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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 257, de 11/02/2015
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE


Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 257

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 240

celebrada el miércoles,

11 de febrero de 2015



ORDEN DEL DÍA:


Preguntas ... (Página6)


Interpelaciones urgentes:


— Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la nueva regulación de la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. (Número de expediente 172/000286) ... (Página26)


— Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de que la política cultural del Estado contemple la inmediata reducción del IVA a los productos y actividades culturales y deportivos. (Número de expediente
172/000287) ... (Página33)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:


— Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Pérez Fernández), sobre las consecuencias negativas del nuevo sistema de interrumpibilidad eléctrico para industrias de gran importancia como Alcoa A Coruña y Alcoa Avilés y Megasa Siderúrgica, entre
otras muchas. (Número de expediente 173/000191) ... (Página38)


— Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación de la política energética del Estado. (Número de expediente 173/000192) ... (Página45)


— Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los permisos de investigación y exploración de hidrocarburos en Canarias y el Mediterráneo. (Número de expediente 173/000193) ... (Página52)


— Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para suprimir el aforamiento de los diputados, senadores y Gobierno. (Número de expediente 173/000194) ... href='#(Página60)'>(Página60)



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SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Preguntas ... (Página6)


Del diputado don Cayo Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cree más urgente para los ciudadanos españoles firmar un acuerdo contra el terrorismo
yihadista en lugar de uno contra la pobreza? (Número de expediente 180/001185) ... (Página6)


Del diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿No cree el presidente del Gobierno que debería matizar mucho más sus perspectivas para el
año 2015? (Número de expediente 180/001187) ... (Página7)


Del diputado don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Considera el presidente del Gobierno que sus reformas garantizan la igualdad de oportunidades en el acceso a
la educación? (Número de expediente 180/001189) ... (Página9)


De la diputada doña Silvia Oñate Moya, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Defensa: ¿Qué soluciones va a ofrecer el Ministerio de Defensa a los trabajadores y las trabajadoras de la empresa Cleanet que
desarrollan su actividad en instalaciones del Ministerio de Defensa y se han visto afectados por el impago de sus nóminas por parte de la empresa? (Número de expediente 180/001192) ... (Página10)


De la diputada doña Isabel Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Qué actuaciones piensa llevar a cabo el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas en relación con los delitos fiscales presuntamente cometidos como consecuencia de las obras en la sede central del Partido Popular? (Número de expediente 180/001198) ... (Página11)


De la diputada doña Isabel Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Qué medidas concretas piensa adoptar el Gobierno para hacer realidad el compromiso adquirido por usted el
pasado 28 de enero con la alta velocidad en Euskadi? (Número de expediente 180/001186) ... (Página13)


Del diputado don Juan Luis Gordo Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Qué espera alcanzar el Gobierno con la privatización de AENA? (Número de expediente 180/001197) ... href='#(Página14)'>(Página14)



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De la diputada doña Uxue Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué razones esgrime el Gobierno para seguir incumpliendo sus obligaciones para con las personas paradas
de larga duración en Navarra? (Número de expediente 180/001184) ... (Página15)


Del diputado don Rafael Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué valoración hace el Gobierno de los datos de paro registrado relativos al mes de enero de
2015? (Número de expediente 180/001193) ... (Página17)


Del diputado don Román Ruiz Llamas, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿Qué medidas piensa tomar su ministerio para evitar una nueva subida de la luz? (Número de expediente
180/001194) ... (Página18)


De la diputada doña Carmen Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Va a permitir el Gobierno que los maltratadores condenados tengan la custodia de sus
hijos e hijas? (Número de expediente 180/001196) ... (Página19)


Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Qué valoración hace el Gobierno de su política de becas? (Número de expediente 180/001190) ...
(Página21)


De la diputada doña María Angelina Costa Palacios, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Cómo recibe el Gobierno el rechazo mayoritario a su «plan de flexibilización
universitaria»? (Número de expediente 180/001191) ... (Página23)


De la diputada doña Rocío López González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Qué balance hace el Gobierno de los actos conmemorativos del Año Greco? (Número de
expediente 180/001199) ... (Página22)


Del diputado don Antonio Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para garantizar que los accionistas de
Bankia estafados puedan recuperar su dinero? (Número de expediente 180/001188) ... (Página24)



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Interpelaciones urgentes ... (Página26)


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la nueva regulación de la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales ... (Página26)


Formula la interpelación urgente la señora González Veracruz, del Grupo Parlamentario Socialista.


En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega).


Replica la señora González Veracruz y duplica el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de que la política cultural del Estado contemple la inmediata reducción del IVA a los productos y actividades culturales y deportivos ... href='#(Página33)'>(Página33)


Formula la interpelación urgente la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega).


Replica la señora Surroca i Comas y duplica el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página38)


Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Pérez Fernández), sobre las consecuencias negativas del nuevo sistema de interrumpibilidad eléctrico para industrias de gran importancia como Alcoa A Coruña y Alcoa Avilés y Megasa Siderúrgica, entre
otras muchas ... (Página38)


Defiende la moción la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, así como la
señora Monteserín Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Moraleja Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas a esta iniciativa, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Pérez Fernández.


Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación de la política energética del Estado ... (Página45)


Defiende la moción el señor Sanz Remón, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.



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En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Jordà i Roura, el señor Quevedo Iturbe y la señora Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia; Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Gallego Burgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada a esta iniciativa, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Sanz Remón.


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los permisos de investigación y exploración de hidrocarburos en Canarias y el Mediterráneo ... (Página52)


Defiende la moción la señora Hernández Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora Ortiz Castellví.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda, Quevedo Iturbe y la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Picó
i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada a esta iniciativa, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Hernández Gutiérrez.


Duplican los señores Baldoví Roda y Mariscal Anaya.


Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para suprimir el aforamiento de los diputados, senadores y Gobierno ... (Página60)


Defiende la moción la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Sánchez Amor, del Grupo Parlamentario Socialista y Gómez de la Serna y Villacieros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural, así como la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada a esta iniciativa, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Díez González.


Se suspende la sesión a las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.



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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


PREGUNTAS:


— DEL DIPUTADO DON CAYO LARA MOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CREE MÁS URGENTE PARA LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES FIRMAR UN ACUERDO CONTRA EL TERRORISMO
YIHADISTA EN LUGAR DE UNO CONTRA LA POBREZA? (Número de expediente 180/001185).


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. En primer lugar, pregunta el diputado don Cayo Lara, de Izquierda Plural.


El señor LARA MOYA: Gracias, presidente.


Señor Rajoy, ¿cree más urgente para los ciudadanos españoles firmar un acuerdo contra el terrorismo yihadista en lugar de uno contra la pobreza?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lara.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Que el Gobierno y los dos principales partidos de la Cámara firmen un acuerdo contra el terrorismo yihadista me parece de puro sentido común y que estén de acuerdo en esta materia, también.
Además este es un acuerdo abierto a todas las fuerzas políticas y es absolutamente compatible con firmar un acuerdo para luchar contra la pobreza.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Lara.


El señor LARA MOYA: Gracias, señor Rajoy, por su respuesta, pero ayer conocimos un informe de la Red europea de lucha contra la pobreza que dice que hay casi 13 millones de personas en España que están en el umbral de la pobreza, 5 millones
en exclusión severa; somos el segundo país en pobreza infantil de la Unión Europea; 9 millones de personas sufren pobreza energética. Su recuperación y despegue es una falacia, 80.000 parados más en enero y 200.000 cotizantes menos a la Seguridad
Social. Su reforma laboral sigue provocando más despidos baratos. Las multinacionales están deslocalizando empresas sin piedad y buscando salarios miserables para los trabajadores. Un tercio de los salarios en España son indignos, mientras la
banca sigue teniendo más beneficios y las grandes empresas también. Su Gobierno es cómplice de todo esto, no solo por su reforma laboral sino por el salario mínimo interprofesional de vergüenza. Me estoy reuniendo cada semana con trabajadores de
empresas en crisis: los de Coca-Cola, que exigen el cumplimiento de la sentencia; los de John Deere, que tienen anunciado un ERTE; con los trabajadores de empresas en Sagunto y en concreto esta semana con los de Bosal, 222 trabajadores que fueron
despedidos con una carta el día de los Reyes Magos. ¡Qué paradoja! (Muestra una camiseta con el texto No al cierre de Bosal.—Rumores). Estos trabajadores son la España real. Señor Rajoy, mire esta camiseta; no es solamente una camiseta, es la
España real, es la España que está sufriendo los dramas de sus políticas. (Aplausos). Son miles y miles de trabajadores y trabajadoras que levantaron este país y que no soñaron ni en la peor de sus pesadillas que iban a llegar a sufrir tantas
humillaciones como están sufriendo en este momento. En nombre de todos ellos, señor Rajoy, le exijo hoy en esta Cámara que haga un plan de lucha contra la pobreza, que presente un plan de empleo urgente para los parados de larga duración que no
tienen ayudas y que derogue la reforma laboral porque, si no lo hace usted, lo va a hacer otro Gobierno con una mayoría diferente en esta Cámara, porque esta es una auténtica emergencia social en este país. (Rumores.—Aplausos.—El señor Lara Moya se
aproxima al escaño del señor presidente del Gobierno, Rajoy Brey, y le hace entrega de la camiseta.—Protestas).


El señor PRESIDENTE: Señor Lara… Señor Lara, no debe usted interrumpir la pregunta y la respuesta. Al terminar puede hacer lo que quiera, pero ahora no ha estado bien lo que ha hecho.


Señor presidente del Gobierno.



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El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor presidente.


Vuelvo a insistir en lo que dije en mi primera respuesta. Creo que firmar el acuerdo contra el terrorismo yihadista es una decisión buena para nuestro país; por tanto, es una decisión buena para España y muy positiva por parte de quienes
lo hemos hecho, y espero que ustedes se sumen también a este acuerdo. A partir de ahí nos ha pintado usted un país, sinceramente, señor Lara, que yo no conozco. (Aplausos). Oyéndole a usted, daría la sensación de que vivimos en el peor país del
mundo, donde las cosas van peor, donde hay más paro, donde hay más problemas, donde la gente tiene más dificultades. Ha pintado el peor país del mundo. Yo le digo una cosa: España ha pasado por una crisis económica muy importante; se han hecho
muchas cosas, se ha avanzado, las cosas están yendo a mejor, irán mejor en el futuro, pero es verdad que todavía quedan cosas por hacer. Por tanto, creo que los que nos dedicamos a esto debemos intentar tener un juicio un poco equilibrado de cómo
están las cosas.


Le voy a decir algunas de las decisiones que hemos adoptado, que son muy positivas para luchar contra la pobreza, y los resultados. En primer lugar, este es un país que está creciendo económicamente —ya lo ha hecho en 2014 y lo va a hacer
en 2015— después de seis meses de crecimiento económico negativo; eso es actividad, eso es bienestar y riqueza. El año pasado, tras seis años de aumento continuado del desempleo, ha habido 487.000 parados menos; este año todavía habrá menos
parados y eso será también un dato muy positivo. Hemos garantizado las pensiones y las hemos subido, afectan a 9.200.000 personas. Hemos gastado en estos tres años casi 100.000 millones de euros en pagar seguros de desempleo. Hemos prorrogado el
plan Prepara y hemos firmado un acuerdo con las organizaciones sindicales en el mes de diciembre para atender a las personas que están en mayor situación de dificultad. Hemos creado un fondo contra la pobreza infantil. Mediante el sistema de pago
de proveedores hemos atendido a todas aquellas organizaciones sociales que se dedicaban a atender a aquellas personas que estaban en situación de mayor dificultad. Los últimos datos de Eurostat, que es el organismo oficial de la Unión Europea,
dicen que después de cuatro años continuados de crecimiento de la pobreza, entendiendo por tal aquellas personas que están por debajo del 60 % de la renta mediana del país, en 2013 ya se produjo una inflexión, los datos son más positivos; en 2014
todavía no son definitivos, pero también lo serán. Por tanto, vamos claramente a mejor y le pido un poco de equilibrio en el juicio. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


— DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARALAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿NO CREE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE DEBERÍA MATIZAR MUCHO MÁS SUS PERSPECTIVAS PARA EL
AÑO 2015? (Número de expediente 180/001187).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Catalán de Convergència i Unió.


El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, ¿no cree que debería matizar mucho más sus perspectivas para 2015 en términos, lógicamente, de previsiones económicas?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.


Señor Duran, en principio las previsiones y las perspectivas para 2015 son positivas, y creo que ese es el dato que más nos debe animar. Nosotros siempre hemos intentado ser prudentes a la hora de hacer proyecciones; de hecho, en 2014
dijimos en esta Cámara que la economía iba a crecer un 0,7; luego cambiamos, dijimos que iba a ser un 1,3 y al final fue un 1,4. Lo mismo ocurrió con las previsiones de empleo. Dijimos: Va a haber un crecimiento del paro, empleo menos 0,2; sin
embargo, al final fue más 0,7. Por tanto, creo que es mejor ser prudente. A fecha de hoy creemos que la economía para 2015 va a crecer un 2 %. Creemos que el empleo va a crecer. Pensamos que va a haber 600.000 afiliados más a la Seguridad
Social, con lo cual, sumados a los algo más de 400.000 de 2014, estaremos en un millón de personas más afiliadas a la Seguridad Social en dos años. Creemos que el sector exterior en 2015 va a cerrar en positivo, el déficit va a seguir bajando, la
demanda interna va a subir, tanto el



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consumo como la inversión, la inflación va a seguir baja y vamos a ganar competitividad. En principio las previsiones las vamos a modificar en el mes de abril, cuando presentemos el plan de estabilidad ante la Comisión Europea, y luego,
bien en julio, bien en septiembre, haremos ya la previsión definitiva, como viene siendo habitual.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Duran.


El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señor presidente, por su respuesta.


No ignoro sin duda aspectos positivos de mejora de la economía, especialmente en el ámbito macroeconómico. Sería absurdo no reconocerlo y también no decir que cuando una cosa va bien algo tendrá que ver el Gobierno, de la misma manera que
cuando va mal se lo adjudicamos al Gobierno. Dicho esto, no podemos dejar de coincidir —yo quisiera sumar la voz de nuestro grupo parlamentario— con aquellas voces que creen que usted, especialmente en actos de su partido político, está cometiendo
un exceso de propaganda respecto a la salida de la crisis económica. No se trata de pintar un cuadro en negro, se trata de pintar un cuadro real. No se trata de pintar catastrofismo. Soy consciente de que es bueno intentar lanzar mensajes
positivos que optimicen cara al futuro, pero no se puede hacer ese tipo de propaganda abusiva cuando se sabe la cantidad de millones de personas que no tienen puesto de trabajo. No se puede hacer esa propaganda abusiva cuando se sabe que más del 50
% de los jóvenes no tienen trabajo y muchos, y muy bien preparados, tienen que abandonar el país. No se puede hacer esa propaganda abusiva cuando se sabe —usted citaba la competitividad— que si hay un crecimiento de competitividad es a costa de los
salarios; no se puede hacer cuando se sabe que estamos destrozando clases medias, y así tantas otras cosas; no se puede hacer cuando no llega el crédito a las pymes. Por tanto, señor presidente, yo le sugiero menos propaganda y que lo afronte con
un plan que presente a esta Cámara para rehacer los estragos —remarco la palabra estragos— sociales que ha provocado la crisis económica. Crisis es un concepto económico que tiene sus consecuencias sociales, y nadie —ni usted, ni yo, ni nadie, de
una parte ni de otra— tiene derecho a usarlo de manera propagandística, aunque estemos en un año eminentemente electoral.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Duran.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señor Duran, sintiéndolo mucho no puedo compartir sus afirmaciones. He recordado aquí nuestras previsiones de 2014. La realidad fue, por fortuna, mucho mejor para España que las previsiones
que hicimos, tanto en términos de crecimiento como de creación de empleo. Le he hablado de 2015. Nosotros estamos hablando hoy de un crecimiento para este año del 2 %, pero el Fondo Monetario Internacional dice que será más, la Comisión Europea
dice que será más y todo el consenso de analistas que recoge Funcas dice también que será más, tanto en términos de empleo como de crecimiento económico. Por tanto, creo que somos realistas y que estamos incluso haciendo unas previsiones más bajas.
Insisto, lo hemos hecho a lo largo de la legislatura y creo que lo estamos haciendo ahora.


Por otra parte, es evidente que hay muchas personas que han pasado muchas dificultades. Es evidente que hay personas que seguirán haciéndolo en el futuro, pero hay que decir que las cosas hoy están mejor que hace un tiempo y van a ir mejor.
Dar un mensaje positivo al conjunto de la sociedad española es bueno. Por otro lado, si usted ve los datos que hemos conocido en los últimos tiempos, tanto de consumo como de inversión, de venta de automóviles, de venta de viviendas, de créditos,
comprobará que 2014 fue el año, según los datos del Banco de España, que más ha crecido el crédito a pymes. Los precios en este momento están controlados. La competitividad de la economía va mejor e incluso hay algunos factores externos que
ayudan, como el tipo de cambio. Por tanto, moderadamente optimistas, pero todavía queda mucho por hacer.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.



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— DEL DIPUTADO DON PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE SUS REFORMAS GARANTIZAN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO A
LA EDUCACIÓN? (Número de expediente 180/001189).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Pedro Sánchez, del Grupo Socialista, que formula al presidente del Gobierno.


El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, ¿considera que sus contrarreformas educativas están garantizando la igualdad de oportunidades entre nuestros jóvenes?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Uno de los objetivos fundamentales de nuestras reformas educativas es precisamente ese, garantizar la igualdad de oportunidades. Solo voy a referirme a un dato en esta primera intervención.
Un modelo educativo en el cual las tasas de abandono escolar sobrepasan el 26 %, que eran las cifras que existían cuando nosotros llegamos al Gobierno en 2011, es un modelo educativo insoportable para los padres, para los niños, para el país, para
los contribuyentes y para el conjunto de los ciudadanos. Eso sí liquida de verdad la igualdad de oportunidades, y no hacer nada sería una irresponsabilidad. Por eso hemos hecho algunas reformas importantes en el área de educación.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Sánchez.


El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, desde estos escaños de la izquierda y también desde los bancos azules los socialistas cuando hemos estado en el Gobierno hemos puesto en pie un sistema educativo gratuito de calidad que garantizaba, precisamente, la igualdad de
oportunidades que ustedes están rompiendo. Nosotros hicimos posible que la hija de un trabajador pudiese compartir un aula universitaria con el hijo de un potentado en este país. (Protestas). Hicimos posible el deseo de mucha gente de convertirse
en clase media trabajadora, y ustedes con sus políticas de recorte, señor Wert, señor Rajoy, están quebrando este sueño. Ustedes han aprobado una Lomce, han aprobado a golpe de real decreto una reforma del sistema universitario que precisamente
está quebrando esa igualdad de oportunidades. Señorías, han recortado en 11.500 millones de euros la inversión en educación pública, han recortado en 210 millones de euros la política de becas mientras han aumentado en un 40 % las tasas
universitarias y han recortado —señor Rajoy, acuérdese bien— 33.500 profesores en nuestro sistema educativo, 6.000 de ellos profesores universitarios. Es verdad que ustedes ahora mismo han aprobado en esa reforma universitaria el famoso 3+2, que
nada tiene que ver ni con el mérito, ni con el esfuerzo, ni con el talento de los estudiantes; al contrario, está claro, clarísimo en la resolución del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas y del señor Montoro, en su
medida 108: el 3+2 supone un ahorro de 1.000 millones de euros, es decir recorte, recorte y recorte en nuestro sistema universitario.


Señor Rajoy, siempre que gobierna la derecha orientan su política educativa hacia un mismo lugar, hacia una misma dirección, que es quebrar la igualdad de oportunidades. Ustedes quieren crear en nuestro sistema universitario estudiantes de
primera y de segunda división, cuyas posibilidades futuras dependan de la cuenta corriente de sus padres y de sus madres, y eso no lo vamos a permitir, señor Rajoy. Cualquier padre de clase media trabajadora quiere un Gobierno que ayude a sus hijos
a abrir las universidades para que puedan estudiar una licenciatura o un grado, y no cerrarla como se está haciendo desde que lleva gobernando este país. En cuanto a sus contrarreformas educativas hay una buena noticia, que durarán poco, tan poco
como su Gobierno, es decir hasta el próximo mes de noviembre. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez.


Señor presidente.



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El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Estoy de acuerdo con la última parte de su intervención, que si ustedes llegan al Gobierno derogarían las reformas que ha hecho el Partido Popular porque ya lo hicieron en una ocasión, el
problema es que esta vez mucho me temo que no va a llegar al Gobierno de España. (Aplausos). Dicho esto, quisiera añadir una cosa. Señor Sánchez, son demasiados los niños que abandonan los estudios o que fracasan, son demasiados en nuestro país.
Son demasiado poco buenos, y ya durante muchos años, los informes PISA referidos a la educación española, y además —y lo más importante— son demasiados los jóvenes que no encuentran trabajo en nuestro país por parte de cualificación. En una
situación de estas características caben dos opciones, solo dos: una, no hacer nada, que es su tesis; y otra, intentar hacer reformas, que es la nuestra. Le recuerdo que las únicas leyes que se han aplicado en España en materia educativa en los
últimos años fueron las del Partido Socialista y que los resultados en materia de educación son absolutamente mejorables. Quiero una educación pública, gratuita y universal, pero también quiero una educación de calidad y que genere posibilidades a
la gente para que se pueda emplear. Ese es el sentido de las reformas que hemos planteado a lo largo de esta legislatura.


Hay algunos datos positivos que ya estamos viendo, como el aumento en el número de personas matriculadas en formación profesional. Hemos pasado en un año de 703.000 alumnos a 793.000, como el nuevo ciclo de formación profesional básica que
ya ha generado 46.000 plazas. Usted habla de recortes en educación, dígame un solo año en la historia presupuestaría de este país desde 1977 en el que se haya dedicado más dinero a becas, dígame un solo año; dígame un solo año en que se ha
dedicado más dinero que en 2014 en que haya más becarios universitarios que ahora. (Protestas). Le recuerdo que la comunidad autónoma de España que más recortes ha hecho en educación a lo largo de estos años ha sido Andalucía y que es la tercera
comunidad con menos profesores en centros públicos. (Rumores). Por tanto, convendría, aparte de predicar, dar trigo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


— DE LA DIPUTADA DOÑA SILVIA OÑATE MOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿QUÉ SOLUCIONES VA A OFRECER EL MINISTERIO DE DEFENSA A LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS DE LA EMPRESA CLEANET QUE
DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y SE HAN VISTO AFECTADOS POR EL IMPAGO DE SUS NÓMINAS POR PARTE DE LA EMPRESA? (Número de expediente 180/001192).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Defensa. La formula la diputada doña Silvia Oñate, del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora OÑATE MOYA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, me siento muy orgullosa de que mi primera pregunta sea en nombre de ocho mujeres trabajadoras que hoy están aquí, en esta Cámara, sentadas en la tribuna de invitados. Ellas representan a unas doscientas cincuenta mujeres que
también hoy se están manifestando en la plaza de Neptuno; reivindican algo tan básico, tan absolutamente básico como cobrar un salario por su trabajo. No cobran, señor ministro, desde hace seis meses. Por eso le preguntamos: ¿Qué soluciones va a
ofrecer su ministerio a los trabajadores y las trabajadoras de la empresa Cleanet que desarrollan su actividad en las instalaciones del Ministerio de Defensa y se han visto afectadas por el impago de sus nóminas por parte de la empresa? (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Señor presidente.


Señoría, el Ministerio de Defensa viene realizando un seguimiento continuo de la situación de conflictividad laboral originada por el impago de los salarios desde que tuvo conocimiento de la misma. Tan pronto como el 8 de octubre pasado me
entrevisté personalmente en Cartagena con los trabajadores afectados por los impagos. El Ministerio de Defensa, permítame que se lo señale, no tiene vinculación jurídico-laboral alguna con los empleados de la empresa Cleanet, si bien todos los
efectos derivados de la situación nos preocupan y nos afectan. Por ello, hemos mantenido varias reuniones con la empresa



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Cleanet en las que la hemos requerido para que regularice su situación lo antes posible, y, obviamente, no ha cumplido. Por ello, teniendo en cuenta que la vinculación del ministerio con Cleanet finaliza el 18 de marzo de este año, hemos
puesto en marcha las siguientes actuaciones: primera, tramitación del expediente de resolución por incumplimiento contractual de Cleanet por no atender sus obligaciones con los trabajadores; segunda, el Consejo de Ministros ha autorizado el pasado
23 de enero la celebración de un nuevo acuerdo marco para contratar los lotes anteriormente adjudicados a Cleanet, cuya vigencia será del 20 de marzo de 2015 al 31 de diciembre de 2015. El adjudicatario de este nuevo acuerdo marco habrá de subrogar
a los trabajadores, al mismo tiempo que asumirá la protección más exigente de sus derechos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señora diputada.


La señora OÑATE MOYA: Señor ministro, no nos basta, llegan tarde: seis meses mirando para otro lado. Ahí afuera hay personas con familias a su cargo; hombres y mujeres que cada día limpian las dependencias de su ministerio; limpian su
despacho, señor ministro, pese a que llevan meses sin cobrar; con toda la dignidad siguen limpiando su despacho y las dependencias del ministerio. Se han concentrado, se han puesto en huelga, están reivindicando sus derechos laborales. Hoy han
venido autobuses desde Sevilla, Murcia, Cartagena, Asturias, Galicia, de hasta diez provincias. ¿De verdad no les causa bochorno, señor ministro? ¿No han podido hacer nada más en todo este tiempo? Es absolutamente indigno por parte de un
organismo público, de un Gobierno al que se le llena la boca con la recuperación económica, que estos trabajadores y estas trabajadoras no puedan llevar el pan a sus hijos porque ustedes no se han sentado a resolver el problema. Ustedes siempre
hacen lo mismo, siempre benefician a los que más tienen y rompen la cadena por el eslabón más débil. Dejen de favorecer y beneficiar siempre a los mismos y miren de frente a la gente trabajadora. No le vamos a pedir sensibilidad, señor ministro, a
estas alturas; le vamos a pedir que tome medidas, que ordene pagar sus deudas, que garantice a presente y a futuro los puestos de trabajo de estas mujeres que trabajan todos los días para su ministerio. No se escude en terceros, señor ministro,
solucione.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias, señor presidente.


Aquí a la única persona que se le llena la boca de demagogia y de discurso hecho es a su señoría. (Aplausos.—Protestas). Es absolutamente evidente, porque ni ha escuchado la primera parte de lo que le he dicho ni nada parecido. Ni ha
escuchado, ni lo ha entendido, ni le ha interesado. Ahí está la protección a los trabajadores, y hay que hacerla en función de la ley. Señoría, todo lo que hemos hecho nosotros es siguiendo la ley. No sé si le suena a usted lo que es la ley
(Rumores), pero es la única manera de proteger a los trabajadores. Eso es lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Defensa.


— DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ ACTUACIONES PIENSA LLEVAR A CABO EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS EN RELACIÓN CON LOS DELITOS FISCALES PRESUNTAMENTE COMETIDOS COMO CONSECUENCIA DE LAS OBRAS EN LA SEDE CENTRAL DEL PARTIDO POPULAR? (Número de expediente 180/001198).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. La formula la diputada doña Isabel Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, presidente.


Señor ministro, la Agencia Tributaria sostiene en sus informes que se han producido delitos contra la Hacienda precisamente como consecuencia de las obras en la sede del Partido Popular. Esta misma tarde funcionarios de su ministerio van a
comparecer para ratificar esos informes. De ahí la pregunta que le



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planteo: ¿Qué actuaciones piensa llevar a cabo su ministerio en relación con los delitos fiscales presuntamente cometidos como consecuencia de las obras en la sede del Partido Popular?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Gracias, señora diputada. Las actuaciones son las que se hacen siempre en auxilio de la justicia: funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado y, recientemente, como también es conocido, esta actuación se
ha ampliado a la Abogacía del Estado, a la que la Agencia Tributaria ha solicitado su personación en la causa, una vez que el juez ha establecido la existencia de un posible delito fiscal por la empresa que realizó las citadas obras. Quiero
recordarle que la Agencia Tributaria dedica cada vez un mayor número de efectivos a las labores de auxilio de la justicia para poner a disposición de esta toda la información que le sea requerida. El año pasado, 2014, un total de 1.400 funcionarios
de la Agencia Tributaria actuaron en auxilio judicial. Lo hacen con todo el rigor, con todo su conocimiento, prestando con toda la objetividad su servicio al desarrollo de la justicia, y como tal entiendo que debe ser valorada su actuación en esta
Cámara.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señora diputada.


La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Señor ministro, yo no dudo ni mi grupo parlamentario tampoco de la acción de los funcionarios públicos del Ministerio de Hacienda. Son ellos quienes dudan de usted. Le acusan de hacer un uso partidista y
político de los datos fiscales de los españoles. (Aplausos). Señor ministro, lamento que se haya marchado el presidente del Gobierno, pero esto es una indecencia política. Ha quedado constatada la existencia de una caja B en el Partido Popular,
ha quedado constatada también la financiación ilegal de su partido. (Rumores). Sí señorías, una caja B en el Partido Popular; y no un año ni dos, hasta veinte años. ¿Cuántas cajas B, cuántas sedes ha comprado con dinero negro el Partido Popular?
No se lo dice esta diputada socialista, se lo está diciendo, como usted reconoce, la Abogacía del Estado, la intervención, la fiscalía, el juez, se lo están diciendo sus funcionarios. Esto es un escándalo, sí, señor. Señor ministro, no pueden
renegar de la realidad, no pueden renegar del señor Bárcenas. Mírelo aquí (La señora diputada enseña unas fotografías) con el arquitecto de la sede, con el arquitecto al que le han pagado con dinero B. Esta junto al presidente del Gobierno que
salió corriendo al escuchar esta pregunta. Aquí se les ve también. No pueden renegar de las obras, disfrutan plácidamente del despacho pagado con dinero negro. (Protestas). Es una indecencia política. Es un esperpento, señor ministro; que su
ministerio, el Ministerio de Hacienda, la hacienda de todos los españoles se esté viendo perjudicada por la acción del presidente del Gobierno como responsable del Partido Popular es una indecencia política que requiere de una actuación, de una
depuración de responsabilidades políticas, que es lo que exigimos desde el Grupo Parlamentario Socialista.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señora diputada, con actuaciones como la suya no sé para qué necesitamos la justicia; la cerramos; usted ya ha sentenciado (Aplausos); ha condenado, y ha pedido actuaciones y responsabilidades políticas, pero a raíz de qué: de indicios.
Pues indicios tienen ustedes en sus bancos unos cuantos (Rumores). Unos cuantos ahí que ciertamente, en manejo de dinero público, dejan muchísimo que desear. Por lo demás ya veo que usted lee determinados titulares con fruición. (Rumores). Sin
embargo son titulares con interés, porque en vez de destacar en el día de hoy actuaciones como todo el fraude en Andalucía de la formación profesional, todo los ERE en Andalucía, se dedican a lo que se dedican, a hacer insinuaciones. (Rumores y
protestas). Los funcionarios trabajan, señoría, y su resultado está ahí. Nadie debería dudar de su calidad y de su pundonor. Eso es lo que estoy recabando de su actuación. Como no



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lo ha hecho nunca este partido cuando ha estado en la oposición. (La señora Aguilar Rivero: Bueno, bueno.—Rumores). Nunca, nunca, señorías. Enseñen ustedes algún extracto de alguna intervención mía donde yo dude de la Intervención
General del Estado o de la Agencia Tributaria; muestren alguna intervención. (Rumores). No, eso es típico… (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


— DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL SÁNCHEZ ROBLES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ MEDIDAS CONCRETAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA HACER REALIDAD EL COMPROMISO ADQUIRIDO POR USTED EL
PASADO 28 DE ENERO CON LA ALTA VELOCIDAD EN EUSKADI? (Número de expediente 180/001186).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Fomento. Pregunta, en primer lugar, la diputada doña Isabel Sánchez Robles, del Grupo Vasco PNV.


La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señora ministra, debo reconocer que nos quedamos absolutamente perplejos ante su sorprendente y sorpresivo anuncio de que la Y vasca estaría concluida y en funcionamiento en 2019. Lo hizo el pasado 28 de enero en
rueda de prensa ante las Cámaras, y por tanto también ante la ciudadanía. Lo hizo en tierra vasca, en esa tierra donde la palabra es ley, sobre el mismo suelo en el que se construirá el nudo de Bergara, el corazón de esa Y vasca.


¿Qué es lo que ha cambiado desde el Pleno celebrado el pasado 29 de octubre, hace escasamente tres meses, señora ministra? Le recuerdo que usted y su grupo se negaron a adquirir un compromiso público ante esta Cámara para que en el año
2020, un año después de 2019, la Y vasca fuera una realidad. Señora ministra, también le pregunto: ¿qué es lo que ha cambiado desde el día 18 de diciembre, fecha en que culminó la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, por cierto,
con nuevos recortes para la Y vasca apoyados por el Partido Popular, y sin que fuera incorporada ninguna enmienda propuesta por nuestro grupo para acelerar el ritmo de las obras de esta infraestructura estratégica?


Sinceramente, señora ministra, debo reconocer que se trata de una buena noticia; e una buena noticia si se cumple y si no,estamos ante un anuncio preelectoral. Por eso le pregunto: ¿qué pasos va a dar para cumplir con la palabra dada?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, el Gobierno va a seguir como hasta ahora, invirtiendo en la Y vasca para que en 2019 todos los ciudadanos vascos y todos los españoles tengan una vía de alta capacidad. Señoría, lo hemos hecho invirtiendo —a pesar de la crisis de
estos cuatro años— 2.300 millones de euros en la Y vasca: 916 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado y 1.400 millones de euros a través del cupo. Además la cantidad presupuestada en los Presupuestos Generales del Estado para
2015 ha crecido un 17 %.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Señora diputada.


La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señora ministra, hasta el momento nada nuevo. Sinceramente llevamos tres años solicitándole únicamente dos cosas: que fije una fecha de puesta en marcha de la Y vasca y que priorice y trabaje en términos de
proyectos con transparencia. Esto es gestionar. Por fin hemos conseguido que despeje la primera incógnita: año 2019; de acuerdo. Ahora queremos rigor y transparencia en la planificación presupuestaria y técnica, porque con la opacidad y con el
veto de información al que su ministerio nos tiene sometidos solo podemos afirmar, señora ministra, que usted no puede cumplir con la palabra dada. No sabemos si tiene redactados los proyectos, lo que es evidente es que no tiene presupuesto. Está
a tiempo de convencernos; la credibilidad de su compromiso depende de esa planificación presupuestaria, de esa planificación técnica que a día de hoy no conocemos ni nosotros ni el Gobierno vasco.


Por último, ministra, Euskadi, Europa y este grupo parlamentario, sinceramente…



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Gracias, señor presidente.


Gracias, señora Sánchez Robles. Señoría, el ritmo inversor que estamos llevando a cabo en la legislatura, a pesar —como le decía— del déficit que nos encontramos, es de 600 millones al año. Si seguimos con este ritmo, que estoy segura de
que se va a hacer o que se va incluso a mejorar, en poco más de cuatro años habremos concluido la Y vasca. Señoría, le voy a describir la situación de los trabajos. En el ramal guipuzcoano —como usted sabe— las obras de plataforma están en
ejecución hasta Astigarraga, y se han finalizado obras en tres tramos, estando previsto que se terminen otros seis. En el área vizcaína siete tramos con las obras de plataforma terminadas, otras siete en obras, que concluiremos tres de ellas en el
2015. El tramo Atxondo-Abadiño con obras licitadas que vamos a adjudicar en este semestre. En el nudo de Bergara hemos iniciado las obras de la plataforma del tramo Mondragón-Bergara, sector Kobate. En este mismo tramo licitamos el 2 de octubre
las obras de plataforma del sector Angiozar, que adjudicaremos el próximo mes de marzo, y vamos a licitar los tres tramos restantes del nudo de Bergara —como usted sabe— en este primer trimestre, el sector Zumelegi, el Elorrio-Bergara y el
Elorrio-Elorrio, y además estarán contratados todos los tramos pendientes en el ramal Vitoria-Bilbao. Tras su contratación el pasado mes de octubre también están en ejecución los proyectos de montaje de vía, de catenaria, de telemando, y de
energía. Continuamos trabajando en los accesos a las ciudades y hemos iniciado la información pública del Astigarraga-Oiartzun-Lezo.


Señoría, estamos cumpliendo con los compromisos y le puedo asegurar que si todos los Gobiernos destinan lo que ha destinado este Gobierno a la Y vasca, como le dije ya un día en esta Cámara…


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


— DEL DIPUTADO DON JUAN LUIS GORDO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ ESPERA ALCANZAR EL GOBIERNO CON LA PRIVATIZACIÓN DE AENA? (Número de expediente 180/001197).


El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula a la señora ministra de Fomento el diputado don Juan Luis Gordo, del Grupo Socialista.


El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, hoy con la salida a bolsa de AENA el Gobierno da un paso decisivo en su privatización. El Consejo Consultivo de Privatizaciones, a propuesta de su ministerio, aprobó el paso a manos privadas del 60 % de la propiedad de
AENA. Esa es la auténtica hoja de ruta del Gobierno, al menos la tácita, y con ello se pone en peligro no solamente la movilidad de los españoles, sino la cohesión social y la vertebración territorial de nuestro país. Díganos, señora ministra,
¿qué pretende el Gobierno con la privatización de AENA? (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gordo.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor Gordo. Lo que hemos hecho, señoría, hasta ahora es lo que el Gobierno socialista fue incapaz de hacer, dejó AENA al borde de la quiebra, dejó AENA con una caja de menos 500 millones, no se podía pagar la nómina, que se
estaba pagando con la cuenta de proveedores, y lo que hemos hecho ha sido es darle la vuelta a la compañía. La compañía sigue siendo pública, no falte usted a la verdad, léase usted las leyes que ha aprobado esta Cámara. Como usted sabe, la
entrada de capital privado es del 49 %, y esta va a seguir siendo, señoría, una empresa pública con servidores públicos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Señor Gordo.


El señor GORDO PÉREZ: Señora ministra, el Gobierno va a regalar AENA (Risas), va a repartir en dividendos el 50 % de los beneficios, más de 320 millones con los datos del último año, y además a una rentabilidad muy por encima del mercado, y
se lo va a dar a los inversores institucionales. Esto se llama



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capitalismo de amiguetes o si quiere se lo digo de otra manera, despilfarro de lo público, porque las fortalezas que ha presentado el Gobierno en la oferta pública de venta, como la capacidad de absorción de un 75 % más de viajeros, el bajo
coste de la deuda o la no necesidad de inversión, son parte de la herencia recibida de los socialistas, esa que usted desprecia día y día (Aplausos), y que sin embargo la presenta como el milagro de la gestión popular.


Señora ministra, no mienta, el Gobierno socialista jamás privatizó AENA, planteó la gestión singular de dos grandes aeropuertos como El Prat y Barajas mediante una concesión, con sociedades filiales instrumentales, con la participación de
comunidades autónomas, de los agentes económicos y sociales, para implicar e involucrar la actividad económica e industrial con los entes institucionales y con el sistema aeroportuario, para que no pase lo que está pasando en su tierra y la mía,
Castilla y León, que los aeropuertos van por una parte, la actividad económica por otra, y la aviación por otra. Señora ministra, le pido que venga al Parlamento, por higiene democrática, que explique la venta, que no utilice AENA como un cortijo,
como factor de recuperación económica, de la precariedad y del desempleo. Señora ministra, el Gobierno socialista revertirá la situación de AENA a la situación de hoy, para evitar la lesividad de los ciudadanos españoles y del interés general.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor Gordo. La verdad es que le tengo que agradecer su pregunta, señor Gordo. Primero de todo le diré que usted pertenece a un grupo parlamentario que aprobó un real decreto-ley en el año 2010 —usted no estaba aquí, estaba
en el Senado— del que la señora Salgado —a la sazón vicepresidenta entonces del Gobierno— dijo: con esta entrada del 49 % de capital privado hay más transparencia, más eficacia, más competencia, y hacemos lo que otros países europeos. Usted, señor
Gordo, votó además en el Senado que se subieran las tasas aeroportuarias.


Señor Gordo, la pena es que tenga tan poco tiempo. Señoría, lo que hemos hecho —y usted lo sabe bien— ha sido sanear AENA, ha sido darle la vuelta a las lamentables cuentas que ustedes tenían, ha sido no volver a hacer lo que ustedes
hicieron, señoría, que está muy bien tener buenos aeropuertos, pero no hacer terminales faraónicas —como las que ustedes hicieron— despilfarrando el dinero de todos los españoles. (Protestas). Señoría, ¿sabe lo que le pasa a usted en el fondo?
Que no le lleva el cuerpo, no le lleva el cuerpo que hoy esté entrando capital privado en AENA efectivamente, que haya habido una demanda altísima, porque han entrado —eso que llama usted amigos, pues muchos amigos debemos tener— más de 90.000
inversores en el proceso a 58 euros la acción. Señoría, no se olvide de que aquí está el documento de los socialistas donde pidieron una valoración de AENA, y en ella los fondos propios no llegaban a 3.000 millones. Hoy la compañía vale en fondos
propios tres veces más y el valor total son 19.700 millones. Eso es lo que hace el Partido Popular cuando gobierna. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


— DE LA DIPUTADA DOÑA UXUE BARKOS BERRUEZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ RAZONES ESGRIME EL GOBIERNO PARA SEGUIR INCUMPLIENDO SUS OBLIGACIONES PARA CON LAS PERSONAS
PARADAS DE LARGA DURACIÓN EN NAVARRA? (Número de expediente 180/001184).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Pregunta, en primer lugar, doña Uxue Barkos del Grupo Mixto.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.


Señora ministra, en el año 2013 su Gobierno decidió dejar de pagar el subsidio por desempleo a las personas en paro de larga duración que en Navarra reciben la renta de inclusión social, una renta complementaria. Lo cierto es que ante
diferencias de criterio con lo defendido —sin mucho éxito, por cierto— por el Gobierno de UPN al respecto, ustedes tomaron la peor de las decisiones: dejar de pagar y por tanto incumplir sus obligaciones para con un grupo de parados de larga
duración. ¿Qué razones puede esgrimir usted para mantener esta decisión a todas luces injusta?



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.


Señora Barkos, le pido que sea justa y no hable con demagogia. La respeto mucho personalmente pero le pido en esta pregunta un poco de rigor. El Gobierno cumple escrupulosamente en todo el territorio nacional con sus obligaciones con los
parados de este país, en Navarra y en toda España. Por tanto nunca ha incumplido con esas obligaciones, legales por otra parte, que tenemos. Aplicamos la misma legislación y las mismas condiciones en Navarra que en el resto de España para que
todas las personas, vivan donde vivan, tengan protegidos sus derechos. Por consiguiente, señora Barkos, le pido que retire esa acusación injusta de incumplimiento.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Señora ministra, no hay acusación alguna que retirar, la realidad es la realidad, y su Gobierno, amparándose en una interpretación de la Ley General de la Seguridad Social, adopta la decisión en 2013. Francamente
creo que la hemeroteca es la que desmiente esa petición de rigor que usted me hace. Todo lo contrario —y le voy a decir más—, se niegan ustedes a hablar y nos lo están demostrando una y otra vez, porque esta situación que lleva prolongándose todo
el año 2014 no ha sido hecha pública hasta el pasado mes de noviembre. Además este interés por silenciar su propia decisión —recuerdo, dejar de pagar 426 euros a 700 familias sin ingresos— lo han prolongado desde entonces. La delegada de su
Gobierno en Navarra se niega a comparecer en el Parlamento, y no se ha producido —y en el mes de noviembre la solicité yo personalmente— su comparecencia para hablar de esta cuestión. Hubiera habido en cualquier caso otro mecanismo, pero es que ni
siquiera, señora ministra, responden a las preguntas que por escrito sus socios de UPN registraron en esta misma Cámara hace dos meses; dos meses han tenido, ministra, para dar una explicación. Y ya que no responden a este tema de gravedad
—insisto, y con todo el rigor y la importancia que el asunto tiene—, le voy a preguntar si van a reunir a la junta de cooperación porque de este asunto tampoco tenemos noticias, si van a restituir los 4 millones de euros que el Gobierno de Navarra
ha adelantado para poder pagar a esas personas en la situación que le estaba relatando, y sobre todo, ministra, si va a asumir de nuevo el Gobierno y el departamento que usted dirige sus responsabilidades con esas personas, y por tanto si van a
pagar a los parados de larga duración en Navarra los 426 euros mensuales que deben pagar. Es muy sencillo —y yo se lo trasladé a su Gobierno en un debate anterior—: si el problema está en la Ley General de la Seguridad Social para evitar
diferencias de criterio, háganlo ya, porque con sus diferencias de criterio algunas familias no pueden arrancar el mes.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.


Señora Barkos, usted conoce perfectamente —o lo debe conocer porque es portavoz de la Comisión de Empleo y Seguridad Social— la legislación y la Ley General de Seguridad Social, que por cierto en materia de compatibilidades e
incompatibilidades del subsidio por desempleo con las rentas asistenciales autonómicas, como la renta de inclusión navarra, es la misma y se aplica en todo el territorio nacional desde hace mucho tiempo y en igualdad de condiciones. Por tanto le
pido que en este tema tan concreto y tan sensible tenga el mayor de los rigores. El Gobierno de España está comprometido con los desempleados de toda España para que tengan una ayuda para volver cuanto antes al mercado de trabajo. En Navarra hemos
destinado el año pasado, 2014, 336 millones de euros a prestaciones y subsidios que han beneficiado a 25.000 navarros. Se ha ampliado el programa Prepara del que se han podido beneficiar 2.300 parados de larga duración de Navarra, 2.300 navarros, y
no contentos con eso, como somos conscientes de que todavía hay familias que no tienen ingresos, que son parados de larga duración y que además tienen responsabilidades familiares, con los interlocutores sociales y también con



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la Comunidad Foral de Navarra hemos puesto en marcha un plan especial de activación que va a beneficiar a 3.200 navarros en los próximos meses. Por tanto compromiso total con el desempleo, con los desempleados de Navarra; diálogo
permanente con el Gobierno de Navarra, y si hay algún problema, lo solucionamos en una reunión tú a tú, señora Barkos, pero este Gobierno nunca incumple sus obligaciones. Le pido que no busque culpables y que si tiene alguna solución la aporte.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


— DEL DIPUTADO DON RAFAEL SIMANCAS SIMANCAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LOS DATOS DE PARO REGISTRADO RELATIVOS AL MES DE ENERO DE
2015? (Número de expediente 180/001193).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social que formula el diputado don Rafael Simancas, del Grupo Socialista.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señor presidente.


Esto no va bien, señora ministra. Los datos del paro en el mes de enero fueron muy malos: 78.000 parados más, 200.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Los puede usted mirar como quiera, por arriba, por abajo, del derecho, del revés;
son datos muy malos, y preocupan más tras escuchar sus valoraciones positivas, porque ha dicho usted que estamos en situación precrisis y que continúa la creación de empleo de calidad intensamente. ¿Qué está ocurriendo, señora ministra? ¿Es que no
se entera usted de lo que pasa con el empleo en este país o intenta tomarnos el pelo? Preferiría lo segundo, créame, porque lo primero la inhabilitaría a usted para tomar ninguna decisión mínimamente útil en lo que queda de legislatura. La
realidad es que esto no va bien, señora ministra. Su reforma laboral ha destruido 600.000 empleos, hay 170.000 parados más que cuando usted llegó al Gobierno, 1.700.000 afiliados menos a la Seguridad Social que antes de comenzar la crisis. ¿Dónde
está la situación precrisis? Se destruyó empleo en el mes de enero y los empleos que se crearon el año pasado son empleos basura en buena medida, señora ministra. Los contratos tienen 54 días de media, muchos contratos de días y de horas, empleos
basura. ¿Sabe usted que del millón trescientos mil contratos que se firmaron en el mes de enero solo 120.000 eran contratos indefinidos, y que de esos 120.000 contratos indefinidos, de calidad según usted, 45.000, casi la mitad, eran fijos
discontinuos o contratos a tiempo parcial? ¿Dónde está el empleo de calidad? Un 23 % más de contratos indefinidos hubieron de firmarse el año pasado para encontrar un solo empleo estable. No hay mejor empleo en nuestra situación, en nuestro país,
señora ministra. Por lo tanto le pedimos que haga uste lo que corresponde: deroguen la reforma laboral, compensen los recortes en las políticas activas de empleo, suban el salario mínimo hasta una cifra digna.


Debe usted saber, señora ministra —quizá nadie se lo ha dicho—, que cuando usted hace un mitin, cuando habla en los mítines no le escuchan solo sus compañeros, sino que también le están escuchando los parados, los trabajadores pobres, los
explotados, los que no llegan a final de mes con los salarios de miseria, y estas personas se sienten insultadas. Por eso yo le pido, señora ministra,… (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Simancas, se nota que usted acaba de llegar a la portavocía de empleo, porque nadie que llevase más tiempo en dicha portavocía —y perdone que se lo diga con humildad— entendería la valoración que ha hecho de los datos del mes de enero
(Rumores), porque desgraciadamente para todos los españoles el paro siempre sube en enero y baja la afiliación por carácter estacional. No es algo que ocurra en el año 2015, sino que es algo que ha ocurrido a lo largo de nuestra historia reciente.
Por tanto yo le agradezco que venga a los mítines del Partido Popular y así se va enterando un poco de lo que va esto del empleo. (Rumores).


Si elimináramos el efecto calendario, que también es una manera de ver los datos de enero, se daría usted cuenta de que ha bajado el paro en 42.800 personas, la mayor bajada de toda la serie histórica. Si tenemos en cuenta la afiliación sin
efecto calendario, ha subido en 13.000 personas el



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empleo, que encadena por cierto, señor Simancas, dieciocho meses de crecimiento desestacional del desempleo en nuestro país. Eso es coherente con lo que ha ocurrido el año anterior, en que por primera vez en siete años de crisis —gobernando
el Partido Socialista en la mayor parte de esos años— ha subido el empleo en 2014; son 434.000 las personas que hoy tienen oportunidades de empleo. ¿Qué queda mucho por hacer? No le quepa la menor duda, por eso seguimos trabajando por el empleo,
y por eso sigue creciendo la filiación a un buen ritmo durante este inicio de año 2015. Entre 2014 y 2015 habrá en España 1.000.000 de nuevos puestos de trabajo gracias al esfuerzo colectivo de la sociedad española. Para que usted se quede
tranquilo le animo a que venga a los mítines del Partido Popular (Protestas), porque cuando dejemos esta legislatura habrá más empleo y menos paro que cuando llegamos al Gobierno que nos dejo el Partido Socialista. (Rumores). Han cambiado mucho
las cosas, queda mucho por hacer, pero hoy en nuestro país 3 de cada 4 personas asalariadas lo hacen con un contrato indefinido, 75,8 %, que es más, señor Simancas, que el 74,8 que nos dejaron ustedes en 2011. Hoy hay más trabajadores con un
contrato indefinido que cuando llegamos al Gobierno, un 19 % más, y sube mes a mes la contratación indefinida. Queda mucho por hacer, pero ha cambiado muchísimo la situación: con ustedes se destruían cada día 2.000 empleos, con nosotros se crean
1.200 empleos diarios.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).


— DEL DIPUTADO DON ROMÁN RUIZ LLAMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA TOMAR SU MINISTERIO PARA EVITAR UNA NUEVA SUBIDA DE LA LUZ? (Número de expediente
180/001194).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Pregunta del diputado don Román Ruiz Llamas, del Grupo Parlamentario Socialista. Esta pregunta va dirigida al señor ministro de Industria. Don Román Ruiz, puede hacer la pregunta.


El señor RUIZ LLAMAS: Señor ministro, ¿qué medidas piensa tomar su ministerio para evitar una nueva subida de la luz?


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Todas las medidas que el Gobierno ha adoptado en materia del sector energético a lo largo de esta legislatura tienen como finalidad tres objetivos. En primer lugar, procurar
una mayor seguridad de nuestro sistema energético. En segundo lugar, procurar una disminución y anulación del déficit del sistema eléctrico y también del déficit en el sistema gasista. Y por último, tener una sostenibilidad, tanto en términos
medioambientales como en términos económicos y financieros. Para ello el Gobierno ha cambiado el sistema de determinación de precios y ha procedido a adoptar distintas medidas para disminuir los costes de las actividades reguladas del sistema.


¿Cuáles han sido los resultados? Pues que en el 2013 y en el 2014, contrariamente a lo que ocurría con anterioridad, los precios de la energía eléctrica no han subido, sino que han disminuido; y este año 2014, el que acaba de terminar,
será el primer año de los últimos once donde no habrá déficit en el sistema eléctrico. (Un señor diputado: Muy bien, muy bien).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.


Señoría.


El señor RUIZ LLAMAS: Señor ministro, es la tercera vez que le pregunto sobre los precios de la electricidad. En las dos anteriores previsiones usted engañó a todos los ciudadanos, a todos los consumidores españoles. ¿No se sonroja usted
al afirmar que los precios de la electricidad han bajado —como ha dicho recientemente— un 4 % en el año 2014? Hace poco más de un año, señor ministro, usted suspendió la última subasta Cesur acusando a las eléctricas de manipulación de precios e
interviniendo el sistema de un mercado liberalizado. Eso sucedió, señor ministro, el mismo día que usted trajo aquí la Ley del Sector Eléctrico, que quedó ya desfasada. Y nos vino usted con el cuento de la



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lechera exactamente igual que ahora: que con una nueva determinación de precios daría solución a las continuadas subidas de la luz, que se haría por horas, por un precio medio, por una tarifa plana de la que dispusiera el consumidor según
tuviera un contador viejo o uno inteligente. Desde el Grupo Parlamentario Socialista ya le advertimos que esto no se solucionaría si la formulación de precios se hacía sobre el mismo sistema de los costes reconocidos, y no de los costes reales de
producción, que el resultado no podía ser muy diferente, señor ministro. Y así ha sido.


Hay alarma social, en este mes de enero ha subido la luz más de un 3 %, llevan ustedes acumulado en solo tres años, su Gobierno, un aumento del 25 % de la factura de luz a más de dieciséis millones de hogares españoles. Porque usted cuando
habla se refiere a los kilowatios, ¿pero no fue su Gobierno el que subió el IVA un 3 %? ¿No fue su Gobierno el que puso un impuesto de un 7 % a toda la generación de energía? ¿No fue su Gobierno, señor ministro, el que aumentó el cien por cien el
componente fijo del recibo, es decir la potencia contratada, penalizando además el ahorro y la eficiencia? Unas medidas escandalosas, señor ministro. Un regalo al sector eléctrico, que ha ingresado miles de millones de euros que están pagando los
consumidores españoles en el recibo de la luz. La política que usted ha llevado a término, señor ministro, es una política improvisada y sin rumbo. Le recordó la Comisión Europea en el año 2012 que el problema era de competencia, y que además
había unos sobrecostes sobre las centrales nucleares y las centrales hidroeléctricas que no estaban reguladas, y que gravaban nuestra energía en 2.300 millones, señor ministro. ¿Qué piensa sobre todas estas cuestiones? (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Sí, señoría, yo no le voy a cuestionar que usted se constituya aquí en defensor de las compañías eléctricas; al fin y al cabo cada cual defiende lo que estima oportuno.
(Rumores). Pero sí le quiero decir que el anterior sistema de determinación de precios, que estaba basado en la subasta conocida como Cesur, que empezó en el año 2009 y que efectivamente terminó, porque este Gobierno lo decidió así, en diciembre
del año 2013, ese sistema supuso para todos los consumidores de energía eléctrica en España un encarecimiento en la factura de la luz entre el 2009 y el 2013 nada más y nada menos que de 1.650 millones de euros, a razón de más de 300 millones de
euros extra que pagábamos todos los consumidores españoles en términos de la factura eléctrica. Ese sistema suponía que había un coste de intermediación extra que repercutía directamente en la factura eléctrica. Eso es lo que ha venido a cambiar
el nuevo sistema, que ahora se determina de acuerdo con las condiciones de mercado y es lo que ha producido que, contrariamente al periodo 2004-2012, en el que el precio para una familia media de dos hijos, con una contratación de 3,3 kilovatios,
subiera un 6 %, haya disminuido un 3 % en 2013 y un 4,5 % en 2014.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.


— DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿VA A PERMITIR EL GOBIERNO QUE LOS MALTRATADORES CONDENADOS TENGAN LA CUSTODIA DE SUS
HIJOS E HIJAS? (Número de expediente 180/001196).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la formula la diputada doña Carmen Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Gracias.


Con el anteproyecto de corresponsabilidad parental, que impone la custodia compartida y abre la puerta a los maltratadores, el Partido Popular ha roto el consenso de tolerancia cero con los violentos. Este anteproyecto es peligroso, un
tremendo error con graves consecuencias. Dígame, señor ministro, ¿va a permitir el Gobierno que los condenados por violencia tengan la custodia de sus hijos e hijas? ¿Considera el Gobierno que un maltratador es un buen padre? (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señoría.


Señor ministro.



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El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señoría. Vengo esta mañana a coincidir con usted y viene a coincidir el Gobierno en que esta es una oportunidad legislativa para cerrar definitivamente la puerta a la posibilidad de que aquellos condenados por violencia de
género —los maltratadores— puedan ser atribuidos de la guarda y custodia de los hijos, ya sea individual o compartida, o puedan tener un régimen de visitas. Por tanto, la decisión y el compromiso del Gobierno es que ese anteproyecto contemple las
garantías suficientes para que los que han sido condenados por maltrato en ningún caso tengan atribuida la guarda y custodia de los hijos o disfruten de un régimen de visitas. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias.


Señoría.


La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señor ministro, en el anteproyecto está escrito, el maltratador tiene abierta la puerta y hay que decirle que en ningún caso el interés superior del menor es convivir con un maltratador, en ningún caso es ser
educado por un violento. Un maltratador no es un buen padre, y no debe tener ni custodias ni visitas. Se lo hemos dicho reiteradamente, se lo ha dicho incluso Naciones Unidas, en la condena por el caso de Ángela González Carreño, cuya hija fue
asesinada por el padre maltratador, a pesar de las continuas denuncias de la madre.


Usted es consciente de lo que está haciendo, está poniendo en riesgo la vida de los hijos y de las hijas y de las víctimas de violencia de género, obligándolos a mantener contacto con el maltratador, a pesar de haber huido de él, incluso de
haber puesto una denuncia. Ustedes les cierran todas las salidas a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos. Usted lo sabe, los hijos son un instrumento de venganza de los maltratadores, el 73 % de las mujeres maltratadas sale de
la violencia a través de la separación y divorcio, no de la denuncia, el 65 % tiene hijos pequeños y el 55 % asegura que los hijos han sufrido violencia. Lo sabe, ministro, hemos tenido que lamentar demasiados asesinatos como para que el Gobierno
ahora con este anteproyecto deje a los menores en manos de los maltratadores. No queremos condenar más asesinatos, queremos evitarlos. Estoy convencida de que ustedes también, por eso le pido que retiren el anteproyecto. Se lo están pidiendo las
asociaciones de mujeres, las personas expertas en violencia de género (Aplausos), se lo está pidiendo Naciones Unidas. Retiren el anteproyecto, usted y Catalá, retiren el anteproyecto. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señoría.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.


Yo sé que su señoría es una persona comprometida y con sensibilidad, pero quiero decirle que le sienta muy bien la oposición, porque en la oposición su sensibilidad aumenta. La pregunta que yo me hago es: ¿Por qué no cambiaron ustedes la
ley? ¿Por qué no hicieron esa modificación? Dice usted: No legislen. Todo lo contrario, tenemos que legislar. Le estoy diciendo esta mañana que el Gobierno se compromete a introducir las garantías para que los condenados por maltrato no tengan
esa relación con sus hijos, pero venimos actuando en ese mismo sentido durante toda la legislatura. ¿Por qué se opusieron constantemente a que los menores fueran considerados víctimas directas de la violencia de género mientras tuvieron ustedes la
mayoría en este Parlamento? (La señora Montón Giménez: ¡Qué cara más dura!)


Este Gobierno va a traer a la Cámara la ley de protección de la infancia y en ella vamos a considerar por primera vez a los menores víctimas directas de la violencia de género. Los hemos incorporado a las estadísticas; ustedes no los
tenían incorporados. (La señora Montón Giménez pronuncia palabras que no se perciben). La ley del estatuto de la víctima también incorpora que a los menores se les den las mismas previsiones de protección que a sus madres. Por tanto, esta es la
actuación y la decisión del Gobierno sobre su consideración hacia los menores y la protección que se les debe. Y yo le digo: ¿Por qué no cambiaron la ley? Apoyen las leyes que vamos a traer de protección a los menores, apoyen el paso adelante que
va a ser la ley de protección de la infancia (La señora Montón Giménez: ¡Qué cara más dura!) y apoyen también las modificaciones legislativas que impulsa el Ministerio de Justicia para que ahora sí, de verdad, los maltratadores no tengan atribuida
ni la guarda y custodia ni el régimen de visitas y los hijos estén verdaderamente protegidos frente a la lacra de la violencia de género. (Aplausos.—Protestas desde la tribuna de invitados).



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El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.


Desalojen, por favor.


— DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE SU POLÍTICA DE BECAS? (Número de expediente 180/001190).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Preguntas dirigidas al señor ministro de Educación y Cultura. La primera de ellas la formula don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿cómo valora el Gobierno su política de becas?


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señoría.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señor Heredia. Lógicamente, el Gobierno, en el mismo sentido en que lo ha expresado anteriormente el presidente del Gobierno, valora con satisfacción que hayamos sido capaces durante dos ejercicios presupuestarios seguidos de
consignar las dos mayores cantidades que jamás se han consignado para becas generales y ayudas al estudio, y valora especialmente que ese nuevo sistema de becas haya provocado no solo el mayor número de becarios universitarios de nuestra historia,
sino la mayor tasa de alumnos protegidos con beca dentro de ese sistema universitario y el incremento del rendimiento académico de sus estudiantes.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.


Señoría.


El señor HEREDIA DÍAZ: Señor ministro, la derecha siempre dice que sobran alumnos en la universidad, pero cuando dicen eso no están pensando en sus hijos, sino que están pensando en los hijos de los trabajadores y de las clases medias.
Usted, aprovechando la crisis, se ha cargado la igualdad de oportunidades en educación. Ha recortado brutalmente la cuantía de las becas universitarias; después de quince años consecutivos de subida, la ha bajado en un 21 %. Rajoy y usted han
reducido la cuantía de esas becas en la universidad en 673 euros de media; en mi tierra mucho más, en 813. Las becas están llegando a fin de curso, con lo cual hay muchos estudiantes que tienen serias dificultades para continuar sus estudios
universitarios, y, además, de todos los alumnos que solicitan becas en todos los niveles educativos, a la mitad se les deniega. El pasado curso se denegaron más de 450.000 solicitudes. Son muchas 450.000, ¿verdad, señor ministro? Por tanto, a
pesar de su palabrería y su demagogia, hay una realidad. La realidad es que ustedes están recortando el presupuesto de becas en 210 millones. Las becas han pasado de ser un derecho de los estudiantes a convertirse en un privilegio con el Partido
Popular. También quiero decirle que las tasas universitarias son mucho más caras. Donde más han subido ha sido en Cataluña, con los nacionalistas catalanes, donde han subido un 67 %, y le siguen todas las comunidades gobernadas por el Partido
Popular. En Madrid han subido un 65 %, en Castilla y León un 41 % y en la Comunidad Valenciana un 33 %.


Señor ministro, yo fui el primero de mi familia que pudo ir a la universidad, y lo hice gracias al esfuerzo de mis padres y gracias a la política de becas de Felipe González. Por eso defiendo que el hijo de un desempleado agrícola, el hijo
de un trabajador, tenga las mismas oportunidades de estudiar que el hijo de un banquero. Por eso yo no soy nada moderado en este tema y por eso me parece indecente lo que ustedes están haciendo con los jóvenes de este país: ni empleo —tenemos la
tasa de paro juvenil más elevada de la Unión Europea— ni tampoco estudios. Nuestros jóvenes están obligados a ir al extranjero para encontrar una oportunidad que no encuentran en nuestro país. Ya son más de 700.000 los que se han ido, y se han ido
como consecuencia de un nefasto presidente como Rajoy y de una indecente política como la que usted está llevando a cabo como ministro.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señoría.


Señor ministro.



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El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señor Heredia, las cosas que usted ha dicho son afirmaciones de tipo ideológico que tienen muy mal sustento con los datos. Lo siento, tienen muy mal sustento. Empecemos por
las cantidades globales. Usted, si siguió Barrio Sésamo con atención en su debido momento (Risas.—Protestas), sabrá que 1.411 es más que 1.168, y esa es exactamente la diferencia entre la consignación presupuestaria de las becas (Aplausos) en su
último ejercicio presupuestario, el de 2011, y el de 2014, que además en 2015 ha aumentado. Insisto, si prestó la misma atención a esos programas formativos, también sabrá que 317.000 son más que 270.000, que es la diferencia del número de becarios
universitarios del último año (Protestas), pero también sabrá su señoría que es más una cobertura de becas superior al 20 % de los alumnos matriculados que una inferior al 17 %. Es decir, ha habido un incremento del 9 % en el número total de
becarios, ha habido un incremento en el rendimiento académico de los becarios, que ha llamado la atención incluso fuera del país, pasando de una nota media de 6,8 a una nota media de 7,4.


Me habla usted de unas denegaciones. ¿Sabe usted cómo han evolucionado las denegaciones por causas académicas? Pues se han reducido. Le puedo enseñar los datos. Hay algunas cosas que se pueden discutir porque son opinables. Los números
son números, y lo que no son cuentas más bien son cuentos. Le puedo decir que las denegaciones por causas académicas se han reducido en la convocatoria de 2014… (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor ministro, lo siento, ha terminado su tiempo. Gracias.


— DE LA DIPUTADA DOÑA ROCÍO LÓPEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿QUÉ BALANCE HACE EL GOBIERNO DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL AÑO GRECO? (Número de
expediente 180/001199).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Pregunta de la diputada doña Rocío López González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, sonaban las campanas de Toledo, era el 18 de enero de 2014, descomunales sinfonías de campanarios anunciaban que el Año Greco había comenzado. Desde ese momento y para conmemorar el IV centenario de la muerte del pintor se
ha ido desarrollado un amplio programa de actividades y eventos en diferentes lugares de la geografía española, importantes citas en Valladolid y en Madrid, pero ha sido Toledo, la ciudad que vio desplegar su mayor producción artística, la que ha
tenido un especial protagonismo, convirtiéndose en el epicentro cultural de Europa. La respuesta a los actos programados ha desbordado previsiones, cumpliendo de largo las expectativas de los más optimistas. Ha sido El Greco el alma de Castilla-La
Mancha y la esencia de la cultura en este año 2014. El conocimiento y la difusión del artista y su obra han traspasado nuestras fronteras, convirtiéndose esta efemérides en paradigma nacional e internacional.


El griego de Toledo tardó años en encontrar su público y ser comprendido. Quién le diría a él que cuatrocientos años después de su muerte los amantes de su pintura y de este arte superior han vuelto a redescubrir esa ciudad y se han rendido
ante él, ante el genio. Han podido admirar su estilo y han sido testigos excepcionales también la mayoría de los miembros de la Comisión de Cultura de esta Cámara de la obra de un revolucionario que ya deslumbró en su época por sus ideas
innovadoras y vanguardistas. Ha sido un acontecimiento único que ha potenciado la marca España y el turismo cultural y en el que se han volcado todas las instituciones, pero es de justicia reconocer la gran implicación del Gobierno de Castilla-La
Mancha y el compromiso claro de su ministerio con esa comunidad. Magno evento que deja una huella notoria y muy positiva, que todos esperamos que trascienda.


Señor ministro, nos gustaría conocer el balance que hace el Gobierno de los actos conmemorativos del Año Greco.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señoría.


Señor ministro.



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El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora López. (Rumores).


Como muy bien ha dicho su señoría, el conjunto de conmemoraciones y básicamente el conjunto de manifestaciones culturales…


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Silencio, señorías.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): … que se han organizado con motivo del IV centenario del fallecimiento del Greco ha constituido un éxito —subrayaría en primer lugar— de colaboración interinstitucional. Como
ha dicho su señoría, al papel muy relevante protagonista de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se le ha sumado también el esfuerzo de otras administraciones, sensiblemente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pero también tengo
que decir, aunque es una administración de otro color político, que el Ayuntamiento de Toledo ha participado también (El señor Sahuquillo García: ¡Muy bien!), así como instituciones sociales, culturales y religiosas, entre otras, por la importancia
que han tenido sus préstamos, el Arzobispado de Toledo. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Por lo que se refiere al impacto del turismo cultural que se ha originado con motivo de esta celebración, tengo que decirle que ayer mismo tuve la visita del ministro de Cultura de Bulgaria, que me hablaba del eco que había suscitado en su
país esta conmemoración y de paso venía a pedir algunos préstamos de obras del Greco para una exposición en el nuevo museo artístico de Sofía. Por ponerles un ejemplo, una de las exposiciones más importantes celebradas con motivo de esta
conmemoración es la que ha tenido lugar en el Museo del Prado relacionando el Greco con la pintura moderna que ha tenido más de 400.000 visitantes, lo cual constituye la tercera cifra más alta de participación en una exposición temporal de los
museos españoles en los últimos años. Diría más, diría que ha servido para que Toledo y toda Castilla-La Mancha tengan un lugar ahora de privilegio y hayan sido puestos de forma rotunda y determinante en el mapa del turismo cultural de España.
Tengo la plena convicción de que ese éxito va a tener su continuidad con motivo de las conmemoraciones que ya han comenzado del IV centenario de la edición de la segunda parte de El Quijote en el que también la comunidad por la que usted se sienta
en esta Cámara va a tener un protagonismo fundamental.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


— DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ANGELINA COSTA PALACIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿CÓMO RECIBE EL GOBIERNO EL RECHAZO MAYORITARIO A SU “PLAN DE FLEXIBILIZACIÓN
UNIVERSITARIA”? (Número de expediente 180/001191).


El señor PRESIDENTE: Procede ahora la pregunta al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte de la diputada doña Angelina Costa, del Grupo Socialista.


La señora COSTA PALACIOS: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, con este cambio hemos tenido ocasión de que usted respirara un poco. Le pregunto: ¿Cómo recibe el Gobierno el rechazo mayoritario a su plan de flexibilización universitaria?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.


Señora Costa, no esperaba que me lo pusiera usted tan fácil, dado que habla usted muy correctamente —debo decir que se lo agradezco— de flexibilización, que es exactamente en lo que consiste el decreto aprobado el pasado 30 de enero. En el
caso de que se hubiera producido ese rechazo el Gobierno lo recibiría con sorpresa, porque el que las cosas se flexibilicen y dejen de ser rígidas y que eso sea motivo de rechazo no dejaría de constituir un motivo de sorpresa. Sin embargo, tengo
que decirle que por nuestra parte hemos encontrado alguna discrepancia, pero en ningún caso hablaríamos de rechazo. (Risas).



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señora Costa.


La señora COSTA PALACIOS: Señor ministro, si no fuera tan serio sería para reírse. Usted lo ha vuelto hacer, y como siempre a traición. Parece que le gusta provocar y disfrutar con el conflicto. De nuevo hay un real decreto que envía al
BOE, no ya sin consenso con la comunidad universitaria, sino, lo que es aún peor, sin tener en cuenta ninguna de las observaciones que muy fundamentadas le hicieron llegar los rectores en el Consejo de Universidades y las más recientes del dictamen
del Consejo de Estado. Díganos, señor ministro, ¿qué necesidad tenían usted y su Gobierno de ponerse en contra de todo el mundo? Creíamos que después de la Lomce no le quedarían ganas, pero incomprensiblemente ha sido así. En el último tramo de
la legislatura ha dado un paso más para desmontar la universidad pública española.


Señor ministro, ya sabemos que usted es el rey del eufemismo y del circunloquio, pero las explicaciones que desde el ministerio se están dando sobre el nuevo decreto se llevan la palma. Espero que usted me dé algunas explicaciones ahora que
me convenzan mucho más. Todo por no reconocer las verdaderas intenciones de su Gobierno: más recortes presupuestarios en el ámbito educativo, por mucho que digan lo contrario. Los números, efectivamente, no engañan. Ha vuelto a engañar a los
estudiantes y a sus familias. En fin, a toda la comunidad universitaria, igual que hizo con los decretos de becas, por ejemplo. Los grados de tres años —y usted lo sabe— señor ministro, serán más baratos, sí, pero un grado de tres años convertirá
en casi obligatorio cursar un máster para alcanzar la necesaria competencia formativa y las familias no ahorrarán, sino que tendrán que pagar el doble, y ya vamos desvelando su intención, ahondar más en la brecha de la desigualdad. Este nuevo
decreto no es un mero retoque, es una reforma en toda regla. Muchas veces le dije que no abordara usted la reforma a base de decretazos; no me ha hecho caso. Una evaluación antes de abordar esta reforma hubiera sido muy necesaria. Señor
ministro, aparque y derogue este decreto. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.


Señora Costa, en realidad vuelvo al comienzo de mi primera intervención. Este decreto, sobre el que espero tener una oportunidad de dar explicaciones más detalladas en la interpelación que seguirá a continuación, introduce únicamente una
flexibilización en la duración de los grados. Introduce esa flexibilización en un doble sentido: flexible en cuanto a que son las propias universidades las que tienen la potestad de introducirla y de hacerlo con el alcance que deseen. En ningún
lugar del decreto se dice que a partir de ahora todos los grados vayan a ser de tres años, ni se les pide a las universidades que tengan grados de tres años. Lo hace, entre otras cosas, para facilitar la internacionalización de nuestro sistema
universitario, que, como sabe su señoría perfectamente porque vive en ese mundo, es hoy por hoy muy limitada. Lo hace también porque es la experiencia de la mayor parte de los sistemas universitarios de éxito que existen a nuestro alrededor. Usted
conoce perfectamente la lista de países que aplican rígidamente el sistema de grados de 240 créditos ECTS de grados de cuatro años. Si no la conoce, se la recito ahora mismo: Armenia, Chipre, Georgia, Grecia, Kazajstán, Turquía, Rusia y Ucrania.
Punto final. Esos son los ocho países que en el espacio de cuarenta y ocho países que forman el Espacio Europeo de Educación Superior aplican rígidamente el sistema de grados de cuatro años. Si ustedes creen que el papel de España es estar
alineados con esos ocho países y, por tanto, ser totalmente asimétricos con Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Portugal, en definitiva, con todos los países con los que tenemos más relaciones de movilidad, allá ustedes;
nosotros pensamos de otra manera. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


— DE DIPUTADO DON ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿QUÉ MEDIDAS HA ADOPTADO EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR QUE LOS ACCIONISTAS
DE BANKIA ESTAFADOS PUEDAN RECUPERAR SU DINERO? (Número de expediente 180/001188).



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El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Economía y Competitividad, que formula el diputado don Antonio Cantó, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, voy a dejar a un lado el hecho de que ustedes estaban dentro de las cajas de ahorros y, por lo tanto, son corresponsables de esa deuda de 100.000 millones de euros que pagaremos entre todos. Solo Bankia nos ha producido una
deuda de 20.000 millones de euros. Eso sí, les recordaré que ustedes podrían haber elegido no estar en las cajas de ahorros. Nosotros, por ejemplo, podríamos haber estado en algunas, y no quisimos. Lo digo para que sepa que hay otra forma de
hacer política. Pero al ver cómo está actuando el Gobierno estos días en la causa de Bankia, me surge una duda, y por eso quiero preguntarle: ¿Para quién trabaja usted, señor ministro?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias.


No sé si no está claro que yo trabajo para el Gobierno de España, y por eso ayer y antes de ayer estuve en Estambul y ahora mismo me voy al Eurogrupo a defender los intereses de nuestro país. Una vez dicho eso y más allá de lo que son
adornos retóricos, señoría, supongo que usted en su pregunta a lo que se refiere es a la salida a Bolsa de Bankia que tuvo lugar en julio del año 2011. No le quepa ninguna duda de que el Grupo BFA Bankia hará frente a todas las sentencias
condenatorias que puedan producirse para compensar a los potenciales accionistas que se vieron afectados como consecuencia de esta salida a Bolsa, como no podría ser de otra manera. Permítame aclararle que en el caso de la salida a Bolsa de Bankia
ha ocurrido como en las participaciones preferentes. Nos encontramos un problema encima de la mesa y le estamos dando solución.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, usted no debería trabajar para el Gobierno, debería trabajar para los ciudadanos, y usted está faltando a la verdad. En primer lugar, no se encontraron un problema encima de la mesa. Ustedes provocaron de manera activa ese
problema. Además, está faltando a la verdad. Usted no está trabajando para los 350.000 inversores que perdieron todo su dinero —estamos hablando de 3.000 millones de euros— por comprar acciones de Bankia con un folleto que no reflejaba la
realidad; es decir, fueron estafados. El FROB, ustedes, podían haber iniciado el procedimiento hace dos años y medio, y no lo hicieron. ¿Para quién trabaja usted, señor ministro? Ustedes, el FROB, tampoco impulsaron ese procedimiento. Es más,
es que no han solicitado ni una sola diligencia de investigación. Ahora no han tenido más remedio que aportar al juez la información. Pero, atención, se están oponiendo a que los imputados presten fianza para que los estafados cobren. Esto es muy
grave, señor ministro. Están llegando a desacreditar por parte del Banco de España, es decir, ustedes, a los peritos del banco. Se ocupan únicamente de que los estafados no recuperen el dinero y que, por lo tanto, los corruptos no vayan a la
cárcel. Señor ministro, están ustedes protegiendo a la familia.


Señor De Guindos, llevamos inyectados ya más de 20.000 millones de euros. Decían que se iba a devolver todo el dinero y no es así. ¿Y ahora pretenden ustedes también que el Estado asuma las indemnizaciones? ¿Sabe cómo se llama eso, señor
De Guindos? Eso se llama repago, eso se llama tomar el pelo a los españoles. Exigimos que trabaje, de una vez por todas, no para el Gobierno, sino para los ciudadanos, señor De Guindos. Exigimos que obligue a Goirigolzarri, que hace nada estaba
chuleando —perdón por la expresión— de musculitos en los medios, a que pague de su bolsillo, que sea Bankia, y no BFA, es decir, de nuevo los ciudadanos para quienes usted debería trabajar, el que pague el agujero que han hecho. Señor De Guindos,
tome ejemplo de un grupo pequeño que sí tiene claro para quién trabaja, Unión Progreso y Democracia.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.



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El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias.


Su retórica está prácticamente al nivel de su conocimiento de la realidad de los hechos. En primer lugar, señoría, en el caso de Bankia, no sé si sabe que el 63 % de Bankia es de BFA, y BFA es del FROB, somos todos. Esa es la primera
cuestión. En segundo lugar, en estos momentos Bankia, que es lo importante, es una identidad saneada, recapitalizada y con una mejora indudable en su gobierno corporativo. Lo importante es que hoy Bankia es una entidad solvente, como quedó
demostrado en los exámenes del Banco Central Europeo publicados a finales de este mes. De cara a la presentación de sus resultados en el año 2014, Bankia tiene que hacer una valoración de lo que son sus potenciales contingencias que se puedan
producir por las reclamaciones judiciales derivadas de la salida a Bolsa, que, vuelvo a repetir, tuvo lugar en julio del año 2011. Por ello, en estos momentos, el FROB, BFA y Bankia están analizando el potencial impacto que esta contingencia
pudiera tener y que debe valorarse, vuelvo a repetirle, porque lo exigen a la hora de la presentación de las cuentas de Bankia, y su potencial reparto entre BFA Bankia, sabiendo que BFA es el dueño del 63 % de Bankia.


La solución que se adopte, no tenga usted la más mínima duda, será realista, ajustada a derecho y velará por los intereses de todos los involucrados, tanto los contribuyentes como los accionistas minoristas de Bankia como todos aquellos que
han tenido que ver. Y simplemente le diría una cuestión, señoría, los 20.000 millones de euros que se han inyectado en Bankia no han sido ni para salvar a ningún banquero, ni para salvar a ningún tipo de accionista en el mismo, ha sido
fundamentalmente para ayudar a que los depositantes no tuvieran que hacer frente a las pérdidas de Bankia.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA NUEVA REGULACIÓN DE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES. (Número de expediente 172/000286).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de interpelaciones. En primer lugar, interpelación del Grupo Socialista sobre la nueva regulación de la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. La defensa de esta interpelación la
llevará a cabo la señora González Veracruz.


La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Wert, respóndame a una pregunta si puede: ¿qué le han hecho a usted los españoles, qué le han hecho a usted las españolas? Me refiero a la gente normal, a esa gran mayoría de clase trabajadora, de clase media, a tantos jóvenes
alumnos, científicos y profesores universitarios, a los jóvenes de este país que tienen talento y que solo le piden al Gobierno ya una cosa. Ni siquiera ya le piden aquello que prometieron, no le piden que genere oportunidades, tan solo le piden
que no vuelvan a ponerles más piedras en el camino. Es usted el ministro peor valorado de este Gobierno, y la verdad es que no me extraña. No me extraña porque cada una de sus reformas merma las oportunidades y genera directamente, señor Wert —se
lo puede creer o no—, miedo, incertidumbre, inseguridad, desconfianza en el presente y en el futuro de millones de familias en nuestro país. Han terminado con la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad y, por si no fuera suficiente,
ahora amenazan con este nuevo decreto que perjudica directamente la igualdad de oportunidades en materia de contenidos y de formación y la igualdad de oportunidades en la empleabilidad de los jóvenes españoles. Hablamos ni más ni menos que de 2
millones de personas afectadas, entre alumnos y profesores, si no contamos a las familias implicadas en lo que afecta a esta reforma.


Entienda que cada vez que escuchamos hablar de reformas por parte de este Gobierno nos pongamos a temblar; no el Grupo Parlamentario Socialista sino la mayoría de los españoles, y muy especialmente en el tema de la educación, en el que soy
absolutamente radical porque de eso depende el presente y el futuro de demasiada gente e incluso de nuestro país. Su sensibilidad es cero y por desgracia hoy lo han demostrado, desde el presidente del Gobierno hasta usted mismo con sus respuestas
en sesión de control. La realidad —reconózcala, señor Wert, y no se esconda en datos que ocultan la realidad o en teorías que nada tienen que ver con lo que sucede— es que esta reforma de 3 + 2… (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.


Por favor, ruego que no hagan corrillo y atiendan a lo que dice la señora diputada. (Pausa). Continúe.



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La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Gracias, señor presidente.


Esta reforma de 3 + 2 esconde mucho detrás, mucho. Usted lo sabe pero yo lo voy a explicar, aunque creo que lo que opina la mayoría de la ciudadanía está más cerca de lo que yo voy a explicar que de lo que usted ha dicho y va a decir hoy.
¿Qué necesidad, señor Wert, qué urgencia había en aprobar un decreto así con los líos que usted tiene provocados en las universidades españolas por sus propias medidas? ¿No merecería la pena que usted ocupara su tiempo en resolver los problemas,
por ejemplo, de tasa de reposición que están provocando un envejecimiento en las universidades españolas; en resolver lo que ha sido cambiar radicalmente el concepto de derecho a una beca en este país hacia un privilegio; o en resolver la cantidad
de problemas que usted ha generado en los laboratorios, en la investigación de las universidades de este país que están provocando una fuga de cerebros sin precedentes, un cierre de laboratorios y un retroceso en materia de ciencia en más de una
década? En definitiva, como le decía, detrás de todo esto hay intención oculta aunque es muy palpable. Este modelo que usted y su Gobierno están imponiendo a la sociedad española va en contra de lo que la mayoría de la sociedad piensa y defiende.
Un modelo oculto de acoso y derribo a la igualdad de oportunidades y a las universidades públicas.


El autor de la frase de que en España había demasiados universitarios y demasiadas universidades públicas es ni más ni menos que el señor ministro de Educación, el señor Wert, y le tengo que reconocer el logro. (El señor vicepresidente,
Barrero López, ocupa la Presidencia). Desde luego ha conseguido con eficacia que cada vez sean menos los jóvenes españoles que pueden tener acceso a la universidad, puesto que ha expulsado usted a estudiantes aumentando las tasas, recortando las
becas y ahora lo va a hacer también reduciendo y devaluando los grados, como ha expulsado también a profesores e investigadores con el problema de la tasa de reposición, 6.000 profesores universitarios menos, y con la gran fuga de cerebros que su
Gobierno y sus políticas han provocado. Y ahora nos trae esta nueva reforma con argumentos absolutamente falaces y fácilmente demostrables y desmontables, con un único objetivo: la devaluación del grado y que ese ahorro que ustedes argumentan lo
paguen directamente las familias si quieren tener la garantía del acceso a los mismos contenidos o si quieren tener la garantía de la empleabilidad que necesitan como el comer los jóvenes de este país. En definitiva, ustedes, bajo el paraguas de la
reforma y bajo el paraguas del ahorro, al final lo único que están haciendo es imponer más recortes a la universidad pública, que pretenden que paguen las familias, en algo que en esta sociedad y desde luego desde los Gobiernos socialistas ha estado
muy asumido, que es la garantía que desde los Gobiernos se tiene que dar para la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación pública en general y para la educación superior en particular. Voy, señor ministro, a desmontarle cada uno de sus
argumentos, aun sabiendo lo que va a responder, en cualquier caso y de todas las maneras.


Usted argumenta que esta es una reforma de flexibilización del sistema universitario, y ojalá fuera una reforma de flexibilización, en eso podríamos profundizar, pero la realidad es que es una desestabilización más del sistema. Menos mal
que el Partido Popular hablaba siempre de la unidad de España en materia de educación, de la estabilidad y de la necesaria estabilidad que había en el sistema educativo, porque no han hecho ustedes otra cosa desde que llegaron que, por un lado,
desestabilizar con un decreto tras otro, decretazos, y, por otro, con reformas y recortes. Esto, señor Wert, no lo dice la diputada socialista González Veracruz, lo dice a día de hoy —en 2015, no en dos mil no sé qué, en 2015— la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas, trasladado también al Consejo de Universidades. Ambos sostienen, textualmente, que no se dan las condiciones necesarias ni la oportunidad para implantar ahora un modelo distinto, que va a contribuir a un
mayor desequilibrio de la oferta universitaria y que incidirá en su estructura y organización. Y yo le pregunto: ¿qué razón le lleva a modificar con esa urgencia, de espaldas a las propias universidades, un sistema que está recién implantado y que
ni siquiera ha habido tiempo de evaluar, señor Wert? A día de hoy, en las universidades, hay todavía títulos pre-Bolonia, títulos 4+1 y ahora ustedes, sin ni siquiera el consenso de los rectores y por supuesto con la oposición de todos los
estudiantes o de la gran mayoría de los estudiantes de las universidades españolas, llegan e imponen otra nueva reforma. Consideramos sinceramente que es una reforma a espaldas de la comunidad universitaria, que es alejarnos de la cohesión del
propio sistema universitario español y que directamente va a generar un caos en el mismo absolutamente contrario a los intereses que necesitaríamos como país. Es decir, señor Wert, lejos de hacer país, lo que usted está consiguiendo es generar
diferencias dentro de las propias ciudades con diferentes universidades, dentro de los propios territorios, como ha hecho con la subida de las tasas universitarias, que no sea lo mismo entrar en una universidad en Madrid que en Andalucía, entrar en
una universidad en la Región de Murcia que en Asturias. En definitiva, creo que esta



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confusión, que este caos, que esta desestabilización que ustedes están generando no es casual, creo que, como decía al principio, tiene un objetivo, y es el modelo que ustedes quieren imponer a la universidad pública española, que es el de
la desigualdad, el de la no igualdad de oportunidades.


El segundo argumento que ustedes exponen es el de la internacionalización y de verdad, señor Wert, me parece increíble que pueda dar argumentos o relación de ideas tan sencillas obviando las grandes diferencias que hay en cosas tan
substanciales como el acceso a los másteres o en el tema de las tasas con los países que nos rodean. Ahí está el quid de la cuestión, hay está el fondo del asunto. Lo que ustedes están intentando hacer y lo que están imponiéndoles a los ciudadanos
es que si tienen recursos se paguen el máster y si no los tienen se conformen con tres años, señor Wert. Y eso es lo que los socialistas nunca, nunca, vamos a aceptar. Esto no es para converger con Bolonia. Usted sabe perfectamente que armonizar
no es homogeneizar porque precisamente Bolonia no es homogénea al respecto. Hay países con grados de 180 créditos, de 240 créditos pero, además, si hablamos internacionalización y nos fijamos en países como Estados Unidos o los países
latinoamericanos sabe usted que la mayoría de los grados son allí son de 240 créditos. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es —y respóndame señor Wert, si tanto interés tiene usted en converger y tan imprescindible es esta reforma
impuesta para ello— si vamos a converger en todo, si vamos a abaratar las tasas como en Francia o Bélgica o vamos a garantizar los años de formación como en Alemania, donde sabe usted que allí el bachillerato es hasta los diecinueve años. Si quiere
usted converger con Europa lo que hay que hacer es bajar las tasas, lo que hay que hacer es recuperar el sistema de becas, reestablecer el sistema de becas que había en este país antes de que ustedes lo cambiaran. Eso sí sería converger, todo lo
demás me parecen excusas para que, como decía antes, en lugar de financiar desde lo público cuatro años a los estudiantes, tengan que costearse las familias ese cuarto año si quieren garantizarse la misma formación que los hijos de aquellas familias
que sí pueden pagárselo. Efectivamente, creo que ahí está la mayor trampa y la mayor mentira. El crédito de una primera matriculación de grado está en 18,50 euros y, ¿cuál es la del máster en este país? Es de casi 40 euros, es decir, el doble.
Estamos cambiando un cuarto curso de grado que le podría costar de media a un español —digo de media porque gracias a sus políticas las tasas son diferentes en distintas comunidades autónomas— 1.100 euros por un primer año de máster, el 3+1, de
2.358 euros; es decir, el doble de lo que cuesta a día de hoy y garantizar ese título, garantizar ese cuarto año. En definitiva, degradación, devaluación del grado. Los másteres más caros, las becas más escasas y mucho más difíciles de alcanzar.


Por último, la empleabilidad. Señor Wert, ¿quién va a tener más opciones en este país para que se garantice su empleabilidad, quien hace los tres años o quien puede garantizarse esos cuatro años —porque usted permite que en una misma ciudad
pueda haber dos universidades una con tres años y otra con cuatro años— o quien tiene los recursos de pagarse ese máster? Ahí está el quid de la cuestión. En resumen, desigualdad, desigualdad y desigualdad. Desigualdad en el acceso de
oportunidades, desigualdad en los contenidos y desigualdad también en la preparación de cara al mercado laboral. Señor Wert, ¿sabe usted lo que es la igualdad de oportunidades? Porque creo que ahí está el error. Ya le dije una vez en sesión de
control que hablar con usted de igualdad de oportunidades era como darse contra una pared, pero hoy, con este decreto, me lo reafirma todavía más. Lo que ustedes están consiguiendo a base de decretazo e imposición es lo que han defendido toda la
vida: un sistema educativo clasista, para unos pocos y no para todos. En definitiva, aquello que el presidente Rajoy hace muchos años escribía en un artículo de prensa donde hablaba de los hijos de la buena estirpe. En él el propio presidente
Rajoy decía que los hijos de los ricos deben ser los jefes de los hijos de los pobres.


Señor Wert, tan injusta, tan retrógrada y tan insensible, esa es su política de educación y eso es lo que ustedes están imponiendo al sistema universitario español.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir, por favor.


La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Le pedimos que derogue este decreto, pero como no lo va hacer porque ustedes no escuchan a nadie y su forma de hacer política es la imposición, como mínimo les exigimos que permitan que las universidades cobren
lo mismo por los másteres que por los grados, porque ahí es donde está la desigualdad y ahí es donde están ustedes ocultando el verdadero motivo por el que imponen este decreto que quieren llamar de flexibilización y de internacionalización. Al
final va a incidir en todo lo que ha sido su política día tras día: desigualdad de oportunidades para los jóvenes españoles. Derogue el decreto, señor Wert. (Aplausos).



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El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora González Veracruz.


Señor ministro de Educación, Cultura y Deporte tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señor presidente, señoras y señores diputados.


Señora González Veracruz, me pedía usted que le contestara sobre qué me han hecho a mí los españoles —creo que esa era más o menos la pregunta que me formulaba su señoría— y yo no sé lo que me han hecho los españoles, pero a mí quien me ha
encargado la tarea de reformar la educación lo ha hecho con un objetivo, que es conseguir —como ha dicho el propio presidente del Gobierno en respuesta a la pregunta que le ha planteado el presidente de su grupo parlamentario— que todas las etapas
del sistema educativo —en este caso estamos hablando de la educación universitaria— proporcionen a los jóvenes españoles mayores oportunidades y mayor empleabilidad y que todo ello se haga con el máximo respeto al principio de equidad y a la
igualdad de oportunidades. Me acusa usted, señoría, de que me escondo —creo que ha sido el verbo que ha utilizado— detrás de los datos. No, yo no me escondo detrás de los datos, procuro que todas las decisiones políticas que me corresponde adoptar
estén basadas en evidencias y basadas en evidencias quiere decir que reposen sobre datos objetivos, justamente lo contrario de lo que he advertido en la intervención de su señoría.


Voy a explicar, con los límites que el tiempo disponible supone, cuál es el contenido real —y no la fantasía que ha presentado su señoría— de este real decreto. Voy a explicar por qué se ha adoptado la decisión de aprobarlo y voy a explicar
cuál es la consecuencia que disponer de un sistema como el que este decreto instaura ha provocado en otros sistemas universitarios, que creo que es una forma de razonar bastante mejor anclada que la de establecer, de forma totalmente hipotética y
gratuita, supuestas consecuencias. Y lo voy a hacer especialmente en el aspecto —voy a empezar por ahí— sobre el que su señoría ha insistido más que es el de la igualdad de oportunidades y la equidad. Para empezar, esa acusación que repiten
ustedes una y otra vez —me imagino que basados en la idea de que las cosas repetidas muchas veces, por muy mentiras que sean, acaban convirtiéndose en ciertas— de que el acceso a la universidad es ahora más problemático que lo era bajo su Gobierno
es total, radical y absolutamente falsa. Quiero decir que, en términos de lo que supone sobre la población de dieciocho a veinticuatro años —que es la métrica comúnmente admitida en todos los países para establecer lo que se llama tasa bruta de
acceso—, la tasa bruta de acceso a la universidad hoy es más alta que cuando ustedes dejaron el Gobierno. Eso es lo que, según usted, significa que los jóvenes estén abandonando la universidad. La población de referencia ha disminuido en estos
años, concretamente un 4 % en el último año, por razones estrictamente demográficas y, sin embargo, la población universitaria se mantiene prácticamente en los mismos números.


En segundo lugar, dice usted que la introducción —y luego hablaremos de en qué condiciones— de grados de tres años supone un ataque a la igualdad de oportunidades. Le citaré un estudio publicado en una de las más prestigiosas revistas de
economía, Labour Economics, de dos profesores de la Universidad Católica de Milán, profesores Cappellari y Lucifora, que han estudiado el impacto sobre la composición social del alumnado de las universidades de la introducción en Italia, donde la
única duración de grados establecida es la de tres años, de ese sistema y, según ese estudio, lo que ha sucedido —insisto, en términos de la composición social del alumnado— es que ha aumentado en un 10 % el acceso a la universidad de los
estudiantes con buenas notas en la educación secundaria que parten de situaciones socioeconómicas más desfavorables; es decir, que ha producido un aumento de la equidad. Obviamente, a la hora de establecer lo que podríamos calificar amablemente de
hipótesis sobre cuáles pueden ser los efectos de este decreto, no puede hacerse sin tener en cuenta qué es lo que el decreto dispone, algo que es muy difícil si uno escucha su intervención porque, en primer lugar, no podemos perder de vista que lo
que el decreto hace es dejar en manos de las propias universidades la introducción de los grados de tres años. Usted, por un lado, me dice que las universidades no quieren que haya grado de tres años, pero, si no quieren grados de tres años, lo que
no harán será introducirlos. Lo que no se puede decir es que un sistema —el de la flexibilidad entre los grados de 180 créditos ECTS y de 240 créditos, que es abrumadoramente el dominante en los países del Espacio Europeo de Educación Superior—
suponga introducir algún tipo de discriminación o, sobre todo, introducir algún tipo de imposición. Es absolutamente potestativo; es decir, son las universidades las que deciden si introducen los grados de tres años y cómo los introducen, pero,
sobre todo, algo muy importante: a qué se aplica. Por supuesto ya sabemos a qué no se puede aplicar porque el decreto no lo permite: no se puede aplicar a todo el ámbito de las profesiones



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reguladas. Pero además es muy posible que las universidades opten por introducir grados de tres años en titulaciones nuevas, y en aquellos en que tengan la evidencia de que los grados de cuatro años son más eficientes a la hora de procurar
lo que el decreto dice y lo que es la base de toda ordenación académica universitaria —que el grado correspondiente facilite al estudiante las competencias necesarias para un primer ejercicio profesional— serán las propias universidades las que lo
determinen. Luego me habla de apresuramiento e improvisación. Llevamos hablando con las universidades acerca de esta cuestión dos años. Hace dos años que empezamos a hablar, lo hemos pasado por el Consejo de Universidades, lo hemos pasado por la
Conferencia General de Política Universitaria y nos hablan de una moratoria. ¿Pero cómo se va a establecer una moratoria sobre una disposición que es potestativa de las universidades, también en cuanto al plazo? La moratoria será aquella que cada
universidad quiera imponerse, incluso si quiere imponer una moratoria del cien por cien, es decir, si no quiere aplicar la flexibilidad que da el decreto. Confunden ustedes flexibilidad con creación de diferencias insostenibles, al igual que
confunden la existencia de un sistema articulado con la existencia de un sistema uniforme. Los sistemas uniformes son exactamente los que he enumerado en la respuesta a la pregunta que me formulaba la señora Costa. Todos están en el mismo córner
del mapa del Espacio Europeo de Educación Superior, ninguno de ellos es un sistema universitario que sirva de ejemplo.


La empleabilidad es el asunto principal. Si comparamos la empleabilidad que tienen los jóvenes egresados españoles en este momento —último dato de Eurostat—, 59,9 %, con la que tienen los egresados de sistemas como el inglés, como el
francés, como el alemán o, si me apura, hasta con el italiano, estamos en una situación muy desfavorable. La media europea es del 75,5 y en algunos de los países a los que me he referido es del 82 por ciento. Naturalmente, eso no tiene solo que
ver con la existencia de grados de tres años o de cuatro años, pero si nos centramos, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, que tiene una tasa de empleo de los jóvenes egresados del 83 %, la práctica totalidad de los mismos son egresados del
bachelor, es decir, de grados de 180 créditos. Parten ustedes de una hipótesis equivocada porque realmente si se lee con atención el decreto, esa teoría del 3 + 2 en absoluto está sustentada. Lo que el decreto modifica es el abanico de duración de
los grados porque el abanico de duración de los másteres ya venía entre 60 y 120 créditos ECTS en el Decreto 1393/2007. Parten ustedes de la idea de que la única posibilidad o la posibilidad prevalente va a ser una combinación de grados de 180
créditos y másteres de 120 créditos. No tiene por qué ser así. Si vamos a sistemas universitarios que tienen como predominante o como exclusivo el sistema de grados de 180 créditos, lo que observamos es que hay una variedad de situaciones y
también, y esto es importante, que hay una enorme variedad de tasas de transición al máster. Por ejemplo, hay países como Reino Unido —la parte no escocesa ni galesa, lo que es Inglaterra— donde los grados de tres años dan lugar a una tasa de
transición al máster inferior al 20 %, y donde la empleabilidad es del tipo de la que hemos visto.


¿Cuál es la situación en España? Pues la situación en España es que si quitamos del cómputo los másteres habilitantes, que en realidad son en la práctica un sistema integrado de grado y máster, la tasa de transición se sitúa en unos niveles
bastante similares a los que vemos en Reino Unido, en torno al 20-25 % y por tanto que hoy la continuación, sin solución de continuidad, desde el grado al máster, tiene un alcance limitado. En términos de requisitos de empleabilidad o requisito de
titulación lo que también podemos observar es que la mayor parte de las ofertas de empleo que tienen requisitos de titulación suelen referirlos a los grados. Pero esto no quiere decir que no sea susceptible, porque naturalmente es un sistema
flexible y las capacidades de las propias universidades en este sentido son muy amplias; por no hablar también de las capacidades que las propias comunidades autónomas, como por ejemplo ha hecho Cataluña con la gradación de las tasas en los grados,
y en general en el sistema universitario, pueden operar también los factores de corrección que sean necesarios para, en su caso, si se produjeran algunos efectos contrarios a la equidad, compensarlos.


Y otro aspecto muy importante, señora González Veracruz. Hablan ustedes de los másteres como si los másteres fueran una parte excluida del sistema de becas y ayudas generales al estudio. Es que no están excluidas. Es que la cobertura por
parte de las becas de los másteres es exactamente igual que la de los grados. (Varios señores diputados: ¡No, no, no…!) Vamos a ver. Si se refiere el coro de sus señorías —ya que no puedo identificar a una sola señoría— a que la nota de acceso es
superior en el caso de los másteres, les diré que tienen razón. (Varios señores diputados: ¡Aaaah!) Es el siete. Pero si sus señorías también prestan atención a cuál es la nota media de los egresados de grado y ven que en el conjunto de todas
ellas es claramente superior al siete —es de 7,26—, entenderán que de hecho, en la última convocatoria, la denegación de una beca en máster por razones académicas fue



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inferior al 5 %. (El señor Meijón Couselo: ¿Y los precios?) Este es el cuadro, señorías: una norma flexible, una norma que está orientada a facilitar la internacionalización y la empleabilidad de nuestros egresados y una norma que se
puede aplicar con toda la prudencia y con toda la flexibilidad que se ha requerido. Lo contrario es seguir con una situación uniforme, rígida, minoritaria y que da resultados mejorables. Naturalmente cada uno de ustedes puede juzgar en ese sentido
lo que tenga por oportuno, pero es nuestra convicción que esta norma, este decreto, contribuirá a mejorar el sistema universitario español de una forma clara y definida.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.—Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.


Señora González Veracruz, tiene la palabra. (Rumores).


Señorías, silencio, por favor.


La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Gracias, señor presidente.


Le decía antes que estos temas para nosotros son radicalmente de corazón porque son de nuestro ADN y así se sienten en la bancada de mi grupo. Señor Wert, a usted le han encargado reformar, y le decía yo antes que cada vez que escuchamos
del Gobierno de Rajoy la palabra reforma es para ponerse a temblar porque cada vez que ustedes hablan de reforma están hablando de que los ciudadanos tengan menos derechos, están hablando de cambiar el modelo social de nuestro país con la excusa de
la crisis y están hablando de recortes, que es lo que sucede también con este decreto, como ya hicieron con las becas, como hicieron con la subida de las tasas, como sucedió en definitiva también con la Lomce. Señor Wert, a usted le han encargado
reformar —eso que para usted significa una cosa y para el resto del mundo significa otra—, pero lo que usted está haciendo, bajo mi punto de vista, es destruir: destruir el sistema público, destruir las oportunidades de las personas, que no suelen
estar en su boca —no lo han estado hoy tampoco en la tribuna— y que tan importantes deberían ser, porque deberían estar en el centro de sus políticas y no ser las primeras afectadas y dañadas por sus decisiones y sus políticas. (La señora
vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).


Decía usted que esta diputada está en un mundo de fantasía y antes hablaba de Barrio sésamo. Creo que usted, señor Wert, está en algo así como Los mundos de Yupi, porque usted se escucha y se convence, pero resulta que nadie ahí piensa como
usted, y cuando digo nadie no me refiero al Grupo Socialista; me refiero a la comunidad educativa, me refiero a rectores, que no son sospechosos de ser ningunos rojos con cuernos y rabo, me refiero a los estudiantes, pero además a los sindicatos,
al profesorado e incluso, señor Wert, al Consejo de Estado. La mayoría de las cosas que he argumentado aquí bastante pedagógicamente —algo que también sería de agradecer por parte de un ministro de Educación— es lo que defiende el Consejo de
Estado, así que creo, señor Wert, que usted está solo en su planteamiento y que este decretazo es una imposición más de su Gobierno contra toda la sociedad española, que ni piensa ni defiende que la universidad pública tenga que ser limitada en
igualdad de oportunidades o tenga que imponer una supuesta flexibilización por la internacionalización. Al final —se entreveía en la argumentación que usted daba— viene a decirles a las universidades que hagan lo que quieran y que si quieren correr
un poco más y tener una oferta diferente unas de otras, a usted le da igual. Usted ya no vela por un sistema estable, un sistema que converja dentro de nuestro país o que sea homologado. Pone la excusa o el argumento falaz, bajo nuestro punto de
vista, del resto de Europa, cuando aquí es el todo vale y que quien quiera hacer negocio puede hacerlo. Nosotros pensamos que detrás de esto hay una apuesta clara por las universidades privadas y por sacar un rendimiento económico a lo que, como
digo, tenía que ser una garantía desde lo público, que usted está destruyendo. Eso es lo que está en el fondo, algo que, como le decía, usted oculta con datos que sabe cómo manejar y que ocultan el fondo.


Debería abrir un debate sobre la arquitectura del modelo y debería evaluar lo que se ha puesto en marcha. El Partido Socialista no está en contra de flexibilizar, ni muchísimo menos, pero esto no es flexibilizar, esto es desestabilizar el
sistema e ir contra un modelo de cohesión de las universidades, algo que los propios rectores y el Consejo de Universidades afirman que va a generar caos en el propio modelo, porque, como le decía antes, hay en la actualidad cursos pre-Bolonia, ni
siquiera se ha evaluado el de Bolonia, y ahora usted impone el sálvese quien pueda con este nuevo decreto. Desde nuestro punto de vista es simplemente un proceso de desmantelación de la universidad pública, un proceso de privatización del sistema
universitario y, en definitiva, supone un rejón de muerte a la equidad.


En el minuto escaso que me queda, quiero desmentir algunas de las cosas que usted decía. Se nota mucho que todo esto es una imposición ideológica del modelo de fondo que ustedes quieren implantar, como



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explicaba antes. ¿Me va a decir usted, con datos, que no es verdad que hayan subido las tasas universitarias y que no es verdad que en las comunidades autónomas del Partido Popular a un joven le cuesta muchísimo más dinero —más del 60 %—
entrar en la universidad que lo que cuesta en universidades como las de Andalucía o las de Asturias? ¿Me va a decir usted realmente que no ha bajado —como ustedes mismos afirman— por primera vez después de quince años en 600 euros la cuantía de una
beca? Son datos suyos.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora González.


La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Señora presidenta, termino.


¿Me va a negar que no ha cambiado el sistema de becas, pasando de ser un derecho a ser un privilegio, en un momento tan complicado en el que hay muchos más jóvenes parados y muchos más jóvenes volviendo a la formación? ¿Es que usted no sabe
lo que pasa en la calle, señor Wert? ¿Es que no sabe lo que han provocado sus políticas durante estos tres años, las de ustedes, que todo lo iban a resolver —el empleo, la salida de la crisis-? Insisto, señor Wert, retire el decreto. Ya casi no
le pido que genere oportunidades a este país. Simplemente le pido que no ponga más piedras en la rueda de las personas, de los jóvenes, de las universidades y de las familias. Y por supuesto, señor Wert, como ya hicimos —y hoy lo tengo que volver
a hacer—, le pido que se vaya y que deje en paz a las familias españolas, a los jóvenes, a la universidad pública, que tan importante es para nuestro país, para salir de esta crisis a la que ustedes nos están condenando mucho más en los últimos tres
años. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora González.


Señor ministro de Educación.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señora González Veracruz, no ha añadido argumentos nuevos a los que había expuesto en la primera parte, pero me gustaría hacer alguna observación complementaria sobre algunos
que ha reiterado. Señora González Veracruz, dice que no está en contra de la flexibilidad, pero todos sus argumentos son a favor de la rigidez. Entonces no sé a qué llama flexibilidad, porque desde luego flexibilidad mayor que la que contempla
este decreto es absolutamente imposible, y carácter dispositivo mayor, en el sentido de a quién y de qué forma se atribuyen las competencias para la introducción de la modificación más importante —que es la de los grados de 180 créditos—, es, como
le digo, imposible. Justamente es la misma flexibilidad que, antes de que se adoptara en el Decreto 1393/2007 el sistema rígido, minoritario y en ese sentido excéntrico —no solo por la posición geográfica de los países en los que predomina— de los
grados exclusivamente de cuatro años, reclamaba la CRUE a través de la Comisión académica sectorial de la universidad española, la Casue, que en términos literales afirmó en el documento que dirigió al Gobierno —y cito—: Podría optarse por una
posición mas flexible en la que existieran grados entre 180 y 240 créditos. Y añade: No está claro que todos los grados necesiten ni deban tener una misma carga de créditos. Fin de la cita.


Habla su señoría de caos. El caos es una consecuencia de la falta de organización, y si el caos se introduce en el sistema porque puedan coexistir grados de 180 créditos con grados de 240 créditos, le tengo que decir que entonces la mayor
parte de Europa y desde luego los países más importantes del Espacio Europeo de Educación Superior deben vivir en el caos, porque en todos ellos coexisten los dos tipos de grados. Y coexisten por una razón que es de puro sentido común, porque, como
muy bien decía la Conferencia de Rectores a través de su comisión académica sectorial, es muy lógico que no todos los grados requieran la misma carga de créditos. En España tenemos, en el marco no afectado por este decreto, en el marco de las
profesiones reguladas, un abanico que va hasta los 360 créditos, como es el caso de Medicina, y eso es natural. En el caso en que hay que garantizar que en el ejercicio de esas profesiones reguladas se adquieran por parte de los estudiantes las
competencias requeridas, se mantiene así, existe la obligación de que el Gobierno se pronuncie sobre esas duraciones y que además lo haga en un sentido coincidente con lo que exigen las normas europeas, pero no me hable, señoría, de desregulación
porque no hay tal desregulación. El hecho de que se pueda optar por acreditar grados de 180 créditos no quiere decir ni mucho menos que se hayan sustituido las garantías en punto a acreditación y verificación que existían ahora. Es decir, esos
nuevos créditos van a ser presentados por las universidades, sea a la Aneca, sea a las agencias de acreditación de carácter autonómico, tendrán que tener los mismos requisitos y después pasarán por los mismos filtros de aprobación, es decir, al
final intervienen las comunidades autónomas, interviene el Consejo de Universidades y, en definitiva, acaba interviniendo el Consejo de Ministros cuando decide incorporarlos al registro universitario de créditos y títulos.



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Me habla su señoría de un decretazo. Mire, no, es un decreto. Es tan decreto como lo es el que modifica, el Decreto 1393/2007, porque obviamente se trata de una competencia de ordenación que en el marco normativo de la LOU y de la Lomlou
le corresponde al Gobierno. Me habla finalmente del Consejo de Estado. El Consejo de Estado ha hecho algunas observaciones de carácter de oportunidad que en la mayor parte de los casos eran simples referencias o citas a observaciones que había
recibido en el proceso de información pública interna que el propio Consejo de Estado adoptó, pero ninguna de ellas tenía naturaleza normativa y por supuesto ninguna de ellas tenía naturaleza esencial. Por fin, señoría, me hace el sorprendente
descubrimiento de que las tasas son diferentes en cada comunidad autónoma. Claro que son diferentes, porque es potestad, dentro de la horquilla que viene marcada en el Real Decreto 14/2012, establecerlas, y unas son más caras y otras son más
baratas. Puesto que su señoría quiere relacionar los precios con el color político de los Gobiernos regionales, le tengo que decir que las más baratas son las gallegas.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA NECESIDAD DE QUE LA POLÍTICA CULTURAL DEL ESTADO CONTEMPLE LA INMEDIATA REDUCCIÓN DEL IVA A LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVOS. (Número de expediente
172/000287).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la interpelación del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió sobre la necesidad de que la política cultural del Estado contemple la inmediata reducción del IVA en los productos y
actividades culturales y deportivos. Para su defensa tiene la palabra la señora Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, venimos otra vez aquí a debatir y a plantear una cuestión importante para nuestro grupo parlamentario. Le pedimos —insistimos nuevamente— la rectificación de una decisión que en su día ya dijimos que considerábamos
del todo errónea, cual fue la subida desproporcionada, desorbitada e injusta del IVA cultural. En este caso hablaremos también de las actividades deportivas y de las instalaciones deportivas, que también sufrieron ese importantísimo trato
injustificado en cuanto a la subida del IVA. Pedimos que se rectifique en ese sentido. Señor ministro, nos encontramos a dos años y medio de la subida desproporcionada del IVA al 21 % sobre bienes y servicios culturales, una medida que en este
tiempo ha significado un auténtico viacrucis para el sector cultural con consecuencias sangrantes, como lo han venido demostrando los distintos estudios e informes del sector y los datos económicos, con destrucción de empleo, cierre de empresas y
caída en picado del consumo de productos culturales. Usted dispone perfectamente de todos los datos, señor ministro, y además hemos hablado en otras ocasiones de ello. Desde septiembre de 2012 nuestro grupo parlamentario ha reclamado esa bajada
del IVA cultural y además su armonización con el que grava los productos y actividades culturales en el resto de Europa. Lo hemos hecho de forma insistente y haciéndonos eco de las voces que desde todos los ámbitos del sector pedían dicha bajada:
artistas, músicos, promotores de conciertos, compañías de teatro, representantes de las salas de cines, promotores de cine, en definitiva, de un amplio abanico de nuestras industrias culturales, y también desde el punto de vista de los consumidores,
señor ministro, porque estamos dificultando el acceso a la cultura.


Ahora, después de sus recientes declaraciones hace pocos días en Televisión Española —en la madrugada del miércoles— en las que insistía en que si la economía mejora se puede bajar el IVA cultural, nosotros recuperamos nuestra solicitud de
que esa bajada se haga efectiva y con la mayor urgencia —el sector lo necesita—, puesto que desde Convergència i Unió se habla continuamente de esa necesidad. Debemos recordar también que desde el Gobierno se habla reiteradamente de recuperación y
crecimiento económico. Hoy mismo, en la sesión de control, el portavoz de nuestro grupo parlamentario ha hecho una pregunta al presidente del Gobierno en este sentido y le ha pedido que deje de hacer propaganda de la mejora de la situación
económica. Es cierto, estamos mejorando, hay datos positivos, pero no tenemos que vanagloriarnos de un modo poco realista. Los datos son buenos, pero tenemos que hacer más, y una medida necesaria y conveniente puede ser esta, rectificar esa
decisión errónea de subir 13 puntos el IVA cultural.


A principios del año pasado, cuando se rebajó el IVA para la compraventa de arte y el aplicado a las Fallas y a otras fiestas populares de la Comunidad Valenciana, se anunció desde el Ministerio de Hacienda



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una posible rebaja del IVA cultural para el año 2015. Ha llegado el año 2015, señor ministro, y estamos igual, escuchando continuamente declaraciones que nos pueden llevar a la confusión, que mantienen al sector cultural en vilo, a la
expectativa, lo que conlleva que determinadas decisiones que desde el sector empresarial del mundo de la cultura tengan que tomarse en función de posibles cambios legislativos no se tomen. Eso comporta no solamente la destrucción de empleo, sino la
paralización de determinadas empresas que podrían tomar medidas, que podrían facilitar la creación de empleo y que no lo hacen esperando esos anuncios que vienen desde el Gobierno y que no se materializan en nada concreto.


Recordemos que la subida de 13 puntos del IVA llegó en un momento especialmente crítico para el sector cultural, ya que además de la crisis generalizada que sufría la economía, con el descenso del consumo en todos los ámbitos, el sector
cultural tenía que luchar con problemas específicos junto a la desaparición de gran parte de las ayudas de distintas administraciones públicas, debido al efecto de la crisis económica, de la falta de acceso al crédito por parte de las empresas e
industrias culturales y de la falta de impulso efectivo al mecenazgo. Es otro de los aspectos que el sector está esperando y no solamente el sector de la cultura; también el mundo del deporte, de la sanidad y el tercer sector están esperando esa
ley de patrocinio y mecenazgo que han anunciado y que es un compromiso del Partido Popular en su programa electoral. Están incumpliendo sus propias promesas. El sector de la cultura además, como bien sabe el señor ministro, se ve afectado por la
piratería cultural en Internet y los cambios de hábitos culturales. Ahí tenemos que reconocer que ha habido un cambio legislativo, aunque el balance aún no podemos hacerlo. Ya sabe el señor ministro que desde nuestro grupo parlamentario, en el
ámbito de la piratería cultural, siempre hemos sido partidarios de la tolerancia cero y hemos hecho aportaciones a lo largo de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley en el Congreso.


El problema que ha supuesto esta situación de paralización en las decisiones por parte del Gobierno de no desencallar esa rectificación del IVA y a la vez no tomar ninguna decisión en cuanto a la nueva ley de patrocinio y mecenazgo es que el
sector está en vilo, aparte de estar sufriendo esas sangrantes consecuencias de la crisis económica. Desde Convergència i Unió entendemos que esta subida del IVA es una medida confiscatoria. El Gobierno coloca la cultura entre los bienes de lujo y
dificulta el acceso a ella para la mayoría de los ciudadanos. En ese sentido parece una ironía que se rebaje el IVA en determinados ámbitos, donde entendemos —lo hemos defendido desde Convergència i Unió— que también era necesario, y sin embargo no
se tome esa decisión necesaria y urgente de rectificar en el sector cultural, porque además puede ser motor de nuestra economía. Lo ha dicho usted, señor ministro, y los datos así lo corroboran. El sector cultural representa prácticamente un 4 %
del producto interior bruto de nuestra economía.


Por otra parte —resulta una obviedad—, no podemos dejar de recordarle al Gobierno el artículo 44 de la Constitución, que dice que la cultura es un derecho de todos y que la obligación de todos los poderes públicos es promover y tutelar el
acceso a ella. No vemos la promoción en ninguna de las medidas que está tomando el Gobierno, señor ministro. La Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo en un estudio publicado en julio de 2011 insiste en que se debe tener cuidado de
no arruinar lo que se ha logrado con las exenciones de IVA en la cultura y que se debe seguir en el ejemplo de los Estados que conceden una condición favorable y ejemplar a los bienes y servicios culturales. Nosotros nos alejamos de esos Estados y
de los parámetros de la zona euro y mantenemos el IVA cultural más alto de Europa, señor ministro. A título comparativo, en Francia el IVA cultural actualmente es del 5,5 %; en Alemania del 7 %; en Irlanda del 9 %; en Holanda del 19 %, pero no
se redujo al 6 % tras desplomarse la recaudación; Portugal e Italia gravan los productos y servicios culturales respectivamente con un 13 y un 12 % de IVA. Únicamente el Reino Unido tiene un tipo impositivo semejante al español, pero estamos
hablando de un 20 %, incluso aquí nosotros superamos los parámetros europeos. En definitiva, señor ministro, desde Convergència i Unió creemos que debemos ir hacia esos parámetros de la zona euro. Además, los datos económicos exigen y permiten
rectificar en la decisión que en su momento se tomó, decisión acerca de la cual cuando se tomó —y usted lo recordará perfectamente, señor ministro— se subrayó que era una medida provisional, una medida provisional que hace dos años y medio el sector
está soportando.


Quiero hacer mención a otro sector, el de las instalaciones, centros deportivos y gimnasios. Sabe usted perfectamente que este sector está sufriendo las graves consecuencias de ese aumento desproporcionado del IVA. Le voy a dar unos
cuantos datos que seguramente usted conoce, pero creemos que es bueno poner sobre la mesa, porque demuestran las catastróficas consecuencias que están sufriendo esas empresas del sector del deporte. El 92 % ve peligrar su negocio y de ese
porcentaje un 27,14 % ha reducido su plantilla de empleados por cuenta propia y un 47,71 % ha reducido su plantilla por cuenta ajena. Además, un 80 % del total de los empresarios reconoce haber reducido sus ingresos



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entre un 35 y un 55 % de media, señor ministro. Por lo tanto, desde Convergència i Unió les exigimos esa rectificación, creemos que el momento es el adecuado, es el oportuno, no se puede demorar más esa decisión, se tiene que rectificar de
forma inmediata. También anunciamos que no será el único ámbito en el que nuestro grupo parlamentario va a exigir esa rectificación. También vamos a hablar en las próximas semanas —vamos a presentar iniciativas al respecto— del sector de las
peluquerías y de otros sectores que están sufriendo esa subida desproporcionada del IVA desde hace más de dos años y medio.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Surroca.


Señor ministro de Educación.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señora presidenta, señoras y señores diputados, señora Surroca, no es la primera vez que su señoría y yo —iba a decir nos enfrentamos, pero no estaba bien escogido el verbo—
mantenemos un diálogo constructivo acerca de este tema y, según ha anunciado, tampoco va a ser la última, pero es evidente que a nadie, incluido en ese nadie ningún ministro de Hacienda, le gusta subir los impuestos, que a nadie le gusta subir los
impuestos directos ni los impuestos indirectos. Los impuestos pagan los servicios que las administraciones prestan a los ciudadanos, proporcionan cobertura a esos mismos ciudadanos cuando se encuentran en una situación de desprotección, en
definitiva, gracias a los impuestos se puede tener un Estado decente, un Estado que cubra esas necesidades básicas de los ciudadanos.


Evidentemente, las decisiones que se adoptan en materia fiscal siempre tienen un componente de lo que se llama en economía trade-off, es decir, de ajuste entre demandas contradictorias de distintos sectores. El incremento en una parte
básicamente de servicios culturales que se produce a partir del Real Decreto-ley 20/2012 trae causa fundamentalmente de un desplome de los ingresos públicos, cuya intensidad es conocida —supone pasar en dos ejercicios a recaudar 70.000 millones de
euros menos—, y ha afectado en distinta medida a todo el mundo en cuanto al impuesto indirecto del que estamos hablando, que es el IVA, porque han aumentado el tipo general y el tipo reducido, y el único que no ha aumentado es el tipo superreducido,
y también de forma especial a algunas actividades de algunos sectores, porque se ha pasado del tipo superreducido al reducido en algunos casos y, en el que nos ocupa, del tipo reducido al tipo general. Pero, insisto, tenemos que tener cuidado con
los conceptos, porque no se puede hablar de un IVA cultural al 21 %, dado que, aunque es cierto que algunos servicios culturales tributan al 21 %, hay otros, no de menor entidad, que lo hacen al 10 %, otros que lo hacen al tipo superreducido, como
periódicos y libros que no tengan naturaleza exclusivamente comercial, y todo lo que es la oferta cultural de las administraciones públicas tributa al cero. Por tanto, una primera precisión que creo que es importante es que no hablemos de IVA
cultural, hablemos de que lo verdaderamente importante en este mundo de la cultura, aparte de lo que supone el cambio en los tipos de carácter general, es que hayan pasado al tipo general las entradas a teatros, circos y demás espectáculos,
conciertos, salas cinematográficas, parques de atracciones y servicios prestados por intérpretes y artistas a productores de películas cinematográficas y realizadores de obras teatrales. Esos son los únicos que en el ámbito más amplio de las
actividades culturales han visto incrementado al 21 % el tipo impositivo.


Más importante que todo ello es hacerle algún matiz sobre lo que su señoría ha manifestado en punto a los efectos de este incremento fiscal sobre el consumo cultural. Todos estamos de acuerdo en que lo que nos impone el artículo 44 de la
Constitución a los poderes públicos en el sentido de facilitar el acceso a la cultura también implica realizar aquellas actividades de promoción de la misma o de facilitación del acceso a la misma que se derivan de esa obligación constitucional.
Pero hay que decir que, afortunadamente, en el año que concluyó el pasado 31 de diciembre se ha producido una muy significativa revitalización de determinados consumos culturales y particularmente de aquellos a los que afecta el incremento del IVA
al que se refiere la interpelación de su señoría. Muy sucintamente puedo decirle con la satisfacción que corresponde —son datos que ya han sido suficientemente aireados en las últimas semanas, en concreto los que se refieren al cine— que el número
de espectadores del cine ha experimentado un crecimiento prácticamente del 14 %, desde los poco menos de 77 millones de espectadores del año 2013 a los 87,5 millones del año 2014, es decir, un incremento de 10.458.000 espectadores. Además, es un
incremento que ha afectado particularmente de forma sensible en lo que se refiere al cine español —esto también es sin duda un motivo de satisfacción, que estoy seguro que todos compartimos—, donde el incremento en términos de número de espectadores
ha sido del 114,4 %, pasándose de 10.398.000 espectadores en 2013 a 22.289.000 espectadores en 2014.



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Otro ámbito en el que se ha producido una extraordinaria revitalización del consumo y también de la actividad económica vinculada ha sido el ámbito de la música, donde el crecimiento en el año 2014 ha superado el 21 %, después de más de
siete años de decrecimientos continuados.


Por último, en este apretado panorama de evolución de consumos culturales está el dato que quizá desde el punto de vista social tiene un mayor interés, que es el incremento del empleo cultural. Según los datos de la encuesta de población
activa correspondientes al año 2014, se ha producido un incremento del empleo cultural que asciende ahora a 511.800 personas y que por tanto representa un 3 % del empleo total; un crecimiento del… (Pausa). Luego lo comprueban y dicen que he dado
mal el dato del crecimiento. La costumbre de presentar los datos en gráficos sin ponerle el numerito encima es, a estas alturas, nefasta. Les voy a hablar de memoria, por tanto, no me lo tomen al pie de la letra. Lo cierto es que el crecimiento
se cifra en más de 40.000 personas en el empleo cultural. Hay que decir que es un empleo de calidad, es un empleo en el que la proporción de empleo indefinido es superior a la media de todo el empleo. Ha crecido la proporción de empleo asalariado
frente al empleo autónomo en relación con el año pasado y en definitiva además en los distintos subepígrafes que se contemplan afecta a la práctica totalidad de las actividades.


Dicho lo cual, evidentemente se mantiene lo que decía al principio de la intervención. Es decir, tengo la absoluta convicción de que si fuera fiscalmente posible, y lo fuera en un plazo breve, una reducción del IVA que soportan determinados
consumos culturales, aunque quien toma las decisiones en materia fiscal obviamente es el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se tomarían decisiones en ese sentido. Tengo que decirle también, señora Surroca, que no es tan exótica —si
me permite la expresión— la situación de España en este sentido, puesto que en los países de la Unión Europea, refiriéndonos tanto al cine como a los espectáculos de las artes escénicas, la situación del IVA es similar. Bulgaria con el 20 %,
Dinamarca con el 25 %, Estonia con el 20 %, Letonia con el 21 %, Hungría con el 27 %, Reino Unido —lo ha citado su señoría— con el 20 % y Eslovaquia también con el 20 % son países que aplican —y en algunos de ellos, por ejemplo, con una tasa de
frecuentación cinematográfica o teatral muy importante— el tipo general de IVA en este tipo de prácticas culturales.


Además de ello, lo cierto es que sí se han hecho cosas para estimular el consumo y la producción cultural en el ámbito fiscal en el último ejercicio. No podemos considerar solo como parte de la actividad de promoción del consumo cultural el
descenso del IVA, sino que también hay que considerar el conjunto de estímulos, y esos estímulos han sido recogidos en la reforma fiscal de una forma relevante. En lo que se refiere al impuesto sobre la renta de las personas físicas, la
introducción del micromecenazgo para actividades culturales supone una deducción del 75 % para los 150 primeros euros, un incremento adicional a la deducción general en lo que exceda, que es del 30 %, por tanto, un incremento hasta el 35 % de lo que
se llama la fidelización, es decir, las donaciones realizadas durante tres años consecutivamente, y en el impuesto sobre sociedades, que desde este punto de vista probablemente tiene una importancia mayor, tenemos un incremento adicional a la
deducción general de 5 puntos —que es, por tanto, el 40 %— por fidelización, y en dos ejercicios fiscales, en 2015 con un incremento de 2,5 puntos y en 2016 con otro incremento de 2,5 puntos, el pase por este porcentaje de fidelización. Estamos
también en trance de cambiar el sistema de funcionamiento del Fondo de protección a la cinematografía para darle mayor estabilidad, para darle mayor predecibilidad, para que tenga un decaleje temporal más limitado que el que tiene ahora y para que,
en definitiva, se oriente a facilitar el fortalecimiento industrial de nuestro cine, y también se están adoptando en el ámbito fiscal medidas para conseguir incrementar el atractivo de España como lugar para producciones cinematográficas, como lugar
de rodaje.


En definitiva, señoría, en todos estos campos estamos trabajando no solo por hacer efectiva y real la obligación que nos impone el artículo 44 de la Constitución, sino por darle el mayor relieve posible a las industrias culturales y
creativas, conscientes como somos de que son una pieza fundamental en el nuevo despegue económico y social de este país.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.


Señora Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, ya entendemos que a nadie le gusta subir los impuestos y que los impuestos son necesarios, en ningún momento de mi intervención le he cuestionado esa afirmación, es evidente que queremos todos tener un Estado del bienestar y
que se tiene que sufragar con los impuestos de los ciudadanos. Ahora bien, hace dos años y medio que este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, tomó



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una decisión, una decisión que desde nuestro grupo parlamentario calificamos de totalmente errónea, porque estaba castigando a un sector que ya estaba sufriendo de forma importante los estragos de la crisis económica, pero también otras
circunstancias, los cambios en los hábitos culturales, la piratería cultural, la falta de una fiscalidad potente que ayudara a las industrias culturales, y me estoy refiriendo a la tan esperada y anunciada ley de patrocinio y mecenazgo. Todas esas
circunstancias, señor ministro, hicieron que nuestro grupo parlamentario se opusiera desde el minuto uno a esa decisión de subir nada más y nada menos que 13 puntos el IVA del sector cultural. Claro que no es en todo el sector cultural, señor
ministro; solo faltaría que en todo el sector cultural tuviéramos un tipo impositivo del 21 %, entonces sí batiríamos todos los récords de la zona euro, señor ministro. Sería impresentable y probablemente el sector no es que estuviese al borde, es
que ya estaría en el abismo.


En definitiva, nuestro grupo parlamentario cree que ha llegado el momento. Usted mismo ha apuntado algunos datos del sector cultural que pueden indicar cierta mejora, y Convergència i Unió lo celebra, solo faltaría, no vamos a ser
catastrofistas. Claro que celebramos que haya determinados sectores en los que se esté notando cierta mejora. Claro que celebramos que haya un mayor número de espectadores que hayan ido al cine a ver películas españolas, claro que lo celebramos.
Pero esto no ha sido gracias precisamente a la acción del Gobierno. Si miramos los datos y si habla con los representantes de las salas de cine, señor ministro, le van a explicar —y seguro que ya lo han hecho— que esa mejora que ha podido haber en
el consumo de cine español ha sido a costa de bajar los precios, a costa de que los empresarios hayan asumido esa situación. Esto ha provocado que algunas empresas hayan tenido que reducir el número de trabajadores, que no se haya creado ocupación
en determinados ámbitos del sector cultural. Señor ministro, lo que no podemos hacer aquí es ponernos unas gafas con un determinado color para verlo todo de color rosa o verlo con unas expectativas que no son las reales, que no son las que está
viviendo el sector en estos momentos. Insisto, creemos que es el momento de rectificar, que debemos avanzar hacia los parámetros de la zona euro, que los datos económicos lo permiten, que estamos en ese momento, que el sector de la cultura va a ser
el motor del cambio que necesita nuestra economía, que puede aportar mucho —y que ya lo está haciendo, a pesar de los pesares— y puede aportar mucho más. Por eso debe apoyarse en todos estos ámbitos.


Señor ministro, no me ha dicho nada de los centros deportivos ni de los gimnasios. Le he dado datos de cierre de empresas y de que han tenido que disminuir sus plantillas. También en ese sector de los centros e instalaciones deportivas y
gimnasios debe rectificarse. También forma parte de sus competencias, señor ministro. No me sirve que diga usted que es una competencia del señor Montoro, claro que sí, pero forman parte del mismo Gobierno. Le anuncio nuevamente que nuestro grupo
parlamentario insistirá en otros sectores, como el de las peluquerías. Hay otros sectores que están sufriendo esas consecuencias injustas de la subida desproporcionada e incluso confiscatoria del IVA y que debe rectificarse. No puede demorarse más
esa rectificación.


Muchas gracias, señor ministro.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Surroca.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señora presidenta, señoras y señores diputados, comienzo por el final. Señora Surroca, menos mal que no ha echado sobre mis anchas espaldas el tema de la fiscalidad de las
peluquerías, en primer lugar, porque no soy un consumidor excesivamente intensivo de esos servicios profesionales y, en segundo lugar, porque es lo que me faltaba ya, tenerme que ocupar también de las peluquerías. (Risas).


Vamos a lo que sí constituye materia de mi competencia. Tiene razón, no voy a discutirle que hay inquietud en centros deportivos y gimnasios no solo por los temas de fiscalidad, que son los que hoy directamente nos ocupan, sino también por
los temas de inspecciones de Seguridad Social. Esto afecta, en grado desigual pero en general, a todo el mundo de la actividad física y del deporte amateur. Nosotros estamos en un proceso intenso de diálogo en el que tratamos de cohonestar dos
objetivos que no hay más remedio que intentar resolver conjuntamente; uno es el de evitar verdaderamente situaciones de desprotección en el ámbito de la Seguridad Social que pueden estar produciéndose por las situaciones de empleo irregular que con
una frecuencia importante se han dado en estos ámbitos, aunque obviamente tenemos que intentar acomodarnos a las peculiares situaciones de discontinuidad en la prestación de los servicios, en algunos casos incluso de prestación prácticamente
voluntaria. Desde el Consejo Superior de Deportes se está en un proceso de diálogo permanente con las federaciones para intentar buscar la mejor solución.



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Para que no quede en el «Diario de Sesiones» una imprecisión, quisiera decir que ya he sido capaz de encontrar el dato de crecimiento del empleo cultural en el 2014 y efectivamente ha pasado de 485.300 a 511.800 y, por tanto, ha tenido un
incremento superior a 36.000 efectivos y ha pasado de representar el 2,8 % al 3 %. Pero yo diría, señora Surroca, que tan importante o más que el tratamiento de la fiscalidad en las actividades culturales es la capacidad de ayudar a las industrias
culturales a adaptarse a un nuevo modelo en el cual cada vez están pesando más los soportes inmateriales, cada vez tiene una importancia mayor la protección de la propiedad intelectual. Las medidas antipiratería que se pusieron ya en funcionamiento
con el Real Decreto-ley de 30 de diciembre de 2011 y que se han reforzado con la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual han permitido reducir muy significativamente —es opinión de los propios sectores afectados— tanto la piratería en el
ámbito de lo audiovisual como en el ámbito de la música. En ese sentido, el dato que acabo de mencionar con respecto al incremento de un 21 % en la venta de música en el pasado ejercicio quiere decir claramente, entre otras cosas —aparte,
obviamente, de la mejora de la situación—, que estamos siendo más eficaces en la lucha contra la piratería.


Por último, señora Surroca, me gustaría que fuéramos capaces de compartir una reflexión más amplia no solo sobre cómo facilitar el consumo cultural, que en sí mismo es un objetivo muy importante, sino en cómo alinear políticas que tienen que
ser concurrentes porque son competencias compartidas de las distintas administraciones públicas —de la Administración del Estado, de las administraciones autonómicas y de las administraciones locales— de cara a conseguir un fortalecimiento de
nuestras industrias culturales y creativas para que tengan mayor músculo industrial, para que sean más exportables, para que verdaderamente sean una contribución —ya lo son en muy buena medida— aún mayor a ese proceso de internacionalización de
nuestra economía y para que tengan una contribución mayor a la marca España. Eso es fiscalidad, no le voy a decir que no, pero son muchas otras cosas. Les amino de todo corazón a que colaboren con el Gobierno en la promoción de las mismas.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA PÉREZ FERNÁNDEZ), SOBRE LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS DEL NUEVO SISTEMA DE INTERRUMPIBILIDAD ELÉCTRICO PARA INDUSTRIAS DE GRAN IMPORTANCIA COMO ALCOA A CORUÑA Y ALCOA AVILÉS Y MEGASA SIDERÚRGICA, ENTRE
OTRAS MUCHAS. (Número de expediente 173/000191).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): A continuación pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelación. En primer lugar, la moción del Grupo Parlamentario Mixto, señora Pérez Fernández, sobre las consecuencias negativas
del nuevo sistema de interrumpibilidad eléctrico para industrias de gran importancia como Alcoa A Coruña y Alcoa Avilés y Megasa Siderúrgica, entre otras muchas. Por el grupo autor de la iniciativa, señora Pérez Fernández.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, cuando debatíamos nuestra interpelación urgente el pasado mes de diciembre había tenido lugar la primera subasta para adjudicar la interrumpibilidad a los grandes consumidores industriales; una subasta que tuvo como consecuencia
que algunas importantes empresas se quedasen fuera de las bonificaciones y que se crease una situación extremadamente delicada, no solo para muchos puestos de trabajo, que quedaban en la cuerda floja, sino también para los territorios donde se
ubican esas grandes empresas, de las que dependen también un gran número de empleos indirectos y desde luego gran parte del tejido económico de esas zonas concretas y de la riqueza vinculada a ellas. Estamos hablando de Alcoa en A Coruña y en
Avilés, de Megasa, de FerroAtlántica, de SGL Carbón, de Celsa Atlantic, todas ellas en Galiza, y de aproximadamente unas ciento cincuenta industrias en el conjunto del Estado.


Pocos días después del debate de nuestra interpelación, tuvo lugar la segunda subasta que, solo temporal y transitoriamente, ha resuelto el problema y, por lo tanto, ha garantizado que parte de esas empresas descartasen los ERE que tenían en
marcha. Sin embargo, en el BNG queremos volver a insistir en que el problema no está resuelto, en que la temible espada de Damocles del nuevo sistema de adjudicación de la interrumpibilidad sigue encima de miles de trabajadores y de cientos de
empresas, que el próximo mes de noviembre se encontrarán otra vez en el punto de partida con el mismo y grave problema. Por eso, señorías, seguimos teniendo claro que mientras no se modifique el sistema de



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interrumpibilidad y todo el sistema tarifario, el problema del coste de la energía seguirá obstaculizando, y en muchos casos impidiendo, la industrialización, la competitividad de la industria y el mantenimiento de la actividad y de los
puestos de trabajo. De ahí la propuesta de los dos primeros puntos de nuestra moción, de suspensión del sistema de interrumpibilidad actual, basado en subastas anuales, y de volver temporalmente al sistema anterior, basado en establecer un precio
según la potencia contratada por los grandes consumidores de energía, mientras se procede a una reformulación de todo el sistema eléctrico que, en el caso que nos ocupa, permita una previsión y una planificación de las empresas en cuanto a las
inversiones a realizar y permita su asentamiento estable en los territorios.


Insisto, señorías, el sistema actual nos pondrá en muy pocos meses en el mismo lugar, nos llevaremos de nuevo las manos a la cabeza y volveremos a reclamar medidas urgentes que solo son parches pero que no dan estabilidad al sistema. El
objetivo deber ser no solo mantener el actual tejido industrial, sino aumentarlo y convertirlo en motor de nuevos puestos de trabajo. En nuestra moción, en su punto 3, aludimos al mantenimiento de los puestos de trabajo de Alcoa y Megasa, a la
importancia de evitar despidos colectivos que, en el caso de Megasa, por ejemplo, persiste. Por lo tanto, es necesario que se faciliten las condiciones por parte del Gobierno que no conduzcan al cierre de empresas y a la desertización industrial de
zonas como Narón, en la comarca de Ferrolterra, ya muy afectada por el desmantelamiento del sector naval, al que este Gobierno, por acción y omisión, ha contribuido en gran medida. Desde luego, en el BNG estamos convencidos de que gran parte de
estos problemas no existirían si dispusiésemos del control de nuestros recursos, si tuviésemos capacidad de decisión sobre un sector, el energético, central y estratégico en nuestro PIB y en nuestro desarrollo económico, y por eso pedimos en el
punto 4 que se tenga en cuenta normativamente la condición de territorios como Galiza que son excedentarios en producción de energía eléctrica.


El criterio de un sistema eléctrico único y de tarifa única supone dar el mismo trato a los consumidores de los distintos territorios sin tener en cuenta su aportación como productores de energía y los elevadísimos costes sociales,
medioambientales y económicos que supone. Nuestra propuesta no es novedosa, señorías, las tarifas diferenciadas existen en territorios de nuestro entorno, en el Reino Unido, en Alemania, donde existe una tarifa básica regulada por el Gobierno, pero
las tarifas no son uniformes en todo el país porque dependen de los costes de la red en cada región; en Suiza, donde muchas de las empresas de electricidad pertenecen a los ayuntamientos, que gestionan su suministro como el del agua o el del gas.


En el Estado español, la tarifa eléctrica no fue única hasta el año 1951 y se produjo a raiz de que las eléctricas lo solicitaban y para sistematizar los incrementos en el precio de la electricidad. En 1962 fue el propio Banco Mundial, en
su informe sobre la economía española, el que recomendó considerar algún método de fijación de tarifas diferentes entre grandes consumidores según las zonas. Pero es más, en la actualidad, a pesar de la supuesta tarifa única para todo el Estado, el
Gobierno ha modificado recientemente la normativa para que las industrias de algunos territorios puedan beneficiarse en un 30 % en las tarifas en el año 2015 y un 20 % adicional en el año 2016. Por lo tanto, la práctica nos demuestra que es posible
fijar tarifas diferentes, que la tarifa unitaria no es inamovible y que para lo que sirve fundamentalmente es para salvaguardar los intereses de las eléctricas en vez de proteger los intereses de los consumidores, de manera que obtengan en
compensación un beneficio los residentes en territorios excedentarios.


Señorías, en el año 2012 Galiza, solo con el 9,9 % de capacidad productiva en el conjunto del Estado, aportó al sistema eléctrico estatal el 10,3 % de la producción eléctrica, el 15,1 % en el sector de las renovables y el 23,3 % en el
carbón. Exportó en ese año 2012 el 40 % de la energía. Pero esta capacidad nunca repercute en beneficio de nuestro país y de nuestra economía. En el actual sistema tarifario los ciudadanos soportamos una serie de ayudas dispares y por pura
decisión política: en el año 2013, diversos costes de la generación eléctrica en territorios insulares, para el transporte a los territorios deficitarios en generación eléctrica, etcétera. Sin embargo, no existe ningún mecanismo que beneficie en
función de un elemento objetivo básico como es la generación de energía a los territorios que tienen grandes centros de producción.


Termino, presidenta. Las cifras y los hechos, señorías, hablan por sí solos y a estas alturas nuestros argumentos son perfectamente entendibles y asumibles. Sin embargo, el Partido Popular, con la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico,
todavía ha empeorado más la situación y ha abierto la posibilidad de crear suplementos territoriales donde existen impuestos propios a la actividad eléctrica como ocurre en el caso de Galiza. Nuestra propuesta, señorías, no es irracional ni mucho
menos insolidaria. Lo irracional e insolidario es expoliar y esquilmar enormes recursos naturales de un territorio con los consiguientes daños sociales y medioambientales, convertirlo en suministrador de energía eléctrica para el resto del Estado y
finalmente, todavía castigarlo con una legislación que ni favorece a sus consumidores domésticos ni sirve



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como incentivo para su industrialización. Por lo tanto, señorías, para el BNG esta reivindicación es fundamental y para Galiza es absolutamente imprescindible. Por todo esto, les solicitamos el voto favorable a nuestra moción.


Gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez Fernández.


En el turno de presentación de las enmiendas, en primer lugar, Unión Progreso y Democracia. Para defender su enmienda, señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.


Vamos a apoyar esta moción porque nos parece que es necesario poner orden en el sistema eléctrico español. Efectivamente, el problema de la interrumpibilidad es otro parche más que se ha añadido a un sistema que está lleno de defectos y que
hasta que no se afronte como tal sistema no va a poder resolver sus problemas. Sus problemas en este caso tienen que ver con algo grave que sería un cierre de una empresa de suma importancia y que es un gran consumidor de electricidad por un
problema que no es meramente el funcionamiento de las subastas de interrumpibilidad, sino un problema previo que es además el que desencadenó esta solución de emergencia y es el alto coste de la electricidad que perjudica especialmente a la
competitividad de los grandes consumidores industriales, como es el caso de Alcoa, una empresa de fabricación de aluminio y, por lo tanto, con altísimo consumo eléctrico. Otras veces hemos hablado de esta cuestión pero creo que es conveniente
volver a recordar que toda la política que ha habido para erradicar el llamado déficit de tarifa y otros costes del sistema en realidad ha tocado todo menos justamente su origen, que es el problema de la formación de los precios de la electricidad
en España: cómo se forman esos precios y de qué manera deberían trasladarse al consumidor. Han dejado en la oscuridad esa cuestión y luego añaden toda una masa de tasas, peajes e impuestos que hacen que finalmente tanto los consumidores domésticos
como los grandes consumidores tengan que afrontar unos precios que no tienen nada que ver con la capacidad productiva de energía eléctrica de España, que en estos momentos, como es sabido, es superior a la demanda. Por lo tanto, lo vamos a apoyar
pese a que efectivamente no estemos de acuerdo con algunas de las cosas que se sostienen en esta moción —de ahí viene la enmienda que presentamos—, y que tiene que ver en concreto y sobre todo con lo último que ha defendido la señora Pérez
Fernández, que es la idea de una tarifa especial eléctrica para Galicia basada en su situación de gran productor de energía eléctrica, etcétera.


Hay un problema de fondo que tiene que ver con este tipo de soluciones, y es que no lo son, por una parte, porque rompen la unidad de mercado, y habría que ir a una mayor integración del mercado energético. De hecho, en ese sentido la
política europea tiene que progresar, avanzar para conseguir una mayor integración europea de los mercados eléctricos. Por lo tanto, la idea de trocear el mercado eléctrico español nos parece algo que va completamente en contra de lo que debería
ser. Por otra parte, en un plano más general, pedir financiación a la carta para la comunidad, buscando ventajas allá donde las tiene desde el punto de vista financiero o fiscal y buscando el apoyo del Estado allá donde tiene desventajas,
evidentemente es insostenible, porque no solo acabaría ya con el Estado como tal sino algo mucho más importante, acabar con el Estado del bienestar y con el derecho que tienen las personas a que sus necesidades sean atendidas. Si se favorece o se
compensa la capacidad de producción energética de Galicia con una tarifa distinta a la del resto de la Península, imagínense lo que sucedería si ese principio se aplicara exactamente igual a la hora de hablar de las pensiones o de otras aportaciones
del Estado a infraestructuras o a cosas similares. Evidentemente no podemos estar de acuerdo, y no porque sea una cuestión ideológica —que también lo es— sino por una cuestión básica y elemental: porque no se pueden hacer sistemas fiscales a la
carta. Eso está fuera de lugar y desde luego solo llevaría a acabar, primero, con el Estado de bienestar y, segundo, con la convivencia y la democracia, lo cual es mucho más grave.


Dicho esto, coincidimos —de ahí vendrá nuestro apoyo— en que efectivamente la interrumpibilidad es un parche del sistema, como decía. Su arranque no ha podido ser más desafortunado y también más elocuente. Que hubiera que repetir al mes y
pico una subasta extraordinaria tras la primera por las protestas que causó entre la industria y especialmente entre determinados grandes consumidores —era el caso de esta multinacional— indica el problema que realmente creemos que se debe someter a
discusión. Lamentándolo mucho, aunque la interrumpibilidad haya supuesto un ahorro para el Estado a la hora de compensar a los grandes consumidores es una chapuza, porque las subastas una vez más no son transparentes, no está claro si son abiertas
o están negociadas, y evidentemente es algo que tampoco satisface a las empresas, con lo cual estamos en lo mismo. No podemos apoyar nada que no sea un



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mercado eléctrico transparente y competitivo en el que la formación de precios sea la clave del traslado de los costes a los consumidores, y especialmente a los grandes, cuando estamos hablando de una economía industrial que está pasando por
un momento de decadencia permanente, a pesar del leve repunte que ha significado la crisis y la reducción de costes salariales en España para favorecer la competitividad. Mientras no reduzcamos el problema de la falta de competitividad derivada e
inducida por un sistema eléctrico oligopólico opaco y que está lleno de parches, de excepciones y de oscuridad, no podremos hacer nada para mejorar la economía del país y por lo tanto la calidad de vida de los ciudadanos, que es el objetivo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.


Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, mi grupo parlamentario, La Izquierda Plural, comparte la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, del BNG, porque en torno a la subasta hemos vivido una situación lamentable, porque la empresa Alcoa ha realizado un chantaje a la
sociedad española, al menos a la sociedad asturiana, utilizando y secuestrando a los propios trabajadores; es decir, como no logró sus objetivos en la primera subasta, inmediatamente anunció el cierre de las plantas en A Coruña y Avilés. Nosotros
consideramos esa actitud injustificable, enmarcada también en la de las empresas del aluminio en Europa. Tomen ustedes nota de que es el sector industrial el que ha perdido no solamente tejido industrial sino también empleos en Europa, se ha
deslocalizado. La pregunta que tiene que hacerse Europa y España es si finalmente el aluminio se va a producir fuera de Europa y lo vamos a consumir los europeos, como ocurre con tantas otras cosas en las que Europa ha perdido posición industrial.
Ahora, junto a la salida de la crisis —eso deseamos, que salgamos de la austeridad y de la crisis, y hoy hay algo muy importante en relación con el futuro no solamente de Grecia sino también con el de Europa—, deberíamos salir también de la
desindustrialización y tener políticas industriales activas en Europa. Da la impresión, sin embargo, de que la niña bonita en Europa no es la industria; da la impresión de que la niña bonita es el sector eléctrico y también el sector financiero y
que ambos están ahogando a la industria europea. La cuestión es qué medidas van a adoptar Europa y el Gobierno español para que la política energética y, por otra parte, la política financiera favorezcan la economía y la industria y no la ahoguen,
porque en estos momentos la están ahogando. Se lo digo desde una comunidad autónoma donde la gran mayoría del consumo energético es industrial, muy diferente del resto de las comunidades autónomas del Estado; desde una comunidad autónoma, Asturias
—como pasa también en Galicia y el País Vasco—, donde la producción industrial es 4 o 5 puntos superior al resto de la producción industrial del país. Probablemente el objetivo sea que el conjunto del Estado llegue a una producción industrial en
torno al 20 % del PIB. Si ese es el objetivo, algo tenemos que hacer, y además no a medio o largo plazo, sino a corto plazo.


El Gobierno ha modificado más de una docena de veces la legislación en materia energética, y hay una gran incertidumbre con la energía, que pasa, por ejemplo, por que consumidores y grandes empresas consumidoras de energía en estos momentos
paguen un 20 % más que en el resto de la Unión Europea. En esas condiciones la deslocalización está servida. Por tanto, señorías, esta es una cuestión urgente, de emergencia. Seguramente hay que modificar la política energética, seguramente hay
que introducir medidas de política industrial. Me he leído los ocho puntos del Gobierno anunciados en política industrial y no me han provocado ninguna seguridad. Por ejemplo, en materia de política energética la gran solución es el fracking. Si
la solución es el fracking, aviados estamos.


En mi opinión, en política energética hay que adoptar decisiones cada vez más urgentes, y una de ellas es sustituir el sistema de subasta, que se ha adoptado teóricamente porque no hay otra alternativa. La Unión Europea no dice eso. En
recientes respuestas parlamentarias la Unión Europea considera legítimo el apoyo a la industria propia por razones de reconversión para garantizar la lucha contra el cambio climático y también por aportación a lo que podríamos denominar energía
verde. Habiendo medidas de ayuda a las industrias, creemos que el Gobierno debe adoptar una medida urgente como es suspender ese sistema de subasta, que nos ha llevado al chantaje y al secuestro de una empresa, como es Alcoa, y de sus trabajadores;
debe adoptar un sistema de precios estables y no discriminatorios con el resto de la industria europea. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). En estos momentos la industria electrointensiva está en condiciones negativas
respecto a la industria europea, y la industria europea tampoco está bien.


Muchas gracias.



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El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Monteserín.


La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Subo a esta tribuna a defender una enmienda del Grupo Socialista a la moción presentada por el BNG referente al problema que hemos tenido en diciembre pasado con el sistema creado por el Gobierno de subastar los servicios de
interrumpibilidad como pago a los grandes consumidores energéticos. En la defensa de esta enmienda solo me mueve un objetivo, dar una respuesta a un problema que necesita solución a muy corto plazo. Si queremos que nuestro sector industrial siga
teniendo un protagonismo importante en la creación de riqueza en nuestro país solo será posible si solucionamos más pronto que tarde un marco estable y definitivo de los costes energéticos para las industrias más dependientes. Reconozco que el
problema energético español va mucho más allá y es mucho más complejo que lo que afecta a este sector industrial. Por ello es motivo de otras intervenciones parlamentarias en las que sin duda los grupos políticos tenemos discrepancias;
discrepancias en el análisis histórico, en el diagnóstico actual y también en las soluciones de futuro. Sería, por tanto, conveniente encontrar algún espacio político en el que gestionar todas estas discrepancias por el bien no solo de las empresas
sino de toda la ciudadanía, porque todos somos consumidores de energía, y la forma de producir, obtener y distribuir, sobre todo sus costes, repercutan en los consumidores; es decir, nos afectan a todos y a todas. Ese es un debate pendiente que
excede con mucho la moción que hoy tratamos. Sin duda quiero expresar hoy que hay que intentar solucionar ese problema global y estratégico para el conjunto del país, pero es también necesario abordar un problema más concreto, aunque estratégico
para el desarrollo de la industria de España, porque están en juego muchos puestos de trabajo y su impacto económico es brutal sobre todo en los territorios afectados, principalmente en Galicia y Asturias.


Como soy diputada por Asturias y vivo en Avilés, cuya comarca tiene grandes industrias energéticodependientes, comprenderán que el futuro de mi comarca y las posibilidades de desarrollo están ligadas a dar una solución a este gravísimo
problema. En mi comarca el peso de la industria representa el 34 % del producto interior bruto y un 25 % del empleo directo. En Asturias estamos en torno al 21,6 % y en España en torno al 17,59 %. Estoy segura de que todos los aquí presentes
apostaríamos por que estas cifras no solo se mantengan sino que se incrementen, por tanto por una política industrial que lo haga posible. Pues todo ello pasa inexcusablemente por generar un marco estable de suministro energético a un precio
razonable. Esta es la única forma de evitar deslocalizaciones, y si se consigue es una forma de relocalizar empresas. Es, por tanto, imprescindible dar salida a esa necesidad; lo es para Galicia, lo es para Asturias y también para otras
industrias de estas características que están en otras comunidades autónomas.


La industria es fuente de vida, de actividad, de empleos cualificados y estables y repercute positivamente en el desarrollo de la actividad económica, con un efecto multiplicador en la generación de empleo directo. No solo supone una
importante aportación a la balanza comercial sino que además estas industrias tienen compromiso con la innovación, colaborando o sustentando centros tecnológicos como el Centro de Investigación del Acero en Avilés. Vivimos en un mundo global y muy
competitivo. Las características de este tipo de industria de nuestras comarcas requieren un coste añadido en mantenimiento y en nuevas inversiones para poder seguir siendo empresas con interés en ese mundo global. Esto también se hace imposible
sin conocer más allá de cada año cuál va a ser la repercusión en la producción de los costes energéticos que en algunas empresas llegan incluso al 40 % de los costes de producción. Hemos hecho lo difícil a lo largo de la crisis. Los sindicatos han
tenido que aceptar reducciones salariales de hasta el 10 % para colaborar en la competitividad de las empresas, y una gran parte de esos sacrificios se los ha llevado el estrangulamiento energético. Señorías, no podemos seguir así. El Gobierno
está obligado a actuar y dar una salida a esta situación, es urgente. El ministro de Industria tiene que dar una salida lo antes posible, y tiene que ser definitiva. Es posible que esta moción y la enmienda que hemos presentado hoy no salgan
adelante pero mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, no cejará en seguir instando al Gobierno a que busque una solución con las empresas afectadas, con los Gobiernos autonómicos de las regiones donde están asentadas estas industrias
—especialmente con Galicia y Asturias— y con este Parlamento. Lo mejor sería que los grupos políticos hiciéramos un esfuerzo y una transacción en torno a esta moción porque sería una buena señal para el sector y para los trabajadores. La política,
señorías, al final, a pesar del ruido ambiental, se ha inventado para dar soluciones a problemas comunes, para trabajar por el interés general. Este es un gran problema de interés general para el país y de interés total para mi



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comarca, tanto que nos va la vida en ello. Así que, fíjense si tengo razones para insistir una y otra vez en la necesidad de un acuerdo en torno a este tema tan importante.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señoría.


Turno de fijación de posiciones. ¿Grupo Vasco, PNV, señor Azpiazu? (Denegación). Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente.


Señorías, voy a centrar al debate de la moción: el nuevo mecanismo de interrumpibilidad se encuentra en funcionamiento desde el 1 de enero del presente año. En sentido, las retribuciones para 2015 que perciban las empresas que prestan ese
servicio según el nuevo mecanismo ya se han fijado en las dos subastas que se desarrollaron en los meses de noviembre y diciembre del año pasado. Por otra parte, también es necesario tener presente que las plantas a las que hace referencia la
moción presentada por el Grupo Mixto resultaron adjudicatarias del servicio de interrumpibilidad en la segunda subasta, celebrada los días 22 y 23 diciembre.


Una vez centrado el debate de la moción, mi grupo parlamentario quiere señalar en primer lugar la importancia del sistema de interrumpibilidad, no solo para las industrias a las que se refiere la moción sino también para otras muchas
industrias que también están ubicadas en Cataluña; y en segundo lugar que el sistema afecta a grandes y medianas industrias, no únicamente a las grandes. Para nuestro grupo, hablar de interrumpibilidad es hablar de industria y de competitividad
industrial; es importante sobre todo en un momento en el que apostamos por la reindustrialización —algunos portavoces así lo han expresado— y trabajamos por la mejor y mayor competitividad de nuestro tejido industrial. Uno de los factores más
relevantes y que afectan a la competitividad de muchas de nuestras empresas industriales es el coste energético. Es por ello que el crecimiento industrial, la recuperación industrial, la competitividad industrial y también —debemos decirlo— la
creación de empleos dependerán en cierta medida de cómo sepamos reconducir este factor de coste para la industria. Creemos que el sistema actual de interrumpibilidad es claramente mejorable y que el diseño actual comporta unos desajustes,
inseguridades y costes a las empresas industriales que son relevantes. Me referiré a algunos de los aspectos en los que el actual sistema, tal como se ha diseñado, impacta negativamente en el tejido industrial. En primer lugar, el procedimiento de
subastas y la falta de previsibilidad generan una alta incertidumbre a los industriales. En segundo lugar, nos preocupa la penalización por incumplimiento que afecta a su totalidad, cuando debería limitarse. En tercer lugar, la exigencia de
cumplir una precisión del programa de consumo puede ser un hándicap y traducirse en un coste cuando existen procesos industriales que por su propia naturaleza cuentan con una precisión ligeramente superior, que puede hacer que en alguna ocasión no
se cumpla y de ello se deriven fuertes penalizaciones. En cuarto lugar, nos preocupa también el sobrecoste de contribución a la financiación del servicio que, junto a los resultados de la subasta, se traducen en una pérdida de competitividad para
la industria. Finalmente, señalo la preocupación por la evolución del precio final de la electricidad y la que seguirá la interrumpibilidad en los próximos años, que creemos que también es un factor de inseguridad y de riesgo, como decía al
principio. Por todo ello, creemos que sería necesario revisar el diseño actual de este sistema de interrumpibilidad, neutralizando los riesgos y costes que pueda tener para las industrias y haciendo un sistema que esté realmente al servicio de la
industria, un sistema que sea herramienta de competitividad y que dé también seguridad a nuestra industria. Por ello, defendemos la interrumpibilidad, pero es necesaria una redefinición del actual modelo en los términos que he expuesto en mi
intervención, es decir, una interrumpibilidad al servicio de la competitividad de la industria.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Moraleja, tiene la palabra.


La señora MORALEJA GÓMEZ: Señor presidente.


Señorías, intervengo en esta iniciativa en nombre del Grupo Popular para fijar la posición de nuestro grupo. Señora Pérez, permítame que empiece reconociendo que tienen usted y el grupo al que representa tienen todo el derecho del mundo a
presentar aquellas iniciativas que estimen oportunas, de acuerdo con el Reglamento de esta Cámara. Ahora bien, el resto de los grupos también tenemos el derecho a expresar nuestra opinión, y con todo respeto, señora Pérez, creo que esta iniciativa
en estos momentos es cuando



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menos extemporánea, porque el pasado mes de diciembre tuvimos la oportunidad de hablar de este mismo asunto y en aquella ocasión el ministro de Industria, Energía y Turismo ofreció explicaciones más que suficientes. En aquel debate,
señorías, se ofrecieron explicaciones sobre el déficit tarifario, sus componentes y las medidas que ha llevado a cabo el Gobierno para evitar que el déficit estructural no solo no siguiese creciendo al ritmo que lo estaba haciendo, sino que se
redujese en 2014. Permítame que le recuerde que para reducir el déficit del sistema bien bajamos los costes, bien incrementamos los ingresos. Este Gobierno lo tuvo claro, optó por reducir los costes regulados. Estos tienen varios componentes: el
transporte, la red de transporte desde la producción a la subestación; la distribución desde la subestación al punto de consumo; pagos por capacidad, por tener listas las centrales térmicas; la insularidad y la extrapeninsularidad; la
interrumpibilidad o lo que paga el sistema a las empresas intensivas en consumo por si en algún momento, por necesidades del sistema, tienen que interrumpir su nivel de consumo. Pues bien, ustedes proponen en su moción suspender el sistema de
subasta recientemente adoptado y volver al anterior, según el cual se asignaba un precio en función de la potencia contratada. Además, por la forma en la que ustedes hacen la exposición y repasando el debate del pasado diciembre parece deducirse de
sus intervenciones que ese sistema es especialmente lesivo, dañino con estas empresas intensivas en el consumo eléctrico, y en especial con las que usted nombra. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Pues bien, señoría, debería saber usted,
en primer lugar, que este sistema tan dañino, tan lesivo es el propuesto por las empresas, en concreto por algunas de las que usted ha mencionado. Esta semana, de hecho, hemos asistido a la inauguración del gaseoducto de A Mariña que va a permitir
a la planta de Alcoa, San Cipriao, reducir en un 25 % los costes de producción de alúmina; creo que es una buena noticia. En España existía un modelo anterior, como comentábamos, que planteaba problemas desde el punto de vista de la competencia
que hemos que tener en cuenta. De hecho, fueron las propias empresas las que propusieron cambiar el sistema ante el temor de poder ser objeto de un expediente por la Comisión Europea. Esto no es un supuesto alejado de la realidad, porque, como
todos sabemos, la propia Alcoa en Italia, como consecuencia de una denuncia, tuvo que cerrar una de sus plantas allí. Ante esta situación el Gobierno toma nota y —repito— a instancia de las empresas se busca un sistema que pueda satisfacerlas y
respetar la normativa europea de competencia. Todos somos muy conscientes de lo que supone que la Unión Europea declare cualquier medida ayuda de Estado. Usted es gallega y yo también, las dos tenemos muy presentes el sector naval. Pues bien, se
ha adoptado un mecanismo de subastas sucesivo, más competitivo y eficiente que el sistema anterior, en el que la cantidad fijada por interrumpibilidad se determinaba conforme a una fórmula establecida administrativamente. A partir de un precio de
salida el importe va bajando en cada ronda de las sucesivas subastas. La prestación de servicio se asigna al último competidor que queda en la puja sin retirarse y, por tanto, está dispuesto a prestar ese servicio a un precio más bajo. Se han
celebrado ya varias subastas (en noviembre, diciembre), y eso se ha traducido en un ahorro para los consumidores de 35 millones de euros. En consecuencia, no vamos a poner en peligro a muchas empresas españolas ante una hipotética declaración de
ayuda de Estado. Además, este grupo parlamentario no está de acuerdo en que el sistema sea perjudicial para estas empresas, pero menos aún en poner a los trabajadores como justificación. En este plenario —todos lo han dicho— todos estamos de
acuerdo en defender todos puestos de trabajo, pero con la misma firmeza le digo que si alguna vez esos puestos de trabajo estuvieron en peligro no fue por la decisión del Gobierno sino por las decisiones que ha tomado la empresa. En el debate del
pasado diciembre ya quedó claro cuál fue la estrategia de la empresa. Si usted estuvo con alguno de los trabajadores de estos centros sabrá, igual que yo, que ellos también son conscientes de la estrategia que tiene su empresa.


Dicho esto, en su punto 4 pide de nuevo un mercado diferenciado para Galicia. Una vez más sabe cuál es nuestro posicionamiento en este tema. No vamos a votar a favor de mercados diferenciados. Para nosotros el principio de solidaridad y
la unidad de mercado están fuera del debate. De ahí que no vayamos a acompañarle en este punto. Desde el Gobierno se está trabajando para conseguir un mercado europeo de la energía común para tener una energía más barata y, en consecuencia, más
competitiva. De ahí la apuesta española por conseguir más interconexiones con Francia para que el consumidor industrial y el consumidor doméstico español puedan suministrarse de energía allí donde sea más barato en cada momento. En relación con el
último punto, el apoyo a las energías renovables, tampoco les vamos a acompañar. Como ya les he comentado en algún momento de mi intervención, este Gobierno ha tomado decisiones importantes para solucionar un problema heredado.


El señor PRESIDENTE: Señora Moraleja, debe ir acabando.



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La señora MORALEJA GÓMEZ: Un momento, por favor.


Uno de los grandes problemas que nos encontramos fue el déficit generado por el fomento desproporcionado y descontrolado de determinadas energías, y este déficit hay que superarlo. No puede ser con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, como ustedes proponen en muchas ocasiones, ya que entonces el déficit del Estado de nuevo estaría descontrolado y todo el esfuerzo que han hecho durante este tiempo todos los españoles no habría merecido la pena.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moraleja.


Señora Pérez Fernández, ¿qué hace usted con las enmiendas?


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Señor presidente, varios grupos nos han solicitado la posibilidad de votar la moción por puntos. Precisamente, para poder facilitarlo tengo que rechazar de entrada todas las enmiendas presentadas; insisto, lo
rechazo para facilitar que se pueda votar punto por punto.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández. Así se hará mañana.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA SITUACIÓN DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA DEL ESTADO. (Número de expediente 173/000192).


El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del Grupo de La Izquierda Plural, sobre la situación de la política energética del Estado. Para defender la iniciativa tiene la palabra el señor Sanz.


El señor SANZ REMÓN: Señorías, el pasado mes de diciembre debatíamos, como lo estamos haciendo hoy, con el ministro de Industria, Energía y Turismo sobre los problemas que aquejan a nuestro sector energético. Decíamos entonces que tenemos
un modelo dependiente del exterior, especialmente del petróleo, controlado y plegado a los intereses de un pool de empresas que copan la producción, distribución y comercialización en un 70 %, que lo hacen profundamente antidemocrático. Un modelo
que legitima la sinrazón multimillonaria que nos están costando a los españoles cuestiones como el déficit de tarifa, 30.000 millones; los costes pagados de más por los costes de transición a la competencia, 3.400 millones; los 1.350 millones que
nos costó el Castor a los ciudadanos y ciudadanas, vía factura, les va a costar según la OCU 4.730 millones más. Por el contrario es un modelo que no habla de esos otros nueve millones de dramas que implica la pobreza energética. Entonces el señor
Soria, al igual que lo ha hecho esta mañana, no se conformó con negar todas estas evidencias, sino que además se empeñó y nos acusó de no dar las cifras correctas y de no citar las fuentes. Aprovecharé esta ocasión para pedirle al señor ministro
que desmienta también si la subida interanual del 17,7 % que ha denunciado Facua en enero de este año es o no es cierta, y si los datos del Instituto Nacional de Estadística que afirman que en el año 2014 la luz ha subido un 4,4 % tampoco son
correctos. Esta España es la España real por mucho que el Gobierno la niegue, o como bien ha dicho el señor Rajoy esta mañana la desconozca. Y para dar respuesta a estos problemas reales que en materia de política energética se dan como hemos
visto en el debate anterior, nuestro grupo ha propuesto una batería amplia de medidas que por su dimensión y por el tiempo que tengo trataré de resumir detallando las más relevantes. Unas medidas que están organizadas en tres grandes bloques y que
permiten sentar las bases de un nuevo modelo energético, unas medidas que necesariamente tienen que empezar por arrojar luz al que es sin duda uno de los sectores más opacos y monopolizados que existen, y que ha engendrado, señorías del Partido
Popular, una de las mayores estafas a las que se está sometiendo al pueblo español. Sabrán y habrán podido intuir que estoy hablando del déficit de tarifa.


Señorías, el Gobierno se negó, se ha negado y se va a negar, mucho me temo, a explicarnos cómo se calcula el reconocimiento de los costes que les estamos pagando a esas eléctricas. ¿Por qué tanta oscuridad y falta de transparencia,
señorías? ¿Qué problema hay o es que acaso ni siquiera el Partido Popular, el partido del Gobierno sabe cómo se calculan esos costes que les pagamos y les reconocemos a las eléctricas de más? La Izquierda Plural necesita y propone ir a la raíz del
problema y para ello, señorías, es necesario auditar este déficit tarifario, realizar una auditoría energética que nos permita saber todas y cada una de las partes de ese déficit, analizarlas, y por supuesto aplicar una quita necesaria, hoy más que
nunca, a esta supuesta deuda contraída. Pero la luz no se puede quedar aquí, tiene que llegar a todos los episodios que han puesto de manifiesto las peligrosas connivencias y amistades entre el poder



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público y el lobby energético. Estoy hablando, como bien saben, de esos 3.400 millones de euros pagados en exceso a los CTC y nunca reclamados. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo, y hay que depurar responsabilidades y también de las
puertas giratorias. En este país se tiene que acabar el ver a un expresidente del Gobierno sentado en el consejo de administración de una empresa energética, señorías. Eso es absolutamente imprescindible.


Clarificado todo lo anterior, junto con alguna medida más que no he contado, pero que está en el texto de la moción, es preciso que este país democratice el acceso a la producción y al consumo de energía, como bien y derecho público que es.
Para ello es preciso modificar —ya se lo han dicho aquí en el debate anterior— el sistema de fijación de precios hacia un marco estable que garantice precios justos, señorías, excluyendo del pool a las instalaciones ya amortizadas, y una retribución
justa según el coste de producción efectiva a cada tecnología. Necesitamos impulsar legislativamente el autoconsumo de energías renovables con balance neto, limitándose los peajes de acceso para la energía intercambiada única y exclusivamente en la
red, y garantizar el acceso a este derecho básico fijando un precio social para la electricidad, el gas natural y el butano. Hay que luchar contra la pobreza energética, es absolutamente indecente regalar 1.350 millones a Florentino Pérez y dejar
que 9 millones de familias no puedan pagar la luz, y vean cómo al final a muchas de ellas se les corta el suministro.


Por último, pero no menos importante, les planteamos en un tercer bloque un grueso de medidas que avancen hacia la planificación estratégica de otra política energética que nos permita transitar hacia otro modelo, sin dejar a nadie atrás,
porque no hay que dejar a nadie atrás, y el debate anterior es muy clarificador. Por eso proponemos, en primer lugar, la trasposición íntegra de la directiva europea para el fomento del uso de las energías renovables. Igualmente les planteamos
suspender para los territorios extrapeninsulares e insulares el Real Decreto 1/2012 y el Real Decreto 2/2013 por la inseguridad jurídica que están representando; miles, miles, decenas de miles de demandas, señorías. Y para finalizar y en esta
misma dirección es necesario derogar el impuesto a las tecnologías en régimen especial y a las renovables. Todas estas medidas nos permitirán impulsar decididamente otro modelo energético más limpio, más democrático y más autónomo, un modelo que ha
de verse sustentado en una nueva planificación energética integral, que incluya los planes de ahorro de emisiones, los de renovables, y los de ahorro y de eficiencia energética, y también los fondos necesarios para generar soluciones definitivas y
reales en los sectores, comarcas, y zonas más vulneradas y vulnerables.


Y para hacer irreversible este cambio evidentemente hay que tomar otro tipo de decisiones y hay que tomarlas ya, y les citaré algunas de ellas. Programar el cierre definitivo de las nucleares, hay que acabar con el dislate que implica que
una central nuclear vaya más allá de su vida de diseño, empezando por el cierre definitivo de Santa María de Garoña. Hay que prohibir el fracking, señorías, y exigir una planificación gasista acorde y ceñida estrictamente a las necesidades de
nuestro país, para evitar cuestiones como el Castor. Hay que paralizar las prospecciones petrolíferas. Este país no puede volver a ver a una lancha de la Armada arremeter contra un grupo ecologista, señorías, es absolutamente indecente. Y por
último hay que paralizar los trámites para la construcción del ATC, del almacén temporal centralizado de residuos radioactivos. Y quiero detenerme en este punto un momento. Se trata de una de las instalaciones más importantes desde el punto de
vista de la seguridad del país y desde el punto de vista de la seguridad de las personas, y es bochornoso, señorías, el espectáculo que está implicando su gestión, ayer mismo el presidente de Enresa dimitió de su responsabilidad. Ya les adelanto
que mi grupo va a exigir la comparecencia del ministro para que aclare hasta la última coma de este asunto. En resumen les planteamos una batería de propuestas absolutamente necesarias y viables en estos momentos.


Se nos ha presentado —y aprovecho la ocasión— una enmienda a la totalidad de veintitrés puntos que implica un texto alternativo. Por las ausencias que plantea, ya que ustedes no hablan ni de los CTC, ni hablan de las puertas giratorias, por
ejemplo, o por la forma de tratar otros asuntos, como el tema de la auditoría del déficit, no la podemos aceptar y menos en su integridad. Obviamente compartimos muchos de los puntos que no recoge la nuestra y que hemos debatido ya desde este
atril, pero no podemos aceptar la sustitución de toda nuestra batería de propuestas por la de ustedes, porque rompería el corpus y la intención que tiene la misma. En resumen les proponemos dieciséis alternativas absolutamente viables en materia de
política energética porque estamos convencidos y convencidas de que además de ser posible otra política energética es necesaria, una política energética —y acabo ya, señor presidente— que tiene que poner el Estado al servicio de la gente, al
servicio de la mayoría social, y no al dictado de unas pocas empresas, como ha venido sucediendo desde hace décadas en este país.


Gracias. (Aplausos).



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz.


En efecto, se ha presentado una enmienda a esta moción, formulada por el Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, señoría proponente del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, han planteado una moción consecuencia de interpelación con un contenido amplio, disperso, marcando la política energética que el
Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural quiere defender. Lógicamente el Grupo Parlamentario Socialista se ha caracterizado desde el comienzo de esta legislatura por mantener una línea coherente, rigurosa, seria, con contenido en materias de
política energética, en todas y cada una de las tramitaciones que en esta Cámara se han producido presentadas por el Gobierno. Concretamente desde el mes de enero de 2012, cuando se presentó el primer proyecto de real decreto-ley para su
convalidación hasta la última norma que en esta Cámara ha tenido lugar, han sido once reales decretos-leyes, la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, la Ley del Sector Eléctrico, y luego normas dispersas en los proyectos de ley
de Presupuestos Generales del Estado. En suma todo un conjunto de normas en las que el Grupo Parlamentario Socialista se ha posicionado, reitero, con rigor y ha marcado su criterio al respecto. Por ello en esta ocasión, ante la moción consecuencia
de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, queremos llevar a cabo una serie de consideraciones y fundamentar las enmiendas que hemos presentado a la moción.


Queremos poner claramente de manifiesto que el Grupo Parlamentario Socialista entiende que la política energética no solo tiene un carácter nacional, sino que también tiene carácter europeo. Somos miembros de la Unión Europea y hay un
desiderátum al que pretendemos ir llegando en el transcurso del tiempo de manera asintótica, y ese desiderátum es el mercado único de la energía en Europa. Ello no se alcanza con palabras, sino poco a poco con la implementación de políticas. En
ese sentido quiero recordar que la Comisión Europea en julio de 2012 en su evaluación del programa nacional de reformas y el programa de estabilidad para el Reino de España señaló, entre las causas de los problemas del sector eléctrico, la
insuficiente competencia efectiva que ha contribuido en parte al déficit tarifario, al favorecer una compensación excesiva de las centrales nucleares y de las grandes centrales hidroeléctricas que ya están amortizadas. El Gobierno del Partido
Popular a lo largo de estos casi cuatro años ha responsabilizado básicamente de todos los problemas del sector eléctrico a las energías renovables y al consumidor final. A las primeras, las energías renovables, a través de recortes retroactivos a
las actividades reguladas de transporte, distribución, renovables y cogeneración, y a los segundos, a nosotros, a los consumidores —pero no solamente el consumidor familiar, sino el consumidor industrial—, a través de la creación de nuevos impuestos
a la generación eléctrica, así como la subida del IVA y el mayor peso del coste del término de potencia en la factura frente al consumo efectivo, que se viene trasladando inexorablemente y de manera directa sobre los precios de la electricidad que
sufrimos los consumidores domésticos y los industriales.


Son muchas las consideraciones que me gustaría hacer al respecto, pero obviamente me voy a centrar en esta última parte de mi intervención en la defensa del contenido de nuestras enmiendas. Nuestras veintitrés enmiendas constituyen un
conjunto de descripciones sintéticas de la política energética del Grupo Parlamentario Socialista. En ese sentido defendemos, primero, impulsar un pacto de Estado de la energía a partir del diálogo entre las fuerzas políticas y los representantes
de la sociedad civil, con el objeto de dotar a la política energética de una estabilidad mayor de la que ha tenido en los últimos años, consistente y coherente con los contenidos de la hoja de ruta de la Unión Europea para una economía baja en
carbono en el horizonte 2050. En segundo lugar, planteamos realizar en los próximos seis meses una auditoría regulatoria de costes del sistema eléctrico. Planteamos avanzar hacia una transición energética basada en la sostenibilidad económica,
medioambiental y social que nos conduzca hacia un modelo de crecimiento bajo en carbono, apueste claramente por las energías renovables, reduzca la dependencia energética, y favorezca el ahorro y la eficiencia energética. Planteamos también una
nueva planificación de infraestructuras de electricidad y de gas natural, un nuevo plan de energías renovables, una nueva estrategia española de ahorro y eficiencia energética que sea coherente con los objetivos de la política energética que ha
configurado la Unión Europea, y con la prospectiva realizada. Planteamos mejorar la transparencia y diseñar un sistema de información energética con el objeto de facilitar todos los detalles del funcionamiento técnico y económico del sector
eléctrico, con total transparencia y disponibilidad para los interesados. Proponemos también aprobar un nuevo marco normativo para el sector energético que restituya cuanto antes la seguridad jurídica en el sector de las energías renovables, y
facilite la generación distribuida, el autoconsumo energético, el uso de la cogeneración para sectores variados



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como el de purines y tantos otros de importancia medioambiental. Planteamos mejorar el mercado eléctrico español dándole una mayor robustez ante intentos de afectar su funcionamiento, haciéndolo más eficiente en la fijación de precios y
facilitando la entrada de nuevos actores, con el objeto de garantizar la competencia y dificultar las malas prácticas actuales, con una especial atención a la reforma de los mercados de ajustes y servicios complementarios.


Consideramos asimismo esencial revisar en profundidad las tarifas de los pequeños consumidores que sean establecidas por los precios del nuevo mercado, lo que se ha venido denominando la temática vinculada a la pobreza energética. Creemos
en la necesidad de dotar a la política energética de la transversalidad que requiere, al tener muchos puntos de contacto con otras áreas de gobierno como son la económica, la ambiental, la fiscal, la urbanística, la internacional, la industrial, la
de empleo, la de formación, así como con los necesarios y pertinentes acuerdos con las distintas administraciones, fundamentalmente las comunidades autónomas. Creemos en la necesidad de trasladar a los Presupuestos Generales del Estado el coste de
las políticas sociales y territoriales que ahora se cargan sobre la factura eléctrica —imagínense la sensibilidad que tiene este diputado canario— esencialmente…


El señor PRESIDENTE: Señor Segura, tiene usted que ir acabando.


El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor presidente. Muchas gracias.


Especialmente los derivados de apoyo a la insularidad, de apoyo a la generación renovable en zonas aisladas como son Ceuta, Melilla y fundamentalmente el archipiélago canario. Y así, señorías, sucesivamente un conjunto de veintitrés puntos
que están recogidos en el Boletín del Congreso de los Diputados, y que intuyo lógicamente que el grupo parlamentario proponente habrá considerado. Sí queremos decir —y con esto termino esta intervención—, señorías, que no son puntos que hayamos
elaborado de manera arbitraria para salir del paso, no, sino que sintetizan la posición política que el Grupo Parlamentario Socialista ha mantenido a lo largo de esta legislatura, y que está recogida en las enmiendas a la totalidad a los proyectos
de ley presentados por el Gobierno, y también en los debates de convalidación de tantos reales decretos-leyes a los que he hecho referencia al comienzo de mi intervención.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.


Comenzamos el turno de fijación de posiciones y por el Grupo Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Quevedo.


El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.


En dos minutos, que es el tiempo que tengo, quisiera decir, en primer lugar, que los nacionalistas canarios compartimos en buena medida las denuncias y propuestas formuladas en la moción que hoy se discute. Sin ánimo de ser exhaustivas,
desde luego, creemos que actúan en lo esencial, donde creemos que hay que actuar, en un sector, el energético, que ha sido víctima, como otros muchos sectores esenciales a lo largo de esta nefasta legislatura, de una auténtica contrarreforma, un
retroceso sin precedentes en materia energética para el conjunto del Estado. Represento a una comunidad que entiende como ninguna la necesidad de desarrollar políticas sustentadas en las energías renovables… (Pausa). Perdón, señor presidente, pero
tengo dificultades para continuar.


El señor PRESIDENTE: En ese caso vamos a alterar un poco el orden dentro del Grupo Mixto. Tiene la palabra la señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señorías, ni una ni dos ni tres; son decenas las veces en las que en esta legislatura se ha debatido sobre política energética, pero cuando se discute con una pared sorda y perdidamente interesada
de poco sirven los debates políticos. A estas alturas me pregunto: ¿existe realmente una política energética en España? ¿Está realmente el Gobierno buscando el pleno empleo en materia energética, el equilibro económico exterior, la estabilidad
cíclica y el nivel de precios? Se lo voy a decir, señorías: no, en absoluto. Por lógica un Gobierno tendría que conseguir como mínimo dos objetivos: uno, que los costes de la energía para un país sean los mínimos, y dos, que la factura
energética exterior fuera la mínima posible. En España la dependencia de la energía exterior es abismal, pero a pesar de esto el objetivo no es sustituir esta energía importada por otra producida en el propio territorio. Es evidente que en el
Estado español existe una materia prima óptima y evidentemente inagotable: las más de 2.000 horas de sol anuales de media y los más de 3.167 kilómetros de costa. Así



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pues todo parece indicar que la política energética tendría que orientarse hacia la inversión y hacia el desarrollo de tecnologías como la fotovoltaica, la mareomotriz o la eólica. ¿Qué se hace en cambio? Perseguir las energías verdes.


Otro aspecto. Que los precios de la energía bajen y que la cantidad producida sea la más próxima a la que demandan los consumidores es otro objetivo de una buena política energética. ¿Qué se está haciendo? Todo lo contrario; tanto el
Partido Popular como el Partido Socialista han protegido el oligopolio que domina al mercado, intentando de todas las formas posibles, incluso rozando la ilegalidad —como ha puesto de manifiesto en más de una ocasión la Unión Europea—, evitar la
regulación del autoconsumo. En definitiva —y acabo—, ¿cuál es su política energética, señorías del Partido Popular? Es aquella que trata de proteger los derechos históricos de las eléctricas que llevan operando en España varias décadas,
financiando campañas electorales a partidos políticos, y siendo lugar de jubilación de exministros; nada que ver evidentemente con los intereses de la ciudadanía.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.


Damos la palabra al señor Quevedo.


El señor QUEVEDO ITURBE: Señor presidente, le tengo que agradecer muchísimo su sensibilidad con las toses de este diputado. Por cierto, tengo que agradecer a doña Rosa Díez el que me haya proporcionado dos caramelos excelentes, al igual
que al señor presidente, que también me ha proporcionado otro, y que creo que me van a permitir hablar los dos minutos que tengo.


Decía anteriormente que los nacionalistas canarios representamos un territorio donde precisamente el debate sobre qué energías es necesario que impulsemos es algo absolutamente determinante. Teóricamente somos un paraíso para las energías
alternativas, y hemos tenido que denunciar reiteradamente que, lejos de actuar en esta línea, lo que se ha hecho ha sido lo contrario, estimular las energías fósiles, las llamadas energías sucias, y perjudicar notablemente la evolución hacia la
soberanía energética de Canarias. La soberanía energética no puede ser total, pero disminuir la dependencia de energías fósiles por supuesto que es posible, y no es lo que se está haciendo. Lejos de esto, hemos tenido que denunciar, al igual que
se hace en esta moción —y es un elemento que nos ayuda, que nos impulsa, a apoyarla con más contundencia si cabe—, el Real Decreto 1/2012, que no solo no ayudó, sino que en Canarias suspendió la bonificación a las energías renovables, en una
agresión sin precedentes al sector que precisamente debería ser impulsado. Tienen por lo tanto nuestro apoyo, y confiamos en que la repetición de este debate alumbre en algún momento una solución, que no puede ser otra que acabar con la
contrarreforma en materia energética que venimos sufriendo en el Estado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.


Dentro del Grupo Mixto, tiene la palabra ahora la señora Ariztegui.


La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Muchas gracias, señor presidente.


Esta gélida mañana viniendo hacia aquí no podía dejar de pensar en la cantidad de familias que estarán pasando frío, porque no les llega para pagar la factura del gas, de la electricidad. Y quizá la pobreza energética sea la consecuencia
más cruel, pero es solo la punta del iceberg del despropósito de política energética que lleva este Gobierno: política caduca, fallida, y demasiado cara para la población y el medio ambiente.


Lo venimos repitiendo en cada paso que van dando, norma tras norma hacia ese abismo donde las grandes corporaciones tienen cada vez más facilidades para robarnos ese bien común que es la energía. Y hoy volvemos a hacerlo, porque este modelo
fraudulento, basado en la esquilmación de energías fósiles y destrucción de la naturaleza, no responde desde luego ni al deseo ni a las necesidades de la población. Y así podemos suscribir punto por punto las peticiones de esta moción; pero dos
minutos no dan más que para mencionar tres ejemplos de su política que ahora mismo están generando una gran alarma social de respuesta en Euskal Herria.


La primera: desenchúfense de Garoña. Este mismo sábado se ha realizado un simulacro de emergencia para visibilizar las trágicas consecuencias que su reapertura podría tener en la ciudadanía, entre otras la de Vitoria. Una bomba de
relojería a punto de ser activada que tiene responsables concretos: ustedes, señorías del PP, y Endesa e Iberdrola. Lo han pedido todas las instituciones, la sociedad constantemente:



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por favor, no despierten al monstruo. La segunda: no al fracking, abandonen ya sus permisos de investigación para perforaciones por fractura hidráulica. Se lo decimos a ustedes y naturalmente al Gobierno vasco. La sociedad vasca viene
manifestando de muchas maneras su rechazo a esta técnica destructiva y altamente contaminante, contraria a nuestra marcha hacia un modelo basado en energías renovables y contra el cambio climático. Escuchen a la ciudadanía de una vez. Y tres: no
a los proyectos de autopistas eléctricas. No están justificadas, no responden a nuestras necesidades energéticas, sino a los intereses de las grandes multinacionales: exportar la energía a Francia. Respondan, pues, a los miles de recursos y a lo
manifestado en las consultas ciudadanas que se han realizado en todos los municipios afectados. Defiendan de una vez el interés público, aparquen definitivamente sus megaproyectos. Y voy acabando. De verdad no nos dé más razones, ya tenemos muy
claro que solo desde nuestra soberanía podremos desarrollar una política energética que tenga en cuenta las necesidades de todas las personas y de la madre naturaleza. Y pese a quien pese, seguimos avanzando en alternativas para rebajar nuestra
dependencia, y desde luego subir peldaños hacia la soberanía energética.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ariztegui.


Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Intervengo brevemente, señor presidente, para decirle al grupo proponente que en su moción —seguro que no les sorprende— hay cosas con las que estamos de acuerdo y que compartimos —y hemos coincidido en muchas
votaciones en muchas iniciativas en esta Cámara—, y otras con las que no. Justamente hay un problema de fondo y forma, yo creo que esto es un resumen del programa energético de La Izquierda Plural, lo cual evidentemente es muy legítimo; pero,
claro, si al final se presenta como una votación completa es casi como un contrato de adhesión que lógicamente no podemos compartir. Pese a que es tan detallado hay por ejemplo algunos puntos en los que la confusión los hace difíciles de
comprender. Por ejemplo, en el punto 7º, donde hablan de regular un precio social contra la pobreza energética —cosa que como saben compartimos—, y al final añaden una frase misteriosa que dice que el coste de estas medidas repercute sobre los
beneficios de las empresas suministradoras. No sé si quiere decir que son los beneficios los que tienen que financiar unos bonos sociales o qué es exactamente. En fin, eso por lo tanto nos crea un problema. Lo que yo les propongo —espero que nos
lo digan tranquilamente cuando llegue el turno de hablar de las enmiendas— es que acepten el voto por separado de los puntos, porque votaremos muchos, otros en contra como pueden suponer, y en otros nos abstendremos.


Esta es la posición de mi grupo. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente.


Segunda moción de hoy en relación con la política energética. Creo que es significativo. Creo recordar que en junio del año 2013 ya tuvimos ocasión de debatir una moción, también del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, formulada en
unos términos muy similares a los del texto que de nuevo ha presentado este grupo y ha defendido el señor Sanz. Por lo tanto la posición que adoptará mi grupo parlamentario no podrá ser otra, por coherencia, que la que adoptamos en aquella similar
iniciativa de junio de 2013.


El señor Sanz calificaba la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista como a la totalidad, y entenderá el señor Sanz que es bastante difícil compartir plenamente la totalidad de los dieciséis puntos que contiene la moción.
Por tanto, mi grupo también mostrará su posición, que será favorable en algunos puntos, en otros nos abstendremos y en otros será en contra, ya que ha sido anunciada la votación por puntos. Hay puntos que compartimos plenamente y que nuestro grupo
parlamentario ha reivindicado muchas veces. Por ejemplo, la necesidad de fomentar y desarrollar el autoconsumo con balance neto para favorecer la penetración de las energías renovables y la generación eléctrica distribuida, o afrontar una
modificación profunda de los mecanismos de formación de los precios del mercado de producción de energía eléctrica con la apuesta decidida por las renovables y la búsqueda de más y mayor ahorro y eficiencia energética, que emana también de la
iniciativa formulada por La Izquierda Plural.



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No nos podemos oponer tampoco a la propuesta de adoptar medidas para evitar la pobreza energética, que en estos momentos están padeciendo muchos ciudadanos. Al contrario, como bien saben, la Generalitat de Catalunya aprobó la creación del
Fondo de solidaridad energética para impedir la interrupción de los suministros energéticos —gas y electricidad— a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica. Se trata de un fondo dotado con fondos públicos y con aportaciones de
las empresas suministradoras y, como conocen bien sus señorías, el Gobierno del Estado ha recurrido esta medida ante el Tribunal Constitucional, que ha suspendido temporalmente su aplicación. Catalunya ha tomado medidas, el Gobierno del Estado ni
las adopta ni las deja adoptar, con las consecuencias sociales —sobre todo, consecuencias sociales— que tiene su decisión. Por tanto, valoramos positivamente algunos de los puntos de la moción, algunos de los cuales, como decía, han sido
reivindicados también por nuestro grupo parlamentario, por considerar que impiden la sostenibilidad del sistema energético español y porque suponen actualmente una evidente constricción a la competitividad de nuestras empresas y a la recuperación
económica y la creación de empleo.


Como les decía, dieciséis propuestas en su moción nos parecen muy amplias. Señor Sanz, echamos en falta en la moción la visión a medio y largo plazo en materia energética porque esa visión es primordial para generar estabilidad y mayor
seguridad jurídica en el sistema. ¿Qué echamos en falta? Primero, su moción no se refiere a la seguridad del suministro, uno de los objetivos necesarios que debe perseguir cualquier política en esta materia. Segundo, su moción no menciona la
necesidad de acometer de forma decidida las interconexiones eléctricas, cumpliendo los acuerdos europeos al respecto, sabiendo que el Estado español presenta entre unos 20 y 25 puntos porcentuales más de dependencia que la media europea. Tercero,
su moción no contempla a las comunidades autónomas como administraciones con fuerte implicación en el territorio, con fuerte conocimiento de las necesidades del territorio, no contempla el parecer de estas administraciones públicas en la toma de
decisiones en materia energética, especialmente en aquellas decisiones que afectan especialmente al territorio. Todas estas son carencias que vemos en su moción.


Para terminar, señorías, y creo que resumiendo todas las explicaciones que han dado los portavoces anteriormente, en esta materia el medio y el largo plazo es el plano temporal en el que debemos pensar, y es la forma de saber hacia dónde
vamos y cómo queremos llegar. Ya no es el momento de primar la visión cortoplacista frente a la de futuro, porque el impacto de actuar a corto plazo ya se ha demostrado que es un auténtico fracaso.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gallego.


El señor GALLEGO BURGOS: Señorías, tenemos que reconocer que esta moción de Izquierda Unida nos ha sorprendido, han hecho un extensísimo y elaboradísimo tratado sobre literatura energética. Podríamos resumir estas cuatro páginas en tres
palabras: no a todo. Repito, no a todo. A Izquierda Unida no le gusta nada de lo que hace el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, nada está a su gusto, todo lo hacemos mal, y uno se pregunta: ¿Algo hemos hecho bien? Tampoco. Para
Izquierda Unida todo está mal. Piden cambiarlo todo y adoptar unas fórmulas, que son las suyas, que no se han adoptado nunca en ningún sitio, porque ustedes nunca han gobernado este país. Encima piden seguridad jurídica. Dicen: Vamos a cambiarlo
todo y vamos a reclamar seguridad jurídica. (Rumores). No les gustan las subastas de energía, quieren que las renovables destinadas al autoconsumo no paguen impuestos, quieren que cerremos las centrales nucleares, están en contra del fracking,
quieren que seamos el único país del mundo que no investigue si tiene o no petróleo; gruñen por lo del Castor, para que tampoco construyamos el ATC. Y, en paralelo, piden energía más barata y gratis para 7 millones de personas; eso es lo que dice
su moción, o lo decía en diciembre, porque hoy están hablando ya de 9 millones de personas. En la moción aparecen 7 millones de personas que sufren pobreza energética —eso lo decían en diciembre—, hoy hablan ya de 9 millones; en dos meses son 2
millones más el número de personas que sufren esa hipotética pobreza energética.


Los dos grandes objetivos del Gobierno del Partido Popular en esta materia han sido tratar de reducir la dependencia energética española y hacer del sistema eléctrico español un modelo sostenible desde el punto de vista financiero y
medioambiental. Importamos cada año el 99 % de los hidrocarburos que consumimos; cada día nos gastamos 100 millones de euros en hidrocarburos. ¿A que es una barbaridad? ¿A que eso nos hace vulnerables? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Resignarnos?
¿No investigamos? ¿No



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investigamos si en España hay petróleo? ¿Nosotros tenemos que renunciar a lo que hacen esos países que tanto les gustan a ustedes, como pueden ser Venezuela o Ecuador? ¿Ellos sí pueden investigar? Los españoles no podemos investigar si
tenemos petróleo en nuestras costas. ¿Conoce algún país del mundo que no investigue si tiene petróleo o no? ¿Hay algún país que renuncie a eso? Yo no conozco a ninguno.


Sobre la sostenibilidad del sistema, quiero hacer dos referencias. Desde el punto de vista ambiental, le doy dos datos: el 42 % de toda la energía que se produce en España procede de energías renovables, cogeneración o biomasa —el 42 %—.
Ustedes piden que se les garantice una rentabilidad razonable a las empresas, a las renovables. Por ley hemos garantizado el 7,5 %. ¿No les parece razonable el 7,5 % por ley? ¿Conocen ustedes muchos negocios en este país que ganen por ley un 7,5
%? ¿No les parece razonable garantizar una rentabilidad del 7,5 %?


Del punto de vista financiero nadie ha hablado. Está muy bien hablar de la energía, pero han omitido que este Gobierno se encontró 26.000 millones de euros —poca cosa— de déficit de tarifa. Ni uno de los ponentes anteriores ha hecho
referencia a esta cuestión. Tampoco han dicho que durante los últimos doce años España ha generado déficit eléctrico y que el año pasado, 2014, va a ser el primer año en que ya no va a generar déficit eléctrico el sistema español. Para que pueda
ser viable esto tiene que ser pagable, y sus propuestas hacen que esto no sea tan pagable.


Sobre los precios de la energía, en el año 2008 se incrementaron el 10 %, según el Instituto Nacional de Estadística; en el año 2009, el 10,9 %; en el año 2010, el 5,9 %; en el año 2011, el 17,7 %; en el año 2012, un 6,8 %; en el año
2013, según ha dicho esta mañana el ministro de Industria, ha bajado el 3,1 %; y en el año 2014, el 4,5 %. En el último mandato del Partido Socialista la factura eléctrica subió un 52 %. Me extraña, por tanto, la intervención que ha hecho el
señor Segura. Un 52 % subió la luz, la tarifa eléctrica en este país, y hacen veintitrés propuestas para hacer un sistema sostenible. Lo podían haber aplicado en su momento, porque un 52 % me parece muy elevado.


Tampoco nadie ha dicho nada —me parece bastante sorprendente, por lo menos poco equilibrado— sobre que este mes se inaugurará la interconexión eléctrica con Francia —antes hablaban de Europa—. Red Eléctrica Española va a hacer la mayor
inversión de la historia para permitir esa interconexión, para doblar nuestra capacidad —nadie hace ninguna referencia a esa cuestión—; va a ayudar a que el mix sea más renovable, va a ayudar a que el precio de la energía baje. No ha habido ni una
sola referencia a esto, y se inaugura este mismo mes.


Sobre la política energética, ¿esta política energética ha ayudado a salir de la crisis? Sí. ¿Ha ayudado a que España hoy crezca el 2,3 %? Según Europa, no según el satánico portavoz del Partido Popular, tranquilos. Europa dice que vamos
a subir el 2,3 %, Europa, no el Partido Popular. ¿Ha contribuido en algo la política energética? Yo creo que sí. ¿Cuál es el objetivo? Crear empleo, crecimiento económico. ¿Eso reduce la pobreza energética? Sí, y la no energética, la pobreza.
Se trata de crear empleo. Mientras tanto, ¿qué va a hacer el Gobierno? Va a seguir manteniendo el bono social, que tampoco habla nadie de él: 2.467.290 familias españolas se benefician del bono social de la electricidad. Yo creo que también está
bien que pongan en valor esa cuestión.


Acabo con un consejo. La mejor política social es lo que les he dicho: crear empleo, que el país crezca, políticas rigurosas, razonables, y no la demagogia energética —concepto clarísimo— y el populismo por miedo a que los telepredicadores
les roben la cartera electoral.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gallego.


Señor Sanz, ¿cómo vamos a enfocar la votación?


El señor SANZ REMÓN: La votaremos por separado.


El señor PRESIDENTE: O sea, que no acepta usted la enmienda y votaremos por separado.


Muchas gracias.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS PERMISOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS EN CANARIAS Y EL MEDITERRÁNEO. (Número de expediente 173/000193).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre los permisos de investigación y exploración de hidrocarburos en Canarias y el Mediterráneo.


Para su defensa tiene la palabra doña Patricia Hernández.



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La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señor presidente.


El empecinamiento del Gobierno de España y del ministro de Industria por poner en peligro el mar, las playas, las costas y el futuro —el futuro económico también— de Baleares, de la Comunidad Valenciana y de Canarias sigue pendiendo como
espada de Damocles sobre estos territorios. Las luces de alarma están encendidas incluso en Canarias, pese a que Repsol anunciara que no seguirá con los sondeos por haber encontrado solo gas en una de las cuadrículas y de escasa calidad comercial.
Aun así, les decía, continúa la incertidumbre, precisamente por la prepotencia que en todo este polémico asunto ha esgrimido el Gobierno de España, que durante tres años ha ninguneado al Gobierno de Canarias, al de Baleares, a los ayuntamientos, a
la comunidad científica, a la universidad, a los ecologistas y a los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades afectadas.


Señorías, Canarias ya ha soportado unos riesgos que no tenia por qué haber asumido. El Partido Socialista no quiere que estos riesgos los asuman en Baleares, en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Málaga. Por ello, en la moción
que hoy defendemos y para la cual pido el apoyo del resto de los grupos instamos al Gobierno de España a suspender los permisos en aguas del Mediterráneo. No queremos riesgos, ni sobre los fondos marinos ni sobre las playas ni sobre nuestras
fuentes de ingresos —el turismo— ni incluso sobre nuestro recurso vital, el agua dulce, que, como comentaba en la interpelación, en Lanzarote y Fuerteventura el 90 % proviene de agua desalada, de manera que un posible vertido dejaría sin agua en una
primera instancia en torno a 200.000 habitantes, más los turistas que nos visitan. Pero es que además, aparte de lo que hablábamos de los permisos de las Islas Baleares, ante el comunicado de Repsol, que ha dicho claramente que no va a hacer más
prospecciones en las islas, que se van, nos enmendamos a nosotros mismos para que el Ejecutivo haga valer la previsión del artículo 34.1.c) de la Ley de Hidrocarburos y dé por resueltos los permisos de Canarias. Si no es así, nos van a tener que
explicar por qué. No tiene sentido que digan ahora que quieren mantener abierto un expediente cuya empresa promotora dice que no tiene ningún interés en ejecutar.


También me gustaría —es una pena que no esté, pero seguro que se lo pueden comentar, porque siempre se lo comentan todo— que el ministro nos explique por qué hace algunas semanas amenazaba incluso a Repsol con imponerle una multa de 6
millones de euros si no hacía el segundo sondeo. Sinceramente, esto no es serio. ¿Por qué esa inquina del ministro de Industria a su tierra? ¿Por qué insiste en poner en riesgo nuestra fuente de riqueza, nuestro futuro y nuestro presente? ¡Son
tantas las dudas sobre la legalidad de los expedientes, tantas las incertidumbres, tantas las cosas que están en peligro, tanto lo que podemos perder, que lo prudente, lo aconsejable, lo razonable, lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren
es que se suspendan los permisos de investigación y las prospecciones! Pero es que, además, resulta ahora que Repsol dice que se va. Zanjen este tema de una vez. Háganlo en Baleares, en Canarias y en la Comunidad Valenciana. Aprovechen que Repsol
considera innecesario seguir explorando en aguas cercanas a Canarias. El ministro de Industria debe anular, por tanto, de forma urgente todos los permisos. Acaben con un proyecto que nadie ha entendido ni querido nunca en Canarias. De lo
contrario, seguiremos pensando que lo que hay detrás es una pantomima de trasladarse a Angón para paralizar provisionalmente las prospecciones para que esto no afecte al interés electoral del Partido Popular en Canarias. Si no hay ningún interés,
¿cuál es el problema en que se revoquen esos permisos? Llevan tres años cometiendo un error, no lo mantengan. Tienen que tomar una decisión y creo que de esto estamos hablando. Utilícenlo como catalizador.


Ya se ha hablado en la anterior moción, todos los grandes países de la Unión Europea ponen su foco en las renovables. Su política de devaluación ambiental solo es comparable con la de la devaluación laboral. La política de los países de la
Unión Europea se basa en la certeza de que la lucha contra el cambio climático es la lucha del siglo en el que estamos. Sin embargo, ustedes no sé si son conscientes de que esta actuación, que va en contra de esa actuación de la Unión Europea, va
en contra también de la consecución de los objetivos que también han firmado como país. Los grandes países de la Unión Europea trabajan en un modelo energético que apueste claramente por las renovables. Alemania, Gran Bretaña, Francia, ellos ponen
su mirada en el futuro, pero en un futuro que ustedes ni ven ni les interesa. Reaccionen. No ha existido ni un solo intento en este proceso en el que el Gobierno de España haya intentado llegar a un acuerdo ni con la Comunidad Autónoma de
Baleares, ni con Canarias. No ha existido ni un solo intento de convencer a la población afectada y darles sus argumentos. Si el Gobierno de España tiene argumentos, ¿por qué no los ha querido nunca exponer, por qué no ha querido nunca debatir,
por qué no ha tenido ni un mínimo de lealtad institucional en este asunto? A día de hoy todavía no han tenido tiempo ni de contestar las peticiones del Gobierno de Canarias o del Parlamento.



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La moción consta de varios puntos. El primero, una transición energética hacia un modelo ambiental sostenible. El segundo —es evidente—, suspender con carácter inmediato los permisos y revocar los de Repsol ya que no los quiere. El
tercero —me parece de lógica—, modificar la Ley de Hidrocarburos de manera que aquellos que tienen las competencias, por ejemplo en turismo o en pesca, en las materias que afecten a la comunidad autónoma tengan que emitir sus propios dictámenes. Y
la cuarta, la paralización de la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y fracking y suspender, por tanto, las autorizaciones concedidas en tanto en cuanto no se tengan informes concluyentes que descarten la existencia de riesgos
ambientales ligados a dicha actividad. Nosotros aceptaremos las enmiendas números 5 y 4 de La Izquierda Plural y estamos en conversaciones con el resto de los grupos para poder hacer transaccionales sobre la base de las enmiendas que nos presentan.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hernández.


En efecto, como ha dicho la señora Hernández, hay varias enmiendas formuladas por el Grupo de La Izquierda Plural y para su defensa tiene la palabra la señora Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.


Señorías, hoy acumulamos debates sobre el modelo energético en España y esto debe ser precisamente porque es un Gobierno que acumula despropósitos, descrédito y denuncias internacionales; un Gobierno y un ministro que no tiene límites de
capacidad de hacer el ridículo y también con una voluntad ilimitada de doblegarse ante los intereses de las multinacionales. Es un obcecamiento —como decía la diputada que me precedía— irresponsable y que pone en riesgo nuestros mares, nuestra
economía y también nuestro futuro. De hecho, este no es el primer debate sobre prospecciones y nuestro grupo también ha traído esta cuestión a esta Cámara en el último debate sobre el estado de la Nación. Hemos estado especialmente activos
trayendo a este Pleno propuestas sobre las prospecciones, sobre el modelo de fracking, que también es una cuestión que hemos denunciado, o la temeridad que supone poner en riesgo nuestros espacios naturales o también la cuestión del Castor. Todo
tiene que ver con una ausencia absoluta de una hoja de ruta coherente con la situación de crisis climática y energética en la que estamos inmersos.


Tenemos un límite ambiental y económico al sistema energético actual, basado en la quema de combustibles fósiles y para ustedes esto es como si no existiera. Todos los estudios indican precisamente que debemos descarbonizar la economía. El
panel internacional de cambio climático y también el estudio reciente del instituto de recursos sostenibles británico indican que si queremos tener un 50 % de probabilidades de mantener un aumento de la temperatura del planeta por debajo de los dos
grados, es decir, en resumidas cuentas, si queremos reducir a la mitad, no a cero, la probabilidad del desastre, debemos mantener un tercio de las reservas actuales de petróleo, la mitad de las de gas y el 80 % de las de carbón bajo tierra. Eso
implica las decisiones del presente, eso deberíamos tenerlo en cuenta si queremos ser responsables a la hora de planificar nuestra política energética. Eso significa decidir ahora que renunciamos y transitamos a una economía independiente de los
combustibles fósiles y tenemos que diseñar esa transición justa, promocionando empleo en aquello que sí genera futuro: las renovables, el ahorro y la eficiencia. Esa es precisamente una de nuestras primeras enmiendas.


Decimos las cosas sin paliativos: esto es inaplazable y es inaplazable también poner objetivos ambiciosos de reducción de emisiones, pero también de renovables y de eficiencia energética. Luego, más allá de planificar, los despropósitos
pueden ser mayores y en España tenemos un ministro que precisamente ha sido un máximo exponente de esos despropósitos, ha hundido la energía solar, pero insiste, en contra del territorio y del propio pueblo, en contra de todos los informes
internacionales y también de los sectores económicos de su territorio, en el petróleo. Sabemos que España no es El Dorado, y eso lo sabíamos antes de empezar este sainete de las prospecciones en Canarias. España es rica en sol, en viento, en
diversidad terrestre y marina, pero eso a Repsol no le convenía. Cuando se ve que ni para Repsol es viable —y lo dice claramente—, entonces pataleta del Gobierno y dice que sí o sí hay que continuar con las prospecciones. Después de arrastrarse,
de modificar declaraciones de impacto ambiental hechas a medidas, de modificar los lugares de interés comunitario en función de los intereses de Repsol, ahora queda realmente al aire cuál ha sido el papel de este Gobierno y ha sido la empresa la que
les ha dado con la puerta en las narices.


Nuestras enmiendas van en este sentido. En primer lugar, ese plan de transición energética con objetivos ambiciosos, no retórica, sino con objetivos. También pedimos declarar el Mediterráneo occidental



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y las aguas de Canarias libres de prospecciones. No apostemos por este modelo ni en Canarias ni tampoco en Baleares, pero tampoco en el Delta del Ebro o en el Golfo de León, que están haciendo auténticos despropósitos también en la gestión.
Otra enmienda es añadir la garantía de participación pública en la evaluación ambiental cuando se reabran expedientes, que es una constante, impedir precisamente el acceso de interesados y de la sociedad en esos expedientes que se reabran, un
proceso hecho a medida de las empresas. También proponemos que los permisos pasen por un procedimiento de evaluación ambiental integrada para evitar la fragmentación. Queremos, como mínimo, exigir las máximas garantías. Se han empecinado tanto en
esta cuestión que han hecho un ridículo estrepitoso, como mínimo hagamos las cosas bien a partir de ahora. Prospecciones, ni en Canarias ni en el Mediterráneo. Este no es el futuro para este país. La dependencia energética se combate con
renovables y con ahorro y eficiencia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.


Turno de fijación de posiciones. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, tiene la palabra el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.


Cantaba Machín cómo se puede querer a dos mujeres a la vez y no estar loco. Es lo que les pasa al PSOE y al PP en este tema, porque fue el Gobierno del PSOE el que autorizó las prospecciones de petróleo en el Mediterráneo y en Canarias, y
hoy en la oposición presentan una proposición para suspenderlas. ¡Aleluya! Por fin, sentido común y bienvenidos. Hace cuatro años, un destacado diputado del Partido Popular, el eurodiputado señor González Pons, interpelaba al ministro Sebastián
sentado en el banco azul. Maldita hemeroteca. Decía cosas como estas: Estamos en el tiempo no ya del oro negro, sino del oro verde. Por eso el Congreso de los Diputados le pidió al Gobierno que no hiciera prospecciones ni frente a la Albufera de
Valencia, ni frente al Parque Natural de las Islas Columbretes, ni frente al Delta del Ebro, ni frente a la playa de Gandía. No quisiéramos pensar que se autorizan prospecciones petrolíferas solo porque se trata de la Comunidad Valenciana, porque a
la Comunidad Valenciana se la ha perseguido desde el Gobierno central. El día que se explote el petróleo delante de la Albufera se acabó un parque natural, se acabó la circulación de cetáceos, se acabó la pesca, se acabó la pradera de Posidonia, se
acabó el turismo. Por último, se puso poético y dijo: Los valencianos tememos al chapapote y a no volver a ver eclipses de luna sobre el Mediterráneo porque nos los tape una torre petrolífera. Nunca, nunca he estado tan de acuerdo con el señor
González Pons. Un crac. Estoy completamente de acuerdo.


Señorías del PSOE, señorías del PP, si estamos de acuerdo, no hay problema, suspendamos los permisos y autorizaciones de exploración de hidrocarburos en el Mediterráneo y en Canarias. Votemos todos a favor y se acabó. Pero, como el PP dirá
Diego donde dijo antes digo, unas preguntas fáciles de contestar. Hay un informe desfavorable del ministerio. ¿Ha comenzado la exploración de la empresa? ¿Va a comenzar en breve? ¿Van a suspender de una vez por todas las prospecciones en el
Mediterráneo? Sean claros.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.


Señor Quevedo.


El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, de nuevo, señor presidente.


Esta vez prometo no utilizar la técnica de la tos para tener un minuto más. Los nacionalistas canarios apoyaremos esta moción defendida por la portavoz del Grupo Socialista porque hace referencia a un asunto, que es el de las prospecciones
petrolíferas, sobre el que los nacionalistas canarios hemos consumido una gran cantidad de energía y en el que nos hemos encontrado de frente con una defensa numantina de los intereses de Repsol por parte del Gobierno de España y muy especialmente
del ministro de Industria, Energía y Turismo, señor Soria, hasta el punto de ofender la inteligencia. Lo que no es razonable es desestimar e ignorar la enorme cantidad de protestas que desde los más amplios sectores en Canarias se generaron contra
esta prospección. Aun así, esto se hizo y tan se hizo que, al final, tuvimos que soportar la vergüenza de que la Armada Española defendiese a un buque de bandera liberiana y acabase pasando por encima de una embarcación de Greenpeace, que nos
pareció un buen ejemplo de hasta dónde se estaba dispuesto a llegar para defender algo que no queremos. Y si no, lo consultamos, que fue otra propuesta que hicimos los nacionalistas y que también se nos rechazó. Ahora, fíjense en lo más dramático,
es Repsol la



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que decide abandonar las prospecciones y con pataleta, como ya se ha dicho aquí muy bien, se le dice que siga prospectando porque se lo decimos nosotros. Qué oportunidad para —ya que quiere salir disparada la compañía petrolera que ha
instado a todo esto y al enemigo que huye puente de plata— suspender los permisos en Canarias y en el Mediterráneo, porque si no es así todos tendremos la sospecha de que nos vamos a volver a llevar un disgusto más pronto o más tarde en esta
materia. Qué oportunidad para corregir, para mejorar y para evolucionar en el sentido favorable al interés general.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.


Señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señor presidente.


El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs en Castellón ha abierto una causa por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor y ha imputado a 18 personas por presunta
prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales. En concreto, la denuncia de la fiscalía se dirige contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de
Industria que intervinieron en la tramitación de dicha concesión. Esto sí, por ahora Escal UGS, la sociedad participada con más del 60 % por ACS, ha cobrado ya, como se ha dicho también aquí, la indemnización por el cierre del almacén submarino de
gas Castor. El pago ya ejecutado ha sido de más de 1.300 millones de euros de compensación para la empresa presidida por uno de los grandes amigos del Partido Popular, por don Florentino Pérez. Es curioso también que el PSOE en una moción que
habla sobre explotaciones de hidrocarburos en el Mediterráneo olvide que fueron ellos quienes impulsaron el proyecto Castor y a la luz del riesgo medioambiental y ciudadano no solicite la paralización definitiva del mismo.


Respecto al fracking queremos dar un aviso a navegantes. Queremos alertar a las empresas del sector de hidrocarburos y al Gobierno del Partido Popular, queremos advertir a todos aquellos que quieran invertir y apostar por la fracturación
hidráulica. Sepan ustedes que se mueven en terreno revuelto, porque esto al territorio no gusta ni mucho ni poco y la contestación social a esta práctica es cada vez más creciente. Es una apuesta errónea desde una perspectiva energética, también
económica, evidentemente ecológica y estratégica.


Acabo. El Gobierno y las empresas deben saber que en unos meses una nueva mayoría en este Parlamento va a derogar cualquier permiso a esta práctica nociva, a esta fiebre gasística que solo esconde intereses especulativos. Sepan también que
en Cataluña, en la nueva república catalana, tampoco se va a practicar esta atrocidad porque ya a día de hoy el Parlament català ha derogado cualquier permiso de fracking y el nuevo país que vamos a construir apostará evidentemente, decididamente
también, por las alternativas limpias de producción eléctrica que no supongan ningún riesgo para la salud.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Jordà.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Señor presidente, intervendré brevemente para decir que no podemos apoyar esta moción por argumentos que he repetido hasta la saciedad, hasta yo me aburro. Hay muchas iniciativas que se han presentado en Pleno
y en Comisión, no digo en contra ya de determinada política energética o determinada iniciativa de explotación de hidrocarburos, sino de algo que solo se puede calificar de pensamiento mágico, que es prohibir los hidrocarburos; es decir,
prescindimos de ellos, no queremos usarlos, no nos da la gana. Es decir, una especie de política que sería interesantísima en el País de Nunca Jamás de Peter Pan, pero que en el mundo real francamente no tiene futuro. Todos los estudios que he
leído sobre de dónde procede la energía que usamos estiman entre el 70 % como mínimo y el 88 % como máximo, que es una enorme cantidad, el porcentaje de energía primaria que procede de los hidrocarburos. Yo lo que le pregunto a la proponente:
¿está en condiciones de prometer a Canarias que si mañana mismo Canarias no tiene una gota de petróleo todo va a funcionar como ayer o como hoy? Evidentemente no puede y entonces, ¿qué es lo que se hace? Ella misma lo ha resumido muy bien y ha
dicho una frase en este sentido muy sincera: No queremos riesgos. No querer riesgos en la vida está muy bien, es una aspiración, pero no tiene nada que ver con la realidad. Hay riesgos y hay que asumir riesgos y además hay que asumir riesgos
controlados, porque si no lo que se está haciendo es derivar los riesgos



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a terceros países, por ejemplo, a vecinos de Canarias africanos como Nigeria, grandes productores de petróleo con pésimos controles de calidad medioambiental y de seguridad en las explotaciones, que se ha cargado medio delta del río Níger
debido a la falta de controles ambientales. No sé, supongo que ya le han informado de esto. Las islas Canarias son unas islas fascinantes, magníficas, yo voy siempre encantado, pero no son un planeta aparte, están en un planeta que se llama
Tierra. Si usted no quiere explotar hidrocarburos en aguas territoriales cercanas a Canarias en condiciones de seguridad, como lo hacen Canadá, Noruega, Escocia, muchísimos países en todo el mundo, lo que está haciendo es derivar los riesgos hacia
países del tercer mundo. Eso es lo que está haciendo. Porque usted va a consumir el mismo petróleo que ahora y al precio que le pidan, eso sí, que por cierto ha bajado de una manera espectacular gracias también a otro demonio que siempre recorre
esta Cámara, a veces dan ganas de llamar al exorcista, al fracking, el mal de los males, que ha conseguido una caída drástica del precio del petróleo y también que se hayan paliado en parte los efectos de la crisis económica.


Nosotros siempre estaremos en la misma posición. Cuando haya peticiones de exploraciones de hidrocarburos, muchas de las cuales están vigentes por cierto porque son autorizaciones que dieron los Gobiernos socialistas, no el actual Gobierno
sino los Gobiernos socialistas, en su momento con el apoyo entusiasta de Coalición Canaria, en aguas canarias, nosotros estaremos siempre a favor de que se exijan las máximas garantías medioambientales de sostenibilidad y rentabilidad para esas
exploraciones. Pero para negarnos o para apoyar la prohibición de la investigación, no cuenten con nosotros, para eso en la Edad Media tendrían socios mucho mejores, desde luego nosotros no.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, el señor Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, señor presidente.


Tercera moción, como decíamos, que hoy debatimos en materia energética. En este caso y no es la primera vez, ya sea en el Pleno o ya sea en Comisión, recuerdo en Industria, hemos atado este tema tanto en relación con las autorizaciones de
investigación y de exploración de hidrocarburos en Canarias como en el Mediterráneo. Mi grupo aborda la moción formulada por el Grupo Parlamentario Socialista basándose en tres perspectivas. Una primera, que no podemos obviar, es que todo aquello
que signifique mantener una intensificación de nuestra dependencia de combustibles fósiles y, por tanto, no ir hacia una profundización en ahorro, en eficiencia energética, en promoción de las energías renovables, hacia una energía más distribuida y
que fomente el autoconsumo en estos momentos no encaja con una visión estratégica de la energía y más teniendo en cuenta el marco de los actuales objetivos del paquete de energía y clima en la Unión Europea en el horizonte 2030, y a ello me he
referido en la anterior moción que hemos debatido. Pero a mi grupo tampoco se le escapa que todos aquellos procesos de investigación que en este materia puedan darse, siempre valorando de manera muy precisa los costes y los beneficios que de ello
pudieran resultar para tomar una decisión óptima que responda al interés general y asegurando la evaluación ambiental, podrían aportar una gran ventaja para reducir la dependencia en la importación de gas y petróleo y aportar inversión y empleo.
Tampoco se nos escapa.


Una segunda perspectiva es la competencial. No hay ninguna referencia en la moción al aspecto competencial. Quiero recordar que la competencia para la autorización de prospecciones e investigación de hidrocarburos en la zona de dominio
público marítimo es competencia exclusiva del Estado, cierto, y la legislación actual es muy clara al respecto, como decía, pero no es menos cierto que también debemos considerar que para tramitar cualquier permiso o proyecto de investigación en el
dominio público marítimo, conocer el parecer de las comunidades autónomas afectadas debería ser preceptivo, debería contarse con un informe de la Administración más cercana al territorio, teniendo en cuenta la importante repercusión que pueden tener
sobre el territorio proyectos como estos.


Una tercera y última perspectiva es la del impacto de la autorización de esos proyectos de prospección e investigación. Incrementar la evaluación de impacto ambiental, exigir más estudios, estudios relativos al impacto que podrían tener
estas autorizaciones, creo que es una medida que podemos todos compartir, y es necesario establecer de una manera más precisa los costes y los supuestos beneficios que de ello podrían resultar para que se tome una decisión óptima que responda al
interés general de manera satisfactoria.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Mariscal.



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El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señor presidente.


Después de escuchar a los portavoces del resto de los grupos parlamentarios tengo la sensación de haber estado ante un homenaje al realismo mágico latinoamericano más que en un debate técnico y científico acerca de un problema que no solo
afecta a España sino al resto de la Unión Europea. Por tanto, voy a intentar ir a la cuestión y alejarme de ese realismo mágico que es lo que he escuchado fundamentalmente de boca de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que ha tenido un
discurso, a mi modo de ver, absolutamente irresponsable, cargado de tipismos, poco técnico y poco serio, habida cuenta del asunto que hoy nos trae aquí.


Mi pregunta es, ¿dónde está la catástrofe que se nos anunció a raíz de las prospecciones que se iniciaron en Canarias el 18 de noviembre de 2014? ¿Dónde está la catástrofe que se nos anunció? Después de ese trabajo a más de 3.000 metros de
profundidad, hemos tenido la mala noticia de saber que no existe ni el gas ni el petróleo en las condiciones adecuadas para su extracción. Digo que es una mala noticia porque, como bien sabrán ustedes, los más de 12 millones de turistas que llegan
cada año a los aeropuertos de Canarias aterrizan en aviones que van, evidentemente, cargados de combustible. Por tanto, mala noticia para el coste del transporte aéreo. Mala noticia para el aprovisionamiento de nuestras islas, porque más del 90 %
del alimento llega en barcos que también usan como carburante derivados de los hidrocarburos. Mala noticia también para nuestra industria, que apenas representa un 4 % de nuestro producto interior bruto y que no podrá ampliar su ámbito de actividad
económica. Mala noticia para la dependencia energética española, que en el caso del petróleo alcanza los 37.000 millones al año, 100 millones de euros al día. Esta cifra es importante que la tengamos en cuenta y la pongamos en valor, a tenor de
que los ingresos derivados del turismo en España alcanzan los 63.000 millones de euros; 37.000 millones de euros que atacan y van directamente contra la balanza comercial de nuestro país. Iba a decir al principio antes de intervenir hoy y de
escuchar al resto de intervinientes que nos encontrábamos ante una ceguera energética, pero después de escuchar a la compañera y diputada del Partido Socialista creo que estamos ante una especie de podemismo energético, una nueva radicalidad más
para buscar un espacio que, desconozco bien, a qué camino les va a conducir. Al que desde luego sí les conduce es al de la hipocresía, porque se dijo una cosa en su momento y ahora otra: Coalición Canaria pidió competencia en materia de
hidrocarburos en los programas electorales y por parte del Partido Socialista su secretario general —su actual jefe— dijo que había que hacer prospecciones en Canarias con los ojos cerrados sin hablar en ningún caso de protección medioambiental.
Tampoco entre 2004 y 2011, siendo Zapatero presidente del Gobierno, se anularon los permisos. Insisto, hipocresía. Quiero pensar que es hipocresía y que no es ignorancia, porque después de escucharla la verdad es que tengo dudas entre estas dos
palabras, hipocresía o ignorancia.


Hablan de riesgos medioambientales. Tenemos la legislación medioambiental de protección para prospecciones y exploraciones más relevante de toda la Unión Europea y la más garantista. Se ha modificado la Ley de Evaluación Ambiental para
contemplar la obligación de establecer programas de análisis sismológico, cuestión que no ocurría hasta esta modificación que ha hecho el Partido Popular y ni ocurrió con las anteriores 689 prospecciones que se han realizado en nuestro país, señora
Hernández. También se ha modificado la Ley de Responsabilidad Medioambiental para obligar a un mayor control sobre los vertidos y a incluir la Directiva europea 30/2013, relativa a las prospecciones, investigaciones y extracciones mar adentro.


Propongo al resto de grupos parlamentarios que entendamos que cuando hablamos de energía hay que centrarse en tres pilares fundamentales. Primero, no se puede renunciar a una tecnología sin ofrecer una alternativa, de lo contrario estamos
en la demagogia. Finalizando esta legislatura, sería hora de que en energía abandonáramos la demagogia y nos centráramos en asuntos técnicos, científicos y comprobados. Insisto, que abandonáramos ese podemismo ideológico, ese podemismo energético
que se ha introducido en el debate de hoy. En segundo lugar, no existen tecnologías de izquierdas ni tecnologías de derechas. No existen centrales nucleares en España de centroderecha ni existen centrales nucleares en Francia, 59, socialistas.
No, existen tecnologías sostenibles medioambiental y económicamente. Esa apuesta por la sostenibilidad económica y medioambiental es lo que ha hecho este partido, este Gobierno del Partido Popular y su ministro José Manuel Soria. ¿Cómo? Creando
las condiciones para el desarrollo de la energía renovable en España porque, como usted bien sabrá, en el mix energético español más del 40 % de la producción eléctrica ya viene de la energía renovable. ¿Cómo se consigue eso? Haciéndolas
sostenibles financieramente, es decir, que se van a poder financiar estas inversiones con una rentabilidad razonable, independientemente de la situación en la que nos encontremos y, además, hemos introducido



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una modificación que hace que cuanto más viento y más sol tengamos en nuestro país más barata será la factura eléctrica. En tercer lugar y por último, quiero decir que cuando hablamos de energía hablamos de seguridad nacional y es un
concepto que no he escuchado a ninguno de los anteriores intervinientes. La reducción de la dependencia energética es una obligación de todos los países y también lo es ya en la Unión Europea y eso obliga a todos los países a conocer cuál es el
potencial de sus recursos y a investigar qué recursos posee. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo: en Estados Unidos, derivado del trabajo de investigación Shale gas, shale oil & tight oil, el coste de la generación eléctrica, utilizando estos
hidrocarburos —shale gas, shale oil y tight oil—, es de 11 euros megavatio/hora. Las empresas españolas que quieran competir con esas empresas americanas pagan 29 euros. Por tanto, cuando hablemos de deslocalización industrial, cuando hablemos de
ese nuevo marco energético tengamos en cuenta que estamos en un mundo extraordinariamente interdependiente y globalizado y que este tipo de debates exigen, insisto, más criterio y, si me permiten, un poco más de lectura.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mariscal.


Señora Hernández, ¿admite la enmienda?


La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Mi enmienda, la del Grupo Socialista, evidentemente sí, y las 4 y 5, de Izquierda Unida. Con las otras, me gustaría elaborar una transaccional con los grupos parlamentarios que han mostrado su disposición a
participar.


Señor presidente, le pido que me deje aclarar una falsedad que han repetido tres portavoces, un error.


El señor PRESIDENTE: Tiene usted dos minutos, pero para referirse a lo que usted denomina falsedad no para reabrir el debate.


La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Se han equivocado. Les miro con ternura porque decir que yo estoy equivocada o no me he estudiado el tema cuando…


El señor PRESIDENTE: Céntrese en el punto concreto.


La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Estaba hablando con usted. Ya sabe que le tengo cariño y le comento que miro con ternura a los portavoces.


Me dirijo a los tres, a Baldoví, al portavoz de UPyD y al portavoz del PP, que hablaban con cierto paternalismo. Miren, las prospecciones en Canarias se autorizaron por el señor Aznar en el 2001, fueron paralizadas por el Supremo ante un
recurso de un socialista en 2004 y en 2012 las autorizó el señor Rajoy; es decir, el señor Zapatero —recojan velas, desdíganse—, no aprobó ninguna prospección en Canarias.


Muchas gracias. (La señora Grande Pesquero: ¡Muy bien! Clarito, clarito.—Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, si alguien de los aludidos pide la palabra, se la daré, claro.


Señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: ¿Diría lo mismo de las prospecciones de Valencia? Yo me he referido a las de Valencia. (La señora Grande Pesquero: Y a las de Canarias). Si las de Canarias, no, ¿las de Valencia las autorizó un Gobierno
socialista, sí o no? ¿Sí o no?


El señor PRESIDENTE: Basta, señor Baldoví, ya lo ha dejado claro.


Señor Mariscal.


El señor MARISCAL ANAYA: Señora Hernández, escúcheme, le voy a hacer una afirmación. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señor Mariscal, estamos con un punto único.


El señor MARISCAL ANAYA: Una afirmación: ¿algún Gobierno socialista entre los años 2004 y 2011, algún ministro de Industria llevó al Consejo de Ministros la derogación de la autorización? (Rumores). No. Por tanto, como no llevaron la
derogación, quien no deroga, autoriza. (La señora Grande Pesquero: ¡Ya está, quien no deroga, autoriza!—Risas y aplausos).



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El señor PRESIDENTE: Creo que han quedado suficientemente claros los puntos de vista de todos. (La señora Grande Pesquero: Sí, ha quedado muy claro).


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA SUPRIMIR EL AFORAMIENTO DE LOS DIPUTADOS, SENADORES Y GOBIERNO. (Número de expediente 173/000194).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para suprimir el aforamiento de los diputados, senadores y Gobierno.


Para defender esta moción, tiene la palabra la señora Díez. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.


A pesar de la hora, me gustaría que utilizáramos este debate, más allá de cuál sea el resultado de la votación final que se celebre mañana, para hacer un ejercicio siquiera de pedagogía democrática compartido por todos nosotros; no un
ejercicio mío, sino un ejercicio de pedagogía de la Cámara. Ha de hacerse no solo para escucharnos a nosotros mismos, que siempre es interesante, sino para que nos entiendan los ciudadanos que nos puedan estar viendo sobre lo que hoy vamos a
debatir que es, como ustedes saben muy bien, la necesidad, a nuestro juicio, de revisar y en nuestro caso, esta es nuestra propuesta, suprimir el aforamiento.


Para que los ciudadanos nos entiendan, deberíamos empezar por no confundir. No estamos hablando de suprimir la inmunidad que conlleva el suplicatorio para determinados procedimientos y que requiere de la autorización de las cámaras y
tampoco estamos hablando de suprimir la inviolabilidad, pues ha de mantenerse la protección de los responsables políticos en el ejercicio de su responsabilidad, sino que estamos hablando y les estoy proponiendo un debate sobre la supresión del
aforamiento, que es un instrumento que altera las reglas de la competencia judicial penal porque determina que ciertas personas han de ser encausadas por unos tribunales previamente señalados. Esta ruptura de la regla de la competencia judicial
penal, objetiva, funcional y territorialmente es a todas luces un privilegio anómalo, probablemente siempre, pero particularmente en la actualidad, en una sociedad como la española en el año 2015, que, con una democracia consolidada, no tiene que
tener ningún miedo a que esta democracia esté en riesgo y que tiene la obligación, primero, de mirar hacia lo que hacen los países de nuestro entorno y, segundo, mirar también a nuestra propia sociedad —así lo hacemos los responsables políticos— y
de responder a sus exigencias.


Hoy la sociedad española es una sociedad es mucho más madura y mucho más exigente respecto de los poderes públicos y a esta sociedad más madura y más exigente hemos de darle también en esta materia una respuesta. Desde la primera vez que
suscitamos el debate el día 6 de junio del año 2013, ciertamente hemos avanzado. No sé si hemos llegado a entendernos definitivamente, pero hemos avanzado en la comprensión de la necesidad de abordar este debate, y desde las descalificaciones de
entonces estamos llegando a un debate en el que el propio grupo mayoritario plantea una enmienda, al igual que el Grupo Socialista, y en un debate previo sobre una ley que aprobamos recientemente se introdujo otra enmienda. Es decir, hemos
conseguido ponernos de acuerdo en que es necesario revisar cómo se aborda esta cuestión. Es un avance sobre un momento en el que se decía que no había privilegio, que no había que tocarlo y que no teníamos, por tanto, que tomar ninguna decisión al
respecto.


Para acercarnos más a lo que es hoy una demanda ciudadana y una necesidad de los responsables políticos, hay un argumento complementario que no por repetido ha de ser olvidado, que es el argumento referencial, la comparación con los países
de nuestro entorno, como les decía antes. Si continuamente estamos haciendo referencia a lo que hace Alemania, a lo que hace Francia o a lo que hacen los países de la Unión Europea para cualquier otra cosa, ya sea economía, sanidad, educación o
terrorismo, del que hablábamos ayer, cómo no atender a cómo regulan esos países, de los que somos compañeros y socios, esta situación. En el Reino Unido y en Alemania hay cero aforados políticos; en Francia, hay aproximadamente diez, como bien
saben ustedes: el presidente de la república y los ministros; en Portugal hay uno, el presidente de la república; en Italia hay uno. Lo nuestro es una anomalía que, primero se instaura en la Constitución, quizá tenía sentido entonces, como he
dicho anteriormente; hoy, tenemos una democracia consolidada y se instaura para unos pocos —diputados y senadores, y para el Gobierno— y a partir de ahí se empieza a extender por toda España sin ningún tipo de medida ni de cautela. Y hoy hay,



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¡pues más de 10.000! Ciertamente, seis mil o por ahí son jueces, pero el resto son políticos de un nivel o de otro. Y yo creo que nos corresponde a esta Cámara, a los responsables políticos que aquí estamos, a los legisladores, revisar esta
cuestión dando ejemplo: empezando por nosotros mismos. Me dirán ustedes seguramente, me lo dijo el ministro en el debate y en pasillos lo he hablado con algunos de ustedes, que esto que estamos planteando hoy, que es una reforma de estos dos
artículos de la Constitución, los que recogen el aforamiento de los diputados y senadores y del Gobierno, es una medida demasiado compleja y muy drástica y que hay otras muchas cosas que revisar, y que hay que revisar la Ley Orgánica del Poder
Judicial, que luego quedarían otros muchos que requerirían reformar los estatutos de autonomía. ¡Ciertamente!, es muy complejo y hasta llegar a 10.000 —algunos de los cuales, como me dice mi amigo Emilio Olabarría, son instrumentales, no son
puramente políticos— hay otras muchas decisiones que tomar. Sin embargo, lo que yo les propongo, señorías, es que empecemos por nosotros mismos. Porque no vamos a empezar a proponer reformas de los estatutos de autonomía o de la Ley orgánica del
Poder Judicial sin empezar por nosotros mismos y mientras nosotros mantenemos el aforamiento. Demos ejemplo: empecemos por nosotros mismos. No es difícil cambiar estos dos artículos de la Constitución, ustedes lo saben bien. Es bien sencillo:
basta con que nos pongamos de acuerdo. No requiere referéndum. Nos tenemos que poner de acuerdo, nos podemos poner de acuerdo y los cambiamos en una sesión. Lo discutimos y a partir de ahí nos ponemos de acuerdo sobre los siguientes pasos que
hemos de dar, desde la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial hasta todas las demás. Pero habiéndonoslo aplicado primero a nosotros mismos.


Conviene también decir —para quienes nos puedan estar viendo desde fuera— que no podemos renunciar al aforamiento. A veces a mí me pasa —supongo que a ustedes también— que hay personas que nos dicen, oiga, pues, ¿por qué no renuncian? Pues
porque no podemos, porque la única manera de renunciar es renunciar al acta de diputado en nuestro caso. Entonces, renunciemos como podemos, que es cambiando la Constitución. Se lo planteo para que sea un acuerdo entre todos nosotros, no para que
sea una propuesta de Unión Progreso y Democracia que fuerza una votación… No. Hagámoslo, nos cuesta nada discutirlo, debatirlo después otro día en la Cámara, y cambiar estos dos artículos de la Constitución. ¡Demos ejemplo! Un ejemplo de pedagogía
democrática. Demos ejemplo, los ciudadanos nos lo van a agradecer, nosotros no vamos a perder nada. Yo sé que es un privilegio, hay quien dice que no; aunque, para que no estuviera en peores condiciones, hace unos meses se amplió el aforamiento
al rey Juan Carlos. Pero, si no es un privilegio, ¿por qué resulta que nosotros tenemos determinado el tribunal que nos va a juzgar de antemano? Sí, señorías: es un privilegio. Es un privilegio porque los partidos políticos nombran a los
miembros del Consejo General del Poder Judicial y los nombran por cuotas entre los partidos políticos. Ese es un debate que ya hemos tenido, pero es así: se nombra por cuotas. Después el Consejo General del Poder Judicial interviene en la
designación de los tribunales superiores de Justicia, de sus miembros, como saben ustedes muy bien, y también del Tribunal Supremo. Y finalmente esos tribunales juzgan a los políticos que directa o indirectamente han contribuido a nombrarles. Esto
es un privilegio y esto es insostenible. Esto es lo que hay que cambiar porque si no los ciudadanos pensarán efectivamente que no están en las mismas condiciones que nosotros, que no solamente jugamos en casa porque nos protegemos a nosotros
mismos, escogemos el campo en el que jugamos, jugamos en casa y además terminamos nombrando y designando a los árbitros.


Señorías, les pido que lo reflexionen; que lo reflexionemos juntos; que lo hagamos; que demos ejemplo, que hagamos este ejercicio de pedagogía democrática que le vendrá bien al país, le vendrá bien a la sociedad, le vendrá bien a la
democracia y le vendrá muy bien a la política en general. Y como sin política no hay democracia, creo que nos vendrá muy bien a todos desde este punto de vista de ese interés altruista que sé que es el interés de la inmensa mayoría de quienes nos
dedicamos a la política.


Gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.


Pasamos a la defensa de las diferentes enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Sánchez Amor.


El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias, señora presidenta.


Gracias, señora Díez. Todos estamos cambiando. Yo le agradezco su tono; tampoco su tono es ya afortunadamente el del debate que tuvimos en 2013 y me parece adecuado enfocarlo tal y como usted lo ha hecho hoy. El contenido esencial de su
moción es dirigirse al Gobierno para eliminar los aforamientos contenidos en la Constitución —en este caso hablamos solo de estos, por tanto, diputados, senadores y



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Gobierno, artículos 71 y 102— y la fórmula que usted propone es una reforma puntual y urgente de la Constitución. Hay alguna dificultad en entender el primero y el tercero conjuntamente. Entiendo que la moción viene de una interpelación y
hay que dirigirla al Gobierno, pero no parece lógico pedirle al Gobierno que inicie una reforma constitucional. Estoy seguro de que es una mera cuestión formal y de que una reforma constitucional debería intentar hacerse por el máximo número de
grupos posible. Por eso nuestra enmienda hablaba de dirigirse al Congreso o de que el Congreso iniciara esa reforma.


Sobre la cuestión material de los aforamientos, en general nosotros tenemos una posición política nueva diferente a partir de la conferencia política de mi partido, en la cual aprobamos una resolución que decía restringir los aforamientos
para circunscribirlos a casos relacionados con el ejercicio de sus funciones representativas. Esta es una posición general sobre todo tipo de aforamientos, porque, como usted dice, el sistema ha crecido desmesuradamente y seguramente sin mucha
justificación. Para los aforamientos que tienen su origen en los sistemas autonómicos hemos hecho en nuestra enmienda una referencia y la hicimos —usted se refería a ello hace un momento— en la enmienda a la ley del paquete de regeneración, que
ahora mismo está en Senado, en el sentido de impulsar reformas también en los sistemas autonómicos. Para los demás aforamientos que derivan de legislación estatal será esta Cámara —como usted ha dicho— la que tendrá que examinarlos en vía
legislativa, pero lo que nos toca hoy es ver la posibilidad de los previstos en el Constitución. Hay muchas declaraciones de nuestros líderes, concretamente del secretario general, Pedro Sánchez, en relación con el asunto. Solamente la actividad
política y no la actividad privada, podríamos valorar eliminar el aforamiento a todos los diputados, reducir tanto el número de aforados como el grado de aforamiento, eliminar el aforamiento a todos los diputados, porque no tiene sentido que se
dediquen a cuestiones privadas... Hay muchas declaraciones —no le canso— en este sentido que le digo y de ahí esa enmienda que pusimos a la ley hace unas semanas.


Más problemas nos suscita el procedimiento que usted propone refiriéndose a una reforma urgente de la Constitución. A los socialistas en este momento no hace falta tocarnos mucho las palmas para que nos pongamos a bailar una reforma
constitucional, arrancamos al cuarto de vuelta, como se dice en mi pueblo, pero lo que usted nos pide es una reforma urgente y aquí empiezan mis dudas. Un plisplás constitucional como el del 135, no en este caso. Eso sí quiero que quede claro en
mi intervención. Como la expresión urgente en su moción puede entenderse, como diría el profesor Olabarría, en un sentido anfibológico, urgente puede ser empezar muy pronto y urgente puede ser hacerlo muy deprisa. Quiero dejar bien claro:
nosotros, reforma constitucional exprés, no. No será nunca esa fórmula, que tuvo sentido para el 135 porque era una emergencia financiera y seguramente ha sido explicado por qué se hizo así, pero desde luego no pensamos que el hecho de que en este
Parlamento se hayan dado en los últimos treinta años diecisiete peticiones de suplicatorio —todas aceptadas— sea una emergencia que requiera una reforma por el procedimiento de urgencia de la Constitución. Por tanto, reitero, reforma exprés de la
Constitución, no, porque el caso no justifica esa urgencia, pero eso no obsta para que podamos apoyar una reforma circunstancial y puntual de la Constitución. No es nuestro modelo. Nosotros pensamos que el sistema tiene fatiga de materiales y esto
no se arregla con chapa y pintura, esto requiere verdaderamente una reforma constitucional amplia, pero eso no obsta para que podamos apoyar eventualmente reformas puntuales como la que usted propone. Desde ese punto de vista, apoyar reformas
puntuales no deja de ser abrir una grieta en esa idea del temor cerval a una reforma constitucional que creo que hay ir rompiendo. Por tanto, podemos apoyar su moción, aunque diferimos en cuál sería el efecto de ese debate que apoyaríamos abrir.
Usted habla directamente de eliminar. Nosotros hemos hablado de una reducción drástica, de una limitación al puro ejercicio parlamentario, pero en cualquier caso parece claro que no tiene sentido traer un suplicatorio para una falta de tráfico. En
eso creo que estamos todos de acuerdo. Lo que quiero decirles es que ya veremos si llegamos a una eliminación completa, a una limitación drástica o a lo que lleguemos en ese debate.


Con esas precisiones sobre el método y sobre el resultado final, estamos en disposición de aceptar su moción, bien entendido que no compartimos algunos de sus argumentos y quiero referirme a ello. En cuanto al tema del privilegio, quien
dice que esto no es un privilegio no soy yo ni ningún portavoz de los que utilizamos ese argumento contra usted en el último debate; lo dice el Tribunal Constitucional. No es un privilegio porque no es renunciable, es una prerrogativa del
Parlamento y por tanto no es un privilegio. Si lo fuera podría ser renunciado por la persona. Pero no me preocupa ahora esa cuestión técnica de si es o no un privilegio. El problema es que usted abre, al calificarlo como privilegio, el siguiente
argumento: acabemos con el aforamiento porque es un privilegio; por tanto, puesto que son privilegios, podemos abrir el paso a acabar con la inmunidad y la inviolabilidad. El argumento tendrá que ser: ha dejado de tener



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sentido histórico, se pensó para un sistema que ya no tiene sentido, crea más problemas de los que resuelve, pero no digamos que el argumento es: como es un privilegio, hay que acabar con ello, porque detrás vendrán la inmunidad y la
inviolabilidad.


El otro argumento que me parece muy peligroso es el de decir que el Tribunal Supremo ofrece pocas garantías o está politizado porque ha sido nombrado por el Consejo General del Poder Judicial. Yo no creo que para pedir una reducción o una
eliminación de los aforamientos haya que desacreditar al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo tiene otras garantías, por ejemplo, la colegialidad —y no dejarlo todo en manos de una persona—, por ejemplo, la experiencia de los jueces, porque
algunos casos políticamente delicados pueden caer en un juzgado de primera instancia con un juez sustituto que lleva un mes de experiencia. Por lo tanto, el Supremo tiene experiencia, tiene colegialidad y, como decía el profesor Sosa Wagner
—compañero suyo de partido—, los jueces de Berlín están muy lejos, y eso a veces es bueno, estar lejos del problema que se está juzgando. No compartimos esa idea, sobre todo porque en la práctica, en un sistema en el que la política se judicializa
tanto como en el español —ese es un caso por el que seguramente su argumento del derecho comparado no es tan efectivo como usted cree—, estamos viendo una politización de muchas investigaciones judiciales, señora Díez. Vemos todos los días cómo hay
pasos procesales perfectamente sincronizados con las campañas electorales; vemos cómo hay ingeniería procesal imaginativa para retener la instrucción de los procedimientos; vemos cómo se crean figuras inexistentes en el derecho procesal que llevan
una condena social enorme sin que haya garantías, y algunos diputados de esta Cámara están afectados por ese tipo de instrucciones a las que podríamos llegar si no tenemos cuidado con la moción.


Así pues, estamos de acuerdo con la moción, siempre que usted entienda que no estamos yendo a un procedimiento de reforma exprés de la Constitución y que el resultado final de ese debate que nosotros estamos dispuestos a abrir no tendría por
qué ser, aunque podría serlo, la eliminación completa sino una reducción drástica de los aforamientos. Con estas condiciones y a pesar de nuestra enmienda —no hará falta probablemente que la retiremos—, estaríamos en disposición de apoyar su
moción.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sánchez Amor.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular tiene la palabra el señor Gómez de la Serna.


El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Gracias, señora presidenta.


Señora Díez, yo también le agradezco el tono empleado en la sesión de hoy, distinto del que he creído encontrar en la exposición de motivos de la moción que hoy presentan, porque en la exposición de motivos hacen algo que en mi opinión no es
de recibo, y es vincular o ligar de alguna manera el aforamiento con la casos de impunidad en delitos de corrupción. Es una confusión notable de ideas. No tiene nada que ver, no hay relación de causa-efecto entre el aforamiento y la impunidad y,
en todo caso, no se puede ligar a la idea de que el hecho de que los diputados o los senadores —pongo por caso— estemos aforados tenga algo que ver con la impunidad en delitos de corrupción, como se hace en la exposición de motivos de su moción.


Hoy nos pide una reforma urgente de la Constitución en materia de aforamientos. Es perfectamente legítimo pedir reformas de la Constitución. Lo malo no es pedir una reforma de la Constitución, sino hacerlo deslegitimando las instituciones
constitucionalmente protegidas. Se ha pedido —y usted lo ha hecho—, por ejemplo, la reforma del Tribunal Constitucional, acusándole de estar secuestrado por los partidos; se ha pedido la reforma del Poder Judicial, cuestionando su independencia y
su imparcialidad; se ha pedido la reforma del sistema electoral, cuestionando la representatividad de los grandes partidos; se ha pedido la reforma de la fiscalía, cuestionando su profesionalidad; se ha pedido la derogación del título VIII,
cuestionando la capacidad integradora del Estado autonómico; se ha pedido la supresión de las diputaciones, de los ayuntamientos, del Senado, de la disposición adicional primera, etcétera. Todo eso es legítimo siempre y cuando no se pongan en
cuestión las instituciones constitucionales. Por eso no acepto que esta propuesta de reforma urgente de la Constitución que hoy nos trae equivalga a luchar contra eso que usted llama los privilegios. No lo acepto; es más, me parece una mentira
política y una falsedad, y se lo voy a intentar explicar.


Parte su moción de una afirmación que es enteramente falsa y es que el aforamiento impide que los corruptos —los políticos corruptos, llega a decir— sean investigados por su juez natural predeterminado por ley. No es verdad. Hay una ley,
que es la ley de leyes, que es la Constitución, que es la que predetermina que el juez natural —no por razones territoriales— para diputados y senadores sea el Tribunal Supremo. Claro que está predeterminado por ley. Por tanto, no se puede decir
que el aforamiento impide que los



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corruptos sean investigados por el juez natural predeterminado por ley, porque no es verdad, y por tanto no se puede inducir a la opinión pública a este tipo de falsedades.


Dice usted que el fuero es un privilegio. Yo le digo que no es ningún privilegio, primero porque desaparece la posibilidad de recurrir ante una segunda instancia judicial. Se ha discutido ya mucho de este tema en esta Cámara y creo que
está sobradamente demostrado. Pero además le voy a hacer alguna consideración. ¿De verdad, de buena fe, cree usted que para un diputado o para un senador es más fácil influir en una sala de tres magistrados en la culminación de su carrera del
Tribunal Supremo, es más fácil influir en esa sala que en un instructor de su propia circunscripción? ¿De buena fe cree que eso es así? ¿Sabe usted —yo creo que no lo sabe— que es muchísimo más difícil, es prácticamente imposible que el Tribunal
Supremo le archive a uno una causa, precisamente por ese carácter colegiado de las salas que conocen de un tema? No es un privilegio, señorías, es una garantía, pero no es una garantía para el diputado; es una garantía para la función
parlamentaria y es una garantía para la Administración de Justicia.


¿Sabe usted lo que le perjudica o le puede perjudicar a un diputado un proceso de suplicatorio, con la consiguiente notoriedad y publicidad parlamentaria y mediática? Sabe usted que aquí hay, efectivamente, más aforamientos que en otros
países, pero ¿sabe cuál es la causa? Pues porque la acción penal en España es pública y entonces habría que limitar la acción popular en nuestra regulación, que es lo que ocurre en otros países donde el número de aforados es mucho menor. Por
tanto, si vamos a una reforma, vayamos a una reforma integral y sobre todo no tildemos las instituciones constitucionales de privilegios poco menos que antediluvianos, entre otras cosas porque, como ha dicho el señor Sánchez Amor, el Tribunal
Constitucional en reiterada jurisprudencia —he traído siete aquí que no le pienso citar por razones de tiempo— rebate el argumento del privilegio de esta institución.


Le voy a dar la razón en una cuestión, señora Díez. Es verdad que en España hay demasiados aforados, muchos más de los que usted dice, algunos por razón de cargo y otros por razón de la función. Ahora bien, ¿qué hacemos con los 262.533
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están aforados por razón de la función? ¿Qué hacemos con los 7.685 jueces de paz que están aforados? ¿Qué hacemos con los 7.820 órganos judiciales y fiscales o con los 1.387 políticos
autonómicos? Le voy a pedir que hablemos en serio del tema y para hablar en serio del tema habrá que hacer una reconsideración de la figura del aforamiento, funcional y por razón del cargo, que se produce en España, en el Congreso, en el Senado, en
el Gobierno, en el ámbito autonómico, en el ámbito de la Administración de Justicia, en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en el de los jueces de paz allí donde los hubiera. Lo que le pido también es que huyamos de
utilizar este tipo de cuestiones, que son muy delicadas, con intención de cierto efectismo político. Creo que hay cosas en nuestro ordenamiento constitucional con las que no se puede jugar y una de ellas es esta.


La posición de nuestro grupo es que hemos presentado una enmienda de sustitución del texto en virtud de la cual manifestamos nuestro compromiso para que siempre que se produzca el necesario y conveniente consenso se replantee y se estudie la
intensidad del fuero y por tanto la intensidad de la intervención no solo del Supremo, sino también de los tribunales superiores de Justicia en este tema, porque entendemos que limitar nuestra actuación al ámbito de los diputados, de los senadores y
del Gobierno de la nación sería un disparate.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Gómez de la Serna.


En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.


Esta misma mañana el ministro Wert hablando de sistemas educativos universitarios preguntaba que en qué grupo queríamos estar, si en un grupo de ocho países donde estaban Chipre, Rusia y Kazajistán o en otro donde estaban Alemania, Francia,
Reino Unido e Italia. En este tema de los aforados, en Compromís-Equo lo tenemos claro: en el segundo, sin lugar a dudas. Alemania y Reino Unido no tienen aforados; Italia y Portugal, solo el presidente de la República; Francia, el presidente,
el primer ministro y el Gobierno, y España, 10.000 aforados. Por poner un ejemplo, la canciller alemana Angela Merkel podría ser juzgada por un tribunal ordinario, mientras las exconsejeras imputadas del Partido Popular valenciano han utilizado
torticeramente la figura del aforamiento para retrasar sus juicios. Los aforamientos lastran muchas investigaciones con piezas que van y vienen de los tribunales según los cargos de los implicados. Si la justicia ha de ser igual para todos, no
tendría que haber diferencias entre los ciudadanos, sean políticos o sean jueces.



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Desde Compromís vamos a apoyar y a votar favorablemente la moción, pero queremos introducir un pequeño matiz. Señorías del Partido Popular, si no van a suprimir de manera inmediata los aforamientos, al menos permitan que los diputados que
no queremos estar aforados podamos renunciar voluntariamente a ese privilegio. Me pasó a mí. Yo no quiero estar aforado. No quiero que, en su caso, me juzgue el Tribunal Supremo. Quiero un tribunal ordinario, quiero el tribunal de mi pueblo.
(El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben). Bueno, pero lo quiero así.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Yo lo quiero así. A lo mejor será muy fácil influir, pero yo lo quiero así: el tribunal de mi pueblo.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.


Señor Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora Díez, nosotros estamos a favor de la desaparición de la figura del aforamiento, quizá no por las razones que usted decía, sino porque nosotros pensamos que va en contra de un derecho, el derecho de cualquier ciudadano o ciudadana a
ser juzgados por lo que se entiende como juez natural. Aquí estamos hablando muchas veces de los términos jurídicos y de lo que se entiende a nivel de calle, y efectivamente, la gente en la calle entiende que el juez natural es el más próximo a
donde vive la persona que ha de ser juzgada. Nosotros defendemos ese derecho a ser juzgados por el juez natural entendido de esa forma y además en todos los casos. De hecho, hemos denunciado que no admitimos este llamado privilegio —o percibido
como tal— de los cargos políticos, pero tampoco admitimos ese otro pseudoaforamiento que se percibe como castigo, por ejemplo, en la existencia de la Audiencia Nacional, que es también otra especie de aforamiento en el que se produce todo lo
contrario de lo que se produce en el caso de los políticos, es decir, se produce un castigo, quizá por las mismas razones que usted decía en su exposición de motivos, es decir, aquí hay una excesiva politización de la justicia, porque al final hay
una falta de cultura democrática, que quizás es cuestión de tiempo alcanzar. En este Estado la democracia tiene una vida todavía limitada en el tiempo. Otros Estados tienen una trayectoria democrática más larga y creo que en el fondo el problema
es de falta de cultura democrática. Por eso nosotros decimos que todas las personas deben ser juzgadas en su juzgado más próximo, que es el que se percibe como juzgado natural. Deben desaparecer los aforamientos que se perciben como privilegios y
los aforamientos que se perciben como castigo. Pongo un ejemplo, el caso de Arnaldo Otegi es un aforamiento como castigo. Ha sido juzgado por una Audiencia Nacional, sin las garantías necesarias, porque hay una influencia política, y a una persona
se la ha condenado precisamente por defender el uso exclusivo de las vías políticas.


Pensamos que con cultura democrática en todo se puede avanzar, la justicia será una realidad, la politización de la justicia será mucho más difícil, la judicialización de la política —que es otro de los problemas por los que atraviesa el
Estado español— será también más difícil y al final las libertades ganarán para todos. Por eso, insistimos, estamos a favor de la desaparición de la figura del aforamiento, estamos a favor de la libertad, estamos a favor de que las personas sean
juzgadas por su juez más próximo y estamos a favor de que la democracia vaya avanzando en la cultura, en la cabeza de los responsables y en toda la ciudadanía.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.


Por el Grupo Vasco, PNV, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora Díez, la expresión constitucional no hace referencia solo al juez natural sino al juez natural predeterminado por la ley. La locución en su integridad no es una cuestión irrelevante. El juez natural es el predeterminado por la ley,
se convierte en natural en tanto en cuanto está predeterminado por la ley. En relación con el aforamiento, los aforados precisamente son objeto de enjuiciamiento, en su caso, no por el juzgado que les corresponde en virtud de elementos de
circunscripción, de demarcación o de planta, sino por dos aspectos que la señora Díez conoce perfectamente, porque hay dos tipos de aforamientos: el aforamiento llamado propio, que dimana de la pertenencia a alguna institución pública, y el
aforamiento



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llamado funcional, que dimana del ejercicio de determinadas funciones, que no es un aforamiento propia y doctrinalmente considerado como tal, sino que es una ubicación en un ámbito procesal o de procedimiento especial por la naturaleza del
ejercicio de las funciones que se ejercen por jueces, por fiscales, por policías, etcétera. Desde esa perspectiva, estamos ante una cuestión compleja, ante una cuestión vidriosa y que requiere consensos amplios en tanto en cuanto nada menos que se
invoca la reforma de la Constitución. La señora Díez lo conoce mejor que nadie porque es recurrente su presentación de iniciativas de esta naturaleza. Las ha presentado en cinco o seis ocasiones, no recuerdo cuántas veces se lo hemos discutido, y
a base de presentarlas tantas veces se conocen profundamente las complejidades que dimanan de la resolución de un problema de este tipo. Presentar muchas veces la misma cuestión y convertirla en una especie de tótem de regeneración democrática no
la convierte necesariamente en un aspecto relevante, sustancial o fundamental para la regeneración democrática. De hecho, las dificultades en relación con el consenso político sobre esta cuestión dimanan de la complejidad de la propia cuestión.
Esto nos permite parafrasear a Wenceslao Fernández Flórez cuando comentaba que había un políglota que además de políglota era arbitrista y que la ventaja que tenía era que era arbitrista, pero en muchas lenguas. Mire, por muchas lenguas procesales
o por muchas lenguas legales o procedimentales que presentemos, seguimos ante el arbitrismo.


Tiene razón en una cosa la señora Díez: en el Estado español hay demasiados aforados, pero para eliminar este volumen tan abultado, tan desmesurado de aforados hay que acometer procedimientos muy complejos. Hay que empezar reformando el
artículo 71 de la Constitución, que hace referencia a los aforamientos que nos corresponden a los diputados y senadores fundamentalmente, así como el artículo 102.1. Hay que seguir reformando el artículo 143 y el artículo 153, que hacen referencia
a los aforamientos autonómicos, que se extendieron por razones de la naturaleza compuesta del Estado español. Luego hay que seguir, en relación con los aforamientos de naturaleza funcional, reformando leyes como la Ley orgánica del Poder Judicial
en relación con los jueces. En relación con el aforamiento funcional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tendríamos que reformar la Ley reguladora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tendríamos que reformar, en relación
con los aforamientos de carácter local o municipal, la Ley de Bases de Régimen Local y otras leyes concomitantes con la misma. Deberíamos reformar, en definitiva, leyes tan importantes como la Ley orgánica reguladora del Defensor del Pueblo, que
también al Defensor del Pueblo y a sus adjuntos les acoge el aforamiento. Tendríamos que reformar prácticamente el ordenamiento jurídico en su conjunto. Aunque la señora Díez, desde una perspectiva táctica muy inteligente, está reduciendo su
pedimento y el ámbito de la remoción o la evitación de tantos aforados, el problema sigue subsistiendo, porque vamos a seguir con muchos aforados, en tanto en cuanto los grupos políticos aquí representados no seamos capaces de llegar a un consenso
político, en el ámbito de las leyes de regeneración democrática que estamos intentando consensuar, que posibilite reformar tantos preceptos constitucionales, tantas leyes orgánicas, tantas leyes ordinarias, tantos estatutos de autonomía que hacen
referencia al aforamiento autonómico. Y esto no se hace de cualquier manera, señora Díez.


Comprendo su inquietud, la comprendo relativamente. Los portavoces del Grupo Socialista y del Grupo Popular han comentado la dudosa naturaleza de privilegio del aforamiento. Un aforado, usted y yo, señora presidenta, perdemos un derecho
que corresponde a cualquier ciudadano ordinario, que es el derecho a la doble instancia procesal. Nosotros solo tenemos una instancia procesal. Yo no puedo presumir ni iuris tantum ni iuris et de iure que la Sala segunda del Tribunal Supremo con
nosotros va a prevaricar. Es muy difícil hacer una aseveración de esta naturaleza y poner en duda la neutralidad e independencia, a pesar de los mecanismos de nombramiento, de los magistrados de la Sala segunda del Tribunal Supremo, de que va a ser
una sala que va a prevaricar con los políticos, en tanto en cuanto, por experiencias empíricas y experimentales, yo sé que esto no es así. La única referencia de autoridad que podría utilizar la señora Díez para pensar que el aforamiento es un
privilegio sería una sentencia del Tribunal Constitucional, la 22/1997, que no solo no establece o no preconiza que el aforamiento es un privilegio, sino que dice lo siguiente, y reproduzco textualmente lo que dice la sentencia 22/1997: La
prerrogativa del aforamiento actúa como un instrumento para la salvaguarda de la independencia institucional, tanto en las Cortes como en el propio Poder Judicial. Esto es lo único que ha dicho el Tribunal Constitucional sobre el aforamiento.
Luego nos encontramos con inconvenientes vinculados a las complejidades de consensuar reformas constitucionales, a las dificultades relativas al consenso necesario para reformar leyes orgánicas, a las dificultades correspondientes a los consensos
necesarios para reformar estatutos de autonomía, incluso contradiciendo las reflexiones de la jurisprudencia o de la



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doctrina constitucional en esta materia. Desde esa perspectiva, si uno convierte el aforamiento en una especie de tótem que hace referencia a la regeneración democrática y a la recuperación de la desafección que estamos sufriendo los
representantes de los ciudadanos, lo puede hacer,…


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señora presidenta.


... dentro de la retórica, pero las dificultades del objetivo pretendido legítimamente e, incluso, voy a decir más, razonablemente por la señora Díez son dificultades jurídico-políticas de tal magnitud que una iniciativa de estas
características está llamada, iba a decir al fracaso. Mire, nosotros nos vamos a abstener. Vamos a dar una oportunidad al consenso, no al pedimento de la moción presentada por la señora Díez sino al consenso. El consenso es importante y vamos a
ajustarnos a lo que se regula en el derecho comparado en esta materia.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Nuet.


El señor NUET PUJALS: Gracias, presidenta.


Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente esta iniciativa de Unión Progreso y Democracia, básicamente porque es cierto que recientemente, en el debate de las iniciativas que tuvo el Partido Popular respecto a la regeneración
democrática, le pedimos al grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno que el tema del aforamiento formase parte de ese debate político. Por tanto, sí, tiene que haber un debate político en esta Cámara sobre el aforamiento, sobre la dedicación
exclusiva de los diputados y senadores, sobre las puertas giratorias, sobre todo eso tenemos que hablar y tenemos que acordar. En este debate pedimos —lo pedimos a nosotros mismos y no miro a nadie— rigor. Es necesario un debate riguroso para
saber exactamente de qué estamos hablando y qué estamos aprobando y que cada fuerza política explique con claridad qué es lo que pretende y qué es lo que defiende. ¿Por qué lo digo? Porque estamos hablando de aforamiento y, si hablásemos de
privilegios o prerrogativas, estaríamos hablando de otras cosas. Son debates distintos: el aforamiento es una cosa, los privilegios son otra cosa distinta y las prerrogativas de los diputados y senadores son otra cosa distinta. No todo es lo
mismo. El aforamiento supone el sometimiento a un determinado tribunal, que en el caso de los diputados y de los senadores opera por cualquier delito cometido. En primer lugar hay que decir que no podemos confundir de ninguna manera las
prerrogativas parlamentarias con el aforamiento. En segundo lugar, más allá de la reflexión necesaria sobre qué prerrogativas parlamentarias tenemos y cuáles deben mantenerse o no, hay que decir que debería impulsarse la eliminación del aforamiento
o su limitación para que no se pueda extender a cualquier tipo de delito cometido, sea o no en el ejercicio del cargo de diputado o senador.


Hay que decir también de forma clara que el aforamiento no es un privilegio, sino una condición establecida originalmente como una garantía democrática y que lleva aparejada una inviolabilidad e inmunidad a la hora de ser detenidos como
diputados y senadores, aunque es cierto que en este momento debe replantearse la figura del aforamiento. ¿Por qué se creó en el pasado? Era en su día una garantía de independencia, pero ahora, señoras diputadas y señores diputados, debería
presuponerse la independencia del Poder Judicial en todas sus instancias. Por tanto, no deberíamos tener miedo a ser juzgados por un tribunal que no fuese el Tribunal Supremo. Además, como decía el señor Olabarría hace unos momentos, los
aforamientos suponen que los diputados y senadores pierdan la capacidad de la segunda instancia. Estamos ante un tema en el que debo recordar que hemos sido denunciados porque no se cumple el Pacto internacional de derechos civiles y políticos y,
por tanto, Naciones Unidas nos ha dicho que el concepto del aforamiento tiene también en su aspecto procesal déficits democráticos de garantías procesales hacia los diputados y senadores. Eso también es verdad y es algo que nos afecta.


Para terminar, en el caso de los representantes públicos, que es lo que somos, de los políticos en el lenguaje popular, no toda actuación debería ser protegida para no quebrar el principio de igualdad ante la ley, que es en parte de lo que
se está discutiendo en esta moción que nos presenta el Grupo de Unión Progreso y Democracia. Dado que estamos ante un régimen excepcional, debe ser interpretado siempre de forma restrictiva y por tanto el aforamiento podría ser limitado; limitado
en el tiempo a la duración del mandato y, en todo caso, limitado a las funciones propias de su cargo. Además, si el sistema judicial español es verdaderamente independiente, el aforamiento no tiene lugar y, por tanto, debería ser eliminado.



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Hagamos el debate, no estamos discutiendo una ley; estamos discutiendo una moción. Por eso nuestro grupo va a votar a favor de la moción y el día que discutamos una ley, hilaremos muy fino y veremos si eliminamos el aforamiento al cien por
cien o lo regulamos de una forma distinta. Pero hagamos el debate, es un debate necesario y la sociedad, exigente hoy democráticamente hablando, nos lo va a agradecer.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Nuet.


Por el Grupo de Convergència i Unió, señora Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, esta no es la primera vez que debatimos sobre esta cuestión, también la planteó el Grupo de Unión Progreso y Democracia en 2013. En los mismos términos que nos expresamos en aquella ocasión, desde la discrepancia con los
planteamientos del grupo proponente, compartimos un aspecto y es la necesidad de abrir el debate en relación con esta figura, no tanto en relación con la necesidad o el sentido de la institución, porque nosotros creemos que tiene un sentido, que
tiene una razón de ser, pero sí creemos que puede delimitarse esta institución en nuestro marco jurídico y que podemos hablar del número de aforados y de en qué supuestos puede acogerse una persona al aforamiento. Nosotros mantenemos esa coherencia
con el discurso que ya manifestamos cuando se abrió este debate y, por lo tanto, desde el rigor y desde la coherencia, creemos que sí que debemos hablar de esta cuestión pero en sus estrictos términos.


Hoy, señora Díez, usted nos ha sorprendido porque ha cambiado el tono de su intervención, lo ha dicho ya algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Si leemos y seguimos atentamente su intervención en la interpelación que
formuló al ministro previamente a esta moción, incluso el mismo texto de la moción, va en un sentido distinto al tono que ha utilizado hoy aquí. Realmente usted plantea la supresión de una parte limitada de los aforados, está hablando del caso de
diputados, senadores y miembros del Gobierno, concretamente los casos que están previstos en la Constitución, y lo prevé como una reforma exprés de la Constitución. Ustedes que tanto hablan de la norma suprema, me parece extraño que pidan la
reforma de la Constitución a través de una moción, señora Díez, no nos parece muy serio el procedimiento. Además, seamos rigurosos, le aseguro que si la medida que usted propone significara un paso adelante para mejorar en la regeneración
democrática y en la lucha contra la corrupción, que es lo que usted plantea en el texto de la moción, nuestro grupo sería el primero en votar en sus estrictos términos el texto de esta propuesta. Pero no es así, señora Díez, usted tergiversa la
realidad, habla de la institución del aforamiento en unos términos que no se corresponden con lo que significa realmente esta institución. Además ha sembrado dudas sobre el funcionamiento e independencia de nuestras instituciones, de nuestro
sistema judicial generalizando las sospechas sobre todo aquel que se beneficie del aforamiento. Entendemos que es propagandístico el tono en el que se ha desarrollado la interpelación y también el texto de la moción. Hoy —insisto— ha cambiado
usted el tono.


Habla de privilegio cuando se refiere al aforamiento, obviando que se trata de una garantía democrática que asegura que la decisión de un juez o un órgano unipersonal no sea determinante para la vida política de un país o de una comunidad.
Nosotros entendemos que ofrece mayores garantías un órgano colegiado. Por lo tanto, ahí tiene todo su sentido la existencia de esa institución. Algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra se ha referido a ello, no todo son ventajas
cuando hablamos del aforamiento, desaparece la posibilidad de la segunda instancia, señora Díez, y eso usted lo ha obviado a lo largo de su intervención. Pero además hay otra cuestión, aquí no estamos hablando de impunidad —creo que el portavoz del
Grupo Popular ha hecho referencia a ello—, no estamos hablando de impunidad ni mucho menos, porque puede producirse también, como no puede ser de otra manera, una sentencia condenatoria, señora Díez. Seamos rigurosos y seamos serios. Hay otra
cuestión que creo que es importante. Este debate está abierto y, de hecho se ha incorporado en el proyecto de ley que hace poco hemos debatido aquí en el Congreso y del que usted ha sido ponente, señora Díez, en relación con el control de la
actividad económico-financiera de los partidos políticos, ya que se ha incorporado la posibilidad de limitar los aforamientos. Esto ha sido votado en el Congreso. Ese debate está abierto y nosotros también hemos participado de él. Esta moción,
señora Díez, entendemos que es absolutamente propagandística y reduccionista. Hoy ha variado el tono pero no se ajusta a la realidad de la institución del aforamiento. Efectivamente, mi grupo parlamentario entiende que es necesario abrir ese
debate, que debemos avanzar hacia los estándares que hay en países europeos de nuestro entorno en los cuales también existe esta figura. Seguro que tenemos que limitar los casos de aforados y probablemente tendremos que debatir



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sobre en qué supuestos es necesario aplicar la institución, pero lo que no podemos hacer es manipular de esta manera la existencia y el porqué de la figura del aforamiento, porque tiene su sentido.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Surroca.


Señora Díez, ¿qué piensa usted de las enmiendas presentadas?


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Que las agradezco mucho pero no las voy a aceptar.


Gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo.


Muchísimas gracias, señora Díez.


Se suspende la sesión.


Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.