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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 81, de 13/12/2012
cve: DSCD-10-PL-81
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2012 X Legislatura Núm. 81
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 77
celebrada el jueves
13 de diciembre de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social. ('BOE' núm. 289, de 1 de diciembre de 2012). (Número de expediente 130/000029) ...
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de Montenegro al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie
A, número 86, de 28 de septiembre de 2012. (Número de expediente 110/000052) ... (Página29)
- Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 2011. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 88, de 15 de octubre de
2012. (Número de expediente 110/000053) ... (Página29)
- Convenio complementario de revisión del Convenio de Seguridad Social firmado el 16 de mayo de 1991 entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil, hecho en Madrid el 24 de julio de 2012. 'BOCG. Sección Cortes Generales',
serie A, número 90, de 26 de octubre de 2012. (Número de expediente 110/000054) ... (Página29)
- Acuerdo de pesca entre el Reino de España y la República Portuguesa para el ejercicio de la actividad de la flota pesquera artesanal de Madeira y Canarias, hecho 'ad referéndum' en Oporto el 9 de mayo de 2012. 'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 91, de 2 de noviembre de 2012. (Número de expediente 110/000055) ... (Página29)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 29-1, de 19 de octubre de 2012. (Número de expediente
121/000029) ... (Página32)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página53)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página53)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página53)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página54)
Avocación por el Pleno ... (Página54)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página4)
Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social ... (Página4)
La señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra interviene la señora López i Chamosa, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno a favor interviene la señora España Reina, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replica la señora López i Chamosa y duplica la señora España Reina.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz, Álvarez Sostres, Baldoví Roda, Quevedo Iturbe; la señora Fernández Davila, y los señores Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y
Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página29)
Declaración de aceptación por España de la adhesión de Montenegro al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 ... (Página29)
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 2011 ... (Página29)
Convenio complementario de revisión del Convenio de Seguridad Social firmado el 16 de mayo de 1991 entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil, hecho en Madrid el 24 de julio de 2012 ... (Página29)
Acuerdo de pesca entre el Reino de España y la República Portuguesa para el ejercicio de la actividad de la flota pesquera artesanal de Madeira y Canarias, hecho 'ad referendum' en Oporto el 9 de mayo de 2012 ...
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro y el señor Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sáez Jubero, del Grupo
Parlamentario Socialista y Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página32)
Proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificaciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas ... (Página32)
Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Arias Cañete), en nombre del Gobierno.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen los señores Baldoví Roda, las señoras Jordà i Roura, Oramas González-Moro y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cantó García del Moral, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y el señor Ábalos Meco, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Hernando Fraile, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Piden la palabra la señora Ortiz Castellví y el señor Ábalos Meco, para aclaraciones, que les es concedida. Contesta el señor Hernando Fraile.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página53)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Larreina), sobre las previsiones de cambio del modelo de política penitenciaria, se rechaza por 27 votos a favor, 286 en contra y 14 abstenciones.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página53)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, se aprueba por 178 votos a favor, 148 en contra y 1 abstención.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 148 votos a favor y 179 en contra.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página53)
Sometidos a votación conjunta los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales que figuran en el orden del día, se aprueban por asentimiento.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página54)
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se rechazan por 127 votos a favor, 184 en
contra y 16 abstenciones.
Avocación por el Pleno ... (Página54)
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley, se rechaza por 145 votos a favor y 182 en contra.
Se levanta la sesión a la una y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 28/2012, DE 30 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS DE CONSOLIDACIÓN Y GARANTÍA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 130/000029).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Examinamos el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social. Para presentar este real
decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la ministra de Empleo y Seguridad Social.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, presidente.
Señorías, presento hoy a la Cámara el Real Decreto-ley de medidas de consolidación y garantía del sistema de Seguridad Social para su convalidación esta mañana. Como saben, el grueso de estas medidas fue objeto de debate la semana pasada en
la Comisión de Pacto de Toledo, cuando el Gobierno compareció a petición propia antes de ser sometidas a esta convalidación. El real decreto que hoy debatimos debe enmarcarse, señorías, en el difícil contexto económico actual y a la vez en la
inexcusable necesidad de que las administraciones públicas cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria. Este real decreto-ley atiende a las específicas circunstancias por las que atraviesan las cuentas de la Seguridad Social y a la
indudable incidencia que la crisis económica tiene en nuestro modelo de pensiones. Es imprescindible, en primer lugar, considerar la caída de ingresos del sistema de Seguridad Social. La importante pérdida de ingresos provocada por la brusca caída
de la afiliación en más de 2,5 millones de personas entre 2007
y 2011 y el encadenamiento de tres trimestres consecutivos con crecimiento económico negativo, ha provocado una disminución del 3,1 % de la recaudación prevista para 2012 respecto de la realizada en 2011. Esta reducción de ingresos coincide
a su vez con un fuerte incremento de los gastos, un incremento del número de jubilaciones en 2012 que afecta tanto a las jubilaciones realizadas en la edad en vigor, a los 65 años, con un incremento del 5,5 interanual, como -y muy especialmente- a
las que se solicitan antes de la edad legal a través de jubilaciones anticipadas, que se están incrementando a un ritmo del 12,05 % interanual. Señorías, es posible que este incremento se refleje como reacción natural ante las nuevas reglas
derivadas de la Ley 27/2011, pero es cierto que no podemos negar la especial presión que dicha realidad ejerce sobre las cuentas de la Seguridad Social.
Como consecuencia del incremento del número de pensionistas y la reducción del número de cotizantes, la ratio afiliado por pensionista ha pasado del 2,47 en diciembre de 2011 al 2,34 en noviembre de 2012. Señorías, no se tiene constancia de
ningún periodo de tiempo semejante en que la ratio haya sufrido una caída de 1,3 puntos. Por tanto, aunque 2012 ha supuesto sin duda un gran avance en la sostenibilidad del sistema público de pensiones, protagonizado por el proceso de separación de
sus fuentes de financiación, la evolución del mercado de trabajo desde el comienzo de la crisis y el proceso paulatino de envejecimiento de la población están generando unas tensiones financieras al sistema que el Gobierno tiene la obligación de
abordar. Estas circunstancias han provocado que el sistema arrojara ya en 2011 un déficit contable de 7.900 millones de euros.
Por todo lo anterior, el Gobierno se ha visto obligado a aprobar este real decreto-ley que se somete hoy a convalidación y que, como bien saben sus señorías, contiene principalmente las siguientes medidas: la primera de ellas, asegurar el
pago de las pensiones a todos los pensionistas, flexibilizando el uso del Fondo de reserva para garantizar el cobro puntual de las pensiones; y la segunda, por responsabilidad, mantener para el año 2012 la revalorización de las pensiones en el 1 %
y subir para el año que viene un 2 % a casi 7 millones de pensionistas, aquellos que tienen pensiones de hasta 1.000 euros, y el resto de las pensiones se revalorizarán un 1 %. Señorías, son dos decisiones sensatas que no responden a otro cálculo
que el de la realidad y que, por tanto, no se pueden ni evitar ni aplazar.
Por lo que respecta a la primera de esas medidas en materia de Seguridad Social, la que afecta al Fondo de reserva, quiero destacar que el Gobierno ha hecho todo lo posible para dotar al sistema de recursos suficientes para atender sus
compromisos y evitar acudir al fondo. Hemos trabajado para incrementar los ingresos del sistema a lo largo de todo este año a través de la adecuación de las bases de cotización y avanzando hacia una cotización por la renta global del trabajador.
Lo hemos hecho luchando contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social y poniendo al día las aportaciones del Estado para financiar los elementos no contributivos del sistema; lo hemos hecho también anticipando por parte del Estado
prácticamente todas las aportaciones comprometidas en presupuestos para financiar los elementos no contributivos del sistema. Les puedo asegurar que antes de hacer uso del Fondo de reserva hemos agotado todas las herramientas que estaban a nuestra
disposición para hacer frente puntualmente a las obligaciones de pago, pero todas estas medidas, señorías, no han sido suficientes y se han tenido que complementar con otras que permitieran aportar liquidez al sistema de Seguridad Social. En una
primera instancia el sistema tuvo que recurrir al empleo de los recursos del Fondo de prevención y rehabilitación, generado por los excedentes de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en una cuantía de 4.680 millones de
euros. Ello nos permitió hacer frente a la doble mensualidad ordinaria y extraordinaria del mes de julio. En segundo lugar, ante la persistencia de estas insuficiencias de tesorería, nos vimos en la necesidad de recurrir por primera vez al Fondo
de reserva de la Seguridad Social por importe de 3.063 millones de euros. Con esta disposición de fondos alcanzamos ya el límite máximo anual permitido hasta el momento, que se correspondía, como ustedes saben, con el 3 % del crédito para pensiones
siempre de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión. Por eso, ante la persistencia de esas necesidades de tesorería y ante la necesidad de adelantarse a eventuales insuficiencias financieras del sistema, estamos obligados a
recurrir a una modificación legal de limitado alcance temporal y de naturaleza condicionada al exclusivo pago de las prestaciones del nivel contributivo del sistema con una finalidad muy clara, que es cumplir con el pago puntual de las catorce pagas
de los pensionistas: las ordinarias y las extraordinarias. Por esta razón, el real decreto-ley que hoy sometemos a convalidación establece que durante los años 2012, 2013 y 2014 el límite de disposición del fondo será el equivalente al importe del
déficit que ponga de manifiesto la Intervención General de la Seguridad Social en sus previsiones de liquidación. Por tanto, señorías, con sentido y con control; siempre con ese control del máximo órgano fiscalizador de la Seguridad Social.
Esta flexibilización temporal del Fondo de reserva en una situación como la actual mantiene la previsión que limita la disposición de los activos; la mantiene a la financiación exclusivamente de las pensiones de carácter contributivo. La
naturaleza del fondo, por tanto, es y será abonar los gastos del nivel contributivo de las prestaciones del sistema, es decir, las pensiones contributivas y nada más. Señorías, las decisiones que se tomaron en años anteriores tienen repercusiones
en el sistema y es mi obligación recordarlas también esta mañana, porque hoy dispondríamos de mayor margen de maniobra si el Estado hubiese atendido en los pasados ejercicios la totalidad de la financiación de los complementos a mínimos; si el
Estado hubiese aportado toda la financiación no contributiva y no hubiera tenido que asumir la Seguridad Social esas insuficiencias presupuestarias, o si no se hubiesen venido arrastrando desfases de financiación prácticamente en todos los
ejercicios. Si estas cosas no hubiesen ocurrido, señorías, el sistema dispondría hoy de mayores recursos, pero desgraciadamente no fue así.
En segundo lugar, el real decreto-ley aborda la revalorización de las pensiones. Por un lado, para reforzar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, se mantiene en el año 2012 la revalorización de las pensiones en el
1 % que ya recogían los presupuestos generales de este año. El cumplimiento del objetivo de déficit es indispensable para que nuestro país pueda financiarse, para que nuestro país pueda iniciar la salida de la crisis, pueda volver a crecer y crear
empleo, que es de verdad la garantía de nuestro sistema de pensiones. Por otro lado, el real decreto-ley, como muestra del compromiso de verdad de este Gobierno con los pensionistas, especialmente con aquellos que tienen menor poder adquisitivo,
establece que para el año que viene las pensiones de hasta 1.000 euros experimentarán una subida del 2 % desde la primera nómina del mes de enero, lo que supone el 75 % de los pensionistas; casi 7 millones de pensiones se verán incrementadas el año
que viene por encima de lo previsto inicialmente. Para el resto de las pensiones del sistema la subida será del 1 %.
Señorías, el Gobierno ha tomado esta decisión en cuanto ha conocido el IPC adelantado, el IPC de noviembre, y en el marco de la evolución del déficit público. No podíamos haberlo hecho antes y no hemos querido tampoco hacerlo después. Todo
ello nos ha obligado, en cuanto hemos tenido la información relevante, a tomar las decisiones que hoy traemos a convalidar a esta Cámara. Nos hubiera gustado subir las pensiones más, es verdad, pero esta no es una cuestión de voluntad o de
voluntarismo político, aunque hoy, señorías, también hay que decir con claridad que el debate es cuánto suben las pensiones, si suben más o no lo hacen tanto, pero no es el debate de otros años, que era por qué se congelaban (Rumores.-El señor
Madina Muñoz: ¡Mucha cara!-La señora Carcedo Roces: Explica lo tuyo). Señorías, nuestro compromiso con los pensionistas es irrenunciable (Aplausos.-La señora Carcedo Roces: ¿Cómo puede decir eso?), pero nuestro compromiso con España también lo
es, y la reducción del déficit público es fundamental para salir de la crisis, para iniciar el crecimiento económico y volver cuanto antes a la creación de empleo.
Señorías, como saben, la tercera finalidad de este real decreto es proceder a la concesión de los suplementos de crédito para la cobertura de obligaciones del Servicio Público de Empleo Estatal correspondiente a gastos de prestaciones por
desempleo, compensación de la disminución de la recaudación producida en las cotizaciones por desempleo y formación profesional, así como la cobertura de gastos relativos al programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que
agoten su prestación por desempleo. Las razones que justifican la concesión de este suplemento se basan en la necesidad de atender el pago de obligaciones exigibles para la Administración, así como de regularizar importes pendientes de imputar al
presupuesto procedentes de los ejercicios anteriores.
Finalmente, señorías, el real decreto-ley modifica, a través de su disposición final primera, el apartado 1 del artículo 94 bis de la Ley 29/2006, de garantía y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. La finalidad principal
de esta modificación es unificar los criterios aplicables para la dispensación de medicamentos de farmacia en el marco de la progresiva implantación de la receta electrónica para todo el territorio nacional en todos los ámbitos y, por tanto, también
para los medicamentos que se dispensen en el ámbito de la farmacia hospitalaria. Pero quiero subrayar especialmente que esta modificación no significa que los pacientes hospitalizados vayan a tener que aportar nada por los medicamentos que reciban
ni que el coste de los medicamentos con cupón precinto vaya a repercutirse en el usuario.
Señorías, no puedo concluir mi intervención sin pedirles responsabilidad máxima en estos momentos tan difíciles y sin pedirles comprensión con las medidas que estamos tomando, porque la prioridad es sacar a España de la crisis. Les aseguro
que en materia de revalorización de pensiones hubiéramos querido llegar más lejos, pero lo hemos hecho tan lejos como nos ha sido posible. Como decía, son decisiones difíciles, pero les aseguro que son decisiones ponderadas y destinadas hasta el
último día a
hacer frente a nuestro compromiso de pago puntual de las pensiones y también al cumplimiento de nuestros objetivos de déficit como país. Podemos pensar solo en las necesidades de hoy, pero debemos pensar en las necesidades de hoy y de
mañana y anticiparnos a ellas con responsabilidad.
Señoras y señores diputados, no quiero concluir mi intervención sin enviar un mensaje de tranquilidad responsable a los pensionistas. Este Gobierno está trabajando para que las pensiones estén garantizadas ahora y en el futuro abordando la
modernización del sistema de Seguridad Social y, a pesar de encontrarnos en un momento de fuerte consolidación fiscal, garantizando la auténtica separación de fuentes de financiación que significa un hito histórico y que supone además cumplir con
las recomendaciones del Pacto de Toledo. Estamos luchando contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social y trayendo responsablemente al Congreso una serie de medidas tendentes a garantizar la sostenibilidad de nuestro modelo de pensiones,
acercar la edad real a la edad legal de jubilación y promover el envejecimiento activo a través de la prolongación voluntaria -subrayo, voluntaria- de la vida laboral. Lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a decir hoy, lo hacemos con el
convencimiento de que las medidas y las reformas que hoy emprendemos son los empleos y la garantía de nuestras pensiones y de nuestro sistema de bienestar de mañana.
Señorías, concluyo ya. Las medidas que sometemos hoy a convalidación son el camino correcto para la salida de la crisis; una crisis de la que estoy segura vamos a salir fortalecidos y que dará paso a muchas y nuevas oportunidades. Con
estas y con otras medidas estamos sentando las bases de la recuperación para volver cuanto antes a la senda de crecimiento económico y de creación estable de empleo de calidad que España nunca debió perder.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Ha solicitado la utilización de turno en contra del decreto-ley el Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de ese turno en contra, tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor presidente, señorías, en primer lugar, me van a permitir que desde aquí recuerde con todo cariño a nuestro compañero Luis María de Puig, que nos ha dejado en el día de ayer y que fue diputado de esta Cámara
durante varias legislaturas. (Aplausos).
Señorías, subo a la tribuna en nombre de mi grupo parlamentario para anunciarles el recurso de inconstitucionalidad de este real decreto que hurta a los pensionistas un derecho ya adquirido, el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo
de las pensiones para 2012, con la vulneración del artículo 9.3 de la Constitución, que consagra el principio de irretroactividad de las leyes no favorables o restrictivas. Suspende la revalorización a pasado, un derecho que ya tenían los
pensionistas. Además, recorta una vez más el derecho a la protección a la salud al extender el copago de los medicamentos a los que se prescriben con orden hospitalaria y porque se dispone del Fondo de reserva, suspendiendo su limitación y
disponiendo libremente de él para los próximos tres años.
Señora ministra, hoy aquí el debate no es si suben o no las pensiones, hoy aquí el debate es que ustedes eliminan un derecho de los pensionistas a recibir la compensación de las pensiones, derecho que le da el artículo 48.2 de la Ley de la
Seguridad Social porque la subida de las pensiones se hace, señorías, en tres tramos. A primeros de año se sube a cuenta del IPC previsto, en este caso el 1 %, y a finales de noviembre, tomando como medición de noviembre a noviembre, la diferencia
entre el IPC previsto y el IPC real, en este caso el 1,9 % de diferencia. Eso es lo que ustedes hurtan, el 1,9 % de mes a mes. Luego les podré decir exactamente de qué cantidades hablamos. También les hurtan la paga de enero que todos los
pensionistas reciben como compensación de la diferencia del derecho consolidado mes a mes desde el 1 de enero. Por tanto, señora ministra, sí hablamos de un derecho, no de una subida o no subida de las pensiones.
Nosotros creemos, se lo puedo garantizar, que los pensionistas van a hacer reclamaciones de cantidad uno por uno al INSS y además van a hacer reclamaciones ante los tribunales, y las van a ganar porque es un derecho que el pensionista ha
generado. Le ponemos de nuevo el ejemplo del otro día. Cuando una persona fallece en julio, en agosto o en septiembre, a sus herederos, los hijos o su viuda, el INSS les paga la diferencia que ha generado desde el 1 de enero hasta el día de su
fallecimiento porque, repito, es un derecho. Ustedes han esperado a que pasen todas las contiendas electorales. Han traído aquí unos presupuestos generales de la Seguridad Social para 2013 donde hablaban del aumento de las pensiones para el año
que viene. Han votado aquí una iniciativa donde pedían que se aplicara la revalorización de las pensiones -lo aprobamos toda la Cámara- y han contestado una y otra vez que iban a cumplir la ley
a preguntas de esta diputada y de varios miembros de mi grupo parlamentario. Por tanto, estaban mintiendo, no tenían intención alguna de cumplir la ley. Ustedes esperaron que pasaran todas las contiendas electorales y después, cuando ya
sabían lo que les iba a generar el coste de la revalorización y de la actualización, les dijeron a los pensionistas: Ahora que sabemos lo que vale, no se lo doy.
Ustedes dicen que nosotros hemos congelado las pensiones. Pues bien, nosotros lo hicimos con estricto respeto a la legalidad vigente. De hecho, le puedo mostrar dos nóminas, una de 2010 y otra de 2011; a principios del año 2011 todos los
pensionistas tuvieron su paga y la diferencia del año anterior. Lo que se les congeló fue la pensión de 2011, con lo cual... (Rumores). No, señorías, no habían generado ningún derecho. (Aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada. Ruego silencio, está explicando unos términos técnicos y hay que escuchar a la interviniente.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En mayo de 2010 anunciamos en el Parlamento que los pensionistas no iban a tener aumento en 2011, aun sabiendo que teníamos una oposición que no quiero recordarles lo que nos dijeron todos los días desde mayo de
2010 y todo el año 2011. Señorías, nosotros les dimos lo que les correspondía y les anunciamos que en el futuro no tendrían un derecho. Ustedes no, ustedes generan el derecho y cuando se lo tienen que pagar, dicen: Ahora no te lo doy, ahora te lo
quito. (Aplausos). Le pongo un ejemplo. A 1 de enero, la pensión mínima era 618 euros. Actualización con el 1,9 % de diferencia, 11,76 euros, una paga de 164 euros que tendrían que cobrar en enero, y luego había que consolidarlo en la pensión
para subirle lo del año que viene. Es decir, este año pierden el 11,76 % mensual y el año que viene siguen perdiendo el 11,92 %. Les congelan la actualización para este año y para el año que viene. Del año que viene no les puedo acusar porque ya
lo anuncian, pero de este año, sí, porque este año los pensionistas ya habían generado ese derecho. Ustedes mienten desde el primer momento a todo el mundo, a los pensionistas y a los ciudadanos. Nos dijeron que nos subían el IRPF porque no nos
querían subir el IVA. Después metieron el copago farmacéutico cuando los pensionistas nunca habían pagado un 10 %. Meten el copago en el transporte sanitario. En septiembre nos meten una subida del IVA que en algunos productos llega al 13 %.
Todo eso merma el poder adquisitivo de nuestros pensionistas. Además, ustedes saben igual que yo que el 45 % de los pensionistas está sosteniendo a sus familias, que el 45 % de los pensionistas está ayudando a sus hijos y a sus nietos, y que
gracias a las pensiones la sociedad está aguantando la tremenda crisis que estamos sufriendo. Por lo tanto, señorías, claro que vamos a acudir al Constitucional porque creemos que ese derecho ha de ser repuesto. Ya sabemos que nos tocará pagarlo,
pero lo haremos con gusto cuando volvamos al Gobierno. (Aplausos).
Señora ministra, habla usted de pérdida de afiliación, de la situación crítica de la Seguridad Social. Es culpa suya, es culpa de su reforma laboral, su reforma de despido prácticamente libre y barato. La rebaja de los salarios en torno al
25 % baja cuotas, evita cotizaciones. ¿No se da cuenta de que las empresas están sustituyendo al padre por el hijo, echan a uno que gana 1.300 euros y contratan a uno por 600? Eso es pérdida de ingresos de la Seguridad Social y eso, señora
ministra, señores del PP, es lo que hace su reforma. Nosotros subimos las pensiones, durante las dos legislaturas del PSOE las pensiones mínimas tuvieron un incremento del 26 %, y es verdad que las pensiones contributivas un año perdieron el 1,2 %,
pero, señorías, en un solo año que llevan de legislatura todas las pensiones, incluidas las mínimas, pierden un 1,9 % de poder adquisitivo. Y luego nos dicen que van a subir las pensiones o que querrían subirlas más, pero es la primera vez que un
Gobierno democrático quita un derecho y luego dice: Y ahora, como soy muy generoso, te subo la pensión. No, hombre, si tienen el derecho que les da la ley que hay que aplicar. Es la primera vez que un Gobierno democrático suspende un derecho, y
un derecho ya reconocido. Además, nos pide la disponibilidad del Fondo de reserva sin control, sin negociación con los agentes sociales, sin nada. Les voy a decir aquí que mentía ayer el señor Rajoy cuando le hablaba a mi jefe (Risas) sobre la
herencia recibida. Mire, la herencia es esta. (Muestra un gráfico). Con esta herencia, señorías, están pagando ustedes las pensiones en estos momentos. (Aplausos). Eso sí es herencia. No nos opondríamos nunca a la disponibilidad del Fondo de
reserva para pagar pensiones, porque para eso está. La hucha de los trabajadores, la hucha de las pensiones, como a la ministra y a mí nos gusta decir, está para pagar pensiones, pero con las normas y con la información de todos, y solo para pagar
pensiones. Estamos radicalmente en contra de que se utilice para otras cosas. La semana que viene vamos a aprobar aquí unos presupuestos que ustedes dicen que están cuadrados respecto a la Seguridad Social. Nosotros les decimos que tiene un
déficit oculto de 13.000 millones, pero ustedes dicen que no, que están cuadrados.
Si están cuadrados, ¿para qué quieren echar mano al Fondo de reserva el año que viene? Ustedes no lo dicen. O cambian los presupuestos o aclaren ese concepto. (Aplausos).
Señorías -repito-, nos dicen que habríamos podido poner antes los complementos a mínimos. Señora ministra, nosotros nos limitamos a cumplir una ley que dejó el Gobierno de José María Aznar. Cuando nos fuimos en el año 1996, el 38,39 % de
los complementos a mínimos se pagaban por el Gobierno, por los Presupuestos Generales del Estado. Cuando volvimos, en 2004, señorías, lo habían bajado al 2 %, del 40 al 2 %, y tuvimos que volverlo a subir. Eso es lo hacen ustedes. Ustedes dicen
una cosa pero luego hacen lo que quieren.
En definitiva, señorías, estamos radicalmente en contra de este decreto porque creemos que es un derecho de los jubilados cobrar la actualización de las pensiones. Estamos radicalmente en contra de lo que aquí plantean, que no es cobrar
cuando estás hospitalizado, es cobrar, por ejemplo, a un trasplantado que va cada mes al hospital a buscar sus medicamentos, que ahora no paga nada y que después pagará lo que le corresponda, o un tratamiento del sida. Eso es lo que dice también
este decreto. Por tanto, señorías, estamos radicalmente en contra. Y estamos radicalmente en contra de que se utilice el fondo sin ningún control. Les pedimos que retiren este decreto, que actualicen las pensiones como corresponde, que les den su
paga a los pensionistas y, luego, siéntense con los agentes sociales, con todo el arco parlamentario y negociemos lo que haya que negociar para salvaguardar el futuro de nuestras pensiones. Así no, señora ministra; engañando, no. La
revalorización es un derecho de los pensionistas y a ellos hay que dárselo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López i Chamosa.
Se ha pedido por el Grupo Popular un turno a favor del decreto-ley. Para defenderlo, tiene la palabra la señora España.
La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer la celeridad con la que la ministra de Empleo y Seguridad Social acudió a la Comisión del Pacto de Toledo para comparecer después de la aprobación del Consejo de Ministros de este decreto que hoy estamos
convalidando aquí (Rumores), y lo hizo a petición propia. Quiero decirlo porque cuando el Gobierno socialista congeló las pensiones, el ministro correspondiente tardó un mes en acudir a la Comisión del Pacto de Toledo y, además, no lo hizo a
petición propia, sino que fue a requerimiento de la propia Mesa de la Comisión del Pacto de Toledo. (Aplausos). La verdad, señorías, es que escuchando al Grupo Socialista parece que en este país no se van a subir las pensiones. Nada de eso,
señorías. La primera medida que adoptó el Gobierno de Rajoy, el 30 de diciembre, días después de su toma de posesión el 21 de diciembre de hace un año, fue subir las pensiones un 1 % para todos los pensionistas en el año 2012; en el año 2013 habrá
una subida del 2 % para el 75 % del total de pensiones. Estamos hablando de casi 7 millones de pensiones. Señorías, un incremento medio de 270 euros al año.
Con el Gobierno del Partido Popular, señorías, hay subida de pensiones, hay revalorización de las pensiones (Rumores); algo menos de lo que nos gustaría, algo menos del IPC, por supuesto, pero hay subida de pensiones. En una situación
mucho menos complicada que la actual, el Partido Socialista fue el primer partido en la historia de este país que congeló las pensiones. Eso no es revalorizar las pensiones, eso no es subir las pensiones; eso es congelación de las pensiones,
incremento cero. Y, ahora, ese mismo partido que en su momento congeló las pensiones plantea un recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno del Partido Popular porque va a subir un 2 % las pensiones al 75 % de los pensionistas de este país.
(Rumores.-Aplausos). Señorías, la verdad es que no doy crédito a tanta incongruencia política, a tanta desfachatez y a tanta falta de seriedad y de credibilidad. Si hay algo que no se les olvida a los casi 9 millones de pensionistas de este país
fue la congelación que sufrieron por culpa del Partido Socialista. (Varios señores diputados: No, no). Yo les pregunto, ¿dónde estaba entonces el recurso de inconstitucionalidad? No me hablen de los tiempos. Hablan de que nosotros hemos
hurtado. No, miren, ustedes lo hurtaron absolutamente todo. Hurtaron la paga de enero, el IPC de noviembre, la pérdida del poder adquisitivo fue de 2,9 puntos. (La señora López i Chamosa: No, mentira). Me parece muy bien, señora Chamosa, que
den ahora las explicaciones de la congelación que no dieron en su momento, pero al fin y al cabo ustedes fueron los responsables de la congelación de las pensiones en este país. Ahora, ustedes quieren plantear un recurso de inconstitucionalidad.
Están en su derecho. Hagan lo que estimen oportuno, pero les voy a decir una cosa. Desde el punto de vista político, entiendo que ustedes no tienen
autoridad moral para plantear un recurso de inconstitucionalidad contra un partido que está subiendo las pensiones después de cómo ustedes han dejado este país. Políticamente es absolutamente inaceptable, inmoral y creo que pierden toda
credibilidad después de haber sido el único partido que ha congelado las pensiones. Jurídicamente, no voy a entrar; ahí está el Tribunal Constitucional. Pero sí le voy a decir que es reiterada la doctrina constitucional que establece que en
materia de Seguridad Social no existen derechos consolidados; que la cuantía de las prestaciones está condicionada por las posibilidades económicas del sistema. Habla usted de que tendría que haberse anunciado con tiempo. Pero, señoría, se lo he
dicho antes: El 21 de diciembre tomó posesión el presidente del Gobierno y el 30 de diciembre estaba aprobando un decreto-ley para subir las pensiones, porque si no lo hacía se prorrogaban los presupuestos y se prorrogaba la congelación socialista.
¿Cuándo íbamos a avisar, según su teoría de que había que avisar? Por tanto, señorías, no me voy a detener más en el tema de la inconstitucionalidad por una sencilla razón, porque ustedes en el fondo no creen en el recurso de inconstitucionalidad,
únicamente están buscando un titular de periódico y una foto.
Ahora le voy a explicar por qué el Partido Popular va a subir las pensiones, pero no tanto como le gustaría porque no vamos a poder llegar al IPC. En primer lugar, porque hay que cumplir con el objetivo de déficit. Estamos hablando de un
objetivo absolutamente irrenunciable, imprescindible para volver a la senda de crecimiento económico de la creación de empleo. Señorías, todo lo que sea contrario a reducir el déficit va a retrasar la salida de la crisis, supondrá más dificultades
para la financiación y lo que tenemos que hacer es volver cuanto antes a la normalidad, a la creación de empleo y aumentar el número de cotizantes a la Seguridad Social porque, en definitiva, son los que van a garantizar la estabilidad del sistema y
los que van a permitir que en un futuro se puedan pagar las pensiones conforme al IPC. Pero, señorías, volver a esa normalidad nos está costando mucho trabajo. Es que ustedes dejaron 5 millones de parados y 2.300.000 cotizantes menos a la
Seguridad Social. (Aplausos).
En cuanto al déficit, ustedes se fueron diciendo que el déficit iba a ser del 6 %. Al final dejaron un déficit del 9,4 %, el déficit más alto de toda la Unión Europea, solo superado por Irlanda. Usted sabe que esos 3 puntos de diferencia
de los que estamos hablando suponen 30.000 millones de euros de déficit oculto. Seguramente si ustedes hubiesen cumplido con el déficit del 6 %, no estaríamos aquí debatiendo y no se habrían hecho tantos ajustes. Por tanto, no son solo ustedes
responsables de la congelación de las pensiones sino también en buena parte de que no podamos llegar al total de la revalorización, porque 30.000 millones de euros de déficit dan para muchas revalorizaciones.
Y en segundo lugar, nos hemos encontrado una Seguridad Social en déficit, con números rojos. Ya lo ha dicho la ministra: 7.900 millones de euros de déficit en el año 2011. Mire usted, toda la recaudación esperada por la subida del IVA es
el déficit que ustedes han dejado en la Seguridad Social. Por tanto, en este país cuando alguien pregunte por qué se ha subido el IVA en España, hay que responder que para compensar el déficit de la Seguridad Social que volvieron a dejar los
Gobiernos socialistas. (Aplausos.- Rumores). Porque no es la primera vez, señorías, ya nos tienen acostumbrados a los números rojos. En el año 1996, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, se encontró un déficit de 500.000 millones de las
antiguas pesetas, 3.000 de millones de euros, y hubo que pedir un crédito para pagar las pensiones. Por donde van pasando, siembran el déficit y cuando se siembra el déficit, se recoge lo que hemos recogido nosotros, un país que no se merece lo que
ustedes han hecho con él.
Pues bien, ese déficit en la Seguridad Social es consecuencia de que se ha abusado de la Seguridad Social; es decir, se ha utilizado como cajero automático, como monedero que todo lo paga, porque se ha sobrecargado con gastos impropios la
Seguridad Social. Eso es lo peor que le puede pasar a un sistema de Seguridad Social para garantizar su estabilidad. Me parece muy grave, muy grave -lo ha dicho la ministra-, que en los últimos diez años se hayan abonado con cargo a las
cotizaciones sociales 40.000 millones de euros de gastos impropios, entre otros, de complementos a mínimos que tenía que haber pagado el Estado y no la Seguridad Social. Pero no se preocupe, señoría, esto también ha sido resuelto por el Partido
Popular porque en 2013 vamos a culminar la separación de las fuentes de financiación, que es la primera recomendación del Pacto de Toledo y es un requisito absolutamente imprescindible para garantizar la sostenibilidad del sistema. Por tanto, con
las cotizaciones sociales vamos a pagar las prestaciones contributivas y las no contributivas se pagarán con el Estado, a través de las transferencias. Pero claro esto supone que el Estado va a tener que incrementar su presupuesto, las
transferencias que manda a la Seguridad Social, en un 75 %, pasando de 9.000 millones de euros a 15.500 millones de euros. El Estado va a asumir por primera vez en 2013 la financiación estatal plena de los complementos a mínimos. ¿Qué supone esto,
señoría? Suponen 4.000 millones de euros de aportación adicional, frente
a los 100 millones de euros de aportación adicional en los últimos años de Gobierno socialista. Es decir que en dos años -2012 y 2013- vamos a hacer lo que no hizo el Partido Socialista en siete años. Ya lo ha dicho la señora ministra,
además de las fuentes de separación, hemos tomado muchísimas medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema, entre otras cosas poner orden en las cuentas de la Seguridad Social. La Seguridad Social tenía deudas con Fogasa, el Imserso con la
Seguridad Social, porque ustedes hicieron la Ley de Dependencia pero no pagaron las cotizaciones sociales de los cuidadores no profesionales, ahí estaban sin pagar. Hemos tenido que buscar 1.000 millones de euros para poder pagar las cotizaciones.
Si no se pagan las cotizaciones sociales, es difícil que luego se puedan revalorizar al IPC las pensiones en este país.
Habla usted de la reforma laboral. Con la reforma laboral se ha destruido mucho menos empleo privado que en los últimos meses de Gobierno socialista. Ahí están los más de 70.000 contratos indefinidos, los más de 50.000 contratos de
aprendizaje y de formación. No me hable de que se abarata el despido porque la principal crítica que se le hizo a la reforma laboral del Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero era que abarataba el despido y hemos sido nosotros quienes
hemos quitado el despido exprés. Por lo tanto, gastamos más en pensiones que nunca en la historia de este país, más de un 10 % de nuestro producto interior bruto. Es la única partida que sube junto con los intereses, desgraciadamente, para pagar
la deuda que ustedes nos dejaron; un 43 % del gasto se destina a pensiones. Por lo tanto, señorías, más allá de revalorizar las pensiones conforme al IPC en un año determinado, es importante tomar decisiones que garanticen la sostenibilidad del
sistema.
Me habla usted también de la herencia recibida; ayer el señor Pérez Rubalcaba hablaba sobre el Estado del bienestar. El Estado del bienestar ni se crea, ni se construye, ni se destruye en un instante, ni en un momento. (Rumores). Se ha
construido a lo largo de muchos años, de mucho esfuerzo, con Gobiernos del PP y con Gobiernos del PSOE. Le voy a decir una cosa: Antes de que los ciudadanos les colocaran donde están sentados, en la oposición, antes de eso, en el mismo decreto por
el que congelaron las pensiones eliminaron el cheque bebé, redujeron el sueldo a los funcionarios un 5 %, subieron el IVA, subieron la tributación del ahorro, subieron el IRPF y eliminaron la retroactividad de la dependencia. Pues bien, después de
todo eso, ustedes dejaron un déficit del 9 % cuando dijeron que iba a ser del 6 %. Se gastaron 90.000 millones de euros más de lo que ingresaron, dejaron déficit en las cuentas de la Seguridad Social, dejaron una deuda en Fomento de 40.000 millones
de euros, dejaron una deuda en el sector sanitario de 16.000 millones de euros y dejaron una deuda en el sector eléctrico de 24.000 millones de euros; 5 millones de parados y 2.300.000 cotizantes menos a la Seguridad Social. ¿Quién ha puesto en
riesgo el Estado del bienestar, señorías? Tiene nombre y apellidos: Partido Socialista Obrero Español. (Aplausos).
El Partido Popular desde que ha llegado a este Gobierno lo único que ha hecho, su principal preocupación es no gastar más de lo que ingresa, cumplir el objetivo de déficit, pagar a proveedores, luchar contra el fraude fiscal y laboral; es
decir, hacer las reformas necesarias para que pueda seguir existiendo el Estado del bienestar en este país. (El señor Villarrubia Mediavilla pronuncia palabras que no se perciben). Mire usted, se ha criticado también el momento en que se ha
adoptado la decisión. Vuelvo a recordar que no es una congelación, que es subir un 2 % al 75 % de las pensiones en este país. Señoría, aquí nadie ha mentido (Varios señores diputados: ¡Nooo!). Ustedes ni lo intentaron porque nosotros lo hemos
intentado hasta el final, hasta el último momento. Ustedes ni lo intentaron, congelaron directamente, cero euros de subida, esa es la marca del Partido Socialista. Y nosotros lo hemos intentado hasta el final, como ayer le dijo el presidente del
Gobierno, teniendo en cuenta cómo ha evolucionado el número de cotizantes de la Seguridad Social, cuáles han sido los gastos y los ingresos del resto de las administraciones públicas y cuál era el IPC de noviembre. Señoría, como dijo el presidente
del Gobierno ayer, en cuanto sea posible se revalorizarán las pensiones con el IPC.
Hablaba usted del IRPF; no confunda a los ciudadanos. El IRPF no afecta a la mayoría, solo afecta al 11 % de los pensionistas, 850.000 respecto a más de 8 millones. Y respecto al copago farmacéutico, de alguna forma habría que pagar la
deuda de 16.000 millones de euros que ustedes han dejado en el sector sanitario. Pero le advierto que sería en función de la renta y no en función de la pensión y que, en todo caso, están excluidos los parados de larga duración y los que reciben
pensiones no contributivas. Me habla también del Fondo de reserva, fondo que tenemos por una ley del Partido Popular, precisamente para estos momentos, para las fluctuaciones de los ciclos económicos. Creo que no hay que rasgarse las vestiduras
porque se use el Fondo de reserva. Lo importante es que existe porque el Partido Popular fue previsor. (El señor Villarrubia Mediavilla pronuncia palabras que no se perciben). Y lo importante es
decirle a los pensionistas que sus pensiones están garantizadas, que van a cobrar la paga de diciembre, la extra y que cuando llegue enero van a tener una subida de un 2 %. Eso es lo realmente importante y lo triste y lamentable es que
cuando gobernaba el Partido Socialista no cumplió la ley, porque la ley establece que los excedentes de tesorería deben ir prioritariamente al Fondo de reserva y en el año 2008 y 2009 hubo más de 14.000 millones de euros de excedentes que tenían que
haber ido al Fondo de reserva, que ustedes hurtaron del Fondo de reserva y que se perdieron por el camino. (Aplausos). Y el Fondo de reserva era de todos los pensionistas, señoría; no es del Partido Socialista ni del Partido Popular, es de todos
los pensionistas que han ido nutriéndolo año a año. Por lo tanto, el Partido Popular va de frente y dice la verdad, y ustedes privaron y hurtaron a los pensionistas 14.000 millones de euros. Y eso es, señorías, llanamente abrir la hucha de las
pensiones por la puerta de atrás y con nocturnidad. Y lo peor de todo esto es para qué utilizaron los 14.000 millones de euros que no destinaron al Fondo de reserva. Para subida de pensiones no, porque ustedes congelaron las pensiones; tampoco
para cuadrar las cuentas públicas, porque dejaron un gran déficit en la Seguridad Social; pero esa es la gran incógnita. Señoría, eso sí es usar el Fondo de reserva sin control. Y ahora ustedes se llevan las manos a la cabeza porque vamos a
modificar el límite del uso del Fondo de reserva. ¿Esa es la confianza que ustedes tienen en la Intervención General de la Seguridad Social? Porque está claro, como ha dicho la ministra, que el límite será el equivalente al déficit que elabore a
tal efecto la Intervención General de la Seguridad Social. Pero no se preocupe, que se utilizará el Fondo de reserva con control, se utilizará con control; estos no son los ERE de Andalucía. (Aplausos). Y no me diga que congelaron las pensiones
en el año 2011 porque en el 2009 hubo un incremento de poder adquisitivo ya que, efectivamente, el IPC que se le aplicó resultó ser superior al real. Esos incrementos de poder adquisitivo también se dieron cuando gobernaba el Partido Popular: se
dieron en los años 1996, 1997, 1998... y luego a nadie del Partido Popular se le ocurrió congelar las pensiones; nunca, ni antes ni ahora, nunca. Por tanto, señorías, no traten de justificar lo injustificable. Me habla también del decreto del
uso hospitalario y ahí el único cambio que se plantea es equiparar la receta médica con la orden de dispensación ambulatoria.
Voy terminando, señor presidente. (Rumores). Señorías, la diferencia es que con el Partido Socialista se congelaron las pensiones, dejaron déficit en la Seguridad Social y abrieron la hucha de las pensiones por la puerta de atrás y con
nocturnidad, y con el Partido Popular se van a subir las pensiones un 2 % para el 75 % de las mismas, se va a poner orden en las cuentas culminándose la separación de la cuenta de financiación, que es lo que garantiza la estabilidad del sistema de
Seguridad Social, y se va a utilizar el Fondo de reserva con transparencia y diciendo la verdad. Usted decía, señora Chamosa, que están radicalmente en contra de este decreto, pero es porque ustedes están radicalmente en contra de subir las
pensiones un 2 % a los pensionistas, que es lo que se aprueba en este decreto (Protestas.-Rumores), porque ustedes con su voto aprobaron la congelación de las pensiones en este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.
En el turno de réplica, tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Señora España, cuando el Partido Socialista anunció que iba a congelar las pensiones, el presidente del Gobierno vino a esta Cámara y desde esta tribuna anunció, con siete meses de antelación, lo que iba a hacer. Y le recuerdo, ¿dónde está
su presidente?, ¿si ahora parece que no tenemos? (Risas). Nosotros hemos pedido que fuera el presidente el que explicara esto y ustedes lo han impedido con su mayoría absoluta. Por tanto, ¿qué quieren?, ¿proteger al presidente?, ¿no lo sabe
explicar? (Rumores).
Señorías, no hablamos de subir o no subir pensiones, hablamos de un derecho que tienen consolidado los pensionistas, que ya lo han generado. Señora España, me hubiera gustado más el debate con la ministra porque nos conocemos más, pero se
lo voy a explicar también a usted. Si revalorizan las pensiones con el 1,9 %, les dan la paga y luego les suben no el 2 % sino el 1 %, los pensionistas ganan más que si les suben el 2 % y les quitan la actualización, porque hablamos de
actualización del IPC, hablamos del artículo 48 de la ley. Durante los Gobiernos socialistas, las mínimas, contributivas y no contributivas, subieron por encima del IPC un 26 %; eso era lo que nos criticaban todos los días aquí. Y eso de que no
tenemos autoridad moral... Pero bueno, ¿quiénes se creen que son ustedes? (Rumores.-Aplausos). Nosotros tenemos la misma autoridad moral que tienen ustedes. A mí me han votado igual que a usted y, por tanto, represento a mis electores, a mis
votantes y tengo el mismo derecho aquí que usted. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
Ahora bien, ustedes me hablan mucho del déficit y les preocupa el déficit, pero van y les dan a los bancos 37.000 millones y ahí no les preocupa el déficit que les va a causar, pero 2.300 millones para los pensionistas suponen un déficit que
no se puede cubrir. (Una señora diputada: ¡Ahí! ¡Ahí!). Ustedes no pagan las pensiones porque no quieren; tienen 67.000 millones. (Aplausos). Tienen la herencia socialista de 67.000 millones con los que pueden pagar las pensiones (Rumores.-Un
señor diputado: ¡Por favor!), para eso están, para esto ahorran los pensionistas, no para lo que ustedes quieran sino para cobrar sus pensiones. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos). Por tanto, señorías, revaloricen las pensiones.
Ustedes no conceden nada a los pensionistas, ni nosotros tampoco cuando gobernábamos. Los pensionistas tienen derechos y de lo que hablamos hoy aquí es de que ustedes les quitan un derecho a los pensionistas, de eso es de lo que hablamos
hoy aquí (Un señor diputado: ¡Muy bien!), no de subida o no subida, sino de un derecho que les quitan. Señorías, cuando hablamos del Fondo de reserva, cuando lanzan aquí 14.000 o 15.000 millones -porque hablan de millones sin adjudicarlos en
ningún sitio-, yo les digo que aquí está. (Muestra un documento.-Protestas.-Varios señores diputados: ¡Ahí no, ahí no!-El señor Merino López hace gestos negativos.-La señora Romero Rodríguez: ¡En la foto sí, en la cara no!). Sí, sí, sí.
(Rumores).
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, por favor.
Siga, señora López. (Continúan los rumores).
¡Silencio!
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señorías, ya sé que esto molesta mucho porque les doy pruebas (La señora Álvarez-Arenas Cisneros pronuncia palabras que no se perciben.-El señor Suárez Lamata: ¡Lo que molesta es que mientan!), ustedes lo que
hacen es...
El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez-Arenas, le ruego silencio.
Siga, señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En definitiva, señorías, vamos a recurrir este decreto porque elimina el derecho de los pensionistas a cobrar su paga y subirla a su pensión base, y ese derecho no se lo pueden quitar ustedes de ninguna de las
maneras, por eso vamos a ir al Tribunal Constitucional y ellos a la ley ordinaria. Háganme caso, utilicen el fondo para pagar las pensiones; paguen la actualización de este año y luego, si quieren, por favor, vuelvan al Pacto de Toledo, hablemos
del futuro de las pensiones y hablemos del futuro de la Seguridad Social. No de las pensiones del año que viene, no; de las del año que viene y de las de los jóvenes que hoy están entrando al mercado de trabajo. Por tanto, señorías, no a este
decreto. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora López i Chamosa.
Señora España.
La señora ESPAÑA REINA: Gracias, presidente.
Señorías, autoridad moral no tienen; legítima, sí. Tienen los mismos derechos, pero autoridad moral, no, y les voy a decir por qué. (Un señor diputado: Ya estamos). porque ustedes no tienen el mismo pasado que nosotros. (Varias señoras
y señores diputados del Grupo Socialista hacen gestos negativos con los brazos y dicen: ¡No! ¡Desde luego que no! ¡Menos mal!). Señorías, la congelación les persigue, lo llevan en el ADN del Partido Socialista. (Protestas).
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio para que se escuche a la oradora.
Siga, señora España.
La señora ESPAÑA REINA: Señorías, no me hagan demagogia barata con el tema de los bancos. (Rumores.-El señor Trevín Lombán pronuncia palabras que no se perciben). Cuando el Partido Socialista congeló las pensiones... (Un señor diputado:
¡Usurera!). Yo sé que duele estar ahí sentados y votar hoy que no a una subida habiendo congelado las pensiones, pero cuando el Partido Socialista congeló las pensiones el Gobierno socialista ayudó a las entidades financieras con 100.000 millones
de euros. (Rumores.-Aplausos). Señorías, ahora que el Gobierno del Partido Popular va a subir las pensiones Europa concede una ayuda a las entidades financieras de 40.000 millones de euros; hay una pequeña diferencia. (Un señor diputado:
¡Usurera!). Dice la señora López i Chamosa que no pagamos las pensiones... (Rumores.-La señora Rodríguez Ramos pronuncia palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor diputada.
Señora Rodríguez, le llamo la atención.
Continúe, señora España.
La señora ESPAÑA REINA: Dice la señora López i Chamosa que no pagamos las pensiones porque no queremos. Señora Chamosa, eso no es verdad, no solo vamos a pagar las pensiones sino que vamos a subir un 2 % el 75 % de las pensiones, por si no
le ha quedado muy claro, frente a la congelación que ustedes hicieron.
Por lo tanto, señoría, ustedes lo hicieron mal cuando estuvieron en el Gobierno pero creo que lo están haciendo peor ahora en la oposición. Cambien de actitud, arrimen el hombro, juntos saldremos mucho antes de la crisis y algún día a lo
mejor los ciudadanos les perdonarán lo que ustedes hicieron con este país. Ya han dado un primer paso los militantes de su partido, han hecho un vídeo pidiendo perdón por lo que les hicieron a los pensionistas, por lo que les hicieron a los
funcionarios, por no decir la verdad. Tomen nota, todavía están a tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque preparando este debate he encontrado unas frases con las que ustedes querían justificar la congelación de las pensiones en el año 2011 que la
verdad es que no doy crédito. (Rumores.-La señora Pérez Domínguez: ¡Es impresentable!). Puedo pensar que el Partido Socialista ha cambiado en un año, pero ¿tanto? El señor Pérez Rubalcaba era la mano derecha de Zapatero y sigue sentado aquí.
Zapatero decía que defendía la congelación de las pensiones como vía para estabilizar el mercado de la deuda, que se había actuado con coherencia para la credibilidad de la política económica, que no les había obligado nadie, que tomaban la decisión
para recuperar el crecimiento y la creación de empleo y que se hacía por el bien de España. Y, claro, yo me pregunto si son ustedes los mismos, si es el mismo partido el que había antes y el que hay ahora. (Aplausos). Es que antes ustedes
gobernaban y congelaron las pensiones y ahora están en la oposición y se plantean un recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno que va a subir las pensiones. La verdad es que eso es perder la credibilidad a chorros, como se dice en mi
tierra. Señora López i Chamosa, cuando congelaron las pensiones, ¿por qué no utilizaron el Fondo de reserva que tanto dice? Porque tenían que cumplir el déficit.
Lo ha dicho la señora ministra, podríamos haber tenido más de 9.000 millones de euros si hubiesen pagado los complementos a mínimos a cargo del Estado y no con las cotizaciones sociales. O a lo mejor esa mejora en las pensiones mínimas
también la habrían podido sufragar con ese impuesto de grandes fortunas que ahora tanto proclaman pero que jamás llevaron a cabo cuando ustedes gobernaban. Por lo tanto, señorías, lo que me parece realmente indignante es que el Partido Socialista,
que congeló las pensiones, hoy vote en contra de una subida de un 2 % de las pensiones. (Rumores). Y me parece el colmo de la desfachatez que planteen un recurso de inconstitucionalidad contra un Gobierno que va a subir las pensiones, por una
sencilla razón, porque ustedes lo único que están buscando es el titular y la foto, que ya la tienen. Creo que la situación en la que han dejado ustedes este país no es para que se dediquen única y exclusivamente a buscar el titular y la foto.
Voy terminando, señorías, nadie en este país entiende que subir las pensiones un 2 % sea inconstitucional y que sea quitar derechos a los pensionistas, y que congelar las pensiones no sea inconstitucional y no sea quitar derechos a los
pensionistas. Por tanto, señorías, no pueden ustedes ahora enarbolar la bandera de la indignación.
Termino con un mensaje de tranquilidad a los más de 8 millones de pensionistas de este país, que con su esfuerzo han estado cotizando año a año a la Seguridad Social, que han contribuido al desarrollo económico y social de este país y que
hoy son el sostén de las familias de este país ayudando a sus hijos y a sus nietos. A todos ellos quiero decirles que sus pensiones están aseguradas, que este año han cobrado más que el año anterior, que fue el año de los socialistas, que el año
que viene la mayoría va a cobrar un 2 % más que este año y que cuando salgamos de esta crisis quedará en la memoria de todos el esfuerzo que hicieron los pensionistas por ayudar a este país y por ayudar a garantizar las pensiones del futuro, que en
definitiva son las pensiones de sus hijos, de sus nietos y de las siguientes generaciones.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.
Dado el carácter importante de este decreto-ley y de este debate, va a haber varias intervenciones del Grupo Mixto. Les ruego a los portavoces que se atengan al tiempo que hemos pactado.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, señorías, señores ministros, permítanme que inicie mi intervención recordando tres datos sobre la realidad económica que vivimos. Uno, sobre la deuda. La deuda bruta total de las
administraciones públicas en el año 2007 fue de 382.000 millones de euros, en 2011 fue de 736.000 millones de euros, 40 puntos de diferencia. Las necesidades de financiación de las administraciones públicas españolas estuvieron equilibradas entre
los años 2002 a 2007, incluso hubo superávit en los años 2005, 2006 y 2007; pero en los años 2008, 2009, 2010 y 2011 hubo un déficit de 4,5, de 11,2, de 9,7 y de 9,4, y cada punto del PIB son 10.000 millones de euros -sumen ustedes- y el año que
viene tendremos que pagar unos intereses de la deuda por valor aproximado de 40.000 millones de euros. Por eso, afirmar públicamente que este descenso vertiginoso a los infiernos puede sortearse sin hacer grandes sacrificios es sencillamente una
ilusión o un engaño, y solo se puede mantener o por puro oportunismo y desde luego con grandes dosis de demagogia, o ambas cosas a la vez. Por si no fueran datos suficientemente escabrosos, a esto podríamos añadir el cóctel explosivo que forma la
combinación entre el aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad en España, una recesión mundial que en nuestra zona, en Europa, no acabamos de solucionar y que no tiene visos de escampar pronto, una reducción persistente de las cotizaciones
con un sistema de pensiones de reparto. Es decir, si con las cotizaciones de hoy se pagan las pensiones de hoy, ¿cómo es posible mejorarlas con menos ingresos? Y, por último, una patología muy nuestra, que es esta incapacidad institucionalizada
que impide cualquier tentación de llegar a acuerdos sensatos entre los partidos de Gobierno. Es verdad que podemos y debemos buscar responsables a lo que nos pasa, pero yo creo que deberíamos aceptar que nadie puede tirar piedras a los demás sin
quedar libres de todo pecado. Por eso, les pido que avancemos.
Hoy, señorías, vivimos una estación más de nuestro particular vía crucis nacional que, como recordarán todos ustedes, empezó o tuvo una de sus estaciones más amargas el día que en mayo de 2010 se congelaron las pensiones. Yo estaba aquí en
2010 y creo saber y entender las dificultades por las que pasó el anterior Gobierno y desde luego entiendo las dificultades por las que pasa ahora el PP, que serán parecidas a las que pasará Convergència en Cataluña, las que pasará el PNV en el País
Vasco, por las que pasa UPN en Navarra, y además no creo en la maldad intrínseca de los partidos políticos ni de los Gobiernos, pero también les digo que las pensiones deberían ser la última partida que tocar. Nos deberíamos asegurar primero de
haber exprimido las potencialidades del Pacto de Toledo y, cómo no, de buscar, encontrar y actuar sobre otras vías de reducción de gasto público: duplicaciones, diputaciones, televisiones públicas, oficinas en el exterior, unidad de mercado,
consolidación fiscal, optimización, eficiencia, gastos superfluos, etcétera. Y también creo que deberíamos de aclarar el alcance de la disposición final primera, como planteaba la diputada Tarruella ayer.
Termino, señor presidente. Este debate, en el que los dos partidos con opciones a gobernar intercambian de manera recurrente sus papeles según estén en el Gobierno o en la oposición -responsabilidad en un caso, demagogia en otro-, solo
genera, señorías, frustración, una gran frustración. Este desencuentro permanente es una constante histórica, una especie de maldición...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que terminar.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Termino.
... que bien haríamos en superar de una vez si queremos ser más útiles y hacer honor al privilegio de representar a todos los que nos dieron su confianza para construir una España mejor y no para estar todo día a la greña.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Señor Álvarez Sostres.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, subo a esta tribuna para justificar mi posición en esta nueva iniciativa del Gobierno sobre el tema de las pensiones. Ya se lo adelanto, no voy a apoyar esta medida sorpresiva y, en nuestra opinión, innecesaria.
Independientemente de cuestiones técnicas, señora ministra, de cálculos matemáticos, de que la medida pueda ser consecuencia de la prioridad de cumplir el déficit del Gobierno o de que esté empeñado en el tentador ahorro de 3.800 millones de euros y
algunas décimas del déficit, el mensaje político es demoledor.
Señora ministra, el Gobierno ha cruzado la última línea roja que le quedaba en su espectacular récord de incumplimientos electorales. A los ya conocidos que afectan a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, al sector minero,
al sector industrial, a los impuestos, ahora se pone la guinda en aquellos en los que el presidente Rajoy, sus ministros y los portavoces del partido siempre habían colocado en el lugar sagrado de intocables. Los depósitos gráficos y de hemeroteca
les pondrían colorados, no tengo tiempo para explicárselo y para exponérselo. Hasta hace unos días seguían reiterando en declaraciones públicas que los recortes no afectarían de ningún modo a las pensiones; hace solo un mes el Partido Popular
votaba aquí en el Pleno del Congreso a favor de una moción de Iniciativa per Catalunya en la que se instaba al Gobierno a revalorizar las pensiones. Como decía un editorial de un periódico precisamente no antigubernamental, el ABC: 'La decisión de
no revalorizar las pensiones se puede justificar por el objetivo del cumplimiento del déficit, pero lo injustificable es no contar la verdad desde el principio. Gobernar implica contar siempre la verdad y no jugar con la ilusión de los
pensionistas'. Fin de la cita.
Los ciudadanos, señoría, vuelven a sentirse engañados. Ese engaño en Asturias afecta a 300.000 asturianos, es decir, un tercio de nuestra población, que es la más envejecida de España. El artículo 50 de la Constitución ha quedado
fosilizado en sus términos de garantía sobre la solidaridad de los pensionistas. Hoy la tesis a comprobar en un doctorado de carácter sociológico es verificar cuántas promesas electorales o promesas de Gobierno han cumplido. Por ello ha penetrado
en el cuerpo social el virus de la desconfianza, que es lo peor que le puede suceder a un gobernante; sin confianza es muy difícil gobernar, se adueña de los ciudadanos el escepticismo y la incredulidad. Ya no se le toma en serio, sencillamente se
le teme, es el destructor total de la civilidad que le ha encumbrado.
Se confunde el señor Rajoy aplicando el valor del tiempo, tradicional en su trayectoria política, al hecho de que el mayor peso de la crisis lo ha hecho recaer sobre los hombros de los sectores más frágiles, creyendo que todo se olvida y que
el tiempo se consume y no quedan las cenizas.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Seremos excepcionales testigos de los nuevos tiempos y de su error, porque solo nos quedarán a los ciudadanos los relojes para comprobar el tiempo perdido en trucos de márquetin, en trucos de imagen y poner el
reloj en hora cuando nos abandonen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Decía Raimon en una de sus canciones: Quan creus que tot s'acaba torna a començar. Cuando crees que todo se acaba, vuelve a comenzar. Así es, cuando creíamos que después de veintisiete decretos ya no podían apretar más, a ustedes siempre
les queda la llave inglesa de sus decretos-leyes para darle una vuelta más, para apretar a las personas un poco más, para ahogarlas un poco más. Después de subir el IRPF, el IVA, las tasas, la luz, de abaratar el despido, de recortar en sanidad y
en educación, de suprimir la extra de Navidad, ustedes se superan a sí mismos y vuelven a mentir una vez más. Dice un refrán: Quien siempre dice la verdad puede permitirse tener mala memoria. Pero ustedes lo interpretan al revés, ustedes dicen
mentiras y encima quieren tener mala memoria. Hagamos memoria de sus mentiras y de la mala memoria del presidente Rajoy, señora ministra: 'La subida del IVA es el sablazo'; 'vamos a bajar el IRPF'; 'no pienso dar ni un solo euro público a la
banca'; 'no creo que haya que abaratar el despido'; 'no voy a hacer el copago'; 'no me voy a quejar de la herencia recibida'. Y el 3 de agosto dice: 'No tengo intención de bajar las pensiones, sería la última partida presupuestaria que
tocaría'. Y el 21 de agosto: 'Yo creo que las pensiones las subiremos'. ¿Se pueden decir más mentiras? ¿Se puede tener más desfachatez? ¿Se pueden cruzar más líneas rojas?
Los pensionistas son hoy más pobres gracias al Partido Popular, un 1,9 % en 2012. Ya lo sabemos, 200 euros menos un pensionista que cobre su pensión normal, 200 euros una persona que cobre su pensión de viudedad. Esa es la única verdad, y
ya veremos cuando hablemos de la de 2013. ¿Pero sabe lo que es peor de todo, señora ministra? Su sarcasmo. Los pensionistas van a valorar de forma positiva el esfuerzo del Gobierno. Ustedes quieren conseguir la estafa perfecta, aquella en la que
el estafado nunca llega a ser consciente de su condición, aquella en la que el estafador es capaz de conseguir el agradecimiento del estafado. Y, eso, no lo van a conseguir.
Abraham Lincoln decía que puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. El tiempo de sus mentiras acabó, señora Báñez, y por eso ustedes han
conseguido una vez más la unanimidad de toda la oposición. La consiguieron en el rechazo a sus presupuestos y ahora la consiguen de nuevo, unanimidad de todos los grupos de la oposición para llevar al Tribunal Constitucional la no revalorización de
las pensiones. Nuevamente la soledad de su mayoría absoluta injusta aprobará este nuevo decreto injusto, pero la cuenta atrás del fin de su mayoría absoluta ha empezado ya y el tiempo de sus mentiras acabó, señora ministra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que vaya papelón le ha tocado a usted, señora ministra. ¡Vaya papelón! Hasta el punto de que hoy hemos asistido a algo muy curioso y es que la ha defendido a usted de forma especialmente enérgica, también hay que decirlo, una
diputada de su partido y debe ser ante la dificultad de explicar lo inexplicable.
Ustedes nos traen hoy aquí un real decreto-ley que es el incumplimiento de los incumplimientos. De todos los incumplimientos posibles que ya ha puesto en marcha el Partido Popular en su corto tiempo de gobierno este es el incumplimiento de
los incumplimientos, lo que les quedaba por incumplir y con una gravedad especial. Primero, porque se lo dijimos cuando presentamos los presupuestos, se lo dijimos mientras había elecciones en Galicia, y les dijimos que ustedes estaban ocultando la
información para tratar de no dañarse electoralmente en Galicia y para tratar de dar la sensación de que estaban peleando por este tema. La diputada del Partido Popular ha dicho: ¡Es que lo hemos intentado hasta el final! No, lo que han hecho es
negarlo hasta el final, que es distinto. Han negado hasta el final que ustedes iban a hacer lo que todos sabíamos que iban a hacer, que es darle un golpe de muerte a los intereses de los pensionistas en este país.
Es un real decreto-ley con un título tendencioso. Dice: La garantía del sistema de Seguridad Social. No, esto es una etapa más en la ofensiva general del Partido Popular contra los derechos consolidados en este país en la reciente
historia democrática española. Ustedes están en una ofensiva general contra los servicios públicos, una ofensiva general contra las conquistas de determinados derechos civiles y entre ellas está esta, con la gravedad especial de que fue el único
compromiso que a ustedes les quedaba por agarrarse.
En un escenario de incremento impositivo generalizado, de deterioro de las condiciones de vida de la gente, de incremento de las tasas de paro y de incremento general de los precios de las cosas, precisamente en este momento va a resultar
que está bien que a los pensionistas se les reduzca su poder adquisitivo en un 1,9 % en relación con 2012. Esto no lo podemos aceptar. Por tanto, los nacionalistas canarios anunciamos que vamos a apoyar el recurso de inconstitucionalidad contra
esta medida. Y lo vamos a hacer porque no podemos aceptar que se eliminen con carácter retroactivo derechos individuales ya perfeccionados suficientemente en la legislación española.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.
Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, las diputadas del Bloque Nacionalista Galego vamos a votar en contra de este real decreto-ley y nos vamos a sumar también al recurso de inconstitucionalidad contra el mismo. Lo vamos a hacer con total y absoluto convencimiento.
Señora ministra, en la Comisión del Pacto de Toledo ya le dimos nuestra opinión sobre este real decreto. Hoy nos reafirmamos en la misma y en nuestro voto en contra, porque con este real decreto el Gobierno se carga el derecho de los
pensionistas a mantener su poder adquisitivo, se carga las cautelas para el uso adecuado del Fondo de reserva y se carga el derecho farmacéutico de los enfermos crónicos, que no son, señorías, los que están hospitalizados, sino personas que están en
situación crónica y que curiosamente en su gran mayoría son también pensionistas.
Con este Gobierno los ciudadanos no sabemos qué derechos están consolidados y qué derechos no lo están. Una semana de cada dos en un año de gobierno el Partido Popular ha aprobado algún real decreto por el que los ciudadanos perdemos
derechos. Con este Gobierno del Partido Popular en este año no hemos hecho más que perder derechos, señorías, señora ministra. Desde el Bloque Nacionalista Galego entendemos que con este Gobierno los ciudadanos estamos vendidos, porque no sabemos
cuál de las leyes que en este momento amparan derechos ciudadanos de política social va a eliminar mañana el Partido Popular, el Gobierno de don Mariano Rajoy. Lo decimos con conocimiento de causa, porque no solamente está la cuestión de las
pensiones; lo han hecho con la Ley de la Dependencia, lo han hecho con la sanidad, lo hacen con la educación, etcétera. Es una realidad que los ciudadanos tienen que tener en cuenta. Y, señorías, siempre lo hacen escudándose en que el Gobierno
del Partido Socialista hizo no sé qué historia y dejó no sé qué herencia. El Bloque Nacionalista Galego votó en contra de muchas de las decisiones políticas del Gobierno socialista en los últimos años, pero ahora ya está en la oposición. En el
Gobierno está el Partido Popular y curiosamente está decidiendo cosas completamente contrarias a las que les dijo a los ciudadanos que iba a hacer. Cuando está pidiendo el voto el Partido Popular dice que va a hacer una cosa y luego, cuando
gobierna, hace otra. Si mientras estábamos en campaña electoral en el mes de octubre en Galicia y en Euskadi y más tarde en Cataluña ustedes decían desde esta misma tribuna que el Gobierno iba a cumplir con los pensionistas e iba a garantizar la
revalorización de las pensiones, le preguntamos, señora ministra, por qué acabada la campaña electoral ustedes hacen lo que a día de hoy es, según ustedes, su responsabilidad. ¿Por qué no era responsable decir esa verdad que hoy dice que nos dicen
en su momento?
Este Gobierno lo único que hace, además de retirar derechos de las personas, es mentirle a la ciudadanía, y así, evidentemente, no se puede generar confianza; y no solo de los ciudadanos y ciudadanas en este Gobierno, sino confianza en el
sector económico e incluso de quien quiera considerar al Estado español como un Estado para invertir y proceder a participar en la recuperación de la crisis. Señora ministra y señores del Gobierno -que no están presentes-, desde el Bloque
Nacionalista Galego les decimos que dejen de hacer políticas de recortes y hagan políticas que permitan la creación de empleo.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, tiene que acabar necesariamente.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Esa será la forma de salvar la Seguridad Social y las pensiones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, anunciamos nuestro interés y nuestra voluntad de contribuir a plantear ante el Tribunal Constitucional el contenido del real decreto. Lo entendemos necesario porque afecta, con carácter retroactivo, a derechos individuales
consolidados. Es necesario y también imprescindible actuar para visualizar ante la ciudadanía el batacazo, el hachazo que significa llevar a cabo el contenido de este real decreto, un ataque a las clases pasivas a las que se condena a perder poder
adquisitivo en un contexto en el que sobre las mismas pensiones recae, en muchas ocasiones, el sustento de hijos emancipados y sus familias. Con una media de 825 euros al mes en las pensiones y con casi un 40 % de pensiones en el nivel mínimo, la
posición del Gobierno no es aceptable. Una vez más, se trata de saltarse la Ley de la Seguridad Social para hacer pagar la crisis a los más débiles. Nos hablan de decrecimiento económico, de la imposibilidad de alcanzar las obligaciones que
mandata la ley sobre la actualización y revalorización de las pensiones, pero no asumen las consecuencias de la reforma laboral y no reconocen la deslealtad de la Administración a la hora de garantizar el precio de los servicios básicos y
esenciales. Atribuyen a la coyuntura la causa de la falta de sostenibilidad del sistema, pero no asumen, ni mucho menos, que el Estado español es uno de los que menos invierten en Europa en cuanto al gasto en pensiones. La pregunta que nos hacemos
es dónde están las responsabilidades de los poderes públicos a la hora de cumplir los deberes respecto a la separación de fuentes del sistema público de pensiones. Ahora se hace pagar a los pensionistas la irresponsabilidad de pagar con las
cotizaciones del propio sistema los complementos a mínimos de las pensiones y las prestaciones asistenciales en vez de endosarlo a los Presupuestos Generales del Estado.
Señorías, este real decreto no introduce ninguna garantía. Por eso, le pregunto a la señora ministra cómo se garantizan en este real decreto que los derechos que hoy se arrebatan a los pensionistas serán restablecidos, cómo se garantiza que
serán retornados cuando el sistema recupere la estabilidad presupuestaria. En definitiva, un paso más hacia la deconstrucción, quizás la destrucción del sistema público de pensiones. Señorías, de entrada, tenemos un problema. Van a retirar 2.000
millones del consumo inmediato. Esto generará más paro y menos demanda interior, lo cual significa seguir recortando un jamón en el cual ya no existe ni una pizca de carne.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Señores, señoras, señora ministra, el presidente Rajoy y usted misma han repetido una, cien y mil veces que iban a hacer un cumplimiento estricto del Pacto de Toledo y de la normativa en materia de pensiones, y una
y mil veces han mentido. Ustedes mienten ya más que hablan, su palabra no vale nada, no son de fiar. Ustedes tenían decidido, además, hacer estos recortes desde hace tiempo, como ya se ha dicho, y han esperado a que pasaran las elecciones en
Galicia, en la Comunidad Autónoma vasca y en Cataluña para hacerlos. Para ustedes todo vale. Ustedes juegan con la gente, representan en esta medida lo peor de la política. Mienten más que hablan, se lo repito.
El sindicato de transportistas vasco, HIRU, ha denunciado públicamente cómo a lo largo del mes de noviembre todos los lunes, casualmente, que es el día en que se hacen las tomas oficiales de los precios de los carburantes, en las áreas de
servicio de Repsol, de Cepsa y de la British se producían bajadas importantes en los precios. Señalaban, a su vez, cómo esto era, casi con toda seguridad, debido a un apaño, a un amaño que el Gobierno había hecho con estas petroleras para
tergiversar, para cambiar el IPC correspondiente a este mes y, así, tener unos resultados más favorables a la hora de hacer los recortes que ustedes han hecho. Los tahúres del Mississippi, en mi modesta opinión, comparados con ustedes son ángeles
celestiales.
Según el presidente Rajoy, estos recortes los ha impuesto la realidad, no Bruselas, pero es evidente que desde el primer día este Gobierno ha seguido la hoja de ruta que le ha marcado la troika europea a pies juntillas y siempre que la
troika ha dicho algo ustedes, de rodillas, sumisos, han dicho amén, para ustedes palabra de Dios. Ustedes dicen que no hay dinero, pero a los dos días de tomarse estas medidas 40.000 millones de euros vinieron de Europa, pero para ser pagados con
los impuestos de todos, destinados a cuatro cajas y cuatro bancos hundidos por unos banqueros granujas, sin escrúpulos, que en vez de estar en la cárcel salieron por la puerta grande con indemnizaciones y pensiones millonarias, consentido por
ustedes. Con este dinero se podían haber pagado estas pensiones, revalorizarlas durante veinte años. Sus recortes han afectado, además, a uno de los colectivos que con mucha diferencia es de los más débiles de esta sociedad, casi 9 millones de
personas, un 60 % de las mismas con pensiones menores de 700 euros, señora ministra. ¿Cuál es su sueldo? Y, además, siendo mujeres, este porcentaje es aún menor: un 80 % de mujeres no llegan a estos 700 euros. El mismo día en que este Gobierno,
casualmente, aprobó este decreto-ley, dos ancianos granadinos, Antonio e Isabel, pusieron fin a sus vidas, dejando una nota en la que decían que lo hacían por no ser un mayor costo para sus hijos. Es su política social, la de este Gobierno,
creadora de paro, de pobreza, de desamparo para la gente, el caldo de cultivo para que estos suicidios se den. Su política, señora ministra, no solo es tremendamente injusta y reaccionaria, sino que también es potencialmente criminal, y así hay que
decirlo.
Su política está siendo contestada hoy -son datos objetivos, solo hay que abrir la prensa, cualquier periódico- en huelgas generales por millones de personas. Decenas de miles de personas discapacitadas protestan en Madrid contra sus
recortes sádicos. Lo hacen también los estudiantes, hasta los directores de servicio de los hospitales, la judicatura. A ustedes únicamente ya les apoya y les aplaude con las orejas la atapuercana jerarquía eclesiástica, y con esto está ya todo
dicho. Este es su apoyo. La política de este Gobierno globalmente está oliendo cada vez más a franquismo rancio, porque franquismo rancio es su política antisocial, favorecedora únicamente de las personas ricas, de los señoritos, de los yuppies y
de los banqueros. Franquismo rancio es el que ayer demostró aquí el ministro de Educación, el señor Wert, con su España una grande y libre, pero, sobre todo, una, porque de grande y de libre poco y escaso. Franquismo rancio también es la política
económica de este Gobierno, encabezada por un ministro especialista en bancarrotas financieras, o lo que supuran los ministerios de Interior y de Justicia. Según el INE, señora ministra, el 85 o el 90 % de la población de nuestro país, de Euskal
Herría, está en contra
radicalmente de estas medidas y, sin embargo, ustedes se las imponen al cien por cien. Por eso, nuestro pueblo es cada vez más soberano, más soberanista, más independentista. Nos sobran ya razones. Esta España no nos da nada, nada más que
disgustos y miseria. Por eso, nosotros reivindicamos una vez más competencias plenas para levantar nuestro propio sistema de pensiones asentado en criterios de dignidad que a ustedes les falta, de justicia social y de solidaridad. Esto es lo que
queremos para nuestro pueblo.
Voy terminando. En la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, señora ministra, le dije a usted una cosa y se la vuelvo a repetir. Usted afirmó allí, de una forma muy graciosa, que los pensionistas van a valorar de forma positiva estos
recortes. Pues bien, yo le digo, señora ministra, se lo repito, por favor, vaya usted a cualquier centro de pensionistas a contarles las milongas que nos ha contado aquí, a ver qué le pasa. Señora ministra, de verdad, anímense. Diez segundos y
termino. Hablamos aquí, sobre todo, de derechos de los pensionistas y no de ninguna otra cosa; de personas que han ido metiendo en la hucha de la Seguridad Social, mes a mes, sus cotizaciones y que al jubilarse, cuando han ido a romper el cerdito,
se han encontrado con que ustedes han metido la mano allí y se lo están llevando todo. Esto penalmente tiene un nombre, usted lo sabe.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuadra.
Señor Cuadra, me va a permitir que le haga un comentario. Lea usted su intervención posteriormente y verá que emplea algunos términos que no añaden al fondo del asunto, que indudablemente usted tiene todo el derecho a manifestar, pero creo
que a veces esos términos son hirientes y no responden a la realidad. No le pido que cambie nada, pero le digo: léalo y piénselo, porque podemos hacer lo mismo con menos fuerza. (El señor Cuadra Lasarte: ¿Me permite veinte segundos?).
¿Quiere usted contestar? Adelante.
El señor CUADRA LASARTE: Desde esa misma tribuna, ayer y en muchas ocasiones, se ha acusado verbalmente, textualmente y repetidamente a nuestro grupo de ser el brazo político de organizaciones terroristas. Se nos ha llamado de todo, poco
menos que bestias sanguinarias, y todo esto ha sido consentido desde la Presidencia en esta Cámara y nosotros hemos guardado un respeto respetuoso, porque al margen de lo que se diga, entendemos que la libertad de expresión debería ser esa máxima.
Entonces, aquí si las normas y los recordatorios son para unos, debieran ser para todos, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: En efecto, lo más importante es la libertad de expresión. Aquí ha habido libertad de expresión, y le recuerdo que siempre que ha habido alusiones del tipo de las que usted dice se me ha pedido la palabra y yo la he
concedido porque me parecía lógico que se puntualizara, y así lo voy a seguir haciendo. Pero esta reflexión que le hago a su señoría la hago en general. Yo creo que se puede decir lo más duro en el fondo en la argumentación sin entrar en palabras
que no añaden nada y pueden ser insultantes. Es una reflexión que hago a todos.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señora ministra, vamos a ver si podemos, por primera vez en este debate, empezar a hablar de los problemas de los pensionistas y jubilados. La verdad es que es difícil ubicarse dada la
heterogeneidad de los perfiles argumentativos de unos y de otros, y poco se ha hablado de los problemas de los pensionistas hasta ahora; poco o nada. Nos hemos encontrado con unas reflexiones verdaderamente sorprendentes.
Señora España, usted ha comentado que va a prescindir de toda suerte de debate jurídico en esta Cámara, en esta tribuna, que se lo deja al Tribunal Constitucional. Sí, déjeselo porque nosotros vamos a recurrir la norma al Tribunal
Constitucional y nos vamos a adherir al recurso que otros grupos han anunciado que van a presentar, y el Tribunal Constitucional decidirá lo que considere pertinente. Yo no sé de qué quiere que hablemos aquí, en esta tribuna. ¿Qué quiere? ¿Que
nos dediquemos a la especulación metafísica, que hablemos de zoología, de fecundación humana asistida? El debate jurídico es la quintaesencia del debate parlamentario. Esta es una Cámara legislativa, se lo recuerdo, y no se puede despachar una
cuestión tan trascendente o relevante como esta con una invocación o una preterición del debate jurídico, porque un debate jurídico fundamentalmente es de lo que estamos tratando.
Me agradó mucho escucharle ayer a la señora Díez -últimamente hay demasiadas coincidencias con la señora Díez, hasta el punto de que me empiezo a preocupar- cuando le citó las reiteradas mentiras que ustedes han dicho con relación a lo que
al final ha sido un incumplimiento de un requerimiento legal
y de un requerimiento constitucional: el incremento de las pensiones a todos los jubilados y pensionistas, usando como referencia el incremento del IPC. La señora Díez le citó nada menos que el Eclesiastés, dirigiéndose a la señora
ministra con una energía tan dura que yo pensaba que en cualquier momento el propio Dios le iba a fulminar con un rayo divino a la ministra. No fue así, pero casi, porque la dureza de las menciones del Eclesiastés a la señora ministra por haber
mentido creaban un ambiente cuasibíblico y apocalíptico de esta naturaleza. Y es que es algo cuasibíblico y apocalíptico lo que ustedes están haciendo con los jubilados y pensionistas, señora ministra. Nosotros vamos a apoyar el recurso de
inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional ya dirá lo que tenga que decir; no, señora España, lo que ya ha dicho. Aquí tengo la sentencia del Tribunal Constitucional -amén de en otras, pero fundamentalmente en esta, en la 127/1987-, en
donde se acumulan, no se acumulan porque al final el Tribunal Constitucional no admitió litisconsorciar una serie de cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por el extinto Tribunal Central de Trabajo y otros órganos judiciales, en donde se
perfila o se provee de contenido esencial a una serie de derechos, señora ministra, que, con todo respeto, son objeto de pretericiones, son objeto de negación en este real decreto-ley. Por tanto, ya el perfil de inconstitucionalidad que afecta a
esta norma es inequívoco para nosotros. Además, yo le pediría, por dar un punto de rigor al debate, que también el recurso de inconstitucionalidad se intentara redactar adecuadamente, porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional avala la
inconstitucionalidad de la norma. Veremos lo que hace, porque los avatares del órgano son unos avatares muy peculiares y puede ocurrir, dada las mayorías también existentes en este tribunal, cualquier cosa. Pero en principio, y si fuera congruente
el Tribunal Constitucional con su propia jurisprudencia, tendría que declarar la inconstitucionalidad de esta norma. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Aquí yo no le voy a citar el Eclesiastés, no voy a provocar que un rayo divino le fulmine, señora ministra, porque le tengo afecto personal, entre otras cosas, pero sí le voy a citar a Heráclito. Heráclito afirmaba que lo único permanente
es que todo cambia. En esta legislatura evidentemente lo permanente es que todo cambia a peor; todo lo que cambia, cambia in peius; ya no va a haber sitios en las calles para tantas manifestaciones de tantos colectivos sociales a los que se les
está reduciendo, limitando, negando derechos de toda naturaleza y condición. Ya casi la ofensa es tan universal que ha llegado hasta el mundo judicial. Dentro de poco vamos a ver coincidir en manifestaciones a policías de uniforme con jueces con
la toga, con médicos con las batas blancas, con personal docente con los gorros que se utilizan en los claustros en los inicios de curso, etcétera. Esta va a ser una cuestión verdaderamente divertida. Yo no sé si todavía les queda algún colectivo
al que ofender, que no sea el colectivo que se beneficia habitualmente de sus inyecciones presupuestarias, de sus inyecciones financieras, que es el colectivo bancario. Por cierto, con esto yo no quiero hacer en absoluto demagogia, porque un país
no puede tampoco funcionar sin unas estructuras financieras sólidas y solventes.
Nos encontramos con que, en primer lugar, ustedes han mentido, no en una sino en doce ocasiones. En doce ocasiones ustedes han afirmado que la revalorización de la cuantía de las pensiones iba a ser una revalorización conforme al mandato
del artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que la regularización tiene que coincidir con el IPC. Han mentido; ha mentido incluso el señor Rajoy, no solo usted. Usted no ha mentido las doce veces; han mentido todos
los ministros del Gobierno y el secretario de Estado para la Seguridad Social. Pero es que el señor Rajoy ha mentido de una forma particularmente cualificada. Cuando el Partido Socialista congeló las pensiones, en momentos posteriores, en la
campaña electoral, antes de su victoria, llegó a decir que hacer perder poder adquisitivo a los pensionistas y jubilados era una norma, en primer lugar, antidemocrática y, en segundo lugar, dictatorial. Yo no sé si el señor Rajoy todavía es
tributario de esas invocaciones que ha realizado en diversas ocasiones y si ustedes aceptan estas reflexiones del señor Rajoy en relación con el carácter de una norma que, efectivamente, empobrece de forma colectiva y universal a todos los jubilados
y pensionistas, a todos. A unos por una cuantía del 1,9 % y a otros por una cuantía del 1 %, pero les empobrece en términos promediales a todos los pensionistas en 400 euros de pérdida de poder adquisitivo anual. Y este empobrecimiento colectivo,
primero, es injusto, porque los pensionistas del Estado español son los que cobran pensiones más bajas de la Unión Europea, desde luego de la zona euro, un 29 % de pensiones inferiores en términos también promediales de los pensionistas de la zona
euro. Sobre todo, no solo es injusto, sino que dimana de una reiteración de mentiras de expectativas donde es muy difícil no sospechar que ustedes estuvieron esperando hasta la finalización de las campañas electorales y comicios en Euskadi,
Cataluña y Galicia para no afirmar lo que ya tenían predeterminado con toda seguridad; ustedes o quien fuera, porque ustedes ya carecen de soberanía
económica, hace tiempo que se lo digo. Ustedes que invocan tanto el concepto de patria española, de nación española, de soberanía como lo conciben ustedes, han perdido la soberanía económica, que es uno de los paradigmas fundamentales de la
soberanía. Primero, mintieron; en segundo lugar, han realizado una expoliación a uno de los colectivos más vulnerables y empobrecidos de la sociedad: los pensionistas y jubilados. Les expolian y empobrecen universalmente, a todos les van a
privar de poder adquisitivo en sus pensiones. Y en tercer lugar, no solo han cometido una injusticia material de esta dimensión -una dimensión verdaderamente abrumadora que llama la atención, incumpliendo también su programa electoral, por cierto-,
sino que además incumplen los requerimientos de la legislación ordinaria y de la legislación constitucional, pero no de cualquier legislación constitucional. Cuando ustedes están incumpliendo mediante este real decreto-ley lo que preconiza el
artículo 9.3 de la Constitución, se están refiriendo al precepto troncal del texto constitucional. Del artículo 9.3 se extraen todos los valores superiores del ordenamiento constitucional y el 9.3 impregna de su contenido sustancial al texto
constitucional en su conjunto cuando establece los principios de legalidad -incumplido-, de irretroactividad de las normas limitativas de derechos -particularmente incumplido- y de jerarquía normativa. Pero además, les imponen otra obligación:
remoción de las dificultades que impiden la efectiva igualdad de los ciudadanos. También están avanzando en una posición a través de esta norma diametralmente opuesta a este requerimiento constitucional que es la remoción de las dificultades que
limitan las igualdades entre los ciudadanos empobreciendo a un colectivo solo por su condición de serlo, solo por ostentar la condición de pensionista y jubilado. Incumplen el artículo 41 y 50 de la Constitución. En esta sentencia donde se
acumulan nada menos que los autos del Tribunal Central de Trabajo que le he citado, los autos de las cuestiones de inconstitucionalidad 995, 996, 997, 1057 y 1058 -resueltas una a una, puesto que no se admitió litisconsorcio de las mismas-, el
Tribunal Constitucional una vez tras otra dijo que cualquier limitación de la cuantía de la pensión o del poder adquisitivo de los pensionistas vulneraba expresamente uno de los perfiles del sistema público de pensiones que definen los artículos 41
y 50 en relación con los ciudadanos de la tercera edad: el concepto o perfil de suficiencia. Cuando se acomete una reforma de pensiones la reforma tiene o que mantener el nivel previgente de protección o incrementarlo, no puede reducirlo, y
ustedes lo están reduciendo, están reduciendo el poder adquisitivo en los porcentajes que antes le he comentado. Por lo tanto, están incumpliendo el mandado y prolija jurisprudencia constitucional en relación con los artículos 41 y 50 para los
ciudadanos de la tercera edad que preconiza o establece que en relación con ellos -la mayoría de los cuales son pensionistas o jubilados- se mantendrá un sistema de protección suficiente y periódicamente actualizado. Menuda actualización periódica,
reducción de su poder adquisitivo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, tiene que finalizar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya con estas palabras.
Están incumpliendo el artículo 33 de la Constitución en tanto en cuanto la jurisprudencia constitucional y esta sentencia que le he citado, señora España, establece que el derecho a una cuantía determinada de pensión suficiente es una
manifestación específica del derecho de propiedad privada. Y el derecho de propiedad privada solo puede ser objeto de limitación o negación a través de un procedimiento, el de expropiación, mediante una invocación de causa de interés público, un
expediente administrativo individualizado de expropiación y la correspondiente indemnización. Le haría la siguiente pregunta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, haga las mínimas preguntas posibles.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo de verdad, señora presidenta.
¿A cada uno de los pensionistas les va a realizar una invocación de la causa de interés público que justifica el empobrecimiento y la limitación de su poder adquisitivo? ¿Va a incoar un procedimiento administrativo de expropiación a todos y
a cada uno de ellos? ¿Les va a indemnizar? Por último, termina diciendo el Tribunal Constitucional que se vulnera el artículo 39 de protección a la familia y el 106, en virtud del cual está prohibida o preterida constitucionalmente la limitación
de derechos de cualquier ciudadano sin la correspondiente indemnización. Todo esto han vulnerado ustedes, luego comprenderá que tenemos -es un requerimiento moral- que recurrir esta norma al Tribunal Constitucional y así lo vamos a hacer.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, lo siento, se acabó su tiempo.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidenta.
Señora ministra, señores diputados, la verdad es que este debate es un trámite y se nota porque ustedes tienen mayoría pero no parecen tener mucho interés, pero es un debate importante, políticamente muy importante, porque afecta a
centenares de miles, a millones de ciudadanos, y porque afecta a la credibilidad del Gobierno de la nación y al futuro de nuestro país. Es un debate en el que los protagonistas deberían haber sido las personas directamente afectadas por las medidas
que ha tomado el Gobierno y, sin embargo, a primera hora de la mañana ha parecido que el debate era un duelo entre ustedes y ustedes y yo me preguntaba -lo hacía en el escaño con mis compañeros- qué pensarán los pensionistas si nos están viendo,
porque el debate no somos nosotros sino los pensionistas. Es un poco vergonzoso, permítanme que les diga, y coincido en eso con el señor Olabarría y no me duelen prendas en coincidir con él tantas veces como tenga que coincidir.
Es verdad -lo ha dicho también el señor Olabarría-, esta es una Cámara legislativa y es una Cámara política; es esencialmente eso, una Cámara política que tiene competencias legislativas. El señor Olabarría ha hablado aquí de derecho, de
leyes y de normas que se contravienen y la portavoz del Grupo Popular ha hablado de la moral y de la legitimidad moral. Yo no sabía que en esta Cámara se dieran carnés de legitimidad moral. (El señor Matarí Sáez pronuncia palabras que no se
perciben). Si quiere debatimos luego; si nos dan la palabra, tenemos otro turno.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez, continúe con su intervención y no abra debates.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No, no, el debate lo ha abierto quien me ha interpelado.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez.
Señor Matarí, por favor, guarde silencio.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Continúe usted con su debate.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Decía que no sabía que se dieran carnés de legitimidad moral en esta Cámara y que no los puede dar nadie, y mucho menos que se nos pueda reñir a los diputados por utilizar un recurso constitucional que tenemos, que
es impugnar las leyes que nos parezcan inconstitucionales ante el Tribunal Constitucional y que eso pudiera significar tacha de falta de legitimidad moral. El grupo parlamentario al que represento también irá al Tribunal Constitucional.
Por cierto, se ha preguntado a la portavoz del Grupo Popular por qué no fueron al Tribunal Constitucional en la reforma anterior, que era igual de injusta; por cierto, esta diputada también votó en contra. No va a ir al Tribunal
Constitucional quien la pone en marcha, pero yo me pregunto por qué no fueron ustedes, porque si ustedes hubieran ido al Tribunal Constitucional y nos hubieran ofrecido ir al Tribunal Constitucional con ustedes y hubiéramos creído que, además de
injusta, era inconstitucional, hubiéramos ido, porque ustedes tenían diputados pero Unión Progreso y Democracia no los tenía. O sea que si ustedes hubieran ido y nos hubieran ofrecido ir y hubiéramos considerado, insisto, que era, además de
injusta, inconstitucional, hubiéramos ido. Pero ustedes no fueron, cuestión importante. Yo les pregunto, ¿por qué no fueron? Esa es la pregunta y no por qué no fueron los que la pusieron en marcha. ¿Cómo iban a ir? Era absolutamente injusta,
naturalmente; no sé si inconstitucional, pero déjenme que les diga otra cosa. Nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional con el Grupo Socialista y con el resto de los grupos porque creemos que, además de vulnerar la Constitución, es injusta.
El debate sobre las leyes no debe darse en una Cámara política como esta, que no es un tribunal, solamente sobre si es legal o no es legal, sino sobre si es justo o no es justo, porque si es legal pero no es justo, cambiamos las leyes. Desde
nuestro punto de vista en este caso es injusto y es ilegal, y porque es injusto y es ilegal iremos al Tribunal Constitucional por las dos cuestiones, pero por favor no nos den carnés de moralidad que bastante gente hay dispuesta por el mundo a dar
carnés de todo. De eso no nos tienen que dar.
Señora ministra, este de hoy es un debate no solo sobre las medidas, y siento tener que decírselo -lo que citaba el señor Olabarría ayer no se lo decía yo a usted, se lo decía al presidente del Gobierno-, es un debate sobre las mentiras.
Las medidas son injustas, son arbitrarias; además son inútiles desde el punto de vista del cumplimiento del déficit y de todas esas cosas que dicen ustedes cada vez que aplican una medida que recorta derechos a los ciudadanos. Señorías, ¿4 puntos
del PIB, 40.000 millones, son
una nadería, como dice el presidente del Gobierno, si van destinadas a la banca y se convierten en deuda pública, y el 0,37 del PIB es inasumible? No, es una decisión de voluntad política; ustedes deciden y lo deciden así, pero además
desde ese punto de vista de resolver los grandes problemas del déficit y de la deuda estas medidas son irrelevantes. Por eso le digo que el problema no son solo las medidas sino fundamentalmente las mentiras.
Dice usted además -lo ha dicho en su intervención- que con este decreto se aborda la revalorización. No, ¡hombre no!, no se aborda la revalorización, se decreta la no revalorización; vamos a utilizar las palabras para decir la verdad, no
para ocultarnos detrás de ellas. En el decreto se aborda la no revalorización, no la revalorización. Dice además que asegura el pago de las pensiones. No, el pago de las pensiones estaba asegurado, está asegurado en el compromiso del Pacto de
Toledo y está asegurado en España. Lo que ustedes han hecho no es para asegurar el pago de las pensiones. Ha dicho además que lo hacen con respeto al Pacto de Toledo. No, no lo hacen con respeto al Pacto de Toledo; usted ha ido al Pacto de
Toledo después de haber tomado la decisión y después de que el decreto haya entrado en vigor. Muy bien, ha ido al Pacto de Toledo; es su obligación, y además ha cumplido con ella -a veces ni siquiera cumplen con la obligación de ir a las
comisiones- y se lo reconozco. Por cierto, menudo papelón el suyo, señora ministra. En cualquier caso, no ha ido al Pacto de Toledo a cumplir con el Pacto de Toledo explicando una decisión que pensaban tomar antes de tomarla, a debatirla
previamente con los agentes sociales y después en el Pacto de Toledo con los agentes políticos y a tomar después la decisión, que a lo mejor no era unánime -a lo mejor se rompía la unanimidad-, pero habrían hecho el recorrido que tenían obligación
de hacer. No, tampoco han cumplido con el Pacto de Toledo. ¿Que lo rompió también el Partido Socialista en la legislatura pasada? Pero ustedes también. Por tanto, no contentos con haber faltado a la verdad hasta este momento y en esta materia a
sabiendas, no venga a decirnos lo que no es cierto, lo que no es verdad, porque ustedes no vienen de nuevas; ustedes no llegaron al Gobierno y se enteraron. Probablemente de algunas cosas que no sabían se enteraron cuando llegaron al Gobierno,
pero de todas esas de las que dicen que no se enteraron no se enteraron cuando llegaron al Gobierno porque ustedes gobernaban en media España. Se acusan mutuamente de déficit, de facturas en los cajones, pero muchos de los cajones los abrían y los
cerraban ustedes; de muchos de los problemas económicos que ahora estamos pagando han sido coautores. Dejen ya de decir todas esas cosas para no cumplir con sus compromisos. ¿Que no se habían enterado? Se habían enterado -si no se hubiesen
enterado sería peor- y no nos lo han dicho hasta ahora porque había procesos electorales en marcha, porque había que terminar con todos esos procesos electorales y porque nos quisieron engañar hasta el último momento. Lo mismo a usted tampoco se lo
dijeron, no lo sé, pero llegó el momento en el que no podían sostenerlo más. El presidente del Gobierno ha dicho que no le ha forzado nadie desde Bruselas. Voy a creérselo, si no se lo han impuesto desde Bruselas ustedes se han autoengañado, que
es peor o tan malo como engañar a los demás. Ustedes ¿no tenían conocimiento de esto en enero? ¿Y en diciembre, cuando tomaron posesión? ¿Y en noviembre de este año, cuando votamos por unanimidad aquí una moción comprometiéndonos a revalorizar
las pensiones, a revalorizarlas de verdad, a que no perdiera nadie poder adquisitivo? ¿Lo sabían entonces o tampoco lo sabían? Eso es peor todavía. Si tengo que creer que tampoco lo sabían, es peor, porque contra eso no hay estrategia posible,
contra alguien que no sabe adónde va, ni conoce nada y va tomando decisiones y tiene el Boletín Oficial del Estado a su servicio, no hay estrategia posible. Nos pone en una situación de indefensión a todos los españoles tremenda.
Señora ministra, lamentándolo muchísimo el debate sigue siendo...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez, tiene que finalizar.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ... no solamente sobre las medidas sino sobre todo sobre las mentiras.
Finalizo sí, presidenta, con una frase. Tommy Douglas, ministro canadiense, reconocido en todo el mundo, que creó el sistema público de salud, dijo muchas cosas que son muy interesantes pero le voy a dar una cita que creo que viene al
punto: La medida del valor de un Gobierno no es solamente el producto interior bruto, tampoco el equilibrio de la balanza internacional de pagos, no está solamente en las reservas de oro; el valor de un Gobierno está en lo que hace por su gente,
eso es lo que hace grande a una nación. Señora ministra, no hagan más pequeña esta nación, si tienen previstas más medidas de recortes en el sistema de pensiones de aquí a final de año tengan el valor de advertírnoslo, tengan el valor de hacerlo...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ... antes de hacer el real decreto. No haga más pequeña esta nación porque eso es hacer más pequeño el futuro de todos los españoles. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.
Por el Grupo La Izquierda Plural, señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Señora ministra, se presenta usted en esta Cámara con un decreto-ley que ya hace el número 29. Es la prueba más evidente de un estilo de Gobierno autoritario y de un estado de excepción legislativo que nos están
imponiendo. Cuando el presidente Rajoy se pregunta para qué una reforma constitucional, la respuesta es clara: Para defender la democracia de quienes la deterioran día a día. Evitar la utilización abusiva de los decretos-leyes es una de las
muchas y buenas razones que tenemos algunos para proponer la reforma constitucional, pero sin duda hoy hay muchas más razones para votar en contra de su real decreto-ley, algunas incluso no han aparecido pero esta norma constituye a nuestro entender
una metáfora perfecta de su comportamiento durante este año. Presenta una ampliación de crédito en los presupuestos de empleo para resolver unos presupuestos increíbles, se lo dijimos al principio del debate. Supone un engaño a la ciudadanía, a la
que se le ha estado mintiendo reiteradamente. Estafa a los pensionistas, a los que se les roba un derecho que tienen reconocido y que ya habían devengado y consolidado, y se burla del Congreso al hacer usted, la vicepresidenta, el ministro de
Hacienda y muchos otros lo contrario en el Consejo de Ministros de lo que votaron en este Congreso el 30 de octubre.
Señora ministra, nos presenta una ampliación de crédito de nada menos que casi 4.000 millones de euros para tapar un agujero que ustedes han creado en las partidas de empleo. Ustedes sabían que sus presupuestos eran increíbles pero, a pesar
de eso, hasta hace dos días, el señor Montoro venía aquí a decirnos que el déficit estaba controlado. Ustedes, con las prestaciones de desempleo han conseguido la cuadratura del círculo. Pegaron un hachazo a las prestaciones de desempleo con el
Real Decreto-ley 20/2012, afectando especialmente a los perceptores más débiles, a los del subsidio asistencial y, a pesar de eso, a pesar de reducir el gasto en pensiones para los más débiles, han conseguido que el gasto en desempleo suba. Y lo
hacen fundamentalmente por un efecto muy evidente, que es la consecuencia de su reforma laboral, que ha provocado que se queden sin prestaciones por desempleo aquellos que tenían subsidio asistencial pero, en cambio, pasen a cobrarlas aquellos que
tenían salarios y cotizaciones más elevadas por la vía de la sustitución de trabajadores con derechos por otros más precarios, que es uno de los objetivos de su reforma.
Señora ministra, una gran razón para votar en contra sin duda es el apartado de las pensiones. Ustedes perpetran una estafa a los pensionistas, un nuevo engaño y un fraude a este Congreso. Lo es, es una estafa no cumplir el artículo 48 de
la Ley de la Seguridad Social. A ver si se me entiende por parte de los miembros del Partido Popular -creo que lo entienden o que están haciendo trampas, como siempre-. Lo que se les plantea no es que sea injusto o no -esa es una valoración sin
duda moral, ética y social-, lo que se les plantea es que ustedes han aplicado de manera retroactiva una ley, de manera contraria al artículo 9.3 de la Constitución española. A ver si nos enteramos: los pensionistas adquieren a principios de año
un derecho a cobrar las pensiones en función de una ley. Por supuesto la ley se puede modificar, pero no con efectos retroactivos. Durante cada mes del año 2012 los pensionistas iban devengando ese derecho y lo consolidaron el 30 de noviembre del
IPC cuando se supo que el IPC superaba el IPC previsto y el 1 %. Entonces es un derecho consolidado que ni ustedes ni Dios se lo pueden quitar, y es eso lo que desgraciadamente no quieren entender porque quieren confundir a la ciudadanía. Nadie
puede aplicar de manera retroactiva una norma, y el decreto-ley que han aprobado entra en vigor el 1 de diciembre, justo el día después de que todos los pensionistas de este país hayan consolidado su derecho a la regularización de las pensiones en
función del IPC real.
¿Qué es lo que les ha hecho a ustedes decir tantas veces que iban a subir las pensiones y luego no hacerlo? ¿Qué es lo que les lleva el día 30 de octubre a aprobar, también ustedes por unanimidad de este Congreso y a propuesta de La
Izquierda Plural, una moción que mandataba al Gobierno a regularizar las pensiones y solo treinta días después los miembros del Gobierno que votan como diputados esa revalorización en el Consejo de Ministros hacen exactamente lo contrario? Señora
ministra, le otorgo la posibilidad de que nos convenza si usted nos dice qué pasó entre el 30 de octubre y el 30 de noviembre que le hiciera a usted cambiar su opinión. Fíjese bien, el 30 de octubre usted votó a favor de la revalorización íntegra
de las pensiones cuando el IPC en aquel momento estaba situado en el 3,5 %, y eso, según ustedes, en aquel momento se podía hacer; en cambio, un mes después, cuando el IPC baja al 2,9 %, entonces no. ¿Y usted piensa que le podemos creer? No pasó
nada más sino que nos estaban engañando
otra vez. Rectifico, sí pasó una cosa que posiblemente no se sepa lo suficiente, que en ese periodo ustedes además manipularon el IPC del mes de noviembre. (Aplausos). Lo acaba de comentar hace un momento el compañero Sabino Cuadra. Pero
estallan las redes sociales. Ustedes han conseguido que el estudio de un investigador de la Universidad de Harward, que corre por todas las universidades de todo el mundo, explique cómo ustedes han manipulado el IPC del mes de noviembre sobre la
base de manipular, en consorcio con las petroleras, el incremento del precio de las gasolinas. Ya no solo mienten, son ustedes unos truhanes, porque solo así se les puede...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela, por favor, utilice palabras menos malsonantes que quieran decir lo mismo que quiere usted decir, porque usted es un magnífico parlamentario. Magnífico parlamentario.
(Protestas).
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.
Le puedo asegurar que para que no me pille usted en renuncio, cada vez que subo a esta tribuna antes miro el Diccionario de la Real Academia de la Lengua y puedo justificar que el concepto truhán está especialmente dedicado al comportamiento
del Gobierno y, si no, lo discutimos. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela...
El señor COSCUBIELA CONESA: Volvamos a lo que nos merece.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela, desde su punto de vista podrá interpretar como quiera el Diccionario de la Real Academia y su aplicación a determinadas cuestiones. Estamos en el Parlamento. El propio
presidente antes ha hecho una reflexión global. No le cuesta ningún trabajo, y lo sabe, utilizar palabras de otra naturaleza.
El señor COSCUBIELA CONESA: Lo siento, señora presidenta. Acepto por supuesto su función de presidenta, pero mentir, engañar se queda corto.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No debata usted conmigo, señor Coscubiela. No ha lugar. Yo no soy portavoz del Grupo Popular. (Rumores). No debata conmigo.
El señor COSCUBIELA CONESA: Lo siento, lo siento. Si alguien quiere discutir sobre ese tema... Yo creo que lo que ha pasado con el IPC de noviembre es propio de lo que he dicho y no puedo repetir pero todos ustedes entienden.
Señora ministra, le brindo la posibilidad de que nos diga hoy qué pasó entre el 30 de octubre y el 30 de noviembre para que ustedes modificaran su posición y faltaran a su palabra dada desde ese escaño después en el Consejo de Ministros.
Además hacen ustedes otra cosa: a los pensionistas les castigan por ahí, pero les castigan también con otra forma de repago. En este decreto-ley establecen el repago para las prestaciones farmacéuticas obtenidas por dispensación hospitalaria.
Ustedes justificaron el repago para evitar supuestamente malos usos en el medicamento. ¿Usted cree de verdad que alguien que está en un hospital y el hospital le dispensa por necesidad un determinado fármaco está haciendo un mal uso del medicamento
y tiene que hacer el repago en caso de enfermedades graves? ¿Usted cree de verdad que los enfermos crónicos tienen que pagar el desplazamiento en ambulancias para ser tratados en el lugar al que han sido destinados por parte de sus médicos? Están
ustedes pasándose de todo, ya no de las rayas rojas sino de las rayas negras.
Señora ministra, acabo con una cuestión. Usted tiene por costumbre no contestar a los grupos de la Cámara excepto al Grupo Socialista. Entiendo que ustedes se sientan muy cómodos solo discutiendo con el Partido Socialista y entiendo que no
quieran discutir con los que ustedes no pueden argumentar la herencia recibida; hoy ya ni tan siquiera al Grupo Socialista ha contestado. Le pido que utilice el turno al que tiene derecho para explicarle a la ciudadanía la próxima fechoría que nos
tiene preparada, qué es lo siguiente, que lo expliquen, por favor. Que expliquen el hachazo que le van a pegar a la jubilación anticipada, que expliquen que van a endurecer la jubilación anticipada, que expliquen que eso va a afectar al 50 % de los
que llegan a la jubilación anticipada siendo parados y en muchos casos parados sin subsidio. Expliquen porqué ustedes penalizan a los mayores de 50 años en estos momentos en desempleo, que están en subsidio asistencial y a los cuales ustedes les
van a endurecer la pensión de jubilación anticipada. No hay ninguna razón, no han sido ustedes capaces de presentarnos en el Pacto de Toledo nada que justifique que la jubilación anticipada supone un coste para el sistema, se lo hemos pedido dos
veces.
Ustedes ya no argumentan con datos económicos, argumentan solo con teología, la teología de la fe de que hay que recortar la Seguridad Social porque eso nos hará más felices a todos.
Señora ministra, lo siento, siento discrepar de su política y siento discrepar de la portavoz de su grupo. El Estado del bienestar se crea y se destruye, lo hemos construido algunos con las luchas sociales y políticas del siglo XX, con las
luchas durante la dictadura, con la construcción del Estado del bienestar durante la transición y durante la democracia; no lo destruyan ustedes de un plumazo en una sola legislatura. Tiene usted la posibilidad de contestarnos y nos gustaría que,
aunque solo fuera por decoro, lo hiciera; si usted nos contesta, a lo mejor yo retiro las palabras que le he dicho, porque a lo mejor me convence de que no son las adecuadas.
Muchas gracias, señora ministra. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO Y CANADÉS: Señora presidenta, señora ministra, señorías.
Mi grupo debe empezar su intervención insistiendo en aquello que ya pusimos de manifiesto en la comparecencia de la señora ministra la semana pasada, que es en el incumplimiento del Pacto de Toledo por parte del Gobierno con la aprobación de
este real decreto tanto en la forma como en el fondo. Quiero insistir en ello porque precisamente cuando renovábamos las conclusiones del Pacto de Toledo en la pasada legislatura se produjo la congelación de las pensiones por parte del Gobierno
socialista y para mantener el propio espíritu del pacto decidimos salvar aquel problema estableciendo en la recomendación segunda que cuando se volviese a plantear por parte del Gobierno una posibilidad como aquella en que el Gobierno finalmente
ejecutase ese tipo de medidas -dice el Pacto de Toledo de manera textual- no pueden adoptarse sin la consulta y el debate previos en el ámbito del propio Pacto de Toledo. Consulta y debate previos. Es evidente, señora ministra, que ustedes
aprobaron ese real decreto sin ese debate y sin esa consulta previa. Con este debate y consulta previa la intención del Pacto de Toledo era abrir la posibilidad de que en esa medida el Gobierno no estuviese solo y que el Gobierno desde la voluntad
del acuerdo pudiese compartir con los grupos políticos de la Cámara una medida de estas características. Ustedes, señora ministra, se han alejado absolutamente de esa voluntad de utilizar ese mecanismo del Pacto de Toledo para intentar no
encontrarse solos en esa decisión.
Además, señorías, desde 1995 el Pacto de Toledo ha constituido como principio canónico de su filosofía el objetivo de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. El Pacto de Toledo desde 1995 afirma e insiste, con redactados más o
menos distintos, en las últimas recomendaciones: Los pensionistas son, sin duda, uno de los sectores de la población más perjudicados por las variaciones crónicas, generalmente al alza, que la inflación ocasiona sobre el coste de la vida. Por esa
razón la revalorización anual de las pensiones se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones. Desde 1995 esa ha sido la filosofía del Pacto de Toledo. Señora ministra, el debate que hoy tenemos
no es tanto si ustedes suben o bajan las pensiones, sino si ustedes cumplen con ese principio que pretende garantizar que los pensionistas no se empobrezcan por la evolución de los precios. Señora ministra, la consecuencia práctica de su decisión
es que los pensionistas hoy van a ser más pobres. De hecho, lo vienen siendo desde hace dos años. Cada día los pensionistas españoles son más pobres. Eso, señora ministra, coincide en un momento en que, por desgracia, para muchas unidades
familiares, aquello que les permite hoy vivir son las pensiones de los abuelos. Hace muy pocos días La Caixa publicaba un estudio en el que precisamente analizaba las consecuencias sociales de la crisis que estamos padeciendo y nos decía que uno de
cada cinco hogares en los que todos los miembros de la familia están desempleados vive de la pensión de un jubilado. Empobrecer a los pensionistas por la vía de no mantener su poder adquisitivo es también empobrecer aquellas familias más débiles de
nuestra sociedad que hoy pueden resistir fruto de las pensiones de sus abuelos.
Señora ministra, se lo dijimos en el debate la semana pasada. Esta medida empobrece todavía más a los pensionistas de Cataluña, un país que tiene una inflación más alta y que ve cómo ese poder adquisitivo de sus pensionistas disminuye aún
más. Señora ministra, es lamentable que eso se produzca después de haber vivido una campaña electoral en la que ustedes no tan solo no informaron a los pensionistas catalanes de la decisión que iban a tomar, sino que pretendieron asustar a los
pensionistas de Cataluña afirmando que el derecho a decidir sobre la existencia de un Estado propio ponía en riesgo las pensiones. No deja de ser muy lamentable que ese intento de asustar a los sectores más vulnerables de la sociedad al cabo de muy
pocos días se haya convertido en una decisión que perjudica más a los pensionistas de Cataluña.
Hemos tenido la sensación, creo que compartida por la sociedad, de que ustedes han jugado con los sentimientos, las inquietudes y las preocupaciones de los pensionistas. Además, señora ministra, el real decreto que estamos debatiendo
incorpora una modificación de la Ley del Medicamento. Me recordaba la señora Tarruella, nuestra portavoz en la Comisión de Sanidad que en los últimos seis meses se ha modificado en tres ocasiones esta legislación que tiene como objetivo abrir la
puerta al copago del medicamento en el ámbito de los hospitales.
Señora ministra, este real decreto-ley no puede tener en ningún momento el apoyo de Convergència i Unió. Le instamos a que rectifique y, sobre todo, le instamos a que recupere el espíritu y la lógica del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo
no es un espacio de consulta del Gobierno con los grupos parlamentarios sobre la política que desarrolla. No es el Pacto de Toledo un espacio de consulta con los agentes sociales. El Pacto de Toledo es fundamentalmente un mecanismo de reforma
basada en el acuerdo y, por tanto, en la negociación, no en que el Gobierno desde su mayoría absoluta imponga sus decisiones. Hoy van a imponer desde su mayoría absoluta las decisiones que contiene este real decreto: las que afectan a la
revalorización de las pensiones y las que afectan a la modificación de la Ley del Fondo de reserva. Y nos tememos mucho que el próximo 28 de diciembre van a imponernos otro real decreto con otras modificaciones. Nos hemos desayunado esta mañana
con los periódicos anunciando para 2013 otras modificaciones en esta materia que afectarían estructuralmente al mecanismo de revalorización de las pensiones y a la definición del factor de sostenibilidad. Les reclamamos que cumplan el Pacto de
Toledo desde el principio de buscar el acuerdo con los grupos parlamentarios y con los agentes sociales. La gravedad de la crisis no justifica que el Gobierno imponga en solitario sus decisiones en esta política.
La sociedad se está fracturando y cada día son más las personas que se están quedando en la cuneta. La decisión que ustedes han tomado en esta materia y algunas decisiones que nos tememos que pueden tomar a finales de año en el ámbito de
las pensiones van a llevar a más ciudadanos a la situación de pobreza y exclusión social. Por tanto, deben rectificar el conjunto de su política en este ámbito. Estas decisiones que afectan al poder adquisitivo de los pensionistas tampoco ayudan
en nada a recuperar nuestra demanda interna y la capacidad de consumo del conjunto de las familias españolas. Por tanto, profundizan en las consecuencias de esta crisis y las agravan. Ustedes no entienden el factor que juegan las pensiones -y
también las prestaciones por desempleo- en permitir que sectores muy relevantes de nuestra sociedad puedan mantener su capacidad de compra, elemento imprescindible en cualquier estrategia de recuperación económica.
Finalmente, la señora ministra en el debate de la semana pasada insistió en dos momentos de sus intervenciones en que quería lanzar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas. Señora ministra, el mensaje de tranquilidad que hoy los
pensionistas necesitarían escuchar es que el Gobierno es capaz de cumplir aquello que prevén las leyes, que es capaz de cumplir el artículo 48 de la Ley de la Seguridad Social. El mensaje de tranquilidad que deberían escuchar los pensionistas es
que el Gobierno es capaz de cumplir con lo acordado en el marco del Pacto de Toledo. El mensaje de tranquilidad que deberían escuchar los pensionistas es que el Gobierno en un momento complejo y difícil no decide imponer su mayoría absoluta, sino
estar acompañado por los grupos parlamentarios en las decisiones que se deben tomar. El mensaje de tranquilidad que a la sociedad y a los pensionistas les gustaría escuchar es que el Gobierno en estas políticas es capaz de buscar el acuerdo con los
agentes sociales. El mensaje de tranquilidad que los pensionistas querrían escuchar es que el Gobierno es capaz de tomar aquellas medidas que de verdad permitan que salgamos de esta crisis y que sean menos las personas que dejemos en la cuneta.
Todo ello, señora ministra, nos lleva a rechazar hoy este real decreto, pero también nos lleva por primera vez en la historia de la democracia a que las diputadas y los diputados de Convergència i Unió firmemos un recurso de inconstitucionalidad
junto a los diputados del resto de la oposición en contra de este real decreto.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Campuzano, tiene que finalizar.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señora presidenta.
Por primera vez en la historia vamos a recurrir un real decreto -este- ante el Tribunal Constitucional, porque estamos convencidos de que la irretroactividad es un principio que debe garantizarse en materia de pensiones de manera
indiscutible.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE MONTENEGRO AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000052).
- PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A UN PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES, HECHO EN NUEVA YORK EL 19 DE DICIEMBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000053).
- CONVENIO COMPLEMENTARIO DE REVISIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL FIRMADO EL 16 DE MAYO DE 1991 ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, HECHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 2012. (Número de expediente 110/000054).
- ACUERDO DE PESCA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE LA FLOTA PESQUERA ARTESANAL DE MADEIRA Y CANARIAS, HECHO 'AD REFERENDUM' EN OPORTO EL 9 DE MAYO DE 2012. (Número de expediente
110/000055).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a examinar el punto VIII del orden del día, relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre los convenios internacionales con números de expediente del 110/000052 al
110/000055. Algunos grupos han manifestado su voluntad de intervenir en este punto del orden del día. Por tanto, según el acuerdo de la Junta de Portavoces cada uno de ellos tendrá cinco minutos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto,
señora Oramas. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, viene hoy el acuerdo pesquero entre España y la República Portuguesa que supone una válvula de escape para la flota atunera afectada por la suspensión del convenio con Marruecos. Es su única salida para evitar el desguace
de la flota y la suspensión de una actividad muy dañada por los reveses que ha vivido en su último año y que incluso ha sembrado muchas dudas sobre su continuidad. Tras la suspensión del acuerdo bilateral con Marruecos y el fiasco que ha supuesto
para España y para Canarias el convenio con Mauritania, la apertura de los caladeros de Madeira supone la única noticia esperanzadora en un año muy duro para el sector pesquero canario por los fracasos en las negociaciones con los países africanos.
La flota que se beneficiará de este convenio espera que se agilice su entrada en vigor y no se demore más un proceso que quizás se debió haber tramitado con mayor urgencia ante la sucesión de hechos que en nada favorecen al sector pesquero. Este
acuerdo permitirá faenar en Madeira hasta a 38 atuneros canarios, una cifra superior a la que existía en el caso de Marruecos, que permitía la presencia de veinte atuneros que sumaban una tripulación media de diez trabajadores por embarcación.
Además, teniendo en cuenta los estudios de la FAO en los que se apunta que cada puesto de trabajo directo en el sector de la pesca genera aproximadamente cinco puestos de trabajo indirectos en tierra, principalmente en empresas de transformación y
comercialización, además de en empresas auxiliares de reparación, avituallamiento, industria naval, etcétera, estaríamos hablando en este caso de casi 1.900 empleos indirectos en nuestra tierra. Su vigencia será tan solo de un año, por lo que
esperamos que ya se hayan abierto las negociaciones con Portugal para garantizar su continuidad, además de la necesidad de que se rescate en un futuro acuerdo la inclusión de Azores que desaparece en el nuevo convenio.
Por otra parte, quisiera exponer en el Pleno y trasladar al Gobierno una petición firmada por el Gobierno de Canarias a la Secretaría General de Pesca que plantea la necesidad de que el Ejecutivo autonómico esté representado en la comisión
mixta prevista en la cláusula undécima del acuerdo, y acceda así a la información y seguimiento de sus resultados, de manera que se pueda fiscalizar el cumplimiento de las reivindicaciones de los distintos sectores representativos del sector
pesquero de las islas. En definitiva, las tres regiones ultraperiféricas, las más castigadas en ambos países por la crisis económica, con una tasa de paro muy superior al territorio continental, cuentan con mucha fortaleza por su situación
geográfica, pero una de las más importantes es la necesidad de que se refuercen por ambos Estados todas aquellas
políticas que permitan dinamizar la economía de las tres regiones a través de proyectos de cooperación. En este caso, los veinte atuneros que dejaron de faenar en aguas marroquíes encontrarán una salida en Madeira, y no me cabe la menor
duda de que existen otros sectores en los que ambos archipiélagos podrían beneficiarse a través de convenios de estas características. Por tanto, vamos a apoyar la convalidación de este convenio, pero diciendo lo siguiente: es solo por un año, hay
que empezar a negociar ya la renovación, que se incluya además Azores en ese nuevo convenio y que no suceda lo que ha pasado con el retraso de esta firma.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Oramas.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Intervengo desde el escaño nuestro grupo parlamentario quiere manifestar su apoyo al convenio sobre pesca artesanal que estamos debatiendo. Es urgente dada la situación de crisis y penuria que en este momento vive el
sector de la pesca artesanal canaria. Le pedimos al Gobierno que en la futura negociación del convenio se amplíe el periodo de un año porque es insuficiente, porque tal como está es insuficiente, y el sector de la pesca necesita más estabilidad y
más perspectiva en el tiempo. Nosotros también estamos de acuerdo en que las Azores deberían formar parte de este convenio. Por ello, vamos a votar a favor del presente convenio, pero queremos dejar bien claro que en el futuro deben ampliarse los
aspectos que hemos expuesto en nuestra intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Nuet.
Grupo Parlamentario Catalán. Tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán para fijar posición sobre este convenio internacional entre el Reino de España y la República Portuguesa de flota pesquera artesanal de Madeira y Canarias. Hemos escuchado con atención
las consideraciones de la diputada Oramas, que nos parecen apropiadas. Se tiene que reconocer al Gobierno que esta es una alternativa que además se ha adoptado rápidamente ante el fracaso del acuerdo pesquero con Marruecos. A la vez son razonables
las consideraciones de Coalición Canaria, especialmente en lo referente al artículo 12 de ese tratado internacional, vigencia y denuncia de que solo dure periodos de un año y que en cualquier momento las partes puedan denunciar este tratado
internacional. Esto da una fragilidad a las potencialidades económicas y al sector pesquero. También nos parece apropiado, aunque evidentemente esto tiene que ser fruto de un diálogo diplomático entre Estados, instar a la República de Portugal a
la incorporación de las Azores en una futura actualización de este tratado internacional.
Señorías, señor presidente, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pero también a título personal, me gustaría aprovechar esta intervención en el Pleno, precisamente en este punto de los tratados internacionales, en
este momento que hablamos de relaciones internacionales, para tributar un breve y muy sentido homenaje a un parlamentario socialista de larga trayectoria, diputado por mi demarcación, Girona, Lluís Maria de Puig, que ayer falleció a los sesenta y
siete años, después de treinta y un años de brillante actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Lluís Maria de Puig fue una persona que representó con gran dignidad a estas Cámaras en distintos foros internacionales.
Fue diputado en el año 1979, número dos de la lista por Girona, detrás de Ernest Lluch -con el que le ligaba una gran amistad y actualmente era el presidente de la Fundación Ernest Lluch-. Fue presidente de la Asamblea Parlamentaria de la Unión
Europea Occidental de 1997 a 2000, después de haber sido presidente del Grupo Socialista en dicha asamblea parlamentaria, y también -esto es muy importante- fue presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del año 2008 al año 2009,
afrontando un momento tan difícil como el primer conflicto entre dos Estados miembros, tras la invasión de una parte de Georgia por Rusia. También en el 1992 tuvo un papel muy destacado en el impulso y ratificación, el 5 de noviembre, de la Carta
europea de lenguas minoritarias o regionales. Actualmente era presidente del Consejo Catalán del Movimiento Europeo e historiador muy relevante en el ámbito de la Guerra de la Independencia o, como el le gustaba decir, de la guerra del francés.
Queremos expresar la condolencia a su familia, al Partit dels Socialistes de Catalunya y a la familia socialista.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Xuclà.
Grupo Parlamentario Socialista. Señor Sáez Jubero.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.
También quisiera fijar posición, en nombre de nuestro grupo parlamentario, sobre los convenios objeto de aprobación en el día de hoy y mostrar nuestro voto afirmativo. Específicamente, nos felicitamos de las especiales relaciones
fructíferas con la República de Portugal, que es nuestro primer socio comercial y el cuarto en inversión directa. Además creemos que este convenio será también muy beneficioso para la pesca en Canarias y que tal vez, como se ha dicho en este
debate, puede ser ampliado basándose en los principios de reciprocidad e intercambio equitativo. Esperamos que el próximo año este convenio también pueda ampliarse, a fin de que sea más beneficioso también para nuestra pesca en Canarias.
Señor presidente, me va a permitir que me refiera, como lo ha hecho mi compañero, al amigo Lluís María de Puig, diputado por Girona -como este diputado-, amigo, fraternal amigo, maestro, que ha fallecido esta noche. Era un parlamentario de
los de más larga trayectoria en esta Cámara, siete legislaturas, con una trayectoria internacional muy importante y que además en esta Cámara ocupó la parte más importante de su trayectoria política, y fue feliz haciendo este trabajo que a todos
nosotros nos honra y nos une, el trabajo parlamentario en la defensa de las ideas también del socialismo democrático. Quiero recordar que actualmente presidía la Fundación Ernest Lluch y el Movimiento Catalán Europeo. Además, su trayectoria
internacional es lo más brillante que ha tenido un político español, desde mi punto de vista, como presidente de la Asamblea de la Unión Europea Occidental y presidente de la Asamblea del Consejo de Europa. Quiero recordar que es una figura muy
importante también para nuestro partido, el Partit dels Socialistes de Catalunya. Fue un destacado miembro de Convergència Socialista y tuvo un papel fundamental también en el congreso de unidad del Partit dels Socialistes de Catalunya. Descanse
en paz. Los que hemos tenido ocasión de sucederle en sus trabajos parlamentarios trataremos de estar a la altura de un político de esta categoría personal, humana y política.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Sáez Jubero.
Grupo Parlamentario Popular. Señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero suscribir las palabras de mis compañeros, que han tomado la palabra anteriormente, alabando la figura del diputado por Girona De Puig y, por supuesto, lamentar mucho su pérdida.
Este acuerdo permitirá a nuestra flota artesanal, y a la portuguesa naturalmente, el ejercicio de la actividad de pesca en aguas bajo la jurisdicción de los dos países con un tratamiento equivalente para ambas flotas. Se viene renovando
históricamente desde 1986 dentro de esos acuerdos a los que antes aludía de buena vecindad. Son beneficiosos naturalmente para ambas partes y permiten dar un tratamiento diferenciado tanto a la flota artesanal matriculada en un puerto, en el de
Madeira, como en los puertos de Canarias. La flota pesquera española tiene mucho interés en este convenio y desearía que estuviera vigente en febrero de 2013, que es cuando comienza la pesca de túnidos en aguas españolas de las islas Canarias y en
las aguas portuguesas de Madeira.
Quería comentar también al acuerdo de pesca con Mauritania, al que ha hecho mención la diputada señora Oramas. Necesitamos un acuerdo de pesca con Mauritania, pero no este. España se ha posicionado en contra de la renovación del protocolo
firmado. España pide, por lo tanto, que no se ratifique. Existe el rechazo unánime del sector y de todos los ámbitos políticos, puesto que expulsa del caladero a quienes han sido decisivos en su sostenimiento económico y biológico. Este grupo
parlamentario cree que, como el Gobierno de Mariano Rajoy, como ha dicho en repetidas ocasiones su ministro Arias Cañete, la Comisión ha llevado la negociación con escasa diligencia y habilidad, sin transparencia y sin atender las advertencias de
los Estados ni del sector. El margen para rectificar se reduce, puesto que el anterior Gobierno dio el visto bueno a las cinco primeras rondas de negociación en las que se establecían los acuerdos técnicos, de las siete rondas que han existido.
Las principales quejas del sector español vienen de la imposibilidad de acceder a las pesquerías para las flotas cefalopodera y congeladora pelágica; embarcaciones gallegas que usaban el puerto de La Luz de Las Palmas como base de sus operaciones y
que se quedan sin un caladero alternativo. Todo ello supondrá pérdida de empleos referidos a tripulantes, por ejemplo, y naturalmente a toda la actividad que el sector de la pesca lleva aparejada, servicios auxiliares del sector
pesquero, y reducirá la actividad de la industria astillera. Un extraordinario impacto socioeconómico para Canarias. Además hay costes indirectos que encarecen el acuerdo con las obligaciones de desembarcar, trasbordar y repostar en
Mauritania. El protocolo todavía podría ser rechazado por el Parlamento Europeo en los próximos meses. Existe un debate con un dictamen preliminar redactado por el parlamentario europeo Gabriel Mato, parlamentario del Partido Popular Europeo, que
es contrario al acuerdo ratificado unilateralmente por la Comisión, firmado a espaldas del Parlamento y claramente perjudicial para la flota española y especialmente para la Canaria. España va a proponer que la Comisión defienda de manera
simultánea el interés de los pescadores españoles de seguir faenando en aguas de Mauritania y por otro lado la utilización eficiente de los recursos de los ciudadanos europeos. Pedimos que se revisen las condiciones y que se negocie un acuerdo
equilibrado, en el que las condiciones financieras se ajusten a las posibilidades reales de pesca. El nuevo acuerdo deberá tener en cuenta la verdadera situación biológica de los recursos, según los últimos estudios científicos disponibles. Ante
la extraordinaria gravedad de la situación, el Gobierno ha puesto a disposición con carácter urgente una orden de ayudas por cese temporal de la actividad a tripulantes y a armadores, ya que no se encuentran caladeros alternativos, y evitar así
mayores perjuicios a las flotas afectadas. Tenemos que trabajar todos juntos, todos los grupos en la misma dirección, detrás del Gobierno y buscando apoyos en el Parlamento Europeo para rechazar este acuerdo. Así conseguiremos entre todos, con el
apoyo de todos, detrás del Gobierno, un futuro mejor para el sector pesquero español.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Mariscal.
DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS. (Número de expediente 121/000029).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Último punto del orden del día: Debate de totalidad del proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Para la
presentación del proyecto de ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, cuando hace menos de un año tuve el honor de presentar las primeras y principales líneas de actuación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente anuncié que uno de sus objetivos prioritarios en
materia de medio ambiente lo constituía la necesidad de reformar y modificar la vigente Ley de Costas de 1988. El Gobierno ha considerado necesaria la reforma de esta ley, que cuenta con más de veinte años de vigencia, principalmente por dos
motivos: por no haber respondido a los fines y objetivos que pretendía, es decir mantener y conservar en buen estado nuestro extenso y valioso litoral, y porque ha fomentado una aplicación errática, contradictoria, deficiente y muy arbitraria en
algunas ocasiones, lo que no ha hecho sino crear un marco de inseguridad jurídica para propietarios y titulares de derechos en la costa. Esta controversia ha traspasado incluso nuestras fronteras y ha llevado al Parlamento Europeo a pedir revisar
urgentemente y, en su caso, modificar la Ley de Costas, a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio
ambiente costero -cito literalmente-. La reforma de la ley se justifica, por lo tanto, en la necesidad de disponer de un instrumento eficaz de protección y conservación del litoral, de mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en
la costa y de compatibilizar la protección del espacio natural con actividades económicas que generen empleo y riqueza.
El proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988, aprobado por el Consejo de Ministros de 5 octubre, que presento hoy a esta Cámara para su tramitación parlamentaria cumple, por
tanto, con la doble finalidad de constituir un instrumento eficaz al servicio de la protección y conservación de nuestros litoral y un marco estable y seguro para todos los actores relacionados con el litoral: usuarios, propietarios, empresas y
entidades. Es una norma que se dicta al amparo del artículo 149.1, reglas 1ª y 23ª, entre otras, de la Constitución española que atribuye al Estado competencias en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y en materia de regulación básica sobre protección del medio ambiente. Es un proyecto de ley que afecta a todas nuestras costas; ámbito natural
y esencial para la economía de nuestro país, por su amplia extensión territorial, por su extraordinaria y frágil riqueza medioambiental, por conformar el espacio vital y de trabajo de gran parte de nuestra población, por constituir el soporte
natural donde se asienta una importante actividad económica y por el importante y emblemático patrimonio histórico cultural que conservan. El proyecto de ley se fundamenta en nuestra concepción de que un litoral sostenible medioambientalmente debe
conciliar la preservación, mantenimiento y mejora de nuestras costas con todas las actividades que sean respetuosas y compatibles con la conservación del litoral incluidas las económicas. Ambos elementos son imprescindibles y complementarios para
alcanzar un desarrollo general de nuestro litoral sostenible en el tiempo, no contrapuestos, como antes se pensaba y afirmaba. Así pues, los motivos que han hecho necesaria la reforma de la vigente Ley de Costas están altamente justificados. En
primer lugar, han transcurrido casi veinticinco años de vigencia de la Ley de Costas de 1988. A lo largo de todos estos años la situación del litoral ha cambiado en buena medida y por desgracia para empeorar. El desarrollo social y económico de la
costa se ha modificado del mismo modo que la propia concepción del medio ambiente y su protección. Señorías, la ley en vigor ha generado muchos problemas, ha generado mucha conflictividad y además mantiene situaciones enquistadas que requieren una
respuesta que nadie ha tenido el valor de darle hasta la fecha.
Una característica propia de esta ley que hace incomprensible la defensa a ultranza de su mantenimiento es el progresivo alejamiento de la realidad que pretende regular. La vigente es una ley basada en un marcado proteccionismo litoral que
en absoluto puede afirmarse que ha conservado eficazmente el medio ambiente costero. Es una ley que establece medidas fuertemente restrictivas de derechos individuales y que se ha aplicado debido a su complejidad y ambigüedad de forma errática,
confusa y dubitativa, generando una enorme inseguridad jurídica porque contiene una imprecisión en el concepto de dominio público que ha dado lugar a su aplicación caótica. Por ejemplo, la expropiación de propiedades a cambio de cesiones temporales
que no se sabe muy bien cuándo vencen no se ha querido tramitar y se ha propiciado el mantenimiento de ocupaciones sin título de ocupación en vigor. En definitiva, ha sido una ley de muy difícil aplicación. Por lo tanto, ahora es el momento de
decidir si queremos proteger mejor nuestro litoral y devolver la seguridad a miles de afectados y actividades que, sin menoscabo de la protección de la costa, contribuyen a la creación de riqueza y la generación de empleo, o bien si queremos
perpetuar estas situaciones y afrontar en unos pocos años la consiguiente demolición masiva de viviendas y destrucción de explotaciones de todo tipo en nuestras costas. Como decía, la ley de 1988 no ha sido eficaz en su principal objetivo, la
protección del litoral. Entre 1988 y la actualidad se ha producido la mayor degradación de la costa con la masificación urbanística y la expansión de grandes pantallas arquitectónicas. La ley en vigor ha generado una gran inseguridad jurídica en
muchos ámbitos, como también he señalado, en un gran número de personas y empresas, cuando paradójicamente la seguridad jurídica fue uno de los objetivos de la vigente ley de 1988. Esta inseguridad jurídica se refiere tanto a aspectos esenciales de
la ley como a las dificultades de su aplicación que ha sido con frecuencia parcial o tardía. Un ejemplo de lo que acabo de decir lo tenemos es los deslindes que determinan qué es dominio público y qué es servidumbre de protección. Se han realizado
con criterios no homogéneos, de diferente forma según los territorios y las épocas, creando la consiguiente sensación de arbitrariedad y agravio comparativo. Además en muchas zonas los deslindes o no se iniciaron hasta transcurridos más de quince
años desde 1988 o no están realizados con la natural incertidumbre generada y la obvia conflictividad posterior.
La vigente Ley de Costas de 1988 produjo además una gran desprotección para propietarios y titulares de otros derechos anteriores a esa fecha inscritos en el Registro de la Propiedad que, a nuestro juicio, recibieron una compensación que se
debe mejorar. Para que se hagan una idea de la situación que nos hemos encontrado basta decir que hay más de 10.000 ocupaciones residenciales en dominio público, de las cuales poco más de 1.500 están regularizadas como concesiones. Hay que
destacar también que la inadecuada regulación de la ley de 1988 en relación con los registros de la propiedad ha propiciado que adquirentes de buena fe con títulos registrales vean cuestionadas sus propiedades, lo que ha provocado -como he dicho al
principio de mi intervención- numerosas quejas de ciudadanos europeos ante el Parlamento Europeo. Hasta ahora ha primado una visión limitada de la protección de la costa que no valoraba adecuadamente la idea de compatibilidad entre calidad
medioambiental y actividad humana para alcanzar un desarrollo sostenible que hoy asumimos. Este concepto erróneo ha producido regulaciones excesivamente restrictivas que no propiciaban la realización de actividades económicas, deportivas, de
ocio o culturales respetuosas con la costa y con la garantía del uso público y común de las playas y del litoral por todos los ciudadanos. Por ponerles algunos ejemplos, el plazo máximo de treinta años para todas las concesiones que prevé
la vigente ley se establece sin atender suficientemente a la diferente naturaleza y usos de las diversas ocupaciones, ni protege la costa ni ayuda a la actividad en su entorno. La prohibición de transmitir las concesiones que se establece es
injustificada sobre los derechos de antiguos propietarios que además reduce el valor de las viviendas que ocupan y que está igualmente injustificada respecto a actividades económicas amparadas en concesiones. Daré algún dato sobre la envergadura
del tema y la necesidad de regularlo adecuadamente. Existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales en dominio público de las que más de 1.700 son industriales, muchas de ellas generadoras de un importante volumen de empleo. Se estima, además,
que existen 3.000 chiringuitos que pueden proporcionar más de 100.000 empleos.
Paso ahora a exponerles el contenido básico del proyecto de ley del Gobierno, cuyas principales reformas en el marco jurídico general se resumen en tres apartados: en primer lugar, reforzar la protección del litoral; en segundo lugar,
incrementar la seguridad jurídica de todas las personas y empresas afectadas; y, en tercer lugar, establecer un régimen que permita la conciliación de las diferentes actividades que concurren en el litoral. Este marco normativo general se completa
con una serie de medidas específicas destinadas a resolver situaciones injustas arrastradas desde hace muchos años, siempre dentro del más completo respeto a la conservación y defensa del dominio público. Expondré primero el marco general. Las
previsiones para reforzar la protección del litoral van dirigidas, primero, a preservar lo que tenemos mejor conservado; segundo, a impedir que continúe la degradación de las áreas costeras más vulnerables; y, tercero, a dotar al Estado de
mecanismos excepcionales de respuesta cuando exista un riesgo grave para la protección del dominio público. En este sentido, el proyecto de ley distingue entre los tramos urbanos de las playas y los tramos naturales, situados en zonas protegidas o
en suelo rústico y alejados de urbanizaciones. Prevé un régimen diferente con objeto de dotar a las playas naturales de un elevado nivel de protección y garantizar que mantengan en el futuro todos sus valores medioambientales. Las ocupaciones se
reducirán a las que resulten estrictamente imprescindibles. En las playas urbanas, cuyas características y condiciones de uso son muy diferentes, se asegura su conservación y se permiten los servicios que satisfagan las necesidades de los
ciudadanos y del turismo de calidad, siempre de forma compatible con el uso común. Con este proyecto de ley nuestra intención es impedir que se produzcan más agresiones a la costa en las zonas más vulnerables y degradadas fundamentalmente por el
exagerado desarrollo urbanístico. Junto a ello, pretendemos que se vaya mejorando progresivamente la calidad medioambiental de las edificaciones e instalaciones existentes. Este nuevo proyecto de ley introduce mejoras en aspectos tales como la
prohibición general de construir nuevas edificaciones, que se mantiene en los mismos términos que la ley de 1988. Se refuerza la prohibición para cualquier obra que se realice en edificaciones existentes, tanto en dominio público como en
servidumbre de protección, que implique aumento de volumen, altura o superficie. Además, se exige que en las obras que se autoricen se adopten medidas de eficiencia energética y de ahorro de agua. Por último, las industrias potencialmente
contaminantes que a la entrada en vigor de esta ley ocupen dominio público en virtud de una concesión necesitarán un informe ambiental específico de la comunidad autónoma para que se prorrogue la concesión y la actividad industrial.
La experiencia acumulada a lo largo de los años ha puesto de manifiesto, con algún caso muy llamativo como el del Algarrobico, que si bien las competencias ejecutivas y de gestión urbanística y medioambientales sobre la zona de servidumbre
de protección corresponden a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, la Administración General del Estado debe disponer de un mecanismo de reacción rápido y eficaz que evite que se produzcan y se consoliden situaciones ilegales contrarias a
la integridad del dominio público o de la servidumbre de protección; situaciones que, como se demuestra, luego son de muy difícil reversión. Por ello, en el proyecto de ley se habilita al delegado del Gobierno en la comunidad autónoma a suspender
cautelarmente los acuerdos municipales que reúnan tales características; acuerdos que en diez días deben ser impugnados por el propio delegado ante los tribunales. Me estoy refiriendo, como sus señorías han podido deducir, a la ya conocida como
cláusula anti Algarrobico que permite al Estado afrontar el problema desde el principio, que respeta la autonomía local pero que sitúa en los tribunales la decisión de fondo. Con esto cumpliremos otro objetivo fallido de la Ley de 1988, que decía
que quería garantizar que si un ciudadano cumple con los instrumentos aprobados de ordenación urbanística está cumpliendo a la vez con la legislación de costas.
El segundo objetivo del nuevo marco normativo es eliminar la gran inseguridad jurídica que la Ley de 1988 ha producido en numerosos casos, afectando a gran cantidad de ciudadanos y de empresas. Las mejoras que se introducen son
significativas por su relevancia. Se clarifica el alcance del dominio público marítimo-terrestre para que los ciudadanos sepan a qué atenerse. Así, el concepto de 'mayores temporales conocidos' se determinará reglamentariamente según criterios
técnicos. Con ello se dispondrá de herramientas rigurosas que aseguren aplicaciones uniformes en los deslindes de la zona marítimo-terrestre. Se concreta el concepto de playa y los elementos que incluye, en especial las dunas, obligando a que
queden incluidas en el dominio público todas las dunas que sean necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa. Se considera que no deben formar parte del dominio público los terrenos privados que se inundan
artificial y controladamente -por tanto, previa autorización- para la realización de alguna actividad, salvo que se trate de terrenos navegables. La isla de Formentera recibe un tratamiento singular en el proyecto dada su especial configuración
geomorfológica en cuanto a la delimitación de dominio público, como puso de manifiesto el controvertido deslinde practicado en 2007. Para asegurar la protección de la isla frente al riesgo urbanístico se establece que la servidumbre de protección
será de 100 metros.
Una segunda línea de mejora, dentro del objetivo de incrementar la seguridad jurídica, tiene por objeto garantizar a los ciudadanos la información actualizada, segura y exacta sobre los terrenos que son de dominio público o pueden serlo
mediante una eficaz coordinación con el catastro y los registros de la propiedad. Con la regulación del proyecto se evitará que los adquirentes de buena fe de una vivienda inscrita en el registro se encuentren con que su propiedad pagada y también
inscrita no es realmente suya. Para ello se adoptan varias medidas nuevas; por una parte, los bienes de dominio público deben ser obligatoriamente inscritos en el Registro de la Propiedad, y para reforzar esta obligación el proyecto establece que
la Administración tiene un plazo tasado de dos años para inscribir dichos bienes. A esta medida se añade otra que la complementa y blinda la posición de cualquier interesado en adquirir terrenos cercanos al litoral. Desde el momento en que la
Administración inicia un procedimiento de deslinde tiene que comunicarlo al registro, que ha de anotar las fincas afectadas por el deslinde que pueden incorporarse al dominio público e incluso a la zona de servidumbre de protección. Además, la
Administración del Estado se verá obligada a publicar en Internet las líneas de deslinde de dominio público, consiguiendo así la máxima transparencia y accesibilidad para el ciudadano o agencia inmobiliaria de cualquier país.
En cuanto al tratamiento que el proyecto de ley otorga a los propietarios afectados por deslindes, hay que destacar que se reconoce con carácter general un derecho de concesión por setenta y cinco años para compensar a los propietarios de
terrenos que tras un deslinde pasen a formar parte del dominio público. Esta medida, junto a la posibilidad de transmitir esa concesión, supone modificar radicalmente su anterior situación y dar un valor económico razonable a sus derechos, sin
menoscabo del dominio público. En cuanto a los propietarios de edificaciones que tras un deslinde quedan en zona de servidumbre de protección, se conjuga la protección medioambiental de dicha zona ya que no habrá posibilidad de aumentar volumen,
superficie ni altura de las construcciones existentes, con una mayor flexibilidad en cuanto a obras de reparación, mejora, consolidación y modernización que se puedan realizar. Esto beneficiará tanto a los propietarios como al aspecto y calidad de
las edificaciones en primera línea de playa.
En coherencia con el nuevo marco normativo general, el proyecto de ley reconoce también a los titulares de terrenos inscritos en el Registro de la Propiedad con anterioridad a 1988 el derecho a una concesión por setenta y cinco años
transmisible. Otra medida que eliminará la actual inseguridad jurídica. La reforma no ampara en cambio situaciones de hecho ni amnistía ocupaciones indebidas del litoral. El tercer pilar de la reforma es conciliar la protección de la costa con la
realización de actividades económicas en su entorno, siempre bajo la premisa de que sean respetuosas con la integridad del dominio público marítimo-terrestre y que además contribuyan a su conservación.
Entre las principales medidas que se introducen en el proyecto de ley podemos destacar la ampliación del plazo máximo de las concesiones que se otorguen para la ocupación de la costa y la prórroga de las vigentes desde los treinta años
actuales hasta los setenta y cinco años. Quiero precisar que la ley no fija una duración de setenta y cinco años, sino que establece un plazo máximo que se concretará reglamentariamente atendiendo a los diferentes usos y ocupaciones. Además, este
plazo concesional no es completamente novedoso ya que está recogido en leyes básicas en la materia, como la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y en especial, por la proximidad con la materia de costas, en la Ley de Aguas. El
objetivo que se persigue es dotar de mayor estabilidad y horizonte económico a las inversiones en la costa, con el objeto de promover actividades y servicios más eficientes y a cambio
comprometer a los concesionarios en la preservación del dominio público, de acuerdo con nuestra filosofía de promover la corresponsabilización de ciudadanos y sector privado en la conservación de los bienes públicos. Todas las concesiones
deberán someterse a evaluación de impacto ambiental cuando así esté previsto.
En cuanto a la prórroga, no será automática, ya que se seguirá un informe medioambiental específico, especialmente para industrias potencialmente contaminantes como las extractivas, químicas, papeleras y otras que cita el proyecto. Por los
mismos motivos que he expuesto, se amplía de uno a cuatro años el plazo máximo de las autorizaciones.
Otra reforma complementaria de la anterior y coherente con el aumento del plazo máximo es la posibilidad de transmitir las concesiones sobre los derechos. Esta medida facilitará la realización de actividades económicas. La sustitución de
los concesionarios se realizara previa autorización de la Administración, lo que asegurará la solvencia del nuevo concesionario y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del título concesional. Esta medida proporcionará dinamismo al sistema y
contribuirá a mejorar las actividades y servicios concesionales.
Como decía al principio de mi intervención, el proyecto de ley plantea dos tipos de medidas. En primer lugar y principalmente, establecer un marco normativo adecuado a las necesidades actuales y futuras del litoral. En segundo lugar,
resolver situaciones concretas que consideramos injustas provocadas por la ley de 1988, a las cuales me voy a referir para finalizar esta intervención. Son situaciones existentes antes de 1988 que se han ido agravando desde entonces por no haberse
abordado y que generan una notable preocupación social y económica. El primero de esos problemas es el denominado efecto 2018, esto es, el inminente vencimiento de miles de concesiones, lo que obligará a la demolición de viviendas e industrias a lo
largo de todo el litoral. Primero las concesiones que se otorgaron antes de 1988 y que vencen en 2018, más de 2.000 concesiones, de ellas 1.100 correspondientes a viviendas; y después las ya comentadas concesiones transitorias de miles de antiguos
propietarios, que únicamente recibieron como compensación un derecho de ocupación por treinta años. La prórroga extraordinaria de las concesiones vigentes contribuirá a resolver este problema. En segundo lugar, el proyecto excluye del dominio
público ciertos terrenos de núcleos de población históricos, diez en concreto. La exclusión se debe a que se trata de terrenos que ya estaban consolidados y antropizados desde hace décadas, degradados desde el punto de vista ambiental y
completamente integrados en la trama urbana. Su mantenimiento dentro del dominio público ha perdido su razón de ser y es fuente de graves problemas sociales, dada la concentración de viviendas. Eso sí, se excluyen solo aquellos que cumplen una
serie de requisitos objetivos establecidos previamente. Se acoge también la posibilidad, largo tiempo demandada desde distintos territorios, de que a aquellos núcleos de población que no teniendo la calificación legal de urbanos en 1988 reunieran
entonces los requisitos para ser urbanos se les pueda aplicar la servidumbre de 20 metros en lugar de la de 100. En este supuesto será necesario que el ministerio informe favorablemente sobre la compatibilidad de la reducción de la servidumbre con
la integridad y defensa del dominio público.
Señorías, por todas las ventajas y mejoras que introduce el proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988, aprobado por el Gobierno y cuyo contenido les acabo de detallar, solicito a
la Cámara el rechazo de las cinco enmiendas a la totalidad presentadas y su aprobación para ser tramitado como proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.
Hay cinco enmiendas a la totalidad de devolución del proyecto de ley. En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, tanto para la defensa de las enmiendas como para la fijación de posiciones en su caso.
Tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
La Ley de Costas, aprobada en 1988, ha sido la única herramienta legal cuyo objetivo ha sido tratar de poner freno al tsunami urbanístico que ha asolado nuestro territorio, en especial el litoral, aunque su efectividad ha sido limitada ante
la avalancha de proyectos urbanísticos que se multiplicaron en los años de la burbuja inmobiliaria. La única justificación para modificar la ley sería precisamente aumentar el nivel de protección, pero no para disminuirlo. El litoral es un espacio
de especial valor ecológico y en él se asientan ecosistemas únicos como nuestras playas y calas, pinares costeros, sistemas dunares, acantilados rocosos, marismas, albuferas y rías. Además, en el litoral se asienta la actividad turística, un
elemento clave para la economía española, con un peso en el PIB siempre superior al 10 %. La calidad y la garantía en el medio plazo de esta actividad está directamente relacionada con la buena conservación del espacio litoral, que además
es clave en el sostenimiento de otras actividades económicas como la pesca.
La Ley de Costas de 1988 establecía unos parámetros claros de ocupación del dominio público y de deslindes, de manera que hubiera seguridad jurídica para los beneficiarios de ese uso. La inseguridad de la que habla el ministerio viene
derivada del reparto de competencias y de la mala aplicación de la ley, no de su contenido. Sin embargo, con la reforma de la Ley de Costas se favorecen los intereses privados en detrimento del bien público mediante la modificación del dominio
público marítimo-terrestre, la reducción de la servidumbre de protección y la ampliación del plazo de las concesiones.
Los motivos de Compromís-Equo para oponernos a la modificación de la Ley de Costas propuesta por el Gobierno son los siguientes. En primer lugar, alargar las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre a setenta y cinco años supone
de facto una privatización del espacio público. Se trata de uno de los elementos clave de la actual modificación y con ella se abre la mano para garantizar que el final del periodo de concesión sea sucedido por un nuevo periodo mucho más largo; de
facto, significa que las concesiones, cuyos plazos ahora deberían terminar y por tanto volver a ser de dominio público, se consolidarán en manos privadas. En segundo lugar, no tiene en consideración ni menciona el cambio climático ni una de sus
consecuencias, la subida del nivel del mar. Esta omisión, además de ser inaceptable desde el punto de vista de gestión de nuestro litoral, puede tener consecuencias legales negativas para el Estado en el futuro cuando la subida del nivel del mar
obligue al desalojo de lugares en los que en este momento hay viviendas construidas. En tercer lugar, excluye de forma aleatoria del dominio público marítimo-terrestre diez núcleos urbanos y buena parte del litoral de Formentera, sin argumentar ni
dar motivos científicos por los cuales son elegidos estos tramos de costa. En cuarto lugar, desprotege las rías al reducir en estos ecosistemas de 100 a 20 metros la franja de servidumbre. Esta medida tendrá especial impacto en el litoral
cantábrico y atlántico debido al gran número de rías. En quinto lugar, pretende recuperar el ladrillo como motor de la economía al permitir declarar suelo urbano en el frente litoral los dos años posteriores a la aplicación de la reforma y con ello
reducir la franja de servidumbre de protección también a 20 metros en estos tramos.
En definitiva, Compromís-Equo, con esta enmienda a la totalidad, rechaza esta reforma de la ley y pide la devolución al Gobierno del proyecto de ley para que se elabore un texto con la mayor participación y coherencia posible.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señoras y señores diputados, el presente proyecto de ley tiene como finalidad dar seguridad jurídica y mantener la especulación urbanística; por un lado, incrementando nuevamente en setenta y
cinco años más la concesión de uso, la concesión también de construcción y de compra y venta en el dominio público marítimo-terrestre. Esto significa legitimar y perpetuar la destrucción costera a la espera de que si acaso ya lo arreglen nuestros
nietos, literalmente, señor ministro, que lo arreglen en el próximo siglo. Por otro lado, ofrecen mayores terrenos para la especulación al reducir de manera escandalosa la servidumbre de protección. Esto, en otros palabras, es una privatización
costera, es regalar a los buitres especuladores un espacio que antes era público, es decir, un espacio que antes era de todas y de todos; un robo a los bienes de todos para el beneficio de unos pocos. Además, esta privatización costera obvia la
subida del nivel del mar como consecuencia del cambio climático, ignorando las recomendaciones de las agencias europeas de medio ambiente y los importantes perjuicios económicos que puede llegar a causar.
Medioambientalmente, la privatización y la especulación urbanística suponen también la degradación, cuando no la muerte, de valiosos ecosistemas y paisajes, en especial marismas, salinas, dunas y acantilados. Con ello no solo demuestran su
falta de ética medioambiental sino una triste ignorancia que contrapone el capital económico al capital natural. Naciones Unidas estima una gran pérdida económica y ambiental por el urbanismo y la contaminación producida por la especulación de los
últimos años, especialmente grave en el destino eminentemente turístico. Está más que claro que apuestan por el modelo urbanístico de Benidorm, y ello supone un grave perjuicio para territorios naturales como las Illes Balears. No solo legitiman y
amparan la destrucción de valiosos espacios naturales como Es Trenc en Sa
Ràpita, sino que con esta ley se cargan la posibilidad de un turismo de calidad que busca el valor añadido de un espacio natural. La costa mediterránea ya tiene suficientes espacios masificados y de turismo de borrachera, lo que debemos
garantizar -si me permite, señor ministro- es la preservación de espacios naturales como base para una oferta turística naturalista, para una oferta turística equilibrada, saludable, competente y evidentemente diferenciada. No tienen ni idea
-déjenme decirlo así- del perjuicio económico que pueden causar a las Illes Balears, concretamente a Formentera, S'Estalella, Sa Canova, Son Real, Cala Mesquida, Cala Agulla, Ses Covetes, Molí d´en Regalat y muchos otros preciosos lugares que esta
ley va literalmente a destruir.
Este proyecto de ley es definitivamente la claudicación del Estado y de la Administración pública ante los intereses privados, expresados a través de propietarios, promotores, concesionarios y otros. Supone apostar para salir de la crisis
por el mismo modelo que nos ha llevado a ella, y peor aún, supone la legitimación y legalización de la usurpación de la zona pública marítimo-terrestre, permitiendo la transmisibilidad de concesiones y posibilitando que personajes como Pedro J.
Ramírez y muchos otros sean propietarios de unas concesiones que hasta ahora los tribunales habían fallado que no podían administrar. En definitiva, una nueva reforma neoliberal en beneficio, como siempre, de los poderosos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Jordà.
Señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señores diputados, este proyecto de ley es una modificación parcial y sesgada que básicamente se limita a extender a setenta y cinco años las concesiones y a amnistiar determinadas áreas o urbanizaciones de la zona mediterránea, con su
exclusión del dominio público marítimo-terrestre, o a establecer un excepcional deslinde para Formentera. Así se manifiesta el desconocimiento de la problemática de muchos núcleos costeros del litoral español. Particularmente no considera la
singularidad de Canarias, la comunidad autónoma con mayor longitud de costa por superficie, con más de 1.500 metros de litoral, cuyo origen geológico y volcánico, nuestro clima y nuestra posición geográfica hacen que las actividades que se
desarrollan en el litoral de nuestro archipiélago no encaje con exactitud en un marco normativo estatal que obedece a una realidad geográfica y social bien distinta. Esta nueva norma no atiende, además, a la actividad turística residencial de
transporte, agrícola, pesquera, comercial, deportiva y de ocio, en definitiva, a nuestra realidad social y económica isleña, que se encuentra íntimamente ligada a la zona marítimo-terrestre. Núcleos pesqueros y tradicionales existentes en nuestras
costas con anterioridad a la Ley de Costas de 1988 cuya realidad social y actividad económica nunca ha sido adecuadamente considerada, cuyos valores etnográficos o arquitectónicos no encuentran protección en la nueva norma, que solo establece la
prelación de bienes de interés cultural, valores que el PP defendió desde la oposición y que ahora no considera y ha olvidado.
Tampoco resuelve problemas competenciales, más bien los recorta o agrava tanto respecto a las competencias locales como a las autonómicas. Cabría esperar de una nueva norma que reconociera el ejercicio de la competencia municipal en las
playas que al menos constituyan verdaderos sistemas generales en los entornos urbanos. En los ayuntamientos recaen las obligaciones de limpieza, vigilancia y seguridad de las playas y el Estado se sigue reservando las autorizaciones de las
actividades en las mismas y el cobro de los elevados cánones por ocupación, dejando poco margen a la Administración local.
Respecto a las competencias de las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio, las complica o condiciona en las zonas de servidumbre, estableciendo el carácter preceptivo de los informes de Estado. Tampoco mejora la
participación y la concurrencia competencial, en la práctica el deslinde, ni la delimitación en zona de servidumbre. En definitiva, nada aporta, se pierde el carácter igualitario en el régimen competencial de la gestión del litoral de las
comunidades autónomas y ayuntamientos y, por el contrario, nada se mejora respecto a la problemática de los núcleos costeros y pesqueros tradicionales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Oramas.
Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna para posicionar al Bloque Nacionalista Galego a favor de las enmiendas de devolución que hoy se presentan a la ley de modificación de la Ley de Costas.
Señorías, nuestro grupo ha presentado una propuesta de modificación de esta ley en varias ocasiones sobre la base de la necesidad real de modificación de esta ley para corregir errores que son imputables a administraciones locales anteriores
a la Ley de 1988. Errores que están relacionados con la falta de reconocimiento de determinados núcleos de población históricos y culturales incluso, como ya hemos defendido en muchas ocasiones, y también aquellos errores que las administraciones
locales no corrigieron en el trámite de la Ley de 1988 y que están relacionados con núcleos rurales que asimismo son urbanos, independientemente de que los ayuntamientos no tengan el plan urbano correspondiente.
Señorías, vamos a votar a favor de estas enmiendas de devolución y en esa dirección vamos a defender las enmiendas que presentaremos al proyecto ya que no podemos compartir la ampliación que se hace de plazos de las concesiones porque, señor
ministro, ustedes abren el melón de que las industrias contaminantes puedan permanecer. El Bloque Nacionalista nunca podrá apoyar esto, teniendo en cuenta la gravedad de la contaminación de muchas de estas industrias, como las que están instaladas
en la ría de Pontevedra. Tampoco podemos compartir la reducción del dominio público que se hace, que está destinada a potenciar el urbanismo inadecuado y salvaje en nuestra costa para su dedicación al turismo. Entre otras cosas, señor ministro,
vemos en el texto de la ley que hay cierta dificultad de garantía jurídica en las diferentes cuestiones que se modifican. Por eso entendemos que el Gobierno debería hacer un nuevo proyecto y antes de traerlo a esta Cámara debería tener el
suficiente diálogo con todos los sectores relacionados con la costa de todo el litoral del Estado, que en materia medioambiental tienen muchas cosas que decir. Si se tuviera en cuenta esto, los errores que existen en este proyecto de ley, que son
incluso de contenido jurídico, no existirían.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Fernández.
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señores del PP, entre otros argumentos, el Gobierno justificaba la presentación de este proyecto de ley porque la ley anterior, en ciertas ocasiones, había tolerado resultados inaceptables medioambientalmente y también decía
que era para proteger la integridad del dominio público marítimo-terrestre -en adelante lo llamaré solamente dominio- y preservar así un uso común. En la exposición de motivos que ustedes hacían se hablaba de otorgar seguridad jurídica, cuando en
realidad para nosotros esta modificación de la ley otorgará seguridad jurídica a las situaciones contrarias a la ley consentidas por las administraciones, que no han tenido voluntad de cumplir la ley vigente, sobre todo en los últimos cinco años.
Según Unión Progreso y Democracia esta reforma no añade elementos nuevos con el fin de asegurar y proteger la integridad del dominio y preservar así su uso común. Si la voluntad de los responsables para hacer cumplir la ley es la misma que hasta
ahora -es decir, ninguna-, las situaciones de incumplimiento sobre el litoral por parte de aquellos que tengan algún título -o muchos de ellos sin título alguno- no solamente se mantendrán sino que se incrementarán, una vez comprobada la impunidad
que se ha impuesto en las costas españolas durante los últimos años.
Esta ley no evita los resultados de los que ustedes hablan diciendo que son inaceptables medioambientalmente, no protege la integridad del dominio ni preserva su uso común. Según Unión Progreso y Democracia, el resultado previsible a medio
y largo plazo será una edificación masiva en las playas y una privatización de hecho de este dominio. Por ejemplo, señor ministro, la definición que se hace del límite superior, nosotros la interpretamos de una forma muy negativa. Por otra parte,
la exclusión del dominio de los terrenos que sean inundados artificial y controladamente debido a obras e instalaciones siempre que con anterioridad no lo fueran está ligada a la disposición adicional décima específica para las marinas o
urbanizaciones marítimo-terrestres e introduce, según nosotros, un criterio de excepcionalidad innecesario. La acotación y aclaración que se hace en relación con el término duna es muy negativo. Supone una alteración muy grave de la ley, señor
ministro. Es un intento de liberalizar terreno y desproteger el litoral, y sobre todo creemos que es de una gran ignorancia de lo que es un sistema dunar y de la importancia que tiene para la costa. Estos medios sedimentarios litorales deben
considerarse en conjunto y desde una perspectiva dinámica. Las dunas fijas son parte esencial del medio dunar y del litoral y su
protección debe garantizarse y mejorarse, no todo lo contrario, como impone esta reforma que hoy presentan ustedes.
Respecto a los bienes de dominio público, nuestra valoración también es negativa. El texto de la reforma no incluye como terrenos de dominio público aquellos que se generan artificialmente -por lo que se entiende que son privados y no de
dominio público- y además fija una concesión de setenta y cinco años en los procedimientos de deslinde, por lo que no solamente genera un privatización de hecho, sino que deja sin sentido el propio proceso de deslinde e imposibilita disponer de los
terrenos si existiera interés general por parte de la Administración. Esto podría paralizar cualquier actuación o planteamiento sobre estos terrenos por parte de la Administración. Por otra parte, establecer para las concesiones un plazo tan
amplio de setenta y cinco años -mucho mayor que la vida profesional media, que es de treinta y cinco- supone de hecho una privatización del suelo, ya que la revocación de una concesión por parte de una administración es casi imposible. Esta
privatización, además, contradice la inalienabilidad de los bienes de dominio público que establece la Constitución y supondrá la paralización de muchos proyectos de infraestructuras básicas, como redes urbanas o paseos marítimos.
Señor ministro, respecto a la zona de servidumbre establecida en la ley como protección del dominio, también. La modificación de la ley no limita muchos de los usos que pudieran darse en estas zonas y que no coinciden con las prohibiciones
-como el comercial, el hostelero, el de equipamientos-, ya que no define un concepto por el cual cualquier uso no prohibido tiene cabida, es decir que no define que son obras, instalaciones y actividades que por su naturaleza no pueden tener otra
ubicación. En definitiva, no establece una ordenación de usos en esa zona de servidumbre.
Una de las carencias de la anterior ley y que esta modificación, además, creemos no aborda, es lo establecido en el artículo 33, puntos 1, 2 y 3, donde se dice que las playas no serán de uso privativo y que las instalaciones de servicio de
playa se ubicarán preferentemente fuera de ella con las dimensiones y distancias que reglamentariamente se determinen. La realidad es que la mayoría de estas instalaciones, señor ministro, se ubican en la playa. Casi ninguna se ubica fuera de ella
o en zona de servidumbre; es decir, se incumple sistemáticamente el artículo 33, ya que la preferencia no se tiene en cuenta. Tampoco se tiene en cuenta la Red Natura 2000 de espacios naturales, los lugares de interés comunitario, ni las zonas de
especial protección comunitaria que establece la normativa europea y que han sido propuestas por la propia Administración española. La ley, señor Cañete, ni siquiera define estos lugares como playas naturales sobre los cuales la protección, según
la normativa europea vigente, es absoluta. Esta ley, por la indefinición de estos conceptos, permite la alteración de todos estos hábitats.
Respecto a la información pública a los ciudadanos de programas y planes, esta ley contradice toda la normativa posterior al respecto. Excluye situaciones que las leyes de evaluación ambiental incluyen claramente; por ejemplo, sometimiento
y evaluación de impacto ambiental y la información pública de los planes que hagan referencia a autorizaciones sobre el dominio público. Esta obligación, señor ministro, data del año 2006 y no se cumple en todo el Estado. La reforma debería ser
una oportunidad para incorporar toda la normativa medioambiental posterior a la Ley de 1988 en materias relativas al litoral. Esta carencia, además, genera que los ciudadanos estarán completamente indefensos ante cualquier ordenación municipal o
autonómica cuyos criterios únicamente persiguen intereses particulares en la mayoría de los casos. Respecto a los procesos de adjudicación de concesiones y autorizaciones, no se hace ninguna referencia al procedimiento de adjudicación, a los
procesos de igualdad de oportunidades, concurrencia pública, transparencia y publicidad de todos los procesos de autorizaciones y concesiones sobre el dominio público. No se establece ninguna condición por la que se pueda perder el derecho antes
del plazo de vencimiento, por lo que, de alguna manera, la Administración queda atada respecto a incumplimientos del título de autorización, hecho que es desgraciadamente habitual y generalizado. Por último, esta ley ahonda en el problema generado
por el Estado autonómico español y no establece el retorno de competencias sobre el litoral que se han transferido a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Esta una situación, señor ministro, realmente es causante del verdadero problema de la
interesada aplicación de la ley vigente y que ha generado situaciones catastróficas en muchos de los hábitats de nuestro litoral.
En resumen, como aspectos más negativos, señor ministro, destacan todos aquellos que afectan a los principios básicos que garantizan la protección del litoral, especialmente en lo que respecta a la desclasificación de bienes del dominio, la
exclusión de las dunas fijas, de los terrenos inundados artificialmente, aunque antes de las obras ya lo fueran, la restricción del concepto de máximos temporales conocidos, la descatalogación de núcleos vía anexo, las marinas o urbanizaciones
marítimo-terrestres, la
reducción de la zona de servidumbre de protección al interior de las rías o la posibilidad de que se autoricen actividades extractivas en esta franja. Todas estas razones y algunas más que no enumeraré, porque este un proyecto de ley muy
amplio -y creo que usted lo entiende también así-, nos han obligado a pedir el rechazo de este proyecto de ley que hoy nos presentan.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Cantó.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.
Señorías, finalmente llega a esta Cámara la reforma de la Ley de Costas, tan anunciada por el Gobierno. El ministro lo decía; en las primeras líneas de gestión de su ministerio ya anunció -ya nos sonaba como amenaza- esa reforma y,
efectivamente, se ha confirmado. Al final, esta ley viene siendo lo mismo que la línea que lleva esta legislatura. Tenemos una nueva ley que en materia de medio ambiente no significa ningún avance; de hecho, significa todo lo contrario, una
involución en materia medioambiental. No se trata tampoco de un pequeño paso atrás, sino que pisotea los fundamentos de la protección de nuestro patrimonio natural; refleja exactamente el abandono y el menosprecio del Gobierno hacia el medio
ambiente. He dicho otras veces en distintas comparecencias que tenemos la desdicha de tener un tercio de ministro de Medio Ambiente, a diferencia de lo que tienen otros países, pero también tenemos la desdicha de tener un ministro que considera la
sostenibilidad como un lastre económico, sin entender que sin ecología no habrá economía posible, y usted lo ha vuelto a confirmar con su intervención hoy aquí. En un año de legislatura no ha traído a este Congreso una sola medida que vaya en la
línea de mejorar el estado ecológico de nuestro país, ni en la de mitigar el cambio climático o proteger la biodiversidad o el estado de nuestros ríos, de nuestra agua o de nuestros mares. Una tras otra, las medidas son pasos atrás, abandono de
nuestro patrimonio natural, y lo que hoy nos presenta aquí es un salto hacia atrás, un salto de nuevo a la cultura del pelotazo. Tienen ustedes una visión retrógrada del medio ambiente, no aprenden la lección de a dónde nos ha llevado precisamente
su cultura de la especulación y del pelotazo. Nos ha llevado a ese hundimiento económico, social y ético de este país. Insisten de nuevo en algo que no tiene futuro, pero además hipotecan las futuras generaciones. Por eso, planteamos una enmienda
a la totalidad.
Quiero analizar el contenido de la ley, las cuestiones fundamentales y argumentos para sostener que esta ley no es buena para nuestro litoral, que tampoco es buena para nuestra economía ni es buena para la ciudadanía. Yo resumiría los
argumentos que planteamos en tres: en primer lugar, la desprotección; en segundo lugar, la privatización y, en tercer lugar, la temeridad de este Gobierno. Vamos a la primera idea, la desprotección; una ley que habla precisamente de la
protección del litoral. Creo que deberíamos cambiar directamente el título. El conjunto de medidas que incorpora el texto va destinado a todo lo contrario, a desprotegerlo, como ha hecho el Gobierno desde que está al frente, desde que está usted
al frente del ministerio. Desde 2011, los Presupuestos Generales del Estado han recortado un 60 % el presupuesto destinado a la protección de nuestra costa y ahora ustedes abandonan legalmente al litoral y tienen la desfachatez de argumentar que la
ley vigente no es útil. Si aún vinieran aquí a mejorar la ley o a aumentar la protección, se entendería este argumento. Podríamos aceptar, como decía el señor ministro, que a pesar de la Ley de 1988, nuestro litoral es uno de los más degradados de
Europa, pero se deberían preguntar por qué, y si el ministro lo escuchara podría responder si se siente responsable también de esa situación de degradación medioambiental que ha sufrido el litoral. Usted culpaba a la ley y, señor ministro, nosotros
entendemos que hay responsables claros. La ley vigente hasta ahora era mejorable, pero aquí o reconocemos de dónde vienen los males o no encontraremos las soluciones. Aquí los males vienen de promotores, de administraciones públicas que han sido
cómplices y pasivas y de que se ha ido contra la ley cometiendo ilegalidades a diferentes niveles, y lo que hacen ustedes aquí es no poner freno a esas ilegalidades y legalizar lo que está mal, por tanto aplauden esa degradación del litoral.
¿Cómo pueden hablar ustedes de protección si todas las medidas son de desprotección? Solo voy a citar algunas. En primer lugar, reducen los terrenos incluidos en el dominio público marítimo-terrestre. En segundo lugar, reducen en forma
importante la aplicación de la servidumbre de 100 metros generalizando la de 20 metros, una auténtica barbaridad. En tercer lugar, establecen excepciones a la aplicación de la ley de forma arbitraria e incomprensible, como en algunos núcleos
urbanos o el caso dramático de Formentera, con argumentos surrealistas e incomprensibles; excluyen el 90 % de la isla del dominio público marítimo-terrestre. Esto refleja la falta de sensibilidad y de afán de proteger tesoros naturales de nuestro
país. Excluyen el dominio público de algunas formaciones dunares, exigiendo a la Administración
que demuestre su utilidad para garantizar la estabilidad de las playas. Es realmente el mundo al revés. También excluyen del dominio público las salinas o terrenos inundados artificialmente para actividades de acuicultura, zonas que
debería ser vital conservar de la sobreexplotación, afectando a zonas especialmente vulnerables como el Delta del Ebro, las salinas públicas de Ibiza o Torrevieja. Ustedes han dejado la Ley de Costas como una ley de desprotección del litoral, y eso
es lo que ha pasado; y su filosofía es que lo que no es rentable al negocio privado no tiene valor, como alguna vez se ha deducido de sus palabras. Lo que entendemos es que el ministerio refleja en esta ley exactamente esa cuestión, lo que no es
negocio y lo que no es rentable no debe ser protegido. Para ustedes el medio ambiente y su protección tiene un límite: el negocio, igual que los derechos sociales tienen unos límites, también el negocio, y es lo que están haciendo a lo largo de la
legislatura.
Pero esta ley también tiene otros límites como es la Constitución. La cambian ustedes en función de si el mercado lo dice, como hicieron votando con el Partido Socialista, y ahora atentan también contra la Constitución porque los negocios
se lo dicen. La Constitución, en su artículo 132, dice claramente que son bienes de dominio público en todo caso la zona marítimo-terrestre, los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. El litoral es un todo y ustedes
lo fragmentan a su antojo de forma arbitraria e irresponsable. Y dice también la Constitución que es público, y aquí está la segunda idea de por qué nos oponemos a su ley, porque privatizan el litoral, porque lo que planteamos es oponernos
frontalmente a lo que dice este texto. Ustedes privatizan, de hecho lo que están haciendo es robar a la ciudadanía, robar al planeta y se lo están dilapidando a las futuras generaciones. Cada vez que se privatiza una playa o se especula con
espacios vírgenes, como lo que quieren hacer ustedes en el Gobierno balear con Es Trenc, o lo que ha pasado en tantos lugares de nuestra costa, esa privatización de nuestras playas es un expolio a la naturaleza, pero también a los ciudadanos.
Nuestro litoral, nuestras dunas, nuestras playas no son ni del Gobierno ni de los hoteleros ni de los bares ni de los ayuntamientos; son de todos, y hay cuestiones con las que no se debería jugar o, lo que es lo mismo, que ni se compran ni se
venden porque no tienen precio; igual que facilitan que el sistema bancario especule con nuestros derechos, ustedes facilitan la especulación con nuestro patrimonio natural. Voy a poner ejemplos de por qué.
Ustedes con esta ley están promoviendo un retorno a la época del ladrillo, el pelotazo y la burbuja. Ese fue su modelo cuando gobernaban el Estado en el anterior Gobierno de Aznar y ese es su modelo en comunidades autónomas que gobiernan,
como el País Valenciano o las Islas Baleares. Ahora pretenden aplicar esa receta precisamente a la política que nos trajo a la actual situación de crisis y paro, y lo hacen otra vez fomentando el ladrillo y la especulación. Esta privatización y
este expolio se materializa con estas concesiones a setenta y cinco años que no solo son una amnistía a los especuladores, sino que instalan la cultura de la impunidad a quienes han hecho mal las cosas. Además, esas concesiones a setenta y cinco
años es precisamente regalar el litoral y no dejar ninguna capacidad al Estado precisamente para protegerlas. Además, no solo son una concesión a setenta y cinco años, sino que permiten el mercadeo con esas concesiones, permitiendo las
transmisiones inter vivos y también heredarlas. Esto culmina el despropósito para que el dominio público se mercadee, diga lo que diga la Constitución, porque ustedes la han pisoteado. Lo que dice la Constitución es claramente inalienable.
Ustedes creen que todo vale, y no todo vale. El dominio público implica un disfrute común pero también mantener sobreprotección, espacios fundamentales para la biodiversidad, la economía y también la seguridad. Además, esta ley puede ser muy
barata para los que quieren construir y beneficiarse de la destrucción de la costa, pero es muy cara en términos económicos para la ciudadanía, porque los costes de reparar la degradación de la costa los pagamos todos. (La señora vicepresidenta,
Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). ¿Los pagará este ministerio, me pregunto yo, señor ministro? ¿Cuánto nos costará que se degrade todavía más la costa? ¿Cuánto nos costarán las actuaciones derivadas de la protección frente al cambio
climático?
Aquí les voy a hablar de una tercera consideración. (Rumores). Me gustaría que el ministro escuchara en este debate los argumentos de la enmienda a la totalidad. Nos gustaría que prestara atención, como mínimo, como un síntoma de buena
educación y de diálogo, señor ministro. (Aplausos). Este es un trámite parlamentario clave, de las pocas leyes que tramitaremos. Simplemente escuche los argumentos para poder hacer un trámite legislativo que aumente las garantías del buen hacer
parlamentario. El tercer argumento de nuestra enmienda a la totalidad es la temeridad de este Gobierno. A nuestro entender, es una temeridad porque ignoran o menosprecian los riesgos de esas decisiones. Vuelven a demostrar -como dijo su propio
secretario de Estado- que cuestionan las consecuencias del cambio climático. Efectivamente, esta ley es una ley ciega ante el cambio climático, mientras ustedes gobiernan un país costero como España, y el más vulnerable de la Unión Europea ante el
cambio
climático, no tienen en cuenta la subida del nivel del mar ni la alteración que pueden provocar estos fenómenos, poniendo en peligro también la seguridad. Hoy lo que deberíamos estar haciendo es modificar la ley para incluir los efectos del
cambio climático y aumentar esa protección.
Ustedes hablan en el preámbulo -y también lo comentaba- del informe Auken. O no lo han leído hasta el final -y no me lo creo porque sé que el ministro, otra cosa no, pero los informes que vienen de Europa se los lee-, o si lo han leído
hasta el final, nos quieren engañar poniendo en esta ley el informe Auken. Basta de manipular, señor ministro. El informe Auken habla de seguridad jurídica y los derechos de los pequeños propietarios, efectivamente. Pero ustedes no resuelven ese
problema, ustedes se excusan en ese problema para ampliar las concesiones a setenta y cinco años. Eso no es ninguna seguridad, es impunidad a los que han cometido ilegalidades y las cuestiones de derecho que eran anteriores a la ley se pueden
resolver, se pueden defender de otras maneras. Asimismo ustedes envían el mensaje de que son derechos reales y que no prescriben, y eso no es así. Pero además manipulan el informe Auken porque, ¿qué es lo que no dicen, pero que sí dice el informe
Auken? Pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación; también insta al Gobierno español a realizar un debate público con la participación de todos los órganos administrativos, que suponga
un estudio riguroso, mediante la formación de una comisión de trabajo sobre el desarrollo urbanístico en España y que permita tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible. Eso es lo que dice el informe Auken y que
ustedes pasan por alto. De hecho, el propio Parlamento Europeo y la señora Auken han pedido verse con la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento en la tramitación de esta ley. Lo que pedimos es que también se permita en el trámite parlamentario
la comparecencia de la ponente Auken para que venga a explicar la situación y su opinión sobre esta ley. El informe Auken considera igualmente que no se ha acotado en la legislación urbanística en vigor, ni por las autoridades competentes, la
definición de interés general, amparándose en este concepto la aprobación de proyectos insostenibles. Usted no incluye en esta ley ninguna de las recomendaciones del informe Auken.
Finalmente, cuando hablo de temeridad por no tener en cuenta ni el medio ambiente, ni la seguridad de la ciudadanía, también les quiero hacer una última reflexión. Ustedes viven anclados en el siglo pasado y por eso no solo lastran nuestro
entorno sino también la economía; anclados en la economía basada en el modelo turístico de Torremolinos de los años sesenta. Sin embargo, para el sector del turismo han cambiado muchísimo las cosas. Incluso el informe de Exceltur explica que la
degradación medioambiental tiene un impacto negativo sobre el turismo. Hoy parece que incluso los turistas lo valoran más, mucho más que ustedes y que el propio Gobierno, que es el responsable de proteger el medio ambiente. Hoy es temerario
continuar afirmando que el progreso económico y la actividad económica son incompatibles con el medio ambiente. Así nos están hundiendo a todos; es lo que están haciendo, hundiéndonos a todos como hacen con su política energética y su política
ambiental, que lo único que hace es destruir empleos. En definitiva, esta ley es un desastre para el medio ambiente, una temeridad para la seguridad, un expolio a la ciudadanía y una privatización de lo común, propio de un Gobierno irresponsable,
codicioso y decimonónico, que no se merece gobernar un país con la riqueza ambiental, la biodiversidad y el litoral que tiene.
Quiero acabar con una cita de un jefe indio americano, que también sufrió el expolio y que les viene como anillo al dedo: Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta de que no
puedes comer dinero. Les pedimos que no acaben con todo y que rectifiquen lo que significa esta ley para la protección del litoral y nuestro patrimonio natural.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Ábalos.
El señor ÁBALOS MECO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el debate que tenemos en este momento tiene importancia, aunque a veces por el ambiente pareciera que no la tuviera. Para que se den cuenta, España tiene una gran longitud de costa, aproximadamente 7.880 kilómetros, de los que el
24 % corresponde a playas, un patrimonio público de 13.560 hectáreas; algo que tiene un gran valor en sí mismo, frágil también, pero que para otros con intereses lucrativos tiene todavía más valor y esa es la cuestión que estamos dilucidando hoy.
No estamos hablando solo de la protección del litoral sino de la defensa de nuestro litoral. El señor ministro ha presentado este proyecto de ley y la verdad es que ya estaba todo sabido -el propio folleto que elaboró
el ministerio lo decía-, pero pienso que ha utilizado casi más tiempo en denostar la ley de 1988 que en contarnos las bondades de la reforma que presenta hoy acá.
La Ley de Costas del año 1988 vino motivada por una realidad que cabe recordar y que algunos recordamos. Es cierto que los recuerdos de cada uno de nosotros no tienen por qué coincidir porque los orígenes, los medios, las situaciones son
bien distintos. Seguramente al señor ministro le pareciera que las cosas estaban mejor antes del año 1988, pero mi corta memoria -que ya tenía alguna edad entonces- dice todo lo contrario, que España no es la de antes del año 1988 en la protección
del litoral. Ustedes quieren enterrar la Ley de 1988 en la deshonra, pero sobre todo con el rencor que toda ley progresista y valiente les procura. Porque si algo tuvo esta ley fue la valentía que hoy denuestan, porque fue una ley progresista que
cuestionó el derecho sacrosanto de la propiedad allá donde no tocaba porque era el patrimonio de todos. Ya sabemos que el derecho a la propiedad es un derecho constitucional pero también debe cumplir una función social y lo que ocurría en este país
es que el dominio público de todos estaba, de hecho, privatizado con la dejación de la Administración del momento. A eso se enfrentó esta ley y la prueba es que el 90 % de las resoluciones de los tribunales de justicia han venido dando la razón a
la ley y que el deslinde se ha practicado en un 95 %. Ahora resulta que aquellos a los que la ley y las sentencias de los tribunales no les dio la razón han conseguido que este ministerio venga aquí a plantear la reforma; lo que por la vía de la
justicia no han conseguido lo plantean aquí.
Quiero hacer una reivindicación de esta ley que hoy un medio de comunicación valenciano -de mi tierra- titulaba como el tiro de gracia a la Ley de Costas. No fue tranquilo el desarrollo de la ley, claro que no, porque afectaba a intereses
muy importantes y algunos anclados por mucho tiempo. El título del proyecto -ya se ha dicho aquí- no representa ninguna realidad porque no protege el litoral, lo desprotege absolutamente. Además, es impresionante. Cuando uno lee esta ley le
parece que estamos en la época de la autarquía -de hecho, la ley es una vuelta hacia atrás, hacia la España en blanco y negro en muchas cosas- porque parece que no estamos en Europa, no hay ninguna referencia a ninguna resolución, directiva,
recomendación a nivel europeo, y miren que hay. Pero tampoco hay ninguna referencia a ningún convenio, a ningún acuerdo de carácter internacional de protección del medio marino -que también las hay- y por supuesto no hay ninguna alusión al nivel de
investigación, de estudio sobre erosión, sobre prevención de inundaciones, sobre cambio climático. No hay nada y al no haber nada, es bien difícil que se plantee alguna medida de carácter preventivo.
La exposición de motivos -y usted, señor ministro, lo ha subrayado- viene a decir que hay que procurar el equilibrio entre protección del medio ambiente y desarrollo económico. Claro, queda muy bien, pero cada vez que se dice esto es para
subordinar el medio ambiente. No se dice con otra finalidad; siempre se dice para poner un límite a un cierto afán proteccionista porque poner en el mismo plano de igualdad la protección del medio ambiente y las ambiciones lucrativas es falso, no
son iguales. Siempre sucumbirá la protección del medio ambiente porque los defensores del medio ambiente no son poderosos y las ambiciones lucrativas tienen mucho poder. Esa es la cuestión y en esta ley se está planteando. Es fácil saber a quién
beneficia este proyecto de ley; basta preguntar a quién le gusta. A las organizaciones ecologistas, a los expertos, no les gusta; no tienen ningún interés y no les gusta. ¿A quién le gusta? A los que tienen intereses patrimoniales que
preservar, que conservar y mantener; a esos les gusta. Por tanto, está claro a quién favorece: a los que les gusta el proyecto de ley.
Ha dicho el ministro -y es verdad, lo pone en el proyecto de ley- que los motivos son la protección del litoral y la seguridad jurídica. Ambas cosas son artificios para enmascarar lo que el proyecto persigue. El proyecto es un compendio de
medidas a la carta que refleja intereses privados y muy alejados de la protección del litoral y de la defensa del interés general. Es un proyecto que tengo que decir sinceramente, ministro, que no sé dónde lo han hecho -me cuesta creer que haya
sido en el ministerio, porque me consta que tienen buenos profesionales-, porque me parece una chapuza, y permítanme la expresión. Tiene una inconcreción conceptual tremenda. (Rumores). Sí, señor ministro. Mire, yo soy de Valencia y allí tenemos
una albufera que se llama La Albufera -¿verdad, Marta?- y con este concepto que ustedes manejan mañana dejaría de llamarse así porque no está abierta al océano sino al mar Mediterráneo, como todos sabemos. Hasta eso. Lo mismo le pasaría al mar
Menor o a Alcudia en Baleares, porque no tienen esa característica de albufera. Incluso, el concepto de estero; mire usted en el diccionario a ver si le parece que es lo mismo, porque no lo es. Y así en varios conceptos que tienen que ver con
accidentes geográficos.
En el tema competencial es un galimatías porque se enfrenta con todo el mundo. Unas veces estamos supeditados a la norma autonómica -en el caso de informes medioambientales-, cuando no debe ser
así porque la Administración del Estado tiene competencia exclusiva. En otros casos le decimos a la comunidad autónoma lo que puede y lo que no puede hacer y, por supuesto, invadimos competencias de autonomía local. Todo un galimatías que
incluso contraviene la Directiva de Servicios de la Unión Europea, de la que luego hablaremos. Pues bien, meten ahí tres cuestiones -la eficiencia energética, el ahorro del agua y una pátina de sostenibilidad- para disfrazar, pero lo que realmente
ocurre es que el ámbito del dominio público se reduce porque se desafectan espacios que tenían esa condición, que la protección del dominio público, en lo que se refiere a la servidumbre de protección, se reduce, como se ha dicho aquí, de 100 a 20
metros. La verdad es que yo no sé si eso es proteger, pero al reducirlo es evidente que la desprotección está en el propio propósito. En definitiva, lo que se venía haciendo antes: construir lo más cerquita del agua. Ese es el modelo nuevamente,
construir lo más cerca del mar posible, volver a introducirnos en esa espiral especulativa, inmobiliaria que nos ha traído a esta feliz situación.
También hay un tratamiento muy desigual. El señor ministro ha dicho que la desafectación que incorpora este proyecto de ley está objetivada, pero no sé dónde está objetivada. Por ejemplo, para dejar fuera de esta ley a Formentera -algo
raro porque la Constitución nos obliga a que la norma básica sea para todos los territorios por igual- se plantea la especial configuración geológica de la isla; eso es lo que le permite estar fuera de la ley. No sé cuál es esa especial
configuración geológica, porque ni en el proyecto ni en la memoria ni en ninguna parte se dice nada de esta singularidad geológica de Formentera. Si fuera por eso, estarían también la isla de Hierro, Gran Canaria o las rías gallegas; en fin, hay
mucha particularidad geográfica en nuestro país. Pues bien, Formentera queda fuera por completo. ¿No será que la presidenta de la Asociación de afectados por el deslinde de Formentera era militante del Partido Popular y candidata a este Congreso y
que a lo mejor esa es justamente la singularidad? (Aplausos). Porque todo el proyecto está plagado de intereses electoralistas y de su clientela y lo está, sí, porque diferencian también empresas ¿Por qué según la producción se les exige tener
unos certificados u otros? ¿Por qué a determinadas empresas o actividades económicas se les produce desafectación del dominio público? ¿Por qué esta permanente desigualdad? ¿Por qué a los que tienen paseo marítimo la vivienda les sirve y a los
que no tienen paseo marítimo la vivienda queda fuera? Esto está plagado de cosas caprichosas, arbitrarias, donde ustedes han ido cogiendo los intereses que querían consolidar y defender y han hecho esta chapuza.
Señorías, con respecto a los 75 años que se han comentado aquí, habrá concesionarios que lleguen a 105 y 110 años porque se les acumulan. Además, señor ministro, usted ha utilizado el caso de esos particulares que tenían viviendas que de
alguna forma se les expropiaron -ex lege, pero se les expropiaron- como consecuencia de la afectación al dominio público y, como compensación, se les dieron 30 años de concesión prorrogables por otros 30. Usted ha puesto ese ejemplo para justificar
los 75 años y, de paso, introduce a todos los concesionarios ordinarios que nada tienen que ver con esa compensación. A los que benefician de rondón es a los que están utilizando aprovechamientos económicos y lucrativos con la excusa de aquel que
tenía la casita y se le expropió, porque no ha hecho ninguna distinción entre los concesionarios ordinarios y los concesionarios porque tenían una vivienda.
Introducen la transmisión inter vivos. ¿Qué significa esto? Le Ley de 1988 permitía en algunas actividades esta transmisión. Esto significa en definitiva que aquí lo importante es conseguir la concesión, lo de la actividad es secundario,
porque lo que vale es la concesión. Hasta tal punto de que, obtenida la concesión, ya la puedo transferir porque ya he hecho el negocio. La cosa era conseguir la concesión, de manera que lo único que alimentamos es la figura del conseguidor, la
figura del especulador y no la del emprendedor. Este ya tendrá algo que vale y ese algo que vale es un título sobre el dominio público de todos. En el caso de las transmisiones mortis causa ponen cuatro años de plazo para la subrogación y,
mientras tanto, ¿con quién habla la Administración en esos cuatro años? ¿Lo hace a través de un médium? ¿Con quién habla? ¿No les parece excesivo cuatro años para pedir una subrogación? Me parece que esto no da mucha seguridad jurídica a nadie
y, desde luego, la Administración, ninguna.
La Directiva de Servicios exige libre competencia, garantía de transparencia e imparcialidad. Dice que las concesiones no deben tener duración excesiva, que no deben renovarse automáticamente ni representar ventaja alguna para el prestador
cesante. En especial, la duración de la autorización concedida debe fijarse de forma que no se restrinja ni se limite la libre competencia más allá de lo necesario para garantizar la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de
los capitales invertidos. La propia Comisión Nacional de la Competencia ha dicho que el plazo de las concesiones tiene que estar modulado en función de la amortización de las inversiones necesarias y el sector de puertos establece a través de la
ley, también en dominio público marítimo-terrestre, 35 años. Digo yo que no hay que saber
mucho para entender que una inversión en el aspecto portuario requiere quizá más inversión que una en el dominio público marítimo-terrestre ordinario.
Por tanto, no es que privaticen -que privatizan-, no es que desprotejan la costa -que la desprotegen-, no es que mercantilicen títulos y derechos públicos -que los mercantilizan-; el problema es que lo exclusivizan. Eso es lo más grave,
porque tienen nombre y apellido las concesiones, las propiedades que quieren mantener, como ocurre con ese chalé que tiene en Jávea la familia del exministro franquista Mariano Rubio, que mantiene un chalé durante años al borde del mar, conseguido
por dos duros durante el franquismo al Ayuntamiento de Jávea. Y como este, mil casos. Para esos trabajan ustedes. (Aplausos).
¿Ustedes quieren seguridad, verdad? Pues sin consenso y sin acuerdo no hay seguridad, no habrá ninguna seguridad. ¿Y ustedes se quejan que ha habido litigiosidad? Pues con esto, mucho más.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Ábalos, tiene que ir terminando.
El señor ÁBALOS MECO: Además, díganme qué previsión económica tienen para hacer los deslindes que quedan, los deslindes que quieren reformar o revisar, y cómo van a pagar a los registradores la inmatriculación del dominio público.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Ábalos, se le ha acabado el tiempo.
El señor ÁBALOS MECO: Dígame con qué. Y ya está bien de priorizar tanto a los registradores, que no sé por qué.
Mire, si algo bueno tiene -y termino- esta ley es que les retrata, porque queda claro al servicio de quiénes están.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Ábalos.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, el proyecto de ley que hoy nos presenta parece ser portavoz de un enfoque diferente y nos dice que se hace para respetar los derechos que se reconocen sobre el dominio público marítimo- terrestre y en zonas
afectadas por servidumbres, y que en lugar de proceder como se hizo en la ley de 1988, a través de una aplicación gradual de disposiciones, pretende priorizar la seguridad jurídica a través de la consolidación de ciertos derechos. Cosas que
aparecen en el famoso informe Auken. Sin embargo, no estamos de acuerdo en que lo vaya a conseguir a través del articulado que nos ha presentado.
Vistos los resultados de la ley de 1988 y ponderando los intereses que pueda haber en juego y que han existido, que consistían por una parte en unos valores ambientales, muchos de los cuales han desaparecido a lo largo del tiempo, sobre todo
por intereses urbanísticos que se han puesto por delante en muchos casos en nuestra costa sobre los intereses medioambientales, por interés además de atraer y garantizar inversiones económicas y el correcto funcionamiento del mercado inmobiliario,
lo que se consiguió fue justamente lo contrario: garantizar el mercado inmobiliario, sí, pero no garantizar la seguridad de la costa y los valores medioambientales. Sin embargo, con la propuesta que hoy nos traen, no estamos muy de acuerdo en lo
que usted nos dice que va a ser el resultado de la aplicación de esta ley. Nos remitimos a los anejos de este proyecto, que son un magnífico exponente de que esta es una ley hecha a medida de cómo ha ido evolucionando la situación en la costa.
Entendemos además que difícilmente se pueda hacer de otra manera, pero nos ha traído unos casos excepcionales que no entendemos muy bien por qué son esos y no son otros.
En cualquier caso, existen y se ponen de manifiesto limitaciones en la aplicación de la ley y no se han habilitado ámbitos necesarios para planeamientos territoriales urbanos que articulen otro tipo de soluciones. No entendemos -tal como le
comentaba- las excepciones que se realizan para el caso de la isla de Formentera y otros diez núcleos urbanos concretos. ¿Por qué esos sí y otros no? Hay diversos casos que podrían ser introducidos en esas excepcionalidades. Sin embargo, no vamos
a criticar la globalidad de la norma y no vamos a apoyar hoy las enmiendas a la totalidad sino que presentaremos aportaciones puntuales y unas propuestas concretas que mejoren el espíritu de la ley y su puesta en marcha.
Algunas de ellas se las voy a comentar porque son importantes para nosotros en lo que se refiere, por ejemplo, a obras en edificios que quedan incluidos en la zona de servidumbre en este momento. Son obras que consideramos que son
necesarias puesto que en muchas ocasiones tenemos edificaciones que están protegidas, que han sido utilizadas durante mucho tiempo y creemos que deberíamos introducir el incremento de la eficiencia energética para esas obras de otra manera, porque
queda un tanto generalista y deberíamos introducirnos un poquito más en esa calificación. Sin embargo, entendemos que es positivo que pueda realizarse. Asimismo, la servidumbre en las riberas de ríos en el caso de la costa cantábrica, donde
existen mareas muy sensibles y se llega a zonas muy lejanas a la propia costa, resulta muy interesante cómo aparece en la nueva ley. Según el criterio y las características de nuestra costa, la ley que hoy nos presenta sirve para dar cobertura a lo
que ocurre en ese momento. Sin embargo, creemos que debe quedar constancia en algún artículo de esta ley de los posibles efectos de la subida del nivel del mar, los posibles efectos del calentamiento global, como han dicho ya mis predecesores.
Creemos que eso enriquecería mucho la norma.
En cuanto al órgano ambiental de las comunidades autónomas relativo a actividades industriales, evidentemente creemos que debe ser preceptivo escuchar a la comunidad autónoma y tener en cuenta su opinión antes de introducir cualquier
actividad industrial para evitar problemas interpretativos. Tenemos que mejorar la forma en que ustedes lo han recogido ustedes.
También introduciremos alguna enmienda referida a espacios artificializados de titularidad pública como pueden ser los espacios que actualmente ocupan los puertos que puedan ser revertidos a la ciudad; tenemos que trabajarlo un poquito más,
concretarlo más. Existe un problema muy específico al que también nos gustaría hacer referencia y que usted conoce, sin duda. No se trata de recuperar para titulares privados ámbitos públicos, sino de propiedades privadas que estaban registradas
antes del siglo XVIII, propiedades que se encuentran en unas zonas protegidas medioambientalmente que están calificadas como bienes culturales mucho antes, evidentemente, de la entrada en vigor de la ley de 1988, incluso antes de la puesta en marcha
de la Constitución. Por tanto, tenemos que proteger esos espacios y dotarlos de ese carácter privado que ya tenían previamente. No tiene ningún sentido que sean introducidos en la parte concesional.
Estas son algunas de las enmiendas que presentaremos al articulado de esta ley. Por tanto, hoy le anuncio la abstención a las enmiendas a la totalidad presentadas por el resto de grupos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Tapia.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Barberà i Montserrat.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señorías, desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió compartimos muchas de las dudas que se han manifestado y, a continuación, vamos a ratificar y desarrollar las más importantes.
Nuestra visión se circunscribe a la costa catalana. Existe una fuerte densidad lineal de población en nuestra amplia costa catalana con 10.000 habitantes por kilómetro de costa. La proporción en la totalidad del territorio estatal es de
5.000 habitantes por kilómetro de costa. Esta densidad de población no está distribuida uniformemente. Tenemos 208 kilómetros de acantilados, 52 kilómetros de costa baja, 280 kilómetros de playas y 40 kilómetros de puertos y obras marítimas.
Nuestra franja costera terrestre, de 100 metros de profundidad, está urbanizada, con núcleos de población compactos y también difusos que representan el 59 % de la costa. Son 76 municipios que participan de la conservación medioambiental y aseguran
el uso público de este litoral y también es para ellos motor de la economía local y territorial. Nuestro marco legal, señorías, está ampliado por diferentes decretos posteriores por los que se traspasan competencias a la Generalitat en la zona de
servidumbre de protección en materia de ordenación y gestión del litoral.
Señorías, me he permitido hacer estas referencias para poder fundamentar que nuestra posición será crítica con la tramitación de este proyecto de ley, pero esta situación competencial ha provocado que nuestro grupo parlamentario siempre haya
intentado trabajar para modificar la ley. Sin ir más lejos, el 22 de febrero de 2012 secundamos una moción junto con la mayoría de fuerzas políticas representadas en el Senado, en la que pedíamos, primero, flexibilizar requisitos y clarificar el
régimen de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para favorecer una aplicación homogénea de los mismos a las concesiones y autorizaciones correspondientes. Nos proponíamos adecuar la compensación de los derechos adquiridos de buena fe y
de forma legítima con anterioridad a la ley y estudiar la paralización de
las acusaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Costas hasta que se pueda modificar. Algunos grupos parece que hayan olvidado esa moción que se aprobó en el Senado, por eso nosotros trabajaremos en la tramitación para poder
completar y adaptar diferentes aspectos que nos crean dudas con el actual redactado.
En el ámbito de costas, y concretamente en la definición del dominio público marítimo-terrestre, se incorpora para su delimitación la aplicación de criterios técnicos que tendremos que esperar para ver cómo quedan reflejados en el
reglamento. Como se ha comentado, se concreta la línea exterior de los paseos marítimos de la Administración General del Estado olvidando los ejecutados por la Administración autonómica y las administraciones locales, y queremos que se entiendan a
todos los efectos línea interior de la ribera de mar. Se redefine el concepto de ribera de mar introduciendo en su delimitación criterios técnicos de forma que se fijen los deslindes con una mayor certeza, seguridad y uniformidad. No podemos negar
que el sistema que se ha aplicado hasta el momento, debido a las variadas interpretaciones, ha complicado su aplicación. Ha incorporado una proposición de ley de nuestro Grupo Parlamentario Catalán presentada en el mes de febrero. En ella
proponíamos una modificación de la Ley de Costas pues esta ley vigente no fue examinada para cuestionar si atentaba contra el derecho de la propiedad privada. Centenares de propietarios de fincas colindantes a los canales de las marinas
residenciales de Roses y Castelló d'Empuries han llegado a las instituciones europeas en base precisamente al derecho constitucional común en la Unión Europea con respecto al derecho a la propiedad privada. La imposibilidad de aplicar el régimen
jurídico nos llevó a presentar esta iniciativa parlamentaria; nuestras propuestas están incorporadas justamente y por fin en el proyecto de ley, de lo cual nos congratulamos, aunque seguiremos durante el trámite su presencia en el texto definitivo
para confirmar que se soluciona definitivamente esta situación injusta. Se establece también la constancia registral del procedimiento de deslinde de todas las fincas que puedan resultar afectadas para garantizar una mayor seguridad jurídica y
publicidad.
La nueva regulación de títulos concesionales nos crea dudas; las prórrogas, los usos permitidos, la adecuación legal en las concesiones y prórrogas. El texto no habla de la exigencia para la concesión de las prórrogas, su adecuación a los
usos que actualmente prevé la ley, por lo que se podría entender que es posible la perdurabilidad de concesiones muy antiguas con usos diferentes a los actualmente admitidos y, por tanto, situaciones de desigualdad. Se introduce la posibilidad de
transmisión inter vivos de una concesión, siempre con la autorización previa de la Administración. Será necesario situarla competencialmente, aunque entendemos que es una propuesta válida si se controla para impedir toda actividad especulativa.
También podemos admitir el aumento -demanda ratificada por los diferentes municipios- de las autorizaciones que pasan de uno a cuatro años. Pensando en ellas se podrá desarrollar un reglamento para, excepcionalmente, otorgar autorizaciones, siempre
en unas condiciones de compatibilidad con la protección necesaria.
Este proyecto de ley abre un apartado importante a considerar al admitir obras en edificaciones existentes en dominio público antes de la entrada en vigor de la ley actual. Este proyecto amplía los tipos de obras autorizables en todas las
franjas de protección y se permiten las obras de reparación, mejora, modernización y consolidación; eso sí, siempre que no impliquen un aumento de volumen, altura y superficie y especificando que en el dominio público marítimo-terrestre se hagan en
instalaciones con concesión vigente, y en la zona de servicio de protección se exige que las edificaciones que puedan aplicar este concepto sean legales. En este aspecto, señorías, tenemos que dejar claro en el trámite de enmiendas que no se trata
de un atajo para la construcción de más edificios en nuestras costas, pero si no tiene trampa, puede suponer una mejora y más en las condiciones estrictas que parece solo se permiten. Aplicar el documento de declaración responsable que reconozca
que las obras cumplan los requisitos de eficiencia energética y de ahorro de agua nos parece demasiado perfecto, tendremos que blindarlo y más viniendo de una situación donde parece que en algunos territorios la aplicación de la ley actual
proteccionista dejaba mucho que desear.
Establece una diferenciación entre tramos de playa urbana y tramos de playa natural, nada que decir si atendemos al espíritu de la diferenciación, pero demasiada en concreto para poder aplicarlo a la realidad mediante un reglamento donde se
establecerán las condiciones de uso y régimen de ocupación atendiendo a su doble naturaleza. Desde nuestro grupo y atendiendo a las competencias autonómicas en el ámbito del urbanismo y de la regulación del territorio, creemos que hay que discutir
quién describe los criterios para definir cada una. Es uno de aquellos apartados que nos preocupará más o menos dependiendo de qué administración o administraciones ostenten o compartan las responsabilidades. Creemos que esta
debe quedar en el ámbito territorial por su proximidad. En el ámbito competencial tampoco podemos estar de acuerdo en la posibilidad que otorga al delegado del Gobierno para suspender los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales
que afectan a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o a la servidumbre de protección o supongan una infracción manifiesta. Invade competencias locales y autonómicas. Aunque aceptando que no podemos permitir acciones ilegales,
entendemos la intención, pero no podemos aceptar el instrumento. Debatiremos la propuesta para cambiar el medio.
Finalmente, afecta al ámbito portuario de competencia de la Generalitat de Catalunya que provocará un grupo importante de enmiendas de nuestro grupo parlamentario. En los expedientes de deslinde que afectan al dominio público portuario
autonómico, la comunidad ha de informar en los mismos términos que se plantea en el mismo proyecto cuando la afectación se refiere a los puertos del Estado. Creemos que los términos concesionales de los puertos han de ser los que establezca la
legislación autonómica, es decir, la Llei de Ports de Catalunya y no la estatal.
En cuanto a las prórrogas previstas para las concesiones, será necesario plantearse hacer una excepción específica de los puertos para evitar interpretaciones erróneas. Sin duda será un aspecto polémico y en el debate de las enmiendas
parciales terminaremos de definir nuestra posición. Se explica también en el anexo las exclusiones de unos determinados terrenos de núcleos de población del dominio público marítimo-terrestre para aportar soluciones singulares a terrenos de núcleos
de población muy concretos. Propondremos incluir el poblado marino del Port d'Aiguadolç, en Sitges, pues cumple con los criterios y sería un error no incorporarlo. Nuestro grupo parlamentario presentará enmiendas sobre aspectos de la ley a mejorar
que no se han planteado desde el Gobierno.
Para terminar, señorías, durante los traspasos de competencias del año 2007 y 2008, Cataluña recibió competencias en ordenación y gestión del litoral, pero no fueron acompañadas con los recursos oportunos para ejecutarlas sin perjudicar los
presupuestos de la Generalitat. Esperamos que el conjunto de los partidos de esta Cámara apoye las enmiendas que permitan corregir ese olvido que, en la práctica, supone un nuevo agravio para nuestro territorio.
En definitiva, es una oportunidad de mejora que no podemos desaprovechar. Estaremos apoyando aquellos aspectos que consideremos justificados.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Barberà, tiene que terminar.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Termino, señora presidenta.
Por eso no apoyaremos las enmiendas a la totalidad, pero nuestro voto será de abstención y de confianza hacia usted, señor ministro, porque somos conocedores de su voluntad de acuerdo durante la tramitación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Barberà.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, el Gobierno trae hoy la reforma de la Ley de Costas de 1988, una reforma indudablemente trascendente para nuestra economía, para nuestro turismo y para la evolución y la creación de empleo en
nuestro país, y lo hace a través de una reforma lógica, sensata e imprescindible, respetuosa con el medio ambiente, que busca reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos y que se basa en la experiencia del ejercicio y vigencia de una ley que se
aprobó hace ya veinticinco años; una ley, la de 1988, enormemente controvertida, con numerosas enmiendas a la totalidad, numerosos recursos al Tribunal Constitucional, la derogación de parte de la misma por parte del Tribunal Constitucional y que
además hizo una intervención sobre la propiedad privada que levantó una enorme litigiosidad de particulares y privados contra el Estado a lo largo de todos estos años. Todo ello además en un largo procedimiento legislativo que precisamente lo que
facilitó y garantizó fue que muchos ayuntamientos durante esos dos años y medio en los que se tramitó esta ley pudieran declarar como urbanas zonas que hasta entonces ni tenían invasión urbanística ni tenían garantías de que se fuera a invadir. Es
decir, aceleró precisamente su tramitación y sus errores de tramitación la especulación que aquí algunos han pretendido denunciar.
Señorías, el reconocimiento del litoral español como espacio público no es algo que inventaran los socialistas. Es algo reconocido desde hace muchísimo tiempo en nuestra historia jurídica, desde el Digesto
hasta el derecho justinianeo, pasando por las Partidas de Alfonso X el Sabio, las leyes de puertos de 1880 o 1928, la Ley de Costas de 1969 o el Código Civil. Por eso también es consagrado en nuestra Constitución, se mantiene en la ley de
1988 y también en esta reforma que ha presentado el Partido Popular hoy como proyecto de ley para su tramitación en esta Cámara. Además, lo hace con una reforma desde la racionalidad y el realismo, que supone la necesidad de que los límites que se
impusieron a miles de propietarios a los que se les incautó y luego permutó ese derecho de propiedad se haga a través de una concesión. Señor Ábalos, quiero recordarle que el derecho de concesión es un hecho reconocido en nuestra legislación
administrativa como un derecho excluyente e intensivo del dominio público. Por tanto, no se puede subir a esta tribuna a hacer afirmaciones como las que usted ha manifestado, porque ya fue su Gobierno el que hizo concesiones por periodos de treinta
más treinta.
Señorías, esta nueva reforma va a permitir que se impulse la rehabilitación y la modernización de esos bienes reactivando la inversión y la economía, así como la calidad de un sinfín de instalaciones turísticas y viviendas particulares cuyo
deterioro y obsolescencia comenzaba a ser un grave problema para un país como el nuestro que tiene en el turismo una de sus principales fuentes de riqueza y de creación de empleo. Por tanto, señorías, ni un metro más ni una edificación ilegal más
ni una edificación nueva con esta reforma que trae el Gobierno. Al revés: más inversión, más empleo, menos arbitrariedad, menos inseguridad y menos ilegalidad. Señora Ortiz, ha hablado usted de especulación e ilegalidad, pero quiero recordarle
que usted ha estado en un Gobierno tripartito en Cataluña entre 2001 y 2008 en el que, a pesar de tener importantes competencias, ha permitido que se construyeran viviendas ilegales también en Cataluña.
Considerando la argumentación y las enmiendas a la totalidad, he visto en algunas de sus señorías una enorme demagogia, cuando no una tremenda desfachatez y desmemoria. Señorías, ha hablado el señor Ábalos de los deslindes, pero la ley de
1988 -esa que usted ahora tanto defiende- preveía que los deslindes estuvieran concluidos en cinco años. Nada de eso sucedió, señoría. Señor Ábalos, en nueve años de Gobierno socialista se deslindaron 1.200 del total de 7.600 kilómetros de nuestra
costa. En ocho años de Gobierno del Partido Popular hubo 4.000 kilómetros de deslindes. Si se hubieran cumplido las previsiones de la ley, nos habríamos evitado muchos disgustos; algunos disgustos como los que pretende evitar precisamente esta
ley con una nueva cláusula que se llama anti-algarrobicos que procura evitar situaciones como las que se han producido en algunas partes de la costa, especialmente el llamado proceso Algarrobico, en Almería. En ese proceso un ayuntamiento
socialista concedió una licencia; un ayuntamiento socialista eximió a un constructor del pago de la licencia municipal; una junta gobernada por socialistas alteró la planimetría de un plan de ordenación de recursos naturales, subvencionó con
fondos públicos al constructor con 3 millones de euros, dio otros 200.000 de subvención por considerar el complejo favorable desde el punto de vista higiénico-sanitario y permitió se que invadiera la zona de servidumbre a pesar del informe de costas
al constructor en el que decía que tenían que respetar los 100 metros de servidumbre. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Mientras elevaban 20 metros de edificio, planta sobre planta, el Gobierno miraba para otro lado. El de la señora
Narbona, no, porque el hotel se construyó en el año 2004 y 2005, señor Ábalos. (Aplausos). Por lo tanto, ustedes, lecciones, ninguna. Si usted, señor Ábalos, ha tenido un problema con un ex ministro franquista y un chalé en Javea, ha tenido
veintiún años para haber cambiado la realidad. Si no la ha querido cambiar, es su problema. Como usted o algunos socialistas de su provincia no quisieron que se empezaran los deslindes en Valencia hasta bien entrado el año 1993, un año en el que
estaba próximo a perder el poder en Valencia. Por cierto, también algunos compañeros socialistas suyos de Andalucía podrían explicarle por qué los deslindes en la Costa del Sol no se empezaron hasta el año 1996, once años después, o en Almería
hasta el año 1998, doce años después de que entrara en vigor el funcionamiento de la Ley.
Señor Ábalos, ha hablado usted de Formentera. Lo único que le pido es que intenten ponerse de acuerdo en su partido alguna vez en alguna cosa, porque no se puede venir aquí a hacer denuncias de ese tipo como las que usted hace mientras su
partido en Formentera ha apoyado el cambio de los deslindes, y mientras el anterior presidente del Gobierno, el señor Zapatero, del cual ahora tanto reniegan, en una visita a Formentera en el año 2007 denunció ese deslinde y dijo que había que
cambiarlo. (Rumores.-Aplausos).
Señor Ábalos, usted lleva poco tiempo en el Congreso de los Diputados, pero estuvo en la anterior legislatura y ha criticado la posibilidad de la transmisión inter vivos de las concesiones. Es que la Ley de Navegación Marítima que ustedes
presentaron a esta Cámara el 9 de diciembre de 2008, permitía la transmisión inter vivos de las concesiones; en 2008. Es verdad que la dejaron sobre la mesa, pero la
disposición final que contenía esta ley intervenía sobre la Ley de Costas y daba la posibilidad de hacer esas transmisiones inter vivos. ¿Por qué ustedes critican ahora lo que trajeron a esta Cámara a través de un proyecto de ley? Señoría,
está bien criticar todo, pero hay que hacerlo con cierto sentido y, sobre todo, con cierta solidez y un poquito de vergüenza, porque, si no, uno se encuentra con cosas como esta.
He visto que ha habido algunas declaraciones desde la tribuna sobre que esta reforma no tenía en cuenta el cambio climático o sus efectos. Me gustaría que alguien me predijera o me dijera de verdad los efectos del cambio climático.
(Rumores). Llevo mucho tiempo en esta Cámara. Tuve la oportunidad de dedicarme en el año 1989 a asuntos que tenían que ver con el medio ambiente y ya había algunos gurús. Entonces nos garantizaron que en veinticinco años el nivel del mar iba a
aumentar 50 centímetros. Han pasado casi veintiséis años y alguno debería de explicarme a qué hay que esperar para que suba el nivel del mar o cuándo va a producirse ese aumento del nivel del mar. Me da la sensación de que esos son postulados que
responden a ese comunismo que profetiza lo mismo eso como que el próximo 21 de diciembre se va a acabar el mundo, con la misma verdad e intensidad y con el mismo rigor. (Rumores).
Por último, señorías, quiero invitarles a todos ustedes a que participen en el proceso de elaboración y redacción final de este proyecto de ley. Estaremos encantados de analizar todas sus enmiendas, aun cuando las que presenten algunos sean
contradictorias con los proyectos de ley que han presentado aquí o con los propios actos que han desarrollado en los sitios donde gobiernan. Nos gustaría sacar un proyecto de una reforma de la Ley de Costas que englobara y asumiera el mayor arco
parlamentario posible. Vamos a estar dispuestos y abiertos al diálogo durante su tramitación, no como hicieron otros anteriormente, que lo único que hicieron fue pasar el rodillo sobre muchos ciudadanos de buena fe que vieron limitados sus derechos
de forma absolutamente improcedente.
Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos.-El señor Ábalos Meco pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Ábalos.
El señor ÁBALOS MECO: Señor presidente, por alusiones claras, porque además era innecesario por parte del portavoz del Grupo Popular referirse tanto a mi apellido. Solamente dos cosas...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ábalos. Tiene usted que decirme por qué me pide la palabra una vez que han terminado todos los turnos. Habrá algún motivo. Explíquemelo a mí, no se lance usted a decir lo que opina.
El señor ÁBALOS MECO: Perdone. Por alusiones quería hablar.
El señor PRESIDENTE: Alusiones, pero ¿personales?
El señor ÁBALOS MECO: Personales, obvio, sin entrar en el fondo. (Protestas.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ábalos. ¿Algún otro portavoz considera que ha habido alusiones personales? (Rumores).
La señora ORTÍZ CASTELLVÍ: Pido la palabra por alusiones, pero también por el artículo 71 de afirmaciones inexactas.
El señor PRESIDENTE: Va a hablar primero la señora Ortiz y luego hablará el señor Ábalos. Les voy dar dos minutos a cada uno (Protestas.-Rumores), pero insisto en que no se trata de reabrir el debate sobre lo que estamos hablado, sino
sobre aquellas cuestiones que considere que faltan a la verdad o le ofenden personalmente. Señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Muy brevemente.
Primero ha aludido a este grupo por formar parte de un Gobierno en Cataluña, donde afirmaba que se construían viviendas. En ese tiempo de Gobierno de izquierdas en el que Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida estaba gobernando Medio
Ambiente es en el que el nivel de protección ambiental ha sido más alto que nunca en Cataluña y en toda España. (Protestas.-Aplausos). Por eso, el Partido Popular y Convergència i Unió en seis meses quitaron toda esa protección ambiental en cuanto
llegaron al poder y ese pacto que tienen. Eso está claro.
Y sobre afirmaciones inexactas... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Por favor. Tiene usted un minuto ya nada más, señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Sí. Si también se puede escuchar lo que digo estaría... (Rumores).
En segundo lugar, usted ha venido aquí a negar directamente el cambio climático, que es exactamente lo que hemos estado diciendo. Usted se fía de cuando era responsable en 1989 para seguir afirmando que no se saben las consecuencias del
cambio climático. Aclárense. Ayer el Partido Popular en la Comisión de Medio Ambiente defendía el aumento del nivel del mar como argumento para una ley de cambio climático. (Aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz, su intervención era para un tema personal, no para entrar en el cambio climático. (Aplausos).
Señor Ábalos, vuelvo a decir lo mismo. Hable usted, pero no para reabrir el debate sobre el cambio climático.
El señor ÁBALOS MECO: Gracias, señor presidente. En mi caso estoy convencido de que no voy a reabrir ningún debate que, por otra parte, me parece innecesario y un esfuerzo inútil. Solo dos cuestiones. Sé que el portavoz del Grupo Popular
ha conseguido algunos éxitos publicitarios con algunas expresiones dirigidas a otras personalidades, que no es mi caso, porque reconozco que no tengo esa trascendencia (Protestas.-Rumores), pero lo digo porque al hilo de la doctrina que esta mañana,
con buen criterio, ha establecido el presidente respecto a la innecesaria referencia personal en los debates, ningún diputado de esta Cámara tiene que decirme si soy capaz o incapaz o puedo subir a una tribuna, ya que el Reglamento me asiste y la
dirección del Presidente me ampara. Es que oigo mucho eso de que usted no puede subir aquí. Puedo y subo, cuando me lo permite su presidente. (Aplausos).
En segundo lugar, hay formas de decir las cosas. Una forma es decir que usted no puede subir aquí con vergüenza, que es tanto como llamarte sinvergüenza (Protestas.-Rumores). Es lo mismo. Cuando uno no puede estar con vergüenza es porque
carece de la vergüenza. Le tengo que decir que en ese sentido también le pido que no se alegre tanto. Hay muchas formas, como ha dicho el presidente, de decir las cosas, y usted se ha explayado. Eso y lo otro le sobraba.
Gracias. (Aplausos.-El señor Hernando Fraile pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ábalos.
Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, por alusiones, evidentemente; no pretendo reabrir el debate.
Señora Ortíz, el señor Baltasar era consejero de Medio Ambiente de su Gobierno y todos ustedes saben sus actuaciones en torno al Segre, donde tenían puestas hasta las estacas para modificar la ocupación y el dominio público, así que, por
favor, rigor; mantenga usted un poquito de rigor. Si me va a decir usted ahora que entre 2001 y 2008 no se ha construido ni una sola vivienda ilegal en Cataluña, me parece que viene de otro planeta (Rumores); es lo que ha dicho usted. Yo no he
negado el cambio climático, lo que sí he negado son los augurios que algunos hicieron, porque están confirmados por la realidad más evidente, de que entre el año 1989 y el año 2014 el nivel del mar iba a subir 50 centímetros y hoy la Manga del Mar
Menor, por ejemplo, no iba a existir. Eso es lo que he dicho y he manifestado. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, céntrese usted en la alusión.
El señor HERNANDO FRAILE: Y le he pedido por favor que empíricamente intente demostrar esos...(Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, no estamos hablando de cambio climático. Vamos a dejar el cambio climático. (Risas.-Aplausos). Conteste usted al señor Ábalos sobre lo que le ha dicho.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, lleva usted razón y por eso he querido hacer estas precisiones, evidentemente.
Por último, respecto al señor Ábalos, yo no le he dicho que no suba; suba usted todo lo que quiera, todo lo que le deje su grupo. Lo que le he dicho es que, por favor, se ponga de acuerdo con su partido en
las Islas Baleares para que, por lo menos, cuando suba ahí intente decir lo mismo que dicen en su partido en las Islas Baleares. Por otro lado, frente a insultos y descalificaciones, ustedes han hecho -y usted mismo- enormes
descalificaciones absolutamente injustas sobre las intenciones de este proyecto. Yo lo que le he venido a decir es que una ley, como la que ustedes aprobaron, ha tenido gravísimos incumplimientos y un sentido de inseguridad jurídica brutal en gran
parte porque ustedes mismos no cumplieron lo que preveía esa ley con los deslindes. Por lo tanto, echar la culpa ahora de los deslindes al PP... (Rumores.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Señorías, antes de proceder a la votación querría decirles que, como sin duda saben -porque, además, se ha dicho aquí en el Pleno-, ayer por la noche falleció don Lluís María de Puig i Olivé. Muchos de los que estamos aquí lo conocimos, fue
diputado desde la I a la VIII Legislatura, senador en las legislaturas VIII y IX, y ejerció principalmente su labor en el ámbito de las relaciones internacionales llegando a ser presidente de la Asamblea de la Unión Europea Occidental y presidente
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Historiador, profesor, autor de obras sobre historia contemporánea y, sobre todo, gran compañero. Descanse en paz. (Aplausos).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR LARREINA), SOBRE LAS PREVISIONES DE CAMBIO DEL MODELO DE POLÍTICA PENITENCIARIA. (Número de expediente 173/000054).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones. Comenzamos por la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Mixto, sobre las previsiones de cambio del modelo de política penitenciaria, que se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 27; en contra, 286; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 28/2012, DE 30 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS DE CONSOLIDACIÓN Y GARANTÍA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 130/000029).
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 28/2012 de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de Seguridad Social.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 178; en contra, 148; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el decreto-ley.
Vamos a votar la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia de este real decreto-ley.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 148; en contra, 179.
El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE MONTENEGRO AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000052).
- PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A UN PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES, HECHO EN NUEVA YORK EL 19 DE DICIEMBRE DE 2011. (Número de expediente 110/000053).
- CONVENIO COMPLEMENTARIO DE REVISIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL FIRMADO EL 16 DE MAYO DE 1991 ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, HECHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 2012. (Número de expediente 110/000054).
- ACUERDO DE PESCA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE LA FLOTA PESQUERA ARTESANAL DE MADEIRA Y CANARIAS, HECHO 'AD REFERENDUM' EN OPORTO EL 9 DE MAYO DE 2012. (Número de expediente
110/000055).
El señor PRESIDENTE: Votamos los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre los que ha habido diversas intervenciones, y pregunto si pueden aprobarse por asentimiento de la Cámara. (Asentimiento).
Pues quedan así aprobados.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS. (Número de expediente 121/000029).
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Vamos a votar de forma conjunta las enmiendas de devolución presentadas por los grupos
parlamentarios Mixto, de Unión Progreso y Democracia, de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 127; en contra, 184; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
AVOCACIÓN POR EL PLENO.
El señor PRESIDENTE: Última votación, la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista de avocación por el Pleno de este proyecto de ley que estamos votando.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 145; en contra, 182.
El señor PRESIDENTE: No queda avocado por el Pleno.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.