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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 249, de 16/12/2014
cve: DSCD-10-PL-249
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 249
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 234
celebrada el martes,
16 de diciembre de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página5)
Inclusión en el orden del día ... (Página5)
Debate relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional:
- Solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para la participación de Unidades Militares Españolas en la Operación Resolute Support en Afganistán. (Número de expediente 095/000006) ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 181-1, de 9 de mayo de
2014. (Número de expediente 122/000158) ... (Página5)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre mejoras en la prestación económica por hijo o menor acogido a cargo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 196-1, de 31 de octubre de 2014. (Número de expediente
122/000173) ... (Página18)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consolidación de un marco laboral de calidad para los contratos formativos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 564, de 21 de noviembre de 2014. (Número de
expediente 162/001084) ... (Página29)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en práctica de un plan contra la explotación laboral. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 568, de 28 de noviembre de 2014. (Número de expediente 162/001097) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política del Ministerio del Interior hacia Cataluña. (Número de expediente 173/000190) ... (Página46)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página53)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página54)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página54)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página5)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado en la Junta de Portavoces, la Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir mañana
miércoles la pregunta oral formulada por doña Soraya Rodríguez Ramos al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que se había aplazado, lo que se aprueba por asentimiento.
Asimismo, propone intercambiar el orden de debate de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes, de manera que la correspondiente al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política del Ministerio del Interior
hacia Cataluña sea debatida en primer lugar, lo cual también se aprueba por asentimiento.
Inclusión en el orden del día ... (Página5)
La Presidencia somete a la Cámara la inclusión de un nuevo punto en la sesión del próximo jueves, que se debatirá en último lugar, relativo a la solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para la participación de Unidades
Militares Españolas en la Operación Resolute Support en Afganistán, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal (Orgánica) ... (Página46)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y los señores Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Castillo Calvín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Vuelven a hacer uso de la palabra la señora Rodríguez Ramos y el señor Tardà i Coma.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre mejoras en la prestación económica por hijo o menor acogido a cargo ... (Página18)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia, y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; así como las señoras Carcedo Roces, del Grupo Parlamentario Socialista, y Torrado de Castro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página29)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consolidación de un marco laboral de calidad para los contratos formativos ... (Página29)
Defiende la proposición no de ley la señora Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición las señoras Oramas González-Moro y Fernández Davila, del mismo grupo; los señores Coscubiela
Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y De la Rocha Rubí, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Méndez Monasterio.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en práctica de un plan contra la explotación laboral ... (Página37)
Defiende la proposición no de ley el señor Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe, la señora Fernández Davila y el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo
Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como la señora
Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página46)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política del Ministerio del Interior hacia Cataluña ... (Página46)
Defiende la moción el señor Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Corcuera Plaza, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia, y Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, así como la señora Montserrat Montserrat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra el señor Guillaumes i Ràfols.
Intervienen el señor Macias i Arau del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Montserrat Montserrat.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página53)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal (Orgánica), se rechaza
por 151 votos a favor más 1 voto telemático, 152; 171 en contra más 1 voto telemático, 172, y 7 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre mejoras en la prestación económica por hijo o menor acogido a cargo, se rechaza por 156 votos a favor más 1
voto telemático, 157; en contra 176 más 1 voto telemático, 177.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página54)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consolidación de un marco laboral de calidad para los contratos formativos, se aprueba por 183 votos a favor, 11 en contra y 138
abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en práctica de un plan contra la explotación laboral, se rechaza por 139 votos a favor, 175 en contra y 18 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página54)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política del Ministerio del Interior hacia Cataluña, con la inclusión de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, se rechaza por 148 votos a favor, 177 en contra y 7 abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Vamos a repasar el orden del día porque, de acuerdo con el Reglamento y la Junta de Portavoces, hay tres asuntos previos. Como primer asunto, esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de
incluir mañana miércoles la pregunta oral formulada por la diputada doña Soraya Rodríguez Ramos al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que se encontraba aplazada. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
Como segundo asunto previo, se propone al Pleno modificar el orden del día en el sentido de intercambiar el orden de debate de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes, de manera que la que figuraba como punto 7 -la tercera de
las mociones, que corresponde al Grupo Catalán (Convergència i Unió)- sea debatida en primer lugar. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
DEBATE RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN POR LA CÁMARA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17.1 DE LA LEY ORGÁNICA 5/2005, DE 17 DE NOVIEMBRE, DE LA DEFENSA NACIONAL:
- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE UNIDADES MILITARES ESPAÑOLAS EN LA OPERACIÓN RESOLUTE SUPPORT EN AFGANISTÁN. (Número de expediente 095/000006).
El señor PRESIDENTE: Y finalmente, el tercer asunto previo es la inclusión de un nuevo punto en la sesión del jueves 18 de diciembre, que se debatirá en último lugar, relativo a la autorización por el Congreso de los Diputados de la
participación de unidades militares españolas en la operación Resolute Support, en Afganistán. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, RELATIVA A LA JUSTICIA UNIVERSAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000158).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar entonces con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, que
es orgánica. Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra la señora Rodríguez Ramos.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, presidente.
Señorías, subo a la tribuna para solicitar en nombre del Grupo Socialista la admisión y la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la
jurisdicción universal. Esta proposición de ley pretende modificar los apartados 2 y 4 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la derogación de los apartados 5 y 6 de este mismo artículo y la derogación, en una disposición
derogatoria, de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial relativa a la justicia universal.
Es necesario, señorías, proceder a la derogación urgente de la Ley 1/2014 y reponer la situación al estado en el que se encontraba para que la jurisdicción universal siga siendo efectiva en España. La reforma, aprobada recientemente con los
únicos votos del Grupo Parlamentario Popular, representa un retroceso inadmisible en la lucha y la defensa de las violaciones de los derechos humanos y un menoscabo de la jurisdicción universal, cuyos principios inspiradores no son otros que la
lucha contra la impunidad de los crímenes más graves contra la humanidad. Señorías, la reforma de la ley, recientemente aprobada y en vigor, es claramente inconstitucional. Presentamos un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley por
vulneración del artículo 24 -la tutela judicial efectiva- de la Constitución, del artículo 9.3 -la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad en los poderes públicos-, del artículo 125 -el principio de la acción popular ante los
tribunales-, del artículo 117
-de exclusividad de la potestad jurisdiccional- y del artículo 14 de la Constitución -el principio de igualdad-.
El principio de jurisdicción universal, señorías, atribuye a los tribunales la capacidad de perseguir y enjuiciar una serie de graves crímenes que, independientemente del lugar de su comisión y de la nacionalidad de los autores, atentan
contra la comunidad internacional en su conjunto. Existe precisamente el consenso en la comunidad internacional de que estos crímenes que golpean la conciencia de la humanidad han de ser castigados en un compromiso de todos los Estados, que tienen
el deber y la obligación de investigar, perseguir y condenar. Es una conquista irrenunciable para cualquier Estado, para cualquier demócrata y representa un gran avance en la defensa de los derechos humanos. Son crímenes contra la comunidad
internacional que requieren respuesta y castigo de la comunidad internacional. Señorías, tras la ley vigente hoy en España, la jurisdicción universal ha sido ciertamente estrangulada, vulnerada. En estos momentos no es posible en nuestro país
ejercer el principio de la tutela judicial efectiva contra estos crímenes tan graves. Para que realmente podamos hacer un debate centrado en lo que está pasando en nuestro país, quisiera llamar a la reflexión del Grupo Parlamentario Popular y
debatir sobre la situación que se da hoy en día ante los juzgados y tribunales españoles. Señorías, tres categorías de víctimas, diecisiete supuestos de perseguibilidad en delitos contra la humanidad. Cuanto más grave es el delito, más obstáculos
y más condiciones de perseguibilidad ha colocado y ha impuesto la reforma hoy vigente. En los crímenes contra la humanidad, de genocidio, lesa humanidad y contra los bienes y personas en casos de conflicto armado, solamente se puede proceder en
España contra ellos si el autor o presunto autor es de nacionalidad española; siendo extranjero, solamente si reside -no si se encuentra- habitualmente o, si no reside, si encontrándose en España se ha denegado una petición de extradición. Si no,
aunque la víctima sea española, no es posible acudir a los tribunales españoles y abrir un procedimiento para el esclarecimiento, la búsqueda y la persecución de los culpables. Además, en los delitos que afectan a la violencia de género, a la
integridad sexual, delitos de trata, delitos que afectan a los menores con graves atentados contra su integridad como las mutilaciones genitales, ustedes han incluido un requisito de perseguibilidad, como es la presentación de querella, o bien por
la víctima o por el ministerio público, prohibiendo que pueda abrirse un procedimiento a través de denuncia o del ejercicio de la acción popular. A partir de ahí hay diecisiete supuestos de perseguibilidad. No puedo enumerar ahora todos los que
son en el tiempo que tengo, pero les pongo un solo ejemplo para que vean que la falta de racionalidad, la falta de proporcionalidad, solamente tiene una explicación: ustedes han querido impedir que en España se puedan abrir causas por estos graves
crímenes a través del ejercicio de denuncia de las partes o de la acción popular de cualquier grupo. En la persecución de un delito sobre alteración de productos de medicamentos, aprobada por una resolución del Consejo de Europa, en España se puede
proceder, si la víctima es española, sin necesidad de querella o de denuncia, pero por genocidio no es posible. Ni tan siquiera el principio de que la víctima sea española ha servido para que se pueda proceder al mismo.
Señorías, la reforma recientemente aprobada y en vigor en España ha introducido inseguridad jurídica. Se lo dijimos claramente en esta tribuna antes de que la aprobaran. La inseguridad jurídica consiste en que conozcamos cuáles son las
consecuencias previsibles de la observancia de una norma y de su aplicación por los tribunales. Pues bien, qué mejor y más claro ejemplo de inseguridad jurídica que nada más aprobarse esta ley y publicarse en el Boletín Oficial del Estado la
sociedad española tuvo que asistir con estupor a cómo treinta presuntos narcotraficantes que se encontraban en prisión por ser presuntamente autores de gravísimos delitos, a los que hubieran correspondido gravísimas penas, fueron excarcelados por
los tribunales españoles en aplicación de esta norma, dejando atrás todos los esfuerzos de recursos humanos y materiales para aprehender a estos presuntos criminales. Inseguridad jurídica es que una norma aprobada en el Boletín Oficial del Estado
no sea aplicada por los jueces y tribunales. Les dijimos que la disposición derogatoria que establecía que, una vez aprobada esta norma en el Boletín Oficial del Estado, deberían cerrarse todos los procedimientos abiertos en virtud del principio de
jurisdicción universal en los tribunales españoles, objeto fundamental de la reforma, respondiendo a presiones de otros países, no iba a ser posible, porque, además de ser inconstitucional por una injerencia inadmisible del Poder Legislativo en el
Poder Judicial, significaba el principio de retroactividad de derechos individuales desde el punto de vista de las víctimas, claramente prohibido por nuestro ordenamiento jurídico. Eso ha sucedido porque, nada más ser aprobada esta norma, el 17 de
marzo de 2014 el Juzgado de Instrucción Central número 1 de la Audiencia Nacional dictó un auto disponiendo la inaplicación de la reforma en el sumario que se conocía en ese juzgado, el 27/7, el conocido por todos como caso Couso. Y lo hizo
alegando que
los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado no pueden estar sometidos a un requisito de perseguibilidad contradictorio con la IV Convención de Ginebra. Por tanto, el caso seguía abierto y se continuaba
con la instrucción. El ministerio fiscal recurrió y la Audiencia Nacional dio la razón al juez de instrucción. Después de esta resolución vino el 31 de marzo la de 2014 en relación con el asesinato de los jesuitas, Ellacuría, en la universidad de
El Salvador. A continuación vinieron otras: 20 de mayo de 2014, también la conocida como el caso Guatemala, alegando el título de principio internacional de defensa de los derechos humanos para continuar con el sumario. A continuación vinieron
también otras de juzgados centrales, como la del caso Guantánamo o la del Sáhara, en la que los archivos no se han cerrado y continúan su instrucción. Esto es un claro caso de inseguridad jurídica.
Señorías, además esta reforma hoy vigente ha colocado a nuestro país en un claro incumplimiento de las obligaciones internacionales que hemos asumido con la firma de más de seis convenios internacionales. Señorías, no conocimos en esta
tribuna, cuando se habló de la reforma de la ley, cuál era la posición del Gobierno, porque precisamente se utilizó una proposición de ley del Grupo Popular para que el Gobierno no tuviera que subir a esta tribuna a defender semejante reforma y
también para eludir informes preceptivos y necesarios, tal y como estipula el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que hubieran requerido el informe del Consejo General del Poder Judicial y el informe del Consejo de Estado. Nosotros
lo pedimos; ustedes lo denegaron. Con posterioridad, conocimos cuál era la posición del Gobierno y la filosofía que subyace en la reforma que ustedes aprobaron y que nosotros queremos denegar con nuestra proposición de ley. El ministro
Ruiz-Gallardón contestó a una pregunta en el Senado en relación con los objetivos de esta reforma. Dijo muchas cosas, pero voy a señalar las que me parecen más importantes; dijo que la jurisdicción universal era inútil porque en veinte años no
había habido una condena. Dijo que la jurisdicción universal lo único que perseguía, tal y como estaba configurada, era colocar a España como gendarme del mundo para colocarse chapas. Pues bien, señorías, la jurisdicción universal no es inútil,
aunque no haya condena, no es inútil, porque la reparación de las víctimas no consiste solo en la condena, consiste en el derecho a la verdad, consiste en el derecho a conocerla, a perseguirla, a investigar. Bienvenidos sean todos los casos
abiertos contra crímenes contra la humanidad en los juzgados españoles en virtud de este principio. Además, no pretendemos ponernos ninguna chapa, lo que pretendemos es cumplir con obligaciones internacionales que nada tienen que ver con un
principio de subsidiariedad mal entendido o mal interpretado por el Gobierno y por el Grupo Popular. El propio estatuto de la Corte Penal Internacional dice que la Corte Penal Internacional tiene una competencia complementaria de las legislaciones
y las jurisdicciones nacionales, porque lo que asumimos en la comunidad internacional es una voluntad colectiva de luchar contra estos graves crímenes contra la humanidad. El Tribunal Penal Internacional tiene también limitaciones a su
jurisdicción: la primera es una espacial, puede actuar en aquellos Estados que son parte; la segunda es temporal, a partir de su entrada en vigor y por lo tanto de su capacidad para conocer de estos asuntos. Los Estados de la comunidad
internacional que han firmado los convenios de Ginebra de 1949, todos los convenios en la lucha contra estos crímenes, estos delitos, han asumido una obligación que tienen que cumplir. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Internacional de
Derechos Humanos han dicho de forma reiterada y de forma clara que España tiene obligación de actuar, de perseguir y de cumplir las obligaciones de estos tratados internacionales. En estos momentos han colocado a España y a los españoles en una
situación en la que en cualquier momento podemos ser denunciados en la comunidad internacional por el incumplimiento de estas importantes obligaciones y graves incumplimientos en los que ahora mismo estamos.
Finalizo, señorías, porque ya no tengo tiempo, recordando lo que decía Tolstoi al empezar el libro de Ana Karenina: todas las familias felices se parecen, las infelices lo son cada una a su manera. Señorías, las víctimas de estos delitos
todas se parecen, da igual el color de piel, da igual la nacionalidad, da igual la raza, da igual su edad; todas son iguales, todas han sido agredidas en su integridad personal, moral, es el rostro del mismo sufrimiento. Sin embargo, los verdugos
y los asesinos cada uno lo son a su manera, en la paz o en la guerra, como líderes de Estados donde no gobierna el derecho sino la fuerza, o como líderes de grupos terroristas o de guerrillas insurgentes. Lo único que pretende la jurisdicción
internacional es que los asesinos y los verdugos se parezcan todos cuando estén sentados ante un tribunal como reos, despojados de la impunidad. Lo que quiere la jurisdicción universal es que todos sean iguales ante la ley de una comunidad
internacional gobernada por el derecho. La ley anterior, que es la que pretende reponer la situación con esta proposición de ley, permitía que en España estos graves crímenes contra la humanidad, todos los que están recogidos en los convenios
internacionales que hemos firmado, pudieran ser conocidos en España, siempre que la víctima fuera española, por supuesto, cuando el presunto autor
se encontrara en territorio español o nunca acumulativo o cuando hubiera una conexión entre el hecho perseguido...
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez, tiene que acabar.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: ... y los intereses del Estado español. Hoy les pido que reflexionen, que den lugar a la tramitación de esta proposición de ley y que repongan en parte la dignidad de un Parlamento que no tuvo tiempo de debatir,
de presentar enmiendas y de reflexionar conjuntamente sobre lo que esta reforma suponía para las víctimas, para la comunidad internacional, pero, no lo olviden, también para el Estado español, para nuestra marca fuera y para todos los españoles que
llevamos un pasaporte como españoles que colocan a nuestro Estado como un puerto seguro para muchos criminales, para muchos verdugos, y deja de ser un puerto de esperanza para muchas víctimas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, señorías, no queremos dejar pasar la oportunidad de posicionar al Bloque Nacionalista Galego en relación con esta proposición de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista porque,
señorías, conocen la posición que tuvo nuestro grupo en relación con la modificación de ley de la jurisdicción universal aprobada por la mayoría parlamentaria en estas Cortes Generales. De acuerdo con esa posición, nuestro grupo va a votar
favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley porque, además de compartir muchas de las cuestiones que en ella se plantean -y digo muchas porque nos gustaría ir más allá de lo que expone la propuesta- creemos que su toma en
consideración, como acaba de decir la proponente, nos permitiría tener un debate que nos hurtó el proyecto de ley de modificación del Gobierno. Por eso vamos a votar favorablemente y porque creemos que esa limitación, ese recorte, esa restricción
que el Gobierno ha hecho de la jurisdicción universal en el Estado español es gravoso, no solo para las víctimas sino para el concepto de justicia y, sobre todo, de justicia universal. Entendemos que si todos los Estados hicieran lo mismo que hizo
el Gobierno del Estado español estaríamos ante una situación en la que los delincuentes y, sobre todo, los criminales -sean o no criminales contra los derechos humanos-, se sentirían impunes y, por lo tanto, más libres para actuar y delinquir. Por
eso, entendemos que sería conveniente retomar esta cuestión y debatirlo de nuevo para volver a la situación anterior.
No quiero dejar de recordar -algo ha dicho al respecto también la señora proponente de esta iniciativa- un escándalo que la propia modificación de la justicia universal provocó en el Estado español, que fue la excarcelación de los
narcotraficantes. Supongo que a sus señorías -las señorías del grupo mayoritario- les habrá llegado la opinión popular de que, así como cuando debatimos la propuesta del Gobierno planteábamos que parecía que estaba condicionada por las presiones de
determinados Estados -en aquel momento hablábamos del Estado chino-, mucha gente se preguntó si el Gobierno no estaría coaccionado por los poderes del narcotráfico, a la vista de la cantidad de narcotraficantes que fueron excarcelados. Menos mal
que el Supremo tuvo la voluntad de analizar la ley y buscar una interpretación completamente distinta de la que había hecho la Audiencia Nacional. Pero, a día de hoy, señorías, no sabemos cuál es la situación de aquellos narcotraficantes -o
supuestos narcotraficantes- detenidos que fueron liberados y, por lo tanto, no solamente quedó sin impartirse la justicia, sino que se desbarató todo el trabajo que hizo posible la detención de estos delincuentes. Por lo tanto, quiero manifestar de
nuevo nuestra posición favorable a la toma en consideración de esta propuesta de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señoría, señora diputada socialista, su intervención me ha provocado una gran indignación, porque tengo muy presente el debate del año 2009 cuando ustedes, conjuntamente y de acuerdo con el Partido Popular, empezaron a cargarse la justicia
universal alarmados por el caso Pinochet, alarmados por la sentencia condenatoria de Carballo y Scilingo, dos militares torturadores en la dictadura argentina y
porque entendían que la sociedad española, la democracia española, había llegado demasiado lejos. Recuerdo el debate de 2009; les recordamos entonces en el debate que lo que ustedes hacían -abrir la puerta a cargarse la justicia universal-
no era otra cosa que el preámbulo de lo que acabarían haciendo ellos cuando gobernasen, porque se pusieron de acuerdo en el año 2009. (Rumores.-La señora Rodríguez Ramos hace signos negativos). Ciertamente, luego el Partido Popular remató la
jugada. Ustedes tuvieron miedo de que a la Audiencia Nacional llegara alguna causa a raíz de la vulneración de los derechos humanos en Palestina por parte del ejército israelí. Ellos estuvieron condicionados por China, por Estados Unidos y por una
causa abierta en la Audiencia Nacional en la que por primera vez existía la posibilidad de que dos nazis, dos ex SS que estaban en Estados Unidos fueran extraditados al Estado español porque habían cometido delitos de lesa humanidad asesinando a
republicanos españoles. Como ellos remataron la jugada no ha sido posible alcanzar este objetivo, que hubiera sido una brecha al modelo español de impunidad; y ahora ustedes nos vienen con esta proposición de ley.
Hace pocos días, en este mismo Parlamento, hubo una reunión a la cual asistieron todas las entidades que en el Estado español dan apoyo a la querella argentina, los abogados y representantes de distintos grupos parlamentarios, desde el PNV
hasta el Grupo Mixto. ¿Quién faltaba en esta reunión? El Partido Socialista. Es decir, la única esperanza que se ha abierto en el mundo gracias a la sociedad argentina, gracias a la judicatura argentina, a fin y efecto de poder reparar finalmente
a las víctimas del fascismo en el Estado español, ustedes la están saboteando, están dinamitando la querella argentina (Protestas.-La señora Rodríguez Ramos: ¡Hombre, por favor!). Luego yo me pregunto... (Continúan las protestas). Sí, sí,
protestad todo lo que queráis, protestad lo que queráis, no tenéis perdón, porque estuvisteis dos legislaturas gobernando... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, está hablando el orador.
El señor TARDÀ I COMA: Sí, sí, sí, apunten lo que tengan que apuntar. Estuvieron dos legislaturas gobernando y ustedes ofendieron a las víctimas porque no las reconocieron jurídicamente como víctimas. Y yo les digo que el mayor ataque que
hay a la justicia universal es el mantenimiento del modelo español de impunidad que han consagrado ustedes y ustedes, a la par, al alimón. De manera que nosotros no vamos a votar en señal de protesta, porque estamos ofendidos, porque las víctimas
del fascismo y del franquismo están ofendidas. No vamos a votar ni a favor ni en contra ni nos vamos a abstener. (La señora Vázquez Morillo: Ya sabemos dónde estás). Sí, sí, repito, las víctimas están ofendidas...
El señor PRESIDENTE: ¡Señora Vázquez!
El señor TARDÀ I COMA: ... y si no les gusta escucharlo, se aguantan. (Risas.-La señora Aguilar Rivero: A ver si cuando se meta con vosotros os reís también).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, compartiendo muchas, muchísimas de las argumentaciones que se han dado por parte del compañero Tardà, nosotros en cualquier caso votaremos a favor de esta proposición para posibilitar que este
debate siga dándose en este Parlamento porque nos parece importante. Aun con todo, no podemos por menos que recordar también este fuerte recorte que por parte del anterior Gobierno se produjo en esta materia, en materia de justicia universal,
posibilitando que aquí se utilicen dos varas de medir a la hora de analizar los crímenes contra la humanidad, el genocidio, las torturas, etcétera, según que quienes los cometan sean los mayores vulneradores de derechos humanos existentes en el
planeta, como son Estados Unidos o Israel, o sean otros países del llamado tercer mundo.
En la proposición de ley del Grupo Socialista se hace referencia e hincapié, con razón, en que es necesario perseguir estos delitos cuando se den fuera del territorio español, ¿pero qué pasa cuando se dan aquí? Textualmente se dice que con
este proyecto de ley del Gobierno el Estado español va a ser un puerto seguro para muchos criminales. Señores y señoras del PSOE, muchos criminales genocidas se pasean hoy tranquilamente por las calles del Estado español como consecuencia de leyes
que en su día fueron aprobadas por el Partido Socialista. Ya se ha hecho referencia a la querella argentina, hay veintiuna personas imputadas, policías, guardias civiles, exministros del Gobierno, jueces, fiscales, militares que están
tranquilamente andando por la calle tapados con el paraguas de una Ley de Amnistía que ustedes
aplaudieron y votaron de una forma entusiasta en su día. Y cuando han estado ustedes en el Gobierno no se han preocupado en modo alguno de abrir la más mínima rendija para que toda esta gente hubiera podido ser juzgada por estos crímenes
contra la humanidad por los cuales están siendo imputados ahora por la justicia argentina.
Hay que decir algo también de aquellos a quienes citan ustedes, de los magistrados de la Audiencia Nacional: cinco de ellos ahora protestan y son críticos porque les están sustrayendo de sus competencias y de sus cajones algunos casos que
están llevando y piensan que ellos tienen que ser agentes activos en la persecución de este tipo de delitos. Pues bien, la pregunta es la misma: ¿por qué estos señores magistrados se rasgan ahora las vestiduras o las togas o lo que les dé la gana
en relación con esto y no han perseguido de una forma concreta a Billy el Niño o al capitán de la Guardia Civil Muñecas cuando los han tenido allí delante y los han dejado en la calle en libertad? Estos señores magistrados de la Audiencia Nacional
van a hacer lo mismo con los diecinueve ministros criminales de Franco, jueces, fiscales y militares a los que ahora tienen allí y que muy previsiblemente también van a dejar sueltos. Y esto gracias también a actuaciones del Partido Socialista en
1977 y en décadas posteriores. Que yo sepa, si estamos hablando de justicia universal, el Estado español es parte del universo universal, así que ¿por qué tienen que darse estas excepciones tan frontales? El mayor genocidio que se ha producido en
Europa en los dos últimos siglos ha sido el del Estado español y no ha habido ningún tipo de responsabilidad depurada. Todo esto ha sido cubierto con el paraguas de la Ley de Amnistía, ley de punto final de 1977.
Termino. Si las torturas son calificadas como un crimen contra la humanidad, ¿por qué tampoco ha sido tocado esto por parte del Partido Socialista -no voy a mencionar al Partido Popular en esta materia, mejor lo dejamos para otro día-,
existiendo mandatos concretos del Tribunal de Derechos Humanos de Europa, de la ONU, condenando expresamente el régimen de incomunicación que facilita la práctica de torturas y el encubrimiento de todos los torturadores? ¿Por qué no ha sido
extirpado de la normativa penitenciaria española por parte del Partido Socialista? Esto es algo que también hay que oír cuando el Grupo Socialista desde esta tribuna hace referencia a vulneraciones graves de la justicia universal, de derechos
humanos, de crímenes contra la humanidad, etcétera.
Termino. Poco esperamos del Partido Popular en esta materia. La proposición que traen es una aberración desde el punto de vista de los derechos humanos, pero, señores del Grupo Socialista, basta ya de mirar hacia otro lado cuando estas
acciones, estos crímenes, estas vulneraciones de derechos humanos se practican en el Estado español. ¡Basta ya de taparlos!
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadra.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Rodríguez, permítame que la felicite por su intervención y por el contenido de su proposición de ley. En todo caso, tengo que decirle que no están ustedes cargados de legitimidad absoluta en esta materia. Se han citado varios
ejemplos anteriormente y no sé hasta qué punto intentan ustedes mediante estas correcciones parciales del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que consiguió el Partido Popular a través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del año 2014, amortizar el propio concepto, la propia noción de justicia universal. No sé hasta qué punto esto se compadece con determinadas actitudes mantenidas por su grupo parlamentario en relación con cuestiones que han sido citadas
aquí.
Señora Rodríguez, en cuanto a la justicia universal, me gustaría que compartiese conmigo el siguiente concepto. Justicia universal es aquella relacionada con determinados crímenes que vulneran por su dimensión, por su carácter aberrante,
por su refutación universal, la conciencia del universo en su conjunto y están previstos y tipificados por distintos convenios. Están tipificados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Penal español y no se compadecen con algunas
actitudes que han sido citadas aquí, por ejemplo, en relación con los crímenes del GAL o con la excarcelación de algunos generales de la Guardia Civil, que han provocado lo que podríamos calificar manifiestamente como una amnistía extra foman. Esto
va también contra la justicia universal y afecta en la nueva regulación del Partido Popular, en materia de lesa humanidad, a los criminales españoles, de nacionalidad española o que residen habitualmente en España, a los cuales se les ha negado por
un tribunal español la extradición pasiva. Este es el concepto de extradición universal y esas son las excepciones acometidas por el Partido Popular, ninguneando o dejando prácticamente en papel mojado la justicia universal como concepto; justicia
universal que constituía uno de los grandes avances en materia de justicia para la represión de los delitos más graves de la humanidad, que representaban -a tenor del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial- delitos de la gravedad del genocidio, de lesa humanidad, contra las personas, bienes protegidos en caso de conflicto armado. Esto no es posible salvo que se trate en el Estado español de una persona residente en España, con
nacionalidad española, que resida habitualmente en España o cuya extradición haya sido denegada por un órgano judicial español, según la reforma del Partido Popular.
Esto usted lo remueve, y lo ha argumentado brillantemente, y esta remoción es necesaria para recuperar parte de la noción amplia de justicia universal. Pero mientras usted no me garantice que por justicia universal entiende lo siguiente:
cualquier crimen contra la humanidad puede ser perseguido en cualquier país donde se encuentre el comitente, cualquiera que sea su nacionalidad y por cualquier órgano judicial, ustedes no tendrán credibilidad absoluta para realizar las invocaciones
que tan brillantemente, con su facundia característica, ha realizado. Y sobre esto me tendría que garantizar que cualquier persona, en cualquier país, en cualquier órgano judicial, cualquiera que sea su nacionalidad o su lugar de residencia, si
comete delitos de genocidio o de lesa humanidad contra las personas, bienes protegidos en casos de conflicto armado, terrorismo, delitos de tortura, contra la integridad moral -previstos en el Código Penal español-, delitos de piratería y
cualesquiera de los delitos previstos en el Convenio contra la represión de actos ilícitos, hecho en Roma el 10 de marzo de 1968; delitos previstos en el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, hecho en La Haya en el año
1970, y todos los demás que usted no ha glosado porque es una lista muy larga, mientras ustedes no me garanticen que en la dialéctica entre la razón de Estado o, lo que es peor, en la dialéctica entre razones económicas contra el concepto de
justicia universal no va a primar siempre la justicia universal contra la razón de Estado o contra las razones de naturaleza económica, carecerán de credibilidad cuando mantienen estas propuestas.
En todo caso, tengo que adelantarle que vamos a votar favorablemente porque es un avance sobre el retroceso de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por las razones que usted ha comentado perfectamente. ¿Por
qué se presentó una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de justicia universal? Seguramente para evitar los informes preceptivos que esta reforma no hubiese podido sortear: el del Consejo General del Poder
Judicial y el del Consejo de Estado. Se hizo así y por razones espurias, por razones bastardas que seguramente no hace falta glosar porque en la mente de todos está cuáles son esas razones, vinculando la justicia universal a tres elementos
limitativos que convierten la justicia universal en el Estado español en una noción meramente retórica, meramente estética: que el comitente del delito tenga nacionalidad española, que resida habitualmente en España o que su extradición haya sido
negada por un órgano judicial español. Lo que pasa es que tienen ustedes por su historia ese déficit de credibilidad, déficit de credibilidad que puede estar en estos momentos removido; ya sé que ustedes han acometido una reforma de sus
estructuras, una reforma generacional, una reforma de sus líderes políticos. Pueden en este momento pensar en otras cosas. Pero, mire, ustedes son un partido de Gobierno, son alternativa al Gobierno y con la pretensión de gobernar probablemente.
Y cuando nos hemos encontrado con la dialéctica entre la razón de Estado y la justicia universal, con mucha frecuencia ustedes han optado por la razón de Estado contra la justicia universal y con mucha frecuencia nosotros nos hemos encontrado con
que ustedes han acometido lo que en términos metajurídicos podríamos decir amnistías extra forman sobre delitos cometidos por personas, por el Estado, por órganos parapoliciales, por órganos policiales y por el propio Ministerio del Interior bajo el
Gobierno o Gobiernos del Partido Socialista. Desde esa perspectiva me gustaría creer que ustedes creen -valga la redundancia, señor presidente- de verdad en la justicia universal como concepto y que la reforma de estos dos preceptos de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, que evidentemente conceptualmente son razonables y acogerían todos los casos de crímenes cometidos contra la humanidad, los van a aplicar de verdad. Pero tendremos que ver, si llegan a gobernar, que realmente son
congruentes con estos posicionamientos que con tanta vehemencia y con tanta brillantez ha defendido hoy. Son muchos los crímenes contra la humanidad. Pero los crímenes contra la humanidad no siempre son fáciles de dilucidar en el ámbito de los
tribunales de justicia. Mire lo que está pasando con la juez Servini y su pretensión de enjuiciar a determinados mandatarios del tardofranquismo incriminados en crímenes de lesa humanidad, que la orden de detención preventiva o de búsqueda y
captura contra los mismos no se cumple mediante procedimientos tramposos. Basta con remitir a la Secretaría General de la Interpol una alegación de las previstas en la resolución del año 2010, con lo cual la Interpol establece una orden de
persecución con una etiqueta roja que supone que solo si estas personas acuden a Argentina pueden ser enjuiciadas allí. Lo cual supone una subordinación de un órgano judicial en el ejercicio de sus legítimas competencias en materia de jurisdicción
universal a instrucciones de la policía, a instrucciones gubernamentales. Me gustaría saber que ustedes no creen en esto para que tengan credibilidad para defender una proposición sobre la
justicia universal. Porque si no somos claros en estas materias, si no somos claros en una convicción profunda, sincera, real y fácticamente demostrable de que creemos todos en la justicia universal, la justicia universal como concepto no
podrá avanzar y la razón de Estado seguirá imponiéndose sobre ella. Ojalá no sea así.
No sé si ustedes van a gobernar, quién va a gobernar la próxima legislatura, si van a gobernar muchos, pocos o los que fueran. La justicia universal no es algo moldeable y adaptable a requerimientos de coyuntura. La justicia universal es
algo mucho más importante que la razón de Estado. Nos gustaría que ustedes acreditasen la credibilidad suficiente. En todo caso, vamos a votar afirmativamente. Lo que hizo el Partido Popular, evidentemente, no es presentable, es una amortización
del concepto de jurisdicción universal que ustedes recuperan razonablemente bien, pero además hay que demostrar que uno está dispuesto a asumir los requerimientos del ordenamiento jurídico también en el de la justicia universal.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, en primer lugar, mi grupo quiere dejar constancia de nuestro agradecimiento a los jueces especialmente y también a los fiscales de la Audiencia Nacional cuyo empeño ha permitido, desde que se aprobó la última reforma -en la
práctica el desmantelamiento de la jurisdicción universal-, minimizar los daños causados por esa barbaridad legal. Ha permitido acotar y depurar las situaciones frente a las cuales se encuentran los jueces para llevar a cabo el ejercicio de sus
funciones. Estos jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han aquilatado algunas cuestiones importantes con respecto a la jurisdicción universal y gracias a ellos hemos podido saber y se ha podido precisar, de acuerdo con el
ordenamiento jurídico internacional, que nuestro país va a seguir persiguiendo la mutilación genital femenina cuando los autores o las víctimas tengan alguna vinculación con España. Este es un asunto que además de ser muy importante despertaba
enorme preocupación en la sociedad por el riesgo que hay de que niñas que residen en nuestro país viajen a su países de origen en verano y sufran esta mutilación. También estos jueces se han declarado competentes para seguir investigando la muerte
de José Ignacio Ellacuría y otras siete personas en El Salvador. Y, con ciertas salvedades, siguen abiertas las causas del cámara José Couso, las torturas en Guantánamo y el genocidio de Guatemala. Por tanto, queremos reconocerles a los jueces su
trabajo, su contribución y también a otros profesionales del mundo jurídico como fiscales y abogados, quienes desde distintas posiciones luchan por aprovechar cualquier resquicio legal que permite la legislación vigente -aprobada en marzo de este
año por el Gobierno- para tratar de seguir dando ejemplo del mejor aspecto del compromiso de nuestro país con la defensa de los derechos humanos y con la causa de la justicia.
Por desgracia, aquella reforma que perpetró el Gobierno del Partido Popular tiró por tierra la labor de décadas de nuestro país en pro de la justicia en caso de graves vulneraciones de los derechos humanos, en caso de delitos de lesa
humanidad, genocidio, terrorismo, crímenes de guerra, trata de seres humanos. El Gobierno la liquidó porque a la tiranía china le incomodaba el caso del genocidio del Tíbet y de esa forma indigna se puso también a nuestro país a las órdenes de un
país extranjero. Desde luego, la jurisdicción universal tal y como se practicaba en nuestro país, incluso desde el año 2009, supone incomodidades diplomáticas y nosotros somos conscientes de ello. En general la defensa de los derechos humanos le
puede suponer a cualquier Gobierno incomodidades diplomáticas, comerciales, políticas, etcétera. Por eso precisamente es tan simbólica como muestra de ese compromiso con la defensa de las víctimas y con la defensa de los derechos humanos por encima
de cualquier otra incomodidad.
Sucedió con esa reforma que en un momento en que otros países como Francia comenzaban a seguir los pasos dados por España, que ha estado durante lustros en la vanguardia de la defensa de esta jurisdicción universal, nuestro Gobierno decidió
deshacer ese camino andado. Por lo tanto, admitir a trámite esta proposición de ley no solo significa recuperar la jurisdicción universal para nuestro país en los términos en que estaba en la legislación desde el año 2009 en adelante, sino que
significa restablecer algunos principios políticos que desde nuestro punto de vista son fundamentales, uno de ellos es la soberanía, ya he hecho alusión a él. El problema con la idea de que un Gobierno como el chino, que además es una tiranía,
pueda dictar a este Congreso cómo reformar las leyes, incluso los plazos exprés en que reforma las leyes es sencillamente intolerable para una conciencia democrática razonable. Pero además hay un debate de fondo de principios democráticos. En el
gran debate mundial de estos principios
la cuestión de fondo que se está debatiendo, la batalla que se está librando es si China nos va a imponer a los Estados democráticos sus estándares en cuestión de derechos humanos o si los países democráticos vamos a conseguir que China se
contagie de nuestros estándares. Aceptar aquella reforma, impulsar en el caso del Gobierno aquella reforma de la jurisdicción universal significa tomar partido ya en esa batalla de parte de una tiranía como es la china.
Por último, hay una cuestión fundamental de contribuir a la impunidad. Se lo advertimos desde esta tribuna a distintos grupos, les advirtieron los fiscales de la Audiencia Nacional que quedarían en libertad de manera casi automática
narcotraficantes que habían sido apresados por España en distintas operaciones policiales. Y ocurrió, más de cincuenta fueron liberados y solo nueve han vuelto a ser puestos a disposición de la justicia. Con aquella reforma legal que llevó a cabo
el Gobierno lo que quedó claro es que el Gobierno estaba dispuesto a amparar a los grandes delincuentes, a los grandes corruptos, a los defraudadores, a los blanqueadores de dinero, a los genocidas, a los mafiosos, a los tiranos y que al mismo
tiempo estaba dispuesto a desamparar a las víctimas de gravísimos delitos, de esos que llamamos crímenes contra la humanidad porque ofenden a la humanidad entera. Por lo tanto, hablamos de todo esto cuando hablamos de jurisdicción universal. No
perdamos de vista que hablamos de las víctimas de todos estos delitos y no perdamos de vista que hablamos de principios políticos elementales: la soberanía, la democracia y la justicia.
Para terminar, nos parece que esta proposición de ley que trae aquí hoy el Grupo Socialista puede ser un buen punto de partida para una rectificación del atropello legal que cometió este Gobierno. Desde luego que la jurisdicción universal
ha servido de mucho y es irrelevante si ha habido sentencias o no, porque muchos de los procedimientos que se abrieron en España lo que provocaron fue que se abrieran en sus países de origen -y Guatemala es uno de esos ejemplos- procedimientos que
permitieran evitar la impunidad de los genocidas. Por eso creemos que es fundamental volver a traer este debate, creemos que es fundamental tener un debate pausado, que fue precipitado cuando en marzo el Grupo Popular planteó esa reforma, y aunque
no compartamos la totalidad de los términos en como se nos plantea esta proposición de ley, pensamos, como decía Napoleón, que lo mejor es enemigo de lo bueno y lo bueno hoy sería adoptar esta proposición de ley, lo mejor sería desde luego mejorarla
y nosotros haríamos lo posible por enmendarla, y lo peor, sin ningún género de dudas, es seguir aceptando el cambio legislativo que introdujo el Partido Popular. Señorías, creemos de verdad que en este asunto de la jurisdicción universal España ha
estado en vanguardia en la persecución de crímenes gravísimos y creemos que el mundo nos sigue mirando y nos sigue esperando y no podemos fallar a las víctimas de estos crímenes tan graves.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Voy a cambiar a Tolstoi por Shakespeare y me voy a referir a Ricardo III, una tragedia cumbre de Shakespeare pero que desde el punto de vista histórico es todo mentira. Es una obra de arte basada en la mentira de Tomás Moro sobre Ricardo
III, su enemigo político. La intervención de hoy me ha parecido lo mismo, me ha parecido una gran intervención pero basada en supuestos dudosos, por lo menos. Porque, señorías, es verdad que el Grupo Parlamentario Popular, para eludir el control
de los órganos consultivos del Estado, llevó a cabo de forma torticera una reforma de la jurisdicción penal internacional que ha supuesto en definitiva la derogación de la jurisdicción penal internacional, y han tenido que ser los jueces, y en menor
medida los fiscales, de la Audiencia Nacional los que con interpretaciones diversas han mantenido abiertos los juicios que el Partido Popular quería cerrar por impulso de Gobiernos como el Gobierno chino. Señorías, un procedimiento inaceptable y
una medida de recorte de la jurisdicción penal internacional vergonzosa. Previamente, en el año 2009 -lo decía el señor Tardà-, los parlamentarios que formábamos parte de aquella Cámara vimos también avergonzados cómo a través de un mecanismo
torticero, de una enmienda parlamentaria, se introducía una restricción de la persecución penal internacional y para que fuese efectiva, para que esa persecución penal internacional pudiera continuar, se introducía una conexión material, es decir,
que la víctima tuviera conexión con nuestro país, que fuera española. Gracias a un tercer apartado de aquella enmienda -sin embargo, un apartado ambiguo- los jueces pudieron proseguir su labor de persecución penal internacional. En aquel momento,
el impulsor no era el Gobierno chino, era el Gobierno israelí. Señorías, qué quieren, ¿que establezcamos algún tipo de prelación, dependiendo del Gobierno que presione, para que no haya persecución penal internacional
de los crímenes contra la humanidad, o que la prelación sea quién empezó primero, si el Grupo Parlamentario Socialista a través de una enmienda torticera o el Grupo Parlamentario Popular a través de una iniciativa parlamentaria que soslayaba
el control de los órganos consultivos del Estado? No, señorías, nosotros no nos vemos, en términos de Shakespeare, eligiendo entre lo malo y lo peor -o, como él dice, delante está lo malo, atrás queda lo peor-, no queremos vernos obligados a
decidir en esa materia. Mi grupo parlamentario, ya que lo que se propone es una iniciativa para discutir la jurisdicción penal internacional y sobre todo la última reforma del Gobierno, va a votar a favor de discutirla pero en ningún momento vamos
a legitimar el punto de partida del año 2009, porque votamos en contra de esa reforma de 2009, por la forma y por el fondo, y de la misma manera votamos en contra de la última reforma del Partido Popular, por la forma y por el fondo. A aquella
restricción de 2009 que imponía la conexión material de la víctima, el Partido Popular impone dos restricciones más que prácticamente hacen imposible la persecución penal internacional, por una parte, que además de la víctima, el victimario sea
español o residente en España y, por otra parte, que el querellante sea la fiscalía, es decir, que no haya iniciativa popular en relación con la persecución de los crímenes contra la humanidad; en definitiva, la derogación de la jurisdicción penal
internacional.
Por si fuera poca la similitud para tapar, como si fuera una cortina, esta iniciativa o estas iniciativas de restricción, ambos grupos parlamentarios proponen, al mismo tiempo que restringen, extender la jurisdicción penal internacional y
abren un abanico para que esa jurisdicción tenga que ver con otro tipo de delitos. Los dos grupos parlamentarios hacen lo mismo, hacen una enmienda muy parecida para extender los delitos que son objeto de persecución penal internacional. Claro,
los dos saben que con la restricción es prácticamente imposible perseguir desde el punto de vista internacional esos delitos, sean los delitos restringidos de crímenes contra la humanidad o sean otro tipo de delitos. Por último, por si no fueran
suficientes las similitudes, lo que se pretende es un efecto retroactivo de la norma y una injerencia inaceptable en la independencia del Poder Judicial. Al igual que el Grupo Parlamentario Socialista pretendía acabar con la denuncia contra el
Estado de Israel, el Grupo Parlamentario Popular pretende acabar con las denuncias contra China, contra Israel y contra otros Estados en relación con los crímenes contra la humanidad, y lo refleja así, en una enmienda adicional, en la que pretende
que todas esas causas sean sobreseídas. Menos mal que la justicia existe y que los jueces han mantenido buena parte de esas causas; digo buena parte y no todas esas causas, porque algún efecto pretendían, y el fundamental lo han conseguido. (El
señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).
Señorías, por lo que se refiere a la intervención del señor Tardà, por supuesto que esta iniciativa tiene que ver con la persecución penal internacional de delitos en otros países y de delitos en nuestro propio país. Si nosotros no queremos
perseguir esos delitos, otros tendrán que perseguirlos. Ahí hay un debate abierto entre los derechos humanos y los compromisos en materia de derechos humanos del Estado español y la Ley de Amnistía. En ese sentido, también nos ayuda la querella
argentina tanto, como se decía, a recuperar la memoria como también a esclarecer las responsabilidades en nuestro propio país. Por lo tanto, nos parece que este tipo de críticas vienen a cuento.
Señorías, termino diciendo que mi grupo parlamentario, a regañadientes, va a votar favorablemente; a regañadientes porque no está de acuerdo con volver al punto de partida. Ante lo peor, no queremos volver a lo malo; nosotros queremos
volver a la jurisdicción penal internacional, no a la restricción de la jurisdicción que estableció el Grupo Parlamentario Socialista. Quiero terminar recordando, de la obra televisiva de ayer sobre el asesinato de Prim, la recreación de una
conversación con Benito Pérez Galdós. Son dos periodistas y alguien le dice a Benito Pérez Galdós: ¿Estaremos condenados siempre a repetir la historia? Y Benito Pérez Galdós, con una cierta confianza, creo que dice: Esta vez no, o espero que
esta vez no. Yo espero que esta vez tampoco.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió votará favorablemente esta proposición de ley, y lo hará no a regañadientes, como se decía ahora, lo hará desde la coherencia estricta
con lo que hemos defendido en esta legislatura y en la anterior. Se trata de desandar lo que se ha andado en esta última reforma. Se trata de volver al punto de partida que teníamos tras la Ley orgánica 1/2009, que por cierto fue una ley orgánica
también improvisada, también apresurada, pero que supuso un punto de equilibrio y de consenso. De lo que se
trata hoy es de buscar otra vez ese consenso y otra vez ese equilibrio; buscar ese equilibrio entre lo que debe ser luchar contra la impunidad ante crímenes de lesa humanidad, ante vulneraciones de los derechos humanos, que no queden
impunes -todos compartimos ese principio-, pero buscar también la necesidad de poner límites a la extraterritorialidad. Hay que buscar un límite a la extraterritorialidad. Nuestra justicia no puede conocer de todas las causas que se den en el
mundo ante determinadas agresiones que todos compartimos que no deben quedar impunes, pero hay que buscar un límite y un equilibrio, y ese límite y ese equilibrio venían dados tras un consenso, repito, también entonces improvisado, también entonces
por la puerta de atrás, también entonces a través de una enmienda, no había un proyecto de ley que presentara el Gobierno, pero hubo un punto de acuerdo, en el que participó entonces Convergència i Unió, por tanto, somos coherentes con lo que ya
votamos en la pasada legislatura, que consistía en que dábamos a nuestra jurisdicción competencia para conocer de aquellos delitos cometidos fuera, pero en los que la víctima era una persona con ciudadanía española; o bien delitos cometidos fuera,
pero cuyo autor estaba en España; o bien -nunca era acumulativo, sino que era alternativo- en aquellos supuestos en que existe un vínculo de conexión relevante con España. Eso, de forma alternativa y no acumulativa, permitió que en España se diera
un sistema de justicia universal amplio, no un sistema de justicia universal que quedara estrecho en comparación con los países de nuestro entorno. Ese punto de equilibrio entre limitar la extraterritorialidad, pero que nada relevante pueda quedar
impune si hay una víctima con nacionalidad española, si su autor está en España o si hay un vínculo de conexión relevante, se daba con la posibilidad de ser conocido por la justicia aquí.
Ahí volvemos. Interpretamos hoy la proposición de ley. Agradecemos al Grupo Socialista el hecho de que la haya presentado ante lo que ha sido una reforma improvisada, un evidente paso atrás, realizado sin consenso, no desde un proyecto de
ley del Gobierno, sino a través de una proposición de ley, para que con toda rapidez un martes fuera tomada en consideración, se tramitara en lectura única y con un fuerte rechazo tanto de la comunidad jurídica como del conjunto de la judicatura en
sentido amplio. Se lesionó el valor Justicia, en mayúscula, del artículo 1 de la Constitución, porque se ampliaron los posibles delitos, pero las causas de conexión quedaron totalmente mutiladas. Se ha reconocido también y lo advertimos desde
Convergència i Unió: se estaba haciendo de forma tan improvisada que había lagunas técnicas evidentes.
Esas lagunas provocaron que tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como los propios magistrados de la Audiencia Nacional se pusieran de acuerdo, en ocasiones por unanimidad, para sonrojar a este Congreso de los Diputados, para decirnos
desde la Audiencia Nacional de qué forma estábamos legislando sin que quedaran bien acotados los límites a la extraterritorialidad. Hicieron, efectivamente, una interpretación amplia que ha permitido que algunas causas puedan seguir conociéndose
aquí, y nos congratulamos de esa interpretación abierta que se ha realizado desde los tribunales, pero exigimos -como exige hoy el Grupo Socialista, y nos unimos a esa proposición de ley- que hoy desandemos aquello que se anduvo mal, debemos hacer
retroceder una modificación improvisada, técnicamente deficiente, acelerada y, sobre todo, una modificación que ha dado una imagen global de que en España se daban pasos atrás en esa defensa de los Derechos Humanos, en mayúsculas.
Pedimos por tanto al grupo mayoritario -tiene una magnífica oportunidad- que ponga el contador a cero, que vuelva a ese punto al que se llegó con la Ley orgánica 1/2009, reforma con la que tampoco nadie estábamos satisfechos, pero fue el
punto de equilibrio al que se llegó entonces. Desde esa coherencia con la que Convergència i Unió participó en ese consenso del año 2009, al que hoy se nos pide volver, el Grupo Socialista tendrá el voto favorable de Convergència i Unió y esperamos
y pedimos al grupo mayoritario que aproveche esta proposición de ley, tomémosla en consideración y que por lo menos sirva, una vez tomada en consideración, para solventar esas deficiencias técnicas que la Audiencia Nacional ha puesto de manifiesto
que existen en la reciente reforma aprobada de la ley orgánica en esta legislatura. Es importante la ocasión que tenemos y pedimos a todos los grupos que, no a regañadientes sino con ese espíritu positivo de querer hacer retroceder algo que ha sido
un error, hoy la tomemos en consideración.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Castillo tiene la palabra.
El señor CASTILLO CALVÍN: Señorías, el principio de justicia universal contemplado en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, apartados 4, 5 y 6, ha sido objeto de cuatro reformas. Las dos primeras, en 2005 y 2007, añadieron
nuevos delitos perseguibles al amparo de este principio. La tercera
reforma, la de 2009, por Ley orgánica 1/2009, introdujo la exigencia de conexión nacional o vínculo relevante en relación con el hecho perseguido. La cuarta y ultima reforma, la de la Ley orgánica 1/2014, atiende a la idea de que la
extensión de la jurisdicción nacional fuera de nuestras fronteras, por tanto adentrándose en el ámbito de la soberanía de otro Estado, debe quedar circunscrita a los ámbitos previstos por el derecho internacional que deban ser asumidos por España en
cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos.
Realizo estas precisiones para destacar ahora que la proposición que presenta el Grupo Parlamentario Socialista para modificar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial supone en esencia volver a la redacción introducida por la
reforma del año 2009. La única concesión a la reforma operada por la Ley orgánica 1/2014 es el mantenimiento de algunos de los nuevos delitos introducidos en el párrafo 4 del artículo 23, particularmente los delitos de violencia contra la mujer,
desapariciones forzadas y los delitos de corrupción. Las diferencias con la actual regulación, sin embargo, son mucho más notables. Piden que desaparezcan dos delitos del ámbito de la jurisdicción universal: la delincuencia organizada y la
falsificación de productos médicos o que supongan amenazas para la salud pública. Piden que desaparezcan todas las conexiones específicas de los distintos tipos delictivos. Quieren reintroducir con idéntica redacción los tres criterios de conexión
alternativos introducidos en la reforma del año 2009. Vuelven al principio de subsidiariedad con idéntica redacción a la introducida por la reforma de 2009, lo que supone que se limitan a enunciar este principio sin desarrollar su aplicación, y
pretenden eliminar el apartado 6 del artículo 23, que atribuye la legitimación tanto al ministerio fiscal como al agraviado.
Para justificar tales cambios, la proposición se inicia con una exposición de motivos de contenido muy crítico con la reforma de 2014, críticas que han reproducido esta tarde y que merecen ser contrastadas para no ofrecer una imagen
distorsionada de la realidad. Así, han señalado, entre otras variadas, severas y pintorescas afirmaciones, que esta reforma comporta una grave limitación de la jurisdicción de los jueces y tribunales españoles para el ejercicio del principio de
jurisdicción universal; que representa un retroceso en el combate contra las violaciones de los derechos humanos y un menoscabo de la justicia universal; que desactiva la lucha contra los grandes delitos y manda un mensaje de impunidad, etcétera.
Conviene en este punto precisar que la jurisdicción universal en sentido estricto, es decir la competencia para conocer de delitos cometidos en el extranjero por extranjeros contra extranjeros, sin que exista conexión alguna con el Estado
del foro, no constituye una obligación para los Estados desde el punto de vista del derecho internacional y es inexistente en la práctica internacional estatal -con la excepción quizá de Argentina-, así como en el ámbito convencional internacional.
Por el contrario, la regla general la constituye la modulación del ejercicio de la competencia universal a través de dos elementos: los criterios de conexión y el principio de subsidiariedad introducidos en nuestra legislación por la reforma del
año 2009, como ha tenido a bien recordarnos el señor Tardà. Así que la reforma realizada con la Ley orgánica 1/2014 se llevó a cabo tomando como referencia las realizadas en países de nuestro entorno y supone una adaptación de la legislación
española al derecho comparado. Si tienen dudas, revisen la legislación belga, la alemana o la francesa.
Hechas estas precisiones, es necesario también aclarar algunos conceptos para puntualizar lo que hoy vienen a plantearnos, a fin de evitar que la opinión pública pueda confundirse con algunas afirmaciones que hemos podido escuchar esta
tarde. En primer lugar, la exposición de motivos, como se ha encargado también de recordarnos la señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señala que de la aplicación de la reforma se deriva la puesta en libertad de una treintena de
narcotraficantes detenidos tras cometer graves delitos, que habrían comportado penas muy graves, y que ha tirado por la borda los esfuerzos y recursos humanos y materiales empeñados en esta difícil tarea.
En este punto resulta evidente que a la hora de redactar cualquier iniciativa parlamentaria, y mucho más una proposición de ley, las prisas no son buenas consejeras. Como ustedes saben, el auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción
que decretó el sobreseimiento y puesta en libertad de los narcotraficantes detenidos a los que se refieren en su proposición de ley fue revocado por el Tribunal Supremo en sentencia de 24 de julio de 2014. En esta sentencia el Tribunal Supremo
viene a considerar que el artículo 23.4.d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial confiere jurisdicción a las autoridades españolas para el abordaje e inspección, así como competencia judicial para el enjuiciamiento de los acusados. Señala además
esta sentencia que la interpretación que el auto recurrido daba a la reforma y, por tanto, la puesta en libertad de los detenidos fue una decisión prematura, como prematura y poco meditada resulta su proposición de ley.
Igualmente, resulta incorrecto afirmar que con la actual regulación se limita la persecución de los delitos de violencia de género. No puede sostenerse, por mucho empeño que le pongan, que la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial por la Ley orgánica 1/2014 no amplía objetivamente y de forma sustancial el elenco de delitos contra las mujeres en relación con la versión anterior del precepto. Les recuerdo que aquella redacción contemplaba únicamente el delito de
mutilaciones genitales femeninas, y solo si la víctima era española o residente en España y el autor del hecho se encontraba en España. Sin embargo, ahora se incluyen todos los delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa del 11 de mayo
de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, que, conforme a lo dispuesto en su artículo 2, ámbito de aplicación, se refiere a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyéndose entre
otros los delitos de violencia sexual, matrimonio forzoso, acoso y aborto y esterilización forzosos. Eso es verdad. En cuanto a la crítica dirigida contra la introducción como criterios de conexión específicos de estos delitos, el de la
nacionalidad española de la víctima o su residencia habitual en España, cabe señalar que estos criterios son los mismos que se señalan en el artículo 44 del citado convenio. Finalmente y por lo que respecta a la exigencia de que medie denuncia del
agraviado o del ministerio fiscal, el hecho de que se prevea esta segunda posibilidad hace que esta disposición sea también conforme con el convenio, que en su artículo 44.4 prohíbe que la competencia en el caso de delitos de violencia sexual,
matrimonio forzoso, mutilaciones genitales femeninas y aborto o esterilización forzosos se subordine a la condición de que la apertura de diligencias venga precedida de una demanda de la víctima.
Refieren también en su elenco de desaforadas y apocalípticas críticas, esta vez respecto de los más graves delitos -genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes en caso de conflicto armado-, que la actual regulación establece
limitaciones desorbitadas, negando la tutela a las víctimas, incluso de nacionalidad española, por la exigencia del requisito de que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España. En este punto, difícilmente
puede considerarse que la exigencia de la presencia del presunto responsable en territorio español constituya una limitación desorbitada cuando se trata de un criterio presente con carácter general en el derecho internacional. Así lo señala el
artículo 7 de la Convención para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil -Montreal, 1971-; el artículo 7 de la Convención sobre prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas -Nueva
York, 1973-; artículo 7 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes -Nueva York, 1987-; artículo 10 de la Convención para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación aérea
-Roma, 1988-; artículo 11 del Convenio internacional sobre la represión de actos de terrorismo nuclear -Nueva York, 2005-, solo por poner unos ejemplos.
También debe hacerse hincapié especialmente en el hecho de que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial fue aprobado en 1985 y que desde entonces las circunstancias han cambiado. Como saben, en 1998 se fundó la Corte Penal
Internacional cuyo estatuto fue firmado por España al día siguiente de su adopción y ratificado por la Ley orgánica 6/2000. La Corte Penal Internacional, que se establece como un tribunal subsidiario de las jurisdicciones nacionales, tiene
jurisdicción para la persecución de los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión, así que mantener la jurisdicción universal en estos casos, como ustedes pretenden, convertiría la jurisdicción española, de un modo no previsto en el
derecho internacional, en subsidiaria de la Corte Penal Internacional.
Concluyendo, la proposición de ley del Grupo Socialista contiene afirmaciones en su exposición de motivos que resultan discutibles desde el estricto punto de vista del derecho internacional, puesto que el derecho internacional no impone la
obligación de establecer un sistema de justicia universal sin restricciones, mientras que su parte dispositiva representa un retorno al texto de la Ley orgánica 1/2009 sin apenas concesiones a la regulación actual. En segundo lugar, las
regulaciones introducidas por la Ley orgánica 1/2009 y 1/2014...
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir, por favor.
El señor CASTILLO CALVÍN: Voy terminando.
... no son en todo caso incompatibles entre sí como podría deducirse del presente debate. La reforma de 2014 no hace más que seguir por el camino abierto en la de 2009, que fue la que introdujo los criterios de conexión y el principio de
subsidiariedad al objeto de racionalizar el ejercicio de la justicia universal por los órganos jurisdiccionales españoles. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Por último, tras la sentencia de 24 de julio de
2014, el Tribunal Supremo demuestra que la
regulación actual no resulta perjudicial y permite seguir persiguiendo los casos más graves, de acuerdo con los límites de la soberanía nacional y los tratados internacionales, por lo que no se requiere modificación normativa alguna.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Castillo. (La señora Rodríguez Ramos pide la palabra).
Sí, señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Apelo al artículo 71 del Reglamento en relación con las alusiones personales que ha efectuado el señor Tardà en referencia a una reunión que no era asunto central del debate en el que estábamos.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Adelante. Un minuto.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Quisiera decir al señor Tardà que en la citada reunión a la que él se refería desde la tribuna, el Grupo Socialista estuvo como asistente, aunque no era convocante. Era convocante usted, señor Tardà, y la
pregunta que le hago es: ¿convocó para escuchar o para utilizar a las víctimas y esa reunión como un arma política contra el resto de los grupos políticos? Es intolerable, señor Tardà, que diga que mi grupo, que los socialistas hemos ofendido a
las víctimas, y menos a las víctimas del franquismo, muchas de las cuales, su mayoría, son socialistas. Por eso le digo que no haga patrimonio de la defensa de las víctimas. Es tan injusto lo que usted ha dicho hoy en la tribuna como si yo le
dijera que hoy su abstención para derogar la Ley de Jurisdicción Universal es una ofensa a las víctimas. Por eso no se lo digo. Respeto su decisión como grupo político parlamentario.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Tardà i Coma pide la palabra).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Un momento, señor Tardà.
Señora Rodríguez, si le parece, como usted ha contestado en un minuto a las alusiones, no tendré en cuenta la pregunta que le hace al señor Tardà y doy por contestadas las alusiones del señor Tardà en cuanto a este posicionamiento.
Señor Tardà, tiene un minuto.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias.
Señora presidenta, intervengo para reafirmarme en todo lo dicho. Las víctimas se sienten muy, pero que muy ofendidas, y además debo decir que nunca, nunca, nunca el Grupo Socialista ha participado en todas las reuniones que se han convocado
en este Congreso a fin y efecto de avanzar en la querella argentina. No estuvieron en la Mesa el otro día y no han asistido nunca a ninguna reunión. (La señora Rodríguez Ramos: No, eso no es así).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señora Rodríguez, un momento, quien preside el Pleno es esta Presidencia. Le he dado un minuto por alusiones. He aceptado la contestación que usted ha dado a las alusiones del señor Tardà
e igualmente las del señor Tardà. Lo que he dicho es que su señoría, señora Rodríguez, en un trámite de alusiones, no puede hacer una pregunta al señor Tardà para que el señor Tardà le conteste. (La señora Rodríguez Ramos: Yo no he preguntado).
Sí que ha preguntado, ha hecho una pregunta, lo verá en el 'Diario de Sesiones'. Doy por concluido el trámite de alusiones y por contestada la alusión del señor Tardà. (La señora Rodríguez Ramos: Yo no he preguntado). Le ha preguntado al señor
Tardà. Ha dicho: Y le pregunto, señor Tardà, si es cierto... (La señora Rodríguez Ramos: No le he preguntado). Sí, usted ha hecho una pregunta, lo puede comprobar en el 'Diario de Sesiones'. (La señora Rodríguez Ramos: Señora presidenta, la
que usted hace no es una interpretación adecuada del artículo 71 del Reglamento). Al contrario. (La señora Rodríguez Ramos: Le sugiero que se lo lea). Doy por terminado este trámite de alusiones.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEJORAS EN LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO. (Número de expediente 122/000173).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Pasamos al punto II del orden del día del Pleno. Continuamos con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió
sobre mejoras en la prestación económica por hijo o menor acogido a cargo. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna para defender esta proposición de ley de mejoras en la prestación económica por hijo o menor acogido a cargo. Damos la bienvenida a representantes de diversas organizaciones sociales que trabajan en materia de infancia y
que nos acompañan y también a la plataforma Quorum, que ha invitado a algunos ciudadanos a participar del seguimiento de este debate. En ese sentido, hace unos pocos días, en Blanquerna, tuvimos ocasión de participar, junto con el señor Buyolo,
diputado del Grupo Socialista, en un debate precisamente sobre esta iniciativa. Les damos la bienvenida y les agradecemos que nos hayan querido acompañar.
Me gustaría iniciar mi intervención recordando algunos datos que son datos públicos del Gobierno. Por un lado, el INE nos dice que uno de cada cuatro menores de dieciséis años vive por debajo del umbral de la pobreza y el Plan para la
inclusión social del Reino de España 2013-2016 habla de una tasa de riesgo de pobreza infantil en 2012 de un 29,9 %, 2,2 millones de menores. He empezado citando las cifras oficiales del Gobierno porque debemos reconocer que existe un problema, que
estamos frente a un problema grave y que nadie hoy puede negar, como en algunos momentos ha podido parecer, que en España existe un problema de pobreza infantil, un problema que en parte está asociado al alto nivel de desempleo, a la destrucción
masiva de empleo durante esta crisis, pero que no tan solo ni principalmente tiene que ver con la situación de desempleo, sino que tiene que ver fundamentalmente también con la ausencia de una política pública de apoyo a las familias jóvenes con
hijos, y singularmente con la ausencia, en relación con otros Estados de nuestro entorno europeo, de prestaciones, de ayudas monetarias universales dirigidas a las familias con hijos.
Estas consideraciones previas son fundamentales para entender el sentido de nuestra iniciativa y que además, señorías, este problema es un problema previo a la propia crisis económica, hecho que pone aún más en evidencia que el problema no
es tan solo el desempleo sino la ausencia de esta política pública. A esa realidad previa a la crisis añadamos, como nos recordaba Unicef, que entre 2008 y 2012, eso sí, fruto de la crisis pero también fruto de la ausencia de ese tipo de políticas,
la pobreza infantil en España ha aumentado más de 8 puntos en esos cuatros años. Eso contrasta con la realidad de otros países, que han sido capaces de corregir esas situaciones, y con otro elemento, la existencia en el caso de las personas mayores
de sesenta y cinco años de un potente sistema de protección social, como es el sistema público de pensiones, que ha protegido a ese colectivo de esa crisis. Es la ausencia de esa protección social para las familias jóvenes con hijos lo que explica
ese incremento sustancial de la pobreza infantil, y quiero remarcar, para no despistarnos, que cuando hablamos de pobreza infantil estamos hablando de los problemas de las familias jóvenes con hijos a cargo. Debemos poner el foco de atención en el
impacto que esta situación tiene en el corto, en el medio y en el largo plazo para las personas y su afectación al conjunto de la sociedad; pobreza infantil quiere decir una sociedad menos equitativa, menos cohesión social, pero también quiere
decir a medio y largo plazo menor productividad para el sistema económico, así como niños pobres hoy y seguramente pensionistas pobres mañana. Es por tanto esta una política de medio y largo plazo no tan solo, que también, por las consecuencias que
tiene para esos niños y familias la cuestión de la pobreza infantil, sino por lo que afecta al conjunto de la sociedad.
Y además de una mirada larga al problema de la pobreza infantil, en una economía que evoluciona hacia la economía del conocimiento, en la que las inversiones en educación y en formación van a garantizar el progreso de las personas, aquellas
familias que tengan menos recursos para invertir en la educación de sus hijos van a tener menos oportunidades de ascender en la sociedad, de que el ascensor social funcione de manera adecuada y hará que el peso de la herencia de las familias sea
determinante a la hora de marcar el futuro de las personas. Estamos hablando, pues, de cuestiones que van más allá de una mirada estrictamente asistencialista en relación con el problema, de cuestiones que afectan al modelo de sociedad que hoy
estamos definiendo y sobre todo al modelo que queremos definir de cara al futuro. La idea es muy simple: garantizar una mínima calidad de vida y hacer posible la movilidad social exige un nivel de ingresos razonable para todas las personas. En el
diseño de nuestro Estado del bienestar hay que ver cuál es el gasto en familias y en infancia. En el caso de la Unión Europea a diecisiete hablamos de un gasto de 2,3 puntos y en el Estado español, de 1,4. Del conjunto de las partidas de nuestro
Estado del bienestar, en aquella que menos invertimos en relación con el conjunto europeo es precisamente en la que atiende a familias y a infancia.
Además -y sobre esto iremos profundizando próximamente-, con respecto a la capacidad del gasto social en el Estado español, de ser redistributivo, es menor que el de otros Estados europeos. Incluso algunos informes están afirmando que
nuestro gasto social en relación con la pobreza infantil, en términos de expresión de desigualdad de ingresos, tiende a aumentar esa pobreza infantil, entre otras cosas porque una parte sustancial de nuestras políticas en esta materia se vehicula a
través de deducciones fiscales, que precisamente no son las mejores como políticas sociales para combatir el problema de la pobreza infantil. Señorías, en esta materia lo peor que podríamos hacer es instalarnos en la idea de que estas cifras son
inevitables, de que esto es consustancial al modelo español. Otras sociedades han sido capaces de corregir esto porque han tenido la voluntad política de invertir a fondo en familias e infancia, que es precisamente aquello que pretende hacer esta
iniciativa de Convergència i Unió, una iniciativa, señorías, que en su aspecto fundamental responde al siguiente criterio. Como saben todos ustedes, existe regulada en España una prestación económica a cargo de la Seguridad Social por hijo menor,
prestación que hoy está contemplado que la puedan recibir las familias que reciben ingresos inferiores a 11.500 euros, familias extremadamente pobres. La propuesta de Convergència i Unió pretende de entrada aumentar ese umbral de acceso hasta los
25.400 euros, con lo que nos situamos en la renta mediana que hoy existe en el conjunto del Estado español; por tanto, proponemos una prestación por hijo a cargo que cubra a la mitad de los niños existentes, nacidos, residentes en el Estado
español. En el caso de las familias numerosas, los 17.000 euros anuales de umbral para acceder a esta prestación proponemos subirlos hasta los 33.000 euros. Y además aumentamos de manera significativa la cuantía de esta prestación, que hoy está en
291 euros anuales -¡anuales, señorías!-, posiblemente la prestación por hijo a cargo más baja de la Unión Europa. Proponemos una cuantía que nos parece razonable y que continúa estando por debajo de la cuantía media europea: 1.200 euros.
Introducimos además cuantías superiores en los supuestos de personas con discapacidad, niños con discapacidad, también en los supuestos de las familias numerosas, reconociendo que en esos supuestos los gastos de las familias son sustancialmente
superiores. Y además establecemos, en coherencia con el pensamiento de una fuerza política como es Convergència i Unió, pero también en una cierta coherencia con el sistema de protección social, que esta prestación sea gestionada por las
comunidades autónomas. Este es el sentido de la proposición de ley que hoy sometemos a consideración y que lógicamente en sus términos concretos podría ser objeto de discusión, de controversia, y, en el supuesto de que se tomase en consideración,
de discusión en el trámite parlamentario.
Es una propuesta ambiciosa. Es ambiciosa en los números y en los horizontes que propone, pero en paralelo diré que la prestación hoy existente, esos 291 euros, llevan congelados desde el año 2000; si esta cantidad tan solo se hubiese
adaptado a la evolución de los precios al consumo, hoy estaríamos hablando de 416 euros al año. Sin lugar a dudas es una cifra que nos sitúa en la cola de los Estados más avanzados de nuestro entorno y, como decía al principio, explica la gravedad
del problema antes de la crisis, durante la crisis, en estos momentos. Y evidentemente esta propuesta pretende también, en términos filosóficos, introducir un cambio de perspectiva en las dinámicas de nuestro Estado del bienestar, un Estado del
bienestar que en los treinta y cinco años en que se ha construido ha sido razonablemente útil -y ahí podríamos discutir mucho, pero hablo en comparación con la cuestión de la que estamos hablando- para proteger a los mayores de sesenta y cinco años
y tremendamente inútil para proteger a la infancia, para proteger a los niños, para proteger a las familias jóvenes, con todo lo que ello implica. Y pretendemos un Estado del bienestar que sea capaz de poner la mirada más en la prevención y en la
inversión que estrictamente en la reparación, con la idea -y ahí, señorías, asumimos un planteamiento de los académicos quizás de más prestigio existentes en España y en el mundo en esta materia, por ejemplo el profesor Gøsta Esping-Andersen, de la
Pompeu Fabra- de que la mejor garantía de las pensiones para el futuro son las inversiones que hagamos hoy en la infancia y de que la reforma del Estado del bienestar, que es imprescindible, exige invertir más en las edades más tempranas de las
personas (en la infancia, en la adolescencia) para ser capaces de garantizar un ciclo vital de las personas próspero. Las pensiones de quienes hoy somos la generación del baby boom van a depender fundamentalmente de la inversión en educación y
formación de quienes hoy son niños. Esa es la filosofía de fondo, más allá de las cifras concretas, que les plantea nuestra proposición de ley. Por tanto, la queremos defender como una verdadera reforma estructural del modelo de Estado del
bienestar, y ahí me dirijo a las diputadas y a los diputados del Grupo Popular. El Gobierno lleva anunciando durante toda esta legislatura un plan integral de apoyo a la familia. La legislatura se acaba, el plan de apoyo no termina de llegar y en
ese plan se habla de una mejora de la prestación por hijo a cargo. El Grupo Popular hoy tiene una magnifica oportunidad para dejar de formular ese deseo de mejora de la prestación por hijo a cargo
aceptando la toma en consideración de esta proposición de ley, asociando al conjunto de grupos políticos a esa discusión y entendiendo que lógicamente esta propuesta en el trámite parlamentario debe ser objeto de discusión, de mejora y de
situar en un calendario más o menos razonable su implementación. En este sentido, la propuesta de Convergència i Unió no deja de ser una propuesta contenida; en los términos en los que la formulamos no estamos formulando una prestación de carácter
universal, que es la que tienen la mayoría de los Estados europeos, sino que planteamos una propuesta mucho más modesta que afecta a la mitad más o menos de los niños y las niñas hoy residentes en el Estado español y que tendría hoy, si la
aprobásemos ya, para entrar en combate el próximo año, un coste entre 6.500 y 7.000 millones de euros -la propuesta que formula Convergència i Unió-. Una propuesta de carácter universal se ha calculado que tendría un coste alrededor de 9.000
millones de euros. Estamos convencidos de que el grave problema de la pobreza infantil no se puede dar por resuelto con 32 millones de euros, como los que incorpora el presupuesto para 2015, ni con los 17 que incorporó el presupuesto del año 2014.
En el caso de 2015 estamos hablando de 11,8 euros por niño en riesgo de pobreza. Con esto no se resuelve el problema de la pobreza infantil.
Invitamos al Grupo Popular a sumarse a la toma en consideración de esta iniciativa. Hoy tiene el Partido Popular una magnífica oportunidad de desmentir al presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Ignacio González, que de
manera torpe intentó desviar la atención de ese problema en la Comunidad de Madrid o incluso algunas malas impresiones que desde las filas del propio Grupo Popular sobre esta materia hace unas cuantas semanas pudimos ver. Hoy tienen la oportunidad
con esta toma en consideración de lanzar un mensaje a la sociedad de compromiso efectivo, de lucha contra uno de los principales problemas que afronta la sociedad, que es el problema de la pobreza infantil. Espero que nos acompañen.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señor Campuzano.
En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Mixto, la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias.
Intervendré desde el escaño solamente para manifestar el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a la iniciativa defendida por el señor Campuzano.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para apoyar la iniciativa presentada por el señor Campuzano, tan brillantemente aceptada por su propio grupo parlamentario pero por el que yo represento también.
Señora presidenta, estamos hablando de un problema que se puede incardinar en una reflexión brillante del presidente del Gobierno: hemos superado la crisis o la recesión pero no sus consecuencias. Esta es una de sus consecuencias, la
pobreza infantil. El Estado español, junto con Grecia, es el país con mayores porcentajes de pobreza infantil a pesar de que no es uno de los países más pobres de la Unión Europea ni de los que ha perdido mayor porcentaje de producto interior bruto
en los últimos tiempos. Informes como el de Cáritas Europa indican que el 30 % de los niños o jóvenes españoles menores de dieciocho años están en riesgo de exclusión o de pobreza. Y otros informes nos ubican en el quid de la cuestión: que de los
Presupuestos Generales del Estado español se dedica el 6,9 % a actuar contra la pobreza o los riesgos de exclusión cuando la media comunitaria del 32 %. Por tanto, esta es una de las consecuencias de la crisis económicas que se van a mantener si no
se corrigen, en los términos explicitados por el señor Campuzano, los compromisos presupuestarios de forma suficiente. Nos encontramos en el Estado español -y este es un informe de Unicef- con un problema un tanto paradójico: España ha sido
tradicionalmente uno de los países con mayor riesgo de pobreza infantil por debilidades diferentes, debilidades de su mercado laboral, especial vulnerabilidad de algunos hogares con niños y sobre todo la insuficiencia de una red de protección
social. Estos son algunos de los factores que explican por qué uno de los países que no es de los más pobres de la Unión Europea tiene uno de los mayores porcentajes de pobreza infantil. El señor Campuzano lo ha explicado brillantemente, y sobre
todo ha explicado brillantemente por qué se está incumpliendo la Constitución española en esta materia. Señora presidenta,
que se dediquen 291 euros por parte de los presupuestos de la Seguridad Social -previsto por Real Decreto legislativo 1/1994-, es decir, como decía el señor Campuzano, 24 euros mensuales a la atención de menores, que además no son menores
neutros, son menos empobrecidos o en riesgo de exclusión, pero que además pueden ser menores afectados por riesgos de patologías diversas, por riesgos de discapacidad, por riesgos de capacidad limitada, que se dedique esta cantidad incumple uno de
los requerimientos de la propia Constitución en materia de protección social, en materia de atención a situaciones de necesidad cual es el de la insuficiencia, porque es materialmente insuficiente dedicar solo 291 euros anuales a la atención a la
protección por hijos a cargo, que es una de las contingencias protegidas por el sistema, que tiene que ser público, que tiene que ser irregresivo, que tiene que ser suficiente y que tiene que tener las características previstas en el artículo 41 de
la Constitución española. Luego nosotros vamos a apoyar el incremento de las cantidades -que no son particularmente espectaculares o de gran dimensión- presentadas por el señor Campuzano, que ha tenido un nivel de autocontención -por el cual yo le
felicito- en materia de atención a una contingencia protegida de la Seguridad Social, que es la protección por hijos a cargo: 1.200 euros en los supuestos previstos en el artículo 181 -en cómputo anual-; supuestos especiales que hacen referencia a
que el hijo a cargo sea menor o acogido, tenga la condición de persona con discapacidad, entonces el importe tiene que ser especial, tiene que ser reforzado, 3.600 euros cuando el hijo o menor acogido a cargo tenga un grado de discapacidad igual o
superior al 33 % -no parece desmesurado dedicar 3.600 euros a esta situación-; 7.800 euros al año cuando el hijo a cargo mayor de 18 años, mayor de edad, esté afectado por un grado de discapacidad en un grado superior al 65 % -no parece desmesurada
tampoco esta cantidad-; 14.400 euros cuando el hijo a cargo sea mayor de 18 años y esté afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 75 % -tampoco parece desmesurado-, y así sucesivamente respecto a las situaciones de adopción, de
acogimiento, etcétera.
Ha comentado el señor Campuzano también que esta es una competencia autonómica, que se deben reconocer los títulos autonómicos en esta materia, de los cuales se prescinde en materia de protección social con una recurrencia preocupante en
esta legislatura. Me estoy refiriendo al Prepara, me estoy refiriendo al acuerdo con los interlocutores sociales protocolizado ayer por el presidente del Gobierno y la ministra de Empleo y Seguridad Social, donde no se contienen, desde una
perspectiva que tenía un cierto fumus de promoción electoralista, títulos competenciales autonómicos que deben ser objeto de reconocimiento; al fin y al cabo estamos hablando de políticas activas de empleo. Por lo tanto es muy oportuno este
requerimiento a los títulos competenciales en materia de asistencia social, que son competencias exclusivas puras de las comunidades autónomas del Estado español.
Desde esa perspectiva el señor Campuzano ha terminado su brillante discurso realizando una invocación a que la sostenibilidad del sistema público de pensiones estará mejor garantizada en tanto en cuanto se destinen recursos presupuestarios a
las personas de menor edad, sobre todo en un contexto donde estamos ya conviviendo con el fenómeno llamado del baby boom. Nuestros padres tuvieron muchos hijos y nuestros hijos son pocos, señora presidenta. La disfunción desde una perspectiva
presupuestaria de aportaciones sobre contingencias al sistema de protección de la Seguridad Social requiere la implementación -en un país huérfano de ellas- de políticas familiaristas, de políticas de atención a las personas más jóvenes, a los
menores, sobre todo cuando estos menores forman parte de un colectivo que no honra al Estado español, el colectivo de los niños más empobrecidos de la Unión Europea, junto a los de Grecia. Desde esa perspectiva, incluso desde la perspectiva
utilitarista de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas, sería pertinente el voto positivo a esta proposición y nosotros lo vamos a dar con entusiasmo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Le anuncio al Grupo de Convergència i Unió que nuestro voto va a ser positivo. De hecho, muchas de las cosas que ha dicho su portavoz -en algunos momentos con una gran elocuencia- coinciden casi totalmente con los argumentos que yo utilicé
en nuestra moción contra la pobreza infantil del día 19 de noviembre pasado. Esta coincidencia me parece muy bien, es muy lógica y muy natural; cuando se habla de problemas como estos, de problemas básicos, de cuestiones profundas que tienen que
ver con la
coherencia del modelo democrático y con la sostenibilidad de una sociedad basada en el desarrollo y en el progreso, es lógico que se coincida. Por ejemplo, coincidimos en la idea central de que no se puede -como constantemente han hecho el
Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular, para aflicción de todo el mundo- alegar que cuando salgamos de la crisis ya se resolverán casi solas la pobreza infantil y otras pobrezas que se han ido acumulando. Esto no solamente no es así sino que es
casi al revés, la crisis se prolongará y las consecuencias negativas serán más negativas y más duraderas si se rehúye la obligación moral, política y utilitaria -es decir, por el bien común- de luchar contra un fenómeno como el de la pobreza
infantil que, como ha dicho perfectamente el señor Campuzano, tiene que ver con poner en jaque el futuro de un país. Él ha dicho unas cuantas cosas, pero ha dejado algunas otras de lado y yo voy a aprovechar la ocasión para repasarlas porque creo
que tienen su utilidad. Por ejemplo, la referencia muy oportuna y muy adecuada a cómo en España -por nuestra propia historia democrática tan particular- se decidió construir un sistema de protección social para los mayores y los jubilados eficaz y
que, a pesar de la crisis -aunque también ha tenido repercusión en forma de congelación de pensiones o de incrementos por debajo del incremento del IPC, que viene a ser lo mismo puesto que es disminución en términos absolutos-, ha habido una
protección a los mayores que ha sido, comparada con la protección a las familias y a la infancia, muy superior. Esto tiene una explicación, y es política. Esto es porque se optó en su momento por tratar de captar a un determinado sector social
dependiente y, por otra parte, por razones que tienen que ver con la pura biología, con la fisiología, muy agradecido a aquellas personas o entidades que les protegen de lo que son, como decían los clásicos, los males innumerables de la vejez. Pero
cuando hay una voluntad de invertir pocos recursos en políticas sociales y muchos en políticas para salvar la política -ahora me referiré a esto- la consecuencia es lo que tenemos en España; es decir, una mínima inversión en lo que tendría que ser
una prioridad, que es la protección de la infancia, porque es el futuro, y además es el futuro en un sentido material. A veces, cuando se dicen estas cosas de que la infancia es el futuro, parece que está uno hablando de cuestiones morales y
metafísicas. ¡Y qué va! Lo han explicado perfectamente el señor Campuzano y luego el señor Olabarría y me uno a su reflexión, es que el sistema de pensiones del que tan orgullosos estamos, si no tiene una base de trabajadores que estén haciendo
aportaciones, sencillamente se va a asfixiar y los que hoy son niños pobres es probable que en el futuro sean también pensionistas pobres. ¡Gran inversión, gran descubrimiento, magnífica idea del largo y del medio plazo en una sociedad democrática!
Es un desastre y esto no puede ser. A ver si algún día el Grupo Parlamentario Popular tiene la bondad de explicarnos -porque estamos ansiosos por compartir esa sabiduría en la que no penetramos- por qué no hay que luchar contra la pobreza infantil,
la energética o la exclusión social y otro tipo de problemas que son, en gran parte pero no solo, consecuencia de la crisis. Porque también comparto la idea de fondo de que la crisis económica lo que ha hecho ha sido agravar defectos estructurales
que tenía la sociedad española; con una diferente distribución territorial, pero sin duda esos defectos están ahí. Por lo tanto, la crisis económica lo que hizo fue -al pinchar una serie de burbujas que mostraban una imagen de prosperidad en gran
parte virtual, poco sólida, que se ha desvanecido en el aire- agravar cosas que ya venían de atrás; por ejemplo, la tendencia a la exclusión social, a crear guetos dentro de la propia estructura social en forma de pobreza o de niños que comen mal,
y enseguida voy a referirme a este tipo de cosas que constantemente son negadas, lamentablemente, desde el círculo del Gobierno del Partido Popular.
El problema de fondo parece ser el siguiente. En España se ha tomado una opción puramente política, que ha sido dedicar los recursos públicos a salvar el propio sistema de las amenazas que lo acechan antes que a invertir en la sociedad. Es
decir, se ha puesto por delante la salvación del propio sistema de partidos y de las instituciones que controlan que la prosperidad de la sociedad. ¿Cómo? Un ejemplo es el nefasto episodio del rescate de las cajas de ahorros, quebradas por la
gestión política, o en el caso de Cataluña -lamento tener que decirlo-, más allá del acuerdo en esto, hay un desacuerdo de fondo: el nacionalismo. Eso también tiene efectos sociales muy dañinos. Cataluña tiene una deuda pública verdaderamente
astronómica para ser solamente la autonómica, de 62.000 millones de euros, y no es porque ustedes hayan conseguido erradicar los problemas sociales que han venido aquí a proponer que se solucionen, lo cual está muy bien, sino porque sencillamente
esos recursos se han invertido en otras cosas que no tienen mucho que ver -por no decir nada- con políticas sociales activas a favor de la igualdad de oportunidades, de la erradicación de la pobreza y de la exclusión social. Luego se pagan las
consecuencias, que son esas: en el caso de España, una democracia sitiada, acechada, al borde del derribo de su sistema de partidos por la mala gestión y por la corrupción. En esto también tenemos que pensar. No estaría nada mal que
aprovecháramos estas reflexiones para pensar en el efecto beneficioso
que tendría en la política en general, en su limpieza, en su mejora, poder poner por delante prioridades como luchar contra la pobreza infantil porque, si eso se hiciera bien, con sentido y con coherencia, tendría consecuencias muy
beneficiosas para erradicar el despilfarro, la mala gestión, el partidismo, el sectarismo, el mal uso de las instituciones y la erradicación de la corrupción.
Al final, el resultado es el que tenemos. ¿Quiénes pagan? ¿Quiénes están pagando? Los más débiles. La pobreza infantil es un hecho. A veces se dice -imagino que aquí no se argumenta porque da cierto pudor- que las cifras de la pobreza
infantil están exageradas y que esto no es así, pero el hecho, contrastado por estudios internacionales de Unicef, en España de Cáritas y de otras instituciones, es que -también lo ha dicho antes el señor Campuzano- hay países más pobres que España,
en peor situación desde todos los puntos de vista, que han sido más eficaces en luchar contra la pobreza infantil. ¿Por qué? Porque se lo han tomado en serio, porque se toman en serio como país y no ponen por delante del interés general, que sin
duda alguna está en erradicar la pobreza infantil, cálculos a cortísimo plazo respecto a los efectos electorales de no tocar otras cosas y esta dejarla abandonada porque los niños no votan, que esta es al final la cuestión con la que se acaba
concluyendo.
El negacionismo no ayuda a solucionar estas cosas. Aunque no esté aquí presente, porque no es miembro de esta Cámara, don Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, nos sorprendió a todos afirmando este fin de semana que el
problema de los niños en la Comunidad de Madrid -supongo que se puede extrapolar- es la obesidad infantil. Lo que hacía era mezclar dos tipos de ignorancia: primero, que en muchos casos esta obesidad infantil es consecuencia de la mala
alimentación porque los niños pobres no pueden comer solomillo ni desde luego jamón de bellota, sino porquerías con grasas poliinsaturadas, que son el origen de este tipo de afecciones y, segundo, que muchos de ellos ni siquiera tienen atención
médica adecuada. De manera que, si ponemos por delante el accidente del origen del accidente, llegamos a este tipo de conclusiones: aquí no hay problemas, ningún tipo de dificultad grave con la pobreza infantil ni con otro tipo de cuestiones;
simplemente basta con negarlo, porque el tiempo, que todo lo cura, acabará curando este asunto. Esto no es así, ustedes lo saben. Una democracia tiene como compromiso inicial, fundamental, básico y fundante la democracia. Lo hemos dicho otras
veces y lo repetiremos hasta que nos entiendan: hay que luchar por la igualdad de oportunidades, por la cohesión social, por la solidaridad con los más débiles, y todo lo demás es destruir la democracia; aunque a breve plazo no se ve, se verá a
largo plazo, y a medio plazo desde luego que también.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Martínez.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos trae aquí una iniciativa en relación con la pobreza infantil y a mí me dan ganas de hablar de física cuántica, pero como sé poco de física cuántica voy a atenerme a la iniciativa
parlamentaria de Convergència i Unió, que me parece importante en sí misma. No es necesario desviar la atención hacia otro tipo de reflexiones. Tiene suficiente entidad como para hablar de ella, sobre todo en el momento en que el Gobierno
considera que la crisis ha quedado atrás y a pesar de ello adopta, junto con las centrales sindicales y la patronal, una iniciativa que mucho tiene que ver con la pobreza y que va destinada a evitar pasar ese límite de la pobreza a la exclusión para
un colectivo importante de 400.000 o 500.000 personas, si bien esa iniciativa no sana ni siquiera una quinta parte de los recortes que ha hecho el Gobierno en materia de prestación por desempleo o en materia que tiene que ver con la situación de la
pobreza.
En todo caso, mi grupo parlamentario piensa votar favorablemente esta iniciativa, sobre todo porque el ponente se ha encargado de decir que no se trata de una subvención universal -una prestación en este caso- por hijo a cargo de carácter
universal. Para nosotros la experiencia de la prestación por hijo a cargo universal del Gobierno de Zapatero no fue precisamente buena. No estuvimos de acuerdo con ella y no estamos de acuerdo con este tipo de prestaciones universales. Si acaso,
haríamos lo que ha planteado tradicionalmente la izquierda, aunque no esté de moda hablar de ello. Está más de moda hablar del centro y de arriba y abajo, pero la izquierda tradicionalmente ha dicho que las prestaciones deben ser progresivas y los
derechos deben ser universales. Ese es el sentido, en nuestra opinión, de la sociedad y del Estado del bienestar. Eso es lo que nosotros defendemos para luchar contra la pobreza.
Sin embargo, el contrapunto de la pobreza, del que no se ha hablado hoy aquí y mutuamente necesario con la pobreza, es la desigualdad. Alguien se ha preguntado: ¿qué pasa en nuestro país, que incluso en
el periodo de crecimiento más importante ha habido tanta pobreza? Pues que en ese periodo de crecimiento ha habido también muchísima riqueza, que el 10 % de la población acumula una parte muy alta de los recursos de este país y el sector
más pobre de la población tiene una parte absolutamente minoritaria de los recursos. Recientemente hemos sabido que una serie de ciudadanos españoles que caben en un autobús -treinta y tantos ciudadanos españoles- ganan tanto como nueve millones de
españoles. Yo creo que eso es suficiente para darse cuenta de que el reverso de la pobreza es la desigualdad. Por tanto, no solamente es necesario atender a las prestaciones y a los servicios, sino que hay que hablar de fiscalidad. El gran
problema de nuestro país es que solamente tiene una fiscalidad progresiva prácticamente a partir de la democracia. Han pasado décadas durante las cuales otros países europeos han tenido una fiscalidad progresiva y han podido desarrollar un sistema
de bienestar. En nuestro país hemos tenido que desarrollarlo en aproximadamente treinta años, y a lo largo de esos treinta años quienes más ha contribuido a esa inversión social han sido las clases medias y los trabajadores de este país, mientras
los sectores minoritarios, esos que decía que caben en un autobús, no dedican de su renta ni un 5 % a contribuir a los ingresos del Estado. Esa es la realidad dramática de la desigualdad de este país y de las insuficiencias que tiene nuestro
sistema fiscal y nuestro Estado del bienestar.
Nosotros consideramos que, además de la iniciativa que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de una prestación por hijo a cargo, es necesario desarrollar el conjunto del Estado del bienestar, que en España
tiene una inversión social muy inferior a la media de la Unión Europea, casi equivalente a lo que se deja de ingresar por falta de compromiso fiscal de las clases altas con el conjunto del país. Las que más hacen ostentación de la bandera son las
que menos se comprometen con el conjunto del país en materia fiscal. Por tanto, la política no solamente debe ser una política de gasto sino también una política de ingreso.
Vuelvo otra vez a lo que dije al principio de mi intervención: estamos de acuerdo con mejorar esta prestación por hijo a cargo, también con que esta prestación por hijo a cargo sea para un colectivo mayor que el actual, que mejore y que
amplíe su cobertura, pero no estaríamos de acuerdo con una cobertura universal y lineal. No estaríamos de acuerdo con que recibiera una prestación por hijo a cargo, por ejemplo, el banquero equis o la banquera equis de este país. No estamos de
acuerdo porque nosotros creemos que ese tipo de prestaciones o de subvenciones deben ser progresivas, de acuerdo con la renta y por debajo de determinado límite de renta. Como también estamos totalmente de acuerdo en que las principales medidas
tienen que ver con lo que podríamos denominar los servicios públicos de carácter universal, con las escuelas infantiles; tiene que ver también con la educación, con la sanidad, con los servicios sociales, con la vivienda. Todo eso son mecanismos
para evitar la pobreza en nuestro país, como lo es también el modelo laboral, señorías. Es una hipocresía monumental hablar aquí de la pobreza y al mismo tiempo defender un modelo laboral precario y la movilidad geográfica de los trabajadores,
porque en ese modelo laboral precario y en esa movilidad geográfica de los trabajadores están los principales problemas que tienen la pobreza y la desatención infantil en nuestro país. Por lo tanto, también queremos hablar del tema laboral, porque
tiene mucho que ver con la pobreza.
Por último, señorías, al socaire de esta iniciativa el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió mete en este debate un tema que no tenía que ver con la sustancia, tiene que ver con algo que es una cuestión que deberíamos discutir al
margen: las competencias de la Seguridad Social y la gestión de prestaciones de la Seguridad Social. Propone el incremento de una prestación de la Seguridad Social y propone que la gestión sea de las comunidades autónomas pero, estando de acuerdo
con que la gestión de la asistencia social es de las comunidades autónomas, no estoy tan de acuerdo con que se abra este debate sobre una gestión autónoma de las comunidades autónomas sobre la Seguridad Social. Si queremos discutirlo, discutámoslo
donde tenemos que discutirlo y donde lo hemos discutido en varias ocasiones, no al socaire de este debate que poco tiene que ver -en nuestra opinión- con el tema que nos trae hoy aquí, el tema de la pobreza y en particular de la pobreza infantil,
donde todos estamos convencidos de que es necesario un mayor nivel de compromiso fiscal, de compromiso en materia de servicios públicos y, por qué no decirlo también, como nos propone Convergència i Unió hoy, también de compromiso en materia de
prestaciones por hijo a cargo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, señora presidenta.
Una vez más viene a la Cámara la pobreza infantil y una vez más nos deben salir los colores por permitir que nuestro país se encuentre en una situación tan bochornosa respecto a nuestra infancia. Por supuesto, vaya de antemano que vamos a
apoyar la iniciativa. Nosotros hemos presentado tanto enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado como una proposición no de ley a la Cámara en esta misma dirección de incremento de las prestaciones de Seguridad Social por hijo a cargo. Por
supuesto, nos parece pertinente que abramos este debate, en este caso mediante una proposición de ley que nos permita ajustar cuál sería la fórmula más eficaz para combatir la pobreza, especialmente la pobreza extrema, que es la que está en mayor
riesgo de exclusión social, y acordemos elegir cuál es el sistema que se adapta mejor a nuestro país. Tampoco comparto, dicho sea de paso, que la gestión de la Seguridad Social pase a ser de las comunidades autónomas. En modo alguno. Nosotros
defendemos firmemente la caja única de la Seguridad Social y la gestión única de la Seguridad Social. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Hoy hemos conocido un nuevo informe sobre la pobreza y sobre la desigualdad en España que nos indica que las familias que se han empobrecido más -es un específico sobre las clases medias- han sido las familias con hijos con una pérdida de
más de 3.000 euros al año. Dicho informe coincide con todos los que provienen tanto de Eurostat como de los datos oficiales de los indicadores españoles, o como de los informes provenientes de las organizaciones de la infancia con presencia en
nuestro país. Rogaría al portavoz del Grupo Popular que intervenga a continuación, que, por favor, no nos diga de nuevo que se ha cambiado la tendencia y que se ha reducido la pobreza infantil. Por favor, no insulten a las familias, no insulten a
los españoles. Reitero lo ya dicho muchas veces, ha habido un cambio de metodología en el cálculo de los índices de pobreza. Y si no se lo creen, vayan a la encuesta de condiciones de vida y vean las carencias materiales, que esas no engañan,
donde es meridianamente evidente el empobrecimiento de las familias españolas.
Ante esta situación, nos parece pertinente esta iniciativa porque incide en la inversión en la infancia que, en definitiva, es invertir en el futuro, tanto por razones de cohesión social, que aquí ya se dijeron, de justicia social, razones
de solidaridad intergeneracional, pero también, y sobre todo, razones de futuro y razones de competitividad de país. Señorías, no hay niños pobres en familias ricas. Los niños son pobres porque sus familias son pobres. Hemos visto cómo se
disparan las familias con todos sus miembros en paro hasta alcanzar la cifra de 943.000, casi 40.000 con hijos a cargo. Esta es la raíz de la pobreza infantil. A lo largo de esta legislatura hemos asistido a políticas que están agudizando de forma
insoportable esta situación y que han estado en el origen de que se haya precipitado la pobreza infantil, razones que tienen que ver con recortes en las políticas sociales, tanto el Plan de infancia y familia como el Plan concertado de servicios
sociales, la desaparición de Educa 3, las políticas de integración de la infancia en el caso de los inmigrantes, las becas de comedor, la becas de libros, etcétera, un conjunto de recortes que van a incidir sobre la población más desfavorecida.
Pero no solo esto, reformas estructurales que excluyen a los inmigrantes y a otros colectivos mayores de 26 años. Más de 800.000 personas en prestaciones sanitarias, pero también legislativas. Ha habido una dejación en la tramitación de la ley de
protección de la infancia. Era esperable que a lo largo de esta legislatura estuviera aquí. Era una ley que pensábamos que iba ser apoyada por unanimidad, pero los tambores de guerra que estamos oyendo nos indican que no va a ser así sino que,
desgraciadamente, va a ser una ley de confrontación.
En esta situación aparece la agenda social del Gobierno. Un día descubrimos en el debate presupuestario que el ministro Montoro empieza a hablar de la nueva era y que ahora tienen una altísima sensibilidad social, justo cuando acabamos de
aprobar unos presupuestos que consolidan los presupuestos de la desigualdad y de los recortes sociales a lo largo de toda la legislatura. No sé si tramitarán créditos extraordinarios, pero desde luego con los presupuestos que mañana aprobaremos
definitivamente no hay margen para el cambio de la política social. Estoy segura de que va a subir aquí la portavoz o el portavoz del Grupo Popular y nos va a decir que qué va, que han acordado con los sindicatos un plan para los parados con hijos
a cargo. Y yo les tengo que decir: ¡Menos mal que están los sindicatos, que han conseguido detener o contener un poco esta hemorragia! ¡Menos mal! ¡Menos mal que han conseguido que razonaran un poquitín! Pero estamos hablando de una cuantía de
1.000 millones de euros, después de 7.220 millones de recorte en protección al desempleo durante esta legislatura. Estamos hablando de 1.000 frente a más de 7.000 y esta es la realidad. Y una cobertura para 400.000 familias cuando estamos hablando
de 943.000 con todos sus miembros en paro.
Nos van a venir a hablar del IRPF, de que ha habido unas reformas del IRPF que van a solucionar el problema de las familias y el de las familias numerosas. Estoy segura de que van a utilizar este argumento. Vamos allá, vamos al IRPF.
Dicen que va a aumentar la protección a las familias no sé cuánto, pero luego haces números, miras el sistema y ves los números reales de incremento de mínimos familiares. Por el primer hijo son 25,59 euros al año; por el segundo hijo, 35,10 euros
al año; por el tercer hijo, menos 108,82 euros al año. No es que los ahorren, es que los tienen que pagar. Y por el cuarto hijo, menos 135,05 euros al año. Luego nos dicen que hay una deducción de 1.200 euros para familias numerosas. Veámoslo.
Es una deducción de 1.200 euros de la cuota, pero está limitada por las cotizaciones que haya aportado a la Seguridad Social, está topada, no hay impuesto negativo. Da la casualidad de que la media de cotizaciones a la Seguridad Social -la media de
los diez deciles- es de 1.521 euros. Efectivamente, estas familias podrían disfrutar de los 1.200 euros, pero las familias pobres cotizan por 61,2 al mes, luego son 732 euros. Podrían deducir solo 732, pero tienen que pagar -habíamos visto que por
tercer y cuarto hijo pagan más-. Las familias del decil más bajo pagan 652, luego no van a beneficiarse más que por 652, pero tienen que pagar si tienen un tercer o un cuarto hijo. Esta es la realidad del IRPF y estas son las políticas sociales
del Partido Popular.
Medidas legislativas, medidas de recorte y medidas de disminución de la protección por desempleo; medidas legislativas y medidas de -perdónenme la expresión- abulia. Ni siquiera las personas que acogen a huérfanos por violencia de género
tienen derecho a este beneficio. Un simple cambio en los criterios; esto es un detalle, esto es simple abulia y denota esa actitud hacia la infancia de mirar para otro lado, del que tenga, tenga y al que no, como dice el refrán: al que Dios se la
dé, San Pedro se la bendiga.
Concluyo, presidenta. Desgraciadamente, este no es un país para niños pobres.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: Este no es un país para niños, pero especialmente no es un país para niños pobres, y si no es un país para niños pobres...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Carcedo, tiene que finalizar.
La señora CARCEDO ROCES: ... es un país que tiene lastrada su competitividad y es un país sin futuro. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Torrado.
La señora TORRADO DE CASTRO: Gracias, señora presidenta.
Estamos en vísperas de Navidad, estamos en días en que los más pequeños escriben sus cartas a los Reyes Magos, pero parece ser que no solo los más pequeños, algunos políticos actúan con absoluta inmadurez parlamentaria y se dedican a
realizar intervenciones atolondradas abusando de un buenismo que en absoluto construye un país. Vaya por delante que nuestro grupo parlamentario también quiere todo eso que proponen, queremos todo eso y más, puestos a pedir seríamos mucho más
ambiciosos, especialmente si los destinatarios son las niñas y los niños más desfavorecidos. Pero los que estamos aquí, señorías, no estamos para escribir cartas a los Reyes Magos, la sociedad confía en que la responsabilidad sea nuestro principio
rector. Los ciudadanos se han dado cuenta de que no basta con buenas intenciones, son conscientes de que el papel lo aguanta todo pero las cuentas públicas no y demandan de nosotros no solo políticas eficaces sino también eficientes.
El Gobierno está trabajando para administrar un país, un país que ha estado al borde del abismo y que gracias a su gestión empieza ya a ubicarse en zona segura tras años de incertidumbre. Estamos superando la peor crisis que España ha
vivido en décadas, pero la recuperación no será completa hasta que llegue a cada hogar, especialmente a los que han sufrido los efectos de la crisis. Desde muchos de esos hogares se enviarán cartas, cartas pidiendo lo que cualquier niño puede
desear pero que es imposible conceder en unas economías familiares que han sufrido una crisis económica de dimensiones desconocidas en nuestra historia reciente, y esos padres tendrán que ajustar su presupuesto, hacer cábalas y tomar decisiones
dolorosas, y esos niños tendrán que entender que de momento lo importante es cubrir las necesidades básicas y que los esfuerzos que están realizando sus padres garantizarán un futuro mejor.
Ante esta realidad algunos giran la cara y piensan que todavía navegamos en la abundancia, que el dinero cae del cielo y que aquí no ha pasado nada. Está muy de moda eso de hacer una política populista alejada de la gestión real, algo que
al parecer justifica hacer intervenciones sin una planificación y una
argumentación realista. Señorías, ¿ustedes saben lo que supone esta propuesta? ¿De dónde piensan sacar esa cifra multimillonaria que costaría esa iniciativa? No han dicho de dónde sacarían ese dinero. Por eso lamento decirles que su
propuesta no es viable y además algunas de sus intervenciones no se han hecho para mejorar la situación de esos niños, solo pretenden poner en evidencia a un Gobierno que está pidiendo sacrificios y que está esforzándose para dotar de equilibrio a
un país que sufría una caída libre en su economía hace tan solo tres años.
Señorías, fíjense, este Gobierno está paliando las necesidades de muchas familias porque está empezando a crear empleo. Quizás, al contrario que en años anteriores, en esta Navidad habrá niñas y niños que no disfruten todas las vacaciones
con sus padres, y eso será una buena noticia porque sus padres y sus madres estarán trabajando, ya que la mejor forma de combatir la desigualdad, la pobreza y especialmente la pobreza infantil es creando empleo. Además desde el año 2013 el Gobierno
está aplicando el Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia, dotado con más de 5.000 millones de euros y cuyo objetivo es potenciar la intervención social a la infancia y a la adolescencia en situación de riesgo. También en diciembre del
año se puso en marcha el Plan nacional de acción para la inclusión social 2013-2016, que cuenta con más de 136.000 millones de euros, donde la pobreza infantil es un objetivo transversal. Desde el pasado mes de julio se ha dotado un fondo
extraordinario de 17,4 millones de euros para ayudar a las familias con menores a cargo y se ha incrementado hasta 102 millones de euros la partida para financiar el nuevo Fondo europeo de ayuda a los desfavorecidos.
En la reforma fiscal aprobada hace escasas fechas -repáselo, señora portavoz del Grupo Socialista-, la política de apoyo a la familia y a la infancia es el eje central. En ella se han introducido una serie de modificaciones destinadas a
mejorar la equidad y promover el desarrollo social. Estas reformas se dirigen especialmente a colectivos que requieren mayor protección, como son las familias, las personas con discapacidad o los contribuyentes de rentas más bajas. Además, se
crean tres nuevas figuras de protección social en forma de deducciones: para familias con hijos dependientes con discapacidad, para familias con ascendientes dependientes y para familias numerosas. En cada uno de estos casos podrán recibirse 1.200
euros anuales, que serán compatibles con la ayuda fiscal vigente para madres trabajadoras con hijos menores de tres años. De igual forma, se incrementan en más de 10 millones de euros las subvenciones al tercer sector -quiero saludar a las personas
que nos acompañan esta tarde-, subvenciones con cargo al IRPF que, como digo, se han incrementado en más de 10 millones de euros y que ascenderán a 220 millones de euros. Quiero agradecer aquí el excelente trabajo que están realizando estas ONG en
favor de la infancia, que nutren programas de atención integral a las familias y a los menores en situación de exclusión social.
El presupuesto para familia e infancia también crece en los presupuestos generales para el próximo año un 20,5 %, y por primera vez un gobierno crea una partida específica -se dota con 32 millones de euros- dirigida a proyectos destinados a
paliar situaciones de carencia material de familias con hijos a cargo.
Además de todo esto, el Gobierno se ha comprometido ante los interlocutores sociales a potenciar la colaboración entre los ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, junto con las comunidades
autónomas, para elaborar un mapa completo de prestaciones y de subsidios de desempleo en todo el territorio, además de la nueva prestación para los parados de larga duración, que, como todos ustedes saben, se firmó ayer. Es un acuerdo que lleva el
beneplácito de todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por Convergència i Unió y por el Partido Socialista, especialmente Andalucía, que es la región con más paro de Europa. El objetivo ahora es que la recuperación llegue a las
familias que más lo necesitan. Por eso el Gobierno de España ya está ultimando el plan integral de apoyo a la familia, con el que se va a mejorar la protección social y económica a las familias y se va a prevenir la pobreza infantil. Se va a
facilitar la conciliación y la corresponsabilidad de la vida familiar, laboral y personal junto a la protección de la maternidad y se van a potenciar los servicios, medidas y políticas que ofrezcan un entorno favorable y positivo a la vida familiar,
además de desarrollar planes de actuaciones para apoyar a familias en situaciones especiales y la promoción de la solidaridad intergeneracional. Asimismo, se va a impulsar el ejercicio positivo de las responsabilidades familiares y el desempeño de
la función educativa, así como campañas para sensibilizar sobre el valor social de la familia, porque, señorías, en el Partido Popular no somos partidarios de empezar a construir la casa por el tejado. Hay que comenzar por los cimientos y sabemos
que antes de que llegue el día en que propuestas como la suya se puedan plantear con coherencia y garantía hay que asegurar unas bases sobre las que fundamentar. En eso está el Gobierno.
Por eso, señorías, el Grupo Parlamentario Popular no puede en estos momentos apoyar esta proposición de ley, que supone aumentar el gasto en más de un 600 %, sin que se plantee la forma de financiar esta cuantía. Pero sí queremos desde el
Grupo Popular agradecer al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) su sensibilidad y todo el trabajo que ha hecho y que ha tenido en cuenta para elaborar esta iniciativa. El Gobierno está trabajando ya con alternativas reales y las
expectativas auguran una mejora en las economías familiares. Antes solo hablábamos de esfuerzos y ahora podemos empezar a hablar de esperanza; una esperanza que indudablemente repercutirá en el bienestar de las niñas y niños de nuestro país,
haciendo que su futuro nunca más tenga que depender de ningún tipo de subsidio.
Por último, contagiada del espíritu navideño (Rumores), quiero cerrar la que va a ser mi última intervención este año aquí, en el Pleno, deseando que en el próximo periodo de sesiones el Congreso sea un lugar de encuentro en el que todos
trabajemos en proyectos realistas que se traduzcan en políticas viables y responsables.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Torrado.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA CONSOLIDACIÓN DE UN MARCO LABORAL DE CALIDAD PARA LOS CONTRATOS FORMATIVOS. (Número de expediente 162/001084).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto II del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la consolidación de un marco
laboral de calidad para los contratos formativos.
Para su presentación, tiene la palabra la señora Méndez.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la presente proposición no de ley hace referencia a un marco de calidad para los contratos formativos para la inserción laboral juvenil. Antes de nada me gustaría reflexionar sobre el desarrollo económico a lo largo de estos tres
años de legislatura, ya que no en vano será el crecimiento económico el único capaz de posibilitar la creación del tan necesario empleo, sobre todo para nuestros jóvenes. Hay un estudio de 9 de diciembre del Fondo Monetario Internacional que dice
que la causa fundamental del desempleo de los jóvenes es precisamente la falta de crecimiento económico. Por eso es interesante reflexionar que en el año 2012 todos los indicadores apuntaban a que seríamos objeto de un rescate y que los grandes
esfuerzos realizados por nuestro Gobierno evitaron la quiebra del Estado. España entonces era el enfermo de Europa y ahora es el protagonista de la recuperación. Durante el año 2013 los indicadores económicos seguían siendo negativos, las reformas
que se iban realizando era imposible que de momento obtuvieran los esperados resultados ya que los graves daños causados por la crisis e inactividad del Gobierno en la pasada legislatura tardan mucho tiempo en repararse. Al final de ese año tuvimos
un crecimiento negativo del 1,3 y las previsiones para 2014 eran de un crecimiento del 1 o del 1,3 como máximo. Hoy, al final del año 2014, se han superado las previsiones ya que estamos creciendo a un ritmo del 1,4 interanual. El informe de la
Fundación de cajas de ahorros prevé para el año próximo un crecimiento de un 2,4. No es arriesgado por tanto ni falsa esperanza afirmar, como ha hecho nuestro presidente, que estamos iniciando la recuperación, lo que implica creación de empleo;
ese empleo tan esperado. El daño que la crisis ha provocado en el empleo se hace más evidente y dramático en el porcentaje de desempleo juvenil, ya que la mitad de nuestros jóvenes se encuentra sin trabajo. Queda mucho camino por recorrer para que
la generación más preparada de nuestra historia pueda construir su proyecto de futuro, que, por otra parte, es nuestro futuro, el futuro de España.
Nuestro Gobierno no es ni ha sido ajeno a la importancia de estos datos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha puesto en marcha unas políticas que nunca se habían puesto en marcha a favor de nuestros jóvenes. Se inició un camino con la
reforma laboral, pero singularmente el esfuerzo para los jóvenes se ha concretado en la Estrategia de emprendimiento y empleo joven y garantía juvenil, con cien medidas, entre las que merece la pena destacar las reducciones en las cuotas de la
Seguridad Social, la tarifa plana de 50 euros para las nuevas altas como autónomos o la reducción del cien por cien de las cuotas a la Seguridad Social durante un año a los autónomos y microempresas que contraten de forma
indefinida a los jóvenes; o las empresas que transformen el contrato de primer empleo joven en contrato indefinido, que tendrán derecho a una bonificación en la cuota de la Seguridad Social de 500 euros al año durante tres años y de 700
euros si se suscribe con mujeres. Y noventa y siete medidas más.
Esta estrategia está obteniendo resultados positivos, ya que más de 400 jóvenes consiguen cada día tener una oportunidad de empleo. La tasa de paro se ha reducido en 2,6 puntos y más de 75.000 jóvenes han salido del desempleo, según la EPA,
en este último año. Ahora bien, dentro de las acciones imprescindibles para lograr la inserción laboral juvenil está el impulso de los contratos en prácticas y de formación recogidos en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. Así, se han
puesto en marcha medidas como el fomento de la contratación con vinculación formativa, es decir, que las empresas que contraten a jóvenes sin experiencia laboral o desempleados de larga duración que compatibilicen empleo con formación disfrutarán de
una reducción de la cuota a la Seguridad Social del cien por cien si tienen menos de 205 trabajadores y del 75 % si superan dicha cifra en la plantilla. Con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Garantía Juvenil mediante Real Decreto 8/2014,
de 4 julio, se prevén nuevas medidas para el fomento del uso de los contratos formativos. Así, respecto al contrato en prácticas, se establece la bonificación adicional hasta alcanzar el cien por cien de incentivo en las cotizaciones de la empresa
a la Seguridad Social por contingencias comunes y en el caso del contrato para la formación y aprendizaje se prevé que puedan llegar a compensarse los costes inherentes a la formación oficial, así como los derivados de la necesaria tutorización del
trabajador. Con ello se pretende dar un impulso al contrato para la formación que permite la obtención de formación oficial y experiencia laboral.
Todo hace presagiar, y así lo esperamos, que con estos estímulos este tipo de contratos aumentarán en un futuro próximo y es muy necesaria la aplicación de un marco de calidad para ello. En este sentido, el Consejo de Europa recomienda a
los Estados miembros mejorar la calidad de los períodos de prácticas y de formación, en particular el contenido didáctico y formativo y las condiciones laborales que ofrecen para así facilitar la transición del sistema educativo o del desempleo al
mercado de trabajo poniendo en práctica una serie de principios para un marco de calidad de los períodos de prácticas, tales como unos requisitos de transparencia, un reconocimiento adecuado de los períodos de prácticas, garantizar que se respeten
los derechos de los trabajadores en prácticas recogidos en la legislación nacional y europea aplicable, incluidos los límites al tiempo de trabajo máximo semanal, al tiempo mínimo de descanso diario y semanal y, cuando proceda, a la duración mínima
de vacaciones. Los hechos apuntan que son muy pocos los jóvenes que realizando prácticas en las empresas o con contratos formativos luego son contratados por estas. Existen diversos informes que acreditan dicho extremo, por ejemplo uno reciente de
Esade. Por ello, pedimos que se estudian las mejoras necesarias para adecuar un marco de calidad para los contratos formativos en aras de conseguir un empleo estable tras su finalización.
Siendo los jóvenes el sector más vulnerable en un momento tan difícil, es necesario cuidar que estas fórmulas contractuales no sean utilizadas en perjuicio del joven contratado ni se utilicen en fraude de ley, como pudiera ser el
encadenamiento de contratos, sino que por el contrario sea una fórmula para su mayor cualificación y oportunidades. De ahí la importancia de, además de estimular este tipo de contrataciones, cuidar que se realicen dentro de un marco de calidad.
También es importante controlar que las condiciones laborales de estos trabajadores sean compatibles con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores en cuanto a salarios relacionados con la carga de trabajo o jornada laboral y se cumpla el
objetivo de que dichas contrataciones lo sean para una mayor cualificación y oportunidades de inserción laboral de los jóvenes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Méndez.
A esta iniciativa se han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como no tenemos tiempo, no puedo recuperar el debate que en su momento tuvimos sobre este contrato y aquello que se auguraba sobre la poca rentabilidad que tendría en cuanto a la contratación primero bajo este plan y luego quizá
contratación definitiva para aquellas personas que se acogieran a él. Pero voy directo a nuestra enmienda, señorías del Partido Popular. Estamos dispuestos a aprobar su iniciativa siempre y cuando pasemos de las generalidades que plantea a la
concreción. No puede usted venir aquí diciendo, en el primer punto, que hay que estudiar las mejoras necesarias para adecuar... No, yo le propongo que pasemos a un segundo nivel de concreción, es decir: presentar en el plazo de tres meses las
mejoras necesarias. Creo que es justo y razonable lo que digo. En el segundo punto, cuando
ustedes dicen que hay que intensificar mediante la actividad inspectora los controles de las condiciones laborales, nosotros les pedimos que al final de su texto se añada lo siguiente: incorporando estos objetivos de forma prioritaria en
los planes de trabajo y objetivos de inspección para 2015. Porque sabemos que los inspectores funcionan bajo programas concretos de actuación anual. Hay que concretar, hay que comprometerse. Solamente les pedimos esto; que esta acción inspectora
relacionada con los contratos de formación forme parte de aquello prioritario, de los objetivos de la inspección para 2015. Y finalmente un tercer punto, creo que también razonable, y es que en el plazo de seis meses comparezca en esta Cámara la
ministra para presentarnos un informe respecto a los controles realizados desde el día de hoy, así como todas aquellas sanciones impuestas por razón de un uso fraudulento de esta forma de contratación. Creo que nuestras demandas son razonables. Si
usted se aviene a aceptarlas, estamos dispuestos a votar favorablemente su iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.
Señora Oramas, por el mismo grupo.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señora Méndez, señores diputados, de las cosas que más molestan, a mí por lo menos cuando oigo un discurso político en la radio, es cuando se habla en tercera persona; personas que hablan en tercera persona de sí mismas. Y hoy, cuando uno
ve esto, tiene la impresión de que están hablando en tercera persona, y son ustedes mismos. A mí me hubiera parecido genial que la ministra de Trabajo y Empleo, a la que tengo un gran respeto y afecto, hubiera comparecido en este Congreso para
decir que traía un plan de inspección para el tema del uso y abuso de los contratos de formación de jóvenes y, segundo, que se iba a hacer un análisis de si realmente no se está produciendo una explotación y si realmente está sirviendo para la
formación y para la creación de empleo. Pero a mí eso de que el Partido Popular diga que insta al Gobierno a que estudie y que se inspeccione más, sin objetivos, sin planes, sin plazos, no me parece lógico; es hablar en tercera persona.
Ustedes son el Gobierno, por tanto, háganlo, sobre todo cuando tenemos un país con el 50 % de los jóvenes en paro, donde efectivamente se están adoptando medidas, se están cambiando cosas, pero aquí tenemos un problema porque sabemos el
abuso que hay, porque sabemos la falta de efectividad en los números y porque vamos a tener una generación perdida. Eso de 400 puestos de trabajo de jóvenes... ¿Qué vamos a tardar, 20 años o 15 años en que tengan una oportunidad? Además, en este
país tenemos un problema, y es que actualmente tener un trabajo no quiere decir que no se esté en exclusión y en pobreza, ni tener dos carreras es garantía de un puesto de trabajo. A eso hay que darle respuesta a los jóvenes de este país.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Oramas.
Por el mismo grupo, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para manifestar la posición del BNG ante esta proposición no de ley. En primer lugar, tengo que decir que ante la exposición de motivos de la iniciativa me quedé perpleja, porque en realidad lo que hace es un reconocimiento
implícito del fracaso de las medidas del Gobierno en relación con la contratación de jóvenes, concretamente a través de los contratos de formación o en prácticas. Por cierto, ustedes no hacen referencia en la exposición de motivos al Real
Decreto-Ley 3/2012, que después se transformó en ley, pero usted en su intervención, señora diputada, sí hizo expresamente mención al mismo en relación con los asuntos que usted decía que el Gobierno puso en práctica tan favorablemente para los
jóvenes. Realmente lo que hizo este Gobierno fue facilitar a los empresarios la contratación de jóvenes para esclavizarlos; esclavizarlos desde el punto de vista de unas jornadas laborales que no tienen nada que ver con lo que se contrata y
también en relación con los salarios que están percibiendo. Hoy, el Instituto Galego de Estadística publica unos datos que dicen que más del 50 % de los jóvenes que trabajan en Galicia no lo hacen el año completo, y que ese 50 % no ingresa más de
4.000 euros anuales como media. Esto es un fracaso de las políticas de este Gobierno, por mucho que en su intervención usted tratara de dulcificarlo con todas esas bondades del Gobierno.
A nosotros nos parece que esta iniciativa es un brindis al sol. Eso de que el Gobierno estudie que se pueda hacer una contratación... Mandar al Gobierno estudiar... Creemos que a estas alturas debería tener la licenciatura aprobada y lo
que debería estar preparando...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señora presidenta.
... son las modificaciones legislativas necesarias que pudieran garantizar que los jóvenes tuvieran un contrato de trabajo que no significara precariedad y esclavitud.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo perplejo a la tribuna por el impacto provocado por la lectura de su PNL. Puedo entender que el Grupo Popular necesite demostrar que no es una mera terminal del Gobierno y que tiene iniciativa parlamentaria; puedo entender
también que, con ese objetivo, nos deleite cada semana con una nueva proposición de ley, a cual mejor intencionada; puedo llegar a entender también que, en esa escenificación, el Grupo Popular nos pida cada semana que votemos a favor de instar al
Gobierno para que haga aquello que no hace. Puedo entender todo eso e incluso más cosas, pero lo que resulta difícil de entender es lo que ustedes nos presentan hoy. Se han pasado, con todos los respetos, de cinismo político. Además,
sinceramente, señora Méndez, ha estado usted a punto de provocarme un Pastora Soler; ha sido tanto el incienso que ha utilizado usted para la política del Gobierno que -¿no se ha dado cuenta?- hemos empezado a marearnos todos los diputados. Un
poco más de rigor en las cosas. ¿Cómo puede usted venir a loar la política del Gobierno y al mismo tiempo reconocer que un contrato formativo, que es hijo de ustedes y de su legislación, está siendo utilizado abusivamente por los empresarios, no
cumple su función y que además no conduce a un empleo, y mucho menos a un empleo indefinido, que es lo que dicen ustedes en esta proposición de ley? Yo entiendo muchas cosas pero, un poco de seriedad, porque si no la gente no nos va a hacer caso,
que es desgraciadamente lo que sucede.
Tengan en cuenta una cosa. Creo que olvidan que la utilización de estos contratos formativos de manera fraudulenta no es algo que ha caído del cielo. Tiene que ver con dos factores; en primer lugar, una legislación que lo propicia. Eso
se lo dijimos en el debate de la reforma laboral y ustedes nos acusaron de negativistas. Los resultados están ahí. Además, no se olvide de que esa reforma laboral, aprobada con los votos del Partido Popular y de Convergència i Unió, ha propiciado
también otra actitud y es que eso se convierta en normalidad; pero, por si fuera poco, el Gobierno detecta esas anormalidades y esas irregularidades y decide mirar hacia otro lado. Los datos que tenemos en estos momentos es que la actuación de la
Inspección de Trabajo no persigue como algo prioritario el abuso de este tipo de contratos, con lo cual, si hay un problema, deben actuar -deben actuar como Gobierno y, si quieren tener iniciativa, como partido-, pero con alguna cosa más que esa
música celestial que nos han presentado hoy. De todas formas, bienvenida sea su proposición si sirve para algo. Aceptamos el reto y, por eso, hemos presentado una enmienda que intenta poner algo de letra a su música. Les aceptamos discutir y
tenemos algunas sugerencias; por ejemplo, que no nos limitemos al análisis de los contratos formativos o del contrato en prácticas, porque no solo ahí se produce fraude; también en los contratos de formación y aprendizaje se está produciendo un
fraude muy importante y afecta a colectivos con más dificultades de trabajo y de inserción, entre otras cosas, porque desgraciadamente, una determinada cultura empresarial de este país, basada en la competitividad a cualquier precio y en la
desregulación de las relaciones laborales, está utilizando los contratos formativos como elemento de precarización. Además, quiero llamarles la atención sobre un aspecto que ustedes no tratan porque se limitan solo al contrato en prácticas, pero en
estos momentos hay un problema muy importante en materia de calidad formativa, que es el que afecta a la formación en el empleo en relación con colectivos con especiales dificultades; todos aquellos que son atendidos por las empresas de inserción,
los colectivos en situación de difícil inserción en el mercado de trabajo. Estas empresas trabajan en situaciones muy difíciles porque los colectivos a los cuales les dan formación para intentar inserirlos laboral y socialmente están formados por
personas con muchas dificultades. En ese sentido, estamos dispuestos incluso a analizar con ustedes los mecanismos para introducir flexibilidad en esos procesos formativos porque es imprescindible. Tengan en cuenta una cosa
-creo que lo saben, pero, si no, se lo reitero-, que, en general, la formación tiene mundos muy distintos, pero, cuando se trata de esos colectivos, si cada colectivo es un mundo, cada persona es un universo; por tanto, los itinerarios
tienen que ser muy individualizados y para la calidad de la formación en estos caso la única solución es aportar recursos para que esas empresas puedan hacer dos cosas: dar formación de calidad y luego poder conducir a esas personas a algo más que
no sea otra vez la calle o la situación de desinserción, de exclusión social.
Solo he querido referirme a estos aspectos para que vea que, si quiere, podemos dialogar, pero sobre cosas concretas y no sobre música. Y, por supuesto, digan al Gobierno que impulse, porque tiene facultades para ello, a la Inspección de
Trabajo para perseguir esos fraudes que ustedes han detectado. En resumen, estamos dispuestos a dialogar. Espero que acepte nuestra enmienda a su proposición de ley porque, de lo contrario, lo que nos han presentado ustedes y nada es lo mismo.
Las propuestas que hemos presentado todos los grupos son aceptables. Si ustedes van en serio, deberían aceptar nuestras enmiendas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señora Méndez, mi grupo tiene la impresión de que estamos perdiendo la oportunidad de que esta iniciativa sirviese al menos para dos cosas; una, para identificar el problema del que estamos hablando y, dos, para comprometer a la Cámara en
una política concreta que sea identificable. El texto que ustedes ofrecen para votación a la Cámara, instando al Gobierno a estudiar mejoras en genérico sobre los contratos formativos y a intensificar la actividad inspectora, todos coincidimos en
que no terminamos de entender exactamente ni a qué estamos haciendo frente ni qué pretendemos hacer. Por tanto, estamos ante un debate ciertamente confuso.
De la exposición de motivos de su iniciativa, lo que entenderíamos sería que las modalidades de formación para el empleo no están sirviendo para aquello que el legislador consideraba necesario. Otros grupos de la oposición, e incluso su
propia mención a la Inspección de Trabajo, nos apuntan un problema de fraude. No terminamos de entender si el problema afecta a la configuración legal de esos contratos -que se ha modificado muy recientemente, como se ha apuntado, en las últimas
reformas laborales que se han producido-, a prácticas por parte de las empresas abusando de esa legislación o a insuficiencia de la actividad inspectora. Siendo ustedes del grupo que gobierna, lo más razonable es que el propio Gobierno compareciese
en la Cámara con un diagnóstico de cuáles son los problemas y con una cierta propuesta sobre cuáles son las respuestas a esos problemas. Por tanto, insisto, nos queda una sensación un poco extraña en la discusión en la que estamos.
Eso sí, Convergència i Unió quiere aprovechar este trámite de su iniciativa para plantear dos cuestiones que no están directamente vinculadas al tema de los contratos formativos, pero que sí lo están a las posibilidades de inserción en el
mercado de trabajo de las personas jóvenes; dos problemas muy concretos que también tienen relación con aspectos formativos. Por un lado, estamos reclamando que el Gobierno formule una propuesta para dar respuesta a un problema que tienen las
entidades del tercer sector que trabajan con jóvenes en riesgo de exclusión social y que hace muy pocos días, en la subcomisión de lucha contra el desempleo juvenil, la Fundación Exit nos planteó, pero que es compartido por buena parte del tejido
social que trabaja con los colectivos de jóvenes más vulnerables. El problema fundamental es que estas organizaciones utilizan como mecanismo de práctica de inserción en la empresa las denominadas prácticas no laborales y que la actual
configuración de estas prácticas no laborales, en la manera que el tercer sector las está utilizando, estaría en el límite de lo que sería legal. Se plantea la necesidad de adaptar el marco legal a esa actividad del tercer sector. Nos parece
importante. El señor Pastor, el señor Azpiroz, la señora Álvarez-Arenas y otros diputados del Grupo Popular conocen el problema que les estoy planteando. Sería bueno que hoy, en esa proposición no de ley que nos plantean, junto con las enmiendas
del resto de los grupos, tuviesen en cuenta esta petición. Además, les trasladamos otro problema concreto que diversos sectores empresariales nos están exponiendo. De manera un punto sorprendente continúa vigente en España un decreto de 26 de
julio de 1957 que regula el trabajo de los menores de edad. Esa regulación del año 1957, que continúa vigente, está provocando dificultades para que jóvenes de la formación profesional puedan hacer sus prácticas en la industria. Les planteamos
-imagínense, un texto del año 1957- que lo revisemos para facilitar algo en lo que todos estaríamos de acuerdo y que es
fundamental en estos momentos en materia de formación para el empleo, que es potenciar la formación profesional dual, que probablemente en el sector industrial, con los límites del año 1957, no se puede desarrollar.
Señora Méndez, mi grupo votaría a favor de este texto que usted nos propone si aceptan el conjunto de enmiendas que les estamos planteando los distintos grupos de la oposición, que darían al contenido de esta iniciativa los elementos
sustanciales que justificasen los minutos que dedicamos a este debate.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Yo espero, señora Méndez, su generosidad y su respeto a las propuestas de la oposición y que acepten nuestras enmiendas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.
Grupo Socialista. Señor De la Rocha.
El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Señora presidenta, señorías, debatimos una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que ya otros grupos han glosado, criticado o valorado, cuyos objetivos centrales son dos; que se estudien por el Gobierno
medidas para abordar lo que llaman el marco de calidad de los contratos formativos y que se intensifique la acción inspectora para el control de las condiciones laborales, del deterioro de los derechos de los trabajadores que tienen este tipo de
contratos. Me uno a algunos juicios de valor que se han hecho. Es sin duda una iniciativa sorprendente, por calificarla suavemente por la cortesía parlamentaria. Llevan ustedes, señora Méndez, lleva el Gobierno del PP gobernando España tres años.
Han hecho ustedes una reforma laboral que ha deteriorado de una manera drástica los derechos de los trabajadores. Han hecho ustedes cuatro reformas sucesivas de los contratos formativos. El marco actual de los contratos formativos es producto de
la decisión del ministerio que dirige la señora Báñez. Ahora -bienvenidos- ustedes se dan cuenta de aquello que se anunció en el debate por todos los grupos parlamentarios y que han denunciado fuera de la Cámara los sindicatos de trabajadores, que
se iba a producir con este modelo de contratos formativos que tienen ustedes un doble efecto: primero, un deterioro aun mayor de las condiciones laborales; segundo -leo literalmente lo que dicen ustedes, que reconocen ahora ustedes en su
proposición no de ley por escrito-, entre comillas, una situación de precariedad laboral permanente. Repito, bienvenidos al diagnóstico, pero con este diagnóstico lo que no cabe es que ustedes se limiten a decir que el Gobierno estudie qué hacer,
porque ya todos los grupos de la Cámara supieron lo que había que hacer y se lo dijeron a ustedes, y se lo están diciendo también organizaciones empresariales y sindicales fuera de la Cámara.
Usted aquí ha tirado de argumentario, nos ha hablado de la herencia recibida, de lo bien que lo está haciendo este Gobierno, que estamos saliendo de la crisis, pero ahora vamos a hablar de su herencia, la herencia del Gobierno del Partido
Popular, de tres años de gobierno. Los jóvenes, son, con los trabajadores de más edad, los que sufren de manera más clara las consecuencias de su reforma laboral que les niega toda expectativa. Los datos son contundentes, sus datos, los datos de
este Gobierno. Desde la reforma laboral se han destruido en España 458.000 empleos de jóvenes, la tasa de desempleo juvenil armonizada, publicada la semana pasada por la Unión Europea, desde la reforma laboral ha subido 5,1 puntos porcentuales.
Hay además en España 867.000 jóvenes de menos de veinticinco años buscando trabajo, sin contar los cerca de 200.000 que se dice que se han tenido que ir fuera de España porque este país no les ofrece, este Gobierno no les ofrece posibilidades de
trabajo. Esto que la ministra de Empleo llamaba la movilidad exterior; los jóvenes mejor formados se tienen que ir de España.
Hablemos de formación, porque esta PNL se centra más en los contratos formativos. Efectivamente, se está produciendo, y bienvenido sea, un incremento del número de contratos formativos, fundamentalmente en el año 2014, pero son contratos
formativos que -como su señoría reconoce pública, documentalmente y por escrito- viven un deterioro de condiciones laborales con carácter bastante general sin duda poco aceptable, inaceptable. Ustedes en las modificaciones del contrato de formación
y aprendizaje establecieron: uno, la desvinculación de la formación del puesto de trabajo; la rebaja del número de horas formativas y el incremento, por tanto, del número de horas de trabajo, de horas de actividad laboral; el encadenamiento de
los contratos. Un contrato, que usted ha mencionado, a tiempo parcial con vinculación formativa que exonera al propio empresario de tener que dar la formación, que esa formación puede haber
sido tres o cuatro meses antes. Están ustedes fomentando, a través de la propia normativa, agujeros para que los empresarios defrauden.
Habla usted de que hay que intensificar la acción inspectora. Intensificar significa una acción inspectora que ya viene funcionando. Tengo aquí el informe de la Inspección de Trabajo del año 2013, que se ha entregado hace escasamente un
mes. (Muestra un documento). Tiene 237 páginas. ¿Saben ustedes cuántas líneas hay referidas a control o inspección de contratos formativos en 237 páginas? Cero. ¿Cuántas referencias hay? Cero. Lo mismo ocurre con la del año 2012 y con el Plan
de actuación de la Inspección del año 2014, porque a la ministra de Empleo lo que le ha interesado es el control de los desempleados, pero no el control de los contratos formativos. Por eso, bienvenidos al diagnóstico y por eso nuestra enmienda...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor De la Rocha.
El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Termino ya, señora presidenta.
Por eso nuestra enmienda, similar a la que han presentado otros grupos parlamentarios, va en la dirección de que no instemos al Gobierno a que estudie sino a que modifique, a que promueva una modificación del marco legal de los contratos
formativos y a que la Inspección de Trabajo incluya entre sus planes de actuación el objetivo del control de los contratos formativos en el uso de horas extraordinarias que están vetadas, en la calidad de la formación y en evitar un encadenamiento
ilícito de los contratos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor De la Rocha.
Pasamos al turno de fijación de posición. En primer lugar, Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Prácticamente haría mías la totalidad de las palabras manifestadas por el señor De la Rocha. La verdad, es que el doble pedimento de esta iniciativa llama la atención realizada por el Grupo Popular en el Congreso. Instar al Gobierno a que
estudie disfuncionalidades se compadece mal con la reflexión apologética hecha por la señora Méndez en su intervención inicial en relación con las medidas de promoción del empleo juvenil, la tarifa plana, la garantía juvenil, el plan de
emprendimiento, etcétera. Intensificar la labor de inspección significa que algo se ha diagnosticado desde el Grupo Parlamentario Popular o desde el Gobierno respecto a la funcionalidad de los contratos formativos, del contrato en prácticas,
contrato de aprendizaje, en definitiva, todos los que existen reformados en cuatro ocasiones, como ha dicho el señor De la Rocha. La más peligrosa, la más inadecuada es la de la reforma laboral, la de la Ley 3/2012, donde es posible que un joven
pueda trabajar el 80 % de la jornada laboral no en su formación, no en adquirir destrezas o aprendizajes como exige el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 11, vinculadas a su formación académica o profesional, sino en realizar labores
ordinarias de la empresa, y el 20 % en actividades formativas que no son objeto de inspección alguna, como ha sido indicado por el señor De la Rocha. Fíjese qué tentación para un empresario poder contratar a una persona que puede trabajar el 80 %
de la jornada realizando labores ordinarias que constituyen el objeto empresarial de la empresa que le contrata y que no es objeto de control en dicha empresa en relación con el complemento del 20 % de formación. Esto es algo que podríamos ir
estudiando, podríamos invocar al Gobierno a que esta fórmula contractual prevista en la reforma laboral sea objeto de corrección. Esto sí es una actividad fraudulenta. Estos contratos están teleológicamente indicados para la formación de los
jóvenes, para adquirir destrezas y para su incorporación al mercado de trabajo, hasta el punto de que el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores exonera del período de prueba cuando se transforma o se nova un contrato en prácticas en un
contrato en el seno de la empresa de carácter ordinario. Esto no está ocurriendo así. Los datos son muy elocuentes, señora Méndez, usted misma lo ha dicho. En virtud del estudio de Esade, el 52 % de los jóvenes que han realizado actividades de
esta naturaleza, ninguno se incorpora luego a la actividad en la que ha realizado estas actividades de naturaleza formativa o profesional. Esta es una disfunción que hace referencia a que no se están haciendo bien las cosas o que no están
configurados normativamente de forma adecuada los contratos en prácticas y los contratos formativos, particularmente los derivados de la normativa laboral.
Mi recomendación a la señora Méndez, con todo respeto, es que acepte las enmiendas porque estudiar, aquí todos estamos vocacionados al estudio y algunos incluso hasta estudiamos esporádicamente.
¿Qué hay que inspeccionar? Tampoco nos concreta lo que hay que inspeccionar. ¿El fraude? El fraude seguramente consiste en que no se forma a los jóvenes, no se les forma de forma adecuada para que puedan luego novar esa formación en una
incorporación contractual a esa empresa. Estas dos son las cosas que la Inspección de Trabajo y los que tenemos que estudiar -no sé a quién se realiza la invocación de estudio, me imagino que al Gobierno- deben hacer. Pero, señora Méndez, o el
Gobierno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Si tiene que estudiar porque las cosas están yendo mal, seguramente no lo está haciendo bien. Si lo está haciendo como usted dice tan bien a través de distintos planes como el de la tarifa,
como el del emprendimiento, como el de la garantía juvenil, quizás ese tipo de reflexiones sobran y deberían ser sustituidas por una posición más proactiva a la aceptación de lo que le proponemos todos, la aceptación de las enmiendas presentadas.
Gracias, señora presidenta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
Las proposiciones no de ley del Grupo Popular se van convirtiendo, sesión tras sesión, en un catálogo de temas en los que el partido mayoritario tiene mala conciencia y, una y otra vez, obra de la misma manera. Trae aquí una legislación que
tiene efectos negativos sobre determinados colectivos; los grupos de la oposición le señalamos que eso va a suceder; aun así aprueban esa legislación y un tiempo después se echan las manos a la cabeza, como si esos resultados no fueran
consecuencia de sus leyes sino que fuesen consecuencia de la mala suerte o de la casualidad, y nos traen hoy -supongo que con espíritu prenavideño- generalidades de a ver si esto se soluciona de alguna manera, a ver si esto deja de suceder. En el
caso de hoy es incluso difícil de entender la justificación, porque no se reconoce claramente la existencia de ningún problema. Se habla veladamente de cosas que son vox populi. Dice: Hay que consolidar un marco de calidad en los contratos
formativos. O sea, ¿qué ya son de calidad y hay que consolidarla, o no son de calidad? Hay que inspeccionar no vaya a ser que haya algún abuso. ¿Es que no se está abusando de ellos? Se quiere solucionar algo que ni siquiera se reconoce que sea
un problema; es realmente una iniciativa difícil de comprender.
Si vamos al fondo del asunto, sí que es fácil comprender lo que ha sucedido. Ustedes han aplicado una legislación laboral, una reforma laboral que ustedes mismo promulgaron que, en el caso de los contratos de formación, ha desvirtuado por
completo su sentido. El contrato de formación, como su nombre indica, es para jóvenes con carencias formativas que compaginan una actividad remunerada con formación simultánea. Con su reforma, estos contratos se pueden firmar hasta los treinta
años y tienen hasta tres años. Puede haber una persona con treinta y tres años y con un contrato formativo. Para formarse, un 15 % del tiempo se dedica a formación en el segundo y tercer año. ¿Y qué se considera formación? Se puede dar en la
empresa; si la propia empresa da un curso mínimo de informática o de idiomas ya ha cumplido. Es un tiempo mínimo de formación que no garantiza la calidad. Y, para remate, se precarizan más estos contratos en su reforma porque se permite
encadenarlos, siempre que se diga que el segundo contrato está pensado para cualificaciones distintas -el primero de informática y el segundo de hablar en público- y las propias empresas de trabajo temporal pueden firmar estos contratos. Más
precarios, imposible. Ustedes se centran en los contratos de formación, pero nuestros jóvenes sufren otros tipos de contratos igualmente abusivos. El contrato en prácticas también se ha desvirtuado de nuevo. Prácticas: uno tiene un título, se ha
formado y practica lo que acaba de estudiar. Con su reforma, pueden haber pasado más de cinco años desde la finalización de esos estudios y se está practicando de eso. Y en el fondo, ni siquiera es seguro que muchos jóvenes lleguen a acceder a
estos contratos de formación o prácticas porque hay otra tercera figura, más precaria todavía, que es el becario, que no tiene una relación laboral, es alguien que todavía está estudiando. En España hay situaciones de jóvenes con licenciaturas, y
con dobles licenciaturas, a los que la empresa les dice que se matriculen en alguna titulación barata y que sigan figurando como becarios. Estas son realidades que se viven en nuestra sociedad. ¿Qué ha sucedido con estas figuras? Lo que les
dijimos en la reforma laboral y les dijeron otros grupos: que se han convertido en figuras de mano de obra, incluso cualificada, pero barata y precaria. Ustedes nos pueden decir: pero se firman muchos contratos de este tipo. Efectivamente, se
firman muchos contratos porque no solo se crea empleo, sino que se sustituye otro tipo de empleo de calidad por este tipo de empleo precario. Si yo puedo contratar un doble licenciado en estas condiciones, no solo se está creando empleo, se está
sustituyendo empleo de calidad por empleo precario, y esto está pensado para que nuestros
jóvenes luego accedan a una contratación indefinida. Las estadísticas -usted mismo lo dice y también su exposición de motivos- demuestran que no es así, que es casi nulo el porcentaje de jóvenes que transitan desde estas primeras
modalidades al contrato indefinido.
Usted nos dice en su proposición no de ley que esto deje de suceder. Nosotros no nos hemos molestado -se lo digo sinceramente- en hacer enmienda porque no creemos en su voluntad política de hacer nada. Han tenido innumerables ocasiones de
hacerlo y pueden hacerlo porque tienen mayoría absoluta, pero hacemos nuestras las enmiendas de otros grupos. Si ustedes aceptan un cambio legislativo para que esto deje de suceder, creeremos de verdad que les preocupa el problema. Si lo que
quieren hacer es un mero brindis al sol o una felicitación navideña a los jóvenes con ningún contenido real detrás, nosotros no nos sumaremos a ese brindis al sol con nuestro voto.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias.
Señora Méndez, ¿acepta usted alguna de las enmiendas presentadas?
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señora presidenta, no puedo aceptar las enmiendas ya que la petición que se contiene en la PNL es lo suficientemente contundente para el objetivo que se persigue.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Méndez, solamente tiene que decir sí o no. No las admite.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE UN PLAN CONTRA LA EXPLOTACIÓN LABORAL. (Número de expediente 162/001097).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la puesta en práctica de un plan contra la explotación laboral. Señor
Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme que comience mis palabras lamentando las declaraciones del presidente del Gobierno cuando decretaba por su cuenta el final de la crisis para los españoles, porque con estas palabras el señor Rajoy ha faltado, a mi
juicio, al respeto a millones de parados, a millones de trabajadores pobres, a millones de trabajadores explotados en nuestro país (Aplausos), para los que la crisis por desgracia está plenamente vigente. Y por desgracia también la ministra de
Empleo se ha sumado a la fiesta, ha acompañado este penoso ejercicio electoralista aludiendo a la alegría, alegría literalmente, ha dicho la señora ministra, con que según su muy particular análisis hemos de celebrar los resultados de sus políticas.
La realidad de los resultados de las políticas de empleo de este Gobierno, sin embargo, invita a pocas alegrías. Tras tres años de Gobierno del Partido Popular en España hay menos empleo, menos afiliación a la Seguridad Social, menos políticas
activas de empleo, menos salarios y menos protección social para los parados. Esta es la cruda realidad, fanfarrias electoralistas aparte, y la verdad invita a pocas alegrías. Por tanto, ¿para quién ha pasado la crisis? ¿Quién se está
beneficiando de la recuperación que decreta el Gobierno? ¿Y quiénes tienen hoy la oportunidad de sentir la alegría a la que invita la señora ministra de Empleo?
Lo primero que le vamos a pedir hoy al Gobierno es que muestre un poco de respeto a la gente que sufre en este país; ya que no le ofrece soluciones al menos, por favor, ahórrenle sus ofensas. Porque las consecuencias reales de las
políticas de empleo de este Gobierno son 90.000 parados más y 534.000 afiliados menos a la Seguridad Social que cuando este Gobierno tomó posesión. Las consecuencias de la política de empleo de este Gobierno son más trabajadores pobres, nueve de
cada diez contratos en la precariedad temporal, más de un tercio a tiempo parcial involuntario y una caída de entre el 10 y el 20 % en los salarios según la Comisión Europea. Y las consecuencias reales de esta política de la alegría son más
trabajadores explotados: 10 millones de horas extraordinarias trabajadas cada semana fuera de la ley según la encuesta de población activa y miles de contratos a tiempo parcial que se firman por dos o tres horas diarias, que se cobran por dos o
tres horas diarias, pero que se trabajan por diez y once horas al día, según denuncian literalmente las propias asociaciones de los inspectores de trabajo. Yo no sé a ustedes, pero a mí no me aparece el fin de la crisis y la alegría que anuncia la
señora Báñez por ninguna parte.
Las causas de la explotación que denunciamos: la reforma laboral del Partido Popular con toda claridad, la desactivación de la negociación colectiva, la individualización de las relaciones de trabajo, el
desequilibrio en las relaciones de poder entre empleador y empleado, la discrecionalidad absoluta otorgada al empleador para fijar salarios y jornadas. Lentejas, eso es lo que tienen hoy los trabajadores en muchas empresas: o comen las
lentejas que les sirven sus jefes o las dejan y van a la calle para que sean otros quienes se las coman. Yo no veo alegría, insisto, por ninguna parte. Las causas de la explotación están también en los cambios de la regulación de los contratos a
tiempo parcial, que ahora permiten prolongar la duración de las jornadas hasta cuando y como decida el empleador, independientemente de las necesidades o de los derechos de sus empleados. La reforma laboral está suponiendo de hecho una prolongación
de la jornada laboral sin garantías para el trabajador, contratos a tiempo parcial que encubren jornadas a tiempo completo, sin derechos ni posibilidad alguna de conciliación racional para el trabajador y especialmente, muy especialmente para la
trabajadora. Las cifras de empleo, que alegran a la ministra al parecer, reflejan en realidad la sustitución de contratos indefinidos a tiempo completo por contratos a tiempo parcial fraudulentamente en muchos casos. En el mes de noviembre, la
gran mayoría de los nuevos contratos indefinidos eran en realidad fijos discontinuos y a tiempo parcial, es decir, indefinidos, pero precarios. El Gobierno se beneficia de la contabilidad de los contratos y algunos empleadores abusan de la
situación. Eso sí, la ministra pide a los trabajadores que sonrían y den las gracias por su suerte.
La estrategia favorable a la explotación se completa con una Inspección de Trabajo que no inspecciona, que no controla, que no sanciona el fraude, el abuso y la explotación. El estudio sobre el estado y actividad de la Inspección de Trabajo
que la Unión Progresista de Inspectores hizo público el pasado 28 de noviembre habla de manera literal de un mercado laboral cada vez más precario y desprotegido. Son los propios inspectores de trabajo quienes lo denuncian. Estos inspectores
explican que solo un 1,13 % de sus actuaciones persiguen el fraude de las horas extras impagadas o los contratos falsos a tiempo parcial, un 1,13 %, mientras que por decisión del Ministerio de Empleo el 77,53 % de esas actuaciones se dedican a
vigilar las ferias de los pueblos o las celebraciones dominicales de comuniones y bautizos en busca de aquel parado que se atreve a compatibilizar la prestación de miseria con una chapucilla ocasional. Es lamentable, sobre todo si se tiene en
cuenta que el propio informe anual de la Inspección en 2013 refleja que hasta el 60 % de las inspecciones que se dirigen a la explotación de trabajadores acaba en sanción y no se sanciona más sencillamente porque el ministerio no quiere inspeccionar
más. ¿Cuáles son las consecuencias de la explotación que el Gobierno permite y no combate? Pérdida de derechos laborales, mayor devaluación salarial, conciliación familiar imposible y fraude a la Seguridad Social. ¿Le importa al Gobierno? Pues
parece que no a juzgar por la alegría de la señora ministra.
El Grupo Socialista propone un plan efectivo contra la explotación laboral, con cinco grandes medidas. Primera, derogar la reforma laboral que impulsa el fraude y la explotación de los trabajadores. Segunda, planes específicos para que la
Inspección de Trabajo persiga y castigue a los explotadores en lugar de a los explotados. Tercera, modificar la legislación vigente para agravar las penas con que se castiga la explotación laboral. Cuarta, cambiar la legislación sobre contratos a
tiempo parcial para evitar el fraude de las jornadas a tiempo más que completo, que ni se reconocen ni se pagan. Y quinta, evitar que los trabajadores a tiempo parcial acaben recibiendo también subsidios parcializados, porque no se puede parcelar
subsidios de miseria sin caer en la indignidad más absoluta. Por desgracia, la crisis no se ha ido para muchos, a pesar del decreto de Rajoy y de la alegría de la ministra.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Simancas, tiene que finalizar.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Termino, señora presidenta.
Al menos, por favor, ayúdennos a dejar atrás algunos de sus efectos más penosos apoyando esta iniciativa contra la explotación laboral.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Simancas.
No se han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta.
Los nacionalistas canarios vamos a apoyar sin reservas esta proposición no de ley que se acaba de defender. Ya dijimos en su momento, cuando se abordaba la reforma laboral por parte del Partido Popular, que si se hace una ley que estimula
el despido, beneficia al fuerte y castiga al débil y el débil es el empleado, el trabajador, lo que ocurre es que hay más despidos y abusos. Efectivamente, acaba
generalizándose una situación de explotación laboral intolerable, una de cuyas manifestaciones más dramáticas es esta que se viene denunciando de que tenemos personas trabajando que, sin embargo, se encuentran bajo el umbral de la pobreza.
Y claro, esto es una contradicción en sí misma, esto es escandaloso desde todos los puntos de vista. Por supuesto, esto es la consecuencia de la falacia ultraliberal. El mercado solo -se dice-, a través de la regulación de los precios y de los
salarios, resolverá la crisis. Esto es lo que se nos decía. Miren que han tenido tiempo para demostrar que esta falacia no era tal, que la falacia era un invento de los que nos pasamos la vida criticando al Gobierno. Y ahora resulta que esto es
tan evidente que Eurostat nos ha tenido que volver a lavar la cara -a nosotros no, al Gobierno de España-, recordándole que los trabajadores españoles trabajan bastante más que la media de la Unión Europea y que además los costes laborales son
bastante inferiores a la media europea. Es decir, que era rigurosamente falso que fuese necesario defender a los pobres empleadores de la osadía y el escarnio de los pobres empleados. Miren ustedes, esta vergüenza a la que ustedes nos someten
permanentemente en relación con los estudios comparados con el resto de la comunidad europea, yo creo que ya es tiempo, aunque sea porque se acercan las elecciones, de que ustedes se lo piensen.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Quiero manifestar la posición del Bloque Nacionalista Galego de manera favorable a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista por muchas razones. Desde el Bloque Nacionalista Galego siempre hemos denunciado la precariedad
laboral que existe en estos momentos como consecuencia de las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy; incluso hemos tachado, hace unos minutos, de esclavitud la que están padeciendo muchas de esas personas trabajadoras, especialmente jóvenes.
Hace ocho días, cuando comparecía la ministra de Trabajo ante esta Cámara, quedamos desagradablemente sorprendidos ante los datos que daba. Nosotros siempre hemos denunciado la falta de inspección que existe en estos momentos para detectar
toda esa precariedad laboral y por lo tanto sancionarla debidamente. Los datos que dio la ministra hace ocho días indican, efectivamente, una falta enorme de inspección, cuando habla de 43.482 trabajadores inspeccionados; por cierto, en el 60 % de
esas inspecciones se detecta que se están trabajando horas extra de manera irregular, o bien malpagadas, o simplemente no pagadas. Y como conocemos, pero no por estadísticas o por datos de la Inspección, sino que conocemos la realidad de muchísimos
trabajadores y trabajadoras que tienen un contrato de cuatro horas diarias durante cuatro días a la semana pero trabajan diez horas al día, seis días a la semana, por ejemplo, y que el salario corresponde a lo que dice el contrato de las cuatro
horas/cuatro días a la semana, pues evidentemente esto nos parece un drama.
Finalizo, señora presidenta. En la iniciativa anterior, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular defendía que el Gobierno intensifique las inspecciones, y ateniéndonos a los datos de la ministra de hace ocho días...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sí, finalizo con este dato, señora presidenta.
... yo diría que el Gobierno tiene una vocación tremenda de intensificar inspecciones: en el año 2014 incrementó, en relación con el 2013, 36 inspecciones. Es decir una cantidad que demuestra la voluntad de este Gobierno para inspeccionar
y defender...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández, ha agotado usted su tiempo.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Señorías, hay collidors, recolectores de naranjas que tras un día completo de trabajo se llevan a casa 15 euros, la mitad que hace quince años; y eso está pasando hoy mismo. Saber que hay trabajadoras y trabajadores
que están siendo explotados y que esta Cámara no haga nada al respecto, debería llenarnos de vergüenza. Porque estar contratado a tiempo parcial y trabajar a tiempo completo es estar explotado; porque estar trabajando horas extras que nadie te
paga, es explotación; porque permitir salarios de miseria es explotación, y esto está ocurriendo con el beneplácito de los diferentes Gobiernos. Antes se incumplía la normativa y ahora se hace en aras de la llamada flexibilización, que en realidad
supone pagar poco y tener a los trabajadores siempre al servicio del empleador. De eso
se trataba cuando el PP decidió incluir las horas extras en los contratos a tiempo parcial, la amnistía para el mercado laboral irregular. Han conseguido incrementar el número de contratos a tiempo parcial incrementando las horas sin
cotizar, fomentando un uso fraudulento del contrato a tiempo parcial. Es difícil de detectar por la inspección y aun así la inspección en más de 43.000 controles ha detectado infracciones en 27.000, en seis de cada diez inspecciones. Son datos de
la ministra de Empleo. Hay un documentado estudio de Comisiones Obreras con un título muy elocuente: 11.561.538 horas ilegales cada semana, 326.000 empleos netos, según cálculos de la central sindical, que han supuesto una minoración de 2.800
millones de recaudación a la Seguridad Social.
El modelo de mercado laboral es la marca de un país, es un elemento que define cómo es un país, y el nuestro destaca solo por el elevado índice de paro y también por el elevado índice de personas que trabajan sin estar dadas de alta, sin
contrato. Si estamos de acuerdo en cambiar esto, abordémoslo, la gente está esperando soluciones y no la cantinela pertinaz, monótona y falsa de que la crisis es historia. Compromís-Equo apoyará esta iniciativa.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Por el Grupo Vasco, PNV, el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Vamos a votar favorablemente también esta iniciativa, sin embargo, señor Simancas, la consideramos perfectible, sin perjuicio de que su trasfondo acredita una patología que a nosotros nos preocupa también. El artículo 34 del Estatuto de los
Trabajadores sigue vigente y establece una jornada laboral de cuarenta horas. Es de esas normas que en el derecho del trabajo -el señor Coscubiela domina esta materia- se consideran de derecho necesario absoluto, no disponible ni siquiera por la
voluntad del trabajador. El trabajador no puede elegir, salvo las horas extraordinarias, que están tabuladas también: 80 horas en términos anuales. La descripción que hace es cierta, estamos observando que se trabaja en términos semanales más de
408 horas extraordinarias ilegales, que superan el tope legal impuesto por esta norma. Desde esta perspectiva, la Inspección de Trabajo tiene que actuar de forma más decidida para corregir esta patología. Estamos pidiendo muchas cosas a la
Inspección de Trabajo, no sería malo también pedir más inspectores de Trabajo, porque no se puede hacer gravitar todos los problemas del mercado de trabajo sobre este cuerpo de inspección.
En relación con las horas extraordinarias incorporadas al trabajo a tiempo parcial, en virtud del Real Decreto-ley 16/2013, es una aberración. El contrato a tiempo parcial no se ha concebido para incorporarle horas extraordinarias sino para
conciliar la vida laboral y familiar fundamentalmente. Pero, claro, los empresarios se han encontrado con una cuestión jugosa donde se puede elevar a través de horas extraordinarias la jornada laboral del contrato a tiempo parcial hasta el 90 % de
la jornada ordinaria. Es toda una tentación, con lo cual es perverso pero también es difícil de reprimir desde la perspectiva de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, del derecho punitivo en el orden social, por una razón, porque
las horas extraordinarias a incorporar a la jornada a tiempo parcial o son pactadas en convenio colectivo o son voluntarias. ¿Por qué son pactadas en convenio colectivo o por qué muchas veces son voluntarias? Evidentemente, porque la deflación
salarial y el bajo nivel salarial existente en el Estado español no induce, por otras razones, sino que obliga a muchos trabajadores a tiempo parcial a incrementar su jornada para obtener más recursos económicos, mayor retribución. Desde esa
perspectiva, la patología está ahí. No sé si la patología -en tanto en cuanto estas horas son pactadas o voluntarias- debería ser estudiada utilizando el derecho punitivo sancionador, el derecho sancionador administrativo en el ámbito previsto en
la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, pero no nos negamos a estudiar alguna reforma que permita tabular estas cuestiones.
En cuanto a sus peticiones concretas, hay una muy importante y se la hubiera presentado en forma de enmienda si no fuera ya algo muy interiorizado y metabolizado por esta Cámara. Deberíamos prohibir las horas extraordinarias en los
contratos a tiempo parcial o las deberíamos limitar en virtud de convenios colectivos o pactos verdaderamente acreditados y por razones excepcionales y no tan generalizables como lo que está previsto.
En cuanto a lo que usted nos pide, los contratos a tiempo parcial deberán contener el horario del trabajador, pudiendo modificarse de acuerdo a las redes que usted cita, notificándose de forma previa a través de sistemas telemáticos. En
definitiva, son cautelas para acreditar que evidentemente esta voluntariedad existe. Pero es una falsa voluntariedad, usted lo decía bien; es una voluntariedad que
dimana de las bajas retribuciones existentes en términos colectivos y de la regulación y descausalización de todas las condiciones de trabajo provocadas por la reforma 3012, de la cual tanta apología escuchamos en aquellas bancadas, en
aquella zona de la Cámara. Es una mala reforma laboral, muy mala. Se descausaliza la contratación, se descausaliza la modificación de las condiciones de trabajo, se descausaliza el despido, se descausalizan los expedientes de regulación de empleo,
se descausaliza hasta el punto de ubicar prácticamente en una tesitura previa a la desaparición el derecho del trabajo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
El Partido Socialista nos trae una proposición no de ley para combatir la explotación laboral, y de las diferentes modalidades de explotación posibles se centra en concreto en una y es la que tiene que ver con la duración de la jornada de
trabajo. Como ellos bien señalan, en España hay unos límites de cuarenta horas semanales y unos máximos de horas extra que a menudo se superan y a menudo estas horas adicionales ni siquiera son horas retribuidas. Desde el punto de vista de mi
grupo, confluyen dos causas detrás de este problema de los horarios en España: una más general, más antigua, que tiene que ver con la falta de unos horarios racionales en nuestro país. Por motivos históricos, por tradiciones, tenemos unos horarios
distintos a los centroeuropeos, con unas pausas para comida que tenían sentido cuando los trabajadores vivían cerca de su centro de trabajo pero que han dejado de tenerlo cuando a menudo esas pausas no son tales y se utilizan para una continuación
de la jornada laboral. Esto está documentado y tratado, hay una Comisión nacional sobre horarios racionales, hay asociaciones, comisiones, manifiestos, congresos, jornadas, libros y todo el mundo está de acuerdo, autoridades e instituciones, pero
no se hace nada, sigue el problema de la diferencia de horarios, la falta de horarios racionales en nuestro país con respecto a nuestros socios europeos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Y junto a eso hay una causa próxima, mucho más cercana que ha agudizado este problema, que es de nuevo la reforma laboral, y en este caso la modalidad de contrato a tiempo parcial. Como señalaba el señor Olabarría, estos contratos a tiempo
parcial se han desvirtuado porque, con otros nombres, permiten muchas horas extra, permiten tener un contrato a tiempo parcial con una jornada muy similar al contrato a tiempo completo y con el añadido de que en estos contratos a tiempo parcial las
horas de trabajo se pueden distribuir más flexiblemente desde el punto de vista del empresario. Por tanto, la tentación es muy grande para camuflar un contrato a tiempo completo en forma de contrato a tiempo parcial, con horas extra por diferentes
denominaciones, y esto es exactamente lo que ha sucedido, por eso el número de contratos a tiempo parcial está aumentando tanto. De nuevo nos pueden decir: ¿no se alegra usted de que aumente el número? Pero es que ese número, insisto, igual que
dije en mi intervención anterior, no solo es creación de empleo, es sustitución de empleos de calidad por estas modalidades más precarias y baratas. No deja de ser llamativo que incluso más del 40 % de los contratos indefinidos se estén firmando
ahora mismo en España a tiempo parcial.
Aquí hay un problema también de género porque este tipo de contratación se centra más en las mujeres, y no porque estén conciliando la vida laboral, o en los jóvenes, y no porque estén estudiando, porque las encuestas señalan que están
involuntariamente en estas modalidades de contratación, no lo han buscado ellos, están involuntariamente en esta modalidad a tiempo parcial. Hay una tarea para la inspección, los propios inspectores señalan que se dedican pocos recursos a estos
abusos, y la proposición no de ley del PSOE se centra en esto, lo compartimos y vamos a votarla favorablemente; hacen falta más recursos para la inspección y una reasignación de prioridades en esa inspección. Pero de nuevo creemos que la raíz del
asunto está en la legislación, si la legislación precariza el empleo, luego no nos podemos sorprender de los efectos naturales de esa legislación. Y aquí hay que decir que el Partido Popular ha llevado esa precarización al extremo con su reforma
laboral, pero parte de las etapas de ese camino a la precarización tuvieron lugar con Gobiernos socialistas y con reformas laborales socialistas. Los empleos temporales y sus abusos vienen de los Gobiernos socialistas de los años ochenta.
Nuestro Grupo, Unión Progreso y Democracia, es el que plantea una reforma laboral más radical para estabilizar el empleo, que es, como saben, la defensa del contrato único indefinido, es decir, que el contrato indefinido sea por defecto la
modalidad normal de contratación. Si lográsemos una estabilidad en el empleo la formación mejoraría, la productividad aumentaría, los accidentes de trabajo disminuirían, el empleo de calidad que buscamos podría convertirse en una realidad; pero
esto requiere ir a las raíces del
problema. Mientras esto se hace, ya que no vamos a las raíces, por lo menos intentemos combatir los efectos, los abusos, con un mejor uso de la inspección. Por tanto, insisto, votaremos favorablemente esta proposición no de ley.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la crisis ya es historia, aunque sus consecuencias no, nos ha dicho el señor Rajoy. ¿Y saben por qué, señorías del PP, no es historia? Porque desgraciadamente el aumento de la desigualdad, de la pobreza y la explotación laboral
no es solo consecuencia de la crisis, es sobre todo consecuencia de las injustas políticas del Partido Popular, y uno de los casos más flagrantes lo tenemos hoy en el tema de los contratos a tiempo parcial. El uso fraudulento de esta contratación a
tiempo parcial no es un accidente, no es una maldición bíblica, no es una tormenta inesperada, es la consecuencia de una opción deliberada del Gobierno para usar el contrato a tiempo parcial como el elemento central de su estrategia de precarización
y reparto insolidario del empleo. Como el empleo no crece porque las políticas económicas no lo propician, lo vamos a repartir insolidariamente entre los trabajadores, y eso es lo que desgraciadamente detecta la realidad hoy. Este es uno de los
objetivo ocultos de la reforma laboral, mejorar las estadísticas de empleo aunque el empleo no se mejore significativamente y se precarice. De manera que hoy tenemos en nuestro país la circunstancia de que, por primera vez en nuestra historia, los
trabajos indefinidos a tiempo completo sean menos de la mitad, y eso tampoco es una casualidad, obedece a una estrategia del Gobierno, una estrategia que tiene dos puntos claros: la reforma laboral aprobada con los votos del Partido Popular y
Convergència i Unió y su empeoramiento en materia de contrato a tiempo parcial por el Real Decreto-Ley 16/2013 de hace escasamente un año. El contrato a tiempo parcial se ha convertido en manos del Partido Popular en un contrato a la carta, se
parece a aquellas viejas prácticas -no tan viejas, porque han vuelto a resucitar- de la plaza de los pueblos, de vente para aquí, hoy no te quiero, hoy te contrato, hoy te pago, hoy te vas para tu casa. Eso es el contrato a tiempo parcial en estos
momentos, es el contrato de los viejos explotadores con corbata, con traje y con no sé cuántas cosas más. Por eso, nos parece muy interesante la propuesta que ha presentado el Grupo Socialista y la vamos a votar favorablemente porque además
coincide con algunas de las que nosotros hemos venido planteando.
El contrato a tiempo parcial tiene una jornada que se estira y se contrae; el contrato a tiempo parcial curiosamente -que es presentado por el Partido Popular como un contrato favorecedor de la compatibilidad de la vida laboral y familiar-,
en manos del Partido Popular y del Gobierno, se ha convertido en el principal enemigo de la familia y de la persona. Es un contrato a través del cual el empresario no solo es dueño de la jornada de trabajo, es dueño de la vida del trabajador.
¿Saben ustedes lo que significa que estando trabajando en una empresa no sepas al principio de la jornada si te van a llamar o no para prolongar esa jornada, cuándo, qué te van a pagar y qué no te van a pagar? Ese, desgraciadamente, es el modelo
que ha impuesto el Partido Popular. La actual regulación incentiva el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial por la vía antes de las horas extraordinarias y ahora de las horas complementarias, llamadas pactadas unas, que son obligatorias, y
voluntarias otras. Hay una cierta desvergüenza. ¿Ustedes saben cómo está el mercado de trabajo en estos momentos? ¿De verdad creen ustedes que la decisión de un trabajador contratado a tiempo parcial, con un contrato temporal, es voluntaria
cuando el empresario le pide ampliar las horas de trabajo? Es voluntaria cuando hay igualdad entre las partes, y con su contrato a tiempo parcial, además de explotación laboral, hay profunda desigualdad, desequilibrio en las relaciones laborales.
Es un contrato que está atentando contra la condición de ser humano del que se ve obligado a suscribirlo. Por eso, no es casual que España sea uno de los países donde el contrato a tiempo parcial es el que tiene menos voluntariedad, es decir, es el
que se suscribe solo cuando el trabajador no puede hacer otro contrato. Por eso, no es casualidad que en un 75 % lo suscriban las mujeres. No solo es un contrato que canaliza la explotación laboral, es un contrato profundamente misógino, porque
está orientado a tener a las mujeres con la doble jornada de un trabajo a tiempo parcial disponible, como quiere el empresario, y al mismo tiempo realizando en exclusiva las tareas del hogar. Por eso, vamos a dar nuestro voto a favor de la
proposición no de ley.
Simplemente quiero insistir en tres ideas. Para acabar con esa desgracia que supone el contrato a tiempo parcial en materia de explotación laboral, lo que hay que hacer es acotar su uso y limitar su flexibilidad, limitando la duración de la
jornada pero determinando también el horario, porque un inspector
de Trabajo va a una empresa por la mañana y encuentra a un trabajador que le dice que está a tiempo parcial, pero luego va por la tarde, lo encuentra otra vez y le puede decir lo mismo, y eso se puede evitar poniendo en el contrato de
trabajo exactamente la jornada. Esto te lo explican los inspectores de Trabajo cuando les preguntas por qué no hay más actas de infracción: porque la ley no les permite desarrollar su función, porque el Gobierno no quiere que la desarrollen,
porque el Gobierno prefiere perseguir a desempleados que a explotadores, y eso no es una maldición bíblica, es la maldición de tener el Gobierno del Partido Popular.
En resumen, para acabar con los efectos y las consecuencias de la crisis, el único camino es acabar con el Gobierno del Partido Popular.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Anuncio que pediremos votación separada de los tres puntos de que consta la iniciativa del señor Simancas, del Grupo Socialista.
Empezaré diciendo que es evidente que podemos compartir una parte del diagnóstico que han planteado los grupos que hasta ahora han hecho uso de la palabra, en el sentido de que, efectivamente, no todo el empleo que se está creando es de
calidad y que están apareciendo realidades en nuestro mercado de trabajo que hace unos cuantos años no conocíamos; pero uno también podría tener la sensación, escuchando algunas de las intervenciones, de que antes de 2012 en materia de empleo
vivíamos en una situación idílica, pero creo que una mínima honestidad intelectual sobre la materia no nos permitiría hacer ese diagnóstico. El marco legal existente antes de 2012 no evitó una masiva destrucción de empleo. Ese mismo marco legal no
permitió que el empleo que se creaba durante la década prodigiosa fuese de calidad -nuestras tasas de temporalidad eran de las más altas del conjunto europeo- e incluso, antes de esa crisis, en nuestro mercado de trabajo existía un problema que hoy
aparece muy lejano, pero que no lo está tanto, que era el del mileurismo, que hace referencia a esos jóvenes suficientemente preparados y que recibían salarios alrededor de los 1.000 euros, lo que era expresión de un mercado de trabajo con poca
calidad.
Por tanto, si lo de antes no funcionaba y parece que lo de hoy continúa sin garantizar el empleo de calidad que una sociedad moderna exige, quizá continuamos instalados en ideas que ya no sirven en los tiempos de hoy para hacer posible la
flexibilidad que las empresas demandan en una economía globalizada, en una economía que debe tender a intensificar sus esfuerzos en conocimiento, en inversión, en desarrollo, en capacidades y al mismo tiempo una economía que sea capaz de garantizar
a esos trabajadores la formación, el conocimiento y los sueldos que son dignos.
Tener nostalgia del Estatuto de los Trabajadores de 1980 sería un error gravísimo. No encontraremos en 1980 las respuestas a los problemas del mercado de trabajo de hoy. ¿Dónde los podemos encontrar? Pues esforzándonos y quizá
inspirándonos en algunos que lo hacen bien, que han flexibilizado o abierto sus economías, que han introducido reglas más flexibles en sus mercados de trabajo y que al mismo tiempo han sido capaces de invertir en la formación permanente de los
trabajadores a lo largo de la vida laboral, que han sido capaces de construir servicios públicos de empleo de calidad orientados al acompañamiento y al asesoramiento a los trabajadores desempleados. Esta misma mañana, en la subcomisión de desempleo
juvenil, hemos podido conocer con más detalle, por ejemplo, algunas experiencias muy sugerentes de Alemania, de países que han sido capaces de invertir en políticas de apoyo a las familias, que hacen posible que el contrato a tiempo parcial sea una
opción voluntaria para muchas personas, mayoritariamente mujeres. Por tanto, tengo la impresión de que algunos de los enfoques de los que hoy hablamos no dan respuesta a los problemas de fondo que tiene planteados nuestra sociedad.
Lo digo no tanto como objeto de la propuesta que nos formula el Grupo Socialista, sino como ideas en las que debemos trabajar y ser capaces de construir acuerdos. Por ejemplo, en tiempos del Gobierno del PSOE se planteó la puesta en marcha
del denominado fondo austríaco como mecanismo de capitalización de la indemnización por despido. Seamos capaces de avanzar en esa dirección, que pone el acento en que el coste del despido continúa siendo un problema a la hora de garantizar empleo
de calidad. Seamos capaces de trasladar a nuestro ordenamiento las propuestas de Jacques Delors, rebajemos el coste que supone para las empresas intensivas en creación de empleo contratar a
trabajadores con menor nivel de cualificación. Seamos capaces de avanzar en esa dirección en un mercado de trabajo donde más del 60 % de los desempleados tienen formaciones básicas o medias y comprometámonos -ahí coincidiríamos con el PSOE
y seríamos críticos con el Gobierno- en el incremento de las políticas activas de empleo, que en esta legislatura han sido radicalmente disminuidas, y en la calidad de esas políticas activas de empleo. No tenemos tan solo un problema de falta de
recursos de las políticas activas de empleo, sino que no tenemos la suficiente calidad que se exigiría. Ahí están las discusiones en las que, si somos honestos en el terreno intelectual, deberíamos ser capaces de construir acuerdos, consensos,
líneas que nos permitiesen avanzar. En la nostalgia de 1980 no está la respuesta.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero mostrar nuestro agradecimiento y felicitaciones a los agentes sociales por el acuerdo alcanzado y firmado en el día de ayer, en el que han participado el Ministerio
de Empleo y las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas. A todos los que han negociado hasta conseguir un acuerdo para que la recuperación llegue a los más afectados por la crisis queremos mostrarles nuestro agradecimiento y nuestra
felicitación. Lamentamos -porque hay que lamentarlo- que el principal partido de la oposición, el grupo que hoy nos trae esta propuesta a la Cámara, no estuviera presente en ese acto, al que fueron invitados su portavoz, el señor Hernando, el
portavoz de Empleo y los portavoces del Senado. Ustedes no estuvieron, pero no fue un desprecio al Gobierno, ni muchísimo menos, fue un desprecio a las 450.000 personas que se van a ver afectadas por este acuerdo de una manera positiva para
facilitarles un itinerario de inserción, no solo una ayuda económica, que ya sería, sino además un camino de reinserción laboral, porque la recuperación -sí, señorías, la recuperación- que llega después del final de la crisis tiene que llegar a los
más necesitados.
Hoy nos trae el Partido Socialista una proposición no de ley, señor Simancas, basada en un planteamiento falso y que no solo busca dañar al Gobierno, es denigrante en su letra y en su espíritu para los trabajadores y para los empresarios.
Señorías, España no es un campo de esclavos, no estamos en la época de Escarlata O'Hara, no es una explotación laboral, como usted ha venido a explicar aquí. España es un Estado social y de derecho y sus trabajadores, hasta los menos cualificados,
saben que están protegidos por el Estatuto de los Trabajadores y las leyes que lo desarrollan. Se pasaron todo el debate de la reforma laboral hablando del final de la tutela judicial, y se está viendo cómo los tribunales están actuando en aquellos
casos en que las actuaciones, los ERE, etcétera, no se ajustan a derecho. Eso es justamente lo que les vinimos a decir en aquellos debates.
Señorías, demonizan la flexibilidad en la negociación colectiva en el ámbito de las empresas. Les recuerdo que el 97 % de los convenios que se han firmado hasta ahora han sido por mutuo acuerdo de las partes. Como si ustedes, además, no
plantearan lo mismo en su reforma laboral del año 2010 -eso sí, en la exposición de motivos-, exactamente lo mismo. Así, establecían que la flexibilidad y la negociación en el ámbito de la empresa eran necesarios para evitar la destrucción de
empleo y para generar más empleo. Es evidente que, en su propia incoherencia, se quedaron en la letra y no supieron ponerle música; como siempre, predicaron pero no dieron trigo. Qué vamos a decir de la posibilidad que ustedes tenían en su
normativa de concatenar contratos temporales, no dos como ahora, sino todos los que hicieran falta. Y qué era aquello de las prácticas en empresas que no tenían cobertura social. Eso parece que viene de otra galaxia. Encima, donde digo digo, digo
Diego. Ustedes han sido Gobierno hasta hace tres años, señorías, se les presume vocación de volver a serlo, pero con iniciativas como esta, señor Simancas, se alejan de esa posibilidad. Con su planteamiento de esta PNL se vislumbra un regreso al
pasado tan negro como fueron los 3,5 millones de parados, las más de 1.000.000 de empresas cerradas, por no seguir con el triste relato de su gestión. Dan por cometidas y consentidas irregularidades generalizadas que no se sostienen. También le
pasó a usted lo mismo cuando daba por hecho que para ir a los hospitales de la Comunidad de Madrid había que ir con una tarjeta Visa en la boca, y ya sabe usted que es falso, absolutamente falso, lo saben todos los ciudadanos. Lo único que
consiguen con esto es perder credibilidad a chorros por el camino.
Señor Simancas, usted desconoce u olvida voluntariamente que la reforma a través del real decreto que tanto critica, el Decreto 16/2013, de 20 de diciembre, modificó, y parece que nadie lo ha reconocido
aquí, el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores en su artículo 4, que en su reforma establece: En el contrato deberán figurar el número de horas ordinarias, es decir, el número de horas por las que se contrata, de trabajo al día, a la
semana, al mes o al año contratadas, así como el modo de su distribución, que no es que lleguen y entonces si va por la mañana están por la mañana; no, es que en el contrato -por favor, gestionen una empresa- tiene que figurar la distribución del
horario que tiene cada trabajador. El apartado 5.h) en esa modificación establece un importante mecanismo de control del trabajo a tiempo parcial, y dispone: La jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará
mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de los salarios, del resumen de las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias, que no son extraordinarias, y que además no pueden sobrepasar el 30 %
de la jornada contratada. Esto es lo legal. Igualmente ignoran que ese denostado real decreto ha instalado la prohibición de las horas extraordinarias, es que lo prohíbe en los contratos. Por tanto, si se realizasen, sería un incumplimiento de la
norma en vigor.
Señor Simancas, el fraude es fraude, no hay fraude bueno y fraude malo, ni siquiera para las chapucillas. El fraude es siempre insolidario, es una gran injusticia social porque agrede a la inmensa mayoría de trabajadores y empresarios que
cumplen con la legalidad. Por ello, para el fraude y la ilegalidad hay dos caminos muy claros: la Inspección de Trabajo y los tribunales. Si usted conoce todo lo que aquí ha insinuado en esta PNL o que a veces afirma taxativamente como real, lo
que tiene que hacer es denunciarlo a la inspección o a los tribunales, pero no puede ir con insinuaciones y aseveraciones, hay que ir con hechos concretos. Como usted sabe, y ustedes lo criticaron mucho, hay un buzón electrónico para la
colaboración ciudadana cuando se conocen este tipo de hechos y está consiguiendo verdaderos datos y mejoras en este sentido para luchar contra el fraude. Le sugiero, si usted quiere, que lo utilice, porque usted también puede.
Señor Simancas, ahora, en la contratación a tiempo parcial solo se permiten horas complementarias, que le quede claro. Como recoge el citado apartado 5 que le leído del artículo 12, no es cierto lo que usted presume e insinúa como posible
fraude legal -lo llega a poner, como posible fraude legal; ¿cómo se puede utilizar la expresión fraude legal?- a la Seguridad Social, porque las horas extraordinarias no declaradas... Primero, no son horas extraordinarias. Segundo, tienen que
estar declaradas porque ya se lo he demostrado. Además, las horas ordinarias y las extraordinarias cotizan exactamente igual. Por lo tanto, esos contratos están perfectamente dentro de la legalidad, son susceptibles de control y de seguimiento y,
además, no permiten las irregularidades de las que usted está hablando.
Señorías, de las actuaciones de la Inspección de Trabajo, que no me puedo detener ahora a desglosar en esta intervención, se desprende -no hay más que leerlo- que un 66 % de su actividad en 2013 fueron inspecciones relativas a las
condiciones de trabajo, esas que usted está hoy llamando explotación laboral. Esas tuvieron un 66 % de actuaciones de la inspección. Ya le dio la ministra algunos datos con motivo de la pregunta de la semana pasada. En concreto, el control a la
contratación a tiempo parcial, desde el 1 de enero de 2014, se ha incrementado muy considerablemente en virtud de esas modificaciones que se han hecho que permiten mayor transparencia y mayor seguimiento de esos contratos. Señoría, en este momento
le puedo decir que las actuaciones se han incrementado un 110 % en el año 2014 respecto a 2013; las infracciones, un 147 %; los requerimientos, un 67 %; las liquidaciones de cuotas, un 84 %; los contratos revisados y las transformaciones, un 137
% y un 121 %, respectivamente. En cuanto a la petición de recursos de más medios humanos para la inspección, no me queda más tiempo para explicárselo, señor Simancas. Para el año 2015 la inspección tiene prevista una tasa de reposición del 50 % de
sus efectivos. Además, ha habido incorporaciones en el año 2013 y en el año 2014 de inspectores y de subinspectores de una manera muy considerable.
Señorías, sinceramente, no sigan por el camino de la insidia, no sigan por el camino del negativismo, de la falta de reconocimiento de las cosas positivas. No van a conseguir erosionar al Gobierno, sino que van a perjudicar los intereses de
los trabajadores, de los empresarios y del conjunto de los españoles, que en su inmensa mayoría están aportando esfuerzo y sacrificio para conseguir metas como el crecimiento, la creación de empleo, que ya se reconoce por todos, o, lo que es lo
mismo, la superación de la crisis y la fase de recuperación. Esto está reconocido ya por todos, nadie lo discute, menos ustedes. Ustedes no fueron capaces de reconocer la crisis y ahora tampoco son capaces de salir de ese discurso. Llegan tarde y
negativamente a todo. Súmense, por favor, a la cultura de la esperanza, del trabajo en positivo y del acuerdo, como el que se firmó ayer con los agentes sociales, para trabajar juntos, por que la recuperación
llegue de forma real a las familias y, sobre todo, a las que más lo necesitan. No sigan permaneciendo ausentes de algo que es muy importante para el conjunto de España y de los españoles.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA POLÍTICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR HACIA CATALUÑA. (Número de expediente 173/000190).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la primera moción. Será el último punto que debatamos esta tarde. Moción del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió sobre la política del Ministerio del Interior hacia Cataluña. Para su
defensa tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, presidente.
Señorías, el otro día el ministro hizo un gran llamamiento a la presunción de inocencia sobre la supuesta unidad secreta-discreta que investiga a sectores soberanistas catalanes. Nos gusta eso de la presunción de inocencia. Nos hubiera
gustado que la hubiera tenido el presidente Mas cuando se hizo un informe falso por parte de la UDEF cinco días antes de las elecciones, y no solo es que existiera este informe, sino que la señora Cospedal, el señor Montoro y la señora Camacho se
dedicaron durante los cinco días que quedaban de campaña a dar por absolutamente veraz y por supuesto el informe falso. A veces es malo citar la cuerda en casa del ahorcado, pero bienvenida sea esta recaída del PP en la presunción de inocencia.
Nosotros no hablamos de esto, nosotros hablamos de responsabilidad política y de hechos. En este momento, 200 antidisturbios se desplazan a Calella, con la excusa de la vigilancia de fronteras. No sé si ustedes conocen Calella, está a unos
100 kilómetros de la frontera. Claro que está en la costa, pero ni siquiera llevaban una zodiac, o sea que, como no creo que fuera vigilancia a nado, es como mínimo sorprendente. Nos dicen que somos paranoicos. Quizá tengamos que aceptarlo,
porque todos conocemos el grado de sinceridad que hasta este momento ha demostrado el ministro. Por tanto, quizá aceptemos la crítica. Nos dicen que se convoca una plaza y que esto no es sorprendente, que tiene que ser especialista en delitos
fiscales, blanqueos de dinero y que también se valorará el conocimiento de lenguas cooficiales. Hemos hecho una búsqueda no exhaustiva de las últimas convocatorias del Cuerpo Nacional de Policía de los últimos cinco años y ni siquiera para las
oficinas de atención al ciudadano en Cataluña se pide la lengua catalana. Parece que para una plaza de asuntos internos en la que, al mismo tiempo, se mide el conocimiento en fraude fiscal sí es imprescindible. Nos dicen que somos paranoicos.
Quizá sí seamos paranoicos. Todos conocemos el grado de ponderación que tiene el ministro y seguramente deben ser imaginaciones nuestras.
Nos dicen que la única fuente que han encontrado para hablar de esto es un periodista freelance. Les he de decir que un digital muy próximo al Gobierno, que no citaré cuál es porque les gusta ser el confidencial -por tanto no diré cuál es
su nombre-, nos describe con pelos y señales esta unidad: quién la dirige, cómo está organizada, etcétera, etcétera. Se felicita de su existencia, naturalmente, porque dice que está muy bien que la policía se dedique a la investigación y al
espionaje. Les leo solo una perla del artículo -este no tiene nada que ver con el freelance que citó el ministro-: Fuentes de los servicios secretos (en este caso del CNI comentando la existencia de esta unidad) reconocían que el borrador de la
UDEF ha sido una de las mejores operaciones de inteligencia hechas en España en los últimos años. Esto es lo que opina el CNI de esta unidad, según este medio confidencial. O sea, hacer un informe falso que puede haber trastocado el resultado de
unas elecciones es una de las mejores operaciones de inteligencia que se han hecho. Nosotros, la verdad, no le vemos la parte noble a hacer una cosa de estas, a menos que se refiera a que tienen unas partes nobles que se las pisan, pero, como no
creo que se refiera a eso, no le vemos ninguna parte noble a hacer un informe de este tipo.
Finalmente, vayamos al modus operandi del Gobierno del PP. Cuando hacen una cosa que saben que está mal, cuando hacen una cosa que saben que es ilegal, rápidamente y aunque sea a posteriori, hacen una ley para arreglarla. ¿Que resulta que
retienen a un chico o a una chica por llevar un pin con la bandera republicana en una manifestación? Es un problema. Pues no hay tal problema: cuando hagamos la ley de seguridad ciudadana pondremos un artículo para que este tipo de cosas no se
puedan hacer. Vale. ¿Que resulta que las devoluciones en caliente -devolver a un señor que ya está en territorio soberano de lo que
se supone que es una democracia sin darle ningún derecho-, según la propia Unión Europea y la propia Iglesia católica son una barbaridad? No hay problema: presentamos una enmienda a última hora a la ley orgánica de seguridad ciudadana para
permitir que estas cosas sucedan.
Se lo digo porque este modus operandi ahora continúa. Alguno de ustedes habrá adivinado lo que voy a decir ahora. Se ha presentado un proyecto de ley de enjuiciamiento criminal que entre otras cosas va a permitir al ministro del Interior
pinchar cualquier teléfono sin encomendarse absolutamente a nadie durante veinticuatro horas. No quiere decir que sea a una sola persona. Durante veinticuatro horas puede pinchar a 300, a 400 o a 1.000 personas. Bien, parece que es la
continuación lógica del modus operandi: como hacemos cosas que sabemos que están mal, rápidamente cambiamos la legislación.
Acabaré muy rápidamente. Estas cosas, para entendernos, dejan al sistema democrático muy tocado. Ya no es un tema de lo que pase en Cataluña o de lo que no pase en Cataluña. Es que no podemos degenerar más el sistema que nos hemos dado.
Desde este punto de vista me atrevo a pedir el apoyo de todos los grupos. Sabemos de la enmienda del Grupo Socialista, que incluso en algunos puntos endurece la nuestra, y la vemos con buenos ojos, y también rogamos al resto de los grupos, por el
bien de la democracia en el Estado español, su apoyo.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillaumes.
En efecto, se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Corcuera.
El señor CORCUERA PLAZA: Gracias, señor presidente.
Señorías, algo falla en una democracia cuando se elaboran informes policiales sobre ciudadanos por su forma de pensar y para desprestigiarlos políticamente. Algo falla en un Estado de derecho cuando los datos que custodian las fuerzas de
seguridad son usados con motivos políticos y aparecen publicados en los medios de comunicación. Pero, sobre todo, algo falla en un Gobierno cuando ante múltiples evidencias de actuaciones irregulares, en lugar de dar explicaciones, se descalifica y
amenaza a quien lo denuncia. Señorías, esa misma reflexión la hacía el pasado mayo con ocasión del debate sobre la filtración de las fotos y DNI de un grupo de jueces catalanes pro consulta. Siete meses después volvemos a debatir sobre las
actuaciones irregulares del Ministerio del Interior en Cataluña, que, lejos de cesar, han ido incrementándose. Por cierto, ¿sabían que el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información de Barcelona, que reconocía haber dado la orden para la
investigación de esos jueces, no solo no ha sido sancionado, sino que incluso ha sido premiado con la concesión de una cruz roja pensionada al mérito policial? De poco sirvió aquel debate.
De lo que sí tenemos certeza, señorías, es de que hubo una contaminación política clara de una investigación policial, tal como demuestra el que se abrieran diligencias judiciales por este motivo. Además, se hizo un cambio de organigrama a
principios del año 2013 para centralizar en torno al DAO las informaciones de las diferentes investigaciones sensibles, tanto en la vertiente política como por su interés mediático, algo que va contra la independencia del trabajo policial, que puede
quedar contaminado por decisiones políticas. Hoy sabemos también que en la estructura que usan para esas actividades ocupan destinos personas especialmente recomendadas y que acaban de aprobar hace poco una oposición a comisario llena de
irregularidades, tal como denuncian los sindicatos policiales.
A todo ello hay que añadir que cada iniciativa que sale del Ministerio del Interior es un ataque directo a los derechos y libertades reconocidos por la Constitución: la Ley de Seguridad Privada, que ha privatizado la seguridad para dar el
negocio a sus amigos, o la nueva ley de seguridad ciudadana, que impone sanciones a quien protesta contra el Gobierno, amordazando a los ciudadanos, una labor que complementa el ministro de Justicia con el nuevo proyecto de Código Penal, que
restringe y recorta los derechos y libertades y endurece las penas, o con el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal, que permitirá la interceptación de todo tipo de comunicaciones sin autorización judicial previa, algo que ha levantado una
protesta generalizada en el ámbito jurídico, incluidos fiscales y jueces de todo el país. Todo esto no es casualidad, señorías. Forma parte de la aplicación práctica de una determinada ideología de la seguridad basada en el orden público, basada
en la neutralización y negación del conflicto social, en la reducción de todo conflicto social a expresiones de violencia que hace falta reprimir, colocando a los ciudadanos bajo sospecha y, lo que es más grave, persiguiendo al adversario político.
Ante la protesta social, sanciones, y ante la discrepancia política, investigaciones y filtraciones interesadas. Estas parecen ser las directrices del Gobierno en materia de seguridad.
En los dos últimos años, en paralelo al incremento de las tensiones políticas en Cataluña, se viene produciendo un incremento de la presencia y actividad del Ministerio del Interior. Mientras por un lado aumentaban los casos de supuestas
investigaciones, por otro se incrementaba la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero, curiosamente, no en aquellos servicios que la ley les reserva, sino en información y en unidades de intervención. Por cierto, ¿qué motivo
puede justificar tener desplazados en Cataluña casi permanentemente a 500 miembros de la UIP, percibiendo dietas y sin ninguna función policial que realizar? (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Corcuera. Por favor, ruego silencio para que se le pueda oír.
Continúe.
El señor CORCUERA PLAZA: Gracias, señor presidente.
Ya les anuncio que mi grupo va a registrar una serie de preguntas al respecto y espero que esta vez sean respondidas. Hoy parece que disentir del Gobierno es arriesgarse no solo a ser atacado, sino también a que puedan utilizarse en contra
informaciones jurídicamente protegidas. Por ello proponemos que se castigue, bien disciplinariamente o si procede penalmente, al funcionario o en su caso al responsable político que filtre informaciones sensibles, especialmente cuando las mismas
puedan perjudicar el buen resultado de una causa judicial o cuando la finalidad perseguida no sea otra que la de dañar al adversario político.
Señorías, creemos necesario concretar aún más la exigencia de que las investigaciones que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado queden exclusivamente a disposición de las autoridades judiciales y del ministerio fiscal
cuando sean ellos quienes las hayan encomendado. Por este motivo el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de modificación que hemos transado con el grupo proponente, porque, señorías, la desafección de los catalanes con España ha de
solucionarse con la renovación del marco de convivencia entre Cataluña y España a través del diálogo, la negociación y el pacto, no con investigaciones y querellas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Corcuera.
Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.
Señorías del PP, la pregunta que me hago yo ahora es: ustedes, díganme la verdad, en sus sueños íntimos, ¿sueñan con un Estado policial? (Rumores). Digan la verdad, confiesen, porque con la ley mordaza limitan las libertades, incluida la
libertad de expresión, de forma notable; con la ley de enjuiciamiento criminal -el señor Guillaumes lo apuntaba- incluso van a permitir la intromisión en la vida privada de las personas, pasando por alto todos los requisitos de tipo judicial,
etcétera. También está la reforma del Código Penal. Es una tras otra, tras otra, tras otra, coartando libertades y derechos y dando un papel preeminente a los cuerpos policiales.
En el caso de Cataluña, lo que se ha destacado con esta moción que vamos a apoyar, incluida la enmienda propuesta por el Grupo Socialista, es que se señala algo que es cierto, que parece haber un aumento de efectivos de la Policía Nacional y
de la Guardia Civil en Cataluña. Nosotros les pedimos que digan la verdad, que digan qué aumento ha habido, en cuántos efectivos policiales, por qué, con qué intención, qué cuerpos especializados, qué secciones están ahora presentes en Cataluña y
con qué cometido. Eso es lo que pedimos. Pedimos información. Pedimos transparencia. Pedimos la verdad.
En el caso concreto de la UDEF, de investigación de delitos fiscales, como ustedes saben, nosotros aplaudimos toda investigación, que se vaya hasta el fondo en todo, que los profesionales de la investigación, en este caso de delitos
financieros, vayan hasta el fondo. Que se sepa todo. Igual es el único caso en el cual no solo estamos de acuerdo en que se haga al máximo y que se sepa al máximo, sino que admitimos que tal vez ustedes, inadvertidamente, estén ayudando a nuestro
proyecto para una Cataluña libre, para una república catalana independiente. ¿Por qué? Porque cuanto más limpios ingresemos en esa independencia, mejor para nosotros. Limpios como una patena. Pues nada, muchas gracias, por un lado.
Por otro lado, entendemos que también a nivel político ustedes, señorías del PP y del Gobierno del Partido Popular, no han hecho lo que podían hacer para impedir acusaciones infundadas contra gente muy relevante en Cataluña y que, por las
ideas políticas o por los proyectos políticos que están acompañando y que están impulsando estas personas, ustedes no han hecho lo que podían hacer para
evitar estos infundios: por ejemplo, acusaciones infundadas contra el presidente de la Generalitat de Cataluña o contra el alcalde de Barcelona. Oigan, si realmente hubiera pruebas, si hubiera investigaciones que generaran evidencia y esta
evidencia se pusiera en conocimiento del juez correspondiente, nada que decir, adelante, máxima transparencia. Sería justificado. Pero es que hay acusaciones y esas acusaciones no se desmienten. Ustedes no actúan para desterrar esa erosión de
personas por sus ideas políticas. En ese sentido, considero que ustedes no hacen lo que tendrían que hacer contra un ataque en toda regla, un ataque en toda regla contra el presidente de mi país y contra el alcalde de mi ciudad. Sean del color que
sean, piensen lo que piensen, yo no estoy dispuesto a tolerar un ataque infundado contra el presidente de mi país o el alcalde de mi ciudad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señor Bosch, nos parece una pretensión de carácter un tanto psicoanalista intentar saber cómo están configurados nuestros sueños íntimos. Es más, casi prefiero no saberlo en esta Cámara. (Rumores). Al margen de esta circunstancia, señor
presidente, que hago por razones fitosanitarias, lo contado por el señor Feliu -tiene mucha credibilidad, absoluta credibilidad a pesar de su fino humor- recuerda las obras de ese autor catalán tan conocido, Eduardo Mendoza, que también ha hecho
incursiones en la novela policiaca desde una perspectiva humorística, en donde la policía contrata a un loco cuando se le atasca una investigación, al que sacan de un psiquiátrico y que les ayuda a resolver los problemas con todas las dimensiones de
humor y de desprestigio para los cuerpos policiales que puede suponer el tener que recurrir a estos procedimientos.
Estamos viendo algo que también raya en la esquizofrenia, en la paranoia o en no sé qué patología. Cuando el señor Feliu nos dice que se solicita la presunción de inocencia para una unidad cuya existencia se niega, yo no sé qué presunción
de inocencia se está invocando o reivindicando por el Gobierno o si es que sí existe la unidad a la que nos estamos refiriendo. Cuando el señor Feliu nos indica que esa unidad -inexistente pretendidamente para las autoridades gubernativas, para el
Gobierno del Estado español- ha sido descrita perfectamente, con sus estructuras orgánicas, sus mandos, dirección y modos operativos por un periódico -por un periódico que no ha querido citar y por un periodista que tampoco ha querido citar, pero
que está en la mente de todos-, cabe colegir que la presunción de inocencia está bien invocada, porque algo hay. Cuando desde esta unidad de policía -que ya no sabemos si es existente o inexistente- se realizan calumnias o injurias sobre
determinados políticos en momentos que no son neutros, sino que son muy relevantes electoralmente -por ejemplo, lo ocurrido con el alcalde de Barcelona-, podemos pensar que esa unidad sí existe de verdad, y si no existe, tampoco hay que pedir la
presunción de inocencia, porque si hay que pedir la presunción de inocencia, ¿de qué? ¿De que han filtrado injuriosamente una información políticamente relevante y que puede erosionar a alguna organización política? Posiblemente esa es la
presunción de inocencia. (Rumores). Cuando se manda a Calella, a 100 kilómetros de la frontera, 100 efectivos de las fuerzas antidisturbios para proteger la frontera, 100 kilómetros más arriba -porque no estamos hablando de la frontera marítima-,
estamos hablando de actuaciones policiales carentes de toda lógica, por no utilizar la expresión seguramente más pertinente -aunque no nos gustaría cargar la mano- de aberrantes. Desde luego, Eduardo Mendoza tiene aquí material abundante para
escribir una tercera novela -ha escrito dos- incurriendo en el género policíaco desde una perspectiva humorística. Lo que pasa es que no estamos hablando de algo humorístico, señor presidente. Estamos hablando de algo muy serio. (Continúan los
rumores). Si para algo no está la policía, si para algo no está el Ministerio del Interior...
El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio para que se oiga al orador.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... si para algo no están las unidades especializadas de la policía en delitos fiscales, es para realizar actuaciones de naturaleza política electoral. Desde esta perspectiva, estamos ante una aberración o una
atrofia democrática y, como estamos ante una atrofia democrática, miren, me da igual que exista la unidad o que no exista, que haya que invocar o no haya que invocar la presunción de inocencia para ella, que hayan filtrado o que no hayan filtrado.
Señor presidente, esto tiene muy mal aspecto, muy mala pinta, y aquí se imponen reflexiones clarificadoras, porque este juego es muy
peligroso, en tanto en cuanto estamos desviando a la policía de las funciones para las que está llamada. No sería la primera vez. Ya hemos visto como con la ley de seguridad ciudadana este tipo de actuaciones van a poder proliferar con la
suficiente cobertura normativa. En materia de derechos y libertades en este ámbito, desafortunadamente, señor presidente, estamos retrocediendo y estamos retrocediendo mucho.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Para completar lo que ha dicho el señor Olabarría, quiero decir que cuando reiteradamente hacía alusión al señor Feliu se refiere a don Feliu Guillaumes, que es el que ha intervenido antes presentando la moción.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Mi grupo se va a abstener en esta moción por una razón casi de fondo parlamentario y es que no nos parece adecuado presentar una moción de lugares comunes, porque, de los cuatro puntos que contiene -que en realidad es un tiro por elevación,
puesto que señala unos objetivos, pero en nuestra opinión está hablando de otras cuestiones que aquí no se mencionan-, en cuanto a pedir al Estado que cumpla la ley, solo faltaba, va de suyo. Solo faltaba que la policía no se dedique a hacer su
trabajo bajo supervisión policial cuando sea procedente. Solo faltaba que se considere normal que se filtren informaciones injuriosas, aunque personalmente he comprobado que es de lo más común propagar informaciones injuriosas para erosionar al
rival político en medios de comunicación afines, en algunos casos incluso llamados públicos aunque no funcionen como tales, y también en todas las administraciones y no solo las del Estado. En este sentido me parece estupendo este ataque de
virtuosismo democrático que ha arrebatado a los grupos que han hablado antes que yo y ese interés y ese afán, que ojalá se compruebe y se verifique en algo, de erradicar el ataque sucio al rival político como método de actuación política normal.
Dicho sea de paso, en relación con las cosas que ha defendido el señor Guillaumes, por ejemplo el punto cuarto, que está muy bien, sobre retirar la propuesta de la ley de enjuiciamiento criminal, hay un problema. O se pide la retirada del proyecto
o no se puede pedir la retirada de un punto de un proyecto que está en tramitación, para eso estamos en el trámite de enmiendas. Espero que esto se entienda como se tiene que entender y no en el sentido de que se apoya un proyecto que mi grupo ha
rechazado en su integridad, al menos en los aspectos que más nos importan de sus contenidos.
Respecto a lo demás, ocurre lo mismo. Me llama la atención poderosamente que se cite precisamente a aquellas unidades policiales como la Unidad de delincuencia económica y fiscal que han tenido un papel fundamental en luchar contra la
corrupción, que es un problema sumamente serio en Cataluña y en el conjunto de España. No deja de ser curioso que a los que hay que vigilar y regañar sea a los únicos que están haciendo algo comprometido, práctico y real para luchar contra la
corrupción mientras otros tipo de actuaciones quedan protegidas por la sombra del que no hace nada y no se mete en líos. En fin, ya lo decía Franco: Si usted no quiere problemas, no se meta en política. Aquí es lo mismo: si usted no quiere
problemas, no se meta con la corrupción. No podemos apoyar este tipo de cosas que hablan de lo que no se está hablando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente. (Rumores).
A pesar del rumor en la Cámara, intentaré hacerme oír. Quiero decir que mi grupo parlamentario va a apoyar la moción que plantea el Grupo de Convergència i Unió, incluso en el caso de que se acepte la enmienda que plantea el Grupo
Socialista, que nos parece positiva. La vamos a apoyar porque no estamos hablando de una paranoia, no estamos hablando de una locura, no estamos hablando de una acusación sin ningún fundamento sino que estamos hablando de hechos que se han
producido, hechos preocupantes y que no son aislados, sino que forman parte de toda la política que está desarrollando el Ministerio del Interior y que han culminado apenas la semana pasada, de momento con la aprobación en esta Cámara de la Ley
Orgánica de Seguridad Ciudadana. (Rumores).
Desde mi grupo parlamentario quisiéramos recordar que más allá de filtraciones más o menos malintencionadas, creo que fue en la primera comparecencia del director general de la Guardia Civil
cuando la portavoz de Coalición Canaria desveló la existencia de una circular que se había hecho desde la dirección del ministerio a todos los puestos de la... (Continúan los rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Sixto.
¡Por favor!, que se pueda oír al señor Sixto. Continúe usted.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
Decía que se desveló por parte de la portavoz de Coalición Canaria la existencia de una circular en la cual desde la dirección del ministerio se instaba a toda la Guardia Civil de todo el Estado a que cuando se fuese a ejecutar una
inspección, un registro o una detención de cualquier persona con representatividad política se debería informar a la jefatura del ministerio. Es decir, que hay una política determinada hacia los políticos y hacia la intervención de la policía en la
política por parte del Ministerio del Interior, algo que desde mi grupo parlamentario no podemos comprender, tolerar ni amparar.
También querríamos destacar en mi grupo parlamentario que en esta línea el Ministerio del Interior no solamente se ha dedicado a hacer filtraciones más o menos interesadas, sino que se ha dedicado incluso a elaborar auténticas listas negras
de la gente que ha protestado en las calles, es un tema que hemos traído también a esta Cámara. Y no solamente se limitan derechos y se trabaja contra los derechos fundamentales y las libertades fundamentales en esta línea, sino que además hay
cuestiones establecidas, públicas, notorias, y que no están amparadas en ningún caso por la legislación vigente, como son bases de datos que tiene la Guardia Civil, como la base de datos SIGO en la cual estamos incluidos miles y miles de españoles
de una forma espuria, sin que tengamos ningún control ni capacidad de intervención sobre esa base de datos. Todo esto son las políticas que está amparando y desarrollando el Ministerio del Interior y mi grupo parlamentario, señorías, cree que
tampoco son políticas nuevas, son políticas que vienen desgraciadamente de muchos años atrás.
Por eso mi grupo parlamentario va a apoyar esta moción; nos parece siempre positivo que se reclame el cumplimiento de la ley a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y desde luego el punto cuarto nos parece fundamental y agradecemos
que se haya incluido. Es un absoluto y total despropósito que en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se pretenda que por la sacrosanta autorización del ministro del Interior durante veinticuatro horas se nos pueda escuchar a cualquier
español. La pregunta que nos hacemos en mi grupo parlamentario es: ¿va a ser más complicado encontrar un juez de guardia que encontrar al ministro del Interior para que firme esas autorizaciones? ¿O qué quiere escuchar el ministro del Interior
que no debe escuchar al amparo de la legislación vigente y de la Constitución?
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Montserrat.
La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Guillaumes, supuestamente usted presenta esta moción consecuencia de su interpelación para discutir sobre la política del Ministerio del Interior hacia Cataluña y nada, absolutamente nada le hemos oído hablar sobre la
política del Ministerio del Interior hacia Cataluña ni la semana pasada ni hoy. Pues acéptenlo ya, señor Guillaumes, y también el señor Bosch: esta moción es fruto permanente de la paranoia de CiU, y les voy recordar por qué son paranoicos.
(Aplausos). ¿Se acuerda del episodio tan absurdo en el que ustedes creyeron que las Fuerzas de Seguridad del Estado vigilaban la sede de su partido cuando simplemente se trataba de un operativo contra el crimen organizado cerquita de su sede pero
no sobre su sede? Y ahora se inventan que el Ministerio del Interior ha creado una unidad secreta para rastrear supuestos delitos de políticos independentistas catalanes. Su mentira la basa en dos hechos: el primero, que apareció en un medio de
comunicación, en concreto en un medio independentista, y el segundo, que el ministerio ha convocado una plaza en una unidad de la Policía Nacional y que para dicha plaza, como mérito, se solicita el conocimiento de las lenguas extranjeras,
cooficiales, así como conocimiento y formación sobre delincuencia económica y fiscal. Fíjese usted si la supuesta unidad es secreta que el procedimiento para cubrir esa vacante se concreta en un concurso público dirigido a todos los organismos
centrales, jefaturas superiores, comisarías provinciales, comisarías locales, puestos fronterizos, oficinas de la policía y sindicatos policiales. Como ve usted, secreto poco; al contrario, mucha publicidad y mucha transparencia. (Aplausos). Y
le voy a decir más: de todos los partidos afectados por casos de corrupción solo ustedes, CiU, con inusitada insistencia, están recurriendo a la actuación
parlamentaria no para detectar o corregir sus propios casos de corrupción, sino para averiguar cuáles han sido las vías por las que los medios de comunicación han obtenido determinadas informaciones. Señor Guillaumes, parecen más
preocupados por matar al mensajero que por atacar el grave y verdadero problema, que es la corrupción. ¿Cuál es el problema, señor Guillaumes, que un funcionario del Cuerpo de Policía tenga conocimiento del catalán, que tenga conocimiento de los
delitos fiscales y económicos? Pues yo me siento orgullosa de que nuestras Fuerzas de Seguridad fomenten el aprendizaje y el uso del catalán, del euskera y del gallego, y fomenten también que tengan conocimientos de delitos fiscales. Me temo que
el problema no es la convocatoria de la nueva plaza ni los medios de comunicación, el problema es que hay unos cuantos que transitan entre Ítaca y Andorra, y en estos viajes no quieren ser molestados por nadie y menos por un funcionario debidamente
preparado y formado. (Aplausos). Tenemos que darnos cuenta de que debemos investigar la corrupción provenga de quien provenga, y lo que lamento es que siempre se equivocan de enemigos, el enemigo no es España, no es el Ministerio del Interior ni
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni los españoles, los verdaderos enemigos son los defraudadores, los corruptos, no los que velan por el cumplimiento de la ley. (Aplausos). Los enemigos son aquellos que han robado en nombre de
Cataluña. ¿Se acuerdan? El 3 %. Son aquellos que se han envuelto con la senyera más de treinta años, mi senyera, para luego autoinculparse. (Aplausos). Y hoy hemos leído en los periódicos cómo está empezando a desfilar esta gente que se
envolvió durante treinta años en mi senyera. Los enemigos han sido los que han expoliado el Palau de la Música con total desfachatez. (Protestas.-Varios señores diputados: ¡Sí, sí!). Sí, sí. Y creo que en ese caso está embargada la sede de
Convergència. Dejen ya de hablar en nombre de toda Cataluña para esconder sus miserias. Cataluña no es CiU, es mucho más que CiU, Cataluña somos los 7,5 millones de catalanes y el resto de españoles. (Protestas.-Aplausos). Dejen de insultar a
los catalanes, dejen de atacar a España para esconder su incompetencia para gobernar Cataluña, abandonen la confrontación entre catalanes; la historia no les va a perdonar nunca, abandonen la confrontación entre catalanes y españoles y el suicidio
colectivo de la independencia e inviertan sus esfuerzos en luchar contra los corruptos y los defraudadores, y saquen de una vez por todas a Cataluña de la crisis económica.
Afirmo hoy aquí y más que nunca, en esta tribuna, que nunca las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han abierto tantas investigaciones en materia de corrupción como desde que gobierna el Partido Popular, y no solo en Cataluña sino en
toda España. Todos los españoles somos iguales ante la ley. A veces me pregunto para qué quieren ustedes la independencia. ¿Para aplicar la ley a los que no pensamos como ustedes y no aplicar la ley a los que piensan como ustedes? Nunca se
habían obtenido tantos resultados como hasta ahora y nunca como ahora se ha atacado la corrupción venga de donde venga, militen los corruptos en el partido que sea, con total independencia, sin dirigismos políticos de ningún tipo. Y todo ello
gracias a la profesionalidad, dedicación y eficacia de quienes componen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Me resulta insultante que un partido que tiene imputado al exdirector del Cesicat por un supuesto espionaje de correos
electrónicos y seguimiento a periodistas no independentistas, me resulta esperpéntico que un partido que ha pisoteado la legalidad constitucional según la propia fiscalía, se presente hoy aquí como víctima de una persecución inexistente. A veces,
señor Guillaumes, el ladrón piensa que todos son de su condición. (Aplausos). Les pido que se suscriban a este arduo trabajo de la lucha contra la corrupción y abandonen la paranoia, la mentira, la tergiversación y la utilización continua de
Cataluña para tapar sus miserias, que abandonen su insistencia en romper España. La historia se lo va agradecer.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montserrat. (El señor Macias i Arau pide la palabra).
Primero voy a preguntar al señor Guillaumes qué hace con la enmienda que le han presentado.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: La enmienda presentada por el Grupo Socialista es aceptada por nuestro grupo.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
En virtud del artículo 71.3 desearía intervenir para pedir a la señora diputada la retirada de dos expresiones.
El señor PRESIDENTE: Siga.
El señor MACIAS I ARAU: Señora diputada, creo que su pobreza argumental (Protestas) y a la vez una falta absoluta de audacia, de prudencia... (Continúan las protestas).
El señor PRESIDENTE: Señor Macias, le ruego que diga cuáles son las expresiones que quiere que retire.
El señor MACIAS I ARAU: ... no deberían ser obstáculo para que, repito, más allá de todos sus excesos verbales, retirara dos expresiones: la acusación de paranoia y la acusación de ladrones -piensa el ladrón que todos son de su condición-.
¿El señor Bárcenas, por ejemplo? (Protestas).
El señor PRESIDENTE: Gracias...
El señor MACIAS I ARAU: ¿Voy a tener que acabar el minuto dando nombres y nombres del Partido Popular? Gürtel, Camps... (Protestas).
El señor PRESIDENTE: Señor Macias, ha hecho usted una petición y ahora tiene la palabra la señora Montserrat para decir si acepta o no la petición, no para entrar en ninguna discusión.
La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Señor presidente, no acepto la petición de retirar esas dos expresiones. Estamos en medio de un debate político y he utilizado una frase que existe en el refranero español y que muchas veces se ha empleado
en esta Cámara; es más, el señor Guillaumes ha dicho en su intervención que quizás sí finalmente tengan que aceptar que son paranoicos. Por tanto, yo he dicho, así de claro, que quizás sí, señor Guillaumes, tendrían que empezar a aceptar lo que
usted mismo ha dicho: que son paranoicos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: En dos minutos vamos a votar. (Pausa).
Vamos a proceder a las votaciones.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, RELATIVA A LA JUSTICIA UNIVERSAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000158).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.
Han sido emitidos dos votos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329 más 2 votos telemáticos, 331; a favor, 151 más 1 voto telemático, 152; en contra, 171 más 1 voto telemático, 172; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEJORAS EN LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO. (Número de expediente 122/000173).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre mejoras en la prestación económica por hijo o menor acogido a cargo.
Hay dos votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332 más 2 votos telemáticos, 334; a favor, 156 más 1 voto telemático, 157; en contra, 176 más 1 voto telemático, 177.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA CONSOLIDACIÓN DE UN MARCO LABORAL DE CALIDAD PARA LOS CONTRATOS FORMATIVOS. (Número de expediente 162/001084).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la consolidación de un marco laboral de calidad para los contratos formativos. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 183; en contra, 11; abstenciones, 138.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE UN PLAN CONTRA LA EXPLOTACIÓN LABORAL. (Número de expediente 162/001097).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre la puesta en práctica de un plan contra la explotación laboral. Se vota en sus propios términos. (El señor Sánchez i Llibre pide la palabra).
Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, habíamos pedido votación separada de los diferentes puntos.
El señor PRESIDENTE: Pregunto al señor Simancas, autor de la propuesta, si lo acepta o no.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: No es posible fraccionar la propuesta. Lo siento.
El señor PRESIDENTE: Al no ser posible, se vota en sus términos y de forma completa. ¿Entendido por todos los portavoces? (Asentimiento).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 139; en contra, 175; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA POLÍTICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR HACIA CATALUÑA. (Número de expediente 173/000190).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Catalán de Convergència i Unió sobre la política del Ministerio del Interior hacia Cataluña. Se vota incluyendo la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 148; en contra, 177; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.