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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 299, de 22/07/2015
cve: DSCD-10-PL-299
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 299
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión de la Diputación Permanente núm. 19
celebrada el miércoles,
22 de julio de 2015
ORDEN DEL DÍA:
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara (número de
expediente 062/000261), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para explicar las razones por las que no se ha convocado ninguna reunión de la conferencia de Presidentes desde el año 2012. (Número de expediente 210/000154)
... (Página10)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y
Administraciones Públicas (número de expediente 062/000261), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, para que dé cuenta de su posición en relación con reparto de los objetivos de déficit entre
administraciones en el periodo 2016-2018. (Número de expediente 213/002061) ... (Página14)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación y
Deporte (número de expediente), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Educación, Cultura y Deporte, ante la Comisión de Educación y Deporte, para dar cuenta de las intenciones del Gobierno respecto de la aplicación y desarrollo de la LOMCE. (Número de expediente
213/002063) ... (Página19)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales (número de expediente 062/000261), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para informar de las actuaciones que va a llevar a cabo para garantizar el acceso a la píldora poscoital para
las mujeres que la requieran. (Número de expediente 213/002057) ... (Página20)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior
(número de expediente 062/000261), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para informar de la posición que está manteniendo el Gobierno en relación con la distribución de demandantes de asilo en países de la Unión Europea. (Número de
expediente 213/002065) ... (Página23)
- Comparecencia urgente del ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para explicar la situación de colapso y las listas de espera existentes para la tramitación de solicitudes de protección internacional en la Oficina de Asilo y
Refugio (OAR) del Ministerio del Interior. (Número de expediente 213/002068) ... (Página24)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Seguimiento y
Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo (número de expediente 062/000261), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, para que explique las razones de la utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y del
Fondo de Contingencia de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, para abonar la paga extraordinaria de los pensionistas. (Número de expediente 213/002066) ... (Página29)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales (número de expediente 062/000261), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para informar sobre la incorporación de las personas valoradas con grado I de dependencia moderada al sistema
para la autonomía y atención a la dependencia. (Número de expediente 213/002067) ... (Página33)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (número de
expediente 062/000262), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para que explique si va a adoptar medidas de carácter urgente para poner fin a la grave crisis que
padece el sector lácteo, especialmente los productores lácteos gallegos, debido al enorme descenso de los precios de la leche en origen que está poniendo en riesgo la pervivencia de miles de explotaciones ganaderas. (Número de expediente
213/002074) ... (Página38)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (número de expediente 062/000263), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para informar y valorar la crítica situación del sector lácteo español, producida por, entre otras
cuestiones, el fin del sistema de cuota láctea, la brutal caída de precios en origen y el incremento de costes que han hecho perder rentabilidad al sector poniendo en peligro la recogida de la leche en determinadas zonas e, incluso, la viabilidad
futura de muchas explotaciones, así como para informar de las medidas que piensa adoptar para hacer frente a esta situación. (Número de expediente 213/002076) ... (Página38)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y
Administraciones Públicas (número de expediente 062/000263), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, para informar sobre la sanción impuesta por la Unión Europea por el déficit oculto de la Generalitat
Valenciana y las medidas que piensa tomar el Gobierno en relación con las actuaciones que han motivado la sanción. (Número de expediente 213/002077) ... (Página43)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas (número de expediente
062/000264), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, para que explique la sanción que nos ha impuesto la Unión Europea por el encubrimiento del déficit y su
manipulación por parte de la Generalitat Valenciana. (Número de expediente 213/002070) ... (Página43)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara (número de expediente 062/000264), con el siguiente
orden del día:
- Comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para que explique las políticas que deben ponerse en marcha para reducir los elevados niveles de precariedad en el empleo provocados por la reforma laboral. (Número de
expediente 210/000156) ... (Página48)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación y Deporte (número de expediente 062/000264), con
el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte, ante la Comisión de Educación y Deporte, para que explique la situación en la que se encuentran las federaciones deportivas. (Número de expediente 213/002072) ...
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria, Energía y Turismo (número de expediente
062/000264), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para que explique la situación y perspectivas de los municipios de interés turístico. (Número de expediente 213/002071) ...
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Catalán de Convergència i de Unió y Vasco (PNV-EAJ), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas (número de expediente
062/000265), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, para explicar las actuaciones realizadas por el Gobierno en relación al cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad del Pleno del Congreso de los Diputados, que
instaba al Gobierno a estudiar la posibilidad de introducir, en la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 1/2015, una nueva redacción de su artículo 7 para que las pequeñas entidades sin ánimo de lucro dispongan de un tratamiento
fiscal que no impida el desarrollo de su finalidad ... (Página57)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Catalán de Convergència i de Unió y Vasco (PNV-EAJ), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales (número de expediente
062/000266), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para explicar cuándo va a dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Supremo relativa a la territorialización de los recursos correspondientes al 0,7 % del IRPF que va
destinado a entidades sociales ... (Página61)
SUMARIO
Se abre la sesión a las doce y treinta minutos del mediodía.
La Presidencia informa de la ordenación de los puntos del orden del día así como de la tramitación del debate.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara (número de
expediente 062/000261), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para explicar las razones por las que no se ha convocado ninguna reunión de la Conferencia de Presidentes desde el año 2012 ...
Defiende la petición solicitada el señor Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Macias i Arau, del Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, y Barreda de los Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y
Administraciones Públicas (número de expediente 062/000261), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, para que dé cuenta de su posición en relación con el reparto de los objetivos de déficit entre
Administraciones en el periodo 2016-2018 ... (Página14)
Defiende la petición solicitada el señor Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Picó i Azanza y
Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió; así como la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación y
Deporte (número de expediente 062/000261), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Educación, Cultura y Deporte, ante la Comisión de Educación y Deporte, para dar cuenta de las intenciones del Gobierno respecto de la aplicación y desarrollo de la LOMCE ...
Defiende la petición solicitada la señora Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales (número de expediente 062/000261), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para informar de las actuaciones que va a llevar a cabo para garantizar el acceso a la píldora poscoital para
las mujeres que la requieran ... (Página20)
Defiende la petición solicitada el señor Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Castaño Rey, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; y los señores
Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, y Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior
(número de expediente 062/000261), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para informar de la posición que está manteniendo el Gobierno en relación con la distribución de demandantes de asilo en países de la Unión Europea ...
- Comparecencia urgente del ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para explicar la situación de colapso y las listas de espera existentes para la tramitación de solicitudes de protección internacional en la Oficina de Asilo y
Refugio (OAR) del Ministerio del Interior ... (Página24)
Defiende las peticiones solicitadas la señora Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Picó i Azanza y
Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, y Conde Bajén, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Seguimiento y
Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo (número de expediente 062/000261), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, para que explique las razones de la utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y del
Fondo de Contingencia de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, para abonar la paga extraordinaria de los pensionistas ... (Página29)
Defiende la petición solicitada la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, y Castaño Rey, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; los señores Picó i Azanza y Campuzano i Canadés,
del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió; y el señor Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales (número de expediente 062/000261), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para informar sobre la incorporación de las personas valoradas con grado I de dependencia moderada al sistema
para la autonomía y atención a la dependencia ... (Página33)
Defiende la petición solicitada el señor Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Picó i Azanza y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, y
la señora Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (número de
expediente 062/000262), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para que explique si va a adoptar medidas de carácter urgente para poner fin a la grave crisis que
padece el sector lácteo, especialmente los productores lácteos gallegos, debido al enorme descenso de los precios de la leche en origen que está poniendo en riesgo la pervivencia de miles de explotaciones ganaderas ...
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (número de expediente 062/000263), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para informar y valorar la crítica situación del sector lácteo español, producida por, entre otras
cuestiones, el fin del sistema de cuota láctea, la brutal caída de precios en origen y el incremento de costes que han hecho perder rentabilidad al sector poniendo en peligro la recogida de la leche en determinadas zonas e, incluso, la viabilidad
futura de muchas explotaciones, así como para informar de las medidas que piensa adoptar para hacer frente a esta situación ... (Página38)
Defienden las peticiones solicitadas la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, así como la señora Rodríguez Ramos, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, y Gallego Burgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y
Administraciones Públicas (número de expediente 062/000263), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, para informar sobre la sanción impuesta por la Unión Europea por el déficit oculto de la Generalitat
Valenciana y las medidas que piensa tomar el Gobierno en relación con las actuaciones que han motivado la sanción ... (Página43)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas (número de expediente
062/000264), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, para que explique la sanción que nos ha impuesto la Unión Europea por el encubrimiento del déficit y su
manipulación por parte de la Generalitat Valenciana ... (Página43)
Defienden las peticiones solicitadas los señores Campos Arteseros, del Grupo Parlamentario Socialista, y Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, y Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara (número de expediente 062/000264), con el siguiente
orden del día:
- Comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para que explique las políticas que deben ponerse en marcha para reducir los elevados niveles de precariedad en el empleo provocados por la reforma laboral ...
Defiende la petición solicitada el señor Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, y Simancas Simancas, del
Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación y Deporte (número de expediente 062/000264), con
el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte, ante la Comisión de Educación y Deporte, para que explique la situación en la que se encuentran las federaciones deportivas ... (Página53)
La Presidencia informa de que este punto ha sido retirado.
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria, Energía y Turismo (número de expediente
062/000264), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para que explique la situación y perspectivas de los municipios de interés turístico ... (Página54)
La Presidencia informa de que las votaciones no se realizarán antes de las cinco de la tarde.
Defiende la petición solicitada el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió; la señora Hernanz Costa, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Matos Mascareño, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Catalán de Convergència i de Unió y Vasco (PNV-EAJ), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas (número de expediente
062/000265), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, para explicar las actuaciones realizadas por el Gobierno en relación al cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad del Pleno del Congreso de los Diputados, que
instaba al Gobierno a estudiar la posibilidad de introducir, en la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 1/2015, una nueva redacción de su artículo 7 para que las pequeñas entidades sin ánimo de lucro dispongan de un tratamiento
fiscal que no impida el desarrollo de su finalidad ... (Página57)
Defiende la petición solicitada el señor Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Asian González, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Catalán de Convergència i de Unió y Vasco (PNV-EAJ), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales (número de expediente
062/000266), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para explicar cuándo va a dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Supremo relativa a la territorialización de los recursos correspondientes al 0,7 % del IRPF que va
destinado a entidades sociales ... (Página61)
Defiende la petición solicitada el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y las señoras Carcedo Roces, del Grupo Parlamentario Socialista, y González Vázquez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidos a votación separada los puntos del orden del día que se han mantenido, son rechazados todos.
Se abre la sesión a las doce y treinta minutos del mediodía.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Diputación Permanente.
Hay una ordenación del debate que ha sido distribuida a sus señorías en el orden del día. Se tramitarán acumuladamente los puntos 8 y 10 y los puntos 9 y 14. Como hacemos siempre, para cada intervención los tiempos serán de siete minutos
para los proponentes y cinco para los grupos que quieran fijar su posición, en orden de menor a mayor.
Más adelante, cuando tenga un poco más de conocimiento sobre cómo están las cosas, les diré la hora aproximada en la que podremos votar. Hoy por hoy les pido a todos que, a ser posible, cumplan con sus tiempos para beneficio de todos.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CÁMARA (número de
expediente 062/000261), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA URGENTE DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, PARA EXPLICAR LAS RAZONES POR LAS QUE NO SE HA CONVOCADO NINGUNA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES DESDE EL AÑO 2012. (Número de expediente 210/000154).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el debate del punto 1. Petición, formulada por un número suficiente de Diputados miembros de la Diputación Permanente pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de
una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día: Comparecencia urgente del presidente del Gobierno, para explicar las razones por las que no se ha convocado ninguna reunión de la Conferencia de Presidentes desde el
año 2012. Tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado 24 de mayo se celebraron elecciones en todos los ayuntamientos en España, en trece comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. De esa celebración en trece comunidades autónomas, en once han
cambiado los presidentes o presidentas que están al frente de sus Gobiernos y en siete de esos once también ha cambiado el signo de esos Gobiernos, incluso en los que no ha cambiado su signo, los presidentes o presidentas son distintos, como es el
caso de Madrid, Murcia, La Rioja o Canarias. No es una valoración electoral, es una valoración objetiva, una descripción de lo que ha pasado. En un país estructurado territorialmente como el nuestro en comunidades autónomas, un cambio de signo
político de siete comunidades autónomas y de los presidentes de once comunidades autónomas requiere, en nuestra modesta opinión, alguna reacción política, y alguna reacción política fundamentalmente del máximo responsable político, en este caso el
presidente del Gobierno.
Nos gustaría que este punto del orden del día de la Diputación Permanente no existiera porque el presidente del Gobierno, de forma natural, después de las elecciones del 24 de mayo, hubiese convocado la Conferencia de Presidentes. Nos
hubiese parecido lógico, a raíz de un mapa político distinto y, sobre todo, teniendo en cuenta los grandes temas pendientes que afectan tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas, a cada uno en el ámbito de sus competencias. Nos parecía
razonable que se convocara un órgano de diálogo, colaboración y coordinación como es la Conferencia de Presidentes, que existe desde el año 2004 pero que no es una idea exclusiva del Partido Socialista. El difunto presidente Fraga propuso también
esta idea en reiteradas ocasiones, como existe en otros países de nuestro entorno, como es el caso de Austria, Alemania o Suiza. Hasta ahora se han celebrado cinco conferencias de presidentes, esta que pedimos, y que piden algunas comunidades
autónomas, sería la sexta.
En las conferencias de presidentes se han tratado todo tipo de temas, se ha hablado de inmigración, de agua, de financiación autonómica, de financiación de la sanidad, de reformas laborales, de políticas frente a la crisis, de reducción del
déficit, de distribución de los esfuerzos, de política agraria, etcétera. Es decir, en las conferencias de presidentes se han tratado temas que afectan a la vida cotidiana de millones de ciudadanos en todas las comunidades autónomas y, por lo
tanto, en toda España. No se trata de celebrar una Conferencia de Presidentes para solemnizar una foto ni para poner en valor los cambios políticos y de partido que ha habido en las distintas comunidades autónomas. Se trata de convocar un foro de
diálogo para hablar de acuerdos, también de desacuerdos y de los diferentes puntos de vista de los
presidentes y presidentas de las comunidades autónomas y, naturalmente, del presidente del Gobierno, cada uno en el ámbito de sus competencias. No es una reunión de políticos para hablar de los problemas que afectan a sus instituciones,
sino una reunión de representantes institucionales para hablar de los problemas que afectan a los ciudadanos. Tampoco sería bueno que se convirtiese, como ha ocurrido en el pasado, en una pelea entre presidentes y presidentas de distintas
comunidades autónomas, pero que pertenecen y se unen en bandos partidistas, porque eso sería muy poco productivo.
Se nos podrá decir que hace cuatro años, después de las elecciones municipales y autonómicas, no se convocó esta Conferencia de Presidentes, y es cierto, pero no se convocó, entre otras cosas, porque se decidió que hubiese un adelanto
electoral y también que no se elaborasen los Presupuestos Generales del Estado. En esta ocasión, después de esas elecciones municipales y autonómicas, el presidente del Gobierno legítimamente ha decidido elaborar esos Presupuestos Generales del
Estado, hacerlo extraordinariamente y que se aprueben de forma extraordinaria a finales del mes de julio y se tramiten, también de forma extraordinaria, a lo largo del mes de agosto. Sus señorías saben que nosotros no compartimos por razones de
fondo esta idea. El motivo de fondo es que para nosotros sería preferible que un nuevo Parlamento, con mayorías y minorías distintas, con representaciones distintas y por lo tanto con una legitimidad renovada, fuese el que tuviera la
responsabilidad de aprobar esos Presupuestos Generales. No creemos que sea bueno que el Gobierno quiera dejar todo atado y bien atado desde el punto de vista presupuestario al próximo Parlamento y al próximo Gobierno. Pero no quiero profundizar en
esta polémica porque cada uno sabemos la posición que tenemos en relación con esta aprobación y tramitación de presupuestos; lo que sí decimos es que la decisión de aprobar y tramitar los presupuestos tendría que conllevar la obligación de hablar
con las comunidades autónomas y con los nuevos responsables de esas comunidades autónomas, sean del color que sean. Antes de aprobar ese proyecto de presupuestos habría que haberlo hecho y, como no ha sido así, pedimos que se haga posteriormente.
Se da la paradoja de que en este país el jefe del Estado ya ha recibido a siete presidentes autonómicos a lo largo de los últimos meses y de que antes de que finalice este mes completará la ronda de todos los presidentes autonómicos, si bien el jefe
del Gobierno, el presidente Rajoy, desde el 24 de mayo no ha recibido a ningún presidente o presidenta de comunidad autónoma.
Señorías, en España se abre un tiempo de diálogo y eso es lo que queremos decirle al señor Rajoy, que dialogue, que convoque la Conferencia de Presidentes para hablar, para escuchar, para intercambiar opiniones. El Gobierno de España y su
presidente no pueden situarse en el aislamiento político. Si hoy se vota esta comparecencia, le diremos al señor Rajoy que, aunque no le guste escuchar opiniones que divergen de la suya, se siente a buscar consensos y soluciones comunes. Al
presidente del Gobierno le diremos que de nada vale descalificar al adversario político que ha sido elegido democráticamente por que no pertenezca a su partido o por que no sea uno de los suyos, y porque como presidente, aunque no le agraden otras
opiniones, tiene la obligación institucional de sentarse con las presidentas y presidentes autonómicos de su partido y de otros porque hay cosas que están por encima de las estrategias electorales y partidistas.
Este país va a necesitar mucha valentía y mucha responsabilidad política a lo largo de los próximos tiempos y hoy le queremos decir al señor Rajoy que sea valiente, que sea responsable y que convoque al diálogo a los presidentes de las
comunidades autónomas en el Senado para tratar de temas que afectan a la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Sinceramente, si alguien nos quiere calificar de radicales por pedir diálogo, naturalmente que puede hacerlo, pero en democracia es
mucho más radical y mucho más extremo no querer escuchar las ideas de las personas de otros partidos que tienen diferente ideología o que no son de la propia formación política.
Sin que tenga que ver con esta petición, creo sinceramente que antes de terminar, es casi obligado que me refiera a que el diálogo político desde hace tiempo se tendría que haber usado mucho más entre el Gobierno de España y el Gobierno de
la Generalitat de Catalunya. Este diálogo seguirá siendo necesario a partir del 27 de septiembre; un diálogo que busque soluciones en el marco del Estado de derecho, de la Constitución y de la ley. Los desafíos son intolerables, pero la inacción
tampoco ayuda a resolver una crisis política que tendrá que resolverse necesariamente mediante una solución de la buena política.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Intervendré muy brevemente, señor presidente, solo para decir que nos parece correcta la petición del Grupo Socialista y la apoyaremos. Creo que los problemas de la crisis política no pasan, precisamente, por
la Conferencia de Presidentes pero sí nos parece un órgano que tiene su sentido y su interés en un país con una estructura territorial complicada, que en algunos aspectos es federal y en otros no. Por lo tanto, es un órgano que convendría potenciar
para que fuera un foro de debate sobre cuestiones muy graves que siguen estando sobre la mesa de problemas de estructura del Estado, no solo relacionados con los Presupuestos Generales del Estado sino con muchas más cuestiones competenciales que
están ahí y que han sido avivadas por el debate sobre el déficit público y su limitación, el techo de gasto y todo lo que lo acompaña. De manera que, como decía, apoyaremos esta petición.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Lara.
El señor LARA MOYA: Gracias, presidente.
Nosotros también estamos en la posición política de que se pueda convocar esa Conferencia de Presidentes por algunas razones y, por tanto, la vamos a apoyar. En la anterior conferencia, que se celebró el 2 de octubre de 2012, se llegó a una
serie de conclusiones y hubo una declaración conjunta que se firmó por los distintos presidentes de comunidades autónomas con el presidente del Gobierno. En ella se trataron temas que son de inminente actualidad, como que se hiciera una reflexión
sobre un sistema tributario más eficiente y equitativo, se estableció el compromiso de cumplir con el déficit, de animar la inversión en I+D+i y en educación, coordinar los servicios de empleo del Estado y de las comunidades autónomas, apoyar el
Pacto de crecimiento y empleo aprobado por el Consejo Europeo del 28 y 29 de junio de aquel año, aplicar medidas de empleo especialmente a los sectores jóvenes -que son los más vulnerables- y recomendar que el Banco Central Europeo diera créditos a
la pequeña y mediana empresa. Aunque sea tres años después y solo fuera para hacer el seguimiento de cómo se encuentra aquella declaración conjunta que se firmó, bien valdría la pena que se celebrase esa Conferencia de Presidentes.
Además de eso, ha habido -ya se ha dicho- cambios sustanciales en varias comunidades autónomas. El sistema de financiación está siendo muy cuestionado en este momento también por varias comunidades autónomas y la aplicación de los objetivos
de déficit es un debate abierto en este momento, en tanto su reparto, entre el Gobierno central y las propias comunidades autónomas, ayuntamientos y la Seguridad Social. En ese sentido, y teniendo también en cuenta que parece que el Partido Popular
quiere abrir el debate de la reforma electoral, no estaría de más que todos estos elementos -en el doble sentido- se pudieran tratar en esa Conferencia de Presidentes. Y no estaría de más tampoco teniendo en cuenta que seguro que es la última
Conferencia de Presidentes que se va a dar en este periodo legislativo y que algunos deseamos que la próxima se dé con un Gobierno diferente al actual. Por tanto, celebrar esta Conferencia de Presidentes podría ser también una oportunidad para el
Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lara.
Por el Grupo Catalán de Convergència y d'Unió, tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo de Convergència i de Unió para fijar nuestra posición, que va a ser la de no votar favorablemente la propuesta del Grupo Socialista.
Para nosotros esta es una petición de reunión de un organismo que se ha venido viendo que no tiene gran utilidad. Se ha reunido en pocas ocasiones, la última en 2012, hace ya tres años. A lo largo de estos tres años han sucedido muchas
cosas importantes desde el punto de vista de la Administración del país. Por ejemplo, se ha creado una comisión, la CORA, de racionalización de las administraciones en la cual no ha participado absolutamente nadie más allá de personas al servicio
de la Administración General del Estado. Por ejemplo, hubiera sido un buen motivo para una reunión de la Conferencia de Presidentes poder haber debatido cómo se hacía frente a los retos de dar respuesta a la crisis. Esto no se ha hecho y en estos
momentos nos parece la constatación del fracaso -que seguramente el primer partido de la oposición quiere de alguna manera tenerlo- de la política del Gobierno en relación con las administraciones territoriales. Existen paralelamente otra serie de
organismos -la Conferencia de Presidentes es un
organismo que creó el presidente Zapatero, que a nosotros en su día nos pareció que como instrumento de diálogo en principio podría ser positivo-, las conferencias sectoriales, como por ejemplo el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la
Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado. La verdad es que durante estos cuatro años ha habido un triste balance de todos estos mecanismos que podríamos calificar de cooperación entre el Estado y las administraciones territoriales, y
esto, querido portavoz socialista, no se arregla con una foto, porque al final la imagen podría ser la de una foto que quiere redimir de alguna manera un comportamiento que nos parece que no es el que tocaba desde el estricto orden constitucional y
habiendo los problemas que hay en la estructura del Estado a lo largo de estos cuatro años. Por tanto, nosotros no lo vemos en ningún caso, desearíamos que los mecanismos de cooperación existentes sirvieran. El fracaso de la última reunión del
ministro de Hacienda con los consejeros autonómicos para tratar algo tan importante como la senda de consolidación fiscal fue un absoluto fracaso, y creo que hay que constatar que estos cuatro años no se ha contado para nada con estos mecanismos
cooperativos, han fracasado y desde luego hay que tomar buena nota de ello y, repito, sinceramente una simple fotografía no puede redimir el fracaso de la política autonómica del Estado durante cuatro años.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Barreda.
El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Hernando, su escrito inicial, porque es de lo que tenemos que debatir, lo que pide son explicaciones por la no convocatoria de la Conferencia de Presidentes desde 2012, no propone convocar nada ni que se convoque ahora la Conferencia
de Presidentes, sino que pide explicaciones de por qué no se ha convocado desde 2012. Por otra parte, tampoco por un acuerdo de esta Diputación Permanente se podría convocar esa Conferencia de Presidentes ni se podría convocar una comparecencia del
presidente del Gobierno; no haría falta una comparecencia para efectuar esa convocatoria de la Conferencia de Presidentes. Es decir, estamos ante la más acabada expresión de la capacidad del Partido Socialista para ver la paja en ojo ajeno e
ignorar la viga en el propio. Viendo su petición y escuchando sus intervenciones, se diría que hasta 2012 la Conferencia de Presidentes se había reunido con escrupulosa regularidad anual desde su creación en 2004, al menos desde la aprobación de su
reglamento interno en 2009, pero lo cierto es que nada más lejos de la realidad. Es cierto que el artículo 4 de ese reglamento interno prevé la convocatoria anual de la conferencia, pero la realidad es que las cinco sesiones celebradas han estado
más distanciadas en el tiempo con reglamento o sin él. De hecho, desde que se acordó la elaboración del reglamento -meramente acordada la elaboración- hasta que se aprobó, transcurrieron casi tres años, desde enero de 2007 hasta diciembre de 2009;
tres años durante los que la conferencia no fue convocada. Aprobar el reglamento tampoco cambió nada, porque el señor Rodríguez Zapatero dejó el poder dos años después sin haber convocado en ese tiempo, ni en 2010 ni en 2011, la Conferencia de
Presidentes. Por entendernos, señor Hernando, en los cinco últimos años menos un mes de gobierno del PSOE, la Conferencia de Presidentes fue convocada una única vez el 14 de diciembre de 2009. Estos son los antecedentes de quienes hoy vienen aquí
a indagar sobre las razones por las que la conferencia no ha sido convocada desde octubre de 2012, desde hace bastante menos de tres años.
En todo caso, yo quiero aprovechar la ocasión para recordar la importancia de los acuerdos alcanzados en la quinta conferencia de octubre de 2012, que aprobó una declaración conjunta sobre la situación económica de España y el futuro de la
Unión Europea. Con el objetivo de recuperar la senda de crecimiento y la creación de empleo, la conferencias expresó su compromiso con la consolidación fiscal, constató la necesidad de una economía más competitiva y de un incremento duradero de la
productividad, apoyó las reformas estructurales en Europa en el marco del Pacto por el Crecimiento y el Empleo, consideró necesario contar con instrumentos como el Banco Central Europeo -como aquí se ha recordado-, que garantizasen una financiación
adecuada de las administraciones públicas y del sector privado, en particular de las pymes, y apoyó sin reservas la integración europea y la unión bancaria, la unión fiscal, la integración económica y una mayor integración política. Como se ve,
estas fueron las cuestiones que han sido claves en esta legislatura a la hora de hacer frente a la crisis en aquel momento en octubre de 2012 en que arreciaban las voces que consideraban inevitable el rescate de España e instaban a solicitarlo sin
demora; en la propia Conferencia de Presidentes, por cierto, por boca, por ejemplo, del señor Artur Mas. Es bueno recordarlo hoy que ese escenario ha sido felizmente superado, España lidera el crecimiento en Europa y crea más de medio millón de
empleos al año. Pues bien, una única convocatoria de la Conferencia de Presidentes en esta legislatura y una sola también en los cinco últimos años del señor Rodríguez Zapatero
al frente del Gobierno. En 2009 se abordaron las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea durante 2010. Después de esa fecha, durante la legislatura, tuvimos crisis y más crisis, destrucción de 3 millones de
empleos, caída de la actividad económica y de la recaudación tributaria e incremento desmesurado del déficit. El Gobierno socialista no consideró que hubiera razones para convocar la Conferencia de Presidentes ni siquiera, señor Hernando, en
términos de diálogo político, como usted decía aquí. En la convocatoria de la conferencia presidida por el presidente Rajoy en octubre de 2012 creemos que fue fundamental aunar voluntades en torno a las cuestiones que han dominado la legislatura.
Se ha trabajado en la línea allí debatida y los resultados positivos han acabado llegando, aunque quede camino por hacer. Señorías, no hace falta buscar tres pies al gato, no hay razones para no convocar la conferencia, no hacen falta razones para
no convocar ni conferencias ni ningún órgano, como supongo que no las hubo en la pasada legislatura, y pueden estar seguros de que cuando haya razones que hagan necesaria o aconsejable su convocatoria, la misma se producirá con toda normalidad. En
ningún caso parece que existan motivos de urgencia para la comparecencia del presidente del Gobierno nada menos que ante el Pleno de la Cámara reunido en sesión extraordinaria para dar explicaciones de por qué no ha habido esas reuniones desde 2012.
No contentos ustedes con señalar la paja en ojo ajeno, ignorando la viga en el propio, además han incurrido en una notable desproporción entre lo que plantean y los instrumentos para materializarlo. Su reconducción, la que ha intentado el
señor Hernando tomando en pie las recientes elecciones autonómicas en esta sesión, tampoco hubiera sido materialmente posible con anterioridad al día de hoy, y usted lo sabe. No hubiera sido posible porque en Navarra o Asturias, por ejemplo, han
cerrado esta misma semana la elección de sus presidentes autonómicos. Usted tenía registrado el escrito antes de que se cerrara la elección de presidente y no se podía convocar la Conferencia de Presidentes sin esa renovación de las comunidades
autónomas completada. Por otro lado, que mire usted al futuro hablando de presupuestos y consejos autonómicos, es también lo contrario de lo que plantea en su escrito, que mira directamente al pasado. No voy a valorar ese estrambote apelando a
Cataluña en términos políticos, que yo creo que lo que deja claro es la vaciedad inicial, la carencia de contenido de su escrito y de su solicitud.
Por todo ello, porque es a todas luces improcedente, votaremos en contra de la comparecencia supuestamente urgente solicitada por el Grupo Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barreda.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (número de expediente 062/000261), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA URGENTE DEL MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ANTE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, PARA QUE DÉ CUENTA DE SU POSICIÓN EN RELACIÓN CON EL REPARTO DE LOS OBJETIVOS DE DÉFICIT ENTRE
ADMINISTRACIONES EN EL PERIODO 2016-2018. (Número de expediente 213/002061).
El señor PRESIDENTE: Petición, formulada por un número suficiente de diputados del Grupo Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, con el siguiente
orden del día: Comparecencia urgente del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para que dé cuenta de su posición en relación con el reparto de los objetivos de déficit entre administraciones en el periodo 2016-2018.
Para defender esta petición, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Vamos a ver si ahora tenemos más suerte con esta petición de comparecencia. ¿Qué pretendemos con la petición de la comparecencia del ministro de Hacienda? Que explique qué criterios y qué metodología ha utilizado el ministro a la hora de
repartir los objetivos de déficit entre administraciones. ¿Lo hizo el ministro de Hacienda la semana pasada en el Pleno cuando se habló del límite de gasto no financiero? No lo hizo. Esto nos llevaría a una conclusión, y es que las comunidades
autónomas deberían tener unos objetivos de déficit mayores y habría una menor presión para que las comunidades autónomas ahora
tuvieran unos objetivos de déficit individualizados como está planteando el Gobierno de España. Por consiguiente, criterios objetivos para el reparto del déficit entre administraciones y criterios objetivos para calcular el objetivo de
déficit para cada una de las comunidades autónomas, como parece que ahora quiere plantear el Gobierno para el año 2016. Criterios objetivos frente a los criterios Montoro. Es mucho más importante la transparencia que los criterios oscuros que
siempre utiliza el ministro de Hacienda.
¿Por qué es importante lo que pedimos, que se sepan los criterios y la metodología utilizada por el Gobierno de España? Porque estamos hablando de cuán grandes tienen que ser los recortes del Estado del bienestar en los momentos de mayor
desigualdad de la sociedad española, y uno de los instrumentos más importantes para resolver los incrementos de desigualdad es el Estado del bienestar. Por eso es importante lo que estamos planteando aquí esta mañana en la Diputación Permanente.
¿Quién piensa como nosotros, como el Grupo Socialista, que se debería conocer esa metodología de reparto de los objetivos entre administraciones y esos criterios objetivos? De entrada, el Tribunal de Cuentas lo ha pedido. También lo ha pedido el
presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en su comparecencia el pasado 10 de marzo en la Comisión de Hacienda de este Parlamento. Y también las comunidades autónomas, que quieren que se incluya un punto del orden del día
en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para establecer esos criterios objetivos. Lo que las comunidades autónomas quieren pedir a la autoridad fiscal es que se fije una metodología y unos criterios objetivos para
establecer el reparto del déficit entre administraciones de aquí al año 2020. Luego, no lo pedimos nosotros. No lo ha hecho el Gobierno de España y lo piden el Tribunal de Cuentas, la autoridad fiscal y prácticamente todas las comunidades
autónomas.
¿Qué ha pasado hasta el año 2011? A las comunidades autónomas se les asignaron unos objetivos de déficit hasta el año 2011 que representaban el 40 % del total del déficit. ¿Eso era mucho o poco? Dado que del total del gasto público el
gasto de las comunidades autónomas era el 32 % en esos años, estaba bien. Se ajustaba que el objetivo de déficit para las comunidades autónomas fuera el 40 % del total del déficit, porque su gasto estaba en torno al 32 % del gasto total. ¿Qué pasa
a partir del año 2012? Los criterios cambian y se es más restrictivo con las comunidades autónomas. Voy a poner un ejemplo. Para el año 2016 las comunidades autónomas tienen un objetivo del 0,3 %. ¿Cuanto es ese 0,3 % en relación con el total
del déficit? Señorías, estamos hablando del 10,7 %. Ha bajado al 10,7 %. ¿Cuánto fue en el año 2012 ya con este Gobierno? Fue del 23,8 %. Va bajando y eso quiere decir que se es más duro y que las comunidades autónomas tienen que hacer un
esfuerzo mucho mayor. ¿De qué estamos hablando? Me voy ahora al terreno de lo político. Estamos hablando del Estado del bienestar. Por eso, hay una decisión política de este Gobierno de hacer más pequeño el Estado del bienestar cuando más
necesita la sociedad española el Estado del bienestar. De eso estamos hablando en términos políticos. De hecho, entre el año 2011 y el año 2014 las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo de reducción de déficit mayor que la Administración
central. La Administración central ha reducido entre 2011 y 2014 su parte del déficit en 1,6 puntos del PIB y las comunidades autónomas en un 2,18 %. Todo esto se hace en un contexto en el que ha subido el IVA -¡y de qué manera!- y los impuestos
especiales, pero ni un euro para las comunidades autónomas aunque tienen transferido el 60 % de los impuestos especiales. Es más, el Gobierno de España incumple su propia Ley de Estabilidad Presupuestaria, de tal manera que hay cuatro comunidades
autónomas que han recurrido ante los tribunales. ¿A qué comunidades autónomas me refiero? A Andalucía, a Asturias, a Cantabria y a Cataluña. Han recurrido porque, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en el año 2016, señor
presidente, el objetivo de déficit para las comunidades autónomas tendría que ser del 1,09 y va a ser del 0,3; es decir, con la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno, su déficit tendría que ser del 1,08 y no del 0,3. Dirán ustedes:
estamos hablando de décimas. No, estamos hablando de en torno a un punto del PIB, de 11.000 millones de euros; no estamos hablando de algo liviano, sino de 11.000 millones de euros, que es parte del ajuste que tienen que hacer las comunidades
autónomas. El año que viene las comunidades autónomas van a recibir más financiación como consecuencia de la liquidación del presupuesto del año 2014, y entonces las corresponderá una cantidad adicional importante, pero también tendrán que hacer un
ajuste muy significativo en términos del Estado del bienestar, entre 3.000 y 4.000 millones de euros.
Por tanto, señorías -con esto termino-, estamos hablando de solidaridad, del Estado del bienestar. Lo que pedimos en este Congreso, y lo que está pidiendo prácticamente toda la sociedad, son criterios y metodología a la hora de repartir, y
no se ha hecho. Las próximas semanas vamos a vivir una presión para que cada comunidad autónoma tenga un objetivo de déficit distinto. Si los criterios fueran claros, probablemente los objetivos de déficit para el conjunto de las comunidades
autónomas serían mayores,
luego habría menos presión. Pero si, adicionalmente, se plantea un objetivo de déficit para cada comunidad autónoma, le pido al Gobierno que sean criterios objetivos para el reparto de ese déficit en cada comunidad autónoma, porque lo
contrario serían los criterios Montoro, oscuridad absoluta.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Turno de fijación de los grupos. En primer lugar, por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Intervengo brevemente para decir que también vamos a apoyar esta petición. Nos gustaría que esta comparecencia sirviera para hablar del problema de fondo, que es la financiación del Estado de las autonomías y
sus muchísimas oscuridades, opacidades y falta de criterio. Consideramos que hay que buscar un sistema de financiación que sea equitativo, estable, a largo plazo y sostenible, y lo que estamos acostumbrados a ver es exactamente lo contrario.
No voy a entrar en otras cuestiones de fondo, que tendrían que ver con la existencia de paraísos fiscales o la petición por algunas comunidades autónomas de apuntarse a sistemas de privilegio fiscal, tipo concierto, etcétera, que en nuestra
opinión no harían sino empeorar el sistema de financiación, aumentar la desigualdad, aumentar la injusticia y la falta de equidad y profundizar en la opacidad, que es todo lo contrario de lo que se persigue.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para apoyar, en nombre de mi grupo parlamentario, la propuesta de comparecencia del ministro de Hacienda en la Comisión correspondiente. Nos parece plenamente justificada. Se ha generado, además, un conflicto grave en el tema de
la financiación de las comunidades autónomas, que en su mayoría se han posicionado en contra de este acuerdo, claramente impuesto por el Gobierno de España. Incluso alguna comunidad gobernada por el Partido Popular ha visto con bastante
escepticismo esta propuesta, lo que la ha llevado a abstenerse. Además, es un tema que tiene mucho reflejo en los derechos de la ciudadanía, puesto que las comunidades autónomas son las que gestionan cuestiones básicas para la mayoría de la
población, como la sanidad y la educación. La imposición de estos recortes por parte del Gobierno no están justificados bajo ningún concepto, sobre todo cuando el propio Gobierno y, en particular, el ministro de Hacienda lanzan las campanas al
vuelo anunciando la mejora económica de España, incluso unas rebajas fiscales que se van a aplicar de forma inmediata con el recién aprobado real decreto-ley. Es decir, hay una serie de cuestiones que no se comprenden, porque si el Gobierno está en
posición de rebajar impuestos y de garantía de crecimiento económico, no se entiende que se le imponga esa disciplina férrea a las comunidades autónomas, que va a llevar, indudablemente, si continúa adelante, a un recorte en derechos básicos para la
ciudadanía. Nos parece que es un camino muy peligroso, el del populismo fiscal por parte del Gobierno, que no compartimos. Por eso, el ministro de Hacienda debe comparecer ante la Comisión para dar cumplidas explicaciones al conjunto de grupos
parlamentarios.
Concluyo diciendo que, para mi grupo parlamentario, sería básico entrar a negociar y vislumbrar lo antes posible, por parte de todos los grupos parlamentarios, por dónde tendría que ir una necesaria reforma -cada día más- del modelo de
financiación autonómica. Cada día son constantes los goteos de noticias de determinadas comunidades autónomas. Yo soy de una comunidad autónoma en la que estamos en una situación de absoluta precariedad para afrontar los pagos que nos ha dejado
encima de la mesa el anterior Gobierno del Partido Popular -en otro punto del orden del día hemos pedido una comparecencia específica sobre ese tema-, y es más necesario que nunca proceder a una revisión en profundidad del modelo de financiación
autonómica que acabe con las manifiestas injusticias que hay con respecto a la financiación de algunas comunidades autónomas y, específicamente, la Comunidad Valenciana, en la cual estamos muy por debajo de la media del Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Catalán de Convergència i de Unió va a intervenir, en primer lugar, el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, intervengo en representación de los diputados y diputadas de Unió Democràtica de Catalunya. La semana pasada votamos en contra de los objetivos de déficit y del límite de gasto propuesto por el Gobierno, y ello por varios
motivos, como decía el señor Saura -y me alegro de que comparta muchos de los datos que ofrecíamos la semana pasada-; unos objetivos que son desleales con las comunidades autónomas, desproporcionados y contrarios a la legalidad, en relación con la
disposición transitoria primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Son unos objetivos que perpetúan que la Administración General del Estado haga un menor esfuerzo de contención del gasto, que continúe apropiándose del incremento de impuestos
fiscales -impuesto sobre el valor añadido e impuestos especiales- que corresponderían, en una parte, a las comunidades autónomas, y también centrifugando el gasto social a las comunidades autónomas. Además, son unos objetivos que no están
orientados al crecimiento económico ni a la lucha contra la pobreza y las desigualdades que padecemos actualmente. Por ello, la semana pasada reclamaba una mayor flexibilidad y un reparto más adecuado del esfuerzo. Recuerden que el presidente de
la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal advertía sobre la conveniencia de reflexionar sobre el reparto de los objetivos de déficit, para reconocer la mayor dificultad que tienen las autonomías para lograr sus objetivos. Ahora llega el
momento de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acuerde con el Consejo de Política Fiscal y Financiera el objetivo que corresponde a cada comunidad autónoma y, por ello, creemos que debemos conocer en sede parlamentaria los
criterios por los cuales se efectuará el reparto singularizado; queremos saber si se primará la uniformidad sobre la racionalidad; si se tendrá en cuenta el esfuerzo histórico realizado; o si se aprobará de forma unilateral y arbitraria, como se
ha venido haciendo tradicionalmente. Por lo tanto, señor presidente, votaremos a favor de la solicitud de comparecencia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.
Señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de los compañeros de Convergència Democràtica, en primer lugar, para decir que suscribo todo lo que ha dicho el señor Picó, y para decir que también estamos de acuerdo con el planteamiento del señor Saura. En su día,
defendimos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que hubiera un mecanismo que automatizara el reparto del déficit en función de los respectivos presupuestos. Así está escrito por la ley y nos sorprende extraordinariamente que no se cumpla la ley,
como no se ha cumplido en los últimos tres ejercicios. Esto sitúa a las comunidades autónomas ante la eventualidad de tener que formar unos presupuestos muy complejos y sitúa, sobre todo, a los ciudadanos, por expreso deseo del Gobierno del Partido
Popular, ante la eventualidad de que vean recortadas aún más sus prestaciones sociales. El señor Saura ha aventurado una cifra, que veremos en función de los presupuestos del Estado, pero sí que podría concluirse que aquí hay un regalito de 4.000
millones de euros en recortes que el Estado obliga a todas las comunidades autónomas. Esto, en estos momentos, me parece profundamente insolidario, injusto y, por tanto, en ningún caso podemos admitirlo. Por tanto, vamos a votar con entusiasmo
esta comparecencia, porque hay que denunciar este hecho incomprensible -repito- legalmente y mucho más grave política y socialmente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a rechazar la comparecencia del ministro de Hacienda y Administración Públicas para explicar el reparto de los objetivos de déficit entre las diferentes administraciones
públicas porque, como saben, la prioridad del Partido Popular desde que llegó al Gobierno en esta legislatura ha sido fundamentalmente alcanzar la estabilidad económica, política y social de España y, sobre todo, poder dejar definitivamente atrás la
crisis económica. La diferencia entre el inicio y el final de esta legislatura es evidente; los datos están ahí. Hemos pasado de la recesión económica al crecimiento y a la creación de empleo. Por tanto, si entonces pedimos confianza a los
españoles, ahora les podemos ofrecer resultados, porque hemos hecho una política fiscal que está consiguiendo reducir los objetivos de déficit público, porque reducir los objetivos de déficit público no es
un capricho del Gobierno ni un capricho del Partido Popular; reducir el déficit público es un requisito necesario para la estabilidad económica de nuestro país, para crecer y para seguir creando empleo. Desde luego, el Partido Popular es
muy distinto del Partido Socialista y hace las cosas de muy diferente manera, por eso hemos puesto un gran empeño en sanear las cuentas públicas de todas nuestras administraciones. Desde la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria hemos
reducido el déficit público en esta legislatura en casi 50.000 millones de euros y además vamos a hacer y a tramitar los Presupuestos Generales del Estado, porque hacemos las cosas con rigor, en tiempo y forma, no como hizo el Gobierno socialista,
saliendo por la puerta de atrás y dejando a España a la deriva con unos presupuestos sin aprobar.
Señorías, el pasado 10 de julio el Consejo de Ministros aprobó los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las administraciones públicas en el periodo 2016-2018. Este esfuerzo de reducción del déficit público, que nos
llevará a un déficit del 0,3 % para el año 2018, supone seguir aplicando una política de control del gasto público en coherencia con las recomendaciones del propio Consejo Europeo, y además nos permite seguir avanzando hacia el equilibrio
presupuestario a medio plazo por el que apostábamos las dos grandes fuerzas políticas, Partido Popular y Partido Socialista, en la legislatura de Zapatero con la reforma de la Constitución, pero que ahora el señor Sánchez parece abandonar renegando
de esos principios y lanzándose en los brazos de Podemos, según sus intereses electorales. (Rumores).
El Partido Popular va a continuar defendiendo su política fiscal y presupuestaria porque es la que está dando resultados. Ustedes solo hablan de las cifras que le interesan al Partido Socialista, pero olvidan hablar de las que interesan a
los españoles y a España. No han mencionado aquí en absoluto el nuevo cuadro macroeconómico presentado por el Gobierno para la elaboración de esos Presupuestos Generales del Estado y para el reparto de los objetivos de déficit y, como saben, España
encabeza la mejora económica y del mercado de trabajo entre los países desarrollados -lo cual no mencionan ustedes-, elevando las previsiones de crecimiento este año al 3,3 % del PIB y con una creación de empleo de 602.000 empleos nuevos. La
demanda interna crece, el consumo privado aumenta, se crea empleo -más de un millón de puestos de trabajo entre 2014 y 2015-, crece la inversión y bajan los impuestos. Esta es una España muy distinta a la que nos encontramos y ha sido posible
gracias al esfuerzo de todos y de todas las administraciones públicas: Administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos.
Señorías, el pasado 15 de julio el propio ministro de Hacienda ya explicó que es rotundamente falso que las comunidades autónomas vayan a tener que hacer un mayor esfuerzo que la Administración central; no es cierto. En este sentido,
pensamos que los números son la mejor vacuna contra la manipulación política, porque entre 2015 y 2018 la Administración central tendrá que hacer un ajuste de 3,3 puntos del producto interior bruto, mientras que a las comunidades autónomas les
corresponde un ajuste de 1,66 puntos en estos cuatro años, es decir, la mitad que al Estado central. Por tanto, también olvidan ese dato. Tampoco han hablado ustedes del aumento de los ingresos tributarios. Los presupuestos tienen dos partes,
como sus señorías saben, por un lado tienen los gastos y por otro, los ingresos. Pues bien, los ingresos tributarios van a crecer a un ritmo del 4 % en 2016 gracias a la buena evolución de la economía y del empleo y, como consecuencia de ese
incremento de la recaudación, las administraciones territoriales, las comunidades autónomas, van a contar con un incremento importante de sus recursos para el año próximo, con un aumento del 8 %, por lo que recibirán 10.000 millones más en sus
presupuestos y así podrán afrontar mejor los gastos del Estado de bienestar. Eso les va a ayudar a reducir su déficit y van a poder cumplir sus objetivos de estabilidad presupuestaria. Además, esa nueva situación económica creada gracias a esa
política fiscal rigurosa, responsable y eficiente va a permitir poner en marcha un nuevo modelo de financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos, va a ser un modelo más justo que va a garantizar la prestación de los servicios básicos a todos
los ciudadanos pero, eso sí, en condiciones de igualdad en cualquier parte de España.
El señor PRESIDENTE: Señora Madrazo, tiene que terminar.
La señora MADRAZO DÍAZ: Voy terminando.
Por tanto, se olvidan ustedes de que el gasto en los Presupuestos Generales del Estado se va reducir en 2016 porque se van a reducir las partidas de desempleo, ya que afortunadamente estamos creando empleo. Solo se puede hacer política
social cuando se ha hecho bien la política económica. En consecuencia, vamos a rechazar esa comparecencia del ministro de Hacienda porque el Gobierno va a
seguir trabajando hasta el último día y va a continuar con esa política fiscal que está generando más crecimiento, más empleo, menos impuestos y más bienestar a todos los españoles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE (número de expediente 062/000261), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA URGENTE DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, PARA DAR CUENTA DE LAS INTENCIONES DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA LOMCE. (Número de expediente
213/002063).
El señor PRESIDENTE: Petición formulada por diputados del Grupo Socialista para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación y Deporte con el siguiente orden del día: Comparecencia urgente del
ministro de Educación, Cultura y Deporte para dar cuenta de las intenciones del Gobierno respecto a la aplicación y desarrollo de la Lomce.
Por el Grupo Socialista y para presentar la iniciativa, tiene la palabra la señora Rodríguez García.
La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Socialista solicitó esta comparecencia como consecuencia de los problemas de implantación que está teniendo la Lomce en nuestro país y que hemos vivido en el pasado curso académico, que parece que para el curso próximo no
se prevén menores. Estas son las consecuencias de la ley Wert, la herencia que nos dejó el anterior ministro, una ley sin acuerdo político, una ley que tiene el rechazo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, una ley que tiene seis
recursos ante el Tribunal Constitucional, una ley que ha contado con la oposición de muchas comunidades autónomas y una ley que se está implantando con mucha precipitación. Estamos a finales del mes de julio y nos encontramos con que la mayoría de
las comunidades autónomas no han desarrollado la normativa, no tienen aprobados los currículos que se han de aplicar en el mes de septiembre. Tenemos comunidades autónomas con desarrollos curriculares de la Lomce y sin embargo libros de texto y
metodología de la LOE, por ponerles un ejemplo. Estos problemas se han acentuado con los cambios políticos habidos tras las pasadas elecciones autonómicas. Los nuevos Gobiernos autonómicos están reclamando al Gobierno de España la paralización del
precipitado calendario Lomce.
En este escenario de indefinición e incertidumbre, que genera desasosiego e inseguridad entre los docentes, los alumnos y sus padres, hemos solicitado esta comparecencia. He de reconocerles que en la tarde de ayer, y en el marco de una
comparecencia sobre las líneas generales de la política de su departamento, el propio ministro y también los grupos políticos se refirieron a este asunto. Valoramos muy positivamente la comparecencia del día de ayer y nos felicitamos de que el
ministro haya tenido a bien convocar la conferencia sectorial para mediados de agosto, tal y como habíamos venido solicitando el Partido Socialista y las comunidades autónomas donde hay un Gobierno Socialista. Como consecuencia de este anuncio del
ministro, seguimos manteniendo nuestra posición en relación con la necesidad de paralizar la puesta en marcha de la Lomce, si bien, presidente, creemos que es necesario esperar que se celebre esa conferencia sectorial para que se produzca en la
Cámara esa comparecencia del ministro en la que nos pueda dar cuenta de los acuerdos que allí se alcancen, por lo que le rogaríamos que no se someta a votación esta solicitud de comparecencia y le ahorramos así al Grupo Parlamentario Popular una
nueva negativa a nuestras solicitudes. Pero sí me gustaría terminar insistiendo en que confiamos que, tras la celebración de esa conferencia sectorial y en coherencia con la posición de la mayoría de las comunidades autónomas que en ella se van a
sentar y que son las encargadas de implantar esta ley y también en coherencia con lo que están demandando los docentes, los padres y los alumnos, se proceda a la paralización del calendario de aplicación de la Lomce. Solo desde este punto de
partida se entenderán sinceras las buenas propuestas que ayer hizo el ministro -las propuestas de diálogo, las buenas formas-, y solo así podremos comenzar a reconstruir un acuerdo para un sistema educativo estable y de calidad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora portavoz.
De su intervención deduzco que no someteremos a votación esta propuesta por las razones que usted ha dado, pero, para no negar a nadie su derecho a opinar sobre la misma y su retirada, si algún grupo me pide la palabra, yo se la daré para
que intervenga. ¿Señor Martínez Gorriarán? (Denegación). ¿Señor Centella? (Denegación). ¿Señor Picó? (Denegación). ¿Señora Moneo?
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la primera sorpresa de mi grupo es que el Grupo Socialista haya mantenido esta solicitud de comparecencia en el día de hoy en la Diputación Permanente. Como usted ha dicho, hace menos de veinticuatro horas en esta misma sala el
ministro de Educación explicaba una a una las cuestiones a las que usted ha hecho referencia. Daba buena cuenta de la convocatoria de la conferencia sectorial y explicaba con absoluto detalle que si la conferencia sectorial no se celebraba antes
sino a lo largo del mes de agosto era precisamente porque algunos consejeros de su partido, señora Rodríguez, todavía no han tomado posesión, y él quiere ser respetuoso con todos los consejeros: quiere reunirse, hablar antes con ellos y después
convocar la conferencia sectorial. No sé a qué se debe que hoy se mantenga este punto del orden del día ustedes pueden administrar como quieran sus intervenciones en la Diputación Permanente, pero demuestran una improvisación y descoordinación que
en este caso y en la educación en concreto no nos merecemos.
Pero como usted ha hecho referencia a una serie de cuestiones en relación con la Lomce, me va a permitir que yo aproveche mi turno y la conteste. Mire, ayer le dije al portavoz de su grupo, al señor Bedera, y hoy lo repito, que es el
momento de la responsabilidad y de la altura de miras. Ustedes no son nuevos en la historia de paralizar leyes del Partido Popular, ustedes no vienen a esta Cámara a solicitar que se paralice el calendario de la Lomce, ustedes vienen a reiterar lo
que afirmaron antes de que la Lomce entrase en esta Cámara: su intención de derogar una ley que no cuenta con su apoyo. Y van a montar exactamente el mismo número que hicieron con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación. Es decir, una ley que
no es socialista no tiene el derecho, a su juicio, de ser una ley que gestione la educación en este país. Quitémonos la careta. Si usted quiere acuerdos, si quiere debatir, si quiere que hablemos del desarrollo de la Lomce, tiene al Grupo Popular
a su disposición; si quiere volver al modelo educativo socialista, caduco y fracasado, que ha frenado las posibilidades de desarrollo de la educación, de profesores, de familias y de alumnos en este país, con nosotros no cuente. Estos temas se
discutirán en la conferencia sectorial que, efectivamente, tiene en estos momentos mayoría socialista. Por cierto, son las comunidades autónomas socialistas las que no han hecho su tarea, las que desde el primer momento frenaron el desarrollo de la
Lomce y las que ahora, en estos momentos, tienen más dificultades a la hora de aplicarla. Por tanto, seamos serios y rigurosos y, si quieren que hablemos de educación, hablemos; pero si quiere hacer juegos malabares con la educación de este país y
desde luego con la disposición de esta Cámara, con nosotros no cuente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (número de expediente 062/000261), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA URGENTE DEL MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, ANTE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, PARA INFORMAR DE LAS ACTUACIONES QUE VA A LLEVAR A CABO PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA PÍLDORA POSCOITAL PARA
LAS MUJERES QUE LA REQUIERAN. (Número de expediente 213/002057).
El señor PRESIDENTE: Petición formulada por un número suficiente de diputados del Grupo Socialista para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, con el siguiente orden del
día: Comparecencia urgente del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para informar de las actuaciones que va a llevar a cabo para garantizar el acceso a la píldora poscoital a las mujeres que la requieran.
Para defender la iniciativa, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Olmos.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señores diputados y señoras diputadas, el Grupo Parlamentario Socialista trae este punto a la Diputación Permanente tras conocerse con fecha 25 del mes pasado una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se reconoce el derecho a la
objeción de conciencia de un farmacéutico de la provincia de Sevilla a dispensar la píldora poscoital. Quiero aprovechar para recordar que desde el 15 de enero de este año el señor Alonso, ministro de Sanidad, no ha comparecido en la Comisión de
Sanidad, a pesar de algunas peticiones realizadas por mi grupo y por otros grupos por asuntos de interés sanitario. Este es uno de ellos, porque es una sentencia -lógicamente nosotros la acatamos y ya veremos si la administración sanitaria
andaluza, que es la afectada en esta sentencia, procede a recurrirla o no- que genera determinadas incertidumbres cara al futuro en un aspecto que tiene una enorme trascendencia desde el punto de vista de la prevención de los embarazos no deseados.
Hemos tenido en esta legislatura -yo creo que por error de planteamiento del Partido Popular en relación con la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo- varios debates sobre el posicionamiento del Grupo
Popular en relación con esta ley, que finalmente culminaron hace pocos días con una modificación -creemos que equivocada- de lo que la ley estaba apuntando adecuadamente en lo referente a disminuir el número de embarazos no deseados en este país y,
por lo tanto, a disminuir el número de abortos. Claramente, la ley de interrupción voluntaria del embarazo vigente ha sido la que ha permitido que empiecen a darse ya datos objetivos de disminución de abortos y yo creo que todos coincidimos en la
necesidad de prevenir embarazos no deseados para que haya el menor número de abortos posible.
Quiero recordar que el planteamiento, el desarrollo que el Partido Socialista -el Gobierno anterior- hizo cuando tramitó la ley de interrupción voluntaria del embarazo iba acompañado de una serie de decisiones en la idea de hacer más
accesibles los métodos anticonceptivos para que con educación sanitaria y con disponibilidad de esos métodos anticonceptivos fuera posible una disminución objetiva del número de embarazos no deseados. Una de las medidas que adoptamos fue la de
retirar el requisito de que para obtener la píldora poscoital hubiera que realizar una receta médica. Este requisito se eliminó y se comprobó que, efectivamente, en estas situaciones de contracepción de emergencia, el que las mujeres pudieran
acudir a las farmacias favoreció, con otros factores, la disminución de los embarazos no deseados y, por lo tanto, la disminución del número de abortos. Esta sentencia genera un conjunto de incertidumbres, porque si finalmente determinado número de
farmacéuticos se pudieran o se quisieran acoger a esta situación de objeción de conciencia habría una disminución de la accesibilidad de las mujeres a este recurso de anticoncepción de emergencia. Por eso, pensamos que el ministro de Sanidad tiene
que comparecer para plantear cómo va a prevenir esta situación, de forma que esto no se convierta en una dificultad para el acceso a la píldora poscoital, que todos compartimos que es necesario, respetando lo que dice el Tribunal Constitucional de
la objeción de conciencia. Por eso, repito, nosotros pedimos la comparecencia del ministro; pedimos que explique cómo piensa plantear que esta situación no deteriore la posibilidad de acceso a la píldora anticonceptiva y pedimos, de camino, que
plantee la manera de reforzar todas las políticas de prevención, todas las políticas que hagan posible la anticoncepción y, por lo tanto, la disminución al máximo posible de los embarazos no deseados.
Estamos acostumbrados a que en esta Diputación Permanente -y ya estamos a punto de agotar la legislatura- prácticamente sea imposible que el Grupo Parlamentario Popular acepte ninguna petición de comparecencia de los ministros, de los
miembros del Gobierno. Es rara avis que eso sea posible. En mi experiencia creo recordar una o dos situaciones en las que se han aceptado peticiones de algún grupo de la oposición de que comparezcan miembros del Gobierno. Creo que en esta
situación el Grupo Popular debiera permitir que compareciera el ministro de Sanidad y, a ser posible, que hubiera un debate en este sentido. Es un debate que, creo, nos interesa a todos y hacemos la petición con el mejor espíritu constructivo del
que somos capaces.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Olmos.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Tengo poco que añadir a lo que ha dicho el señor Martínez Olmos. Comparto su visión de la cuestión y por eso mi grupo va a apoyar también esta petición de comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra la señora Castaño.
La señora CASTAÑO REY: Señor presidente, nosotros apoyaremos la petición formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y coincidimos también con lo manifestado hace un momento en relación con la perplejidad que les ha producido la
sentencia del Tribunal Constitucional. Nos ha resultado curiosa, sorprendente y preocupante, y no porque no sepamos que en determinados momentos las convicciones personales pueden llevar a incumplir determinadas normas, sino porque creemos que en
un Estado de derecho las leyes deben cumplirse. Digo que en un determinado momento las convicciones personales pueden hacer que alguien se niegue porque hay un ejemplo que nuestra organización conoce perfectamente, como fueron aquellos jóvenes que
hace ya unos años, por sus convicciones antimilitaristas, se opusieron al servicio militar obligatorio y tuvieron que cumplir cárcel, en algunos casos durante más de un año. En cambio, esta sentencia avala que, por sus convicciones personales, el
farmacéutico en concreto al que se ha hecho referencia se niegue a dispensar lo que habitualmente conocemos como píldora del día después.
En esta legislatura en general hemos sufrido un proceso de involución en relación con las libertades y derechos de los ciudadanos y las ciudadanas y, evidentemente, también en relación con los derechos de las mujeres. Podemos recordar el
intento de modificación de la Ley del Aborto. Sabemos -porque el otro día ya nos lo decía el Grupo Parlamentario Popular- que mantiene su recurso en el Tribunal Constitucional. Sentencias como esta a la que ahora hacemos referencia nos hacen estar
preocupados y preocupadas por esto. En el último Pleno se ha aprobado que para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo las menores deben obtener el consentimiento de sus padres, lo cual abocará probablemente a algunas de esas menores que
viven situaciones excepcionales a tener que recurrir a métodos altamente peligrosos. En este caso en concreto, como he dicho anteriormente, apoyaremos la petición de comparecencia del señor ministro para que nos explique cómo va a hacer posible el
cumplimiento de la necesidad de que en las farmacias estén disponibles las píldoras que denominamos del día después, que son una medida excepcional y que contribuyen a evitar embarazos no deseados y, por lo tanto, abortos.
Hace un momento hablaba de la involución. Pues cuando preparaba esta intervención recordé algo que probablemente las mujeres que ahora tienen veinticinco o treinta años no han conocido pero que otras hemos conocido en parte, cuando había
que acudir a determinadas farmacias de nuestras ciudades, que eran conocidas en los círculos, para obtener algún método anticonceptivo. Evidentemente, nos vamos a oponer a que esa realidad retorne a nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Castaño.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Mi grupo también apoyará esta petición de comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista. Es evidente que la cuestión de fondo que se nos plantea es compleja y difícil, y podemos compartir con otros grupos una cierta perplejidad por esta
sentencia del Tribunal Constitucional, pero la cuestión no es tanto eso sino la efectiva voluntad que tenga en aquello que le compete la Administración General del Estado de desarrollar una política efectiva en materia de salud sexual y
reproductiva. Además, en un momento en que el Gobierno ha reabierto el debate sobre la regulación del aborto con un proyecto de ley que también está suscitando un rechazo importante en la Cámara y en sectores relevantes de la opinión pública, el
planteamiento de cómo como se aborda el uso de instrumentos como las píldoras poscoitales formaría parte de una discusión seria sobre las cuestiones vinculadas a los embarazos de las mujeres. Ello justificaría, por tanto, plenamente esta
comparecencia del señor ministro de Sanidad que, además, debería plantear si tras esa sentencia del Tribunal Constitucional el Gobierno piensa o no piensa realizar un abordaje legal de esta objeción de conciencia. No es un tema ni mucho menos
menor. Hace unos minutos se hacía referencia a los supuestos previstos de objeción al servicio militar obligatorio y recordemos que en ese caso, más allá de una previsión constitucional específica, existió una ley que desarrolló el ejercicio de ese
derecho. Dicha ley tardó unos cuantos años en poderse aprobar y, entre otras cosas, también contemplaba los supuestos legales de incumplimiento de las obligaciones que se derivaban de la consideración de una persona como objetor de conciencia.
Posiblemente esta sentencia del Tribunal Constitucional va a abrir un debate sobre la regulación de algún nuevo tipo de derecho a la objeción de conciencia. Eso no podrá depender del Tribunal Constitucional, es una cuestión lo suficientemente
relevante como para exigir un planteamiento legislativo específico que no vamos a resolver en esta legislatura. En cualquier caso, conocer la opinión, el criterio del Gobierno, bienvenido sería. Por lo tanto, votaremos a favor de esta
petición de comparecencia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, les voy a trasladar cuatro ideas básicas. En primer lugar, ¿es hoy mayor la facilidad en el acceso a la píldora poscoital que cuando ustedes gobernaban? Rotundamente, sí. (La señora López i Chamosa: ¡No, rotundamente no!).
El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa, por favor.
Continúe usted, señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: No importa, presidente.
Nosotros hemos incorporado una segunda píldora poscoital, el ulipristal, y les quiero recordar que la primera píldora poscoital fue aprobada por un Gobierno del Partido Popular en el año 2002. Por otra parte, hemos incorporado a nuestro
ordenamiento jurídico la decisión de la compra por Internet con las garantías de seguridad, tal y como marca la Unión Europea. Primera idea: hoy es más asequible para las mujeres la obtención, cuando la necesiten, de la píldora del día después.
En segundo lugar, ¿de quién es la competencia a la hora de garantizar que estos medicamentos estén en las farmacias? De las comunidades autónomas. Supongo que ningún grupo político quiere revertir esa situación y que desean que las
comunidades autónomas sigan manteniendo las competencias en sus respectivas leyes autonómicas de farmacia.
En tercer lugar, el Tribunal Constitucional. Oyéndoles parece que la sentencia del Tribunal Constitucional ha sido al Grupo Parlamentario Popular o al Gobierno cuando ha sido a la Junta de Andalucía, que no ha respetado la libertad de
conciencia. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!-Un señor diputado: ¡Ahí, ahí!-Aplausos). Lo ha hecho mal y finalmente parece que van a anular esa sanción. Hay que respetar la libertad de conciencia.
Y en cuarto lugar -y usted es un experto, señor Martínez Olmos, en salud pública-, creo que debemos informar adecuadamente y este es un buen momento, ahora, en este Congreso de los Diputados. ¿La píldora del día después es un anticonceptivo
de elección? No. ¿Es un anticonceptivo de emergencia? Sí. ¿Está indicado su uso en determinadas condiciones? Sí. ¿Es eficaz? Sí. ¿Es completamente segura? No, porque tiene entre un 8 y un 12 % de fallos. ¿Tiene efectos secundarios? Sí, y
están perfectamente descritos en los distintos prospectos. Por último, ¿no les parece a ustedes que sería perfectamente razonable e incluso aconsejable recabar la opinión de los médicos y de los farmacéuticos, que son los expertos en la
prescripción y en la dispensación de estos medicamentos? ¿No les parece a ustedes que sería estupendo que los políticos, los educadores, los médicos, las enfermeras, los farmacéuticos, trabajáramos en común para dar una información veraz y completa
y poder trabajar juntos para mejorar la salud de las mujeres fértiles y también de las adolescentes? Creo que sería algo extraordinariamente bueno eso que saliera de esta reunión de la Diputación Permanente.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mingo.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE INTERIOR
(número de expediente 062/000261), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA URGENTE DEL MINISTRO DEL INTERIOR, ANTE LA COMISIÓN DE INTERIOR, PARA INFORMAR DE LA POSICIÓN QUE ESTÁ MANTENIENDO EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA DISTRIBUCIÓN DE DEMANDANTES DE ASILO EN PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de
expediente 213/002065).
- COMPARECENCIA URGENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, ANTE LA COMISIÓN DE INTERIOR, PARA EXPLICAR LA SITUACIÓN DE COLAPSO Y LAS LISTAS DE ESPERA EXISTENTES PARA LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN LA OFICINA DE ASILO
Y REFUGIO (OAR) DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. (Número de expediente 213/002068).
El señor PRESIDENTE: Petición formulada por el Grupo Socialista de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior con el siguiente orden del día: primero, comparecencia urgente de ministro del
Interior para informar de la posición que está manteniendo el Gobierno en relación con la distribución de demandantes de asilo en países de la Unión Europea y, segundo, comparecencia urgente también del ministro del Interior para explicar la
situación de colapso y las listas de espera existentes para la tramitación de solicitudes de protección internacional en la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior.
Para presentar la iniciativa, tiene la palabra la señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Muchas gracias, presidente.
El Gobierno del Partido Popular no se ha caracterizado precisamente por su sutileza y por el respeto en cualquiera de las materias que afectan a los derechos de las personas. El derecho de asilo no es y no ha sido una excepción en este
sentido. La política de asilo de este Gobierno ha sido inexistente y ha vulnerado por ello nuestro Estado de derecho. El Gobierno ha sido incapaz de ofrecer respuestas a aquellas personas que claramente llegaban a nuestras fronteras necesitadas de
protección internacional y cuya situación encuentra reconocimiento en el artículo 13.4 de nuestra Constitución. No solo se ha tratado de confundir a los ciudadanos hablando de inmigración en términos generales, sino que ello ha llevado a España a
incumplir, en primer lugar, nuestra Constitución y nuestra Ley de Asilo; en segundo lugar, como miembros de la comunidad internacional, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 31 de enero de 1967 y, lo que es aún
más preocupante, en tercer lugar, como miembro de la Unión Europea, el Sistema Europeo Común de Asilo derivado de los artículos 67.2 y 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como el artículo 18 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.
El Grupo Parlamentario Socialista solicita la comparecencia del ministro del Interior para que explique la posición de intransigencia que el Gobierno de España ha mantenido frente al plan de la Comisión Europea para repartir entre los países
miembros a 60.000 solicitantes de asilo de los casi 60 millones que hay en el mundo -60.000 frente a 60 millones- y ni siquiera con estas proporciones y estas cifras este nivel de compromiso, pobre, por parte de la Unión Europea, han sido capaces de
defender un acuerdo. No podemos ser el país que está regateando refugiados, que está recurriendo a un hipotético efecto llamada para bloquear el acuerdo o que nos habla del paro en España. No es ético ni se corresponde con lo que piensan la gran
mayoría de los españoles. No se corresponde con la acción que ha mantenido el Gobierno de España en otras situaciones y estoy pensando, por ejemplo, en cuando entre los años 1992 y 1996 España acogió a más de 25.000 refugiados de los Balcanes.
España mostró gran beligerancia en estas últimas negociaciones que hemos visto en la Unión Europea contra la propuesta de la Comisión Europea uniendo nuestras fuerzas a países como Hungría, con un Gobierno sometido a vigilancia por la Unión Europea
por su poco respecto precisamente a los derechos humanos. Al final, por lo que parece, la Unión Europea acogerá solamente a 32.256 personas demandantes de asilo. España es uno de los países responsables, por tanto, de que no se cumplan los
cálculos al acoger tan solo a 2.749 refugiados de los 4.288 que le asignaba Bruselas.
Cabe destacar, además, que la Unión Europea prevé una financiación ad hoc para los Estados miembros con aportaciones de 240 millones para financiar durante dos años y además otorgar al país receptor otros 6.000 euros por asilado que saldrían
del Fondo de integración, migración y asilo de la Unión Europea. Señorías, estamos hablando de refugiados que huyen por causa de persecución política o de conflicto bélico; por tanto y como ya he dicho, estamos hablando de la aplicación de un
derecho fundamental que está en nuestra Constitución y en los convenios internacionales. No se trata de cifras, sino de personas solicitantes de asilo, y los países deben responder porque hay una normativa que cumplir, unos valores que defender y
una decencia que preservar.
¿Cuál es la alternativa a acogerlos y en qué se traduce que España o cualquier otro país diga que no, que no los acepta? La posición mantenida por el Gobierno de España no es buena para nuestra imagen en el mundo y no se corresponde además
con la decencia de la sociedad española. Un país alcanza talla
internacional y su voz se escucha con más fuerza cuando es percibido como un país a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos. Fue así en su momento con Gobiernos socialistas, y ya hace tiempo que dejó de serlo por culpa de este
Gobierno.
A esta ausencia de política de asilo y de cooperación del Gobierno se le añade una mala gestión. En cuanto al colapso y las listas de espera existentes para la tramitación de solicitudes de protección internacional en la Oficina de asilo y
refugio, hay que señalar que España es el octavo país de la Unión Europea que menos refugiados acoge teniendo en cuenta su población: 1.600 en 2014 por los 33.025 de Suecia, por ejemplo. Entre 2013 y 2014, España solo ha ofrecido 130 plazas de
reasentamiento para refugiados sirios y no ha concretado ninguna; para 2015 se aprobaron otras 130; las concesiones de asilo en España alcanzan así cifras ridículas. La puesta en marcha de las oficinas de protección internacional de Ceuta y
Melilla el 17 marzo debería haber sido un buen hito para cambiar precisamente esta tendencia; en cambio, la información que recibimos es que carecen de personal suficiente, de lugares adecuados y prácticamente solo se aceptan solicitudes de
ciudadanos sirios, ya que los pertenecientes a otras nacionalidades tienen impedido el acceso.
Las oficinas de asilo no han reforzado su personal ni sus medios desde 2010, a pesar del incremento ya producido de solicitudes y el posible incremento que se prevé de este año, que el Gobierno calcula en más de 12.000; todo ello a pesar de
las demandas de incremento de las cuantías previstas en los Presupuestos Generales del Estado solicitadas por el Grupo Socialista ante esta más que previsible situación. La Unión Europea ha puesto a disposición de los Estados fondos de emergencia
destinados al asilo y el Gobierno de España ni tan siquiera los ha solicitado. Las citas para pedir asilo tienen hasta siete meses de espera para poder realizar la solicitud, y estas citas se realizan sin dejar rastro documental, por lo que las
personas están ese tiempo en situación de estancia irregular y sujetas a las medidas previstas en la legislación de extranjería, por lo que a muchas de ellas se les está abriendo orden de expulsión y en algunos casos han acabado precisamente en
centros de internamiento de extranjeros.
Mientras, todavía no se ha aprobado el reglamento que tiene que desarrollar la Ley 12/2009, de 30 octubre, reguladora precisamente del derecho de asilo y la protección subsidiaria, y tampoco se ha traspuesto la Directiva 2013/33 de la Unión
Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueban normas para la acogida de solicitantes de protección internacional.
Para dar respuesta a esta situación de colapso y de listas de espera que apuntaba en mi intervención, solicitamos también la comparecencia del ministro del Interior. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista quiere pedirle al Gobierno que
modifique de raíz la perspectiva con la que aborda la política migratoria, sin duda uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad abierta; que incorpore la dimensión humanitaria como el elemento prioritario y que incorpore también el
estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico referido al derecho de asilo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Batet.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
También vamos a apoyar esta petición de comparecencia porque mi grupo, como muchos ciudadanos, está muy decepcionado con la política del Gobierno en lo que se refiere al asilo y además no solo decepcionados por algunas razones que ya se han
expuesto, sino porque parece una expresión de poco autoestima como país, como democracia, que seamos tan cicateros en algo que es perfectamente asumible como son determinadas cifras que se han solicitado por parte de la Unión Europea de asilados en
España. Además, es completamente incoherente con otro tipo de retórica a la que es muy aficionado el Gobierno cuando hace comparecencias o habla, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores sobre la necesidad de apoyar la democracia en los
países donde está en peligro, donde los demócratas son perseguidos, que son por desgracia un número últimamente creciente en países cercanos a España. Basta con recordar el conocimiento ayer mismo del secuestro de tres periodistas en Siria para ver
que estamos hablando no ya de incidentes aislados, sino de una auténtica ofensiva contra la democracia por parte del fundamentalismo en determinados países del norte de África o de Oriente Medio.
Dicho esto, es completamente incoherente hacer todo tipo de llamamientos al apoyo y la solidaridad con las democracias amenazadas y luego a la vez darles con la puerta en las narices a muchas personas que necesitan de este apoyo material
precisamente para desde fuera de su país seguir, por lo menos,
testimoniando y luchando por sus ideas básicas de lo que son derechos fundamentales y no otras cuestiones demasiado complicadas.
Por eso mismo, como decía, porque creemos que la política de asilo del Gobierno es absolutamente decepcionante y completamente incoherente con los objetivos proclamados de apoyo a la democracia allá donde esté amenazada, vamos a apoyar estas
peticiones de comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
Desde el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural vamos a apoyar también esta petición de comparecencia porque creemos que es imprescindible que el ministro del Interior venga lo antes posible a la Cámara y comparezca porque tiende además
a confundir unas cosas con otras y nos encontramos con declaraciones del ministro del Interior cuando menos sorprendentes, específicamente con respecto al asilo, confundiendo términos y parámetros a la hora de aplicar, hablando de efecto llamada,
cuando estamos hablando de asilo, y no tiene absolutamente nada que ver porque estamos hablando de cuestiones diferentes, o cuando clama por la lealtad institucional. Al señor ministro del Interior le viene bien la lealtad institucional cuando
hablamos de Cataluña respecto a España, pero resulta que cuando hablamos de Navarra ya no le viene bien, depende del color político de quién tenga la consejería de Interior de una comunidad autónoma u otra. Por ese motivo, porque el ministro del
Interior trata de confundir las cosas, o las confunde directamente, entendemos que es importante que venga a la Cámara, que explique su visión y que escuche a los grupos parlamentarios lo que opinamos respecto a cuestiones tan concretas y tan
importantes como el asilo.
No estamos hablando de la inmigración económica, sino de algo mucho más complicado y respecto a lo cual el Estado español ha suscrito acuerdos internacionales y lo tiene incorporado en el propio ordenamiento constitucional. Estamos hablando
de atender la obligación que como Estado tenemos de hacernos cargo de aquellas personas que se plantan en nuestro territorio porque están huyendo del suyo por motivos de guerra o de persecución.
Señorías, para mi grupo parlamentario cuando hablamos de asilados no tenemos por qué hablar de cuotas. El Estado tiene que asumir lo que le toque cuando se le presente porque estamos hablando de asilo, de situaciones de desesperación por
persecución política, por guerras y por situaciones que tenemos que asumir. En este caso, además, se está hablando de las cuotas, que no es la cuestión más deseable desde mi grupo parlamentario, pero en el marco de la Unión Europea en el que unos
países están asumiendo ser primera línea de frente como Grecia o Italia y están viendo llegar a sus fronteras miles y miles de personas, que el Estado español no asuma unos mínimos razonables con el resto de países de la Unión Europea nos parece
absolutamente injustificable y menos justificable todavía cuando al ministro del Interior se le ocurre mencionar el efecto llamada cuando se trata de hablar de estas cuotas.
Creemos que el ministro del Interior tiene que acudir con urgencia al Congreso a hablar de esta política de asilo, a asumir las responsabilidades, que explique por qué no asumimos los acuerdos de la Unión Europea, por qué no ha solicitado
los fondos de emergencia de la Unión Europea para asilo -tiene que dar cuenta de eso ante la Cámara- y también sobre una cuestión, segunda de las comparecencias que el Grupo Parlamentario Socialista pide, que va mucho más allá del desastre que
existe en las oficinas de atención y asilo al refugiado. La situación que se está produciendo no es solamente de esta oficina. El otro día en un informe que nos remitía el Tribunal de Cuentas sobre el funcionamiento interno de la tramitación de
expedientes del Ministerio del Interior veíamos cómo hay determinados servicios del Ministerio del Interior que son un auténtico desastre por cómo funcionan, por cómo se retrasan las tramitaciones y por cómo los expedientes duermen durante meses de
una forma inexplicable en determinados cajones.
El ministro del Interior tiene que venir a dar cuenta de cómo funciona su ministerio y específicamente de cómo funciona su ministerio respecto al asilo. No puede ser que una familia o una persona que solicita el asilo en España tenga que
esperar durante meses para que se le dé la primera cita y que esté sometida a la espada de Damocles de que en cualquier momento las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado le requieran la documentación y le abran un expediente de expulsión porque
no tiene ningún tipo de documentación, cuando es una persona o una familia que tienen derecho a ser atendidas y a presentar su petición de asilo. No tiene ninguna justificación y el ministro tiene que acudir con urgencia a dar cuenta
aquí de este desastre en la gestión del asilo en el conjunto del Estado y, específicamente, en algunas oficinas que claman al cielo como son las de Málaga, Valencia, Murcia o Alicante.
Por todo esto, nos parece absolutamente imprescindible que el ministro acuda con celeridad a la Cámara, dé cuentas de la situación que se le está planteando y que no es capaz de solucionar y él mismo ponga encima de la mesa las medidas que
piensa adoptar para evitar la injusticia que está cometiendo el ministerio al frente del que está.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, en primer lugar, señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente.
La señora Batet nos ofrecía los datos. El Estado español está considerando aceptar únicamente el 30 % del cupo que la Unión Europea le está pidiendo, cuando otros Estados miembros de la Unión Europea han aceptado las cifras y hasta han
reforzado la propuesta de mínimos de la Comisión. A esta situación se une la escasez de medios que el Gobierno ha dispuesto para las oficinas de Ceuta y Melilla. Recientemente se abrieron, pero con pocos medios humanos y materiales para una
realidad que desborda la situación para la que el Gobierno ha previsto estos escasos medios.
Expresábamos la semana pasada también en el debate sobre el último Consejo Europeo que discrepamos, y mucho, con la forma en que se está discutiendo este tema en el plano europeo. No estamos de acuerdo con que cada Estado diga que es
competencia suya cuando estas personas tienen necesidad de entrar en Europa por razones de conflictos armados y guerras. Creemos que es un gravísimo error, porque no se puede afrontar la realidad desde la perspectiva del juego competencial de cada
Estado. Quiero recordar que Europa es, sobre todo, humanismo. Es la Europa que en su día fundaron Adenauer, De Gasperi y Schuman. Es y debe ser una Europa que piense, como pensaron sus padres fundadores, que tan importante como la persona es su
dignidad. Por tanto, desde esa perspectiva debemos pensar. En este sentido, ni nos parece correcta la posición de aquellos que dicen puertas abiertas ni la de aquellos que defienden cerrar las puertas a cal y canto. Al margen de las políticas que
deba aplicar en materia de inmigración, y como recordaba el portavoz del grupo, el señor Duran i Lleida, la Unión Europea como tal -y no los Estados- debe tener en cuenta, a partir de una casi inexistente política exterior y de seguridad europea,
que ahí está la clave para estar más presentes y activos en la gestión de la crisis. Por ello no nos complace la actitud que han mantenido muchos Estados miembros de la Unión Europea y especialmente -recalco especialmente- el Estado español. Por
todo ello, en representación de los diputados de Unió Democràtica de Catalunya votaremos a favor de la solicitud de comparecencia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Quiero anunciar también el voto favorable de los diputados de Convergència Democràtica de Catalunya y hacer algunas consideraciones. En primer lugar, en materia de asilo no ya este Gobierno, sino el Estado español en general no tienen un
buen expediente. El solo hecho de que las oficinas de Ceuta y Melilla se hayan abierto en el año 2015 debería avergonzarnos. Este diputado ha estado en Melilla a principios de este año, cuando aún no se había abierto la oficina de asilo, y era
evidente que las condiciones en las que se podía ejercer ese derecho eran de vergüenza. No existían ni condiciones materiales ni recursos humanos para atender a las obligaciones internacionales que en materia de asilo tiene el Estado español.
Además, desde hace años España es de los países que menos personas demandantes de asilo reconoce. Por tanto, no estamos en materia de asilo, exclusivamente, ante una mala gestión del actual Gobierno, sino ante una trayectoria de las instituciones
españolas especialmente cicatera.
En segundo lugar, hoy estamos ante una situación excepcional, derivada de las crisis que la guerra en Siria y otros conflictos en África están produciendo. Ante esta situación excepcional, no estamos hablando de regulación de los flujos
migratorios ni de aplicación de la actual legislación en materia de asilo para reconocer aquellas persecuciones de carácter individual. Se necesita una respuesta excepcional que se base en la aceptación de que no es presentable que deban ser los
países frontera con Siria o los países frontera con otros conflictos africanos quienes asuman en exclusiva la responsabilidad de acoger a los
refugiados. No se les puede pedir ni a Turquía, ni a Jordania, ni a Líbano, ni a Kenia que, con sus recursos, asuman no unos pocos miles sino a millones de personas. Por tanto, ante este drama que además sucede a las puertas de Europa,
esta debe dar una respuesta a la altura de las circunstancias, algo que no ha hecho. Por desgracia, el Gobierno español ha formado parte del pelotón de los que han impedido un acuerdo más compasivo, más generoso, más justo.
Para finalizar, señor presidente, quisiera decir que mi grupo se ha avergonzado de las declaraciones del señor Fernández Díaz. Lo que exigimos a un ministro del Interior, que además ha manifestado su compromiso católico en numerosas
ocasiones, es que sea capaz de entender la situación de estos millones de refugiados, que algunos de ellos, por cierto, llegan a las puertas de España a través de Ceuta y Melilla. Han sido declaraciones de vergüenza, insisto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Conde.
El señor CONDE BAJÉN: Muchas gracias, señor presidente.
Los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista, lamentablemente, aprovechan cualquier iniciativa para arrogarse el monopolio de los buenos sentimientos. Oigo a la señora Batet y parece que solo se puede sentir conmiseración por personas
que están viviendo situaciones trágicas si se es socialista. Ustedes se arrogan la protección de los derechos fundamentales y nos imputan a los del Partido Popular no respetarlos. Hay que recordarles que una cosa es lo que dicen cuando están en la
oposición y otra muy distinta lo que hacen cuando están en el Gobierno. He de recordar a la señora Batet que el único Gobierno de España que ha puesto en marcha los mecanismos de restricción de los derechos fundamentales previstos en el artículo
116 de la Constitución ha sido el Gobierno socialista. La única vez que en España se ha acordado un estado de alarma para arreglar una huelga de controladores ha sido cuando gobernaba el Partido Socialista, para restringir un derecho fundamental.
Una cosa es predicar y otra es dar trigo, y el Partido Socialista acostumbra habitualmente a arrogarse el monopolio de los buenos sentimientos, como he dicho, e impedir que los demás puedan ser considerados de la misma manera.
Señorías, para cebar todo este discurso, se nos hace una argumentación en la que se confunden términos, se alteran datos y, en otros casos, directamente se falta a la verdad. Se ha confundido lo que es el derecho de asilo pedido en nuestro
territorio conforme a la legislación vigente con el reasentamiento y la reubicación. Todo eso se ha mezclado con cuestiones relativas a la inmigración y, además, se trufa con unos supuestos retrasos en la tramitación de expedientes.
Vayamos por partes. Conforme a la legislación vigente de asilo del año 2006, España no tiene ningún cupo asignado para aceptar solicitantes de asilo. No existen los cupos en España para aceptar solicitudes de asilo. Toda persona que se
presente en territorio español demostrando que puede ser objeto de persecución por cuestiones relativas a la raza, al sexo, a la religión, a la opinión política, etcétera, tiene derecho a ser protegido por las autoridades españolas, sin cupo
ninguno. Prueba de ello es que todas y cada una de las solicitudes de asilo formuladas por los ciudadanos sirios, en número de mil seiscientas en el último año, todas, han sido objeto de admisión por parte del Gobierno, en cualquiera de las dos
modalidades de protección que prevé la ley vigente. No ha habido ni un solo ciudadano sirio que haya solicitado protección a España que no haya recibido la protección de España; ninguno. Pero, claro, es que la señora portavoz del Grupo Socialista
pretende confundir -porque no me cabe duda de que ella conoce perfectamente de lo que está hablando- lo que son los reasentamientos y las reubicaciones.
Señorías, con estos dos conceptos estamos hablando de personas que no solicitan asilo en el territorio español, sino que lo solicitan bien en países terceros a la Unión Europea o bien que están como solicitantes de asilo en países de la
Unión Europea. En consecuencia, se trata de recibir a quienes no son solicitantes de asilo en España, pero de recibirlos en España. En este asunto, como comprenderán, ha habido una razonable polémica. ¿Por qué razón? Porque España siempre ha
entendido que, por una parte, hay que aliviar la presión que se está produciendo sobre determinados países que, por estar más próximos a las zonas de conflicto, reciben una mayor cantidad de solicitudes de asilo; y, por otra, nosotros entendemos,
como país, que no podemos hacer efecto llamada, aunque el señor Sixto diga que se están confundiendo las cuestiones. Pues no se están confundiendo las cuestiones, porque los solicitantes de asilo, que no son inmigrantes irregulares, los
solicitantes de asilo que son perseguidos, en muchas ocasiones, acceden a través de determinados tipos de redes. Para que nos entendamos, la diferencia entre reasentamiento y reubicación es que aquellas personas que son reasentadas son aquellas que
solicitan asilo en origen, y
cuando se les concede el asilo nos vamos a buscarlas allí y las traemos a la Unión Europea. Eso es el reasentamiento. Mientras que la reubicación consiste en que personas que han llegado por cualquier procedimiento al territorio de la
Unión Europea, para aliviar la presión migratoria producida en esos países, aceptamos traerlas a nuestro país aunque no hayan pedido en España esa solicitud de asilo.
España es el tercer país de la Unión Europea que más cupo ha aceptado de todos los países de la Unión Europea; el tercero que más. Hemos admitido 1.449 en reasentamiento y 1.300 en reubicación; el tercer país que más. Naturalmente,
estamos pendientes de una segunda ronda de negociaciones dentro de la Unión Europea, porque la posición de España es, naturalmente, contraria -como he dicho- a esos efectos llamada derivados de la reubicación y favorables a las solicitudes de
reasentamiento; es decir, a que sea en los campamentos de refugiados que estén en las zonas de conflicto donde a las personas que acrediten esa situación de persecución les pueda ser reconocido su derecho y puedan ser traídas a la Unión Europea.
Eso es lo que el Gobierno está absolutamente dispuesto hacer.
No tengo tiempo para contestar a todas las cuestiones planteadas, pero solo quiero hacer una pequeñísima mención con la benevolencia de señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Conde, tiene usted que ir acabando.
El señor CONDE BAJÉN: Termino inmediatamente, señor presidente, es una frase con relación a los medios para la solicitud de expedientes. La multiplicación de solicitudes de asilo hechas precisamente en las fronteras españolas ha sido
enorme, con incrementos del 180 %. Y, en este momento, precisamente el Ministerio del Interior está procediendo no solo a la contratación urgente de 15 personas más, más los intérpretes necesarios, más la dotación de otros medios humanos, más la
reforma de la relación de puestos de trabajo de estas oficinas de auxilio y refugio, sino que también estamos tratando de modificar los procedimientos informáticos para ser todavía más ágiles. No es cierto que no se estén procurando los medios para
ser más ágiles en la resolución de expedientes, que, por cierto, están durando ahora la tercera parte de lo que tardaban en resolverse en el año 2011.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Conde.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO (número de expediente 062/000261), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO, PARA QUE EXPLIQUE LAS RAZONES DE LA UTILIZACIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DEL
FONDO DE CONTINGENCIA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, PARA ABONAR LA PAGA EXTRAORDINARIA DE LOS PENSIONISTAS. (Número de expediente 213/002066).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 6. Petición, formulada por un número de diputados del Grupo Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos
del Pacto de Toledo, con el siguiente orden del día: Comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, para que explique las razones de la utilización del Fondo de reserva de la Seguridad Social y del Fondo de contingencia de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para abonar la paga extraordinaria de los pensionistas.
Para presentar la iniciativa tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
De nuevo el Gobierno hace uso del Fondo de reserva para pagar los gastos originados por las pensiones, en este caso, por la paga extra. De nuevo, el Gobierno utiliza la demagogia, cuando no una verdad a medias o una mentira. Como había que
vender que esto está mejorando muchísimo, que la recuperación del señor Rajoy es un éxito y que la creación de empleo sale por todos los lados, la nota informativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dice que en esta ocasión se va a
disponer de 3.750
millones de euros, un 37,5 % menos que en julio del año pasado. Esto es lo que señala la nota, pero el Gobierno, en vez de ofrecer una información transparente y clara -un gobierno que presume de transparencia y que ha hecho la Ley de
Transparencia para que todos tengamos toda la información-, en este caso oculta información y casi como un jugador de póquer se guarda un as en la manga. Digo esto porque es verdad que la disposición del Fondo de reserva ha sido de 3.750 millones,
pero lo que no dice es que la disposición final es de 6.530 millones, porque a los del Fondo de reserva hay que añadirles los 2.780 millones procedentes del Fondo de contingencias profesionales de las mutuas de accidentes de trabajo. Es decir, este
año la disposición es similar, si no mayor, a la de 2014, porque si bien es cierto que el Gobierno nos dice que estamos generando empleo y hay más cotizantes, de lo que no nos informa es de los ingresos por cotizaciones, que son con los que se pagan
las pensiones, y como estos no llegan hay que acudir a los fondos de la Seguridad Social.
¿Estamos generando empleo? Sí, pero no estamos creando nuevos empleos; estamos repartiendo el empleo que hay, de manera que podríamos considerar que cada dos o tres trabajadores, sumados, equivaldría a un puesto de trabajo. Por eso nos
encontramos con que hay que acudir al Fondo de reserva y al Fondo de contingencia de las mutuas. Es más, cuando llegaron al Gobierno recibieron una herencia tan negativa que en el Fondo de reserva se acumulaban 67.000 millones de euros, aparte del
Fondo de contingencia de las mutuas. Ahora estamos por debajo de los 40.000 millones de euros. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Es decir, desde 2012 al momento actual el Gobierno ha dispuesto de 37.701 millones
de euros del Fondo de reserva y, a su vez, de 8.000 millones procedentes de las mutuas de accidentes de trabajo. Ustedes saben que al final habrá que devolver también este dinero, ¿o es que no lo piensan devolver y por eso no lo citan? A lo mejor
pretenden que esto quede para devolver por los próximos gobiernos, porque el fondo de las mutuas -tal y como se recoge en la última ley que han aprobado ustedes, no nosotros- está concretado para unos fines y a ellos tendrá que ir destinado.
Cuando el secretario de Estado compareció para explicarnos la situación del Fondo de reserva a finales de 2014, nos dijo que este año se iba a producir una disposición menor porque el empleo estaba teniendo un resultado tan estupendo que no
iba a ser necesario tanto dinero, que iba a ser mucho más escalonada. Con todo mi respeto y cariño al secretario de Estado, le tengo que decir que menos mal que conserva las orejas para aguantar las gafas, porque la vista no la tiene muy bien.
¡Vaya ojo que ha tenido en esta cuestión! Señorías, ustedes siguen haciendo trampas al solitario y saben mejor que nosotros que cuando hablan de crecimiento de cotizantes no están hablando de crecimiento de ingresos. Ese es el problema. Mírese el
informe que acaba de hacer la autoridad independiente para la Seguridad Social. Les está diciendo: Alerta, hay que empezar a hablar de ingresos de la Seguridad Social porque el fondo se termina. Eso es lo que les dice su autoridad, que ustedes
han creado para que haga los informes económicos. ¿Saben lo que les viene a decir en ese informe? Lo que les dijimos nosotros en diciembre de 2014: Adelantemos el Pacto de Toledo, reunámonos y hablemos de ingresos al sistema porque el problema es
de ingresos. Pero no, y ustedes siguen con su propaganda, vendiendo humo y diciendo que hay muchos puestos de trabajo. Sin embargo, la realidad es muy tozuda y se acaba imponiendo siempre. Creo que ha llegado el momento de que la ministra venga y
hable del Fondo de reserva y de los ingresos de la Seguridad Social. En cualquier país serio intentar manipular estos datos, como ha hecho el ministerio, sería un escándalo, pero en este país ya saben lo que somos todos.
Hagan caso de los que les estamos diciendo, que hay que hablar de ingresos de la Seguridad Social; hagan caso de la autoridad fiscal independiente, que les está diciendo que hay que hablar de ingresos de la Seguridad Social; y hay que
derogar su reforma laboral porque lo único que está haciendo es...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora López i Chamosa, tiene que finalizar.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Termino, señora presidenta.
... repartir el trabajo que había antes, y de cada puesto de trabajo ahora hacen cuatro. Esa es la realidad del empleo que están creando. Y, por favor, no me digan que esta diputada se ha radicalizado, porque en el tiempo que llevo aquí me
he vuelto más moderada ya que si no lo diría con otras palabras. Por favor, hablemos de ingresos porque los ciudadanos, los pensionistas, se merecen tener toda la información. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora López i Chamosa.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, para fijar posición, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para apoyar la solicitud presentada por el Grupo Parlamentario Socialista porque entendemos desde el Bloque Nacionalista Galego que es necesario que la ministra comparezca para explicar no solamente cómo se sigue reduciendo el
Fondo de reserva con estas nuevas transacciones que se hacen a la Seguridad Social para el pago de pensiones, teniendo en cuenta además que se reconoce la existencia de una situación deficitaria del sistema al mismo tiempo que no se explica por
parte del Gobierno las razones de por qué, a pesar del incremento de afiliados a la Seguridad Social, los ingresos son menores. Teniendo en cuenta que compartimos lo que plantea la señora López i Chamosa de que es necesario hablar de ingresos del
sistema, también entendemos que es necesario hablar de cargas que en este momento tiene el mismo tales como los menores ingresos por la precariedad laboral de los nuevos puestos de trabajo y las medidas destinadas al fomento del empleo a cargo de la
Seguridad Social, que en parte son responsables de esa situación de déficit.
Entendemos que el Gobierno debería comparecer para explicar esta situación deficitaria del sistema de la Seguridad Social que nos obliga periódicamente a retraer fondos del Fondo de reserva, que, si sigue este ritmo, tendrá una fecha de
caducidad muy corta. Por tanto, compartimos esta petición de comparecencia.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señora Castaño.
La señora CASTAÑO REY: Gracias, presidenta.
Voy a intervenir de manera muy breve, sin repetir argumentos que ya se han dado anteriormente. Vamos a apoyar la solicitud de comparecencia de la señora ministra y simplemente añadiré a lo que ya se ha dicho anteriormente, hablando de cómo
se está vaciando el Fondo de reserva y del déficit que tiene la Seguridad Social, que en estos momentos estamos debatiendo una iniciativa que también plantea un complemento a las jubilaciones o a las pensiones de las mujeres que han sido madres.
Todos los expertos que han comparecido en el Pacto de Toledo han indicado que esta prestación debería ser con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no a los fondos de la Seguridad Social.
La señora López i Chamosa hacía referencia a que se nos daba una información maquillada respecto a cómo se habían utilizado estos fondos para el pago de la paga extra de junio de las pensiones, y el gobernador del Banco de España comparecía
en sede parlamentaria y decía que el sistema público de pensiones no va a garantizar en el futuro el nivel de pensiones que esperan los españoles y que no decirlo es ocultar la verdad. Haciendo que la Seguridad Social asuma unos costes que no
debería asumir directamente está vaciando este fondo y está motivando que se acerque el fin de las pensiones tal y como se entienden en estos momentos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Castaño.
Por el Grupo de Convergència i de Unió, en primer lugar, el señor Picó por dos minutos, y el señor Campuzano por tres.
El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señora presidenta.
No debemos olvidar que la creación del fondo tiene su origen en la preocupación compartida por las necesidades de dotación que requería el sistema de pensiones para hacer frente a una realidad demográfica, que no es otra que cumplir con la
obligación de satisfacer las pensiones de aquella generación llamada baby boomers, aquella generación nacida a finales de los años sesenta y a inicios de los años setenta y que componen una parte importante de la ciudadanía, de la actual pirámide
poblacional. La previsión de que esa generación alcanzara la jubilación y el propio sistema, por la pirámide demográfica, no fuera capaz de satisfacer los requerimientos necesarios de liquidez fue lo que nos llevó a la creación del fondo por
acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias en el Pacto de Toledo; ahí está el origen del fondo. Pero con la crisis económica y los altos índices de desempleo, los recursos del fondo se están utilizando para fines totalmente diferentes a aquellos
que llevaron a su creación. La crisis ha llevado a que por parte de los distintos Gobiernos se estén utilizando recursos del fondo para situaciones para las que no estaba creado, y ello, en términos de confianza, creemos que no es bueno. Quiero
recordar que, si creamos el fondo para proteger el sistema de pensiones de una situación concreta y lo utilizamos para otro fin, la confianza de los ciudadanos se rompe.
La última comparecencia del secretario de Estado de Seguridad Social en la Comisión del Pacto de Toledo fue para presentar el informe sobre la evolución, las actuaciones del año 2014 y la situación a 31 de diciembre de 2014 del Fondo de
Reserva de la Seguridad Social. Esto sucedió el 9 de abril. Por tanto, a muchos meses de esa última comparecencia del secretario de Estado y, repito, para recuperar esa confianza a la que me refería, creemos que la comparecencia en periodo
extraordinario del secretario de Estado de Seguridad Social coadyuvaría a ello, por lo que votaremos favorablemente la solicitud de la comparecencia.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Picó.
Por el mismo grupo, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
También anunciamos el voto favorable de Convergència Democràtica a esta petición de comparecencia. El asunto que nos ha planteado la señora López i Chamosa es de fondo y de una magnitud considerable. Estamos hablando del déficit
persistente en los últimos años de la Seguridad Social, del riesgo de agotamiento de los recursos del fondo y de un debate muy sustancial, que es el de la estructura financiera de la Seguridad Social, sobre la que va a ser inevitable que en los
próximos tiempos abordemos dos discusiones: o bien profundizar en la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social -poco o mucho el último acuerdo del Pacto de Toledo apunta a algunas cuestiones en este sentido- y seguramente en
la necesidad de que las pensiones de viudedad fuesen reconsideradas y pasasen a ser vistas como una prestación de carácter no contributivo y, por tanto, financiadas desde la imposición general -hablamos de unos recursos que hoy más o menos
representan el 20 % del total de gasto en pensiones-; o bien arbitrar nuevos mecanismos de financiación del sistema de Seguridad Social. Es un debate complejo y difícil porque debemos tener siempre presente que el impuesto que financia las
pensiones, que son las cotizaciones a la Seguridad Social, afecta directamente al valor del trabajo y, por tanto, al mantenimiento de la creación de empleo. Un debate complejo y difícil en el que es necesario que el Gobierno sea lo más transparente
posible. El Gobierno no debe tener miedo a comparecer ante la Cámara para abordar el reto hoy planteado, las decisiones que se toman de gestión del fondo, y sobre todo generar el clima político que permita abordar, desde el consenso, la cuestión de
fondo, que es el déficit persistente de la Seguridad Social. No es un tema ya exclusivamente vinculado a la crisis sino que empieza a tener una dimensión estructural. Por lo tanto, nuestro voto favorable a esa petición de comparecencia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Decía la señora López i Chamosa que era menos radical y más moderada. Yo, como la quiero, le voy a aceptar ese planteamiento, pero, señora López i Chamosa, lo que usted ha elevado a cotas impensables es su demagogia, porque la pregunta que
nos hacemos desde el Grupo Parlamentario Popular es qué tiene que ver la petición que ustedes han traído a la Diputación Permanente con el discurso que usted ha hecho. Usted pide la comparecencia de la ministra para que explique las razones de por
qué se ha cogido dinero del Fondo de reserva para pagar las pagas extras y lo que ha hecho es una tesis doctoral sobre cómo tienen que ser los ingresos de la Seguridad Social. No tiene nada que ver una cosa con la otra, nada que ver. Por eso le he
dicho lo de su demagogia.
Señora López i Chamosa, usted acusa al Gobierno de falta de transparencia. Repásese usted su intervención, porque está llena de datos económicos; mucha transparencia tiene que haber cuando usted ha facilitado tanto dato concreto y exacto,
con lo cual se desmonta su teoría de la falta de transparencia. Pero la reflexión que yo me hago, en nombre de mi grupo parlamentario -de verdad se lo digo-, es qué le han hecho al Partido Socialista los jubilados de España, qué le han hecho a
ustedes, porque parece que tienen manía persecutoria contra los jubilados de España. Señora López i Chamosa, este Gobierno ha cogido el dinero del Fondo de reserva para abonar la paga extra de los pensionistas. Y nos sentimos muy orgullosos en el
Grupo Parlamentario Popular; yo creo que ustedes no se sienten orgullosos de congelarles las pensiones a los pensionistas, como hicieron cuando gobernaban España.
Señora López i Chamosa, es un acierto coger el dinero del fondo que, por cierto, creó un Gobierno del Partido Popular para situaciones como las que ustedes... (La señora Rodríguez Ramos pronuncia
palabras que no se perciben). Se ponen muy nerviosos cuando se les recuerdan ciertas cosas, especialmente la exportavoz del grupo parlamentario. Señora López i Chamosa, no somos nosotros los que tenemos que explicar que, con transparencia,
hemos cogido el dinero del Fondo de reserva para pagar las pensiones de los pensionistas; ustedes, los socialistas, son los que tienen que explicar qué hicieron con 15.000 millones de euros, que pertenecían a los pensionistas y que ustedes en los
años 2008 y 2009, en vez de ingresarlos en el Fondo de reserva de las pensiones para pagar a nuestros pensionistas, se gastaron en no sabemos qué (La señora López i Chamosa: Dice que no sabe en qué.-Un señor diputado: ¡Muy bien!) y ninguno de
ustedes nos lo ha explicado. Yo puedo pensar que a lo mejor esos 15.000 millones se los gastaron ustedes en los 13.000 millones de esos famosos PlanE que llenaron de carteles España y que no crearon ni un solo puesto de trabajo. Puedo pensarlo,
pero tampoco tengo la certeza porque la falta de transparencia del Gobierno socialista hizo que 15.000 millones que tenían que ir para nuestros pensionistas desaparecieran en el camino y no se sabe en qué se gastaron.
Señora López i Chamosa, la solución al sistema es que haya gente cotizando y puestos de trabajo. Ustedes, con su política, en la anterior legislatura mandaron al paro a 3,5 millones de personas en cuatro años, es decir, provocaron que
dejaran de cotizar a la Seguridad Social 3,5 millones de personas y nos entregaron la Seguridad Social otra vez en déficit, porque sus políticas siempre llevan al paro y al déficit, tanto del Gobierno de España como de la Seguridad Social, del
conjunto del Estado español. Por tanto, la única solución es generar ingresos con cotizantes, con personas empleadas, que tengan un puesto de trabajo. Señora López i Chamosa, su demagogia ilimitada falta absolutamente a la realidad. Hoy hay en
España más trabajadores fijos a tiempo completo que cuando gobernaba el Partido Socialista. Por lo tanto, sus teorías sobre la reforma laboral, ese soniquete que repiten y repiten, cada vez que salen los datos oficiales, desmontan sus mentiras.
Con ustedes había un 74 % y ahora mismo hay un 76 % de trabajadores a tiempo completo, a jornada completa. Esa es la realidad de este país, aunque no quieran verlo. Señora López i Chamosa, le recomiendo una cosa, mañana esté atenta a la EPA del
segundo trimestre de 2015. (Varios señores diputados: ¡Se la sabe!-La señora Rodríguez Ramos: Como Rajoy). Mañana estén atentos a la EPA de 2015.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor Merino.
Hemos escuchado con suma atención a la señora López i Chamosa, nos guste más o menos a quien sea, por lo que exijo el mismo respeto que se ha tenido con ella. Es la mejor forma de trabajar.
Adelante, señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta, por su amparo.
Me gustaría que los grupos de la oposición, que se ponen tan nerviosos cuando salen buenos datos de empleo, se alegraran por una vez de que se esté creando empleo en España nuevamente y no destruyendo como en la época del Partido Socialista.
Lamento profundamente que todos estos grupos que se ponen ahora tan nerviosos, cuando el Partido Socialista no ingresaba 15.000 millones en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en vez de estar protestando y preguntando estuvieran callados,
como hicieron en esos años.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Merino.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (número de expediente 062/000261), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
-COMPARECENCIA URGENTE DEL MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, ANTE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, PARA INFORMAR SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LAS PERSONAS VALORADAS CON GRADO I DE DEPENDENCIA MODERADA AL SISTEMA
PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. (Número de expediente 213/002067).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto 7.º del orden del día. Petición formulada por un número suficiente de diputados del Grupo Socialista para la celebración de una sesión
extraordinaria de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales con la comparecencia del ministro para informar sobre la incorporación de las personas valoradas en Grado I de dependencia moderada al Sistema para la autonomía y atención a la
dependencia.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Partido Popular está desmantelando el Sistema de atención a la dependencia. No es una opinión, es una realidad avalada por los datos; unos datos que pretende ocultar el Gobierno para tapar la auténtica realidad en la nefasta
gestión que ya están padeciendo los afectados. Pero la realidad destroza la propaganda del Gobierno. El Gobierno de Rajoy está impidiendo el acceso a los nuevos usuarios que tienen reconocido el derecho. Está desatendiendo a los que tienen en la
lista de espera y a los que les asiste el mismo derecho. Están reduciendo el número de personas atendidas y de atenciones prestadas. Por último, han puesto al límite de sus capacidades de previsión de servicios y de gasto a las administraciones
autonómicas. Los ciudadanos deben saber de una vez por todas que el Gobierno ha llevado al extremo los recortes allí donde más falta hacía. El resultado real es un colapso del sistema. Rajoy ha cerrado el grifo presupuestario, dejando en la
sequía más absoluta a miles de personas en situación de dependencia y también a sus familias. Derrochan dinero público sin medida a favor de los que más tienen para salvar bancos y amnistiar a los defraudadores fiscales, pero ahogan económicamente
a un sistema que intenta ayudar a los que menos tienen y más necesitan la solidaridad pública.
Les describiré brevemente la evolución que ha tenido el Sistema nacional de atención a la dependencia con el Partido Popular en el Gobierno. En 2013 solo se admitieron nuevas atenciones por parte del sistema en la medida en que se producían
bajas de personas ya atendidas. En 2014 empezó a hacerse evidente la sangría a la que conducían los brutales recortes del Partido Popular. Cada hora de ese 2014, el sistema dejaba de atender a un dependiente; 8.122 atendidos menos en solo un año.
La reducción de la lista de espera el pasado año se debe, desgraciadamente, casi en su totalidad a los fallecimientos. Sabemos que durante 2014 se incorporaron a la lista de espera al menos otras 78.349 personas que, sumadas a las acumuladas en
espera, ofrecen un total de 268.852 personas que pasaron por la lista de espera en 2014. La pregunta es: ¿Qué ha sido de ellos? A finales de 2014, el 31 de diciembre, 148.002 siguen en espera. Sabemos que durante todo el año 2014 pasaron a ser
beneficiarios de atenciones 79.497, lo que suma 227.499 personas. Una simple regla de cálculo, una simple aritmética nos indica que faltan 41.353 dependientes, que ni están en la lista de espera ni han pasado a ser atendidos. Es muy triste que la
estimación que realizó el observatorio de 100.000 fallecidos en lista de espera en los últimos tres años pueda haberse quedado corta. El Gobierno está obligado a informar qué ha sido de ellos.
La falta de información por parte del Gobierno, que es sustituida por las falsedades de la propaganda oficial, se hace aun más evidente desde que comenzó este mes de julio. El 1 de julio se han incorporado al sistema más de 312.000
dependientes moderados. Eso después de modificar hasta en tres ocasiones la implantación progresiva de la ley, lo que impidió que esos dependientes pudieran ser incluidos antes en el sistema, negándoles los servicios y prestaciones que la ley les
reconocía como derecho. Es decir, desde el 1 de julio, a la lista de espera que ya estaba en más de 132.000 personas, se han sumado otras 312.000. Por tanto, son ya más de 440.000 los dependientes que están en este momento en lista de espera en
nuestro país; es decir, ya son un 37 % los dependientes que necesitan ayuda y no se les está facilitando.
Cuando el ministro Alonso anuncia a bombo y platillo que los dependientes moderados entraban por fin en el sistema, oculta que no se les puede atender. Cuando los dependientes acuden a los servicios sociales de su ayuntamiento y se les
explica la cruda realidad, la desesperación se suma a los graves problemas que ya padecen. Esto es sencillamente engañar a los ciudadanos. El PP ha duplicado las listas de espera de la dependencia. ¿Cómo puede atender el Gobierno un incremento
del 62 % de los dependientes, que tienen derecho a ser atendidos, sin aumentar ni un solo euro en los presupuestos? ¿Cómo va a hacer frente a la atención de esas personas sin dinero? El Partido Popular aprobó unos presupuestos para el presente año
2015 que recogían exactamente la misma cantidad que destinaba para la dependencia en 2014. Rajoy está estrangulando el sistema de financiación de la dependencia y deja de aportar a las comunidades autónomas la cantidad necesaria para ayudar a las
personas que lo necesitan y tienen derecho a ser atendidas. Les voy a facilitar el dato de mi comunidad autónoma. Andalucía ha sido la comunidad más perjudicada por el recorte de 1.470 millones de euros del Gobierno de España en el sistema de
atención a la dependencia con la supresión del nivel acordado y la reducción del nivel mínimo
de financiación, lo que ha supuesto un quebranto económico para la Junta de Andalucía de 400 millones de euros menos de ingresos.
Sé que ahora el portavoz del Partido Popular aprovechará para criticar a la Junta de Andalucía, pero les daré un dato que es objetivo -sí, nos adelantamos a la crítica- y es que el Observatorio Estatal de la Dependencia sitúa a Andalucía
entre las tres comunidades autónomas que tienen una mejor calificación en cuanto a la aplicación de esta ley. Este es un dato objetivo. Les diré que el Gobierno intenta suplir su mala gestión y la desatención a los dependientes con propaganda,
mucha propaganda. Están subiendo a los dependientes a un tren aparcado en vía muerta, sin visos de iniciar la marcha y, lo que es peor, sin rumbo ni destino. No queremos propaganda, queremos información y buena gestión en un tema tan importante.
Pero el Gobierno no solo no facilita la transparencia sino que aumenta la oscuridad para que no quede en evidencia su mala gestión. También estamos esperando que se publique la evaluación de 2014, que tradicionalmente se hacía pública en el primer
trimestre del año. El portal de la transparencia del que tanto presume el Gobierno se ha quedado en eso, en un portal: todo fachada. No dejan acceder al edificio de los datos para ocultar su ineficiencia en la gestión. Y para colmo, el Gobierno
se niega a convocar el Consejo territorial de la dependencia, que por primera vez desde que se aprobó la ley ha dejado de reunirse a primeros de junio, como había sucedido en los ocho años.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Termino, señora presidenta.
Por todo ello, hay razones más que justificadas para que el ministro comparezca en esta Cámara y explique cómo va a resolver el problema que su Gobierno ha generado. Dejen de engañar a la gente y atiendan sus necesidades.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Heredia.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para trasladar la posición de mi grupo parlamentario favorable a esta comparecencia. Entendemos que en este mes de julio, con la incorporación de los dependientes moderados, con las partidas presupuestarias correspondientes
congeladas y los recortes que el Gobierno ha venido aplicando durante toda la legislatura, está absolutamente justificado que el ministro de Sanidad comparezca ante la Comisión respectiva para dar cuenta de cómo piensa dar salida a toda la situación
que se ha generado y también dar explicación de los grandes números, de las grandes cifras que se esconden detrás de toda esta situación que ha desgranado el portavoz del Grupo Socialista. En el descuadre que existe no se encuentra más explicación
que el que haya fallecido mucha más gente de la que en principio se había calculado. Desde mi grupo parlamentario quisiéramos hacer una última reflexión y es que, más allá de las cifras presupuestarias y de las cifras que se desgranan, son
tragedias familiares, tragedias personales que se están viviendo con todas las sensibilidades pero que no pueden estar al margen de la atención por parte de las administraciones públicas. El Gobierno del Partido Popular durante los cuatro años de
esta legislatura ha olvidado dotar presupuestariamente la política a este respecto y entendemos que no es asumible en ningún caso que el ministro de Sanidad siga escondiéndose y no dando la cara ante las Cortes Generales, ante la Comisión de Sanidad
del Congreso de los Diputados respecto a la atención a las personas dependientes, máxime a partir de este cambio en el mes de julio. Por eso, vamos a apoyar la propuesta.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.
Por el Grupo de Convergència i d´Unió, en primer lugar, tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a trasladar la posición de los diputados y diputadas de Unió Democràtica de Catalunya en relación con esta solicitud de comparecencia. Quiero recordar en este sentido que nuestra posición en 2006 en relación con la Ley de Dependencia
fue contraria y no porque creyéramos que no era importante la creación del cuarto pilar, sino sobre todo porque la ley no aseguraba la financiación y vulneraba las
competencias de las comunidades autónomas. Hoy estamos hablando de financiación, y ya avisamos en su momento que la ley no aseguraba la financiación, como así ha sido desde el inicio de su aplicación. Quiero recordar que nos encontramos
actualmente en una situación en la cual si las comunidades autónomas deberían aportar el 50 % de lo que costaba la dependencia, el Estado también debía hacerlo así y nos encontramos con que estamos en un 30-70. Debería ser 50-50 y estamos en un
30-70. Por tanto, las comunidades autónomas están asumiendo, por responsabilidad, mucho más de lo que la legislación que aprobaron el Partido Socialista y el Partido Popular -entre otros- contemplaba. Hablamos en este caso de la incorporación en
este mes de julio de las personas valoradas con grado 1 de dependencia moderada. Además de que esta incorporación llega con retraso, queremos saber cómo se piensa financiar, porque si se piensa hacer como en el resto de los grados de dependencia,
mis diputados lo ven muy mal. Una infrafinanciación, como decía, por parte del Estado tradicional y una centrifugación del gasto de dependencia de las comunidades autónomas que han asumido, por responsabilidad propia y con sus ciudadanos, el pago
de los diferentes grados. Por tanto, anuncio nuestro voto favorable a la solicitud de comparecencia formulada.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Picó.
Por el mismo grupo, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Anuncio también el voto favorable de los diputados de Convergència Democràtica a esta petición de comparecencia. Quiero poner de manifiesto que la incorporación de los dependientes moderados al sistema va a abundar en todos los defectos que
esta ley tiene desde el año 2006. En primer lugar, va a incrementar el ahogo financiero de las comunidades autónomas en esta materia. Previsiblemente, la portavoz del Partido Popular nos va a recordar que en el último sistema de financiación
autonómica se contemplaba que parte de los recursos de carácter generalista que se transferían a las comunidades autónomas se orientaran a financiar la dependencia, pero en este supuesto estamos ante un incremento de las necesidades de financiación
autonómica. Va a haber más personas que deben recibir ayuda y el sistema de financiación autonómica no contempla el incremento de esas necesidades derivadas del aumento del número de dependientes. Además, el Partido Popular, en las reformas que ha
introducido en materia de dependencia en esta legislatura, ha reducido las transferencias a las comunidades autónomas para atender a las personas dependientes, lo que ha llevado a que más del 80 % del gasto en esta materia sea asumido en la práctica
por ellas. Eso supone, por un lado, romper con la filosofía de la ley, porque la ley, en su filosofía, no en su redactado, hablaba de un reparto equitativo de la financiación de esta política entre el Estado y las comunidades autónomas. Eso en la
práctica se ha incumplido de manera flagrante y esa medida del Partido Popular de acabar con el nivel complementario de financiación de la dependencia lo ha incrementado de manera grave. Por otro lado, la Administración General del Estado mantiene
una financiación de los servicios de dependencia que no tiene nada que ver con los costes reales, efectivos, de los servicios que prestan las comunidades autónomas, los ayuntamientos o la iniciativa social, lo que pone aún más en evidencia la
insuficiencia del sistema de financiación, porque esa financiación del Estado, en la medida en que se aleja del coste real, obliga siempre a la comunidad autónoma a incrementar los recursos que transfiere para permitir que las familias sufraguen los
servicios o a incrementar los niveles de copago, que es lo que está sucediendo. Las grandes perjudicadas de la insuficiencia financiera del sistema de atención a la dependencia son las familias, que o pagan más o reciben servicios de menor calidad.
Ante el reto de la incorporación al sistema de los dependientes moderados, es imprescindible la comparecencia del ministro de Sanidad, para que dé cuenta de las consecuencias de esta decisión, que efectivamente está en el marco de la vigente
Ley de la Dependencia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Popular, señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Muchas gracias, señora presidenta.
Me sorprende escuchar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, entre otras cosas porque no se sitúa realmente donde nos encontramos. Estamos en el Congreso de los Diputados, no estamos en el
Parlamento andaluz ni ante la Junta Andalucía, no, no. Usted ha descrito tal cual una realidad que se está produciendo en Andalucía, y no es que lo diga yo, es que lo dice el Tribunal de Cuentas. Fíjese en lo que dice el Tribunal de
Cuentas. En la resolución dice que la media de lo que tarda cualquier persona con dependencia en que se resuelva y se le reconozca en España está en este momento en cuarenta y nueve días. ¿Sabe en cuánto está desgraciadamente en Andalucía? (El
señor Heredia Díaz hace gestos al orador). Ahora voy a eso, ahora voy a eso. ¿Sabe en cuánto está? En trescientos días, trescientos días; más de diez meses es lo que está tardando en este momento la Junta de Andalucía en resolver los
reconocimientos. Uno de cada tres dependientes en España que se encuentra en espera de recibir su prestación está desgraciadamente en este momento situado en esa lista por la Junta de Andalucía. El Tribunal de Cuentas ha denunciado la opacidad que
se está encontrando, porque la Junta de Andalucía no le ha remitido la certificación que le corresponde, y de todo eso nos acabamos de enterar el resto de los españoles. Yo provengo de una comunidad que es la tercera que más aporta y, qué cosas, la
balanza fiscal beneficia enormemente a Andalucía; desgraciadamente, también es verdad que lidera el paro en este momento, pero es la mayor beneficiada. Ya está bien de propaganda oficial. No sé quién le habrá preparado a usted ese papel, pero no
se lo cree ni usted, salvo que entienda que está viendo reflejada la situación de Andalucía. La situación que nos encontramos nosotros en España es muy diferente: diecisiete sistemas diferentes, según cada comunidad autónoma; un desfase en las
previsiones iniciales de la ley de 400.000 dependientes más, 2.700 millones de gasto más y 300.000 personas en lista de espera. ¿Y sabe lo que le digo? Que en este momento se han incorporado más de 300.000 personas al sistema de la dependencia, y
de ellas, el 40 % en los tres últimos años. Por tanto, no me venga usted con divagaciones ni con reflexiones faltonas como las que ha utilizado a lo largo de su intervención. Se perdió muchísimo dinero por un laberinto burocrático que ustedes y
solo ustedes generaron: más de 671 normas autonómicas, que se dice pronto, y 134 de rango legal. Generaron una deuda de 1.034 millones con la Seguridad Social, y no solo eso, sino que además había duplicidades y se perdían expedientes. Se
recuperaron 69 millones de euros gracias a la gestión del nuevo Gobierno. Curiosamente, en el último año de Gobierno socialista, hubo 235 millones de euros menos para la dependencia. De verdad, si eso es lo que pretenden que siga produciéndose en
Andalucía, lo lamento por todos los andaluces y les muestro mi solidaridad más absoluta. Desde luego, eso no es lo que queremos para España
Parece que aquí se nos ha olvidado a todos que quienes deciden quiénes son las personas que se incorporan al sistema de la dependencia son las comunidades autónomas, no es el ministerio. Son las comunidades autónomas las que reconocen la
situación de dependencia, son las que integran a esas personas y son las que ofrecen el recurso correspondiente. Lo que sí es cierto es que el Gobierno tiene la obligación de aportar la cantidad que le corresponde, es verdad, y me voy a permitir el
lujo de detenerme en que en el año 2009 se cambió el sistema de financiación y fueron ustedes, Gobierno socialista, quienes decidieron, junto con el resto de comunidades, qué es lo que era mejor a través de dos leyes: la Ley de Dependencia y la Ley
de financiación de comunidades autónomas. Por tanto, el ministerio y el Gobierno han dado respuesta en todo momento a la parte de financiación que les correspondía; otra cosa muy distinta es encontrarse con Gobiernos de comunidades autónomas, como
el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que están maltratando a las personas con dependencia y que están en las listas de espera, porque mientras del resto de comunidades autónomas se van incorporando, 35.000, que se dice pronto, con nombres y
apellidos, están todavía esperando porque ustedes hacen dejación de funciones y trasladan esas vías de financiación que les corresponde a no sabemos qué. Eso lo dejo en el aire, porque serán ustedes los que deberán explicar dónde va a parar ese
dinero que a través de la Ley de Financiación se les está facilitando. (Rumores). Además, hay un compromiso de este Gobierno, compromiso que se ha hecho efectivo en cada una de las intervenciones del ministro y de cualquiera de los miembros del
Gobierno a quienes se ha preguntado, porque una cosa es lo que aparece en los presupuestos y otra muy distinta es lo que luego resulta. ¿Por qué? Porque el Gobierno desconoce en la fecha en la que se elaboran los presupuestos cuántos son los
dependientes que cada comunidad autónoma va a incorporar. ¿Qué es lo que hace? Lo que se ha hecho hasta ahora -ustedes también lo hacían, lo hacían mal, pero lo intentaban; nosotros lo hacemos bien, con eficacia y con efectividad-.
Automáticamente, en el mismo momento en el que se presente el listado con esos 300.000 dependientes moderados que se van a incorporar a partir del 1 de julio -insisto, son las comunidades autónomas las que dicen quiénes sí y quiénes no-, el
ministerio asumirá el compromiso y hará la transferencia como lo ha venido haciendo siempre. Otra cosa es esa propaganda que ustedes se dedican a lanzar sistemáticamente y que no se corresponde con la realidad, como saben las personas que se están
beneficiando del sistema. Eso sí, yo
les haría una recomendación: mírenselo en Andalucía, porque lamentablemente con ese Gobierno que tienen al frente están abandonando a nuestros mayores dependientes y dejándoles en la situación más dramática que nos podríamos encontrar.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Montesinos.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO Y DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (número de
expediente 062/000262), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, ANTE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, PARA QUE EXPLIQUE SI VA A ADOPTAR MEDIDAS DE CARÁCTER URGENTE PARA PONER FIN A LA GRAVE CRISIS QUE
PADECE EL SECTOR LÁCTEO, ESPECIALMENTE LOS PRODUCTORES LÁCTEOS GALLEGOS, DEBIDO AL ENORME DESCENSO DE LOS PRECIOS DE LA LECHE EN ORIGEN QUE ESTÁ PONIENDO EN RIESGO LA PERVIVENCIA DE MILES DE EXPLOTACIONES GANADERAS. (Número de expediente
213/002074).
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (número de expediente 062/000263), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, ANTE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, PARA INFORMAR Y VALORAR LA CRÍTICA SITUACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL, PRODUCIDA POR, ENTRE OTRAS
CUESTIONES, EL FIN DEL SISTEMA DE CUOTA LÁCTEA, LA BRUTAL CAÍDA DE PRECIOS EN ORIGEN Y EL INCREMENTO DE COSTES QUE HAN HECHO PERDER RENTABILIDAD AL SECTOR, PONIENDO EN PELIGRO LA RECOGIDA DE LA LECHE EN DETERMINADAS ZONAS E, INCLUSO, LA VIABILIDAD
FUTURA DE MUCHAS EXPLOTACIONES, ASÍ COMO PARA INFORMAR DE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR PARA HACER FRENTE A ESTA SITUACIÓN. (Número de expediente 213/002076).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al debate de los puntos 8 y 10. El 8 es la petición del Grupo de La Izquierda Plural de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura para la
comparecencia de la ministra, para que explique si va a adoptar medidas de carácter urgente para poner fin a la grave crisis que padece el sector lácteo, especialmente los productores lácteos gallegos, debido al enorme descenso de los precios de la
leche en origen que está poniendo en riesgo la pervivencia de miles de explotaciones ganaderas. La 10 es la petición formulada por un número suficiente de diputados del Grupo Socialista para que se celebre la misma Comisión, con la misma
comparecencia de la ministra, para informar y valorar la crítica situación del sector lácteo español producida por, entre otras cuestiones, el fin del sistema de cuota láctea, la brutal caída de precios en origen y el incremento de costes que han
hecho perder rentabilidad al sector, poniendo en peligro la recogida de la leche en determinadas zonas e incluso la viabilidad futura de muchas explotaciones, así como para informar de las medidas que piensa adoptar para hacer frente a esta
situación.
En primer lugar, van a intervenir los representantes de los grupos que hacen la petición. Tiene la palabra la señora Fernández, por el Grupo Mixto, que firma la petición con La Izquierda Plural.
La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo, en representación del Bloque Nacionalista Galego, para defender esta solicitud de comparecencia de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, porque la situación extrema que está padeciendo el sector de la
producción lechera en Galicia así lo exige, señorías. Éramos conscientes de que una vez que se eliminaran las cuotas en la Unión Europea esto iba a repercutir en una bajada del precio de origen del producto lácteo, pero esa reducción del coste, que
a nivel europeo está
aproximadamente en un 7 %, en el caso de Galicia vino a agravar una situación ya de por sí extremadamente grave. Parece que uso palabras demasiado fuertes, pero es así. De hecho, el precio actual de la leche en origen está en la Unión
Europea en 30,4 céntimos y en el Estado español en 29,3 céntimos, pero en Galicia más del 30 % de los ganaderos están vendiendo su leche a 26 céntimos y más del 25 % la venden a 20 céntimos. Pero no solo es esto lo que está agravando la situación,
en este momento existe también un problema de comercialización. De hecho, a muchas comarcas de producción láctea en Galicia se les está transmitiendo que deben reducir la producción en un 40 %. Tanto es así que productores de más de 5.000 litros
de leche diarios ya han recortado en 600 litros su producción. Señorías, esto pone a las 9.000 explotaciones ganaderas de producción lechera que quedan en este momento en Galicia en una situación que, si no se remedia, abocaría al cierre al menos a
la mitad de las mismas. Para ahondar en los datos, diré que solamente en los seis primeros meses de este año el sector ha perdido más de 36 millones, no solo por las dificultades de comercialización y por los problemas que tiene el sector ganadero
con el sector de la industria, sino también por el problema de los precios en origen. A esta cuestión hay que añadir que los costes de producción se han incrementado. Ya eran más altos en los años anteriores, pero últimamente, por la sequía que
está sufriendo el país, los precios de producción se han elevado.
Señorías, a día de hoy los ganaderos del sector lácteo en Galicia se han unido, independientemente de la organización de productores a la que puedan estar vinculados. Todos los grupos políticos, excepto el que está en el Gobierno -es decir,
el Partido Popular-, se han unido en defensa del sector para reclamar tanto a la Administración gallega como a la central -es decir, tanto al Gobierno del señor Feijóo como al Gobierno del señor Rajoy- que actúen al respecto. Se han visto obligados
a esta unidad, que se ha creado alrededor de una plataforma, precisamente por la falta de respuesta de los dos Gobiernos. Se ha hablado de la necesidad y de la disposición que tendrían el Gobierno de España y el Gobierno de Galicia de tramitar ante
la Unión Europea la retirada de algunos excedentes de leche que existen en el Estado. No sabemos si a este respecto han hecho alguna actuación o no, pero esta cuestión nos sugiere un comentario. Un tercio del consumo de leche en el Estado español
es de importación. Entonces, no se entiende que se pueda decir que existe un excedente de la producción estatal y, muy específicamente, de la producción gallega.
Señorías, a la vista de la falta de contestación del Gobierno, que no ha respondido a ninguna de las demandas del sector y que no ha anunciado absolutamente ninguna medida para paliar la grave crisis, a pesar de que incluso la Unión Europea
ha expresado la opinión de que esta reducción de precios se prolongará más allá del año 2016, solicitamos esta comparecencia de la ministra. Entendemos que el Gobierno del Estado español debe dar una respuesta no solo a la demanda de los ganaderos
sino también a la situación creada. No solo estamos hablando -finalizo, señora presidenta- de bajos precios y de problemas con la industria en la recogida de la producción lechera, sino de que el Gobierno del Estado español aún no ha hecho nada a
día de hoy respecto a la situación de explotación a la que la distribución de los productos alimenticios está sometiendo a los productos lecheros, que están siendo utilizados, sobre todo por las grandes cadenas, como productos de reclamo, vendiendo
la leche a un precio menor del que se está comprando, incluida la leche de Galicia, que se está cobrando ya a precios irrisorios. Por eso, señorías, solicitamos esta comparecencia. La situación es extrema y el Gobierno debe responder a la misma
con aquellas actuaciones que le está reclamando el sector.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.
También para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Centella, de La Izquierda Plural.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo ha firmado esta petición porque estamos ante una situación grave, casi de punto final. No es nueva, por desgracia. Es un sector donde llueve sobre mojado. Una mala
negociación en nuestra incorporación a la Unión Europea o la idea de que quien se lleva la parte más importante del negocio no es nunca quien lo produce nos han llevado a una situación donde, una vez más, vemos que alguien hace trampas, igual que
cuando se habla de libre mercado o cuando se habla de liberalismo lo único que se dice es que alguien especula.
Es necesario que el Gobierno español y el Gobierno gallego actúen. Por eso hemos pedido la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura en la que comparezca la señora ministra y en la que podamos hacer un diseño de
la situación real. No vale mirar para otro lado, porque, como ya se ha dicho, estamos en una situación de punto final para muchas familias y para muchas economías. Defender la ganadería y, en este caso, el sector lácteo no es ni más ni menos que
defender
una forma de vida; es defender una forma de producir, pero también una forma de vivir. En este momento, cuando se pone todo esto en manos de los intermediarios, en manos de quienes realmente están haciendo negocio, lo único que se hace es
condicionar la vida de las personas a la economía. Creemos que hay posibilidad de que se cambie esta visión, de que se entienda que quien genera riqueza es quien debe obtener el fruto de esa riqueza que se genera. Hay que entender de una vez por
todas que hay que poner la economía al servicio de la gente, que hay que poner la riqueza, en este caso, al servicio de quien la trabaja y no al contrario. El ciudadano no nota en el mercado estos precios que se pagan en origen, al contrario. Por
tanto, alguien está haciendo negocio. Es fundamental que el Gobierno español, que desde el inicio de nuestra integración en la Unión Europea entendió que era un sector a sacrificar, porque no tenía la capacidad de presionar -no fue nunca un sector
que interesó-, debe tomar conciencia de la gravedad del problema, de la necesidad de dar un giro radical a la actual configuración del esquema económico. O construimos nuevos modelos de país, nuevos modelos de relaciones económicas, o estos temas
no tendrán solución. Por eso, nuestro grupo plantea la necesidad de un cambio profundo a la hora de establecer prioridades en la economía y en la propia acción de Gobierno.
Más allá de eso, estamos ante una situación de emergencia en tiempo real. No podemos hablar de futuro y por eso pedimos la comparecencia urgente de la ministra este mismo verano para abordar medidas de emergencia, medidas que se tienen que
aplicar ya para que miles de explotaciones del sector lácteo no se vean abocadas a su desaparición. Repito que no son un número estadístico, sino personas, familias. Es una forma de vivir en comarcas enteras de Galicia y en otras zonas del Estado.
Creemos que esta petición está fundada y es pertinente. Esperamos que el Partido Popular no mire para otro lado y dé respuesta a estas necesidades.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Rodríguez Ramos.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Muchas gracias, presidenta.
Compartiendo los argumentos que se acaban de exponer, extiendo esta situación, calificada como dramática, que viven miles de explotaciones ganaderas de leche a todo el territorio español. Mi comunidad autónoma, que es la segunda productora,
se encuentra en esta situación, como muchas explotaciones de la cornisa cantábrica de nuestro país. Por cierto, desde hace ya dos años venimos anunciando que esta situación se vería agravada, de no actuar, tras la entrada en vigor de la
desaparición de la cuota. Indudablemente, la venta del litro de leche por debajo del umbral del precio de coste -es decir, vender un litro de leche por debajo de un precio que no cubre los costes en una producción agrícola o ganadera- está
condicionando la viabilidad y la estabilidad de estas producciones lácteas y de las de muchos territorios, en las que las producciones ganaderas de leche están vinculadas al territorio y, por lo tanto, a su propia viabilidad. Señorías, no es un
problema solo de la leche; me atrevería a decir que es más que leche, porque hay muchas zonas rurales ganaderas en nuestro país donde solo hay leche. Si desaparecen estas explotaciones, estará desapareciendo todo un tejido económico y productivo
vinculado a la producción, a la transformación y a la industria de la leche y, por tanto, desaparecerán sus puestos de trabajo y desaparecerán como zonas rurales vivas y vitales. Ya anunciamos que la desaparición de la cuota iba a crear más
problemas. ¿Por qué, señorías? Indudablemente, una cuota de producción, en la que España siempre ha sido un país deficitario -siempre hemos producido menos de lo que consumimos-, podría suponer una oportunidad. España podría, por primera vez,
producir más leche y, por lo tanto, producir la leche que consumimos y dejar de ser lo que somos en estos momentos: el sumidero excedentario de grandes potencias productoras como, por ejemplo, Francia y Alemania. Pero para que esto se produjera,
tras la desaparición de la cuota era necesario adoptar medidas de intervención para regular el sector. Parece que el Gobierno no ha querido escuchar esta petición, pero son absolutamente necesarias. ¿Por qué es necesario actuar desde la
Administración, desde el Gobierno, con medidas de intervención? Porque si no, desgraciadamente, podría suceder lo que está sucediendo en estos momentos. No es un problema de más leche, sino un problema de más precio. La liberalización de la cuota
produce una mayor producción de leche, pero también hace que las industrias lácteas puedan comprar leche donde quieran, fuera de nuestro país y dentro de nuestro país donde quieran, donde las granjas industriales de producción estén más cerca de sus
propias industrias. Ha desaparecido la obligación de comprar leche bajo cuota y en España se está produciendo una situación inédita de efectos dramáticos, y es que hay industrias que ya no garantizan la recogida de leche en explotaciones ganaderas
de montaña, en explotaciones ganaderas de pastos que están más lejos de las
industrias y la recogida de esta leche se ha convertido en un instrumento de presión para que los ganaderos firmen contratos con cláusulas abusivas. Señorías, firmar contratos en los que se está garantizando la recogida de leche a un año a
un precio de 0,20 céntimos el litro es firmar contratos leoninos. El precio no es un precio negociado, no es un precio pactado, sino un precio impuesto bajo la condición de que o firmas esto o no tienes garantizada la recogida de leche de tu
producción, lo que supondría el cierre de explotaciones no ya como un problema coyuntural sino como un problema estructural, explotaciones competitivas, dimensionadas, que han invertido mucho dinero en cuota y mucho dinero en modernización que
cerrarían y no volverían a abrir. Por tanto, es necesario que el Gobierno intervenga. El contrato no garantiza un resultado igualitario si las partes no son equilibradas. Para garantizarlo hemos exigido -lo están pidiendo los productores- que se
cree la figura del mediador lácteo, una figura que existe en Francia, un país de gran producción láctea. Fíjense, señorías, si una empresa láctea en España quisiera presionar a un productor francés para que le firmara un contrato a un año por 0,20
céntimos el litro de leche -se están firmando muy por encima, por el doble-, no podría hacerlo, porque el Gobierno francés intervendría a través de la figura del mediador lácteo para fijar condiciones de equilibrio justo en ese contrato, pero si lo
quiere hacer con un ganadero de alta montaña en la cornisa cantábrica, en Galicia o en León, lo puede hacer. Esto es lo que realmente está llevando a una situación dramática, que se une a un escenario en el que ya se viene acarreando un incremento
de los costes de producción, de las materias primas, de los inputs eléctricos. Señorías, el problema de la liberalización de la cuota requiere una intervención inmediata. Como acabo de señalar, requiere la intervención para el equilibrio en los
contratos y requiere de forma clara que el Gobierno se comprometa a una trazabilidad escrupulosa de la leche que consumimos. Tenemos que saber de dónde viene. Si efectivamente somos un país deficitario, ahora está entrando leche y no sabemos de
dónde procede. La realidad es que el consumidor puede leer en el envase dónde está envasada la leche, pero no dónde ha sido producida. Necesitamos saber de qué países procede la leche que está entrando en España, por qué circuitos y también con
qué fecha y el Gobierno se está negando reiteradamente a adoptar esta medida. Señorías, necesitamos indudablemente un plan de rentas. En estos momentos, donde no llega el precio tiene que llegar el aseguramiento, porque si no las explotaciones no
tienen garantizada la sostenibilidad y están abocadas al cierre. No es un problema de avales bancarios, es un problema de sostenibilidad de la explotación. También necesitamos que se vaya a la Unión Europea, al Consejo Europeo, y que se defienda
junto con otros países que tras la desaparición de la cuota es necesario un plan de producción a nivel de la Unión Europea que tenga en consideración el nivel de consumo de cada país.
Señorías, el Partido Popular me va a decir que han adoptado más de veintisiete medidas en el último año.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez Ramos.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Ya acabo.
Yo les diré que han adoptado muchas, pero que no sirve ninguna, porque no han adoptado las que deben, las que está pidiendo el sector. Señorías, no nos hagan caso a nosotros; hagan caso a los ganaderos, a los 15.000 que se manifestaron por
última vez en Santiago de Compostela. Por eso les pido que, por favor, ante esta situación voten a favor de la comparecencia de la ministra, para que pueda venir y podamos hablar con ella en estos términos. Sinceramente, démosle la oportunidad a
la ministra de que asuma por primera vez la responsabilidad que tiene como ministra, no como un alto cargo del ministerio sino como una política, porque hoy el sector lácteo español requiere de medidas de intervención política. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Rodríguez Ramos.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo de Convergència i de Unió, señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a fijar la posición del Grupo de Convergència i de Unió, que es la de votar favorablemente las dos peticiones de comparecencia. Lo hacemos porque creemos que este es un gravísimo problema. La petición del Grupo Mixto y de La Izquierda
Plural hace referencia a Galicia, que es el territorio que seguramente se encuentra en una fase más aguda, sin embargo creemos que este también es un problema de muchas otras zonas donde la ganadería de producción de leche es básicamente el gran
sector económico e incluso me atrevería a decir que también el gran sector ambiental. Para muchos diputados y diputadas que no lo saben -seguramente otros muchos sí- la explotación de vacuno de leche es una explotación muy basada en el territorio,
en el cultivo de determinados productos -principalmente el maíz- y en la transformación de estos
productos a pie mismo de granja en la principal fuente de alimentación de proteínas para el ganado. Por tanto, este ciclo cerrado y ambientalmente muy positivo no solamente sirve para que muchas zonas rurales tengan población y esta pueda
sobrevivir sino que sirven también para tutelar el territorio. Por ello es un problema personal para miles de ciudadanos en Galicia y en otras zonas pero también es un problema ambiental de primera magnitud. Sin este tipo de cultivo se
desertizarían amplísimas zonas y además se abandonaría a su suerte lo que en estos momentos son los mejores paisajes de nuestra geografía, tales como los de Galicia, Cantabria, Asturias, Girona, etcétera. Por tanto, esta es una cuestión muy
relevante y lo es también porque el cambio que se ha producido con la desaparición de las cuotas es muy sustancial. De hecho, desde nuestra incorporación a la Comunidad Europea, el desiderátum de muchos agricultores era disponer de cuotas, incluso
había algunos que ampliaban sus explotaciones adquiriendo otras explotaciones, compraban cuotas y la adquisición de cuotas era una especie de adquisición patrimonial. Muchos que se retiraban podían luego tener una jubilación más digna a partir de
la puesta en valor de estas cuotas. Y esto ha pasado hasta hace muy pocos meses, hasta que se anunció el fin de este régimen. Por tanto, había miles de ciudadanos que tenían sus vidas y las de sus familias planteadas -porque así se había enfocado
desde las instituciones europeas- a partir de un determinado régimen de explotación económica. Esto acaba y no se ofrece ninguna solución de continuidad para adaptarse a este nuevo régimen de mercado abierto, donde muchísimas explotaciones son
absolutamente vulnerables. Son explotaciones tanto familiares como aquellas que durante los últimos años se han industrializado -si me permiten la expresión- comprando cuota y que ahora están absolutamente descapitalizadas. Las señales que hemos
mandado desde las administraciones han sido terribles y, por tanto, ahora debemos dar la cara. Entiendo que lo que todos los grupos que presentan estas peticiones de comparecencia piden es que la señora ministra dé la cara. No podemos estar más de
acuerdo; es más, es lo mínimo que podemos hacer. Por tanto, suplico al Grupo Parlamentario Popular que permita que la ministra comparezca porque es lo mínimo que hay que hacer, aparte de muchas otras cosas. Este es un problema de conciencia
importantísimo de muchos miles de ciudadanos pero también es un problema de amplísimos territorios que creemos que vale la pena preservar. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Macias.
Por el Grupo Popular, señor Gallego.
El señor GALLEGO BURGOS: Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero decir que este Gobierno le ha dado, le da y le dará todo el apoyo posible al sector lácteo español. Es consciente de que es un sector estratégico en nuestro país y por eso vamos a estar a su lado y vamos a hacer
frente a todas las necesidades y a la actual coyuntura adversa a la que se enfrenta. Ningún portavoz ha señalado el efecto del cierre del mercado ruso en este sector, el descenso de las importaciones de terceros países directísimamente, el exceso
de producción que hubo, por ejemplo, en el año 2014, la caída en el consumo interno de nuestro país y, eso sí, todo el mundo ha hecho referencia al nuevo sistema fuera de cuotas, cuotas que fueron eliminadas en 2009, cuando gobernaba el Partido
Socialista. En el año 2009 gobernaba el Partido Socialista, se cargó el sistema de cuotas y ahora viene en el año 2015 y dice que lo de las cuotas es culpa del PP.
He escuchado pocas propuestas por parte de los grupos de la oposición; desde luego el BNG no ha presentado absolutamente ninguna, y dice literalmente: el Gobierno no ha propuesto ninguna medida; también ha dicho literalmente -abro
comillas-: no ha hecho nada. Luego le explicaré las medidas que hemos tomado, pero creo que está bien que reconozca que algunas medidas se han tomado y no es justo que diga que el Gobierno no ha hecho nada. Izquierda Unida ha hecho exactamente lo
mismo, que no hemos presentado ninguna propuesta, que todo está fatal. Sin embargo, no han hecho ni una sola propuesta para resolver la actual situación. Solo les interesa venir a erosionar al Gobierno. El PSOE sí ha hecho referencia a algunas
cuestiones. Hablaba del mediador lácteo, decía que había que impulsar al mediador lácteo. Señora Rodríguez, seguramente usted no estuvo en la sesión de control del día 15 de junio en el Congreso de los Diputados, porque la ministra dijo que iba a
impulsar la figura del mediador lácteo. Está bien que lo reconozca. La ministra lo dijo el día 15 de junio que había que impulsar al mediador lácteo. Hablaba también de la trazabilidad. No se ha leído la Ley de Cadena Alimentaria porque en ella
se habla perfectamente de la trazabilidad de la leche. Insisto, le puedo dar el 'Diario de Sesiones' del día 15 de junio donde la ministra explicaba con luz y taquígrafos la figura del mediador lácteo. (La señora Rodríguez Ramos: Que sí, que sí,
que el problema es que yo no me he leído eso).
¿Qué más medidas se han tomado? El Gobierno, además de decir que todo está mal -que es lo que hacen ustedes-, tiene que tomar medidas, y se las voy a explicar. Les voy a dar diez ejemplos. Usted ha
dicho que hay diecisiete medidas y yo le voy a dar solo diez, porque no tenemos mucho tiempo y la señora presidenta me dirá que vaya acabando. Las negociaciones de la PAC supusieron que España recibiera para este sector 245 millones, un 56
% más de lo que recibía con la negociación que cerraron ustedes cuando gobernaron. Hemos apoyado a las organizaciones de productores, la adhesión de los productores a estas organizaciones; un 36 % de los productores ya forman parte de estas
organizaciones. Además, vamos a destinar un millón de euros en lo que queda de año para que más productores se puedan adherir a este tipo de organizaciones. Vamos a promocionar el consumo. (Rumores). Sé que no le interesa, que no escucha, pero
se lo voy a decir para que se entere. (La señora Rodríguez Ramos: Que sí, que sí). Vamos a promocionar el consumo de leche en España, vamos a impulsar una campaña que empezará en dos semanas -ya está presupuestada- con 1,5 millones de euros para
promocionar el consumo de leche en España, lo que va a ser muy positivo. Estamos investigando absolutamente todas las denuncias sobre ventas a precios anómalos o de venta de leche a pérdidas; hemos concedido créditos a ganaderos por valor de 1,6
millones de euros en los próximos cinco años, y hemos reducido los módulos en los años 2013 y 2014 a este tipo de explotaciones. Estamos trabajando en la divulgación de contratos lácteos, costes y márgenes de producción. En pocas semanas empieza
esta acción por parte del ministerio para hacer frente a este problema que nos preocupa a todos, el problema lácteo, así que se están tomando medidas y muy concretas. También vamos a impulsar -y lo tengo que recordar- un programa de leche escolar
para impulsar su consumo; queremos que un millón de niños se beneficien de esta medida, y solo en el curso escolar 2015-2016 el ministerio va a invertir 6,9 millones de euros.
Con todas estas propuestas, encima tenemos que escuchar que el Gobierno no hace nada. Lo que ustedes hacen es forzar. Entiendo que tengan que hacer oposición y decir que el Gobierno todo lo hace fatal, pero se están haciendo muchas cosas.
Por primera vez España va a tener un sector estratégico global para la industria láctea, y nunca lo había tenido. Es decir, se están haciendo cosas. Todas estas medidas para hacer frente a esta situación en el sector lácteo están presupuestadas
por un total de 11 millones de euros, aparte de lo que supone el resto de los programas que había hasta el momento. No puede decir que el Gobierno no hace nada. Es absolutamente injusto decir que el Gobierno no hace nada. Por cierto, la ministra
ha respondido ya sobre estas cuestiones algunos miércoles en el Congreso. Por eso, decir que la ministra no da la cara también me parece una falsedad y es absolutamente injusto. (La señora Rodríguez Ramos: O sea, que la ministra no va a venir).
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Gallego.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (número de expediente 062/000263), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA URGENTE DEL MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ANTE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, PARA INFORMAR SOBRE LA SANCIÓN IMPUESTA POR LA UNIÓN EUROPEA POR EL DÉFICIT OCULTO DE LA GENERALITAT
VALENCIANA Y LAS MEDIDAS QUE PIENSA TOMAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS ACTUACIONES QUE HAN MOTIVADO LA SANCIÓN. (Número de expediente 213/002077).
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (número de expediente
062/000264), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ANTE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, PARA QUE EXPLIQUE LA SANCIÓN QUE NOS HA IMPUESTO LA UNIÓN EUROPEA POR EL ENCUBRIMIENTO DEL DÉFICIT Y SU
MANIPULACIÓN POR PARTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA. (Número de expediente 213/002070).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al debate de los puntos 9 y 14. Punto 9. Petición, formulada por un número suficiente de diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de que se
acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda con la comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para informar sobre la sanción impuesta por la Unión Europea por el déficit oculto de la
Generalitat Valenciana y las medidas que piensa tomar el Gobierno en relación con las actuaciones que han motivado la sanción. Punto 14. Petición, de La Izquierda Plural y del Grupo Mixto, de que se acuerde la celebración, también de esta
Comisión, con la comparecencia del ministro para que explique la sanción que nos ha impuesto la Unión Europea por el encubrimiento del déficit y su manipulación por parte de la Generalitat Valenciana.
En primer lugar, por el Grupo Socialista, uno de los grupos proponente, tiene la palabra el señor Campos.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Gracias, presidenta.
Esta petición se formula, en primer lugar, para evidenciar que hay motivos de sobra para ampliar las escasas y escurridizas explicaciones dadas hasta hoy por parte del Gobierno de España ante unos hechos muy graves, como es la ocultación del
déficit público de la Generalitat Valenciana de más 2.000 millones de euros y que se tenga que asumir una sanción por parte de la Unión Europea. Vamos a suponer que cada factura era de un millón de euros, porque ni se sabe el número exacto de
facturas. Esto no es una factura que se mete en un cajón, esto hay que guardarlo en un armario, cuando menos. Y si además cogemos las acusaciones que tiene que asumir ahora de presunto fraccionamiento de facturas del conseller Serafín Castellano,
a lo mejor me hubiera tenido que traer a esta solicitud de comparecencia veinte cajas. Dicen que eso fue un error. No, aquí hubo una decisión premeditada. El problema no es si la Unión Europea ha sancionado en función de un reglamento anterior o
posterior; el problema es que hay una sanción de 20 millones de euros y que se ha hecho un daño casi irreparable a la Comunidad Valenciana y a la Generalitat Valenciana. El problema es que hay personas que tenían responsabilidades públicas y en el
Partido Popular de la Comunidad Valenciana que tenían un caja B en el partido y en la Generalitat, sin que a día de hoy se haya esclarecido aún nada sobre las formas y el fondo de esta caja B de la Generalitat.
Ximo Puig ya pidió explicaciones por escrito, aunque no se las dieron y tuvimos que exigir que viniera el ministro a dar explicaciones, pero no vino, vino el secretario de Estado. Ya le preguntó -sin respuesta a cambio- ¿quién descubrió la
manipulación?, ¿cuándo se descubrió?, ¿han abierto algún tipo de investigación? Ninguna respuesta. De ahí que, en segundo lugar, solicitemos esta comparecencia para denunciar que hay una actitud cómplice por parte del Gobierno de España y del
Partido Popular ante hechos que requieren la máxima transparencia y depuración de responsabilidades, evidenciando nuevamente que para el Partido Popular la transparencia es un proyecto de ley o una ley pero no es en sí misma una actitud o un
comportamiento que se ha de tener desde las administraciones públicas. Es decir, le preocupa más lo que digan que lo que esté pasando.
Rajoy llegó a decir en sede parlamentaria que la sanción era de los Gobiernos socialistas de Joan Lerma. Sí, esto se dijo en sede parlamentaria en contestación a unas palabras del secretario general del PSOE. Cabe reseñar y repetir, para
que conste en el 'Diario de Sesiones', que las sanciones son referidas a los años 2011 y 2012, que los responsables eran del Partido Popular, que los Gobiernos socialistas de la Generalitat acabaron su mandato de más de doce años sin ningún
conseller no ya imputado por corrupción, sino sin ninguno acusado por corrupción. De hecho, hubo uno que sí, sobre el que se vertieron acusaciones de corrupción y fue, por cierto, fulminantemente expulsado del partido y del Consell. ¡Ah,
casualidad!, acabó de conseller del PP, portavoz del PP en Les Corts Valencianes justo en la época en que había una caja B en la Generalitat y en el partido. Por tanto, el PP está haciendo dejación de sus funciones.
En tercer lugar, lo pedimos para recriminar, sí, el uso partidista que se está haciendo de las instituciones. Hoy, votando en contra de esta petición, también se hace un uso partidista del Congreso para bloquear que haya transparencia y se
aclare todo este tema. Se es fuerte con el débil y permisivo y se tapa al poderoso; se aumentan los impuestos, las inspecciones contra los ciudadanos y los autónomos. Creo que todos nosotros recibimos quejas de muchos autónomos porque van a por
los que son legales y no a por los ilegales. Pero, eso sí, como haya un dirigente del PP involucrado en algo, hay que taparlo o directamente hacer una amnistía fiscal. Cuando se conoce la caja B de la Generalitat o cuando sistemáticamente se
incumple el déficit público por parte de la Generalitat Valenciana gobernada por el Partido Popular, se tapa. Y si toma posesión un conseller, a los tres días se amenaza de forma chulesca con intervenir la Generalitat Valenciana. Eso ha pasado, no
me lo invento; es, en definitiva un uso partidista de las
instituciones por parte del Partido Popular. Se ve que aquel que intentaba convencer a algunos diputados en 2010 de que dejaran caer a España con un rescate de la Unión Europea hoy sigue haciendo eso, es dirigente del PP y no ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España.
Sea o no del PP, queremos saber quién es el responsable. Por eso, en cuarto lugar, nuestra petición exige que se asuman responsabilidades políticas. Es que aquí nadie ha asumido nada, 2.000 millones metidos en cajones y no pasa nada.
Claro, qué va a pasar, si se ha pagado la sede del Partido Popular con la caja B y no ha pasado nada en este país. Es que esto no es lo normal; lo normal es que alguien asuma alguna responsabilidad política o pida perdón, me equivoqué, fue un
error, no lo hice intencionadamente. Lo cierto es que ustedes acudieron dopados a las elecciones anteriores a 2011 gracias a la caja B del Partido Popular y fueron dopados a las elecciones municipales, autonómicas y generales en la Comunidad
Valenciana gracias a este agujero de 2.000 millones no declarados. No lo digo yo, lo dijo Beteta en sede parlamentaria, dijo que hay 1.000 millones de euros en facturas correspondientes a 2010 y años anteriores y 1.000 millones de euros en facturas
solamente en 2011, que se dice pronto. Eso a quién se pagó, en qué concepto, ¿era para pagar determinados servicios previendo que pudiera pasar algo en las elecciones? Simplemente, es necesario, como decimos, que se aclare y se asuman
responsabilidades. Por cierto, hasta el responsable de todo esto sigue siendo hoy cargo público del Partido Popular.
Pese a lo dicho, el Partido Socialista quiere dejar claro que la mala gestión de cargos públicos del Partido Popular en la Generalitat no puede tapar lo que se ha evidenciado hoy y es la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. No
todos los españoles tienen igual acceso a derechos y servicios públicos. Hay una infrafinanciación de la Comunidad Valenciana de 1.450 millones de euros. Quiero reiterar en sede parlamentaria que no se puede ser exigente en el cumplimiento de una
sanción al tiempo que no se afronta ya de forma urgente -como ya debería haber sucedido en 2014 de forma efectiva- una reforma de la financiación.
Señora presidenta, acabo ya. Por todo ello, pedimos el voto a favor esta petición que simplemente pide transparencia y que se señale qué ha pasado, cómo ha sido y por qué había una caja B en la Generalitat de 2.000 millones. Los ciudadanos
ya han depurado responsabilidades en la Comunidad Valenciana...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Campos, tiene que acabar.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Acabo.
Los ciudadanos han depurado responsabilidades y han decidido que una nueva mayoría parlamentaria, legítima, elija un gobierno honrado y eficaz al frente de la Generalitat. Si ustedes lo siguen tapando será simplemente un nuevo motivo para
que haya un cambio político en España.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campos.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, puesto que del Grupo Mixto no hay nadie, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.
El pasado día 13 de este mes saltaba la noticia de que por primera vez en la Unión Europea se imponía una multa a un Estado miembro por falsear los datos transmitidos a Eurostat; 18,93 millones de euros es lo que va a tocar pagar. Se
produjo una manipulación del déficit por falta de registro del gasto en salud y el incumplimiento del principio de devengo. Además, este asunto de la salud se arrastraba desde hace muchísimos años. Aquí está presente quien tiene experiencia
sobrada en cómo se han manipulado las cuentas en la Generalitat Valenciana. Lo ha dicho la Unión Europea, no mi grupo parlamentario, es la Unión Europea quien ha calificado los hechos y quien ha impuesto una multa España, no es mi grupo quien
pretende calificar nada. Este asunto de la salud sí ha sido denunciado por mi grupo parlamentario en las Cortes Valencianas sistemáticamente desde hace muchos años. Cuando poníamos en solfa y encima de la mesa los presupuestos de la Generalitat,
una de las críticas era que sistemáticamente la partida correspondiente de sanidad se ponía muy por debajo de lo liquidado en ejercicios anteriores, sabiendo que, por lo tanto, ahí había un déficit de partida en los presupuestos de la Generalitat
Valenciana. Es la primera vez que se multa en la Unión Europea por unos hechos de este tipo. Es cierto que los hechos, según se ha sabido después de la investigación, son de hace bastante tiempo también. Es decir, son prácticas que arrancan desde
el año 1988, pero que en este caso se han centrado sobre todo en los
años 2011 y 2012. También sabemos que el falseamiento se concluyó a partir del año 2012. Asimismo, somos conscientes de que fueron las propias autoridades españolas las que en el año 2012 notificaron a la Unión Europea la situación que se
había venido produciendo sobre las facturas que había en los cajones; de hecho, el ministro Montoro tuvo que apechugar en aquel momento con el incremento del déficit público en un 0,4 % del ejercicio 2011. Se habló mucho en aquella época -ya
habíamos iniciado esta legislatura- de la herencia recibida del Gobierno socialista por parte del Grupo Popular, pero se habló bastante menos de las facturas en los cajones que había en el País Valenciano, en la Generalitat Valenciana y que también
había en la Comunidad de Madrid. Esa deuda encubierta fue la causante fundamental de aquel incremento del déficit público, que acabó llevando a esa investigación y que ahora nos ha traído este problema de 18,93 millones de euros. Esta multa es la
razón por la que hemos pedido la comparecencia del ministro de Hacienda en la Comisión de Hacienda, sobre todo porque, más allá de los hechos que ya han sido conocidos, investigados y clarificados, estoy seguro que el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en este momento tendrá también otras responsabilidades que atribuir con respecto a cómo el Gobierno socialista en su momento fiscalizaba o transmitía los datos, seguro que alguien más tendrá la culpa, que no la tendrá en ningún
caso el Partido Popular...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sixto, tiene que acabar.
El señor SIXTO IGLESIAS: Habíamos pedido también la comparecencia.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Tiene siete minutos. Pero continúe, señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Concluyo rápidamente.
Seguro que el Partido Popular tiene otros responsables a quien adjudicar este tema, pero la pregunta fundamental que quiere plantear mi grupo parlamentario al ministro es quién debe pagar estos 18,93 millones de euros. Nosotros tenemos
nuestra propuesta y es que no los tenemos que pagar los valencianos y las valencianas, no los tiene que pagar tampoco el resto de contribuyentes del Estado español, no compartimos la posición que ha dado el conseller de Economía de la Generalitat
Valenciana. Quien tiene que hacerse cargo de esta multa es quien la ocasionó, las personas físicas concretas responsables de la manipulación del déficit: los consellers, interventores, las personas que falsearon eso y que ahora ocasionan que el
erario público español -que será la decisión que al final tomará el ministro- quiera hacerse cargo de esos casi 19 millones de euros.
No puedo acabar sin decir que ayer se hizo pública la cuenta general de la Generalitat del año 2014, con un patrimonio negativo de 20.000 millones, cuando el año 2013 se había cerrado con 17.000 millones. Fíjense en el incremento, de 17.000
a 20.000. Pero es que en el año 2011 se había cerrado en 8.000. Es decir, la mala gestión de la Generalitat Valenciana no es algo que se pueda adjudicar al pasado, sino que en esta última legislatura y, sobre todo, fruto de la política del señor
Camps al frente de la Generalitat Valenciana, se ha convertido en un auténtico desastre. Estamos en absoluta quiebra, lo que me lleva a concluir mi intervención como la ha concluido el representante del Grupo Parlamentario Socialista, exigiendo y
reclamando la urgente revisión del sistema de financiación autonómica. No puede ser que al pueblo valenciano, a la Generalitat Valenciana se la tenga infrafinanciada como se la tiene en estos momentos y con una situación que, al margen de los
derroches, de los grandes eventos y de las demás cuestiones, corruptelas y corrupciones que llevaba a cabo el Partido Popular, lleva a un sistema que condena a la infrafinanciación a la Generalitat Valenciana sistemáticamente, en más de 1.000
millones de euros al año. Esto es urgentísimo corregirlo y, sobre todo, que venga el ministro a esta casa y nos diga quién se va a hacer cargo de esos 19 millones de euros, si va a ser el Estado o se van a imputar a la Generalitat Valenciana o,
como defendemos nosotros, se va a buscar a las personas físicas responsables para que se hagan cargo de esa multa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.
Por el Grupo de Convergència i de Unió, señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a ser muy breve. Nuestro grupo va a votar favorablemente esta comparecencia y lo hacemos desde el respeto profundo que siempre hemos profesado a los debates que hacen referencia a un determinado territorio, en este caso al País
Valencià. Por tanto, desde este punto de vista, no quisiéramos
interferir en absoluto en un debate que sobre todo creo que debe producirse en las instituciones valencianas. Sin embargo, el Gobierno tiene una responsabilidad y debe responder ante Europa por las cuentas de todas las administraciones, por
lo que, desde este punto de vista, nos parecen oportunas estas dos peticiones.
Simplemente quiero una valoración en la que yo coincido plenamente con algo de lo que se ha dicho aquí. En relación con la Comunitat Valenciana hay un elemento que creo que hay que subrayar y es la infrafinanciación del modelo actual de
financiación autonómica. Este es un hecho objetivable, es un hecho que se está poniendo de relieve, igual que para la mayoría de comunidades del arco mediterráneo. Por tanto, más allá de todos los elementos que pueda haber de otro carácter, me
parece que vale la pena aprovechar estos dos puntos del orden del día para reclamar una vez más la necesidad de proceder a cumplir la ley y a revisar el modelo de financiación autonómica que, entre otras razones, perjudica de forma muy notoria
-repito- a la Comunitat Valenciana.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Macias.
Por el Grupo Popular, señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señora presidenta.
Quiero agradecer, en primer lugar, el tono mesurado que ha tenido el señor Sixto es su intervención; discrepo de muchas de las cosas que ha dicho pero creo que es la manera de decirlas en este Parlamento, y así también le voy a contestar
usted. No puedo decir lo mismo del señor Campos, que hoy se ha superado a sí mismo, ha tenido una intervención que ha sido un exceso de demagogia sin par a estas horas de la tarde, algo que no nos debía de extrañar porque la falta de rigor del
Grupo Parlamentario Socialista no nos debería extrañar. Pero si el señor Campos se hubiera leído el informe que es objeto de su petición -que lo tengo aquí- de la Comisión Europea, tendría respuesta a la mayor parte, por no decir a todas las
preguntas que ha hecho. Por cierto, no hacía falta que se trajera un montón de folios y los apilara encima de la mesa; con que hubiera pedido las facturas que ha pagado con el Plan de pago a proveedores la Comunidad Valenciana gracias al Gobierno
de España, se podía haber ahorrado en fotocopias y las podía tener usted perfectamente a su lado, sin ese montón de folios que ha tenido que traer aquí para adornarse un poco en su intervención. (El señor Campos Arteseros: Las hemos pedido).
Ustedes solicitan una comparecencia del ministro de Hacienda respecto a una cuestión sobre la que ya se ha informado en esta Cámara. Lo hizo el día 13 de mayo, hace un mes, no es que fuera hace seis o nueve meses, hace un mes, el 13 de
mayo, a pregunta del entonces diputado socialista señor Such. No sé si lo que les transmitió entonces les pareció erróneo, insuficiente, ambas cosas o ninguna de ellas. Desde luego, a mi grupo parlamentario le parecieron explicaciones pertinentes
y suficientes, que ustedes pueden no compartir, pero no por ello han dejado de producirse. El Gobierno ha dado información y explicación respecto de este asunto y la ha dado en sede parlamentaria, y no solo el señor Montoro. Si recuerdan, si
estuvieron presentes en el debate o si estuvo el señor Campos presente en el debate, el propio presidente del Gobierno también lo hizo el pasado miércoles en el debate que se produjo en esta Cámara para informar sobre los resultados del último
Consejo Europeo. Señorías, el Gobierno consideró desde un primer momento que no había motivo alguno para la apertura de un procedimiento de investigación por este asunto, por eso ya presentó un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea
contra dicha investigación que aún no se ha resuelto, no hay cuestión firme. Por eso también ha anunciado un nuevo recurso contra la decisión del Consejo por la que se interpone una multa a España por manipulación del déficit. Tampoco aún son
firmes esos 18,93 millones de sanción que se nos han impuesto hasta ahora. Esperemos, señorías, a que se resuelvan los recursos, y no confundamos una sanción de este tipo con malversación de caudales públicos, que aquí no puede haber de ninguna de
las maneras, señor Sixto.
Piden ustedes una comparecencia para que les informen de lo que ya conocen y les comuniquen actuaciones que ya les han anunciado. La seriedad y el rigor en su planteamiento brillan por su ausencia, pero a ustedes, señorías de la oposición,
especialmente a la oposición socialista, poco les importa porque en realidad lo que persiguen con esta solicitud de comparecencia -como ya tuve ocasión de decir hace un año- es intentar socavar sin éxito la credibilidad de un Gobierno, el de España,
que ha hecho lo que debía. Porque fue el Gobierno de España el que alertó sobre lo sucedido e inmediatamente rectificó la información que había sido suministrada erróneamente. El problema, señorías, no fue detectado por la Comisión como
consecuencia de cualquier auditoría, procedimiento de evaluación o de visitas de diálogo realizadas a España, sino que fueron las propias autoridades nacionales las que informaron a Eurostat,
con diligencia total y sin demora, de la existencia de gastos no contabilizados erróneamente. Señorías, nunca ha habido intención de ocultar datos ni de distorsionar las cifras del déficit público, lo reconoce en su informe -léaselo, señor
Campos- la propia Comisión Europea. Y si hubo prácticas erróneas en la contabilización del gasto sanitario -gasto sanitario, no cajas B raras a las que ha hecho usted referencia; ¡gasto sanitario!- es algo que no debería extrañarles y mucho menos
escandalizarles porque es algo conocido desde hace más de veinte años y a lo que no ha sido ajena prácticamente ninguna comunidad autónoma, con independencia del color político de quien la gobernara.
Son ustedes de memoria frágil y selectiva, por eso permítanme que yo les recuerde algunas cosas, como también lo hace la propia Comisión Europea en su informe. Le leo textualmente: La ausencia de registro de algunos gastos sanitarios
empezó en la Comunidad Valenciana en 1988. ¿Recuerda usted, señor Campos, aunque fuera muy joven, quién gobernaba entonces? Y a partir de 1993 -siga recordando quién gobernaba entonces- no todos los gastos no registrados en un ejercicio se
registraban en el ejercicio siguiente. Así como también dice la propia Comisión con la Sindicatura de Cuentas valenciana que la existencia de importes relativos a gastos no registrados en todos sus informes anuales aparecen a partir del año 1988.
¿Recuerda, señor Campos, quién gobernó de 1988 a 1995 en la Comunidad Valenciana? Sin ir más lejos, en su informe de 1994 consta que los gobernantes socialistas dejaron 15.134 millones de las antiguas pesetas en facturas en los cajones, que
contabilizaron y pagaron los Gobiernos del Partido Popular, cosa que no va a tener que hacer el Gobierno socialista porque todo está contabilizado y debidamente pagado.
La propia Sindicatura de Cuentas valenciana reconoce la adopción de medidas para liquidación y pago de esta deuda a partir de 2007 -lo sé muy bien porque era el conseller de Hacienda en ese momento- y desde el año 2007 hasta el momento
presente en el año 2012 que culmina con la subsanación total de los errores que se hubieran podido cometer. Señor Campos, quien puso en marcha esas malas prácticas contables, no hizo nada por erradicarlas y mucho menos evitarlas, ya fuera desde el
Gobierno autonómico o desde el Gobierno de España, no ostenta condición alguna que le permita dar lecciones a quienes han puesto al final fin a dichas prácticas, el Gobierno del Partido Popular.
En conclusión, y termino con ello, señora presidenta, estando de acuerdo además también con que es hora de revisar el modelo de financiación autonómica -bienvenidos, porque ustedes votaron a favor del modelo de 2009 que nosotros votamos en
contra-, votaremos en contra de esta solicitud de comparecencia porque ya se han dado las explicaciones, porque ya se han anunciado las actuaciones a realizar y porque las razones que nos han dado, especialmente desde el Grupo Parlamentario
Socialista, son demagógicas y carentes de rigor alguno. Por tanto, votaremos en contra de la misma. (El señor Campos Arteseros: El pago por no haberte nombrado).
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Camps.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CÁMARA (número de expediente 062/000264), CON EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA, PARA QUE EXPLIQUE LAS POLÍTICAS QUE DEBEN PONERSE EN MARCHA PARA REDUCIR LOS ELEVADOS NIVELES DE PRECARIEDAD EN EL EMPLEO PROVOCADOS POR LA REFORMA LABORAL. (Número de
expediente 210/000156).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto 11, que es la petición de los Grupos de La Izquierda Plural y Mixto para la celebración de una sesión del Pleno de la Cámara con el orden del día siguiente: Comparecencia del
presidente del Gobierno para que explique las políticas que deben ponerse en marcha para reducir los elevados niveles de precariedad en el empleo provocados por la reforma laboral.
Interviene el señor Lara como representante del Grupo proponente porque en estos momentos no está presente ningún diputado del Grupo Mixto.
El señor LARA MOYA: Gracias, señora presidenta.
Hemos presentado la petición de comparecencia del presidente del Gobierno para ver los efectos de la reforma laboral y creemos que hay materia suficiente para ello. El origen de la reforma en su propia introducción venía a manifestar que
era para contribuir al crecimiento del empleo y su calidad, reducir la temporalidad, incorporar más flexibilidad para evitar que los ajustes empresariales destruyeran empleo y modernizar la negociación colectiva. Nada de todo eso se ha cumplido,
pero sí se han cumplido los auténticos objetivos ocultos que interesaban a la CEOE y a los acreedores de la deuda, con las recomendaciones emitidas en ese tiempo por el Fondo Monetario Internacional y el propio gobernador del Banco de España.
Lo cierto es que se aumentaron las causas para el despido procedente. Se ha abaratado el despido, se ha destruido empleo de calidad, se han devaluado los salarios, se ha precarizado el empleo y hay más pobreza. Se ha deteriorado la
negociación colectiva y debilitada la fuerza vinculante de los convenios, aunque la sentencia del Tribunal Supremo ha venido a impedir uno de los atropellos de la reforma al pretender anular la prórroga automática de los convenios en el supuesto de
no ser renegociados.
Desde la aplicación de la reforma laboral se ha destruido empleo de calidad y sustituido en su caso por empleo precario y con bajos salarios, cuando no ha facilitado la deslocalización de empresas en busca de mano de obra más barata. No
solo se ha cumplido con la previsión de reducir la temporalidad, sino que, por el contrario, los contratos indefinidos se han reducido en este periodo en un 30 % desde el inicio de la reforma. Con el incremento de contratos a tiempo parcial, que
llega al 16,4 %, se han incrementado sustancialmente las horas extraordinarias trabajadas y no declaradas e incluso no cobradas en algunos sectores, especialmente en el sector de la hostelería y en el del turismo. Esto lo sabe perfectamente la
gente que trabaja en estos sectores. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
La población ocupada se ha reducido en 331.000 personas y es cierto que es la afectada también por la emigración especialmente de los jóvenes. La tasa de paro con los datos de la EPA -veremos lo que dice mañana, pero parece que las noticias
son positivas a juzgar por lo que ha dicho uno de los intervinientes del Partido Popular- se mantiene en un 24,7 % y, aunque hay un cierto repunte del empleo en los últimos meses, no es menos cierto que su precariedad y bajo salario se manifiesta en
la no recuperación proporcional en las cotizaciones a la Seguridad Social, en la que también inciden las bonificaciones en la cuota realizadas por el Gobierno y que obliga a seguir utilizando recursos del Fondo de reserva que debilita el sistema de
pensiones.
La reducción de los salarios también ha formado parte de los efectos de la reforma laboral. Muchas empresas han tirado a la baja de los mismos y la media de la devaluación salarial se ha situado entre un 9 y un 11 %. Para esta reducción de
salarios ha sido un cooperador necesario el Gobierno, al mantener prácticamente congelado el salario mínimo interprofesional en 648 euros hoy. Un tercio de los trabajadores en España -datos de la Agencia Tributaria- cobra menos de ese salario y el
60 % está por debajo de los 1.000 euros. Son siempre datos de la Agencia Tributaria. Así, un 10 % de trabajadores con contratos a tiempo parcial están bajo el umbral de la pobreza y ya se les conoce popularmente como trabajadores pobres con
contrato. El incremento de la desigualdad ha ido aparejado a la reforma y ha situado a España como segundo país de la Unión Europea con más desigualdad -datos de Intermón Oxfam-; solo Lituania se sitúa por detrás. Ha aumentado el número de
familias sin ingresos en casi 100.000, llegando en este momento a un total de 770.000 familias sin ingresos. Los datos de la EPA indican que se ha reducido en 10 puntos la cobertura por desempleo, pasando en el periodo comparado del 51,3 % con
protección a solo el 40 %. Debido a los salarios bajos y a los recortes sistemáticos en los años precedentes, la inseguridad y la desigualdad se han instalado en la sociedad.
La aplicación de la reforma laboral, más allá de los efectos negativos para el mantenimiento y la creación de empleo, está recibiendo críticas en la interpretación que de ella hacen los jueces de lo Social. Tanto las declaraciones de hace
un par de años de la ministra de Empleo y Seguridad Social en las que decía que teme más a los jueces que a los hombres de negro como informes y notas de la Comisión Europea, del Banco de España o del Fondo Monetario Internacional dan fe de lo
anterior. Como denuncia Jueces para la Democracia, parece que se pretende eliminar el control judicial sobre el poder empresarial y una forma de hacerlo, ante una ley que está llena de lagunas y contradicciones, puede estar en la presión a los
magistrados y magistradas, que han llegado a considerar nulos determinados expedientes de despido de trabajadores -como el caso de Coca-Cola, que es uno de los más emblemáticos- y que están exigiendo sencillamente el cumplimiento de una sentencia.
En fin, entendemos que hay materia suficiente como para que el presidente del Gobierno comparezca y nos explique qué medidas va a adoptar para que se cumplan los objetivos de la reforma, que eran crear empleo y reducir los niveles de
precariedad, y no bajar los salarios, que es lo que ha conllevado en definitiva la reforma laboral.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lara.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, presidente.
Intervendré brevemente para decir que también vamos a apoyar esta petición de comparecencia, porque coincidimos con el fondo de la cuestión. La precariedad laboral, aparte de injusta, es uno de los problemas económicos y sociales más graves
que tiene España. Desde luego, tiene que haber alternativas a una salida de la crisis consistente en la precarización del empleo, sobre todo porque compromete la propia sostenibilidad del modelo económico e implica un modelo económico que nos
parece profundamente equivocado y al que no hay que resignarse. Otra cosa es que sea complicado o difícil cambiarlo, pero sin duda alguna tiene que haber una voluntad política de cambio. La eliminación de la precariedad del panorama laboral como
algo absolutamente normal tiene que estar en la lista de prioridades políticas no solamente de este Gobierno, sino de cualquier otro que haya en el futuro. Esta es la razón de que apoyemos la petición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Compartimos la preocupación que el portavoz de La Izquierda Plural, señor Lara, manifestaba en relación con la precariedad del mercado de trabajo y la emergencia del fenómeno de los trabajadores pobres, pero discrepamos sobre que la
explicación principal de esos problemas tenga que ver estrictamente con la reforma laboral aprobada en 2012, en 2011 o en 2010. Los problemas del mercado laboral en España son mucho más de fondo. Hemos de recordar, por ejemplo, que las tasas de
temporalidad récord se producían a mediados de los años noventa o que los problemas de nuestros salarios en los años previos a la crisis también eran significativos: hablábamos entonces del problema del mileurismo, de jóvenes preparados con sueldos
extremadamente bajos.
Los problemas son mucho más complejos y exigirían una mirada que fuese más allá de la reforma laboral del año 2012. Si hiciésemos un análisis de esa reforma laboral -hoy no podemos entrar en ello, ni tampoco en la comparecencia que nos
plantea el señor Lara- podríamos observar que es cierto que nuestras tasas de temporalidad están de nuevo creciendo y que esa pretensión de la reforma laboral de reducir el abuso en la temporalidad no se termina de resolver. Esto nos indica que las
respuestas a ese problema tienen que ver con modificaciones en nuestro marco de relaciones laborales que vayan en la línea de algunas experiencias que se han producido en nuestro entorno europeo y que han tenido un éxito remarcable. Por ejemplo, la
puesta en marcha de un fondo de capitalización de la indemnización por despido, en línea con lo vigente en Austria o en Italia, da seguridad a las empresas respecto a los costes de la extinción de una relación laboral y que garantiza a los
trabajadores que se vean despedidos unos ingresos equiparables a los que hoy obtendrían. Ahí hay un recorrido para promover esto y, así, hacer frente a la cuestión de la temporalidad. España tiene una temporalidad mayor que la que debería reflejar
nuestro sistema productivo. Existen abusos tanto en la utilización de horas extras, que no se contabilizan, ni a efectos de sueldo ni, sobre todo, de cotización a la Seguridad Social, como en la utilización de la contratación a tiempo parcial.
Señor Lara, usted tiene razón en que sería bueno darle una vuelta a la regulación que el año 2012 introdujo el contrato a tiempo parcial para evitar esos abusos, sabiendo que en el caso español nuestra tasa de tiempo parcial, en comparación con la
de los países más avanzados de nuestro entorno, es significativamente menor.
Sin embargo, yendo más allá de la cuestión que nos plantea el señor Lara, seguramente el principal problema del mercado de trabajo hoy no es solo la precariedad sino que continúa siendo el desempleo. Sigue siendo escandaloso que haya una
tasa de desempleo que supere el 20 %, además desempleo de
larga duración, y además este con una disminución de las tasas de cobertura de la prestación por desempleo, y una buena parte de los desempleados de larga duración con un nivel formativo muy bajo, con más de dos años desempleados, muchos de
ellos con edades cercanas a la jubilación y con unos recorridos vitales para reinsertarse en el mercado de trabajo ciertamente difíciles. Frente a esa realidad, la gran paradoja de la política del Gobierno en esta materia ha sido el abandono de las
políticas de empleo. Las políticas de empleo que eran el gran instrumento para hacer frente a esos problemas. El desempleo de larga duración, la baja formación de los desempleados, la dotación insuficiente de los servicios públicos de empleo, la
incapacidad de invertir en unos servicios públicos de empleo que acompañasen a los desempleados han sido la gran cenicienta de la política laboral del Gobierno. El Gobierno ha renunciado a tener una política orientada a dar instrumentos a aquellas
personas que han perdido el empleo, con déficits de formación, para que se reincorporasen al mercado de trabajo.
Todo ello, señor presidente, nos lleva a que, compartiendo la preocupación pero no compartiendo el diagnóstico del señor Lara, optemos por una abstención a la petición de comparecencia que se nos plantea.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señor presidente.
La solicitud de comparecencia que plantea el Grupo de La Izquierda Plural está plenamente justificada. Si hay un problema grave y urgente hoy en la sociedad española, si hay un problema que preocupa y angustia a las familias españolas, si
hay un propósito que justifica una convocatoria extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados es, sin lugar a dudas, la lucha contra el paro y la precariedad laboral creciente en nuestro país. En unos segundos, la portavoz del Partido
Popular puede decirnos que no es un asunto nuevo ni propio o específico de esta época estival. Efectivamente, nuestro grupo parlamentario viene denunciando de manera reiterada las consecuencias extraordinariamente negativas de la reforma laboral
del año 2012 y normas subsiguientes sobre la calidad de nuestros empleos: la volatilidad del mercado de trabajo español se ha acrecentado con la facilitación de los despidos que acompaña a la reforma laboral; la temporalidad alcanza ya más del 90
% de los nuevos contratos; la precarización creciente de los contratos en nuestro país, que nos ha llevado a encabezar los ránquines de la OCDE sobre contratos a tiempo parcial involuntarios, más del 60 %; la devaluación salarial supera el 20 % en
los nuevos contratos no indefinidos; explotación laboral al margen de la ley y dentro de la ley; cobertura social a los desempleados, que ha pasado del 70 % en 2011 a estar por debajo del 55 % este año 2015. Por lo tanto, hay razones sobradas
para reclamar la comparecencia del presidente del Gobierno a fin de plantear soluciones al primer problema de la sociedad española: la falta de empleo y la deficiente calidad del empleo.
No obstante, desde nuestro grupo -si lo tiene a bien el grupo proponente- incorporaríamos un motivo más urgente y específico para justificar la comparecencia del presidente del Gobierno en relación con el empleo y su precarización. Cabe
analizar, a nuestro juicio, y corregir urgentemente la aplicación del programa de activación para el empleo, que fue acordado por el Gobierno con los interlocutores sociales el pasado mes de diciembre y que fue aprobado por un real decreto-ley el 19
de diciembre pasado. ¿Por qué? Porque su aplicación está resultando un fracaso y porque se está frustrando muy gravemente la expectativa de cientos de miles de familias por encontrar en este programa, anunciado con todas las alharacas del mundo,
ayuda para emplearse o al menos una ayuda efectiva para sobrevivir. Según la última EPA, tenemos 925.000 personas en España paradas en hogares sin ingresos o con una sola persona trabajando menos de veinte horas; un 47 % más sobre las cifras de
2011; 250.000 personas más en hogares sin ingresos. Pues bien, en la presentación del programa de activación para el empleo el propio presidente del Gobierno habló de un techo de 450.000 beneficiarios de este programa; es decir, la mitad de las
personas que necesitarían de este tipo de ayudas; 450.000 sobre más de 900.000. En el Senado, el 24 de marzo, la ministra de Fomento reiteró el objetivo: 450.000 beneficiarios. Incluso precisó más; habrá un stock de beneficiarios -decía la
ministra- a fecha de inicio del programa de entre 270.000 y 300.000 beneficiarios: al inicio, 300.000; al final, 450.000. Pues bien, a finales de abril -tres meses y medio después de iniciarse el programa- teníamos 47.500, y en respuesta a una
pregunta oral en Pleno la señora ministra de Fomento, el 10 de junio, nos hablaba de 94.000 solicitantes y aproximadamente 70.000 beneficiarios. Ni 450.000 prometidos, ni desde luego 925.000 necesarios, ni tan siquiera 300.000
beneficiarios del stock de inicio. Estamos hablando de 70.000 personas en junio. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama fracaso, y cuando se fracasa hay que reconocer el fracaso y corregirlo. Eso es lo que estamos planteando, por qué se ha
fracasado en este programa. Se ha fracasado porque los criterios de inclusión son inusitadamente duros, injustos e ineficaces. La inclusión en este programa de activación para el empleo requiere que el beneficiario haya sido incluido antes en otro
programa ya selectivo, sea el Prodi, el Prepara o la renta activa de inserción, lo cual hace depender la obtención de la ayuda hoy de la situación familiar existente no ahora, sino hace seis años, tres años o año y medio, cosa absolutamente injusta.
Por eso, a raíz de esta solicitud de comparecencia que plantea el Grupo de La Izquierda Plural, les pedimos que comparezca el presidente, primero, como se pide, para establecer políticas precisas a fin de combatir la precarización laboral
creciente en nuestro país y, segundo, que comparezca también para hacer un análisis especifico en torno a la marcha, al funcionamiento, a la aplicación del programa de activación para el empleo puesto en marcha en diciembre y que se adopten la
decisiones precisas, por ejemplo, haciendo menos duras las condiciones de inclusión, a fin de que este programa sea realmente útil para facilitar la entrada en el mercado de trabajo de muchísimas personas y ayudar a sobrevivir a los parados de larga
duración con dificultades familiares que tenemos en España.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Simancas.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a empezar por leer estrictamente la petición de comparecencia, porque creo que cuando redactan estas peticiones no son conscientes del sentido que en la lengua castellana tiene lo que se escribe. Ustedes dicen que comparezca
el presidente del Gobierno, porque ya, yendo por elevación, pedimos que venga el presidente; cualquier día piden la comparecencia de la señora Merkel o la del señor Juncker. Pero en este caso y en este momento, en una Diputación Permanente, piden
la comparecencia del presidente del Gobierno para que explique las políticas que deben ponerse en marcha para reducir los elevados niveles de precariedad en el empleo. Señoría, el señor presidente del Gobierno ha contestado cuarenta y tres
preguntas al respecto y lleva explicando esto toda la legislatura, al igual que el Gobierno, al igual que la señora ministra y al igual que la señora vicepresidenta del Gobierno lo han hecho en esta Cámara. Por tanto, perdónenme sus señorías que en
el Grupo Popular encontremos que esto es absolutamente extemporáneo. Ahora bien, si sirve como excusa para hacer un discurso -equis discurso, reiterado discurso- están en su derecho parlamentario de hacerlo, pero, por favor, sean coherentes. ¿Cómo
pueden pedir la comparecencia del presidente del Gobierno para que explique las políticas que deben ponerse en marcha? Señorías, insisto en que las políticas que deben ponerse en marcha las ha explicado el presidente del Gobierno y son aquellas
que, por ejemplo, están llevando a que los contratos indefinidos en España estén en este momento en el 76,4 %, cuando en el año 2007 -no tengo que recordar quién gobernaba- estaban en el 69,2 y en el último trimestre de 2011, cuando el Gobierno del
Partido Popular se hizo cargo de estas responsabilidades, estaban en el 74,15. Yo entiendo que 76,4 es más; es decir, no vamos a peor. Si fuéramos a peor entendería que ustedes hoy, ante unos datos que se hubieran publicado -y lo hacen en mal
día, porque mañana van a salir otros datos que no van en esa dirección-, pudieran decir: como vamos a peor, que venga el presidente del Gobierno. Pero, señorías, estoy explicándoles lo que hay con relación a lo que ustedes piden, que es una
comparecencia relativa a la precariedad, porque luego han hablado de muchas otras cosas, siempre lo mezclan todo. Pero si hablamos de precariedad les diré que la contratación indefinida está creciendo. Y si hablamos de temporalidad, no les quiero
ni contar: este Gobierno es el que ha acabado con el hecho de que los contratos eventuales se puedan concatenar uno con otro, que es lo que hacía el Gobierno socialista. Ahora se establece un límite de tres y no se pueden hacer más.
Pero veamos, a sensu contrario, qué pasa por ejemplo con las tasas de temporalidad. Que en Madrid, donde gobierna el Partido Popular, están en el 15,3 y en Andalucía están en el 35 %, dato que pongo en conocimiento de los señores de La
Izquierda Plural, que hasta hace poco han tenido corresponsabilidades en Andalucía y que ahora están en la oposición, donde me imagino que ya habrán pedido la comparecencia urgentísima de la señora Díaz ahora, en el mes de agosto, para que explique
esta tasa de temporalidad, porque imagino que les deben de preocupar igual los andaluces que el conjunto de los españoles. Y no
quiero decir nada del Grupo Parlamentario Socialista, que en Andalucía tienen a su presidenta con una tasa de temporalidad del 35 % y el paro más alto de toda España.
Señorías, hablan ustedes de la reforma laboral. Pues bien, con esta reforma laboral el paro ha bajado al 7 % y el empleo crece al 3 %, cuando en la época del Gobierno socialista el empleo no solo no crecía sino que se destruía al 2,02 %.
Insisto, las magnitudes son diametralmente opuestas y ahora vamos en la buena dirección; la reforma laboral ha empezado a crear empleo con unas tasas de crecimiento nunca conocidas en España. A ustedes les cuesta trabajo reconocer lo que dicen los
organismos internacionales -todo eso les trae sin cuidado-, que dicen que justamente gracias a ese tipo de reformas, y de una manera muy importante a la reforma laboral, España está teniendo unos comportamientos en crecimiento económico y en
creación de empleo que en este momento son los primeros en el contexto de los países desarrollados, por encima de economías como la alemana, la del Reino Unido o la de Estados Unidos. El hecho de que en los últimos doce meses se hayan creado
571.400 nuevos empleos, que más del 80 % sean a tiempo completo y que el 70 % de esos nuevos empleos sean indefinidos son datos de que vamos en la buena dirección, justamente en la dirección contraria de lo que ustedes están diciendo aquí. No
quiere decir que esto sea lo óptimo, porque hay que seguir mejorando en la calidad y en la cantidad del empleo, pero sí que vamos en la buena dirección. Por lo tanto, ¿qué quieren que venga aquí a explicar el presiente del Gobierno, lo que lleva
haciendo tres años y con lo que está consiguiendo estos buenos datos? Me parece bastante incoherente y extemporáneo, como les he dicho, porque lleva mucho tiempo explicándolo.
Además les voy a decir una cosa importante. Aquí se ha hablado de datos sobre las familias sin ingresos. Desde luego que es preocupante, claro que es el centro de la preocupación del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular, pero les
tengo que recordar que el número de hogares con todos sus miembros en paro se ha reducido en el último año en 185.000, que cae a un ritmo del 9,4 % y que en el cuarto trimestre de 2011 -cuando llegamos al Gobierno- la tasa crecía al 19 % y había
268.000 hogares más que tenían a todos sus miembros en el paro. Por lo tanto, insisto, este es otro dato más que confirma que no es cierto lo que ustedes dicen y que vamos en la buena dirección; nos obliga a seguir trabajando, pero no a explicar
nada sino a seguir trabajando en esto, en las políticas que deben ponerse en marcha. Lo que ustedes están diciendo es justo lo que se está haciendo, señorías. Por tanto, el presidente del Gobierno lo único que tiene que hacer es seguir trabajando,
no venir a explicar nada. No es que se niegue, es que lo ha explicado durante tres años; en este último periodo de sesiones ha contestado a cuarenta y tres preguntas parlamentarias al respecto en el Pleno de la Cámara, señorías.
El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez-Arenas, tiene usted que terminar.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Termino, señor presidente.
Señores de la izquierda, el señor Tsipras a ustedes les llamaría hoy disidentes, como les dijo ayer a los miembros de su grupo parlamentario que no votaron a favor de sus reformas, señorías. Una cosa es predicar y otra dar trigo, bien lo
saben los ciudadanos griegos y bien lo saben los ciudadanos españoles, que están comprobando cómo la cosecha de trigo que propicia el Partido Popular es la que les está llevando a que cambien todos los indicadores en relación con su mayor
preocupación, que es el paro.
Muchísimas gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Álvarez-Arenas.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE (número de expediente 062/000264), CON
EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, PARA QUE EXPLIQUE LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS. (Número de expediente 213/002072).
El señor PRESIDENTE: El punto 12 ha sido retirado.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (número de expediente
062/000264), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, ANTE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, PARA QUE EXPLIQUE LA SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE INTERÉS TURÍSTICO. (Número de expediente 213/002071).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 13, pero antes de comenzar a debatirlo quiero decirles que, por la hora que es, no votaremos antes de las cinco. Espero que sea a una hora cercana a las cinco pero no antes de las cinco.
Petición formulada por los Grupos de La Izquierda Plural y Mixto de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria, Energía y Turismo con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de
Industria, Energía y Turismo para que explique la situación y perspectivas de los municipios de interés turístico. Para la defensa de esta iniciativa, por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Intervendré brevemente, atendiendo a las indicaciones del señor presidente de votar en torno a las cinco.
Queremos defender esta necesidad en un momento en el que creemos que el Partido Popular no nos podrá negar que es pertinente en el tiempo. Estamos en plena temporada turística de verano, que es cuando se evidencian los problemas y las
realidades de los municipios de interés turístico. Es una situación recurrente pero nunca se ha conseguido encontrar la manera de compensar la realidad que sufren estos municipios, que necesitan una respuesta por parte de las administraciones.
Sabemos que hay importantes competencias en el ámbito autonómico pero entendemos que desde el Gobierno central también hay que tener en cuenta su situación, máxime cuando este año el Partido Popular nos va a regalar un adelanto no electoral, que era
lo pertinente, sino de la discusión de los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, sería buena esta comparecencia en la medida en que pudiese marcar algunas indicaciones que luego pudiésemos trasladar al debate presupuestario. ¿Por qué?
Porque los municipios turísticos tienen una realidad que es muy particular y que, como digo, debe ser tenida en cuenta. Son municipios que para el conjunto de la economía del Estado son importantes en la medida en que todos reconocemos que el
turismo es uno de los pilares básicos de nuestra economía, es un sector estratégico porque en la peor época de la crisis gracias al turismo este Estado ha podido mantenerse y, sin embargo, son municipios que tienen un problema, y es que tienen que
prestar servicios para una población que no es la natural de esos municipios, que no es el padrón de esos municipios, y además tienen que prestarlos con una calidad, digamos, superior a la media porque de esa calidad va a depender que haya un
producto turístico que luego nos beneficia a todos, esa ayuda económica que le viene bien al conjunto del Estado. Por lo tanto, invertir en municipios turísticos no es privilegiar a esos municipios, es invertir en la totalidad del Estado. (El
señor vicepresidente Barrero López ocupa la Presidencia).
Atender la recogida de basuras, el servicio de mantenimiento general del municipio, incluso los temas seguridad, de una población que a veces cuadruplica la del censo o la del padrón de estos municipios genera una distorsión en la economía
de estos ayuntamientos. Por lo tanto, sería bueno que compareciera el ministro para que pudiéramos analizar cuál es la realidad de estos municipios, qué se ha hecho en los últimos años, que ha sido insuficiente, y cómo desde el Gobierno central
podemos lanzar en plena temporada turística algunas propuestas que podrían ser, de cara a los presupuestos, recogidas en esa financiación específica de estos municipios. Por lo tanto, creemos que la comparecencia es pertinente, necesaria y que
además podría ayudar en estos momentos, porque no nos negará el Partido Popular que este debate enriquecería el debate presupuestario.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Centella.
Fijación de posiciones. ¿Grupo de UPyD? (Denegación). ¿Grupo Catalán? (Pausa). Señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
Simplemente intervengo para decir que vamos a votar favorablemente la petición de comparecencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias.
Grupo Socialista, señora Hernanz.
La señora HERNANZ COSTA: Gracias, señor presidente.
Anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de esta comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo ante la Comisión correspondiente para que explique, tal como dice la solicitud de comparecencia, la situación
y las perspectivas de los municipios turísticos, porque los socialistas creemos que este es un tema muy importante y que merece esta comparecencia del ministro.
El concepto de municipio turístico aparece con un Gobierno del Partido Popular en el año 2012, pero los socialistas hemos solicitado en muchas ocasiones la revisión de ese concepto. Lo hemos hecho en el trámite de las enmiendas a los
Presupuestos Generales del Estado el año pasado, en la tramitación de la modificación de la Ley de Financiación de Comunidades Autónomas, en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, así como en la propia reforma llevada a cabo por el
Gobierno del Partido Popular de la Ley de Haciendas Locales. En todas esas ocasiones el Partido Popular ha rechazado esta revisión y nosotros seguimos manteniendo que es necesaria. Creemos que es necesaria la revisión tanto de los requisitos que
la Ley de Haciendas Locales establece para ser considerado municipio turístico como de los beneficios o efectos que conlleva tal declaración. Nadie, ninguno de los presentes, podrá poner en duda la necesidad de la revisión de esos criterios
marcados en el año 2004, que tan solo han permitido que veintiún municipios de nuestro país tengan la consideración de municipio turístico; unos parámetros que dejan fuera a las capitales de provincia, que exigen para su consideración una población
de derecho superior a los 120.000 habitantes y que solo tienen en cuenta el número de segundas residencias y no contabilizan, a los efectos de ser considerado municipio turístico, ni el número de plazas hoteleras ni de plazas de camping ni los
apartamentos turísticos. Por lo tanto, estamos ante una legislación estatal desfasada e incoherente con las legislaciones aprobadas por las propias comunidades autónomas y que lleva a situaciones tan sorprendentes como que un municipio como el de
Benidorm, con más de 11 millones de pernoctaciones, quede fuera de esta declaración, o que solo haya en Baleares un municipio declarado de interés turístico. Y si es necesaria esta actualización de los parámetros para declarar el municipio de
interés turístico, también creemos que es necesario revisar los beneficios que reciben estos municipios, tal como han denunciado en el seno de la FEMP. Son muchos, muchísimos los municipios de este país que reciben un alud de turistas que obliga a
los ayuntamientos a hacer este sobreesfuerzo para garantizar la seguridad, la limpieza de las playas, la recogida de basuras, y que en estos momentos no se ven compensados por el Estado. Existía el compromiso desde 2004 de hacer una revisión tanto
de los parámetros como de las cantidades, pero ese compromiso no se ha cumplido. Por lo tanto, como he dicho al principio de mi intervención, votaremos a favor de esa comparecencia; la creemos muy necesaria; queremos al ministro compareciendo en
el Congreso para hablar de los problemas reales de la política turística, no únicamente para felicitarse por el número de visitantes, de turistas, por los cuales el Grupo Parlamentario Socialista también se felicita, pero creemos que hay muchos
problemas por abordar y este es uno de ellos. Hay muchos municipios en nuestro país sufriendo ese desfase entre el esfuerzo que tienen que hacer y el dinero que reciben y, por lo tanto, creemos absolutamente necesaria la comparecencia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Hernanz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señor presidente.
Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, además con el entusiasmo y apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, se solicita una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria para que comparezca el ministro para explicar la
situación y perspectivas de los municipios turísticos. Yo me pregunté qué es lo que había pasado en estas últimas semanas que justificase o animase al Grupo de La Izquierda Plural a presentar esta iniciativa. Me puse en contacto con la Federación
Española de Municipios y Provincias y me dijeron que siguen trabajando en el seno de una comisión y en relación con el ministerio para buscar un concepto y unas condiciones mejores de regulación para los municipios turísticos. Entonces me puse en
contacto con el Ministerio de Industria y me dijeron que tampoco, que están en contacto con la FEMP para intentar una regulación mejor pero que no hay absolutamente ningún cambio en estas últimas semanas. Entonces pensé que podía haber sido que
existieran solicitudes de comparecencia por parte de La Izquierda Plural sobre este tema de los municipios turísticos, pero he revisado la relación de
asuntos pendientes y me he encontrado que no hay en toda esta legislatura ni una sola solicitud de comparecencia de La Izquierda Plural sobre los municipios turísticos. Pensé que podía deberse a preguntas orales pendientes de contestar,
pero tampoco, ni una sola en toda la legislatura. Me puse en contacto con los servicios de la Cámara para ver si había alguna pregunta escrita formulada por algún diputado de La Izquierda Plural en torno a los municipios turísticos, y en estos tres
años y medio no hay ni una sola pregunta escrita en relación con este tema. Así que pensé: puede ser que el ministro de Industria haga tiempo que no viene a comparecer en la Comisión para hablar de turismo. Y no, hace un mes exactamente;
compareció el 17 de junio e intervino el portavoz de La Izquierda Plural, el señor Pérez Moya, y en toda su intervención no hizo ninguna referencia a los municipios turísticos, habló del monocultivo de sol y playa, de la participación del sector
público, de la estacionalidad, del medio ambiente, de la precariedad del empleo, de Paradores y ni una sola mención a los municipios turísticos. Desde luego, cada grupo parlamentario está legitimado y es libre de plantear sesiones extraordinarias
de la Comisión, fuera del periodo de sesiones, para hablar de un tema pero, sinceramente, creo que el argumento empleado por el portavoz de La Izquierda Plural, que dijo textualmente que es pertinente en el tiempo porque estamos en verano... Para
una sesión extraordinaria me parece demasiado. Por lo tanto, a nosotros nos parece que no hay justificación para una sesión extraordinaria. No hay ningún cambio según nos ha dicho la FEMP; no hay ningún cambio según ha dicho el Ministerio de
Industria; no hay ninguna solicitud de comparecencia pendiente; ninguna pregunta oral; ninguna pregunta escrita.
Entonces pensé, ¿el Grupo de La Izquierda Plural siempre plantea estas cuestiones como extraordinarias? Me fui a la relación de la Diputación Permanente y busqué qué es lo que planteaba el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural hace
tres años, entre julio y agosto de 2012. Me encontré con que había solicitudes de comparecencia del presidente del Gobierno para que explicara las medidas adoptadas por el Gobierno para preparar y proceder a la aceptación del rescate de la economía
española, que había otra petición de comparecencia del presidente del Gobierno para que explicara el ajuste presupuestario hasta 2014 remitido por Bruselas cifrado en 100.000 millones de euros, que había otra solicitud de comparecencia del ministro
de Economía y Competitividad para que explicara los resultados de sus conversaciones con sus homólogos alemán y francés. Y pensé, qué diferencia en tres años, porque cuando leo este tipo de comparecencias parece que estamos hablando de Grecia.
¿Por qué en 2012 presentaban solicitud de comparecencia extraordinaria para estos asuntos y ahora la solicitan para debatir sobre la regulación de los municipios turísticos? Porque en 2012 éramos Grecia y en 2015 todo lo contrario, lideramos el
crecimiento económico de la Unión Europea y de los países desarrollados, crecemos más que Estados Unidos, crecemos más que el Reino Unido, casi el doble que Alemania o Canadá, casi el triple que Francia, casi el cuádruple que Japón o que Italia.
Qué diferencia en apenas tres años: de estar al borde del rescate a pasar a liderar el crecimiento y la creación de empleo. Me hago una pregunta que es retórica, no me tienen que contestar: ¿cómo lleva esto la izquierda?, ¿cómo llevan que un
Gobierno del Partido Popular haya modificado la situación que reflejan las solicitudes de comparecencia extraordinaria que ustedes plantearon hace tres años y el cambio radical que ha tenido el país, que se demuestra con las que plantean ahora?
Con respecto a lo que ha dicho de los municipios turísticos, comparto casi plenamente lo que ha dicho el señor Centella y, además, es lo que dijo el ministro de Industria el 17 de junio, hace un mes, que el municipio turístico es una
clasificación que está regulada en las haciendas locales, que el ministerio cree que es mejorable, que se puede y se debe mejorar su regulación, que el ministerio está en conversaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias para
hacer ese cambio regulatorio, pero que no es fácil y por eso existen estas contradicciones dentro de la propiedad Federación Española de Municipios. Cada municipio...
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, tiene que concluir.
El señor MATOS MASCAREÑO: Cada municipio tiene realidades turísticas distintas, costa, sol y playa y los de montaña, los de turismo cultural, los de turismo permanente, los de turismo estacional. Por lo tanto, es bueno hacer la regulación,
pero pedir una sesión extraordinaria fuera del periodo de sesiones basada en que estamos en verano, parece una justificación exagerada.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Matos.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN DE CONVERGÈNCIA I DE UNIÓ Y VASCO (PNV-EAJ), DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (número de expediente
062/000265), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, PARA EXPLICAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA MOCIÓN APROBADA POR UNANIMIDAD DEL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, QUE
INSTABA AL GOBIERNO A ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE INTRODUCIR, EN LA TRAMITACIÓN COMO PROYECTO DE LEY DEL REAL DECRETO-LEY 1/2015, UNA NUEVA REDACCIÓN DE SU ARTÍCULO 7 PARA QUE LAS PEQUEÑAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DISPONGAN DE UN TRATAMIENTO
FISCAL QUE NO IMPIDA EL DESARROLLO DE SU FINALIDAD.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Siguiente punto. Petición formulada por los Grupos Parlamentarios Catalán de Convergència i de Unió y Vasco (PNV-EAJ) para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión
de Hacienda y Administraciones Públicas, con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para explicar las actuaciones realizadas por el Gobierno en relación con el cumplimiento de la moción
aprobada por unanimidad del Pleno del Congreso de los Diputados, que instaba al Gobierno a estudiar la posibilidad de introducir en la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 1/2015 una nueva redacción de su artículo 7 para que las
pequeñas entidades sin ánimo de lucro dispongan de un tratamiento fiscal que no impida el desarrollo de su finalidad.
En primer lugar, intervienen los grupos autores de la iniciativa y, concretamente, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió. Señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, presidente.
Tal y como muy bien ha explicado el señor presidente, nuestro grupo ha pedido la comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y lo ha hecho no porque sea verano, no porque tengamos un capricho especial, no porque no
hayamos hecho todo lo posible para resolver este problema, sino porque en estos momentos parece que el compromiso -que no es solo del ministro, sino que es de todos los diputados y diputadas que aprobamos por unanimidad una proposición no de ley- se
está cumpliendo. Efectivamente, el Senado ha cerrado la puerta a la revisión del impuesto de sociedades cuando ha rechazado las enmiendas presentadas por la oposición, en las que se pedía un nuevo marco fiscal para que las entidades sin ánimo de
lucro más pequeñas no se vieran obligadas a presentar la declaración del impuesto de sociedades. Esto ha sucedido el día 14 de julio. Concretamente, se pedía que quedaran exentas las entidades con menos de 100.000 euros al año de ingresos, con
independencia de si tenían o no actividad económica. Con este rechazo de las enmiendas presentadas, el texto de la ley queda aprobado sin ninguna modificación, a pesar de que, como decía, el pasado 22 de abril el ministro, señor Montoro, había
mostrado predisposición a eximir de la obligación de presentar la declaración del impuesto de sociedades a las entidades con menos de 100.000 euros de ingresos por año, aunque tuvieran cierta actividad económica.
Para nosotros, el Senado ha cerrado las puertas no solo a la recuperación de la situación previa a la reforma fiscal, sino también al debate sobre una revisión más profunda de la fiscalidad de las entidades. Cuando hablo del Senado no me
refiero a la totalidad de senadores porque buena parte ellos -por ejemplo, el senador Cleries, portavoz de Convergència i de Unió en el Senado- han trabajado activamente, pero allí la mayoría del Grupo Popular es aplastante, por lo que estas
iniciativas no han podido salir adelante. Así pues, quedó aprobado por el Senado y solamente están exentas las entidades que no tienen actividad económica y con ingresos de menos de 50.000 euros al año, siempre y cuando todos sus ingresos no
exentos estén sometidos a retención y además no superen los 2.000 euros anuales. Es evidente que esto es absolutamente insuficiente y, por ejemplo, obliga a muchas entidades que simplemente hacen una pequeña recaudación vendiendo camisetas o
refrescos en verano a tener una contabilidad que sobrepasa sus necesidades. Para nosotros es una cuestión de suma importancia. Puede afectar, según fuentes del sector asociativo, a 15.000 entidades de todo el Estado español que, a partir de ahora,
además de hacer una labor meritoria en el ámbito en que la desarrollen, deberán dedicarse sobre todo a la farragosa tarea de cumplir con todo tipo de formularios a presentar ante Hacienda.
Por tanto, se trata de dar voz a estas entidades que se opusieron de forma unánime en todos los sectores y en todo el país a esta reforma, teniendo en cuenta, además, que no tiene impacto económico relevante. Se podría decir que con esta
reforma se va a recaudar muchísimo más y no es así porque no va a suponer ningún tipo de pago directo para la inmensa mayoría de estas entidades, sino que simplemente supondrían cargas burocráticas. Estas entidades quedarían asimiladas a empresas,
aunque sus únicos beneficios redunden en finalidades de interés social. En el Senado se han rechazado dos enmiendas, una del Grupo de La Izquierda Plural y otra del Grupo de Convergència i de Unió. Nuestra enmienda concretamente proponía que
quedaran exentas las entidades que no superaran los 100.000 euros de ingresos, con la condición de que todos los ingresos se destinen a la realización de actividades propias y que todos los cargos de los órganos de gobierno se ejercieran a título
gratuito para proteger de alguna manera el hecho de que se traten de entidades sin ánimo de lucro. A mí me parece que es un hecho grave porque incumple un acuerdo de esta Cámara e incumple el compromiso de un ministro -y palabra de ministro debería
ser palabra de ministro-. Por tanto, para nosotros es absolutamente imprescindible y necesario que el señor ministro venga aquí a explicarnos por qué no ha cumplido su palabra, por qué este interés en perseguir a 15.000 entidades de nuestro país,
por qué este interés en interferir en una labor social tan meritoria de tantos y tantos ciudadanos. Resulta incomprensible y por ello, ante un hecho de tal gravedad, nos parece que el ministro, señorías, debe comparecer.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Macias.
¿Fijación de posiciones? (Pausa). Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
También vamos a apoyar esta petición de comparecencia porque coincido en casi todo lo que ha dicho el señor Macias, pero además porque, más allá de que efectivamente se deben cumplir los compromisos, incluso los de los ministros -ha dado una
importancia moral creo que excesiva a que sea palabra de ministro, pero de acuerdo, tiene que ser así-, es importante hablar de algo de lo que pocas veces tenemos ocasión de hablar, que es la debilidad de la sociedad civil en España. Una de las
razones de esta debilidad es que aquí es realmente complicado, está lleno de obstáculos poner en marcha iniciativas sociales de todo tipo porque, efectivamente, reciben un tratamiento en muchos casos hostil. Por ejemplo, aunque no tenga que ver
directamente con esto, recordaré que siguen vigentes las tasas judiciales para asociaciones tipo ONG u otras, como pymes, lo cual desde luego es un abuso injustificable. De manera que todo aquello que se haga para facilitar la creación de
entidades, asociaciones o iniciativas ciudadanas cívicas va a mejorar la calidad de la sociedad y va a mejorar la calidad de la democracia, y además a un coste verdaderamente absurdo. Realmente es difícil de comprender el porqué de este prurito
burocrático de control de organizaciones que realmente son entidades sin ánimo de lucro que tienen una actividad mínima, pero que alguna tienen que tener precisamente para poder desarrollar su labor. En ese sentido, nosotros, como grupo, vamos a
apoyar siempre cualquier tipo de petición o de medidas, sea una comparecencia del señor ministro, sea una iniciativa legislativa, que conduzca a que de una vez en España haya un ecosistema legislativo y jurídico favorable, en vez de hostil, a la
multiplicación de algo que necesitamos mucho, que son esas iniciativas, sociedades, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro que contribuyan a hacer una sociedad más rica, más plural, más participativa; iniciativas a las que todo el mundo se
apunta pero que luego resulta que a la hora de la verdad se encuentran con obstáculos o barreras de acceso que quizás para una empresa de cierto tamaño no sean muy considerables pero que para una pequeña entidad pueden significar la diferencia entre
la vida o la muerte. De eso se trata, así que la apoyaremos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Grupo Parlamentario Socialista, señor Rangel.
El señor RANGEL TARRÉS: Gracias, señor presidente.
Nosotros también vamos a apoyar esta petición por varios motivos. En primer lugar, se ha comentado -y me parece que no es de menor importancia- el hecho de que una moción aprobada por unanimidad de la Cámara se incumpla de una manera tan
flagrante, y yo intentaré dar una explicación de por qué, a nuestro entender, se ha producido esto. Y es el abuso de la mayoría absoluta por parte del Partido
Popular, del Grupo Popular en el Congreso y en el Senado, que intentaba corregir la moción que se aprobó, y que nosotros apoyamos también; una situación un poco extraña. Se trata de una técnica legislativa que se ha aplicado una vez más en
este caso.
En la modificación de la Ley del Impuesto de Sociedades, sin ninguna explicación, se introduce una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular que hace desaparecer esa exención, la que venían disfrutando estas entidades a las que se
ha hecho referencia. Dado que afectaba a muchísimas entidades pequeñas, se produce un revuelo por parte de esas entidades, reacciona la Federación Española de Municipios y Provincias, y los propios alcaldes del Partido Popular van a ver al ministro
y le dicen: Ante unas elecciones a cuatro días vista, no puedes hacernos esto. Entonces, como viene siendo habitual por parte del Gobierno, introducen o reintroducen la exención con una modificación a través de un real decreto de segunda
oportunidad que nada tiene que ver con el tema del que estamos hablando. Eso ya es norma en esta casa; al menos en esta legislatura viene siendo norma. Una chapuza. Pero claro, hace una reintroducción y si no contaron por qué habían retirado esa
exención, tampoco cuentan por qué ahora la modifican a la baja con 50.000 euros como umbral.
En la moción se habla de otras cosas y, en concreto, nuestra representante, nuestra portavoz interviene y dice que hay que poner en valor la actividad de estas entidades sociales porque en muchos países se cuantifica lo que significa de
aporte para la sociedad, incluso económicamente. Determinadas actuaciones hechas a la ligera pueden generar gravísimos problemas no solamente a las entidades sino al conjunto de la sociedad, y eso es así. Por tanto, entendemos que esa modificación
que se pretendía llevar a cabo en el trámite en el Senado debía referirse no solamente al umbral de los 100.000 euros, sino también a otros temas que se planteaban en la moción y que tenían que ver con la dedicación, retribuida o no, de los miembros
de la dirección de cada una de estas entidades y también con que no fuese un hándicap para las mismas tener que hacer actividades no exentas de menor cuantía y que eso les obligase en su totalidad a presentar la declaración. Eso no se ha querido
abordar, en absoluto, y entendemos que es necesario que el ministro venga y al menos por una vez nos dé explicaciones, no a su estilo, sino de por qué en su momento retiró de la ley esa exención, después por qué la repuso, qué significa eso, por qué
la modificó y por qué no ha atendido la petición que se hacía en la moción que todos aprobamos. ¿Por qué la apoyó el Grupo Popular en aquel momento? Porque era el 30 de abril, antes de las elecciones, y convenía no hacer un feo a los alcaldes que
le habían pedido que abordarse este tema y lo reintrodujera, como lo hizo, a través de un decreto-ley que después se ha tramitado como proyecto de ley. Si no hubiese sido el 30 de abril, el Grupo Popular, como hace habitualmente, lo hubiese
rechazado, pero no es de recibo que ante las elecciones dé apoyo a una moción y después la incumpla porque ya han pasado las municipales, por cierto, con una factura bastante descriptiva hacia sus actitudes y las políticas que están llevando a cabo.
Pero valorar las entidades de este tipo significa valorarlas cuando se defienden mociones en el Congreso de los Diputados y también cuando se ejerce la acción de Gobierno, y en Cataluña no vamos sobrados de valoración de la actividad de las
entidades de carácter social. Aquí a veces a propuesta del Grupo de Convergència se aprueban mociones de defensa de la infancia y los presupuestos de la Generalitat tienen cero euros para guarderías infantiles, cuando antes tenían una dotación
importante, o bien las entidades del tercer sector tienen que ir llamando a la puerta de los grupos parlamentarios para que se haga una moción reclamando un plan de pagos porque saben que tiene una consignación, pero no saben cuándo van a cobrar ni
si van a cobrar. Curiosamente se dice que no hay dinero, pero justo antes de la aprobación de esa moción en el Parlament de Catalunya sí que se pagan cantidades a estas entidades. Por tanto, es bueno ser congruente cuando se tienen
responsabilidades de Gobierno con lo que se pide en el Congreso de los Diputados. Nosotros lo intentaremos, lo vamos a hacer y estamos absolutamente de acuerdo con que comparezca el ministro y nos dé a todos explicaciones de por qué lo que ha sido
un acuerdo de la Cámara no se ha concretado en una modificación de la ley y se ha dejado tal cual está.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Rangel.
Grupo Parlamentario Popular, señora Asian.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Voy a tratar de diferenciar en mi intervención cuestiones de forma y de fondo. Respecto a las cuestiones de forma, y aun entendiendo que al final de la legislatura todas las cuestiones puedan parecer urgentes, no
parece que una cuestión tan concreta como la que se ha comentado aquí -la solicitud de comparecencia extraordinaria del ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas para explicar cuál es el grado de cumplimiento y qué actuaciones está realizando para que las pequeñas entidades sin ánimo de lucro tengan un tratamiento fiscal determinado- lo sea.
Antes de entrar en el fondo de la cuestión y reconociendo que esto no parece que tenga el carácter de urgente y extraordinaria necesidad, sí debo decir que me ha extrañado que el portavoz de CiU hable de grave incumplimiento. Una cosa es
incumplir y otra cosa es comparecer aquí cada diez minutos a explicar cómo se va cumpliendo. Claro que se está cumpliendo con lo acordado. Claro que está trabajando el Ministerio de Hacienda. Ahora bien, venir aquí a dar cuenta de cada paso que
se está dando, me parece un poco fuera de lugar. También me quiero referir al portavoz socialista, porque me ha sorprendido su intervención por lo siguiente. En primer lugar, el régimen de las entidades sin ánimo de lucro es el mismo que tenían
cuando gobernaba el Partido Socialista, solo que los incentivos para estas actividades eran menores; es decir, la obligación de presentar declaración era igual, pero no incentivaban estas conductas. Por tanto, todo lo que se ha dicho respecto al
interés que estas entidades suscitan tendrían que acreditarlo cuando estaban gobernando.
Yendo al fondo del asunto, ¿de qué se trata? Por lo que hemos hablado, creo que no ha quedado muy claro para los que nos están escuchando. Es una cosa muy sencilla. ¿Las entidades parcialmente exentas, aunque estén exentas, deben
presentar declaración por el impuesto sobre sociedades, incluyendo las rentas que están exentas y las que no lo están? Esa es la cuestión. ¿Tienen que presentar su declaración como todos los contribuyentes o no la tienen que presentar? Esa
cuestión se ha debatido en esta Cámara y el ministro lo ha explicado. Incluso el secretario de Estado muy recientemente -la semana pasada- reconoció la importante labor asistencial de las entidades sin ánimo de lucro y por eso están parcialmente
exentas por esas actividades que desarrollan. Se han celebrado unas jornadas muy interesantes, Alianzas público-privadas, mecenazgo e incentivos fiscales, donde se ha explicado cómo se han elevado los incentivos al mecenazgo en España. Con nuestra
reforma tributaria no solo se han potenciado los incentivos a todos los mecenazgos, sino al micromecenazgo. Todas las personas físicas, hasta 150 euros, podremos deducir el 75 % de estos donativos. Es decir, son incentivos como nunca habían
existido en nuestro ordenamiento jurídico y van a tener un gran impacto en las entidades sin ánimo de lucro. El ministro lo ha explicado en el Senado y en el Congreso. ¿Cuál es el propósito de la reforma tributaria? Equilibrar la situación: más
beneficios fiscales y, como contrapartida, dotar de mayor transparencia a las declaraciones de estas entidades. Esto es lo que se hizo en la reforma, se ha modificado en el Real Decreto-ley de Segunda Oportunidad y se continúa trabajando en ello.
Indudablemente, el Partido Popular considera que aún debe incrementarse más el papel de la sociedad civil en las actividades culturales y deportivas, en la cohesión social y en la resolución de todos los problemas sociales. Apostamos decididamente
por la sociedad civil y así lo ha reconocido la propia Federación Española de Municipios y Provincias en una circular de marzo, en la que dice que la regulación actual que se hace por parte del Gobierno de España de estas entidades está de acuerdo
con las finalidades que tienen atribuidas.
¿Cuándo una pequeña entidad tiene capacidad suficiente para declarar y cuándo no la tiene? ¿Cuál sería el punto exacto? ¿Cuál es el volumen de operaciones? ¿Cuáles son los ingresos que debe obtener de otra actividad para que le pongamos
la obligación de declarar? Es un debate importante y algo sobre lo que tenemos que trabajar, pero es algo muy técnico. Además, es algo en lo que va a existir un amplio consenso. No creo que profundizar en cuál es la cantidad adecuada de ingresos
que debe tener una entidad sin ánimo de lucro para presentar declaración sea algo que pueda determinar un incumplimiento grave, ni muchísimo menos. Se habla también de cargas burocráticas. Se presente o no se presente declaración, las entidades
sin ánimo de lucro tienen que llevar una contabilidad y así lo establece nada menos que la ley orgánica en su artículo 14. Además, existe un plan especial para las entidades sin ánimo de lucro y el Instituto de Contabilidad, en marzo de 2013, dictó
una resolución específica para la contabilidad de las entidades sin ánimo de lucro. Por las palabras de todos los grupos que han intervenido, existe un consenso amplio en apostar por las entidades sin ánimo de lucro, por sus finalidades sociales y
por incrementar la participación de la sociedad civil. Tenemos un consenso amplio en que estas entidades, por las actividades que constituyen su objeto, deben tributar de manera reducida y lo hacen. Creo que también tenemos un consenso bastante
amplio en que la reforma tributaria introducida por el Gobierno de España potencia la labor de mecenazgo. Estamos de acuerdo en ello. En cuanto a las cuestiones técnicas relativas a la cuantía a partir de la cual tiene que presentar declaración,
tenemos tiempo durante lo que nos queda de legislatura para llegar a un acuerdo sobre cuál sería el volumen a partir del cual estas entidades
presenten su declaración del impuesto sobre sociedades, sin que suponga para ellas una carga, como se indica en la pregunta, que les impida cumplir con su finalidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Asian.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN DE CONVERGÈNCIA I DE UNIÓ Y VASCO (PNV-EAJ), DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES (número de expediente
062/000266), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, PARA EXPLICAR CUÁNDO VA A DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO RELATIVA A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL 0,7 % DEL IRPF QUE VA
DESTINADO A ENTIDADES SOCIALES.
El señor PRESIDENTE: Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Catalán de Convergència i de Unió y Vasco, PNV, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, con el
siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para explicar cuándo va a dar cumplimiento a la sentencia de Tribunal Supremo relativa a la territorialización de los recursos correspondientes al 0,7 %
del IRPF que va destinado a entidades sociales. Para su defensa, tiene la palabra el señor Campuzano, del Grupo Catalán de Convergència i de Unió.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Esta es también una iniciativa que va dirigida a resolver una preocupación de la sociedad civil de Cataluña. Hace unos breves segundos escuchábamos a la portavoz del Grupo Popular, y en su intervención de justificación del rechazo a la
iniciativa que ha planteado el señor Macias, hace también unos minutos, demostraba no solo poca sensibilidad sino poco conocimiento del funcionamiento de la sociedad civil. Por un lado, las entidades que pueden beneficiarse del régimen fiscal
favorable no son las entidades preocupadas por las obligaciones en materia del impuesto de sociedades. De hecho, las entidades sociales que pueden beneficiarse de un régimen fiscal favorable son fundaciones y asociaciones de utilidad pública. Son
precisamente aquellas entidades pequeñas que van a tener nuevas obligaciones las que van a estar más ahogadas por las cargas burocráticas que impone el impuesto de sociedades, entre otras cuestiones, porque sus obligaciones contables no son las de
las fundaciones. Si alguien se acercase a una AMPA, a una asociación de vecinos activa y seria, se daría cuenta de la importancia que tiene esa obligación fiscal que el ministro Montoro va a mantener.
Decía que esta segunda petición de comparecencia de esta tarde también está vinculada a la preocupación que existe en la sociedad civil catalana en relación con la política general de subvenciones del Gobierno del Estado. Hace muy pocas
semanas, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia con relación a la orden que regula las subvenciones del régimen general del Ministerio de Sanidad, fundamentalmente. Es una sentencia del Tribunal Supremo que recoge toda la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional y que establece claramente que en aquellas materias que es competente el ámbito autonómico, la Administración General del Estado puede establecer líneas de subvenciones, puede regular la subvenciones, puede incorporar las
subvenciones en el presupuesto, pero en ningún caso, cuando la materia competente es de ámbito autonómico, puede gestionar esas subvenciones. El decreto -que fue recurrido por el Gobierno de la Generalitat- en materia de competencia autonómica para
entidades de ámbito estatal establecía un régimen de subvenciones que era gestionado directamente por el propio Estado, y el Supremo, en coherencia con las cerca de doce sentencias -trece ya- del propio Supremo y del Tribunal Constitucional, dice
que, respecto a la materia en la que la Administración general no es competente, no puede gestionar directamente las subvenciones.
Esa sentencia del Supremo ha provocado una preocupación legítima en las entidades de ámbito estatal y ha llevado a una solución extraña, que se ha votado esta misma semana en el Senado, que resuelve puntualmente ese problema. Pero queda muy
claro que si el Gobierno continúa incumpliendo la doctrina constitucional en materia de subvenciones, el Gobierno continuará perdiendo ante el Supremo y el Constitucional cualquier recurso que le plantee el Gobierno de la Generalitat o cualquier
otro Gobierno en la materia. De ahí la petición de comparecencia de Convergència i de Unió. Queremos que den
cumplimiento de una vez por todas a toda esa doctrina del Tribunal Constitucional recogida por el Tribunal Supremo y que vayamos a la cuestión de fondo. La cuestión de fondo no es tanto el régimen general, que se recurrió y que el Gobierno
perdió ante el Tribunal Supremo porque incumplía la ley e incumplía la doctrina del propio Tribunal Constitucional, sino algo que los grupos catalanes venimos planteando desde hace diez o doce años en esta Cámara: que los recursos del hoy 0,7 % del
IRPF para actividades de interés social y ambiental sean gestionados por las comunidades autónomas. Esta es la cuestión de fondo. Mientras el Gobierno no resuelva esta cuestión, mientras el Gobierno continúe aplicando una legislación y una
política contraria a la Constitución y a las sentencias del Tribunal Constitucional tendremos un problema político -el que le plantea Convergencia esta tarde, el que le hemos planteado otros grupo en algunas mociones, interpelaciones o proposición
de ley en Pleno-, un problema legal y constitucional, pero además un problema de inseguridad para las entidades del tercer sector. Lo que es más desleal de la política del Gobierno es que con una concepción jacobina y centralizadora de la política
de subvenciones, crean una enorme incertidumbre en las entidades del tercer sector. Legítimamente, las entidades del tercer sector estaban gravemente preocupadas por la sentencia del Supremo; y lo estaban porque el Gobierno, conscientemente,
aprobó una norma que chocaba con la legalidad vigente; y, lógicamente, el Tribunal Supremo tumbó esa norma del Gobierno.
Mi grupo es partidario de esta comparecencia del ministro de Sanidad para ser capaces de encontrar una solución definitiva a esta cuestión; una solución definitiva que debe responder a tres ideas muy claras. En primer lugar, pleno respeto
al marco competencial que establecen los estatutos de autonomía y la Constitución y, por tanto, pleno respeto a las sentencias del Tribunal Constitucional que establecen claramente que el poder de gasto del Estado no puede vaciar de contenido la
competencia autonómica, y que la capacidad del Estado de crear partidas en aquellas materias que crea conveniente es factible, pero que eso no puede dejar sin contenido efectivo la competencia de ejecución o de legislación, en este caso, de las
comunidades autónomas. En segundo lugar, un acuerdo político, porque la posición que han manifestado las entidades catalanas, la sociedad civil en Cataluña, el Parlament de Catalunya, el Gobierno de la Generalitat, gobernando Convergència i de Unió
y gobernando el anterior Gobierno del tripartito, la posición catalana en la materia de gestión del 0,7 es acordar con la Administración General del Estado y con las entidades del tercer sector un sistema que permitiese que ese reparto de los fondos
pudiese garantizar también la existencia de entidades de ámbito estatal. Claro que sí; esa ha sido la propuesta catalana. Y, en tercer lugar, recursos suficientes para permitir que el tercer sector desarrollase sus políticas.
Sobre esto sería posible un acuerdo y de ahí la petición de comparecencia del ministro, para que dé la cara ante el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional y para que dé la cara para encontrar una solución política a un
problema que afecta de manera directa a la tranquilidad y a la estabilidad del sector, no de Cataluña sino del conjunto del Estado español.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para decir que vamos a apoyar la petición de comparecencia del ministro. No compartimos la política desarrollada por parte del Gobierno de España que pone en cuestión sistemáticamente el reparto competencial
establecido por la Constitución y los estatutos de autonomía. No podemos compartir que sistemáticamente el Gobierno de España haya ido adoptando decisiones que han sido cuestionadas y tumbadas directamente por los tribunales y, al final, haga un
real decreto-ley que acaba siendo, nuevamente, invalidado en esa sentencia que dictó el pasado mes de junio el Tribunal Supremo. No es posible compartirlo. Esto no añade más que tensiones sobre cómo nos organizamos, sobre cómo organizamos el
Estado, inseguridades -como ya se ha dicho- e indefinición sobre las entidades del tercer sector, que están padeciendo un tira y afloja entre diversos niveles administrativos que tendría que estar solucionado, porque para eso tenemos la arquitectura
constitucional y competencial que tenemos.
Por todo ello, nos parece sobradamente justificada la comparecencia del ministro para dar cuenta de la línea que va a seguir el ministerio a partir de ahora y para que, sobre todo, se pongan las bases sobre el debate parlamentario de las
vías de solución para evitar la indefinición y los conflictos competenciales.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Socialista, la señora Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: Gracias, señor presidente.
Este es un asunto importante y preocupante. El foco de nuestra preocupación se centra, sobre todo, en los 6 millones de ciudadanos españoles que son objeto de atención por parte de las entidades del tercer sector, así como -por qué no
decirlo- por la incertidumbre a que ha llevado esta sentencia a aproximadamente 20.000 trabajadores -son 16.000 directos- de las entidades del tercer sector, que en estos momentos se encuentran en una situación de preocupación por cómo se va a
resolver este asunto, así como por su futuro.
Este escenario de incertidumbre, que no es el primero, se produce en un momento social cuyo reflejo es la cifra que acabo de señalar de personas atendidas, y es que viene a sumarse a la ya débil red social que se ha venido reforzando a lo
largo de estos años de democracia y que con anterioridad obligó a un hiperdesarrollo de las entidades del tercer sector para ocupar espacios que los servicios sociales públicos no ocupaban. A esta situación se añade una crisis que está generando
mucha pobreza y mucha desatención en algunos colectivos y capas de la sociedad que estas organizaciones estaban cubriendo, porque a la situación de cierta debilidad del sector social se sumaron unos recortes que en cualquier lógica, y dentro de un
momento de crisis como el actual, no tienen cabida ni interpretación, siendo este quizás el sector que más sufrió los recortes. En concreto el Plan concertado sufrió un 70 % de recortes por parte de la Administración General del Estado. Pues bien,
estamos en una situación en que a la definición de nuestro Estado multinivel de competencias debemos ser capaces de acoplar un tercer sector que tiene su propia organización, sus propios fines, su propio ámbito de actuación y su propio objeto.
Debemos ser capaces de acoplar estas dos realidades y estos dos hechos.
La actual sentencia del Tribunal Supremo se tiene que acatar -por cierto, bienvenido sea el portavoz de CiU a la legitimidad de los tribunales de ámbito estatal a la hora de interpretar las leyes-. (El señor Picó i Azanza pronuncia palabras
que no se perciben). La acataron los Gobiernos socialistas y este Gobierno deberá acatarla. Eso es así, pero también es necesario dar una solución. No podemos hacer imposiciones a entidades del tercer sector con un ámbito estatal o con un ámbito
muy concreto de actuación. Por ejemplo, las que se dediquen a la inmigración tendrán que tener más presencia en los ámbitos de comunidades con más inmigración, y las que se dediquen a situaciones de urgencia o de emergencia tienen mucha más
facilidad para operar que la Administración pública. Por eso, su función y su vocación son complementarias con la Administración pública.
Por tanto, nos parece muy importante la comparecencia del ministro, el trabajo para intentar lograr un consenso y una solución global y resolver de forma definitiva este permanente desencuentro. Asimismo, rogaría a algunos grupos
parlamentarios que eleven un poquitín el enfoque del asunto y lo trasladen a la realidad social que tienen que resolver estas entidades, y no limiten la cuestión a unos pruritos competenciales que a veces introducen una disfunción que hace que la
actividad de estas entidades no se lleve a cabo con la suficiente efectividad y, sobre todo, con la suficiente rapidez. Hay instrumentos de sobra en un Estado como el nuestro, un Estado multinivel, como conferencias sectoriales, acuerdos tanto en
el ámbito parlamentario como en el ámbito gubernamental, etcétera, que se deben activar para acoplar la realidad constitucional y la realidad competencial con una función de unas entidades que han demostrado, sobradamente, en estos treinta años de
democracia que saben estar, que se han desarrollado y especializado en algunos ámbitos muy necesarios en nuestra sociedad. Estas entidades deben seguir siendo complementarias de la Administración pública, especialmente en el ámbito de los servicios
sociales gestionados por las comunidades autónomas, y por supuesto deben participar en los programas puestos en marcha por el conjunto de las administraciones, pero mayoritariamente de las administraciones autonómicas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Carcedo.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora González.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.
El pasado 21 de mayo la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó sentencia sobre una nueva impugnación de la Generalitat de Catalunya del Real Decreto 535/2013, de 12 de julio, por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del tercer sector de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Sin embargo, señor Campuzano, señor Sixto, la sentencia
del Tribunal Supremo no se refiere -como ustedes dan a entender en su solicitud de comparecencia urgente- a la
convocatoria correspondiente al 0,7 % del IRPF, sobre la cual el Tribunal Supremo no se ha pronunciado aún, sino sobre la convocatoria que el ministerio publica anualmente y que se refiere a las entidades de carácter supraautonómico, que
trabajan en todo el territorio del Estado, que colaboran con la Administración General del Estado y que tienen sus sedes habitualmente aquí, en Madrid. Precisamente esta convocatoria va destinada a los gastos de la estructura y mantenimiento de
estas entidades del tercer sector, que contó en su última anualidad con 10,8 millones de euros de presupuesto, y se publica con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Por ello, no entendemos esa voluntad manifiesta de confusión en la
redacción de su solicitud porque damos por supuesto que ustedes conocen muy bien la existencia de dos convocatorias diferentes, por parte del ministerio, con fondos de diferentes procedencias, los Presupuestos Generales del Estado, por un lado en
este caso, y la recaudación del IRPF por otro.
Respetamos la decisión judicial -no podía ser de otra manera-, aunque no la compartimos y consideramos fundamental, al igual que las entidades del tercer sector, que se han mostrado alarmadas con respecto a esta nueva sentencia, que las
convocatorias del Gobierno central se mantengan puesto que la supervivencia de las entidades está en juego y con ella la solidaridad para con las personas por encima de los territorios, precisamente en la etapa más crítica de la historia actual de
España en un momento en el que la actividad de estas entidades ha sido crucial. Con el máximo respeto a la sentencia del Tribunal Supremo, no pueden solicitar ustedes la comparecencia urgente del ministro de Sanidad, relativa a la
territorialización de los recursos correspondientes al 0,7 % del IRPF que va destinado a entidades sociales -cito textualmente-, porque la petición es extemporánea ya que esa sentencia, que esperan y cuyo contenido presuponen, no se ha dictado aún.
Por nuestra parte, consideramos -igual que ha mencionado la señora Carcedo- que es preciso fortalecer el espacio del tercer sector de acción social a nivel estatal puesto que, al margen de la tarea que desarrollan muchas entidades de ámbito
autonómico, hay muchas otras que sobrepasan la actuación autonómica y precisan de un marco diferente para su sostenimiento -por mencionar solamente algunas, Cruz Roja, Cáritas, Cermi, por ejemplo-, y dependen además de las dos convocatorias de
ayudas para el sostenimiento de su estructura en un caso y de su actividad en otro, en todas las comunidades autónomas.
Por ello, vamos a votar en contra de esta solicitud de comparecencia urgente del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por las dos razones mencionadas, porque la sentencia sobre la convocatoria del 0,7 del IRPF no se ha
producido y porque se está trabajando -claro que se está trabajando- con gran intensidad para encontrar una solución definitiva, que no ponga en peligro el mantenimiento de la estructura de estas entidades supraautonómicas, que han sido y son las
más eficientes colaboradoras del Gobierno central y de los Gobiernos autonómicos en los momentos más duros de esta crisis que empezamos ya a dejar atrás. En ese momento, estoy segura de que el ministro de Sanidad no tendrá problema alguno en
comparecer para explicar su propuesta.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González.
Cuando los portavoces me lo comuniquen, procedemos a votar. (Pausa).
Vamos a proceder a las votaciones. Diré simplemente: punto número 1; punto número 2; etcétera. Si algún grupo desea que se especifique en qué consiste alguno de los puntos, me lo pide y lo hago encantado.
Comienzan, por tanto, las votaciones. Punto número 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 30.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Petición número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El punto número 3 ha sido retirado.
Punto número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 28; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
El punto número 12 ha sido retirado.
Pasamos a votar el punto número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 28; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Se levanta la sesión.
Eran las cinco y veinte minutos de la tarde.