CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 267

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 250

celebrada el jueves,

12 de marzo de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:


— Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 124-1, de 19 de diciembre de 2014. (Número de expediente 121/000124) ... href='#(Página6)'>(Página6)


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:


— Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de señores diputados. (Número de expediente 042/000047) ... (Página16)


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:


— Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social (BOE núm. 51, de 28 de febrero de 2015). (Número de expediente 130/000065) ... href='#(Página16)'>(Página16)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:


— Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de
hidrocarburos. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 126-1, de 16 de enero de 2015. (Número de expediente 121/000126) ... (Página43)


Enmiendas del Senado:


— Proyecto de ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 111-1, de 5 de septiembre de 2014. (Número de expediente 121/000108) ... (Página62)

Página 2

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:


— Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 127-1, de 16 de enero de 2015. (Número de expediente 121/000127) ... (Página69)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página87)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página87)


Avocación por el pleno ... (Página88)


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página88)


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación)... (Página88)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página88)


Avocación por el pleno ... (Página89)


Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página89)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página89)


SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página6)


Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar ... (Página6)


El señor ministro de Defensa (Morenés Eulate) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.


En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución interviene la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sanz Remón, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Guillaumes i Ràfols, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Serrano Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ferrer Roselló, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Vuelven a hacer uso de la palabra la señora Lozano Domingo y el señor Ferrer Roselló.


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página16)


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de señores diputados ... (Página16)


La Presidencia comunica a la Cámara que ningún grupo ha solicitado intervenir en este punto del orden del día.

Página 3

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página16)


Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social ... (Página16)


El señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno en contra intervienen los señores Moscoso del Prado Hernández y De la Rocha Rubí, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, las señoras Fernández Davila y Jordà i Roura, y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Martínez Gorriarán y Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Cierra el debate el señor ministro de Economía y Competitividad.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Continuación) ... (Página43)


Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de
hidrocarburos ... (Página43)


El señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.


En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen las señoras Pérez Fernández y Jordà i Roura, así como en turno de fijación de posiciones los señores Baldoví Roda y Quevedo Iturbe y la señora Ariztegui Larrañaga, del
Grupo Parlamentario Mixto; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y el señor Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Enmiendas del Senado ... (Página62)


Proyecto de ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España ... (Página62)


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; las señoras García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Surroca i
Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);

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el señor Buyolo García, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Figueres Górriz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Cierra el debate el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega).


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Continuación) ... (Página69)


Proyecto de ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera ...
(Página69)


El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.


En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen la señora Fernández Davila y el señor Tardà i Coma, así como en turno de fijaciones de posición los señores Álvarez Sostres y Baldoví Roda, y la señora Oramas
González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; así como los señores
Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Matarí Sáez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Vuelve a hacer uso de la palabra el señor Sánchez i Llibre.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página87)


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para dar una solución rápida, transparente y efectiva a los
perjudicados por la salida a Bolsa de Bankia, a fin de que recuperen lo perdido y se depuren las correspondientes responsabilidades, se rechaza por 104 votos a favor, 164 en contra y 15 abstenciones.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página87)


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, se rechaza
por 12 votos a favor; 266 en contra más 6 votos telemáticos, 272, y 7 abstenciones.


Avocación por el Pleno ... (Página88)


Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se rechaza por 121 votos a favor más 1 voto telemático, 122, y 164 en contra más
5 votos telemáticos, 169.

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Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página88)


Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de señores diputados queda aprobado por asentimiento.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página88)


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto–ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, se aprueba por 176 votos a favor más 5 votos
telemáticos, 181; 16 en contra, y 96 abstenciones, más 1 voto telemático, 97.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 287 votos a favor más 6 votos telemáticos, 293, y 1 abstención.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página88)


Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas
tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, son rechazadas por 104 votos a favor más 1 voto telemático, 105; 172 en contra más 5 votos telemáticos, 177, y 12 abstenciones.


Avocación por el Pleno ... (Página89)


Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en
relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, se rechaza por 122 votos a favor más 1 voto telemático, 123, y 166 en contra más 5 votos telemáticos, 171.


Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página89)


Sometidas a votación las enmiendas al proyecto de ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España son aprobadas todas.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página89)


Sometida a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, son rechazadas por 103 votos a favor más 1 voto telemático, 104; 167 en contra más 6 votos telemáticos, 172, y 15 abstenciones.


Se levanta la sesión a las cinco y veinte minutos de la tarde.

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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


— PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 39/2007, DE 19 DE NOVIEMBRE, DE LA CARRERA MILITAR. (Número de expediente 121/000124).


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Debate de totalidad del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar. Para la presentación de este proyecto de ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Señor presidente, señorías, comparezco antes ustedes para presentarles un proyecto de ley que tiene por objeto la reforma del régimen transitorio de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
Carrera Militar, cumpliendo así con el mandato establecido en la disposición final duodécima de la Ley orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Dicha disposición, como saben, dejó establecido
que, con el fin referido, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados debía emitir un dictamen con carácter previo en que se abordasen los diferentes elementos del periodo transitorio de la Ley 39/2007.


Después de sucesivas comparecencias de representantes del Ministerio de Defensa y de las asociaciones profesionales, la Comisión, en sesión extraordinaria celebrada el 9 de julio de 2014 y con el amplísimo respaldo, que quiero destacar aquí
de nuevo y agradecer, de 38 votos a favor y 1 en contra, aprobó el dictamen requerido por la Ley de derechos y deberes. En su informe, señorías, tenían cabida una serie de recomendaciones y sugerencias para que el Gobierno, en el plazo de tres
meses, remitiese a su vez al Congreso de los Diputados un proyecto de ley de reforma de la Ley de la Carrera Militar, que no es otro que este que hoy presento ante ustedes. El texto que les traigo ha sido previamente informado por las asociaciones
profesionales con representación en el Consejo de personal de las Fuerzas Armadas, con el propio Consejo de personal y por el Consejo de Estado. La alta institución consultiva ha destacado su correcta tramitación y su esmerada memoria económica y
ha instado apenas a ligeras modificaciones para mayor claridad de la ley, que, por supuesto, han sido incorporadas a este proyecto.


Entrando en el contenido y como no podía ser de otra forma, el proyecto atiende detalladamente las instrucciones incorporadas en el dictamen de la Comisión. Así, las principales medidas que incorpora la ley son, en primer lugar —completando
un proceso en el que llevábamos trabajando desde el principio de la legislatura y en el que, me consta, hemos coincidido totalmente con sus señorías—, facilitar la vinculación honorífica con las Fuerzas Armadas de aquel personal que pasó a la
situación de retiro o que resolvió su compromiso por incapacidad permanente producida en acto de servicio y en especiales circunstancias. Esta vinculación, que afecta a oficiales, suboficiales y tropa, comprende la adscripción del interesado a una
unidad y la posibilidad de alcanzar sucesivos empleos con carácter honorífico. Asimismo, se regula también la concesión de empleo honorífico de teniente a los suboficiales del cuerpo de mutilados que, cumpliendo las condiciones para el ascenso, no
pudieron acogerse al mismo por estar retirados, al igual que un empleo honorífico a personal que no pudo ascender por pasar directamente a retiro como consecuencia de acto de servicio sin pasar previamente por la situación de reserva. Con estos
tres preceptos, que no tienen coste económico aparejado, se comienza a pagar siquiera una pequeña parte de la deuda de gratitud que todos tenemos con los que han visto dificultado el ejercicio regular de su vocación a consecuencia de su valor y
lealtad en la defensa de España.


A continuación, paso a enumerar las restantes modificaciones principales que palían disfunciones que fueron apreciadas desde el mismo día de la entrada en vigor de la Ley de la Carrera Militar, creando malestar en ciertos colectivos de las
Fuerzas Armadas, como sus señorías conocen. En primer lugar, se amplía el periodo transitorio para pasar voluntariamente a la situación de reserva con cincuenta y ocho años, de 2017 a 2019, dando la oportunidad a que más oficiales y suboficiales
puedan acogerse a ello; también permitirá indirectamente ascender en la reserva a más personal. En segundo lugar, se modifican las condiciones de ascenso de los suboficiales al empleo de teniente para que este se produzca al pasar a la situación
de reserva sin requisitos adicionales, fundamentalmente de edad. Al mismo tiempo, y hasta el año 2019, se compensará al personal que no se acoja a la reserva voluntaria a los cincuenta y ocho años, a los que se les concederá antigüedad, tiempo de
servicio y efectos económicos del correspondiente ascenso desde la fecha en que cumplieron cincuenta y ocho años.

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Una vez expuestas las líneas principales del contenido de este proyecto de ley, permítanme dedicarle los últimos minutos de mi exposición a la única enmienda a la totalidad presentada. Comenzaré por agradecer al resto de los grupos su
voluntad expresada, al menos de forma tácita, de trabajar sobre este proyecto que hoy presento en nombre del Gobierno. Espero que pronto pueda ser una realidad la reforma del régimen transitorio de la Ley de la Carrera Militar, cerrando así el
capítulo de los problemas derivados de la implantación de la Ley de 2007 y dando por definitivamente implantado un modelo de carrera militar con vocación de estabilidad y permanencia, como la propia institución los tiene.


Previamente a considerar el contenido de la única enmienda a la totalidad, quisiera entrar a evaluar su propia presentación. Registrar una enmienda a la totalidad efectivamente es potestativo del grupo que la presenta, ahora bien, no me
parece acertado pedir la devolución al Gobierno, que no otra cosa es una enmienda a la totalidad sin un texto alternativo de un proyecto de ley que proviene, en primer lugar, de un mandato recogido en una ley que la Cámara aprobó con 341 votos a
favor y ninguno en contra y que su propio partido, el partido que presenta la enmienda a la totalidad, apoyó, y en segundo lugar, de un dictamen previo en el que la Comisión de Defensa trabajó durante numerosas jornadas y al que solo se opuso el
grupo que hoy presenta la enmienda a la totalidad. La presentación de esta enmienda adolece de la adecuada comprensión del alcance, ámbito, significado y mandato tanto de la Ley 9/2011 como del régimen transitorio de la Ley 39/2007, cuando no del
propio concepto de la carrera militar.


No me extenderé mucho más, tampoco lo requiere rebatir un texto que tiene dos páginas, pero sí aclaro muy rápidamente que las referencias que introduce la enmienda sobre evaluaciones e IPEC no tienen encaje en el régimen transitorio de la
ley, con lo que están fuera del mandato que —insisto— el grupo enmendante votó favorablemente. No obstante, la mayor parte de las inquietudes y aristas que podía presentar esta materia han sido trabajadas mediante normativa reglamentaria: reales
decretos, órdenes ministeriales e instrucciones de los jefes de Estado Mayor, estando el sistema plenamente consolidado. Por otra parte, las referencias a ascensos e integración de escalas ha sido expresa y muy apropiadamente excluidas del dictamen
de la Comisión dado el tiempo transcurrido y la consolidación de los derechos. Pasa lo mismo con las referencias a ingreso, promoción y enseñanza, que además no forman parte del régimen transitorio, son cuestiones que están completamente
implementadas y desarrolladas reglamentariamente; tocarlas implicaría nuevos cambios de modelo, lo que no desean nadie, ni en las Fuerzas Armadas ni en el Gobierno que presenta este proyecto de ley. Por otra parte, la regulación de la carrera
profesional de la tropa, al igual que la de los oficiales y suboficiales, no requiere modificación legislativa. Por último, la vinculación honorífica y ascensos de personal discapacitado en acto de servicio sí se recogen en este proyecto, como
hemos visto anteriormente. Parece claro que este personal no puede tener el mismo tratamiento que el que se desvincula de las Fuerzas Armadas por una insuficiencia de condiciones ajenas al mismo. Por otra parte, el personal apto con limitaciones
no es personal discapacitado, siguiendo, por tanto, las mismas vicisitudes, evaluaciones, destinos y ascensos que el resto del personal del servicio activo. Por tanto, el problema no solo es pedir la devolución al Gobierno de un proyecto de ley
cuya presentación es un mandato legal.


Voy concluyendo ya, señorías. El proyecto de ley de modificación de la Ley de la Carrera Militar da respuesta y solución a aquellas cuestiones y problemas que presentó la implementación de la Ley 39/2007 y que todavía, siete años y tres
meses después de su entrada en vigor, son susceptibles de solventarse sin generar nuevos y peores entuertos. No voy a engañarles porque lo saben, ya que ustedes redactaron el dictamen: este es un proyecto del posibilista, realista en su contenido
y alcance. Su principal objetivo, aun sobre los antedichos muy meritorios, en el caso de la mejor integración de los heridos en acto de servicio, por ejemplo, no es otro que dar estabilidad y cerrar las heridas provocadas por una ley que generó
muchos problemas de aplicación, sin duda, pero que también consideramos como un modelo válido de carrera militar para las Fuerzas Armadas del siglo XXI. Este modelo tiene vocación de perdurar y de aportar certezas y seguridades a una materia tan
delicada y fundamental como las perspectivas y esperanzas profesionales de aquellos que están por vocación llamados a dar lo mejor de sí mismos, incluso la vida, por la defensa de España y de los españoles. Por supuesto, todo proyecto de ley es
perfectible y este no es una excepción, por lo que tiendo la mano a las contribuciones que los grupos consideren oportunas, garantizándoles que serán acogidas y estudiadas con paciencia, con rigor y con perspectiva y, desde luego, con la mayor
voluntad de consenso. Por último, señorías, no puedo ni quiero finalizar mi intervención sin agradecerles en mi nombre y en el de las Fuerzas Armadas el esfuerzo realizado para emitir el dictamen que hoy me ha traído aquí.


Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Defensa.


Como ha señalado el ministro, a este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución. La ha presentado el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y para su defensa tiene la palabra la señora Lozano.


La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, ministro, por esta exposición de su proyecto de ley. A nosotros nos parece que esta reforma legal representa un nuevo incumplimiento y va a significar una nueva frustración para los militares, sobre todo porque toda ella está
atravesada por la voluntad deliberada de no poner en marcha una carrera militar que sea digna de ese nombre. Por eso hemos presentado esta enmienda de totalidad —estamos en nuestro derecho de presentarla—, porque en mi grupo no nos callamos y le
hacemos las objeciones pertinentes cuando así lo consideramos.


La reforma de la Ley de la Carrera Militar es la historia de un incumplimiento del Gobierno y de una frustración para los militares, y pasaré a explicar detalladamente por qué. Esta reforma trae causa de la disposición final duodécima de la
Ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y debía haberse realizado en el plazo de seis meses después de la entrada en vigor de esa ley. El Gobierno debía remitir un proyecto de ley para la reforma previo informe de la
subcomisión que fue creada al efecto y en la que mi grupo, como los demás grupos de esta Cámara, participó. El hecho es que este proyecto se remite no con seis meses, sino con un año y siete meses de retraso respecto a esos plazos, lo cual es una
demostración de la apatía gubernamental y la nula disposición para corregir los daños causados por el régimen transitorio de la Ley de la Carrera Militar, además de un desprecio a las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas
como interlocutores. Sabemos que esta reforma —tenemos esa información— ha causado un profundo malestar o, mejor dicho, ha ahondado el malestar ya existente entre los militares, porque, como decía al principio, se corrobora la inexistencia de un
modelo de carrera militar digna de tal nombre, es decir, que proporcione certidumbre, que proporcione estabilidad a los militares, que premie el mérito y que tenga un sistema de incentivos adecuado para estimular a los mejores, para conseguir que
los mejores permanezcan dentro del ejército y se sientan motivados e incentivados para seguir desempeñando ese trabajo que todos tanto apreciamos y valoramos. Sin una carrera militar digna de ese nombre, los militares no tienen futuro ni tienen
perspectivas, pero, por otro lado, es coherente que el Gobierno no plantee ese modelo porque le falta el modelo mismo de Fuerzas Armadas, como le hemos dicho en esta legislatura en distintas ocasiones.


El pasado mes de enero se cumplieron seis años desde que entró en vigor la Ley del Carrera Militar, en los que se han generado con distintos hitos diferentes expectativas frustradas una y otra vez, y esta frustración reiterada y constante se
agrava ahora ante este proyecto de ley. Una vez más se desprecian, por tanto, esas expectativas generadas en los militares y se desprecia a esta Cámara, porque a pesar de que usted se haya referido al informe de la subcomisión como si hubiera sido
realizado por esa subcomisión, llevando a cabo un trabajo parlamentario que realmente se pueda llamar así, lo cierto es que el informe fue elaborado por el ministerio y a los grupos se nos dio con apenas tres horas de antelación. Se trataba de
constituir esa subomisión para hacer un trabajo parlamentario que subsanara los errores y los perjuicios existentes, pero como fueron demostrándonos los distintos comparecientes que pasaron por la subcomisión, en realidad el ministerio había
constituido un equipo paralelo que estaba preparando ese informe y, con la mayoría absoluta del Grupo Popular en la Cámara y por tanto en la subcomisión, lo que hicieron fue simplemente aprobar ese informe. Nos reprocha usted que votáramos a favor
de ese informe, prueba de nuestra buena voluntad de confiar hasta el último momento en que el Gobierno, a pesar de que ese informe era parcial y no satisfacía todas nuestras exigencias, podía ser el punto de partida, pero para el Gobierno fue el
punto de llegada; por eso no podemos compartir esta reforma.


Señorías, esta reforma no aborda la mayor parte de las reivindicaciones profesionales de los militares, muchas de las cuales ha defendido UPyD en otras iniciativas parlamentarias. Esto es un engaño añadido, porque cada vez que hemos
presentado una iniciativa parlamentaria se nos remitía al dictamen de la subcomisión, para luego encontrarnos que cuando se constituye esa subcomisión, como he explicado, no se ha tenido en cuenta ninguna de las aportaciones que mi grupo quería y
podía realizar.


Señorías, la singularidad del trabajo militar consiste en que a un hombre, a una mujer militar le pueden dar la orden de combatir y puede perder la vida. Por eso y por las limitaciones en sus derechos características del trabajo militar y
en muchos casos legítimas, nuestra obligación en las leyes es cuidarlos y protegerlos especialmente, cuidar su desarrollo profesional, cuidar su carrera militar y proteger sus

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derechos laborales y profesionales, precisamente por las limitaciones que ellos mismos tienen para defenderlos. Nada de esto se hace, a nada de esto es ni tan siquiera sensible el Gobierno. Hay un malestar creciente en las Fuerzas Armadas.
La sociedad entera vive en una situación de crisis, pero este malestar es especialmente creciente en las Fuerzas Armadas, está alcanzando cotas que hasta ahora no se habían producido. Ustedes, que trabajan en estos temas como yo misma, deben ser
conscientes de ello, pero a veces da la impresión de que no lo son, porque si no francamente creo que se tomarían mucho más interés y abordarían reformas como esta con rigor y sensibilidad y no como un mero trámite para dar cumplimiento a unas
disposiciones legales.


Los cambios que introduce esta reforma legal son de escaparate, de cara a la galería, sin efecto real alguno y sin compromiso real para el Gobierno de cambios profundos y eficaces que resuelvan los problemas de los militares y respeten sus
derechos como colectivo que, como decía, tiene especialmente limitados los derechos para defender sus propias mejoras laborales y, entre otros y de manera fundamental, su derecho a la carrera profesional. Mantener el sistema de evaluaciones para el
ascenso sin control alguno, con cambios anuales de regulación de méritos, es inasumible. Mantener los IPEC en las mismas condiciones actuales es un despropósito, y así nos lo han trasladado todas las asociaciones militares, porque los IPEC son una
fuente permanente y constante de agravios y de desmotivación para los militares. Consolidará la arbitrariedad y la discriminación laboral al servicio de los intereses del mando y no para mejorar el progreso militar y la mayor operatividad de las
Fuerzas Armadas. Se mantiene la discriminación con las escalas de tropa y marinería, es decir, la resistencia a regular su carrera militar como la de cualquier otro empleado público. Sigue sin haber ninguna referencia al ingreso, la promoción, la
enseñanza y la formación en las Fuerzas Armadas. No se subsanan las disfunciones que crean los mecanismos subjetivos de evaluación para el ascenso ni los daños causados en referencia a la integración de las escalas, los ascensos o la consolidación
de las escalas de complemento. Se dejan sin resolver cuestiones como la vinculación honorífica y los ascensos de personal retirado por discapacidad y del personal apto con limitaciones.


Por último, hemos sabido, señor ministro, de la intención del Gobierno de abordar una nueva regulación de jornada y horarios. Esto nos parece muy preocupante —nos lo han transmitido los profesionales y de ello queremos dejar constancia
aquí—, porque se pretenden aprobar reformas de forma urgente que supondrán de nuevo pérdida de derechos para los militares. Hay un regreso constante a conceptos jurídicos indeterminados, como el de disponibilidad permanente para el servicio o el de
necesidades del servicio, en una interpretación verdaderamente sorprendente que no permite conjugar deberes y derechos en el caso de los militares. Y una última cuestión también relacionada con la carrera profesional, si bien no estrictamente
presente en esta reforma legal. También hemos tenido noticia de que se quiere proceder a revisar reducciones de jornada ya concedidas a través de una orden ministerial, lo cual vuelve a crear inseguridad jurídica, incertidumbre e inestabilidad, que
es justo todo lo contrario de lo que necesitan nuestros militares en su carrera profesional.


Por tanto, tanto en este proyecto de ley como en otras reformas legales que el Gobierno está planeando observamos una nueva voluntad de no resolver los problemas auténticos de la carrera militar, de no crear un modelo de carrera militar que
es el que se merecen nuestro militares, que les proporcione estabilidad y certidumbre, que proteja sus derechos y que los proteja a ellos. Por eso hemos pedido la devolución de este texto al Gobierno.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lozano.


En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.


Intervengo muy brevemente y desde el escaño para decir que este proyecto de ley es, como ha dicho el ministro, un proyecto derivado de un mandato. Se trata de un tema de por sí complejo y por su complejidad precisamente tuvimos que crear
esa subcomisión que trató de estudiar, por una parte, las demandas de los afectados y, por otra, las cuestiones que considerábamos que podrían facilitar la elaboración de este proyecto de ley. Hemos recibido, evidentemente, las quejas de los
profesionales y las preocupaciones de los afectados directamente por este proyecto de ley y sin duda alguna no es fácil. La ley tiene algunas lagunas y cubre parcialmente esas necesidades y los argumentos de la enmienda a

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la totalidad presentada tampoco subsanan del todo esa cuestión. Por tanto, mi grupo parlamentario no va a oponerse a que se tramite, aunque seguramente será mejorable en el proceso posterior.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sanz.


El señor SANZ REMÓN: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, gracias por su somera explicación. Entiendo que no puede dar otra porque es somera la reforma que pone hoy encima de la mesa sobre una ley vital, importantísima para el ejercicio de la labor de los hombres y
mujeres que trabajan en las Fuerzas Armadas y para nuestras Fuerzas Armadas.


Subo a esta tribuna para anunciar el voto favorable a la enmienda que propone la portavoz de Unión Progreso y Democracia, pues coincide fundamentalmente con la posición que mi grupo ha venido defendiendo a lo largo del tiempo en el marco de
la subcomisión para la reforma del régimen transitorio de la Ley de la Carrera Militar. Si ya fue lamentable que el dictamen final de esa subcomisión recogiese poco o casi nada de las múltiples aportaciones de los grupos políticos, comparecientes,
asociaciones y representantes profesionales que participamos en ella, no lo es menos que esta propuesta que trae hoy aquí el ministerio repita y reproduzca ese hecho. Se vuelve a ver, señor ministro, con extremado descaro una vez más cómo los
estados mayores y el propio ministerio meten mano a la labor del Legislativo. Es decir, esa ponencia tenía que haber servido para orientar, y no al revés; su trabajo no es orientar al Legislativo, sino ejecutar. De nuevo el papel legislativo,
como les digo, vuelve a ser cercenado, como viene siendo habitual a lo largo de esta legislatura, por su Gobierno y concretamente por este ministerio.


Señorías, esta reforma viene tarde —ya se les ha dicho desde esta tribuna—, un año y siete meses tarde, mal y por supuesto es absolutamente insuficiente, pues no aborda lo que a nuestro juicio debería abordar: las necesidades de nuestras
Fuerzas Armadas, pero también de los trabajadores y trabajadoras de nuestras Fuerzas Armadas. Esta reforma queda muy lejos de dar solución a los problemas e inquietudes que los y las trabajadoras de las Fuerzas Armadas tienen, señorías, y esto
ocurre porque en ningún momento, señor ministro, se ha abordado su redacción considerando como un eje fundamental de la misma el derecho profesional a la carrera militar de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Ustedes no miran desde esa óptica a
la hora de redactar ninguna de las leyes que afectan al trabajo, a los trabajadores, al ejercicio laboral de la gente que forma parte de nuestras Fuerzas Armadas. Muy al contrario, está elaborada exclusivamente desde la óptica de las necesidades de
la defensa, que por otro lado seguimos sin poder abordar porque siguen negándonos ese debate: qué necesidades tiene este país en materia de defensa. Avanzamos en una lógica que además ustedes aliñan con una falta clara de objetividad y
taxatividad, como ha pasado y, mucho nos tememos, va a seguir pasando con otras leyes, si es que las hay, cocinadas por este ministerio. El resultado es más de lo mismo, una pérdida de oportunidad para dotar al marco jurídico que afecta al personal
de las Fuerzas Armadas y al ejercicio de sus funciones de la modernidad, de la justicia y de los derechos propios de un ejército profesional del siglo XXI. Para esta propuesta no necesitábamos tanta demora, señor ministro, ni generar tantas falsas
expectativas.


Aduciendo que no hay tiempo y que en determinadas cuestiones se llega tarde se despachan con seis enmiendas a la ley existente; un mandato legislativo que afectaba entre otras cuestiones a la promoción y al cambio de escalas, al régimen de
ascensos, a la antigüedad, al pase a la situación de reserva, al reconocimiento académico de la formación adquirida o al retiro del personal discapacitado. Someramente, a nuestro juicio, lo que nos proponen es absolutamente sesgado y ya les decimos
que vamos a presentar enmiendas que afectan a muchísimo más que a las cuestiones que abordaba la disposición que hoy justifica que traigan esta norma. Creemos que su propuesta tiene más de forma que de fondo, si tenemos en cuenta además que el 50 %
de lo que plantean solo afecta a cuestiones honoríficas. ¿Qué ocurre con la arbitrariedad que implica —se lo han dicho ya desde esta tribuna— mantener el sistema de evaluaciones tal y como está para el ascenso? ¿Qué ocurre y por qué no se acaba
con la discrecionalidad que caracteriza los informes personales de cualificación? Son cuestiones que ponen de manifiesto y evidencian que ustedes no tienen ninguna intención de equilibrar derechos con obligaciones, ninguna intención, porque es de
esto de lo que nosotros queremos hablar, de los derechos y de las obligaciones, de las dos cosas a la par. Pero hay muchas más cuestiones que deberían abordarse y no se abordan con su propuesta, señor ministro. ¿Para cuándo un plan integral de
incorporación a la vida laboral de los trabajadores profesionales de tropa y marinería? ¿Cuándo vamos a modificar el régimen retributivo para contemplar las horas en

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exceso? ¿Cuándo vamos a asentar económicamente y con solvencia al Observatorio de la vida militar, que luego ustedes utilizan en todas sus argumentaciones pero lo tienen constreñido económicamente, lo que hace que sea muy complicado
desarrollar su trabajo? ¿Para cuándo, señorías, un debate profundo que analice lo que implica que el 50 % de nuestras Fuerzas Armadas estén integradas por trabajadores y trabajadoras temporales? ¿Cómo vamos a garantizar reglamentariamente que el
personal con limitaciones pueda seguir desarrollando su carrera militar?


Señorías, como he dicho antes, nuestros votos particulares van a enmendar esta ley profundamente porque en La Izquierda Plural, cuando hablamos de carrera militar, también queremos hablar del derecho de los trabajadores y trabajadoras a
tener una carrera profesional, y eso no lo aborda su reforma legislativa y la ley actual tampoco.


Son muchas más las cuestiones —algunas de ellas ya se han dicho desde esta tribuna— que los representantes de los trabajadores de las Fuerzas Armadas han puesto sobre la mesa, como la nueva regulación de jornadas y horarios. El asunto de la
revisión de las reducciones de jornada demuestra que la carrera militar, como bien reconoce el dictamen del Consejo de Estado, aborda muchísimo más de lo que ustedes nos intentan poner hoy aquí encima de la mesa, señor ministro. Es absolutamente
imperioso abordar ese debate profundo sobre qué modelo de defensa quiere nuestro país y qué modelo de carrera militar necesitamos para llevarlo a la práctica y no al revés, como ustedes están haciendo. En resumen, creemos necesario abordar todas
estas cuestiones y muchas más que vamos a plantear para lograr una ley de la carrera militar que realmente sea digna de llamarse así y sea útil no solo para los intereses de España, sino también para las trabajadoras y trabajadores que los hacen
posibles en materia de defensa.


No quisiera acabar, señor ministro, sin decirle que un ministro que desacata este Parlamento, un ministro que tiene un conflicto de intereses y un ministro que hace la vista gorda ante situaciones como las que vivimos aquí y ante denuncias
como la de la comandante Zaida Cantera no es un ministro que tenga que seguir ostentando esa cartera. Usted debería dimitir, señor ministro. Quiero agradecer también a la portavoz de UPyD sus palabras y que haya traído aquí el asunto de Zaida, que
en cualquier caso no deja de evidenciar una realidad que, por mucho que ustedes quieran, no van a acallar. Va a seguir incrementándose, va a seguir avanzando y va a seguir saliendo a la luz, porque es absolutamente necesario que, para que nuestras
trabajadoras y trabajadores de las Fuerzas Armadas desarrollen su labor en condiciones, se sepa lo que pasa de puertas adentro en los cuarteles.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guillaumes.


El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Señor ministro, señorías, hoy hablamos de la modificación de una ley ya existente, la Ley de la Carrera Militar, y, grosso modo —es matizable—, de dos colectivos; uno que en acto de servicio ha sido herido
quedando imposibilitado para el servicio o que le ha cogido el momento de la jubilación cuando estaba en acto de servicio. Honestamente, a nosotros pocas cosas nos pueden merecer más respeto que una persona que ha recibido una herida, que ha pisado
una mina y que lo pagará el resto de su vida por defendernos a todos. En este sentido, este colectivo tiene toda nuestra comprensión. De hecho, alguien ha definido a un militar como aquel que es capaz de interponer su cuerpo entre la gente que
defiende y aquellos que les quieren hacer daño. Toda nuestra simpatía a este colectivo. El segundo colectivo, el de los suboficiales, también merece toda nuestra consideración. Estaban metidos en una especie de embudo legal y algo se hace para
solucionarlo. Nos merecen el máximo respeto y por ello votamos favorablemente el dictamen de la Comisión. Es verdad que afecta a pocas personas, los suboficiales deben ser unos 400, no sé el número exacto de las situaciones de pase honorífico,
pero entendemos que son lo suficientemente humanas y de dignidad como para que aunque fuera uno solo el afectado valiera la pena hacer la ley.


Dicho esto, debemos añadir que de esta ley nos gusta lo que hay, pero tenemos muchos problemas con lo que falta. Faltan muchas cosas; algunas ya se han dicho aquí. Un ejemplo para nosotros flagrante son los oficiales de complemento, que
todo el mundo conoce como los antiguos alféreces provisionales. Presentaremos enmiendas en este sentido porque no lo entendemos. Son personas que, por definición, tienen una carrera universitaria y que ocuparían puestos de trabajo en sitios donde,
aunque no es lo normal en las Fuerzas Armadas, hay déficit de personal, en sitios donde un brigada muchas veces tiene que hacer el papel de un oficial superior. Son personas que se les retira —si no me equivoco, porque con las cifras soy muy malo—
a los 49 años con un retiro de 1.000 euros. Entendemos que perder a estos

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profesionales formados, con años de experiencia y con una carrera, y encima pagar 1.000 euros, ya no desde un punto de vista puramente operativo sino desde un punto de vista económico, saldría a cuenta a las Fuerzas Armadas tener en cuenta a
este colectivo. Señor ministro, a nadie se le escapa que retirar a personas a los 49 años hoy en día es un problema y genera una inseguridad laboral importante.


Hay otras situaciones que estamos estudiando y que deberían ser incorporadas a la ley; algunas de ellas se han citado. Nos reservamos el derecho a presentar enmiendas. No nos podemos oponer a una ley que defiende a gente —no me abstendré
de utilizar una cita clásica— que, como dijo Horacio Cocles en el siglo III antes de Cristo, defendiendo un puente delante de un ejército etrusco —una situación que seguro que implicaba la muerte de todos los soldados—, en una época en la que no
existía el concepto claro de patria ni mucho menos el de democracia en la antigua república romana, una expresión que considero muy bella para definir lo que hace este colectivo: Qué más bello que luchar y morir —en este caso ser herido— por las
tumbas de nuestros padres. Estamos hablando de defender a este colectivo y, en este sentido, es muy difícil oponerse. No obstante, nos guardamos la reserva de defender a muchos otros colectivos que sinceramente entendemos que también tienen su
derecho y que serían de utilidad operativa y económicamente para las Fuerzas Armadas.


Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillaumes.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don José Enrique Serrano.


El señor SERRANO MARTÍNEZ: Gracias, presidente.


Señorías, el régimen jurídico del personal de las Fuerzas Armadas y la gestión del mismo no es tarea sencilla. En dieciocho años las cámaras fueron capaces de aprobar tres leyes generales sobre el régimen de personal de las Fuerzas Armadas:
la Ley 17/1989, la Ley 17/1999 y la Ley 39/2007, sobre la que hoy versamos. En este recuento aún debería incluir una cuarta, la Ley 8/2006, de Tropa y Marinería. No tendría más importancia este dato si no fuese porque en el caso de las Fuerzas
Armadas estas leyes, todas ellas, contienen normas que articulan una auténtica carrera profesional progresiva que no tiene parangón ni por aproximación en ningún otro cuerpo de funcionarios públicos, pues en ningún sitio gira —como aquí ocurre—
sobre el concepto de empleo militar, cuyos distintos grados se alcanzan uno tras otro y, dentro de los cuales, los que lo comparten se suceden por el orden que ocupan en el escalafón correspondiente a cada cuerpo y escala en los que necesariamente
se encuadran los militares. De este empleo y de este orden en el escalafón depende en todo —insisto, en todo— el desarrollo de su carrera y el ejercicio de la misma, pues determina la situación relativa entre los miembros de las Fuerzas Armadas en
cuanto concierne al mando, subordinación y responsabilidad. Todo ello explica que existan en términos legales y en términos fácticos, como así ocurre, carreras más cortas y más largas, más rápidas en la progresión o más sosegadas; todas ellas, por
lo demás, adaptadas a los cometidos profesionales y a las condiciones requeridas para ejercerlos de los distintos cuerpos y escalas.


Estas nociones básicas las conocen al detalle y mejor que nadie los miembros de las Fuerzas Armadas y quienes han trabajado con ellos, aunque resulten más difíciles de entender y aún de imaginar por quienes no han disfrutado de ese
privilegio. Se entenderá ahora más fácilmente que cada vez que se altera la estructura de los cuerpos y escalas militares se tenga que proceder a una reordenación de los efectivos afectados, pues al confluir en un nuevo cuerpo y en una nueva escala
individuos procedentes de cuerpos y escalas diferentes entre sí, hay que proceder a intercalarlos. Esto significa acordar ascensos acelerados para unos y retrasados para otros y, en todo caso, un nuevo reescalafonamiento. La consecuencia de lo que
digo es que todas estas leyes incorporan un amplio número de disposiciones transitorias destinadas a mitigar en lo posible los efectos negativos de estos reescalafonamientos sobre las expectativas de carrera que se hubiesen forjado los afectados.
Con ello, la consecuencia de la consecuencia está servida: un número elevadísimo de recursos que, como normalmente se pierden, dejan cuando menos un sinsabor profundo tanto en términos de desarrollo profesional como en términos retributivos o en
términos –y no es desdeñable— de reconocimiento y autosatisfacción. Si a ello se une que esas mismas leyes también han ido cambiando el régimen y las condiciones de paso en una situación administrativa singular como es la de reserva, pueden añadir
también este elemento al capítulo de recursos y sinsabores.


Si me he extendido en estas consideraciones ha sido para poner de relieve que el proyecto de ley objeto de la enmienda a la totalidad que ahora debatimos trae su causa última de una ley previa, como se ha dicho ya por algunos de los que han
intervenido antes de que yo. En efecto, la Ley orgánica 9/2011, de

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derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, asumió que el proceso de aplicación de la Ley de la Carrera Militar, y en especial sus disposiciones transitorias, requería una evaluación de sus eventuales efectos negativos y sus
posibles remedios. Para ello, ordenó que la Comisión de Defensa de esta Cámara emitiese un dictamen previo que —cito— aborde los diferentes elementos del periodo transitorio de la ley; en particular, los referidos a la promoción y cambio de
escala, régimen de ascensos, antigüedad, pase a la situación de reserva y reconocimiento académicos de la formación adquirida, así como el retiro del personal discapacitado. En un proceso que se inició el 11 de marzo de 2013 y que concluyó el 9
julio de 2014, la Comisión de Defensa de esta Cámara aprobó el informe mencionado; un informe en el que el Grupo Socialista trabajó y se implicó, por ello se responsabiliza del mismo, pues aunque señalamos entonces que podía haber sido más incisivo
y generoso en algunos aspectos, en aras del consenso votamos a favor, pese a que también nosotros, señora Lozano, hubiésemos podido plantear que abordarse otras cuestiones no contempladas por la ley que nos ordenó realizar.


Creemos en la legalidad y en un procedimiento preestablecido para hacer las leyes y, en consecuencia, no descalificamos que la Comisión de Defensa haya respetado el mandato legal y haya circunscrito su trabajo a las cuestiones que tenía
encomendadas. Obviamente, de lo que mi grupo no se responsabiliza es del proyecto de ley. Este es un proyecto del Gobierno y, a nuestro juicio, presenta dos características bien distintas; una nos satisface, y es que viene a dar definitivamente
por buena la Ley de la Carrera Militar, pese a reticencias parciales anteriores del actual partido en el Gobierno. La otra no nos alegra; el proyecto no ha atendido algunas de las recomendaciones que el informe de la Comisión había incluido por
acuerdo de los distintos grupos políticos que lo apoyaron y, al hacerlo así suma cicatería sobre cicatería y, a nuestro juicio, se queda corto. Curiosa paradoja; los autores de la Ley de la Carrera Militar hemos defendido reformas algo más
profundas de lo que el Grupo Popular o el Gobierno, con el proyecto de ley, está dispuesto a aceptar.


Anuncio que mi grupo presentará en el trámite de enmiendas parciales distintas alternativas de mejora de su texto, que espero podamos acordar con la mayoría de los grupos, y especialmente con el Grupo Popular, para dar mejor respuesta a
algunas de las expectativas que había abierto el trabajo de la Comisión, especialmente en lo que se refiere a la promoción de los suboficiales, ampliación temporal del régimen transitorio en lo relativo a los ascensos, al pase a la situación de
reserva, mejoras para los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan sufrido discapacidad en acto de servicio o la revisión del régimen de los militares de complemento. Esto es lo que, a nuestro juicio, hay que hacer, lo que es sensato hacer;
primero, como he dicho, para respetar el mandato legal y no saltárnoslo a la torera y, segundo, para no hacer la cuarta ley de personal en 26 años, con las consecuencias devastadoras a las que ya me he referido y que provocarían, al menos, idéntico
malestar e idéntico número de recursos. Esta es una iniciativa, por cierto, que en ningún caso mi grupo estaría dispuesto a compartir no solamente porque creemos en el contenido y en la regulación básica de la Ley de la Carrera Militar, sino porque
cambiar nuevamente esa ley, cuando los primeros que ingresaron en las Fuerzas Armadas, de acuerdo con sus disposiciones, ni siquiera han conocido su primer ascenso nos parece una temeridad absoluta. Como su grupo defiende lo contrario, nuestro
grupo votará en contra de su enmienda. También lo haremos por algo más. Su enmienda es de devolución y no ofrece, en consecuencia, texto alternativo. Con esta fórmula se puede hacer suya, o, como usted pretende, toda la Cámara puede hacer suya
cualquier reivindicación que se plantee, aunque no se puedan encajar entre sí en el marco de una estructura que responde y debe responder para que funcione, aquí y en todos los países del mundo, a los principios de unidad, jerarquía y disciplina.
Al tiempo que hace eso, mantiene indefinidamente en el limbo de las expectativas expectantes —perdónenme el juego de palabras— a quienes han visto y a quienes espero verán, al menos parcialmente, satisfechas sus reivindicaciones. A algunos esto les
puede resultar algo menor. A nosotros no nos lo parece. Por todo ello, insisto en que votaremos en contra de su enmienda y enmendaremos parcialmente, en términos concretos, el texto del proyecto remitido por el Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Serrano.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ferrer.


El señor FERRER ROSELLÓ: Señorías, el problema de las herencias en política es que no puedes renunciar a ellas, ni siquiera aceptarlas tan solo a beneficio de inventario, y la Ley de la Carrera Militar es para el Gobierno del Partido
Popular una herencia envenenada. Esta iniciativa del anterior Gobierno generó 30.000 recursos contencioso-administrativos. Evidentemente, no tengo que esforzarme mucho en

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explicarles que no resultó una ley muy popular entre sus destinatarios, y tampoco es una ley que nos guste a nosotros, al Partido Popular. Una ley que ha condicionado enormemente las posibilidades de su reforma, una ley que ha condicionado
el proyecto de ley de reforma que hoy es objeto de enmienda a la totalidad, una reforma que es cierto incluye importantes avances, que es cierto da satisfacción a justas demandas y que es cierto corrige algunos de los errores cometidos por el texto
de 2007; avances que claramente ha expuesto el ministro en su intervención. Pero es cierto también que no son estos todos los errores ni todas las demandas que hubiéramos deseado ver satisfechas. No pretendemos que sea la mejor de las leyes de
reforma pero sí es, sin lugar a dudas, señorías, la mejor de las posibles.


Considerando todos estos problemas, cabe formularse la pregunta del millón: ¿por qué el Gobierno del Partido Popular, pensando como pensaba, no procedió a derogar la Ley de la Carrera Militar y presentar ante las cámaras una nueva? Tengo
que reconocerles, señorías, que no fue fácil resistirse a la tentación, pero existían razones de peso para no hacerlo. En primer lugar, existía una previsión legal que establecía que una subcomisión parlamentaria estudiara la posible reforma de la
ley y estableciera las condiciones de tal reforma. No tenía sentido, pues, no esperar a que la citada subcomisión rindiera su informe antes de adoptar medida alguna. En segundo lugar, como les he dicho, la aparición de la Ley de la Carrera Militar
generó 30.000 recursos contenciosos, muchos de ellos todavía pendientes de fallo. Resultaría pues a todas luces insensato legislar de nuevo cuando gran parte de las cuestiones planteadas penden de los criterios que establezcan los tribunales de
justicia al resolver tales recursos. En tercer lugar, señorías, la mayoría de las reivindicaciones conllevaban un aumento del gasto público, y eso en 2012 era sencillamente imposible. En cuarto lugar, cuando el Gobierno del Partido Popular asume
su responsabilidad la ley lleva varios años funcionando, había generado pues un entramado, una madeja de derechos adquiridos en materia de personal de muy difícil, por no decir imposible, solución. Muchas de las decisiones que pudieran adoptarse
con la mejor de las intenciones generaban una cascada de nuevos agravios, que hubieran dado origen a otra cadena de recursos y a una espiral diabólica, señorías. En quinto lugar, probablemente sus señorías conozcan el viejo aforismo militar que
dice: orden y contraorden, igual a desorden. Pues bien, si algo requiere una carrera militar es estabilidad; estabilidad que permite a quien la emprenda conocer de antemano cuáles son sus expectativas de desarrollo profesional y cuáles son las
reglas del juego que van a regir tales expectativas. Una nueva ley de la carrera militar habría supuesto la enésima modificación de esas reglas en un espacio de pocos años, toda una locura. Y finalmente, pero no menos importante, hacer coincidir
una nueva ley de la carrera militar con un cambio de Gobierno podría trasladar a nuestros militares la impresión de que sus expectativas profesionales dependían o estaban íntimamente ligadas a los avatares políticos, lo que irremediablemente
conduciría a politizar nuestras Fuerzas Armadas, y no se me ocurre, señorías, que se pueda prestar peor servicio a los ejércitos y al país en su conjunto. ¿Renuncia por todas estas razones el Gobierno a solucionar los problemas y agravios causados
por la aparición de la Ley de la Carrera Militar de 2007? No, en absoluto. A lo único que renuncia es a poner el marcador a cero, a redactar otra nueva ley, una más de la carrera militar, y contribuir con ello a la ceremonia de la confusión que
parece presidir este tema.


El presente proyecto da solución a muchos de los problemas planteados. En el trámite de enmiendas seguro que encontraremos fórmulas que nos permitirán avanzar por este camino; otros agravios pueden ser resueltos por la vía de la gestión
sin requerir reformas legislativas de calado, y a ello se compromete este ministerio. Y, por último, la consolidación de la recuperación económica impulsada por este Gobierno hará posible que paulatinamente se puedan atender aquellas
reivindicaciones que, siendo razonables, la peor crisis económica que este país ha conocido impedía que pudieran ser satisfechas.


Nada de lo que hasta ahora les he dicho es desconocido para el resto de grupos políticos de esta Cámara, ninguno de los problemas, de las dificultades o de los riesgos. No me duele reconocer que la inmensa mayoría se han conducido con
responsabilidad y sentido de Estado, de ahí el abrumador apoyo recogido por el dictamen de la subcomisión en la tramitación del presente proyecto, con la presentación de todas aquellas enmiendas al articulado que han considerado y que consideren
necesarias. Solo una formación política ha interpuesto enmienda a la totalidad y esa es, cómo no, UPyD, y yo me pregunto por qué. He leído atentamente la disposición que regula esta figura y cabe interponer enmienda a la totalidad por dos razones;
porque esta verse sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del proyecto de ley, y cuando leo el texto de la enmienda presentada por UPyD esta se limita a enumerar una serie de cuestiones que, a juicio de su señoría, deberían ser
contempladas por el proyecto, es decir, deberían ser objeto de enmienda al articulado o bien porque se proponga un texto completo alternativo al proyecto, algo que evidentemente brilla por su ausencia y que, desde luego, nadie esperábamos. En la
norma que regula las

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razones que justifican la enmienda a la totalidad no he encontrado ninguna referencia al minuto de gloria. La búsqueda del minuto de gloria no justifica una enmienda a la totalidad de acuerdo con la voluntad del legislador (Aplausos.—Varios
señores diputados: ¡Muy bien!), como tampoco lo es el titular de prensa del día siguiente, del mismo modo que tampoco encuentro referencia alguna a los intereses de partido propios de año electoral. Podría terminar aquí, pero Oscar Wilde decía:
Lo resisto todo menos la tentación. Y yo no resisto la tentación de hacer una referencia a lo que sucedió ayer.


Señora Lozano, ayer trató usted de mancillar el honor del ministro de Defensa en relación con un delito del que fue víctima la comandante Cantero, que todos lamentamos y condenamos profundamente. Haría falta tener una mente muy retorcida
para pensar que no es así. (Aplausos). Lo hizo pasando por encima del hecho de que es el mismo ministro que ha impulsado la política de tolerancia cero para el acoso en el seno de las Fuerzas Armadas, con un éxito en la gestión como lo demuestra
el hecho de que los casos de acoso en nuestros ejércitos sean un 400 % menor que en el resto de la sociedad española. El mismo ministro que incluyó el acoso como falta muy grave en la Ley de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas; el mismo
ministro que ha incluido el acoso como delito en el nuevo proyecto de Código Penal Militar. Nada de esto existía, señoría, antes de este ministro. (Aplausos.—Rumores.—El señor Pezzi Cereto: Se merece una medalla). Pero no se preocupe porque
Pedro Morenés está acostumbrado a su estilo, en mi opinión, a su mal estilo.


El señor PRESIDENTE: Señor Pezzi, silencio.


El señor FERRER ROSELLÓ: Sin ir más lejos, ayer por la tarde usted lanzó un tuit a las redes sociales afirmando que el oficial que acosó a la comandante Cantero fue ascendido a coronel por el Ministerio de Defensa, ocultando deliberadamente
que ese ascenso se produjo en julio de 2011, siendo ministra Carme Chacón. Un estilo, en mi opinión, miserable, reconocible, pero miserable. (Rumores). Pero no es esto lo que más le preocupa al ministro y al Partido Popular, lo más repugnante es
que ha orquestado usted una campaña, programa de televisión incluido, en la que se transmite la imagen de que los hombres de nuestras Fuerzas Armadas o son unos violadores o son unos encubridores (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) cuando lo que
son es hombres de honor en su inmensa mayoría. Y todo por un minuto de gloria, por un titular de prensa, por arañar unos miserables votos. Señora Lozano, aguántese usted si puede. (Aplausos.—La señora Lozano Domingo pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ferrer.


Señora Lozano, como ha sido usted aludida, no tiene que explicar por qué pide la palabra. Tiene usted tres minutos.


La señora LOZANO DOMINGO: Señor Ferrer, en primer lugar, la comandante que fue acosada y después perseguida no se apellida Cantero sino Cantera y el hecho de que no sepa usted ni siquiera su apellido da idea del interés que tiene por su
caso. En segundo lugar, le estamos agradecidas porque ella con todo su sufrimiento ha conseguido darle sentido al visibilizar su caso, es ella la que lleva a cabo esta lucha y UPyD lo que ha hecho ha sido acompañarla, ayudarla y protegerla, como lo
hacemos con todos los militares que vienen a pedirnos ayuda. Son muchos los que nos han agradecido que defendamos el prestigio y el honor de los militares, como lo estamos haciendo en la persona de la comandante Cantera. Por último, le quiero dar
las gracias porque cuanto más nos insultan más nos legitiman. (Rumores). Cuanto más nos insultan, más nos estimulan para seguir luchando contra los acosadores que hay en el ejército y contra los parásitos que hay en el Gobierno.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lozano.


Señor Ferrer.


El señor FERRER ROSELLÓ: Intervendré brevísimamente.


Señora Lozano, seguro que la comandante sabrá disculparme. Únicamente quiero decirle una cosa, si esa es la forma que usted y UPyD entienden que es la más útil, la más razonable y la más sensata de proteger el honor de los miembros de las
Fuerzas Armadas, por favor no insistan más. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ferrer.


Señor ministro de Defensa.

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El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias, señor presidente.


Sin ánimo de abrir debate quiero agradecer la disposición de algunos miembros de esta Cámara a negociar y a partir de ahora hablar de las mejoras posibles que pueda haber en este proyecto que hoy se presenta, el Gobierno –como ha estado
hasta ahora— está abierto a poderlas negociar y a perfeccionarlas. Especialmente agradezco el tono que ha tenido el representante del Grupo Socialista en este sentido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Defensa.


DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:


— DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000047).


El señor PRESIDENTE: A continuación tenemos el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de los señores diputados en un informe que tienen sus señorías. No ha habido petición de
intervenciones. Por tanto, pasaremos en su momento, al final del Pleno, a votarlo.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:


— REAL DECRETO-LEY 1/2015, DE 27 DE FEBRERO, DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, REDUCCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA Y OTRAS MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL. (Número de expediente 130/000065).


El señor PRESIDENTE: A continuación convalidación o derogación del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.


Para la presentación del real decreto-ley, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Economía y Competitividad.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, presidente.


Señorías, tengo el honor de comparecer hoy en esta Cámara para solicitar su apoyo a la convalidación del Real Decreto-ley de mecanismo de segunda oportunidad. Este real decreto-ley incluye medidas clave para que la recuperación sea sólida,
duradera y sus efectos puedan trasladarse a todos los ciudadanos. En él se materializan determinadas actuaciones en diferentes ámbitos, entre ellas la reducción de cotizaciones para impulsar el empleo, el fomento de la justicia gratuita con la
eliminación de tasas para las personas físicas, la ampliación de deducciones en el IRPF para nuevos colectivos y en materia concursal la extensión de medidas de protección social en el ámbito hipotecario, así como el establecimiento de mecanismos de
segunda oportunidad que abarcan a los particulares. Este régimen forma parte de las políticas que venimos adoptando para facilitar el desendeudamiento ordenado de la economía española. Un proceso necesario que debe continuar para asegurar una
recuperación sostenible.


Señorías, permítanme recordarles que el excesivo endeudamiento del sector privado es una de las principales causas de la crisis en España. Desde finales del año 2003 hasta el año 2008, la deuda de hogares y empresas se dobló en términos
brutos incrementándose en 1,2 billones de euros. En apenas cinco años pasó del 140 % del PIB hasta el 210 % del PIB. Esto a su vez tuvo un reflejo en el fuerte incremento del endeudamiento externo. Así, la necesidad de financiación de la economía
española superó en el año 2007 los 100.000 millones de euros, es decir, el 10 % del PIB. Como saben, este endeudamiento excesivo vino alimentado por unas condiciones financieras laxas que se produjeron a partir de nuestra incorporación al euro,
pero también por una serie de deficiencias en el marco regulatorio e institucional imperantes en nuestro sistema financiero. En particular me refiero a los problemas en el gobierno corporativo de nuestras cajas, a la deficiente gestión de riesgos y
falta de transparencia en la comercialización de hipotecas y otros productos financieros complejos y a un modelo basado en una asignación ineficiente del crédito hacia el ladrillo, que ofrecía elevados retornos a corto, pero que eran insostenibles a
medio y largo plazo. Todos estos factores están detrás de la burbuja inmobiliaria, cuyo estallido y posterior corrección han resultado tremendamente duros, gravosos, para nuestra economía en

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términos de crecimiento, en términos de empleo, en términos de ingresos tributarios y en términos de solvencia de nuestro sector bancario.


Por eso, este Gobierno desde el primer momento ha actuado en varios frentes para atajar de raíz el problema. En primer lugar, con la unión bancaria hemos reforzado la supervisión de nuestros bancos que desde el pasado noviembre, como saben
ustedes, señorías, han quedado bajo el control del Banco Central Europeo. Asimismo, hemos creado un nuevo marco de resolución para las entidades en crisis; a partir de 2016, el 90 % de nuestras entidades quedarán bajo el mecanismo único de
resolución. Por otro lado, en caso de intervención de un banco, hemos establecido un sistema de reparto de pérdidas entre los acreedores, con ello evitaremos la inyección de dinero público e incentivaremos la prudencia por parte de las entidades
financieras. Además, estamos creando un fondo nacional de resolución con las aportaciones de los propios bancos que se integrará gradualmente en el Fondo europeo de resolución. En definitiva, hemos constituido un nuevo sistema que evitará que los
costes de una futura crisis financiera sean asumidos por los contribuyentes. También hemos reforzado el gobierno corporativo de las entidades para evitar las malas prácticas del pasado y adecuarlo a los más altos estándares internacionales. Hemos
limitado las retribuciones e indemnizaciones de los directivos de las entidades que han recibido apoyo público, hemos delimitado la retribución variable de los consejeros, hemos exigido mayores requisitos de honorabilidad e independencia a los
gestores de las entidades y hemos acotado los mandatos de los consejeros. Además, señorías, nos hemos dotado de un nuevo modelo de cajas de ahorro que ha supuesto su profesionalización y su independencia del poder político. También hemos mejorado
la transparencia en la comercialización de productos financieros complejos, exigiendo una expresión manuscrita al cliente como garantía de su entendimiento. Por otro lado, hemos introducido medidas de prudencia financiera para evitar el
sobreendeudamiento irresponsable y, por supuesto, implementamos una reforma profunda de nuestro sistema financiero que ha permitido su saneamiento, reestructuración y recapitalización. Gracias a ello, hoy nuestros bancos se encuentran entre los más
solventes de Europa.


Señorías, al mismo tiempo hemos tomado medidas para facilitar el desapalancamiento y mitigar su efecto depresivo. Para ello, a lo largo de esta legislatura, hemos venido aprobando distintas reformas en materia preconcursal y concursal para
facilitar la reestructuración de las deudas. Así, con la Ley de Emprendedores establecimos los acuerdos extrajudiciales de pago para que los empresarios pudieran renegociar sus deudas mediante un procedimiento rápido y sencillo. Reformamos por dos
veces la Ley Concursal para facilitar los acuerdos de refinanciación y los convenios concursales; el fin era evitar la liquidación de empresas viables afectadas por un nivel excesivo de deuda y, en caso de que esta fuera inevitable, facilitar la
venta completa de unidades productivas. Al mismo tiempo, adoptamos medidas para proteger a los deudores hipotecarios más vulnerables, como el código de buenas prácticas, la paralización de los lanzamientos o la creación de un Fondo social de
viviendas de alquiler. Con este segundo real decreto-ley de segunda oportunidad reforzamos estas medidas y las ampliamos, siendo esto posible, señorías, por el cambio fundamental que ha experimentado la economía española. Hoy, señorías, la
recuperación es visible; nuestra previsión que, como siempre, habitualmente, es prudente, apunta a que este año podemos crecer en el entorno del 2,5 %, algo no visto desde el inicio de la crisis, desde el año 2007, mientras que el consenso del
mercado proyecta en estos momentos superar dicha proyección acercándose al 30 %. Hoy el sistema financiero está en condiciones muy diferentes, como ya he mencionado, es solvente, está bien provisionado y está en condiciones de contribuir a la
recuperación. Si nuestras entidades no tuvieran sus balances saneados y bien provisionados, no hubiéramos podido hacer esta reforma.


Quiero resaltar, asimismo, la novedad que supone este mecanismo de segunda oportunidad, porque establece un marco permanente de insolvencia personal. Uno de los elementos centrales de este marco es la exoneración de deudas con las debidas
garantías en el marco de un proceso judicial. Se trata de conciliar los intereses de acreedores y deudores, salvaguardando la cultura de pago pero ofreciendo al mismo tiempo una segunda oportunidad para los deudores de buena fe; es decir, dar la
posibilidad a estos deudores de encarrilar nuevamente su vida a pesar de un fracaso económico empresarial o personal para que no tengan que arrastrar indefinidamente la losa de una deuda que nunca podrán satisfacer. Señorías, coincidirán conmigo en
que no temer al fracaso económico es clave para la cultura empresarial, lo que al mismo tiempo favorece la prosperidad y evita caer en la economía sumergida.


Señorías, a continuación pasaré a detallarles las principales medidas contenidas en este real decreto-ley. En primer lugar, me referiré a las medidas del acuerdo extrajudicial de pagos. Se trata de un mecanismo más coherente y eficaz, en
línea con todas las medidas que hemos tomado para la reestructuración de

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deudas y evitar así el concurso de acreedores y la liquidación. Se presta una especial atención a los particulares, que a partir de hoy también podrán acceder a estos acuerdos. Para ello se establecen reglas especialmente simples y se
reducen significativamente los aranceles de estos procedimientos, además ampliamos el contenido y efectos de estos acuerdos extrajudiciales para asimilarlos a la refinanciación preconcursal; con ello se convierte en un instrumento más eficaz y se
logra un marco preconcursal más homogéneo y coherente. Sin duda se trata de una vía eficiente que además se extiende a los acreedores con garantía real cuando concurran las mayorías necesarias. Señorías, con el fin de llegar a un acuerdo, esta
norma potencia la figura del mediador concursal, que podrá ser designado por notario o registrador o ser el propio notario; también las cámaras oficiales de comercio, por su experiencia, podrán ser mediadoras en el caso de empresas o empresarios.
Finalmente, durante las negociaciones se suspenderán las ejecuciones de bienes necesarios para la actividad, incluida la vivienda habitual. Esto indudablemente redundará en una mayor confianza y seguridad del deudor.


Permítanme detenerme ahora, señorías, en el mecanismo de segunda oportunidad. Supone un sistema por el que las personas físicas, ya sean empresarios o familias, que sean deudores de buena fe podrán ver exoneradas las deudas que no puedan
ser satisfechas en un proceso de liquidación concursal, es decir, con la intervención de un juez. Coincidirán conmigo en que esta exoneración supone un salto cualitativo en nuestro marco de insolvencia que ha de establecerse con las debidas
cautelas. Por ello se establecen los siguientes requisitos: en primer lugar, se tienen que haber liquidado todos los bienes del deudor o haber concluido el concurso por no haber suficientes bienes. En segundo lugar, tiene que tratarse de deudores
de buena fe. Se prevén dos mecanismos de exoneración: se mantiene la posibilidad actualmente vigente de exoneración de las deudas restantes al concluir la liquidación del patrimonio siempre que en estos momentos se paguen los créditos
privilegiados contra la masa y si no se ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 % de los créditos ordinarios. Alternativamente y como novedad se establece que cuando no hayan podido satisfacer tras la liquidación de los anteriores
créditos, el deudor podrá quedar exonerado del resto de sus créditos excepto los públicos y por alimentos. Este mecanismo de exoneración funciona de la siguiente forma: en primer lugar se concede la exoneración de todos los créditos excepto los
créditos públicos y por alimentos contra la masa y aquellos que gocen de privilegio general. En caso de acreedores con garantía real, la parte que podrá exonerarse será aquella que no hubiera quedado cubierta por la ejecución de la garantía. Para
los créditos no exonerados, el deudor deberá someterse a un plan de pagos a cinco años que deberán ser aprobados por el juez; y lo más importante: durante este plazo no se generarán intereses. Si el deudor cumple el plan de pagos, tendrá lugar la
exoneración definitiva, además el juez podrá también conceder esta exoneración cuando el deudor realiza un esfuerzo sustancial para cumplirlo aunque no lo cumpla en su totalidad. No obstante, no se concederá la exoneración definitiva si durante
estos cinco años la situación económica del deudor mejorara sustancialmente, pudiera volver a pagar todas sus deudas y seguir haciéndose cargo de sus obligaciones de pago de alimentos; por supuesto tampoco en el caso de que el deudor hubiera
ocultado bienes. Asimismo esta norma establece los controles y garantías necesarios para evitar insolvencias estratégicas. Por otro lado, también es importante señalar que están exentas del IRPF las rentas provenientes de quitas y daciones en
pago.


Señorías, paso ahora a detallarles lo que ya les he anticipado al inicio de mi exposición: la ampliación de los mecanismos de protección para aquellos deudores hipotecarios más vulnerables. Como saben, desde que aprobamos el código de
buenas prácticas, en marzo del año 2012, se han producido más de 12.500 reestructuraciones de deuda y 3.800 daciones en pago. Pues bien, ahora reforzamos estas medidas ampliando el colectivo que se puede beneficiar de este código. Para ello
incrementamos el límite de renta anual de las familias beneficiarias desde los 19.200 euros actuales a unos 22.400 euros, elevamos el umbral del precio de adquisición de los inmuebles afectados por el código e incluimos un nuevo colectivo, los
mayores de sesenta años. A su vez, ampliamos las medidas previstas en el código; ahora, además de reestructuraciones de deudas, quitas y daciones en pago, los deudores incluidos en el código de buenas prácticas se pueden beneficiar de la
inaplicación definitiva de las cláusulas suelo. Por último, y como recordarán, hace dos años aprobamos una medida que ha permitido la suspensión de más de 13.000 lanzamientos en viviendas habituales, cuya vigencia finaliza el próximo mes de mayo.
Por ello la prorrogamos por dos años adicionales y equiparamos además sus potenciales beneficiarios a los del código de buenas prácticas.


Señorías, como saben, este real decreto-ley también incluye otras medidas que fueron anunciadas por el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación; a continuación pasaré a referirme

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a ellas brevemente. No las voy a mencionar todas por no extenderme en exceso, pero sí me detendré en las que consideramos más significativas. En conjunto, se trata de medidas que tendrán un impacto importante en dos ámbitos fundamentales:
el mercado laboral y las familias. Respecto al mercado laboral, por un lado, se establece un nuevo incentivo para la creación de empleo estable. Los primeros 500 euros de salario de los nuevos contratos indefinidos estarán exentos de cotización.
Como saben, esta medida sustituye a la actual tarifa plana de 100 euros, cuya vigencia concluye el próximo 31 de marzo, a finales de este mes, y que ha beneficiado a más de 200.000 personas. Para acceder a esta reducción las empresas tienen que
aumentar la plantilla y mantenerla al menos tres años; esto tendrá sin duda un impacto significativo en el mercado laboral. La medida además tiene carácter progresivo y va a beneficiar especialmente la contratación de los colectivos que se
consideran más vulnerables. Por otro lado, y en lo que se refiere a los trabajadores autónomos, aprobamos una bonificación del cien por cien durante un año en su cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes. La condición es que
contrate a un trabajador para continuar su actividad mientras se dedica al cuidado de hijos menores de siete años o de personas dependientes. Se trata de una medida importante para los autónomos que se une a las otras aprobadas por el Gobierno para
equipararlos con los trabajadores por cuenta ajena.


Respecto a las familias, en primer lugar, ampliamos el colectivo de beneficiarios que puede acceder a las deducciones fiscales de 1.200 euros anuales, 100 euros al mes. A partir de ahora las familias monoparentales con dos hijos,
pensionistas o parados con prestación también podrán acceder a esta ayuda, como ya lo han hecho las familias numerosas con ascendientes o descendientes con discapacidad a su cargo. Por último, este real decreto-ley también recoge la reforma de la
Ley de Tasas Judiciales, que se suspenden para todas las personas físicas en todos los órdenes e instancias jurídicas.


Señorías, hoy estamos ante una norma fundamental para impulsar aún más la recuperación económica en la que estamos inmersos. Hoy convalidamos una norma que tiene un triple impacto: incide en el saneamiento de nuestra economía, ofrece una
segunda oportunidad a aquellas empresas y ciudadanos lastrados por sus deudas y amplía las medidas de protección social a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Es una norma, señorías, que no habría sido posible si hoy la economía
española no estuviera en su séptimo trimestre de crecimiento económico consecutivo y en aceleración, y en su sexto de creación de empleo. Pero sobre todo quiero destacar que la norma que aprobamos hoy se une a una amplia lista de actuaciones que
hemos llevado a cabo para que los errores del pasado no se vuelvan a reproducir. Hemos saneado nuestros bancos, hemos mejorado la supervisión bancaria, hemos establecido un nuevo marco institucional de resolución, hemos impuesto nuevas reglas de
asunción de pérdidas de entidades de crisis para evitar la inyección de dinero público en las entidades financieras, hemos reforzado el gobierno corporativo y hemos creado un nuevo marco de insolvencia. Todo ello, señorías, nos ayudará a seguir
superando la crisis, la más larga, profunda, compleja y dolorosa de nuestra historia reciente.


Señorías, por todo ello, confío en obtener su apoyo para la convalidación de este real decreto-ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Ha solicitado la utilización del turno en contra del real decreto-ley el Grupo Socialista. Compartirán el turno y, en primer lugar, tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.


El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señor presidente, señor ministro, señorías, con este real decreto el Gobierno cierra una legislatura perdida, un real decreto que salda un debate sobre el estado de la Nación que ustedes perdieron, que
el Gobierno perdió, una derrota que demuestra el tiempo perdido y los sacrificios inútiles que los españoles han tenido que padecer y sufrir en esta legislatura. Señorías, quiero comenzar recordando lo que el Gobierno anunció antes del debate sobre
el estado de la Nación. La señora vicepresidenta del Gobierno, por ejemplo, dijo: Ahora toca devolver a las clases medias el esfuerzo que han hecho. Nada más y nada menos. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, el señor Ayllón,
dijo que en ese debate se anunciarían medidas que iban a suponer un mayor respaldo por parte del Gobierno a aquellas personas que habían salido peor paradas de la crisis. Ustedes crearon unas expectativas muy altas que sin duda no se ven
correspondidas con el real decreto que hoy debatimos.


Señor ministro, la legislatura está prácticamente cerrada en lo económico, la han cerrado ustedes con este decreto que de nuevo demuestra claramente tanto la desorientación económica, en cuanto a la política económica del Gobierno, como su
insensibilidad social, en lo económico y en lo social. En materia económica es patente. Han renunciado ya de manera definitiva a dar un nuevo rumbo a la economía

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española. Es verdad que crecemos y que incluso este año quizá crezcamos más de lo que se había previsto, pero es así porque se hace en Europa exactamente lo contrario a lo que ustedes han venido predicando e incluso intentando que no se
produjera. Así el BCE ha girado 180 grados en su política monetaria, ha comenzado a comprar deuda pública y esto ha provocado una caída muy considerable de los tipos de interés, de los diferenciales de deuda y también del tipo de cambio. El Plan
Juncker es un paso muy tímido, pero un paso en la dirección correcta para impulsar la demanda agregada de una eurozona al borde de la deflación y que ha estado casi hundida hasta ahora mismo en el estancamiento y que si existe es porque en el
Parlamento Europeo no hubo mayoría de su grupo, sino una mayoría compartida con otros grupos progresistas. También ha habido una nueva flexibilización del Plan de estabilidad, que ha permitido que Francia e Italia puedan reducir los ritmos de
reducción de la deuda y del déficit que les llevaban a caer en la recesión. De manera que hay un giro, que no se debe a ustedes, que puede ser el principio del fin del austericidio y de años de errores; años de errores que no se deben a su giro, a
un cambio en la política española, porque el giro en la política europea nada tiene que ver con las gestiones del Gobierno español. Es un giro que nos beneficia mucho, a pesar de ustedes, y que debemos a la nueva Comisión, al comisario Moscovici, a
los presidentes Renzi y Valls, aunque es también un giro que debe ir más allá, un giro que debe aumentar la solidaridad entre europeos, que debe exigir mutualizar obligaciones y también responsabilidades como la deuda y evitar que los más
vulnerables sigan pagando las consecuencias de recetas equivocadas. Grecia es el mejor ejemplo de cómo un país está pagando las consecuencias de recetas equivocadas a pesar de los errores que pudieran cometer. De manera que tenemos una legislatura
desaprovechada en Europa, allí donde se toman las decisiones.


Señorías, el ajuste en España se ha basado en supuestos falsos y erróneos y se ha centrado en las clases medias y trabajadoras. Todo el peso de la crisis ha recaído sobre los más vulnerables y mientras tanto persisten los problemas de la
economía española, reaparecen incluso. Me ha gustado, señor ministro, que reconociera que las raíces de la burbuja inmobiliaria se hunden en los años noventa, se hunden en los falsos años del falso milagro económico español, en aquellos años
noventa en los que se pusieron las bases de una burbuja insostenible. Hoy en día reaparecen los viejos desequilibrios estructurales, la precariedad, la dualidad del mercado de trabajo, la aportación ya negativa del sector exterior al crecimiento,
reaparece la construcción como único motor del crecimiento, tenemos ya crecimientos negativos de la productividad, se hunde la I+D+i y se ha abandonado totalmente la creación y el cuidado del capital humano y del conocimiento. Se impone de nuevo un
modelo de crecimiento incompatible con el aumento de la competitividad y además genera desigualdad —sí, mucha desigualdad—, aumento de la brecha social, aumento de la pobreza y aumento de la desigualdad entre hombres y mujeres. Se imponen copagos y
sobre todo se reducen las oportunidades de los más vulnerables.


Señorías, el Gobierno se despide con este real decreto, un real decreto que no responde a las expectativas, que no devuelve nada a las clases medias, como anunció la vicepresidenta, ni mucho menos a los trabajadores, un real decreto que
demuestra su insensibilidad social y que no van a rectificar su política económica. Insisto, todo el ajuste, su carga recae sobre los hombros de los más vulnerables. El real decreto recoge medidas de todo tipo —variadas, urgentes y no urgentes—
sobre la segunda oportunidad, la reducción de cargas financieras y también sobre temas de orden social. Con respecto a la segunda oportunidad, discrimina a autónomos y familias frente a empresarios mercantiles y no resuelve la cuestión de la
vivienda. No hay dación en pago. En cuanto a las cláusulas suelo, se dejan prácticamente como estaban y el código de buenas prácticas también. En materia laboral, se crean nuevas exenciones a la contratación, que solo van a contribuir a
deteriorar la solvencia de la ya muy frágil caja de la Seguridad Social. En el ámbito familiar, las medidas previstas son claramente regresivas. En justicia, se eliminan por fin las tasas judiciales, que certifican un fracaso y un expolio sobre
los más vulnerables de imposible resarcimiento. ¿Qué vamos a hacer con todos los que pagaron tasas y con las personas que se han quedado excluidas de la justicia durante estos años? Asimismo, la tramitación supone una auténtica burla al
Parlamento.


Hay que recordar cómo hemos llegado hasta aquí. La reforma de la Ley Concursal, de 2011, que ustedes votaron y nosotros también, una de las últimas leyes del anterior Gobierno, contemplaba en su disposición adicional primera que el Gobierno
en un plazo de seis meses presentaría una propuesta para mejorar la situación de las personas físicas y familias que se encontrasen en dificultades para satisfacer sus obligaciones, y especialmente las que tenían garantía hipotecaria. La señora
Báñez fue una de las ponentes de esa ley y votaron a favor. Pedían seis meses y en tres años no ha llegado a esta Cámara ni una sola propuesta que aborde el tema del sobrearrendamiento de las familias. Dos años después, cuando

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se convalidó el Real Decreto 11/2014 en septiembre del año pasado, por el que se puso en marcha la nueva Ley Concursal, nosotros presentamos enmiendas para regular la segunda oportunidad y esas enmiendas han estado vivas hasta que ustedes
con otro real decreto han cerrado esa tramitación como proyecto de ley de un real decreto del año 2014. Desde luego, ese no es el camino: reales decretos que cierran reales decretos que se tramitaron como proyectos de ley. No creemos que esa deba
ser la práctica legislativa porque supone una auténtica burla al Parlamento. Hay que recordar las enmiendas de mi grupo y las de todos los grupos a ese proyecto de ley concursal, en el que se iba a tramitar la segunda oportunidad. Mientras tanto,
mi grupo y otros hemos traído a esta Cámara el debate de segunda oportunidad hasta en diez ocasiones.


Con respecto a las cláusulas suelo, el Grupo Popular retiró el 4 de febrero la proposición de ley para eliminarlas que había registrado en el Congreso el día anterior, pese a las numerosas sentencias judiciales que las declaran nulas y
fallan en contra de las entidades financieras. Esto es, se registró una proposición de ley que se retiró al día siguiente. A esto se le ha llamado retirada exprés y nos gustaría saber qué pasó para que fuera así, porque desde luego no parece muy
coherente con lo que el real decreto ha traído. Además, el texto que se retiró contemplaba la eliminación de todas las cláusulas suelo, lo que evidencia la absoluta falta de ambición del real decreto que hoy estamos debatiendo, porque ustedes
mismos registraron ese proyecto hace un mes y lo retiraron. Entre el cien por cien de las cláusulas o lo que el real decreto prevé, si atendemos a su contenido, no va a llegar ni al 3 % de los afectados frente al cien por cien objeto de retirada en
este llamado proyecto exprés. Este real decreto supondrá que el 97 % de los afectados por cláusulas abusivas van a tener que seguir acudiendo a la justicia para reclamarlas, de manera que de nuevo serán víctimas de la creatividad bancaria y de la
desprotección absoluta ante los tribunales. Lo mismo puede decirse y pocos cambios pueden esperarse de la prórroga hasta 2017 de los supuestos que evitan los lanzamientos sobre viviendas habituales para colectivos especialmente vulnerables. Algo
así ocurre también con las modificaciones del umbral de exclusión para proteger a los deudores sin recursos. Hay que recordar, señor De Guindos, que cuando usted anunció y defendió los reales decretos 6/2012 y 27/2012, que ponían en marcha el
código de buenas prácticas, dijo que se podrían beneficiar de él 120.000 ejecuciones hipotecarias, y esta ley prevé que sean solo 14.000. Usted ha hablado de 3.000 ejecuciones evitadas el año pasado, pero hay que recordar que el año pasado se
produjeron 44.000 ejecuciones hipotecarias y que fueron un 7 % más que en 2013, de manera que no hay que esperar que este real decreto reduzca en absoluto esa lacra social y ese problema de fondo, que es lo que intentamos resolver en estos años de
legislatura con nuestras propuestas que fueron derrotadas.


Por mi parte he concluido. Le paso ahora la palabra al señor De la Rocha.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moscoso del Prado. En efecto, comparte turno con el señor De la Rocha.


El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, como ha señalado mi compañero, Juan Moscoso, el real decreto-ley cuya convalidación se debate en este momento incluye muchos temas, hasta nueve temas importantes. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la
Presidencia). Anuncio que mi grupo comparte dos de ellos, la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, que extiende las materias de negociación a ámbitos que comprenden conjuntamente funcionarios, personal estatutario y personal
laboral, ampliando además las mesas de negociaciones y que viene pactado con los sindicatos, y también las modificaciones en la regulación de la renta agraria, de forma que disminuye de 35 a 20 el número de jornadas reales cotizadas necesarias para
acceder a aquella a consecuencia de la sequía en la campaña de la aceituna, lo que dificultaría que muchos trabajadores pudieran acceder al subsidio. Luego me referiré en parte a la eliminación de las tasas judiciales para las personas físicas,
aunque nosotros hubiéramos preferido —como hemos planteado siempre— la derogación total de aquella ley.


El resto de las medidas, señorías, o nos parecen manifiestamente insuficientes o estamos en contra de ellas porque son ineficaces, injustas y algunas de ellas generan más desigualdad. El núcleo central, como ha explicado el señor ministro,
es la propuesta para una segunda oportunidad a familias y a autónomos, a empresarios que sean personas físicas. Lo primero que hay que reiterar es que son tres años perdidos; tres años en los que cientos de miles de familias y de autónomos no han
tenido un instrumento útil para resolver el problema del endeudamiento derivado del desempleo y de la crisis económica. Muchas más de 120.000 familias se han visto desahuciadas de su vivienda habitual en estos

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tres años y decenas de miles, si no más, de autónomos han fracasado por culpa de la crisis y se han visto forzados en muchos casos a pasar a la economía sumergida por tener que responder hasta ahora con todos sus bienes presentes y futuros.
Muchos grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Socialista específicamente, hemos planteado iniciativas de todo tipo que han sido siempre rechazadas por el Grupo Popular y la única medida que trajo aquí, como ha recordado el señor ministro, fue
la Ley de Emprendedores. En aquel debate todos los grupos parlamentarios, todos menos el Grupo Popular, dijeron que la reforma de la Ley Concursal que incluía no servía para nada, y así ha sido, no ha servido para nada. Por eso ahora se pretende
rectificar.


Esta regulación es un paso adelante, un paso necesario y reclamado, pero un paso, en nuestra opinión, insuficiente; insuficiente por desequilibrada en muchos puntos a favor de los acreedores, especialmente de la banca, porque no se trata de
una verdadera exoneración definitiva de deudas que puedan volver a resucitar al menos durante los cinco primeros años y, sobre todo, porque en ningún caso se salvaguarda la vivienda habitual de las familias. Este decreto-ley si no se tramita como
proyecto de ley y no se modifican aspectos sustanciales que recoge, tiene un alto riesgo de volver a quedarse en papel mojado, de ser no una segunda oportunidad, sino una oportunidad perdida.


Señorías, se obliga a las personas físicas, a todas, a pasar por un intento de acuerdo extrajudicial de pagos, que cuando lo que está en juego es la vivienda hipotecada es un acuerdo en el que la otra parte es el banco. Se está en manos del
banco en una relación profundamente desigual. Si el banco acepta, si el banco quiere, el problema se puede resolver, pero hemos visto y sabemos que en la inmensa mayoría de los casos el problema no se resuelve a través de un acuerdo. Se ha dicho
que ha habido 12.000 o 13.000 resoluciones a través del código de buenas prácticas frente a 120.000 desahucios. ¿Qué ocurre? Está previsto pasar a un procedimiento concursal, simplificado, ante un juez en el que, señorías, no se prevé ninguna
posibilidad de salvaguardar la vivienda habitual, porque el procedimiento siempre gira sobre la liquidación del patrimonio. Ni siquiera se prevé, sino que se excluye en ese procedimiento la dación en pago. Nuestro grupo parlamentario presentó, en
el decreto-ley que se está tramitando como proyecto de ley, una enmienda con otros grupos sobre la segunda oportunidad en la que sí que se contempla que el juez pueda en determinados casos resolver a favor del mantenimiento de la vivienda. Este
decreto-ley tampoco recoge ningún plan de vivienda, ninguna posibilidad de acceso a viviendas de las que tiene la Sareb o de las que tienen acumuladas los bancos; y más aún, recuerdo que este Gobierno ha impugnado una ley de la Junta de Andalucía
que permitía dar una salida a los desahucios a través de las viviendas vacías. La ha impugnado ante el Tribunal Constitucional para que se quede paralizada. El decreto-ley tampoco contempla una salvaguarda de la vivienda habitual en caso de lo que
se ha venido llamando muchas veces por escrito un comportamiento irresponsable del acreedor, el banco. Sabemos que en muchos casos algunos bancos han abusado de personas al otorgar préstamos hipotecarios sobrevalorados a personas sin cultura
financiera alguna, con cláusulas abusivas. No se eliminan las cláusulas abusivas, solamente se eliminan para aquellas personas que se puedan beneficiar del código de buenas prácticas, que son muy pocas.


¿Por qué no se ha incluido esta cláusula, si en las reuniones que hemos tenido ha habido documentos en los que se trataba este asunto? Sin duda, por la presión de los bancos. La banca tiene que estar satisfecha de esta solución final.
Además, esta propuesta de segunda oportunidad —que el señor ministro dice que es una exoneración definitiva— no lo es. Los créditos extinguidos pueden resucitar si en cinco años mejora sustancialmente la situación económica del que opta por esa
segunda oportunidad. Señorías, esto significa que si un autónomo, que ha fracasado porque la crisis se ha llevado por delante su negocio, inicia un nuevo negocio, no le puede ir bien o muy bien porque si le va muy bien le irá muy mal, porque
vendrán los acreedores antiguos y le intentarán cobrar —le cobrarán según está el decreto-ley— todos los créditos anteriores.


Una fórmula de este tipo no existe en ningún ordenamiento de nuestro entorno, ni en los europeos más avanzados ni en Estados Unidos ni en los requerimientos que le han hecho al Gobierno de España el Banco Mundial y el Fondo Monetario Mundial
ni en las recomendaciones de marzo pasado de la Unión Europea, en las que se planteaba la exoneración total. Resulta chocante que en la exposición de motivos se nos intente justificar esta posible resurrección de los créditos en los cinco primeros
años fundamentándola en las Siete Partidas, con una referencia a la Ley de Siete Partidas, de Alfonso X el Sabio, una ley de 1265, del siglo XIII, de la Edad Media. (Aplausos). Señor ministro, en la Edad Media la economía era una economía cerrada,
rural, de subsistencia; hoy vivimos en una economía globalizada, abierta. Cómo se pueden traer aquellos modelos a esta economía. Utilicemos los modelos que utilizan los países con los

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que nos relacionamos económicamente. Un tercer gran problema que tiene esta ley es que tiene un tratamiento desigual del autónomo frente al empresario que actúa a través de una sociedad mercantil.


Hasta ahora la desigualdad era absoluta. El autónomo estaba sometido al 1911 del Código Civil. Eso ahora se corta, pero sigue habiendo un tratamiento profundamente desigual. ¿Por qué, señor ministro? Se lo explico. Como ha dicho usted
desde la tribuna, el autónomo para ir al procedimiento de exoneración ha de pagar los créditos contra la masa, todos los créditos públicos y los créditos privilegiados, mientras que el empresario que actúa a través de una sociedad mercantil, si el
concurso concluye por insuficiencia de masa activa —recuerdo el artículo 176 bis—, no paga ni los créditos públicos ni el privilegio general. No tiene que pagar nada y el empresario, la persona física, monta otra empresa y no tiene que asumir
ninguno de los créditos anteriores. Si hay liquidación de bienes, se paga hasta donde se llega y los créditos públicos solo tienen el 50 % de privilegio; el otro 50 % son créditos ordinarios. Si un autónomo ha tenido uno o varios empleados, no
les ha podido pagar el salario y se lo ha pagado el Fogasa —el Fogasa tiene privilegio general—, ¿por qué el autónomo va a tener que arrastrar el pago del Fogasa cuando al empresario, incluso cuando se vende una unidad productiva, prevé la Ley
Concursal que el juez le puede exonerar del pago al Fogasa? ¿Por qué ese tratamiento desigual? Tienen ustedes que explicar a los autónomos por qué en este caso les tratan de una manera mucho más dura que al resto de los empresarios. (Aplausos).


Esta mal llamada ley de segunda oportunidad no es definitiva, no corrige el limitado alcance del código de buenas prácticas, no suprime las cláusulas suelo con carácter general, no dedica una sola línea al acceso a la vivienda, no aprueba la
dación en pago en la fase judicial y presenta una peculiaridad que para nosotros es muy determinante: ni siquiera se plantea evitar la pérdida de la vivienda. Por eso, y con esto termino este punto, puede ser una oportunidad perdida.


Quiero dedicar los minutos que me quedan a otras medidas que el decreto-ley incluye. La primera es la eliminación de las tasas judiciales para las personas físicas. Aquí el ministro ha hecho una faena de aliño muy decente, pero esto tiene
su historia, señorías. Cuando aquí se aprobó la Ley de Tasas fue la ley del Ministerio de Justicia que más rechazo ha levantado de todas las promovidas por ese ministerio, y fíjense en toda la carga pasiva que el Ministerio de Justicia en la época
del señor Gallardón trajo a esta Cámara. Fue una ley contrariada por todos los grupos parlamentarios, todos los operadores jurídicos, los sindicatos y las entidades sociales. ¿Por qué? Porque limitaba o impedía el ejercicio de un derecho
fundamental, señorías, el derecho a la tutela judicial efectiva. Ahora el Gobierno rectifica y reconoce que aquello fue un error. El Gobierno reconoce su fracaso y que ha limitado o impedido a muchos ciudadanos el ejercicio de un derecho
fundamental con aquella ley, que no era solo una ley de Gallardón, sino que era una ley del Gobierno de Rajoy. (Aplausos). Por eso, no nos parece suficiente que se eliminen las tasas. Aquí prometió el ministro Gallardón en la Cámara —muchas veces
fuera de aquí— que lo que se recaudara con la Ley de Tasas se destinaría a la justicia gratuita. Pero el ministro de Justicia —hoy ausente, aunque se está debatiendo la eliminación de las tasas para las personas físicas— ya ha reconocido que no
sabe a dónde ha ido ese dinero, que se ha diluido en el presupuesto. (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben). Es un engaño a la ciudadanía y a quien practica la justicia gratuita. Por eso, aquí pregunto al Gobierno y a la
Cámara cómo se va a compensar a todos aquellos que vieron vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y no pudieron acudir a los juzgados porque no podían pagar las tasas. Ahora el Gobierno reconoce su error, pero ¿van a reponer a los que ya
pagaron la tasa pagada? (Aplausos).


Dos últimas cuestiones, señorías. La primera es una de las medidas estrella del Ministerio de Trabajo, la medida de fomento del empleo indefinido a través de la exención de cotización a la Seguridad Social de los primeros 500 euros del
salario del trabajador por la contratación indefinida. Hace ya algunos años que sabemos que las medidas de ayuda vía cotizaciones a los empresarios no crean empleo y que son neutras. Hubo informes muy sólidos de la Agencia de Evaluación y Calidad
y uno del fallecido profesor Luis Toharia —que vino aquí a esta Cámara y lo explicó— que dicen que esas exenciones son neutras. A lo sumo sirven a veces para canalizar el empleo a determinados colectivos desfavorecidos —jóvenes, mujeres, parados de
larga duración o personas de más de cincuenta o de cincuenta y cinco años—, pero esta medida va dirigida a todos. Esta medida no va dirigida a ningún colectivo. Por lo tanto, esta medida no va a generar empleo. ¿Va a generar empleo indefinido?
Probablemente tampoco. El empleo indefinido va a surgir por sí mismo por la concatenación de contratos temporales. No hay una medida de fomento de empleo.

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Nuestro grupo parlamentario, en algunas ocasiones, ha apoyado y ha promovido, cuando gobernaba el Partido Socialista, medidas por la vía de las bonificaciones, no de la exención de cotizaciones. Esta diferencia es sustancial, señorías,
porque las bonificaciones a las cotizaciones no las abona el empresario; las abona el INEM, el Servicio Público de Empleo, o se abonan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en la partida de impuestos genérica. Pero las exenciones las
pagan los pensionistas a través de la caja de la Seguridad Social; porque la exención significa que nadie cotiza a la Seguridad Social. (Aplausos). Ya ha habido algunos trabajos importantes de expertos que, con los datos de empleo del año 2014,
han dicho que esta medida va a significar un agujero a la Seguridad Social de 1.500 millones de euros cada año; 1.500 millones más de déficit a la Seguridad Social, que este año 2015 viene con un presupuesto ya deficitario de entre 4.500 y 9.000
millones, según informes de Funcas y de Fedea, desde luego, instituciones no cercanas a la izquierda. Es un regalo de los pensionistas a los empresarios de 1.500 millones de euros, que nosotros no compartimos.


Termino ya, señora presidenta, con una referencia brevísima —porque sé que me estoy pasando del tiempo— al cheque para las familias monoparentales con dos hijos; el cheque de 1.200 euros mediante la técnica de la desgravación fiscal con el
tope de la cotización a la Seguridad Social. No se trata de una prestación universal, que nosotros podríamos haber compartido o, en todo caso, nuestra reflexión hubiera sido completamente distinta. Se trata de una desgravación, ¿de quién? De
aquellos que cotizan. Esto significa que no va a llegar a las personas que más lo necesitan.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor De la Rocha, acabó su tiempo.


El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Termino, señoría, un minuto.


No va a llegar a los que no trabajan; no va a llegar a aquellas madres que tienen una cotización muy baja o va a llegar muy limitadamente. La encuesta continua de hogares dice que hay 471.000 hogares monoparentales con dos hijos; y la
memoria del decreto-ley dice que esta medida va a llegar solo a 131.000 familias; al 27 %. ¿Quién se queda fuera? Fundamentalmente, mujeres que no trabajan, que están fuera de los circuitos laborales o que hacen jornadas de muy pocas horas sin
salarios o con salarios muy bajos. (Aplausos). Por lo tanto, es una medida que beneficia a contribuyentes de mayor capacidad económica y que va destinada a sectores medios y altos y que genera una enorme desigualdad.


Ahora sí que concluyo, señorías. Este decreto-ley tiene algunas facetas que nosotros apoyamos y otras, la mayoría, con las que estamos en contra. Precisamente para que no se pueda interpretar que un voto negativo global significara también
un voto negativo a aquellas medidas que compartimos, nuestro voto va a ser la abstención y pedimos al ministro y al Grupo Popular que se tramite el decreto-ley como proyecto de ley para ver si, a través de esa tramitación, podemos resolver algunos
de estos agujeros negros que tiene este decreto-ley.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor De la Rocha.


En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.


El año 2015 se inaugura triunfalmente a golpe de real decreto, como acabamos los otros; real decreto, cajón de sastre; real decreto tutti frutti por lo abigarrado de las propuestas que tiene, negando nuevamente al Parlamento la tramitación
del debate o la posibilidad de diálogo y consenso. Yo mismo tengo tres minutos para debatir la multitud de medidas que incluye este real decreto. La novedad de este real decreto incluye dos marchas atrás, sobre el impuesto de sociedades y sobre
las tasas judiciales. Como ahora en mi tierra estamos en plenas fallas, voy a empezar por el impuesto sobre sociedades. Han hecho una marcha atrás a medias cuando se han dado cuenta de que se metían en un gran berenjenal. Lo razonable sería
volver a la exención fiscal del impuesto sobre sociedades a las entidades sin ánimo de lucro. Van a asfixiar a nuestras fiestas, gran motor económico, a las fallas, a moros y cristianos, a fogueres, a nuestros músicos y a los pequeños clubes
deportivos. Deberían repensar esta medida que va a hacer jirones nuestro tejido asociativo.


Otra marcha atrás a medias son las tasas judiciales. Han reconocido implícitamente que su decisión ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, un derecho fundamental que muchos ya no van a recuperar al no contar
ya con plazo para recurrir. ¿Son conscientes del daño hecho con sus

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imposiciones, con su falta de diálogo y con su obediencia ciega al apretar el botón siempre sin fallar ni una sola vez?


Más rectificaciones, la segunda oportunidad. Resumen 2014 según el INE: Son 70.000 las ejecuciones hipotecarias iniciadas, más de 30.000 de viviendas propias, un 7,4 % más que en 2013. Bajo su Gobierno los desahucios se han incrementado.
El Partido Popular es responsable de dejar en la calle a muchas personas y no será por propuestas rechazadas una tras otra por su mayoría. Su idea ahora es ampliar mínimamente las situaciones en las que se puede acoger a una medida que sigue,
recordemos, siendo voluntaria para los bancos. Ejemplos: el código de buenas prácticas solo ha afectado al 0,7 % de los afectados; el Fondo Social de Vivienda solo ha concedido alquileres sociales un 0,4 % de las ejecuciones. Su Gobierno busca
un titular porque se acercan las elecciones, no busca solucionar un drama. En palabras de la PAH este decreto seguirá excluyendo a la mayoría de los afectados. A la reforma de la Ley Concursal solo se podrán acoger los deudores tras salvar una
diabólica pista americana.


Acabo. Incluyen la buena fe del deudor y, ¿la buena fe de los bancos? Esta segunda oportunidad no es para las personas, es la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima oportunidad para los bancos. Un último apunte: el artículo 10 habla de
jornadas para acceder al subsidio para el desempleo agrario y la renta agraria para los trabajadores eventuales de dos comunidades autónomas.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: ¿Para cuándo lo mismo para los valencianos? ¿Para cuándo lo mismo?


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.


Señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, es decepcionante la propuesta que usted nos trae hoy después de lo propuesto o de lo anunciado por el presidente del Gobierno en el día del debate sobre el estado de la Nación, y no solamente porque son unas medidas que
vienen tarde, sino porque son total y absolutamente insuficientes. Además, demuestran la cantidad de errores que este Gobierno ha cometido y que han afectado tan gravemente a la mayoría social.


Respecto a la denominada segunda oportunidad, solo asumen el lema, pero no el contenido real que permita habilitar nuevas ocasiones para reemprender su vida a personas que han padecido los efectos de la crisis. La introducción de las
personas físicas en los procesos concursales, en concreto en los acuerdos extrajudiciales, es un avance y no lo negamos, pero muy tímido, teniendo en cuenta la dramática situación que se atraviesa en España. Además, su adopción se decide cuando han
transcurrido años durísimos donde los deudores no han tenido mecanismos para aliviar su situación, y esta medida no podrá aplicarse retroactivamente. La regulación aprobada únicamente se queda en abrir posibilidades de que las personas físicas
puedan acogerse a un procedimiento concursal con el fin de liquidar sus deudas. Es una segunda oportunidad limitada para deudores de buena fe, pero ampliada para entidades financieras quienes mantienen posibilidades de actuar contra avalistas y
también para recuperar íntegramente las deudas en cinco años, aun cuando hayan condonado las mismas en un acuerdo concursal.


Por lo que se refiere a la dación en pago, únicamente se incluye una modificación mínima del código de buenas prácticas, que sigue siendo un código que excluye a la mayoría de afectados. La situación de sobreendeudamiento y emergencia
habitual que sufre el Estado español necesita políticas valientes en materia de vivienda que este Gobierno niega a sus ciudadanos y ciudadanas, medidas como la dación en pago retroactiva, la moratoria real de desahucios y el alquiler social. Y en
relación con la eliminación de las tasas, que es una cuestión positiva, aquí volvemos a decir que es el reconocimiento no solo de un error sino de una gravísima injusticia, y con esta cuestión sí estamos de acuerdo.


Finalmente, señor ministro, el real decreto-ley contiene normas de dudoso encaje en un contexto urgente de este carácter, como la reorganización de unidades de negociación sindical en las administraciones públicas, que deberían ser objeto de
una norma específica; también se pretende aprobar un nuevo caramelo consistente en bonificaciones sociales para impulsar el empleo. Señor ministro, insistir en bonificar cotizaciones sociales cuando vemos que las empresas están ahorrando
intensamente en costes laborales por la devaluación salarial, impuesta bajo el pretexto de la crisis, no parece la medida más idónea y cargarle ese gasto a la Seguridad Social muchísimo menos. El problema no son los costes

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laborales sino impulsar la economía productiva, una asignatura en la que este Gobierno no se ha esforzado precisamente. Este real decreto, por lo tanto, supone seguir legislando contra los intereses de las personas, al confiar en medidas
que ha quedado probado que han sido un fracaso y que permiten que los grandes bancos privados, a pesar de haber recibido ayudas públicas multimillonarias, sigan instando y practicando ejecuciones hipotecarias.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández Davila.


Por el mismo grupo, señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: Señoras y señores diputados, señor ministro, se puede decir más alto pero la verdad es que no se puede decir más claro: esta ley si tiene algo de segunda oportunidad es justamente la segunda oportunidad que se le
da una vez más a la banca para cobrar, porque la banca ya no sabe qué hacer con tantos pisos vacíos, por cierto, más pisos que familias han dejado en la calle, y lo que quiere es cobrar. En parte la propuesta afirma mejorar el código de buenas
prácticas. Un código de buenas prácticas ¿para quién? Un código de buenas prácticas en realidad para la banca. Eso es un oxímoron, señorías, y como ejemplo, según recuerda la PAH, el código de buenas prácticas desde que se aprobó hace tres años
solo ha reconocido la dación en pago para el 0,7 % de los afectados, señor ministro —repito—, solo el 0,7 % —repito también—, sus buenas prácticas, su dación en pago no llega ni al 1 % y, como también nos recuerda la PAH, el Fondo social de la
vivienda solo ha concedido alquileres sociales a un 0,4 % de las ejecuciones hipotecarias. Estoy segura, señorías del Grupo Popular, de hecho estoy segurísima, de que ustedes fueron a la escuela; estoy convencida también de que nunca, casi nunca,
se saltaban la clase de religión y de que aprendieron a rezar de maravilla, pero les aseguro también que no les enseñaron ni justicia social ni tampoco humanidad.


En definitiva, voy acabando, en este momento siguen desalojando a personas mayores en lugar de reconocerles el derecho a la dependencia; en estos momentos siguen desalojando a familias con niños y niñas que pasan hambre y a los que el
Estado ni siquiera les da de comer; en este momento siguen desalojando a hombres y mujeres desesperados a los que no les han garantizado el derecho constitucional al trabajo y mucho menos a una vivienda digna. Y encima con esta ley —como con la
que vendieron que reconocía la dación en pago— pretenden marear a toda esta gente, y en el fondo no solo marear, sino también engañarla. Indignante, señorías. De hecho solo me cabe decir que no saben la indignación y la repugnancia que a la vez
siento en estos momentos.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.


Por el mismo grupo, señor Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, ustedes muchas veces me han oído decirles desde esta tribuna que su Gobierno tiene una gran prontitud a la hora de responder a las demandas, urgencias y angustias de los grandes bancos, de las grandes empresas, y
una gran lentitud a la hora de responder a esas mismas acrecentadas angustias, necesidades de las personas de a pie, de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos, y este decreto-ley es una buena muestra de eso; es un decreto-ley que sigue
respondiendo a los intereses de los bancos, de las grandes empresas, de los grandes acreedores; es un decreto-ley que viene tarde y además es insuficiente, se queda muy corto, porque aunque sí mejora algunas situaciones —más que mejorar digamos que
las deja menos mal que como estaban antes— no da respuesta a esas urgencias de la gente, y eso es evidente cuando vamos analizando el elemento fundamental de este decreto-ley, que es la segunda oportunidad. Responde más a un aspecto publicitario en
víspera de elecciones, de dar respuesta y sensación de que se hace algo, que a la realidad, porque si comparamos la segunda oportunidad que ustedes ponen en este decreto con lo que hay ahora mismo en el contexto europeo, por ejemplo en Alemania —que
es uno de sus grandes referentes— o en Austria, que también tiene una serie de medidas muy exigentes, el decreto se queda muy corto, no llega a las garantías que Alemania o Austria ponen a disposición de los pequeños acreedores, de los deudores de
buena fe, cuando desde nuestro punto de vista usted tendría que haber apostado por un modelo mucho más social, mucho más próximo a la gente, mucho más próximo a la realidad de la ciudadanía del Estado español,

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como puede ser el de los países escandinavos o el de Francia, que quizá es el más adecuado a nuestra realidad socioeconómica.


Ustedes siguen poniendo el punto de mira en la banca, en los acreedores. Insisten mucho en que tienen que ser deudores de buena fe, y puedo coincidir en eso —efectivamente no hay que beneficiar ni ayudar a quien defrauda, a quien se quiere
aprovechar del conjunto de la ciudadanía-pero es que ustedes no ponen el punto de mira en asegurar que los acreedores sean de buena fe también. Así como, por ejemplo, el modelo francés establece que el deudor es de buena fe y el acreedor es que el
tiene que demostrar en todo caso la mala fe, en su propio modelo al final todo recae sobre del deudor, y de una forma que es totalmente ineficiente; es decir, no va a dar respuesta a la mayoría de las situaciones. La dación en pago sigue sin ser
una realidad, la situación en la que quedan los autónomos —que es una base importante de la economía y de la creación de empleo a pie de calle en este país— es de mucha debilidad. Y no están facilitando su labor, les han bajado el listón del
obstáculo unos pequeños centímetros, pero el obstáculo sigue estando ahí para desarrollar su actividad con igualdad de oportunidades. Por eso nosotros decimos claramente que ustedes están en el mismo planteamiento de toda la legislatura. Presentan
aquí leyes con bonitos títulos, bonitos carteles, atractivos, luces de neón que dicen: segunda oportunidad. Parece que está resuelto el tema y la situación real sigue siendo parecida a la de antes.


El código de buenas prácticas —que ustedes pusieron en marcha— se ha demostrado un fracaso, porque las personas que se han podido acoger han sido una minoría. Vemos que la dación en pago sigue sin estar encima de la mesa como una opción
real para las personas que sufren la angustia de la situación socioeconómica. Si vemos a las familias monoparentales con hijos, a las que ustedes ahora, con un gran y bonito cartel, dicen que van a dar una ayuda de 1.200 euros, suena muy bien, pero
cuando al final uno analiza quiénes se pueden acoger observa que las familias monoparentales con menos posibilidades económicas, con menos ingresos, no van a poder acogerse a esa situación. En definitiva creo que tienen que rectificar, aunque ya no
les dé tiempo porque se les acaba la legislatura. Es una legislatura perdida desde el punto de vista de la justicia social y de dar respuesta a la situación de las personas con menos posibilidades, es una legislatura perdida desde el punto de vista
de dar respuesta a los problemas estructurales de la economía del Estado español, que siguen siendo los mismos que cuando ustedes entraron, pero con un agravante: que han pasado los años y se han acrecentado, y cuando venga la siguiente crisis las
consecuencias serán todavía mucho peores que las actuales, y las seguirán sufriendo las personas más débiles, como ahora, mientras que las grandes fortunas, las grandes empresas, las empresas del IBEX, los grandes bancos van a seguir contando con el
apoyo de los Gobiernos, que están alimentados con esas puertas giratorias. Al final, como decía antes, los Gobiernos están actuando con gran prontitud, con gran celeridad para dar respuesta a las necesidades y urgencias de las grandes empresas,
pero con mucha lentitud para dar respuesta a las angustias de la gente de a pie, de la gente de la calle.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Larreina.


Pasamos al Grupo Vasco, PNV. Señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, señor ministro de Economía y Competitividad, tal y como nos ha explicado el señor ministro, el Gobierno trae hoy a la Cámara el Real Decreto-ley 1/2015, de
27 de febrero, para tramitar su convalidación. Este real decreto incluye gran parte de las medidas anunciadas por el presidente Rajoy en el debate sobre el estado de la Nación, que entonces calificamos de electoralistas y que hoy no nos queda más
remedio que volver a calificar de esa manera. Muchas de estas medidas son positivas, señor ministro, y aunque hoy se tramiten por el procedimiento de urgencia, tendrían que haber sido aprobadas unos cuantos años antes, cuando la crisis era más
profunda y se lo estábamos demandando otros grupos parlamentarios, si bien entonces las elecciones no acechaban y los resultados de las encuestas no eran tan negativos. Seguro que recuerda, señor ministro, las muchas veces que en esta Cámara hemos
hablado de la necesidad de una ley de segunda oportunidad para rescatar a miles de personas atrapadas por la crisis, y que lo están pasando mal. Había un consenso importante al respecto, y el Grupo Popular entonces nos dijo que no; ahora se pone
delante de la pancarta, aprueban unilateralmente la medida, y nos pide sin más adhesión. Creemos en este sentido que es una jugarreta política que no nos parece de buen gusto, no es excesivamente elegante, pero creemos a pesar de todo que la parte
de la segunda oportunidad es una cuestión que había que resolver en todo caso, y como decía nos parece una medida positiva.

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El real decreto-ley incluye cuatro áreas. Una, el sistema concursal, adoptando medidas para la reducción de la carga financiera e instaurando el denominado fresh start, y también medidas al fomento del empleo, al ámbito tributario, y al
ámbito de la Administración de Justicia, con exención de determinadas tasas a las personas físicas. De las cuatro áreas citadas el tema estrella es el primero, el referido a la segunda oportunidad en los casos de insolvencia, si bien lo relativo a
las medidas adoptadas en el ámbito del fomento, tal y como lo pondremos de manifiesto, le interesa especialmente a nuestro grupo. Empezaremos por las medidas para la reducción de la carga financiera, que están dirigidas a posibilitar que los
deudores, personas naturales honestas, ya sean empresarios o no, y que hayan visto liquidado todo su patrimonio en beneficio de los acreedores, pero que ni con ello hayan podido saldar el total de las deudas, puedan liberarse de la deuda pendiente
tras la citada liquidación de sus bienes. Conviene, antes de analizar las medidas previstas para que tal finalidad se logre, tener en cuenta los antecedentes, el motor incentivador de lo aprobado por este real decreto-ley. Por una parte, el
recordatorio institucional internacional, a través de la Comisión Europea, el Comité Económico y Social Europeo, y el Banco Mundial, que ya desde 2012 han venido impulsando este tipo de medidas, tanto para personas naturales y empresarios —el
ejemplo más común es el del autónomo— como para personas naturales no empresarios o consumidores, como los denominan las instituciones europeas. Y por otra parte, el constante apremio institucional interno, a través de la defensoría del pueblo,
defensores autonómicos, y sobre todo como le decía a través de iniciativas de grupos parlamentarios de esta Cámara. Son, como ve, muchas las voces que han movilizado en nuestra opinión al Gobierno en esta reforma.


A continuación trataré de analizar los contenidos materiales de lo que llamamos segunda oportunidad, la flexibilización de los acuerdos extrajudiciales previos de pago, previendo un verdadero mecanismo de segunda oportunidad. Como elementos
de este nuevo régimen nos encontramos, en primer lugar, con la ampliación de su ámbito de aplicación a las personas naturales no empresarias. Téngase en cuenta que estos acuerdos extrajudiciales ya eran aplicables a personas naturales y a
empresarios a través de las disposiciones de la Ley de Apoyo al Emprendedor, pero no para los no empresarios. Hemos de recordar que en el sistema español se produce la circunstancia de que mientras las empresas, personas jurídicas, limitan su
riesgo al capital aportado, las personas naturales mantienen su deuda eternamente con sus bienes presentes y futuros. Esta discriminación negativa que se había eliminado para las personas naturales y empresarios mediante la Ley de Apoyo al
Emprendedor se elimina ahora para las personas físicas no empresarios, y nos parece, señor ministro, una buena medida; si bien la empresa puede morir más fácilmente que la muerte civil de una persona natural, y esto tendremos que arreglarlo en la
tramitación como proyecto de ley.


Por otra parte, el real decreto-ley regula un procedimiento simplificado de mediación, procedimiento que se sustancia siempre que la estimación del pasivo no supere los 5 millones de euros en un breve espacio de tiempo ante un registrador
mercantil o un notario, que son los que proponen un mediador, introduciendo la posibilidad de que actúen como tal las cámaras de comercio, industria, navegación y servicios, si el deudor es empresario o los notarios si se trata de personas naturales
no empresarios. El acuerdo en el caso de los no empresarios puede consistir en quitas, en esperas de hasta diez años, y cesión de bienes en pago o para pago de los créditos. Asimismo se prevé la posibilidad, con la aprobación de determinadas
mayorías, de extender los efectos del acuerdo a los acreedores garantizados disidentes, lo que supone un avance frente al régimen de sometimiento voluntario vigente con anterioridad.


Se cohonesta con este sistema extrajudicial un régimen de exoneración de deudas para los deudores personas naturales en el marco del procedimiento judicial concursal. Sin entrar en excesivos detalles técnicos, cabe señalar que para los
supuestos de créditos hipotecarios, una vez ejecutada la hipoteca, ya que se trata de un crédito privilegiado y por lo tanto no exonerable, en el caso de que con la misma no se haya logrado la satisfacción total del préstamo hipotecario, el
remanente de deuda pasaría a la condición de crédito ordinario y podría ser objeto de exoneración. Claramente se deja a un lado la cuestión de los fiadores y avalistas familiares del deudor insolvente, en la mayoría de los casos los padres, que
hipotecan su vivienda habitual para avalar o fiar al deudor, y que ven cómo los acreedores se dirigen contra ellos y ejecutan las garantías sobre sus viviendas. En este sentido propondremos que las medidas previstas en el real decreto-ley se
apliquen igualmente a los avalistas hipotecarios respecto de su vivienda habitual siempre que se encuentren en las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.


Se mejora también el código de buenas prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, introducido por el Real Decreto-ley 6/2012, y adicionalmente se introduce la inaplicación
definitiva de las cláusulas suelo de aquellos deudores situados en el nuevo

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umbral de exclusión que tuvieran incluidas en sus contratos. Sin embargo el código de buenas prácticas sigue siendo de adhesión voluntaria, señor ministro, lo que hace que pierda parte de su potencial. En la tramitación como ley de este
real decreto propondremos que el código de buenas prácticas sea de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades de crédito o de cualquier otra entidad que de manera profesional realice la actividad de la concesión de préstamos o créditos
hipotecarios. Se amplía también hasta el 2017 la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, contemplado en la Ley 1/2013, de 14 mayo; algo es algo, pero la crisis, señor ministro, aún va a
durar mucho más y el plazo debería ser más amplio.


Voy a meterme en las medidas del área de fomento del empleo. El artículo 8 del real decreto-ley establece un mínimo de 500 euros exentos de cotización a la Seguridad Social para favorecer la creación de empleo indefinido, regulando el
denominado beneficio en la cotización de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes para los supuestos de contratación indefinida, en cualquiera de sus modalidades, sometida a una serie de condiciones de creación de
empleo. El apartado segundo de este artículo 8 señala que este beneficio en la cotización consistirá en una bonificación cuando la contratación se produzca con trabajadores inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil que cumplan con los
requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, y en una reducción para el resto. Esto supone que en el caso de la bonificación la Seguridad Social recibirá el importe de la cotización no ingresada, y en el caso de
la reducción se producirá una minoración de carácter permanente de los ingresos de la Seguridad Social por tal importe. Esta bonificación será compatible con la bonificación establecida en el artículo 107 de la Ley 18/2004, que contempla una
bonificación mensual de 300 euros, por un periodo de seis meses, para la contratación de un trabajador inscrito en el sistema de garantía juvenil. También lo sería con la ayuda económica de acompañamiento del programa de activación para el empleo,
en caso de que el contrato indefinido se formalizase con una persona beneficiaria de este programa, en los términos previstos en los artículos 7 y 8 del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, que contempla una ayuda por importe de 426 euros
mensuales, durante el periodo de seis meses. Finalmente el apartado once de este artículo 8 señala que la bonificación se financiará con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal, y será objeto de
cofinanciación con cargo al Fondo Social Europeo cuando cumpla con los requisitos establecidos, y la reducción se financiará por el presupuesto de ingresos de la Seguridad Social, contemplando por su parte en el apartado noveno la aplicación de este
beneficio en la cotización, que será objeto de control y revisión por el Servicio Publico de Empleo Estatal, por la Tesorería General de la Seguridad Social, y por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de las funciones que
respectivamente tienen atribuidas.


Por su parte el artículo 9 del Real Decreto-ley 1/2015 contempla una bonificación del cien por cien de la cuota de autónomos por contingencias comunes, durante un periodo de hasta doce meses, en ciertos supuestos de cargas familiares. En
este caso el real decreto-ley no especifica qué organismo o qué Administración financiará esta bonificación a favor de los trabajadores autónomos para los supuestos señalados, por lo que a falta de una expresa atribución a la Comunidad Autónoma de
Euskadi, y en la misma línea que la contempla en el antes citado apartado once del artículo 8, se deberá entender que esta norma pretende la aplicación del sistema que podemos denominar como común, contenido en el apartado primero de la disposición
adicional tercera de la Ley 43/2006, de 29 diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, que establece lo siguiente: las bonificaciones previstas para las contrataciones establecidas en el programa de fomento de empleo regulado en esta
ley se financiarán con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal.


Como sabe, señor ministro, la Comunidad Autónoma de Euskadi ostenta la competencia material para la gestión de las políticas activas de empleo: la ejecución de la legislación laboral, de conformidad con lo establecido en el artículo
149.1.7.ª de la Constitución y en el artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía de Gernika. El traspaso de los medios para su desempeño se materializó mediante el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 28 octubre de 2010, aprobado por el
Real Decreto-ley 1441/2010, de 5 noviembre, cuyo apartado B).2 establece que corresponde a la comunidad autónoma el desarrollo de todas las funciones de ejecución en materia de fomento y apoyo al empleo, y aquellas que, en relación con los programas
de políticas activas de empleo establecidos en la legislación laboral, viene desarrollando en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi el Servicio Público de Empleo Estatal. Dice además en el apartado b): los incentivos a la contratación,
mediante el régimen de bonificación de la cuotas sociales, de conformidad con lo previsto en la legislación estatal, en relación con los trabajadores y

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trabajadoras de los centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como respecto de los trabajadores y trabajadoras autónomos de la misma comunidad. En aplicación de los principios que informan el Sistema de
Seguridad Social la Comunidad Autónoma del País Vasco compensará a esta el coste de tales bonificaciones, de acuerdo con el apartado G.3.b) de este acuerdo. Por otro lado, señor ministro, de conformidad con el acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias, de 22 de junio de 2011, aprobado por el Real Decreto 895/2011, de 24 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios en materia de Función pública, en materia inspectora, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, le
corresponde de forma específica a la Comunidad Autónoma de Euskadi la vigilancia y la exigencia del cumplimiento de las normas legales reglamentarias, y el contenido normativo de los convenios colectivos en los siguientes ámbitos: el empleo o la
colocación, formación profesional, ocupación continua, empresas de trabajo temporal, agencias de colocación, y planes de servicios integrados para el empleo, y en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, incentivos a la
contratación mediante el régimen de bonificaciones de las cuotas sociales.


A la vista de lo expuesto se puede concluir que los artículos 8 y 9 del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, ignoran el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en tanto que atribuyen al Servicio Público de Empleo
Estatal la financiación, así como el control y la revisión de las bonificaciones de las cuotas empresariales de la Seguridad Social por contratación indefinida de trabajadores inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil, no así por las
reducciones por contratación indefinida de otro tipo de trabajadores, y de las bonificaciones de cuotas a favor de los trabajadores autónomos por cuidado de menores de siete años a su cargo, y de familiares en situación de dependencia.


Por último se debe señalar que las referencias al control y revisión de estas bonificaciones contenidas en el apartado noveno del artículo 8 del real decreto-ley, así como en el apartado cuarto de la disposición adicional tercera de la Ley
43/2006, en relación con las bonificaciones de los trabajadores autónomos, que atribuyen a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tales funciones de control y revisión, deberán entenderse conformes a lo dispuesto en el citado Real Decreto
895/2011, de 24 de junio, que asigna precisamente a la Comunidad Autónoma de Euskadi el ejercicio de las funciones atribuidas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social respecto del control y revisión de las bonificaciones de las cuotas de la
Seguridad Social.


Señor ministro, son ya varios los incumplimientos competenciales y las rupturas de las reglas del juego en este ámbito. La nueva vulneración competencial que presenta este real decreto-ley con relación a las políticas activas de empleo es
reiterativa. En el mes de octubre de 2013 el Gobierno vasco presentó recurso de inconstitucionalidad por la ayuda de los 400 euros para personas en paro de larga duración, incluida en el Plan Prepara, del Real Decreto 1/2013, de 25 de enero, por el
que se prorroga el programa de recalificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo. Entonces, igual que ahora, el Gobierno español incluyó una serie de ayudas a personas en paro que habían agotado su prestación por
desempleo, que financiaba, decidía y gestionaba el Sistema Público de Empleo, cuando en Euskadi tenía que haberlo hecho Lanbide. Asimismo ocurrió en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, en lo relativo a la gestión y financiación del sistema nacional
de garantía juvenil por las mismas razones. Por último el Gobierno ha aprobado el 3 de marzo pasado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por varios artículos del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula
el programa de activación para el empleo, por vulneración de las competencias en materia de políticas activas de empleo, así como la relación financiera Estado-Euskadi del Concierto Económico. Para nosotros, señor ministro, como usted entenderá por
lo argumentado, este tema es grave y no estamos dispuestos ni a que se incumplan los acuerdos ni el marco competencial. Esta cuestión se tiene que resolver, en nuestra opinión, de una manera nítida para evitar conflictos competenciales cuando se
tramite como proyecto de ley; lo contrario lo tendríamos que interpretar políticamente como una auténtica afrenta de considerables dimensiones. Es por este motivo, y no por la primera parte a la que me he referido, a la segunda oportunidad, por el
que votaremos en contra de la convalidación de este real decreto-ley, pero en la confianza de que a lo largo de la tramitación del proyecto podamos corregir los temas a los que me he referido.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, en primer lugar, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

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El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.


Nos encontramos una vez más ante un real decreto-ley que toca una gran variedad de cuestiones completamente inconexas, y que en la mayor parte de los casos en absoluto tienen el requisito constitucional de urgencia. Nos hemos dividido la
intervención en dos partes, y yo me voy a ocupar de explicar qué pensamos de la segunda oportunidad, tal como la ha presentado el Gobierno, y de una cuestión importante que aparece en el título III de este real decreto-ley: el mantenimiento de las
tasas judiciales para las personas jurídicas. Comenzaré por esta parte, que es quizá igual de importante, pero me exigirá menos tiempo expositivo, y es más fácil de comprender. Han retirado las tasas judiciales a las personas físicas, gracias por
cierto a una iniciativa de mi grupo, lo cual nos parece sin duda alguna un avance importante, y como pasa también con este real decreto-ley aquí se mezclan avances importantes con medidas cicateras, rácanas e insuficientes que mantienen los
problemas, y uno de ellos es que ustedes dejan las tasas judiciales vivas para las personas jurídicas, que en este caso son sobre todo una enorme cantidad de pymes, muchas de ellas muy pequeñas, y también algunas ONG y otras asociaciones, que en su
calidad de personas jurídicas van a tener que seguir pagando tasas, lo cual va contra el tan proclamado por su ministerio, por cierto, señor De Guindos, objetivo de apoyar a las pymes para crear empleo. Si las pymes tienen dificultades para acceder
a los litigios en justicia, y además tienen que pagar tasas cuando en muchos casos son pymes que tienen un nivel de renta y económico mucho menor que muchas personas físicas, realmente estamos haciendo exactamente lo contrario, de manera que
aprovecho para solicitarle en nombre de mi grupo que supriman todas las tasas judiciales que introdujo el señor Gallardón, incluyendo las tasas de todas las personas jurídicas, para volver al régimen anterior.


Respecto a la segunda oportunidad esto sí que es verdaderamente una historia paradójica. Ustedes han traído aquí una propuesta de segunda oportunidad como consecuencia del fracaso del código de buenas prácticas que prometieron como panacea,
cuando por cierto mi grupo, en marzo de 2012, hace ya tres años, presentó por primera vez en esta legislatura —tuve ese honor además— una propuesta de ley de segunda oportunidad, propuesta que luego bajo diferentes formas han presentado la práctica
totalidad de los demás grupos de oposición, y que en todos los casos ustedes han rechazado una vez tras otra, asegurando que con el código de buenas prácticas los objetivos que perseguía la segunda oportunidad se iban a cumplir. Incluso se reformó
por segunda vez el código de buenas prácticas. El caso es que evidentemente ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque al final las condiciones para acogerse a este código eran tan restrictivas que muy pocos —menos de 40.000 interesados— han podido
acogerse a sus beneficios, sobre todo por una razón muy sencilla, porque la medida de que era un código voluntario dejaba en manos del acreedor las condiciones que podía imponer al deudor, de manera que el acreedor seguía, como sigue con esta
propuesta de ley, indefenso frente a una abusiva, exagerada e ilegítima protección de los intereses de los acreedores en el caso de deudas sobrevenidas impagables. Esta es la cuestión. Por supuesto doy por hecho que se supone que ustedes entienden
—aunque a veces tengo mis dudas— que estamos hablando, como lo hicimos en marzo de 2012, de solucionar los problemas de los deudores sobrevenidos por razones ajenas a su voluntad, es decir, deudores de buena fe y no deudores especulativos o de otra
naturaleza. Como decía ustedes en todo caso han rechazado todas las propuestas que se han hecho de segunda oportunidad, y ahora nos traen esta. La excusa con la que rechazaba las anteriores —y que ahora, por cierto, no explican por qué ha
desaparecido— es que esto ponía en peligro la solvencia del sistema bancario y, de hecho, tendría efectos contraproducentes como encarecer el crédito hipotecario y por tanto ralentizar aún más el despegue de la economía. Es más, decían que
precisamente si no se podía aprobar la ley de segunda oportunidad era porque debido a la crisis económica tan profunda que atravesábamos, hacerlo sería contraproducente para salir de la crisis. Es una exclusa muy mala, porque ustedes saben
perfectamente —y usted en particular, señor De Guindos— que todos los países de nuestro entorno y del mundo desarrollado con una economía más próspera y que han conseguido salir de la crisis antes que España y donde la crisis ha sido menos profunda,
tienen leyes de segunda oportunidad, y que tanto el Fondo Monetario Internacional como la Unión Europea y otras instituciones internacionales como el Banco Mundial han hecho reiteradas recomendaciones a todos los países, por supuesto incluido
España, para que tuvieran leyes que liquidaran las deudas impagables sobrevenidas por causas ajenas al deudor. España carecía de esa ley —y por cierto, cuando se apruebe este real decreto va a seguir careciendo de ella—, pero me pregunto por qué
ustedes nunca han caído en la cuenta de que quizás esta sea una de las razones de que nuestra crisis haya sido más prolongada, más profunda y con mayor daño social en términos de aumento de la desigualdad y la pobreza que en esos

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países con los que se suponía que ustedes querían compararse, actuando por cierto de una manera completamente diferente. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).


La consecuencia del rechazo del Grupo Popular a todas las propuestas de ley de segunda oportunidad ha sido la siguiente: que casi 120.000 familias desde el año 2012 han ido perdiendo su vivienda habitual. No estoy hablando de segundas
viviendas, de residencias majestuosas ni de naves industriales o locales comerciales; hablo de su vivienda habitual. Según datos oficiales de su propio Gobierno, en 2012 la perdieron 38.961 familias; en 2013, 39.051 familias, y el año pasado,
2014, más de 40.000, lo cual suma más de 120.000 familias. Además, un número desconocido de familias —no calculado todavía— ha tenido que sacrificar prácticamente cualquier otro gasto o inversión para dedicar la mayor parte de la renta familiar a
pagar los créditos hipotecarios pendientes, con resultados como el aumento de la pobreza infantil, la pobreza energética y otras. Para más inri, encima los bancos que ejecutaban estos lanzamientos hipotecarios en muchísimos casos han sido
rescatados con fondos públicos que han pagado esas mismas personas que luego han sido privadas de su vivienda habitual por su negativa a hacer una auténtica ley de segunda oportunidad. Verdaderamente no se puede ser más cruel, menos compasivo con
los ciudadanos y no se puede tener un menor sentido de la justicia.


Antes su grupo se ha referido al mío de nuevo insultando y nos ha llamado miserables. Miserable es negarse a hacer lo que hacen todos los países del mundo civilizado cuya eficacia está probada, que son leyes de segunda oportunidad que
consiguen mantener tanto la solvencia del sistema financiero como el derecho de los ciudadanos a que cuando están en una situación de deuda sobrevenida no sean perseguidos de por vida por una deuda impagable. De hecho, en su propia exposición de
motivos del real decreto-ley dicen ustedes que el objetivo de esta medida de segunda oportunidad es impedir —impedir— el lanzamiento a la economía sumergida de los que son víctimas de deudas impagables. Luego están admitiendo ustedes mismos que en
estos tres años en que se han negado a aprobar estas medidas han arrojado a la economía sumergida a una cantidad desconocida de ciudadanos, que incluyen a pymes y autónomos arruinados también muchas veces por la morosidad de las administraciones
públicas. Es decir, que con su actitud más bancaria que la de la banca, más papista que la del Papa lo que han conseguido es que aumente el fraude fiscal y la economía sumergida. Así, cómo diablos van ustedes a reducir los impuestos si lo que
hacen es disminuir la base impositiva social porque lo que hacen es expulsar a la economía sumergida a cantidad de personas emprendedoras que podrían tener un futuro económico de existir una ley de segunda oportunidad.


En fin, se dice que nunca es tarde si la dicha es buena y nos han traído una propuesta de segunda oportunidad. Pero, ¿realmente lo es? No lo es, y no lo es porque la esencia de la ley de segunda oportunidad no es otra, bajo sus diferentes
formas —existen muchas variantes, por supuesto—, que la liquidación o exoneración —para que nos entienda todo el mundo y no perdernos en tecnicismos que a veces se utilizan para enterrar el contenido de fondo— de la deuda impagable que tenga un
deudor. ¿Qué ocurre con la propuesta que hacen ustedes? Que esa deuda no se extingue, no se elimina, porque durante los cinco años siguientes al concurso de segunda oportunidad si el deudor recupera su patrimonio o hace un patrimonio nuevo, el
acreedor puede resucitar esa deuda pendiente y volver a reclamarle a él o a su fiador que pague esa deuda que, por lo tanto, no se ha extinguido. Y si no se ha extinguido la deuda no es segunda oportunidad, ya le pueden llamar como les dé la gana.
No es verdad, es un timo. Es un sistema que, efectivamente, introduce algunas mejoras que eran absolutamente evidentes —que también propuso nuestro grupo cuando se discutió y debatió la reforma de la Ley Concursal—, como permitir a los particulares
que hagan concurso de acreedores, acuerdos prejudiciales, convenios con el acreedor, etcétera, pero dando al acreedor el absoluto privilegio sobre el deudor de que puede resucitar la condición de deudor de ese sujeto sometido a una segunda
oportunidad, que no ha sido tal. De manera que lo que tenemos aquí es un sistema de aplazamiento de la deuda, no de exoneración, no de liquidación. No es una ley de segunda oportunidad. No llamen a las cosas con nombres que no les corresponden.
Digan que es una modificación de la Ley Concursal en determinadas condiciones, muy bien, pero si no se extingue la deuda, no es una ley de segunda oportunidad. No vamos a cansarnos de repetirlo. (Rumores). No me voy a cansar, ya sé que ustedes
son absolutamente impermeables a los argumentos y que les da todo exactamente igual, pero a la sociedad no y dentro de poco lo van a poder comprobar. Esto sí que es una ley de segunda oportunidad pero para el Partido Popular, esto es lo que ocurre,
no para los ciudadanos a los que ustedes, en el fondo, desprecian.


Desde luego, nuestro grupo no va a poder apoyar la convalidación de este real decreto en estas condiciones.


Gracias.

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El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Martínez Gorriarán.


Señor Anchuelo, tiene la palabra.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.


Tengo el honor de fijar la posición de Unión Progreso y Democracia sobre el resto del real decreto, aquello que no tiene que ver con la segunda oportunidad ni con las tasas judiciales. Una vez más los portavoces de la oposición tenemos que
comenzar nuestras intervenciones agradeciendo al señor ministro y al grupo mayoritario la fe que tienen en nuestra capacidad de síntesis y de análisis. Piensan que podemos en unos minutos no solo resumir, sino debatir y analizar una serie de
medidas cuya sola enumeración consumiría la totalidad del tiempo del que disponemos. Frente a esa fe en nuestra capacidad de análisis, nosotros mantenemos nuestra fe en que dejen de legislar así, porque esto da lugar a simulacros de debate y a que
ni tan siquiera los grupos puedan fijar su posición mediante la votación, porque se nos obliga a votar simultáneamente un conjunto de medidas sobre las que no tenemos habitualmente la misma posición.


De las medidas que tengo que debatir tal vez la más relevante sea la disminución de cotizaciones a la Seguridad Social para la contratación indefinida. Sustituyen la tarifa plana por una nueva modalidad de disminución, que es dejar exentos
los primeros 500 euros de la base de cotización. Nos parece un mejor diseño, porque la tarifa plana era un diseño regresivo, aumentaba la ayuda cuanto mayores fuesen los ingresos. Esa regresividad se corrige con esta nueva medida. Frente a esa
mejora de diseño creemos que se van a mantener los problemas habituales de este tipo de medidas, de estos estímulos a la contratación indefinida, y es que son muy costosas e ineficientes. Son muy costosas, y esta lo va a ser, porque se plantea como
una reducción —excepto en el caso de los jóvenes que lo pagará la Unión Europea—, y esto quiere decir que el sistema de la Seguridad Social va a ingresar cada año 1.000 o 1.500 millones de euros menos debido a esta medida. Por tanto, es una medida
muy costosa. Sin embargo, es ineficiente, porque la literatura académica ha demostrado una y otra vez que estas bonificaciones a la contratación indefinida realmente no crean empleo, simplemente sustituyen una modalidad de empleo por otra; desvían
el empleo hacia el tipo de contratación bonificado, pero no crean empleo. Señores del Gobierno y señor ministro, si la tarifa plana —que supone un estímulo mayor que este que ahora le sustituye— no ha funcionado, si el 92 % de nuestros empleos
siguen siendo temporales, ¿ustedes creen de verdad que con este nuevo estímulo, similar en el fondo al anterior, esta situación va a cambiar? Nosotros creemos que no. Nos parece que el Gobierno en el tema laboral sigue un enfoque totalmente
contradictorio. Por un lado, aplica leyes de reforma laboral que precarizan el empleo; más precario imposible, 92 % temporal y de los indefinidos un 40 % a tiempo parcial y, una vez que se ha precarizado, dicen: vamos a bonificar el empleo
indefinido a ver si se firma algún contrato indefinido. ¿Por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no hacemos —como lleva proponiendo Unión, Progreso y Democracia desde hace años— una reforma laboral para terminar con la precariedad? Sería una
reforma laboral basada en el contrato único indefinido y, una vez que los contratos fueran indefinidos, nos ahorraríamos estos 3.000 o 4.000 millones de euros para bonificar el contrato indefinido y los dedicaríamos a la formación o a aumentar la
cobertura de nuestros parados, porque hay 3 millones de parados que hoy no tienen ninguna cobertura. Vayamos a la raíz de los problemas; no generemos el problema y luego intentemos solucionar los síntomas que la propia legislación está provocando.


Segunda medida que se incluye en este real decreto: el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura. Atención, señorías, no porque haya dentro de unos días unas elecciones en Andalucía, sino porque hay sequía, el Gobierno ha decidido
rebajar el número de jornadas que hay que cotizar para acceder al subsidio agrario en Andalucía y Extremadura. Nos parece bien, pero siempre que nos ocupamos de este programa nos preguntamos —como otros portavoces— por qué solo en Andalucía y
Extremadura. Si esto es realmente necesario, ¿no hay trabajadores eventuales agrarios en las demás comunidades? ¿Tiene sentido que hoy en día un trabajador de Castilla-La Mancha trabaje en la aceituna en Andalucía o Extremadura y no tenga derecho
a este subsidio porque no reside allí? ¿Por qué este carácter localizado? ¿Por qué se suavizan las condiciones no en función de las necesidades de los afectados, sino en función de las necesidades electorales del Gobierno de turno?


La tercera medida se refiere a los trabajadores autónomos. De nuevo, no porque sean un colectivo muy numeroso y porque haya citas electorales pronto, sino porque debe haber aumentado últimamente su necesidad de conciliar —antes no tenían
necesidad de conciliar la vida familiar y, por algún motivo, su necesidad de conciliar ha aumentado últimamente—, el Gobierno facilita la conciliación. Se bonifica la

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cuota de Seguridad Social del trabajador autónomo que contrate a otra persona para que él pueda cuidar él a los menores de siete años, a su familia o a personas en situación de dependencia. Nos parece una medida acertada, aunque, conociendo
cómo trabajan los autónomos y su situación, habrá pocos que se puedan permitir utilizar esto que se les ofrece. Es una forma de lograr un titular bonito con poco coste presupuestario. Si nos preocupamos de verdad de la situación de los
trabajadores autónomos, ¿no hay otras necesidades importantes de los trabajadores autónomos que se vienen debatiendo hace tiempo en la Cámara y que no se solucionan? Por ejemplo, la morosidad no solo privada, sino pública que todavía subsiste. Por
ejemplo, la dificultad de acceso al crédito o que los autónomos coticen por unas bases mínimas ficticias que a menudo superan sus ingresos reales. Sea bienvenida esta medida, pero ¿por qué no vamos, como en el caso laboral, a la raíz de los
problemas y no solo a anuncios poco costosos, muy numerosos y que quedan bien en los debates del estado de la Nación o de cara a las citas electorales?


Lo mismo sucede con las medidas fiscales, que son muy poco intensas. Unas van dirigidas a las familias monoparentales con dos descendientes que, como han citado otros portavoces, no van a ir a las familias más necesitadas; y, otras, a
eximir en algunos casos a las sociedades que ingresen menos de 50.000 euros de presentar la declaración del impuesto sobre sociedades. La presentación de la declaración es una obligación formal que no tiene que ver con pagar el impuesto y a menudo
estas empresas tienen declaraciones a devolver. De nuevo, es otra medida que suena bien y da para un buen titular, pero con poco efecto práctico. Si se quiere ir al fondo de los problemas, ¿por qué cuando se ha debatido aquí la reforma fiscal no
se ha aprovechado para hacer una reforma fiscal en profundidad que rebajase el IRPF de las rentas del trabajo dependiente que pagan en España impuestos nórdicos? ¿Por qué no, como propuso Unión Progreso y Democracia, que los que ganan menos de
14.000 euros estén exentos de IRPF? ¿Por qué no hacer que el tipo marginal empiece a aplicarse a partir de 95.000 euros como en países de nuestro entorno y no a partir de los 60.000 como se aplica en España? ¿Por qué no abordar el tema del IVA
educativo y cultural, que se aborda en las tertulias y en los titulares periodísticos pero sigue sin corregirse? ¿Por qué no moderar el IBI de la primera vivienda y diferenciar entre vivienda habitual y segundas y terceras viviendas?


Resumiendo, el enfoque del real decreto es el mismo en todos los temas; trata temas muy variados pero siempre con el mismo enfoque, que es no ir a la raíz de los problemas, sino buscar titulares periodísticos, titulares para un debate sobre
el estado de la Nación, titulares para las inminentes citas electorales, con poco efecto práctico y con poco coste presupuestario. Esto recuerda a las cabalgatas de reyes, cuando los Reyes Magos, cerca de la noche mágica, cerca de la noche
electoral, tiran a los niños caramelos para que se olviden de que las otras 364 noches fueron muy oscuras. El problema de este enfoque es que los votantes no son niños, son adultos, y puede que estos caramelos en vez de apaciguar su enfado aumenten
su irritación.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.


Señorías, el año 2015 comienza como terminó el 2014, con el abuso reiterado y cada vez más descarado por parte del Gobierno de los decretos-leyes y con el ninguneo total de este Congreso, del Parlamento. Estamos ante un nuevo decreto-ley
ómnibus; en este caso, un totum revolutum de leyes que es imposible discutir conjuntamente y mucho menos votarlas en una sola dirección, y eso ya es una degradación de este Congreso. Que el Gobierno abusa del decreto-ley no lo decimos solo
nosotros, lo acaba de decir el Tribunal Constitucional en su sentencia de 19 de febrero sobre el Real Decreto-ley 11/2013, de trabajo a tiempo parcial. A pesar de eso, el Gobierno insiste en el uso descarado del decreto-ley y en esa especie de
nuevo Estado de excepción constitucional en el que ha convertido la facultad legislativa. La Izquierda Plural no va a ser cómplice de esta degradación democrática. Por eso, estamos en contra de la convalidación de un decreto-ley que afecta a once
materias distintas de cuatro ministerios, lo que no significa que estemos en contra de todos sus contenidos. Por eso, intentaré desgranar nuestra opinión en cada uno de los temas y plantearé algunas de nuestras alternativas. Primero, déjenme que
le haga dos preguntas al Gobierno. ¿Puede el Gobierno explicarnos dónde está la extraordinaria y urgente necesidad que exige la Constitución para los decretos-leyes? El decreto-ley deja de ser extraordinario cuando se convierte en la forma
habitual de legislar. ¿Dónde está el carácter extraordinario, si es lo que hacen siempre? Y en cuanto a la urgencia, ahí les damos la razón, sí señor. Lo que ustedes traen aquí tiene mucha urgencia; tanta, que La Izquierda

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Plural planteó la segunda oportunidad por primera vez en febrero de 2012, y ustedes se han negado reiteradamente a aprobar nuestras propuestas y las del resto de los grupos. Lo mismo sucede en relación con las tasas judiciales, que durante
tres años han impedido el acceso a la justicia de los ciudadanos por razones económicas; o a las llamadas peonadas, a las que ahora se ven obligados a darle efecto retroactivo por no haber actuado antes. Ustedes tienen un concepto muy curioso de
la urgencia, señor De Guindos. Cuando es urgente proteger los derechos de la ciudadanía, el PP no tiene ninguna prisa, deja pasar tres años. En cambio, cuando la urgencia es la necesidad electoral del Partido Popular, entonces el Gobierno actúa a
toda velocidad, por supuesto. Eso, sí con el ninguneo permanente de esta Cámara. ¿Alguien del Grupo Popular, alguien del Gobierno me puede explicar si se soporta que la señora Báñez, el señor Montoro y el señor Catalá no estén aquí presentes en el
debate cuando se discute un decreto-ley que ellos han firmado? (Aplausos). ¿Se puede tener más desprecio a la actividad de este Legislativo? ¿Se puede tener más desprecio a la democracia que el que está haciendo en estos momentos el Gobierno a
esta Cámara? Claro, que puede haber una explicación. Quizá sea porque el ministro de Justicia no se atreva a comparecer para explicar el porqué del cambio de posición del Gobierno sobre las tasas judiciales y qué ha hecho con los 612 millones de
euros recaudados durante este tiempo. Quizá sea porque la ministra de Empleo no se atreve a dar la cara para explicar el porqué del regalo de 1.500 millones de euros a las empresas y sus permanentes cambios de opinión sobre la política de
bonificaciones, exenciones y cuotas, que parece que baile La Yenka cada vez que viene aquí a hablarnos de exenciones y bonificaciones a la Seguridad Social. (Aplausos).


Este decreto-ley, señorías, tiene más de propaganda electoral que de política legislativa. El Gobierno del Partido Popular ha convertido el Consejo de Ministros en una empresa de márquetin político, el BOE en su principal plataforma y los
viernes en el día de la semana, y eso es lo que hacen ustedes en muchas de las normas que aprueban. Son eso. Sus decretos-leyes cada vez se parecen más a esas cartas de esos restaurantes chics, donde el nombre del plato ocupa más espacio que el
plato que te ponen. No ponen plato, no hay nada. (Aplausos.—Risas). Ríase, señor De Guindos, pero es que ustedes están jugando con los derechos de la gente. Lo que hoy nos presentan como una segunda oportunidad es una segunda penalidad. Es
verdad que en algunos aspectos avanza, pero son los mínimos. Continúa siendo un placebo y además con trampas. Durante tres años ustedes se han estado negando, como antes hizo desgraciadamente el Gobierno de Zapatero, a ofrecer solución y España es
el único país que no tiene una ley digna de segunda oportunidad junto con Hungría y Bulgaria. Y cuando se deciden a hacerlo lo hacen a medias y no copian lo mejor, sino lo peor de otros países. ¿Por qué? Señor De Guindos, cuando usted se lea, si
es que se lee, lo entenderá. Escuche su intervención de hoy y las otras, porque usted está más obsesionado en proteger el mercado hipotecario. Para usted el país son estadísticas, no personas. Por tanto, el derecho a la vivienda y la vida digna
siempre es subsidiario del mercado hipotecario. Eso es lo que nos han dicho durante tres años y eso es lo que nos ha vuelto a decir hoy. Como las cosas van mejor, vamos a ver si damos una segunda oportunidad a las familias, y no lo hacen. ¿De
verdad se creen ese argumento que dicen ustedes de que no lo han hecho antes para evitar impagos estratégicos? Piensen un poco. Piensen, por favor, y piensen en las personas. ¿De verdad se creen que las personas dejan de pagar y ofrecen su única
vivienda habitual en dación en pago por cálculos estratégicos? ¿En qué mundo viven ustedes? El PP presenta esta medida como otras. Ustedes se presentan como unos liberales, usted especialmente. Señor De Guindos, no he visto nunca a un
intervencionista de clase mayor que usted. Usted no es un liberal, es un intervencionista de clase. Si usted fuera liberal, hoy hubiera venido aquí copiando, por ejemplo, algunas de las legislaciones de Estados Unidos, donde tienen muy claro que
cuando se conceden créditos dudosos que después no se pagan, quien asume la insolvencia, la quiebra o una parte es también el acreedor, el banco, porque así incentivan el autocontrol del sistema financiero, cosa que ustedes no, porque son liberales
para los beneficios e intervencionistas para las pérdidas, pero solo de los bancos, no de las personas. Ustedes cargan la responsabilidad de la insolvencia y de la quiebra en los deudores. Se olvidan de una cosa básica: se trata de personas que
han perdido el trabajo o pensionistas que han hecho de avalistas de sus hijos, en muchos casos familias monoparentales, mujeres separadas y divorciadas. Además de eso, además de ser intervencionistas de clase, permítanme que se lo diga, están
ustedes imbuidos de una profunda cultura luterana, judeocristiana, de la culpa, el castigo y el escarmiento. Se lo voy a explicar. (Aplausos). El decreto-ley tiene mucho de eso, de luterano, de judeocristiano. Por eso, ustedes no presumen como
en Estados Unidos de la buena fe del deudor, sino su culpa. Fíjese bien que le estoy hablando de Estados Unidos, no del Sóviet Supremo. Por eso, imponen al deudor que demuestre su buen comportamiento no habiendo rechazado una oferta de empleo en
los

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cuatro años anteriores. Por eso, le imponen una especie de libertad condicional durante cinco años durante los cuales en algunos casos deberán estar trabajando para los acreedores. Por eso, incluso les imponen en este decreto-ley la carga
de los gastos del concurso. ¿Se dan cuenta ustedes de quién están hablando? ¿Se creen que alguien que está en quiebra puede pagar los gastos del concurso de acreedores? No, señores, no van ustedes bien.


El resultado de lo que ustedes presentan como segunda oportunidad por no garantizar no garantiza ni el derecho al uso de la vivienda habitual. ¿Puede haber segunda oportunidad para la vida de alguien sin un techo en el que vivir? ¿Saben
ustedes lo que es vivir en la calle? ¿Lo saben? (Rumores). Y va por ustedes, ¿saben ustedes lo que es vivir en la calle? ¿Cómo pueden presentar un decreto-ley que dice que no se garantiza el derecho a la vivienda habitual? ¿Y a eso le llaman
segunda oportunidad? (Aplausos). Exigir que el deudor insolvente presente el concurso en el plazo de dos meses desde que entró en insolvencia, si no se le declara al insolvente en quiebra culpable, eso es lo que ustedes mantienen en esta
regulación, es no entender que estamos hablando de personas, que no estamos hablando de una multinacional, de una inmobiliaria. Nuestras propuestas, se las hemos presentado, para aquellos que dicen que siempre decimos que no, las tenemos y están
presentadas como enmiendas a la Ley Concursal, aprovechan las mejores experiencias de Estados Unidos y las experiencias más avanzadas de Europa. Por ejemplo, que los mecanismos de mediación extrajudicial sean un derecho, no una obligación ni un
requisito. Por ejemplo, la protección, en cualquier supuesto y por encima de los derechos de los acreedores —ahí está la clave de bóveda de la segunda oportunidad; en cualquier supuesto y por encima de los derechos de los acreedores—, la
protección –digo— de aquellos derechos básicos para que la segunda oportunidad sea real, efectiva y permita una vida digna. ¿Cuáles son? Están dibujados en la legislación europea: el uso de la vivienda habitual incluso después de haberla
entregado en dación en pago; los bienes necesarios para garantizar alimentos, luz, gas, agua, escolaridad y salud, incluida –y lo voy a decir así— la cancelación de los créditos al consumo necesarios para comprar esos bienes, como sucede en la
legislación de Estados Unidos; también las herramientas profesionales para que las personas, autónomos, puedan continuar desarrollando su profesión y oficio, ganarse la vida y poder devolver sus créditos.


Señor ministro, eso no es una segunda oportunidad, y usted lo sabe, como no es una mejora del código de buenas prácticas lo que usted nos ha planteado, eso nació como un placebo para evitar las soluciones aportadas por la PAH y por nuestro
grupo, y así continúa. Eso sí, ahora reconocen que los requisitos exigidos en el código de buenas prácticas excluyen a muchas personas y son excesivos por los requisitos que establecen y la expulsión a la que someten a determinadas personas.
¡Bienvenida la claridad, tres años después! Eso es lo que le hemos estado diciendo durante tres años. Me permitirá usted decirle una cosa, señor De Guindos: venir usted hoy aquí y su grupo a decirnos eso después de tres años negándolo, es cuando
menos un poco cínico en términos políticos; tres años durante los cuales ustedes han permitido que se produzca una media de 146 desahucios cada día, y encima vienen y se vanaglorian de su código de buenas prácticas, 14.000 casos. Por favor, eso es
ver el vaso muy lleno, el vaso dice lo siguiente: esconden que las daciones en pago han sido concedidas solo al 0,7 de las familias ejecutadas, que la moratoria alcanza solo al 8 % de los desahuciados y que el famoso Fondo social de la vivienda,
ese con la que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría llenó una rueda de prensa y márquetin político un viernes, no se me olvidará nunca, ha llegado solo al 0,4 % de las familias que se han quedado sin vivienda. (Aplausos). Y ustedes insisten,
insisten en eso. Nos podíamos haber ahorrado bastantes sufrimientos, si no de todo el mundo, de algunas familias, y vienen ustedes y con toda la concesión del mundo dicen: vamos a mejorar el umbral de la pobreza, vamos a subir de 12 a 14 los
Iprem, en lugar de 12 Iprem que sea 14 Iprem el umbral de la pobreza. ¿Saben ustedes que tienen congelado el Iprem desde hace cuatro años? ¿Saben que para ustedes el umbral de la pobreza son 7.455 euros al año? Eso no es el umbral de la pobreza,
eso es el umbral de la no vida, de la no vida. (Aplausos). Y así nos lo plantean ustedes, como una cosa absolutamente positiva. Cierto, han aceptado ustedes por fin lo que les hemos planteado todos los grupos de la Cámara, que no mantengan más en
vilo a las familias y aplacen por dos años más el lanzamiento de vivienda habitual a aquellos que han sido ejecutados.


En materia de cláusula suelo, señor De Guindos, ¿puede usted decirnos por qué han perdido la oportunidad de incorporar a esta ley la jurisprudencia del Tribunal Supremo para la nulidad de las cláusulas suelo abusivas? Porque usted lo que
hace es lo siguiente, dice que no se podrán aplicar las cláusulas suelo abusivas a los pobres de solemnidad, a esos que no ingresen más de 7.400 euros, y usted lo presenta como un avance. ¿De verdad se cree lo que está diciendo? Y además no solo
eso, sino que lo meten no como una obligación normativa, sino en el código de buenas prácticas, que le recuerdo que es voluntario,

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o sea encima sometido a la voluntariedad de los bancos. Por cierto, si quieren ustedes de verdad una segunda oportunidad para esas personas, le sugiero una medida, plantee al Gobierno que retire de una vez por todas el recurso ante el
Tribunal Constitucional contra la Ley de Vivienda de Andalucía, porque ustedes ni dan segunda oportunidad ni dejan que la demos los demás, ni comen ni dejan comer. (Aplausos).


Señorías, ahora iba a hablarle al señor Catalá pero, claro, no está. No está, no ha creído oportuno venir aquí a defender su decreto-ley ni tan siquiera a escucharnos. (Un señor diputado: Está trabajando). Ya, él está trabajando. ¿Y los
que estamos aquí estamos vagueando o qué? ¡Por favor, no seáis torpes! La principal responsabilidad de un ministro es venir aquí a dar la cara, sobre todo cuando tiene que explicar por qué se carga la tasas judiciales que ha estado defendiendo
durante tres años y por qué su Gobierno ha continuado defendiendo que las tasas judiciales no impedían el acceso a la justicia cuando así ha sido. ¿Por qué tienen ustedes un concepto tan clasista de la justicia? ¿Por qué lo han negado durante tres
años y ahora lo retiran y hacen como si no pasara nada, y encima no viene el ministro ni a dar la cara? (Aplausos). Lo que es peor, tendría que haber venido el ministro Montoro para explicar dónde están los 612 millones que han recaudado ustedes
de tasas judiciales. Se lo explico: en los bajos fondos del señor Montoro. No ha sabido explicar dónde está eso y encima vienen ustedes con este planteamiento.


Dos preguntas. ¿Por qué continúan cargando tasas judiciales a las pequeñas empresas? Ya que no explican lo primero, ¿pueden explicar lo segundo? ¿Cómo va a resarcir el Gobierno a los ciudadanos que no han podido acceder a la justicia por
el sobrecoste económico de las tasas durante estos años? La verdad es que ustedes lo tienen fácil, le pueden echar la culpa al señor Gallardón, que la tiene de todo lo que les ha pasado desde ese punto de vista. Permítanme que les diga que ustedes
aplaudieron a rabiar, como hooligans, esta gran injusticia y esta verdadera chapuza. Ustedes presentan al señor Gallardón como un monstruo pero él no es un espontáneo de la política ni un verso suelto; es su hijo político, el hijo de una ideología
clasista y de señoritos que entiende que a la justicia se accede si se tiene dinero, y si no no. Ahora lo tienen que rectificar y encima no lo explican.


Señorías, termino con un tema importante: la exención de cuotas a la Seguridad Social. Nos presentan la exención de cuotas como un incentivo al empleo indefinido para contratar parados —acuérdese bien de eso que le digo— y olvidan que
todos los expertos reconocen, y demuestra la experiencia, que este tipo de políticas no ha creado empleo, que ha sido tirar el dinero. Entre 2002 y 2014 se han destinado 34.000 millones de euros públicos a incentivar la contratación indefinida.
¿Alguien me puede decir si ha habido algún resultado positivo? El informe Toharia de la anterior legislatura que deja bien claro que eso fue tirar el dinero; a eso se llama peso muerto porque lo único que hace es sustituir un tipo de contratos por
otro pero nunca incentiva el empleo, y menos el indefinido. Por cierto —no lo digo yo—, lean ustedes lo que dijo la señora Bañez en el debate de 8 de marzo de 2012 cuando presentó la reforma laboral; dijo exactamente eso. Para justificar que
retiraba las bonificaciones generalizadas y solo las mantenía para determinados tipos de contratos dijo literalmente que la bonificación generalizada era tirar el dinero público, y que era imprescindible hacer un buen uso de los recursos públicos.
Si era así hace tres años, ¿ahora ya no lo es? Ustedes están tirando el dinero; no tiran el suyo, tiran el de los pensionistas porque por si fuera poco esta vez no hay bonificación.


No es el SEPE el que paga a la Seguridad Social los 1.500 millones que va a costar esto; no, no, no. Son los pensionistas los que con sus pensiones van a financiar 1.500 millones, un regalo a las empresas, que no va a servir para crear
empleo. (Aplausos). No va a servir para crear empleo —ustedes lo saben— entre otras cosas porque así se ha demostrado con la tarifa plana, que le ha costado a la Seguridad Social 1.260 millones de euros en un año en el que el Fondo de reserva ha
tenido que echar mano de 14.000 millones de euros, y luego dicen que no tienen ustedes dinero para mejorar las pensiones. Señorías, además déjenme que les diga que la exención y el diseño que han hecho no va a servir ni para permitir la
contratación indefinida, ni tan siquiera para la contratación de los parados. ¿Se han dado cuenta ustedes de que en su decreto-ley permiten que de esas exenciones se beneficien empresas que contraten a gente que no está parada? No hace falta estar
parado para ser contratado con esa exención. Con lo cual, ¿cómo lo pueden presentar ustedes como un incentivo al empleo? No, señorías, no es así. Su regulación además abre la puerta al uso fraudulento. No quiero presumir el fraude en el uso de
esa exención pero es que ustedes lo brindan en bandeja. Por ejemplo, exigen que haya incremento neto de plantilla pero en relación con los treinta días anteriores; o sea, despido en julio y en septiembre vuelvo a contratar. Eso sí, tiene que ser
un despido que haya sido declarado judicialmente improcedente, si es procedente no; en un despido económico uno puede ajustar plantilla en julio y en septiembre contratar con

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exención. ¿Saben ustedes qué están haciendo con eso? Están incentivando prácticas desafortunadas de dumpin social entre empresas o de fraudes dentro de las empresas del mismo grupo, porque tampoco eso se impide; están promoviendo un
efecto sustitución de trabajadores, siendo pagadas las indemnizaciones de los trabajadores despedidos por la Seguridad Social por vía de esas exenciones. Eso sí, regalan ustedes 1.500 millones de euros a las empresas a cambio de nada, siendo
cicateros con los parados. Les recuerdo que el Plan de reactivación del empleo que acaba de aprobar el Consejo de Ministros se calcula que va a suponer, en el mejor de los casos, 179 millones de euros en 2015; comparen ustedes 179 millones de
euros para los parados sin prestación con los 1.500 de regalo para las empresas.


En relación con las peonadas, al final han aceptado ustedes lo que era un clamor en el mundo agrario, pero otra vez su rectificación lo es a medias y deja a mucha gente fuera. Ha llegado el momento de revisar de una vez las políticas de
subsidio agrario. Les sugiero que abordemos, como les plantee hace poco, la propuesta de una renta mínima garantizada de ciudadanía, que nuestro grupo presentó hace unas semanas y que contó también con el voto en contra del Grupo Popular y con una
curiosa abstención que aún me deben explicar.


Termino, señorías. Hoy el Gobierno y el Grupo Popular se han puesto la careta de la rectificación, pero es un engaño más; lo que ustedes nos presentan no es una segunda oportunidad para las personas insolventes ni va a generar empleo ni
resuelve el drama del desempleo agrario. Se trata de una segunda oportunidad para que los bancos laven su cara y ustedes salven la suya. Esperemos que esta vez ni la manipulación ni la propaganda masiva a la que nos tienen sometidos, ni sus falsos
propósitos de enmienda consigan hacer olvidar a la ciudadanía la pobreza, la desigualdad, las injusticias y el sufrimiento que han provocado con sus políticas durante tres años. La vida digna parece ser incompatible con un Gobierno del Partido
Popular.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Coscubiela.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro de Economía y Competitividad, señoras y señores diputados, quiero señalar la valoración del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió respecto de la convalidación de este real decreto, en el que se discuten y plantean
bastantes temas, siendo básicamente tres las cuestiones a las que damos una gran importancia, como son el mecanismo de la segunda oportunidad, la reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Nuestro grupo considera que este
real decreto es positivo; compartimos la mayoría de las medidas en él incorporadas, pero al mismo tiempo pensamos que llega tarde. Antes de entrar en el detalle de las consideraciones al articulado, nos gustaría realizar algunas reflexiones al
respecto. En primer lugar, señor ministro, entendemos que conviene y urge adaptar este real decreto a la realidad. ¿Qué quiere decir esto de adaptarlo a la realidad? Que consideramos que este es un real decreto excesivamente rígido, excesivamente
burocrático y excesivamente técnico, que seguramente ha sido elaborado por altos cargos del Ministerio de Economía, del de Hacienda y del de Justicia. A pesar de que técnicamente pueda ser sobresaliente, conviene airearlo, adaptarlo a la realidad;
conviene que nosotros, los grupos parlamentarios, seamos capaces de pisar la calle —el grupo en nombre del que estoy hablando lo es— y poder dotarlo de contenidos sociales. En definitiva, es imprescindible que incorporemos a este real decreto el
alma social que necesita esta legislación para ponernos en la piel de todas aquellas personas que se han arruinado en el ejercicio de sus responsabilidades en el negocio, de buena fe —vuelvo a repetir, de buena fe—. La mayoría de ellos son
empresarios, autónomos que se han sobreendeudado y la crisis les ha cogido por la mitad; familias que han perdido la vivienda habitual o familiares que han avalado la viabilidad del negocio o la compra de una vivienda habitual y que la crisis les
ha destrozado. Por eso si hoy no adaptamos esta ley a la realidad, se verán abocados toda su vida a trabajar en la economía sumergida. Por lo tanto hay que adaptar esta legislación excesivamente rígida; hay que darle aire, abrir las ventanas.
Ustedes han de hacer caso a los grupos parlamentarios que tenemos un contacto muy cercano con la realidad. Usted, señor ministro, hoy nos tendría que dar la buena noticia de que este real decreto lo va tramitar como proyecto de ley para que podamos
hacer realidad darle este contenido social, esta alma social, este pulmón financiero legislativo a todas aquellas familias que se han visto abocadas a una crisis y que están condenadas de por vida a estar en la economía sumergida.


Segunda consideración que nosotros le queremos hacer. Convergència i Unió desde la anterior legislatura, señor ministro, ha presentado sendas proposiciones de ley para implementar medidas para

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hacer viable una segunda oportunidad para aquellos que habían fracasado en los negocios y también para todas aquellas personas que estaban al borde del precipicio, a punto de perder sus viviendas habituales. Son dos proposiciones de ley a
las que no hizo caso en su momento el Gobierno del Partido Socialista y a las que ustedes al final de esta legislatura han hecho caso —nos han dado la razón a Convergència i Unió— en todos aquellos aspectos fundamentales en nuestra opinión para
abordar esta situación y darles este pulmón financiero. Es una segunda oportunidad para más de 500.000 personas, señor ministro —más de 500.000 personas—, que hoy están abocadas inevitablemente a la miseria no para los próximos cinco o diez años
sino para toda su vida. Hay recomendaciones de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, que han insistido con cierta vehemencia al Gobierno del Estado español para que esta segunda oportunidad finalmente viera la luz. Hoy ha llegado al Congreso
de los Diputados de una manera yo diría rígida, pero tendríamos que flexibilizarla y tramitarla como proyecto de ley. Es una legislación en la que hay depositadas muchas esperanzas, sobre todo porque no hay que olvidar que hay más de 500.000
personas afectadas en España: empresarios, autónomos de buena fe que han fracasado en sus negocios, muchísimos familiares que han avalado a sus hijos o a sus nietos para la compra de una vivienda habitual, que también están pagando las
consecuencias, aparte de muchísimas personas que ahora podrían estar al borde del precipicio. Quizás si somos capaces de flexibilizar esta ley —repito que es interesante y compartimos sus objetivos— evitaríamos que estas empresas fueran a la
insolvencia definitiva y al mismo tiempo que muchísimas personas fueran a una situación de desempleo. Por tanto vale la pena que reflexionemos, señor ministro; hagan caso en esta cuestión —vuelvo a hablar de Convergència i Unió— a las propuestas
que les vamos a hacer, porque cada vez que las hemos ofrecido para resolver situaciones de crisis profundas al final hemos acertado. Señor ministro, yo me acuerdo de que a finales de la anterior legislatura, cuando España estaba abocada a una
intervención de la Unión Europea, planteamos aquí la posibilidad de crear un banco malo, y no nos hicieron caso. En el debate de investidura de esta legislatura propusimos la creación de un banco malo; finalmente lo han hecho, y probablemente esto
ha sido beneficioso para salvaguardar el sistema financiero español. Veamos ahora en esta legislatura y con esta ley si somos capaces —usted ha demostrado que lo es— de ser cómplices, de tener la complicidad con los diferentes grupos parlamentarios
para otorgar una flexibilidad que pueda dar resultados positivos en la negociación parlamentaria.


¿Cuáles son aquellos aspectos que creemos que se tendrían que modificar? Aparte de eliminar las rigideces, como he dicho anteriormente, creemos sinceramente que hay que mejorar la mediación relativa a las insolvencias de las personas
físicas que actúan como consumidores particulares y que principalmente han perdido su vivienda habitual. Aquí, señor ministro, también le vamos a hacer una propuesta relevante, interesante, que podamos dar participación a todas aquellas comunidades
autónomas que tienen probada experiencia en los temas de mediación, como es el caso de Cataluña. Es probable que haya otras comunidades autónomas que tengan experiencia como la nuestra, pero ya que ustedes ofrecen la posibilidad de mediación a los
notarios, a las cámaras de comercio, valdría la pena que también lo aplicaran —por qué no— a todas aquellas instituciones que tienen probada experiencia en esta situación. Debemos hacer hincapié en aquellos aspectos que hacen referencia a la
mediación para dar prioridad absoluta a todas aquellas personas físicas que actúan como consumidores finales, ya que probablemente evitaríamos que muchísimas de ellas perdieran su vivienda habitual o, en caso de que estuvieran en carácter de
alquiler, pudieran verse abocadas a tener que dormir en el exterior de lo que representa una vivienda habitual. Es una buena oportunidad para que ustedes tomen nota de esta situación de la insolvencia de personas físicas, que es una novedad
importante, y en la aplicación de la mediación en los consumidores finales como personas físicas en el tema de la vivienda habitual.


Otra cuestión relevante, señor ministro, es que hay que mejorar la retroactividad; hay que procurar que la ley aclare suficientemente las normas para que todas aquellas personas que ya están sumergidas en esta situación, unas 500.000,
puedan acogerse a dicha legislación. Hay varios temas fundamentales que tendría que tocar con gran complicidad el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno; por ejemplo, señor ministro —en esto reclamo su atención, porque todo es relevante,
pero quizás este tema lo es un poco más—, qué trato vamos a dar a los acreedores públicos (Hacienda y Seguridad Social), que creemos que también deberían verse implicados en las quitas que corresponden a la deuda insatisfecha. ¿Por qué un acreedor
normal va a tener la posibilidad de perder la capacidad de cobrar un crédito de un insolvente de buena fe y la Seguridad Social y Hacienda van a tener que cobrar necesariamente? Esto no es justo. ¿Por qué el acreedor normal, que es un empresario,
un familiar, un autónomo, va a perder el cien por cien del crédito que tiene concedido con este acreedor de buena fe y la Hacienda y la Seguridad Social

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no? Esto no es justo, porque tampoco lo van a cobrar. Es aquí, señor ministro, donde le digo que han de dar un paso adelante, han de pisar la calle, han de conocer la realidad para llegar a tener una regla exactamente igual para todos los
acreedores, sea una persona física o una empresa, no le hablo ya de los bancos pero sí de la Hacienda pública y la Seguridad Social.


Otra cuestión importante, señor ministro. La existencia de un proceso penal no puede paralizar un procedimiento de solicitud concursal. Le voy a poner un ejemplo. Un señor que tiene un problema de alcoholemia leve y está inmerso en un
procedimiento judicial no puede acogerse a una ley de segunda oportunidad. ¿Por qué? Resolvámoslo, porque son cuestiones de sentido común. Otra cuestión son los requisitos exigidos y el umbral de las deudas que el deudor debe haber satisfecho
para acceder a su exoneración. Son medidas rígidas que valdría la pena flexibilizar para que esta ley fuera de carácter universal para todas las personas que están en esta situación. Otro tema que ustedes tratan en este real decreto es la exención
de 500 euros de cotización durante dos años. Esta es una medida positiva que va en la dirección de lo que ha propuesto siempre Convergència i Unió; es insuficiente, ya que entendemos que estas medidas tendrían que ir acompañadas de un claro
incremento de las política activas destinadas a la recolocación de quienes han ido perdiendo el empleo en los últimos años y de ambiciosas políticas de formación para aquellos jóvenes sin empleo y con fracaso escolar.


Voy a acabar, señor ministro. Hay otra cuestión a la que le damos una gran importancia, la modificación del impuesto sobre sociedades para todas aquellas asociaciones sin ánimo de lucro. Señor ministro, antes de la última reforma fiscal
estaban exentas todas aquellas asociaciones (culturales, deportivas, municipales, de padres y de madres) que no llegaban a los 100.000 euros de ingresos. El Gobierno, como ya le he dicho, está encerrado en un ministerio de vidrio, con grandes
asesores y funcionarios de gran categoría, pero todos desconocen la realidad; no se les ocurre otra cosa, señor ministro, que decir que ahora todas las asociaciones van a tener que hacer frente al impuesto sobre sociedades. Se ha armado —iba a
decir una palabrota, pero no la quiero decir en el hemiciclo— un follón considerable en toda la sociedad española. Han sido tremendas las quejas que han llegado al Ministerio de Hacienda por una chorrada, por no conocer la realidad, por no pisar la
calle. Ahora ustedes lo modifican: 100.000 no —que era lo que había antes, y lo estableció el Grupo Popular a instancias de Convergència i Unió; es por lo que les digo que nos hagan caso, y seguramente las cosas irían mejor—, van a ser 50.000.
¿Por qué 50.000 y no 100.000? (Rumores). En este sentido, pónganse en la situación de las asociaciones de padres, de madres, de antiguos alumnos, de colegios, de las entidades culturales o deportivas y vuelvan a la situación inicial en la cual
estaba todo el mundo más o menos satisfecho. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Vamos a esperar a que el ministro aclare si va a permitir que este real decreto se tramite como proyecto de ley. Lógicamente si esto es así, votaremos
favorablemente a la espera de que ustedes, en ese proyecto de ley que se debatiría en la Comisión de Economía, tuvieran el alma social que les reclama Convergència i Unió para dar una salida airosa a estas más de 500.000 personas en situación de
desesperación, porque muchísimas de ellas han perdido la vivienda. No quiero ser más catastrofista que el señor Coscubiela, que me ha precedido en el uso de la palabra, pero vale la pena resaltar que es una situación delicada y urgente, en la que
cabe poner medidas como propone este grupo para darle una solución óptima.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, oyendo los argumentos expuestos por los diversos grupos, me veo obligado a decir en el frontispicio de esta intervención, sobre todo para que lo oiga mi grupo, que hoy estamos
aprobando un decreto-ley que va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. (Aplausos). Es un decreto-ley muy bueno, y lo digo porque a veces se dan aquí argumentos y se puede acabar creyendo que lo que dicen es verdad. Pues no, señorías, no.
Compañeros de mi grupo parlamentario, lo que se dice no es verdad. Estamos ante un decreto-ley que es muy bueno para mejorar la situación económica y la calidad de vida de las familias. Este decreto-ley se va a aprobar hoy aquí porque la historia
económica de estos tres últimos años es una historia de éxito. Se va a aprobar este decreto-ley porque, de estar destruyendo 2.200 empleos diarios desde 2008 hasta 2011, estamos creando 1.200 empleos diarios en 2014. (Aplausos). Se puede aprobar
este decreto-ley porque tras años y años de sufrimiento y recesión, de 2008 a 2011, desde que el Gobierno del Partido Popular tomó las riendas de la economía de este país hemos pasado a una situación de crecer y de hacerlo muy

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vigorosamente, más que ningún otro país de la Unión Europea. Por eso podemos aprobar hoy este decreto-ley.


Cuando se habla de que el escenario macroeconómico no llega a los ciudadanos, hay que decir que este real decreto-ley que hoy convalidamos es una manifestación clara y contundente de que cuando se hacen las cosas bien, cuando se crece,
cuando el entorno macroeconómico es bueno el bienestar llega a los ciudadanos porque se pueden tomar medidas positivas para ellos. Cuando se destruye empleo, cuando se tiene crecimiento negativo, no hay quien tome una medida positiva porque no se
puede. Por eso, señorías, este decreto-ley es muy bueno para las familias y para los ciudadanos y se puede aprobar porque hay una situación económica que lo hace posible; una situación económica positiva consecuencia de las medidas que este
Gobierno ha ido tomando. Es un decreto-ley que se enmarca en el plan reformas que el Gobierno del Partido Popular está adoptando y en el objetivo de hacer llegar el crecimiento a los ciudadanos. Por eso hoy vamos a convalidarlo.


Este decreto-ley indica, como antes decía, que hemos tenido una historia de éxito en estos tres años. Es una historia en la que hay un objetivo: crecer, crear empleo, mejorar la situación económica para trasladarla al bienestar de los
ciudadanos, a oportunidades para los ciudadanos. Y también por eso hoy podemos decir que no queremos dejar a nadie tirado en el camino. Eso representa este decreto-ley, porque este decreto-ley es una reforma estructural importantísima, supone
modernizar el artículo 1911 del Código Civil, ese que todos estudiamos y que decía que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos los bienes presentes y futuros. Lo que estamos haciendo hoy es modernizar un artículo del
Código Civil. Decía el señor De la Rocha que hemos perdido tres años. Bueno, habremos perdido ciento y pico años, porque esto no es de 2011, sino de hace ciento y pico años. (Aplausos). Lo que hace este Gobierno es modernizar la situación.


Señorías, mi grupo es un grupo responsable. Nosotros entendemos que la economía, para funcionar, necesita del crédito, necesita que haya créditos bancarios, necesita que haya financiación no bancaria y necesita que haya financiación de
proveedores. La economía, para funcionar, desde el inicio de los tiempos necesita del crédito y, por tanto, cualquier ordenamiento jurídico desde siempre se ha planteado cómo se regula el cobro de las deudas y qué se hace con los que no pagan. Eso
ha sido continuo, porque se tiene que contar con un marco que haga más favorable el trato al que paga que al que no paga, se necesita un marco jurídico que fomente la cultura de pago y que impida que la cultura de no pagar esté primada. ¿Qué le
diríamos a los millones de ciudadanos que con sacrificio pagan todos los meses si no pagar es lo mismo que pagar? Pero eso no quiere decir que no tengamos que modernizar las estructuras para que al que no puede por razones sobrevenidas, porque
efectivamente no puede hacer frente, se le den más oportunidades, pero sin cargarse ni el crédito ni la cultura de pago. Eso es lo que hace un Gobierno responsable y eso es lo que hace este decreto-ley.


Seguramente en el siglo XXI el artículo 1911 necesita modernizarse, seguramente que sí, y por eso lo estamos haciendo y por eso nos lo estamos planteando, pero siempre se ha pensado qué pasa con los que no pagan. En el Imperio Romano los
vendían como esclavos; en la Edad Media había pena de prisión para los que no pagaban las deudas; el artículo 1911 de hace un siglo lo que decía era que se respondía con todos los bienes presentes y futuros. Ahora podemos avanzar, la sociedad
moderna nos exige avanzar, pero no avanzó el PSOE desde el año 2004 a 2011; ha avanzado el Gobierno del Partido Popular, que es el que lo ha hecho porque ha logrado que la economía crezca. (Aplausos). Señorías, no solo estamos hablando de un
cambio normativo de futuro; se llama decreto-ley de segunda oportunidad, pero también es un decreto-ley de rescate a los que se han quedado tirados con la crisis. Esto lo podríamos llamar perfectamente decreto-ley de rescate a las personas que lo
han necesitado, porque no solo se trata de que cambiemos la normativa para el futuro, señorías, es que con este decreto-ley se rescata a las miles y miles de personas, tanto a empresarios individuales o autónomos que no tienen forma societaria, como
a las personas físicas y, señor De la Rocha, también a las personas jurídicas a las que los bancos exigían que avalaran con su patrimonio personal, porque no es verdad que porque un señor tuviera una sociedad mercantil no le pidieran también avales
personales cuando iba a pedir un crédito. Pues bien, a todas esas miles y miles de personas también se les rescata con este decreto-ley. Se les ofrece una oportunidad y se les dice: si has hecho todo lo posible por pagar, si has hecho todo lo
posible por afrontar tus compromisos de pago, si has hecho todo lo posible por cumplir y no puedes por razones sobrevenidas, nosotros dejamos que tengas una segunda oportunidad para que no estés sumergido en el ostracismo porque te quedan unas
deudas pendientes de pagar que se comerían tu sueldo, tu pensión o lo que sea. Esto es lo que hace este decreto-ley. Por eso podemos estar orgullosos cuando votemos este decreto-ley, porque estamos

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rescatando a miles y miles y miles de personas que se han quedado atrapadas en la crisis. Y se hace bien porque se establece, primero, un sistema extrajudicial de pago, para no colapsar los juzgados, para que la lentitud de la justicia
—ojalá fuera mejorable— no les lleve a que esa situación se alargue. Hay un sistema extrajudicial efectivo, bueno, que puede ayudar a miles, pero luego también habrá un sistema en los tribunales de Justicia. Se va a rescatar a miles y se va a
crear una situación de futuro mejor para ellos.


Señor ministro, todos los grupos piden que se tramite como proyecto de ley y nuestro grupo también estaría de acuerdo, para así poder aceptar las modificaciones, mejoras y sugerencias que nos quieran hacer, en el bien entendido de que hay
que compaginar la cultura de pago con las situaciones sobrevenidas. Es muy fácil subirse a esta tribuna y decir: yo atiendo a los que más lo necesitan. No, es que hay que atender a los que más lo necesitan y hay que cuidar a los que mes tras mes
están haciendo frente a los pagos con el esfuerzo, con el sudor de su frente, con su trabajo diario (Aplausos), a esos también hay que cuidarlos. Es muy fácil subirse a la tribuna y decir: me hago abogado de todas las causas de España. No, hay
que hacerse, como hace mi grupo parlamentario, abogado de todos los españoles, de los que lo necesitan y también de los que con el esfuerzo están pagando porque pueden. (Aplausos). Aceptaremos enmiendas, pero las que compaginen bien el no romper
la cultura de pago con la atención de las situaciones sobrevenidas.


¿Podemos avanzar en el diálogo? Por supuesto, pero desde la base de que nos tenemos que poner de acuerdo en que en España hay millones de personas —y todos conocemos casos— que todos los meses pagan los recibos que les llegan al banco y eso
les cuesta un esfuerzo. Tenemos que decirle a todo el mundo que pagar es mejor que no pagar, pero incluso los que están pagando nos piden que a los que no pueden atender sus pagos por razones sobrevenidas y tienen muchas dificultades tenemos que
ayudarlos, y eso es lo que hace este grupo parlamentario. Ahí podemos encontrar puntos comunes.


Se ha avanzado en esta legislatura, hubo un primer texto de modificación de la Ley Concursal, hubo un segundo texto de modificación de la Ley Concursal, se modificó también la situación en la Ley de Emprendedores y hoy hacemos un avance
estructural importantísimo, pero no por una situación que se haya producido hace tres años, sino por una situación de hace más de un siglo que el Grupo Parlamentario Popular puede corregir. Los títulos II y III de este decreto-ley hablan de hacer
llegar la recuperación a los ciudadanos, a las familias, a los emprendedores, recortando las tasas judiciales. Se está avanzando, señorías, porque se están haciendo las cosas bien, se está avanzando porque se está creciendo, y no me cansaré de
repetirlo. Hoy estamos tomando medidas positivas para los ciudadanos porque se da la coyuntura favorable para hacerlo, porque se está creciendo y creando empleo. No nos vamos a cansar de decirlo, señorías. Otros grupos dicen que esto es
publicidad. No, lo que no es publicidad es que cada día que nos levantamos se creen 1.200 empleos en España. (Aplausos). Eso no es publicidad. Tampoco es hablar de ningún tipo de herencia saber que cuando el PSOE gobernaba entre 2008 y 2011 se
destruían 2.200. Hoy estamos trabajando para mejorar la situación de los ciudadanos.


Presidente, señorías, no me quiero alargar, pero quiero que sepan claramente que queremos crecer y que la economía vaya bien para trasladarlo a los ciudadanos. Queremos crecer porque queremos que los ciudadanos vivan mejor. Nadie en esta
Cámara piensa más en las personas concretas que se levantan y tienen afanes todos los días que los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular. (Aplausos). Nadie, señorías, nadie. No pueden subir a la tribuna y uno tras otro insultar al
Grupo Parlamentario Popular y que ahora yo diga que todos somos iguales. No, quien trabaja por las personas y por España es el Grupo Parlamentario Popular. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!—Aplausos.—Rumores). Y si les escuece, lo siento.


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Martínez-Pujalte.


Pido silencio.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Queremos crecer para no dejar a nadie tirado. Aquí veo muchos que vienen a la tribuna diciendo que tienen mucha sensibilidad social y son muy progresistas. Dicen: es que yo no me pongo corbata y, desde
que no me pongo corbata, mi sensibilidad social es total. (Risas). Pues no, señorías, no basta con mirarse al espejo por la mañana y decir: ¡qué progresista soy, voy a acusar a los del PP de que no duermen en la calle! Como si ellos durmieran en
la calle. No basta mirarse al espejo y fardar de sensibilidad social. La sensibilidad social y ser progresista es trabajar, esforzarse, cambiar España y cambiar las leyes cada día con mucho esfuerzo y que eso se convierta en crecimiento y en
empleo. Eso es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular y los diputados y diputadas del Partido Popular. (Aplausos). Ya estoy un poco cansado, señorías. Perdónenme, señorías,

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pero ya estoy muy cansado de los que se suben a esta tribuna, insultan a los diputados y diputadas del Partido Popular y se van tan contentos diciendo: no, hombre, somos amigos, eran cosas del guion, pero es que yo soy muy moderno y muy
progresista. No, no. El progresismo, el modernismo y la sensibilidad social son trabajo, esfuerzo, reformas y sacar el país adelante. Eso es lo que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular, y quiero decir, señorías, que lo hemos hecho solo con un
objetivo: por amor a nuestro país y por servir a los ciudadanos, porque cada día los diputados y diputadas del Partido Popular y el Gobierno se levantan pensando en cada persona, sobre todo en las que lo pasan mal, y hoy están algo mejor que cuando
Zapatero se sentaba ahí.


Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!—Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señor Campos, no le voy a llamar al orden hoy porque es su cumpleaños, pero le ruego que esté en silencio. (Risas).


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.


No tengo ninguna intención de reabrir el debate. Solamente quiero agradecer todos los comentarios, confirmar que vamos a tramitar el decreto-ley como proyecto de ley y que, al igual que ha ocurrido en los anteriores decretos-leyes que han
tenido que ver con el régimen de insolvencia, estaremos abiertos a todas las aportaciones de los grupos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Economía y Competitividad.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (CONTINUACIÓN):


— PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 34/1998, DE 7 DE OCTUBRE, DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, Y POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS EN RELACIÓN CON LA EXPLORACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
HIDROCARBUROS. (Número de expediente 121/000126).


El señor PRESIDENTE: De acuerdo con lo que planteé el martes y aceptó el Pleno, vamos a continuar con el debate de totalidad del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la
que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. Para presentar este proyecto de ley, tiene la palabra el ministro de Industria, Energía y Turismo.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señor presidente, señorías, comparezco en nombre del Gobierno para proceder a la defensa del proyecto de ley que modifica la Ley del Sector de Hidrocarburos y que regula
además algunas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y la explotación de hidrocarburos. También comparezco para solicitar la retirada de las enmiendas a la totalidad presentadas por parte de algunos
grupos, sobre la base de los argumentos que voy a exponer a lo largo de la siguiente exposición.


Señorías, este es un proyecto de ley necesario y oportuno. Es un proyecto de ley necesario porque hoy el sector de hidrocarburos presenta una importante fortaleza. Hay una red de gas natural muy desarrollada en todo el país. Las
infraestructuras gasistas suponen una oportunidad para que España se convierta en centro logístico de gas natural para toda Europa. En Europa hay ahora mismo un debate importante en relación con el tema de la energía en lo que se refiere a la
vulnerabilidad europea en cuanto a la importación fundamentalmente de gas. Este problema viene derivado fundamentalmente por las tensiones crecientes que se registran en Ucrania. Como saben ustedes, una buena parte de todo el gas que se consume en
Europa viene de Rusia y una buena parte de ese gas que se importa desde Rusia viene a través de Ucrania. Pues bien, con los almacenamientos subterráneos existentes en España, con las regasificadoras existentes y con los dos gasoductos que vienen
del Magreb, España hoy estaría en condiciones, si hubiese interconexiones suficientes, para poder suministrar al resto de Europa hasta un 50 % de todo el gas de Rusia que va a Europa a través de Ucrania. No es un gas que sea necesario para España.
España no depende del gas ruso, España se alimenta del gas que viene de Argelia, aproximadamente un 50 %, y también del gas natural licuado que, a través de las regasificadoras

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españolas, llegan hasta esas plantas. Sin embargo, si hubiese interconexiones suficientes podríamos suministrar una parte importante del gas que en España hay disponible hacia otros países europeos. Sobre esta materia, quiero poner en
valor la cumbre que hace pocos días se celebró en Madrid convocada por el presidente Rajoy y bajo su liderazgo, a la que asistió el presidente Hollande, a la que asistió el primer ministro Passos Coelho, a la que asistió el presidente de la Comisión
Juncker, a la que asistió también el presidente del Banco Europeo de Inversiones, en la cual se suscribió la llamada Declaración de Madrid para poner en valor y resaltar la importancia y necesidad de fijar plazos tanto para las interconexiones
eléctricas como también para las de gas.


En segundo lugar, hay una alta capilaridad del sistema de distribución al por menor del gas en España. Hay una elevada seguridad de suministro y tenemos bajo riesgo de desaprovisionamiento por las razones que antes les he apuntado. Hay una
alta diversidad de orígenes de las importaciones de hidrocarburos. Hay una red de más de diez mil estaciones de servicio al por menor. Existe también un sistema de protección al consumidor con un precio regulado de la bombona de butano. Sin
embargo, el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley del Sector de Hidrocarburos del año 1998 hace necesaria su modificación, así como la regulación de determinadas medidas de carácter tributario y también no tributario, con los siguientes
objetivos. En primer lugar, aumentar el grado de competencia y la transparencia en cuanto al sistema de formación de precios a través de la creación de un mercado secundario organizado de gas natural. En segundo lugar, se pretende conjugar el
fomento de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos con la compensación a ciudadanos y administraciones públicas con respecto a los posibles efectos que puedan derivarse de potenciales externalidades negativas. En tercer lugar,
se pretende impulsar con este proyecto de ley la competencia en el sector de hidrocarburos y reducir el fraude con especial atención al mercado de carburantes. En cuarto lugar, garantizar mayor protección al consumidor imponiendo obligaciones de
suministro a las comercializadoras. En quinto lugar, reducir los costes para los consumidores mediante la liberalización de las inspecciones de las instalaciones receptoras de gas, que también podrán ser realizadas a partir del momento en el que
este proyecto de ley sea aprobado y se convierta en ley por parte de instaladores autorizados. Finalmente, este proyecto de ley persigue también adaptar el régimen de sanciones e infracciones.


Señorías, les decía al principio que este no es solo un proyecto de ley necesario, sino que también es un proyecto de ley oportuno porque introduce mayor competencia, supone aminorar la dependencia energética y supone también luchar contra
el fraude. Con tal finalidad se crea un mercado organizado de gas, con entrega física de gas natural —es un mercado voluntario—, garantizando los principios de transparencia, de competencia y también de independencia. Todo ello va a facilitar un
proceso de formación de precios mucho más competitivos y que estos precios puedan ser señales eficientes del mercado. En segundo lugar, se persigue conjugar el fomento de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos con la
compensación de posibles externalidades negativas a ciudadanos y administraciones públicas. En tercer lugar, el proyecto de ley también establece medidas para luchar contra el fraude. A partir de la aprobación de este proyecto de ley se podrá
inhabilitar temporalmente a los operadores de productos petrolíferos durante la instrucción de los expedientes sancionadores por fraude fiscal.


Señorías, este proyecto de ley introduce claras mejoras en el sector de los hidrocarburos líquidos, en el sector de los gases licuados del petróleo y también del gas natural. Se establecen en el proyecto de ley obligaciones de suministro a
los comercializadores al por menor de gases licuados del petróleo a granel. En segundo lugar, se establecen medidas en relación con la existencia mínima de seguridad, sin menoscabar lógicamente la seguridad de suministro, y dotan a los
comercializadores de una mayor flexibilidad y un menor coste.


Quiero referirme a las principales novedades que introduce este proyecto de ley. Se crean nuevas figuras tributarias y no tributarias y se crean para aumentar la competencia y transparencia en la formación de precios mediante la creación
del mercado organizado del gas con entrega física. Se establecen medidas tributarias para las rentas derivadas de los yacimientos de hidrocarburos que puedan revertir también en el conjunto de la sociedad. Se intensifica la liberalización y
competencia en el sector de los carburantes de automoción y se actualiza el régimen de infracciones y sanciones.


Creación del mercado organizado del gas. Será un mercado en el cual la contratación del gas se realizará de forma anónima, de manera voluntaria, adicional en todo caso a las opciones bilaterales que en la actualidad ya existen. Habrá un
mercado de balance al que acudirán los comercializadores para poder ajustar sus carteras. Respecto a la contratación a corto plazo, al menos abarcará hasta el mes

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siguiente al momento en que se hace la operación. Se designa operador del mercado estableciendo sus funciones. Las participaciones accionariales estarán presentes, el propio operador de mercado, el gestor técnico del sistema, agentes del
sector energético y agentes del sistema financiero. También se fija su retribución. Finalmente, se crea un mercado a nivel español, pero se contempla mediante acuerdo internacional la creación de una única zona de mercado entre España y Portugal a
similitud de lo que ocurre con el mercado eléctrico.


En cuanto a las medidas tributarias y no tributarias, se crea, señorías, el impuesto sobre el valor de extracción del gas, del petróleo y condensados, que es un impuesto sobre el valor de la producción. Los tipos impositivos se fijarán en
función del nivel de producción, de forma progresiva en todo caso, y computarán el conjunto de los campos de extracción asociados. En relación con el canon de superficie, que ya existe, se modifica ese canon para adaptarlo a la estructura actual de
cualquier tributo y se actualizan las cantidades a la realidad actual. Se introducen asimismo dos nuevas escalas por perforación de sondeo y adquisición de datos sísmicos. En cuanto a pagos a propietarios, se fija el 1 % del valor de la producción
de un emplazamiento a repartir entre los propietarios de los terrenos suprayacentes.


En cuanto al gas natural, se posibilita que cualquier instalador de gas natural habilitado pueda realizar la inspección de las instalaciones. Se fomenta así la competencia ya que actualmente solo podían realizar inspecciones los
distribuidores. Se fomenta la entrada de nuevos comercializadores mediante el reconocimiento mutuo de licencias para comercializar gas natural con los países que se establezca un acuerdo previo. Se establecen medidas en relación con las
existencias mínimas de seguridad sin menoscabar la seguridad del suministro y que permiten dotar a los comercializadores de una mayor flexibilidad pero también de un menor coste. Se distingue finalmente entre reservas estratégicas, que deben ser
almacenadas por Cores en todo momento, y las reservas operativas que serán almacenadas por parte de los operadores que actúan en el mercado.


En relación con los gases licuados del petróleo, por eficiencia de costes se evita que exista una duplicidad de instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización entre gases licuados del petróleo y gas natural
principalmente. Se obliga al propio tiempo a los comercializadores de gases licuados del petróleo a granel a suministrar a todos los consumidores que lo soliciten, siempre que se encuentren en su misma provincia de actuación, la información que al
efecto se les requiera. En cuanto a los carburantes se podrá inhabilitar temporalmente a los operadores de productos petrolíferos durante la instrucción de los expedientes sancionadores por fraude fiscal.


En definitiva, señorías, este es un proyecto de ley que introduce modificaciones —como decía al principio— que son necesarias y son también oportunas, modificaciones en la Ley del Sector de los Hidrocarburos. Las modificaciones introducidas
afectan, como se ha visto, a los gases licuados del petróleo, afectan a los operadores de productos petrolíferos, afectan al gas licuado del petróleo envasado, canalizado y a granel, afectan a la corporación de reservas estratégicas de productos
petrolíferos, afecta al mercado del gas y también afecta a las actividades de exploración, de investigación y de explotación de hidrocarburos. El proyecto de ley introduce, por tanto, más competencia en el sector. Es verdad que ya se han adoptado
a lo largo de esta legislatura distintas medidas para aumentar la competencia en el sector, y tales medidas, esas que ya se han tomado en el año 2013, se han notado en términos de mayor competencia dentro del sector de las estaciones de servicio.
Quiero recordar que el grueso de las más de 300 nuevas estaciones de servicio que se han creado en España a lo largo de los últimos dieciocho meses, algo más del 90 %, son estaciones independientes. Sin embargo, el Gobierno considera que todavía
hay margen de maniobra para medidas adicionales que vayan en la dirección precisamente de aumentar esta competencia y trasladarla de una manera más clara a los precios de venta al consumidor de los carburantes.


Por todo ello, solicito a los distintos grupos que las habían planteado que retiren las enmiendas a la totalidad de este proyecto de ley, es un proyecto necesario, es un proyecto oportuno. Alternativamente, planteo a los grupos
parlamentarios que contribuyan a la mejora de este proyecto de ley que presentamos mediante enmiendas parciales que vayan en la dirección del interés general de los consumidores. El Gobierno ve con buenos ojos cualquier tipo de propuesta que vaya
en el sentido de mejorar el texto y que estén orientadas, por ejemplo, a una mayor liberalización del sector de los carburantes en el tramo minorista, o aquellas enmiendas que limiten el porcentaje de participación en el mercado de carburantes de
los operadores al por mayor. Hace falta más competencia, por ello ese tipo de enmiendas serán más que bienvenidas. Estudiaremos con mucha atención las propuestas que se nos hagan para facilitar más la apertura de nuevas estaciones; cuantas más
estaciones habrá más competencia y eso es bueno para los

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consumidores porque tiene una traslación en los precios. Al igual que son bienvenidas las enmiendas que mejoren el proyecto de ley en todo lo que concierna a obligaciones para mejorar la información relativa al volumen de ventas, a los
precios de venta al público, al origen del combustible vendido, a los operadores mayoristas a los que se les compra información respecto a los contratos de suministros en exclusiva. La creación de un mercado organizado de gas es una novedad
esperada y deseada por parte de los operadores y de los consumidores; se esperaba esta reforma desde hacía tiempo. El pasado año se realizó la reforma de los sistemas de retribución de las infraestructuras gasistas, tanto de las regasificadoras,
de los almacenamientos subterráneos como de los gasoductos, y ahora lo que toca es reformar el mercado del gas para crear un mercado organizado. Todas las propuestas de mejora que se hagan a lo planteado en este proyecto de ley por parte de los
distintos grupos parlamentarios serán analizadas con mucha atención por el Gobierno siempre que mejoren la financiación, el funcionamiento y la liquidez de este mercado del gas.


Finalmente, quiero decir que España no es un país que esté sobrado de recursos energéticos. Necesitamos reforzar nuestra seguridad energética, necesitamos reforzar la línea de lo que se establece en la estrategia de seguridad nacional. No
hay un solo país del mundo que se niegue a conocer cuáles son los recursos energéticos de los que dispone; ni los Estados Unidos de América, ni México, ni Venezuela, ni Ecuador, ni Brasil, ni Bolivia, ni Reino Unido, ni Noruega, ni Italia, ni
China, ni Rusia… Ningún país del mundo. Es una obligación de todo gobierno responsable, lógicamente, tanto hacerlo desde el punto de vista de las investigaciones respecto a recursos convencionales como también a recursos no convencionales. Ahora
bien, el Gobierno considera que en paralelo a esas tareas de investigación y en su caso de exploración y explotación, la sociedad necesita obtener un rédito de esta actividad; toda la sociedad y también los propietarios de los suelos donde aquel
tipo de actividades tenga lugar. La sociedad y los propietarios de los suelos tienen derecho a una compensación en relación con las potenciales externalidades negativas que se deriven de este tipo de actividad. Por ello se prevén en este proyecto
de ley las medidas tributarias y no tributarias a las que me he referido con antelación; esas medidas son las que están incluidas en este proyecto de ley. Por todo ello, reitero mi petición a los distintos grupos que han planteado enmiendas de
totalidad que las retiren, haciéndoles una invitación a que presenten enmiendas parciales que vayan en la dirección de mejorar el texto del proyecto de ley en línea con la defensa del interés general, que es el interés que el Gobierno defiende.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Como parece que las enmiendas de totalidad se mantienen, vamos a empezar por las del Grupo Mixto. Ahora van a intervenir todos los miembros del Grupo Mixto, los que tienen enmienda y los que no. Comenzamos por la señora Pérez.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.


Señorías, el proyecto de ley que hoy debatimos, de modificación de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, tiene a nuestro juicio casi un único objetivo principal: facilitar el impulso del fracking o fractura hidráulica y las
prospecciones de gas y petróleo. De hecho, en la propia exposición de motivos del proyecto de ley se exaltan y se toma partido claramente por los supuestos beneficios de estas actividades, que continúan vinculadas a un modelo energético dominado
por las energías fósiles hasta tal punto que la memoria de 2014 de la Defensora del Pueblo, donde se recomienda evaluar los riesgos para la salud que acarrean estas prácticas, se ha tirado directamente a la papelera, de la misma manera que se ha
hecho con la sugerencia de la propia Defensora al Ministerio de Medio Ambiente para que abandonase su opacidad y dejase de censurar el informe del Instituto Geológico y Minero que se redactó hace más de un año sobre los riesgos del fracking. Ese
informe contenía recomendaciones ambientales en relación con las medidas preventivas y correctoras a considerar en proyectos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos mediante fracking, informe que ha sido rechazado de raíz por
las empresas que integran la Aciep, la Asociación de compañías de producción de hidrocarburos, que presionaron a los ministerios implicados, que acabaron devolviendo el informe para que se eliminaran o suavizaran los contenidos que los promotores
del fracking en el Estado consideraban que evidenciaban los riesgos de la fractura hidráulica sobre el medio en la realización de perforaciones profundas, inyección de agua y aditivos, contaminación de aguas, emisión de contaminantes a la atmósfera
y en sismicidad inducida. Este informe, que fue elaborado por técnicos de máximo nivel de un organismo público, ha sido censurado inadmisible y vergonzosamente por parte del Gobierno con el claro objetivo de proteger y beneficiar los

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intereses especulativos privados a costa del interés general. El Gobierno ha cedido una vez más a las presiones de las empresas, que lo que pretenden es consolidar los más de setenta permisos de exploración de hidrocarburos vigentes y otros
tantos de investigación pendientes de autorizar. El chantaje, como siempre, se apoya en supuestas inversiones multimillonarias y en la creación de puestos de trabajo que rara vez se materializan y a cambio la Administración mira hacia otro lado a
la hora de controlar rigurosamente los estándares medioambientales exigibles a estos proyectos.


Entre los datos de este informe que el ministerio considera que no se deben conocer figuran, por ejemplo, los que evidencian que en países como Estados Unidos, Sudáfrica o Canadá, donde se utiliza el fracking desde hace años, se han
evidenciado numerosos casos de sismicidad inducida por los pozos de la fractura hidráulica, de contaminación de pozos y manantiales o de vertidos a la atmósfera de contaminantes cancerígenos. Se trata claramente de acallar la importante oposición
social a estas técnicas y para ello tampoco se duda por parte del Gobierno en establecer un nuevo impuesto sobre el valor de la extracción del gas, petróleo y condensados; un impuesto que beneficiaría a las comunidades autónomas y ayuntamientos,
pero que solo se establece sobre la producción de hidrocarburos y que, por tanto, solo sería efectivo una vez que las compañías pongan en marcha los proyectos de extracción. Este impuesto teóricamente compensaría a las comunidades autónomas,
algunas de las cuales, por cierto, han visto recurridas por el Gobierno y declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional sus propias leyes en esta materia; otra demostración del exacerbado centralismo de este Gobierno y de la falta de
respeto a las legislaciones autonómicas. Por otra parte, el proyecto de ley tampoco contempla ni en una sola línea intervenir en el mercado de las gasolinas e introducir medidas que modifiquen la situación de oligopolio de las petroleras en el
mercado actual y en la dinámica de pactos de precios entre ellas. A pesar de los diversos informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que alertan de los altos márgenes de las petroleras y de la lentitud con la que bajan las
gasolinas cuando existen fuertes bajadas de precios del barril de petróleo, el Gobierno desaprovecha esta oportunidad para atacar y, por tanto, tratar de solucionar este problema. De nuevo, se cede a los intereses de las grandes compañías y por
mucho que el ministro De Guindos haga declaraciones grandilocuentes instándolas a que destinen la bajada del crudo a reducir los precios de las gasolinas y a no engrosar sus márgenes, cuando se tiene la oportunidad, como en este caso con este
proyecto de ley, se deja pasar de largo y se hace oídos sordos a los informes de la CNMC, que constatan una y otra vez los exagerados márgenes de las petroleras y sus prácticas de pactos y de abuso de poder.


Voy terminando, señor presidente. En definitiva, señorías, este proyecto de ley perpetúa un modelo energético insostenible centrado en las energías fósiles y en el gran negocio que ejercen en el sector energético las multinacionales del
petróleo y del gas, que además en los últimos años ha frenado en seco el desarrollo de las energías renovables mediante la supresión de primas. Un modelo energético que hemos criticado muchas veces, que aumenta la dependencia energética, que
centraliza competencias e impide a las comunidades autónomas diseñar su propio desarrollo energético; un modelo irresponsable que impulsa la utilización de técnicas agresivas que ya se están cuestionando, incluso prohibiendo, en otros países de
nuestro entorno pero que aquí, en este Estado y con este Gobierno, se promueven sin tener en cuenta sus riesgos para el medio ambiente, la salud de las personas e incluso para la economía de las zonas donde se lleva a cabo. Por todas estas razones,
señorías, hemos presentado esta enmienda a la totalidad y la petición de devolución al Gobierno de este proyecto de ley.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez.


Tiene ahora la palabra la señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: Señor ministro, señoras y señores diputados, omitir un acto jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial se llama —al menos en mi pequeño país— chantajear. De
igual manera, señorías, la propuesta del Gobierno de compensar económicamente a las áreas afectadas por proyectos de hidrocarburos para facilitar su amplio desarrollo a lo largo y ancho de la geografía española demuestra una sordera absoluta ante la
realidad climática y no solo eso, a la vez demuestra una falta de respeto ante la voluntad democrática de la ciudadanía, de los territorios afectados.


Nos lo han oído decir no una, ni dos, ni tres, ni veinte sino muchísimas veces, el fracking, al territorio y a sus gentes, no gusta ni mucho ni poco. La contestación social, señor ministro, a esta práctica —que consiste, por si alguien lo
ha olvidado, en perforar el suelo para inyectar a presión una mezcla de agua,

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arena y productos químicos que rompen la roca liberando gas metano— es cada vez más creciente y a la vez más organizada. Saben —o deberían saber igual que nosotros— que la apuesta por la fracturación hidráulica es un gravísimo error desde
varias perspectivas; en primer lugar, desde una perspectiva energética, y no solo energética sino también desde una perspectiva económica, ecológica y evidentemente también estratégica.


La propuesta de este proyecto de ley prevé que parte de las tasas recaudadas a través de las explotaciones de combustibles fósiles redunden directamente en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas donde se producen. Tengo que decir
que es una vergüenza en mayúsculas porque es más que lamentable, señorías del Partido Popular, que el Gobierno de Mariano Rajoy pretenda así comprar, con todas las letras, una oposición ciudadana que se ha demostrado tremenda y rabiosamente
mayoritaria y contundente en contra de las prospecciones marinas y de las prospecciones del fracking. Es un chantaje barriobajero. Un rechazo ciudadano por parte de municipios y comunidades autónomas en forma —en mil formas de hecho—, por ejemplo,
de prohibiciones territoriales con planes de moratoria o mediante la organización de consultas ciudadanas que permitan visibilizar la voz popular. Todo esto lo han hecho los pueblos y ciudades a priori afectados. De hecho, esta medida tomada por
el Ejecutivo se suma a otras ya adoptadas durante meses atrás que atentan también contra la democracia, atentan directamente contra la democracia, tales como impedir, por ejemplo, la realización de las consultas o convertir las decisiones sobre el
fracking en competencia estatal directamente, cuando antes no la tenían, para sortear, como siempre, a las comunidades autónomas. Dejen que les diga una cosa que a priori puede parecer normal pero que a lo mejor alguien no sabe o lo desconoce: el
dinero no lo compra todo. Con dinero no se pagan los abismales riesgos que tiene el fracking sobre la economía y el medio natural; el dinero tampoco puede comprar el silencio y la tranquilidad de un pueblo y de su gente. Señorías, no hay dinero
suficiente en el mundo para vender grandes espacios verdes y convertirlos en simples campos minados de pozos.


Acabo, señor presidente. La dignidad —importante— y el territorio —también muy importante— no tienen precio, señorías, y aún menos para perpetuar la absurda dependencia de los combustibles fósiles.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.


También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿usted para quién trabaja? (Rumores.—Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). A mí me parece que no. Le voy a explicar las razones para votar no a este proyecto de ley. En primer lugar, anula el poder de
la Administración local para evitar las instalaciones de estaciones de servicio con independencia del uso local del suelo, de conformidad con el Plan de urbanización municipal, y favorece la instalación de estaciones de servicio desatendidas, es
decir, sin personal; eso es trabajar para crear empleo. En segundo lugar, el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección medioambiental será satisfecho mediante una declaración responsable del operador mayorista, quien exigirá a su vez
el cumplimiento del desarrollo reglamentario futuro al minorista. En tercer lugar, los instrumentos de medición y control no están sometidos a verificación metrológica acreditada, a pesar de basarse en sus mediciones la recaudación de impuestos y
subvenciones a la Administración local y a los propietarios del espacio perforado. Abundo; se facilita, se le pone una autopista al fracking, todo son ventajas. Antes, con el señor De Guindos, facilidades para los bancos y ahora facilidades para
las multinacionales, que se van a aprovechar. Recuerde, señor ministro, el terremoto de Ossa de Montiel hace pocos días estaba en un territorio donde se quiere hacer fracking. Yo creo que no hemos aprendido o no aprenden del fiasco del proyecto
Castor. En quinto lugar, el proyecto de reforma de la ley limita el desarrollo futuro tanto de la orden como de la reglamentación sectorial específica a reconocer oficialmente la presunción de conformidad derivada de la declaración responsable del
operador mayoritario. En sexto lugar, sigue apostando por las energías sucias, mientras que han hundido a las renovables y han hundido al autoconsumo. Eso no lo hacen en otros países que usted ha citado en esta misma tribuna.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.


También por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Quevedo.

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El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, hoy volvemos a asistir a una vuelta de tuerca más a favor de la promoción de las energías llamadas sucias, la producción de energía a través de los combustibles fósiles. Desde nuestro punto de vista, lo que
deberían haber hecho, señor ministro, con este proyecto de ley sobre hidrocarburos es haber impulsado las energías renovables, sobre las cuales los nacionalistas canarios le tenemos que recordar que, siendo el posible paraíso de las renovables, el
índice de penetración es del 6 %. Pero con lo que nos encontramos aquí es con lo que parece ser un servicio más a aquellos que se dedican a los combustibles fósiles y a aquellos que se dedican a utilizar el fracking, a pesar de que hay muchísimos
informes en contra. Yo no he conseguido leer ni una sola palabra a favor de esta técnica. Como además resulta que este proyecto de ley viene aquí sin el informe de los reguladores, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del
Consejo de Estado —vaya manía de saltarse los órganos reguladores—, coloca un elemento de sospecha en todo este tema que usted debe entender. Por cierto, ya podíamos haber hablado de incentivos —aunque no nos los creemos como están planteados aquí—
antes de que Repsol se dedicase a perforar en Canarias. Le tengo que recordar que no les han suspendido los permisos desde que han salido viento en popa y a toda vela fuera de las aguas canarias. Nosotros no podemos aceptar que en este caso
Canarias quedase de nuevo excluida de un posible incentivo. Si además de lo que hemos tenido que soportar, hubiese habido petróleo, Canarias, con este proyecto de ley, no hubiese recibido un incentivo. ¿Sabe por qué? Porque según ustedes el mar
que rodea al archipiélago canario no forma parte de su territorio. Esto hay que corregirlo. Confiamos en que al menos en eso tengamos la oportunidad de que usted nos apoye en algunas de las enmiendas parciales que plantearemos oportunamente.
Anuncio que los nacionalistas canarios apoyaremos todas las enmiendas a la totalidad formuladas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.


Señora Ariztegui.


La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Gracias, señor presidente.


Una ofensa, señor ministro, este proyecto de ley tramado para hacernos tragar el fracking, una técnica prohibida cada vez en más países por sus riesgos, es una auténtica ofensa. Es una ofensa, primero, contra el sentido común, porque no
contentos con tumbar la alternativa, las renovables, y cuando en todo el mundo tratan de reducir la dependencia energética, ustedes siguen empeñados en un modelo fracasado, totalmente dependiente de los combustibles fósiles y, segundo, contra la
evidencia científica, que cada vez con más datos alerta de sus gravísimos efectos contaminantes sobre la salud y el medio ambiente. Posibles externalidades negativas, dice usted. Bonito eufemismo. Señor ministro, ¿le gustaría vivir cerca de esos
pozos donde se inyectan millones de litros de agua mezclados con tóxico químico radiactivo? No, ¿verdad? Pues a Amaiur tampoco. Es una tremenda irresponsabilidad ante la actual situación de emergencia climática y energética. Si en las sucesivas
cumbres sobre el clima que ustedes aprueban se insiste en que la mayoría de las reservas fósiles deberían quedar bajo el suelo para evitar cambios climáticos catastróficos, ¿a qué van ustedes a esas conferencias si luego hacen todo lo contrario? Es
una ofensa también a sus propias leyes, a la democracia, un paso recentralizador más, porque se pasan por el arco del triunfo la contestación mayoritaria de la población, alarmada con esta técnica, y la voluntad y el derecho de las personas y
pueblos que dicen alto y claro no al fracking. Con la complicidad del Tribunal Constitucional derriban decisiones legítimas de parlamentos, como la ley de Nafarroa que prohibía el francking, y conceden carta blanca a la actuación de empresarios y
gobiernos autonómicos sin escrúpulos para seguir con su economía especulativa, atrasada e irracional, y encima lo peor de esta ley es que quieren engañarnos con el tocomocho —pagado a escote entre todos y todas, claro— de las compensaciones. Esta
ley no es más que un intento de comprar la voluntad y el silencio de administraciones locales, afectados y afectadas y sociedad en general, pero oiga bien, ni todo el dinero del mundo puede pagar este disparate. Euskal Herria avanza hacia un modelo
limpio, justo y democrático, en tránsito hacia la independencia y soberanía energética y desde luego no aceptará imposiciones como esta ley. (La señora diputada termina su intervención en euskera).


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ariztegui.


Por el Grupo de La Izquierda Plural, para presentar su enmienda a la totalidad, tiene la palabra la señora Ortiz.

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La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Señorías, estamos ante un nuevo cambio regulatorio en el sector energético. Llevamos decenas a lo largo de las legislaturas. Esta vez es otra modificación de la Ley de hidrocarburos y un intento, señor ministro
—digámoslo así—, de lavarse la cara ante las nefastas decisiones tomadas sobre la explotación de hidrocarburos en contra del territorio, de la población y, lo que es peor, en contra de los intereses del país. Básicamente, en este proyecto nos
encontramos tres cuestiones en las medidas planteadas. Por un lado, las exigencias sobre responsabilidad civil y administrativas a los operadores; por otro, la creación de un nuevo mercado secundario de gas y, finalmente —lo más obsceno,
seguramente, de este proyecto de ley—, compensar su entrega total y absoluta a las necesidades de las empresas extractivas con unas compensaciones económicas al territorio. Ustedes lo llamarán impuestos, pero nosotros lo llamaríamos soborno. Así,
intentan convencer con el dinero a los que ya no tienen ni razones ni beneficios sociales reales para convencer a los que están en el territorio.


Vamos al fondo de la cuestión. ¿Por qué desde Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa nos oponemos a este proyecto de ley? Básicamente —creo que a estas alturas de legislatura ya lo podemos decir— porque tenemos modelos
energéticos diametralmente opuestos. Diría más, ustedes no tienen ni modelo ni planificación porque actúan según la demanda de los sectores. Tienen en cuenta sus necesidades y las oportunidades del país, pero no tienen una planificación. Así
vamos, a golpe de cambio regulatorio en el sector energético en función de las demandas. Las razones de nuestra oposición son, en primer lugar —esta es una cuestión que deberíamos tener en cuenta, aunque ustedes ni la miran cuando hablamos de
energía—, que este proyecto de ley es climáticamente irresponsable. Es una apuesta decidida por el petróleo y el gas como fuente de energía. El Gobierno, como ha venido demostrando con todas las decisiones ya tomadas, consolida un modelo
energético antiguo, ineficiente irresponsable y profundamente dependiente de los combustibles fósiles. No nos cansaremos de decirles que ustedes gobiernan desde la miopía y el cortoplacismo, con una profunda irresponsabilidad ante la crisis
climática y energética en la que nos encontramos. Se lo hemos dicho reiteradamente y les hablamos en cada ley de los estudios científicos. Ustedes, seguramente, solo miran los estudios de Shale Gas o de Repsol, pero nosotros le hablamos de los
estudios de la Agencia Internacional de la Energía, de la London School, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que precisamente dice que deberíamos dejar un tercio de las reservas de petróleo y la mitad de las de gas bajo suelo,
intactas, en los próximos cuarenta años si queremos reducir a la mitad las probabilidades de aumentar la temperatura dos grados, es decir, si queremos evitar el desastre. Estos estudios se los hemos presentado y explicado de forma reiterada, pero,
claro, cuando viene una multinacional con sus gráficos y sus cantos de sirena ni el clima ni las generaciones futuras ni la salud de las actuales les preocupan. Ahora, como mínimo, no niegan el cambio climático, pero con sus hechos realmente actúan
como si no existiera.


Una segunda razón no solo climática sino medioambientalmente inaceptable. Ustedes insisten en esa irresponsabilidad medioambiental de apostar por la extracción de hidrocarburos en nuestro país a costa de todo; en un territorio como España,
con una riqueza natural, el más biodiverso de Europa, y con una necesidad de conservar la calidad de nuestros acuíferos y del subsuelo, un territorio con riesgos geológicos importantes con las fallas existentes. Solo hace falta ver ejemplos
recientes que hemos tenido. Ustedes apuestan decididamente por el fracking, un sistema contaminante y despilfarrador de recursos naturales, y hemos tenido mucha oportunidad de hablar del fracking y de su modelo. Para ello esta ley lo que hace es
un sistema perverso de compra de voluntades en el territorio como instrumento para aniquilar las resistencias de la población al destrozo de las prospecciones y del fracking. Mientras han hundido la inversión en renovables —eso sí que ha destruido
miles y miles de empleos— y ponen peajes al autoconsumo, aunque sea por silencio administrativo solo bajo amenaza, aquí quieren vencer las resistencias a la explotación de hidrocarburos y establecen una compensación a los propietarios de los
terrenos en los que se sitúe la explotación de los yacimientos en función del valor de la producción anual. Ustedes, que han modificado a su antojo las superficies de áreas protegidas según los intereses de Repsol, que venden el patrimonio natural
y ponen en riesgo la biodiversidad de nuestro país a cambio de promesas de El Dorado a los lobbies del fracking, eso es lo que hacen ahora, un impuesto para comprar voluntades. Señor ministro, son realmente un Gobierno que es mayordomo de las
multinacionales.


En materia energética el balance es evidente. Sinceramente, parece, dada la trayectoria de nuestro país con las puertas giratorias en el sector energético, que ustedes utilicen el BOE como los ciudadanos utilizan el Linkedin, es decir, a
ver dónde podremos colocarnos a cambio de esta regulación, y de hecho, ya tenemos los primeros colocados en los nuevos operadores con diputados que aquí antes nos estaban hablando de energía. Es indigno y es lamentable, sobre todo porque lo que
ponemos en riesgo es mucho.

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(La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). La medida planteada ahora por el Ejecutivo se suma a otras medidas ya tomadas durante estos meses de atrás que atentan contra la democracia, como por ejemplo impedir la
realización de consultas o denunciar ante el Tribunal Constitucional leyes autonómicas contra el fracking. Nos sorprende que Convergència i Unió no haya presentado una enmienda a la totalidad cuando hay una apuesta decidida en esta ley. Seguir
buscando combustibles fósiles mediante técnicas de fracking y prospecciones en aguas profundas es empeñarse en un modelo agotado y que pone en riesgo la fauna, la flora y sectores económicos importantes en nuestro país como la pesca o el propio
turismo. Pero tenemos también más razones, no solo medioambientales o climáticas; esta ley también nos hace más vulnerables económicamente y más dependientes del exterior. España tiene un problema muy importante de dependencia energética y usted
mismo lo planteaba: cerca de un 80 %, 30 puntos superior al resto de la Unión Europea. Eso es muchísimo y eso lastra nuestro desarrollo productivo, además de hacernos vulnerables geopolíticamente y este proyecto de ley no lo resuelve. El gas que
vamos a encontrar bajo el subsuelo en España no va a compensar esa balanza energética.


España no es un país rico en petróleo ni gas, por mucho que se empecinen, y lo que ustedes están diseñando solo contribuye a aumentar importaciones de gas argelino para venderlas a Europa. En lugar de una apuesta fuerte por energía autónoma
limpia y renovable que aumente nuestra soberanía energética y nos haga competitivos, ustedes van en el sentido contrario. El proyecto de ley facilita la consecución de un hub de gas natural; un hub en España con el que pretenden ustedes sustituir
Ucrania por Argelia, pero esto no responde a los intereses de los ciudadanos, responde a las necesidades de nuestras empresas que tienen gas comprado y tienen que vender sus excedentes. Impulsar más dependencia energética es más propio de una
economía especulativa, irracional y atrasada cuando en todo el mundo se intenta precisamente ir en el sentido contrario. Durante 2014 la factura española por importaciones energéticas fue de 38.071 millones de euros, 29.000 del petróleo y 8.200 del
gas. Eso no lo va a compensar ni el fracking ni las nuevas prospecciones. Si ha disminuido esta cifra es por otras cuestiones.


También estamos en contra porque es un proyecto de ley injusto socialmente ya que prioriza la seguridad de las inversiones del oligopolio de los hidrocarburos sobre los intereses de los consumidores. Eso es lo que persigue esta ley porque
hay muchas cosas, es verdad, que debemos cambiar en el sector de hidrocarburos, pero las propuestas que ustedes hacen parten de los mismos errores que en el mercado eléctrico. Claro que puede representar una cierta mejora para algunos consumidores
industriales tener algún mercado de referencia, pero si asentamos este mercado en los mismos errores no solucionaremos nada. Lo que hacen es crear un mercado secundario de gas; mercado que proponen que costeen los consumidores —ya empezamos mal en
ese diseño— y que se traducirá en el aumento del recibo del gas. Se designa un operador para toda la Península intentando emular un mercado a imagen y semejanza del mercado eléctrico.


Siendo consciente mi grupo de que el actual modelo de compra a futuro take or pay no funciona y asegura un comportamiento ya no oligopolístico sino mafioso, repetir los errores del mercado eléctrico no es la solución. Como resultado vamos a
tener un mercado de gas controlado por un pequeño grupo de empresas que acabarán fijando precios y presionando a los Gobiernos para que tomen decisiones en contra del interés general. De hecho, el diseño que plantea no lo exige firmemente, como sí
lo hace la directiva europea. Realmente el documento de la unión energética cuando habla de crear mercados de gas dice que sean asentados en la transparencia y en la división de las funciones de las actividades, cosa que no tenemos. Es injusto
socialmente porque ustedes no prevén ninguna medida de protección a los consumidores domésticos, más allá de que se creen infraestructuras para garantizar el suministro, pero no ante los cortes de suministro ni ante la pobreza energética. Continúan
legislando al margen de esas necesidades y de la situación de emergencia social, sin garantizar suministros básicos ni considerar el servicio como un bien público.


Criticamos el proyecto porque se mantienen en la opacidad y apuestan por mantener esa opacidad y los blindajes en los contratos de aprovisionamiento de gas. ¿Cómo van a crear un mercado que debe dar precios de referencia si continuamos sin
saber el contenido de esos contratos a futuro? Eso, la Unión Energética lo dice textualmente cuando habla del futuro energético de Europa. ¿Qué compromisos de pago y cantidades están comprometidos? Si no conocemos los contratos, ¿cómo pretender
decir que tendremos un mercado que funcione? De hecho, aunque no compartimos parte de la reciente comunicación de la Comisión Europa, eso sí lo deja claro. Critica esa opacidad, inflexibilidad e incapacidad de renegociación ante los acuerdos entre
Estados. En esto España es el claro mal ejemplo, hipotecados en un futuro por no haber planificado bien energéticamente y oír solo a las empresas, creando una burbuja

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de gas que ahora pagamos todos, y esa ley forma parte de ese pago. Ustedes quieren impulsar las exportaciones de gas desde España, del mismo gas que importamos de Argelia, algo que beneficiará a los operadores gasistas pero no a los
ciudadanos españoles. Además este estilo de hacer es la repetición del modelo Castor: al final la ley prioriza la seguridad de las inversiones del oligopolio de los hidrocarburos sobre los intereses de los consumidores. Eso es lo que hace el
Partido Popular en Europa. Precisamente esta semana se ha votado en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo un informe sobre las inversiones del Banco Europeo de Inversiones, donde mi grupo en Europa exigía anular la indemnización a ACS y
que no paguen los ciudadanos. Ese informe ha sido apoyado por unanimidad, pero precisamente lo que corresponde al almacén Castor, lo de anular la indemnización a Florentino Pérez, eso el Partido Popular no lo apoyó. Así que, ante ese decreto, que
es responsabilidad del PSOE, no dudan en votar en Europa para garantizar esa indemnización de 4.300 millones que pagaremos toda la ciudadanía en la factura del gas. Ahí ustedes siempre están al lado de las multinacionales. Esta ley está impregnada
de la misma filosofía: para las empresas, todo a su medida y sin riesgos. Eso no es liberalismo; socialismo para ricos y feudalismo para pobres.


En sexto lugar, no compartimos su cultura de la inseguridad. Lo vemos en la confianza infinita en que las empresas ya lo harán bien y que las que vienen a explotar el subsuelo también lo harán. Responsabilidad civil limitada o irrisoria,
no vaya a ser que no les interese agujerear el territorio. Como se ha visto en el caso de Repsol en Canarias o de ACS en Castor y de Enresa en Villar de Cañas, la responsabilidad civil y la seguridad frente a los riesgos ambientales, naturales o
sísmicos es ridícula. La cultura de seguridad se limita a que cuando surjan los problemas ya veremos cómo los resolvemos y siempre acabamos pagándolos todos.


Otra cuestión lamentable que no quiero dejar de mencionar antes de terminar es que el Gobierno, ante esta ley que es nefasta, no ha remitido —o no se ha atrevido a remitir— el proyecto a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia para
que emita dictamen que, aunque no es vinculante, sí es obligatorio. Tampoco han querido remitirlo al Consejo de Estado ni al Consejo Consultivo de Hidrocarburos. Es preocupante constatar que el propio Gobierno incumple leyes con la finalidad de no
escuchar las propuestas de los organismos reguladores. Así tenemos estos resultados, chapuzas hechas de espaldas a la ciudadanía y a los actores implicados, en un sector de interés público como es la energía, que afecta a bienes públicos como los
recursos y nuestro patrimonio natural y que hipoteca nuestra economía y la soberanía. Leyes hechas corriendo y deprisa, a modo publicitario, para hacerse perdonar sus despropósitos, señor ministro. Por eso, a nosotros no nos van a encontrar.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Señorías, señor ministro, voy a comenzar por la última parte de su intervención, porque usted es una persona que tiene mucha memoria. Usted recuerda que a lo largo de esta legislatura —es cuestión de hacer una
síntesis de lo que ha ocurrido en materia de política energética— nos ha traído aquí para su convalidación plenaria once reales decretos-leyes en materia energética. Nosotros hemos solicitado su tramitación posterior en forma de proyecto de ley y
en la mayoría de los casos, siguiendo sus instrucciones, nos han votado en contra. Recuerde, por ejemplo, la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Le presentamos cincuenta y cinco enmiendas y no se nos aprobó ni una sola.
Recordará también la Ley de los sistemas energéticos extrapeninsulares. Le presentamos una enmienda a la totalidad con texto alternativo y no se nos aprobó. A continuación, en la tramitación en Comisión presentamos diecinueve enmiendas y no se nos
aprobó ni una sola. Recuerda usted también la Ley del Sector Eléctrico, una ley que ocupaba doscientas páginas en el Boletín Oficial del Estado. Le presentamos más de un centenar de enmiendas parciales y ni una sola se aprobó. Recordará incluso
la Ley de Metrología, que era de naturaleza científica y tecnológica y que tenía que haber sido aprobada por unanimidad. En la tramitación en la Comisión presentaron una enmienda muy célebre para restar competencias en lo que se refiere a la
distribución de peajes a la cuantificación y a la metodología, que es un ámbito competencial propio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y anteriormente de la Comisión Nacional de Energía. ¿Para qué? Para acumular mayor poder y
satisfacer determinados pactos políticos.


Hoy va a ocurrir lo mismo. No nos invite a retirar la enmienda a la totalidad, porque nosotros hemos mantenido una actitud coherente a lo largo de toda esta legislatura. Señor ministro, sigo invocando a su

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memoria. Usted recordará perfectamente que a mediados del año 2012 ya trajo un real decreto-ley por el que se modificaba la Ley de Hidrocarburos. Se trataba del Real Decreto-ley 13/2012 por el que se trasponen directivas en materia de
mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por la que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista. No se
tramitó en forma de proyecto de ley y, consiguientemente, no pudimos meter la cuchara —digámoslo metafóricamente— para mejorar ese real decreto. Usted recordará también a mediados del año pasado —¡qué buena memoria tiene! Percibo que le estoy
ayudando a recordar y recordar es volver a vivir sin lugar a dudas— el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio —fue mi cumpleaños y lo recuerdo así, ya que hoy se ha felicitado también a un diputado por su cumpleaños—, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que modificaba ni más ni menos que veinte leyes. Precisamente por la modificación de veinte leyes su título III se dedicó a medidas urgentes en el ámbito energético con cuatro amplios
capítulos dedicados a gases licuados del petróleo, a la sostenibilidad económica del sistema de gas natural, a medidas en los ámbitos del sector de hidrocarburos y minas y a medidas en materia de eficacia energética, respectivamente. Este Real
Decreto-ley 8/2014, que fue muy célebre, por presión de los grupos de la oposición, se tramitó a finales de agosto en forma de proyecto de ley, se dictaminó con competencia legislativa plena en Comisión y el Grupo Parlamentario Socialista presentó
cuarenta y dos enmiendas de las que ni una sola se nos aprobó. Ahora nos pide que retiremos esta enmienda a la totalidad. Hasta ahora no hemos tenido ningún detalle de comprensión por parte del Gobierno, ni tampoco por parte del grupo
parlamentario que fundamentalmente apoya al Gobierno, aunque son otros grupos los que también le apoyan a cambio de determinadas consideraciones puntuales, como se ha demostrado a lo largo de estos tres años y medio.


Señorías, señor ministro, este proyecto de ley es uno de los proyectos de ley más complejos tecnológica, técnica y jurídicamente que recuerdo en la presente legislatura. Se habla de modificar la Ley 34/1998, una ley de más de 140 artículos,
más de 25 disposiciones adicionales y transitorias; es decir, todo el sector de los hidrocarburos, que ustedes lo han modificado en dos ocasiones en esta legislatura; la han rebacheado, retorcido y ahora vienen con un tercero. Nosotros no lo
hemos apoyado en la presente legislatura y este tampoco. Ahora bien, también me parece importante recordarle a usted, señor ministro, que esa petición de buena voluntad no la hemos notado en determinados momentos en los que este grupo parlamentario
ha tenido una buena voluntad de colaboración.


Tengo aquí una proposición de ley para mejorar la competencia efectiva en el mercado de la distribución de carburantes de automoción. Quizá no llegó a sus manos, pero esta proposición de ley pretendía mejorar la competencia; pretendía
estar al servicio de los ciudadanos; que se aumentase el número de estaciones de servicio; que fluidificase mejor la posibilidad de cambiar de titularidad; que bajasen precios; que aumentara la competencia. Esta proposición de ley hace un año y
medio fue defendida por el Grupo Parlamentario Socialista en el Pleno y no fue admitida a trámite. Ahora, hace unos quince a veinte días, hemos elaborado otro equivalente. Se ha metido por registro y, en la inexorable tramitación en la Comisión
dentro de quince o veinte días, con competencia legislativa plena, vamos a introducir seis, siete o, probablemente, un número superior de enmiendas que salen de nuestra proposición de ley.


Ustedes mandan este proyecto de ley con una complejidad que no está auténticamente al servicio del ciudadano. A mi grupo parlamentario le gustaría tener un debate futuro sobre el gas. Nosotros tenemos muy claro que a la península ibérica
llega gas procedente de casi una docena de países; no solamente a través de dos conducciones, de dos tubos procedentes de Argelia. No, no; se transporta en el mundo entero mediante buques gaseros, quimiqueros, especializados, de 300.000, 350.000
o 380.000 toneladas; y que los buques Post-Panamax y Post-Suez, que son buques de una tecnología y de unas características de gran dimensión, van a traer mucho gas a la Península, sin duda alguna. Los puertos en donde están las plantas de
regasificación —Barcelona fue pionera en el año 1969 montando la primera planta de regasificación con una tecnología excepcional— son un lugar de llegada y de distribución también por buques.


Nosotros estamos convencidos —lo hemos venido defendiendo en distintos foros, nacionales e internacionales, científicos y foros de naturaleza política— de que, precisamente, el desarrollo de las renovables en Europa va a necesitar el apoyo
del sector gasista que, sin duda alguna, en lo que se refiere a emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera es muy reducido. Además, no podemos olvidar que en el mundo entero el transporte marítimo se está transformando. El transporte
marítimo de mercancías en el globo terráqueo es el 90 %. El transporte de mercancías de un punto a otro se hace por vía marítima. Y en los buques con sistemas de propulsión, el que mueve la hélice, el que genera energía eléctrica

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dentro del buque está consumiendo fuel-oil, gasoil, aceites pesados y otros productos muy contaminantes. Pues bien, van a ser sustituidos por gas natural licuado.


En el litoral español, en Algeciras, en el litoral peninsular fundamentalmente —y espero que en las Islas Canarias y, desde luego, en la isla de Tenerife y en la de Gran Canaria próximamente, y de ello estoy convencido porque ya llevo más de
veinte años como veterano parlamentario defendiendo esos proyectos—, espero que tengamos el número suficiente de plantas de licuefacción con la tecnología adecuada, con el objeto de producir la redistribución del gas natural licuado y poder
suministrarlo a países del Báltico como, por ejemplo, Polonia, que acaba de construir una planta de regasificación y va a construir otra y no va a estar inexorablemente condicionada por la conducción gasista por vía terrestre mediante conducciones
enterradas sino que irán fundamentalmente por vía marítima. Ese es uno de los grandes futuros de este país.


Señor ministro, desde luego el proyecto de ley introduce modificaciones que afectan al sector del gas natural, al de los gases licuados del petróleo, butano y propano, al de los hidrocarburos líquidos, gasóleo, gasolina, queroseno, fueloil,
etcétera, y a la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos para gas natural, para la obtención de petróleo y condensados. ¡Este capítulo tendría que ser objeto de un debate en una Ley de Minas! La vigente Ley de Minas es del año
1972 y ustedes no se han atrevido a modificarla, hicieron un proyecto, pero lo han retirado y son unos ámbitos competenciales muy potentes y sobre ello hay que dialogar con las comunidades autónomas.


En este proyecto de ley sin duda alguna se introduce una serie de modificaciones que son parches en una ley fosilizada en el tiempo, la Ley 34/1998. Hace falta un nuevo proyecto de ley. A nosotros no nos ha dado tiempo a presentar una
enmienda a la totalidad con texto alternativo porque bien sabe usted que desde la oposición a veces no se dispone del tiempo y los medios suficientes para redactar el texto alternativo que se merecería esta Cámara. Desde luego, me gustaría
habilitar a la Corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos e introducir determinadas modificaciones, para las que me encantaría poder disponer de tiempo con el objeto de analizarlas una a una, pero no lo haremos.


Quisiera en esta última parte de mi intervención en representación del Grupo Parlamentario Socialista, señor ministro, que quedase muy claro, y naturalmente se recogerá en el «Diario de Sesiones», que en el Grupo Parlamentario Socialista
consideramos que en lo relativo al sector del gas el proyecto de ley aporta un avance para una legislación claramente insuficiente y carente de un enfoque integral en lo que se refiere a una estrategia energética de modernidad que tiene que tener
España, que lo ha tenido Francia, que lo tiene el Reino Unido y que lo tiene Alemania. En consecuencia, también me tomo la libertad, señor ministro, de hacer una pequeña síntesis de cinco aspectos claves en los que nos basamos para rechazar la
admisión a trámite de este proyecto de ley, pero para el que solicitamos, en el supuesto de que continúe, que su tramitación culmine con competencia legislativa en el Pleno, no solamente en Comisión.


En primer lugar, señor ministro, echamos en falta la posibilidad de comprar o vender gas en puntos virtuales a través de una plataforma de contratación electrónica.


En segundo lugar, en el proyecto de ley no se modifica la normativa para adaptarla correctamente a la Directiva 2009/73, que es fundamental, cuya trasposición no se ha aprobado todavía en materia de separación de actividades que establece
que las empresas propietarias de instalaciones pertenecientes a la red troncal de gasoductos deberán operar y gestionar o ceder la gestión de las mismas a un gestor de red independiente, es decir, proponer un gestor de red independiente certificado.


En tercer lugar, y tal como hemos indicado también, el proyecto de ley está en clara sintonía con lo que ha manifestado su ministerio y este Gobierno, mientras que la falta de confianza en los organismos reguladores está demostrada. Le
mencioné la Ley de Metrología y aquella enmienda de modificación de un artículo de la Ley del Sector Eléctrico que no tenía nada que ver, pero para darle un instrumento y que así el señor ministro desde su despacho pueda repartir influencias
políticas. Desde luego, nosotros creemos conveniente que se trasponga a nuestro ordenamiento jurídico una normativa comunitaria que le dé al regulador la capacidad de encargarse del proceso de certificación del requisito de separación de
actividades, establecer la metodología para el cálculo de peajes y cánones en los servicios básicos de acceso, imponer sanciones, establecer metodologías relativas al acceso de las infraestructuras transfronterizas, supervisar la transparencia y
competencia incluyendo el de los precios al por mayor, supervisar para el propietario de la red de transportes y gestor de red independiente que cumpla lo previsto en la normativa, funciones que se recogían ampliamente en un proyecto de ley que hizo
en los últimos meses el Gobierno socialista y que traía la incorporación de directivas comunitarias con la misma filosofía. Ustedes no lo han hecho.

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En cuarto lugar, en el proyecto de ley no se establecen obligaciones a las comercializadoras de gas natural para asegurar la protección de los consumidores domésticos, se contemplan diversas medidas tributarias nuevas, aquí se ha hecho
referencia a ellas, y se crea un nuevo impuesto sobre el valor de la producción de hidrocarburos. Es una zanahoria. Están insistiendo en la técnica del fracking, de la fractura hidráulica, que también requeriría otro foro. Este grupo
parlamentario ha traído dos proposiciones no de ley a las sesiones plenarias celebradas a lo largo de esta legislatura, marcando posición, y creo que una posición bastante rigurosa, seria, planteando los ámbitos competenciales, como ha sentenciado
el Tribunal Constitucional es un ámbito competencial del Estado, pero es necesario el diálogo con las comunidades autónomas y es necesario el respeto medioambiental y a las posibilidades de contaminación.


Desde el Grupo Socialista consideramos que debemos avanzar hacia una transición energética basada en la sostenibilidad económica, medioambiental y social que nos conduzca hacia un modelo de crecimiento bajo en carbono, que apueste claramente
por las energías renovables, pero esto no es solo una poesía, no es solo filosofía, es nuestra convicción, que reduzca la dependencia energética y favorezca el ahorro y la eficiencia energética. En consecuencia, es necesario suspender con carácter
inmediato los permisos de investigación o autorizaciones de exploración de hidrocarburos concedidos o en tramitación en el mar Mediterráneo y en las aguas jurisdiccionales no españolas, que no son españolas que son aguas internacionales, colindantes
del archipiélago canario. El Estado español tiene solamente las 12 primeras millas, su ámbito competencial, en el litoral de cada una de las islas del archipiélago canario.


En quinto lugar, señorías, nosotros vemos claramente que este proyecto de ley no promueve la competencia efectiva en el mercado de la distribución de carburantes de automoción, cuya realidad es que apenas ha cambiado desde la aplicación de
la Ley 34/1998…


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura, tiene que acabar.


El señor SEGURA CLAVELL: Le agradecería un minuto, si tiene la amabilidad, señora presidenta.


Esta realidad nos muestra en el mayor nivel de precios en valores medios antes de impuestos de los carburantes de España respecto a la Unión Europea, que se constata de forma reiterada en los distintos informes de supervisión que ha emitido
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. De hecho, señorías, los inadecuados niveles de competencia efectiva detectados tanto en el sector mayorista como en el minorista constituyen un grave perjuicio para los consumidores y para las
pymes que soportan mayores precios relativos del carburante. El informe mensual, señor ministro, el informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicios que elaboró la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia en el mes de noviembre pasado, señor ministro,…


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: … mes de noviembre pasado, la CNMC, pone de manifiesto que se incrementó el margen bruto de distribución, es decir, se incrementó la diferencia entre el precio de venta al público y la cotización internacional, y
asimismo se ha subrayado por el informe de la CNMC que los precios antes de impuestos registrados en España tanto en gasolina como en gasóleo fueron superiores a las respectivas medias europeas. De todo esto nada dice el proyecto de ley y nosotros
vamos a presentar del orden de una docena de enmiendas al respecto…


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura, ha superado usted con creces su tiempo.


El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señor ministro, señorías, muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Segura.


Pasamos al turno de fijación de posición. En primer lugar, señor Azpiazu, del Grupo Vasco, PNV.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, debatimos hoy las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de ley por la que se modifica la actual Ley de Hidrocarburos y subo a la tribuna para fijar la posición de mi grupo
parlamentario, del Grupo Vasco, en relación con las enmiendas presentadas por otros grupos. Nosotros, como saben, no hemos presentado enmienda a la totalidad porque tenemos la esperanza y la convicción de que con las enmiendas parciales podremos
modificar el

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texto actual en el sentido que consideramos necesario y que el señor ministro de Industria conoce perfectamente. Vamos a darle al Gobierno un margen de maniobra y acuerdo que nos permita avanzar en la buena dirección y poder finalmente
votar a favor del dictamen del proyecto en Comisión. En este contexto anunciamos que votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas a este proyecto por otros grupos.


Para el Grupo Vasco esta, señor ministro, es una ley muy relevante puesto que en Euskadi desde hace décadas se ha dado una importancia capital al desarrollo del gas. Hemos considerado el gas natural como energía de transición hasta la
llegada de un escenario dominado por las energías renovables y como herramienta para sustituir el consumo de petróleo o sus derivados. Por ello, permítame realizar una breve mención a la apuesta por el gas natural realizada en Euskadi por el
Gobierno vasco desde el inicio del autogobierno y que permite entender nuestro interés y nuestra posición. El panorama energético en Euskadi ha variado sustancialmente desde los años ochenta y, sin duda alguna, el Ente Vasco de la Energía ha tenido
un papel fundamental en ello. Hace treinta años en plena crisis energética y económica supo reaccionar y plantear una gran transformación de su modelo energético para hacerlo viable y sostenible. Se puso en marcha una política energética basada en
la eficiencia, en la diversificación de fuentes y el fomento de energías renovables. La gasificación fue una apuesta estratégica por la que se trabajó decididamente tanto en el ámbito político y competencial como en materia presupuestaria, para
destinar los recursos necesarios a la construcción de las infraestructuras de transporte y distribución de gas; eso fue hace ya más de treinta años y es indudable que esta apuesta ha dado sus frutos.


Nuestra estructura energética ha cambiado radicalmente, un dato lo ilustra con claridad: la participación del gas natural en el consumo total energético era del 1 % hace treinta años, dicho porcentaje se sitúa hoy en el 38 %. El eje de la
diversificación para satisfacer las necesidades de la industria, las actividades domésticas y comerciales ha funcionado. Nuestro actual mix energético refleja una reducción del uso de derivados del petróleo en la industria, energía de la que éramos
totalmente dependientes hace tan solo cuarenta años, sustituidos en gran medida por el gas natural, energía mucho más limpia y competitiva, ya que permite implementar procesos tecnológicos mucho más eficientes. La demanda de recursos energéticos de
esta forma queda actualmente en Euskadi: derivados del petróleo el 41 %, gas natural el 38 % y las energías renovables, 7 %. Primero fue la gasificación en el entorno industrial, más tarde el doméstico-comercial y, como consecuencia lógica de este
proceso, en los noventa se apostó por aumentar los puntos de almacenaje y regasificación, un punto de entrada de gas natural que aumenta la seguridad del abastecimiento de suministro. En este contexto se gestaron, como bien sabe el señor ministro,
los proyectos de Bilbao Bahía Gas, con el objetivo de garantizar el suministro de gas natural y, al mismo tiempo, para hacer de Euskadi un importante centro de conexiones de la red gasista en el eje atlántico, y el ciclo combinado de Bilbao-Bizkaia
Electricidad para asegurar la garantía de suministro. Proyectos cuyo diseño conjunto han permitido el desarrollo con éxito de ambas instalaciones a lo largo del tiempo.


Me gustaría hacer también mención a la apuesta que se ha hecho en materia de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos, poniendo para ello dos ejemplos concretos. Por un lado, el Gobierno vasco a través del Ente Vasco de la
Energía cuenta con una empresa 100 % pública, como es la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, que lleva actuando en esta área desde hace más de treinta años. Por otro lado, debo mencionar también la plataforma Marina Gaviota, puesta en marcha en
los años ochenta para la instalación de gas natural y reconvertida actualmente en depósito de gas natural. La apuesta en toda la cadena del gas natural con la realización continuada de importantes inversiones ha permitido la creación de una red de
infraestructuras sobre la que se ha desarrollado, asentado y madurado el mercado de gas natural, que sin ellas hubiese tenido seguramente un ritmo de crecimiento bastante inferior.


Por lo tanto, una vez puesta de manifiesto la relevancia del tema que nos ocupa para Euskadi paso a comentar algunas cuestiones que, a nuestro juicio, son mejorables en el actual proyecto de modificación de la Ley de Hidrocarburos y que
trasladaremos en nuestras enmiendas parciales. En materia de fiscalidad nos parece correcto el establecimiento de nuevas herramientas fiscales que permitan a las entidades locales directamente afectadas y a los propietarios de los terrenos obtener
un beneficio o compensación de la extracción. Creemos que este beneficio habrá que extenderlo seguramente a nivel de comunidad autónoma, pero trataremos de hacerlo a través de las enmiendas parciales, como le decía; no obstante, insisto en que
nuestro grupo presentará las enmiendas que mejoren el proyecto. Al igual que el Gobierno, consideramos absolutamente necesario regular un mercado secundario del gas que dote al sistema de mayor transparencia, permitiendo que aflore un precio para
el gas natural al igual que ocurre desde hace

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tiempo en otros países europeos, lo que sin duda redundará en una mayor competencia y, en última instancia, beneficiará al consumidor final. No obstante, y compartiendo la necesidad de regulación en esta materia, también presentaremos
enmiendas para mejorar el sistema propuesto y para permitir aprovechar y poner en valor algunas estructuras ya creadas, como el Iberian Bilbao Gas Hub, que igualmente pueden contribuir a dotar de liquidez al mercado. Esta liquidez constituye la
pieza clave en el desarrollo del mercado y, en consecuencia, en la determinación del precio del gas natural. Seguro que avanzaremos en este sentido en la adecuada dirección, señor ministro.


El proyecto también prevé cambios en materia de inspecciones periódicas. La modificación propuesta puede suponer un incremento significativo de actuaciones fraudulentas, tal y como ocurre en otros ámbitos como el de las bombonas de butano,
lo que tendrá que conllevar un mayor esfuerzo por parte de la Administración en las labores de vigilancia y control. En principio, no estamos en contra de la liberalización propuesta, si bien deberán implementarse medidas para la correcta
coordinación con la empresa distribuidora e intercambio de información entre empresas mantenedoras, distribuidoras y administración con el objetivo de que no se vea afectada la seguridad del sistema. Señor ministro, estas son las ideas que el Grupo
Vasco quería trasladarle y, como les adelantaba al inicio de mi intervención, votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto en este de acuerdo que tenemos el Gobierno y el Grupo Vasco.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.


Intervengo para decir brevemente lo que opina nuestro grupo de esta ley, respecto de la que ya anuncio que vamos a presentar un gran número de enmiendas, poniendo a prueba la voluntad del Gobierno de llegar a acuerdos para mejorarla, como
dice o, si como es lo habitual, rechazando todo lo que no sea decisión del Gobierno sin ninguna posibilidad de debate parlamentario serio.


No hemos presentado una enmienda de totalidad porque consideramos que sí, que hace falta actualizar una ley de hidrocarburos —vamos a ver cómo se hace— y porque mi grupo, por desgracia, tiene cierto respeto a la realidad y a las leyes de la
física, por lo que esta especie de clima político antihidrocarburos que se ha ido creando no lo podemos compartir y ya nos gustaría. Nos gustaría que el petróleo y el gas no hicieran falta para nada, pero el hecho —es un hecho, no una opinión— es
que a día de hoy más del 70 % de la energía básica mundial procede de los hidrocarburos, si bien ha disminuido gracias al desarrollo de otras fuentes alternativas. Incluso aceptando las recomendaciones que se hacen para disminuir el consumo y uso
de recursos fósiles, el hecho real es que todavía, aunque se consiguiera la hazaña —porque sería una hazaña— de reducir a la mitad, seguiríamos necesitando muchísimo gas y muchísimo petróleo; además, pagamos una factura completamente desmedida por
ese tipo de fuente de energía básica sencillamente por nuestras carencias. A este respecto, algo tiene que ver —lo he dicho muchas veces e insistiré en ello— que tengamos un precio del gas en los mercados mayoritarios un 250 % más alto que en
Estados Unidos. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en paro, se traduce en baja producción industrial y en baja competitividad y en deslocalizaciones de empresas que utilizan mucha energía. Eso es lo que mi grupo quiere contribuir a paliar, es
decir, a una política energética responsable que vaya reduciendo la carbonización del sistema energético, pero que no lo haga mediante pensamientos mágicos y mediante ideas que no tienen apoyo empírico. Nosotros también hubiéramos preferido —ya lo
dijimos en su momento— una regulación mucho más seria y rigurosa de los procedimientos no convencionales —también conocidos como fracking— para extraer hidrocarburos, y vamos a presentarlo de nuevo en esta ley para que existan las máximas garantías
medioambientales y de sostenibilidad. También nos preocupa algo de lo que se ha hablado aquí y es qué pasa con el mercado del gas. Efectivamente esta ley, ya lo ha dicho el ministro, en gran parte tiene que ver con las nuevas perspectivas que se
abren al papel de España como distribuidor de gas natural al resto de Europa, pero no se nos olvide que España también importa la práctica totalidad del gas natural que utiliza y, desde luego, del que pudiera exportar en el futuro. Esa es una
cuestión que tendría que estar en el centro de nuestras preocupaciones. A ese respecto la ley no nos satisface demasiado, por no decir que nada, porque hace una serie de afirmaciones que sencillamente no tienen el menor fundamento, por ejemplo,
habla de precios más competitivos y transparentes para los consumidores.

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Vamos a ver, vivimos en un país en el que a los consumidores se les acaba de traspasar a la factura del gas el coste del fiasco del almacén de gas Castor, esto es así. Los consumidores van a tener que pagar de su bolsillo, algo en lo que no
tuvieron nada que ver, por un contrato blindado típico del más castizo capitalismo de amiguetes. Si este tipo de cosas no se corrigen, lo que vamos a tener es un modelo de mercado más parecido al eléctrico, y ahí aparecerá —que ya ha aparecido por
cierto en la burbuja del gas, esto no es una paradoja, es bastante normal que el gas forme burbujas pero no necesariamente económicas— el déficit de tarifa. Ya tenemos un déficit de tarifa del gas, ya se ha trasladado a los consumidores el coste de
determinadas operaciones fallidas que tienen que ver con las infraestructuras del gas. En otros países como Gran Bretaña también ha aumentado el precio de lo que pagan los consumidores porque se ha aumentado el número de intermediarios. Nuestro
grupo va a presentar enmiendas para que el mercado del gas no repita, de ninguna manera, los errores, carencias y chapuzas del mercado eléctrico que se han convertido en déficit de tarifa, en oligopolio de los principales productores y en traslado
automático, siempre y constante, de esos sobrecostes de origen político a los consumidores. Así que ya veremos qué voluntad tiene el Gobierno de hacer una ley para los hidrocarburos que no repita los errores más seculares en esta materia.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.


Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro de Industria y Energía, señoras y señores diputados, desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió creemos necesaria la modificación de esta ley y no rechazamos por este motivo, como es obvio, la adopción de cambios que
en definitiva actualizan la legislación y la acercan a la realidad más cotidiana. Sin embargo, a pesar de que mi grupo parlamentario no ha presentado ninguna enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, en coherencia con lo que acabo de decir es
igualmente destacable el hecho de que desde Convergència i Unió no compartimos algunos de los planteamientos con los que esta ley aborda ciertas modificaciones sustanciales, y me refiero básicamente al contenido pero también a la forma con la que se
ha emprendido esta modificación legal.


Así pues, por lo que a la forma se refiere, de entrada, señor ministro, tengo que decirle que la tramitación de este proyecto de ley pone de manifiesto una vez más el nulo interés por parte de este Gobierno en colaborar y dialogar con las
diferentes administraciones autonómicas, básicamente con las comunidades autónomas. La tramitación de un proyecto de ley de estas características requería como mínimo el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, la cual
en el ejercicio de sus atribuciones recaba la opinión de las administraciones y agentes implicados en el ámbito sectorial correspondiente. Si esto se hubiera tramitado con estas observaciones que nosotros les estamos planteando, seguramente las
administraciones autonómicas hubieran sido consultadas al respecto.


Señoras y señores diputados, estamos una vez más ante la modificación de una ley que margina por este motivo a las comunidades autónomas, y eso es especialmente grave cuando se trata de un ámbito, el energético, en que estas también ostentan
competencias y son un actor directamente implicado en el contenido de esta ley. Precisamente por ello pediremos al Gobierno que sea consciente de esta realidad y que actúe en coherencia con la descentralización existente en el Estado español, en la
necesaria cooperación y coordinación que ello implica con las diferentes administraciones públicas. Es necesario para nuestro grupo parlamentario que el Gobierno incremente la participación de las comunidades autónomas en aspectos claves que se
abordan en esta ley tales como la tramitación del procedimiento de inhabilitación de los operadores al por mayor de productos petrolíferos por incumplimiento de los requisitos que les sean exigidos; también que sea posible la constitución de la
garantía de los operadores, garantía que a juicio de nuestro grupo parlamentario debería efectuarse ante la caja general de los depósitos de la Administración donde se hallan las sedes fiscales de los operadores o, por ejemplo, también que la
estructura y las condiciones de los peajes, cánones y accesos a las instalaciones gasísticas, donde la ley no prevé la participación de las comunidades autónomas cuando ello se considera del todo primordial por la afectación directa al territorio
que se supone.


En lo que respecta a la falta de participación de las comunidades autónomas y al encaje que el Gobierno le da en esta ley, quiero hacer mención específica al título II, que regula las medidas relacionadas con la explotación, la investigación
—por cierto, como usted sabe perfectamente, señor ministro, estos permisos de investigación dependen de las comunidades autónomas— y la producción de hidrocarburos.

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En cuanto a la creación del impuesto y las respectivas tasas a las que se refiere el proyecto de ley, nada que objetar por parte de nuestro grupo parlamentario; es decir, entendemos que una actividad como la extractiva de gas o petróleo
impacta directamente sobre los territorios y los ciudadanos que en ellos habitan. Por tanto, el beneficio de esta actividad debe reportar a dichos territorios y sus ciudadanos la compensación económica correspondiente. En este sentido, la creación
de un impuesto es, sin duda, una herramienta de redistribución correcta para beneficiar a los ciudadanos que habitan en los territorios correspondientes, donde se pueden plantear operaciones de esta índole. Sin embargo, es ahí donde el principio de
recentralización que subyace en muchas de las políticas de este Gobierno brilla por su ausencia en este proyecto. El Gobierno plantea que este impuesto y los cánones y tasas asociadas a la actividad extractiva no sean recaudadas por las
administraciones, cuyos territorios se ven afectados directamente por la implementación de este impuesto, sino por la Administración General del Estado, y prevé —eso sí— en todo caso unas subvenciones vía Presupuestos Generales del Estado a las
comunidades autónomas que implementen dicho impuesto, pero con una cuantía que ni se determina y que, en cualquier caso, estará condicionada a las limitaciones financieras del Estado. Desde esta perspectiva ya le avanzo que vamos a presentar
enmiendas. Hablaremos también con el ministro de Hacienda para ver si es posible que estos tributos sean cedidos —no hay ningún problema en que sean de titularidad de la Administración General del Estado—, a las comunidades autónomas donde se
planteen estas operaciones.


Asimismo, desde Convergència i Unió entendemos que si hay un yacimiento de petróleo o de gas en un territorio, en una comunidad autónoma, siempre y cuando exista la tecnología avanzada suficiente para dar garantías de que los riesgos están
controlados, a dicha comunidad le competa gestionar la actividad extractiva de estas fuentes de energía que se desarrollan en su territorio y, por tanto, que le competa gestionar los incentivos a dicha actividad, gestionar los impuestos —como los
que se prevén en esta ley— y cobrar en todo caso las tasas de los permisos de investigación que ella otorga, así como gestionar el pago de los proveedores. Así pues, estamos ante un segundo tema relevante referido a que sean las comunidades
autónomas que estén afectadas por estas operaciones las que puedan otorgar los permisos correspondientes.


Hay otros aspectos técnicos que se refieren al articulado, pero solo le voy a plantear algunos; por ejemplo, las inspecciones receptoras de gas natural. El proyecto de ley exonera a la empresa distribuidora de la obligación de inspeccionar
periódicamente a las instalaciones receptoras que limitan la responsabilidad de comunicar a los usuarios conectados a su red la necesidad de realizar una inspección. ¿Por qué, señor ministro? Porque esto va contra la seguridad. ¿Por qué vamos a
cambiar una cuestión que ha funcionado durante muchísimos años? Ante esta nueva legislación corremos el riesgo de que puedan ocurrir algunos accidentes que hasta la fecha han estado bastante controlados por las inspecciones periódicas. Hay otro
asunto que también nos preocupa, y es el que hace referencia a todas aquellas redes de suministro de los gases licuados del petróleo por canalización, y entendemos que en este aspecto también se tendrían que implementar unas medidas que fueran en la
dirección de la libertad del mercado y no en la dirección de discriminar la competencia.


Finalmente hay otra cuestión que preocupa a nuestro grupo parlamentario —no es básicamente de esta ley, pero vamos a introducir enmiendas al articulado—, y es aquello que hace referencia a los impuestos sobre gases fluorados. Como usted
sabe perfectamente, señor ministro, este nuevo impuesto, que ya está en aplicación, está afectando muy negativamente a la economía productiva que trabaja con el frío; tanto es así, que las cargas del gas fluorado en este nuevo impuesto han
incrementado en un 80 %, que se dice pronto. Una carga de gas fluorado para una empresa representaba un coste aproximado de 300 euros, ahora con este nuevo impuesto las cargas del gas fluorado pasan de 300 euros a 2.500 euros. Esto es insostenible
básicamente para aquellas empresas que están trabajando con el frío industrial. Aquí también le agradecería una vez más —hablaremos si es necesario con el ministro de Industria— que pudiéramos corregir en esta legislación un impuesto, una tasa que
afecta negativamente a la comunidad y que puede abocar a que muchas empresas que están trabajando en un 80 % en su política industrial con gas fluorado y con el frío tengan que cerrar. Vale la pena ya que usted, hay que decirlo, ha sido sensible a
los asuntos que hacen referencia a la economía productiva, también en este caso, y que busque la complicidad de los grupos parlamentarios para resolver esta situación, ya que —repito— con un 800 % de incremento de estos impuestos para los gases
fluorados es imposible la viabilidad de la economía productiva.


Muchas gracias, señora presidenta.

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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sánchez i Llibre.


Finalmente, por el Grupo Popular, señor Mariscal.


El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señora presidenta.


Esta reforma que hoy nos presenta el Gobierno supone, sin duda alguna, el cierre a la reforma del sector energético que inició este Gobierno al principio de la legislatura; una reforma que empezó dirigiéndose fundamentalmente a los
ingresos, estableciendo un impuesto importante sobre la generación principalmente de mayor impacto ambiental, y a continuación se atacó la reducción de costes. Quiero poner un pequeño ejemplo: se establecieron rentabilidades razonables, del 7,4 %,
para las instalaciones de energía renovables, y si no hubiéramos modificado esa legislación, hoy día tendríamos que pagar prácticamente 11.000 millones de euros en primas, en un sistema que supone 35.000 millones. Esto lo digo para que nos demos
cuenta de la situación en que se encontraba nuestro sistema eléctrico. En tercer lugar, por supuesto se trató de potenciar y mantener el bono social para aquellos sectores más afectados, fundamentalmente pensionistas con rentas mínimas, familias
numerosas y aquellos que tenían instalados menos de 3 kilovatios. Todo ello contando con el enorme y fantástico esfuerzo de la sociedad española, de empresas y de familias y el coraje y extraordinario valor que este Gobierno, en particular el
Ministerio de Industria, ha tenido para afrontar la mayor dificultad que tenía el Gobierno de España en materia energética, su déficit tarifario, 26.000 millones de euros acumulados, 10.000 millones cada año. Señorías, en estos momentos con nuestra
factura eléctrica estamos pagando 2.000 millones en amortizaciones de la deuda y 1.000 millones en intereses, 3.000 millones, que es la cantidad que está fijada en los Presupuestos Generales del Estado solamente para educación y cultura. Démonos
cuenta de la dimensión de este enorme y fantástico problema.


Esa preocupación que el Gobierno tenía ha traído consigo resultados extraordinarios. Entre los años 2004 y 2011 la factura eléctrica de los españoles subió alrededor de un 67 %. En el año 2013 ha bajado un 3 % —datos del Instituto Nacional
de Estadística— y un 4 % en 2014. Es evidente el cambio de tendencia que estas políticas han generado y que además tuvieron su reflejo la semana pasada con la rebaja de un 10 % en la bombona de butano. Por tanto, todas las tecnologías —este
Gobierno lo ha demostrado— tienen entrada y, en función de la madurez en la que se encuentren, podrán formar parte de nuestro sistema para garantizar la sostenibilidad económica, y por tanto la competitividad de nuestra economía, la sostenibilidad
ambiental y la seguridad y garantía del suministro.


Una pequeña demostración es la siguiente: en el día de ayer en el sistema eléctrico el 58,09 % de la energía eléctrica consumida en nuestro país venía de fuentes que no emitían CO2. Es evidente que no hace falta ideologizar las
tecnologías, que no hace falta ideologizar la sostenibilidad, lo que hay que hacer es trabajar para garantizar seguridad de suministro veinticuatro horas, siete días a la semana en las condiciones que anteriormente he expuesto, porque es evidente,
señorías, que la energía, el acceso a la energía, la utilización que de ella hagamos, la forma y las fuentes que tenga la misma suponen sin duda alguna la mayor limitación que tiene nuestro país para nuestro crecimiento económico.


Ahora voy a referirme a las enmiendas a la totalidad a las que hoy nos enfrentamos. Me parece que se está produciendo en sede parlamentaria una mala utilización de lo que suponen las enmiendas a la totalidad. Existe, como antes ha
planteado el ministro, la oferta de aceptar enmiendas y trabajar conjuntamente para mejorar el texto de la ley. Lo que no creo que sea conveniente es utilizar ese trámite única y exclusivamente para hacer mítines políticos que ahora mismo, con mi
exposición, voy a intentar desmontar. ¿Les parece mal a los enmendantes que seamos el único país de la Unión Europea sin mercado organizado de gas, que no haya señales de precio, que solo haya acuerdos bilaterales y que haya falta de transparencia
en el mercado de gas? ¿Eso les parece mal? ¿A quién beneficia esto? ¿Les parece mal que haya menos presencia, una presencia activa por parte de los consumidores, que puedan ellos mismos vender y comprar gas? ¿Es bueno o es malo que haya mercado
del gas para la industria española? Sin duda alguna, hay que abrir los mercados, tiene que haber señales de precios y la opacidad y la transparencia solamente benefician a los operadores mayoritarios. Luego no sé muy bien a quién defienden quienes
plantean que esto es negativo para la economía española.


Segundo ejemplo, los instaladores de gas y las revisiones obligatorias de las instalaciones. Hablamos de 20.000 empresas y de más de 120.000 profesionales que liberamos en estos momentos —liberamos el mercado— para que cualquiera de ellos
pueda inspeccionar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, sin tener que estar obligados a un determinado suministrador. Podrán, por tanto, los consumidores elegir libremente quién realiza esas inspecciones. Más empresas, más
rendimientos del

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trabajo, la economía se mueve, eliminamos intermediarios y se rebajan los precios. Tampoco comprendo por qué les parece mal que sea Cores la entidad que gestione las reservas de hidrocarburos y que exista una reserva mínima estratégica de
gas en España. Tampoco lo comprendo.


Exploración, investigación y producción de hidrocarburos. Voy a tratar dos puntos previos antes de referirme al texto: la energía primaria, la energía eléctrica, supone apenas un 20 %. Del total de la energía primaria, en España, el
petróleo representa un 46 % y un 25 % el gas. —Este es el primer dato—. El segundo dato es que la dependencia del petróleo, como decía recientemente el ministro, supone un 99,5 %. Si la unimos al gas, suponen 37.000 millones de euros al año,
mucho más de lo que se paga por el servicio de la deuda y muchísimo más de lo que pagamos en desempleo. Por tanto, si conseguimos reducir esas cifras, ese dinero podremos destinarlo a otras políticas, por ejemplo, avanzar, como tanto queremos todos
en principio, en una mejora de la industria de nuestro país. ¿Qué se ha hecho? En primer lugar, modificar la legislación medioambiental y proteger cualquier tipo de actividad en este sentido. Se modificó la Ley de Responsabilidad Medioambiental
para establecer requisitos mínimos a la hora de afrontar operaciones en alta mar. Se modificó la Ley de Evaluación Ambiental Estratégica para obligar a que existan evaluaciones de impacto ambiental en las operaciones de hidrocarburos convencionales
y no convencionales. En fin, además en esta legislación que incluimos habrá un reparto de las rentas que supongan este tipo de actividades triple. Por una parte, habrá un impuesto, como antes anunció el ministro, que recaerá en las comunidades
autónomas y ayuntamientos más directamente afectados, en torno al 2 % y 8 % del valor total en el caso del petróleo y del 1 % al 4 % en el caso del gas. Además, se actualizan los cánones de superficie elevando las cifras que anteriormente existían.
Y en tercer lugar —es una gran novedad—, se hace partícipe al propietario del suelo de las investigaciones que se realicen en el subsuelo, con un 1 % dirigido a ese propietario del valor total de lo extraído. Estas tres disposiciones fiscales no
existían en ninguna de las ochocientas exploraciones que nuestro país ha acometido en los últimos años. Ha quedado más que justificada la necesidad del desarrollo de esta ley. Todos sabemos que en Estados Unidos las exploraciones de gas y petróleo
no convencional han supuesto una revolución. El año pasado se han convertido en exportadores netos de hidrocarburos. Cuando las empresas americanas pagan el gas para sus actividades económicas pagan tres veces menos que las empresas europeas.
Esto afecta directamente a nuestra competitividad y los mismos que reclaman continuamente en Comisión la necesidad de impulsar la industria altamente intensiva en energía en nuestro país, son los mismos que se oponen a que reduzcamos la factura
energética y el precio del gas a estas empresas.


Hablaba del ministro de Rusia. Me parece que es importante acentuar la explicación en este ambiente. Europa consume 462 bcm de gas al año y de esos 462 vienen de Rusia 109, lo que supone aproximadamente un 36 % del gas que se importa desde
fuera de la Unión Europea, pero es que de ese 36 % el 53 % atraviesa Ucrania. Me gustaría que las personas a la hora de votar este tipo de iniciativas tuvieran la suficiente responsabilidad como para entender que en un mundo globalizado e
interdependiente, como en el que vivimos actualmente, este tipo de decisiones tienen su trascendencia. Insisto en que el 53 % del gas que se importa de Rusia, atraviesa Ucrania, y tenemos seis socios en la Unión Europea que utilizan en un cien por
cien gas ruso: Lituania, Estonia, Letonia, Finlandia, Rumanía y Bulgaria. Me parece por tanto que este Gobierno acomete claramente las principales dificultades que en materia energética tiene nuestro país. El último dato para finalizar es sin
duda alguna alegrarnos por el extraordinario trabajo que, tanto en el Consejo Europeo de 23 y 24 de octubre como en la pasada reunión del 4 de marzo, permitió que se asegurara y garantizara la introducción de todas las interconexiones gasistas y
eléctricas y los proyectos de interés común para financiarse a través del Plan Juncker. Esas interconexiones de gas y energía eléctrica supondrán para España seguridad de suministro, convergencia de precios, competitividad, y por supuesto la
capacidad para evacuar energías renovables en cualquier momento. Somos y seremos el único país en 2020 con una interconexión inferior al 10 %. Este Gobierno ha sabido acometer esa dificultad, añadiendo además la enorme fortaleza que tenemos al
contar con siete gasificadoras, que unidas a los dos gasoductos que vienen desde Argelia posibilitan la capacidad de exportar —como anteriormente decía el ministro— prácticamente 40 BCM, lo que supone un 10 % del consumo europeo.


Creo sinceramente que esta ley supone generar y crear las bases para una nueva geopolítica energética en nuestro país, para una gobernanza sostenible y responsable de los recursos, las energías renovables, los hidrocarburos y las fuentes de
energía en nuestro país.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Mariscal.

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ENMIENDAS DEL SENADO:


— PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. (Número de expediente 121/000108).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto relativo a las enmiendas aprobadas en el Senado al proyecto de ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), ¿señor Agirretxea? (Pausa).


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, ¿señor Martínez Gorriarán?


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: ¿Estamos en la biblioteca, señora presidenta?


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Sí, estamos en la biblioteca.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Le agradezco que me lo recuerde. Pasar del petróleo a los libros no es tan fácil.


En relación con las enmiendas que llegan del Senado nos vamos a abstener junto con la mayoría; consideramos que una vez más el Senado no ha hecho un gran papel más allá que el de retocar el texto, y votaremos en contra de una de las que se
votan separadamente, porque nos parece que no se ha reforzado como se debería el liderazgo de una de las joyas de la corona de los bienes públicos, del común pro indiviso que tenemos todos los ciudadanos, que debería reforzarse, porque es una
institución de enorme importancia. Consideramos que la ley ha perdido una oportunidad. Por lo demás, como decía, nos abstendremos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.


Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, señora García Álvarez.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Como el anterior interviniente, lo haré con brevedad. Queremos empezar esta intervención en defensa de las enmiendas que vienen vivas del Senado con los mismos reconocimientos que ya nuestro senador, el señor
Iglesias, hizo en su debate. Primer reconocimiento, que aunque efectivamente y coincidiendo con lo que se ha dicho anteriormente, finalmente la ley no recoge las expectativas que teníamos y que debería haber cumplido una ley de estas
características, sí agradecemos que se presentara el proyecto por la importancia que tenía. También queremos reconocer —alguna vez teníamos que reconocer algo positivo, señor ministro— los esfuerzos realizados en la búsqueda de acuerdos asumiendo o
transaccionando algunas de las enmiendas presentadas. Pero —permítanme ustedes que ponga algún pero— las enmiendas que recogen ustedes suelen tener menor calado que el que deberían haber tenido para la mejora de esta ley. Tal y como manifestó en
su momento desde este mismo atril mi compañera De las Heras seguimos teniendo serias reservas, y no solo relacionadas con el texto del proyecto de ley. Nuestras dudas —que dada la forma de actuar son dudas más que razonables— se basan en la
capacidad que puedan tener para cerrar todas aquellas cuestiones que quedan abiertas: la elaboración del estatuto o el desarrollo de la norma.


Señorías, de manera especial nos preocupa una cuestión que ustedes ya han empezado a practicar antes de la elaboración y posterior puesta en marcha de este proyecto de ley, y nos referimos a la externalización, a la precariedad laboral, y a
las vías de financiación al margen de lo público. Ahí ustedes son verdaderos expertos para hacer las cosas, a nuestro entender, de nuevo como no deben. Como sus señorías ya conocen son prácticas sobre las que hemos discutido, criticado y rechazado
en otros ámbitos institucionales públicos, y como es lógico también lo hacemos en lo referente a la Biblioteca Nacional. Para nuestro grupo es de suma importancia que en el articulado se preserve una parte sustancial del fondo de la Biblioteca
Nacional, que son los fondos especiales, y recoja de forma explícita la voluntad de propiciar el acceso a especialistas e investigadores sin que ello signifique en ningún caso —como ya explicó mi compañero Jesús Iglesias en el Senado— impedimento
alguno al común de los usuarios, en el formato adecuado, eso sí. Nos parece absolutamente lógico y razonable que en la configuración del pleno del Real Patronato se pueda realizar una ampliación de tres a seis personas la actual representación de
las comunidades autónomas; tres tendrían carácter rotario y serían designadas por la Conferencia Sectorial de Cultura, y las otros tres por las academias de las lenguas. De igual modo nos parece absolutamente lógico y razonable que en dicho
patronato haya tres vocales elegidos por los trabajadores

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y trabajadoras de la Biblioteca Nacional de España. En cuanto a la selección del director o directora de la biblioteca creemos que debe preverse que haya asesoramiento, especificando que sea de funcionarios competentes en la materia,
titulados en Archivística, Biblioteconomía y Documentación. De nuevo parecía que nuestra propuesta era lógica y razonada, pero es evidente que nuestra lógica y nuestra razón chocan de frente con los intereses o razonamientos de otras fuerzas
políticas, de usted, señor ministro, y del Gobierno.


Acabo manifestando nuestro profundo rechazo a la puerta que se abre a la intromisión de la iniciativa privada a través de adquisición de participaciones. Queremos y defendemos una Biblioteca Nacional pública. Señores del Gobierno, señor
ministro, que no se diga que la cultura les persigue, pero ustedes corren más rápido. Hagan una ley que de verdad sea la que corresponde a la Biblioteca Nacional de España. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora García Álvarez.


Por el Grupo de Convergència i Unió, señora Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.


Voy a intervenir brevemente desde el escaño. Desde el primer momento mi grupo parlamentario apoyó el proyecto de ley que vino a esta Cámara en relación con la regulación de la Biblioteca Nacional de España. Lo apoyamos, igual que lo
hicimos con otros proyectos, como el proyecto que reguló la autonomía y el nuevo marco regulatorio del Reina Sofía y el del Museo del Prado, porque entendíamos que el marco regulatorio de aquellas instituciones debía adaptarse a los nuevos tiempos,
a los cambios que habían acaecido a lo largo de los últimos años. En definitiva entendemos que este proyecto de ley dota a la Biblioteca Nacional de España de un marco regulatorio, de un instrumento que permitirá convertir una institución del siglo
XVIII en una institución del siglo XXI. Además este no es un instrumento útil únicamente para la Biblioteca Nacional de España, creemos que este nuevo marco regulatorio va a ser útil también para el conjunto de la ciudadanía, para el sistema
bibliotecario del Estado español, dentro del correspondiente marco competencial evidentemente. En el sistema bibliotecario español tienen un papel muy importante las comunidades autónomas, y cómo no también los municipios, porque están haciendo una
labor muy importante para acercar y facilitar el acceso de la ciudadanía a la cultura, a través de muchas de las bibliotecas que hay en tantos pueblos del Estado español. La Biblioteca Nacional de España es una pieza fundamental en ese sistema de
bibliotecas. Por esa razón nuestro grupo parlamentario, para dotar al sistema bibliotecario existente en el territorio español de esa nueva regulación que se necesita, dio apoyo parlamentario desde el primer momento, igual que hicimos en otros
proyectos. Ahora bien el texto era mejorable, y por eso nuestro grupo presentó un conjunto de enmiendas, y tenemos que agradecer que gran parte de ellas hayan sido aceptadas. La única enmienda que no ha sido incorporada al proyecto de ley ha sido
la enmienda 33 de nuestro grupo parlamentario. Lamentamos que no haya sido incorporada, porque además es una enmienda compartida por el resto de grupos, que iba en el mismo sentido que otras enmiendas que ya se habían presentado y que tenían que
ver con la composición del órgano de dirección de la Biblioteca Nacional de España. Igualmente agradecemos la sensibilidad que ha habido para incorporar las enmiendas de nuestro grupo parlamentario, y reiteramos que votaremos a favor de este
proyecto de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Surroca.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Buyolo.


El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señor ministro, mis primeras palabras quieren ser de agradecimiento a doña Ana Santos, la directora de la Biblioteca Nacional, y a todo su equipo, por la acogida y la información que nos dio, y sobre todo por el
trabajo que hemos podido realizar con ella.


Asistimos al último debate sobre la ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España. Estos siete meses de tramitación de la ley nos han permitido poner de relieve la importancia y la necesidad de que una de las señas de identidad de
nuestra cultura se dotara de una herramienta fundamental para afrontar el futuro. El Parlamento ha cumplido su función, ha estado a la altura de las circunstancias, y ha trabajado para sacar adelante una ley tan importante. En el Grupo
Parlamentario Socialista también hemos cumplido con nuestra labor y con nuestros principios, aunque como ya he comentado en otras

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intervenciones no es la ley que nos hubiera gustado. Además, como ya han dicho otros grupos, creemos que se ha perdido una buena oportunidad. Esta ley no está a altura del papel fundamental que debe tener la Biblioteca Nacional de España.
Como les decía hemos cumplido con nuestros principios y con la historia de nuestra actuación política. Hay que recordar que el Gobierno del Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley del Museo Reina Sofía; por cierto,
permítanme que resalte el liderazgo de la ministra González-Sinde para hacer que este proyecto fuera posible. (Aplausos). Ahora con la misma responsabilidad institucional con la Biblioteca Nacional votaremos a favor de esta ley, aunque sigamos
pensando que se ha perdido la oportunidad de hacer una ley ambiciosa que verdaderamente diera respuesta a las necesidades de la Biblioteca Nacional de España.


Señoras y señores del Grupo Parlamentario Popular, señor ministro, ahora es su responsabilidad. Ahora deben demostrar ustedes verdaderamente que creen en la Biblioteca Nacional, que creen que es una de nuestras grandes instituciones
culturales, y no solo sirve para el recuerdo y almacenamiento de nuestro acervo cultural, sino que es mucho más. Ahora no tienen excusas. Doten a la Biblioteca Nacional de los recursos necesarios para que siga adelante con su fuerza. Es su
responsabilidad. Ya les anuncio que nuestro grupo y el que les habla seguirán trabajando para que la Biblioteca Nacional disponga de todos los recursos que necesita para estar a la vanguardia de la cultura, y ser una de nuestras señas de identidad.


La Biblioteca Nacional cuenta ya con una historia de más de trescientos años. Creada en 1712 por el rey Felipe V, ha sobrevivido y crecido gracias a su adaptación a cada una de las épocas. Es una biblioteca viva y dinámica que ha estado al
servicio de los ciudadanos y ciudadanas a lo largo de toda la historia. La Biblioteca Nacional ha avanzado en paralelo a su tiempo. Lejos queda ya cuando Carlos III en 1761 decretó que no se permitiría la entrada —abro comillas— con gorro, cofia,
pelo atado, embozo u otro traje indecente o sospechoso, ni mujer alguna en días y horas de estudio, pues para ver la biblioteca podrán ir en los días feriados, con permiso del bibliotecario mayor. Afortunadamente este tiempo quedó atrás y hoy las
mujeres representan el 61 % de los trabajadores de la Biblioteca Nacional. Una biblioteca nacional es una biblioteca que se llama a sí misma Biblioteca Nacional, decía Graham Cornish en su informe de 1991, aunque obviamente no puedo estar de
acuerdo con él, porque trescientos años de historia creo que le dan el título porque sí. En el mismo informe se ponían de relieve las tres características que son comunes a todas las bibliotecas nacionales: estar financiadas fundamentalmente por
fondos públicos, estar abiertas al público, y actuar como archivo principal de los materiales producidos en el país. El propio profesor concluía diciendo: A partir de estas declaraciones poco más es cierto. Aunque es verdad que luego relataba
quince importantes funciones más que tenían las bibliotecas. Desde este informe no solo ha pasado ya casi un cuarto de siglo, sino que la sociedad de la tecnología y la sociedad de la información se han extendido y se siguen extendiendo a un ritmo
vertiginoso. Por eso reiteramos que esta ley no cubre las expectativas y se queda corta.


La Biblioteca Nacional es y debe ser el centro de referencia y asesoramiento de las políticas bibliotecarias. Ha de estar en la cúspide del sistema bibliotecario español no solo adaptándose al entorno cambiante, sino liderando los cambios
como fuerza motora, defendiendo el nuevo modelo de biblioteca, y haciendo frente al mundo digital, por supuesto sin abandonar el mundo físico. La contingencia entre el mundo real y el virtual es como las dos caras del mismo espejo. Pero a estas
dos dimensiones, la real y la virtual, se une una tercera dimensión que tiene la misma importancia, y donde la Biblioteca Nacional ha de convertirse en el principal recurso de nuestro idioma: la dimensión exterior. La Biblioteca Nacional de España
no puede ser solamente una depositaria y transmisora de saber. Debe convertirse en una institución que desarrolle una política cultural activa en las tres esferas que les he comentado. Desde la cúspide del sistema bibliotecario español la
Biblioteca Nacional debe ser el motor estratégico del desarrollo cultural de España. Los retos son las antesalas de las oportunidades. Si verdaderamente apuestan por la Biblioteca Nacional de calidad no pueden no atender a los retos a los que nos
enfrentamos, y hoy son tres los retos: la gestión de ese acervo cultural, la nueva cultura digital, y por supuesto la proyección exterior de nuestra cultura.


La Biblioteca Nacional guarda la memoria del Estado; no solo la conserva, sino que además la difunde. La adquisición de fondos bibliográficos se realiza por cuatro sistemas: el depósito legal, la compra, la donación y el canje. Es
necesario que se dote de recursos para la compra de fondos, porque se ha pasado de 1.170.000 euros en 2010 a tan solo 210.000 euros en 2012, una cifra completamente insuficiente. No puede limitarse una fuente de ingresos de fondos tan importante.
Sin duda alguna esto merma la función de la biblioteca. Por otro lado existe una importante deficiencia en la catalogación de documentos,

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fundamentalmente por la falta de recursos humanos para abordar la catalogación de la integridad de su colección. Por cierto esto último no se lo dice este diputado, sino que se puede leer en el informe de fiscalización del Tribunal de
Cuentas del 26 de febrero de 2015.


El segundo gran reto es la creciente cultura digital. Fíjense en un dato: el total del nuevo contenido digital creado en 2011 supera por millones el contenido de todos los libros escritos hasta ahora. Además el tráfico en Internet ha
crecido en una década más del 13.000 %. La Biblioteca Nacional no está exenta de esta revolución cultural. En el año 2013, con respecto a 2012, el crecimiento del acceso a las colecciones digitalizadas, a través de la biblioteca digital hispánica,
fue de un 130 %; y en la hemeroteca digital el incremento fue casi del 275 %; un gran reto que genera una gran oportunidad que no puede desaprovecharse. La digitalización iniciada en 2008 gracias al convenio firmado con Telefónica ha permitido
digitalizar más de 137.000 títulos y un total de más de 25 millones de páginas. Este proceso no puede pasarse. La Biblioteca Nacional ha de ser, gracias a la digitalización, el primer recurso de los investigadores, su fuente de consulta y de
generación de más conocimientos. Pero además es una prioridad preservar nuestro patrimonio digital. No podemos dejar que se pierda todo el contenido cultural que se está generando en la red. Mientras disminuye la creación cultural en soportes
físicos se crean nuevas formas de edición y autoedición digital. No se puede perder esa creación. La Biblioteca Nacional tiene que tener los recursos tecnológicos, humanos y económicos necesarios para hacer frente a la catalogación y difusión de
este incipiente material cultural.


Por último, la proyección cultural exterior. La Biblioteca Nacional ha de ser punto de referencia, junto al Instituto Cervantes, de la proyección cultural de España en el exterior. Ha de ser el primer recurso de búsqueda, no el último
recurso; una acción que está muy ligada a la dimensión virtual y al papel del liderazgo de la Biblioteca Nacional como centro de referencia bibliotecaria. Debemos aprovechar el potencial de nuestra cultura y nuestra lengua para construir esa marca
España, implicando a nuestras grandes instituciones culturales. Suscribo las palabras de la experta en cooperación internacional Pilar Ponce Velasco: La Biblioteca Nacional tiene ese potencial, y debe ser uno de los grandes puntos de referencia de
la acción cultural española.


Permítanme hacer ahora un paréntesis para hablar de política. Los diputados del PSOE no tenemos miedo ni a la política ni a la democracia. Por eso, gracias a la plataforma de participación quorum.org, abrimos el debate de la ley a los
ciudadanos para que dieran su opinión. Defiendo una democracia representativa, pero además es necesario complementarla con la democracia participativa, apostando así por una democracia expansiva. Quiero aprovechar este momento para agradecer a
todos los participantes sus aportaciones e ideas. El Congreso debe de abrirse más a la ciudadanía, y desde el Grupo Socialista seguiremos haciéndolo. A estos y a otros muchos retos nos enfrentamos hoy. No se puede hacer frente a ellos solo con
una ley, sino que necesita de los recursos para llevar a cabo esa política cultural. Por desgracia ustedes en tres años de gobierno, señor ministro, han demostrado que la cultura no es su prioridad. La mayor dotación presupuestaria con la que
contó la Biblioteca Nacional fue en el año 2009, Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con 53 millones de euros. Ahora estamos, con su Gobierno, señor Wert, en cerca de 29 millones de euros, es decir, 24 millones de euros menos. Las
prioridades políticas se significan en los presupuestos, y ustedes las han dejado muy claras, no les interesa la cultura. Por desgracia su ataque y su desprecio a la cultura van más allá de los recortes brutales a los presupuestos: subida brutal
del IVA, Ley de Propiedad Intelectual en contra de los creadores, ley del mecenazgo mil veces prometida y escondida en el cajón del ministro Montoro, eliminación de las enseñanzas artísticas, criminalización de los artistas, y un largo etcétera que
avergüenza recordar.


Concluyo, señora presidenta. Señores del Partido Popular, ahora es su responsabilidad, adopten las medidas tendentes a dotar a la Biblioteca Nacional de medios suficientes para hacer frente a sus funciones y competencias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Buyolo.


El señor BUYOLO GARCÍA: En particular se estima necesario incrementar los medios personales propios de la Biblioteca Nacional, a fin de limitar los recursos de la contratación externa de servicios por bibliotecarios. Por cierto, esto no se
lo digo yo, se lo dice el presidente del Tribunal de Cuentas en su informe de 26 de febrero de este año, que por supuesto suscribo, y le insto a que lo haga.


Muchas gracias. (Aplausos).

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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Buyolo.


Por el Grupo Popular, señora Figueres.


La señora FIGUERES GÓRRIZ: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señor ministro, señora directora y equipo de la Biblioteca Nacional, muchas gracias por estar aquí. Es un día importante para la Biblioteca Nacional y para todos los enamorados de la Biblioteca Nacional.


Borges decía que las bibliotecas son la memoria de la humanidad, y que aunque esta memoria tenga muchas sombras, es indudable que solo gracias a las bibliotecas se puede erigir un porvenir que se parezca siquiera un poco a nuestra esperanza,
nuestra memoria, nuestra historia, el conocimiento escrito y gráfico de tantos siglos. La Biblioteca Nacional ha asumido desde siempre un compromiso firme en la conservación de un legado cultural de cuya conformación ha sido protagonista. De los
30 millones de documentos, un poco más de la mitad son libros impresos y folletos de los siglos XV al XXI, y de ellos 3.164 incunables, primeras ediciones de nuestras joyas literarias, y todo lo publicado en España desde 1716, cuando una ley dictaba
que: de todos los libros que se impriman se entregue un ejemplar encuadernado a la Biblioteca Real. La otra mitad son casi 15 millones de manuscritos, grabados, dibujos, estampas, mapas, partituras, carteles, postales, fotografías, registros
sonoros, vídeos, dvd, archivos personales. La Biblioteca Nacional de España es un auténtico tesoro bibliográfico y documental de los más valiosos del mundo, del que podemos sentirnos legítimamente orgullosos. Por tanto conservar, catalogar,
gestionar, incrementar y difundir este fondo es una tarea ingente que esta ley quiere regular y facilitar.


Este proyecto de ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España, que hoy debatimos en su último trámite parlamentario, quiere reforzar el liderazgo de la Biblioteca Nacional como primera institución bibliotecaria de España, quiere
fomentar su papel de apoyo a la investigación científica y técnica, y quiere consolidarla como centro de referencia internacional de acceso a la información y el conocimiento en español. La Biblioteca Nacional de España acaba de cumplir trescientos
tres años, y en los últimos veinticinco su modo de trabajar ha sufrido más cambios que en los doscientos setenta y ocho anteriores, tanto en la gestión interna como en la prestación de servicios. El avance vertiginoso de las tecnologías de la
información y del conocimiento obliga a adaptar la normativa a esta nueva realidad. El ascenso imparable de los servicios digitales y la diversificación de soportes exigen cambios en la gestión que faciliten el desarrollo de proyectos de innovación
tecnológica de un modo ágil y acorde con los tiempos. El modelo de biblioteca del siglo XVIII hoy ya no es operativo, porque hoy hay que garantizar la conservación de los contenidos digitales, catalogar automáticamente todos los fondos,
normativizar la catalogación, regular el depósito legal electrónico, facilitar las consultas de documentos en línea, crear bases de datos y enlazarlas con otras, incorporar los grandes conjuntos de datos que genera la Biblioteca Nacional al Plan de
reutilización de la información del sector público, para crear catálogos bibliográficos y bibliotecas digitales únicas, ampliar regularmente los espacios de almacenamiento. Todo esto hace necesaria una reestructuración de la Biblioteca Nacional de
España, asignarle nuevas competencias e instaurar un nuevo modelo de gestión.


Pero no es solo eso; con esta ley se quiere colocar a la Biblioteca Nacional de España en el lugar que se merece como institución cultural y científica de primer orden, con un papel fundamental en la transmisión y el fomento de la cultura y
el conocimiento españoles, incluyendo las culturas de España expresadas en otras lenguas, también de lo español publicado en el extranjero, y de aquello publicado en español en otros países con los que compartimos lengua. Además la Biblioteca
Nacional ha de ser el vértice de la pirámide de la política bibliotecaria de España, centro de referencia, generadora de normativa y de información, y también coordinadora de proyectos en los que habrán de intervenir, tanto las comunidades autónomas
como las diputaciones y ayuntamientos titulares de bibliotecas públicas. De la eficacia de la Biblioteca Nacional, de su vocación de colaboración, dependerá el mejor servicio a los ciudadanos que presten las bibliotecas. No dudamos en ningún
momento de la capacidad de la Biblioteca Nacional para llevar a cabo esta labor de impulso y coordinación, que abarca desde la creación de catálogos bibliográficos y bases de datos colectivas hasta programas de formación, desde la unificación de
bibliotecas y repositorios digitales a la elaboración de la normativa, desde la gestión de proyectos de cooperación con las comunidades autónomas a la participación en programas internacionales. La dotación a la Biblioteca Nacional de un marco
jurídico actual y apropiado no hay duda de que redundará en beneficio de todo el sistema bibliotecario español, evitará duplicidades, y facilitará el acceso a la información de los usuarios, también favorecerá la rentabilidad de los recursos
públicos.

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Este proyecto de ley que hoy debatimos garantiza el carácter irrenunciablemente público de la Biblioteca Nacional, y al mismo tiempo permite una gestión más ágil de sus recursos y nuevas vías de financiación, que permitirán que la
institución no dependa exclusivamente de los Presupuestos Generales del Estado. En todo caso la Biblioteca Nacional, como institución pública, está sujeta a la justificación y el control de la Intervención General de la Administración del Estado y
del Tribunal de Cuentas. Lo que hace esta ley es dotar a la Biblioteca Nacional de instrumentos eficaces que favorezcan la captación de recursos propios, la colaboración de los ciudadanos a través del mecenazgo, y la participación de la biblioteca
en fundaciones y sociedades cuyo objeto sea acorde con sus fines, y no al contrario, doña Caridad, que parece que usted lo ha entendido al revés, que serán las sociedades las que tendrán participaciones de la biblioteca, no, la biblioteca es
absolutamente pública, será la biblioteca la que podrá participar en fundaciones y sociedades cuyo objeto sea acorde con sus fines. También en cuestiones económicas queremos que la Biblioteca Nacional sea una institución del siglo XXI, y no se
trata de mercantilismo, se trata de liberalismo. Hay comunismo, hay liberalismo, usted es comunista, nosotros somos liberales, y optamos por este modelo. (Aplausos).


Hemos visto cómo desde hace unos años otras instituciones españolas se han ido implantando en el exterior o han sido capaces de liderar proyectos internacionales con éxito. El Instituto Cervantes, con su actividad docente expansiva, hoy
está presente en cuarenta y cuatro países de los cinco continentes, capitaneando la enseñanza del español en el mundo. La Real Academia Española coordina las veintidós academias de la lengua española de los países hispanoamericanos, de Estados
Unidos, y de Filipinas. La Biblioteca Nacional de España también tiene esa vocación de liderazgo y quiere establecer vínculos con universidades, centros de investigación y otras bibliotecas, básicamente de aquellos países con los que compartimos el
español. Por todo esto la biblioteca necesita más competencias, necesita autonomía de gestión, necesita un real patronato que, más allá de una función de representación y de carácter consultivo, se implique en la dirección y en la captación de
recursos, y esto hace que no pueda ser demasiado amplio. Si ha de asumir funciones directivas, el real patronato tiene que reducir el número que hasta ahora tenía. Necesita un comité científico que asesore en los proyectos de investigación y vele
por el cumplimiento de los objetivos de calidad en los trabajos que se generen. La Biblioteca Nacional de España necesita, en definitiva, una ley como la que hoy le proporcionamos, que sí que está a la altura, señor Buyolo, de una ley, no de un
estatuto como el que se aprobó en 2009; está a la altura de una ley y de una dirección con rango de director general, que ustedes rebajaron a subdirección general. Le recuerdo que hubo una magnífica directora que tuvo que dimitir para no ser
cómplice de este atropello. (Aplausos). Es una ley que tiene vocación de permanencia y que en el plazo de un año se verá desarrollada por un estatuto que regulará con más detalle su estructura orgánica y funcional.


Señor Buyolo, yo no quería haber entrado en estos temas, pero tampoco tenía que haberlo hecho usted (Risas). Se necesita mucha desfachatez para subir aquí como representante del Grupo Socialista y acusar al Grupo Popular y al Gobierno de
haber reducido el presupuesto; hay que tener mucha desfachatez como representante de un grupo cuyo Gobierno nos sumió a todos en un agujero del que ahora el Gobierno que se sienta en este lado de la bancada (Señalando el lado derecho del hemiciclo)
tiene que salir; un Gobierno que frivolizaba sobre la crisis en lugar de luchar contra ella. Choca que usted evoque esas otras épocas. Le agradezco, eso sí, la cita de Pilar Ponce, gran amiga mía. En cualquier caso, yo he venido a hablar de mi
libro, en este caso de todos los libros de la biblioteca y también de todas las personas que han trabajado y trabajan en esta magnífica institución. Quiero expresar el agradecimiento, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a la directora y a su
equipo, a los trabajadores, tanto funcionarios como personal externo, y también a quienes ya se jubilaron. Quiero hacer una mención especial a los bibliotecarios eméritos que hoy continúan vinculados a la biblioteca aportando su saber. La
Biblioteca Nacional de España es hoy lo que es por la dedicación y el desvelo de tantos trabajadores que han pasado por allí, por su entrega y su amor a los libros. Quiero terminar con una cita sobre los bibliotecarios que Umberto Eco escribió en
El nombre de la rosa. Dice: El libro es una criatura frágil, se desgasta con el tiempo, teme a los roedores, resiste mal la intemperie y sufre cuando cae en manos inexpertas. Por lo tanto, el bibliotecario los defiende no solo de los hombres sino
también de la naturaleza, y consagra su vida contra las fuerzas del olvido, que es enemigo de la verdad.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Figueres.


Señor ministro de Educación.

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El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, no voy a hacer una intervención que tenga el menor riesgo de reabrir el debate. Tengo la máxima consideración por la salud y la alimentación de sus señorías y, por tanto, me voy a limitar a subrayar lo que yo
creo que es importante en una jornada como la de hoy y que ha tenido un claro reflejo en el debate que acabamos de sostener. El hecho de que a una institución cultural de cabecera, una institución cultural de referencia como es la Biblioteca
Nacional, se la dote de un instrumento legislativo que le permita actuar a la altura del siglo XXI —como se ha subrayado por parte de algún interviniente—, ha sido posible llevarlo a cabo mediante un amplio consenso, mediante un amplio acuerdo, no
solo el que se ha reflejado dentro de esta Cámara y en el Senado, sino también en el seno de la conferencia sectorial, las comunidades autónomas, las asociaciones profesionales de bibliotecarios, las informaciones públicas, etcétera. Todo ello
demuestra que, efectivamente, esta consideración de la Biblioteca Nacional como el gran repositorio de nuestra identidad cultural es algo que respetan, promueven y aceptan todos los grupos; también en esa intervención de los grupos se entiende este
valor que tiene la Biblioteca Nacional como depósito de la pluralidad de las culturas de España, y se ha comprendido por la mayor parte de los grupos, incluso de aquellos que han discrepado de aspectos parciales de la norma, la importancia que
conlleva poder adaptar normativamente una biblioteca como la Biblioteca Nacional a las exigencias del siglo XXI.


En mi primera comparecencia ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados en el mes de febrero de 2012, ya señalé que era conveniente que la Biblioteca Nacional dispusiera de un estatuto similar al de otras grandes instituciones
culturales tales como el Museo del Prado o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, porque disponer de un estatuto de autonomía, de autonomía de funcionamiento, de autonomía financiera, en definitiva poder realizar actividades a la altura de
unos tiempos que son muy exigentes para todo este tipo de instituciones, que implican cambios importantes en las dinámicas de funcionamiento, y además teníamos la experiencia que nos proporcionaban los correspondientes estatutos de autonomía del
Prado y el Reina Sofía, tenía que permitir que la biblioteca tuviera capacidad de ofrecer más y mejores servicios al ciudadano, trabajar más acorde con lo que hoy es una biblioteca. En definitiva, la ocasión que nos suponía el tercer centenario de
la fundación de la biblioteca, como se ha subrayado aquí, lo teníamos que celebrar con algo más que una conmemoración y era regalándole —si es que puede utilizarse así la expresión— a la Biblioteca Nacional un mecanismo, un instrumento legislativo
que le permitiera funcionar mejor.


Como se ha subrayado también, la Biblioteca Nacional es la garantía de la preservación de nuestra identidad pero también de su catalogación adecuada, de su difusión adecuada. No es una entidad, como tradicionalmente son las bibliotecas, que
mira hacia dentro, sino que también —se ha dicho aquí— tiene que mirar hacia fuera. Ayer mismo, celebrábamos en la Biblioteca Nacional la apertura de la exposición Teresa de Jesús, La prueba de mi verdad. No hace tantas semanas que celebrábamos
también otra interesantísima exposición sobre el coleccionismo cervantino. Creo que la Biblioteca Nacional, incluso antes de disponer de este instrumento, ya está haciendo un uso muy amplio de sus posibilidades, también de proyección hacia el
exterior de la cultura española, de las culturas españolas, de la diversidad de las culturas, y la importancia que tiene que ahora adapte sus modos de funcionamiento —también se ha indicado por parte de algunos intervinientes— a un entorno digital a
falta de soporte material hace que la función de conservación de esos materiales efímeros tenga también la máxima importancia; todo ello, esta situación en la que los contenidos trascienden a los soportes, hacía necesario y conveniente que se
dispusiera de este nuevo instrumento.


Yo quiero felicitar a todos los grupos por sus contribuciones. Quiero destacar la voluntad de consenso que tanto en el seno de la Comisión de Cultura del Congreso, que ha aprobado el texto con competencia legislativa plena, como en la
correspondiente Comisión de Cultura del Senado ha permitido que el texto se vea sustancialmente enriquecido con esas aportaciones. Desde el punto de vista de la gobernanza, como la portavoz del PP ha manifestado, hemos buscado un modelo que sea más
concentrado y más eficaz pero no por eso menos plural, no por eso menos atento a una presencia necesaria, como lo es en el órgano de gobierno de esta biblioteca la de las comunidades autónomas. También se pone en valor el hecho de que las
importantísimas colecciones de que dispone la biblioteca no solo constituyan, como decía antes, una riqueza hacia dentro sino también hacia fuera. Asimismo, se pone el acento en la eficacia, en el reaprovechamiento de los recursos, en definitiva,
que junto a la función de preservar, de catalogar, también la función de mostrar tenga la importancia que merece.

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Citaba la portavoz del Grupo Popular, la señora Figueres, una referencia de Borges en prosa, y a mí me van a permitir finalizar con una en verso, cuando Borges en su Poema de los Dones dice: «Lento en mi sombra, la penumbra hueca / exploro
con el báculo indeciso, / yo, que me figuraba el Paraíso / bajo la especie de una biblioteca.»


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (CONTINUACIÓN):


— PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
(Número de expediente 121/000127).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Finalizamos el orden del día con el debate de totalidad del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas
y de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.


Para su presentación, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Gobierno trae hoy al Congreso de los Diputados el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas y de la Ley orgánica 22/2012, de 27 de
abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Se trata de modificaciones que sirven para acompañar a las nuevas medidas adicionales de financiación de las comunidades autónomas impulsadas por el Gobierno que tienen como objetivo
garantizar la sostenibilidad financiera de las mismas y la prestación de los servicios públicos fundamentales que dependen de las administraciones territoriales. Estos objetivos han sido prioritarios para el Gobierno a lo largo de esta legislatura
y lo siguen siendo. Por eso, en el año 2015 hemos adoptado e incorporado los citados mecanismos financieros a la nueva realidad económica que está viviendo España. De esta manera facilitamos la financiación de nuestras comunidades autónomas, cuyos
ciudadanos podrán beneficiarse de los ahorros de intereses que se van a generar.


Señorías, voy a referirme a algunas de las cifras que representan estos mecanismos de financiación respecto de las comunidades autónomas que son receptoras de los mismos en mayor cuantía. Para que cobremos la dimensión, la importancia de
los mecanismos en sí, debo recordar a la Cámara que Cataluña tendrá una financiación mayor por todo el conjunto de mecanismos en este año 2015 de 10.200 millones de euros, con un ahorro en la carga de intereses de 1.610 millones de euros; que la
Comunidad Valenciana tendrá por el mismo formato con el conjunto de instrumentos financieros del orden de 9.000 millones de euros en el año 2015, con un ahorro de intereses de 1.037 millones de euros; y que la tercera en tamaño, Andalucía, tendrá
en el año 2015 una financiación de 4.648 millones de euros y un ahorro de intereses de 815 millones de euros al pertenecer al conjunto de los instrumentos de financiación: aplazamientos de liquidaciones, facilidad financiera y demás elementos que
componen los instrumentos financieros puestos en vigor para el año 2015.


Efectivamente, a comienzos de legislatura teníamos un problema de dimensiones tremendas en cuanto a la financiación de nuestras administraciones públicas y, en concreto, de nuestras administraciones territoriales. Como recuerdan sus
señorías, la falta de confianza sobre la economía española se había extendido entre los países de nuestro entorno y en los mercados, lo que hacía prácticamente inviable e imposible nuestras operaciones de financiación, hasta el punto de que se iba
extendiendo en aquellos días un clima de opinión favorable al rescate financiero de España. La situación de desconfianza fuera y dentro de nuestro país hacía que cada vez fueran más elevados los tipos de interés que nos solicitaban desde el
exterior para poder financiarnos, lo que incrementaba inexorablemente la factura que teníamos que devolver en los siguientes años, cuando no en los siguientes meses. Esta situación era aún más grave en el caso de algunas comunidades autónomas y
ayuntamientos, que se encontraron con los mercados financiadores completamente cerrados, lo que hacía impracticable la prestación de los servicios

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públicos en dichas comunidades autónomas, incluso llegando a pagar tipos de interés que sencillamente eran inasumibles.


Esta falta de liquidez de las administraciones territoriales se unía a una práctica lamentablemente extendida en la Administración española de financiarse a costa de proveedores, una práctica que, como estudios recientemente publicados por
el Banco de España ponen de manifiesto, empieza en el año 2004, cuando las administraciones públicas formalmente ofrecían un superávit presupuestario en su cierre, y en tanto que lucían ese superávit cada vez se ensanchaba más la brecha, el aumento
de la deuda comercial, es decir, de la financiación de esas administraciones públicas a costa de los proveedores. Lo que nos encontramos a comienzos de 2012 no se generó en la crisis financiera de España, se había generado desde el año 2004, donde
se inicia ese proceso de incremento de la deuda comercial. En España alguien no hizo sus deberes, alguien, empezando por el Gobierno de España, no estaba atendiendo las necesidades de financiación del conjunto de las administraciones públicas,
permitiendo esas prácticas de aumento de deuda comercial. Una vez más tengo que referirme a la famosa herencia, pero es que es así, ¿o es que el Gobierno en España empezó en el año 2012? No, empezó años antes, desde el comienzo de nuestra
democracia, y cuando han gobernado otros en España, alguien ha dejado de pagar las facturas y ha permitido que se dejaran de pagar las facturas en las administraciones territoriales. Eso es lo que estamos modificando con los nuevos sistemas de
financiación, con las leyes que estamos implantando en esta legislatura, que hacen que en este comienzo del año 2015 esas prácticas tan negativas para las empresas, tan negativas para el empleo, tan absolutamente contradictorias con lo que significa
el tejido de pequeña y mediana empresa, pero también con lo que significan los grandes proveedores de las administraciones públicas, hoy sea una práctica imposible sin incumplir nuestra legislación.


En aquellas primeras semanas y meses de la legislatura, el Gobierno actuó sobre este problema que bloqueaba todos los caminos que nos podían llevar a la recuperación económica en dos direcciones: por un lado, introduciendo medidas de ajuste
del gasto, preservando el gasto social y aprobando reformas estructurales que transmitieran el mensaje claro de que España estaba afrontando con seriedad el grave déficit público que nos aquejaba; por otro lado, facilitando instrumentos de liquidez
a las administraciones territoriales que les permitieran obtener recursos para responder a sus compromisos financieros y sobre todo para sostener sus políticas sociales haciendo frente a las facturas de sus proveedores. Hay que recordar que el 70 %
del gasto de las administraciones territoriales es social —sanidad, educación y servicios sociales— y que el 50 % del total del gasto de las administraciones públicas se realiza a nivel territorial. Por esta razón, el mantenimiento de la liquidez
para afrontar sus compromisos era fundamental para la cohesión social. A medida que hemos visto transcurrir esta legislatura debo reafirmarme en que la puesta en marcha de aquellos mecanismos de liquidez, flanqueados por las reformas estructurales
introducidas por el Gobierno, fue una decisión no ya acertada, sino absolutamente necesaria para que hoy podamos decir que estamos saliendo de la crisis económica y que en toda España está en marcha la recuperación creadora de empleo a la que
aspirábamos.


Aquellas medidas que se desarrollaron a partir de 2012 han tenido un efecto muy positivo en varias vertientes de nuestra economía y, por eso, las modificaciones legislativas que traemos a esta Cámara las profundizan y prolongan en el tiempo.
Por un lado, la financiación adicional que trasladamos a las administraciones territoriales, que ha sido fundamental en el sostenimiento de las políticas sociales de nuestro Estado de bienestar. A lo largo de estos años y hasta 2015, se habrá
facilitado liquidez a comunidades autónomas y ayuntamientos por importe de 184.167 millones de euros y solo con los fondos de financiación 144.484 millones. Podemos estimar que alrededor del 70 % de este dinero se ha destinado a financiar gasto
social, gasto en sanidad, en educación y en servicios sociales. Estamos hablando de más de 100.000 millones de euros, dinero facilitado por el Estado que ha hecho posible que en este tiempo el gasto social del conjunto de las administraciones
públicas se haya mantenido entre el 26 % y el 27 % en términos de producto interior bruto. Hay que tener en cuenta que con este dinero no solo se ha podido ir pagando el gasto que había que afrontar en cada ejercicio, sino que se han podido pagar
los cientos de miles de facturas pendientes de un gasto que había crecido en años pasados, pero que no contaba con las corrientes financieras necesarias para afrontarlo. Por tanto, no había llegado la liquidez a la economía real. Esa es,
precisamente, otra de las parcelas en la que los instrumentos de liquidez han tenido un efecto más positivo. Gracias al dinero inyectado se han podido pagar más de 2 millones de facturas pendientes, lo que ha supuesto un enorme alivio para la
situación de muchas empresas. El Banco de España ha estimado recientemente que el pago a proveedores bajo estos mecanismos ha generado un efecto positivo sobre el PIB de hasta 0,6 puntos de forma acumulada en 2014 y 0,7 puntos de empleo.

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Además, se ha podido dar cierta fortaleza a estas empresas para que pudieran defenderse de la crisis y para que hayan podido afrontar esta nueva recuperación en mejores condiciones. Con estas medidas también hemos favorecido de manera
importante que las entidades bancarias hayan reactivado los flujos de crédito. Hay que tener en cuenta que muchos proveedores habían descontado a los bancos la deuda que las administraciones territoriales tenían con ellos. Al ponerse en marcha el
Plan de pago a proveedores por parte del Gobierno, esa deuda pasaba a ser de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos con el Estado, con lo que los bancos se desprendían de unos préstamos complicados —complicados es una manera eufemística de
llamarlos, porque era imposible que fueran a engrosar su cartera de riesgo, eran claros fallidos—. A partir de ahí, las entidades bancarias han podido mejorar el acceso del crédito a las familias y empresas para contribuir a reactivar la economía y
también a las propias entidades locales y comunidades porque saben que detrás de estas se encuentra la supervisión, en primer lugar, y la garantía última del Estado. No debemos olvidar que este instrumento de liquidez que ha permitido el pago a
proveedores ha estado acompañado de una mayor exigencia a ayuntamientos y comunidades autónomas en la política de consolidación fiscal y a la hora de afrontar el pago de sus facturas correspondientes.


Señora presidenta, estas actuaciones han hecho del Estado de las autonomías un Estado más fuerte. Todo esto ha hecho posible que las administraciones territoriales avancen en los objetivos de consolidación fiscal. El gran esfuerzo que han
realizado tanto las comunidades como los ayuntamientos y el apoyo financiero que han recibido del Gobierno ha servido para cambiar la percepción que se tenía de nuestro Estado de las autonomías. No hay que olvidar que las corporaciones locales
pasaron de tener un déficit del 0,40 % del producto interior bruto en 2011 a un superávit del 0,52 % en 2013, mientras que las comunidades redujeron en ese periodo su déficit del 3,34 % del PIB al 1,52 %. Entre todos hemos fortalecido nuestras
instituciones y hemos demostrado que el modelo de Estado que consagra nuestra Constitución puede ser sostenible financieramente con los tres niveles de Administración pública que en la Constitución fueron diseñados. Hemos oído críticas respecto de
estas actuaciones, respecto de la existencia de estas ayudas a la financiación de las comunidades autónomas y ayuntamientos; críticas que vienen a decirnos que hemos rescatado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en vez de afirmar lo
que es verdad, que hemos financiado la prestación de servicios públicos por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos, como era nuestra obligación, la que encomienda la Constitución al Gobierno de España. Ello es coherente con la búsqueda
de la consolidación fiscal y también lo es con el descenso de la morosidad y, por supuesto, con la aplicación de los principios de la prudencia financiera. Incluso hoy, en varias de las enmiendas a la totalidad que presentan los grupos al contenido
de este proyecto de ley se habla de intrusión estatal, reducción de la autonomía o tutelaje, pero lo que hemos estado haciendo —repito— es fortalecer el modelo de Estado, fortalecer e impulsar a las comunidades autónomas y, desde luego, dar una
capacidad de funcionamiento a los ayuntamientos, a las corporaciones locales como nunca antes habían tenido en nuestra democracia. Esas son realmente las consecuencias de la combinación entre la búsqueda de la consolidación presupuestaria y la
sostenibilidad financiera; por cierto, principio consagrado en el artículo 135 de nuestra Constitución, como también lo es lo que se refiere a la afirmación de la sostenibilidad de su prestación de servicios públicos.


Es al Gobierno de España al que corresponde planificar y dirigir la política económica, como también sentencia claramente la Constitución, y las medidas que hemos puesto en marcha estos años forman parte de esa labor para asegurar que la
estabilidad presupuestaria de todas las administraciones públicas es factible. Son las medidas que han hecho posible haber llegado a un escenario económico de recuperación firme como el que hoy estamos teniendo en nuestro país. Si no hubiéramos
cumplido con los objetivos establecidos sería realmente imposible que hoy estuviéramos hablando de recuperación económica y de creación de empleo. Por eso, es tan importante que el país siga por el mismo camino que hemos transitado estos años, y
por eso las ayudas financieras que proporciona el Estado, al mismo tiempo que garantizan la sostenibilidad financiera de comunidades autónomas y entidades locales, buscan incentivar el cumplimiento de esos objetivos. En ese contexto de cumplimiento
de la senda de consolidación presupuestaria con el esfuerzo de todas las administraciones públicas, esta política de liquidez ha permitido amortiguar el fuerte impacto de contracción de la economía que habría tenido la consolidación fiscal sin más
sobre la demanda interna desde el año 2012. Con la política que hemos llevado a cabo hemos demostrado —insisto en esta idea— que es compatible reducir el déficit público y conseguir que crezca la economía española y que hoy estemos a la cabeza de
la creación de empleo de la zona euro. No era cierto, por tanto, lo que nos advertían y nos siguen advirtiendo algunos, que la

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consolidación fiscal nos iba a hundir y nos iba a agravar la recesión. Todo lo contrario, con las medidas que hemos tomado estamos creciendo con firmeza y las previsiones nos sitúan este año a la cabeza de los países de Europa. Cada vez
que conocemos una previsión, sea hecha por un analista nacional o internacional, es para ir mejorando el pronóstico sobre España. Para conseguirlo, estas medidas de financiación adicional —específicamente el Plan de pago a proveedores— han tenido
un papel decisivo porque, por un lado, hemos reducido el gasto público pero, por otro, hemos estado inyectando liquidez en la economía. Ese ha sido el círculo virtuoso que hemos creado en términos de financiación de nuestros servicios públicos,
haciendo compatible esa unidad de criterio de auspiciar la restricción presupuestaria con la financiación holgada y correcta de los servicios inherentes al Estado de bienestar. Hoy no es gasto adicional porque el gasto ya se produjo con
anterioridad pero estaba sin pagar, era deuda con los proveedores. Al saldar esa deuda hemos estimulado la economía, hemos inyectado liquidez en un momento de grave restricción de liquidez, sin perjudicar a la consolidación fiscal. Vale la pena
preguntarse dónde estaríamos hoy si no hubiéramos aplicado estas políticas. No me corresponde aventurar una respuesta a esta pregunta. Lo seguro es que no estaríamos creciendo, ni se habrían creado más de 400.000 empleos en 2014, ni estaríamos
liderando el crecimiento económico en Europa, ni en este comienzo de 2015 estaríamos duplicando las tasas de crecimiento que teníamos en las mismas fechas de 2014. Atisbamos ya como muy próximo poder recuperar en los futuros años la riqueza y el
bienestar que España ha perdido a lo largo de estos siete años de crisis.


Una vez que hemos avanzado en la estabilización macroeconómica y están en funcionamiento las reformas estructurales, la demanda interna ha podido recuperar su impulso, beneficiándose de la recuperación de la credibilidad a nivel
internacional con una rotunda mejora en el acceso a los mercados financieros —ahí está la colocación del Tesoro público esta mañana— y con una reducción de la prima de riesgo-país hasta por debajo de los 100 puntos básicos. Esta nueva situación no
solo ha supuesto para el Estado una rebaja sustancial en los tipos de interés que paga por financiarse hasta el punto de alcanzar mínimos históricos, sino que ha llevado a una reducción sustancial de los tipos para las comunidades autónomas, así
como una aproximación en el coste de endeudamiento de todas ellas. Inicialmente las comunidades autónomas que se acogieron al Fondo de liquidez autonómico pudieron obtener una financiación mucho más favorable en los mercados; mientras que el
Estado ofrecía en 2012 financiación a diez años a un tipo de interés del 3,9 %, las comunidades autónomas —por citar un ejemplo— que no se suscribieron al FLA obtenían un coste medio de financiación del 6,38 % a un plazo medio de 6,7 años. Esto ha
supuesto que aquellas comunidades autónomas acogidas al FLA hayan conseguido ahorros, como he dicho antes, muy importantes en el conjunto de los mecanismos de liquidez. Con el tipo de interés fijado en los nuevos mecanismos en el 0 % para los
primeros periodos y en el 0,834 % para los siguientes, fijado con el primer préstamo esta semana y que rige para el resto, se obtienen unos ahorros que alcanzan los 22.647,8 millones de euros en el caso de las comunidades autónomas y los 3.467,5
millones de euros en el de las entidades locales y en la vida media de las operaciones. Esto les permite emplear este dinero en otros usos alternativos en beneficio de sus ciudadanos. Esa es la filosofía con la que hemos trabajado estos años con
las administraciones territoriales y con la que vamos a seguir desarrollando los nuevos instrumentos de liquidez aprobados para 2015 y que nos llevan a presentar este proyecto de ley —que hoy tengo el honor de defender en el Congreso de los
Diputados— para adaptar a los mismos la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.


Esta política de liquidez continúa este año, pero mejorando las condiciones de financiación. Como les decía, la política económica puesta en marcha por el Gobierno, el trabajo que han realizando todas las administraciones para cumplir con
los objetivos marcados y, sobre todo, el esfuerzo de la sociedad española han posibilitado que España recupere su credibilidad y que los mercados nos presten dinero cada vez en mejores condiciones. Como he recordado, los tipos de interés que
estamos pagando ahora son mínimos en la historia de la Hacienda de España. Es justo que traslademos esas ventajas, esa mejora de las condiciones a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que lo soliciten; también lo es que ofrezcamos
mejores condiciones a los que cumplen con sus objetivos de déficit o con el plazo de pago a proveedores con el fin de incentivar y reconocer estos esfuerzos. Ahora que el Estado se financia en mejores condiciones estamos compartiendo con las
administraciones territoriales y con el conjunto de las administraciones públicas los ahorros financieros que está consiguiendo el Tesoro público. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). El ánimo que ilumina esa política es
sostener el gasto social, que es una prioridad para el Gobierno, y colaborar con todas las administraciones públicas

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que lo soliciten, en el caso de las que tienen mayores problemas de financiación para que puedan obtener liquidez en las mejores condiciones financieras y en el de las que han conseguido superar estas dificultades para que puedan impulsar su
actividad, beneficiándose de los menores costes financieros que consigue el Tesoro español. Ya tuve ocasión de describir estos mecanismos en la presentación del decreto-ley que debatimos en el Pleno extraordinario del mes de enero, con lo que ahora
me eximo de explicar su funcionamiento.


Señoras y señores diputados, quiero insistir en lo que significa la liquidez adicional facilitada desde el Gobierno de España en estos años a las comunidades autónomas y entidades locales, y que tantos efectos beneficiosos está teniendo para
el conjunto de los ciudadanos españoles. Las instituciones han podido responder a sus compromisos, mantener sus políticas sociales y obtener grandes ahorros en el pago de intereses en la servidumbre de la deuda. Sobre todo supone beneficios para
los ciudadanos, que han podido seguir accediendo a políticas sociales que prestan comunidades autónomas y ayuntamientos; desde luego es beneficioso para los proveedores, que han podido cobrar sus facturas y han visto cómo mejoran sus relaciones
comerciales con las entidades. También se ha beneficiado globalmente el país que, gracias al conjunto de las medidas adoptadas, está superando la crisis económica con tasas cada vez más relevantes de crecimiento y de creación de empleo en el seno
de un Estado de las autonomías más sólido, más firmemente asentado desde el punto de vista financiero.


En estos años el Estado ha diseñado y llevado a la práctica la que sin duda debemos considerar la mayor operación financiera a favor de las comunidades autónomas y entidades locales que ha existido nunca en España. Como he señalado, desde
2012 a 2015 habremos distribuido con diferentes formas de financiación o ayudas a las administraciones territoriales 184.167,2 millones de euros y estimamos que cerca de 130.000 millones se habrán destinado a políticas sociales, es decir, a
financiar la sanidad, la educación y el conjunto de prestaciones sociales que aseguran la cohesión social en España. Estas son cifras que se traducen inmediatamente en el bienestar de las personas y que realmente hacen más equitativa y justa a
nuestra sociedad. Son cifras que han servido para trazar puentes sobre la crisis, en la que se hundía la economía y crecía inexorablemente el desempleo, hacia una economía en la que podamos adivinar un futuro mejor y confiar en nuestras
posibilidades para superar definitivamente la crisis económica mediante el compromiso de todas nuestras administraciones públicas. Son nuevas fórmulas —como decía, y he relatado ya suficientemente— que significan ahorros. Son ahorros para nuestras
administraciones públicas; importantes ahorros para las comunidades autónomas y para las corporaciones locales que, a su vez, liberan presupuestos de gasto que, en vez de dedicarse a pagar carga financiera y hacer frente a intereses de la deuda
pública, pueden dedicarse a las prioridades que realmente demandan los ciudadanos de esas ciudades y pueblos —de los que todos somos residentes— en esas comunidades autónomas.


Finalmente, quiero recordar que estos mecanismos también producen un ahorro en el conjunto de las administraciones públicas de España, porque no son ahorros para las administraciones territoriales. Son ahorros para el total, para el saldo
final de nuestras administraciones públicas, que es lo que hacemos cuando encargamos al Tesoro público la financiación de nuestras administraciones, optimizando la rebaja de sus condiciones financieras y, por supuesto, exigiendo la prudencia
financiera para aquellas administraciones públicas que decidan caminar por sí mismas en esta andadura.


Señor presidente, para dar operatividad a los cambios introducidos en estos mecanismos de liquidez, el Gobierno solicita el voto favorable del Congreso a este proyecto de ley que —insisto— modifica la Ley orgánica de financiación de las
comunidades autónomas y la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por lo tanto, solicitamos el apoyo convencidos de que lo que estamos haciendo es fortalecer a todas nuestras administraciones. Solicitamos el apoyo
para fortalecer e impulsar las responsabilidades de los Gobiernos de nuestras comunidades autónomas y de nuestros ayuntamientos, con independencia de la ideología de quienes tienen la responsabilidad de gobernarlos, superando, por lo tanto,
cualquier prejuicio que realmente pueda impedirles acceder a esos mecanismos de liquidez. Ya he relatado suficientemente que estos instrumentos han tenido grandes beneficios para todos; desde luego, para las administraciones territoriales. Por
tanto, estamos en esta puesta en común invitándoles a que, en aras del interés general, superemos el interés partidista y electoral y hagamos un apoyo explícito a reformas de leyes sustanciales que en esta legislatura tanto han contribuido a
consolidar un nuevo marco, un nuevo escenario de recuperación económica y de creación de empleo.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

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El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.


Este proyecto de ley tiene seis enmiendas a la totalidad, todas ellas de devolución. El Grupo Mixto, autor de dos de las enmiendas, hará su defensa fijando posición. Tiene la palabra, en primer lugar, la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, subimos a esta tribuna para posicionar al Bloque Nacionalista Galego en la defensa de la enmienda de devolución que presentamos y, por lo tanto, dar los argumentos que la sustentan. No son otras, señorías, señor ministro, que las
modificaciones contempladas en este proyecto de ley bajo el pretexto de garantizar una adecuada financiación de los servicios sociales, y que supone mantener y avanzar en el marco diseñado por el Gobierno del Partido Popular en el cual el Estado
ejerce un férreo tutelaje sobre la financiación de las comunidades autónomas y sus márgenes a la hora de diseñar su política presupuestaria con restricciones en la emisión de deuda, el déficit máximo, etcétera. La Ley orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, supuso una fuerte limitación a la autonomía financiera y la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, establecidas en el artículo 156 de la Constitución. Esta ley partió
de una concepción centralista y centralizadora por lo que incluía sanciones económicas para las administraciones que no cumpliesen los objetivos presupuestarios. Además, los mecanismos de intervención del Gobierno central dejaron en papel mojado
los principios de autonomía y autogobierno en los diversos ámbitos de la Administración, en especial el ámbito autonómico. La distribución de la llamada sostenibilidad financiera entre las distintas administraciones públicas supone un reparto
injusto del esfuerzo de la estabilidad presupuestaria, ya que se impone la mayoría del ajuste a las administraciones locales y a las comunidades autónomas, que son responsables, por cierto, del gasto social y que tienen un porcentaje de deuda y
déficit mucho menor del porcentaje del gasto que gestionan y permite un mayor margen a la Administración central.


Este proyecto de ley presentado en un contexto de una supuesta leve mejoría económica en vez de avanzar en dirección contraria a unas medidas de tutela estatal impuestas bajo la coartada de la crisis económica, consolida el escenario
centralizador descrito anteriormente, incluso lo amplía. Así, el mayor control que ejerce el Estado en este proyecto de ley se puede apreciar especialmente en dos modificaciones legislativas. Por una parte, en la disposición adicional octava de la
Lofca se contempla una nueva intrusión estatal en el régimen de financiación de las comunidades autónomas, pudiendo el Estado retener importes del sistema de financiación si existen obligaciones pendientes de pago por las comunidades autónomas con
entidades locales relativas a transferencias o convenios en materia de gasto social. Por otra parte, la modificación que se realiza en el apartado 1 del artículo 20 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera supone un mayor tutelaje a las comunidades autónomas, ya que en el caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de deuda pública o de la regla de gasto se amplía a la concesión de avales, reavales u
otra clase de garantías a las operaciones de crédito la necesidad de contar con la autorización del Estado.


Por esas razones, señorías, señor ministro, hemos presentado esta enmienda de devolución porque efectivamente no compartimos, como no lo hicimos ya en 2012, este tutelaje del Gobierno en relación con las otras administraciones, y de una
manera muy especial ese empeño recentralizador. No compartimos ese empeño recentralizador de este Gobierno del Partido Popular.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Fernández.


Señor Tardà, tiene la palabra.


El señor TARDÀ I COMA: Señorías, señor ministro, subo a esta tribuna para denunciar mediante nuestra enmienda a la totalidad un proyecto de ley que va a significar —de hecho representarᗠuna vuelta de tuerca más al ahogo económico y
financiero de las comunidades autónomas, lo cual va a castigar a sus ciudadanías porque saben ustedes que sobre las comunidades autónomas recae el gasto social (sanidad, educación y servicios sociales). Además, este ahogo de las comunidades
autónomas desde el punto de vista económico y financiero significa que no pueden desplegar políticas tendentes a promover la economía básicamente industrial. Hoy aquí les traigo otro ejemplo de la realidad, no de aquello que nos pinta el ministro
Montoro. ¿Cuál es la realidad de esta semana, al menos la mía, la que yo vivo? (Muestra un documento) Miren, Faibal es una empresa, como muchas otras, de la comarca del Vallès, de Vacarisses; unos empresarios que tienen pingües beneficios, una
empresa muy pero que muy

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saneada. Señor Montoro, esta es la realidad: 105 familias en la miseria, sin ningún tipo de responsabilidad social por estas empresas, muchas de ellas incluso receptoras de ayudas públicas. Esta es la realidad, este mundo no tiene nada
que ver con el del señor Montoro. Ahora el señor Montoro nos trae un proyecto de ley que pretende recentralizar todavía más. Le guste o no le guste yo voy a enviar un mensaje a los ciudadanos de mi tierra. (Continúa su intervención en catalán,
cuyo texto, que entrega al «Diario de Sesiones», dice lo siguiente: Companys i companyes de Faibal no defalliu, som al vostre costat. Ens poden intentar prendre la feina però no la dignitat. La dignitat només la perd qui es rendeix. Ciutadans i
ciutadanes de Vacarisses, tots al costat dels vostres convilatans, la seva lluita és la vostra i la de tots). (Rumores). Si no les gusta escucharlo, tranquilícense, porque están muy acostumbrados a mandar y algún día se les va a acabar. Esta es
la realidad, no es la realidad del señor Montoro.


Esto da todavía más argumentos a aquellos que defendemos que es urgente y necesario para los catalanes y las catalanas tener ya un Estado propio, porque sus argumentos dejan —se lo voy a decir en términos muy populares— con el culo al aire a
los ciudadanos catalanes que defienden posiciones federalistas desde la legitimidad. ¿Qué hay de los casi 13.000 millones, reconocidos por ustedes, de desequilibrio entre aquello que pagamos los ciudadanos de Cataluña y lo que nos revierte el
Estado español? ¿Qué hay de la disposición adicional tercera, aquella que obligaba por mandato estatutario a invertir en Cataluña, por ejemplo, en función del producto interior bruto generado? ¿Qué hay de la financiación de la Ley de la
Dependencia? Usted recuerda lo que le interesa. Las cosas son como son. Ahora además de recortar, recortar y recortar, aparte de ahogar, el señor Montoro todavía es un poquito más perverso; ahora lo que pretende es hacer chocar los intereses de
los municipios y de las comunidades autónomas, porque de todo aquello que adeudan las comunidades autónomas a los municipios ahora el señor Montero saca de la chistera la exigencia, el requerimiento de que, si hace falta —de hecho lo hará—, se van a
detraer estos recursos de las autonomías que ya están muy mal financiadas. Esta es la realidad. Esto ocurre en Cataluña, también en el País Valencià, en las Islas Baleares y en otros territorios, que sufren un verdadero expolio fiscal. Estamos
bastante hartitos de su chantaje, estamos bastante hartitos de sus políticas neoliberales, derechistas, conservadoras que se han llevado por delante el Estado del bienestar, que nos ahogan económicamente, y optamos por la proclamación de la
república en cuanto exista una mayoría democrática en Cataluña. Como decía Ovidi Montllor, el gran cantante valenciano (Pronuncia palabras en catalán), que en español vendría a decir que ya no vamos a contentarnos con poca cosa, lo queremos todo.
Queremos nuestra dignidad. (Pronuncia palabras en catalán).


Buenas tardes, señor Montoro. Usted a lo suyo, ¿eh? (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Tardà.


Señor Álvarez Sostres.


El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Muchas gracias.


Es la tercera vez desde el 19 de noviembre que intervengo en esta Cámara sobre un tema tan trascendental como este de la financiación de las comunidades autónomas, la última el 30 de enero con motivo de la convalidación del real decreto
correspondiente. Ya he dejado clara mi posición al respecto, contraria, como usted bien sabe, y no quiero pecar de reiterativo.


El señor Rajoy, y usted como ministro, como estrategia política ha convertido la promesa de una reforma del sistema de financiación en un variado puzle de bordados benefactores de la situación, beneficiando también a las comunidades
autónomas, evidentemente con la consideración de que la mayoría son del Partido Popular; todo al mismo tiempo con un nítido e importante desprecio a la propia autonomía de las mismas y convirtiendo lo que es un derecho en algo graciable. Yo no voy
a ser tan insensato de votar a favor de las enmiendas a la totalidad, que en mí solo se han dado en contadas ocasiones, por el contenido del presente proyecto de ley, que se refiere a cuestiones de orden social o local como básico para el Estado del
bienestar. Mi voto afirmativo a las enmiendas de totalidad, señor Montoro, es por coherencia a negarme a considerar que esto es un cambio de modelo. Esto no es un cambio de modelo, y alguien más que el anterior Gobierno no ha hecho los deberes.
Yo creo que ustedes no los han hecho porque desde 2009 se han opuesto con total fundamento al anterior modelo de financiación, y no lo han cambiado. Han trastocado las cosas, lo han considerado graciablemente y aquí paz y después gloria. Esto
significa la financiación gratis del despilfarro de las comunidades autónomas más derrochadoras, incumpliendo la Ley de estabilidad presupuestaria, que quiebra los principios de igualdad y solidaridad. Usted lo sabe, señor Montoro.

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Este proyecto queda resumido en una frase: gastar este año, porque el siguiente ya veremos, y en todo caso lo paga el Estado. Veremos qué pasa en 2016. A lo mejor no pasa nada, porque resulta mucho más cómodo cumplir el ritual de
solicitar al Gobierno de turno la financiación fuera de modelo y fuera de todo; desde luego en Asturias está claro con el pacto de intereses entre el PSOE y el Partido Popular.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Álvarez Sostres.


Señor Baldoví, tiene la palabra.


El señor BALDOVÍ RODA: Señor Montoro, ha hablado usted de hacer los deberes. Yo soy maestro y en mi clase usted no pasaría de curso, porque usted no hace los deberes, por lo menos no los hace en mi tierra. Usted no hace los deberes con la
suficiencia de recursos para el ejercicio de las competencias propias de las comunidades autónomas. Ustedes han incumplido gravemente con la Hacienda valenciana, puesto que los recursos del sistema de financiación autonómica se sitúan por debajo de
la media, y usted lo reconoce, a pesar de ser una comunidad con renta per cápita inferior a la mediana —artículo 2 de la Ley orgánica 8/1980—. Usted no hace los deberes porque usted tenía que garantizar un nivel de prestación de los servicios
públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales), pero con su financiación solo nos llega para el 85 % de educación y sanidad. El resto no lo pagan los proveedores, lo pagamos todos porque nos endeudamos un año tras otro; llevan
ustedes veinte años en el Gobierno de mi tierra y nos han endeudado, han aumentado exponencialmente la deuda. Les recuerdo, artículo 15 de la Ley orgánica 8/1980. BUsted no hace los deberes con respecto a la lealtad constitucional. Han aumentado
los tipos del IVA y el efecto económico de esa mayor recaudación no llega a las comunidades autónomas —artículo 2 de la Ley orgánica 8/1980—. Hasta el mes de noviembre se recaudaron por IVA 819 millones de euros, muchos millones que no hemos visto.
Todos estos desequilibrios obligaban a una revisión del sistema de financiación autonómica, como exige la disposición adicional séptima de la Ley 22/2009, lo cual ha incumplido su Gobierno. Usted no ha hecho sus deberes aquí; usted ha dicho que
para después de las elecciones.


Acabo. La recaudación de tributos está aumentando a tasas del 10 %, pero los recursos previstos para el año 2015 del sistema de financiación autonómica para la Hacienda valenciana serán menores. Algo no se está cumpliendo. Nos hemos
financiado, no a costa de los proveedores sino a costa de préstamos que vamos a seguir pagando. Usted es quien no ha hecho los deberes y, en mi clase, usted no pasaría de curso; en mi clase usted merecería irse a la oposición.


Muchas gracias, señor Montoro.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Baldoví.


Señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.


Voy a ser breve, porque además yo creo que el tema está muy claro. Nosotros, desde luego, no vamos a apoyar este proyecto por tres razones. La primera, porque ha habido una falta de lealtad institucional. Las comunidades autónomas se
enteran por los medios de comunicación, se las convoca tres días antes al Consejo de Política Fiscal y Financiera y en ese consejo no se da toda la información, con lo cual quedaron sin conocimiento previo de asuntos tan importantes como los
relativos a los avales y garantías, la inclusión de nuevas causas de aplicación de los mecanismos de intervención por el Estado o nuevas limitaciones en la autonomía financiera en cuanto al endeudamiento. Esto es una absoluta falta de lealtad
institucional.


Segundo asunto, falta de valentía de este Gobierno de asumir un compromiso político como era revisar el sistema de financiación y que entrara en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2015. Yo creo que ese es el gran tema, el tema que de
verdad tenía que haber hecho, valientemente, el Gobierno del Estado.


Y el tercer motivo por el que no vamos a apoyar este proyecto es porque afecta a los principios constitucionales del modelo autonómico y a la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Está muy bien recogido en todas las enmiendas
de totalidad presentadas. Por último, se exime de cumplir con las restricciones previstas en el artículo 14.2 de la ley tan solo a aquellas comunidades autónomas que estén adheridas a la nueva Facilidad financiera. Este distinto tratamiento no
tiene justificación ni en la norma, ni en su memoria, ni en la lógica constitucional ni económica, por no hablar del asunto del Fondo

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de compensación, el que equilibra a las comunidades en la igualdad y que sigue con un retraso de liquidación de dos años.


Por todas estas razones los nacionalistas canarios no vamos a votar este proyecto de ley y, por lo tanto, apoyaremos las enmiendas a la totalidad.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Oramas.


Grupo de Unión Progreso y Democracia. Señor Anchuelo, tiene la palabra.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.


Este proyecto de ley orgánica modifica levemente, modifica mínimamente dos leyes muy importantes, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Financiación Autonómica solo para adaptarlas a los nuevos mecanismos extraordinarios de
liquidez. En este sentido, ha sido muy significativa la intervención del señor ministro porque él no ha hablado en absoluto de los cambios que va a hacer en la Ley de Estabilidad o en la Lofca. Se ve que estas leyes no le importan, la Ley de
Estabilidad porque no la cumple y la Lofca porque no la quiere reformar. Él solo nos ha hablado de los mecanismos extraordinarios de liquidez, que es donde se ve que se siente cómodo, en este régimen arbitrario, de excepción que ha impuesto en el
Estado autonómico desde que inició su mandato y al que no quiere poner fin. Sigue presumiendo de haber rescatado masivamente a las administraciones territoriales, de haber hecho un rescate de más de 100.000 millones de euros insuficientemente
condicionado. Pero no es ese el debate hoy. El debate hoy es qué cambios se introducen en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en la Lofca, y esos cambios nos parecen insuficientes y los pocos que se introducen nos parecen desacertados.


Empecemos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Mi grupo votó favorablemente esta ley. Nos parecía, pese a que no aceptaron casi ninguna de nuestras enmiendas, que era un instrumento útil par garantizar la sostenibilidad financiera de
nuestras administraciones y para mejorar la coordinación entre ellas. Pero esta ley tiene un problema y es que el ministro de Hacienda no la está cumpliendo. El primer problema es el incumplimiento de la ley. No está aplicando las medidas
previstas en la ley, medidas preventivas o medidas correctoras, y no está exigiendo a todas las administraciones incumplidoras que presenten los planes requeridos. Dirán ustedes que esta es una afirmación muy osada que hace Unión Progreso y
Democracia. No la hace Unión Progreso y Democracia solo, la hace la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que le ha dicho al ministro que hay siete comunidades incumplidoras y él no aplica los mecanismos correctores, y la hace la
Comisión Europea al analizar los desequilibrios macroeconómicos en España y preguntarse por qué no se hace un pleno uso de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El ministro utiliza la ley, si me permiten una metáfora no muy elegante pero
descriptiva, como un garrote que tiene colgado en la pared y cuando en sus negociaciones a puerta cerrada con las comunidades tiene un problema me imagino que mira de reojo al garrote amenazando con descolgarlo. Pero es que eso no es una ley. La
ley es lo contrario de la discrecionalidad, la ley es lo contrario de la arbitrariedad, la ley tiene unas previsiones que tienen que ser respetadas. Por eso resulta especialmente preocupante que en los pocos cambios que se hacen a la Ley de
Estabilidad Presupuestaria se amplíe el margen de discrecionalidad. Esos cambios son los siguientes. Hasta ahora el plan de ajuste tenía un carácter público y había un calendario preciso de aplicación de ese plan de ajuste. Con los cambios que
introduce el ministro en la ley eso deja de ser así. En vez de un plan de ajuste público y un calendario público se nos dice vagamente que el Ministerio de Hacienda publicará información relativa al plan de ajuste. Hasta ahora la información
trimestral que remiten las comunidades cuando están sujetas a un plan de ajuste es de general conocimiento. Qué menos en una democracia, y más en una que presume de transparencia. Con los cambios que ahora introduce el señor ministro esta
información trimestral dejará de ser de general conocimiento. Es decir, si hasta ahora la ley se ha aplicado de forma discrecional y arbitraria a juicio de la AIReF, a juicio de la Comisión Europea y desde luego a juicio de Unión Progreso y
Democracia, ahora se incrementa ese margen de arbitrariedad y discrecionalidad. Nosotros proponemos exactamente lo contrario: cumplir rigurosamente la ley y reforzarla en la línea que propusimos cuando se debatió: mejorando los mecanismos previos
de control para que se pueda actuar antes de que se manifiesten los problemas en una triple línea. En primer lugar, proponemos el control directo del gasto público de las administraciones, que haya techos de gasto en todas las administraciones, no
autoimpuestos como ahora, porque la ley actual lo que controla es el déficit y solo indirectamente el gasto, e inflando las previsiones de ingresos, el gasto puede aumentar. Por tanto, control directo del gasto. En segundo lugar, que dentro de ese
gasto haya unos mínimos garantizados para sanidad y educación que garanticen su

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calidad, para que si hay que hacer recortes se prioricen otro tipo de recortes no esenciales. Y, en tercer lugar, que los proyectos de presupuestos de las comunidades autónomas antes de debatirse en los parlamentos autonómicos sean
supervisados para comprobar que cumplen con esos requisitos de techo de gasto y gasto mínimo en sanidad y educación. Es decir, una especie de semestre español equivalente al semestre europeo que los Estados soberanos practican dentro del ámbito de
la Unión Europea.


Una cuarta reforma tiene que ver con que el papel lo aguanta todo, pero la realidad supera a menudo al papel. En esta Ley de Estabilidad se prevé que en el año 2020, es decir, dentro de cinco años, la deuda pública española tenga que
situarse en el 60 % del PIB, y como estamos cinco años antes de esa fecha y nuestra deuda pública, gracias a la gestión del señor ministro, está cerca del cien por cien del PIB, parece difícil creer que en cinco años se pueda reducir la deuda
pública en 40 puntos del PIB, es decir en 400.000 millones de euros. Por tanto, si esa previsión tiene que ser creíble debería ser revisada, y esta reforma de la Ley de Estabilidad habría sido una buena ocasión para reformar esa previsión, que a
día de hoy es imposible.


En cuanto a la Ley de Financiación Autonómica, el ministro ha decidido dejar su reforma para la siguiente legislatura. Insisto en que él se mueve más cómodo en la situación extraordinaria, en la arbitrariedad. ¿Por qué no reformar esa Ley
de Financiación Autonómica ya, no en la próxima legislatura? Nuestras grandes líneas de reforma de esa Ley de Financiación son las siguientes. Tiene que dotar de los mismos recursos por población ajustada, los mismos recursos por habitante, a
todas las comunidades, teniendo en cuenta los diferentes costes de provisión por razones geográficas o demográficas. Tiene que negociarse multilateralmente. Tiene que ser más sencilla y transparente que la actual, acabando con esta multiplicidad
de fondos de diferente comprensión. Tiene que aumentar la corresponsabilidad fiscal; si las comunidades quieren realizar políticas adicionales, por supuesto que pueden hacerlo, pero deben financiarlas con sus recursos propios. Y hay que terminar
con la situación de privilegio en cuanto a la financiación de que gozan las comunidades forales, con una financiación superior en un 60 % a las comunidades de régimen común. Son cuestiones, como ven, trascendentales. ¿Por qué aplazar esto para la
próxima legislatura? Si las comunidades tienen problemas de financiación y hay desigualdades de financiación entre ellas, por qué no resolverlos por la vía ordinaria, que es la Lofca, y no por estos fondos de emergencia, que son extraordinarios en
teoría, pero que se van convirtiendo en ordinarios porque a uno le va sucediendo otro. Estamos hablando de fondos que, como bien ha explicado el ministro, superan ampliamente los 100.000 millones de euros.


Este año 2015 que hemos empezado es particularmente importante para las finanzas autonómicas porque es un año electoral, hay unas elecciones autonómicas dentro de unos meses y, de nuevo, no solo Unión Progreso y Democracia, sino la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal y la Comisión Europea alertan del riesgo de incumplimiento de los objetivos de déficit autonómico debido a esta cita electoral. ¿Qué ha hecho el señor ministro ante este riesgo y esta amenaza? ¿Tomar medidas
preventivas adicionales? Todo lo contrario: echar más leña al fuego, echar más gasolina al fuego. Ha puesto en marcha una financiación a tipo de interés cero para las comunidades autónomas para premiar a las más incumplidoras y que tengan más
recursos que gastar en las citas electorales. Nosotros somos partidarios de todo lo contrario. Somos partidarios de una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que dé más mecanismos preventivos a la Administración para evitar ese
desbordamiento de los objetivos de déficit y de una reforma de la Ley de Financiación Autonómica que permita a las comunidades financiarse de forma ordinaria y no dependiendo de la discrecionalidad del ministro de Hacienda. Por eso hemos presentado
esta enmienda de totalidad al insuficiente proyecto de ley que el Gobierno ha traído a la Cámara.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Anchuelo.


Grupo de La Izquierda Plural. Señora Ortiz, tiene la palabra.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.


Esta es una ley de dos artículos, aunque aquí el señor ministro nos ha tenido un buen rato casi haciendo balance de legislatura, porque creo que es eso lo que ha venido a hacer; es más campaña electoral que otra cosa, aunque luego no se
dedica a escuchar al resto de diputados que venimos aquí a presentar nuestras enmiendas a la totalidad.


Señor ministro, esta es la enésima vuelta de tuerca a la Ley de Estabilidad y una nueva modificación exprés de la Lofca para mantener esa camisa de fuerza a las comunidades autónomas, y esta vez se

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supera a sí mismo en cinismo e hipocresía. Se nota realmente, como decía, que están ustedes en campaña. Si ahora visten la recentralización, la austeridad mal entendida y la deslealtad institucional de rescate a los municipios, realmente
eso es una vuelta de tuerca a su discurso, y encima hoy añadía que eso es lo que ha fortalecido al Estado de las autonomías. El proyecto de ley orgánica que ahora tratamos ahonda en dos de los objetivos que usted ha buscado con empeño a lo largo de
esta legislatura: la reducción de autonomía financiera de las comunidades autónomas y el avance en la senda de la mal llamada austeridad, dos cuestiones en las que a nuestro grupo siempre le ha encontrado enfrente. La raíz de esta política y el
origen de las leyes que se han venido aprobando la encontramos ya en la modificación de la Constitución —y lo hemos venido diciendo— hecha por el Partido Socialista con su apoyo, donde se constitucionalizan los recortes y el orden de prioridades y
donde todo pasa a estar sujeto al pago de la deuda. Después viene una Ley de Estabilidad, con el apoyo de Convergència i Unió, que se ha convertido en el principal martillo, en el martillo más eficaz para dar golpes al autogobierno, y desde
entonces, tal cual, todos los consensos saltan por los aires y por la austeridad todo vale. Ya no hay ni reservas competenciales, ni derechos básicos ni fundamentales, ni diálogo territorial, ni nada. Ustedes reproducen de la peor manera el
comportamiento de Alemania con la Unión Europea: el porque lo digo yo y el chantaje, y así el desapego con Europa llega en los países del sur a cotas nunca vistas. Crece el escepticismo cuando no la ultraderecha, fruto de mantener de manera
permanente políticas injustas y de negar la democracia y la capacidad de decidir desde la proximidad, así como de impedir la codecisión en los espacios comunes. Ustedes hacen exactamente lo mismo que Alemania con Europa y están consiguiendo el
mismo desapego y desaliento en España. Ya no hay democracia porque no hay marco que ampare el autoritarismo fiscal al que están sometiendo todas las instituciones. Implantan la plutocracia de quien tiene el dinero, que no es el suyo, señor
Montoro, no es que ustedes lo hayan dado, es el dinero del conjunto de los ciudadanos, también del que vive en esas comunidades y en esos municipios. No puede venir usted a esta tribuna diciendo que ustedes les han dado a las comunidades autónomas,
es dinero del conjunto. Las comunidades autónomas tienen sus competencias y su capacidad de autogobierno, nadie da nada, y tampoco es gratuito lo que están repartiendo. Y lo están sometiendo todo al interés del mercado, señor Montoro, y no del
país. Con este sistema tenemos estos montajes legislativos de hoy, y así no hay modelo territorial. Y aún viene a decir que esto lo fortalece. ¡Si lo que han hecho es vaciar de contenido el propio sentido de la palabra autonómico! El punto de
partida de la persistente y errónea solución del Gobierno para salir de la crisis es una solución fallida en cuestiones de justicia y equidad para la gente y que aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para reestructurar el Estado
recentralizando. Tras la reforma del artículo 135 y su desarrollo en la Ley de Estabilidad Presupuestaria se ha desarrollado todo un sistema de ahogo de financiación a las comunidades autónomas y a las administraciones locales. El ahogo se
articula doblemente: por una parte, impidiendo nuevos ingresos a las comunidades autónomas y a la Administración local, además de con sistemáticos incumplimientos en los pagos que el Estado adeuda a las comunidades y, por otra parte, haciendo una
desequilibrada e injusta distribución de los déficits y deudas entre los distintos niveles de Administración. (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Un momento, señoría. Señorías, por favor, guarden silencio.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: La recentralización, vía ahogo financiero de las comunidades autónomas, no solo atenta contra la autonomía financiera sino que también erosiona gravemente el Estado del bienestar, porque son las comunidades
autónomas las titulares de las competencias más decisivas para que ese Estado del bienestar funcione. Ese atentado contra la autonomía financiera es un atentado también contra la cohesión social. Y esa deslealtad la venimos viendo en todas las
modificaciones que se han ido haciendo. Lo vemos en la negación a revisar el modelo de financiación tal y como establece la ley. Usted viene aquí a presumir cuando no ha abierto ni la negociación de un modelo de financiación que debería estar
vigente desde enero de 2014, pero la deslealtad también la vemos cuando se niega a pagar la disposición adicional tercera del estatuto o se demora injustificadamente el pago del Fondo de competitividad. La crisis erosiona a las comunidades
autónomas, pero también lo hace el propio Gobierno con su estilo y con las propias leyes.


La irresponsabilidad del Gobierno con los derechos sociales y las comunidades autónomas no ha tenido fondo. Los repartos de los márgenes de deuda y de déficit que todavía nos permite Bruselas están claramente desajustados en función del
reparto competencial y la proporción de gasto. Claramente injusto. El Gobierno osa decir en la exposición de motivos de la ley que ahora discutimos que se han habilitado

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mecanismos para compartir los ahorros financieros y que también se va a priorizar el gasto social. ¿Cómo pretende priorizar el gasto social el Gobierno? ¿Fulminando la autonomía financiera, proponiendo reponer recursos autonómicos y
haciendo que el Gobierno central haga frente de manera directa a las obligaciones pendientes por parte de comunidades autónomas? El Gobierno pretende generar tramposamente un enfrentamiento entre entidades locales y comunidades autónomas,
responsabilizando a las últimas de incumplir sus obligaciones. Señor Montoro, hay que ser muy hipócrita. Los problemas financieros de los municipios tienen su origen precisamente en la falta de un buen marco de financiación de los entes locales
que garantice su capacidad de dar respuesta a la emergencia social. El Partido Popular no ha dado un marco de financiación local, lo que ha hecho ha sido recortar la capacidad de los municipios de cubrir necesidades sociales y cumplir con funciones
esenciales que les estaban reservadas, como ha ocurrido en la reforma de la Ley local. Les ha recortado su capacidad de prestar servicios en salud, en educación, en igualdad, por culpa de su reforma legislativa y ahora dicen que van a rescatar a
los municipios a nivel social. Hoy se atreven a venir aquí con una ley para hacer campaña para las municipales, para tener un chivo expiatorio: las culpables son las comunidades autónomas. Es cierto que hay comunidades autónomas que no cumplen, y
un buen ejemplo es la deuda de la Generalitat con el Ayuntamiento de Barcelona, pero ¿realmente creen que esto es eficaz, que tienen legitimidad ustedes cuando incumplen sistemáticamente sus obligaciones? ¿Creen que con paternalismo y autoritarismo
se construye un Estado cohesionado territorialmente? Garanticen la autonomía financiera a las comunidades autónomas; reúnan las comisiones bilaterales, que ni una están reuniendo; dialoguen, y cumplan con los estatutos, esa es la mejor manera de
garantizar los servicios sociales. En cuanto a lo que depende de usted, ¿sabe cómo se garantizan los servicios sociales, señor Montoro? Dotando bien, por ejemplo, el Plan concertado de servicios sociales, que ha pasado de 100 a 27 millones.
¿Luego pueden venir a decir aquí que hacen un rescate social? También se puede hablar de su responsabilidad con los servicios sociales cuando han dejado a cero la aportación a teleasistencia para las personas mayores o con lo que ha pasado con la
Ley de Dependencia.


El presente proyecto de ley también exige mayores controles a los avales, reavales y garantías. En principio, aumentar los controles en este caso no nos parecería negativo, pero no debe ser el Estado el que autorice, como propone el
Gobierno, la firma de esos avales. Autonomía no significa tutelaje del Gobierno central; deben entender que los Gobiernos autonómicos no son subalternos del Gobierno. Yo creo que eso es fundamental. Ustedes están muy lejos de entender que el
Estado autonómico, el federalismo fiscal, recae precisamente en que haya democracia local, que haya democracia en las comunidades autónomas y que los ciudadanos, si no les gusta cómo está gastando sus recursos su Gobierno de la Generalitat o su
Gobierno en Andalucía, tengan la capacidad de decidir y echarlos. Eso es lo que ustedes no entienden. Lo que ustedes hacen es que cuando a usted principalmente no le gusta en qué gasta una comunidad autónoma, la intervienen. Eso no es ni
democracia ni Estado autonómico ni nada. Deberíamos, por propia eficacia fiscal, avanzar en federalismo fiscal para una mejor gestión y en la corresponsabilidad desde la proximidad, porque es lo que hemos construido a lo largo de los años. Ustedes
leen la Constitución a su antojo. Tenemos muchos ejemplos no solo en la arquitectura del Fondo de liquidez y el chantaje a que someten a ayuntamientos y comunidades, sino cuando estas buscan su capacidad de ingresos, como pasó, por ejemplo, con el
constante sabotaje del propio Gobierno de iniciativas autonómicas como el impuesto sobre depósitos bancarios o sobre el suministro eléctrico.


Respecto a recentralización tenemos un mínimo durante esta legislatura de cinco reales decretos y ocho leyes en tres años, que son ataques flagrantes a los estatutos de autonomía y al principio mínimo de lealtad. Lo más grave es la falta de
legitimidad democrática con la que actúan y cambian ustedes de modelo. El programa electoral del Partido Popular no decía nada del modelo territorial, no se decía cuál es el modelo de Estado que defienden. Cuando se les pregunta, cuando se le
pregunta al presidente del Gobierno, hay silencio absoluto sobre qué modelo territorial defiende. Esquivan ese debate y también quieren esquivar el conflicto democrático existente en Cataluña. Dicen que no hay nada que tocar: pasividad política.
Pero en el fondo, lo que hemos visto es hiperactividad legislativa más propia de un Estado centralizado que de uno autonómico. Quien ha vaciado de contenido la Constitución a nivel territorial, pero también a nivel de derechos fundamentales, ha
sido precisamente este Gobierno. La Constitución —decía usted— reconoce que el Estado tiene capacidad para establecer las bases de la política económica. Sí, pero la Constitución también habla del derecho al trabajo, del derecho a una política
fiscal progresiva, del derecho a tener una educación pública de calidad… Ustedes han vaciado de sentido todo el bloque de constitucionalidad, desde los estatutos hasta la propia Lofca, y han hecho saltar

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por los aires la capacidad de diálogo mínimo, ni siquiera han convocado los instrumentos de diálogo con las distintas administraciones.


En definitiva, el Gobierno se ha lanzado en esta legislatura a una cruzada recentralizadora que es peligrosa para las comunidades autónomas y para las entidades locales, pero, lo que es peor, también lo es para los ciudadanos, que al final
ven mermados los servicios que reciben del cada vez más raquítico Estado del bienestar. Lo que es temerario para los derechos de los ciudadanos y para los servicios es su política fiscal injusta: más desigualdad, menos redistribución, recortes y
ahora, encima, una subasta electoral de cheques, bonificaciones, que pone en riesgo las pensiones y los servicios públicos. Y, por favor, cuando viene aquí a recortar autogobierno, no venga vestido de defensor de los derechos sociales.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Ortiz.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda a la totalidad —la que vamos a debatir a continuación— básicamente por un
motivo estructural, por cuestiones estructurales que hemos venido denunciando a lo largo de toda la legislatura.


Hay una frase a la que nosotros damos muchísimo valor, señor ministro: los préstamos de liquidez que a usted tanto le gusta explicar y detallar en el Parlamento —y que nosotros cada vez que se ha planteado un préstamo de liquidez a las
comunidades autónomas o a las corporaciones locales hemos votado favorablemente— son una anormalidad. Los hemos votado a favor, estamos de acuerdo, pero no dejan de ser una anormalidad en el contexto económico actual. Para el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) —y en razón de lo que he oído para el resto de grupos parlamentarios— lo normal sería una financiación autónoma suficiente. Básicamente por este motivo, como usted plantea la modificación de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y de la Lofca, hemos pensado que lo normal hubiera sido plantear un sistema de financiación global y suficiente para todas las comunidades autónomas. Porque usted sabe perfectamente, señor ministro, más que nadie, que sin autonomía
financiera les es muy difícil a las comunidades autónomas poder gestionar con éxito y con calidad todos los servicios sociales, educación y sanidad. Y si no hay esta libertad o esta autonomía financiera, nos vemos privados de la libertad necesaria
para hacer política. Si no tenemos esta libertad financiera, los fundamentos de la democracia pueden tambalear. Por lo tanto, señor ministro, lo normal hubiera sido hablar del sistema de financiación. Por este motivo, básicamente, hemos planteado
esta enmienda a la totalidad.


Ahora bien, es cierto que también había una estrategia coyuntural en nuestro grupo parlamentario para hablar del tema que usted nos ha planteado hoy, que no es el que nos hubiera gustado, pero estaríamos dispuestos a negociar con el Grupo
Parlamentario Popular —lo hemos hablado personalmente, también con el portavoz de dicho grupo— algunas modificaciones a las que me voy a referir inmediatamente. Si en este tema coyuntural a corto plazo estuviéramos de acuerdo, aunque no lo
estuviéramos en el tema estructural a largo plazo, estaríamos dispuestos a retirar esta enmienda a la totalidad, que —repito— no resuelve el tema estructural de fondo o a largo plazo, pero sí permitiría la resolución de ese otro aspecto coyuntural
al que me refería, que para nuestro grupo es muy importante.


Señor ministro, si hacemos un análisis a corto plazo, este proyecto de ley incorpora un conjunto de modificaciones de contenido técnico que podríamos valorar positivamente. Por ejemplo, es una realidad que este proyecto de ley articula las
vías necesarias para garantizar la financiación de servicios sociales que hasta el momento venían financiando las corporaciones locales, competencia que a partir de la reforma de la Administración local va a ser de las comunidades autónomas. Por
tanto, aquí usted establece un mecanismo positivo con el que estamos de acuerdo. Hay otra cuestión que también consideramos interesante y que valoramos positivamente, que el proyecto de ley perfecciona el sistema de préstamos de liquidez que vienen
percibiendo las administraciones territoriales, unos préstamos también necesarios porque el sistema de ingresos ha quedado obsoleto. Aquí vuelvo a repetir la premisa fundamental que he mencionado en el inicio de mi intervención. Los préstamos de
liquidez, aunque son necesarios en la coyuntura actual, son una anormalidad. Lo normal sería tener un sistema de financiación. Dicho esto, señor ministro, valoramos positivamente estas dos cuestiones.


Hay un aspecto —el más relevante del proyecto de ley que usted acaba de presentar ante esta Cámara— que nos preocupa mucho. Me refiero a la posibilidad de que, con la aplicación estricta de lo

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contenido en este proyecto de ley, las comunidades autónomas que tengan muchas dificultades y tengan un instituto de crédito o de finanzas autonómico —como tenemos en Cataluña el Instituto Catalán de Finanzas— puedan ver mermada su capacidad
de dar créditos y avales a las pequeñas y medianas empresas. Aquí estamos hablando, señor ministro, de una función muy importante que usted conoce perfectamente del Instituto Catalán de Finanzas, aunque probablemente podríamos hacerlo extensivo al
resto de comunidades autónomas que tengan institutos similares. Son administraciones financieras al lado de la economía productiva real. Con este proyecto de ley, si no aclaramos suficientemente la cuestión legislativa, nos podemos encontrar con
que podrían verse muy perjudicadas y todos los avales, los créditos a pequeñas y medianas empresas, a autónomos y a la economía productiva —estamos hablando de créditos pequeños, señor ministro— no podrían darse inmediatamente cuando esta ley
estuviera aprobada. Por tanto, aquí yo le pido una complicidad con este grupo parlamentario en el sentido de poder aceptar en el trámite parlamentario todas aquellas cuestiones que afectan a la posibilidad de no restringir la capacidad de conceder
avales y de dar créditos por parte del Instituto Catalán de Finanzas o de los institutos financieros que tengan las diferentes comunidades autónomas. Si esto fuera así y de la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular se pudiera
desprender que lo vamos a tratar —yo me voy a fiar de esas manifestaciones, porque, es verdad, siempre que hemos planteado una cuestión de cara a la aprobación de una ley sobre temas relevantes, ustedes se han comprometido y finalmente, en la
mayoría de casos, han cumplido—, en este caso, nosotros seríamos objetivos y realistas y en aras de la capacidad de generar recursos financieros para la economía productiva, para los pequeños y medianos empresarios, para los trabajadores autónomos y
también para el comercio, para los pequeños y medianos comerciantes, nosotros nos fiaríamos de sus manifestaciones y rápidamente retiraríamos la enmienda a la totalidad.


Hay otras cuestiones de fondo a las cuales me he referido al inicio de mi intervención y que son relevantes. Planteamos al señor ministro por qué, si modifican hoy la Lofca y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no son capaces, con mayoría
absoluta, de abordar la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que, como usted sabe, señor ministro, tenía que estar en marcha a principios del año 2014. Sin embargo, ustedes no han tenido el valor político suficiente,
teniendo mayoría absoluta, de abordar esta reforma, cuando usted sabe perfectamente que es de gran interés para las comunidades autónomas en general, sin olvidar, señor ministro, que las comunidades autónomas son una parte muy importante de lo que
puede representar el Estado español y la Administración central, que siempre —hay que decirlo— sale la más beneficiada en todas las reformas que se han llevado a cabo por este Gobierno. Son las que recaudan todos los incrementos con las subidas de
impuestos. No hay que olvidar que en estos dos últimos años, así como en el presupuesto del año 2015, van a incorporarse para la Administración central más de 35.000 millones de euros y no va a ir ni un euro para las comunidades autónomas. Al
mismo tiempo nosotros hemos venido demandando a lo largo de esta legislatura el adelanto de los pagos a cuenta a las administraciones autonómicas. Hoy no tiene sentido que las administraciones autonómicas, las comunidades autónomas, reciban menos
anticipos de pagos a cuenta en el año 2015 que en el año 2012, con el incremento de actividad económica y con el incremento impositivo y de recaudación que se ha materializado. Pedimos también los anticipos del Fondo de competitividad. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).


En definitiva, usted sabe, señor ministro, que por este motivo hemos presentado la enmienda a la totalidad a nivel general, pero, repito, si somos capaces de ponernos de acuerdo en este tema coyuntural a corto plazo de lo que usted ha
debatido hoy, a nosotros no se nos caen los anillos por retirar la enmienda a la totalidad e ir directamente a resolver un tema tan importante como es el que afecta al Instituto Catalán de Finanzas de la Generalitat y a los institutos similares del
resto de comunidades autónomas.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra para defender su enmienda el señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, al principio de su intervención ha hecho referencia a algunos conceptos políticos y económicos que me gustaría plantear y comentar en mi intervención. Decía usted que se ha producido un círculo virtuoso: se ha reducido el
déficit público y se ha incrementado la financiación, pero no ha dicho a continuación que se ha incrementado la deuda pública hasta el momento en 290.000 millones de euros. Más que un círculo virtuoso, yo lo llamaría una tormenta perfecta: se ha
reducido el déficit público, se ha incrementado la deuda pública en 290.000 millones de euros —el año pasado prácticamente en 68.000

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millones de euros— y se han reducido los servicios públicos como nunca en la historia de la democracia. Eso, más que un círculo virtuoso, es una tormenta perfecta.


Decía usted que la consolidación fiscal que ha hecho este Gobierno es la clave del éxito en la recuperación económica. Volvemos de nuevo a la deuda pública. La variable más importante para determinar las finanzas públicas de nuestro país
es la deuda pública. Como digo, está en torno al cien por cien del PIB. Hace unos años, antes de comenzar la legislatura, estaba en el 70 %. Además, señor ministro, creo que debe ser el único ministro de Hacienda de toda la Unión Europea que no
se ha enterado de que gracias a la relajación de los objetivos de déficit se está produciendo una recuperación económica. La clave de la recuperación precisamente está en la relajación de los objetivos de déficit. Por otra parte, usted no ha
cumplido nunca los objetivos de déficit, porque la Comisión Europea, acertadamente, ha relajado los objetivos de déficit. Esa es la clave de la recuperación: el cambio en la filosofía y en el paradigma de la Comisión Europea y de la Unión Europea,
junto al cambio en la política monetaria en la Unión Europea. Señor ministro, a estas alturas todo español sabe que la prima de riesgo ha bajado porque Draghi y el Banco Central Europeo han cambiado su política monetaria. Todos los países, todos
—también los periféricos—, han reducido la prima de riesgo. No es gracias a su política, es gracias al cambio de la política macroeconómica de la Unión Europea. Ha cambiado el mix de la política europea y gracias a eso hay recuperación.


Ha insistido usted en su intervención en que en este proyecto de ley orgánica hay ahorro. Vamos a ver. Son préstamos que las comunidades autónomas tienen que devolver. El verdadero ahorro hubiese sido que con la mayoría absoluta que
ustedes tienen y teniendo en cuenta que el anterior modelo de financiación autonómica acababa en 2014, hubiesen reformado ese modelo de financiación, porque eso sí que es ahorro, eso es financiación para no devolver. Para el año 2015 la
financiación autonómica ha crecido para el conjunto de las comunidades autónomas 900 millones de euros. De acuerdo con los presupuestos, los ingresos han crecido en 10.000 millones de euros, pero para las comunidades autónomas han sido 900 millones
de euros. Cambiar esos porcentajes y esos millones de euros sí hubiese supuesto ahorros de verdad para las comunidades autónomas. Esto no es un ahorro porque lo tienen que devolver.


Decía usted que estos fondos que se crearon tenían su origen en que los mercados estaban cerrados para las comunidades autónomas, que como no podían financiarse en los mercados había que crear estos fondos. Bien, señor ministro, pero a
continuación nos dice que se han abierto los mercados. No lo acabo de entender. Si al principio teníamos solo dos fondos para resolver ese problema y ahora tenemos siete de acuerdo con estos cambios operados en las leyes orgánicas y los mercados
se han abierto, ¿por qué pasamos de dos a siete fondos, por qué, si resulta que la financiación ha mejorado en los mercados para las comunidades autónomas? ¿Dónde está aquí la justificación de ese razonamiento que usted está utilizando? No. Como
usted no ha cambiado la financiación autonómica, ha planteado otra forma de financiar a las comunidades autónomas de manera discrecional y es a través de préstamos que tienen que devolver. Este es el modelo que está planteando en este momento, el
modelo de fondo, pero no nos cuente la milonga de que como los mercados están cerrados... Se han abierto y hemos pasado de dos a siete fondos.


Cuando hablan de las facturas en los cajones creo que deberían ser más prudentes y se tendrían aplicar el cuento, porque, si hablamos de facturas en los cajones, las comunidades autónomas con más facturas en los cajones son las comunidades
autónomas o las administraciones gobernadas por el Partido Popular. Quiero llamar la atención sobre que la única comunidad autónoma que ha sido amonestada y señalada por la Unión Europea ha sido, por las facturas en los cajones, la Comunidad
Valenciana. Creo que deberían ser ustedes más prudentes. Es más, crearon un fondo de proveedores, uno, una vez, porque decían que había que pagar las facturas en los cajones. No solamente hemos pasado de dos a siete fondos; es que el Fondo de
proveedores se ha renovado tres veces, no una sino tres veces se ha reformulado el Fondo de proveedores. Por tanto, con eso de las facturas en los cajones deberían ser más prudentes y aplicarse el cuento.


Ya llevamos mucha legislatura y podemos describir el relato y la secuencia de cuál ha sido la política del Ministerio de Hacienda en materia de financiación autonómica y de estabilidad presupuestaria y la voy a tratar de resumir rápidamente.
Usted llegó al Gobierno y planteó una ley de estabilidad presupuestaria que era una ley de estabilidad presupuestaria ideológica, dura, que no se podía cumplir. (Rumores). Además de eso, la ley llevaba hombres de negro hacia las comunidades
autónomas, memorándums, troika, intervención, renacionalización de las competencias económicas de las comunidades autónomas y además no se aprobó un nuevo modelo de financiación autonómica. Ese es el resultado rápido de la

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secuencia de su alternativa, una ley de estabilidad presupuestaria muy difícil de cumplir. De entrada, llegar al 60 % del PIB en el año 2020 de deuda pública, si ahora estamos en el cien por cien, era imposible de cumplir. (Continúan los
rumores). Así hasta los hombres de negro hacia las comunidades autónomas. ¿Cuál es el resultado de esa política…


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Saura.


¡Por favor, ruego silencio para que se pueda oír al señor Saura!


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.


¿Cuál es el resultado de esa secuencia de la política en la financiación autonómica y de la estabilidad presupuestaria? La Ley de Estabilidad Presupuestaria no se cumple y no solamente eso, sino que la han modificado de una u otra manera en
una docena de ocasiones. Además, la deuda pública, como he señalado anteriormente, ha crecido en 290.000 millones de euros, el último año en 68.000 millones de euros. Somos el país del mundo en el que más se ha incrementado la deuda pública, en
esta legislatura y en el último año. Las comunidades autónomas tenían un objetivo del 13 % de deuda en relación con el PIB para el año 2020. Van ya cerca del 25 % de deuda en relación con el PIB. Este es el resultado de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria. De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en su comparecencia del otro día planteó que hay que cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque no se están cumpliendo ni sus objetivos ni su senda hacia el año
2020. Esa es la primera constatación: no se cumple la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Eso es muy irresponsable, señorías, porque genera un problema de credibilidad internacional. Ahora, como el tipo de interés es bajo como consecuencia de que
la política económica europea ha cambiado, no hay problemas, pero con una deuda del cien por cien del PIB, cuando cambie el tipo de interés, si no tenemos una ley de estabilidad presupuestaria con reglas claras y que se puedan cumplir, es una
irresponsabilidad en este contexto de deuda pública del cien por cien del PIB.


La segunda consecuencia es la recentralización del Estado autonómico. Nos estamos alejando del federalismo fiscal, que es el objetivo al que deberían tender las cuentas autonómicas en un Estado autonómico como el nuestro. Nos alejamos.
Esa es la segunda consecuencia de su política de financiación autonómica.


En tercer lugar, las comunidades autónomas no pueden cumplir, y no pueden hacerlo porque es tan dura la Ley de Estabilidad Presupuestaria que por supuesto que tienen que ajustar el Estado del bienestar, pero además no pueden cumplir. La
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal reconoció el otro día que para el año 2014 las comunidades autónomas se van a desfasar del 0,7 % del PIB, con el que tendrían que haber cerrado, al 1,5 %. No pueden cumplir. Por tanto, estas
comunidades autónomas necesitan financiación. No se les da un nuevo modelo de financiación autonómica, se les dan siete fondos autonómicos que han pasado de ser coyunturales a estructurales; es decir, este es el nuevo engendro de financiación
autonómica. Esto no es un modelo de financiación autonómica, es un engendro de financiación autonómica, siete fondos que se reparten de manera discrecional, empeorando la reputación de la deuda pública española, porque en la idea del federalismo
fiscal cada comunidad autónoma tiene su financiación adecuada, pero también cada comunidad autónoma tiene su corresponsabilidad fiscal y en materia de deuda. Esta es la idea del federalismo fiscal. Por tanto, se trata de siete nuevos fondos
estructurales que plantean no un nuevo modelo de financiación sino todo un engendro de financiación autonómica. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).


Lo que se debería haber hecho son dos cosas, primero, una ley de estabilidad presupuestaria que se cumpla, con reglas de gasto y de ingresos claras y concretas que se cumplan y con objetivos alcanzables. Esto es lo que tendría que haberse
aprobado al principio de la legislatura. Por eso votamos en contra de esa Ley de Estabilidad Presupuestaria. Antes había otra Ley de Estabilidad Presupuestaria, ahora viene esta que no se cumple. Y además, como digo, nada de consolidación fiscal,
nada, 290.000 millones, España es el país que más ha incrementado la deuda pública de todo el mundo. El déficit del país en 2014, si exceptuamos Japón, es el más grande del mundo. Por tanto, primero, es necesaria una ley de estabilidad
presupuestaria ajustada a los objetivos y al ciclo económico y, en segundo lugar, un nuevo modelo de financiación autonómica. Eso nos lleva a unas comunidades autónomas bien financiadas, a la financiación del Estado del bienestar y lógicamente a la
credibilidad de las cuentas públicas. Porque, insisto, ha bajado la prima de riesgo, hay recuperación como consecuencia del cambio de la política económica europea, no como consecuencia de la estabilidad presupuestaria española, porque no hay
estabilidad presupuestaria,

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señor Montoro. Ha bajado el déficit, esta es la regla del señor Montoro: ha bajado el déficit y sube la deuda en 290.000 millones de euros.


Gracias, señora presidenta. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!—Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Saura.


Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, señor Azpiazu. (Denegación). Señor Matarí, por el Grupo Popular.


El señor MATARÍ SÁEZ: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, a lo que han argumentado los distintos portavoces para justificar su enmienda a la totalidad les voy a responder con dos preguntas. ¿Quieren o no quieren ustedes que las administraciones públicas, en particular
las comunidades autónomas, se beneficien de los menores costes de financiación que hoy son posibles por la mejora de la situación económica en España? En segundo lugar, ¿están ustedes de acuerdo en que el gasto social debe ser una prioridad y que
por tanto hay que garantizar su financiación, sí o no? Señorías, para que estas dos cosas sean posibles hay que aprobar este proyecto de ley, como hubo que aprobar el día 20 de enero el Real Decreto-ley que presentó el ministro de Hacienda.
Nosotros creemos, señorías, que los resultados económicos positivos que estamos consiguiendo, por el esfuerzo de los españoles en primer lugar pero también por los avances en la consolidación fiscal y por las reformas aprobadas por el Gobierno,
deben ser compartidos por el conjunto de las administraciones públicas y que, por tanto, deben trasladarse a comunidades autónomas y entidades locales los ahorros financieros que hoy permiten esos menores costes de financiación. Señorías, los
nuevos mecanismos permiten compartir los ahorros y al mismo tiempo dedican especial atención a financiar el gasto social. ¿Les parece eso mal? Para esto son necesarias las adaptaciones que hace este proyecto de ley sobre la Ley de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera y sobre la Ley de financiación de las comunidades autónomas, para eso, señor Anchuelo.


Señorías, cuando algunos de los portavoces se refieren a las medidas de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas hablan —algunos, porque otros dicen totalmente lo contrario— de recentralización, de pérdida o limitación de autonomía
económica. Lo hacen con este proyecto de ley, con el Real Decreto-ley del día 20 de enero, con el Plan de pago a proveedores, con el Fondo de liquidez autonómico, con todas las medidas aprobadas por el Gobierno de España. Les tengo que recordar,
señorías, que hay instituciones públicas que no podían financiarse, que no podían atender sus vencimientos de deuda, que no podían pagar a sus proveedores —40.000 millones de euros el Plan de pago a proveedores— y tampoco podían financiar los
servicios públicos fundamentales. Les recuerdo también, señorías, que más del 70 % de los fondos, de los recursos movilizados se han destinado a proveedores de esos servicios públicos fundamentales: sanidad, farmacia, educación, servicios
sociales. A esto lo llaman ustedes recentralización y pérdida de autonomía. Nosotros lo llamamos garantizar el sistema de bienestar español, señorías. Tuvimos que poner en marcha esta operación de gran calado que ha posibilitado a las
administraciones territoriales atender todas esas obligaciones y que ha permitido al conjunto del Estado, porque España somos todos, señorías, el cumplimiento de los compromisos, generar confianza, recuperar la credibilidad de España, crecer y crear
empleo, que eso es lo que está pasando ahora en nuestro país, y mantener los servicios públicos esenciales en circunstancias muy, muy adversas. (Aplausos).


Critican también las restricciones que introduce esta reforma en materia de concesión de avales y garantías públicas, que tienen como objetivo reducir el riesgo y el coste asumido por las comunidades autónomas. Creemos que resulta necesario
y proporcionado lo que propone el proyecto de ley. Es curioso que el Grupo Socialista en su enmienda a la totalidad critique esta medida cuando las irregularidades en la concesión de los avales en la Junta de Andalucía han dado lugar a la apertura
de otra causa judicial y a la imputación de otro consejero y se está investigando si se produjo menoscabo de fondos públicos como consecuencia de que se otorgaron avales por encima del límite presupuestario. (Aplausos). La Intervención General de
la Junta de Andalucía, en su informe sobre la famosa Agencia IDEA correspondiente a 2009, dice que se formalizaron avales por 71 millones de euros, cuando el importe máximo para esa anualidad era de 18 millones. Por cierto, muchas de las empresas
que recibieron estos avales por parte de la Junta de Andalucía recibieron también ayudas de los ERE fraudulentos. Qué casualidad. Un poco de prudencia financiera (Rumores), señor Saura, y también un poco de prudencia política no le vendrían mal.


Señoras y señores diputados, están todo el día hablando de política social, pero les parece mal lo que propone el Gobierno para facilitar su financiación y para garantizar la continuidad de los servicios públicos

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que prestan las entidades locales en virtud de convenios con las administraciones autonómicas o a través de otras transferencias, especialmente los servicios sociales. Esto a ustedes les parece mal. A usted le parece mal, señora Ortiz,
porque prefiere que las entidades locales sigan pagando los servicios sociales que corresponden competencialmente a las comunidades autónomas. En Andalucía, por ejemplo, la Junta debe más de 150 millones de euros a ayuntamientos y diputaciones y
luego están todo el día presumiendo de los servicios sociales que no pagan.


Se ha hablado también —lo han hecho todos los portavoces, especialmente el señor Saura— del sistema de financiación, de la necesidad de reformarlo, de los parches que según ustedes suponen las medidas del Gobierno para mejorar la liquidez y
la financiación, de incumplimientos y de lo malo que es el sistema vigente. En esto último la verdad es que coincidimos, pero lo sorprendente es que coincidan con nosotros quienes lo impulsaron, quienes lo aprobaron, quienes lo defendieron y
quienes lo aplaudieron. Nosotros no hicimos ninguna de esas cosas porque siempre hemos pensado que era y es un mal sistema. Por eso el Grupo Popular no lo apoyó, como tampoco lo apoyaron los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por
el Partido Popular. El modelo de financiación autonómica de 2009 fue aprobado por el Gobierno socialista, señor Saura, presidido por el señor Rodríguez Zapatero, por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista y por el tripartito
catalán, formado por el Partido Socialista, Iniciativa per Catalunya, señora Ortiz, y Esquerra Republicana de Catalunya, señor Tardà. Hoy todo el mundo coincide en que esa reforma de 2009 no ha cumplido ninguno de sus objetivos. Digo más. Si uno
de esos objetivos era acomodar el sistema de financiación al nuevo Estatuto de Cataluña para frenar posteriores demandas nacionalistas, el fracaso, desgraciadamente para España, señorías, ha sido rotundo. Y por si había alguna duda, el señor Bono
se ha encargado de aclararla: He hablado con Artur Mas —le dijo Zapatero— y me ha dicho: Yo voy quitando lo de nación y tú vete poniendo más dinero. Eso es lo que ustedes hicieron, así hacían ustedes las cosas, así hacían el sistema de
financiación, con tan malos resultados y con tantos perjuicios para España.


Señor Saura, lo que usted dice además es mentira, es falso. La Ley socialista de 2009 que regula el sistema de financiación vigente no le pone fecha de caducidad. ¿De dónde saca usted que concluía en 2014? Esa ley suya establece la
vigencia indefinida para ese modelo que ustedes aprobaron. Ustedes lo saben, porque solo hay que leerse esa ley. La disposición adicional séptima establece la valoración quinquenal de los elementos estructurales del sistema por el comité técnico
permanente de evaluación, a efectos, dice la ley, de su posible modificación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La disposición transitoria tercera dice textualmente que la primera evaluación de los resultados del sistema se realizará
con referencia al año 2013, es decir, este año 2015. Por tanto, no hay ningún incumplimiento. No digan más que el modelo está vencido porque no es verdad. ¿Que es malo? Sí, sin duda. ¿Que hay que hacer uno nuevo? También. Y lo vamos a hacer,
señorías. Ahora que hemos arreglado y saneado las cuentas públicas que ustedes dejaron en quiebra, lo vamos a poder hacer, y el Gobierno y las comunidades autónomas ya están trabajando para hacerlo. Para tapar el fracaso de este modelo se pretende
hacer responsable al Gobierno del Partido Popular de no sabemos qué. Nosotros, señorías, somos responsables de haber garantizado, como ha explicado el señor Montoro, la financiación de las comunidades autónomas y la financiación de los servicios
públicos esenciales que ellas prestan. Somos responsables de haber garantizado su liquidez y de que hayan podido pagar sus vencimientos de deuda, las nóminas de los empleados públicos y también a los proveedores. Y también somos responsables,
señorías, de que las medidas de liquidez hayan generado un efecto positivo sobre el producto interior bruto y sobre el empleo, como reconocía recientemente un informe del Banco de España.


Permítame, señora presidenta, antes de concluir, que agradezca la intención que ha comentado el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán, referida a la posible retirada de la enmienda a la totalidad. Le diré que estamos en condiciones de
abordar, en la tramitación en Comisión, las pretensiones y las enmiendas que nos ha adelantado el señor Sánchez i Llibre. (Rumores). La aprobación de este proyecto, señorías, señora presidenta…


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por favor, guarden silencio.


El señor MATARÍ SÁEZ: Termino, señoría.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor Matarí.


Por favor, guarden un poco de silencio.


Adelante, señor Matarí.

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El señor MATARÍ SÁEZ: La aprobación de este proyecto de ley orgánica significará dar un paso más para mejorar los mecanismos de liquidez que se han puesto a disposición de las administraciones territoriales y que han servido, señorías, para
hacer compatible, como decía el ministro, la reducción del déficit con el crecimiento económico. (El señor Saura García hace signos negativos). Sí, señor Saura, para contribuir al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, para
favorecer la creación de empleo como gran objetivo nacional y también —y muy importante— para garantizar los servicios básicos fundamentales, es decir, la sanidad, la educación y los servicios sociales.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Matarí. (El señor Sánchez i Llibre pide la palabra).


Sí, señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señora presidenta.


De acuerdo con las manifestaciones del señor Matarí, vamos a retirar la enmienda a la totalidad al proyecto de ley de modificación de la Lofca.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sánchez i Llibre. Queda retirada.


Votaremos en unos minutos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA DAR UNA SOLUCIÓN RÁPIDA, TRANSPARENTE Y EFECTIVA A LOS PERJUDICADOS POR LA SALIDA A BOLSA DE BANKIA, A FIN DE QUE RECUPEREN LO
PERDIDO Y SE DEPUREN LAS CORRESPONDIENTES RESPONSABILIDADES. (Número de expediente 173/000200).


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. Comenzamos con la moción del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para dar una solución rápida, transparente y efectiva
a los perjudicados por la salida a bolsa de Bankia, a fin de que recuperen lo perdido y se depuren las correspondientes responsabilidades. Se vota en sus propios términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 104; en contra, 164; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


— PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 39/2007, DE 19 DE NOVIEMBRE, DE LA CARRERA MILITAR. (Número de expediente 121/000124).


El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, votación de la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar,
presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


Han sido emitidos 6 votos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285 más 6 votos telemáticos, 291; a favor, 12; en contra, 266 más 6 votos telemáticos, 272; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Página 88

AVOCACIÓN POR EL PLENO:


El señor PRESIDENTE: Se ha solicitado la avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y voto de esta ley. Se vota la avocación.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285 más 6 telemáticos, 291; a favor, 121 más 1 voto telemático, 122; en contra, 164 más 5 votos telemáticos, 169.


El señor PRESIDENTE: No queda avocada por el Pleno.


DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):


— DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000047).


El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los señores diputados, que no ha tenido intervenciones. ¿Puedo dar por hecho que se aprueba por asentimiento? (Asentimiento).
Queda aprobado.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):


— REAL DECRETO-LEY 1/2015, DE 27 DE FEBRERO, DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, REDUCCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA Y OTRAS MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL. (Número de expediente 130/000065).


El señor PRESIDENTE: Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Han sido emitidos 6 votos telemáticamente y vamos a votar su
convalidación o derogación.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288 más 6 votos telemáticos, 294; a favor, 176 más 5 votos telemáticos, 181; en contra, 16; abstenciones, 96 más 1 voto telemático, 97.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto.


Vamos a votar ahora la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia de este real decreto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288 más 6 votos telemáticos, 294; a favor, 287 más 6 votos telemáticos, 293; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Se tramitará como proyecto de ley.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


— PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 34/1998, DE 7 DE OCTUBRE, DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, Y POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS EN RELACIÓN CON LA EXPLORACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
HIDROCARBUROS. (Número de expediente 121/000126).


El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley por la que se modifica la Ley de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y
no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. Se han presentado por los grupos parlamentarios Mixto, señora Pérez Fernández y señora Jordà, de La Izquierda Plural y Socialista, y han sido emitidos 6
votos telemáticos.


Comienza la votación. (Pausa).

Página 89

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288 más 6 votos telemáticos, 294; a favor, 104 más 1 voto telemático, 105; en contra, 172 más 5 votos telemáticos, 177; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


AVOCACIÓN POR EL PLENO:


El señor PRESIDENTE: Ha sido solicitada la avocación por el Pleno de la tramitación de este proyecto de ley, y eso es lo que vamos a votar.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288 más 6 votos telemáticos, 294; a favor, 122 más 1 voto telemático, 123; en contra, 166 más 5 votos telemáticos, 171.


El señor PRESIDENTE: No será avocado por el Pleno.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):


— PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. (Número de expediente 121/000108).


El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España. Vamos a votar, en primer lugar, la enmienda al artículo 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 280; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda al artículo 3.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 281; en contra, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de enmiendas aprobadas en el Senado a este proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 265; en contra, 10; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (VOTACIÓN):


— PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
(Número de expediente 121/000127).


El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, y de la Ley
orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Estas enmiendas han sido presentadas por los grupos Mixto, señora Fernández Davila y señor Bosch, de Unión Progreso y Democracia, de La Izquierda Plural y
Socialista. Han sido emitidos seis votos telemáticos.


Comienza la votación. (Pausa).

Página 90

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285 más 6 votos telemáticos, 291; a favor, 103 más 1 voto telemático, 104; en contra, 167 más 5 votos telemáticos, 172; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Se levanta la sesión.


Eran las cinco y veinte minutos de la tarde.


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