CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2012 X Legislatura Núm. 57

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 53

celebrada el jueves,

13 de septiembre de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:


- Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de restructuración y resolución de entidades de crédito. ('BOE' núm. 210, de 31 de agosto de 2012). (Número de expediente 130/000025) ... (Página6)


- Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. ('BOE' núm. 204, de 25 de agosto de 2012). (Número de expediente
130/000024) ... (Página29)


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:


- Enmiendas al Acuerdo sobre la conservación de los cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua, adoptadas en la IV reunión de las partes, hecho en Mónaco el 12 de noviembre de 2010. 'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 50, de 18 de mayo de 2012. (Número de expediente 110/000034) ... (Página53)


- Acuerdo sobre un espacio aéreo común entre la Unión Europea y sus Estados miembros por una parte, y Georgia, por otra, hecho en Bruselas el 2 de diciembre de 2010. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 53, de 25 de mayo de
2012. (Número de expediente 110/000035) ... (Página53)


- Acuerdo Euromediterráneo de aviación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino Hachemí de Jordania, por otra, hecho en Bruselas el 15 de diciembre de 2010. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número
54, de 25 de mayo de 2012. (Número de expediente 110/000036) ... (Página53)

Página 2

- Canje de notas, de fechas 20 de abril de 2007 y 20 de junio de 2011, entre el Reino de España y la República Francesa para la puesta en vigor de diversas modificaciones del Convenio de 14 de julio de 1959 relativo a la pesca en el río
Bidasoa y la bahía de Higuer. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 56, de 1 de junio de 2012. (Número de expediente 110/000037) ... (Página53)


- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la Federación de Rusia al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. 'BOCG. Sección Cortes Generales',
serie A, número 59, de 8 de junio de 2012. (Número de expediente 110/000038) ... (Página53)


Propuestas de creación de subcomisiones:


- Propuesta de la Comisión de Igualdad, de creación de una subcomisión para el estudio de la racionalización de horarios, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie D, número 115, de 22 de junio de 2012. (Número de expediente 158/000016) ... (Página53)


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:


- Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 16-1, de 27 de julio de 2012. (Número
de expediente 121/000016) ... (Página53)


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes (Votación. ... (Página69)


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales (Votación) ... (Página70)


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas (Votación) ... (Página70)


Votación de conjunto ... (Página73)


Propuestas de creación de subcomisiones (Votación) ... (Página74)


SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página6)


Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de restructuración y resolución de entidades de crédito ... (Página6)


El señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado) expone a la Cámara las razones que han impulsado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno en contra interviene el señor Gómez Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


Contesta el señor ministro de Economía y Competitividad.


Interviene el señor Gómez Sánchez.

Página 3

Cierra el debate el señor ministro de Economía y Competitividad.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Salvador Armendáriz; la señora Oramas González-Moro; el señor Jorquera Caselas; la señora Jordà i Roura y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores
Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo ... (Página29)


La señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García) expone las razones que han obligado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno en contra interviene la señora Gutiérrez del Castillo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


Contesta la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.


Interviene la señora Gutiérrez del Castillo.


Cierra el debate la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo; el señor Álvarez Sostres; la señora Fernández Davila; los señores Tardà i Coma y el señor Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Campuzano i Canadés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


El señor Madina Muñoz solicita la palabra al amparo del artículo 71 del Reglamento, que le es concedida.


Interviene el señor Merino López.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página53)


Enmiendas al acuerdo sobre la conservación de los cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua, adoptadas en la IV Reunión de las partes, hecho en Mónaco el 12 de noviembre de 2010 ... href='#(Página53)'>(Página53)


Acuerdo sobre un espacio aéreo común entre la Unión Europea y sus Estados miembros por una parte, y Georgia, por otra, hecho en Bruselas el 2 de diciembre de 2010 ... (Página53)


Acuerdo euromediterráneo de aviación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino Hachemí de Jordania, por otra, hecho en Bruselas el 15 de diciembre de 2010 ... (Página53)

Página 4

Canje de notas, de fechas 20 de abril de 2007 y 20 de junio de 2011, entre el Reino de España y la República Francesa para la puesta en vigor de diversas modificaciones del Convenio de 14 de julio de 1959 relativo a la pesca en el río
Bidasoa y la bahía de Higuer ... (Página53)


Declaración de aceptación por España de la adhesión de la Federación de Rusia al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en la Haya el 25 de octubre de 1980 ... href='#(Página53)'>(Página53)


Dado que no hay debate en este punto, se pasa directamente a votación.


Propuestas de creación de subcomisiones ... (Página53)


Propuesta de la Comisión de Igualdad, de creación de una subcomisión para el estudio de la racionalización de horarios, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad ... (Página53)


Dado que no hay debate en este punto, se pasa directamente a votación.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página53)


Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ... (Página53)


Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero.)


En defensa de las enmiendas presentadas, tanto a la totalidad como al articulado, intervienen los señores Jorquera Caselas, Bosch i Pascual, la señora Oramas González-Moro y el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores
Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista y Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario
de Unión Progreso y Democracia.


En turno de fijación de posiciones interviene la señora Asian González.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página69)


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de restructuración y resolución de entidades de crédito, se aprueba por 194 votos a favor, más 2 votos telemáticos; 119 en contra, más 1 voto telemático y 6
abstenciones.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 319 votos a favor más 3 votos telemáticos.

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Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, se aprueba por 180 votos a favor,
más 2 votos telemáticos; 121 en contra, más 1 voto telemático y 18 abstenciones.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 139 votos a favor, más 2 votos telemáticos y 180 en contra, más 1 voto telemático.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página70)


Sometidos a votación conjunta los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores que figuran en el orden del día, son aprobados por asentimiento.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página70)


Sometidas conjuntamente a votación las enmiendas de devolución presentadas al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se rechazan por
133 votos a favor; 179 en contra, más 2 votos telemáticos y 5 abstenciones.


Se someten a votación separada las enmiendas presentadas al articulado.


Votación de conjunto ... (Página73)


Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 180 votos a favor, más 2 votos telemáticos; 129 en contra y 8 abstenciones.


Propuesta de creación de subcomisiones. (Votación) ... (Página74)


Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Igualdad, de creación de una subcomisión para el estudio de la racionalización de horarios, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad, se aprueba por
asentimiento.


Se levanta la sesión a las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


La sesión plenaria de hoy incluye el debate y aprobación en tramitación directa de un proyecto de ley orgánica. Por lo tanto, hay que señalar por parte de esta Presidencia una hora no antes de la cual se celebrarán las votaciones.
Votaremos todo al final, pero no antes de las catorce horas. Ruego a todos los que vayan a intervenir, y que a los que no estén aquí se lo transmitan, que para conseguir votar a las dos de la tarde es necesario que respeten los tiempos y que actúen
en consecuencia. Por lo tanto, puede que las votaciones sean bastante más tarde de las dos. Por eso, me gustaría que se ajustaran a los tiempos que se les han concedido.

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CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:


- REAL DECRETO-LEY 24/2012, DE 31 DE AGOSTO, DE RESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO. (Número de expediente 130/000025).


El señor PRESIDENTE: En primer lugar, Real Decreto-Ley 24/2012, de 31 de agosto, de restructuración y resolución de entidades de crédito. Para su presentación tiene la palabra el ministro de Economía y Competitividad.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Señor presidente, señorías, tengo el honor de comparecer hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados para defender y solicitar su apoyo para la convalidación y posterior
tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-Ley 24/2012, de restructuración y resolución de entidades de crédito, aprobado el pasado viernes 31 de agosto por el Consejo de Ministros. Este real decreto-ley supone un reforzamiento
extraordinario y sin precedentes de los mecanismos con que contarán las autoridades públicas para gestionar las situaciones de crisis que pudieran producirse en las entidades de crédito españolas. Ha estado precedido por los dos reales
decretos-leyes que el Gobierno presentó en esta Cámara los pasados meses de febrero y mayo. Con ellos se inició el proceso de saneamiento integral del sistema financiero español al atacar de raíz el principal problema que afectaba a sus balances:
la irreal valoración de los activos ligados al crédito promotor. Con dichas medidas y con la ejecución en paralelo de un ejercicio de transparencia sobre la salud del sistema financiero español, el Gobierno ha sentado las bases para una actuación
definitiva que este real decreto-ley, que hoy presento para su convalidación, hará posible.


En mi última comparecencia ante la Comisión de Economía y Competitividad, el pasado 23 de julio, expliqué el acuerdo del Eurogrupo sobre la asistencia financiera para la recapitalización de la banca española. Esta asistencia nos permitirá
completar el saneamiento y restructuración que hemos puesto en marcha, ayudando a recapitalizar a aquellas instituciones más débiles que no puedan conseguir el capital por sus propios medios en el mercado. El Memorándum de Entendimiento, como parte
fundamental de dicho acuerdo, recoge las condiciones específicas para el sector, estableciéndose un calendario para su cumplimiento. En este real decreto-ley se recogen las medidas cuya adopción estaba prevista para el mes de agosto; además, se ha
adelantado la aplicación de otras que el memorándum prevé para fechas posteriores, como la regulación de las participaciones preferentes y el refuerzo de la protección de los inversores minoristas. Quiero subrayar que, más allá de los problemas
concretos de una entidad determinada, los objetivos perseguidos por esta norma son los siguientes: En primer lugar, salvaguardar la estabilidad del sistema financiero. En segundo lugar, asegurar la continuidad de aquellos servicios financieros
cuya interrupción podría perturbar el funcionamiento de la economía y, por último, limitar al máximo el uso de los recursos públicos.


Para enmarcar las medidas introducidas en este real decreto-ley es pertinente echar la vista atrás hasta el estallido de la crisis financiera internacional en el año 2007. A partir de ese momento, dada la importancia sistémica de algunas
entidades financieras y los problemas de contagio hacia la economía real, surgieron numerosas iniciativas y actuaciones encaminadas a robustecer los mecanismos de restructuración y resolución de entidades financieras. En octubre de 2011, en el
marco del G-20, se delimitaron los aspectos esenciales para el establecimiento de un adecuado régimen de resolución de entidades. Se perseguía promover un marco legal para la restructuración de entidades financieras de una manera ordenada, sin
exponer al contribuyente a la asunción de pérdidas derivadas de las medidas de apoyo. La propuesta directiva lanzada por la Comisión Europea el pasado 6 de junio contiene un amplio catálogo de medidas a adoptar en una primera instancia para evitar
que una entidad de crédito llegue a una situación de inviabilidad que ponga en riesgo la estabilidad del sistema financiero y en una segunda instancia para proceder a la resolución ordenada de las entidades no viables. Esta propuesta directiva se
empezará a discutir en el seno del Ecofin en los próximos días. Con este real decreto-ley España adelanta la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de importantes elementos de esta directiva. Uno de ellos es el término resolución, dado el
uso común que tiene en el ámbito internacional para referirse a los procesos en que la entidad de crédito no es viable y es necesario proceder a una extinción ordenada de la misma, que puede incluir su integración en otra entidad o la venta de sus
activos sanos. A la hora de elaborar el presente real decreto-ley se han tenido en cuenta todas estas iniciativas. El resultado es una sustancial reforma del esquema español de restructuración y resolución de entidades de crédito existentes hasta
la fecha.

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El primer grupo de medidas de este real decreto-ley establece un nuevo marco de gestión de las crisis, con el objetivo de dotar a los poderes públicos de las herramientas necesarias para solventar de forma más efectiva el saneamiento del
sistema financiero. Dicho marco establece diferentes procedimientos de actuación en función de la capacidad de las entidades para resolver sus dificultades internas por sus propios medios o con apoyo público. De esta forma se distingue entre
procesos de actuación temprana, procesos de restructuración y procesos de resolución. Las medidas de actuación temprana están previstas para entidades que pueden ser viables por sus propios medidos, pero que puedan requerir una ayuda excepcional y
transitoria a través de instrumentos convertibles en acciones a devolver en un plazo de dos años, previo informe favorable del FROB. Las medidas de actuación temprana se integran con claridad dentro de las funciones de supervisión, de ahí que sea
el Banco de España quien decida sobre qué entidades han de adoptar estas medidas. Por otro lado, tendrá lugar la restructuración de una entidad de crédito cuando esta requiera apoyo financiero público para garantizar su viabilidad y sea previsible
que dicho apoyo sea reembolsado o recuperado en los plazos previstos. La restructuración también se aplicará a aquellas entidades inviables que tengan carácter sistémico, debido al riesgo que su resolución ordenada podría suponer para el conjunto
del sistema financiero. Los instrumentos de asistencia financiera a emplear en esta fase incluyen el otorgamiento de garantías, la concesión de préstamos o créditos, la adquisición de activos o pasivos o recapitalización mediante acciones o Cocos,
el traspaso de los activos deteriorados a una sociedad gestora de activos o cualquiera de las medidas de intervención temprana antes mencionadas. Por último, el supuesto de resolución ordenada es el procedimiento aplicable a una entidad de crédito
cuando esta sea inviable o sea previsible que vaya a serlo, y además resulte necesario evitar su liquidación concursal para garantizar la estabilidad del sistema financiero. En esta fase, las herramientas de resolución a emplear por el FROB pueden
consistir en la venta del negocio a la entidad, la transmisión de activos o pasivos a un banco puente y la transmisión de activos o pasivos a una entidad de gestión de activos. También podrá otorgar medidas de apoyo financiero a los adquirentes del
negocio de la entidad en restructuración, al banco puente o a la sociedad de gestión de activos cuando resulte necesario para facilitar la implementación de los instrumentos anteriores. Dentro de estas medidas de apoyo financiero también se
encuadra la financiación del Fondo de garantía de depósitos, al objeto de cumplir con su función de garante de los depósitos. Se permite al FROB que preste al Fondo de garantía de depósitos para que pueda llevar a cabo dicha función en situaciones
en que las aportaciones corrientes de las entidades privadas no fueran suficientes.


El segundo grupo de medidas de este real decreto-ley modifica el régimen jurídico del FROB, reforzando sus poderes de intervención en los procesos de restructuración y resolución. Entre los elementos principales del nuevo régimen del FROB
me gustaría destacar los siguientes aspectos. En primer lugar, se ha suprimido la participación que tenían las entidades de crédito en representación del Fondo de garantía de depósitos con el objetivo de evitar situaciones de conflicto de interés.
Además, se clarifica la relación entre el FROB y el Fondo de garantía de depósitos, limitándose este último a las funciones de garantía y solvencia de los depósitos. Las facultades del FROB en los procesos de resolución pueden tener carácter
mercantil o administrativo y además se hace una referencia al carácter ejecutivo de las medidas de resolución, es decir, no necesitarán el consentimiento de la junta o asamblea general o de los accionistas para su aplicación, lo que facilita y
agiliza sus actuaciones en caso de crisis de una entidad. Financieramente, se dota al FROB con la aportación que se determine en los Presupuestos Generales del Estado, pudiendo además captar financiación adicional de terceros sin sobrepasar los
límites establecidos en los presupuestos, fijados para 2012 en 120.000 millones de euros. Para reforzar su transparencia, la actuación económica financiera del FROB quedará sometida al control financiero permanente de la Intervención General de la
Administración del Estado y deberá informar a la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados. Se modifica la composición del órgano de gobierno del fondo, regido y administrado por una comisión rectora, integrada por nueve
miembros en representación del Banco de España, del Ministerio de Economía y Competitividad y del Ministerio de Hacienda. Se ha creado la figura de un director general, que ostentará las competencias de carácter ejecutivo del fondo, nombrado por el
Gobierno previa consulta al gobernador del Banco de España.


En tercer lugar, el real decreto regula la comercialización futura de productos financieros complejos a inversores minoristas, estableciendo nuevos mecanismos de protección del inversor y de mejora de la transparencia en su comercialización.
De esta forma, el Gobierno quiere evitar que se vuelvan a repetir casos como el tristemente conocido de las participaciones preferentes, un producto de inversión complejo que fue comercializado masivamente de forma no siempre adecuada, como todos
sabemos, entre

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inversores minoristas con un perfil inversor conservador. El decreto desincentiva la comercialización de las preferentes y otros productos igualmente complejos, introduciendo un tramo para inversores profesionales mínimo del 50 % e
inversión mínima de 100.000 euros en el caso de emisiones de entidades que no sean sociedades cotizadas y de 25.000 euros en el caso de las restantes emisiones. Además, se intensifican los poderes de control que tiene la Comisión Nacional del
Mercado de Valores en relación con la comercialización de productos de inversión especialmente complejos. Entre ellas, señorías, les cito las siguientes: nueva definición del folleto informativo, que contendrá información fundamental para ayudar a
los inversores a decidir si invierten o no en dichos valores; la posibilidad de inclusión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de cuantas advertencias estime necesarias relativas al instrumento financiero y en particular las que
destaquen que se trata de un producto no adecuado para inversores no profesionales debido a su complejidad. En el caso de que el servicio de inversión se preste en relación con un instrumento complejo, se exigirá que el documento contractual
incluya, junto a la firma del cliente, una expresión manuscrita en los términos que determine la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que el inversor manifieste que ha sido advertido de que el producto no le resulta conveniente o de que
no ha sido posible evaluarlo en los términos de este artículo.


Uno de los puntos más relevantes de este decreto es la puesta en marcha de un marco regulatorio para la construcción de una sociedad de gestión de activos. En esta sociedad se agruparán los activos dañados de las entidades en proceso de
restructuración y resolución para su gestión y posterior venta ordenada. Con la segregación de estos activos se contribuirá a disipar las dudas de los inversores sobre la calidad de los balances bancarios, facilitando su saneamiento definitivo y
una reducción ordenada de la exposición al sector inmobiliario de las entidades de crédito. En el presente real decreto-ley se da la cobertura legal mínima imprescindible para poder desarrollar reglamentariamente, con posterioridad, los detalles
para la constitución de esta sociedad, que estará plenamente operativa a principios de diciembre. Permítanme explicarles brevemente, señorías, las principales características de esta nueva regulación. Se otorga al FROB la capacidad de obligar a
las entidades financieras que reciban apoyo público a transferir los activos dañados que se estimen oportunos. El FROB participará en el accionariado de la sociedad de gestión de activos. No obstante, la presencia del capital público estará
limitada a un porcentaje menor al 50 %. Por último, se da el mandato al FROB para que inmediatamente comiencen los trámites necesarios para la constitución de la sociedad de gestión de activos.


Conviene hacer ahora una referencia a otro aspecto crucial del decreto que presento hoy ante esta Cámara: el reparto de los costes del saneamiento y restructuración entre el sector público y el sector privado. Como comentaba ayer, el
principio que guía esta regulación es el de reducir al máximo el coste para los contribuyentes, al considerar que los primeros en sufragar los gastos de la restructuración deberán ser los accionistas y los acreedores de la entidad en proceso de
saneamiento. Este principio está en consonancia con la normativa europea en materia de ayudas de Estado en la que se inspira el decreto en sus aspectos fundamentales. A este respecto, el único elemento novedoso del real decreto-ley estriba en la
capacidad del FROB para imponer un ejercicio de asunción de pérdidas más severo para los accionistas y acreedores privados que el presentado por la entidad si considera que este no es suficiente. Las acciones para la asunción de pérdidas de los
acreedores afectará exclusivamente a los instrumentos híbridos de capital, como las participaciones preferentes, y a la deuda subordinada, y podrán consistir en las siguientes alternativas: en primer lugar, ofertas de canje por instrumentos de
capital de la entidad de crédito; en segundo lugar, ofertas de recompra de los valores, ya sea mediante su abono directo en efectivo o condicionado a la suscripción de instrumentos de capital o cualquier otro producto bancario; en tercer lugar, la
reducción del valor nominal de la deuda y, en cuarto lugar, la amortización anticipada a valor distinto al valor nominal. Estas acciones deberán tener en cuenta el valor presente de mercado de los instrumentos a los que se dirigen, aplicando primas
o descuentos conformes con la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado.


Finalmente, el real decreto-ley introduce otro tipo de medidas de carácter heterogéneo, pero también de importancia, exigidas en el Memorándum de Entendimiento para la mejora del funcionamiento del sector financiero. Un aspecto de
relevancia es la modificación de la definición de capital principal, acompasándola a la utilizada por la autoridad bancaria europea, y la modificación de los requerimientos de capital principal de las entidades de crédito. Concretamente, los
requisitos actuales del 8 % con carácter general y del 10 % para las entidades con difícil acceso a los mercados de capitales y para los que predomine la financiación mayorista se transformarán en un único requisito del 9 %, que deberá cumplir a
partir del 1 de enero del año próximo. Por otro lado, se procede a la separación entre las funciones

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atribuidas al Banco de España y al Ministerio de Economía y Competitividad en materia de autorización y sanción de las entidades de crédito. Por último, se reduce el máximo de la retribución fija que pueden cobrar por todos los conceptos
presidentes ejecutivos, consejeros delegados y directivos de las entidades que, sin hallarse mayoritariamente participadas por el FROB, reciban apoyo financiero, recortándose desde los 600.000 euros actuales a 500.000. A lo largo de este otoño
seguiremos trabajando en otros pasos previstos en el memorándum y tendrá lugar el desarrollo reglamentario de los aspectos que lo necesiten y que queden pendientes.


Voy acabando, señorías. No me gustaría terminar sin detallar cuáles son los próximos hitos de la restructuración bancaria. A finales de septiembre se conocerán los resultados de las pruebas de resistencia individuales para determinar las
necesidades de capital banco a banco. Es importante destacar que las necesidades de capital no tendrán por qué coincidir con las inyecciones necesarias, ya que hay entidades que podrán financiarse por sí mismas, además de los ejercicios de reparto
de la carga y las transferencias de activos a la sociedad de gestión de activos, entre otros. En el caso de las entidades del grupo 1, según el Memorándum de Entendimiento, es decir, aquellas intervenidas por el FROB, la Comisión aprobará los
planes de restructuración a principios de noviembre, y a continuación se producirá la inyección de capital. Para las entidades del grupo 2, aquellas que no pueden afrontar su déficit de capital sin ayudas públicas, el proceso de aprobación del plan
de restructuración por la Comisión se prolongará hasta finales de diciembre. En el caso del grupo 3, aquellas entidades que se prevé que puedan hacer frente a su déficit de capital por sí mismas, tras la presentación del plan de recapitalización en
octubre, tendrán hasta junio para demostrar que pueden hacer frente a sus necesidades sin contar con apoyo público.


Señorías, este real decreto-ley es un hito fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, con el que España se adelanta a la aplicación de la directiva de resolución de crisis bancarias. De haber contado con un instrumento jurídico como este
en los años precedentes, podrían haberse resuelto antes y mejor muchas de las situaciones en las que se han visto envueltas algunas entidades de crédito españolas. De haber dispuesto de esta herramienta al inicio de la crisis financiera, el coste
global para todos los españoles hubiera sido seguramente menor y es posible que lo hubiéramos realizado sin necesidad de acudir al programa de asistencia europea. También se hubiera evitado el problema que afecta a tantos ciudadanos a quienes se
han vendido productos complejos que por sus características técnicas están diseñados para inversores institucionales.


No me gustaría finalizar sin mencionar y agradecer la plena colaboración mostrada por la Comisión, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional en la elaboración de este real decreto-ley, que sumó la experiencia de todos ellos
en un marco de resolución de crisis bancarias. A su vez, es reflejo del compromiso de este Gobierno con nuestros socios europeos y es una contribución fundamental a la sostenibilidad del euro. Este real decreto-ley de reforma financiera, en
conjunción con las dos que le preceden, nos llevarán, señorías, a un sector financiero más eficiente, más saneado e integrado por entidades más solventes. De esta manera, el sector volverá a estar en condiciones de conceder financiación a la
economía real. Por todos los motivos anteriores, señorías, les pido y confío en que me den su apoyo para su convalidación y posterior tramitación como proyecto de ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Economía y Competitividad.


Han solicitado la utilización del turno en contra de este decreto-ley varios grupos, entre ellos el Grupo Parlamentario Socialista. Por lo tanto, tiene la palabra don Valeriano Gómez.


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, tomo la palabra para explicar la postura del Grupo Socialista en este debate sobre la convalidación del Real Decreto-ley de restructuración y resolución de entidades de crédito. Nuestro voto -ya se lo adelanto- será contrario a la
convalidación (Una señora diputada: ¡Qué sorpresa!) Señor ministro, en el mes de febrero, cuando usted trajo al Congreso la convalidación de su primera reforma financiera, dijo que suponía hacer en un año lo mismo que en los tres últimos años. Y,
¿sabe lo que le digo? que tenía usted razón. En menos de un año han puesto al borde de la quiebra a una parte sustancial de nuestro sistema financiero. Han tenido que pedir su rescate para recapitalizarlo y parecen disponerse a pedir un nuevo
rescate global para toda la economía española. En apenas ocho meses han hecho ustedes más, mucho más, ya lo creo, que en los casi cuatro años anteriores. Han arruinado los esfuerzos de mantenimiento del crédito y de la confianza en la economía
española que, con todas las dificultades del mundo, sin duda -por cierto, algunas de ellas puestas por su partido entonces en la oposición-

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había intentado afrontar el Gobierno anterior. Esa ha sido su obra y la de su Gobierno en estos meses y no merecen otra cosa que no sea nuestro reproche y el del conjunto de la sociedad española. Eso de que dejemos que se derrumbe el país,
que ya lo levantaremos nosotros, no será fácil de olvidar, señorías. Pero, ministro, el problema no es lo que dijera el señor Montoro hace un par de años, ni hace dos años ni hace dos días, el problema es que ustedes no levantan al país, que lo
terminarán de hundir y lo convertirán en insolvente e insolidario a la vez. Este es el problema, señor ministro.


Señorías, esta es la tercera reforma financiera que el Gobierno trae a la Cámara en algo más de seis meses, pero la frecuencia, la que estamos observando durante este primer año, es, por ahora, de una reforma cada dos meses y medio. Con
todo el respeto se lo digo: ¿de verdad cree usted que esta es la forma de hacer las cosas? En ocasiones me he preguntado en estos meses si ustedes sabían lo que hacían; por supuesto, con el conjunto de la sociedad, con toda la sociedad, que ya lo
sabe. Ustedes callaron y engañaron a los ciudadanos españoles en muchas de las medidas que pensaban hacer. Apuntaron algunas reformas, sí; nunca dijeron que iban a desproteger a los trabajadores de una forma agresiva -usted lo dijo-, reduciendo,
y de qué manera, la protección frente al despido, eliminando la negociación colectiva en las pequeñas y medianas empresas. Dijeron además que nunca sobrepasarían determinadas líneas rojas: la subida del IVA, el gasto educativo, el copago
sanitario, la protección de los desempleados, la dependencia, las pensiones y tantos y tantos otros etcéteras. Han hecho prácticamente todo lo contrario de lo que dijeron, no han dejado ni una sola línea roja por pisar y cada línea que pisan es un
grado más de sufrimiento y malestar para miles y miles de ciudadanos de este país. Eso sí, en el colmo de los desatinos, el presidente del Gobierno dice que la realidad no le deja hacer lo que quería. Vivir para ver, señorías, vivir para ver. ¿Se
da usted cuenta, señor ministro, por qué no sobra la pregunta de si de verdad sabían ustedes lo que hacían? En la primera reforma elevaron el nivel de las provisiones bancarias hasta un importe de 50.000 millones en un solo año, salvo si se
producía algún proceso de fusión. Ello dejaba a muchas entidades financieras al borde de la insolvencia, y así se lo dijimos. Se corría el riesgo de restringir, aún más, el ya escaso flujo de crédito para las pequeñas y medianas empresas. Eso sí,
cuando decían: en un solo año hacemos más que stress, sacaban pecho, como el señor Rajoy en Bruselas. Y ya sabemos lo que le ocurre después al presidente, se le encogen hasta las costillas. Después vino el asunto de Bankia, o, mejor decir, el
despropósito, el caos, el dislate, el error más grave, en suma, que se ha cometido en la historia financiera española durante los últimos ochenta años. No hay palabras, señor ministro, porque con esta actuación el Gobierno ha infligido un daño
irreparable a la economía y a la sociedad española; un daño que se mide en más costes para el contribuyente, que se mide en menos protección para el desempleo, en más intereses para financiar nuestra deuda y en menos recursos para casi todo lo
demás: educación, sanidad, dependencia, desempleo. Señor ministro, usted sabe hacer bien las cosas y, sobre todo, las cuentas, al menos tan bien como el señor Montoro. El coste de Bankia, solo el de Bankia, vale más de la mitad del gasto en
educación en toda España. Ahora que empieza el cole -y vaya comienzo, habría que decirle al señor ministro de Educación, hoy no está de más recordarlo-, el préstamo total para recapitalizar el sistema financiero español da para pagar más de dos
años y medio la educación de los millones de niños y jóvenes de cualquier edad en nuestro país. Otra forma de medirlo: el rescate financiero vale lo mismo que todo lo que España ha gastado en protección por desempleo desde que empezó la crisis.
¿Ve, otra vez, cómo no sobra la pregunta de si ustedes sabían lo que hacían?


Señor ministro, señorías, la crisis de Bankia, los 23.000 millones que parece costar la recapitalización, todo el dinero que haga falta, dijo usted, señor De Guindos, hizo inevitable la segunda reforma financiera y el rescate posterior. Dos
meses y medio antes habían dicho que no habría banco malo y que la restructuración no le costaría un duro al contribuyente. Es verdad, ya no hay duros. Pero cuando oigo a la vicepresidenta decir hace unos días que todo esto no le costará un euro a
los contribuyentes españoles, pienso que ella es la única en el país que cree que sigue habiendo duros a cuatro pesetas. Pero como no hacía falta banco malo, ustedes permitieron en ella crear tantos bancos malos como entidades financieras lo
necesitaran. El Grupo Socialista votó a favor en la primera reforma y nos abstuvimos en la segunda. Le dijimos en la primera que sería la última vez que lo haríamos si no había diálogo previo en sus contenidos. No hubo diálogo en la primera. No
lo hubo en la segunda. Nos dijeron que hablarían con nosotros durante la tramitación como proyecto de ley. Han pasado más de dos meses, todavía estamos esperando, pero no esperaremos más. Ya está bien. Aquí se acaba esta triste historia, señor
ministro. Si el Gobierno ha decidido que no es el momento ni del consenso, ni del acuerdo en el peor lance económico en nuestra historia democrática, debe ser el momento de la oposición firme, de la oposición en democracia, de la respuesta con la
razón, con la palabra y con la justicia, que no está de más en este tipo de discusiones,

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de responder a unas medidas que no compartimos ni comparte la inmensa mayoría de la sociedad española.


Dijimos y decimos, señor ministro, que hay que garantizar que la reforma no le cuesta un euro al contribuyente, que había que asegurar que el Estado se retirara del sistema financiero y que su retirada no se produjera con pérdidas para el
conjunto de los contribuyentes. Dijimos y decimos que no debían contemplarse apoyos financieros y fiscales a los distintos bancos malos, ni ahora al único y gran banco malo. Seguimos diciendo que hace falta más información y más control
parlamentario sobre el impacto de la reforma en el crédito a las familias. Está bajando hoy al 4 % el flujo de crédito a familias y empresas. Pensamos que un sector financiero con pocas y grandes entidades no tiene por qué ser un sector más sano.
El decreto-ley ahonda en esta dirección, una dirección que creemos profundamente equivocada, señor ministro. Dijimos y decimos que tiene que haber una solución a los titulares actuales de preferentes y de obligaciones subordinadas, de productos
híbridos. Lo llevamos diciendo desde la primera reforma hace seis meses, y seguimos esperando. Defendíamos y defendemos medidas que permitan resarcir a estos titulares del fraude del que han sido objeto y de que se pueda recuperar la confianza de
los clientes en nuestro sistema financiero. Una confianza, señorías, se mire como se mire, que hoy no existe. No existe en el conjunto de la sociedad española la confianza suficiente en sus responsables financieros, en sus principales entidades
financieras.


Señorías, el peor golpe que puede recibir la confianza en un sistema financiero es que se pueda engañar a centenares de miles de personas y que no pase nada en lo judicial y que, al mismo tiempo, no haya soluciones políticas. Este es el
peor golpe que puede recibir la confianza en cualquier sistema financiero del mundo. La solución a las preferentes debe ser soportada por el conjunto del sistema financiero. Debe distinguir entre cantidades aportadas favoreciendo las cuantías más
bajas y entre los inversores que conocían bien qué hacían con el dinero de aquellos -por desgracia la mayoría- que han sido objeto de un inmenso engaño. Por eso creemos que la CNMV debe auditar de oficio a todos los titulares de preferentes con la
emisión de informes individuales, informes que esclarezcan todas y cada una de estas situaciones. Es verdad que el acuerdo de rescate no favorece casi ninguna de estas condiciones planteadas en su día por el Grupo Parlamentario Socialista. Por eso
no nos gusta, porque, en cambio, deja a salvo a los bonistas, en gran parte inversores mayoristas, entre los que se encuentran los principales inversores de la banca europea e internacional. Si no hay solución a los titulares de participaciones
preferentes, en su mayoría engañados, no debe haberla tampoco para ellos. El acuerdo de rescate, el MoU, no puede impedir que se reponga en sus derechos a los ahorradores afectados. Es el Gobierno, que ahora tiene la mayoría en el FROB el que debe
aportar la solución. Hace seis meses, mucho antes del rescate, que llevamos reclamándola en el conjunto de la Cámara por prácticamente todos los grupos parlamentarios. Por cierto, no nos gusta que el FROB esté controlado por el Ministerio de
Economía y que no haya en él participación alguna de expertos independientes consensuados con los principales grupos parlamentarios. Además hay que acabar con el esperpento que significan los cien mil desahucios al año que podrían muy pronto llegar
hasta más de medio millón al año, mientras que existen más de un millón de viviendas vacías. El Gobierno debe elaborar un programa urgente para impedir, al menos, que miles de personas pierdan su vivienda y sus ahorros al mismo tiempo, y que no
tengan ni siquiera un techo que les proteja. Por cierto, señor ministro, no hemos recibido en la Cámara información de los resultados del código de buenas prácticas, que aprobaron con sus votos hace unos meses. Tenemos razones para pensar que fue
mucho más propaganda que solución; que fue un gran fracaso, señorías. Esto es lo que está siendo, una gran cortina de humo en un asunto también trascendental para buena parte de las familias españolas endeudadas.


Señor ministro, como sabe bien, la democracia es un régimen en el que las formas son mucho más importantes que el fin. Lo importante son las formas y los medios. Sé que usted no es el último responsable de esto. Sin duda lo es quien tiene
la responsabilidad al frente del Consejo de Ministros, el señor Rajoy, el que choca con la realidad un día sí y otro también. Quiero que conozca nuestra protesta más solemne por haber tenido que asistir durante este verano al triste espectáculo de
contemplar parlamentos, como el alemán o el finlandés, debatir y aprobar el rescate financiero y no haberlo hecho en el Pleno de esta Cámara en una operación histórica para España. (Aplausos). Un préstamo de más de 16 billones de las antiguas
pesetas; 100.000 millones de euros sí, pero, que no se preocupe la señora Cospedal, no son cien mil diputados autonómicos a los que hay que quitar el sueldo; son 100.000 millones de euros que no han merecido ni siquiera el debate en un Pleno de
esta Cámara.

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Señorías, no votaremos este decreto-ley y nos opondremos a un nuevo rescate si profundiza en una política de ajuste a cualquier precio que nos está llevando a la vez a la quiebra económica y a la quiebra social en España y en buena parte de
Europa. Una política errónea impulsada por una derecha ciega e ineficaz que gobierna en gran parte de Europa y que si se le deja puede terminar acabando con ella. Al respecto quiero decir hoy aquí que el Partido Socialista se opondrá con todos los
medios a su alcance a un nuevo rescate en estas condiciones, que si para lograr que el Banco Central Europeo actúe comprando bonos españoles en los mercados secundarios de deuda pública es necesario imponer un nuevo proceso de ajuste, un ajuste que
deprimirá aún más nuestra economía, que nos colocará en peor situación económica, que agudizará la destrucción de empleo aunque se alivie en parte la carga financiera en las nuevas emisiones es mejor decir que no. No ha sido la herencia (Un señor
diputado: ¡No!) Debo recordarle que ya hay 420.000 parados más en los últimos seis meses y 350.000 afiliados menos a la Seguridad Social desde que gobiernan. No, señor ministro, no ha sido la herencia han sido los inmensos errores de este Gobierno
los que nos han conducido a esta situación dramática, basta con mirar nuestra prima de riesgo y la italiana, ahora y hace ocho meses. Esto no es herencia, esta es la gestión de su Gobierno y de nadie más.


Señor ministro, no tiene sentido continuar por este camino profundamente erróneo que se nos impone. Es un camino que, si no lo remediamos, acabará conduciendo al abismo a España y a Europa entera. Habrá rescate, pagaremos el precio, pero
seguiremos secuestrados en medio de la recesión y el sufrimiento.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.


Señor ministro de Economía.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Gómez, este real decreto-ley es como lo del poeta, les pone a ustedes enfrente del espejo de sus contradicciones. (Aplausos). Usted antes comentaba que esta es la tercera reforma que traemos a esta Cámara, es cierto. Usted sabe
perfectamente igual que yo que los dos anteriores decretos lo que hacían un última instancia era elevar las provisiones. Ya sé que para mucha gente lo mejor es mantener las valoraciones en una situación incorrecta, no para este Gobierno. Este
Gobierno siempre, siempre estará a favor de la transparencia, estará a favor de que las valoraciones sean las correctas porque se considera que si no existe claridad y transparencia en los balances bancarios entonces va a ser imposible conseguir lo
que todos estamos buscando, que el crédito fluya. Por lo tanto, los dos anteriores reales decretos-leyes solo eran -si me permite otro símil literario- en búsqueda del tiempo perdido. Estábamos acelerando las provisiones que no se habían realizado
en España. Hemos pasado de que el crédito promotor en España tenía una cobertura del 18 % al 45 %, y eso lo hizo este Gobierno prácticamente en cuatro meses. A usted eso le puede parecer de alguna forma anecdótico, una forma de actuar precipitada,
precipitada por supuesto porque estábamos -vuelvo a repetirlo- en busca del tiempo perdido.


Se ha referido aquí a Bankia -se lo he dicho muchas veces-; ustedes por ejemplo también hicieron un proceso de privatización de la CAM. El coste de la CAM siendo unas cinco veces más pequeño que Bankia va a ser similar al de Bankia, por lo
tanto, no demos lecciones desde el punto de vista de la actuación. Por otro lado, en el tema de las preferentes usted ha hecho aquí una serie de consideraciones. Le pediría, señor Gómez, lo que le decía el otro día al señor Cortizo, por favor la
misma vehemencia me hubiera gustado verla cuando se estaban comercializando las preferentes (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos). El problema no son las preferentes; las preferentes es un título -se lo he repetido en varias ocasiones-
que se emitió por muchos bancos en el mundo; el problema es que España fue el único país en el que se dejó que las preferentes se colocaran entre depositantes y entre ahorradores que no deberían haber colocado ese dinero, y eso se hizo entre el año
2008 y el año 2009. (Aplausos).


El real decreto-ley que hoy traemos aquí no modifica absolutamente nada al respecto. Después me ha hablado usted, en un momento dado, del tema de expertos independientes en el FROB. ¿Sabe usted quién es el presidente del FROB, señor Gómez?
El subgobernador del Banco de España. ¿Sabe quién ha propuesto al subgobernador del Banco de España? Ustedes, ustedes. (Aplausos). Por último, me habla usted de democracia. Sabe que no ha habido ningún otro ministro de Economía que haya ido
tanto a la Comisión de Economía y Competitividad como he ido yo. Les diría una cuestión para que reflexionen ustedes: ¿Sabe lo que votaron sus colegas alemanes del SPD en relación con el memorando español? A

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favor, a favor. Son más responsables los socialistas alemanes que los socialistas españoles. (Aplausos). Señor Gómez, usted es una persona sensata, que ha tenido experiencia de gobierno y le pediría varias cuestiones para que recapacite
su no: en primer lugar, está diciendo que no a bajar el sueldo a los directivos de aquellas entidades que han recibido ayuda; ¿usted quiere votar no a eso? En segundo lugar, se opone a que introduzcamos cautelas a futuro para evitar situaciones
como la que viven miles de preferentistas en estos momentos como consecuencia de la cotización de participaciones preferentes. En tercer lugar, se oponen a reforzar los poderes de control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; ustedes han
presentado una proposición no de ley en dicha dirección. En cuarto lugar, se oponen también a que el Fondo de garantía de depósitos cumpla con la única función que siempre ha tenido asignada, que ha sido garantizar la solvencia de los depositantes.
Se oponen, por otro lado, a potenciar el papel del FROB como verdadera entidad de restructuración y de resolución. Se oponen a que España tenga un marco global de gestión de crisis financieras que, de haber existido anteriormente, no nos hubiera
llevado a esta situación. Se están oponiendo además a que sean los accionistas y los acreedores de las entidades financieras los que soporten el coste de la restructuración antes que los contribuyentes. Por otra parte, se están negando ustedes,
señorías, a cumplir con los compromisos adoptados por España con sus socios comunitarios, que es algo que trasciende a lo que es la labor de gobierno y que es una responsabilidad, como sabe usted perfectamente, de todos. Se oponen a que España se
sitúe a la cabeza de la Unión Europea en cuanto a los mecanismos de resolución de crisis bancaria, y ahí veremos cómo la nueva directiva opta por la solución que nosotros estamos proponiendo hoy aquí. Se oponen a una sociedad gestora de activos que
limpie los balances bancarios. Se oponen también a reforzar el capital de las entidades financieras españolas, elevando el ratio de capital al 9 %. Por eso mismo, apelo al sentido de la responsabilidad del Partido Socialista.


Este decreto-ley es un compromiso importante, señorías, con el futuro del euro, es un compromiso importante con intentar solucionar errores que se han producido en el pasado. Por eso, miremos todos para adelante, por favor, asuman ustedes
lo que efectivamente es un real decreto-ley, un instrumento jurídico que avanza notablemente en la prevención de las crisis financieras en España y que, de haber estado en vigor, hubiera evitado muchísimos problemas para la economía española.


Muchísimas gracias. (Prolongados aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Gómez.


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias.


Señor ministro, señorías, un par de aclaraciones. Ha hablado usted, en primer lugar, de responsabilidad. Votamos la primera reforma, su primera reforma, sin conocerla -la conocimos el día de su publicación en el 'BOE'-; la votamos
-dijimos entonces- por responsabilidad; la votamos porque suponía, efectivamente, una continuidad con lo que había sido el esquema de funcionamiento anterior. Usted dijo que con 50.000 millones de provisiones cada año -si había fusiones 50.000
millones y si no había fusiones 25.000 millones- era suficiente para hacer, en un solo año, lo que no se había hecho en los tres años anteriores. Le dijimos que en los tres años anteriores se habían hecho 105.000 millones de provisiones,
exactamente un ritmo prácticamente similar, ligeramente superior a los 25.000 al año, si no había en este caso exclusión de los procesos de fusión; o sea, que su ritmo, el ritmo de sus provisiones en la primera reforma era prácticamente similar a
las reformas anteriores. Le dijimos entonces: tiene que dar una solución a las preferentes. Ya sabemos que estuvieron mal comercializadas, especialmente por las entidades financieras, lo sabemos bien (Rumores); pero si hay directivos de
entidades financieras, directores de sucursal que no pueden ir a sus puestos de trabajo, centenares de personas que no pueden ir porque no es posible que acudan a su puesto de trabajo por el grado de protesta que existe en miles de pueblos españoles
por lo que han hecho con ellos, ¡este es el problema! Y esto no tiene que servir, no debe servir para aportar una solución. Desde enero -febrero fue cuando lo discutimos- venimos diciéndolo: el MoU no puede ser una excusa para no establecer algún
tipo de solución razonable para ellos, para los que han sido engañados, que son centenares de miles. ¿Hay inversores? Muy bien, que se determine quiénes son los inversores y quienes son los ahorradores engañados; quiénes sabían lo que hacían con
su dinero y quiénes han sido engañados, que han sido miles y miles de personas en este país. Así que no es excusa, ¡ustedes están gobernando hoy y tienen que ser ustedes los que aporten la solución hoy!


Responsabilidad, decía usted. Responsabilidad es haber estado durante estos meses, también durante la segunda reforma, esperando a que tuvieran la delicadeza de dirigirse al principal partido de la

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oposición, me imagino que al resto de los grupos parlamentarios, para intentar consensuar aquella reforma. Dijeron en la primera que no hacían falta bancos malos, en la segunda que había que hacer tantos bancos malos como entidades
financieras afectadas, y después que no, que no eran necesarios cinco, seis, siete, diez bancos malos, que con uno era suficiente e incluso mejor; que no costaría un duro a los contribuyentes, pero establecían fuertes apoyos financieros y fiscales
en aquellos bancos malos y en el nuevo banco malo. Nos oponemos, señorías, señor ministro, fundamentalmente a que todavía, más allá de una cortina de humo, no hayamos encontrado una solución a centenares de miles de personas que están afectadas por
desahucio en este país; a que haya un millón de viviendas vacías y que se esté echando a centenares de miles de personas de sus viviendas; porque no tiene ningún sentido este esperpento. Que tenemos 1.200.000 viviendas sin ocupar más allá de
quién sea su dueño, y tenemos cada año 100.000 familias más desahuciadas, y los pronósticos de las principales entidades son que vamos a llegar al medio millón de desahucios a lo largo del próximo año. Esto es lo que en este país se está viviendo
en este momento y lo que decimos es que el MoU no puede significar dar un visto bueno a esta situación, y que no se pueden escudar en el MoU para no encontrar soluciones a este problema, que es un problema social importantísimo en nuestro país.


Yo le digo lo siguiente: Toda esta historia, todos estos meses han terminado en un rescate financiero por importe de 100.000 millones de euros, el mayor préstamo -habría que remontarse a Felipe II en valores reales- que nunca el Reino de
España ha pedido en su historia financiera. Esto ha terminado en el descrédito de nuestras instituciones, la más importante el Banco de España; esto ha terminado en la mayor pérdida de confianza que ha sufrido nunca la economía española en las
últimas décadas; esto ha terminado, mejor dicho, esto terminará seguramente en la petición de un nuevo rescate. Esto es su responsabilidad, señor ministro, y la de su Gobierno, la suya. Nosotros hemos jugado responsablemente durante estos ocho
meses y le decimos que todavía estamos dispuestos a hacerlo, pero no así, no a este precio. Usted no puede hacer pagar un precio como este ni al principal partido de la oposición ni a buena parte de los grupos de esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Gómez, señorías, en definitivas cuentas lo que hicimos con los anteriores dos reales decretos-leyes, vuelvo a repetir, es hacer frente a una situación de valoración incorrecta de los activos que tenían los bancos. Usted lo sabe
perfectamente, y eso con cargo a su cuenta de resultados. Eso con cargo únicamente a lo que eran sus beneficios. No hubo un solo duro al respecto. Después usted comenta cuestiones de ayudas fiscales. Señor Gómez, de verdad, dígame dónde había
una ayuda fiscal desde el punto de vista de la constitución del banco mal al respecto. Fueron 82.000 mil millones de euros que teóricamente se tienen que acabar de dotar este año o, a más tardar, en junio del año que viene si efectivamente las
entidades están sometidas a un proceso de una fusión o de una consolidación con otra entidad. Por otro lado, hace referencia a los 100.000 millones de euros de máximo porque ya, como he comentado en otras ocasiones y como han puesto de manifiesto
los auditores independientes, no van a ser 100.000 millones de euros, pero le recuerdo las condiciones. Es una cantidad de dinero que va a tener un periodo de gracia de diez años con una vida media de doce años y medio que puede llegar hasta quince
y a un coste que la partida inicial de dinero que llegue, que llegará en las próximas semanas, va a ser como máximo del 1,5 %. Por favor, señor Gómez, dígame, no sé si desde Felipe II, a lo mejor un poquito antes, cuándo ha habido una situación de
financiación de la economía española en estas condiciones. Dígamelo, por favor. Porque le vuelvo a recordar que los 20.000 millones de euros que ustedes emitieron en el FROB y que además la oposición anterior apoyó, esto lo sabe usted también
perfectamente, se hacía a un coste con unos plazos y con unas condiciones muchísimo peores que estas. El coste era al menos tres veces superior y los plazos mucho más reducidos, por tanto, ahí hay un colchón para la recapitalización y para la
restructuración que se va a ejecutar en las próximas semanas.


Señor Gómez, este no es un tema de crítica política, este es un tema de mirar al futuro para la economía española. Si ustedes no reconocen que teníamos un problema fundamental con nuestro sistema bancario como ocurrió durante mucho tiempo,
no conseguiremos que se solucione. Me dirá usted que esta es la tercera reforma. Sí, es la tercera reforma para intentar solucionar un problema fundamental de

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un sistema financiero que tenía problemas importantísimos de valoración, que se había enfrentado a una situación en la cual el crédito promotor había pasado de 72.000 a 320.000 millones de euros desde el año 2003 al año 2007, y que este
nuevo Gobierno de forma inmediata y rápida tuvo que hacer frente a la misma. Por tanto, señor Gómez, responsabilidad. Sé que usted es una persona responsable. Usted ha tenido responsabilidades de Gobierno. Dice que no hemos hablado. Bueno,
usted dirá que no hemos hablado mucho y yo diré que sí hemos hablado más de lo que parece. Desde luego, no voy a decir cuánto hemos hablado, pero usted sabe perfectamente que usted y yo hemos hablado. Lo único que les pediría, vuelvo a repetirlo,
igual que ocurrió con los socialistas alemanes, es que reconsideren su posición. Saben perfectamente que este real decreto-ley es bueno para la economía española, está acordado con las instancias comunitarias, con la Comisión, con el Banco Central
Europeo y con lo que es el Consejo Europeo a través del Eurogrupo, y usted sabe perfectamente que se están poniendo las bases de la solución definitiva de los problemas del sistema financiero español y, en última instancia, poniendo una piedra muy
importante para que lo que es la construcción de la recuperación en España sea y acabe siendo una realidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Pasamos ahora al turno de fijación de posiciones. Tienen la palabra varios oradores del Grupo Mixto porque la magnitud y la importancia de este debate hacen que vayan a intervenir varios.


En primer lugar, el señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, empezaré dándole la bienvenida por este real decreto-ley. Usted sabe que yo no soy muy amigo del uso y del abuso que se hace de instrumento legal para legislar en esta Cámara, pero en este caso créame si le digo que es
necesario. Además quiero dar la enhorabuena especialmente al equipo jurídico que ha redactado esta norma, sobre todo por su claridad tanto en la exposición de motivos como en el articulado. Créame que no es habitual, desde mi punto de vista, ver
una ley de esta calidad técnica. Esta es una norma muy importante, que regula un tema complejo; yo diría más, muy complejo. Sistematizar en tres procedimientos diferentes la necesaria restructuración de entidades de crédito en función de la
gravedad del Estado es un tema importante y es, obviamente, necesario para favorecer la seguridad jurídica y para reforzar la confianza que necesita este sector para volver a cumplir con su función con normalidad.


Se discute estos días si el Gobierno está o no, y hasta qué punto, condicionado para impulsar estas y otras reformas y legislaciones. Le confesaré que hoy emitiré mi voto afirmativo con absoluta conciencia de mi condicionalidad -es verdad
que siempre votamos condicionados por algo, como en este caso también-, fundamentalmente con nuestro compromiso con el programa de asistencia europea y con el cumplimiento del Memorando de Entendimiento, que nos obliga a crear un marco jurídico
sobre esta materia. Eso es lo que hay. Es una reforma sobre el sistema financiero que de alguna manera es el corazón del sistema económico, un tema nada menor. Por eso, señor ministro, le recomiendo que, aunque hoy parezca que el Partido
Socialista se ha echado al monte -este es un tema importante y el corazón debe latir y volver a meter dinero en el sistema para las familias y para las pymes-, intente buscar la complicidad de su grupo y evitar cualquier excusa para que se opongan a
este tipo de normativa, como le digo, tan condicionada y obligada.


Usted ayer y hoy ha recordado los principios y objetivos que pretende esta norma y que nosotros compartimos: prevenir las crisis, proteger los depósitos, recoger el principio de asunción de riesgo de los accionistas, minimizar la
utilización de los recursos de los contribuyentes y también habría que añadir la garantía en el retorno de los compromisos públicos unidos a estos procesos y, si me lo permite, una reforma de la responsabilidad penal de los gestores. En todo caso,
nos parecen bien. Es verdad que debemos asumir, como en este caso, nuevas herramientas paraconcursales -las tradicionales deben ser reforzadas y modernizadas-, pero tenemos que tener cautela y acierto también en esta innovación legislativa.


Cuatro peros o cuatro reservas sobre el texto: una, la regulación del banco malo, que es manifiestamente mejorable. Dos, las posibilidades que se prevén que tengan las entidades enfermas para opinar en cada tratamiento, que son muy
limitadas, es decir, el poder tan intenso que se prevé para los médicos de guardia. Tres, el régimen de recursos contenido en los artículos 69 a 72, que pudiera plantear dudas en relación con los límites materiales del propio real decreto-ley. Y
por último, la regulación de los llamados

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instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada, un tema muy importante, como se ha visto en la discusión anterior, y que desde nuestro punto de vista debería ser mucho más clara. Por eso sugeriríamos que se pudiera tramitar como
proyecto de ley. En todo caso, señor ministro -termino, señor presidente-, con la condicional en la mano votaremos a favor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.


Tiene la palabra la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, señores diputados, una no puede dejar de tener cierta sensación de déjà vu al contemplar al ministro de Economía defendiendo una reforma del sector financiero que de nuevo es presentada como la definitiva para restaurar la
confianza en el mismo. Estamos ante la tercera reforma que presenta este Gobierno y, ciertamente, transmite la sensación de que siguen sin tener las ideas claras y actúan a golpe de improvisación y pronósticos que nunca se cumplen. No puedo por
menos que mirarle y recordar la evocación de El rey Lear, de Shakespeare, cuando afirma: Yo haré algunas cosas, pero no sé cuáles. Sin embargo, debo admitir algo novedoso en esta reforma, que va algo más allá de las medidas continuistas y fallidas
que usted defendió con ahínco en meses pretéritos, una novedad evidente. Esta ya no es la reforma del Gobierno, sino la reforma de la troika, porque el nuevo marco institucional que usted trae a esta Cámara para su convalidación es heredero directo
del proceso que va desde el rescate del sector financiero español al rescate total de la economía nacional vía acciones del Banco Central Europeo, condicionadas a un duro ajuste cargado sobre los ciudadanos de este país, que pagan las facturas de
los excesos pretéritos del sector financiero. No vaya usted afirmando que las medidas de este Gobierno, las órdenes que ya recibe sin disimulo desde Europa, no tendrán impacto en el bolsillo del ciudadano. Es que ya lo tienen. Le aseguro que
nuestra voluntad en el capítulo de las reformas es constructiva. Ya le advertí que las primeras medidas adoptadas para el saneamiento del sector financiero eran poco más que un brindis al sol. Y, aún así, en el deseo sincero de aportar algo al
debate sereno que este país necesita, explicamos nuestro voto favorable a ambos reales decretos. Hoy nos resulta imposible, lo siento. La estadística no juega a su favor. Han sido demasiados errores, demasiados vaivenes los que le han permitido
afirmar durante meses que el llamado banco malo no era una solución para la crisis financiera para presentarlo hoy como la medida estrella de la nueva regulación. Eso no hay quién lo entienda. Como no se entienden las incertidumbres que se
mantienen sobre la puesta en funcionamiento de esta nueva herramienta, con demasiados cabos sueltos sometidos al posterior desarrollo reglamentario. Esto no es aceptable cuando, de nuevo, están en juego miles de millones de euros de dinero público
en auxilio de una comunidad financiera que sigue sin hacer un poco de autocrítica sobre su responsabilidad.


Con ello, quiero decirle que no vamos a apoyar una reforma financiera, la tercera, que atesora virtudes pero que nos viene impuesta desde Europa. Esto me lleva a una reflexión final. Ustedes han tomado medidas muy duras para los ciudadanos
con el argumento de que eran necesarias para evitar el rescate de nuestra economía, la llegada de los hombres de negro. Pues bien, lo que ha ocurrido finalmente es que su política económica, lejos de conjurar ese peligro, lo ha precipitado hasta el
punto de convertir el rescate en prácticamente inevitable. Las trompetas suenan en las puertas y ustedes son los únicos que no las escuchan. Por los motivos apuntados, quiero anunciar nuestra abstención en la votación de este real decreto.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oramas.


Señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, en primer lugar, quisiera hacer un comentario previo. Usted, señor ministro, manifestó antes que los socialdemócratas alemanes votaron a favor del memorándum. Nosotros hubiésemos votado en contra pero, en
cualquier caso, los envidio porque en esta Cámara no hemos tenido oportunidad de debatir ni de votar el memorándum. Esta es la calidad de esta democracia, estas son sus prácticas. (Aplausos).


Hecha esta aclaración, señor ministro, con este decreto se legaliza una doble expropiación, la que sufrirán los contribuyentes, que tendrán que costear el saneamiento de los activos de la banca privada, y

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la que sufrirán las decenas de miles de pequeños ahorradores, víctimas de la estafa masiva de las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. Los activos tóxicos de los bancos los gestionará el FROB a costa de engordar la deuda
pública. A las víctimas del engaño masivo de las participaciones preferentes se les impone una quita de hasta un 80 % del valor inicial de sus participaciones. Estas medidas no merecen otro calificativo que el de una expropiación, saquear a los
contribuyentes, saquear a los pequeños ahorradores para que sean ellos los que paguen la factura de las prácticas de casino de la banca. Para ello recurren, además, al establecimiento de una auténtica legislación de excepción. Por un lado, se
conceden poderes excepcionales al FROB para que reordene el sector financiero a su arbitrio, pudiendo incluso intervenir y liquidar entidades bajo criterios subjetivos, aunque cumplan los ratios de solvencia. Eso sí, solo se salvarán las entidades
sistémicas, los grandes bancos. En definitiva, se da un paso más para crear un auténtico oligopolio y para la liquidación definitiva del sector financiero gallego. Señor ministro, para Galicia sí es sistémico disponer de entidades de ahorro
propias transformadas en bancos públicos gallegos que aseguren la financiación de nuestra economía productiva, la reinversión en Galicia del ahorro de los gallegos. Ustedes, en cambio, abren la vía para el expolio de nuestro ahorro.


Por lo que respecta a los estafados por las preferentes, crean un auténtico estado de excepción jurídico que deja en total desprotección a las víctimas, hasta el punto de que el Banco de España y el FROB pueden alegar causas económicas para
impedir la ejecución de sentencias favorables a los demandantes. Usted, señor ministro, dijo en esta Cámara que estas personas habían sido víctimas de un engaño masivo, pero en cambio, a la hora de la verdad, ustedes se ponen al lado de los
estafadores en vez de proteger a las víctimas, a los estafados, y no tienen reparo además en conculcar principios constitucionales para perpetrar este atropello. Por eso, el BNG no solo votará en contra de este decreto; el BNG invita a los
diputados de la oposición de esta Cámara a dar un paso más y presentar recurso de inconstitucionalidad contra este decreto.


Concluyo, señor presidente. Con razón el señor Botín decía estos días que las reformas del Gobierno están bien encaminadas. Y es que sus reformas, señor ministro, conducen a que los grandes bancos -los grandes bancos alemanes, los grandes
bancos franceses y los grandes bancos españoles- se queden con todo el botín a costa de recortar de manera brutal los derechos de las mayorías sociales.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jorquera.


Señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señor ministro, señorías, nos llega la enésima reforma bancaria, que se presenta esta vez como la definitiva. Y ello es tan creíble como lo era el ministro De Guindos hace unos meses, cuatro
meses, al decir que no iban a crear el banco malo; o igual de creíble que lo era Rajoy con sus gestos de credibilidad y confianza al decir que no subiría el IVA. Ahora el ministro nos asegura que la creación del banco malo no va a costar un euro
al contribuyente. En Cataluña, cada vez que oímos eso en boca de algún ministro del Gobierno español nos llevamos la mano a la cartera, y con razón. Pregunten si no a sus amigos alemanes si el banco malo le ha costado o no dinero al contribuyente.
Solo hay una manera de que no le cueste ni un céntimo al contribuyente: que se cumpla la mejor de las previsiones del Gobierno respecto a ese real decreto y que tenga pérdidas la banca o sus acreedores. Señor De Guindos, ¿se atreve usted a apostar
sobre quién va a pagar el banco malo? ¿Lo pagará el contribuyente o lo pagará la banca? Este real decreto es, si me permite, la versión pepera del cuento de la lechera. Los bancos se desharán de los activos tóxicos y entonces tendrán dinero para
dar créditos, los créditos estimularán la economía, la economía evidentemente creará empleo, el empleo generará riqueza, la riqueza va a permitir que se venda el stock de pisos del banco malo, la venta de pisos será a precio asequible y, como ello
evitará que gastemos todo el sueldo en pagar la hipoteca, tendremos dinero para consumir y, en definitiva, para generar más empleo y riqueza en una espiral hasta el infinito y más allá, y todos seremos felices y comeremos perdices. Pero las clases
trabajadoras están ya cansadas de tanto cuento neoliberal porque, en el fondo, el cuento, señor ministro, señorías, es completamente al revés. Los activos tóxicos ni siquiera están fielmente cuantificados y, por tanto, no sabemos cuánto va a tener
que poner el Estado para quedárselos; cuando los bancos tengan el dinero no van a dar créditos, sino que van a pagar a sus acreedores extranjeros; de hecho, es por eso que Europa impone un banco malo. Si el dinero se va a los bancos extranjeros,
no habrá dinero aquí para estimular la economía ni para estimular el empleo -suponiendo que quien tiene dinero lo invierta en economía productiva y no en economía especulativa-. Si no hay empleo no hay riqueza para comprar los pisos que
evidentemente se

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ha quedado el banco malo, etcétera. Y si no se venden los pisos que se ha quedado el banco malo -que desde luego no van a ser los más fácilmente vendibles, que se los van a quedar los bancos buenos-, acabará pagándolos el Estado, o sea, el
contribuyente, que hoy dicen ustedes que no va a pagar un euro.


En definitiva, y acabo señor presidente, una espiral de auténtica recesión que va a hundir a España en la miseria y, por extensión, a Cataluña, si no es, señorías, que nos independizamos un poco antes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.


Finalmente, por el Grupo Mixto el último orador, el señor Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, señoras y señores diputados, hace pocos días el presidente del Parlamento Europeo decía que no tiene sentido quitar el dinero a los ciudadanos para dárselo a los bancos. Hoy nos trae el Gobierno este decreto-ley que parte de
ese sinsentido y al que nuestro grupo va votar en contra porque estamos convencidos de que con este decreto-ley se produce un trasvase de renta a la banca, a la economía especulativa; se produce la socialización de las pérdidas de los
especuladores, y esto va a suponer más paro, más recortes sociales, más endeudamiento público; en definitiva, seguir inmersos en el círculo vicioso de la restricción del crédito, la recesión, el incremento de la morosidad, mayores pérdidas en el
sistema bancario, mayor restricción de crédito. Con este decreto-ley no se va a solucionar el problema de la economía española, sino que se va a garantizar el cobro de la deuda por parte de la banca europea.


¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es nacionalizar a dichas entidades, hacer responsables a los accionistas, buscar acuerdos razonables y realistas con los acreedores, que deben asumir los resultados de sus malos negocios y
proporcionar financiación a las familias, a los autónomos, a las pymes, en definitiva, a la economía real. Desde nuestro posicionamiento soberanista vasco pensamos que es tiempo de soluciones, de tomar las riendas de nuestra economía, de dotarnos
de entidades financieras públicas al servicio de la sociedad para reforzar una sociedad vasca, una economía vasca basada en otro modelo social más justo, más equitativo, más solidario, donde el Estado del bienestar no sea una palabra, un Estado del
bienestar para unos pocos, sino un Estado del bienestar en el que todas las personas puedan vivir con dignidad. Y este modelo social y económico alternativo vasco, que va a estar presente en las calles de Euskal Herria con motivo de la huelga
general del día 26, puede ser útil también para ustedes en España. Porque no es que todo este decreto-ley sea negativo; efectivamente tiene elementos positivos. Por ejemplo, la regulación que hace el FROB es eficaz y necesaria y se tenía que
haber hecho antes, pero el problema es de fondo desde nuestro punto de vista, es de modelo, del modelo que quieren imponer ustedes con esta solución al problema del sistema financiero español.


Creo que hay que situar este debate en el contexto de este Gobierno, que desde que tomó las riendas del Estado sigue un planteamiento que proviene de lo que yo suelo denominar -y me lo han oído en otra ocasión- el manual del buen liberal en
seis lecciones, y lo están aplicando a machamartillo, venga o no venga a cuento, repitiendo continuamente el mantra de que hay que reducir el gasto público y el endeudamiento público, que son la causa de todos los males, para lo cual se aplican con
fruición a recortar el gasto social, debilitando los servicios públicos y desdibujando, hasta hacerlo irreconocible, el Estado social de derecho que exhiben en su Constitución. Usted decía ayer en el preludio de este debate que había que tener
seriedad en los planteamientos, que no valían los sentimientos, que lo importante y lo real eran las cifras. Creo que los sentimientos no son incompatibles con la seriedad de las cifras; es más, los sentimientos y los ideales a perseguir es lo que
permite hacer humanas las cifras y cambiarlas para ponerlas al servicio de las personas, de la gente. Pero las cifras son concluyentes. Las cifras del gasto público hechas públicas en el mes de julio por la OCDE dicen que el gasto público en los
países de la OCDE alcanza el 41,7 % sobre el producto interior bruto. Dinamarca tiene el 57,6; Francia, el 54,9; Finlandia, el 54; Suecia, el 51; Austria, Italia y Países Bajos superan el 50; en Alemania, el gasto público estará en torno al 45
%; en el Estado español va a estar en 2013, según la OCDE, por debajo del 40 %. Por lo tanto, el problema en el Estado español no es el gasto público, el problema de la economía española no es el gasto público; y con eso tampoco estamos
legitimando los desmanes que se han hecho del gasto público, que se puede mejorar mucho, pero desde luego no es el problema en la economía española.


Hablan ustedes de endeudamiento. El Eurostat, en las cifras que ha hecho públicas también en este mes de julio, es claro. El promedio en el primer trimestre de 2012 es el 83,4 % en el ámbito de la Unión Europea. Grecia está en el 132 %,
Italia en el 123 %, Portugal en el 111 %, Bélgica en el 101 %, Francia en el 89 %, Reino Unido en el 86 % y Alemania en el 81,6 %. La deuda pública en el Estado español ha subido

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al 72,1 por ciento. El problema no está en el endeudamiento. Yo creo que ese es el elemento de fondo y que hay que dejar de confundir a la gente. El problema fundamental no es el gasto público ni el endeudamiento público, lo cual no
significa que se apoyen los desmanes, como he dicho antes. El problema es la economía especulativa promovida y alentada desde el sistema financiero en connivencia con los Gobiernos. La creación de este banco malo va a generar más deuda; no creo
que vaya a tener facilidades para conseguir la financiación que usted dice -el 50 % de capital público y el resto deuda e inversores privados-; al final va a ser más deuda y vamos a estar, como decía al principio, financiando los desmanes de la
banca, socializando las pérdidas, aumentando el endeudamiento y los problemas de la economía española y generando ese argumento que ustedes utilizan de que hay que rebajar el Estado del bienestar, que hay que recortar los servicios públicos y que
hay que acabar con los servicios que un Estado social de derecho debe prestar a los ciudadanos.


Por esa razón, por esa diferencia de modelo es por lo que nosotros vamos a votar en contra.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señor ministro de Economía y Competitividad, buenos días a todos. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).


Tiene que reconocer el Gobierno -usted, señor ministro- que cuando se publica un nuevo real decreto-ley sobre el tema del saneamiento del sistema financiero la primera aproximación sería decir: otro más. En efecto, en los últimos dos años
ha habido ya cinco normas con objeto de solucionar el problema y parece obvio reconocer que el éxito ha sido perfectamente descriptible. En el caso de su Gobierno ya llevamos tres normas con ese fin durante los meses que han transcurrido este año.


Antes de entrar en la valoración del contenido propiamente de este real decreto-ley y a efectos de no mezclar las cosas, quisiera señalar que nuestro grupo parlamentario ha sido muy crítico con el proceso de reformas seguido en el sistema
financiero. No hemos apoyado, a diferencia de otros grupos, ninguno de los reales decretos-leyes a través de los cuales se han instrumentado las reformas. Hemos criticado la bancarización de las cajas de ahorro, la nefasta gestión de muchas
entidades que han financiado proyectos increíbles, como aeropuertos sin aviones ni pasajeros, y los sueldos e indemnizaciones multimillonarios y vergonzosos de los que se han apropiado los gestores y consejeros de entidades que ahora necesitan
dinero público. Hemos criticado también, y lo seguiremos haciendo con igual fuerza, al Banco de España, que no ha estado a la altura de las circunstancias. Hemos solicitado que comparezcan los responsables de las tropelías que se han cometido en
el sector y que lo hagan en una comisión de investigación, con luz y taquígrafos, porque los ciudadanos, dado que van a tener que rescatar a las entidades con el dinero de todos, tienen derecho a conocer lo que pasa de verdad y que los responsables
paguen por ello. Por ello otorgamos un suspenso cum laude a los diferentes Gobiernos que se han sentado a lo largo de muchos años en el banco azul, por ser los responsables políticos del actual desaguisado financiero.


Sin embargo, hoy la situación que tenemos que afrontar es la que es y el objetivo inmediato debe ser que el crédito fluya cuanto antes a familias y empresas, y dinamizar así la actividad económica. El rescate bancario europeo y su famoso
Memorándum de Entendimiento nos obligan a realizar reformas legales para tratar de culminar cuanto antes la reforma del sistema financiero, y es en este contexto en el que queremos realizar las observaciones al real decreto-ley. Superando esa
primera aproximación a este real decreto-ley, cuya reserva tiene usted que comprender, señor ministro, queremos señalar que, salvo algunas cuestiones que luego voy a mencionar, nuestra opinión en principio es más favorable que en ocasiones
anteriores. Nos complace que, tal y como lo ha anunciado en su intervención, el Gobierno tenga la intención de, sin perjuicio de la actual tramitación de convalidación, tramitarlo también como proyecto de ley y que, por tanto, tengamos la
posibilidad de incorporar nuestras enmiendas. Comprenderá, señor ministro, que es difícil estar simplemente de acuerdo, sin matices, con un real decreto que tiene sesenta páginas de prieta prosa. Por esa razón, nuestro grupo valora de manera
positiva el compromiso del Gobierno en este sentido de la tramitación, siempre y cuando de verdad tenga en el ánimo llegar a acuerdos con este grupo parlamentario.


Como le decía, sin perjuicio de los matices, fundamentalmente de orden jurídico, con el primer bloque del real decreto-ley, dedicado a modificar de manera sustancial las distintas medidas o instrumentos para solucionar los problemas del
sector, a la actuación temprana, restructuración, resolución, estamos

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sustancialmente de acuerdo con su contenido. Existen, sin embargo, algunas otras cuestiones que consideramos relevantes en relación con las cuales nos gustaría tener la oportunidad -como le decía- de presentar las enmiendas para evitar
algunos graves inconvenientes que se pudieran derivar de la aplicación del actual real decreto-ley. En relación con la disposición final séptima, que modifica el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema
financiero, dicho de manera más concreta, la regulación del capital principal, debemos decir, en primer lugar, que hace tiempo venimos planteando la conveniencia de o bien suprimir el capital principal y remitirse a la definición universal del core
capital tier 1 -y lo hemos argumentado ampliamente- o en el supuesto de mantenerse, unificar en un único porcentaje. Nuestra propuesta ha sido el 8 %, que permite con holgura su comparación con los requerimientos internacionales actualmente
vigentes, adecuando en todo caso el concepto de core capital. Por lo que se refiere a lo primero, aunque nos parece insuficiente, es evidente que se suprime la dualidad. En este momento se establece un requisito de capital principal del 9 %, que
seguimos juzgando extraordinariamente alto. Sin embargo, el concepto aún sigue existiendo. El capital principal es una medida no utilizada -como usted sabe, señor ministro- habitualmente por los reguladores fuera del Estado español y no hace sino
confundir a los posibles inversores que no lo comprenden. Al completar el saneamiento es este el momento de volver a un anclaje reconocido internacionalmente y al calendario del resto del sistema financiero mundial. La existencia de una medida de
capital no reconocida internacionalmente como vara de medir puede llevar a sospechas de menor exigencia, lo cual ya sería el colmo. Por otro lado, la exigencia de mayor capital de forma discriminatoria puede llevar a las entidades afectadas a
reducir activos y restringir el crédito, y hacer que la factura de apoyo a la banca para el Estado sea mayor que la necesaria.


En relación con este mismo tema del capital principal -como usted sabe muy bien- la ratio de solvencia es el cociente que resulta de dividir, dicho de manera resumida, los fondos propios por los que se llaman activos ponderados por riesgo.
Como sabe también, existe una enorme disparidad en el cómputo de este denominador entre los distintos Estados de la Unión Europea, lo cual es extraordinariamente relevante porque el cociente no solamente mejora, que es lo deseable, por el incremento
de fondos propios, el numerador, sino que también se puede conseguir el objetivo disminuyendo el denominador. Por parte de la CECA se ha emitido un informe comparativo de la situación en otros países de la Unión Europea, y las diferencias son
extraordinariamente profundas. Es verdad que algunas de ellas pueden deberse a diferencias en el modelo de negocio, pero la mayoría de ellas se refieren a diferentes niveles de exigencia en la determinación del riesgo y la interpretación que cada
Estado ha hecho a favor de sus entidades de crédito propias, de la trasposición de Basilea II a su normativa interna. En concreto, se ha calculado la ratio de los activos para las entidades financieras que participan en el último ejercicio de
estrés llevado a cabo el pasado año, denotando la densidad media del 62,4 % para las entidades españolas frente a las de otros países como el Reino Unido, el 38,9; Francia, el 35,2 o Alemania el 24,9. Creemos que sería necesario realizar un
estudio profundo de esas diferencias, con el objeto de evitar que las entidades de crédito del Estado español que comparecen en diversas pruebas de los stress test, junto con las de otros Estados, y que también compiten en el mismo mercado, no
resulten penalizadas.


Por otro lado, de manera formalmente correcta pero que no es fácil de etiquetar su contenido, en la disposición derogatoria única del real decreto-ley, entre otros, se deroga la letra b) de los artículos 2 bis y 2 ter del Real Decreto
2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito, que fueron adicionados a dicho real decreto por el Real Decreto 771/2011. Se trata de una modificación que tenía como objetivo, por considerarlo negativo
para el interés público, penalizar la guerra de tipos entre entidades financieras, produciéndose la circunstancia verdaderamente sorprendente de que entre quienes participan de modo destacado en la misma estaban incluso entidades en este momento
intervenidas o con ayudas públicas. Salvo error, además, nos sorprende que en la disposición final decimocuarta incluso haya desaparecido la muy modesta compensación que se contempla en algún borrador anterior en el sentido de facultar al Banco de
España para pedir información a las entidades de crédito sobre depósitos o cuentas a la vista que presenten remuneraciones superiores a los tipos de interés que el propio Banco de España determinara. Según nuestro criterio, levantar la
penalización, señor ministro, para la guerra de tipos de interés no parece justificado por interés público alguno; puede que sí por el interés privado de algunos bancos grandes, por el contrario.


No podemos concluir estos comentarios sin uno relativo a las participaciones preferentes. Sin perjuicio de las excepciones que proceda, por cierto, ninguna las cajas vascas, como usted sabe, emitió nunca participaciones preferentes. Con
carácter general existe un amplio consenso en el sentido de que en una

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proporción abrumadora esos títulos se han colocado a través de la red entre personas que sencillamente no sabían lo que estaban adquiriendo o, lo que es peor, a quienes se les explicó un producto de características distintas a las que
realmente tenía. Es evidente que nada de esto ha ocurrido a partir del momento en que ustedes llegaron al Gobierno. Por cierto, los que sí estaban ahora pretenden ponerse al frente de la manifestación, olvidando que existían medios legales para
haberlo impedido, entre otros los que se contemplan en este real decreto-ley, y no lo hicieron. Claro que pudiera haber ocurrido que no se enteraran, porque realmente no se enteraron de casi nada de lo que pasaba en el sector financiero. De igual
manera que discuten temas como el de la retribución de administradores de entidades en relación con el cual se han descubierto comportamientos absolutamente intolerables desde el punto de vista de la ética, sin que al parecer, otra vez, detectaran
ninguno, y desde luego en ningún caso dictaron una norma que regulara o estableciera límites a dicha retribución y prebendas varias. Pero volviendo a lo que quería plantear, queremos decir expresamente que sin perjuicio de que tengan ustedes o no
capacidad de decisión plena sobre esta materia en virtud del MoU, nos parece absolutamente injusto que se pretenda igualar el trato de los titulares de estas participaciones preferentes con el de los accionistas de la sociedad o suscriptores
institucionales de otro tipo de los denominados productos híbridos. Es evidente que un accionista sabe que, por definición, es una inversión sujeta a un riesgo. Nos parece evidente que un porcentaje abrumador de quienes suscribieron
participaciones preferentes no sabían en absoluto el tipo de producto financiero...


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Azpiazu, tiene que ir concluyendo.


El señor AZPIAZU URIARTE: Termino en un instante, señora presidenta.


No sabían en absoluto el tipo de producto financiero que estaban adquiriendo, como una inversión, con sus escasos ahorros. No parece lógico, en consecuencia, que se les dé el mismo tratamiento a la hora de compensar pérdidas, porque
esperamos que la aportación de capital público implique, primero, la reducción de capital para compensar pérdidas de los accionistas o suscriptores de otro tipo de productos híbridos con una formación superior a los destinatarios mayoritariamente de
las preferentes.


Quisiera, por último, referirme al incorrectamente denominado banco malo. Probablemente existen razones para que la regulación del mismo sea extraordinariamente somera y que no contenga sino una serie de principios muy básicos que se
completa con una amplísima delegación de desarrollo reglamentario. Pero aun entendiéndolo, nos parece que usted debe comprender que para nuestro grupo es muy difícil emitir una opinión favorable parecida a la de un cheque en blanco, ya que estamos
en el tema financiero, sin conocer en qué condiciones se va a producir el desarrollo de dichas normas tan generales, siendo así que el modo en que se desarrolle puede tener efectos muy relevantes en las entidades de crédito. En este sentido, la
segregación de activos inmobiliarios sin más deja sin resolver un problema absolutamente sustancial como es el de la desconsolidación de la sociedad que se crearía a tal efecto.


En virtud de lo anterior, nuestro grupo entiende que a la espera de tener la oportunidad de presentar enmiendas concretas -que espero que el Gobierno tenga a bien al menos analizarlas- al contenido de este real decreto-ley en su tramitación
como proyecto de ley, procede en este momento abstenerse en la presente votación de la convalidación del mismo.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.


Por UPyD tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, en estos temas financieros resulta fácil confundirse porque hay muchos tecnicismos; llevamos ya cinco reales decretos, dos del Gobierno socialista y tres del Partido Popular. Pero por debajo de tanto real decreto y de tanto
tecnicismo, lo esencial es fácil de entender y los ciudadanos lo entienden. De ahí, precisamente, su justo enfado y su justa indignación. Lo esencial es que unas deudas que inicialmente eran entre entidades financieras, entre cajas de ahorros e
instituciones financieras internacionales, hoy con esta decisión se convierten en deudas públicas de los ciudadanos españoles con gobiernos europeos, con el Banco Central Europeo y con una Constitución reformada que obliga a dar prioridad a esos
pagos. Se cierra un círculo de mutación de deudas financieras en deudas públicas, un círculo que han trazado juntos el PP y el PSOE y que parece que hoy el PSOE se echa atrás asustado por las consecuencias de sus propios actos, pero ellos iniciaron
el camino que hoy se cierra aquí.

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Recordemos brevemente ese camino. Todo empezó con unas cajas politizadas, con mala gestión, controladas por las comunidades autónomas, que dieron créditos inmobiliarios captando los recursos en el resto del mundo. Estalló la burbuja, los
activos perdieron valor y las deudas seguían ahí, ahora imposible de pagar. ¿De quién era el problema? Era de las instituciones financieras, alemanas, francesas, que habían dado unos malos préstamos. La lógica del mercado es muy clara y el señor
ministro, que es un liberal, sin duda la conoce. Cuando se dan malos préstamos, la entidad que lo recibe responde con sus activos hasta donde puede frente a quien dio los préstamos. Se pagan las deudas hasta donde se puede o se reestructuran
plazos, se reestructuran tipos de interés. Es cierto que el sistema financiero es muy especial y puede estar justificada una intervención pública limitada a salvar a los depositantes, desde luego, y a las entidades sistémicas, que curiosamente en
nuestro país no son las que tienen más problemas. Pero no se optó por la solución de mercado, no se optó por el rescate selectivo. Se optó por no dejar caer a ninguna entidad y devolver todos los créditos internacionales, porque eran muchos los
intereses en juego, intereses políticos y de comunidades autónomas en las cajas de ahorros e intereses financieros internacionales. Aquí entra la intervención pública, para rescatar. Como no se puede pagar, alguien tiene que pagar, que pague el
contribuyente.


En un primer lugar es una intervención indirecta mediante avales. Cuando se refinancian deudas, las nuevas deudas están garantizadas por el Estado, pero eso no basta. Esa intervención indirecta no basta. Hace falta una intervención
directa que el Estado dé directamente los préstamos o que el Estado intervenga directamente como accionista en el capital de las entidades. Eso es exactamente lo que es el FROB, la intervención directa como prestamista en las entidades del Estado,
el sector público, es decir, de todos los ciudadanos. Son necesarias tales cantidades que hay que recurrir incluso a un rescate europeo, a un préstamo internacional. ¿Y cuál es el resultado de este camino? Que ese problema que era entre entidades
financieras, cajas que no podían pagar a bancos franceses o alemanes, hoy se convierte en un problema de los ciudadanos españoles en deuda pública que tienen que pagar frente a gobiernos -alemán, francés- y frente al Banco Central Europeo. Insisto,
con el añadido de un cambio en la Constitución, también aprobado conjuntamente por el PSOE y el PP, que modificó el artículo 135, de forma que el pago de los intereses y el capital de estas deudas públicas tiene prioridad absoluta sobre cualquier
otra cuestión. Sobre el papel quedaba muy bien, pero hoy estamos llegando al día en que vamos a entender el significado de estas palabras, prioridad absoluta sobre cualquier otra cuestión, incluyendo los enfermos de los hospitales, incluyendo los
niños en sus colegios, incluyendo nuestros jubilados.


España tiene un 80 % de deuda pública, con este préstamo europeo se va a poner en el 90 %; seguramente veremos ratios del cien por cien de deuda pública con una sociedad, con un proceso de cambio demográfico que va a repercutir seriamente
en las cuentas públicas. Es un lastre muy importante el que hoy se pone sobre las espaldas de los ciudadanos españoles con una ironía final, ahora a última hora sí se ha decidido aplicar algo de la lógica del mercado, pero muy selectiva. Solo
afecta a los acreedores despistados, a los dueños de preferentes y a los que tienen acciones de Bankia. A esos accionistas, a esos dueños de preferentes, a lo que se llama en la jerga del Fondo Monetario Internacional los acreedores dejados atrás,
a esos ahora, solo a esos -el señor ministro lo recalca una y otra vez-, se les va a aplicar la lógica del mercado. Esos accionistas de Bankia sí van a perder sus inversiones, esos dueños de preferentes van a recibir el precio del mercado más diez
puntos, lo que puede implicar pérdidas de hasta el 70 %. Sorprendentemente, se les sigue diciendo que pueden recuperar todo su dinero, no se acaba de entender muy bien cómo. Y el único añadido es que de cara al futuro se toman precauciones para
que esto no vuelva a suceder. Está muy bien que no vuelva a suceder, pero ha sucedido, y el coste para los dueños de preferentes va a ser muy importante. Resulta sorprendente que se les siga diciendo que van a recuperar su dinero.


Otros aspectos relevantes del real decreto tienen que ver con el llamado banco malo. Aquí es difícil opinar, todas las cuestiones relevantes se dejan para el desarrollo posterior reglamentario, no se nos dice ni a qué precios se van a
comprar los activos, ni qué tipo de activos van a ir al banco malo, solo se nos dice que va a ser atractivo para la inversión privada. Si va a ser atractivo para la inversión privada, quiere decir que las pérdidas se generarán en los bancos de
origen y el coste para el contribuyente no será en el banco malo, pero será en las entidades de origen donde habrá que cubrir esos agujeros, al final es en un sitio o en otro. Ya que se va a poner tanto dinero público, no se aprovecha para poner
unas mínimas condiciones sociales relacionadas con la vivienda. ¿Estas entidades no podrían comprometerse a limitar los intereses de demora abusivos? ¿No podrían suavizar sus prácticas de desahucio? ¿No se podría aprovechar esta situación para
crear un parque de vivienda pública en alquiler? ¿Podría la sociedad sacar

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algo, aunque sea mínimo, de todo esto? No hay ninguna condición social relacionada con la vivienda. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Las decisiones importantes se refieren al FROB. El FROB es un organismo a seguir a partir de ahora, muy importante en todo este proceso de restructuración. Va a ordenar traspasos de activos, va a decidir quién representa al Estado en las
entidades, es un organismo con gran poder. Se ha tenido mucho cuidado de que esté controlado por el ministerio, pero se ha tenido muy poco cuidado de que haya un control parlamentario, simplemente cada tres meses informará en la Comisión de
Economía. Los diputados que son miembros de la Comisión de Economía saben que esto es un formalismo y el control es mínimo.


Como en todos los decretos financieros, echamos cosas en falta. No solo hay que hablar de lo que está, sino de lo que no está, de lo que falta, y esas omisiones son fundamentales para UPyD. Nunca apoyaremos un real decreto en que ese tipo
de cuestiones simplemente se soslayen como se hace una y otra vez. En primer lugar, la exigencia de responsabilidades. Han pasado cosas muy graves en las cajas, han pasado cosas muy graves con las preferentes, se reconoce abiertamente que ha sido
una estafa. Si ha habido una estafa, ¿quién es el estafador y cuál de esos estafadores ha sufrido alguna consecuencia? ¿Quién ha sufrido alguna consecuencia por hundir las cajas, quién ha sufrido alguna consecuencia por comercializar preferentes?
Nadie absolutamente en España hasta ahora. Segunda cuestión, recuperar las indemnizaciones millonarias que recibieron los que hundieron las cajas. No se ha tomado ninguna decisión ni se piensa hacer en ese sentido. Tercera cuestión, despolitizar
las entidades. El propio Fondo Monetario Internacional habla de que no contaminen los nuevos bancos que de ellas han surgido. No se trata solo de disolver órganos en casos extremos, se trata de despolitizar a fondo las entidades, una tarea que
todavía no se ha completado. Cuarta cuestión, se nos dice que el crédito va a crecer, pues que se cuantifique cuál es el objetivo de crecimiento del crédito y que el señor ministro venga a explicarnos en el futuro si esos objetivos de crecimiento
del crédito -que en último término son los que justifican todo esto- se han alcanzado. ¿Cuánto va a crecer el crédito, en qué plazo? El ministro podría venir cuando ese plazo transcurra para ver si se ha cumplido el crecimiento del crédito
previsto. Quinta, y no última cuestión por su importancia, el coste público. ¿Se puede decir en serio a la sociedad española todavía cuando se está aumentado el FROB a 120.000 millones que el coste público va a ser cero? ¿Podemos discutir en
serio sobre esa premisa? Si el coste es cero, ¿dónde está el problema? ¿Por qué hay que pedir un rescate europeo? ¿Por qué no lo financian los inversores privados? ¿Podemos insultar así a la inteligencia de los ciudadanos y los diputados?
Queremos una evaluación realista del coste público y un plan serio de recuperación de ese coste a medio plazo en el sector financiero.


Por supuesto, en un real decreto de sesenta páginas hay cuestiones positivas. Los requisitos de capital se unifican, la definición de capital principal se hace homogénea con otros países europeos, se saca de los órganos de dirección del
FROB a las entidades privadas porque había un conflicto de intereses, el Ministerio de Economía cede funciones que están mejor en el Banco de España como la autorización de entidades, las sanciones; pero son temas técnicos menores. Lo esencial es
lo que comentaba al principio de mi intervención: lo que eran problemas de las cajas con las instituciones financieras -francesas, alemanas- a partir de hoy son problemas de todos los españoles con los gobiernos alemán, francés, con el Banco
Central Europeo y con una Constitución reformada que da prioridad absoluta al pago de esas deudas.


Dada esta situación, el voto de UPyD solo puede ser uno y es no.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.


Tenemos encima de la mesa un nuevo real decreto, que es la manifestación de cómo este Gobierno obedece los dictados de instituciones como la troika. Todos recordamos perfectamente, nítidamente, las palabras del señor Rajoy diciendo: No
habrá un banco malo. Hoy se suma a todas las mentiras e inexactitudes que ha llegado a decir, porque aquí tenemos un banco malo. Lo primero que tenemos que hacer notar es que precisamente con el intento de adaptarse a las instituciones
internacionales, como la troika, este decreto es profundamente abierto, es un decreto que no termina de concretar en ningún momento. Se deja tan abierto a nueva reglamentación que el Gobierno podrá hacer tanto una cosa como la contraria más
adelante. Por tanto, es un decreto suficientemente abierto como para que el Gobierno

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pueda utilizar su retórica para decir que no costará ni un euro a los españoles, pero hay algo que está clarísimo y que se refleja muy bien en este real decreto y es que, de momento, el Estado será el único que ponga dinero, el Estado será
el único que asuma unos riesgos muy importantes. Este Gobierno habla de ganancias futuras, ganancias esperadas; es decir, el Gobierno va a utilizar el dinero del rescate para constituir este banco malo y espera, con una fe digna de devoción, que
en el futuro se puedan tener ganancias. Este tipo de fe que está moviendo prácticamente todas las leyes de este Gobierno no podemos debatirla -es fe y, como hemos dicho en otras ocasiones, de fe no podemos debatir-, pero sí podemos hablar de las
probabilidades de que se cumplan o no esos objetivos y, la verdad, no parece nada, nada probable.


De hecho, este tipo de argumentación tiene mucho que ver con otra que ya ha hecho también usted, señor ministro, respecto al FROB. En este nuevo real decreto cualquiera puede observar que se modifica el FROB y que, además, se le obliga a
convertir en acciones aquellos bonos convertibles. Esto es algo que ya sucedió con Bankia y revela que la argumentación que suele utilizar el Gobierno, tarde o temprano, se demuestra que es falsa. Recuerden ustedes, señorías, que este Gobierno
advirtió de que el FROB no iba a costar dinero a los españoles y su argumentación era precisamente que eran bonos convertibles que rendían un tipo de interés y que, por tanto, tenían poco riesgo, pero hoy, con el tiempo, sabemos que esos bonos
convertibles se convierten en acciones, no rinden ese tipo de interés que nos vendía el Gobierno como el elemento fundamental de su política -un 7 % o un 8 %-, desaparece ese tipo de interés y el Estado asume nuevos riesgos. Por consiguiente, la
argumentación original de este Gobierno, que suele ser que no va a costar dinero a los contribuyentes, al final, al cabo de un tiempo, se demuestra que es falsa. Eso es probablemente lo que pasará con este nuevo banco malo, un banco malo que
constituye el FROB y que, sin embargo, se queda prácticamente ajeno al control parlamentario, limitándose a hacer un informe general y anual, con la posibilidad además de mantener secreto a las preguntas de los diputados; es decir, aleja el FROB
del control parlamentario, dándonos la razón otra vez más en lo que ayer explicábamos del funcionamiento de esta Cámara. Es algo que intentaremos enmendar cuando esto se tramite como proyecto de ley, que es una de las cuestiones que plantearemos.


Es importante entender que el dinero del Estado se va a dedicar a generar este banco malo y también que la argumentación del Gobierno es que habrá una parte de control privado de aproximadamente el 50 %. El decreto no estipula precisamente
cómo se va a constituir esa parte de capital privado, si va a ser un capital mínimo de 60.000 euros, como establece la ley, o si vamos a tener un capital social mayor; por lo tanto, no se establece cuál va a ser el riesgo que asuman las entidades
privadas. Es un decreto profundamente abierto, desde la posibilidad de que un hedge fund, un fondo de capital riesgo, introduzca 30.000 euros con una capacidad de apalancamiento, de endeudamiento ilimitada, como aparece en el decreto, con todas las
posibilidades que eso genera de especulación con los activos que se están llevando al banco malo, es decir, se abre la posibilidad de que incluso ese capital privado pueda hacer negocio apenas con una miserable cantidad de dinero. Pero, por otra
parte, como el decreto es tan abierto, podría permitir que ese capital fuera simplemente suscrito a través de un intercambio entre los activos tóxicos y una participación en acciones de los propios bancos intervenidos.


¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que este decreto es tan complejo y tan abierto que se entiende que simplemente está hecho para abrir puertas a lo que le vaya a decir la troika en el futuro. En este sentido, este real decreto no
nos deja demasiadas cosas claras más allá de lo que sabemos: que será el Estado el que ha incrementado la capacidad de aval, el que ha incrementado su exposición de riesgo ante los activos tóxicos y ante este nuevo negocio, que será el banco malo.


Lo que nosotros planteamos es una cuestión más de fondo, que tiene que ver con lo que hemos venido diciendo e insistiendo en los últimos meses. Estamos hablando de unos activos tóxicos, que son los que se derivan de la burbuja inmobiliaria
que tenían los bancos, de esta resaca, de estas viviendas, de este suelo, de estos créditos, porque en este decreto cualquier activo es posible, no solo hablamos de activos inmobiliarios, como bien sabe el señor ministro, sino que hablamos de todo
tipo de activos, de préstamos, etcétera, cualquier tipo de estos considerados tóxicos va a servir para limpiar el balance del sistema financiero. Y hay varias posibilidades, pero este Gobierno no nos aclara cuál es su estrategia, no sabemos si va a
intentar hacer negocio, como parece que ha dicho en algunas ocasiones el Gobierno, que es mantener las viviendas esperando que en el futuro se puedan revalorizar y hacer una ganancia, o si, por el contrario, lo que quieren hacer es una especie de
cementerio nuclear con todos los activos tóxicos y mantenerlos de esa forma para que los bancos queden libres y el riesgo lo asuma absolutamente el Estado y ya en el futuro a otro gobierno le tocará añadir las pérdidas que se deriven.

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En definitiva, es un decreto profundamente abierto, pero un decreto que deja claro que será el Estado el que asuma para empezar el riesgo y probablemente las pérdidas derivadas de esta operación. Ese es el elemento fundamental que nos lleva
a votar que no, un decreto que está esperando nueva reglamentación, como es en el caso de la valoración de los activos tóxicos, una valoración que no sabemos cómo se va a hacer, que se deja para que el Banco de España la estipule y que no aparece en
este real decreto, y por lo tanto no podemos saber las consecuencias reales y cuantitativas de esta cuestión.


No obstante, invitamos a este Gobierno, señor ministro, a convertir el banco malo en un banco bueno. Dentro de todos los activos que va a tener esa sociedad de gestión -ese banco malo- estarán las viviendas vacías, estarán un tipo de
activos inmobiliarios que podrían utilizarse para fines sociales desde el punto de vista de la creación de un stock de viviendas públicas. Creemos que dentro de todo lo malo que están significando las leyes del Gobierno esta posibilidad se abre
gracias a este real decreto, se abre en este momento y podría servir para corregir uno de los problemas fundamentales de este país, que es la falta de acceso a la vivienda. Entendemos que hay que seguir controlando y fiscalizando lo que va a ser
este sistema de banco malo porque insistimos -insistimos porque hay que hacerlo- en que no está nada claro y sí contamos con la probabilidad de que sea un fracaso desde el punto de vista de que el Estado no pague nada en absoluto, al contrario,
creemos que va a pagar mucho y queremos fiscalizar esa situación para poder ir cuantificando cuáles son las pérdidas, cuál es el agujero al que se van a ir todos los activos tóxicos y que vamos a pagar nosotros, los contribuyentes.


En definitiva, asistimos a una nueva aceptación, a un nuevo modo de vasallaje ante unas instituciones internacionales que han impuesto este real decreto, que han hecho que esto provenga del memorándum, el memorándum que, como decíamos ayer,
no se ha debatido aquí y que nosotros queremos debatir aquí a pesar de saber que la mayoría absoluta del Partido Popular lo aprobará, pero consideramos que es legítimo debatirlo para que no sean los reales decretos los que vengan desde instituciones
internacionales. Nosotros manifestamos nuestra oposición a este memorándum, nuestra oposición a que la crisis la paguen los más desfavorecidos, los más pobres, los contribuyentes y no los creadores de esta crisis, que se están yendo de rositas.
Por estas razones, nosotros pedimos que se tramite como proyecto de ley, votaremos en contra de este real decreto y pedimos al Gobierno que aproveche las puertas que está abriendo probablemente sin querer para utilizarlo para fines sociales.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.


Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, señor ministro de Economía y Competitividad, lamentablemente este real decreto sobre la restructuración del sistema financiero español llega con tres años de retraso. Bien es cierto que, de estos tres años, dos
años y medio podríamos imputarlos al anterior Gobierno socialista, ya que fueron totalmente incapaces de traer un real decreto en el que finalmente pudiera verse la luz para que pudiéramos manifestar abiertamente que el sistema financiero español
podría entrar en una fase de restructuración definitiva. Pero, señor ministro, no es menos cierto que ustedes también han actuado con un cierto retraso y el tiempo es oro desde la perspectiva de los mercados internacionales y desde la perspectiva
financiera. Este es el tercer real decreto que ustedes traen a esta Cámara y podríamos decir que llega con seis meses de retraso desde que ustedes están en el poder.


Si finalmente a través de este real decreto pudiéramos llegar a la conclusión de que va a ser un mecanismo definitivo para conseguir confianza en los mercados internacionales, para conseguir liquidez y que fluya el crédito de los bancos a
las familias, a las pymes y a los autónomos y que al mismo tiempo esta liquidez también fluya con la máxima rapidez -cuando digo con la máxima rapidez, señor ministro, me refiero a que pueda fluir a partir de mañana o de la próxima semana-, y si
finalmente también a través de este real decreto, usted ya lo ha dicho, yo diría que desde esta perspectiva nosotros lo consideramos interesante en el sentido de que se va a tramitar como proyecto de ley -y aquí es donde también todos los grupos
vamos a tener oportunidad para que se puedan cumplir estas premisas-, pudiéramos llegar a la conclusión de que vamos a plantear todas aquellas enmiendas que vayan en la dirección de que esto no cueste un euro a los contribuyentes españoles, diría
que este va a ser quizá el real decreto que definitivamente pueda plantear que la salida a la crisis de la economía española va a ser viable porque va a existir confianza, que es importantísimo, en los mercados internacionales y confianza entre las
diferentes entidades financieras para que pueda volver a existir el mercado interbancario. Es decir, confianza,

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liquidez, que fluya el crédito a las pequeñas y medianas empresas, a las familias y a los trabajadores autónomos, rapidez y con un coste de cero euros para el contribuyente español. Si esto fuera así, podríamos llegar a la conclusión de que
sería un buen real decreto, a pesar de que llega con tres años de retraso.


Entendemos que este real decreto puede ir en esta dirección, pero también, señor ministro, usted ha de tener en cuenta algunas consideraciones que son importantes y que la economía productiva real de este país no entiende. Justamente a
través de este mecanismo vamos a ver si somos capaces de esclarecer todas estas dudas. Nadie entiende, señor ministro, que España vaya a acudir a un rescate de una parte del sistema financiero español, que está dañado, con un techo de 100.000
millones de euros y que sobre este techo hoy la economía real española, que es la que configura en un 80 % o en un 90 % el tejido industrial de las pequeñas y medianas empresas, de las familias y de los empresarios autónomos, no tenga la posibilidad
de conseguir un crédito con facilidad, sin aportar todas las garantías del empresario, de las familias de los empresarios y de los amigos de los empresarios, y que tenga un coste relativamente competitivo, porque usted sabe perfectamente, señor
ministro, que los créditos que se conceden son con muchísimas garantías y a unos costes relativamente elevados. Por lo tanto, esta gran duda, esta gran desconfianza que existe en la economía real española de que este techo de 100.000 millones de
euros llegue a las pequeñas y medianas empresas es un tema que hemos de intentar resolver a través de la tramitación de este proyecto de ley. Sabe usted perfectamente, señor ministro, que ideas le vamos a dar y también sabe perfectamente que
nuestras ideas, si son tenidas en cuenta rápidamente, tienen un efecto muy positivo en la economía productiva real, como referiré más adelante.


Banco malo. Menos mal que finalmente llega el banco malo. Duran i Lleida, nuestro portavoz, lleva cuatro años reiterando esto en cada debate sobre el estado de la Nación, en cada debate sobre la crisis económica. En todos los debates que
se han mantenido entre los diferentes presidentes del Gobierno y los ministros de Economía, Convergència i Unió ha planteado la posibilidad de implementar un banco malo, que es, señor ministro, lo que han hecho economías europeas, socios de la
economía española dentro de la Unión Europea, que a través de este mecanismo del banco malo han saneado su sistema financiero, que estaba muchísimo peor que el sistema financiero español, a unos costes relativamente más bajos. Ustedes en cierta
medida tienen poca responsabilidad, si bien no es menos cierto que al Partido Socialista Obrero Español le hemos planteado reiteradamente desde hace cuatro años la posibilidad de crear un banco malo para sanear el sistema financiero español y
siempre nos ha dado la callada por respuesta. Y no es menos cierto también que cuando ustedes llegaron al poder, democráticamente, lógicamente, hablamos asimismo con el presidente del Gobierno -lo hizo nuestro portavoz- y con usted. Le entregamos
papeles que demostraban que el banco malo era un mecanismo importante para sanear el sistema financiero español, pero finalmente las sugerencias de Convergència i Unió, que no eran otras que las que habían aplicado otros países, como Reino Unido,
Alemania o Estados Unidos, no han sido tenidas en cuenta, habiendo sido la Unión Europea quien les ha impuesto el banco malo para poder salir de esta situación. Vamos a plantear algunas enmiendas a este respecto y espero que en este sentido sean
aceptadas.


Caso Bankia. Desde el primer momento hemos dicho que ha sido una nacionalización inoportuna, nos ha planteado un descrédito internacional muy importante y en su momento hubo también una prima de riesgo notablemente elevada, muy por encima
de la que en estos momentos la economía española se merecía o la que le correspondía en aquellos momentos. En este real decreto -quizá sea esta la discrepancia más importante que tenemos con el Gobierno- se hace una ley exprés para que la
nacionalización de Bankia finalmente pueda ser un éxito y, sinceramente -se lo digo con la máxima objetividad y transparencia-, creemos que Bankia con una aportación de 23.000, 25.000 o 28.000 millones de euros no va a ser una banca viable ni a
medio ni a largo plazo. Quizá lo que se tendría que producir sería una liquidación ordenada de dicha entidad financiera, respetando, lógicamente, los depósitos de todos los contribuyentes. También es difícil entender que, cuando comunidades como
Cataluña plantean operaciones financieras al Estado, en el sentido de pedir anticipos de cobros de impuestos que corresponden a la Generalitat de Catalunya, u otras comunidades autónomas, se discuta si se nos puede dar un anticipo o un crédito de
5.000 millones de impuestos de nuestra comunidad, y, sin embargo, cuando se plantea el tema de Bankia se habla de 25.000 millones de euros y se dice que si en vez de 25.000 son 28.000 millones y no va a haber problema. Convendrá conmigo, señor
ministro, que esto es difícilmente explicable y entendible.

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Preferentes. Señor ministro, nosotros ya nos hemos puesto a la cabeza de la manifestación. Durante estos seis meses hemos hablado con el Gobierno. Es cierto que el Gobierno es sensible ante el caso de las preferentes y tiene ganas de
resolver esta situación y, aunque no la resuelve este real decreto-ley, no es menos cierto que hemos hablado con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y con los portavoces del resto de grupos parlamentarios y hemos intentado buscar una
solución para todas aquellas personas que compraron, desde una comercialización fraudulenta, productos financieros líquidos que finalmente se ha demostrado que eran deuda perpetua. Al menos para todas aquellas entidades que están hoy participadas
por el FROB nosotros ya hemos presentado una enmienda al segundo real decreto Guindos -por decirlo de alguna manera-, en el sentido de que para dichas entidades participadas por el FROB que hayan vendido en su momento productos financieros de las
preferentes -productos que ahora no los han podido cambiar porque lo ha impedido la Unión Europea- se busque una solución en el plazo de tres meses para que se pueda recuperar el valor nominal. Esta es una cuestión que hemos hablado privadamente,
pero ha llegado el momento de que cada grupo plantee sus enmiendas y sus posiciones. Nosotros ya lo hemos hecho y si llegamos a una solución no va a ser mérito de Convergència i Unió, sino que va a ser mérito, lógicamente, del Gobierno y de todos
los grupos de la Cámara que llevamos seis meses resolviendo silenciosamente esta situación. Lo digo ya públicamente, señor ministro, porque nosotros ya hemos presentado esta enmienda y estamos deseando llegar a una negociación rápida con el
Gobierno.


Rescate de 60.000 o 70.000 millones de euros al sistema financiero español. Nosotros creemos sinceramente -ya se lo anunciamos ayer en una pregunta que hice yo mismo al señor ministro- que valdría la pena que el Gobierno se replanteara la
aplicación de un coeficiente de crédito para que una parte importante de estos recursos financieros que van a venir de Europa para la banca no vaya única y exclusivamente a sanear la banca, sino que un porcentaje de los mismos vaya obligatoriamente
al crédito de las pequeñas y medianas empresas...


El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: ... vaya directamente a los autónomos y vaya a las familias.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, mi grupo votará favorablemente este real decreto-ley, que es el resultado de un largo trabajo que tiene como objetivo contar con entidades financieras sólidas que permitan sentar bases de crecimiento y empleo. Pero permítanme que
empiece diciendo que aquí, en esta tribuna, se están vertiendo algunas falsedades que, por lo menos, conviene aclarar. Este real decreto-ley, que es el resultado de unas negociaciones para recibir financiación, se debatió en la Comisión de Economía
antes del inicio de las negociaciones, se debatió en la Comisión de Economía después de las negociaciones y hoy estamos debatiéndolo aquí. Es decir, los grupos podrán decir sí, no o abstenerse, pero afirmar en esta tribuna que no se está debatiendo
es una falsedad que quiere crear un clima de opinión que es absolutamente mentira. Esto se ha debatido democráticamente en esta Cámara y además hay un compromiso por parte del ministro de venir cuando se haga el primer desembolso, de venir cuando
se apruebe el reglamento del banco malo, y luego se seguirá hablando en la Comisión de Economía. No en balde en estos nueve meses ha venido el ministro a la Comisión de Economía el triple de veces que la ministra de Economía del Partido Socialista
en los cuatro años en que fue ministra. (Aplausos). Acusarnos encima de que no se debate parece una broma.


Señoría, es necesario tener entidades solventes para proteger los depósitos de los ahorradores y para poder dinamizar la actividad económica. Y este decreto-ley va de eso; va de contar con entidades económicas solventes para dinamizar la
economía; va de crear un sistema financiero que permita que las entidades puedan dar créditos, puedan captar pasivos, que las empresas y las familias puedan financiarse y eso produzca crecimiento y empleo. Yo entiendo algunas críticas que se hacen
en esta Cámara, pero, señor Gómez, señores del Partido Socialista, este real decreto-ley da solución a problemas que no se han generado en estos nueve meses. Usted, señor Gómez, como ha sido ministro de Trabajo, en su intervención, sin venir a
cuento, ha hablado de empleo y ha dicho que hay que arreglar el problema del

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empleo, y yo digo que es verdad, que hay que arreglar el problema del empleo, pero cuando usted se montó en un coche oficial en el año 2004, siendo secretario general de Empleo, en España había 2.181.000 parados y cuando usted se bajó del
coche oficial, siendo ministro, en el año 2011, había 4.360.000 parados. (Aplausos). Esa es la verdad y otra cosa es una broma. Y ahora me dice usted: Oiga, mientras yo iba en el coche oficial no me preocupaban los parados, pero desde que me he
bajado los veo a todos. Señor Gómez, bien está eso, entiendo que el coche oficial a uno le puede hacer olvidar a los parados, pero que ahora, de repente, se le hayan aparecidos todos me parece una broma. Como me parece una broma, señor Gómez, que
usted hable hoy aquí de preferentes, y el señor Jorquera -que se ha ido- también. Las preferentes en España se comercializaron en el mercado minorista fundamentalmente en los años 2008 y 2009. Señor Gómez, ese producto ha existido siempre y en los
años 2008 y 2009, cuando el Gobierno decide capitalizar las instituciones financieras, les permite a todos ir al mercado minorista y se comercializan en el mercado minorista. Y esto que usted ha llamado engaño, que otro ha llamado fraude, esto se
produce con una ministra de Economía que se llama Elena Salgado, con un gobernador del Banco de España que se llama Miguel Ángel Fernández Ordóñez, con un presidente de la CNMV que se llama Julio Segura; todos del PSOE. Y además, señor Jorquera
-que no me oye-, con un consejero de Economía en Galicia de un Gobierno en el que estaban ustedes. Yo no digo que ustedes quisieran engañar, pero con su ceguera, con el no ver lo que podía pasar, se ha producido un desastre que ahora nosotros
estamos intentando arreglar (Un señor diputado: ¡Muy bien!), pero un desastre que han provocado ustedes y que se diseñó, señor Gómez, en Moncloa, porque ni siquiera se diseñó en Alcalá; ni siquiera se diseñó en Alcalá, se diseñó en Moncloa.
(Aplausos).


Señorías, señores del Grupo Socialista, voten ustedes lo quieran, pero este real decreto-ley está intentando arreglar los problemas que ustedes dejaron en España. Eso es lo que está intentado arreglar este decreto-ley. Si ustedes hubieran
sido más prudentes, si ustedes hubieran hecho las reformas en su momento, si se hubiera apostado de verdad, cuando lo estaban haciendo el resto de países europeos, por un saneamiento de nuestro sistema financiero, si no se hubieran obcecado con eso
de que teníamos el mejor sistema financiero del mundo, si hubieran hecho lo que tenían que hacer cuando ustedes eran Gobierno, hoy España estaría igual que el resto de los países europeos, con un sistema financiero saneado. Ahora lo tenemos que
hacer con los mercados cerrados, lo tenemos que hacer con esfuerzo, y yo entiendo que ustedes nos exijan ese esfuerzo; estamos en el Gobierno, nos lo deben exigir, está en el ser de las cosas que nos exijan ese esfuerzo y yo lo acepto, lo que no
puedo aceptar es que nos echen la culpa de lo que usted rompieron. (Rumores.-Aplausos). Eso sí que no se puede aceptar; eso no se puede aceptar y usted lo entenderá, señor Gómez. Usted me puede pedir a mí que trabaje, que arregle lo de las
preferentes, que busquemos una solución, que intentemos tener las mejores entidades financieras del mundo, que luchemos, que colaboremos, pero no me diga que lo que ustedes hicieron mal y nosotros estamos intentando arreglar es culpa nuestra o que
tenemos que arreglar en nueve meses lo que ustedes tardaron en romper ocho años, porque eso, señorías, no es de recibo. (Rumores.-Aplausos).


Hoy, en este real decreto-ley se trata de vigilar bien a las entidades, cosa -no lo quería decir- que irresponsablemente el gobernador del Banco de España no hizo, señor Gómez; cosa que el gobernador del Banco de España que ustedes
nombraron no hizo. Se trata de que las entidades tengan una buena gobernanza y de que se detecten precozmente las dificultades y se solucionen ordenadamente. De eso va el real decreto-ley. También se trata de intentar proteger a los depositantes.
Porque aquí hablan mucho de quién va a perder. Por supuesto, los propietarios, que son los que tienen acciones. Pero lo que hace este real decreto-ley dando solvencia al sistema financiero es proteger a los depositantes. ¿O qué quieren ustedes?
¿Que dejemos que alguna entidad vaya a un proceso que haga que se pierdan los depósitos? ¿Es eso lo que ustedes quieren votando que no? ¿Es eso su solución al problema? (Rumores). Señoría, hay que ser un poco más responsable. Se trata de que
pierdan, por supuesto, los accionistas, y hay que intentar que los inversores institucionales, que compraban productos ligados al desarrollo de la empresa, también tengan una parte de pérdidas; por supuesto, porque compraban productos, con
conocimiento, ligados al desarrollo de la empresa. Pero se trata -y eso es lo que hace este real decreto-ley- de proteger a los depositantes. Y el banco malo o la sociedad de activos inmobiliarios trata de que los bancos puedan desplazar unos
activos que no son el objeto de su negocio para que puedan centrarse en lo que es objeto de su negocio: captar pasivo y dar créditos, porque eso es lo único que nos va a permitir que en España haya un impulso a la actividad económica porque haya
financiación para proyectos, para emprendedores, para pymes, para autónomos, y también para que las familias puedan adoptar decisiones de consumo.

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Señorías, acabo porque me lo ha puesto rojo el presidente. (Risas.-Rumores). ¡Podría seguir! Pero les quiero decir que en este acuerdo, señor Gómez, han participado el subgobernador del Banco de España, que ustedes propusieron, y el
comisario europeo señor Almunia, que creo que alguna relación tiene con su grupo. Cuando estos dos señores han participado en un acuerdo, entiendo que están defendiendo los intereses generales de España, y ustedes votan en contra. Ustedes no están
votando este real decreto-ley; estarán en una estrategia política interna, externa o mediopensionista, pero desde luego no votando este real decreto-ley, en el que han participado significativos miembros de su grupo. (Aplausos). Voten lo que
quieran, pero nosotros tenemos que pensar, señorías, en los ciudadanos, tenemos que pensar en tener un sistema financiero solvente, tenemos que pensar en que ese sistema financiero ayude al crecimiento y al empleo, porque eso es la base del
bienestar, señorías, y eso es lo que mueve a este grupo parlamentario. Lo que les mueve a ustedes no lo sé.


Gracias. (Prolongados aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.


- REAL DECRETO-LEY 23/2012, DE 24 DE AGOSTO, POR EL QUE SE PRORROGA EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS QUE AGOTEN SU PROTECCIÓN POR DESEMPLEO. (Número de expediente 130/000024).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto, el Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. Para defenderlo,
tiene la palabra la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, presento hoy a la Cámara la convalidación del Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten la prestación por desempleo. Este programa, que
desde su nacimiento está configurado como una ayuda, no como una prestación ni como un subsidio, sino como una ayuda y un programa para el empleo, con una duración desde su inicio de seis meses, ha sido prorrogado en dos ocasiones: mediante el Real
Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agotan su prestación
por desempleo, y también mediante el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.


Recordarán sus señorías que durante el debate de investidura el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recalcó la voluntad de este Gobierno de estar cerca de los españoles que más lo necesitan en la salida de la crisis. Nadie puede decir,
señorías, que no vivimos tiempos difíciles. Son tiempos difíciles para todos, sin duda, pero de manera especial para aquellas personas que hoy están en el desempleo y que ven frustradas, por tanto, sus expectativas de encontrar un empleo. Son para
nosotros, para el Gobierno de España, la absoluta prioridad. Por eso estamos centrando todo nuestro esfuerzo en hacer reformas económicas para volver cuanto antes a ese crecimiento económico generador de empleo que España necesita. Por eso hemos
aprobado un ambicioso conjunto de medidas que potencien la competitividad de nuestra economía y que faciliten que cuanto antes el crecimiento económico se traduzca en creación de empleo. Hemos tomado medidas con una celeridad que no conocíamos en
la historia legislativa de este país porque es necesario que los desempleados puedan encontrar un empleo cuanto antes: nueve leyes y veinticinco reales decretos-leyes en tan solo ocho meses de legislatura, nunca antes un Gobierno había abordado con
mayor celeridad las reformas que necesitaba España.


A pesar de la celeridad y la profundidad de las reformas, el contexto económico es recesivo. Vivimos momentos de enorme dificultad, por eso quizás todavía no se puedan apreciar con claridad los rápidos y contundentes resultados que todos
esperamos de esas reformas, pero mientras eso ocurre es necesario dar una respuesta a aquellas personas que están en paro, que se encuentran en una situación de especial dificultad. Por ese motivo, y en respuesta, como les decía al principio, a ese
compromiso del presidente del Gobierno de apoyar a los más necesitados en la salida de la crisis, hemos tomado la decisión de prorrogar otra vez el Plan Prepara. Lo hicimos ya el 30 de diciembre y lo volvemos a hacer ahora con la

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convalidación de este real decreto. Ahora bien, en agosto, cuando se tomó esa decisión antes de finalizar la última prórroga, sí hemos hecho algo importante: evaluar dicho programa, algo que no nos hemos inventado nosotros, sino algo a lo
que obligaba el proyecto original y que nunca se había hecho por el Gobierno anterior. Ese análisis, esa evaluación ha revelado que se mantienen, por una parte, las circunstancias que dieron lugar al inicio y a la continuación del programa, pero
también que deben ser revisados los términos en que se venía prorrogando hasta ahora. Por una parte, el desempleo de larga duración continúa siendo elevado, hay muchos hogares que tienen hoy a todos sus miembros en paro y es verdad que la tasa de
cobertura de las prestaciones también se ha reducido en el último año. Sin embargo, el programa no estaba funcionando bien. Los resultados -como ya indiqué en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en que se prorrogó- fueron, a
nuestro entender, decepcionantes. Señorías, del total de acciones realizadas por los beneficiarios del programa, el 78 % correspondía a actuaciones simplemente de orientación individual; el 19 % a acciones de orientación grupal y menos del 3 % a
acciones formativas, que es la base de este programa de formación para el empleo. Por tanto, estos han sido unos resultados deficientes para nosotros. A eso le tenemos que añadir que como resultado de esa evaluación hemos observado que solo el 7 %
de los beneficiarios se han beneficiado de acciones formativas, y en algunas autonomías, donde las necesidades formativas tenían que ser mayores porque la tasa de paro era mayor, el porcentaje no superaba ni el 4 %. También llama la atención que
menos del 2 % de beneficiarios participasen en acciones de impulso al emprendimiento y que el 36 % no accediera a la tutoría individual, que constituye el primer paso para el diseño de un itinerario personalizado de inserción. El número de acciones
por beneficiario es solo de 3,22; es decir, 3 acciones en seis meses parecen muy, muy insuficientes.


Si los datos de la evaluación de las acciones de políticas activas son muy preocupantes, el análisis de la tasa de inserción tampoco es positivo. Más de las dos terceras partes, el 67 % de los beneficiarios, no estuvieron ocupados durante
la participación en el programa; el 8 % estuvieron ocupados menos de un mes; solo el 18 % tuvo una ocupación mayor a dos meses, y menos del 1 % de los beneficiaros obtuvo un contrato indefinido. El porcentaje de contratos indefinidos sobre el
total de contratos del colectivo de beneficiarios, señorías, es menor de la mitad de los contratos indefinidos sobre el total de todos los contratos firmados en España entre el 15 de febrero de 2011 y 2012.


En definitiva, la evaluación ha puesto de manifiesto que la gran mayoría de los beneficiarios no consiguió ninguna ocupación, y los que la lograron obtuvieron trabajos predominantemente de corta duración y casi nunca indefinidos. Además,
las acciones realizadas para mejorar la empleabilidad del colectivo fueron muy limitadas y deficientemente seleccionadas. Estos resultados muestran que el programa no ha obtenido los objetivos que buscaba: que a través de la configuración de
itinerarios personalizados formativos los beneficiarios volviesen al mercado laboral. Les recuerdo que este programa solo lo pueden pasar los beneficiarios una sola vez en su vida; es decir, en seis meses tenemos que darle una oportunidad a esas
personas que pasan por el mismo, formarlos e insertarlos en el mercado de trabajo. Lo contrario es frustrar muchas expectativas de empleo. Debe ser de verdad una puerta de vuelta, de entrada al mercado de trabajo. Por eso queremos configurar el
programa hoy, con la convalidación, como un nuevo Prepara para el empleo porque es básico que se utilice como herramienta de formación y entrada en el mercado de trabajo. Es preciso que sea la última puerta de entrada en el mercado de trabajo para
los que hoy están en el desempleo y pasando mayores necesidades. Estas conclusiones son las que nos han empujado a introducir cambios, a mejorar el programa, a reformarlo para que sea un programa de verdad para el empleo.


Quiero también señalar que es importante el esfuerzo que ha hecho el Gobierno en este momento. En un escenario de recesión económica, teniendo en cuenta la evolución del empleo y del desempleo de larga duración, el número de hogares con
todos sus miembros en paro, analizado y evaluado el programa desde su creación hasta la actualidad, hemos considerado conveniente renovarlo con un gran esfuerzo económico, pero, insisto, es prioridad de este Gobierno ayudar a los que peor lo están
pasando en la salida de la crisis. Ahora bien, dado el limitado éxito del plan de inserción, lo que tenemos que hacer es cambiar lo que no funcionaba. El Gobierno ha introducido mejoras en su diseño, sí, para que sea un programa de formación de
verdad para el empleo. Las modificaciones introducidas respecto al diseño del programa original pretenden incrementar las oportunidades de empleo de los beneficiarios, así como centrar los esfuerzos de los servicios de empleo en aquellos
desempleados que se enfrentan a condiciones hoy más desfavorables. En coherencia con el principio de equidad y en aras a conseguir esa justicia social, el programa se ha redefinido y ha centrado su función protectora en el colectivo de desempleados

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que, no teniendo derecho a prestaciones o subsidios, presenten cargas familiares u ostenten la condición de parados de larga duración. Además, hacemos también un esfuerzo presupuestario. Se incrementa la ayuda de 400 a 450 euros para
aquellos beneficiarios que acrediten tener tres o más personas a su cargo. El nuevo Prepara, por tanto, incrementa las transferencias de renta a aquellos más necesitados por sus mayores cargas familiares. A su vez, señorías, se ha redefinido el
colectivo de beneficiarios del programa, priorizándose y centrándose en los parados de larga duración, los que lleven más de doce de los últimos dieciocho meses en el desempleo, o los parados con cargas familiares, manteniéndose igual el resto de
los requisitos contemplados en los programas anteriores. Es decir, el programa se dirige al colectivo que realmente tiene mayores dificultades. Para ello también se vincula el requisito de reducida renta del solicitante a las de la unidad
familiar, incluyendo la renta de los padres en caso de convivencia. Como saben, las rentas de los padres hasta ahora estaban excluidas del cómputo, entendemos que de manera injustificada, permitiendo acceder al programa a personas con recursos que
no requerían objetivamente la participación en un programa como este, que se acompaña de una ayuda económica. La intervención del Estado en este tipo de programas, señorías, debe ser subsidiaria a la existencia de rentas privadas en la unidad
familiar, que son las que cubren las necesidades del individuo. Desde ese punto de vista, la nueva regulación es más equitativa y más justa. El resto de novedades obedecen al fin de aumentar la eficacia del programa en sus objetivos de empleo,
incrementando su vinculación con las políticas activas de empleo.


El programa debe servir de instrumento eficaz en la búsqueda de empleo y para ello deben utilizarse todos los medios posibles, tanto públicos como privados, coordinados por los servicios públicos de empleo. A tal fin se ha reforzado el
seguimiento del grado de cumplimiento del compromiso de actividad, exigiendo que los solicitantes acrediten haber realizado actuaciones de búsqueda de empleo a título personal o en colaboración con los servicios públicos de empleo como requisito
previo a la obtención de su condición de beneficiarios. Además, en coordinación con las comunidades autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales se propondrá que el grado de eficacia y eficiencia en la ejecución
del programa se introduzca como una de las variables del reparto de los fondos destinados a políticas activas de las comunidades autónomas. El análisis de evaluación del programa ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la vinculación entre
las políticas pasivas y activas de empleo a través de una mayor coordinación entre el Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios de empleo de todas las comunidades autónomas. Para ello, señorías, la Conferencia Sectorial de Empleo juega un
papel crucial como instrumento para compartir las mejores prácticas, identificar fortalezas y debilidades de las estrategias de los distintos servicios públicos de empleo, coordinar las actuaciones y realizar y fijar criterios de actuación que sean
homogéneos cuando sea adecuado y necesario en aras de una mayor eficacia en el marco de las competencias existentes, teniendo en cuenta, por supuesto, el plan anual de políticas de empleo. A su vez, se garantiza el cumplimiento del principio de
equidad, revisando el régimen de incompatibilidad de la ayuda económica con otras de naturaleza similar para adecuar la ayuda económica al límite familiar establecido desde un primer momento por la norma. Por último, se refuerza algo importante
como es la supervisión y la evaluación continua del programa, algo que estaba en la ley desde el primer momento, que nosotros queremos reforzar en el programa Prepara para garantizar que la asignación óptima de los recursos sea real, y extender la
cultura de la evaluación continua de las políticas de empleo.


Señorías, convendrán conmigo en que la necesidad de la inmediata aplicación de estas medidas, atendiendo a la situación del mercado laboral y a la finalización del programa vigente, practicada el 15 de agosto de 2012, constituye una
circunstancia que acredita la extraordinaria y urgente necesidad que la Constitución española exige para el recurso al decreto-ley. Pese a ello sí quiero trasladar a esta Cámara de que los agentes sociales fueron informados del contenido del real
decreto-ley antes de su aprobación, y que en el marco de la reunión que se mantuvo con ellos el Gobierno además se comprometió a realizar un examen conjunto de evaluación en el ecuador del programa. Es decir, lo haremos a los tres meses con ellos,
antes de los seis meses que pide la propia normativa del Prepara. Señorías, el Gobierno ha considerado que persisten las circunstancias que justifican la existencia del programa, por lo que este se ha prorrogado con un considerable esfuerzo
presupuestario. Creo que son tiempos de sensatez, pero también de sensibilidad, pero una sensibilidad que debe tener los pies en el suelo, porque se lo debemos todo a los ciudadanos que con su esfuerzo cada día están contribuyendo a la salida de la
crisis. Hoy menos que nunca es tiempo para la demagogia que se nutre del dolor ajeno y del que cuanto peor, mejor. Señorías, son tiempos de arrimar el hombro, de optimizar los recursos públicos y de buscar resultados, en definitiva de ayudar a
transformar la sociedad a la que todos representamos en esta Cámara.

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Señoras y señores diputados, los objetivos del programa están plenamente vigentes: reforzar y dirigir la ayuda a quienes más lo necesitan, mejorar la eficacia de los mecanismos para facilitar la empleabilidad de los beneficiarios, e
incrementar sus oportunidades de volver al mercado de trabajo. Intensificar y fortalecer la vinculación entre las políticas activas y pasivas de empleo a través de una mejor coordinación con las comunidades autónomas. Son objetivos irrenunciables
y espero de todos ustedes, señores diputados, su apoyo. Los desempleados de este país no quieren ni deben esperar. Por todo ello, señorías, en el marco de esta sesión de hoy pido la confianza y el apoyo de la Cámara a la renovación y a la
convalidación de este real decreto-ley. Los parados de España son una prioridad para el Gobierno, pero también deben ser una prioridad para todos los diputados de esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Se ha solicitado la utilización del turno en contra por el Grupo Parlamentario Socialista, y tiene la palabra la señora Gutiérrez del Castillo.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señor presidente, señora ministra, señorías, les anuncio desde ya que mi grupo votará en contra de la convalidación de este real decreto-ley. Estimamos que lejos de mejorar la eficacia, es un mecanismo de
exclusión de beneficiarios que hace recaer sus ajustes en los parados y vacía completamente de contenido el programa Prepara.


Señorías, el 14 de agosto el presidente Rajoy anunciaba la prórroga del Prepara y lo hacía tras causar angustia a cientos de miles de españoles y forzado por la movilización ciudadana, amparándose en una pretendida evaluación del programa.
El 24 de agosto se aprobaba el decreto-ley que hoy debatimos. Al presentarlo, señora ministra, se desencadenaba una nueva operación de propaganda del Partido Popular que ponía énfasis en el incremento de las prestaciones y en la mejora teórica de
su eficacia. La realidad es bien distinta, este decreto-ley es tan solo un fraude más del Partido Popular, no mejoran las políticas activas de empleo, y el texto se convierte en un catálogo monumental de excluidos; lo que pretende es la reducción
considerable de los beneficiarios y de los recursos públicos destinados a los desempleados. El Partido Popular no cambia su política con el Prepara, le da una vuelta de tuerca más, y hace recaer el ajuste en los parados. Precisamente por eso,
señora Báñez, no ha querido usted negociarlo ni pactarlo con los sindicatos; usted, señora Báñez, no se ha reunido con ellos, ha vuelto a ningunear otra vez su papel constitucional, los mismos sindicatos que sí eran recibidos y alabados por la
señora Merkel.


Vayamos a los hechos. El Gobierno socialista puso en marcha el programa Prepara en base a un acuerdo social y económico en febrero de 2011, un acuerdo tripartito entre Gobierno socialista, organizaciones patronales, y los sindicatos. El
principal objetivo del programa era la orientación de recalificación profesional de las personas que hubiesen agotado sus prestaciones por desempleo para favorecer su empleabilidad y su reincorporación al mercado laboral; lo hacía mediante
políticas activas que se acompañaban de una ayuda económica complementaria de 400 euros vinculada a un determinado nivel de ingresos. Este programa junto con la renta activa de inserción constituían los dos mecanismos básicos de reinserción laboral
de las personas desempleadas, sin otras prestaciones y con un compromiso activo de búsqueda de empleo. Lo hacía a través de la elaboración de un itinerario individualizado de inserción que atendía a las necesidades de formación y recualificación,
itinerario realizado por los servicios públicos de empleo competentes y por profesionales especializados. La eficacia del Prepara ha sido puesta de manifiesto en la memoria del Consejo Económico y Social, sí ha habido evaluación, señora ministra.
Allí en esa memoria se dice que llama la atención la elevada tasa de reinserción laboral de los beneficiarios del programa, dado que la mitad de sus participantes encontraron empleo, mayoritariamente jóvenes entre veinticinco y veintinueve años.
Pues bien, usted señora ministra, después del decreto-ley de julio que ejecutó el mayor recorte de las prestaciones por desempleo de la democracia, que modificó la renta activa de inserción, ahora con este nuevo real decreto-ley vacía de contenido
el Prepara. Este nuevo decreto-ley no apuesta por las políticas activas de empleo, sino que establece nuevos requisitos con el único objetivo de excluir a los beneficiarios.


Veamos los requisitos. Al requisito originario de finalizar una prestación por desempleo ahora se añade que el parado sea de larga duración o tenga responsabilidades familiares. Esto supone que las personas desempleadas que agoten la
prestación deben llevar inscritas, como usted ha dicho, como demandantes de empleo al menos doce meses. Por tanto el agotamiento de una prestación de al menos un año. En buen castellano, señora ministra, de un plumazo excluye usted a todos los
jóvenes de su programa y también a la inmensa mayoría de los trabajadores con contratos temporales. Sí, señora ministra, a los

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jóvenes porque según los datos del Servicio Público de Empleo tienen una media de prestación de siete meses. Si alguno llega a los doce meses de prestación ya lo excluyen teniendo en cuenta los ingresos de sus padres. ¿Y por qué quieren
infligir una doble humillación al joven que vuelve a casa de sus padres porque ha perdido el empleo? ¿Por qué quieren condenarlo indefinidamente a la dependencia de sus padres? ¿Por qué les parece mal que un hijo de trabajadores con ingresos
medios de 19.400 euros al año no pueda dedicar 400 euros a hacer cursos de formación?


Pero hay más: justifican el nuevo decreto-ley para atender a los parados de larga duración, sin embargo excluyen a todos los parados de larga duración que no hayan tenido previamente una prestación, aquellos que cubría la renta activa de
inserción y que también dejaron fuera en el decreto-ley de julio. Dicen proteger a las familias sin recursos, pero realmente excluyen a las familias con todos sus miembros en paro y sin ingresos al exigir que hayan agotado una prestación. Esto es
así, 583.000 hogares, según la EPA del segundo trimestre, tenían a todos sus miembros en paro y no recibían ninguna prestación. Estos no pueden agotar una prestación entre el 16 de agosto y el próximo 15 de febrero. Las medidas adoptadas por el
Gobierno en julio y agosto de 2012 condenan a jóvenes, a sus familias, a los trabajadores que han tenido contrato temporal y a gran parte de las familias sin recursos. Las políticas de recorte de su Gobierno son las que incrementan día a día el
paro, las que incrementan día a día el riesgo de fractura social y la exclusión; y este efecto de exclusión seguirá creciendo como consecuencia de sus políticas.


La otra justificación que han dado para esas modificaciones es la mejora de la eficacia del programa. De nuevo se trata de demonizar lo existente para justificar su tijeretazo. Vaya por delante que el Parlamento no ha recibido la
evaluación del programa Prepara a pesar de haberlo pedido expresamente, una nueva muestra de su falta de talante democrático. Así que me basaré en sus propias palabras, señora Báñez, y en la memoria del CES del año 2011. Ya le he comentado lo que
dice el CES: en la gestión del programa del Gobierno socialista, un 50 % de los participantes logra la reinserción laboral; lo cual, en una situación lejos del pleno empleo, me parece un éxito sin paliativos. Veamos lo que usted dijo en su rueda
de prensa y lo que ha vuelto a decir hoy: primero, que más de 500.000 beneficiarios han participado en el programa desde el 11 de febrero de 2011 a la actualidad; que de esos, 307.000 han concluido el programa. Dice usted que el 67 % no ha
conseguido empleo, es decir que el 33 % lo ha conseguido. ¿Esto es mucho o es poco? Lo que queda claro es que en esos nueve meses de Gobierno del Partido Popular los resultados del programa han empeorado sustancialmente si los comparamos con los
resultados que recogía el CES para todo el año 2011.


Ante esas diferencias señaladas podría acusarla a usted de una gestión nefasta del programa, pero le voy a decir realmente lo que pienso, señora ministra: que estos peores resultados se deben a la caída espectacular de las expectativas de
empleo desde que gobierna el Partido Popular. En estos nueve meses, en lugar de desarrollar una estrategia de empleo y de crecimiento, han hecho una reforma laboral que facilita y abarata el despido; han puesto en marcha una máquina de destrucción
masiva de puestos de trabajo y el desempleo no deja de crecer. El Gobierno sabe que su reforma laboral está llevando al paro a muchos ciudadanos, que en lo que va de año son 420.000 empleos netos destruidos, que los afiliados a la Seguridad Social
han caído en lo que va de año en 350.000, que la destrucción de empleo alcanzará a los 630.000 en el conjunto del año, que el próximo año tendremos una tasa del 25 % de paro, y que terminaremos la legislatura peor que cuando la empezamos, que de los
5,6 millones de desempleados ya hay 2,6 millones que no tienen ningún tipo de prestación; y sobre todo que la tasa de desempleo de los jóvenes supera el 53 % y ahora usted los excluye del Prepara. Por eso nuestra opinión es que ese 33 %, de
acuerdo con los datos que usted da, de beneficiarios del programa Prepara que han encontrado empleo es un resultado a tener en cuenta y que merecía la pena prorrogarlo en sus propios términos, y no traer a la Cámara este decreto-ley exclusivo.


Otro aspecto. Denigra usted el programa por el escaso tiempo dedicado a la formación. Es curioso este argumento. Sabe usted perfectamente que las acciones de formación y de emprendimiento necesitan recursos, y usted ha desmantelado las
políticas activas, ha reducido en un 54 % los recursos destinados a políticas activas por parte de la comunidad autónoma. La solución no es cargarse el programa, sino aumentar los recursos. Por muchas vueltas que le he dado al decreto-ley no he
podido encontrar las medidas y los recursos sobre todo para permitir a la mayoría de los participantes del programa que reciban un curso de formación. La conclusión es obvia, señora ministra, usted no quería prorrogar el Prepara, votaron aquí en
contra de la prórroga, por eso lo que han hecho es dinamitarlo desde dentro; eso es lo que han hecho. La eficacia del programa depende del parado, pero sobre todo de una estrategia de

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empleo y de políticas activas de empleo. ¿Es así, señora ministra, como piensa mejorar la competitividad de nuestra economía? Señora ministra, usted ha tirado la toalla de la creación de empleo, de las políticas activas, de la protección
por desempleo, ha tirado la toalla en las políticas de inserción, de recualificación profesional, y por eso nos trae este decreto-ley. Por eso mi grupo votará en contra, y además le anuncio que traeremos iniciativas parlamentarias que contengan lo
que ustedes dejan fuera, es decir, el programa Prepara y la renta activa de inserción. Y pensamos que estos mecanismos deben tener estabilidad, porque las previsiones de su Gobierno son de paro, paro, y más paro. Sus decisiones son las que están
causando la desesperanza, el dolor, y las tragedias personales tanto individuales como colectivas que nadie podía imaginar cuando ustedes ganaron las elecciones.


Usted ha recordado al principio de su intervención: nueve proyecto de ley y veinticinco decretos-leyes. En el ámbito de las políticas activas de empleo, reforma laboral que facilita y abarata el despido y que está provocando la destrucción
de empleo masivo; la reducción hasta hacer casi desaparecer las políticas activas, la reducción de las tres cuartas partes del presupuesto para formación; ha despedido a los promotores de empleo y ahora a los orientadores. Ha hecho el recorte de
las prestaciones por desempleo más lesivas de la historia de la democracia, ha suprimido prácticamente la renta activa de inserción. Ahora en este real decreto vacía el contenido del programa Prepara y excluye a los jóvenes. En lo que llevamos de
año, ya sabe, se han destruido 420.000 empleos, la tasa de paro supera el 24 % y los cotizantes de la Seguridad Social se han reducido en 350.000. Ante esta realidad usted ha desarbolado el conjunto de las políticas activas de empleo, y ha
eliminado todos los recursos de que disponía el Estado. Ha dejado al Estado sin capacidad para afrontar una situación cada vez más dramática. Por eso lo que debe hacer, señora ministra, es venir a esta Cámara a pedir disculpas y a reconocer sus
garrafales errores, porque está haciendo un daño demoledor a las familias y a los trabajadores con este desmantelamiento del conjunto de las políticas de empleo.


En cuanto a la Seguridad Social nos preocupan enormemente los anuncios del Gobierno, cuidado con el Fondo de reserva de las pensiones. Mire usted, en cuatro años de crisis durante el Gobierno socialista, una crisis más profunda que la
actual, el Gobierno socialista siguió ingresando recursos en el fondo hasta alcanzar los 67.000 millones de euros; usted en nueve meses ya ha tenido que coger más de 4.000 millones de euros del Fondo de rehabilitación de mutuas. Cuidado por tanto
con la hucha de las pensiones. Esa es la auténtica herencia del Gobierno socialista: esos 67.000 millones de euros, pero no una herencia para su Gobierno, sino que pertenece a los trabajadores y a los pensionistas de este país; ustedes son meros
gestores del mismo y deben hacerlo según lo acordado en los Pactos de Toledo. Por cierto, señora ministra, Pactos de Toledo, otra herencia de otro Gobierno socialista.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gutiérrez del Castillo.


Tiene la palabra la señora ministra de Empleo.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, al Partido Socialista esta mañana se le cae la careta en esta Cámara. Señora diputada, usted hoy no dice no al Gobierno de España del Partido Popular, usted hoy dice no a los parados que más lo necesitan votando no a la renovación
del programa Prepara, que es un programa para el empleo de los que más lo necesitan, los parados de larga duración y los parados con cargas familiares. (Aplausos).


Una puntualización. El Partido Popular siempre fue responsable porque este es un programa muy sensible que ayuda evidentemente a las personas que menos recursos tienen para afrontar la crisis, y se abstuvo en las dos ocasiones en que se
renovó el programa en esta Cámara. Nadie entiende, ningún parado de España entiende que monten una campaña este verano para que se renueven los 400 euros, y cuando el Gobierno los sube a 450 para ayudar a las familias que más cargas familiares
tienen, ustedes voten en contra. Demagogia y politiquería del Partido Socialista en esta Cámara, señora diputada. (Aplausos.-Rumores.-La señora Álvarez Álvarez: ¡Trampa!)


Un poquito de humildad, de vergüenza política, porque cuando tuve el honor de acceder a la responsabilidad de gobierno lo que me encontré del Partido Socialista fue una herencia de 5.273.600 personas desempleadas, 1.575.000 familias con
todos los miembros en paro, 30.000 millones de déficit en las cuentas públicas y otros 30.000 millones más de facturas sin pagar de todas las administraciones públicas en este país, y una España en recesión económica. Esa es la herencia de un
Partido Socialista que quiere dar lecciones de empleo y de crecimiento económico en esta Cámara. (Aplausos). ¿Por qué?

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Porque gobernaron de espaldas a los ciudadanos, minimizando los problemas, gastando lo que no tenían, y haciendo del despido el único ajuste en situaciones de crisis para las empresas españolas. Esa es la realidad de la reforma socialista:
reformas para el despido. Ahora se ponen aquí gallitos cada mañana, pero no recuerdan que estamos haciendo lo indecible por volver en ocho meses a llevar a España al lugar que se merece, a la senda del crecimiento económico y de la creación de
empleo.


En 2009, que no es hace tanto tiempo, sino la pasada legislatura, llegaron a situar el déficit público en el 11,13 % y en tres años lo que hicieron fue duplicar el nivel en España de la deuda pública, y la Comisión Europea tuvo desde
entonces que abrir un procedimiento de déficit excesivo por los desequilibrios de las cuentas públicas, que han marcado toda la política económica y social desde entonces en este país. ¿Pero sabe lo que está haciendo el Gobierno? Reformas y
ajustes, pero ajustes con sensibilidad, manteniendo en la salida de la crisis una ayuda permanente a los que más lo necesitan, a los pensionistas, por cierto, y a los parados de este país. Esa es la grandeza de las reformas que el Partido Popular
está haciendo. Y yo le pido humildad, porque si alguien tiene que pedir perdón en esta Cámara es el partido y el Gobierno socialista, que dejó a España en una situación de 5 millones de parados y de déficit de las cuentas públicas. (Aplausos).
Por tanto, humildad. Ya eso no se lo cree nadie, y si no, ahí están las encuestas de opinión en las que los españoles entienden la responsabilidad de cada uno, y este es un Gobierno que solo lleva ocho meses intentando dar la vuelta a esa grave
situación de emergencia económica y social en la que ustedes dejaron a España.


Nosotros hemos visto la necesidad de renovar el programa Prepara, claro que sí, pero lo queremos hacer más racional, más justo, más equitativo y también más eficiente, porque insisto en que no es ni una prestación ni un subsidio, es una
ayuda de 400 ó 450 euros para que los parados hagan acciones formativas y vuelvan en seis meses al mercado de trabajo, y si no, estaremos frustrando sus esperanzas y su ilusión de volver al empleo, y eso no lo va a permitir un Gobierno del Partido
Popular. (Aplausos).


Quiero puntualizar algunas cosas que usted ha comentado en su intervención. Este programa no discrimina por edad, es mentira. No es un programa contra nadie, sino un programa que prioriza a los que más lo necesitan y lo entienden todos los
españoles: los parados que tienen cargas familiares y los parados que llevan más tiempo en el desempleo. Esa es la prioridad, tengan la edad que tengan. No se prioriza y no se discrimina por edad. Pero me sorprende una cosa; me sorprende mucho
que se preocupen por los que dejan de considerarse beneficiarios del programa porque tienen rentas altas, y no lo hagan por los que no entran en el programa porque tienen rentas bajas y viven con sus padres. ¡Menudo progresismo, señora diputada!
(Aplausos).


Lo que nosotros diseñamos es ayuda de verdad para los más vulnerables, con justicia y con equidad. El programa es una ayuda individual, claro que sí, pero se deben tener en cuenta las rentas de la unidad familiar, porque hay que ser justos
en un escenario de grave crisis económica y de escasez de recursos públicos. La realidad no se puede ni se debe tratar con clichés falsos, porque no todos los jóvenes ni todos los desempleados tienen las mismas circunstancias económicas ni las
mismas oportunidades de capear la crisis. Le pondré un ejemplo. Antes de la reforma, un desempleado en una unidad familiar de dos miembros con un salario medio de 1.871 euros, según los datos del INE, en España tenía derecho al Prepara si la
persona con la que vivía era su madre, y no tenía derecho si la persona con la que vivía era su pareja, su marido o su mujer, es decir, penalizamos la emancipación de los jóvenes, que la gente viva con la persona que quiere. ¿Ese es el progresismo
que defiende el Partido Socialista? (Aplausos).


La situación se debe tratar con equidad y justicia. A nosotros no nos preocupa con quién vive una persona, si con sus padres o con su pareja, que decida con libertad dónde quiere vivir, pero la situación económica es la misma en las mismas
circunstancias, y eso es lo que hace este programa, equidad y justicia real. Progreso real e igualdad de oportunidades es lo que defiende esta nueva configuración del programa del Gobierno del Partido Popular frente al programa socialista, que
penalizaba la emancipación de los jóvenes. ¡Menuda izquierda y menudo progresismo! (Aplausos). El Gobierno no puede completar las rentas de toda las familias de este país, desgraciadamente no puede, solo faltaría; lo que sí debe hacer es ayudar
especialmente a aquellos, con carácter subsidiario, que más lo necesitan, porque este es un Gobierno que trata a la gente con equidad y con justicia. Ustedes le buscan la vuelta a todo, y la cara y la careta se les están cayendo cada día en esta
Cámara.


Ha hablado usted de que tuvimos en vilo a los parados durante el mes de agosto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cinismo! Le voy a dar unos datos. El año pasado, el programa Prepara 2011 también terminó el 15 de agosto. ¿Saben sus señorías cuándo
anunció la renovación el presidente del Gobierno del Partido Socialista, el señor Rodríguez Zapatero? El 24 de agosto y se aprobó el día 30. ¿Por qué no hacían

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entonces una campaña por todas las calles de España para pedir esa prórroga? ¡Qué cinismo! ¡Qué barbaridad! (Un señor diputado: ¡IVA!) Este año hemos hecho dos cosas:... (El señor Elorza González pronuncia palabras que no se perciben).


El señor PRESIDENTE: Señor Elorza, le ruego silencio.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): ... evaluar el programa, como recoge la norma desde que ustedes la aprobaron por primera vez, que nunca se ha hecho, ya que el hecho de que lo haga el CES no significa que lo
haga el Gobierno; nunca se ha hecho por ningún Gobierno antes que por el del Partido Popular. Evaluamos la norma nada más terminar julio, en los primeros días de agosto, y el presidente Rajoy anunció su renovación el día 14, antes de finalizar el
programa. Confianza y compromiso con los parados frente al cinismo y la mentira del Partido Socialista. No le aguanto esos insultos y esas mentiras, señora diputada. (Aplausos).


Ignoro el cálculo electoral de antes y de ahora. Antes era desgaste del Gobierno, ahora estamos en plena campaña electoral, pero los parados siguen estando ahí y necesitan de nuestra atención (Rumores), y van a tener el apoyo y la ayuda de
este Gobierno, pero la van a tener especialmente esos que más lo necesitan, los parados de larga duración y los parados con cargas familiares. Además, los que tienen más de tres hijos a su cargo o tres personas en el ámbito familiar tendrán una
ayuda de 450 euros, que para eso se la hemos incrementado. Este es un Gobierno serio, un Gobierno justo, un Gobierno que actúa con equidad y ustedes son un partido socialista que está en la politiquería y en el oportunismo político. (Rumores).
Vergüenza les debería dar, con todo el daño que han hecho a este país en términos económicos y sociales, de no apoyar hoy esta prórroga del Prepara. (Rumores). Pero los ciudadanos tienen memoria, son inteligentes y están con un Gobierno que está
al lado de los que necesitan más ayuda en la salida de la crisis: los pensionistas, que tienen garantizadas sus pensiones con el Gobierno del Partido Popular, y los parados de larga duración, que son nuestra absoluta prioridad. Y para los jóvenes,
en las próximas semanas, además de todo esto, vamos a presentar una estrategia de emprendimiento y empleo joven, abierta a toda la sociedad española, en línea con el Fondo social europeo. Porque nuestro país no puede permitirse tener a uno de cada
dos jóvenes sin trabajo y sin oportunidades. Se las va a volver a dar un Gobierno del Partido Popular, como ya ocurrió a partir del 1996.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Señora Gutiérrez del Castillo.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, usted hace siempre lo mismo, ataca al mensajero en lugar de abordar la realidad y dar solución al paro. Lo que necesita el país, nuestro país, son soluciones, argumentos, no gritos (Aplausos), no gritos, respeto a esta
tribuna, respeto a la oposición y compromisos claros para los desempleados. (Aplausos). Le recuerdo que acabar con el desempleo centró su campaña electoral. Decían: en cuanto Rajoy llegue a la Moncloa se arregla el problema del paro. Además,
asumieron un solemne compromiso: no recortar las prestaciones por desempleo. Eso lo dijo el presidente Rajoy mirando a todos los ciudadanos a los ojos a través de la cámara. La realidad es que en estos momentos, que hay 5.600.000 parados, han
hecho justo lo contrario. La realidad es que en estos nueve meses se han destruido 420.000 empleos como consecuencia de sus políticas. Lo cierto es que tienen una previsión de destrucción de empleo de 630.000 empleos netos este año. La realidad
es que la Seguridad Social tiene 340.000 afiliados menos, que la tasa de paro llegará al 25 % y que han engañado y defraudado a la inmensa mayoría de los españoles; esa mayoría que sigue pensando que lo primero que hay que hacer es arreglar el
paro. Frente a esa realidad usted se esconde tras la herencia recibida, pero no hace nada en positivo, tan solo recortar y recortar lo que otros ministros le obligan.


En su primera comparecencia, los grupos de la oposición le pedimos políticas y estrategias para acabar con el paro. Han pasado muchos meses y la realidad de hoy es que todos, todos, menos ustedes, ven claro que las políticas del Gobierno
están contribuyendo a una espiral recesiva de la economía y a la destrucción masiva de empleo. Esto merecería, señora ministra, una explicación y un análisis en profundidad en este Parlamento, pero usted se esconde. No vino a explicar los
resultados de la EPA del primer trimestre, como si el tema no fuera con usted. ¿Va a dar usted explicaciones de los resultados de la EPA del segundo trimestre, de los 420.000 nuevos parados que se han producido en los nueves meses

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de Gobierno del PP? Cuando acabe el año y comprobemos que se cumplen las últimas previsiones negativas del Gobierno, con 630.000 empleos netos destruidos, ¿vendrá usted y asumirá la responsabilidad de Gobierno?


Señora ministra, habla usted de encuestas de opinión, ¿sabe qué le digo? Que es usted la ministra que provoca más rechazo dentro del conjunto de todos los ministros de la democracia que han estado en su departamento, la peor (Aplausos). Le
doy tres razones. Primera, porque en el tiempo que lleva en el ministerio no ha propuesto ni una política en positivo, no ha traído una estrategia de crecimiento y de empleo, no ha creado ni un solo puesto de trabajo, de empleo neto, y ni siquiera
se ha opuesto al conjunto de recortes y medidas recesivas que están hundiendo el país. Segunda, porque ha hecho usted una reforma laboral que provoca un profundo rechazo en los trabajadores de nuestro país. ¿Sabe por qué? Fácil; porque lejos de
crear empleo, esa reforma laboral amenaza sus puestos de trabajo, ha dinamitado sus derechos laborales y le ha dado un poder unilateral al empresario para rebajar su salario y el resto de sus condiciones laborales. Asombran las palabras del señor
Rajoy cuando se mostraba muy contento con los resultados de la reforma laboral. Tercera, provoca usted un rechazo entre los desempleados, porque se ha cargado las políticas activas de empleo, dejando sin dotación económica ni personal que oriente y
facilite la reinserción. Más aún, ha efectuado usted el recorte más sangrante de las prestaciones por desempleo en la democracia y se ha comprometido a una reducción de 13.000 millones de euros en las políticas de empleo en el presupuesto bianual
remitido. Ha tirado usted la toalla del empleo, de las políticas activas, de la protección, y ahora, con este decreto-ley, propicia un duro golpe, otro más, a los jóvenes. Empezó con la reforma laboral, en que les negó la obtención del certificado
de estudios obligatorios desde la formación profesional; los encadenó a contratos precarios de formación desde los dieciséis a los treinta años en la misma empresa; su Gobierno subió las tasas universitarias y para la formación; ha reducido las
becas; ha eliminado la renta de emancipación; ahora los expulsa del Prepara. Estos nueve meses han supuesto un ataque constante a las familias de la clase media de este país, a esos trabajadores que nunca especularon, que no vivieron por encima
de sus posibilidades, que pagaron sus impuestos y a los que tratan ustedes de hacer responsables de la crisis. Y ahora, tras una política de ajustes y recortes que ha hundido su autoestima, que ha hundido la demanda y que ha desarbolado todos los
resortes internos para favorecer el crecimiento y el empleo, anuncia el ministro de Economía que si no hay crecimiento económico no se pagan las prestaciones sociales. ¿No se van a pagar las pensiones, señora ministra? (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gutiérrez del Castillo.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.


Señora diputada, no confunda hablar claro y, si quiere, dar la cara, con levantar la voz, que no es nunca la intención de ningún miembro de este Gobierno y desde luego no la mía (Rumores). Lo que pasa es que hablo claro, con claridad y doy
la cara en esta Cámara todas las veces que hagan falta. He comparecido más en ocho meses que lo que nunca han comparecido en ocho meses mis antecesores cuando eran ministros de Empleo otros diputados socialistas. Los que me conocen bien saben que
respeto profundamente esta Cámara y además creo en el diálogo y en el consenso político. Por tanto, no tengo nada más que decirle. Lo que sí le quiero decir es que hemos hecho un proceso de reformas sin precedentes en el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, porque hemos tenido que dar la vuelta a una situación de emergencia económica y social que nos dejó el Gobierno socialista. Y hemos hecho una reforma laboral para el empleo. ¿Sabe por qué? Porque los campeones del despido, con
3.800.000 despidos, en este país han sido las reformas y los Gobiernos del Partido Socialista. Sin embargo, ahora hay una reforma de verdad de la flexibilidad para que el despido sea siempre el último recurso. Hemos puesto en marcha un Plan anual
de empleo 2012 de acuerdo con todas las comunidades autónomas para que haya formación e inserción en el mercado de trabajo. Hemos hecho un plan de lucha contra el fraude sin precedentes, modificando incluso el Código Penal. ¿Sabe para qué?
Primero, para proteger los derechos de los trabajadores, que ven mermados sus derechos cuando hay empleo irregular, y para proteger la competencia desleal entre empresas, entre las que cumplen y no cumplen cuando hay fraude. ¿Y también sabe para
qué? Para que no haya menos recursos para sostener la Seguridad Social.


Las pensiones están garantizadas en este país porque gobierna el Partido Popular. Cada vez que gobierna el Partido Socialista dejan la caja de la Seguridad Social en déficit, en números rojos, en 1996 y

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en 2011. (Aplausos). El único Gobierno que ha congelado las pensiones en este país sin respetar el Pacto de Toledo ha sido el Gobierno socialista de Zapatero y de Rubalcaba. Por tanto, no me dé lecciones, señora diputada. Además, ya le
he dicho que lo que vamos a presentar en los próximos días es la estrategia de emprendimiento y empleo joven. ¿Sabe qué? Los ciudadanos lo saben muy bien. Son momentos difíciles y les estamos pidiendo esfuerzos, pero las reformas de hoy son los
empleos de mañana y esa es nuestra absoluta prioridad. No vengo aquí a hacer un debate ideológico, ni mucho menos. Vengo a hacer un debate de justicia y de equidad. Este debate lo que quiere hacer es mostrar a la Cámara que la reforma del Plan
Prepara es una reforma para que sea de verdad un programa para el empleo, una ayuda de seis meses a los parados que más lo necesitan, que son los de larga duración y los que tienen cargas familiares para que, con formación, retornen cuanto antes al
mercado de trabajo, algo que no era realidad hasta ahora. Y la evaluación que hemos hecho lo ha puesto de manifiesto. Hemos evaluado desde el primer día hasta el último y son insuficientes sus resultados.


Señoría, rectificar cuando algo no funciona, como este programa, no es un demérito político, es una responsabilidad del buen gobernante, y en ese camino, con diálogo y con consenso, nos van a encontrar. Hemos dialogado con los agentes
sociales, nos hemos reunido dos veces con los sindicatos. No mienta en esta Cámara. Sí que nos reunimos con ellos para mejorar juntos la eficacia y la inserción laboral de este programa, y nos están ayudando a hacerlo. También tenemos una
relación con las comunidades autónomas para aunar esfuerzos, coordinar políticas, para que sea de verdad un programa para el empleo. No son tiempos, señoría, de generar incertidumbre, ni con los parados ni con los pensionistas; son tiempos de
arrimar el hombro, pero ¿sabe qué le digo, señora diputada?, sobre todo cuando se tiene alguna responsabilidad por haber gestionado las políticas económicas y de empleo de este país hace muy poco tiempo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Turno de fijación de posiciones. Habrá varias intervenciones del Grupo Mixto y, en primer lugar, por ese grupo tiene la palabra la señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.


Señorías, empezaré por decir que francamente urge un debate profundo en torno a una estrategia en contra del paro y no un ejercicio burdo de bipartidismo, que es, en el arranque de este debate, lo que hoy hemos tenido aquí. (La señora
vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).


Señora ministra, empiezo por recordar un dato que creo que no es baladí. En su comparecencia el pasado 26 de julio en la Comisión de Empleo le pregunté, en calidad de portavoz del Grupo Mixto, expresamente por la continuidad del Plan
Prepara y usted no respondió. Francamente, no me extraña. Leído el texto que hoy nos propone, no me extraña en absoluto, porque si la respuesta es este real decreto lo cierto es que es un cúmulo de incoherencias. Es incoherente llamarlo prórroga
del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y condicionarlo a que en casa exista otra percepción u otra renta. O estamos apostando por que las personas en paro se formen o esta es una ayuda
doméstica, pero las dos cosas a la vez no pueden ser. Es incoherente que antes de solicitar la ayuda se exija buscar trabajo. Señora ministra, con las previsiones de su propio Gobierno es incoherente e inútil pedir esto. Es incoherente con las
previsiones de su Gobierno -lo digo porque pone gesto- en función de los datos del paro que ustedes mismos nos están anunciando. Es incoherente que una ayuda que es y debe ser de naturaleza individual quede condicionada casi exclusivamente a la
circunstancia familiar. Y podríamos seguir, señora ministra, con otro rosario de incoherencias hasta la extenuación, para concluir -y creo que queda claro- que el sentido del voto de Geroa Bai es contrario y negativo a esta prórroga condicionada.


Antes de terminar, quiero detenerme en lo que considero la incoherencia principal, la principal punta de lanza en los despropósitos de este real decreto, que es el castigo añadido a los jóvenes -claro que se está castigando a los jóvenes en
este real decreto, señora ministra, claro que sí se está haciendo-, castigo añadido además -y quiero recordarlo- al grupo más golpeado por el desempleo. Claro que sí discrimina por la edad. Ahora resulta que aquellos parados de larga duración
jóvenes y que vivan con sus padres son, según el último informe de la Caixa, siete de cada diez jóvenes, los que continúan viviendo o han tenido que volver como consecuencia del paro a vivir con sus padres, siete de cada diez los que no van a poder
acceder al programa Prepara, toda una ironía, señora ministra, si no fuera porque su Gobierno

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está jugando con el futuro de los más jóvenes, y este real decreto es un jaque -eso sí, procuraremos que no un mate- precisamente para ese sector.


Gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Barkos.


Del mismo grupo, el señor Álvarez Sostres.


El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señora vicepresidenta.


Señorías, señora ministra, Foro va a apoyar este decreto-ley por el que el Gobierno prorroga por seis meses más la ayuda de 400 euros a las personas que han terminado de percibir las prestaciones por desempleo, ampliándolas en su caso a 450
euros. Aunque el Gobierno tomó la decisión con cierto retraso, en mi opinión, es una medida justa y oportuna, aunque plagada de buenas intenciones, tanto en el articulado como en el preámbulo. En momentos en los que se anuncia la inyección de
cifras mareantes a entidades como la banca, no puede regatearse una ayuda mínima a quienes están padeciendo más directamente esta crisis que nos afecta para al menos aligerar algunos de los dramas familiares que se están viviendo en España y que han
supuesto algo más de 1.100 millones de euros en la anterior fase del Plan Prepara.


Dicho esto, en un contexto económico de crisis galopante, como digo, es preciso racionalizar el sistema de cobertura del desempleo en el Estado del bienestar, potenciando la formación del desempleado y con ello la búsqueda de nuevo empleo,
sustituyendo el concepto de capacidad subsidiaria, como es el que viene funcionando actualmente. Aunque el decreto cambia algunos requisitos para poder ejercer el cobro de la asignación, en mi opinión en algunos casos no muy afortunados, sin
embargo no es lo más importante, pues el principal objetivo no debe ser solo un alivio para ir tirando cada desempleado, sino que sea un instrumento que facilite la reinserción laboral. En el fondo, hay que llenar de contenido formativo el plan de
la búsqueda de empleo, desterrando la cultura mental del subsidio, porque ¿qué pasa cuando se terminan los seis meses, habida cuenta que tiene un periodo de duración limitado. Al Gobierno le corresponde, para que la medida sea eficaz, vigilar que
se cumpla la parte de contraprestación de los beneficiarios, como es la participación de los cursos, que deben ser, en mi opinión, de nuevo diseño, y no pensando solo en una fuente primorosa y tradicional de ingresos por parte de las figuras o de
las entidades convocantes, o que no se rechacen ofertas de trabajo de forma caprichosa o injustificada. Los datos son muy didácticos, ya usted lo ha expuesto y no voy a seguir incidiendo en ello. Creemos que es preciso, por ello, facilitar
mecanismos que impulsen la recualificación profesional de los parados de larga duración. Desde nuestra posición de apoyo crítico les traslado mi aportación de que se regulen medidas estimuladoras a las empresas para que contraten a estos
trabajadores de larga duración con el salario correspondiente a la empresa y a la actividad de la empresa, descontándoles el complemento de ayuda que están recibiendo. Se ganan así dos cosas: trabajo real puntual y posibilidad de quedar en la
empresa permanentemente, finalizados los seis meses.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Álvarez Sostres, tiene que finalizar.


El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Termino, señora presidenta.


Es un sistema ya utilizado en otros países con éxito y que supone un cambio cultural muy importante. Alguien dijo, señora ministra, que la experiencia y la imaginación deben ir de la mano. Yo comparto esa idea y espero que usted también.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.


Por el mismo grupo, la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, hay varias razones por las que el Bloque Nacionalista Galego va a votar en contra de este real decreto-ley. En primer lugar, porque echamos en falta la estabilidad de esta prestación como una prestación indefinida, en tanto
que la situación así lo indique. Por otro lado, porque, señor ministra, lo que no puede volver a pasar es lo que pasó este mes de agosto, esta prestación no puede estar sujeta a deshojar la margarita: sí la prorrogamos, no la prorrogamos, y que
tenga que haber una movilización social como la que hubo en el mes de agosto para que ustedes definitivamente la prorrogaran. Y no es que dijeran que sí o que no, es que ustedes dijeron que seguramente no la prorrogarían. Por otro lado,

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señora ministra, echamos en falta que no incrementasen la dotación presupuestaria para esta prestación, habida cuenta de que a estas alturas tenemos un millón de parados más que el año pasado y que ustedes optaran por resolver esta cuestión
de la precariedad económica, de la precariedad orzamentaria para esta prestación reduciendo las posibilidades de los ciudadanos que puedan acceder a la misma. De ahí que evidentemente se haya hecho toda esa restricción que elimina, sí, señora
ministra, a muchos ciudadanos de poder acceder a ella. Podemos hablar de las letras a, b, del apartado 2 del real decreto o del apartado 3. El apartado 3, señora ministra -que no me está atendiendo, no estaría de más que lo hiciera-, si tenemos en
cuenta la ley de alquileres que ustedes tienen presente en este momento, que vamos a debatir próximamente, tienen que ser conscientes de que va a haber muchas familias completas que van a tener que volver a la vivienda, al domicilio de sus mayores.
Con este real decreto personas que no van a tener ni siquiera la posibilidad de pagar su alquiler no van a tener tampoco la posibilidad de poder acceder a la prestación. Por lo tanto, señora ministra, estas son las cosas que echamos de más; las
otras eran de menos, estas son de más.


Señora ministra, cuando usted habla con tanta seguridad de que su Gobierno y su ministerio están haciendo políticas de equidad bajaría el tono, bajaría el tono y leería el informe del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de
la ONU donde critica la política del Gobierno Rajoy, del Gobierno del Partido Popular, por lo tanto, su política, por la reducción no solamente de aquellas prestaciones sociales, sino toda la reforma económica que está incidiendo en el incremento de
la pobreza, en el incremento de las desigualdades. Por lo tanto, señora ministra, eso jamás es equidad y justicia, eso es una total y absoluta inequidad, que es la política que está haciendo su Gobierno.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.


Por el mismo grupo, señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Señorías, señora ministra, es cierto que el Grupo Socialista aprobó la prórroga rozando el larguero, pero también es cierto que el Grupo Socialista dialogó. De hecho, son los padres de la criatura, de este programa.
Nosotros no tenemos conciencia de que ustedes hayan tenido la voluntad de dialogar. Es verdad, se reconozca o no, que gracias a la movilización popular y al peso específico del partido político que es mayoritario en la oposición al final al menos
lo prorrogan, y cierto es que si no estuvimos en vilo al menos sí había incertidumbre. Lo que está claro es que en estos momentos el acelerado proceso hacia la exclusión social de muchos parados de larga ocupación ya pone en jaque este tipo de
subsidios. Es más, estamos un tanto confundidos. ¿Realmente se trata de un programa de políticas pasivas o de políticas activas? Porque si se trata de un programa de políticas activas hay que reconocer que el éxito es muy relativo, entre otras
cosas, porque cada vez hay menos recursos públicos para la formación y para la orientación. Y si se trata de crear una red para evitar un mayor número de ciudadanos en la exclusión social, acepte usted como mínimo el debate sobre la transformación
de estos subsidios en una renta básica universal. Porque este es el verdadero debate. De hecho, ya hicimos este debate con el Partido Socialista. Debo decir, y no es nada personal con usted, que el Partido Socialista fue mucho más dialogante,
incluso pidió nuestras opiniones, y ustedes no nos han dicho ni mu, como decía el señor Bono. Creo que bajo el imperio de la mayoría absoluta querer afrontar un problema tan enorme no es bueno. Esta es nuestra profunda crítica a un programa que,
lo quieran reconocer o no, es más restrictivo respecto al que hizo el Partido Socialista. Por eso, nosotros reclamamos un proceso de tramitación legislativa a fin de situarnos en el escenario del año 2009.


Hablaba de reconversión de subsidios y de una renta básica para las personas que no tienen ningún ingreso. Hablaba de la prórroga automática y de la obligatoriedad de la Administración de ofrecer cursos de formación. Si esta obligatoriedad
existiera por parte de la Administración, estaríamos dispuestos a dialogar incluso sobre los derechos que hay que mantener o no a las personas que reciben una prestación, tema que para la izquierda reconozco que es incómodo. Pero estaríamos
dispuestos a debatir esto siempre y cuando, termino señora presidenta, la Administración garantizara realmente que se dará la formación a estas personas para salir del agujero. No sabemos si votaremos en contra o nos abstendremos, porque está tan,
tan, tan mal todo, tan mal, que no deseamos que al menos algunas personas no tengan derecho a los 400 euros. Pero esta no es la solución y, por supuesto, no podemos votar favorablemente.


Muchas gracias.

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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.


Por el mismo grupo, señor Cuadra.


El señor CUADRA LASARTE: Señora presidenta, señoras y señores, este verano viendo una película en la televisión aparecía en ella un alto dirigente del Gobierno de los Estados Unidos en el que, hablando con unos compañeros, decía: nosotros
estamos aquí para defender la democracia, no para practicarla. Por eso Estados Unidos defiende golpes de Estado, dictaduras y llevan guerras por todos los sitios. Lo que estoy diciendo lo digo porque tiene algo que ver con lo que estamos
discutiendo, señora ministra. Ayer, incluso hoy, su Gobierno afirma constantemente que su prioridad es el empleo, pero lo que vemos es que, como el señor de la película, esta defensa hipotética del empleo está acompañada de golpes de Estado contra
las relaciones laborales, de guerras contra la mayor parte de la población baja de esta sociedad, trabajadores, mujeres, inmigrantes, juventud, y el apoyo a dictaduras como la troika, la CEOE o la banca. Se ha hecho referencia ya a eso. Durante
los meses de julio y agosto de este año el Gobierno estuvo jugando sádicamente -diría yo- al gato y al ratón con cientos de miles de personas y sus familias que estaban recibiendo estas prestaciones, ¿habrá ayudas, no las habrá, subirán, serán
recortadas?, intentando crear una situación de shock psicológico que, al final, hiciera parecer más o menos buena cualquier cosa. Es un truco viejo, pero no por esto menos cruel, señora ministra.


Amaiur tiene cinco razones para oponerse a este real decreto. La primera es porque su cuantía es una cuantía limosnera, incapaz de atender a lo que son las necesidades básicas hoy de la gente y de las familias. En segundo lugar, porque son
insuficientes -como ya se ha dicho aquí- para que ese 50 % de la juventud que busca trabajo y esas seiscientas mil familias que carecen de ingreso salarial y social alguno puedan tener algún tipo de satisfacción mínima siquiera. En tercer lugar,
porque su duración de seis meses ante esta crisis profunda y larga es completamente insuficiente. En cuarto lugar, porque tal y como usted misma ha reconocido, si este plan ha sido un fracaso total a la hora de favorecer la reinserción de la gente
que estaba buscando trabajo es tener mucha caradura, infinita e inconmensurable caradura afirmar que ustedes van a solucionar esto cuando los presupuestos de los servicios públicos de empleo han sido fuertemente recortados. Y, por último, porque
también estas ayudas pueden dejar sin efecto práctico a buena parte de las prestaciones sociales que distintas comunidades autónomas y ayuntamientos están dando para mejorar esta situación. En definitiva, este decreto ley es una carrera de
obstáculos permanente encaminada, en buena medida, a disuadir y a limitar el número de personas que puedan acceder a estas ayudas. Se trata en esta medida de intentar -esto también es un poquito sádico- culpabilizar precisamente a estas personas de
su situación de no encontrar empleo, cuando la responsabilidad es de este sistema capitalista y de este Gobierno que lo apoya.


Nos parece importante también situar estas ayudas en el contexto en el que se dan. Muy recientemente el Instituto Nacional de Estadística acaba de afirmar que las rentas salariales, en el segundo trimestre de este año, han descendido en un
3,9 %, mientras que las rentas del capital se han incrementado en un 3,4 % y bolsas y mercados españoles, nada sospechosas de nada, han afirmado que las empresas del IBEX han obtenido en este primer semestre los beneficios mayores de los últimos
tres años, mientras que más de 200.000 millones de euros han hecho las de Villadiego y se han pirado del Estado español. Digo esto porque este decreto-ley que usted defiende afirma que tiene que hacerse un seguimiento estricto -persecución diría
yo- de sus beneficiarios para comprobar que tienen un compromiso activo en la búsqueda de empleo. Parece ser que cobrar 400 euros, 400 eurazos, es una cantidad que permite vivir como Dios a estas personas sin tener que buscar trabajo. Esto es un
insulto a todas ellas evidentemente.


Pues bien, señora ministra, para cuándo un seguimiento similar a toda la patronal que ha despedido a toda esta gente, para cuándo un seguimiento y una persecución a todas esas empresas y personas que han evadido estos 200.000 millones de
euros durante todo este tiempo. ¿Por qué -explique usted- este derecho de pernada laboral en las empresas, esta amnistía fiscal para todos estos defraudadores y sin embargo el garrotazo y tentetieso, el despido y el desahucio para la gente más
necesitada? La justicia social tiene muy poco que ver con estas ayudas limosneras. La justicia social tiene que ver sobre todo con la creación de bases económicas y sociales que permitan tener una vida digna en todos sus sentidos. Por esto
también el día 26 de este mes en nuestro pueblo, en Euskal Herria, la mayoría sindical vasca y doscientos colectivos sociales van a llevar a cabo una huelga general para impedir estas medidas y conseguir unos marcos de solidaridad y de justicia
social en nuestro pueblo. Para esto Amaiur saluda, aplaude y vitorea la respuesta que sin duda alguna nuestro pueblo va a dar una vez más a estas medidas reaccionarias de su Gobierno, señora ministra.

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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cuadra.


Por el Grupo del PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías.


Señora ministra, la verdad es que se le nota su fenotipo de diputada más que de ministra, el apasionamiento con el que reflexiona en esta Cámara y cómo levanta la tensión de los debates, cosa que puede ser buena o mala. Es buena si va
acompañada de la suficiente consistencia intelectual y es mala si ocurre lo contrario. Estoy de acuerdo con una frase que ha pronunciado la señora Barkos, el debate del desempleo requeriría quizás -se lo propongo, señora ministra- un debate
monográfico, un debate más sosegado, más consistente intelectualmente y menos electoralista si me permite la expresión, menos demagógico. Eso es lo que se corresponde con la dignidad de los desempleados que usted invocaba.


Le voy a manifestar la posición de nuestro grupo parlamentario, por la dignidad de los desempleados vamos a votar que no. Además es un no basado en convicciones firmes, señora ministra. No sé si ha tenido la oportunidad de leer El
Periódico de Catalunya hoy. El Periódico de Catalunya publica una caricatura que constituye una verdadera alegoría de lo que está sucediendo con el desempleo y con el Prepara en concreto en este momento. Se publica un cartel -lo podrá ver después-
donde reza: Se prorroga el Plan Prepara: te ayudará tu padre. No es una expresión malsonante, es una expresión real. Te ayudará tu padre, y usted misma lo ha dicho y es que incorporamos la renta del padre a un elemento de acumulación de rentas,
de legitimación de acceso al colectivo de protección subjetivo e incorporando la renta del padre automáticamente excluimos del ámbito subjetivo proteccional a muchos jóvenes que se ven en la tesitura de acudir a la casa de sus padres, precisamente,
porque no tiene empleo, porque no lo ha encontrado nunca o porque ha tenido un empleo precario porque no posee subsidio de desempleo. Es una fórmula no sutil es una fórmula bastante grosera de disminuir el ámbito de protección, pero también
utilizan otros que luego citaré.


Señora ministra, aquí lo que está ocurriendo es algo preocupante en términos generales, ustedes están moviendo en el dilema cuasi hamletiano de la pertinencia del rescate o no. Ya nos hemos enterado -en lengua finesa, eso sí- de que el
rescate parece que se va a producir. De los problemas atinentes a la deuda soberana nos enteramos en lengua inglesa, en declaraciones del señor De Guindos, de los problemas que afectan y de las soluciones que se proponen para resolver el problema
de la deuda soberana. Nadie habla aquí de economía real. Hasta la lengua inglesa se utilizó por el president del Govern para glosar la manifestación de la Diada. Al margen de que este es un buen sistema de promoción del aprendizaje de lenguas,
señora ministra, en este debate hamletiano en el que ustedes se están moviendo no son capaces de superar un bucle diabólico consistente en lo siguiente -no son palabras mías, voy a parafrasear palabras pronunciadas en el Consejo celebrado en las
fechas 28 y 29 de junio que usted debería leer detenidamente-: Los problemas de la economía española se basan fundamentalmente en la debilidad de su sistema financiero. Su sistema financiero es débil porque no crece y no se atiende suficientemente
a los requerimientos de la economía real. No habiendo crecimiento en una situación de recesión y no atendiendo a los requerimientos de la economía real, se debilita más el sistema financiero, y llegamos a la siguiente conclusión verdaderamente
dramática para el futuro de la economía y del empleo: en este momento la deuda del Estado español es de 4 billones -con b- de euros, 4 billones de euros que se corresponden con una deuda por habitante, por ciudadano español, de más de 83.700 euros
y que ustedes -no por incapacidad sino porque es metafísicamente imposible- no es que no puedan amortizar es que ni siquiera pueden refinanciar ya. En este contexto, la desatención a la economía real, particularmente en dos ámbitos, es
verdaderamente letal. También se lo comentan -no solo ya en la Cumbre de Lisboa que ha pasado al sueño de los justos y de la que ya nadie se acuerda porque se preconizaba lo contrario de lo que se está haciendo actualmente- prácticamente todos los
países europeos. En el Consejo, celebrado con fecha 28 y 29 de junio de este año, se comentaba que en la debilidad del sistema financiero, por no atender a la economía real que provoca un euro de inversión en I+D+i, la recuperación de 60 euros para
la masa monetaria de un país y un euro -esto es lo que a usted le atañe- en formación profesional, en lo que se denomina en este Consejo formación en el capital humano, repercute en 70 euros en la masa monetaria del país. Esto es lo que ustedes no
están haciendo. Pero no solo no están haciendo esto sino que están articulando una serie de políticas preñadas de diagnósticos equivocados y de ahí dimanan -también está- políticas malas, políticas inadecuadas.


Lo que está pasando con el mercado de trabajo ustedes no han terminado de entenderlo todavía o, si lo han entendido, están haciendo lo contrario de lo que resultaría, en opinión de mi grupo, pertinente. En

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el mercado de trabajo se ha desencadenado una transición a un modelo basado más en la información y el conocimiento -aquí vienen los requerimientos y las apelaciones al impulso de la formación profesional, de la formación del capital humano-
que en la producción mercantil. ¿Qué ocurre con esto, señora ministra? Si el mercado de trabajo está configurado o el input fundamental que hay que trabajar es la información y el conocimiento más que la producción mercantil, esto produce un
cambio económico, nos dirigimos hacia un capitalismo menos regulado -aquí se incardinan leyes como la reforma laboral, recientemente aprobada- y más capaz de aprovechar las ventajas de la mundialización de la economía. Se generan nuevos perdedores
históricos -esto es lo preocupante, señora ministra-, los desempleados. Los desempleados, como todos, observan atónitos, pero también impasibles -también impasible su Gobierno, desafortunadamente-, que las otrora trayectorias lineales y rápidas
hacia el empleo asalariado se han convertido en una especie de abanico de trayectorias de inserción en el mercado de trabajo cada vez más complejas, cada vez más precarias, cada vez más dilatadas en el tiempo, y en un número creciente inexistentes.
Tan es así que vamos inevitablemente a convivir con 6 millones de desempleados, y este es un dato que usted no me podrá refutar, es un dato que usted conoce. Son 6 millones de desempleados que van a terminar agotando la prestación del subsidio de
desempleo y con los cuales vamos a incumplir un requerimiento de la Constitución española, previsto en el artículo 41. La prestación por desempleo, la protección por la contingencia de desempleo tiene que obedecer a los requerimientos del contenido
esencial del artículo 41 de la Constitución. Tiene que ser universal -afectar a todos los desempleados-, tiene que ser pública y tiene que ser suficiente.


Usted ha dicho que no hay recursos en el Tesoro para atender a todos los desempleados y es cierto, pero también es cierto que se está incumpliendo un requerimiento constitucional, salvo que usted modifique la identidad o la naturaleza
jurídica de la protección de la contingencia de desempleo, pero lo que no se puede es reducir. Ya partimos del presupuesto de que invocar la constitucionalidad de una protección universal, suficiente y duradera en el tiempo mientras la contingencia
de desempleo se mantenga no vulnera la Constitución, que es mucho reconocer, porque vulnera la jurisprudencia constitucional que usted y yo conocemos perfectamente. Vamos a aceptar esto en términos puramente hipotéticos, pero reducir la reducción o
reducir la protección y la protección que usted califica indebidamente como subvención... Mire, las subvenciones están previstas para la construcción de ferrocarriles y obras de esta naturaleza, pero esto no puede ser una subvención, esto es una
renta de protección; hasta la identidad jurídica de esta renta está mal configurada, señora ministra. Una renta de estas características no puede sufrir minoraciones que nos lleven a mayores bolsas de pobreza y a mayores bolsas de exclusión
social, que es lo que está ocurriendo con los desempleados, y este es el fenómeno que tenemos que atender, señora ministra. ¿Cómo? Evitando los elementos de disminución del ámbito subjetivo de protección que son varios.


Ya nos llama mucho la atención a nosotros que en otro real decreto se va a obligar a los desempleados a realizar labores de extinción de incendios. ¿Por qué los desempleados?, ¿no es esta una obligación de la ciudadanía, no es esta una
obligación que corresponde a cualquier ciudadano que esté en condiciones y tenga destrezas para acometer un trabajo peligroso como el que estamos describiendo, nada menos que apagar incendios forestales?, ¿por qué estigmatizamos a los desempleados
que perciben una miserable prestación, renta o subvención -utilice la locución que quiera- obligándoles a apagar incendios como se les va a obligar en un próximo real decreto-ley que va a ser presentado a esta Cámara? Por otro lado, se vincula la
protección del desempleo, la renta, la subvención de la que estamos hablando, la del Prepara, al desempleo de larga duración. Esto ya supone la disminución de la protección en muchos miles de beneficiarios que hasta el momento gozaban de esta
posibilidad de protección. Pero no solo eso, sino que además se incorporan elementos de discrecionalidad, para quien conceda esta renta, peligrosos, inseguros, utilizando conceptos metajurídicos como el haber actuado con suficiente diligencia para
buscar un nuevo empleo. ¿Cómo mensura usted haber actuado con suficiente diligencia para conseguir empleo?, ¿cómo se mide esto si la norma que regula este elemento de legitimación para acceder a esta prestación no lo prevé? Cuando se actúa con
suficiente diligencia, cuando está uno todos los días buscando empleo, varios días a la semana...


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, tiene que finalizar.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Voy acabando, señora presidenta, o acabo ya, señora presidenta.


Por último, la necesidad de aceptar cualquier empleo en cualquier lugar de la geografía del Estado español cualquiera que sea su nivel o categoría profesional desvinculándolo de la necesidad de aceptación

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de cualquier empleo que esté vinculado a las destrezas, cualificación y capacidades profesionales de aquel que lo puede encontrar; no cualquier empleo y en cualquier lugar de la geografía española porque este es un elemento de disuasión
para inscribirse en la percepción de esta renta. Mire, señora ministra -en este ámbito, se lo he dicho al inicio de mi intervención, necesitamos un debate más sosegado-, usted tiene la obligación de informarnos a los grupos parlamentarios; le
puedo asegurar que todo el mes de agosto he estado buscando algún tipo de información en su ministerio...


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ...que no ha sido proporcionado; yo sé que los interlocutores sociales han sido informados a última hora en el mes de agosto, también necesitamos interlocución y necesitamos sobre todo atender a los requerimientos
de la justicia social y material en relación con las personas que más sufren en este momento, que son los desempleados que no tienen ninguna perspectiva...


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ:... puesto que su desempleo está cronificado para encontrar nuevo empleo.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo de UPyD, señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Señora ministra, siento tener que iniciar esta intervención hablando no directamente del real decreto que hoy nos traen a convalidar, que lo haré naturalmente en este turno, sino de cómo se ha iniciado el debate en la mañana. En democracia
las formas son muy importantes. Los ciudadanos españoles en general y los más de 5 millones en particular y las personas que están más afectadas por la situación de paro no se merecen el debate que hemos visto al principio de esta mañana. No se lo
merecen porque, como decía el señor Olabarría y también la señora Barkos, no solamente se merecen un debate serio sobre esta cuestión, sino porque con el espectáculo que hoy hemos visto aquí en la Cámara -se lo digo no solamente desde el respeto,
sino del afecto que personalmente le tengo, pero, claro, la política no es para resolver problemas de sentimientos, sino para garantizar derechos- y todas las personas que nos han estado mirando, el índice de popularidad, permítame la expresión, de
los políticos hoy ha bajado algunos puntos. Eso es malo para la democracia. No es malo para usted, señora ministra, ni es malo para el Partido Socialista ni es malo para los que han protagonizado esa querella, ese mitin, sino que es malo para la
propia democracia. Eso no ayuda a resolver los problemas, al contrario, no resuelve los problemas de los parados, encanalla la política y produce más desafecto. Es malo para la democracia y por eso lamento profundamente que no hayamos podido
iniciar este debate con serenidad y con rigor.


Usted pedía en su intervención a la portavoz del Grupo Socialista humildad. Humildemente le pido rigor, señora ministra, rigor y respeto, mutuo. Le pido que hagamos lo posible por sacar los calificativos, personales incluso, del debate;
que hagamos lo necesario, porque es nuestra obligación, para decir la verdad, para llamar a las cosas por su nombre y para no generar expectativas. Usted decía que no se podían generar expectativas, que no se podían frustrar expectativas y usted
misma lo ha hecho en su intervención y le daré algunos ejemplos. Sobre todo, tratemos a la gente con respeto en general. Ha dicho, señora ministra, señora Báñez, que las pensiones están garantizadas porque gobierna el Partido Popular. ¡Hombre,
por favor! Entonces, ¿las personas que han cotizado toda la vida tienen que agradecer al Partido Popular que les paguen las pensiones?, ¿acaso no es un derecho de los ciudadanos?, ¿es un regalo que nos hacen ustedes? Lo digo solo como ejemplo.
Es lo que no debe ser.


Señora ministra, ha dicho en su intervención, la verdad es que es cierto, a pesar de que muy correctamente ha argumentado el señor Olabarría, que estamos ante un real decreto que prorroga una subvención. Eso es lo que es, lo que en sí mismo
ya es bastante lamentable. Es un real decreto que prorroga una subvención, mejor dicho, una subvención de 400 euros que se les da a las personas que están en una situación de extrema necesidad porque ya no tienen nada, que son parados de larga
duración, incluso que viven con sus padres y se les acumula la renta de sus padres; no la renta de unas familias de 8.000 euros como dijo usted en la rueda de prensa, la renta de sus padres de 800 euros en el conjunto del núcleo familiar porque si
no no tienen derecho -vamos a llamar a las cosas por su nombre-.

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¿A usted le parece que en esas condiciones hay que recriminar el fracaso del plan, hay que recriminar a los 400 euros que este plan no haya tenido éxito en el pasado? Pero si es que no podía tener éxito para aquello que presumiblemente se
ponía en marcha el plan; si es una ayuda in extremis; si es imposible que con esta ayuda in extremis se reinserte en el mercado laboral a los parados que llegan a esta situación; entre otras cosas, porque la reinserción requeriría formación en el
momento mismo que pierdes el trabajo y no cuando ya te has convertido en un parado de larga duración, has perdido todo tipo de subsidios y llevas más de cuatro años en el paro. Además, entre otras cosas, y usted lo sabe bien, porque ¿cómo se va a
reinsertar a los trabajadores en estas circunstancias desde este decreto de subvención de 400 euros cuando las políticas activas de empleo son competencias de las comunidades autónomas? No solamente es mejor que llamemos a las cosas por su nombre,
sino que, para no frustrar expectativas, sepamos qué es lo que se puede hacer, qué es lo que puede hacer un parado de larga duración o un joven que vive con sus padres con una renta familiar por debajo de 800 euros, que eso es a lo que llega, con
400 euros durante seis meses por una sola vez en su vida. Pues puede subsistir. No puede hacer otra cosa. Quien lo quiera llamar de otra manera no está diciendo la verdad.


Aduce usted, lo ha hecho en su intervención, lo hizo en la rueda de prensa y está en la exposición de motivos -para que este real decreto, para que este plan sea más restrictivo que los seis anteriores, porque primero se llamó Prodi durante
tres años, Prepara durante tres ocasiones seguidas, Prepara durante otras tres ocasiones, pero es el mismo tipo de plan y cada vez que se prorrogaba era un poquito más restrictivo que el anterior- razones económicas para hacerlo más restrictivo,
pero dígame, señora ministra, con la cantidad de miles de millones que se despilfarran en España, ¿usted cree que hay que quitar de aquí, de esta ayuda de última subsistencia que nos cuesta, porque lo pagamos entre todos, 300 millones de euros al
semestre?, ¿es de aquí de donde hay que quitar? Yo creo que no, que no es de aquí de donde hay que quitar, y por eso esta prórroga, este nuevo plan es más restrictivo, más injusto que los anteriores y también falsea la realidad -sigue hablando de
lo que no es- y lo hace con algunos datos que a continuación le daré.


Tenemos una opinión muy negativa sobre el plan. Como le decía, es el último colchón se llame como se llame. Cada prórroga, como le he dicho también, lo ha ido haciendo más restrictivo, además de insistir en un programa fracasado en sus
supuestos objetivos desde que se puso en marcha con un gobierno socialista en agosto del año 2009. Esta prórroga, además, como ya se ha dicho, se decide deprisa y corriendo, sin criterios claros; bueno, con un único criterio claro: ahorrar. No
es un plan para proteger. El criterio que ha movido a su Gobierno a la hora de introducir restricciones nuevas es ahorrar, ahorrar respecto de la cantidad anterior; no proteger a los más desprotegidos, sino ahorrar, sin criterios claros. No
cambia la naturaleza del plan -se lo decía el señor Olabarría-, sigue siendo una subvención. No cambia la naturaleza del plan. Por cierto, al seguir siendo una subvención, entra además Hacienda, lo cual tampoco garantiza en modo alguno que haya
más transparencia. O sea, no hay más transparencia. Hay que decir también que introduce algunos cambios e insistiré en ellos. Reduce el número de beneficiarios, se ponga usted como se ponga cuando lo explica, pero lo hace porque ese es el
objetivo, reducir el número de beneficiarios. Restringe el acceso a parados que conviven con sus padres y sobre esta cuestión es importante insistir porque usted en la rueda de prensa dio unos ejemplos perversos, falsos, como la cita de los 8.000
euros. La gente lo escucha y piensa que en una familia cuyos padres tienen 8.000 euros de renta, si el hijo está parado seguramente no tiene que pedir esta ayuda porque tiene otras posibilidades; pero de esas en España, desgraciadamente, hay muy
pocas, señora ministra, y usted lo sabe.


En esta prórroga endurecen además los tiempos para el acceso, y esa también es una manera de expulsar a la gente que podría solicitarlo porque está en esa situación extrema. Lo endurecen en dos meses, como ya se ha dicho, desde que dejan de
cobrar y exigen treinta días para buscar de forma activa trabajo. Se preguntan, ¿cómo se prueba que he buscado de forma activa trabajo?, ¿demostrando que he enviado veinte currículos o cien?, ¿cómo se demuestra que se ha estado buscando de forma
activa trabajo? Además, en esa política de endurecer los tiempos para el acceso ustedes dicen que para cobrar el parado tiene que haber iniciado un itinerario individualizado, un itinerario que depende de que en la comunidad autónoma en la que viva
-insisto en que es competencia de la comunidad autónoma- pongan en marcha ese tipo de itinerarios y se los puedan ofrecer. O sea, que si la comunidad autónoma en la que vive ese parado no le ofrece integrarse en ese itinerario, él paga las
consecuencias, con lo que al endurecer los tiempos están consiguiendo que haya menos personas que, aunque tengan la mejor de las voluntades, puedan acceder. También endurecen las incompatibilidades y este es un tema sobre el que asimismo hay que
hacer una reflexión.

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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez, tiene que finalizar.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Si la renta mínima de inserción se reconoce a los padres, al cónyuge o al hijo, la ayuda del beneficiario se verá reducida en igual cuantía, aunque a él no se la hayan reconocido. ¿Qué pasa con esto? Que cada
ciudadano pasa de tener un derecho propio, sustantivo, a que el Estado le proteja y le garantice su derecho, a que eso sea de la renta familiar. El Estado se retira ante el derecho individual de cada uno de los ciudadanos y todo pasa a formar parte
de la renta familiar. Parece ser que es la familia a la que se protege, el núcleo familiar en el que vivas el que se protege y no el reconocimiento del derecho de cada uno de los ciudadanos.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, señora presidenta.


Como decía, señora ministra, nos parece que es un retroceso, que es un mal decreto y que restringe los anteriores, que ya eran bastante restrictivos en sí mismos. Además -y quiero hacer una apelación particular en este sentido-, me parece
que nos debemos todos el respeto de reconocer que, aunque no estemos de acuerdo, tenemos derecho a no estar de acuerdo y que quienes no estén de acuerdo con ese real decreto no están en contra de los parados. Porque eso sí que es un insulto a la
inteligencia de todos los ciudadanos. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.


Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señora ministra, vaya por delante que nuestro grupo, La Izquierda Plural, es partidario de la existencia del programa Prepara como política de inserción laboral,
pero vamos a votar en contra de la convalidación de este decreto-ley por tres grandes razones: por su contenido, que dificulta el acceso al programa de desempleados y restringe los derechos existentes; por la vergonzosa justificación que han hecho
ustedes de los recortes y por la política -sería mejor decir la no política- de empleo que expresa este decreto-ley. Hoy usted ha conseguido incorporar una cuarta razón: los elementos de demagogia, de oportunismo y de manipulación política que ha
introducido en su intervención de hoy nos llevan a pensar que aún hay más razones para votar en contra. Señora ministra, creo que hoy se ha equivocado. Se ha equivocado usted y se ha equivocado su grupo, cuando la jaleaban al final de su
intervención. Hoy ya en twitter están comentado que más que el Congreso esto parecía el plató de Telecinco y eso, desgraciadamente, se lo debemos a su intervención.


Por mucho que ustedes se empeñen en explicar lo contrario, este decreto-ley dificulta el acceso de los desempleados al programa, al ampliar los requisitos necesarios. Ello perjudica fundamentalmente a los jóvenes, especialmente a los
jóvenes que estén en paro con contratos temporales de poca duración, por mucho que usted lo niegue. La regulación que hace el Gobierno de las rentas de la unidad familiar solo se explica si alguien se cree que este país está lleno de familias con
ingresos de 8.000 euros al mes. Señora ministra, lo suyo no fue un error, lo suyo no fue un lapsus -siempre comprensible, los tenemos todos-; son muchas las veces que ustedes en sus intervenciones utilizan este tipo de ejemplos y referencias que
ponen de manifiesto su profundo desconocimiento de la realidad social. Hoy mismo, señora ministra, lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a hablar de rentas altas para referirse a un apartado de su decreto-ley que habla de personas que tengan el 75 % del
salario mínimo interprofesional por persona en la unidad familiar. ¿Usted cree de verdad que rentas altas son 480 euros al mes? Si lo cree, le invito a que esté un año viviendo en esas condiciones y luego volvemos a hablar de lo que son rentas
altas. Han perdido todo contacto con la realidad y, sobre todo, cualquier vínculo emocional con la situación en la que se encuentran millones de personas en este país. Eso es lo que nos podíamos ahorrar, porque la situación es dura pero hay
algunas puestas en escena que nos podríamos ahorrar, señora ministra.


Al establecer la incompatibilidad entre el programa Prepara y las ayudas con otras administraciones públicas ustedes expulsan también algunos de los beneficiarios. La propia regulación del criterio de búsqueda de empleo, cuando se refiere
en muchos casos a personas que llevan un año en situación de desempleo y sin ningún tipo de prestación, no tiene más explicación que intentar trasladar a la ciudadanía la sospecha sobre los parados que están desocupados. ¿Usted cree de verdad, cree
el señor Rajoy -que también utiliza esos argumentos- que los 1.700.000 parados que no tienen ninguna prestación están en estos momentos en esa situación por gusto? ¿De verdad creen que presionándoles a la baja en sus

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condiciones de vida van a incentivar que encuentren empleo? No es así como se practican las políticas activas de empleo, señora ministra. Ustedes, por supuesto, no han desaprovechado la oportunidad para dar un paso más en la privatización
de las políticas de empleo al incorporar la participación de las agencias de colocación, las empresas de trabajo temporal, en la gestión de las acciones formativas porque así, según ustedes, se va a mejorar la inserción laboral. Esas son, a nuestro
juicio, razones suficientes para no votar la convalidación. Pero además, ustedes, en su justificación, en su explicación, continúan utilizando -porque se han habituado ya a ello- la manipulación, la culpabilización de sus víctimas y el cinismo
político como arma habitual en su política. Señora ministra, falta usted a la verdad, o miente, que son sinónimos, cuando dice que no se ha hecho evaluación de este programa. Se hizo ya con el Prodi, lo hicieron las organizaciones sindicales y
empresariales cuando acordaron proponer al anterior Gobierno la sustitución del Prodi por el Prepara. Y si usted hace tanta ostentación de esa evaluación, ¿por qué no la comparte con nosotros y, a lo mejor, hasta le podemos dar la razón en alguna
cosa que se derive de esa evaluación? Pero, por favor, la transparencia, como la democracia, no se teoriza, se práctica y ustedes hacen exactamente lo contrario un día sí y otro también.


Y mienten; miente, señora ministra, cuando pretende presentar los resultados de la inserción laboral de este programa como si fueran peores que el resto de políticas activas. Desgraciadamente, la inserción es poca, por supuesto, pero no en
el programa Prepara, sino en el conjunto de políticas de inserción. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque sus políticas económicas no propician mucho la creación de puestos de trabajo y porque ustedes están debilitando aún más los escasos servicios
públicos de empleo de este país. Pero todo eso encima pretenden vestirlo -y de ahí la manipulación- porque su verdadero objetivo es, según ustedes, mejorar el tratamiento de aquellos que más lo necesitan. Repiten palabras vacías pretendiendo que
la mentira se convierta en verdad a base de repetirla insistentemente, y eso sin duda está empezando a cansar a la ciudadanía. Vuelven ustedes de nuevo a utilizar una sutil culpabilización de las víctimas, que a veces es muy poco sutil. No es un
error, es una opción, se repite insistentemente. Lo hizo también el señor Montoro en la presentación, entre otras cosas, del recorte de las prestaciones de desempleo con el Real Decreto-ley 20/2012. Ustedes de la culpabilización de las víctimas
están deslizándose hacia su acoso social. Saben que para neutralizar a los trabajadores, para que se resignen, para desarmarlos socialmente, para que no planten cara a sus políticas, la historia de la humanidad explica que lo mejor es culpabilizar
a las víctimas. Y ustedes creen que haciendo sentir culpables a las víctimas las van a hacer resignadas y absolutamente sumisas. Y en eso se equivocan, como se lo va a demostrar otra vez este sábado la movilización social.


Por último, señora ministra, de verdad, ¿usted cree que puede continuar utilizando determinados argumentos en esta sede -yo creo que en ninguna-, pero, repito, en esta sede? ¿Utilizar el argumento de que el 70 % de las personas que pasan
por el programa fracasan en la inserción o plantear que los contratos son de carácter temporal, que no llegan al mes o a los dos meses, usted cree de verdad que eso se puede imputar al programa Prepara? ¿No creen que la inserción de los parados es
materialmente imposible en una economía que no está creando empleo y que lo está destruyendo a marchas forzadas? ¿Ustedes, que con sus políticas son responsables de la asfixia económica de la economía, que han despedido a 1.500 promotores de empleo
el 30 de junio de este año, a los que han quitado la subvención para que los despidan las comunidades autónomas, se atreven a decir que no han funcionado los itinerarios individualizados de inserción? Señora ministra, perdone que le haga la broma:
ni entrenándose usted varias horas cada día, conseguiría ser más hábil en el uso del cinismo político.


Por último, señora ministra, su política de empleo se expresa claramente en este decreto-ley. Y no es casual que eso vaya acompañado de los resultados de los que va acompañado. Desde el 31 de diciembre del año pasado, es decir, bajo su
responsabilidad, hay 390.000 ocupados menos, 420.000 parados más, 134.000 contratos indefinidos menos, 165.000 inscritos demandantes de empleo más. A 31 de diciembre, la tasa de cobertura de las prestaciones de desempleo era del 70 %; hoy, solo
del 66 %, y solo el 30 % de las personas desempleadas acceden a la prestación contributiva y, además, el gasto de desempleo por supuesto se ha desbocado. ¿Ese es el éxito de la política del señor Rajoy? ¿Eso es lo que el señor Rajoy considera el
éxito de la reforma laboral? ¿Tener menos empleo, más parados, más precarios, más gasto en desempleo, mientras hay menos cobertura en el desempleo? Sinceramente, si no fuera una cosa seria, diría que ustedes han hecho bingo, pero bingo en el
sentido contrario. Claro que el señor Rajoy a lo mejor tenía razón. La reforma laboral ha sido un éxito, porque como el objetivo no era crear empleo ni mejorar la precariedad, esa era la coartada -el objetivo era disciplinar las relaciones
laborales en la empresa, poder unilateral del empresario y rebaja de salarios-, ha sido un éxito. Sí, bajada de salarios sistemática,

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subida de beneficios, pero no para crear empleo porque, si fuera así, al menos el cuento de La lechera hubiera funcionado bien, pero desgraciadamente para los trabajadores parados no ha funcionado y para los trabajadores ocupados aún menos.


Le vamos a proponer una alternativa, señora ministra, para que no utilice la demagogia de decir que los que vamos a votar en contra de este decreto-ley estamos en contra de los parados y no queremos que cobren esta prestación. Haga usted
una cosa: renueve el programa Prepara anterior, póngase a negociar -no a hablar- con las organizaciones sindicales, traiga aquí un espacio de diálogo con nosotros y renovemos el programa anterior en términos consensuados. Mire si lo tenía usted
fácil antes del decreto-ley y mire si se lo pongo fácil ahora. Pero, por favor, no diga que los que estamos en contra de su política estamos en contra de los parados porque eso es un insulto a la inteligencia. Por cierto, no va a conseguir usted
su objetivo; se lo he dicho muchas veces.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela, tiene que finalizar.


El señor COSCUBIELA CONESA: Termino muy rápido.


El 15, o sea, el sábado -de aquí a cuarenta y ocho horas- las calles de Madrid se van a volver a llenar de trabajadores, de ciudadanos llegados de toda España convocados por la cumbre social. Nosotros vamos a estar, nuestro grupo va a
estar. Le invito a que venga y les explique todas las cosas que ha dicho aquí a los trabajadores que estén allí. Le invito a que se lo explique a ver si lo puede hacer mirándoles a los ojos.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


El la señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.


Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señora ministra, difícilmente Convergència i Unió puede oponerse a un programa, a una política pública que garantiza unos ingresos mínimos a las personas desempleadas, pero Convergència i Unió en esta votación tampoco quiere
expresar un cheque en blanco a la política del Gobierno en materia de empleo que, a nuestro entender, tiene importantes confusiones e incoherencias, y a ellas me quiero referir.


He de empezar diciendo que el programa Prepara desde su inicio, igual que el programa Prodi en su momento, no deja de ser un parche ante una situación de incremento del desempleo de larga duración, de destrucción continuada de la ocupación,
de falta de creación de nueva ocupación y sobre todo de incoherencia del conjunto de nuestro sistema, de lo que podríamos definir como el segundo pilar de protección social al desempleo, todo aquello que está después de la protección contributiva.
En estas mismas semanas el Consejo Económico y Social acaba de publicar en su revista un muy interesante informe precisamente sobre el desempleo de larga duración y nuestra protección social al empleo -además con unas referencias comparativas con
los modelos existentes en Dinamarca, en Alemania y en Portugal-, donde se evidencia que el conjunto de instrumentos del Estado, el conjunto de instrumentos de las comunidades autónomas, orientadas por un lado a garantizar la protección social para
aquellas personas que ven agotadas su protección contributiva y al mismo tiempo facilitarles su reincorporación al mercado de trabajo, no están funcionando. No funcionaban antes de la crisis y en una crisis durísima como la que estamos viviendo, de
destrucción de empleo y con una política de austeridad a corto plazo que ahoga la capacidad de respuesta de las administraciones públicas, todavía están funcionando menos esos instrumentos.


Le anuncio cuál es la conclusión final de Convergència i Unió a esta discusión, más allá del debate de esta mañana. Necesitamos una discusión a fondo del conjunto de las administraciones públicas, de los agentes sociales y de los grupos
políticos para redefinir ese segundo pilar de la protección social para garantizar una mayor cobertura en cuanto a personas que sean protegidas y permitir una mayor eficacia de esas políticas orientadas a la recolocación. No podemos culpar al
programa Prepara en sí mismo del poco éxito que ha tenido: el 30 % de las personas han encontrado empleo, pero tan solo un 18 % de esas personas han encontrado empleo con una duración superior a los dos meses, y no llegan al 1 % las personas que
han encontrado empleo indefinido. Aquella pretensión del Prepara no se cumple. En la práctica se termina convirtiendo simplemente en una ayuda por una vez, durante seis meses, por una cantidad ínfima. Eso es lo que termina siendo el programa
Prepara. Eso tiene que ver con un problema

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que, insisto, arrastramos desde hace tiempo, que es el mal funcionamiento de nuestras políticas de ocupación, de nuestras políticas activas de empleo, pero también con las decisiones que se han tomado en los últimos meses en materia de
políticas de empleo.


Es muy difícil que con los medios hoy existentes los servicios públicos de empleo autonómicos puedan realizar aquello que prevé la ley, un itinerario individualizado y personalizado de inserción que contemple el diagnóstico sobre su
empleabilidad, así como las medidas de políticas activas de empleo dirigidas a mejorarla. En la lógica de la flexiseguridad -que creo que en el discurso somos muchos los que compartimos- las obligaciones que establece el programa Prepara son para
el desempleado -participar en la formación, aceptar una oferta de empleo, etcétera-, pero también hay obligaciones de la Administración, que no son otras que ser capaces de ofrecer ese itinerario individualizado. Pues bien, con las medidas que se
han tomado en el presupuesto vigente en 2012, con el recorte del 50 % de los promotores en el Servicio Público de Empleo desde junio de 2012, o en el caso de Cataluña, de nuestro país, con un recorte de más del 60 % de los recursos de las políticas
activas de empleo, es evidente que no existen capacidades para que ese objetivo de itinerario individualizado que responda a las necesidades de esa persona desempleada pueda cumplirse. Y si además se continúa destruyendo ocupación -y es muy difícil
crear nueva ocupación-, difícilmente a un programa como Prepara se le pueden pedir demasiados éxitos, sabiendo además que las cifras de aumento del desempleo de larga duración son espeluznantes: las personas que llevaban más de dos años
desempleadas en el primer trimestre de 2010, eran más de 600.000; en el tercer trimestre de 2012, 1.700.000. Ahora mismo hay más de 1.100.000 personas que llevan más de dos años sin empleo.


Al mismo tiempo, la cobertura de la protección social va disminuyendo. Hoy -o al menos en junio de este año- nos encontramos con que la cobertura del sistema de protección social tan solo cubre a un 66 % de las personas desempleadas. No
estamos tan mal en porcentaje como estábamos a principios de la década de los 2000, donde nos movíamos en el 59 %, pero previsiblemente esa dinámica va a continuar. El programa Prepara, insisto, cubre durante seis meses a las personas y luego
dejamos esa realidad humana en manos de unas comunidades autónomas ahogadas por las políticas de reducción que se nos están imponiendo, de unas administraciones locales que tienen menos medios para hacer frente a esta situación y de un tercer sector
social que está ahogado. Todo eso, señoría, nos lleva a recordar aquello en lo que Convergència i Unió viene insistiendo desde el inicio de esta legislatura: necesitamos políticas a corto plazo orientadas a la creación de empleo y necesitamos de
manera urgente un plan de choque que busque, que priorice la creación de empleo a corto plazo. No es sostenible, en términos sociales y en términos humanos, ir prorrogando, no el programa Prepara, sino una situación de desempleo de larga duración
de tantísima intensidad. En términos sociales y en términos humanos eso es insoportable. Ojalá en el medio plazo las políticas, las medidas, las reformas sean capaces de crear empleo, pero, como afirmó un clásico y como hemos repetido desde esta
tribuna, a largo plazo todos estaremos muertos. Necesitamos también políticas en el ámbito de lo que compete a la Administración General del Estado que busquen la creación de empleo a corto plazo. Necesitamos que en el presupuesto para 2013
aumenten los recursos de las políticas activas de empleo. Necesitamos que se vincule la protección al desempleo con las políticas activas de empleo. La Unión Europea nos lo recordaba este verano como un deber pendiente de aquellas reformas que el
Estado español debe realizar. Desde la perspectiva de Convergència i Unió, plantear esa vinculación entre políticas pasivas y políticas activas quiere decir dar un protagonismo a las comunidades autónomas en la gestión de esas políticas pasivas
para efectivamente vincularlas a las políticas de empleo.


Finalmente, esa reordenación del segundo pilar de nuestro sistema de protección al desempleo, el conjunto del sistema asistencial, todo aquello que viene después del sistema contributivo. Si no lo abordamos, dentro de unos cuantos meses, en
febrero del año que viene, vamos a discutir una previsible prórroga del programa Prepara. Si el Gobierno continúa con esa política en la que tan solo la reducción del gasto público explica las decisiones que se toman, quizás se le de una nueva
vuelta de tuerca al programa Prepara, pero todas las cuestiones de fondo que hoy subyacen en el debate van a continuar presentes. Yo invito al Gobierno a abrir esa discusión con los agentes sociales, con las comunidades autónomas y ser capaces de
dar una respuesta más seria, más valiente, más de fondo a las insuficiencias de nuestro sistema de protección social ante el desempleo de larga duración.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Popular, señor Merino.

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El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, tenía preparada la primera parte de mi discurso con el contenido del real decreto, que evidentemente el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de su convalidación. Pero ya que la ministra ha explicado perfectamente el
contenido del mismo y en base a las manifestaciones que han hecho diversos grupos parlamentarios, voy a renunciar a esta parte del discurso para dar cumplida respuesta -creo yo- a muchas de las cuestiones que aquí han planteado los grupos políticos.


Quiero comenzar diciendo que no puedo entender, y lamento profundamente que haya algunas portavoces y algunos portavoces que han abandonado el hemiciclo, la crítica que se ha vertido hacia el discurso de la señora ministra. No puedo
entender que defender con rigurosidad, defender con seriedad y defender con convicción un real decreto-ley haya sido criticado por miembros de esta Cámara que en más de una ocasión se han puesto todo tipo de camisetas, han sacado todo tipo de
pancartas, (Aplausos) han dicho todas las barbaridades que han querido, y encima vienen a criticar a una ministra del Gobierno de España por defender con convicción y por denunciar las mentiras que aquí se han vertido en el día de hoy. No tiene
sentido ni lógica. Tampoco tiene sentido ni lógica que vengan aquí a dar lecciones de democracia y luego se abandone el hemiciclo, una vez soltado el discurso político de la regeneración democrática de España, como ha ocurrido por parte de alguna
portavoz que no se encuentra presente. Aquí, hoy, por parte de los grupos de la oposición, especialmente por parte del Grupo Parlamentario Socialista, se han vertido muchas mentiras. Se ha incidido en la política del miedo. Señora portavoz del
Grupo Socialista, este grupo parlamentario no le acepta ni una sola lección respecto a los parados. Se lo voy a explicar. Ha criticado que se haya incluido la renta familiar. ¿Por qué no votaron en contra del Prodi que ustedes hicieron en el año
2009, que en el artículo 5.1 incluía la renta familiar? ¿Por qué critican ahora lo que hace el Partido Popular cuando ustedes lo hicieron en el año 2009 con el Prodi? Es una mentira lo que están diciendo aquí hoy.


Señora portavoz del Grupo Socialista, para usted será muy justo que un joven que ha trabajado, que ha agotado las prestaciones, cobre los 400 euros. Pero si da la casualidad de que ese joven -que los hay- es hijo de un banquero, de un alto
directivo que vive en una urbanización de lujo en Madrid o en cualquier sitio de España, con ustedes, con su Plan Prepara cobraba los 400 euros. Con el Partido Popular no los va a cobrar porque los van a cobrar aquellos jóvenes que están
necesitados de verdad. (Aplausos). Esa es la diferencia entre su Plan Prepara y el Plan Prepara del Gobierno del Partido Popular. Señora portavoz del Grupo Socialista, usted viene a dar lecciones sobre los parados al Partido Popular, cuando hay
compañeros suyos, diputados que en los meses de agosto y septiembre están compareciendo en una, entre comillas, comisión de investigación en el Parlamento andaluz por haber robado, y haberlo permitido el Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía,
1.500 millones de euros a los parados de Andalucía. ¿Usted va a venir a hablarnos de sensibilidad con los parados? ¿Usted, que ha sido miembro de esos Gobiernos, sube a esta tribuna a darnos esas lecciones? (Aplausos). ¿Se cree usted que un
parado de Andalucía no sabe quiénes son? ¿Se cree usted que un parado de Andalucía o un parado de España no les conoce? En cuatro años ustedes han mandado al paro a 3 millones de personas. Señora portavoz del Grupo Socialista, el 28 de agosto
dijo lo siguiente en la Diputación Permanente: Esta ayuda es una ayuda para que puedan comer los parados. Y yo le pregunto hoy: ¿Por qué le niegan hoy, con su voto en contra, la comida a esos parados? ¿Por qué esa frase tenía sentido el 28 de
agosto y hoy no tiene sentido? Usted decía: Es una ayuda para que puedan comer los parados. ¿Por qué va a votar en contra de dar comida a los parados? Explíquelo. Ha tenido la oportunidad de explicarlo pero no lo ha hecho. Ha atacado al
Gobierno del Partido Popular con mentiras y con falsedades. Señoría, no sé por qué tienen miedo a reformar las cosas, no sé por qué tienen miedo a apostar por que cosas que han funcionado mal como su Plan Prepara, que no ha provocado la reinserción
de los parados, se reformen y se intenten mejorar. ¿Qué miedo le tienen a las reformas? ¿Se creen que la única política es hacer lo que ustedes han hecho mal, que ha llevado a España a la ruina, y que el Gobierno y el Partido Popular mantengan lo
que ustedes han hecho mal? No. Hubo unas elecciones el 20 de noviembre en las que dijeron al Partido Popular: reformen ustedes todo lo que se ha hecho mal. Y eso estamos haciendo. Eso es lo que ha hecho la señora ministra y su departamento.
¿Por qué hay miedo a que se evalúen los planes? ¿Por qué hay miedo a que se adopten aquellas decisiones que puedan servir para mejorar? ¿Usted está contenta de verdad? ¿Está contenta con que con el Plan Prepara del Gobierno socialista solo
encontraran empleo indefinido el 0,95 % de los parados? Nosotros, no. Nosotros somos ambiciosos. Nosotros queremos que esos parados encuentren trabajo. Nosotros queremos que se cree empleo estable. Nosotros queremos mejorar la calidad de vida
de los parados y de los trabajadores. Ustedes critiquen la reforma laboral, pero

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ya ha empezado a dar fruto y dará más frutos. Y cuando esos frutos se den, a ver qué dicen ustedes. Pero es que no se puede decir que este es un Plan Prepara injusto, porque es todo lo contrario. Es un plan para ayudar a los
desfavorecidos de verdad, a aquellos que verdaderamente lo necesitan. Ustedes tienen un serio problema. Su gestión es el despilfarro, entonces todo lo que sea hacer una gestión eficaz, ustedes no lo entienden y no entienden de qué va esto. Este
Gobierno lo que hace es gastar bien el poco dinero que tiene el país, simple y llanamente, con eficacia, con justicia y con equidad, como bien ha dicho la señora ministra.


Habla la señora portavoz y miente cuando dice que el Gobierno no informó y no se reunió con los sindicatos. Menos mal que ha tenido que salir el señor Tardà, que no es sospechoso, para reconocer que hubo conversaciones previas con los
sindicatos (Rumores); y la hubo de la secretaria general del Empleo, no la hubo el año anterior, en el año 2011, con el Gobierno socialista. Ese año sí que no hubo conversaciones con los sindicatos, pero este Gobierno sí informó y habló con los
sindicatos antes de sacar el real decreto. Lo que tendría usted que explicar es por qué no se hizo eso.


Su política económica y de todo tipo llevaron al paro a 5 millones de españoles, provocaron una crisis social, de la que el Partido Popular está sacando a este país, pero ustedes se han empeñado en construir el muro de la irresponsabilidad,
porque ese muro que ustedes dicen que están construyendo es el muro de la irresponsabilidad absoluta y de la demagogia más impresentable que yo he visto en la historia de la democracia en este país. Le hablo otra vez de las lecciones. ¿Qué
lecciones nos van a dar ustedes los socialistas, cuando en su buque insignia de la política, que es la Junta de Andalucía, hay trescientas escuelas-taller que no se han podido poner en marcha porque ustedes no les dan el dinero, cuando lo han
recibido del Gobierno de España? ¿Qué ejemplo nos van a dar ustedes de políticas activas de empleo y de apoyo a los parados y de ayuda a los parados? No nos critiquen a nosotros. Díganselo a sus compañeros de la Junta de Andalucía, tanto a los
del Partido Socialista como a los de Izquierda Unida, que ahora son socios de Gobierno; señor Lara, hay trescientas escuelas-taller y casas de oficio sin poner en marcha en la Junta de Andalucía. Espero que tome buena nota y que le haga alguna
propuesta a su Gobierno de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía. Han hecho un debate demagógico y viven de la demagogia porque ustedes cuando han gobernado y donde gobiernan hacen lo contrario de lo que dicen en esta tribuna, y permítanme que
les diga que todo el mundo los conoce perfectamente y sabe de lo que son capaces. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Pero es más, señores socialistas y señores de Izquierda Unida, también les digo que, por favor, digan a la Junta de Andalucía que pague a los ayuntamientos el dinero de las políticas activas. Díganselo, por favor, porque no se puede estar
aquí hablando de lo bien que lo hacemos todo, y donde se gobierna, en su buque insignia, hacen precisamente todo lo contrario. No es de recibo que la señora portavoz del Grupo Socialista hable de las pensiones intentando meter miedo cuando el
Partido Socialista siempre que ha gobernado ha dejado la Seguridad Social una vez en quiebra, y ahora en números rojos (Un señor diputado: Mentira), cuando el Partido Socialista ha sido el único Gobierno de España que ha congelado.... (Rumores).
¡No se pongan nerviosos, si es su cruda realidad! ¡Tendrán que escuchar la cruda realidad de la vida! Lo tendrán que escuchar porque nosotros escuchamos sus mentiras y, ahora, hay que escuchar la cruda realidad de la vida. (Aplausos). Esa es la
cuestión, señorías. Ustedes han sido el único Gobierno que ha congelado las pensiones en este país; se saltaron el Pacto de Toledo, lo hicieron por real decreto sin contar con nadie. ¿Ustedes nos van a decir a nosotros que no dialogamos, que no
informamos y que no comunicamos? (Una señora diputada: ¡Qué nivel!) No, no, el nivel es el suyo y por eso están donde están y cómo están.


Quiero decirles, señorías, que lamentamos profundamente que hayan estado en este círculo de irresponsabilidad, de demagogia y de ausencia de proyecto político, que yo creo que es lo que, en definitiva, tienen. Nosotros vamos a ayudar a los
parados que se han quedado sin prestación, les vamos a facilitar a aquellos que de verdad lo necesitan, como bien ha dicho la ministra, y vamos a actuar con justicia, con equidad, con eficacia y gestionando bien el dinero, que es lo que en estos
momentos necesita un país, pero este país tiene la tranquilidad de que hay un Gobierno que está gestionando y haciéndolo bien.


Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Madina Muñoz pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Merino.


Señor Madina.


El señor MADINA MUÑOZ: Señor presidente, le pido la palabra sobre la base del artículo 71 del Reglamento de la Cámara por graves acusaciones del señor Merino contra la dignidad de mi grupo

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parlamentario. (Rumores y protestas.-El señor Villarrubia Mediavilla: ¡Sí, sí, si!). Por tanto, le pido un minuto para hacer mi intervención.


El señor PRESIDENTE: He oído la intervención de la señora ministra, la réplica de la portavoz del Grupo Socialista y las sucesivas réplicas, no he oído al señor Merino. (El señor Madina Muñoz: Yo sí). Por lo tanto, le puedo dar tres
minutos (El señor Madina Muñoz: No, menos) o menos para que conteste a lo que ha dicho el señor Merino, porque insisto que entre la ministra y la portavoz del Grupo Socialista ha habido un debate vivo, pero...


Señor Madina, tiene usted la palabra hasta tres minutos.


El señor MADINA MUÑOZ: Señor presidente, ni siquiera quiero contestar al señor Merino porque creo que su intervención llena de adjetivos descalificativos en el fondo a quien descalifican es a quien los pronuncia. Lo que pido es que retire
del 'Diario de Sesiones', antes de que vengan otras consecuencias, las graves acusaciones que contra mi grupo ha vertido de haber -literalmente- robado 1.500 millones de euros. Por tanto, le pido que levante el micrófono, señor presidente, y pida a
las taquígrafas que quiten del 'Diario de Sesiones' esas graves acusaciones contra los socialistas. Deduzco que, como aquí hay 110 que están presentes, es contra nosotros contra quien las vierte. Por tanto, el artículo 71 del Reglamento me ampara
y le pido al señor Merino que quite del acta esa grave acusación contra los socialistas y contra el Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Madina.


Señor Merino.


El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Yo lamento profundamente, señor Madina, que usted no se haya enterado de lo que yo he dicho, no sé si estaba o no estaba, si se ha incorporado... (Protestas.-La señora Montón Giménez: Lo hemos oído todos.-La señora Aguilar Rivero: Es que
nos hemos enterado perfectamente). No se pongan nerviosos.


El señor PRESIDENTE: Por favor, dejen hablar al ser Merino.


El señor MERINO LÓPEZ: Tomaos las cosas con calma. Señor Madina, yo lo que he dicho es que en su grupo parlamentario hay diputados que están teniendo que comparecer o van a tener que comparecer en una comisión de investigación -y he dicho,
entre comillas, comisión de investigación- en el Parlamento de Andalucía porque se ha producido en Andalucía un robo de 1.500 millones de euros a los parados de Andalucía. (Protestas.-La señora Aguilar Rivero: Eso no lo ha dicho así. Rafa, eso no
lo has dicho así). Eso es lo que yo he dicho, y lo mantengo y lo ratifico. Es que hay diputados del Grupo Socialista que tienen que comparecer en una comisión de investigación del Parlamento de Andalucía. (Rumores.-La señora Aguilar Rivero: ¡Y
dirigentes del Partido Popular!) Es una verdad como un templo, señor presidente. Yo he dicho eso, yo no he dicho que el Grupo Socialista haya robado 1.500 millones, yo no he dicho eso. He dicho que hay diputados que tienen que comparecer.
(Rumores y protestas). Señoría, yo no sé si lo han robado o no lo han robado, yo lo que sé es que el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía está en la cárcel, eso sí lo sé, señorías. (Aplausos). Y con fianzas de 800 millones de euros,
señorías. Por favor, sean un poco serios y responsables. (Protestas.-La señora Aguilar Rivero: ¡Eso no lo ha dicho así!-El Señor Martínez Olmos: ¡Que retire lo que ha dicho!) No puedo retirar algo que no he dicho.


El señor PRESIDENTE: Señor Merino, retire la palabra robado y sustitúyala por la expresión: faltan 1.500 millones. (Risas.-La señora Montón Giménez: ¡Que no nos tomen el pelo!-Fuertes protestas).


El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, la sustituyo por presuntamente robados. (Rumores y protestas).


El señor PRESIDENTE: Señor Madina.


El señor MADINA MUÑOZ: Señor presidente, lo último que me esperaba es la banalización de uno mismo que acaba de hacer el señor Merino desde su escaño. ¡Le pido, señor Merino, que pida disculpas

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a mi grupo! (Fuertes protestas). ¡Retire del 'Diario de Sesiones' las acusaciones que ha hecho y los juicios de valor que ha emitido! Hágalo, por favor.


El señor PRESIDENTE: Señor Merino, diga usted lo que quiera, pero vamos a terminar con este incidente.


El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, en el momento en que todos los grupos parlamentarios pidan disculpas públicamente a la señora ministra por todas las cosas que le han dicho, yo lo retiro. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Terminamos este incidente. Se sustituye por la palabra presuntamente. (La señora Montón Giménez: Es una tomadura de pelo).


Vamos a continuar porque tenemos un orden del día denso y queremos avanzar.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:


- ENMIENDAS AL ACUERDO SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LOS CETÁCEOS DEL MAR NEGRO, EL MAR MEDITERRÁNEO Y LA ZONA ATLÁNTICA CONTIGUA, ADOPTADAS EN LA IV REUNIÓN DE LAS PARTES, HECHO EN MÓNACO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2010. (Número de expediente
110/000034).


- ACUERDO SOBRE UN ESPACIO AÉREO COMÚN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE, Y GEORGIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 2 DE DICIEMBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000035).


- ACUERDO EUROMEDITERRÁNEO DE AVIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y EL REINO HACHEMÍ DE JORDANIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000036).


- CANJE DE NOTAS, DE FECHAS 20 DE ABRIL DE 2007 Y 20 DE JUNIO DE 2011, ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FRANCESA PARA LA PUESTA EN VIGOR DE DIVERSAS MODIFICACIONES DEL CONVENIO DE 14 DE JULIO DE 1959 RELATIVO A LA PESCA EN EL RÍO
BIDASOA Y LA BAHÍA DE HIGUER. (Número de expediente 110/000037).


- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. (Número de expediente 110/000038).


El señor PRESIDENTE: Examinamos ahora el punto VIII, relativo a dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, con números de expediente 110/000034 a 110/000038. Me comunican los servicios de la Cámara que
los grupos han decidido no hacer uso de la palabra.


PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES:


- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA RACIONALIZACIÓN DE HORARIOS, LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL Y LA CORRESPONSABILIDAD. (Número de expediente 158/000016).


El señor PRESIDENTE: Tampoco va a haber intervenciones en este punto: Propuesta de la Comisión de Igualdad de creación de una subcomisión para el estudio de la racionalización de horarios, la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral y la corresponsabilidad.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 121/000016).

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El señor PRESIDENTE: Entramos en la discusión del último punto, que sería el relativo a la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica por el que modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.


Para presentar el proyecto de ley, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, debo iniciar mi defensa del proyecto de ley insistiendo en lo que ha sido la posición del Gobierno desde el comienzo de la legislatura.
Nuestro Estado de las autonomías es incuestionable. El Estado de las autonomías es la esencia misma de nuestra democracia. El Estado de las autonomías está definido en nuestra Constitución y está desarrollado en la doctrina del Tribunal
Constitucional. El Estado de las autonomías tiene, como no puede ser de otra forma, la responsabilidad de promover las políticas para superar cuanto antes esta crisis económica. El Estado de las autonomías es un fundamento institucional que reúne
a los españoles, que hace coincidir a todos los ciudadanos y más en un momento de crisis como el que estamos atravesando. Y es quien no entienda así el Estado de las autonomías quien se equivoca, quien esté utilizando al Estado de las autonomías
para separar, para dividir o para enfrentar cuando lo que necesitamos desde el Estado de las autonomías de España es un mensaje de unidad, de coincidencia en los planteamientos de políticas económicas, de compromisos con la Unión Europea que debemos
atender y cumplir entre todos. La política económica del Gobierno se está basando, en el desarrollo de esta legislatura, en dos instrumentos, en dos procedimientos principales: el primero, la consolidación fiscal y el desarrollo de la cultura de
estabilidad en el seno de todas las administraciones y, el segundo, reformas estructurales que hagan a nuestra economía, a nuestras relaciones laborales, a nuestros mercados esenciales más modernos y más competitivos.


La estabilidad presupuestaria está, afortunadamente, consagrada en nuestra Constitución, es la base para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la economía española, es la base también para garantizar el bienestar de los
ciudadanos, crear oportunidades para los emprendedores y ofrecer expectativas positivas, perspectivas de futuro. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera son los principios fundamentales apoyados por la gran mayoría de los grupos
parlamentarios de esta Cámara cuando se aprobó en la misma la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El segundo de los instrumentos de la política económica del Gobierno está en la reforma del sector público a la
que me he referido como una reforma estructural, una reforma para mejorar nuestro sector público, para hacerlo más eficaz, más transparente.


Hace ya unos cuantos meses se puso en marcha una macrooperación financiera para proceder al pago de las facturas pendientes que las administraciones territoriales tenían con sus proveedores. Esa fue una gran operación y quiero agradecer
hoy, una vez más, desde la tribuna del Congreso la facilidad aportada por todas las administraciones públicas, por las comunidades autónomas y las corporaciones locales que se sumaron a este gran proyecto, el gran proyecto de abonar 5,5 millones de
facturas a 134.000 proveedores, por un importe aproximado de 27.000 millones de euros. Pero hay que destacar que este mecanismo en su globalidad ha ido más allá del pago de proveedores, ha sido mucho más ambicioso teniendo en cuenta que ha
contribuido a profundizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de nuestras cuentas públicas, ya que para la formalización de la operación de crédito todas las administraciones concurrentes al proceso han presentado un plan de
acomodación de sus cuentas de ajuste con valoración favorable por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Se ha dado, pues, un paso decisivo en la transparencia de las cuentas públicas en España y a ese respecto quiero
insistirles en la importancia del proyecto de ley que hoy acometemos. Lo hacemos demostrando, como hemos hecho desde comienzos de la legislatura, que el Gobierno no escatima ningún esfuerzo a la hora de buscar soluciones urgentes, en tiempos
extraordinarios como los que atravesamos, que garanticen la liquidez, el funcionamiento de nuestras administraciones públicas en momentos en los que parte de esas administraciones públicas tienen estrangulado el acceso a mercados mayoristas de
financiación o incluso a financiaciones ordinarias de créditos bancarios. No hay otro ánimo, señorías, en el proyecto de ley que hoy presentamos que no sea dar pie y facilitar la operatividad de ese instrumento llamado Fondo de liquidez de las
comunidades autónomas, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 13 de julio mediante decreto-ley que ya fue convalidado en esta Cámara.


A partir de ahí, se despliega este procedimiento y se justifica el proyecto de ley, que es una modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para que el instrumento, el fondo, sea operativo. La

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adhesión a este mecanismo será voluntaria por parte de las comunidades autónomas y su vigencia será indefinida hasta que se resuelvan las dificultades que comentábamos anteriormente. Sin embargo, como no puede ser de otro modo, la adhesión
supondrá condiciones para las comunidades autónomas, condiciones en un doble sentido: comprometiendo el cumplimiento con los objetivos de déficit público, es decir, condiciones que faciliten la superación actual de no acceso a mercados mayoristas y
a créditos bancarios y decisiones también relativas a la aplicación de esos recursos financieros que tomen del fondo. Las presupuestarias implican la presentación de un plan de ajustes, obligaciones de información puntual e incluso la posibilidad
en última instancia, si se incumplen los vencimientos de la deuda, de la aplicación de todas las posibilidades a que da lugar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por otro lado, también hemos aprendido mucho de la corrección, en ese procedimiento
que he llamado anteriormente Plan de proveedores, de ese otro perverso sistema de financiación para comunidades autónomas que consiste en no atender los vencimientos de sus proveedores. Por tanto, esta es la preocupación y la ocupación del Gobierno
cuando está fijándose en nuevas condiciones.


El resumen es que estamos ante un proyecto cuya solicitud de tramitación por vía de urgencia se hace para que podamos tener el fondo operativo a finales del mes de septiembre o como muy tarde en los primeros días de octubre para que podamos
atender a vencimientos de cierta consideración de comunidades autónomas que necesitan este vehículo de financiación. No quiero emplear ya más palabras sobre necesidades, sobre tiempos difíciles, sobre medidas extraordinarias, porque son obvias,
pero sí quiero llamar la atención a todos los grupos parlamentarios sobre la ocasión y la oportunidad de reservar planteamientos propios de debates, discrepancias con la propuesta del Gobierno a los planos que realmente les corresponden y no otros.


Ahora estamos hablando de una modificación de la ley orgánica que es absolutamente necesaria en virtud de nuestra legislación vigente para que el fondo sea operativo, pueda funcionar y pueda aplicarse. Por tanto, las enmiendas a la
totalidad no se entienden, no tienen sentido. Lo que pediría a los grupos políticos es coherencia, coherencia puesto que la mayoría de los grupos políticos tienen responsabilidades de Gobierno en comunidades autónomas en estos momentos. La gran
mayoría de los grupos políticos presentes en la Cámara saben lo que está ocurriendo en clave financiera en las comunidades autónomas, como lo sabe el Gobierno de España. Por tanto, presentar enmiendas a la totalidad a un proyecto de ley de estas
características no se entiende, aunque escucharé atentamente los argumentos de los grupos políticos. Lo que tenemos que hacer es facilitar las cosas entre todos, promover una acción conjunta y a ese respecto mostrarle la disposición desde el
Gobierno de España para dar seguridad y facilidad financiera a las comunidades autónomas que lo necesiten, porque de ello depende la prestación de servicios públicos básicos de los ciudadanos. Esto es lo que nos exige la actual situación económica.
Esto es lo que nos exigen los ciudadanos. Ese es el compromiso para que regresemos cuanto antes al crecimiento económico y a la generación de empleo.


Reservemos el escenario de otro tipo de debates políticos para el que se corresponda, razón por la que solicito el apoyo de los grupos políticos de esta Cámara al proyecto de ley que he tratado de resumir.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.


A este proyecto se han presentado tanto enmiendas a la totalidad de devolución como enmiendas de articulado. En la ordenación del debate hemos acordado que se defenderán conjuntamente en un único turno los que tengan enmiendas a la
totalidad y al articulado y luego los que tienen solo enmiendas al articulado, también en un turno, excepto el Grupo Mixto, por el que intervendrán cuatro oradores, intervendrán todos, con independencia de que deseen defender enmiendas o fijar
posiciones.


Comenzamos con el Grupo Parlamentario Mixto y, en primer lugar, tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, con este proyecto de ley se convierte en papel mojado el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas. Con las distintas medidas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en esta modificación
se aboca a las comunidades autónomas a practicar nuevos recortes cuando ya hay demasiadas evidencias de que los recortes tan solo conducen a más recortes, a alimentar esa espiral perversa consistente en seguir cavando cuando ya se está en el fondo
del pozo.


Señores del Gobierno, sus políticas no sirven para salir de la crisis. Ustedes simplemente se sirven de la crisis como pretexto para imponer su modelo; un modelo que en lo económico conduce a un reparto aún

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más injusto de la riqueza a costa de empobrecer a la mayoría de la sociedad; un modelo que en lo social pretende socavar los pilares del Estado del bienestar recortando los servicios públicos y las políticas sociales y un modelo que en lo
político conduce a menos democracia y a más centralismo.


Este proyecto de ley es una nueva vuelta de tuerca en ese diseño. Los problemas de liquidez de las comunidades autónomas no tienen nada que ver con su presunto despilfarro, por mucho que ustedes lo hayan practicado a conciencia en las
comunidades en las que ustedes gobiernan. El porcentaje de déficit público atribuible a las comunidades autónomas es sensiblemente inferior al porcentaje del gasto que tienen la responsabilidad de gestionar y solo un 19 % de la deuda pública es
atribuible a las comunidades autónomas. Los problemas de liquidez de las comunidades autónomas, señor ministro, tienen otras causas. Por un lado, las dificultades de acceso a los mercados para financiar su deuda es una razón más, dada la situación
general de la economía española, para defender la existencia de un auténtico banco central y una razón más también para defender una banca pública. Por otro lado, existen desequilibrios provocados por un modelo descentralizado en el gasto, que
además es un gasto básicamente social, pero enormemente centralizado en la gestión de los ingresos, un modelo que impide que las comunidades de régimen común se responsabilicen fiscalmente, gestionando de forma integral los impuestos en sus
territorios, un modelo, por lo tanto, que las condena a una dependencia crónica de las transferencias del Estado, cada vez más exiguas, fruto del hundimiento de la recaudación. Y a ello se suman las consecuencias del desarme fiscal practicado
durante las últimas legislaturas en el Estado español, las consecuencias de las continuas rebajas de impuestos a los ricos y la permisividad ante el escandaloso fraude fiscal que en el Estado español practican sobre todo las grandes fortunas y las
grandes empresas.


Modificar sustancialmente el papel de instituciones básicas de la Unión Europea, como el Banco Central Europeo, crear una banca pública territorial, apostar por un nuevo sistema de financiación que permita que todas las naciones del Estado
gestionen de forma integral los recursos tributarios de sus ciudadanos, una reforma fiscal que haga que pague más quien realmente más tiene, estas sí son reformas estructurales, reformas que van a la raíz de los problemas. Ustedes, en cambio,
prefieren valerse de la crisis para iniciar una nueva ofensiva centralista, que tiene dos objetivos, señor ministro: concentrar aún más el poder político para posibilitar una mayor concentración de la riqueza y del poder económico y desmantelar el
Estado del bienestar, que ya tenía un desarrollo raquítico en el Estado español si lo comparamos con los países socialmente más avanzados, mediante la imposición a las comunidades autónomas de duros ajustes, dado que son ellas las que gestionan gran
parte del gasto social.


Señores del Gobierno, acabo simplemente con una reflexión. Mejor harían en seguir otro camino porque, si no, tendrán enfrente el clamor de los pueblos, de las naciones que conforman el Estado español. Lo ocurrido en Cataluña el 11 de
septiembre es un buen ejemplo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Señor Bosch.


El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, volvemos a ver cómo el Gobierno del PP da una vuelta más al garrote centralista. Con la reforma exprés veraniega de la Constitución dieron una primera vuelta; con la Ley de Estabilidad Presupuestaria de abril otra más; con el
decreto del Fondo de liquidez otra y ahora insisten con esta modificación de la mencionada ley de abril. Ustedes lo que realmente pretenden con su estrategia legislativa es estrangular el autogobierno y sustituirlo por más burocracia ministerial,
control y censura financiera y amenazar, señor Montoro -sí, señor Montoro, amenazar-, con expediciones punitivas de sus muchachos de negro. ¿Y todavía les sorprende que 2 millones de personas pidan la independencia de Cataluña? ¿De qué se
sorprenden? Si lo realmente increíble es que la gente tenga tanta paciencia. Desde que nosotros estamos en esta Cámara hemos defendido nuestra opción para salir del Reino de España. Ustedes al principio se reían, ahora no quieren ver lo que pasa.
Como decía ayer Wyoming en un programa de televisión, hacen como los niños cuando no quieren ver lo que les incomoda (Se tapa los ojos con las manos): no lo veo no lo creo, no lo veo no lo creo. Pues allá ustedes. Y si esto les incomoda, les
inquieta y les extraña, señorías, abróchense los cinturones porque van a venir vueltas y tiempos movidos. Si ustedes, señorías del PP, creen que los catalanes aceptaremos como corderos la liquidación de nuestra nación por decreto-ley -o por ley
orgánica, da igual-, la liquidación de nuestro autogobierno y de nuestra dignidad, van muy equivocados. Cuando nosotros salimos a la calle lo hacemos con el sentido común, con la gente de paz, noble, cívica, responsable y democrática, que no
permite que le

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roben el fruto de su trabajo y su país. Mientras ustedes se centran en prohibir y controlar, todo un pueblo sale a la calle para buscar libertad; mientras ustedes censuran, nosotros hablamos alto y claro; mientras ustedes castigan,
nosotros emprendemos el vuelo.


Unas palabras de afecto también a nuestros compañeros de Convergència i Unió. Ustedes no se opusieron a la Ley de Estabilidad ni al decreto del Fondo de liquidez. Ahora sí se oponen ustedes a esta modificación -menor, tengo entendido-,
cuando esto es casi idéntico a lo aprobado anteriormente. (El señor Sánchez i Llibre hace gestos negativos). Sí, señor Sánchez i Llibre; sí, señor. Es un poco contradictorio. Pero bienvenidos al club, estamos encantados, les saludamos con toda
cordialidad. Más vale tarde que nunca. Celebramos que vengan a donde nosotros hemos estado siempre, lo celebramos de todo corazón. Les pido que apliquen esa norma a toda su acción parlamentaria y política, que reaccionen a tiempo, que no se
retrasen, que lean en los labios del pueblo lo que el pueblo sabio y libre les está exigiendo por igual aquí y en Barcelona. No oculten nada, no se callen la verdad. Si el pueblo pide independencia, díganlo. No es tan difícil, no hace falta
buscar el enésimo eufemismo. De hecho es muy fácil y se quedarán muy descansados. In-de-pen-den-cia. No es difícil; pruébenlo, les gustará: in-de-pen-den-cia. Lo dijeron millones de personas, lo pueden decir ustedes, no es difícil de
pronunciar. A los demócratas españoles, que son sin duda la mayoría, les pido que estén a la altura de este momento. Les ha llegado su hora de la verdad, no acepten que se prohíba, que se controle, que se abuse, que se censure. ¿Por quién
apuestan, por Mariano Rajoy o por Mariana Pineda? ¿Por la libertad o por el castigo? Cataluña ya se ha pronunciado alto y claro: por la libertad. Eso ya está sentenciado; ya está sentenciado. Pero de ustedes depende en gran medida, demócratas
españoles, que ese proceso de divorcio que se inicia sea suave, amistoso y plenamente democrático.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.


Tiene la palabra la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, señorías, centraré mi intervención en el contenido de nuestras enmiendas y comprobarán ustedes que nuestro objetivo es corregir defectos del sistema dotado por la Ley Orgánica de Estabilidad sobre aspectos del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias que han quedado vulnerados en esta legislación, lo que supone una grave quiebra de las finanzas autonómicas, clarísimamente infradotadas en relación con las necesidades objetivas de financiación de los servicios
públicos transferidos. Por otro lado, planteamos que se establezca una prórroga del plazo de devoluciones de anticipos a cuenta del sistema de financiación ya introducido en la Ley de Presupuestos 2012, haciéndolo extensivo un año más hasta la
liquidación de 2010, una medida que solo afectaría a Canarias, dado que fue la única comunidad autónoma que cerró con saldo negativo, demostrando de esta manera su rigurosidad en la gestión de las cuentas públicas.


Recientemente fuimos testigos de una nueva vuelta de tuerca en la presentación de los objetivos individuales de déficit de deuda para 2013 por parte del ministro de Hacienda. Como ya advertimos en la tramitación de la ley orgánica, el
método para la fijación de los objetivos individuales es demencial, no es equitativo y proyecta para el futuro la asimetría de las economías regionales, dificulta la absorción de los endeudamientos excesivos, impide además a las comunidades más
saneadas, como es el caso de Canarias, luchar contra el ciclo y contra la lacra del paro, y, curiosamente, supone un guiño a aquellos territorios gobernados por el mismo partido que ha diseñado esta ley. La norma actual presenta una total ausencia
de criterios referenciados a cada una de las comunidades autónomas para el establecimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, una apreciación que también ha quedado reflejada en el dictamen del Consejo de Estado, en el que se indica que, al
no existir criterio alguno para la asignación del objetivo de estabilidad de las comunidades autónomas, se produce una laguna que debería colmarse teniendo en cuenta el carácter no vinculante de los informes del Consejo de Política Fiscal y
Financiera. Nuestra enmienda pretende crear esos criterios objetivos y que la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, como expresión de una auténtica cámara de representación territorial, participe en un trámite tan importante.


En cuanto al contenido estricto del proyecto que hoy votamos proponemos también las correcciones concretas que reparan dos aspectos principales: la intromisión extrema en la autonomía financiera de las comunidades autónomas y la remisión a
la Comisión Delegada del Gobierno de la toma de decisiones que afectan a las finanzas autonómicas sin participación en la decisión de las comunidades autónomas, el

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Congreso o el Senado. Por último, se propone que se tenga en cuenta un mecanismo de auxilio financiero para aquellas comunidades que por cumplir todos los ratios de salud financiera no necesitan de lo que podríamos llamar, entrecomillas, un
rescate y que se incluya la obligación de la agencia de instrumentar directamente a través de alguna entidad dependiente la compra de deuda de las comunidades autónomas en el mercado secundario cuando no exista demanda en el mercado. Es decir,
establecer en España lo mismo que nuestro país está pidiendo en la Unión Europea. Por ello, anunciamos nuestra abstención en la votación de la enmienda de totalidad en coherencia con el planteamiento que hemos hecho y la presentación de nuestras
enmiendas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.


Señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.


En septiembre de 2011 el Partido Popular y el PSOE estaban de acuerdo. Se pusieron de acuerdo en reformar el artículo 135 de la Constitución, esa Constitución que muchas veces han invocado e intocable cuando les convenía. Pero ese día les
convenía y ese día no dudaron en votar juntos. Ese día votaron juntos una regla sacrosanta: dar prioridad absoluta al pago de la deuda pública, pasando por encima de las personas y olvidando a los ciudadanos. Porque este proyecto de ley y todas
sus modificaciones envía la patata caliente de los recortes sociales a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, las administraciones más cercanas. Veamos algunas cifras. Déficit de las administraciones públicas en 2011: Administración
Central, 60 %; comunidades autónomas, 34 %; ayuntamientos, 4,5 %. Deuda pública 2011: Administración Central, 76 %; comunidades autónomas, 19 %; ayuntamientos, 4,8 %. Es decir, que pese a que el Estado es responsable de casi dos terceras
partes del déficit y más de tres cuartas partes de la deuda, transfiere la responsabilidad a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Y aquí, como valenciano, querría aportar algún dato. Esta mañana en la prensa leía: Los valencianos
necesitamos una financiación adecuada para poder cumplir con los objetivos marcados en las competencias establecidas por el Estado. Estas palabras no son mías, son de Alberto Fabra, presidente de la Generalitat Valenciana. Y vuelvo a estar por
segunda vez esta semana de acuerdo con el presidente del Partido Popular valenciano, aun a mi pesar. Lástima que en diecisiete años gobernando el PP y en los trece de Gobierno del PSOE no se dieran cuenta ni los unos ni los otros de lo mal
financiados que estábamos los valencianos. Los valencianos somos la única comunidad autónoma que, teniendo una renta per cápita inferior a la media, hacemos un esfuerzo fiscal superior a la media y acabamos recibiendo una financiación inferior a la
media. En Compromís-Equo nos preguntamos cómo vamos los valencianos a atender la sanidad, la educación, los servicios sociales y a pagar las deudas que han generado diecisiete años de Gobierno del Partido Popular y cumplir el objetivo de déficit
presupuestario si somos pobres, pagamos como ricos y el Estado no nos da los recursos que necesitamos para pagar nuestros servicios públicos. Es evidente que nos será absolutamente imposible y que, si queremos seguir prestando los mismos servicios
públicos, seremos candidatos seguros a las medidas coercitivas que prevén los artículos 25 y 26 de esta ley, candidatos seguros a que vengan los hombres de negro, candidatos seguros y la excusa perfecta para una nueva recentralización.
Compromís-Equo entiende que el Estado ha de priorizar sus recursos y que esa priorización ha de servir para el mantenimiento del Estado del bienestar por encima de cualquier otra consideración; es decir, que deben ser prioritarios la sanidad, la
educación y los servicios sociales por encima de los bancos. Por eso, porque estamos al lado de los ciudadanos, al lado de las personas, anunciamos nuestro voto en contra de este proyecto de ley.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.


Por el Grupo Parlamentario de IU-ICV-EUiA-CHA: La Izquierda Plural, para defender su enmienda a la totalidad y sus enmiendas al articulado, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.


Señor Montoro, usted sabe mejor que nadie que estamos ante una ley que lo que busca es dar prioridad a que se pague la deuda, que lo que busca es restringir la capacidad del Estado para impulsar políticas de desarrollo del Estado social.
Pero, además, para ello no duda en limitar la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Cuando usted empezó a hablar, parecía que era el campeón de la

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defensa del Estado de las autonomías cuando usted es el enterrador de ese Estado, cuando usted es el que está levantando tempestades porque está acabando con el Título VIII de la Constitución. (Rumores). Además, tampoco duda en estrangular
a las corporaciones locales, ya de por sí acuciadas, señor Montoro... Veo que le interesa bastante lo que estamos diciendo, por lo que se ve. Decía que lo que usted está buscando también es acabar de estrangular a los ayuntamientos y a las
corporaciones locales. Usted les impone un equilibrio presupuestario cuando les niega una financiación. Por lo tanto, señor Montoro, también están restringiendo la autonomía local. (Rumores).


Usted sabe también que los ajustes presupuestarios... Lo debe de saber, señor Montoro, porque no está escuchando nada de lo que se está diciendo en esta tribuna. Muchas gracias, señor Montoro. Decía que los recortes tienen un efecto
negativo sobre la demanda interna y están acentuando el retroceso de los ingresos tributarios, por lo tanto usted sabe que con esta política no va a reducir el déficit público. Si continúa aplicando esta receta, si continúa con nuevos ajustes, lo
que está provocando... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Centella.


Por favor, hay un orador en el uso de la palabra. Ruego a todo el mundo que, si quiere hablar, se vaya al bar, pero aquí atiendan al orador.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, si el señor ministro, que ha presentado la ley, no da ejemplo, difícilmente se puede pedir ejemplo al resto de los diputados y diputadas. Muchas gracias, porque veo que el señor Montoro hace mucho
caso a sus recomendaciones. Sigo, pero dirigiéndome al resto de la Cámara, ya que el señor Montoro no tiene ningún interés en mi explicación.


Quiero denunciar lo que es ni más ni menos que un ataque a la autonomía municipal, un ataque al Estado de las autonomías, del que, señor Montoro -como antes no me escuchaba-, le digo que usted es el enterrador en estos momentos. Usted está
invadiendo competencias autonómicas y locales en materia presupuestaria que están consagradas por la Constitución española y recogidas en los distintos estatutos de autonomía, que son leyes orgánicas que nos obligan a todas y a todos los españoles.
Está sembrando vientos y luego ustedes se alarman ante las tempestades que están empezando a recoger sus propuestas centralistas. Esta ley, junto con las que se han venido aprobando en su mandato, están siendo ni más ni menos que un azote para los
ayuntamientos, que son una pieza clave en el Estado. Los ayuntamientos son las administraciones más cercanas al ciudadano, allí donde se puede practicar una democracia más participativa, y ustedes quieren acabar con ellos. Usted sabe mejor que
nadie, porque sabe mucho de cuentas, que reducir un 30 % los concejales no supone reducir el gasto. Eso sí, supone reducir la democracia. La reforma Cospedal no busca reducir el gasto. Ella sabe mejor que nadie que puede reducir cargos de
confianza que disminuirían mucho más el gasto, pero lo que va a reducir es la capacidad de representación en su comunidad. Por eso ustedes no quieren reducir el gasto, quieren reducir la democracia, que les viene grande.


Pero además ustedes tienen que dar garantía a los mercados. Ustedes dicen defender el interés general, pero el interés general viene en el artículo 1.1 de la Constitución, que es el que habla del Estado social, del Estado de derecho. Es
evidente que ese artículo, como otros muchos de la Constitución, se les ha quedado demasiado grande. Por eso lo que quieren no es dar cobertura a los planes de liquidez, sino convertir esta ley en verdaderos planes de rescate de las comunidades
autónomas para imponer condiciones, ya que ha fracasado que las comunidades autónomas vean que esto es un plan de liquidez. Esto es ni más ni menos que una camisa de fuerza que puede impedir el desarrollo de la autonomía en esas comunidades. Se lo
tienen que imponer incluso a sus propias comunidades, que no quieren esa camisa de fuerza. Ustedes aprovechan su posición de fuerza para tratar de terminar con la autonomía financiera, afectando al núcleo básico de un autogobierno, que es la
capacidad financiera. Por eso les repetía que ustedes están poniendo en juego muchas más cosas de las que en esta tribuna se dicen. Por eso ustedes están rompiendo un acuerdo que hoy está en tela de juicio en muchos sitios. Por cierto, señor
Merino, hablando de demagogia, usted sabe, igual que yo, que la participación de Andalucía en los fondos de las políticas activas de empleo ha sido recortada por la señora ministra y además de forma desigual, y usted sabe también que la Junta de
Andalucía ha planteado recuperar esos recortes, incluso contribuyendo a aumentarlos, y la ministra todavía no ha contestado, porque quien cierra las escuelas taller en Andalucía es la señora ministra. ¿Y eso es lo que usted ha venido a poner hoy
como ejemplo? Pocos ejemplos tiene usted que poner, señor Merino. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).

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Ustedes volverán a decir, lo vienen diciendo, que no se puede gastar más de lo que se tiene. Salvo para pagar a los vendedores de armas. Para eso sí se busca en todos los cajones. Ustedes siguen poniendo el ejemplo de la familia que no
puede gastar más de lo que tiene, y esa es la clave, pero es que hay alternativas, señor ministro, hay otra forma de hacer las cosas y eso es lo que nosotros le venimos diciendo desde esta tribuna y es por lo que ustedes no quieren hacer un debate
sobre el estado de la Nación, porque en ese debate habría propuestas alternativas y se demostraría que es posible un cambio de política, que es posible recaudar más. Porque efectivamente para gastar más hay que tener más, pero el dinero existe y
está en los paraísos fiscales a los que ustedes no quieren meter mano, y está también en esa política fiscal progresiva que ustedes no quieren realizar, y está en poner más medios para acabar con el fraude fiscal. Ahí hay que buscar, ahí hay que
meter la tijera, no en las comunidades autónomas ni en los ayuntamientos. Esa es la clave. Usted no puede criminalizar a las comunidades autónomas. Han iniciado una campaña ideológica contra las comunidades autónomas para que la gente crea que
son las culpables de la crisis y no es verdad. No son las comunidades autónomas las culpables de la crisis, es la banca, son los especuladores. Ahí es donde hay que ir para resolver la crisis, no a acabar con las autonomías, no a recortar en las
autonomías. Por eso, aunque la ley hable de crecimiento económico, de creación de empleo, lo que ustedes quieren aprobar aquí no va a ser útil directa ni indirectamente para crear empleo. El objetivo real es sencillamente dar confianza a los
inversores, el objetivo real es directamente creer que a los mercados se les puede contentar, y ustedes saben que eso no es posible. Ustedes saben que no es posible que los mercados se contenten -se lo venimos diciendo desde esta tribuna- porque
los mercados no son ONG, los mercados tienen cara, nombres y apellidos, que son realmente los que están sacando tajada de todas estas políticas que ustedes aplican dócilmente. Esos intereses no se basan en criterios sociales, sino en conseguir el
máximo de beneficios y ustedes dócilmente lo que hacen es facilitarles esos beneficios. No van a contentar a los mercados, como se demuestra día a día.


En segundo lugar -se lo hemos dicho-, este marco legal se traduce en la práctica en más recortes, y más recortes significa menos economía; más recortes significa que se va a recaudar menos; más recortes significa que va a empeorar el
déficit, y ustedes ya lo están viendo. Pero ustedes siguen empeñados en mantener una política que ha fracasado en Grecia, en Portugal, que sigue demostrando que no es la política que nos va a sacar de la crisis, ni siquiera en su lógica de acabar
con el déficit. Entonces, ¿por qué la mantienen? La mantienen porque ustedes no quieren realmente enfrentar la crisis, ustedes quieren aprovechar la crisis para cambiar las reglas del juego, quieren aprovechar la crisis para cambiar e incluso
vaciar la Constitución y generar unas relaciones institucionales diferentes. Ese es el objetivo que ustedes tienen, por eso no afrontan la crisis. Ustedes están dando realmente un golpe institucional que quiere vaciar de contenido muchos artículos
de la Constitución española de 1978. Este marco legal obedece a instrucciones de las instancias económicas de la Unión Europea cuya configuración no es democrática, no responde ante los ciudadanos, que es la única regla de la democracia, la que
legitima la democracia. Son instituciones, son entidades que no tienen que dar cuenta a nadie, nada más que a los poderes económicos, que es realmente de quien dependen. En estos centros financieros es donde realmente se toman las decisiones que
luego usted dócilmente tiene que aplicar aquí con mayor o menor acierto, algo que hoy rechaza la mayoría de la ciudadanía europea. Esta reforma sigue avanzando en poner en peligro la cohesión social y el mantenimiento de lo que tiene que ser ya un
escasísimo Estado del bienestar. Por eso, esta es una ley que no va avanzar en nada sino que, al contrario, va a empeorar la situación. Esta ley, como lo fue Maastricht, como lo es la configuración económica de la Unión Europea, lo que hace no es
ni más ni menos que encorsetar las finanzas públicas y dejarlas sin margen de maniobra, para que luego usted diga que quien recorta son las comunidades autónomas. No es verdad, ustedes van a obligar a que las autonomías hagan el trabajo sucio para
los mercados, y nosotros vamos a tratar de confrontar con esa propuesta. Por eso denunciamos que no es un fondo de liquidez autonómica, que es una camisa de fuerza para las autonomías, que es un fondo para desmontar las autonomías, de todo menos
para dar liquidez a las autonomías. Porque si fuera así es muy simple: démosles liquidez y nada más. Que las condiciones sean las que ponga realmente el entramado legal que ya existe. Ustedes lo que buscan, lo que siguen buscando, no es ni más
ni menos que socializar las pérdidas. Porque usted sabe mejor que yo -sabe bastante más de números que yo, por eso le interesa poco mi argumentación- que la deuda pública no se dispara sino cuando empieza la crisis porque se utiliza para pagar esas
pérdidas que usted socializa para que todas las españolas y todos los españoles paguemos; se utiliza para que se pueda absorber el impacto de la crisis, para que no la paguen quienes verdaderamente la han provocado:

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los bancos y los especuladores financieros a los que usted tan dócilmente viene aquí hoy a representar. Esa es la realidad que nos separa fundamentalmente a ustedes y a nosotros. Es verdad, como nos viene repitiendo, que es imposible el
acuerdo. Ustedes lo que hacen es transferir rentas y riesgos de lo público a lo privado; nosotros lo que pretendemos es rescatar a las personas y no a la banca, que es a lo que usted hoy aquí viene a seguir contribuyendo.


Por lo tanto, es evidente que ustedes encorsetan las finanzas públicas y que solamente dejan a los Gobiernos la tarea de recortar y recortar. Pero con esos recortes usted sabe -lo vengo repitiendo- que no resuelven los problemas reales de
la economía. Ya está demostrado. Por tanto, ¿por qué se empeñan? ¿Por qué se siguen empeñando? Se siguen empeñando porque ustedes quieren aprovechar simplemente -les repito- para acabar con lo poco que puede quedar del entramado legislativo que
hace que tengamos un Estado regulado y un Estado que pueda tener todavía elementos de autodefensa para los más débiles. Ustedes, paladines de un sectarismo neoliberal, ustedes integristas del neoliberalismo se están pasando de la raya y van a
provocar una tempestad mayor de la que ustedes se pueden imaginar y de la que nosotros deseamos. A nosotros no nos gusta tener que ir el sábado a manifestarnos, nos gustaría bastante más estar tranquilamente. Son ustedes los que están provocando,
como bien le decía Cayo Lara, los que están sembrando de gasolina las calles de este país. Son ustedes los responsables de lo que ocurra en este país porque son los que están sembrando los vientos que provocarán las tempestades. Por eso, estamos
cada vez más convencidos de que lo que están intentando ustedes no es ni más ni menos que transformar lo que son derechos y servicios públicos en negocio. A ustedes la educación no les interesa como servicio público, les interesa como negocio para
ponerla al servicio de quien hoy no puede dar el pelotazo especulativo. A ustedes la sanidad no les interesa como servicio, les interesa como negocio. Por eso confrontamos con ustedes, por eso vamos a confrontar aquí y en todos los sitios donde
democráticamente podamos hacerlo. Hoy evidentemente impondrán su mayoría parlamentaria para aprobar esta ley, utilizando, eso sí, un mecanismo que realmente es el menos participativo. Ustedes gobiernan por decreto ley y hoy también legislan con
lectura única. Es lo que les quedaba. Lectura única para hacer que cada vez haya menos Parlamento y menos democracia. Pero yo estoy seguro de que más pronto que tarde va a haber una gran marea social que les va a frenar, de que no van a conseguir
su objetivo de cambiarnos la Constitución por la puerta falsa, de que no van a conseguir imponernos un modelo de relaciones sociales y laborales que nos ponga de rodillas al servicio de los mercados. Desde nuestro grupo, nos cueste lo que nos
cueste, vamos a dar la batalla para no vivir de rodillas, señor Montoro, porque es posible otra política, porque hay alternativas, porque es posible otra lógica a la hora de hacer las cosas. Queremos ir al rescate de las personas que hoy sufren la
crisis, agravada por las consecuencias de su Gobierno. Queremos cambiar las cosas en este país y queremos frenarles a ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Centella.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que en el mismo turno defenderá su enmienda a la totalidad y sus enmiendas al articulado, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, nuestro grupo parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una enmienda a la totalidad a esta modificación de la Ley de estabilidad presupuestaria. A
nuestro grupo parlamentario le sorprende que tres meses después de su aprobación el Gobierno presente una variación, un planteamiento nuevo de una nueva ley presupuestaria, que no deja de ser un complemento de la que se aprobó en su momento,
aproximadamente hace tres meses. Nos sorprende que esta Ley de estabilidad presupuestaria no vaya en la dirección de favorecer que todas las comunidades autónomas y todas las administraciones públicas establezcan mecanismos para poder cumplir con
los objetivos de déficit previstos en los presupuestos de las diferentes administraciones públicas. Y no solo no va en esta dirección sino que por el contrario, señor ministro, estos nuevos planteamientos que estamos debatiendo hoy van en la
dirección contraria, van en la dirección de reducir la autonomía financiera de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales y que, al mismo tiempo, se introduzcan nuevos mecanismos en la dirección de ahogar, de asfixiar a dichas
administraciones, tanto corporaciones locales como administraciones autonómicas.


Señor ministro, ya le planteamos en su momento, con el máximo respeto a su persona, que considerábamos que usted y el Gobierno estaban legislando desde la perspectiva territorial con un exceso de prepotencia y de soberbia hacia las
comunidades autónomas y siempre en la dirección de buscar

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planteamientos negativos en el sentido de buscar que los máximos responsables del déficit desbocado que está padeciendo la economía española en los últimos años han sido única y exclusivamente las comunidades autónomas, cuando usted sabe
perfectamente, señor ministro, que esto no ha sido así. Me gustó mucho su intervención inicial en este Parlamento cuando decía que las comunidades autónomas son una parte de la Administración Central, pero ustedes solamente se han quedado en las
palabras; las palabras se las ha llevado el viento, y a través de sus actos vemos cada día cómo hay una legislación que va siempre en la dirección de ahogar, asfixiar, de menosprecio y de prepotencia hacia unas administraciones públicas que lo
único que han hecho ha sido, con pocos recursos, dar los servicios esenciales como son la educación, la sanidad y los servicios sociales. Por lo tanto, señor ministro, este ha sido uno de los objetivos fundamentales por los cuales nosotros hemos
presentado esta enmienda a la totalidad.


También hemos dicho en reiteradas ocasiones que la política fiscal y presupuestaria que usted ha llevado a cabo en esta Cámara a lo largo de estos últimos meses siempre la hemos calificado como errónea, contradictoria y confiscatoria. Al
mismo tiempo esperábamos que, a través de la promulgación de esta modificación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, ustedes también hubieran podido incorporar aquellos criterios objetivos que iban en la dirección de que las comunidades
autónomas pudieran cumplir con sus objetivos presupuestarios. Es por este motivo por el que también aprovecho la ocasión para defender alguna de las enmiendas que nosotros hemos planteado en este capítulo.


En primer lugar, hemos presentado la enmienda 66, en la cual calificamos de erróneo el planteamiento del Gobierno de poderse autootorgar más déficit del que se ha autootorgado, es decir, toda la flexibilidad que la Unión Europea ha dado al
Estado español en el sentido de darle más facilidad para cumplir los objetivos de déficit. Y en este caso lo que ha hecho el Gobierno ha sido quedarse toda la flexibilidad para la Administración Central y se ha dado usted un margen de 18.000
millones de euros para poder cumplir con el déficit, exigiendo a las comunidades autónomas unas reducciones drásticas de sus presupuestos. Y en el caso de Cataluña nos encontramos con la paradoja, señor ministro, de que usted se autootorga una
flexibilidad de 18.000 millones de euros para sus presupuestos, y en cambio a la Generalitat de Catalunya le otorga una reducción de 800 millones de euros. Por lo tanto estamos ante una gran diferencia de más de 18.000 millones de euros para la
Administración Central y de menos de 800 millones para la Generalitat de Catalunya. Nosotros incorporamos aquí una enmienda que va en la dirección de rectificar esta flexibilidad para que sea más proporcional con todas las administraciones
autonómicas.


En este proyecto de ley ustedes también endurecen todas aquellas condiciones que van a plantear a las comunidades autónomas en un futuro inmediato, en el sentido de que todas aquellas comunidades autónomas que tengan la posibilidad de
acceder a los planes de liquidez o que tengan planteamientos contraídos con la Administración Central, sobre la base de sus presupuestos, les van a exigir más información, más requisitos, y no solo les van a exigir más información y más requisitos,
sino que también plantean que cada vez que ustedes consideren relevantes determinadas informaciones, las comunidades autónomas o las corporaciones locales tendrán que dar muchísima más información. Nosotros nos preguntamos: ¿qué entienden ustedes
por información relevante, señor ministro? No vale la pena jugar de esta manera. Hay que decir las cosas con la máxima transparencia. Si hay una Ley de Estabilidad Financiera en la que estuvimos de acuerdo en los aspectos fundamentales, como es
la deuda de las comunidades autónomas, no vale que ahora en otra ley complementaria ustedes introduzcan conceptos que nosotros estimamos que van en la dirección de limitar la autonomía financiera de las comunidades autónomas, o en la dirección que
ustedes consideren relevante -que no detallan cuál es en la ley- para poder intervenir alguna comunidad autónoma a la que se le puedan exigir determinados aspectos relevantes sin definirlos en la ley. Entendemos que estos aspectos deberíamos
modificarlos todas las formaciones políticas de buena fe. En esta dirección van las enmiendas 58, 59, 61, 62 y 64.


También en este aspecto, señor ministro, nosotros -Convergència i Unió, el señor ministro y el Grupo Parlamentario Popular- llegamos a un acuerdo en la Ley de Estabilidad Presupuestaria por el que resolveríamos en leyes o legislaciones
sucesivas todos aquellos aspectos que hacían referencia a que todas aquellas corporaciones locales, o todas aquellas diputaciones o comunidades autónomas con superávit presupuestario y que cumplan con los requisitos de déficit y de deuda no se
verían castigadas a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pactamos sinceramente que esto lo resolveríamos y esto no corresponde a esta ley, esto corresponde a la ley anterior, señor ministro. Ahora lo que no puede ser, señor ministro, es
que ustedes nos digan: pues sí, arreglaremos lo de la financiación de los ayuntamientos. Los ayuntamientos son las corporaciones locales que han cumplido con la ley y a estas corporaciones locales que han cumplido con la ley y a estas diputaciones
que han cumplido con la ley

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resulta que les resuelven la papeleta a través de una enmienda de Convergència i Unió, pero a cambio de que Convergència i Unió retire la enmienda a la totalidad. A esto no podemos jugar, señor Montoro. Nosotros llevamos muchísimo tiempo
negociando y planteando cuestiones objetivas que van siempre en la buena dirección, sin mala fe. Lo que no podemos admitir, señor ministro, es que ustedes nos planteen un chantaje político, entre comillas, de buena fe probablemente, para que
nosotros aceptemos retirar la enmienda a la totalidad a cambio de resolver el tema de los ayuntamientos. Sepa usted, señor ministro, que esta legislación negativa afecta también muy negativamente a corporaciones locales y a diputaciones
provinciales gobernadas por el Partido Popular. Por lo tanto entiendo que sería un buen paso dado por ustedes de buena fe respetar lo que se pactó con anterioridad y aprobarlo. Vamos a ver si podemos conseguirlo.


Finalmente hay otro aspecto que nosotros hemos planteado en reiteradas ocasiones, señor ministro, y que hemos criticado abiertamente. No lo hemos negociado con usted, pero hemos hablado con dirigentes y diputados del Partido Popular que con
la boca pequeña nos dan la razón. No vale que planteen ustedes una subida del impuesto sobre el valor añadido. El valor añadido es un impuesto estructural en el que participan todas las comunidades autónomas, y no hay tramos que son del Estado en
los que el Estado pueda participar o aplicar incrementos o reducciones o que también puedan hacer las comunidades autónomas, son tramos que siempre van todos en la misma dirección, que han de obedecer a un tipo que está en relación con los tipos
impositivos que conforma la Unión Europea. Y no vale, señor ministro, que usted plantee un incremento del IVA sustancial e importante, y todo este incremento del IVA no lo puedan compartir con las comunidades autónomas que tienen una participación
del 50 %. Esto tampoco vale, y es por este motivo, señor ministro, por el que nosotros hemos planteado una enmienda que va en la dirección de que todos aquellos incrementos del IVA que se produzcan a partir del 1 de septiembre las comunidades
autónomas rápidamente también puedan participar de este aumento del IVA. El IVA es un impuesto estructural, no hay tramos autonómicos y tramos estatales en los que cada Administración pueda aplicar sus tipos respectivos, por lo que es de sentido
común, señor ministro, que llegáramos a un acuerdo desde esta perspectiva. Estos han sido básicamente los motivos fundamentales de poder plantear esta enmienda a la totalidad. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Finalmente hay una alusión que nos ha hecho el señor Bosch que lamento profundamente. Señor Bosch, usted oirá muy pocas veces que este grupo interpele directamente a un grupo nacionalista como es Esquerra Republicana de Cataluña. Nosotros
hacemos nuestra vida, vamos en nuestra dirección, no criticamos abiertamente absolutamente a ningún grupo político, pero menos hemos criticado nunca a un grupo nacionalista como es Esquerra Republicana. Solamente quiero decir una cosa, señor Bosch,
nosotros aceptamos sus críticas políticas, faltaría más, no las podemos compartir, pero aceptarlas sí. Ahora, lo que no aceptamos son lecciones políticas de nadie en concreto, y particularmente tampoco aceptamos lecciones políticas de usted.
Solamente haré alusión a tres aspectos que demuestran la incoherencia de su grupo parlamentario a lo largo de los últimos años, pero para que lo sepa solamente. Su grupo parlamentario fue el que en Cataluña dio su voto para la investidura a un
presidente socialista antes que a un presidente nacionalista que ganó las elecciones; primera incoherencia. Segunda incoherencia -también con el máximo respeto y sin acritud-, ustedes han pasado del presupuesto gratis total al señor Zapatero a
reivindicaciones importantes como las que usted acaba de plantear hoy, que yo lógicamente acepto y respeto muchísimo, pero es otra incoherencia importante. Finalmente -fíjese si esta es una incoherencia importante-, ustedes fueron capaces en la
anterior legislatura de votar favorablemente un sistema de financiación que arruinó a Cataluña; fueron capaces de votar favorablemente un sistema de financiación que era supergaláctico -en palabras de ustedes- que arruinó a nuestro país, Cataluña.
Solamente esto.


Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, para defender su enmienda a la totalidad y sus enmiendas al articulado, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Señor presidente, señor ministro, señorías, nosotros hemos presentado enmienda a la totalidad a este proyecto de ley fundamentalmente porque comprobamos una vez más que su único plan para la educación, para la
sanidad, para la sociedad española y para la economía española es el recorte, y que su único plan para la autonomía, para la descentralización es acabar con la autonomía y con la descentralización. Por eso hemos planteado una enmienda a la
totalidad, y desde el punto de

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vista de la confianza el hecho de que se tenga que modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria a tres meses de su aprobación dice muy poco de la confianza que genera esa Ley de Estabilidad Presupuestaria en los mercados y ante los
acreedores. ¿Por qué? Porque han tenido que cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la han tenido que cambiar porque no la pueden cumplir.


¿Se acuerdan cuando nos decían al Partido Socialista que había que ser ultraortodoxo en relación con el déficit cero, que había que ser talibán en relación con el déficit cero? Nosotros decíamos: nosotros creemos en la estabilidad
presupuestaria, que la estabilidad presupuestaria se tiene que cumplir, que la estabilidad presupuestaria tiene que ayudar a la recuperación económica, que la estabilidad presupuestaria se tiene que cumplir fundamentalmente porque si no es peor
desde el punto de vista de los acreedores con España, y es mucho peor desde el punto de vista de los que nos tienen que prestar. Pues la conclusión es que, como no pueden cumplir su Ley de Estabilidad Presupuestaria la tienen que modificar,
fundamentalmente en dos apartados: en primer lugar, lo que era extraordinario para dar liquidez a las comunidades autónomas ahora ya no es extraordinario; era extraordinario para el año 2012, pero ahora, si el Gobierno lo decide, se puede ir más
allá del año 2012. ¿Por qué? Porque el problema no está resuelto, el problema de cómo financiar en un contexto de crisis el Estado del bienestar no está verdaderamente resuelto. En segundo lugar, en la Ley de Estabilidad Presupuestaria se decía
que de ninguna manera o de manera muy parcial se podía responder por las deudas del resto de administraciones; ahora, como consecuencia de que no hay credibilidad en la política económica del Gobierno, eso se generaliza. (Rumores). Por tanto, por
necesidad, han tenido que cambiar una Ley de Estabilidad Presupuestaria, y nosotros evidentemente no estamos de acuerdo en que esos cambios, su política económica y presupuestaria generen confianza en los mercados.


Le decía al principio que hemos planteado una enmienda a la totalidad porque efectivamente su único plan es el recorte. Lo decía ayer muy claramente el secretario de Estado de Economía, señor ministro: el FLA, el Fondo de liquidez
autonómico va a implicar recortes. Y en este país resulta que 18.000 millones de euros suponen la quiebra de las cuentas públicas; 18.000 millones de euros suponen la quiebra de la economía, y avalar en 258.000 millones de euros al sistema
financiero, el 25 % del producto interior bruto de este país, 40.000 millones más que el año anterior, eso no supone la quiebra de la economía, eso no supone la quiebra del presupuesto. (Rumores). Digan la verdad, digan la verdad a los españoles:
que 18.000 millones de euros para financiar el déficit de la educación y la sanidad es el fin del mundo, pero que el FROB, es decir, que los españoles se tengan que endeudar en 120.000 millones de euros para pagar las deudas del sistema financiero
eso no es la quiebra de la economía, eso no es la quiebra del presupuesto. (Rumores). Habría que hablar muy claro a los españoles porque en realidad el problema de nuestras cuentas públicas tiene mucho que ver con la deuda privada. Vuelvo a
recordar...


El señor PRESIDENTE: Perdóneme, señor Saura. Por favor, ruego silencio y sobre todo que no se formen grupos en el pasillo. Hagan el favor de deshacer los grupos; señor Llorens, deshaga el grupo.


Siga usted.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Les decía, señor presidente, señor ministro, señorías, que el problema de nuestras cuentas públicas es el problema del sistema financiero, y fundamentalmente la gestión del sistema financiero estos meses, que ha terminado en que esa deuda
financiera se haya consolidado como deuda pública para los mercados. Me gusta recordar las cifras: la deuda privada y financiera en 2011 de este país estaba en torno al 300 % del PIB, y la deuda pública a final de 2011 estaba en torno al 70 %;
300 frente a 70 a finales de 2011, con tres superávit públicos, los tres primeros de la democracia. El problema no está ahí; el problema de los recortes es para pagar esa deuda financiera, para pagar los excesos de otro tiempo. Conviene hablar
claro a los españoles cuando estamos hablando de esa palabra horrorosa, FLA, pero que tiene que ver con financiar la educación y la sanidad, el déficit de la educación y la sanidad.


Hemos planteado una enmienda a la totalidad, señorías, porque efectivamente su único plan en materia de proveer los servicios públicos es acabar con la descentralización. La teoría de la Hacienda pública, señor ministro, en ningún momento
concluye que para proveer eficientemente los servicios públicos tenga que ser vía centralización de esos servicios públicos; en ningún momento; más bien lo contrario. La manera más eficiente de repartir, de proveer los servicios públicos es a
través de la descentralización, de la cercanía. Y lo más peligroso también, señorías -y por eso hay que hablar claro; porque podemos estar de acuerdo con las reformas, podemos y debemos estar de acuerdo con los cambios para mejorar, para la
modernización de este país-, es que escondan detrás de las reformas los

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recortes; no escondan detrás de las reformas acabar con el Estado de las autonomías, es algo bien distinto; no escondan detrás de la reforma, que puede ser necesaria en estos momentos tan complicados, ideología, no; hay que hablar claro a
los españoles. Es verdad que hay déficit en este contexto de crisis económica para financiar la educación y la sanidad. Es verdad que las comunidades autónomas necesitan liquidez en este momento y de manera urgente; liquidez sí, pero no con
recortes; liquidez sí, pero no condicionalidad política y económica que lleve a los recortes. Porque vamos a ver, ¿no habíamos quedado en que había un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera que decía que las comunidades autónomas para
cumplir sus objetivos de déficit tendrían que presentar -y aprobarse- un plan de reequilibrio económico-financiero? Así se hizo, se aprobó para cumplir los objetivos. ¿Por qué ahora otro plan de ajuste? ¿Por qué ahora una intervención de los
hombres de negro hacia las comunidades autónomas? ¿Por qué? ¡Si en realidad ya hay un plan de reequilibrio para cumplir los objetivos! ¿Por qué? Fundamentalmente tiene que ver con la política económica presupuestaria del Gobierno. Como no genera
credibilidad esa política, Rajoy exige, pide, y trata a los españoles, a la educación, a la sanidad española y a la política social española peor que Merkel, y ya es decir; ya es decir. Fundamentalmente tienen que poner condicionalidad porque no
hay credibilidad de la política económica y de la política presupuestaria. Pero ¿cómo se puede tener credibilidad si no pueden cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria? Esa es la realidad.


Insisto, conviene hablar claro a los españoles porque detrás del discurso de las reformas, que podríamos estar de acuerdo con las reformas, está el ajuste y está el recorte. Esa es la verdad del barquero. Por tanto, sí a la liquidez, no
con condicionalidad, no con recortes. No vale solo con que la mayor flexibilidad que la Unión Europea ha trasladado a España se la haya quedado el Estado, de tal manera que el punto más de flexibilidad en los objetivos de déficit público, ese punto
más adicional se lo queda íntegramente el Estado. No vale con eso. No vale con el hecho de que se haya subido el IVA y en el momento en que han caído los ingresos radicalmente de las comunidades autónomas -porque sus impuestos son los que son- el
cien por cien se lo haya quedado el Estado. No vale con que efectivamente las comunidades autónomas tengan que gestionar un gasto inflexible a la baja, no es suficiente. No es suficiente con un nuevo plan de ajuste al plan de reequilibrio
anterior, no. Hay que intervenir, hay que enviar a la Intervención General del Estado a las comunidades autónomas para intervenirlas. No es suficiente. Esa es la asimetría en el esfuerzo, señorías. Esa es la asimetría, señor ministro, en el
esfuerzo. El Estado gana flexibilidad con Europa, el Gobierno de España gana flexibilidad con Europa, sin embargo son las comunidades autónomas las que tienen que sufrir más condicionalidad y más recortes, en definitiva, más la educación y la
sanidad. Esa es la asimetría en el esfuerzo. Por eso le decía al principio, señor ministro, que Rajoy quiere tratar peor a los españoles, quiere tratar peor la educación y la sanidad que Merkel a los españoles, y fundamentalmente tiene que ver con
la pérdida de credibilidad de la política presupuestaria y económica ante el resto del mundo, ante el resto de los acreedores que tienen evidentemente que tener seguridad de que van a cobrar.


Quiero dejarlo aquí muy claro: sí a la financiación de ese déficit público. Sí a la liquidez que necesitan las comunidades autónomas, pero no a una liquidez con condiciones. No a una liquidez con más recortes porque no es bueno para
España. No se escondan detrás de la reforma. Digan la verdad a los españoles. Digan fundamentalmente que han fracasado en política económica y que no hay confianza en su política económica. Dijeron que iban a traer confianza. Señor ministro,
nos dijo que bajaría los impuestos -el señor ministro-, reduciría el déficit público, y ya vemos cómo va el déficit público a mitad de año, y que su política traería confianza a la economía española. Ninguna de las tres cosas.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.


Ahora es el turno de los grupos que han presentado solo enmiendas al articulado. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, recordará usted que Unión Progreso y Democracia apoyó la Ley de Estabilidad. Aunque nuestros proyectos políticos son muy diferentes, creímos que este era un tema en el que podíamos llegar a acuerdos. No crea que somos
ingenuos, sabíamos que partíamos de situaciones muy diferentes. Ustedes han creado con entusiasmo duplicidades en las comunidades que han gobernado, por supuesto, y por tanto son responsables del problema. Partíamos de situaciones diferentes y
queremos llegar a destinos también diferentes. Queremos una reforma del modelo de Estado, una reforma de la Constitución

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que ustedes no quieren, pero partiendo de sitios diferentes, queriendo llegar a sitios diferentes pensábamos que podíamos hacer juntos una parte del camino, que podíamos coincidir dado que, debido a la situación de las cuentas públicas, es
imposible cuadrarlas sin reducir el gasto autonómico. Por otro lado, es un escándalo social que se recorte en lo esencial sin recortar en ese gasto superfluo autonómico. Creímos por tanto que ustedes, aunque fuese a regañadientes, iban a entrar en
la reducción del gasto superfluo autonómico del número de entes. Sin embargo, para nuestra sorpresa, vemos que nos equivocamos.


Dijimos que la Ley de Estabilidad era insuficiente, pero pensábamos que tenían voluntad de aplicarla. Dijimos que era una mejora, aunque no iba tan allá como queríamos, y pensábamos que iban a tener voluntad de aplicarla. Los meses que
llevamos de legislatura, que ya son bastantes, nos indican que el margen de confianza que les dimos fue un error por nuestra parte. Ustedes dicen que siguen una política de apoyo a las comunidades a cambio de condiciones, a cambio de exigencias.
Desde luego la primera parte es cierta. El apoyo a las comunidades existe, hay mecanismo extraordinario tras mecanismo extraordinario. Les dieron una línea ICO, les han dado distintos tipos de anticipos, crearon el Plan de pago a proveedores por
35.000 millones para comunidades y ayuntamientos, y ahora culminan esa faena con lo que hoy hacemos aquí, que es crear un mecanismo de rescate permanente, que no tenga que volver a pasar por la Cámara. O sea, que el apoyo a las comunidades ha
existido y hoy ya es el apoyo definitivo, un mecanismo de rescate permanente. Lo que nadie ve por ningún lado son las supuestas condiciones. Ninguna comunidad ha sido intervenida, pese a los incumplimientos, y se continúa diciendo una y otra vez
que a ninguna se la va a dejar caer, con lo que la credibilidad de las amenazas es mínima. Es tal la delicadeza que el señor ministro ni siquiera quiere nombrar cuáles son las comunidades que no cumplen el objetivo de déficit. Sabemos que son
ocho, pero ni siquiera nombra cuáles son. El fondo que hoy aprobamos tiene 18.000 millones disponibles y cada comunidad va pidiendo la cantidad que le parece. Cataluña dice que necesita 5.000, Valencia 4.500, y entre las tres que han pedido ya
suman más de la mitad del fondo. Lo que sí dejan muy claro -eso es lo que no cuadra con el mensaje del señor ministro- es que no están dispuestas a aceptar ninguna condición. Él dice aquí que todos trabajan fuerte y juntos para solucionar el
problema, pero las comunidades dicen lo contrario. No sé si usted ve los telediarios, ahora que la programación a lo mejor es más de su agrado, o no escucha lo que pasa en la calle, pero el presidente de la Generalitat de Catalunya está diciendo
que va a crear estructuras estatales, y a mí no me cuadra crear nuevas estructuras estatales con reducir el gasto de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Usted dice que están reduciendo el gasto y él que piensa gastar más, que va a crear unas
estructuras estatales. No podemos vivir disociados de la realidad. Yo querría creer el mensaje del ministro, que todas las comunidades están trabajando en la solución del problema, pero eso no es cierto. Aquí están recibiendo los apoyos
extraordinarios, pero no están dispuestas a aceptar ningún tipo de condiciones, al menos algunas de ellas muy relevantes. Por tanto, digamos las cosas como son, encaremos la realidad de frente.


Para mi grupo ha llegado el momento de decir basta ya, no podemos seguir mirando hacia otro lado. Nosotros vamos a plantear una serie de enmiendas exactamente en el sentido contrario de lo que aquí trae el Gobierno. No queremos un fondo de
rescate permanente, sino todo lo contrario, que el actual siga su curso -ya existe-, pero desde luego sin incrementar los fondos. Esa es nuestra enmienda número 15. Estamos dispuestos a que los fondos actuales funcionen, a que se les aumenten las
cantidades, pero en ese caso no puede ser con un acuerdo simple de la Comisión delegada para Asuntos Económicos. Es un tema importante, lo tendrá que aprobar el Consejo de Ministros y esta Cámara. Ustedes quieren no pasar la vergüenza de tener que
volver dentro de poco a traer a la Cámara un mecanismo extraordinario, pero no, no es eso lo que nosotros estamos dispuestos a apoyar. Lo existente es lo último. Nuestra enmienda 18 va en esa dirección. El principio de que el Estado no puede
hacer frente a las deudas de otras comunidades es un principio esencial del federalismo. En Estados Unidos el Gobierno federal no se responsabiliza de las deudas de California, y creo que es un Estado descentralizado, democrático y serio. Ese
principio excepcionalmente se puede olvidar durante un corto periodo de tiempo, pero no convertirlo en la forma normal de funcionamiento, que es lo que se está haciendo aquí. Por tanto, queremos que estos mecanismos sean puntuales e irrepetibles.
Esta es nuestra enmienda 18. Las comunidades tienen que administrar los recursos que tienen, no tener una restricción presupuestaria que se va moviendo por presión cuando consideran que no tienen recursos suficientes. Tienen que ajustar el gasto,
no aumentar los ingresos. La enmienda 19 se refiere a los recortes. Hay que hacer recortes pero intentando preservar la sanidad y la educación, recortando el gasto superfluo. Por eso, pedimos que las comunidades mantengan un gasto mínimo que,
necesariamente, vaya a sanidad y educación, para mantener la calidad de estos servicios en todo el territorio y que si recortan prioricen otro tipo de recortes. Ahora se está recortando en

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lo más esencial y cada comunidad a su manera, generando una desigualdad en la calidad de la educación y la sanidad entre las diferentes comunidades españolas; cosa, por cierto, que el señor Rubalcaba también afirma, que esa desigualdad está
surgiendo. Lo que no acabamos de ver es cuáles son las soluciones.


Esto se refería a lo nuevo, respecto a lo anterior reiteramos nuestras enmiendas a la Ley de Estabilidad, las que ya presentamos en su momento. Dijimos entonces que los controles a priori eran más importantes que los controles cuando los
problemas ya se han generado, que tiene que haber controles previos. Estamos ahora más convencidos de eso que nunca y reiteramos nuestras enmiendas en ese sentido. Las rechazaron entonces, ahora tienen una nueva oportunidad de aceptarlas. Creemos
-enmienda 22- que tiene que haber un control directo del gasto, que es la variable que se quiere controlar y es una variable observable, más que el déficit estructural; que hay que poner techos de gastos a las comunidades autónomas. Las
comunidades pueden hacer una propuesta, pero debería ser el Gobierno, junto con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, quien estableciese ese techo de gasto a las comunidades. Nuestra enmienda 27 se refiere a la supervisión previa de los
presupuestos autonómicos. Los proyectos de presupuestos de las comunidades deben ser supervisados por el Ministerio de Hacienda, realizar recomendaciones y que esas recomendaciones sean vinculantes y que pueda haber medidas coercitivas ya en esa
fase previa, no cuando se produce el incumplimiento.


Estas son nuestras enmiendas más importantes. Junto a ellas hay otras de aspectos también relevantes que no quiero dejar de comentar. Hay un bloque de enmiendas que tiene que ver con la creación de un consejo de estabilidad presupuestaria.
Esto es algo que ya propusimos en su momento, se rechazó y que el Memorando de Entendimiento establece. Ese memorando dice que hay que establecer una entidad presupuestaria independiente que realice análisis y supervise la política fiscal.
Nosotros pedimos esto en su momento y se rechazó, lo pedimos aquí también pero creo que van a rechazarlo. Sería una buena ocasión de poner esto en marcha. Hace falta dejar en manos de expertos independientes el cálculo de las variables clave de la
Ley de Estabilidad, variables como el déficit estructural, la tasa de crecimiento a medio plazo del PIB, o los informes económicos en los que se basan las decisiones, porque existe un serio riesgo de que, como el déficit estructural no se puede
observar ni la tasa de crecimiento a medio plazo, esos cálculos se hagan con criterios políticos. Hace falta un consejo independiente, como nos está pidiendo la Unión Europea, y hoy sería un buen momento de ponerlo en marcha. Nuestra enmienda 29
se refiere a las pensiones. Como dijimos en su momento, es un tema que creemos que debe tratarse en el Pacto de Toledo y no estableciendo automatismos, como se hace en la ley que ahora nos ocupa.


Por último, hay un conjunto de mejoras técnicas secundarias. Por ejemplo, nuestra enmienda 16, en los requisitos de información que se piden a las administraciones territoriales no se incluyen los avales concedidos, los recibidos sí pero no
los concedidos, que son más importantes. Hay una incoherencia entre los apartados 4 y 6, ya que el requisito a las comunidades en un sitio se dice que es mensual y en otro trimestral. La portavoz del PP me indica que están de acuerdo con estas
modificaciones y nos han ofrecido una enmienda transaccional; es una mejora de deficiencias en el texto. Nuestra enmienda 17 se refiere al seguimiento de los planes de ajuste. Nosotros proponemos que cuando el ministerio solicite una información
a otra Administración, esta tenga la obligación de dar esa información, porque ni siquiera eso establece la ley, y que cuando la Intervención General del Estado necesite la colaboración de una entidad autonómica, esta esté obligada a prestar esa
colaboración. Creemos que no son requisitos muy exigentes, pero seguramente ni esos están dispuestos a aprobar los señores del Grupo Popular. Nuestro voto estará condicionado a la aceptación de estas enmiendas. Suponemos que no van a aceptarlas;
creemos que es un grave error y que ustedes están suavizando la Ley de Estabilidad en el momento menos oportuno.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Asian.


La señora ASIAN GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, los acontecimientos recientes están poniendo de manifiesto de una manera muy explícita los aspectos negativos que una crisis fiscal produce en el bienestar de todos. En primer lugar,
impide la realización de actividad económica, ciega los canales de distribución de crédito y destruye empleo. Es por ello, por el convencimiento de que la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera constituyen un elemento esencial en
el crecimiento económico y en la generación de empleo, por lo que esta Cámara en septiembre de 2011 modificó el artículo 135 de la Constitución. Y es también por ello por lo que la ley orgánica dictada en cumplimiento del mandato

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constitucional, la Ley 2 de 2012, introduce un hito importante, cual es que la actividad económica y financiera de las administraciones públicas españolas en todas sus esferas -Estado, Administración Central, comunidades autónomas,
corporaciones locales y Seguridad Social- se ha de regir por el principio rector de sostenibilidad financiera. ¿Qué significa esto? Significa que la sostenibilidad financiera es la que ha permitido al Gobierno de España hasta ahora prestar ayuda
financiera a comunidades autónomas y corporaciones locales, anticipos de tesorería a cuenta de la estimación de la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómico 2012, aplazamiento de las cantidades a devolver 2008 y 2009, líneas
específicas ICO para las comunidades autónomas, fondos de pago a proveedores y el recientemente aprobado Fondo de liquidez autonómica. Cinco son los mecanismos especiales de tesorería que ha dispuesto el Gobierno de España para que las comunidades
autónomas y las corporaciones locales puedan seguir manteniendo la actividad de las escuelas, de los hospitales, pagando las nóminas de los profesores, de los médicos, etcétera. Pero la persistencia de la situación de los mercados, la restricción
del crédito, hacen necesario que se modifique la Ley Orgánica 2/2012. ¿Por qué se modifica la Ley Orgánica 2/2012? Se hace, en primer lugar, para dotar de flexibilidad a los mecanismos adicionales de financiación, para dotar de financiación a
comunidades autónomas y corporaciones locales que lo necesiten sin límite temporal, siempre que se produzcan las circunstancias de restricciones de acceso al crédito. A la vez que se incrementa la flexibilidad en el ámbito temporal también se
intensifica el cumplimiento de las obligaciones en referencia a la disciplina fiscal y financiera, en particular en lo relativo a información, planes de tesorería y grado de pago del vencimiento de las obligaciones contribuidas. ¿Qué es lo que
significa? Esto significa, por un lado, flexibilidad, pero, por otro, que hay que tener confianza en que se van a cumplir las obligaciones contraídas por el Estado español. ¿Y ello por qué? Pues porque el acceso al crédito, el coste de la
financiación de la deuda pública depende del déficit, depende del volumen de deuda, sí, pero la piedra angular que determina el acceso al crédito no es otra que la confianza en la devolución de las obligaciones que nos hemos impuesto a nosotros
mismos. Esto determina los altísimos intereses que estamos pagando en la actualidad. La mejor forma de reducir estos intereses es disponer de una información veraz y puntual sobre el cumplimiento de los planes de ajuste.


Por otro lado, también es importante decir que en la reforma de la ley orgánica se modifica, como se ha comentado aquí, la cláusula de no rescate y se introduce una nueva redacción, porque la reforma que hoy nos convoca a todos en esta
Cámara tiene relación con la modificación de la cláusula de no rescate introducida en nuestro ordenamiento, que viene a significar el principio de responsabilidad, en virtud del cual el Estado no asumirá ni responderá de las deudas de comunidades
autónomas y corporaciones locales. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Con esta redacción de la Ley Orgánica 2/2012 el proyecto de ley que hoy vamos a aprobar exceptúa la aplicación de esta cláusula de no rescate
y, por tanto, el Estado también responderá de las obligaciones de comunidades autónomas y corporaciones locales derivadas de los mecanismos de liquidez habilitados o que se habiliten para la financiación de las comunidades autónomas. Creo que con
la redacción de esta cláusula queda demostrado, más que de cualquiera otra forma, cuál es el grado de compromiso de España, del Gobierno actual con todos los españoles con la financiación de nuestro sistema del Estado del bienestar y con la
satisfacción de todos los servicios públicos esenciales.


Tengo poco tiempo y no voy a poder entrar de lleno en lo que se ha comentado en esta Cámara y en las enmiendas presentadas, pero sí quiero distinguir dos grupos de comentarios y de enmiendas que se han hecho. (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señora diputada. Por favor, bajen el tono de sus conversaciones para que podamos escuchar a la señora oradora.


La señora ASIAN GONZÁLEZ: Yo haría tanto para las intervenciones como para las enmiendas presentadas dos grupos a modo de resumen: aquellas que aceptan la liquidez que se aporta pero que les parece excesivas, o no, las condiciones que se
ponen para el cumplimiento de las obligaciones establecidas. A esto les tendría que comentar que, como se ha dicho, el establecimiento de estas obligaciones de información es para acreditar la devolución de las obligaciones contraídas y son
absolutamente necesarias para que los mercados puedan seguir prestándonos. De todas maneras, este tipo de intervenciones también hay que verlas desde el punto de vista de los grupos que las han solicitado en aquellas comunidades autónomas donde
apoyan a los Gobiernos autonómicos, pues en la legislación autonómica se introduce este tipo de condiciones cuando hacen anticipos de tesorería las corporaciones locales. Por lo tanto, no es excesivamente preocupante este conjunto de enmiendas o de
comentarios.

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Sí quiero aprovechar la ocasión para mostrar mi sorpresa porque muchos grupos -lo han comentado y lo han recogido en sus enmiendas- aprovechan esta modificación del texto de la ley orgánica para manifestar su descontento con el sistema de
financiación autonómica. (El señor presidente ocupa la Presidencia). En particular, sorprende la enmienda presentada por el Grupo Socialista sobre el sistema de financiación autonómico actualmente en vigor. No es el sistema del Grupo Popular, no
es el sistema que al Grupo Popular le gustaría, es el sistema que aprobó el Grupo Socialista cuando apoyaba al Gobierno en diciembre de 2009. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el Gobierno de España, y el Grupo Popular que lo apoya, recurre a mecanismos
adicionales de financiación y no modifica el actual sistema autonómico de financiación? Por dos razones fundamentales que van a entender muy fácilmente. La primera de ellas, por la complejidad del procedimiento, que necesitaría tiempo, es un
procedimiento multilateral; y, la segunda, por la incertidumbre que introduciría en los mercados. Solo faltaría que un país que sufre una fuerte crisis fiscal, con dificultades de acceso al crédito, además abriera ahora el debate de la
financiación del Estado, de las comunidades autónomas. En especial, me ha sorprendido la manifestación del señor Saura con respecto al reparto de la recaudación del IVA, porque evidentemente el reparto de la recaudación del IVA se hará cuando se
haga, tanto para la cantidad recaudada con la normativa preexistente al incremento como la derivada del incremento con la normativa en vigor existente en ese momento, que no es otra que el sistema de financiación autonómico aprobado por el Grupo
Socialista. Por tanto, el Grupo Popular va a votar sí a esta modificación, porque votar sí a esta modificación es votar sí a la financiación de todos los servicios básicos en el territorio nacional. Vamos a votar sí a esta modificación porque en
ella se conjuga un equilibrio muy difícil: se concilia el debido respeto a la autonomía de las corporaciones locales y comunidades autónomas recogidas en nuestra Constitución, con la aportación de fondos para su financiación, como la garantía del
cumplimiento de las obligaciones internacionales de España y, en definitiva, de la credibilidad fiscal de nuestro país. Se podría decir a modo de resumen que es una ley muy cortita -solo tiene un artículo, una disposición adicional y dos finales-,
pero que es un gran paso para la sostenibilidad de los servicios públicos de España, para la garantía de que las nóminas de los médicos, de los bomberos o de los profesores lleguen puntualmente a su destino y no tengamos que sufrir todos los
ciudadanos el impago de las administraciones publicas y la falta de liquidez en España.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Asian.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES (VOTACIÓN):


- REAL DECRETO-LEY 24/2012, DE 31 DE AGOSTO, DE Restructuración Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO. (Número de expediente 130/000025).


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.


Comenzamos con las votaciones correspondientes a la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes. Quiero comunicar que hay tres votos telemáticos.


En primer lugar, real decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de restructuración y resolución de entidades de crédito.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319, más 3 votos telemáticos, 322; a favor, 194, más 2 votos telemáticos, 196; en contra, 119, más 1 voto telemático, 120; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Supongo que algún grupo solicita que sea tramitado como proyecto de ley. Vamos a votar la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319, más 3 votos telemáticos, 322; a favor, 319, más 3 votos telemáticos, 322.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad que se tramite como proyecto de ley.

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- REAL DECRETO-LEY 23/2012, DE 24 DE AGOSTO, POR EL QUE SE PRORROGA EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS QUE AGOTEN SU PROTECCIÓN POR DESEMPLEO. (Número de expediente 130/000024).


El señor PRESIDENTE: Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319, más 3 votos telemáticos, 322; a favor, 180, más 2 votos telemáticos, 182; en contra, 121, más 1 voto telemático, 122; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el Real Decreto-ley.


Vamos a votar su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319, más 3 votos telemáticos, 322; a favor, 139, más 2 votos telemáticos, 141; en contra, 180, más 1 voto telemático, 181.


El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN).


- ENMIENDAS AL ACUERDO SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LOS CETÁCEOS DEL MAR NEGRO, EL MAR MEDITERRÁNEO Y LA ZONA ATLÁNTICA CONTIGUA, ADOPTADAS EN LA IV REUNIÓN DE LAS PARTES, HECHO EN MÓNACO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012. (Número de expediente
110/000034).


- ACUERDO SOBRE UN ESPACIO AÉREO COMÚN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE, Y GEORGIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 2 DE DICIEMBRE DE 20120. (Número de expediente 110/000035).


- ACUERDO EUROMEDITERRÁNEO DE AVIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y EL REINO HACHEMÍ DE JORDANIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010. (Número de expediente 110/000036).


- CANJE DE NOTAS, DE FECHAS 20 DE ABRIL DE 2007 Y 20 DE JUNIO DE 2011, ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FRANCESA PARA LA PUESTA EN VIGOR DE DIVERSAS MODIFICACIONES DEL CONVENIO DE 14 DE JULIO DE 1959 RELATIVO A LA PESCA EN EL RÍO
BIDASOA Y LA BAHÍA DE HIGUER. (Número de expediente 110/000037).


- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. (Número de expediente
1110/000038).


El señor PRESIDENTE: Pregunto a la Cámara si pueden ser aprobados por asentimiento los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Asentimiento). Quedan aprobados por asentimiento.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN).


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 121/000016).


El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes al punto relativo a la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. Han sido emitidos dos votos telemáticamente y se votan en conjunto las enmiendas de devolución presentadas.


Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317, más dos votos telemáticos, 319; a favor 133; en contra, 179, más 2 votos telemáticos, 181; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar cada una de las enmiendas presentadas al articulado. En primer lugar, enmienda número 2 de la señora Fernández Davila.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 32; en contra, 188; abstenciones, 97.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas al articulado de la señora Oramas. En primer lugar, las enmiendas 43 y 45.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 22; en contra, 181; abstenciones, 113.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 44, 46, 47 y 48.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 3; en contra, 278; abstenciones, 36.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 18; en contra, 276; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, la enmienda número 15.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 20, en contra, 292; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Hay una transaccional a la enmienda 16. Pregunto si algún grupo se opone.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, nos oponemos.


El señor PRESIDENTE: En ese caso, no puede votarse. Pregunto a la señora Díez si votamos la enmienda 16.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda 16 del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 5; en contra, 307; abstenciones 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 19.


Comienza la votación. (Pausa).

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 6; en contra, 306; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 20 y 21.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 6; en contra, 305; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 29.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 6; en contra, 306; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 38 y 39.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 5; en contra, 295; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas de UPyD.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 5; en contra, 293; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas al articulado del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural. En primer lugar, vamos a votar la enmienda 51.


Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 21; en contra, 180; abstenciones, 114.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 52.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 30; en contra, 281; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 53.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 127; en contra, 184; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 54.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 31; en contra, 187; abstenciones, 99.

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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 55.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 37; en contra, 275; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 56.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 111; en contra, 200; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a las enmiendas al articulado del Grupo Parlamentario Catalán CiU.


Vamos a votar, y llamo la atención a los portavoces, primero las enmiendas 63 y 65.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 128; en contra, 183; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 66.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 19; en contra, 186; abstenciones, 111.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 19; en contra, 186; abstenciones, 111.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas al articulado del Grupo Parlamentario Socialista, que son las enmiendas 68 y 69.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 126; en contra, 184; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Finalmente, vamos a proceder a la votación de conjunto del texto, que por tratarse de una iniciativa de carácter orgánico requerirá para su aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara. Comunico que
hay dos votos telemáticos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317, más 2 votos telemáticos, 319; a favor, 180, más 2 votos telemáticos, 182; en contra, 129; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada como ley orgánica.

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PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES. (VOTACIÓN).


- DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA RACIONALIZACIÓN DE HORARIOS, LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL Y LA CORRESPONSABILIDAD.


El señor PRESIDENTE: Creo que la Cámara estará de acuerdo en que la propuesta de la Comisión de Igualdad de la creación de una subcomisión la aprobemos por asentimiento. (Asentimiento.)


Se levanta la sesión.


Eran las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.


Nota: Advertidos errores en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente, núm. 57 correspondiente a la sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2012, el ejemplar con cve: DSCD-10-PL-57 se ha
sustituido por el presente con cve: DSCD-10-PL-57-C1.