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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 255, de 27/01/2015
cve: DSCD-10-PL-255
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 255
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CELIA VILLALOBOS TALERO, VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión de la Diputación Permanente núm. 17
celebrada el martes,
27 de enero de 2015
ORDEN DEL DÍA:
Minuto de silencio ... (Página10)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y
Administraciones Públicas (número de expediente 062/000242), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, para dar cuenta del recorte de prestaciones sanitarias que sufrirán a partir del año 2015 los funcionarios cuya cobertura médica corre a cargo de Muface. (Número
de expediente 213/001826) ... (Página10)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas (número de expediente
062/000256), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para tratar sobre la nueva situación sanitaria en la que han quedado cientos de miles de funcionarios y familiares beneficiarios pertenecientes a la mutualidad Muface, dado
que las tres grandes aseguradoras privadas que este año han firmado el concierto con esta mutualidad (Adeslas, Asisa y DKV) han recortado su cartera de médicos y hospitales, de forma que hay especialidades e incluso centros a los que ya no pueden
acudir estos ... (Página10)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara (número de
expediente 062/000246), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del presidente del Gobierno, para informar de sus actuaciones y responsabilidades en relación con las informaciones que se han conocido sobre financiación ilegal en su partido, a la vista del contenido del último
escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Gürtel. (Número de expediente 210/000116) ... (Página16)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara (número de expediente 062/000255), con el siguiente
orden del día:
- Comparecencia del presidente del Gobierno, para informar de las medidas que ha tomado a la vista del contenido del último escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Gürtel ... (Página16)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior (número de expediente 062/000247), con el siguiente
orden del día:
- Comparecencia del ministro del Interior, para explicar las razones por las que, en un momento donde ha aumentado el nivel de riesgo de atentado terrorista en toda la Unión Europea, incluido el Estado español, el Gobierno se niega a
conectar las policías autonómicas a las bases de datos internacionales, tal como exige una eficaz y diligente política de seguridad ... (Página23)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Empleo y Seguridad Social (número de expediente 062/000248),
con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, para efectuar un primer balance de la implementación de la iniciativa conocida como garantía juvenil, valorar las llamadas de atención y/o advertencias expresadas hace unos días
por la Comisaria europea de Empleo, sobre las insostenibles cifras de paro juvenil en España e informar sobre la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, que ha aprobado mediante Real Decreto, el Consejo de ministros el día
16/1/2015 ... (Página29)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Empleo y Seguridad Social (número de expediente
062/000256), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social para tratar sobre las medidas a adoptar para la generación de empleo, en especial de jóvenes y parados de larga duración ... (Página29)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Empleo y
Seguridad Social (número de expediente 062/000249), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social para informar de la valoración del Gobierno sobre la última sentencia del Tribunal Supremo que restituye la ultraactividad de los convenios colectivos tras la reforma laboral y de
las medidas que piensa adoptar al respecto. (Número de expediente 213/001813) ... (Página38)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (número de expediente 062/000250), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para dar cuenta de las intenciones del Gobierno en relación con proyecto de ley de montes y, en especial, sobre los objetivos de las disposiciones referidas al uso
de terrenos incendiados. (Número de expediente 213/001844) ... (Página43)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Mixta de Control
Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades (número de expediente 062/000251), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del presidente de la Corporación RTVE, para informar acerca de las graves denuncias formuladas por el Consejo de Informativos de TVE el día 20/1/2015. (Número de expediente 212/002118) ...
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Empleo y
Seguridad Social, (número de expediente 062/000252), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social para explicar sus últimas declaraciones sobre el déficit de las pensiones de la Seguridad Social en Cataluña. (Número de expediente 213/001852) ...
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento (número
de expediente 062/000253), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Fomento, para explicar los planes del Ministerio de Fomento respecto de sus políticas de privatización y de liberalización de infraestructuras. (Número de expediente 213/001853) ...
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento (número de expediente 062/000258), con el siguiente
orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Fomento, para informar sobre el proceso de privatización de AENA ... (Página57)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara (número de expediente
062/000259), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Fomento, para explicar las prioridades del Gobierno en materia ferroviaria, tanto en el transporte de pasajeros como de mercancías ... (Página57)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa (número
de expediente 062/000254), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Defensa, para informar sobre las previsiones del Gobierno en relación con la utilización por los Estados Unidos de América de las bases de Morón de la Frontera y Rota. (Número de expediente 213/001857) ...
(Página64)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia (número de expediente 062/000256), con el
siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Justicia, para informar sobre las actuaciones adoptadas para mejorar los sistemas de justicia gratuita y de la aplicación de la ley de tasas judiciales, prioridades fijadas por este en septiembre del año
pasado ... (Página67)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Competitividad (número de expediente
062/000256), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Economía y Competitividad, para tratar sobre las medidas a adoptar para abordar el aumento de los índices de pobreza y desigualdad social ... (Página72)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior (número de expediente 062/000256), con el
siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro del Interior, para informar de la situación de Ceuta y Melilla en relación con la inmigración y en particular sobre la eliminación de las grabaciones de las cámaras del perímetro de la valla de Melilla de
los días del mes de agosto de 2014 en los que se produjeron posibles víctimas mortales. (Número de expediente 213/001845) ... (Página76)
SUMARIO
Se abre la sesión a las doce del mediodía.
Minuto de silencio... (Página10)
La Presidencia, a petición de la Junta de Portavoces, ruega un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente aéreo ocurrido ayer en la base aérea de Los Llanos (Albacete).
La Presidencia informa de la ordenación de los puntos del orden del día, así como de la tramitación del debate y las votaciones.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y
Administraciones Públicas, con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, para dar cuenta del recorte de prestaciones sanitarias que sufrirán a partir del año 2015 los funcionarios cuya cobertura médica corre a cargo de Muface...
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, con el siguiente
orden del día:
- Comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para tratar sobre la nueva situación sanitaria en la que han quedado cientos de miles de funcionarios y familiares beneficiarios pertenecientes a la mutualidad Muface, dado
que las tres grandes aseguradoras privadas que este año han firmado el concierto con esta mutualidad (Adeslas, Asisa y DKV) han recortado su cartera de médicos y hospitales, de forma que hay especialidades e incluso centros a los que ya no pueden
acudir estos ... (Página10)
Defienden las peticiones solicitadas la señora Sumelzo Jordán, del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y la señora Oramas González-Moro, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Matarí Sáez, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara, con el
siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del presidente del Gobierno, para informar de sus actuaciones y responsabilidades en relación con las informaciones que se han conocido sobre financiación ilegal en su partido, a la vista del contenido del último
escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Gürtel... (Página16)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del presidente del Gobierno, para informar de las medidas que ha tomado a la vista del contenido del último escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Gürtel... (Página16)
Defienden las peticiones solicitadas los señores Pradas Torres, del Grupo Parlamentario Socialista, y Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario
Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Conde Bajén, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Vuelven a hacer uso de la palabra los señores Prada Torres y Conde Bajén, así como el señor Lara Moya y de nuevo el señor Conde Bajén.
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior, con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro del Interior, para explicar las razones por las que, en un momento donde ha aumentado el nivel de riesgo de atentado terrorista en toda la Unión Europea, incluido el Estado español, el Gobierno se niega a
conectar las policías autonómicas a las bases de datos internacionales, tal como exige una eficaz y diligente política de seguridad... (Página23)
Defienden la petición solicitada los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Muñoz González, del Grupo
Parlamentario Socialista, y Barreda de los Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, para efectuar un primer balance de la implementación de la iniciativa conocida como Garantía Juvenil, valorar las llamadas de atención y/o advertencias expresadas hace unos días
por la comisaria europea de Empleo, sobre las insostenibles cifras de paro juvenil en España e informar sobre la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, que ha aprobado mediante Real Decreto, el Consejo de Ministros el día
16/1/2015 ... (Página29)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social para tratar sobre las medidas a adoptar para la generación de empleo, en especial de jóvenes y parados de larga duración ... (Página29)
Defienden las peticiones solicitadas los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, así como las señoras González Veracruz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Bonilla Domínguez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Empleo y
Seguridad Social, con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, para informar de la valoración del Gobierno sobre la última sentencia del Tribunal Supremo que restituye la ultraactividad de los convenios colectivos tras la reforma laboral y de
las medidas que piensa adoptar al respecto... (Página38)
Defiende la petición solicitada el señor Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, así como la señora Álvarez-Arenas
Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Vuelven a hacer uso de la palabra el señor Coscubiela Conesa y la señora Álvarez-Arenas Cisneros.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para dar cuenta de las intenciones del Gobierno en relación con Proyecto de Ley de Montes y, en especial, sobre los objetivos de las disposiciones referidas al uso
de terrenos incendiados ... (Página43)
Defiende la petición solicitada la señora Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Mixta de Control
Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del presidente de la Corporación RTVE, para informar acerca de las graves denuncias formuladas por el Consejo de Informativos de TVE el día 20/1/2015 ... (Página46)
Defiende la petición solicitada el señor Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y De Luis Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Empleo y
Seguridad Social, con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, para explicar sus últimas declaraciones sobre el déficit de las pensiones de la Seguridad Social en Cataluña... (Página53)
Defiende la petición solicitada el señor Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Gallego Burgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento, con el
siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Fomento, para explicar los planes del Ministerio de Fomento respecto de sus políticas de privatización y de liberalización de infraestructuras ... (Página57)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento, con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Fomento, para informar sobre el proceso de privatización de AENA ... (Página57)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del
día:
- Comparecencia de la ministra de Fomento, para explicar las prioridades del Gobierno en materia ferroviaria, tanto en el transporte de pasajeros como de mercancías ... (Página57)
Defienden las peticiones solicitadas el señor Ábalos Meco, del Grupo Parlamentario Socialista; la señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y el señor Macias i Arau, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa, con el
siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Defensa, para informar sobre las previsiones del Gobierno en relación con la utilización por los Estados Unidos de América de las bases de Morón de la Frontera y Rota... (Página64)
Defiende la petición solicitada el señor Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Tarno Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia, con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Justicia, para informar sobre las actuaciones adoptadas para mejorar los sistemas de justicia gratuita y de la aplicación de la ley de tasas judiciales, prioridades fijadas por este en septiembre del año
pasado ... (Página67)
Defiende la petición solicitada el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió, así como la señora Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Castillo Calvín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Competitividad, con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Economía y Competitividad, para tratar sobre las medidas a adoptar para abordar el aumento de los índices de pobreza y desigualdad social ... (Página72)
Defiende la petición solicitada el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; así como la señora Carcedo Roces, del Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior, con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro del Interior, para informar de la situación de Ceuta y Melilla en relación con la inmigración y en particular sobre la eliminación de las grabaciones de las cámaras del perímetro de la valla de Melilla de
los días del mes de agosto de 2014 en los que se produjeron posibles víctimas mortales... (Página76)
Defiende la petición solicitada el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista, y García Hernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidos a votación separada los 22 puntos del orden del día, son rechazados todos.
Se levanta la sesión a las seis y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las doce del mediodía.
MINUTO DE SILENCIO.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Antes de comenzar con los asuntos que componen el orden del día de esta sesión de la Diputación Permanente, vamos a guardar, a petición de la Junta de Portavoces, un minuto de silencio en
memoria de las víctimas del accidente aéreo ocurrido ayer en la base aérea de Los Llanos, en Albacete. (Pausa).
Muchas gracias.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (número de expediente 062/000242), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA URGENTE DEL MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, PARA DAR CUENTA DEL RECORTE DE PRESTACIONES SANITARIAS QUE SUFRIRÁN A PARTIR DEL AÑO 2015 LOS FUNCIONARIOS CUYA COBERTURA MÉDICA CORRE A CARGO DE MUFACE. (Número
de expediente 213/001826).
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (número de expediente
062/000256), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA TRATAR SOBRE LA NUEVA SITUACIÓN SANITARIA EN LA QUE HAN QUEDADO CIENTOS DE MILES DE FUNCIONARIOS Y FAMILIARES BENEFICIARIOS PERTENECIENTES A LA MUTUALIDAD MUFACE, DADO
QUE LAS TRES GRANDES ASEGURADORAS PRIVADAS QUE ESTE AÑO HAN FIRMADO EL CONCIERTO CON ESTA MUTUALIDAD (ADESLAS, ASISA Y DKV) HAN RECORTADO SU CARTERA DE MÉDICOS Y HOSPITALES, DE FORMA QUE HAY ESPECIALIDADES E INCLUSO CENTROS A LOS QUE YA NO PUEDEN
ACUDIR ESTOS.
La señora VICEPRESIDENTA: Iniciamos la sesión, conforme a la ordenación que ha sido distribuida a sus señorías. Algunos puntos del orden del día se tramitarán acumuladamente: los puntos 1 y 13; los puntos 2 y 11; los puntos 4 y 14; y
los puntos 9, 17 y 18. Los restantes se verán de forma individualizada. Como siempre, en cada apartado intervendrán los grupos proponentes de la iniciativa por su orden de presentación y por un tiempo máximo de siete minutos, para a continuación
intervenir los restantes grupos en fijación de posición en un turno de cinco minutos de menor a mayor.
Por lo que se refiere a las votaciones, aunque es un poco aventurado por mi parte, me gustaría decir que se producirán no antes de las cinco de la tarde. La votación corresponderá a cada uno de los puntos, del primero al último.
Vamos a comenzar el debate con los puntos 1 y 13. El punto 1, petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, para la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, con el orden del día de la comparecencia del ministro para dar cuenta del recorte de prestaciones sanitarias que sufrirán a partir de 2015 los funcionarios cuya cobertura
médica corre a cargo de Muface. El punto 13 es del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y del Grupo Mixto, en el que se acuerda la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda, con la comparecencia del ministro para
tratar sobre la nueva situación sanitaria en la que han quedado cientos de miles de funcionarios y familiares beneficiarios pertenecientes a la mutualidad Muface, dado que las tres grandes aseguradoras privadas que este año han firmado el concierto
con esta mutualidad (Adeslas, Asisa, y DKV) han recortado su cartera de médicos y hospitales, de forma que hay especialidades e incluso centros a los que ya no pueden acudir estos. En primer lugar interviene, en nombre de uno de los grupos que han
presentado la iniciativa, por el Grupo Socialista, la señora Sumelzo Jordán.
La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias, señora presidenta.
El pasado 30 de diciembre el Grupo Parlamentario Socialista solicitó la comparecencia urgente del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para que explicase el recorte de las prestaciones sanitarias que hoy ya están sufriendo los
empleados públicos, cuya cobertura médica corre a cargo de Muface. Estamos hablando de un 1,5 millones de ciudadanos que ven cómo el Gobierno está incumpliendo la obligación que tiene con ellos, cómo el Gobierno recorta sus derechos sanitarios.
Hablamos de personas enfermas, muchas de ellas muy graves, que se enfrentan con desasosiego a estos recortes y sin saber qué hacer, porque les falta información.
Señorías, con su gestión el Gobierno está llevando el sistema de asistencia sanitaria de Muface a una situación insostenible. Los recortes presupuestarios y la nefasta gestión amenazan la viabilidad de la entidad y están reduciendo
dramáticamente la calidad de las prestaciones. Hablemos de ella. El concierto, firmado en diciembre de 2011, con una vigencia de dos años, obligaba a las entidades de seguro a mantener un número mínimo de facultativos por especialidad; sin
embargo, en los conciertos para 2014 y 2015 estas exigencias se modificaron, permitiendo a las entidades de seguro suprimir de su cartera decenas de centros hospitalarios y miles de médicos. Algunos ejemplos son muy ilustrativos. Así, en una
ciudad con 30.000 beneficiarios de Muface, en 2011, las compañías tenían que hacer constar en sus cuadros de médicos como mínimo 13 cardiólogos, hoy, en 2015, son 8; en 2011 tenían que hacer constar 11 oncólogos, hoy son 3; en 2011, 4 cirujanos
pediátricos, hoy solo 1. Ya no se trata solo de una reducción de la calidad y del número de médicos y hospitales a los que pueden acudir. Miles de empleados públicos tienen que dejar de ir a los centros médicos donde eran tratados muchos de ellos
en ocasiones por enfermedades muy graves, y en esos casos la situación que están viviendo está fomentando el copago sanitario por la puerta de atrás. Es decir, beneficiarios que hasta ahora venían siendo tratados de procesos patológicos graves con
cobertura gratuita, antes de cambiar de médico o de hospital, prefieren pagar la cuota que les exige la compañía para poder seguir recibiendo esa atención. Al final la mala gestión del Gobierno ha conseguido que los mutualistas sean clientes de
segunda de las compañías aseguradoras que disponen de carteras de servicios completas para sus clientes privados y de carteras reducidas de médicos y hospitales para sus clientes de Muface.
Señorías, desde 2012 el Gobierno está ahogando financieramente a Muface. Se preguntarán: ¿cómo? Pues bien, la congelación de la oferta de empleo público ha hecho que cada vez entren menos cotizantes nuevos y se incremente el número de
beneficiarios jubilados, que ya no cotizan. Les voy a leer los datos para que no haya errores. Los ingresos por cotizaciones se han reducido de 373 millones en 2011 a 325 millones en 2013. Aún no se sabe lo que se ha recaudado en 2014, y la
previsión del Gobierno de 327 millones para 2015 es claramente exagerada. Por otro lado, junto a la caída de cotizaciones, ha descendido también la aportación del Estado un 20 %: de 1.100 millones en 2011 a 898 en 2013. Por este desfase entre
ingresos y gastos Muface tuvo que acudir a remanente de tesorería y la reserva de Muface pasó de 560 millones en 2011 a 117 en 2014. Ante la posible quiebra el Gobierno decidió poner un parche en forma de aportación financiera y no tuvo más remedio
que aumentar su aportación en 2014 a 1.058 millones y la previsión para 2015 es de 1.201 millones; pero estos aumentos son ficticios y además claramente insuficientes.
Resumiendo, señorías, con las políticas del Gobierno de recortes presupuestarios, la nefasta gestión y el diseño de los conciertos, el Gobierno es el auténtico responsable de la caída en picado de la calidad de la asistencia sanitaria de los
mutualistas españoles, de 1,5 millones de ciudadanos españoles. Por todo ello es bastante obvio pedir que se convoque una sesión extraordinaria de la Comisión en la que el señor Montoro nos dé explicaciones y además razones de cómo va a solucionar
estos problemas.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señora Sumelzo.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, recordarán ustedes que no es la primera vez que nuestro grupo advierte de la situación en que se encuentra Muface, y el señor Montoro dijo que no pasaba nada. Pues sí pasa, pasa y pasan cosas importantes; por eso hemos pedido la
comparecencia urgente del señor Montoro en su doble condición de ministro de Hacienda y ministro de Administraciones Públicas. ¿Qué pasa? Lo evidente, y es que si se reducen las aportaciones a una entidad como Muface sin duda eso tiene impacto no
solo en los números sino también en la calidad asistencial que prestan los servicios concertados en régimen de aseguramiento
por los hospitales contratados por las diferentes aseguradoras. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Desgraciadamente ha pasado que las aportaciones hechas por el Ministerio de Hacienda, por los Presupuestos Generales del Estado, se han
ido reduciendo significativamente desde 2009 y que Muface se ha comido exactamente 1.052 millones de euros de remanente, lo que en el sistema de Seguridad Social pudiéramos llamar fondo de reserva, que tenían hasta dejarlo a cero. Tanto es así que
los que lo conocen saben -así se informó en el último consejo general de la mutualidad- que el Gobierno ha tenido que hacer un anticipo de los ingresos de enero para que Muface pueda pagar sus obligaciones durante enero de 2015. Es decir estamos en
una situación, francamente, de insolvencia -si se puede decir así-, claramente de números rojos de Muface que hay que abordar, y el ministro tiene que dar explicaciones a esta Cámara.
Eso sin duda tiene repercusiones en la calidad asistencia. ¿Qué ha pasado? Lo que sucede desgraciadamente en los sistemas de aseguramiento privado, que las entidades aseguradoras y los hospitales que dependen de ellas deciden en función de
lo que perciben, e incluso se permiten el lujo por supuesto de presionar a quienes compran los servicios, como están haciendo en estos momentos. Resultado: el 1,5 millones de empleados públicos cuya asistencia sanitaria depende en estos momentos
de Muface están viendo cómo se les está reduciendo la cantidad y calidad de esa asistencia sanitaria, y no en temas menores sino en cuestiones de clara significación para la salud. Por ejemplo, como consecuencia de las decisiones que han adoptado
determinados hospitales que han dejado de prestar sus servicios para las cuatro aseguradoras contratadas con convenio con Muface, nos encontramos en estos momentos con que personas que tenían un tratamiento vinculado a un determinado hospital dejan
de tenerlo; y no un tratamiento cualquiera, sino por ejemplo tratamientos oncológicos. Lo único que hace Muface es garantizarles que durante los seis primeros meses de 2015 se les continuará prestando esa asistencia. ¿Ustedes de verdad creen que
es normal que en temas como puede ser la oncología, en los que hay una relación de confianza clara en la prestación del servicio en un hospital y de un equipo médico determinado, se pueda romper por la falta de recursos motivada por esa restricción
del crédito acordada por Muface? Solución de los hospitales: se han dirigido -con todo el desparpajo del mundo y con toda la cara dura- a aquellas personas que en estos momentos ya no tienen la cobertura a través de esos hospitales, ofreciéndoles,
si lo consideran oportuno, mantener esa prestación. ¿Cómo? De la manera más sencilla: si lo pagan; es decir, además de Muface pagan. De nuevo, como ha pasado en otros ámbitos de la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud, el método
es que quien tiene dinero se lo paga y quien no va a las listas de espera. En ese sentido es absolutamente urgente que se aborde esa realidad porque estamos hablando de la salud de 1,5 millones de personas. Esto es como cuando denunciamos una
situación idéntica en el Sistema Nacional de Salud, estamos hablando de la salud de millones y millones de españoles. Ese es un tema en el que, por mucho que el Gobierno diga insistentemente que con menos se puede hacer más, la verdad es que no,
como se desprende de la situación que hay.
Quiero aprovechar para poner de manifiesto una realidad para todos aquellos que consideran de una manera tan superficial que los sistemas de aseguramiento privado tienen una superioridad casi de derecho natural frente a los sistemas de salud
públicos. En este caso se ve que no, porque ¿qué pasa cuando se le da la asistencia sanitaria a un mecanismo de aseguramiento privado como este? El asegurador privado, reduciendo gastos en los hospitales que lo prestan, hacen una cosa que se llama
la selección adversa de riesgos; es decir, todas aquellas intervenciones que tienen un mayor coste para quien las presta dejan de ofrecerse en la cartera de seguros. Así lo fuerzan. Eso es lo que les está pasando ahora a los empleados públicos
que tienen su cobertura con Muface, es lo que les podría pasar al resto de ciudadanos españoles si alguien cayera en la trampa a la que algunos nos quieren llevar de sustituir el Sistema Nacional de Salud por otro de aseguramiento privado, que para
algunos es superior -no sé por qué ancestralmente, por cuestiones de derecho natural-. Solo deseo insistir en una cuestión, si un tema como este que afecta a Muface, que es la mutualidad específica que cubre la asistencia sanitaria de los empleados
públicos y que afecta a la salud de 1,5 millones de empleados públicos, funcionarios del Estado, no requiere la comparecencia urgente de un ministro, entonces ya no sé para qué están los ministros. Creo sinceramente que debería ser el propio señor
Montoro quien, ante las informaciones ciertas que se han producido en los medios de comunicación, pidiera voluntariamente su comparecencia para dar explicaciones y aclarar qué piensa hacer en ese sentido. No estamos ante un problema coyuntural,
sino ante un problema estructural: si no se aumentan los recursos de Muface, sin duda va a verse penalizado el sistema de aseguramiento que tiene contratado y por lo tanto también la calidad de los beneficiarios.
Ya sé que lo que estoy pidiendo es casi, casi un imposible; pero espero que, al menos por la condición de empleados públicos de muchos de los diputados del Partido Popular -aunque solo sea por eso; yo sé que hay alguna persona que está
inquieta en relación con este tema-, puedan votar a favor de esta comparecencia.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Primero, quiero para ratificar la solicitud del Grupo Parlamentario Mixto de comparecencia del señor ministro. Seré muy breve porque yo creo que han estado muy claras las intervenciones anteriores. Expondré tres argumentos: el primero,
porque afecta a 1,5 millones de españoles, y afectando a tal número de personas exige la comparecencia del ministro, sin entrar en el fondo del asunto en ese primer aspecto. El segundo aspecto es el tema médico. Por razones mías, propias y
familiares, he vivido procesos oncológicos y enfermedades graves, y hay dos conceptos. Uno es el médico: es un disparate en determinadas patologías y enfermedades cambiar de médico a mitad de tratamiento porque el historial es importante, la
reacción o no a determinados tratamientos; y el otro es personal: se crea una relación de confianza absoluta con el médico, y no tiene sentido en determinadas patologías -es inhumano- cambiar de médico. Yo no entro a discutir -podría debatirse-
sobre otro tipo de consultas, en las que Muface -yo he sido mutualista de Muface porque he sido funcionaria- quizá no tiene las listas de espera de la sanidad pública; a lo mejor ahí, en los ajustes que se hacen -hemos tenido también ajustes en la
sanidad-, la gente tiene una consulta o una operación prevista de cadera y hasta ahora los funcionarios se operaban en tres meses y un ciudadano normal en dos años. Hasta podríamos admitir que eso no cambiara pero, desde luego, en determinadas
patologías (oncológicas, cardiacas, psiquiátricas y de otro tipo) es inadmisible. Tendríamos que hacer el esfuerzo para que aquellas cuestiones que son médicas y de confianza, en una situación muy difícil, se puedan resolver para que esas personas
que están en tratamiento tengan la garantía de que van a seguir con su médico, con su centro hospitalario, con su calendario. Habrá que determinar qué patologías son, y para las otras, pues, chico, a lo mejor -no compartiéndolo- tiene
justificación, en una época de crisis, el mismo tratamiento de un funcionario que el de un ciudadano normal.
La tercera cosa por la que me parece importantísimo que comparezca el ministro es por el futuro de Muface. Muface no es solo el tema sanitario sino también la prestación de pensiones en su momento. Sobre todo, al final tenemos que saber
cuál va a ser el futuro de Muface, cuál va a ser la política del Gobierno, porque, como ha dicho muy bien el señor Coscubiela, estamos ya en una situación inviable. Creemos que el Gobierno tiene que decir cuál es su planificación y hablar del
futuro de Muface a los funcionarios afectados pero también a la Cámara y a las fuerzas políticas. Yo creo que tanto en prestaciones sanitarias, pensiones o mutualistas tenemos que tener un consenso político. Esto no se puede variar en función de
que cambie el Gobierno. Tiene que haber unas previsiones y la situación económica de Muface es la que es.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señora Oramas.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Anunciamos nuestro voto favorable a las dos peticiones realizadas por el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida. En primer lugar, la interrupción de un proceso oncológico por falta de recursos financieros no solo es algo inhumano
-constituye un acto inhumano y aberrante- sino que es la vulneración de un derecho subjetivo consolidado por los beneficiarios, entrecomillando la expresión, de este tipo de procesos; vulneración o interrupción de un proceso oncológico -de un
derecho subjetivo- que puede acabar en la peor de las situaciones.
En todo caso, señor Coscubiela, esta dialéctica, a la que usted es tan propenso de la comparación entre los sistemas de aseguramiento privados y los públicos, los sistemas mutualistas y los sistemas públicos de protección, yo creo que es un
falso dilema; además no hay que recurrir al derecho natural para
avalar cuál es la bondad o la pertinencia de unos u otros: depende de cómo se configuren jurídicamente y cómo se financien. Si la Ley de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional no hubiese conseguido una financiación
suficiente en el ámbito de las contingencias comunes de la incapacidad temporal o en el de las contingencias profesionales de la enfermedad profesional, en este momento estaríamos hablando de problemas muy serios similares a los que usted ha
denunciado en relación con Muface. Lo que ocurre con Muface es que ni el ordenamiento jurídico es claro, ni la configuración jurídica de este sistema mutualista es clara, ni lo es tampoco su futuro -es un futuro enigmático-; y, en último lugar,
nos encontramos con una manifiesta insuficiencia en la financiación provocada por el Gobierno. Por tanto, es importante que comparezca el ministro de Hacienda para explicar a qué se debe la vulneración de derechos objetivos vinculada a la
disminución de la financiación, que no es irrelevante ni baladí porque va de los 1.100 millones de euros de 2011 a los 860.000 de 2013. Así es muy difícil financiar todos los requerimientos que tiene Muface, que además tiene el doble problema, que
también han indicado ustedes, de que en este ámbito las congelaciones y la inexistencia de OPE en incorporación de nuevas personas impide la incorporación de nuevos cotizantes; sin embargo, en el sistema Muface incluso las posibilidades de
jubilación son más flexibles que en el régimen general de la Seguridad Social, se puede recurrir con más facilidad a la jubilación anticipada, con lo cual se incrementa el número de beneficiarios.
Por todo ello, es importante que se nos explique, primero, por qué disminuyen los presupuestos, las consignaciones presupuestarias y, segundo -lo que resulta quizá más grave en este momento-, el fondo de reserva de Muface ha desaparecido
prácticamente en este momento, se lo han comido ya para atender a las necesidades más perentorias, que no se están cubriendo siquiera ni con la amortización del fondo de reserva. Creo que estos son motivos más que suficientes, señora presidenta,
para una explicación en esta Cámara; una explicación urgente que afecta a un colectivo ni baladí ni irrelevante tampoco, el de 1.500.000 ciudadanos que pueden ver quebrantado su derecho a la asistencia sanitaria, y, como ha dicho la señora Oramas
claramente, otros derechos también que están muy vinculados al futuro de Muface. Quizás el futuro de Muface -acabo ya, señora presidenta- sea la declaración de esta institución como una entidad a extinguir, pero, al margen de esto -ese es un debate
mucho más complejo-, por lo pronto vamos a intentar que cumpla suficientemente, desde una perspectiva financiera, sus obligaciones sanitarias.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo también va a apoyar ambas comparecencias porque consideramos, como ya han dicho los intervinientes anteriores, que estamos ante un caso de extraordinaria gravedad por varias razones: primero, por las consecuencias de lo que le está
ocurriendo a ese 1,5 millones de funcionarios y, segundo, por cómo se están haciendo las cosas. Me gustaría comenzar diciendo, porque quizás haya en parte de la opinión pública cierta confusión al respecto, que la pertenencia a Muface no es un
privilegio, algo que distinga con una serie de ventajas a los funcionarios, sino una herencia de un modelo de Estado asistencial anterior que los funcionarios no pueden elegir: se es de Muface si se es funcionario del Estado y punto. Luego ya el
sistema de elección del tipo de servicios sanitarios es el conocido y el que está ahora en crisis. Además, lo que ha ocurrido -nos parece particularmente grave- es que muchos beneficiarios de Muface se han ido encontrando con las dificultades que
había para recibir la asistencia a la que tenían derecho sobre la marcha, sin previo aviso y con una opacidad total. Eso indica una falta de respeto no solamente ya a los derechos subjetivos consolidados de los beneficiarios, como se ha dicho, sino
a las obligaciones del propio Gobierno y del Estado como tal en su relación con los ciudadanos, que no son súbditos. Es decir, que una persona que tiene un grave problema de salud se tenga que enterar precisamente durante la asistencia a su
enfermedad de que de repente ha perdido tales derechos o tales asistencias con las que contaba es algo que nos parece de una extraordinaria gravedad, por lo que significa de maltrato y de ignorancia de las obligaciones básicas que tiene un Gobierno
con los ciudadanos y, en este caso, con los funcionarios del Estado. Dicho esto, coincidimos en que es completamente insostenible e injustificable que por una parte se haya ido vaciando la tesorería de Muface, se haya ido reduciendo su presupuesto,
mientras aumentaba el número de beneficiarios debido al aumento de jubilaciones y, a la vez, se reducían las aportaciones de los propios funcionarios al congelarse la tasa de reposición de funcionarios, con lo cual se creaba un círculo vicioso
diabólico cuyo resultado tenemos a la vista.
Evidentemente, hay que hablar del futuro de Muface, hay que saber qué se va hacer con esta mutua, pero lo que no se puede de ninguna de las maneras en una democracia mínimamente presentable y
aceptable es hacer las cosas así: mediante políticas de hechos consumados, sin debate previo parlamentario, sin rendición de cuentas del Gobierno de lo que se está gestionando al respecto y sin que conozcamos nadie ningún plan alternativo.
Si la idea es que los funcionarios en su totalidad se integren en el régimen ordinario de la seguridad social y de los diferentes sistemas autonómicos de salud tenemos que saberlo. Tenemos el derecho a conocerlo, y no lo que ha ido ocurriendo desde
hace ya algún tiempo, que ha sido una constante acumulación de sorpresas sin anuncio previo y en muchos casos con efectos irreversibles. Si Muface tiene una tesorería que solo sirve para abordar el funcionamiento ordinario de un mes es evidente que
se ha dado por hecho sin explicaciones a esta Cámara, sin explicaciones a los afectados (los funcionarios), ni tampoco a las aseguradoras que prestan servicios a Muface de que se está en un proceso de extinción no declarada, no planificada y no
decidida de esta mutua. Por eso mismo, consideramos de la mayor importancia recibir explicaciones del Gobierno mediante la comparecencia del ministerio afectado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Popular, señor Matarí.
El señor MATARÍ SÁEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Cómo les gusta, señorías del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, intenta aprovechar y utilizar para su beneficio político las situaciones en las que con carácter excepcional algún ciudadano -en este caso funcionarios- puedan sentirse
desprotegido en un momento dado en su asistencia sanitaria. Señorías, la preocupación, la angustia o el desasosiego que alguna persona enferma pueda sentir por la prestación sanitaria que recibe es siempre comprensible, razonable y por descontado
nos preocupa, y al Gobierno le preocupa y ocupa, por eso está trabajando para solucionarlo. No es comprensible, razonable ni ético en muchos casos que ustedes siempre intenten aprovecharse de estas situaciones. Ustedes saben -lo saben pero les da
igual- que ni Muface ha recortado prestaciones ni está en peligro su situación económica. Pueden haberse producido o puede que se estén produciendo, efectivamente, problemas en alguna prestación sanitaria de algún enfermo; pero, insisto en lo que
ya saben, que Muface garantiza esa prestación en todo caso y está trabajando para dar solución a los problemas puntuales que han surgido con el concierto de 2015. Insisto, no se ha producido ningún recorte de ninguna prestación, los mutualistas y
beneficiarios de Muface tienen el derecho a recibir la cartera de servicios de Sistema Nacional de Salud con todas sus especialidades y sin ningún tipo de copago o necesidad de aseguramiento complementario. Las entidades que han formalizado el
pasado mes de diciembre el concierto para 2015 son las mismas que en 2014 y los conciertos establecen las condiciones en que debe prestarse el servicio y las estipulaciones para garantizar el acceso a los medios exigidos en cada nivel asistencial.
No obstante, señorías, con el fin de garantizar la mejor asistencia disponible a sus mutualistas y beneficiarios el concierto prevé también una garantía de tratamiento para aquellos pacientes que ya hubieran comenzado a recibir aquellos recursos
sanitarios que dejan de estar concertados. Señorías, es un principio llamado continuidad asistencial que garantiza dicho tratamiento con cargo a la entidad de adscripción del mutualista durante seis meses en caso de enfermedades graves y de un año
-que es el periodo de duración del concierto de 2015- para el caso de enfermos oncológicos y psiquiátricos. Esto está garantizado y las entidades tienen que cumplir, señorías.
También se ha hablado de recortes presupuestarios y de ahogo financiero y muy rápidamente les daré algunos datos que desmienten lo que ustedes dicen porque no es cierto. El programa 312.A, asistencia sanitaria del mutualismo administrativo,
en el presupuesto socialista de 2011 estaba dotado con 1.355 millones de euros para un colectivo de 1.545.117 beneficiarios, un ratio de gasto de 877 euros por beneficiario. En el presupuesto 2015 está dotado con 1.356 millones de euros para un
colectivo de 1.523.272 beneficiarios, es decir una ratio de gasto de 890 euros por beneficiario.
Además, señorías, Muface tiene un presupuesto equilibrado. En 2014 ascendió a 1.588 millones de euros y en 2015 será de 1.613, con un incremento del 1,58 %, que irá directamente a la mejora de la asistencia médica y farmacéutica de 1,5
millones de personas que, efectivamente, se benefician de su sistema de protección. Estamos pues, señorías, ante un sistema solvente de atención a los funcionarios civiles plenamente garantizado por el Estado, así que no transmitan intranquilidad.
La aportación del Estado a Muface en 2015 se va a incrementar en 142 millones de euros y consolida el incremento de más de 160 producido en 2014, con lo que el total de aportación llega a 1.200 frente a los 900 de 2013. El señor Coscubiela dice que
se reducen las aportaciones, y es falso. Señorías, a pesar de la crisis, de la situación
económica y de las muchas deudas que ustedes -los del Grupo Socialista- nos dejaron seguimos contando también aquí con un buen sistema de prestaciones sanitarias, por el que optan efectivamente el 82 % de los funcionarios civiles del Estado
y que hoy está mejor garantizado que hace tres años, lo mismo que pasa con el conjunto del sistema de bienestar español.
Señora presidenta, no hay razones a nuestro juicio para esta comparecencia que ustedes solicitan con carácter urgente. Desde Muface y desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se está trabajando intensamente estos días
para dar solución a los problemas que sabemos que se están produciendo con el concierto de 2015.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Matarí.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CÁMARA (número de
expediente 062/000246), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA URGENTE DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PARA INFORMAR DE SUS ACTUACIONES Y RESPONSABILIDADES EN RELACIÓN CON LAS INFORMACIONES QUE SE HAN CONOCIDO SOBRE FINANCIACIÓN ILEGAL EN SU PARTIDO, A LA VISTA DEL CONTENIDO DEL ÚLTIMO
ESCRITO DE ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN EN EL CASO GÜRTEL. (Número de expediente 210/000116).
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CÁMARA (número de expediente 062/000255), CON EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PARA INFORMAR DE LAS MEDIDAS QUE HA TOMADO A LA VISTA DEL CONTENIDO DEL ÚLTIMO ESCRITO DE ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN EN EL CASO GÜRTEL.
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al debate de los puntos 2 y 11. Punto 2, petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, para la
celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día: Comparecencia urgente del presidente del Gobierno, para informar de sus actuaciones y responsabilidades en relación con las informaciones que se han
conocido sobre financiación ilegal en su partido, a la vista del contenido del último escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Gürtel. Punto 11, petición, formulada por La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de
una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con el orden del día de la comparecencia del presidente del Gobierno para informar de las medidas que ha tomado a la vista del contenido del último escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción
en el caso Gürtel.
Interviene en primer lugar por el Grupo Socialista, uno de los grupos proponentes, el señor Pradas Torres.
El señor PRADAS TORRES: Gracias, señora presidenta.
Ana Mato, Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas, Jesús Sepúlveda, Alberto López Viejo, Guillermo Ortega, Ricardo Galeote, Jesús Merino... y así podría seguir hasta cuarenta y dos. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: ¡Y nosotros
hasta cincuenta y pico!). Estas personas podrían ser los intervinientes en un curso de la Faes o en un congreso nacional del Partido Nacional, pero no, es la relación de imputados del Partido Popular en la trama Gürtel. Pero no solo hay muchos
miembros del Partido Popular afectados por la trama de corrupción y en especial por la que nos ocupa hoy en esta comparecencia, la trama Gürtel, sino que el PP como organización política misma se ha lucrado de forma organizada y opaca con la
corrupción. Los responsables del Partido Popular han seguido una línea argumental basada en dos premisas. Una, respetamos lo que dicen los tribunales. Dos, este señor no tiene nada que ver con nosotros. Dicen este señor para referirse al señor
Bárcenas, a Luis, al que dijo el presidente del Gobierno: Luis, sé fuerte. Este señor que hace unos días, al salir de la cárcel, dijo que
efectivamente había sido fuerte y que, por tanto, había cumplido su mandato. Posiblemente el señor Bárcenas sea el único español al que no ha defraudado el señor Rajoy. (La señora De Lara Carbó: ¡Eso ya lo habéis dicho!). Bochornoso,
señorías. Esa noche, desde luego, no fue la mejor noche para la democracia española.
En relación con el primer argumento, (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: ¡Si les cuento yo su argumento!), a eso de que respetamos a los tribunales, el propio señor Rajoy, allá por noviembre de 2013, en una rueda de prensa en Moncloa y
hablando sobre el caso Bárcenas decía: yo respeto y acato lo que digan los tribunales. O en Ancara, en abril de 2014: estaremos, en los casos que afecten a cualquier partido político o en los casos que afecten a cualquiera, a lo que digan los
tribunales de Justicia. Eso es el Estado de derecho. Y cierro comillas.
Lo mismo han hecho con el segundo argumento de que estas cosas no tienen nada que ver con el PP, con su partido político. La semana pasada, en relación con el señor Bárcenas, tanto el presidente del Gobierno en los pasillos de esta Cámara
como la vicepresidenta del Gobierno decían: esta persona ya no está en el Partido Popular. Pues bien, esta persona, el señor Bárcenas, les está acusando y retando para que se querellen contra él. Conque ya van tarde.
La realidad es muy distinta a lo que señalan estas dos líneas argumentales que han seguido en este tiempo. La existencia de una caja B en la contabilidad del Partido Popular y, en consecuencia, su financiación ilegal, es un hecho
contrastado. Y no lo digo yo, no lo dice el Grupo Socialista ni ninguno de los grupos en la oposición, sino que lo dice el juez instructor, lo dice la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, lo dicen los fiscales, lo dice la UDEF y lo dice la
Agencia Tributaria. En definitiva, lo dicen hasta el propio abogado del Estado, el interventor del Estado y lo dice todo el mundo. Permítanme un par de citas. El auto del juez instructor, que pone fin a las diligencias de investigación y llama a
la apertura de juicio oral, dice textualmente que los señores Bárcenas y Lapuerta fueron tesoreros de una contabilidad paralela o caja B nutrida de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial y que, de acuerdo a lo indiciariamente
acreditado, fue destinada: a) al pago de gastos generados en campañas electorales, b) al pago de complementos de sueldo a determinadas personas vinculadas al partido, y c) al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido Popular.
Eso es lo que dice el auto. En el escrito de acusación de la fiscalía del pasado día 16 de enero se dice que -y abro comillas- el Partido Popular es partícipe, a título lucrativo, de la trama empresarial corrupta liderada por Correa y Crespo y que
la contabilidad paralela o caja B del Partido Popular se nutría con carácter general de donativos que incumplían la normativa de financiación de los partidos políticos, que eran efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de
importantes adjudicaciones públicas. Cierro comillas. En el mismo sentido se ha de interpretar el hecho de que el juez instructor expulsara al Partido Popular como acusación, demostrándose así que el Partido Popular no es el perjudicado, como
están defendiendo estos días, por el caso Gürtel. El Partido Popular es el caso Gürtel y deben explicarlo, debe explicarlo el presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular.
El Partido Popular emitió un comunicado la semana pasada en el que dijo ser absolutamente ajeno a esta trama de corrupción. Pues bien, debe explicarlo aquí, en la sede de la representación de la soberanía popular. Nosotros le pedimos al
señor Rajoy que sea fuerte -Mariano, sé fuerte- y venga a dar explicaciones al Congreso. Sé que no le gusta esta idea. Cuando vino en agosto de 2013 lo hizo a rastras y forzado por todos los grupos políticos que lo pedimos.
En definitiva, señorías, el caso Gürtel-Bárcenas tiene que ver, y mucho, con el Partido Popular y, en consecuencia, deben dar cuenta del mismo ante este Parlamento los responsables del partido, sobre todo el máximo responsable del partido,
el señor Rajoy Brey. Mientras no den esas explicaciones y asuman las correspondientes responsabilidades, el señor Bárcenas va a ser como una sombra negra sobre sus cabezas, porque nadie les cree, y eso es grave, y es algo que no solo les afecta a
ustedes, sino también al conjunto de las instituciones de este país y muy claramente a la legitimidad de cualquier norma que sobre regeneración democrática sale de este Congreso totalmente desacreditada.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Pradas.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Lara.
El señor LARA MOYA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hemos solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno en una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara porque, a nuestro juicio, existen más razones que nunca para que dé explicaciones
por la existencia de una caja B en el Partido Popular. La caja B ya no es un invento ni una falsedad contada por el señor Bárcenas, que, por cierto, no es un marciano que aterrizó en Génova, sino el extesorero y exsenador del Partido
Popular, ascendido a estos cargos por el propio señor Rajoy. Ahora es la Fiscalía Anticorrupción la que en un detallado relato afirma la existencia de financiación ilegal del Partido Popular a través de una caja oculta al fisco y al Tribunal de
Cuentas que funcionó durante casi veinte años; ahora es la Abogacía del Estado la que dice que existía una caja B; ahora es el juez que instruye la trama de corrupción de la Gürtel quien habla de esa existencia y además mantiene al Partido Popular
como partícipe a título lucrativo. Por eso van a sentar en el banquillo a cuarenta y tres imputados, tres de ellos extesoreros del Partido Popular -señores Bárcenas, Lapuerta y Sanchís-, acusados de once delitos. Eso es una trama de corrupción.
La trama de corrupción cuya existencia reconoció el anterior portavoz del Partido Popular en esta misma Diputación Permanente no era una trama de corrupción contra el PP, como afirmó el propio señor Rajoy allá por el año 2009, era la trama de
corrupción del Partido Popular. Anticorrupción da por aprobada la existencia de una caja B en el Partido Popular, considera que el extesorero popular cometió hasta seis delitos distintos: cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad
documental, apropiación indebida y tentativa de estafa procesal, y nos parece una tomadura de pelo que la respuesta ante ello que da ahora el señor Rajoy sea que la caja B era de alguien, pero no del PP. No se puede tomar por tan idiota a la
sociedad española cuando se dice que nadie conocía la existencia de la caja B en el Partido Popular, que era una caja de Bárcenas. La caja mágica de Bárcenas, de la que salía dinero para pagar 1.700.000 euros por la remodelación de la sede de
Génova y alguna otra sede más; lo dice la Fiscalía Anticorrupción y lo dice el juez. La caja mágica de Bárcenas, de la que salía dinero en sobres para miembros de la dirección y destacados dirigentes del partido; lo ha dicho el juez. La caja
mágica de Bárcenas, de la que salía dinero para Suiza; lo dice la Fiscalía Anticorrupción y lo dice el juez. La caja mágica de Bárcenas, en la que entraban donativos, y el ministerio público dice que tenía una contabilidad paralela o caja B del
Partido Popular gestionada por ambos acusados, que se nutría con carácter general de donativos que incumplían la normativa de financiación de los partidos políticos y que eran efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de
importantes adjudicaciones públicas -fin de la cinta-.
¿El juez Ruz habla de más de 48 millones de euros y nadie en el PP sabía nada? ¿No se preguntaba nadie por qué y a cambio de qué entraban esos donativos, supuestamente patrióticos? Cuando las empresas pagaron esos donativos recibieron
adjudicaciones; la Agencia Tributaria dice que no son coincidentes, pero las mismas empresas que daban los donativos recibieron obras por valor de más de 22.000 millones de euros. Todo esto que dicen ahora el juez y la Fiscalía Anticorrupción fue
lo que llevó a Izquierda Unida y a otros más hace dos años a presentar la querella que entre otras cosas propició la entrada de Bárcenas en la cárcel; por cierto, aún sin instruirse, esta también se tendrá que instruir además del caso Gürtel.
Bárcenas ha dicho que Rajoy conocía la existencia de la contabilidad B del partido desde el principio; lo ha dicho el mismo Bárcenas, pero es el mismo que recibía los famosos SMS del señor Rajoy en la cárcel. Se ha dicho ya tantas veces lo de
Rajoy: Luis, resiste, sé fuerte, hacemos lo que podemos... Lo decía el mismo Bárcenas, al que el Partido Popular le había pagado los gastos para su defensa en la primera imputación que le hicieron. Lo decía el mismo Bárcenas, al que le habían
hecho un despido en diferido con indemnización en forma simulada, etcétera.
Hace año y medio el señor Rajoy vino a dar explicaciones al Congreso por la presión pública, la presión política y -también hay que decirlo- por la presión de la prensa extranjera sobre este caso, y ahora entendemos que debe venir a dar
explicaciones por los autos de los jueces. Estamos en un paso más, y desde nuestro punto de vista es lo más decente que podría hacer el señor Rajoy en este momento. De lo contrario, toda esa supuesta lucha contra la corrupción que ustedes dicen
encabezar con la reciente aprobación de un par de leyes se les puede caer o se les caerá como un castillo de naipes, porque sencillamente es vergonzoso e indigno que el señor Rajoy siga siendo presidente del Gobierno mientras que en el PP no se ha
asumido ni una sola responsabilidad política por esta situación, por una trama de corrupción en la que se han enriquecido numerosos cargos públicos y empresarios que pagaban sobornos y mordidas para conseguir adjudicaciones de obras públicas. Por
eso entendemos que el señor Rajoy está obligado a comparecer en el Parlamento para dar explicaciones. Si no lo hace, desde nuestro punto de vista, volvemos a insistir una vez más, debería dimitir.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Lara.
Señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
En nombre del Grupo Mixto, ratifico la solicitud de que comparezca el presidente del Gobierno. Con mucha serenidad y tranquilidad, sin entrar en el fondo del asunto, quisiera decir que creemos que está muy bien que salga en los medios de
comunicación, pero las explicaciones y afirmaciones que hizo ayer el presidente en un medio de comunicación tiene que hacerlas en sede parlamentaria. Hay nuevos hechos que requieren su presencia en esta Cámara. ¿Cuáles son? La otra vez compareció
por la información en medios de comunicación y ahora hay ya una valoración por la Abogacía del Estado y por la fiscalía. En un país democrático como este y en cualquier otro país occidental, esos hechos acontecidos merecen la comparecencia del
presidente del Gobierno en las Cámaras. Es cuanto tengo que decir.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señora Oramas.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Nuestro grupo también va a votar favorablemente la petición realizada por el Grupo Socialista y La Izquierda Plural. No coincidimos con el presidente del Gobierno cuando ayer mismo señalaba que ha contestado continuamente a las
insinuaciones sobre este caso, que ha dado todas las explicaciones oportunas y que no hay nada más sobre lo que hablar. Lo cierto es que ante esta institución solo ha comparecido una vez, en unas circunstancias diferentes a las que en estos
momentos se dan y además, a nuestro modo de ver, dejó algunas cosas sin contestar. De hecho, si se repasa el 'Diario de Sesiones' se verá que nosotros señalábamos que, a medida que avanzara la investigación y a medida en que la fiscalía y el propio
juez Ruz fueran sacando sus conclusiones, el presidente del Gobierno podría tener que venir de nuevo a aclarar las circunstancias. Lo cierto es que el último escrito de la fiscalía da marchamo de credibilidad a muchos temas. Un dato objetivo es
que la propia fiscalía solicita penas de privación de libertad a 41 procesados, entre los cuales hay muchos cargos públicos del Partido Popular. Por otra parte, señala que los gastos del Partido Popular en campañas electorales municipales fueron
financiados con dinero que no correspondía a una caja A fiscalizada por el Tribunal de Cuentas ni a dinero obtenido según los procedimientos establecidos en la Ley de Financiación. Se acusa al secretario general del Partido Popular gallego de la
realización de facturas falsas para generar una caja B, de manera que se pudieran eludir impuestos y encubrir la propiedad y el origen de todos esos fondos. Se dice también que la preparación de muchos actos políticos de la señora Aguirre,
presidenta de la Comunidad de Madrid, fueron adjudicados troceando facturas y a una determinada red de empresas. Y se da otra circunstancia diferente, y es que Bárcenas ha salido de la cárcel y está hablando un día sí y otro también y dice cosas
que antes negaba, que antes dejaba dar a entender pero que ahora afirma rotundamente. Habla, por ejemplo, de una caja B para pagar las sedes del Partido Popular, cuya existencia acredita la fiscalía. Por tanto, el presidente del Gobierno debería
comparecer ante el Congreso de los Diputados, también por el bien de su imagen y del de su propio partido.
Los datos que estamos conociendo, por muy bien pensado que sea uno y por mucha explicación lógica y legal que se le quiera buscar, apuntan a la existencia de irregularidades. Sin embargo, esta mera existencia de la mínima irregularidad se
niega una y otra vez por el Partido Popular. No se ha admitido ni una sola responsabilidad política ni en un nivel ni en otro. Lo que nosotros tenemos muy claro -lo dije desde la tribuna la semana pasada- es que la modificación de la Ley orgánica
de financiación de partidos políticos y otras conexas, que van a dar mayores controles a la financiación de los partidos políticos y que van a proporcionar una mayor transparencia, una mayor claridad, no nos exime a los partidos políticos de dar
cuenta de las circunstancias que se hayan podido producir sobre financiaciones irregulares en los casos que se vayan conociendo. Pues este caso es lo suficientemente grande y lo suficientemente profundo y además está ya señalado incluso por un
organismo oficial como es la Fiscalía Anticorrupción como para poder esconder la cabeza debajo del ala. Por lo tanto, tal y como lo hacen el Grupo Parlamentario Mixto, La Izquierda Plural y el Partido Socialista, solicitamos la comparecencia del
Gobierno.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Mi grupo también apoya esta petición de comparecencia urgente, como no puede ser de otra manera, porque, contra lo que desde el Gobierno se viene diciendo, la situación con respecto a la corrupción no para de
agravarse día a día. Precisamente el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Gürtel, y no solo esto, no es ya un incidente aislado sino que es el testimonio de que la corrupción se ha convertido en el eje axial de la política en España, de
que casi todas las noticias que se generan desde la política tienen que ver con la corrupción y, lamentablemente, no tanto con su erradicación como con su encubrimiento. Esto es lo que nos parece extraordinariamente grave. Pensar que basta con
aprobar un par de leyes como la de altos cargos o la de la reforma de la Ley de financiación de partidos para dar por solucionados los grandes temas que tienen que ver con la sospecha de que la política española chapotea en la corrupción es algo que
no solo llega tarde y además es insuficiente, como ya tuve ocasión de decir durante la tramitación de estas dos leyes, sino que, además, es una huída hacia delante, una huida de la realidad que nos parece tremendamente preocupante.
La existencia de una caja B en el Partido Popular ya no es una mera conjetura periodística ni una hipótesis de la oposición, es algo que ya ha acreditado la Fiscalía Anticorrupción y también la Abogacía del Estado. Por lo tanto, tiene que
haber explicaciones políticas, al margen de lo que ocurra en el proceso. Esto es algo absolutamente elemental. Parece mentira que haya que explicar que las responsabilidades políticas no se diluyen ni desaparecen en las responsabilidades penales,
si las hubiere, y la típica repetición de los latiguillos de la presunción de inocencia y todo lo demás. Estamos hablando de una cuestión política y, por lo tanto, exige explicaciones políticas. Al margen de que existan -y ya veremos hasta dónde
se llega- responsabilidades penales, lo que hay aquí son responsabilidades políticas. ¿Sobre qué? Sobre el hecho de que, al final, la democracia continúa su cuesta abajo de desacreditación entre gran parte de la sociedad española, porque la
percepción que hay no solo es que hay corrupción, eso ya se sabía, sino que no se hace lo suficiente para erradicarla o para prevenirla con eficacia. Al revés, cuando se piden responsabilidades, lo que se obtiene a cambio son evasivas, negativas y,
como ocurrió en la anterior comparecencia del presidente del Gobierno, incluso mentiras. Esto es lo que hay que explicar, las evasivas y las mentiras, para que quien suceda al actual Gobierno y al actual presidente del Gobierno se encuentre con una
opinión pública que está de acuerdo en que se ha hecho un esfuerzo para erradicar la corrupción, para acabar con ella, para limpiar el país y, por lo tanto, para tener una democracia decente en un país normal, cosas que ahora mismo no ocurren. Por
eso pensamos que esta comparecencia no solo es urgente, es que tenía que haber sido a solicitud del presidente del Gobierno. La verdad es que no tenemos demasiadas esperanzas en que esto ocurra, pero no cejamos ni cejaremos nunca en recordar la
petición constante y permanente que la misión del Congreso de los Diputados no es solo jalear al Gobierno o criticarle, es también controlar de una manera eficaz la acción del Gobierno y representar a los ciudadanos, y hoy en día esas dos funciones
exigen que el Gobierno, en este caso el presidente del Gobierno, venga a explicar aquí qué ha ocurrido con la financiación, con la caja B, etcétera, y todo lo que envuelve esta sucesión de escándalos, que ya no son uno sino muchos, reiterados y que,
además, continuarán en el tiempo, porque aunque parezca mentira y algunos no lo comprendan, la justicia en España está muy lejos de funcionar bien, pero a pesar de todo funciona, los casos acaban llegando ante al juez y acaban siendo juzgados y a la
sociedad no se le olvida que va a asistir a un desfile permanente por el banquillo de personas que hace poco se consideraban intocables.
No es nuestra pretensión ni mucho menos decir que el problema de la corrupción sea exclusivo del Partido Popular, por desgracia ha sido algo demasiado extendido y extenso. También nos parece fatal que se convoquen elecciones en Andalucía y,
a la vez, se prolonguen los aforamientos de implicados en el caso de los ERE irregulares, pero ahora estamos hablando de un caso muy concreto. Aquí el y tú más no vale ni sirve para nada. Por tanto, lo que pedimos es lo más razonable del mundo,
explicaciones políticas por el máximo responsable de lo que tiene que ver con la existencia de una caja B de financiación ilegal en el Partido Popular.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, no es la primera ocasión que en esta Diputación Permanente se debaten solicitudes de comparecencia como las que estamos tratando en la sesión de hoy. En este punto la posición de Convergència i Unió siempre ha sido la misma. Se
basa en unas premisas que quieren destacar la necesidad de respetar siempre la presunción de inocencia, la necesidad de respetar siempre la
independencia del Poder Judicial, pero la necesidad de aportar siempre a esta Cámara la máxima transparencia. Cierto es que ayer el propio presidente del Gobierno habló en una entrevista televisiva sobre el fondo de los motivos que hoy
justifican estas peticiones de comparecencia, y lo hizo en los medios de comunicación. Como ha destacado ya la señora Oramas en su intervención previa, quiero hacer mías las palabras que el propio portavoz de nuestro grupo, el señor Duran i Lleida,
manifestó ante este caso Bárcenas en la sesión que tuvo lugar el día 1 de agosto de 2013. Decía entonces Duran i Lleida: en un sistema democrático, en un Estado de derecho, las ruedas de prensa no sustituyen ni pueden sustituir jamás al
Parlamento. Por tanto, ¿qué es lo que sería lógico tras lo que ayer se explicó ante los medios de comunicación y ante solicitudes concretas de comparecencia que hoy se debaten en esta Diputación Permanente? Lo que sería lógico es luz y taquígrafos
y poder debatir en sede parlamentaria. Que no nos pase lo que pasó el 1 de agosto del año 2013. En aquella ocasión el portavoz de Convergència i Unió, señor Duran i Lleida, afirmaba que se había tardado mucho en dar explicaciones y le decía al
presidente del Gobierno: cuando ha venido a esta Cámara, lo ha hecho presionado por las fuerzas políticas de la oposición, presionado por los medios de comunicación y también presionado por la propia ciudadanía. Eso es lo que ocurrió el 1 de
agosto del año 2013, una coincidencia en que esa comparecencia era necesaria pero que llegó tarde. Que no nos vuelva a ocurrir.
Ha habido nuevos hechos en el trámite judicial. Nosotros siempre hemos sido un poco reacios a mezclar la vida parlamentaria con la vida judicial cuando está un proceso en curso, pero es cierto también que este debate está en la calle y la
calle exige explicaciones, la sociedad, la ciudadanía exige unas explicaciones, que se darían si hoy se aprobaran estas comparecencias ante unos hechos graves que salen a la luz pública y que provocan indignación ante la ciudadanía, que exige esa
explicación y esa transparencia. Por tanto, Convergència i Unió va a votar favorablemente estas solicitudes de comparecencia. Pediríamos al grupo mayoritario en esta Cámara que no obstaculice aquí aquello que también pide de forma vehemente en
otros parlamentos donde no tienen esa mayoría. Aquí vemos semana tras semana cómo en la Junta de Portavoces no se permite que se puedan debatir ante el Pleno solicitudes de creación de comisiones de investigación, incluso se impide ese debate ante
el Pleno, porque es un debate importante en democracia que el Pleno pueda llegar a considerar peticiones que legítimamente realizan los grupos parlamentarios.
Por tanto, respetando la presunción de inocencia, respetando el curso judicial de los hechos, es necesario que este Congreso de los Diputados pueda realizar hoy estas comparecencias, que se pueda hacer desde la normalidad democrática ante
unos hechos que se conocen vía medios de comunicación. Tal y como el Partido Popular exige en otros ámbitos parlamentarios, que se aplique aquí, donde tienen mayoría absoluta, aquello que exigen en otros ámbitos y no obstaculicen estas
comparecencias que consideramos necesarias.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Popular, señor Conde.
El señor CONDE BAJÉN: Gracias, señora presidenta.
Que el Partido Socialista firme una iniciativa pidiendo dar explicaciones sobre financiación ilegal de un partido político, que el partido de Filesa firme tal proposición es paradójico. Que ese partido político le encargue la defensa de la
iniciativa a un diputado del Partido Socialista de Andalucía, el partido de los ERE, es por lo menos imprudente; pero que ese diputado comience su intervención dando una lista de nombres, eso es temerario, señor Pradas, porque eso me permitiría a
mí empezar mi intervención recitando los 280 nombres de los imputados del Partido Socialista de Andalucía en el caso de los ERE. No los voy a citar, los 280, porque no haríamos otra cosa, pero me va a permitir que le cite cuatro: Antonio Ávila,
Carmen Martínez, Francisco Vallejo y Manuel Recio (El señor Pradas Torres: No están imputados), que son, para los que no estén informados, los 4 consejeros de Empleo de la Junta de Andalucía que han sido amparados, cobijados en la Diputación
Permanente del Parlamento de Andalucía para sustraerlos a la acción de la justicia. (Rumores). Señorías, esa es la credibilidad, esa es la credibilidad de la iniciativa que ustedes traen, o la de Izquierda Unida, que también nos truena en defensa
de la transparencia, nos habla de la corrupción como si afectase a otros y desde luego omite cualquier referencia a su investigación en el asunto de Fitonovo, donde, según parece, están implicados en la financiación ilegal de su campaña. El mismo
partido que al tiempo que define al Partido Socialista como un partido que lleva la corrupción en su ADN -y son palabras del portavoz de Izquierda Unida en Andalucía-, sin embargo les permite alzarse con el Gobierno a pesar de haber perdido las
elecciones en Andalucía. (La señora Álvarez-Arenas
Cisneros: ¡Muy bien!). Esos son los intereses que algunos tienen por esclarecer los asuntos de corrupción. Algunos otros, hoy ausentes en la sala en este momento, se refieren a eso de la presunción de inocencia como un latiguillo, cuando
desde luego en el Partido Popular hasta ahora veníamos considerando, salvo que se nos ilustre con nuevas aportaciones a la ciencia política, que la presunción de inocencia, lejos de ser un latiguillo, es nada más y nada menos que un derecho
fundamental.
Señorías, entremos en la cuestión. Se pide la comparecencia del presidente del Gobierno porque según los grupos que han intervenido han cambiado las circunstancias respecto de la cumplidísima comparecencia que sobre este mismo asunto dio el
presidente del Gobierno el día 1 de agosto del año 2013. Se nos dice que el hecho nuevo, la nueva noticia que hoy debe ocuparnos es tanto el auto de apertura al juicio oral del juez Ruz como el escrito de acusación de la fiscalía. Pues, señorías,
efectivamente es un hecho nuevo, y es un hecho del que el Partido Popular se congratula, porque tanto ese auto del juez Ruz como ese escrito de acusación del fiscal vienen a decir en verdad judicial lo mismo que venía diciendo el Partido Popular
desde el comienzo. Porque nosotros decíamos que ignorábamos los tejemanejes de Bárcenas aprovechándose de su cargo de gerente y luego tesorero del Partido Popular, porque nosotros decíamos que no sabíamos nada de las comisiones que él y otros
venían procurándose a través de distintos procedimientos. Y cuando el auto de apertura al juicio oral y el escrito del fiscal lo que dice es que el Partido Popular es responsable civil a los efectos del artículo 122 del Código Penal está indicando
que ratifica exactamente la posición del Partido Popular. ¿Cuál es esa figura del responsable civil del artículo 122 del Código Penal? Es la figura de aquel que sin conocer la perpetración del delito, ignorando que el delito se estaba cometiendo
ha obtenido, sin embargo, pese a su desconocimiento, alguna clase de beneficio. Como no sabíamos que Bárcenas estaba robando, como ignorábamos que Bárcenas tenía una caja B en el Partido Popular, por eso mismo el Partido Popular está al margen de
la imputación en esta causa. Y eso es exactamente lo que acaba de decir el juez Ruz, eso es lo que ha dicho la Audiencia Nacional y eso es lo que ha dicho la fiscalía. Luego, lejos de tener razón ustedes con las acusaciones que hacen, lo que
tendrían que reconocer, si no les moviera la malicia o la ignorancia, es que el Partido Popular tenía razón cuando dijo lo que dijo y que el señor presidente del Gobierno, cuando dijo lo que dijo en sede parlamentaria el día 1 de agosto de 2013,
tenía razón.
Pero, ¿qué sucede? Sucede que efectivamente aquí algunos actuamos de distinta manera. Frente a los nombres que ha dado el portavoz del Grupo Socialista y los que yo he dado en esta mañana hay una diferencia esencial: ninguno de todos y
cada uno de los citados por el portavoz socialista son hoy militantes del Partido Popular ni ocupan cargo ninguno en el Partido Popular; por el contrario, los cuatro nombres que yo acabo citar no solo militan en el Partido Socialista sino que los
veremos de candidatos con toda seguridad por el Partido Socialista y desde luego el Partido Socialista los ha puesto a cobijo de la acción de la justicia metiéndoles en una diputación permanente de la que no formaban parte
Esas son las diferentes maneras de actuar. Señorías, ¿por qué se pretende traer entonces este asunto a la Cámara? ¿Qué es lo que en realidad se pretende reabriendo este debate cuando acabamos de ver que en realidad lo que hace el auto del
juez Ruz es exculpar de cualquier clase de conocimiento al Partido Popular? Señorías, lo que algunos pretenden es tratar de presentarse a las próximas elecciones con algo que decir. Aquí hubo un partido, que no solo fue el causante de la mayor
crisis económica que España ha vivido en los últimos años, sino que encima se las prometía muy felices pensando que al Gobierno no le quedaría otro remedio que pedir un rescate a la Unión Europea y que después de pedir un rescate, con lo que eso
implicaría de recortes en el Estado del bienestar, ellos serían vueltos a llamar a la acción de gobierno de modo inmediato. No hubo rescate. Cada vez que poníamos en marcha algunas de las medidas para intentar resolver la crisis, ellos no solo
votaban en contra sino que obstaculizaban la toma de las decisiones, recurriendo de modo sistemático todos y cada uno de los instrumentos legislativos que están haciendo posible salir de la crisis. Pero además pensaban que los efectos de esa
posible recuperación serían tan lentos que no podrían ser visibles por la población española antes de las elecciones y como hoy también se les cae semejante cosa, la única esperanza que ustedes tienen de poder presentarse ante los electores
españoles en las próximas elecciones diciendo algo es tratando de ensombrecer la acción de gobierno y la credibilidad de todos y cada uno de los miembros del Partido Popular con este asunto. Pues no se lo vamos a consentir, señorías. (Aplausos).
No se lo vamos a consentir y por eso vamos a votar en contra.
El señor PRADAS TORRES: Señora presidenta, quiero intervenir basándome en el artículo 73 del Reglamento.
La señora VICEPRESIDENTA: ¿Por qué razón? ¿Ha sido aludido personalmente, señor Pradas?
El señor PRADAS TORRES: No, pero el artículo 73 establece que se puede corregir una incorrección o una inexactitud que se hubiera producido.
La señora VICEPRESIDENTA: Si no le importa, puede encender su micrófono.
El señor PRADAS TORRES: No sabía si me había dado la palabra.
La señora VICEPRESIDENTA: Le he preguntado por qué la quería. Se refiere usted a una inexactitud, una.
El señor PRADAS TORRES: Exactamente una. De los cuatro nombres que ha citado el portavoz del Grupo Popular ninguno está imputado en este momento por ningún delito. Y quiero que así conste en el 'Diario de Sesiones'.
La señora VICEPRESIDENTA: De acuerdo.
Señor Conde.
El señor CONDE BAJÉN: Señora presidenta, efectivamente, he de rectificar: no están imputados, están preimputados. (Rumores). Y están preimputados y no imputados porque ustedes lo han impedido metiéndolos en la Diputación Permanente del
Parlamento. (Aplausos.-El señor Lara Moya pide la palabra).
La señora VICEPRESIDENTA: ¿Sí, señor Lara?
El señor LARA MOYA: Para una inexactitud también. Quería decirle al señor Conde, y que quede constancia en el 'Diario de Sesiones' en este caso concreto, que en relación con el caso Fitonovo, en el Ayuntamiento de Sevilla por dos veces se
ha opuesto el Partido Popular a crear una comisión de investigación, y en este momento se va a discutir, la tercera vez que lo propone Izquierda Unida, que se constituya la comisión de investigación. Esperemos que el PP en esta tercera ocasión...
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Lara, eso no es ninguna inexactitud, eso es algo complementario, pero no es ninguna inexactitud.
El señor LARA MOYA: Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Conde.
El señor CONDE BAJÉN: Alaya investiga si Izquierda Unida financió su campaña de 2011 con mordidas de Fitonovo. Esto es lo que usted debería explicar, no otra cosa. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Conde.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV), DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE INTERIOR (número de expediente 062/000247), CON EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DEL INTERIOR, PARA EXPLICAR LAS RAZONES POR LAS QUE, EN UN MOMENTO DONDE HA AUMENTADO EL NIVEL DE RIESGO DE ATENTADO TERRORISTA EN TODA LA UNIÓN EUROPEA, INCLUIDO EL ESTADO ESPAÑOL, EL GOBIERNO SE NIEGA A
CONECTAR LAS POLICÍAS AUTONÓMICAS A LAS BASES DE DATOS INTERNACIONALES, TAL COMO EXIGE UNA EFICAZ Y DILIGENTE POLÍTICA DE SEGURIDAD.
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al punto 3, en primer lugar, petición formulada por los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de que se acuerde la celebración de una sesión de la Comisión de Interior, con
la comparecencia del ministro para explicar las razones por las que, en un momento donde ha aumentado el nivel de riesgo de atentado terrorista en toda la Unión Europea, incluido el Estado español, el Gobierno se niega a conectar las policías
autonómicas a las bases de datos internacionales, tal como exige una eficaz y diligente política de seguridad. En primer lugar, interviene por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siempre es necesaria, pero lo es en su grado máximo cuando esa necesidad se pone de relieve de forma fundamental ante las amenazas crecientes que el terrorismo
internacional está protagonizando. Ante esas amenazas pedimos que aquellas fuerzas y cuerpos de seguridad que son policías integrales -lo es la Ertzaintza en el País Vasco, lo son los Mossos d´Esquadra en Cataluña, lo son las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado- deben colaborar. Deben tener la posibilidad, siempre, de intercambiar sus bases de datos, de permitir el acceso a las mismas, para que fluya la información. Porque ante una determinada detención que realice un mosso
d'esquadra en Cataluña, un ertzaina en el País Vasco, es necesario ante esa amenaza grave del terrorismo internacional tener todos los datos posibles de esa persona detenida y poder estrechar los lazos de comunicación entre las distintas fuerzas y
cuerpos de seguridad. Y esto es lo que pedimos hoy en esta solicitud de comparecencia el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió): pedimos que desde el Ministerio del Interior, mediante una
comparecencia del ministro en la Comisión, se dé cuenta de por qué se sigue impidiendo ese acceso a las bases de datos.
El señor Olabarría y yo mismo fuimos protagonistas de un debate en la Comisión de Interior del 27 de febrero del año 2013, en la que planteábamos una proposición no de ley de nuestro grupo parlamentario; una proposición no de ley que
simplemente enumeraba las distintas bases de datos en donde entendíamos que sería bueno crear esa necesaria coordinación entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad de ámbito estatal y de ámbito autonómico, y las citábamos: la base de datos
del DNI, Adextra, Meinas, Tirce, Armas, Embarcacions, el software de Interpol o la Oficina Sirene. Eran ejemplos claros que recibieron el no del grupo mayoritario y el rechazo de esa proposición no de ley. Meses después comprobamos cómo la amenaza
terrorista sigue claramente en un protagonismo, que debemos entre todos intentar atajar esa creciente amenaza,y para atajarla pedimos esa máxima colaboración también en lo que son las bases de datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por tanto
entendemos que esta comparecencia hoy es urgente y es más necesaria que nunca.
Tanto el señor Olabarría como este portavoz estuvimos en la Comisióndel 11-M. Allí pudimos comprobar, con el relato de los hechos, cómo lamentablemente cuando se trasladaban explosivos desde Asturias hasta Morata de Tajuña, un coche que
había sido parado en un control policial y llevaba explosivos en su interior, pudo proseguir su marcha hasta Morata de Tajuña porque no funcionó bien la coordinación en las bases de datos que se tenían en aquel momento. Es un ejemplo lamentable de
cómo en ocasiones pueden existir errores, pueden existir fallos de coordinación. ¿Qué es lo que intentamos evitar con este planteamiento que hacemos los grupos parlamentarios que solicitamos esta comparecencia urgente? Que no debamos lamentar que
en un futuro, ante lo que pueda ser una detención, por no tener toda la información sobre esas personas, por no tener todo el acceso a esas bases de datos, pudiéramos lamentar después que esa falta de comunicación y de información policial pudiera
restarnos eficacia en aquello en lo que todos estamos comprometidos: luchar con todas nuestras fuerzas ante esa amenaza creciente del terrorismo internacional. Lamentablemente nadie está exento ante esas nuevas amenazas y ante esas nuevas amenazas
pedimos, señora presidenta, en esta Diputación Permanente, esa comparecencia del Ministerio del Interior para realizar una sesión en la que se pueda explicar por qué se sigue negando esa colaboración con las bases de datos policiales que puede ser
en muchas ocasiones eficaz en ese objetivo compartido de luchar contra el terrorismo y contra todas las amenazas delictivas a las que lamentablemente estamos expuestos. Y que en un momento en que la seguridad -siempre lo es- es un pilar fundamental
del Estado de derecho, necesitamos incrementar esa colaboración entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad tanto estatales como autonómicos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Se trata de una denuncia que justifica sobradamente la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior y la comparecencia del ministro porque podríamos acreditar, desagregando, la falta de conexión de datos relevantes
policialmente -de las policías autonómicas integrales a los datos que obran en poder del Ministerio del Interior y de organismos internacionales de carácter policial- que son imprescindibles para la represión de delitos; de delitos que están
creciendo y que están provocando una gran alarma social en los tiempos que corren. Por desagregar con algunos ejemplos lo que estamos denunciando podríamos decirles, señora presidenta, que por ejemplo en relación con los operativos realizados
contra los abogados de
los presos de ETA el Ministerio del Interior solo ha comunicado a la Ertzaintza la realización de registros y detenciones cuando ya estaban en marcha y a efectos de que se establecieran los cordones necesarios para garantizar el orden
público. Los medios de comunicación han contado con información más amplia y con más antelación. Esto tenemos que manifestarlo como una actuación realmente inadecuada por parte del Ministerio del Interior; y desleal, políticamente desleal, e
ineficiente; o susceptible de provocar ineficiencia.
En cuanto al riesgo yihadista, tenemos el comentario igualmente de que los cambios a nivel de la amenaza se han conocido antes por la prensa que oficialmente por parte del departamento del Interior, de la Ertzaintza, de los Mossos d'Esquadra
y del correspondiente departamento de seguridad del Gobierno de Cataluña. Una vez comunicados estos cambios, en octubre de 2014 y en el año 2015, no se ha aportado información sobre los motivos que han sido la causa de estas situaciones. Sobre
materia yihadista no hay transmisión de información de ninguna naturaleza, señora presidenta. Tampoco se cuenta con la información que los cuerpos policiales del Estado y sus servicios de inteligencia -Centro Nacional de Inteligencia- puedan tener
y que afectan a Euskadi de forma específica, y lo mismo ocurre con Cataluña de forma específica.
En cuanto a información estratégica, no se informa sobre el Plan antiterrorista, sobre la Ley de seguridad nacional y sobre el Plan contra la radicalización. No se ha considerado la participación de la Ertzaintza, que es una policía de
carácter integral, ni del departamento de seguridad del Gobierno vasco en órganos transnacionales policiales como el sistema Schengen, el sistema de Interpol, de Eurojust o de Europol, cuando el conocimiento de los temas y las materias que se
manejan es imprescindible para la erradicación o la prevención de ciertos fenómenos terroristas que en este momento están provocando, como decía, particular alarma social.
El Gobierno no comprende que la seguridad en el Estado español en este momento está compartida por el Ministerio del Interior y fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen competencias integrales y poseen policías integrales. Me estoy
refiriendo a la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra. Así está previsto para la Ertzaintza en el artículo 17 del Estatuto de Autonomía de Gernika que atribuye a la Ertzaintza competencias plenas, competencias absolutas y completas, así como al
departamento del Interior, en materia de seguridad ciudadana, en materia de policía judicial y en materia de protección civil. Las competencias del Estado por vía de excepción están tasadas en el propio Estatuto de Autonomía de Gernika y están
vinculadas a determinados hechos o circunstancias en relación con las fronteras, la extranjería o la expedición de determinados documentos oficiales. Todas las competencias en materia de seguridad ciudadana -todas sin excepción- corresponden a la
Ertzaintza en el ámbito de Euskadi, como corresponden a los Mossos d'Esquadra en el ámbito catalán. La no aceptación del acceso a las bases de datos que manejan órganos transnacionales de carácter policial, como el Eurojust judicial, hacen que se
resienta el sistema de prevención de delitos graves, de delitos de terrorismo de nuevo cuño incluso que han provocado una gran alarma. Algo inédito en este Parlamento, la separación en el debate del Código Penal de la regulación jurídica de los
delitos de terrorismo del propio Código Penal para que sean objeto de una regulación específica en una proposición no de ley cuya suerte ahora desconocemos. Es una ineficiencia provocada por la falta de transmisión de datos y por la falta de acceso
a los mismos de dos policías integrales y de dos departamentos de Gobiernos autonómicos que tienen competencias plenas, menos las tasadas por vía de excepción a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Ministerio del Interior. La respuesta
preventiva -que es grave- y, sobre todo, la respuesta represiva -que también es grave- a fenómenos terroristas de viejo y nuevo cuño hace que se resienta considerablemente. Cuando esto ocurre, señora presidenta, y cuando estamos hablando de la
seguridad de todos los ciudadanos, está más que justificada -y no hay que glosarlo- la celebración de una sesión de la Comisión de Interior con carácter extraordinario y la comparecencia del ministro del Interior. En todo caso, le puedo asegurar
que nosotros vamos a reproducir recurrentemente este pedimento porque la existencia de policías autonómicas evidentemente es algo que debe ser objeto de valoración, debe ser objeto de respeto porque forma parte de los requerimientos del bloque de
constitucionalidad y sus competencias íntegras también.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Olabarría.
Pasamos al turno de fijación de posición. Señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Los nacionalistas canarios queremos decir, como hemos manifestado al Grupo Popular, que somos un partido de gobierno con sentido de Estado y siempre hemos apoyado las políticas antiterroristas de todos los
Gobiernos de España con sentido de la responsabilidad. Así, hemos manifestado nuestro apoyo a ese acuerdo posible que pueda haber en este momento para mejorar la lucha contra el terrorismo yihadista. Canarias es un territorio muy sensible
-sin entrar en más detalles, también por sentido de la responsabilidad-, frontera y cercano a esa expansión del Estado Islámico, con entradas de personas en determinados momentos, como todos sabemos, y con una colonia importante donde ha habido ya
detenciones en su momento en alguna isla de elementos radicales. Por ello, nos parece procedente la comparecencia del ministro por un lado para que aquellas cosas que se pueden hacer públicas en sede parlamentaria se hagan y porque nos parece
fundamental la coordinación y colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicos, en este caso la policía autonómica canaria, para que puedan colaborar en esa prevención, en esa actuación en un tema que alerta a los ciudadanos y que
desde luego para Canarias es vital.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Oramas.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Después del reciente atentado contra Charlie Hebdo lo lógico en nuestra opinión hubiera sido -como en otros países europeos- que en el Congreso de los Diputados se hubiera celebrado una comparecencia del ministro para hacer una evaluación de
cómo está la seguridad y la estrategia antiterrorista. En opinión del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, tenemos una tradición que deberíamos corregir y es concebir la estrategia antiterrorista como una estrategia de partidos y no como una
estrategia parlamentaria. Es decir, no damos al Parlamento un papel en una materia tan importante y tan sensible. Creemos que no es tarde para corregir esa posición y en ese sentido creemos que esta comparecencia es adecuada. Esta comparecencia,
como digo, que debería haber tenido lugar también en otros países, pero de manera prioritaria en España, en Inglaterra y en Francia, señorías, los tres países que han sufrido atentados yihadistas en los últimos tiempos y los tres países que deberían
acomodar su estrategia antiterrorista a nuevas amenazas, no son las amenazas tradicionales.
Por otra parte, el Gobierno ha considerado que la respuesta a la nueva amenaza es un refrito de artículos que vienen del pasado y que se actualizan al calor del tremendo atentado de París y no estamos de acuerdo. No creemos que sea
fundamentalmente un tema de Código Penal, no lo creemos. Y mucho menos que las modificaciones del Código Penal bordeen -en nuestra opinión- las libertades de los ciudadanos. En concreto, no se puede entender por terrorismo todo porque entonces
deja de ser selectivo -y debe serlo-. Consideramos que el incremento de penas que plantea el Gobierno -y para ejemplo la prisión permanente revisable- es no solamente excesivo sino arbitrario, esa es nuestra opinión. Sin embargo, en relación con
la propuesta concreta que hacen los grupos parlamentarios de Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco, nos parece que ahí es donde está fundamentalmente la cuestión. Señorías, lo que falló en París fue la prevención, la información y la
cooperación; esos tres aspectos prevención, información y cooperación. Una prevención que no puede ser absoluta porque no existe la garantía absoluta de que no se pueda producir un atentado, pero sí una prevención específica. Una información
selectiva, se puede informar de todo, no se puede fichar a todo el mundo, hay que fichar aquellos que están directamente implicados en las estrategias del terrorismo yihadista. Por último, la cooperación internacional, pero también cooperación
interna. Una de las recomendaciones de la Comisión de investigación del 11-M era la creación del consejo en materia antiterrorista, Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, pero otra recomendación era que todas las policías integrales
estuvieran en ese marco, en el marco del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, y también se proponía una base de datos compartida con el CNI. Creemos que es un buen momento también para reflexionar sobre la cooperación interna, no vaya a
ser que cuando vayamos a la cooperación externa no hayamos hecho los deberes a nivel interno y cuando hablo de cooperación externa es saber lo que pasa en el Intcen a nivel europeo, que no lo sabemos, y nuestra participación en los tres grupos de
trabajo, el de terrorismo interior, el de terrorismo exterior y también el que tiene que ver con la lista antiterrorista.
También queremos saber las directrices del coordinador de la UE para la lucha contra el terrorismo nombrado tras los atentados de Madrid -creemos que debe ser también informada esta Cámara- y también la estrategia mundial contra el
terrorismo que está en el marco de Naciones Unidas. Fíjense si hay materias para que haya una comparecencia del ministro de Interior. Inmediatamente después del atentado deberían haberse celebrado comparecencias también en Londres y en Madrid.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Socialista, señor Muñoz.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo entiende que la solicitud formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Vasco, PNV, es una iniciativa puesta en razón y por ello vamos a votar afirmativamente la misma.
Cualquier sistema policial moderno basa su eficacia en el manejo de una información de calidad, siendo efectivamente la información el recurso estratégico mayor del que dispone cualquier cuerpo policial, como lo son, y lo han dicho los
grupos proponentes, las policías autonómicas del Estado español. Sin embargo, el marco jurídico que regula esta situación, el espacio de libertad, seguridad y justicia que deviene del Tratado de Lisboa es verdad que establece determinadas
limitaciones y dentro de esas limitaciones, que las conocen también los grupos proponentes, nos encontramos con el ámbito en que tiene que desarrollarse esa cooperación entre todas las que son fuerzas y cuerpos de seguridad. Esto quedó perfilado
además en el tratado que se firmó en mayo del año 2005, un tratado europeo donde se ampliaba esa cooperación necesaria, como han dicho todos los grupos intervinientes, y que amplió esa cooperación a ámbitos de bases de datos desde el principio de
cooperación internacional en materias especialmente significativas como son bases de datos de ADN, de huellas dactilares, vehículos, información antiterrorista, medidas de retorno a la inmigración ilegal y se ha ampliado, es verdad, la figura dentro
de ese espacio Schengen al cual pertenecemos en el llamado archivo SIS-Sirene, donde ya se establece esa posibilidad de acceso también a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso de las policías autonómicas.
Es verdad que se establece en toda esa normativa lo que se llama el punto de contacto nacional y esa ejecución a través del mismo corresponde al derecho interno de cada país. Como han dicho los grupos proponentes, en nuestro sistema la Ley
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establece con esa definición en su artículo 2 a las policías autonómicas integrales como son la Ertzantza, como son los Mossos d' Esquadra y como lo son también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, en este caso la Guardia Civil y la Policía Nacional. En su artículo 45 reconoce y establece como principios que deben de guiar la actuación de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas el
principio de mutuo auxilio y de información recíproca en el ejercicio de sus funciones respectivas.
Nosotros creemos que tienen razón los grupos proponentes y que el ministro de Interior debe comparecer en una sesión de la Comisión de Interior, mucho más cuando en la iniciativa se hace referencia al aumento del nivel de riesgo que deviene
de los atentados ocurridos especialmente en Francia y en algún otro país de Europa. Además, ha supuesto la actuación brillante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por ejemplo en relación con la detención de elementos yihadistas en la
ciudad de Ceuta. Por tanto, como decía el representante de La Izquierda Plural, no se entiende que después de todo esto no haya habido una comparecencia del ministro del Interior para informar de esta estrategia nacional y hacer copartícipes y
corresponsables también a los grupos parlamentarios de esta Cámara, que es ni más ni menos la Cámara donde están los representantes de los ciudadanos. Esta comparecencia, pues, es necesaria. Creemos que no hay una libertad absoluta de acceso por
parte de policías integrales que no son el punto de conexión nacional, pero también creemos que de todo esto se tiene que hablar y encauzar, como digo, bajo los principios que establece en la relación la propia Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado: el de información recíproca y el de auxilio mutuo. Y desde luego esta comparecencia necesaria en ningún caso se puede suplir por la locuacidad del ministro ante los medios de comunicación, que en algunos casos, no ya a través de la
locuacidad del ministro, pero en otros sí, ha llevado incluso a que algunas operaciones policiales se hayan visto afectadas por la anticipación de alguna nota de prensa. Por todo ello, creemos que esta petición es razonable y vamos a votar a favor
de la misma, sin que ello signifique un posicionamiento en relación con la explicación que en su caso diese el ministro del Interior.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Muñoz.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Barreda.
El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Como ha sido recordado por otros intervinientes, esta no es una cuestión nueva ni en esta ni en anteriores legislaturas y parece, según ha anunciado el señor Olabarría, que será recurrente en el futuro. Los grupos que solicitan la
comparecencia del señor ministro del Interior conocen esa realidad, la legalidad,
la posición del Gobierno de España y su disposición a la máxima cooperación a la hora de lograr el objetivo de todos en esta materia, esto es, la seguridad colectiva, que es el objetivo con el que se crean las bases de datos a las que se
refieren en su petición. Evidentemente, es al servicio de esa seguridad como se gestionan esas bases de datos. Y siendo esto así, conociendo ustedes la legalidad, la realidad y la posición del Gobierno de España, la pregunta que cabe hacerse es a
qué viene plantear hoy en esta Diputación Permanente esta cuestión, porque podrían haberla llevado, por ejemplo, a la sesión de control del pasado miércoles o a la de dentro de dos semanas. Si tanta urgencia había, eso hubiera sido lo lógico, pero
no habiendo -en nuestra opinión, no la hay- ni urgencia ni novedad relevante en la materia, tanto da el 29 de enero que el 11 de febrero.
En todo caso, repasemos someramente las tres cuestiones. En primer lugar, la legalidad. Como decía antes, ya se ha recordado aquí que habitual, tradicionalmente, las relaciones internacionales entre policías se asignan a los cuerpos de
carácter estatal. Así lo hace el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en concreto asigna al Cuerpo Nacional de Policía la colaboración y auxilio a las policías de otros países conforme a los
tratados o acuerdos internacionales suscritos por España. Y en cuanto a los ficheros policiales, evidentemente, debemos tener en cuenta el artículo 22 de la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal y el Real Decreto 1620/2007, por
el que se aprueba el reglamento de esta última ley.
En segundo lugar, la realidad presente, la de la operatividad diaria de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas integrales. En el día a día las policías autonómicas ya acceden de forma normalizada al sistema
de información Schengen, el SIS II, actualmente vigente, es decir, se comparte información de personas y objetos buscados o antecedentes policiales, sistemas API de control de viajeros, sistemas de control de hospedaje, etcétera, y todo ello a
través de la base de datos de señalamientos nacionales y del Centro de Compensación de la Secretaría de Estado de Seguridad. Por supuesto, está regulado conforme al principio de reciprocidad -se ha recordado hace un momento- el acceso de las
policías autonómicas a las bases de datos de identificación dactilar, a los datos de titularidad y sustracción de vehículos y permisos de conducir, y a los datos de armas y embarcaciones, que son responsabilidad de la Guardia Civil, pero que se
ceden a otras fuerzas de seguridad, conforme a la legalidad, para el mejor desarrollo de sus competencias. Y también está regulada la coordinación de actuaciones en el caso de desapariciones de alto riesgo y en particular de menores de edad. Por
último -parece que se quiere ignorar-, las policías autonómicas del País Vasco y Cataluña, tanto la Ertzaintza como los Mossos d'Esquadra, llevan tiempo incorporadas a los centros de cooperación transfronteriza constituidos entre España y Francia;
están pues ambas Policías integrales incorporadas en las estructuras organizativas del sistema de información Schengen, asisten a sesiones y participan de los grupos de trabajo.
En tercer lugar, ¿cuál es nuestra posición, la posición del Gobierno de España y la de este grupo parlamentario? Las policías autonómicas integrales que actúan en España ya disponen de los instrumentos necesarios para desempeñar su tarea en
España. Disponen de esos instrumentos por más que toda obra humana sea perfectible, pero ese hecho evidente no les permite a ustedes tampoco negar esa realidad; ni esa realidad ni la traducción en hechos en seguridad de la actividad policial
desarrollada sobre tales bases. En concreto en lo relativo al terrorismo yihadista y la lucha contra el crimen organizado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las autonómicas y las locales, vienen desarrollando una muy profesional,
intensa y eficaz actividad. Por ejemplo, 33 detenidos en el año 2014 en doce operaciones, a lo que hay que sumar las actuaciones del último mes, hasta la más reciente de Ceuta. Por poner otro ejemplo, en 2014, en Cataluña, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado detectaron e investigaron al 80 % de los grupos de crimen organizado descubierto, que fueron un total de 54, y los Mossos d'Esquadra el 20 %. Se produjeron más de 900 detenciones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y 145 por parte de los Mossos d'Esquadra. Esto en Cataluña, que representa también más del 20 % de las actuaciones totales contra el terrorismo islamista. Por tanto, entendemos que la cooperación existe, que es eficaz y que rinde sus
frutos.
Todo esto ustedes ya lo sabían. El debate es muy reiterado y ya conocían las bases legales, la realidad de las informaciones compartidas, la posición del Gobierno y la eficacia del conjunto de las fuerzas de seguridad; todo lo conocen y yo
vuelvo al principio: ¿a qué viene entonces la petición con el pretexto esgrimido de la amenaza yihadista? ¿A qué viene buscar peros en vez de reconocer esa realidad? Yo no acabo de entender las razones, pero les diré cuáles espero que no sean,
cuáles deseo y confío que no sean en los próximos días. Espero que nadie trate de utilizar este tema de las bases de datos como pretexto para otras cosas, como pretexto para desmarques en el pacto antiterrorista que estamos negociando y que debe
permitirnos desde la unidad ganar en eficacia frente a nuevas formas de terrorismo,
y en particular frente al terrorismo yihadista. Espero que nadie cometa lo que creemos que sería una irresponsabilidad, es decir, poner palos en la rueda cuando de lo que se trata es de tirar todos juntos del carro. Los ciudadanos no
entenderían esas pegas, sus electores tampoco; creo que sería una actitud cicatera, porque está en juego la seguridad de todos, que no puede quedar al albur de miedos escénicos, de lecturas interesadas de la legalidad o de regates en corto sobre
competencias o preeminencias entre unas fuerzas de seguridad y otras. Por tanto, no es la hora de las excusas o los pretextos para quedar al margen, es la ahora de buscar con decisión la unidad frente a una renovada amenaza.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Olabarría Muñoz pide la palabra).
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le doy al botoncito y por el artículo 73 también.
La señora VICEPRESIDENTA: ¿Cuál es la contradicción que se ha usado contra usted?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Las veladas alusiones a lo que espera el señor Barreda que no sea, la búsqueda de coartadas para no suscribir determinados planes o determinadas estrategias.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Olabarría, no le he dado la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Bueno, pues cuando me la dé, hablaré.
La señora VICEPRESIDENTA: No, es que no se la voy a dar. (Rumores). Aquí se ha dicho por parte de todos los grupos lo que han considerado oportuno en relación con determinadas cuestiones.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, pero la alusión ha sido específica, manifiestamente específica; es una alusión que degrada las posiciones de mi grupo parlamentario.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, nadie de esta Cámara le degrada a usted ni a sus posiciones.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Si no me la da, no me la da, pero no me parece razonable esta negativa.
La señora VICEPRESIDENTA: De acuerdo.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV), DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (número de expediente 062/000248),
CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, PARA EFECTUAR UN PRIMER BALANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA CONOCIDA COMO GARANTÍA JUVENIL, VALORAR LAS LLAMADAS DE ATENCIÓN Y/O ADVERTENCIAS EXPRESADAS HACE UNOS DÍAS
POR LA COMISARIA EUROPEA DE EMPLEO, SOBRE LAS INSOSTENIBLES CIFRAS DE PARO JUVENIL EN ESPAÑA E INFORMAR SOBRE LA CARTERA COMÚN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO, QUE HA APROBADO MEDIANTE REAL DECRETO, EL CONSEJO DE MINISTROS EL DÍA
16/1/2015.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (número de expediente
062/000256), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA TRATAR SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO, EN ESPECIAL DE JÓVENES Y PARADOS DE LARGA DURACIÓN.
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos a los puntos 4 y 14. El punto 4 ha sido formulado por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Vasco, PNV, para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la
Comisión de Empleo y Seguridad Social con la comparecencia de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, para efectuar un primer balance de la implementación de la iniciativa conocida como Garantía Juvenil, valorar las llamadas de atención y/o las
advertencias expresadas hace unos días por la Comisaría Europea de Empleo, sobre las insostenibles cifras de paro juvenil en España e informar sobre la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo, que se ha aprobado mediante Real
Decreto del Consejo de Ministros del día 16 de enero. Al mismo tiempo debatimos el punto 14, formulado por los Grupos Parlamentarios de La Izquierda Plural y Mixto, para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Empleo y Seguridad Social con la comparecencia de la ministra para tratar sobre las medidas a adoptar para la generación de empleo, en especial de jóvenes y parados de larga duración.
En primer lugar, intervendrán los ponentes. Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha planteado a la Diputación Permanente esta iniciativa para que comparezca la ministra de Empleo y Seguridad Social con el fin de informar sobre tres cuestiones, a las que usted ha hecho
referencia cuando me ha dado el uso de la palabra. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Hay una primera cuestión que consideramos relevante, como es la puesta en marcha de la iniciativa conocida como Garantía de Empleo
Juvenil. Hoy, en España, desgraciadamente, a pesar de que existe un paro de más del 53 % entre los jóvenes de menos de veinticinco años, casi nadie conoce la Garantía de Empleo Juvenil, porque no ha habido ninguna posibilidad de que el Gobierno del
Partido Popular haya implementado los 1.800 millones de euros a lo largo del año 2014, que fueron aprobados a fínales del año 2013. Estamos a principios del año 2015, señorías, y con un paro de más del 53 % de la población juvenil en España, el
Gobierno ha sido incapaz de implementar dichos recursos para paliar esta lacra, que más del 50 % de la población juvenil en España esté en una situación desesperada por no encontrar trabajo. A pesar de los reiterados debates que se han mantenido en
el Congreso de los Diputados a lo largo del año 2014 y a pesar de las reiteradas comparecencias y manifestaciones de la ministra de Empleo en el sentido de que el año 2014 se iban a implementar todos estos recursos que provienen de la Unión Europea
para bajar el porcentaje de población juvenil en situación desesperada de paro, no se ha invertido ni un euro a lo largo de todo el año 2014 para poner en marcha este sistema; y estamos a principios del año 2015. Es cierto que ya ha habido
manifestaciones importantes de la ministra respecto a que ya se iban a implementar rápidamente, pero no hay que olvidar, señorías, que, a pesar de que en el presupuesto del año 2015 hay destinados una serie de recursos en esta dirección, existen
dificultades importantes en la aplicación de los mismos. La Unión Europea prevé que para que las comunidades autónomas puedan desplegar estas iniciativas tienen que adelantar previamente los recursos para que, a lo largo del año 2016, se les puedan
compensar. Por tanto, aquí tenemos dos problemas, señorías. El primer problema es que casi ninguno de los jóvenes que están en esta situación conoce exactamente la implementación de la Garantía Juvenil. El segundo, las enormes dificultades que
van a tener las comunidades autónomas para adelantar el dinero para poner en marcha estos planes. Esta es una de las primeras cuestiones por las que entendemos que es necesario que explique a la mayor brevedad posible, por una cuestión de
transparencia, por salud democrática y para paliar el sufrimiento de todos estos jóvenes que están en esta situación desesperada, si este plan se va a poner en marcha, aunque con un año de retraso, a partir del año 2015 para luchar contra esta
situación tan desagradable.
También nos gustaría que viniera la ministra a la Comisión correspondiente para que fijara la posición del Gobierno respecto a todas aquellas expresiones que ha manifestado hace unos días la comisaria europea para el Empleo respecto a las
insostenibles cifras de paro juvenil en España. Estas insinuaciones y manifestaciones, diría que relevantes, por parte de la comisaría de Empleo están en contradicción con algunas que hacen el presidente del Gobierno y la ministra de Empleo
respecto a la sensación de que la crisis en España ha finalizado. Es cierto que en cuanto a los datos macroeconómicos hay una evolución y un crecimiento positivo en la economía española, pero estos datos que se venden a la opinión pública chocan
frontalmente con la triste y cruda realidad de que en España existen alrededor de 5,5 millones de parados, situación en la que hay que pensar cuando se dan noticias positivas sobre la economía española, y también en los millones de personas que
están en una situación desesperada por no encontrar empleo.
Y si lo ligamos con la implementación de esta Garantía Juvenil, hay que pensar también en este 53 % de la población juvenil que está en una situación desesperada por no encontrar empleo. Nos gustaría que la ministra compareciera y marcara
la posición del Gobierno del Estado español respecto a las manifestaciones que ha hecho la comisaria europea del Empleo en relación a la situación del paro y la imagen de España, situándolo como un país al borde de la desesperación y del abismo.
Porque si es cierto que el crecimiento de la economía, afortunadamente, va a ser positivo en el año 2015, hay que ponerse en la piel de estos millones de personas que no encontrarán trabajo en las próximas semanas o en los próximos meses. También
nos gustaría -y acabo, señor presidente- que compareciera la ministra de Empleo y Seguridad Social para que nos diga con la máxima claridad cuál es la cartera de servicios del Sistema Nacional de Empleo que se ha aprobado en el Consejo de Ministros
del 16 de enero de 2015, para saber con la máxima claridad cuáles son los límites que van a plantear las administraciones autonómicas de los servicios de empleo para que no existan límites en la aplicación de las competencias de las diferentes
comunidades autónomas.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Sánchez i Llibre, 5.300.000 desempleados, según la EPA del último trimestre. En todo caso, no es cuestión de evaluar cuáles son las cifras de desempleo. Son dramáticas cualesquiera que sean las que manejamos. Un millón trescientos
mil jóvenes desempleados menores de veinticinco años constituyen, como usted bien ha dicho, el 54 % de la población juvenil demandante de primer empleo. Nos encontramos con lo que el señor Sánchez i Llibre, con mucha pertinencia, ha denunciado.
Primero, la no aplicación material del Plan de garantía juvenil, dotado con 1.800 millones de euros y que todavía no ha sido objeto de ejecución. No sabemos por qué razones. No solo no ha sido objeto de ejecución, señor Sánchez i Llibre, sino que
ha sido objeto de arbitraria y desigual distribución entre las comunidades autónomas. De los 1.800 millones de euros, a la Comunidad Autónoma del País Vasco le han correspondido 48 millones. Nos gustaría conocer la opinión de la ministra a la hora
de establecer los criterios de distribución de estos fondos de origen europeo. Estos fondos están financiados por el Fondo social europeo, pero además contribuyen a una especie de perversión o prostitución de la competencia, tal como está
configurada constitucionalmente, porque se produce una especie de subordinación de la competencia autonómica a la competencia estatal. Las comunidades autónomas tienen que adelantar los recursos para ejecutar determinados planes estratégicos
definidos por la Administración del Estado y luego someter a evaluación de la Administración General del Estado, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la eficiencia o eficacia en la ejecución de estos planes, lo cual le garantiza la
transferencia de los créditos o no. Esto contradice el principio dispositivo previsto en la Constitución. Las competencias autonómicas no están subordinadas a las competencias estatales cuando hay que atender a la distribución de competencias
previsto en el bloque de constitucionalidad, y menos están sujetas a tutela, control, examen o evaluación de la Administración cuando ejercen las competencias autonómicas, las que les corresponden, de la Administración General del Estado. ¿A qué
nos lleva esto? A lo que denunciaba el señor Sánchez i Llibre, a la centralización de las competencias con carácter general en materia de empleo. No solo es esto en relación al Plan de garantía juvenil. Ocurrió también con el Prepara, en donde
las competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de todas las demás en materia de políticas activas de empleo, puesto que estamos hablando de políticas activas de empleo, o en materia de asistencia social, son objeto de vulneración, lo cual ha
provocado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno vasco a la nueva formulación del Prepara. Nos encontramos también con el Plan estratégico para el empleo del año 2014 a 2016, donde se produce esta perversión de la
competencia autonómica, que se subordina a la estatal, y además su ejecución es objeto de evaluación, control o examen por la Administración General del Estado, por el Ministerio de Empleo, y de la suerte que se corra en esta suerte de examen o
evaluación, se transferirán o no los fondos correspondientes.
Estamos hablando del Activa, el último real decreto-ley convalidado en esta Cámara con relación a esa ayuda del 80 % del Iprem a los desempleados crónicos con cargas familiares, en donde nos encontramos con un triple dilema, con un dilema
difícil de resolver, señor presidente. No sabemos, porque se oscurece por parte de la Administración General del Estado, por parte del ministerio, conscientemente en nuestra opinión, la naturaleza jurídica de esa competencia. No sabemos si se
trata de una prestación
de Seguridad Social. Si se trata de una prestación de Seguridad Social, se estaría contraviniendo el artículo 41 de la Constitución y las exigencias de universalidad y suficiencia consignadas por el artículo 41 de la Constitución, luego
vamos a descartar que se tratan de una prestación de Seguridad Social las prestaciones previstas para los desempleados crónicos con cargas familiares. Si se trata de una prestación vinculada a las políticas activas de empleo, estaríamos vulnerando
las competencias en materia de políticas activas de empleo, que en algunas comunidades autónomas se extienden incluso a las bonificaciones de cuotas, como ocurre con la transferencia realizada en materia de políticas activas de empleo a la Comunidad
Autónoma de Euskadi, en virtud del Real Decreto-ley 1441/2010. Si no se trata de políticas activas de empleo, estaríamos ante una competencia vinculada al concepto de asistencia social, y entonces se estaría vulnerando una competencia de carácter
exclusivo, cual es la competencia en materia de asistencia social. Además, las relativas a la asistencia social son de las pocas competencias exclusivas autonómicas puras, es decir, no limitadas ni por la legislación marco ni por la legislación
básica ni por la ordenación general de la economía, que corresponde al Estado, sino que es una competencia exclusiva pura de las comunidades autónomas.
En definitiva, señor presidente, nos preocupa lo que es un proceso de recentralización de las políticas de empleo y de ignorancia de las competencias autonómicas en materia de ejecución de la legislación laboral del Estado, en materia de
ejercicio de las políticas activas de empleo, en materia del ejercicio de la competencia que les corresponde en relación con el desarrollo económico de la actividad que les es propia. Al final, a modo de paradigma de lo que estamos denunciando, nos
encontramos con esta anunciada cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo. ¿Cómo cartera común? Será cartera compartida, coordinada y consensuada con las carteras de las comunidades autónomas que poseen competencias en materia de
políticas activas de empleo. La centralización es brutal en materia de empleo, señor presidente. Unas veces se utiliza como coartada que las competencias están financiadas por el Fondo social europeo. Eso no atribuye capacidad a la Administración
General del Estado para pervertir la competencia e ignorar competencias autonómicas, como la de ejecución de la legislación laboral o el ejercicio de las políticas activas de empleo que les corresponden. Otras veces se utiliza como coartada el
oscurecimiento de la naturaleza jurídica de la prestación, sin saber bien si estamos en una prestación de Seguridad Social, donde el Estado sí sería competente, si estamos en una prestación de asistencia social, donde la comunidad autónoma sería
competente en exclusiva, o en el ejercicio de políticas activas de empleo, donde las comunidades autónomas serían competentes para el ejercicio de las previsiones previstas en el real decreto de transferencia de las mismas. Siempre se vulneran las
competencias desde el Estado, pero se vulneran de forma brutal, sin precedentes, se vulneran subordinando la competencia autonómica a la estatal y sujetando la competencia autonómica a una suerte de examen, a una suerte de evaluación por parte de la
Administración General del Estado, que determinará, no sabemos con qué criterios, si la ejecución hecha por las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias ha sido eficiente, ha sido correcta o ha sido incorrecta, y de eso dependerá la
transferencia o no de créditos, el incremento o decremento del cupo, en su caso, en las comunidades autónomas que están sujetas a concierto o convenio económico. Esto no puede hacerse así, so pena de que aceptemos en esta Cámara pacíficamente que
el principio dispositivo previsto en la Constitución, en el que se basa el hecho autonómico en su conjunto, se pueda vulnerar. Como nosotros entendemos que estamos hablando de cosas graves, esto justificaría una comparecencia urgente de la ministra
de Empleo y Seguridad Social en la Comisión para explicar no solo la centralización de las políticas de empleo, sino la degradación de estas competencias, y sobre todo, como decía el señor Sánchez i Llibre, su ineficiencia. Seguimos con el mismo
porcentaje de desempleados jóvenes que desde el inicio de la crisis económica, el 54 % de los desempleados menores de veinticinco años, y desde esa perspectiva, señor presidente, aunque solo fuera por estas razones de ineficiencia en las actuaciones
contra el desempleo joven, ya se justificaría esta petición.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, qué tiempos más duros en los que debe explicarse lo evidente, y es que el Legislativo tiene como función, entre otras, la de control del Ejecutivo. Por lo tanto, los representantes de los diferentes grupos parlamentarios no
deberíamos estar teniendo que dar explicaciones cada vez que presentamos una propuesta ante las acusaciones del partido del Gobierno intentando buscar tres pies al gato, intentando
buscar intereses espurios en lo que simplemente son propuestas para el buen funcionamiento del Legislativo en nuestra función de control del Gobierno. En eso estamos. Y si diferentes grupos hemos pedido la comparecencia de la ministra de
Empleo es por diferentes razones. Primero, porque es nuestro derecho y porque es su obligación, una obligación en la que por cierto se prodiga poco. La ministra de Empleo, a diferencia de otros miembros del Gobierno como el ministro de Economía,
que comparece voluntariamente sin necesidad de pedírselo, acumula peticiones de comparecencia y cuando a ella le interesa, las acumula todas, viene, no habla de nada en concreto, habla de lo que ella quiere y se va tal como ha venido. Y en materia
de Empleo pasan cosas muy importantes en este país, entre otras cosas, es el principal problema que tenemos.
¿Qué ha pasado en los últimos tiempos que justifique, a nuestro entender, que estemos pidiendo en estos momentos la comparecencia urgente de la señora ministra? Tres cosas. En primer lugar, en relación con los datos de desempleo juvenil.
Desgraciadamente, los datos de la EPA del cuarto trimestre no son buenos en relación con el empleo juvenil, por mucho que se hayan intentado vestir. El empleo se ha reducido entre los menores de treinta y cinco años y de manera significativa entre
los que tienen entre veinticinco y veintinueve años, 40.000 empleados menos en cifras trimestrales. Los flujos de jóvenes de menos de veinticinco años que se incorporan desde la inactividad se han reducido en relación con el año anterior al pasar
de 90.000 en el año anterior a menos de 86.000 en este. Es verdad que ello obedece a situaciones muy complejas y en ningún caso podemos decir que eso sea responsabilidad única y exclusivamente del Gobierno, ni única y exclusivamente de la ministra
de Empleo, pero al menos analizar eso debería ser una cuestión que periódicamente incluso la ministra lo planteara como iniciativa propia. En segundo lugar, Plan de garantía juvenil. Ya dijimos en su momento que tanto en el ámbito de la Unión
Europea como en el ámbito de nuestro país los gobernantes estaban dedicando más esfuerzos a hacer propaganda del Plan de garantía juvenil que a dotarlo de recursos: 6.000 millones en un periodo de tiempo muy amplio distribuidos entre todos los
Estados para un tema de esta magnitud. Así las cosas, al menos esta Cámara tiene el derecho a ser informada por el Gobierno de cómo está evolucionando el Plan de garantía juvenil, porque nuestras noticias, las noticias de campo, las noticias de
cada día de los servicios públicos de empleo autonómicos y las noticias que dan las organizaciones sindicales no pueden ser más negativas.
¿Qué está pasando? Pues, desgraciadamente, aquello que le venimos reiterando a la ministra, y es que sin recursos no se pueden garantizar los objetivos de empleo juvenil. Ya sé que el empleo no se crea de una chistera y que nadie puede
pasar del 53 % de paro juvenil a no tener parados, nadie lo está planteando en esos términos. Pero lo que sé también es que, teniendo como tienen los servicios públicos de empleo de este país un porcentaje de un empleado público por cada 400
parados, la ministra no puede decir, como dijo el otro día en la presentación del Decreto-ley 16/2014, que van a establecer un tutor individualizado para cada parado. ¿A quién pretende engañar la ministra con eso? ¿A nosotros? A lo mejor forma
parte de nuestras obligaciones, pero es que desgraciadamente está engañando al hacer promesas que no va a poder cumplir y expectativas falsas en relación con esos jóvenes que están ahí. Porque es verdad que un empleo no se puede garantizar, pero al
menos una atención individualizada sí, porque forma parte de eso que tan cacareadamente se ha llamado Plan de garantía juvenil. Eso desgraciadamente no se hace. Y a la ministra, que se ha vanagloriado muchas veces de ser la única ministra en el
mundo mundial, creo incluso que en toda la historia de la humanidad, que hace balances y evaluación de sus políticas -así se presentó ella cuando explicó la renovación del Plan Prepara-, al menos hay que exigirle que periódicamente dé cuentas de las
políticas de su Gobierno y en este caso concreto del Plan de garantía juvenil. Los datos no son buenos en ese sentido, pero es que son menos buenos cuando uno analiza los recursos de que se dispone, porque, se vista como se vista, el presupuesto de
2015 tiene en políticas activas de empleo menos recursos de los que tenía en los años 2010 y 2011. Es así, a pesar de que es verdad que en 2015 en relación con 2014 se ha producido un incremento, pero no es suficiente para, con un volumen de
desempleados mucho mayor, situarnos en los términos que había en aquel momento. Y, lo que es peor, la distribución de esos recursos dejar mucho que desear, porque recordarán ustedes el debate de la reforma laboral y cómo nos dijo la señora ministra
que habían llegado a la conclusión de que las políticas de bonificación de la contratación no iban en ningún lugar y que lo primero que iba a hacer era echarlas fuera del circuito de sus políticas porque un buen grupo de expertos -entre ellos Luis
Toharia- habían llegado a esa conclusión. Pues después de aquella afirmación, que se hizo a principios de 2012, resulta que el Gobierno ha hecho exactamente todo lo contrario: dedica el 30 % de los recursos de políticas de empleo a subvencionar
las contrataciones; es decir, a regar el desierto. Pero es que incluso desde ese punto de vista la distribución de los proyectos deja también mucho que desear. Por
ejemplo, en materia de acciones formativas se está produciendo una reducción significativa, y quiero recordar que se les está prometiendo a los jóvenes que o se les garantiza un empleo o se les garantiza un itinerario de asesoramiento que
incluye formación, y eso no se está haciendo.
Pero hay otro dato. Es curioso comprobar cómo en los presupuestos de 2015 se dedican más recursos a la colaboración con agencias privadas de colocación -110 millones de euros-; es decir, se dedica más a privatizar los servicios públicos de
empleo que a modernizar los servicios públicos que existen, a los cuales solo se les dedican 100 millones de euros. Este es un tema que nos gustaría poder discutir con la ministra en algún momento.
Por último -y termino-, el día 16 parece que el Consejo de Ministros aprobó un decreto por el cual se establece la cartera común de servicios de empleo. La verdad es que estamos ansiosos por saber qué dice porque, a no ser que se nos haya
pasado, no hemos visto publicado en el Boletín Oficial del Estado ese decreto, pero lo que sí vemos en la publicación que en un exceso de transparencia ha hecho el Gobierno en la pagina web de La Moncloa son cosas tan increíbles como que todo lo que
dice es que se va a garantizar la igualdad en el acceso, la orientación a resultados, la atención personalizada y la interoperabilidad de servicios y datos. Eso ya está en la legislación actualmente existe. ¿Y cómo se va a conseguir eso?
Exigiendo a las comunidades autónomas que utilicen un lenguaje común,...
El señor VICEPRESIDENTE (Barreda López): Señoría, su tiempo ha concluido.
El señor COSCUBIELA CONESA: ... que tengan un protocolo de actuación y que utilicen conceptos comunes. Espero que lo que pretenda la ministra de Empleo no sea que a la emigración de los jóvenes para ir a buscar empleo en otros países sea
obligatorio llamarle movilidad exterior, porque no sabemos encontrar otra explicación. Creemos que esto justifica la comparecencia urgente de la ministra.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barreda López): Gracias, señor Coscubiela.
Turno de fijación de posiciones. Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Mi grupo también va a votar a favor de estas peticiones de comparecencia porque nos parecen no solo justificadas sino además muy necesarias, como también se ha dicho, por varias razones. Quería decir tanto al Grupo Vasco como al Catalán que
no tengo la menor duda de que coincidimos en los objetivos, que se trata de hacer algo eficaz contra el paro juvenil, que es un problema insoportable, sobre todo por su dimensión y por su complejidad y profundidad, pero que quizás no coincidamos
tanto en por dónde hay que orientar las soluciones. Voy a explicar algo sobre esto.
Me parece que está fuera de toda duda que un país que tiene desde hace tiempo un 53 % de paro juvenil es un país que no funciona. Creo que esta es la primera reflexión que hay que hacer. Es decir, si comparamos la situación del paro en
general y del paro juvenil en particular con la de países que están incluso en peor situación económico-financiera que España, por ejemplo Portugal u otros del sur de Europa, nos encontramos con algo que llama poderosamente la atención y es que el
paro aquí es superior. Se ha explicado muchas veces las razones que hay en la legislación laboral, la ineficacia del mercado laboral en España, la salida tradicional y habitual que ha sido la liquidación de empleos para ajustar resultados en las
empresas, etcétera, pero creo que hay que ir más allá; es decir, tenemos un problema que va más allá de lo que son cuestiones de tipo mercado laboral o estructura económica. Hay algo detrás que está impidiendo y agravando la solución de un
problema que es fundamental para el futuro de un país. Huelga decir que un país donde el 53 % de los jóvenes -y no solo jóvenes con problemas de escasa formación, los conocidos como nini, sino jóvenes de alta cualificación- están en paro y por lo
menos los de alta cualificación se ven obligados a emigrar tiene una sangría de recursos humanos y desde luego una pérdida total de las inversiones educativas que ha hecho. Y eso le está pasando a España y a todas sus comunidades autónomas, a las
diecisiete; con mayor o menor gravedad, esto es un problema generalizado. Pues ese problema de fondo que está ahí, agravando esta situación, yo creo que no es otra cosa que nuestra ineficacia como Estado, y habrá que abordar la cuestión alguna vez
y habrá que coger el toro por los cuernos. Creo que estamos metidos en una trampa competencial de la que no conseguimos salir. Yo, desde luego, no voy a corregir al señor Olabarría cuando ha explicado con mucho detalle, y creo que muy bien
documentado, el problema que tiene implementar políticas de nombres muy pomposos, como la Garantía de Empleo Juvenil, a la hora de ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas, porque
las comunidades autónomas tienen sus propios problemas financieros y no pueden cumplir las condiciones que se les exigen para hacer las transferencias de estos fondos europeos, etcétera. Pero es que entonces tenemos un problema de diseño de
Estado y lo que hay que hacer, por lo tanto, es afrontar a fondo el debate constitucional sobre de qué manera esa trampa competencial nos ha impedido, nos impide y nos seguirá impidiendo poner en marcha políticas eficaces, como también ha dicho el
señor Coscubiela. No es posible evidentemente erradicar de un día para otro el paro, ojalá fuera posible hacerlo por decreto, pero son procesos largos, lo malo es que el proceso no solamente es largo, es que hay gente joven que lleva en paro los
últimos seis, siete u ocho años, están envejeciendo ya, dentro de poco dejarán de ser jóvenes y jamás habrán trabajado o nunca habrán tenido un empleo decente.
Tenemos un Estado, un modelo de gobernanza que no tiene ninguna dificultad para aprobar legislaciones laborales que han permitido cosas que nos parecen bastante aberrantes, como permitir a empresas con beneficios sustituir empleos
consolidados por empleos precarios; de esa manera, por cierto, es verdad que se mejora la EPA porque donde había un empleo ahora hay dos, pero son empleos peor pagados, de peor calidad, de peor cualificación y finalmente con peor valor añadido para
toda la cadena de valor económico. Y la pregunta que tenemos la obligación de hacernos es cómo es posible hacer legislaciones laborales que facilitan la precariedad del empleo y sin embargo parece que es imposible poner en marcha políticas eficaces
contra el desempleo juvenil. Esta es la cuestión. Y, como decía, aparece constantemente la trampa competencial y aquí tenemos un problema. Es decir, el autogobierno, que es algo muy legítimo, no puede ser invocado como un obstáculo o como algo
que esté por encima del derecho de la gente, de los jóvenes en este caso, a trabajar, porque entonces habremos creado un monstruo: habremos creado un modelo de Estado cuyo único fin es automantenerse, perpetuarse, existir, pero no solucionar los
problemas de los ciudadanos que lo sostienen y en cuyo nombre se justifica. Nosotros creemos que desde luego es necesario un pacto de Estado y un plan de choque serio contra el desempleo juvenil. También creemos que es evidente que este tipo de
planes, como la Garantía de Empleo Juvenil, no funcionan; que la burocracia es excesiva; que la proliferación de administraciones públicas es un serio problema, y que efectivamente lo que tenemos que hacer es hablar de esto: de trabas
legislativas, de problemas de falta de mercado laboral unificado y de la trampa competencial, como les decía, y hasta que no abordemos esto, francamente, no va a ser posible solucionar el problema.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora González Veracruz.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar ambas solicitudes de comparecencia de la ministra, sobre todo por convicción. La verdad es que tenemos la esperanza de que el grupo mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular, no vete también
esta comparecencia por su importancia. Hablamos de un tema absolutamente capital y me parece que los miles de jóvenes que están sufriendo el drama del paro, los miles y millones de familias que están sufriendo el drama del paro se merecen que la
ministra de Empleo nos explique los motivos por los cuales está 'alegre' por la situación del mercado laboral español mientras la comisaria de Empleo europea amonesta públicamente a España, como bien explicaba el señor Sánchez i Llibre, por el
insostenible y alto paro juvenil. Hay motivos de sobra para que comparezca la ministra por un tema que yo creo que es dramático, uno de los principales problemas que tiene nuestro país, pero además para hacer balance de la implementación de la
Garantía Juvenil europea.
Señorías, costó muchísimo trabajo sacar adelante en Europa esta cantidad de dinero. Tengo que recordar que el origen de la idea estuvo precisamente en los europeos socialdemócratas, tanto que se habla esta semana de qué línea económica y de
políticas activas defienden unos y otros. Nunca estuvo el Partido Popular en el apoyo a este programa de Garantía Juvenil, pero lo grave es que cuando se le regalan a España -entiéndanme la expresión- 1.800 millones de euros para uno de los
principales problemas que tiene nuestro país, la respuesta del Gobierno de Rajoy sea la inacción, porque eso es lo que está haciendo el Gobierno de Rajoy, la ministra de Empleo, con el programa de Garantía Juvenil europeo. Comparto por supuesto,
como algunos portavoces explicaban ahora, que no hay varitas mágicas para el empleo, que el problema del empleo juvenil es muy profundo y viene de lejos, y pienso que no se puede jugar con los sueños de los españoles y de los jóvenes, como hizo
precisamente el Gobierno de Rajoy en campaña electoral prometiendo lo que es el mayor fraude electoral de la historia reciente: que iban a resolver el problema del paro y específicamente del paro juvenil. Se han dado aquí algunos datos;
yo quiero resaltar que, además de tratarse de más de la mitad de los jóvenes de España, esa cifra es tres puntos superior a la de 2011. Esto lo digo solo para ratificar mis palabras de que la promesa que hizo el Gobierno de Rajoy a los
españoles y a los jóvenes es el mayor fraude electoral que hemos vivido en la historia reciente de nuestro país. El paro es intolerable, como decía entonces el Partido Popular, es insostenible, como dice la comisaria europea de Empleo, pero es que
además estamos convencidos de que sería mucho mayor si miles de jóvenes no hubieran decidido prolongar su formación, como están haciendo, o si miles de jóvenes no se hubieran resignado a salir de España en el fenómeno de exilio económico, que es
como la ministra prefiere llamarlo y así lo hizo cuando le pregunté en sesión de control hace ya muchos meses.
Ante este hecho, el Gobierno central sigue indiferente y en la autocomplacencia, como demuestra el retraso en la puesta en marcha del programa operativo de Garantía Juvenil, porque, en mi opinión, no es solo un problema de coordinación entre
comunidades autónomas o un problema de Estado, es un problema de no liderar las soluciones que necesitan los jóvenes puesto que hace más de un año -lo veíamos en diciembre pasado- que el Gobierno de Rajoy no ha presentado el programa operativo para
que se pueda ejecutar el programa de Garantía Juvenil. Me parece insultante que la ministra de Empleo hable de alegría, como me parece que 2014 no es el año del empleo, como decía la señora Báñez, sino precisamente otro año perdido, por desgracia,
para miles y miles de jóvenes. Esta situación solo nos puede generar estupefacción, diría yo, superando ya la sorpresa. Tenemos una ministra que no merece llamarse de Empleo, que ni siquiera va a los consejos europeos de Empleo. Como decía antes,
se ve con más de 1.800 millones de euros para poder resolver la situación de miles de jóvenes y ni siquiera presenta el programa operativo. Creo que la ministra de Empleo tiene que venir aquí a explicar en qué está, en qué está el Gobierno de Rajoy
cuando ni siquiera pone en marcha el programa operativo. El año del empleo perdido es 2014 cuando, a respuesta de los grupos parlamentarios, la ministra habla de 30.000 jóvenes que se han acogido al programa de Garantía Juvenil y luego por escrito
nos responden que 11.000; una vez, más negación del problema e incoherencias en las respuestas del ministerio y del Gobierno.
Preguntaba el portavoz Sánchez i Llibre si los jóvenes conocen este programa. Me temo que el problema es que ni el propio Gobierno de Rajoy conoce un programa que la Unión Europea pone en marcha especialmente para países como el nuestro,
que viven esta situación. Es urgente que la ministra comparezca y dé explicaciones para ver si conseguimos entender algo y podemos salir de nuestro estado de estupefacción.
Termino, señor presidente. Hay soluciones; no hay varitas mágicas, pero sí soluciones, sobre todo cuando desde la política y desde los Gobiernos se lidera y se ponen programas en marcha. Hoy precisamente están los consejeros socialistas
en una cumbre de empleo hablando de políticas activas, eso que ha abandonado el Gobierno de Rajoy, y yo quiero poner solo dos ejemplos. Uno, el Plan Emple@Joven de Andalucía, que solo en Andalucía ha generado ya 60.000 empleos; no es la solución a
todo, sin duda, pero es mucho mejor que 60.000 jóvenes andaluces no tengan que salir de España que lo que nos está ofreciendo el Gobierno que ganó las elecciones prometiendo que iba a resolver el problema del desempleo juvenil.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, tiene que concluir.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Termino; un segundo.
Hay soluciones también para los mayores de cuarenta y cinco años, para las personas que llevan más de dos años en esa situación, para los grandes olvidados, y así lo ha propuesto en otra iniciativa nuestro portavoz, don Rafael Simancas, para
que a través de las políticas activas y de la inversión generemos empleo para estas personas que están sufriendo esta situación. Les pido, señorías del Partido Popular, que ya que son tan crueles sus políticas al menos no veten también esta
comparecencia y nos ayuden a entenderlas porque desde luego para nosotros son realmente incomprensibles. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora González Veracruz.
Grupo Parlamentario Popular. Señora Bonilla, tiene la palabra.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Muchísimas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en referencia a los puntos 4 y 14 del orden del día, en concreto sobre las peticiones de comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social en sesión extraordinaria para efectuar
balance sobre determinadas cuestiones: implementación de la iniciativa
conocida como Garantía Juvenil, valorar las declaraciones de la comisaria europea, informar sobre la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo y tratar sobre las medidas a adoptar para la generación de empleo, en especial de
jóvenes y parados de larga duración.
Señorías, después de escucharles atentamente quiero resaltar que compartimos en principio la preocupación tremenda por la situación de desempleo, que es una preocupación y ocupación permanente del Gobierno de España y desde luego del Grupo
Parlamentario Popular. Es incuestionable la preocupación de una manera muy especial por el empleo juvenil y también, por supuesto, por los desempleados de larga duración. Prueba de todo ello, señorías, son las medidas adoptadas por el Gobierno de
España y respaldadas por este grupo parlamentario, como son la reforma laboral y las medidas contenidas en la estrategia de emprendimiento y empleo joven de julio de 2013, entre otras. Ahora bien, compartiendo la prioridad y la importancia de este
tema, señorías, lo que hoy tenemos que debatir aquí es si se han producido las circunstancias excepcionales que justificarían una comparecencia extraordinaria en Comisión de la ministra. Yo les he escuchado atentamente esperando que hubiera alguna
circunstancia excepcional que así lo justificara, pero, señorías, al margen de descalificaciones hacia la señora ministra -muy especialmente por parte de la portavoz del Grupo Socialista- y aparte de descalificaciones que serían perfectamente
respetables de terminología jurídica o de procedimiento, como en el caso del señor Olabarría -es legítimo tanto en el mundo del derecho como en el mundo parlamentario que uno pueda discrepar en el procedimiento-, no la he encontrado. Y no comparto
-y se lo digo con todo el respeto del mundo que sabe que le tengo- calificativos como perverso, oscurantismo, vulneración permanente; sinceramente creo que uno puede discrepar, pero hay veces que los calificativos entiendo que van más allá. En
todo caso, señor Olabarría, cuando le estaba escuchando -a usted que gusta tanto el procedimiento- estaba esperando que diera una sola razón excepcional para justificar la comparecencia extraordinaria y sin embargo no la he oído, como tampoco en el
resto de portavoces parlamentarios. Sin embargo, señorías, les quiero decir honestamente que, compartiendo la importancia de este asunto y porque nos ponemos en la piel -el señor Sánchez i Llibre, que ha tenido que abandonar la sala, ha dicho una
frase: que hay que ponerse en la piel- de todas las personas que sí han tenido la oportunidad este último año de conseguir un puesto de trabajo, entre ellos muchos jóvenes, y en la piel de todos aquellos que todavía no lo tienen, el Gobierno de
España sigue trabajando y desde luego este grupo parlamentario apoyando.
Pero, señorías, volviendo a analizar las circunstancias, que no existen, les diré que lo que sí está previsto es la comparecencia de la ministra de Empleo en periodo ordinario, en la que sin lugar a dudas va a explicar cada una de las
cuestiones planteadas: la evolución del mercado laboral y los diversos colectivos afectados, así como las cuestiones que ustedes estimen oportunas. Además, cabe recordar que respecto a las medidas adoptadas para el fomento del empleo entre los
jóvenes están en vigor desde hace algunos años las que iban incluidas en la reforma laboral, que es un compromiso de este Gobierno por la creación de empleo y desde hace casi año y medio las contenidas en la estrategia de emprendimiento y empleo
joven de julio de 2013, cuestiones sobre las cuales la ministra ha contestado puntualmente en diversas sesiones de control y en las distintas comparecencias que ha tenido en sede parlamentaria. Otra cosa es que no les gusten a ustedes las
respuestas, pero la ministra ha estado ahí contestando puntualmente. Y respecto a otras medidas recientemente adoptadas para los parados de larga duración, han sido objeto de debate hace apenas una semana en la convalidación del real decreto, un
real decreto que se ha aprobado después de varios meses de negociación con los agentes sociales y sobre el que sus señorías han tenido oportunidad de posicionarse, y en todo caso habrá que dejar un tiempo prudencial para ver el recorrido que tiene
el mismo. Por tanto, señorías, entenderán el voto en contra de mi grupo parlamentario a que se convoque una sesión extraordinaria, repito, en unos temas que son de máxima prioridad para el Gobierno y de los que se ocupa y preocupa de manera
permanente.
Antes de finalizar, señorías, me van a permitir -porque no les he oído ninguna referencia- que mencione una serie de datos que conocíamos por la última encuesta de la EPA que confirman de manera clara que la economía española está en una
senda de recuperación.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir, por favor.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Sí. Es una senda de recuperación que se ha conseguido gracias, sobre todo, al esfuerzo de la sociedad española, pero también, porque no ha sido casual, a las reformas puestas en marcha por el Gobierno y al
clima de confianza. Y hay datos -porque nos ponemos en la piel de todos los españoles- que les tienen que hacer reflexionar, como que el desempleo entre menores de veinticinco años bajó en 93.400 personas en 2014, datos como que en los doce últimos
meses ha bajado
el paro en 477.900 personas y se han creado 433.900 puestos de trabajo. Señorías, son personas con nombres y apellidos, realidades y sueños legítimos de los ciudadanos que se van cumpliendo. Nos queda mucho camino por recorrer y son muchas
las razones por las que trabajar para la creación de empleo, por ello necesitamos un esfuerzo compartido de toda la sociedad española, que está dando la talla: del Gobierno, de los agentes sociales, de los empresarios y, por supuesto, de nosotros,
los parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, tiene que concluir inmediatamente.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Ya termino.
Les pido que se unan a ese esfuerzo de todos y que trabajemos todos por el empleo, por un empleo de calidad, porque, sin lugar a dudas, es el instrumento que garantizará la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Bonilla.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL (número de expediente 062/000249), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, PARA INFORMAR DE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LA ÚLTIMA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE RESTITUYE LA ULTRAACTIVIDAD DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS TRAS LA REFORMA LABORAL Y DE
LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR AL RESPECTO. (Número de expediente 213/001813).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): El punto siguiente es el número 5. Se pide la comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social por parte del Grupo Parlamentario Socialista para que informe de la valoración del Gobierno
sobre la última sentencia del Tribunal Supremo que restituye la ultraactividad de los convenios colectivos tras la reforma laboral y de las medidas que piensa adoptar al respecto.
En primer lugar, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señor presidente.
Efectivamente el Grupo Socialista solicita la comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo dictada el 17 de diciembre pasado que anula el núcleo central del real decreto de la
reforma laboral del año 2012 en lo relativo específicamente a la ultraactividad, también llamada prórroga permanente en la vigencia de los convenios colectivos.
Se trata de una sentencia extraordinariamente importante que pone patas arriba la reforma laboral del Gobierno y que requiere una explicación política ante los representantes de los ciudadanos, una explicación política que nadie ha dado
hasta ahora. La sentencia quiebra la piedra angular sobre la que se construyó la reforma laboral del Gobierno; la sentencia quiebra la columna vertebral de la política laboral del Gobierno y nadie ha dado una explicación al respecto. Hay que
explicar además las consecuencias prácticas de la sentencia: a qué empresas afecta, a qué trabajadores afecta, qué elementos del contrato de trabajo van a estar concernidos por el mantenimiento de la ultraactividad que establece la sentencia y qué
elementos contractuales no, qué ocurre con los trabajadores que se contratan con posterioridad a la derogación del convenio -¿va a haber dobles escalas salariales, dobles condiciones laborales en las empresas?-. ¿A qué deben atenerse trabajadores y
empresarios hoy en las relaciones laborales, a lo que establece literalmente la reforma laboral del año 2012 o a lo que establece literalmente la sentencia del Supremo que acabamos de conocer? En fin, que alguien nos diga algo. Hay millones de
trabajadores esperando que la ministra cese en sus explosiones de alegría y nos diga qué pasa con esta sentencia; que explique, por ejemplo, si va a reformar la reforma laboral, si se va a hacer eco, si se va a dar por enterada de que el Tribunal
Supremo acaba de tumbar la reforma laboral del Gobierno. A nuestro juicio -reitero-, esta sentencia rompe la columna vertebral de la reforma laboral aprobada por el Gobierno en el año 2012 y recupera la ultraactividad de los convenios colectivos
que esta reforma pretendía finiquitar.
Aquella reforma laboral tenía como objetivo más evidente romper el equilibrio en las relaciones de poder de la empresa a favor del empresario contra los trabajadores: se trataba de favorecer la devaluación salarial, de fijar unas claves de
flexibilidad en la jornada laboral en función de los intereses unilaterales del empresario. Este objetivo se lograba poniendo límite a la vigencia del convenio colectivo, quitando al convenio colectivo la fuerza vinculante de que ha dispuesto hasta
ahora, dejando manos libres al empresario que denuncia el convenio colectivo para fijar unilateralmente las condiciones de trabajo. Esto es lo que buscaba la reforma laboral. Por cierto, una demanda, la del fin de la ultraactividad, largamente
expresada por algunos empresarios, y digo algunos porque no son todos. ¿Qué empresarios llevan años y años buscando el fin de la ultraactividad, buscando acabar con la negociación colectiva? Los malos empresarios, aquellos que entienden que solo
pueden alcanzar un mayor grado de competitividad a base de echar a trabajadores, a base de pagar menos a los trabajadores o a base de explotar más a los trabajadores. Esos son los malos empresarios, los que no saben que hay otras maneras de mejorar
la competitividad en su empresa; por ejemplo, con la innovación, con la mejora logística o formando más a sus trabajadores. Pues para estos malos empresarios el Gobierno hizo el trabajo sucio de su reforma laboral, trabajo sucio que ahora acaba de
tumbar en buena medida el Tribunal Supremo; malos empresarios que no saben que un trabajador con salario bajo, que un trabajador explotado o incluso un trabajador en la calle es mucho peor que un trabajador bien pagado y razonablemente bien tratado
en la empresa. El Gobierno hizo el trabajo sucio para los peores empresarios -insisto- y aquello funcionó; de hecho, la negociación colectiva ha retrocedido gravemente en nuestro país. Según los datos de los sindicatos, en los años 2012 y 2013
hubo un 44 % de caída de los convenios colectivos, un 34 % de caída de cobertura de los trabajadores y un 17 % de caída de cobertura de las empresas. Menos negociación colectiva significa menos derechos para los trabajadores, más explotación
laboral, más pobreza laboral, menos competitividad de la buena quizá para algunos y más competitividad de la mala. Pan para hoy y hambre para mañana, en todo caso. Ha hecho mucho daño esta reforma laboral; mucho daño debilitando los derechos de
los trabajadores. Ahí está el informe que acabamos de conocer del Consejo Europeo de Derechos Sociales, que condena al Gobierno español por incumplimientos gravísimos en materia de derechos laborales, de negociación colectiva, de libertad sindical,
derechos establecidos en la Carta Social Europea: retroceso de la negociación colectiva, retroceso salarial, retroceso en las condiciones laborales de los trabajadores. Lo dice el Consejo Europeo de Derechos Sociales. Estas son las consecuencias
de la reforma laboral, que ahora en buena medida tumba el Tribunal Supremo, y queremos una explicación política por parte de la ministra. No nos parece tan descabellado que venga la ministra y nos explique qué ha pasado con su reforma laboral, por
qué el Tribunal Supremo se ha visto obligado a tumbarla y qué va a ocurrir ahora con las empresas y los trabajadores concernidos. Avisamos: inseguridad jurídica, litigiosidad exacerbada; se lo avisamos y ha ocurrido: inseguridad jurídica,
litigiosidad exacerbada y un tratamiento judicial de las consecuencias de la reforma laboral extraordinariamente conflictivo. El Tribunal Supremo ha dicho no a la merma de los derechos de los trabajadores que representa esta reforma laboral y el
fin de la ultraactividad. El Tribunal Supremo ha decidido contractualizar los derechos de los trabajadores fijados en convenio colectivo, de forma que, aun derogado este, sus previsiones se mantienen como parte de un contrato de trabajo. El
Tribunal Supremo ha negado la derogación de los derechos de los trabajadores pactados en el contrato. Es decir, el Tribunal Supremo ha decidido defender, proteger los derechos de los trabajadores que el Gobierno del Partido Popular ha dejado a la
intemperie, aquellos que el Gobierno del Partido Popular decidió en su momento recortar y debilitar.
Yo se lo he dicho a la ministra en vivo y en directo en el Pleno de la Cámara. Después de este varapalo judicial, yo habría dimitido por vergüenza. Si uno lo fía todo a una reforma laboral que acaba con la ultraactividad de los convenios y
el Tribunal Supremo le dice no, que no se puede debilitar así los derechos de los trabajadores, yo habría dimitido. La ministra ha decidido no dimitir.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, termine, por favor.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Termino.
Al menos que nos explique qué es lo que ha ocurrido, qué consecuencias políticas extrae ella, qué consecuencias prácticas va a tener esta sentencia para los trabajadores y los empresarios de este país; que venga y dé la cara, por lo menos
nos debe eso a los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Simancas.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Estoy sustancialmente de acuerdo con el argumentario manifestado por el señor Simancas en tanto en cuanto la ultraactividad es, en primer lugar, un concepto metajurídico, señor presidente. Nuestro ordenamiento
laboral nunca se refirió con esta expresión a aspectos atinentes a la negociación colectiva laboral, además cargado de connotaciones peyorativas; un concepto dimanante de algunas organizaciones empresariales que pretendían atribuir a la vigencia,
cuando no se podía negociar un convenio colectivo nuevo del anteriormente negociado, toda suerte de problemas que afectaban a la competitividad de las mismas, lo cual provocaba esta alambicada regulación jurídica de la reforma laboral de 2012. En
virtud de esta, ante la imposibilidad de renegociar un convenio colectivo nuevo se optaba por procedimientos de mediación o de conciliación, que parece que se quieren reeditar -en virtud de noticias que hemos leído en los medios de comunicación de
hoy-, que no podrían ser nunca de carácter obligatorio, en tanto en cuanto la conciliación o la mediación siempre ha de ser voluntaria y afectada por ambas partes, y en su caso por la sustitución del contenido normativo y obligacional del convenio
colectivo por la normativa laboral stricto sensu, lo cual es metafísicamente imposible porque la normativa laboral no puede regular nunca con el mismo nivel de pormenorización todo lo previsto en los convenios colectivos. De hecho, nuestro sistema
de fuentes de derecho del trabajo consiste en la vigencia, en primer lugar, de las normas laborales, de las normas legales; en segundo lugar, de las normas convencionales de los convenios colectivos; y en tercer lugar, de lo previsto en los
contratos individuales de trabajo. Ahí se establecen las relaciones bilaterales obligatorias que vinculan a un trabajador con un empresario, siendo las primeras las leyes y los convenios colectivos, normas o fuentes con efecto normativo, con efecto
erga omnes, naturaleza jurídico pública en lo regulado. Por tanto, siempre consideramos que era inconstitucional e imposible además la sustitución de lo previsto en un convenio colectivo por lo previsto por la ley, por lo previsto por el Estatuto
de los Trabajadores. Era una operación de riesgo que asumió el Grupo Popular unilateralmente. Muchos le advertimos de que asumía el riesgo de que el Tribunal Supremo terminara haciendo lo que al final, con pertinencia, ha hecho, que es anular lo
que se denomina vulgarmente ultraactividad -es un concepto metajurídico, como le digo-.
Primero, nos gustaría conocer qué está negociando con los interlocutores sociales la ministra de Empleo y Seguridad Social en relación con la reedición del concepto de ultraactividad. Segundo, me gustaría que me expliquen, respecto al
concepto de ultraactividad, cuál es el problema que plantea la vigencia de un convenio colectivo previamente negociado cuando no se puede negociar uno posterior. Uno se lo puede imaginar: que el convenio posterior va a ostentar o a proveer de una
regulación in peius las condiciones de trabajo de los trabajadores. Pero la negociación colectiva no funciona así, señor presidente. La negociación colectiva, cuando un convenio está formalizado, cuando un convenio está aprobado con los
requerimientos del título III del Estatuto de los Trabajadores, adquiere fuerza de normativa inmediatamente, y no puede ser objeto de derogación y sustitución por aquello que no puede sustituirlo, sobre todo por insuficiencia material y por
insuficiencia de contenidos, que es la legislación laboral. Esto siempre fue una extravagancia de la legislación laboral. No sé si es una especie de puntilla de muerte o de ruptura del tronco -no se cuál es la expresión que ha utilizado el
portavoz del Grupo Socialista-, pero es una deslegitimación de un aspecto troncal de la reforma laboral, que ha pasado bastante más desapercibida que la pretendida homologación de dicha reforma por el Tribunal Constitucional recientemente. Sin
esto, la reforma laboral no es la reforma laboral ya, le falta un elemento troncal, un elemento sustancial de la misma. Desde luego, no estaríamos en la posición de reeditar la ultraactividad como concepto, porque es un ajeno, extravagante, extraño
al ordenamiento jurídico laboral y vulnerador del contenido esencial del artículo 37 de la Constitución, que regula la negociación colectiva laboral.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Olabarría.
Grupo de Grupo La Izquierda Plural. Señor Coscubiela, tiene la palabra.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
El Grupo de La Izquierda Plural va a dar su voto a favor de la petición planteada por el Grupo Socialista. Nos gustaría que lo que el Grupo Socialista le hace decir a la sentencia fuera verdad. Desgraciadamente, para los trabajadores y
para los empresarios no es así. Desgraciadamente, la sentencia del Tribunal Supremo no restituye la ultraactividad de los convenios colectivos; ya nos gustaría a algunos. Lo que hace
-que no es poco y es importante- el Tribunal Supremo en esta sentencia es resolver un caso concreto: qué salario debe aplicarse en una empresa que, al terminar la vigencia del convenio, no tiene convenio superior, cuando el debate es si se
iba al salario mínimo interprofesional o tenía que mantenerse el salario establecido. El Tribunal Supremo dice que debe garantizarse el mantenimiento del salario establecido en convenio colectivo, porque este lo que hace es incorporarse al
contrato. Eso no le quita importancia política al tema, pero es oportuno que sepamos de lo que estamos discutiendo para no generar expectativas que no se van a poder cumplir en los directamente afectados.
De todas maneras, quiero reiterar que, en lo importante, compartimos el análisis que hace el Grupo Socialista, porque eso lo pusimos de manifiesto en la reforma laboral y también en nuestro recurso. La sentencia del Tribunal Supremo le
atiza muy fuerte a la estrategia de degradación salarial de la reforma laboral del Grupo Popular y de Convergència i Unió; una estrategia que necesitaba cargarse la negociación colectiva y que lo hizo a través de posibilitar el incumplimiento
unilateral de los empresarios, descuelgue colectivo, posibilidad de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter unilateral, determinación de que el convenio colectivo de empresa pueda establecer condiciones peores que el convenio
sectorial y también la caída de la ultraactividad. Eso es lo que hizo, junto con los planteamientos de reducción de las prestaciones de desempleo y de congelación del salario mínimo, que forma parte de la estrategia adoptada por el Gobierno del
Partido Popular para presionar brutalmente a la baja a los salarios; pero no como un elemento de salida puntual a la crisis -eso podía establecerse en un pacto de rentas entre trabajadores y empresarios-, sino como un elemento estructural que
pretende destrozar el equilibrio que hasta ese momento existía entre las partes en la negociación colectiva. Eso, desgraciadamente, se mantiene, incluso después de la sentencia del Tribunal Supremo.
Quiero llamar la atención, señorías -fíjense si es brutal la reforma laboral-, sobre que el Tribunal Supremo para proteger el mantenimiento del salario de esos trabajadores ha tenido que echar mano del Código Civil y de la teoría de los
contactos del Código Civil. Es decir, ha tenido que irse a principios del siglo XX, antes de la existencia del derecho del trabajo, porque en estos momentos, desgraciadamente, el Código Civil de principios del siglo XX protege más a los
trabajadores de este país que la reforma laboral del Partido Popular y Convergència i Unió. Ese es el tema que debemos abordar porque, desgraciadamente, no está resuelto. Ojalá se hubiera restituido la ultraactividad de los convenios. Comparto
plenamente la intervención del señor Simancas. Esta sentencia, que además tiene cuatro votos reservados, que firman siete de los 14 miembros de la sala -con un elemento que pone de manifiesto hasta qué punto la reforma laboral ha generado una selva
con muchas dificultades-, ha añadido aún más problemas. ¿Qué va a pasar en esas empresas donde se aplica esa doctrina? Porque eso garantiza el salario de los que estaban contratados. ¿Y los nuevos? Los viejos van a tener el salario de convenio y
los nuevos el salario mínimo interprofesional. ¿Quién aguanta eso? Desde esa perspectiva, esa reforma laboral va contra todo criterio de gestión racional de los recursos humanos de una empresa. Por eso esa sentencia pone de manifiesto la
insostenibilidad de la actual regulación. Solo por eso la ministra debe comparecer y el Gobierno tiene que dar la cara. No pueden continuar manteniendo una reforma laboral con el único objetivo de utilizarla para debilitar la negociación
colectiva, para provocar depreciación salarial, para que no ahora sino siempre negociar no sea negociar sino imponer una parte sobre la otra, que es lo que desgraciadamente está sucediendo en este momento. En ese sentido -insisto-, lo importante
-lo otro son cosas de mucha filigrana; no tanta, porque, desgraciadamente no se ha restituido la ultraactividad- es que esa sentencia ha dado en la línea de flotación de toda la estrategia del Partido Popular, y hay que abordarlo.
Termino, señorías. Si alguno de ustedes conoce a la vicepresidenta del Gobierno, por favor, envíenle un mensaje de mi parte. Está bien que ella, aprovechando que habla la última, suela utilizar mentiras; lo que no es correcto es que
siendo vicepresidenta del Gobierno y abogada del Estado confunda lo que es el control de constitucionalidad con el control de legalidad. Eso es lo que hizo en su última intervención en el Pleno de la semana pasada, cuando nos echó en cara a los que
habíamos presentado el recurso por qué no habíamos ido al Tribunal Constitucional. No hemos ido porque algunos sabemos distinguir entre control de legalidad y control de constitucionalidad. Espero que ella lo sepa porque si no habrá que pedirle
que le devuelva al pueblo español todo el dinero invertido en su formación.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, 434.000 nuevos empleos, 477.000 parados menos, creación de empleo a un ritmo del 7 % frente a una generación de paro del 12 %; son grandes diferencias en lo que supone la principal preocupación de los españoles y el primer
objetivo y la primera preocupación del Gobierno, que es acabar con el desempleo y trabajar a favor de la creación de empleo. Señorías, como ya ha dicho mi compañera la señora Bonilla, a ustedes no les preocupa esta situación, no les preocupa
analizar en profundidad el saldo, el resultado de la reforma laboral. A ustedes hoy les preocupa una sentencia que afecta a un caso; uno como artículo indeterminado, gramaticalmente hablando. No es eso, sino uno como número natural; un caso,
porque esta sentencia se refiere a una trabajadora, en concreto de Baleares.
Ustedes se escandalizan, hablan de una sentencia -por supuesto, hablaron de ella antes de conocerse; eso sí que es bastante complicado-, pero les preocupa ese fondo. Sigo reiterando, señor Coscubiela, que ustedes y el Partido Socialista no
lo recurrieron. Ya ha hecho usted su matización, pero aquello que era recurrible lo han perdido. Hay ya dos sentencias en firme que confirman la constitucionalidad de aspectos sobre los que ustedes han soltado sapos y culebras, como: la reducción
de los salarios de tramitación, la rebaja de la indemnización por despido y el contrato de emprendedores. Todos están ya claramente sentenciados como constitucionales, y hay qué ver lo que han dicho y que constan en los 'Diarios de Sesiones' de
esta Cámara. Ustedes atacan la reforma laboral de una manera partidista. No piensan en los trabajadores. No miran los datos ni las realidades de las mismas que demuestran que se frenó la destrucción de empleo, que mejoró la flexibilidad en las
relaciones laborales y que se impulsó la negociación colectiva, les guste o no les guste; menor conflictividad y más pactismo, como lo demuestran más convenios colectivos firmados -un 45 % más en 2014 sobre 2011-, menos ERE -un 47 % menos en 2014
sobre 2011-, menor conflictividad laboral -25 % menos de huelgas en 2014 sobre 2013-. Entre 2012 y 2014 el 84 % de los despidos colectivos fueron pactados entre las partes y solo el 0,5 % llegaron al Tribunal Supremo. A eso le llaman ustedes
litigiosidad exacerbada y se permite el señor Simancas decir que la señora ministra debería dimitir por ese varapalo. Señor Simancas, usted tiene alguna experiencia de algún varapalo. Todavía estoy esperando la resolución judicial sobre el ruido
de cheques, que no ha llegado nunca, y usted no ha dimitido después de haber mencionado todas esas cuestiones. Por tanto, seamos más prudentes cuando hacemos afirmaciones y no queramos ir al máximo.
Lleguemos al acuerdo. Estamos conformes; claro, la señora ministra ha comparecido en innumerables ocasiones para hablar de todas las cuestiones relacionadas con su departamento en Comisión, en Pleno, en esta Cámara y en el Senado, y por
supuesto que lo puede volver a hacer; por supuesto que vendrá a hablar y a hacer balance de la política de empleo y de lo que ustedes consideren, pero estamos hablando en esta ocasión en la Diputación Permanente. Estamos hablando de pedir una
comparecencia a la ministra en una sesión extraordinaria, cuando quedan tres días de ese periodo extraordinario y empieza el ordinario. Señorías, no perdamos el norte. Ustedes quieren una ocasión para tener un discurso y han utilizado la
Diputación Permanente para su discurso político, no para trabajar a favor de cómo se pueden mejorar las cosas o de cómo va la reforma laboral. No; ustedes tenían su discurso prefijado, lo utilizan en la Diputación Permanente, sabiendo que no tiene
visos de realismo, porque quedan tres días de periodo extraordinario, cuando ustedes tienen todo el periodo ordinario para que la señora ministra, como en tantas ocasiones, venga a hablar de cualquiera de estas circunstancias.
Señor Simancas, señorías, ustedes están en la negación, pero en la negación por la negación. Negaron la crisis, niegan la recuperación y niegan a los trabajadores y a los empresarios la posibilidad de pactar en defensa de sus intereses,
como lo demuestran los datos que les he dado de una menor conflictividad, de un mayor acuerdo entre las partes, de haber salvado muchos puestos de trabajo -si se hubiera hecho antes no lo estaríamos lamentando en este momento- y de haber conseguido
acuerdos para permanecer en el empleo e incluso para posibilitar que se creen nuevos empleos.
Por último, señor presidente, señorías, se lo he dicho muchas veces en la Diputación Permanente y en el Pleno. Ustedes alarmaron y manipularon cuando se debatió la reforma laboral -ya no lo dicen- sobre el final de la tutela judicial
efectiva. Ese fue uno de sus grandes caballos de batalla: se ha acabado la tutela judicial efectiva en este país. Los trabajadores están indefensos ante el poder del Gobierno. Pues no es verdad; no es verdad, se lo he dicho siempre. Primero,
la reforma laboral impulsa el diálogo y el acuerdo, que siempre es positivo, siempre hay que buscarlo. Siempre, señorías, les queda -lo dijimos en su momento en la reforma laboral, lo sigo manteniendo y lo demuestra lo que estamos debatiendo hoy-
lo que en un Estado social y de derecho es el derecho a la tutela judicial efectiva. Lo demuestra esta
sentencia. Ha habido un caso de una trabajadora; una sentencia que se produce, como el resto de las demás que ha habido sobre -ya les he hablado de ello- los expedientes, el 0,5 %, que ha habido que llevar a situaciones judiciales.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Coscubiela Conesa pide la palabra).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Álvarez-Arenas.
Señoría, yo no he podido apreciar nada que no sea la lógica dialéctica entre dos intervenciones. Si usted se siente particularmente excitado a consumir un minuto, se lo doy, como es lógico, pero no he visto nada. ¿Le parece bien un minuto
para que nos diga no sé muy bien qué? Dígame usted qué.
El señor COSCUBIELA CONESA: Se ha hecho una imputación falsa a nuestro grupo, a varios grupos, y quería aclararlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Un minuto.
El señor COSCUBIELA CONESA: Vuelvo a insistir, señoría. Es una imputación falsa decir a los grupos que presentamos el recurso contra la reforma laboral que no utilizamos nuestro derecho a acudir al Constitucional en el tema de
ultraactividad. A ver si lo entiende, señora diputada; no podíamos ir con ese tema al Constitucional porque no es una cuestión de constitucionalidad, sino sencillamente de utilizar la discrecionalidad que tiene el Gobierno para cargarse la
negociación colectiva, que es lo que ha hecho. Por favor, no nos vuelva a imputar, como hizo la vicepresidenta, que no hicimos una cosa cuando no la podíamos hacer. Por cierto, más allá de cómo ha torturado usted los datos, no se preocupe, si el
Tribunal Constitucional no nos da la tutela, iremos al Tribunal de Estrasburgo, porque se acaba de dictaminar en estos momentos en el informe de 2014 que el Gobierno incumple la Carta Social Europea en siete de los aspectos fundamentales. La tutela
que no nos dan los tribunales españoles la iremos a buscar, como durante el franquismo, fuera de este país.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracia, señor Coscubiela.
Señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.
El Gobierno ha preservado, mejorado y flexibilizado la negociación colectiva a favor del mantenimiento del empleo y de los trabajadores, como así responsablemente lo están utilizando los agentes sociales en la firma de los numerosos
convenios y acuerdos a los que se está llegando.
Por último, es curioso que Izquierda Unida permanentemente tenga que recurrir a la época del franquismo para defender sus tesis. (El señor Coscubiela Conesa: Es normal, nos acordamos mucho).
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (número de expediente 062/000250), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, PARA DAR CUENTA DE LAS INTENCIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE MONTES Y, EN ESPECIAL, SOBRE LOS OBJETIVOS DE LAS DISPOSICIONES REFERIDAS AL
USO DE TERRENOS INCENDIADOS. (Número de expediente 213/001844).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Punto siguiente, número 6. Se trata de una petición, también formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, para que comparezca la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente e informe
sobre las intenciones del Gobierno en relación con el proyecto de ley de montes y sobre los objetivos de las disposiciones referidas al uso de terrenos incendiados. Por este grupo, tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, presidente.
Señorías, el Gobierno del Partido Popular ha decidido terminar con la legislación ambiental. En apenas tres años estamos sufriendo un retroceso de décadas en la protección medioambiental de nuestro medio natural. Han decidido rebajar al
mínimo las exigencias de protección de las leyes que afectan a las costas, a los residuos y a la contaminación, a la responsabilidad civil por daño ambiental, a la evaluación del impacto ambiental, a los parques nacionales y ahora también a los
montes. Todas y cada una de las modificaciones presentadas no atienden en absoluto a un proyecto político definido sino a demandas particulares de personas que tienen intereses muy concretos en utilizar el medio ambiente a su antojo y capricho.
(La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Están rompiendo amplios consensos con distintos actores sociales, con las comunidades autónomas y con la comunidad científica con el único objetivo de satisfacer intereses
particulares y mercantilizar los recursos naturales desprotegiéndolos. Ahora con nocturnidad y alevosía modifican la Ley de Montes, y lo digo así porque han tenido en exposición pública un proyecto de modificación de la ley actual que nada tiene
que ver con la modificación real que ustedes han hecho y que ataca gravemente la protección de los montes y su ecosistema. Esta ley modifica cuestiones que han sido evaluadas como muy positivas por el Consejo de Estado, como la prohibición del
cambio de uso durante treinta años de los suelos forestales que han sido incendiados. Esta medida que fue aprobada tras un amplio consenso en 2006 ha evitado abusos y especulación inmobiliaria además de prevenir incendios. Por eso queremos saber
con qué intención se modifica este punto y solicitamos la comparecencia de la ministra, para que nos lo explique, para que dé cuentas de esta nueva aberración medioambiental, para que diga a demanda de quién o de quiénes se hace esta modificación,
con qué intención, a quién va a favorecer, en qué va a mejorar la gestión de las masas forestales, cómo va a ayudar a mejorar el medio ambiente o en qué va a mejorar la vida de las personas; porque que yo sepa legislamos para eso, cambiamos leyes y
creamos otras nuevas para eso. Pedimos a la ministra que comparezca y nos cuente cuáles son esas excepciones a las que hace referencia la ley y defina exactamente a quién quiere exceptuar y por qué.
Hay otra cuestión que nos preocupa sobremanera y es que la Ley de Montes introduce una modificación que acaba con una de las funciones más importantes del cuerpo de agentes forestales, reduce su condición de Policía judicial a cuerpo
auxiliar, es decir, convierte a 6.000 agentes en meros avisadores ante la evidencia de un delito. Queremos saber a qué atiende esta rebaja. Los agentes forestales han sido y son los garantes de la protección del medio natural, son quienes conocen
la realidad del medio y los que mejor saben identificar los ilícitos penales. Nunca han generado problema alguno y han hecho bien su trabajo. ¿Por qué, entonces, los menosprecian? Es lo que queremos saber de la ministra, porque desgraciadamente
intuimos que su labor es muy incómoda para algunos de los grandes propietarios de este país. La labor de los agentes forestales es incómoda porque se meten en sus fincas, en las de esos a los que ustedes hicieron una Ley de parques nacionales a su
medida. Además quitan la condición de funcionarios a estos agentes, lo que indica otra vez una voluntad de privatización de sus tareas de vigilancia y seguridad. En algunas comunidades, como en la Comunidad de Madrid, hace más de once años que no
se saca ninguna plaza de agente forestal, lo cual también es indicativo de esa tendencia privatizadora del Partido Popular. Además, esta ley, junto con el rosario de las anteriores, va en contra de las orientaciones europeas sobre preservación de
la biodiversidad.
Señorías, deben entender que la desregulación ambiental que está promoviendo este Gobierno es económicamente ineficaz y será un lastre para la recuperación económica. Su modelo de crecimiento está desfasado. Sin protección del medio
ambiente y sin una política clara de preservación de la biodiversidad no habrá recuperación. Llevamos treinta años construyendo una política ambiental de consenso, transparente, durable y que es referente a nivel europeo, y ustedes han decidido
cargársela en una sola legislatura. Por eso requerimos que la ministra dé explicaciones de por qué trae una nueva ley encaminada al fracaso.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señora Lucio.
Turno de fijación de posiciones, Grupo de La Izquierda Plural, señora De Las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidenta.
Desde La Izquierda Plural vamos a apoyar la petición de comparecencia de la ministra de Medio Ambiente realizada por el Grupo Socialista porque efectivamente es una ley que responde a las políticas contra el medio ambiente que está llevando
a cabo el Grupo Popular en esta legislatura. Primero fue la
Ley de Costas, la Ley de Residuos, la Ley de Parques Nacionales y ahora la Ley de Montes. Es una reforma, por tanto, que no es necesaria, si no es para rebajar las medidas de protección ambiental y favorecer que los bienes ambientales se
conviertan en valor de mercado. Esa es precisamente la política en la que tiene afán el Partido Popular. Actualmente existe la prohibición del cambio de uso forestal de las zonas incendiadas durante al menos treinta años. Esta es una medida se
adoptó para evitar que se provocaran fuegos con fines especulativos, que ahora va a quedar totalmente liquidada con la modificación mediante el artículo 50 de la reforma presentada por el Gobierno. Este artículo abre la puerta a que las comunidades
autónomas puedan acordar el cambio del uso forestal en zonas incendiadas si justifican la existencia de un interés general prevalente. Más allá de las declaraciones que ha hecho la ministra con respecto al interés general prevalente -las tendrá que
venir aquí a explicar por lo peregrinas que son-, este interés general prevalente va a propiciar en cualquier caso que se vuelvan a provocar incendios para construir en las zonas quemadas, con las consecuencias que eso va a tener para nuestra masa
forestal. Es una ley que pone en peligro la prevención de los incendios cuando, como bien ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, los agentes forestales y medioambientales pasarán de ser un cuerpo independiente, como lo son ahora con la
normativa vigente, a convertirse en meros auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, limitando intencionadamente su capacidad para denunciar y actuar sobre los delitos medioambientales.
Respecto a la caza, el texto regula de manera preocupante el reconocimiento de las licencias multiautonómicas, respondiendo a las demandas del sector cinegético, con el que el Gobierno -ya sabemos- mantiene una importante relación de
amistad, y supone además una invasión clarísima de las competencias autonómicas. En cuanto a la planificación forestal, se rebajan las exigencias hasta tal punto que, si en la ley aún vigente se establece la obligatoriedad de que todos los montes
cuenten con un instrumento de gestión, con este proyecto se elimina dicha obligatoriedad. Así, ustedes mediante el artículo 33 de esta ley establecen que las comunidades autónomas decidirán en qué montes privados será obligatorio este instrumento
de gestión. Y en la disposición transitoria segunda se amplía a veinticinco años el plazo para tener un instrumento de gestión forestal. Esto supone clarísimamente eximirles de dicha obligatoriedad, dando además un trato de favor a los
aprovechamientos forestales de rápido crecimiento.
En definitiva, un proyecto que va a suponer clarísimamente un retroceso, como ya se ha dicho, para la protección de nuestros montes y con respecto a la normativa medioambiental vigente priorizando los intereses económicos a costa de los
intereses del medio ambiente, de la salud de las personas y evitando lo que tendría que ser una prioridad para este Gobierno, que es la lucha contra el cambio climático. Creemos, por todo esto, que hay motivos más que suficientes para que
comparezca la ministra de manera urgente.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señora De las Heras.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Inicio de intervención, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, manifestando mi asombro ante el hecho de que el Grupo Parlamentario Socialista mantenga la petición de comparecencia urgente de la ministra García Tejerina en la Comisión en
la que debería explicar las intenciones del Gobierno, que a día de hoy ya no son intenciones sino realidades, porque el Consejo de Ministros ya ha aprobado y remitido a esta Cámara para su debate el proyecto de ley de modificación de la Ley de
Montes, que será presentado, evidentemente y en su momento, por la ministra.
Señorías, pretender debatir un proyecto de ley en la Comisión correspondiente con carácter previo a su toma en consideración en el Pleno carece de toda lógica, y ustedes deberían saberlo. Por ello anuncio ya nuestro voto en contra de la
propuesta. Señorías socialistas, con esta propuesta, como con las anteriores, lo único que pretenden es provocar ruido mediático y confundir a la ciudadanía, y ello porque carecen ustedes de propuestas medioambientales. Y me reafirmo en ello,
señorías, después de haber leído ayer las declaraciones de su secretario general tras su reunión con grupos ecologistas. Sostenía don Pedro Sánchez que el compromiso del PSOE es -entrecomillo- revertir toda la legislación medioambiental que ha
aprobado el actual Gobierno a la baja; elevar la protección ambiental en todos los ámbitos y sectores y situar los derechos ambientales en el centro del debate político. Toda una declaración de principios, señorías, ¡que profundidad! No recuerdo,
realmente, unas manifestaciones más huecas, vaporosas y falaces de un político con aspiraciones de gobierno como las que sobre este ámbito -a mi
juicio, fundamental- ha venido produciendo el todavía líder del PSOE, apuntado a un radicalismo oportunista. Radicalismo oportunista que se repite en las declaraciones y afirmaciones de la portavoz socialista cuando indica que el proyecto
de ley de modificación de la Ley de Montes abre la puerta a la especulación urbanística, favorece intereses privados, a los poderosos... Ya estamos hartos de oírlo, señorías. Siento vergüenza realmente cuando les oigo repetir todo ello. Estas
afirmaciones sugieren, o bien una profunda ignorancia o un intento de manipulación de la realidad, demagogia o mala fe, e indican claramente que usted, señora portavoz socialista, no ha leído el texto que critica.
El proyecto de ley mantiene la prohibición de cambio de uso forestal por razón de incendio en un periodo de treinta años. Pero, de manera excepcional, las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso cuando concurran razones
imperiosas de interés público de primer orden, que deberán ser aprobadas mediante ley. Ello excluye, por su propia naturaleza, cualquier interés privado, de muchos o de pocos; y solo en el caso de infraestructuras de alto interés público es
aplicable esta excepción. Evidentemente una urbanización carece de interés público. De otro lado, señorías, los agentes forestales no cambian en absoluto de estatus, es mentira, continúan siendo agentes de la autoridad y continúan siendo Policía
Judicial en sentido genérico, como indica la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se introduce como novedad la necesaria coordinación de dicho colectivo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, precisamente para garantizar la persecución de
las infracciones o delitos cometidos contra el medio ambiente con mayor eficacia y agilidad. El proyecto de ley no reduce a los agentes forestales al cuerpo auxiliar. Es falso, señorías. Ustedes saben -o deberían saber- que en la legislación
vigente los policías judiciales en sentido estricto son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, habiendo recibido una formación específica y acreditable, prestan sus servicios en unidades dedicadas a las funciones de Policía
Judicial. Todos los demás miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los de los cuerpos que se citan en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como el de agentes forestales, tienen la condición de Policía Judicial en el sentido
genérico y, por ello, tienen un papel auxiliar en este aspecto con respecto a los primeros. ¿Preferirían ustedes, señorías socialistas, que fuera el Seprona quien tuviera en ese aspecto un papel auxiliar con respecto a los agentes forestales?
Díganlo, explíquenlo ustedes, pero ello va contra la legislación.
Termino, señora presidenta. El proyecto de ley de modificación de la Ley de Montes, que será explicado por la ministra en el trámite parlamentario, tiene como objetivo primordial la lucha contra los incendios forestales, la protección de la
biodiversidad, la lucha contra el cambio climático potenciando el efecto sumidero de nuestras masas forestales y el aprovechamiento económico de esos recursos forestales a través de una gestión forestal sostenible. Ello contribuirá sin duda alguna
a la creación de empleo y riqueza en el mundo rural.
Señorías socialistas, les sugeriría una lectura detenida del texto del proyecto de ley y, así, en el trámite parlamentario podremos debatir sobre ello con mayor rigor y seriedad, no en el plan que lo han hecho ustedes hoy. El Grupo Popular
apuesta por el equilibrio entre los tres pilares de la gestión...
La señora VICEPRESIDENTA: Señora De Lara, tiene que acabar.
La señora DE LARA CARBÓ: Termino, señora presidenta.
... los tres pilares de la gestión para un Estado sostenible: el económico, el ecológico y el social. No sabemos cuál es su apuesta, señorías.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señora De Lara.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN MIXTA DE CONTROL
PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES (número de expediente 062/000251), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN RTVE, PARA INFORMAR ACERCA DE LAS GRAVES DENUNCIAS FORMULADAS POR EL CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE EL DÍA 20 DE ENERO DE 2015. (Número de expediente 212/002118).
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al punto 7, petición, por un número suficiente de diputados pertenecientes a la Diputación Permanente, del Grupo Parlamentario Socialista, para que se celebre una sesión extraordinaria de la Comisión Mixta
de Control de Radiotelevisión Española y sus sociedades con la comparecencia del presidente de la corporación para informar acerca de las graves denuncias formuladas por el consejo de informativos de Televisión Española el día 20 de enero de 2015.
En primer lugar, por el grupo autor de la iniciativa, señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Muchas gracias, señora presidenta.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista solicitamos la comparecencia urgente del presidente de la corporación de Radiotelevisión Española ante las graves acusaciones que ha denunciado el consejo de informativos de Televisión Española el
pasado día 20. La contundencia del comunicado emitido -inédito en la historia del ente público- no es más que la reacción natural de los profesionales al plan que lleva implementado desde el inicio de la legislatura, un plan que ya ha cruzado
demasiadas líneas rojas y que no tiene otro objetivo que el del control partidista de Radiotelevisión Española.
Señorías, en tres años el Gobierno del Partido Popular ha dilapidado toda la reputación y credibilidad de Radiotelevisión Española. Han devuelto a la radio y televisión públicas la manipulación, la pérdida de calidad y objetividad
informativa, la consecuente pérdida de audiencia y la vergüenza que vivimos durante el Gobierno Aznar. Señorías, esta situación la llevan denunciando los propios trabajadores de la corporación durante todos estos años. Lo hicieron, en un hecho sin
precedentes, con un manifiesto firmado por más de 1.500 profesionales de los informativos de Televisión Española el pasado mes de octubre, en el que denunciaron la manipulación y la censura de los telediarios. Y, a pesar de ese manifiesto, las
cosas fueron a peor: cesaron a González-Echenique y recuperaron al presidente de Telemadrid, José Antonio Sánchez, tristemente famoso, como todos recordamos, por conseguir que por primera vez en la historia Radiotelevisión Española fuera condenada
por manipulación. Desde su presidencia empezó a ejecutar el plan que le había encomendado el Gobierno para este año electoral. Se formalizaron cambios al frente de la dirección de informativos y se procedió al cese masivo de los jefes de área y de
sus adjuntos, que fueron sustituidos por personas más afines al Partido Popular. Tras esos ceses, los hechos se han agravado aún más, y no lo decimos nosotros, lo dice el consejo de informativos de Televisión Española y la mayoría de los
profesionales de los servicios informativos, que el pasado día 20 celebraron una asamblea y acordaron un comunicado en el que denuncian -y cito textualmente-: la purga de redactores no afines al PP, la propaganda gubernamental en los informativos,
el miedo que están imponiendo en los nombramientos del PP en la redacción y la pérdida de calidad y rigor periodístico en los informativos. Denuncian también en este comunicado el aumento de la propaganda oficial de la recuperación, de la
maravillosa gestión de Rajoy y el silencio y la brevedad en la información de los múltiples casos de corrupción que azotan al Partido Popular.
Y no solo eso, señorías, sino que justo al día siguiente de su comunicado siguieron con esa manipulación, y de la forma más burda y vergonzante posible aparecieron en el programa El debate de la 1 con un gráfico sobre las cifras del paro
donde se daba a entender que 4.400.000 parados son menos de 4.100.000 parados. (Muestra un gráfico). Es este gráfico, manipulado por los responsables de informativos de Televisión Española y al que el propio programa se encargó de dar la mayor
difusión posible llenando las redes sociales de indignación. Alguien podría decir que es un error, pero no lo es porque lo cierto es que se trata de una manipulación torticera y consciente de la realidad. Porque allí donde gobierna el Partido
Popular hacen exactamente lo mismo, como han hecho en la Televisión de Castilla-La Mancha con esa magnífica interpretación de la evolución del paro en un año, una bajada sin precedentes. (Muestra otro gráfico). Eso no es un error, es una
manipulación torticera de la realidad con fines estrictamente partidistas. Ese es su modelo, señores del Partido Popular, convertir la televisión pública en un aparato de propaganda partidista y gubernamental. Porque estos dos gráficos que les
acabo de enseñar no distan mucho de los que prepara la televisión del régimen bolivariano de Venezuela, el régimen que ustedes tanto rechazan. Esa interpretación donde la distancia de un punto y medio de apoyo al presidente en relación con Enrique
Capriles queda manifestada con esa envergadura. (Muestra un tercer gráfico). Sus gráficos, en comparación con los de la televisión bolivariana de Venezuela, no distan mucho en su publicidad.
Señorías, eso no es todo porque a los dos días de todo esto, a la salida de la cárcel del señor Bárcenas, Televisión Española cortó sus declaraciones en directo justo cuando denunciaba la existencia de una contabilidad B en el Partido
Popular que era conocida por toda la cúpula popular, empezando por el presidente del Gobierno. Y hemos visto también en estas últimas fechas con perplejidad cómo la
presentadora responsable de El debat de la 1 en Cataluña, Cristina Puig, era despedida disciplinariamente por sus reiteradas denuncias de manipulación y falta de pluralidad y por la elección de los invitados al programa que moderaba.
Señorías, todo esto es inadmisible. Es inadmisible porque pone en duda la credibilidad y la objetividad de los medios de comunicación públicos de este país. Los hechos son muy graves, señora presidenta, y son motivo de preocupación y de vergüenza
para los propios trabajadores de Radiotelevisión Española y para todos los ciudadanos que aprecian una televisión pública objetiva y de calidad. Por todos estos motivos, creemos que debe comparecer urgentemente el presidente de la corporación para
dar explicaciones ante las graves denuncias de manipulación y de caza de brujas que han formulado sus trabajadores. Entendemos que no podemos ni debemos esperar a que el presidente comparezca ante esta Cámara a finales de febrero en una sesión
ordinaria de control, tal y como estaba prevista en el calendario. La urgencia y la gravedad de los hechos requiere que comparezca cuanto antes. Por eso, confío señora presidenta, en que los miembros de esta Diputación Permanente apoyen nuestra
solicitud de comparecencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Vallès.
Por el Grupo Vasco, PNV, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señora vicepresidenta, apoyaremos la solicitud realizada por el Grupo Socialista porque verdaderamente creo que sí hay que venir aquí a explicar una circunstancia que se produce cuando el consejo de informativos de
televisión es el que hace afirmaciones muy graves en contra de la política que se está llevando a cabo por parte del consejo de informativos de Televisión Española con el respaldo unánime de la asamblea de profesionales. Se acusa nada más y nada
menos de crear una redacción sumisa y al servicio del poder político, alejada de las preocupaciones ciudadanas y dedicada a labores de propaganda gubernamental. Son palabras gruesas pero que exigen una explicación y además lo normal es que esta se
produzca en el Parlamento. Por tanto, dadas las circunstancias que han rodeado algunas informaciones que ya han sido señaladas por el Grupo Socialista últimamente, nos parece motivo más que suficiente para que se produzca esta comparecencia y estas
explicaciones.
Dado que casi no he ocupado el tiempo, señora presidenta, me gustaría también decirle al señor Barreda que si usted quiere que firmemos el pacto antiterrorista...
La señora VICEPRESIDENTA: No, no, señor Esteban, no tiene la palabra. Señor Esteban, que no está usted en el tema.
El señor ESTEBAN BRAVO: ... en vez de cortejarnos, se dedica a decir insidias y, con actitudes como la suya...
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Esteban, que no tiene la palabra.
El señor ESTEBAN BRAVO: ... lo único que hace es alejarnos en las posiciones. Con usted, imposible. Es lo que tenía que decir.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Esteban, podría usted respetar un poco lo que es el orden de esta casa.
El señor ESTEBAN BRAVO: Ya está dicho lo que tenía que decir.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Esteban, usted tiene que respetar el orden de esta casa. ¿Está claro? Estamos en un tema que no tiene absolutamente nada que ver con eso.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señora presidenta, lo que no está nada claro es que usted no haya dado la palabra antes a mi compañero cuando se la ha pedido. Eso es lo que usted también tiene que respetar.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Esteban, al señor Olabarría no le he dado la palabra porque no se la tenía que dar.
El señor ESTEBAN BRAVO: Porque no ha querido usted.
La señora VICEPRESIDENTA: Si se la hubiera tenido que dar, lo habría hecho. Aquí se vierten acusaciones de grupos contra grupos y, si yo siguiera el ritmo que ustedes marcan, tendría que dar la palabra a todos permanentemente, y no lo voy
a hacer porque no ha habido alusiones personales al señor Olabarría. Por tanto, no ha lugar, señor Esteban, por mucho que usted quiera hacer las cosas como le dé la gana.
El señor ESTEBAN BRAVO: Ya está dicho.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Martínez Gorriarán, adelante.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Volviendo al tema, mi grupo también va a apoyar esta petición de comparecencia porque, como otras que han estado desfilando esta mañana y esta tarde, es absolutamente justificada y necesaria. Realmente lo que está ocurriendo con
Radiotelevisión Española, y en concreto con Televisión Española, es otro escándalo. Es absolutamente incalificable. Realmente a uno se le agotan ya los calificativos cuando ve de qué manera por una parte se va desmantelando un modelo de servicio
público de comunicación cuya existencia solo tiene justificación como eso, como servicio público. Conviene recordar que la única razón por la cual hay que detraer de los impuestos de los ciudadanos una cantidad de dinero para algo que muchos no
quieren ver ni solicitan ni valoran, que es un servicio público de televisión, es por eso, porque tiene sentido en las democracias que existan servicios públicos que, entre otras cosas, completen la oferta informativa y a veces también palien la
falta de pluralidad que se da en procesos oligopólicos que son muy corrientes en el mundo de las empresas de comunicación.
El caso es que en España hemos llegado a un modelo televisivo que no sé cómo calificar; antes decía el portavoz socialista que chavista, y creo que no le falta razón, creo que es algo bastante adecuado para el caso que nos ocupa, porque por
una parte tenemos un duopolio privado de dos megaempresas televisivas, que son las que tienen diferentes marcas pero que en realidad son los mismos intereses los que están detrás, y por otra parte tenemos una televisión pública que ha sido
privatizada por el partido gobernante. Además, ha sido privatizada por la vía de la expropiación y sin ningún tipo de compensación porque, desde luego, le sale gratis. Una solución que sería justa, aunque fuera dañina para el interés público del
derecho a la información, sería que sencillamente el Partido Popular pagara Televisión Española, con lo que los fondos públicos y Hacienda se ahorrarían este costo en un momento en que estamos muy necesitados de recursos.
Es muy grave lo que está pasando. Desde luego, no sé si hay precedentes -en democracia, se entiende, en dictadura sí, o en semidictaduras o en situaciones de transición- en que los propios periodistas de la empresa de la casa denuncien la
manipulación, las presiones, el sectarismo al que está siendo sometido su trabajo y que al final conducen a una conclusión inexorable, y es que en Televisión Española en los informativos no se hace periodismo, sino que se hace propaganda, se hace
publicidad política con un sentido muy determinado. Además, y esto tampoco es casual, ha ido empeorándose y agravándose. Esto no era igual de malo al principio de esta legislatura que en la situación actual, y el agravamiento del sectarismo, de la
propaganda y de la manipulación ha ido de la mano del empeoramiento de las encuestas de intención de voto. Esto es algo tan evidente que negarlo sería un ejercicio casi ridículo.
Cuando se tiene un modelo de televisión que a veces es más propio de un Gobierno semidictatorial que de una democracia, alguien debería de dar explicaciones porque lo que se está poniendo en peligro no es coyunturalmente la información
política que reciben o que no reciben los ciudadanos, sino que lo que se está haciendo es reducir a extremos de caricatura el pluralismo político real de la sociedad, donde están desapareciendo por completo las funciones y obligaciones de un
servicio público de información que si es público es porque tiene que hacerse cargo de todo aquello que es noticiable, que tiene relevancia informativa y que se genera en una sociedad, no lo que le parezca al comisario que ha colocado ahí el partido
del Gobierno, muchas veces con objetivos y con procedimientos de un sectarismo que realmente sonrojan. Hay telediarios con los que realmente uno cree que ha rejuvenecido, lo cual no está mal, porque vuelves a tener doce años y estás en el cine del
barrio viendo el NO-DO, con inauguraciones de obras públicas por presidentes del Gobierno, con constantes declaraciones de ministros, consejeros, etcétera. Eso, que en sí es bastante patético en una sociedad como la actual y con la accesibilidad
que existe a la información gracias a Internet y a otros canales de información, queda agravado por el hecho de que ese tipo de espectáculos, que no tienen el menor interés informativo, que no son sino propaganda y redundancia, sirven para tapar,
para ocultar, para privar de la palabra y del derecho a que se conozca lo que hacen no solamente otros partidos, sino todo tipo de protagonistas de la actualidad social, política, científica, cultural,
etcétera. En fin, no deja de ser curioso que un partido que se autoproclama liberal muchas veces dirija un ataque tan sostenido, permanente e insidioso contra el modelo de sociedad abierta, que es lo que al final está aquí en juego.
Además, se ha reforzado lo peor del modelo actual. He de decir que este también es en gran parte un modelo heredado, pero como estamos todos hartos de oír hablar de las herencias y lo que queremos es oír hablar de soluciones, nos parece muy bien
que esta comparecencia se produzca para que se nos explique si de lo que se trata es de liquidar la televisión pública creando una animosidad y rechazo absoluto entre los televidentes que la pagan.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, va a respaldar también esta petición de comparecencia porque, como el resto de grupos, salvo el Popular, estamos preocupados por la deriva de
Radiotelevisión Española, una deriva que ha sido denunciada por el consejo de informativos y que tiene un cariz muy serio. Se habla de manipulación, de caza de brujas, de propaganda, todos ellos términos contrarios al servicio público de la
información y de televisión. Es un hecho que debería motivar la comparecencia del presidente de la corporación, pero estamos acostumbrados a que no se comparezca y a que se considere este trámite de la Diputación Permanente algo así como ocioso, lo
cual demuestra cuál es la valoración que tiene la mayoría del Congreso de los Diputados, porque esta es una sesión típica del Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios establecen una relación de preocupaciones, de prioridades en el
periodo extraordinario y el grupo parlamentario que apoya al Gobierno también define cuáles son sus prioridades, que parece que ninguna. No tiene ninguna prioridad, no considera que haya ninguna materia que motive la comparecencia del Gobierno,
pero nosotros creemos que sí, que en relación con la situación de Radiotelevisión Española hemos pasado de un círculo virtuoso que tuvimos durante un tiempo. No siempre ha sido así, pero durante un tiempo Radiotelevisión Española fue una televisión
gestionada como servicio público, una televisión de calidad y con un alto nivel de audiencia, con el más alto nivel de audiencia del conjunto de los medios audiovisuales. Fue así durante un periodo corto, aunque es verdad que durante otro periodo
no ha sido así y normalmente hemos tenido una televisión de gobierno más que una televisión gestionada como servicio público. Ahora eso ya no es así. Hemos pasado al círculo vicioso de la televisión de partido y hoy ya no estamos en la televisión
de partido ni en el círculo vicioso, sino en un círculo catastrófico de la televisión de secta, señorías, una televisión de secta que va por el camino de Canal 9 y de Telemadrid, es decir, manipulación e intervención desde una parte del Partido
Popular en la televisión, en sus contenidos, descenso cada vez más profundo de la audiencia, nerviosismo de la secta y cada vez mayor intervención, un círculo catastrófico, porque, lejos de solucionar el problema, cada vez lo acentúa más. Es una
huida hacia adelante. Por tanto, creemos que eso debería llevar a que el presidente de la corporación compareciese en esta Cámara para decirnos cuándo piensa parar de intervenir, cuándo piensa parar de manipular, cuándo piensa parar de despedir por
razones ideológicas a redactores, cuándo piensa parar esta degradación de la radiotelevisión pública.
Termino diciendo que me llama mucho la atención la preocupación por la gestión que tiene el Partido Popular. Cuando tiene la oportunidad de innovar en materia de gestión en lo que está en manos del Gobierno, que es la gestión pública, la
verdad es que precisamente no es un ejemplo, o la privatiza o la degrada, o la degrada para privatizarla; esa es la cuestión en estos momentos en el ámbito de la radiotelevisión pública y, por tanto, nosotros creemos que el presidente, el señor
Sánchez, debe comparecer para explicar esa televisión de secta que hoy preocupa a todos los grupos parlamentarios salvo al Partido Popular; como esta Diputación Permanente, que preocupa a todos los grupos parlamentarios menos al Partido Popular.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Llamazares.
Señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a dar apoyo a esta petición. No creo que haga falta reiterar muchos de los argumentos que han sido ya emitidos, pero sí quisiera hacer unas cuentas consideraciones.
En primer lugar, yo creo que el hecho de que exista una televisión de ámbito estatal pública es algo que nuestro grupo siempre ha valorado positivamente; ha intentado participar -y lo ha hecho de forma sincera y leal- en decisiones para que
esta televisión sea lo mejor posible, de hecho, hasta hace pocos meses, en la anterior presidencia, había una serie de decisiones que apuntaban a una mejora de la gestión del ente que nosotros podíamos compartir. Lógicamente teníamos nuestras
divergencias, pero desde la nueva presidencia ha cambiado radicalmente. Supongo que desde el Gobierno se le ha pedido al nuevo presidente del ente no que preste con eficacia un servicio público de interés para todos los ciudadanos, que sería su
cometido lógico, sino que se le ha pedido pura y simplemente que ponga cien por cien este instrumento al servicio exclusivo y electoral del Partido Popular. Esto es algo que lógicamente nosotros no podemos compartir porque va contra los principios
del propio servicio público de Radiotelevisión Española, pero además va contra algo que creo que es más importante, y es la decencia política que debemos practicar. Este es un elemento básico, sobre todo porque estamos jugando con los ciudadanos y
con personas que quiero citar expresamente, que son los muy buenos profesionales que trabajan en Radiotelevisión Española, Televisión Española y Radio Nacional de España, muchos de los cuales están trabajando cada vez más en un clima que no es el
adecuado para poder hacer buen periodismo.
Quiero manifestar a todos estos profesionales la solidaridad de mi grupo. Sé que van a pasar unos meses realmente duros; sé que ellos no podrán hacer lo que su profesionalidad les permitiría. En cualquier caso, sepan que van a contar con
el apoyo decidido y sincero de Convergència i Unió, que a través de todos nuestros representantes en el ente, en las comisiones, va a hacer lo posible para denunciar este clima antiinformativo y poco democrático que existe en Radiotelevisión
Española, a pesar de la pléyade de buenos profesionales que existen. Y ya que hablamos de buenos profesionales, quiero hacer una apelación muy concreta a una gran profesional, Cristina Puig, que ha sido vilmente despedida de Radiotelevisión
Española. Es absolutamente incomprensible este despido. Manifestamos nuestra la solidaridad con personas como Cristina, que ha sido tratada de esa manera simplemente por no aceptar que la lista de sus invitados no se hiciera desde el ente, sino
que se hiciera desde la calle Urgell. La calle Urgell es donde está la sede del Partido Popular en Cataluña, y desde allí es desde donde se quería hacer la lista de invitados a los programas periodísticos. Esto es intolerable. Cuando una buena
profesional se impone a estos modos, repito que absolutamente antidemocráticos, resulta que es separada de la televisión. Creemos que hay que hacer lo posible para que esta periodista pueda recuperar el derecho a su honor, perdido en este episodio.
Desde aquí queremos -repito- mostrarle nuestra absoluta solidaridad.
Si la situación en Radiotelevisión española es pésima en toda España, en Cataluña es mucho peor. De hecho, el nombramiento del jefe de prensa de la señora Sánchez Camacho como director del ente en Cataluña ya indica por dónde van las cosas.
Creo que poner al servicio de un partido político, a través del nombramiento, a un jefe de prensa concreto como responsable de la televisión en Cataluña indica perfectamente por dónde vamos. Reclamar pluralidad en los debates es lo que hay que
hacer...
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Macias, tiene que finalizar.
El señor MACIAS I ARAU: Acabo, señora presidenta, con mucho gusto, atendiendo a su ruego, y acabo justamente reclamando pluralidad.
La señora VICEPRESIDENTA: Muy bien.
Señor De Luis, por el Grupo Popular.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.
He seguido muy atentamente las intervenciones que se han producido y, sinceramente, me parece que es una repetición de las que han tenido lugar en esta Cámara allá por los años 1980, 1990, 2000 y que están absolutamente fuera de contexto en
el año 2015.
Entro en materia. Personalmente creo que la iniciativa que hoy se somete a debate en la Diputación Permanente presentada por el Grupo Socialista es la típica iniciativa consecuencia de la reacción ante un juicio de descalificación de la
gestión de personal del grupo Radiotelevisión Española por parte del consejo de informativos. Responde, por tanto, a una valoración política y a una valoración subjetiva de ese órgano colegiado que está definido en la legislación que ampara la
actividad ente público. Por tanto, pongo su credibilidad, su solvencia, su rigor en tela de juicio. Y la pongo en tela de juicio porque los consejos de informativos del grupo de Radiotelevisión Española, tanto el de Televisión como de Radio
Nacional de España, se crean al amparo de la Ley 17/2006, en la que en su artículo 24 el legislador, es decir, nosotros,
el cuerpo legislativo, estableció una serie de competencias para los consejos informativos, con las que realmente pretendía darles campo de juego para que ellos velaran por la independencia de los profesionales de la información, promovieran
la independencia editorial, informaran sobre la línea editorial, participaran en la elaboración de los libros de estilo y pudieran informar, con criterio no vinculante, de los nombramientos de los directores. Eso es lo que establece la ley, que
debe de regir las competencias de los consejos de informativos. Por tanto, parece que estas valoraciones respecto a la manipulación, caza de brujas y algunos términos, que me recuerdan -como he dicho antes- al siglo pasado, al siglo XX, exceden
completamente de lo establecido en la ley en cuanto a los consejos informativos se refiere.
Bien es cierto que no es la primera vez que los consejos informativos se salen del campo de actuación que la ley les encomienda, porque, rastreando y preparando antecedentes para esta intervención, me he podido encontrar con que también los
consejos informativos se posicionaron en solidaridad con los profesionales que iban a quedar afectados por el cierre de la televisión de Valencia, que naturalmente no está para nada en las competencias que establece el artículo 24. Luego casi diría
que esta valoración, que respet, aunque no comparto en absoluto, excede rotundamente de las competencias del consejo. Además, según también me ha parecido leer en alguna parte, creo que como respuesta de los servicios de la casa, es decir, de la
dirección informativos, han sacado la nota en este mes, el 20 -la iniciativa del Grupo Socialista tiene fecha de 21-, aun cuando los consejos informativos también han entonado la misma canción con la misma crítica en el mes de octubre 2014, en el
mes de noviembre, incluso en el mes de julio; luego es algo reiterativo que mantiene el consejo de informativos, lo cual resta urgencia, peso, crisis, crítica a esta situación. Lo que yo quería decirles con esto es que la respuesta del consejo
informativo en esta materia trae causa de nombramientos de 15 personas de 811 que forman el conjunto del personal de informativos del grupo de Radiotelevisión Española. En el siglo XXI, y es por lo que he hecho antes referencia a los últimos años
del siglo XX, la información tiene un origen múltiple imposible de controlar. Los canales por donde circula la información hacia la ciudadanía son también múltiples. Existe un montón de modalidades para que el ciudadano acceda a la información.
Por lo tanto, es imposible, no es rentable intentar manipular a un informador porque el coste político que tiene por manipulación no trae cuenta, porque, al final, no vas a conseguir tu objetivo. La información plural y veraz va a llegar al
ciudadano. Los operadores, utilizando distintos medios técnicos, son múltiples también. Por lo tanto, es absurdo que hoy ustedes focalicen, como si fuera una crisis del Estado democrático, una pretendida manipulación en uno de los operadores que
existe, aun cuando sea de titularidad estatal, porque la información tiene una pluralidad que es de todos conocida.
Alguien ha mencionado que esta Diputación Permanente es como otra cualquiera. Quería hacer una reflexión respecto a los fundamentos de la Diputación Permanente. En algún momento un compañero de mi grupo ha hecho una referencia a ella. Yo
sé que la Diputación Permanente tiene la obligación de velar por las competencias que tiene la Cámara cuando no está reunida, como es el caso. Así lo establece el artículo 78 de la Constitución. También sé que el artículo 57 del Reglamento
establece que la Diputación Permanente por mayoría puede convocar sesiones extraordinarias para tratar temas que tengan una urgencia en ser abordados o tengan un calado político de importancia. Si tuviéramos un único operador de información, un
único origen de información...
La señora VICEPRESIDENTA: Señor De Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Voy terminando, presidenta.
Un único origen de información podría ser un elemento crítico para el sistema democrático. Pero como no lo es, como la información para mí no tiene la solvencia que debe tener y es simplemente que ya que estamos en la oposición, vamos a
unir a la composición del orden del día de la Diputación, junto con el uso de la base de Morón, junto con el uso de las tasas judiciales, junto con el diseño del transporte por ferrocarril, que son temas que surgen de repente cuando la Cámara no
está reunida, vamos a meter también lo de la televisión porque así damos una pasada al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno en relación con el particular. El Gobierno no tiene ningún interés en manipular.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor De Luis, tiene que acabar.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Ahora mismo acabo. El Gobierno no tiene ningún interés en manipular, el Gobierno, el Partido Popular no pretende controlar la información a la que accede la opinión pública. Y como pueden derivar de mi
intervención, por ausencia de solvencia, porque tiene su origen en una
incursión ajena a las competencias de los consejos de información y porque distorsiona el fundamento de la Diputación Permanente, el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar la solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor De Luis.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS, MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL (número de expediente 062/000252), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, PARA EXPLICAR SUS ÚLTIMAS DECLARACIONES SOBRE EL DÉFICIT DE LAS PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN CATALUÑA. (Número de expediente 213/001852).
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al punto 8 del orden del día, petición del Grupo Parlamentario Socialista para la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, con la comparecencia de la ministra
para explicar sus últimas declaraciones sobre el déficit de las pensiones de la Seguridad Social en Cataluña. En primer lugar, por el grupo proponente socialista tiene la palabra el señor Rangel.
El señor RANGEL TARRÉS: Muchas gracias, presidenta.
Es evidente, señorías, que en el ejercicio del cargo a veces se pueden pronunciar frases desafortunadas, incluso inoportunas. El otro día, después de la reunión del Consejo de Ministros, la ministra Fátima Báñez pronunció una de esas y dijo
textualmente: Los jubilados catalanes cobran por la solidaridad del resto. No es la primera vez que la ministra pone de manifiesto esta idea. Ya lo hizo con anterioridad y fue objeto de una pregunta parlamentaria en la sesión de control en la
que, como es habitual, la ministra no contestó sobre el fondo de lo que se le estaba preguntando. La reflexión que quería hacerles para solicitar la reunión extraordinaria que planteamos es: ¿Cuál es el motivo de que la ministra Fátima Báñez, de
forma reiterada, exprese esa idea de que un colectivo de jubilados de un territorio concreto cobre gracias a la solidaridad del resto? Porque no va a ser por ignorancia de la ministra, porque no estamos hablando de temas que tengan que ver con
solidaridad interterritorial, estamos hablando de un tema crucial que tiene que ver con la solidaridad intergeneracional. Sabemos perfectamente que los que hoy cobran una pensión contributiva es porque durante su vida laboral han aportado al
sistema para que otros cobrasen la pensión correspondiente. Repito, no estamos hablando de territorios. Es curioso que cuando el Partido Popular quiere echar balones fuera habla de que no se pueden territorializar determinados aspectos, como el
tema fiscal, pero cuando le interesa introduce ese elemento como un elemento de confrontación.
La señora Báñez es una responsable política y sabe perfectamente que introducir en su discurso afirmaciones de este tipo, en un momento tan delicado como el que estamos viviendo, no es otra cosa que hacer de bombero pirómano. Por tanto, en
estos momentos lo que se necesita es tener mucho cuidado con lo que se dice e intentar que la política con mayúsculas prevalezca para, mediante el consenso y el diálogo, encontrar soluciones que sirvan al interés general y no que solo sirvan al
interés partidista de conseguir unos votos a costa de atizar este fantasma que tanto ha utilizado el Partido Popular, como es el anticatalanismo. Los jubilados catalanes y los de otras partes no se lo merecen, no se merecen que se les utilice en
ese debate político solamente por intentar conseguir unos cuantos votos. Por eso entendemos que es urgente que esto se aclare. No lo hizo ya cuando se le preguntó en la sesión de control del día 7 de mayo, que lo haga ahora, que lo haga
urgentemente. Sabemos que no es una contable; sabemos perfectamente también cuál es el balance de ingresos y gastos de la Seguridad Social, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que no se puede
enfrentar a personas y territorios cuando lo que se está haciendo sencillamente es pagar lo que corresponde, porque hay toda una serie de personas que han trabajado durante toda su vida para aportar al sistema, que han sido solidarios, y ahora es
absolutamente lógico y natural que se sea solidario con ellos.
Señorías, esta no es una cuestión banal. Al menos los que vivimos las tensiones que se están viviendo en Cataluña en estos momentos sabemos que no es así. También sabemos perfectamente que si ha crecido un sentimiento de desafección por
parte de un cada vez más creciente sector de la sociedad catalana no es ajena a ello la actitud que ha tenido básicamente el Partido Popular en ese proceso. Por
tanto, esperamos que la ministra Fátima Báñez comparezca, dé explicaciones y que no siga por la misma senda, porque eso iría en sentido contrario al que en estos momentos necesitamos ir para salir de una situación complicada.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Rangel.
En fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, adelante, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
No conocía estas declaraciones de la señora Báñez, pero desde luego más desafortunadas no pueden ser. Sin perjuicio de valorarlas políticamente ni de realizar juicio de intenciones alguno, los jubilados catalanes no cobran sus pensiones
gracias a la solidaridad del resto, ni los asturianos ni los vascos ni los murcianos ni los andaluces, ni siquiera gracias a la solidaridad de nadie, porque tanto el artículo 41 de la Constitución y las leyes que regulan nuestro sistema de pensiones
como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han establecido que el sistema de pensiones no es un régimen basado en la solidaridad, sino en la legalidad, es un régimen legal, y los jubilados catalanes cobran en virtud de las cotizaciones que
realizan de forma obligatoria, en virtud del imperativo legal correspondiente, tanto los cotizantes empresarios como los cotizantes trabajadores. Y gracias a eso cobran las pensiones todos los jubilados del Estado español en un régimen que está
centralizado incluso contra las previsiones constitucionales. Nosotros hemos refutado mucho ese concepto de caja única que se inició mediante una invocación de una jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que después mediante su perversión
jurídica se ha incorporado en el ordenamiento jurídico y ha posibilitado o ha provocado que el sistema de pensiones no sea transferible en el ámbito de la gestión a las comunidades autónomas. Pero como estamos no solo ante un régimen legal sino
ante un régimen rígidamente centralizado, luego sí sería bueno que nos explique la señora Báñez tan enigmática expresión en relación con las pensiones. Yo solo se lo pediría por curiosidad científica.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Olabarría.
¿Va intervenir, señor Martínez Gorriarán? (Denegación).
Por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Anuncio el voto favorable de La Izquierda Plural al planteamiento o a la propuesta hecha por el Grupo Socialista. La verdad es que el hecho de que compareciera la señora Báñez, la ministra de Empleo y Seguridad
Social, sería una buena noticia, y especialmente que lo hiciera en materia de Seguridad Social que es un tema que suele eludir, aunque cuando comparezca muy probablemente los motivos del interés que nuestro grupo va a plantear sean no solo el que ha
propuesto hoy el Grupo Socialista sino el tema más trascendente. Se trata de si piensa hacer algo o no el Gobierno para abordar lo que sin duda es un problema en esta situación, y es el déficit permanente desde hace unos años de las cuentas de la
Seguridad Social y un proceso muy acelerado de utilización del Fondo de reserva que nos puede llevar en los próximos tres años a encontrarnos con un Fondo de reserva vacío.
Tiene razón el portavoz del Grupo Socialista en plantear la inoportunidad de estas declaraciones y pedirle a la ministra que comparezca. Desde nuestro punto de vista no sé qué es más grave, si que la ministra de Empleo y Seguridad Social
del Reino de España caiga en la tentación de utilizar de manera zafia el conflicto de Cataluña con España como elemento de recaudación de votos o el gran desconocimiento que esas declaraciones suponen sobre cómo funciona el sistema de Seguridad
Social. Lo primero pone de manifiesto que lejos de molestarle al Partido Popular algunos debates sobre balanzas fiscales, no solo no le molesta sino que le entusiasman y todo apunta a que el Partido Popular va a intentar utilizar las elecciones del
27 de septiembre en Cataluña como una precampaña electoral en toda España. Eso ya lo anuncia, estaremos alerta, para conseguir que al menos se discuta de lo que afecta a los ciudadanos de Cataluña y después de España.
En segundo lugar, la verdad es que esas declaraciones ponen de manifiesto un profundo desconocimiento, lo han dicho ya tanto Joan Rangel como Emilio Olabarría. Los pensionistas catalanes como los españoles cobran sus pensiones porque tienen
derecho a ello, porque han contribuido a ello, y no porque nadie les dé nada. Y en todo caso además el concepto de solidaridad en este caso no sería negativo, porque si algo tiene la Seguridad Social pública, a diferencia de los sistemas
complementarios,
de los sistemas privados de pensiones que son de capitalización individual, cada palo aguante su vela, si algo tienen los sistemas públicos son justo los flujos de solidaridad, flujos de solidaridad interpersonales, interrégimen,
intergeneracionales, interterritoriales. Es así, y van en un sentido y en otro, porque de eso se trata precisamente, se trata de que haya gente que cotiza por las bases máximas que luego no cobra por esas bases máximas porque tiene un tope en su
pensión máxima, se trata de todas esas cosas. Y si cuando hay déficit en un año los pensionistas, los catalanes y los españoles, perciben íntegramente sus pensiones no es ni por la solidaridad específicamente de ningún otro ámbito del Estado ni tan
siquiera por una cuestión caritativa de los Gobiernos, es sobre todo por el esfuerzo que han hecho esos mismos pensionistas consiguiendo un Fondo de reserva de la Seguridad Social que llegó a 70.000 millones de euros y que en estos momentos está
escasamente por encima de los 40.000. Eso es así. La verdad es que tenemos interés en que venga la ministra para intentar averiguar si sus declaraciones son un error, que creo que no, es una opción, y si esa opción corresponde a que está dispuesta
a utilizar de cualquier manera el conflicto de Cataluña y España como elemento de votos o de verdad es tan ignorante como parece por estas declaraciones.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) también va a votar favorablemente la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se pide la comparecencia urgente de la ministra de Empleo y Seguridad
Social, entre otras cosas porque esta mañana también hemos tenido oportunidad de debatir la comparecencia para otros aspectos también muy relevantes, por unas declaraciones impropias de una ministra, y sería interesante que pudiera venir a esta
Comisión para aclarar cuál era el sentido de sus declaraciones cuando manifestó que los pensionistas catalanes cobraban gracias a la solidaridad del resto de pensionistas del Estado español, ya que en este caso ella dejó entrever que el saldo de la
Seguridad Social respecto a las aportaciones hechas por los pensionistas catalanes era deficitario respecto al resto del Estado. Repito, como lo ha dicho ya el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, que no se trata de tener derecho o
no basándonos en la percepción de una pensión, basándonos en si el sistema es deficitario o no, sino basándonos en la ley, como también ha planteado el señor Olabarría. Por este motivo me he permitido, para que conste en el 'Diario de sesiones',
explicar algunas fuentes estadísticas de acuerdo con la liquidación del presupuesto del Ministerio de Seguridad Social.
Las últimas cifras estadísticas publicadas sobre el presupuesto de la Seguridad Social corresponden al mes de noviembre y muestran que el déficit de la Seguridad Social en los once primeros meses del año 2014 fue de 28.000 millones de euros,
negativo, a causa de la pérdida de empleo y cotizaciones sociales. En consecuencia, señorías, no es la Seguridad Social de Cataluña la que tiene déficit sino toda la Seguridad Social española, a causa del 24 % de paro que tiene el conjunto del
Estado. Por tanto, no es la solidaridad de los españoles la que compensa el déficit que se produce en Cataluña, sino que es el Fondo de reserva, tal como bien comentaba el señor Olabarría, proveniente de los superávits de la Seguridad Social
conseguidos en los años de crecimiento, el que financia los déficits actuales de la propia Seguridad Social en Cataluña y en todo el Estado. Por este motivo creo que sobra el maternalismo de la ministra de Empleo y Seguridad Social.
Si nos paramos a analizar quién ha financiado la Seguridad Social y el Fondo de reserva de los años de crecimiento podemos observar, siempre en datos de fuentes de la liquidación del Ministerio de Seguridad Social, que ha sido precisamente
Cataluña la que ha contribuido a una clara financiación neta. El simple análisis de estos documentos que yo les estoy mostrando llega a la conclusión de que la liquidación de los presupuestos de la Seguridad Social en el conjunto del Estado y su
territorialización en Cataluña para un periodo amplio de dieciséis años -1995 a 2010- muestra que en Cataluña la Seguridad Social tuvo déficit en cuatro ejercicios y superávit en doce ejercicios, mientras que en el caso de la Seguridad Social
estatal, excluida Cataluña -siempre en datos estadísticos ofrecidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social- el déficit se produjo en once ejercicios y solo tuvo superávit en cinco. En consecuencia, según demuestran estos datos estadísticos
del ministerio, sin Cataluña, señorías, señora ministra, hoy España no tendría el Fondo de reserva que tiene. El Fondo de reserva de la Seguridad Social tiene un claro acento catalán y la ministra debería saber que cuando el Gobierno echa mano del
Fondo de reserva no está utilizando la solidaridad interterritorial, sino la solidaridad intergeneracional, lo cual es muy diferente especialmente en este caso, en el que Cataluña ha sido un contribuyente neto para la formación del Fondo de
reserva de la Seguridad Social, como también lo han sido otras comunidades autónomas.
Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señor Gallego, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor GALLEGO BURGOS: Muchas gracias, señora presidenta.
En Cataluña, los partidos secesionistas han manifestado su voluntad de romper la caja única de la Seguridad Social; lo hacen continuamente, esto está en el debate político catalán. Han llegado a elaborar un documento, por el Consell
Assessor per a la Transició Nacional (CATN), de 93 páginas -es un documento, por cierto y desde mi punto de vista, con muy poco rigor-, que se titula La solidaridad social catalana. Se puede ver en la web, no me lo invento. De hecho han aprobado
los presupuestos del año 2015, con dos meses de retraso, Convergència i Unió y Esquerra Republicana, y el acuerdo está supeditado a la creación de una Seguridad Social catalana que obviamente rompería la caja única de la Seguridad Social en España.
Y entonces, la culpa de todo esto es del PP. Yo escucho lo que dicen ustedes y el PP es el que ha provocado que haya dos partidos que ayer, o antesdeayer, llegaron a un acuerdo: vamos a crear la Seguridad Social catalana y vamos a romper la caja
única del Estado. Esto también será culpa del PP porque aquí siempre la culpa de todo es del PP. En otras palabras: quieren torpedear un sistema que es eficiente, exitoso y equilibrado.
¿Qué ocurrió en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros? Pues que un periodista le preguntó a la ministra sobre esta cuestión. Porque este debate está en Cataluña y es normal que se le pregunte a la ministra de Empleo sobre la
Seguridad Social catalana, porque es un debate de absoluta actualidad. ¿Qué ocurre? Según las palabras del propio portavoz del PSOE, si nosotros contraargumentamos, entonces es que estamos ¡provocando! a los secesionistas. Si damos nuestras
razones, es que entonces estamos buscando la ¡confrontación! con estos señores. Aquí, en Cataluña, en las cuestiones catalanas, no hay que rebatir nada, este es un sistema de pensamiento único en el que si se dice, y estos señores dicen, que la
Seguridad Social catalana lo arreglará todo, entonces aquellos que pensamos diferente nos tenemos que callar. A mí esto, sinceramente, no me parece razonable. ¿Qué dijo la ministra? Pues lo obvio, lo razonable, y son datos públicos y están
absolutamente preguntados. A mí me parece curioso que todo el mundo puede hablar de esta cuestión en Cataluña, pero la ministra de Empleo, no. ¡Por favor, que no diga nada! (El señor Coscubiela Conesa: No diga tonterías). No vaya a ser que se
alteren aquellos que quieren romper España, aquellos que quieren romper la caja única de la Seguridad Social, aquellos que quieren romper la Hacienda única española, que es también otra de las cuestiones que están en el acuerdo CiU-Esquerra firmado
ayer. (Rumores).
¿Qué dijo la ministra? Pues muy sencillo, ¡si es que lo ha dicho el resto de portavoces y creo que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista lo ha dicho implícitamente! Que los catalanes -yo soy catalán- aportamos el año pasado 3.000
millones menos de lo que recibieron nuestros pensionistas. Es que es muy sencillo. (Rumores). Si haces un análisis territorial, como lo acaba de hacer el portavoz de Convergència, pues también se puede hacer desde este punto de vista. Se reciben
3.000 millones menos de los que se pagaron en el año 2014. Hay unos años que son deficitarios y otros años que dan superávit. El año pasado fue de 3.000 millones de euros. Yo no entiendo por qué se escandalizan de esta situación (Rumores). Yo no
sé por qué siguen en ese complejo que tienen de: quiero parecer más nacionalista que el nacionalista pero no soy nacionalista, y depende de a qué barrio voy soy nacionalista y depende de a qué barrio, no. Es que yo creo que esto es muy sencillo.
Es que yo creo que el PSOE, toda la vida -que yo sepa; si no, usted me corrige- ha estado por la caja única y por la solidaridad interterritorial, ¡toda la vida! Entonces, yo no sé por qué ahora salen en defensa de unos señores que ustedes saben
perfectamente que su objetivo es romper la caja única de la Seguridad Social. Insisto: la Seguridad Social catalana. Y esto está apalabrado por el Govern de la Generalitat de Catalunya. Esto es un papel oficial de la Generalitat de Catalunya.
Entonces, ¡hombre!, parece normal que desde el Gobierno del Estado alguna vez, alguna ministra, pueda decir: ¡Oiga!, yo estoy en contra de esto y además creo que a los catalanes les funciona razonablemente bien este sistema.
Yo, sinceramente, veo que el PSOE sigue sin aclararse, siguen sin saber usar el GPS -que son las siglas de Grupo Parlamentario Socialista- y que hay que ser muy rebuscado, de verdad, Joan, hay que
ser muy rebuscado o estar muy aburrido (Rumores) o muy despistado, para tratar de hacer de este tema objeto de la comparecencia de una ministra. De verdad. Nosotros votaremos en contra.
Gracias. (Una señora diputada: ¡Muy bien! Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Gallego.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO (número
de expediente 062/000253), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE FOMENTO, PARA EXPLICAR LOS PLANES DEL MINISTERIO DE FOMENTO RESPECTO DE SUS POLÍTICAS DE PRIVATIZACIÓN Y DE LIBERALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. (Número de expediente 213/001853).
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO (número de expediente 062/000258), CON EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE FOMENTO, PARA INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE AENA.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CÁMARA (número de expediente
062/000259), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE FOMENTO, PARA EXPLICAR LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO EN MATERIA FERROVIARIA, TANTO EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS COMO DE MERCANCÍAS.
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos a los puntos 9, 17 y 18. Punto 9: Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la
celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento con la comparecencia de la ministra de Fomento, para que explique los planes del Ministerio de Fomento respecto de sus políticas de privatización y de liberalización de
infraestructuras. El 17: Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de esta misma Comisión con la comparecencia de la ministra
de Fomento, para informar sobre el proceso de privatización de AENA. Y el 18: Petición, formulada por los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día: Comparecencia de la ministra de Fomento, para explicar las prioridades del Gobierno en materia ferroviaria, tanto en el transporte de pasajeros como de mercancías.
En primer lugar intervienen los grupos proponentes. De mayor a menor, Grupo Parlamentario Socialista, señor Ábalos.
El señor ÁBALOS MECO: Gracias, señora presidenta.
Quiero empezar significando la importancia que tiene el sector aeroportuario en España, dado su carácter estratégico, para la economía y el desarrollo en nuestro país. AENA cuenta con una red de cuarenta y siete aeropuertos y dos
helipuertos, y la participación directa o indirecta en la gestión de veintisiete aeropuertos de todo el mundo. Es el primer gestor aeroportuario público por número de pasajeros. En las dos últimas décadas se han invertido 17.000 millones de euros
en renovación de terminales y pistas. Una empresa pública que genera 140.000 empleos directos y 440.000 empleos totales, que conecta 138 países y que presta sus servicios a 6.200 empresas; una red que contribuye de forma notable a la cohesión y
vertebración social y ha garantizado la movilidad de los españoles y su conectividad territorial. Los socialistas siempre hemos defendido el carácter público de AENA, pero en 2010 promovimos una reforma estructural, en un momento de difícil
coyuntura económica, con muchas
dificultades para el acceso al crédito, que abría la puerta a la entrada de capital privado sin que en ningún caso la propiedad de los aeropuertos dejara de ser pública. Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular pretende vender los
aeropuertos, pese a que las posibilidades de acceso al crédito han variado sustancialmente. Por tanto, si todo va bien y no se necesita tesorería, no se acaba de entender que el Partido Popular defienda esta posición, máxime cuando no es el mejor
momento para vender.
El ministerio ya llevó una propuesta al Consejo Consultivo de Privatizaciones planteando el 60 % de privatización. Más tarde, el Consejo de Ministros bloqueó esta propuesta, si bien parece que el problema estaba en cómo se privatizaba más
que en contra de la propia privatización. Ahora mismo estamos en una etapa en que el 49 % de las acciones de AENA salen a la venta en dos fases: una, a través de inversiones preferentes y, otra, al público. Todo parece indicar que este es el
primer paso de una privatización total; también lo piensan los inversores y, de hecho, uno de los socios preferentes ha afirmado que su apuesta es que haya una segunda fase de privatización y que AENA acabe privatizándose en su totalidad. Esa es
la expectativa de los inversores. Según información revelada ayer, creo, por eldiario.es, otro de los inversores de referencia, de los tres que ha escogido el Gobierno, canaliza gran parte de su participación en AENA a través de una sociedad
luxemburguesa cuyo único accionista es una filial radicada en las Islas Caimán, un paraíso fiscal. La sede de este fondo está en un edificio de cinco plantas donde están registradas más de 18.000 empresas que utilizan este territorio, completamente
opaco, como tapadera fiscal. En 2008, durante la campaña electoral, el entonces candidato y hoy presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se refirió a este inmueble y comentó lo siguiente: O bien es el edificio más grande del mundo o bien es la
mayor estructura de evasión fiscal existente. Este es uno de los que el Gobierno ha elegido para esta operación.
La culminación del proceso privatizador de AENA del PP puede tener un efecto devastador en nuestro sistema aeroportuario, y muy especialmente en Baleares y Canarias por su actividad turística. Este proceso conllevaría el cierre de las
instalaciones deficitarias, la reducción de conexiones, la subida de tasas y el incremento de los billetes de avión; en definitiva, la rentabilidad del modelo aeroportuario es incompatible con la garantía del servicio público. Esta mañana nos
hemos desayunado también con otro titular, en el diario El País que decía: Los inversores cubren en unas horas toda la oferta de AENA. Podría ser una cuestión magnífica. Y el presidente de esta, José Manuel Vargas, lo justifica en la gran
capacidad sobrante y la baja necesidad de inversiones como alguno de los principales atractivos de la empresa que permitirán pagar un alto dividendo. Naturalmente, las inversiones las ha hecho el Estado para beneficio de los privados. Ahora es el
momento del negocio, la inversión ya la puso el Estado: entre 2010 y 2012 se invirtieron una media de 1.420 millones de euros. Siguiendo en la crónica del citado diario: Como guinda -dice el diario-, Vargas esgrimió un último atractivo, la
posibilidad de pelotazos inmobiliarios en el futuro. Y cita textualmente: AENA es también un operador importante en el mercado inmobiliario. Dispone de superficies muy interesantes alrededor de los aeropuertos donde opera. Hoy en día eso está
pendiente de explotar en el entorno de crisis inmobiliaria que ha sufrido el país, pero es claramente una opción de valor para el futuro de la compañía. Así concluye -dijo el diario- elegantemente. Y yo añado, sin cortarse un pelo. Al presidente
de AENA tampoco se le olvida lanzar un mensaje tranquilizador a sus trabajadores, y en ese sentido dice que la reestructuración ya está hecha aunque haga falta profundizar en el cambio cultural del personal de la compañía para mejorar la eficiencia.
O sea, advertidos quedan, amenazados y no se extrañen de que ahora mismo los trabajadores estén en huelga. En Japón estos días está produciendo una situación también de participación privada en la gestión de los aeropuertos, pero vía concesión. No
se venden los aeropuertos, se concesionan cuarenta y dos aeropuertos y solo dos esperan obtener cuatro veces más que AENA en su conjunto. Curiosamente, un inversor de referencia de los que ha elegido este Gobierno se presenta a estas concesiones;
así que si le parece interesante aquello, imagínense el negocio que están montando aquí.
El Gobierno sigue desarrollando en este caso el manual de política económica neoliberal que prescribe la siguiente medicina muy conocida ya: desregularización de los mercados, reducción del gasto público y privatización de los bienes,
servicios y empresas públicas. Esto es un manual. Todo ello estructura un espacio económico que es presentado como el único favorable para atraer inversiones; un espacio en el que los trabajadores sean tan productivos como en un país desarrollado
y tan explotados como en un país subdesarrollado. Viene acompañado además por la ilusión de que cuando afloren las ganancias de los empresarios y aumente el producto interior bruto la riqueza nos llegará a todos. Este es el cuento neoliberal que
nunca se produce. Esto es ideología pura, es la ideología de este Gobierno, pero también es la coartada que esconde también intereses particulares, los de sus amigos -los que se van a hacer con el
negocio- y los de los que esperan tener un reconocimiento algún día o una recompensa en algún puesto del consejo de administración. Así, la política pública en estos casos se convierte en una mera oferta de negocios. Solo les da por vender
lo público que está saneado y resulta rentable, pero también les gusta comprar lo privado cuando está arruinado. En Valencia el mismo partido -el Partido Popular- que pretende vender AENA compra una empresa que se llama Valmor, una empresa quebrada
constituida para disfrutar de un pelotazo con motivo de la Fórmula 1, esa es la diferencia. O indemniza con urgencia a la empresa que desarrollaba el proyecto Castor.
Señorías, AENA es un gran activo económico y social para todos los españoles. Es imprescindible el mantenimiento de la titularidad y la gestión pública de la red aeroportuaria de interés general. Solo así se garantizará la calidad del
servicio, la eficiencia y la viabilidad de la red de aeropuertos de nuestro país. De lo contrario, solo permanecerán una docena de aeropuertos rentables, se perderán las sinergias de gestión y la calidad del servicio se deteriorará.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Ábalos, tiene que terminar.
El señor ÁBALOS MECO: Acabo.
Dado que esta es la operación más importante que se realiza de este carácter en diecisiete años, es conveniente que la ministra informe a esta Cámara, porque se está vendiendo el patrimonio de los españoles y esta Cámara todavía hoy por hoy
es la representante de todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Ábalos.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidenta.
Señorías, estamos en época preelectoral y el Gobierno del Partido Popular demuestra su cacareada recuperación económica aumentando el esfuerzo inversor, profundizando en un modelo que ya se ha demostrado que es absolutamente desastroso y que
se basa en la construcción de más y más infraestructuras sin ningún criterio riguroso que pueda garantizar el impulso y el crecimiento económico ni la creación de empleo. En infraestructuras ferroviarias la mayoría de las inversiones se siguen
destinando a la alta velocidad, que son precisamente las infraestructuras que se están poniendo en manos de los inversores privados. Mientras, el abandono del transporte de cercanías o el de media distancia y los regionales es cada vez, y año tras
año, más preocupante. En cuanto a las mercancías, más allá de los compromisos adquiridos por el Gobierno apenas se están haciendo inversiones y es que se hace -ustedes lo saben señorías- imposible ser competitivos a nivel europeo si no aumentamos
el transporte de mercancías por ferrocarril a los porcentajes de la media europea. No podemos seguir oyendo por parte de la ministra que el corredor mediterráneo es una prioridad para el Gobierno mientras las inversiones necesarias para su
construcción no se mantienen o disminuyen. Por lo tanto, nuestra petición para que nos explique cuáles son las prioridades en infraestructuras es imprescindible, en tanto en cuanto tenemos que ver cuál es el coste del beneficio social y
medioambiental frente a los intereses económicos privados y los intereses electoralistas que el Gobierno está poniendo sobre la mesa. Además, llevamos La Izquierda Plural, y también el resto de los grupos, meses y meses pidiendo la comparecencia de
la ministra en la Comisión de Fomento y no puede seguir parapetada en la táctica del avestruz sin cumplir con su obligación de comparecer en esta Cámara para dar explicaciones a los grupos parlamentarios sobre la venta del 49 % de AENA, mientras ya
el equipo directivo del gestor aeroportuario está de gira presentando la oferta pública de venta en las principales plazas financieras. Es una irregularidad democrática palpable. Estamos hablando del mayor gestor aeroportuario del mundo en número
de pasajeros, de un sector estratégico para la economía del país y de una de las mayores ventas de patrimonio público de los últimos decenios que se está llevando a cabo con absoluta falta de transparencia, con total de opacidad y en contra de los
intereses generales.
La ministra tendrá que explicarnos detenidamente por qué se han rebajado de manera escandalosa las condiciones a la hora de elegir el núcleo estable de inversores de referencia, reduciendo sus exigencias de permanencia a un solo año de los
tres que se pedían inicialmente, aumentando el capital máximo al que pueden acceder y determinando la valoración a la credibilidad del inversor. Aquí tengo que abundar en lo que se ha dicho ya por parte del portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, porque a este respecto también nos tendrá que explicar si una sociedad como TCI, que va a tener el 4,3 % de AENA, que opera
a través de una sociedad luxemburguesa cuyo único accionista es una filial radicada en un paraíso fiscal como son las Islas Caimán, puede dar garantía de estabilidad y de credibilidad en esta operación. Tendrá que venir a explicarnos esto
porque es muy grave. Nos tendrá que dar explicaciones sobre la valoración de AENA que se ha llevado a cabo, cuando apenas hace tres años era de 30.000 millones de euros, que posteriormente se ha estimado en un valor de 14.000 millones de euros y
que finalmente apenas va a alcanzar los 8.500 millones de euros; una operación que va a aportar 4.000 millones de euros a las arcas públicas, cuando los beneficios que ahora está teniendo esta empresa absolutamente saneada y que no cuesta ni un
solo euro a los españoles y a las españolas, están superando los 1.000 millones de euros anuales. Es un escándalo, señorías, y una estafa. También queremos saber cuáles han sido los verdaderos motivos de la suspensión de la venta llevada a cabo
hace apenas dos meses ante las irregularidades que se detectaron a la hora de designar al auditor que hizo la carta de conformidad, PWC, y cómo se ha llevado a cabo en tan solo quince días -esto es para que venga la ministra a explicárnoslo;
ustedes dirán que no- la auditoría de cuatro años por la nueva auditora elegida por el Gobierno al efecto. Además, poniéndose en peligro la estabilidad laboral e incumpliéndose los acuerdos en materia de empleo comprometidos con los sindicatos
hasta diciembre de 2021. Los sindicatos ya han anunciado huelgas y manifestaciones, con lo que eso puede suponer para la economía del país, para la imagen de la operadora aeroportuaria y para los intereses generales.
Señorías, muchas sombras, muchas dudas y todas apuntan a que se está malvendiendo una vez más uno de los sectores más importantes de nuestra economía para favorecer el negocio de los mercaderes amiguetes del Gobierno frente a los intereses,
los derechos y las necesidades sociales colectivas. Necesitamos que la ministra venga a dar la cara, que desmienta esto y que lo haga antes del 11 de febrero, cuando ya no tendrá solución porque se habrá consumado esta estafa.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señora De las Heras.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo ha presentado una de las tres peticiones que se están sustanciando, en concreto una conjuntamente con IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural para que comparezca la señora ministra de Fomento para estudiar las prioridades del
Gobierno en materia ferroviaria, tanto en transporte de pasajeros como de mercancías, y voy a referirme en primer lugar a esta solicitud. Hace pocos días la ministra hizo público que este año van a entrar en servicio 1.000 kilómetros más de líneas
de alta velocidad. Pues bien, simultáneamente a este anuncio por parte de la ministra de Fomento de ampliar en 1.000 kilómetros las líneas de alta velocidad del Estado español se han conocido dos informes, uno del Tribunal de Cuentas del Estado
francés y otro del organismo paralelo de Portugal, que son severamente críticos con la rentabilidad de las líneas de alta velocidad. En el caso de Portugal, este dictamen es preventivo, puesto que lo que hace es evitar que se empiece la
construcción de la línea desde Lisboa hasta la frontera camino de Madrid. Por suerte, nuestros vecinos portugueses han podido evitar incurrir en un gravísimo error. Y en Francia, un país donde las líneas de alta velocidad tienen una densidad de
pasajeros cinco veces superior a la densidad de las líneas de alta velocidad españolas, su Tribunal de Cuentas ha hecho un dictamen -está en la web e invito a todas las señoras y señores diputados a que lo analicen- severamente crítico con la
rentabilidad económica y social de las líneas de alta velocidad. A pesar de ello, la principal obra del Gobierno del Partido Popular en relación con las infraestructuras sigue siendo la inversión en ferrocarril de alta velocidad. No consiste
simplemente en decir que vamos a construir y a tener líneas, sino que tienen que operar y hay que mantenerlas, y lógicamente va a existir una presión sobre dos empresas públicas, Renfe y ADIF, esta última severamente endeudada. Ya no vamos a poder
endeudar más a ADIF porque la legislatura acaba este año y el año que viene Dios proveerá. Por tanto, quien gobierne España el año que viene se verá ante la necesidad de recapitalizar muy severamente una empresa absolutamente descapitalizada. Por
otra parte, las pérdidas de la operadora Renfe siguen creciendo, a pesar de algunas mejoras de gestión que hay que reconocer pero que no pueden llegar a la cuenta de resultados porque cada año se sube el canon que tiene que pagar ADIF. ¿Para qué?
Para que ADIF pueda seguir endeudándose. Esta es una falta de visión de futuro extraordinaria que -repito- a corto plazo va a acabar con la necesidad de que tanto ADIF como Renfe deban ser recapitalizadas o, dependiendo de quien gobierne, vendidas
rápidamente y siempre que hay que vender rápido uno vende
mal. Nos parece, pues, que es una actuación de una gravísima irresponsabilidad. Hay que anunciarla preventivamente y hacer acudir cuanto antes a la señora ministra a esta Cámara.
Paralelamente a esta inversión en alta velocidad se han abandonado las cercanías. En Cataluña esto es gravísimo por la desinversión crónica y en Madrid, que llegó a tener los mejores servicios de cercanías de Europa, empieza a haber
problemas por la ya también crónica falta de inversión. Se han abandonado las cercanías y no hablemos ya del transporte de mercancías por ferrocarril, en relación con lo cual hay que destacar la actuación absolutamente vergonzosa del Gobierno del
Partido Popular, que no hace más que llevar a la agonía a este segmento. El último anuncio es el de vender lo poco que quede de Renfe-Mercancías. Así, pues, es urgentísima la comparecencia de la señora ministra para hablar sobre las prioridades
del Gobierno en materia ferroviaria, ya que su actuación va a tener severísimas consecuencias en el futuro. Lean ustedes lo que sucedió en Japón en el año 1987: colapso del sistema ferroviario, que obligó a su troceamiento y privatización. Aviso
para navegantes.
Nuestro grupo va a votar también favorablemente las otras dos peticiones. Evidentemente, si pésima es la actuación en materia ferroviaria, peor aún lo es en materia aeroportuaria; la venta de AENA nos parece un absoluto despropósito.
Además, hoy podemos decirlo con toda la libertad del mundo puesto que las portadas de los periódicos lo proclaman, en un día se agotaron las acciones. ¿Qué significa tanta demanda? Que es un chollo. Señorías, es un chollo comprar AENA.; y claro,
si es un chollo comprar, no lo es precisamente vender, es una pésima actuación, es desprenderse de un capital público brutal. Nuestro partido pactó con el Partido Socialista un modelo parecido al de muchos otros países, que pasaba por el
mantenimiento de la titularidad pública de los activos. Nuestro grupo cree que, según qué casos, vigilando y controlando mucho, la participación público-privada puede ser buena. Hay concesiones, nunca se pierde la titularidad pública y se saca más
rendimiento económico en plena crisis privatizando solamente la gestión por un periodo limitado de años únicamente en dos aeropuertos que vendiendo en estos momentos la mitad de AENA.
Por tanto, nos encontramos ante un proceso de gravísimas consecuencias. No lo dice un partido situado en la siempre respetable izquierda, que puede estar en contra de la privatización; no, lo dice un partido que cree en la colaboración
público-privada, un partido político que cree que hay margen para que, siempre bajo la tutela pública y preservando lo público -lo que se ha pagado entre todos-, se dé un cierto margen de gestión a lo privado. Lo decimos nosotros, pero precisamente
por esto podemos ser más contundentes. Es urgente la comparecencia de la señora ministra porque hay que parar este auténtico desaguisado, tanto ferroviario como aeroportuario.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Macias.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La verdad es que el señor Macias me ha dado la expresión que mejor concreta o mejor define esta operación -vamos a llamarla así, vamos a calificarla eufemísticamente de operación-: es un chollo. Efectivamente, es
un chollo para los compradores y no lo es para los vendedores. Solo nos falta saber -no sé si el señor Macias tiene más información- quién es el destinatario del chollo, quién se va a beneficiar del chollo. Evidentemente la cosa está clara; nos
encontramos con un ente, con una empresa pública que gana dinero. Nosotros siempre hemos sido contrarios a la privatización de empresas públicas que ganan dinero; incluso a las que pierden dinero habría que establecerles condicionantes garantistas
de la recuperación de las pérdidas patrimoniales en caso de que se privatizaran. Estamos en contra de la privatización porque lo están también todos los trabajadores; hemos tenido reuniones con el comité de empresa y no hay ni un sector del ámbito
de las personas plurales, de ámbitos de actividad diferente que trabajan en AENA que siquiera comprenda cuál es la razón económica, política o ideológica -da igual la que se utilice- que justifique esta privatización. Es un chollo además porque
después de haber invertido el Estado 1.300 millones en la regeneración de AENA, solo falta entregársela a estos inversores de referencia con un lacito rosa en forma de regalo. No sé si se va a privatizar la mitad, el 49 %, o más de la mitad;
seguramente al final la presión de los inversores nos llevará a más de la mitad, de tal manera que además de los problemas que van a hacer referencia al incremento de las tasas, al incremento del precio de los billetes, al incremento del precio de
los servicios y al posible deterioro de los mismos, eso provocará la regulación de plantilla. Todo lo que suele venir como consecuencia de estas privatizaciones nos lleva a un problema de naturaleza competencial que a nosotros nos interesa
destacar, puesto que nadie lo ha hecho hasta ahora. En la Comunidad Autónoma del País Vasco hay competencias
de gestión de las infraestructuras aeroportuarias. Desde luego, si se procede a la privatización -en el porcentaje que sea, porque hasta esto es enigmático en este momento, se desconoce en qué porcentaje se va a privatizar AENA-, esa
transferencia ya no podrá ser realizada y la Comunidad Autónoma del País Vasco no podrá gestionar las infraestructuras aeroportuarias. Desde esa perspectiva, vamos a apoyar todas la peticiones realizadas por los distintos grupos que piden la
comparecencia urgente de la ministra de Fomento para explicar qué justifica, desde cualquier perspectiva analítica, económica, ideológica, neoliberal o política, la privatización de una entidad como AENA, salvo que recurramos a conjeturas, que a
nosotros se nos han hecho en otros debates en esta tarde, y se esté pensando en dos cosas, en premiar o en beneficiar a determinados inversores de referencia previamente elegidos y que luego otros, que son los que conceden este premio, se vean
premiados posteriormente por estos inversores de referencia si pierden el poder.
Dicho esto, y con relación a la segunda parte de las peticiones de comparecencia, acogemos también en sus propios términos las reflexiones del señor Macias. El señor Macias, como siempre brillante, ha hecho referencia a los informes de dos
tribunales de cuentas, el portugués y el francés, con relación a la línea de alta velocidad. En materia de líneas de alta velocidad, llevamos esperando la línea de alta velocidad en Euskadi desde el año 1992 -estamos demostrando bastante
paciencia-, desde el momento en que se optó por esta inteligente visión de conectar el Reino de España con Europa a través de Sevilla. Desde entonces estamos esperando la alta velocidad, y nos hemos encontrado con problemas, cuya casuística sería
hasta sainetesca en este momento explicar, que han impedido el acceso o la llegada de la alta velocidad a Irún, a la frontera con Francia, a través de Bilbao y, en definitiva, a través del País Vasco. No hemos observado nunca una política coherente
en materia de alta velocidad, ni desde una perspectiva de estructuración o de articulación territorial del Estado coherente, de restitución de las inversiones realizadas, ni de conexión o cohonestación -y a eso se refería el señor Macias- con las
redes transeuropeas que se están configurando y que son fundamentales para el desarrollo y la consolidación de una Europa que empieza a hacerse trizas por otras razones o por razones de otra naturaleza. No vamos a contribuir a la desestructuración
de Europa desestructurando también sus grandes viales estructurales en materia de alta velocidad. El eje atlántico es tan importante como el eje mediterráneo, y los reproches de los tribunales de cuentas de Portugal y de Francia vienen a la
desatención del eje atlántico, fundamental para Portugal, pero también para toda la cornisa cantábrica y para Euskadi. Asimismo, los reproches del Tribunal de Cuentas vienen por esas peculiares conexiones de la frontera francesa pasando por Madrid,
que no sé por qué...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, acabó su tiempo. Quince segundos.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Con esto acabo, señora presidenta.
Con mis pocos conocimientos de geografía, no sé por qué hay que pasar por Madrid siempre para establecer cualquier conexión ferroviaria con cualquier país extranjero. Será porque es muy bonita.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo también va a apoyar estas comparecencias; en realidad, todas, porque nos parece que el control al Gobierno nunca sobra. Lo bueno, si abunda, mejor. Pero en este caso además porque tocan una serie de temas que a mi grupo le han
preocupado mucho durante esta legislatura, en la que hemos tenido también varias iniciativas. Nos parece preocupante la opacidad con la que se ha llevado la privatización de AENA y lo poco que sabemos al respecto, las poquísimas explicaciones que
se han dado en sede parlamentaria y lo que no deja de ser la privatización o la pignoración de recursos públicos que han supuesto costosas inversiones, cuya titularidad pública no se debería improvisar, ni muchísimo menos se debería actuar con una
política de hechos consumados. De manera que también queremos saber cuáles son los planes del Gobierno, qué es lo que ya se ha hecho y qué compromisos públicos, semipúblicos o privados se están adoptando al respecto. Digo lo de los privados porque
también se producen de manera ordinaria, sin que haya explicaciones suficientes por parte del Gobierno, anuncios de reuniones de la propia ministra con personalidades de las finanzas españolas, grandes empresarios, etcétera, para tratar
privatizaciones de líneas de AVE o de otras infraestructuras, en general del sistema ferroviario. Esto también exige una explicación, que se sepa de qué estamos hablando y a qué nos estamos enfrentando,
máxime cuando da la impresión de que hay una preocupación excesiva por hacer caja a corto plazo o con vistas a usos electorales que favorezcan determinadas ingenierías contables, que podrían salir muy caros al país. Esto es lo primero que
deberíamos averiguar.
Sobre el AVE, qué voy a decir que no haya dicho muchas veces. Consideramos que la política respecto al AVE ha sido un grave error estratégico y nos parece increíble la contumacia, porque no tiene otro nombre, y la perseverancia en el error
al empeñarse, por ejemplo, en construir una línea de AVE hasta Extremadura, sabiendo que Portugal ha desechado la continuidad hasta Lisboa. Con lo cual, esa línea no va a servir absolutamente para nada, salvo para endeudar aún más, y de manera más
gravosa, a las próximas generaciones. Todo esto exige, y no hace falta mayor argumento, una comparecencia de la ministra para que explique todas estas cuestiones o cualquier otra relacionada con ellas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Muchas gracias, señora presidenta.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular doy las razones por las que nos vamos a oponer a estas peticiones de comparencia en período extraordinario en la Comisión de Fomento para tratar dos temas que sí consideramos importantes, pero
perfectamente abordables en período ordinario.
Con respecto a AENA hemos escuchado algunas cosas que se apartan absolutamente de la realidad. El proceso de entrada de capital privado en AENA no es una privatización. AENA va a seguir siendo una empresa pública que va a tener el 51 % de
su capital en manos del Estado, porque todos sus trabajadores van a seguir siendo empleados públicos y porque la razón de ser de esta iniciativa es que esta presencia de inversores privados fortalezca la gestión de la compañía y garantice lo que a
todos nos preocupa, que es la sostenibilidad futura de este sistema aeroportuario español en red del que estamos muy orgullosos, un proceso que estamos abordando con total transparencia. Quiero recordar que estamos siguiendo el modelo de gestión
del Real Decreto-ley 13/2010. Repito, 2010, etapa de gobierno socialista. Lo que pasa es que ahora las cosas han cambiado. En aquel momento se pretendía hacer una operación de salida a bolsa, de venta, en un momento en el que AENA estaba en
auténticas pérdidas, lo cual era inexplicable, a no ser que se hubiera hecho para que alguien se quedara con estos aeropuertos por dos duros. Lo cierto es que la gestión del Gobierno del Partido Popular en tres años ha permitido, por ejemplo, que
esta empresa sea rentable por primera vez. Se ha duplicado el resultado bruto de explotación -de 883 millones en 2011 a 1.610 en 2013- y se ha recortado muchísimo la deuda, nada menos que con una generación de caja de 846 millones de euros en 2013,
cuando era de menos 511 millones en 2011. Por lo tanto, señorías, se está trabajando con transparencia, se está trabajando con auténtico criterio de respeto a las leyes, implementando las mejores prácticas de gestión. La estructura de la operación
de entrada de capital privado a AENA -y repito: el Estado va a mantener el 51 %- ha sido informada favorablemente el 26 de junio del año pasado por el Consejo Consultivo de Privatizaciones que supervisa el proceso en su conjunto, y el 27 de agosto
de este año 2014 Enaire publicó el concurso para el procedimiento restringido para enajenar hasta un máximo del 21 % de capital que daría lugar a la selección del núcleo estable de accionistas, y estos tres inversores, que son la Corporación
Financiera Alba, Ferrovial y TCI, han sido seleccionados como inversores de referencia con criterios de publicidad y transparencia. Y para curarse todavía más en salud, se aplazó el registro del folleto en la CNMV y el inicio de cotización de la
sociedad hasta los meses de enero y febrero para dar cumplimiento a las recomendaciones de los servicios jurídicos de sacar a concurso público estos servicios. Por lo tanto, se están adoptando todas las previsiones legales para que nadie ponga ni
la más mínima duda de que este proceso es transparente y que lo que busca es una mayor eficiencia de AENA y un mayor estímulo al sector del transporte en un país que está extraordinariamente vinculado al sector aéreo por nuestro turismo y por
nuestro comercio. Les anuncio que es intención del Gobierno comparecer en el mes de febrero a través de su secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para explicar y responder a las peticiones en relación con este proceso de
entrada de capital privado en AENA S.A. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).
Respecto al transporte ferroviario, petición que han defendido varios portavoces, en primer lugar el señor Macias, me he quedado bastante perplejo cuando se pone en cuestión la alta velocidad en nuestro país y el desarrollo de nuevas líneas
de alta velocidad cuando el territorio al que pertenece el señor Macias ya dispone de la alta velocidad, cuando las inversiones del Estado en su conjunto para hacer esa
justísima y necesaria llegada de la alta velocidad a Cataluña y su prolongación a la frontera francesa ya están hechas. Parece que se quiere defender nuevamente el modelo de una doble condición: los españoles de primera, que tienen derecho
a unas buenas plataformas e infraestructuras ferroviarias y una España de segunda, que no tiene derecho a esas inversiones. Y para ello se utilizan unos pseudo informes de otros países como Portugal y como Francia. Yo tengo que decir que el
compromiso del Partido Popular no responde más que a criterios de justicia y de rentabilidad económica y social y que las inversiones para llevar la alta velocidad a la meseta, y de la meseta a Castilla y León y a Galicia, a Asturias, al País Vasco,
a Extremadura, son inversiones necesarias para colocarnos en una situación de competitividad. Nos alegramos por las inversiones en todos los territorios de España, pero les pediríamos a ustedes que también se alegren y que defendamos la solidaridad
que tanto hemos practicado con algunos territorios.
Dicho esto, señorías, nosotros creemos que el tema del ferrocarril debe tratarse en la Comisión de Fomento y pensamos que ha de hacerse precisamente en periodo ordinario. Se ha iniciado la apertura de la competencia del transporte de
viajeros por ferrocarril de una manera ordenada y progresiva, van a acceder nuevos operadores que compitan con Renfe, se va a hacer a través del otorgamiento de títulos habilitantes, y en el segundo trimestre de 2015 está previsto que se apruebe la
orden ministerial que regule precisamente estos títulos. Y se prevé también una licitación que permita a un nuevo operador ferroviario prestar servicios de transporte de viajeros en concurrencia con Renfe en el corredor de Levante. Es importante
hablar de esos temas, sin duda alguna lo es, y por eso les quiero decir que en el periodo ordinario de sesiones tendrá lugar esa comparecencia que hoy no juzgamos oportuna por razones de urgencia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Delgado.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DEFENSA (número
de expediente 062/000254), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE DEFENSA, PARA INFORMAR SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE LAS BASES DE MORÓN DE LA FRONTERA Y ROTA. (Número de expediente 213/001857).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Punto número 10. Esta petición de comparecencia del ministro de Defensa la formula el Grupo Parlamentario Socialista para ser informados sobre las previsiones del Gobierno en relación con la
utilización por los Estados Unidos de América de las bases de Morón de la Frontera y Rota. Por el Grupo Socialista interviene el señor Heredia Díaz.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
En las democracias de nuestro entorno, a las que el Gobierno siempre quiere equipararse en cuanto a transparencia pero sin practicarla, sería impensable contemplar una situación como la que traemos hoy aquí. Sorprende que tenga que ser la
oposición la que exija una vez más la comparecencia del Gobierno para dar cuenta de una información que de oficio debería haber solicitado el propio Ejecutivo. Me estoy refiriendo a la situación en la que ahora mismo se encuentran las bases
militares de Morón y Rota tras conocerse que el Gobierno ha iniciado los trámites para revisar el convenio con los Estados Unidos de América con el fin de autorizar el incremento de los efectivos y medios aéreos en la base de Morón de la Frontera.
Esta autorización para incrementar los medios humanos y materiales de Estados Unidos, no creo que haga falta insistir en ello, debe hacerse de conformidad con el convenio vigente. Aunque espero que el Gobierno no albergue ninguna duda de cómo debe
producirse, tampoco debe tenerla sobre cuál va a ser la posición, nuestra posición, si no se hiciera por los cauces adecuados y ya establecidos en el Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América y
las dos posteriores revisiones. A la inquietud sobre la opacidad con la que el Gobierno está gestionando este asunto, se suma una preocupación mayúscula sobre los despidos que se están sucediendo en la base de Morón de la Frontera y la alarma ante
la pasividad y despreocupación que el Gobierno de Rajoy está adoptando en relación con este grave problema.
Por los mismos motivos hay una creciente preocupación ya detectada en la base de Rota. Mientras el Gobierno mantiene una negociación con Estados Unidos para incrementar la disponibilidad de la base de Morón, se está expulsando por la puerta
de atrás a buena parte de estos trabajadores. Ya se ha despedido
a 185 y la cifra puede alcanzar los 240 trabajadores. No se entiende que el Gobierno pueda atender la solicitud de Estados Unidos de duplicar los efectivos de Morón mientras se autoriza el despido de más trabajadores españoles en la misma.
El incremento de la presencia de militares norteamericanos no puede conllevar bajo ningún concepto la destrucción de empleo, una mayor conflictividad y precariedad laboral entre los que continúan trabajando ni la paulatina sustitución de plantillas
españolas por soldados estadounidenses, como ha estado sucediendo hasta ahora. Como muy bien dicen en mi tierra, no podemos desvestir a un santo para vestir a otro. Los trabajadores de la base de Morón no merecen menos apoyo por parte del Gobierno
de España que el mostrado a los marines norteamericanos. Es la Junta de Andalucía, en algunos casos con su presidenta a la cabeza, la que se ha reunido con los trabajadores de las bases, con los alcaldes de las comarcas, con las empresas y con el
embajador de Estados Unidos, mientras el ministro sigue sin atender la petición de reunión que le solicitaron los alcaldes hace hoy casi un año. Ni siquiera se ha dignado a responder a su carta.
No seremos nosotros los que neguemos la importancia estratégica y geopolítica de las bases, pero quiero que al Gobierno le quede algo muy claro: que para nosotros no es de menor importancia socioeconómica que las bases deben seguir
aportando a estas comarcas andaluzas. Las relaciones bilaterales con Estados Unidos han sido provechosas para ambas partes. España ha aportado valor a la defensa comprometida con nuestros aliados militares, pero este compromiso ha tenido reflejo
en la economía, el empleo y la generación de riqueza en la zona, y así debe seguir siendo. Sorprende que de la mayoría de las noticias que afectan a estas comarcas en su relación con la base, los ciudadanos que las habitan, sus alcaldes y la propia
Junta de Andalucía tengan que enterarse en muchas ocasiones por la prensa. El Gobierno se ha negado a comparecer en esta Cámara. Llevamos más de un año solicitando al ministro de Defensa que se implique en la resolución de este problema y que
negocie con los Estados Unidos para defender los intereses de las comarcas afectadas. Aún estamos a tiempo, pero no se puede perder ni un minuto más. Reclamamos al Gobierno una mayor implicación en la resolución de este problema y el compromiso de
contribuir a buscar una solución inminente que satisfaga a ambas partes. Esto pasa por garantizar la estabilidad laboral de la plantilla y la readmisión de los despedidos, todo ello desde el diálogo que reclaman tanto los responsables de las
instituciones andaluzas como el propio comité de empresa. Como bien señaló Borges, nadie es patria, todos lo somos. Y los intereses de los trabajadores de la base de Morón y el desarrollo concreto de su comarca deben formar parte también de la
defensa que el Gobierno haga de los intereses generales del país. Por todo ello pedimos la comparecencia inmediata de los ministros de Defensa y Exteriores para que den cuenta en esta Cámara de cómo se está abordando la negociación con los Estados
Unidos y para que expliquen su grado de compromiso con la defensa de los intereses de Andalucía. El Gobierno no puede seguir ocultándose tras los parapetos de supuestos intereses nacionales, el verdadero interés nacional sigue siendo el empleo y el
Gobierno no puede consentir por flojera en una negociación con los Estados Unidos que se siga perdiendo más empleo de españoles. Ahí es donde el Gobierno demostrará el patriotismo del que tanto presume, lo demás son palabras huecas con las que la
gente no llega a fin de mes.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Heredia.
Fijación de posiciones. ¿Grupo Parlamentario Vasco? ¿Señor Esteban? (Denegación).
Por La Izquierda Plural, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Respaldaremos, votaremos esta petición de comparecencia en relación con las bases eufemísticamente llamadas de utilización conjunta de Rota y Morón, y sobre todo con respecto a las modificaciones que se van a producir o se están negociando
en el convenio de cooperación, que más parece un convenio de sumisión que un convenio de cooperación, pero en todo caso pediremos al Gobierno que sus ministros comparezcan ante la Cámara para explicarnos qué está pasando, porque, como decía antes,
no estamos ante bases de utilización conjunta, da la impresión de una base norteamericana en territorio español. El caso más llamativo y más sangrante es el de Morón donde por ser norteamericana hasta está privatizada a una empresa norteamericana
que es la que está encargada de la gestión de la base, con lo cual podemos decir que nada de utilización conjunta, si acaso utilización norteamericana y externalizada a una empresa privada de servicios que se permite, en paralelo con el incremento
de militares norteamericanos en la base, el decremento de trabajadores españoles en la base. Es decir, que los argumentos que se han utilizado tradicionalmente para mantener la presencia norteamericana en las bases de Rota y Morón no
coinciden con la realidad; no coinciden con la realidad porque a todas luces esas bases son sobre todo bases norteamericanas, en mucha menor medida de subordinación o sumisión española y, por otra parte, ni siquiera cumplen con los
criterios de la creación de empleo o del mantenimiento del empleo, el último expediente de regulación va a afectar a un buen número de trabajadores. Vinnell-Brown propone un expediente que afecta a más de 200 trabajadores. Creemos que eso debe ser
explicado en esta Cámara.
Pero más allá de este acontecimiento yo creo que el convenio bilateral merece una revisión profunda, pertenece a otra época, pertenece al siglo pasado, pertenece a una situación muy diferente incluso en las relaciones internacionales y en
nuestra opinión merece ser modificado radicalmente si no derogado. Porque frente a los mandatos del referéndum -sé que les resulta muy antiguo, pero los mandatos del referéndum eran muy claros; eran: no a la nuclearización, bases españolas y
reducción drástica de la presencia de militares norteamericanos-, está ocurriendo lo contrario: la nuclearización está servida y cada vez hay más militares, llevamos tres revisiones al alza y ahora se pretende consolidar, en la tercera, la
duplicación del número de militares en Morón. Es decir, el referéndum OTAN, que en nuestra opinión debería ser modificado si acaso por otro referéndum con participación popular, se está modificando sobre la marcha o se está negando sobre la marcha.
Dirán ustedes que son otros tiempos, pues si son otros tiempos planteemos también a los ciudadanos una forma más participativa de decisión, o al menos tan participativa, sobre una materia tan delicada. Nosotros creemos que esto debe comentarse y
debatirse en el Congreso de los Diputados y no encontrarnos con el plato ya servido cuando se produzca la sumisión del Gobierno al Gobierno norteamericano y se consolide un nuevo incremento de tropas no se sabe muy bien por qué y una reducción de
trabajadores españoles en las bases, confirmando aquello de que no son bases de utilización conjunta, sino bases norteamericanas de sumisión española.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Tarno tiene la palabra.
El señor TARNO BLANCO: Gracias, señor presidente.
El pasado viernes por la mañana el Consejo de Ministros autorizó un acuerdo para acomodar por tiempo indefinido en la base aérea de Morón una fuerza militar de respuesta para crisis de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Eso fue el
viernes pasado. Hoy, martes, apenas un día hábil después, el Grupo Socialista quiere que los ministros de Exteriores y Defensa vengan a comparecer para informar sobre las negociaciones de ese convenio. Si no han empezado; no han comenzado las
negociaciones de manera formal. No hay datos relevantes ni avances que justifiquen ningún tipo de comparecencia. Es de chiste. No, de chiste no, es de campaña electoral, que es otra cosa, como hemos escuchado en la intervención del señor Heredia,
que nos ha ponderado los esfuerzos de la presidenta de la Junta para salvar la situación laboral de Morón, en contra de la inacción del ministro de Defensa. Mentira; es mentira; el ministro de Defensa se ha reunido varias veces, conmigo y con
dirigentes del PSOE de testigos, con el comité de empresa de la base aérea de Morón, con concejales y alcaldes de la comarca, con diputados y senadores socialistas, y tiene constantemente en su cabeza y en sus negociaciones con el Gobierno de los
Estados Unidos y en sus relaciones bilaterales permanentes la defensa de los trabajadores de las bases aéreas de Morón y Rota. Una de estas reuniones se hizo en su provincia, en Málaga, un foro americano que se celebró en el Palacio de Congresos de
Málaga, con el secretario de Estado de Marina. Por cierto, estaba en la misma mesa la presidenta de la Junta y no le dijo el responsable de la Marina de los Estados Unidos ni una sola palabra sobre los trabajadores de Morón. El señor Morenés
dedicó toda la cena a convencerle de que es bueno.
Pero mire, por mucho que debatamos aquí, usted y yo, su partido y el mío estamos mucho más cerca en la política de defensa de lo que pretendemos en la discusión. Hemos sido buenos socios de los países occidentales y de los Estados Unidos
con Gobiernos socialistas y con Gobiernos populares. Entendemos la necesidad y el papel que tienen que jugar las bases de uso conjunto no solo en España, sino en el resto de Europa y en otros continentes, y estamos de acuerdo con usted, y así lo
tienen claro el ministro de Exteriores y el ministro de Defensa especialmente, en la necesidad de garantizar la estabilidad laboral en dichas bases; claramente. Por eso, cuando se utiliza partidariamente este asunto estamos haciendo daño a los
trabajadores de las bases aéreas. Se lo digo porque tanto yo como otros dirigentes del PSOE que también han escuchado al ministro sabemos de la voluntad decidida del ministro, primero, de que se llegue a un acuerdo con los Estados Unidos para el
uso de las bases porque entendemos la necesidad y el papel que tiene que jugar esa base en la defensa común de los valores occidentales. Sí, porque esa
base va a ser clave para defender eso en lo que creemos todos los que estamos en esta sala: democracia, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades... ¡Claro que tiene mucho que ver! Claro que tiene mucho que ver para evitar
atentados como los sucedidos en París hace apenas unos días y que todos condenamos. Pero además de condenar hay que actuar para que no se vuelvan a repetir y esa base es clave. Por eso ese va a ser el primer objetivo del acuerdo, pero también
porque creemos que es justo y que es lógica y razonable la defensa del empleo en las bases de Morón y Rota, dos comarcas que además, por sus peculiaridades, hacen que ese empleo sea enormemente necesario para el tejido productivo y económico de
dichas comarcas. Tengan ustedes la certeza de que cuando haya un avance real en la negociación entre el Gobierno de los Estados Unidos y el del Reino de España, los ministros de Defensa y de Exteriores vendrán a comparecer a esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Tarno.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA (número de expediente 062/000256), CON EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE JUSTICIA, PARA INFORMAR SOBRE LAS ACTUACIONES ADOPTADAS PARA MEJORAR LOS SISTEMAS DE JUSTICIA GRATUITA Y DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE TASAS JUDICIALES, PRIORIDADES FIJADAS POR ESTE EN SEPTIEMBRE DEL AÑO
PASADO.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Siguiente punto del orden del día, el número 12. Se trata de una petición de comparecencia, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, solicitando
que comparezca en la Comisión de Justicia el ministro del ramo para informar sobre las actuaciones adoptadas para mejorar los sistemas de justicia gratuita y de la aplicación de la Ley de Tasas Judiciales. Interviene en primer lugar uno de los
autores de la iniciativa, concretamente el señor Llamazares, por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Esta petición de comparecencia trae causa en el propio anuncio del ministro de Justicia, el nuevo ministro, señor Catalá, que en su momento anunció -y ha reiterado- que va a modificar la actual Ley de Tasas, en este caso sería por segunda
vez, y que lo va a hacer a principios de este año. Y no solamente tiene causa en ese anuncio, tiene causa también en las propias previsiones del Consejo de Ministros, que prevé, por una parte, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y, por otra parte, la modificación anunciada de la Ley de Tasas. Sería suficiente con estas previsiones para que los grupos parlamentarios de la Cámara le pidiésemos al Gobierno que compareciese, porque es que el propio ministro dijo que iba,
primero, a elaborar un informe sobre el impacto de la Ley de Tasas en el acceso de los ciudadanos a la justicia y, segundo, que ese informe lo iban a conocer los grupos parlamentarios. Si, como se ha dicho, el Consejo de Ministros va a tratar este
tema esta semana o la próxima, no hay tiempo para que los grupos parlamentarios conozcan el informe aludido y puedan posicionarse sobre la reforma de la Ley de Tasas. Por tanto, parece que este tema sí es urgente. Parece que lo es porque dentro de
dos semanas ya estaríamos fuera de las previsiones del Gobierno, al menos de las previsiones y de los compromisos del ministro de Justicia con la Cámara y con los distintos colectivos y profesionales de la justicia.
Señorías, la Ley de Tasas ha sido un despropósito. Un despropósito porque se anunció como una fórmula recaudatoria para sostener la justicia gratuita y no ha habido ninguna medida de sostenimiento de la justicia gratuita. Muy al contrario,
se han recaudado más de 500 millones de euros y de ellos las comunidades autónomas con competencias en la materia no han recibido un solo euro para mantener la justicia gratuita. Por tanto, un objetivo falso. Pero, ¿cuál ha sido la consecuencia
real? La consecuencia real de la Ley de Tasas es la esperable, la que pretendía el Gobierno: disuadir a los ciudadanos de la utilización de la justicia. Y una consecuencia que probablemente no fuera tan voluntaria pero que ha tenido un resultado
aún más negativo, y es que ha dificultado la tutela judicial efectiva. Porque las tasas no incrementan únicamente las dificultades de acceso a la justicia por una barrera económica, no, es que la tasa no pagada no permite continuar el proceso y,
por tanto, niega la tutela judicial efectiva. Esta cuestión, una cuestión que hace entrar la Ley de Tasas directamente en una situación de inconstitucionalidad, es realmente lo que
llevó al ministro a anunciar la modificación de esta ley. ¿Saben ustedes por qué? Porque el Tribunal Constitucional acababa de admitir cinco recursos contra la Ley de Tasas Judiciales. El ministro, con este anuncio debidamente hecho a un
Tribunal Constitucional sensible, lo que hacía era paralizar la tramitación y, por tanto, evitarse el sonrojo de que el Tribunal Constitucional considerara la Ley de Tasas inconstitucional, como lo es a todas luces. Pero una vez que han pasado
varios meses desde esa estrategia preventiva frente a la sentencia del Tribunal Constitucional, ya es hora de que el Gobierno presente la modificación de la Ley de Tasas y nosotros le recomendamos que no sea para un maquillaje de la misma, que sea
para la derogación de las tasas judiciales que han significado no solamente una disminución de la accesibilidad, sobre todo de los ciudadanos con menores rentas, a la justicia, sino que en realidad ha supuesto la dificultad más grande que se ha
producido en nuestro país a la tutela judicial efectiva durante los últimos años.
Por esas razones -creemos que son suficientes- debe comparecer el ministro de Justicia, debe explicarnos el informe que nadie conoce, su calendario de reuniones con los colectivos afectados y debe explicar ante la Cámara qué significa eso de
maquillar la Ley de Tasas. Lo que han anunciado públicamente -tenemos alguna referencia en los medios de comunicación- es únicamente modificar los recursos de apelación en segunda instancia y de casación ante el Tribunal Supremo. Para ese viaje no
se necesitan alforjas, señorías.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Llamazares.
Fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
La verdad, señor Llamazares, es que usted estaba conmigo cuando compareció el ministro y el ministro recurrió a la ética y nos prometió que iba a reformar el ordenamiento jurídico en su conjunto prácticamente -nos hizo palidecer a algunos-,
que iba a iniciar una suerte de proceso de codificación nuevo. Afortunadamente el tiempo y las circunstancias políticas le están colocando en su sitio: poco más que la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Penal, y esperemos que la Ley de
Tasas -estoy de acuerdo con sus reflexiones-, sean objeto de modificación en lo poco que va quedando ya de legislatura.
Con esta Ley de Tasas estamos ante un problema de perturbación del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva. Ha sido ya mencionado colateralmente en alguna sentencia del Tribunal Constitucional y también en alguna de la
Sala segunda del Tribunal Supremo, pero lo han dicho enfáticamente los colegios de abogados, procuradores y todos los operadores jurídicos en tanto en cuanto está disminuyendo la litigiosidad pero por un efecto perverso, que es la falta de recursos
para litigar, lo que vulnera el contenido esencial de un derecho de carácter universal, de un derecho fundamental como es el derecho a la tutela judicial efectiva. Esa es la primera razón. En segundo lugar, esta Ley de Tasas, la del ministro
Ruiz-Gallardón, tenía un fin teleológico, estaba destinada a la financiación de los servicios de justicia gratuita, dependientes con carácter general de las comunidades autónomas, y todavía de lo recaudado no ha llegado un solo euro a la
financiación de estos servicios de justicia gratuita. Nos gustaría saber -seguramente al señor Llamazares y a todos los demás también- qué ha ocurrido con estas cantidades importantes recaudadas por las tasas, porque el fin o el destino previsto
legalmente han sido manifiestamente incumplidos. A otros servicios, a otros menesteres habrán sido destinadas estas tasas ya recaudadas, y nos gustaría conocerlo. Se lo hemos preguntado al ministro y todavía preguntas o respuestas deletéreas no
nos permiten tener un conocimiento cierto de cuál es el destino de las tasas que han sido ya recaudadas.
Para terminar la cuestión, señor presidente, ni siquiera estamos ante una tasa desde la perspectiva de derecho tributario. Una tasa para el derecho tributario es la prestación al ciudadano privado de un servicio a través del régimen
público. Cuando estamos hablando de las tasas previstas en esta ley no estamos ante una tasa de esta naturaleza, ante una figura tributaria de esta naturaleza como es la prestación a un ciudadano del servicio a través de un régimen público, sino en
un algo de carácter general cual es la financiación del servicio de justicia gratuita. Desde esta perspectiva, estamos ante una ley que está mal denominada; ni siquiera son tasas las figuras tributarias que se regulan, sino que son figuras
tributarias que tampoco sabría definir en este momento. Tasas judiciales han existido siempre, la verdad, pero no tan desmesuradas ni tan importantes en su cuantía como para impedir, dificultar u obstaculizar la posibilidad de litigar. Eso es lo
que nosotros le pedimos en su reforma al ministro que consiga: que las tasas sean razonables, sean aquellas que no perturben o no vulneren el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva e impida recabar a los ciudadanos la
protección de los jueces y de los tribunales por falta de medios económicos para litigar. Con eso nos conformaríamos y, por lo tanto, nos parece muy pertinente la petición hecha por el Grupo de Izquierda Unida.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Desde luego que apoyamos esta petición de comparecencia, no solo por los motivos técnicos, muy bien argumentados, que ha explicado el señor Llamazares, sino porque estamos ante una cuestión de fondo. Por desgracia, una característica del
sistema democrático que tenemos en España es el maltrato a la justicia, y no es algo retórico; maltrato desde el punto de vista de una muy deficiente separación de poderes, cuya consecuencia es una justicia intervenida en sus órganos de gobierno,
de jueces, etcétera, por los partidos políticos -me refiero al Consejo General del Poder Judicial-. No nos importa, en absoluto, habernos quedado solos en eso; lo diremos cada vez que este tema salga. Este es el origen de casi todos los demás
problemas: esa idea de la justicia como un servicio que ha de ser controlado y no de la justicia como un poder del Estado que, por lo tanto, tiene que ser independiente, estar bien dotado, ser universal y ser eficaz. En esta lamentable tradición
de maltrato a la justicia se incluyen también cosas como la Ley de Tasas Judiciales. En el caso de que se produjera esta comparecencia urgente del ministro de Justicia -dudo mucho que se produzca- le pediríamos que derogue esa ley, por lo que se ha
dicho aquí y por muchas otras cosas de colectivos de afectados, tanto de personas que se han visto obligadas a tener que renunciar a defender derechos como por los colectivos de abogados perjudicados en sus justas aspiraciones profesionales y desde
luego en su trabajo de defender a los ciudadanos; no tiene cabida en un ordenamiento democrático que realmente se preocupe por la igualdad.
Esto además ha sido empeorado por la última reforma del Código Penal que ha llevado a derivaciones tan sorprendentes como que por ejemplo accidentes de tráfico, algo tan habitual y tan fácil que puede afectar cualquier ciudadano, han acabado
siendo enviados a una jurisdicción en la que se le van a aplicar tasas. En vez de ser algo excepcional -como se dijo cuando se argumentó esta ley-, se ha convertido exactamente en lo contrario: las tasas judiciales van extendiéndose como una
mancha de aceite que impregna una gran cantidad de posibles actuaciones. Ya se ha dicho -y contra lo que se prometió- que esas tasas no parece que se hayan dedicado a la mejora de las instalaciones y medios materiales de la justicia, que sigue
estando tan mal dotada como siempre, tanto de medios humanos como materiales. Tuve la ocasión de hacerle una pregunta al señor ministro en el Pleno sobre la lamentable, increíble e impresentable situación, realmente vergonzosa, de algunos juzgados
en diversas comunidades autónomas, no en una en particular, y su respuesta fue la de siempre, lo que hemos oído toda la vida: que se van a hacer cosas estupendas -aunque no se sabe cuándo- y que al fin y al cabo el problema es de las comunidades
autónomas. Una vez más vuelve a aparecer la excusa que sirve para justificar cualquier atropello.
El verdadero problema de fondo es que si hay que renunciar a la tutela judicial efectiva por la desigualdad económica, una democracia donde eso está legalizado y justificado empieza a derivar hacia otro campo, que es el de la oligarquía, en
el que sencillamente no existe ya ni la igualdad jurídica. Fíjese, no estamos hablando ya de igualdades radicales como algunos defienden, que desde luego no las comparte mi grupo en el sentido de la vieja tradición socialista revolucionaria; no.
Hablamos de la igualdad de liberalismo, de la igualdad de la democracia, de la igual de derechos, de la igualdad ante la ley y, desde luego, de la igualdad de oportunidades. Si impedimos el acceso a la justicia a los ciudadanos con la excusa de que
son unos latosos y que no hacen más que estorbar el funcionamiento de los juzgados, será porque hemos llegado a la conclusión de que la justicia no es un poder del Estado, no se debe a los ciudadanos, sino a administrar determinados bienes
protegidos y sobre todo a estar al servicio de determinados tipos de renta. Además, entre tanto tampoco se ha hecho nada para mejorar la justicia gratuita; todo lo contrario. No hay más que quejas de los colegios de abogados por el abandono de la
justicia gratuita.
En resumidas cuentas, por lo menos esta sería una buena oportunidad de demostrar que realmente se tiene en cuenta a los ciudadanos. Deroguen esa ley, volvamos a la situación anterior y comencemos a trabajar por una justicia entendida como
un servicio público y como un poder del Estado, en vez de como una administración especial, que además está prácticamente reservada a determinadas rentas o supuestos que no tienen nada que ver con la igualdad sino, más bien, con la desigualdad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, en pocas cosas ha habido tanta coincidencia en el ámbito de la justicia como en el diagnóstico claramente crítico con la Ley de Tasas, con la Ley 10/2012. Aquí hay una gran unanimidad. Hay unanimidad
en las asociaciones de jueces (Jueces para la Democracia, la Asociación Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional de la Magistratura); claro rechazo por parte de la abogacía, el propio Consejo General de la Abogacía; claro rechazo
por parte de las asociaciones de fiscales, tanto de la Unión Progresista de Fiscales como de la Asociación de Fiscales; y claro rechazo de la ciudadanía y de los operadores jurídicos. Se está conculcando un derecho fundamental, el artículo 24 del
derecho a la tutela judicial efectiva. Son unas tasas que claramente separan a los ciudadanos del acceso a la justicia. Tienen un efecto disuasorio; por tanto, hay que derogar esa ley. Ha habido tanta coincidencia que el propio nuevo ministro de
Justicia en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia en este Congreso de los Diputados ya avanzó su voluntad de modificar esa ley, una ley equivocada, que incluso en sus debates iniciales aunó a todos los grupos parlamentarios que
coincidíamos en ese diagnóstico claramente crítico.
Antes el señor Olabarría decía: No sé exactamente cuánto ha recaudado el Gobierno con esa nueva Ley de Tasas. Le daré la cifra: 149 millones de euros en 2013, y de esos 149 millones de euros recaudados por esa nueva Ley de Tasas en 2013
ni un solo euro ha sido transferido a las comunidades autónomas de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, de Valencia, de Canarias, de Andalucía, de Navarra, de Madrid, de Asturias, de Cantabria, de Aragón o de La Rioja; comunidades -todas ellas-
que tienen competencias en el ámbito de la Administración de Justicia, tienen que prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita y tienen que recibir el dinero de esas tasas, de acuerdo con lo que la propia ley hacía al vincular en su
artículo 11 la recaudación por tasas con la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, pero esto no se ha hecho. Por tanto, es una ley que nos pone a todos de acuerdo en una posición contraria. La ley vigente tiene ya varias
cuestiones de inconstitucionalidad. Son diversos los magistrados y los jueces que al tener que aplicarla dudan de su constitucionalidad; cincuenta diputados han presentado un recurso de inconstitucionalidad; y diversas comunidades autónomas como
Canarias, Aragón, Cataluña o Andalucía han presentado igualmente recursos de inconstitucionalidad contra una ley que entendemos que vulnera ese derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Por tanto, hay que poner el cascabel al gato, señor
presidente.
Dado que el ministro de Justicia afirmó que iba a modificarla, que venga a la Comisión de Justicia -han pasado ya varios meses desde ese anuncio- y nos concrete de qué forma y en qué plazos va a realizarse ese cambio que todos coincidimos en
reclamar. Se anunció también -sería una vía posible- que a través de la ponencia del proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, que todavía está en tramitación en esta Cámara y sobre el que aún no ha elaborado el informe, se podrían acordar
enmiendas que supusieran una reforma sustancial de esa Ley de Tasas, que en su origen ya fue criticada por todos y en su aplicación práctica ha sido denostada por el conjunto de operadores jurídicos y por la ciudadanía, que ve que esas tasas les
alejan del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Sería oportuno no perder más tiempo, como pide hoy el grupo proponente, e intentar celebrar cuanto antes la Comisión de Justicia y concretar cuándo y cómo vamos a realizar esa necesaria
supresión o modificación sustancial.
Muchas gracias, señora presidenta.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez García.
La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, apoyamos la solicitud de comparecencia del Grupo de La Izquierda Plural y del Grupo Mixto, aparte de valorarla muy oportuna. Además, quiero manifestar la coincidencia del Grupo Socialista en la necesidad de que el Gobierno y el
ministro de Justicia pongan fin al tasazo judicial y se replanteen la retirada de la Ley de acceso a la justicia gratuita. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). El señor Catalá -se ha dicho ya en esta sala-
compareció en la Comisión de Justicia para decir que se iba a replantear la política del señor Gallardón. Confirmó que iba a modificar la Ley de Tasas y puso una fecha, a finales de año o para el mes de enero, que está terminando, como ustedes bien
saben. También dijo que iba a trabajar en la Ley de Justicia Gratuita para evitar que ninguna persona pueda quedarse sin acceder a la justicia por falta de recursos económicos. Todas esas eran sus promesas, sus buenas intenciones; trajo muy
buenas intenciones el señor Catalá, el nuevo ministro de Justicia, pero le han faltado buenas acciones. Muy buenas intenciones, pero hay ausencia de buenas acciones. Eso es lo que estamos reclamando con su comparecencia, que venga a dar cuenta de
sus buenas acciones.
La semana pasada ya nos llevamos el primer chasco o la primera decepción con este ministro, porque se ha producido su primer incumplimiento. Tan solo han pasado cuatro meses y se ha producido su primer incumplimiento, porque en la Comisión
el ministro de Justicia dijo también que iba a replantear la reforma
del Código Penal y finalmente resultó que el Grupo Popular sacó adelante la reforma del señor Gallardón. Este ministro llegó aquí para dar maquillaje, para maquillar al Gobierno. El nuevo ministro de Justicia, como digo, ha tardado poco en
asumir la principal característica de este Gobierno, el Gobierno de Rajoy, que es decir una cosa y hacer la contraria. Cuatro meses le han bastado. Si no fuera por la importancia del asunto, porque se trata de la justicia, porque se trata del
derecho a la tutela judicial efectiva, ya habríamos desistido de nuestro empeño en intentar paralizarlo y derogar la Ley de Tasas, pero no. Ni hemos desistido ni vamos a desistir. Nos opusimos durante la tramitación de la Ley de Tasas, la llevamos
al Tribunal Constitucional y hemos reiterado de nuevo en esta Cámara nuestra proposición de ley para la derogación de la Ley de Tasas, que podrá debatirse en el próximo periodo de sesiones. Del mismo modo hemos mostrado nuestro rechazo a la Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita con la enmienda a la totalidad y las enmiendas parciales que tenemos registradas en esta Cámara.
Señorías, lo importante no es que el Grupo Socialista y otros grupos hayan solicitado esta comparecencia, sino que hay un gran acuerdo social en el rechazo a la política que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular en materia de
justicia. Han logrado reunirnos a todos, a los grupos parlamentarios y a los profesionales de la justicia, en un gran acuerdo social y de justicia. No voy a insistir en los argumentos de mi grupo para oponernos a estas dos leyes, puesto que son
conocidos por todos ustedes y por el Gobierno. Lo que estamos pidiendo es que sea un gobierno claro, que dé cuentas; que el ministro diga la verdad a los españoles, a los abogados, a los procuradores y al resto de operadores jurídicos; que no nos
mantenga en esta incertidumbre y cumpla su palabra, porque mientras los meses pasan hay muchos españoles, muchos hombres y muchas mujeres, que están viendo vapuleados sus derechos y no pueden acudir a los tribunales para reivindicarlos. De esto se
trata y esta es también la exigencia del Grupo Parlamentario Socialista: que el ministro comparezca, que sea capaz de dar la cara. Si no es capaz de cumplir su palabra, al menos que sea capaz de venir a decirnos que ha sido imposible y que es
incapaz de cumplirla. Estamos esperando muchos para escuchar esas palabras. Le esperamos aquí, en el Parlamento, los grupos parlamentarios, pero les esperan también los ciudadanos, los agentes jurídicos y muchas personas que están siguiendo este
debate a través de las redes sociales.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señora Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Castillo.
El señor CASTILLO CALVÍN: Gracias, señora presidenta.
Me gustaría comenzar agradeciendo a los grupos de La Izquierda Plural y el Grupo Mixto la propuesta que han realizado en esta Diputación Permanente para que se celebre una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia en la que comparezca
el señor ministro de Justicia para informarnos sobre las actuaciones adoptadas para mejorar el sistema de justicia gratuita y sobre la aplicación de la Ley de Tasas Judiciales.
Estamos en enero y lo cierto es que empezábamos a echar de menos que en este mes no hubieran pedido aún la comparecencia del ministro de Justicia para que nos hablara una vez más sobre tasas judiciales y justicia gratuita. Como ustedes han
señalado al solicitar esta comparecencia, mejorar el sistema de justicia gratuita y de la aplicación de la Ley de Tasas Judiciales han sido dos prioridades fijadas por don Rafael Catalá en septiembre del año pasado. No solo han sido dos asuntos que
el ministro quiso destacar el mismo día de su toma de posesión, en septiembre, sino que en octubre también fueron los temas que centraron sus intervenciones. Concretamente informó sobre las actuaciones previstas para mejorar los sistemas de
justicia gratuita y de la aplicación de la Ley de Tasas Judiciales tanto en el Pleno como en la Comisión de Justicia de esta Cámara y del Senado. En noviembre nuevamente informó al Pleno sobre estos temas y en diciembre volvió a ofrecer
explicaciones en una nueva comparecencia ante el Senado; esto por supuesto sin referirme a las intervenciones posteriores, a los Consejos de Ministros, en los que igualmente ha ofrecido amplia información sobre justicia gratuita y tasas judiciales.
Por tanto, entiendo y me alegra que la mayoría de los grupos compartan con el Gobierno que ambas cuestiones deben ser prioritarias.
También agradezco sinceramente que, aprovechando la magnífica disponibilidad de nuestro ministro de Justicia para acudir a dar explicaciones, todos los meses le vuelvan a solicitar una comparecencia, aunque sea para hablar de lo mismo. Es
indudable que les sabe a poco, que a ustedes, como a mí, les gusta escuchar sus explicaciones, las de una reforma, la de la justicia gratuita, que aumenta el número de beneficiarios y eleva los umbrales de renta para poder acceder a este derecho;
una reforma que por vez primera en España amplía el derecho de justicia gratuita a las mujeres maltratadas, a las víctimas de
violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, así como a los menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos o maltratos; una reforma que, frente a quienes no quieren cambiar nada y pretenden que todo siga como está,
aspira a que la justicia no permanezca ajena a la modernidad de nuestros servicios públicos. Así que, no me extraña esta petición, y es lógico cuando en las dos anteriores legislaturas el proyecto de justicia en nuestro país poco o nada tenía que
explicar. Señorías, en todo caso, ustedes conocen que el proyecto de asistencia jurídica gratuita se encuentra en tramitación parlamentaria. Por tanto, es en este escenario en el que los grupos, a través de las enmiendas presentadas, tendremos la
ocasión de manifestar nuestras discrepancias, defender nuestras posturas y, en definitiva, mejorar el texto presentado a esta Cámara.
Respecto a la financiación de la justicia gratuita, conscientes del posible incremento del coste generado por la nueva normativa, aprobada en febrero de 2013, y desde el principio de lealtad institucional, se ha arbitrado un mecanismo que
permitirá paliar los problemas de financiación de las comunidades autónomas. Tras una primera propuesta rechazada por la gran mayoría de las comunidades autónomas, en la última conferencia sectorial, de noviembre de 2014, se les trasladó la
intención del ministerio de buscar una solución satisfactoria mediante la introducción de alguna previsión en la Ley de presupuestos para 2015. Esto se ha hecho realidad gracias a una enmienda a los presupuestos presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, que ha supuesto la introducción de una partida nueva a los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2015 que asciende a 6 millones de euros, con los que se podrá atender -al menos en parte- esta reivindicación de las
comunidades autónomas. Así que el Gobierno es sensible a las preocupaciones de las comunidades por el mantenimiento de los niveles de calidad del sistema de justicia gratuita, por ello busca alcanzar con ellas el máximo consenso posible. Buena
prueba de ello es la introducción en la Ley de Justicia Gratuita de elementos para un mejor control del gasto y una simplificación de la gestión que también ha de beneficiar a las comunidades autónomas, que deberán, asimismo, implicarse en la
racionalización del sistema desde el principio de responsabilidad presupuestaria en el ejercicio de sus competencias.
Respecto al sistema de tasas, les indicaré, como ya ha reiterado el ministro, que el Gobierno está trabajando en el análisis y mejora de la Ley de Tasas actualmente vigente. Desde la implantación de la Ley de Tasas en noviembre de 2012 y la
modificación posterior en febrero de 2013...
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Castillo, tiene que terminar.
El señor CASTILLO CALVÍN: Voy terminando.
... era obligado evaluar cómo está funcionando el nuevo sistema. Había que determinar el impacto real sobre la jurisdicción, tanto en la primera como en la segunda instancia, en los procesos civiles y en los contenciosos, para, en su caso,
promover los ajustes y las reformas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, además del acceso de los ciudadanos al derecho a la justicia. Eso es lo que se está haciendo, abordar estas cuestiones con
absoluta transparencia, en colaboración con los operadores jurídicos y las comunidades autónomas, convencidos de que de esta manera podremos mejorar el sistema de tasas actual. Conforme a todo ello, puesto que no se ha producido ningún cambio en un
escenario que ustedes bien conocen y del que están perfectamente informados, ni existen tampoco razones de urgencia que lo justifique, el Grupo Popular no estima oportuna la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia para
que comparezca el ministro de Justicia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Castillo.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (número de expediente
062/000256), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, PARA TRATAR SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA ABORDAR EL AUMENTO DE LOS ÍNDICES DE POBREZA Y DESIGUALDAD SOCIAL.
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al punto 15: Petición, formulada por los grupos parlamentarios de La Izquierda Plural y Mixto, para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la
Comisión de Economía, con la comparecencia del ministro, para tratar sobre las medidas a adoptar para abordar el aumento de los índices de pobreza y desigualdad social. Interviene, en primer lugar, el grupo autor de la iniciativa. Señor
Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Continúa mi grupo glayando en castañéu, que significa gritando en un castañar, en donde el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular no tienen ninguna intención de que se produzca ni una sola de las comparecencias pedidas por los grupos
parlamentarios en periodo extraordinario. En todo caso, no renunciamos a pedir otra comparecencia nueva, esta vez la del ministro de Economía para hablar sobre la situación de pobreza y desigualdad en nuestro país. Dirán ustedes que ya la hemos
pedido, por ejemplo, de la ministra en su momento, y ahora del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, o que podíamos pedirla también de la ministra de Empleo. Nosotros queremos hoy la comparecencia del ministro de Economía, porque
estamos convencidos de que esta recuperación pobre que tenemos en nuestro país, precaria y pobre -no voy a discutir sobre la recuperación, sino sobre los beneficiados y los perjudicados de la recuperación-, obliga a cambiar la política económica, en
nuestra opinión, porque ha estado basada en la devaluación de los salarios, incluidos los denominados salarios indirectos de la protección social, del modelo social. Esa devaluación, en nuestra opinión, ha empobrecido aún más a una parte importante
de nuestro país; ha aumentado la desigualdad, ha aumentado la pobreza y genera un círculo vicioso. En la medida que aumenta la desigualdad y aumenta la pobreza disminuye también la demanda interna y, por tanto, se mantienen las condiciones para el
estancamiento económico o para la recuperación pobre. Esa recuperación significa, fundamentalmente, beneficios para determinadas empresas, sobre todo grandes empresas, aunque no se produce distribución de esos beneficios a los ciudadanos; si
acaso, lo que se produce es un empobrecimiento de los ciudadanos, tanto de empleo como en materia de bienestar social o de gasto social.
Los datos de esa situación los tenemos también en la encuesta de condiciones de vida. La población en riesgo de pobreza de los ciudadanos de más de dieciséis años ha subido 4 puntos, del 16 al 20 %, a lo largo de la crisis. Está aumentando
el riesgo de pobreza y exclusión social especialmente entre personas con empleo -señalaba antes esa recuperación pobre-; en relación con esta cuestión baja la intensidad en el empleo, el 7,6, de forma muy importante en nuestro país. Además, se
está produciendo una pobreza que afecta a colectivos vulnerables, como son las mujeres de familias monoparentales con hijos a cargo, con un 38 % de riesgo de pobreza. Esa cuestión no solo está en las consecuencias de la crisis, sino también, como
he dicho antes, fue la causa de la crisis, del endeudamiento privado, del endeudamiento familiar, y mucho nos tememos que va a ser también la causa del mantenimiento del estancamiento o de la recuperación pobre a que me refería con anterioridad.
Por eso mi grupo parlamentario considera necesario que comparezca el ministro de Economía y nos diga qué relación tiene la situación de pobreza en nuestro país y la devaluación social y salarial con el objetivo de Europa 2020, que incluía un acuerdo
para reducir en 1,4 millones de personas, casi 1,5 millones de personas, el riesgo de pobreza. Esas son las razones para que comparezca el ministro de Economía en una materia tan delicada como es la relativa a la pobreza en nuestro país, que no es
solamente un problema que nos acompañe hace mucho tiempo -es verdad que tenemos una sociedad con un alto nivel de pobreza y de desigualdad-, sino que esa situación se ha hecho dramática durante la crisis y se mantiene en la salida de la crisis. No
bastan medidas parciales como han sido los 400 euros -bienvenidos sean-, que en nuestra opinión solo palian una parte muy pequeña de esa situación de pobreza y de desigualdad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Llamazares.
Fijación de posiciones. Grupo Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No se apure, señor Llamazares, le acompañamos en el desaliento, pero intervenimos con ilusión, en todo caso. El problema que usted plantea es de dimensiones universales. Ya nos advirtió Intermón Oxfam en el
reciente Foro de Davos cómo en 2016 nos vamos a encontrar con que el 1 % de la población va a poseer más riqueza que el 99 % restante. Esos son los datos preocupantes; hay otras estadísticas, no tan apocalípticas, preocupantes en todo caso. Lo
que es más directamente aplicable al Estado español es que Eurostat nos advierte de que el Estado español es el segundo Estado de Europa donde la desigualdad es mayor, solo superada por Polonia. Es un dato que debe ser objeto de una reflexión en
este momento más ajustada a nuestras responsabilidades parlamentarias. Basta con
citar datos como los ofrecidos por Cáritas recientemente: 7 millones de pobres en el Estado español, de ellos 3 millones en situación de pobreza extrema; 3 millones de niños en este momento en situación de pobreza y 1,5 millones de jóvenes
en riesgo inmediato de exclusión. Son datos dramáticos que yo se los plantearía, si me permite agrandar o darle mayor dimensión a su pedimento, al Ministerio de Economía y Competitividad, no solo desde la perspectiva del estancamiento o el
mantenimiento casi cronificado que estas situaciones de pobreza provocan en las posibilidades de crecimiento de nuestra economía, sino también para ver qué mecanismos específicos desde su ministerio, igual que desde otros, va a aplicar para evitar
una situación con la que no se puede convivir. Estamos incumpliendo entre otras cosas -además de conviviendo con una actitud de verdadera inhumanidad y de falta de solidaridad- requerimientos incluso de nuestro ordenamiento jurídico y del artículo
41 de la Constitución -con esto acabo, señora presidenta-. El artículo 41 de la Constitución -reproduzco su tenor literal- establece lo siguiente: Los poderes públicos del Estado protegerán de forma suficiente y a través de recursos públicos
cualquier situación de necesidad. Qué lejos estamos del cumplimiento de este mandato constitucional y, por lo tanto, cuán pertinente es la petición que usted ha realizado ahora, señor Llamazares.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Coincidimos con los grupos precedentes. Hoy es un día de gran armonía parlamentaria entre la oposición. No estaría mal que el Grupo Popular se uniera a reflexiones que no son de partido, que no son ideológicas, que son transversales. De
hecho, podía añadir también algo que creo que es importante, y es que el debate sobre la pérdida de la igualdad que parecía que se había conquistado en la posguerra, en los famosos treinta años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, es el que está
centrando hoy en día el debate de la democracia -en Davos por supuesto y en muchísimos foros internacionales-. No podemos dejar de hacerlo en un parlamento porque para eso estamos aquí. Creo que es fundamental. A este respecto, es pertinente
recordar que una peculiaridad desgraciada de España en esta crisis es que hemos tenido un incremento espectacular en la desigualdad y en los índices de pobreza. Son espectaculares porque van más allá de lo que era previsible que fueran como
consecuencia de la naturaleza de la crisis económica española. Es decir, que tengamos índices de pobreza infantil superiores a países que están en situación tan mala como Grecia o peor que Portugal debería llevar no solo a pensar sino a hacer algo
cuanto antes. Es bastante desalentador que una vez más, con estos anuncios tan beatíficos, que son tan característicos del Gobierno, de que todo mejorará algún día y que esperemos con paciencia, se rechacen todas las propuestas que hemos hecho
diferentes grupos de la oposición para poner en marcha determinadas iniciativas legislativas para, por lo menos, paliar las peores consecuencias del aumento de la pobreza, sea la pobreza energética, particularmente la pobreza infantil, la pobreza de
los hogares que han perdido ya todos los ingresos públicos. Aunque alguna cosa pequeña se ha hecho, realmente los problemas nucleares siguen ahí. El negacionismo de que hay un problema no ayuda a arreglarlo, todo lo contrario: lo prolonga en el
tiempo y en el empeora.
De manera que hay que hacer esa reflexión en España sobre por qué razón los índices de pobreza han aumentado y a la vez también han aumentado -antes hemos hablado de eso, otra peculiaridad negativa de España- el desempleo juvenil y la
precariedad laboral. Sin duda alguna son fenómenos interrelacionados, con una causalidad común, y la pregunta que deberíamos hacernos -todos los grupos, no solamente los de la oposición y no solo, como algunas veces nos contestan, por hacer la
puñeta al Gobierno, porque hay cosas mucho más entretenidas e interesantes que esa- es qué vamos a hacer para recuperar no solamente el PIB y la renta que teníamos antes de la crisis, sino una distribución igualitaria que también era mejor antes de
la crisis. Por lo menos deberíamos tener ese objetivo. Esto se contradice por completo con el rechazo, por ejemplo, del plan contra la pobreza infantil que presentamos no hace tanto tiempo y que se inspiraba al cien por cien en las recomendaciones
de Unicef, Save the Children, Oxfam y otras organizaciones internacionales y nacionales que se dedican a esto y que no tienen el menor interés partidista, sino un interés social legítimo. Esto no es razonable, no es presentable ante la opinión
pública rechazar como un frontón cualquier propuesta que se haga solo porque es de la oposición. Aquí hay un debate. Por mucho que ustedes se empeñen, es innegable que este debate está instalado en la sociedad y, desde luego, una de dos: o la
democracia representativa da respuestas al problema del aumento de la desigualdad y entra en cuestiones muy profundas y muy serias que se están
ya discutiendo en la actualidad, o sencillamente la respuesta la darán movimientos populistas bastante nefastos. Después vendrán las lamentaciones.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Socialista, señora Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: Gracias, señora presidenta.
Por supuesto, vamos a apoyar también la comparecencia. Muchas de las razones que han esgrimido portavoces anteriores las compartimos, pero hay una razón principal y es que a un ministro que no nos tenía muy acostumbrados a estas alegrías de
proclamas propagandísticas, la euforia de los éxitos de su departamento en cifras macroeconómicas le lleva también a hacer extensivo este éxito a algunas terapias psicoanalíticas y psicológicas sobre el sometimiento de los trabajadores españoles a
una situación extrema de invasión de estímulos de precariedad laboral y de desempleo, y le lleva a decir que ya han perdido el miedo a perder el trabajo. Efectivamente, ha sido un éxito terapéutico que hay que reconocer al ministro Guindos. Si
tenemos en cuenta el precio del petróleo, las medidas del Banco Central Europeo, incluso si tenemos en cuenta el Plan Juncker, arrojan unas cifras macroeconómicas que le hacen al ministro Guindos presumir. Eso sí, primero tenemos que prescindir de
la deuda pública y del déficit por cuenta corriente, porque si no esto ya nos estropean las cifras macroeconómicas, pero ciertamente estas cifras macroeconómicas de las que presumimos no dependen de la gestión del Gobierno.
Centrémonos en la gestión del Gobierno aguas abajo. ¿En qué tiene responsabilidad el Gobierno en la gestión interna? Ustedes me dirán: es que son cifras macroeconómicas. Evidentemente, son cifras macroeconómicas, pero una persona tan
poco dudosa de ser de izquierdas, de ser un rojo peligrosísimo como es Sarkozy, se dio cuenta de que el PIB no era una valoración de la situación de la riqueza de los países que nos midiese ni mínimamente la situación, y encargó un estudio a
expertos como Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi para ver cómo se puede medir todo esto. Ellos dijeron que el PIB es un brochazo que no nos mide nada, que hay que incorporar medición del estado de bienestar de las personas, de cómo
se distribuye esa riqueza, del impacto en los hogares y de la sostenibilidad de la riqueza. Y, desgraciadamente, en muchas de estas cuestiones en nuestro país tenemos que acudir a datos que provienen de organizaciones no gubernamentales para
conocer con precisión en qué situación está la pobreza.
Uno de los asuntos que al señor Guindos se le pasó es la disminución de los salarios, que han caído un 9 %, frente al incremento de las ganancias empresariales, que suben un 3,7 %. Este es el origen, aquí está la clave básicamente del
aumento de la pobreza y del aumento de las desigualdades, porque saben que el 40 % de los desempleados están en riesgo de pobreza y también el 12 % de los trabajadores por la precariedad laboral. Pero a todo esto el señor Guindos también nos dice
que se pueden bajar los impuestos, que se puede hacer una nueva reforma fiscal y seguir bajando los impuestos, porque lo que importa es disminuir el peso del Estado para que no tenga ninguna capacidad de redistribuir la riqueza, y otra reforma
laboral que beneficie a los que más ganan, a los de rentas más altas y deje al margen, como esta, a las personas de menos renta y con un Estado con menos capacidad de acudir en su ayuda. Pues que nos explique todo, porque ya que se soltó la melena
-media melena- en acudir a estas proclamas, que nos explique por qué tenemos que estar tan contentos porque se van a bajar los impuestos de nuevo a los ricos y porque ya no hay miedo a perder el empleo, porque hubo un éxito muy rotundo de nuestra
terapia psicoanalítica.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señora Carcedo.
Por el Grupo Popular, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Alguien puede pensar que uno pierde la tarde viniendo aquí, y debo decir que no, ya solo descubrir que el modelo del Partido Socialista español es el señor Sarkozy es una fuente de aprendizaje importante, y yo se lo agradezco. (Risas).
Pero más allá de eso, siempre que vengo a las diputaciones permanentes no tengo claro si debatimos sobre si es bueno o no es bueno que venga determinado ministro o si debatimos el fondo de la cuestión. Yo me referiré a ambas cosas. La primera es
si es bueno o no es bueno que venga el ministro para hablar de lo que plantea el Grupo de Izquierda Unida. Yo simplemente les digo que el ministro estuvo el 22 de diciembre; desde el 22 de diciembre hasta hoy no ha pasado nada nuevo
en este tema concreto, y ninguno de los grupos que pretenden y aplauden que venga el ministro le hizo ninguna pregunta sobre este tema, ergo, yo pienso, a lo mejor equivocadamente, que los grupos o bien no eligen bien a sus portavoces en las
comparecencias del ministro, que por cierto es el que más ha venido a la Comisión de Economía en cualquier legislatura, o bien es que estamos en un tema absolutamente retórico y que lo importante es hablar del fondo de la cuestión.
¿Cuál es el fondo de la cuestión? Pues yo me he entretenido el domingo en estudiar el fondo de la cuestión y creía que había perdido unas horas, pero hete aquí que no, porque he descubierto que lo que he aprendido me sirve para decir -y lo
digo con rotundidad- que puedo hacer un argumentario para mi partido para ir a las elecciones municipales y autonómicas diciendo que efectivamente esto era un desastre en los índices de pobreza pero que ahora los estamos mejorando. Gracias porque
he aprendido. Y se lo voy a relatar. Efectivamente, España, según la OCDE, es el país en el que más creció la desigualdad. Lo dice en su informe del 19 de junio de 2014, y especifica que entre los años 2007 y 2011. Yo en aquel momento no era
Gobierno, no sé si había otro Gobierno o no sé si a los que ahora están en la oposición les parece muy mal el Gobierno, que creo que sí porque no se dan ni la mano, pero más allá de eso, lo que dice la OCDE es que, efectivamente, en 2011 había un
problema. ¿Y qué está pasando desde 2011? Voy a los índices que me he estudiado muy bien este domingo. Por un lado, el índice 80/20 que, como ustedes saben, establece una relación entre el 20 % de la población que más ingresa y el 20 % que menos
ingresa, y hay un cuadro donde se ve que en 2008 crece, en 2009 crece, en 2011 crece, en 2012 crece y en 2013 empieza a descender. Eso significa que vamos a mejor. Si se coge uno el índice de Gini -yo lo he cogido de un documento de UGT porque UGT
hace informes sobre estos temas-, se ve que en España en 2009 crece, en 2010 crece, en 2011 crece y en 2013 decrece este índice de Gini, que es también el índice comúnmente utilizado para medir la pobreza. Para que la presidenta, a la que tengo
gran cariño, no me llame la atención no voy a seguir, pero tengo más índices, como el índice de Arope, que también es muy importante porque mide la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, que iba creciendo y empieza a decrecer.
Bendito sea el que hayan planteado esta comparecencia, porque así he aprendido que los del Partido Popular podemos estar orgullosos porque las cosas están dando frutos. ¿Y es casualidad? Puede ser casualidad o puede ser causalidad, y yo
les digo, señorías, que es causalidad, esto tiene una causa y es que el Partido Popular ha apostado por mejorar el bienestar de los ciudadanos a través de políticas de crecimiento y empleo, y eso da frutos, porque cuando hay más riqueza, cuando hay
más empleo y cuando hay voluntad de que eso se reparta con más equidad, eso da resultados. Hoy en España estamos mejorando ya los índices que desgraciadamente con el Gobierno anterior, y con el voto casi siempre favorable del señor Llamazares (El
señor Llamazares Trigo hace gestos negativos), estaban en récords históricos.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE INTERIOR (número de expediente 062/000256), CON EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA URGENTE DEL MINISTRO DEL INTERIOR, PARA INFORMAR DE LA SITUACIÓN DE CEUTA Y MELILLA EN RELACIÓN CON LA INMIGRACIÓN Y EN PARTICULAR SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LAS GRABACIONES DE LAS CÁMARAS DEL PERÍMETRO DE LA VALLA DE MELILLA DE
LOS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2014 EN LOS QUE SE PRODUJERON POSIBLES VÍCTIMAS MORTALES. (Número de expediente 213/001845).
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al punto 16, petición formulada por los Grupos Parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión de la Comisión de Interior, con la
comparecencia del ministro para informar de la situación de Ceuta y Melilla en relación con la inmigración y en particular sobre la eliminación de las grabaciones de las cámaras del perímetro de la valla de Melilla de los días del mes de agosto de
2014 en los que se produjeron posibles víctimas mortales.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Me dirijo al partido de los trabajadores, ahora partido de los pobres y, seguramente con esta iniciativa, también partido de los inmigrantes. La visión policial de los fenómenos migratorios del Gobierno ha derivado en una situación
excepcional en la valla de Melilla, donde se vulneran de manera sistemática los derechos humanos. España está en estos momentos en el foco de los organismos internacionales y de las organizaciones de derechos humanos, sin que el ministro del
Interior haya dimitido todavía: la trágica muerte de trece inmigrantes en Ceuta, la instalación de cuchillas en la valla, agresiones brutales a uno y otro lado de la valla y las devoluciones en caliente de inmigrantes, vulnerando todos los
mecanismos de protección internacional y nuestro propio reglamento jurídico. Cualquier otro Gobierno que asumiera responsabilidades por sus actuaciones hubiera tenido que hacer dimisiones. Sin embargo, nos encontramos con un ministro que no solo
no dimite, sino que parece que tampoco quiere dar explicaciones sobre la situación de la frontera de Ceuta y Melilla y particularmente sobre la eliminación de las grabaciones de actuaciones policiales. Este Gobierno ha pretendido tapar lo que hace
y la situación de Ceuta y Melilla, alegando por motivos de seguridad que los periodistas parecen tener algún interés o alejando a los periodistas que han fotografiado o grabado estas devoluciones en caliente o, lo que es peor, en episodios como el
del hombre que intentó saltar la valla el pasado 15 de octubre y que fue apaleado hasta caer inconsciente y devuelto atado de pies y manos, el Gobierno no solamente ha reprimido el trabajo de los periodistas mediante multas, sino que ha borrado las
imágenes oficiales de la devolución que tuvo lugar el 13 de agosto en la valla de Melilla y que motivó la imputación del coronel de la ciudad autónoma, según su propia respuesta a una pregunta parlamentaria, alegando los plazos para la conservación
de grabaciones de las fuerzas de seguridad, que según el Gobierno le obligan a su destrucción en el plazo máximo de un mes. Miente el Gobierno. El Gobierno obvia que la ley establece que se deberán eliminar en ese plazo salvo que estén
relacionadas con un procedimiento judicial y estas están incursas en un procedimiento judicial en el juzgado de Melilla. Las imágenes se borraron, por tanto, al margen de la ley, a pesar de la existencia de un proceso judicial abierto sobre la
actuación de la Guardia Civil previsiblemente recogida en las grabaciones destruidas. Al margen de las actuaciones judiciales y que posiblemente nos encontremos ante una clara obstrucción a la justicia, parece indiscutible que el ministro debe
comparecer para explicar en la Comisión de Interior este extremo.
Por último, si a este Gobierno le queda algo de respeto por los derechos humanos, paralizaría de forma inmediata la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, en la que ha introducido una legalización encubierta de la devolución en caliente,
otra vez a través de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular vía ponencia, sin debate y sin informe. Nuevamente legislan contra la Ley de Extranjería, que regula expresamente los procedimientos legales para el caso de entradas irregulares en
España por supuestos no habilitados y vulnerando el derecho internacional: la Directiva europea 2008/115 y el artículo 13 del Código de fronteras Schengen, Convención de Ginebra, Convenio Europeo de Derechos Humanos y Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.
Nuevamente es una reforma que lleva el PP en solitario, con la oposición de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara y de las organizaciones de derechos humanos, de Acnur, del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, de la
comisaria europea, de la Abogacía española, de la Iglesia. Todos han mostrado su rechazo a esta reforma. Esa es la razón, en concreto la que tiene que ver con la obstrucción a la justicia en relación con las grabaciones, que nos lleva a esta
petición de comparecencia, acompañada de nuevo de una petición de dimisión.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.
Fijación de posiciones, PNV, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que tenía razón el señor Pujalte, se aprende mucho en estas sesiones de la Diputación Permanente: se observan transmutaciones ideológicas, deslizamientos ideológicos aparentes, pero uno tiene que recurrir siempre a lo que está
en la naturaleza de las cosas y eso es lo que suele ser habitualmente. Y la denuncia del señor Llamazares está muy puesta en razón, nosotros lo hemos comentado mucho. Voy a recurrir a una expresión que ha sido utilizada por otro diputado: espero
que -espero que- dentro de poco no sea más complicado entrar traspasando las vallas que salir si uno es de origen árabe o de origen magrebí y se presume que puede salir para abrazar alguna idea yihadista o participar en alguna guerra yihadista.
Pero un fenómeno de doble flujo de esta naturaleza empieza a observarse ya en las ciudades
de Ceuta y Melilla. Pero al margen de estas circunstancias, señor Llamazares, lo que no se puede hacer es lo que usted dice y algunas cosas que le voy a decir yo además. No se puede legalizar en la Ley de Seguridad Ciudadana lo que es un
delito penal de deportación ilegal. No se puede contradecir la Ley de Extranjería en la Ley de Seguridad Ciudadana, que se ha convertido en una especie de vademécum para regular todo tipo de materias, no se puede contradecir lo que el artículo 30 y
siguientes de la Ley de Extranjería prevé -no solamente la modificación del Código Penal sino la Ley de Extranjería- en materia de entrada de personas. No se pueden contradecir a través de la práctica de las fuerzas policiales y de las autoridades
gubernativas tratados internacionales suscritos por el Estado español, como el Tratado de Asilo, sobre el cual el Reino de España va a sufrir la apertura de un expediente disciplinario por la vulneración de la posibilidad de invocar el derecho de
asilo o de refugio a las personas que han traspasado las vallas. Y no se puede, desde luego, convertir en práctica legal la llamada devolución en caliente.
Estas son disfunciones de una legislación de extranjería que paradójicamente en su día aprobó el Partido Popular, además con unos ciertos fundamentos filosóficos progresistas pero que ha ido decayendo mediante reformas sucesivas
endureciéndose en sus contenidos. Y luego ha sido modificada, pero modificada de forma sistemática: unas veces se ha modificado en la Ley de Seguridad Ciudadana, en otros casos se ha modificado en las previsiones del Código Penal, en otros casos
se ha modificado en otras leyes endureciendo terriblemente sus contenidos hasta el punto de que en este momento ya el Estado español está bajo la sospecha -y más que bajo la sospecha- de estar incumpliendo tratados internacionales suscritos por él
mismo. Desde esa perspectiva y desde la perspectiva humanitaria y de solidaridad que ha caracterizado nuestra política y también la suya, señor Llamazares, en materia de atención al fenómeno de la extranjería, todo lo contrario de lo que se está
produciendo en la actualidad de facto, vamos de nuevo, seguramente con la misma suerte que en ocasiones anteriores, a apoyar con entusiasmo su petición.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Socialista, señor Martínez Olmos.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo va a apoyar la petición que realiza el señor Llamazares. La política de inmigración es una política importante desde el punto de vista del Estado y debería ser una política de Estado para que pudiera ser eficaz, creíble,
respetuosa con los derechos humanos en el territorio de España y en la Unión Europea, pero en esta legislatura, si algo ha quedado claro en el ámbito de Ceuta y Melilla con esta cuestión ha sido el desarrollo de una política unilateral, una política
en la que en algunos aspectos el Partido Popular se ha acercado mucho a las propuestas y las ideas del francés Le Pen. Ceuta y Melilla son ahora un ejemplo de situaciones que se enmarcan muy lejos de los principios de lo que debiera ser una
política de inmigración coherente con estos planteamientos que hay en la Unión Europea. Fíjense que precisamente esta tarde el comisario europeo para los Derechos Humanos está recibiendo a parlamentarios delegados en el Consejo de Europa, donde
están mis compañeros Àlex Sáez o Soraya Rodríguez, y les está transmitiendo su preocupación por lo que está pasando en el territorio de Ceuta y Melilla al hilo de este tipo de planteamientos que se traen a este debate. Por eso me parece
especialmente importante señalar que desde el año 2012, con un planteamiento de abandono de lo que son las políticas de cooperación al desarrollo para ir al origen también de los flujos migratorios y con un incremento de una política de enroque
hacia medidas defensivas como vallas o cuchillas, no estamos respondiendo a lo que son los requerimientos de los flujos migratorios en estos momentos, donde hay una parte importante de la movilidad de las personas que pretenden entrar en Europa como
consecuencia no solo de situaciones económicas difíciles en los países de origen sino también porque está habiendo conflictos que están dando lugar a un incremento de las peticiones de apoyo y asilo que están detrás de la movilidad de estas
personas. Eso requiere una política concreta de respeto a los derechos humanos pero también de cooperación al desarrollo que el Gobierno no ha efectuado.
Hemos tenido en este periodo incidentes graves y serios en Ceuta, donde en agosto pasado murieron varias personas, en una situación que no fue bien explicada por parte del Gobierno, y ahora estamos hablando del posible borrado de unas
imágenes porque probablemente se hayan producido excesos en el comportamiento que tiene que darse en un país democrático como es España, algo de lo que el Gobierno es responsable y tiene que dar cuenta. El Gobierno y el delegado del Gobierno en
Melilla tienen que dar cuenta de una situación que aparentemente ha podido vulnerar derechos humanos y no nos podemos permitir que esto no tenga la explicación política que también es obligatoria, lo que pasa es que estamos asistiendo a una
Diputación Permanente que no va a aceptar ninguna petición de las que hacen
los grupos de la oposición para que el Gobierno dé cuentas de nada. Parece que todo va perfecto y me he quedado muy tranquilo con la explicación que ha dado el señor Pujalte de que aquí venimos a aprender pero no a hacer debates políticos y
a que el Gobierno dé cuentas respecto a lo que tiene que hacer.
Ceuta y Melilla tienen problemas importantes que derivan de estas cuestiones, el Gobierno tiene que dar la cara y, si no es así, está contribuyendo a una política de inmigración que es profundamente equivocada y dirigida a hacer que los
problemas se enquisten. En Melilla, concretamente, el abandono de las políticas públicas en todos los aspectos está haciendo que se deterioren muchos ámbitos, también el de la seguridad ciudadana. Hoy los sindicatos policiales, la Guardia Civil y
los ciudadanos están preocupados por el incremento de la inseguridad y no hay una dotación adecuada de fuerzas de seguridad para hacer posible que los ciudadanos de Melilla se sientan tan bien como el resto de los ciudadanos de España. Por eso,
exigimos que el ministro dé la cara, que venga a explicar estas cuestiones que preocupan de la política de inmigración pero también las que tienen que ver con el fortalecimiento de la seguridad pública en ciudades como Ceuta y Melilla.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Martínez Olmos.
Por el Grupo Popular, señor García Hernández.
El señor GARCÍA HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi intervención tendrá dos coordenadas, una de procedimiento y otra de fondo, como no puede ser de otra manera. De procedimiento, no deja de sorprender que, desde un punto de vista meramente de tramitación parlamentaria y habida cuenta de
la fecha en que se produce este debate, no parezca lo más conveniente que se produzca esta convocatoria extraordinaria de la Comisión que debiera de producirse dentro de cuatro días. Desde el contenido de la petición, tampoco está justificada la
urgencia extraordinaria, puesto que de manera ordinaria y cuando las circunstancias del caso lo han requerido, tanto el propio ministro del Interior como el secretario de Estado han comparecido en esta Cámara a petición propia para dar cumplida
cuenta de todas las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Ceuta y Melilla. Por eso, tenemos que decir que incluso a esto se tienen que añadir las numerosas respuestas escritas del Gobierno en que se remarca -y aquí entramos en el
contenido- que España como Estado soberano e integrante de la Unión Europea tiene la obligación de vigilar y proteger sus fronteras. Esas obligaciones son de derecho comunitario, tanto del espacio Schengen como de la propia legislación nacional,
cuyo objeto es impedir el cruce de fronteras por puntos no habilitados, y los principios del uso de la fuerza son siempre de oportunidad, de congruencia y de proporcionalidad. Esa actuación se debe desarrollar velando por la seguridad de las
personas y el respeto a los derechos humanos y el acceso a la protección internacional, como bien recoge la Ley 4/2000.
Pero no es solo eso, nuestro marco legal es un marco moral, como no puede ser menos en una democracia. Nosotros hemos decidido ampliarlo y reforzarlo, y por eso todas las obligaciones nacionales lo son también europeas. Así, el artículo 79
y 80 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea hablan de esa política de inmigración completa, con visión de futuro y basada en la solidaridad, pero no por ello tiene que prestar más atención a una política eficaz de retorno y a una defensa
de derechos humanos, y eso en consonancia con el valor de la seguridad. Por lo tanto, ese es el espíritu que lleva a la lucha contra la inmigración ilegal en la Unión Europea. Así, tanto la Directiva de retorno como las normas de procedimientos
comunes o las propias directivas para sancionar a los empleadores que no respetan la prohibición de dar empleos a aquellos inmigrantes ilegales está en la transversalidad del respeto a los derechos humanos, como son las propias conclusiones de los
Consejos Europeos que marcan como objetivos clave de la Unión Europea la construcción del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia sin fronteras interiores, que hace que se defiendan plenamente las fronteras exteriores.
Todas estas dimensiones caen en la insignificancia si no entendemos tres coordenadas que llevan a la presentación de la petición de esa comparecencia y son las graves irresponsabilidades que se derivan de intentar favorecer un sistema que no
sea el actual. Un sistema que no sea el actual probablemente premiaría la inmigración ilegal. Una cosa que no deja de causar estupor y disgusto son las sombras que planean siempre desde ciertos grupos de desconfianza hacia las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, que son los que nos protegen, los servidores de la ley, de los ciudadanos, de nuestra libertad y de nuestra democracia. Este partido sabe que la presunción de legalidad está siempre del lado del que aplica la ley y tiene un
entrenamiento y unas coordenadas morales para aplicarla. Nosotros despejaremos esas dudas siempre sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque reconocemos su dedicación a la
defensa de lo que somos, de nuestros valores y de la seguridad necesaria para que todos podamos vivir en paz y en libertad. Esa sombra también la agrandan ustedes queriendo mostrar que hay una preferencia por el uso de la violencia por
nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no se les reconoce lo que nosotros desde el Partido Popular sí les reconocemos, una dedicación a España y a los españoles en condiciones humanas durísimas, que exigen y demandan nuestro
reconocimiento firme y para ello debe servir esta intervención. Porque la justicia por definición exige de la prudencia, sopesar e investigar, y nunca la prisa ni el prejuicio. ¿Por qué tienen ustedes esta urgencia? Esta urgencia solo puede
servir a una coordenada demagógica, que es la desproporción, porque la humanidad nos preocupa a todos, la paz y la prosperidad, pero nosotros desde este partido reconocemos que la mejor forma de defender la humanidad es aceptar con humildad que la
providencia en su sabiduría nos hizo españoles y que la mejor forma que tenemos defender la paz es defender los intereses de los españoles, que es un pueblo solidario y generoso. Por eso todos sabemos que la urgencia se la dan esos movimientos que
se están produciendo en la izquierda y que ustedes necesitan sacar la mano para decir que están aquí presentes.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor García Hernández, tiene que finalizar.
El señor GARCÍA HERNÁNDEZ: Termino enseguida. Han intentado durante toda la legislatura transmitir la sensación de urgencia, de que nada funciona, pero este país ha levantado la persiana todos los días, con esfuerzos, sacrificios y
normalidad, que son la regla y no la excepción, y por eso muchas veces nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad están en la frontera no solo física, cumpliendo con su deber y con la ley.
Y para que ello conste, nuestra admiración por todos y cada uno de ellos por la extrema dificultad en que defienden la democracia y los valores de todos los españoles. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor García Hernández.
Pasamos a votar. Como saben sus señorías, lo único que voy a decir es el número que corresponde a cada una de estas peticiones.
Punto 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 27.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 27.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 27.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 27.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 27.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 27.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 27.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 27.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 27.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto número 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 27; abstenciones, 1.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto número 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 27.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto número 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 27.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto número 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 27.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto número 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 27.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto número 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 27; abstenciones, 2.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto número 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 27.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 27.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazado.
Punto número 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 27.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazado.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y cinco minutos de la tarde.