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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 288, de 16/06/2015
cve: DSCD-10-PL-288
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 288
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 271
celebrada el martes,
16 de junio de 2015
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)
Modificación del orden del día ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 227-1, de 24 de abril de 2015. (Número de expediente 122/000201) ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para posibilitar que los trabajadores puedan iniciar un expediente de regulación de empleo para la extinción de sus contratos, cuando el empresario no dé comienzo al procedimiento y se
vean perjudicados por ello. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 172-1, de 21 de febrero de 2014. (Número de expediente 122/000150) ... (Página16)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de un marco de actuación para las personas mayores. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 676, de 1 de junio de 2015. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, número 683, de 12 de junio de 2015. (Número de expediente 162/001254) ... (Página28)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre restricciones en la dispensación de vacunas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 477, de 13 de junio de 2014. (Número de expediente 162/000977) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la sostenibilidad y financiación del sistema sanitario. (Número de expediente 173/000220) ... (Página42)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página48)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página48)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página49)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)
Modificación del orden del día ... (Página5)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el punto correspondiente a mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes, en el sentido de que la moción del Grupo Parlamentario Mixto (señor Quevedo), sobre la libre circulación de las obras de arte entre Canarias-Península-Europa-Canarias, sea debatida en el último lugar de las
mociones.
Asimismo, se somete al Pleno la modificación del orden del día en el punto correspondiente a interpelaciones urgentes, en el sentido de que la del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre
medidas urgentes contra la pobreza infantil, se debata en segundo lugar.
Ambas modificaciones se aprueban por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Socialista, reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida ... (Página5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y las señoras Fernández Davila y Jordà i Roura, por el Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez
Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; las señoras García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor
Sanchez Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para posibilitar que los trabajadores puedan iniciar un expediente de regulación de empleo para la extinción de sus contratos, cuando el empresario no dé comienzo al procedimiento y se
vean perjudicados por ello ... (Página16)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno en contra interviene el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Replica el señor Campuzano i Canadés y duplica el señor Coscubiela Conesa.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Calduch Cervera, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y las señoras Rodríguez Barahona, del Grupo
Parlamentario Socialista, y Susinos Tarrero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página28)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de un Marco de Actuación para las Personas Mayores ... (Página28)
Defiende la proposición no de ley la señora Marín Pozo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Corral Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Lleonart Crespo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora García Álvarez,
del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda vuelve a hacer uso de la palabra la señora Martín Pozo.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre restricciones en la dispensación de vacunas ... (Página35)
Defiende la proposición no de ley la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Moya, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia, y Castaño Rey, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Tarruella Tomàs.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página42)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la sostenibilidad y financiación del sistema sanitario ... (Página42)
Defiende la moción la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La Presidencia, en nombre del Congreso de los Diputados, rinde homenaje a don José Federico de Carvajal, diputado de esta Cámara y presidente del Senado, con motivo de su fallecimiento, y hace llegar su sentimiento de pesar a todos sus
familiares y amigos. Asimismo, ante el fallecimiento de doña Ana María Vidal-Abarca, fundadora de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, desea manifestar su muestra de pesar y cariño a sus familiares y amigos, así como a todo el colectivo de
víctimas del terrorismo.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página48)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, se rechaza por 123 votos a favor, 171 en contra y 18
abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para posibilitar que los trabajadores puedan iniciar un expediente de regulación de empleo para la extinción de sus
contratos, cuando el empresario no dé comienzo al procedimiento y se vean perjudicados por ello, se rechaza por 128 votos a favor, 171 en contra y 12 abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página48)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de un Marco de Actuación para las Personas Mayores, se aprueba por 173 votos a favor, 133 en contra y 4 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
restricciones en la dispensación de vacunas, se aprueba por 199 votos a favor, 11 en contra y 100 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página49)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la sostenibilidad y financiación del sistema sanitario, con la incorporación de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se rechaza por 134 votos a favor; 170 en contra y 7 abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de don Gaspar Llamazares Trigo, pregunto a doña Ana María Castaño Rey si jura o
promete acatar la Constitución.
La señora CASTAÑO REY: Prometo.
El señor PRESIDENTE: Doña Ana María Castaño Rey ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena. (Aplausos).
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
El señor PRESIDENTE: De conformidad con el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado en Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al pleno de la Cámara la modificación del orden del día en la parte de mociones, de tal manera que la
moción del Grupo Mixto, del señor Quevedo, que figura en el orden del día como punto 5, sea debatida en último lugar de las mociones. Asimismo, esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara una modificación en la parte referente a interpelaciones,
en el sentido de permutar el orden del debate de los puntos 26 y 27. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
Esto que se ha acordado por la Cámara quiere decir que hoy veremos las dos proposiciones de ley, las dos proposiciones no de ley y la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, REGULADORA DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA ANTE EL PROCESO FINAL DE LA VIDA. (Número de expediente 122/000201).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de su vida. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el
señor Martínez Olmos.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo aquí, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para defender una proposición de ley que pretende, si sus señorías lo estiman oportuno, garantizar los derechos de los pacientes que están en fase terminal por una enfermedad
que ya no tiene ninguna vuelta atrás; que puedan tener garantizado el derecho a la dignidad en este proceso final de la vida y tenerlo garantizado en el conjunto del territorio español. Señorías, no es una cuestión de desarrollar una estrategia de
cuidados paliativos, sino una cuestión de derechos, de avance en los derechos de los ciudadanos en algo en lo que hoy la inmensa mayoría de la sociedad española está de acuerdo y el conjunto de las profesiones sanitarias también. Normalmente no se
encuentran ocasiones en las cuales cuando tenemos la responsabilidad de defender posiciones políticas éstas coinciden también con convicciones profesionales. No me van a oír muchas veces decir que subo a esta tribuna también como médico, pero en
esta ocasión también subo como médico. ¿Saben por qué? Porque cuando se conoció que hoy en el Pleno se iba a debatir este punto para defender esta proposición de ley hubo personas que se pusieron en contacto conmigo. Quiero tener la consideración
de señalarles que la semana pasada la familia de Antonio J.F., de sesenta y cuatro años, residente en Madrid, se puso en contacto conmigo para decirme: Gracias por traer esta iniciativa al Pleno, porque nuestro familiar pidió que se le respetara la
voluntad de morir sin dolor y no hemos encontrado respuesta porque el médico que le atendía no lo consideró oportuno, y no hemos podido exigir ese derecho.
Señorías, uno siente la responsabilidad -y doy por supuesto que cualquiera de los que subimos a esta tribuna también- de tratar de mejorar la realidad de los ciudadanos con nuestras posiciones políticas, pero en este caso me parece
importante señalar que estamos tratando de representar la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, la voluntad mayoritaria de las profesiones sanitarias. Les voy a pedir, fundamentalmente a las señorías del Grupo Parlamentario Popular, que, por
favor, escuchen y acepten esta iniciativa parlamentaria. Que no pongan la excusa de que se están desarrollando estrategias de
cuidados paliativos porque lo que se está desarrollando es un planteamiento de enorme desigualdad. Que no pongan excusas a los avances, a los nuevos derechos que sistemáticamente en esta democracia han tenido siempre a la derecha en contra
y que, finalmente, los ha tenido que aceptar porque la realidad se ha impuesto. Que no retrasemos más la puesta en marcha de una iniciativa que pretende dar dignidad a las personas en fase terminal, incluso, como plantea nuestra proposición de ley,
aunque el tratamiento del dolor acorte la vida. Es el planteamiento que acepta la inmensa mayoría de las profesiones sanitarias, con declaraciones explícitas firmadas. Incluso, señorías, cuando en la Comunidad Autónoma de Andalucía se planteó el
desarrollo de una normativa pionera en esta materia, la negociación entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular de la Cámara andaluza, con la intermediación de la Iglesia católica, consiguió un consenso que nosotros aquí
reclamamos. Ya está bien de que en la derecha española siga influyendo la cúpula de la Iglesia católica para decisiones que son de exclusiva competencia de los ciudadanos, de su auténtica libertad de elección, de su conciencia.
Esta proposición de ley no trae a esta Cámara el tratamiento de la eutanasia. Eso requerirá otro debate que, por cierto, estoy convencido de que más pronto que tarde la sociedad española nos obligará a abordarlo. Aquí traemos un debate
exclusivamente ceñido a lo que en el ámbito del conocimiento científico, de las posiciones de la ética profesional y de las reclamaciones del conjunto de la ciudadanía nos puede permitir que cuando, desgraciadamente, se tenga uno que enfrentar a una
situación donde ya no hay remedio por la enfermedad, se pueda morir con dignidad. En mi opinión, sería importante que el Partido Popular aprendiera del mensaje que le ha enviado la sociedad cuando en las últimas elecciones no solo les ha castigado
con un resultado electoral negativo, sino incluso a que les haya costado trabajo encontrar el apoyo de otras fuerzas políticas para seguir gobernando en las instituciones, fundamentalmente porque con su política económica ni siquiera han permitido
que la gente viva con dignidad. Por favor, dejen morir a la gente con dignidad porque, si no, no estarán entendiendo el mensaje, como ha sucedido en muchas ocasiones en la historia de la democracia con los grandes avances que se han producido en
los derechos ciudadanos. Esto merece una reflexión importante, porque es un planteamiento que pretende hacer posible que los ciudadanos y las ciudadanas puedan encontrar respuesta a sus demandas y a aquello que tiene que ver con la ética social,
con la ética que no está condicionada por planteamientos de carácter religioso de ninguna de las confesiones que, por otra parte, merecen todos los respetos.
Señorías, el Partido Socialista trae a la Cámara, con tiempo suficiente para poder desarrollar esta norma a pesar de que estamos en la fase final de la legislatura, una iniciativa que nos gustaría que pudiera debatirse en este Parlamento.
No es una iniciativa que pretenda sacar un rédito político ni que pretenda estar orientada a un planteamiento electoral. Sí les tengo que decir que es más que probable que si ustedes, señores del Partido Popular, no aceptan que esto se debata y se
pueda consensuar en esta Cámara, los nuevos parlamentos regionales, donde han cambiado las mayorías políticas, desarrollarán iniciativas legislativas autonómicas para reconocer este derecho a los ciudadanos de sus territorios, pero se va a
consolidar lo que está siendo un error de planteamiento del Gobierno durante esta legislatura, que es la desigualdad en los derechos asistenciales en el conjunto del territorio español. No ha habido ninguna legislatura en donde se hayan
incrementado tanto las desigualdades para el acceso a los derechos sanitarios como en este momento está sucediendo en nuestro país tras las decisiones que se han ido adoptando por parte del Gobierno del señor Rajoy. Tomen esta iniciativa con la
mejor de las voluntades por nuestra parte, para consensuar, para hacer un planteamiento, si quieren, similar al que hicimos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde dimos un ejemplo de diálogo y de consenso para hacer posible que situaciones
como las que le he comentado no se vuelvan a repetir. Hoy, desgraciadamente, señorías, en los servicios sanitarios de este país hay personas que están sufriendo estas circunstancias, hay familias que están viendo cómo no se respeta lo que se puede
considerar ya un derecho a la muerte digna de quienes están en una fase terminal y desde el punto de vista de la ciencia médica ya no tienen remedio. Por tanto, habiendo medicamentos y planteamientos asistenciales que permiten morir sin dolor, no
se entiende cómo, desde el punto de vista legal, no hay una norma que ampare a los ciudadanos y a las ciudadanas frente a consideraciones de algunos profesionales que tienen una visión perfectamente respetable pero que la terminan imponiendo a la
voluntad de los pacientes y de sus familias.
La proposición de ley que presenta el Grupo Socialista es muy simple pero muy contundente en lo que tiene que ver con los derechos. Señorías, la pretensión de esta proposición de ley es asegurar la protección de la dignidad de las personas
en el proceso final de su vida y garantizar el pleno derecho a su libre voluntad en la toma de decisiones sanitarias que le afecten a dicho proceso. Es difícil entender por qué no se puede estar de acuerdo con esto, es difícil entender por qué no
se está de acuerdo con asegurar
jurídicamente el derecho a la protección de la dignidad de las personas en el proceso final de la vida, el derecho a la información asistencial completa y concreta, el derecho a que las personas tomen sus propias decisiones en ese momento,
incluso a rechazar la intervención que le puedan proponer los médicos desde el punto de vista asistencial y a la revocación del consentimiento informado que previamente hubieran emitido los pacientes. Es difícil entender que no estén de acuerdo con
el derecho a otorgar instrucciones previas como un planteamiento de líneas rojas de actuación por parte de los profesionales. Es difícil entender que no estén de acuerdo con el derecho -jurídicamente hablando- al tratamiento del dolor, a recibir
cuidados paliativos integrales de calidad, aunque el tratamiento del dolor implique un acortamiento de la vida. Fíjense que ya está habiendo, incluso en el ámbito de la Iglesia católica, voces que están reclamando este tratamiento de dignidad a las
personas en ese momento. Van a quedar reflejadas en el 'Diario de Sesiones' de esta Cámara las intervenciones que todos los grupos parlamentarios vamos a hacer en esta materia. Les puedo asegurar que más pronto que tarde recordarán que,
finalmente, este va a ser un planteamiento incorporado al derecho español, les guste o no les guste, porque al final se impone la mayoría social y el planteamiento de la ciencia médica. Les pido por favor que lo consideren porque cuanto antes esté
en vigor, antes les estaremos dando un trato de dignidad a tantos pacientes que hoy no lo tienen garantizado.
Este proyecto de ley también plantea un avance importante desde el punto de vista asistencial para aquellas personas y sus familias que están en este momento en este trance tan difícil del final de la vida, que es el derecho a la intimidad
personal y familiar. Es verdad que hoy hay muchos hospitales españoles que tratan, con la estrategia y con el planteamiento apoyado por muchos profesionales, de hacer posible que estos momentos se puedan vivir en intimidad. Pero no todos los
hospitales lo pueden hacer, no todos los hospitales tienen los recursos asistenciales y de infraestructuras que les permitan a estos pacientes y a sus familias vivir los últimos momentos en la intimidad. Aquí hay señorías que, como yo, son médicos
y que, como yo, habrán recibido llamadas de familiares que nos han pedido que, por favor, hablemos con algún gerente de hospital para que una persona que está ya en la fase final pueda tener una habitación individual. Esto lo hemos vivido muchos de
los compañeros de estas filas y de aquellas; esta es la realidad de lo que está pasando. Lo que plantea esta ley es que eso tiene que ser un derecho y como entendemos que requiere una inversión en infraestructuras, planteamos un periodo de cinco
años para que las comunidades autónomas puedan hacer las adaptaciones necesarias a fin de asegurar esta situación, que es una demanda social.
Señorías, poco más se puede decir. Se puede decir más alto, pero no más claro. Poco más se puede argumentar sobre la necesidad de que España se incorpore al club de los países donde ya se respetan estos derechos, donde ya se incorporan
estos derechos, sobre la necesidad de que España y su Gobierno, aunque ahora esté en manos del Partido Popular, cumplan el mandato constitucional de asegurar derechos iguales a todas las personas. Si quien vaya a subir a esta tribuna en nombre del
Grupo Parlamentario Popular nos va a contar los grandes avances que se han conseguido en esta legislatura en la aplicación de la estrategia de cuidados paliativos, por favor, que se ahorre ese argumento. Haga el argumento que quiera, pero le voy a
decir que vaya a los hospitales españoles y hable con los profesionales, con los médicos, con los pacientes y con los gerentes y verá cómo eso no es una realidad que obligue a todo el territorio y a todas las instituciones y, por lo tanto, no
garantiza unos cuidados paliativos de calidad en igualdad de condiciones. Si hay algo que, en mi opinión, da sentido al Gobierno de España en lo que tiene que ver con sus competencias en materia sanitaria, y no es fácil de ejercer -nosotros hemos
tenido experiencias en ese sentido y no siempre lo hemos conseguido-, es asegurar la igualdad de todos. No hay mejor manera de asegurar la igualdad de todos, y a veces ni siquiera así es posible, que hacer una ley que obligue a todos o que permita
a los ciudadanos exigir ese derecho para que no se aplique por un criterio particular de los profesionales que tengan una determinada ideología que module su responsabilidad como profesionales. Afortunadamente, las organizaciones profesionales nos
lo están demandando, lo están apoyando, y creo sinceramente que es tiempo, antes de que se agote esta legislatura, de dar satisfacción al conjunto de la ciudadanía española y hacer posible que el derecho a la muerte digna esté en la normativa legal
española.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Olmos.
Van a intervenir los grupos para fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Anticipo el voto afirmativo de Compromís porque no puede ser de otra manera. Las personas que hemos tenido familiares en esas circunstancias sabemos lo importante que es que se regule esto.
El objetivo de la medicina no es solo combatir la muerte sino luchar contra la muerte prematura y la muerte inoportuna, y cuando ello no es posible, evitar el dolor y el sufrimiento para permitir una muerte tranquila. Son palabras de Juan
Gómez Rubí, médico especialista en medicina intensiva; palabras sensatas tanto desde el punto de vista de un especialista en medicina como desde el punto de vista humano. Gómez Rubí fue una persona acostumbrada a convivir todos los días en esa
delgada línea que separa la vida de la muerte, una persona acostumbrada a convivir con personas que están en trance de cruzar esa frontera. Hoy hay nuevas realidades, nuevos dilemas a los que desde el Parlamento hemos de dar respuesta. No son
dilemas solamente médicos; son jurídicos, son éticos. Las personas tenemos derecho a decidir qué tratamientos estamos dispuestos a seguir y cuándo queremos que cesen. Forma parte de nuestra libertad y de nuestra autonomía personal. Un paciente
competente tiene el derecho de aceptar o rechazar los tratamientos médicos o de delegar su decisión a alguien que actúe en su propio nombre cuando él no lo puede hacer. La sociedad y los profesionales deben intervenir en este proceso inevitable, en
el proceso de la muerte y en las decisiones que desde el punto de vista médico deben adoptarse. Hoy no tiene sentido que una persona sufra dolor físico al final de su vida cuando existen remedios que pueden ponerse al servicio del bienestar del
enfermo terminal y de su familia, procurarle una mejor calidad de vida en esos difíciles momentos y, sobre todo, procurarle una dignidad que el dolor y el sufrimiento pueden arrebatarle. Urge, por tanto, regular estas realidades, porque lo que
vemos ahora es que hay respuestas diferentes según el personal médico que atienda al paciente, y urge no solo para salvaguardar el derecho de la persona ante el proceso final de la vida a tener cuidados paliativos que prevengan y alivien el dolor,
aunque ello suponga un acortamiento de la vida, sino también para salvaguardar a los profesionales que quieren respetar la voluntad del paciente, que, como decía el doctor Gómez Rubí, se esfuerzan cada día para evitar el dolor y el sufrimiento, para
permitir una muerte tranquila y digna.
Espero que hoy se apruebe esta iniciativa y ya en la próxima legislatura se aborde también, como ha dicho el ponente, con valentía el derecho a decidir el momento en que termina nuestra vida. Ojalá hoy a la hora de votar todos los diputados
y todas las diputadas tengan presente, por encima de dogmas, tres palabras simples, sencillas: libertad, respeto y, sobre todo, humanidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Por el Grupo Mixto también, la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy nos propone el Grupo Socialista debatir de nuevo el derecho de las personas ante el proceso final de la vida y ya anunciamos desde el Bloque Nacionalista Galego que vamos a votar favorablemente porque, aunque en los últimos
años se ha tratado este asunto en diferentes ocasiones, aún no se ha legislado adecuadamente, de manera que cuando una persona quiera ejercer su derecho a decidir sobre su vida en el momento que se enfrenta, por ejemplo, a un proceso de enfermedad
en fase terminal no tenga que enfrentarse a las grandes dificultades legales con las que se encuentra actualmente, que solo añaden angustia y dolor a la vida de una persona que ya no está en condiciones de soportarlo. Esto no lo decimos porque se
nos ocurra, porque sí, no solamente porque lo conocemos por familiares o personas del entorno que han sufrido estas situaciones, sino porque muchas veces en los medios de comunicación han trascendido circunstancias que a todos nos han parecido
dramáticas, algunas consiguieron su objetivo y otras sabemos que no ha sido así. Del mismo modo que sabemos que las dificultades, incluso desde el punto de vista legal -pueden acabar en un proceso, aunque finalmente puedan salir incluso absueltos-,
afectan a los facultativos, como fue la experiencia que ocurrió en la Comunidad de Madrid. Por tanto, apoyamos este texto, porque lo que se pretende con esta proposición de ley es justamente garantizar no solo que se pueda ejercer ese derecho, sino
que se den las mejores condiciones para que las personas, en los últimos días de su vida, como demandamos desde hace muchos años, puedan ejercer una muerte digna. Eso lo decimos todos cuando lo vemos de lejos, pero cuando lo vemos cerca parece que
no queremos afrontar la realidad. Por eso, vuelvo a repetir, vamos a votar favorablemente este texto.
Pero no queremos finalizar nuestra intervención, el poco tiempo que tenemos, sin hacer mención a algo que nos parece muy importante -el portavoz del Grupo Socialista también lo ha mencionado-, y es que se debe legislar en la dirección en la
que va la propuesta que hoy debatimos, pero también es necesario avanzar en la dirección de garantizar el derecho a las personas que quieren decidir sobre su vida o sobre su muerte, lo que es la muerte digna, por estar, como ha ocurrido en muchos
casos de personas que lo han solicitado, en graves situaciones de invalidez severa, etcétera; como dijo en su momento Ramón Sampedro, que ha sido un ejemplo en la lucha reivindicativa de este derecho, cuando una persona vive una vida que no es más
que una muerte en vida o una vida muerta. Por eso nosotros aprovechamos esta ocasión para volver a manifestar nuestra posición sobre la necesidad de legislar respecto de esta cuestión, para que estas personas puedan ejercer ese derecho a la muerte
digna.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Tiene la palabra ahora, también por el Grupo Mixto, la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señorías del Partido Socialista Obrero Español, reconozco que cuando leí el título de su proposición de ley para regular los derechos de la persona ante el proceso final de vida, por un momento, solo fue por un
momento, tuve la ligera esperanza de que el supuesto grupo progresista mayoritario de esta Cámara, es decir, ustedes del Grupo Socialista, pretendían regular la eutanasia. Me equivoqué, porque cuando seguí leyendo la exposición de motivos me di
cuenta de que ni tan siquiera se atreven a plantearla y que además lo que pretenden es copiar a sus amigos de la otra bancada, la del Partido Popular, invadiendo una vez más una competencia que ya está en manos de las comunidades autónomas. De
hecho, aseguran que la eutanasia es completamente ajena a los aspectos regulados en esta norma, y tampoco contemplan una posible alteración de la tipificación penal de esta actuación como forma de auxilio o inducción al suicidio, tal y como está
recogido en el Código Penal.
Probablemente, no descubro nada si digo que el deseo de todas las personas es ser felices; probablemente, también lo es, consciente o inconscientemente, el de aquella cuya vida se ha convertido en un infierno diario. El deseo de la muerte
no es más que la constatación cruel y dolorosa de que no se puede ser feliz con la vida que se tiene, de que no se puede vivir en dignidad. Afortunadamente, hay quien en situaciones similares desea continuar viviendo y lo aplaudo, pero esta
voluntad es única y exclusivamente una voluntad personal, es fruto de una decisión libre y personal. La existencia de este tipo de personas debe servir como estímulo para otras que están en su misma situación con el fin de alentarlas en su deseo de
vivir, pero nunca puede servir como excusa para negar el sufrimiento que padecen otras y su derecho de poner fin a su vida. Dejen de marear la perdiz y cojan el toro por los cuernos, dejen de regular lo que ya está regulado, hablemos no de la
voluntad de alguien de quitar la vida a alguien, sino de la voluntad de uno mismo a no querer seguir viviendo cuando las circunstancias de la vida son tan tristes que personalmente se determina que no es vida, así como de la necesaria complicidad
que requiere de otra persona para llevar a cabo en este caso su voluntad. Por ello -voy acabando, señor presidente-, la actuación de esta persona no es un acto cruel que deba ser penado por el Código Penal; por el contrario, es un inmenso, un
inmenso acto de amor, un inmenso acto de humanismo y de fidelidad hacia la persona que sufre. Hagamos, pues, un alegato a favor de la libertad individual de la persona, de una libertad que debe ser tan grande, tan grande como para incluir el
derecho a decidir sobre la propia vida y a la vez también sobre la propia muerte.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
En las últimas décadas los grandes cambios socioeconómicos, las mejoras globales en las condiciones de vida y los importantes avances técnicos y médicos, es decir, su creciente capacidad para curar enfermedades, paliar el sufrimiento y
prolongar la vida de las personas ha supuesto un aumento de la esperanza de vida, con el consiguiente envejecimiento de la población y aumento de las enfermedades crónicas e irreversibles. También ha cambiado el tipo de atención sanitaria y frente
a un modelo de relación médico-enfermo de carácter paternalista que ha existido hasta ahora, caracterizado por un total protagonismo del profesional sanitario, paulatinamente se ha ido abriendo paso un modelo de
responsabilidad compartida en el que la persona enferma participa cada vez más en la toma de decisiones en su proceso de curación, en su tratamiento o incluso en su final de la vida.
Asistimos igualmente a una mayor toma de conciencia y consideración de las necesidades de las personas en situación de final de la vida, es decir, de toda persona de edad muy avanzada o de aquella a la que se ha diagnosticado con certeza un
padecimiento avanzado, incurable, progresivo, que no responde a tratamientos específicos y que tiene una expectativa de vida limitada en el tiempo; y también de las necesidades de quienes padecen enfermedades incurables, degenerativas, muy penosas
y gravemente invalidantes. Vivimos, pues, en una sociedad abierta y avanzada, preparada para afrontar y resolver con total normalidad este tipo de situaciones. Y nosotros, como responsables políticos y también, en este caso como representantes de
un partido como el PNV (democrático, plural, participativo, aconfesional y humanista, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que mejoren la calidad de vida de las personas) consideramos necesario y oportuno
debatir abiertamente sobre estas cuestiones que afectan y afectarán a todos y cada uno de los ciudadanos, y estableciendo los principios, criterios y condiciones para garantizar desde la Administración una atención adecuada durante el proceso final
de la vida. Podemos limitarnos a lo que marca la proposición de ley o podemos avanzar más y adelantarnos a lo que irreversiblemente en algún momento llegará. En cualquier caso, mi grupo no tiene ningún inconveniente para ello: ni para debatir ni
para avanzar ni para tratar estas y otras cuestiones. Los tabúes se acabaron.
El Grupo Parlamentario Socialista nos presenta una proposición de ley básica, sensata en sus objetivos y acorde a las necesidades éticas y de dignidad de las personas, pero no aporta -dicho con todos los respetos- modificación alguna ni en
la legislación ni en la práctica habitual de los centros de salud y profesionales. No va más allá de lo que la legislación prevé y la práctica profesional sanitaria y los códigos éticos de los entornos sociosanitarios desarrollan en su inmensa
mayoría. Lo digo, no porque estemos en contra de lo que proponen -en absoluto, lo compartimos en sus objetivos centrales sin duda alguna y lo venimos desarrollando desde hace mucho tiempo, por lo menos en Euskadi-, sino porque el mismo grupo
parlamentario -el Partido Socialista de Euskadi o, digamos, su gente en Euskadi- ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento vasco con motivo de esta misma materia y en base a la necesidad de dar respuesta a una situación social y
sanitaria latente, en la que instan al Parlamento para que inste al Gobierno de España a modificar el artículo 143 del Código Penal para despenalizar el suicidio asistido. Mientras, ustedes en esta proposición de ley, señores del Grupo
Parlamentario Socialista, no plantean esta cuestión. Repiten más de una vez en la proposición que quede claro y meridiano que -abro comillas- la presente ley no contempla la posible alteración de dicha tipificación penal vigente -se refieren al
143- por lo que la eutanasia resulta una actuación completamente ajena a los aspectos regulados por esta ley. Estamos, por lo tanto, ante una proposición de ley que plantea establecer una legislación básica inexistente, aunque afortunadamente
desarrollada, por la vía de los hechos, en la mayoría de las comunidades autónomas.
Sin duda alguna, como decía Petrarca, un buen morir honra toda una vida. Más allá de las mitificaciones renacentistas, el ser humano, consciente de su naturaleza mortal, ha buscado el bienestar en la vida y seguramente ha desatendido el
buen final, dando por hecho que la agonía y el sufrimiento eran innatos al final de la vida. La evolución social y sanitaria, así como el deshacernos de la presión moral mal entendida, han hecho que dignifiquemos el final de la vida ante el
sufrimiento y el dolor.
Nosotros entendemos que el proceso del final de la vida debe ser atendido de forma integral e integrada por los equipos sociosanitarios que den respuesta a las necesidades físicas, psíquicas, sociales, emocionales y espirituales de todas las
personas afectadas. Para conseguir ese objetivo es fundamental, en primer lugar, la formación y capacitación de esos equipos profesionales en relación con el proceso de morir y del duelo. Tradicionalmente, la formación académica se ha centrado en
la curación como objetivo, lo que ha provocado que en muchos casos los profesionales carezcan de herramientas clínicas y personales para enfrentarse a situaciones en las que no es posible curar a la persona enferma. Todas las personas tienen
derecho a una atención paliativa integral desde el momento del diagnóstico de su enfermedad; atención que deberá ser profundizada e incrementada, a medida que los medios terapéuticos de la enfermedad de base no logren su objetivo curativo o que el
paciente vaya sucumbiendo a ella. Esta atención paliativa debe ser sin duda alguna universal y accesible, tanto en el ámbito sociosanitario como en el domicilio del enfermo. Por tanto, es necesario un análisis de las necesidades de los cuidadores
para que los cuidados se lleven a cabo sin merma de la calidad de vida de ninguna de las partes implicadas. La no iniciación de un tratamiento o la retirada de cualquier tratamiento, incluso de aquellos dirigidos al
mantenimiento de la vida, es un derecho de todas las personas. Esta decisión debe estar basada en la información tanto de los objetivos del tratamiento como de las alternativas existentes, y también de las consecuencias que dicha decisión
puede suponer para el enfermo y para su entorno.
En el caso de Euskadi podemos decir que todas las cuestiones que están planteadas en esta proposición de ley, que presenta el Grupo Socialista, se cumplen por la vía de los hechos. Del mismo modo, en el Parlamento vasco está en trámite en
estos momentos un proyecto de ley sobre la dignidad y los derechos de las personas en el final de la vida. Nosotros consideramos que las comunidades autónomas son las que, entre otras cosas, pueden y deben desarrollar un marco legislativo propio
para esta área. No tenemos muy claro lo que ustedes entienden por carácter puramente básico, y que el Partido Socialista trae aquí, aunque estamos totalmente de acuerdo con dos cuestiones: que todos deben tener esos derechos y que en todos los
lugares se deben aplicar o que no se deben poner cortapisas ni restricciones a esos derechos de los enfermos, y mucho menos aportando solamente el valor de la decisión de una de las partes.
Ante esta situación podríamos lanzar preguntas. ¿Cómo se debe atender de una manera integral y respetuosa, con su dignidad, a las personas que sufren lentas y penosas enfermedades degenerativas e incurables? ¿Es éticamente aceptable ayudar
a morir a una persona que así lo desea a causa de su tremendo sufrimiento? ¿A quién corresponde establecer qué es una muerte digna? ¿La prolongación de la vida es siempre un bien o en ocasiones se ha de ceder ante otras consideraciones médicas y
humanas? ¿Puede alargarse la vida a cualquier precio? ¿Es justificable la obstinación terapéutica o lo que es lo mismo, es éticamente aceptable reducir el esfuerzo terapéutico en determinados supuestos y dejar que una persona fallezca? ¿Tiene la
obligación el personal sanitario de sujetarse a la voluntad del paciente aun cuando esta contradiga su criterio profesional? Y si la tiene, ¿tiene derecho a la objeción de conciencia? Son preguntas que seguramente todos nos hacemos, y la parte
legislativa que el Grupo Socialista nos trae hoy como proposición de ley contiene elementos que para nuestro grupo no hay que tachar. Es más, con todos ellos estamos de acuerdo. Y vuelvo a reiterar que deberíamos dar un paso más y debatir de más
cosas porque hay más situaciones; quizás le podamos poner nombres como eutanasia, suicidio asistido, muerte digna, etcétera. La gente ha vivido y llega el momento en que tiene que morir. La calidad de vida es importante, pero hablemos también de
calidad de muerte. Hagamos que la muerte también tenga una calidad...
El señor PRESIDENTE: Señor Agirretxea, debe usted terminar.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Acabo, señor presidente, diciendo que estamos de acuerdo con los contenidos de la proposición del Grupo Socialista. Esperemos que algún día debatamos abiertamente todas estas cuestiones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Anuncio también al Grupo Socialista que mi grupo va a votar a favor de la toma en consideración de esta ley. Nos parece bien que haya una ley nacional que trate de estas cuestiones, de avances de derechos que tienen que ver no solo con la
duración de la vida sino, sobre todo, con su dignidad. Les agradecemos y reconocemos este avance hacia un jacobinismo bien entendido, entre comillas. Porque también es verdad, y le doy razón al señor Agirretxea que acaba de hablar antes que yo,
que hay leyes autonómicas como la vasca que contienen esto, incluso más contenido. No estamos hablando de un desierto legislativo, sino que en el campo autonómico en este caso, y eso de celebrar, hay modelos que podemos adoptar y extender como una
ley nacional, porque sí pensamos que esto es importante, es decir, que haya una igualdad de derechos de atención a salud en el conjunto del territorio nacional -ojalá en el futuro próximo de Europa-, y que esto no sea una cuestión que tenga que ver
con el puro azar de donde resida o haya nacido uno. Por lo tanto, está muy bien plantear esta discusión. Pero dicho esto, también les tengo que decir al señor Martínez Olmos y al Grupo Socialista que nos decepcionado un poco la propuesta que
hacen: se queda un tanto corta. Está bien, y la vamos a apoyar y presentaremos enmiendas en caso de que se acepte su tramitación, que haya una ley nacional de lo que en el fondo no deja de ser -en mi
opinión- una ley de cuidados paliativos avanzados. Eso está bien. Es importante regular de qué manera se trata con pacientes en situaciones finales, con sus familias en caso de que ellos no puedan expresarse. Está muy bien oponerse al
encarnizamiento terapéutico y a todas las situaciones paradójicas que son consecuencia de dos fenómenos que, por otra parte, son concomitantes: el crecimiento de la expectativa de vida y el avance de la medicina. La paradoja es que el avance de la
medicina ha llevado a que sea posible mantener con vida, pero con una vida en muy malas condiciones, a personas que probablemente preferirían no vivir en el caso de que tuvieran la posibilidad de expresarse y, sobre todo, de que hubiera un marco
legal que recogiera esa voluntad final como un derecho y que, por lo tanto, se ejecutara.
Todo eso está muy bien, es bueno que regulemos algo en lo que siempre estamos por detrás de la realidad, en este caso del avance de la medicina, de los tratamientos terapéuticos, pero solo atienden a determinados aspectos de lo que es la
vida y no a su totalidad. Porque mantener un cuerpo vivo no es mantener una vida digna. Eso es importante que esté regulado y que se haga algo para que la agonía, que es el final al que todos estamos abocados y que en griego clásico significa
lucha, no sea una lucha interminable y, además, una lucha interminable que acabe derrotando la dignidad de la persona que está luchando por su vida, pero a veces, en el mundo moderno, más que por su vida, por acabarla de una manera decente. Sin
embargo, les quería decir, dentro de nuestro apoyo a su proposición, que nos parece un tanto lamentable esta especie de huida de la discusión de fondo que hay aquí que es la de la eutanasia.
Dicen ustedes en la exposición de motivos que hay una gran confusión sobre lo que significa eutanasia. No. Es una discusión embrollada como todas. No creo que haya ninguna discusión importante que no esté embrollada por dimes, diretes,
opiniones y muchas veces absurdos y tonterías que se dicen, pero nadie duda de lo que es la eutanasia, aparte de su traducción literal de buena muerte en griego. La eutanasia es el suicidio asistido, y hay desde el punto de vista jurídico y legal
una discusión, que es ya antigua, sobre si el suicidio asistido debe aceptarse legalmente en su forma activa o pasiva. En Europa hay tres países que han regulado ya, y con un éxito notable, el suicidio asistido activo. Es decir, el hecho de que
una persona decida morir, haga un testamento vital en condiciones y sea asistida por personal sanitario y el que la haga falta para morir dentro de una decisión suya personal, sin que las personas que le ayuden a suicidarse sean perseguidas por las
instituciones. Hay otros países como Alemania que tienen también regulado el suicidio asistido pasivo, que no es otra cosa que renunciar a tratamientos que prolongan la vida. Todos sabemos, y negarlo sería hipocresía, que en España el suicidio
asistido pasivo se practica habitualmente, porque un tratamiento sedativo o el retirar determinados tratamientos hace que la vida se acorte y que la persona que es paciente deje de serlo para morir en paz. Esto es lo que realmente importa, esa es
la discusión. El que hagamos una ley nacional de cuidados paliativos -es algo muy digno de celebrar- tomando los mejores ejemplos autonómicos para el conjunto, está muy bien pero es muy insuficiente porque esta ya no es la discusión. Y menos en
una sociedad en la que cada vez hay más personas que viven solas, hay más familias monoparentales, se prolonga más la esperanza de vida y además hay más personas informadas que saben lo que quieren. El no asumir la discusión de fondo, como digo, no
tiene que ver con si el médico puede o no puede hacer algo que prácticamente hoy en día nadie, que no sea un carnicero, recomienda que es el encarnizamiento terapéutico para mantener con vida como sea a una -para decirlo coloquialmente- piltrafa
humana.
Es como discutir -imaginen ustedes que han sido en esto también un partido que ha hecho una buena labor, que reconocemos-, del matrimonio igualitario gay; es como si estuviéramos hablando de despenalizar la homosexualidad. Eso ya se ha
pasado, ahora hay que hablar de lo actual; y lo actual es: vamos a hablar de la eutanasia. ¿Queremos una ley de eutanasia que reconozca y regule -porque siempre estamos hablando de regulación legal, para que no haya abusos- el suicidio asistido
activo o no la queremos? ¿Nos quedamos en el pasivo? De todas maneras, en un debate que hubiera sobre esto se podría hablar de hasta qué punto hay una cierta reserva mental a lo que en el fondo no deja de ser una decisión personal, ¿o no?
En su exposición de motivos dicen ustedes -ponen muchísimo énfasis en eso y me sorprende- que quede claro que todo esto no tiene nada que ver con la eutanasia. ¡Claro que tiene que ver! ¡Si es de lo que están hablando! Solo que evitan la
cuestión porque por lo visto les parece todavía un tanto peligrosa de tratar. No, demos un paso adelante. Los cuidados paliativos son una cosa importantísima, regulémoslos por ley, que sea un derecho para toda persona que pase ese trance -por
supuesto que sí-, pero no rehuyamos, no tengamos miedo a hablar de las cosas, de su contenido y de su significado. Vamos a hablar de una vez y a tratar de regular la eutanasia en España, es decir, el suicidio asistido a partir de una decisión
personal, suficientemente contrastada, libre y bien documentada. Y después decidamos en qué
condiciones lo podemos hacer. Hay países, como decía antes, que ya lo han hecho, luego tenemos experiencias de las que aprender. Pero no rehuyamos la cuestión, no digamos: No se preocupen ustedes, porque esto no tiene nada que ver con la
eutanasia; solo tiene que ver con esto.
Tenemos una sociedad madura. Una de las cosas magníficas que han pasado en España -los historiadores del futuro lo reconocerán- es un cambio de mentalidad impresionante, como no ha habido en ningún otro país del mundo occidental, que ha
sido pasar de una sociedad ultraconservadora en materia de moral y de derechos personales a una sociedad sumamente tolerante. Ese es el ambiente político y social adecuado para hablar de estas cuestiones. Si no, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿O
seguiremos cultivando la desigualdad y que quien pueda pagárselo tenga un tratamiento médico privado que le dé derecho a la eutanasia y quien esté abocado al sistema público no, porque no hay una ley que le ampare? Porque eso sería el resultado de
una ley nacional que no abordara la cuestión de fondo. Esta es la cuestión. Esto no es una situación distinta de la interrupción del embarazo o del matrimonio homosexual o de otras discusiones que son un tanto recurrentes en las que al final, en
general y por fortuna, se ha ido imponiendo la posición más favorable a los derechos de las personas y a la seguridad jurídica. Porque lo que tenemos que hacer es una ley que dé seguridad jurídica a todo el mundo: a los individuos afectados, es
decir a los pacientes -como dicen en el lenguaje sanitario-, y al personal sanitario o de apoyo terapéutico, psicólogos, abogados que estén auxiliando a alguien en ese trance. Eso es lo que realmente importa. Si ustedes creen que en España la
gente no está preparada para discutir de eutanasia tienen el reloj muy atrasado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, presidente.
Señorías del Grupo Socialista, señor Martínez Olmos, en marzo de 2012 mi grupo parlamentario trajo a debate una proposición de ley que trataba de poner sobre la mesa, sin eufemismos de ningún tipo, el derecho a morir con dignidad. Nosotros
en aquel momento, y también hoy, consideramos que hay que afrontar con valor y decisión política las modificaciones legales para que cualquier persona, en algún momento de su existencia, pudiera racionalmente acortarla y ahorrarse padecimientos
agónicos innecesarios. Estoy segura de que todos ustedes recordarán la brillante y emotiva intervención de mi compañero Ricardo Sixto. Es lamentable que los condicionantes religiosos -muy respetables, pero pertenecientes a la vida privada-
condicionaran el voto. Señorías del Grupo Socialista, les recuerdo que ustedes votaron en contra; no tuvieron valor político para abrir un debate y escuchar la opinión la gente, de esos que usted, señor Martínez Olmos, dice muy acertadamente que
sufren y padecen las consecuencias de que no haya una ley como la que nosotros trajimos aquí en su momento. En junio de ese mismo año ustedes presentaron una iniciativa semejante a la que hoy vamos a votar. Fue entonces mi compañero Gaspar quien
les manifestó que ustedes, ante nuestra iniciativa, no habían querido asumir -insisto- el reto y seguían empleando eufemismos para evitar o eludir cuestiones que la gente en la calle tiene claro y sobre las que se muestra a favor.
Señorías, la gente, los ciudadanos, están a favor de tener una muerte digna o una buena muerte, que es, como ustedes reconocen en su exposición de motivos, lo que significa eutanasia, aunque estamos de acuerdo en que la gente también lo
considera como suicidio asistido o suicido pasivo. Como ya se les dijo en junio de 2012, no somos vengativos y vamos a seguir sin serlo y, por lo tanto, votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Sí vamos a denunciar
hoy como ayer el tabú existente para hablar sobre un proceso tan natural como es la muerte. De nuevo parece que hablar clara y llanamente sobre el derecho de toda persona a una muerte digna es un tabú difícil de soslayar y, por ello, es obligado
utilizar títulos eufemísticos que esconden detrás lo que le estamos diciendo en este momento y que otros intervinientes también le han dicho. Hoy como ayer se elude hablar de eutanasia, del derecho de la persona a decidir sobre cómo y de qué manera
quiere vivir. Sigue faltando valor para llamar las cosas por su nombre y adoptar las reformas legales pertinentes. Tiene razón, señor Martínez Olmos, los ciudadanos lo exigirán pero nosotros, una vez más, habremos llegado tarde.
Esta diputada que les habla era en 2005 diputada de la Asamblea de Madrid y recuerdo -es difícil de olvidar- lo acontecido en ese año, concretamente un 11 de marzo, primer aniversario de los atentados en Madrid. Como les digo, es difícil de
olvidar la llamada del entonces consejero de Sanidad de la Comunidad comunicando que en el Hospital Severo Ochoa de Leganés se habían detectado -presten
atención, señorías, por la barbaridad- 400 homicidios. No era verdad, pero el estigma y el ataque encarnizado que se emprendió contra los profesionales del centro ha permanecido. Nadie -insisto- nadie, pidió perdón, nadie dijo me he
equivocado. Entonces se instaló el temor entre los profesionales y, desgraciadamente, ese temor persiste. Nos parece bien que la propuesta que se trae esta tarde proteja y regule el derecho de la persona a decidir sobre si quiere o no continuar
sometida a tratamientos dolorosos que no van a mejorar su situación. Como han dicho otros intervinientes, ya se está haciendo en algunas comunidades autónomas, aunque no es menos cierto que en otras la denominada objeción de conciencia prevalece
sobre el derecho de la persona a morir dignamente.
Señoría, también le digo, como otros intervinientes ya han hecho, que a esta iniciativa le sigue faltando algo, se sigue quedando coja. Volvemos a tener la sensación de que los sectores más dogmáticos y sectarios de nuestro país, aquellos
que nunca entenderán del derecho a morir dignamente como no entienden del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, someten la voluntad de los políticos a la hora de elaborar leyes o propuestas que reflejan la realidad de muchos seres
humanos. Aquellos que constantemente dicen defender la libertad del individuo, parece que no la tienen en cuenta cuando se habla de estos asuntos. Defienden su libertad de elección, pero solo para cuestiones económicas; sin embargo no tienen
ningún problema en entrometerse e intervenir en la vida privada de las personas, en el ámbito de sus decisiones más íntimas, donde solo cada uno de nosotros es capaz de elegir. Y lo hacen en nombre de creencias y convicciones que, como ya he
señalado, son íntimas y personales, pero que constantemente tratan de imponer a los demás. Ya es hora que todos los políticos de esta Cámara nos neguemos a seguir ese tipo de cuestiones. Aquí no legislamos para una parte de la sociedad, legislamos
para toda la sociedad, para una vida digna de toda la sociedad, y no lo que unos pocos quieran. Estamos hablando de respeto, de humanidad, de libertad, de dignidad. Nadie -insisto, nadie- tiene derecho a decir a los demás cómo tienen que acabar
sus días cuando el dolor y/o la enfermedad los hacen insoportables. Esa decisión es personal y, como tal, es intransferible. Todas y todos queremos y deseamos que el final de nuestros días sea lo más tranquilo y sereno posible. Cuando oímos que
una persona ha fallecido mientras dormía, anhelamos que cuando llegue el momento de nuestra muerte esta sea similar.
Señorías, permítanme que finaliza con lo que mis compañeros Ricardo y Gaspar dijeron al respecto hace ya tres años: Una iniciativa completa sobre el buen morir o sobre el trance final de la vida consecuentemente lleva y llega a la
eutanasia. Ténganlo todos ustedes en cuenta. La pregunta de hoy es la misma que la de antaño: ¿vamos a asumir alguna vez el conjunto del proceso final de la vida como derecho? ¿Lo vamos a hacer? Insisto en que -lo decían ustedes y nosotros lo
reiteramos- los ciudadanos lo harán, y nosotros, una vez más, como legisladores es probable que hayamos llegado tarde.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señor presidente.
Señorías, Convergència i Unió considera que esta proposición de ley, reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, en estos momentos es innecesaria, como ya dijimos aquí en junio de 2012 en el debate que tuvimos
acerca de esta misma proposición no de ley. Voy a explicar por qué. No es porque discrepemos del contenido, porque estamos completamente de acuerdo y suscribimos casi todo, salvo pequeños matices. Si pudiéramos debatir esta proposición de ley y
hacer enmiendas probablemente modificaríamos algunos artículos, pero en general estamos de acuerdo con su contenido. Entonces, ¿por qué digo que es innecesaria? Porque la capacidad para regular estas leyes está en los parlamentos autonómicos. En
Cataluña tenemos en marcha esta ley, que está funcionando bien; en estos momentos se está haciendo una revisión del testamento vital y como poder hacerlo más accesible a todo el mundo. Esta norma es autonómica. Otras comunidades autónomas también
la tienen, como el País Vasco -lo ha dicho el compañero del Partido Nacionalista Vasco-, Andalucía o Navarra. Las personas que creemos en los parlamentos autonómicos y en las comunidades autónomas pensamos que es allí donde tendrían que
desarrollarse estas leyes. Dicho esto, también digo que no nos vamos a oponer a esta tramitación. Nuestro grupo parlamentario se va a abstener por este tema competencial. Como he dicho, con el contenido estaríamos de acuerdo, pero consideramos
que tenemos que ser más respetuosos con el tema competencial y que no hace falta volver a legislar sobre lo que ya hay.
Quería hacer unos pequeños comentarios, pequeños comentarios que ya se han producido antes de que me tocara el turno de palabra. Tengo que decir que trayendo aquí esta proposición no de ley ahora,
al final de la legislatura -se lo dijimos en el mes de junio de 2012, cuando volvimos a hablar de este tema-, corremos el riesgo de que se abra un debate, desde nuestro punto de vista innecesario, entre opciones políticas polarizadas que
introduzcan más confusión a los profesionales y a los propios pacientes. Debemos tener en cuenta que la proposición de ley entra en la regulación de materias y competencias que las comunidades autónomas tienen transferidas y que deben gestionar con
recursos propios, que recoge como garantía del ciudadano prestaciones cuya eficacia dependerá de muchos factores -factores económicos de priorización de recursos- y que además puede comprometer acciones que no dependen de la voluntad de este
Parlamento español.
Algunas de las acciones que habría que trabajar como alternativa a esta ley estarían relacionadas con garantizar una cartera de servicios sanitarios homogénea en todas las comunidades autónomas, el establecimiento de ratios de recursos
sanitarios y profesionales, garantizar la práctica asistencial basada en la mejor evidencia científica disponible, formar a los profesionales en cuidados paliativos y garantizar el cumplimiento de la normativa ya existente en relación con la
autonomía del paciente y los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Existe una estrategia de cuidados paliativos, estrategia que se revisó en el año 2010; además, recuerdo que en la primera comparecencia del
ministro actual en Comisión yo aludí a que era necesario volverla a revisar y potenciar. Este año, el Día Mundial del Cáncer, la Asociación Española contra el Cáncer nos recordaba lo importante que era poner en marcha esa estrategia de cuidados
paliativos en todas las comunidades autónomas, que en unas funcionan bien y en otras no tan bien, como también nos recordaba la importancia de la creación de cuidados paliativos pediátricos.
Tal y como digo, nosotros no tenemos nada que añadir al contenido de esta proposición de ley. Si traemos aquí la ley vigente en Cataluña verán que es muy parecida, quizá un poco más amplia, adaptada a la realidad y a las necesidades
sociales que hay en Cataluña en estos momentos. Además quiero decir que fue un senador de Convergència i Unió, compañero de partido, el señor Jaume Cardona, el que trajo al Senado la Ley de Autonomía Personal nacional, actualmente en vigor. Lo
recuerdo con mucha emoción porque cuando trajo al Senado la proposición para hacer lo que hoy es la Ley de Últimas Voluntades él era ya un enfermo terminal, falleció poco después de aprobar esa ley y lo hizo con mucho orgullo y con mucha dignidad.
Esa ley, que ya cubre todo el territorio nacional, creemos que si se desarrollara y se hiciera cumplir cubriría estupendamente todo lo que esta proposición de ley nos viene a decir. Y me dirán ustedes que si hay invasión de competencias, si la
considero innecesaria, ¿por qué no voto en contra? Pues porque nos parece que si en alguna comunidad autónoma no se hace, las personas están por encima de todo y tienen derecho, al final de la vida, a que en esos momentos sean respetuosos con
ellos, no se encarnicen con ellos con medidas terapéuticas innecesarias, tienen derecho a no tener dolor, a afrontar la etapa final de la vida con el máximo de dignidad. Eso nos parece importante y, por lo tanto, en esta proposición de ley nos
vamos a abstener.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.
Por el Grupo Popular tiene la palabra don Ovidio Sánchez.
El señor SÁNCHEZ DÍAZ: Señorías, salgo a defender la posición del Partido Popular sobre la proposición de ley que ha defendido el señor Martínez Olmos. Se trata de la misma iniciativa que ya defendió en 2012 y con los mismos argumentos.
El señor Martínez Olmos tiene una buena dialéctica, porque él piensa lo que vamos a decirle nosotros y nos va contestando en su intervención. En vez de presentar la ley y sus bondades, habla de nosotros, de la Iglesia y de no sé qué más
cuentos chinos. Yo estaba escuchándole -seguramente usted no sabía que iba a intervenir yo- y pensaba: ¡Pero de qué está hablando! (Rumores). Señorías, en esta Cámara estamos absolutamente todos de acuerdo en la muerte digna; ese no es ningún
debate nuevo. Ya en 2002, en la época de Ana Pastor, se hizo una Ley de Autonomía del Paciente de la que van deviniendo en las comunidades autónomas otras leyes para evitar precisamente ese sufrimiento absolutamente innecesario y para dar dignidad
en el momento de la muerte. Todos nuestros enfermos tienen una gran dignidad y en ningún momento podemos aceptar expresiones como la de piltrafa humana. Ni en las peores circunstancias podemos aceptar eso de tratar a nuestros enfermos como
piltrafas humanas, expresión que hoy se dijo aquí y que espero que no conste o que se corrija en el 'Diario de Sesiones'. Por tanto, partimos de una gran unanimidad en los sentimientos.
Después, ustedes cogen el atajo diciendo que esta es una ley fundamental, extraordinaria, respecto de la que existe un clamor popular. La pregunta es: ¿Por qué no la hicieron ustedes? ¿O es que la dignidad de la muerte humana es algo de
ahora? ¿No había dignidad cuando gobernaban ustedes? Porque en 2010 el señor Rubalcaba anunció que iban a hacer una ley sobre la muerte digna. Llegó 2011 y no la trajeron, y después dijeron que no la pudieron traer porque se disolvieron las
Cortes. ¿No tuvieron tiempo en ocho años para hacer una ley? ¿O es que estamos hablando de otra cosa, una especie de mitin preelectoral para que afloren sentimientos en lo más profundo de las personas que puedan provocar enfrentamientos? No nos
encontrarán ahí; este tema es absolutamente importante. Por tanto, nosotros le decimos lo que ya le dijeron otros intervinientes, y es que en Andalucía ya existe la misma ley que usted plantea, como en Cataluña -acaban de decírselo-, en Navarra o
en Valencia, y en Galicia se aprueba el lunes por unanimidad de todas las partes. Por otro lado, y dentro de la estrategia de los cuidados paliativos, tenemos la certeza de que todas las comunidades autónomas están trabajando en la línea de
procurar la muerte digna y de evitar el sufrimiento. Por tanto, como le han dicho anteriormente, es una ley innecesaria. Afortunadamente, hoy está cubierta esta necesidad; todas las comunidades autónomas están sensibilizadas al respecto y además
tienen competencias para ello. Y le digo otra cosa, señor Martínez Olmos, no utilicen estos temas para llevarlos a la campaña electoral ni para coger atajos, porque no nos encontrarán ahí. Nos encontrarán con los enfermos y haciendo que su
sufrimiento sea el menor posible, y todas las comunidades autónomas trabajan en esa línea.
En consecuencia, nosotros no vamos a apoyar su iniciativa, pero no porque no compartamos esta cuestión, sino porque tenemos la certeza y la tranquilidad de que eso ya se está haciendo y de que afortunadamente todos nuestros enfermos tienen
una gran dignidad y los cuidados que hacen falta para no sufrir innecesariamente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA POSIBILITAR QUE LOS TRABAJADORES PUEDAN INICIAR UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO PARA LA EXTINCIÓN DE SUS CONTRATOS, CUANDO EL EMPRESARIO NO DÉ COMIENZO AL PROCEDIMIENTO Y SE
VEAN PERJUDICADOS POR ELLO. (Número de expediente 122/000150).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para posibilitar que los trabajadores puedan iniciar un expediente de regulación de empleo para la extinción de sus contratos, cuando el
empresario no dé comienzo al procedimiento y se vean perjudicados por ello.
Para presentar esta iniciativa tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, presentamos una proposición de ley de una factura muy simple, pretendemos modificar el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores introduciendo un nuevo apartado 12 y, al hilo de esa modificación del Estatuto de los Trabajadores,
modificar el artículo 108 de la Ley General de la Seguridad Social. Por tanto, en términos estrictos es esta la reforma que planteamos y con ella pretendemos corregir una situación que se resolvió mal en la reforma laboral de 2012. En el contexto
de la desaparición del control administrativo de los expedientes de regulación cayó también la posibilidad de que los trabajadores pudiesen instar un expediente de regulación, una situación que ha provocado durante estos años de vigencia de la norma
situaciones duras para trabajadores empleados en empresas en situación de crisis. Se trata de empresas no solventes, que no están pagando sus salarios a sus trabajadores pero que al mismo tiempo no les despiden, no inician un expediente de
regulación de empleo con las consecuencias que eso tiene para esos trabajadores, unos trabajadores que ni cobran salario, ni pueden cobrar prestación por desempleo, ni pueden recibir la correspondiente indemnización y además las vías legales que
tienen para poder acceder a esa protección son difíciles, complejas y dilatadas en el tiempo. (La señora vicepresidenta Montserrat Montserrat ocupa la Presidencia).
En los distintos reales decretos que durante esta legislatura en materia laboral se han ido tramitando, Convergència i Unió ha planteado enmiendas para intentar corregir esta situación y no hemos encontrado, por desgracia, el apoyo del Grupo
Popular para poder resolver esta cuestión. Finalmente, en febrero de 2014, decidimos presentar esta proposición de ley para intentar resolverla. Y decía al principio de mi intervención que es una proposición de ley de factura simple porque
hablamos de unas modificaciones
muy puntuales del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley General de Seguridad Social que podrían permitir en las semanas, meses escasos que nos quedan de legislatura, poder resolver esto si existe voluntad política. Escucharemos con mucha
atención los argumentos del Grupo Popular en esta cuestión, especialmente si son favorables a la toma en consideración, pero también los escucharemos si no lo son porque nos parece que no estamos estrictamente frente a una controversia de carácter
político, ideológico, de modelo de relaciones laborales, sino frente a la necesidad de resolver situaciones reales que se dan en nuestra economía y en nuestra sociedad. Es más, el origen de esta iniciativa de Convergència i Unió está situado en el
caso de una empresa de Sabadell en el inicio de esta crisis, cuando los trabajadores nos manifestaron la situación que estaban viviendo, lo cual provocó algunas iniciativas de nuestro grupo parlamentario frente a la autoridad laboral y también en el
seno de la Cámara con las correspondientes preguntas. Y esa actuación, junto con la actividad de los representantes de los trabajadores, llevó a que la empresa finalmente iniciase un expediente de regulación de empleo para resolver esa cuestión.
Me gustaría que el Grupo Popular hiciese un esfuerzo de comprensión sobre la cuestión de fondo y que fuésemos capaces de resolverla.
Decía también que es un debate -el de la proposición de ley- relativamente simple y que estoy seguro de que va a suscitar en las señorías que van a intervenir después de mí un debate sobre el estado del mercado de trabajo en España en estos
tiempos y sobre las consecuencias de la reforma laboral aprobada en 2012 junto con el resto de reformas que se han aprobado. Por tanto, también aprovecho esta intervención para enmarcar esta iniciativa en ese contexto de tres años de vigencia de la
reforma laboral del año 2012, en el que podemos constatar un hecho que es positivo así como los claroscuros que existen en esta materia. El hecho positivo, que difícilmente es discutible, es que en el contexto en el que estamos instalados con menor
crecimiento económico se está creando más empleo. En el caso concreto de Cataluña venimos de veintitrés meses de recuperación de empleo y disminución del desempleo. Por tanto, respecto al inicio de la legislatura, el cambio de tendencia es
indiscutible. Ahora bien, somos plenamente conscientes de que en ningún momento esa dinámica puede permitir una visión ni optimista ni grandilocuente sobre el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo. Hoy continuamos con 3 millones de empleos
menos de los que existían antes del inicio de la crisis, no antes de esta legislatura, y con cerca de 300.000 puestos de trabajo menos de los que existían antes de la aprobación de la reforma laboral. Por tanto, en el terreno del empleo el camino a
recorrer continúa siendo infinito. Además, somos conscientes -a nadie se le puede escapar porque ha sido objeto de discusiones en la Cámara en los últimos meses- de que una parte no menor del empleo que se está creando es empleo precario. En esa
visión de que con menor crecimiento más creación de empleo debemos decir que tenemos un problema de calidad de empleo y que han aparecido realidades nuevas que no conocíamos en nuestra sociedad, como las que conforman aquellas personas que, teniendo
empleo, con el sueldo que ganan trabajando no pueden permitirse una vida suficiente y digna. Es lo que se conoce como trabajador pobre. El planteamiento sobre cómo debemos abordar en los próximos tiempos -ya no seguramente en esta legislatura,
pero sí en la próxima- las cuestiones del mercado de trabajo, de la cantidad -el empleo que necesitamos- y de la calidad del empleo -el tipo de empleo que necesitamos- va a continuar siendo fundamental. En un momento en el que el debate sobre las
desigualdades se ha instalado en todos los países avanzados, incluido el Estado español -estos mismos días se ha hecho público otro informe del Fondo Monetario Internacional que aborda la cuestión de las desigualdades-, en nuestro caso esta cuestión
está vinculada -no en exclusiva, pero sí mucho- al funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, con tasas de desempleo que superan el 20 % y con ese empleo de una insuficiente calidad es evidente que tenemos un problema.
Hemos dicho en distintas ocasiones, tanto en esta legislatura como en aquella en la que gobernaba el Partido Socialista, y mi grupo se reafirma en ello, que España que empezó a hacer frente a esta crisis económica con un sistema de
relaciones laborales no suficientemente preparado para abordar la situación que estamos viviendo y el resultado fue la destrucción de millones de empleos: un sistema de relaciones laborales que no daba suficientes alternativas a las empresas para
evitar su destrucción. Hemos de recordar que una parte muy significativa del empleo destruido no ha sido empleo destruido exclusivamente por el despido llevado a cabo por las empresas, sino debido a aquellas empresas que pierden a todos sus
trabajadores. Además, la recuperación de la capacidad de competir de la economía española exigía un ajuste salarial ante la falta de alternativa de la devaluación de la moneda. Mi grupo ha citado -y lo vuelve a hacer hoy- a Paul Krugman, que
cuando analizaba la situación económica española en 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, nos advertía de que no teníamos demasiadas alternativas: no podíamos devaluar la
moneda y la mejora de la competitividad pasaba por ese ajuste salarial. Es cierto que ese ajuste salarial ha sido, en términos equitativos, concentrado en los salarios más bajos y en los desempleados y, por tanto, la percepción de la
sociedad es que los costes de la crisis no se han repartido de manera igualitaria. Señorías, eso va a obligar en los próximos tiempos, en un momento de recuperación de la economía, de crecimiento económico, a plantear sí o sí que el crecimiento
económico debe distribuirse de mejor manera y que nuestras políticas económicas y laborales deben incorporar esa dimensión de un crecimiento económico que sea capaz de distribuir mejor y evitar las desigualdades, es decir, un crecimiento más justo.
Vamos a ver en la próxima legislatura cómo somos capaces, sobre el marco de relaciones laborales existente y en función de las correlaciones de fuerzas políticas que se produzcan en el Congreso de los Diputados, de establecer nuevas
realidades. Algunos se han comprometido a derogar la reforma laboral del año 2012; otros quizá se van a comprometer a modificar el conjunto de reformas laborales que se han producido en los últimos cuatro o cinco años; otros vamos a ser
partidarios de que nuestro mercado de trabajo sea capaz de mantener aquella flexibilidad que nos exige competir en la economía global porque no es imaginable creer que los mercados laborales más rígidos son aquellos que garantizan mejor el empleo.
Es bueno analizar las reformas que se están produciendo en los otros dos grandes Estados de Europa donde gobierna el centro izquierda. Hoy mismo Le Monde llevaba en portada el informe que el Gobierno francés ha encargado en esta materia. En Italia
hace muy pocas semanas el Gobierno Renzi ha aprobado una reforma en el mercado de trabajo. Sería bueno que fuéramos capaces de mantener la lógica de un sistema laboral que sea flexible, que dé instrumentos a las empresas para adaptarse a las
necesidades del mercado de trabajo, pero, al mismo tiempo, que fuéramos capaces de recuperar la concertación social y los acuerdos entre empresarios y trabajadores para gobernar nuestro sistema de relaciones laborales. Hemos dicho que el reciente
acuerdo de los interlocutores sociales en materia salarial es un buen acuerdo que va en la dirección de aquello que toca. Es evidente que en la próxima legislatura habrá que reforzar la capacidad de la negociación colectiva para dar respuesta a las
cuestiones planteadas. La cuestión principal de la que mi grupo discrepó en la reforma aprobada en el año 2012 fue precisamente la primacía del convenio de empresa. Fue la principal discrepancia que tuvimos con el Gobierno en esa reforma. Somos
más partidarios de un sistema coordinado de negociación colectiva y creemos que eso puede favorecer a las pequeñas y medianas empresas. Pero es evidente que nuestro mercado de trabajo en la próxima legislatura deberá continuar haciendo frente a un
fenómeno que en los últimos quince o veinte años -también esta legislatura- no hemos terminado de resolver, que es el fenómeno de la dualidad de nuestro mercado de trabajo. Es cierto que hoy tenemos menos temporalidad de la que hemos tenido en los
momentos récord de temporalidad de nuestro mercado de trabajo -quiero recordar que en los noventa llegamos a estar al 35 % de temporalidad y estamos en el 24 %-, estamos mejor que entonces, pero no podemos decir que estemos bien ni que la
temporalidad que tenemos es fruto estrictamente de la composición de nuestro tejido productivo. Mi grupo lleva un cierto tiempo insistiendo en que la respuesta a eso, entre otras cuestiones, tiene que ver con ser capaces de incorporar a nuestro
mercado de trabajo lo que hemos conocido coloquialmente como el modelo austríaco, un mecanismo que articule de manera distinta la indemnización por despido, evitando las incertidumbres y los costes que el actual sistema configura sobre todo para las
pequeñas y medianas empresas y sin hacer perder ningún derecho a los trabajadores. Habrá que avanzar en la simplificación de contratos. Mi grupo no comparte el entusiasmo de otros grupos de la Cámara por el contrato único, pero sí la necesidad de
simplificar la contratación. Habrá que ir a un incremento sustancial del salario mínimo para garantizar mejores salarios. Habrá que ir hacia una revisión de la fiscalidad del trabajo. Habrá que ir a una mejor cobertura de desempleo, especialmente
para los mayores de cincuenta y cinco años sin ningún tipo de perspectiva, y habrá que abordar a fondo el funcionamiento de las políticas activas de empleo, la gran cuestión pendiente de esta legislatura en la que el Gobierno ha optado por un
recorte de las políticas de empleo que ha hecho que esa reforma que introdujo flexibilidad no fuese acompañada de la seguridad para la reincorporación al mercado de trabajo de los trabajadores.
Señorías, nos quedan aún semanas de plenos, pero es bueno que empecemos a mirar más allá de esta legislatura y que seamos capaces de empezar a ponernos de acuerdo sobre cómo podemos hacer frente a las cuestiones de fondo del empleo, que son
relevantes, que son fundamentales y que, hoy por hoy, continúan sin respuesta.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas, gracias, señor Campuzano.
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y en su nombre tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, he de reconocerles que no consigo salir de mi asombro. Cuánto más leo la proposición de ley de Convergència i Unió, más estupefacción me produce. Creo que ustedes lo podrán entender porque supongo que recordarán que CiU es, entre
otras cosas, corresponsable, coautora del problema que, ahora dicen, nos quieren resolver. No en vano fueron sus votos y los del Partido Popular los que aprobaron la reforma laboral del año 2012 que, entre otras cosas, suponía la desaparición de la
autorización administrativa previa en los expedientes de regulación de empleo. Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a rectificar y Convergència i Unió también, pero, ¿de verdad, de verdad, Convergència i Unió rectifica hoy o pretende aún
remachar más el clavo? Porque, no sé si se han dado cuenta ustedes que lo que plantea el Grupo de Convergència i Unió, lejos de mejorar los derechos de los trabajadores, si se aprobara, los debilitaría de manera sustancial. Voy a intentar
explicarlo durante mi intervención, pero antes no puedo dejar de recordar, para aquellos que utilizan la desmemoria como arma política, lo que ha pasado durante esta legislatura y más concretamente con la reforma laboral aprobada con los votos de
Convergència i Unió. Lo que ha pasado, entre otras cosas, es que ha desaparecido la autorización administrativa previa prevista en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que obligaba a las empresas a un determinado procedimiento cuando
querían rescindir de manera colectiva los contratos de trabajo por causas económicas, tecnológicas, productivas u organizativas. Quiero recordar que eso -vuelvo a insistir- se hizo de manera concertada entre el Partido Popular y Convergència i
Unió, y no con poco entusiasmo por parte del grupo del señor Campuzano. El resultado de ello, se diga lo que se diga, ha sido una fuerte precarización de las condiciones de trabajo, e incluso los contratos que algunos dicen que ha creado la reforma
son cada vez más precarios, pero sobre todo ha debilitado la situación de los trabajadores en su relación laboral porque ha debilitado el papel de las organizaciones sindicales y ha desequilibrado todos los procesos de participación y negociación
que, en definitiva, es el gran objetivo oculto de esa reforma laboral porque lo que trataba era de imponer una depreciación salarial, pero no coyuntural para salir de la crisis, sino de manera estructural. Ese es, sin duda, el verdadero objetivo y
eso lo han conseguido; es un éxito de la reforma laboral del Partido Popular y Convergència i Unió.
Uno de los mecanismos utilizados por los artífices de la reforma laboral para debilitar la posición de los trabajadores y sus representantes en los sindicatos ha sido la desaparición de la autorización administrativa previa por parte de la
autoridad laboral. Recuerden, señorías -los que no hayan perdido de manera deliberada su memoria-, que esta era una reivindicación largamente perseguida por los poderes económicos de este país; de hecho, desde el mismo momento de la aprobación del
Estatuto de los Trabajadores en el año 1980, siempre, de manera reiterada, el objetivo de los poderes económicos ante cualquier posibilidad de una reforma laboral dentro del programa máximo de la derecha y de esos poderes económicos era la
desaparición de esa autorización administrativa. Y al final lo consiguieron en el año 2012; lo consiguieron aprovechando el impacto de una profunda crisis económica, el tener seis millones de personas desempleadas, lo cual genera una situación de
miedo y claramente desfavorable para esos trabajadores. Y, por supuesto, después de haber debilitado de manera evidente la capacidad de intervención y el poder de las organizaciones sindicales. En ese sentido, no tengo ningún problema en decir que
el Partido Popular y Convergència i Unió aprovecharon de manera oportunista la crisis para conseguir, treinta y dos años después, lo que ya se plantearon desde el principio, que es la desaparición de ese control administrativo. (La señora
vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Desde la aprobación de la reforma laboral ha desaparecido la autorización administrativa y ha sido sustituida por la decisión unilateral del empresario, con control judicial a posteriori. Un control judicial que, por cierto, la reforma
laboral ha intentado reducir a la mínima expresión, incluso intentando negar y obstaculizar la función jurisdiccional de jueces y tribunales. Hoy, tres años después, conocemos ya los efectos de esa apuesta legislativa. No sé lo que van a hacer los
legisladores de la próxima legislatura, pero sí sé que los trabajadores no pueden esperar a ver cómo se resuelven los impactos negativos de esa reforma laboral. Hoy lo que tenemos es un debilitamiento claro de la posición de los trabajadores y los
sindicatos ante los expedientes de regulación de empleo, que ha provocado una serie de efectos que están documentados y que no niega nadie. Un desincentivo a la negociación; es lógico, cuando una de las
partes no necesita negociar porque puede imponer unilateralmente sus condiciones, ¿para qué va a negociar? Por supuesto que se mantienen los procesos de negociación e incluso, en esos procesos previos, muchos acaban en acuerdo, ¿pero qué
acuerdos? Son acuerdos mucho más desfavorables que los que se habían venido realizando hasta este momento porque hay una parte que juega con la amenaza de la decisión unilateral y otra que va a la negociación encadenada por esa reforma laboral que
sabe que delimita su capacidad de negociación. El resultado ha sido, y está más que documentado, una destrucción intensiva de empleo e incluso lo que los conocedores de la materia llaman una destrucción preventiva; se han destruido más empleos que
aquellos que podían ser justificados por la situación económica, porque esta reforma laboral ha permitido a las empresas un proceso de sustitución de trabajadores con empleos de calidad por otros de mucha precariedad directamente o a través de
empresas subcontratadas, que es uno de los grandes instrumentos de degradación de las condiciones de trabajo. Y por supuesto, se han reducido los importes medios de las indemnizaciones.
Todas estas son las consecuencias de esa apuesta que hicieron el Partido Popular y Convergència i Unió. Por el contrario, recuerden ustedes, el objetivo era dar más certidumbre a las empresas, facilitar más el mantenimiento de puestos de
trabajo y estabilizar las relaciones laborales. Veamos si eso se ha producido o no. La verdad es que en el mantenimiento de puestos de trabajo todo es discutible pero, cuando se analizan los datos, se ve que a partir de marzo de 2012 el proceso
intensivo de destrucción de puestos de trabajo no solo tiene que ver con la crisis -insisto-, tiene que ver con ese factor de anticipación a las crisis que hace que la ley permita despidos preventivos de esa naturaleza. ¿Estabilidad en las
relaciones laborales y certidumbre en las empresas? Tampoco. ¿Por qué? Porque lo que algunos llaman certidumbre para las empresas es libertad absoluta para despedir y con las indemnizaciones más baratas posibles. Eso va contra el Estado de
derecho, pero eso es lo que intentaban. Los jueces y magistrados se han negado a ejercer la función que especialmente la ministra de Empleo les había otorgado, que es la de meros notarios: tomar nota de las decisiones empresariales. Tan es así
que la ministra de Empleo ha tenido ocasión de verter públicamente sus quejas ante los medios de comunicación quejándose de la obstaculización que jueces y tribunales hacían de su reforma laboral. Actuación de jueces y tribunales cumpliendo su
función. Quiero recordar -lo recordaron ellos desde el principio- que la función de jueces y tribunales es el control de la legalidad, la proporcionalidad y la razonabilidad de las medidas adoptadas por las empresas, y eso no sentó bien desde el
principio a los artífices de la reforma. Por eso nos encontramos con una situación de permanente queja por parte de esos poderes económicos por lo poco colaboracionistas que son los jueces y tribunales del orden social. Por supuesto, a algunos no
les ha sentado bien que los jueces y tribunales hayan dictado sentencias de nulidad o de despido improcedente por ejemplo en Coca Cola; a ellos les hubiera gustado mucho más que, tomada la decisión por parte de la empresa Coca Cola del cierre de la
planta de Fuenlabrada, la única función que hubieran tenido los jueces hubiese sido la de tomar nota como notarios. Afortunadamente, los jueces y tribunales de este país han decidido ejercer su función constitucional. Tan es así que espero que no
les haya pasado desapercibida la reacción que han tenido los grandes bufetes de despachos de empresas. Un conocido de este país, el señor Durán, presidente del Consejo Económico y Social entonces, ha llegado a calificar a los jueces que hacen eso
como jueces de asalto, y algún medio de comunicación los ha llamado jueces dinamiteros de la reforma. La capacidad de presión de los lobbies es importante. Pues bien, parece que no contentos con eso ahora se prepara una nueva ofensiva. ¿Qué
pretenden esos poderes económicos? Pura y exclusivamente que no haya autorización administrativa y que tampoco haya control judicial o que ese control judicial sea tan escaso que no sirva para dar protección a los derechos de los trabajadores. Y
por si el representante titular de los poderes económicos de este país, el Partido Popular, no fuera suficiente y flaqueara, ya han venido algunos -Unión Progreso y Democracia en un momento y ahora parece que Ciudadanos en otro- a plantear la gran
solución, que es la del contrato único. Con el contrato único ya no tendría sentido este debate que estamos haciendo porque por muy bonito que sea el nombre es, en definitiva, una contratación descausalizada con la posibilidad de despedir a los
trabajadores sin causa y con una indemnización tasada; es decir, desapareciendo la garantía al puesto de trabajo, el derecho al trabajo de los trabajadores. Como pueden ver ustedes, algunos son insaciables.
Este es el contexto en el que se produce esta iniciativa, esta proposición de ley de Convergència i Unió. Convergència i Unió, como si durante estos tres años hubiera estado viviendo en Júpiter, viene y nos propone recuperar la autorización
administrativa, pero no para todos los expedientes de regulación, no, no, solo para aquellos casos en los que, según dice, no hacerlo ocasionara perjuicios a los trabajadores por inacción de la empresa. Queda bonito, ¿verdad? Queda hasta paternal.
Espero, señorías, que a
ustedes no se les haya pasado por alto una cuestión y es que en estos momentos los trabajadores ya tienen un mecanismo para actuar ante esa situación de inacción de la empresa. Cuando una empresa no da trabajo, cuando una empresa no paga a
sus trabajadores, cuando una empresa no cumple con sus obligaciones laborales, el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 50, prevé la posibilidad de los trabajadores de pedir la rescisión de su contrato de trabajo. ¿Cuál es la diferencia
entre lo que existe en estos momentos, el artículo 50, y lo que nos propone Convergència i Unió para rescatar a los trabajadores, afectados por cierto por su fechoría -fechoría legal o política, pero fechoría-? Lo que dice el artículo 50 es que las
indemnizaciones serán de cuarenta y cinco o treinta y tres días por año correspondiente a despido improcedente, pero si se aprobara la propuesta que nos presenta el Grupo de Convergència i Unió la vía que tendrían los trabajadores sería pedir su
expediente de regulación de empleo, ¿con qué indemnización? Con veinte días por año. Por favor, señor Campuzano, los trabajadores de este país no necesitan que usted venga a salvarlos de las barbaridades provocadas por sus políticas; ya se salvan
solos desde esa perspectiva.
La verdad es que hemos tenido dudas sobre si votar a favor y luego presentar una enmienda a la totalidad y plantear la recuperación de la autorización administrativa total para todos los supuestos, para que vuelva a proteger a aquellos que
han sido desprotegidos, pero hemos decidido no entrar en ese juego y por eso estoy aquí en este turno en contra que, por supuesto, es un turno en contra y a favor; en contra de esta proposición de ley y a favor de restituir de una vez por todas los
derechos que ustedes y el Partido Popular arrancaron a los trabajadores con la reforma laboral.
Termino con una referencia a Cataluña, porque claro, ustedes son el grupo catalán y esto tiene una dimensión profundamente catalana. Ustedes son partidarios de aumentar la soberanía de Cataluña, pero en materia de relaciones laborales hacen
exactamente lo contrario, porque cuando se trata de disputar la soberanía de Cataluña a España ustedes son muy beligerantes, pero cuando se trata de coger esa soberanía y cederla a los mercados y a los poderes económicos, ustedes encantados de la
vida. Ustedes quieren las competencias no para ejercerlas sino para neutralizarlas y dárselas a los poderes económicos y a las empresas. Es un concepto muy peculiar el que tienen ustedes de la soberanía. La verdad es que en la reforma laboral
hicieron ustedes un buen pacto. Pactaron los constitucionalistas a tiempo parcial del Partido Popular y los soberanistas a tiempo parcial de Convergència i Unió. ¿Para qué? Para cederle la soberanía y los derechos de la Constitución al mercado y
a las empresas. Una sugerencia, señores de CiU, yo creo que sí, que Cataluña tiene que ampliar su soberanía, y si hace falta ampliar aún más aquello que en Cataluña se conoce como estructuras de Estado, pero no les parecería a ustedes más oportuno
que antes de construir nuevas estructuras de Estado no se dedicaran a destruir las que ya existen. Porque eso es lo que han hecho. Cataluña tenía algo parecido a una estructura de Estado, tenía la capacidad como autoridad laboral de poder
autorizar si o no la aprobación de una expediente de regulación de empleo y ustedes se lo cedieron a los poderes económicos. Antes de pedir más soberanía sería bueno no ceder gratuitamente la que ya tiene. (Pronuncia palabras en catalán). Señores
de Convergència i Unió, se les ve venir.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.
Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señor Coscubiela, le agradezco el turno en contra. Tengo la impresión de que es la primera vez, desde los años que llevo en esta Cámara, que un grupo de la oposición plantea a otro grupo de la oposición esta oportunidad; en definitiva,
discutir más a fondo sobre una cuestión en concreto. Nuestro planteamiento en esta materia y en la mayoría de las materias es muy poco dogmático, y la falta de dogmatismo en general en la vida te permite corregir, te permite rectificar, te permite
adaptarte a la realidad. Cuando constatas que hay una realidad que no funciona y tienes capacidad para intentar mejorarla, planteas una propuesta. Es lo que hemos hecho en esta iniciativa, y en mi intervención tampoco hemos escondido nada. Mi
grupo votó a favor de la reforma laboral. Es conocido, por tanto, no hay ocultación de nada. Lo que hay es una puesta encima de la mesa de cuestiones que nos preocupan. Mi grupo, efectivamente, estuvo por la supresión de la utilización
administrativa de los expedientes de regulación, entre otras cuestiones porque la regulación existente en España era una anomalía en el contexto europeo y, además, en la práctica, la mayoría de los expedientes de regulación que se han aprobado
durante este tiempo se han producido con acuerdos de los interlocutores sociales. Señor Coscubiela, tengo la sensación de que mi grupo tiene más confianza que usted en dos cosas; más confianza en los interlocutores sociales y más confianza en los
jueces. Dijimos desde el primer día, y los hechos nos lo han demostrado, que esta reforma laboral, la del año 2012, igual que la reforma laboral de 2010 o las anteriores reformas laborales, no modificaba los pilares del sistema de
relaciones laborales existentes en España, que el control judicial iba a seguir existiendo y que si se producían abusos por parte de las empresas en aplicación de la norma, los jueces cumplirían y corregirían esas correcciones empresariales; y se
han producido correcciones de los jueces aplicando esa reforma laboral. Dijimos también que esa reforma laboral, en muchos sentidos, iba a dinamizar la negociación colectiva, y en algunos aspectos así lo habrá hecho. Cuando hace muy pocos días los
interlocutores sociales llegaban a un acuerdo que afecta a la negociación colectiva, expresaban que la negociación colectiva sigue viva, eso sí, con esa discrepancia que yo le apuntaba en relación con la primacía del convenio de empresa que
mantuvimos con el Partido Popular.
En un país que entre 2008 y 2012 pierde millones de empleos, que el señor Coscubiela me reivindique el sistema de relaciones laborales existente antes me parece alucinante. El señor Coscubiela tampoco estaba de acuerdo con la reforma de
2010, quizá sí con la de 1997, porque entonces él tenía otro papel en nuestra vida colectiva, y se produjo el acierto en el año 1997 de que los sindicatos acordasen con el Gobierno de entonces del Partido Popular una reforma laboral que introdujo un
contrato con un coste de indemnización menor: el contrato con treinta y tres días. En el año 1997, cuando no se ejercía de diputado, cuanto se tenía una mirada quizá más libre en la discusión política, se reconocía que uno de los problemas de
nuestro mercado de trabajo estaba en el distinto coste de la indemnización entre los contratos fijos y los contratos temporales. Estaremos muy atentos, señor Coscubiela, en la próxima legislatura, si ustedes tienen capacidad de incidencia, para
corregir el problema de la dualidad, porque las otras medidas, las de hacer más rígido el mercado de trabajo, no han servido para corregir la dualidad. Quizá usted quería ir al año 1983, antes de la reforma de 1984. Me temo mucho, señor
Coscubiela, que el mundo de los años ochenta muy poco tiene que ver con el mundo del año 2020 hacia el que vamos. Y en la izquierda conservadora continúan sin tener respuesta al principal problema que tiene nuestra economía, que es la
globalización, el cambio tecnológico y su afectación al mercado de trabajo. Una propuesta progresista seria que pretenda mejorar la calidad del empleo debe abordar cómo competimos en la economía global, cómo hacemos frente al cambio tecnológico no
con las reglas que quizá sirvieron en los años ochenta o setenta pero que no sirven ahora. Ahí, señorías, lamento que la izquierda que usted representa sea tan conservadora, y no tan solo conservadora, sino que mantenga una mirada de buenos y
malos, que no es la que tienen los países a los que nos queremos parecer. En los países a los que nos queremos parecer están convencidos de que la mejor garantía del empleo son las empresas, que sin empresas no hay empleo, y a veces escuchándole
tengo la sensación de que usted parte del prejuicio de que el problema que tiene nuestra economía son las empresas y los empresarios. Al contrario, la suerte que tiene nuestra economía son las empresas y los empresarios; eso sí, con un sistema de
relaciones laborales justo y adecuado.
Yo le invito a que tome en consideración nuestra proposición de ley, que nos apoye en este trámite, como nos ha apoyado en esta cuestión en otras discusiones legislativas y hoy lo podría hacer.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.
Señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.
Señor Campuzano, lo siento, pero tiene usted muy mala memoria para muchas cosas. Hace muy pocos meses discutíamos el contrato único a propuesta de Unión Progreso y Democracia y un servidor pidió el voto en contra de una proposición de ley.
Yo, sí, y estuve discutiendo con don Álvaro Anchuelo. O sea, que tampoco es la primera vez. En segundo lugar, ya sé que usted no oculta el apoyo de Convergència i Unió a la reforma laboral de 2012, sería mucho ocultar; no lo oculta aquí, pero
como resulta que ustedes son especialistas en intentar ocultar en Cataluña lo que hacen en España o, dicho de otra manera, les gusta llorar en Cataluña las consecuencias de las decisiones que toman en España, yo lo recuerdo por si va bien que algún
medio de comunicación lo destaque y entonces ustedes aparezcan también como responsables, y además orgullosos -que lo son- de esa reforma laboral. En tercer lugar, le recuerdo que es verdad que los despidos colectivos están regulados en el ámbito
europeo por una directiva que prevé la posibilidad del modelo español, pero le recuerdo también que prevé la posibilidad del mantenimiento de las autorizaciones administrativas previas. Y, por favor, cuando comparemos modelos de relaciones
laborales seamos un poco curiosos porque a lo mejor yo, si fuera alemán y tuviera
un comité de vigilancia en las empresas, donde no se aprueba un expediente de regulación de empleo ni una modificación de condiciones laborales sin que pase por el comité de vigilancia, igual sería tan moderno como usted. Pero con el comité
de vigilancia, con la cogestión o con la intervención en las empresas, no con una posición subalterna y negociando con las manos absolutamente maniatadas.
Señor Campuzano, usted sabe de sobra porque es un gran conocedor -hemos sido interlocutores durante mucho tiempo- que con las autorizaciones administrativas previas había también proceso de negociación y no había rigidez, como se intenta
explicar. En Cataluña, que es el lugar que usted y yo más conocemos, la inmensa mayoría de los expedientes finalizaban con acuerdo. ¿Qué pasaba? Que como había un poder más equilibrado, a veces había menos despidos de los que la empresa quería
plantear inicialmente y las indemnizaciones solían ser más elevadas, porque para que una multinacional cierre y se lleve los beneficios a otro país pues que reparta algo con los trabajadores que está despidiendo. Sí, sí, es así. Lo que ha sucedido
a partir de su reforma laboral es que esa negociación se ha desequilibrado profundamente. Ha escogido usted un mal ejemplo, y sobre todo creo que un mal interlocutor en relación con la confianza en los interlocutores sociales. Si algo tengo, entre
otras cosas, es esa confianza. De todas maneras, usted confía en los interlocutores sociales de una manera muy peculiar porque en la reforma laboral no solo ha hecho el disparate de votar la desaparición de la autorización administrativa previa,
sino que le recuerdo que su confianza en los interlocutores sociales pasa por unas reformas en la negociación colectiva que permite a las empresas descolgarse unilateralmente de los convenios colectivos, que permite a las empresas aplicar la
ultraactividad hasta el punto de que algunas han intentado llevar ese fenómeno a pasar de lo que establece el convenio colectivo con las tablas salarias al salario mínimo. Afortunadamente los jueces lo han impedido, pero eso estaba entre los
objetivos de la reforma laboral. No tenga usted tanta confianza en los interlocutores sociales y, sobre todo, no les restrinja tanto su actuación como ha hecho en la reforma laboral. En materia de negociación colectiva, lo que ha hecho esta
reforma laboral es desequilibrar completamente la capacidad de los interlocutores sociales a favor de las empresas y en detrimento de los trabajadores.
A estas alturas de mi vida, con la edad que tengo y mi experiencia, demostrar que yo tengo en gran valor al emprendedor, al empresario, creo que está de sobra. Lo he demostrado a lo largo de mi vida, pero eso sí, al emprendedor, al
empresario, al que crea riqueza, no al que externaliza riesgos, no al especulador, no a aquel que piensa que dar valor al accionista consiste en despedir muchos trabajadores para así subir el valor de las acciones. Lo siento. Si usted, por
ejemplo, en la tramitación de esta proposición de ley se suma a la enmienda que va a presentar nuestro grupo planteando la recuperación de la autorización administrativa previa, a lo mejor repienso mi voto pero, en caso contrario, no.
Algún día tendremos oportunidad de discutir qué es ser conservador o no y qué es ser moderno en el siglo XXI. La verdad es que la modernidad de algunos -se llamen Partido Popular o en algunas cosas Convergència i Unió- es una modernidad que
no me gusta nada, porque la modernidad de recuperar un modelo de relaciones laborales de principios del siglo XX es todo menos modernidad, es un paso atrás. Menos mal que no me ha sacado usted Suecia porque...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Termino.
A lo mejor hace falta lucir menos de socialdemocracia y aplicarla un poco más a las políticas que se hacen.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, nuestro grupo apoya la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió para posibilitar que los trabajadores
puedan iniciar un expediente de regulación de empleo para la extinción de sus contratos cuando el empresario no dé comienzo al procedimiento y se vean perjudicados por ello. Lo haremos en virtud de las siguientes consideraciones. La reforma
laboral, operada a través de la Ley 3/2012, de 6 de julio, modifica el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que preveía la posibilidad de que los trabajadores pudieran, a través de sus representantes, iniciar un expediente de regulación de
empleo cuando racionalmente se presumiera que la no incoación del mismo por el empresario
pudiera ocasionarles perjuicios de imposible o difícil reparación. Nos encontrábamos ante empresas con pérdidas que mantienen con todos sus trabajadores importantes y persistentes deudas salariales y que dejan de pagar las cuotas a la
Seguridad Social sin incoar un expediente de regulación de empleo que posibilite, como mal menor, una extinción ordenada de los contratos, obligando a los trabajadores a acudir a la extinción de los mismos. El procedimiento previsto en el supuesto
en el que el expediente era incoado por los trabajadores era un procedimiento simple, reduciéndose drásticamente la documentación que debía presentarse y resolviéndolo la autoridad laboral. Como la reforma laboral del año 2012 desapodera a la
autoridad laboral de sus competencias en materia de despidos colectivos, esta posibilidad de incoación de ERE por los trabajadores también desapareció, manteniéndose la situación de perjuicios, de imposible o difícil reparación, derivados de la
inactividad empresarial.
Por todo lo anterior, la proposición de ley del Grupo Catalán pretende, con pertinencia, legitimar a la autoridad laboral competente para iniciar procedimientos de despido colectivo y resolverlos cuando la conducta del empleador pudiera
ocasionar a los trabajadores perjuicios de imposible o difícil reparación. En estos casos, la autoridad laboral determinará las actuaciones e informes que sean precisos, resultando necesario el de la Inspección de Trabajo, resolviendo en el plazo
del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores que señala para el período de consultas. Nuestro grupo parlamentario, en el debate de la reforma laboral, siempre se opuso al desapoderamiento de la autoridad laboral en los despidos colectivos, que
solo se podían incoar por el empresario por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, desapoderamiento cuyas consecuencias negativas ya se observan en esta proposición de ley que estamos debatiendo y que, como decía, votaremos
favorablemente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Calduch.
El señor CALDUCH CERVERA: Señora presidenta, señorías, estaba escuchando al señor Campuzano y al señor Coscubiela y me ha venido a la mente ese refrán de la sabiduría popular que dice que entre un perro y un pastor no se supo la verdad,
porque dos versiones incompletas no dan necesariamente una interpretación completa. El planteamiento de nuestro grupo parlamentario es el del marco de las relaciones laborales, marco que se sitúa en una correspondencia -no necesariamente
igualitaria en todos los casos- entre derechos y obligaciones de los empleadores y de los trabajadores. Desde esta perspectiva, cualquier discurso que hegemonice una de las dos partes de la relación o se centre exclusivamente en alguna de ellas es
incompleto; y, por supuesto, toda ruptura de esta correspondencia de derechos y obligaciones entre ambas partes provoca un desequilibrio en la relación contractual laboral, que pervierte su sentido útil, generalmente perjudicando a la parte más
débil, o sea, a los trabajadores, y casi siempre trasladando a la sociedad, a través de la Administración del Estado, los perjuicios económicos de ese desajuste sociolaboral.
No voy a hacer un debate sobre la reforma laboral, la pertinencia o no de la reforma laboral, las consecuencias perjudiciales o beneficiosas de la reforma laboral, porque lo que quiero es centrar el debate en la proposición de ley que ha
presentado el Grupo Parlamentario Catalán. ¿Cual es la finalidad de los ERE, de los expedientes de regulación de empleo? Ya se ha apuntado por mi colega del PNV. La finalidad de los expedientes de regulación de empleo, primaria y
fundamentalmente, es garantizar la continuidad de la actividad económica de las empresas que, estando en situación de crisis, tienen que hacer reajustes en sus costes para garantizar en la medida de lo posible su viabilidad a medio y largo plazo y,
con ella, la de puestos de trabajo. No es, por tanto, la de facilitar el despido libre a voluntad del empleador. Tampoco es servir de instrumento para estrategias empresariales cuya finalidad sea, a través del despido de trabajadores, aumentar los
beneficios a costa no solo de los trabajadores, sino -no lo olvidemos- también de las arcas públicas. Desde esta perspectiva, tiene pleno sentido que el procedimiento para el inicio de un ERE pueda solicitarse por parte del trabajador, como también
por parte del empleador. Efectivamente, coincidimos en la idea de que hay que restablecer el control, la autorización de la autoridad laboral, de la autoridad administrativa, para esos procesos de despido.
Señorías, los abusos se están produciendo especialmente por parte de un tipo de empresas. Nos olvidamos de que el mercado laboral no es homogéneo ni regional ni sectorialmente y tampoco empresarialmente. ¿Quiénes son las empresas que están
abusando de los ERE para hacer esos reajustes de sus estrategias empresariales y aumentar los beneficios a costa del empleo? Son las grandes empresas nacionales con centros distribuidos en distintas partes del territorio o las empresas
multinacionales.
Tenemos casos concretos como el de Panrico en Cataluña; el caso de la multinacional Bosal, que cerraba su centro en Sagunto a pesar de que el conjunto de la multinacional era muy rentable; también el caso reciente -que ya se ha sacado a
colación aquí- de Coca-Cola, en la que un tribunal ha tenido que echar para atrás el expediente de regulación de empleo de su centro de Fuenlabrada. Esas son las empresas que abusan de una herramienta que está pensada -como decía antes- para
salvaguardar la continuidad de las empresas y no para despedir trabajadores.
Nosotros pensamos que tenemos que apoyar esta proposición de ley no porque no creamos que también haya que introducir la autorización administrativa previa para las decisiones de los empresarios, de los empleadores, sino porque pensamos que
esta proposición, tal y como se ha traído, es incompleta. El señor Campuzano decía: Hemos hecho una factura simple. Pero la han hecho tan simple que, realmente, ustedes no distinguen entre las grandes empresas nacionales o multinacionales -que sí
abusan de los ERE cargando sobre las arcas del Estado esos ajustes de plantilla con los que aumentar sus beneficios- de la mayor parte de las empresas que son pequeñas y medianas, en las que el empresario, en muchos casos, arriesga su propio
patrimonio y el de su familia para garantizar los créditos que den viabilidad a esas empresas. Esta es una distinción fundamental, en virtud de la cual, si el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió hubiese sido un poco más fino jurídicamente,
habría podido introducir algunas salvaguardias para que esa autorización administrativa, solicitada por los trabajadores por parte de la autoridad laboral, se ejecutase con mayor rigor y con unos criterios objetivos que garantizasen que el
patrimonio de esos pequeños y medianos empresarios no se iba tampoco a ver vulnerado por iniciativas temerarias por parte de trabajadores. Por ejemplo, limitar la discrecionalidad de la autoridad laboral exigiendo no cualquier tipo de informe que
considere oportuno, sino que para las pequeñas y medianas empresas podría ser muy pertinente un informe técnico-económico del impacto que tendría en la propia viabilidad de la empresa y, sobre todo, en el patrimonio personal y familiar de los
empleadores de estas pequeñas empresas que arriesgan en esas iniciativas caso de que se llevase a cabo el ERE; o, por ejemplo, evitar que este recurso planteado por los trabajadores fuese un instrumento que se utilizase de forma torticera como
elemento de presión en los convenios de empresa de pequeñas y medianas empresas. Estos serían elementos que habrían hecho perfeccionar la proposición de ley.
Nosotros, como grupo parlamentario, vamos a apoyar esta iniciativa, esta proposición de ley, porque creemos que hay que perfeccionarla si, obviamente, el Grupo Popular tiene a bien tomarla con su apoyo en consideración. Creemos que hay que
apoyarla, porque es práctica, no provoca gasto público y además es de justicia.
Yo no creo, sinceramente, en la paradoja del señor Coscubiela, y es que como no se reconocen todos los derechos que se han lesionado en la reforma laboral, no se apoyan cambios, mejoras particulares que se puedan ir realizando. Nosotros
somos realistas, pero siempre pensando en los derechos de todos, de trabajadores y de empresarios, porque la riqueza no se genera solo por los empresarios o solo por los trabajadores; se genera por la relación laboral, tal y como la he definido al
principio.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Calduch.
Por el Grupo Socialista, señora Rodríguez Barahona.
La señora RODRÍGUEZ BARAHONA: Gracias, señora presidenta.
En este debate que estamos teniendo realmente interesante, fijo la posición del Grupo Parlamentario Socialista, que va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley que hoy nos presenta Convergència i Unió y que plantea
resolver uno de los muchos y graves efectos producidos por la reforma laboral del Partido Popular, aprobada en esta Cámara como Ley 3/2012. Señor Campuzano, la suya es una propuesta limitada, muy puntual y desde luego muy limitada para lo que
nosotros consideramos necesario cambiar respecto a la Ley 3/2012 y sobre cuyo texto, además, cabe plantear matizaciones, enmiendas y precisiones si efectivamente es aceptada a trámite por la Cámara tras el debate de hoy. Pero, como digo, mi grupo
en todo caso la considera necesaria y por eso vamos a apoyarla.
Lo relevante es conocer y reconocer, señor Campuzano, que lo cierto es que la reforma del PP que ustedes apoyaron, al eliminar la autorización administrativa en los despidos colectivos y dejar estos en manos únicamente de las empresas -ya
sabemos que el procedimiento prevé un periodo de consultas-, a la vez ha eliminado la posibilidad que existía de que el ERE fuera solicitado por los representantes de los trabajadores cuando la situación de la empresa fuera de práctica inviabilidad.
Se ha hablado aquí ya, y es un hecho constatado, de empresas con pérdidas, con importantes impagos de salarios y de cuotas a
la Seguridad Social y falta de actividad, en las que el empresario no hace nada para resolver estos contratos, quedando los trabajadores en consecuencia en situación de claro desamparo legal.
Como cabía suponer, la eliminación de este procedimiento ha producido perjuicios para los trabajadores, y les aseguro que no es algo excepcional. A partir de su planteamiento profesional, aquí se pueden expresar experiencias distintas; yo
puedo hablar del mío en concreto, el de una profesional del Servicio Público de Empleo Estatal que justamente en el periodo que va de 2012 hasta 2014 ha vivido en primera línea los problemas e incluso los dramas consecuencia de una crisis económica
y de una crisis en el ámbito laboral tremendas. Como les digo, les puedo asegurar que no es excepción -y en este caso concreto estoy hablando de mi circunscripción- el caso en el que se encuentran trabajadores que llevan sin cobrar mucho tiempo,
que no ven perspectivas de futuro de su empresa, que no pueden acreditar la situación legal de desempleo en la que de facto se encuentran y que, por tanto, no pueden cobrar las prestaciones ni la indemnización correspondiente, aunque sea de Fogasa,
precisamente porque no tienen la acreditación de situación legal de desempleo.
Ya se ha comentado aquí, y es absolutamente exacto, que en la actualidad y con la legislación vigente en este tipo de situaciones las alternativas son dos. Por una parte, plantear individualmente demandas de extinción, establecidas en el
artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, cuya tramitación es exasperadamente lenta, y mientras tanto, la relación laboral continúa viva, pero con todos los perjuicios que hemos indicado. La otra alternativa es instar el concurso de
acreedores, solicitando de inmediato al juez que inicie un ERE en el concurso, que es una opción real, pero técnicamente muy compleja porque los trabajadores no tienen siempre toda la información para ello, y esto ha quedado así acreditado. Esta
situación, creada por la modificación del artículo 51 del estatuto de 2012, es una de las contradicciones -no la única, desde luego- de la reforma del Partido Popular porque, mientras que los representantes de los trabajadores sí pueden instar un
ERE en un proceso concursal -lo recoge el artículo 64 de la Ley Concursal-, no pueden hacerlo en una situación de crisis no concursal o en la que la empresa no haya iniciado el concurso, a diferencia de lo que sí podía hacerse con anterioridad.
Señorías, la realidad es que han transcurrido ya tres años desde la aprobación de la reforma laboral impuesta por el Gobierno y el Grupo Popular en esta Cámara, dando la espalda al diálogo social y a los interlocutores sociales, y ya tenemos
de hecho una valoración basada no solo en principios sociales y constitucionales, que es algo que siempre ha hecho mi grupo, sino también basada en las consecuencias de esta reforma. Numerosos expertos y juristas de nuestro país plantean que el
objetivo esencial de la reforma era pulverizar la negociación colectiva, produciéndose en consecuencia el deterioro de derechos sindicales y laborales básicos, y ciertamente podemos decir que apunta maneras. Lo cierto es que por primera vez en
muchos años la Organización Internacional del Trabajo ha denunciado a España por vulnerar derechos de libertad sindical y de negociación colectiva, recogidos en los convenios internacionales que han sido suscritos por nuestro país. Esto también es
una realidad. El balance de la reforma laboral y la herencia que nos van a dejar el Gobierno Rajoy y el Grupo Popular -tras este periodo, si me permiten, de exultante mayoría, yo diría que neocon- es evidente. Amparándose en un mantra que se ha
extendido mucho, que es que nuestra normativa laboral con sus rigideces es la que obstaculiza la creación de empleo, se han efectuado cambios legales que dejan un escenario de precariedad laboral generalizada, de eliminación de derechos y garantías
de protección de los trabajadores, de devaluación de empleo y de salarios y, además, sin que se haya impulsado en absoluto un mejor funcionamiento del mercado de trabajo.
Desde luego, conscientemente no voy a hablar de creación de número de empleos, etcétera, porque la cuestión no es de cifras o de datos, que en todo caso siguen siendo tremendas, sino que de lo que se está hablando es de un balance de la
calidad, del buen empleo y por supuesto también de cómo todo eso configura un crecimiento que, ya va siendo hora desde hace tiempo, sea justo. Son efectos de enorme calado en todo caso para nuestro país pues se está generando además una
distribución de la renta cada vez más desigual y reducción del bienestar social, una reducción y una desigualdad que no solo nos afectan en el presente, sino que tienen marcada proyección de futuro. Por eso el Grupo Socialista considera fundamental
un cambio de rumbo y reponer, con todas sus potencialidades, la capacidad del diálogo social y la negociación colectiva, que son factores claves para introducir esos cambios equilibrados que necesitan nuestros trabajadores y por supuesto nuestras
empresas también. En eso podemos trabajar y esperamos hacerlo -alguien hablaba de la legislatura próxima-, seguiremos hablando.
En cuanto a la materia limitada y concreta que hoy nos propone Convergència i Unió, la modificación del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, es importante resaltar que -ya se ha dicho, pero desde
mi grupo tenemos interés en ponerlo en evidencia- al eliminar la garantía que suponía la autorización administrativa en su sentido amplio, que facilitaba los acuerdos en el ámbito laboral, disminuyendo por cierto enormemente la litigiosidad,
ha generado indefensión y perjuicios a los trabajadores, tal y como ya ha quedado señalado. Pues hoy el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, con su iniciativa, rescata y reconoce de nuevo la garantía y la eficacia de la autorización
administrativa en los ERE, cuya eliminación apoyó -lo ha reconocido y es sabido, por otra parte, en esta Cámara- de acuerdo con el Partido Popular en 2012. Bienvenido a la rectificación. Hoy propone a la Cámara retomar el procedimiento regulado en
el artículo 51.9 del Estatuto de los Trabajadores con anterioridad a la reforma de 2012 para que efectivamente los trabajadores, a través de sus representantes, puedan solicitar igualmente la incoación de ERE, si racionalmente se presume que la no
incoación del mismo por el empresario pudiera ocasionarles perjuicios de imposible o difícil resolución. También, por supuesto, que pueda ser la autoridad laboral quien determine y actúe de forma precisa para la resolución del expediente de
extinción de los contratos que, de lo contrario -repito, experiencias tenemos y no pocas-, quedan en el aire durante demasiado tiempo con perjuicio para nuestros trabajadores.
Pues bien, como indicaba al inicio de mi intervención, es una cuestión limitada, puntual. Esperemos que sea un paso para poder tomar impulso de futuro en algo que para el Grupo Socialista es absolutamente fundamental, que es la defensa, el
reforzamiento de los derechos sociales y por supuesto también la valoración y la consideración de los sindicatos y de su función -fundamental- y, desde luego, la capacidad de intervención de la autoridad laboral para garantizar el necesario y
delicado equilibrio entre el poder empresarial y los derechos de los trabajadores.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Rodríguez.
Por el Grupo Popular, señora Susinos.
La señora SUSINOS TARRERO: Gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular. Efectivamente, señor Campuzano, como usted ha señalado, el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción anterior a la Ley de medidas urgentes para
la reforma del mercado laboral, preveía en su apartado noveno la posibilidad de que los trabajadores a través de sus representantes pudiesen solicitar la admisión de un expediente de regulación de empleo si racionalmente se presumía que la no
incoación del mismo por el empresario pudiera ocasionarles perjuicios de imposible o difícil reparación. Esta posibilidad, señor Campuzano, estaba vinculada a una actuación de la autoridad laboral competente, ya que este mismo artículo, el 51.9,
establecía que la autoridad laboral competente determinaría las actuaciones y los informes que fuesen precisos para la resolución del expediente. En este sentido, la Ley 3/2012 eliminó la necesidad de la autorización administrativa previa en este
tipo de procedimientos.
Pero ¿cree usted, señor Campuzano, que con la eliminación de esta autorización los trabajadores están menos protegidos? La respuesta es no. La nueva regulación lo que pretende es potenciar el papel de las partes implicadas en el
procedimiento: el papel de los empresarios y de los trabajadores. Lo que hace la nueva regulación es fortalecer el periodo de consultas como vía para alcanzar una solución que satisfaga en la mayor medida posible los intereses de ambas partes y
además, señoría, algo muy importante: el ordenamiento jurídico laboral protege a los trabajadores que usted menciona en su iniciativa, como no puede ser de otra manera, de empresas que los mantienen con importantes deudas salariales, que dejan de
pagar las cuotas a la Seguridad Social y que no dan los pasos necesarios para alcanzar una extinción ordenada de los contratos. Estos trabajadores están protegidos. Podrán pedir, ellos o a través de sus representantes ante la jurisdicción social,
la resolución causal del contrato de trabajo cuando se produzcan incumplimientos graves de las obligaciones por parte del empresario -como se ha hablado esta tarde-, entre ellas, el impago de los salarios. Para ello se prevé una modalidad procesal
de carácter urgente y preferente, señor Campuzano -urgente y preferente-, que otorga a los trabajadores una respuesta judicial con todas las garantías y el posterior acceso a las prestaciones por desempleo.
Señorías, desde que se aprobó la reforma laboral han sido varias y reiteradas las ocasiones en las que en esta Cámara se ha solicitado su derogación total o parcial por los diferentes grupos. Esta diputada que les habla y el resto de
personas que integran nuestro grupo parlamentario estamos convencidos de que la reforma laboral ha sido y es sin ninguna duda uno de los instrumentos claves que han propiciado la salida de la crisis, el inicio de la recuperación económica y la
creación de empleo. No son palabras vacías. Los datos hablan y son datos objetivos y contrastables. Sí voy a hablar de datos, señora diputada
del PSOE. Entre febrero de 2013 y mayo de 2015 el número de parados ha descendido en 825.191 personas y en este mismo periodo de tiempo el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado en 1.070.563 personas. En febrero de 2013 se
destruía empleo a un ritmo del 4,42 %. Hoy se crea empleo con una tasa interanual del 3,57 %. En febrero de 2013 el número de parados crecía a un ritmo del 6,96 % anual. Hoy se reduce en un 7,82 % anual. Luego -repito- la reforma laboral ha sido
y es un instrumento muy importante para la recuperación de nuestra economía. Son datos positivos que se traducen en crecimiento económico y creación de empleo.
Les daré otro dato muy importante. Gracias a la flexibilidad de la reforma laboral instaurada por este Gobierno y gracias a las alternativas al despido, el número de trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo durante el
primer trimestre de este año se situó en 27.604 personas, 26.621 trabajadores menos que en el mismo periodo de 2014, lo que supone un descenso del 49 %. Del total de trabajadores, 5.564 fueron objeto de despidos colectivos, lo que supone un
descenso de un 44 %. Señor Campuzano, estos son datos oficiales. Últimos datos que le doy. En los tres primeros meses de este año un total de 2.109 empresas adoptaron medidas de regulación de empleo, lo que supone un descenso del 49,4 % sobre el
mismo periodo del año anterior. Se registraron 2.457 procedimientos, lo que supone otro descenso del 50 % respecto al mismo periodo de 2014. ¿Qué quiero decirle con todos estos datos? Pues quiero decirle que el 92,4 % de los procedimientos se
resolvieron de forma consensuada, hubo acuerdo entre las partes, y la judicialización del despido colectivo representa un porcentaje mínimo en el total de los despidos colectivos. Señorías, el volumen de litigiosidad es muy bajo en proporción al
número de despidos colectivos que se han producido desde la entrada en vigor de la reforma laboral.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular no puede votar favorablemente esta iniciativa, pues, aunque compartimos un mismo punto de llegada, tomar en consideración esta proposición de ley supondría un retroceso en el camino que
llevamos andado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Susinos.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL DESARROLLO DE UN MARCO DE ACTUACIÓN PARA LAS PERSONAS MAYORES. (Número de expediente 162/001254).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley.
En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de un marco de actuación para las personas mayores.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Martín Pozo.
La señora MARTÍN POZO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, tengo el honor de subir a esta tribuna para defender una iniciativa de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, que presenta al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de esta Cámara y para la que esperamos contar con el apoyo de
todos los presentes, ya que se refiere a un colectivo hacia el que todos, entiendo, mostramos una especial sensibilidad y con el que mantenemos una deuda impagable, nuestros mayores.
Señorías, el aumento progresivo de la esperanza de vida en España es uno de los principales logros sociales en nuestra historia reciente. Sin embargo, este éxito lleva aparejado un reto importante: la sostenibilidad del Estado del
bienestar, un desafío al que se enfrentan los poderes públicos y que debe ser afrontado con responsabilidad. Por ese motivo se hace necesaria la redefinición de las políticas actuales, combinando acciones encaminadas hacia la mejora de la calidad
de vida de las personas mayores y el refuerzo de la protección de sus derechos con la garantía del Estado del bienestar. Estamos hablando de un colectivo que supera los 8 millones de personas, es decir, un 18,2 % de la población española, que se
prevé que llegue a duplicarse en unos cincuenta años. Son personas que aportan su tiempo, sus conocimientos y su experiencia al desarrollo de nuestro país y que han trabajado muy duro para sentar las bases de la sociedad que ahora disfrutamos.
Esta es la deuda a la que antes me refería, señorías. Pues bien, frente a esa deuda, nuestro agradecimiento, nuestro trabajo y nuestras políticas sociales; unas políticas que no son patrimonio exclusivo de la izquierda, como quieren hacer creer
algunos;
unas políticas que ponen de manifiesto que para el Partido Popular el bienestar de nuestros mayores y la defensa de sus derechos son una prioridad, pero no solo de boquilla -permítanme la expresión- sino con hechos.
En el primer Consejo de Ministros, el Gobierno del presidente Rajoy actualizó las pensiones; tuvo que hacerlo porque estaban congeladas, señorías. Además, podemos decir que no se trató de una actuación puntual, porque las pensiones se han
ido actualizando año tras año y hoy 4 de cada 10 euros de los Presupuestos Generales del Estado son para pensiones, señorías. Cuando hablamos de la puesta en marcha de medidas orientadas a la atención de nuestros mayores no lo hacemos solo sobre
pensiones, porque 7 de cada 10 euros del presupuesto de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad están comprometidos con las personas mayores y con la dependencia. Son más de 100 los millones de euros que se destinan a programas de
termalismo y turismo social y se ha producido un incremento del 10 % de los créditos para el apoyo de los movimientos asociativos de personas mayores; todo ello sin olvidar a los que están en una situación de mayor vulnerabilidad, habiendo logrado
que en los últimos cuatro años la tasa Arope en personas de más de sesenta y cinco años se haya reducido en 8,3 puntos. Esto sí es compromiso con nuestros mayores, como lo es también el hecho de haber garantizado la asistencia sanitaria universal y
gratuita y la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia. Ahora bien, no debemos trabajar únicamente en el ámbito asistencial de nuestros mayores, sino que debemos comenzar a valorar todo ese capital humano como un recurso que
contribuya al bienestar de todos. Por eso el Grupo Parlamentario Popular alentó y promovió la elaboración de un Estatuto del mayor, cuyo ámbito de actuación, objetivos y contenidos deben ahora ampliarse para atender a las recomendaciones de la
Unión Europea contenidas en la estrategia 2020 y a las nuevas circunstancias sociales, desembocando así en un proyecto más amplio y ambicioso, como es el establecimiento de un marco de actuación para conseguir que las personas mayores reciban el
mejor trato posible, vean fortalecidos sus derechos individuales y sociales, se incremente el respeto que tienen merecido y participen y tengan presencia activa en la sociedad.
Señorías, el Gobierno del Partido Popular ha aprobado en esta legislatura diversas estrategias y planes sociales orientados a la atención de colectivos como discapacidad, infancia, adolescencia, personas en riesgo de exclusión social,
etcétera; planes y estrategias dotados todos ellos con un presupuesto suficiente, con unos objetivos claros y precisos y un eminente carácter transversal; planes y estrategias ya en desarrollo y cuyos resultados se empiezan a ver. Como les decía,
señorías, las acciones se dirigen a varios ámbitos: al Plan de infancia y adolescencia; al Plan estratégico nacional, que cuenta con 125 medidas y está dotado con más de 5.000 millones de euros; a las familias, con más de 225 medidas y más de
16.000 millones de euros; a la juventud, con la estrategia Juventud, con 211 medidas y cerca de 3.000 millones de euros; a las personas con discapacidad, a través de la estrategia de Discapacidad, compuesta por 96 medidas y dotada con más de 3.000
millones de euros; a los colectivos en riesgo de exclusión social, con 240 medidas y dotado con más de 136.000 millones de euros, y todo ello sin olvidar los planes de igualdad de oportunidades y la estrategia para la erradicación de la violencia
de género. Pues bien, a todos estos planes se hace necesario añadir una planificación, un marco de actuación referido a nuestros mayores. Para la elaboración de este marco de actuación deberá darse participación a todas las entidades del tercer
sector que trabajen con estas personas, a los distintos departamentos ministeriales y principalmente a las personas mayores a través de su consejo estatal, porque no queremos que sea un marco de actuación alejado de la realidad ni elaborado de
espaldas a nuestros mayores. Ellos son quienes mejor conocen sus problemas y necesidades y, por tanto, su voz será fundamental para avanzar en la mejora de su calidad de vida. Deberá abordarse su participación en la sociedad para evitar su
aislamiento, proporcionarles oportunidades de aprendizaje permanente, reconocer y fomentar la importantísima labor de voluntariado que llevan a cabo, así como aprovechar todo el conocimiento y experiencia que tienen en el ámbito laboral para
trasladarlo a las generaciones más jóvenes. Se deberá fomentar el envejecimiento activo y habrá que impulsar medidas de promoción de la salud, de prevención y reducción del riesgo de dependencia y avanzar en la integración sociosanitaria. Y para
lograr la no discriminación y la igualdad de oportunidades entre nuestros mayores, habrá de prestarse mayor atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad.
Señorías, esta es la iniciativa que hoy sometemos a su consideración, pero no quiero finalizar mi intervención sin agradecer al Grupo Parlamentario Socialista la enmienda que ha presentado, si bien le anticipo que no se la podemos admitir,
porque sería una vuelta a las políticas socialistas de las que todavía nos estamos recuperando los españoles con mucho esfuerzo por parte de todos. Su enmienda,
señorías, causa cuando menos sorpresa, ya que cuesta trabajo entender que ahora se preocupen por la actualización de las pensiones cuando fueron ustedes los que se las congelaron a nuestros mayores. Ha sido un Gobierno socialista el único
Gobierno de la democracia que ha congelado las pensiones. Eso sí es política social, dejar al país y al sistema de Seguridad Social en quiebra. Ha tenido que ser un Gobierno del Partido Popular el que no solo las haya actualizado, sino que las ha
garantizado con las reformas llevadas a cabo. Piden asimismo devolver las competencias sociales al ámbito municipal, recuperar el plan concertado. Lo que ha hecho el Gobierno del PP con la reforma local ha sido garantizar la financiación de los
servicios sociales y, señorías, no hay que recuperar el plan concertado porque nunca desapareció. Piden también la derogación del Decreto 16/2012, del copago, cuando lo único que ha hecho ha sido reconocer el derecho a personas que durante décadas
estuvieron excluidas por ustedes del sistema, como por ejemplo los parados de larga duración que agotan su prestación. ¿Quieren de verdad que deroguemos ese decreto? Solicitan recuperar la aplicación plena de la Ley de Dependencia. Es algo que ya
está haciendo este Gobierno y además de una forma más eficiente, porque se ha saldado la deuda de más de 1.000 millones de euros con la Seguridad Social que ustedes dejaron, se han recuperado 39 millones de euros de expedientes duplicados y personas
fallecidas y el 1 de julio termina el calendario de aplicación de la ley con la incorporación de los dependientes moderados de grado 1. Por último, hacen referencia a garantizar una serie de servicios que son competencia de las comunidades
autónomas y sobre los que no debemos entrar, ya que serán éstas, según su orden de prioridades y su sensibilidad, las que se encarguen de ello. En Castilla y León, la comunidad de donde yo soy, tenemos los mejores servicios sociales del país, y no
dicho por nosotros sino por órganos de control externo, y estos servicios a los que ustedes se refieren y piden que garanticemos, están garantizados con un Gobierno del Partido Popular. No sé si las gobernadas por su partido podrán decir lo mismo.
Termino ya, señora presidenta, solicitando el apoyo máximo para esta iniciativa y que así nuestros mayores se vean apoyados, defendidos, valorados y queridos por todos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Martín Pozo.
Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora Corral.
La señora CORRAL RUIZ: Señora presidenta, señorías, al Grupo Parlamentario Socialista le sorprende esta proposición no de ley a pocos meses de terminar esta legislatura. Lo que las personas mayores necesitan y priorizan en este momento no
es un marco de actuación, sino medidas concretas que podrían empezar por reponer lo que se ha recortado durante esta legislatura en políticas sociales que les afectan de manera directa. Antes de orientar a los poderes públicos y a la sociedad, el
propio Gobierno de España tiene que dar ejemplo y no ampararse en abstracciones y en ambigüedades que solo tratan de ocultar lo poco que han hecho y lo que se han despreocupado de las personas mayores durante estos tres años y medio. Después de
tantos recortes y tanta falta de sensibilidad, no deben esconderse en declaraciones y propuestas vacías para dar una imagen que no se corresponde con el comportamiento de esta legislatura. Si de verdad el Grupo Parlamentario Popular está interesado
en impulsar una vida activa, saludable, independiente y participativa de las personas mayores, debe empezar por exigir al Gobierno que reponga lo que ha recortado y demolido en políticas sociales que afectan a estas personas. Si lo hacen así, este
grupo parlamentario estará de su lado; lo celebraremos y estaremos dispuestos a hablar de un marco de actuación y a consensuarlo tanto con las fuerzas políticas como con las administraciones públicas, las ONG, los colectivos afectados, el Consejo
Estatal de las Personas Mayores.
Señorías, me avergüenza que hagamos partícipe del coste de la crisis de esta forma tan cruel a la generación que más ha trabajado y sufrido para traernos hasta aquí y para levantar este país. Actualmente, como consecuencia del copago
farmacéutico, los pensionistas pagan de media cuatro veces más que lo que reciben de pensión. Por primera vez en la historia de la democracia las pensiones mínimas han decrecido el 1,5 %, según los institutos de prospección económica y el Funcas.
Señorías, los recortes que el Gobierno de España ha llevado a cabo en los sistemas de protección social han repercutido de forma inmisericorde en las personas mayores. Solo en el sistema de atención a la dependencia el ahorro que reconoce el
Gobierno de España es de 1.475 millones de euros. Fruto de estas reformas y recortes el sistema se ha colapsado, de manera que los nuevos dependientes atendidos no lo son en virtud del derecho, sino de las bajas que se producen en este sistema.
Como consecuencia, más de 100.000 personas fallecieron sin haber hecho efectivo ningún derecho ni ninguna prestación. Y lo triste es que esta
tragedia ha resultado conveniente para reducir la lista de espera. Hay que tener en cuenta que tres de cada cuatro dependientes son mayores de sesenta y cinco años, y que el 54 % de las personas mayores en situación de dependencia tienen
más de ochenta años y por supuesto no pueden esperar.
En los servicios sociales también se eliminó el presupuesto de 30 millones de euros para el programa de teleasistencia que gestionaba la Federación Española de Municipios y Provincias, que atendía a más de 250.000 usuarios, en su mayoría
personas mayores que vivían solas y para las que este dispositivo era su única seguridad y compañía. Algo muy doloroso es que se redujera un 67 % el presupuesto del Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales, un apoyo fundamental
para las corporaciones locales, garantía de las políticas de proximidad y de la ayuda a domicilio y que ha marcado el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores allí donde viven.
En la enmienda que propone el Grupo Parlamentario Socialista -que el tiempo no me permite detallar- van recogidas todas las medidas que el Grupo Parlamentario Popular debería exigir al Gobierno para recuperar los recortes que ha hecho en
política social y que afectan directamente a las personas mayores.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Corral, tiene que finalizar.
La señora CORRAL RUIZ: Ya termino, presidenta.
Si al Grupo Parlamentario Popular le preocupa de verdad la situación de las personas mayores, espero que acepte esta enmienda y que exija al Gobierno que cumpla las medidas que aquí proponemos. En caso contrario -como nos tememos-, quedaría
claro que la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular no es otra cosa que un nuevo intento de maquillaje de cara para las próximas elecciones generales. De ser así, sería imperdonable la falta de respeto a las personas mayores.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Corral.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: No deja de sorprenderme el Grupo Popular con estas proposiciones de relleno que no sirven absolutamente para nada y a las que nos tiene acostumbrados todos los martes. Me sorprende en primer lugar el contenido de la
proposición, relativa al desarrollo de un marco de actuación para las personas mayores; una proposición de cuatro líneas y media que no va más allá de buenas intenciones y sin ninguna concreción. Por otra parte, ¿cuándo presentan esta PNL? Al
final de la legislatura, cuando el Gobierno ya únicamente piensa en dos cosas: en sacar las leyes que le quedan en la nevera y en cómo no perder las próximas elecciones. En definitiva, saben perfectamente que esta proposición no sirve para nada
porque el Gobierno no va a hacer nada.
Ustedes hablan de consensuar con los representantes de las personas mayores. Me gustaría ver la cara de estos representantes o la de las personas mayores que han tenido que soportar, por ejemplo, el copago o los recortes en dependencia. A
la vista de lo que han visto en esta legislatura, les hago un ruego y es que, por favor, no nos hagan perder el tiempo los martes por la tarde.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Por el mismo grupo, señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta es, como ya hemos dicho otras veces, la típica iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que insta al Gobierno a acometer actuaciones que el Gobierno ya ha anunciado que está haciendo. Es el caso del marco de actuación para
las personas mayores del que ya se ha hablado en varias ocasiones y que el ministro Alonso avanzó ya en el mes de marzo que se estaba ultimando. Nosotros, señorías, estamos de acuerdo en que se promueva una vida activa, saludable, independiente y
participativa para las personas mayores, pero nos parece una auténtica ironía que sea el Grupo Parlamentario Popular, después de todas las políticas que ha llevado a cabo en estos años, quien lo proponga.
Señorías, en materia de pensiones, por ejemplo, el recorte de los ingresos percibidos por la mayoría de los pensionistas es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la gente mayor. Es cierto que la reforma de las pensiones no
la ha iniciado el actual Gobierno, pero también lo es que los cambios
normativos introducidos han erosionado el poder adquisitivo de los pensionistas, que se ven cada vez más empobrecidos, en un contexto además en el que las personas mayores son las encargadas de prestar ayuda económica a sus hijos o a sus
nietos. Señorías, los propios datos del INE ponen al descubierto que en el Estado español hay más de 300.000 familias que tienen como únicos ingresos las pensiones de los mayores. Dirigir el foco de las políticas sociales a mejorar esta situación
promocionaría sin duda una vida saludable e independiente a las personas mayores, como lo haría el refuerzo en los Presupuestos Generales del Estado de la Ley de Dependencia, que afecta a las personas mayores en mayor porcentaje. En estos años el
Partido Popular ha hecho recortes multimillonarios en este ámbito y ha revisado los criterios de evaluación, endureciéndolos significativamente. La reducción de la financiación pública a los usuarios ha incrementado los copagos casi en un 70 %,
entre 2009 y 2013 y más de 100.000 dependientes han fallecido desde 2012 esperando la prestación ya reconocida por el Estado. Han establecido en el ámbito sanitario copagos y repagos farmacéuticos que han supuesto que existan personas mayores que
no tomen su tratamiento con regularidad o que, simplemente, no lo tomen. Señorías, han llevado a cabo una reforma de la Administración local que aleja los servicios sociales cada vez más de los ciudadanos y, sobre todo, de los más vulnerables, como
pueden ser los ancianos. Por último, muchos servicios básicos, como la electricidad, han aumentado brutalmente, muy por encima del IPC, y las estafas bancarias que se han sucedido impunemente en los últimos años han afectado a muchas personas
mayores.
Señorías del Grupo Popular, desarrollen el marco de actuación para las personas mayores, pero empiecen la casa por los cimientos y pongan en marcha una verdadera política social que palíe la situación de exclusión social que están viviendo
miles de mayores y, sobre todo, refléjenlo en los Presupuestos Generales del Estado. Todo lo demás no deja de ser un brindis al sol.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.
Pasamos al Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Lleonart.
El señor LLEONART CRESPO: Muchas gracias, señora presidenta.
¿De qué hablamos en España cuando hablamos de personas mayores? No nos referimos a mayores de ochenta o noventa años en situación de dependencia. En España, más de 8,5 millones de personas superan los sesenta y cinco años y solo un
porcentaje bajo es dependiente. Somos uno de los países más envejecidos del mundo y los datos para 2050 no mejoran este panorama. Todo esto indica que es urgente -ya lo es desde hace años- adoptar políticas de cuidado de la salud, la economía, el
bienestar, el empleo y todo aquello que afecte a este colectivo tan amplio y creciente. Esto ayudaría además a retrasar en muchos casos las situaciones de dependencia. Parece que el Gobierno, de repente y cercano al fin de legislatura, tiene mucho
interés en presentar este marco de actuación para las personas mayores. Recordemos, por si acaso, que el origen no es exclusivo de España. De hecho, el Consejo de la Unión Europea lanzó hace un par de años, cuando no había elecciones generales a
la vista, un documento que se ha estado analizando en diferentes países para unificar criterios que permitan definir políticas en este sentido, todo ello marcado en la estrategia Europa 2020. Por lo tanto, cuando hablamos de prestar atención a los
mayores, hablamos de hacerlo en materias como empleo, aprendizaje permanente, sistemas de Seguridad Social y pensiones y por supuesto, pero no único, atención sanitaria.
Si atendemos a lo presentado, a lo que debatimos hoy aquí, la opinión del Grupo Parlamentario de UPyD es que este marco de actuación no solo tiene que ser analizado con los representantes de las personas mayores o al menos no solo con los
representantes de las grandes confederaciones que hay en este momento, que no siempre son muy representativas; debe contarse también con asociaciones profesionales, como la de Geriatría y Gerontología, con entidades que aporten empleo a los mayores
de cuarenta y cinco años, con grupos de mayores independientes y con los medios de comunicación. Si esta discusión se queda solo con la aportación de los ya conocidos, puede que sea positiva pero tendrá menos calado del que podría alcanzar. No
debemos olvidar, por otra parte, que lo que se necesita es reorganizar el sistema sanitario para atender al paciente crónico, dando respuesta a las necesidades de este grupo, tanto en sanidad como en dependencia.
Lejos de lo expuesto por la portavoz del Grupo Popular en la exposición de motivos, el Gobierno deja claras sus prioridades para las personas mayores -programas del Imserso- y pretende que ha asegurado y garantizado la sostenibilidad de las
pensiones justo unos días después de que, por ejemplo, Funcas dijera que las pensiones perderán poder adquisitivo este 2015 o un mes después de que la consultora
Towers Watson calculase que el fondo de reserva se acabará en nueve años si el paro se estanca en un 15 %.
Señorías del Partido Popular, la propuesta que nos traen hoy aquí está pensada de cara a la galería, no tiene acompañamiento presupuestario, sin lo cual hablar de un marco de actuación es como hablar del sexo de los ángeles, y solo tiene en
cuenta una parte muy concreta de los representantes de las personas mayores.
Para finalizar, escuchando su intervención, da la sensación de que más que preocuparse por las personas mayores se preocupan por mantener un grupo electoral concreto con medias verdades o con migajas mal distribuidas de pan para hoy y hambre
para mañana. Claro que UPyD está a favor de todas las políticas que realmente vayan encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores en nuestro país, pero en este caso necesitamos que el Grupo Popular nos aclare los puntos sobre los
que tenemos bastantes dudas, para que podamos decidir el sentido de nuestro voto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Lleonart.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, presidenta.
Señorías, es curioso que cuando se presentan iniciativas sin contenido se recurra para defenderlas al y tú, más. Es curioso. Pero he de decirles además, señorías, que cuando vi esta iniciativa fue como si me recorriera un escalofrío por la
espalda, no por lo que dice en sí misma, porque no dice nada, sino por lo que no dice o entendemos nosotros que no dice.
Señorías del Partido Popular, ustedes -como todo el mundo sabe- son bastante afines a lo que emana del Fondo Monetario Internacional y resulta sospechoso que esta iniciativa se presente tras el documento que esta entidad ha elaborado, en el
que se recogen una serie de recomendaciones respecto a la esperanza de vida, recomendaciones más que preocupantes y que ahora les señalaré. El FMI se congratula -como usted ha hecho- de la mejora del bienestar individual y, consecuentemente, de la
esperanza de vida, pero -rápidamente surgen los peros- manifiesta que la mejora de la esperanza de vida acarrea costos financieros para los gobiernos a través de los planes de jubilación del personal y los sistemas de Seguridad Social y por supuesto
también para las empresas con planes sociales de prestaciones jubilatorias, para las compañías de seguro que venden rentas vitalicias y, más aún, para aquellos particulares que carecen de prestaciones jubilatorias garantizadas. Por tanto, considera
que el riesgo de longevidad es un tema a tener en cuenta en vista de su impacto financiero y que hay que tomar medidas que mitiguen el impacto. Señorías del Partido Popular, si a algo estamos acostumbrados en este país es a que ustedes tomen
medidas contra todo aquello que pueda suponer un gasto financiero más, un gasto económico más. Dice el FMI que se hace necesario combinar el aumento de la edad de jubilación -obligatoria o voluntaria- y las contribuciones a los planes de jubilación
con recortes en las prestaciones futuras. ¿Les suena? ¿Nos suena? Creo que sí. En un país empobrecido por la crisis financiera y los recortes sociales; en un país con 4 millones de parados y paradas, muchos de los cuales no volverán a encontrar
trabajo por tener más de cuarenta y cinco años; en un país donde en más de un millón de hogares no entra salario alguno, donde un 23 % de niños y niñas se sitúan en el umbral de la pobreza, donde hay más pobres con contrato y donde la precariedad
se ha afianzado, solo falta ahora que venga el Fondo Monetario Internacional -un nido de buitres, como todos sabemos- y les obligue a ustedes -y, por lo tanto, a nosotros- a tomar medidas en contra de los que dicen defender y que nosotros sí
defendemos, que son las personas mayores, sus jubilaciones y el resto de las protecciones que les corresponden.
Señorías, es imposible tener una vejez digna si no se tienen recursos, y ustedes no ponen recursos para tener esa vejez digna, no los ponen; es más, los recortan acogiéndose a lo que dice el Fondo Monetario Internacional y antes de que este
lo diga. Por lo tanto, no nos vengan a contar historias; ya nos las contó Charles Dickens y, créanme, no queremos volver a la época victoriana, al tiempo del señor Dickens, ni queremos ver una sociedad en esas condiciones en este país en el que
decimos que estamos avanzando. Antes hablábamos de la muerte digna y queremos una muerte digna. No queremos para los mayores una muerte por inanición, por muchos programas marco que ustedes nos presenten, y será una muerte por inanición si siguen
con esas políticas de recortes para las personas mayores y la ciudadanía. En la exposición de motivos ustedes dicen: El progresivo aumento de la esperanza de vida registrado en nuestro país supone un importante reto de presente y futuro para la
sostenibilidad de los servicios sociales.
Ya lo dicen ustedes; lo dicen en servicios sociales, lo dicen en sanidad, lo dicen en todas las prestaciones que repercuten en el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas y, especialmente, en los más vulnerables, en este caso las personas
mayores.
Señorías, no les presentamos enmiendas. No vamos a presentar ninguna enmienda, porque con este tipo de iniciativas...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Con este tipo de iniciativas lo único que pretenden es intentar engañar a los de fuera, porque a los de dentro ya no pueden engañarnos, y creo que a los de fuera, por los resultados que vamos viendo, tampoco.
(Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora García Álvarez.
Grupo Catalán, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Realmente se nos hace difícil entender cuál es la pretensión del Grupo Popular presentando esta iniciativa. El texto que se nos propone votar habla literalmente de un marco de actuación para las personas mayores, consensuado con los
representantes de las personas mayores en España, al objeto de orientar las actuaciones de los poderes públicos y la sociedad en su conjunto, dirigidas a promover, para las personas mayores, una vida activa, saludable, independiente y participativa,
así como promover la igualdad de oportunidades y no discriminación. Está firmado en mayo del año 2015, cuando le quedan semanas de vida a este Congreso y al Gobierno, y además no contiene ninguna medida concreta o específica. Supone algo absurdo,
porque en lo que llevamos de legislatura hemos debatido, tanto en el Senado como en el Congreso, proposiciones no de ley del Partido Popular en una dirección similar, incluso se ha llegado a aprobar, con una redacción muy parecida, la elaboración
del estatuto del mayor, a propuesta del Grupo Popular. Habrá terminado la legislatura y ese estatuto del mayor, que mi grupo no sabía exactamente lo que implicaba, no se habrá aprobado. Ahora ya no nos hablan del estatuto del mayor, sino que nos
hablan de ese marco de actuación tan amplio y tan genérico.
Todo eso contrasta, en paralelo, con algo que sí es real y concreto, como son las competencias que dependen del Gobierno central y que han sido negativas para las personas mayores. Ha sido negativa para las personas mayores la modificación
del índice anual de revalorización de las pensiones, que supone en la práctica una cuasi congelación de las pensiones. Además, como Funcas nos anuncia, se abre el camino para que en los próximos tiempos los pensionistas pierdan poder adquisitivo y
sean más pobres. Asimismo, en un país como Cataluña -le habla un diputado catalán-, donde la inflación acostumbra a ser más alta que en el conjunto de España, esa reforma que ha aprobado el Partido Popular va a implicar un mayor empobrecimiento
para los pensionistas catalanes. En la política de atención a la dependencia, que también es competencia del Gobierno central, la Administración General del Estado se ha retirado del grueso de la financiación del sistema de atención a la
dependencia y ha descargado las responsabilidades en las comunidades autónomas y en los mayores y sus familias, ahogando, por un lado, la capacidad financiera de las comunidades autónomas y, por otro, incrementando los esfuerzos de copago de los
ciudadanos para poder beneficiarse de la dependencia. Pensiones y dependencia son competencia del Gobierno central, competencia de la Administración General del Estado, políticas que ha aplicado el Partido Popular. No son palabras huecas, no son
mandatos genéricos e indeterminados del Congreso al Gobierno, sino que son decisiones reales que dependen de la mayoría que ustedes conforman. Seguramente, para las personas mayores hubiese sido mejor presentar un proyecto de ley a la Cámara de
modificación de la Ley de Seguridad Social para garantizar que las pensiones evolucionasen según el índice de precios al consumo. El principal riesgo económico que tiene un pensionista es la evolución de la inflación. En un escenario de inflación
baja, ese riesgo no existe, pero en un escenario de inflación normal, de un 2 o un 3 %, la reforma de pensiones que ustedes aprobaron va a empobrecer a nuestros pensionistas. Funcas, que no es un instituto, desde la ortodoxia económica, de cuya
credibilidad se pueda dudar, ya nos está anunciando que los pensionistas van a perder poder adquisitivo, que los pensionistas van a ser más pobres.
Hoy mi grupo estaría entusiasmado de acompañarles si esta iniciativa hablase de cuestiones concretas, de cuestiones que dependen de ustedes, pero con un planteamiento tan vacuo, tan genérico, no dudo que bien intencionado por parte de la
portavoz del grupo de la mayoría, no pueden contar con nuestro apoyo,
sino que deben contar con nuestro rechazo. Si me permiten la sugerencia, gasten los cartuchos que tienen en este Pleno para hacernos propuestas que sean sustantivas, que sean interesantes, que puedan ser ejecutadas durante los escasos tres
meses de vida que le restan a esta legislatura. Ustedes saben tan bien como yo que esta proposición no de ley morirá esta tarde en esta discusión.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.
Señora Martín Pozo, ¿de sus palabras se deduce que no admiten ustedes la enmienda presentada?
La señora MARTÍN POZO: Señora presidenta, no la admitimos. Por lo tanto, se votará en sus propios términos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Martín Pozo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE RESTRICCIONES EN LA DISPENSACIÓN DE VACUNAS. (Número de expediente 162/000977).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, en este caso del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, sobre restricciones en la dispensación de las vacunas. Para su presentación y defensa,
tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, no es la primera vez -pero me gustaría que fuera la última- que tenemos que debatir y que tenemos que hablar en este Pleno sobre vacunas. Desde Convergència i Unió hemos presentado en estos dos últimos años preguntas escritas,
pregunta oral en el Pleno, una proposición no de ley en Comisión, una interpelación a la entonces ministra, señora Mato, con la moción correspondiente, y siempre hemos recibido un no a nuestras propuestas. Ahora ha habido un cambio de equipo en el
ministerio y esperamos que también un cambio de posición en este aspecto. Todos estamos muy esperanzados en ello.
En junio de 2014 presentamos y registramos también esta proposición no de ley que ahora vamos a debatir, y con el tiempo pasado pero, sobre todo, por los últimos acontecimientos relacionados con el tema de vacunas en la actualidad, hemos
hecho también una autoenmienda a esta proposición no de ley. (El señor presidente ocupa la Presidencia). No voy a empezar a explicar aquí todo lo concerniente con la varicela. Hemos hablado ya tantas veces de ello que no creo que haya ninguna de
sus señorías que no esté al corriente de ello. La Agencia Española del Medicamento tomó una decisión unilateral y a pesar de todas las iniciativas que trajimos aquí, no nos dieron nunca una explicación clara de por qué, sin haber sucedido nada con
la vacuna, sin haber pasado absolutamente nada en materia científica que avalara esa retirada de las oficinas de farmacia, fue retirada y, además, se incluyó en el calendario vacunal para los niños de doce años que no la hubieran pasado. Todos
sabemos que la varicela es benigna en el 85 % de los casos y que, si es benigna, pasar la varicela inmuniza. Pero, ¿qué pasa con ese 15 % de los casos de varicela en los que hay complicaciones, algunas de ellas graves, y yo diría que muy graves?
Desde luego, los pediatras han recomendado siempre, y han seguido recomendando, que se pusiera la vacuna de la varicela en el primer año de vida, a partir de los doce meses, y que se diera una segunda dosis de recuerdo a los dos o tres años.
Ahora, como hemos dicho, parece que con el nuevo cambio de equipo ha cambiado también la postura del ministerio en lo que respecta a la vacuna de la varicela. Ayer mismo, asistimos a un desayuno -y de las personas que estábamos allí hay
aquí presentes unos cuantos- en el que el ministro hizo una gran defensa de las vacunas. El ministro se comprometió también la semana pasada a incluir la vacuna de la varicela en las primeras edades en el calendario común de vacunación. Nos parece
fantástico. Hay enmiendas del Partido Popular que van en este sentido. Nosotros nos felicitamos y nos congratulamos de ello, pero creemos que debemos ir un poco más allá. Porque ¿qué pasa con los niños que hoy tienen dos o tres años y que durante
estos dos últimos años no se han podido vacunar porque sus padres no han podido comprar la vacuna en las farmacias por recomendación de sus pediatras porque no la había? Los que han tenido suerte y la han podido comprar en algún país cercano, como
Andorra, Francia o Portugal, han podido vacunar a sus niños. Pero los que no, esos niños de dos y tres años todavía seguirán -aunque se incluyeran en el calendario de vacunación, si se incluye solo a los doce meses- hasta los doce años dentro de
una franja de edad que no quedarían vacunados. Por eso
en la proposición no de ley mantenemos este primer punto, relativo a que todas las vacunas recomendadas por la Agencia Europea del Medicamento y que se venden en las farmacias de los países de nuestro entorno, también puedan venderse en las
farmacias españolas. Los otros dos puntos que añadimos en nuestra autoenmienda van encaminados a que se revise y se amplíe el calendario común de vacunaciones. No hablamos ni de varicela ni de meningococo, porque dejamos libertad para que sea el
consejo interterritorial, el Gobierno o quien corresponda el que establezca las vacunas que debemos incluir en el calendario común de vacunación. Mientras se revise, se amplíe y se tenga constancia de ello, para nosotros está bien.
Hemos añadido otro punto en el que creo que coincidiremos toda la Cámara, que es la sensibilización respecto a la importancia de la vacunación. Hay que darles el mayor valor social a las vacunas, algo que estos días se ha oído por activa y
por pasiva. Ayer mismo, el ministro, en el gran discurso que hizo a favor de las vacunas, decía que la vacuna es la mejor prevención. Hemos de encontrar un modo de explicar las bondades de la vacunación y su valor social. Por eso proponemos que,
de acuerdo con las comunidades autónomas, se hagan campañas de sensibilización en este sentido dirigidas a toda la población para que no haya ningún padre que deje de ponerles a sus hijos las vacunas incluidas en el calendario de vacunación, y yo
añadiría las vacunas que les recomienden sus pediatras para sus hijos. Ayer mismo, el ministro decía que la vacuna va en beneficio del menor y que es responsabilidad de los padres cumplir con este calendario y no de las instituciones. Estoy
completamente de acuerdo, pero ¿qué pasa cuando los pediatras recomiendan algunas vacunas, los padres quieren acceder a ellas y desde la Administración no dejamos que tengan acceso a las mismas en las farmacias? Entonces la responsabilidad quizá
sería de los demás.
Hay un debate que no queremos abrir aquí pero sí quiero comentar, y es la obligatoriedad o no de las vacunas. En nuestro grupo no somos partidarios de la obligación, pero sí, y mucho, de la pedagogía y de la sensibilización para con las
vacunas. No es lo mismo que una persona no quiera vacunarse del tétanos, caso en el que se perjudica ella sola, a que unos padres decidan no vacunar a los hijos de una enfermedad infecciosa que contagia al resto de los niños que están alrededor.
Creemos muy importante que lo expliquemos y que podamos avanzar en este sentido.
Quiero agradecer al Grupo Popular y al Grupo Socialista sus enmiendas, que creo que enriquecen bastante el texto. En algunos casos vienen a decir lo mismo, aunque con otras palabras, y en otros complementan lo que queremos decir en esta
proposición no de ley relativa a las vacunas y cuya tramitación nos gustaría que fuera posible. Señor presidente, anuncio que estamos trabajando en una transaccional que nos gustaría muchísimo que pudieran apoyar para que esta proposición no de ley
saliera adelante, si fuera posible, por unanimidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.
Para la defensa de las enmiendas a las que se ha referido la señora Tarruella, en primer lugar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Moya.
La señora FERNÁNDEZ MOYA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero iniciar mi intervención deseando la recuperación del pequeño que se encuentra ingresado por un caso de difteria y enviando un fuerte abrazo a sus padres.
En segundo lugar, quiero declarar -porque siempre lo hago- que no tengo conflictos de intereses, tengo exclusividad en mi trabajo como diputada, no tengo ningún despacho y no tengo que vender ningún libro sobre vacunas. Las vacunas
previenen enfermedades -creo que lo tenemos todos muy claro-, algunas de las cuales son muy graves y han permitido erradicar otras como, por ejemplo, la viruela. En medicina el riesgo cero no existe pero tenemos que decir claro que las vacunas
recomendadas son seguras y efectivas, y se debería decir muy a menudo. Por ejemplo, la del sarampión, según todos los estudios, tiene un riesgo de complicación de uno por un millón, pero pasar la enfermedad tiene riesgo de complicaciones de uno por
mil, o sea es mil veces mayor el riesgo al pasar la enfermedad. Son muchos los esfuerzos que hacen los profesionales sanitarios y tenemos que reconocérselos aquí; médicos de familia, pediatras y sobre todo enfermeros, que están siempre pendientes
para conseguir porcentajes muy altos de captación para las vacunas, porque con ello también se consigue el efecto rebaño, es decir, a los niños que no estén vacunados también se les protege gracias al efecto de un grupo mayor vacunado. Con eso
consiguen evitar brotes y colaborar en la reducción de la mortalidad infantil.
Es importantísima la labor que debería hacer el ministerio para establecer las líneas estratégicas básicas de vacunación y para ir adaptando las recomendaciones a las nuevas evidencias científicas
disponibles, siempre manteniendo la equidad en el acceso y la sostenibilidad de las prestaciones públicas de vacunación, y contando previamente con las comunidades autónomas. Por cierto, el ministro debería felicitar a las comunidades que
hacen más con menos y no atacarlas, como hace continuamente con Andalucía. (Aplausos). Hemos planteado enmiendas para intentar mejorar esta propuesta, ya que creemos que en el debate actual sobre vacunas hay un gran diagnóstico: errores en la
comunicación. Falta una información pública explicando las evidencias científicas en las que se basan las recomendaciones y sobre todo las decisiones y los cambios de criterio. Falta información que se transmita de forma clara y veraz, adaptada
para generar tranquilidad y confianza en los profesionales y en toda la población en general. Los padres y madres no deberían tener dudas de que las vacunas recomendadas son seguras, pero las tienen. Y, conscientes de ello, los ministros de
Sanidad de la Unión Europea, en diciembre de 2014, pidieron a los países que tomaran medidas para revertir el escepticismo entre la ciudadanía en relación con las vacunas e invitaron a los Estados miembros a informar a la población para aumentar su
confianza en los programas de vacunación. ¿Y qué ha hecho nuestro Gobierno? Nada. Sabemos que si no informas, otros lo hacen por ti y eso es lo que está ocurriendo.
Como profesional interesada en buscar información -igual que otros profesionales- acudí a la página del ministerio para informarme sobre vacunas y vi que en la actualidad no hay información clara y actualizada, solo hay una nota escueta
sobre el uso hospitalario de la vacuna de la varicela. La página del ministerio se encuentra como les enseño, (Muestra un papel), una muestra muy clara de cómo está el ministerio en relación con las vacunas: en obras y en reparación. Si es un
ciudadano el que busca información de fuentes oficiales y acude al ministerio, encontrará los calendarios oficiales y poco más. ¿Colaboran en esta comunicación los medios de comunicación públicos? Todo lo contrario. Hace unos días en una Comisión
denuncié el ejemplo de un programa, Para todos La 2, en el que entrevistaban a un periodista y escritor considerándolo como un experto en vacunas y, sorprendentemente, volvió a aparecer como experto en el Telediario de Televisión Española
cuestionando la vacuna de la difteria, cuando ya se conocía el caso del niño de Olot. Creo que para ocultar los errores en el abordaje de la salud pública el ministro está anunciando cada día cambios en relación con las vacunas de la varicela y el
meningococo. ¿Por qué ahora se apoya en los informes de expertos que antes no tuvieron en consideración? En los medios oficiales no se ha informado nada y a los profesionales, tampoco. Y nos preguntamos qué cambios epidemiológicos se han
producido recientemente en este último mes. ¿En qué reunión del grupo de vacunas se ha tratado esta modificación? Creemos que las vacunas ahora se utilizan solo por motivos electorales y cada día se hacen promesas de cambio que no se han hablado
para nada con las comunidades autónomas pero que esperamos que después no queden en nada, como está ocurriendo con otras, por ejemplo, con la atención a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular. Pedimos que de verdad termine
esta situación de descontrol, que se acuerden con las comunidades autónomas todos los cambios de criterio, que se planteen planes de formación y comunicación, campañas de sensibilización serias que aporten tranquilidad a los profesionales y a los
padres y madres, y la seguridad de que las decisiones serán las mejores para la salud de sus hijos e hijas. Por ello, hemos propuesto estas enmiendas que sirven para complementar y que esperamos que se aprueben.
Muchísimas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Moya.
Por el Grupo Popular, para presentar también su enmienda, tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Gracias, presidente.
Señorías, quiero que mis primeras palabras sean para agradecer a la señora Tarruella la oportunidad que nos ofrece a esta Cámara para hablar sobre las vacunas. Aunque la posición inicial de la proposición no de ley era bastante carenciosa,
si me permite decirlo así, la autoenmienda que ha realizado -y la felicito por ello- completa la posición, mucho más razonable, en el ámbito de las vacunas. Nosotros hemos presentado una enmienda que tiene un criterio y una esperanza de ser
transaccional, donde nos ocupamos de los aspectos más importantes de las vacunas para la sociedad. Lo hacemos sobre la base de tres criterios básicos. El primero es que pocas veces en el mundo médico ha habido tanto adelanto científico como el
representado por las vacunas para la prevención de la enfermedad, para disminuir la morbo y mortalidad, y para ganancia de salud de todos los ciudadanos. Tenemos un calendario que nos hemos dado todos, que es libre, voluntario, a diferencia de
otros países donde es obligatorio, pues entiendo -como creo que compartirán todos ustedes, porque ya lo hicimos en la Ley General de Sanidad y en la Ley de Autonomía del Paciente- que debe ser voluntario, ya que lo importante es convencer e
informar,
y por ello tenemos un 97 % de seguimiento vacunal en nuestro país, una de las cifras más altas del mundo. De todas formas, no viene mal que el ministerio y las comunidades autónomas continúen ejerciendo toda su influencia para informar
habitual y cotidianamente a la población sobre el magnífico beneficio que ofrecen las vacunas a la sociedad en general.
Segunda idea. Tenemos el mejor calendario vacunal del mundo. Vacunamos de una manera universal, gratuita, con un programa amplio y sobre todo fruto del acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas en febrero del
año 2013, cuando dirigía el ministerio doña Ana Mato. Ese es el primer acuerdo global y tenemos que estar orgullosos de él. Además, las vacunas se incorporan gracias a los criterios científicos de las sociedades de epidemiología y vacunología, y
al acuerdo previo de la Comisión de Salud Pública, como saben ustedes. También es dinámico porque se revisa constantemente, y un buen ejemplo de ello, como ustedes saben, es que en el año 2014 se tomaron dos decisiones por unanimidad en el consejo
interterritorial: modificar la vacunación del papiloma en las niñas para comenzar con ella a los doce años en vez de a los catorce e incorporar la vacuna del neumococo, que se implantará en el año 2016. Por lo tanto, la segunda idea es que tenemos
un buen modelo que debemos conservar.
Tercera y última idea. Ustedes saben que los datos de coste-eficacia de las vacunas dependen fundamentalmente y en muchos casos de la situación epidemiológica de cada enfermedad en un momento determinado. Por tanto, la opinión de los
técnicos y de los expertos se modifica en el tiempo y los últimos avances que han presentado las sociedades científicas y los expertos en vacunología y epidemiología han aconsejado que haya novedades en el calendario vacunal. Por eso, el ministro
ha recogido esa idea y ya ha anunciado su intención de proponer al consejo interterritorial la inclusión de la vacuna de la varicela en el calendario vacunal infantil y asimismo incorporar la dispensación de la vacuna del meningococo B en las
farmacias, como venía demandando la señora Tarruella desde hace muchos años.
Concluyo agradeciendo a la señora Fernández su intervención y estimulándola a que hagamos una enmienda transaccional entre todos. Este es un momento estupendo en esta Cámara para dar el valor real que tiene la vacuna para la medicina, para
la prevención y para la sociedad española.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mingo.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, la señora Pérez tiene la palabra.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Señorías, comienzo diciendo que el Bloque Nacionalista Galego apoyará esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán. De hecho, en este mismo sentido hemos presentado diversas iniciativas en esta Cámara, en Comisión
concretamente, con el objetivo de que el Gobierno escuche a la comunidad científica, a los pediatras y a los padres y madres, que se enfrentan a un temor y a una situación a la que la Administración no acaba de poner remedio, y nunca mejor dicho.
Tanto el caso de la vacuna del meningococo B como el de la varicela -con restricción al ámbito hospitalario en el primer caso y desabastecimiento y por tanto restricción de su venta en farmacias en el segundo- han provocado que en distintos
territorios, como en Galiza o Cataluña, los padres y madres se hayan visto obligados a desplazarse a los países vecinos para poder adquirirlas. Esto supone, entre otros perjuicios, que podrían vacunarse aquellos niños o aquellas personas que
dispongan de medios económicos para desplazarse a otro país y adquirir la vacuna prescrita.
El ministerio es la administración competente a la hora de incluir las vacunas en el calendario oficial y la alarma creada ha llevado precisamente hace muy poco tiempo al Parlamento galego a instar a la Xunta a realizar esta demanda al
ministerio para que reconsidere la situación actual, donde la vacuna del meningococo B solo puede distribuirse en los hospitales. Estamos hablando de una vacuna que es efectiva contra una enfermedad, la meningitis B, que llega ya al 80 % del total
de los casos de meningitis. En este caso entendemos que mientras no se proceda a lo fundamental, a su inclusión en el calendario de vacunación, el Gobierno debería liberar su venta en farmacias, ya que su uso exclusivamente hospitalario es una
decisión unilateral de la Agencia Española del Medicamento que ha evidenciado el gran malestar social y de los profesionales de la sanidad. En el caso de la varicela, el bloqueo de la venta en farmacias de Varivax, la vacuna autorizada en el Estado
para su venta, ha supuesto también un aluvión de críticas y ha creado gran preocupación sobre la posibilidad de que aumenten los casos de varicela. De hecho, diversos estudios han puesto de manifiesto un importante incremento de casos. La
Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles considera, por ejemplo, que existe una relación directa entre el incremento de casos y la falta de vacunación derivada de las restricciones en el suministro. Son muchas las
comunidades autónomas que entre los años 2006 y 2008 incluyeron la vacuna de la varicela en su calendario de vacunación, aplicándola entre los doce y los quince meses de edad. En otras comunidades autónomas que no la incluyeron en su
calendario oficial se podía comprar en las farmacias. Ha habido, señorías, argumentos a favor y en contra de las vacunas y todos los argumentos pueden ser escuchados y valorados, pero la cuestión es que si el ministerio tiene alguna duda sobre la
vacuna, alguna duda con fundamento sanitario no económico, debería tener en cuenta todas las consecuencias que se derivan del uso únicamente hospitalario de determinadas vacunas.
Señorías, Galiza junto con Aragón figuran como las comunidades autónomas con más casos de varicela y, con datos de finales de 2014, son los dos territorios donde más aumentado la enfermedad: un 66 % en concreto en nuestra comunidad
autónoma. La única vacuna que permitiría evitar el contagio dejó de comercializarse en las farmacias hace dos años y, recientemente, más de 700 profesionales sanitarios de todo el Estado demandaron al ministerio que incluyera la vacuna contra la
varicela en dos dosis a los doce meses y otra entre los dos y tres años. Los pediatras insisten en la importancia de incluir la vacuna a edades tempranas en el calendario para evitar el aumento de casos. Tal y como ha dicho la portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán, el ministro de Sanidad ha hecho afirmaciones que pueden indicar que el desbloqueo solicitado por los profesionales se pueda producir.
Nosotros esperamos que así sea, que el Gobierno escuche a los profesionales sanitarios y atienda a la preocupación de los padres y madres y, por tanto, libere la venta de la vacuna en farmacias. También estamos de acuerdo en que debe
revisarse y ampliarse el calendario común de vacunación infantil para evitar enfermedades y muertes, pero también, señorías, para evitar algo que en este momento se está produciendo, que es desigualdad.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente desde el escaño para decir que, en primer lugar, estamos de acuerdo con la propuesta que hace la compañera de Convergència i Unió. Tenemos un problema al que hay dar solución, evidentemente, pues no es la primera
vez que se nos transmite esta situación en este Pleno, tal y como ha dicho la señora Tarruella.
En lo que nos atañe, la propuesta que trae Convergència i Unió es un tema pertinente porque hay un problema, y es que dejó de haber determinadas vacunas, algunos padres querían seguir teniendo la posibilidad de poder adquirirlas y no
pudieron. A esta situación social y sanitaria hay que darle una respuesta. Sea como sea, hay que dar una respuesta seria a esta situación de las vacunas; no se puede improvisar y, de repente, en el último momento soltar, como ha hecho el
ministro, por ejemplo, algo novedoso sin haber contado con las autoridades de las comunidades autónomas, que son las competentes, y sin decir cómo se va a dotar financieramente esa nueva situación que se va a plantear. Por tanto, en cuanto a los
cambios que se puedan producir no se puede y no se debe improvisar.
Tanto mi grupo, como las autoridades sanitarias -incluso las del Gobierno vasco- pensamos que los calendarios de vacunación funcionan, que los hacen los profesionales y están bien hechos, y que se toman decisiones en base a rigor sanitario y
científico, por lo que cuando se deciden, se deciden por algo. Algunos de por ahí arriba quieren, o consideran que es oportuno, que algunas vacunas que no están incluidas en el calendario se suministren, siempre que estén autorizadas y legisladas
-que las farmacias deben disponer de ese stock-, si los padres -aunque no estén dentro de la capacidad que tiene el sistema sanitario para cubrirlo financieramente- son autónomos y son capaces de pagarlas. Lo que no se puede hacer es improvisar,
como he dicho anteriormente. Las decisiones que se han tomado, en cuanto a nuevas incorporaciones en los calendarios de vacunación o las modificaciones, han sido siempre, y espero que siga siendo así, por razones científicas y sanitarias, nunca por
razones económicas. Un razonamiento económico sería nefasto a la hora de decidir si unas vacunas deben o no incorporarse al calendario.
Por último, en el concepto global y dado que el tema de la vacuna da para mucho -hoy la compañera de CiU ha traído una problemática en concreto y quería hablar de ella, pero podemos hablar sobre la vacunación en global y hablamos de la
varicela y del meningococo y del neumococo, etcétera, y de nuevas vacunaciones; pero creo que el tema era concreto-, también ha surgido porque tenemos una crisis concreta de una ausencia de vacunación de ciertas personas en un lugar concreto, como
decía el
consejero Jon Darpón, no se debe imponer, ha de convencerse -creo que Mario Mingo también ha dicho las mismas palabras- y hasta ahora el convencimiento ha funcionado casi en la mayoría aunque no en todos, y en esa franja mínima de no
convencimiento ha surgido un contagio grave en Cataluña.
Dicho esto, hay cuestiones con las que no se puede ni se debe jugar. Y, como decía la señora Tarruella, cuando tú quieres hacerte daño a ti mismo, es un problema tuyo; pero cuando tu negligencia o tu convicción perjudican a los demás, se
deben tomar ciertas medidas profilácticas. No sé cuáles. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la proposición que ha presentado Convergència i Unió y la apoyaremos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia también agradece a la portavoz de Convergència i Unió, la señora Tarruella, la presentación de esta iniciativa y la posibilidad que nos ha brindado de participar y de asistir a este
debate. Estoy muy, muy de acuerdo con la intervención que ella misma ha hecho y estoy muy de acuerdo también con la intervención que le acabo de escuchar a mi compañero, el señor Agirretxea. Se trata de intentar convencer, de convencer a las
personas, a los padres de los niños que han de ser vacunados. Pero se trata también de tener en cuenta que a veces una decisión personal, particular, afecta a otras personas que se ven vinculadas por los contagios -como aquí se ha dicho- por una
decisión que no afecta exclusivamente a la persona que toma la decisión, sino a las personas de su entorno. Y eso lo hemos de tener en cuenta además a la hora de tomar decisiones. Hemos de tomar estas decisiones pensando en el interés por la
salud, desde criterios científicos y desde indicaciones mera y exclusivamente científicas, nunca desde indicaciones o por criterios económicos. Como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, tenemos un buen modelo, pero no tenemos el mejor modelo del
mundo. Si no, no estaríamos hablando de él, no estaríamos planteando algunos de los problemas que han surgido y no estaría el Ministerio de Sanidad improvisando y modificando permanentemente el propio modelo. Tenemos un buen modelo, un modelo
dinámico -como todos, por cierto, en esta materia- pero es un modelo que tenemos que mejorar.
Naturalmente nuestro grupo parlamentario está de acuerdo, como no podía ser menos, con la iniciativa que plantea la señora Tarruella en concreto. Qué menos que garantizar que se dispensen en las oficinas de farmacia todas las vacunas
autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento. Me parece que es una petición tan razonable, tan de sentido común y tan de mínimos, que cualquiera que escuchara el debate podría preguntarse, ¿pero es que ahora eso no está garantizado?
Efectivamente, ahora no está garantizado, y lo que nos viene a plantear hoy la señora Tarruella es, desde nuestro punto de vista, una cuestión de mínimos: todo aquello que esté autorizado por la Agencia Europea del Medicamento ha de poderse obtener
con normalidad en una oficina de farmacia, y no solamente dispensado en los centros hospitalarios.
Se ha suscitado también a lo largo del debate, aunque el planteamiento del grupo proponente era así de escueto, la problemática que tenemos en este momento, y se han citado casos concretos de neumococo, de varicela. Casos concretos que
obligan -nos obligan- a tomar decisiones o a pedir al Gobierno que se revisen -en el ámbito de las competencias que en esta materia son compartidas y son también de las comunidades autónomas- las decisiones que hasta el momento se han venido
tomando. A nuestro juicio -lo hemos explicado más veces en esta tribuna-, uno de los principales problemas estructurales que tiene la sanidad en España es que en nuestro país no existe un sistema sanitario único que garantice una adecuada atención
sanitaria a los ciudadanos al margen de la comunidad autónoma en la que vivan. Varios parlamentarios han destacado la cuestión de la igualdad. Lo ha destacado la portavoz del Grupo Nacionalista Galego en su intervención; ha planteado la cuestión
desde la perspectiva de que hemos de garantizar la igualdad, y lo ha planteado al principio de la tarde el Grupo Socialista con otra proposición de ley que tenía que ver no con la materia de las vacunas pero sí con otra materia sanitaria -aunque no
específicamente, pero estábamos hablando de la que no se quiere llamar eutanasia pero estábamos hablando de la eutanasia, otra vez la igualdad-. Para resolver la cuestión de la igualdad, a nuestro juicio, hay que tener en cuenta que la desigualdad
de acceso a los servicios y a las prestaciones sanitarias se hace todavía más patente cuando hablamos de elementos tan básicos como el calendario vacunal. No existen diecisiete sistemas diferentes en el calendario vacunal -ustedes lo saben-, sino
que en España conviven diecinueve calendarios de vacunación basándose en los contenidos y las cronologías
que recogen cada uno de ellos. Plantean problemas a los padres y, por tanto, a los niños, cuando se trasladan de una comunidad autónoma a otra. En una comunidad autónoma es recomendada, en otra es incluso obligatoria y a veces no coincide
ni siquiera la edad a la que se recomienda que se ponga esa vacuna. Eso genera un enorme problema sanitario y un enorme problema de falta de orientación y de seguridad para los padres.
Con el objetivo de unificar el calendario de vacunación en nuestro país, en 2011, se puso en marcha a través de distintas recomendaciones de la Asociación Española de Vacunología y de la Asociación Española de Pediatría un documento que
recogía toda una serie de argumentos y justificaciones que avalaban la creación de un calendario de vacunación único -este del que les estamos hablando en nombre de Unión Progreso y Democracia-. Como consecuencia de esa presión, se puso en marcha
ese calendario, pero -ustedes lo saben bien, el portavoz del Grupo Popular lo ha citado aunque de una manera ligera o pasando por encima de ello- cuando se puso en marcha ese calendario, que tenía que estar en vigor a principios del año 2014 -sin
que eso haya sido así-, el calendario de vacunación único resultó calificado por los profesionales como muy básico, retrógrado en algunos casos respecto a los calendarios de vacunación ya existentes en diferentes comunidades autónomas. Esa fue una
calificación de los propios profesionales.
Se hablaba, por ejemplo, del retroceso que suponía ese calendario común porque se solicitaba a algunas comunidades autónomas que retiraran vacunas como la del neumococo o de la varicela que ellas mismas sí tenían incluidas en sus
calendarios. Ustedes lo recordarán y recordarán además las consecuencias dramáticas que ha tenido la retirada de esas vacunas; consecuencias que han generado mucha perturbación, mucha inseguridad y en algunos casos lamentablemente muertes.
Elaborar un calendario común de vacunación infantil de máximos que garantice la igualdad...
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, tiene que ir terminando.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ... en el acceso a todos los ciudadanos -termino-, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan es una asignatura pendiente en esta materia. Debemos insistir en ello y debemos garantizar la
seguridad, desde el punto de vista sanitario, y también la igualdad al conjunto de los españoles.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra la señora Castaño, a quien felicito por su disposición a intervenir en el día que adquiere su condición de diputada.
La señora CASTAÑO REY: Gracias, presidente.
Señorías, inicio hoy mi actividad parlamentaria fijando la posición de mi grupo, de La Izquierda Plural, en relación con la proposición que presenta el Grupo de Convergència i Unió relativa a que, de acuerdo con la normativa comunitaria y
sin ningún tipo de restricción, se garantice la dispensación en oficinas de farmacia de las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento.
En el texto que acompaña y justifica la proposición se dan una serie de argumentos de índole jurídica en los que nosotros no vamos a entrar, ya que entendemos que si se estima que la normativa española vulnera la legislación europea debe
acudirse a los tribunales para que estos resuelvan sobre el asunto. En cambio, sí entraremos en la proposición en sí. Se demanda, como decía anteriormente, la dispensación en las oficinas de farmacia de todas las vacunas autorizadas por la Agencia
Europea del Medicamento. En una lectura rápida esta petición nos podría parecer de lo más inocua e incluso algunos podrían invocar la sacrosanta libertad de los ciudadanos, eso sí de aquellos ciudadanos que cuenten con los recursos económicos
precisos; libertad para adquirir en el mercado todo lo que les venga en gana o que haya sido aprobado por alguna autoridad determinada. Los ciudadanos, dicho sea de paso, que no tienen conocimientos especializados, están informados en muchas
ocasiones por fuentes de dudosa credibilidad y condicionados con mensajes seductores en los que se les transmite que hay toda una serie de enfermedades que serían fácilmente evitadas con la administración de una u otra vacuna; son ciudadanos y
ciudadanas que asisten desorientados a los debates sobre las bondades o amenazas de estas vacunas. A nuestro juicio, con esta proposición se trata de influir políticamente en el Gobierno español para que se profundice en la práctica de reducir los
medicamentos a simples mercancías. Se presiona a un Gobierno que en esta ocasión había tenido la osadía de tratar el tema de las vacunas como un asunto de salud
pública y no como un asunto exclusivamente mercantil. Y, objetivo conseguido, ya que tan solo hace unos días el señor ministro de Sanidad, aprovechando un momento de especial sensibilidad social y sin aportar criterios técnicos que
justifiquen el repentino cambio de la política de su ministerio, ha anunciado que ha propuesto incluir de nuevo a la vacuna de la varicela en el calendario vacunal oficial en edad pediátrica y que la vacuna de la meningitis B pasará en cuestión de
meses a venderse libremente en las farmacias.
Sin ninguna duda, señorías, las vacunas han tenido un extraordinario y positivo impacto en la salud de las personas y constituyen una de las medidas sanitarias que mayor beneficio han producido y sigue produciendo a la humanidad, ya que
previenen enfermedades que antes causaban graves epidemias, muertes y secuelas. Hasta hace poco tiempo, vacuna era sinónimo de salud, de un futuro libre de enfermedad y de garantía sanitaria. Pero, lamentablemente, las vacunas están viviendo una
crisis sin precedentes, ya que la presión de las casas comerciales de algunas asociaciones científicas, con excesiva dependencia financiera de aquellas y de colectivos profesionales e institucionales -podríamos señalar el caso de la Organización
Mundial de la Salud- han conseguido aprovecharse del prestigio del término vacuna para hacer extraordinarios negocios con poca o con ninguna fundamentación científica. Así, se han introducido en el mercado y en los calendarios vacunales del Sistema
Nacional de Salud vacunas que, como poco, deberían haber esperado a que dispusiéramos de un mayor conocimiento sobre su desempeño por su más que dudosa efectividad, incierto riesgo y alto coste.
En la Izquierda Plural nunca estaremos de acuerdo con esa reducción del medicamento a simple mercancía, porque tal reducción la consideramos irresponsable y fruto de una avaricia sin límites; ni aceptaremos las presiones de los lobbies
farmacéuticos interesados en condicionar en su propio interés las políticas de salud pública. Desde nuestro grupo, siempre antepondremos los intereses de los ciudadanos y ciudadanas a estas presiones, y defenderemos la salud de las personas frente
a las estrategias agresivas de promoción de los fármacos.
Por todo lo aquí expuesto y porque nos posicionamos al lado de la salud pública y de los intereses de la ciudadanía, frente al afán de la industria farmacéutica por vender cada día más y más productos, votaremos en contra de la proposición
presentada. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Castaño.
Señora Tarruella, aunque usted ya lo ha manifestado, le pregunto si hay una enmienda transaccional.
La señora TARRUELLA TOMÁS: Sí, señor presidente, hay una enmienda transaccional entre el Grupo Popular y nuestro grupo.
Muchas gracias, señora Tarruella.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA SOSTENIBILIDAD Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO. (Número de expediente 173/000220).
El señor PRESIDENTE: Señora Tarruella, vuelvo a llamarla para que defienda la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la sostenibilidad y financiación del sistema sanitario.
Tiene la palabra, señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÁS: Gracias, señor presidente.
En nombre de Convergència i Unió subo a defender la moción consecuencia de interpelación sobre la sostenibilidad y financiación del sistema sanitario. La semana pasada tuvimos aquí el debate sobre este tema de financiación con el ministro
y, por nuestra parte, quedó muy bien explicado y claro el problema que tienen todas las comunidades autónomas a la hora de financiarse. Hay un déficit estructural, un déficit infravalorado desde el inicio de los traspasos a las comunidades
autónomas. Decíamos, además, que Cataluña, que fue la primera comunidad autónoma que obtuvo sus traspasos, arrastra las inversiones que ha hecho en sus hospitales, al contrario de lo que ocurre con otras comunidades autónomas que recibieron sus
competencias pasado el 2002 y que las recibieron al día, podríamos decir. Dicho sea de paso, en algunos de estos hospitales las comunidades autónomas siguen invirtiendo; por ejemplo, Cataluña sigue enriqueciendo ese patrimonio, pero todavía la
Generalitat no es titular de los hospitales, porque no hemos conseguido que se traspasen los edificios, que continúan siendo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Hoy traemos aquí esta moción en la que se recogen una serie de puntos, todos coherentes con lo que defendíamos la semana pasada durante la interpelación. Pedimos que se garantice a las comunidades autónomas una financiación suficiente para
que puedan desarrollar sus competencias en materia de servicios sanitarios, sobre todo, revisando la financiación de dichos servicios. Está claro que la parte sanitaria supone más de la tercera parte de los presupuestos autonómicos de la gran
mayoría de las comunidades autónomas. Además, el Gobierno central hizo una serie de rebajas en los Presupuestos Generales del Estado que afectaban a una serie de partidas que financiaban las estrategias, las enfermedades raras, la lucha contra el
sida, y todas estas partidas desaparecieron de los presupuestos generales del Estado. El sistema es que las comunidades autónomas han seguido aguantando como han podido y han tenido que seguir con sus rebajas correspondientes, pero haciendo frente
a todo lo que ya estaba en marcha.
Por eso pedimos que se asegure el acceso a los servicios sanitarios a toda la población, cumpliendo el principio de universalidad de la cobertura, teniendo especial consideración a los colectivos socialmente más frágiles ante la actual
situación de crisis económica. Quiero recordar al Grupo Popular, señorías, que este es uno de los puntos -el principal- que fue aprobado en la subcomisión para la sostenibilidad del sistema sanitario que pactamos entre el Grupo Popular -con el
entonces portavoz y hoy actual secretario general-, el Partido Nacionalista Vasco y nuestro grupo parlamentario: la universalidad de la sanidad para la población. Se pactó, se aceptó y lo tenemos que traer hoy aquí a votación porque de ese pacto
no se ha cumplido, a día de hoy, absolutamente nada.
Queremos además que se cree un fondo sanitario específico, dotado presupuestariamente, para todas las innovaciones farmacoterapéuticas que se aprueban por el ministerio y que se incluyen en el catálogo de medicamentos de financiación
pública. Ya sé que las comunidades autónomas intervienen en el modelo de fijación de precios, pero eso no sirve de nada si el ministerio -aunque se aprueben los precios con la participación de dos comunidades autónomas- no recoge después la partida
correspondiente que ayude a pagar esta financiación. Porque quienes compran y quienes pagan son las comunidades autónomas y, si no se les da un fondo para ayudar a estas nuevas incorporaciones, son más elementos que se añaden a la cartera de
servicios. Cuando se añade un servicio, esa cartera común de servicios tendría que ir acompañada -si se quiere cumplir con esa lealtad institucional- de esa partida para que eso nuevo que se incorpora se pueda pagar. También pedimos que se abone
la deuda existente por parte del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales con las comunidades autónomas correspondiente al Fondo para el uso racional del medicamento. Algunas personas me han preguntado qué es eso. Señorías, este es un fondo por
el que el ministerio repartía a las comunidades autónomas por ley lo que se recaudaba de la industria farmacéutica. Pero el año 2013 se lo saltó, no lo dio, no lo repartió y nunca más se supo de él. Se está reclamando pero ese año está
desaparecido. Por tanto, se adeuda esa cantidad a las comunidades autónomas y como es una deuda pendiente, es decir, es un ingreso que necesitan las comunidades autónomas para financiar, precisamente, más innovaciones farmacoterapeutas, nosotros
también lo sometemos a votación.
Igualmente, queremos que se reconozca el incremento que hay de gasto en las comunidades autónomas provocado por el aumento del IVA de los productos sanitarios. Ya sabemos que ese aumento del IVA fue consecuencia de la Unión Europea, no lo
hizo el ministerio por gusto, estamos totalmente de acuerdo. Ese aumento de IVA que va a recaudar el Ministerio de Hacienda se lo va a quedar, y las comunidades autónomas tienen que comprar y pagar con esa diferencia, y supone muchos millones de
euros de incremento del gasto de las comunidades autónomas. Por eso pedimos que se haga algún mecanismo para que ese aumento del IVA sea repartido también a las comunidades autónomas, es decir, un mecanismo compensatorio.
Estas son las demandas que presentamos en esta moción y que nos gustaría que fueran apoyadas por el Grupo Popular, aunque me temo que no las va a aceptar. Señor presidente, quiero decir ya que agradezco las dos enmiendas que nos han
presentado el Grupo Socialista y el Grupo de La Izquierda Plural, y que las vamos a incorporar, al ser de adición, a nuestra moción. Por lo tanto, señor presidente, se votará nuestra moción con las enmiendas presentadas por los otros dos grupos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.
En efecto, hay dos enmiendas que van a ser aceptadas, pero para su defensa tiene la palabra, en primer lugar, por La Izquierda Plural el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, he tenido la oportunidad de expresar en muchas ocasiones nuestra opinión, la de La Izquierda Plural, en relación con que el verdadero problema, el drama de nuestro sistema sanitario, es la falta de financiación; la infradotación
de recursos que castiga de manera muy importante además a quienes tienen la responsabilidad de gestionar el Sistema Nacional de Salud, que son las comunidades autónomas. En ese sentido, nuestra posición es favorable a los planteamientos que hoy nos
hace el Grupo de Convergència i Unió.
Nuestro grupo, de todas maneras, ha presentado una enmienda que pretende aprovechar la ocasión de este debate para dejar bien claro, y que el Congreso de los Diputados deje bien claro, el mandato al Gobierno de que rechace de manera muy
clara las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en relación con la disminución del gasto sanitario y el aumento del copago. Se necesita desfachatez por parte del Fondo Monetario Internacional para que en el mismo informe en el que
constata un gran aumento de la desigualdad en nuestro país se insista en las políticas de ajuste salarial y desregulación y, al mismo tiempo, se permita el lujo también de recomendarnos una reducción del gasto sanitario y una mayor privatización a
través del copago. Por supuesto que el objetivo es muy nítido, cuanto más se deteriore el Sistema Público de Salud más espacio van a tener los sistemas privados para ocuparlo con aquellos que, por supuesto, puedan pagárselo, con lo cual, la
discriminación y la desigualdad se va a producir no solo en términos de renta, sino clarísimamente en términos de acceso a la salud. En ese sentido, valoramos que el Grupo de Convergència i Unió haya aceptado ya nuestra enmienda a su moción.
En todo caso, quiero recordar que pedir más recursos para la asistencia sanitaria que compartimos debería ir acompañado de una mayor coherencia por parte del Grupo de Convergència i Unió y la política del Govern de la Generalitat. No es muy
coherente pedir más recursos para la asistencia sanitaria los lunes, miércoles y viernes y plantear los martes, jueves y sábados una desfiscalización de las rentas del capital y del patrimonio, como ustedes suelen hacer permanentemente en este
Congreso o acordar en el ámbito del Govern català. Los recursos para mejorar la asistencia sanitaria deben salir de algún lado y, sin duda, ese lado es una fiscalidad más justa, una fiscalidad más suficiente. En ese sentido, permítanme que les
diga que no todos los problemas que tiene la sanidad pública catalana derivan de la falta de recursos sanitarios; una parte muy importante sí, sin duda, y no le voy a quitar un ápice de razón a usted en esa defensa. Un sistema sanitario como el
español, escasamente dotado de recursos, es un sistema que está permanentemente en tensión, que somete a los ciudadanos a listas de espera y, por tanto, los canaliza hacia el sistema privado, y al mismo tiempo somete a los profesionales a una
tensión insostenible. Pero me tendrá que reconocer que no todos los problemas derivan de esa falta de recursos, hay algunas cuestiones cuya responsabilidad está en la propia política del Govern de la Generalitat. Por ejemplo, la falta de recursos
sanitarios no justifica la clara apuesta por la privatización que ha hecho el Gobierno de Convergència i Unió, con el señor Boi Ruiz a la cabeza. La falta de recursos sanitarios no justifica, por ejemplo, que en Lleida, un territorio que usted
conoce muy bien, se haya insistido en un consorcio sanitario, hasta que la movilización social ha conseguido parar esa medida. La falta de recursos no justifica, por ejemplo, que el Gobierno de la Generalitat se haya empeñado en ceder la gestión de
los centros de atención primaria a entidades externas al ICS, pero no a entidades cualquiera, sino en muchos casos a entidades no sanitarias en detrimento de cooperativas de profesionales sanitarios, como se intentaba hacer, por ejemplo, en
L'Escala. La falta de recursos sanitarios puede justificar, sin duda, algunas de las cuestiones que se están planteando en materia salarial, pero no justifica que ustedes hayan planteado una reducción del personal del ICS en 5.810 profesionales del
total de 43.000.
En definitiva, vamos a votar su moción y lo vamos a hacer tan convencidos de que Cataluña y todas las comunidades autónomas requieren más recursos para garantizar la asistencia sanitaria universal y en condiciones de equidad como los
portavoces de la marea blanca, que en estos momentos han pedido en el Parlament de Catalunya a todos los grupos parlamentarios que aprueben de una vez por todas, pidan y exijan la dimisión del conseller Boi Ruiz. No sé qué concepto tienen ustedes
del gobierno de los mejores, pero pensar que el señor Boi Ruiz es de los mejores en la defensa de la asistencia sanitaria es ser muy crédulo. Es de los mejores, sin duda, pero de los mejores privatizando. Pero no es ninguna sorpresa, porque si uno
pone al presidente de la patronal privada a gestionar el Sistema Nacional de Salud público, lo normal es que le pase como al que pone a guardar las gallinas a un zorro o a una zorra -he dicho zorro primero para que no haya ningún problema-. Lo
siento, pero no todos los problemas dependen de España; hay algunos que los provocan ustedes con su acción de Gobierno. Sé que usted lo sabe muy bien
y sé que, a lo mejor, hasta estaría diciendo lo mismo que estoy diciendo yo ahora, pero en todo caso había que decirlo, algú ho havia de dir.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra, para presentar su enmienda, el señor Rangel.
El señor RANGEL TARRÉS: Gracias, presidente.
Señorías, no voy a reproducir un debate que se está produciendo en estos momentos en el Parlament de Catalunya y en el que mi grupo, mi partido político, es muy crítico con la gestión de conseller, pero aquí estamos para lo que estamos. Voy
a defender la enmienda que hemos presentado a la moción del Grupo de Convergència i Unió sobre la sostenibilidad y la financiación del sistema sanitario. Ya les anuncio nuestro voto favorable a la misma, y lo hacemos desde nuestra radical defensa
de la sanidad como pilar básico del Estado del bienestar, de una sanidad universal, pública, gratuita y de calidad, como la que siempre ha defendido el Partido Socialista.
En nuestra enmienda de adición proponemos que el fondo sanitario específico para la financiación de las innovaciones fármaco-terapéuticas esté dotado con los recursos necesarios para asegurar el coste de las terapias frente a la hepatitis C,
por la aplicación del plan estratégico frente a esa enfermedad, recientemente aprobado para todo el territorio español. También quisiera comentarles que algunas de las medidas que proponen en su moción adolecen de algún problema técnico, que no
será obstáculo para darle el apoyo que ya he anunciado, ya que de lo que se trata es de dar respuesta urgente a los problemas de la mala situación de nuestra sanidad, pero el foco principal hay que ponerlo en las políticas encaminadas a garantizar
la viabilidad del sistema sanitario.
Ciertamente, la dura política de consolidación fiscal ha castigado especialmente los servicios a las personas encargados constitucionalmente a las comunidades autónomas. También es cierto que cada comunidad autónoma ha tenido sus
prioridades y unas han capeado mejor el temporal que otras. El castigo ha sido aún mayor por dos motivos adicionales. Por una parte, la distribución interna del esfuerzo de contención del déficit entre administraciones, que ha sido
desproporcionado para las comunidades autónomas, lo cual hemos anunciado y denunciado reiteradamente. Por otra parte, la decisión del Gobierno de no abordar la revisión del modelo de financiación autonómica que debería haberse llevado a cabo en
2013 y todavía está pendiente. Porque, señorías, el objetivo general de déficit para España nos lo fija Bruselas, pero el reparto interno del esfuerzo lo decide el señor Montoro. Por cierto, no entendemos a qué vienen esas últimas advertencias que
ha hecho el ministro a corporaciones locales y comunidades autónomas sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda. ¿Esta justificando su posible incumplimiento a raíz de los últimos datos que tenemos o tiene que ver con los resultados
electorales, que no han sido muy favorables para su formación política? En cualquier caso, volviendo al tema, ¿no era suficiente la regla de gastos general prevista en la ley? ¿Por qué se aprobó una regla de gasto específica para la sanidad? En
fin, más vueltas de tuerca al gasto sanitario.
Pero lo relevante -como hemos dicho- para conocer la posibilidad real de la viabilidad y sostenibilidad de la financiación del sistema sanitario es la política fiscal que se lleve a cabo. La política fiscal del PP se propone y se pone de
manifiesto en la actualización del Plan de estabilidad 2015/2018, recientemente presentada por el Gobierno de España. En dicho plan manifiestan su estrategia en términos de ingresos y gastos para el conjunto de las administraciones públicas. Lo
que proponen es mantener la ratio de ingresos en torno al 38 % del PIB, cuando la media europea es del 45,2; y la ratio de gasto, decreciente en 5 puntos del PIB, pasa del 43,5 al 38,4; es decir, bastante menos que el 48,1 de la Unión Europea. Si
atendemos a la comparación con Europa, tenemos que hay un 4,5 % del PIB menos en gastos y casi un 8 % menos en ingresos. Por lo tanto, nuestro problema no es de déficit de gastos, el problema es básicamente de ingresos. Aún así, la opción del PP
es muy elocuente; enrasa las cuentas no por arriba sino recaudando más y por debajo recortando el Estado del bienestar. Ese es el verdadero programa del PP para la próxima legislatura. Eso sí, lo van a vender con luz y colores, incluida la rebaja
de impuestos, pero venderán un envoltorio que esconderá la cruda realidad: un Estado raquítico incapaz de redistribuir y garantizar plenamente los servicios esenciales del Estado del bienestar para los ciudadanos.
Señorías, desde el Grupo Socialista queremos impulsar un modelo que nos dote de una economía más robusta y dotarnos de una política fiscal que dé como resultado un Estado con músculo suficiente para redistribuir la riqueza y financiar sin
ningún género de dudas los servicios esenciales del Estado del
bienestar, como la sanidad, la educación o la atención social. Eso es lo que nosotros planteamos, que no es precisamente lo que plantea el Grupo Popular.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rangel.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Efectivamente, en la moción que nos ha presentado la señora Tarruella, en nombre de Convergència i Unió, ha limitado su intervención a plantear la necesidad de garantizar la sostenibilidad y la financiación del sistema sanitario. Por
supuesto, hay que garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, hay que garantizar una financiación adecuada, pero en las intervenciones de todas las personas que me han precedido en el uso de la palabra han surgido otras cosas que
inevitablemente han de surgir, porque, efectivamente, hoy la competencia en materia sanitaria lo es de las comunidades autónomas. Por tanto, y puesto que la competencia es de las comunidades autónomas, al Estado le corresponde garantizar una
financiación adecuada, pero también es cierto que las comunidades autónomas tienen autonomía política e invierten el dinero en lo que quieren. Unas comunidades autónomas optan por dedicar más recursos a sanidad y otras optan por dedicar menos
recursos a sanidad y emplearlos en otras cosas, es decir, hay una actuación de autonomía política que no solo depende del monto de la financiación, sino de la decisión política.
Estoy completamente de acuerdo en cuanto a la sostenibilidad y financiación del sistema sanitario, pero el objetivo en una materia como la sanidad ha de ser más que eso. Hemos de garantizar a través de la política sanitaria la cohesión y la
igualdad, y varios colegas han hablado también de esta cuestión. Es decir, si hay un instrumento cohesionador, una política cohesionadora e igualitaria en un país, es la sanidad, junto con la educación; las dos lo son. Por tanto, quien proclama
los derechos básicos a la atención sanitaria -lo que se considere básico- tiene que tener instrumentos para hacerlo efectivo en condiciones de igualdad a pesar de las competencias políticas de las comunidades autónomas. Aquellos derechos que se
proclamen como básicos para todos los ciudadanos españoles tienen que estar garantizados en condiciones de igualdad, motivo por el que nuestro grupo parlamentario reclama para el Estado la competencia en materia sanitaria. No para quitar
competencias a nadie, sino para garantizar igualdad al conjunto de los ciudadanos, para garantizar cohesión, para que haya más competencia en materias políticas, pero ya sé que eso no es exactamente lo que se ha planteado hoy aquí en el debate
aunque lo haya sobrevolado. El propio portavoz del Grupo Socialista, que algunas veces ha rebatido la pretensión de esta diputada de recuperar la competencia en materia sanitaria precisamente para garantizar la cohesión y la igualdad, ha hablado de
un Estado raquítico. Efectivamente, un Estado raquítico es aquel que no tiene instrumentos para garantizar en lo esencial la igualdad para todos los ciudadanos en toda España, al margen de dónde vivan y de la capacidad que tenga cada comunidad
autónoma para aplicar una competencia tan importante para la vida de los ciudadanos, tan cohesionadora y tan igualitaria como es la sanidad. Pero, insisto, este es un debate complementario, interesante en todo caso. Nuestro grupo parlamentario
votará afirmativamente la propuesta de Convergència i Unió, con las dos enmiendas que ha anunciado que se van a aceptar.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez Sánchez.
La señora RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Créame, señora Tarruella, que el Grupo Popular comparte con usted la preocupación por la sostenibilidad del sistema, y no es una preocupación nueva que haya llegado con la crisis. Nuestra preocupación es compartida por todos los agentes
implicados con la salud desde hace muchísimos años, y la financiación, aun siendo un elemento clave, no es el único factor para esa sostenibilidad. Así lo manifestaron en su totalidad todos los expertos que comparecieron en la subcomisión, como
saben muy bien tanto el representante del PNV como usted misma, que tuvo un papel muy activo. El resto de los grupos también lo sabrían si hubiesen participado y mostrado interés en esas comparecencias para analizar los problemas estructurales del
sistema sanitario y su sostenibilidad.
Claro que la financiación es importante, y podemos coincidir en que el sistema actual, regulado por la Ley de 2009 del Gobierno socialista, merece todo un repaso. Esta es una cuestión que hay que abordar de manera reflexiva, pero coincidirá
conmigo en que en los momentos que hemos vivido lo primero que había que abordar era la propia supervivencia del sistema sanitario, que en 2011 nos encontramos prácticamente en la UCI. Con esa situación de partida y en unos momentos muy duros este
Gobierno ha tenido que tomar medidas extraordinarias para dar liquidez a las comunidades autónomas, asegurar las prestaciones sanitarias y hacerlo con calidad. Líneas ICO, pago a proveedores, adelanto de entregas a cuenta, el FLA, la continuidad
del aplazamiento de las liquidaciones negativas. Señorías, solamente para el pago a proveedores la Generalitat ha recibido más de 15.000 millones. Quiero recordar que las comunidades son las responsables de establecer prioridades en la aplicación
de la financiación transferida, porque mientras el Gobierno está haciendo todo ese esfuerzo, la Generalitat anuncia hoy la apertura de tres nuevas embajadas -en Marruecos, Portugal y el Vaticano- mientras se cierran ambulatorios y el anuncio se hace
el mismo día que el Colegio de Farmacéuticos denuncia un impago cercano a 300 millones de euros.
En su moción proponen la creación de otros fondos. Señorías, las medidas adoptadas por este Gobierno aseguran las prestaciones y su eficiencia. Los costes por innovaciones se equilibran con los ahorros por las agrupaciones homogéneas, los
precios de referencia y los genéricos, y esto significa ahorro para las comunidades autónomas. Y mucho más nos ahorraríamos si todos participásemos en todas las centrales...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.
Ruego silencio, por favor.
La señora RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Se ha hablado aquí por parte de otro grupo del Estado del bienestar, pero el Estado del bienestar no se puede comprender en nuestro país sin la equidad. En ese sentido los pacientes andaluces tendríamos que
estar muy preocupados -ahora igual también en otros lugares- porque en mi tierra, en lugar de prescribir el médico, prescribe la consejería del ramo, que no parece prestar mucha atención y conocer las condiciones en las que se fabrican muchos de los
medicamentos que obligan a dispensar.
Señorías, este Gobierno en los momentos más duros de la historia reciente ha logrado con sus medidas, junto con la excelencia de los profesionales de la salud, el mantenimiento de la calidad de los servicios y ha asegurado su universalidad,
con especial atención a las personas con dificultades. Este Gobierno no solo ha ampliado la cobertura a colectivos que antes no la tenían -curioso sentido tienen ustedes de la universalidad- sino que además ha asegurado la atención gratuita a todas
las personas que dejaban de recibir las prestaciones por desempleo y que antes tenían que pagar. O sea, que cuando un desempleado sin prestaciones pagaba sus medicinas, eso para muchos de ustedes no era copago. Y en cuanto a los extranjeros en
situación irregular, España se sitúa a la cabeza en prestaciones sanitarias y se sigue trabajando para armonizar en todo el país las prestaciones para todos ellos en los distintos niveles asistenciales. Y por supuesto que queremos garantizar el
acceso a todos los ciudadanos a los servicios sanitarios en todo el país con los mecanismos de compensación, pero estos ya están contemplados con el Fondo de cohesión y desde 2012 con el FOGA. Coincidimos con la señora Tarruella en que existen
disfunciones, pero no es un problema de financiación específica porque el paciente debe viajar con su dinero, con el suyo y de nadie más, y el ministerio está trabajando en cambios que aseguren se compensa el copago pero que sobre todo aseguren que
todos los ciudadanos puedan tener la asistencia garantizada en todo el país y el acceso sin barrera a las unidades de referencia en todo el territorio nacional.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Sánchez.
Usted, señora Tarruella, lo ha explicado perfectamente pero a efectos de comprobación, ¿admite las enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo de La Izquierda Plural? (Asentimiento). Así se votará.
En unos minutos procederemos a votar. (Pausa).
Señorías, en la madrugada del pasado domingo nos dejó don José Federico de Carvajal, diputado en esta Cámara durante la IV Legislatura y presidente del Senado de España durante dos legislaturas. José Federico de Carvajal fue un hombre
comprometido con sus principios, firme defensor de los derechos de los trabajadores, llegando a ser presidente de la Federación de Trabajadores del Derecho de la UGT. Hoy,
el Congreso de los Diputados quiere rendir homenaje a quien fue un referente en la España de la Transición y hacer llegar su sentimiento de pesar a todos sus familiares y amigos. Quiero añadir también y a instancia de todos los grupos
parlamentarios, ante la triste noticia del fallecimiento de Ana María Vidal-Abarca, fundadora de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que el Congreso de los Diputados desea también hacer llegar su muestra de pesar y cariño a sus familiares y
amigos, así como a todo el colectivo de las víctimas del terrorismo. Descansen en paz. (Aplausos).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, REGULADORA DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA ANTE EL PROCESO FINAL DE LA VIDA. (Número de expediente 122/000201).
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 123; en contra, 171; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA POSIBILITAR QUE LOS TRABAJADORES PUEDAN INICIAR UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO PARA LA EXTINCIÓN DE SUS CONTRATOS, CUANDO EL EMPRESARIO NO DÉ COMIENZO AL PROCEDIMIENTO Y SE
VEAN PERJUDICADOS POR ELLO. (Número de expediente 122/000150).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para posibilitar que los trabajadores puedan iniciar un expediente de regulación de empleo para la extinción de sus
contratos cuando el empresario no dé comienzo al procedimiento y se vean perjudicados por ello.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 128; en contra, 171; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL DESARROLLO DE UN MARCO DE ACTUACIÓN PARA LAS PERSONAS MAYORES. (Número de expediente 162/001254).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular relativa al desarrollo de un marco de actuación para las personas mayores. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 173; en contra, 133; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE RESTRICCIONES EN LA DISPENSACIÓN DE VACUNAS. (Número de expediente 162/000977).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre restricciones en la dispensación de vacunas.
Se vota en los términos resultantes de una enmienda transaccional de los grupos Catalán (Convergència i Unió) y Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 199; en contra, 11; abstenciones, 100.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÉNCIA I UNIÓ), SOBRE LA SOSTENIBILIDAD Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO. (Número de expediente 173/000220).
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la sostenibilidad y financiación del sistema sanitario, con la incorporación de las enmiendas de los Grupos Socialista y de La Izquierda
Plural.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 134; en contra, 170; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y treinta minutos de la noche.