya existe en muchas partes del mundo y en otras comunidades autónomas. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señor diputado.
Por favor, ruego silencio para que se pueda escuchar al orador.
Continúe.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.
Es un impuesto admitido por el Tribunal Constitucional, plenamente legal, un impuesto que intenta gravar a los responsables de la crisis, a las instituciones financieras, que nos han llevado hasta donde estamos, y que además evita que
repercuta sobre los ahorradores y sobre los depósitos bancarios de los depositarios normales y corrientes. Es un impuesto que además permitirá en cierta medida afrontar el déficit o el nivel de déficit que ha impuesto el Gobierno español sobre el
Gobierno de Cataluña o sobre otras comunidades autónomas, así como el déficit fiscal, este drenaje tremendo que sufre el Gobierno
catalán y que le impide afrontar sus responsabilidades de tipo social. Además es un impuesto de tipo progresivo. Lo defendemos porque creemos que si en algún momento acaba gravando a alguien, gravará a las instituciones financieras y ahí
donde está el mayor capital y no donde está el menor capital. ¿Y qué hace el Gobierno del PP ante esto? Actúa como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Introduce un impuesto de tipo cero, gran invento, gran logro universal que
constará en los anales de la historia tributaria del mundo entero, es decir, un impuesto que no sirve para recaudar, y si no sirve para recaudar, ¿para qué sirve tal impuesto? Pues sirve básicamente para jorobar. Si quieren se lo digo más claro,
sirve para impedir que otros recauden. Eso es lo que podríamos llamar deslealtad. Eso es deslealtad: crear un impuesto, una medida tributaria para impedir que otros lo hagan.
Si al final eso es lo que se hace, los ingresos menguantes que tengan aquellas administraciones que ya lo habían introducido, entre ellas supongo que también la Generalitat de Cataluña en estos momentos, lo tendríamos que pagar entre todos,
ese ingreso menguante que tendría que devolver el Gobierno español a las administraciones que ya lo habían introducido. Entonces también tendrían que pagar esos ciudadanos cuyas comunidades autónomas no habían creado este impuesto. Como siempre el
Gobierno español, el Gobierno del PP actúa contra la gente corriente que menos tiene, la más sufrida, y eso es feo. Actúa a favor de los banqueros y de la banca, y eso también es feo. Nos mete en líos y genera una guerra preventiva entre
administraciones, entre el Gobierno español y las comunidades autónomas. Y finalmente hace que sus desmanes los tengamos que pagar entre todos, y eso es lo más feo de todo, que los desmanes del Gobierno español los tengamos que sufragar entre todos
nosotros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bosch.
Señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo se va abstener en la moción que ha presentado el Grupo Socialista, no porque no estemos de acuerdo con el fondo de la moción, con el que coincidimos totalmente. No estamos de acuerdo con la aplicación, porque al
final es una moción que no contempla una realidad que existe en el Estado. En el Estado hay ahora mismo cinco sistemas fiscales diferentes, el sistema fiscal estatal y los otros cuatro, que corresponden al concierto y al convenio económico, al
Concierto Económico de la Comunidad Autónoma Vasca, con sus tres sistemas fiscales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y al Convenio Económico de Navarra, que responde al sistema fiscal de Navarra. Esa es la razón, que no se contempla esa realidad.
Queremos plantear la abstención y el discurso para que ustedes sean conscientes de esa realidad legal que existe ahora mismo en el Estado y que creo que es positiva.
Como decía, coincidimos con el fondo de su moción, porque pensamos que la actitud del Gobierno central con esta moción es precisamente esconder un modelo muy concreto que tienen, un modelo socioeconómico muy diferente, porque al final con
este impuesto de tipo cero lo que hacen es proteger a la gran banca, y ese es el elemento fundamental, es decir, salvar a la banca de un impuesto que le puede ser incómodo, y que puede ser utilizado por otras comunidades autónomas, y creemos que ese
es un elemento muy negativo y que es coherente con todo el proceso de reforma del sistema financiero que ha impulsado este Gobierno también, que ha ido en esa dirección: anular el sistema financiero de control social, como son las cajas de ahorro,
y potenciar el oligopolio financiero. En segundo lugar, también esconde un modelo centralista del Estado. Este Gobierno, desde que inició su andadura hace un año, ha ido tomando medida tras medida para recentralizar el Estado, para anular ese
espíritu autonómico de esa Constitución de la que tanto hablan. Y finalmente también demuestra una falta de una cierta cultura democrática. Con este decreto-ley se hace un fraude de ley, falsificar las leyes. Ustedes, que tanto hablan del Estado
de derecho, de respeto a las leyes, se las saltan a la torera siempre que pueden. Por eso mismo estamos en desacuerdo con la actitud del Gobierno, planteamos esa diferencia con la fórmula concreta que ha propuesto el señor Hurtado en su moción, y
reivindicamos algo que para nosotros es importante, reivindicamos el modelo actualmente vigente en Euskal Herria, el concierto y el convenio económico. Reivindicamos la soberanía fiscal dentro de la Unión Europea, que en este caso y en todos es el
sistema más rentable, aunque no lo crean, para el propio Estado porque es el único que le garantiza de forma efectiva la solidaridad, y que tengan ustedes un ejemplo de modelo social a seguir y de modelo socioeconómico solidario que está pendiente
de la ciudadanía.
Muchas gracias. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo. (Rumores).
Por favor, ruego silencio y los que estén teniendo conversaciones en los pasillos que vayan al bar o a donde les dé la gana, pero que se sienten y así podamos escuchar al orador.
Señor Anchuelo, tiene usted la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Unión Progreso y Democracia se ha caracterizado durante todo este periodo de sesiones por la actitud crítica frente al papel de la banca en la crisis económica española. Esta misma mañana recordaba en la Comisión de Economía al señor
ministro el coste público que todo esto va a tener: 60.000 millones de euros; decenas de miles de millones de euros en avales; la larga lista de damnificados por las actuaciones de la banca, donde están los accionistas minoritarios -que van a
perder toda su inversión-, los estafados por las preferentes, y están los miles de empleados que van a perder su puesto de trabajo. Nuestro partido también se ha caracterizado por pedir asunción de responsabilidades, una cuestión que otros partidos
quieren olvidar, por pedir una comisión de investigación en el Congreso, por ir a los tribunales en el caso de Bankia. Digo todo esto para que mi discurso no se interprete como el de un portavoz de un grupo defensor de la banca, no es así. También
hay que recordar que la banca de la que estamos hablando es una banca muy peculiar, una banca con una gestión politizada, las cajas de ahorro, fuertemente influidas por las comunidades autónomas.
Dicho esto, el impuesto que se nos propone -que es un impuesto de las comunidades autónomas a los depósitos- creemos que es económicamente equivocado, que es un error. No va a gravar exactamente a la banca, va a gravar los depósitos de la
banca, es decir, que al final, como sus señorías saben, los impuestos se trasladan. En este caso lo que sucedería es que esos depósitos tendrían una menor rentabilidad o que las entidades financieras cargarían comisiones más amplias. No pagaría la
banca el impuesto, lo pagarían quienes tienen depósitos en la banca. El impuesto también provocaría fenómenos de deslocalización. Es muy fácil tener un depósito en una sucursal de otra comunidad autónoma. Hay también entidades que operan por
Internet, por lo que sería muy fácil evitar el impuesto yendo a las comunidades donde no existiese o fuese más bajo. Por otro lado, y como señalaban anteriores portavoces, la actividad financiera va más allá de las fronteras autonómicas e incluso
nacionales. Al final esto seguramente provocaría distorsiones en el mercado interno. Ya algunas de las comunidades que tienen el impuesto dan incentivos a las entidades que tienen la sede en la propia comunidad. Se nos puede decir que es un
impuesto constitucional, pero no todo lo constitucional es económicamente adecuado; dentro de la Constitución caben diferentes opciones y unas tienen más sentido económico que otras.
Sin embargo no se puede corregir un error con otro error. La corrección del Gobierno es sorprendente. Poner un impuesto estatal con tipo cero es algo con pocos precedentes en la historia de la Hacienda pública, y además crea injusticias,
porque obliga a compensar a las comunidades autónomas que ya tenían ese impuesto frente a las que no tenían el impuesto todavía. Por lo tanto no nos parece correcto corregir un error con otro error, que es lo que está haciendo el Gobierno.
Nuestras propuestas sobre imposición a la banca son conocidas. Nosotros creemos que habría que recargar el impuesto sobre sociedades transitoriamente durante diez años en 3 puntos a las entidades financieras. Las ventajas de nuestra propuesta son
que sería un impuesto mucho más difícil de trasladar, que sería un impuesto estatal que no crea deslocalización ni distorsión en el mercado interno, y que además lograría una recaudación mucho mayor. También hace tiempo que defendemos -antes de que
fuese una propuesta de la Unión Europea- el impuesto sobre las transacciones financieras, que creemos que habría que aplicar en el ámbito europeo. Estas propuestas de fiscalidad a la banca, en nuestra opinión, tienen mucho más sentido que las que
aquí se plantean.
Una vez más, como es habitual, en la moción se presenta una versión muy descafeinada del discurso que se hace en la tribuna. En realidad en la moción se plantean una serie de principios generales que es difícil estar en desacuerdo, porque
plantean sobre todo un respeto a la legalidad existente. Por tanto el sentido de nuestro voto podría ser favorable o abstención en función de lo que suceda con las enmiendas que otros grupos han presentado.
Esto es todo. Señor presidente, muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Popular va a rechazar la moción presentada por el Grupo Socialista acerca de la posición del Gobierno en la creación del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito. He repasado muy atentamente el 'Diario de
Sesiones' y escuché muy atentamente la interpelación que presentó el Grupo Socialista, y considero que no se atendieron ni se escucharon las razones del ministro para argumentar la posición del Gobierno en torno a este impuesto sobre los depósitos
de las entidades bancarias. No se atendieron esas razones porque el Grupo Socialista y el Partido Socialista siempre van a lo fácil; van a lo fácil cuando gobiernan porque es muy fácil gastar y gastar y luego dejar las facturas para que las paguen
otros; y van también a lo fácil cuando están en la oposición y lo único que pretenden es sacar sus propias conclusiones para confundir a la opinión pública. Esa conclusión que el señor Hurtado expresó en su intervención es que el Gobierno
únicamente pretende favorecer a las entidades bancarias con la creación de este impuesto, y nada más alejado de la realidad, porque eso es sencillamente minimalismo político que es lo que les gusta hacer, ir a lo fácil.
Señorías, como saben la Comunidad Autónoma de Extremadura implantó este impuesto ya a través de la Ley 14/2001, que fue objeto de recurso de inconstitucionalidad por el Gobierno de entonces, y que ha sido recientemente desestimado por el
Tribunal Constitucional. Posteriormente hubo otras comunidades como Andalucía, Canarias y últimamente parece que se ha sumado hoy mismo la Comunidad Autónoma de Cataluña para implantar un impuesto sobre los depósitos de las entidades bancarias
similar al implantado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Señores socialistas, lo dejó muy claro el ministro en la interpelación de la semana pasada. Aquí no estamos hablando de la constitucionalidad o no de este impuesto sobre depósitos
bancarios, porque la constitucionalidad ya la ha sentenciado el propio Tribunal Constitucional, y nosotros respetamos -como no puede ser de otra manera- y acatamos esa sentencia del Tribunal Constitucional. Pero como decía el señor Anchuelo no todo
lo constitucionalmente correcto procede desde el punto de vista económico, y aquí de lo que estamos hablando con la implantación de este impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito es de la obligación de un Gobierno responsable de
legislar, de tomar decisiones para evitar los riesgos de segmentación y de fragmentación de nuestro mercado financiero, dentro del territorio español y en el seno de la Unión Europea.
Señorías, señor Hurtado, debe leer usted detenidamente la regulación que establece la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas sobre la potestad que tienen las comunidades autónomas para establecer tributos propios.
Efectivamente tienen esa potestad y además tienen también potestad y capacidad normativa para legislar sobre tributos que son competencia del Estado, pero que ha cedido su recaudación, su gestión e incluso su capacidad normativa sobre algunos de
esos impuestos a las comunidades autónomas. La propia Constitución reconoce esa potestad tributaria, y el Grupo Popular y el Gobierno por supuesto también lo hacen, pero la Constitución, en su artículo 133, establece y preserva la potestad
tributaria al propio Estado. No se trata de cercenar la capacidad tributaria de las comunidades autónomas, se trata de que el Gobierno pueda poner orden en nuestro sistema tributario, porque además es la obligación de un Gobierno responsable
hacerlo. En un momento como el actual, de profundas reformas en nuestro sistema financiero, en un momento en el que las familias y empresas tienen graves dificultades de acceso al crédito, no podemos permitirnos en España distorsiones en el
funcionamiento de nuestros mercados. Por ello el Gobierno, haciendo uso de esa potestad tributaria, ha introducido esa enmienda en el Senado que crea un impuesto estatal sobre los depósitos de entidades de crédito.
Se trata de un impuesto estatal exigible en todo el territorio español y que efectivamente se ha legislado con un tipo tributario del 0 %, pero el propio ministro de Hacienda no ha descartado que en el futuro el Gobierno pueda establecer un
tipo de gravamen moderado de este impuesto, y también ha aclarado que la finalidad primordial del establecimiento de este impuesto no es recaudatoria, sino la ordenación de nuestro mercado bancario. En este momento lo realmente importante es que
nuestro mercado financiero funcione correctamente, que nuestros emprendedores tengan crédito necesario para invertir y para crear empleo, y en eso está trabajando este Gobierno. En este sentido les tengo que recordar que fue un Gobierno socialista
el que fue incapaz de frenar a tiempo la crisis financiera que se nos venía encima. Además la propia Comisión Europea, como ya indicó el señor Montoro en la interpelación, ha expresado a España su preocupación por la posible incompatibilidad de
este tipo de impuestos autonómicos con el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea al introducir distorsiones en la localización o las inversiones de las entidades financieras.
Señorías, en la situación actual del mercado financiero en pleno proceso de reestructuración es imprescindible evitar riesgos, por ello el Gobierno ha actuado con la creación de este impuesto con
carácter estatal a partir del 1 de enero de 2013. El ministro de Hacienda expresó también que el Gobierno no descarta la creación futura de un impuesto sobre las transacciones financieras; se está estudiando su viabilidad, pero a través de
la cooperación con los países de la Unión Europea. Por último, piden también la compensación de las comunidades autónomas afectadas por la creación de este impuesto sobre depósitos bancarios con carácter estatal, para aquellas comunidades autónomas
que ya hubieran aprobado este tipo de impuestos. Les tengo que decir que, como no puede ser de otra manera,...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.
La señora MADRAZO DÍAZ: Voy concluyendo, señor presidente.
...el Gobierno va a cumplir la propia Ley de financiación de las Comunidades Autónomas, que así lo establece, y el articulado del propio impuesto contempla la necesidad de compensar a estas comunidades autónomas.
Por último, permítame, señor presidente, por la proximidad de las fechas que felicite la Navidad...
El señor PRESIDENTE: Pero muy por último, señora diputada; muy por último.
La señora MADRAZO DÍAZ: ... y que ojalá que en 2013 seamos capaces, todos juntos, de encontrar el camino de la prosperidad que sin duda todos deseamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.
Señor Hurtado, ¿me puede decir qué enmiendas acepta o rechaza?
El señor HURTADO ZURERA: Aceptamos la primera y la tercera de La Izquierda Plural, y aceptamos la enmienda de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En unos minutos procederemos a la votación. (Pausa).
Señorías, vamos a proceder a las votaciones. (La señora Iglesias Santiago pide la palabra). Señora Iglesias.
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Me gustaría pedir la palabra en virtud del artículo 72.2: Cualquier diputado podrá pedir durante la discusión o antes de votar la lectura de las normas o documentos que crean conducentes a la ilustración de la
materia que se trató.
El señor PRESIDENTE: Me parece muy oportuno. ¿Qué documento quiere usted que se lea?
La señora IGLESIAS SANTIAGO: Me gustaría que se leyera la fecha de registro de la proposición de ley que en el punto I del orden del día ha defendido el Grupo Parlamentario Socialista, y la fecha de registro del real decreto-ley del
Gobierno, puesto que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha entendido que era ridículo que defendiéramos algo con posterioridad a la tramitación del decreto del Gobierno. (Rumores.-Aplausos.-El señor Matos Mascareño pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Señor presidente, quiero intervenir porque a lo mejor ahorro que se lea esa fecha. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: No, no. Eso se va a leer en cualquier caso. Primero, vamos a leer el documento que ha propuesto la señora Iglesias, y a continuación, si usted quiere, me pide la palabra y ya veremos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Señor presidente, me gustaría antes... (Varios señores diputados: No).
El señor PRESIDENTE: No, no. Espere usted. (Pausa).
Están averiguando las dos fechas, así que un momento de calma. (Pausa).
El secretario primero de la Cámara va a proceder a leer esas dos fechas.
El señor SECRETARIO (Gil Lázaro): Fecha de la iniciativa señalada por el Grupo Parlamentario Socialista, 24 de octubre de 2012. Fecha del real decreto, 15 de noviembre de 2012. (Risas.-Rumores.-Aplausos.-El señor Matos Mascareño pide la
palabra).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Matos.
Señor Matos, se ha pedido la lectura de un documento. Si usted quiere pedir la lectura de otro documento, lo leemos. (Risas.-Rumores). Ahora, si es para entrar en polémica, no tiene la palabra porque no se ha hecho más que leer un
documento. (Rumores.-Protestas.-Un señor diputado: ¡Artículo!). Insisto, no se trata de establecer ninguna polémica. Aquí se ha pedido un documento que se ha leído.
El señor MATOS MASCAREÑO: Señor presidente, la diputada portavoz del Grupo Socialista ha pedido que se lea (Protestas) un documento de una intervención mía. (Continúan las protestas).
El señor PRESIDENTE: Señor Matos, no tiene usted la palabra. Si hay algún punto que usted considere, transmítaselo a la Cámara. Como este es el último Pleno, el jueves, al iniciarse la sesión podrá usted decir lo que quiera en su momento,
pero ahora no ha habido más que una lectura de documento, y no hay nada más que decir. (Varios señores diputados: ¡Bien!-Aplausos.-Rumores).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MEDIDAS CONTRA EL DESAHUCIO, EL SOBREENDEUDAMIENTO Y LA INSOLVENCIA. (Número de expediente 122/000081).
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la toma en consideración de la proposición de ley de medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 141; en contra, 175.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración la proposición de ley. (Rumores).
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL DESARROLLO DE UN MAPA DE CONOCIMIENTO. (Número de expediente 162/000474).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre el desarrollo de un mapa de conocimiento. Hay una transaccional que conocen todos los grupos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 317; en contra, 1; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MECANISMOS PARA FACILITAR LA LIQUIDEZ DE LAS UNIVERSIDADES. (Número de expediente 162/000398).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre mecanismos para facilitar la liquidez de las universidades. Ha aceptado una enmienda de La Izquierda Plural.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 140; en contra, 176; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EN RELACIÓN CON EL ANTEPROYECTO DE LEY DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE), VISTA LA ACCIÓN DISCRIMINATORIA
QUE EL MISMO REALIZA SOBRE EL MODELO LINGÜÍSTICO DE CATALUÑA, EL CUAL ESTÁ SIENDO CAUSA DE ALARMA SOCIAL EN CATALUÑA. (Número de expediente 173/000055).
El señor PRESIDENTE: Votación de las mociones: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las actuaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en relación con el anteproyecto de ley de mejora de la calidad
educativa (Lomce), vista la acción discriminatoria que el mismo realiza sobre el modelo lingüístico de Cataluña, el cual está siendo causa de alarma social en Cataluña. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 136; en contra, 183.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
- DEL GRUPO SOCIALISTA, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA CREACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOS DEPÓSITOS EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO. (Número de expediente 173/000056).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre la posición del Gobierno acerca de la creación del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. Se aceptan las enmiendas 1 y 3 de Izquierda Plural y la de CiU.
En esas condiciones, comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 135; en contra, 176; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cinco minutos de la noche.