CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2012 X Legislatura Núm. 79

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 75

celebrada el martes

11 de diciembre de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)


Exclusión en el orden del día ... (Página5)


Interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a los planes del Gobierno para establecer medidas de apoyo y fomento de la competitividad de las pymes. (Número de expediente 172/000078) ... (Página5)


Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular:


- Proposición de ley para el empleo estable y con derechos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 26-1, de 28 de diciembre de 2011. (Número de expediente 120/000003) ... (Página6)


Toma en consideración de proposiciones de ley:


- Del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de modificación de la Ley orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para su adaptación a la Convención de Naciones Unidas sobre derechos humanos de las personas con discapacidad.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 80-1, de 29 de junio de 2012. (Número de expediente 122/000064) ... (Página20)


Proposiciones no de ley:


- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, número 119, de 29 de junio de 2012. (Número de expediente 162/000348) ... (Página26)

Página 2

- Del Grupo Parlamentario Socialista, para evitar el desmantelamiento del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 127, de 13 de julio de 2012. (Número de expediente
162/000367) ... (Página33)


- De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso; Socialista; Catalán (Convergència i Unió); de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; de Unión Progreso y Democracia, y Vasco (EAJ-PNV), relativa a la promoción dentro de la
estrategia de salud mental de acciones para una redefinición de los objetivos y acciones de prevención del suicidio. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 175, de 12 de noviembre de 2012. (Número de expediente 162/000461) ... href='#(Página47)'>(Página47)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la privatización de los servicios públicos de salud y las crecientes desigualdades territoriales en el acceso a la prestación de los servicios
sanitarios. (Número de expediente 173/000053) ... (Página49)


Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. (Votación) ... (Página58)


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página58)


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página58)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página59)


SUMARIO


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)


Exclusión del orden del día ... (Página5)


De conformidad con el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado en la Junta de Portavoces, la Presidencia somete a la Cámara la exclusión del orden del día del Pleno del próximo miércoles el punto número 25, correspondiente a la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a los planes del Gobierno para establecer medidas de apoyo y fomento de la competitividad de las pymes, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular ... (Página6)


Proposición de ley para el empleo estable y con derechos ... (Página6)


En turno a favor interviene la señora Gutiérrez del Castillo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario
de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa,

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del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página20)


Del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de modificación de la Ley orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para su adaptación a la Convención de Naciones Unidas sobre derechos humanos de las personas con discapacidad ...
(Página20)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Seara Sobrado, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Tarruela Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Torrado de Castro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposiciones no de ley ... (Página26)


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida ... href='#(Página26)'>(Página26)


Defiende la proposición no de ley el señor Vañó Ferre, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Fernández Mora, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y las señoras Oramas González-Moro y Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Cantó
García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y la señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Vañó Ferre.


Del Grupo Parlamentario Socialista, para evitar el desmantelamiento del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia ... (Página33)


Defiende la proposición no de ley el señor Sahuquillo García, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Sahuquillo García.


De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso; Socialista; Catalán (Convergència i Unió); de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; de Unión Progreso y Democracia, y Vasco (EAJ-PNV), relativa a la promoción dentro de la
estrategia de salud mental de acciones para una redefinición de los objetivos y acciones de prevención del suicidio ... (Página41)


Defienden conjuntamente la proposición no de ley el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Llamazares Trigo, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; las señoras Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martín González, del Grupo Parlamentario Socialista y Quintanilla Barba, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página49)


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la privatización de los servicios públicos de salud y las crecientes desigualdades territoriales en el acceso a la prestación de los servicios
sanitarios ... (Página49)


Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Martínez Olmos, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y las señoras Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Méndez
Monasterio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


El señor Llamazares Trigo solicita la palabra para una aclaración, que le es concedida. Contesta la señora Méndez Monasterio.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Quevedo Iturbe y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Díez
González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Martínez Olmos.


Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. (Votación) ... (Página58)


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular para el empleo estable y con derechos, se rechaza por 130 votos a favor, 179 en contra y 11 abstenciones.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página58)

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Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de modificación de la Ley orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para su adaptación a la Convención de
Naciones Unidas sobre derechos humanos de las personas con discapacidad, se rechaza por 142 votos a favor, 176 en contra y 2 abstenciones.


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página58)


Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las
demás en todos los aspectos de la vida, se aprueba por 307 votos a favor y 12 abstenciones.


Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para evitar el desmantelamiento del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia, se rechaza por 141 votos a favor, 177 en
contra y 2 abstenciones.


Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia y Vasco (EAJ-PNV),
relativa a la promoción dentro de la estrategia de salud mental de acciones para una redefinición de los objetivos y acciones de prevención del suicidio, se aprueba por 319 votos a favor y 1 abstención.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página59)


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la privatización de los servicios públicos de salud y las crecientes desigualdades territoriales en el acceso a la
prestación de los servicios sanitarios, con la inclusión de la enmienda del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, excepto un punto 8, se rechaza por 123 votos a favor, 177 en contra y 21 abstenciones.


Se suspende la sesión a las nueve y veinticinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3º del Reglamento. En sustitución de don Santiago Cervera Soto, pregunto a doña Pilar Marcos Domínguez si jura o promete acatar la
Constitución.


La señora MARCOS DOMÍNGUEZ: Sí, prometo.


El señor PRESIDENTE: Doña Pilar Marcos Domínguez ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena. (Aplausos).


EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA A LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA ESTABLECER MEDIDAS DE APOYO Y FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES. (Número de expediente 172/ 000078).

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El señor PRESIDENTE: Como asunto previo, y de acuerdo con el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado en la Junta de Portavoces, se somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 25,
correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco, PNV. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).


En consecuencia, queda aprobada la exclusión del punto de referencia.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR.


- PROPOSICIÓN DE LEY PARA EL EMPLEO ESTABLE Y CON DERECHOS. (Número de expediente 120/000003).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a sustanciar el punto primero del orden del día, relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular, y en concreto de la proposición de ley para el empleo estable y con
derechos.


Ha manifestado su deseo de emplear el turno a favor el Grupo Socialista. Para ello tiene la palabra la señora Gutiérrez del Castillo.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Debatimos hoy la toma en consideración de una proposición de ley de iniciativa popular que iniciaba su andadura en la pasada legislatura frente a una reforma que ha sido derogada por la reforma laboral del
Partido Popular. La pregunta es: ¿Tiene actualidad esta proposición de ley sobre el empleo y derechos laborales? Creo que no solamente tiene plena actualidad, sino que incluso más que cuando inició su tramitación. ¿Para qué puede servir la toma
en consideración de esta iniciativa? Desde nuestro punto de vista, es una oportunidad que tiene la Cámara para acordar un marco consensuado de relaciones laborales acorde con nuestro modelo constitucional. Por ello, el Grupo Socialista defiende
hoy la toma en consideración de esta proposición de ley para el empleo estable y los derechos surgida de la iniciativa popular.


El Grupo Socialista apoya la toma en consideración de esta iniciativa por las siguientes razones. Primero, por coherencia democrática. Es un mecanismo constitucional que viene avalado por cientos de miles de ciudadanos de la mano de los
sindicatos más representativos que tienen especial reconocimiento y garantía constitucional. Segundo, porque los objetivos que persigue tienen plena actualidad, pues se refiere al empleo estable y a los derechos laborales consagrados en nuestra
Constitución. La iniciativa, señorías, llega a la Cámara tras la derogación del real decreto-ley que aprobó la ley de 2010, derogada por la reforma laboral vigente aprobada por el Partido Popular. Una reforma laboral que vulnera los preceptos
constitucionales, lo que ha llevado a diputados de esta Cámara del Grupo Parlamentario Socialista y de La Izquierda Plural a plantear un recurso de inconstitucionalidad ante esta reforma. Una reforma que ha roto el diálogo social y que está
provocando destrucción masiva de empleo. Porque la realidad, esa realidad a la que apela permanentemente el presidente del Gobierno, muestra el evidente fracaso de la reforma laboral del Partido Popular: España tiene hoy una tasa de paro que
alcanza el 25 % de la población activa; está cayendo la afiliación a la Seguridad Social; se dispara la deuda pública y se suceden anuncios aterradores para este último trimestre y para el próximo año. La reforma laboral y las políticas de
recortes del Partido Popular están rompiendo la cohesión y la paz social y están causando la mayor desesperanza entre los ciudadanos, que manifiestan su indignación y ejercen su derecho a la propuesta apoyando huelgas, dos de ellas generales en los
meses de marzo y noviembre. Tercero, porque la toma en consideración de esta iniciativa permitiría a la Cámara enmendar y pactar entre todos los grupos un nuevo marco de relaciones laborales. Un marco laboral respetuoso con nuestro modelo
constitucional, que restituya los derechos vulnerados, el justo equilibrio en la relación laboral, que restablezca la autonomía de empresarios y sindicatos en la negociación colectiva. En definitiva, un nuevo marco laboral que favorezca la vuelta
al diálogo, al pacto social como vía más segura de ganar competitividad, crear empleo y salir de la crisis.


Señorías, la iniciativa popular que recoge el artículo 87.3 de nuestra Constitución es un mecanismo excepcional de presentación de proposiciones de ley. Esto explica que uno de sus requisitos sea contar con el apoyo de al menos 500.000
ciudadanos con derecho a voto. La iniciativa que hoy analizamos cumple con creces esta condición. Además, viene avalada por los sindicatos mayoritarios, a los que la propia Constitución en su artículo 7 atribuye una función básica de defensa de
los intereses económicos y sociales de los trabajadores. Esta iniciativa popular cumple también con el objetivo recogido en la exposición de motivos de la ley orgánica que la regula, responde a una necesidad ampliamente sentida

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por el electorado. No cabe duda, señorías, de que el paro es hoy, y así lo viene siendo desde el estallido de la crisis, el principal problema de los españoles, y en ello coincide el sentir de la calle, las encuestas de opinión, los
sindicatos, los empresarios, las instituciones económicas y, además, es la opinión de la inmensa mayoría de los miembros de esta Cámara.


Es cierto que la proposición de ley cuya toma en consideración debatimos hoy, inició su andadura en 2010, en la pasada legislatura, y con una reforma laboral que ha sido ya derogada por la reforma laboral vigente aprobada por el Partido
Popular. La reforma laboral actual ha roto el modelo constitucional de relaciones laborales y ha hecho añicos el diálogo social. Y la realidad hoy, cuando debatimos esta iniciativa, es que tras un año de Gobierno del Partido Popular la situación
del empleo, lejos de haber mejorado, ha empeorado de forma sustancial. Nos encontramos en medio de una espiral recesiva, con destrucción masiva de empleo, caída de la demanda interna, empobrecimiento de la población y riesgo de fractura social.
Por ello, el Grupo Socialista considera necesario debatir esta proposición de ley que nos trae la iniciativa popular. ¿Qué aportó la reforma de 2010? Yo destacaría la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico del modelo alemán sobre la
flexibilidad interna negociada, con ello se invirtió la tendencia al uso masivo del despido como mecanismo de ajuste y favoreció los expedientes de reducción de jornada y suspensiones temporales de la relación laboral. Para ello era fundamental no
rebajar los costes del despido; se reforzaban así otras vías de flexibilidad interna negociada en la empresa frente a la ruptura de la relación laboral. Es cierto que el Gobierno no alcanzó el acuerdo con los sindicatos para esta reforma, pero
ello no impidió al Gobierno retomar el diálogo social, y gracias a ese diálogo social a lo largo de 2011 se alcanzaron acuerdos estratégicos para afrontar las consecuencias de la crisis. Cabe mencionar el Acuerdo social y económico, firmado por el
Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales el 2 de febrero. El acuerdo se extendía a tres ámbitos básicos: la reforma del sistema de pensiones, la reforma en profundidad de las políticas activas de empleo y la recuperación del
diálogo para la regulación de la negociación colectiva y la solución mediante arbitraje acordado de los conflictos colectivos. Esto quedó plasmado en el Real Decreto-ley 7/2011, sobre negociación colectiva. El fruto más directo de esta norma fue
el Acuerdo bilateral por el empleo y la negociación colectiva, celebrado entre organizaciones sindicales y empresariales el 25 de enero de 2012. Este acuerdo contenía tres pilares básicos para la recuperación del empleo: un acuerdo de rentas con
moderación salarial, control de precios y reinversión de beneficios para los años 2012, 2013 y 2014; mecanismos de flexibilidad interna negociada y, por supuesto, la articulación de la negociación colectiva y los mecanismos de descuelgue para las
empresas en crisis.


Señorías, no hay reforma laboral más efectiva que aquella que se ha acordado y que es producto del diálogo social. El diálogo y los grandes acuerdos son los que han propiciado los mayores éxitos frente a las repetidas y profundas crisis de
carácter económico que ha atravesado nuestro país. La legislatura socialista concluyó, pues, con el diálogo social restablecido, con un acuerdo tripartito estratégico y con los instrumentos renovados para la negociación colectiva y la solución
arbitral acordada de conflictos. La legislatura del PP comienza cargándose estos acuerdos y el diálogo social. Porque el paro, el empleo, los derechos laborales, la protección por desempleo, las pensiones, los derechos sociales constitucionales
fueron aspectos centrales de la campaña electoral; el PP decía garantizar su protección y mantenimiento. De hecho, el paro se convirtió -lo saben ustedes perfectamente- en el principal objeto de debate de la campaña y su solución inmediata la
promesa más repetida por el entonces candidato, señor Rajoy. Todo parecía ser, según él, cuestión de confianza, y con estos compromisos el Partido Popular ganó las elecciones. Pues bien, el PP se encontró al comienzo de la legislatura con un
acuerdo de 25 de enero, la ministra y el propio presidente lo calificaron de acuerdo histórico, y tenían razón, pero histórica fue también su corta vigencia, apenas diecisiete días después de su firma, el 10 de febrero, el Gobierno aprobaba el real
decreto que contenía la reforma laboral del Partido Popular. La reforma elaborada en secreto, que nada tiene que ver con los compromisos elaborados con el Partido Popular, fue promulgada sin negociación y sin diálogo social. Esta reforma facilita
y abarata el despido y, como estamos viendo, se convierte así en un mecanismo de destrucción masiva de empleo. Confiere un poder unilateral al empresario rompiendo el difícil equilibrio de la relación laboral. Pretende modificaciones sustanciales
de condiciones de trabajo. Desaparece la proporcionalidad de la medida y trata de evitar que el juez pueda controlar y valorar la decisión empresarial. Permite el recorte unilateral del salario por parte del empresario y rompe la autonomía de
empresarios y sindicatos para estructurar la negociación colectiva, pulverizando así el acuerdo histórico alcanzado diecisiete días antes. A esta reforma seguirá además una política de recortes indiscriminados en materia de protección por
desempleo, en políticas de empleo, en la formación, en la recualificación, en la inserción laboral, en la inversión pública para la investigación y la innovación, y de esta forma el tejido

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productivo y las pymes se ven seriamente dañadas ante la falta de crédito y unas perspectivas cada vez de mayor hundimiento de la demanda interna. Estas políticas no han hecho más que agravar la situación y hoy los datos del paro son
absolutamente desalentadores. Ante ello, el ministro de Economía nos anuncia un trimestre más negro, si es posible todavía, para este años, el último de este año, y nos confirma que 2013 va a ser un año en el que la economía se contraerá aún más y,
por lo tanto, no habrá creación de empleo.


Ante este futuro tan desalentador, seria un sarcasmo, frente a los ciudadanos españoles, que este Parlamento no tomara en consideración este proyecto de ley y que se negara a debatir una iniciativa popular que tiene como objeto el empleo y
los derechos de los trabajadores. La pregunta sería: con esta iniciativa popular, ¿qué puede hacer el Parlamento? Señorías, esta iniciativa, la toma en consideración de esta proposición de ley, nos permite ponernos a trabajar a todas las fuerzas
políticas en la consecución de un gran pacto político y social que alumbre un nuevo marco de relaciones laborales, un marco respetuoso con nuestro modelo constitucional que restituya los derechos vulnerados por la reforma del Partido Popular y que
restablezca el justo equilibrio en la relación laboral y la autonomía de empresarios y sindicatos en la negociación colectiva. Es cierto, señorías, que las reformas laborales no crean empleo, pero sí pueden destruirlo, y un buen marco de relaciones
laborales genera confianza a las partes, favorece la cooperación en el seno de las empresas, propicia la estabilidad en el empleo y el reconocimiento del papel determinante del factor trabajo en la mejora de la productividad y la competitividad de
la empresa. En Alemania, señorías, toda la reforma se hizo gracias a un gran acuerdo de las fuerzas políticas y a un gran acuerdo de los agentes económicos y sociales, con un papel muy importante para los sindicatos. En Francia, se ha iniciado ya
la vía de la negociación. Y, señorías, si analizamos los periodos económicos más difíciles de nuestra historia, de la historia de nuestra democracia, nos encontramos que el diálogo social es el elemento clave para la salida de la crisis. El
diálogo social, los acuerdos económicos, los pactos, son los mecanismos que han dado prueba de éxito en situaciones difíciles. Señorías, mi grupo está decidido a participar en ese trabajo, pero corresponde al Grupo Popular, como grupo mayoritario
de esta Cámara, posibilitar la toma en consideración de esta iniciativa popular por el empleo. Es su ocasión para rectificar, para recuperar el diálogo y el acuerdo como vía más segura de salida de la crisis y para el crecimiento del empleo.


Muchas gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gutiérrez del Castillo.


En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, antes de exponer las razones por las que el Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente esta proposición de ley de iniciativa legislativa popular, quiero agradecer y felicitar a los promotores de la misma el esfuerzo que
han hecho para que hoy se pueda debatir en esta Cámara una propuesta de esta importancia para los trabajadores y trabajadoras. Seguramente que si esta propuesta fuese tenida en cuenta en el día de hoy nuestro grupo tendría muchas aportaciones que
hacer -como propuestas de enmienda, cosa que nos gustaría-, pero, lamentablemente, tanto para nosotros como para los promotores de la iniciativa, no tenemos confianza en que en la tarde de hoy podamos tener esa posibilidad de considerar a trámite la
propuesta y tramitarla con las correspondientes enmiendas, mejorando así la legislación laboral que en este momento tenemos en el Estado español.


Señorías, lo hemos dicho en muchas ocasiones y se constata cada vez que el Gobierno del Partido Popular toma decisiones en los últimos tiempos, ese tiempo que lleva de gobierno; son unas decisiones que tienen como fin ese verdadero
propósito de apoyarse, de utilizar la crisis económica como pretexto para toda esta política de recortes sociales pero de manera particular para la rebaja de las condiciones laborales, para atacar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y
retroceder en la normativa laboral dentro de una estrategia política global de aplicar una política económica al servicio de quien más tiene en detrimento de las mayorías sociales, cuya sostenibilidad depende exclusivamente de su trabajo. La última
reforma laboral ha sido un ejemplo de lo que decimos, pero no la única política del Gobierno del Partido Popular, que es ejemplo de esto mismo.


Señorías, mientras no exista recuperación económica, las condiciones económicas y sociales de la mayoría de la población se seguirán deteriorando a ritmo vertiginoso, lo hemos dicho en más ocasiones. Por lo tanto, en situaciones como esta
es más necesario que nunca acometer reformas legales que incrementen su nivel de protección, la protección de estas mayorías, tanto a través de la garantía presupuestaria necesaria

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para mantener servicios públicos esenciales, como de la necesidad de retomar derechos que afiancen la posición de las personas más débiles ante la amenaza de un agravamiento de la actual fase recesiva. La propuesta que presentan los
promotores de esta iniciativa va en esta dirección de mejorar esas condiciones laborales, pero quisiera -se me acaba el tiempo- recordar aquí las conclusiones del primer Observatorio de seguimiento de la reforma laboral realizado por diferentes
entidades. En el informe se indica que la reforma no puede ser más nefasta para el empleo. Amparándose en esta ley, en la nueva reforma laboral, tres de cada cuatro empresas han adoptado algún tipo de medida para modificar la relación laboral de
los trabajadores; el 37 % ha optado por despidos y el 43,4 por modificaciones sustanciales laborales, entre las cuales hay un 45 % de este 43 % que han reducido los salarios. Nosotros compartimos algo que se dice en la exposición de motivos de
esta propuesta, que paso a leer textualmente: La evolución tan desfavorable registrada durante este periodo de recesión económica evidencia que el mercado español de trabajo se caracteriza por una excesiva e injustificada flexibilización. Estamos
completamente de acuerdo con esta aseveración, pero también queremos que se reconozca que cuando el Gobierno del Partido Socialista, el Gobierno de Zapatero afrontó la reforma laboral en la legislatura pasada, la flexibilidad de la legislación
española laboral ya era suficiente como para no tener necesidad de reforma alguna.


El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señor presidente.


En ese sentido, recordamos nuestra posición contraria a la reforma que se llevó a cabo en la legislatura pasada y, por supuesto, no podía ser de otra manera, a la reforma llevada a cabo por este Gobierno del Partido Popular; y reiteramos
nuestro apoyo a la propuesta que hoy estamos debatiendo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández Davila.


Señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, los republicanos hemos estado con los sindicatos de clase en la calle secundando las huelgas generales, y hoy aquí defendemos su propuesta, que traslada al Parlamento el contenido de la movilización ciudadana, una iniciativa
legislativa popular que recupera derechos, armoniza condiciones y flexibiliza en términos razonables. En definitiva, reforma su reforma. Salimos a la calle contra las reformas de Zapatero y hoy padecemos la vuelta de tuerca de Rajoy, que
incrementa, y mucho, la beligerancia contra el mundo del trabajo. Es una reforma laboral que, más que flexibilizar condiciones de trabajo, más que facilitar vías de entrada en el mercado de trabajo y crear empleo en la pequeña y mediana empresa, ha
facilitado su destrucción masiva y sentencia a la juventud. Las facilidades que el Partido Popular ha impuesto para destruir empleo es un acto de sabotaje a nuestra sociedad; saboteadores, pues, que solo nos ofrecen miseria, tasas de desempleo
históricas en términos cuantitativos e incapacidad ante los cambios estructurales en aquellos sectores que nunca van a poder cobijar los índices de empleo que tuvieron hace tan solo unos años.


Las encuestas sobre la coyuntura laboral atribuyen la falta de creación de empleo al descenso de la demanda interior, pero el Partido Popular solo supo responder con el incremento del IVA y las medidas de austeridad. También la atribuyen a
la falta de ayudas y de bonificaciones públicas y solo respondieron con mayores recortes e incluso recortes en políticas activas. Para el Gobierno todo se resume en facilitar despidos individuales y colectivos a manera de modelo que impone bajo la
excusa de la flexibilidad un mercado laboral de maquila. Eso es lo que nos han endosado, una nueva cultura del trabajo basada en la precariedad contractual y salarial que sepulta un concepto de civilización conquistado con sangre que asociaba
trabajo a derecho y no a privilegio.


La propuesta de los sindicatos no acepta su diseño de relaciones laborales. De hecho, no acepta su hoja de ruta, que sitúa a los trabajadores del Estado español entre los más pobres de la Unión Europa; si ya lo eran en salarios mínimos y
medios y en costes laborales, ahora el Gobierno derechista ha acentuado la brecha. Esta es la realidad. Los salarios previstos en convenios colectivos se sitúan ya muy por debajo de los incrementos del IPC para millones de trabajadores,
empobreciendo hasta niveles críticos a los que tienen ingresos más bajos. Nos negamos a aceptar la trasposición de la austeridad a las relaciones laborales. El Gobierno ha actuado cínicamente porque sabe perfectamente que los costes laborales no
les obligan a destruir derechos y garantías laborales.

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Lo dijimos ya en su momento: ustedes, señores del Partido Popular, han asiatizado las condiciones de trabajo en una guerra, la de la precariedad, que saben que está perdida de antemano y que no ha sido receta de ninguna economía
desarrollada. Abandonen el cinismo y retiren de su boca el mantra de Díaz Ferrán -¿se acuerdan de Díaz Ferrán?-, que está donde debería haber estado hace muchos años, el mantra de la productividad para hacer creer que aquí se trabaja poco. No
tiene base científica y mucho menos cuando se cruzan los datos de productividad con las cifras salariales contenidas en el informe mundial sobre salarios de 2012 de la OIT.


Votaremos a favor esta iniciativa legislativa popular de los sindicatos de clase. Pedimos al Grupo Popular que vote a favor y agradecemos a los sindicatos que existan. De hecho, precisamente porque existen, se han convertido en el objetivo
de la derecha neoliberal.


Salud. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la verdad es que nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa legislativa popular sencillamente porque está bien configurada y está bien hecha, señor presidente. Dada su buena confección, esta iniciativa popular merita un
debate parlamentario mejor del que estamos observando hasta este momento, porque se entronca con la recuperación histórica, jurídico-política e incluso ética de la esencia del derecho del trabajo y de la configuración del mercado de trabajo que se
pactó en la transición política española, en los Pactos de La Moncloa -en los pactos explícitos y tácitos de la transición política-, y que, tras la aprobación de la Constitución española, se pactó con los interlocutores y los agentes sociales.
Intenta recuperar esto que ha sido desvirtuado, pervertido y -si me permite el presidente la expresión- prostituido no solo por la reforma laboral última que está siendo objeto por todos los portavoces de una glosa permanentemente crítica, que yo
comparto, sino también por las dos últimas reformas del Partido Socialista Obrero Español, que iniciaron un proceso de descausalización del derecho del trabajo, de flexibilización de las condiciones de trabajo, de pérdida de la ontología del derecho
del trabajo desde la perspectiva de su naturaleza tuitiva, en tanto en cuanto la fórmula contractual -el contrato de trabajo que se utiliza para articular las relaciones entre un empresario y un trabajador- no se suscribe entre dos personas en
condiciones jurídicas o sociales de igualdad, dada la dependencia del trabajador del empresario en dos ámbitos, en el de su dependencia salarial y de su dependencia jerárquica. Con el cariño que sabe que le profeso, a la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista le digo que me sorprende la reflexión hagiográfica que ha realizado de esta iniciativa legislativa popular cuando ustedes fueron los primeros en empezar a desvirtuar los contenidos esenciales del derecho del trabajo tal como
se configuró en el Estatuto de los trabajadores del año 1980 y normas posteriores.


Le voy a decir a usted y a ustedes que han terminado de dar la puntilla al derecho del trabajo tal como ha sido concebido históricamente; un derecho bilateral, tuitivo, pactado en el ámbito contractual entre un trabajador y un empresario,
protegiendo el derecho del trabajador que está en una situación de subordinación jurídica al empresario y fortaleciendo la negociación colectiva, los convenios colectivos, como fuente fundamental o troncal de las reglas reguladoras del mercado de
trabajo. En un momento como el actual todo esto ha quebrado y se ha empezado a quebrar con el Partido Socialista y se le ha dado la puntilla mediante la descausalización de la contratación, la descausalización y la flexibilización de la
modificación de condiciones de trabajo, la descausalización y flexibilización absoluta de la suspensión de las relaciones de trabajo y la descausalización y flexibilización absoluta de las relaciones laborales -iniciada por el Partido Socialista
Obrero Español y continuada brutalmente por ustedes-, de las extinciones de las relaciones laborales, bajo la invocación falsa -porque siempre fue una filfa intelectual que encubría posiciones ideológicas manifiestamente deshonestas- de que el
mercado de trabajo español o las relaciones contractuales y laborales estaban basados en elementos de rigidez que impedían el crecimiento del empleo. Mientras existió este mercado de trabajo, estas relaciones contractuales y estas normas laborales
antes de las reformas iniciadas por el señor Zapatero y continuadas por ustedes, el empleo nunca sufrió tanto como sufre en este momento. Hay 6 millones de desempleados con los que convivimos según los datos de Eurostat y la EPA nos dará un dato
similar a este. Hay 6 millones de desempleados; es insoportable vivir con 6 millones de desempleados en un país cuya población activa no llega a los 22 millones de personas empleadas. Las medidas flexibilizadoras del anterior Gobierno y de este
han provocado una reducción media de los salarios del 4 % de todos los trabajadores en términos promediales en el último ejercicio económico. Hay una utilización de los ERE perversa y deshonesta.

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Los ERE no están configurados ya para flexibilizar o articular condiciones que eviten la extinción o la suspensión del contrato de trabajo; los ERE ya están concebidos para extinguir las relaciones laborales. Hay un dato relevante: en
2011 solo tres de cada cien trabajadores eran objeto de extinción de su relación contractual con la empresa a través de un ERE, pero en 2012 ya son diez por cada cien trabajadores los que son objeto de extinción de sus relaciones contractuales a
través de un expediente de regulación de empleo. Luego esta filfa, esta reflexión demagógica e intelectualmente deshonesta consistente en afirmar que los despidos colectivos o los ERE están concebidos para configurar alternativas a la extinción del
contrato de trabajo mediante otras fórmulas consistentes en la ordenación horaria de forma diferente, en la ordenación salarial de forma diferente, en la ordenación de la movilidad geográfica u otras condiciones de trabajo de forma diferente ha
resultado también una verdadera falacia.


Esta proposición, esta iniciativa legislativa popular se incardina en la recuperación de los elementos ontológicos esenciales del derecho del trabajo, tal y como se concibe en los países de nuestro contexto socioeconómico más prósperos y
como se concibió en los pactos de La Moncloa, en la Constitución española en virtud de los principios que configuran el derecho laboral -artículo 35, articulo 37, artículo 41 y otros que podríamos citar-, en los pactos ocultos, tácitos y expresos de
la transición política española. Por eso nos gusta esta proposición de ley, que pretende atajar varias patologías sociales que los dos partidos aquí presentes -uno de los cuales paradójicamente ha utilizado un turno a favor de la proposición- han
contribuido a degradar o a pervertir.


En primer lugar, en materia de acceso, está la utilización de contratos precarios, contratos temporales, contratos en prácticas, contratos en formación que han precarizado hasta límites insoportables el sistema de contratación, hasta el
punto de que en este momento solo el 17 % de los contratos que se conciertan con empleados, con trabajadores, son por tiempo indefinido, son contratos permanentes, que era la fórmula habitual del derecho del trabajo histórico. La otra forma de
pervertir es el recurso a la precarización mediante los dos sistemas que pretende remover esta proposición, esta iniciativa legislativa popular, muy bien configurada: la contratación en cascada mediante la limitación del tiempo, del encadenamiento
de contratos temporales, cosa que no han hecho ninguno de ustedes, y el recurso a la subcontratación también en cascada, a veces con empresas que se dedican a la prestación de servicios, utilizando ni siquiera contratos de trabajo sino fórmulas
contractuales de naturaleza civil o de naturaleza mercantil. No he oído ninguna reflexión sobre esta remoción, este instrumento de precarización del mercado de trabajo que aquí se condena y nosotros también contribuimos a condenar con nuestras
reflexiones en este momento. En tercer lugar están los despidos colectivos. Aquí la rigidez, la pretendida rigidez que tanto se ha invocado en esta Cámara del mercado de trabajo español acabó, finalizó -aquí hay expertos laboralistas que
desafortunadamente están un tanto desapegados o un tanto desafectos de este debate- cuando se derogaron en el Estado español las ordenanzas laborales y se incorporó al Estado español el derecho público europeo en materia de despidos objetivos.
Estos han sido pervertidos también y se han convertido en un instrumento para articular un sistema libre y barato de despido, mediante la generalización de causas de despido (tecnológicas, objetivas, organizativas, de fuerza mayor o económicas
existentes o previstas). Esa generalización tan absoluta liberaliza o posibilita el recurso no fraudulento al despido disciplinario, que era lo que ocurría en la legislación previgente, sino a un despido objetivo más barato -diez días por año en
antigüedad-, que en este momento pretende corregir con los elementos de causalización, de objetivación, de las causas que legitiman para recurrir a esta fórmula de resolución de las relaciones laborales en esta iniciativa legislativa popular y la
incorporación del Fogasa a las medidas de control contra el fraude en materia de despidos, en materia de modificación de condiciones de trabajo pero fundamentalmente en materia de despidos.


Cuando en esta proposición de ley, en función de una iniciativa legislativa popular, se establecen mecanismos de remoción de los contratos formativos como instrumento natural de incorporación de los trabajadores jóvenes al mercado de
trabajo, cuando se establecen mecanismos que obligan a causalizar al empresario, mediante la identificación de datos que justifican la temporalidad por la propia naturaleza del trabajo, el contrato temporal que va a ser concertado, dando prevalencia
al contrato por tiempo indefinido contra el contrato temporal; cuando se establecen mecanismos de incorporación a la autoridad laboral y a la jurisdicción de la legalidad de los despidos objetivos, con causas tan etéreas como las que en este
momento justifican el despido por causas o inadaptación a las nuevas condiciones organizativas tecnológicas de fuerza mayor o a las pérdidas, a los problemas económicos, estamos recuperando la esencia de un derecho del trabajo que se ha perdido en
las últimas reformas por mor de convicciones -espero que el Grupo Socialista me diga que no-, de la más brutal ausencia de soberanía económica en este momento...

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El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... que afecta -acabo ya con estas palabras- al partido mayoritario de la Cámara y al Gobierno al que sustenta. Hay una pérdida absoluta de soberanía económica, en virtud de la cual no tienen ustedes margen alguno
de actuación -todo lo que ustedes regulan en este momento les viene ya prerredactado con poquísimo margen de discrecionalidad por parte de su Gobierno-. Ustedes que tanto invocan patrióticamente a la nación española, a la soberanía y otros
conceptos, han perdido, han dejado perder o se han dejado privar de la soberanía económica -uno de los aspectos paradigmáticos de la soberanía como concepto jurídico-político-; cuando se ha perdido la soberanía económica a uno le tienta pedir que
no hagan tantas invocaciones patrioteras a la nación, a la soberanía y a otros conceptos, como lo hacen, porque la soberanía económica en este momento ha desaparecido en el Estado español. Cuando además de suceder esto, las normas que ustedes están
aplicando...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, debe usted terminar.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... están provocando solo más desempleo, más pobreza, más destrucción de puestos de trabajo, más desaparición de empresas, solo porque algunos quirománticos políticos estiman que algún día en el futuro las cosas
irán mejor. Me gustaría preguntar a estos quirománticos de la política por qué saben que va a suceder o van a ir las cosas mejor en el futuro, por qué razones, cuándo y en qué condiciones van a ir en un futuro mejor las cosas. Esta proposición de
ley, fruto de una iniciativa legislativa popular, lo niega. Yo también lo niego, porque no hay ninguna evidencia empírica que pueda posibilitar pensar que las cosas en el futuro van a ir mejor.


Quiero felicitar a los redactores de esta iniciativa popular, que merece un debate parlamentario mucho más depurado y sofisticado, señor presidente, si me permite la expresión, del que estamos articulando en este momento en esta Cámara.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.


Quiero que mis primeras palabras en nombre de mi grupo, Unión Progreso y Democracia, sean para manifestar el enorme respeto con el que acogemos esta iniciativa popular. Es una iniciativa que, para llegar hoy aquí, tenía que contar con un
mínimo de medio millón de firmas, y no solo las ha logrado sino que las ha duplicado. No se puede subestimar su dificultad y felicitamos a los proponentes. Cuando hay un millón de firmas que avalan una iniciativa es que se está reflejando una
preocupación social importante, y así ha abordado mi grupo el estudio de esta iniciativa, con profundo respeto y con interés. Tenemos que lamentar, sin embargo, la lentitud del procedimiento, porque esta es una iniciativa que se arrastra de la IX
Legislatura. Eso lleva a una situación muy sorprendente; es una iniciativa que se presenta contra la reforma laboral del Partido Socialista, que hoy, sin embargo, ha pedido el turno a favor de la iniciativa. Es realmente sorprendente, si es que
todavía nos quedase capacidad de sorpresa. Sin embargo es también interesante, porque, como bien decía la portavoz socialista, la iniciativa no ha perdido vigencia. Se presentó contra una reforma laboral socialista y mantiene su vigencia después
de una reforma laboral del Partido Popular, lo que nos lleva a ver una vez más que, por debajo de ese acalorado debate retórico que mantienen los dos partidos tradicionales, en lo esencial muchas veces soy muy parecidos; a la hora de reformar el
mercado de trabajo, precarizándolo, los dos son muy parecidos. Lo mismo sucede con otros temas. Aunque no vienen a cuento en este debate, cuando uno estudia sus políticas, en las cajas que han gobernado, en las comunidades autónomas que han
gobernado, en el tema de la revalorización de las pensiones, el comportamiento de los dos grandes partidos es mucho menos diferente de lo que la retórica nos suele hacer creer.


Volviendo al mercado de trabajo, Unión Progreso y Democracia comparte la preocupación de los proponentes por la situación de nuestro mercado de trabajo. Nuestro mercado de trabajo funciona mal, y los datos así lo indican. A menudo pensamos
que es un problema europeo, pero el caso español es mucho más grave que el de nuestros vecinos. Los datos son conocidos, pero voy recordarlos. Tenemos una tasa de paro del 25 %. Se suele decir que hay paro por la crisis en toda Europa. No, en
Europa la tasa es del 10 %. Nuestra tasa más que duplica la de la Unión Europea; y detrás de esa tasa de paro general hay un paro juvenil del 56 %; hay 6 millones de parados. Un país tan similar al nuestro como Portugal tiene 10

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puntos menos en la tasa de desempleo pese a ser un país en crisis y rescatado. Y hay un segundo problema, que se suele olvidar y que la iniciativa popular señala muy correctamente, que es la precariedad, muy ligada también a la tasa de
paro. Nuestra economía crea mucho empleo en las fases de expansión, pero es un empleo precario; es un empleo de baja calidad y que se destruye con esa misma facilidad en las épocas de crisis. No en vano, antes de la crisis, en la época de
prosperidad, teníamos una tasa de temporalidad del 34 % y hoy ha bajado, por el trágico motivo de que los temporales son los primeros en ser despedidos, al 25 %; pero este 25 % duplica de nuevo la tasa media en la Unión Europea.


Nuestro partido siempre ha sido partidario de reformar el mercado de trabajo. Creemos que había que reformarlo. La tragedia, la pena, es que en nuestra opinión se ha reformado en la dirección equivocada. La reforma del Partido Popular
apuesta de nuevo por la precariedad, mantiene los contratos temporales tradicionales y la posibilidad de abuso que siempre ha habido y se sigue produciendo, y además incorpora nuevas modalidades de contratación también precarias: contratos de
formación hasta los treinta años, contratos falsamente indefinidos que tienen un año en prueba. Por lo tanto apuesta una vez más por la precariedad laboral. A eso se une otro componente importante que desequilibra claramente la relación entre
trabajadores y empresarios a favor del empresario a unos niveles que cabría calificar de decimonónicos, en que el empresario unilateralmente puede cambiar condiciones salariales, puestos de trabajo y horarios con una enorme facilidad. Se puede
decir que es pronto para valorar esta reforma laboral, pero ya han ido saliendo datos que corroboran la interpretación que Unión Progreso y Democracia hizo desde el principio. Por ejemplo, el desempleo ha seguido aumentando; 74.000 desempleados
solo en el último mes de noviembre. Por ejemplo, en las nuevas contrataciones -este es un dato muy importante- más del 90 % de los nuevos contratos siguen siendo temporales, y además del empleo que se destruye ahora se destruye mucho más empleo
indefinido que antes. En el tercer trimestre la EPA nos dice que se destruyeron 170.000 empleos indefinidos. Si el nuevo empleo en más del 90 % es temporal y se destruye indefinido, parece evidente que se está precarizando el mercado de trabajo.


Unión Progreso y Democracia tenía una propuesta de reforma alternativa que seguimos defendiendo y que se basa en tres ejes fundamentales. El primero es la propuesta de un contrato único indefinido con indemnización creciente. La propuesta
es conocida pero la resumo una vez más. La idea es que todos los nuevos contratos sean indefinidos, acabar radicalmente con la temporalidad. Estos nuevos contratos indefinidos tendrían una indemnización inicialmente parecida a los actuales
contratos temporales, que iría aumentando paulatinamente cada año hasta llegar a una situación parecida a los actuales contratos indefinidos, evitando esos saltos bruscos que llevan al despido del trabajador. Las ventajas de estas propuestas serían
muy numerosas. Acabaríamos con esa trampa de la precariedad en que están los jóvenes y los empleados temporales. Las empresas tendrían más incentivos para formar a los trabajadores, lo que aumentaría la productividad y la competitividad; sería
bueno para prevenir la siniestralidad laboral. Creemos que las ventajas son muchas. No es una ocurrencia; es una idea que tiene el aval de algunos de los mejores especialistas en economía laboral, del Premio Nobel de Economía del año 2010 o de
diversos organismos internacionales. El segundo eje de nuestra propuesta se refiere a una relación de empresarios y trabajadores equilibrada; que el empresario pueda tomar esas decisiones tan radicales, por ejemplo despidos colectivos, solo en
circunstancias especiales cuantificables -no sobre la base de previsiones sino a datos cuantificables-, y que además los directivos se viesen afectados también por esas decisiones. Si hacen un despido colectivo y la empresa va muy mal, que sus
propias remuneraciones se viesen afectadas de alguna manera. También proponíamos mejorar la protección de los desempleados ampliando la renta activa de inserción a los menores de 45 años en lugar del Plan Prepara, con lo que sería un programa
estable de once meses y haciendo que las rentas mínimas de inserción autonómicas sean más homogéneas. Ahora hay enormes diferencias en esas rentas mínimas de inserción entre comunidades. Por cierto, siempre nos ha sorprendido que este sea un tema
que no preocupe a los sindicatos, pero creemos que debería preocuparles; el último escalón de protección a los parados es muy diferente en las distintas comunidades.


Una vez explicada nuestra propuesta se puede entender que hay problemas y preocupaciones que compartimos. La precariedad laboral que está en el centro de su propuesta también está en el centro de nuestras preocupaciones. Nosotros estamos
también en contra de las reformas laborales del Partido Socialista y del Partido Popular, y creemos -como ustedes- que los servicios públicos de empleo deberían contar con más recursos y estar mejor dotados; sin embargo, no es posible ocultar que
hay unas discrepancias de fondo importantes entre nuestro planteamiento y el suyo. Discrepamos no en los fines sino en los medios, en las soluciones. Simplificando mucho su propuesta -por hacernos entender- la

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idea básica de la misma es dificultar la contratación temporal -cuestión que podemos compartir- con la idea de forzar, de obligar a los empresarios a firmar contratos indefinidos con alta indemnización. En nuestra opinión esto desde un
enfoque jurídico tiene sentido, pero olvida los efectos económicos indeseados que provocaría. Podemos dificultar la contratación temporal, efectivamente, pero no podemos obligar a los empresarios a firmar esos contratos indefinidos con alta
indemnización de unos trabajadores que piensan que cuando no los necesiten va a ser difícil deshacerse de ellos. En nuestra opinión los efectos económicos de esta propuesta sería una reducción de la demanda de trabajo. Los empresarios demandarían
menos trabajadores y aumentaría el desempleo. No podemos olvidar tampoco que nuestras empresas compiten internacionalmente, que la economía española no es una economía aislada del resto del mundo. De ahí nuestra discrepancia. También pensamos que
en su propuesta hay un sesgo exagerado, en este caso en contra de la capacidad de decisión del empresario que queda muy maniatada en su propuesta. Nosotros intentamos un equilibrio, ya que aquí el sesgo se va demasiado en contra de la capacidad de
decisión del empresario. No compartimos tampoco su idea de que las agencias privadas de colocación no tienen ningún papel complementario que desempeñar a los servicios públicos de empleo estatal; sin embargo, pese a estas discrepancias de fondo,
consideramos -como dije al principio- que esta iniciativa tiene el respaldo de un millón de firmas y que sería importante reabrir el debate de la reforma laboral, que en nuestra opinión se ha cerrado en falso. Querríamos que este proyecto se
tramitase y poder defender nuestra propuesta alternativa. Por todos estos motivos, vamos a votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley que aquí se nos trae. Esto es todo.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.


Quiero comenzar mi intervención saludando a los compañeros y compañeras de Comisiones Obreras y UGT que hoy nos acompañan y sobre todo agradeciendo al sindicalismo confederal su trabajo y su lucha frente a las políticas de austeridad salvaje
que se vienen practicando durante esta crisis y muy especialmente desde mayo del año 2010. Desde esta tribuna también quiero expresarles la solidaridad de nuestro grupo frente a los intentos de criminalización del sindicalismo de los movimientos
sociales por parte de quienes pretenden aprovechar la crisis para acabar con cualquier expresión de contrapeso social frente a los poderes económicos.


Presidente, señorías, creo que deberíamos prestar atención a la barbaridad que supone que estemos discutiendo una iniciativa legislativa popular presentada hace un año. No se trata de una anécdota, es la consecuencia de unas normas absurdas
que no solo no facilitan sino que dificultan la participación de la ciudadanía, justo en el sentido contrario que nos mandata el artículo 9 de nuestra Constitución española. Un millón de ciudadanos merecían más respeto y un trato mejor por parte de
esta Cámara, y espero que tomemos nota de esta lección y que rápidamente hagamos las cosas necesarias para evitar que eso se pueda volver a repetir.


Hoy el sindicalismo confederal nos ofrece la posibilidad de volver a reabrir un debate que este país necesita, el debate sobre su modelo de relaciones laborales. Lo hace con una iniciativa legislativa popular presentada para dar respuesta a
la Ley 35/2010, de septiembre de 2010, aprobada por el Gobierno de Zapatero. También coincido en que, a pesar del tiempo transcurrido, esta iniciativa legislativa popular es más necesaria y útil que cuando se presentó. Hoy ya es evidente que ni la
Ley 35/2010 ni la Ley 3/2012 han servido para crear empleo ni tan siquiera para evitar su destrucción, más bien para todo lo contrario. España lleva tres décadas con reformas laborales que siempre se presentan con el mismo objetivo teórico, abordar
las crisis económicas y resolver el desempleo estructural con desregulación del mercado de trabajo. Son reformas laborales distintas, pero que tienen todas ellas un potente hilo ideológico conductor, de fuerte carga ideológica, insisto: aquel que
nace de la ideología ultraliberal que hace de la desregulación una solución a los problemas del mercado de trabajo. Una ideología que, desgraciadamente, ha calado hondo en ciertos territorios de la izquierda, como se comprueba, por ejemplo, en los
debates mantenidos durante todo el año 2010. No voy a decir de ninguna de las maneras, porque no lo creo, que la reforma de 2012 y la reforma de 2010 sean lo mismo, sería una barbaridad, pero sí tengo que decir que los debates sobre la reforma del
artículo 51 -despido colectivo- y los debates sobre los artículos 40 y 41 -movilidad geográfica funcional-, de la reforma del año 2010, abrieron la puerta para que después otros le pegaran una patada a la puerta y entraran como un tsunami a cargarse
los derechos laborales.

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Todo esto no es nuevo porque, desgraciadamente, tenemos una perspectiva de treinta años que nos permite ver ya hasta qué punto se ha cometido durante muchos años un error que no es un error, porque cuando se repite es una opción. La reforma
laboral de 1984 legalizó la contratación temporal acausal, es decir, sin causa, con el argumento de que así se iba a crear empleo. Lo que se creó fue una conciencia social de que la contratación temporal puede hacerse en cualquier caso. De
aquellos polvos nacieron los lodos de la actual temporalidad abusiva y de la actual precariedad en la utilización de los contratos temporales. La reforma de 1994 legalizó las empresas de trabajo temporal y abrió la puerta a la barbaridad de las
empresas prestadoras de servicios. Produjo un cambio normativo tan espectacular como el que permite utilizar a los falsos autónomos como mecanismo de competitividad, sin los cuales hoy no tendríamos el sistema logístico más perverso del mundo,
basado en transportistas autónomos que se ven obligados a realizar jornadas de dieciséis horas. La reforma de 1994 abrió las puertas legales para que eso fuera así y también otras cosas. En teoría también tenía que ser un factor positivo para el
reforzamiento de la negociación colectiva pero en la práctica el resultado ha favorecido la decisión unilateral de los empresarios. Por no citar la reforma Aznar de 2002, que inicia el camino al despido exprés, un despido que, por mandato del
artículo 35 de la Constitución y por obligación de los tratados internacionales de la OIT, debe tener en nuestro ordenamiento una causa justa y que, en cambio, pasó, gracias al señor Aznar y a su Gobierno, de un despido causal a un desistimiento
unilateral por parte del empresario. En el lenguaje llano y de la calle: despido indemnizado sí, pero despido libre. Eso es lo que, sin duda, abrió la puerta a la barbaridad que nos ha acompañado desde el año 2002. Hay muchas evidencias hoy de
que la evolución del empleo en nuestro país no ha ido pareja a los cambios laborales, sino a los ciclos económicos. Quiero recordar que España, con la misma legislación laboral, ha protagonizado los momentos de más crecimiento del empleo, el 66 %
entre el año 1996 y el año 2007, y los momentos de más destrucción del empleo a partir del año 2008; insisto, con esa misma legislación laboral. Por cierto, con el 50 % de los empleos destruidos en el sector de la construcción, cosa que tiene muy
poco que ver con la legislación aplicable.


Hoy tenemos la suerte de que de nuevo Comisiones Obreras y UGT nos presentan la oportunidad de discutir a fondo sobre esas cuestiones. Hoy tenemos la perspectiva de tres décadas de reformas laborales que se han presentado con un objetivo y
han provocado exactamente lo contrario. Hoy, además, esta iniciativa legislativa popular nos aporta un diagnóstico al que este Congreso y las instituciones de este país deberían prestar atención. El problema del empleo en nuestro país no está en
la legislación laboral sino en una estructura productiva caracterizada por tres factores perversos que tienen un componente destructor del tejido productivo: la especialización económica en sectores productivos de comportamiento ciclotímico,
surfista, como el turismo estacional o la construcción inmobiliaria; el tamaño diminuto de la súper microempresa española, que la convierte en débil, en periférica, en subalterna, especialmente en la economía global y que la hace muy vulnerable a
los cambios de ciclo y, sobre todo, un modelo productivo basado en la competitividad de costes laborales. En esa idea que hoy alguien recuerda, expresada por el señor Díaz Ferrán cuando era presidente de la CEOE y decía que en España hay que
trabajar más y cobrar menos. Eso es, sin duda, el cáncer de nuestro modelo productivo, y ese es el que debemos abordar, no el del cambio de la legislación laboral. (Aplausos).


Hoy, señoras y señores diputados, tenemos muchas evidencias de a dónde nos ha llevado la reforma laboral del Partido Popular, que no solo no ha creado empleo, sino que además ha causado una profunda aceleración en la destrucción de empleo.
Hoy tenemos todos los datos encima de la mesa y cuando el señor Rajoy se digne venir a discutir aquí y contrastar la realidad con lo que él afirmó en su momento, en el momento de investidura y durante el debate de la convalidación del decreto-ley,
podremos contrastarlo. Hoy tenemos una realidad donde se han incentivado los despidos, con un incremento notable de los expedientes de regulación de empleo no pactados y, sin duda también, de los despidos por causas objetivas. Hoy tenemos un
aumento del desempleo que crece al ritmo anual del 18 %; hoy tenemos una reducción de las indemnizaciones medias pagadas por las empresas; hoy tenemos un proceso de sustitución de los trabajadores con más derechos por otros más precarios; hoy
tenemos un proceso de externalización productiva con resultados tan escandalosos como el que se apunta ya para Telemadrid, la empresa sin trabajadores, que parece ser el proyecto que algunos nos quieren presentar de cara al futuro. (Aplausos). Hoy
tenemos delante el empeoramiento de las condiciones de trabajo y hoy tenemos una reducción significativa de los salarios. ¿Es eso un fracaso de la reforma laboral del señor Rajoy? No, no es un fracaso, es su éxito porque ese era el doble objetivo
que perseguía, la bajada de los salarios para permitir una devaluación interna, disciplinando las condiciones de trabajo y, al mismo tiempo, aprovechando la crisis para los objetivos de su programa máximo que vienen algunos deseando desde 1980; un
programa

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máximo de relaciones laborales, para el gobierno unilateral de las relaciones laborales, para un gobierno autoritario, donde la democracia se quede en la puerta de la empresa y donde no haya más palabra que la del padre padrone empresario.
No todos son iguales, pero desgraciadamente la reforma laboral incentiva este tipo de empresario. Hoy ya podemos decir claramente que esas son las nefastas consecuencias de la reforma del señor Rajoy, y otras, otras mucho más graves, que son que
cuando haya posibilidad de crear empleo y de salir de esa situación, fruto de la reactivación económica, si no se modifica el modelo de relaciones laborales que tenemos, este modelo lo único que va a incentivar es ese tipo de empresario que actúa
solo con el objetivo de la reducción de costes laborales como única seña de identidad y al que sin duda no le importa ni tan siquiera utilizar trabajo fraudulento en ese proceso, utilizar economía sumergida. Es esa la posibilidad que nos ofrece en
estos momentos la iniciativa legislativa popular, que nosotros compartimos, compartimos en su diagnóstico pero también compartimos en algunas de sus propuestas. En alguna intervención previa a la mía me ha parecido entender que algunos o no han
entendido o no han leído como yo la iniciativa legislativa popular presentada por Comisiones Obreras y UGT. Compartimos claramente los límites al uso de la contratación temporal para evitar abusos que han sido detectados por los tribunales de
justicia, compartimos una regulación del contrato a tiempo parcial para evitar que sea el contrato especializado para las mujeres, para que así puedan continuar compatibilizando obligaciones laborales con dedicaciones familiares. Compartimos el
establecimiento de responsabilidades mayores para el empresario principal, de manera que se responsabilice de sí mismo pero también de lo que hacen sus contratistas y subcontratistas. Compartimos las limitaciones al uso del despido y también la
recuperación de la nulidad cuando se produzcan causas de nulidad, por tanto, con la readmisión obligatoria. Por cierto, en cuanto a lo que existe en Alemania, lo digo por esos que tanto están mirando a Alemania para algunas cosas, que miren en ese
ejemplo a Alemania y vean que allí, como en otros países, cuando hay declaración de nulidad, hay readmisión obligatoria, no como aquí, única y exclusivamente indemnización. Esas y muchas cosas más son las que nos aporta la iniciativa legislativa
popular presentada por las organizaciones sindicales. Somos conscientes de que el empleo en este país no se va a recuperar por un cambio de leyes.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que ir acabando.


El señor COSCUBIELA CONESA: Termino, señor presidente.


Sin embargo, desgraciadamente, si no somos capaces de modificar la legislación laboral de este país, cuando venga la reactivación económica se va a incentivar un modelo de empresa y de empresario que es el que nos ha llevado a esta
situación.


Quiero terminar recordándoles una cosa: no todos los sectores empresariales se comportan igual. Tomen nota, señores del Partido Popular: hoy el sector de la exportación, el que más compite, el que compite en condiciones más duras, es el
que está caracterizado por empresas con mayor estabilidad, mayor formación, mejores salarios. Si pueden ellos competir con esas condiciones, ¿por qué no puede hacerlo el conjunto de la economía del país? Porque ustedes les facilitan un modelo de
competitividad absurdo.


Por último, permítanme que me dirija a los compañeros del Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros vamos a votar a favor, sin duda, de esta ILP y nos agrada muchísimo que ustedes también lo hagan; saludamos su voto a favor en este momento.
Podríamos decirles -no lo vamos a hacer- que bienvenidos a este consenso. Podríamos decirles también que si nos lo hubieran dicho antes, nos hubiéramos ahorrado la huelga general del 29 de septiembre y mi amigo Antonio Gutiérrez se hubiera ahorrado
algún disgusto. No lo voy a hacer porque quiero mirar hacia el futuro y mirando al futuro les digo: se han comprometido ustedes a mucho porque si alguna vez la izquierda de este país consigue gobernar, que espero que sea más pronto que tarde, lo
van a tener que hacer con el compromiso que hayan asumido con esta iniciativa legislativa popular. Aquí no valen cambios tácticos. Aquí, si de verdad, de verdad ha habido una recapacitación y una reconsideración de las posiciones de 2010, eso
tiene compromisos de cara al futuro. Con esa esperanza; con esa esperanza de que dejemos que la derecha imponga su modelo ideológico de desregulación pero que la izquierda tenga su modelo alternativo de relaciones laborales, con esa esperanza me
gusta acabar mi intervención y de nuevo agradecerles, compañeros y compañeras, que hayan hecho este esfuerzo, un millón de firmas lo avalan, y sobre todo que nos permitan tener aquí un debate que creo que es el debate que este país se merece.


Muchas gracias. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


También saludo a los representantes de CCOO y UGT que nos acompañan esta tarde en la toma en consideración de esta iniciativa legislativa popular.


Yo también he de empezar constatando lo absurdo que es a menudo el debate en esta Cámara, donde estamos discutiendo de hecho una proposición de ley que modifica una ley que ya no existe. Porque esta iniciativa, que en su momento los
sindicatos pusieron en marcha, respondía a la reforma laboral que aprobamos el Grupo Socialista, Convergència i Unió, el Grupo Vasco y algún grupo parlamentario más de esta Cámara. Sin embargo, como me decía el resto de mis colegas, efectivamente
esta iniciativa nos permite hoy mantener de nuevo una discusión sobre las cuestiones vinculadas al mercado de trabajo. Y una primera constatación que mi grupo debe hacer y que el señor Anchuelo también expresaba, él en sentido crítico y nosotros en
sentido positivo, es que efectivamente sobre los problemas y las dificultades que el mercado de trabajo tiene en España existe un consenso amplio en la Cámara que explica el sentido de todas las reformas laborales que se han impulsado en España
desde 1994, gobernando la izquierda y gobernando la derecha, y siempre con el concurso y la participación de Convergència i Unió. Reformas laborales cuyas cuestiones de fondo estoy convencido de que cuando en España se produzca el normal cambio
democrático y el Partido Socialista vuelva al Gobierno no se van a modificar. Y no creo que ello se deba a razones ideológicas sino simplemente porque el mundo del año 2012, del año 2020, del año 2015, no es el mundo del año 1980. Y quien hoy ha
defendido con mayor convicción la propuesta sindical, que ha sido sin lugar a dudas el señor Coscubiela, y que lo ha hecho, como es habitual en él, de forma brillante y sólida, se olvida de plantear el debate de fondo que en el resto de Europa la
izquierda moderna ha sabido cuestionar y que no es otro que ver cómo somos capaces de combinar un modelo social, el europeo, en unos tiempos en que nuestras economías deben competir de manera global. Esta misma semana este diputado con la diputada
Inma Riera visitaba la planta Nissan en la Zona Franca, y la planta de Nissan de la Zona Franca para mantener y crear empleo debe competir con otras 34 plantas de producción de coches en el conjunto del mundo. Y a la pregunta, los responsables de
gestión de recursos humanos de la empresa Nissan, también trabajadores, en una empresa donde los sindicatos han alcanzado acuerdos con la dirección, nos decían: los instrumentos de flexibilidad interna que nos dan las reformas laborales nos
permiten mantener el empleo. Nadie en esa empresa cree que mantener el empleo en Nissan en la Zona Franca de Barcelona pasa por volver al estatuto de 1980, nadie lo cree. Es más, apuesto: si hubiese un Gobierno del PSOE que dependiese de
Izquierda Unida para su gobernabilidad, no habría vuelta a 1980.


Mi grupo, desde el respeto a iniciativas sindicales y desde el respeto que impone que más de un millón de personas hayan firmado esta iniciativa, hoy no va a apoyarla. No vamos a rechazarla, precisamente por ese respeto, pero debemos ser
coherentes con nuestros discursos en la Cámara, con las enmiendas que hemos defendido y con nuestras convicciones de fondo, que volver a 1980 no supone más empleo ni mejor empleo. Y nos parece audaz que atribuyamos a la reforma laboral la
destrucción de empleo; nos parece audaz, porque, entre otras cosas, la destrucción de empleo en España se remonta de nuevo al verano de 2011, no a la reforma laboral que ha impulsado el Gobierno y que contó con nuestro concurso también en esta
ocasión. De hecho, en los últimos quince meses el empleo destruido representa un tercio del conjunto del empleo destruido. La destrucción de empleo en esta legislatura venía con fuerza de la anterior legislatura. Atribuir la situación de nuestro
mercado a la reforma laboral aprobada en esta legislatura, insisto, me parece absolutamente audaz, es más, se dice: es que la reforma laboral no crea empleo. ¿La reforma laboral es la que destruye el empleo o aquello que destruye el empleo es la
falta de demanda interna, la falta de confianza de las empresas, las políticas que a corto plazo no estimulan el crecimiento? ¿No es esa la cuestión de fondo de la economía? Por tanto, si unos afirman que no es la reforma laboral la que crea
empleo -insisto, me parece audaz afirmar que es la reforma laboral la que destruye el empleo-, las cuestiones del empleo van a tener más que ver con recuperación de la demanda interna, recuperación de la confianza, facilitar el crédito a las
pequeñas y medianas empresas para que creen empleo, políticas públicas a corto plazo orientadas a la creación de empleo.


Decía que al menos la percepción que Convergència i Unió está recibiendo hoy de la sociedad es que la sociedad valora positivamente todos aquellos instrumentos que han introducido las últimas reformas laborales orientadas a la flexibilidad
interna y que esos instrumentos están permitiendo a muchas empresas

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destruir menos empleo y que la reforma laboral obliga a empresarios y sindicatos a plantearse maneras distintas de articular su relación en la empresa, y la gente está empezando a hacerlo bien en esa dirección y empiezan a aparecer ejemplos
interesantes. Efectivamente en la reforma laboral aparece una cuestión que no es menor y que es otro debate clásico y redundante en esta Cámara, si los contratos laborales existentes hoy serían los que estimularían más la contratación por parte de
las empresas en el momento en que la economía empezase de nuevo a crecer.


Las reformas laborales del PSOE y del PP, con nuestro apoyo y el del PNV en algunos casos, han pretendido que los costes del despido se aproximen, y hoy estamos en el escenario del coste de despido: de temporales, doce días; el objetivo,
veinte días; el improcedente, treinta y tres días. ¿Este esquema genera suficiente confianza para que los empresarios, las empresas, las pequeñas y medianas empresas apuesten por la contratación indefinida? El señor Anchuelo planteaba la
propuesta del contrato único; mi grupo no la comparte, pero sí compartimos aquello que muchas empresas medianas e importantes hoy nos ponen encima de la mesa, que es recuperar el contrato de lanzamiento de nueva actividad. Ese contrato, impulsado
en su momento por el Gobierno socialista, fue un instrumento de creación de empleo a corto plazo, con las críticas que se derivan de ser un contrato de carácter temporal, efectivamente. Me temo, señorías, que en el próximo año ese debate vaya a
llegar de nuevo a nuestra legislación laboral. Una de las virtudes de la última reforma laboral, fruto de una enmienda que introdujo Convergència i Unió, fue precisamente la necesidad de abrir este debate, no partiendo de posiciones estrictamente
ideológicas sino basándose en ciertos datos objetivos que nos permitan tener una discusión más seria. Ahí espero que seamos capaces el próximo año, desde la evaluación objetiva de los resultados de la reforma laboral, a reabrir esa discusión,
dispuestos a corregir aquello que se deba corregir y sin demasiados apriorismos ideológicos pero convencidos de que aquello en lo que debemos fijarnos es en los mercados laborales más dinámicos de nuestro entorno europeo. Por cierto, ahí ha estado
nuestra principal crítica al Gobierno. Una política que reconozca la flexibilidad y que refuerce la capacidad de decisión de la empresa, si es justa para los trabajadores, necesita políticas activas de empleo robustas y sólidas. Y ahí nuestra
crítica principal sobre los recortes que en esta legislatura el Gobierno ha efectuado en las políticas activas de empleo que, efectivamente, desequilibran la legislación laboral porque esa flexibilidad no va acompañada de la seguridad que se
derivaría de unas políticas activas de empleo sólidas y en la línea de las políticas de nuestro entorno.


En todo caso, mi grupo agradece a los sindicatos la iniciativa porque nos ha permitido esta discusión e invita a los agentes sociales y a los protagonistas de la concertación social, que son trabajadores y empresarios, a aprovechar el marco
legal que existe para ser capaces de mantener y crear empleo. Estamos absolutamente convencidos de que tan solo desde la concertación social, desde el diálogo en el seno de las empresas, seremos también capaces de ayudar a generar la confianza que
la sociedad necesita hoy. Nadie puede ser tan irresponsable de no aprovechar los instrumentos legales que tenemos para mantener y crear empleo. Espero que en esa línea nos movamos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Merino.


El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, señorías, sean mis primeras palabras, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para reconocer públicamente a los autores de esta iniciativa legislativa el esfuerzo y el trabajo que realizaron en su
momento hasta que hoy la estemos debatiendo. Asimismo, tengo que lamentar, sinceramente, que la mayoría de los portavoces hayan dedicado muy poco tiempo al contenido de esta iniciativa legislativa y sí hayan dado auténticos mítines contra la
reforma laboral del Partido Popular cuando esta iniciativa legislativa iba dirigida a la reforma laboral del Partido Socialista.


Esta reforma laboral tiene como objetivo modificar las estructuras del sistema español de relaciones laborales para combatir, por una parte, la segmentación del mercado de trabajo y, por otra, reordenar las medidas que propicien la
flexibilidad interna en las empresas. Pretende efectuar una serie de modificaciones de gran calado en diferentes normas laborales: en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley de empresas de trabajo temporal, en la Ley de Empleo, en la Ley
General de la Seguridad Social, en la Ley de infracciones y sanciones en el orden social y en otras muchas leyes. No obstante, desde el reconocimiento que hemos hecho a los autores de la misma por el trabajo realizado, tenemos que decirles que,
evidentemente, este grupo parlamentario no puede compartirlo. No puede compartirlo porque el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, que luego se transformó en la Ley 3/2012, de 6 de julio, aborda

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precisamente muchas de las cuestiones que se plantean en el contenido de esta iniciativa legislativa, si bien y evidentemente en otro sentido distinto al aquí planteado. Nosotros tenemos que decir con el máximo respeto, y así lo hemos hecho
con la Ley 3/2012, que consideramos que el ámbito laboral, el mundo laboral necesita de otras cuestiones a las planteadas en el contenido de esta iniciativa legislativa y de ahí que se presentara por parte del Gobierno la Ley de reforma laboral que
fue aprobada en su momento. Esta iniciativa legislativa pretendía modificar muchos artículos de muchas normas en cuyo contenido no voy a entrar porque sería muy extenso y todos las conocemos pero sí es cierto que muchos de estos artículos que se
pretendían modificar ya han sido modificados por diversas leyes. No obstante, señorías, tengo que entrar, porque así lo han hecho los portavoces de otros grupos parlamentarios, en el contenido del debate que aquí se ha producido, que no ha sido,
lamentablemente, el contenido de la iniciativa legislativa.


Parece mentira, señorías del Grupo Socialista, señora Gutiérrez, portavoz del Grupo Socialista; mire usted, esta iniciativa legislativa que usted ha defendido en turno a favor va absolutamente en contra de la Ley 35/2012, la reforma laboral
del señor Rubalcaba y del señor Zapatero. En esta iniciativa legislativa se va en contra de la duración del contrato temporal, de la concatenación de contratos temporales, del justificante de la condición de trabajador fijo, del contrato para el
fomento de la contratación indefinida, del contrato en prácticas, del contrato para la formación, de los despidos colectivos, del despido objetivo, de la flexibilidad interna y del descuelgue salarial de su reforma laboral. Señores socialistas, se
lo dijo el señor González y nosotros se lo pedimos: céntrense por favor, céntrense. (Aplausos). Céntrense. ¿Cómo es posible, señora Gutiérrez, que ante una iniciativa legislativa que va en contra de su reforma laboral usted venga aquí y defienda
un turno a favor del contenido de dicha iniciativa? ¿Cómo es posible que usted en el Gobierno hiciera lo contrario de lo que hoy está proponiendo? ¿Cómo puede hacer eso, señora Gutiérrez? ¿Cómo tienen ustedes esa hipocresía política -permítame la
expresión-? ¿Cómo es posible que todo eso que usted está pidiendo hoy en este turno a favor no lo hiciera en la reforma laboral? Explíqueselo a los sindicatos. Explíqueles cómo está hoy defendiendo un turno a favor de una iniciativa legislativa
que contiene todo lo contrario de lo que usted aprobó en su reforma laboral? Porque no hay español que se entere de lo que ustedes hacen; no hay español que se entere de lo que ustedes hacen.


Señora Gutiérrez y señores del Partido Socialista, hablan ustedes de que nosotros estamos rompiendo la cohesión social. Oiga usted, ¿en cuatro años dejar 3 millones de parados más es mantener la cohesión social? ¿Dejar 5,5 millones de
españoles en el paro por sus políticas es mantener la cohesión social? (Rumores). ¿Hacer una reforma laboral que según ustedes era la panacea para la creación de empleo y en el año 2011 dejar 5,5 millones de parados es cohesión social? Señora
Gutiérrez, por favor, un poco de dignidad política; un poco de dignidad política, señores socialistas. ¿Cómo pueden estar ustedes todo el día criticando la reforma laboral, cogidos a las pancartas en las calles contra la reforma laboral del PP y
luego en su ámbito de trabajo aplicar la reforma laboral del Partido Popular? (Aplausos). ¿Cómo se puede caer en este cinismo? ¿Cómo se puede caer en este cinismo? ¿Cómo tienen ustedes la desfachatez política de caer en este cinismo? Porque sus
trabajadores no lo entienden, los trabajadores de sus sedes son los que no entienden lo que ustedes hacen y por eso se ponen con pancartas en las puertas de sus sedes. Esa es la situación, señora Gutiérrez, señores del Partido Socialista.


El señor Campuzano, al cual yo agradezco su coherencia, la que no ha habido en otros grupos políticos aquí presentes, ha puesto un ejemplo muy claro y agradezco que haya sido él. La reforma laboral del Partido Popular está manteniendo
empleo (Rumores); la reforma del Partido Popular, como él ha dicho, en el caso de Nissan y de otras muchas industrias, está haciendo que muchos trabajadores no se hayan ido al paro. (Risas). Sí, sí, ríanse, ríanse, pero esa es la verdad. Además,
les voy a dar un dato para que vean que es la verdad. (El señor Sixto Iglesias pronuncia palabras que no se perciben). Tranquilo, si ahora voy a hablar de Izquierda Unida. No se pongan nerviosos, que aquí hay para todos hoy.


En el año 2011, que no había recesión económica, hubo doce puntos más en los ERE de desempleo. Con el Partido Popular y con la reforma del Partido Popular, dos puntos menos que con ustedes, en un año de recesión económica como es 2012.
(Rumores). Esa es la verdad de los hechos. Además, con otra cuestión, nosotros decimos la verdad y en los presupuestos generales (Risas) se dice la verdad sobre los desempleados que iba a haber. Pero, claro, ahora aquí llega uno al paradigma,
señores sindicalistas aquí presentes, de la hipocresía parlamentaria. Señores de Izquierda Unida, ¿ustedes de verdad se creen con legitimidad política? (El señor Sixto Iglesias: ¡Toda!) Déjeme que termine. ¿Ustedes se ven con legitimidad
política para hablar de los derechos de los trabajadores? (Varios señores diputados: ¡Sí!) Bien, pues uno de los principales derechos de los trabajadores es el derecho a que el empresario pague

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las cotizaciones para que aquellos tengan derecho luego a una pensión, y a mí, y lo digo personalmente -y permítame la expresión, señor presidente-, se me caería la cara de vergüenza por esta información (Muestra una publicación): Izquierda
Unida de Madrid desde el año 1999 lleva sin pagar las cotizaciones sociales de los trabajadores de Izquierda Unida de Madrid. (Rumores.-Aplausos). ¡Trece años sin pagar las cotizaciones sociales! ¡Trece años! ¡Y ha tenido que venir la Seguridad
Social y embargarles a ustedes las cuentas! ¿Y ustedes vienen a hablar de derechos de los trabajadores delante de representantes sindicales? ¿Ustedes que no pagan las cotizaciones sociales de los trabajadores de Izquierda Unida? ¿Ustedes vienen a
hablar de reforma laboral? ¿Ustedes cogen una pancarta en la calle con los trabajadores? (Varios señores diputados: ¡Sí!) Con los trabajadores cuyas cotizaciones sociales no pagan, ¿verdad? Con esos trabajadores suyos de los que ustedes no han
pagado las cotizaciones sociales durante trece años. ¡Trece años! ¡Desde 1999, señores de Izquierda Unida! ¿Qué legitimidad tienen ustedes para venir aquí a esta Cámara? ¿Qué legitimidad tienen ustedes para hablar de derechos de los trabajadores?
(La señora Seara Sobrado: ¡La que les dan los votos!) Les pido un poco de respeto a los ciudadanos, señores de Izquierda Unida, y les pido por favor que cumplan las leyes, que cumplan las leyes. Lo mismo que ustedes están demandando a los
empresarios, a esos pequeños empresarios que en España están día a día intentando levantar este país, les pido que ustedes se lo apliquen y lo hagan. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos). ¡Y que tengan la vergüenza de pedir perdón a los
trabajadores por no pagar los seguros sociales y las cotizaciones, que son los que generan el derecho a la pensión! Luego es muy fácil ir al Pacto de Toledo o a la Comisión de Empleo y hablar de pensiones y de recortes de pensiones. Es muy fácil
eso, pero qué fácil es no pagar las cotizaciones de los trabajadores.


Por tanto, señoría, aquí hoy ha habido un ejercicio de hipocresía política con mayúsculas y lamento profundamente que los autores de esta iniciativa legislativa no hayan podido ver cómo este Congreso de los Diputados ha debatido sobre sus
contenidos. (El señor Llamazares Trigo: ¿Qué vas a votar?) Les pido por favor al Grupo Socialista y al Grupo de Izquierda Unida que mantengan algo de coherencia, que falta les hace a todos ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Merino.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO, PARA SU ADAPTACIÓN A LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
(Número de expediente 122/000064).


El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para su
adaptación a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Para presentar la iniciativa tiene la palabra la señora Seara.


La señora SEARA SOBRADO: Gracias, presidente.


Esperamos desde el Grupo Parlamentario Socialista que, una vez que hayamos presentado esta proposición de ley, no nos hagan un juicio sumarísimo como el que acabamos de ver ahora por parte del portavoz del Grupo Popular.


Quiero empezar esta primera intervención expresando nuestra más sincera gratitud a todo el sector de la discapacidad. Lo queremos hacer por su trabajo y por su constancia y queremos darles las gracias no solo por haber impulsado esta ley,
sino por haberla defendido ante el Gobierno del Partido Popular y haberle pedido al propio Gobierno que la apoyara. Quiero darles las gracias además por recordarnos cada día todo el camino que aún nos queda por recorrer para no correr el riesgo de
estancarnos. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).


Hay discriminaciones absolutamente evidentes, pero hay otras discriminaciones que son mucho más sutiles. Son discriminaciones que se disfrazan bajo pretextos aparentemente neutros. Con estas discriminaciones, con las sutiles y con las
evidentes, tropiezan cada día miles de personas en nuestro país y todas ellas comparten un denominador común, que es la injusticia. Esta tarde mi grupo parlamentario trae una proposición de ley que se debatió en la anterior legislatura y que fue
tomada en consideración por unanimidad en esta Cámara con los votos de todos los grupos parlamentarios en marzo de 2011,

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aunque los trabajos no concluyeron debido al fin de la legislatura. Además se habían presentado dos proposiciones no de ley: una del entonces Grupo Mixto, presentada por la hoy portavoz del Grupo Parlamentario de UPyD, y otra del Grupo
Parlamentario Socialista.


Lo que en esta proposición de ley planteamos es la modificación del artículo 8.5 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, que establece como requisito para participar en el mismo no estar -fíjense- impedido ni
física ni psíquica ni sensorialmente para el desempeño de la función del jurado. Por tanto, este artículo, que además tiene una redacción muy confusa y muy torpe, impide a las personas con discapacidad ser miembros de un jurado popular. Aquí
queremos poner el acento del debate, porque es aquí donde realmente radica el problema, ya que la aplicación textual y directa de este artículo implica la vulneración del derecho de participación de muchísimas personas en los tribunales del jurado.
Cuando digo muchísimas hablo de muchísimas de verdad, hablo de que probablemente el 9 % de la población de este país puede quedar excluida para ejercer un derecho debido a una confusa y ambigua redacción en un artículo de una ley tan importante como
esta. Estamos pues ante una ley que genera discriminación y exclusión y estamos ante una legislación absolutamente incompatible con diversos tratados internacionales que nuestro país ya ha suscrito. Hay artículos que son incompatibles con leyes ya
vigentes en nuestro país e incluso me atrevo a decir que son incompatibles con algunos derechos recogidos en la Constitución. Como no podía ser de otra forma, quiero hablar del artículo 23 de nuestra Carta Magna, que dice que los ciudadanos
participarán en los asuntos públicos del Estado. Sobre todo mencionaré el artículo 125, que cita textualmente que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado.
Habla de ciudadanos, no hace ningún tipo de excepción.


Estoy segura de que todas y todos los portavoces hablaremos en este debate sobre la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que junto con su protocolo facultativo España ratificó el 21 de abril del
año 2008 y que forma parte desde entonces de nuestro ordenamiento interno. Como hemos recordado muchas veces desde mi grupo parlamentario, esta convención supuso la consagración de un gran cambio en el enfoque de las políticas de discapacidad.
¿Por qué hablo de consagración de un gran cambio en el enfoque? Primero, porque con ella se superó la visión asistencial de la discapacidad para pasar a ser abordada esta desde una perspectiva más relacionada con los derechos humanos, pero también
porque las personas con discapacidad pasaron a ser titulares de derechos y no meros objetos de protección social. Pues bien, esta convención -de la que como digo sé que hablaremos mucho- establece en su artículo 13 -leo textualmente- que los
Estados han de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones, incluso mediante ajustes de procedimiento, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas en todos los
procedimientos judiciales. Este artículo de la convención choca frontalmente con el artículo 8.5 de la Ley del Jurado, que es el que hoy queremos modificar con esta proposición de ley. Además -lo saben todos ustedes-, España adaptó su normativa a
esta convención mediante la Ley 26/2011, del 1 de agosto, bajo el mandato del Gobierno socialista. Fue una de las últimas leyes que se aprobaron en la última legislatura, siendo ministra doña Leire Pajín. La tramitación de esta ley, de la
trasposición de la convención a la normativa española, se hizo, señorías, por unanimidad, se hizo con muchos acuerdos, se hizo con mucho debate con todo el tejido asociativo y con todas las fuerzas políticas de esta Cámara. Se logró un buen texto,
un texto que modificó en torno a unas veinte leyes y adaptó nuestra legislación al contenido de la convención.


Es cierto que de aquella ley quedaron fuera las adaptaciones que tenían que ver con el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, lo que recogía la convención en el artículo 12, pero por su especificidad se decidió
que debía tramitarse aparte. Por ello en la ley española, en la ley de trasposición, se incluyó una disposición adicional, en concreto la séptima, que da al Gobierno un plazo de un año -que ya ha vencido- para que remita a las Cortes Generales un
proyecto de ley de adaptación normativa del ordenamiento jurídico y así dar cumplimiento a este artículo 12, pero estoy segura de que de esto hablará mi compañera en la siguiente iniciativa que también se debatirá en este Pleno. No obstante, hubo
modificaciones -he dicho ya que fueron modificadas unas veinte leyes-, modificaciones importantes y que tienen relación con el debate que hoy tenemos. Se modificó la Liondau en aspectos importantes, por ejemplo los que tenían que ver con las
condiciones de accesibilidad y no discriminación que debían reunir las oficinas públicas, las oficinas prestadoras de servicios, los servicios de participación de los ciudadanos y ciudadanas en el ámbito expreso de la justicia.

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Además de la modificación del artículo 8.5 de esta ley, proponemos la modificación del artículo 20 y de una disposición adicional, y lo hacemos con el fin de generar garantías tanto a la propia Administración de Justicia como a las personas
con discapacidad, porque es verdad que si quieren formar parte de un tribunal del jurado y tienen capacidad suficiente para hacerlo, la justicia deberá garantizarles las medidas de accesibilidad y apoyo que les permitan desarrollar dichas funciones
en igualdad de condiciones.


Señorías, la justicia emana del pueblo y el pueblo participa directamente a través de la figura del jurado, pero el pueblo, señorías, somos todos y todas, y si no cambiamos esta ley, estamos permitiendo que exista una prevención legal
-fíjense en lo que les digo-, una prevención legal para que algunas personas no participen en el ámbito de la justicia, en el ámbito de lo público en general y en el ámbito de la justicia en particular. Esto se puede cambiar hoy en esta Cámara, se
puede cambiar sin ningún problema, sin esperar a cambiar la Lecrim, sin esperar a convocar mesas de trabajo y de debate como ayer, a última hora de la tarde, anunciaban fuentes del Ministerio de Justicia, como si fuera una tirita, como si fuera una
disculpa para no votar esta proposición de ley que nosotros hoy presentamos; es como si fuera una tirita ante el posible voto -todavía no sé cuál va a ser el sentido del mismo- del Grupo Popular, una tirita para remediar el malestar que generaría
que no se votara favorablemente hoy esta proposición de ley, porque si el Gobierno -lo decía ese teletipo que ayer todas y todos pudimos ver- considera desde el punto de vista técnico correcta la proposición de ley, ¿por qué no votarla hoy? Si en
la pasada legislatura el Partido Popular votó a favor de esta propuesta, ¿qué es lo que ha cambiado en esta propuesta para no votarla hoy, si es exacta? Además, me molesté en leer, y lo hice muy gustosamente, todo el debate. Fue una proposición de
ley que llevó mi compañero Pablo Martín y sobre la que el señor Vañó, diputado del Grupo Popular, defendió con ahínco, con arrojo y con energía votar a favor. Imaginamos que ese sentido de voto no tendría por qué cambiar transcurrido apenas un año
desde ese debate. No lo entenderíamos. Si votan en contra, habrá una sola explicación: el capricho de un ministro.


Este puede ser el debate de los justos o puede ser el debate de los perversos. Hoy podemos aprobar este modesto cambio legal reforzando y ampliando nuestro marco jurídico. Podemos ir consolidando la igualdad de trato, esa necesaria
igualdad de trato que también figuraba en una ley que fue traída a esta Cámara por el Grupo Parlamentario Socialista, que no contó con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y que se quedó en un cajón. Podemos seguir ensanchando, señorías, los
derechos de ciudadanía y podemos completar el derecho antidiscriminatorio en nuestro país.


Termino. Les decía que hemos recorrido un larguísimo camino. Lo hemos hecho todos y todas juntos, sobre todo lo han hecho los colectivos, la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, las organizaciones de discapacidad, las
organizaciones de minorías, las organizaciones de LGTB. Han hecho un inmenso trabajo que nosotros hemos intentado acompañar a lo largo de estos años y se ha hecho para construir una sociedad más inclusiva y más igualitaria.


Estamos ante una cuestión -se lo decía antes- sobre la que no ha habido debate, sobre la que no ha habido lío, sobre la que hay acuerdo político y acuerdo de que es un buen momento para llevarla a cabo. Por tanto, no perdamos tiempo -miro
ahora hacia los responsables del Grupo Popular- en triquiñuelas políticas, en triquiñuelas partidistas, porque no duden que si esta ley no se toma en consideración esta tarde, nos habremos quedado sin disculpas. El Legislativo, esta Cámara, se
habrá quedado sin disculpas. Solo habrá más motivos para el descrédito ante una sociedad que espera de nosotros que solucionemos sus problemas y que estemos a la altura. Solo quedará eso, el descrédito, si no somos capaces entre todos, habiendo
acuerdo político, de sacar adelante hoy esta proposición de ley.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Seara.


Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo del PNV, tiene la palabra la señora Tapia.


La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señora presidenta.


Señorías, tal como ya ocurrió en marzo de 2011, nuestro grupo se felicita porque vuelvan ustedes a traer esta iniciativa. Desde el punto de vista de las personas con discapacidad, no podemos hacer otra cosa sino apoyar con entusiasmo lo que
en este momento se propone. Hay problemas que se plantearon en su momento y que con esta proposición de ley se van a arreglar. Sin embargo, siendo positivos, el contenido de esta proposición de ley, aunque simbólicamente es importante, resulta
bastante limitado. ¿Por qué? Nos gustaría como grupo hacer referencia a que existe un conjunto de normativas y leyes de las que nos hemos dotado y que a nuestro juicio tienen un enfoque erróneo. A pesar de que han sufrido

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distintas modificaciones a lo largo del tiempo, el enfoque que nos gustaría que se hiciera de cualquier ley, también de esta, se relaciona con lo que significa el concepto de vida independiente. ¿Por qué? Porque debemos tratar las
discapacidades, las diversidades funcionales, las minusvalías, como queramos llamarlas, como ciertas dificultades que tienen algunas personas, algunos individuos, y que limitan su posibilidad de actuar, de participar en la vida cotidiana en igualdad
de condiciones. Eso no significa que ellos tengan dificultades especiales, sino que la sociedad no está preparada para aceptarlas, luego esa responsabilidad debe pasar a esta sociedad.


Debemos considerar la necesidad de eliminar todo tipo de barreras no solo arquitectónicas y de accesibilidad, sino hacer una reivindicación social, concienciar a la sociedad para lograr que ese modelo en el que queremos integrar a todas esas
personas sea un modelo que nos lleve a una sociedad más justa y a unas leyes más justas. Por lo tanto, en este caso reclamamos los derechos civiles para esas personas exactamente igual que los del resto de personas y desde luego debemos ser capaces
de que toda esa diversidad funcional -y más específicamente su decisión de cómo vivir, en qué participar y en qué condiciones- se haga en las mismas condiciones que en el resto de personas, que tengan las mismas oportunidades que el resto de
ciudadanos y ciudadanas que vivimos aquí. Por tanto, en este caso apoyaremos esta iniciativa, pero teniendo en consideración que resulta un tanto limitada y que debemos ampliar las miras y extender esta capacidad al resto de normativas y leyes como
la que después se presentará, pero también a todo aquello que ya se ha puesto en marcha, al menos en literatura, pero que sin embargo nos está costando llevar a cabo. Creo que es importante, que es un primer paso, lo apoyamos en su momento y
seguimos apoyándolo hoy.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Tapia.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.


La señora LOZANO DOMINGO: Intervengo desde el escaño brevemente, señora presidenta, para expresar el apoyo de mi grupo a esta iniciativa con los argumentos que ya han sido expuestos por las dos portavoces que me han precedido en los que no
es necesario abundar. Hay cosas que son tan evidentes que casi sonroja tener que defenderlas; que cuatro años después no hayamos asumido en nuestra propia legislación esa convención de la ONU solamente da idea de algo en lo que sí quiero detenerme
un poco a comentar, que es la cantidad de trabajo improductivo que se hace en esta Cámara. Lo ha mencionado la portavoz socialista: dos proposiciones no de ley, una de Unión Progreso y Democracia; una proposición de ley, todo un trabajo; todas
ellas aprobadas por unanimidad, cuando -como todos sabemos- la dificultad muchas veces es sacar adelante iniciativas que con frecuencia se convierten en proposiciones de ley o no de ley fallidas. Podríamos empapelar esta casa con todas las
iniciativas fallidas a las que dedicamos muchas horas de trabajo, pero las referidas a este tema salieron adelante por unanimidad y a pesar de eso, por aquello de que se convocaron elecciones, decayeron y resulta que hay que volver a empezar a hacer
el trabajo de nuevo. Me dirán ustedes que está en el Reglamento, pero, claro, como cambiar el Reglamento también es nuestra responsabilidad, es importante subrayarlo aquí.


La forma que se nos ocurre que sería más productiva de sacar partido al debate de esta tarde y al tiempo que hemos dedicado a la iniciativa -insisto, por no detenerme, suscribo todos los argumentos que han sido explicados con anterioridad-
sería que el grupo que sustenta al Gobierno la apoyara y desde luego no entenderíamos que no lo hiciera cuando la apoyó en la legislatura anterior. Solamente se podría explicar por un prurito absurdo de querer tener la exclusiva de la iniciativa
legislativa, algo que además contradice abiertamente la propia función de esta Cámara, que es legislar, y también de los demás grupos parlamentarios.


Muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.


Por el Grupo de Convergència i Unió, señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señora presidenta.


Intervengo desde el escaño por la brevedad, que no por la importancia que merece la toma en consideración de esta proposición de ley. Desde Convergència i Unió nos felicitamos de que hoy se pueda volver a retomar ese trabajo, que ya
aprobamos en el mes de marzo de 2011 por unanimidad en este mismo hemiciclo, en el que ya pedíamos que se modificara lo más rápidamente posible todo lo

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correspondiente a la Ley del Jurado para dar el derecho que tienen todas las personas a ejercer de jurados. Terminó la legislatura y no dio tiempo. Hoy felicito al Grupo Socialista por volver a traer a este hemiciclo esta proposición de
ley. Nuestro grupo parlamentario dará gustosamente su apoyo a esta toma en consideración, con el deseo además de que esto sea aprobado por unanimidad y de que el trámite se pueda hacer lo más rápidamente posible. Es una demanda que están haciendo
todos los colectivos de personas con discapacidad, que está apoyada por sus representantes legales, por el Cermi, y además -vuelvo a repetir- ya tendrían que estar estas normas en marcha. Por tanto, nuestro grupo, con plena satisfacción, apoyará
esta proposición de ley.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Tarruella.


Le pido disculpas, señora De las Heras. Por La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.


La señora DE LAS HERAS LADERA: Intervendré desde el escaño.


Esta proposición de ley desarrolla un aspecto puntual de los muchos tratados en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que obliga a adaptar la Ley 5/1995, del Tribunal del Jurado,
mediante la modificación del artículo 8.5, como se ha dicho aquí ya, al objeto de acabar con las latentes contradicciones y la discriminación que esta mantiene con los derechos en igualdad de condiciones que los discapacitados deben ejercer en
cuanto al acceso a la justicia. Hay que hacer mención especial al artículo 12.3 de la convención internacional, donde se insta a adoptar las medidas pertinentes para promocionar el acceso de las personas con discapacidad al apoyo que puedan
necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. No citaré el artículo 13.1 porque ya lo ha mencionado la señora Seara, pero tengo que recalcar que este obliga a que las personas con discapacidad puedan participar en todos los procedimientos
judiciales como es el caso del Tribunal del Jurado. Por tanto, acabar con esta discriminación todavía existente como ya se ha dicho aquí y favorecer la accesibilidad de todas las personas con discapacidad para que puedan ejercer este derecho básico
nos parece necesario, aunque llega tarde. Como hicimos anteriormente, hoy también votaremos a favor para que definitivamente pueda llevarse a cabo.


Gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De las Heras.


Por el Grupo Popular, señora Torrado.


La señora TORRADO DE CASTRO: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, hace apenas unos días celebrábamos el Día internacional de las personas con discapacidad, con el que se pretende despertar sensibilidades ante algunas situaciones que todavía tienen que afrontar las personas con
discapacidad que comparten con nosotros el día a día en nuestro país, en nuestras comunidades autónomas, en nuestras ciudades o en nuestro pueblos. Trabajamos para una sociedad de plenos derechos para todos, en la que la discapacidad no sea un
problema y nadie se sienta discriminado y se deje paso a las oportunidades de la autonomía personal. Nuestra meta y nuestro objetivo final no es otro que lograr la integración de todas las personas con discapacidad.


Como muchas de sus señorías sabrán el 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad. Esta convención es el resultado de un largo proceso en el que participaron varios
actores, entre los que tuvieron un papel muy destacado las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias. Este nuevo instrumento conlleva importantes consecuencias para las personas con discapacidad, entre ellas el asumir el fenómeno
de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas. Desde el 3 de mayo de 2008 la convención forma parte de nuestro ordenamiento jurídico
y es invocable ante las autoridades políticas, judiciales y administrativas. Todas las personas con discapacidad deben saber y tomar conciencia de que cuentan con un instrumento para la eficacia de sus derechos, incluido el derecho de acceso y
participación en la Administración de Justicia en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano. Para cumplir esos objetivos es preciso revisar la legislación actual y que podamos dentro de poco ver en esta Cámara una modificación
legislativa que nos ayude a cumplir con este objetivo.

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La proposición de ley orgánica que hoy debatimos se tenía que haber modificado ya en la pasada legislatura. Me gustaría recordar que estuvo más de dos años paralizada por una constante ampliación del plazo de enmiendas solicitada por el
Grupo Socialista. Señorías, la Ley del Tribunal del Jurado en su redacción actual establece que es un requisito para poder participar no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de jurado; precepto, sin
lugar a dudas, genérico e inconcreto que puede permitir interpretaciones restrictivas, como que estas personas no sean admitidas como miembros de un jurado por su situación de discapacidad, y eso es discriminatorio. El Partido Popular, tanto en la
oposición como ahora en el Gobierno, ha dado claras muestras de legislar a favor de este sector y combatir su discriminación. Nuestra apuesta por la igualdad de oportunidades y por la accesibilidad universal ha quedado clara y evidente en muchas
ocasiones. Con el Partido Popular en el Gobierno se aprobaron leyes tan importantes como la Ley de patrimonio protegido o la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Hoy mismo, en el siguiente punto del orden
del día, debatiremos una PNL nuestra mucho más amplia y completa, relativa a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y sobre la necesidad de adaptación a la convención. Esto demuestra el fuerte compromiso del Grupo Parlamentario
Popular en materia de discapacidad. La plena integración del colectivo de personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social y económica es un objetivo primordial para el Ejecutivo del Partido Popular, por eso, en este casi año de
Gobierno, se han planificado y en algunos casos ya se han ejecutado políticas que apuestan por la igualdad de oportunidades como, por ejemplo, la dotación presupuestaria prevista para el año 2013 para la Dirección general de políticas de apoyo a la
discapacidad, que cuenta con un presupuesto de 6,6 millones de euros, de los que más de la mitad -casi 4 millones de euros- recalarán en las entidades que trabajan en la protección social a favor de las personas con discapacidad. En un escenario de
austeridad y necesidad de control del déficit público el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dedica un 75 % de su presupuesto a la financiación de la dependencia. También se ha puesto en marcha un nuevo baremo para reconocer,
declarar y calificar el grado de discapacidad de los niños y jóvenes. Se trata del primer código de clasificación internacional en castellano para evaluar el estado de salud de los niños y jóvenes a lo largo de las diferentes fases de su desarrollo
y en las diferentes facetas de su entorno. También el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está trabajando en el desarrollo de la futura ley general de la discapacidad y destinará durante los próximos meses más de 105 millones de
euros para financiar los programas de vacaciones y termalismo para mayores y personas discapacitadas; casi 900.000 usuarios podrán disfrutar de los mismos. El anteproyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal recoge modificaciones
normativas relativas a estas personas, como la actualización de los términos empleados para referirse a las personas con discapacidad. En la futura ley de justicia gratuita, las personas con discapacidad no tendrán que pagar ni abogados ni
procuradores ni tasas. El Gobierno también ha aprobado un real decreto por el que se modifica el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. El cambio consiste en establecer un único baremo para
todas las comunidades autónomas. El pasado 30 de noviembre el Consejo de Ministros dotó una partida adicional de 117 millones de euros para el sistema de atención a la dependencia a favor de las personas dependientes. El Gobierno y la Universidad
Carlos III han firmado un convenio para impulsar el acceso de las personas con discapacidad visual y auditiva, a través del seguimiento del subtitulado y audiodescripción en las televisiones de ámbito estatal de la TDT.


Gracias también al impulso de la vicepresidenta del Gobierno, la Confederación estatal de personas sordas, Fundación ONCE y el apoyo importantísimo del Cermi tenemos la primera Constitución en lenguaje de signos. La concesión el pasado 3 de
diciembre del premio internacional Franklin Roosevelt sobre derechos de las personas con discapacidad, prestigio galardón otorgado a España, conocido popularmente como el Nobel de la discapacidad por su trascendencia mundial, es otro ejemplo más del
trabajo del Gobierno por los derechos de las personas con discapacidad. Este Gobierno amplía la protección a las personas con discapacidad, destinando 1.405 millones de euros este año para proteger a los discapacitados, lo que supone en torno a 120
millones de euros más que lo que destinó el Gobierno socialista en materia de discapacidad. Este Gobierno tiene el firme compromiso de defender los derechos de los discapacitados y su integración en todos los ámbitos, sobre todo en el laboral,
formando, informando y sensibilizando desde la escuela sobre la situación de las personas con discapacidad y así facilitándoles las condiciones para su integración dentro de la sociedad. Y dada la necesidad de adaptar la normativa a la convención,
desde el Ministerio de Justicia ya se está trabajando en los trámites previos para acometer dicha reforma legislativa, celebrando para ello contactos y reuniones con dos expertos en la materia, un fiscal de la sala del Tribunal Supremo y un profesor
de derecho constitucional y letrado de las Cortes Generales. El

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Gobierno tiene ya un borrador, cuya tramitación comenzará en breve, que determinará tanto las normas civiles como las procesales para lograr así un mejor ajuste con la convención. Los trabajos están muy avanzados y, como es lógico, la norma
se consultará con las diferentes asociaciones de discapacidad, cuya opinión será tenida muy en cuenta de cara a la redacción final de la iniciativa, sometiéndose además a consulta tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Consejo Fiscal,
trámites preceptivos teniendo en cuenta el contenido de la propuesta. Por tanto, parece conveniente que sea el Gobierno el que presente una propuesta al respecto, y además con un carácter muchísimo más amplio que esta proposición, no ciñéndonos
solamente al ámbito del jurado. Un Gobierno que en estos meses ha elaborado múltiples proyectos y reformas con el máximo rigor, respondiendo de manera clara a nuestro compromiso y vocación prioritaria con las personas con discapacidad, a las que
incorporamos a las instituciones, como el ejemplo de mi querido compañero, amigo y portavoz de discapacidad, Paco Vañó. Esa es la mejor defensa de sus derechos. Además, si me lo permiten, citaré unas palabras suyas de hace unos días: Si la
legislatura de 1996 y 2000 fue calificada por el Cermi de notable, estamos seguros que, superada esta situación de crisis que estamos atravesando, al final de esta legislatura la actuación del Gobierno será calificada de sobresaliente.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Torrado.


PROPOSICIONES NO DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA POR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LAS DEMÁS EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA. (Número de expediente 162/000348).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a sustentar el punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al
ejercicio de la capacidad jurídica por las personas de discapacidad en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida. Para su defensa, tiene la palabra el señor Vañó.


El señor VAÑÓ FERRE: Gracias, presidenta.


Señoras y señores diputados, pasado mañana día 13 se cumplen seis años de la aprobación por la Asamblea de Naciones Unidas de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. España ratificó dicho convenio y su
protocolo facultativo el 21 de abril de 2008, formando parte de nuestro ordenamiento jurídico a partir del 3 de mayo del año 2008.


Hasta ahora, la preocupación del legislador privado se centraba en la protección, no en la integración. A partir de ahora, hay que empezar a hablar de derechos; cambiamos beneficencia por derechos. Yo creo que este es el paradigma de la
Convención de Naciones Unidas a favor de las personas con discapacidad. El Partido Popular, a finales de 2008, presentó una primera proposición de ley en el sentido de adaptar la legislación vigente española a la Convención de Naciones Unidas, en
la que se trataban muchos aspectos legislativos. Era la proposición de ley sobre garantía de los derechos y mejora de la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias, cuya toma en consideración se aprobó por esta Cámara por
unanimidad en marzo de 2009. Por distintos avatares esta iniciativa no llegó a ver la luz a causa de la constante solicitud de ampliación de enmiendas durante más de dos años. Yo lamento que así fuese porque esta proposición de ley creo que
contemplaba una gran cantidad de leyes en las que incidía la discapacidad y por tanto consideramos que era digna de tenerse en cuenta, tal y como se tomó en consideración por unanimidad de la Cámara. He de decir también, en honor a la verdad, que
recientemente el Grupo de La Izquierda Plural ha formulado una pregunta escrita al Gobierno sobre el mismo asunto y el 1 de agosto del año 2011 se aprobó por esta Cámara la Ley 26/2011, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual señalaba en su disposición adicional séptima que se remitía a un proyecto de ley que debería ser enviado por el Gobierno a las Cortes Generales y en el plazo de un año, desde la entrada en vigor de
la ley, debería tenerse en cuenta para modificar el artículo 12. Esta proposición de ley que hoy presentamos va en el mismo sentido de seguir con el mandato legislativo y pretende reforzar e impulsar el cumplimiento de dicho mandato.

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Como decía anteriormente, la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 12, dice que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y
por tanto tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida. Para ello se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar el acceso a los apoyos que puedan necesitar en el ejercicio de su
capacidad jurídica. Es decir, cambiábamos el sentido de la tutela, evitábamos hablar de sustituir y pretendíamos entrar a hablar de complementar. Es el cambio más importante que el artículo 12 pretende. Tiene su complejidad, pero con la
colaboración de todos podemos empezar a cambiar un poco el criterio. Como dice la directora de la Fundación Æquitas, Fundación del Notariado, hay que permitir diferentes instrumentos jurídicos que posibiliten a cada persona con discapacidad
elaborarse su propio traje a medida. No es posible que el único instrumento sea la incapacitación judicial que, en palabras de las propias personas con discapacidad, equivaldría a la muerte civil. Es decir, a cada persona hay que buscarle su traje
a medida, que quiere decir los apoyos necesarios para que pueda desarrollar sus capacidades residuales, que todo el mundo tiene. En cuestión de la capacidad jurídica, el artículo 12 cambia el modelo de representación o sustitución en la toma de
decisiones por el modelo de apoyo, siendo precisa la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a esos postulados de la convención.


El Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la convención, aprueba los avances llevados a cabo y recomienda al Estado que revise las leyes que
regulan la guarda y tutela para reemplazar, como he dicho anteriormente, la sustitución de la adopción de decisiones por la parte de la toma de decisiones que respeten la autonomía personal y las preferencias de la persona, que todo el mundo tiene.
No equivale a sustituir absolutamente.


El mal llamado incapaz sigue siendo titular de sus derechos fundamentales porque las incapacitaciones son solo una fórmula de protección y no una medida discriminatoria. Debe ser así. En este sentido, desde esta Cámara pedimos la
colaboración al resto de grupos para instar al Gobierno a que remita a las Cortes Generales el proyecto de ley de cumplimiento del artículo 12 de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que establecerá los apoyos
para la toma de la libre decisión en lo relativo al ejercicio de capacidad jurídica por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida, que es el objetivo de esta iniciativa. Es decir, vamos
a que cada persona pueda utilizar sus capacidades residuales para poder decidir en todos los ámbitos y por supuesto en el jurídico también. Yo espero que esto sea compartido por todos los grupos de la Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Vañó.


Han presentado enmiendas, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para su defensa, tiene la palabra la señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy voy a romper mi propia norma que tenía establecida desde la pasada legislatura, que consistía en, por solidaridad con el diputado Vañó, no subir a esta tribuna cuando a él, que es el autor de la iniciativa, no le es posible
hacerlo porque esta tribuna, señora presidenta, una vez más quiero recordarlo, todavía no está adaptada. Este es un derecho también de todas las personas con discapacidad. Estamos hablando de desigualdades, estamos hablando de que todas las
personas somos iguales y creo que aquí todos los diputados, aunque tengan una discapacidad, tienen el derecho de poder hablar desde esta tribuna. Sin embargo, por la importancia del tema he querido hacerlo desde aquí arriba y decir que vamos a
apoyar esta proposición no de ley, pero con un matiz. La enmienda que hemos presentado y que esperamos que sea recogida por el Grupo Popular alude a un tema competencial. Estamos hablando, señorías, de la igualdad de las personas, de la igualdad
jurídica; igualdad jurídica que está recogida en el Código Civil. Ustedes saben que Cataluña tiene su propio Código Civil que le da plenas competencias según el artículo 129 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y además tengo que decir, y me
enorgullece hacerlo, que en nuestro Código Civil esto ya está regulado. En la última modificación se contempló y se adaptó a la Convención de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad. Por eso decimos que es de rigor que las leyes españoles
en el resto que tienen esa competencia civil, sean adaptadas también. Nuestra enmienda va en el sentido de añadir a la redacción que se propone que en la elaboración que se ha de hacer se respetará el derecho civil propio de las comunidades
autónomas que ya lo hayan desarrollado.

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Para nosotros es una satisfacción una vez más apoyar iniciativas que tienen que ver con corregir las desigualdades en el mundo de la discapacidad. En la legislatura pasada ya se hizo un gran trabajo con la adaptación de mucha normativa a la
convención a través de las leyes de adaptación. Además, se especificó y se dijo que todos los temas jurídicos -como este que nos ocupa ahora y como el del punto anterior, la proposición de ley que ha presentado el Partido Socialista- se dejarían
para regularlos más tarde todos juntos, pero más tarde quiere decir, según decía la ley, antes de un año, y ese año ya se cumplió este verano. Por tanto, nos gustaría que esta proposición no de ley, que espero que prospere con nuestra enmienda, sea
tenida en cuenta por el Gobierno y lo más pronto posible corrijamos y modifiquemos todos estos aspectos que pueden llevar y que llevan a la discriminación de las personas con algún tipo de discapacidad. En nombre de Convergència i Unión, nuestro
voto positivo, esperando sea aprobada nuestra enmienda.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Tarruella.


Por el Grupo Socialista, para defender su enmienda, señora Fernández Moya.


La señora FERNÁNDEZ MOYA: Señora presidenta, señorías, con esta iniciativa que nos presenta el Grupo Popular pretende instar al Gobierno a remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley para dar cumplimiento, como ya se ha referido
antes, al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás en todos los
aspectos de la vida. Dicho proyecto de ley establecerá las modificaciones necesarias en el proceso judicial de determinación de apoyos para la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad que lo precisen. Lo que se pide en esta
proposición no de ley coincide exactamente con el mandato de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya disposición adicional séptima dice: El
Gobierno, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de adaptación normativa del ordenamiento jurídico para dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida. Dicho proyecto de ley establecerá
las modificaciones necesarias en el proceso judicial de determinación de apoyos para la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad que lo precisen. Sorprendente, ¿no?


Nos parece fuera de lugar y de tiempo que el Grupo Parlamentario Popular nos traiga una proposición no de ley para pedir a su Gobierno que cumpla la ley. Lo que cabría esperar -sería lo razonable en un Gobierno responsable- es que hubiera
traído ahora o hace cuatro meses el proyecto de ley que pide la proposición no de ley. Este retraso, al que seguramente habrá que añadir más, supone una irresponsabilidad más de este Gobierno, entretenido -ha estado en otras cosas- en recortar
derechos de las personas, que también han afectado y mucho a las personas con discapacidad. (Aplausos). Ahora tiene que venir el grupo parlamentario que lo apoya a recordarle que debe cumplir la ley y seguramente se lo tendrá que recordar en más
ocasiones porque hoy no hay nadie del Gobierno para que pueda escucharlo. No nos quieran hacer lo blanco negro, no quieran hacer un discurso de que todo está perfecto en la discapacidad, en presupuestos y en hechos, porque no es cierto. Hace unos
días se lo decían públicamente todos los colectivos en la manifestación de SOS Discapacidad.


La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas, tras un largo proceso en el que participaron
varios actores; entre ellos, tuvieron un papel muy importante las organizaciones de personas con discapacidad y sus familiares, muy especialmente las españolas. Esta convención supone la consagración de un cambio de paradigma, como ya se ha
comentado antes por mi compañera. Se pasa de una visión antigua médica o asistencial a un enfoque de derechos humanos. España ratificó la convención y su protocolo facultativo el 21 de abril de 2008 y entró en vigor el 3 de mayo de ese mismo año.
A partir de ese momento, conforme a lo establecido en el apartado primero del artículo 96 de la Constitución española, forma parte del ordenamiento interno, por lo que resultaba necesaria la adaptación y modificación de diversas normas para hacer
efectivos los derechos que la convención recoge. Por ello, el Gobierno socialista presentó el proyecto de ley que dio lugar a la aprobación de la citada Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación de la normativa a la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es importante recordar -especialmente en estos

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momentos- el amplio consenso social y político que se logró en torno a la tramitación de esta ley. Por un lado, fue notable la participación de las asociaciones del sector de la discapacidad, cuya labor de constante apoyo al colectivo
quiero ensalzar hoy aquí. Además, en esa ocasión se alcanzó un elevado grado de acuerdo entre todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Ahora le toca el turno a la adaptación de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención
Internacional...


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández Moya, tiene que finalizar.


La señora FERNÁNDEZ MOYA: Como se señalaba anteriormente, por su especificidad, se decidió que se tramitara en un proyecto de ley específico. Esperamos que cuando ese proyecto de ley llegue por fin a la Cámara no suponga recorte de
derechos sino ampliación y se repita el clima de consenso, se dialogue y se tengan en cuenta las aportaciones de todos los grupos parlamentarios.


Mi grupo ha presentado una enmienda para poner un plazo de tres meses. Teniendo en cuenta que llevamos ya más de cuatro meses de retraso, no nos parece serio aprobar este mandato sin acotarlo en el tiempo. Esperamos que el grupo proponente
acepte esta enmienda.


Para terminar, quiero pedirle al grupo...


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández Moya, lo siento pero tiene que finalizar.


La señora FERNÁNDEZ MOYA: Termino. Solamente quiero desearles a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan que pasen una feliz Navidad. Aunque sé que les han puesto muchas piedras en el camino, procuren encontrar algunos momentos
de felicidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández Moya.


En turno de fijación de posición, en primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.


La discapacidad está en lucha y han venido hasta las puertas del Congreso para que el PP se entere, y ustedes presentan esta PNL como si nada ocurriera, instando al Gobierno a legislar cuando ya hay una ley aprobada que les insta a legislar.
Esta PNL es superflua y una prueba de que el PP no tiene propuestas, solo recortes. Ustedes nos traen aquí un mandato legal que ya fue aprobado en su día por esta Cámara, cuando lo que debe hacer el Gobierno es justamente cumplir ese mandato legal.
Lo que deben hacer, en lugar de estas florituras, es escuchar las reivindicaciones del sector; la triste ironía es que la PNL va de eso, de escuchar, de tomar decisiones contando con las personas afectas de discapacidad. Señorías del PP, señorías
del Gobierno, hagan caso de lo que ustedes piden y escuchen a los discapacitados, a los que ustedes con sus recortes no han ayudado. En la Comunidad Valenciana les han llegado a deber la friolera de 19 millones de euros con retrasos de más de un
año; son más de 30.000 los valencianos afectados, 8.000 trabajadores que han estado meses y meses sin cobrar por los impagos del Gobierno del Partido Popular. Eso es lo importante. Y si añadimos los impagos por la Ley de Dependencia se superan
ampliamente los 50 millones de euros. O en Madrid, con una deuda de más de 300 millones con el sector o el 20 % de los centros de atención al borde del cierre.


Conozco el sector de la discapacidad porque he sido profesor de personas con discapacidad y alcalde y concejal de servicios sociales en un pueblo donde tenemos un centro ocupacional que atiende a 40 personas con discapacidad, por eso les
puedo afirmar que el sector de la discapacidad está plagado de héroes anónimos que se niegan a dejar de ayudar a las personas que más lo necesitan porque saben que su labor es necesaria. La discapacidad está en lucha para defender sus derechos; el
derecho a la dignidad que se encuentra recogido en la Ley 26/2011, que ustedes vulneran sin rubor con su gestión inmoral, inhumana e insolidaria. Paguen, cumplan con sus obligaciones y legislen para la gente, que es en definitiva para lo que les
han sentado en sus escaños.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.


Por el mismo grupo, señora Oramas.

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La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.


Señores diputados, esta proposición no de ley, aunque parezca paradójico, supone un tirón de orejas al Gobierno del Estado y al propio autor de la iniciativa, el Partido Popular, que supongo que cuando registró la misma el pasado mes de
junio supuso que el Ejecutivo cumpliría los plazos. Han pasado cuatro meses desde que concluyó ese plazo en el que el Ejecutivo debería haber remitido un proyecto de ley; proyecto de ley que hasta hoy no ha sido remitido a esta Cámara ni se ha
presentado ni tenemos noticias sobre él. Antes, el diputado del Partido Popular pidió el apoyo de los grupos para dirigirse al Gobierno, que es de su propio partido, una cosa curiosa, ¿no? En cualquier caso, esta situación ha generado desasosiego
entre las asociaciones de personas dependientes, que se quejan de la inacción del Gobierno.


La capacidad jurídica constituye la puerta de acceso al ejercicio de todos los derechos para las personas con discapacidad, por lo que su reconocimiento es un requisito imprescindible para poder ejercer y disfrutar de los derechos en
igualdad de condiciones. El presidente del Comité español de representantes de personas con discapacidad, Cermi, apelaba el pasado mes de agosto a la voluntad política del Gobierno para asumir los cambios normativos que necesitaba la discapacidad.
Dar cumplimiento al artículo 12 conlleva la adopción de modificaciones que consagren el derecho de las personas con discapacidad al reconocimiento de su personalidad jurídica sin que sean objeto de un trato discriminatorio, especialmente en aquellas
situaciones en las cuales puede resultar necesario algún tipo de intervención de terceros. Esta es una cuestión sumamente importante, obligando a una profunda revisión de instituciones tan arraigadas como los complementos de capacidad, los procesos
de la hasta ahora llamada incapacitación judicial y otras figuras jurídicas. Por todo ello creemos que hay que poner plazos. Vamos a apoyar esta proposición, pero lo importante es que el Gobierno lo haga.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Oramas.


Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Pérez Fernández.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Señorías, entenderán ustedes que, al igual que a los grupos que acaban de tomar la palabra, nos resulte por lo menos curioso que el Grupo Parlamentario Popular, el mismo que sustenta al Gobierno, presente una PNL
para instar al propio Gobierno a que cumpla la ley. Sí, a que cumpla la ley, porque era justamente en la Ley 26/2011, de 1 de agosto, en su disposición adicional séptima, en la que se daba un plazo de un año para adaptar nuestro ordenamiento
jurídico y poder cumplir así la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, en vigor en el Estado español desde el año 2008. Es decir, el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a elaborar un proyecto de ley
que ya debía de estar elaborado, que ya debía de estar aprobado y que ya debía de estar en funcionamiento. Digo que es, por lo menos, curioso.


El ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, su capacidad de obrar en igualdad de condiciones a la del resto de las personas es sin duda fundamental desde el punto de vista de los derechos humanos y, desde luego,
aquí no vamos a discrepar. Por tanto, hay que adecuar nuestra normativa a las directrices de la convención sin más dilación.


Nos parece mucho más cuestionable que los derechos de las personas con discapacidad, que ya están perfectamente recogidos e integrados en este momento en nuestra legislación, que no necesitan ningún tipo de adaptación, sigan sin garantizarse
a día de hoy. En el BNG echamos de menos iniciativas del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno en este sentido. Por ejemplo, sigue sin garantizarse el acceso normalizado del alumnado con discapacidad a los recursos educativos, siguen sin
proporcionarse los apoyos necesarios para que la inclusión educativa sea una realidad y siguen faltando recursos para la formación permanente del profesorado.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez Fernández, tiene que finalizar.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Concluyo.


Estamos a favor de los derechos humanos, pero de todos los derechos humanos, señorías, y no de que se promuevan tímidamente algunos y se eliminen contundente y sistemáticamente otros muchos.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez Fernández.


Por el Grupo Vasco, PNV, señora Tapia.

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La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señora presidenta.


Intervengo desde el escaño brevemente. No voy a repetir los argumentos que he comentado previamente porque creemos que los problemas no los tienen las personas con discapacidad, que el problema es nuestro, de la sociedad, que debemos
atender y ser capaces de responder a sus necesidades para recoger su plena integración en igualdad de condiciones. Por tanto, no se trata de reservar unos determinados espacios o determinados servicios, sino de una plena integración.


Nos ha llamado la atención esta PNL traída por el Grupo Popular porque lo lógico hubiera sido, cuando menos, un proyecto de ley con unas partidas económicas que garantizaran su cumplimiento, porque si algo dicen las recomendaciones de la
Convención de la ONU sobre derechos de personas con discapacidad es que reconoce que esa Ley 26/2011 introduce modificaciones y los aspectos que sería necesario poner en marcha, pero sí llama la atención sobre que no se garantizan todavía
situaciones de discriminación de pasajeros en aerolíneas y en transporte público, que no se encuentran plenamente integrados y en igualdad de condiciones. Por tanto, además de adaptar la ley, tenemos que hacerla cumplir y poner los mecanismos
adecuados para que sea una realidad en el menor tiempo posible y las personas con discapacidad se integren plenamente en esta sociedad.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Tapia.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.


No voy a abundar en la reprimenda de los grupos de la oposición al Gobierno por la forma en que se ha traído aquí esta proposición no de ley. Señor Vañó, si usted consigue que el Gobierno cumpla con la ley, felicidades, bienvenido sea. Lo
que sí quiero decir es que nos parece -y lo he dicho a menudo en Comisión- que siempre que se habla de temas de discapacidad debiera sonar una música de pajaritos o violines de fondo porque todo son buenas intenciones, pero luego llegan los
presupuestos y suceden cosas como estas de las que estamos hablando hoy aquí. Hablamos de tres propuestas que tienen que ver con discapacidad, y bienvenidas sean, pero es una lástima que esto tenga que ver con el calendario y no con una voluntad
real de trabajar regular y profundamente en los problemas que tienen las personas con discapacidad o, como diré más tarde, las personas que tienen diversidad funcional. Expreso nuestro apoyo a una iniciativa que viene a cumplir simplemente con lo
que dispone el artículo 12 de la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad. Ya he dicho que es tarde, pero bienvenido sea, señor Vañó.


Las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Esto debiera ser obvio, pero no lo es y por eso estamos hablando aquí de este tema. El comité de seguimiento
apuntaba este incumplimiento del Estado español y recomendaba que se modificaran las leyes en el sentido de sustituir el régimen de toma de decisiones por tutores -que es lo que sucede- por el de asistencia en la toma de decisiones propias de las
personas con discapacidad. Es evidente que el proceso de incapacitación tal y como se desarrolla en la actualidad adolece de una ausencia de flexibilidad y adaptación al caso concreto y a las necesidades y posibilidades individualizadas del sujeto,
cuya capacidad se debe complementar siempre antes que anular, tal y como defendemos desde Unión Progreso y Democracia. Estamos, pues, de acuerdo con que se presente el proyecto de ley lo antes posible y en su debate intentaremos introducir
enmiendas que mejoren la atención personalizada de los intereses de las personas con discapacidad para que no pierdan el ejercicio legítimo y directo de todos aquellos derechos que en cada caso puedan ejercer por sí mismos, dotándoles para ello de
todas las ayudas necesarias y garantizando que solo será sustituida su potestad decisoria en aquellas cuestiones en las que les resulte imposible -repito, imposible- pronunciar su voluntad libre y razonada.


Además, como hemos expresado aquí en múltiples ocasiones, creemos que cuando se presente el mencionado proyecto de ley sería necesario empezar a usar una concepción de discapacidad mucho más avanzada que la que se conoce actualmente en
nuestro ordenamiento, que se refiere, más que a la discapacidad, a la diversidad funcional y que además está más acorde con el término que se usa en muchos otros países del mundo. Señorías, el término discapacidad es un término paraguas que se
utiliza para referirse a los déficits, a las limitaciones en la actividad y a las restricciones en la participación. Además, denota aspectos negativos de la interacción entre la persona con una alteración de la salud y su entorno. Por eso el
término diversidad funcional creemos que se ajusta mucho mejor a una realidad en la que una persona funciona de manera diferente o diversa a la

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mayoría de la sociedad. Este término considera la diferencia de la persona y la falta de respeto de las mayorías, que en sus procesos constructivos, sociales y de entorno no tienen en cuenta la diversidad funcional. Se trata, señorías, no
de ver a la persona diferente como alguien biológicamente imperfecto al que hay que rehabilitar y arreglar para restaurar así unos patrones de normalidad que nunca han existido, que no existen en realidad y que en el futuro es posible que no existan
más por los avances médicos de los que disfrutamos. Se trata, señorías, de dejar de nombrarnos por lo que nos falta, por lo que no podemos o por lo que hemos dejado de hacer.


Gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.


Por La Izquierda Plural, señora De las Heras.


La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidenta.


Señorías, entendemos que se debe adaptar de manera normativa el artículo 12 de la Convención internacional de Naciones Unidas en cuanto al reconocimiento de que las personas con discapacidad deben tener capacidad jurídica en igualdad de
condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida -lo hemos tratado también en la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista- y compartimos el deber de cumplir con los plazos fijados en la Ley 26/2011 -se han pasado ya- para
regular esta materia adaptando la normativa correspondiente que lo haga posible. Ahora bien, tenemos que dejar bien claro que la que no parece clara es la línea a seguir en esa adaptación. En primer lugar, porque la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Popular adolece de consistencia y definición en la propuesta, sabemos que hay que hacer una amplia modificación del ordenamiento jurídico. Y en segundo lugar debemos decir -para que conste- que no compartimos
ni vamos a compartir en absoluto las expresiones que ya hemos oído procedentes del sector de la discapacidad en materia de esterilización y de aborto, donde aludiendo a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad se ha pedido claramente, sin complejos, la eliminación del artículo 156.2 del Código Penal. Quiero decir que aunque el propio Ministerio de Justicia ha desestimado la modificación de este artículo del Código Penal, sí se pretenden
modificaciones en esta materia mediante la Ley de Enjuiciamiento Civil. El derecho español ha avanzado de forma ostensible en la garantía de derechos y hay que afirmar sin reservas que hay que seguir avanzando en muchos aspectos. En concreto,
consideramos que nuestro Código Penal es plenamente garantista en materia de esterilización. Por ello aquí conviene resaltar que la adaptación legislativa concreta que quieran presentarnos no puede en ningún caso significar un retroceso sobre lo ya
alcanzado por nuestra legislación so pretexto de introducir parámetros ideológicos conservadores solapados como igualitarios para implantar criterios morales y religiosos de carácter extrajurídico al regular el ejercicio de los derechos con el fin
último de recortarlos. Asimismo quiero apuntar que, además de la capacidad jurídica en igualdad, ha de velarse por los apoyos y las salvaguardias adecuadas y efectivas, según dice el propio artículo 12 de la Convención internacional.


Por tanto, desde La Izquierda Plural estaremos muy atentos a estos desarrollos normativos, y ya le adelantamos que pondremos todo nuestro empeño para evitar que se restablezca un criterio discriminatorio que anule la libertad real de las
personas con alguna discapacidad, con el único fin de someterlas a un paternalismo sofocante y a la privación de su derecho a disfrutar de una sexualidad plena. No consentiremos en ningún caso que se puedan potenciar condiciones de maternidad
penosa e insostenible para las mujeres con discapacidad con los cambios legislativos que en su caso -ya se lo advertimos- puedan proponernos. Sin perjuicio, no obstante, de que esta circunstancia pueda producirse, desde La Izquierda Plural nos
vamos a abstener a la espera de poder estudiar con detalle el proyecto de ley que emane de la propuesta que hoy presenta el Partido Popular.


En definitiva, señoras y señores del Partido Popular, desde La Izquierda Plural no nos fiamos de ustedes. Esperaremos a que nos traigan ese proyecto de ley, lo estudiaremos y haremos las propuestas oportunas y adecuadas. Por lo tanto, de
momento, nos vamos a abstener.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De Las Heras.


Señor Vañó, tiene la palabra para el simple hecho de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas.


El señor VAÑÓ FERRE: Lo vamos a negociar.

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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Hemos cometido el error de retirarle la mesa al señor Vañó. Me comunica que están negociando las enmiendas. Le ruego, señor Vañó, que antes de la votación nos haga llegar a la Mesa la solución
de este asunto.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA EVITAR EL DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. (Número de expediente 162/000367).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente cuestión, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para evitar el desmantelamiento del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Para la presentación de dicha iniciativa, tiene la palabra el señor Sahuquillo.


El señor SAHUQUILLO GARCÍA: En diciembre de 2006, mediante la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que contó con un amplio consenso social y político, se reconocía un nuevo derecho
de ciudadanía de carácter público y universal, el derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos. Para ello se creó el sistema para la autonomía y atención a la dependencia, que debía
desplegarse de forma gradual hasta 2015, configurándose como una nueva modalidad de protección social que ampliaba y complementaba la acción protectora del Estado y del sistema de la Seguridad Social.


Señorías, lo que reivindicamos hoy es nuestro compromiso de entonces, ante la ya realidad del desmantelamiento de esta Ley de Dependencia que ha iniciado el Gobierno del señor Rajoy. Hasta la llegada del Gobierno de la nación del Partido
Popular la situación era bien distinta de la que hoy hablamos. Así, en noviembre de 2011, cuando el anterior Gobierno presentó la evaluación del sistema de dependencia, un 80,7 % de personas beneficiarias y encuestadas consideraban positiva o muy
positiva la protección de la dependencia. Ahora estas personas se manifiestan en la calle para la defensa de la misma, como sucedió el pasado 2 de diciembre. Hasta noviembre de 2011 el Gobierno socialista invirtió en dependencia 6.993 millones de
euros y, en aquel momento, nos obligábamos a un importante incremento presupuestario por considerarse una auténtica inversión con importantes retornos sociales y económicos, y en ningún caso se podía considerar como un mero gasto. El sistema se
configuraba no solo y principalmente como atención a estas personas vulnerables y desprotegidas que necesitaban de la atención y de ayuda de las administraciones públicas, sino que también se consideraba como uno de los motores del cambio hacia una
nueva economía sostenible, creadora de riqueza y empleo. Un dato: 248.000 empleos. Además, a finales de 2011 se habían incorporado al sistema de la Seguridad Social 171.713 personas como cuidadoras en el ámbito familiar, dentro del convenio
especial que recogía esta figura. Ya sabemos lo que ha hecho el actual Gobierno, señalar a esta figura como una de las responsables de las disfunciones del sistema. Es una injusticia, pues en muchos casos son personas que han renunciado a su
carrera profesional para cuidar a su familiar en situación de dependencia. Incluso pudiendo admitir que en la mayoría de los casos es más adecuada la atención profesional, todos sabemos que esa red de servicios profesionalizados capaz de llegar a
todos no existe en estos momentos y son los familiares quienes, con mucho menos coste, están desempeñando esta labor, porque, además, en algunos casos, la persona en situación de dependencia desea permanecer en su entorno.


Me quiero detener un instante sobre la deuda correspondiente a las cuotas de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, que se liquidará en los Presupuestos Generales del Estado de 2013, porque es una gran mentira que toda esta
deuda se impute a la etapa del Gobierno socialista. Lo que no cuenta el Gobierno es que había cantidades atrasadas correspondientes a liquidaciones definitivas que, por cuestiones de gestión, se realizan a posteriori. Para ello, se suscribían unos
convenios de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Imserso, en virtud de los cuales en cada liquidación se abonaban las cotizaciones devengadas durante el ejercicio anual anterior. Por tanto, más de la mitad de la
supuesta deuda es atribuible al Gobierno del Partido Popular. Por consiguiente, le corresponde al actual Gobierno la liquidación de 2011 este año y la de 2012 el próximo. Lo realmente importante es que, mientras desvían la atención hacia
cuestiones de pura gestión, han tomado la decisión tajante, dramática e injusta de eliminar el derecho a las cotizaciones de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, mayoritariamente mujeres. Eso sí, ante los malos datos del paro y
la bajada de afiliación a la Seguridad Social del mes de noviembre, el ministerio achaca la culpa a esto -lo decía la propia secretaria de Estado-.


Señorías, al Gobierno de Rajoy no le ha temblado el pulso a la hora de meterle mano a la Ley de Dependencia, iniciándose a la semana siguiente de tomar posesión, y en solo doce meses han llevado a

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cabo un proceso de desmantelamiento del sistema de dependencia mediante recortes y modificaciones de diversos preceptos de la ley que han supuesto la eliminación de derechos que estaban disfrutando las personas en situación de dependencia y
la exclusión de miles de beneficiarios. La primera medida, en el Decreto 20/2011, de 30 de diciembre, fue la decisión de paralizar la aplicación del calendario de implantación de la ley, impidiendo a casi 400.000 personas con dependencia moderada
acceder a una prestación o servicio. Posteriormente, en los presupuestos generales de 2012, aprobados en mayo, el Gobierno eliminó la partida del nivel acordado, 283 millones de euros. Luego, el Decreto 20/2012, de 13 de julio, introdujo numerosas
modificaciones, entre las que destacan la supresión de los dos niveles en que se dividía cada grado, la reducción en un 13 % de la aportación del Estado para la financiación del nivel mínimo de protección, la reducción en un 15 % de la prestación
económica por cuidados en el entorno familiar, la mencionada regulación del convenio especial en el sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales. Y en los Presupuestos Generales de 2013 se disminuye la partida correspondiente
al nivel mínimo garantizado en 200 millones y no se reponen los 283 del nivel acordado, suprimidos en 2012. En este mes el Gobierno ha tenido que incorporar, obligado, 117 millones de euros para el nivel mínimo garantizado; y es curioso cómo lo
venden la señora Mato y su amiga De Cospedal, como si se tratase de su especial sensibilidad hacia las personas dependientes.


Señorías del Grupo Parlamentario Popular, para que no crean que solo el Grupo Socialista les reprocha lo que hacen y dicen, les leo lo que comenta la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales: 'La triste demagogia
del ministerio. Analizada la nota de prensa del incremento de los 117 millones de euros, lamentamos profundamente que ante un asunto tan serio y delicado como es este, lejos de tener la prudencia de callar, se intente hacer una venta política tan
desatinada y manipuladora como la realizada. Exigimos pleno respeto a la inteligencia de la ciudadanía, especialmente a las personas dependientes y a sus familias'. Y ayer mismo, ¿sabe lo que decían?: 'Los datos evidencian que el sistema de
dependencia se destruye por inanición; que los fallecimientos financian el déficit del Estado. El retroceso es notorio con respecto al mes anterior, casi 4.000 personas menos con derechos; 2.308 beneficiarios menos; 2.262 grandes dependientes
menos; 146.363 cuidadoras han dejado de cotizar a la Seguridad Social; 101.424 personas pendientes de valoración. La única promesa que va a cumplir el Gobierno de Mariano Rajoy; ya lo advirtió, la Ley de Dependencia es inviable. Con esto ya
estaría todo dicho.


Termino, señorías. El sistema de dependencia está dando cobertura a un número de personas en situación de dependencia muy inferior al que la ley preveía, como consecuencia de la paralización del calendario de implantación y de las
revisiones a la baja. Las personas que están dentro del sistema reciben cada vez peor atención al rebajar las intensidades y las cuantías por debajo de los umbrales de la subsistencia. Hay una tremenda presión en muchas comunidades autónomas que
han convertido el sistema en hostil para el ciudadano: retrasos en los pagos, exigencias de tasas, revisiones de oficio constantes...


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sahuquillo, tiene que finalizar.


El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Termino, presidenta.


... criminalización de la figura del cuidador no profesional, Y casi lo peor de todo es que el Gobierno está haciendo todo ello bajo la excusa de estar asegurando la sostenibilidad del sistema. En fin, en manos de este Parlamento está que
una mayoría instemos al Gobierno a salir de su error y le pidamos que reconduzca la situación. Para ello necesitamos el apoyo del grupo mayoritario, el Grupo Popular. De ustedes depende.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sahuquillo.


Se han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Desde el final de la pasada legislatura y en esta legislatura Convergència i Unió viene también defendiendo la necesidad de que en materia de dependencia se alcance un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas y el conjunto de las
comunidades autónomas para garantizar la sostenibilidad de esta política. Venimos insistiendo en ello a pesar de que, junto con el Partido Nacionalista Vasco y entonces Nafarroa Bai, nos opusimos a esa ley por diversas razones. El éxito que hemos
tenido hasta ahora en esa

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pretensión ha sido bien escaso. Incluso pactamos con el Partido Popular una moción que defendía ese acuerdo, pero lo cierto es que al cabo de muy pocas semanas, incluso muy pocos días después de la aprobación de esa moción, el Gobierno optó
por una modificación de la Ley de Dependencia sin el consenso, al menos, de Convergència i Unió, que no participó para nada en aquella decisión que tomó el Gobierno, y con un rechazo por parte de las comunidades autónomas que no eran gobernadas por
el Partido Popular. Esa idea del consenso creo que parte de cuatro evidencias que estoy seguro de que los grupos durante este debate van a expresar. Son cuatro evidencias que son también cuatro coincidencias. En primer lugar, que el conjunto del
Estado español, como el resto de las sociedades europeas, tiene un reto al que hacer frente que es el reto del envejecimiento y que implica, entre otras cosas, construir políticas públicas que den respuesta a lo que se denominan los cuidados de
larga duración y que implica, por tanto, la necesidad de desarrollar políticas en este ámbito. En segundo lugar, que esas políticas deben de poner el acento en la calidad de vida de las personas. En tercer lugar, que esas políticas deben de dar
respuesta también a los problemas de la vida cotidiana de aquellas personas que tienen familiares dependientes a su cargo, ese rompecabezas de la vida cotidiana que hoy no puede encontrar solución en la vieja manera de hacer frente a los problemas
de la dependencia que era la atención fundamentalmente por la vía de esposas, hijas, hermanas y nueras y que, por tanto, exige una política fundamentada en los servicios. Y además estamos ante la evidencia -y el consenso, insisto- de que este
sector de la atención a las personas es un sector generador de empleo, y si en los próximos años de verdad alcanzásemos ese consenso, en cualquier política de recuperación económica y de creación de empleo deberíamos de poner el acento en el
desarrollo de las políticas de atención a la dependencia. Esos son cuatro elementos que todos compartimos y que deberían de obligar de alguna manera a constituir una política pública del Gobierno, de los grupos de la Cámara, de las comunidades
autónomas, orientada en esta dirección. A pesar de que algunos, al menos nosotros, mantenemos aquellas discrepancias que ya expresábamos en la discusión de la Ley de Dependencia cuando se aprobó. Me refiero a las cuestiones vinculadas a la
invasión competencial de esta legislación, a la mala financiación para las comunidades autónomas que se oponían a esa ley y que el tiempo ha venido a agravar. Afirmábamos en los debates parlamentarios en su momento que este mecanismo de
financiación que contemplaba la ley iba a ahogar a las comunidades autónomas, a su capacidad de dar respuesta a las necesidades de las personas dependientes y de sus familias, y en esta crisis lo estamos viviendo. Y las decisiones que ha tomado el
Gobierno en este ámbito han agravado esa asfixia financiera cuya consecuencia principal es una menor atención a las personas dependientes. Y, finalmente, que aquella ley defendía un modelo de estructuración de la atención a la dependencia más
propio de los años ochenta que de las necesidades de una sociedad moderna como la española de principios del siglo XXI.


Lo que es cierto es que en la nueva legislatura los consensos no se han concretado, estas mociones no se han concretado, y la política del Gobierno está siendo una política que mantiene el esquema de la ley aprobada por el Gobierno
socialista pero recortada; una mala ley recortada.


Señorías, nosotros vamos a apoyar la moción que se va a someter a votación. Lo vamos a hacer desde la convicción de que va a suceder aquello que sucedió en la Comisión de Sanidad de hace unos días, que es que la mayoría va a rechazar esta
moción. Sin embargo, pedimos un cambio urgente de la política del Gobierno en esta materia, porque lo que es seguro que no va a haber es una marcha atrás. No puede haber una pretensión de hacer frente a las necesidades de atención...


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Campuzano, tiene que finalizar.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino.


... de las personas dependientes con el modelo antiguo de atención desde la informalidad a través de las familias. No hay vuelta atrás y, por tanto, hay que saber que construir la política que en los próximos años vamos a necesitar en esta
materia.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Camarero.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, nos trae el Grupo Socialista una iniciativa que ya debatimos, como acaba de decir el señor Campuzano, hace apenas quince días en Comisión y, en consecuencia, sin ningún ánimo de encontrar

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soluciones sino con el único objetivo marcado desde el principio de legislatura de hacer de la dependencia un medio de desgaste, un medio de erosión del Gobierno, de utilizar en beneficio propio a un colectivo que merece nuestro respeto,
nuestro apoyo y nuestra comprensión. Aunque sé que para el Grupo Socialista la demagogia está por encima de todo, voy a intentar esta tarde hacer un poco de pedagogía y explicar algunas de las cuestiones planteadas.


En primer lugar, es una iniciativa -ya lo dijimos en la Comisión- desfasada. Piden ustedes una reforma que se produjo en el mes de julio con dos objetivos fundamentales. En primer lugar, dar prioridad a la valoración, al reconocimiento y a
la atención de los grandes dependientes y, en segundo lugar, consolidar una red pública de servicios sociales que favorezcan la sostenibilidad del sistema y que además genere puestos de trabajo. Porque este Gobierno trabaja, señorías, sin descanso
para salvar el sistema de dependencia; un sistema colapsado, agónico y en estado terminal tras cinco años de una pésima gestión del Gobierno socialista. Tenemos que hablar de empleo cuando hablamos de dependencia, porque una de las deficiencias de
la Ley de Dependencia ha sido la nula capacidad para crear puestos de trabajo, a pesar de las expectativas generadas. Durante estos cinco años de desarrollo de la ley se han destruido empleos. Hay que recordar que solo en 2011 se destruyeron más
de 8.000 puestos de trabajo. Además, a través de la figura del cuidador familiar -que ustedes, señores del Partido Socialista, generalizaron- no se crea empleo, puesto que no perciben salario, sino solo una prestación económica, cuyo beneficiario,
señorías, es el dependiente, no el cuidador y que la ley estableció, recordemos, como excepcional. Este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, lo que pretende es simple y sencillamente cumplir la ley. Quiere que sean las profesionales y los
profesionales los que cuiden a los dependientes. En este doble lenguaje suyo, señorías del Partido Socialista, señor Sahuquillo, dicen que perjudicamos a las mujeres. Señorías, lo que no queremos es que sean las mujeres las que se hagan cargo del
cuidado de los mayores, ni de sus padres ni de sus suegros. Lo que queremos es dar todas las oportunidades a las mujeres que quieran para que puedan acceder al mercado laboral, no obligarlas a quedarse en casa al cuidado de los mayores. ¿Pero qué
pretenden ustedes, señorías del Partido Socialista? ¿Qué sean las mujeres las que cuiden a los mayores? ¿Es este su concepto de igualdad, es esta su justicia? Desde luego, la nuestra no. Ustedes, señorías socialistas, que dejaron los cajones
llenos de deudas -volvemos a recordar los más de 1.000 millones de euros de deuda a las cuotas a la Seguridad Social a los que tiene que hacer frente este Gobierno-, cómo tienen hoy la desfachatez de venir hoy a pedir cuentas. Deberían tener un
poco de vergüenza y aparcar sus eslóganes y la demagogia después de la ruina en la que han dejado no solo a los dependientes, sino al resto de los españoles.


Si quieren hablamos de recortes, señorías, porque el mayor recorte en la dependencia fue el realizado por el Gobierno socialista en junio de 2010 al eliminar la retroactividad en la percepción de las ayudas por parte de los beneficiarios,
sin ningún tipo de aviso previo, sin pacto ni consenso, como ustedes gobernaron durante ocho largos y tristes años: sin criterio, sin consenso y sin sentido. Es cierto, señorías, que este Gobierno ha decidido priorizar el nivel mínimo, que va
directa y objetivamente a las comunidades autónomas en función del número de dependientes y de sus necesidades, y prescindir del nivel convenido que se concibió -y vamos a recordarlo y hablar claro por una vez- con carácter transitorio para la
puesta en marcha del sistema sin una cuantía determinada en la ley y que ha sido destinado en los últimos años de Gobierno socialista para dar a algunas comunidades de forma discrecional, mientras permitían que algunas otras comunidades menos amigas
tuvieran que hacer frente al 80 % de los gastos de la dependencia. Por tanto, el nivel mínimo, que es más justo y más equitativo, no solamente se ha ido incrementando en los Presupuestos Generales del Estado, sino que el pasado Consejo de Ministros
del día 30 de noviembre incrementó 117 millones más ante la entrada en el sistema de 21.200 nuevos beneficiaros. Es decir, con este Gobierno, con el Gobierno del Partido Popular, hay 1.405 millones dedicados a la dependencia, 119 millones más que
en 2011 con el Gobierno socialista. Ustedes recortaron el crédito a las comunidades autónomas y el Gobierno del Partido Popular se lo ha incrementado. Esa es la realidad y estas son las cifras. Se lo hemos dicho muchas veces, el 75 % del
presupuesto del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales está dedicado a la dependencia y con ustedes el 56 %. Lo demás, demagogia y palabras.


Ha hablado, señor Sahuquillo, del número de dependientes y yo quiero hablar de las listas de espera. Con ustedes 300.000 dependientes en lista de espera, repito, 300.000 dependientes en lista de espera. Este Gobierno, en solo un año, ha
recortado en 75.000 el número de dependientes en esas listas de espera. Porque esta ley, aunque les pese, está viva, más viva que nunca. Si quiere consenso, señor Sahuquillo, le invito a votar favorablemente nuestra enmienda. Nuestra voluntad es
seguir trabajando en

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la reforma de la financiación del sistema, para garantizar su viabilidad, reforzando los derechos individuales de los dependientes, todo ello de acuerdo, evidentemente, con el Consejo territorial de servicios sociales y del sistema de
dependencia y contando con todos los órganos consultivos, como marca la propia ley.


Para finalizar, quiero decirles que, aceptando las críticas de todos los grupos parlamentarios, también de los que se mantuvieron rendidos, complacientes y silentes ante los Gobiernos del Partido Socialista, nosotros, este Gobierno, seguirá
con el rumbo marcado, con el claro objetivo de lograr un sistema de dependencia en toda España justo, sostenible, eficiente y transparente. Porque la realidad es que con el Gobierno del Partido Popular, con la dependencia, ni desmantelamiento, ni
demolición, ni desaparición; sí consolidación, sí reactivación y sí garantía de presente y de futuro. Señor Sahuquillo, un último consejo: menos agitar y más ayudar a este Gobierno a mejorar un sistema que nos dimos entre todos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Camarero.


Pasamos a la fijación de posiciones, que vamos a iniciar con el Grupo Mixto. En primer lugar, señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: (Comienza su intervención en valenciano).


Compartimos la inquietud que sustenta esta PNL. El PP se está dedicando a desmantelar el sistema de apoyo a la dependencia que tanto costó construir y que, les recuerdo, contó con su voto favorable. Cuando se gobierna hay que elegir a
quién se apoya y a quién se deja en la estacada, y los reales decretos aprobados por el PP lo dejan muy claro; ustedes permiten un freno de dos años a la tramitación de las peticiones; ustedes amparan la insumisión a la ley por los Gobiernos
autonómicos del Partido Popular; ustedes aprueban la desaparición de 283 millones de euros del presupuesto destinado a las autonomías para que apliquen la Ley de Dependencia, y ustedes consagran el fin de la cotización que realizaba el Imserso a la
Seguridad Social por estos cuidadores no profesionales, la mayoría mujeres y familiares de los dependientes. Está claro que están dejando en la estacada a los dependientes y a sus familias. Ustedes han implantado lo que llaman el copago y nosotros
decimos pagar dos veces por lo mismo. Un copago para los dependientes con rentas superiores a 532 euros mensuales o 6.300 anuales; un copago para los discapacitados que hasta ahora estaban exentos y el copago que puede llegar hasta el 90 % del
precio del servicio de atención. Han reducido el dinero para prestaciones en un 15 % para las personas que se ocupen de cuidar a un familiar y que afecta a más de 400.000 personas, y los pagos retroactivos de la prestación quedan restringidos.
Hasta ahora, se podían reclamar pagos atrasados a partir de los seis meses de su reconocimiento, ahora solo podrán reclamarse cuando la Administración tarde más de dos años en empezar a pagar. La financiación del sistema es más escasa. El nivel
mínimo de financiación se reduce al 13 %, al que hay que sumar el recorte anterior de 283 millones. Por último, los dependientes moderados no tendrán acceso al sistema de dependencia hasta 2015, y en mi tierra, donde el PP gobierna desde el lejano
1995, diecisiete años, me he quedado alucinado con la intervención de la diputada del Partido Popular valenciano. Los incumplimientos se multiplican. La Generalitat Valenciana lleva tres y cuatro años de retraso para aprobar los planes
individualizados de atención. La gente fallece sin recibir ese PIA, y cuando los herederos reclaman les contestan que como han fallecido no tienen derecho a nada. Por eso ya no resuelven peticiones, simplemente esperan a que fallezcan. Niegan la
retroactividad obligando a la gente a ir a los tribunales. En definitiva, es evidente que las prioridades del Partido Popular son otras, y contra eso tendremos que luchar hasta que cambien sus políticas o hasta que cambiemos de Gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.


Por el mismo grupo, señora Pérez Fernández.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: El Gobierno del Partido Popular se ha venido caracterizando en este escaso año de Gobierno por el desmantelamiento del sistema de bienestar y por los continuos recortes presupuestarios en este ámbito, que suponen
una pérdida de derechos para la ciudadanía, mayores cuotas de desigualdad e incremento de personas en situación de pobreza y exclusión social. A pesar de la propaganda gubernamental, interesada en resaltar que blinda el gasto social, y a pesar de
las sistemáticas y evidentes restricciones presupuestarias, los recortes fueron muy superiores porcentualmente a los de otros ministerios como Defensa o Interior. Y las consecuencias son, ya lo están siendo, gravísimas: miles de personas
dependientes con derecho a prestación sin que esta se esté haciendo efectiva. Galicia

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es la segunda comunidad con mayor lista de espera en todo el Estado. Paralelamente, el copago de los servicios por parte de los usuarios se ha aumentado considerablemente. Está claro, efectivamente, que las políticas sociales no
constituyen la prioridad del Partido Popular. El financiamiento de la Ley de Dependencia y su incipiente desenvolvimiento es cada vez menor. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen cada vez más dificultad para desenvolver sus propias
competencias, y esto está abocando a miles de personas a quedar sin un servicio que hasta ahora tenían y, desde luego en muchos casos, como acabo de decir, a no poder disfrutarlo a pesar de que lo tienen reconocido.


Nosotros vamos a apoyar la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y, señores del Partido Popular, nos van a tener en frente cada vez que quieran realizar recortes y disminución en el gasto social, como vienen haciendo sistemáticamente
en los últimos meses.


Gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez Fernández.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Señora Camarero, he escuchado con atención su intervención y me da la impresión de que no le he entendido bien lo que quiere decir. Usted ha empezado afirmando que la Ley de Dependencia está más viva que nunca. Bueno, por lo pronto está
suspendida; no es un concepto sinónimo de vivencia. Pero, además, conocemos la propuesta de reformas enviadas a la Comisión Europea por su Gobierno del 2012 al 2014 donde se demora la incorporación de los dependientes de grado I hasta el 2014. En
2015 tenía que haber acabado, mediante el régimen de tracto sucesivo en aplicación de esta ley, la incorporación de todos los dependientes. Señoría, los que no están vivos tampoco son los 600 dependientes de su comunidad autónoma que han fallecido
teniendo reconocido el derecho a la prestación o prestaciones o a las ayudas sin haberlas recibido. No están vivos tampoco, perdone que se lo diga. Si le parece cruda la expresión, se corresponde exactamente con la realidad y lo siento si le
parece dura porque sabe el afecto que yo le profeso. Lo que no está vivo tampoco, o está menos vivo que nunca, es la profesionalización de la atención a las personas dependientes a las que se les ha privado de la cotización a la Seguridad Social.
Las que trabajaban a tiempo parcial sí, las 145.000 que trabajaban a tiempo parcial por las cuales ya no se va a poder cotizar al sistema público de pensiones y generar, a través de la carrera del seguro correspondiente, una pensión.


El señor Campuzano le ha dicho una cosa importante. Nosotros nunca creímos demasiado en esta ley, por varias razones. Primero, porque no había habilitación. El Estado no tenía habilitación competencial para regular esta materia. Segundo,
porque en 2015 en el régimen de tracto sucesivo de aplicación se iba a acabar de incorporar al ámbito de protección subjetivo de esta ley a todos los dependientes previstos, no se iba a llegar al nivel de protección que ya las diputaciones forales
antes del año 2006 tenían previstas en sus competencias forales, como las tenían algunas comunidades autónomas muy comprometidas en sus servicios o con servicios sociales potentes y muy comprometidas con los problemas de las personas carentes de
autonomía personal. Y en tercer lugar, porque ustedes utilizaron aquí un derecho deletéreo, sin ningún tipo de referencia constitucional, al que utilizaron para calificarlo como un derecho de ciudadanía, que es la típica expresión que no se
corresponde con ninguno de los tipos de derechos o de los tipos jurídicos o de las referencias jurídicas relevantes que el ordenamiento jurídico prevé y a los que ustedes denominan por carecer de otra referencia -recordarán en el debate que nosotros
solicitamos su incorporación como un derecho de Seguridad Social previsto en el artículo 41- derecho de ciudadanía, que es un derecho que todavía algunos estamos esperando que la doctrina científica, ya que no en el ámbito parlamentario, defina o
identifique qué tipo o cuál es la naturaleza jurídica de un derecho de estas características. Por estas razones no nos gustó nunca la ley, pero la ley se aprobó, y cuando una ley se aprueba se tiene que aplicar. Es un requerimiento del artículo
9.3 de la Constitución, principio de legalidad, y la ley no se está aplicando, señora Camarero, y no se está aplicando por decisiones gubernamentales del Gobierno que usted representa. Esto está provocando problemas de una doble naturaleza:
frustración de expectativas generadas, frustración de derechos generados y sobre todo el feedback de rentabilidades económicas que la contratación de personas, incluso familiares, por una enmienda presentada por su grupo parlamentario, que puedan
dedicarse a la atención de los dependientes podía provocar. Desde esa perspectiva, nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley por las razones indicadas: porque la ley no se aprueba, porque la ley no se aplica, porque la ley está
suspendida, porque se ha demorado la calificación, incluso la calificación

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de los dependientes moderados, más de 400.000 personas que ya tendrían que haber sido calificadas -no me diga que no, porque usted sabe que es que sí-, por la demora aprobada por su Gobierno, y porque desde esa perspectiva una ley que está
vigente y una ley que está aprobada por un número importante de grupos parlamentarios de esta Cámara debe ser objeto de aplicación.


Yo antes, en el primer debate, en la iniciativa legislativa popular que se ha presentado, he hecho una invocación a la falta de soberanía económica que afecta al Gobierno español en estos momentos. Tengo la impresión de que aquí estamos
hablando también de la carencia absoluta, de falta de soberanía económica, porque estas disposiciones relativas a esa trasmutación de las fuentes del derecho en una única fuente -como un ministro de su Gobierno ha comentado-, como única fuente
legitimadora de creación de derechos, de generación de derechos o de generación de ordenamiento jurídico, que es el ahorro y es el recorte -y eso ha sido dicho así-, no las podemos compartir, no las podemos compartir porque vulneran los valores
superiores...


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, tiene que finalizar.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, acabo ya, señora presidenta.


... vulneran los valores superiores previstos en el preámbulo y en el título preliminar de la Constitución. A eso estamos jugando, señora Camarero, no nos engañemos. El ahorro es la única fuente de derecho que ustedes reconocen. Usted
puede realizar toda la retórica estadística que le dé la gana, y también el Partido Socialista puede realizar toda la retórica estadística que le dé la gana: quién ha hecho más, quién ha hecho menos. Nosotros sabemos qué está sucediendo en la
actualidad, y lo que está sucediendo en la actualidad es que se está incumpliendo una ley.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Y cuando una ley se está incumpliendo, nosotros tenemos que votar a favor de las tesis de los que preconizan el cumplimiento de la ley.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.


Voy a intentar abstenerme de la pelea bipartidista. La realidad es que es responsabilidad de ambos, del Partido Socialista y del Partido Popular, la situación del colectivo de dependencia: por crear una ley y no dotarla, por parte del
Partido Socialista; o de un Partido Popular, que gobierna ahora, que ya lo hacía en muchas comunidades autónomas y que dice respetar al colectivo -lo decía la señora Camarero-, pero mientras va recortando y -usted sabe de lo que hablamos porque
somos ambos valencianos- no paga lo que debe. La Lapad supuso el mayor avance en materia de protección social en España en los últimos quince años, generando derechos subjetivos y promoviendo la evaluación de más de un millón de personas en
situación de dependencia, de los que 760.000 ya son beneficiarios de una prestación o de un servicio. Sin embargo, cuando el sistema de atención a la dependencia debiera haber alcanzado su madurez, al cumplirse más de un lustro desde que fue
aprobado, está sufriendo un acusado proceso de deterioro, que amenaza realmente con arruinar todas las expectativas y el potencial que durante estos años ha generado en atención a las personas en situación de dependencia y en la creación de empleo.
Este sistema además está siendo aniquilado, señorías, a golpe de real decreto, generando inseguridad en las personas, en las instituciones e incluso en las empresas que operan en el sector, y a ello se le une la persistencia y el agravamiento de
algunos de los problemas estructurales de este sistema, en particular la inequidad entre territorios autónomos. El señor Olabarría aludía hace poco, en cierta forma, a las ventajas que tienen las personas con dependencia o quienes trabajan para
ellas donde él vive. Ya quisiera yo tener las ventajas fiscales que tiene el señor Olabarría en el País Vasco para poder decir lo mismo en la Comunidad Valenciana; esa desigualdad que nosotros repetimos y que solo nosotros decimos desde aquí
arriba.


Los problemas al aplicarse la ley, lejos de solucionarse, se están viendo agravados, señorías, en los últimos tiempos a través de medidas que suponen una derogación encubierta de la ley con recortes durante los años 2010 y también durante el
2011 realizados además por Gobiernos de distinto signo, que han dejado al sistema en su mínima expresión, reduciendo sus costes y anulando el impulso de modernización del Estado que la Lapad pretendía con sus beneficios en la protección social y
calidad de

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vida de las personas en situación de dependencia y sus familias y también en convergencia con los países de nuestro entorno en cuanto al modelo económico y la generación de empleo. La PNL presentada en julio de este año hace referencia a
las primeras medidas que llevó a cabo el Gobierno nada más llegar al poder -la paralización del calendario de aplicación de la ley y el recorte en los presupuestos para 2012 en las partidas dedicadas a la dependencia-, pero -y esto es curioso-, no
se menciona, por ser su aprobación posterior, una tercera medida que para nosotros ha sido, señorías, letal para los derechos de las personas en situación de dependencia y que es el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado el 14 de julio de 2012 que, en lo que se refiere al sistema de atención a la dependencia, contiene medidas que restringen gravemente los derechos fundamentales de las personas
más vulnerables y especialmente de las personas dependientes, sus familiares y los profesionales del sector de los servicios sociales. Entre esas medidas adoptadas nos gustaría destacar como especialmente graves las siguientes: primero, se
establece una ampliación, señorías, de dos años en el plazo para resolver ayudas. Esto va a provocar que miles de dependientes fallezcan sin atención, dado que tres de cada cuatro beneficiarios son mayores de sesenta y cinco años y el 54 % mayores
de ochenta años. En segundo lugar, se incrementan las aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre las prestaciones a recibir, llevando al límite la capacidad económica de las familias; el copago eleva sensiblemente las aportaciones, hecho
que afectará al patrimonio de las personas dependientes provocando un empobrecimiento de las familias. En tercer lugar, se eliminan las compatibilidades entre servicios, lo que impide la complementariedad de las prestaciones, tan imprescindibles en
muchos casos, y la necesaria flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes. Se reduce la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15 %. Este recorte afecta a 435.180 personas que verán
reducidas las prestaciones que reciben una media de 55 euros al mes. Además, el Estado deja de financiar la Seguridad Social de los cuidadores familiares, lo que afecta a 180.000 personas, de las cuales el 94 %, señorías, son mujeres. En materia
de financiación del sistema, se reduce el nivel mínimo en más de un 13 %. A los 283 millones recortados del nivel acordado hay que añadir otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo garantizado y 227 millones más de cuotas de Seguridad
Social de cuidadores que se dejarán de abonar. Todas estas medidas -no quiero seguir- suponen de manera inmediata un recorte de 1.000 millones de euros y la desatención de más de 270.000 personas. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


No tengo tiempo y no voy a continuar, pero nos parece inverosímil que unos recortes de tal magnitud se hayan llevado a cabo vía decreto-ley. Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, pero también pedimos que se mencione la derogación del
aludido real decreto, ya que con todas estas medidas se está poniendo en peligro la situación de millones de personas que pueden caer en la exclusión social.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.


Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señorías del Partido Popular, salvo que ustedes sean como esas figuras que se tapan ojos, boca y orejas, han tenido que oír en estos días, por supuesto, la gran manifestación que hubo en las calles madrileñas en la
que miles de profesionales, familias y dependientes clamaban por la recuperación de derechos que se reconocen en la mencionada ley. Clamaban por la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores informales, por la percepción
que han de percibir los discapacitados o dependientes en este caso, pasando también por la valoración de la misma.


Señorías, hasta Valle-Inclán quedaría sorprendido ante la esperpéntica situación que estamos viviendo en este y en otros campos relacionados con las políticas sociales. Por un lado, en la Comisión creada al efecto en esta Cámara, el
director general de Apoyo a la Discapacidad se declara entusiasmado con su trabajo y se muestra esperanzado pese a las dificultades que sin duda hay. Por otro lado, el secretario de Estado de Servicios Sociales califica de carga la cotización a la
Seguridad Social por parte del Estado de los cuidadores de los dependientes. Dos altos cargos de la Administración, uno habla de esperanza y el otro de carga. Porque, si bien es cierto que no todos los discapacitados y discapacitadas son
dependientes, no lo es menos que muchos de ellos y de ellas sí lo son. Por tanto, ambos se referían a lo mismo, los dos, al menos aparentemente, con visiones diferentes. Por cierto, ¿ahora les ha entrado a ustedes, señorías del Partido Popular, el
furor feminista? ¿Ahora? ¿Ahora, cuando se cierran centros, se suprimen servicios públicos, ahora hablan ustedes del papel de las mujeres en el cuidado de los

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dependientes? ¿Ahora hablan ustedes de eso? ¿Y antes qué pensaban? ¿Y qué piensan ahora cuando cierran ustedes escuelas infantiles, cuando cierran centros donde puedan ser atendidos mayores y menores en situaciones de gravedad? ¿Qué
hacen ustedes ahora? ¿Ya no se acuerdan de ellos? ¿O se acuerdan solo cuando les interesa?


Estamos convencidos -y vuelvo a lo que decía anteriormente- de que el señor Moreno ha volcado un jarro de agua fría, helada diríamos nosotros, sobre el entusiasmo del señor Tremiño. Tanto mi grupo como yo le pediríamos a este último que se
uniera a esas miles de voces que dicen que no se puede considerar carga que más de 150.000 cuidadores familiares, efectivamente la mayoría mujeres -efectivamente, la mayoría mujeres-, no tengan cubiertos sus derechos como trabajadores, que no les
consideran siquiera trabajadores, que ni siquiera les consideren eso. Ahora se acuerda del Estatuto de los Trabajadores este señor secretario de Estado, y en otras ocasiones se olvida de dicho estatuto. Que le diga igualmente al secretario de
Estado como a los diferentes presidentes de comunidades autónomas donde ustedes gobiernan y están recortando, que tienen derechos estos ciudadanos con capacidades diferentes, que tienen derecho de ciudadanía, que no pueden ser ignorados, que es
indignante que a día de hoy haya familias al borde de la exclusión, de la desesperación por la falta de esas ayudas, porque a muchos de sus familiares les han rebajado también la valoración en dependencia. Si ustedes quiere saber más al respecto no
tienen más que llamar a su secretaria de organización, que además es presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, donde se están produciendo estos hechos. Ya sé que parece que no les interesa, pero eso es una realidad. Sobre todo es aberrante
que se refugien en la crisis para reducir, recortar y expulsar socialmente a miles de personas en nuestro país.


Señorías, hay cuestiones que en su momento incluimos en la ley mencionada, en la Ley de Apoyo a la Dependencia. Es verdad que planteamos enmiendas al respecto, pero una vez que esta ley está aprobada, la obligación de los sucesivos
Gobiernos es cumplirla y hacerla cumplir. La obligación, por tanto, de este Gobierno no pasa por descapitalizar las ayudas a la dependencia y sin embargo, insisto, es lo que ustedes están haciendo. La obligación de este Gobierno es cumplir con el
compromiso adquirido con los ciudadanos y ciudadanas, y si no es capaz de cumplir con eso, señorías del Partido Popular -se lo tengo que decir a ustedes para que ustedes se lo transmitan al Gobierno, claro, no queda otra manera porque aquí no hay
nadie del Ejecutivo-, si el Gobierno no es capaz de cumplir con sus obligaciones, la obligación del Gobierno es muy clara y muy sencilla: dimitir.


Finalizo con dos cuestiones. Primero, vamos a apoyar la proposición no de ley del Grupo Socialista y, segundo, he de recordar una vez más desde esta tribuna algo que algún portavoz ya ha mencionado antes pero que nosotros queremos recordar:
la persona dependiente no quiere limosna, quiere y exige derechos, por ello se han manifestado en la calle, aunque parece ser que ustedes no lo han oído, y por ello debemos trabajar en esta Cámara, que ustedes tampoco lo oyen porque desde luego
están haciendo todo lo contrario a dar más derechos a las personas dependientes porque lo que están haciendo, insisto, es quitárselo en la mayoría de las comunidades donde ustedes gobiernan. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Álvarez.


Señor Sahuquillo, tiene la palabra a los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas.


El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Estamos negociando un texto transaccional, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA Y VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA A LA PROMOCIÓN DENTRO DE LA ESTRATEGIA
DE SALUD MENTAL DE ACCIONES PARA UNA REDEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO. (Número de expediente 162/000461).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera proposición no de ley de los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Catalán de Convergència i Unió, de La Izquierda Plural, de UPyD, y Vasco, PNV, relativa a la promoción, dentro de la
estrategia de salud mental, de acciones para una redefinición de los objetivos y acciones de prevención del suicidio. El orden de intervención será de menor a mayor. Como todos la defienden figura que cada portavoz tiene siete minutos, pero a su
vez, como hay una coincidencia en la proposición, rogaría a los portavoces que, aun teniendo derecho a esos siete minutos, en lo posible no los utilizaran completos. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Es una proposición colectiva la que se va a defender en este momento, pero su autoría tiene nombre y apellidos, Rosa Díez, a la que quiero felicitar por la pertinencia y lucidez en la exposición de esta iniciativa, señor presidente, porque
no son muy frecuentes las coincidencias de esta naturaleza con el grupo proponente, y no quiero dejar de destacar que en este momento merita ponerlas de relieve. Hace referencia al suicido, que es una realidad invisible o invisibilizada por las
instituciones públicas y por los sistemas sanitarios. No forma parte de las prioridades políticas de ningún partido, pero es una patología con la que convivimos en una sociedad terriblemente compleja donde a los suicidios hay que incorporarles
elementos multidisciplinares y problemas muy complejos de diferente naturaleza. Unos son biológicos; otros son psicológicos, interpersonales, colectivos, intrapsíquicos, conscientes e inconscientes, culturales, sociológicos, filosóficos y morales.
Esto ya acredita, señor presidente, la dimensión del problema que pretendemos afrontar, y se hace de forma correctamente sistematizada con esta iniciativa parlamentaria por primera vez, según la memoria de este diputado, que tiene ya luenga
experiencia en esta Cámara. No conocemos exactamente cuáles son los datos de suicido que se corresponden con esta patología más que los datos del año 2009 del Instituto Nacional de Estadística en los que se indicaba la cifra de 3.429 personas. Los
suicidios son muchos más porque están vinculados a otras circunstancias. Hay muchos accidentes de tráfico que no son tales sino suicidios en los que se utiliza el vehículo de motor para proceder a acabar con la vida de una persona por las razones
que fueran.


Hay un suicidio invisibilizado y además está muy bien estructurada la priorización de colectivos de riesgo, empezando por el centro de escolares, que es el dimanante del acoso escolar, que produce, según el profesor Jorge Srabestein -es la
única persona que ha realizado una aproximación empírica razonable, científicamente coherente a esta fenomenología del acoso en los centros escolares -, entre cincuenta y cien suicidios todos los años en nuestros centros escolares por esta razón,
por el acoso escolar, muchas veces explícito y otras muchas implícito. Paradojas de la vida, señor presidente, el suicidio por razones de acoso escolar no se produce nunca en la escuela pública sino en la escuela privada o en aquellas escuelas
donde hay un elemento aglutinante de carácter religioso o ideológico en el que la diferencia es preterida, y la diferencia produce aislamiento, acoso y suicidios. Me gustaría realizar esta mención porque está muy bien definida por el profesor al
que nos hemos referido. En las instituciones penitenciarias hay otra patología que debemos afrontar, puesto que las instituciones penitenciarias en virtud del contenido esencial del artículo 25 de la Constitución están previstas para regenerar y
resocializar a los penados, pero la incidencia de suicidios va de forma diametralmente divergente a esta pretensión del precepto constitucional citado. Por último están las residencias geriátricas. La vinculación del suicidio a patologías como el
alcoholismo o las enfermedades mentales es clara, un 90 % de incidencias, y las fórmulas propuestas para atenuar una patología -imposible erradicar, pero sí atenuar- en una sociedad tan compleja como en la que vivimos nos parecen particularmente
pertinentes.


Quizá nos debemos felicitar todos los grupos parlamentarios que hemos firmado esta proposición, pero yo quiero felicitar personalmente a la señora Díez, cuya iniciativa y autoría es perfectamente visible y manifiesta. Por tanto, señor
presidente, creo que vamos a hacer un buen trabajo en relación con esta iniciativa parlamentaria.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría. Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


Quiero empezar por agradecer al señor Olabarría sus generosas palabras a la vez que le digo que a lo mejor a veces exageramos los desacuerdos. Soy de las que piensa que hay muchas más cosas que nos unen que las que nos diferencian, y estas
últimas no tienen que ser las que nos separen. El ejercicio que vamos a hacer con esta iniciativa, con esta proposición no de ley, es un buen ejemplo de que cuando insistimos, queremos y dejamos de lado las siglas somos muy capaces de ponernos de
acuerdo en lo que consideramos justo para todos. Esta es una de esas iniciativas que como la presentamos conjuntamente podría no parecer importante, pero lo es precisamente porque hemos sido capaces de ponernos de acuerdo sobre ella.


Quiero confesarles que me acerqué a esta dramática y oculta realidad gracias al trabajo documental que llevó a cabo una amiga mía, Beatriz Becerra, para escribir su tercera novela. Hace más de un año un día me dijo: Estoy escribiendo una
novela sobre el suicidio infantil, y para conseguir los datos me he

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documentado y he encontrado una realidad tremenda. Me acerqué a esa novela que se titula La estirpe de los niños infelices a través de la documentación y pude conocer los datos de los que, como decía el señor Olabarría, no disponemos en su
conjunto. No los tenemos exactamente porque se habla muy poco del suicidio en general y mucho menos del suicidio de niños y de adolescentes. Tenemos solo datos oficiales que ocultan los datos reales. No tenemos datos reales y se habla poco de
este asunto, no solo pública sino políticamente, como estamos haciendo ahora, porque es de esas cuestiones que nos da miedo abordar públicamente porque tememos las consecuencias. Es de esos pocos asuntos en los que se mantiene el tabú y no se ha
rasgado el velo.


A lo largo de los años de democracia hemos roto muchos tabúes y muchas invisibilidades, desde la de las mujeres que sufren malos tratos a la de las víctimas del terrorismo -por hablar de algo que nos es muy cercano al señor Olabarría y a
mí-, hasta la invisibilidad de enfermedades como el sida o el cáncer, de las que no se hablaba y que ahora afortunadamente son visibles y todos hablamos de ellas. Como hemos hablado de ellas y las hemos hecho visibles también políticamente hemos
sido capaces de dimensionar la gravedad del asunto y de actuar para prevenirlas. Si no conocemos o no reconocemos el problema es imposible que actuemos para prevenirlo, por tanto para encontrar soluciones. Aquí estamos ante una iniciativa conjunta
propiedad de todos nosotros que rompe el velo, el tabú y en la que nos atrevemos a hablar con seriedad de un asunto que es muy grave. A pesar de todas las prevenciones y de todos los riesgos que tiene hablar de determinadas cuestiones, sabemos que
tenemos que abordarlo, porque no hacerlo nos ha llevado a la situación actual. La no prevención ha hecho que no solamente no mejoremos como país en la prevención de esta patología sino todo lo contrario. Como decía, el suicidio es el último tabú.
Hemos de romper el silencio sobre esta enfermedad, como lo hemos roto sobre otras. La muerte por suicidio, que sigue siendo invisible, tiene unos datos sobrecogedores. Según la Organización Mundial de la Salud, el número de muertes por suicidio en
el mundo -más de 1.200.000- supera las causadas conjuntamente por las guerras, el terrorismo y los asesinatos. Estoy segura de que si en cualquier sitio hablamos de este asunto, si te sientas con alguien y le preguntas si sabe cuánta gente se
suicida al año en el mundo, le das esa cifra y le dices que supera el número de muertes producidas por estos tres elementos en conjunto (el terrorismo, las guerras y los asesinatos) se quedará tan perplejo como me quedé yo cuando mi amiga me habló
de este asunto. Realmente de las guerras, del terrorismo y de los asesinatos se habla muchísimo más; ocupa muchísimo más tiempo en los medios de comunicación, en los espacios públicos e incluso en los debates aquí, pero de esto no se habla. Como
no se habla de ello -insisto-, no se previene.


Esta proposición no de ley que estamos presentando unánimemente, es un pequeño paso, si quieren ustedes, pero es un paso en la dirección correcta, porque reconoce el problema, y, como decía, reconocerlo es la única manera de prevenirlo.
Desde el año 1996 tanto Naciones Unidas, la ONU, como la Organización Mundial de la Salud recomendaron a los países que se desarrollaran políticas de prevención de suicidio relacionándolas en lo posible con otros programas de salud pública, no como
una cosa exógena sino relacionándolas con programas de salud pública. El señor Olabarría ha mencionado correctamente uno de los lugares donde se gestan algunos de los suicidios que luego no se producen allí mismo, y es a partir del acoso escolar y
de ese sufrimiento de los niños que se produce en la escuela y en la familia. Además -esta es otra cuestión que a lo mejor explica que no hablemos de ello- con las muertes por suicidio hay siempre dos víctimas. Aparte de la víctima en sí misma
está la familia, que sufre doblemente: por una parte por la falta del ser querido y, por otra, porque cree que no puede hablar del asunto. Además de sufrir la falta del ser querido cree que no puede hablar del asunto, y en muchos casos esa muerte
por suicidio se oculta y aparece como un accidente. ¿Por qué cree que no puede hablar del suicidio? Porque no hay acompañamiento social e institucional sobre ese drama, sobre esa tragedia, y porque esa falta de acompañamiento, de prevención, de
tratamiento de lo que es una enfermedad -que termina siendo también una enfermedad de la familia; seguramente quienes estamos aquí conocemos más de un caso porque no es extraordinario, es bastante común-, hace que las familias se sientan culpables;
no responsables sino culpables. Esa culpabilidad les hace ser víctimas por tercera vez por la misma falta, ante la misma ausencia. Yo creo que eso es lo que tenemos que combatir, y se combate profesionalmente no solamente con el compromiso que
estamos adquiriendo sino con un tratamiento, una estimación y un trabajo profesional. Con una estimación de 1.200.000 suicidios anuales oficiales en el mundo, 2.700 cada día, cada cuarenta segundos muere una persona por un suicidio, y por cada uno
de los que muere aproximadamente hay 200 intentos de suicidio. En fin, yo creo que en este caso las cifras son sobrecogedoras, sobre todo porque detrás de las cifras hay rostros humanos, hay personas que lo han

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sufrido y nuestro drama como país es que efectivamente, como decía el señor Olabarría, no es que no se hayan hecho cosas puntualmente en esta materia, pero conjuntamente, colectivamente, globalmente no nos hemos enfrentado como debemos.


El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que vaya terminando.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, señor presidente.


Hay experiencias, iniciativas puntuales desarrolladas por colectivos, como el de la Guardia Civil, por algunos hospitales, como el Santa Creu de Barcelona, o programas en distintas comunidades autónomas; todas ellas son iniciativas
positivas, pero voluntaristas y descoordinadas, con procedimientos e incluso con objetivos diversos difíciles de evaluar para extraer conclusiones útiles a nivel general. Por eso decía que hoy damos un paso adelante importante -yo diría que
sustancial- de compromiso político que naturalmente implica al Gobierno, y es abordar pública y concretamente esta cuestión, para que esos sentimientos de culpa de los que les hablaba antes, que están presentes muchas veces en el entorno de una
muerte por suicidio, nunca más puedan estarlo -aunque suene exagerado decirlo- en esta Cámara, como legisladores que somos. Creo que de ahora en adelante nunca jamás se podrá decir que no hemos intentado prevenir por todos los medios el suicidio en
general -termino con esto, señor presidente, le agradezco su generosidad- y particularmente el suicidio de adolescentes y de niños. Citaba antes el libro de una amiga, que me llevó a esta reflexión. Ella dedica este libro a la memoria de todos los
niños infelices que un día decidieron pasar al otro lado y en homenaje a los que, amándoles, les sobreviven. Nuestro homenaje es a los que, amándoles, sobreviven a las personas que se suicidan. Por tanto, tenemos la oportunidad y la obligación de
hacer nuestro trabajo.


Gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, presidente.


Señorías, ya desde febrero de este año mi grupo parlamentario adoptó una iniciativa respecto a esta cuestión. Hoy tengo que expresar la satisfacción de mi grupo por que hayamos llegado a una redacción conjunta que refleja la preocupación
que ahora ha manifestado el Grupo Parlamentario de UPyD, la preocupación en concreto por el suicidio infantil, y la preocupación que también teníamos y seguimos teniendo por el suicidio, así como por las medidas que se pueden adoptar ante las
autolesiones para evitar el suicidio. Glosar la importancia del suicidio y el carácter prioritario del mismo para la salud pública es importante, significa una parte de la prevención; pero hay que sensibilizar a los ciudadanos sobre un problema
real. Ese silencio tiene que ver en parte con la culpa, con nuestra educación cristiana o judeocristiana, pero también con un factor que aparece en la literatura, en El joven Werther. Poco después de la publicación de El joven Werther se produce
una verdadera epidemia de suicidios en Europa, y la conclusión a la cual después llegan los medios de comunicación es que el debate público del suicidio debe ser un debate público transparente, pero cuidadoso, prudente, no vaya a ser que se produzca
un suicidio vicario como consecuencia de ese debate público.


Hay una publicación reciente -es lo que motivó nuestra iniciativa parlamentaria y aparece en la segunda parte de la proposición no de ley- y muy importante en Gran Bretaña de la Universidad de Manchester en la que se hace un estudio del
periodo 1997-2006 relativo a cómo se trata el suicidio en los centros de salud mental por el conjunto de la sanidad pública. Llega a una conclusión: aquellos que cumplen con diez factores reducen después de una autolesión el suicidio de manera
drástica, radical; aquellos que cumplen cinco factores no lo reducen tanto y aquellos que adoptan medidas tradicionales tienen unos efectos muy pobres respecto al suicidio. ¿Cuáles eran esos factores determinantes para que no se produjera, después
de un intento, un suicidio consumado inmediato? En primer lugar estaría la disponibilidad veinticuatro horas por parte de los servicios de salud mental -lo que parece una cuestión menor se convertía en los intentos suicidas en una cuestión mayor-;
en segundo lugar, el seguimiento las semanas inmediatas al intento de suicidio, un seguimiento cercano, lo que se llama en términos de salud mental un tratamiento asertivo y comunitario -esa era la cuestión del estudio de la Universidad de
Manchester, que aparece en la segunda parte de la iniciativa parlamentaria, planteando a la red de salud mental medidas preventivas, protocolos de manejo del suicidio por parte de los profesionales, pero también, como en la Comunidad de Madrid, por
parte de las familias-; y, en tercer lugar, la atención y el seguimiento continuo e inmediato de los intentos de suicidio.

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Esta iniciativa es importante, como también lo es la parte a que se ha referido la señora Díez relativa a introducir en la estrategia de salud mental un programa específico en materia de suicidios, porque el suicidio estaba dentro de la
estrategia pero no tenía una entidad propia al nivel de la prioridad que significa hoy el suicidio en nuestro país. Normalmente se dice que tenemos un nivel de suicidios bajo en el marco de la Unión Europea, pero no se dice que es la primera causa
de muerte externa en nuestro país por encima de los accidentes de circulación. No se dice tampoco que es la causa de muerte que más años de vida perdidos produce de todas las enfermedades que existen en nuestro país. Con esos datos es suficiente
para saber que debe ser una prioridad necesariamente de salud pública. Este momento no es ocioso para adoptar esta iniciativa, porque la reunión reciente de la Sociedad Española de Psiquiatría apunta dos preocupaciones: primera, un incremento del
20 % de las depresiones en condiciones de crisis económica. Es decir, establece una relación entre los determinantes sociales y el aumento de la depresión en España, sobre todo entre parados/paradas sin prestación y aquellas personas que tienen una
mayor dificultad frente a la crisis. Y dice que de ese 20 % se puede producir, al igual que en los estudios retrospectivos de Inglaterra, un incremento del 10 % de los suicidios en España como consecuencia de la crisis económica. Por lo tanto,
esta iniciativa es muy importante para alertar a los poderes públicos sobre un posible incremento del suicidio en condiciones de crisis económica y también para decir que hay que tener en cuenta los efectos de los recortes. En estos momentos
recortar personal, recortar atención de salud mental es provocar una situación muy difícil para el tratamiento de la enfermedad mental o para el tratamiento de los suicidios: aumentar la lista de espera, hacer menor seguimiento, que el seguimiento
sea menos incisivo y que no podamos evitar que el intento se convierta en un suicidio efectivo. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Esas son las reflexiones de mi grupo parlamentario.


Saludamos la iniciativa y alertamos de que los suicidios por los desahucios, señorías, no son solamente una tragedia individual. Muestran una luz roja al país, por lo que debemos preocuparnos de que las políticas sanitarias y las políticas
de salud mental sean más fuertes en periodos de crisis, precisamente para proteger a los más débiles.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió pocas veces coincide con proposiciones del grupo parlamentario que preside la señora Díez. Esta vez también nos sumamos gustosamente a la iniciativa que nos propuso en este tema
de las acciones que pueden prevenir los suicidios en España. Esta proposición no de ley viene en un momento muy oportuno y nos satisface ser uno de los firmantes y, sobre todo, poder apoyarla. Desde el año 2007 -se ha dicho también antes-, debido
a la disminución de la siniestralidad en los accidentes de tráfico, la mortalidad por suicidio en los mayores de veinticinco años supera en mucho la de los accidentes de tráfico. Esta evolución recomienda impulsar campañas preventivas e
intensificar todo lo que se pueda los cribados que se realizan en la población de riesgo. Además debemos tener la implicación del sistema de salud en general y en especial en atención primaria. En la mortalidad por suicidio en Cataluña, que empezó
con un programa de prevención experimental en Barcelona en el año 2004 y continuó después en el año 2007 en Sabadell, se ha producido un descenso. En estos momentos tenemos la tasa un poco más baja que la media del Estado, que también es más baja
que la media europea, tal y como nos han recordado ahora quienes me han precedido en el uso de la palabra.


La salud mental en nuestro país todavía necesita mucho impulso, se necesita borrar ese estigma que le acompaña. La señora Díez lo decía en su exposición, y es cierto. Las familias que tienen enfermos de salud mental lo esconden. Las
enfermedades de salud mental son como todas las demás. Tenemos que quitarles ese estigma e impulsar mucho más todas esas estrategias de salud mental que ya existen. Además tenemos que atacar muchísimo más la prevención. Los suicidios están
considerados como una de las enfermedades -la quinta- que podría ser evitable; muchísimas de estas muertes las podríamos evitar, y es obligación nuestra hacer todo lo posible para que ello sea así. Cuando la señora Díez me habló del libro La
estirpe de los niños infelices, de doña Beatriz Becerra, y lo leí me impactó. Se lo recomiendo a las personas que sean sensibles a estos temas. Las historias que ahí explica y los datos que ahí da hacen que nos sintamos corresponsables en buscar
medidas que apoyen esta prevención.

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Yo quiero aprovechar para explicar aquí una iniciativa que se ha puesto en marcha en Cataluña. Está en su fase experimental, ha empezado hace muy poco, es el llamado código riesgo de suicido; un código que se activa cuando atención
primaria o algún profesional detecta un riesgo que podría llevar a esa persona al suicidio. Este código se logró mediante un convenio con el Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña, con el SEM, y esperemos que esto también pueda dar sus frutos.
Todos sabemos que hay accidentes, suicidios, que no los podemos evitar, pero muchos de ellos sí, señorías. Por tanto, debemos tomar todas estas medidas e impulsar otras como las que en esta proposición no de ley proponemos. Desde atención
primaria, desde los recursos sanitarios, la salud mental y también el tema de los suicidios debe de ser una prioridad para todos nosotros.


Muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señora Tarruella.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Martín González.


La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy debatimos esta proposición no de ley relativa a la prevención del suicidio que se presenta de forma conjunta por todos los grupos de esta Cámara, demostrando que son posibles los acuerdos. Cuando hay voluntad el acuerdo
siempre es posible, y el Grupo Socialista comparte, como es lógico, el contenido de esta proposición. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Hoy se cumplen seis años de la aprobación de la estrategia de salud mental aprobada el 11 de diciembre de 2006. Mantiene su vigencia hasta 2013, pero evidentemente desde su aprobación ha habido cambios importantes en nuestra realidad
social, en nuestra realidad sanitaria y en nuestra realidad económica y política. En la exposición de motivos de la proposición no de ley todos coincidimos en reconocer que el suicidio representa un grave problema de salud pública. Hay más de un
millón de muertes al año en todo el mundo, son 60.000 ciudadanos europeos los que mueren anualmente por suicidio, son 9 personas al día las que fallecen en nuestro país por esta causa. El hecho del suicidio tiene una repercusión emocional y social
de gran contundencia. Es un mazazo imborrable en la experiencia vital acumulada de cualquier persona. El impacto social es brutal por el grupo al que afecta, mayoritariamente son individuos jóvenes entre 20 y 45 años. Las personas del entorno se
convierten también en víctimas, creando un profundo sufrimiento y aflorando sentimientos ambivalentes de culpa, de incomprensión, de rabia, y comienzan a vivir con un estigma difícil de superar.


La bibliografía publicada por expertos especialistas en psiquiatría reconoce la existencia de factores asociados a la conducta suicida, y destacaré algunos. El estado civil de viudos y solteros presenta una mayor tasa de actos suicidas. La
diferencia entre hombres y mujeres determina una tasa de tres a uno entre los dos sexos; el acto suicida es más frecuente en los varones. La literatura médica describe que el abuso de sustancias, los trastornos de personalidad y los desórdenes en
la infancia son los problemas más frecuentes asociados al suicidio de los varones. Entre las mujeres son más frecuentes los trastornos depresivos y afectivos. Los acontecimientos vitales traumáticos como pérdidas familiares, rupturas de parejas y
los problemas socioeconómicos suelen ser factores predisponentes en muchos casos. Un 90 % de los pacientes suicidas presenta una enfermedad psiquiátrica en el momento del intento. Depresión, esquizofrenia, trastornos de la personalidad, crisis de
pánico suponen un factor de riesgo para una tendencia suicida. El 25 % de suicidas son alcohólicos y el 15 % de los alcohólicos morirán por suicidio. Evidentemente, hay otra serie de factores biológicos o antecedentes familiares que también
definen el riesgo a realizar tentativas suicidas. Han ido apareciendo en nuestra sociedad una serie de patologías relativamente nuevas como determinantes de riesgo suicida. Las mujeres víctimas de violencia de género por parte de sus parejas
tienen un mayor riesgo de padecer dolor crónico, diversas somatizaciones, mayor consumo de sustancias tóxicas como drogas o alcohol, depresión e intentos de suicidio.


Otro fenómeno de reciente aparición y de gran impacto e íntimamente ligado al suicidio es el acoso psicológico en el lugar de trabajo y el acoso en el medio escolar. Los casos recientes de suicidios de escolares que no han podido resistir
la presión y el trato vejatorio de sus compañeros ponen de relieve cómo el fenómeno de la violencia está más extendido de lo que pudiera suponerse. En la literatura médica también se describe la importancia de los factores económicos sobre las
tasas de suicidio. El riesgo de suicidio aumenta claramente en parados, jubilados con precaria situación personal, en trabajadores con situación laboral inestable, en trabajadores con menor cualificación y con sensación de fracaso laboral, y
aumenta aún más en personas sin hogar o en personas en exclusión social más grave. En los últimos

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meses vemos que se están produciendo suicidios provocados por la precariedad económica que sufren los ciudadanos y que se ven afectados por un desahucio. Estos suicidios tienen un gran eco en los medios de comunicación y son la consecuencia
más sangrienta de la crisis económica.


Señorías, estos datos publicados en la bibliografía médica no pueden ser pasados por alto por los representantes políticos. Estamos aquí porque somos representantes de los ciudadanos, de estos ciudadanos que nos piden que solucionemos sus
problemas y no seamos un problema. Si el Plan de salud mental necesita una redefinición de sus objetivos y sus acciones para adecuarlo a la realidad, debemos asumir la responsabilidad de pedirle al Gobierno que lo haga y, mejor aún, si es con el
consenso de todos los grupos. Ahora bien, no nos engañemos. El Partido Popular asume esta iniciativa como un grupo más y el Gobierno, además de iniciar los trabajos para la actualización del Plan de salud mental, debe garantizar que las medidas se
cumplan. Permítanme algunas sugerencias. No recorten en atención sanitaria, porque difícilmente se atenderá mejor a los pacientes con enfermedades mentales y no les apliquen repagos farmacéuticos que les obliguen a no ser constantes con sus
tratamientos. No recorten profesionales sanitarios porque ellos deben hacer el seguimiento de los casos en los que ya se ha producido un intento de suicidio. No recorten en atención a la dependencia ni sus pensiones, porque los pensionistas con
mala situación económica y sin apoyo social son un grupo de alto riesgo. No recorten programas sociales ni los planes de lucha contra la pobreza porque son sectores en los que más suicidios se producen y acepten nuestra propuesta de hacer un plan
de lucha contra la pobreza. No recorten políticas de igualdad porque las mujeres maltratadas necesitan todo el apoyo de profesionales para salir de su situación. No recorten en política educativa ni en profesionales de la educación porque nadie
mejor que ellos puede detectar los riesgos que avisan del riesgo de suicidio de un adolescente. No recorten en investigación porque aún queda mucho por saber de los factores biológicos que predisponen a una enfermedad mental o a un suicidio. Todos
estos colectivos de alto riesgo son castigados en sus presupuestos y son los que más necesitan prevención y apoyo. Por favor, detengan las ejecuciones de desahucios hasta que se realicen las modificaciones legislativas que son necesarias para que
nadie pueda perder su vivienda por una situación precaria sobrevenida. Mientras haya desahucios podrá haber suicidios.


Señorías, quisiera aprovechar el final de mi intervención para pedir al grupo que sustenta al Gobierno, al Grupo Popular, que pida encarecidamente a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que comparezca en la Comisión, que nos
explique sus medidas y que nos explique cómo va a garantizar el cumplimiento de esta proposición no de ley que hoy aprobamos todos los grupos. Le pedimos que nos escuche, que nos responda porque es su obligación y debe respeto a esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martín González. Por el Grupo Popular, tiene la señora Quintanilla.


La señora QUINTANILLA BARBA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, quiero en primer lugar dar las gracias en nombre de mi grupo parlamentario por el alto grado de consenso con el que ha nacido esta iniciativa. Y de forma especial quiero dar las gracias a la señora Díez, que tuvo la certeza, que
tuvo el acierto, de querer que todos los grupos parlamentarios hoy debatiéramos esta iniciativa que tiene como objetivo redefinir y poner en marcha todas las acciones necesarias para prevenir el suicidio, que debe ser considerado como un auténtico
problema de salud pública y sobre el que ya han alertado la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas y la Unión Europea. Me van a permitir que, a pesar de alto grado de consenso, a pesar del acuerdo alcanzado por todos los grupos
parlamentarios, tenga sencillamente un detalle con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Martín, no se entera, de verdad. Perdóneme que se lo diga, no se entera. Aquí hemos venido simplemente a decir que todos los grupos
parlamentarios, en un contacto directo con la sociedad española, queremos, desde luego desde el consenso, poner en marcha dentro de la estrategia nacional de salud mental, medidas que hagan posible que la gente pueda vivir y no se suicide. Por
tanto, no venga a utilizar cualquier argumento para meterse con el Grupo Parlamentario Popular, para meterse con el Gobierno del Partido Popular, porque no es el momento, no lo es. (Aplausos). El momento será en otra ocasión. Así mismo, señorías,
saben ustedes que el pasado 10 de septiembre se celebraba el Día mundial para la prevención del suicidio; una fecha en la que desde la Organización Mundial de la Salud se hace todos los años un llamamiento a todos Gobiernos del mundo para prevenir
y poner en marcha medidas que hagan todo lo posible para reducir las cifras de suicidios que se producen a nivel mundial. Porque, señoras y señores diputados, el suicidio es la epidemia silenciosa del siglo XXI, el silencio ronda en la

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mayor parte de los casos este hecho que continúa siendo un tabú en la sociedad, lo que provoca que muchas veces se oculten e incluso que a la hora de elaborar estadísticas sea difícil determinar las cifras con exactitud, como decía el señor
Olabarría, ya que muchas de las muertes causadas por suicidio son presentadas por las propias familias como accidentes.


La señora Díez establecía claramente cuáles eran las estadísticas sobre los suicidios que se producen en el mundo: 1.200.000 personas en todo el planeta se quitan la vida en un año y cada día unas 3.000 personas se suicidan, pero también
hay que tener en cuenta que por cada suicidio hay veinte tentativas. Desde el año 2008 en España el suicidio es la principal causa de muerte externa al margen de enfermedades, por encima de los accidentes de tráfico. Y son cifras sin duda que nos
tienen que hacer reflexionar y que nos llevan a presentar y apoyar, como hace mi grupo parlamentario sin ningún tipo de fisuras, esta proposición no de ley, con el objetivo de potenciar las acciones dirigidas a prevenir el suicidio y a evitar que
más personas sigan muriendo por esta causa.


En esta proposición no de ley, señora Díez, que además hemos entendido desde el primer momento desde mi grupo que teníamos que apoyar y que habla de un ámbito general, a mí me gustaría, como usted ha hecho en su intervención, referirme a un
grupo tremendamente vulnerable, los niños y los jóvenes, dada la alarmante incidencia del suicidio en este tramo de población. Señorías, en los años cincuenta el 60 % de las muertes por suicidio correspondían a personas de más de cuarenta y cinco
años de edad. Sin embargo esa tendencia hoy se ha invertido y actualmente el 55 % de las personas que deciden quitarse la vida son jóvenes de entre diez y veinticuatro años de edad. El suicidio, señorías, se ha convertido en la tercera causa de
muerte entre las personas entre quince y cuarenta y cuatro años y en la segunda causa de fallecimiento entre los jóvenes de diez y veinticuatro años. España figura en el tercer lugar, por detrás de Rusia y Francia en número de suicidios juveniles.


Cuando he preparado esta intervención me he ido al experto psiquiatra español Luis Rojas Marcos, quien asegura que actualmente los adolescentes viven una situación muy distinta a la que a su edad vivieron sus padres y sus abuelos. La
ansiedad, la depresión, la desesperanza, la tristeza, el sentimiento de fracaso por la persecución obsesiva de ideales inalcanzables; el éxito, la perfección física, el fácil acceso a las drogas, el consumo de alcohol, las rupturas de pareja,
etcétera, pueden llevar a nuestros jóvenes a situaciones límite como el suicidio. Los expertos hoy aseguran que el suicidio en la actualidad no es exclusivamente un problema de salud mental, sino que sobre todo en los más jóvenes responde a muchos
factores. Además saben ustedes que en esta tribuna a lo largo de otras legislaturas hemos hablado del sufrimiento de nuestros jóvenes en el maltrato, en el fracaso escolar, en el acoso escolar, en el bullying en sus casos más extremos o continuados
y que ha llevado a adolescentes y a niños en España a querer dejar de sufrir, a escapar de las desdichas, de la desesperanza, quitándose la vida. Además, cuando he preparado esta intervención, me he ido a Internet. Me he ido a Internet porque era
importante que hoy visibilizáramos lo que hace Internet con nuestros jóvenes y he visto cómo en un estudio realizado por la revista British Medical Journal, en los cuatro buscadores más utilizados en la red por nuestros jóvenes, las palabras clave
como suicidio, métodos de suicidio, suicidio sin dolor, suicidio rápido o ¡cómo matarse uno mismo! aparecían casi quinientas veces en distintas páginas web. De ellas, 90 eran sitios dedicados de forma exclusiva al suicidio y el 50 % se dedicaba a
promoverlo y a facilitarlo; 43 sitios contenían información sobre métodos para suicidarse; y tan solo 62 páginas de Internet se referían al suicidio con la intención de prevenirlo. Por lo tanto, este debate es muy importante en esta Cámara,
porque muchas veces los adultos tendemos a forjarnos la idea errónea de que los niños y los jóvenes, por el hecho de serlo, son felices y en muchas ocasiones no somos capaces de descubrir, como decía la escritora Beatriz Becerra, que en algunos
casos la realidad no es esa. En la mayor parte de las ocasiones los padres son los últimos en darse cuenta de que sus hijos, por la razón que sea, están sufriendo, ya que además los jóvenes no son dados a verbalizar su estado de ánimo o sus
problemas o los problemas a los que se enfrentan, por miedo o por vergüenza, con sus progenitores. En muchas ocasiones a las llamadas de atención de niños y jóvenes se les da poca importancia por eso de que son cosas de la edad, cuando quizás
estamos ante un caso que requiere una atención especial, es un caso de riesgo, del que pueden ser posibles víctimas de suicidio.


El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.


La señora QUINTANILLA BARBA: Termino ya, presidente.


El suicidio es siempre un fracaso, el fracaso de alguien que se ha dado por vencido, el fracaso de una familia y unos amigos que no veían nada ni oían nada y el fracaso de una sociedad que no ha sido capaz

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de ayudar y apoyar. Por eso esta iniciativa, con el consenso de todos los grupos parlamentarios, quiere poner en valor que debemos de promover dentro de la estrategia de salud mental una redefinición de los objetivos y acciones de
prevención del suicidio y que además se establezcan en los marcos de las políticas transversales, se incorpore la perspectiva de género y se preste especial atención a los niños, a los adolescentes, a los ancianos, a las personas en exclusión
social.


Ese es el compromiso de este grupo parlamentario, señora Díez, pero también el compromiso del Gobierno de España, el compromiso del Gobierno del Partido Popular. Porque es importantísimo evitar en la medida de lo posible que las personas
decidan quitarse la vida como solución a ese dolor o circunstancia que los lleva a una situación límite y que, por el contrario, encuentren el apoyo y la atención necesaria...


El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar. No ir terminando, sino terminar.


La señora QUINTANILLA BARBA: ... para salvar su vida.


Gracias, señor presidente.


Solamente quiero recordar a esos pequeños, a esos adolescentes que por acoso escolar un día se quitaron la vida porque no tuvieron a nadie que les apoyara y que les sacara de esa situación difícil.


Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Quintanilla.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD Y LAS CRECIENTES DESIGUALDADES TERRITORIALES EN EL ACCESO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
SANITARIOS. (Número de expediente 173/000053).


El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en el debate de la primera moción. Dada la hora, al terminar el debate de esta moción, procederemos a llamar para las votaciones de todo lo de la tarde.


Esta moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Socialista es sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la privatización de los servicios públicos de salud y las crecientes desigualdades territoriales en el acceso a
la prestación de los servicios sanitarios. Para su defensa, tiene la palabra el señor Martínez Olmos.


El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señor presidente.


Un partido no puede romper lo que la sociedad ha creado con tanto esfuerzo y el Partido Popular está rompiendo la sanidad pública española, lo estamos viendo en Madrid estos días, ante una marea blanca impresionante. (Aplausos). No puede
romper el Partido Popular lo que la sociedad española ha creado con tanto esfuerzo: la sanidad pública. Once meses después de llegar el Partido Popular al Gobierno la sanidad está en proceso de desmantelamiento, con prisa y sin pausa, y además con
7.000 millones de deuda creados en estos once meses, casi la misma cantidad, que les recordaré, 6.000 millones, dejó el señor Aznar cuando en el 2004 perdió las elecciones.


Quebrar nuestra sanidad es quebrar la igualdad entre los españoles, es quebrar nuestra dignidad y eso el Partido Socialista no lo va a respaldar, lo vamos a pelear con fuerza en las instituciones y en la calle. El otro día tuve ocasión de
debatir con la señora Mato sobre la situación. Bueno, debatir es mucho decir porque la señora Mato no respondió a ninguna de las cuestiones que le planteé desde esta tribuna y le voy a reiterar una acusación muy formal: su política pone en riesgo
la salud de los ciudadanos españoles. (Aplausos). Sí, lo estamos viendo ya día a día en los servicios sanitarios y lo vamos a ver con el deterioro inevitable de los indicadores de salud. Tenemos una ministra indolente, no da la cara, no viene al
Congreso de los Diputados, no comparece ante la Comisión de Sanidad ni aun pidiéndolo ella misma. Eso no es aceptable con lo que está pasando en los servicios sanitarios españoles. Tenemos que reivindicar que se restituyan los derechos sanitarios
que el Partido Popular ha quitado a los españoles en estos once meses con la excusa de la crisis; con la excusa de la crisis económica quieren cambiar un modelo sanitario que, como decía antes, es una conquista de la sociedad española.


Presentamos una moción que pretende volver a situar el sistema sanitario español como uno de los mejores del mundo, como estaba, a pesar de las deudas, en noviembre de 2011. Porque las deudas del sistema sanitario eran consecuencia del
impacto de la crisis económica en las cuentas de las comunidades

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autónomas, especialmente en las que gobierna el Partido Popular. Planteamos reconocer el derecho universal de la atención sanitaria por razón de ciudadanía. Señores del Partido Popular, es un clamor en la calle, es un clamor de las
organizaciones profesionales de la sanidad y es un clamor de los pacientes que no se puede eludir que se ha cambiado el modelo sanitario, que no hay garantía legal de universalidad en la atención sanitaria. Planteamos restablecer la cartera común
de servicios sanitarios como estaba en noviembre de 2011, sin previsión de copago por parte de los usuarios, garantizando en las aportaciones a la prestación farmacéutica que quedarán excluidos los pensionistas y los parados de larga duración sin
prestación económica.


Es importantísimo reflexionar en esta Cámara sobre lo que está pasando en los servicios sanitarios de Madrid. Hay que paralizar de inmediato el proceso privatizador que el Partido Popular y el Gobierno de Madrid están poniendo en marcha en
esta comunidad y la que está poniendo en marcha el Partido Popular en comunidades como Valencia, Extremadura, Castilla-La Mancha y otras similares. Planteamos que se presente, en el plazo de un mes, un proyecto de ley que garantice la naturaleza
pública de la financiación, de la provisión, de la gestión de los servicios de salud y que impida la afectación de la calidad asistencial por poner en manos de empresas privadas la gestión del servicio sanitario. Desde este punto de vista, quedaría
obsoleta la Ley 15/1997 y planteamos su derogación. Bien importante es que el Gobierno pase de las palabras a los hechos y, en relación con el euro por receta, que actúe, que presente un recurso de inconstitucionalidad que paralice la aplicación
del euro por receta en las comunidades de Cataluña y ahora en Madrid por una razón fundamental: porque es un impuesto que impide a muchas personas acceder a la medicación que necesitan; lo están viendo todos los días en las oficinas de farmacia
nuestros profesionales, lo están viendo todos los días nuestros enfermeros en las casas cuando van a visitar a los pacientes crónicos y se está viendo en los centros de salud. Por eso decía que la política sanitaria que desarrolla la ministra de
Sanidad pone en riesgo la salud de las personas en España.


Señores del Partido Popular, planteamos asegurar que la prestación farmacéutica en el conjunto del sistema sanitario esté garantizada. Hay comunidades como la de Valencia que, por razones de dificultad económica, lleva meses sin pagar las
facturas de las oficinas de farmacia, con la consecuencia que eso tiene en la disponibilidad de medicamentos para los ciudadanos y para los pacientes. Planteamos que hay que asegurar que los fondos de rescate de las comunidades autónomas, cuando
estas comunidades lo pidan, prioricen el pago a las oficinas de farmacia porque la prestación de los medicamentos no puede estar en riesgo como ha sucedido en la Comunidad Valenciana en estas semanas.


Finalmente planteamos que es importante devolverles a los pensionistas el exceso de copago que han tenido que poner en manos de las comunidades autónomas por la aplicación del copago y por no establecer las comunidades autónomas los topes
que planteaba el propio Gobierno. Hoy hay más de 40 millones de euros que son propiedad de los pensionistas españoles que las comunidades autónomas no han devuelto a los ciudadanos, a excepción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la Comunidad
Autónoma de Galicia y ahora la Comunidad Autónoma de Madrid, el resto de comunidades autónomas no tienen un procedimiento de devolución inmediata de este exceso de pago que hacen injustamente los pensionistas.


Voy a finalizar mi exposición diciendo que planteamos también una enmienda en el Partido Socialista para suprimir el copago que ha puesto por la puerta de atrás el Gobierno con el Real Decreto-ley 28/2012, que tenía que ver con las pensiones
y que introdujo un copago para los medicamentos que se dispensan de manera ambulatoria en los hospitales. Señores del Partido Popular, primero hay que tener la valentía de defender las posiciones, no se puede aprobar una medida como ésta de esta
manera. Segundo, pacientes como los de hepatitis C, como los enfermos de sida, pacientes que están recibiendo quimioterapia ambulatoria van a tener que pagar con esta medida que aplica el Gobierno por la puerta de atrás. También planteamos la
eliminación de esta medida.


En definitiva, repito que no podemos aceptar que se quiebre la sanidad pública, porque eso es quebrar la igualdad de los españoles, porque eso es quebrar nuestra dignidad y ahí no va a estar el Partido Socialista; el Partido Socialista va a
estar en todo aquello que venga a fortalecer la sanidad pública en igualdad, con un planteamiento de cohesión y asegurando la equidad para todos los ciudadanos de España.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Olmos.


A esta moción se han presentado tres enmiendas. En primer lugar, por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la presentación de su enmienda tiene la palabra el señor Llamazares.

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El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías.


El Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural va a respaldar la moción subsiguiente del Grupo Parlamentario Socialista con respecto a nuestro sistema sanitario público, podríamos decir en defensa de nuestro sistema sanitario público.


El Gobierno del Partido Popular comenzó rompiendo con el modelo universal de salud para adoptar una medida parcial como es el modelo de seguro, una medida del pasado, una medida que intenta emular al Gobierno alemán como en tantas cosas. El
Gobierno del Partido Popular continuó rompiendo con el Parlamento, prácticamente la ministra de Sanidad ignora a este Parlamento y a su Comisión de Sanidad adoptando una política de hechos consumados, y el Gobierno del Partido Popular ha terminado
rompiendo con los profesionales sanitarios y con la sociedad.


Señores del Partido Popular, tienen ustedes en estos momentos una oposición en la calle que va mucho más allá de una oposición política. La oposición en la calle reclama la supervivencia del sistema sanitario público, la oposición de los
profesionales y de los ciudadanos. Reflexionen y rectifiquen, si no lo hacen, la sanidad será la tumba del Partido Popular en Madrid, y con seguridad la sanidad también será un elemento de desgaste tremendo del Gobierno del Partido Popular. En
este sentido no vale con mirar hacia otro lado, no vale con decir que estudiaremos el euro por receta y ya veremos si en cinco meses lo recurrimos. No vale con mirar para otro lado en una política de modelos de gestión privados que en definitiva es
una privatización clara del sistema sanitario español a manos de amigos del Partido Popular, señorías.


Se puede decir que en Madrid se está produciendo una administración desleal del sistema sanitario en términos del código, una administración desleal como también una colusión de intereses. No se puede privatizar el sistema sanitario y decir
que no se privatiza, que es únicamente una cuestión de gestión, pero mucho menos se puede entregar el negocio del sistema sanitario a allegados. Eso es administración pública desleal y eso es colusión de intereses, conflicto de intereses que
terminará, de una forma o de otra, ante los tribunales de Justicia. Sépanlo ustedes. Este es un tema político, es un tema profesional y social, pero va a ser también un tema judicial por la gravedad de estas medidas.


Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas a la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que pretenden, por una parte, reponer el modelo sanitario universal frente al anquilosado y antiguo modelo de seguro. Esa propuesta aparece
entre las primeras de nuestras enmiendas, sobre todo la cobertura a los inmigrantes sin papeles, que ustedes también perderán en el ámbito internacional porque vulnera principios y convenios internacionales de derechos humanos. En segundo lugar,
proponemos la derogación de la Ley 15/1997, porque en nuestra opinión es la que está utilizando el Gobierno y los Gobiernos de las comunidades autónomas para cargarse el modelo sanitario público y privatizar el sistema sanitario. Proponemos también
recurrir el euro por receta y pedir la paralización al Tribunal Constitucional. Creemos que es una medida claramente inconstitucional. Proponemos derogar la Ley 16/2012, porque significa una involución en el modelo sanitario, y recuperar en ese
sentido el compromiso con el Sistema Nacional de Salud y el Pacto de Estado por la sanidad. Esta serie de enmiendas son las que presentamos al Grupo Parlamentario Socialista, pero anunciamos que votaremos favorablemente su iniciativa.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió y para presentar su enmienda, tiene la palabra la señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, desde Convergència i Unió hemos presentado cuatro enmiendas a esta moción, que consta de ocho puntos -incorporamos el que ha presentado como autoenmienda el grupo proponente-. Estamos completamente de acuerdo con el primer punto,
como hemos dicho y repetido últimamente y me temo que vamos a tener que repetir todavía muchas veces más, tal como está llevando a cabo la política sanitaria este Gobierno del Partido Popular. Coincidimos en reconocer el derecho a la asistencia
sanitaria financiada con fondos públicos. Estamos de acuerdo en que se garantice la universalización de esa asistencia por razón de ciudadanía.


Hemos presentado una enmienda al punto 2, que se refiere al copago farmacéutico, y donde proponemos el texto siguiente: Asegurar que la revisión de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud se efectúe de acuerdo con criterios de
evidencia científica y, en caso de que se determinen aportaciones por los usuarios, se tendrán en cuenta los niveles de renta, de forma que en ningún caso

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supongan una barrera para el acceso a los servicios. El copago farmacéutico, señorías, ya existía antes de la aplicación de este real decreto. No estamos de acuerdo con la forma en que se aplica en los distintos tramos. Consideramos que
tendría que haber muchos más y sobre todo que tendría que haber unos topes más ajustados y tener en cuenta algunas excepciones. (Rumores).


Vemos muy claro que el punto 3 de esta moción no habla del sistema sanitario catalán, pero de hecho, tal y como está redactado, lo pondría en cuestión y quizá lo haría inviable. (Continúan los rumores).


El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señora Tarruella.


Por favor, ruego silencio para que se pueda oír a la oradora. Si tienen que hablar, háganlo fuera.


Siga, señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Por eso nosotros decimos que hay que garantizar la externalización de la gestión, pero en ningún caso hablamos de privatización.


Respecto a la enmienda al punto 4, queremos asegurarnos de que cualquier forma de gestión del Sistema Nacional de Salud contemplada en la Ley 15/1997 impida que en la prestación de los servicios sanitarios no se dé la calidad asistencial
necesaria y no se respeten los derechos de los usuarios. En la forma en que estaba redactada la moción original, en Cataluña pondría en peligro la gestión de nuestro sistema catalán, porque si solo se pudiera llevar a cabo por entidades públicas,
supondría poner en duda nuestro modelo sanitario, que se hace a través de mutualidades, entidades de base asociativa, empresas públicas, consorcios y fundaciones de diversa titularidad. (Continúan los rumores).


Proponemos la supresión del punto 5. Creemos que es una competencia autonómica y que es en los parlamentos autonómicos donde lo debemos debatir.


Respecto a los otros puntos, estamos de acuerdo con asegurar la prestación farmacéutica, evitando que situaciones de impago a las oficinas de farmacia pongan en riesgo la accesibilidad a todos los medicamentos. Igualmente estamos de acuerdo
en acordar con las comunidades autónomas, en el seno del consejo interterritorial, un sistema común para asegurar la devolución del dinero que los pensionistas hayan tenido que pagar por encima del tope establecido. En algunas comunidades autónomas
-Cataluña es una de ellas- ya se puso el tope desde el principio y no han tenido que adelantar ni un solo euro, pero en los sitios donde se tiene que hacer, es justo que a estas personas se les devuelva y que, a ser posible, ya no tengan que
adelantarlo.


Estas son las enmiendas que hemos presentado a esta moción y nos gustaría, si es posible, que fueran aceptadas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.


Para presentar la enmienda del Grupo Popular tiene la palabra la señora Méndez.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor Martínez Olmos, he escuchado atentamente su intervención, de la misma manera que escuché el otro día la respuesta de la señora ministra a su interpelación. Le contestó absolutamente a todos los puntos que usted le planteó,
otra cosa diferente es que usted no la quisiera escuchar. No obstante, creo que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en la necesidad de garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, pero para enfrentarnos a este reto lo
inmediato es analizar la grave situación económica actual sin precedentes en nuestro Sistema Nacional de Salud por la falta de rigor en la eficiencia del sistema.


El Gobierno al inicio de la legislatura se encuentra con una deuda de 16.000 millones de euros. Para que nos entendamos, 16.000 millones de euros es un poquito menos que todo el presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid para el año
2013. (Continúan los rumores). Se encuentra con unos recursos escasos y con unos gastos que aumentan de manera exponencial. Ante esta realidad hay dos caminos: uno, no hacer nada, estarse quieto, es muchísimo más cómodo y es lo que ustedes
hicieron. Ustedes sí que pusieron en riesgo nuestro Sistema Nacional de Salud, señor Martínez Olmos.


El señor PRESIDENTE: Señora diputada, perdone un momento.


Ruego por favor silencio. Está interviniendo la señora diputada.


Siga, señora Méndez.

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La señora MÉNDEZ MONASTERIO: El otro camino puede ser, como está haciendo nuestro Gobierno, actuar con responsabilidad planteando estrategias para controlar una deuda que en otro caso habría seguido subiendo y adoptando medidas no solo para
cumplir el objetivo de la sostenibilidad, sino para perseguir la cohesión, la calidad, la equidad y la universalidad asistenciales.


Señor Martínez Olmos, usted hace una serie de afirmaciones que, por exageradas y por estar muy distantes de la realidad, resultan poco creíbles. Realiza una serie de peticiones en su moción que no son coherentes con su postura a lo largo de
los últimos ocho años. Plantea primero cambiar un modelo que está vigente desde el año 1997, pasando por la petición de garantizar la universalidad, que precisamente es lo que garantiza la última reforma a la que ustedes se han opuesto, para acabar
pidiendo que se pague a las farmacias. Pues claro que hay que pagar a las farmacias y claro que usted tiene que saber cuando sube a esta tribuna que en Valencia ya se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno valenciano para pagar a las farmacias.
Usted ha repetido el discurso de hace quince días y no se ha enterado de que se ha llegado a este acuerdo. Pues claro que hay que controlar ese pago a las farmacias, porque este Gobierno ha pagado 12.000 millones de euros a los proveedores
sanitarios, 12.000 millones de euros. Ustedes ni lo hicieron ni ahora dicen cómo hacerlo, pero es que ni tan siquiera quieren participar en la subcomisión que se ha creado en el Congreso de los Diputados para garantizar la sostenibilidad del
sistema. Prefieren estar detrás de la pancarta. Me parece que es un error político, pero es su decisión.


En primer lugar, en relación con la colaboración público-privada, hay que aclarar para no confundir que no se debe hablar de privatización de la sanidad, señor Llamazares. Nuestra sanidad es pública y seguirá siéndolo, porque una cosa es la
titularidad y otra cosa muy diferente es la gestión. Claro que son cosas distintas. Los diferentes modelos de gestión se recogen en una ley aprobada en el año 1997 que ustedes votaron a favor. En cualquier caso, es un debate que se produce hace
quince años y que favorece que cada comunidad autónoma en el ejercicio de su competencia elija el modelo que más le convenga en aras de optimizar sus recursos para garantizar precisamente una sanidad gratuita y de calidad. Lo que más sorprende es
que uno de los ejemplos de colaboración público-privada lo encontramos en Andalucía y no tengo conocimiento de que por ustedes se haya criticado, de la misma manera que en Asturias lleva un mes en huelga la sanidad y tampoco la han mencionado.


Al margen de este debate sectario o partidista sobre unas y otras comunidades autónomas, lo fundamental es que nuestra sanidad responda a unos estándares de calidad y no es de recibo que usted ponga en duda esta cuestión. Nuestra sanidad
descansa en unos profesionales, nuestros médicos y nuestras enfermeras, que son de los mejores del mundo. Estamos hablando de eficiencia y siempre que se habla de eficiencia solo se puede hablar en estos términos cuando la calidad es lo
prioritario. Por eso nuestras administraciones son las que tienen la responsabilidad de controlar este extremo, una sanidad que sea ágil, humana, que sea cercana y de calidad. Que se gestione por tanto de manera pública o privada no deja de ser un
medio que dependerá de la decisión que cada comunidad autónoma adopte para hacer más eficiente el modelo y garantizar el futuro de la sanidad.


En relación con la universalidad del sistema, es conveniente aclarar que es el Real Decreto de 20 de abril de 2012 el que la garantiza de manera efectiva, ya que todos los españoles y extranjeros con residencia legal tienen derecho a la
tarjeta que garantiza la asistencia sanitaria gratuita. Lo que promueve este real decreto es la supresión de los accesos fraudulentos a la asistencia sanitaria por los que el Sistema Nacional de Salud no percibe ninguna compensación económica. En
el año 2009 dejó de facturarse a otros países por asistencias médicas de 700.000 ciudadanos. Señor Martínez Olmos, yo le invito a que vaya a operarse usted a cualquier hospital del mundo. ¿Usted cree que le van a atender si usted no paga esa
prestación o no la compensa de alguna manera? Aun así en España ahora todas las personas, incluidas las que se encuentren en situación irregular, tienen garantizada la asistencia de urgencia y la asistencia al embarazo, y los menores, cualquier
tipo de asistencia sanitaria.


Se puede estar o no estar de acuerdo con las medidas impulsadas por este Gobierno, pero no pueden negar que están dando resultados. En tan solo un año, evitando el fraude, se han ahorrado más de 1.000 millones de euros. En tan solo un año
se han pagado más de 12.000 millones de euros a proveedores del sector sanitario. En tan solo cuatro meses se han ahorrado 840 millones en medicamentos. Se ha acabado con el turismo sanitario. Se ha conseguido reducir el gasto farmacéutico,
además de haber excluido a los parados de larga duración del pago de los medicamentos. Se han destapado importantes irregularidades en el aseguramiento y además el Gobierno sigue llevando a cabo reformas de planificación y estructurales para dar
soluciones no solo a corto sino a medio y a largo plazo para mejorar la eficiencia en la gestión, promover el ahorro y las economías de escala, ganar cohesión territorial, coordinar los servicios sanitarios y sociales y sobre todo garantizar la
igualdad de trato en todo el territorio nacional.

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Termino diciéndoles que por todo esto hemos presentado una enmienda de sustitución, que se adecúa más a la realidad, que no ofrece una visión catastrofista ni es demagoga, ni hipócrita, ni incoherente. Es una enmienda que insta al Gobierno
a seguir desarrollando la reforma sanitaria que asegurará la sostenibilidad del sistema, que saneará las cuentas y que cambiará una herencia repleta de deudas e inequidades asistenciales por otra para nuestros hijos sustentada en la solvencia, en la
cohesión y en la calidad.


Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Llamazares Trigo pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Méndez.


Señor Llamazares, ¿quiere usted afirmar alguna cosa?


El señor LLAMAZARES TRIGO: Sí, señor presidente.


Se ha hecho una afirmación con relación a una votación de mi grupo que no se corresponde con la verdad. Únicamente quiero hacer una referencia a cómo fue esa votación.


El señor PRESIDENTE: Muy bien, hágala. Tiene un minuto.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Me imagino que se refiere la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular a la Ley 15/1997. Quiero recordarle que mi grupo y el BNG votamos en contra. Votamos en contra del real decreto, votamos en contra de
la ley y votamos en contra de su trasposición a la Ley de Seguridad Social. Por tanto, la señora portavoz debería informarse mejor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señora Méndez, ¿quiere usted decir alguna cosa?


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Sí, señor presidente.


Señor Llamazares, creo que no ha debido entender a quién me estaba dirigiendo cuando hablaba de la Ley de 1997 que se votó. Lógicamente, estaba hablando del Grupo Parlamentario Socialista, que es quien presenta esta moción y al que me he
dirigido en toda la exposición de mi moción. Solo en un momento determinado me he dirigido al señor Llamazares cuando hablaba de la privatización de la sanidad.


El señor PRESIDENTE: Creo que está suficientemente aclarado el incidente. (Continúan los rumores).


Vamos a pasar a la fijación de posiciones. Ruego a los señores diputados que permitan atender al orador. Quien quiera decir algo que salga fuera, pero que aquí se atienda al orador. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el
señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.


Como valenciano, tengo el triste honor de pertenecer a la comunidad autónoma pionera en el desmantelamiento de la red pública sanitaria. Allí nos contaron la misma cantinela que se escucha por Madrid estos días. Primera gran mentira: que
el ciudadano no lo notaría. Lo nota. El servicio es peor y el motivo está claro: para ganar dinero se ahorra en costes. La salud no es un problema de las empresas ni una prioridad. Su prioridad es ganar dinero. El afán de lucro en medicina
entra en conflicto con la calidad de los servicios sanitarios.


Segunda mentira: que sería más barato. No, nos cuesta más, pagamos más. Si no fuera negocio no estarían detrás las empresas. ¿Y cómo funciona un negocio? Captando clientes, permitiendo e incentivando la facturación por proceso a
pacientes de otras áreas sanitarias, porque la empresa cobra por tarjeta sanitaria; potenciando especialidades en función del rendimiento económico, como en los partos, cuando atrajeron a embarazadas de toda la provincia al garantizarles la
anestesia epidural, en vez de garantizar la epidural en todos los hospitales públicos; no pagando aquellas prestaciones más conflictivas e incontrolables: gasto farmacéutico, transporte, prótesis, oxigenoterapia; derivando pacientes no rentables
-ancianos y crónicos- a hospitales de referencia; no realizando las pruebas de diagnóstico más costosas y no investigando ni realizando formación docente.


Con estas premisas podemos afirmar que el modelo Alzira es más caro que la sanidad pública. Si aplicamos solo el gasto farmacéutico per capita al modelo Alzira, resulta casi un 10 % más caro que la sanidad pública. Ahí está el truco de la
rentabilidad del modelo Alzira. Además, en Alzira, cuando tuvieron pérdidas los primeros cuatro años de la concesión, la Generalitat salió al rescate pagando la multimillonaria deuda de la empresa con el dinero de todos los ciudadanos, para después
otorgarle nuevamente la concesión a la misma UTE, eso sí, 175 euros más cara, un aumento del 53 %. La estafa es monumental.

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En cuanto a las consecuencias, la nuestra es la comunidad autónoma con el servicio sanitario más deficiente y hemos ocupado este puesto ininterrumpidamente desde 2007. Recuerdo, diecisiete años de Gobierno del Partido Popular. El afán de
lucro en medicina entra en conflicto con la calidad de los servicios sanitarios y la gente lo sabe, tanto los profesionales como los ciudadanos, así que escuchen a la gente y dejen de intentar engañarla. Por cierto, quiero decirle al PSOE que la
derogación de la Ley 15/1997 bien la podían haber aprobado en sus ocho años de Gobierno...


El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví tiene usted que terminar porque comparte su tiempo.


El señor BALDOVÍ RODA: ... y quizá hoy estaríamos discutiendo de otras cosas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baldoví.


Señor Quevedo.


El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre de los nacionalistas canarios para mostrar nuestro apoyo a esta moción de defensa de lo que entendemos que se puede sintetizar como un modelo o Sistema Nacional de Salud completo y coherente en el Estado
español, en la misma medida en que lo hicimos en la interpelación que da motivo a esta moción.


Tenemos que decir que los servicios públicos esenciales son eso, esenciales siempre, y en momentos de una recesión durísima como la que se sufre hoy en el Estado español, más, porque en el fondo se convierten en una garantía de aquello que
podríamos denominar como dignidad humana básica, garantizar que, aunque haya una situación de crisis, las cuestiones esenciales para la gente -la salud es una de ellas- estén razonablemente garantizadas, porque en realidad esto está relacionado con
la dignidad de las personas. Cuando hablamos del interés general, por definición debe estar garantizado por la responsabilidad colectiva, por la preeminencia de lo público, lo cual no implica que a la hora de proveer servicios no se pueda hablar de
otras fórmulas, siempre que los estándares de calidad estén perfectamente garantizados.


Por ello defendemos básicamente esta moción y planteamos y queremos hacer énfasis en la necesidad del aseguramiento universal, que significa ni más ni menos que el Estado asume su responsabilidad en la preservación de la salud de la
población, la responsabilidad del Estado frente a la responsabilidad individual. Planteamos que el problema fundamental del sistema sanitario español es un problema de subfinanciación crónica y en ningún caso una situación de dispendio. El sistema
sanitario español es, en sus indicadores de eficiencia, de los mejores del mundo, es decir produce mucho a poco costo, de forma que lo que planteamos es: corríjase la subfinanciación crónica y no se acuda a procedimientos de financiación como los
actuales, injustos, que plantean fórmulas como el denominado copago, que ya hemos insistido en más de una ocasión en que en realidad es un repago, porque, en un modelo o Sistema Nacional de Salud que tiene que estar financiado por los Presupuestos
Generales del Estado, volver a pagar es un repago y no es un copago.


Igualmente planteamos la necesidad de acabar con los eufemismos. Es imposible de todo punto decir que se está defendiendo la garantía de un servicio público, cuando lo que se produce en la práctica es su liquidación y la exclusión de un
porcentaje significativo de la población del derecho a la atención de su salud. Este es un tema que debe ser corregido, es un tema de justicia y les voy a decir una cosa, señores del PP: en esta Cámara no lo vamos a ganar, pero estoy convencido
que la ciudadanía no va a tolerar este expolio de un derecho fundamental.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.


Señora Pérez Fernández.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Señor presidente, intervendré brevemente.


La aprobación de esta moción del Grupo Socialista supondría de facto la derogación del Real Decreto 16/2012, real decreto que eliminó de raíz la universalización de la asistencia sanitaria, que disminuyó las prestaciones farmacéuticas, que
estableció no el copago sino el repago y que entró de lleno en las competencias de las comunidades autónomas. El Bloque Nacionalista Galego ya se manifestó favorablemente a esta derogación en otras ocasiones.


A estas alturas es más que evidente la respuesta de la sociedad a las agresivas políticas privatizadoras que está desplegando este Gobierno del Partido Popular. Nosotros hemos presentado en esta Cámara

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iniciativas para asegurar la sustentabilidad de los servicios públicos y para evitar que tengan que pagar por los servicios sanitarios básicos las personas mayores, las personas más enfermas y en definitiva los sectores más débiles de la
sociedad. Hemos insistido una y otra vez en que es necesaria una reforma fiscal que aumente la presión sobre las rentas más altas y combata el extraordinario volumen de fraude fiscal actual. Señorías, la mayoría de la sociedad ya no entiende, y
desde luego ya no tolera, el argumento falaz del Partido Popular de que los recortes en sanidad son inexorables mientras se siguen dedicando millones de euros de recursos públicos a la banca. La mayoría de la sociedad grita en la calle cada vez con
más claridad y contundencia a favor de rescatar la sanidad pública y no a Bankia; el BNG también.


Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Dada la decadencia del debate, señor presidente, vamos a recurrir al valor antropológico que se atribuye a algunos vascos, que es el de la parquedad en el uso de la palabra.


En términos generales, la proposición presentada por el Grupo Socialista está bien diseñada. Compartimos el prontuario, la filosofía subyacente, la universalidad, la gratuidad, el carácter público, que en definitiva no dejan de configurar
el contenido esencial del artículo 43 de la Constitución. Desde esa perspectiva, compartimos la desvinculación que aquí ya recurrentemente estamos solicitando todos los grupos -salvo el Grupo Popular- de la condición de beneficiario del sistema
público de salud de la condición de asegurado, es decir la universalización pura, incluyendo la de los extranjeros -por cierto, previsión recogida en el artículo 12 de la Ley de Extranjería y pediría a la portavoz del Grupo Popular que leyera el
artículo 12 de la Ley 4/2000 y hasta qué punto se puede utilizar o ella considera pertinente la operación consistente en derogar a través de un real decreto-ley un precepto de una ley orgánica-, pero, sin perjuicio de esto, incluyendo la de de los
extranjeros, porque así lo invoca una Ley de Extranjería redactada por el Partido Popular y aprobada con sus votos.


Nos parece muy pertinente también la evitación del copago. La evitación de la privatización de los servicios como principio filosófico nos parece bien, aunque no se habla de privatización, se habla de otros eufemismos o expresiones
perifrásticas como la externalización, que no dejan de ser más que argumentaciones destinadas a privatizar la salud pública en definitiva, señor presidente. No nos vamos a engañar con juegos semánticos, con juegos de palabras que todos saben lo que
quieren decir en definitiva y lo que se pretende.


Señor presidente, el señor Martínez Olmos ha realizado, en nuestra opinión, un planteamiento que hace muy difícil para nuestro grupo parlamentario -como lo hará probablemente para el Grupo de Convergència i Unió- aprobar en sus propios
términos esta moción. Me llama la atención porque en la Comisión se debatió no hace mucho tiempo una parecida a esta pero que respetaba escrupulosamente los títulos competenciales autonómicos. Esta no lo hace. Esta realiza invocaciones a
determinadas comunidades autónomas que corresponden a sus competencias exclusivas. Realiza invocaciones al euro por receta que hacen referencia a la Comunidad Autónoma de Madrid y a la Comunidad Autónoma de Cataluña y que corresponden a las
competencias exclusivas de estas comunidades. También realiza invocaciones a las comunidades autónomas para compensar la devolución del dinero de los pensionistas que pagan por encima del tope, cuando el tope no está bien configurado. Desde esta
perspectiva, estas vulneraciones competenciales, señor presidente, nos ubicarían en la tesitura de que si el señor Martínez Olmos, en su locución a continuación, acepta las enmiendas presentadas por el Grupo de Convergència i Unió podríamos votar
afirmativamente esta moción. Si no son objeto de aceptación las enmiendas de Convergència i Unió en sus propios términos, desafortunadamente, compartiendo la filosofía de la moción, tendremos que votar que no por las vulneraciones competenciales
que, con la parquedad que le he prometido, he manifestado anteriormente.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría, por su concisión.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez. (Rumores). Ruego silencio, por favor.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


Subo a la tribuna para anunciar que apoyaremos la moción presentada por el Grupo Socialista por las dos cuestiones que figuran no solamente en su articulado, sino particularmente en su enunciado. Hemos

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hablado mucho a lo largo de este debate sobre algo extraordinariamente importante y que está de actualidad, que es la privatización de los servicios públicos de salud, pero me interesa destacar también una parte de la iniciativa del Grupo
Socialista que tiene que ver con la igualdad, con la igualdad de acceso a los servicios básicos, en este caso sanitarios, que ha de estar garantizada al margen de la parte de España en la que cada uno de nosotros vivamos. Me parece que es muy
importante y muy interesante que se introduzca ese debate sobre la necesidad de garantizar el acceso a la salud en condiciones de igualdad. Quiero reseñar otra cosa que forma parte de la iniciativa defendida por el señor Martínez Olmos por la
oportunidad del momento en el que estamos debatiendo esta iniciativa aquí. Creo que sería importantísimo que consiguiéramos -miro al grupo mayoritario de la Cámara, al Grupo Popular- paralizar todos los procesos que impliquen un cambio en los
modelos de gestión hospitalaria hasta que no se haya realizado por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad un estudio que analice los resultados que han tenido los diversos modelos y las implicaciones económicas que puedan
tener a medio y largo plazo. Señorías, no les pido demasiado, les pido que se paralicen todos los procesos hasta que no tengamos ese estudio y las consecuencias del mismo, las implicaciones económicas y sociales. Lamento que la portavoz del Grupo
Popular no esté escuchando mi petición, que no es ideológica, sino de sentido común y de responsabilidad. Antes de optar por un modelo nuevo, hagamos una evaluación, preguntémonos lo que cuesta y lo que perderemos si ponemos en marcha esta
iniciativa. Paralicemos todas las iniciativas que al respecto se han puesto en marcha en toda España antes de tomar esta decisión.


La defensa de la privatización que hace el Partido Popular se apoya en el tópico según el cual una empresa privada gestionará el servicio de forma más eficaz que los poderes públicos. Merece la pena detenerse brevemente -mientras me lo
permita el presidente- en analizar este tópico. Primer análisis, por un lado, no todas las empresas privadas son eficientes. Teóricamente, en un mercado abierto las que no lo son, quebrarán, y las que sí lo son, prosperarán. Pero, ¿es la sanidad
un mercado abierto a la libre competencia? En realidad de lo que estamos hablando es de servicios públicos gestionados por la iniciativa privada. El éxito económico dependerá, como sucede demasiadas veces en España, mucho más de las relaciones de
la empresa con los gobernantes que de su eficacia. En segundo lugar, el tópico presupone que la sanidad pública está mal gestionada. Lo cierto es que el sistema de salud español no es más ineficiente que otros de nuestro entorno. Hay pruebas de
que se puede gestionar mejor, que existe despilfarro y, en ciertos casos, opacidad, pero el Gobierno del Partido Popular, y particularmente el Gobierno madrileño, no puede eludir su responsabilidad en este asunto. Precisamente su reforma
privatizadora es, antes que nada, señorías del Grupo Popular, el reconocimiento de su fracaso. Bajo la gestión de la anterior presidenta de esta comunidad autónoma, doña Esperanza Aguirre, se abrieron muchos hospitales públicos de gestión pública.
Ahora, dicen ustedes mismos, que son ineficaces y se pretende un cambio de modelo sin hacer la más mínima autocrítica. Los propios médicos que se manifiestan denuncian las deficiencias de la gestión pública, pero afirman que la solución no es la
privatización sino trabajar mejor.


Nos decía la portavoz del Grupo Popular que los médicos y los enfermeros y enfermeras españoles son los mejores de Europa. Pues, serán los mejores de Europa, pero deben de estar todos equivocados porque están todos en la calle contra la
reforma que ustedes defienden. Es bastante incompatible que sean los mejores y que se hayan puesto todos de acuerdo en que la reforma que ustedes defienden es la peor de las reformas para una sanidad pública de calidad que garantice la igualdad de
acceso a todos los ciudadanos. Otro tópico. La colaboración público-privada exige trasparencia, algo que ustedes no consideran. Otro tópico a desmontar, algo a lo que estamos poco habituados en España y de lo que el Partido Popular y los
Gobiernos del Partido Popular no están dando muestra alguna. ¿Cómo se va a garantizar que los hospitales estén lo suficientemente dotados? ¿Cómo se va a asegurar que el servicio tenga la calidad exigible? ¿Qué controles van a existir? Parece que
ustedes creen que los ciudadanos, los madrileños y los del resto de España, debemos de fiarnos sencillamente de su palabra. Señorías, la transparencia, además de ser esencial para que los ciudadanos estén seguros de que no se aprovecha la reforma
para dar el negocio a los amigos, es un instrumento fundamental de la democracia, pero en esta materia es, insisto, esencial que los ciudadanos confíen en que no se les da lo negociable a los amigos. No tengo tiempo para explicar la cantidad de
ejemplos que hay en toda España de que eso es lo que se está produciendo.


El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Finalizo, presidente. La reforma en la gestión podría agrandar las diferencias, como decía al principio, en el servicio sanitario que reciben los españoles según donde vivan, algo que venimos denunciando desde hace
mucho tiempo y que es el motivo por el que pedimos la devolución de esta competencia

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al Estado. Entiendo que haya a quien no le guste, pero nosotros nos lo planteamos desde la perspectiva de garantizar la igualdad. La sanidad, señorías -y de verdad termino, presidente-, es un servicio público esencial. Todos los
ciudadanos vamos al médico con más o menos frecuencia y la mayoría necesitaremos, antes o después, asistencia hospitalaria. Sin una sanidad pública de calidad, universal y gratuita no existirá en España auténtica igualdad. En un tiempo en el que
la brecha entre los ciudadanos que tienen algo y los que no tienen nada amenaza con hacerse insalvable, no podemos permitirnos arriesgar algo tan valioso para lo cohesión social y para la misma democracia como es la sanidad pública.


Gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Señor Martínez Olmos, ¿qué enmiendas acepta o rechaza?


El señor MARTÍNEZ OLMOS: Aceptamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, a excepción de la que ellos denominan punto 8, porque está recogida en nuestra moción y así lo he comentado con el portavoz del
citado grupo.


Agradecemos la actitud positiva del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo de Convergència i Unió, pero no vamos a aceptar sus enmiendas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Olmos.


En unos minutos empezaremos a votar. (Pausa).


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR. (VOTACIÓN):


- PROPOSICIÓN DE LEY PARA EL EMPLEO ESTABLE Y CON DERECHOS. (Número de expediente 120/000003).


El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las votaciones. En primer lugar, votación correspondiente a la toma en consideración de la proposición de ley para el empleo estable y con derechos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 130; en contra, 179; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO, PARA SU ADAPTACIÓN A LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
(Número de expediente 122/000064).


El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para su adaptación a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 142; en contra, 176; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA POR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LAS DEMÁS EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA. (Número de expediente 162/000348).

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El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la
vida. Hay una transaccional que los grupos conocen.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 307; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA EVITAR EL DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. (Número de expediente 162/000367).


El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para evitar el desmantelamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Hay una transaccional que conocen los grupos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 141; en contra, 177; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA Y VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA A LA PROMOCIÓN DENTRO DE LA ESTRATEGIA
DE SALUD MENTAL DE ACCIONES PARA UNA REDEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO. (Número de expediente 162/000461).


El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley presentada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Catalán, La Izquierda Plural, UPyD y Vasco, relativa a la promoción, dentro de la estrategia de salud mental, de acciones para una
redefinición de los objetivos y acciones de prevención del suicidio. Se vota en sus propios términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 319; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD Y LAS CRECIENTES DESIGUALDADES TERRITORIALES EN EL ACCESO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
SANITARIOS. (Número de expediente 173/000053).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la privatización de los servicios públicos de salud y las crecientes desigualdades territoriales en el acceso a la prestación de los
servicios sanitarios. Se acepta la enmienda de La Izquierda Plural, excepto un punto 8.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 123; en contra, 177; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se suspende la sesión.


Eran las nueve y veinticinco minutos de la noche.