CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 314

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión de la Diputación Permanente núm. 21

celebrada el martes,

1 de diciembre de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:


— Real Decreto-Ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los temporales de lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur y este peninsular en los meses de septiembre y
octubre de 2015. («BOE» núm. 261, de 31 de octubre de 2015). (Número de expediente 130/000076) ... (Página2)

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SUMARIO


Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página2)


Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los temporales de lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur y este peninsular en los meses de septiembre y
octubre de 2015 ... (Página2)


El señor ministro del Interior (Fernández Díaz) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia; los señores Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d’Unió; así como las señoras Cunillera Mestres, del Grupo
Parlamentario Socialista, y Asian González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Vuelve a hacer uso de la palabra el señor ministro del Interior.


Palabras de condolencia... (Página14)


La Presidencia comunica a la Cámara el fallecimiento pasado 5 de noviembre de don Julián Simón de la Torre, diputado del Grupo Parlamentario Socialista durante tres legislaturas.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ... (Página15)


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los temporales de lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur y este
peninsular en los meses de septiembre y octubre de 2015, se aprueba por unanimidad.


Se levanta la sesión a la una y veinticinco minutos de la tarde.


Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.


— REAL DECRETO-LEY 12/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS TEMPORALES DE LLUVIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y EN EL SUR Y ESTE PENINSULAR EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DE 2015. (Número de expediente 130/000076).


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


La Diputación Permanente que celebramos hoy tiene como único punto del orden del día la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que se adoptan medidas

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urgentes para reparar los daños causados por los temporales de lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur y este peninsular en los meses de septiembre y octubre de 2015.


Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor presidente.


Como saben sus señorías, y muy bien ha señalado ahora el señor presidente, comparezco en nombre del Gobierno ante esta Diputación Permanente para presentar el Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes
para reparar los daños causados por los temporales de lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur y este peninsular en los meses de septiembre y octubre de 2015, con el objeto de conseguir su eventual convalidación por esta Diputación
Permanente; todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución.


Este real decreto-ley entró en vigor el pasado 31 de octubre, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Como sus señorías tuvieron noticia, desde el pasado 19 de octubre diversos frentes nubosos asociados a borrascas
del Atlántico azotaron la práctica totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Los umbrales de precipitación superaron ampliamente los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzando niveles de particular intensidad
los días 22, 23 y 24 de octubre. También durante los meses de septiembre y octubre otros episodios de lluvias torrenciales afectaron a localidades del este y del sur peninsular, y de forma particularmente intensa en las provincias de Almería,
Granada, Málaga, Murcia, Alicante, Valencia, Girona y Tarragona. Estos episodios meteorológicos extremos han alterado la vida cotidiana de los ciudadanos y han caudado daños de diversa consideración en infraestructuras de uso público estatal, como
carreteras y puertos, y también municipal, red de alcantarillado, así como en viviendas y garajes particulares.


Atendiendo al principio constitucional de solidaridad interterritorial y por aplicación de los principios de equidad e igualdad de trato en relación con situaciones precedentes en las que las condiciones de vida de la población en un área
geográfica determinada han resultado alteradas gravemente, el Gobierno ha acudido a la figura del real decreto-ley para paliar de forma urgente y extraordinaria los daños causados por los citados temporales. La reacción del Gobierno en mi opinión
fue rápida, como procedía, y ha estado en permanente coordinación con la Administración autonómica canaria, del mismo modo que con las restantes comunidades autónomas afectadas.


Quiero recordar a sus señorías, por un lado, que ante la situación de emergencia provocada por las lluvias torrenciales en Canarias no solo se movilizaron medios municipales e insulares, sino que también intervinieron medios del Estado, como
han sido sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la Unidad Militar de Emergencias, a solicitud de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por otro lado, apenas una semana después de que se produjeran esas lluvias de especial intensidad, y cuando
apenas se disponía de una estimación provisional de los daños, el Consejo de Ministros aprobó el presente real decreto-ley, y por ello estoy compareciendo ante sus señorías con la voluntad de pedir a esta Cámara su convalidación. Esto pone de
manifiesto que, de forma prácticamente inmediata, el Gobierno consideró prioritario restablecer el normal funcionamiento de los servicios públicos en el plazo más breve posible.


Como les decía, señorías, la justificación y la necesidad de aprobar este real decreto-ley viene dada por el hecho de que los temporales a los que me he referido han alterado significativamente la vida cotidiana de los ciudadanos, han
causado daños en infraestructuras de titularidad pública y en viviendas, garajes e instalaciones comerciales e industriales de titularidad privada. En virtud de la habilitación —como les señalaba— establecida en el artículo 86 de la Constitución,
el Consejo de Ministros aprobó este real decreto-ley, en virtud del cual se adoptó un conjunto de medidas para paliar los daños ocasionados tanto a personas como a bienes.


Quiero señalar que en el momento de aprobarse este real decreto-ley las previsiones meteorológicas no descartaban que pudieran repetirse episodios análogos en otras comunidades autónomas del territorio nacional, de ahí que la norma contemple
la posibilidad de que el Gobierno, mediante real decreto, pueda extender la aplicación de las medidas contempladas en el presente real decreto-ley a otros daños de especial intensidad que pudieran acaecer hasta el próximo 9 de enero de 2016. Esa
fecha no es elegida al azar sino que coincide con la entrada en vigor de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Como ustedes recordarán, en esa nueva legislación que aprobaron las Cortes Generales se establece,
concretamente en sus artículos 20 y siguientes, un sistema —insisto en que me estoy

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refiriendo a la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil—, más ágil para responder a la recuperación y restablecimiento de la normalidad en las zonas siniestradas por catástrofes naturales, como es el caso que nos ocupa. Eso en cuanto
al ámbito temporal de aplicación.


En cuanto al ámbito territorial, el artículo primero del real decreto-ley dispone que se aplicará a las personas y bienes afectados por los daños causados por el temporal de lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias en el mes de octubre de
2015 y en las provincias de Almería, Granada, Málaga, Murcia, Alicante, Valencia, Girona y Tarragona en los meses de septiembre y octubre de 2015. No obstante, la determinación de los términos municipales y núcleos de población a los que
concretamente les serán de aplicación estas medidas se difiere, siguiendo la técnica legislativa de precedentes reales decretos-leyes, a una posterior orden del Ministerio del Interior.


Quiero destacar, señor presidente, señorías, que aunque el real decreto-ley sigue la estructura de otros anteriores aprobados en esta legislatura, como el Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, el Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero,
y el Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, hemos incluido en este real decreto-ley algunas de las novedades respecto a las redacciones anteriores de este tipo de disposiciones ya recogidas en el último Real Decreto-ley 2/2015, que ya les he
citado, y que fue promulgado con ocasión de los temporales de enero, febrero y marzo de este año para atender las singularidades de las emergencias que trata de paliar, como señalaré brevemente a continuación.


En cuanto a las ayudas cuyo reconocimiento corresponde directamente al Ministerio del Interior, hay ayudas económicas directas, entre las que hay que distinguir, por una parte, ayudas por daños personales, por daños materiales en vivienda y
enseres y, por otra, en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios. En este caso, y como en los anteriores reales decretos-leyes que les he citado de la presente legislatura, se prevé
una ayuda a los establecimientos comerciales para el pago de hasta el 7 % de la franquicia aplicada por el Consorcio de Compensación de Seguros, hasta un importe máximo de 8.000 euros, medida que debo decirles que ha demostrado su eficacia en
situaciones similares ocurridas en el reciente pasado. Se contempla igualmente la concesión de ayudas a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que, teniendo pólizas amparadas por el Plan de seguros agrarios combinados incluidos en el
ámbito de aplicación del real decreto-ley, hayan sufrido daños en elementos afectos a la explotación que no sean asegurables. En estos casos se podrá conceder una subvención de hasta el 70 % de los daños, con un importe máximo de 8.000 euros.
Aquí, señor presidente, señorías, hemos vuelto a sustituir en el real decreto-ley la habitual referencia a establecimientos agrarios por la de explotaciones, que es un concepto más amplio y que permite las ayudas que les acabo de referir.


El segundo tipo de ayudas económicas directas son las que se reconocen a las personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes y a las corporaciones locales por los gastos causados para hacer frente a las
situaciones de emergencia derivadas de los temporales de los que trae causa este real decreto-ley. Estas ayudas se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 307/2005, de 18 de marzo, de ayudas ordinarias en el ámbito del Ministerio del
Interior y por el que se determinan las subvenciones a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.


Quiero señalarles, señorías, que en el presente real decreto-ley, tal como se hizo por primera vez en el anterior de 6 de marzo del presente año 2015, y como novedad respecto a reales decretos-leyes precedentes, se amplía el plazo para
presentar las solicitudes de cualesquiera de estas ayudas de un mes, que es el plazo fijado por el Real Decreto-ley 307/2005 que les acabo de referir, hasta dos meses desde que entre en vigor la orden por la que se determinen con precisión los
municipios y núcleos poblacionales afectados. Asimismo, se reduce de seis a tres meses el plazo para resolver el procedimiento para la concesión de las ayudas que reconoce el Ministerio del Interior. Por una parte, ampliamos de uno a dos meses el
plazo para presentar las ayudas, y se reduce de seis a tres meses el plazo para resolver los expedientes correspondientes. Asimismo, se flexibiliza la acreditación de la titularidad de los bienes inmuebles dañados admitiendo, a estos efectos, como
medio de prueba para acreditar la titularidad sobre dichos inmuebles, cualquier documento que pueda demostrar el citado título de propiedad. Todas estas ayudas se abonarán con cargo a los créditos dotados con carácter de ampliables en el vigente
presupuesto del Ministerio del Interior y, en particular, en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.


Les hago gracia al señor presidente y a sus señorías de la cuantía de esas ayudas, que vienen establecidas en el Real Decreto-ley 307/2005, aunque sumariamente les citaré que son ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y
permanente de 18.000 euros; ayudas por daños en la vivienda

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hasta un máximo de 15.120 euros; por daños estructurales en la vivienda, un máximo de 10.320 euros; por daños que no afecten a la estructura, un máximo de 5.160 euros; por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios, un
máximo de 8.000 euros; por daños a enseres domésticos de primera necesidad, 2.580 euros, etcétera. En el caso de las ayudas a las corporaciones locales por gastos de emergencia, la subvención es por un importe total de los gastos que acrediten las
respectivas corporaciones locales.


Señor presidente, señorías, debo informar a esta Diputación Permanente que hasta el día de ayer, 30 de noviembre, se han presentado un total de 264 solicitudes para su tramitación en las correspondientes delegaciones y subdelegaciones del
Gobierno, relativas a las competencias propias del Ministerio del Interior. En la Comunidad Autónoma de Andalucía han sido un total de 205 las peticiones. Desagregadas: 141, la provincia de Almería; 63, Granada, y Málaga, una. Dentro de la
Comunidad Autónoma de Canarias, corresponden a la provincia de Las Palmas, 58. En la Comunidad Valenciana, provincia de Valencia, una. Y, hasta la fecha, no se tiene constancia de que se hayan presentado ayudas —estoy hablando del ámbito de las
que he referido correspondientes al Real Decreto-ley 307/2005 del Ministerio del Interior— en las provincias de Murcia, Girona y Tarragona hasta el día de ayer. Si bien el número de solicitudes presentadas, que les acabo de referir, hasta la fecha
no es muy elevado, debo decirles que ello tiene una explicación. En primer lugar, aún no se dispone de una evaluación definitiva de los daños; en segundo lugar, aún está pendiente —como les he señalado— de aprobarse la orden ministerial que
desarrolla este real decreto-ley, y el plazo de presentación de solicitudes —como les comenté anteriormente— es de dos meses a partir de la entrada en vigor de la citada orden.


En cuanto a la tramitación de la orden —que determina el artículo 1.2 del real decreto-ley, y para ver que estamos en plazo—, el Real Decreto-ley 2/2015 se aprobó el 6 de marzo y la orden que determinaba los municipios y núcleos
poblacionales a los que, desde el punto de vista geográfico, afectaba este real decreto-ley, se aprobó el 17 de abril; es decir, cuarenta días después. Este real decreto-ley, como les he dicho, se aprobó el 30 de octubre, entró en vigor al día
siguiente, el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y, por lo tanto, han transcurrido exactamente treinta días desde ese momento. Por supuesto, les puedo asegurar que es nuestra voluntad que esa orden se apruebe en un plazo que
será inferior al del real decreto-ley. Es decir, estamos dentro de la normalidad en los supuestos precedentes, similares o análogos al que nos ocupa.


Por otra parte, señor presidente, señorías, además de las ayudas económicas directas a que me acabo de referir, el real decreto-ley contiene otras medidas de muy diversa índole, también en el ámbito del Ministerio del Interior, como, por
ejemplo, en lo que atañe a la Dirección General de Tráfico, estableciéndose la exención de las tasas aplicables a la tramitación de bajas de vehículos y de expedición de duplicados de los permisos de conducción o de circulación cuando se soliciten y
traigan causa de estos siniestros. Esto es lo que fundamentalmente hace referencia a las medidas que en el presente real decreto-ley afectan al Ministerio del Interior.


Por lo que se refiere a ayudas que competerían a otros ministerios —comienzo por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente—, se prevén ayudas adicionales para los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas,
titulares de explotaciones que, teniendo pólizas en vigor amparadas por el Plan de seguros agrarios combinados, hayan sufrido pérdidas superiores al 30 % de su producción. Lo determina el artículo 9 del real decreto-ley. Asimismo, el real
decreto-ley establece que el Consejo de Ministros podrá acordar de forma casuística —es decir, caso a caso—, y mediante acuerdo del mismo, la exención de la evaluación de impacto ambiental de aquellas obras de reparación o rehabilitación de
infraestructuras, equipamientos o instalaciones sujetas a dicha evaluación conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.


Otras ayudas, señorías, que suelen incluirse en este tipo de normas —reales decretos-leyes—, y que también se incluyen en la actual, son las relativas a los daños en el dominio público hidráulico, en el dominio público marítimo-terrestre y
en infraestructuras rurales de uso general, tales como caminos naturales o vías verdes. A estos efectos, el real decreto-ley faculta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para declarar zona de actuación especial para la
restauración del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico y las infraestructuras rurales de uso general y para declarar, asimismo, la emergencia de las obras a ejecutar por dicho departamento, el Magrama, en los citados ámbitos.


En lo que hace referencia al ámbito de actuación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, quisiera destacarles, por una parte, que en lo referente a las infraestructuras locales se financiarán hasta en un 50 % de su coste y
reparación y se podrán tramitar por el procedimiento de

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emergencia las obras de reparación o restitución de todo tipo de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de ayuntamientos, diputaciones provinciales y, por razones obvias, cabildos insulares, comarcas y mancomunidades.


Por otra parte, se prevén beneficios fiscales en el impuesto sobre bienes inmuebles, IBI, exención en las cuotas correspondientes al ejercicio 2015 para viviendas, establecimientos industriales, turísticos, mercantiles, marítimo-pesqueros y
profesionales, explotaciones agrarias y forestales, locales de trabajo o similares, siempre y cuando los daños hayan obligado al realojamiento total o parcial de personas o bienes. En cuanto al IAE, el impuesto sobre actividades económicas, se
reduce de manera proporcional al tiempo de paralización de la actividad para aquellas industrias, establecimientos mercantiles, marítimo-pesqueros, turísticos y profesionales cuyos locales de negocio hayan sido dañados como consecuencia directa de
los siniestros y hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o de cierre temporal de la actividad. En lo que hace referencia —seguimos hablando de beneficios fiscales— al ámbito de actuación del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, todas las ayudas por daños personales estarán exentas del citado impuesto. En cuanto a las reducciones fiscales especiales para actividades agrarias, estas se reducen con carácter
excepcional de los índices de rendimiento neto.


En cuanto al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se prevén también medidas laborales y de Seguridad Social. Los despidos colectivos, las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan causa directa en los daños producidos
por los acontecimientos catastróficos, así como las pérdidas de actividad en el sector marítimo-pesquero y en el sector de la hostelería y hospedaje, tendrán la consideración de fuerza mayor, de tal suerte que el empresario quedará exonerado de
abonar las cuotas a la Seguridad Social mientras dure la suspensión del contrato motivada por los citados acontecimientos y, en el caso de extinción del contrato, las indemnizaciones por despido correrán a cargo del Fondo de garantía salarial.
Asimismo, las empresas y los trabajadores por cuenta propia obtendrán una moratoria de un año en el pago de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a los tres meses naturales inmediatamente anteriores a la producción del siniestro. Debo
decir que para facilitar todas estas gestiones se prevén en el real decreto-ley medidas de colaboración, de tal suerte que la Administración General del Estado pueda celebrar convenios de colaboración con las administraciones públicas afectadas para
la aplicación de las medidas que contempla este real decreto-ley, incluso en los supuestos en los que no se cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria.


En cuanto al impacto económico, de acuerdo con las estimaciones efectuadas hasta la fecha de ayer, y siempre con carácter provisional, pueden cifrarse los daños en 40,5 millones de euros. De ellos 6,7 millones corresponderían a bienes de
titularidad estatal; 2,7 al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente —así lo recogen los artículos 5 y 6 del real decreto-ley—, y 4 millones al Ministerio de Fomento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del real decreto-ley.
Otros 30 millones de euros corresponderían a daños en infraestructuras municipales —artículo 4 del real decreto-ley—, según la información facilitada hasta la fecha —como les he referido, señorías— por las delegaciones y subdelegaciones del
Gobierno. Debo decir que de estos 30 millones 26,8 corresponderían a daños en la Comunidad Autónoma canaria.


Respecto de las ayudas competencia del Ministerio del Interior —artículos 2 y 3 del real decreto-ley—, en estos momentos únicamente puedo efectuar una estimación, dado que no es posible conocer de antemano el número de solicitudes que puedan
presentarse. Con esta cautela estimamos —insisto, con esta cautela— que el importe de las ayudas podría ser aproximadamente de 3,7 millones de euros, desglosándose de la siguiente manera: medio millón de euros en concepto de daños en viviendas y
enseres; 200.000 euros en establecimientos comerciales, 3 millones de euros en gastos de emergencia de corporaciones locales, previéndose como he dicho una flexibilización de los requisitos habituales para su tramitación: ampliación de plazo para
solicitar, reducción del plazo para resolver, etcétera.


Finalmente, señor presidente, señorías, quisiera destacar que se crea, como es habitual en este tipo de normas, una comisión interministerial para aplicación y seguimiento de las medidas contenidas en el real decreto-ley. Esta comisión
interministerial estará coordinada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior e integrada por representantes de los diferentes ministerios implicados, así como por los delegados del Gobierno en las
comunidades autónomas afectadas y por un representante del Consorcio de Compensación de Seguros, que antes del 1 de mayo de 2016 deberá elaborar un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en ejecución de las previsiones contenidas en este real
decreto-ley. En definitiva, señor presidente, señorías, esta norma es la respuesta del Gobierno

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para atender con la máxima urgencia posible, como dije al inicio de mi exposición, los daños ocasionados en la Comunidad Autónoma canaria y en las localidades del sur y del este peninsulares en los meses de septiembre y octubre del presente
año, y los que eventualmente puedan ocurrir, como les señalaba, hasta el próximo 9 de enero de 2016 como consecuencia de los temporales a los que me he referido, y los que ocasionalmente se puedan producir hasta esa fecha. Por todo ello, señorías,
pido el apoyo de esta Cámara para la convalidación de este Real Decreto-ley 12/2015 en el marco de lo dispuesto en el artículo 86 de nuestra Constitución. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Hay turno de fijación de posiciones, y en primer lugar por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, gracias por su intervención. En primer lugar, quería hacer una valoración positiva de la coordinación, en una situación imprevista y terrible para el Ayuntamiento de Telde, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
de los servicios de emergencia de la comunidad y municipales y de la intervención de la Unidad Militar de Emergencia. En esta ocasión la valoración por parte de todas las instituciones fue clave para que las consecuencias no fueran mayores.


Voy a abordar un tema en concreto, que más que al decreto se refiere a la reunión que ayer mantuvo la alcaldesa de Telde con el delegado del Gobierno, donde hizo pública su preocupación por que la llegada de las ayudas se produzca con
celeridad. La situación económica del Ayuntamiento de Telde es crítica, hay muchísimas infraestructuras afectadas, y ayer en la reunión con el señor Hernández Bento se plantearon dos cuestiones. Por un lado, las ayudas que dependen del Ministerio
del Interior, que como usted muy bien ha dicho no se podrán tramitar hasta que se publique la orden. El delegado del Gobierno manifestó ayer que no cree que antes de dos semanas se publique la orden. Nosotros le pedimos celeridad en la publicación
de la orden del Ministerio del Interior para permitir tramitar esas ayudas. Y por otro lado, la alcaldesa manifestó su preocupación respecto a las otras ayudas, las destinadas a la reparación de daños en infraestructuras, ya que don Enrique
Hernández Bento —delegado del Gobierno— manifestó que es un recorrido muy complejo que corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que es el que tiene que elaborar la orden sobre esos fondos, y que se encuentra con una
dificultad añadida por la campaña y el proceso electoral previsto para el próximo 20 de diciembre, lo que supondrá ralentizar estos trámites. Desde luego nosotros no entendemos qué tiene que ver que haya campaña electoral y elecciones con
ralentizar los trámites de la orden que tiene que publicar el Ministerio de Hacienda. La situación es complicada no solo por eso, sino porque las reparaciones de esas infraestructuras tienen que hacerse lo antes posible, ya que se pueden repetir
las circunstancias y ahora serían más graves, debido a la situación en que se encuentran. Por eso no entendemos por qué el delegado del Gobierno dice que todo se va a ralentizar con motivo de la campaña electoral. No lo entendemos y por eso lo
planteo.


Sabemos las circunstancias en las que estamos, pero en los próximos meses se deben analizar, porque seguimos teniendo problemas de predicción del tiempo en Canarias. En Canarias por la orografía y fundamentalmente por ciertas zonas de
sombra ha habido problemas de radar, no solo en Gran Canaria donde hubo problemas en la previsión, sino fundamentalmente en otras islas. Ya nos pasó en Tenerife; en la parte del Teide y de La Palma hay unas zonas de sombra que impiden una
previsión meteorológica adecuada, y creemos que con las tecnologías y las inversiones adecuadas debería mejorarse en el futuro, así como estudiarse para que no se quede en esta comparecencia y no se vuelvan a repetir —como se repitió a lo largo en
los últimos años— este tipo de problemas. Hay que hacer determinadas inversiones en zonas negras de radar para previsión meteorológica. La de Gran Canaria funciona mejor, pero como digo en las otras islas hay complicaciones.


No puedo dejar pasar esta intervención sin manifestar mi enorme preocupación como diputada, como ciudadana española por el problema de la inmigración en Europa, por el drama que hay. Ha llegado el invierno, cientos de miles de personas por
Europa, miles y miles de niños —como ha denunciado Unicef en los últimos días—, y seguimos sin tener una actuación decidida de España y del resto de los países europeos. Entiendo que nos tengamos que reunir para un decreto, que es un tema de mero
trámite, pero no podemos pasar por alto, aunque estemos en campaña y ya no sea noticia en las televisiones ni en las radios, que en este momento hay miles de niños, miles de personas que pueden morir de frío. Ayer dijo Médicos sin Fronteras cuál es
la situación médica en determinados sitios

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donde están concentrándose personas sin recursos, con bebés, con enfermedades. Lo único que he visto como ciudadana y como diputada es que vinieron 16 afganos y 20 sirios a España, creo que no pasaban de 25 personas. Ha habido cumbres
europeas, no ha habido comparencia del Gobierno, no ha habido de nada. Y yo hoy, como representante política y como diputada, quiero denunciar la situación de crisis humanitaria que se va a producir en los próximos meses, y frente a la que ni
Europa ni España en este momento están a la altura de las circunstancias. Aunque estemos en campaña, aunque sea después de la campaña, en la Diputación Permanente, sería bueno manifestar públicamente una posición política, explicar los medios que
se ponen por este país, y cuál es el plan de acogida de España en el próximo mes, porque es cuestión de días que mueran seres humanos, niños; refugiados políticos y refugiados económicos, sobre todo en países que están absolutamente colapsados y
con una situación económica mucho más terrible que la de España, como puede ser Grecia. Ese es el deseo de los españoles y de todas las fuerzas políticas de este país.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.


Intervengo únicamente para señalar que votaré a favor y que no considero necesaria ninguna tramitación posterior.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, hago nuestra, de nuestro grupo parlamentario, la reflexión con la que ha finalizado la señora Oramas en relación con la crisis y con el drama de los refugiados. Efectivamente parece que ya no existen los refugiados; ha
desaparecido de las grandes cadenas de televisión la noticia, han desaparecido los rostros, y lo que no te entra por la retina parece ser que desaparece, pero el problema y el drama siguen estando ahí, y nosotros seguimos siendo responsables, o por
lo menos corresponsables para enfrentarnos a ese drama.


En segundo lugar y en relación con el asunto del orden del día que nos trae aquí, la convalidación del real decreto sobre medidas urgentes para reparar los daños causados por los temporales de lluvia, como muy bien decía el ministro en su
intervención, se trata de temporales que alteran la vida de los ciudadanos —lo decía él expresamente—, y por tanto requieren de una respuesta inmediata y urgente como la que ha dado el Gobierno. Por tanto nos parece oportuno que hoy convalidemos en
esta sesión ese real decreto. No tenemos más que una apreciación que hacer de carácter preventivo, que seguramente el Gobierno ya ha tenido en cuenta. Sabe el ministro que en los últimos años el Tribunal de Cuentas nos ha hecho alguna apreciación
precisamente respecto de este tipo de ayudas, en relación con subvenciones por catástrofes anteriores, y que eso promovió una proposición no de ley que se aprobó en la Comisión de Economía, a propuesta de este grupo y para la que hubo unanimidad,
precisamente para revisar los procedimientos. Supongo que el Gobierno lo ha tenido en cuenta. Únicamente hago esa apreciación cautelar y previa.


Finalmente, señor presidente, señor ministro, señorías, mi grupo no quiere dejar de destacar una situación que nos parece ciertamente anómala y que puede dar paso —por lo menos a nosotros nos ocurre— a una cierta perplejidad: se reúne la
Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y no se habla ni de la pulsión sediciosa de Cataluña ni del terrorismo yihadista. Señorías, para desconexión de la realidad y de la política, la reunión de esta Diputación Permanente. Esto sí que
es una desconexión. Que los dos grandísimos problemas que tiene hoy España —aunque no los únicos—: la pulsión secesionista y sediciosa de Cataluña, promovida a través de esa última resolución para la desconexión de España, y el terrorismo
yihadista, que ha provocado que todos los Parlamentos de todos los países europeos hayan celebrado sesiones, comparecencias de sus Gobiernos y debates de las fuerzas parlamentarias, no merezcan la atención siquiera del órgano que representa la
soberanía nacional, que es esta Diputación Permanente, es algo verdaderamente destacable y que probablemente motiva la desconexión que existe entre los ciudadanos, la política y sus instituciones políticas. Señorías, para desconexión, esta: la de
la sesión que estamos celebrando en este momento, y en la que hemos decidido no abordar algunas de las cuestiones más importantes que afectan a la vida de todos los españoles.

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Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Lara.


El señor LARA MOYA: Gracias, señor presidente.


Previamente a tratar el punto del orden del día quiero manifestar la misma posición que han mantenido los grupos anteriores con respecto a la preocupación por el asunto de los refugiados. Quiero aprovechar la Diputación Permanente para
decir aquí que en la parte personal que me afecta —porque de estos temas hay que ocuparse colectivamente, pero también personalmente cuando se tiene oportunidad— he pedido, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, que facilitaran en el
consulado en el Líbano papeles para que pudieran venir ocho personas que huyen de Siria, del Estado Islámico, y que se han refugiado en un monasterio en el Líbano. Entre ellos hay una monja. Llevamos ya casi dos meses con esta situación y lo
seguimos intentando. He dicho lo de la monja simplemente para que se defina que es gente de creencia cristiana, católica, y por tanto hay una persecución que en este caso concreto sí es desde el punto de vista religioso. Pero hasta ahora no se ha
resuelto el asunto. Más allá de la cuestión global y de que no se hayan concretado los 20.000 refugiados de los que en principio se hablaba que íbamos a tener en nuestro país, espero que también en este caso, a través de acciones individuales de
este tipo —repito, implicado ya en este caso el Ministerio de Asuntos Exteriores—, en la medida en que sea posible, a través del Ministerio del Interior, se pueda facilitar el camino cuando hay casos concretos que se pueden resolver ya, y que no se
hagan argumentaciones administrativistas, que son las que están haciendo allí, como decir que no pretenden volver a su país, sino quedarse en España, y eso nos parece una barbaridad desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en este momento
en las fronteras de Siria.


Sobre la segunda cuestión, que es lo que nos trae aquí, el decreto, siempre es bienvenido algún tipo de ayuda ante catástrofes naturales. No es bueno que pase en campañas electorales, pero en este caso sí parece que lo es porque yo creo que
se agilizan más las cosas desgraciadamente cuando se producen en un tiempo electoral o preelectoral como del que estamos hablando. Yo he estado en Telde y he visto el desastre, la catástrofe en primera persona. Entiendo el decreto, y vamos a fijar
la posición diciendo que lo vamos a apoyar, como no puede ni debe ser de otra manera, pero creemos que son bajos los límites de las ayudas que están contempladas en el artículo 2, apartados 2, 3 y 4, es decir, los 8.000 euros de límite máximo para
el tipo de ayudas agrícolas, de viviendas, etcétera, más allá de la tabla que ha explicado el ministro del Interior.


Por otra parte creemos que se podía haber obviado en este decreto por lo menos el punto 4 del artículo 12. Con tres millones de parados en nuestro país que no cobran prestaciones, de acuerdo con los datos de la EPA —no del paro registrado—,
nos parece un contrasentido que se pretenda aprovechar a los trabajadores que están cobrando prestaciones por desempleo para que hagan las obras de colaboración social en lo que tiene que ver con la recomposición de las infraestructuras en obras
públicas municipales. Según los datos que aporta el propio ministro, estamos hablando de 30 millones de daños en las infraestructuras municipales, y por el dato que nos facilita la colaboración va a ser de un 10 %. Nos parece que no es solidaridad
suficiente plantear solamente un 10 % de colaboración con los municipios, porque el otro 90 % lo van a tener que aportar con recursos propios. Por tanto es una débil solidaridad en este sentido. Espero que ese punto 4 del artículo 12 no se lleve a
cabo, porque lo que hay que hacer es contratar trabajadores y darles de alta en la Seguridad Social, y ojalá consigamos que algún día los parados que están con prestaciones o ayudas puedan tener empleo en nuestro país.


Me sumo a la celeridad que ha planteado la representante de Coalición Canaria, aunque estemos en tiempo electoral. Vamos a dar el voto favorable a la ratificación de este real decreto.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lara.


Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Mi grupo va a votar favorablemente la ratificación de este real decreto. El señor ministro lo ha contado con todo lujo de detalles. No podemos añadir ninguna consideración más sobre el mismo.


La intervención de la señora Díez nos ha suscitado una reflexión que tuvimos ocasión de reflejar en los medios de comunicación. Es evidente que la crisis desencadenada en Europa, fruto del brutal atentado

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en París, habría justificado plenamente que el Gobierno solicitase su comparecencia en la Diputación Permanente, para dar cuenta de cuál es la política del Gobierno con relación a esa amenaza terrorista y las medidas que el Gobierno del
Estado iba a adoptar con relación a las peticiones que los socios europeos nos estaban formulando en esta materia, o informar a la Cámara de si se estaban tomando medidas de carácter especial que fuese necesario que la Cámara conociese y debatiese.
Eso no se ha producido, y en la construcción de acuerdos amplios en la lucha contra el terrorismo lo mejor que uno puede hacer cuando se gobierna es asociar al máximo de grupos de la Cámara, o al menos compartir la información y el análisis y ser
capaces de promover aquellas políticas que realmente sean útiles en esta materia, siempre difícil y delicada. Eso no se ha producido y mi grupo lo lamenta de corazón.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Cunillera.


La señora CUNILLERA MESTRES: Muchas gracias, señor presidente.


Hoy en esta Diputación Permanente estamos hablando del real decreto-ley que ha desglosado ampliamente el señor ministro y que tiene un impacto económico hasta ayer, como ha dicho, de 40,5 millones de euros. En primer lugar, tengo que
anunciar que vamos a votar a favor, y como no hay posibilidad de que se tramite como proyecto de ley, dado el momento en que nos encontramos, le quiero decir, señor ministro, que tenían que tener ustedes previsto, a través de las órdenes
ministeriales, los mecanismos oportunos para poder ampliar la cobertura de aquellos daños que seguramente hoy todavía están en fase de evaluación. Hubiera sido bueno que el señor ministro se hubiera comprometido —como he creído entender que se
podía deducir de sus palabras— a que esto iba a ser así.


Además, señor ministro, señorías, este año 2015 ha sido especialmente duro en cuanto a catástrofes naturales. Empezamos en los meses de febrero y marzo con las inundaciones del río Ebro. Estamos hablando de unas inundaciones que afectaron
a cinco comunidades autónomas, a 50.000 hectáreas y con unos daños económicos considerables. Si hablamos de Cataluña me hubiera gustado que el ministro hubiera hecho referencia a las inundaciones del río Sió, en la provincia de Lleida, que inundó
una residencia causando la muerte de cuatro mujeres que vivían en la misma. Sé que no es el momento de hablar de las responsabilidades de las distintas administraciones, porque algunas no se referirían a la Administración que tenemos como objetivo
o deber controlar aquí, pero no quiero dejar de referirme a ello. Después vinieron las inundaciones de Canarias, que afectan fundamentalmente a playas, y en las zonas de interior, como le decía antes hablando del Ebro, estamos hablando de
inundaciones de ríos. En cualquier caso son catástrofes muy importantes, señor ministro, y tienen que ver mucho con la falta de previsión de este Gobierno respecto a que esto podía suceder.


Si hay algo que es evidente —estos días está muy en la palestra, por tanto no hace falta insistir mucho— es que se está produciendo un cambio climático de una magnitud terrible, con consecuencias igual de terribles en nuestro país. Se ha
hablado aquí de los refugiados y de la necesidad que tendría esta Cámara de hablar de eso, y quiero recordar que entre esos refugiados, aunque no está cuantificado, hay muchos refugiados medioambientales, gente que huye de sus países como
consecuencia de las catástrofes naturales que se producen en esos países y los expulsan de los mismos. Ustedes estaban avisados de que esto no podía ir bien, que estábamos ante un cambio de una magnitud tremenda, pero prefirieron hacer caso a la
familia del presidente del Gobierno, y me refiero a la familia que no se creía lo del cambio climático, porque de otros familiares tengo muy buena opinión. Que esto iba a pasar ya lo sabían, porque se lo han dicho aquí los grupos parlamentarios por
activa y por pasiva. Lo hemos hablado en la Comisión de Cambio Climático y en la Comisión de Agricultura, pero ustedes han hecho oídos sordos. Me gustaría recordar dos cosas. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la intención que nos anunció el
entonces ministro Arias Cañete de hacer un análisis de vulnerabilidad de la costa y de adopción de las medidas necesarias para prepararse ante cualquier efecto? El señor Arias Cañete hace tiempo que no es ministro. Si se hubiera hecho un proyecto
de protección y de no vulnerabilidad de las costas, igual estaríamos hablando de otra cuestión.


Otra cuestión es cuando en febrero de este año vino la ministra de Agricultura a informar a la Cámara de los acuerdos que se habían adoptado en Lima, en diciembre de 2014. La ministra ya nos dijo que allí no se había llegado a ningún
acuerdo, pero nosotros recordamos en aquel momento a la ministra que la cuestión era cada día más urgente, y que por tanto era necesario hacer previsiones respecto de lo que se nos venía encima. Los Gobiernos en Lima no se pusieron de acuerdo, pero
sí se pusieron deberes; sin

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embargo no hemos tenido la oportunidad ni la suerte de conocer qué ha hecho España respecto de esos deberes. Si lo hiciéramos, seguro que veríamos que España ha suspendido muchas materias para septiembre, porque ustedes no pueden decir que
se han tomado en serio el tema del cambio climático. Para el año actual destinaron 55 millones de euros, y para el año que viene —es curioso, ahora que estamos comprometidos con la cumbre del clima y queremos tener mucha presencia y mucho
compromiso— han destinado 50.800.000 euros. Ya sé lo que me van a decir, que hay medidas transversales que afectan a diversas políticas y ahí hay más dinero, pero entonces les pregunto: ¿de qué medidas transversales estamos hablando?, ¿de su
política de energías renovables o de política energética en general, de sus leyes de —entre comillas— desprotección ambiental, costas, residuos, evaluación ambiental, parques nacionales, montes? Les digo lo mismo que tuve ocasión de decir a la
ministra cuando debatimos la Ley de Protección Ambiental: han sido ustedes unos auténticos depredadores del medio ambiente y de aquellos polvos vienen estos lodos. Pueden decir que ahora ha dicho el presidente del Gobierno que hay que hacer una
ley de lucha contra el cambio climático. ¡Pero si se les ha pedido aquí de manera insistente! Ha habido propuestas, aportaciones, iniciativas, y ustedes se han resistido; es más, han dado la espalda a estas iniciativas con una despreocupación
evidente.


Cuanto menos se haga más difícil será hacer lo necesario para paliar las consecuencias de su falta de previsión. Nos encontramos inmersos en una campaña electoral y sería el momento oportuno para hacer un balance de la situación, pero estoy
segura de que no lo van a incluir en el debate electoral, ya que si lo hicieran tendrían que explicar por qué durante estos cuatro años han hecho una política tan negacionista del cambio climático. Han intentado quedar bien cuando han ido a las
cumbres, hacer como que tienen mucho interés, pero luego no se ha plasmado en nada. En la campaña se van a encontrar sobre la mesa con propuestas de todo tipo de todos los grupos parlamentarios, y como yo no voy a participar voy a mirar con mucho
interés qué hacen cuando les hagamos propuestas de eficiencia energética: desarrollo de energías renovables, protección de patrimonio natural, de todos nuestros recursos naturales, o lucha contra el cambio climático. Hace unos días se ha publicado
un dato bien revelador: las veces que los candidatos a presidente del Gobierno se han pronunciado respecto del cambio climático. El candidato de mi partido, el señor Sánchez, que será el futuro presidente del Gobierno, se ha pronunciado quince
veces mientras que el presidente Rajoy —expresidente Rajoy— lo ha hecho una sola vez. Perdón, no lo digo bien. Se ha pronunciado dos veces, pues ha ido a París a pasar veinticuatro horas y a hacerse fotos en la cumbre, y ahí ha hablado del cambio
climático. Dos a quince. Pero ustedes no han comprendido que al no invertir hoy en la prevención del cambio climático la gestión que se tenga que hacer en el futuro va a ser mucho más dura. Es triste constatar que la política ya no llega a tiempo
de evitar determinados males, porque el número de desastres —solo hay que ver cómo ha sido este año 2015— cada vez es mayor. Nosotros, como he dicho antes, vamos a votar que sí al real decreto porque estamos convencidos de que hay que ayudar a
todos los damnificados por esta situación, ya sean instituciones municipales o por cuestiones personales. Nunca podremos paliar el hecho de que haya personas que hayan perdido la vida, pero tenemos que tener la sensibilidad para hacerlo, y por
tanto, ya que les han dicho que va a haber un cambio importante y que tenemos que tomar medidas, espero que el presidente del Gobierno o quien le represente en la cumbre de París sea capaz de adoptar medidas, y sobre todo espero que el Partido
Popular en la campaña electoral sea capaz de debatir esto.


Ya me mira el señor presidente, lo que quiere decir que estoy abusando de su benevolencia, pero como es la última vez que voy a intervenir en este Congreso, voy a abusar de él —en el buen sentido— y me va a dejar. Quiero decirles que ha
sido un honor estar aquí, ha sido un honor representar a los ciudadanos de Lleida, ha sido un honor conocerles a ustedes. Me ha dado igual que fueran de un bando o de otro, he podido hacer amigos —los de mi lado ya los llevaba puestos— y me ha sido
muy grato conocer a gente que piensa distinto que yo, que combate ideológicamente mi pensamiento, pero con la que he podido tener buena relación personal. Es difícil irse de esta Casa después de tantos años y estando bien con una misma, estando
bien con mucha gente. Espero haber estado a la altura de lo que se esperaba de mí, porque yo de ustedes, de los que repitan aquí, espero mucho, espero que estén a la altura de los que nos vamos a ir.


Muchas gracias. (Aplausos.—El señor ministro del Interior, Fernández Díaz, pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cunillera. No ha abusado en absoluto de su tiempo. Ha empleado el que debía utilizar. (Risas). Muchas gracias por su participación en todos los debates a lo largo de la legislatura.

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Señor ministro, si le parece, voy a darle antes la palabra a la portavoz del Grupo Popular y luego se la doy a usted.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Perdón, señor presidente. Aunque mi voluntad —aunque eso es subjetivo— no era reabrir el debate, al margen de dedicar unas palabras a la señora Cunillera, porque desde la diversidad política
nos une una profunda amistad, quería hacer alguna referencia puntual a una cuestión que ha planteado la señora Oramas, pero que intervenga antes la portavoz del Grupo Popular si usted lo estima oportuno.


El señor PRESIDENTE: Creo que es mejor que primero hable la señora Asian, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y luego le doy a usted la palabra para que diga lo que le parezca. Por supuesto, estamos encantados de que intervengan
todos los portavoces, no hay ningún problema.


Señora Asian.


La señora ASIAN GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero transmitir el pésame a las familias de los fallecidos como consecuencia de los temporales, los dos fallecidos como consecuencia de la riada en Granada y las cuatro ancianas muertas al inundarse una residencia en
Agramunt, en Lérida.


Quiero comenzar dando las gracias a los grupos que han intervenido antes que el Grupo Parlamentario Popular, porque he visto en ellos una voluntad de convalidar el real decreto que traemos hoy a esta Diputación Permanente. No obstante, me
gustaría hacer alguna precisión a las intervenciones que me han antecedido.


¿Qué es lo que esperan los ciudadanos como respuesta ante una situación catastrófica, una tragedia como la que hoy contemplamos? Lo primero que esperan es que la Administración actúe eficientemente, y parece que esto ha sido así con
carácter general. Los niveles de la Administración que han intervenido han sido eficientes. Se ha hecho algún pequeño matiz, pero convendría recordar que algunas de las competencias de las que se ha hablado no son del Gobierno de España sino
autonómicas.


Me han sorprendido dos intervenciones. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista, porque ha dedicado un espacio muy importante de su tiempo a hablar del cambio climático. Precisamente aquí el Grupo Parlamentario Popular no
puede admitir lecciones, porque el Gobierno de España ha hecho mucho en este sentido; mientras que el Gobierno socialista se limitó a comprar derechos de emisión, nosotros hemos elaborado planes de impulso al medio ambiente y hojas de ruta de
sectores difusos, hemos creado un registro de huella de carbono, hemos creado el Grupo español para el crecimiento verde y hemos dotado un Fondo para la eficiencia energética con 350 millones de euros. Es decir, nosotros no solo estamos en la
prevención sino también en la adaptación. Asimismo me ha sorprendido la intervención de la representante de Coalición Canaria, que ha dedicado bastante tiempo a comentar el tema de los refugiados dejando a un lado a Canarias. El tema de los
refugiados es importantísimo, el Grupo Parlamentario Popular lo tiene presente; de facto, en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado se aprobó una enmienda a instancias del Grupo Popular y luego una enmienda que fue acordada por
otros grupos con 200 millones para los refugiados. El asunto de los refugiados es importantísimo, pero el tema de hoy es Canarias y las provincias afectadas por los temporales de septiembre y octubre, provincias importantes en nuestro territorio:
Almería, Málaga, Sevilla, Granada, Murcia, Alicante, Valencia, Gerona y Tarragona.


Me gustaría hacer un resumen, en el tiempo que me queda, de lo que supone este decreto. A nuestro juicio, este decreto sintetiza muchos aspectos de la acción política del Gobierno del Partido Popular en esta legislatura. En primer lugar,
vuelve a acreditar la sensibilidad y la agilidad de respuesta del Gobierno de España respecto a las necesidades de los ciudadanos. Las inundaciones en Canarias fueron fuertes a partir del 20 de octubre y el 30 de ese mismo mes el Consejo de
Ministros acordó ya el decreto-ley que aquí hoy vamos a convalidar. En el caso de las inundaciones de septiembre en Levante y en el sur peninsular, la respuesta ha sido también razonable, si bien en este caso la experiencia aconseja esperar un poco
más porque existen antecedentes de inundaciones a finales de verano y principios de otoño.


En segundo lugar, pone de manifiesto que el Gobierno de España es previsor en una doble vertiente. Primero, en la cuantificación. El crédito es ampliable. Se ha hablado de que la cuantía puede ser insuficiente, pero estamos en una fase de
evaluación de daños. Se ha comentado que el periodo para presentar solicitudes todavía no ha terminado, por lo que, evidentemente, es pronto para saber si es poco o es mucho. En cualquier caso, se trata de un crédito ampliable. Quisiera resaltar
también una novedad

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muy importante que contempla el decreto-ley. Junto a las ayudas para daños personales, las ayudas a las personas físicas, que ya son tradicionales en este tipo de decretos-leyes y las indemnizaciones a los ayuntamientos que se introdujeron
en nuestro ordenamiento a instancias precisamente del Grupo Popular, se contempla por primera vez en este decreto-ley la utilización del Fondo financiero para la modernización de las infraestructuras turísticas. Esta medida tiene gran trascendencia
para los perjudicados, así como para el impulso de la economía española en su conjunto. El turismo es una fuente de riqueza importantísima para España y en muchísimas ocasiones oímos que no se puede invertir en renovación turística porque las
infraestructuras no están adaptadas. Este Fondo financiero para la modernización de las infraestructuras turísticas supone un importante paso adelante para la recuperación de nuestra economía. Además, en el decreto-ley se contemplan medidas
fiscales, laborales y de Seguridad Social y, por supuesto, las pérdidas de recursos de los ayuntamientos, cabildos y diputaciones afectadas se compensarán con los Presupuestos Generales del Estado. También es previsor el Gobierno en este
decreto-ley porque extiende su aplicación a otros acontecimientos que se pudieran producir antes del 9 de enero de 2016, como de facto se produjeron, desgraciadamente, la semana siguiente en el nordeste peninsular y, de nuevo, en Levante,
prácticamente en toda Cataluña. Por tanto, los ciudadanos españoles pueden estar tranquilos, porque a pesar de estar en un periodo preelectoral y con las Cámaras disueltas se ha previsto una fórmula para cubrir las necesidades que se puedan
producir en este periodo.


En tercer lugar, supone implícitamente la aplicación del principio de solidaridad interterritorial, principio en el que nuestro Gobierno cree firmemente. Fenómenos como estos acreditan la necesidad de un concepto de solidaridad
interterritorial en nuestro país que nos permita atender las necesidades de un territorio cuando estas se producen.


En cuarto lugar, somos un Gobierno que trabaja de forma constructiva. A diferencia de otros partidos, que huyen de cualquier ley aprobada por el PP y que dicen que lo primero que van a hacer es eliminar todo lo que ha hecho, nosotros
aplicamos una normativa del Gobierno anterior, eso sí, mejorándola y ampliándola, por ejemplo, en materia de plazos: se amplía de uno a dos meses el plazo para presentar solicitudes y se reduce de seis a tres meses el plazo de resolución, con lo
cual la respuesta es más ágil. También somos un Gobierno que construye futuro. Este será previsiblemente el último real decreto-ley que se produzca en estas circunstancias, dado que el 10 de enero entrará en vigor la nueva ley del sistema nacional
de protección civil, que prevé un sistema diferente, más eficiente y más ágil, en el que el Consejo de Ministros podrá determinar las zonas de emergencia y la delimitación de las áreas afectadas. Hoy tenemos que convalidar un real decreto que
afecta al presente de todos los españoles que se vieron perjudicados por el temporal de la Comunidad Autónoma de Canarias y del sur y este peninsular. El señor ministro lo ha expuesto de una manera bastante eficiente. Creemos que nadie merece que
alguien en esta Diputación Permanente saque la calculadora electoral para votar en contra de un decreto utilizando criterios que serían en todo caso demagógicos. Por ello, pido el voto favorable a todos los grupos aquí presentes.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Asian.


Señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor presidente.


No desearía, aunque eso no depende de mí, reabrir el debate. Que quede claro que no es en absoluto mi voluntad. Empiezo por manifestar a la señora Oramas, a la señora Díez, al señor Esteban, al señor Lara, al señor Campuzano, a la señora
Cunillera y a la señora Asian mi agradecimiento por apoyar explícitamente, sin perjuicio de las reservas que han planteado algunas de sus señorías, la convalidación de este real decreto-ley. Quiero que quede claro que tomo buena nota de todo lo que
han dicho y muy en particular de la referencia que ha hecho el señor Lara a esos casos concretos por los que me voy a interesar especialmente. Por supuesto, señora Oramas, todo lo que hace referencia al Ayuntamiento de Telde lo seguimos muy de
cerca.


En referencia al señor Lara, quiero decirle que tuve ocasión de participar el pasado 8 de septiembre, en París, en una conferencia internacional promovida por los gobiernos francés y jordano, relativa a la ayuda a las víctimas de las
minorías que son sometidas a persecución por razones étnicas o religiosas en Oriente Medio, y ahí se incluyen claramente algunas de las cuestiones que él ha planteado. Aprovecho para decir que en la cuestión de las minorías cristianas fue objeto de
un especial tratamiento en los grupos

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de trabajo que se organizaron en esta conferencia, que inauguró el presidente de la República, el señor Hollande. Por cierto, España será la sede, el próximo año 2016, de la conferencia siguiente a la que me acabo de referir.


Por puntualizar y aclarar —no está en mi ánimo, y espero que así sea interpretado, reabrir un debate, porque no tengo voluntad de controversia sino de aclaración— lo que decía la señora Oramas respecto a los refugiados, le diré que todos
compartimos sin duda sus palabras en relación con el drama de los refugiados, más en una época del año como esta, en la que las condiciones climatológicas hacen especialmente vulnerables a esas personas en general y sobre todo cuando pensamos en los
niños, mujeres y ancianos que se ven sometidos a unas condiciones especialmente dramáticas. Como ha hecho referencia a algunos datos, le quiero precisar que la diferencia entre el programa de reubicación y el programa de reasentamiento es que los
reubicados han llegado a la Unión Europea y los reasentados están en los países de origen, normalmente en África y fundamentalmente en Jordania, Turquía y Líbano, mientras que los reubicados han llegado básicamente a Italia, como primer Estado de
llegada de la Unión Europea y a la Unión Europea, y Grecia. Los programas de reubicación son comunitarios y por tanto los procedimientos para la reubicación de refugiados se rigen por el procedimiento establecido en el ámbito de la Unión Europea.
Los ministros del Interior de la Unión Europea lo hemos debatido profundamente y también ha sido objeto de tratamiento en cumbres de jefes de Estado y de Gobierno. Finalmente la Comisión Europea ha establecido el procedimiento correspondiente y
hasta que no se implementen los hotspots en Italia y en Grecia no podremos actuar los demás Estados, que nos hemos comprometido a acoger una cifra de reubicados en particular. Estamos sometidos a ese procedimiento. No obstante, para ir ganando
tiempo y con el objetivo de poder determinar cuáles son las fortalezas o las debilidades —sobre todo las debilidades— del procedimiento establecido para la reubicación, se estableció un programa piloto al cual solo nos hemos acogido cinco Estados
del total de los que estamos incluidos en el programa de reubicación, solo cinco: Alemania, Suecia, Luxemburgo, Francia y España. España ofertó para el programa piloto cincuenta plazas. Debo decir que en el total de los cinco Estados han sido
acogidas en el plan piloto 136 personas. Lo digo porque, si se habla de 12, que son las que han venido a España, puede parecer un número ridículo en la inmensidad de un programa de reubicación previsto para 160.000 personas —120.000 más 40.000—.
Sin duda es una gota en el océano, pero hay que ponerlo en su contexto. Somos solo cinco Estados del total de los que nos hemos acogido a los programas de reubicación, que no somos todos los de la Unión Europea, porque hay que sumar los cuatro de
la zona Schengen, que no forman parte de la Unión Europea, que son Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega; de todos esos, solo cinco. España ofertó cincuenta plazas. Tenían que venir de Italia. Finalmente, de las 50 personas pudieron llegar en
total 12, pero no fue por problema de España. Llegaron 11 eritreos y un sirio que ya están acogidos en diversas localidades de España; en este caso concreto, para preservar su identidad y por tanto su seguridad, porque son refugiados —ya se está
tramitando su petición de asilo y protección internacional—, no se han hecho públicas sus identidades ni las localidades o lugares de acogida con voluntad de integración, que es lo que en definitiva marca la política de asilo: acogerlos con
voluntad de integración en igualdad de derechos y deberes que los ciudadanos españoles, como sabe su señoría. Por tanto, solo quería aclararle que somos uno de los cinco Estados que nos hemos ofrecido a acoger reubicados en el marco del programa de
reubicación —cinco de todos los que somos, treinta y dos, y España está ahí—, que ofrecimos cincuenta plazas, que nos han llegado solo 12 personas, pero no por nuestra culpa, y que, en todo caso, esto forma parte de un programa piloto. No es el
programa de reubicación en sí, sino una avanzada, si se me permite la expresión, de ese programa de reubicación.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su intervención, que creo que ha aclarado la dudas que había.


Visto y debatido el punto, en un minuto vamos a votar.


Muchas gracias. (Pausa).


PALABRAS DE CONDOLENCIA.


El señor PRESIDENTE: Señorías, el pasado 5 de noviembre conocimos el fallecimiento de Julián Simón de la Torre, diputado del Grupo Socialista en esta Cámara durante tres legislaturas. Julián fue un gran político y una excelente persona.
Estas cualidades, que muchos han tenido ocasión de conocer, yo

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las aprecié muy bien cuando tuve el honor de compartir escaño con él durante casi una década en las Cortes de Castilla y León. Descanse en paz.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN).


— REAL DECRETO-LEY 12/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS TEMPORALES DE LLUVIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y EN EL SUR Y ESTE PENINSULAR EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DE 2015. (Número de expediente 130/000076).


El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a proceder a la votación de la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los temporales de
lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur y este peninsular en los meses de septiembre y octubre de 2015.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Se levanta la sesión.


Era la una y veinticinco minutos de la tarde.