CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 276

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 259

celebrada el martes,

28 de abril de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Modificación del orden del día ... (Página4)


Toma en consideración de proposiciones de ley:


— Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
B, número 198-1, de 28 de noviembre de 2014. (Número de expediente 122/000175) ... (Página5)


— Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 220-1, de 6 de
marzo de 2015. (Número de expediente 122/000196) ... (Página17)


Proposiciones no de ley:


— Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración por el Ministerio de Defensa del protocolo de actuación en relación con el acoso sexual, por razón de sexo y profesional, en las Fuerzas Armadas. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie D, número 637, de 27 de marzo de 2015. (Número de expediente 162/001208) ... (Página24)


— Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la implantación urgente del Programa Garantía+45. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 644, de 10 de abril de 2015. (Número de expediente 162/001218) ... href='#(Página32)'>(Página32)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:


— Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar la emigración de los jóvenes españoles y favorecer el retorno de aquellos que se han visto obligados a salir fuera de España en busca de
oportunidades de empleo. (Número de expediente 173/000207) ... (Página38)

Página 2

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página46)


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página47)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página47)


Corrección de error ... (Página48)


SUMARIO


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Modificación del orden del día ... (Página4)


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día correspondiente a la sesión de mañana
miércoles, en el sentido de que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista al ministro de Hacienda y Administración Públicas sobre su posición en materia de actuaciones para evitar la confusión y el conflicto entre intereses
públicos y privados se debata la primera, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)


Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados ... (Página5)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Hernanz Costa, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Anchuelo Crego, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como la señora Álvarez-Arenas
Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas ... (Página17)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley de la proposición de ley el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto; Lleonart Crespo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); así como la señora Pérez

Página 3

Herraiz, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Collarte Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposiciones no de ley ... (Página24)


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración por el Ministerio de Defensa del protocolo de actuación en relación con el acoso sexual, por razón de sexo y profesional, en las Fuerzas Armadas ... href='#(Página24)'>(Página24)


Defiende la proposición no de ley la señora Navarro Cruz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, así como los señores Sanz Remón, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y
López Garrido, don Diego, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; así como los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Xuclà i Costa, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Navarro Cruz.


Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la implantación urgente del Programa Garantía+45 ... (Página32)


Defiende la proposición no de ley el señor Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página38)


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar la emigración de los jóvenes españoles y favorecer el retorno de aquellos que se han visto obligados a salir fuera de España en busca de
oportunidades de empleo ... (Página38)


Formula la interpelación urgente la señora González Veracruz, del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Pastor González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Página 4

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y las señoras Oramas González-Moro y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Coscubiela
Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora González Veracruz.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página46)


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los
trabajadores subcontratados, se rechaza por 137 votos a favor más 1 voto telemático, 138; 167 en contra más 2 votos telemáticos, 169, y 2 abstenciones.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas,
se rechaza por 36 votos a favor y 270 en contra más 3 votos telemáticos, 273.


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página47)


Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración por el Ministerio de Defensa del protocolo de actuación en relación con el acoso sexual, por
razón de sexo y profesional, en las Fuerzas Armadas, se aprueba por 302 votos a favor.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la implantación urgente del Programa Garantía+45, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural, se rechaza por 119 votos a favor, 165 en contra y 22 abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página47)


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar la emigración de los jóvenes españoles y favorecer el retorno de aquellos
que se han visto obligados a salir fuera de España en busca de oportunidades de empleo, se rechaza por 138 votos a favor y 168 en contra.


Se suspende la sesión a las ocho y diez minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, y acordada por la Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al Pleno la modificación del orden del día en la parte correspondiente a interpelaciones, de tal manera que
la interpelación del Grupo Socialista que figura en el orden del día con el número 28 pase a debatirse en primer lugar. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).

Página 5

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 42.1 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD EN LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES SUBCONTRATADOS. (Número de expediente 122/000175).


El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores
subcontratados. Para la presentación de esta iniciativa, tiene la palabra doña Sofía Hernanz.


La señora HERNANZ COSTA: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Socialista presenta a la consideración de la Cámara esta proposición de ley, que tiene como objeto la modificación del artículo 42.1 del vigente Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las
condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. Pretendemos algo tan sencillo como evitar que trabajadores que están trabajando en el mismo centro, con idéntico horario y desarrollando las mismas funciones cobren menos, o mucho menos,
dependiendo de si están contratados o subcontratados. Nuestra petición es muy sencilla, es muy clara: mismo trabajo, mismo salario. Pedimos el apoyo de todos los grupos parlamentarios, porque otra cosa nos parece una desigualdad inaceptable.


Antes de empezar permítanme saludar a los secretarios generales de las federaciones de hostelería de UGT y de Comisiones Obreras de Baleares, que hoy nos acompañan en la tribuna, y cuyas organizaciones han sido determinantes en la
elaboración de esta iniciativa. Bienvenidos al Congreso. Y, en segundo lugar, quiero recordar que hoy, 28 de abril, se celebra el Día internacional de la salud y la seguridad en el trabajo, que es la jornada que el movimiento sindical ha señalado
para recordar a las víctimas de los accidentes y las enfermedades producidas por el trabajo y para reclamar la mejora de las condiciones que soportan las trabajadoras y trabajadores. Y, por supuesto, hoy debemos rendir homenaje a los 454 hombres y
mujeres que el pasado año perdieron la vida en su puesto de trabajo. Nosotros tenemos la responsabilidad de poner los instrumentos para rebajar esa dramática cifra. Pero, como decía al principio de mi intervención, precisamente nuestra proposición
de ley, la que hoy presentamos los socialistas, va sobre la protección de los derechos de los trabajadores y en un aspecto muy concreto, muy extendido y muy dañino, la pérdida brutal de derechos que la reforma laboral del Partido Popular ha supuesto
para los trabajadores subcontratados. La posibilidad de la externalización de los servicios no nace con la reforma laboral del Partido Popular, pero esta reforma laboral cuando prioriza los convenios de empresa frente a los convenios sectoriales
convierte esa externalización de los servicios en el instrumento perfecto para conseguir uno de los principales objetivos ocultos del Gobierno al aprobarla: la reducción de los derechos de los trabajadores y la drástica bajada de los salarios. Me
explico. Antes, el trabajador de una empresa de servicios destinado a un determinado centro de trabajo debía cobrar el mismo sueldo que el resto de trabajadores de esa empresa porque estaba amparado por el convenio colectivo del sector; ahora ese
trabajador estará haciendo el mismo trabajo, pero cobrando casi la mitad, porque estará cobrando lo que marque el convenio laboral de la empresa de servicios para la que presta servicio y que casualmente no estará casi nunca por encima del salario
mínimo interprofesional. Es decir, señoras y señores diputados, 648,60 céntimos al mes. La reforma laboral del Partido Popular vuela así por los aires el modelo de negociación colectiva sectorial, prioriza el convenio colectivo propio de empresa y
deja a los trabajadores de este país a los pies de los caballos. Con estas condiciones se han multiplicado las empresas de externalización que facilitan a las grandes empresas trabajadores a mitad de precio. De esta manera, la brecha salarial
entre dos trabajadores que estén realizando el mismo trabajo en el mismo centro y con idéntica jornada puede llegar hasta un 50 %. Esta es la cacareada recuperación económica que proclama el Gobierno de Rajoy: la recuperación económica de unos
pocos, evidentemente, de esos pocos en los que el señor Rajoy debía de estar pensando ayer cuando dijo aquello de: Confiar en mí, os irán bien las cosas.


Y por si algún portavoz tiene la tentación de repetir el mantra del Gobierno de que con esta reforma laboral por lo menos hay trabajo, ya les adelanto que se lo ahorren, que ya no mordemos ese anzuelo. En Baleares, de donde yo vengo,
conocemos muy bien este fenómeno. Lo conocen bien los sindicatos, que lo vienen denunciando desde la aprobación de esta reforma laboral. En temporadas turísticas de extraordinaria ocupación y de grandes ganancias empresariales se han detectado
situaciones en las que,

Página 6

por ejemplo, una camarera de pisos trabaja un año en un hotel y al siguiente año hace el mismo trabajo en el mismo hotel pero por la mitad de salario a través de una de estas empresas de servicio. ¿Puede alguien explicarme qué justificación
tiene esto? Y si no que se lo pregunten también a los miles de trabajadores subcontratados por Telefónica Movistar en toda España y que el pasado jueves se manifestaban aquí, en Madrid, en protesta por la precarización salvaje que están sufriendo,
con jornadas que superan las ocho horas y salarios que a duras penas alcanzan los 600 euros; Telefónica, una empresa que el año pasado declaró más de 3.000 millones de beneficios. Esto, señores, no es recuperación económica; esto no es creación
de empleo; esto es simple y llanamente explotación laboral. (Aplausos).


Hablamos hoy de los trabajadores subcontratados, pero la bajada de salarios ha sido generalizada desde la aprobación de la reforma laboral del Partido Popular. La realidad es que esa bajada brutal de los salarios de los trabajadores era uno
de los objetivos principales de su reforma y en eso hay que reconocerles, aunque solo sea en eso, que han sido tremendamente eficaces. En este país, y según los datos facilitados por la propia Agencia Tributaria, el 34 % de los asalariados cobran
el equivalente al salario mínimo interprofesional; les recuerdo, señorías, 648 euros al mes. La mitad de los trabajadores por cuenta ajena cobra menos de 950 euros al mes y el poder adquisitivo de los salarios está al mismo nivel que estaba en los
años noventa. Por si a los diputados del Partido Popular les parece exagerado lo que digo o les parecen disparatados estos datos, que, por cierto, proporciona la propia Agencia Tributaria, les invito, por ejemplo, a que suban a la cafetería de este
hemiciclo en el que nos encontramos y charlen con los camareros. El otro día, uno de ellos me comentaba que a día de hoy cobra lo mismo —lo mismo— que hace treinta años, cuando empezó a trabajar en el Congreso.


Señores diputados del Partido Popular, Gobierno ausente del presidente Rajoy, bienvenidos al mundo real, bienvenidos a la España real. Ser un mileurista, lo que antes del Gobierno del Partido Popular era un problema, hoy en día es un sueño
inalcanzable para la mayoría de trabajadores de este país. Ahí fuera hay más de 2 millones de trabajadores que no llegan a fin de mes, trabajadores pobres. Esa es la reforma del Partido Popular, una reforma laboral que lo único que ha conseguido
ha sido la precarización del empleo, la bajada de los salarios y la desprotección frente al desempleo, pero una reforma laboral a la que le queda muy poco tiempo de vigencia, tan poco como a este Gobierno que ampara a los defraudadores y estafa a
los trabajadores. Derogaremos su reforma laboral, no les quepa la más mínima duda; será la primera medida que adopte el próximo Gobierno socialista. (Aplausos). Pero eso será dentro de unos meses, pocos. Hoy les pedimos, señorías, que apoyen la
toma en consideración de esta proposición de ley con la que pretendemos poner fin a la situación en la que se encuentran los trabajadores subcontratados en este país, sometidos a una desigualdad injustificable y cobrando unos sueldos de miseria, y
lo hacen porque no tienen otro remedio, porque el Partido Popular ha puesto las condiciones necesarias para que la situación de los trabajadores sea de tan extrema debilidad que para poder trabajar y llevar un salario a fin de mes a su casa se ven
obligados a aceptar cualquier tipo de condiciones, incluso las más abusivas, desiguales e injustas. Ahí es donde los quería llevar el Gobierno del Partido Popular y ahí es donde están. O, como se dice coloquialmente: lentejas, si quieres las
tomas y si no, las dejas.


Al principio de mi intervención les recordaba que hoy es el Día internacional de la salud y la seguridad en el trabajo, pero no quiero bajar de esta tribuna sin recordar otra fecha. A finales del siglo XIX se instauró internacionalmente el
día 1 de mayo la celebración del Día del Trabajador, en recuerdo y homenaje a un grupo de sindicalistas que murieron en Chicago en 1886 por defender unas condiciones dignas para los trabajadores. ¿Saben cuál era su lema? Les estoy hablando de hace
ciento veintinueve años. El lema de aquellos trabajadores, de aquellos sindicalistas que murieron en defensa de los derechos de los trabajadores era el siguiente: Ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas de ocio. (Aplausos). Hoy
en día en nuestro país los trabajadores se ven obligados a aceptar cualquier tipo de condiciones para tener un sueldo a fin de mes. Hoy en día los trabajadores de este país no tienen una jornada de trabajo, tienen jornada hasta que se acaba el
trabajo. A eso nos han llevado los cuatro años de gobierno del Partido Popular. Así que, señorías, ciento veintinueve años después, ¡viva el 1 de mayo!


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hernanz.


Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Empezaré diciendo, señorías, que el Bloque Nacionalista Galego anuncia el voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el Grupo Socialista, no solamente porque

Página 7

estamos de acuerdo en lo que en ella se dice, aunque entendemos que en el trámite de enmiendas se puede mejorar el texto, sino porque en estos momentos hay una realidad que impone la necesidad de hacer una modificación de estas
características, la situación de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas contratadas o subcontratadas por otras, que es extremadamente grave. Hace ocho días yo le planteaba al presidente del Gobierno y también a la ministra de Trabajo
la situación concreta que están denunciando y están llevando a la calle los trabajadores de las empresas contratadas y subcontratadas que trabajan para Telefónica. Podemos hablar de estos trabajadores, que en estos momentos están en huelga
indefinida, pero podemos hablar también de las contratas y subcontratas que trabajan para las empresas eléctricas, el sector naval, la automoción, etcétera. Las condiciones de estos trabajadores y trabajadoras son draconianas. El caso concreto de
la huelga indefinida de las subcontratas de Telefónica demuestra lo que estamos diciendo. No solamente la contratación es en estas condiciones que acabo de comentar, sino que después ni siquiera se reconocen los derechos laborales que tienen, que
están reconocidos en los convenios del sector y provinciales que les corresponden. No solamente la ley es contraria al derecho de los trabajadores, sino que después la Administración no ejerce su función de controlar aquellas irregularidades que
contra la ley hacen las empresas, como es el caso del que estamos hablando.


Por lo tanto, nos parece importante trabajar en la dirección de no solamente modificar la ley con una iniciativa como la que se plantea hoy, sino también instar al Gobierno a reformar su reforma laboral que es la que está permitiendo estos
grandísimos desmanes. Está consiguiendo el Gobierno del Partido Popular que los trabajadores estén trabajando en unas situaciones de esclavitud, como ellos mismos denuncian; están trabajando a destajo para a final de mes no cobrar mucho más allá
de lo que es el salario mínimo interprofesional. Señorías del Grupo Popular, esto no es una boutade que decimos desde el Bloque Nacionalista Galego, sino la realidad que se refleja en nuestra sociedad, en nuestros trabajadores y trabajadoras. Por
eso, señorías, yo también digo un viva no solamente al Primero de mayo, sino a las reivindicaciones de la clase trabajadora en ese Día internacional del trabajo y de la clase trabajadora que representa el Primero de mayo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, Esquerra Republicana de Catalunya va a votar favorablemente esta iniciativa parlamentaria del Grupo Socialista, pero también les pedimos que no cacareen demasiado porque les recuerdo que en la ley del año 2006, que pretendía
regular la subcontratación en el sector de la construcción, nos impusieron tres eslabones cuando nosotros considerábamos que con dos había suficiente, que no hacía falta regular hasta tres eslabones en todo proceso de subcontratación. Y acuérdense
de la orgía en la que estábamos instalados en el año 2006, en la euforia de la burbuja inmobiliaria y cuánta siniestralidad existía. Ya hablábamos entonces del terrorismo laboral, atendiendo a las condiciones en las que trabajaban los profesionales
de la construcción. Y es cierto que se dio un paso hacia delante, es cierto que se reguló que solamente se podían aplicar contrataciones o subcontrataciones a personas que aportaban trabajo especializado, de acuerdo, pero aquel era un escenario y
ahora es evidente que vamos a apoyarles porque el escenario actual es un escenario horroroso. Ya estamos instalados en la selva; en una atomización absoluta y gradual de la clase trabajadora. De hecho, entramos ya en la dialéctica de la
autodestrucción entre los mismos trabajadores, lo cual nos lleva a la formulación que creo que nadie puede negar de que ya estamos instalados en una nueva clase trabajadora que podrá aspirar a trabajar para ser pobres. Tal como decía de forma muy
acertada no recuerdo si ha sido la portavoz socialista hoy o si fue un compañero suyo, se trata de trabajar para tener la nevera medio llena. De manera que vamos todos a una porque estamos en una situación que quizás hace cinco, seis, siete años
era impensable.


Usted hacía referencia al mileurismo y yo voy a hacer un ejercicio de autocrítica que creo que debe ser compartido por todos los grupos de izquierdas. Si leemos los programas electorales de los grupos de izquierda de hace unos años, más o
menos encontramos lo siguiente: Hay que combatir las políticas neoliberales de la derecha para no condenar a nuestros jóvenes al mileurismo. Esto lo escribíamos más o menos todas las izquierdas hace solamente siete años. ¿Cuántos jóvenes conocen
ustedes hoy que trabajen y cuántos jóvenes conocen ustedes que ganen mil euros? Si hace cinco o seis años estábamos donde estábamos, ¿dónde estaremos dentro de cuatro o cinco años si no echamos a la derecha? Ahora

Página 8

se está trabajando con unas condiciones brutales de potencial siniestralidad. Existe un encadenamiento de contratos que ya no tiene parangón con otros escenarios y se están haciendo todo tipo de despidos arbitrarios, razones por las cuales
deberíamos afirmar que si la huelga de los trabajadores de las empresas contratadas y subcontratadas por Telefónica no sale vencedora, si la huelga sale derrotada, se habrá acuñado un nuevo modelo de relaciones laborales. Telefónica es el icono de
lo que han significado los procesos de privatización y de acumulación acelerada de capitales, y creo que ya nadie podrá negar que estamos instalados en un nuevo escenario en el cual la clase trabajadora solamente podrá aspirar a destruirse a sí
misma.


Por lo tanto, votaremos a favor de esta iniciativa parlamentaria. Desconozco si el Grupo Popular la va a aceptar. Si esto fuera así, intentaríamos aunar esfuerzos a fin y efecto de que saliera algo interesante antes de finalizar esta
legislatura. Y, por supuesto, ¡viva la clase trabajadora! Hoy, como mínimo, tenemos necesidad de hacer una cierta catarsis. ¡Visca la clase trabajadora! Y creo que todavía nos quedan algunas cosas por compartir, lo cual creo que es, más que
importante, incluso emocionante.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.


La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, señor presidente.


Señorías, por supuesto nuestro voto será favorable a la toma en consideración por la Cámara de esta proposición de ley en la que se aborda el fenómeno de la subcontratación. No obstante, quería comentarles algunas cuestiones.


Tras el análisis de la iniciativa, convendría señalar en un plano teórico, en primer lugar, que resulta dudoso ubicar en el artículo 38 de la Constitución la contratación y la subcontratación en la medida en que este artículo reconoce la
libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, además invocando un principio mucho más abstracto que el relativo a la posibilidad de subcontratar y consagrando que la economía del Estado español es una de las economías denominadas de
libre mercado y, por tanto, una economía no dirigista, no corporativa, no colectivista, etcétera. No obstante lo anterior, entendemos que la exposición de motivos de la iniciativa establece con pertinencia, con claridad, las ventajas de la
subcontratación: un mayor grado de especialización, de cualificación de los trabajadores, y positivamente la inversión en nueva tecnología, la participación de pequeñas y medianas empresas fundamentalmente en grandes obras, etcétera. Pero es
verdad que igual no deja puesto de manifiesto de una manera tan clara los problemas y abusos que la denominada subcontratación en cascada está planteando en el mercado de trabajo, aun cuando creo que después la portavoz del Grupo Socialista lo ha
dejado suficientemente explicado.


En la actualidad, en virtud de lo previsto en ese artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores y diversas normas de desarrollo, algunas de ellas de rango reglamentario, se ha consolidado la denominada subcontratación en cascada, en virtud
de la cual el empresario principal puede realizar una primera subcontratación, el primer subcontratista puede subcontratar una segunda subcontrata, y así sucesivamente sin ninguna limitación relativa al número de subcontratas que resulta necesario
realizar puesto que ni el empresario principal ni los sucesivos subcontratistas tienen que justificar o fundamentar la pertinencia de la subcontratación. En palabras de señor Olabarría, el paroxismo de la subcontratación en cascada se alcanza
precisamente cuando se puede subcontratar en último lugar no a una empresa, sino a una persona física o a un trabajador individual. Por tanto, es cierto que, pese a que se establece un sistema de responsabilidad solidaria entre el empresario
principal y los distintos subcontratistas, no es infrecuente que esta responsabilidad no pueda ser ejercida contra ninguno de ellos si se trata de una responsabilidad pecuniaria que además supere pretendidamente las posibilidades patrimoniales de
todos ellos o que alternativamente los acreedores se dirijan a esta miscelánea constituida por el empresario principal, el contratista, los subcontratistas o la propia persona individual buscando cuál de todos ellos tiene medios suficientes para
afrontar la responsabilidad debida. Luego, si puede, el pagano ya repetirá contra los demás. En consecuencia, la extensión sin límites de la contrata y subcontrata provoca inexorablemente el efecto perverso de que cuanto más se subcontrata, más se
degradan —como aquí se ha trasladado— las condiciones de los trabajadores: condiciones salariales, condiciones horarias, las relativas al descanso y las relativas a la prevención de riesgos laborales. Diversos informes de la Inspección de Trabajo
acreditan que un porcentaje probablemente superior al 30 % de los siniestros laborales derivan precisamente de este mecanismo de subcontratación, de esa subcontratación continua en la que progresivamente se va

Página 9

atenuando el cumplimiento de los requerimientos de las normas laborales y particularmente las de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Esto creo que también había que ponerlo de manifiesto.


Por otra parte, la posibilidad de que las empresas de trabajo temporal puedan participar del proceso de subcontratación tras la Ley 29/1999, de 16 julio, no asegura a los trabajadores cedidos las condiciones laborales esenciales de la
empresa, lo que contribuye a agravar la situación objetiva de la subcontratación continua. Es indiscutible además que la desregulación del sistema de contratas y subcontratas añadida a la desregulación acometida con carácter general para todo el
mercado de trabajo a través de la Ley 3/2012, de 6 de julio, provoca unos efectos perversos, negativos sobre el empleo, porque tanto la empresa principal como la contratista y las subcontratistas obviamente ajustarán sus plantillas a las necesidades
de una forma de trabajar que materialmente puede desintegrar el sistema, puesto que una parte puede organizarla la parte principal, la otra, la contrata y otra, las subcontratas. Estando generalizada esta forma de comportamiento, ninguna de ellas
necesitará, esto es especialmente grave, plantillas de excesiva dimensión o alternativamente podrán reducir la dimensión de sus plantillas en función de esta circunstancia.


Por todo lo señalado, el artículo único de la proposición de ley es aceptable, pero también le diremos que es modesto para resolver los problemas que afectan a la subcontratación y que sucintamente han sido citados a lo largo de la
exposición. Es razonable que sea el mismo objeto social de la empresa principal, de la contratista y subcontratista, y es igualmente razonable que se garanticen las condiciones laborales para todas ellas. Pero para esto —aquí es donde entendemos
que es mejorable, por lo que si esta proposición es votada favorablemente— os ayudaremos a enriquecerla— no únicamente vale una reforma normativa como la que se propone, sino que además es preciso —lo ha señalado la diputada Olaia Fernández— una
contundente actuación inspectora que evite lo que ya se ha constituido en una perversión en el seno del mercado laboral. En cualquier caso, y a pesar de este matiz, como les decía, el Grupo Vasco apoyará la toma en consideración de esta proposición
de ley.


Muchas gracias y disfruten de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.


Por Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.


La proposición de ley que nos trae el Partido Socialista tiene en nuestra opinión un aspecto acertado, y es que no demoniza la subcontratación, no demoniza la externalización o por lo menos no lo hace en el texto escrito, aunque la
interviniente no haya puesto mucho énfasis en el tema. Es acertado no demonizar la externalización porque es un instrumento competitivo que hoy utilizan las empresas de todo el mundo. Imaginen sus señorías una empresa mediana que no tiene recursos
adecuados para tener un servicio interno de recursos humanos de calidad o un servicio informático o un servicio de contabilidad… Al externalizarlo, aumenta la calidad de esos servicios, permite a otras empresas —a menudo, pymes— participar de esa
actividad y mejora su competitividad. La externalización es un instrumento de mejora de la competitividad que se utiliza en todo el mundo, por lo que no tendría sentido que privásemos a las empresas españolas de esta posibilidad que utilizan todos
sus competidores y que tiene, si se aplica adecuadamente, efectos positivos. Cosa distinta es evitar los abusos de este fenómeno de la subcontratación, que existen y basta con fijarnos en la realidad social que nos rodea. La subcontratación no
tiene por qué implicar una degradación de las condiciones laborales, pero a menudo lo implica; la subcontratación no tiene por qué implicar una peor calidad del servicio para los clientes, pero a menudo sucede —pensemos en actividades de atención
al cliente, de mantenimiento, pensemos en la huelga que estos días realizan los trabajadores de Telefónica Movistar—. Sin embargo, estos abusos, como han señalado intervinientes anteriores, no siempre se deben a defectos de la legislación, a menudo
se debe a abusos, a malas prácticas que la legislación prohíbe. Por eso, ahora que se está tramitando en esta Cámara el proyecto de ley de inspección de trabajo, nos parece una buena ocasión para recordar esto y recordar que la inspección de
trabajo necesita recursos y que estos que han de ser asignados adecuadamente, entre otras cosas, para combatir este tipo de prácticas, por lo tanto, hay problemas que no tienen que ver con la legislación, sino con el incumplimiento de la
legislación.


Esto no quiere decir que desde mi grupo seamos contrarios a reformar la legislación ahí donde se puede mejorar. Por ejemplo, querría recordar que nosotros tuvimos cierto protagonismo en un cambio legislativo que afectó al sector de la
subcontratación de forma importante, aunque no en el tema que ustedes plantean. Una enmienda nuestra fue la primera que trajo a esta Cámara que en los mecanismos de pago a proveedores era importante que cuando se pagaba al proveedor principal se
informase a los

Página 10

subcontratistas para que estos también cobrasen, algo que habría que generalizar a los pagos de todas las administraciones y no solo a los que tienen que ver con los mecanismos extraordinarios de liquidez. Bienvenidos sean, por tanto, los
cambios legislativos para mejorar defectos de nuestro sistema.


Entrando en su propuesta concreta diré que nosotros compartimos la filosofía esencial de esa propuesta, es decir, que trabajadores similares que realizan funciones similares tienen que compartir esencialmente unas condiciones parecidas. Esa
es una filosofía difícil de no compartir, de puro sentido común: trabajadores similares realizan actividades similares y deben tener unas condiciones relativamente parecidas. Lo que pasa es que ustedes no están planteando exactamente eso, sino
algo mucho más drástico que es la equiparación total y completa por imperativo legal, la igualdad total por imperativo legal. Esa propuesta tan radical tiene numerosos inconvenientes: algunos tienen que ver con la libertad de empresa —estamos
hablando de trabajadores que trabajan para empresas diferentes—; tienen que ver con la negociación colectiva; podemos estar hablando de diferentes sectores de actividad. En el fondo nuestra discrepancia tiene que ver con el enfoque, porque
ustedes van al resultado final y dicen: el resultado final no nos gusta y, por imperativo legal, obligamos a que el resultado final tenga que ser la plena igualdad. Nosotros cambiaríamos el enfoque y nos preguntaríamos: ¿Y si esos trabajadores
tienen habilidades parecidas y trabajan en actividades similares, por qué tienen esas discrepancias salariales, dónde está la raíz de esa discrepancia? Porque si el mercado de trabajo funcionase bien y la negociación colectiva funcionase bien, por
sí solas las condiciones serían relativamente parecidas, es decir, que la raíz de los problemas está, en nuestra opinión, en algunos aspectos de la reforma laboral: el desequilibrio en las relaciones laborales que ha generado entre empresarios y
trabajadores, la precariedad en las condiciones laborales y salariales que ha provocado. Por lo tanto, seríamos más partidarios de ir a la raíz de esos problemas de forma que de manera natural se equiparasen las condiciones, que no olvidar estas
cuestiones e ir al final del eslabón y decir: vamos, por imperativo legal, a obligar a una equiparación total con todos los inconvenientes que eso puede tener.


No olvidemos, por otro lado, que esta externalización tiene a menudo un componente internacional, es decir, puede haber trabajadores incluso de otros países. En fin, ustedes nos están planteando una propuesta de la que compartimos, como
digo, el espíritu pero no los detalles concretos. En cualquier caso, en este momento lo que se le pregunta a la Cámara es si acepta la toma en consideración, si acepta debatir sobre esa situación de los trabajadores subcontratados y, por tanto,
nuestro voto va a ser afirmativo. Si se tramitase pues en el debate, plantearíamos este tipo de cuestiones con el ánimo de llegar a un resultado similar al que ustedes proponen, pero por vías que creemos más eficientes y menos intervencionistas.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.


Señorías, la proposición de ley del Grupo Socialista nos ofrece una gran oportunidad que es debatir en esta Cámara sobre uno de los factores que hoy más propicia la precarización en el empleo en España que es la subcontratación. Y aunque
nos parece corta, y lo vamos a explicar, vamos a votar a favor de su toma en consideración.


La subcontratación es hoy una de las principales autopistas por las que se canaliza en España la estrategia de precariedad laboral. La subcontratación entronca hoy, más allá de teorías, con la principal seña de identidad del capitalismo
financiero dominante, que es que se externalizan los riesgos y los costes a terceros. Durante mucho tiempo hemos escuchado —yo lo asumo— que el empresario es un emprendedor que asume riesgos para impulsar un proyecto, y eso es cierto, pero lo que
hoy prima no son empresarios que asumen riesgos —que los hay y buenos—, lo que hoy prima son capitalistas que externalizan sus riesgos a terceros: medio ambiente, sociedad, otras empresas más pequeñas, los propios trabajadores y, en el último
eslabón, los autónomos falsos. Por eso se ha impuesto una estrategia de desintegración productiva, de externalización de la producción de bienes y servicios desde las empresas centrales a las empresas periféricas. Eso permite a esas empresas
centrales —grandes corporaciones que controlan el mercado y los productos de bienes y servicios— externalizar la producción a otras empresas y, a su través, imponer políticas laborales de precarización total. Rompen además la cohesión de los
propios trabajadores y así en muchas ocasiones consiguen su objetivo que es enfrentarlos entre sí.

Página 11

Esa es la verdadera realidad de hoy, más allá de teorías sobre la subcontratación buena o la subcontratación mala. Es cierto, la subcontratación se presenta como un mecanismo para mejorar la eficiencia y haberlo, haylo. Hay mecanismos de
subcontratación que, como el colesterol bueno, permiten mejorar la especialización y la productividad, pero desgraciadamente lo que hoy prima es el colesterol malo, la subcontratación como mecanismo de precarización de las condiciones de trabajo,
que no se hace en los trabajadores de la empresa central, sino que se irradia a los trabajadores de las empresas periféricas y, en último extremo, al trabajador autónomo que se convierte así en un autoexplotador de sí mismo, aunque ustedes con
grandes palabras le llaman autoemprendedor.


Pues bien, esa es la realidad que debemos abordar y lo debemos hacer desde la perspectiva clarísima de que ese autónomo —lo estamos viendo en algún conflicto actualmente— se convierte en una persona que no tiene la más mínima capacidad de
decidir sus condiciones de trabajo, ni siquiera a través de la negociación colectiva porque la tienen negada como tal. Lo estamos viendo estos días con el conflicto de los trabajadores de las contratas de Movistar, Telefónica. Quien controla el
producto y el mercado es una gran corporación en régimen de oligopolio que es Movistar, pero quien presta una parte importante de lo que son los servicios propios de Movistar son empresas contratadas, subcontratadas, subcontratadas de subcontratadas
y, al final, está el autónomo, explotándose a sí mismo de manera escandalosa y vergonzosa. No se persigue un objetivo de calidad del servicio —lo sabemos muy bien los usuarios de algunas de esas compañías—, sino el objetivo de ampliar beneficios
para distribuir más dividendos y ampliar la fortuna de Alierta y toda su camarilla, porque ese es el objetivo fundamental de esa estrategia. Eso lo saben muy bien los compañeros y compañeras… (Las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, puestos en pie, muestran unos carteles en los que se lee: Solidaridad con los trabajadores de las subcontratas de Movistar).


El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, le voy a cortar porque está usted secundado. Tienen ustedes que retirar esos papeles. Les llamo al orden por primera vez; retiren los papeles. (Las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural continúan mostrando los carteles). Les llamo al orden por segunda vez. Si no los retiran, tendré que expulsarles. (Las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural retiran los carteles y ocupan sus escaños).


El señor COSCUBIELA CONESA: La subcontratación, además de provocar injusticias y desigualdad en las condiciones de trabajo, está en el origen de gran parte de los riesgos y enfermedades profesionales. En cualquier dato que analicen ustedes
verán que las empresas subcontratadas multiplican por mucho esos riesgos y enfermedades profesionales porque se encuentran en el eslabón débil de la relación laboral. Además son un claro elemento de ineficiencia económica. Lo han detectado ya en
algunas empresas de Estados Unidos y de Canadá que han tenido que internalizar de nuevo su proceso productivo, porque precisamente los procesos de subcontratación impedían el control básico de la calidad de los productos y los bienes. Esa es la
realidad desgraciada de nuestro país, que está instalado en una cultura empresarial dominante —no digo que sea la única, pero es dominante— de hacer de la precarización, sobre la base de la degradación de las condiciones de trabajo, el principal
elemento competitivo, y eso ha venido siendo agravado de manera brutal por la reforma laboral del Partido Popular y Convergència i Unió, que ha generado un clima de impunidad social que supone comportamientos propios del esclavismo. Si no, ¿cómo se
puede entender que una patronal conservera se haya atrevido a proponer que un 30 % del salario se retribuya con latas de conserva? Si no se crea esa situación de impunidad nadie se puede atrever a eso, y eso lo han propiciado ustedes con esa
reforma laboral que hace creer a algunos empresarios que todo es posible, incluso retroceder al siglo XVIII. (Aplausos).


La precariedad es muy difícil de combatir porque actúa como una bacteria, se mueve con una gran capacidad de mutación, y lo saben los sindicalistas, porque cada vez que aplican con su lucha sindical un cambio legislativo, un antibiótico en
forma de regulación, la bacteria de la precariedad muta. Por ejemplo, con la reforma laboral de 1994, cuando al Gobierno de Felipe González se le ocurrió aprobar el modelo de ETT más precario de toda Europa, durante seis años las empresas
utilizaron las ETT como elemento de precariedad. Después de una lucha sindical de seis años se consiguió la igualdad salarial. (Aplausos). ¿Y qué hicieron las empresas principales? Mutaron la precariedad. ¿Cómo? Dejando de utilizar las ETT y
pasando a utilizar las empresas de servicios integrales y la subcontratación. Esa es la realidad hoy. Por eso damos la bienvenida a esa iniciativa del Grupo Socialista. Quiero insistir en una cuestión. Por lo que estoy diciendo puede parecer
que, ya que la subcontratación como estrategia de precariedad forma parte

Página 12

de la genética dominante del modelo empresarial de este país, no se puede hacer nada desde el punto de vista legislativo. Sí, se pueden hacer muchas cosas. Y en estos treinta años tenemos en la legislación laboral innumerables ejemplos de
actuaciones positivas que han desincentivado la subcontratación abusiva y también de actuaciones negativas. Por ejemplo, es positiva la Ley de Regulación de la Subcontratación, de 2006, que aunque se quedó corta limitó el uso de la subcontratación
en cadena y, desde ese punto de vista, es un factor claramente positivo de regulación. ¿Un elemento negativo? Por ejemplo, cuando a don Felipe González —otra vez aparece don Felipe González—, en la reforma de 1994 —otra vez aparece la nefasta
reforma de 1994—, se le ocurrió que todos los autónomos del transporte tenían presunción de ser autónomos. Aquellos venía de una lucha sindical espectacular de los trabajadores, falsos autónomos, del transporte; habían conseguido hasta sentencias
del Tribunal Supremo que les reconocía como falsos autónomos y, por lo tanto, como trabajadores asalariados. Y el lobby del transporte consiguió que el Gobierno en aquel momento legislara a su favor. ¿Resultado? Otro elemento no solo de
injusticia y degradación de las condiciones de trabajo, sino de ineficiencia económica.


¿Se han preguntado ustedes por qué tenemos el modelo logístico más ineficiente de toda Europa, que se basa en el uso intensivo del transporte por carretera, con camiones y autónomos que se autoexplotan a sí mismos y externalizan
ineficiencias en términos de medio ambiente e incluso de programas de seguridad en la carretera? Porque explotarse a uno mismo como autónomo y en ese mecanismo de subcontratación abusiva es barato. ¿Por qué? Porque las consecuencias las pagan
otros. Y ese es un factor también por el que en España, por ejemplo, el transporte por ferrocarril como elemento logístico está atrasado, porque hay eficiencias e ineficiencias.


Vuelvo a decir que nuestro grupo va a dar su voto a favor de esta iniciativa, pero déjenme que les diga que nos parece que se queda corta, y les proponemos que abordemos ese tema con cinco propuestas sensatas que están implantadas en algunos
lugares de nuestro entorno. Primero, limitar la subcontratación en cadena, restringiendo la posibilidad de subcontratar. Segundo, prohibir la subcontratación en aquellas actividades que pueden suponer un aumento del riesgo en materia de salud
laboral, salud pública o medio ambiente. Tercero, restringir la subcontratación en el ámbito de la Función pública como se está intentando hacer, por ejemplo, en la regulación de la formación para el empleo. Cuarto, garantizar la igualdad salarial
entre los trabajadores de la empresa principal y los de la empresa subcontratada para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor. Es una reivindicación y conquista feminista que puede ser trasladada al conjunto de la clase trabajadora y que
deberíamos aplicar. Y, quinto, establecer la responsabilidad de la empresa principal en relación con las empresas subcontratadas; debe ser una responsabilidad solidaria, sin distinguir entre si es o no actividad propia de la empresa, porque eso en
estos momentos es una falacia. Ya que están aquí los compañeros de hostelería, pondré un ejemplo que ellos conocen muy bien. ¿Qué es actividad propia de la empresa principal en estos momentos? El propietario de un hotel da su gestión a una
empresa que se dedica a gestionar. El que gestiona decide encargar el trabajo de camareras de piso a otra empresa distinta. ¿Para qué? Para sacarse de encima el convenio de hostelería, que a lo largo de muchos años ha conseguido dignificar las
condiciones de trabajo, con lo cual quedan expulsados de la protección del convenio de hostelería y pasan a un nivel inferior. Dos camareras o camareros de piso, por hacer el mismo trabajo, pueden cobrar salarios con un diferencial del 30 o el 40
%. Eso es lo que se puede evitar con la igualdad salarial que aquí se plantea. Por último, señorías, una cosa muy importante desde ese punto de vista es que la responsabilidad de la empresa principal debe ser por todos los conceptos, porque de lo
contrario estaremos incentivando el uso del colesterol malo.


Señorías del Grupo Socialista, estamos encantados de que ustedes se comprometan a que en un futuro Gobierno de izquierdas el primer objetivo sea la reforma laboral. Nosotros hemos presentado una proposición no de ley con cinco líneas
estratégicas y solo les quiero hacer ver —sin acritud, por supuesto— que para hacer esa propuesta, van a tener que presentar ustedes una reforma a la totalidad de todas las reformas laborales hechas en España desde 1984; o sea, que piénsenlo
ustedes. Yo estoy de acuerdo, pero piénsenlo ustedes.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Socialista ha tenido a bien presentarnos esta proposición de ley que modifica el artículo 42.1 precisamente este 28 abril, cuando la OIT ha convocado un acto para rememorar el Día

Página 13

internacional de la seguridad laboral —este mediodía hemos coincidido con el señor Coscubiela en dicho acto—, y además hemos recordado a las víctimas de accidentes de trabajo y, por tanto, agradecemos la referencia que ha hecho a este día la
portavoz del Grupo Socialista.


He de anunciar el voto favorable de mi grupo a la toma en consideración de esta iniciativa, lo que no supone ni mucho menos compartir el redactado con toda la precisión que nos formula su grupo —en el supuesto de que el Grupo Popular lo
tomase en consideración, podríamos entrar a fondo en estas cuestiones— y que incluso no terminemos de compartir el diagnóstico que hacen en la exposición de motivos o el que ha hecho en su intervención la portavoz del Grupo Socialista. Estamos de
acuerdo en reconocer que en materia de subcontratación, desde hace bastantes años, existen problemas y abusos y conviene abrir un proceso legislativo, un debate político, un debate social para regular mejor la subcontratación. En esa cuestión, en
términos federales estaríamos de acuerdo. Es más, incluso recuerdo una conversación con el señor Coscubiela en su anterior vida como secretario general de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, en la que, fruto de los acuerdos de Convergència i
Unió con el Partido Popular, equiparamos los sueldos de los trabajadores en misión de las ETT en las empresas donde iban a trabajar en esa legislatura; el señor Coscubiela en esa anterior vida —en la que también era un hombre muy lúcido— nos decía:
habéis mejorado la regulación de las empresas de trabajo temporal, vais a permitir que en esta materia las empresas de servicios continúen jugando el mismo papel que habéis intentado evitar a través de las empresas de trabajo temporal. Eso quizás
haya sucedido en algunos sectores de nuestra economía y de ahí la necesidad de abordar ese debate.


Ahora bien, al escuchar a la portavoz del Grupo Socialista he visto que ha introducido dos elementos y me gustaría que al menos en el debate de esta tarde quedaran sentados. Ha vinculado esta discusión a la devaluación salarial y en la
crítica a la reforma de 2012, incluso a las reformas aprobadas en tiempos del Gobierno socialista en la última legislatura. Y aquí mi grupo quiere recordar a Paul Krugman, que decía que si España quería mejorar su posición competitiva entre 2008 y
2015, debía bajar los salarios. Cito a Paul Krugman, que es economista de izquierdas, neokeynesiano —sus credenciales progresistas nadie las puede discutir—, quien dijo que eso es lo que tocaba hacer. Pero ahora toca darle la vuelta: que hoy ya
en 2015 nuestra mejora de la competitividad no puede depender de bajar los salarios sino de la formación de nuestros trabajadores, de la inversión tecnológica de nuestras empresas y de la creación de un tejido empresarial más sólido.


En este sentido, en la reflexión que introduce el Grupo Socialista, hemos de regular mejor la subcontratación, pero hay que regularla bien para evitar debilitar nuestro tejido empresarial. Cualquier regulación en el ámbito laboral en la
época que nos toca vivir, en el siglo XXI, en los tiempos de la globalización, no puede tener la nostalgia de creer que las viejas regulaciones que funcionaron en los tiempos de las economías cerradas y no integradas nos resultaban útiles. Por
tanto, la regulación debe ser inteligente para proteger los derechos de los trabajadores, cuando deba ser la prioridad, y no impedir una adecuada utilización de la subcontratación, por ejemplo, en el sector industrial. En Cataluña buena parte del
sector de la automoción subcontrata actividades a otras empresas industriales, y eso nos ha permitido tener un tejido de pymes internacionalizadas y competitivas que trabajan en colaboración con las grandes matrices de la automoción en Cataluña.
Por tanto, denostar la subcontratación en términos genéricos sería un gravísimo error para el empleo de calidad en el sector industrial.


Al mismo tiempo, ha vinculado parte de esta discusión a elementos de mayor discrepancia que tuvimos con el Partido Popular durante la reforma laboral de 2012, que es la primacía del convenio de empresa. Los convenios de empresa en las
medianas y grandes compañías han sido y pueden ser útiles. Precisamente en el sector de la automoción tenemos muy buenos ejemplos como la negociación entre empresarios y trabajadores en el seno de la empresa, que ha permitido introducir
flexibilidad y seguridad. Nos mostrábamos cautelosos y críticos con esa propuesta del Grupo Popular porque esa afectación de la negociación colectiva a escala de empresa podía hacernos entrar en una carrera de competencia, pero no en una mejor
productividad o competitividad de la empresa, sino simplemente en sueldos. No sé si el problema está en relación con lo que ustedes nos plantean o el problema está en ese abuso de la subcontratación que intentan regular. En cualquier caso,
bienvenida sea su iniciativa, bienvenido sea el debate y espero que seamos capaces de abordar las cuestiones de fondo.


Nos preocupaba, y nos interesaba al mismo tiempo, que el origen de esta iniciativa tuviese un tono catalán y balear muy vinculado a las necesidades del sector de la hostelería y de los abusos, por lo que ustedes nos han contado, que se están
produciendo en Islas Baleares. Mi grupo da valor a aquella subcontratación que afecta a servicios auxiliares, que la empresa entiende que es bueno que la haga otra

Página 14

empresa más especializada. Podríamos discutir si hay empresas que continúan desarrollando esas estrategias para bajar costes o si hay empresas que están de vuelta y deciden que esa no es su estrategia. En cualquier caso, la norma laboral
debe permitir que la empresa pueda realizar esa actividad, esa externalización de servicios que no son propios. En este sentido, si estuviésemos en el trámite de elaboración de enmiendas, quizá entraríamos en una discusión más de fondo, es decir,
si esa regulación debe permitir también que las empresas utilicen la subcontratación no tan solo para disminuir los costes, sino para dar mayor valor añadido al producto que están realizando.


Los expertos nos dicen que eso no sucede tan a menudo y que ciertamente la estrategia de la subcontratación es una estrategia más asociada a la reducción de costes que a la mejora de la calidad del producto, de aportar mayor valor. Eso nos
reafirma en la idea de que con la regulación que nos proponen seamos lo más prudentes posible. Es la típica cuestión —con ello termino, señor presidente— en la que lo ideal sería que esta regulación fuese fruto de un gran acuerdo con los
interlocutores sociales, y que además en esa regulación diésemos a la negociación colectiva un amplio margen de actuación, porque difícilmente en el Estatuto de los Trabajadores vamos a poder regular, con todas las condiciones, sectores económicos
muy distintos como el sector de la hostelería de Islas Baleares o el sector de la automoción en Cataluña.


En cualquier caso, bienvenido sea nuestro debate y va a contar con nuestro apoyo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo para fijar la posición de nuestro grupo en relación con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista para modificar el artículo 42. Del Estatuto de los Trabajadores. Tengo que empezar por
decir que aquí hemos terminado hablando de cosas que en el fondo no tienen mucho que ver con el contenido de la proposición de ley que hoy se nos trae. Yo me voy a circunscribir a ese contenido de lo que hoy se nos pide que se tome en
consideración.


Comienzo esta intervención diciendo que el texto que traen a debate tiene varias características: primera, es una pura contradicción en sí mismo, entre la exposición de motivos y el único artículo de que consta esta propuesta. Segunda,
atenta contra la libertad de empresa establecida en el artículo 38 de la Constitución. Tercera, genera inseguridad jurídica. Cuarta, atenta contra la libertad de la negociación colectiva sectorial o de empresa, que ya existe hace mucho, por
cierto, tampoco se ha generado en la reforma laboral. Cuarta, desconoce la realidad de la externalización de obras y servicios y atenta contra los intereses de los trabajadores.


Ahora paso a explicar cada una de estas cuestiones. Primera, es una pura contradicción, porque dicen cosas diferentes en la exposición de motivos de las que luego incluyen en el articulado, en el único artículo, tal y como explicaré.
Segunda, atenta contra la libertad de empresa consagrada en el artículo 38 de la Constitución. Señorías, la proposición de ley en su primer párrafo de la exposición de motivos, con acierto, como no puede ser de otra manera, cita literalmente la
Constitución: El artículo 38 de la Constitución española reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, mandata a los poderes públicos garantizar y proteger su ejercicio teniendo en cuenta la defensa de la productividad y
las exigencias de la economía en general. Continúan ustedes en su exposición de motivos, en un segundo párrafo, diciendo: Dentro del contenido de la referida libertad se comprende la potestad de dirigir y organizar la actividad empresarial que
tienen los empresarios, siendo una de sus manifestaciones la contratación y subcontratación de la propia actividad —propia actividad, recordémoslo— empresarial. Esta externalización de la propia actividad es lícita, como cualquier forma de
organización empresarial. Pues en el articulado de la proposición de ley contradicen todos estos principios. Anulan la capacidad de organización de las empresas que prestan servicios mediante contratos de externalización, al obligar a que tengan
que mantener idénticas condiciones que la empresa principal, pero no solamente salariales, hasta en la organización del tiempo de trabajo, en los descansos, es decir, no pueden dirigir su actividad empresarial, tienen que mantener aquello que estaba
prestando la empresa para la que ahora van a prestar sus servicios, no pueden ni siquiera dar su propio know how en la prestación de unos servicios que ellos conocen perfectamente. En la práctica, suprimen ustedes la actividad empresarial como tal,
porque incluso la llegan a comparar con las ETT. Esta es la clave del error.

Página 15

Esto demuestra desde luego un desconocimiento real del funcionamiento de la economía moderna, donde la especialización es una realidad y donde la externalización de servicios nada tiene que ver con la actividad de las ETT, que sí
proporcionan trabajadores, es decir, personas, a la empresa principal, quedando estos bajo la dirección y organización de dicha empresa en la que temporalmente realizan tareas iguales —en este caso sí— a otros trabajadores dependientes de la misma.
Pero la esencia de la externalización es justamente la capacidad de organización, de utilización de medios materiales y humanos propios de las empresas que prestan estos servicios. Esto está sentado por la jurisprudencia, es un elemento fundamental
para distinguir la externalización: que la empresa que los preste tiene que tener medios humanos y materiales y una organización empresarial suficiente para ser contratada para la prestación de esos servicios. Por tanto, no confundamos porque,
insisto, hay sobrada jurisprudencia y control por parte de la Inspección de Trabajo. Con esta iniciativa, señorías, ustedes terminan con la posibilidad de la externalización.


En cuanto a la inseguridad jurídica, respecto a la definición del concepto de propia actividad, hay que indicar que —tal y como ustedes dicen en la proposición de ley— dicho concepto ha venido siendo definido y precisado por la
jurisprudencia, de modo que a día de hoy ya han sido resueltos bastantes de los supuestos que había. En cualquier caso, ustedes formulan en su proposición de ley la descripción de propia actividad diciendo que es aquella que se corresponda con
todas o alguna de las actividades principales o nucleares del empresario principal. Debería ser también en muchos casos objeto esta misma aportación que hacen ustedes de interpretación por los órganos judiciales, ya que habría que valorar si una
actividad es o no principal o nuclear, con lo cual, no avanzamos nada; por el contrario, retrocedemos, ya que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con la propia actividad que introduce una cuestión que precisa mucho más la
delimitación, como es la indispensabilidad de esa obra o servicio, que pertenece al ciclo productivo de la empresa principal, es decir, que sin ese servicio no podría funcionar la empresa principal. Ustedes generan más inseguridad jurídica con esta
iniciativa.


Hay que señalar además la importancia de esta decisión. Tiene relación con el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, donde se recoge la responsabilidad por deudas salariales. Esta aportación de la indispensabilidad es muy importante
para determinar si verdaderamente estamos en un caso de externalización legal y, por lo tanto, las responsabilidades que se precisan después en el artículo 42.2 del Estatuto de los trabajadores, en donde se recoge la responsabilidad por deudas
salariales contraídas con trabajadores o con la Seguridad Social por la empresa contratista o subcontratista, de tal forma que de acuerdo con dicho artículo, se podrá declarar la responsabilidad solidaria del empresario principal por las deudas que
dichas empresas hayan podido contraer durante el período de vigencia de la contrata. Es más, esta medida se ha visto reforzada, como todas sus señorías recordarán, con la aprobación de la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo
irregular y el fraude laboral a la Seguridad Social, ampliando a tres años dicha responsabilidad. Por tanto, esta modificación afecta al Estatuto de los Trabajadores en su artículo 42 y a la Lisos. Por lo tanto, señores socialistas, ustedes
confunden lo que supone la ETT y la problemática que surgió en sus comienzos, y hay una diferencia muy clara, ya se lo he dicho: las ETT contratan personas, y de lo que estamos hablando aquí, las ETT lo tienen clarísimo. Hay ya muchísima
jurisprudencia en relación con la cesión ilegal de trabajadores que sin duda quedó todo suficientemente aclarado y normalizado en el primer convenio colectivo de las ETT. Pero es que ustedes lo que plantean en esta iniciativa es totalmente
diferente, porque se contratan obras o servicios, se valoran esas obras o esos servicios y se prestan conforme, ya lo he dicho, a la propia organización medios humanos y materiales y a los propia gestión de esa empresa contratista. Esta es una
condición indispensable, insisto, con una jurisprudencia extensísima. Coincido con el señor Anchuelo que ha dicho que, a lo mejor, lo que hay que hacer es controlar que ese cumplimiento es así. Pero esa definición está claramente establecida y no
hay ninguna duda en lo que supone una cuestión como la cesión ilegal de trabajadores o la prestación de un servicio.


Por último, señorías, atentan ustedes contra la libertad de negociación colectiva de los sectores o empresas. Perdón, el convenio de empresa, ya lo he dicho también y coincido con el señor Campuzano, existe hace muchísimo tiempo. No lo ha
traído solamente la reforma laboral, ni la de ustedes ni la nuestra. ¿Saben ustedes los convenios colectivos que existen en los sectores de obras y servicios externalizados? Ustedes de un plumazo se los cargan y meten a todos en el convenio de la
empresa principal. ¿Y qué pasa cuando en el convenio de la empresa principal no exista la categoría del servicio que presta la empresa contratada? ¿Qué pasa si el convenio de la empresa principal tiene salarios más

Página 16

bajos que los de la empresa contratada? Estos casos existen, señorías, pero ustedes desconocen la realidad de la calle, la realidad de las empresas, y manipulan con dos frases elocuentes los derechos de los trabajadores.


Señorías, oír ayer al secretario general de los socialistas, señor Sánchez, decir que esta ley es una reforma del Estatuto de los Trabajadores para homologar las condiciones de los contratados y subcontratados, y me pareció un ejercicio
enorme de desconocimiento y de demagogia. (Rumores). Con esta propuesta parecen olvidar que en la normativa laboral vigente ya están establecidas cuestiones como las que ustedes incluyen, como si lo acabaran de descubrir, para homologar a los
trabajadores de la empresa principal y la contratada, como si ustedes estuvieran añadiendo derechos sociales. En la mención en el último párrafo a las condiciones laborales y de empleo esenciales se incluyen tales como protección a la maternidad,
lactancia, paternidad y riesgos laborales. Ustedes desconocen que estos derechos son indisponibles sin que se pueda negociar sobre los mismos y protegen por igual a todos los trabajadores, con independencia del convenio colectivo o de empresa que
les sea de aplicación.


También parecen olvidar que en la normativa laboral vigente ya están establecidos unos mínimos de cumplimiento obligatorio, bien legales —normativa legal y reglamentaria vigente—, bien como mejora de las anteriores convencionales, es decir,
los convenios colectivos sectoriales o de empresa, a los que ya me referí anteriormente, que fijan las condiciones laborales y de empleo que el texto socialista define como esencial. Pero, señoría, volvamos a su contradicción. Además de todo esto,
también debe prevalecer el principio de libertad de empresa que ustedes mismos han citado en su exposición de motivos, de forma que corresponderá a cada empresa y en el marco de sus respectivas negociaciones colectivas la fijación de las condiciones
de empleo tales como salarios, condiciones de trabajo, tiempo, etcétera. Hay que añadir a esto que en un proceso de externalización de una obra o servicio, los trabajadores que en su caso hubieran realizado servicios en la empresa principal pasan a
la empresa contratada con las mismas condiciones y derechos que tengan en su contrato. Esto está absolutamente garantizado, por supuesto en la ley pero además comprobado y apoyado por una gran cantidad de sentencias y de jurisprudencia. Y digo que
en su caso —y he dicho en su caso— pasen de la empresa principal a la contrata porque es cada vez más directa la contratación externalizada y no subrogada, porque las empresas nacen para dedicarse a su actividad principal y todo lo demás,
indispensable como dice el Tribunal Supremo para que puedan desarrollar esa actividad, lo subcontratan.


Señorías, el Estatuto de los Trabajadores siempre ha reconocido en su artículo 42 esta realidad empresarial que viene aplicándose desde los años ochenta. Las modificaciones que se han producido, como la que hemos mencionado y otras que
puedan darse o que se hayan aprobado inciden en las mayores garantías sociales para los trabajadores, pero no impidiendo de facto, como hacen ustedes, la existencia de este tipo de empresas, porque con lo que ustedes hacen anulan, efectivamente, la
capacidad de que existan. Ustedes anulan la externalización de los servicios, que hacen más racional, más eficiente, más competitiva la actividad principal de la gran mayoría de las empresas que tienen que competir en una economía globalizada.


Termino, señorías. Estamos ante una nueva iniciativa socialista que, además, nos pone como ejemplo en la misma el sector de hostelería —lo ha dicho aquí también la representante del Grupo Socialista— y reconocen en esa exposición de motivos
que la hostelería ha iniciado antes que nadie el proceso de recuperación económica —lo reconocen— y que es donde la externalización se está extendiendo. Luego ahí hay algo que parece que funciona. Pues, ¡a terminar con ello, a dejar de crear
empleo y a afectar a un sector tan importante para la economía española como el sector turístico! ¡Ustedes siempre haciendo aportaciones favorables para los intereses generales de los españoles y, en particular, para el crecimiento económico y la
creación de empleo! Esto, insisto, es una nueva iniciativa socialista que nos llevaría al cierre de multitud de empresas y al despido de muchísimos trabajadores. Pero esto no es una característica diferente al resto de sus propuestas y de su
gestión cuando han tenido o tienen responsabilidades de Gobierno: cierre de empresas y generación de paro es exactamente lo mismo que Partido Socialista. Por lo tanto, no vamos a proceder a tomar en consideración esta proposición de ley.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.

Página 17

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. (Número de expediente 122/000196).


El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.


Para su defensa tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Vasco presenta hoy ante esta Cámara una proposición de ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas para su toma en
consideración. Con ello, nuestra proposición somete a su consideración la inclusión de una nueva disposición adicional al citado real decreto legislativo que, dadas las características técnicas y morfológicas, considere a la cuenca del
Nervión-Ibaizábal, que se extiende en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como cuenca intracomunitaria de dicha comunidad autónoma. Eso es lo que solicitamos que se incluya en el famoso real decreto legislativo para que
se tome en consideración.


¿Por qué proponemos esto? ¿Cuáles son las razones que hacen que mi grupo presente esta proposición? Por dos motivos fundamentales. Uno, por justicia, porque por motivos que más adelante argumentaré es una cuenca que discurre en su
totalidad por la Comunidad Autónoma del País Vasco y, por lo tanto, ha de ser considerada como tal, intracomunitaria. Nuestra petición es legal, es de ley y hay sentencias del Tribunal Constitucional que amparan esta decisión. Y dos, por
eficiencia y buena gestión, porque en una cuenca de un río y sus afluentes que discurren íntegramente en la Comunidad Autónoma del País Vasco ocurren situaciones kafkianas, como que han de decidirse en Oviedo, cuando ni afecta, ni influye, ni
aligera nada la gestión y, es más, dificulta y entorpece cualquier gestión que se haga en torno a ese tema, porque se toma en la sede de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.


La Constitución española en su artículo 149.1.22.ª reconoce al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad
autónoma. El Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 10.11 atribuye a la Comunidad Autónoma de Euskadi la competencia exclusiva en materia de aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos cuando las aguas discurren íntegramente
dentro del País Vasco, así como sobre las aguas minerales, termales y subterráneas. De acuerdo con la doctrina del Constitucional sobre la distribución competencial en materia de aguas, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 227/1988,
que se articula sobre el principio territorial de cuenca, en virtud del cual las aguas que transciendan el territorio de una comunidad autónoma serán competencia del Estado, y viceversa, las que no superen el ámbito territorial autonómico, es decir,
las cuencas intracomunitarias serán competencia de las comunidades autónomas. Hasta ahí, clarísimo. La jurisprudencia constitucional, por medio de su sentencia 227/1988, en su apartado 16, ha aplicado el mismo criterio territorial de reparto
competencial a todas las aguas, sean estas aguas superficiales o subterráneas, si bien con el matiz de que estas últimas, las subterráneas, deben poseer la condición de tratarse de aguas renovables. La titularidad de la competencia de las aguas
subterráneas renovables, por lo tanto, se vincula al criterio de cuenca hidrográfica, de manera que rige sobre ellas el criterio de cuenca inter o intracomunitaria a efectos de atribución competencial. Y el artículo 16 del texto refundido de la Ley
de Aguas, junto con la definición de cuenca hidrográfica, establece también el principio de indivisibilidad de la gestión de la cuenca, indivisibilidad. Existen, no obstante, determinados tramos de aguas subterráneas extendidas estas en los
términos definidos en el artículo 40 bis, letra c), que no contribuyen realmente ni forman parte de la dinámica de la cuenca hidrográfica principal, debido a sus especiales características físicas y socioeconómicas específicas.


Vuelvo a la jurisprudencia constitucional, en este caso la sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, en su fundamento jurídico 16, que ha admitido que en la determinación del criterio territorial de distribución de competencias en
materia de aguas, cuando la Constitución utiliza la expresión aguas que discurran, no toma en consideración necesariamente las corrientes o cursos aislados, ni menos aún obliga a compartimentar las competencias sobre los diferentes tramos de un
mismo curso fluvial; lo que sí exige es que no se produzca en ningún caso una fragmentación de la gestión de las aguas intercomunitarias de cada curso fluvial y sus afluentes, sentencia del Tribunal Constitucional 32/2011, en el fundamento jurídico

Página 18

6, y que el modelo de gestión que se adopte garantice una utilización racional de los recursos naturales. El modelo de reparto competencial debe impedir que los usos y aprovechamientos que se realicen en el territorio de las distintas
comunidades autónomas por donde transcurran las aguas condicionen las posibilidades de utilización de los caudales de los mismos cauces principales y accesorios cuando atraviesa el de otras comunidades o surten a los cursos fluviales
intercomunitarios.


Después de todos estos fundamentos jurídicos, vayamos a la causa. ¿Por qué decimos todo esto? Porque el ámbito correspondiente al nacimiento del río Nerbioi y su entorno presenta específicas características físicas y socioeconómicas en
relación con la cuenca Nerbioi-Ibaizabal que impiden considerar al territorio vasco de esta cuenca como cuenca intercomunitaria. Por un lado, el tramo del nacimiento propiamente del río Nerbioi corresponde a una superficie íntegramente inserta en
la Comunidad Autónoma del País Vasco: las tierras de Guibijo y Guillarte, que es en las que en momentos de precipitación aporta las aguas que producen el salto de Delika y los manantiales ubicados en su garganta. Si conocen el lugar, sabrán que es
espectacular. Tanto el salto de agua como el cañón de Delika que se forma tras su caída, se encuentran en el territorio de Araba, tal y como lo certifica el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Por otro lado, hacia el oeste, existen tres pequeñas masas de agua, sin cauce ni escorrentía superficial alguna, subterráneas, situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que suman un total
de 9 kilómetros cuadrados; 9 kilómetros cuadrados subterráneos, sin escorrentía superficial alguna y sin cauce. En estas tres superficies citadas no existe aprovechamiento alguno de las aguas superficiales ni puede haberlo ya que se trata de una
zona elevada, de infiltración. Tampoco existe ningún asentamiento poblacional ni aprovechamientos agrícolas o ganaderos. Además —y consideramos que esto es muy importante—, las aguas subterráneas que en ellas se infiltran no aportan ni discurren
hacia la cuenca del Nerbioi —atiendan lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional—, sino que lo hacen hacia el valle de Losa, en la cuenca del Jerea, tributario del Ebro. Esas aguas se infiltran en tierras de Castilla y León y aportan a la
cuenca del Ebro en territorio castellano, y no forma parte en modo alguno ni superficial ni subterráneamente de la unidad funcional hidrológica de la cuenca del Nerbioi-Ibaizabal, que se extiende íntegramente por tierra vasca.


Es evidente que ante estos datos es imposible técnica y razonablemente sostener que la superficie del Nervión realmente contribuye o forma parte de la dinámica del amplio conjunto de la cuenca del Ibaizábal. Antes al contrario, esa cuenca
debería ser considerada a todos los efectos como cuenca intracomunitaria, interna de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre la que esta debiera ejercer la competencia exclusiva dentro efectivamente de la demarcación hidrográfica del Cantábrico
oriental, pero intracomunitaria. Este hecho resulta aún más incontestable si se atiende a la situación de alguna otra cuenca del Estado en la que la interpretación que ha prevalecido es la contraria a la habida en el caso del Nerbioi, cuando las
circunstancias de aquella eran mucho menos consistentes, y les voy a citar el ejemplo: en la cuenca denominada Rambla de Canales, afluente por la izquierda del río Almanzora, a 1,73 kilómetros de su desembocadura en el Mediterráneo, muy lejos del
alcance de las mareas, que en ese litoral alcanzan cotas moderadas. La Rambla de Canales nace en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se adentra en la de Andalucía hasta desembocar en el río Almanzora, que hasta esa confluencia se
extiende exclusivamente por territorio andaluz. Si la Rambla de Canales hubiera sido tenida, como lo es en la realidad, por afluente del Almanzora, la totalidad de esa cuenca habría sido considerada como intercomunitaria necesariamente, dejando de
estar bajo la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para pasar a estar bajo la competencia estatal. Por el contrario, se decidió considerarla una cuenca separada de la del Almanzora y se le incorporó a la Confederación
Hidrográfica del Segura, con carácter intercomunitario, por extenderse por los territorios de las comunidades autónomas de la Región de Murcia y Andalucía. Esta extraña decisión es aún más insólita si se observa el conjunto de las características
de la famosa Rambla de Canales, que son: su superficie es próxima a los 300 kilómetros cuadrados; es afluente del río Almanzora, a 1,73 kilómetros de la desembocadura en el Mediterráneo; se extiende por terrenos de tres municipios almerienses
—Huércal-Overa, Pulpí y Cuevas de Almanzora— y dos municipios murcianos —Lorca y Águilas—; es intercomunitaria. Su población en diferentes núcleos supera los 15.000 habitantes. Se da una gran producción económica y actividad agrícola ligadas a
importantes usos y aprovechamientos de agua para regadío, y se han ocasionado en ellas serios episodios de inundaciones con graves daños.


Señoras y señores diputados, la diferencia entre la naturaleza y características de la Rambla de Canales, que podría comprometer a la totalidad de la cuenca del Almanzora, y las de las tres pequeñas

Página 19

superficies subterráneas, sin curso, que tienen en tierras de Burgos lo que dicen algunos que es el Nervión, que han arrastrado competencialmente a la cuenca Ibaizábal, es notoria. La totalidad de la cuenca del Ibaizábal debe ser
razonablemente considerada como intracomunitaria, interna de la comunidad autónoma del País Vasco aun sin atender a las circunstancias de la decisión que se adoptó con la Rambla de Canales y del Almanzora, mucho más dudosas. Pero si se procede a
comparar ambos casos, no es posible negar ese carácter de cuenca interna a la del Ibaizabal o a la del Nerbioi, y a la par concedérselo a la del Almanzora. Por todo ello, la cuenca del Nerbioi-Ibaizabal, en territorio de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, ha de ser considerada como cuenca hidrográfica intracomunitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco a efectos de distribución competencial, sin que las aguas de ese ámbito territorial excedan el de la citada comunidad.


Por ello pedimos su apoyo en esta toma en consideración. El Nerbioi-Ibaizabal discurre por territorio vasco, es un río —si me permiten la expresión— vasco. Los que van a votar en contra de esta toma en consideración tendrán que decir
cuáles son los motivos; no vamos a hacer de esto una causa política cuando estamos hablando de causas puramente hidrográficas. Si alguien ve en esto un nuevo Treviño, está totalmente equivocado. La decisión ha de ser técnica, la decisión ha de
ser jurídica; las sentencias del Tribunal Constitucional así lo atestiguan. El caso que les he puesto del río Almanzora creo que es evidente. Por lo tanto, supongo que ustedes sabrán perfectamente atender la petición del Grupo Vasco, que es legal
y a su vez mucho más eficiente. La labor del Gobierno ha de ser eficiente, y en este caso pedimos eficiencia, porque si la gestión de esta cuenca está en manos de quien más cerca está, de quien atiende perfectamente las necesidades de los que
tienen esos problemas, será mucho mejor.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.


En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Errekondo.


El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Muchas gracias, señor presidente.


Por supuesto, Amaiur va a apoyar esta iniciativa porque entiende que las peticiones recogidas en ella son perfectamente legítimas en los términos establecidos en la legislación actual. A día de hoy la competencia sobre la gestión de la
cuenca del Nerbioi-Ibaizabal está en manos del Estado, concretamente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Es decir, todo el sistema hidrográfico que atraviesa la comunidad autónoma está gestionado desde Oviedo, con los problemas que
esto acarrea. Ello sucede porque el Estado hace una interpretación interesada de la normativa, dado que tiene plena consciencia de que esa pequeña parte de la cuenca que roza los límites de la Comunidad Autónoma de Castilla y León son aguas
subterráneas y que además no van a la cuenca del Nerbioi sino en la dirección contraria.


Como consecuencia de esto, las instituciones vascas, en vez de encargarse de los criterios y de la gestión completa del sistema hidrológico del Nervión, se dedican únicamente a cumplir lo dictado en la encomienda de gestión de 1994. De
hecho, toda la validación de cualquier permiso o proyecto que afecte a la cuenca del Nerbioi necesita la firma de la institución sita en Oviedo, cosa que nos parece lamentable. ¿O no les parece a ustedes lamentable que, por ejemplo, un municipio
como Elorrio, de Bizkaia, para aprobar su planeamiento necesite de la firma y autorización de esta institución en Oviedo, con los problemas lingüísticos que ello acarrea, además de que se encuentra a 350 kilómetros de distancia?


El Gobierno, por tanto, sabe que esta iniciativa se sustenta sobre una argumentación hidrológica y técnica impecable, además de sobre una argumentación jurídico-política consistente y legítima pues sabe que la parte discontinua de esta
cuenca que recorre la zona de Castilla y León es subterránea y sus aguas no van, como hemos dicho anteriormente, a la cuenca del Nerbioi sino a la cuenca del Ebro. Hemos de repetir que esta no es la primera vez que en este foro se defiende y se
debate una iniciativa sobre esta cuestión. Por tanto, el problema viene de largo; más aun, diríamos que es un problema de fondo porque se trata ni más ni menos de una cuestión de respeto a la soberanía de nuestro pueblo, de respeto a la soberanía
de Euskal Herria. Hoy estamos hablando aquí de la soberanía de Euskal Herria para gestionar los recursos propios naturales; de hecho, ese fue uno de los objetivos cuando se troceó territorialmente Euskal Herria, ese fue uno de los objetivos cuando
se dividió en dos al territorio de Euskal Herria en la Comunidad Autónoma vasca y en la Comunidad Foral de Navarra.


Hoy nos encontramos con que también se nos niega el control y la gestión sobre cuencas tan importantes como las del Oria y el Urumea o la del Bidasoa. Es decir, podríamos decir que hoy la capacidad de las instituciones vascas para gestionar
los ríos vascos es residual. Para ustedes, señores del Partido

Página 20

Popular, a las angulas que suben el Oria río arriba les pedirían ustedes el pasaporte por adentrarse en las tierras navarras; sepan ustedes que las propias angulas saben que transcurrir las aguas de Gipuzkoa a Navarra o viceversa es
transcurrir por las aguas del mismo país, que es Euskal Herria. Llegará más pronto que tarde ese día. No tengan ninguna duda de que las instituciones vascas ostentarán algún día la soberanía plena sobre los recursos propios naturales y de que el
Estado español tendrá que acordar con el Estado vasco la gestión de aquellas cuencas que recorran las tierras de ambos Estados.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Errekondo.


Por Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Lleonart.


El señor LLEONART CRESPO: Señores del Grupo Vasco, señor Agirrretxea, nos traen a la Cámara un asunto complejo, con lecturas legales parciales y sesgadas que pretende una modificación de la Ley de Aguas, al amparo de la cual se han cometido
todo tipo de tropelías: acuíferos intercuencas que no están considerados como tales, asignación de acuíferos a organismos de cuenca que no les corresponden, consideraciones políticas en vez de técnicas, etcétera, para que finalmente todo resulte
mucho más sencillo de lo que inicialmente parece, que es la eterna lucha voraz del nacionalismo para arrogarse competencias que no le corresponden. Dicen ustedes en su proposición de ley que la jurisprudencia constitucional en su Sentencia
227/1988, fundamento jurídico 16, ha aplicado el mismo criterio territorial de reparto competencial a todas las aguas, sean superficiales o subterráneas, si bien con el matiz de que estas últimas deben poseer la condición de tratarse de aguas
renovables.


Como decíamos anteriormente, hacen ustedes una exposición parcial y sesgada de sentencias y articulado. Las aguas subterráneas son de dominio público hidráulico y el artículo 2 del texto refundido de la Ley de Aguas entra a definir qué es
dominio público hidráulico. Y cito: «Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en esta ley: a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con
independencia del tiempo de renovación». Y voy a repetir por si acaso no ha quedado claro en mi exposición: del Estado.


Arguyen también que existen, no obstante, determinados tramos de aguas subterráneas entendidas estas en los términos definidos en el artículo 40 bis, letra c), que no contribuyen realmente ni forman parte de la dinámica de la cuenca
hidrográfica principal debido a sus especiales características físicas y socioeconómicas específicas. Sin embargo, para nuestro grupo parlamentario lo que debería determinar su inclusión en una cuenca determinada son exclusivamente sus
características físicas, aunque en algunos casos se haya hecho por consideraciones políticas como el cobro de subvenciones por parte de los agricultores. Por otro lado, existen bastantes acuíferos intercuencas cuya gestión está asignada a una
determinada confederación. Este es el criterio que se sigue mayoritariamente en nuestra normativa y en la europea, la Directiva-marco del Agua. Pero a efectos legales son solo acuíferos intercuencas los que están recogidos en el anexo I del Plan
Hidrológico Nacional.


Terminan ustedes su exposición de motivos pretendiendo reformular el criterio que determina qué es una cuenca hidrográfica intracomunitaria y qué no lo es atendiendo a una serie de argumentos puramente territorialistas, que puede que sirvan
para convencer a su grey pero no cuela, no aquí, no en el Congreso de los Diputados. La determinación de las cuencas se hace con criterios hidrográficos, no políticos, no ideológicos, no interesados y sobre todo no identitarios. Se determina una
cuenca mediante una divisoria hidrográfica, esto es, una línea que establece que si toda el agua fuera de escorrentía, estas fluirían a uno o a otro lado de la línea hacia distintos cauces. Así pues, en este caso, y atendiendo a los criterios
objetivos y técnicos de las divisorias que se han trazado acordes a la Ley de Aguas, desde UPyD entendemos que la ley no se debe variar y que su propuesta, que no ponemos en duda que es de rabiosa actualidad y que afecta al devenir diario de miles
de vascos, no puede ser votada favorablemente.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lleonart.


Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.


Intervengo desde el escaño para decir que para mi grupo parlamentario el Congreso de los Diputados no es un congreso de geógrafos donde tengamos que estar decidiendo cuáles son los límites de una confederación hidrográfica u otra. Sí
tenemos competencias totales para hablar de lo que son conflictos

Página 21

políticos que, como no puede ser de otra forma, radica detrás de la propuesta que nos trae el Grupo Parlamentario Vasco a debate esta tarde.


Mi grupo cree que la propuesta es razonada, es razonable, no suscitaría una controversia terrible en la distribución de las cuencas la pequeña parte endorreica en la cabecera del río Nervión a la propia cuenca del Nervión, si con todo eso
solucionamos además un conflicto político que es el que radica detrás de esta cuestión. Para mi grupo parlamentario otra cuestión fundamental a la hora de decidir sobre esta posición es qué es lo que quiere la comunidad autónoma respectiva. No se
pueden imponer las cosas a un territorio, no se le puede imponer tampoco a un territorio desde fuera que segregue o que una determinada cuenca que transcurre única y exclusivamente dentro de su territorio. Tal es el caso que nos ha pasado también
en alguna cuenca que transcurre única y exclusivamente dentro del País Valenciano y que pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Pero, si es una decisión de los vascos, si es una decisión de la comunidad autónoma vasca el poder decidir
sobre el conjunto de una cuenca, excepto un espacio meramente anecdótico y que geográficamente no está claro a dónde pertenece, y si ello soluciona un problema político, tengan ustedes nuestra bendición para solucionar el problema político. Por eso
mi grupo parlamentario no se va a oponer a la tramitación de esta propuesta, porque tiempo habría además después de dejarles espacio a los geógrafos para que terminasen de perfilar por dónde van las líneas, por qué cumbres van las líneas.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.


Yo también lo haré desde el escaño. Esta proposición de ley del Grupo Vasco pretende añadir una nueva disposición adicional al Real Decreto Legislativo 1/2001 y considerar la cuenca del Nerbioi-Ibaizabal como cuenca intracomunitaria.
Nosotros lo centramos básicamente en un debate competencial y seguramente por eso el portavoz de Unión Progreso y Democracia lo ve como una feroz lucha por los nacionalismos. Creo que realmente es así, es un tema político de distribución
competencial, de que se gestione más cerca de los ciudadanos o desde el centro del Estado. En definitiva, es una cuenca intercomunitaria, trasciende una comunidad autónoma y es competencia del Estado —en este caso estaría gestionada por la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, como han dicho desde Oviedo— o es una cuenca intracomunitaria, transcurre por una sola comunidad autónoma, que en este caso sería el País Vasco y sería competencia del País Vasco.


Señorías, si observamos las cuencas hidrográficas que tiene el País Vasco, 2.300 kilómetros cuadrados están gestionados como cuenca intracomunitaria y 2.100 kilómetros cuadrados están gestionados como intercomunitarias. Supongo que será de
difícil gestión tener la mitad de la superficie de las cuencas hidrográficas gestionadas desde Oviedo y desde el Estado central. En este caso, nada que discutir si fuese así, pero es que en 1.000 kilómetros cuadrados, que es la cuenca del
Nerbioi-Ibaizabal, por un 1 % de esa cuenca, por 9 kilómetros cuadrados, 1.000 kilómetros cuadrados dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco están gestionados por el Estado. Debate político, debate competencial y, por tanto, además de las
consideraciones jurídicas y técnicas que en la exposición de motivos de la proposición de ley del Grupo Vasco creo que convencen, nosotros apoyaremos esta iniciativa. Creemos que esta cuenca debe gestionarse intracomunitariamente y, por tanto,
apoyaremos esta proposición de ley e intentaremos en el debate —si se aprueba—, si es que en algún otro espacio del Estado existe alguna peculiaridad diferente, tratarla también.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pérez Herraiz.


La señora PÉREZ HERRAIZ: Gracias, presidente.


El Grupo Socialista está de acuerdo con el texto de la Ley de Aguas que dice que todos los poderes públicos deben velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y
defender y restaurar el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. También compartimos el reparto competencial entre administraciones autonómica y central en relación con la gestión del agua en el sentido de que son
competencia de la Administración

Página 22

central las aguas que trascienden el territorio de una comunidad autónoma y de las comunidades autónomas las que discurren solo en su territorio. Parece que comparte esto también el grupo proponente y que plantea un tema más bien técnico:
si realmente la parte de la cuenca del río Nerbioi, perteneciente a Castilla y León, aporta agua o no. Parece más una cuestión de geografía que de política. También resulta un poco engañosa la exposición de motivos ya que obvia la existencia del
río Cadagua y centra la cuestión únicamente en una zona de aguas subterráneas que no habría que tener en cuenta —dicen— porque no tiene cauce ni escorrentía alguna y por eso no lo consideran parte de la cuenca del Nerbioi.


Según la teoría vigente, el río Nervión nace en el monumento natural de Monte Santiago, un parque natural situado en la zona oriental de la sierra Salvada, en la comarca burgalesa de Las Merindades, situado en torno a los 900 metros de
altitud. Está compuesto por aguas edáficas que forman un cauce fluvial que posteriormente crea el salto del Nervión. Uno de los afluentes que da origen al río Nervión es el Cadagua, que nace en la sierra Magdalena, descendiendo hacia el valle de
Mena. Este sector de cuenca ocupa 269 kilómetros cuadrados, en él viven 3.901 burgaleses y tiene cincuenta y nueve entidades de población, entre las que destaca Villasana de Mena, con 1.559 habitantes. Por tanto, la cuestión no es tanto la
aportación de aguas subterráneas, que parece que es la parte en la que se centra la iniciativa del PNV, sino que el río Nervión tiene un afluente, el río Cadagua, que es también el eje vertebrador del valle de Mena, histórica vía de comunicación
entre la meseta y la costa vasca. En realidad, es tan clara la existencia del río Cadagua y su aportación al río Nervión —o Nerbioi— que ni siquiera suscita dudas que pudieran precisar la intervención del Instituto Geográfico. Y cuando un río y
sus afluentes pasan por más de una comunidad, aunque circule mayoritariamente por una, establecen la Constitución y la Ley de Aguas y estableció con claridad el Tribunal Constitucional que su gestión es competencia de la Administración central.
Sería como si para determinar la cuenca del Miño se obviara el río Sil: su aportación al Miño, su cuenca, entorno y población; en ese caso, se excluiría de la cuenca Miño-Sil toda la comarca del Bierzo.


Una ley de aguas es una ley importante siempre, y lo es especialmente en España por la descentralización de la Administración, que nosotros apoyamos y seguimos defendiendo, y por la complejidad de su gestión a causa de las diferentes
características de los territorios y las distintas necesidades y utilidades vinculadas a dicha gestión. Es también muy importante porque afecta a uno de los principales recursos naturales que hay que proteger y utilizar de la forma más eficiente
posible. Seguro que entre todos podremos avanzar en la aportación de más garantías para la preservación del medio natural y en conseguir que la gestión sea más eficiente y se aproxime lo más posible a todos los ciudadanos que lo requieran. Por
ejemplo, habrá que resolver cómo garantizar el suministro de agua en los territorios que lo tienen difícil, como sucede en Menorca. Pero hay que conseguir estos avances con el acuerdo de todas las partes involucradas, y para avanzar en ello no
parece lo más oportuno hacer excepciones puntuales en la aplicación de una norma general. Es muy importante la buena gestión de las cuencas intracomunitaria e intercomunitarias, que por supuesto se puede mejorar. Otro ejemplo, para mejorar, es que
solo el País Vasco y Murcia establecieron, en desarrollo de la Ley de Aguas y de la Ley de Costas, el canon de control de vertidos para aguas intracomunitarias. Es una tasa que la Ley de Aguas dice que deberán tener todos los vertidos al dominio
público hidráulico y que también establece la Ley de Costas, pero solo la reguló la Administración central para las aguas intercomunitarias y, como he dicho, el País Vasco y Murcia. Unos cuantos años después, el resto de comunidades autónomas
todavía no la han desarrollado.


La política de agua ha de ser sostenible en la planificación y en la gestión, extremando la eficiencia en el uso de tan escaso bien; ha de defender la titularidad pública del bien frente a cualquier intento de privatización, y ha de
asegurar el suministro de agua para todas las personas. Pasa por buscar la máxima eficiencia en el uso de este recurso, impulsando una política de utilización racional del agua y la introducción de programas de incentivos al consumo responsable de
este bien escaso y fundamental. Pasa por alcanzar un pacto del agua con todos los agentes sociales, económicos y políticos acorde con las directivas europeas y por la aprobación de todos los planes hidrológicos de cuenca, con el objetivo de
garantizar, incluso en periodos de sequía, el acceso de todas las personas a agua de calidad en cuantía suficiente, así como el mantenimiento de los ecosistemas fluviales. Hay que respetar el medio ambiente y promover la solidaridad no solo entre
todas las personas, sino también y especialmente con las generaciones futuras. Una política de agua adecuada pasa por una estrategia coherente para abordar la disponibilidad de agua y su utilización racional; por incentivar el uso eficiente del
agua y reducir la contaminación; por fomentar el uso integrado de aguas superficiales y subterráneas; por posibilitar la reasignación de las concesiones de uso del agua —por ejemplo, de regadío a uso industrial— a través de los bancos públicos

Página 23

de cada cuenca, y por consolidar una arquitectura de responsabilidades compartidas acorde con las competencias de cada una de las administraciones. Consideramos que no se debe privatizar el agua, como ha hecho el Gobierno del Partido
Popular con el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente o como hizo el Gobierno autónomo de Madrid con el Canal de Isabel II. Queremos mejorar la gestión del agua y creemos que es posible hacerlo, pero estamos de acuerdo
con el principio vigente de que, si una cuenca discurre por más de una comunidad, la competencia es de la Administración central al margen de la proporción que discurra por cada una de las comunidades. Por tanto, no consideramos oportuno hacer una
modificación de la Ley de Aguas para incorporar una excepción a este principio.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Herráiz.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Collarte.


El señor COLLARTE RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señor Agirretxea, no me ha quedado muy claro después de su intervención si el problema es de la sede o si es que ustedes quieren que la cuenca del Nervión y del Ibaizábal sea competencia de la Comunidad Autónoma vasca. Quiero decir, si la
sede de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental estuviese en Bilbao, ¿tendríamos el mismo problema o sería otro problema? Seguramente sería otro problema, casi seguro; eso me parece a mí también.


Sobre la segunda parte de su intervención centrada en el tema de la Rambla de Canalejas —me ha corregido mi buen amigo Jesús Caicedo con precisión matemática—, creo que no es bueno insistir en los errores. No voy a entrar en valoraciones
sobre por qué pasó lo que pasó en el tema de la transferencia de la cuenca de Almanzora y la Rambla de Canalejas, pero usted sabe perfectamente que ahí hay una componente muy importante, que se trata de unificar la confederación hidrográfica para el
tema del trasvase Tajo-Segura. No es correcto en nuestra opinión, y creo que insistir por ese camino de seguir segregando cuencas hidrográficas no conduce absolutamente a ningún sitio, y ese no debe ser el argumento.


Como las ventajas de intervenir el último son siempre las mismas, no quiero aburrirles y no voy a volver a repetir las mismas definiciones sobre cuenca hidrográfica y sobre demarcación hidrográfica que ya se han puesto de manifiesto aquí, ni
los componentes de carácter jurídico tanto constitucional como estatutario que amparan esta cuestión. Me llama la atención que la misma definición de cuenca hidrográfica que a ustedes les sirve para decir que la cuenca del Nervión e Ibaizábal es
intracomunitaria me sirve a mí también, luego estamos llegando a una cuestión de interpretación técnico-jurídica. Algún compañero ya lo ha dicho: esto me recuerda los fuera de juego, que son a veces por poquito, pero se está en fuera de juego o no
se está. Aquí hay una línea que marca clarísimamente la legislación actual y con esa legislación creo que hay poco que discutir. Es una cuenca intercomunitaria sí o sí. El argumento hábil está en olvidarse estratégicamente de un río que se llama
Cadagua, esa es la clave de toda esta operación, porque si de verdad de esa ría forman parte Cadagua, Nervión e Ibaizábal como forman físicamente esas tres subcuencas, hay muy poquito que discutir. Pero si hacemos de manera hábil que desaparezca el
río Cadagua y solo hablamos de los otros dos ríos, entonces utilizamos un argumento muy facilito, que es: yo tengo trece —me da igual trece que nueve, poquito—, y me dan igual sus nueve que mis trece; es muy poquito, pero es la puntita de la bota,
está fuera de juego. Tal cual está la legislación, no hay nada más que discutir, y creo que no hay que darle vueltas a esto porque no da para más, porque las definiciones son las que son, el marco legal es el que es y utilizar un tema no
especialmente bien hecho como el que se llevó a cabo en el tema del traspaso de la cuenca de Almanzora como argumento no me parece que sea el camino más adecuado. La sensación es que esto es País Vasco y que debía ser una cuenca intracomunitaria,
es un sentimiento, pero no llega solo con el sentimiento, hay una legalidad y la legalidad es inapelable.


Lo mismo sucede con las aguas subterráneas. Usted sabe muy bien que hay una masa de agua subterránea, que se denomina salvada, consistente en una franja estrecha en algunos tramos, pero que se extiende por las cabeceras del Nervión y del
Cadagua, es decir, partida por ambas subcuencas, y que esa poligonal abarca los territorios de Burgos y de Álava. Estamos exactamente igual que antes: el sentimiento, la legalidad y la razón.


No me voy a extender mucho más. Para terminar, quiero decirles que entiendo lo que significa para ustedes el río Nervión, el Nerbioi, y el Ibaizábal que cruzan el Gran Bilbao bajo el nombre de ría de Bilbao.

Página 24

Ahí desemboca el Cadagua. Son probablemente para ustedes más que un río y allá por el barrio de la Peña, donde se funden las aguas dulces y saladas, un ingeniero al que me honro en recordar, Evaristo de Churruca y Brunet, proyectó el puerto
exterior. También sé que durante la Edad Media el río Nerbioi servía de límite entre el señorío de Vizcaya y los condados de Castilla, cobrándose un peaje en ese punto. Ojalá seamos capaces de que no vuelvan ese tipo de peajes y que unos y otros
sintamos estos ríos, que ustedes sienten como suyos, los sintamos todos como nuestros, es decir, también suyos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Collarte.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ELABORACIÓN POR EL MINISTERIO DE DEFENSA DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN RELACIÓN CON EL ACOSO SEXUAL, POR RAZÓN DE SEXO Y PROFESIONAL, EN LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de
expediente 162/001208).


El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la elaboración por el Ministerio de Defensa del protocolo de actuación en relación con el acoso sexual, por razón de sexo y profesional, en las Fuerzas Armadas.


Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Navarro.


La señora NAVARRO CRUZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, tengo el honor de subir a la tribuna para presentar esta proposición no de ley del Grupo Popular referente a la elaboración de un protocolo de actuación en relación con el acoso por razón de sexo y profesional en las Fuerzas
Armadas. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).


En primer lugar, quiero decirles que esta proposición es fruto de la responsabilidad, de la seriedad y de la coherencia. En sede parlamentaria nuestro grupo se comprometió a pedir la elaboración de un protocolo para prevenir y erradicar los
casos de abuso cuando hubiera finalizado la tramitación de la ley orgánica sobre el reglamento disciplinario de las Fuerzas Armadas, publicada el pasado 5 de marzo, en el que se contempla justamente esta actuación del protocolo. También nos parecía
muy importante el avance en la reforma del Código Penal Militar en el que, como ustedes saben, aún se está trabajando, pero que ya contempla en su capítulo III el abuso de autoridad, el trato degradante y el acoso sexual y laboral.


Señorías, aquí estamos para cumplir con nuestro compromiso. Nada hay más despreciable que acosar a una mujer laboral o sexualmente. Somos conscientes de que han corrido ríos de tinta sobre este asunto y que algunos no dudan en utilizarlo
en su beneficio electoral, incluida la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero no podemos poner en entredicho la honorabilidad de los miembros varones de las Fuerzas Armadas, porque desgraciadamente estas prácticas de acoso
no son ni más ni menos frecuentes que en cualquier otro colectivo de nuestra sociedad. Les aseguro que la inmensa mayoría de los miembros de nuestros ejércitos detestan estas prácticas despreciables tanto como todos los que estamos aquí y eso es
así porque trabajan día a día con sus compañeras y se juegan la vida junto a ellas en misiones peligrosas que les unen de por vida y que crean vínculos de respeto y de admiración.


No podemos utilizar el derecho a la igualdad como arma arrojadiza, no podemos hacer eso, señorías. Es un asunto muy serio y muy doloroso como para jugar con él. Es cierto que se han dado algunos casos imperdonables en nuestras Fuerzas
Armadas, pero también es cierto que este Gobierno ha reforzado las medidas para que los culpables sean perseguidos y sean condenados. Sobre el delincuente debe recaer todo el peso de la ley sin paliativos y, a partir de que se apruebe esta
proposición no de ley, también se pondrá en marcha un mecanismo de prevención y asesoramiento con el nuevo protocolo de actuación.


Nuestro Gobierno no ha estado de brazos caídos, señorías; la igualdad ha sido prioritaria para el Ministerio de Defensa y su preocupación por la mujer no se circunscribe única y exclusivamente a estos dramáticos casos de acoso, sino que
también se circunscribe al día a día. Se están apoyando permanente y decididamente los trabajos que desde el observatorio militar se llevan a cabo. Se ha potenciado la formación en igualdad. Se ha apoyado la conciliación de la vida familiar en
las Fuerzas Armadas con flexibilidad horaria, con reducción de jornada, guarderías, etcétera. Otro de los aspectos a destacar es la evolución de la presencia de las mujeres en las Fuerzas Armadas, que actualmente está en un 12,4 % y viene
manteniéndose aproximadamente así en la última década, lo cual significa, y se puede afirmar, que

Página 25

se ha consolidado la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas. Actualmente, la Secretaría Permanente de Igualdad está trabajando en actuaciones en las que se destaca la potenciación del servicio de consulta, la elaboración de una nueva
guía de conciliación, el desarrollo del Plan de igualdad de la Administración General del Estado en el Ministerio de Defensa y su comunicación interna. En el ámbito internacional, también tenemos que destacar la creciente actividad exterior de la
Secretaría Permanente de Igualdad, que promueve la aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre mujer, paz y seguridad.


Dicho todo esto, señorías, agradezco enormemente las enmiendas que han planteado a esta proposición no de ley tres grupos de la Cámara, así como la disposición por parte de los otros grupos de la Cámara que, aun no habiendo presentado
enmiendas, algunos me han manifestado el apoyo a esta proposición no de ley. Quiero decir también que el trabajo de todos es fundamental para que pueda salir adelante y quiero también manifestar desde aquí que trataremos de llegar a una
transaccional, en la que aún no hemos tenido tiempo de trabajar, y supongo que podremos llegar a un texto conjunto que pueda apoyarse por la mayoría de la Cámara. Sé que todas las propuestas que han hecho sus señorías se basan en la realidad de que
esto es un asunto que hay que solucionar y que enriquecerían en todo caso la proposición no de ley que hoy traemos.


Para terminar, en la Constitución española se integran como derechos fundamentales la dignidad de la persona y el derecho y el deber de trabajar. Eso hay que desarrollarlo, siempre e inexcusablemente, en consonancia con la integridad física
y la integridad moral y con ausencia de cualquier trato inhumano y degradante que pueda producirse. Señorías, espero que esta propuesta tenga el apoyo de la Cámara y agradezco —como he dicho antes también— el apoyo manifestado por los grupos,
porque hay que decir que la igualdad y la erradicación del acoso no valen protagonismos personales, aquí solo es eficaz la lucha conjunta, seria y convencida.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Navarro.


Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, en primer lugar tiene la palabra, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, la señora Lozano.


La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, el caso de la hoy comandante Zaida Cantera ha puesto sobre la mesa un debate sobre dos problemas que para la opinión pública eran inexistentes y que, sin embargo, muchos miembros de las Fuerzas Armadas padecen desde hace años: uno
es el acoso sexual y otro es el acoso laboral. Insisto en que son dos problemas como punto de partida, porque son diferentes y requieren tratamientos diferentes, aunque muchas veces concurran unidos, y ambos son suficientemente graves como para
tomárselos en serio y para adoptar medidas decididas. Cuando hablamos de proteger a las víctimas de acoso sexual y laboral, no perdamos de vista que hablamos del sufrimiento humano, del sufrimiento de los hombres y las mujeres miembros de nuestras
Fuerzas Armadas, es decir, personas en cuyo mandato laboral entra la posibilidad de que les manden a morir por la libertad de todos nosotros, a dar la vida por la libertad y la seguridad de todos nosotros. Si bien todos los ciudadanos merecen
nuestra protección y nuestro apoyo, ellos lo merecen especialmente por las condiciones especiales en las que realizan su trabajo, y debemos mostrar, como mínimo, un interés sincero por sus problemas, señora Navarro. Ningún ejército del mundo,
ninguno, señorías, podrá levantar la bandera de la democracia y de la libertad en ningún país del mundo si en sus filas se tolera el acoso sexual o profesional, si los gobernantes miran para otro lado cuando estos casos han salido a la luz, cuando
han sido conocidos, o cuando han sido ya, como es el caso que tratamos, objeto de debate parlamentario. Esta es la situación en la que nos encontramos, los casos, del que la comandante Zaida es solo la punta del iceberg, son conocidos; en segundo
lugar, el problema está ante nuestros ojos; y, en tercer lugar, las víctimas nos interpelan. Nos encontramos en un momento en el que se requieren acciones decididas del Gobierno para evitar y prevenir estos delitos, por supuesto para castigarlos
también. Es un avance el que se endurezcan las penas. Pero los casos de acoso sexual requieren una enorme labor de prevención para conseguir evitarlos. Esto es para lo que debe servir un protocolo, para facilitar la denuncia de las víctimas y
para crear un clima de hostilidad hacia el acosador y no hacia la víctima, como ocurrió en el caso de la entonces capitán Cantera, como pudimos conocer en esta Cámara, para que se erradique el clima de impunidad y para que se erradique el silencio
en torno a quienes padecen este tipo de abusos.

Página 26

Señora Navarro, es el momento de la acción, es el momento de cambiar las cosas, es el momento de decirles a las víctimas que la política sirve para protegerlas. No es el momento de los circunloquios, no es el momento de las vaguedades ni de
la cosmética. Las víctimas nos piden actuar y mi grupo parlamentario no las va a defraudar, porque sabemos el enorme sufrimiento que padecen y las terribles consecuencias que el acoso tiene para su vida profesional pero también para su vida
personal y familiar, incluso para su salud. Por eso creo, y lamento decírselo, que esta iniciativa no está a la altura del reto que nos plantea el problema del acoso sexual en las Fuerzas Armadas, ni está a la altura de la demanda de la sociedad
que ha asistido escandalizada a un problema cuya existencia ignoraba por completo, ni está a la altura de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la protección que nos reclaman. Desde luego, estoy de acuerdo con usted en que son miles los miembros
varones de las Fuerzas Armadas que no incurren en estos comportamientos. También ellos están abochornados y también ellos querrían que esta Cámara ejerciera una acción decidida para que se castigue a esos pocos que desprestigian la imagen de todos.
Echo en falta en esta proposición no de ley empatía, decisión y voluntad política. Insisto, nos gustaría apoyar su iniciativa, pero lamento decirle que no está a la altura. El protocolo que el ministro se comprometió a impulsar, hace casi dos
meses de ese compromiso, ya debería estar aprobado y, si no, al menos debería estar muy avanzado. Lo mínimo que se puede pedir es que en esta iniciativa se alcanzara un grado de concreción que nos permitiera pensar que se está trabajando con rigor
y con rapidez en un asunto tan grave, para que pudiéramos precisar ya cómo se va a instrumentar ese mecanismo que garantice que nunca más va a volver a ocurrir un caso como el de la comandante Cantera.


Hemos presentado una enmienda que me gustaría que estudiaran detenidamente, porque este problema es de esos que se soluciona simplemente con voluntad política. Si hay la voluntad política de cortar de raíz ese problema, mañana lo primero
que hay que hacer, y lo planteamos en la enmienda, es aplicar el protocolo vigente en la Guardia Civil a las Fuerzas Armadas de manera interina hasta que ese protocolo esté aprobado. Lo segundo que hay que hacer es precisar cómo ese protocolo debe
recoger mecanismos para proteger a la víctima y garantizar la confidencialidad de su caso y de su denuncia e implementar un organismo que permita prevenir, detener y responder el acoso sexual, un organismo que debe ser independiente y cuyos miembros
no estén sujetos a la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas. También planteamos reorientar el Observatorio militar de la igualdad, porque creemos que también podría desempeñar un importante papel en este problema, y otra serie de mejoras que
le pedimos que miren con atención porque debemos tomarnos este problema en serio y debemos decirles a los miembros de las Fuerzas Armadas que lo hacemos. No vamos a aceptar una proposición no de ley con fines cosméticos que no quiera resolver el
problema sino fingir que se resuelve. Tenemos una oportunidad que creo, señora Navarro, que no deberíamos dejar pasar si realmente estamos comprometidos con erradicar el acoso sexual y laboral en las Fuerzas Armadas.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Lozano.


Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sanz.


El señor SANZ REMÓN: Señora Navarro, tras escucharla debemos decirle que su incapacidad para la autocrítica y su abuso del autobombo no tienen medida. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). El papel lo puede
soportar todo, pero la realidad es tozuda, y lo cierto, señorías del Grupo Popular, es que el hecho de que nos traigan hoy este debate, habiéndolo votado en contra hace apenas seis meses, no es casual. Lo cierto es que este debate está forzado por
una opinión pública que está empezando a ver, cada vez con más frecuencia, lamentablemente, situaciones de abuso que afloran y falta de democracia que existen en el seno de nuestras Fuerzas Armadas. Una realidad que conocemos, además, gracias a la
valentía de las asociaciones profesionales y de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que se han atrevido a denunciar y que, en la mayoría de los casos, han sufrido terribles consecuencias precisamente por hacerlo. Ya se ha citado aquí, por
ejemplo, el caso de la comandante Zaida Cantera. Se han visto forzados por ese goteo de casos sobre abusos, en unos casos de corte sexual, en otros casos de corte laboral y en otros casos de otro tipo, que tienen, a pesar de ser diferentes, un
denominador común —y es de lo que La Izquierda Plural quiere hablar hoy también en este debate— que no es otro que el cuestionamiento de un ordenamiento jurídico-militar que carece de garantías para el derecho o el ejercicio de la tutela judicial
efectiva de los denunciantes. Eso es un problema que existe en el seno de nuestras Fuerzas Armadas y en nuestra legislación militar.

Página 27

Señorías, reconocer que las posibilidades de sufrir acoso sexual y abusos de todo tipo se incrementan en aquellos ámbitos fuertemente masculinizados y jerarquizados no es otra cosa que constatar un hecho, en las Fuerzas Armadas y en
cualquier otro espacio. Eso no implica —y se lo digo porque alguna vez el Partido Popular recurre a eso— que las o los que denunciamos esta situación queramos mancillar el nombre ni de las Fuerzas Armadas ni de sus hombres, muchos de los cuales
están denunciando precisamente que no se está haciendo lo que se tiene que hacer para evitar este tipo de abusos. Por lo tanto, saben que es obligación de todas y todos buscar soluciones a este tipo de problemas, a las consecuencias negativas de
estas situaciones, y para eso debemos huir, señorías, de las mismas lógicas que coadyuvan a engendrar las condiciones que perpetúan este gravísimo problema. En otras palabras, hay que pensar de otro modo y desde otra óptica para buscar soluciones.
Pero leyendo su propuesta y escuchándola, mucho nos tememos que el Partido Popular no hace más que redundar en esa lógica que nosotros queremos desterrar, cuando no reconoce que además de esas modificaciones legislativas en el ámbito del Código
Penal militar o de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario son necesarias otras cuestiones concretas para abordar el tema que nos ocupa. No vamos a decir que no son avances; por supuesto que son avances; por supuesto que es un avance que se
tipifiquen estos delitos en las dos leyes que he dicho, pero evidentemente se tendrían que juzgar por la justicia ordinaria, como debería ser, señorías, y no por la justicia militar. Un caso más de rebasamiento constitucional de las normas
militares. Consideramos, y ustedes lo saben, que aunque se tipifiquen estos delitos en el ámbito de la legislación militar, la falta de independencia de la jurisdicción militar, la falta de garantías procesales o la arbitrariedad imperante derivada
del uso malentendido y desmedido del concepto de disciplina, impedirán el efectivo derecho a la denuncia. Estos elementos que les acabo de decir son suficientemente persuasivos para impedir que se denuncien este tipo de delitos y, además, son los
mismos elementos que permiten la impunidad para el denunciado y que las represalias se ceben, en muchos casos, con las denunciantes en caso de que tengan el valor de dar el paso adelante y denunciar estas situaciones.


Hoy queríamos traer esta reflexión que nos parece muy importante, porque ha sido la que ha regido absolutamente la posición de nuestro grupo parlamentario en todos y cada uno de esos debates legislativos que afectan al ámbito y al
ordenamiento jurídico-militar; un ordenamiento jurídico, señorías, basado en el abuso de la arbitrariedad, en la falta de taxatividad que rebasa los límites constitucionales y que, por lo tanto, provoca miedo. Una sociedad con miedo no es una
sociedad democrática; la democracia tiene que entrar en los cuarteles con todas las de la ley. Ahora es cuando llega la oportunidad de este protocolo que nosotras y nosotros consideramos absolutamente imprescindible, señorías. Ya les decimos que
asumimos esa tendida de mano del Grupo Popular porque nos parece muy importante, pero no así, no como una declaración de intenciones. Por eso les proponemos varias cuestiones. Queremos llegar a un acuerdo y les hemos puesto encima de la mesa una
enmienda absolutamente posible de aceptar. Queremos que este protocolo, basado en la política de tolerancia cero, sirva para acabar con la creencia de que en las Fuerzas Armadas como en el conjunto de la sociedad no compensa nada denunciar o que
incluso es mejor no denunciar, y acabar también con esa sensación de impunidad de unos y de impotencia de otras.


Quiero plantear cuatro propuestas concretas —se me acaba el tiempo— en este debate: que ese protocolo contra la violencia sexual implique que nuestras Fuerzas Armadas dispongan de los mecanismos y de los canales de acogida, asesoramiento
jurídico, legal y psicológico necesarios para garantizar que quien afronta la denuncia lo hace con garantías, alejada de su agresor y sin coste económico alguno. Por supuesto, estamos de acuerdo en que hay que trabajar en la formación, en la
prevención, en la detección temprana y en visibilización del problema, pero para esto último habrá que incorporar los parámetros relativos a la situación de acoso laboral, acoso sexual y profesional en el seno de las Fuerzas Armadas en el análisis
anual del estado de la condición militar. Es necesario, señorías, crear ese banco de datos que garantice la sistematización estadística, es necesario que se visibilice, porque lo que no se conoce lamentablemente no ocurre, y sí está ocurriendo.
Creemos además…


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sanz.


El señor SANZ REMÓN: Acabo ya, señora presidenta.


Creemos que el Observatorio de la vida militar es el organismo mejor capacitado para llevar a cabo esta tarea. Y por último, les proponemos medidas para velar por el derecho de la denunciante en el trámite procesal, que deberían implicar la
salvaguarda de su identidad y carrera profesional, así como el establecimiento de medidas cautelares contra el infractor. Acabo con esto. Hoy, señorías, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Estatuto de las víctimas del delito.
Consideramos que es importantísimo

Página 28

que sea de aplicación también en el ámbito penal y disciplinario militar. Ya se han acabado los tiempos de que los trapos sucios se lavan en casa, ante este problema que nos afecta a todos y a todas no podemos poner paños calientes y no
podemos quedarnos a medias.


Gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sanz.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Señora presidenta, señorías, en los últimos dos años en esta Cámara ha habido intentos de que se debatiese sobre el acoso social y laboral en las Fuerzas Armadas, y en esos dos años, impulsado por el
Grupo Socialista y otros grupos políticos, se ha pretendido traer al Gobierno a la Cámara a hablar del mismo, y han sido dos años de bloqueo por parte del Partido Popular para cualquier debate sobre este asunto. El 16 de septiembre de 2013, hace
casi dos años, nuestro grupo presentó una petición para que el ministro de Defensa viniera a la Comisión a hablar sobre la situación de la mujer en las Fuerzas Armadas a la luz de lo que entonces era un escándalo ya, el caso de la comandante Zaida
Cantera y de la soldado Silvia Ruiz. El Gobierno no vino, el Grupo Popular hizo de parapeto, nuestro grupo provocó un debate en la Comisión sin la presencia del ministro y en ese debate el Grupo Popular votó no a la presencia del ministro para
hablar de este asunto. Meses después, nuestro grupo volvió a presentar una iniciativa para que viniera el ministro de Defensa a la Comisión para hablar en este caso con motivo de que había pedido la baja en el ejército la comandante Zaida Cantera.
El ministro se negó a venir, otra vez provocamos —nuestro grupo— un debate en la Comisión y el Grupo Popular, frente a todos los demás grupos, cerró la posibilidad de que el Gobierno hablase de este tema en la Comisión de Defensa. Hemos presentado
recientemente otra iniciativa para que venga el ministro para hablar del mismo tema, con motivo de la puesta en práctica del nuevo régimen disciplinario, que efectivamente prevé como faltas las de tolerar o no denunciar el acoso sexual en el
ejército.


En este tiempo nosotros también hemos pedido que hubiera un protocolo contra el acoso sexual en las Fuerzas Armadas. El 15 de octubre del año pasado presentamos una PNL en ese sentido. El debate se produjo el 26 de noviembre, hace cuatro
meses prácticamente, y en ese debate el Grupo Popular votó no a que existiese un protocolo contra el acoso sexual en las Fuerzas Armadas. Y ahora, milagrosamente, el Grupo Popular va a votar sí a que haya un protocolo, cuando hace cuatro meses votó
no, claramente, cerradamente, a que haya un protocolo en las Fuerzas Armadas. ¿Qué ha pasado? Es evidente lo que ha pasado, y es que al ministro le ha estallado en la cara el tema del acoso sexual tras una intervención lamentable y de las más
desafortunadas que hemos visto del Gobierno en este hemiciclo —que ha habido muchas—, y deprisa y corriendo el Partido Popular presenta la necesidad de un protocolo para las Fuerzas Armadas. Lo que hemos estado persiguiendo durante tanto tiempo, de
pronto, como consecuencia de esa torpe intervención, el Grupo Popular intenta defenderlo mediante este protocolo. Bienvenidos al club, podríamos decirle al Grupo Popular, pero nosotros no vamos a aceptar un protocolo cualquiera, un protocolo que no
trate a fondo este tema y lo solucione de verdad de raíz. Por eso hemos presentado una enmienda alternativa, que es al texto de la proposición no de ley, en la que nosotros decimos que, primero, tiene que haber un consenso de los grupos
parlamentarios, una previa consulta a los grupos para aprobar un protocolo contra el acoso sexual que tenga el consenso del conjunto de los grupos políticos. Segundo, tiene que preservarse el anonimato, la confidencialidad de quienes denuncian.
Tercero, hay que preservar también la no represalia sobre quienes denuncian, porque una de las cosas que suceden en las Fuerzas Armadas, en las nuestras y en las de otros países, es que no se denuncia por miedo a las represalias. Además, hace falta
que un órgano independiente de la cadena de mando pueda tramitar y tramite estas denuncias a través de un procedimiento que se dice que será ágil y rápido, fundamental en este caso. Nosotros consideramos además que el ministro —y lo pedimos por
cuarta vez en esta legislatura— debe venir a hablar de este asunto a la Comisión. Asimismo, pensamos que el ascenso del entonces teniente coronel Lezcano, condenado a pena de prisión por abuso de autoridad sobre la comandante Zaida Cantera, debe
ser revocado por ser lesivo contra los intereses de la Administración militar.


En definitiva, señorías, hay que abordar de frente esta lacra del acoso sexual y laboral de las Fuerzas Armadas, que es una lacra de la sociedad española y que también sufren las Fuerzas Armadas como miembro de la sociedad, que afecta además
en este caso especialmente a la mujer en las Fuerzas Armadas por razones obvias, por la relación jerárquica y por la vulnerabilidad de la víctima cuando es un superior el que ejerce ese acoso sexual o laboral. Esas conductas indeseables afectan en
última instancia a la presencia misma de la mujer en las Fuerzas Armadas, que nada tienen que ver con los valores del

Página 29

ejército, que manchan el buen nombre de las Fuerzas Armadas; algo que es repulsivo para la inmensa mayoría de los militares, que no deben ser contaminados por la existencia de esas conductas. El acoso es una de las formas más violentas de
expresar el desprecio a la mujer y su erradicación es tarea de todos. De ahí la importancia de un protocolo en serio, a fondo, que ataque el acoso sexual contra las mujeres en las Fuerzas Armadas.


Muchas veces, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor López Garrido.


En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.


Llama la atención el paso de la negación de la realidad al reconocimiento de su existencia por parte del Gobierno al hacer pública, dos días después de su negativa a dar explicaciones sobre un caso concreto, la intención de elaborar un
protocolo. Cualquier medida de apoyo para mejorar la situación es bienvenida, pero hay una que sería fundamental y que sí puede cambiar la confianza de las mujeres en encontrar la justicia. Nosotros, desde Compromís-Equo añadiríamos un punto 4,
que sería establecer en el protocolo expresamente la inhibición de la jurisdicción militar a favor de la ordinaria para los casos de denuncias por acoso sexual, todo ello en cumplimiento del principio 29 del conjunto de principios actualizado para
la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Dicho principio 29, restricciones a la competencia de los tribunales militares, establece:
La competencia de los tribunales militares deberá limitarse a las infracciones de carácter específicamente militar cometidas por militares, con exclusión de las violaciones de los derechos humanos, los cuales son competencia de los tribunales
nacionales ordinarios o en su caso, cuando se trate de delitos graves, conforme al derecho internacional, de un tribunal penal internacional o internacionalizado. Así, Naciones Unidas nos ofrece la solución: si es la justicia ordinaria y no la
militar la que resuelve los casos de acoso sexual, las víctimas tendrán mayor confianza en la justicia, en una correcta resolución del caso, bajo objetividad y verdadera independencia al salirse del ámbito castrense en el que prima la obediencia y,
en consecuencia, pesa el rango del acusado y el de los testigos. A nivel jurídico la propuesta se fundamenta en el hecho de que se trata de un delito que no guarda relación con la disciplina militar, y además estamos ante una violación de los
derechos humanos, tales como el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho al honor y a no recibir un trato vejatorio. Todo ello no contraviene el artículo 118 de la Constitución al no ser el delito de acoso sexual propio del ámbito
estrictamente castrense. Esta sería una medida necesaria para proteger a las víctimas y un paso previo al que habría de enfrentarse una sociedad democrática y pacífica como es la nuestra, la desaparición de la justicia militar.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.


Señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo para posicionarnos con respeto a esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Entendemos que es protocolaria, como el propio protocolo al que se refiere la señora Navarro, del Grupo Popular.
Digo que es protocolaria porque, si no se llega a un acuerdo con las otras fuerzas políticas que han presentado enmiendas, sinceramente creemos que no va a incidir demasiado en las políticas que desde el Gobierno se deberían imponer en las Fuerzas
Armadas.


Señorías, es incomprensible que una mujer militar que denuncia acoso sexual tenga que resolver su problema como todas las mujeres que padecen acoso sexual en el mundo laboral, abandonando su puesto de trabajo, que es lo que en este caso está
ocurriendo con la comandante Zaida. Si esto ocurre, señorías, es porque en el ejército no se dio la solución adecuada y correcta a la denuncia, cuando además se corrobora que los abusos sexuales ocurrieron. En cambio, mientras esta persona, esta
mujer, la víctima, se sitúa en esta dramática situación de abandonar la profesión que había elegido, a día de hoy la persona causante del delito —que nosotros sepamos— no ha sido castigada. No es cuestión de protocolo o no protocolo, es cuestión de
que no se pueden admitir estas actitudes en ningún ámbito de la vida, pero evidentemente estamos hablando del ejército, donde el Gobierno, independientemente de si la justicia militar o la justicia ordinaria tenga que resolver el asunto, debe ser
quien implante las normas para que

Página 30

situaciones como estas no ocurran, entre otras cosas por el buen nombre del ejército, pero también por la erradicación de una lacra como esta.


Señorías, decirle al Gobierno que tiene que actuar con decisión en este asunto no es poner en cuestión a todos los militares del Ejército español, pero sí es ser conscientes de que no solo hay un problema, sino que hay muchas mujeres que
padecen la misma situación y por miedo —como las otras mujeres que padecen acoso en el mundo laboral— no lo denuncian, porque se sienten solas ante la denuncia o, debido a la jerarquía superior del agresor, creen que no tendrán quien les acompañe
para demostrar que la agresión existe. Este acoso sexual ocurre en todos los ámbitos de la vida laboral, pero es lamentable, vergonzoso, que esto se admita en las Fuerzas Armadas sin castigar a aquellas personas agresoras.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Por tanto, para poder posicionarnos favorablemente, nos gustaría que se llegara a un acuerdo de transacción.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.


Por el Grupo Vasco, PNV, señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.


Intervendré desde el escaño. Yo iniciaría esta intervención con una frase muy manida pero muy entendible: Excusatio non petita, accusatio manifesta. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece triste que el Grupo Popular haya tenido que
presentar esta proposición no de ley ahora. Presentar una proposición de esta índole es triste de por sí, pero aún más que la hayan tenido que presentar ahora. Tras la grave situación padecida por una oficial del ejercito —que todos conocemos y
que aquí se ha citado por todos los intervinientes— y tras una desafortunada y desagradable intervención del ministro en este hemiciclo, ustedes ahora presentan esto. ¡Qué quieren que les diga! ¿Creen ustedes que alguien que no sea del Partido
Popular no se ha percatado de que es una consecuencia lógica, una detrás de otra? Evidentemente, lo es. Eso no quiere decir que ni mi grupo ni nadie de los que estamos aquí estemos en contra de que se firme un protocolo contra el acoso sexual en
el ejército. ¡Faltaría más! La pregunta que yo me hago es por qué hasta ahora no ha habido un protocolo, por qué ha tenido que elaborarse precisamente ahora. Además, nada más iniciar su intervención la portavoz del Grupo Popular ha empezado a
justificar la honorabilidad de los miembros el ejército. No, si nadie la está poniendo en cuestión; usted misma está poniendo una especie de venda antes de que se produzca la herida, por si a alguien se le ocurre… No, aquí se denuncian los hechos
cuando ocurren; si ocurren los hechos, ocurren, pero lo que no se puede hacer es tratar de justificar lo injustificable cuando alguien comete lo que comete. Por tanto, estoy contento con que se elabore este protocolo, pero no me parece de lo más
completo.


Insisto, ¿qué protocolo es? Lo han dicho otros compañeros y al final todos coincidimos en los mismos argumentos. ¿Qué garantías ofrece este protocolo en una institución basada en la jerarquía y en la displicina? ¿Usted cree que exista un
nivel de confianza, de democracia interna; lo cree posible en una institución basada en una jerarquía y disciplina, en la que a su vez —esta es una situación tan grave que puede ocurrir en cualquier ámbito laboral— siempre el acoso sea de un
superior a un inferior? No creo que ningún sargento acose a una capitán, seguro que no. Estamos hablando de una institución en la que la jerarquía tiene la importancia que tiene. Aquí podemos dar el visto bueno al protocolo, pero debe tener una
segunda parte, unas medidas garantistas sobre qué puede ocurrir cuando se denuncia, qué hacer para que nadie padezca represalias, qué hacer para que esa situación pueda ser juzgada con diligencia. Por tanto, esta cuestión —que me parece muy
delicada— tenía que haberse abordado muchísimo antes. Me pregunto qué es lo triste en el fondo. Si el Grupo Popular no hubiera presentado esta proposición no de ley, ¿hubiera habido barra libre? ¿No hubiera habido ninguna medida? ¿Hemos tenido
que esperar a una PNL para que no se produzcan más acosos en el ejército? Considero que es una situación muy complicada, pero esta es una medida demasiado pobre y que viene tarde.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Xuclà.

Página 31

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señora Navarro, creo que es importante que en el debate que tenemos hoy a partir de la proposición no de ley del Grupo Popular hablemos claro, y lo hagamos sobre el nombre y sobre la forma. Cuando digo sobre el nombre es porque
usted ha empezado y ha terminado su intervención sin hacer referencia a la comandante Zaida Cantera, de la que trae causa en buena medida, en muy buena medida, esta iniciativa parlamentaria. Ustedes cometieron un grave error político de negación de
la evidencia, de la realidad; ustedes rechazaron la comparecencia del ministro para dar cuentas de este eventual caso de acoso y persecución sexual y laboral en el ejército, al cual se suma también otro eventual caso, el de la soldado Silvia Ruiz.


Señorías, lo mejor para la transparencia en el Parlamento es decir las cosas por su nombre. Ustedes intentan poner remedio ante una negación inicial que incluso faltó a las más estrictas normas de la cortesía parlamentaria. A una diputada
—de la cual me alejan muchos puntos de vista sobre las cosas— no se le puede responder desde los bancos azules —cito—: Señoría, en lugar de tanta impostura y tanto circo mediático… —en plena sesión de control o terminando, haciendo referencia a un
artículo—: Mi enfermedad se ha pasado, señoría; la suya no. La suya es la bajeza moral y es consustancial con su persona. Ustedes cometieron un error e intentan solucionarlo con una proposición no de ley a la cual quizás no habríamos llegado si
en su momento un programa de televisión concreto —hablemos de nombres concretos—, Salvados —repito, un programa de televisión— no hubiera denunciado un caso concreto. ¿Se ha avanzado en la consecución de un ejército democrático en el cual los
derechos fundamentales estén protegidos no solo por los tribunales sino por los superiores que tienen interiorizados los valores democráticos? Sí que se ha avanzado. En los años ochenta del siglo pasado, nuestro portavoz en materia de defensa, el
diputado Lluis Recoder, pedía visitar los cuarteles, simplemente para comprobar la situación de los derechos humanos, y no tenía derecho a visitarlos. Hemos avanzado, pero aún hay muchas cosas por hacer. Tenemos una Ley del régimen disciplinario
de las Fuerzas Armadas, Ley 8/2014; esperamos el reglamento de desarrollo.


Ustedes nos anuncian un protocolo de lucha contra el acoso sexual y laboral en el ejército. Señorías, la norma más importante que en estos momentos está en el Parlamento, en sede parlamentaria para su tramitación, es la reforma del Código
Penal Militar. El grupo de la mayoría no tiene unas prisas excesivas en la reforma de este Código Penal Militar. El anterior es de 1983, post golpe de Estado. Nosotros votamos en contra de la enmienda a la totalidad presentada por Izquierda
Unida; nos parece muy oportuno, muy apropiado que en esta legislatura tengamos un nuevo Código Penal Militar. En el texto elaborado por el Gobierno ya se contempla el tipo penal del acoso sexual, por razón de sexo y profesional, así como cualquier
atentado contra la libertad o identidad sexual. Hagamos que este tipo penal que entre tenga fuerza ya. Señorías, proposiciones no de ley, bienvenidas; tramitación del Código Penal, indispensable ya en este calendario que ustedes nos anuncian tan
agitado de actividad legislativa en los próximos meses. Señorías, también fruto de una ley y de un pacto político y parlamentario en la anterior legislatura, tenemos el Observatorio de la vida militar, que está definido en la ley como un alto
comisionado de estas Cortes Generales. Este Observatorio de la vida militar no tiene los recursos suficientes, no solo económicos sino también de facilitación por parte del ejército, para que puedan observarse todas las circunstancias y
denunciarse.


Termino, señorías, señora presidenta. Soy el último portavoz en intervenir en este punto. Hemos empezado el debate anunciando la predisposición al acuerdo. Hemos terminado sin un texto, sin que los autores de las enmiendas tengan
conocimiento del texto alternativo. Señora Navarro, con mi pleno respeto, no sé si usted tiene muchas otras responsabilidades parlamentarias durante el día de hoy, pero es muy relevante que los parlamentarios y los portavoces tengamos conocimiento
de la posible transaccional que nos han anunciado. Un vocal asesor de un ministerio es muy respetable pero los parlamentarios somos los que al final parlamentamos, acordamos y…


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Xuclà, ha pasado su tiempo. Posiciónese sobre la propuesta, pero no le eche usted una bronca a la diputada ni a los asesores del ministro que no están aquí.


El señor XUCLÀ I COSTA: Precisamente por eso me gustaría poder terminar la frase, haciendo una defensa del parlamentarismo, señora presidenta del Congreso de los Diputados, en este momento. ¿Puedo terminar?

Página 32

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Tiene usted la palabra. Termine ya.


El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señora presidenta.


Le estaba transmitiendo a la portavoz de la mayoría que los acuerdos se hacen entre los representantes de la soberanía. Deseo y espero que llegue este acuerdo, porque así daremos una buena imagen y un buen mensaje a la sociedad.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Navarro, le pregunto precisamente respecto a su posicionamiento con las enmiendas presentadas.


La señora NAVARRO CRUZ: Muchas gracias, señora presidenta.


He dicho al terminar mi intervención que, como la votación se producirá al final del Pleno, querríamos llegar a un acuerdo, como bien ha comentado el señor representante de Convergència. Estamos tratando de llegar a él.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): A una transaccional. De acuerdo. Hágasela llegar a la Mesa cuando se haya producido.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN URGENTE DEL PROGRAMA GARANTÍA+45. (Número de expediente 162/001218).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la implantación urgente del programa Garantía+45. Para su defensa y presentación, tiene la palabra el señor
Simancas.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el paro y la precariedad laboral, junto al empobrecimiento que provocan en sectores crecientes de la población, constituyen el primer problema del país, sin lugar a dudas. La encuesta de población activa relativa al primer
trimestre de 2015 que acabamos de conocer hace unos días viene a confirmar que la política del Gobierno a este respecto, lejos de solucionar problemas, los está agravando: 114.300 puestos de trabajo se han perdido en los tres primeros meses del
año, 56.600 empleos perdidos entre nuestros jóvenes, 76.000 entre las mujeres; la contratación indefinida a tiempo completo ha caído en 8.500 personas. Son malos datos; malos datos que reflejan un mal balance de la reforma laboral de 2012 y de la
política laboral en general del Gobierno. Hoy tenemos 700.000 puestos de trabajo menos que en 2011, 157.000 parados más, un 44 % de los parados lo son ya de muy larga duración —más de dos años en el paro— y un 70 % de parados no reciben ninguna
prestación; 3.800.000 personas paradas sin prestación. Podemos decirlo con claridad, por tanto: el Gobierno ha fracasado a la hora de afrontar el primer problema del país. Tenemos más paro, más precariedad, menos derechos, menos protección al
desempleo y más pobreza asociada al desempleo.


El problema global del paro y la precariedad sin lugar a dudas requiere de una respuesta global también como la que ha presentado esta misma mañana el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Requiere una política económica
orientada a la creación de buenos empleos; un modelo productivo que busque competitividad, más allá de la devaluación salarial, en la innovación, en la investigación; un nuevo estatuto de los trabajadores que garantice los derechos laborales y
combata la precariedad laboral; un modelo de contratación justa que limite la contratación temporal de verdad a los puestos de trabajo temporales. En fin, requiere una política laboral justa para una recuperación justa. En esta proposición no de
ley que ahora les presentamos intentamos que ustedes aprueben una solución excepcional para el problema excepcionalmente grave que sufre un colectivo excepcionalmente vulnerable, los parados de más de cuarenta y cinco años. Uno de los peores
efectos de la reforma laboral ha sido el crecimiento paulatino del paro de larga duración y de muy larga duración; insisto, 2.400.000 parados de muy larga duración, más del 60 % del paro lo es ya de larga duración, más de un año. Pues bien, la
mitad de los parados de muy larga duración en este país tienen más de cuarenta y cinco años y su situación es realmente dramática. Muchos tienen cargas familiares, la gran mayoría tiene dificultades importantes, añadidas, para reinsertarse en el
mercado laboral; se encuentran en muy buena medida atrapados en el

Página 33

círculo negativo del paro, el agotamiento de las prestaciones y la falta de políticas activas de empleo que les ayudaría a encontrar nuevamente trabajo. El balance además de la caída en las prestaciones por desempleo es tremendo en estos
últimos años: 388.000 beneficiarios menos en 2014, 510.000 beneficiarios menos desde 2011; tres de cada cuatro mujeres, dos de cada tres hombres carecen de prestación; del 1.800.000 parados mayores de cuarenta y cinco años, casi 1.050.000 carecen
de ayuda pública. Es una caída extraordinaria, insisto, en el esfuerzo público para ayudar a los parados, para darles cobertura social.


Les planteamos, por tanto, un plan de emergencia social para el colectivo de los parados mayores de cuarenta y cinco años; un programa estatal para crear en una primera fase al menos 200.000 empleos directos desde las administraciones
públicas y entidades sin ánimo de lucro. Se trata de ofrecer a parados mayores de cuarenta y cinco años, con más de dos años en el paro y que hayan agotado sus prestaciones, contratos de al menos seis meses, con retribución equivalente al salario
mínimo interprofesional y con una jornada en la que se reserve al menos un 20 % del tiempo a acciones destinadas a su recualificación y a su reinserción profesional en función de un itinerario personalizado que elaboren los servicios públicos de
empleo. Esta es, en esencia, la propuesta que les hacemos. Somos plenamente conscientes de que el problema global del paro y de la precariedad laboral requieren estrategias globales, pero mientras esa estrategia para una política laboral justa en
el marco de una recuperación justa se pone en marcha solicitamos de esta Cámara el apoyo para un programa de auténtica emergencia social. Se trata de procurar subsistencia y dignidad a un colectivo de españoles tan castigado como el que representan
ahora los parados de más de cuarenta y cinco años. Es conveniente, sí, pero sobre todo es justo, señorías.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Simancas.


Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el señor Coscubiela, por el Grupo de la Izquierda Plural.


El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la proposición no de ley del Grupo Socialista nos pone hoy encima de la mesa el que posiblemente es uno de los mayores dramas que vive nuestro país en materia de empleo, identificado con la situación de los mayores de cuarenta y
cinco años. La frontera la situamos a veces en mayores de cincuenta, otras en mayores de cuarenta y cinco, pero en cualquier caso es esa realidad. Sin duda, estamos ante uno de los colectivos que está viviendo la situación de crisis económica de
manera más injusta y dramática. En algún momento he dicho que tengo la sensación de que el Gobierno se ha comportado con este colectivo con cierto sadismo social —y lo reitero—, porque, aunque es verdad que la economía no genera empleo suficiente
para ellos, desde el punto de vista de la acción política no solo no se ha hecho nada para incentivar el empleo de ese colectivo, sino que además se les ha restringido el acceso a las prestaciones de desempleo con el Real Decreto-ley 20/2012, aquel
famoso del memorándum a costa del rescate de los bancos, para dejarles a continuación no solo sin prestación, sino restringiendo su acceso a la jubilación anticipada. Es difícil acosar más a un colectivo de lo que se está haciendo en estos momentos
con los mayores de cuarenta y cinco años. Coincido también con la reflexión que nos hacía el señor Simancas de que, por la dimensión del problema, sin duda hacen falta medidas estructurales. Como quiera que la realidad cotidiana de la gente es de
mucha dureza e inmediatez, no nos parece mal que, mientras se está intentando provocar ese cambio de políticas que incidan en la creación de empleo para esos colectivos, se busquen medidas concretas que puedan como mínimo aliviar las situaciones de
mayor drama social. En ese sentido, la propuesta que nos plantea el Grupo Socialista nos parece aceptable; la vamos a votar a favor, sobre todo si se asumen las enmiendas que hemos propuesto, como se nos ha anunciado en privado.


Nuestras enmiendas tienen un objetivo: intentar evitar que un buen deseo, una buena idea se convierta, en la práctica, en malos usos y costumbres. Tenemos —lo he dicho muchas veces— un tejido productivo con muchas buenas prácticas, con
muchos empresarios en el área pública y privada que hacen muy bien su tarea de emprendedores, pero tenemos desgraciadamente una cierta tendencia a aprovechar cualquier oportunidad para convertirla en una trampa. Yo no creo que eso sea un maleficio
divino de una especial peculiaridad de los españoles, pero en cualquier caso la obligación de los poderes públicos es evitar que eso se produzca. En ese sentido van nuestras enmiendas, son tres y dirigidas a los siguientes objetivos: en primer
lugar, acotar los sujetos beneficiarios de este programa. En la medida en que el propio Grupo Socialista asume la limitación del colectivo al que puede llegar —cita un mínimo de 200.000 personas—,

Página 34

es evidente que no tendría sentido que se beneficiara cualquier parado mayor de cuarenta y cinco años, por ejemplo con una formación muy elevada. No creo que ese programa sirva para eso, porque entonces el objetivo de la formación no tiene
sentido. Por eso creo que es imprescindible dirigirlo selectivamente a aquellos colectivos con especiales dificultades formativas, a los cuales incluso la burbuja en un determinado momento desincentivó para continuar sus estudios y les ha dejado
absolutamente tirados. Por tanto acotar la formación a esos colectivos.


En segundo lugar, acotar las empresas y la manera en que pueden hacerlo. Nos parece que ese programa debería ir dirigido a que pudiera ser utilizado especialmente por las entidades de iniciativa social. Creo que sería una manera de
reforzar la situación por las dificultades que están sufriendo para poder desarrollar sus funciones, máxime teniendo en cuenta lo que plantea el Grupo Socialista —nos produce muchas dudas— en relación con el salario mínimo interprofesional. Hay que
ir con mucha prudencia en ese sentido, por lo tanto limitarlo a ese colectivo y, sobre todo, limitarlo muchísimo en el ámbito de la Función pública. No es la primera vez, desgraciadamente, que vemos algunos ayuntamientos asfixiados por las
políticas de austeridad mal entendidas, por el Pacto de estabilidad y por muchas dificultades, que buscando soluciones y atajos utilizan proyectos interesantes para hacer cosas que no corresponden. Por lo tanto, proponemos acotar esa posibilidad
para aquellas actividades que no formen parte de acciones que ya estén desarrollando las administraciones públicas ni directa ni indirectamente, no sea que ese mecanismo sea un factor para propiciar que hecha la ley, hecha la trampa.


Por último un tema fundamental es garantizar de verdad la efectividad de la formación, porque se puede aceptar —insisto— con muchas dudas el elemento del salario mínimo interprofesional a condición de que eso permita a determinada gente
acceder a la formación e insertarse en el mercado de trabajo. Ese es el sentido de nuestras enmiendas, esperamos que se acepten formalmente y vamos a votar a favor.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.


Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco PNV, señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.


Señorías, comparto plenamente la preocupación del Grupo Socialista y seguro que la del resto de los grupos de esta Cámara en relación con el problema del desempleo, que ha sido perfectamente caracterizado en la iniciativa y que afecta en
gran medida a los mayores de cuarenta y cinco, incluso a los de cincuenta y cincuenta y cinco años, y más. En esos colectivos además las posibilidades de encontrar trabajo, vuelta al mercado de trabajo, son inferiores por no decir nulas en muchos
casos. Son cientos de miles de personas afectadas por el desempleo, por las bajas prestaciones, con pocas posibilidades de integrarse de nuevo en el mercado de trabajo, con responsabilidades familiares y que llevan ya un largo periodo sin trabajar.
Es la descripción de un cuadro dantesco y de sufrimiento que nos ha dejado desgraciadamente esta crisis económica. Paro, pobreza, desprotección y crisis definen aún la situación de la economía española, a pesar de que algunos se empeñan en pintar
la realidad de color más celeste. Es, pues, urgente actuar desde la política y las instituciones para solventar esta situación.


En ese contexto es en el que se inserta la iniciativa que trae hoy a esta Cámara el Grupo Socialista. Es una iniciativa que —le soy sincero, señor Simancas— no alcanzo a entender del todo: creación directa de empleo por parte de las
administraciones públicas con un salario equivalente al cien por cien del salario mínimo interprofesional y financiado con un plan específico, cuyo funcionamiento no está explicitado y que no logro entender. A pesar de ello, nuestro grupo
parlamentario votará favorablemente esta iniciativa y cuantas se traigan a esta Cámara con el fin de paliar los efectos del desempleo en las personas de más edad y con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.


En nuestra opinión sería más eficaz incentivar fiscalmente o bonificar en las cuotas de la Seguridad Social a empresas que contraten a estos colectivos. Creemos que en el sector privado hay una mayor gama de empleos y cualificaciones en los
que encajar a las personas que se encuentran en desempleo y de cierta edad. Es preciso que entre todos hagamos los esfuerzos precisos para apoyar el empleo, puesto que la crisis económica es aún desgraciadamente profunda y el nivel de desempleo
continuará siendo elevado durante bastantes años. Es una tarea de fondo que requiere el empuje y las ideas de todos, y nosotros, desde el Grupo Vasco, estamos dispuestos a ello.


Muchas gracias.

Página 35

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.


Vuelve hoy a la Cámara un tema que hemos tenido ocasión de tratar repetidamente, el de los parados de más edad, de los parados mayores de cuarenta y cinco años. Lo hemos tratado en iniciativas propias, lo hemos tratado respondiendo a
numerosas iniciativas de otros grupos; pero bienvenido sea porque es evidente que el problema sigue ahí. Bienvenida sea una nueva iniciativa sobre esta grave cuestión sin resolver. Hemos señalado en ocasiones anteriores que da la sensación de que
en la sociedad española el terrible drama del desempleo juvenil nos hace olvidar a veces que hay un drama no menor, en el otro extremo del espectro de edad, y son estos parados de más edad que tienen situaciones peculiares y que merecen un
tratamiento diferenciado. A menudo son personas con responsabilidades familiares y en algunos casos corren el riesgo de nunca más volver al mercado de trabajo. Por eso sorprende que, siendo tal la magnitud del drama, las políticas públicas, en vez
de reforzar para ayudar a estas personas a sobrellevar su situación, a lo largo de la legislatura se hayan endurecido, atenuado y empeorado en los diferentes momentos de su drama. Primera etapa: posibilidad de perder el empleo. La reforma laboral
aumentó la posibilidad de que perdieran el empleo al facilitar el despido, incluyendo los contratos indefinidos. Una vez que he perdido el empleo necesito protección, y la respuesta de las políticas públicas ha sido suprimir el subsidio para
mayores de cuarenta y cinco años, elevar el de cincuenta y dos a cincuenta y cinco años y endurecer las condiciones de acceso. No solo necesito protección sino formación; hace tiempo que me formé y la que tengo se va deteriorando. Se recortan
drásticamente las políticas activas de empleo. En último extremo tienen la salida de jubilarse anticipadamente, aunque sea de forma involuntaria, pero la edad de acceso a esa jubilación también se eleva. Por tanto, se les van cerrando todas las
puertas y todos los caminos.


Mi grupo con diferentes enmiendas e iniciativas propias ha intentado lo contrario, en vez de cerrar las puertas, abrirlas. Por ejemplo, en la reforma laboral la enmienda a Telefónica buscaba dificultar las prejubilaciones, que las empresas
tuviesen que asumir el coste que supondrían para el erario público esas prejubilaciones, medida que, por cierto, ha quedado desvirtuada en leyes posteriores. Planteábamos, por ejemplo, que la capitalización del desempleo no tuviese un límite de
edad, no fuese solo para los jóvenes. Esto es algo que por fin se ha aprobado hace unos días, aunque años después y al final de la legislatura. También hemos propuesto, para aumentar la protección de estas personas, que el último escalón de
protección, que son las rentas mínimas de inserción autonómicas, no sean tan dispares —en algunas comunidades cubren seis meses y en otras veinticuatro, en unas con una cuantía y en otras con otra—; que sea un objetivo de cobertura en veinticuatro
meses de 420 euros, en vez de la dispersión actual. Igualmente hemos hecho propuestas sobre formación y señalamos la peculiaridad de este caso cuando se debatió la jubilación anticipada. Por tanto, habría sido fácil llegar a un acuerdo, señor
Simancas; hemos llegado a acuerdos en el pasado, no hay tanta diferencia en nuestros enfoques.


Lamentablemente en este caso no vamos a poder votar a favor de la proposición no de ley. Vamos a tener que abstenernos porque su propuesta no va por ninguna de estas líneas, sino que su propuesta estrella es la creación de 200.000 puestos
de trabajo directamente por las administraciones públicas. Creíamos que si algo nos había enseñado esta crisis era que las administraciones públicas no tienen recursos ilimitados, que el dinero de las administraciones públicas no sale de la nada,
que no es infinito. Por eso, no tiene sentido crear empleos ficticios que solo se sostienen sobre la base del presupuesto público; sin embargo, parece que este es el enfoque de la iniciativa. Ni siquiera se molestan en plantear qué actividades
desarrollarían esas personas y qué relación habría entre las actividades y su cualificación. Parece que las administraciones tuviesen una varita mágica con la que pueden crear 200.000 empleos; no sabemos por qué 200.000, mejor 600.000, si este es
el enfoque. En fin, por decirlo de forma más coloquial, no podemos apoyar una tercera versión del PlanE o del PlanF o cómo se llame ahora, por eso nuestro voto será la abstención.


Gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.

Página 36

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Señor Simancas, si la cuestión que debatimos no fuese todo lo seria que es —luego entraré en el fondo del debate— estaría tentado de decirle que su iniciativa parece inspirada por el presidente Underwood —no sé si usted sigue House of
cards—, que en la tercera temporada propone un plan similar al que usted nos plantea, incluso más potente: 45.000 dólares por cada empleo creado en el sector privado. Pero su propuesta vamos a debatirla en un tono más serio, entre otras cuestiones
porque compartimos el diagnóstico sobre el problema del desempleo de los mayores de cuarenta y cinco años. Hoy hay tres veces más desempleados en esa edad que antes de la crisis y uno de cada tres. Hemos insistido todos, no solo en la magnitud del
problema, sino en las dificultades específicas que tiene este colectivo: el 57 % de estos desempleados tienen cargas familiares. Decía el señor Anchuelo —y lo decía con razón— que a menudo nuestros debates se focalizan en relación al desempleo de
los jóvenes, y es verdad que eso merece nuestra atención, pero ese colectivo, que tiene menos margen vital, además tiene esas cargas familiares. Y el 67 % de estos desempleados tienen tan solo educación primaria. Por tanto, un colectivo
importante, numeroso, con tiempo vital para reinventarse escaso, con niveles de formación escasos y con cargas familiares que hacen que toda esta situación sea más dura. Ante esa realidad ustedes plantean una propuesta concreta que mi grupo no
termina de compartir en su formulación. Estoy seguro además de que los portavoces del Grupo Popular le van a recriminar que frente a las críticas que ustedes plantean sobre el crecimiento de la temporalidad fruto de la reforma del mercado de
trabajo, que no se ha conseguido erradicar, su propuesta es más trabajo temporal. El señor Anchuelo le recordaba que el sector público tiene una capacidad limitada de creación de empleo; el señor Coscubiela le advertía del riesgo de volver a otra
práctica que ha explicado los excesos de temporalidad de nuestro mercado de trabajo, el papel de las administraciones locales creando empleo temporal. Por tanto, creo que su propuesta, que es bien intencionada, tiene debilidades. En paralelo, si
hoy estuviésemos debatiendo de verdad sobre implementar esta medida —y ahí me temo mucho que el grupo de la mayoría no nos va a permitir tener este debate—, mi grupo le propondría que los recursos que se necesitan para esta política se transfiriesen
a las comunidades autónomas, que son las competentes en las políticas activas de empleo y que durante esta crisis han visto cómo los recursos para estas políticas se venían reduciendo de manera muy sustancial, en el caso de Cataluña más del 50 %.
Se lo digo porque hace muy pocos días el Gobierno de la Generalitat acaba de anunciar la puesta en marcha de un plan específico para este colectivo con el nombre de los grans actius, grandes activos, con un presupuesto de 50 millones de euros y que
pretende beneficiar a 30.000 desempleados de ese perfil con ayudas a la contratación, con planes de formación específicos, con programas de acreditación de las competencias, que para este colectivo nos parece fundamental, con atención
individualizada, con colaboración de las agencias privadas de colocación y de las iniciativa sociales que existen en este ámbito. Si queremos focalizar una política en este colectivo debemos dotar de medios a las comunidades autónomas para que
puedan desarrollar efectivamente esa política. Y además, señor Simancas, en un contexto que ustedes y nosotros compartimos: que la personalización de las políticas activas de empleo, la atención individualizada al desempleado y más al desempleado
de estas características exige mayores transferencias del Estado a los servicios públicos de empleo autonómicos para que puedan desarrollar estas políticas. Eso no se ha hecho en esta legislatura; esta legislatura habrá sido una mala legislatura
para los servicios públicos de empleo. En esta legislatura, y nos lo recuerdan los organismos internacionales, incluso estamos invirtiendo menos en formación de los desempleados de aquello que invertíamos antes de la crisis. No tiene ningún
sentido. Dicho esto, como no terminamos de compartir al cien por cien su propuesta, optaremos por una prudente abstención.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Merino.


El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la intervención del señor Simancas, aparte de que ha demostrado que no le interesan para nada los mayores de cuarenta y cinco años, viene a corroborar que hoy estaba aquí dando un mitin electoral y no preocupándose por los mayores
de cuarenta y cinco años. Señor Simancas, ¿dónde estuvo usted del año 2007 al año 2011? Yo se lo voy a contestar. Estaba apretando ese botón, apoyando todas las medidas del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero que llevaron a 3,5 millones de
personas al paro,

Página 37

y cientos de miles de esos 3,5 millones de parados eran personas de cuarenta y tantos años que hoy ya tienen cuarenta y cinco años. Eso es lo que usted y muchos de sus compañeros hicieron los cuatro años que gobernaron. Además, yo lo
considero a usted una persona inteligente porque me lo ha demostrado y lo he visto en muchas intervenciones, pero que no se entere de lo que está ocurriendo en España, que no se entere de lo que está haciendo el Gobierno y que no se entere de la
creación de empleo que está habiendo para los mayores de cuarenta y cinco años lo único que viene a demostrar es que esta proposición no de ley tiene mala intencionalidad política.


El señor Anchuelo me ha pisado el comienzo de mi intervención, porque ha acertado plenamente. Ustedes no han aprendido nada de la crisis que escondieron y luego acrecentaron. Lo que están haciendo con esta proposición no de ley es otro
planE, directa y simplemente otro planE, que, como dijo el propio Tribunal de Cuentas, no sirvió absolutamente para nada, no sirvió más que para gastar dinero público y no crear ni un solo puesto de trabajo, y se gastaron 13.000 millones de euros.
Lo dice el Tribunal de Cuentas. (Rumores). No se pongan nerviosos porque lo dice el Tribunal de Cuentas, no lo digo yo. Además, esta proposición no de ley es una absoluta contradicción de ustedes mismos. Yo no sé si es que ustedes ya no están de
acuerdo en nada con su actual líder o qué es lo que les está pasando, pero no puede ser que el secretario general del Partido Socialista haga hoy en el Senado la intervención que tengo en la mano hablando de acabar con la temporalidad y la
precariedad, y ustedes traigan hoy aquí una proposición no de ley para contratos temporales de seis meses y con un sueldo del salario mínimo interprofesional. Señor Simancas, señores del Grupo Socialista, todo lo contrario de lo que ha dicho hoy el
secretario general del Partido Socialista en el Senado, que supongo que también estaría de mitin; como usted aquí. Esa es su realidad, señoría. Comprendo que les escueza y que les duela, pero esa es su realidad. ¿A quién hacemos caso, al
secretario general del Partido Socialista o al Grupo Parlamentario Socialista? Porque esto es una contradicción en si misma, una contradicción en ustedes mismos. ¿Dónde quieren ir? Comprendo que el nerviosismo electoral les lleve a estas
situaciones… (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Silencio, por favor.


El señor MERINO LÓPEZ: … pero yo creo que los parados mayores de cuarenta y cinco años merecen un respeto por su parte y no se merecen que ustedes jueguen con ellos. Porque, como bien le ha dicho otro portavoz, ¿por qué 200.000? ¿Y el
resto? ¿El resto no les interesa? ¿El resto de los parados mayores de cuarenta y cinco años, salvo esos 200.000, no les interesa? ¿Ustedes no se han enterado de que quien crea empleo son las pymes y los autónomos? ¿Ustedes no han querido
enterarse de eso? ¿No han aprendido eso de la crisis? ¿No saben que cuando ustedes gobernaron, en el cuarto trimestre del año 2011, el paro de los mayores de cuarenta y cinco años creció el 19,1 % en un trimestre y que en el primer trimestre de
2015 el paro de mayores de cuarenta y cinco años se ha reducido en un 3,4 %? ¿Ustedes no se enteran de la realidad de este país, ni de lo que ustedes hacían, ni de lo que nosotros hacemos? Porque ustedes incrementaban el paro de los mayores de
cuarenta y cinco años; nosotros lo disminuimos, señorías, hasta tal punto que han sido 407.300 trabajadores mayores de cuarenta y cinco años los que han encontrado un puesto de trabajo y a la mayoría de ellos fueron ustedes los que los llevaron al
paro. Esa es la realidad de esta PNL que ustedes presentan.


Podría seguir, porque tengo muchos argumentos, pero el tiempo se me acaba. Yo les pediría, de verdad, señores del Partido Socialista, primero que se pongan de acuerdo con su secretario general, que sean capaces de llegar a un entendimiento
en cuanto a sus planteamientos políticos con el secretario general del Partido Socialista, pero sobre todo, por favor, que tengan mucho respeto a los parados de este país, a esos que con sus políticas llevaron al paro. Sean capaces al menos de
tener respeto y no jugar electoralmente con ellos.


Muchas gracias, señoría. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Merino.


Señor Simancas, deduzco de la intervención del señor Coscubiela que aceptan ustedes la enmienda de adición al texto de su propuesta. (Asentimiento). De acuerdo, así se hará en la votación.

Página 38

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR LA EMIGRACIÓN DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES Y FAVORECER EL RETORNO DE AQUELLOS QUE SE HAN VISTO OBLIGADOS A SALIR FUERA DE ESPAÑA EN BUSCA DE
OPORTUNIDADES DE EMPLEO. (Número de expediente 173/000207).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar —que es la que vamos a debatir en el día de hoy— la moción correspondiente a la interpelación del Grupo
Parlamentario Socialista sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar la emigración de los jóvenes españoles y favorecer el retorno de aquellos que se han visto obligados a salir fuera de España.


Para su presentación, tiene la palabra la señora González Veracruz.


La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, no me parece que con la que está cayendo fuera en materia de empleo ni para los parados de larga duración ni para los jóvenes de los que voy a hablar ahora sea una actitud respetable, sea una actitud digna la que tienen tanto la
ministra de Empleo la semana pasada como la que acaba de tener el portavoz del Partido Popular. La propuesta del Partido Socialista es muy clara: hay que cambiar lo que ha hecho el Gobierno de Rajoy porque el Gobierno de Rajoy es el que ha
generado más paro todavía, y llevan cuatro años gobernando. El Gobierno de Rajoy es el que ha provocado precariedad y pobreza. Eso se va a hacer con la propuesta que ha hecho esta mañana el secretario general en relación con el nuevo Estatuto de
los Trabajadores y, por supuesto, derogando la reforma laboral. (Aplausos). Nosotros además tenemos sensibilidad, no como ustedes, y a la vez vamos a hacer un plan de choque, como el que ha presentado el señor Simancas y como el que yo voy a
desarrollar ahora aquí. Señores del PP, un poquito de sensibilidad, pero sobre todo un poquito de respeto porque ahí fuera hay mucha gente sufriendo por culpa de sus políticas y es una falta de respeto lo que hemos oído hoy aquí. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora, González Veracruz, vuelva usted a su debate. El debate se ha producido anteriormente, no vaya a ser que me pidan la palabra por alusiones y tenga yo que darla. Así que vaya usted a lo
suyo. (Protestas.—La señora Álvarez Álvarez pronuncia palabras que no se perciben).


La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: De acuerdo, señora presidenta. Comienzo. (Continúan las protestas).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Álvarez, ya está bien. (La señora Álvarez Álvarez pronuncia palabras que no se perciben). Señora Álvarez, ya está bien. Ya no le llamo más la atención. Adelante.


La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: No pasa nada.


Señorías, España no es país para jóvenes; España no es país ni para jóvenes ni para mujeres ni para mayores de cuarenta y cinco años, de los que no me quiero olvidar aunque esta moción no trate de sus problemas. Y no es país para las
personas porque hemos sufrido una crisis muy grave, está clarísimo, pero sobre todo porque a la crisis hay que sumarle los cuatro años de políticas sin alma de la derecha. Porque nada tiene que ver con la crisis ni con la economía cómo ustedes han
impuesto su ideología en cada una de las medidas. Han desmantelado los servicios públicos y eso es desempleo; han dejado sin protección y en absoluto desamparo a la clase trabajadora, y eso es miedo, inseguridad y falta de oportunidades. Y por
eso, les guste a ustedes o no, lo nieguen o lo reconozcan, los españoles se van de España, los españoles están teniendo que salir de nuestro país. Rectifico: no se van, les están echando. Hay una cifra de consenso, más de 400.000 jóvenes
españoles exiliados económicamente, y no es oficial, no es oficial porque el Gobierno ni reconoce el problema, ni sabe, ni quiere saber. Son muchas las propuestas que durante esta legislatura —va a hacer ya casi cuatro años— hemos hecho los
socialistas y en ninguna se nos ha hecho caso, ni siquiera en hacer un informe sobre las personas que salen y qué situación y qué necesidades tienen en el extranjero. El Gobierno sigue negando la realidad; mejor dicho, está en esa realidad
paralela en la que viven.

Página 39

En este tema, como en tantos otros, el Gobierno de Rajoy se está mostrando opaco; simplemente desprecia el parlamentarismo y a la ciudadanía. Tengo que recordar el día que la ministra Báñez nos dijo que no había un fenómeno de exilio
económico sino de movilidad exterior o aquellas frases tan poco acertadas como que eran jóvenes aventureros los que salían. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Por desgracia no se trata de movilidad exterior; yo misma tuve la oportunidad
de salir al extranjero y es algo que por supuesto fomentamos y apoyamos los socialistas desde todas las políticas donde gobernamos, pero nada tiene que ver elegir salir al extranjero, como hice yo, para formarte, para tener un mejor currículum, que
tener que irte de forma obligatoria. ¿Y quién nos iba a decir a nosotros, especialmente a los jóvenes de mi generación, que en 2015 muchos jóvenes —y también personas mayores— iban a tener que coger las maletas y salir fuera de nuestro país, como
hicieron en los años sesenta? Todo esto es un problema generado y un problema añadido a la propia crisis, que solo tiene un nombre, se llama Gobierno de Rajoy. Porque los recortes en ciencia han generado fuga de cerebros; porque los recortes en
educación y en sanidad han generado más desempleo, y porque especialmente su reforma laboral ha sido directamente la ley del despido. En definitiva, solo hay que mirar los datos para saber que el desempleo juvenil es mayor hoy que en 2011 y para
ver que la última EPA sigue dando datos realmente tristes.


Pero no es solo el paro, es también la precariedad y la pobreza que sus políticas generan. Precariedad porque encadenan contratos de formación hasta los treinta, sin limitaciones —eternos aprendices—, porque la duración media de los
contratos es de cincuenta y cuatro días. Ustedes han convertido la marca España en precariedad, ultratemporalidad y salarios de pobreza. Y, como decía, hay un origen, la reforma laboral, esa reforma que vamos a derogar en el mismo momento en que
volvamos a ser Gobierno; esa reforma que vamos a transformar con el Estatuto de los Trabajadores que hemos anunciado hoy para volver a recuperar ese empleo estable, sin abandonar los planes de choque, como el que yo quiero presentar hoy aquí. En
definitiva, lo que nosotros queremos, porque no merece la pena para los jóvenes mirar hacia atrás, es mirar hacia el futuro, mirar más allá de 2015, por eso presentamos esta moción con varios puntos muy claros. El primero, una propuesta de programa
de talento investigador y de talento profesional. Nada más que con recuperar la inversión que ustedes han recortado, tal y como firmamos todos los grupos de la Cámara menos ustedes, creando la agencia de investigación que comprometimos todos en una
Ley de la Ciencia en 2011, que no se está cumpliendo, tendríamos un marco mucho más favorable para evitar la fuga de cerebros. Pero seamos realistas, hace falta un plan de choque para recuperar a todos los que se han ido y para frenar que sigan
saliendo los que están aquí. También en esa línea un programa de talento profesional para personal directivo y técnico joven de cualificación media y superior. Otro punto que proponemos dentro de esta moción tiene que ver con el programa europeo
de garantía juvenil, en el que realmente me parece que están ustedes haciendo una política, o despolítica, disparatada. Primero no lo aprobaron; es una propuesta liderada por los socialistas en Europa y gracias a ella tenemos miles de millones en
este país, que no están siendo gestionados como merecen, a la altura del problema del paro juvenil; no llega ni a 5 de cada 100 jóvenes a los que va dirigido, por eso proponemos cambios en la forma de ejecutarlo, que se desarrolle por medio de los
servicios públicos de Empleo Estatal y autonómicos, como planteaba antes el portavoz de CiU, y que se abran los procedimientos para llegar realmente a los 850.000 beneficiarios y no a esos 10.000 que dice el Gobierno, el otro día la ministra decía
30.000, pero un dato absolutamente insatisfactorio para lo que debería cubrir. Y, por supuesto, creemos que para cumplir los objetivos hay que recuperar a los 3.000 orientadores y promotores de empleo que fueron despedidos en 2011; en definitiva,
recuperar las políticas activas de empleo que ustedes han abandonado en el momento en el que más falta hacían. Por último, un tema fundamental para nosotros y que presentábamos hoy en la reforma del estatuto alternativo a lo que tenemos, a lo que
sufrimos, es revisar toda la normativa existente en cuanto a contratos formativos, a prácticas no laborales y a programas de becas, porque basta ya de explotar a los jóvenes en nuestro país, porque lo único que se le está ofreciendo a un joven hoy
en un país como España en el siglo XXI es elegir entre paro, pobreza laboral o exilio económico, y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Y lo vamos a cambiar con políticas de raíz, de fondo, como las que estamos proponiendo y también con planes
de choque, como el que planteo hoy en esta moción y con el programa +45.


En definitiva, la realidad que viven los jóvenes demuestra que el Gobierno ni aprecia ni valora ni cuida a sus jóvenes, y simplemente por eso, desde mi punto de vista, no se merece seguir siendo Gobierno de este país. Aun así, nosotros
seguimos construyendo, mirando al futuro y haciendo propuestas realistas, factibles y que pueden resolver la situación de sufrimiento que tienen tantos miles de jóvenes y por lo tanto sus familias.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

Página 40

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González Veracruz.


Se han presentado enmiendas a esta moción. Para la defensa de la primera de ellas, por Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.


La terrible crisis que ha padecido la economía española tiene diferentes lecturas y cada una de ellas nos señala una línea de fractura en nuestra sociedad. Tiene una lectura territorial —solo hay que ver la diferencia de tasas de paro entre
el norte y el sur de España—, tiene una lectura social, y a menudo hemos debatido aquí sobre ella, pero tiene una lectura menos frecuente que es la lectura generacional, y si hacemos esa lectura es evidente que el grupo generacional perjudicado por
antonomasia en esta crisis son nuestros jóvenes. Solo basta que nos pongamos en el lugar de uno de ellos y nos planteemos qué puede esperar estadísticamente si mira al futuro. Lo más probable es el desempleo; más de la mitad de nuestros jóvenes
están parados, esa es la probabilidad más alta, el desempleo. Los afortunados pueden lograr un empleo pero, ¿qué tipo de empleo? Empleos precarios, temporales, encadenados, con salarios que hacen que ser mileurista se haya convertido en un
privilegio. Y algunos se plantean lo que nos señala la moción como último recurso: la emigración, a menudo de los más cualificados. ¿Esto es fruto de la crisis o es fruto también de las políticas? Otros países también han padecido crisis y sin
embargo, hay un diferencial muy importante en tasa de paro juvenil en España respecto a otros países europeos, algo han tenido que influir también las políticas públicas. No sería tan extraño que así fuera porque ha habido recortes en gastos
esenciales que afectan a nuestros jóvenes, en gasto educativo, en gasto en investigación. Ha habido una reforma laboral con la que se han puesto en marcha modalidades contractuales muy precarias, que son a las que ellos tienen acceso hoy: el
contrato de formación, con muy poca formación, o las becas, que a menudo van dirigidas a personas ya formadas que de nuevo se matriculan en un centro educativo. Hay un programa europeo ilusionante, que es la garantía juvenil, pero no parece que se
esté poniendo en práctica con celeridad o bien que su impacto cuantitativo se corresponda con las esperanzas que había generado inicialmente.


Nosotros creemos que se podían haber hecho las cosas de otra manera y así lo hemos planteado a lo largo de toda la legislatura. Frente al recorte en gastos esenciales de educación, de I+D, había la alternativa de recortar gastos menos
necesarios reformando las administraciones, pero ahí siguen las diputaciones provinciales funcionando, ahí siguen los ayuntamientos sin fusionarse, ahí siguen los consejos consultivos en pleno funcionamiento. Frente a la precariedad creemos que
había una alternativa y es el objeto de nuestra enmienda, nos parece un tema esencial para los jóvenes: el contrato único indefinido, la fórmula para dar estabilidad en el empleo a nuestros jóvenes, esa estabilidad que les permitiría acceder a la
formación. Creemos que es una idea que se acabará abriendo paso con el tiempo, pero por desgracia muchos jóvenes no habrán podido beneficiarse de ella. También hemos propuesto —lo planteamos en el Parlamento Europeo y aquí— que al programa de
garantía juvenil no solo tuviesen acceso los jóvenes menores de veintiún años, sino que se ampliase esa barrera hasta los treinta años, algo que parece que de nuevo tarde, a rastras, se va a hacer.


Hay otras medidas que tienen que ver con la movilidad exterior; el término es muy estimulante, movilidad exterior, ¿pero se puede aplicar sin sonrojarnos movilidad exterior al caso de un joven que se va porque no tiene otro remedio y llega
sin ningún apoyo de nuestro país a otro país y allí se abre camino como puede? En los Presupuestos Generales del Estado nosotros hemos reforzado partidas que sí ayudaban a la movilidad exterior, por ejemplo el programa Erasmus, una fórmula muy
interesante de movilidad exterior que facilita el empleo cuando uno vuelve y que no movía grandes cantidades; ese programa sin embargo ha sufrido fuertes recortes. También hemos planteado en los presupuestos que se refuercen los servicios en
nuestras embajadas para dar apoyo a esos jóvenes que emigran. Si hiciésemos estas cosas, podríamos hablar de movilidad exterior, pero que un joven se vaya porque no le queda otro remedio y desde un ministerio se presuma de eso no deja de ser
paradójico.


En cualquier caso, la moción que se plantea va en la línea de propuestas que compartimos o que en algunas ocasiones también hemos planteado nosotros. Por tanto, anuncio que de forma independiente a que se acepte o no nuestra enmienda, la
votaremos favorablemente.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.


Para presentar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Ildefonso Pastor.

Página 41

El señor PASTOR GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, nos encontramos nuevamente debatiendo sobre un tema que sin duda es el principal problema de nuestro país, el empleo, y particularmente el empleo de los más jóvenes, una materia sobre la que no solamente hemos debatido mucho lo
largo de esta legislatura sino sobre la que además se ha hecho mucho también en esta legislatura y que desde el principio ha sido el objetivo fundamental del Gobierno, al que no se le puede acusar de haberse quedado de brazos cruzados. Sin embargo,
además de las medidas que se puedan acometer —y como he señalado son muchas—, hay un requisito sine qua non. Usted me hablaba de política sin alma; quizás yo le hablaría de política sin cerebro, porque parece que todavía no han comprendido que si
no hay crecimiento, no puede haber empleo, que no hay ningún país en el mundo capaz de generar empleo si no hay crecimiento económico, y mucho menos si está inmerso en una recesión. No es el Gobierno ni las administraciones quienes generan empleo,
ya que el empleo no se crea por decreto, sino que son las empresas y la sociedad con su actividad económica las que crean empleo. Lo que sí puede hacer un Gobierno es propiciar las condiciones para que haya crecimiento y con ello creación de
empleo, y esto es lo que el Gobierno lleva haciendo desde el inicio de la legislatura. Por eso hoy, fruto de las reformas del Gobierno, del esfuerzo de todos los españoles, estamos comenzando a recoger los resultados. Se han creado 400.034 empleos
en 2014, el crecimiento económico se dispara, vamos a tener un crecimiento del 2,9 % en el año 2015, como anunció el presidente del Gobierno —fíjese qué diferencia con lo que nos encontramos a finales de 2011—, y en dos años tendremos un millón de
empleos. Por tanto, no estamos ante eslóganes, no estamos ante brotes verdes, estamos ante un cambio que se ha producido y que no se puede negar sin sonrojarse. Sin embargo, entendemos que tantos años de crisis han dejado profundas heridas. Por
eso nuestro grupo parlamentario considera que esta iniciativa, dirigida a impulsar el retorno de nuestro capital humano más valioso, a consolidar políticas como la garantía juvenil o a impulsar la formación y el empleo a través de la formación
profesional dual, constituye una oportunidad para el acuerdo y para construir juntos. Por eso hemos presentado una enmienda que tiene voluntad de consenso, que tiene espíritu constructivo y que tiene objetivos que yo creo que son compartidos por
todos. Es una enmienda que abraza la iniciativa de su grupo y en la que existe un alto nivel de consenso en su primer punto, del que incluso adoptamos el nombre de Plan de retorno del talento científico y profesional, que habrá de conducirse a
través del vehículo apropiado, que en este caso es el programa estatal de promoción del talento y su empleabilidad en I+D+i, que ya existe, que se ha aprobado por el Gobierno y que contiene programas para el retorno de los investigadores, así como
que haya un cien por cien en tasa de reposición en el personal investigador —como así se ha aprobado para 2015— o el compromiso de incrementar las inversiones para la promoción y el fomento de la I+D+i dentro de las disponibilidades presupuestarias,
fruto de esa mejora en el crecimiento y de la mejora en las cuentas públicas.


Hay un segundo punto en el que hay una gran coincidencia, que es el de incentivos al retorno emprendedor; una materia, el emprendimiento, sobre la que el Gobierno ha hecho mucho en esta legislatura. También hay coincidencias importantes en
garantía juvenil, fruto de la negociación del Gobierno a nivel europeo, y que asigna importantes recursos para la formación, para la empleabilidad y para las oportunidades de los jóvenes, y en la que nosotros planteamos que se mejore la financiación
de las comunidades autónomas a través de esa mejora, que ha conseguido el ministerio en la prefinanciación de la garantía juvenil, o la implantación de medidas necesarias para garantizar la extensión del programa de garantía a los menores de treinta
años, como también anunció la ministra. (Rumores).


El cuarto es el de formación profesional en la alternancia para fomentar el retorno de los jóvenes desempleados al sistema educativo; una formación profesional dual que impulsó el Gobierno del Partido Popular, que está vinculada al contrato
para la formación y el aprendizaje y que está teniendo una evolución muy positiva: hay 341.000 contratos desde enero de 2012 —que es una progresión importantísima—, con un 131 % más en 2014 que en 2012. Esto nos ha permitido que los datos de hoy,
de la última EPA, arrojen que el paro en menores de treinta años se ha reducido en lo que va de legislatura en 267.000 personas, muestra de que algo está cambiando en nuestro mercado laboral. Sin embargo, no quiero perder la ocasión de señalar que
es necesario poner luz sobre aquellos jóvenes que se van y sobre los que van buscando mejores oportunidades, que efectivamente los hay. Le voy a facilitar los datos de los emigrantes del año 2013. En 2013 salieron de España medio millón de
personas, de los cuales eran jóvenes menores de treinta años 143.000 y, de esos, habían nacido en España 10.000 personas, siendo menores de veinticinco años 3.595. Por tanto, el 85,7 % de la salida de jóvenes de entre quince y veintinueve años
corresponde a jóvenes nacidos fuera de España naturalizados y que retornan a sus países de origen.

Página 42

Es exactamente lo mismo que lo que usted pretende para los jóvenes que han tenido que salir de España, que retornen a sus países de origen. Nosotros queremos que los españoles retornen aquí, todos los jóvenes, incluso aquellos que no han
nacido en España. (Continúan los rumores).


Por otro lado, a lo largo de su intervención ha hablado de que hay que mejorar la calidad de la contratación. Es curioso, porque el otro día leía un tuit del presidente de ATA —que, por cierto, ha hablado muy bien de la última reforma
relativa a los autónomos que ha planteado el Gobierno— que decía que es cierto, que hay que mejorar la calidad de la contratación, que es una realidad y un reto, aunque quien más critica la calidad del empleo sea incapaz de crearlo. (Rumores).
Fíjese, empiezo a dudar de si estaba pensando precisamente en ustedes. En todo caso, es obvio que queda mucho por hacer, pero la enmienda que hemos planteado es una mano tendida al Grupo Socialista, una mano tendida para el acuerdo. Esto es lo que
nos demanda la sociedad. La pelota, señorías, está en su tejado. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pastor.


Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, del que intervendrán varios oradores, tiene la palabra el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: El ministerio trabaja para conseguir que los jóvenes que quieran buscar oportunidades fuera de España puedan hacerlo porque a eso se le llama movilidad exterior. —Fátima Báñez en estado puro y sin complejos—. La
emigración de jóvenes al extranjero no se debe solo a la crisis económica, sino a la globalización, a la libre circulación de trabajadores en Europa, al reclamo de profesionales por su buena preparación técnica y, por qué no decirlo, al impulso
aventurero de la juventud. —Marina del Moral, secretaria general de Inmigración y Emigración, sin complejos—. Es una manera cínica de contar lo que está sufriendo toda una generación: la expulsión forzosa de su tierra, de su entorno o de su vida.
Una diáspora que tiene caras y ojos, ya que dejan familia, amigos, su vida porque no les queda más opción; o mejor dicho, porque con la política económica del Partido Popular y su falta de reconocimiento del problema, su incapacidad para encontrar
soluciones y su idea de que rezando a la Virgen baja el paro, no les dejan más opción. Han rescatado bancos, pero se han olvidado de garantizar un futuro para una generación. (Rumores).


A nuestro entender, la solución no pasa solo por planes de repatriación, pasa por crear empleo aquí, crear oportunidades para los que aún no se han ido y para los que quieran volver. Queremos que todas las ayudas y programas de los que se
puedan beneficiar los jóvenes que han emigrado, también estén disponibles para los jóvenes que se han quedado. Y queremos además que se apoye a los jóvenes que están fuera para hacer los trámites para volver: convalidaciones, etcétera; para
ejercer sus derechos no hay por qué quitarles la tarjeta de atención sanitaria. Y un último punto: hay que facilitar el voto desde el extranjero; en estas elecciones se van a quedar sin votar miles y miles de jóvenes emigrados y todo gracias a su
culpa. Pero para todo eso habrá que cambiar de Gobierno. En mi tierra, en la valenciana, estamos ya en ello.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.


Por el Grupo Parlamentario Mixto también, la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.


El año 2013 tuve la oportunidad, el día 30 de mayo, de celebrar el Día de Canarias en Berlín con jóvenes canarios que estaban allí. Les puedo garantizar una cosa, señores del Partido Popular: había unos que eran científicos, músicos, gente
súperpreparada, con talento, que no estaban en Berlín porque les encantara Berlín; habían tenido que salir porque allí se les reconocía su trabajo pero no era la vida que querían. Y después estuve con otros jóvenes que sin ser científicos sí
habían hecho lo que sus padres les decían: estudia, que si estudias tendrás una oportunidad en este país… Aquello que le dijimos a los jóvenes, y después de terminar una carrera estaban fregando platos en Berlín. Así de claro. Ellos tampoco
estaban voluntariamente en Berlín. Por eso creo que es importante, después del esfuerzo que hizo este país en formación, volver a dar esperanza y una oportunidad a tanta gente con tanto talento. (Continúan los rumores).


Por otro lado, en esta moción hay una parte muy importante que nosotros denunciamos aquí varias veces: la importancia de que se incluya hasta los treinta años el programa de garantía juvenil. Tenemos gente que acabó los estudios, les pilló
la crisis y no han tenido oportunidad. Esto es importantísimo, pero,

Página 43

sobre todo, los problemas que ha habido en la tramitación. Por eso nos parece tan importante abrir los plazos y que la convocatoria esté abierta de forma permanente. En cuanto a los registros telemáticos, ha sido un verdadero desastre. El
papel que tienen que jugar las comunidades autónomas para que la formación, las oportunidades laborales estén adaptadas al mercado de cada comunidad autónoma, es importantísimo, y prácticamente se ha excluido a las comunidades autónomas. Por eso
los nacionalistas canarios vamos a apoyar esta moción.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.


Señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sí, señor presidente.


Intervengo desde el escaño. Mientras el Gobierno y el Grupo Popular que lo apoya se mantienen en esa actitud complaciente de definir la situación de los jóvenes que se marchan como movilidad geográfica, ellos en cambio se definen como
exiliados. Y se definen como exiliados, señorías, porque entienden que no se van, sino que los echan, y los echa la falta de oportunidades de trabajo que este Gobierno les está negando. Porque no es verdad, como ha dicho el portavoz del Grupo
Popular, que el Gobierno está haciendo todo lo posible. ¿Qué ha hecho el Gobierno en I+D sino crear las condiciones para que nuestros jóvenes científicos se tengan que marchar del Estado español? En Galicia, señorías, vivimos esta situación de una
manera no sé si tan grave o más que en el resto del Estado. Lo cierto es que una cuarta parte de los emigrados son de nuestro país. Tres de cada cuatro familias tienen una persona emigrante, la mayoría jóvenes que en este momento están dando
testimonios incluso desde los diferentes Estados en los que están trabajando reclamando unidad a las fuerzas políticas para que se haga una política que les permita volver. Voltar á terra es una plataforma creada en Galicia de cantidad de jóvenes
que quieren volver, sobre todo, para aportar a su país la sabiduría, el conocimiento y el trabajo que están en condiciones de hacer. Señorías, tengamos en cuenta que el abandono de nuestros jóvenes tiene una incidencia tremenda en la despoblación o
la reducción de población. (Rumores).


Por eso nosotros vamos a apoyar esta moción del Grupo Socialista, porque entendemos que tiene medidas que sirven para impulsar esas políticas que reclaman los jóvenes y que son políticas de creación de empleo, políticas de oportunidades
incluso para aquella formación a la que el Estado español no está dando alternativas de trabajo. Apoyamos esta moción.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


Señoras diputadas, señores diputados, el empleo de los jóvenes —o, habría que decir con más propiedad, la falta de empleo, puesto que son más de la mitad los que queriendo trabajar no pueden hacerlo— es una de las consecuencias más graves de
la profunda crisis económica en que nos encontramos. Lo es, además, tanto en el aspecto personal como familiar o social, pero también lo es en el plano económico. Pasarán desgraciadamente más de quince años desde el inicio de la crisis para que
los jóvenes tengan las mismas oportunidades de trabajo que antes de la irrupción de la crisis. Esperemos además que las oportunidades de empleo no lo sean como en el pasado el sector de la construcción, cuando con poca cualificación conseguían
altas remuneraciones merced a una enorme burbuja inmobiliaria. Hoy hay muchos jóvenes formados, algunos hiperformados, diría yo, con carreras, másteres, idiomas y demás cursos y que pasan los lunes al sol. Algunos de ellos —muchos en número— optan
por buscar una oportunidad, un empleo fuera de nuestras fronteras y en muchos casos encuentran también empleo temporal, precario y mal remunerado, pero algo es algo, aunque en el extranjero no aten los perros con longanizas. Algunos, los menos,
encuentran un buen trabajo y pueden llevar a cabo sus proyectos de vida aunque sea lejos de sus familias, amigos y de su entorno. Amén de los dramas personales, que no son pocos, el despilfarro que supone no incorporar a nuestro sistema económico
los conocimientos adquiridos por nuestros jóvenes tiene implicaciones en el crecimiento económico, en los modos de funcionamiento, en la capacidad de innovación, etcétera. Así pues, recuperarlos del paro o del extranjero es beneficioso, desde el
punto de vista social y económico, y se lo debemos después de haberles pedido insistentemente que se formen, que estudien, prometiéndoles a cambio una oportunidad de empleo y de vida. En este contexto, apoyaremos cuantas iniciativas y medidas vayan
en esta

Página 44

dirección. No podemos permitirnos el lujo de condenar a toda una generación de jóvenes al ostracismo; no al menos más de lo que ya lo hemos hecho, sin impedir que aquellos jóvenes que quieran desarrollar su labor profesional en el
extranjero lo puedan hacer, pero que lo hagan libremente, no porque no tengan una oportunidad en el interior.


Votaremos, pues, favorablemente esta iniciativa, aunque lo planteado por el Grupo Socialista sea un programa electoral más que una moción propiamente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.


Señorías, lo que hace más grave un problema, lo que dificulta su abordaje y su solución, es que se niegue su existencia. Eso es exactamente lo que ha hecho hoy de nuevo el portavoz del Grupo Popular, y no es un desliz personal y momentáneo;
forma parte de la línea estratégica de pensamiento con la que el Partido Popular y el Gobierno han abordado el problema fundamental de la situación de los jóvenes en nuestro país, tanto de los que se quedan aquí en situaciones de precariedad como de
los que se ven obligados a exiliarse. Lo han repetido otros portavoces, pero quedó muy claro cuando la ministra de Empleo analizó esta realidad no como una realidad patológica, sino dándole normalidad, porque hablar de la situación de los jóvenes
—que se ven obligados a emigrar de nuestro país no para buscar mejores expectativas, sino porque aquí no tienen ninguna— en términos de movilidad exterior es querer negar el problema y dar a esa patología apariencia de normalidad.


Señores del Partido Popular, señores del Gobierno, lo que hay no es movilidad exterior, que es algo voluntario; lo que hay es exilio forzado de los jóvenes porque en España, desgraciadamente, no tienen oportunidades. (Rumores). Y déjenme
que sea lo más justo posible: no es un problema solo de esta etapa de Gobierno, aunque sin duda se ha incrementado; no es un problema solo de la crisis o de la política. Desgraciadamente tenemos un tejido productivo —no me cansaré de repetirlo—
con empresas muy innovadoras que saben aprovechar la formación de sus jóvenes, pero tenemos también un tejido productivo ocioso, gandul, que está acostumbrado a coger trabajadores formados, muy cualificados y a utilizarlos de manera infraformativa e
infraproductiva para tareas de poca cualificación. Tenemos ingenieros muy cualificados que están cobrando en estos momentos poco más de 800 euros. Ese es el problema, pero la política practicada por este Gobierno lo ha propiciado. Desde ese punto
de vista, el principal problema es tratar con normalidad algo que es una situación patológica. Por eso, nosotros vamos a apoyar la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.


Parece que al Gobierno no le va mal esa situación de exilio de los jóvenes, y no digo que la quiera, pero, como el exilio de los jóvenes supone que dejen de formar parte de la población activa, sin hacer nada, curiosamente, baja el nivel de
paro, porque en la medida en que baja la población activa se produce una reducción puramente estadística de la realidad del paro en España. En estos momentos, la situación de los jóvenes en nuestro país tiene al menos tres problemas gravísimos que
deberíamos abordar, y deberíamos hacerlo desde el acuerdo. Para eso hace falta que el Partido Popular y el Gobierno reconozcan que existe el problema, en primer lugar, en términos sociales. Ya se ha dicho —no hace falta insistir— que no puede
continuar condenándose a la generación mejor formada de la historia a una situación de falta de expectativas para los próximos años. En segundo lugar, en términos económicos y educativos nos estamos convirtiendo, si se me permite la expresión, en
los indios de Europa; me refiero a los ciudadanos indios, a los que su país forma muy bien para luego exportarlos a todo el mundo como los mejor cualificados. No podemos continuar formando a nuestros jóvenes sin tener expectativas, porque eso es
algo que aprovechan otras economías, mientras este país importa personal no cualificado para sustentar un tejido productivo ocioso que se alimenta estrictamente de poca calidad formativa y productiva. Y, en tercer lugar, hay un problema
democrático. ¿Se han dado ustedes cuenta de que la falta de expectativas de estos jóvenes hoy es el principal factor corrosivo de nuestro sistema democrático? Es decir, uno de los factores en estos momentos del desapego de los jóvenes, si es que
han tenido alguna vez apego por nuestro sistema democrático, es esa falta de expectativas. La sociedad no genera ninguna expectativa, les está excluyendo, y ellos responden situándose en una posición no de automarginación, sino de excluidos por el
propio sistema. Esa es la gravedad de este problema. (Continúan los rumores).

Página 45

Por último, dejen que me refiera a una cuestión que he de mencionar obligadamente porque va a continuar saliendo en estos debates de manera reiterada, que es la famosa pócima mágica, el famoso bálsamo de Fierabrás del contrato único. Hay
cosas en las que coincido con el amigo Álvaro Anchuelo pero en eso no. Como el contrato único va a tener cada vez más padrinos que se van a disputar esa brillante idea, déjenme que les diga algo que les he dicho ya muchas veces: para que los
jóvenes tengan el derecho no es solución que se lo quiten a los trabajadores que ya lo tienen, no lo ha sido nunca.


El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, tiene usted que terminar.


El señor COSCUBIELA CONESA: Termino.


El conflicto no está entre jóvenes con pocos derechos y mayores con antigüedad y mayores con antigüedad que tienen mucho o están sobreprotegidos, como el lumbreras —perdón— de Luis Garicano dijo el otro día. No, no, la solución no es esa;
la solución es cómo este país es capaz de generar expectativas para los jóvenes sin frustrar las expectativas de los mayores de cuarenta y cinco años. (Rumores). Los derechos de los jóvenes y los derechos de los mayores de cuarenta y cinco años no
pueden confrontarse. Lo que está en conflicto son los derechos de los trabajadores con los derechos de aquellos que quieren continuar pagando a unos y a otros salarios de 800 euros a pesar de que sea gente muy formada.


En consecuencia, vamos a dar nuestro apoyo a la moción del Grupo Socialista.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano. (Continúan los rumores).


Ruego silencio, por favor, porque no se puede oír al interviniente.


El señor CAMPUZANO CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Anuncio que vamos a votar favorablemente a esta moción del Grupo Socialista. Podríamos haber presentado enmiendas a algunas de sus consideraciones, pero en términos globales coincidimos con las propuestas que nos formulan y con algunas de
las críticas que plantean a la política del Gobierno.


Tan solo quiero insistir en algunos argumentos que en otros debates hemos utilizado en esta materia. En primer lugar, cuando hablamos del desempleo de los jóvenes, inevitablemente debemos analizar la polarización de nuestro sistema
educativo. Hay demasiados jóvenes que abandonan prematuramente el sistema educativo, demasiados pocos jóvenes en las formaciones medias y un número de jóvenes con educación superior justo en el promedio de la OCDE, por encima de Estados como
Alemania, que no encuentran en nuestro sistema productivo oportunidades de empleo. (Rumores). Ese problema de la sobrecualificación se expresa en gente joven que está trabajando en actividades que poco tienen que ver con su nivel formativo, con
salarios muy lejos de las expectativas que su carrera, su licenciatura, les había generado, y se expresa también a través de esa inmigración de jóvenes. Quizás en un contexto distinto al que estamos viviendo, en un contexto de una economía que
estuviese creciendo, de una economía que funcionase, podríamos elogiar la movilidad de los jóvenes a escala europea durante esta crisis, pero esa no ha sido la expresión de la vocación emprendedora de los jóvenes en el sentido positivo, sino que la
vocación de los jóvenes ha sido salir de una sociedad que no genera oportunidades. En ese sentido, hace muy pocos días se hacía público el Cambridge Monitor, donde se afirmaba que el 84 % de los jóvenes españoles creían que en España no tenían
futuro. En Cataluña esa cifra llegaba hasta el 89 %. No es una cifra menor y es la expresión de una patología muy profunda que afecta a nuestro mercado de trabajo. Así, junto con otras consideraciones que hemos realizado desde la tribuna, abordar
las cuestiones de fondo de nuestro sistema educativo se hace fundamental en cualquiera de las políticas que nos planteemos.


En segundo lugar, el Grupo Socialista en su moción plantea algunas consideraciones sobre la garantía juvenil, las compartimos y las hemos expresado también en iniciativas parlamentarias propias, en sesiones de control, en comparecencias del
Gobierno. Es más, avanzado ya el año 2015, tenemos el gran riesgo y el gran escándalo de que la garantía juvenil fracase en su implementación en España, y que fracase por muchas razones: una, por una cuestión que ustedes apuntan en su moción, que
es el sistema informático. Al sistema informático que el Ministerio de Empleo ha generado para permitir que los jóvenes accedan a

Página 46

esta garantía juvenil es casi imposible acceder. Los jóvenes no tienen documento de identidad electrónico y menos aún los jóvenes que tienen menos nivel formativo, que son aquellos más necesitados de este recurso, y cualquier opción que no
sea el documento de identidad electrónico es de una complejidad absurda que desanima a cualquier joven. Al mismo tiempo, el hecho de que las comunidades autónomas, o al menos algunas de ellas, no puedan hacer frente a las inversiones para poner en
marcha la garantía juvenil, puede implicar que la misma no se desarrolle en toda su dimensión. Sería gravísimo vista la situación de desempleo que padecemos.


El Gobierno ha rectificado y ha accedido a alguna petición que los grupos de la oposición formulábamos como la de ampliar la garantía juvenil hasta los treinta años. Bienvenida sea esa medida, pero la implementación de la garantía juvenil
debería incidir no principalmente en subvencionar la contratación, que puede ser adecuado en determinadas circunstancias, sino en abordar las debilidades de nuestros sistemas de ocupación y de políticas activas de empleo en materia de jóvenes que al
menos afectarían a dos cuestiones. En primer término, la atención individualizada a los jóvenes, que ha parecido en el anterior debate y que quiere decir más recursos para los servicios públicos de empleo para esa atención personal. En segundo,
todas las pasarelas que permitan hacer posible las segundas oportunidades, por tanto, permitir que un joven que ha abandonado el sistema educativo pueda reincorporarse a los sistemas de formación. Eso exige más recursos para esas políticas.
(Continúan los rumores).


Finalmente, con ello termino, señor presidente, el debate sobre el choque de generaciones que el señor Anchuelo nos planteaba nos parece equivocado. No se trata hoy de afirmar que unos están más protegidos que otros, sino que nuestro Estado
del bienestar…


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, tiene usted que acabar, pero los demás deben guardar silencio.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Decía que nuestro Estado del bienestar debería estar más orientado a jóvenes y a niños, y esa es la gran debilidad que expresa también el desempleo juvenil.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Señora González Veracruz, como hay dos enmiendas tiene usted que decirme qué hace con ellas.


La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: En primer lugar, agradecemos el apoyo de UPyD, pero no podemos aceptar su enmienda, puesto que hoy mismo hemos presentado nuestro modelo que refleja tres tipos de contrato…


El señor PRESIDENTE: Señora González Veracruz, no polemice y defina.


La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: En el caso de la enmienda del Grupo Popular no puedo aceptarla, puesto que …


El señor PRESIDENTE: ¿La votamos en sus propios términos?


La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: La votamos en sus propios términos.


El señor PRESIDENTE: Muy bien. Así se hará en unos minutos. (Rumores.—Pausa).


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 42.1 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD EN LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES SUBCONTRATADOS. (Número de expediente 122/000175).


El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las votaciones.


Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista, de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. Hay 3 votos
emitidos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).

Página 47

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 306 más 3 votos telemáticos, 309; a favor, 137 más 1 voto telemático, 138; en contra, 167 más 2 votos telemáticos, 169; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. (Número de expediente 122/000196).


El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Vasco, PNV, de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Hay 3 votos
emitidos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306 más 3 votos telemáticos, 309; a favor, 36; en contra, 270 más 3 votos telemáticos, 273.


El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ELABORACIÓN POR EL MINISTERIO DE DEFENSA DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN RELACIÓN CON EL ACOSO SEXUAL, POR RAZÓN DE SEXO Y PROFESIONAL, EN LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de
expediente 162/001208).


El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular en el Congreso, relativa a la elaboración por el Ministerio de Defensa del protocolo de actuación en relación con el acoso sexual, por razones de sexo y profesional, en las
Fuerzas Armadas. Hay una enmienda transaccional, que conocen sus señorías y que es la que vamos a votar.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 302.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN URGENTE DEL PROGRAMA GARANTÍA+45. (Número de expediente 162/0001218).


El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la implantación urgente del Programa Garantía+45. Hay una incorporación de la enmienda del Grupo de La Izquierda Plural y ese texto es el que votamos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 119; en contra, 165; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR LA EMIGRACIÓN DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES Y FAVORECER EL RETORNO DE AQUELLOS QUE SE HAN VISTO OBLIGADOS A SALIR FUERA DE ESPAÑA EN BUSCA DE
OPORTUNIDADES DE EMPLEO. (Número de expediente 173/000207).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar la emigración de los jóvenes españoles y favorecer el retorno de aquellos que se han visto obligados a salir fuera
de España en busca de oportunidades de empleo. Se va a votar en los propios términos de la propuesta.


Comienza la votación. (Pausa).

Página 48

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 138; en contra, 168.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.


Se suspende la sesión.


Eran las ocho y diez minutos de la noche.


Corrección de error.


En el Diario de Sesiones número 275, correspondiente a la sesión plenaria número 258 celebrada el jueves 23 de abril de 2015, en la página 38, en el resultado de la segunda votación donde dice «abstenciones, 144» debe decir «abstenciones
114».