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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 311, de 14/10/2015
cve: DSCD-10-PL-311
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 311
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 291
celebrada el miércoles,
14 de octubre de 2015
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página6)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la actitud entorpecedora del Gobierno español hacia el ejercicio y desarrollo del autogobierno vasco en materia de seguridad. (Número de expediente 172/000336) ...
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la oficialidad del castellano como lengua común española. (Número de expediente 172/000335) ... (Página37)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Tardà), sobre perspectivas del Gobierno español acerca del futuro de Cataluña. (Número de expediente 172/000334) ... (Página42)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre, para regular las comisiones por la retirada de efectivo en los cajeros automáticos. ('BOE' núm. 237, de 3 de octubre de 2015). (Corrección de errores en 'BOE' núm. 242, de 9 de octubre de
2015). (Número de expediente 130/000075) ... (Página47)
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados. (Número de expediente 042/000051) ... (Página56)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página56)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Preguntas ... (Página6)
Del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Considera la vicepresidenta que el Gobierno cumple de forma transparente con el
respeto institucional que le es exigible? (Número de expediente 180/001411) ... (Página6)
Del diputado don Jordi Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué responsabilidades políticas considera que debe asumir el Gobierno
por el negligente funcionamiento de los servicios consulares españoles, en las pasadas elecciones al Parlamento de Cataluña, lo cual ha privado del derecho fundamental al voto a miles de ciudadanos catalanes residentes en el extranjero e incluso
puede haber modificado los resultados electorales definitivos? (Número de expediente 180/001409) ... (Página7)
De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Cree el ministro de Justicia que ha cumplido los objetivos que se propuso en su etapa al frente del
ministerio? (Número de expediente 180/001413) ... (Página9)
Del diputado don José Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Cree necesaria una norma estatal que garantice el derecho a una muerte digna en España?
(Número de expediente 180/001420) ... (Página11)
Del diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro del Interior: ¿Cómo valora el desaguisado habido entre el Gobierno, la dirección del PP y el PP del País Vasco acerca de la
propuesta de este último sobre pacificación y convivencia? (Número de expediente 180/001410) ... (Página12)
De la diputada doña Isabel Rodríguez García, en sustitución de doña Meritxell Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿Considera el ministro del Interior que ha favorecido durante su
mandato el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas? (Número de expediente 180/001416) ... (Página13)
Del diputado don Felipe Jesús Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿Mantiene el ministro del Interior, tras las recientes actuaciones judiciales, que su reunión con Rodrigo Rato
estuvo justificada? (Número de expediente 180/001417) ... (Página15)
Del diputado don Juan Luis Gordo Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Qué objetivo busca el Gobierno con la privatización de servicios públicos estratégicos? (Número de expediente
180/001418) ... (Página16)
De la diputada doña María Isabel López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Cómo piensa el Gobierno tranquilizar a los posibles afectados por la manipulación de las
emisiones de gases contaminantes en los motores de Volkswagen? (Número de expediente 180/001405) ... (Página18)
De la diputada doña María González Veracruz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿Considera el ministro de Industria, Energía y Turismo que cumple con los principios de buen
gobierno? (Número de expediente 180/001419) ... (Página19)
De la diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Por qué razón el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha
escogido un método para fijar el umbral de precios para poder acceder a las ayudas directas por la crisis del sector lácteo que excluye a más del 50 % de las explotaciones lácteas de Galicia, el sector que percibe los precios de la leche en origen
más bajos del Estado? (Número de expediente 180/001406) ... (Página20)
Del diputado don Joan Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Qué piensa hacer el Gobierno ante la denuncia de falta de credibilidad
de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 formulada por la Unión Europea? (Número de expediente 180/001407) ... (Página22)
De la diputada doña María Pilar Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Cree el Gobierno que favorece la credibilidad de nuestra economía presentar unas previsiones
presupuestarias cuestionadas por diferentes instituciones y organismos? (Número de expediente 180/001415) ... (Página23)
Del diputado don Carlos Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Está garantizado el derecho de los niños castellanohablantes a la
escolarización en su lengua materna en las comunidades autónomas bilingües? (Número de expediente 180/001408) ... (Página25)
Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Está conforme el Gobierno con los resultados de la política impuesta en esta legislatura en el
ámbito de su departamento? (Número de expediente 180/001412) ... (Página26)
Del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Considera que ayuda a la confianza en la economía española el Proyecto de Presupuestos para
2016 tras haberse confirmado que no responde a unas previsiones realistas? (Número de expediente 180/001414) ... (Página28)
Interpelaciones urgentes ... (Página29)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la actitud entorpecedora del Gobierno español hacia el ejercicio y desarrollo del autogobierno vasco en materia de seguridad... (Página29)
Formula la interpelación urgente el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro del Interior (Fernández Díaz).
Replica el señor Olabarría Muñoz y duplica el señor ministro del Interior.
Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la oficialidad del castellano como lengua común española ... (Página37)
Formula la interpelación urgente la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Méndez de Vigo y Montojo).
Replica la señora Díez González y duplica el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Tardà), sobre perspectivas del Gobierno español acerca del futuro de Cataluña ... (Página42)
Formula la interpelación urgente el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).
Replica el señor Tardà i Coma y duplica el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Se suspende la sesión a las doce y treinta minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página47)
Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre, para regular las comisiones por la retirada de efectivo en los cajeros automáticos ... (Página47)
El señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Calduch Cervera, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; las señoras Castellano i Fernández y Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió; y los señores Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista, y
Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página56)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de señores diputados ... (Página56)
La Presidencia anuncia que ningún grupo desea intervenir en este punto del orden del día, por lo que se pasa directamente a votación y se aprueba por asentimiento.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página56)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre, para regular las comisiones por la retirada de efectivo en los cajeros automáticos, se aprueba por 189 votos a favor, 1 voto telemático en contra y 100
abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 121 votos a favor más 1 voto telemático, 122; 167 en contra y 1 abstención.
Se levanta la sesión a las cinco de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CONSIDERA LA VICEPRESIDENTA QUE EL GOBIERNO CUMPLE DE FORMA TRANSPARENTE CON EL
RESPETO INSTITUCIONAL QUE LE ES EXIGIBLE? (Número de expediente 180/001411).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. La formula el diputado don Antonio Hernando, del Grupo Socialista.
El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, le pregunto si considera que el Gobierno cumple con la transparencia y con el respeto a las instituciones que le es exigible. Pero antes, déjeme ponerle algunos casos concretos. ¿Usted cree que es respetuoso con el
Congreso de los Diputados y con el Senado que el presidente del Gobierno no vaya a venir a dar explicaciones después de que la Comisión Europea haya dicho que estos presupuestos son papel mojado? ¿Usted cree que es respetuoso con las instituciones
y con la ciudadanía que nos hayamos enterado de la fecha de celebración de las elecciones generales a través de una entrevista del presidente del Gobierno en una televisión? ¿Usted cree que es respetuoso con la justicia que ustedes defiendan que
después de la acusación de veinte años de financiación ilegal de su partido la vaya a juzgar un estrecho colaborador de la fundación de su partido? ¿Usted cree que es respetuoso que el ministro del Interior haya recibido en su despacho oficial al
exvicepresidente del Gobierno del Partido Popular acusado de recibir mordidas, de evadir impuestos y de hundir una de las principales entidades financieras de este país? ¿A usted, señora vicepresidenta, no le da vergüenza, por la falta de respeto
que supone para la ciudadanía, que el presidente del Gobierno no sepa ni cómo se pierde la nacionalidad española y que pregunte, como un mal alumno de derecho: y la europea?
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.
Este Gobierno respeta y respetará a todas las instituciones del Estado y respeta a este Parlamento en los mismos términos en los que se hacía en la anterior legislatura, con las mismas comparecencias y con la misma presencia, y si a usted le
parece que no es importante que el presidente del Gobierno esté en Naciones Unidas defendiendo a las mujeres cuando son atacadas en los conflictos bélicos, me parece, señor Hernando, que no ha entendido absolutamente nada. Señoría, respetamos las
instituciones y hacemos una cosa que usted no ha hecho en toda la legislatura, que es darle más medios y más instrumentos para que luchen contra la corrupción. Si tanto respeta las instituciones, explique a toda esta Cámara por qué han sido
incapaces de apoyar una sola ley contra la corrupción. Y antes de citar algunos casos en esta Cámara, señoría, hoy revisaría el ERE, porque aquí también podríamos hablar de nombramientos de jueces y de instrucciones de casos judiciales y de
exvicepresidentes del Gobierno -el suyo- que están actualmente imputados. Señor Hernando, en este tema es mucho mejor trabajar para fortalecer la justicia que echarnos unos a los otros los casos a la cara porque, señor Hernando, sencillamente,
usted no la puede levantar muy alto.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Señora vicepresidenta, la transparencia y el respeto a las instituciones se aplica no se predica, que es lo que precisamente hace usted. Hace tres meses se publicó por un medio de comunicación que usted se había
ausentado de distintos Consejos de Ministros por conflictos de
intereses con miembros de su familia. Hace tres meses formulamos catorce preguntas escritas al respecto para que usted diese explicaciones sobre esto y no nos ha contestado a ninguna. Por eso, en el tiempo que le queda le pido que nos diga
con precisión cuántos miembros del Gobierno, incluida usted y el presidente del Gobierno, se han ausentado e inhibido de decisiones del Consejo de Ministros por conflictos de intereses familiares con sus negocios o con sus profesiones. Ustedes se
han erigido en adalides de la transparencia y cuando alguien es doña transparencia, señora vicepresidenta, es indignante que vaya a impedir que el presidente del Gobierno venga al Congreso de los Diputados a dar la cara después de que la Comisión
Europea haya dicho que estos presupuestos son la última mentira del Gobierno pero sin duda la más gorda, la más grosera y la más cruel por los recortes que suponen. (Rumores).
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señor Hernando, este Gobierno se ha abstenido en las cuestiones que podían estar relacionadas con la Ley de Incompatibilidades y con la Ley del
Estatuto del Alto Cargo exactamente igual que los miembros del Gobierno anterior, exactamente igual que la anterior vicepresidenta del Gobierno. Por cierto, todas estas informaciones se remiten a la Cámara. No tengo la culpa de que usted no vea el
diario oficial que se publica en el Congreso de los Diputados. Estudie más, señor Hernando. (Rumores). Le voy a decir una cosa, señoría: no entiendo su posición respecto al déficit público. Qué quiere que le diga. Da la impresión de que
Sánchez más que el nuevo socialismo es la secuela de Zapatero, porque ustedes se enredan siempre en lo mismo, en discutir el déficit y la nación. Siempre dependen del contexto, señoría, 3 décimas deben ser ahora más que 3 puntos, los 3 puntos que
con absoluta falta de transparencia ocultaron ustedes cuando gobernaron y casi llevan a España a la ruina y al rescate, señor Hernando. (Protestas). Podía elegir usted muchos temas en esta Cámara, pero ha elegido el peor, el que puso de manifiesto
cómo gobierna el Partido Socialista cuando logra hacerse con el poder. Señoría, la mejor confesión es que los portavoces económicos de su Gobierno son los ministros de don José Luis Rodríguez Zapatero, los que llevaron a este país exactamente a la
ruina. No creo que a los españoles les queden muchas ganas de repetir y hoy usted les ha recordado cómo trabajan ustedes cuando gobiernan.
Muchas gracias, señor Hernando, por su pregunta. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DEL DIPUTADO DON JORDI XUCLÀ I COSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGÈNCIA I DE UNIÓ, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ RESPONSABILIDADES POLÍTICAS CONSIDERA QUE DEBE ASUMIR EL GOBIERNO POR EL
NEGLIGENTE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS CONSULARES ESPAÑOLES, EN LAS PASADAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUÑA, LO CUAL HA PRIVADO DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL VOTO A MILES DE CIUDADANOS CATALANES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO E INCLUSO PUEDE
HABER MODIFICADO LOS RESULTADOS ELECTORALES DEFINITIVOS? (Número de expediente 180/001409).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Pregunta el diputado don Jordi Xuclà, del Grupo Catalán de Convergència i de Unió.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el derecho de voto es un derecho fundamental de primer orden, esencial en un sistema democrático. En las elecciones del 27 de septiembre 21.771 catalanes del CERA pidieron el voto rogado. Solo pudieron votar 14.781. La
negligencia e indolencia del servicio consular dejó a 6.990 votantes sin poder votar. Señor ministro, ¿piensa dimitir para asumir las responsabilidades políticas de esta violación masiva del derecho fundamental?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Señoría, niego rotundamente la mayor. Negligencia, ninguna. Profesionalidad y dedicación, todas. Nuestra red de consulados se ha puesto al servicio del
ciudadano procurando que quien quiera votar pueda hacerlo dentro de la normativa vigente. Las incidencias registradas han sido mínimas; es más, desde la introducción del voto rogado, con su colaboración, estas elecciones han sido, con las
andaluzas, aquellas donde más votos se han emitido en relación con la solicitudes, un 70,2 %, más que en las elecciones catalanas de 2012 -59 %- y que en las pasadas autonómicas -un 67 %-. ¿Estamos satisfechos? No. ¿Hay margen de mejora? Sí, por
supuesto, pero atacar a quienes ponen su empeño en aplicar eficazmente el actual sistema que ustedes han aprobado no es, desde luego, el camino a seguir. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Sí, votamos la Ley de 2010 y, cuando el Parlamento gallego presentó en diciembre de 2011 una propuesta de reforma, apoyamos la reforma del artículo 75 por no ser operativo para garantizar este derecho fundamental. Señorías, miles de
catalanes residentes en el extranjero votaron, a pesar del Estado, de los servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores, contra el Estado, contra el Estado a la contra. Algunos lo consiguieron, con gran desgaste de energía, pero 6.990 votantes
fueron privados de su derecho fundamental. No quiero pensar que es una premeditada voluntad de limitar el derecho de voto de los catalanes; es algo más general y lamentable: la ineficacia del servicio consular, encargado de aplicar el artículo 75
de la Loreg. Las solicitudes de voto no llegaron en tiempo y forma. Las papeletas de voto en Dubai llegaron ayer, señor ministro. Hubo documentación que llegó sin las papeletas de voto. ¿Qué me dice, señor ministro, del voto postal dirigido al
consulado de Roma con remitente impreso por parte del Gobierno al consulado de Milán, lo cual supuso, como mínimo, treinta y dos votos perdidos? Incompetencia del servicio consular. ¿Qué me dice de la información falsa por parte de oficiales en
los consulados de Santiago de Chile y Londres de que no se podía votar por ser agosto un mes inhábil? Incompetencia de los servicios consulares. ¿Y de los consulados de Sao Paulo y de Bogotá, que estaban cerrados en los primeros días de votación y
donde no se proporcionó la información?
Señor ministro, el año 2012 nos garantizó la plena operatividad del servicio exterior: negligencia, incompetencia, violación flagrante del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los tribunales lo decidirán. Mientras tanto, usted debería
dimitir y asumir... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Le aconsejo que vaya al psiquiatra (Rumores), porque ha dicho usted que miles de catalanes votaron contra el Estado.
Las reformas electorales siempre se hacen por amplio consenso. La que introdujo el voto rogado en 2011 contó con trescientos cuarenta votos favorables, entre ellos los de su grupo. Su señoría fue ponente de la proposición de ley. Además,
según la práctica consolidada, las reformas electorales no se producen a iniciativa del Gobierno. Para aplicar el sistema vigente, el que usted propuso, en enero de este año adoptamos una batería de medidas. Publicar en nuestras páginas web toda
la información útil para ejercitar el voto, incluso para las elecciones catalanes los formularios de solicitud. Garantizar la presencia de los cónsules y formar equipos electorales en los ciento ochenta y un consulados, implicando a un millar de
personas. Para el depósito del voto en la urna, abrir tres días los consulados en horario prolongado, no uno solo, como sucede en España. Facilitar el empleo de valijas extraordinarias o mensajería urgente. Suscribir convenios de franqueo con los
países donde más españoles residen, convenios que cubren el 85 % del censo en el exterior. Tan mal no estaremos cuando el propio secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat, señor Albinyana, declaró en El Periódico, de 22 de agosto de 2015,
que -cito- en esta ocasión la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores es correcta.
Señoría, el debate en tiempo preelectoral lleva a menudo a exagerar y a errar el tiro. Es comprensible. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. (El señor Macias i Arau pide la palabra).
Señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Señor presidente, el señor ministro ha tenido una expresión ofensiva y muy desafortunada. Mandar a alguien al psiquiatra no me parece una respuesta adecuada a nadie y menos cuando se formulan unos datos. Por tanto,
yo pediría al señor ministro que retirara esta expresión y pidiera disculpas al diputado Xuclà.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Señor presidente, lo que he dicho es que la expresión de votar contra el Estado es inadmisible en un Estado de derecho. (Protestas).
El señor PRESIDENTE: No, no. Señor ministro, tiene usted que contestar a las palabras que le ha planteado el diputado. ¿Retira usted la expresión: vaya usted al psiquiatra?
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Estoy explicando la expresión, señor presidente... (Fuertes protestas).
El señor PRESIDENTE: No, no. ¿La retira o la mantiene? (Un señor diputado: Respeta al presidente).
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): La retiro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CREE EL MINISTRO DE JUSTICIA QUE HA CUMPLIDO LOS OBJETIVOS QUE SE PROPUSO EN SU ETAPA AL FRENTE DEL
MINISTERIO? (Número de expediente 180/001413).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia. Pregunta la diputada doña Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Socialista.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señor ministro, ¿cree que ha cumplido con los objetivos que se ha propuesto usted al frente de su departamento?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, señor presidente.
Señoría, mañana hace un año que comparecí en la Comisión de Justicia de esta Cámara para exponer el plan de actuación durante un año y creo que hemos cumplido razonablemente con los proyectos que teníamos: desarrollar proyectos legislativos
y mantener diálogo y consenso con los profesionales; en eso hemos estado trabajando durante este año y entiendo que con un balance razonablemente satisfactorio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señor ministro, para celebrar esto del año, hoy cuatro asociaciones de jueces y fiscales y la fiscal general del Estado, nombrada por su Gobierno, le están pidiendo que no ponga en marcha una reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal porque, de hacerlo, lo que se consigue es favorecer la impunidad de los delitos de corrupción, de las grandes tramas de corrupción, ya que con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de su Gobierno no se podrían
instruir ni conocer causas como la Gürtel, los papeles de Bárcenas o la de Rato. Eso es lo que le están diciendo hoy los fiscales. No ponga esa cara que se lo han dicho de forma clara. Y la fiscal general del Estado ha dicho que trabajará para
que la impunidad que su Gobierno provoca no se produzca.
No es la primera vez que se lo dicen, se lo dijimos en este Congreso con la reforma del Código Penal, con la que ustedes favorecían la impunidad de determinados delitos de corrupción, bajando penas a los delitos de malversación y cohecho -lo
cual corregimos otros grupos parlamentarios-; o mientras conocíamos la financiación ilegal de su partido, la del PP, con los papeles de Bárcenas, ustedes planteaban que solamente se fuera a la cárcel si se dona de forma ilegal por encima de 500.000
euros. Ninguna de las donaciones que se hicieron de forma ilegal a su partido superaba esa cantidad. Todo eso, señor ministro, mientras en su código, el que ha aprobado este año, estaban criminalizando el conflicto social, criminalizando derechos
de reunión, de expresión, de manifestación, e imponiendo, eso sí, para los delitos ordinarios un incremento punitivo con la instauración de la cadena perpetua. ¿Es usted consciente, señor ministro, de que su nombre y el de Rajoy aparecerán en los
libros de tratado de derecho penal junto al nombre del dictador Primo de Rivera? (Rumores). Dirán los libros: En 1928 se abolió la pena perpetua y en 2015 el Gobierno de Rajoy la restauró. ¿Es usted consciente de todo esto, de esta gestión? De
una gestión que durante estos cuatro años ha hecho tres cosas: ha debilitado la justicia como servicio público, la ha privatizado siempre que ha podido y la ha instrumentalizado de forma burda a favor de intereses y objetivos políticos de su
Gobierno, en este caso la impunidad de los delitos de corrupción de un Gobierno... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, señor presidente.
Señoría, solo desde la ignorancia o desde la mala fe se puede decir que la Ley de Enjuiciamiento Criminal promueve la impunidad. Léase el artículo 324.8, que dice que el mero transcurso del tiempo no llevará nunca al archivo de las causas.
Solamente desde la ignorancia o desde la mala fe se puede alcanzar esa conclusión, señoría. (Aplausos.-La señora Rodríguez Ramos pronuncia palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez, no es su turno.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Solo desde la ignorancia y la mala fe se puede decir que las medidas que ha adoptado este Gobierno no son las más intensas en la lucha contra la corrupción: la Ley de Transparencia, la reforma
del Código Penal, la Ley de Financiación de Partidos Políticos y el Estatuto del alto cargo; algo que, por cierto, no hizo el Gobierno anterior y tuvo tiempo para hacerlo ahora que ustedes se apuntan con tanta firmeza a ese discurso. Tiempo
tuvieron de hacer las reformas que no han hecho y que no han querido ni siquiera apoyar en esta Cámara y en esta legislatura.
Que una persona que sabe de derecho, como me consta de su señoría, hable de la cadena perpetua, otra vez más demuestra ignorancia o mala fe. La prisión permanente revisable no tiene nada que ver, como usted bien sabe, señoría, con la cadena
perpetua. En todo caso, como se apoyan los servicios públicos es dotándoles de medios y de financiación suficiente. Nosotros hemos creado 382 plazas de jueces el pasado mes de octubre, 66 plazas de fiscales, 4.000 plazas de funcionarios convocadas
y un presupuesto del año 2016 que incrementa el 7,23 % el presupuesto de justicia. Se hacen las cosas dotando de medios y no simplemente haciendo discursos. Han aprobado sus señorías catorce leyes en los últimos doce meses, cuesta leerlas
seguramente, pero un poquito más de estudio y un poquito más de rigor y entonces podremos debatir con contenidos lo que las reformas traen consigo, que es una justicia más ágil y una justicia cercana al ciudadano. Fíjense en cómo los profesionales
las están valorando y las están apreciando. Entiendo que ustedes tengan que criticarlo todo, que ustedes tengan que negarle al Gobierno todas las reformas efectuadas, pero si usted sale a la calle y habla con abogados, con procuradores, con jueces,
con fiscales, con notarios y con registradores seguramente apreciará lo que están diciendo, que están valorando las medidas adoptadas. Seguramente, que estemos llegando a un proceso preelectoral trae consigo que haya que negarle todo al Gobierno,
pero, seguramente también, el tiempo, como usted muy bien ha dicho, reconocerá cuáles han sido las reformas que se han adoptado... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿CREE NECESARIA UNA NORMA ESTATAL QUE GARANTICE EL DERECHO A UNA MUERTE DIGNA EN ESPAÑA?
(Número de expediente 180/001420).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La formula el diputado don José Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cree necesaria una norma estatal que garantice el derecho a una muerte digna en España?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.
Es necesario que haya una norma estatal que dé cobertura y garantice la atención adecuada en la última fase de la vida y, por tanto, a morir con dignidad, y creo que ya existe. En ese sentido, la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente,
incluye las garantías para morir con dignidad, para que nadie sea obligado a recibir un tratamiento innecesario y también incluye el derecho a los cuidados paliativos para realizar un tránsito adecuado.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Martínez Olmos.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señor presidente.
La actitud incalificable de la Xunta de Galicia ha hecho que los padres de Andrea hayan tenido que estar exigiendo el cumplimiento de un derecho para su hija y ha hecho que este caso haya sido portada en los medios nacionales e
internacionales. Parece mentira, pero en España no hay una garantía de derecho para la atención a la muerte digna, a pesar de lo que usted dice, señor ministro, y eso es así, entre otras cosas, porque ustedes se han negado en dos ocasiones a
aprobar una iniciativa del Partido Socialista aquí, en esta Cámara, para que hubiera una ley de muerte digna para todos. El caso de Andrea nos tiene a todos, especialmente al Gobierno, que dar un poquito de pudor ante la sociedad. Señor ministro,
usted en este caso ha desatendido su obligación. Al Ministerio de Sanidad se viene a ejercer la máxima autoridad sanitaria y usted con el ejercicio de la alta inspección podría haber intervenido ante el atropello que ha hecho el Gobierno de la
Xunta en este caso. Pero, fíjese, nada nuevo bajo el sol porque esta ha sido una legislatura en la cual el ministerio ha sido un ministerio sin cabeza, ni antes con Ana Mato ni ahora con usted. Ustedes han cerrado una legislatura esquilmando
derechos, recortando fondos para la investigación en terapias avanzadas y han echado a 30.000 profesionales de la sanidad pública. En definitiva, señor ministro, ustedes han desatendido una de las herencias más preciadas que han podido recibir de
la democracia española, como es la sanidad pública. En el caso del derecho a la muerte digna es una evidencia que ustedes desatienden la obligación de que los ciudadanos seamos iguales en todo el territorio, pero esto, afortunadamente, se está
acabando. En diciembre se van a celebrar elecciones en este país y vamos a tener la oportunidad de ejercer un cambio en el Gobierno para dar prioridad a la sanidad pública. Sí, señores del Grupo Popular, va a ser el Partido Socialista quien traiga
de nuevo un avance en derechos. La ciudadanía quiere un nuevo derecho con una ley de muerte digna estatal y eso va a ser posible con un cambio de Gobierno, porque ustedes han perdido la legislatura destrozando el Sistema Nacional de Salud y los
derechos de los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Olmos.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.
No entraré en consideraciones, señor Martínez Olmos, sobre cómo dejaron ustedes la sanidad pública: al borde del colapso. Vamos al tema. Le quiero decir tres cosas que me parecen importantes. En primer lugar, este no es un caso para ser
utilizado políticamente. Este es un caso para la comprensión, para la confianza en los médicos, para el respeto a la familia y no es un caso para el oportunismo político o para realizar anuncios electorales, sinceramente, señor Martínez Olmos.
(Aplausos). En segundo lugar, no somos los políticos los que tenemos que dar instrucciones a los médicos de cómo tienen que realizar los tratamientos en los hospitales. Al menos, mientras yo sea ministro de Sanidad eso no será así. (Aplausos). Y
en tercer lugar, cuando usted tenía responsabilidad en el Ministerio de Sanidad trabajó -y lo hizo bien- en desarrollar la estrategia de cuidados paliativos y lo hizo con las comunidades autónomas. Se aprobó en el año 2007, se actualizó en 2010,
está en proceso de revisión y actualización en este momento y vamos avanzando. Se ha avanzado también en la formación de los profesionales. El año pasado se aprobó con las comunidades autónomas la guía de cuidados paliativos pediátricos, que
quiere garantizar una atención integral para los más jóvenes, para los más pequeños. Por tanto, vamos desarrollando y completando un plan de cuidados paliativos que llegue a todas las personas. Hay ya más de 200.000 instrucciones previas en el
registro nacional y por tanto se cumplen esos derechos.
Respecto de su ley, ustedes siempre presentan ese proyecto de ley cuando saben que no se va a aprobar. Lo presentaron en junio de 2011, cuando se iban a ir de estampida, y lo presentan siempre que no tienen mayoría para sacarlo adelante,
pero durante ocho años no lo hicieron. Por algo será, señor Olmos. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CÓMO VALORA EL DESAGUISADO HABIDO ENTRE EL GOBIERNO, LA DIRECCIÓN DEL PP Y EL PP DEL PAÍS VASCO ACERCA DE LA
PROPUESTA DE ESTE ÚLTIMO SOBRE PACIFICACIÓN Y CONVIVENCIA? (Número de expediente 180/001410).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. En primer lugar, pregunta del diputado don Emilio Olabarría, del Grupo Vasco, PNV.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cómo valora el desaguisado producido entre el Gobierno que usted representa, la dirección del Partido Popular y la dirección del Partido Popular en Euskadi acerca de la propuesta de este último sobre pacificación y
convivencia?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Como cuestión previa, quiero señalar que aquí no se controla a los partidos políticos, sino al Gobierno, por lo que voy a responder en nombre del Gobierno. (Aplausos). Y por supuesto los calificativos se los dejo a su señoría; no los hago
míos, como es evidente, sino todo lo contrario. En todo caso, le diré que la posición del Gobierno, del grupo parlamentario que apoya al Gobierno, del partido del Gobierno y por supuesto del Partido Popular del País Vasco es absolutamente
inequívoca y rotunda en su condena del terrorismo de ETA. Y como su señoría ha hablado de plan de convivencia y pacificación, le diré que no estamos en un proceso de pacificación, no estamos en un proceso de paz; estamos en un proceso de
liquidación del terrorismo, que es distinto. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, su catilinaria habitual. Se la he oído decir muchas veces. Carecen de interés en algo que la ciudadanía vasca añora de forma absolutamente mayoritaria: la pacificación, en relación con la cual ustedes ni tienen política ni
interés ni una actitud proactiva, la normalización y la reconciliación. Esto es lo
que piensa la mayoría vasca, y dentro de esa mayoría vasca buena parte de los militantes que les votan a ustedes e incluso buena parte de los afiliados de su partido en Euskadi. Eso es una añoranza que ustedes menosprecian y subordinan a
espurios intereses electorales.
Ustedes son tributarios, son víctimas de lo que podríamos calificar un miedo simbiótico caracterizado a su vez por tres frentes de preocupación. En primer lugar, la opinión de determinados opinadores de algunos medios de comunicación que en
ocasiones parecen mandar más que la señora Quiroga. En segundo lugar, los movimientos no de las víctimas sino de determinada asociación de víctimas del terrorismo que parecen mandar más que usted incluso. En tercer lugar, los estudios de
mercadotecnia y lo que ustedes consideran estrategias electorales que les reportan réditos electorales, si se me permite la calificación y no es demasiado grosera, bastardos porque contradicen la voluntad de los ciudadanos vascos, que añoran,
necesitan y desean la reconciliación.
Ustedes se han vuelto a colocar en Euskadi con este desaguisado al que me refería en la pregunta en una situación de partido absolutamente prescindible en relación con la pacificación, en relación con la normalización y en relación con la
convivencia; absolutamente prescindible. Yo no sé qué les pasa; si tienen querellas internas, si no hablan entre ustedes, si el Partido Popular en Euskadi pinta algo ante la hegemonía del Partido Popular español... No sé qué les pasa. En todo
caso, si usted no está interesado en la reconciliación, en la normalización y en la convivencia, al margen de ustedes y sin ustedes lo haremos nosotros y lo harán los demás partidos con la compañía de la sociedad vasca.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Le vuelvo a decir, señoría, que por respeto a la Cámara no voy a entrar en discusiones de partido, por tanto, le rogaría que no faltara al respeto ni a mi partido a nivel nacional ni a mi partido en el País Vasco. (Aplausos.-Un señor
diputado: ¡Muy bien!). Usted ha repetido: pacificación, normalización, reconciliación. Se ha olvidado hablar de ETA, que es la que ha generado que en el País Vasco durante décadas hubiera muertos, heridos, gente que no podía vivir sin escolta
las veinticuatro horas del día, etcétera. No lo ha citado para nada, y por supuesto no ha citado a quienes han sido los que han conseguido que esa organización terrorista desapareciera y, por tanto, se pudiera empezar a hablar en serio de
reconciliación y de convivencia, lo cual demuestra también el concepto ético y moral que tiene usted de las cosas, porque han sido los Gobiernos de España y ha sido el Estado democrático y de derecho quienes han derrotado a ETA, pero la vanguardia
de ese Estado la han ocupado los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Guardia Civil y la Policía Nacional han hecho más por la reconciliación, la normalización y la convivencia en el País Vasco que usted y su partido, porque han puesto la
vida de 350 guardias civiles y policías para derrotar a ETA, y sin la derrota de ETA no se podría hablar ni de convivencia ni de reconciliación ni de normalización. Sea un poco justo a la hora de hacer sus análisis.
Si quiere le hablo del Partido Popular del País Vasco y le digo, desde Gregorio Ordóñez hasta el último, cuántos han dado la vida por no comulgar con las ideas de los terroristas. (Rumores). ¿Está claro? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA MERITXELL BATET LAMAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CONSIDERA EL MINISTRO DEL INTERIOR QUE HA FAVORECIDO
DURANTE SU MANDATO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS? (Número de expediente 180/001416).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Isabel Rodríguez García, del Grupo Socialista.
La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, presidente.
Señor ministro, me gustaría que nos hiciera un balance de su mandato y la valoración que hace de si se han respetado los derechos fundamentales y hemos avanzado en libertades públicas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Señoría, a juicio de los ciudadanos españoles; a juicio de la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat; y a juicio de los millones de turistas que nos visitan hemos avanzado en seguridad y por tanto hemos avanzado en libertad. Se
lo digo porque los ciudadanos españoles califican a quienes tienen encomendada la función de velar por nuestros derechos fundamentales y libertades públicas, que son las fuerzas de seguridad, como las dos instituciones más valoradas por los
españoles. Los millones de turistas que nos visitan dicen que una de las razones por las que eligen a España como destino turístico es por su seguridad. La Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, determina que España es el tercer Estado
de la Unión Europea con la tasa más baja de criminalidad o, lo que es lo mismo, con mayor nivel de seguridad. Por tanto, es evidente que no puedo decir más que, gracias a la labor de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en España estamos avanzando
efectivamente en la seguridad y, como somos un Estado democrático, en la libertad y en el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos. Así lo dicen los datos y así opinan los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Señor ministro, hablando de datos, se le ha olvidado hacer mención de un dato sociológico importante, y es que es usted el ministro del Interior peor valorado de la historia de la democracia. (Aplausos). Podría
hablarle hoy aquí de las razones que tiene mi grupo parlamentario para considerar su ley mordaza inconstitucional. Podría hablarle del deterioro que han sufrido la Policía y la Guardia Civil tanto en cuestiones materiales como personales. Podría
hablarle de las presiones y la tensión que hay en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como consecuencia de su arbitrariedad, del uso partidario y de su política de ceses y nombramientos, pero he preferido acercarme a sus palabras, a sus
registros, a ver si así nos entendemos hoy usted y yo.
A lo largo de estos tres años usted ha hecho este tipo de declaraciones: el matrimonio homosexual no garantiza la pervivencia de la especie, el aborto tiene algo que ver con ETA, o el que no quiera devoluciones en caliente que se lleve a
los inmigrantes a su casa. Señor ministro, dice el evangelio según San Mateo que por sus frutos los conoceréis, y estas declaraciones son sus frutos. (Rumores). ¿Qué podríamos pensar de un ministro del Interior que hace este tipo de
declaraciones? Pues que es un ministro retrógrado de un Gobierno autoritario o un ministro autoritario de un Gobierno retrógrado; el árbol y el fruto. ¿Qué les molesta a ustedes? ¿Que la gente se ame en libertad? ¿Les molesta que las mujeres
podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestra maternidad? ¿Les molesta que los seres humanos, por el hecho de ser humanos, tengamos derechos? ¿Les molesta eso? ¿O lo que les molesta es que la gente que piensa esto pueda salir a reunirse y
a manifestarse libremente para comunicar estas ideas diferentes a las suyas? Créame, señor ministro, llego a la conclusión, por sus actos, de que a usted le molestan ambas cosas. Por eso han querido amordazar a la sociedad española, han querido
callarnos con esa ley mordaza, pero le digo una cosa, la sociedad española no se calla y no hay mordaza que pueda parar la fuerza de los votos. El pueblo español hablará en las urnas en unos meses y ahí verá el resultado de su gestión.
(Rumores.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Podría hablar, podría hablar, podría hablar... Me hubiera encantado que hubiera hablado de todas esas cosas que tienen que ver con la Policía y la Guardia Civil. En lugar de reiterar podría hablar, esperaba que lo dijera.
Hoy hace ciento siete días que ha entrado en vigor la nueva Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Les he emplazado en varias ocasiones en las que me han preguntado sobre ella a que me digan un derecho fundamental -solo
uno- o una libertad pública -solo una- que se haya visto afectada o reducida por esa ley. Estoy esperando su respuesta. Ustedes se dedican a poner eslóganes y a hacer titulares de brocha gorda, pero sin ningún contenido. Se lo vuelvo a repetir,
señoría, porque todavía está a tiempo algún colega suyo, ya que a usted se le ha agotado el tiempo. Han transcurrido ciento siete días de vigencia de la ley y le diré que en esos ciento siete días se ha producido una disminución del 27 % de las
retenciones policiales, que ahora están reguladas jurídicamente con absoluta precisión y
adecuación a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la nueva ley. Sí, se han incrementado algunas cosas, por ejemplo, las actas por consumo y tenencia de drogas en la vía pública o por demandar o recibir prestación de servicios
sexuales en las proximidades de centros frecuentados por menores. Eso sí que ha aumentado y aquello sí que se ha reducido, pero no los derechos y las libertades. Por lo demás, señoría, le diré que en España, en esta legislatura, por si no lo sabe,
se han producido 120.000 manifestaciones. No hay ninguna democracia en el mundo en la que se realicen... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON FELIPE JESÚS SICILIA ALFÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿MANTIENE EL MINISTRO DEL INTERIOR, TRAS LAS RECIENTES ACTUACIONES JUDICIALES, QUE SU REUNIÓN CON RODRIGO RATO
ESTUVO JUSTIFICADA? (Número de expediente 180/001417).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro del Interior, que formula el diputado don Felipe Sicilia, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el pasado 14 de agosto decía usted en la Comisión de Interior lo siguiente: Son decenas y decenas de personas las que han pasado por el Ministerio del Interior para tratar cuestiones parecidas o análogas a las que motivaron
la presencia del señor Rato en el Ministerio del Interior.
Ante esto, señor ministro, yo le pregunto: ¿con cuántas personas detenidas por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes se reúne usted en su despacho? (Varios señores diputados: Ahí, ahí). ¿Cuántos imputados por delitos fiscales,
blanqueo y corrupción entre particulares suele usted recibir en el Ministerio del Interior? Señor Fernández, ¿puede usted mantener que su reunión con Rodrigo Rato está justificada tras saberse que los tuits, a los que usted hacía mención y decía
que justificaban esa reunión, no han supuesto ningún tipo de delito y que la Policía ni tan siquiera los ha llevado a la autoridad judicial porque no había indicios de delito alguno? (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sicilia.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente, el pasado 14 de agosto comparecí en la Comisión de Interior. Aquí está el 'Diario de Sesiones'; cuarenta y cuatro páginas explican absolutamente la realidad de lo que allí sucedió. Otra cosa es que a ustedes no les
gustara porque la realidad no se adecuaba a lo que ustedes querían. Prueba de ello es que antes de escucharme presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó sin dilación por considerar que
era nada más y nada menos que una denuncia prospectiva y carente de todo fundamento fáctico. A partir de ahí, sé perfectamente que ustedes lo que quieren es construir un relato que les vaya bien porque están en campaña electoral y yo no voy a
contribuir a eso, señoría. (Aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Ruego silencio, por favor.
Señor Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, quiere usted hacer normal lo que no es normal. Normal es que la Guardia Civil cite a un imputado a declarar. Lo que no es normal es que usted cite a un imputado para verse con él en su despacho. Lo normal, señor ministro,
es que usted se vea con asociaciones de mujeres víctimas de violencia machista para ver qué medios hacen falta, pero no que usted se cite con los maltratadores, ¿verdad, señor ministro? Lo normal es que usted se vea con asociaciones de inmigrantes
para que le expliquen cómo están en nuestro país los CETI, pero no es normal que usted se reúna con aquellos que están llevando a esas personas a través del tráfico ilegal de personas. Lo normal, señor ministro, es que usted se reúna con las
víctimas, pero no con los delincuentes. Y lo que no puede entender nadie, señor ministro, es que los mismos policías y guardias civiles que están investigando vieran cómo el señor Rato pasaba por las puertas hacia su despacho. Su reunión debería
de haber supuesto su cese fulminante, y
si a usted el presidente del Gobierno no le cesó es porque, seguramente, ya no se fiaba de mandar un SMS y confió en usted para tranquilizar al señor Rato. Rodrigo, sé fuerte, hacemos lo que podemos. (Risas.-Un señor diputado: ¡Bien!).
Señor ministro, también el señor Bárcenas, al igual que Rato, fue una autoridad del Estado. También el señor Bárcenas, como el señor Rato, ha recibido amenazas a través de Twitter. También el señor Bárcenas, como el señor Rato, fue del
Partido Popular y también está imputado por corrupción. Si le pide una cita el señor Bárcenas, ¿se la va a dar, señor ministro? (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Señoría, en política no vale todo. No vale todo. (Rumores). Sí, sí, no vale todo. Y no crea que me impresionan sus palabras. Como dije anteriormente, comparecí aquí cuatro horas y media hace ya un tiempo, el 14 de agosto. A lo mejor se
sorprenderían ustedes si les dijera a quién había recibido yo, por ejemplo, no alejado de sus filas, y no por estar imputado por delitos sino habiendo cumplido condena por delitos en la cárcel. (Rumores). Las cuestiones que hacen referencia a
valoración de riesgos y protección de personas le corresponden a la Secretaría de Estado de Seguridad y, por su propia naturaleza y legalmente, están clasificadas como materia reservada. Por tanto, tengo que ser especialmente prudente cuando hablo
de según qué cosas, cosa que usted no lo es, aunque por profesión... (Rumores.-La señora Ramón Utrabo pronuncia palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Señora Ramón, le llamo al orden.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Repito, aunque por profesión debería usted ser más prudente y hablar con más conocimiento de causa de cuestiones que afectan a la seguridad de las personas. (Un señor diputado: Siempre da
el toquecito). Usted habla como diputado y yo me refiero a su profesión. (Un señor diputado: Es diputado). Yo soy ingeniero industrial y soy diputado, ¿está claro? (El señor Trevín Lombán: Y más cosas).
Señor presidente, pido el amparo de la Presidencia porque no puedo hablar así. (Rumores.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ruego silencio. Cuando termine de hablar el ministro hay un momento para exteriorizar sus sentimientos favorables o desfavorables.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Es que no es una pregunta ordinaria. Se han hecho acusaciones gravísimas; que si el ministro del Interior, en lugar de reunirse con las víctimas de los delitos, lo que está haciendo es amparar a los delincuentes, y ha hecho una retahíla de
presuntos delincuentes o de tipificación de conductas delictivas. Es muy grave lo que usted ha dicho y no se lo acepto. La libertad de expresión no le permite a usted hacer esa acusación, aunque sea en el Congreso de los Diputados. ¿Está claro?
(Aplausos.-Rumores.-Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben). A partir de ahí, señoría, me reitero en lo que dije en la comparecencia que, insisto, está recogido aquí en 44 páginas. Esa información se publicó el sábado 8 de
agosto y el viernes 14 de agosto yo estaba compareciendo. El día anterior me denunciaron ante la Fiscalía General del Estado. Ya les contestó la Fiscalía del Tribunal Supremo. Me remito a lo que dije y a lo que les ha dicho la Fiscalía del
Tribunal Supremo en relación con sus... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JUAN LUIS GORDO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ OBJETIVO BUSCA EL GOBIERNO CON LA PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS? (Número de expediente
180/001418).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Fomento. La formula el diputado don Juan Luis Gordo, del Grupo Socialista.
El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, como conoce muy bien, privatización y liberalización van de la mano; también en el caso de los servicios esenciales de Fomento, sobre todo si gobierna el Partido Popular. Su partido y algunos compañeros de Gobierno, como
el exvicepresidente señor Rato, han hecho bandera de las privatizaciones y afirman y creen que vender al capital privado lo que crece al calor de lo público es bueno para la sociedad. Al menos así lo demuestran los hechos, pero para una sociedad
constituida por ellos, por sus amigos y por su círculo de influencia.
Señora ministra, usted ha puesto en manos del capital privado el 49 % de AENA, capital que estaba dispuesta a ampliar hasta el 60 % -no lo hizo porque las expectativas electorales se lo impidieron-, y en estos momentos en los que expira la
legislatura está impulsando con fuerza la liberalización del corredor de Levante como paso previo a la venta de Renfe. Así se lo piden también algunos antiguos compañeros de Gobierno, como el señor Piqué. Señora ministra, ¿qué objetivo persigue
usted con la privatización de los servicios esenciales de Fomento? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Gordo. La ministra que le habla, desde el primero hasta el último día en que tenga responsabilidad de Gobierno, va a defender, como ha hecho siempre, los servicios públicos y los servicios de interés general. Invertir
más de 44.000 millones en mejorar los servicios de transporte, destinar recursos para que hoy haya 800 kilómetros más de carreteras y más de 500 de alta velocidad, y tener hoy, como sabe, obligaciones de servicio público que financia el Estado por
valor de más de 6.500 millones. Como usted sabe, de cada euro que paga el ciudadano cuando saca un billete de tren de cercanías o de media distancia, el Estado pone otro euro. Eso es defender los servicios públicos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Gordo.
El señor GORDO PÉREZ: Pues no lo parece, señora ministra, porque, como sabe muy bien, con la operación de AENA se ha incurrido en un grave despilfarro de lo público. Usted ha regalado 2.700 millones de euros de todos los españoles a
inversores privados, algunos de los cuales, especialmente los inversores internacionales, han obtenido además plusvalías superiores al 60 %. Todo un pelotazo bajo su consentimiento. Y lo mismo ocurre en estos momentos con la liberalización del
corredor de Levante. En estos momentos usted está impulsando este corredor y para que la operación política tenga éxito va a regalar de un 30 a un 40 % del canon, algo que también vamos a pagar todos los españoles.
Señora ministra, usted está siguiendo en el proceso de privatizaciones la senda que marcó el vicepresidente Rato, está siguiendo la misma senda; una senda de... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Gordo. Parece paradójico que usted, que como senador fue quien defendió la Ley de Seguridad Aérea el 9 de febrero de 2011, cuando ustedes -tras un acuerdo con los nacionalistas- pensaban privatizar el 90 % del
Aeropuerto de El Prat y del Aeropuerto de Madrid-Barajas, hoy Adolfo Suárez, dijera -cito textualmente-: El soporte financiero del nuevo modelo -el que era el 90 % de privatización- es un modelo que va a impulsar la eficiencia y la competitividad.
Señoría, ustedes no pueden venir aquí a dar lecciones a nadie, primero porque ustedes dejaron la compañía AENA en la ruina más absoluta, con un déficit de caja de menos 400 millones. Y hay algo que no sabe esta Cámara ni los españoles y es que
habían pedido ustedes un informe a una consultora, que costó 330.000 euros, que entregaron en el mes de diciembre, cuando estaban ustedes en funciones, que decía que la compañía en aquel momento valía menos de 3.000 millones de euros. Señoría, eso
deben saberlo todos y cada uno de los españoles. Los españoles deben saber que hoy, gracias a los cambios que hay en AENA, esa compañía va bien, los aviones llegan a tiempo y con los horarios cumplidos; tienen que saber que hoy la compañía tiene
beneficios, y que hoy a los ciudadanos les cuesta cero euros. Como tienen que saber que está
creciendo el tráfico, del mismo modo que crece el tráfico ferroviario. La línea de Vigo a A Coruña, tan criticada, ha tenido ya 1.470.000 viajeros. Los datos y los números cantan. Menos cuentos, señoría, y más cuentas, que es lo que
ustedes no supieron hacer. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ISABEL LÓPEZ I CHAMOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO TRANQUILIZAR A LOS POSIBLES AFECTADOS POR LA MANIPULACIÓN DE LAS
EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES EN LOS MOTORES DE VOLKSWAGEN? (Número de expediente 180/001405).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Industria, Energía y Turismo. Pregunta, en primer lugar, la diputada doña Isabel López i Chamosa, del Grupo Socialista.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Señor Soria, le doy la bienvenida a este debate y a este Pleno de control, dada su larga ausencia. Le pido que me conteste a la pregunta que hemos tenido que formular al ministro de Economía para garantizarnos que tuviéramos una
contestación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): ¿Señoría, me puede decir usted a lo que se refiere? (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Léalo!).
El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor ministro, no sé si es que usted no sabe leer, porque está en el orden del día. La pregunta es referente al problema de Volkswagen.
Señor ministro, desde que salió a la luz el problema de Volkswagen con los motores diesel, usted no ha dado pie con bola. Primero empezó diciendo que la empresa tendría que devolver las ayudas del Plan PIVE; después se puso a llorar
diciendo que la empresa no se ponía al teléfono, y luego nos sorprende a todos diciendo que las inversiones en España están garantizadas. Usted garantiza que va a haber 3.200 millones de inversión en Seat y 1.000 millones en Volkswagen. ¿Pero cómo
se atreve usted a garantizar las inversiones de una empresa privada? Usted, igual que yo, sabemos que la empresa todavía no ha dicho nada al respecto. Ayer, mientras estaba usted reunido con los sindicatos, casualidades de la vida, la empresa hizo
público un comunicado diciendo que iba a reducir en 1.000 millones la inversión. No sabemos dónde.
Señor ministro, haga caso a los sindicatos y al comité de empresa, ya que ellos entienden el sector del automóvil. Anote sus propuestas, que son propuestas de responsabilidad, para garantizar el futuro de un sector vital para la economía
española. Señor ministro, tome nota de lo que le propuso mi compañero Matías Carnero y haga la carta diciéndole a la empresa cuánto está dispuesto a invertir en innovación y desarrollo. Y, por favor, señor ministro, no diga más que las inversiones
están garantizadas; ayúdenles a mantener las ventas. Por último, señor ministro, ¿me podría decir con qué agencia de viajes viaja usted para ver si consigo precios tan bajos como los suyos? (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias, señoría.
La cuestión por la que usted se interesa saltó el 19 de septiembre como consecuencia de una denuncia que puso la agencia americana de protección medioambiental contra el grupo Volkswagen. El motivo fue porque este grupo, tal como ha
reconocido, a lo largo de los últimos cinco años ha colocado un software en determinados motores de vehículos, concretamente en los conocidos como... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio. Señor Pérez Moya, usted, que es de otro grupo, por favor...
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): ... Euro5 EA 189, en virtud del cual -de ese software- se disminuían las emisiones cuando el coche estaba sometido a bancos de pruebas. (Una señora diputada: Eso ya lo
sabemos).
Primera consideración que quiero hacerles, señorías: no fui yo quien instaló ese software en los vehículos. Segunda consideración: desde el primer momento que tuvimos conocimiento de esa práctica por parte del grupo Volkswagen no ha
habido ni un solo día en que hayamos dejado de estar en contacto con el grupo -bien es cierto que con la dirección central en Alemania-, atendiendo a unos objetivos: preservar la actividad económica comprometida por el grupo en España, preservar el
nivel de inversiones comprometido por el grupo en España y preservar el nivel de empleo en España.
Quiero decirles, para su tranquilidad y también para la mía, que ni en una sola de las ocasiones en que hemos estado reunidos con el grupo en Madrid y en Alemania han puesto la más mínima duda en preservar el nivel de inversiones que tenían
comprometido en España; la última vez el jueves pasado, en la sede del grupo en Alemania. Me lo transmitió directamente el nuevo presidente del grupo, el señor Müller. Eso sí, al mismo tiempo han recordado que tanto las comunidades autónomas
donde están las factorías desde las que se lanzan los nuevos modelos -Navarra y Cataluña- como el propio Gobierno de la nación tienen que hacer frente al cumplimiento de los programas de ayuda a la innovación, y así lo hemos garantizado por carta
que el pasado jueves remití directamente al grupo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿CONSIDERA EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO QUE CUMPLE CON LOS PRINCIPIOS DE BUEN
GOBIERNO? (Número de expediente 180/001419).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Industria, Energía y Turismo, que formula la diputada doña María González Veracruz, del Grupo Socialista.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Gracias, señor presidente.
¿Puede usted afirmar como ministro de Industria, Energía y Turismo que cumple con los principios de buen gobierno de la Ley de Transparencia, en concreto el artículo 26? ¿Puede afirmar que mantiene el principio de imparcialidad,
garantizando criterios independientes y ajenos a todo interés particular, también el del Partido Popular? ¿Puede garantizar que no acepta regalos que superen los usos habituales y que condicionen el desarrollo de sus funciones? ¿O puede garantizar
otro de los puntos que dice que no se valdrá de su posición en la Administración para obtener ventajas personales, señor ministro? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Puedo garantizarle al cien por cien, y si fuera preciso incluso más, que todos y cada uno de los principios que están recogidos en el artículo 26 de la Ley de Transparencia
del año 2013, relativos al buen gobierno, todos y cada uno de ellos, los he cumplido siempre con absoluto escrúpulo, particularmente aquellos a los que usted hace mención y de una manera singular todos aquellos que tienen que ver con la toma de
decisiones, buscando siempre el interés general, nunca el interés privado ni el interés particular. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ha incumplido usted prácticamente todo el artículo 26 de la Ley de Transparencia que su propio Gobierno aprobó. Es usted exactamente el modelo de mal político ante el que la ciudadanía se revela y el Partido Socialista
también. Es usted el modelo de político que en lugar de venir aquí a la sesión de control -es el segundo ministro que menos ha venido a sesión de control, después del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación- a dar la cara usted sabrá en qué
está, y espero que dé explicaciones al respecto. En lugar de dar ejemplo está usted sacando beneficio propio de su posición, y está usted
constantemente con sus medidas políticas beneficiando a unos pocos frente al interés general, y buena prueba de ello es el apagón de las renovables y el impuesto al sol que aprobaron el otro día. Pero entremos en materia, ¿cómo ha podido
usted afirmar eso cuando han aprobado la concesión de seis canales de la TDT a las televisiones, han adjudicado licencias a dos meses, a tan solo setenta y dos días de las elecciones generales? Ya dijo Mariano Rajoy que el problema que tenían era
precisamente el de las televisiones, y usted a última hora intenta resolverlo. Pero le digo que por muchos pactos de silencio que hagan con Bárcenas, por muchos pactos de silencio que hagan con Rato, por mucho que intenten acallar a las
televisiones no lo van a conseguir, porque su problema no son las televisiones, señor Soria, su problema es la corrupción que les tiene hasta aquí, y su mala política, como la que usted está demostrando. Le pregunto: ¿considera usted que cualquier
ciudadano tiene acceso a una suite presidencial con todo incluido, de lujo, por 70 euros o por 140, como dice su resguardo, que no factura? ¿Va usted a presentar la factura por las noticias de eldiario.es que demuestren que lo que usted dice no es
verdad, como nosotros defendemos? ¿Puede usted defender que no le crea ningún conflicto de intereses que su amiguete empresario de Canarias le esté regalando las vacaciones allí, al otro lado del charco, pero también en Canarias en un hotel que
está pendiente de su cierre, y que además tiene que ver con sus competencias como ministro de Industria? ¿Le parece a usted cumplir...? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): El asunto por el que usted se interesa ha sido objeto de una demanda ante los tribunales por defensa al derecho del honor contra el autor de quien lo ha escrito, contra el
director del diario donde ha aparecido, y contra el propio diario, que es lo que creo que cualquier persona -también los responsables políticos, sean del color que sean- tiene que hacer cuando ve que se le ha calumniado, injuriado o se ha ido contra
al derecho a su honor. Le voy a decir que el autor de esa noticia es una persona que ya ha delinquido por un delito reiterado de calumnias e injurias, ¿sabe usted contra quién? Contra mi persona. No le estoy hablando por hablar, le estoy hablando
de una sentencia del año 2005, del Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas de Gran Canarias, confirmada por una sentencia del años 2007 de la Audiencia Provincial contra la misma persona. (Aplausos). Sí, usted se ríe, pero la verdad es que no
me gustaría verla nunca en la posición de que le calumnien y la injurien. Le digo una cosa, usted puede tener ideas políticas muy distintas a las mías, pero no por eso iba yo a proteger nunca a una persona que ha delinquido por calumniarle e
injuriarle, porque eso simplemente, señoría, no se debe permitir.
En el escrito de demanda demuestro que no estuve invitado una semana en el hotel (La señora González Veracruz: Cuatro días), que pagué. Perdone un momento, ni una semana ni cuatro días, y usted lo sigue afirmando cuando he reiterado al
tribunal que eso es totalmente falso. Usted ha demostrado aquí en esta Cámara que se pone del lado de los delincuentes, pero no de los presuntos (Aplausos.-Un señor diputado: Sí.-Protestas), sino de aquellos que están condenados por una sentencia
firme de calumnias e injurias. Dé usted cuentas por eso. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA M.ª OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿POR QUÉ RAZÓN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE HA
ESCOGIDO UN MÉTODO PARA FIJAR EL UMBRAL DE PRECIOS PARA PODER ACCEDER A LAS AYUDAS DIRECTAS POR LA CRISIS DEL SECTOR LÁCTEO QUE EXCLUYE A MÁS DEL 50 % DE LAS EXPLOTACIONES LÁCTEAS DE GALICIA, EL SECTOR QUE PERCIBE LOS PRECIOS DE LA LECHE EN ORIGEN
MÁS BAJOS DEL ESTADO? (Número de expediente 180/001406).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Pregunta la diputada doña Olaia Fernández Davila, del Grupo Mixto.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿cuáles han sido los criterios barajados por su Gobierno para establecer unas ayudas al sector lácteo que dejan fuera al 50 % de los ganaderos gallegos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias, presidente.
Aparte de que su afirmación no es cierta, quiero decirle que todos, absolutamente todos los ganaderos de leche españoles recibirán ayudas para paliar la coyuntura del mercado que viene padeciendo el sector lácteo. Y todos y cada uno de los
ganaderos que más han sufrido la caída de precios además recibirán una ayuda complementaria; la mayoría de ellos son gallegos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, usted dice que lo que nosotros decimos no es cierto, pero no me aclara por qué no es cierto; no me dice cuáles son los criterios que efectivamente ustedes han manejado. Nosotros entendemos que es totalmente inadmisible,
que no se puede comprender que un Gobierno establezca unas ayudas en las que, como en este caso, para que los ganaderos gallegos puedan acceder a las mismas han tenido que vender la leche a menos de 24 céntimos, mientras que ganaderos del resto del
Estado pueden acceder a las mismas cuando la han vendido a menos de 31 céntimos. Eso es una discriminación clarísima a un sector lácteo en Galicia que usted sabe que es fundamental para la supervivencia de nuestro sector agrario. Además, señora
ministra, estas ayudas se establecen dentro de unos acuerdos que ustedes han firmado -y se han felicitado muchísimo por la firma de los mismos- sin que el 50 % del sector, de las organizaciones productoras los hayan firmado, porque no resuelve el
problema del sector lácteo. Además, personas del sector de la industria que sí lo han firmado lo definen incluso como un acuerdo que solo vale para la foto, porque no establece, como reclaman los ganaderos, un precio de referencia de la leche en
origen. Es voluntario, es decir, lo puede llevar a cabo quien quiera voluntariamente, y aquellos que en este momento -es un momento de propaganda- van a llevarlo a cabo, mañana dejarán de hacerlo, y no hay nada que lo impida ni ninguna medida
sancionadora para que se cumplan estas medidas.
Señora ministra, ustedes no han entendido las movilizaciones del sector ganadero en Galicia; no han entendido que cuando tantos miles de ganaderos se movilizan, dejando su tiempo, dejando su trabajo, dejando su dinero, que no producen
durante esos días de movilización, es porque no pueden soportar esta situación de sus explotaciones agrarias que están al límite. Usted sabe que a estas alturas en Galicia hay seiscientas explotaciones menos que a principios de este año...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Gracias, señor presidente.
El Gobierno dará 45 millones de euros adicionales a los ganaderos del sector lácteo: 25,5 de fondos europeos y 20 del presupuesto nacional. Este dinero se suma a los 250 millones que recibirán de la PAC, más de lo que recibieron el año
pasado; 33 millones más. Todas y cada una de las explotaciones de leche de España recibirán apoyo, y más las que más lo necesiten, porque nuestro criterio -dígame si tiene usted uno mejor- es que ninguna explotación cierre por esta situación de
mercado. Todo lo que ha dicho usted sobre los cálculos de las ayudas es absolutamente falso; hay un único umbral para toda España, para todos los ganaderos, de tal manera que el 82 % de la ayuda complementaria irá a explotaciones gallegas.
Señoría, en Galicia todas las explotaciones recibirán el cien por cien de la ayuda de los fondos comunitarios -hasta 50.000 euros-; en cuanto a las explotaciones en situación más complicada la ayuda complementaria será de hasta 10.000 euros. El 83
% de los beneficiarios serán gallegos y recibirán más PAC, porque este Gobierno se preocupa por todos y cada uno de nuestros ganaderos y no va a dejar a nadie fuera del apoyo. La prioridad es evitar el cierre de ninguna explotación.
Le recuerdo, señoría, que en el año 2009 el sector vivió su peor crisis. Cerraron 4.000 explotaciones. Entonces se negociaron menos de la mitad de los fondos comunitarios de ahora y hubo cero presupuesto nacional de apoyo al sector lácteo.
Además hay una amplia batería de medidas. Usted ha ridiculizado un acuerdo importante, pero yo le voy a decir que pedimos la colaboración de todos los agentes de la cadena,
y yo hoy vuelvo a agradecer el esfuerzo de todos los que quisieron contribuir a trabajar con nosotros en apoyo del sector lácteo. Fueron muchos, muchísimos -la mayoría- los que se sumaron a nuestro acuerdo, que va a favorecer a todos los
ganaderos lácteos españoles, al margen de quién haya decidido o no sumarse al trabajo del Gobierno. Señoría, hay que mantenerse siempre dentro de la legalidad. Dedicarse a prometer cosas inviables, dedicarse a prometer cosas que están fuera de
nuestro ordenamiento jurídico, como que un acuerdo voluntario tenga un régimen de sanciones, que según indica la Constitución solo puede ir por ley, no es ayudar al sector. Por tanto le invito a que deje de centrar su tiempo en confundir al
sector... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JOAN COSCUBIELA CONESA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿QUÉ PIENSA HACER EL GOBIERNO ANTE LA DENUNCIA DE FALTA DE CREDIBILIDAD DE
LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2016 FORMULADA POR LA UNIÓN EUROPEA? (Número de expediente 180/001407).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Economía y Competitividad. Pregunta, en primer lugar, el diputado don Joan Coscubiela, de La Izquierda Plural.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, con su jugada de dejar atados y bien atados los presupuestos, nos ha llevado usted a un esperpento total. ¿Por qué no actúan con dignidad y retiran ya estos presupuestos tramposos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela, pero le recuerdo que usted está preguntando al señor De Guindos.
El señor COSCUBIELA CONESA: Perdón, señor presidente. No me había dado cuenta de que el señor Montoro no estaba. Debe haberse escondido en alguno de esos cubiletes.
El señor PRESIDENTE: No, es que su pregunta es para el ministro de Economía y Competitividad, que es el que le va a contestar. (Rumores).
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.
Si no le importa, señor Coscubiela, le contesto yo. En primer lugar, la Comisión Europea lo que ha hecho ha sido adoptar opinión sobre el plan presupuestario para el año próximo. Entre otras cuestiones indica que nuestras previsiones son
viables, pero que hay un riesgo de no cumplimiento del déficit, tanto este año como el próximo. Esto no es algo novedoso, ha ocurrido en otras ocasiones, y el tiempo siempre nos acaba dando la razón. España va a cumplir este año 2015 su objetivo
de déficit público, el 4,2 %; el comportamiento de los ingresos presupuestarios es muy positivo, están creciendo al 7 %, por encima de lo presupuestado. Por otro lado, también tenemos una serie de gastos que se están corrigiendo, desde el punto de
vista de su evolución, y van mejor de lo que habíamos proyectado, tanto en intereses de la deuda como en el tema del desempleo. Nuestra credibilidad está en que somos la economía de la zona euro que más crece entre las grandes, y eso se debe
fundamentalmente a dos factores: en primer lugar, a que somos competitivos, y en segundo lugar, a que hemos recuperado los flujos de crédito. No tenga usted la más mínima duda de que cumpliremos con el objetivo de déficit.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señor De Guindos, no tengo ningún interés en discutir con usted quién tiene menos credibilidad fiscal, quién hace más trampas, si el señor Rajoy, el de la amnistía a defraudadores y evasores fiscales, o el señor Juncker, el de las ayudas a
las multinacionales para no pagar impuestos en Europa. La realidad es otra. Ustedes, año tras año, presentan unos presupuestos tramposos: tienen que presentar cada año ampliaciones de créditos para gastos de defensa. Hacen previsiones ficticias
de ingresos. En los ocho
primeros meses de este año las cotizaciones a la Seguridad Social han aumentado solo el 1,5 %, mientras ustedes previeron el 6,8 %, y eso supone muchos millones de euros menos. Mientras, ustedes están haciendo regalos en forma de tarifas
planas, de exenciones en las cotizaciones, que cuestan a la Seguridad Social 1.000 millones de euros que están pagando los pensionistas. En los ocho primeros meses del año los ingresos tributarios de este país han subido solo un 5 %, mucho menos de
lo que ustedes previeron para el presupuesto de 2015. Mientras, hacen regalos fiscales con intereses electorales por importe de 3.900 millones de euros, que benefician fundamentalmente a las rentas más altas. Y sobre todo aplican ustedes una
política en la que todo su mérito es ajuste en gasto fiscal y asfixia a comunidades autónomas y administraciones locales. Todo su mérito ha sido castigar a los parados. Se han ahorrado ustedes 10.000 millones de euros en prestaciones de desempleo,
mientras mantienen a 3 millones de personas paradas sin ningún tipo de prestación. Solo un 58 % de personas perciben prestación. Hay en este país 470.000 personas dependientes, con derecho reconocido, que no tienen acceso a su derecho y no pueden
acceder a los privilegios del presidente del Gobierno para cuidar a su familia. Esa es la realidad desgraciadamente. Mientras, mantienen ustedes un sistema absolutamente cadavérico. El sistema fiscal español no se aguanta, porque ustedes
continúan apoyando la evasión, la elusión y el fraude fiscal. Comisiones Obreras acaba de denunciar que las empresas del IBEX 35 pagan en impuestos menos de la mitad de lo que distribuyen como dividendos a sus capitalistas. Ese es el resultado de
sus políticas, lo demás es bla-bla y bla nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias.
Señoría, me puede usted criticar bien por la austeridad, bien porque no cumplamos el objetivo de déficit, pero desde luego por las dos cosas al mismo tiempo no nos critique usted; aunque pedirle a usted coherencia es algo especialmente
difícil. Lo que nos ha dicho la Comisión Europea para 2016 es que hay que actualizar el plan presupuestario, que incluya medidas completas y totalmente especificadas para las comunidades autónomas a medida que se vayan produciendo. Además yo le
planteo una cuestión: todas las previsiones que hemos realizado a lo largo de esta legislatura, todas, se han visto superadas continuamente. Por citar un ejemplo simplemente le recuerdo que en el año 2014 el crecimiento de la economía española fue
del 1,4 % cuando la Comisión Europea nos daba el 1,2 %. Pero, señoría, lo realmente importante -y supongo que esto es algo de lo que se alegrará usted, porque creo que es una cuestión fundamental para toda España- es que hace solamente tres años
estábamos en la recesión más profunda de nuestra historia, y hoy España es la economía que más crece. Acabo de venir de la reunión del Fondo Monetario y del G-20 en Lima y allí se ha puesto de manifiesto que en el año 2015 la economía española va a
ser, de las grandes economías del mundo, la que más crece, y en 2016 únicamente nos superará Estados Unidos. Qué diferencia, señor Coscubiela, con lo que teníamos hace tres años. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA PILAR LUCIO CARRASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿CREE EL GOBIERNO QUE FAVORECE LA CREDIBILIDAD DE NUESTRA ECONOMÍA PRESENTAR UNAS PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS CUESTIONADAS POR DIFERENTES INSTITUCIONES Y ORGANISMOS? (Número de expediente 180/001415).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Economía y Competitividad que formula la diputada doña Pilar Lucio, del Grupo Socialista.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.
Señor De Guindos, ¿cree usted que favorece la credibilidad de nuestra economía presentar unas previsiones presupuestarias que han sido cuestionadas por distintas instituciones y organismos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lucio.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señoría.
Hoy, si hay algo que desde luego se reconoce al Gobierno es credibilidad en todos los mercados de capitales. El Fondo Monetario Internacional ha rebajado la previsión de crecimiento de la economía mundial mientras que la ha mantenido para
España en el 3,1 %, y como indicaba anteriormente somos la economía avanzada que más va a crecer en el año 2015. Recuerdo que el Fondo Monetario Internacional nos ha revisado ocho veces al alza las previsiones para España en los dos últimos años,
qué diferencia con lo que ocurría, por ejemplo, en los años 2009, 2010 o 2011. Por otro lado, las agencias de rating en las últimas semanas, tanto Standard & Poor's como DBRS, han mejorado la calificación crediticia de la deuda española. Y ayer
simplemente -hablaba usted de credibilidad- el Tesoro español colocó 4.100 millones de euros en letras a seis y a doce meses, ¿sabe a qué tipos de interés, señoría? Las de doce meses prácticamente a cero y por las de seis meses nos pagaron para
prestarnos dinero. ¡Qué diferencia con lo que teníamos hace solamente unos meses! (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora LUCIO CARRASCO: Menudo espectáculo están dando, señor De Guindos; menudo espectáculo. Basta ya de trampas y basta ya de irresponsabilidades. Han presentado un proyecto de presupuestos tramposo y apresurado, y lo han justificado
diciendo que lo hacían por la estabilidad de la economía española, pero han conseguido justo lo contrario, generar incertidumbre, tanto en los mercados como entre la ciudadanía. Han demostrado ustedes una enorme irresponsabilidad con los españoles
y las españolas, pero también con nuestros socios europeos. ¿Con qué cuerpo va usted a defender en su querido Ecofin las cuentas de Montoro y de Rajoy? ¿Con qué cuerpo lo hará?
Señor De Guindos, han gobernado toda una legislatura con un único objetivo: el objetivo de la reducción del déficit; de espaldas a la ciudadanía, lo que ha supuesto un enorme sufrimiento para muchísima gente y con el único objetivo de
cuadrar las cuentas, y ahora las cuentas no les salen. ¡Vaya por Dios! ¡Vaya infortunio! Han conseguido el descrédito más absoluto, ya nadie se cree que vayan a cumplir con el objetivo del déficit ni que sean los mejores gestores, ya que han dejado
ustedes la deuda disparada. No les cree el FMI por mucho que usted diga, porque no entienden cómo es posible que un país con una tasa de paro que triplica la media de la OCDE vaya a poder cumplir, y por supuesto no le ha creído la Comunidad
Europea. Trataron de culpar a Moscovici por peligroso socialista, pero ahora son los servicios de la Cámara, que son totalmente independientes, los que han dicho que las palabras del comisario eran ciertas. Además, por lo que parece ser, señor De
Guindos, usted también estaba de acuerdo con Moscovici hace tres o cuatro semanas... (Risas por parte del señor ministro de Economía y Competitividad, De Guindos Jurado). Sí, no se ría, estaba usted de acuerdo; han tenido tiempo de rectificar en
el Senado y sin embargo no lo han hecho. ¿Por qué, señor De Guindos? ¿Por qué tanta irresponsabilidad? Ya no les cree nadie, no les cree sobre todo la ciudadanía; tienen ahora mismo la mitad de apoyos que tuvieron cuando ganaron las pasadas
elecciones, pero le diré que este país no merece unos gobernantes como ustedes, y que dentro de poco, el día 20, esto cambiará.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, para falta de credibilidad y para mentiras las presupuestarias del año 2011, cuando ustedes decían que íbamos a un déficit del 6 y finalmente fue del 9: 3 puntos, 30.000 millones de euros. (Aplausos.- Protestas). Por favor,
tengan ustedes un poquito de consideración. ¡Por favor, tengan ustedes un poquito de consideración! (Aplausos). Hoy la economía española crece prácticamente más del doble que la de la media de la Unión. Estamos creciendo a un ritmo anualizado del
3,5 %. Le vuelvo a repetir que en el año 2011 la economía española estaba sumida en una recesión profunda, con una destrucción del producto interior bruto y de renta del 2,5 %, y una destrucción de empleos de casi 700.000 puestos de trabajo, y eso,
señorías, sí que compromete y para mal a un Gobierno. Nadie se creía nuestras cuentas y nadie se creía los balances de los bancos en España. ¿Y a eso le llama usted credibilidad? ¿Esa es la
referencia que usted va a utilizar? ¡Referencias como las actuales! Vuelvo a repetir que miren ustedes a los mercados, los que nos prestaron ayer deuda a seis meses a tipos negativos o a tipo cero. ¡Eso sí que es credibilidad! (Protestas
por parte de la señora Rodríguez Ramos). Seguro que de alguna forma, si se asentara meramente la posibilidad de que ustedes gobernaran, entonces inmediatamente esa expectativa se modificaría porque lo que genera credibilidad, señorías, son las
políticas serias de ajuste fiscal, de reducción del déficit público, y de reformas que están llevando a que la economía española sea la que más crezca de la zona euro.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿ESTÁ GARANTIZADO EL DERECHO DE LOS NIÑOS CASTELLANOHABLANTES A LA
ESCOLARIZACIÓN EN SU LENGUA MATERNA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS BILINGÜES? (Número de expediente 180/001408).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.
Pregunta, en primer lugar, el diputado don Carlos Martínez Gorriarán del Grupo de Unión Progreso y Democracia.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Le pregunto si el Gobierno está haciendo todo lo que tiene que hacer para garantizar que todos los españoles puedan estudiar la lengua común en el conjunto del territorio del Estado, en toda España. Se lo pregunto porque seguro que usted
sabe que, por una parte, la Unesco lleva muchos años promoviendo los programas bilingües en las sociedades bilingües, porque son el modelo escolar óptimo, y sin embargo en España pasan cosas como las que hace muy poco ocurrieron en Balaguer, donde
una familia fue acosada y tuvieron incluso que cambiar de colegio tras ser revelada su identidad por solicitar algo que es legal: la educación bilingüe en Cataluña. ¿Qué piensa el Gobierno de todo esto?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Gracias, señor presidente.
Sí, el Gobierno cree que este derecho, el derecho de los niños castellanohablantes a la escolarización en su lengua materna en las comunidades autónomas bilingües que recogen, tanto la Constitución española como los distintos estatutos de
autonomía, está garantizado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Señor ministro, en ese caso tendrá el Gobierno que dar explicaciones sobre por qué sin embargo algo tan elemental como solicitar una educación bilingüe -querría subrayar lo del bilingüismo, no se solicita que la
educación sea solo en castellano- sea objeto de campañas de acoso, sostenidas además desde las propias instituciones, porque fue el propio centro escolar el que reveló la identidad de la familia, lo cual por cierto es algo bastante grave. De hecho
la Lomce lo que contempla o la solución que ustedes y su Gobierno buscaron para el problema de la educación bilingüe ha sido no decir nada, sobre todo en Cataluña que es donde está particularizado, debido al franquismo educativo que allí se ha
impuesto, con su teoría de la inmersión lingüística, cuyo argumento por cierto es idéntico al de Franco: que eso da cohesión social; lo mismo que Franco decía: todos los españoles tienen que hablar la misma lengua en la escuela; pero dejando
esto de lado la cuestión es que el Gobierno no ha dicho nada, y esa es la prueba palpable -me refiero a los hechos- de que tal derecho no está garantizado. Pero lo grave del asunto no es que esto sea ilegal, que lo es, sino que además lo que ocurre
es que va contra la igualdad de oportunidades y contra la igualdad de derechos. ¿Por qué? Los datos cantan. En Cataluña el fracaso escolar entre los alumnos castellanohablantes, de lengua materna castellana, es de 20 puntos más que entre los
catalanohablantes. Esto evidentemente es la consecuencia de un sistema que provoca la desventaja de
aquellos que tienen, al parecer la desgracia, de ser de familias de lengua materna castellana. En el caso de Cataluña, el 55 % de la población, según datos de la Generalitat. Creo que este derecho no está garantizado y que ustedes no están
haciendo nada para garantizarlo, porque han renunciado a sus funciones constitucionales en Cataluña, lo cual es absolutamente lamentable por lo que le digo, no porque sea una cuestión de poder político, sino porque atenta directamente contra los
derechos básicos de los niños en Cataluña o en cualquier otra comunidad donde ocurriera exactamente lo mismo. Hay que garantizar la educación bilingüe no solo porque esté en la ley, sino porque es un derecho elemental de los ciudadanos. Esta es la
verdadera cuestión; todo lo demás es renunciar a un principio básico de la democracia: la igualdad de oportunidades.
Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Gracias, señor presidente.
Coincido con el señor Martínez Gorriarán en que este es un derecho básico. Está recogido en la Constitución, reconoce el derecho de todos los españoles a la educación, y contiene un mandato a los poderes públicos para que lo garanticen
mediante una programación general de la enseñanza. El Gobierno está firmemente comprometido con la garantía del derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, así como en las demás lenguas de nuestro país, y la Lomce ha llevado a su
texto un conjunto de pronunciamientos desarrollados también por el Tribunal Constitucional. Señoría, en relación con el sistema de las comunidades autónomas en las que coexistan lenguas oficiales, que usted conoce bien -déjeme que lo recuerde-, la
ley establece una serie de límites que tienen dos formas: una, lo que se llaman sistemas integrados, donde se simultanean ambas lenguas para la impartición de la totalidad de las materias, y dos, los sistemas de inmersión, en que la oferta
educativa se realiza segmentándola en dos partes, correspondiendo cada una de ellas a cada lengua cooficial. Por último, lo que ha hecho la Lomce ha sido determinar, en aquellos casos en que una administración educativa incumpliera la obligación
así establecida, la obligación que establecen la Constitución y el Estatuto de Autonomía, que los padres de los alumnos puedan escolarizar a sus hijos en centros que utilicen la lengua de su elección, aunque sean privados, correspondiendo a la
Administración educativa el coste de dicha escolarización. Por tanto, señor Martínez Gorriarán, este Gobierno garantiza la libertad de las familias. Se fija el derecho de elección de los padres dentro de la oferta educativa, tal y como establece
al ley, y déjeme que le diga que, una vez que estos derechos están garantizados, este Gobierno considera que todos debemos poner en valor la gran riqueza cultural que supone para nuestro patrimonio la convivencia de todas nuestras lenguas oficiales.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿ESTÁ CONFORME EL GOBIERNO CON LOS RESULTADOS DE LA POLÍTICA IMPUESTA EN ESTA LEGISLATURA EN EL
ÁMBITO DE SU DEPARTAMENTO? (Número de expediente 180/001412).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, que formula el diputado don Miguel Ángel Heredia, del Grupo Socialista.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿está conforme con el resultado de la política que ha llevado en esta legislatura su departamento?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Heredia.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Señor presidente, señoría, sí, estoy conforme.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: En esta legislatura que ahora termina su Gobierno, señor ministro, ha recortado en 6.800 millones el presupuesto de educación, volviendo a niveles de hace veinticinco años. Han reducido el número de profesores en más
de 30.000, hay 600.000 niños y niñas que ya no cuentan con ayudas para libros de texto, se han cargado las becas de comedor, la única comida caliente para muchos niños en nuestro país, y han impuesto la Lomce, la peor ley de educación y la más
injusta, una ley sin consenso, que tiene a todo el mundo en su contra. Rajoy dijo en campaña que no iba a meter la tijera en educación y mintió, señor ministro. España es el único país de la OCDE que ha subido las matrículas universitarias y ha
bajado las becas, el único que en un momento de dificultad ha eliminado las becas como derecho. El resultado es que las universidades públicas han perdido en los últimos cuatro años más de 77.000 alumnos. Hay menos alumnos y peores condiciones
laborales, porque más de la mitad de los becarios mayores de treinta años trabajan gratis. Esta es la realidad. Esta es su herencia en educación, pero en el ámbito de la cultura no le puedo decir que sea mucho mejor, porque en su afán de castigar
al ámbito cultural subieron el IVA al 21 %, que es el triple de la media europea, y han hundido al sector. Tuvieron que cerrar el 25 % de las empresas, mandaron al paro a miles de trabajadores, y alejaron de la cultura a ese sector de la población
que tiene más dificultades económicas. Señor ministro, han utilizado la crisis para hacer ideología, una ideología muy de derechas. Se han cargado la igualdad de oportunidades, han vuelto a imponer la religión como asignatura evaluable y
obligatoria, y han ajustado cuentas con el mundo de la cultura, y como premio al nefasto Wert lo mandaron de retiro dorado a París, y a usted le hicieron ministro a cambio de no cambiar nada. Ya ve usted, a cambio de que la gente le llame señor
ministro. Esta es su herencia, su injusta y dolorosa herencia, señor ministro. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Heredia.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Heredia. Por fin me he enterado de por qué me han hecho ministro, me lo ha dicho usted. ¡Muchas gracias! No lo sabía, se lo agradezco de veras. Nosotros heredamos una situación enormemente comprometida -la crearon ustedes-
y tuvimos que tomar medidas para solventar la crisis que, repito, crearon ustedes. ¿Qué hemos hecho? Hemos intentado acometer la solución de los principales problemas que presentaba nuestro sistema educativo, que tenía tasas muy altas de abandono
temprano, bajo rendimiento de los estudiantes, pocos titulados en formación profesional y escasa empleabilidad de los graduados. Estamos recuperando los programas de cooperación interterritorial, hemos recuperado ya las tasas de reposición, hemos
tomado medidas para mejorar la movilidad de los profesores y mejorado también las becas. Señor Heredia, las becas siguen siendo un derecho -no diga usted que no-, y en los Presupuestos Generales del Estado que vamos a aprobar la semana que viene
tendrán un récord histórico. Hay también otras medidas que estamos poniendo en marcha, ayer mismo el plan de convivencia escolar o el Libro Blanco de la función docente, porque yo quiero situar a los docentes en el centro de la función educativa.
En cultura también hemos acometido importantes reformas: el cambio del modelo de financiación del cine, la lucha contra la piratería, el fomento de los modelos de mecenazgo. En el deporte -no lo ha citado usted, pero también forma parte de
mis competencias- creo que hemos trabajado bien, hemos trabajado en equipo. Hemos ponderado la importancia que tiene el deporte de la mujer -tenemos buenas campeonas-, hemos mejorado la gobernanza de las federaciones deportivas y hemos conseguido
también grandes avances en el mundo de los disminuidos. Por tanto, señoría, yo estoy satisfecho.
Teníamos una situación enormemente complicada y constato que el arranque del curso escolar -estamos hablando de 8.111.000 niños y niñas- se ha producido con normalidad. Quiero agradecer a las comunidades autónomas que lo hayan hecho así,
porque me parece que dar certeza y seguridad a la gente es importante, tanto a las familias y a los docentes como al mundo universitario. Son 1,5
millones de universitarios los que han reanudado sus clases. Certeza, seguridad, tranquilidad, señoría, ese es el cambio en marcha y espero que continúe en la próxima legislatura.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CONSIDERA QUE AYUDA A LA CONFIANZA EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA
2016 TRAS HABERSE CONFIRMADO QUE NO RESPONDE A UNAS PREVISIONES REALISTAS? (Número de expediente 180/001414).
El señor PRESIDENTE: Finalmente, pregunta, dirigida al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que formula el diputado don Pedro Saura, del Grupo Socialista.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, ¿qué opina sobre el dictamen de la Comisión en relación con los presupuestos para el año que viene?
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Con mucho gusto contesto, como siempre hago en la sesión de control, a la pregunta de su señoría, pero no se atiene al texto; no es esa la pregunta que formulaba el Grupo Socialista y que tengo aquí. La Comisión hace su papel, el que le
corresponde de acuerdo con su responsabilidad, que es velar por el cumplimiento del Tratado de la Unión Europea. El Gobierno de España hace lo mismo: vela por el cumplimiento de los tratados con la Unión Europea y evita que se repitan situaciones
como las de 2011, cuando un Gobierno socialista -del que usted, señor Saura, era un alto cargo- dejó un déficit oculto de 3 puntos del producto interior bruto, una desviación de 3 puntos del producto interior bruto; algo que hoy sencillamente no es
posible hacer en nuestro país. Esas son las advertencias de la Comisión Europea para que, efectivamente, la reducción del déficit público sea la base de nuestro crecimiento económico y sobre todo de la creación de empleo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, vamos a hablar claro. Ustedes querían utilizar el presupuesto para el año que viene en su campaña electoral como programa electoral, pero la Comisión Europea les cogido con el carrito del helado, y no solo la Comisión
Europea sino también todas las instituciones privadas y públicas. El Grupo Socialista dijo en el mes de agosto que la gran trampa del presupuesto para el año que viene es la desviación del déficit de este año y del próximo. ¿Cuál es la
consecuencia? La consecuencia es que el presupuesto para el año que viene es men-ti-ra, que es una cha-pu-za, que es un engaño a todos los españoles. La consecuencia añadida es que si ustedes ganan las elecciones -que no las van a ganar- habrá
recortes sociales adicionales y además una continua privatización de las pensiones, sobre todo las de la gente más humilde.
Señor Montoro, hoy en una entrevista en un medio de comunicación usted dice que su gestión se mide por sus datos. Vamos a hablar de sus datos. La deuda pública ha crecido desde que usted es ministro de Hacienda en 350.000 millones de
euros. Usted dijo en 2012 que la deuda iba a llegar al 82 % en relación con el PIB. Se ha equivocado usted más o menos en 200.000 millones de euros. Esa es una cifra que no gana usted en una tarde, 200.000 millones de euros. Usted no ha cumplido
en ningún momento los objetivos de déficit. Ha dejado un agujero en la Seguridad Social de 20.000 millones de euros. Se ha pulido prácticamente todo el Fondo de reserva de la Seguridad Social. Por donde usted pasa no crece la
hierba. Señor Montoro, ya entiendo porque hoy usted dice en ese medio de comunicación que hay militantes del Partido Popular que se avergüenzan de ser del Partido Popular, por su gestión hacendística. Además, a esa gestión tiene que añadir
que es el ideólogo, el creador de la amnistía fiscal vergonzante que premia a los defraudadores y a altos dirigentes del Partido Popular. Por tanto, los presupuestos para el año que viene son men-ti-ra.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Lo mejor del debate que hemos sostenido usted y yo en esta legislatura ha sido la originalidad de sus contenidos. Cada sesión de control ha aportado un nuevo argumento, un nuevo calificativo. Por eso, ha hecho usted una legislatura, que
antes definía, constructiva y creativa; lo mismo que ha hecho el Grupo Socialista. ¿Qué ha hecho el Grupo Socialista durante toda la legislatura? Poner ruedas al crecimiento económico de España. (Rumores.-La señora López i Chamosa: Para que
corra más).
El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa, la llamo al orden.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Lo que han hecho es obstruir las reformas que ha traído el Gobierno de España. ¿No es cierto, señor Saura, que España está creciendo el doble de la media europea?
¿No es verdad eso? ¿No es cierto que España está creando la mitad del empleo que se crea en la Unión Europea? Eso es lo que necesita España, crear empleo, porque tiene una tasa de paro muy alta e inaceptable. ¿No es verdad eso? Si eso es así, si
hay crecimiento y creación de empleo, es porque se han hecho reformas a las que se han opuesto ustedes. Se han programado Presupuestos Generales del Estado comprometidos con la reducción del déficit público a los ustedes han votado en contra.
Ustedes no han aportado nada en esta legislatura, nada, y ese es el peor reproche que se puede hacer a un grupo que pretende ser alternativa de Gobierno. Por eso, ustedes no son alternativa de Gobierno... (Aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA ACTITUD ENTORPECEDORA DEL GOBIERNO ESPAÑOL HACIA EL EJERCICIO Y DESARROLLO DEL AUTOGOBIERNO VASCO EN MATERIA DE SEGURIDAD. (Número de expediente 172/000336).
El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la actitud entorpecedora del Gobierno español hacia el ejercicio y desarrollo del autogobierno vasco en materia de seguridad. Para la defensa de la
interpelación, tiene la palabra el señor Olabarría. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor ministro, para mi grupo y para mi persona resulta difícil ofrecer una reflexión desapasionada en esta interpelación tras las imputaciones éticas efectuadas a nuestro grupo y a
nuestro partido en la pregunta que realicé anteriormente. Nosotros tenemos la conciencia muy tranquila en el ámbito de la condena y la lucha contra el terrorismo. Tenemos la conciencia muy tranquila también sobre la atención a las víctimas y la
sensibilidad y empatía con las víctimas del terrorismo, así como respecto a las actividades que modestamente estamos desarrollando en pro de la reconciliación y normalización política en Euskadi, una sociedad fracturada por tantos años de dolor. No
aceptamos lecciones de nadie en materia de moral, de ética; y, si me permite decirlo, de usted menos que de nadie tras el argumentario utilizado en la respuesta a mi pregunta.
Dicho esto, vamos a iniciar ya el debate de esta interpelación, señor ministro, indicando que resulta quizá un tanto extemporánea a estas alturas. El argumentario que voy a utilizar va a ser el mismo que el empleado por la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que le priva de razón absolutamente en un requerimiento que pretendía la suspensión cautelar de una convocatoria de doscientas plazas de funcionarios de la Ertzaintza de la
escala básica. Voy a usar los
argumentos del órgano judicial, que no sé cómo va a rebatir usted sin que ello se pueda considerar una suerte de presión indebida a los actos de la Administración de Justicia, a las resoluciones de la Administración de Justicia. Al
requerimiento presentado por usted, por el abogado del Estado, a este preintento de suspensión de la convocatoria de doscientas cincuenta plazas de funcionarios de la Ertzaintza -basado en el principio denominado periculum in mora, es decir peligro
irreversible, si hubiera acometido y se hubiera desarrollado la convocatoria y el acceso a estas plazas de doscientos cincuenta hertzianas-, le privan de la razón en la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia en el
País Vasco en todo lo que ustedes argumentan. Ni existen periculos in mora, ni existe una apariencia de mejor derecho ni requerimientos que ustedes vinculan a la estabilidad presupuestaria, en tanto en cuanto se considera por la Sala de lo
Contencioso-administrativo que estamos hablando no de plazas ordinarias de funcionarios -policiales, en este caso-, sino de plazas estructurales que estén cubiertas o no por personas, por funcionarios policiales, que están dotadas
presupuestariamente. Luego, no hay ninguna afección a la estabilidad presupuestaria, que es el fundamento troncal del requerimiento que usted realiza para conseguir esta suspensión cautelar; suspensión cautelar que se parecía mucho a una
anticipación del fondo.
La suspensión cautelar pretendía ser casi como una resolución o un recurso contra el Fondo de las dotaciones de la Ertzaintza comprometidas por la Junta de Seguridad, en las cuales ustedes tienen la misma representación que el Gobierno
vasco. Es decir, ustedes estaban impugnando un acto propio; por lo menos, la mitad de un acto propio, porque la plantilla de la Ertzaintza está dimensionada por decisiones de la Junta de Seguridad y de la Comisión prevista en el concierto
económico, de la Comisión de Cupo, que es la que presupuesta las dotaciones económicas que sirven para la financiación de la Ertzaintza. Le dicen de todo en la resolución, en el auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo. En primer lugar, la
Dirección Vasca de Policía y Emergencias se dirigió en su día, con fecha 15 de abril de 2015, a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones y no hubo ningún tipo de objeción por parte de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones, que es un organismo que usted conocerá porque es de su propio ministerio; es un órgano que depende jerárquicamente de usted, personal y directamente. En segundo lugar, se acepta que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015,
la Ley 16/2014, establece limitaciones en cuanto a la oferta pública de empleo y también a la dotación de funcionarios para la Administración, desde la perspectiva de los requerimientos de la Ley Orgánica de 2012 de Estabilidad Presupuestaria; pero
estos no pueden afectar a la Ertzaintza, porque el sistema de recluta de ertzainas no se realiza mediante los mecanismos previstos en las ofertas públicas de empleo. La oferta pública de empleo no es un mecanismo para la cobertura de plazas para la
Ertzaintza, sobre todo con plazas que tienen preceptividad o están dotadas ya de preceptividad y presupuestariamente -además están perfiladas desde una perspectiva lingüística-, sino que resulta de aplicación para la cobertura de estas plazas, en
primer lugar, el Estatuto de Autonomía de Gernika, el artículo 17, que hunde sus raíces -dado su carácter foral- en la disposición adicional primera de la propia Constitución que restablece los derechos históricos de Euskadi. La Ertzaintza es una
institución de raíz foral, de profunda naturaleza foral y, por lo tanto, su dimensión debe recogerse en virtud -como le comenta y le afirma la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco- de los acuerdos de
la Comisión Mixta de Cupo, prevista en esta materia por el Real Decreto 3.531/1981, de 29 de diciembre, y por los acuerdos de la Junta de Seguridad, en la que ustedes están presentes, donde se dimensiona cuál debe ser la cuantía de la Ertzaintza.
¿Cómo se ha dimensionado? En 8.000 efectivos, que deben mantenerse de forma estable y permanente. Por eso, las plazas están dotadas de preceptividad. No puede disminuirse esa dotación, porque entonces se incumpliría la obligación, que tiene
establecida o que se encomienda al Gobierno vasco y a la propia Ertzaintza, de mantenimiento de la seguridad ciudadana en Euskadi, de las acciones pertinentes o atinentes a la Policía judicial y de las de protección civil.
La Comisión Mixta de Cupo ya estableció los recursos financieros para el mantenimiento de una plantilla de ertzainas permanente y estable de 8.000 miembros y la Junta de Seguridad también lo hizo así. Por tanto, dice y afirma la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que, justificada la legalidad de la convocatoria objeto de requerimiento, procede continuar con la convocatoria a efectos de convocar las doscientas cincuenta plazas de
nuevo ingreso en la categoría de agente de la escala básica de la Ertzaintza. Hace mención a lo que en su día comentó y ustedes no refutaron, en virtud de resolución administrativa, la directora general de la Academia Vasca de Policía y
Emergencias, con fecha 15 de abril de 2015. Se explica por parte de la Sala de lo Contencioso-administrativo que para fijar el número de plazas objeto de la convocatoria se toman en consideración los criterios
pactados en la Junta de Seguridad, en la que -le recuerdo- ustedes están presentes y dimensionan con los representantes del Gobierno vasco la cuantía de ertzainas que en cada momento deben existir para cumplir las funciones que tiene
atribuida la Policía autonómica vasca. Es una policía integral que tiene unas competencias, salvo las listadas en el Estatuto de Autonomía para los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en la Comisión Mixta de Cupo.
La Sala de lo Contencioso-administrativo sigue diciendo que tales exigencias derivan de la peculiaridad de los mecanismos inherentes a la competencia autonómica vasca sobre la Policía y su financiación; que no interfieren en la finalidad de
contención del gasto; que justifica la medida presupuestaria, puesto que, tal y como se ha argumentado respecto a otros colectivos en otros ejercicios por la Administración estatal -la Sala de lo Contencioso-administrativo se refiere a la
Administración estatal-, dichas plazas vacantes no se pueden suprimir ni amortizar -escúcheme lo que le estoy diciendo, señor ministro, y replíqueme si puede- al tener carácter estructural y encontrarse siempre dotadas presupuestariamente, estén o
no cubiertas por funcionarios. Efectivamente, así acontece en el caso de la plantilla de la Ertzaintza, al estar las dotaciones y su financiación amparadas en los acuerdos de la Junta de Seguridad y de la Comisión Mixta de Cupo.
Le voy a decir una cosa que le va a llamar la atención y que supongo que no conocerá porque, si no, no hubieran intentado suspender la convocatoria de plazas de agentes para la escala básica de la Ertzaintza. Todo ello es en virtud también
de la proposición no de ley 53/2010 presentada en el Parlamento vasco, relativa al incremento de la plantilla de la Ertzaintza en relación con la proposición formulada por el Grupo -no se imagina qué grupo- Popular. Tampoco se imagina por qué
parlamentario del Grupo Popular fue presentada esta iniciativa en el Parlamento vasco; por el señor Carlos María de Urquijo, a la sazón delegado del Gobierno en Euskadi en la actualidad e impulsor de este intento de requerimiento suspensivo de la
convocatoria de las doscientas cincuenta plazas de la Ertzaintza. No solo van contra actos propios vinculados o dimanantes de la Junta de Seguridad -en la que ustedes participan- y de la Comisión Mixta de Cupo -en la que también participan-, sino
contra proposiciones de ley presentadas en el Parlamento vasco por su grupo parlamentario. Llama la atención y la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, un órgano judicial, les reprocha -no nosotros-
esta conducta. Debería tener cuidado con estos temas, usted que tiene tanta proclividad a invocaciones a la ética en el ámbito político y a la ética jurídica.
Luego ni existe periculum in mora, ni existe apariencia de mejor derecho, ni existe nada que no haga referencia a las especialidades que configuraron la creación de la Ertzaintza como cuerpo policial nuevo y democrático. La Ertzaintza se
crea como cuerpo policial en los años ochenta del siglo pasado y se implanta territorialmente de un modo progresivo en muy pocos años, incorporando sucesivas promociones en un lapso temporal muy corto, lo que ha producido una pirámide de edad
totalmente plana. Los funcionarios de la Ertzaintza se encuentran en un rango de edad de quince años, lo que determina que en pocos años asistiremos al envejecimiento de la plantilla, a su jubilación de modo exponencial, lo cual solo podrá evitarse
mediante la planificación de su reemplazo progresivo. Señor ministro, tenga en cuenta este dato cuantitativo, en la década comprendida entre 2014 y 2024 se van a jubilar 3.500 funcionarios de la Ertzaintza, prácticamente la mitad de la plantilla.
Es decir, con requerimientos de suspensión de nuevas convocatorias como el que su Gobierno intentó, como el que usted pretendió, no se podrían cubrir las necesidades que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional atribuye a cualquier estamento u
organización pública, en este caso de naturaleza policial. La cobertura de las necesidades vinculadas a la seguridad de los ciudadanos, a la Policía judicial y a...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Voy acabando.
Señor ministro, también usted está dificultando la actuación de la Ertzaintza impidiendo el acceso a bases de datos internacionales e incumpliendo requerimientos de la Comisión Europea en esta materia. Nos parece indignante -con esto
termino, señora presidenta- que no hayan sido invitadas policías integrales, como los Mossos d´Esquadra y la Ertzaintza, a foros importantes, como el realizado en Barcelona recientemente...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... donde se configuró el Plan de prevención y protección antiterrorista y el Plan estratégico de lucha contra la radicalización violenta. No fueron invitados; la Ertzaintza y los Mossos d´Esquadra se enteraron
de estos planes a través de los medios de comunicación. Además, siguen impidiendo el acceso a Europol, a Interpol y a las bases de datos de las estructuras trasnacionales de carácter policial.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, acabó su tiempo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Si usted no cree en la Ertzaintza...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Este es un tiempo tasado, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Me estoy marchando ya, señora presidenta.
... si usted no cree en la Ertzaintza es mejor que sin perífrasis y sin ningún tipo de eufemismo lo diga en esta tribuna...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... con la claridad que le caracteriza.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señora presidenta.
Señor Olabarría, una cuestión previa antes de entrar en la interpelación. Usted ha aludido, como cuestión previa al debate, al enfrentamiento dialéctico que hemos tenido con ocasión de una pregunta que usted me ha formulado anteriormente.
No he sido yo el que ha traído el debate aquí, ha sido usted; lo ha traído con unas acusaciones gravísimas. Ha acusado nada más y nada menos que al Gobierno y al Partido Popular del País Vasco de no querer la reconciliación, de no querer la
convivencia y de no querer lo que ustedes entienden por normalización. Esa es la realidad. Por tanto, no se queje usted; no tenga la piel tan fina de traer un debate aquí, hacer unas acusaciones gravísimas y después quejarse de que se le responde
con mucha contundencia. Me reitero en lo que he dicho anteriormente y repito que lo he señalado en réplica a unas acusaciones gravísimas por su parte. Señoría, a pesar de todo -quiero que eso le quede muy claro-, yo creo en la Ertzaintza. Me
decía usted que no creo en la Ertzaintza. Yo creo en la Ertzaintza y la respeto como Policía autonómica vasca, absolutamente, sin ninguna reserva; repito, como Policía autonómica vasca. Otra cosa es que a lo mejor usted tiene un concepto de lo
que es Policía integral que no se compadece con lo que dicen las leyes. Desde luego, yo no tengo ese concepto de la Policía integral. Usted tiene un concepto de Policía integral como una policía exclusiva y excluyente, y eso no es lo que dice
nuestro modelo jurídico. Por supuesto, respeto profundamente a la Ertzaintza como Policía integral pero en absoluto excluyente y exclusiva porque las fuerzas de seguridad del Estado tienen sus competencias en el País Vasco, evidentemente, como las
tienen en el resto del territorio nacional. No tiene competencias en materia de seguridad ciudadana, no tiene competencias en materia de seguridad vial pero tiene las otras competencias que tiene el resto del territorio nacional en materia de
investigación, como Policía judicial, etcétera, independientemente de las que tiene con carácter exclusivo la Policía Nacional por un lado y la Guardia Civil por otro. Así de claro, ese es el modelo policial español. Eso sirve para el País Vasco,
como sirve cuando hablamos de los Mossos d´Esquadra como Policía autonómica de Cataluña. Repito, ustedes tienen un concepto de la Policía integral que, por la vía de los hechos consumados, pretenden imponer; lo asimilan a lo que le he comentado,
Policía integral versus Policía exclusiva y excluyente. No, no tiene nada que ver una cosa con otra, son cosas muy distintas. Eso no es no respetar a la Ertzaintza sino respetar el Estado de derecho, el ordenamiento jurídico y los ámbitos
competenciales de cada Policía autonómica.
Por supuesto que respeto, y mucho, a su partido, pero usted ha hecho unas acusaciones muy graves. Sí, le he hablado de ética porque me parece muy grave que cuando está hablando usted de reconciliación, de normalización y de convivencia no
haga ni una sola referencia a quien ha sido durante décadas el terrible causante de que hoy tengamos que estar hablando en el País Vasco de convivencia, de normalización y de reconciliación. Usted sabe perfectamente, porque lo sabe todo el mundo,
que el causante de eso ha sido una organización terrorista. No la ha citado para nada, como tampoco ha citado
para nada a quien ha derrotado a esa organización terrorista, lo que permite, en consecuencia, que ahora se pueda estar hablando de reconciliación y de convivencia.
Sigue con la ética, pero quiero señalar lo que dije el pasado 15 de septiembre en un acto del que me siento legítimamente orgulloso, no por mí sino por lo que fue el acto y por todos los que estuvimos allí, en la prisión de Martutene, en San
Sebastián, en homenaje a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias que prestaban servicio en esa prisión y que fueron asesinados por ETA. Había una representación institucional extraordinaria, que agradecí y agradezco públicamente, de manera
muy especial, de instituciones gobernadas por su partido (el alcalde de San Sebastián, el diputado foral de Guipúzcoa, la presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa, la consejera de Seguridad del Gobierno vasco), de representantes de su
partido, como de otros partidos, etcétera. Me pareció un modelo de convivencia extraordinario, y allí hablé muy claro; no dije nada distinto de lo que digo en el Congreso de los Diputados o en otros ámbitos. Apuesto claramente por la
reconciliación y la convivencia, pero es evidente que no habrá reconciliación ni convivencia si no se asientan sobre la verdad histórica de lo sucedido en el País Vasco. La verdad histórica de lo sucedido en el País Vasco es lo que usted y yo
sabemos perfectamente: que una banda terrorista, mediante la socialización del sufrimiento y el terror, ha intentado imponer su proyecto totalitario y excluyente al conjunto de la sociedad vasca, en particular, y a la sociedad española, en general,
y ha sido operativa y policialmente derrotada. Eso es así, y creo que por lo menos merecen un reconocimiento aquellos que han entregado su vida para que esa organización terrorista fuera derrotada, porque ella es la que había destrozado la
convivencia y había hecho imposible la normalización en la convivencia en el País Vasco. Por eso, le he recordado lo que le he mencionado y vuelvo a decir ahora, han sido 350 los guardias civiles y policías nacionales asesinados por ETA para que
hoy podamos, previamente a la derrota de ETA, hablar de convivencia, de normalización y de reconciliación. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hicieron los aliados fue desnazificar aquella sociedad. Si queremos asentar una
convivencia basada en la verdad histórica, posiblemente tengamos que hacer algo parecido en relación con ETA y sus corifeos en el País Vasco, para que, sobre la verdad histórica de lo sucedido, se pueda construir una convivencia digna de tal nombre
en paz y en libertad.
Señoría, igual que le he dicho eso, le digo que he tenido ocasión de participar en actos importantes en el País Vasco; reconozco públicamente, como lo reconocí en aquel momento, la presencia de importantes dirigentes institucionales de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, empezando por su lehendakari. El presidente del Gobierno puso la primera piedra del edificio del Banco de España en Vitoria, que, como sabe su señoría, va a ser la sede permanente del Centro Memorial de Víctimas
del Terrorismo, y lo hizo muy bien acompañado del lehendakari Urkullu en Vitoria ese día. Coincidió con la tragedia del accidente de Germanwings y eso hizo que el acto se tuviera que precipitar, pero ahí estaba el lehendakari; nos sentimos muy
honrados de que nos acompañara y estuviera presente en ese acto, como en el acto de Martutene, al que le he hecho referencia. Igualmente, el 17 de marzo del pasado año visité a la consejera de Seguridad en la plaza de Vizcaya, de Bilbao, en el
edificio que tiene el Gobierno vasco allí, y le ofrecí, entre otras cosas: donde fuera, donde ella quisiera y en la fecha que quisiera la reunión de una junta de seguridad. Creía que las ponencias técnicas habían avanzado lo suficiente en el
ámbito de la concreción de puntos que serían susceptibles de constituir el orden del día de una junta de seguridad con contenido. Si había desacuerdos, le dije con toda cordialidad -porque las relaciones, aunque usted no se lo crea, señoría, son de
respeto y cordialidad con las instituciones vascas y en particular con el Gobierno vasco y con la Consejería de Seguridad-, se podían hacer constar en acta, porque la Junta de Seguridad no está para escenificar desacuerdos sino para materializar y
formalizar acuerdos. No se ha celebrado Junta de Seguridad porque evidentemente si las dos partes no nos podemos poner de acuerdo no se puede convocar, y el Gobierno vasco -en particular, la consejera de Seguridad- en aquel momento no consideró
oportuno, ni sigue considerándolo, que se reuniera la Junta de Seguridad. A lo mejor si se hubiera reunido la Junta de Seguridad, señoría, no tendríamos hoy aquí este debate.
Soy partidario del diálogo, pero del diálogo desde el ejercicio de las competencias y desde el respeto a la ley, como no puede ser de otra manera. Me ha hablado usted de una cuestión que está ahora sometida en sede judicial, en el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco. Usted es un jurista de reconocido prestigio y aquí no estamos para tener un debate jurídico; se trata de un debate político sobre bases jurídicas, pero un debate político. El debate jurídico lo tendrán en la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco donde está, como su señoría recordaba muy bien, admitido a trámite el recurso que ha interpuesto la Abogacía del Estado en relación con esa convocatoria que
efectuó el Gobierno vasco para incrementar los efectivos de la plantilla de la Ertzaintza,
y me remito a lo que determine la jurisdicción ordinaria. Ojalá hubiéramos podido evitar tener que llegar a ese punto, créame que lo hubiera deseado. Creo sinceramente que en el marco de la Junta de Seguridad hubiéramos podido haber
llegado a un acuerdo, pero permítame que le recuerde cuál es el marco en el que nos movemos -ya que usted ha hecho referencia a él-. Ha dicho la verdad, pero permítame que le diga que no ha dicho toda la verdad, y le voy a dar algún dato más que
complementa la verdad que usted ha dicho y en la medida en que ya es toda la verdad sí podremos hablar de ella en plenitud.
Es verdad que el artículo 17 del Estatuto de Autonomía del País Vasco constituye la Junta de Seguridad, con la misión de coordinar fundamentalmente los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la Policía autonómica. La disposición
adicional cuarta del estatuto determina que en ámbito de la Junta de Seguridad se establece la composición numérica de la Policía autonómica vasca -hasta ahí de acuerdo-. En reunión de la Junta de Seguridad, de 20 de noviembre de 2000, se decidió
un contingente de 7.500 efectivos para la Ertzaintza; en una posterior reunión, de 11 de noviembre de 2004, se acordó una ampliación de 500 efectivos sobre el total anterior, por tanto, la plantilla de la Ertzaintza puede alcanzar el límite máximo
de 8.000 efectivos de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía decidido en el ámbito de la Junta de Seguridad. Hasta ahí es cierto, es verdad y lo ha dicho usted. Pero falta un elemento más porque ese límite máximo de 8.000 es
susceptible de reducirse hasta 7.750, debido a que en esa misma junta, de 11 de noviembre de 2004, se da la posibilidad de amortizar hasta 250 efectivos de la plantilla de la Ertzaintza cuando se cumplan determinados requisitos, entre ellos y de
manera especial -cito el acta de la Junta de Seguridad de 11 de noviembre de 2004-: que se produzca un cambio sustancial en las condiciones de seguridad pública que repercuta en las necesidades de los servicios de protección a personas amenazadas
por la violencia terrorista de ETA. Y el Gobierno vasco, no el presidido por el lehendakari Urkullu pero sí el presidido por el lehendakari Patxi López -a efectos de legitimidad, es la misma- unilateralmente empezó con la reducción de efectivos de
la Ertzaintza. Al comienzo de la legislatura en la que estamos en el ámbito de las Cortes Generales -como sabe su señoría- se empezó con la reducción de protecciones de escolta por parte de la Ertzaintza, por tanto, se estaba cumpliendo ya lo que
determinaba el acuerdo de 11 de noviembre de 2004 de la Junta de Seguridad, en cuanto a la posibilidad de que si se daba esa circunstancia se amortizaran hasta 250 efectivos, de tal manera que la plantilla máxima de la Ertzaintza quedaba establecida
en 7.750.
Por otra parte, sin perjuicio de lo anterior, estamos en ese debate que ahora deberán dirimir los jueces en los tribunales -la Jurisdicción Contencioso-Administrativa- y a eso su señoría y yo nos remitimos a que las normas de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado limitan la oferta de empleo público afectando a todos los empleados públicos, con la excepción en cuanto a tasa de reposición de las policías sean de ámbito estatal o de ámbito autonómico. Además, como señala la
propia ley, se trata de una norma de carácter básico dictada en virtud de la competencia exclusiva del Estado sobre las bases y planificación general de la actividad económica y de coordinación de las comunidades autónomas con la Hacienda estatal.
Luego, en buena lógica hemos de hacer compatible lo dispuesto en la Junta de Seguridad con lo que a estos efectos determina la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Vuelvo a repetir, si se hubiera reunido la Junta de Seguridad por la vía del
diálogo hubiéramos podido llegar a un acuerdo, pero como no ha sido posible convocar la Junta de Seguridad el Gobierno ha interpuesto el correspondiente recurso, que ha sido admitido a trámite por la sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, y a ello nos remitimos.
Como ya no me queda tiempo, señorías, señora presidenta, simplemente quiero decirle que me ha planteado in extremis -en la réplica me referiré a ello- que el Gobierno y el Ministerio del Interior, en particular, tienen bloqueado el acceso a
la Ertzaintza y ha hablado por extensión de los Mossos d'Esquadra a Interpol, Europol, organismos internacionales, etcétera, y le quiero decir lo siguiente. Primero, Interpol es una organización institucional que se relaciona con Estados, con
Estados. Mire usted, Estados Unidos que es un país importante, grande y en el que hay policías federales, tiene una oficina nacional radicada en Washington y luego las policías estatales tienen sus oficiales de enlace. Le pongo un ejemplo para ir
a la mayor, para entendernos. En España existe lo mismo, hay una oficina nacional que radica en el complejo policial de Canillas de la Policía Nacional y, la Ertzaintza, tiene cuatro oficiales de enlace como, permítame que le diga, también lo
tienen los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil, porque la organización de la oficina nacional de Interpol en España, según la estructura orgánica del Ministerio del Interior, le corresponde a la Policía Nacional. Por tanto, le debo decir que la
Constitución establece que las relaciones internacionales son competencia exclusiva del Estado y aquellas organizaciones internacionales como Interpol o Europol se relacionan con los Estados, sin perjuicio de que a nivel interno nos coordinemos de
la manera más oportuna. Le he puesto el ejemplo de Interpol o Europol como le podría hablar de otras instituciones de estas características.
Termino diciendo, señora presidenta, que estamos, como sabe muy bien su señoría, trabajando con la Consejería de Seguridad del Gobierno vasco para llegar a un acuerdo que permita la coordinación adecuada entre la Policía autonómica vasca, la
Ertzaintza, y el Citco, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, de tal manera que se pueda conseguir la mayor eficacia policial en la lucha contra la criminalidad organizada, que por no conocer de fronteras menos debe
conocer de presuntas fronteras interiores que no existen, salvo a efectos competenciales, de tal manera que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil como la Ertzaintza puedan colaborar, cada uno desde el ejercicio de sus competencias, con la
mayor eficacia contra esa criminalidad organizada, sea terrorista o de otras características, que amenaza en estos momentos a toda la sociedad civilizada del mundo.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ya comentaba Pío Baroja que lo más parecido a la ética es la paradoja, y usted ha incurrido en una paradoja difícil de comprender. Ha hecho una invocación a las buenas relaciones que mantiene con el departamento de Seguridad
del Gobierno vasco, sin embargo, recurre la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, anulando la suspensión cautelar, que es lo que ustedes pretendían. Eso no parece indicar
precisamente relaciones afectuosos del abogado del Estado, que me imagino que es el de su ministerio, el de su departamento, el del Gobierno. Usted le ha dicho algo, además contradiciendo no solo actos propios mediante decisiones propias adoptadas
por su Gobierno, por su ministerio, en la Junta de Seguridad y por los representantes del Ministerio de Hacienda, por parte del señor Montoro, en la Comisión Mixta de Cupo. Eso es lo que determina la plantilla de la Ertzaintza: 8.000 efectivos.
Por si fuera poco, don Carlos Urquijo, delegado del Gobierno en Euskadi, presentó una proposición de ley en el Parlamento vasco en el año 2010 pretendiendo lo mismo: el mantenimiento estable de la Ertzaintza en una cifra equivalente a los 8.000
efectivos, que es la cifra de efectivos que garantizan el cumplimiento de las obligaciones que una policía integral debe acometer. En primer lugar, la protección de la seguridad ciudadana; en segundo lugar, las funciones de policía judicial que le
encomienden los órganos judiciales y, en tercer lugar, la protección civil en el ámbito de las situaciones que deben afrontarse con esta peculiar ley, que ustedes acaban de aprobar recientemente, relativa a la seguridad nacional.
Dicho esto, señor ministro, ¿por qué recurre, si quiere mantener buenas relaciones, con el mismo argumentario que le sirvió para que le desestimaran y le privaran de razones la suspensión cautelar? ¿Por qué recurre la decisión de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco? ¿Por qué está empeñado en que la Ertzaintza tenga 250 efectivos menos de los 8.000 que no cubren ni siquiera las bajas vegetativas que cada año se producen en la
Ertzaintza por distintas situaciones: fallecimientos, expedientes disciplinarios, acceso a situaciones administrativas especiales, dimisiones, ceses? Desde esa perspectiva, señor ministro, le agradezco mucho las invocaciones a las buenas
relaciones que realiza pero son pura filfa, son pura retórica -usando una expresión más forense-, lo mismo que las invocaciones que ha hecho a la posibilidad de participación en estructuras internacionales de carácter policial, porque ni siquiera
fue invitada como policía integral.
Habla usted del Estado. El Estado está representado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Que yo sepa, todavía Cataluña forma parte del Estado español y Euskadi sigue formando parte todavía del Estado español -si no es así,
corríjame-. Si forman parte del Estado español, estas policías integrales tienen competencias plenas, salvo las expresamente tasadas por el Estatuto de Autonomía, que son, como usted conoce: la emisión de determinados documentos oficiales, las
políticas relativas a la extranjería, los permisos de armas y algunas más. Salvo esas, todas las demás competencias son de la Ertzaintza o son de los Mossos d'Esquadra. Si son policías integrales y pertenecen al Estado español, deberían estar
presentes en todas las estructuras donde se transmite información, que es la mejor forma de prevenir la actividad terrorista en la actualidad, señor ministro. Usted no permite el acceso a las bases de datos, no permite la participación en foros
importantes, como el del Mediterráneo, celebrado en Barcelona, donde se articuló nada menos que la estrategia europea de lucha contra el terrorismo y el radicalismo, particularmente el yihadista. Se tienen que enterar estas policías integrales que
pertenecen
al Estado español y tienen competencias policiales plenas a través de los medios de comunicación. Esto no permite una invocación a las buenas relaciones.
Usted se ha deparado mucho en la metafísica, en la ética, a lo que es particularmente proclive. Ya le he dicho que en materia de ética no nos puede dar lecciones en ninguno de los ámbitos sobre los que hemos debatido en la mañana de hoy:
ni en materia de atención a las víctimas del terrorismo ni en materia de condena del terrorismo ni en materia de lucha antiterrorista ni en materia de reconciliación, de restauración de la normalidad de una sociedad que ha sufrido durante muchos
años y que está fracturada en estos momentos. Ustedes no juegan a esto. A ustedes no les interesa la reconciliación, la normalización política en Euskadi, porque ustedes juegan, en virtud de estudios de mercadotecnia, a obtener réditos
electorales, manteniendo un discurso anacrónico, como el que usted ha expuesto en el día de hoy. Ha hablado de la verdad absoluta. Saltamos de la metafísica y de la ética a la dogmática, señor ministro. No hay verdades absolutas. Cada cual
tenemos nuestro relato y nuestra visión de las verdades de lo ocurrido y de lo acontecido en los últimos años en Euskadi. Pero eso ocurre no solo entre los partidos políticos, incluso ocurre dentro de su partido político: nos tendría que explicar
por qué ha dimitido en el día de hoy la presidenta del Partido Popular en Euskadi.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señora presidenta.
Señor Olabarría, lo que sí tengo claro es que de deontología, axiología, metafísica no voy a competir con su señoría, porque me gana seguro, como en muchas otras cosas. Téngalo claro. Vuelvo a reiterar que para hablar de reconciliación
tenemos que situarnos en un terreno común, en lo que determina la Ley de reconocimiento y protección integral de víctimas del terrorismo, que fue aprobada por unanimidad de esta Cámara y también del Senado en las postrimerías de la anterior
legislatura y que fue fruto no de un proyecto del Gobierno sino de una proposición de ley de los grupos parlamentarios. Sabe su señoría perfectamente que los principios que informan esa Ley de reconocimiento y protección integral de víctimas del
terrorismo son: memoria, dignidad, justicia y verdad. A esa verdad me refiero, a la verdad histórica de lo sucedido, para que vea que no hablo en términos dogmáticos, teológicos o metafísicos, sino en términos legales. La verdad es uno de los
principios informadores de esa ley, y a esa verdad me remito, como principio informador de la Ley para el reconocimiento y protección de las víctimas. Eso es a lo que aspiramos. Entre otras cosas, el artículo 57 de esa ley, como sabe su señoría,
crea el Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, y determina, por razones obvias y que me parecen muy justificadas, que radique en el País Vasco. A este Gobierno le ha tocado desarrollarlo, y lo está haciendo en plena
coordinación, como no puede ser de otra manera, con las instituciones vascas. Va a estar en la capital del País Vasco, en Vitoria, y van a estar las ciudades vascas, el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Vitoria, etcétera, como van a estar las
víctimas, las fuerzas políticas con especial representación parlamentaria en el Congreso y en el Senado, etcétera.
En consecuencia, estamos haciéndolo -lo sabe su señoría- con voluntad de consenso y yendo de la mano -insisto, yendo de la mano- del Gobierno vasco y de las instituciones vascas, porque creemos que el mismo consenso que sirvió para aplicar
esa ley, que habla de la verdad, en cuanto a las víctimas del terrorismo, debe ser el que informe el desarrollo de esa ley en un caso tan paradigmático como el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que es la clave de bóveda del edificio que
debe servir para construir entre todos el relato de la verdad histórica de lo sucedido durante estos años en el País Vasco. Todo ello por dos razones en mi opinión, señoría, que son opinables evidentemente, pero digo cuáles son las mías: una,
porque solo sobre la verdad histórica se podrá asentar una verdadera convivencia, solo sobre la verdad histórica se podrá asentar una auténtica convivencia, que es lo que deseamos todos, y también una auténtica reconciliación. Pero para que haya
reconciliación y haya convivencia digna de tal nombre, debemos saber qué es lo que ha sucedido; no con afán de venganza, de revancha ni de odio, sino porque solo sobre la verdad histórica se podrán construir los cimientos de un edificio que
garantice que en el seno de la sociedad vasca hay reconciliación y hay convivencia. En segundo lugar, porque solo sobre la verdad histórica podremos evitar que en el futuro otras generaciones también empuñen las armas y las bombas para mediante el
terrorismo intentar imponer sus opiniones o sus ideas al conjunto de la sociedad.
Aunque solo fuera por esas dos razones nos interesa y nos conviene a todos que se imponga el relato de la verdad histórica, de lo sucedido en el País Vasco durante estos años, que ha sido una auténtica patología que ha creado una patología
social que ha dejado heridas abiertas, que ha generado confrontación. ¿Cómo no la va a generar si ha habido centenares de muertos y en el País Vasco la gente no se podía circular por la calle, no se podía vivir si no era con protección, y no se
atrevían a hablar de según qué cosas en público por miedo a si la estaban escuchando y la consecuencia sería un tiro en la nuca? No le voy a explicar esto a su señoría que lo conoce perfectamente. Bien, eso ha pasado; eso ha pasado gracias a
muchas cosas pero, sobre todo, sobre todo, como le dije anteriormente, señoría -es un deber de gratitud reconocerlo-, gracias a que ha habido unas instituciones que son las Fuerzas de Seguridad del Estado que, en vanguardia del Estado democrático de
derecho, han dado la vida para que ETA hoy no exista y podamos hablar de reconciliación y de convivencia, señoría.
Han sido 350 los guardias civiles y los policías nacionales asesinados por ETA para defender nuestra libertad y para que hoy podamos estar hablando precisamente en plenitud de reconciliación, en lo que ustedes entienden de normalización y en
todo caso de convivencia, porque con ETA no había posibilidad de convivencia ni de reconciliación. Eso lo ha omitido usted totalmente en su primera intervención y es lo que ha justificado y justifica que yo, por un deber de responder a la verdad y
de gratitud hacia quien lo ha hecho posible llevando al extremo su sacrificio al dar su vida, como ministro del Interior tengo el deber de reconocerlo y reiterarlo aquí en esta Cámara en estos momentos.
En todo caso, señoría, tenga la certeza de que en el camino de la reconciliación auténtica, en el camino de contribuir en la medida de nuestras responsabilidades cada uno a que podamos conseguir una sociedad vasca reconciliada, con una
convivencia digna de tal nombre en paz y en libertad, no nos va a encontrar enfrentados, nos va a encontrar a su lado. Para eso -repito- tenemos que avanzar en el camino de conseguir que se imponga el relato de la verdad histórica, que está alejado
de las equidistancias que pretenden los que durante esos años de terror decían: Algo habrá hecho, miraban para otro lado o aplaudían. Usted lo sabe perfectamente, señoría. Ese relato no se puede imponer, porque sería tanto como darle la razón,
después de haber sido derrotados, a los etarras y a sus corifeos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro del Interior.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LA OFICIALIDAD DEL CASTELLANO COMO LENGUA COMÚN ESPAÑOLA. (Número de expediente 172/000335).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia sobre la oficialidad del castellano como lengua común española. Para su defensa tiene la palabra la señora
Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, no tengo intención de hablar en nombre de mi grupo de teología, de metafísica ni de verdades absolutas, aunque haya sido muy apasionante el debate anterior. Lo digo con sinceridad, ha sido políticamente
apasionante, y ya me darían ganas de entrar, pero tengo unos minutos para debatir con el Gobierno, con el ministro de Educación en este caso y, por tanto, no voy a hablar de eso. Tampoco voy a hablar de reconciliación, entre otras cosas, porque los
demócratas estamos reconciliados; yo por lo menos estoy absolutamente reconciliada con todos los demócratas al margen de la ideología de cada cual o de las posiciones políticas de cada cual, y con el que no es demócrata no tengo ninguna intención
de reconciliarme, luego tampoco voy a hablar de reconciliación.
Sí quiero hablar de algo que tiene que ver con el debate anterior, que es sustancial para la democracia, porque tiene que ver con la libertad, con la libertad de opción, con la libertad de movimiento, con la libertad de expresión y con la
libertad en el ejercicio de los derechos.
Esta interpelación urgente que mi Grupo UPyD presenta al Gobierno no es una interpelación para ver qué tenemos que hacer o qué debe hacer el Gobierno para que convivan las lenguas, como ha dicho el ministro de Educación contestando antes a
mi compañero Carlos Martínez Gorriarán en la pregunta de control. El ministro de Educación ha hablado de la necesidad de que convivan las lenguas; y nosotros no interpelamos al Gobierno para que convivan las lenguas porque las lenguas no conviven,
señor ministro, conviven los ciudadanos que se expresan en una u otra lengua oficial. De la misma manera que las lenguas no tienen derechos, tampoco tienen que convivir. Hay lenguas que han sido protegidas por las
instituciones y a pesar de todo desaparecen, y entonces se dice que se extinguen; y hay otras lenguas que son perseguidas por las instituciones y desaparecen y son lenguas que han sido extinguidas, perseguidas y las han hecho desaparecer.
Las lenguas no tienen que convivir. Tampoco es una interpelación con la que pretendemos conocer el criterio del Gobierno, con la que se pretenda proteger derechos de ninguna lengua, como decía, porque no los tienen, pero sí se pretende proteger el
derecho efectivo -la palabra efectivo en este caso es importante- de todos los ciudadanos a utilizar las lenguas oficiales, también la lengua común -repito- proteger los derechos de los ciudadanos a elegir y a utilizar las lenguas oficiales, también
la lengua común.
Sí es una interpelación con la que pretendemos conocer lo que piensa hacer el Gobierno para proteger el derecho a educar en cualquiera de las dos lenguas oficiales en cualquier parte de España, también en la lengua común; sí para proteger
el derecho a relacionarse con la Administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales, también en la lengua común. El derecho a no ser discriminado en el acceso a la Función pública que es un derecho de los ciudadanos que debemos proteger
efectivamente.
Señorías y señor ministro, se nos podría decir que esto que estamos planteando es obvio y que está en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico, pero España es un país raro desde algunos puntos de vista, entre otros, porque en
demasiadas ocasiones nos vemos obligados a defender lo obvio desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de la argumentación y también desde el punto de vista de las leyes, a tener que hacer
leyes que refuerzan otras leyes tan importantes en este caso como la Constitución, que no requeriría tener que hacer leyes para que los derechos que la Constitución proclama se hagan efectivos. Pues sí, aquí defender lo obvio resulta que sigue
siendo necesario porque, aunque tengamos una democracia joven que ha producido un avance extraordinario desde el punto de vista de nuestros derechos y de nuestras libertades -venimos de una dictadura y vivimos en una democracia-, a lo largo de los
tiempos como en España no se ha hecho -es el criterio de mi grupo y el mío particular- la suficiente pedagogía democrática -hemos hecho leyes democráticas, hemos aplicado leyes democráticas, pero ha faltado pedagogía democrática-, se ha pervertido
hasta el uso del lenguaje, y la educación tiene mucho que ver con eso. A mi juicio la reconciliación, por ejemplo, es una de esas palabras pervertidas por su mal uso, pero también en la materia que nos ocupa se ha pervertido otra palabra que es
normalización.
Vivo en una parte de España en la que la utilización de la palabra normalización, que la hemos utilizado todos, ha pervertido su verdadero sentido y hemos proclamado en demasiadas ocasiones que queremos vivir en una sociedad normalizada, que
es una barbaridad, porque una sociedad normalizada es lo contrario de una sociedad normal, que es plural y, por tanto, no normalizada en ese sentido, sino normal. Lo hemos pervertido y también lo hemos pervertido desde el punto de vista de la
materia lingüística en relación también con la materia educativa. Por eso en España, en aquellas comunidades que tienen dos lenguas oficiales, es muy común llamar normalización lingüística a excluir la lengua común del espacio público en esas
comunidades autónomas. Se suele llamar normalización lingüística a eso, a excluir la lengua común del espacio público, igual que usted hablaba antes, señor ministro, de lenguas que conviven.
A nuestro juicio, es necesario plantear esta cuestión al Gobierno y hacer este debate porque algunos han convertido la lengua en un instrumento de construcción identitaria, justo lo contrario de lo que debe ser: un instrumento para la
comunicación entre ciudadanos. Proteger el derecho a utilizar cualquiera de las dos es el objetivo de esta interpelación. No se trata de conseguir ni más ni mejores hablantes en ninguna de las lenguas, tampoco en la lengua común, en el castellano.
No, el objetivo no es conseguir ni más ni mejores hablantes, sino garantizar, como vengo insistiendo, el derecho de todos los españoles a la libertad y a la igualdad: libertad de opción, de elegir la lengua en la que se quiere educar a los hijos y
en la que uno se quiere comunicar con la Administración, ya sea la Administración del Estado o cualquiera de las administraciones públicas. Y, por supuesto, elegir la lengua en la que poner los anuncios de tus empresas o negocios privados.
Libertad de opción e igualdad de acceso a los bienes públicos, a la Administración, no solo para la comunicación, sino también para optar a un empleo público. De eso trata, señor ministro, esta interpelación y, sobre eso, tiene mi grupo interés en
conocer la opinión del Gobierno, sobre esas cuestiones que tienen su amparo en el artículo 3 de nuestra Constitución. No obstante, a pesar de que tienen ese amparo -así se ha visto por determinadas sentencias, muchas de ellas del Tribunal
Constitucional-, hace falta un ordenamiento jurídico que desarrolle no solamente el artículo 3 de la Constitución, sino también las sentencias del Tribunal Constitucional, algunas de las cuales voy a citar porque se refieren expresamente a esta
cuestión. Por ejemplo, la sentencia 82/1986 y la 46/1991, que, refiriéndose al artículo 3 de la Constitución, señor ministro, dice así: Cuando el artículo 3 de la Constitución
se refiere al Estado debe entenderse -leo textualmente- el conjunto de los poderes públicos españoles, con inclusión de los autonómicos y locales, con lo que resulta que el castellano es lengua oficial de todos los poderes públicos y en todo
el territorio nacional. Aunque la Constitución no define, sino que da por supuesto que sea una lengua oficial, la regulación que hace de la materia permite afirmar que es oficial una lengua cuando es reconocida por los poderes públicos como medio
normal de comunicación -es importante lo de normal de comunicación- entre el administrado y la Administración. Son dos sentencias del Tribunal Constitucional que, como usted sabe, señor ministro, no se cumplen.
Otra sentencia es la 87/1997. Los estatutos incluyen un mandato dirigido a las correspondientes instituciones autonómicas de Gobierno para que adopten las medidas necesarias en orden a asegurar el conocimiento de ambos idiomas y garantizar
la plena igualdad en lo que se refiere a los derechos y obligaciones lingüísticas de los ciudadanos, así como su uso normal y oficial de las lenguas oficiales. Por último, otra sentencia importante, la 31/2010, sobre el Estatuto de Autonomía de
Cataluña. Afecta por igual a las dos lenguas, a la cooficial y a la común, siendo ambas lenguas -dice la sentencia del Tribunal Constitucional- normales. Lo es el castellano -estoy leyendo textualmente- por y ante las administraciones públicas
catalanas -repito, por y ante las administraciones públicas catalanas-, que, como el poder público en Cataluña, no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales. Son sentencias del Tribunal Constitucional y los ciudadanos que en
este caso viven en Cataluña -también los que viven en otras comunidades autónomas bilingües, que tienen dos lenguas oficiales-, no ven protegidos sus derechos que no pueden ejercer con libertad y en igualdad de condiciones. Por tanto, en nuestro
ordenamiento jurídico falta una norma que con carácter global establezca los principios generales reguladores de la oficialidad del castellano en todas las administraciones públicas españolas, así como su uso social general como lengua común y
propia de la nación.
A nuestro juicio, señorías, señor ministro, es importante destacar esto: que el castellano no es solo la lengua oficial de todas las administraciones públicas de España, sino que es además la lengua nacional común. No solo es la lengua
oficial de todas las administraciones públicas -también de las autonómicas-; es, además, la lengua nacional común propia de todos los españoles, conocida y utilizada normalmente por la totalidad de los habitantes del Estado y por ello mismo es
también la lengua propia en todas sus regiones y nacionalidades históricas, aunque no sea la lengua originaria en todas ellas.
Señor ministro, estas son las preocupaciones que tiene este grupo parlamentario basadas en el conocimiento y reconocimiento de que no todos los españoles tienen garantizado su derecho efectivo a la libertad y a la igualdad; a la libertad de
opción y a la igualdad de acceso. Por ello presentamos esta interpelación urgente, para saber cuál es el criterio del Gobierno al respecto.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.
Señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Gracias, señora presidenta, señorías.
Señora Díez, el derecho de los ciudadanos a hablar el idioma que elijan, entre ellos el español -y utilizaré español o castellano de forma indistinta, como hace usted en su interpelación- debe estar garantizado, y en España está garantizado.
Además, si hay un Gobierno que se ha preocupado por los derechos de las personas por encima de otras cuestiones ese es el Gobierno del Partido Popular. Y si hay un Gobierno especialmente empeñado en que los ciudadanos españoles sean libres y
ejerzan esa libertad de manera efectiva, este es el Gobierno del Partido Popular, señoría. Por ello quiero empezar diciéndole que comparto muchas de las reflexiones que usted plantea en su interpelación, y también muchas de las respuestas que usted
da a las mismas preguntas que interpela.
Es una coincidencia muy favorable que esta interpelación tenga lugar pocos días después de haber celebrado y festejado la Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre, que fue una ocasión muy positiva para poner de relieve lo mucho que nos
une. Permítame decirle que en el caso del departamento cuyas competencias tengo fue precisamente una muy buena idea abrir los museos, que recibieron ese día una afluencia extraordinaria de visitantes. Me parece que unir Fiesta Nacional con la
cultura fue una buena idea y espero que sigamos haciéndolo en los años venideros.
Decía usted que España es un país raro. Yo creo que todos los países son raros en el sentido de que todos tienen conflictos que deben resolver y también dudas competenciales, y más en un país federal o autonómico como es nuestro caso. No
creo que seamos un país raro, señoría; somos un país como el
resto de los países de nuestro entorno, que resuelven sus diferencias democrática y políticamente, y cuando no hay acuerdo lo tienen que llevar a una instancia jurisdiccional. No creo que España sea un país distinto de los países de su
entorno, pero sí es cierto que el Gobierno tiene una obligación: garantizar la libertad de las personas para que hablen la lengua que ellos quieran y ellos elijan, y no solamente eso, sino que el Gobierno también tiene la responsabilidad de
gestionar estratégicamente el capital cultural y simbólico que supone el español, que, como decía un antiguo presidente del Senado durante la transición democrática para quien quiero tener un recuerdo, don Antonio Fontán, es nuestro principal
recurso natural, nuestra mayor fuente de riqueza, obra de la historia. Esta obra de la historia de España incluye el rico patrimonio de otras lenguas españolas que también se garantizan y promocionan por parte de los poderes públicos y que nos
ofrecen la pluralidad que ha sido clave en el éxito de España como modelo de convivencia abierto, diverso e integrador. Siento como propias las crónicas de Josep Pla, los versos de Rosalía de Castro o de Xabier de Lizardi, que se constituyen en
parte fundamental de nuestro patrimonio, de nuestra historia y de nuestra cultura con toda normalidad.
Las distintas lenguas que conviven en España no deberían ser motivo de disputa ni arma arrojadiza, sino motivo de orgullo y riqueza y, al igual que el resto de nuestro patrimonio, deben cuidarse y preservarse para las generaciones futuras.
Nuestra Constitución establece ya el marco legal básico que garantiza su oficialidad y los derechos que tienen los ciudadanos para usar el español como lengua en su relación con las administraciones públicas y con las administraciones de justicia o
como lengua vehicular en su educación. He dicho antes que si algo caracteriza a este Gobierno es la defensa y la garantía de que la Constitución se cumple. Así, cuando lo hemos considerado conveniente porque podía existir algún conflicto
-conflictos que, por otro lado, existen en todos los países de nuestro entorno-, hemos introducido normas para regular su uso, como es el caso de una competencia del departamento que dirijo a la que me he referido antes en la pregunta que me hacía
el diputado de su grupo, el señor Martínez Gorriarán. La introducción en la Lomce de una disposición para garantizar el derecho de los padres a la libre elección en la educación de sus hijos responde a ello.
Señoría, ha dicho usted una cosa con la que estoy de acuerdo: son las personas los titulares de derechos y obligaciones. Eso es así y creo en ello desde hace mucho tiempo. Recuerdo que ya coincidimos en el Parlamento Europeo con el
informe del señor Napolitano -que luego fue presidente de la República Italiana- en el que pusimos énfasis en que los derechos son de las personas individuales, de aquellos que tienen ojos y cara, y no de los entes colectivos. Pues bien, el
Gobierno salvaguarda los derechos que pertenecen a los ciudadanos, como el derecho a comunicarse en castellano o español en cualquier ámbito o el derecho de aquellos habitantes de los territorios con otra lengua cooficial a poder usar la que elijan
en total libertad sin que nadie deba imponerles el uso de una o de otra. Eso sí, es responsabilidad de todos seguir trabajando desde el compromiso para garantizar el ejercicio efectivo de esta libertad y para asegurar que los ciudadanos van a poder
ejercer sus derechos lingüísticos. El mandato que contiene la Constitución española sobre el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo me parece claro y terminante. También los diferentes estatutos de autonomía de las comunidades
autónomas con lengua cooficial, que afirman el derecho de no discriminación por razones lingüísticas, reconocen el derecho a conocer y usar tanto el castellano como la lengua cooficial y establecen que los poderes públicos garantizarán el uso normal
y oficial de ambos idiomas. Eso es así y no puede ser de otra manera, porque las comunidades autónomas también son Estado y porque los estatutos de autonomía de los que derivan muchas de sus competencias constituyen leyes orgánicas del Estado. Por
tanto, insisto en que, como establece la Constitución, la riqueza de las diferentes modalidades lingüísticas en España es un patrimonio cultural que debe ser objeto de especial respeto y protección. Creo firmemente que el bilingüismo constituye un
factor de enriquecimiento personal y debemos asegurar que los ciudadanos dominen con el mayor nivel tanto el castellano como, en su caso, la lengua oficial de su comunidad autónoma.
Señorías, este Gobierno piensa en positivo en la contribución de todos a la salvaguardia de nuestro patrimonio cultural común y a su proyección internacional que, a su vez, hace más libres a los ciudadanos españoles y a quienes conocen el
idioma español. Por este motivo, y salvando cuestiones puntuales de posible conflicto -que las hay- o dificultades de algunos ciudadanos para ejercer sus derechos -que las hay y que buscamos manera de solventar cuando se producen-, las acciones de
este Gobierno en materia lingüística han estado siempre -lo recalco, siempre- encaminadas a construir todos juntos sobre esta rica realidad. Durante esta legislatura el Partido Popular ha llevado a cabo programas para prestigiar los patrones
culturales de calidad institucional y democrática de la lengua española en los numerosos países en los que se habla. Hemos trabajado -y esto es importante- por revertir la debilidad
que aún tiene el español como lengua efectiva de comunicación científica y nos hemos esforzado por aumentar su estatus de lengua de comunicación internacional en foros y organismos multilaterales. Por supuesto, señoría, hemos fomentado
también la industria editorial y la lectura como principal vehículo de nuestra lengua común. El Instituto Cervantes nos dice que hay 550 millones de personas en el mundo que son castellanohablantes y que el español es la segunda lengua de
comunicación internacional. Señorías, señora presidenta, hay muchas formas de facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos lingüísticos y de otro tipo. Creo, sinceramente, que la garantía de poder elegir hablar en la segunda lengua de
comunicación más importante del mundo es una autopista hacia el ejercicio de una amplísima gama de derechos en un mundo globalizado. El castellano es un idioma vivo y aquellos que gozamos del privilegio que supone el legado de esta gran lengua
tenemos la obligación de protegerlo, el deber de fomentarlo y, por supuesto, el innegable derecho a usarlo.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señor ministro, por empezar por lo que usted ha dicho al final sobre que el castellano es una lengua viva, le diré que el castellano no necesita ser protegido ni a nivel nacional ni a nivel internacional en los
foros internacionales. No es el objeto de esta interpelación proteger el castellano. Primero, no es el objeto de la interpelación y, además, es que no necesita ser protegido. Es la segunda lengua en Internet. O sea, el español no necesita que le
protejan. Los que necesitan protección son los ciudadanos que exigen poder comunicarse con la Administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales, que exigen educarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales; los comerciantes que quieren
poner sus rótulos en cualquiera de las dos lenguas oficiales y que no les pongan multa. ¡Que no hay que proteger al castellano ni al español! ¡Que no! Lo que hay que proteger son los derechos efectivos de los ciudadanos. Usted nos ha hablado de lo
ideal; de que debe estar garantizado. Claro, ¡pero no lo está! El derecho de esas personas debe estar garantizado. Ese mundo ideal que usted ha descrito, si existiera, no harían falta políticos. La política se ocupa de lo real, no de lo ideal, y
por eso estamos hablando de esta cuestión, para ocuparnos de lo real, no de lo ideal. Insisto, si no, no haría falta que estuviéramos aquí.
Dice usted que la Constitución se cumple. Acaban ustedes de plantear una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional porque no se cumplía en otras materias. Hace falta que el Estado actúe, a veces con leyes propias para
proteger, efectivamente, el derecho, el ejercicio de los derechos de los ciudadanos de forma efectiva. Le citaba antes algunas sentencias. Le voy a citar alguna otra para ver si se da cuenta de qué es de lo que estoy hablando y de lo que quiero
decir. Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, también en relación con el Estatuto de Cataluña cuando habla de la lengua de ámbito autonómico y de la lengua común, que deben ser también los particulares quienes puedan ejercer ese derecho, el
del uso de la lengua común, dice la sentencia: Deben poder ejercer ese derecho sin formalismos ni condiciones que redunden para ellos en una carga u obligación que se constituya en la posición de sujeto activo en sus relaciones con la
Administración pública; es decir -dice el Constitucional-, sin necesidad de que quienes prefieran que su lengua de comunicación sea el castellano hayan de pedirlo expresamente, bastando para ello con que manifiesten esa voluntad con la simple
redacción de sus escritos en castellano.
Ministro, ¿es eso lo que pasa en Cataluña? ¿A que no? ¿A que no es esto que dice el Constitucional que debe pasar lo que pasa en Cataluña? Lo que les pasa a las personas individuales que ejercen un derecho, una opción es que tienen que
reclamar en vez de simplemente manifestar en qué lengua quieren ser atendidas redactando su escrito en una o en otra; se incumple de facto la sentencia del Constitucional. La misma sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010: El derecho de
opción o disponibilidad lingüística proclamado por determinados estatutos de autonomía y legislaciones de comunidades con lenguas propias, derivado del derecho de las personas a no sufrir discriminación por razones lingüísticas para su ejercicio
ante las instituciones públicas cuya disciplina corresponda al Estado, requiere la intervención inexcusable y excluyente del legislador estatal.
El Tribunal Constitucional dice que hace falta una intervención del legislador estatal para reforzar y hacer efectivos los derechos de los ciudadanos que están siendo vulnerados. De esto es de lo que estoy hablando; de esto es sobre lo que
le interpela mi grupo al Gobierno: de qué hacer para proteger de forma efectiva los derechos de los ciudadanos. No para proteger las lenguas oficiales o cooficiales en las
comunidades autónomas ni la lengua común, que, como le he explicado antes, no necesita que la defiendan ni en foros nacionales ni en foros internacionales.
Sí, ministro, este es un país raro en el sentido de singular. Lo es, porque entre las democracias que conozco solo en España hay que defender lo que nos une; en este caso la lengua común, el derecho de todos los españoles a utilizarla.
Solo en España hay que defender lo que nos une, como tenemos que defender demasiadas veces los símbolos comunes, que son los símbolos de nuestra democracia. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Como decía antes, la lengua común no solo es
la lengua de todos los españoles, sino que vertebra nuestro país y los derechos de todos los españoles. Defender lo que nos une sí es una singularidad de una democracia, y en España todavía hace falta salir a defender lo que nos une, en esta
tribuna y también en la calle.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Gracias, señor presidente.
Señora Díez, he entendido perfectamente a qué se refería en su interpelación y creo haber contestado a ello. Claro que se trata de los derechos individuales de las personas, e insisto en que creo que la Constitución y los estatutos de
autonomía los reconocen y los garantizan. Le he dicho que aquí y en todas partes existen casos concretos donde se puede producir una vulneración de esos derechos, pero para eso están los tribunales. Nos encontramos en un Estado de derecho, es
decir, un Estado en el que cuando alguien cree lesionado un derecho acude a un tribunal para que se le restituya. Cuando el Tribunal Constitucional, supremo garante de la Constitución española y de su interpretación, estima que hay que regular
algo, lo dice. Usted ha puesto un ejemplo que revela la actuación del Gobierno. Hemos modificado la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional precisamente para dotarle de determinadas competencias. Asimismo, hemos modificado una ley educativa, a
través de la Lomce, precisamente para que cuando se produzcan casos en los que no se cumple con una obligación establecida por la Constitución exista una posibilidad de solventar dichos casos. Eso es así. ¿Que hay casos concretos -que puede
haberlos- aquí y en todas partes? Claro que sí, pero para eso están los tribunales: para resolverlos.
Señora Díez, con la simpatía que le tengo le digo que no tiene el monopolio ni de la unidad de España ni de la defensa de la integridad. Aquí todos defendemos estos aspectos, porque todos creemos en la unidad de España, porque todos
queremos a nuestro país y porque queremos que avance y sobre todo que las personas -los seres humanos- tengan derechos y libertades y puedan gozarlos en su plenitud. Eso es a lo que aspiramos todos. No solamente usted, sino todos los diputados que
se sientan en esta Cámara.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR TARDÀ), SOBRE PERSPECTIVAS DEL GOBIERNO ESPAÑOL ACERCA DEL FUTURO DE CATALUÑA. (Número de expediente 172/000334).
El señor PRESIDENTE: Interpelación del señor Tardà, del Grupo Mixto, sobre perspectivas del Gobierno español acerca del futuro de Cataluña. Tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, no hay vuelta atrás. En las pasadas elecciones catalanas los partidos independentistas hemos obtenido una clara mayoría absoluta que nos legitima para avanzar en nuestra hoja de ruta hacia la independencia. Por
cierto, ha habido interpretaciones absolutamente distintas de la prensa internacional y de la prensa española publicada en Madrid. Junts pel Sí más la CUP han alcanzado el 47,74 % de los votos y los partidos unionistas el 39,17 %, y hay un 12,7 %
de sufragios que pertenecen a los ciudadanos que están por el derecho a decidir pero que no han optado todavía por la independencia sí o la independencia no. El gobierno que se conformará -porque se va a conformar un gobierno, aun cuando ustedes
deseen con todo su fervor que esto no ocurra- tendrá un mandato democrático -repito, un mandato democrático- y, como no puede ser de otra manera, este gobierno estará obligado a cumplir
aquello que le ha mandado la ciudadanía. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un gobierno que hará una declaración urbi et orbi de inicio del proceso de la independencia. Les hablo de un proceso constituyente y, dentro de dieciocho
meses, de unas elecciones de carácter constituyente que permitirán tener un parlamento que apruebe una constitución que luego deberá ser refrendada por la ciudadanía, puesto que es evidente que existe una condición sine qua non para poder proclamar
la república, que no es otra que la celebración de un referéndum de ratificación de la constitución. Como decía, será un mandato democrático, razón por la cual no hay vuelta atrás. Siempre y cuando exista una mayoría de ciudadanos y de ciudadanas
que lo quieran, lo conseguiremos. Como digo, si existe una mayoría de ciudadanos, si no, es evidente que usted y yo, como demócratas, nunca podríamos aceptar otra ecuación.
Tenemos un objetivo, que es construir un país más justo socialmente, más democrático, más solidario, razón por la cual queremos ser soberanos, queremos gestionar nuestro presente y nuestro futuro, y de ello deberían ser conscientes los
ciudadanos españoles porque nada se hace contra ellos ni contra España, todo se hace a favor de nuestros intereses, de los intereses legítimos de los ciudadanos de Cataluña, sean o no sean independentistas. Usted sabe -y no lo puede negar- que el
soberanismo catalán es popular, cívico, pacífico e integrador, y nadie puede achacar a Cataluña violencias, ni ahora ni durante el franquismo. Estas son nuestras tarjetas de presentación, democracia y urnas. Luego creo que ustedes deberían
corregir, deberían asumir que su cerrazón no lleva a nada, puesto que si su actitud tuviera éxito, estos éxitos ustedes ya los hubieran tenido que cosechar, y he iniciado la intervención diciendo que existe una mayoría democrática en el Parlamento
de Cataluña independentista. Debería usted corregir su metodología, porque no hay frutos. Serían sus frutos si hubieran ganado las elecciones o si la suma de los tres partidos que no están por la independencia hubiera ganado. Y usted diría:
Vamos por buen camino y se ha demostrado el 27 de septiembre, pero no ha sido así. Resulta que hay una mayoría de ciudadanos catalanes que no piensan de la forma que usted lo hace. Las cosas son como son. No valen las amenazas, creo que sería
tratar al pueblo de Cataluña de infantil. Ya sé que nos han ridiculizado. Hemos pasado por la fase de la ignorancia -como decía Gandhi-, hemos transcurrido por la fase de intentar ridiculizarnos, ahora ya estamos en la tercera fase, la previa a
ganar, que es la represión. Ya estamos en esta fase, lo que quiere decir que vamos avanzando. Aun así, no nos harán descarrilar. Siempre hemos dicho como axioma que lo haremos a la catalana, pacífica, cívica y democráticamente.
¿Usted se imagina cómo se hubiera comportado la señora Merkel si en Baviera se hubieran celebrado cinco manifestaciones en las que hubieran participado centenares de miles de ciudadanos bávaros? Estoy seguro de que la señora Merkel, que
posiblemente no estaría por la independencia de Baviera, se habría sentado con los representantes políticos de Baviera y habrían hablado, de la misma manera que la derecha británica, aun cuando el Scottish National Party solo sacó -digo solo sacó-
el 43 % de votos en las elecciones, se hizo merecedor de la entrevista y las negociaciones con el señor Cameron a fin y efecto de pactar un referéndum, y este referéndum, al cabo de dos años, en 2014, se celebró. ¿Por qué la señora Merkel tendría
que haber actuado de forma distinta que el señor Cameron? Son demócratas y además vienen de lejos, porque en Alemania en los años cuarenta y cincuenta hubo un proceso de desnazificación, incluso de desprusianización, cosa muy distinta a lo que pasó
en el Estado español. Todavía hay políticos de la derecha que no han renegado del franquismo y por supuesto todavía existe una cosmovisión en muchas personas representantes de la derecha y en parte de la izquierda de que España es Castilla o
Castilla es España. Así pues, esta cosmovisión actúa en contra de la modernidad que les sería exigible a ustedes para encarar un problema político que se resolverá. Por supuesto que se resolverá, a no ser que ustedes opten por poner la cuarta
marcha, la quinta y al final la sexta, pero entonces estarían absolutamente locos políticamente; sería su muerte y la de la democracia en España, cosa que los ciudadanos de España no les van a permitir. La ciudadanía española no les va a permitir
soluciones que vayan más allá de la democracia y, si se limitan solamente a los canales democráticos, ganarán si existe una mayoría y, si no existe, ustedes no ganarán, a no ser, repito, que se atrevan a ir por caminos de locura; por cierto,
caminos de locura que ustedes no reniegan de manera absoluta, porque lo que está ocurriendo ahora, elegir el 15 de octubre, aniversario del asesinato por parte del Ejército español -repito, asesinato por parte del Ejército español- del presidente de
Cataluña, Lluís Companys, para llevar ante los tribunales al presidente de mi país, no tiene parangón en ninguna democracia. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). ¿Qué dice usted? Dígalo a la cara.
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, no establezca diálogo con los diputados.
El señor TARDÀ I COMA: No, le pido que lo diga a la cara.
El señor PRESIDENTE: Les ruego silencio. Está hablando el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Digo que no tiene parangón en ninguna democracia que quieran humillar. Pero, ¿cómo se atreven ustedes a esperar ganar políticamente si han optado no solamente por la represión, sino también por la humillación? Así
no van a ganar, pero van a generar sufrimiento, desazón, y los ciudadanos de Cataluña, sean o no independentistas, no nos lo merecemos, como tampoco se lo merece la ciudadanía española.
Le voy a interpelar a través de una pregunta. ¿Están dispuestos ustedes a corregir, a asumir que hay una voluntad en el pueblo de Cataluña que se ha demostrado en los últimos años? Porque este diputado que le habla también hizo una apuesta
federal en el año 2004 y dimos la investidura a Rodríguez Zapatero entendiendo que era importante ir hacia una modernización del Estado porque esta modernización conllevaría inevitablemente un Estado federal. Lo hemos probado todos, lo ha probado
el nacionalismo catalán históricamente, antes el regionalismo, lo hemos probado los republicanos pero resulta que es imposible. Y esto no es un discurso académico, está respaldado por centenares de miles de personas que se han movilizado y que
además han votado independencia. Luego pregunto: ¿Están dispuestos ustedes a sentarse y a negociar la secesión de Cataluña, sí o no?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, finalizaba el señor Tardà su interpelación preguntando si el Gobierno está por negociar la secesión de Cataluña. La respuesta es que
no, en modo alguno. Además, eso sería romper la Constitución, sería deslegitimar que usted pueda estar realizando desde la tribuna la interpelación que acaba de hacer esta mañana. Eso sería deslegitimar la posición que ocupo en este momento
representando al Gobierno de España, al Gobierno de todos los ciudadanos de España, al Gobierno de los catalanes también, que son ciudadanos de España. Por tanto, con toda claridad y con toda contundencia le digo que no, que no vamos a negociar
nunca la secesión de Cataluña. No vamos a negociar. Y usted, como miembro de un grupo político independentista, por supuesto puede reclamarla y apelar a ella, pero no puede olvidar que su apelación solo encaja con una modificación de la ley, con
una modificación de la Constitución española; con una modificación de la misma ley, de la misma Constitución que nos ha hecho llegar a este año 2015 siendo una España integrada en Europa, un miembro fiel de ese proceso de integración europea, donde
los principales líderes europeos -la señora Merkel y el señor Hollande- han hablado con toda claridad sobre cómo entienden España, y la entienden unida, fuerte e integrada en Europa. No entienden otra España, como seguramente ellos mismos no
entienden otra Alemania ni otra Francia, porque estamos construyendo esta Unión Europea desde los Estados y conformamos esos Estados que están alumbrando una nueva supranacionalidad que se llama la Unión Europea.
Por eso decía que usted, por supuesto, está legitimado para presentar y reclamar una opción política. Eso lo amparan nuestras libertades y nuestra Constitución, pero el problema es que su reclamación no tiene asiento en la legalidad actual
y por tanto usted debe pedir -y le he insistido en ello a lo largo de esta legislatura- cambiar la Constitución, para eso está legitimado. ¿Qué ocurre, señoría? Que usted no tiene peso específico para reclamar un cambio en la Constitución, no lo
tiene. Su señoría representa a una parte del pueblo catalán, que como todas las representaciones aquí sentadas es respetable, pero es una minoría, y desde esas minorías no se pueden modificar las leyes fundamentales de ningún país. Eso es lo que
ocurre en el entorno de países que llamamos democráticos, que somos Estado de derecho y que, por tanto, estamos obligados por la ley y sujetos al cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley es la esencia misma de nuestra democracia y de
nuestro desarrollo y prosperidad. El Gobierno de España está trabajando toda esta legislatura por Cataluña; está trabajando para vencer la peor crisis económica que han vivido Cataluña y el conjunto de España en esta legislatura. A eso el
Gobierno ha dedicado todo su esfuerzo y todo su empeño, porque cada vez que hemos traído una reforma que hoy hace posible que España esté liderando el crecimiento en la Unión Europea ha sido efectivo para Cataluña, para los ciudadanos catalanes, que
lo que necesitan, fundamentalmente, es prosperidad y sobre todo oportunidades de empleo. Afortunadamente, hoy en Cataluña hay un crecimiento económico y una creación de empleo que va al mismo ritmo que la media nacional. Este era el gran tema de
esta legislatura, la recuperación económica, conseguir vencer la crisis económica en Cataluña y en toda España. Por eso, el Gobierno, frente a lo que ustedes aducen continuamente -y con cierto éxito- ante medios de comunicación -por
supuesto tienen todo el derecho-, no ha practicado ningún inmovilismo en la legislatura contra Cataluña; esto es entender que la acción política de un Gobierno que busca el interés general de todos, que significa el interés general de los
catalanes obviamente, ha primado la salida de la crisis económica. Porque si no hubiéramos hecho esto, dónde estaría España. Si en vez de estar creciendo y creando empleo, si en vez de ser acogida y respetada en el seno de la Unión Europea
estuviéramos como estábamos en el año 2012, al borde del colapso como país, entonces sí que se habría prácticamente destrozado el corazón de nuestra democracia. No solamente se hubiera llegado a un rescate en términos económicos, caro socialmente,
sino que seguramente habría golpeado la esencia misma de nuestra democracia, demostrando a muchos españoles que estábamos ante un Estado inviable. Y no es así.
Lo que se ha celebrado el 27 de septiembre en Cataluña son unas elecciones autonómicas, que son las que contempla nuestra Constitución. A partir de ahí, la posición del Gobierno la ha fijado el presidente Rajoy cuando ha hecho un
llamamiento al Gobierno catalán que resulte del nuevo Parlamento para que gobierne para todos los catalanes, lo que significa, señor Tardà, aceptar que hay muchos catalanes que no piensan como usted. Esto no es tan difícil de aceptar. Buscar el
interés general no significa, para entendernos también -lo voy a decir con toda franqueza y literalidad desde la tribuna-, que muchos españoles coincidan con la definición que hace el Gobierno del interés general con sus políticas. Eso es la
democracia, es la esencia misma de esa democracia y, por tanto, su señoría no puede subir a la tribuna pretendiendo representar a toda Cataluña, a toda la sociedad catalana, a leer unos resultados del 27 de septiembre en unas claves absolutamente
partidistas y además acabar su interpelación diciendo: Hemos intentando quedarnos en casa. Eso ha dicho usted. Y sigue: Por eso apoyamos al señor Zapatero. Ah, era por eso; por eso apoyaron en 2004 al señor Zapatero. ¿Para qué le apoyaron?
No me ha quedado claro ese argumento y creo que sería bueno que precisara exactamente cuál era la intencionalidad de Esquerra Republicana de Catalunya cuando apoyó la investidura del señor Zapatero en el año 2004. Yo también estaba sentado en esta
Cámara como Gobierno en funciones en aquel momento. Ustedes tienen una cualidad: no han disimulado nunca ser independentistas. Ahora dicen: Me quiero ir de casa porque he llegado al final y a demostrar que no puedo estar en esta casa común que
es España. Esquerra lleva mucho tiempo, tal como ustedes presumen y aducen, diciendo que se quiere ir, y se lo he escuchado precisamente a usted explicitarlo, y dado su carácter personal, en términos arrolladores. Está en su legítimo derecho para
pedirlo, pero también desde el Gobierno le tenemos que advertir que no tiene margen legal para hacerlo. Lo que tiene que hacer, como demócrata, es aspirar a cambiar las leyes, pero mientras una ley esté vigente hay que cumplirla en todos los
lugares de España y, por descontado, en Cataluña, y, obviamente, responder ante los tribunales cuando esos tribunales entiendan que existen indicios de incumplimiento de la ley. Eso es la democracia, eso es el respeto al Estado de derecho y eso es
lo que fundamenta nuestras libertades, lo que fundamenta nuestra acción política, se esté en el Gobierno o se sea miembro de un grupo parlamentario sentado en esta Cámara.
Insisto en que el Gobierno ha estado dando prioridad a la recuperación económica de Cataluña. Ustedes, Ezquerra -y también voy a hacer una valoración crítica de la actividad del Gobierno-, y desde el momento en que la Generalitat de
Catalunya se ha dedicado a abrazar un proceso secesionista, han abandonado la gestión de los intereses generales de los catalanes, que son la recuperación económica, la creación de empleo y mostrar que esa casa común, España -que ya es parte de la
Unión Europea y no un elemento aislado de las grandes corrientes transformadoras de Europa, como lo fue en el pasado y durante mucho tiempo, sino miembro activo de una integración política, que es lo que significa fundamentalmente la Unión Europea-,
tiene que llegar con las credenciales de que los Gobiernos nos dedicamos a fomentar la prosperidad de los pueblos, de que los Gobiernos estamos para cumplir las normas que nos hemos dado, igual que hacemos con las normas europeas. Hay que explicar
que, estando en esta Europa, no caben esos procesos secesionistas que impedirían la recuperación económica y obstaculizarían claramente la integración europea, anulando lo mejor de este proyecto del siglo XXI, que es una España común integrada en
Europa.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señor Montoro, cuidado con las grandes afirmaciones. El emperador Mitterrand -aun cuando era republicano actuaba como un emperador- una vez en la Asamblea Nacional
francesa se levantó y dijo: La República Francesa nunca va a reconocer Eslovenia. Al cabo de poco tiempo, Eslovenia presidía organizaciones de la Unión Europea. Cuidado con las grandes afirmaciones.
Los Estados son egoístas por definición, porque atienden a las necesidades y complejidades de su esencia, de lo que somos muy conscientes. Es más, también dirigentes políticos internacionales nos dicen: Ustedes hagan primero los deberes,
es decir, tengan mandato democrático. Siempre hemos dicho que solo podíamos aspirar a la independencia siendo muy rigurosos desde el punto de vista procedimental; es decir, mandato democrático. Por eso he puesto en valor la victoria
independentista del día 27 de septiembre. Digo que estoy convencido de que no nos abocarán a escenarios de insumisión; sería una locura por parte de ustedes, pondrían en jaque a la sociedad española.
Ustedes hacen trampa. Dicen: ustedes, catalanes, que son una minoría demográfica... Por cierto, a un republicano como yo no le dé lecciones porque no soy ni más ni menos que usted y si una idea tengo clara es que tan compatriota mío es un
independentista catalán como un no independentista. Le diré más: Yo quiero mucho a mi país, a Cataluña, pero quiero más a mi familia, mucho más, y en mi familia hay personas que no son independentistas. De manera que no pretenda decir a un
republicano que no tenemos claro cuál es la igualdad de todos los ciudadanos, en Cataluña y en otras sociedades. Decía que hacen trampa ustedes porque dicen: Tienen mecanismos para reformar la Constitución. Por favor, si demográficamente somos lo
que somos y cualquier reforma constitucional -solamente hace falta remitirse al histórico desde la conquista de las libertades públicas-, todo cambio político pasa por el Partido Popular o por el Partido Socialista. Y el Partido Popular y el
Partido Socialista han dicho por activa y por pasiva -en esto también ustedes son sinceros- que nunca, nunca, nunca van a aceptar el derecho a decidir. Por cierto, en esta última legislatura, si sumamos a los compañeros de La Izquierda Plural, a
Convergència i Unió entonces y a Esquerra Republicana, ocho veces hemos subido a esta tribuna pidiendo poder ejercer el derecho a decidir.
Ustedes siguen diciéndonos que podemos reformar la Constitución, pero saben perfectamente que para nosotros es una jaula (Rumores) -perdón, déjeme terminar la frase- en donde están consagradas las libertades públicas pero yo me remito al
tema: este choque entre la legalidad española y la legitimidad del pueblo de Cataluña, porque creo que debe existir alguna legitimidad si mayoritariamente los catalanes nos hemos vuelto locos, a su parecer, y queremos ser independientes. Supongo
que debemos tener alguna legitimidad, pero resulta que choca con la legalidad española. Y usted me dice: No, no, pero si dentro de la jaula hay mecanismos. Pues bien, sí, dentro de la jaula, porque la reforma de la Constitución es imposible para
nosotros, a no ser que aceptemos sus patrones. Esto es un discurso con el que se puede estar de acuerdo o no pero su construcción tiene la misma lógica que usted utiliza para el suyo.
En definitiva, señor Montoro, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás: o lo aceptan y hablamos democráticamente o tiran de tricornio. Yo sé que usted, como demócrata, nunca lo haría.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Tardà, el Estado de derecho en una democracia se define por la vigencia y la primacía de la ley, y la ley es la que estamos decidiendo todos en esta Cámara como delegación de la soberanía popular. A partir de ahí, un
demócrata tiene que respetar siempre esas decisiones de los representantes de esa soberanía popular. Eso es así en España, eso es la democracia en Europa, eso es la Unión Europea. Imagínese que somos Europa y que cualquier parte de Europa decide
que una parte del Tratado de la Unión Europea no es aplicable en su territorio. Entonces, ¿qué estamos construyendo en Europa? ¿Podemos hacer exclusiones y exclusiones parciales? Me quedo con lo que me conviene de esa parte de Europa. Por
ejemplo, en estos días que tan de moda está la vigencia del tratado en materia de estabilidad presupuestaria, podríamos decir: Yo soy europeo, pero esto de los objetivos de déficit no me concierne. ¡Ya nos conocemos entre nosotros! Vivo en un país
europeo, pero no estoy sujeto a las normas europeas. Esto sería la lógica que usted acaba de aplicar aquí diciendo que vive en un Estado, España, que, por cierto, desde la Transición es modélico porque ha implantado todos los criterios, como usted
mismo ha reconocido. Somos un país de libertades; lo ha llamado jaula y luego ha retrocedido. ¿Qué jaula? ¡Si es todo lo contrario! Somos sede de libertad y al mismo tiempo hemos construido un país, el Estado de las autonomías, que es de los más
descentralizados política y administrativamente del mundo. ¡Si realmente
esa es la historia de España desde el año 1978 acá! Pero a ustedes esa historia no les conviene. Para entendernos, esa historia nunca ha existido porque usted está reconociendo ahora que su formación política se dirigía a otra finalidad.
Esa finalidad es claramente lo que dice ahora: valores republicanos, la independencia, y esa independencia no cabe ni en el club de las democracias que conformamos Europa ni, por supuesto, en el Estado español sin consultar no, como usted ha dicho
aquí, a los grupos políticos mayoritarios, sino a los representantes de la soberanía del pueblo, que es realmente donde deposita la democracia esa soberanía, en el pueblo español, en el pueblo que configuran todos los ciudadanos de España y por
supuesto que los catalanes son una parte muy importante de esa soberanía. Pero ustedes lo tienen claro y el día que puedan, y además está bien, lo dirán así en la moción, se van a independizar. No puede hacerlo sin cumplir con la ley, no puede
hacerlo, señor Tardà. Usted, su partido político, la conformación del diálogo político que se está haciendo en Cataluña para conformar Gobierno tiene que cumplir la ley, porque es lo que garantiza nuestra democracia, nuestro sistema de libertades y
lo que nos hace precisamente miembros de ese gran club de libertades, de democracia que es la Unión Europea. Por tanto, señor Tardà, aquí no vale esto. Imagínense que estamos aprobando en esta Cámara un código de circulación y hay una parte de la
ciudadanía que decide circular por la izquierda. ¡Pues no se puede circular por la izquierda! ¡No se puede! Venga usted a esta Cámara, cambie ese código de circulación y a partir de ahí circule por la izquierda. Esto es así de sencillo. Eso es lo
que quiero trasladarle, señor Tardà. Usted será aspirante a lo que entienda y lo que quepa, por supuesto, dentro de su concepto de valores republicanos, de libertades y de Europa, pero tiene que venir a cambiar la ley con una representación
suficiente, capaz de hacer ese cambio de ley.
Es importante lo que su señoría ha planteado de cara a las elecciones del próximo 20 de diciembre y lo ha dicho con toda claridad: Mientras haya unas mayorías parlamentarias que no quieren, porque entienden que ese no es el proyecto de la
mayoría de la sociedad catalana ni del conjunto de la española, esa independencia no es posible y no va a ser viable. Este es un gran asunto para el 20 de diciembre, señor Tardà, para que realmente los ciudadanos, cuando vayan a la urna, sepan que
están votando a favor de unas determinadas opciones políticas. Para algunos la unidad de España es muy positiva para Cataluña, para los catalanes, para hacernos plenamente europeos. Queremos ser una casa común, de acogida, plural, con nuestras
diferencias, por supuesto, y reconocidas esas diferencias y esa pluralidad, pero una casa común que ya no es solo España, sino Europa. Como decía -si me permiten la cita- el rey Felipe recientemente en el Parlamento Europeo: Hoy nos sentimos
españoles porque nos sentimos europeos. Efectivamente, no podemos concebir ser españoles sin ser europeos, profundamente europeos y comprometidos con Europa. Por eso le decía, señor Tardà, respetando su opción, que llega tarde. Estamos en el
siglo XXI y vamos a resolver los problemas de los catalanes desde la convivencia, desde esa España plenamente consolidada en Europa, conformando una integración política, que es la gran esperanza de la mayoría de los españoles que nos sentimos
europeos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Se suspende la sesión.
Eran las doce y treinta minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 11/2015, DE 2 DE OCTUBRE, PARA REGULAR LAS COMISIONES POR LA RETIRADA DE EFECTIVO EN LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS. (Número de expediente 130/000075).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre, para regular las comisiones por la retirada de efectivo en los cajeros automáticos. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno el
señor ministro de Economía y Competitividad.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, presidente.
Señorías, tengo el honor de comparecer en esta Cámara para solicitar su apoyo a la convalidación del Real decreto-ley de regulación de las comisiones de retirada de efectivo en los cajeros automáticos. Esta norma tiene el objetivo de
garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de pago. Una función esencial para el desarrollo fluido de las transacciones comerciales y financieras.
Como saben, en los últimos meses ciertos cambios en el sistema habitual de cobro de las comisiones por parte de los bancos había producido distorsiones al imponerles una doble comisión a los consumidores, una por parte del banco emisor, es
decir el banco del cliente, y otra por el banco dueño del cajero. Asimismo, esto ha puesto de manifiesto que el régimen en vigor produjera incertidumbre legal sobre quién podía cobrar y quién no, en definitiva sobre quién estaba prestando
efectivamente el servicio al usuario del cajero. Por todo ello el Gobierno ha decidido acometer esta modificación legal con el fin de asegurar que el servicio entre los prestadores y usuarios de servicios de pagos se realicen con competencia,
transparencia y confianza entre las partes, preservando además en todo momento el principio de la seguridad jurídica.
Señorías, antes de detallarles el contenido concreto de este real decreto-ley, es importante referirme, en primer lugar, a la relevancia que tiene este sector en nuestra sociedad. El sistema bancario español se caracteriza por una gran
capilaridad de su red de cajeros. Existen más de 50.000, lo que supone un cajero por cada 1.000 habitantes, una cifra muy superior a la de los países de nuestro entorno. Además cada uno de ellos realiza un total de 18.000 operaciones anuales, lo
que da un total de 900 millones de operaciones anuales, y de estas más del 20 % corresponden a retiradas de efectivo en cajeros que no forman parte de la red del banco habitual del cliente. Como ven, se trata de una cantidad nada desdeñable, lo que
sin duda nos exigía actuar con carácter de urgencia para establecer un nuevo sistema que restableciera los principios de seguridad y competencia.
Mediante este real decreto-ley establecemos un nuevo modelo a través de cuatro premisas fundamentales: en primer lugar, las entidades propietarias de los cajeros no podrán cobrar comisión alguna a los clientes de otras entidades cuando
retiren efectivo de sus cajeros. En segundo lugar, las entidades propietarias de cajeros podrán exigir esta comisión a la entidad emisora de la tarjeta del usuario del cajero, es decir, al banco del señor o señora que saca liquidez del cajero. En
tercer lugar, la entidad emisora de la tarjeta tendrá la decisión de repercutir o no esta comisión a su cliente, pero en ningún caso podrá cobrar por encima de lo que ella haya pagado. En cuarto lugar, se establecen una serie de mecanismos para
asegurar que el modelo garantiza la necesaria transparencia y que preserva el principio de competencia. Así, las entidades propietarias de los cajeros deben informar a los usuarios de la comisión que van a cobrar a su banco y esta es, como he
explicado, la máxima comisión que el banco les puede repercutir. Además, las comisiones acordadas entre entidades se someten al principio de no discriminación y a la vigilancia de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Esto supone que
cuando las entidades no lleguen a un acuerdo en la fijación de la comisión, la comisión que determine el propietario del cajero, respecto a una determinada entidad emisora, tendrá que ser la misma en todo el territorio nacional, por tanto, no pueden
darse discriminaciones. Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia tendrá que informar anualmente al Ministerio de Economía sobre estos acuerdos y decisiones. El primer informe tiene que estar listo antes del fin del primer
semestre del año próximo y fundamentalmente comunicar si los acuerdos a los que se ha llegado respetan la normativa de competencia o imponen algún tipo de traba o de barrera de entrada.
Por lo que se refiere al periodo de adaptación de las entidades, se establece que antes del 1 de enero del próximo año este modelo debe estar en vigor, un periodo transitorio para que bancos, entidades de las tarjetas emisoras y cajeros se
puedan adaptar. No obstante, el Gobierno ha querido acelerar al máximo la protección de los consumidores y ha prohibido la posibilidad de cobro de una doble comisión desde la entrada en vigor de la norma el pasado 3 de octubre. Desde ese mismo día
también rige la prohibición de que la entidad emisora repercuta a su cliente más de lo que haya cobrado a ella la entidad titular del cajero. En conclusión, con este modelo conseguimos dos objetivos. En primer lugar, impedimos que al ciudadano se
le pueda cobrar una doble comisión, como ha venido sucediendo en los últimos meses. En segundo lugar, se minimizará el coste para el usuario, preservando en todo momento el principio de seguridad jurídica, de libre competencia, transparencia y
confianza entre las partes.
Señorías, me gustaría señalar que este real decreto se une a otras medidas tomadas por el Gobierno en materia de comisiones. En primer lugar, les recuerdo que en julio del año 2014 limitamos las comisiones aplicables a los pagos con
tarjeta, especialmente de pequeño importe. Así, desde la entrada en vigor de esta medida las tasas que se exigían en operaciones con tarjeta han caído en cerca de un 60 % para
pagos de crédito y en casi un 85 % en los supuestos de débito. Además, con este real decreto-ley nos adelantamos a la normativa europea garantizando la existencia de unos pagos seguros, eficientes, competitivos e innovadores que dinamicen
el consumo. En segundo lugar, en agosto del pasado año aprobamos la reducción de las comisiones máximas legales de gestión y depósito de los planes de pensiones. El objetivo era adaptarlos a la reducción, al entorno de bajos tipos de interés en el
cual vivimos. En tercer lugar, en el ámbito de la transparencia hemos tomado importantes medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, así como la de los usuarios de determinados productos financieros. Así hemos obligado a que
tanto en la contratación de un producto financiero complejo como en los préstamos hipotecarios que incluyan cláusulas difíciles o complejas se incluya una expresión manuscrita del cliente. En dicha expresión debe manifestarse que ha sido
adecuadamente informado de las condiciones de los mismos.
Concluyo ya, señorías. La norma que hoy convalidamos establece un nuevo sistema más transparente y sencillo que reducirá de forma importante y rápida las comisiones que son cobradas a los usuarios. Al mismo tiempo respeta la inversión y el
mantenimiento que realizan los propietarios de los cajeros, lo que tendrá un impacto también en un mejor servicio a sus clientes. En definitiva, se impide la doble comisión y se establece un servicio más barato y con un mayor control por parte de
las autoridades supervisoras. Por todo ello, señorías, confío en obtener su apoyo para la convalidación de este real decreto-ley.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su intervención.
Hay turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente también desde el escaño para seguir el ejemplo del ministro y no alargar innecesariamente esta sesión. Un decreto más, pero esta vez he de decir que es un decreto que tiene sentido y justificación. Al menos no es un decreto
que aprovecha las disposiciones adicionales para modificar leyes como la de montes o quién sabe qué tipo de leyes. Esta vez se ciñe estrictamente al objeto que pretende, que es que los ciudadanos no abonen doble comisión por el hecho de sacar
dinero de un cajero. Sinceramente, creo que de esta manera se resuelve una preocupación de muchos ciudadanos que consideran que hay muchos abusos por parte de las entidades financieras, que hay comisiones por muchísimos servicios que prestan, que
además la cuenta que tienen en la entidad financiera les da baja rentabilidad y tienen la impresión de que cada vez son peor y menos atendidos de forma personalizada y en la propia entidad. En este sentido, tener que pagar una doble comisión por el
hecho de sacar dinero tanto a la entidad que emite la tarjeta como a la entidad propietaria del cajero es un abuso que efectivamente hay que corregir. Además, la gente dice que el dinero es suyo, que lo saca de un cajero y no necesita a nadie que
se lo dé y se lo gestione y encima le cobran. No tiene sentido. Creo que hay que hacer caso a los ciudadanos cuando se quejan por el comportamiento de muchas entidades financieras.
Es verdad que se podría haber aprovechado la ocasión, señor ministro, para corregir otro tipo de problemas que existen en la relación habitual entre los ciudadanos y las entidades financieras -otro tipo de comisiones y de comportamientos de
dichas entidades-, pero solo se ha circunscrito al aspecto que usted nos ha comentado y en este sentido nos parece positivo. Como le decía, hubiera sido este el momento, pero no lo han hecho y así lo tenemos que considerar sin más. Hemos perdido
esta ocasión para haber avanzado más allá de lo que estrictamente el real decreto contempla, pero como entendemos que es positivo lo vamos a votar favorablemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Calduch.
El señor CALDUCH CERVERA: Muchas gracias, señor presidente.
Siguiendo la tónica del ministro y del portavoz del Grupo Vasco, voy a ser breve. Efectivamente, es lamentable que el Gobierno haya tenido que sacar un real decreto-ley para poner coto a los abusos de la banca, y es lamentable por dos
razones: primero, porque buena parte de las entidades bancarias que han empezado a abusar aplicando dos comisiones por un solo servicio han sido rescatadas con el dinero de todos los españoles y, en ese sentido, deberían haber sido por lo menos un
poco más respetuosas con
aquellos que, en último extremo, si hubiésemos aplicado el caso de otros países, seríamos a través del Estado copropietarios de esas entidades de crédito.
Pero sobre todo por otra razón. El tema de los cajeros automáticos se nos vende permanentemente a los ciudadanos como que es un servicio que nos presta la banca. Es al revés. Gracias a los cajeros automáticos, desde hace aproximadamente
dos décadas -tiene razón el señor ministro, somos uno de los países del mundo que más cajeros automáticos per capita tiene- esas entidades bancarias han podido reestructurar sus configuraciones de personal, etcétera, y ahorrar en costes. Luego no
nos están haciendo ningún servicio gratuito. Ya se lo han cobrado por anticipado haciendo esos reajustes que hemos podido comprobar, por ejemplo, cuando se han tenido que realizar fusiones de cajas y han eliminado oficinas, personal, etcétera. Han
podido hacerlo en buena medida porque parte de ese servicio veinticuatro horas lo dan no personas físicas cobrando sueldos, sino a través de mecanismos automáticos. Y encima de eso nos cobraban -ya he dicho que lo habían cobrado por anticipado- una
segunda y hasta una tercera vez.
Respecto del real decreto-ley que se nos presenta para su convalidación, tengo que decir que es un decreto-ley técnicamente bastante bien argumentado. Yo comparto el planteamiento de que se podía haber aprovechado esto para ampliarlo a otra
serie de prestaciones que se realizan desde los cajeros automáticos, pero ciñéndonos a esto tengo que decir que establece unos límites para que no se produzca el truco de que la entidad propietaria del cajero y la entidad emisora se pusiesen de
acuerdo para repercutir de manera encubierta esas dos comisiones que ahora quedaban subsumidas. ¿Cómo lo hace? Por una doble vía, y se ha explicado muy bien. Primero, poniendo un límite. ¿Cuál es el límite? No se puede cobrar más por la entidad
emisora de la tarjeta de lo que le va a cobrar la entidad que tiene la propiedad del cajero. Y segundo, mediante un mecanismo de control. En conjunto nuestro grupo parlamentario considera que este real decreto-ley no debería haber sido necesario
porque las entidades de crédito no deberían ser tan abusivas con el ciudadano español, pero, puesto que se ha producido el abuso, pone coto al mismo. Por eso lo vamos a votar favorablemente.
Añado otra cosa. Es muy difícil explicar a los ciudadanos -que, repito, hemos sufragado con nuestros impuestos el rescate- que es necesaria una intervención directa y urgente mediante el real decreto-ley para poner coto a las entidades
bancarias.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Calduch.
Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, quiero empezar diciendo algo que es una novedad en esta Cámara ante un decreto-ley. No tengo ningún inconveniente en reconocer que esta vez sí, esta vez está justificada la utilización del decreto-ley. Para estas
situaciones es para las que la Constitución previó el decreto-ley, no para todas las que ustedes lo han venido utilizando reiteradamente. Se trata en este caso claramente de una situación de urgente y extraordinaria necesidad. Lo que se regula es
una realidad relativamente novedosa fruto de una decisión de algunos bancos que, aun siendo previsible, viéndose venir por la trayectoria que han venido practicando de exprimir las comisiones de los clientes lo máximo que han podido, no estaba
prevista en la regulación legal y por tanto debía abordarse y se ha abordado de una manera urgente, porque urgente era evitar que hubiera abusos en el cobro de una doble comisión. Era una situación que, de acuerdo con el canon de constitucionalidad
superflexible que ha establecido el Tribunal Constitucional, justifica la utilización de la figura del decreto-ley y una urgencia que viene justificada por el hecho de que se trataba de acabar de manera inmediata con las prácticas de las dobles
comisiones que se están aplicando por parte de algunas entidades financieras. No sé si va a dar tiempo, pero me gustaría saber por qué, si es que ustedes han planteado la posibilidad de aplicar efectos retroactivos a estas comisiones. Porque, en
definitiva, es verdad que los bancos utilizaron un vacío legal relativo -un vacío legal relativo que en cualquier caso tenía sus subterfugios- pero no es menos cierto que ante la posibilidad de que en situaciones como estas en que las entidades
financieras hubieran cobrado esa comisión de manera doble en el momento de la emisión por parte del cajero, no del emisor de la tarjeta, ustedes deberían plantear estar cuestión, aunque por lo que veo no lo han considerado oportuno.
Otra cosa, señor ministro, es que ustedes han desaprovechado la oportunidad de este decreto ley, y ya no da tiempo en esta legislatura para solucionarlo, para hacer alguna cosa más que para darle una
capa de barniz a la actual regulación de las comisiones bancarias. El Gobierno ha perdido la oportunidad de profundizar más en la regulación de las comisiones, que es uno de los ámbitos donde más abusos se están cometiendo por parte del
sector financiero, ámbito, lo sabe perfectamente, en el que se produce un nivel de quejas más significativo y, sobre todo, aquellas quejas no formales pero que sufrimos todos los ciudadanos en silencio. Lo que hace el Gobierno es limitarse a
prohibir las dobles comisiones por utilización de los cajeros, pero deja a los usuarios en una situación de indefensión, de desprotección o, al menos, de desequilibrio en relación con las entidades financieras en cuanto a las comisiones que pueden
cobrar hasta ahora. Es evidente que ustedes no establecen límites, lo dejan al acuerdo -eso que a usted le gusta tanto, la autorregulación entre las entidades financieras- y a que, en último extremo, sea la entidad emisora de la tarjeta la que
decida la comisión que cobra al titular de esa tarjeta. Desde nuestro grupo hubiera sido deseable plantearse esa singularidad situando límites a esa discrecionalidad de las entidades financieras que la están utilizando de manera no discrecional
sino arbitraria en muchas ocasiones. Espero que no nos niegue que España es uno de los países que en estos momentos tiene un sistema financiero que se caracteriza, en relación a las comisiones por menos transparencia y por aplicar en general
precios bastante abusivos, tan abusivos como que cualquiera de nosotros tendrá un familiar al que, por ejemplo, la última subida de las pensiones del 0,25 % se la haya comido el incremento de la comisión de la entidad financiera en la cual percibe
su pensión. Aunque solo fuera por esa situación, valdría la pena que ustedes se lo hubieran planteado. Pero no solo con relación a las comisiones para la obtención de recursos a través de cajeros automáticos. Era una oportunidad para abordar en
profundidad el tema de las comisiones. Por eso, nuestro grupo, que plantea que lo que han hecho era necesario, piensa que se ha quedado absolutamente corto, entre otras cosas porque, más pronto o más tarde, esta Cámara, sea cual sea el ministro de
economía, sea cual sea la composición de la Cámara, lo va a tener que abordar porque no estamos ante un comportamiento aislado de algunos bancos.
Estamos ante una realidad que se ha convertido en estructural, fruto de la confluencia de dos procesos que ya de por sí son preocupantes, pero que cuando se juntan llegan a ser peligrosos. Primero, una caída de la rentabilidad del negocio
de la intermediación que los bancos resuelven sobre todo por la vía del incremento de las comisiones, y, por otro, por un proceso cada vez más evidente de que de esta crisis económica salimos con una fuerte concentración del sector financiero y con
riesgos ciertos de oligopolización, con lo que todo ello significa de una posición de dominio de las entidades financieras con relación al conjunto de los usuarios. Esa realidad lleva de manera inexorable a una tendencia ya casi diría de derecho
natural hacia que los bancos consideren que forma parte de su derecho natural recuperar su margen de negocio, o sea, la rentabilidad de sus inversiones y de sus accionistas, a partir del incremento de esas comisiones. Esa es una realidad que
ustedes no han abordado y que se va a tener que abordar. Es una pena que no lo hayan hecho aprovechando este decreto ley. Porque, sin duda, lo que nos vamos a encontrar en el futuro, lo que nos estamos encontrando ya, es un sistema financiero que
tiende al oligopolio; ese oligopolio va a producir, y está produciendo ya, riesgos de exclusión financiera. Usted sabe que los sistemas financieros oligopolistas con dominio de unas determinadas entidades tienden a excluir, a hacer selección
adversa de los clientes. Hay clientes que por sus condiciones personales, por sus condiciones de ubicación geográfica no interesan, no son rentables y la función del sistema financiero no les cubre sus necesidades; eso va a ir en aumento. Por
eso, desde nuestro grupo estamos convencidos de que en estos momentos se requiere una mayor regulación del comportamiento de las entidades financieras en materia de comisiones y ustedes han desaprovechado esa ocasión. Por ejemplo, en las comisiones
de la banca on line se está dando en estos momentos una cantidad de abusos increíbles, cosas sorprendentes, porque la banca on line incorpora factores de reducción de costes por parte de las entidades financieras, de proximidad del servicio, a
algunas personas que por razones físicas o geográficas no pueden acceder directamente al uso de los cajeros o de las entidades financieras. Es ahí donde se están alcanzando los niveles de abusos más evidentes que, además de desincentivar el uso de
esas modalidades de intermediación de uso del sistema financiero, están provocando ya los primeros riesgos de exclusión financiera de determinadas personas en función del lugar donde viven, de la aldea en la que están marginados o de la situación
física que tienen y que les causa determinada inmovilidad. Ese es un tema que ustedes deberían haber abordado; no lo han hecho; queda para la próxima legislatura.
Sin duda, usted argumentará, porque lo hace siempre -usted es un liberal; ya sabe usted que mi opinión sobre los liberales es que suelen ser intervencionistas de clase camuflados y usted, en cualquier caso, es un liberal que se vanagloria
de ello-, que el debate es el siguiente: ¿por qué no regular con más profundidad, con mas intervencionismo las comisiones de las entidades financieras? No hay nada en
sentido lógico que debiera impedirlo, entre otras cosas porque si las entidades financieras, especialmente las sistémicas, son demasiado grandes para dejarlas caer, nos tenemos que poner de acuerdo en que además son demasiado grandes para
dejarlas hacer lo que quieran. No puede ser que haya liberalización de actuación del mercado financiero cuando se trata de buenos momentos, de obtener beneficios, e intervencionismo para salvar a las entidades financieras cuando estas entran en
situación de crisis o de quiebra, como ha sucedido últimamente. O liberales todos los días o intervencionistas todos los días, pero liberales para repartir beneficios e intervencionistas para repartir costes con la sociedad, la verdad, es un
concepto de liberalización que incluso sus compañeros del Grupo Liberal europeo no sé si comparten.
En resumen, creo que han hecho ustedes bien una parte de lo que tocaba. Sin duda su decreto-ley tiene más de apariencia que de contenido. No resuelven el problema de fondo de las comisiones en el uso de los cajeros pero, sobre todo, han
perdido ustedes una oportunidad de intervenir de manera más activa en la regulación de las comisiones en el sistema financiero. Algo tenía que quedar para la siguiente legislatura; supongo que alguien lo va a hacer.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió tiene la palabra, en primer lugar, la señora Castellano.
La señora CASTELLANO I FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Hasta ahora, la legislación en esta materia no preveía situaciones que de facto se estaban dando en el sistema actual y que, desde la perspectiva de la defensa de los derechos de usuarios y consumidores, exigían en primer lugar un régimen
específico con reglas claras y concretas, que conociesen tanto entidades como consumidores. En segundo lugar, un régimen transparente, porque la simple comunicación de la comisión por retirada de efectivo al Banco de España resultaba claramente
insuficiente. Y, en tercer lugar, un régimen que previniera un control específico del cumplimiento de la normativa. Aun entendiendo que este real decreto-ley pueda dar respuesta a esta necesidad, consideramos que el Gobierno ha reaccionado con
lentitud en defensa de los intereses de usuarios y consumidores. Partiendo de la base de que el 74 % de las operaciones que se realizan en cajeros son de retirada de efectivo y de que los ciudadanos deben tener la certidumbre y el marco claro que
regula las comisiones de las diferentes operaciones que realizan, el posicionamiento de Unió Democràtica de Catalunya no puede ser otro que votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley. Y ello por cuanto con el mismo se evitará el
cobro de una doble comisión al ciudadano, reduciendo así el coste de este servicio, se protegen las retiradas de dinero a débito, ya que solo se puede cobrar como máximo la comisión que la entidad propietaria del cajero repercute a la entidad
emisora de la tarjeta, y se establece una relación triangular por la cual la entidad emisora de la tarjeta podrá repercutir en su totalidad o en parte esta comisión a su cliente o bien asumirla ella misma. La normativa persigue proteger al
ciudadano y le confiere la potestad de negociación frente a su entidad, así como una máxima protección frente a aquellas entidades con las que no tenga ningún tipo de relación contractual, posibilitando con ello la reducción de las comisiones que
son pagadas por los usuarios y garantizando su control por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Desde nuestra perspectiva, es una normativa que impone el sentido común, que ofrece una solución consensuada a todos los
actores intervinientes y que esperamos que reduzca las comisiones y favorezca a los consumidores.
No obstante, haré dos observaciones que entendemos que no han quedado suficientemente resueltas en el real decreto-ley. En primer lugar, el consumidor tiene que conocer, en el momento en el que efectúe la retirada del efectivo en el cajero,
si esta operación tiene comisiones y, en el caso de que las tenga, qué coste. En segundo lugar, como cualquier otra comisión, tiene que responder al coste real del servicio que presta y de aquí la importancia del control por parte de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia. En defensa, como no podía ser de otra forma, de los intereses de los consumidores y usuarios, que reclamaban ser protegidos por un marco legal más coherente y transparente, y salvo las observaciones que ya
hemos efectuado anteriormente, Unió Democràtica de Catalunya votará a favor de la convalidación de este real decreto-ley.
Gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Castellano.
Señora Ciuró, por el mismo grupo.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Coscubiela, seguro que no se le escapará -lo recordará seguro- que uno de los padres del liberalismo decía que cuanto más fuerte y poderosa es la banca en una sociedad, más débil es la democracia. Esto lo decía Jefferson. Por tanto,
en esta línea -usted ha adjetivado al señor ministro de liberal, algo en lo que no voy a entrar-, en la convalidación de este real decreto estamos poniendo algún cerco a las comisiones que puede cobrar la banca para garantizar al consumidor que no
se le va a cobrar dos veces por el mismo servicio. Por tanto, le avanzo que tendrá el apoyo de Convergència Democràtica para este real decreto.
Señor ministro, la protección al consumidor es positiva, es buena. Es bueno que se informe, es bueno que se dé la información necesaria para que el consumidor pueda actuar y así dar seguridad en el tráfico porque todo esto coadyuva a la
seguridad jurídica y a la recuperación económica. Por ello, el real decreto nos parece positivo. En materia de tarjetas, de transparencia y de información hay que recorrer camino, y ya hemos empezado a andar. Es verdad que es un buen real decreto
contextualizado en no cobrar dos veces por un mismo servicio. Reitero, positivo. Ahora bien, hay más trabajo, más tarea. Tildamos a este real decreto de algo corto porque hay muchas operaciones que se realizan a través de cajeros automáticos.
Por ejemplo, en España en 2014 se realizaron más de 2.500.000 operaciones en cajeros automáticos. Esto supone un volumen de dinero de más de 105 millones de euros; es mucho dinero. El pago con tarjeta facilita la comodidad y también la
flexibilidad para obtener crédito, ya sea aplazando pagos o fraccionándolos. Ahora bien, esta comodidad y esta flexibilidad que tenemos todos los consumidores tiene una contraparte, que es el elevadísimo coste que fraccionar o pagar a plazos
conlleva al consumidor. Hay operaciones que incluso llegan a costar un 20 % TAE por fraccionar o por aplazar un pago y, a pesar de que el coste es muy alto, muchos consumidores no somos conscientes del elevado importe que cuesta aplazar este pago.
En este sentido, también sería bueno facilitar la información al consumidor para que sepa cuál es el coste del fraccionamiento o aplazamiento de pago. El binomio entre la facilidad para conseguir una tarjeta y el elevado tipo de interés que pagamos
por fraccionar estos pagos es origen, sin duda, del sobreendeudamiento. Ahí tenemos mucho trabajo por hacer para evitar volver a caer en antiguos tics que nos han costado, entre otras cosas, esta grave crisis económica a los consumidores. Por
tanto, más información. Con ello, estoy reivindicando, señor ministro, una proposición que ha presentado mi grupo parlamentario, Convergència Democràtica, en este sentido. Como finaliza la legislatura, no estaremos a tiempo de debatirla, pero este
real decreto hubiese sido una buena opción para poder incluir también estas cautelas en beneficio de los consumidores para que estos supiesen el coste real del aplazamiento o del fraccionamiento de un pago, ya que las tarjetas son muy útiles y su
buen uso favorece, entre otras cosas, el endeudamiento responsable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señor ministro, es evidente que mi grupo comparte plenamente el objetivo de eliminar los abusos en materia de comisiones bancarias. Sin embargo, creemos que este real decreto no lo consigue y no lo
garantiza, algo que argumentaré a continuación.
Creemos que no garantiza un menor coste porque, a pesar de que la famosa doble comisión se va a convertir en una, no se va a poder evitar que esta comisión única sea mayor que la existente porque no existe un límite para las cuantías.
Asimismo no garantiza la transparencia; es más, se pierde la obligatoriedad de informar en pantalla del coste exacto que supone para el que saca dinero la operación en cajero automático. Esto es algo, señor ministro, que se logró cuando usted era
secretario de Estado. En el año 2003 se consiguió que los cajeros siempre informasen sobre cuál sería la cantidad exacta que le costaría al consumidor esa operación. Por tanto, con este real decreto se pierde algo que estaba consolidado y, en
cierto modo, se retrocede sobre una pequeña, pero muy importante, conquista para los consumidores. Asimismo, este real decreto deja al consumidor en posición individual de debilidad frente a su entidad, de debilidad frente al emisor de la tarjeta
porque, aunque en virtud del real decreto el emisor de la tarjeta pueda no cargarle directamente ese coste y el coste de la operación se cargue directamente al emisor de la tarjeta, sin embargo -leo literalmente-, el cliente y el emisor de la
tarjeta deberán negociar si la repercusión de la nueva comisión es total o parcial. De modo que cada consumidor tendrá que negociar con su entidad cuál va a ser esa repercusión y probablemente cuando acuda al cajero no va a saber si va a ser total,
parcial o menor. De modo que se pierde algo consolidado y hay menos información que antes.
Es evidente que el objetivo de este real decreto es intentar proporcionar certidumbre a los ciudadanos y aclarar una normativa de pago que debe proteger al cliente bancario garantizando el principio de seguridad jurídica. Pero, ¿se consigue
esa seguridad jurídica? En nuestra opinión, no, porque todo dependerá del trato y de la negociación de cada cliente con su entidad. Señorías, se puede argumentar todo tipo de cuestiones, pero es evidente que el consumidor bancario no debe ser el
que pague las consecuencias de la reducción de tipos que han afectado duramente a los balances del sistema bancario. Estamos de acuerdo en que no debe ser así y hay que poner coto a esa elevación injustificada de comisiones. El consumidor tampoco
debe ser la víctima de la guerra comercial o de competencia entre las entidades on line y las tradicionales. Al contrario, la competencia debería favorecer la bajada de las comisiones; sin embargo, hasta ahora ha conseguido lo contrario. ¿Logra
este real decreto resolver el problema? No, no lo logra, y mucho menos se soluciona que el cobro sea mayor, porque no se establece un límite. Además, como ha dicho otro portavoz, se pierde la oportunidad de establecer una norma marco, una norma
general que regule el conjunto de comisiones bancarias. En este caso es un real decreto para una comisión en concreto, pero todos sabemos que la innovación financiera y la innovación tecnológica van a hacer necesario un marco global, porque hay
otros muchos casos de comisiones abusivas. Por ejemplo, hace poco me visitaron unos consumidores para explicarme que entendían que tener que pagar una comisión bancaria por ingresar dinero en una cuenta de la que se es titular y llevando dinero en
metálico era inaceptable. Tal y como establece la Asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros de España, Adicae, hace falta una gran reforma en materia de supervisión y de comisiones bancarias, y para tales fines ellos proponen un decálogo
con toda una serie de principios que deberían ser objeto de una norma de mayor calado.
Señorías, hay problemas que quedan en el aire. Sin duda, uno es la devolución de las comisiones que se han cobrado abusivamente desde marzo y que todavía no sabemos si se van a devolver o no. También tenemos dudas sobre si va a funcionar
el mecanismo de vigilancia que se pone en marcha con este real decreto y que llevará a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para evitar, por ejemplo, no solamente que haya comisiones abusivas, sino también acuerdos colusivos de
fijación de comisiones o abusos de posición dominante de algunas entidades o de algunas redes de cajeros. Es evidente también -y nos preocupa- que el Banco de España en este caso ha hecho dejación de sus obligaciones como supervisor o por lo menos
que no ha logrado poner orden y resolver el entuerto. Es una pena que el Banco de España no haya sido capaz de resolverlo, tal y como le correspondía. Ahora con el real decreto se le obliga a informar de las comisiones establecidas, pero sin
garantías de que vayan a ser menores y de que los consumidores vayan a pagar menos. No queda claro el encaje del real decreto ni en la Ley de Servicios de Pago de 2009 ni tampoco en un contexto más amplio de mercado único y de unión bancaria.
Señorías, el real decreto no se puede enmendar, pero nos gustaría haber hecho algún tipo de enmienda que lo hubiese mejorado y que por lo menos hubiese conducido nuestro voto hacia la abstención. Tampoco da tiempo ya a tramitarlo como proyecto de
ley. Por ejemplo, nos hubiese gustado -lo ha dicho una de las portavoces del Grupo Catalán- que se hubiese obligado en un periodo transitorio a que las entidades informasen en pantalla de cuál es el coste real para el consumidor de la retirada de
efectivo. Si, tal y como establece el real decreto, se va a obligar a que la retirada de efectivo en una red distinta a la del titular de la tarjeta se haga comprobando que tiene saldo en la cuenta, esa operación, que tecnológicamente es posible,
debería permitir también que se supiera cuál es el acuerdo de comisión que tiene pactado el cliente con la entidad emisora de la tarjeta, porque se deja indefinido y, como decía antes, esto es un retroceso. Así que, señorías, se elimina
técnicamente la doble comisión, pero no se reduce el coste ni la incertidumbre sobre el consumidor. Se puede acabar pagando más que antes, no hay límite y esa comisión final, aunque sea única, puede ser el resultado de sumar varios componentes. En
la práctica no resuelve el problema de fondo, que es la transparencia y la protección del cliente. En definitiva, una sola comisión pero más cara. Además, el sistema se debe complementar con acuerdos entre las entidades y las redes de pago que no
quedan claros y que solamente ponen en evidencia el complejo entramado de este real decreto.
Por tanto -voy terminando-, el real decreto no garantiza un menor coste, no garantiza el acceso al servicio a un coste razonable, es opaco, no garantiza la transparencia sobre el coste de gestión y se retrocede. Ya nadie sabrá en pantalla
cuánto paga, tal y como se logró establecer gracias al real decreto que se aprobó cuando era usted secretario de Estado en 2003 -es un paso atrás de catorce años-; se deja en indefensión al consumidor ante el emisor de la tarjeta, y en definitiva,
los que menos ganan y para los que la comisión es más alta en proporción a su renta y los más vulnerables, que son los que más
utilizan los cajeros, no ven ninguna garantía de que realmente se vaya a reducir el coste de sacar dinero de los cajeros.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moscoso del Prado.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, siguiendo las indicaciones del presidente, seré lo más breve posible para que todo el mundo esté más contento.
Subo a la tribuna con el respeto que siempre le tengo y sin saber si la legislatura tardará mucho en acabarse. Los que hemos dicho que nos vamos tenemos un problema, y es que nunca acabamos de irnos si esto no se acaba, aunque creo que esta
será la última vez que yo suba a esta tribuna. Y subo para defender un decreto-ley que es la puesta realmente negro sobre blanco de uno de los ejes que han hecho posible la reforma financiera, que es la defensa del consumidor. Desde el principio
de legislatura, señorías, hemos trabajado incesantemente para tener un sistema financiero que preste un servicio a la economía y por tanto sirva para generar crecimiento y empleo, y para dinamizar la actividad económica. Para eso se ha trabajado,
primero, en la solvencia de las entidades, en que el sistema financiero español fuera solvente, y así se aprobaron los primeros reales decretos-leyes sobre solvencia. Se ha trabajado intensamente no defendiendo a las entidades financieras, sino
defendiendo la solvencia del sistema financiero porque sabíamos que la economía requiere de un sistema financiero sólido y no por defender a los propietarios, sino por defender a los depositantes. El segundo eje de la reforma financiera ha sido
atender de la mejor manera posible -y perdonen la expresión, no quiero ofender a nadie-, dar solución de la mejor manera posible a las bombas -entre comillas- que escondía el sistema financiero en España, véase preferentes, otros productos híbridos
de ahorro, de capitalización de las entidades, hipotecas dadas sin garantías suficientes, créditos promotores con poca medición del riesgo. Ese ha sido otro de los ejes. Hoy estamos mejor que hace cuatro años en la solución de muchos problemas que
tenían muchísimos ciudadanos derivados de que habían comprado productos financieros que creían que eran ahorro y eran capital de las entidades. El tercer eje ha sido defender los depósitos y se han defendido aquí y fuera de aquí, en los foros
europeos, y hoy los depositantes españoles, acabando la legislatura, tienen mayor garantía sobre sus depósitos. El cuarto eje ha sido defender a los consumidores. No revelo ningún secreto pero hablaba con el subsecretario de Hacienda hace unos
días y comentando este decreto-ley, repasamos todas las medidas que se han hecho en defensa de los consumidores y son muchísimas. Hay medidas en defensa de los consumidores para proteger los depósitos, para clarificar cuando uno va al banco qué
está invirtiendo y en qué, para conocer las cláusulas de las hipotecas, para tener garantías, etcétera. Y hoy este decreto-ley se refiere a eso, a proteger a los consumidores.
El señor Moscoso decía que este decreto-ley no arregla el problema. Había un problema hace unos días, que era el doble cobro de comisión y además la falta absoluta de transparencia, y hoy solo se cobra una comisión y en la pantalla va a
aparecer lo máximo que pueden cobrar, lo máximo. Es decir, el señor que va a sacar dinero sabe exactamente que le pueden cobrar menos si él lo ha pactado con su entidad, pero no más de lo que pone en la pantalla y eso hace una semana no pasaba.
Este decreto-ley, como decía el señor Coscubiela, puede parecer insuficiente, pero lo que no puede parecer es malo porque hay solo una comisión y se indica el máximo que pueden cobrar. Si has pactado una comisión inferior con tu banco, esa comisión
es la que rige. Por tanto, puede ser insuficiente, pero no malo. Señoría, se establece un sistema que es mejor. Quiero decir, cuando ya está acabando la legislatura, que subir a esta tribuna a defender un tema como este llena tu vida política y
profesional. Estamos por la defensa de los ciudadanos, para que funcione mejor el mercado.
Señorías, concluyo, porque veo que hay interés en votar, diciendo que este decreto-ley exige una cuestión, y exige que se cumpla. Hay que pedir a los supervisores que se cumpla lo que aquí se indica, que se vigile y se cumpla. Señorías,
creo que hoy hay que votar que sí y acabo la intervención, y posiblemente mis intervenciones en el Parlamento, diciendo algo que no tiene nada que ver con el decreto-ley, y es que la labor que se hace en este Parlamento es tremendamente positiva en
defensa de los ciudadanos. Quiero acabar diciendo que creo profundamente, después de veintiún años en el Parlamento, que el Parlamento es una institución central en la vida democrática de un país y que los parlamentarios son los que de verdad están
cerca de los ciudadanos y defienden los intereses de los ciudadanos. A lo largo de mi vida parlamentaria he conocido a muchísimos diputados y en todos ellos he visto un interés
por defender a los ciudadanos. En toda mi vida parlamentaria he visto personas honorables que desde los escaños y desde posiciones distintas han defendido crear una sociedad mejor, más justa y más dinámica.
Me despido -vendrán otros que seguro que serán mejores que yo- agradeciendo a todos los que han compartido años conmigo en este Parlamento, pidiendo perdón si he ofendido a alguien alguna vez en mi vida, no ha sido mi intención, y diciendo
que la mejor actividad que una persona puede desarrollar es la política. Reivindico la política con mayúsculas porque creo, de verdad, que la política es lo que mejora las sociedades.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte, sobre todo por sus últimas palabras, que indudablemente compartimos.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000051).
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es el relativo al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los señores diputados. No se ha manifestado por ningún grupo el deseo de
intervenir, por lo que propongo a la Cámara que se apruebe por asentimiento. ¿Es así? (Asentimiento). Muchas gracias.
En unos minutos vamos a votar el decreto-ley. (Pausa).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 11/2015, DE 2 DE OCTUBRE, PARA REGULAR LAS COMISIONES POR LA RETIRADA DE EFECTIVO EN LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS. (Número de expediente 130/000075).
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre, para regular las comisiones por la retirada de efectivo en los cajeros automáticos. Hay un voto emitido telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289 más 1 voto telemático, 290; a favor, 189; en contra, 1 voto telemático; abstenciones, 100.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
El Grupo de Convergència i de Unió ha pedido la tramitación de este decreto-ley como proyecto de ley (Rumores) por el procedimiento de urgencia, por lo que vamos a someterlo a votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289 más 1 voto telemático, 290; a favor, 121 más 1 voto telemático, 122; en contra, 167; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: No será tramitado como proyecto de ley.
Se levanta la sesión.
Eran las cinco de la tarde.