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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 246, de 09/12/2014
cve: DSCD-10-PL-246
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 246
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 231
celebrada el martes,
9 de diciembre de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica sobre regulación de los actos de investigación cuando se trate de muestras y fluidos cuya obtención requiera un acto de intervención corporal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B,
número 67-1, de 20 de abril de 2012. (Número de expediente 122/000056) ... (Página4)
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre jubilación anticipada. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 191-1, de 5 de septiembre de 2014. (Número de expediente 122/000169) ...
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a condenar los 'crímenes de honor'. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 564, de 21 de noviembre de 2014. (Número de expediente 162/001085) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, para garantizar el servicio postal universal y defender a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., en su condición de operador designado para la prestación de este servicio. 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie D, número 555, de 7 de noviembre de 2014. (Número de expediente 162/001072) ... (Página32)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para que la lucha contra la violencia de género se convierta en una de sus principales prioridades. (Número de expediente 173/000186) ...
Exclusión del orden del día ... (Página49)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación de la política energética del Estado. (Número de expediente 172/000279) ... (Página49)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página49)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página49)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página50)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)
Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica sobre regulación de los actos de investigación cuando se trate de muestras y fluidos cuya obtención requiera un acto de intervención corporal ... (Página4)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y los señores Llamazares Trigo, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Barreda de los Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Vuelve a intervenir el señor Muñoz González.
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre jubilación anticipada ... (Página14)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario
de Unión Progreso y Democracia, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); así como las señoras Fernández Moya, del Grupo Parlamentario Socialista, y España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página26)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a condenar los 'crímenes de honor' ... (Página26)
Defiende la proposición no de ley la señora Quintanilla Barba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Ramón Utrabo, del
Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Quintanilla Barba.
Del Grupo Parlamentario Socialista, para garantizar el servicio postal universal y defender a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., en su condición de operador designado para la prestación de este servicio ...
Defiende la proposición no de ley el señor Ruiz Llamas, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y el señor Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Martínez Gorriarán, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Ruiz Llamas.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página39)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para que la lucha contra la violencia de género se convierta en una de sus principales prioridades ... (Página39)
Defiende la moción la señora Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y González Vázquez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila y Enbeita Maguregi, del Grupo Parlamentario Mixto, así como los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cantó García del Moral, del
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Rodríguez Ramírez.
Exclusión del orden del día ... (Página49)
Interpelaciones urgentes ... (Página39)
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación de la política energética del Estado ... (Página49)
La Presidencia somete a la consideración del Pleno la exclusión del orden del día del punto de referencia, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) .... (Página49)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica sobre regulación de los actos de investigación cuando se trate de muestras y fluidos cuya obtención requiera un acto de
intervención corporal, se rechaza por 137 votos a favor más 1 voto telemático, 138; 169 en contra más 1 voto telemático, 170, y 12 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre jubilación anticipada, se rechaza por 148 votos a favor más 1 voto telemático, 149, y 170 en
contra más 1 voto telemático, 171.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página49)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a condenar los 'crímenes de honor, se aprueba por 313 votos a favor.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista con la enmienda el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para garantizar el Servicio Postal Universal y
defender a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. en su condición de operador designado para la prestación de este servicio, se rechaza por 130 votos a favor, 167 en contra y 21 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página50)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para que la lucha contra la violencia de género se convierta en una de sus principales prioridades, se rechaza por 149 votos a favor y 169 en contra.
Se suspende la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA SOBRE REGULACIÓN DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN CUANDO SE TRATE DE MUESTRAS Y FLUIDOS CUYA OBTENCIÓN REQUIERA UN ACTO DE INTERVENCIÓN CORPORAL. (Número de expediente 122/000056).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Toma en consideración de la proposición de ley orgánica, del Grupo Socialista, sobre regulación de los actos de investigación cuando se trate de muestras y fluidos cuya obtención requiera un acto de intervención corporal. Para la defensa y
presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Muñoz.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna para defender la toma en consideración de la iniciativa de nuestro grupo, una propuesta de ley orgánica que regule los actos de investigación cuando se trate de
muestras y fluidos cuya obtención requiera un acto de intervención corporal. Las Cámaras aprobaron en el año 2007 una ley orgánica que regulaba las bases de datos de ADN. Esa iniciativa parlamentaria tuvo un amplio consenso en las Cámaras, pero
dejó pendiente una parte sustancial de la regulación, que es aquella que tiene que ver con lo relacionado con el código procesal penal. Es por este déficit que entendemos que tenía aquella iniciativa y por la controversia que ha surgido con
posterioridad -y que detallaré- por lo que hemos creído necesario formular esta proposición de ley orgánica.
La normativa sobre las diligencias de investigación en delitos que conlleven injerencia en la esfera del investigado, a nuestro entender, carece de esa cobertura y además se está produciendo una controversia, podríamos denominarla así, entre
distintos operadores: entre, por un lado, la Sala segunda del Tribunal Supremo, actuando como sala general en fijación de doctrina, y, por otro, el propio Tribunal Constitucional, pero a esa controversia tampoco es ajeno el propio Gobierno en los
dos textos que lleva ya de anteproyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El texto Gallardón fijaba una postura, a la que me referiré, y el texto aprobado el pasado viernes por el ministro Catalá tiene otra. La controversia tampoco
es ajena a la propia doctrina. Por tanto, estamos ante algo que creemos que debe ser regulado. Debe ser regulado en qué forma y con qué garantías se produce la toma de muestras en el lugar del delito mediante la creación de un artículo 284 bis
para dar certeza a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero a su vez también para dar certeza a los actores en el posterior proceso penal. La segunda cuestión que trata nuestra iniciativa es la regulación de los análisis
de las muestras biológicas, intervenciones corporales, obtención y análisis de perfiles de ADN y sobre todo las garantías que tienen que tener. En la Ley orgánica 10/2007 se estableció una disposición adicional tercera, fruto del consenso entre las
enmiendas de Esquerra Republicana y del Grupo Socialista, que dejó establecido que cualquier intervención debería llevar el consentimiento del propio afectado y, en su caso, a falta de ese consentimiento, la preceptiva autorización judicial.
Señorías, a partir de esa indicación que se establecía como garantía de ese acuerdo que luego fue refrendado por los grupos parlamentarios ha surgido la controversia a la que me referiré.
Estamos hablando de una situación, que se describe en esta iniciativa parlamentaria, que da cobertura a una regulación que nosotros creemos que es un punto de equilibrio y que debe ser la normativa procesal penal; además fija que aquello
que no tenga que ver con la prestación de ese consentimiento, que para nosotros debe ser informado, todo aquello que tenga que ver con la obtención coactiva, que debe ser también regulado y que no lo está en los términos en que actualmente fija la
regulación del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debe de ser, solamente y para esos casos en los términos coactivos, mediante los especificados en la oportuna resolución judicial. Es una iniciativa que debe llevar consigo el rango de
ley orgánica porque estamos hablando de una regulación en relación con el artículo 18.1 de la Constitución, regulación que según la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional no existe en cuanto a las inspecciones e intervenciones corporales, de
reserva absoluta de resolución judicial, pero si el legislador en el año 2007 optó por esa regulación con el rango de ley orgánica, en aquello que tiene que ver con ese desarrollo en el ámbito del código procesal penal en relación con las bases de
datos y con cómo se obtienen estas muestras -hablamos siempre, señorías, de ADN no codificante, estamos hablando de identidad y de sexo, no estamos hablando de otro tipo de ADN que por supuesto no tiene ningún cobijo en las bases de datos públicas-,
teniendo en cuenta que estamos definiendo un elemento esencial del contenido de un derecho que configura su núcleo en cuanto a la posibilidad limitadora, entendemos que debe haber esa reserva de que sea por medio de ley orgánica.
Nos referimos ahora al problema que se está suscitando fundamentalmente en relación con la obtención de muestras de ADN no codificante en los centros de detención por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las dos posturas
existentes son aquellas que mantienen que esto ha de hacerse en los términos que fija la disposición adicional tercera de la Ley orgánica 10/2007, con el consentimiento del detenido o en su caso autorización judicial, pero la Sala segunda del
Tribunal Supremo ha venido a introducir a través de una resolución adoptada por la sala general, es decir, de la Sala segunda actuando como sala general, el 24 de septiembre de este año, que ese consentimiento ha de ser siempre y necesariamente con
la intervención de abogado, con la presencia de abogado. Frente a ello las resoluciones del Tribunal Constitucional, recientes también -la última es la sentencia 135/2014, de 28 de septiembre-, vienen a establecer que no es necesaria esa presencia
del abogado, esa intervención del
abogado en la prestación del consentimiento informado. La sala del Tribunal Supremo ha establecido que la toma de muestras para la práctica de prueba de ADN con el consentimiento del imputado necesita asistencia de letrado cuando el
imputado se encuentre detenido o, en su defecto, autorización judicial. Sin embargo, la resolución de la Sala segunda actuando como sala general luego introduce otra variante que viene a decir que, no obstante, aquellas pruebas que se hayan
obtenido podrían ser válidas en el proceso siempre y cuando no se haya hecho óbice de las mismas antes de que termine la instrucción. Algunas de las resoluciones judiciales que aplican ya este criterio de la sala están recogiendo votos particulares
de miembros del Tribunal Supremo.
Desde luego, no le falta razón al Tribunal Supremo en algunas de las afirmaciones que hace, pero también creemos que están bien estructuradas las resoluciones que está adoptando el Tribunal Constitucional, como la ya citada de septiembre de
2014, sentencia 135/2014, que se basa en una demanda de amparo porque la condena se hacía fundada exclusivamente en el resultado que arrojó el cotejo de ADN obtenido cuando la policía, estando el recurrente detenido en comisaría, realizó un frotis
bucal con un hisopo de algodón sin que estuviese presente el abogado. Bien es verdad que el Tribunal Supremo viene a decir en esa resolución que el análisis de la muestra biológica del demandante de amparo supone una injerencia en el derecho a la
privacidad, por los riesgos potenciales que de tal análisis pudieran derivarse, pero también es verdad que dice que, sentado lo anterior, hay que ver si esa intromisión se ha ajustado a los parámetros delimitados por la propia jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. Es en ese sentido cuando viene a indicar que la Policía judicial podrá proceder de forma autónoma a la toma directa de muestras y fluidos del cuerpo del sospechoso siempre y cuando se obtuviesen mediante una intervención
corporal leve, como por ejemplo la extracción de saliva mediante el frotis bucal, y el afectado prestase su consentimiento. El consentimiento informado actúa, desde este punto de vista, señorías, como fuente de legitimación constitucional de la
injerencia en el ámbito de la intimidad y la genética del afectado.
Decimos que esta controversia ha llegado también al prelegislador del Partido Popular en el Gobierno, puesto que en el anteproyecto de texto articulado de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que formulaba el entonces ministro
Gallardón establecía que esas intervenciones corporales sí deberían hacerse cuando hubiese presencia y previo asesoramiento de abogado. Abro aquí un paréntesis diciendo que entre aquellos que estaban en aquella comisión que realizó el texto
articulado estaba el hoy presidente de la Sala segunda del Tribunal Supremo, que ha venido manteniendo en diversas sentencias este mismo planteamiento. El viernes pasado, en el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se vuelve
a dar un cambio de criterio y se dice que la asistencia de letrado no será precisa para la recogida de muestras de sustancias biológicas del detenido con los fines previstos en la legislación de bases de identificaciones obtenidas a través de ADN.
Es mucho más amplio de lo que nosotros proponemos, puesto que nosotros proponemos que tan solo se debe eximir la presencia del abogado en el otorgamiento del consentimiento informado en aquellos casos en los que la obtención de muestras se toma
única y exclusivamente mediante frotis bucal, como decimos en uno de los artículos de nuestra iniciativa que sometemos a su consideración. Por cierto, es un cambio de criterio del Gobierno expansivo, contrario, un bandazo, que aprovecharé para
decir aquí que es el que se da en un anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, que se enmarca dentro de las restricciones de los derechos y de las libertades, una iniciativa
legislativa más del Gobierno del Partido Popular en lo que podríamos llamar la legislación del miedo, en la que se puede incluir perfectamente el proyecto de ley de seguridad ciudadana que está debatiéndose atropelladamente en este Congreso y en la
que se inscribe también la reforma del Código Penal. Tenemos que decir que este anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se supera porque, ni más ni menos, da un paso más que a nosotros nos parece gravísimo, puesto que
admite la existencia de escuchas sin autorización judicial, sustituyendo la autorización judicial por la autorización gubernativa. La autorización gubernativa la tiene que dar, ni más ni menos, que el propio ministro del Interior, al que se
convierte en jefe de la grabadora. Habrá que decir aquello de si se va a atrever el ministro del Interior a grabar a aquellos de sus correligionarios cuando le pidan una orden, en un sistema como el español, en el que están perfectamente
estructuradas las relaciones por lo que se refiere a la Policía judicial y a la Administración de Justicia y en el que hay un sistema de implementación para que, ante la necesidad por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de una
orden judicial, puedan acudir de inmediato a obtenerla para hacer una intervención. Por tanto, es un despropósito más que se inscribe dentro de, como digo, la que podríamos denominar legislación del miedo.
Señorías, de lo que estamos hablando aquí no es puramente de un enfrentamiento o de una controversia en términos jurídicos. El otro día publicaba un diario de difusión nacional un artículo muy interesante bajo el titulo: Sin ADN para el
archivo criminal. Dicho artículo venía a referir el caso del pederasta de Ciudad Lineal cuando se había negado a someterse a la prueba de ADN mediante la prueba de saliva con un frotis bucal. Decía además que desde que se está produciendo esta
controversia las inscripciones han caído en un 50 % en las bases de datos de ADN existentes en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No tengo que recordarles a sus señorías que esta es una herramienta crucial para esclarecer delitos muy
graves, delitos que fundamentalmente afectan a la libertad sexual, que afectan a menores y que afectan a crímenes graves como homicidios y asesinatos y también en materia de terrorismo. Por tanto, tenemos que tener cuidado en no debilitar este
detector científico de culpables e inocentes, pero a su vez tenemos que tener respeto a las garantías con que debe llevarse a cabo. No en vano recuerdo aquí a sus señorías que, con arreglo a estas pruebas de los marcadores, la policía fue capaz de
resolver un caso complicado y que tenía postrada en la cárcel a una inocente. Estamos hablando del asesinato de Rocío Wanninkhof y les recuerdo, señorías, que la detención de Tony Alexander King solo fue posible mediante la prueba de ADN con motivo
de un delito posterior, con el resultado de la muerte de la joven Sonia Carabantes. Así pues, estamos hablando de un tema fundamental para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero también es fundamental desde el punto de vista de la
garantía de los derechos.
Hemos de decir aquí que no debemos de confundir, ya que a veces tenemos esa propensión, lo que es el derecho a la defensa, que es un derecho dentro del marco del proceso del artículo 24, con el derecho del artículo 17, de la asistencia
letrada al detenido en los términos que fija la ley, porque si bien el primero es un derecho pleno, en el segundo caso, siéndolo también, lo es en relación con ser un derecho de configuración legal, y tendrá que ser la ley la que lo habilite.
Nosotros entendemos que debemos ser nosotros, las Cortes Generales, los que fijemos los términos en los que la ley desarrolla ese derecho establecido en el artículo 17 de la Constitución. También tengo que decir aquí que hay otras muchas
iniciativas, dentro del capítulo de las personas que están en la fase de detención o de previa detención, en que no se realizan diligencias donde estén presentes los abogados, por ejemplo en relación con los análisis radiológicos que se hacen cuando
se pasan determinadas instalaciones o por ejemplo en las pruebas de alcoholemia, en declaraciones de testigos, en declaraciones de coimputados, a las que el abogado no asiste profesionalmente, o en los actos de imputación a terceros por parte del
detenido o incluso en las detenciones en delitos contra la seguridad vial si hay renuncia expresa a la defensa. Estamos ante un derecho de los que se entienden como de configuración legal y, por tanto, tienen que ser estas Cortes las que lo fijen.
Tienen que ser estas Cortes, señorías, porque si no entramos en la discrepancia que he intentado con mejor o peor fortuna relatarles aquí, lo que en el fondo crea un problema grave, y es que, señorías, nosotros tenemos que recabar que la única
fuente del derecho penal debe ser la fuente legal, las Cortes, la ley como expresión de la soberanía de los ciudadanos. Nosotros entendemos que la regulación que aquí proponemos vendrá a dar certeza y también necesidad a algo que vale para resolver
problemas muy importantes, como asesinatos especialmente crueles, y esto hay que hacerlo desde luego con una regulación que ni es la que propone ahora el anteproyecto del Gobierno de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni son por supuesto
aquellas otras excepciones, excesivamente garantistas a nuestro entender, que creemos que tienen que ser objeto de regulación, como digo, por parte de una legislación que debe de surgir de esta Cámara. Por tanto, solicitamos la toma en
consideración de esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Muñoz.
No ha habido petición de turno en contra, por tanto pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Muñoz, quiero empezar mis palabras felicitándole por su exhaustiva intervención, muy difícil de rebatir en tanto en cuanto ha agotado todos los aspectos atinentes a la problemática relativa a los marcadores de ADN, que se han erigido
en los tiempos que corren en un elemento fundamental de la investigación criminal, con las cautelas y los dilemas que el ordenamiento jurídico con relación a estas técnicas de investigación plantea siempre, fundamentalmente el dilema entre el
derecho a la intimidad y dignidad de las personas y las necesidades de averiguación en el ámbito de la comisión de delitos, todo
ello desde la doble perspectiva o doble vector que él comentaba, para la eventualidad de demostrar la inocencia de un condenado injustamente a la culpabilidad de personas que se niegan o son renuentes a la realización de estas pruebas.
La explicación de lo relativo a la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional es muy pertinente; también lo es la invocación al principio de legalidad tal como ha sido configurado por la jurisprudencia constitucional,
sobre todo en una legislatura como esta, señor presidente, donde hemos llegado a oír a un ministro, un ministro importante, decir que la única fuente de derecho que reconoce es el ahorro. En este contexto, esas invocaciones al principio de
legalidad penal, a la división de poderes y a todos los demás principios que configuran el Estado social y democrático en el que vivimos son siempre pertinentes.
En cuanto al contenido material, hay varias cuestiones que hay que distinguir. Por un lado, está la posibilidad de obtener restos de ADN, fluidos -la expresión excrecencias quizás a esta hora no es la más adecuada pero es la que utiliza el
texto legal- en el lugar o en el vestido de una persona que va a ser objeto de investigación, con lo cual aquí lo que hay que garantizar fundamentalmente es lo que se llama cadena legal de protección de los bienes a efectos de la investigación,
desde el precinto hasta que son objeto de análisis por los médicos o por los institutos forenses o hasta que son objeto de valoración por el órgano judicial competente. Se trata de la evitación de desvirtuaciones de la cadena de custodia legal que
nos está provocando algunos problemas con algunos pleitos muy mediáticos que en este momento estamos conociendo. Está también la posibilidad del uso del frotis bucal sin asistencia letrada, por no considerarlo particularmente lesivo para la
dignidad de los detenidos sobre los que caben indicios de atribuirles algún tipo de responsabilidad en la comisión de un ilícito penal. Luego está la distinción, en cuanto a la obtención de fluidos, cuando esta obtención se puede hacer por medios
leves, por medios poco gravosos, o cuando hay que recurrir o bien a partes íntimas o a operaciones terapéuticas que incluso pueden producir dolor o requieren sedación. Desde esa perspectiva nos parece que ese gradiente que usted utiliza en cuanto a
los distintos métodos de obtener estos fluidos es particularmente pertinente -sobre todo con la necesidad del requerimiento inequívoco e indudable del órgano judicial que entiende del asunto- interaccionando dos bienes que no son siempre fáciles de
interaccionar, las conclusiones y los elementos probatorios, que pueden servir para la imposición de una sentencia, bien sea absolutoria, bien sea condenatoria, y los deberes o el contenido esencial del derecho a la intimidad y el derecho a la
dignidad de las personas, desde luego requerimientos u órdenes judiciales que tienen que ser fundamentadas en virtud de este dilema no siempre fácil de resolver, ni siquiera para un órgano judicial, pero que requieren además algunas apreciaciones
que delimitan y le dan un carácter más sofisticado a la proposición que usted defiende. Las intervenciones tienen que ser las adecuadas para obtener sencillamente aquellos elementos que son indiciarios biológicamente para la obtención de
resultados, y no otras. Tienen que ser las menos dolorosas. Tienen que ser además practicadas por personas con cualificación suficiente para hacerlo -normalmente médicos forenses, pero también en otras ocasiones médicos especialistas que pueden
realizar ese tipo de operaciones-, con los elementos menos lesivos y menos agresivos para aquel que es objeto de una obtención de fluidos y de muestras de estas características. Y tienen que ser con asistencia letrada, salvo que concurra el
consentimiento asistido por parte del que está dispuesto a que le extraigan estos fluidos, también con estos requerimientos que estamos indicando.
Por lo tanto le felicito no solo por su argumentario sino por el contenido de su proposición de ley orgánica, que quizás ha devenido un tanto extemporánea en tanto en cuanto ya el Gobierno del Estado ha anunciado que se va a debatir a partir
del 1 de febrero la nueva ley de enjuiciamiento criminal o el nuevo código procesal penal. Yo aquí, qué quiere que le diga, tengo dudas de que quede tanta legislatura como para poder aprobar un código procesal penal en el sentido amplio y global de
la palabra, un código penal en el sentido amplio y global de la palabra, una nueva ley orgánica del Poder Judicial en el sentido más pleno de la palabra o el estatuto de la víctima, pero se ve que este nuevo ministro también es un optimista
antropológico -parafraseando las reflexiones del anterior presidente del Gobierno-, y vamos a creer que el optimismo antropológico a veces produce resultados, señor presidente. No suele ser así, pero vamos a ver en este caso. Muchas gracias por
presentar una muy correctamente articulada jurídicamente proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
No será el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia el que se oponga a la tramitación de esta iniciativa que ha planteado el Grupo Socialista. Ciertamente, como decía nuestro colega Emilio Olabarría, llega a la Cámara en un
momento ciertamente extemporáneo -si me permite la expresión-, unos días después de que se acabe de aprobar por el Consejo de Ministros el anteproyecto que agiliza la justicia penal y fortalece las garantías procesales, o sea la reforma de la Ley
orgánica que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En todo caso, la cuestión que se somete a reflexión y debate es verdaderamente importante. El portavoz del Grupo Socialista ha expresado en su defensa algunas cosas que compartimos
sustancialmente, por ejemplo las garantías legales de toma de muestras y las garantías de cadena de la custodia, así como la exigencia de personal cualificado para su toma, planteadas en la introducción de su artículo 284 bis. No estamos de acuerdo
sin embargo en algunas otras cuestiones que se recogen en esta iniciativa y que, por cierto, concuerdan completamente con lo que conocemos hasta el momento presente del anteproyecto de ley del Gobierno; por ejemplo, aquellos artículos en los que se
rechaza la asistencia letrada al detenido, que a nuestro juicio es imprescindible en la recogida de muestras de ADN. A nosotros nos pareció mal -y así lo dijimos- que el Gobierno neutralizara el criterio del Tribunal Supremo para obtener ADN de
detenidos; por tanto, tampoco compartimos esa misma reflexión y esa misma propuesta que está incluida en la proposición de ley que ha defendido el Grupo Socialista, eso y algunas otras cosas, pero lo que estamos debatiendo es la toma en
consideración, ciertamente extemporánea, sí. No sé si llegará a convertirse en proyecto de ley el anteproyecto de ley del Gobierno. No sé si llegará aquí y tendremos la oportunidad de debatirlo. Este debate merece extensión, merece tomar en
consideración muchas cuestiones que son de carácter penal, de carácter judicial y de defensa de derechos fundamentales a veces contrapuestos entre ciudadanos. En todo caso, como decía al principio, si esta iniciativa se tomara en consideración y si
pudiéramos ponernos a debatir esta reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, nuestro grupo presentaría enmiendas, la más importante de ellas la que acabo de reseñar. Nos parece mal que el Grupo Socialista, coincidiendo con el criterio
del Grupo Popular y del Gobierno, estime que no es necesaria la asistencia letrada para tomas de ADN a las personas que puedan estar sometidas a un escrutinio judicial. Nos parece mal y formaría parte de nuestras enmiendas, pero, como dije al
principio, no nos opondríamos a esta toma en consideración.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario tiene que confesar que tiene dudas razonables en relación con esta iniciativa. No le cabe duda de que es conveniente y necesario mejorar la legislación en la materia, que probablemente sea necesario
modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el marco ahora de la iniciativa del propio Gobierno, y que es insuficiente la Ley reguladora de la base de datos policiales sobre indicadores obtenidos a partir del ADN. Nos da la impresión de que
estamos imbuidos de lo que podría llamarse síndrome del CSI, algo que ocurrió también en mi profesión, allá a mediados del siglo XX, con las primeras investigaciones en materia de ADN, de tal manera que entonces surgió toda una corriente
científico-médica por la cual se consideraba que cualquier enfermedad tenía que ver con el ADN, sin tener en cuenta los factores sociales, ambientales, etcétera. Aquella serpiente de verano o aquella epidemia pasó, digamos que ahora en mi profesión
hay un mayor equilibrio y yo creo que esta iniciativa, que mi grupo parlamentario valora como una mejora de la regulación, sin embargo es una iniciativa que nos provoca también preocupaciones. No repetiré los argumentos sobre la oportunidad de
garantizar la cadena de custodia, el acta de la policía en la materia, etcétera. Me voy a centrar en dos aspectos fundamentales que son objeto de jurisprudencia, que en algunos casos han sido objeto de una jurisprudencia contradictoria, pero que
nosotros creemos que no se resuelven bien en esta iniciativa.
El primero de ellos ya se ha comentado aquí, y es la posibilidad de que el consentimiento informado baste para la recogida del frotis bucal a un, en este caso, investigado. Nosotros creemos que no debería ser así, creemos que es de tal
naturaleza la afectación de derechos fundamentales del ciudadano que, al igual que tiene derecho a no declarar en contra de su propio interés, también tiene derecho en este caso a que incluso aquella recogida que sea voluntaria, lo sea con la
presencia de su abogado. Nos parece una garantía constitucional mínima que no queremos modificar a través de la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Socialista, ni siquiera con el consentimiento informado, porque quiero recordarles que hay
alguna sentencia que dice que ese consentimiento informado sin la presencia del abogado puede no estar tan informado. Digamos que esa no es una materia fácil ni comprensible para todos los ciudadanos y ese consentimiento, que teóricamente
es informado, puede ser deficientemente informado. Pero lo que nos preocupa no es solamente esto; la digresión en torno a lo que podemos denominar la intrusión coactiva para obtener este tipo de exudados o este tipo de productos que luego darán
lugar a la investigación sobre ADN -intervención coactiva- nos parece una digresión peligrosa. La intervención coactiva leve es ya de por sí llamativa, pero cuando habla de intervención coactiva grave, con anestesia, con cirugía, en lugar
hospitalario o sanitario, la verdad es que nos llama muchísimo la atención. Nosotros preferimos la corriente de la jurisprudencia que dice que la negativa puede utilizarse en su contra, puede ser un factor del proceso para utilizarlo contra la
persona que está siendo investigada, pero que su decisión sobre no ser sometida a este tipo de intervención es sagrada. Nosotros creemos que esa decisión es sagrada, a pesar de las declaraciones que están apareciendo en los últimos tiempos sobre la
pérdida de bases de datos de ADN, etcétera. Nos parece desafortunado establecer una relación entre este derecho a la intimidad por parte de los ciudadanos y casos recientes que se han producido, por ejemplo, de pederastia o de otro tipo de delitos
graves. El Grupo Socialista retira una parte importante de la legislación actual, que es la proporcionalidad, y yo les pregunto, ¿vale igual la intrusión para obtener el ADN al que roba una gallina que al que ha cometido un asesinato? No vale
igual, ¿no? Debería al menos mantenerse el criterio de proporcionalidad. En esta iniciativa ese criterio no se mantiene. Otra cuestión que ha planteado algún tribunal es que, si no hay criterio de proporcionalidad, al menos que haya delitos
pasados, es decir, que haya una tasa de determinados delitos muy graves en los cuales pueda haber intrusión, pero en el resto, no.
Estos factores llevan a mi grupo parlamentario a ver con prudencia y preocupación esta iniciativa, sobre todo si se hace al calor, como he dicho antes, de recientes acontecimientos. Creemos que legislar no se debe hacer en caliente y mucho
menos en lo que tiene que ver con derechos fundamentales. Nosotros no compartimos, primero, que en el caso de la voluntariedad no haya asistencia letrada -no toda la voluntariedad, podemos decir, es igualmente informada- y, segundo, no estamos de
acuerdo en absoluto con que se produzca una intervención coactiva y coactiva grave para obtener este tipo de productos. Preferimos esa jurisprudencia que dice que podrá ser utilizada esa negativa en contra de la persona investigada, pero que en
ningún caso se puede saltar lo que podemos denominar el derecho a la intimidad, a la propia imagen; derechos fundamentales que existen en nuestro país y que nosotros queremos preservar, sobre todo en este momento en que hay una deriva autoritaria
por parte del Estado que tiene mucho que ver con la pérdida de la mano izquierda del Estado. Con la pérdida de las políticas sociales aumentan las políticas penales y nosotros no queremos entrar en esa deriva tampoco en esta iniciativa
parlamentaria.
Por último, sería conveniente, en nuestra opinión, evitar que se compartan este tipo de datos con terceros. Nosotros creemos que la Ley de bases de datos de ADN no lo garantiza, de hecho se están produciendo casos de este tipo de datos que
pasan a terceros con evidente peligro para la intimidad de los ciudadanos, y eso sí nos gustaría modificarlo en la ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo de Convergència i Unió votará favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica defendida de forma brillante por el diputado Pedro Muñoz; de forma argumentada y de forma coherente. Se ha
criticado por parte de otras portavoces que es extemporánea. Yo no comparto esa crítica, señor Muñoz, porque usted hoy aquí, en nombre de su grupo parlamentario, defiende una modificación puntual de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que cada
Gobierno lleva -señor Olabarría, ¿cuánto lleva?- legislaturas anunciando. Ahora parece que sí, que hay un borrador que aprobó como anteproyecto el pasado viernes el Consejo de Ministros y que quizá llegue a su tramitación parlamentaria a partir
del mes de febrero. Hoy mismo hemos tenido ponencia del estatuto de la víctima, se reforma puntualmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal y nadie ha dicho que fuera extemporánea; y mañana, en la Comisión de Justicia, vamos a dictaminar un proyecto
de ley para adaptarnos a una directiva en materia de traductores, se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal también y nadie dice que ello sea extemporáneo. Usted hoy hace aquí una aportación en un tema importante en el que debemos introducir
garantías para la protección de datos personales, como decía el señor Llamazares, el señor Olabarría y
la señora Díez. Hay aspectos de esta proposición de ley que podemos mejorar, seguro, pero es una oportunidad para entrar en un debate importante sobre de qué forma las actuaciones vía policía judicial, actuaciones que en ocasiones pueden
entrar de lleno en la esfera más personal e íntima de las personas, las regulamos, las protegemos y las adaptamos al siglo XXI con los avances científicos pertinentes y con la necesaria garantía de asistencia letrada, y así ver realmente cuándo se
produce o no ese consentimiento y hasta dónde puede llegar esa intervención si el afectado se niega a la misma. Es cierto que nos interesa captar pruebas fehacientes en una investigación criminal, pero es cierto también que nos interesa siempre
proteger los derechos más íntimos de la persona, por tanto, habrá que buscar el equilibrio.
Se apuntaba asimismo esa inversión de la carga de la prueba, esa persona que se puede negar, pero a lo mejor al negarse hay una presunción en contra de que quizá ese resultado sería el de atribuirle esa prueba de ADN, esa huella genética a
él, pero él se ha negado; una persona puede negarse a tener una intervención que pueda ser grave para su integridad corporal. Es cierto también que su proposición de ley de manera muy clara define que nunca puede realizarse una intervención si
pone en peligro la vida de la persona a la que se va a intervenir. Por tanto, aquí también aporta garantías.
En resumen, señor presidente, propuesta oportuna, propuesta que podríamos concretar y mejorar más en el trámite de enmiendas pero a la que desde Convergència i Unió damos apoyo a su toma en consideración. Es cierto que viene en un momento
de debate sobre algo muy similar que se anunció el viernes por el Consejo de Ministros, ante lo que se encendieron todas las luces de alarma en la opinión pública y diversos grupos parlamentarios. Me refiero al anteproyecto de ley necesario e
importante en el que debemos realmente implicarnos todos de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal de aspectos parciales que el Gobierno quiere impulsar. Bienvenida sea esa reforma, pero todas las luces de alarma ante determinados aspectos de la
misma, algunos muy relacionados con la proposición de ley que hoy ha defendido el señor Muñoz. Es cierto que en ocasiones es necesario intervenir las comunicaciones telefónicas, pero es cierto también que siempre necesitamos la autorización
judicial. Es muy grave y muy peligroso lo que el nuevo artículo 588 bis d) del anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, aprobado el pasado viernes, establece. Establece un aspecto de suma gravedad porque, tras regular algo que es muy
necesario, que es cómo vamos a efectuar las intervenciones telefónicas, una vez lo ha regulado todo, se introduce en ese artículo 588 bis d) un apartado cuarto que dice que, en caso de urgencia, cuando existan razones fundadas que hagan
imprescindible la intervención de las comunicaciones, entonces sí. Cuando existan esas razones fundadas, se interviene sin consentimiento del juez, pero alguien lo tiene que consentir. Según el Gobierno, es más fácil conseguir el consentimiento
del ministro del Interior o del secretario de Estado de Justicia que el de un juez. A nosotros nos parece muy peligroso. Nos parece muy peligroso que en determinados supuestos se establezca por ley orgánica que puede llegar a ser el propio
ministro del Interior o su secretario de Estado de Seguridad el que decida que allí sí que se dan razones de urgencia, razones fundadas que hacen imprescindible pincharle a uno el teléfono, y si después resulta que no, que no se daban, se da cuenta
a las veinticuatro horas al juez, pero, de momento en esas veinticuatro horas esa persona, la que sea, ha tenido su teléfono pinchado porque el ministro del Interior así lo ha decidido. Esto es lo que dice este proyecto de ley, que es alarmante y
que tiene mucho que ver con lo que hoy propone el señor Muñoz, de qué forma garantizamos todo ese iter necesario para conseguir las pruebas en un proceso penal, pero de esta forma no. Esta forma es tan peligrosa que avalaría que el ministro del
Interior estuviera siempre al corriente de todas las investigaciones que se llevan a cabo en los juzgados, no sea que sea él el que tenga que intervenir con urgencia para, de alguna manera, impulsar un pinchazo telefónico. Esto se hace no teniendo
en cuenta al titular actual de ese ministerio, sino que es algo que queda en el ordenamiento jurídico, una potestad que tiene quien en su día sea ministro del Interior. Los proyectos de ley pasan, las legislaturas también y las normas a veces se
quedan.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal la tenemos desde el siglo XIX y no siempre es fácil modificarla. Por tanto, toda cautela es poca y toda garantía es necesaria. Realicemos esa actividad legislativa desde el máximo consenso de todos y
hagámoslo con la intención de facilitar la investigación de los procesos penales, facilitar que se pueda investigar cuando se comete un delito, pero otorguemos siempre las máximas garantías. Esto es lo que ha intentado hoy el Grupo Socialista con
esta proposición de ley regulando este aspecto concreto que, repito, señor Muñoz, podemos mejorar, pero compartimos la necesidad de realizar esta regulación. Por tanto, damos nuestro sí a la toma en consideración y ante aquellos que decían que va a
venir el proyecto de ley del Gobierno, si se toma en consideración, podríamos hacer, señor presidente, algo que es muy saludable, que es dar la oportunidad a un grupo parlamentario de que tenga una proposición de ley tomada en consideración. Si
después viene el proyecto de ley del
Gobierno, hagamos una ponencia conjunta, acumulemos ambos, el proyecto del Gobierno con la proposición de ley, con lo que de alguna manera se legisla de una manera más compartida. Este tendría que ser un objetivo de las Cortes Generales en
el siglo XXI: legislar dando más voz a los grupos parlamentarios, intentando que quien aporte al iter legislativo no sea únicamente el Gobierno a través de proyectos de ley, sino que se pueda enriquecer también a través, como hace hoy el Grupo
Socialista, de proposiciones de ley que presentan los grupos parlamentarios. Por tanto, no vemos ningún obstáculo, ningún inconveniente en que hoy podamos tomarla en consideración. Si es cierto, como espero, porque es muy necesaria la reforma de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el Gobierno finalmente la trae a esta Cámara, será bienvenida esa reforma. Nos vamos a implicar muy directamente para limar esos aspectos, como el que he citado de la intervención de las comunicaciones sin
consentimiento judicial, pero entendemos que es necesario reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Desde esta óptica, Convergència i Unió se muestra favorable a esa modificación. Esperemos que entre todos salga un texto consensuado, enriquecido
y que dé respuesta a las necesidades que tiene un proceso penal del siglo XXI.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Barreda.
El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, ciertamente la proposición que hoy somete a debate el Grupo Socialista -con algún exceso verbal, señor Muñoz, señor Llamazares-, más allá de la propuesta concreta y de los aspectos técnicos, tiene profundas implicaciones
constitucionales -es cierto- no simplemente en materia procesal; afecta a las garantías procesales y también alcanza a otros ámbitos de los derechos y libertades democráticas reconocidos en la Constitución, como pueden alcanzar también a esos
derechos y libertades otras materias que aquí se han citado y que no son objeto del debate del día, señor Jané, y que, por tanto, no nos extenderemos ahora en ellas. Habrá ocasión -estoy convencido de ello- de debatirlo en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
Además de afectar a derechos y libertades, la materia que hoy nos trae el señor Muñoz es efectivamente una materia controvertida, como ya se ha dicho. Se ha ocupado de ella la legislación; se ha ocupado la jurisprudencia -también la
jurisprudencia constitucional-; han existido prácticas administrativas cambiantes; parece que hay coincidencia política en la necesidad de abordar reformas; hay propuestas de diferentes grupos de la Cámara para abordar esas reformas, unas más
limitadas, otras, como la que hoy debatimos, más extensas y pormenorizadas. El Grupo Popular cree que tenemos la oportunidad de abordar estas cuestiones no como una materia aislada, sino dentro de una reflexión más amplia y de una reforma coherente
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; reforma que, como se ha recordado hoy, ha sido examinada por el Consejo de Ministros por primera vez y que aborda, en mi opinión, la cuestión nuclear del tema planteado en esta proposición de ley.
Hablamos de la obtención de muestras y de fluidos, de la recogida de sustancias biológicas destinadas a la identificación de personas investigadas, normalmente, no siempre, personas detenidas y puestas a disposición judicial. Como es obvio,
la obtención y conservación de tales muestras y la información que aportan afectan de un modo u otro al derecho a la intimidad, al derecho a la defensa, la legislación procesal y la de protección de datos. Así ha sido ya puesto de manifiesto en
otras intervenciones, por lo que no creo necesario reiterar todos los aspectos que aquí ya han sido abordados. La que he llamado cuestión nuclear, que es una de las fundamentales para la mayoría de intervinientes, al menos en la materia que nos
ocupa, es la asistencia letrada en el momento de la obtención de esas muestras o sustancias biológicas, en concreto, la posibilidad de excepciones a esa asistencia letrada. En esto hay variedad de propuestas, también hay posicionamientos previos de
los tribunales -estos últimos, claro está, en relación con la legislación vigente, puesto que hablamos de derechos de configuración legal, como se ha recordado- y, en cualquier caso, posiciones contradictorias entre el Tribunal Supremo y el Tribunal
Constitucional. En 2007 entró en vigor la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, y desde ese momento la toma de muestras a los detenidos se efectuó previa
información a los mismos de los derechos de acceso, rectificación y cancelación, también previa información del objetivo de la muestra y de su inclusión en la base de datos nacional, y por supuesto dejando constancia escrita de la información
facilitada al detenido. En el momento de efectuar la reseña de cada dactilar del detenido se procedía también a la toma de muestras. Una vez analizada la muestra, el perfil genético obtenido, a efectos de identificación, se
incorporaba bajo un número de referencia y de modo anónimo a los ficheros correspondientes. No hace falta decir que esos ficheros, como es obvio, están sujetos a las prescripciones y garantías de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
sobre protección de datos de carácter personal. La sentencia del Tribunal Supremo 827/2011, de 25 de octubre, en concreto de la sección primera de la Sala de lo Penal, introdujo -como se ha recordado hoy aquí- notables novedades para la toma de
muestras a los detenidos o imputados en causas penales, en particular, la exigencia de asistencia letrada en el momento de realización de la toma de muestras genéticas, a la cual podrían negarse. Insisto, hay criterios controvertidos entre el
Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que llegan hasta fechas tan recientes como el mes de septiembre del presente año. En consecuencia con lo anterior, desde el 1 de diciembre de 2011 esa toma de muestras a la que antes me refería se
efectúa con asistencia letrada, lo que ha ocasionado, como también se ha recordado, una considerable reducción, entre un 30 y un 50 %, en el total de muestras obtenidas.
Con anterioridad a estas fechas, el comité jurídico y bioético de la comisión nacional para el uso forense del ADN, en 2010, elevó a dicha comisión una propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una reforma, señor Muñoz, que
no diré gemela, pero sí muy estrechamente emparentada con el texto que hoy somete a la Cámara el Grupo Socialista. Sin embargo, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero no encontró ocasión propicia para impulsar esta reforma o simplemente no la
consideró oportuna en aquel momento. Pese a ello, el debate continuó -como ya he dicho- tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2011, y ya en esta legislatura tanto el Grupo Socialista como el Grupo Popular registramos iniciativas que afectaban a
esta materia. En nuestro caso, la proposición no de ley de 6 de marzo de 2012, relativa al procedimiento de recogida de la huella genética y los cuerpos responsables de efectuar la identificación genética, y en el caso del Grupo Socialista esta
pormenorizada proposición de ley que hoy debatimos, registrada un mes después, en abril de 2012, que hunde manifiestamente sus raíces en una propuesta del comité jurídico y bioético a la que antes me he referido. Desde entonces han pasado dos años
y medio, ni dos semanas ni dos meses, dos años y medio, y precisamente cuando el Gobierno de la nación ha hecho público el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que aborda la cuestión clave de ese tema, es decir, la
posibilidad de no exigir asistencia letrada para la obtención de muestras con los fines previstos en la Ley orgánica 10/2007, precisamente en este momento, deciden ustedes, el Grupo Socialista, plantear a debate su proposición de ley que, insisto,
hace dos años que está registrada. Para ser exactos, unas horas antes de impulsar el texto del Gobierno, introducen la cuestión en el orden del día para que se debata noventa y seis horas después de conocida la propuesta del Gobierno. Esto es
realmente lo que ha sucedido. Yo no haré juicios de intenciones sobre este modo de proceder, no diré que han tratado ni de aparentar lo que no es ni de malograr una iniciativa al Gobierno; no lo diré porque en esta materia queremos un debate
constructivo. Sí parece que su conceptuación como extemporáneo que han hecho otros grupos puede ser muy adecuada. En todo caso, convendrán ustedes que, pese a identificar una preocupación común, con todos los matices que se quiera, nuestro voto va
a ser contrario a la toma en consideración de esta proposición de ley. Es un voto negativo que no pretende ni desechar la iniciativa ni negar la existencia de un tema que es necesario abordar. Con nuestro no tan solo pretendemos reconducir la
cuestión al momento lógico del debate, al momento procesalmente oportuno y acotado para debatir en coherencia con el resto de nuestras normas procesales este tema, es decir, el trámite de enmiendas a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
que en breve tendrá entrada en la Cámara.
Conocido el anteproyecto, creemos que no tendría sentido proceder de otro modo, es decir, no tendría sentido impulsar reformas paralelas -a pesar de las bondades que encuentra el señor Jané- de la misma ley procesal que contemplarían, tanto
una como otra, aspectos de la toma de muestras y de la necesaria o no asistencia letrada en el momento de la recogida de las mismas. Partimos en ese momento ciertamente de una preocupación común, de un diagnóstico coincidente sobre la necesidad de
la reforma. Es cierto que las propuestas no son iguales, pero también es cierto que en ambos casos, tanto en la propuesta del Grupo Socialista como en el texto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se identifican ámbitos en los que no
sería precisa la asistencia letrada, bastaría con el consentimiento informado en el momento de recogida de determinadas muestras; una intervención corporal que ustedes mismos califican expresamente como leve en algunos supuestos. Esos excesos
verbales del señor Muñoz no sé a qué vienen, insisto, cuando hay esta coincidencia en algunas apreciaciones. No sé si su legislación es la del susto y la otra la del miedo o si simplemente les ha podido ese afán de descalificación en todo lo que
impulse el Gobierno a la hora de hacer planteamientos. Ustedes identifican posibilidades de excepción
en la exigencia de la asistencia letrada y nosotros hemos encontrado una posibilidad en todo lo referente a la aplicación de la Ley 10/2007. Creemos que, al menos en esto, o nada menos que en esto, que es el elemento central de la
controversia, puede haber un terreno para el encuentro, para el debate, para identificar fórmulas de actuación diferentes a las que hoy contempla nuestra legislación. Por tanto, reitero que nuestro voto negativo de hoy es tan solo un emplazamiento
a un debate próximo en el que creemos que hay posibilidades de consenso, a partir del texto del proyecto de ley que remitirá el Gobierno y de las enmiendas que ustedes y el resto de grupos, como bien han manifestado intención de hacer, formulen en
ese momento.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Muñoz González pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor Muñoz, tiene la palabra, pero quiero decirle que no es para argumentar, solo si ha habido alguna alusión personal que yo no he oído, pero que es posible que se haya hecho.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Señor presidente, pido la palabra al amparo del artículo 73.1, por haber visto contradichos mis argumentos y sin ninguna intención de polemizar. Es en relación con el portavoz de La Izquierda Plural para dejarle
clara una cuestión a efectos del 'Diario de Sesiones'. Cuando se ha hablado de la ausencia del principio de proporcionalidad en las intervenciones que tienen que ver y que no son aquellas leves sino aquellas que se califican de ejecución coactiva,
solo quiero precisarle que en el apartado 6 de nuestra proposición indicamos que si quien haya de someterse a la ejecución coactiva se opone a su realización, el juez de instrucción, atendiendo a la necesidad de la actuación y a la gravedad del
hecho investigado, podrá imponer. Por lo tanto, el principio de proporcionalidad está recogido en este punto que acabo de referir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Muñoz.
¿Señor Llamazares? (Denegación).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE JUBILACIÓN ANTICIPADA. (Número de expediente 122/000169).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo de La Izquierda Plural, sobre jubilación anticipada. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición de ley que presento en nombre de La Izquierda Plural tiene por objeto mejorar las condiciones de acceso a la jubilación anticipada que, desgraciadamente, han sido duramente restringidas por las reformas de los dos
últimos Gobiernos. Recuerden que la jubilación anticipada fue establecida por primera vez en nuestro país como derecho en la Ley 35/2002, fruto de un proceso de concertación social. Desgraciadamente, las materias de Seguridad Social y prestaciones
de desempleo han sido sometidas a importantes reformas en el marco de esta crisis, que en este caso han endurecido las condiciones de acceso a la jubilación anticipada, provocando, que es lo que queremos evitar con nuestra iniciativa de hoy, graves
injusticias, sobre todo una situación de desprotección para los parados mayores de cincuenta y cinco años y de desamparo total para los parados entre cuarenta y cinco y cincuenta y cinco años. Además, se da la circunstancia de que en uno de esos
típicos ejercicios de cinismo político el Gobierno del Partido Popular presentó esta restricción en el decreto-ley 5/2013, y le puso el nombre ampuloso de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de más edad y
promover el envejecimiento activo. ¡Qué nombre más bonito para un objetivo tan nefasto!
Nuestra proposición de ley plantea una nueva regulación de la jubilación anticipada, intentando recuperar derechos existentes anteriormente a ese decreto-ley y algunos anteriores a la Ley 27/2011. Vaya por delante, para que no haya ningún
tipo de dudas, que a nuestro grupo le parece bien que las políticas intenten promover la continuidad en el trabajo de las personas de más edad, siempre voluntariamente, pero ese loable objetivo se consigue creando empleo, incentivando la
contratación de personas mayores y no prohibiéndoles el acceso a la jubilación anticipada, que es lo que en estos momentos se está haciendo para colectivos importantes de trabajadores.
No pierdan de vista, señorías, que, salvo excepciones de acuerdos de grandes empresas, la inmensa mayoría de los trabajadores que se jubilan anticipadamente preferirían continuar trabajando si tuvieran oportunidad para ello; si no lo hacen
es porque no pueden. Entre otras cosas, les gustaría continuar
trabajando porque jubilarse anticipadamente supone una penalización muy importante en la cuantía de su pensión que les acompaña durante toda su vida, y en ese sentido, insisto, si no continúan trabajando no es porque no quieran, sino porque
desgraciadamente en estos momentos no pueden. Por eso, nos resulta especialmente cruel el trato que desde el Gobierno se está dispensando durante toda esta legislatura a los parados mayores. No se les ofrece empleo -el Gobierno puede decir que no
es su responsabilidad-; en cualquier caso, lo que sí se hace es reducirles las prestaciones por desempleo -quiero recordar aquí el Real Decreto-ley 20/2012 que fue un verdadero hachazo a los derechos de los parados en cuanto a sus prestaciones-;
también se limita el acceso al subsidio por desempleo y, como remate, se les acorrala dificultándoles el acceso a la jubilación anticipada y, además, como consecuencia de ello, en la cuantía de la pensión que van a recibir toda su vida. Alargar la
vida laboral útil de las personas es un objetivo deseable que todos podemos compartir, para esas personas y para el sistema de Seguridad Social, porque supone más contribución y menos prestaciones, pero para conseguir ese objetivo no todo vale, y
eso es lo que desgraciadamente ha hecho el Partido Popular durante esta legislatura.
El aspecto más importante que queremos tratar con nuestra proposición de ley tiene que ver con la discriminación de las personas que, habiendo sido despedidas, su jubilación anticipada es considerada por ley como voluntaria. No me he
equivocado, es así; personas que son despedidas, que están en desempleo, que no encuentran trabajo, que llegan a los sesenta y un años y que, en función de la naturaleza del despido de que han sido objeto, la ley considera hoy su situación como de
jubilación anticipada voluntaria. Un absurdo jurídico y una barbaridad social. Es inaceptable que se considere solo obligatoria la jubilación anticipada producida después de un despido motivado por un expediente de regulación de empleo o por un
despido objetivo y, en cambio, cuando se trata de la finalización de un contrato temporal o de la pérdida del puesto de trabajo como consecuencia de otro tipo de despido -por ejemplo, los disciplinarios nulos o improcedentes- esta ley considere la
situación de esta persona como voluntaria. ¿A alguien le puede entrar en la cabeza que quien se queda sin trabajo por la finalización de un contrato temporal o por un despido disciplinario declarado nulo o improcedente por los tribunales está en
esa situación de manera voluntaria y si se jubila anticipadamente lo hace voluntariamente y, por lo tanto, así se le penaliza por la ley? La verdad es que ese es el elemento central que queremos abordar. Con la legislación actual, a estas
personas, que han perdido su empleo y están en desempleo al finalizar su contrato temporal o por un despido disciplinario nulo o improcedente, no se les permite jubilarse a los sesenta y un años y se les obliga a esperar hasta los sesenta y tres por
considerar que su jubilación es voluntaria. ¡Menuda barbaridad! Pero, por si fuera poco, además de que a estas personas se las obliga a permanecer en situación, en la mayoría de los casos, de subsidio asistencial de sesenta y uno a sesenta y tres
años, es decir, cobrando una prestación de miseria, como consecuencia de ese nefasto Real Decreto-ley 20/2012, han pasado a tener una cotización de desempleo que en su momento podía ser del 125 % del salario mínimo interprofesional y ahora es solo
del 100 %. Es decir, menos cotizaciones, lo que quiere decir también una reducción de la base de cotización y, por lo tanto, de su pensión futura. Se les obliga a estar dos años más sin poderse jubilar anticipadamente y además se les castiga en la
base reguladora de su cotización.
Quiero recordar además, señorías del Grupo Popular, que ese real decreto-ley que hizo todas esas barbaridades es la contrapartida que el Gobierno del Partido Popular nos presentó para aceptar el famoso rescate bancario, ese que no iban a
pagar los ciudadanos españoles pero que ahora se está pagando milimétricamente a costa de los impuestos de todos. Esta regulación, esta barbaridad jurídica y social es una situación que además está estableciendo en estos momentos una profunda
discriminación de los trabajadores más precarios. Porque vuelvo a insistir en una idea, se está penalizando en el acceso a la jubilación anticipada a los trabajadores temporales por el hecho de ser trabajadores temporales, con lo cual lo que ya es
un calvario, que es la condición de trabajador temporal, como consecuencia de la acción de este Gobierno y parcialmente de la Ley 27/2011, supone alargar esa precariedad no solo de la situación de activo sino también a la situación de jubilación, es
como si la precariedad la llevaran en la mochila y fuera un castigo bíblico. Además, ya les advertimos que, como saben todos los que están en el mundo del derecho y de las relaciones laborales, esta actuación está provocando el efecto contrario del
que dice perseguir, porque si una persona -fíjense ustedes bien lo que está pasando en estos momentos- es despedida por un expediente de regulación de empleo, por un despido objetivo, tiene derecho a jubilarse anticipadamente a los sesenta y un
años, pero si esa persona cuando está en desempleo recibe una oferta para un contrato temporal y lo suscribe, cuando termina ese contrato temporal, si al finalizar ese contrato temporal no puede continuar trabajando se considera que su situación es
voluntaria y entonces
deja de tener el derecho a jubilarse a los sesenta y un años y sólo puede hacerlo a los sesenta y tres. ¿Cabe algo más kafkiano que la regulación actual? Bueno, sí, desgraciadamente lo que está pasando. ¿Qué está sucediendo? Pues que
quienes en estos momentos están asesorando a los empleados a través de los servicios públicos de empleo, los propios abogados y yo mismo cuando alguien me lo pregunta, aconsejan a la gente que si está parada y está cerca de los sesenta y un años y
le proponen un contrato temporal, no lo suscriba, porque si lo suscribe se encuentra en una situación en la que pierde el derecho a jubilarse anticipadamente. ¿Entienden ustedes por qué es una barbaridad jurídica y social lo que estamos planteando?
Además, les recuerdo que se trata de personas que tienen una carrera profesional muy larga, porque se necesitan treinta y tres años para poder acceder a la jubilación anticipada a los sesenta y un años como consecuencia de una jubilación forzosa.
¿Entienden ustedes bien? ¿Qué se encuentra un trabajador cuando le ofrecen un contrato temporal? Tiene dos opciones, puede escoger de qué quiere morir: si rechaza el contrato temporal por miedo a perder la jubilación anticipada, los servicios
públicos de empleo le pueden penalizar con perder la prestación; en cambio, si acepta el contrato temporal para no perder la prestación, cuando termina ese contrato temporal, por esa nefasta ley, se convierte en una persona que no tiene acceso a la
jubilación anticipada forzosa. Ni Kafka hubiera sido capaz de hacer un guión como el que tiene la legislación española en estos momentos.
Por todo esto, nuestro grupo está planteando una cosa tan sencilla como que se considere que es jubilación forzosa todo aquel trabajador que haya perdido su puesto de trabajo por causas no imputables a él. ¿Cuáles? Las del artículo 208 de
la Ley de Seguridad Social, que son las mismas que dan derecho a la prestación de desempleo. Si para tener derecho a la prestación de desempleo hace falta estar en situación de desempleo por causas no imputables al trabajador, las mismas causas que
dan derecho a tener desempleo deben dar derecho a tener la jubilación anticipada forzosa a los sesenta y un años, si no, yo no entiendo absolutamente nada. En ese sentido, vuelvo otra vez a reiterar que eso está planteado fundamentalmente con una
obsesión, reducir gasto y perseguir el fraude. ¿Y qué ha sucedido durante este periodo? Pues no se consigue ni una cosa ni la otra; reducir gasto, no, porque la gente continúa jubilándose anticipadamente siempre que puede. ¿Por qué? Porque no
le queda otro remedio, porque no se jubilaría si tuviera empleo, pero como no hay empleo, no le queda más remedio que jubilarse. Total, las jubilaciones anticipadas continúan creciendo. Pero mientras las jubilaciones anticipadas continúan
creciendo a nivel macroestadístico, en la vida real tenemos gente con sesenta y un años, que ha trabajado al menos treinta y tres años, que está en la calle porque se le ha terminado su contrato temporal o porque ha sido despedida de manera injusta,
que no puede jubilarse anticipadamente porque la ley considera que su jubilación sería forzosa. ¿Cómo forzosa? ¿Cómo forzosa, si no puedo trabajar, si he cotizado treinta y tres años, si la ley me tendría que dar derecho a que me jubilara
anticipadamente?, y eso es lo que no sucede. Espero que haya sabido explicarme sobre la barbaridad que existe en estos momentos en la legislación (Aplausos) y lo razonable que es que ustedes acepten como mínimo discutirla. No pierdan de vista un
aspecto importante, la lucha contra el fraude, porque en la lucha contra el fraude estamos, de acuerdo, pero habrá que pedirles a los talibanes de la lucha contra el fraude que entiendan de una vez por todas que matar moscas con bombas atómicas es
muy efectivo, las moscas mueren, pero la cantidad de vidas humanas inocentes que quedan por el camino es muy brutal, y eso es lo que hacen desgraciadamente los talibanes del fraude. El fraude se combate con bisturí de neurocirujano, no con una
sierra de leñador o con un bulldozer que arrastra todo lo que se le pone al paso. La lucha contra el fraude requiere para no ser injusta bisturí, con mucho detalle, extirpando las malas prácticas, pero dejando los tejidos sanos, no como están
haciendo ustedes. En ese sentido, insisto de nuevo en la necesidad de abordar esta realidad.
Voy a esbozarles otros cambios que proponemos. Primero, que para el cálculo de los treinta y tres años que se necesitan para la jubilación anticipada forzosa o los treinta y cinco que se necesitan para la jubilación anticipada voluntaria se
computen los periodos de permanencia en el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria, con el máximo de un año. Sí, es legítimo. Es gente a la cual se le exigió y se le impidió poder cotizar y, en muchos casos, tuvieron que
abandonar su trabajo retributivo. Lo lógico es que la Seguridad Social reconozca ese tiempo como periodo cotizado. Otro aspecto importante que queremos abordar es acabar de una vez por todas con la diferenciación entre el coeficiente reductor. Se
ha pasado el Gobierno de frenada en la penalización de la jubilación anticipada y, sobre todo, en la discriminación de esa jubilación anticipada voluntaria. En un caso se necesitan treinta y tres años cotizados, en el otro treinta y cinco, en un
caso no se puede hacer hasta los sesenta y uno, en el otro hasta los sesenta y tres. Establecer coeficientes penalizadores como los actuales es una barbaridad, por eso proponemos dulcificarlos para que exista un cierto equilibrio de contributividad
entre lo que supone
jubilarse anticipadamente y reducción de la prestación y lo que supone el derecho que debiera existir después de largas carreras profesionales de treinta y tres o de treinta y cinco años. Por último, desde esa perspectiva también planteamos
una situación importante. En estos momentos la penalización a quienes tienen derecho por haber cotizado en bases máximas a la pensión máxima en el caso de jubilación anticipada es absurda; se les penaliza dos veces. Quien cotiza por la máxima y
solo puede cobrar la pensión máxima tiene un diferencial del 29 % de su base de cotización. Por lo tanto, si después del cálculo de la jubilación anticipada queda aún por encima de la pensión máxima, lo lógico es que se le garantizara eso, porque,
de lo contrario, se le penaliza triplemente. Con lo cual, lo único que están consiguiendo ustedes es que esas personas que están en la base máxima de cotización dejen de cotizar por algunos conceptos y declaren y lo camuflen y conviertan eso en
ahorro en planes y fondos de pensiones, que me temo que es exactamente de lo que se trata con las acciones de este Gobierno.
Estas son algunas de las cosas que hemos planteado. La proposición de ley que les estamos sugiriendo tiene suficiente fundamento, sobre todo está articulada técnicamente y se merecería que el Grupo Popular por una vez -y sin que sirva de
precedente- votara su toma en consideración. Fíjense bien, no entendemos por qué esa negativa a hacerlo; ustedes tienen mayoría absoluta, pueden poner el freno en cualquier momento, tienen una red de protección que es la mayoría absoluta, pero, al
menos, déjennos discutir y convencerles.
Mi último argumento. He visto que hoy el Partido Popular anuncia un plan de apoyo a la familia. Bienvenido sea, un poco tarde, pero podría empezar hoy votando a favor de esta proposición de ley. No hay mejor plan de apoyo a la familia que
permitir que se puedan jubilar anticipadamente aquellos que no teniendo trabajo, no teniendo prestación, teniendo un subsidio de miseria no pueden continuar trabajando y tienen derecho, porque han cotizado para su jubilación anticipada y ustedes con
su ley se lo han negado. Obras son amores y no buenas razones. Apoyar a la familia es votar hoy esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Anunciamos nuestro voto a favor de esta iniciativa porque nos parecen medidas de sentido común, y medidas de sentido común en un momento en que tenemos un panorama desolador de empleo precario, temporal, parcial, mal pagado. Diga lo que
diga la ministra de Empleo, ante este panorama la jubilación anticipada es a veces, desgraciadamente, la única solución para mucha gente, algo a lo que agarrarse. Muchas empresas adoptan decisiones en base a la legislación vigente sobre jubilación
anticipada para intentar causar el menor daño posible, intercambiando posibles despidos por jubilaciones anticipadas; pero para ello, las personas afectadas tienen que tener garantizado el acceso a esa prestación. Sin embargo, la falta de
sensibilidad de este Gobierno hacia la gente ha vuelto a quedar patente en su gestión de la jubilación anticipada, realizando cambios de criterio incluso después de notificar las resoluciones sobre el reconocimiento del derecho y las cuantías a
cobrar. Tal y como plantea la iniciativa parlamentaria, es necesario huir de la incertidumbre y legislar clarificando los supuestos de hecho y sus consecuencias jurídicas para que la gente sepa a qué atenerse si puede acceder a la prestación y
cuánto va a percibir. Es necesario que este Gobierno deje de jugar con el sustento de las personas, y la mejor manera es que la ley sea clara, sin dar pie a diferentes interpretaciones que otro Gobierno insensible pueda ir alterando, como ha
ocurrido al contar en pocos meses con tres interpretaciones distintas. No era razonable que las personas que se quedaron sin trabajo antes del 1 de abril de 2013 y hayan optado por el convenio especial para que su pensión de jubilación no se
convirtiera en miseria después de toda una vida de trabajo, se vieran castigadas teniendo que pagar dos y cuatro años más. Celebramos la rectificación, pues era un verdadero despropósito que buscaba ampararse en el derecho formal, pero se apartaba
del derecho material, pues el convenio especial no es un trabajo y no puede considerarse como tal a ningún efecto.
De otra parte, están los convenios colectivos o acuerdos de empresa, en los que la previsión de la jubilación anticipada también se ha tenido en cuenta para que la gente acceda antes de 2019. También consideramos adecuado proteger esas
previsiones y otorgarles seguridad jurídica. En su conjunto, dificultar el acceso a la jubilación anticipada en nuestro contexto económico con los índices de desempleo que tenemos, dificultar que la gente pueda acceder a la hucha a la que ha estado
cotizando toda una vida, es una injusticia en la que algunos tienen mucho que esconder. En definitiva, lo necesario es que la
normativa piense en la gente y no tanto en dónde recortar, en cómo dificultar el acceso al derecho y en cómo pagar menos pensión, que han sido la guía espiritual de los diferentes Gobiernos precedentes y del actual a la hora de ir
empequeñeciendo esta opción, considerada por otros muchos como una solución factible para causar el menor daño posible a las familias. Por tanto, desde Compromís-Equo anunciamos nuestro voto favorable a que esta iniciativa pueda ser debatida.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna para manifestar nuestra posición en relación con esta proposición de ley sobre jubilación anticipada defendida por el señor Coscubiela en nombre de La Izquierda Plural. Inicialmente queremos manifestar nuestra posición
favorable a la misma, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que desde nuestro grupo nos hemos pronunciado en líneas semejantes o parecidas en el debate de la modificación de la Ley de Seguridad Social en el año 2011 y también cuando
se debatió el real decreto-ley.
Señorías, el señor Coscubiela ha hecho una intervención que desde mi punto de vista ha dejado total y absolutamente clara una situación de injusticia que se está ejerciendo en estos momentos sobre las personas, hombres y mujeres, que tienen
que dejar de trabajar no porque así lo deseen, sino porque sus empresas o bien los despiden o cierran, etcétera. Por lo tanto, es una situación tremendamente injusta en una edad en la que recuperar o volver a tener un empleo es si no difícil,
imposible en la mayoría de los casos; y en aquellos casos en los que existe la posibilidad de que sean contratados, lo es en unas condiciones lamentables en el momento actual no solamente por la temporalidad que puedan tener estos trabajos, sino
por la precariedad laboral de las condiciones de trabajo y también la precariedad salarial. Señoría, llevar adelante las medidas que se proponen en esta proposición de ley sería desde nuestro punto de vista actuar con justicia con este colectivo de
personas. Porque tengamos en cuenta que además de que se quedan sin prestación de ningún tipo después de ser despedidos y finalizada la prestación por desempleo o aquellas que se van sustituyendo, incluida la asistencial, y aun cobrando la
prestación asistencial estas personas estarían pagando -o están pagando, mejor dicho- el convenio especial con la Seguridad Social, lo cual los dejaría absolutamente sin ningún tipo de remuneración. Por lo tanto, aprobar hoy esta iniciativa sería
actuar con justicia con este colectivo. Pero además creemos, señorías, que también se trata en esta iniciativa de eliminar la discriminación que se está haciendo con trabajadores y trabajadoras que teniendo las mismas necesidades y los mismos
problemas en relación con la pérdida del empleo y las dificultades por lo tanto en encontrar un nuevo puesto de trabajo, unos son atendidos por la Seguridad Social de una determinada manera y otros no. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre
dos personas que se van a quedar sin empleo si resulta que el ERE de una se presentó antes de enero del 2013 y el de la otra se va a presentar en agosto del 2014? La situación de estas personas sería la misma y por lo tanto que no se aplique la ley
del mismo modo es una discriminación. Pero igualmente es discriminatorio que se tengan en cuenta unas ciertas características para considerar la posibilidad de la jubilación anticipada cuando la persona despedida lo está dentro de un ERE o cuando
lo está sin ser a través de un ERE, porque despedidas lo están las dos, tienen la misma edad, las necesidades son exactamente iguales y las dificultades de reinserción laboral son exactamente las mismas.
Esta proposición de ley, señorías, trata de corregir esa injusticia y esa discriminación. Por eso, nosotros la aprobamos, porque si en su momento considerábamos estas dos cuestiones, la discriminación y la injusticia, hoy, después del
tiempo que se lleva aplicando esta nueva fórmula para poder acceder a la jubilación anticipada, podemos decir que está siendo realmente cruel con muchísimos trabajadores y trabajadoras. Yo creo que los diputados y diputadas deberíamos trabajar para
que la crueldad no fuera precisamente algo que tuviera que ser sufrido por trabajadores y trabajadoras a la hora de poder acceder a una pensión de jubilación, porque, como decía también el señor Coscubiela, esto solo sería posible después de una
larga carrera de cotización, e incluso la carrera de trabajo puede ser más larga que la propia de cotización. Por lo tanto, señorías, vuelvo a repetir que el Bloque Nacionalista Galego votará favorablemente esta proposición.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Coscubiela, nosotros vamos a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley tan brillantemente, si me lo permite, defendida por usted; incardinada esta brillantez en este intento -que conduce a la melancolía
inevitablemente- que usted y yo mantenemos de restablecer los quebrantos que está sufriendo en esta legislatura tanto el sector laboral en el ordenamiento jurídico como el derecho de Seguridad Social. Intento vano. Nosotros incluso llegamos a
presentar hace dos legislaturas una proposición de ley más beligerante que esta -por cierto, fue aprobada por unanimidad, también con los votos del Grupo Popular-. Solicitábamos la remoción de los coeficientes reductores en las jubilaciones
anticipadas para aquellas personas que expulsadas contra su voluntad en virtud de ERE o despidos colectivos del mercado de trabajo pudieran acreditar más de treinta y cinco años de carreras de cotización. Se votó por unanimidad pero forma parte de
este nutrido grupo del 98 % de las proposiciones no de ley no cumplidas; hay un 2 % que están cumplidas, son en materias manifiestamente anecdóticas, pero bueno, esta forma parte del grupo de las no cumplidas por este Gobierno.
Usted plantea una serie de dilemas que son muy razonables. En primer lugar, la no consideración de los acuerdos interprofesionales con el carácter normativo, con la eficacia erga omnes, que en nuestro ordenamiento jurídico cuando son
aprobados por quienes ostentan la condición jurídica de mayor representatividad sindical los adoptan y se deben incorporar por lo tanto al ordenamiento jurídico. Sucedía así con el acuerdo de 2001 que usted ha comentado, que dio lugar a la Ley
35/2002 y al artículo 161 bis que ha sido objeto de un quebranto absoluto por normas posteriores, fundamentalmente por la 24/2011 y por la 5/2013, endureciendo, hasta convertir en una verdadera carrera de obstáculos prácticamente insuperable, el
acceso a la prejubilación o a la jubilación anticipada, incrementando los años de los sesenta y uno a los sesenta y tres, estableciendo para las voluntarias prácticamente requerimientos inasumibles, incumplibles, y estableciendo este dilema maldito
que usted ha comentado muy bien en relación con las personas que se aproximan a los sesenta y un años y estando en situación de desempleo se les oferta un empleo de naturaleza temporal. ¿Qué hacer? Esta es la cuestión, parafraseando a Shakespeare,
¿qué hacer? Pues no se sabe muy bien qué hacer. Quizás su recomendación sea la razonable: no la acepte si aguanta hasta llegar a la edad de jubilación, porque si su empleo es de carácter temporal y es objeto de resolución en virtud de un despido
disciplinario, va a perder derecho a la pensión de jubilación porque se va a considerar voluntaria la restricción de la relación laboral. Desde esa perspectiva, este es uno de los dilemas que aquí plantean estas normas que dificultan y agravan
incumpliendo el contenido esencial del artículo 41 de la Constitución, que establece la irretroactividad de las reformas de pensiones, en este caso el acceso a las pensiones de jubilación anticipada.
Nos parece correcto todo lo que usted plantea, distinguiendo entre el criterio de acceso a la jubilación anticipada cuando esta es voluntaria y cuando no es voluntaria, estableciendo los sesenta y un años o recuperando los sesenta y un años
para la voluntaria y los sesenta y tres para la no voluntaria. En este sentido, en tanto en cuanto la Ley 27/2011, de reforma de las pensiones -fíjese que hemos discutido usted y yo con otros, como se suele decir, esta ley veces y veces-, establece
una especie de criterio de incremento en régimen de tracto sucesivo hasta los sesenta y siete años, el criterio que usted establece es razonable. Descontamos cuatro años respecto a la edad de jubilación que en cada momento tenga derecho una persona
que se va a jubilar; para las no voluntarias vamos a sustituir los sesenta y uno -y como la jubilación se va incrementando hasta los sesenta y siete, descontando cuatro años serán sesenta y dos, pero cuatro años menos de la edad de jubilación legal
existente en cada momento-, y descontamos dos para las voluntarias en tanto en cuanto la voluntariedad debe tener algún tipo de gravamen. Ahora bien, estableciendo unos periodos, unos coeficientes reductores mucho más razonables que los brutales
acometidos por el Real Decreto-ley de 2013 fundamentalmente. Nos parece bien la gradiente que usted propone estableciendo distintas carreras de seguro y diferentes coeficientes reductores para cada una de las mismas: de treinta y tres a treinta y
cuatro años al 7,5 anual, muy razonable en tanto en cuanto hemos llegado a convivir con coeficientes reductores de hasta el 15 % de la pensión de jubilación; entre treinta y cinco y treinta y siete años el 7 %; entre treinta y ocho y treinta y
nueve un 6,5 %; y cuarenta años o más, que es una carrera de seguro muy larga, un 6 %, que ya está bien como coeficiente reductor. Desde esa perspectiva, estamos de acuerdo. También lo estamos en este procedimiento de revisión de los expedientes
en donde la retroactividad que usted establece en
relación con esta norma nos parece particularmente favorable, porque también es más favorable el régimen de prejubilación que las normas que estamos refutando usted y yo; y en seis meses obligar a la Administración de la Seguridad Social, a
la Tesorería de la Seguridad Social, al INSS en concreto a revisar todos los expedientes producidos tras la fecha que usted ha puesto, que son todas las iniciadas, todas las reconocidas tras el año 2013, tras la entrada en vigor, en definitiva, del
Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo.
Nos parecen bien las reflexiones respecto a las jubilaciones parciales, de las cuales se ha hablado poco en esta Cámara y se sigue hablando poco a pesar de que no deja de ser un híbrido jurídicamente peculiar y no muy abundante en el derecho
comparado; la posibilidad de compatibilizar una pensión de jubilación con un trabajo retribuido no lo he visto en muchos sitios, pero en tanto en cuanto las jubilaciones parciales sí que están muy comprometidas por lo previsto en los convenios
colectivos -los convenios colectivos, dentro de las materias sobre las que pueden negociar, están las atinentes a cuestiones de jubilación, particularmente de prejubilación, mientras que la jubilación stricto sensu formaría parte de lo que se llama
derecho necesario absoluto- nos parece muy bien el restablecimiento de este quebranto sistemático que la negociación colectiva laboral está sufriendo, tanto por la reforma laboral, la del año 2012, como por la Ley de reforma de pensiones del año
2011. Por tanto, qué quiere que le diga, creo que todo lo que usted ha dicho es pertinente, pero no solo es pertinente, sino que además es cierto, es justo y además se acoge a los requerimientos del contenido esencial del artículo 41 de la
Constitución y, por tanto, va a contar con el voto favorable de nuestro grupo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Por Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
En el Real Decreto 5/2013 el Gobierno endureció considerablemente el acceso a la jubilación anticipada, tanto en términos de edad como en términos de cuantía, y esto lo hizo por real decreto y sin tener en cuenta el Pacto de Toledo. Lo que
nos propone La Izquierda Plural en esta proposición de ley es reconsiderar esta cuestión y nos parece bien. Creemos que ese problema se cerró en falso y hay que reconsiderarlo.
¿Cómo nos lo plantea La Izquierda Plural? Pues con una propuesta técnica muy compleja, como ha quedado puesto de manifiesto en las intervenciones anteriores. Es difícil hacerle justicia y debatirla detalladamente en el breve tiempo
disponible y sin perderse en muchos tecnicismos, pero, por intentar hacerle justicia a grandes rasgos, podemos encontrar aspectos que compartimos, sobre todo en lo que se refiere al exceso de penalización que hay hoy en día en la jubilación
voluntaria. No creemos que tenga sentido, como ha señalado el señor Coscubiela, que se haya reducido la cuantía máxima de la pensión o que se haya penalizado tanto esta jubilación anticipada voluntaria. Nos parece que al Gobierno se le ha ido la
mano en esa penalización considerablemente. Sin embargo, hay otra serie de aspectos -sinceramente, tal vez más numerosos- que no compartimos porque nos parece que a los proponentes se les ha ido la mano en este caso en el acceso a la jubilación
involuntaria; plantean ampliarla a colectivos muy amplios, muy numerosos, por diferentes vías: reducen los periodos de cotización necesarios y suprimen el requisito de que la pensión resultante tenga que ser mayor que la mínima, es decir, que
estas personas tendrían complemento de mínimos. Si puede acceder mucha gente con menos periodos de cotización y por encima de lo cotizado con complemento de mínimos, el equilibrio financiero del sistema puede verse en grave riesgo. Sin embargo,
realmente estas cuestiones no son el centro del debate en esta fase en la que ahora nos encontramos. Se está preguntando si apoyamos la admisión a trámite de esta proposición de ley o no y creemos que hay que admitirla a trámite y en fases
posteriores debatir estas cuestiones, porque el tema de la jubilación anticipada, insistimos, se ha cerrado en falso en nuestra opinión.
¿Cuál es la postura de Unión Progreso y Democracia? Tuvimos ocasión de manifestarla en el debate del Real Decreto 5. Compartimos los principios de alargar la vida activa -es lógico cuando está aumentando la esperanza de vida- y acercar la
edad real de jubilación a la edad legal. De hecho, hemos tenido ocasión de acordar con el grupo mayoritario en el inicio de la legislatura algunas medidas importantes en esa dirección que querría recordar; por ejemplo, que en los convenios
colectivos no fuese posible prohibir a las personas que quisiesen seguir trabajando que trabajasen por encima de la edad legal, una medida importante porque había convenios colectivos que lo prohibían, que prohibían alargar voluntariamente la vida
laboral. O, por ejemplo, la famosa enmienda Telefónica, que fue una enmienda
de UPyD aprobada por el Partido Popular que pedía, en el caso de las prejubilaciones en empresas de más de cien trabajadores y con beneficios, que tuviesen que compensar por el coste público de esas prejubilaciones. Eso sí, esta enmienda
Telefónica quedó desvirtuada después precisamente en este Real Decreto 5 que reformó la jubilación anticipada.
Aun compartiendo principios, sin embargo no compartimos cómo abordó el Gobierno esta reforma de la jubilación anticipada porque, como he dicho al principio, la abordó endureciendo, la abordó desincentivando. Nosotros la habríamos abordado
de una forma totalmente diferente, con incentivos positivos, dando más libertad a las personas, flexibilizando la edad de jubilación de las personas. Eso sí, siempre que el anticipo en la edad de jubilación no tenga un coste financiero para la
Seguridad Social, siempre que se reduzca en la cuantía de la pensión el beneficio que implica disfrutar de esa pensión con anterioridad; en resumen, respetando la contributividad, dando mayor libertad de elección a las personas sin perjudicar la
situación financiera de la Seguridad Social. También manifestamos en ese debate que creíamos importante no confundir el colectivo de parados de mayor edad que no encuentran empleo con jubilados. Realmente no son exactamente jubilados y hay toda
una serie de políticas de apoyo relacionadas con los subsidios a mayores de 55 años que hemos tenido ocasión de debatir en este hemiciclo a menudo. Hace falta un programa de apoyo a esas personas de más de 40, de 45 o de 50 años que están en paro y
que tienen un difícil acceso al mercado de trabajo que vaya más allá de la política de jubilaciones anticipadas.
Una tercera cuestión que querría resaltar y que mi grupo planteó recientemente en una proposición no de ley en la Comisión de Empleo tiene que ver con que sigue pendiente establecer los coeficientes reductores para aquellas profesiones de
especial peligrosidad y especial penosidad. Nosotros lo planteamos en el caso de los policías locales pero no es el único caso, es un tema importante relacionado con el que nos ocupa y pendiente de solucionar en nuestro país.
Ahora bien, siendo importante el debate de la jubilación anticipada y habiendo quedado mal cerrado en nuestra opinión -esta proposición de ley da una ocasión de reabrirlo-, nos parece que hay un problema todavía más amplio que también se ha
cerrado mal, que es el de las pensiones en general, no solo de las jubilaciones anticipadas, sino las pensiones en general, que también se han reformado en esta legislatura, y hay una serie de acontecimientos recientes que nos lo demuestran. Hace
poco debatíamos en esta Cámara los Presupuestos Generales del Estado y en ellos un año más las pensiones prácticamente se congelan, suben un 0,25 %, es decir, prácticamente nada: 2 euros para una pensión de 800 euros. Una vez más, perderán poder
adquisitivo y sin embargo, pese a eso, el Fondo de reserva de la Seguridad Social sigue disminuyendo de forma acelerada, la última retirada del Gobierno es de 8.000 millones de euros. En el año 2011 su cuantía era de 66.000 millones y hoy está en
42.000; se ha reducido en más de la tercera parte. Es decir que ni con esas hibernaciones se ha logrado equilibrar el sistema de la Seguridad Social. Eso se debe en nuestra opinión, y como manifestamos en el debate de reforma de las pensiones, a
que faltaba una pieza en este diseño, que es el aumento de ingresos del sistema, aumento de ingresos con unas políticas económicas generadoras de más empleo, evidentemente; aumento de ingresos luchando contra el fraude -como decía el señor
Coscubiela, de forma ajustada y sin matar moscas a cañonazos, diseñando bien esa lucha contra el fraude-, y aumento de ingresos haciendo que haya una mayor financiación de la Seguridad Social vía presupuestos, porque hay cuestiones que hoy financia
la Seguridad Social que estarían más adecuadamente financiadas a través de los Presupuestos Generales del Estado, como son una serie de gastos de funcionamiento de la Seguridad Social y como son las pensiones de viudedad y orfandad. Esto lo decía
también el informe de expertos en la reforma de las pensiones. Los expertos nos dijeron: hay que adecuar los gastos a los ingresos. Perfecto, pero los ingresos no están dados, los ingresos dependen de decisiones políticas; los ingresos no
dependen de nosotros, expertos, sino de ustedes, legisladores. El Gobierno, sin embargo, decidió no adoptar ninguna política por el lado de los ingresos y reducir el gasto hasta que se ajustaran esas dos variables.
Por tanto, en opinión de Unión Progreso y Democracia está mal cerrada la reforma de la jubilación anticipada y está mal cerrada la reforma global que las pensiones. Esta proposición de ley de La Izquierda Plural nos permite reabrir ese
debate y, discrepando de detalles concretos, la votaremos favorablemente.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, la iniciativa del señor Coscubiela reabre la discusión sobre la regulación en España de la jubilación anticipada. De entrada he de decir, y el señor Coscubiela tiene una amplia experiencia en el ámbito sindical, que durante
muchos años todos hemos coincidido en que era una mala práctica, tanto para las empresas como para los trabajadores como para retos a medio plazo tanto del sistema de producción como del sistema de protección social, apostar por las prácticas,
frente a los problemas de las empresas, de optar por despedir a los trabajadores de más edad y en que durante muchos años hubo un abuso en la utilización de las prejubilaciones, además de que la opinión pública vivía con cierto escándalo cómo en
determinados sectores de la actividad económica, por ejemplo en el sector financiero, se optaba en procesos de reestructuración de este sector por enviar hacia el camino de la prejubilación a trabajadores realmente en edades muy jóvenes y con
muchísimas oportunidades de continuar aportando tanto en términos personales como colectivos al empleo y a través del empleo. Todo ello configuraba la necesidad de ir modificando nuestras normas para combatir esas malas prácticas. De alguna
manera, la reforma que se aprobó en la anterior legislatura, la 27/2011, junto con una política de reducción de las prejubilaciones, también fue configurando algunos derechos de la jubilación anticipada que anteriormente no existían y quizá con
algunos defectos, es evidente, pero la reforma del año 2011 fue una buena reforma en esa dirección.
Le decía hace unos segundos que del mismo modo que hubo épocas en las que el péndulo giró excesivamente hacia la prejubilación como una práctica habitual, la reforma que el actual Gobierno introduce en 2013 sitúa el péndulo en la otra
dirección, en la dirección no tan solo de hacer difícil la jubilación anticipada, sino de castigar a aquellos trabajadores que no solo no pueden jubilarse, sino que, sobre todo, no pueden encontrar empleo. Porque esta discusión no es tanto una
discusión en relación con el tratamiento de la jubilación anticipada, sino que sobre todo debe ser una denuncia ante la falta de política del Gobierno de acompañamiento a los desempleados de mayor edad. Hace muy pocas semanas el Consejo Económico y
Social presentaba un informe sobre esta cuestión en el que ponía en evidencia la falta de una política activa para acompañar a los trabajadores de más edad, que deben hacer frente a una crisis que ha castigado más duramente a estos trabajadores,
muchos de ellos empleados en aquellos sectores donde más ha castigado la crisis como, por ejemplo, la construcción, trabajadores a los que quizá en los próximos años les va a ser muy difícil volver a encontrar empleo y trabajadores desempleados a
los que no solo no se les acompaña en su recolocación, sino que tampoco se está invirtiendo en su formación. Además, todo ello en el contexto de unas prácticas empresariales que continúan desconfiando de los trabajadores de más edad. No nos
cansaremos de repetir desde esta tribuna que a menudo se nos cuenta que trabajadores de cincuenta años, de cincuenta y cinco años y de cerca de sesenta años que envían su currículum poniendo su edad no son ni entrevistados por parte de los
empleadores. Por tanto, a esa iniciativa del señor Coscubiela pongamos el contrapunto de la ausencia de esa política activa de acompañamiento a estos trabajadores.
Con relación a las propuestas que nos formula el señor Coscubiela -le anuncio ya nuestro voto favorable a la toma en consideración de la proposición-, me parece especialmente significativo, porque en la reforma de 2011 no se terminó de
resolver de manera adecuada, el reconocimiento de los trabajadores con largas carreras de cotización. El señor Coscubiela en su intervención apelaba a la necesidad de mejorar el carácter contributivo del sistema. No tiene sentido que a una persona
que lleva más de cuarenta años cotizando a la Seguridad Social -a veces hasta cuarenta y cinco años- y que se ve abocado al desempleo o a no encontrar empleo -esa distinción entre el voluntario y el forzoso en esta materia siempre ha sido compleja y
difícil- no se le reconozca ese mayor esfuerzo a lo largo de su carrera laboral. Por tanto, no tan solo hay que retroceder a aquello que existía antes de 2013, sino que incluso en aquellas cuestiones aprobadas en 2011 deberíamos ser capaces de
avanzar. En ese sentido, nos gustará escuchar la opinión del Grupo Socialista.
Ahora bien, este enfoque no debe hacernos olvidar que en materia de protección social y de funcionamiento del sistema de pensiones en su conjunto el horizonte en el que debemos continuar trabajando es aumentar la edad real de jubilación.
Con la lógica de la jubilación gradual y flexible, con el reconocimiento de aquellos colectivos a los que no se les puede reclamar que estén trabajando hasta los sesenta y cinco años o hasta los sesenta y siete años, nuestro reto, en términos de las
necesidades a medio y largo plazo del sistema de protección social, es el aumento de la edad efectiva de jubilación. De hecho, y supongo que sobre ello alguna cosa la portavoz del Grupo Popular nos contará, hemos ido progresando en esa dirección de
acercar la edad real de jubilación a la edad legal de jubilación. Por tanto, aparte de las medidas que tomemos en esta materia de reconocimiento de la necesidad de esa jubilación
anticipada y además en el contexto de esta crisis que está castigando a estos trabajadores de más edad, sería bueno no perder la perspectiva de cuál es el objetivo de las políticas en este campo, que también tiene que ver, precisamente a
través de ese alargamiento de la vida activa de los trabajadores, de esa mejor regulación de la jubilación anticipada, con ayudar al sostenimiento del sistema público de pensiones.
El señor Anchuelo decía en su intervención, y es cierto, que estamos frente a la toma en consideración de una proposición de ley en la que, si el Grupo Popular optase por votar favorablemente a la misma, podríamos discutir más a fondo las
propuestas que nos formula el señor Coscubiela. Hoy simplemente estamos debatiendo la oportunidad de poder tramitar esta proposición de ley y ello, como decía hace unos minutos, va a contar con el apoyo de Convergència i Unió.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista, señora Fernández Moya.
La señora FERNÁNDEZ MOYA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hace unos días celebrábamos en este Parlamento el aniversario de la Constitución, Carta Magna que respetamos y defendemos. Por ello, deseamos mantenerla viva y también actualizada, para que siga siendo útil para garantizar los
derechos y la convivencia. El presidente del Gobierno ha dado un portazo al ofrecimiento de acuerdo para actualizar el pacto ciudadano que representa la Constitución. No lo considera necesario porque, aunque aboga siempre por el consenso, en
realidad prefieren gobernar a golpe de decretos-leyes, pese a que esto atente contra los principios recogidos en la Constitución. Han sido ya 62 los decretos-leyes aprobados por la mayoría absoluta del Partido Popular, muchos recurridos al Tribunal
Constitucional por nuestro grupo parlamentario, entre ellos algunos referidos a la Seguridad Social, como el 20/2012 o el 5/2013, y también a la reforma laboral. Como ven, señorías, no es la excepción motivada por extraordinaria y urgente necesidad
sino una forma normalizada de gobernar sin participación y sin consenso, la habitual que tiene este Gobierno. La proposición de ley que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario La Izquierda Plural pretende modificar la normativa para, entre otros
aspectos, regular de nuevo la jubilación anticipada, tanto en la efectividad del derecho como en las cuantías. Nuestro grupo parlamentario -ya lo adelanto- apoyará la toma en consideración de esta proposición de ley, pero para volver a defender las
propuestas que ya hicimos y que defendimos en nuestra Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. Al modificar la ley se alargó la edad para la jubilación anticipada. Así, subió
de los sesenta y un años a los sesenta y tres la edad de acceso para la jubilación anticipada por cese en el trabajo involuntario y de los sesenta y tres a los sesenta y cinco para la jubilación anticipada derivada de un cese voluntario en el
trabajo. Los sesenta y uno y los sesenta y tres años fue la edad que estableció nuestra Ley 27/2011. Mi grupo estaba, y está, en contra de la modificación que hizo el Gobierno del Partido Popular porque, primero, la Ley 27/2011 fue fruto de un
dilatado proceso de negociación en el seno de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y del acuerdo con todos los agentes sociales y económicos, y, segundo, el Gobierno con su decreto-ley impidió que la ley desplegara sus efectos. Nunca
sabremos, nunca sabrán, qué resultados se hubiesen obtenido con su implantación. Cuando se debatió la Ley socialista 27/2011, al Partido Popular le parecía que se elevaba demasiado la edad, claro que lo que decían antes y lo que dicen ahora siempre
es bien distinto, también en las pensiones. Esta es la sinceridad y la coherencia del Partido Popular.
En la proposición de ley que hoy se presenta también se introducen elementos ya contemplados en la Ley 27/2011, como el cómputo del servicio militar o la prestación social sustitutoria para acceder a la jubilación anticipada. Por cierto,
aprovecho para reclamar al Gobierno que presente ya un proyecto de ley que establezca un sistema para compensar el tiempo del servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria, como exige la disposición adicional vigésima octava de la
ley. El Gobierno lo aplazó en la Ley de Presupuestos y no es comprensible que habiendo endurecido las condiciones de acceso para la jubilación no presenten ya una medida que la pudiera facilitar en algunos casos. El Gobierno modificó la Ley
27/2011 a través del Real Decreto 5/2013, y lo llaman de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Ya conocemos por otras leyes o por otros decretos-leyes que el
Partido Popular siempre parece decir una cosa, pero luego dice otra. Cuando parece que habla en positivo: reformar, mejorar, siempre es para recortar derechos y prestaciones o para prolongar esperas y sufrimientos. Hablan de promover el
envejecimiento activo, y me voy a detener un minuto en este concepto. La Organización Mundial de la Salud define envejecimiento activo como el proceso en que se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad, a fin de
mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. El envejecimiento activo se sustenta sobre la perspectiva de género y el intercambio intergeneracional, favoreciendo la igualdad de oportunidades y la autonomía personal.
Está claro que es justo lo contrario de lo que está haciendo este Gobierno. Para este Gobierno envejecimiento activo es que las personas mayores de cincuenta y cinco años queden fuera del mercado laboral. Por ello, con su reforma laboral
abarataron y facilitaron el despido, eliminaron las bonificaciones para su contratación y, posteriormente, endurecieron los requisitos para el acceso al subsidio. El envejecimiento activo para este Gobierno supone que los pensionistas mantengan a
sus familiares en paro con las pensiones cada vez más exiguas -ya se han encargado de que no se les puedan incrementar- y que paguen por sus medicamentos, así como dificultarles la autonomía personal porque no pueden tener acceso a la Ley de la
Dependencia, que también la están demoliendo. Eso es el envejecimiento activo para este Gobierno.
Termino insistiendo que nuestro grupo apoyará la toma en consideración de esta iniciativa para traer de nuevo el debate a esta Cámara, para que se vuelva a las líneas que defendimos en la Ley 27/2011, para que se vuelva al Pacto de Toledo y
que se vuelva al consenso político y social del que nunca nos tendríamos que haber separado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora España.
La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, presidenta.
Debatimos hoy una proposición de ley que presenta La Izquierda Plural para establecer una nueva regulación del sistema de jubilación anticipada. Me gustaría hacer algunas matizaciones respecto a esta proposición de ley. En primer lugar,
tratan de computar la cotización de la parte proporcional de pagas extraordinarias y el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria a los efectos de acreditar los períodos mínimos de cotización.
Esta modificación supone mejorar la cuantía de la pensión y puede ser una discriminación positiva en relación con la pensión ordinaria de jubilación en cuyo cálculo no están computadas las pagas extras. También prevé suprimir la actual previsión de
la cuantía máxima de la pensión de jubilación a la que se puede acceder cuando se trate de una jubilación anticipada. En el Grupo Parlamentario Popular entendemos que esto sería desincentivar la prolongación de la vida laboral, algo que es
absolutamente contrario a las recomendaciones del Pacto de Toledo.
No voy a ir punto por punto. En general podemos decir que todas estas innovaciones legales se oponen frontalmente a las medidas que se introdujeron en la Ley 27, contravienen los objetivos marcados por esta ley para hacer frente a los retos
demográficos de la población y de perseguir un sistema de Seguridad Social financieramente estable. Tampoco viene establecido el impacto económico de estas medidas, que en cualquier caso van a suponer un incremento del gasto presupuestario puesto
que favorecen el acceso a más personas a la jubilación anticipada y también la posibilidad de incrementar su cuantía. Y respecto a la modificación de la disposición final duodécima, punto 2, de la Ley 27, con el criterio interpretativo que ya hizo
el INSS entendemos que se ofrece bastante seguridad jurídica. En cuanto al resto de las modificaciones, por los mismos efectos que he dicho anteriormente, irían contra la finalidad y los objetivos de viabilidad y sostenibilidad del sistema. Y
establecer el carácter retroactivo de la ley entendemos que tampoco sería viable. Por todos estos motivos no podemos tomar en consideración esta proposición de ley.
Pero quiero recordar, porque se ha hablado bastante, el Real Decreto-ley 5/2013, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral y promover el envejecimiento activo. Precisamente, señor Anchuelo, este real decreto sí se debatió
en el Pacto de Toledo, recuérdelo usted, y entonces tuvimos conocimiento de un estudio de Esesa según el cual los españoles querían jubilarse a los cincuenta y nueve años de media. Creo, señorías, que en su momento no supimos trasladar el mensaje
de que la prolongación de la vida laboral era condición necesaria para garantizar el sistema de pensiones. Es verdad que el Partido Socialista aumentó la edad de jubilación de los sesenta y cinco a los sesenta y siete años, pero no servía de mucho
si uno de cada dos ciudadanos españoles se jubilaba anticipadamente.
Se ha hablado aquí de nuevas medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema; se ha hecho por el Gobierno del Partido Popular la separación de las fuentes de financiación; se ha prolongado la vida laboral, como ha señalado el
representante de UPyD; se han aumentado las bases de cotización, con lo que se aumenta también la recaudación, pero hay que recordar que la jubilación a los sesenta y uno y a los sesenta y tres años se había convertido en una fórmula de regulación
de empleo. Lo que no
puede ser, y lo que no puede aguantar ningún sistema de Seguridad Social, es que una de cada dos personas -el 50 %- se jubile anticipadamente con una pensión media que supera en 110 euros la media del resto de pensionistas; unas
jubilaciones anticipadas que habían crecido más de un 30 % desde el comienzo de la crisis en el año 2007. Todo ello absolutamente contrario a la recomendación 12 del Pacto de Toledo donde se plantea combatir la discriminación por edad restringiendo
al máximo el abandono prematuro de la vida laboral. Todo eso había que frenarlo.
Además, hay que recordar que nos encontramos la Seguridad Social con déficit. Lo que es una crueldad, señora Fernández Davila, es que el 50 % de las jubilaciones en este país se devengaran de forma anticipada. Eso es cruel para el sistema
de la Seguridad Social y es cruel para nuestros pensionistas. Es verdad, señorías del Partido Socialista, que la Ley 27/2011 modificó la jubilación anticipada, pero también es verdad que si no aprobábamos el Real Decreto 5/2013, si no se corregía,
podía ocurrir que a partir del año 2027 la jubilación anticipada supusiera un anticipo de hasta seis años o de hasta cuatro según hablemos de los sesenta y uno o de los sesenta y tres años.
Me habla el representante de UPyD de la reforma de las pensiones. Señor Anchuelo, las pensiones no se han congelado; dice usted que están casi congeladas. Las pensiones suben, no confundan a los pensionistas. Vuelven a subir un 0,25 %
cuando el IPC está en negativo. Hay ganancia de poder adquisitivo, como también lo hubo en el año anterior: 1.400 millones de euros de ganancia de poder adquisitivo además del IPC. No confunda usted a los pensionistas porque congelación es que
las pensiones se queden como están y que el IPC suba casi tres puntos, que es lo que ocurrió cuando gobernaba el Partido Socialista.
La señora diputada del Partido Socialista ha dedicado toda su intervención a hacer una crítica al Gobierno. No sé si no se ha enterado de que es una proposición de ley de La Izquierda Plural y por eso en absoluto ha entrado ni en
profundidad ni en superficie en la misma, pero yo le quiero decir algunas cosas. Con respecto a la Ley 27/2011 es una ley que aumentó la edad de jubilación de los sesenta y cinco a los sesenta y siete años. Eso lo hizo el Partido Socialista y con
el apoyo de un solo grupo, el de Convergència i Unió. Habla usted del Real Decreto 5/2013. Ese real decreto se aprobó con mayoría absoluta, sí, pero con más votos que la propia ley 27/2011. Nosotros les decíamos que antes de alargar la edad de
jubilación de los sesenta y cinco a los sesenta y siete lo que tenían que hacer es acercar la edad real a la edad legal. ¿Para qué van aumentaban ustedes la edad de jubilación de los sesenta y cinco a los sesenta y siete si más del 50 % de las
jubilaciones se estaban devengando a los sesenta y uno y a los sesenta y tres años? (Aplausos). Eso es lo que ustedes tendrían que haber corregido antes de incrementar la edad de jubilación. Esa es la coherencia socialista, señorías.
Les recuerdo, porque ha dicho usted muchas barbaridades desde esta tribuna esta tarde, que no venía a qué. Se lo adelanto ya, no venía a qué. Y les recuerdo que ustedes fueron los que permitieron 3,5 millones de despidos en este país,
ustedes fueron los que dejaron más de 5 millones de parados, ustedes fueron los que dejaron la Seguridad Social en déficit, las pensiones congeladas, la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores de la dependencia sin pagar, 16.000 millones
de euros de déficit en el sector sanitario. Me habla usted de que si eso era o no era el envejecimiento activo; no, señorías, esa es la ruina socialista en la que ustedes dejaron a este país.
Voy terminando, señora presidenta. Efectivamente, antes del Real Decreto-ley 5/2013, por cada persona que decidía continuar trabajando pudiendo jubilarse, por cada persona que decidía seguir trabajando casi siete se jubilaban
anticipadamente. Esto quería decir que nuestro ordenamiento tenía fallos, que el sistema no era sostenible y que era necesario aprobar este Real Decreto 5/2013. Pero, señorías, hay que crear empleo, que es lo que está haciendo este Gobierno y,
aunque veníamos de ser el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea, ahora somos el país que más crece de la Unión Europea, el que más empleo está creando -más de 500.000 afiliados en lo que va de año- y con contratos indefinidos -más de un 20
% de incremento en la contratación indefinida-, y seguiremos creando empleo, señorías, porque eso es bueno para los trabajadores, es bueno para la sostenibilidad del sistema y es bueno, por lo tanto, para nuestros pensionistas.
Señor Coscubiela, no mezcle las churras con las merinas, el Plan de apoyo a la familia no es tomar en consideración esta proposición de ley, se lo puedo asegurar. Dicho esto, como ustedes saben que nuestro sistema de pensiones es el corazón
de nuestro Estado del bienestar, creo que entre todos debemos de contribuir a la sostenibilidad del mismo. Por lo tanto, nosotros entendemos que esta proposición de ley atenta directamente contra la sostenibilidad del sistema público de pensiones y
es el motivo por el que no vamos a tomarla en consideración. Pero le digo ya aquí, señor Coscubiela, que le tiendo la mano para que
en el Pacto de Toledo analicemos y consensuemos cuantas medidas sean necesarias y cuantas medidas sean positivas y tengan un impacto social importante. Allí si ustedes quieren lo analizaremos, en el seno del Pacto de Toledo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora España.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A CONDENAR LOS 'CRÍMENES DE HONOR'. (Número de expediente 162/001085).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto II del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a condenar los
crímenes de honor. Para su defensa, tiene la palabra la señora Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, hoy en nombre de mi grupo parlamentario quiero presentarles esta proposición no de ley para hablar de los mal llamados crímenes de honor. Pero antes me van a permitir que desde esta tribuna una vez más en nombre
de mi grupo condene, como no podía ser de otra manera, las dos muertes que han ocurrido en este largo fin de semana, las muertes de dos mujeres a manos de sus maltratadores. De nuevo la violencia machista, de nuevo la violencia de género sigue
llevándonos a ver cómo las mujeres son maltratadas y al final mueren a manos de sus maltratadores, y además tres menores son víctimas de esa violencia de género y se quedan huérfanos de su madre. Hoy más que nunca tenemos que hacer un llamamiento a
todos los grupos parlamentarios, cuando se cumplen diez años de la Ley orgánica de medidas integrales contra la violencia de género aprobada por unanimidad por esta Cámara, para seguir trabajando hasta lograr que una sola mujer que muera en manos de
su maltratador signifique que son demasiadas muertes. Por lo tanto, señorías, de forma contundente y clara hay que condenar de nuevo la violencia, el maltrato, la muerte de estas dos víctimas, de nuevo víctimas de violencia de género en España.
(Aplausos). Muchísimas gracias.
De nuevo vamos a seguir hablando de violencia, de nuevo vamos a seguir hablando de violencia porque en esta iniciativa se muestra de nuevo la violencia contra las mujeres. No podemos olvidar que el pasado mes de mayo una joven paquistaní de
25 años era lapidada en plena calle por su padre, por sus primos y por sus parientes más cercanos cuando salía del Alto Tribunal de Lahore, en Pakistán, por defenderse y por defender un matrimonio, porque ella quería casarse por amor, en plena
libertad y, sin embargo, al no querer casarse con aquel que su familia le había destinado, fue lapidada en plena calle en Pakistán. Hoy tenemos que hacer un llamamiento y decir que rechazar un matrimonio concertado, sufrir una violación, buscar el
divorcio de un marido que abusa de ellas, ser acusadas de adulterio, vestir como cualquier mujer occidental o no usar correctamente el velo islámico es, simplemente, no acatar una decisión tomada por el padre o por los hermanos y por ello ser
condenadas a la muerte. A una muerte que, en muchas ocasiones, se hace por lapidación, son quemadas vivas, son rociadas con ácido, estranguladas o degolladas. Cualquier forma vale para terminar con la vida de estas mujeres. Además, en Pakistán en
el último año han muerto 869 mujeres por estas causas que les acabo de relatar. Según el Fondo de población de Naciones Unidas 5.000 mujeres han muerto en el mundo a consecuencia de la tradición, de la costumbre, de una mal llamada religión,
instados por los crímenes de honor. Sin embargo, Pakistán no es el único ejemplo. Desgraciadamente, en India tres mujeres mueren cada día víctimas de los mal llamados crímenes de honor. Por lo tanto, hoy aquí tenemos que hacer un llamamiento a la
comunidad internacional para erradicar esta forma de violencia que vulnera los derechos humanos de las mujeres. Estamos hablando de países lejanos, India, Pakistán, Irán, Emiratos Árabes, Siria, cuyos códigos penales contemplan atenuantes o
eximentes para el asesino que ha cometido el delito. Sin embargo, señorías, hoy tengo que decirles que también en países cercanos, de nuestro entorno comunitario, Europa, se cometen crímenes de honor. En Turquía alrededor de 200 casos por año, en
Alemania han muerto cerca de 50 mujeres en los últimos diez años -en su mayoría de origen turco como consecuencia de la inmigración-, en Reino Unido 12 asesinatos, en los Países Bajos alrededor de 40 mujeres muertas. Se calcula que alrededor de
cien mujeres al año son asesinadas en Europa en nombre de los mal llamados crímenes de honor.
Esta es la iniciativa que esta tarde presenta aquí el Grupo Parlamentario Popular. El Parlamento Europeo se hizo eco de lo que estaba sucediendo cuando en Brescia, Italia, una joven paquistaní de 20 años fue degollada por su padre por
querer casarse con un italiano y querer vivir su propia vida. El Parlamento Europeo dictó una directiva junto al Consejo de Europa, la Directiva 56/2011, de 5 de abril. También la Asamblea parlamentaria, en su Resolución 1327, condena los crímenes
de honor y, asimismo, el Convenio de Estambul firmado y ratificado por España que entró en vigor el 1 de agosto de este año también condena los crímenes de honor.
Señoras y señores diputados, somos un referente en la comunidad internacional en la lucha contra todas las formas de violencia que sufren las mujeres. Hemos recogido en nuestro Código Penal la mutilación genital e igualmente en la reforma
que en estos momentos estamos llevando a cabo del mismo también vamos recoger los matrimonios forzosos. Nuestra Constitución también recogió en su día en el artículo 27 el terminar con los tribunales de honor. Hemos sido avanzados y somos un
referente. Nuestra Ley orgánica de medidas integrales contra la violencia de género que sufren las mujeres recoge todas las formas de violencia posibles. Por ello, y con esto termino, señora presidenta, quiero hacerles el llamamiento de que apoyen
esta iniciativa parlamentaria presentada por el Grupo Parlamentario Popular y a la que tanto el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia como el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural han presentado
distintas enmiendas que estamos estudiando para llegar a un acuerdo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Ya termino, señora presidenta.
Vamos a instar a los países para que legislen y vamos a condenar desde toda la comunidad internacional los crímenes de honor porque vulneran claramente y de una forma cruel los derechos humanos de las mujeres. Todos nosotros tenemos que
acordarlo de una forma seria y contundente porque si esta tarde no condenamos los crímenes de honor que se ejercen contra las mujeres en el mundo seremos cómplices.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Quintanilla.
Se han presentado una serie de enmiendas. En primer lugar, por Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, señora Quintanilla, ha recordado usted un nuevo fin de semana negro para la violencia de género, negro para las mujeres en España y, desde luego, nuestro grupo se suma al recuerdo que usted ha tenido para las dos últimas fallecidas
de forma violenta.
Respecto a su proposición no de ley, y entrando en materia, lo que primero hemos de hacer para acabar con los crímenes de honor es dejar de llamarlos así porque referirnos a ellos de esta manera equivale a asumir en el fondo los postulados
del asesino. En primer lugar, el asesino es alguien que cree que las mujeres, que son libres en su familia, deshonran a su familia, y llamándolos crímenes de honor ponemos el énfasis en esa deshonra. Consideran que esas mujeres que ejercen su
libertad cuando eligen marido libremente, cuando rechazan un matrimonio forzoso o cuando se quieren divorciar, cuando con frecuencia han sido previamente víctimas de agresiones sexuales -lo que desde nuestra perspectiva nos remite directamente a la
Edad Media- o cuando tienen un amante, piensan que esas mujeres que, como digo, ejercen esa libertad, constituyen una deshonra para la familia; motivo suficiente para no llamarlos crímenes de honor. Además, denominarlos así significa también dar
por buena la idea de que los varones de una familia son los encargados de controlar la vida sexual o afectiva de las mujeres de esa misma familia. Finalmente, aceptar ese nombre, el llamarlos crímenes de honor, significa también aceptar que ser el
asesino de tu hermana resulta honorable, que es más honorable ser el asesino de tu hermana que el que tu hermana haya elegido a su marido con libertad. Esto es un choque cultural de tales dimensiones que creo que directamente debemos renunciar a
usar esa denominación de crímenes de honor en cualquier forma.
Yendo a la semántica del asunto, también llegamos a su solución y el enfoque de mi grupo creemos que complementa su proposición -no entra en conflicto con ella sino que la complementa- porque cuando pensamos en cómo podríamos renombrar esos
crímenes de honor, lo que nos viene a la cabeza
de manera evidente es una denominación mucho más familiar y a la que usted ha hecho referencia: es violencia machista, ni más ni menos es violencia de género. Sobre la violencia de género, como usted ha dicho, nuestro país ha sido pionero;
tenemos legislación al respecto sin que eso signifique que no debamos seguir pensando sobre ello y en cómo abordamos el fenómeno. Vemos con claridad que es violencia de género porque en el fondo es un tipo de violencia ejercida para limitar, en
algunos casos para reprimir radicalmente la libertad de las mujeres desde un punto de vista radicalmente sexista.
Compartimos como digo el fondo de su iniciativa, estamos completamente de acuerdo en condenar este tipo de crímenes, estamos en la idea de que hay que considerarlos violencia machista y en esta línea hemos presentado dos enmiendas -que
discutiremos con usted, por supuesto, encantados- en el sentido de elevar la consideración de los derechos que se mencionan a la categoría de derechos humanos, puesto que es de los derechos humanos de lo que estamos hablando, usted misma lo ha
mencionado en su intervención. Derechos humanos como de manera obvia el derecho a la vida; pero también está recogido en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos Humanos el derecho a casarse libremente y fundar una familia, que es lo que
protege a las mujeres de los matrimonios forzados. Por lo tanto la relación es evidente. Y también creemos que habría que incluir una mención para que tengamos claro que cuando este tipo de crímenes ocurran en nuestro país, la legislación que les
es aplicable es sin ningún género de dudas la legislación que tenemos contra la violencia de género. Por lo tanto pasamos a discutir con usted esas enmiendas que hemos presentado diciéndole de antemano que, incluso en el caso de que no fueran
aceptadas, también aprobaríamos esta proposición no de ley.
Muchas gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, presidenta.
Señora Quintanilla, cómo no vamos a estar todos de acuerdo y todas de acuerdo en condenar los últimos crímenes que han ocurrido en nuestro país pero debemos estar de acuerdo también en actuar y en no recortar para que no se vuelvan a cometer
más crímenes por violencia machista entre nosotros.
Señorías, este tipo de iniciativas no se pueden dar por acabadas con un mero trámite. Todavía tengo en mi memoria, y supongo que ustedes también, aquella famosa campaña de Una flor para Kabul, por la que miles de mujeres en toda Europa nos
pusimos un burka y comprobamos qué es aquello de desaparecer para el mundo. Miles de mujeres y hombres nos indignamos y manifestamos contra las lapidaciones de mujeres en Afganistán; miles de mujeres y hombres hemos llorado con aquellos tremendos
reportajes que se grabaron en directo y alabamos la labor de aquellas valientes mujeres, de aquellas valientes reporteras. Y por supuesto miles de hombres y mujeres hemos leído Cometas en el cielo y Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini. Pero
luego, señorías, el olvido.
Más aún: en fechas todavía recientes nos escandalizamos ante el secuestro por parte de grupos terroristas de centenares de niñas en un país africano. Niñas que con toda seguridad serán explotadas sexualmente y luego asesinadas. Nos
escandalizamos y condenamos una práctica que lleva años, siglos, haciéndose. Es evidente que la hipocresía humana desgraciadamente no tiene límites. Señorías, los mal llamados, como decía la anterior interviniente, crímenes de honor, son atentados
contra los derechos humanos, en este caso contra las mujeres y las niñas y por tanto son crímenes dirigidos a una población concreta con el objetivo concreto de someterla y amedrentarla. Hace tiempo, en una conversación con una mujer de religión
musulmana, ella me decía que era defensora de una determinada forma de vestir, pero condenaba firmemente esas prácticas que amparaban los mal llamados, como se decía, crímenes de honor; que se podrían llamar crímenes del horror. Ignoro -confieso
que no he leído el Corán- si es cierto o no lo que ella manifestaba al respecto sobre la interpretación de dicho libro. Ahora bien, aunque es cierto que algunas religiones han mejorado con respecto al papel de la mujer, no lo es menos que siguen,
seguimos estando las mujeres, subordinadas y sometidas. Porque a veces, señorías, tenemos que escuchar cosas por parte de prelados de la iglesia, de la nuestra o de la suya, que debían avergonzarnos a todos y a todas. Deben estar anclados estos
próceres de la iglesia en el Código Penal franquista, donde crímenes de honor y aborto se penalizaban, si bien los primeros con menos pena y el segundo, como usted sabe -es decir, el aborto-, sigue penalizado.
Señorías, que este tipo de atentados contra los derechos humanos, la dignidad de las mujeres y de las niñas se contemplen, con ser importante, solo desde la perspectiva de la violencia machista es lacerante para las mujeres. Señorías, desde
esta tribuna y desde otros foros hemos reclamado al Gobierno
de nuestro país mayor implicación y mayores recursos para combatir el terrorismo machista, y lo vamos a seguir haciendo. Ahora bien, nuestra legislación no justifica la acción y además se castiga la misma, pese a que quedan muchas cosas por
hacer y muchos recursos que poner, insisto, y no recortar. Estos atentados consentidos e incluso justificados en numerosos países deben ser perseguidos internacionalmente, y sus promotores también. Todos los organismos, tanto nacionales como
internacionales, han de actuar y reclamar a los países autores medidas urgentes en sus legislaciones para poder erradicar tales prácticas. España debe contribuir de manera activa a que esto sea una realidad lo antes posible; retomar la justicia
universal en sus amplios términos, por ejemplo. Lo que no debe hacer es la vista gorda ante grupos terroristas que actúan en otros países y en cuyo ideario está presente el sometimiento de las mujeres, tal y como hemos hecho en algunos momentos,
señora Quintanilla, señorías, con respecto al Estado Islámico y el papel que ha jugado y ha estado jugando en Siria. Mi grupo no puede oponerse a que se condenen los crímenes de honor -del horror- o a que se inste a los países donde es práctica
habitual a que se intensifiquen sus esfuerzos para erradicarlos, pero, señorías, estarán conmigo en que si solamente actuamos en eso, haremos un brindis al sol; si no actuamos con contundencia dentro de poco lo volveremos a olvidar.
Hoy, señorías del Grupo Popular, señora Quintanilla, no nos han presentado ustedes una iniciativa humo, hoy nos han traído una iniciativa Pilatos; hacemos una soflama condenatoria todos los grupos desde este atril y tras ella nos lavamos
las manos; al menos esa es la sensación que puede quedar si no recogemos con contundencia algunas de las propuestas que desde los grupos de la oposición le hacemos. En esa dirección van nuestras enmiendas. Me alegro -como no puede ser de otra
manera- de que ustedes, señorías del Grupo Popular, de que usted, señora Quintanilla, las vaya a estudiar, que vayamos a introducir elementos que además tienen mucha más contundencia, que van mucho más allá de lo que ustedes reflejan y de lo que
realmente se vota de la iniciativa en la propia proposición no de ley que nos han traído. Ojalá lleguemos a ese acuerdo, ojalá sea así, porque eso sí que dará peso a la iniciativa que hoy estamos debatiendo; si no nos quedaremos -como ya les decía
antes- en aquello de lavarnos las manos desde este atril, y eso no es bueno para las mujeres que están fuera y esperan de nosotros otra cosa, ni para este propio Parlamento.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora García Álvarez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ramón Utrabo.
La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, señora presidenta.
Quiero manifestar en nombre de mi grupo que también nos sumamos al recuerdo de las víctimas de violencia de género de este pasado fin de semana.
Señorías, en primer lugar quiero decir que es muy grave el tema que el Grupo Popular trae esta tarde aquí a debate, los crímenes de honor, los mal llamados crímenes de honor que, como dicen en su propuesta, no solo tienen que ver con la
concepción radical y extrema de una religión concreta, sino con una tradición machista y patriarcal que forma parte de la cultura ancestral de muchos países; crímenes que sufren las mujeres de todo el mundo a manos de familiares, generalmente de
sexo masculino, en un esfuerzo por restaurar la honra de la familia. Si una mujer o una niña es acusada o sospechosa de comportamientos que puedan afectar la estima de la familia, puede ser objeto de brutales venganzas por sus familiares en todas
sus formas: asesinatos, inducción al suicidio, violación, tortura o secuestros que a menudo acaban en su muerte; una muerte violenta que además normalmente no se ve perseguida penalmente o, en el caso de serlo, sus autores ven su responsabilidad
atenuada o excluida. No podemos, por lo tanto, sino compartir la finalidad de esta proposición no de ley que esta tarde debatimos aquí y condenamos, como no puede ser de otra manera, estos crímenes contra las mujeres.
Ahora bien, por favor, señorías, menos hipocresía. Está muy bien que manifiesten en una declaración de solidaridad, que por otro lado en nada les compromete, su apoyo a las mujeres de otros países, pero apoyen también a las mujeres de este
país, a las mujeres españolas, señorías, y háganlo con hechos, con leyes, con recursos, con proyectos, con presupuestos. (Aplausos). Porque, señorías, lo único que han hecho desde que llegaron al Gobierno ha sido maltratar a las mujeres, y a los
hechos me remito. Han intentado imponer la ley del aborto más restrictiva de Europa; reducen los presupuestos destinados a las políticas de igualdad; suprimen el Instituto de la Mujer; limitan en su reforma laboral la conciliación entre la vida
familiar y laboral; eliminan la asignatura de Educación para la ciudadanía y derechos humanos, cuyo objetivo en general era la formación de niños, niñas y adolescentes con criterio propio, respetuosos,
participativos y solidarios, para que de mayores pudieran ejercer la ciudadanía en paz y sin violencia, sin violencia de género, señorías.
Todas y todos sabemos que el asesinato, la agresión o las lesiones que sufre una mujer por parte de miembros de su familia o miembros de la comunidad que consideran haber sido previamente deshonrados por la víctima hunden sus raíces en una
cultura global de discriminación y violencia contra las mujeres. Por eso, desde mi grupo parlamentario consideramos necesario extender la condena no solamente a los denominados crímenes de honor sino a cualquier manifestación de violencia contra
las mujeres por el mero hecho de serlo, a cualquier manifestación de violencia de género. Entendemos que este aspecto de nuestra enmienda no debería significar un problema para un Gobierno que mantiene, como no puede ser de otro modo, la no
discriminación por razón de género o de orientación sexual como uno de los ejes prioritarios de su acción exterior en materia de derechos humanos.
Por otro lado, nos resulta paradójico que el Grupo Parlamentario Popular, el grupo que sostiene al Gobierno, el que trae al Pleno de esta Cámara esta proposición no de ley, sea el mismo grupo parlamentario -y, por tanto, el mismo Gobierno-
que ha llevado a cabo una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que acaba con la jurisdicción universal. Un principio que ha permitido, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, perseguir los crímenes más abominables, entendiendo que
no podían quedar impunes y que debían ser perseguidos por los Estados con independencia del lugar donde se cometieran y de la nacionalidad de las víctimas. La limitación, por no decir la desaparición, del principio de jurisdicción universal que
lleva a cabo la Ley Orgánica 1/2014 limita ostensiblemente el alcance del principio de justicia universal. Ustedes han establecido nuevos requisitos cuya aplicación es prácticamente imposible. Sobre todo, con la exigencia de la previa
interposición de querella por el agraviado o por el ministerio fiscal...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ramón, tiene que finalizar.
La señora RAMÓN UTRABO: Un segundito, por favor.
... impiden la persecución a instancia únicamente de particulares u organizaciones no gubernamentales que actúen como acusación popular. Entendemos que estas modificaciones difícilmente son compatibles con la defensa de los derechos humanos
que traen aquí con la presentación de esta proposición no de ley. Por ello, quiero ya anunciarles que mi grupo traerá al próximo Pleno una proposición de ley relativa a la justicia universal para proponer una modificación que cubra estos aspectos.
Finalmente, para que la aprobación de esta proposición no de ley no quede solo en una declaración de buenas intenciones, queremos pedirles que aprueben la enmienda que ha presentado mi grupo parlamentario a esta proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ramón.
Fijación de posiciones. Grupo Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Quintanilla, nosotros vamos a apoyar en sus propios términos la proposición no de ley presentada por usted, no sin recordar también los dos asesinatos cometidos este fin de semana contra dos mujeres, repudiando a sus asesinos y
reprochando también a los dos grupos mayoritarios de esta Cámara su incapacidad la semana pasada para formalizar una declaración institucional contra esta lacra social. (Aplausos).
Dicho esto, señora Quintanilla, estamos hablando de un fenómeno cultural que tampoco es tan ajeno ni pertenece a países tan lejanos. Le quiero recordar que el Código Penal español del año 1973 regulaba la figura del uxoricidio. El
uxoricidio consistía en que el cónyuge varón que comprobara que su mujer era adúltera, en delito flagrante de adulterio, sería castigado con una pena de destierro de dos o tres semanas. Toda una inducción al asesinato. Cuando se habla de crímenes
de amor estamos hablando de una subordinación de la mujer -a la que se priva de su honor, se cosifica, en definitiva- a los dictámenes del varón, de la familia, a los dictámenes metaculturales de determinados países, verdaderos arcaísmos que niegan
la condición de la mujer, incluso su condición de persona, como en el Concilio de Nicea se negaba que poseyera alma, porque hasta el Concilio de Nicea se negaba que la mujer tuviera alma.
Nos encontramos con temas tan repugnantes como el asesinato de Farzana Parveen, de 25 años, por sus familiares por negarse a concertar un matrimonio, como si fuera algo disponible para los familiares; el
amor en sus distintas manifestaciones filio-matrimoniales. Nos estamos encontrando con personas que por vestir de modo accidental son asesinadas con la misma crueldad que usted ha indicado, con personas que han querido estudiar y solo por
la circunstancia de querer estudiar y formarse son asesinadas también, por personas que en definitiva son objeto de la privación de su propia identidad, de su propia condición de ser humano. Desde esa perspectiva, nosotros condenamos con ustedes
con la misma beligerancia los llamados impropiamente crímenes de honor e instamos a que desaparezcan en los países -que no son pocos, desafortunadamente- donde todavía se mantienen y están si no legalizados, sí tolerados o muy atenuados los
reproches penales contra estos crímenes, y mantenemos esta reivindicación con la misma beligerancia.
Ustedes no son muy partidarios de la jurisdicción universal pero estos crímenes deberían formar parte del listado de crímenes llamados de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad están tipificados en distintos tratados
internacionales, en distintos convenios, y particularmente en el Tratado de la Corte Penal Internacional. Cuánto nos hubiera gustado que hubiese incorporado un número 3 a su proposición no de ley considerando estos crímenes como crímenes de lesa
humanidad. Pero su Gobierno ha hecho lo contrario, ha sido dicho aquí por algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra: amortizar la propia noción de jurisdicción universal a través de una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Contra esto no basta, o sí basta, porque es buena una declaración retórica, una declaración enfática de este Congreso condenando estos crímenes, pero hay que dar un paso más allá, hay que condenarlos pero hay que hacerlo ante el Tribunal
Penal Internacional.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Grupo de Convergència i Unió, señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.
Antes de empezar mi intervención quiero, en nombre de mi Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, mostrar nuestra solidaridad y el rechazo por las dos últimas víctimas mortales de violencia de género; dos mujeres más han fallecido este
fin de semana. A una tercera que ha resultado herida le deseamos una pronta recuperación.
Entrando en la materia que nos ocupa, quería centrar mi intervención en dos alertas que nos ha sugerido el redactado de esta proposición que nos presenta el grupo de la mayoría. Una primera alerta en nuestra intervención -aquí se ha dicho
por alguna portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra- va dirigida al nombre utilizado para la designación de estos crímenes. La denominación de crímenes de honor se nos antoja completamente inadecuada puesto que, a nuestro entender, lo
que hace es otorgar una connotación de justificación a estos horribles crímenes que realmente atentan contra los derechos humanos de las mujeres, contra su libertad o contra su dignidad; es una denominación acomodada al victimario que en el fondo
es lo que persigue, una justificación para perpetrar los más horribles crímenes contra las mujeres por el solo hecho de serlo. El victimario persigue una justificación como máximo exponente del atentado contra las mujeres, fruto de la intolerancia
y la desigualdad de determinadas sociedades que merece toda nuestra condena. La comunidad internacional, a nuestro entender, debería colaborar en perpetuar ese error conceptual. De hecho, se suele referir a esos crímenes como los mal llamados
crímenes de honor; si están mal llamados, no les llamemos así, cambiemos la denominación sin paliativos. Estamos ante crímenes que vulneran los derechos humanos de las mujeres, su dignidad y su libertad, ante crímenes que son la máxima expresión
de la crudeza de la violencia machista, que son fruto de sistemas perpetuadores del desprecio, de la vejación, de la humillación de la mujer por el hecho de serlo. De hecho, las matan por haber sido violadas o víctimas de incestos, las matan por no
llegar vírgenes al matrimonio, las matan por vestir a la manera occidental o por exigir educación. Por tanto, señorías, no podemos seguir llamando crímenes de honor a estos crímenes aberrantes.
Hecha esta primera alerta, la segunda alerta iría dirigida al grupo de la mayoría para poner de manifiesto que nos parece una proposición un poco escaparate. Probablemente esta proposición arrancará el gran apoyo de esta Cámara, de hecho,
tendrá nuestro apoyo, sin embargo, entrando en el texto de la proposición, ¿qué grado de compromiso asume el Gobierno para ayudar a luchar contra esta barbarie? ¿Qué paso adelante habrá dado y que habrá logrado el Estado después de su aprobación
hacia la erradicación de estos crímenes contra los derechos humanos? ¡Claro que condenamos esta barbarie! Creo que todo el mundo en esta Cámara lo hace. También podemos estar de acuerdo en instar a que los países en los que se producen estos
crímenes los erradiquen, los juzguen y lo que ustedes quieran, pero
¿qué nivel de compromiso en este cometido asume el Gobierno al que ustedes dan su apoyo? Esto, señorías, con todos los respetos, nos recuerda un poco al refrán castellano de a Dios rogando y con el mazo dando, y cuando digo mazo me refiero
al mazazo que dieron ustedes a la Ley de Justicia Universal.
La Ley de Justicia Universal, como saben, es aquella que ejercen los tribunales de cualquier país para perseguir delitos en el ámbito del derecho internacional, aquellos que ofenden a toda la humanidad, como estos crímenes que estamos
tratando, aquellos que el bien jurídico que protegen es la integridad y la dignidad de los seres humanos, justo contra lo que atentan estos crímenes. En cambio, a través de la última reforma de modificación de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio,
del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, introdujeron ustedes unas condiciones limitantes de la persecución penal de estos crímenes atendiendo a la nacionalidad española del victimario o que siendo extranjero tuviese su residencia en
España. Es decir, el requisito subjetivo de la nacionalidad patria del victimario elimina la posibilidad de que la acusación popular inicie acciones de persecución penal de este tipo de delitos. Como saben, precisamente es la acusación popular la
principal actora en este tipo de procesos.
Se han cargado ustedes, pues, la perseguibilidad, limitando desorbitadamente el alcance de la jurisdicción penal española fuera de sus fronteras por criterios de nacionalidad y otros condicionantes, lo que tiene como resultado la dificultad
en la perseguibilidad de estos delitos contra las mujeres, contraviniendo con ello gravemente las obligaciones internacionales asumidas por el Estado español a través de la adhesión a diferentes tratados internacionales. Así, en los delitos
regulados en la Convención del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011, sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia machista, es cierto que la reforma de la Ley de Justicia Universal introduce por primera vez estos
delitos en un listado exhaustivo...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Termino enseguida, señora presidenta.
... detallándolos en su artículo 23.4 para, acto seguido, delimitar su persecución nuevamente, en grave contravención, como digo, de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.
Para terminar, señorías, es un retroceso espectacular en materia de persecución internacional de delitos contra las mujeres y lo que hoy votaremos será una proposición de condena, de rechazo, que nos permite hablar de unos crímenes y
ponerlos encima de la mesa, pero que desgraciadamente, señorías, no podremos perseguir porque por ley no podemos ayudar a erradicar esta barbarie. Es algo que sentimos enormemente.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Ciuró.
Señora Quintanilla, para pronunciarse con respecto a las enmiendas presentadas.
La señora QUINTANILLA BARBA: Sí, señora presidenta, voy a seguir la negociación con los grupos y cuando hayamos llegado a una transaccional se la haré llegar a la Mesa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo. Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL Y DEFENDER A LA SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. EN SU CONDICIÓN DE OPERADOR DESIGNADO PARA LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO. (Número de
expediente 162/001072).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, en este caso del Grupo Parlamentario Socialista, para garantizar el Servicio Postal Universal y defender a la Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos, Sociedad Anónima, en su condición de operador designado para la prestación de este servicio. Para su prestación, señor Ruiz Llamas.
El señor RUIZ LLAMAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en el Grupo Socialista estamos francamente muy preocupados por la situación que atraviesa la compañía Correos y Telégrafos. Los datos estadísticos y económicos que a continuación les detallaré necesitan de urgentes decisiones para
garantizar la viabilidad futura de la misma y el mantenimiento de
los puestos de trabajo. Desde el año 2011 se han perdido más de 8.000 puestos de trabajo, los envíos postales han descendido de 4.000 millones a una previsión para el año 2014 de 2.800 millones, es decir, una disminución continuada de un 30
%. La cifra de negocio ha descendido en tres años más de 300 millones de euros.
La Ley 43/2010, del Servicio Postal Universal y de los derechos de los usuarios, dio un paso importantísimo en el marco legal que garantizara los derechos de los ciudadanos y de los usuarios a recibir un servicio postal universal en la
integridad del territorio nacional de buena calidad, a precios asequibles, designando para tal efecto su prestación al operador público Sociedad Correos y Telégrafos durante el plazo de quince años. Por tanto, Correos es un servicio público
reconocido por la ciudadanía como agente de vertebración territorial, cohesión social y buen servicio para empresas y familias: más de 8.000 entidades locales, 55.000 empleados, 100.000 kilómetros diarios recorren estos empleados y atienden a más
de 16 millones de hogares y a 3 millones de empresas. Denunciamos la inacción del Partido Popular ante esta problemática planteada, que ha optado por la reducción de plantilla, la devaluación de los salarios, la conversión de los contratos fijos en
contratos parciales y en prácticas, devaluando salarios y derechos de los trabajadores de Correos. Además la conflictividad crecerá de manera exponencial si no se desbloquea la negociación del convenio colectivo pendiente de renovar desde el día 31
de diciembre de 2013 y, como ustedes saben, los días 22 y 23 está convocada una huelga por los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CSIF y Sindicato Libre.
La proposición que presentamos tiene como objetivo desarrollar esa normativa, la Ley 43/2010, reforzar el mantenimiento del Servicio Postal Universal y su financiación, dotarlo de un plan estratégico a corto, medio y largo plazo para
asegurar el futuro de los 55.000 trabajadores. No olvidemos que estamos hablando de la mayor empresa pública del país. Es urgente la aprobación en el Consejo de Ministros del plan de prestación del Servicio Postal Universal, garantizando además
los compromisos de financiación obligatorios contraídos de acuerdo con el artículo 20.3 y con los principios y requisitos que tienen que ver con la obligación de llevanza de una contabilidad analítica y separación de cuentas, el coste neto de las
obligaciones del servicio público, financiación del Estado y financiación de Correos desde el operador público. Por tanto, es necesario poner fin a la inacción del Gobierno y que la Sociedad de Participaciones Empresariales tenga un plan de gestión
que desarrolle un plan estratégico, pasando de ser una compañía de reparto a una compañía postal integral, entrando en nuevos nichos de negocio, como en la paquetería, el comercio electrónico, la parte financiera, que requiere desarrollar políticas
de innovación, diversificación de nuevos productos y servicios. El negocio global de estos nichos de negocio está en España en más de 8.000 millones de euros y la cifra de negocio de la compañía, como he citado antes, es de 1.600 millones, que muy
mayoritariamente corresponde a envíos postales. Por tanto, es necesario, señorías, una política comercial eficaz, visitas a empresas, paquetes conjuntos de servicios, que la hagan capaz de competir con operadores del sector y encontrar nuevas vías
de financiación.
La compañía cuenta con magníficos profesionales. También es necesario flexibilizar las restricciones a la actual Ley de Protección de Datos para poder hacer envío de publicidad y márquetin a los usuarios, licencia para operar como entidad
financiera, ya que Correos cuenta con una capilaridad de su red de oficinas en todo el territorio perfectamente informatizadas y unos sistemas tecnológicos de última generación. Señorías, la recuperación de la Caja Postal, que fue un modelo de
éxito y de servicio público durante más de ochenta años, también es una necesidad. En muchos países europeos esto significa entre el 15 % y el 20 % de los ingresos de las compañías postales.
Finalmente, señorías, además de por todos estos retos, también queremos mostrar nuestra máxima preocupación por la investigación iniciada por la Comisión Europea a instancia de patronales del sector, que podría poner en riesgo la salud
financiera y la viabilidad de la compañía. Es un montante de 3.000 millones de euros, que se están investigando como ayudas de Estado desde el año 1998. En este tema el Gobierno tiene que hacer una intervención política del más alto nivel,
continuar, por tanto, en ese trabajo de desarrollar la ley, en ese trabajo de apoyar y garantizar los puestos de trabajo de esos 55.000 trabajadores.
Con respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, señor Ayala -ya lo hemos hablado-, yo no puedo aceptar una enmienda en la que me habla de continuar el trabajo, de desarrollar, de continuar la tramitación, de llevar adelante
con las autoridades, de continuar, continuar y continuar. ¡Pero si han tenido ustedes tres años, señor Ayala! ¿Por qué no lo han desarrollado durante estos tres años? Es muy fácil llevar una cuestación y la propia ley prácticamente la lleva. Ahí
nosotros les emplazamos a hacerlo con rapidez, porque está en juego una compañía muy importante, muy arraigada en la sociedad española,
y además creemos que es muy importante dar respuesta a la financiación del Servicio Postal Universal. ¿Ustedes qué han hecho respecto a estos temas? Nos da la impresión, señorías del Partido Popular, de que el tema del sector público no
les importa demasiado. Esta es la impresión que tenemos después de haber visto la inacción del Gobierno durante tres años.
Con respecto a La Izquierda Plural, podríamos añadir al punto 1 el tema de garantizar el cien por cien de participación pública del capital social. La propia ley en algunos de los aspectos que nos plantea ya reconoce en el título III, del
20 al 31, la financiación del Servicio Postal Universal. Por tanto, esta parte no la aceptaríamos, pero recogeríamos también otra de sus aportaciones con un artículo para desbloquear las decisiones ministeriales que impiden la consecución del
acuerdo laboral, del cual dependerá no solo el empleo y las condiciones de trabajo de 55.000 trabajadores, sino también la paz social, que es muy importante para la estabilidad en la gestión del operador público. Por todas estas cuestiones
atinentes a la defensa de la empresa pública, por la toma de decisiones estratégicas que aseguren un futuro a la compañía y el mantenimiento de puestos de trabajo...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Ruiz Llamas.
El señor RUIZ LLAMAS: ... es por lo que les pido, señorías, el voto favorable a la proposición que he defendido.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Ruiz Llamas.
Efectivamente, se han presentado dos enmiendas. Para defender la enmienda del Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidenta.
Señorías, en primer lugar, tenemos que valorar positivamente esta proposición no de ley sobre la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Socialista, porque recoge por primera vez muchas de las
reivindicaciones y propuestas que venimos haciendo desde hace años en La Izquierda Plural para garantizar el Servicio Postal Universal y el empleo público de esta entidad. También tenemos que decirles, señores del Grupo Socialista, que, como dice
el refrán, ustedes solo se acuerdan de la Virgen cuando llueve. No podemos alegrarnos de que se haya tenido que desatar el conflicto entre Correos y los trabajadores y las trabajadoras ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en la negociación
colectiva de su convenio para que podamos debatir después de tres años de legislatura aquí sobre el mantenimiento y el futuro de una empresa pública de máxima importancia y relevancia como esta. Estamos hablando, señorías, de la empresa más grande
que queda en el sector público empresarial, con 55.000 empleados y empleadas, que atiende a 16 millones de hogares en más de 8.000 municipios en el conjunto del Estado y a 3,2 millones de empresas mayoritariamente pequeñas y medianas y que, por lo
tanto, juega un importantísimo papel en la cohesión territorial, social y económica de nuestro país, asumiendo y prestando un servicio público a la ciudadanía, a las empresas y a las administraciones, al margen de su rentabilidad económica, un
servicio público cien por cien.
Viene de largo, por tanto, la preocupación que mi grupo ha mostrado ante el presidente de SEPI y el Gobierno por el ataque sistemático que está sufriendo el servicio público postal por parte de algunos grupos de presión con fuertes intereses
empresariales y financieros en el sector de la logística y la paquetería, y que han llegado hasta a demandar -ya lo ha dicho el ponente de la proposición no de ley- al Estado español ante la Comisión Europea para que devuelva la financiación del
Servicio Postal Universal desde 1998. Ataques ante los que el Gobierno del Partido Popular muestra una total apatía, una ligereza y un abandono que es muy reprobable como responsable que es de garantizar la prestación del Servicio Público Postal y
poner en marcha el desarrollo del plan de acción de Correos que permita llevar a cabo la modernización y diversificación que la empresa necesita, abriéndose hacia otros sectores como es el de la paquetería.
También tenemos que decir que muchos de estos problemas se derivan de la Ley Postal de 2010 que aprobó un gobierno socialista, una ley claramente liberalizadora que no contó con el acuerdo ni el apoyo de una amplia representación sindical ni
de esta fuerza política, Izquierda Unida, y que a la larga y de la mano del Partido Popular ha supuesto la reducción del servicio postal universal prestado a la ciudadanía, la eliminación de garantías laborales y la pérdida de miles de empleos. Por
lo tanto, entenderán que no podemos apoyarles cuando piden su desarrollo como lo hacen en el punto número 2 de su proposición no de ley.
Sí compartimos la necesidad de mantener y garantizar el servicio postal público y del futuro de Correos como operador designado para su prestación, pero no creemos que sea posible si no se garantiza al cien por cien la participación pública
en su capital social, si no se financia suficientemente para asegurar que el reparto de correspondencia se haga los cinco días a la semana, como mandata la Directiva postal europea, o si no se impulsa desde el Gobierno una regulación del mercado que
ponga coto a los intereses económicos de las multinacionales del sector, en defensa de servicio público y de los intereses del conjunto de la ciudadanía y del empleo estable y de calidad. En esta dirección hemos presentado nuestras enmiendas.
Señorías, termino. Correos necesita en definitiva y de manera urgente del compromiso que el Partido Popular no tiene ni demuestra para desarrollar políticas de innovación y de diversificación que modernicen y hagan viable esta empresa, con
nuevos productos y servicios postales y financieros más allá de la carta. Y nada de esto se puede hacer, señoras y señores del Partido Popular, sin poner en peligro, como está haciendo el Gobierno, el servicio público postal.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señoras De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Termino presidenta. No se puede hacer sin condiciones laborales adecuadas, garantizando el empleo y terminando con los conflictos que ustedes están marcando con los trabajadores y trabajadoras del servicio
postal público. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero):Gracias, señora De las Heras.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, debatimos una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que no deja de ser un brindis al sol. Es oportunista donde las haya y, además, señor Ruiz Llamas, trata de recuperar el protagonismo de algo
que ya no existe, y es que se les paró el reloj hace mucho tiempo, cuando los correos iban en diligencia, entonces se les paró el reloj. Correos y Telégrafos es una sociedad del máximo interés para el Gobierno del Partido Popular y de la máxima
atención y preocupación.
Ustedes presentan una proposición no de ley estructurada en seis puntos, algunos de los cuales son reiterativos e incluso innecesarios. Señor Ruiz Llamas, parece innecesario que se plantee tomar medidas para el mantenimiento del servicio
postal público y el futuro de Correos cuando precisamente la Ley 43/2010 garantiza los derechos de los ciudadanos a recibir un servicio postal universal de amplia cobertura territorial y elevada calidad, reforzando la sostenibilidad financiera en
este servicio mediante un modelo que conjuga la garantía de prestación de un servicio postal universal de calidad de forma permanente en todo el territorio nacional, a precios asequibles para los ciudadanos y con la garantía de su suficiencia
financiera, y precisamente designa a Correos y Telégrafos por un periodo de quince años, o sea hasta 2025, para la prestación del servicio universal, estableciendo los instrumentos que garantizan la financiación de las obligaciones de servicio
público, del propio Servicio Postal Universal y creando el fondo de financiación. Por tanto, su iniciativa es innecesaria desde el primer punto, lo que además se confirma con un segundo punto que es reiterativo.
Con referencia a los puntos 2 y 3, quiero señalarle, señor Ruiz Llamas, que el Gobierno está ultimando el borrador de reglamento de desarrollo de la Ley 43/2010 para ser aprobado vía real decreto. También está en fase de terminación la
elaboración de un proyecto de plan de prestación de servicio postal universal de acuerdo también con la ley para el inicio de su correspondiente tramitación reglamentaria, situación que justifica y motiva las enmiendas a los puntos 2 y 3, porque
tienen una redacción más acorde con la realidad, y que espero que sean del gusto de su señoría.
Con respecto a los puntos 4 y 5, he de decirle que se está ya implantando el Plan de acción 100-300-1.500 con el que mejorar el posicionamiento del operador postal, es decir de Correos, en mercados distintos al postal tradicional en el
actual contexto de madurez alcanzada por el sector postal en la sustitución electrónica y el aumento de la competencia. Como usted debe saber, los principales objetivos son retención y mejora del negocio tradicional; crecimiento en el mercado de
la paquetería -márquetin directo-; diversificación del negocio del retail en los puntos de venta y un posicionamiento en el mercado de negocio electrónico para convertir a Correos en el mejor proveedor de servicios de comunicación físicos,
electrónicos y de paquetería en el mercado español. Aunque usted sigue insistiendo en que nada se ha hecho, entre algunas de las actuaciones de este plan de acción, le puedo destacar la implantación
del nuevo servicio de paquetería HomePaq o de City Paq; la creación de Comandia, de comercio electrónico; la implantación de la tarjeta Más cerca; una nueva estructura territorial; el desarrollo de un plan de automatización de
paquetería; la adaptación del sistema de notificaciones telemáticas seguras a dispositivos móviles, al margen de la dotación de 10.000 nuevos PDA Smartphone a los empleados del reparto, o la implantación del nuevo concepto de oficina Tu tienda
Correos.
Con respecto al punto 6, señor Ruiz Llamas, el Reino de España ha facilitado información para aclarar todas las cuestiones relativas a una denuncia presentada ante el Servicio de la Competencia por una supuesta concesión de ayudas estatales
ilegales. El pasado 23 de septiembre representantes del Reino de España mantuvieron una reunión dando todo tipo de explicaciones y debo significarle que hasta ahora la Comisión Europea no ha incoado ningún procedimiento por esos motivos, solo esa
petición de información. Eso justifica la enmienda a este apartado 6.
Señor Ruiz Llamas, estén tranquilos porque Correos, como le he dicho, merece todo nuestro interés, preocupación y ocupación para mantener un servicio de calidad, diversificar su actividad, que es fundamental -evidentemente en eso estamos
todos de acuerdo-, y garantizar un servicio a todos los ciudadanos y a todos los territorios. Creemos que es más ajustada a la realidad la aprobación de la enmienda que hemos presentado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Ayala.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Baldoví. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).
El señor BALDOVÍ RODA: Señoras y señores diputados, no compartimos en su día la aprobación de la Ley Postal de 2010, rechazada por el 80 % de la representación sindical, una ley sin consenso y sin diálogo. Así, el anterior Gobierno aprobó
una ley que recortaba el servicio postal público y el derecho de la ciudadanía, cediendo espacio y derecho público al negocio privado, asfixiando a los trabajadores, abriendo las puertas a un severo ajuste. De esos polvos, estos lodos. Fruto de
esa legislación se mantiene abierto el conflicto laboral con los 55.000 trabajadores de la mayor empresa pública de este país. Los trabajadores y las trabajadoras han sufrido un ajuste salarial, congelación, recorte del 5 % en funcionarios, pagas
extras y plan de pensiones, de empleo, 8.000 empleos en tres años, y de derechos tan severos que han supuesto más de 500 millones de euros en estos tres años. Ahora mismo las partes se encuentran en proceso de negociación y desde Compromís queremos
manifestar nuestro total apoyo no solo por garantizar la viabilidad del servicio público, sino porque esta garantía ha de hacerse desde la dignificación de las relaciones laborales y funcionariales, pues de poco sirve a un Estado contar con un
servicio público a costa de la explotación de sus empleados. Para ello son muchas las cosas que han de cambiar. Mientras se pretende asfixiar más a los trabajadores y quitarles más derechos, no se abordan las potenciales mejoras en la gestión a
pesar de que algunas son evidentes. Citaré solo una, en relación con que haya una agencia pública, como es la Agencia Tributaria, que utilice otro operador privado en lugar del servicio postal público. Por tanto, aunque no compartimos la totalidad
de los puntos de la proposición, compartimos las reivindicaciones de los trabajadores y de sus representantes sindicales de garantizar la viabilidad del operador sobre la base de mantener un servicio postal público prestado por Correos a los
ciudadanos, construir un modelo de empresa con respaldo político para su desarrollo y crear un marco de derechos generales para garantizar un empleo de calidad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Baldoví.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señores diputados, señoras diputadas, les habla una trabajadora de Correos en excedencia para ejercer como diputada y de hecho me siento orgullosa de ser trabajadora de Correos, entre otras muchas cosas porque es
incuestionable que Correos y Telégrafos ha tenido un papel histórico como agente de progreso, también como agente de vertebración territorial, de cohesión social e incluso de ligazón familiar y a la vez también emocional. Cierto es también que en
pleno siglo XXI la carta está en plena crisis, pero esta evidencia es lo que debe motivar la diversificación y a la vez también la reorientación. Lejos de eso, los responsables de esta sociedad estatal, a la vez que el ministro de Hacienda como
propietario de la compañía y el presidente de SEPI, se dedican a darle la extremaunción, así de claro, la extremaunción. Señorías, Correos no se muere, ustedes la están matando.
La impotencia y el descontento es descomunal entre el sector. Así lo atestiguaron hace menos de quince días más de 20.000 trabajadoras y trabajadores de Correos que en las calles de Madrid expresaron su malestar por las congelaciones, los
recortes en funcionarios y en planes de pensiones, en pagas extras, etcétera, y también por la falta de una dirección clara, de una dirección empresarial que permita su competitividad. La liberalización de Correos que inicio el PSOE ha supuesto una
encubierta privatización a plazos neoliberales, como el Real Decreto del Partido Popular de factura electrónica, por ejemplo, o simplemente que la Administración pública, insisto, pública, priorice la mensajería privada a la propia empresa pública.
Muchos países han privatizado el sector público, pero algunos de ellos, como Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, se han reinventado y redimensionado como empresas competitivas. Es imprescindible, pues, que se garanticen las nóminas, que se
garantice el empleo, que se potencie el correo exprés, que se desbloquee la paquetería comprada, que se rompa de una vez por todas el actual acuerdo bancario y que se articule uno de nuevo, que se entre en el e-commerce, que se compita en
globalización en vez de bloquear durante casi un año la negociación del convenio-acuerdo y de querer aplicar a ultranza la reforma laboral, rompiendo la paz social y alimentando la inviabilidad de Correos por inanición.
Exigimos un plan estratégico y de desarrollo de políticas viables de innovación y de diversificación en nuevos productos, sobre todo en servicios postales y financieros, al objeto simplemente, aunque suene mucho, de mejorar y satisfacer las
nuevas demandas de los usuarios y encontrar nuevas fórmulas de autofinanciación.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, presidenta.
Señorías, ya lo decía el diputado don José Ramón Beloki, quien fue ponente del Grupo Vasco cuando se tramitó la Ley del Servicio Postal Universal. Sus palabras están de plena actualidad. Decía: También quiero decir que abrimos un camino
que mi grupo está convencido de que va a estar lleno de dificultades, de interrogantes, de problemas; un camino que puede acabar donde debe acabar, pero que también puede desembocar en algo en lo que no sería deseable que desembocara, en una
liberalización a la española.
Está claro que en esas estamos. Después de tres años desde la entrada en vigor de esta ley, no es de recibo que el Gobierno popular con una mayoría absoluta arrolladora en otros ámbitos se esté haciendo el sueco y no haya procedido a su
desarrollo reglamentario. Hace unos minutos el portavoz del Grupo Popular nos ha anunciado que se está ultimando el reglamento, el plan de prestación del Servicio Postal Universal e incluso el plan estratégico: más de tres años, señor Ayala.
En cualquier caso, escuchadas las posiciones del grupo proponente y de los enmendantes, incluido el Grupo Popular, observamos que esta cuestión tiene una gran marejada de fondo que trasciende del contenido de la proposición no de ley que hoy
debatimos y que se somete a votación. Por eso ya les avanzo que este grupo se abstendrá.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Sánchez.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a apoyar la proposición no de ley del Grupo Socialista porque consideramos algo que es bastante obvio. El servicio de Correos es parte del esqueleto fundamental del Estado moderno y todo lo que se haga para mantener su
viabilidad y su mejora es digno de apoyo, parece claro, sobre todo después de que se haya hecho una liberalización de aquella manera, como casi todas las que se hacen en España, que, lamento decirlo una vez más, atufa demasiado a capitalismo de
amiguetes. Han proliferado por ahí empresas que se supone que sustituyen a Correos y, como sabemos algunos de los que hemos sido víctimas de ellas, no tiene nada que ver recibir un paquete de Correos en tu casa, con un certificado para pasar por
una estafeta de Correos, que algo en que hay que llamar a un móvil que ni siquiera coge nunca nadie. Aunque parezca que no, esto es muy importante para algo que es fundamental, que es mantener la igualdad de acceso a servicios públicos esenciales,
y el de Correos es uno de ellos. Por lo tanto, todo
lo que sea rectificar lo que hasta ahora ha sido un debilitamiento de un servicio público, con su correspondiente empresa pública, en la línea de lo que se ha hecho con otros, nos parece que hay que rectificarlo y que en consecuencia se
merece nuestro apoyo y eso es lo que tendrá en la votación posterior.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Martínez.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Señora presidenta, señoras y señores diputados, nuestro grupo quiere participar en este interesante debate. Creo que el tema de Correos hay que tratarlo con mayor frecuencia, tanto en la Comisión como en este foro,
puesto que se trata de un tema ciertamente importante. Me van a permitir que para complementar los datos que se han aportado les dé algunos apuntes que nos pueden hacer comprender algunas de las magnitudes del problema. Por ejemplo, el mercado
postal español es un mercado postal barato. La tarifa para 20 gramos es de 0,37 euros -los datos son de febrero de 2004-, comparada con la de Francia, que es de 0,61 euros, o la de Italia, de 0,7 euros. Creo que es un dato a tener en cuenta y que
puede situar el problema. El segundo aspecto es que España no es un país que haga muchos envíos por habitante. En España los operadores prestadores del Servicio Postal Universal, Correos, hacen 97 envíos por habitante y año, que son muchos menos
que los de Alemania (180), o muchos menos incluso que los de Austria (284). Son datos que nos dan una idea, pero quizás el que nos permite tener un mayor conocimiento es el de los ingresos de Correos, que es una cifra importante, 1.600 millones de
euros, pero comparada con la de otros operadores en otros países nos quedamos realmente muy cortos. Por ejemplo, los ingresos de Swiss Post son de 6.880 millones, es decir cuatro veces más; Royal Mail, 11.000 millones; la Poste francesa, 22.000
millones; Poste Italiane, 26.000 millones, y Deutsche Post, Alemania, 57.000 millones, es decir, prácticamente cuarenta veces el tamaño de Correos.
¿Qué sucede con esto? ¿Cuáles son los motivos? Evidentemente, en los cinco minutos de los que dispongo es imposible poder mencionarlos, pero básicamente aquí se trata de que no hemos sabido darle a Correos la magnitud suficiente para que
pueda competir plenamente en un mercado cada día más abierto. Esto va a ser así, no hace falta que nos engañemos y el asunto con la Unión Europea tiene que ver con esto y para nosotros lo importante sería darle estos instrumentos. Le voy a citar
un tema que usted no ha mencionado en su proposición no de ley. Es una petición que hago a los representantes del Gobierno. Hace casi un año que Correos ha solicitado la autorización que requiere del Gobierno en Consejo de Ministros para poder
actuar a través de una empresa en Portugal y durante este año no ha llegado esta autorización. Mientras la empresa portuguesa puede competir aquí, nosotros no podemos competir en Portugal. Si queremos que Correos coja volumen y pueda competir,
debería llegar algo tan simple como una autorización ministerial.
Hay otros aspectos también muy importantes como por ejemplo que Correos está desarrollando un sistema que de hecho lleva años utilizando, que es un sistema de notificaciones, utilizado por ejemplo por la Agencia Tributaria española y que de
manera un tanto sorpresiva -no entiendo por qué- dejará de recibir a finales de este año a través de Correos. Lo que pretende Correos es lanzar este servicio de un gran potencial, pero si la propia Administración, en virtud de una recomendación de
la CORA, le impide desarrollarse en algo que tiene futuro, como es el tema de las notificaciones, ¿cómo pretendemos ayudar a Correos? Lo que hace falta es algo que, como saben, pido siempre a este Gobierno, más allá de las peticiones que usted
plantea en su proposición no de ley, y que es una mentalidad abierta, una mentalidad empresarial, menos mentalidad de abogados del Estado, menos mentalidad de querer controlarlo todo; una mentalidad abierta, porque el mundo es global y todas las
empresas compiten, y si no le damos a Correos instrumentos para competir, queridos amigos, diputados y diputadas, esto no va a acabar bien. Así pues, abertura, abertura, menos abogados del Estado, más vocación de competencia y que le demos a
Correos todos aquellos instrumentos que los otros tienen, porque vienen a competir aquí y Correos no puede competir en otros países. Para nosotros esta es la receta y este debate espero que contribuya a avanzar en esta línea.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Macias.
Señor Ruiz, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?
El señor RUIZ LLAMAS: Simplemente tenemos un acuerdo con La Izquierda Plural en una transaccional que presentaremos a la Mesa.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Perfecto.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA QUE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO SE CONVIERTA EN UNA DE SUS PRINCIPALES PRIORIDADES. (Número de expediente 173/000186).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, corresponde debatir la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para que la lucha contra la violencia de género se convierta en una de sus principales prioridades. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la
señora Rodríguez Ramírez.
La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, iniciamos desgraciadamente este debate teniendo que lamentar profundamente los asesinatos de mujeres que de nuevo han tenido lugar estos días. Condenamos del modo más enérgico el machismo más vil que provoca tanto horror y
trasladamos a esas familias rotas nuestro profundo sentimiento de dolor y el mensaje de que no nos resignamos ante esta lacra que arrasa con la vida de las mujeres y a veces con la de sus hijos e hijas.
Señorías, les propongo que hagan un ejercicio mental. Quiero pedirles que imaginen cualquier otro conflicto social o político que se cobrara en nuestro país decenas de muertes al año, miles de situaciones de violencia, de opresión, de
vejaciones, episodios de terror y pánico vividos incluso también con frecuencia por niños y niñas, y ahora imaginen lo que haría un Gobierno que le diera a este tema un tratamiento prioritario. Fin del ejercicio. Ahora vuelvan a la realidad de
este país, a la de la violencia de género y a la actuación de este Gobierno al respecto. ¿A que casa mal lo que han imaginado con la realidad? ¿Verdad que ese Gobierno no hubiera recortado los recursos destinados a combatir ese conflicto o la raíz
del mismo? ¿Verdad que actuaría con absoluta diligencia? ¿Verdad que un presidente del Gobierno hablaría de ello, lo enunciaría al menos en los objetivos de gobierno y de país? Pues de esto es de lo que se trata, señorías.
Lo que queremos con esta moción consecuencia de interpelación no es ni más ni menos que eso, que la lucha contra la violencia de género se convierta de verdad en una de las principales prioridades del Gobierno, porque, señorías, por mucho
que ustedes mantengan que se están haciendo las cosas bien, lo que ni ustedes mismos pueden negar es que hay evidentes síntomas de que estamos retrocediendo, pero mucho menos pueden defender aquí que la lucha contra la violencia de género sea un
tema prioritario para este Gobierno. No pueden. Y desde luego quiero creer que ustedes piensan que debe serlo. Que no lo es, señorías, no es una valoración subjetiva. Es una valoración matemática, porque el cálculo indica que han recortado desde
2011 un 22 % en los fondos que destinan a la lucha contra la violencia de género y un 33 % lo que destinan a la promoción de la igualdad. Es su decisión y eso es lo cuantificable, en lo que tiene que ver con los presupuestos, pero también hay que
añadir cómo están socavando los cimientos de la lucha contra la violencia de género con contrarreformas retrógradas que debilitan la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, cuando no directamente con proyectos como el del Código Penal, la
ley del estatuto de la víctima o la ley de custodia compartida, que tal y como se han presentado suponen serios pasos atrás en la lucha contra la violencia de género y en la consideración hacia las mujeres víctimas.
Por si esto fuera poco, señorías, la propia gestión del Gobierno, la forma y los tiempos desmienten cualquier intento de aparentar siquiera que esto sea una prioridad. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos, por ejemplo, que la lucha contra el déficit
lo es? Entre otras cosas, porque se habla de ello. Después se acabará con el déficit más tarde o más temprano, utilizando el déficit como excusa para otras cosas, o no se acabará. Pero, señorías, el silencio de un presidente del Gobierno en los
tres años de legislatura es clamoroso, por no decir otra cosa, porque, por muy devaluada que esté su palabra, que un presidente del Gobierno se dirija a las víctimas y hable de violencia de género tiene muchísima importancia. Esto no es casual,
señorías, esto es causal, tiene la misma explicación que lo que han hecho con la ley integral, y es que de tanto incumplirla la han vaciado, han devaluado su capacidad de combatir la violencia, y eso que
alardean ustedes de haberla votado. ¡Solo faltaba! ¿Qué pasa, que les costó mucho esfuerzo? ¡Si votarla era lo fácil! Lo difícil es cumplirla y ahí su compromiso ha quedado en nada, así que incumplen la ley y a continuación decía la
exministra en el Pleno pasado que pensaron que era una buena ley porque iba a acabar con la violencia de género pero no ha sido así. Es un argumento tan peregrino como decir que por aprobar una ley del empleo vamos a terminar con el paro; bueno,
no es un argumento, seguramente porque es difícil argumentar tanto incumplimiento.
En cómo ordenan los tiempos también hay motivos para hablar de desidia de este Gobierno en la lucha contra la violencia de género. Vienen hablando desde hace meses de una manera cansina de cómo van a mejorar la valoración del riesgo,
señorías, mejoras que están identificadas porque parten de la experiencia. Hay cosas urgentes que se pueden modificar, errores que se ha comprobado que son susceptibles de ser corregidos y que, de hacerlo, dificultarían por ejemplo el acceso del
agresor a la víctima. Tomen nota, señorías, un 93 % de las mujeres asesinadas este año no tenían vigente la orden de protección. Señorías, se están dando pasos atrás y ustedes no reaccionan; peor, responden -según la estimación que hace el
Gobierno del Partido Popular- que hasta el primer semestre de 2015, como muy pronto, no estará en funcionamiento la nueva valoración del riesgo. ¿A qué se dedica el Gobierno? ¿Qué hay más urgente que esta cuestión? ¿Se ha parado a pensar el
Gobierno que hay mujeres que no tienen tanto tiempo, que no tienen probablemente hasta 2015? ¿Y a las que van a denunciar, qué les decimos? ¿Que se esperen un año, que se les va a proteger mejor? Por cierto, hace unas semanas incluíamos una
enmienda en esta dirección y ustedes la votaron en contra, aunque hoy parece que la van a aceptar.
Por tanto, señorías, ni por el cuánto, ni por el cuándo, ni por el cómo la lucha contra la violencia de género es una prioridad para ustedes. Si no les valen estos argumentos, vayamos a la realidad de los datos que se van conociendo. Aquí
ni los números ni las tendencias que marcan permiten afirmar que se estén extremando los esfuerzos para acorralar al maltrato, que se le esté combatiendo sin tregua, que se esté al cien por cien con la realidad de las mujeres, que se esté en una
tarea constante de todo el Gobierno en coordinación con los ministerios o con el Poder Judicial. Señorías, hay cada vez menos llamadas al 016, menos denuncias, más mujeres que las retiran, más mujeres que son asesinadas y que habían dado el paso a
denunciar, menos órdenes de protección, una minusvaloración escandalosa del riesgo a resultas de cómo han defendido las de riesgo extremo y alto, una cifra de sentencias absolutorias cuando menos llamativa o una infrautilización de los dispositivos
de localización. ¿Les dice algo todo esto? ¿No son suficientes señales de alarma las que hay detrás de estos datos?
Desde que interpelamos al Gobierno a día de hoy tenemos nuevo ministro. El cambio de titular del ministerio les da una oportunidad. Aprovéchenla para corregir el rumbo. Nosotros les vamos a dar esa oportunidad por todas las mujeres que
anhelan recibir el aliento, el apoyo necesario para dar el paso y lograr así salir de la violencia. Pueden empezar votando favorablemente esta iniciativa. Háganles saber a sus compañeros que no están satisfechas con su gestión, que es mejorable,
señorías. Nada nos gustaría más que no tener que hacerles reproches en esta materia, pero la responsabilidad nos situará siempre del lado de las víctimas, gobernando y en la oposición, y ese debiera ser el suyo aunque prefieran estar del lado del
Gobierno. Ya les digo yo, si hoy gobernara el Partido Socialista, seguiría habiendo violencia de género, probablemente, pero les aseguro que partiríamos de posiciones muy diferentes para plantarle cara y acabar también con ella. Por tanto,
queremos darles una oportunidad pero también una advertencia, porque lo que nos ha llegado de fuentes gubernamentales con ocasión del nombramiento del ministro es que va a mejorar la comunicación. ¿Ese es el único flanco que ven? Ni la política
sanitaria, ni la de lucha contra la violencia de género o la de la atención a la dependencia mejoran con comunicación, señorías. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Les vamos a señalar muchos otros ámbitos de la gestión imprescindibles para mejorar esa tarea real de combatir la violencia, empezando por la más urgente, la protección de las mujeres y los menores, actuando con las comunidades autónomas
para implantar las unidades de valoración forense integral y con el Consejo General del Poder Judicial para ver qué está pasando con los dispositivos de localización, entre otras muchas cosas. También señalamos actuaciones en atención a las mujeres
o en prevención, para lo que hay que restablecer -insistimos en ello- las competencias a los entes locales. Asimismo hay que eliminar cualquier normativa que dificulte o tenga un efecto disuasorio en la interposición de denuncias por parte de las
mujeres, como el estatuto de la víctima, así como para trabajar de forma decidida por la igualdad para evitar alimentar el machismo y la violencia, para construir, señorías, un verdadero muro de contención que frene esta enfermedad social que se
cobra la vida de las mujeres, todo ello con instrumentos institucionales y los recursos adecuados. Por eso hablamos del Instituto de la Mujer y de los presupuestos.
Hemos incorporado la mayoría de las enmiendas presentadas por La Izquierda plural y Convergència, aunque les pido disculpas porque apenas hemos tenido tiempo de conversar sobre ello. El Grupo Popular no ha presentado enmienda, ha presentado
una contraoferta, como si estuviéramos en condiciones de regatear, vienen con una especie de rebajas. Señorías, esto no va de salvarle la cara al Gobierno, de verdad que no, no va de eso. No pueden plantear una enmienda en la que donde nosotros
decimos realizar un estudio, ustedes planteen como alternativa que se abordará la posibilidad de realizar un estudio, o que donde decimos que se analice, ustedes digan que se profundizará en el análisis. No profundicen tanto y actúen más. No caben
eufemismos. No se trata de borrar del texto de la moción que un 31 % de las mujeres asesinadas habían denunciado o que las valoraciones del riesgo extremo y alto han bajado un 38 % y un 28 %, porque por borrarlo del texto, señorías, no va a
desaparecer de la realidad. O decir que dotarán las partidas presupuestarias. ¿Cómo que las dotarán? Evidentemente. Resulta lamentable, señorías.
Termino ya, señor presidente. Señorías, ahórrense el argumento de que hacen más con menos. En el conjunto de políticas -más aún en esta-, este argumento sirve de poco, cuando no esconde una clara falta de voluntad política o una
incompetencia palmaria. En la lucha contra la violencia de género seguramente todos los esfuerzos son pocos pero, señorías, estos que les proponemos y que esperemos que voten a favor son sin duda muchos más de los que está haciendo el actual
Gobierno; son los que hizo otro Gobierno que sí creía que este tema merecía ser una prioridad para todo un país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.
Antes de debatir las enmiendas quiero que sepan que este es el último punto que vamos a debatir esta tarde.
Se han presentado enmiendas, como ha dicho la señora Rodríguez, y para su defensa interviene, en primer lugar, por La Izquierda Plural, la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.
Señorías, en primer lugar quiero mostrar en nombre de La Izquierda Plural nuestra indignación, nuestro dolor y el más profundo rechazo ante los asesinatos machistas que ayer, en tan solo veinticuatro horas, se cobraron la vida de dos mujeres
y dejaron malherida a una tercera; cuarenta y siete, y ocho que se encuentran en estudio, son ya las mujeres que este año han pagado con su vida la violencia machista que se cierne como una lacra insoportable en una sociedad que se precie de serlo
y que pone en serio cuestionamiento los propios cimientos de la democracia. La responsabilidad y la obligación del Gobierno para erradicarla no es solo exigible sino que en estos momentos, en los que vemos cómo va en aumento, es perentoria y
urgente. El Partido Popular no puede seguir prorrogando la aplicación efectiva de las medidas necesarias que protejan a las mujeres que padecen violencia de género mientras que las pide que denuncien; no puede responsabilizar a los grupos de la
oposición y a la sociedad en su conjunto sin, a la vez, llevar a cabo de forma decidida y con la suficiente dotación presupuestaria las políticas que permitan corregir todos los aspectos que están fallando o que no se están desarrollando
correctamente de la Ley de 2004. El Partido Popular, ante la situación de máxima alerta en la que nos encontramos, no puede seguir mirando para otro lado mientras legisla para recortar derechos fundamentales como la dependencia, la educación o el
empleo, que aumentan de manera insoportable la brecha de desigualdades especialmente a las mujeres, mientras que, a la vez, sigue recortando las políticas específicas de igualdad entre hombres y mujeres y de lucha contra la violencia de género.
Hoy aprovechamos la moción presentada por el Grupo Socialista para exigirle al Gobierno que actúe y que lo haga de inmediato porque no podemos seguir por más tiempo escuchando a este o a aquel ministro, según le toque, que se va a
profundizar en los análisis, que se van a integrar, siempre en un futuro, sistemas de seguimiento de los casos personalizados para incidir en la valoración de riesgos o que se van a incluir protocolos de actuación de acuerdo con esa valoración. No
podemos seguir esperando a que el Gobierno ponga en marcha campañas de sensibilización e información cuando no las ha llevado a cabo en toda la legislatura ni nos podemos creer que va a asegurar la educación en igualdad en todas las etapas
educativas cuando ha impuesto una Ley de Educación que subvenciona a colegios que segregan por sexo o ha eliminado la educación para la ciudadanía. No nos creemos que el Gobierno del Partido Popular a estas alturas, tras las múltiples e insistentes
peticiones de toda la oposición, vaya a devolver a los ayuntamientos sus competencias en igualdad. No les creemos, porque a este Gobierno no le queda ya ni un ápice de credibilidad y le falta de manera demostrada la voluntad necesaria para abordar
de forma
decidida y sin dilación las medidas necesarias para acabar con la violencia machista. No nos basta que nos diga que continuará analizando, que asegurará o que seguirá trabajando o que va a dotar presupuestariamente las partidas económicas
destinadas a hacer reales y efectivas las medidas de lucha contra la violencia de género. ¿Cómo cree que nos lo podemos creer si acaban de aprobar los Presupuestos Generales del Estado del año 2015 consolidando los recortes que desde hace años
vienen sufriendo las políticas específicas?
Apoyaremos, por tanto, la moción del Grupo Parlamentario Socialista y haremos responsable al Gobierno del Partido Popular si hoy no se compromete a actuar de manera clara, con plazos concretos y hechos constatables, a tomar todas las medidas
de carácter urgente y necesarias que pongan freno y nos encaminen hacia la erradicación de la violencia machista.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De las Heras.
Para formular su enmienda, por el Grupo Catalán, señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Convergència i Unió ha presentado un grupo de enmiendas, tres concretamente, que van dirigidas a intentar dejar huella de lo que ha estado siendo la reivindicación de nuestro grupo en esta legislatura en materia de violencia de género. He
de decir que nos parece muy bien la moción que nos presenta hoy el Grupo Socialista; de hecho, en una materia tan sensible como la violencia de género, todas las propuestas encaminadas a su erradicación son positivas y tendríamos que conseguir más
acuerdo en esta Cámara para que la violencia de género no fuese un arma arrojadiza como lo viene siendo últimamente entre los dos principales partidos de la Cámara.
Dicho esto, he de añadir que nuestras enmiendas pretenden evaluar las herramientas de las que nos hemos dotado en esta Cámara para conseguir erradicar la violencia de género, una es la evaluación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 diciembre,
de medidas de protección integral contra la violencia de género y otra es la Ley 3/2007, de 22 marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Necesariamente ambas leyes deben ir de la mano y necesariamente a los diez años de la aprobación
de una y siete de la otra deben ser sometidas a una revisión. Entendemos que igualdad y violencia de género son dos conceptos que no pueden ir disociados; la igualdad es necesaria para erradicar la violencia de género y la erradicación de la
violencia de género no llegará sin una verdadera política de Estado en materia de igualdad. Por tanto, es necesaria la evaluación de la Ley contra la violencia, saber qué elementos han funcionado y cuáles no porque es obvio que no se ha devengado
un funcionamiento óptimo de esta ley puesto que más de 690 de mujeres muertas en estos últimos diez años lo demandan, más las otras mujeres que son víctimas de malos tratos, de vejaciones, de malos tratos económicos o psicológicos que no engrosan
las listas más fatales pero que sí forman parte de las mujeres maltratadas por la discriminación, por la desigualdad. Es evidente que algo no funciona, es evidente que después de diez años ha habido modificaciones y hay nuevas formas de acoso que
en esta Ley de 2004, lógicamente, no se contemplan. La primera lectura o valoración de esta ley, para Convergència i Unió, pone de manifiesto que existe una tensión entre los conceptos que recoge esta ley orgánica y los que vienen amparados por el
Convenio de Estambul que recientemente ha entrado en vigor en el Estado español, puesto que no abarca todos los ámbitos de violencia de género contra las mujeres; se circunscribe al ámbito de violencia de pareja o expareja y deja de lado la
violencia que se produce en el ámbito laboral contra las mujeres por el hecho de serlo o la violencia por ejemplo contra las mujeres que ejercen la prostitución, donde se da una clara dominación y sometimiento y una hegemonía de la desigualdad entre
la prestadora del servicio y el cliente que lo contrata.
Otro elemento a analizar, a nuestro entender, sería que el ámbito de protección de esta ley sigue girando en torno a un tema estrella, que es el ámbito penal, y deja de lado o al menos no cuida tanto los otros ámbitos de la ley integral.
Era una ley integral, por tanto, debía desplegar sus efectos en muchos más ámbitos y no solo en el ámbito jurídico. Nos encontramos con que hay una máxima aplicación en el ámbito jurídico, pero una media o menor en otros ámbitos como el social, el
médico o el educacional. Tampoco se ha evaluado en relación con las leyes conexas. Esto no ayuda a los operadores jurídicos, manteniendo las leyes coherentes con esta ley de 2004 y derogando o modificando las que son incoherentes con este cuerpo
legal. Esto no ayuda a una correcta aplicación de la ley a quienes la tienen que aplicar en los juzgados.
Existen desajustes en la ley. Así, por ejemplo, en la exposición de motivos resulta que la ley prevé que los afectados o víctimas de esta violencia son los menores y en cambio del texto de la propia ley no se prevén medidas concretas para
ayudar a los menores que son víctimas, a nuestro entender, siempre directas de la violencia de género, puesto que pierden a sus madres y, por tanto, su entorno familiar se ve enormemente castigado. Este es el primer grupo de enmiendas que hemos
presentado, la evaluación de estas leyes, y agradeceremos al grupo proponente su esfuerzo por intentar una transaccional. La segunda enmienda la focalizamos en materia de protección a las víctimas que denuncian, aquellas mujeres que han dado el
paso de denunciar la situación a la que se ven sometidas y que tienen que encontrar en el ordenamiento jurídico, en la prestación del servicio jurídico, el amparo y la necesaria protección. Tenemos que analizar cuáles son las motivaciones de los
jueces para denegar las órdenes de protección. Saben bien, señorías, que las órdenes de protección son distintas de las órdenes de alejamiento. Las órdenes de protección lo que hacen es dar un mayor grado de protección a la víctima, unas pautas a
la víctima de cómo dirigirse, qué medidas económicas y asistenciales se le predican por el mero hecho de serlo y cómo se puede salir de la violencia. Es decir, las medidas de protección son medidas importantes para ayudar a una mujer a salir de ser
víctima. Sin embargo, de los últimos informes del Consejo General del Poder Judicial resulta que están dándose menos órdenes de protección. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que varía? Ustedes saben, señorías, que hay unos criterios para
determinar si se pueden otorgar o no estas órdenes de protección y se deniegan o se conceden por la autoridad judicial previa concurrencia de unos requisitos, tras la valoración de la necesidad y de la oportunidad de estas medidas. En todos estos
requisitos que se necesitan para otorgar las órdenes de protección nos centramos específicamente en los requisitos de situación objetiva del riesgo y se dice que tiene que ser una situación de riesgo seria. ¿Qué es una situación objetiva de riesgo
seria? La valoración subjetiva por parte del juzgador es clave, es un elemento nuclear a la hora de dar o no la orden de protección. Entendemos que esta discrecionalidad que puede asistir al juzgador tiene que estar amparada en una valoración
objetiva de un riesgo desde un marco conceptual despatriarcalizador. ¿Qué significa esto? Que podamos tener en los juzgadores una perspectiva de género que se dota con formación para entender lo que está planteando la mujer y para desplegar
medidas de protección a las mujeres. Es vital analizar estas motivaciones que hacen que los jueces denieguen estas órdenes de protección. Sabremos por qué descienden estas protecciones.
Señorías, creo que la evaluación de la ley es imprescindible y creo que vale la pena seguir sumando para, entre todos, conseguir erradicar esta lacra, no desde la confrontación, sí desde las medidas propositivas y con voluntad de llegar a
consensos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.
Para presentar también su enmienda, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora González Vázquez.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, presidente.
Asistimos ayer con horror a un día negro y particularmente cruel en esta ya larga lucha contra la violencia de género. Una mujer fue asesinada junto con su pareja actual, otra murió en su domicilio en el que estaban presentes sus hijos y
una tercera resultó herida. Junto a estos tres últimos y terribles casos, tenemos aún muy presente en la memoria el asesinato de dos pequeñas de siete y nueve años a manos de su padre, separado de su madre. Desde aquí queremos manifestar nuestro
cariño a las familias de las víctimas y nuestro total y absoluto compromiso con la eliminación de la violencia contra las mujeres. (Aplausos).
En este contexto, resulta especialmente doloroso tratar el contenido de esta moción, consecuencia de la interpelación urgente de hace unos días, vinculada precisamente a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia de Género, el pasado 25 de noviembre. Es evidente que un grupo parlamentario puede y debe interpelar al Gobierno sobre la gestión realizada en esta materia, pero la redacción de esta interpelación es una demostración de que una vez más no
somos capaces de dejar de lado nuestras diferencias para mostrar todos a una que la lucha contra la violencia de género y la seguridad de las mujeres de este país tiene que ser una verdadera política de Estado; una política en la que las frías
cifras no sean arrojadas de manera cruel y despiadada en el debate partidista, una política que promueva y lleve a cabo acciones responsables y coordinadas con la participación de todos los agentes, es decir, un verdadero pacto de Estado, aquel que
debió continuar sin fisuras desde la aprobación
de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral, pero que se ha visto una y otra vez puesto a prueba y relegado en estos años.
Partiendo de la necesaria prudencia y de todo el respeto con el que hay que tratar los datos que manejamos y de la premisa de que una sola mujer fallecida es ya un fracaso del sistema de prevención, de intervención y de protección puesto en
marcha, lo cierto es que las cifras de víctimas mortales han ido bajando en estos dos últimos años. (La señora Álvarez Álvarez: No, no). Sí, señora Álvarez. Esperamos y deseamos que este año que termina esta tendencia se mantenga, pero ese hecho
no debe desviarnos del objetivo último, que es continuar trabajando para erradicar de una vez por todas este gravísimo problema de nuestra sociedad. El Gobierno, señorías, nunca va a usar políticamente a las víctimas.
Se hablaba en estos años pasados, se vuelve a incluir y además lo ha mencionado antes la señora Rodríguez en su intervención en esta moción presentada por el Grupo Socialista, de la imposibilidad del desarrollo pleno de la Ley Orgánica
1/2004, debido fundamentalmente a la reducción de las partidas presupuestarias destinadas al despliegue de las medidas en ella contenidas. Sin embargo, señorías, difícilmente este postulado puede mantenerse. En primer lugar, porque por desgracia
no existe una relación causa-efecto entre el presupuesto destinado a estas políticas y el número de víctimas, como claramente lo indican las cifras de estos últimos diez años. Además, en 2011, el presupuesto destinado a programas realizados desde
las comunidades autónomas para la atención integral a las víctimas fue de 5 millones de euros. Pues bien, en el año que comienza, 2015, en el próximo presupuesto vuelven a ser 5 millones de euros los destinados por el Gobierno a este fondo creado
por la ley. Las partidas destinadas a las campañas de prevención y sensibilización social desde el Gobierno central pasan de 1,6 millones a 4,76 millones, y no hay que olvidar que las competencias en materia social, es decir, de protección
integral, están transferidas, por lo que es también a las comunidades autónomas a las que corresponde la atención social integral de las víctimas establecida por la ley orgánica.
El Gobierno es consciente de que la ley no está respondiendo con efectividad en algunos casos, y diez años de implementación proporcionan ya suficiente conocimiento y experiencia como para detectar disfunciones que pueden solventarse con
modificaciones legislativas. Claro que sí, no estamos hablando de las tablas de la ley, estamos hablando simplemente de una ley orgánica que puede y debe ser modificada si así se considera necesario, y creo que es bastante claro después de estos
diez años que tenemos que hacerlo. Por ello, el proyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal considera un agravante que el maltrato se produzca delante de los menores, extiende la medida de libertad vigilada a los delitos de violencia de
género e incorpora nuevos delitos vinculados a las nuevas formas que la violencia de género presenta entre la gente más joven, como el ciberacoso, el hostigamiento o el acecho. Además, el proyecto de ley de estatuto jurídico de la víctima del
delito recoge aspectos como la notificación a la víctima de violencia de género de las resoluciones judiciales que puedan incidir en su seguridad, incorporando también antiguas demandas de las asociaciones de mujeres como que las víctimas presten
declaración en dependencias especialmente concebidas para esta función, que reciba la declaración la misma persona en cada caso y que esta sea del mismo sexo que la víctima, que estén asesoradas por un letrado o letrada durante la interposición de
la denuncia, que la vista oral pueda realizarse sin público, que se evite el contacto visual con el agresor o que se eviten preguntas relacionadas con la vida privada de la víctima que no se consideren imprescindibles. Otra antigua demanda -esta de
las comunidades autónomas- a la que siempre se negó el Gobierno desde el año 2005 a 2011, está comenzando a materializarse, y creo que es fundamental: la integración de los puntos de coordinación de las órdenes de protección de las diferentes
comunidades autónomas en el sistema Biogen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para conectar la información y evaluación policial y de valoración de riesgo, la situación policial y judicial y los aspectos sociales. Es evidente que la
atención social de una mujer cuyo agresor no es considerado de alto riesgo tiene que ser distinta a la que se proporciona a una mujer cuyo caso es valorado como de alto riesgo. Esto, hasta ahora, no podía conocerse por parte de las administraciones
responsables de la asistencia social integral, algo verdaderamente incongruente. En este momento las comunidades de Castilla y León y Andalucía ya se han integrado en el sistema, intercambiando la información precisa, y a ellas les seguirán el
resto de las comunidades autónomas, estableciéndose una interconexión entre los sistemas de información, lo que es de inmenso valor para una eficiente atención a las víctimas.
Finalmente, quería hacer una referencia a la prevención como el área que consideramos prioritaria para conseguir una sociedad libre de violencia de género. Los contenidos sobre igualdad y prevención de la violencia de género se han
incorporado ya como principio rector de todo el sistema educativo, reflejado
también en el currículum de primaria, estando en curso su incorporación al currículum de educación secundaria. El Gobierno ha manifestado en diferentes ocasiones su voluntad -si así se recoge en esta Cámara- de realizar una evaluación de la
respuesta legal, policial, política y social, consecuencia de la aprobación en 2004 del actual sistema vigente a los diez años de su puesta en marcha. Quiero poner de relieve todo esto porque la lectura de la moción que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista podría llevar a la interesada y errónea creencia de que el Gobierno del Partido Popular no ha avanzado en materia de violencia de género y se ha mantenido estático, recortando sistemáticamente presupuestos y derechos, y nada
más lejos de la realidad.(Rumores). Si presentamos una enmienda a esta moción...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.
Por favor, ruego silencio para poder escuchar a la señora diputada.
Señora diputada, tiene que ir acabando.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias. Termino ahora mismo, presidente.
Decía que si presentamos una enmienda a esta moción increíblemente generosa en sus propuestas, que no solo asume la mayoría de las demandas del Grupo Socialista en su moción, que no solamente incorpora todas esas demandas que incluye su
redacción áspera y poco acorde con la realidad, es para demostrar bien a las claras que, por encima de todo, incluso de la propia concreción de la verdad sobre la actuación del Gobierno, están las mujeres, que son las que nos importan realmente.
Señorías, les pido generosidad, les pido que aquello que no fuimos capaces de materializar hace dos semanas -tal y como ha recordado el señor Olabarría hace unos instantes en su intervención previa-, realizar una declaración institucional conjunta
el pasado día 26 de noviembre, con motivo del día 25, seamos capaces de conseguirlo hoy aceptando el grupo proponente nuestra enmienda, que recoge la gran mayoría de sus demandas, y votando conjuntamente en un día tan doloroso como este. Si no es
posible la aceptación por parte del grupo proponente de la totalidad de nuestra enmienda, al menos que se permita la votación por puntos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González Vázquez.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, todos los temas que tratamos desde esta tribuna son de importancia para este Congreso de los Diputados, pero déjenme decirles que un día después de un lunes tan dramático como fue el de ayer en relación con la violencia de género y
las personas que fueron asesinadas, sería no solo de respeto atender el debate que se está dando en esta Cámara, sino que representaría que si sus señorías consideraran oportuno ese respeto se reflejase también en el respeto a las víctimas y, sobre
todo, en el compromiso del Congreso de los Diputados a asumir una lucha contra una lacra con la que teóricamente todos decimos que estamos de acuerdo, pero parece que no. El hecho de que sus señorías en este debate no hayan prestado mucha atención,
me indica que no todos los diputados y diputadas están por la labor de acabar con la violencia de género en el Estado español.
Señorías, después de manifestar nuestro profundo sentimiento a las familias de las mujeres asesinadas en el día de ayer, quiero decirles una cosa en relación con la propuesta que nos hace el Grupo Parlamentario Socialista, con la que estamos
completamente de acuerdo y que vamos a votar favorablemente. Ya hemos dicho en alguna otra ocasión que en este año 2014 diferentes expertos en violencia de género han manifestado, han advertido que contando con una buena ley, en cambio no se
contaba con los suficientes recursos económicos para hacer que las medidas que en ella se contemplan sean efectivas. Nosotros no olvidamos, como tampoco lo hacen otros grupos, que en los últimos años se han recortado de manera alarmante las
partidas presupuestarias dedicadas a la lucha contra esta lacra social de la violencia de género, y que no se ha prestado la atención debida y necesaria por parte de los poderes públicos a este problema. Se han relajado muchas cuestiones, desde la
vigilancia, los medios, los recursos e incluso las siempre importantes campañas de sensibilización social. Hace solamente dos meses nuestro grupo, el BNG, defendía una proposición no de ley en la Comisión de Igualdad donde hicimos el esfuerzo de
consensuar con el grupo mayoritario y el resto de grupos parlamentarios. En esa proposición no de ley se planteaban medidas de incremento económico en los Presupuestos Generales del Estado para afrontar con eficacia las medidas que se contemplan en
la ley. Si bien con toda nuestra voluntad hicimos este esfuerzo, tenemos que decir que después no se ha visto correspondido con el incremento que se contempla
en los Presupuestos Generales del Estado de 2015, pues apenas es de un 8,75 %, cuando en los últimos dos años se han reducido los presupuestos en materia de igualdad y violencia en más de un 30 %. También soy partidaria de no compartir en
absoluto lo que se dice que con menos recursos se hizo más, porque no es cierto, y la realidad, desgraciadamente, nos dice que no es así. Por eso es el momento de tomar en serio esta cuestión y afrontar el presupuesto correspondiente para poder
desarrollar las medidas que están en la Ley de violencia de género que cumple diez años. Déjenme decirles que nuestro grupo no está dispuesto a ser inamovible con la ley actual y pensamos que todas las leyes se pueden modificar...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que acabar, por favor.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Acabo, señor presidente.
Entendemos que lo prioritario en este momento no es la modificación de la ley sino llevar a cabo las medidas que en ella se contemplan. Por eso vamos a apoyar esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
También por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Enbeita.
La señora ENBEITA MAGUREGI: Gracias, señor presidente.
Señorías, en poco tiempo es la segunda vez que estamos tratando el mismo tema, y en ese poco tiempo que ha transcurrido desde la última vez que lo tratamos a hoy, las víctimas por violencia de género han seguido aumentando. Ayer mismo, dos
mujeres más fueron asesinadas. ¿Serán las últimas? Esa es la pregunta. Es más que evidente ya a estas alturas que la violencia de género es estructural y no la ejercen solo aquellos que acuchillan, golpean o disparan a sus mujeres. Hoy día hay
elementos sociales que impulsan los valores machistas y que nos explican una y otra vez de alguna manera que nuestro lugar en la sociedad es de ciudadanas de segunda. Es cierto que hay que exigirle al Gobierno español, a los Gobiernos autonómicos e
incluso a los ayuntamientos -a cualquier institución pública- que actúen de manera responsable y que combatan la violencia machista contra las mujeres, porque hoy día lo que se hace es bien poco, bastante menos de lo necesario. Nadie dice nada
sobre la televisión, la publicidad y otros medios que no hacen más que expandir los valores más machistas en los últimos años. No deberíamos olvidar que la violencia de género es un tema transversal que se debería tratar desde la educación, desde
la cultura, desde el empleo, desde las políticas de inmigración y desde la imposibilidad de hoy en día de acudir a la justicia.
Señorías, hay pocas mujeres que han sido asesinadas así, sin más, de un día para otro. La mayoría han vivido calvarios de años antes de ser asesinadas y la otra inmensa mayoría, que afortunadamente seguimos vivas, hemos visto, escuchado o
vivido momentos relacionados con el machismo y con la violencia de género en el trabajo, en la calle, en la consulta del médico, en la escuela o en casa. Está bien apoyar las mociones, pero lo único que tenemos entre manos últimamente son mociones,
mociones y más mociones y deberíamos hacer algo para que esto se convierta en acciones, acciones y más acciones. Todo depende de la voluntad política que hoy en día se ve en muy pocas instituciones y en muy pocos partidos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Enbeita.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Estamos ante una nueva moción y estamos ante unos nuevos asesinatos. Parece que estamos condenados a las mociones, pero lo que me preocupa es si verdaderamente estamos condenados a ver mujeres asesinadas por sus compañeros, por sus maridos,
por sus exmaridos, por sus exnovios, etcétera. Ayer, además del asesinato de una mujer y su pareja -porque ya se empieza a matar también a los hombres que están con las exmujeres- en Valladolid, otra mujer también fue víctima de un frustrado
intento en Bilbao que afortunadamente salvó la vida, aunque el agresor acabó con la suya dramáticamente, porque estas cosas acaban así. Nuestra más sincera condolencia para los familiares y para esa niña que se queda sin madre. Hablamos de mujeres
asesinadas y, desgraciadamente, ello tiene tanta urgencia que nos oculta hablar de las miles de mujeres que sin ser asesinadas están siendo maltratadas, vejadas y violentamente utilizadas día a día. Este drama que horada nuestra realidad y que
desafía a nuestras
conciencias es suficiente motivo para que cuestionemos mínimamente qué se está haciendo mal, qué es lo que no funciona, dónde está el agujero legal y social por el que se cuela esta voraz lacra que atañe a tantas mujeres. Tenemos, pues, un
problema real, cruel y duro, tan duro que el número de muertes ya es inaguantable. Y como no tenemos, aunque suene duro, un censo de maltratadores, no tenemos tampoco un censo de maltratadas, no podemos decir cuántas mujeres lo padecen pero da
igual, son muchas, muchísimas aunque solo una sería suficiente para tratar el tema.
El Grupo Socialista nos vuelve a traer otra moción pidiendo medidas concretas; medidas que, con un loable objetivo, a veces incurren en defectos de forma que no son baladíes, sino que son muy a tener en cuenta. Porque ustedes confunden por
ignorancia o porque les gustaría que así fuera, el ámbito competencial de quién es el competente en cada materia, porque el ministerio no está por encima de las comunidades autónomas, lo está solamente en el ámbito de sus competencias y tampoco
entonces desde una perspectiva vertical, otra cosa es que en un ámbito de colaboración, colaboración sincera, se puedan articular políticas que cada uno en su ámbito dote de las herramientas y mecanismos necesarios para combatir este tema. Dicho
esto, mi grupo considera que es hora de que la reflexión, la investigación y el estudio den paso ya a hechos y sobre todo a la plasmación de las intenciones aquí mostradas.
El Grupo Socialista pide principalmente cinco bloques. Por una parte, medidas a nivel de protección, analizar cuáles son los aspectos de la valoración de riesgo que están fallando, qué ocurre con las órdenes de protección que están fallando
que no se cumplen o se decide que ya no se necesitan, en base a qué criterio, por qué ocurre eso, y eso lo estamos preguntando todos los grupos todas las veces que subimos a esta tribuna a hablar de este tema, y no es ni una ni dos veces, son unas
cuantas. También medidas a nivel de atención, y aquí están las competencias de los ayuntamientos, que a raíz de la Ley 27/2013 cambiaron y que gracias a que tenemos un ámbito foral propio en Euskadi, por ejemplo, podemos seguir manteniendo esas
competencias de igualdad en los ayuntamientos, aunque entiendo y apoyo la propuesta del Grupo Socialista cuando dice que hay que volver a dotar a los ayuntamientos de esa capacidad por su cercanía, porque, al fin y al cabo, los servicios sociales de
base son los que tienen mayor capacidad de detección e incluso de atención primaria. También se piden medidas a nivel de prevención, campañas, educación, sensibilización, todo esto tiene que partir desde la escuela, que es el ámbito donde se tienen
que generar las nuevas políticas. Y por último, medidas económicas, que creo que es un apartado importante, hay que dotar de presupuesto para las personas que necesitan protección, para que los juzgados funcionen, para que haya una capacidad propia
de llevar a cabo esta materia.
Por tanto, mi grupo espera -ya que se dirige al Gobierno, yo también me he dirigido al Gobierno- que la sensibilización y la sensibilidad del nuevo equipo ministerial sea real y novedosa en esta materia. Estaremos atentos. Necesitamos
políticas que se conciencien de la necesidad de la erradicación de esta brutalidad y también del respeto del ámbito competencial de aquellos y de aquellas comunidades que en esta materia lo están haciendo bien, con protocolos, con medidas, con
protección, con acciones de educación y con acciones de sensibilización. Por último, estamos de acuerdo con la propuesta que hace Convergència i Unió cuando dice que hay que evaluar la Ley 1/2004, que ya han pasado diez años y que no hay que
escandalizarse por decir: cojamos el texto, qué es lo que está funcionando, qué es lo que ya no se adecua a esta realidad social. Yo creo que eso, por otra parte, tampoco es excusa para que se tomen ya medidas de lo que sí sabemos que no está
funcionando. Por lo tanto, mi grupo apoyará esta moción, creemos que hay mucho trabajo por hacer y pedimos tanto a unos que respeten lo que le corresponde a cada uno, como a otros que verdaderamente pongan los mecanismos necesarios para combatir
esta brutalidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Quiero expresar, como no puede ser de otra forma, nuestra repulsa a las víctimas que se ha cobrado la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar durante este fin de semana. Estamos de acuerdo en que
hay que hacer algo, pero de nuevo no estamos de acuerdo en el texto que se nos presenta y que, por cierto, se presenta aquí una y otra vez. Si quieren hablar de parches, podemos hablar de parches. La Policía aprecia riesgo bajo o nulo en catorce
de las quince mujeres muertas que habían denunciado, algo habrá que hacer al respecto. Las órdenes de protección fueron concedidas pero no se impuso pulsera telemática en ningún caso, algo debemos aprender al respecto. Hay bajada de valoración de
riesgo extremo que se asocia en ocasiones a la bajada de recursos, habrá
que averiguar si esta denuncia es cierta. Ustedes piden y denuncian, entre otras cosas, que existen 2.300 dispositivos de seguimiento sin utilizar; bueno, se encargaron demasiados o por alguna razón nos negamos a usarlos, habrá que
evaluarlo y decidir qué pasa al respecto. Piden restablecer -restablecer no, será establecer por primera vez- una competencia en los ayuntamientos que nunca antes habíamos tenido. Podemos estar de acuerdo, creemos que lo importante es decidir, ver
y evaluar quién puede hacerse cargo de esas políticas. Ya hemos dicho que en esta y en otras políticas sociales los ayuntamientos deben tener un papel mucho más importante. Facilitar denuncias, sin duda. Ni una víctima sin denunciar ni una
denuncia sin verdadera víctima. Hay otras cosas que podríamos comentar acerca de la propuesta que nos trae hoy el Grupo Socialista, pero no veo que pidan una evaluación exigente de las políticas que han venido decidiendo y que siguen proponiendo, y
eso es importante. Como también lo es destacar que por primera vez -alguna otra vez se lo he escuchado- reconocen claramente la desigualdad como un caldo de cultivo de la violencia de género. Sin embargo, repito, se niegan a legislar en cuestiones
como la custodia compartida. Por cierto, espero que algún día me expliquen cuál es la relación que ustedes establecen entre custodia compartida y violencia o aumento de la misma. Me voy a evitar adjetivar un argumento como este, pero me parece que
tienen una impresión de cuál es el papel de los hombres de este país y del derecho que tienen los hombres y los niños a educarse que me parece absolutamente impresentable. He oído otros argumentos todavía peores en la Comisión de Igualdad, pero me
parece increíble que los utilicen aquí. Repito, algún día me explicarán con datos si eso es cierto, si en las comunidades autónomas donde está aprobada la custodia compartida la violencia es superior que en otras, es fácil de comprobar. También se
niegan a cambiar otro tipo de leyes que ahondan en desigualdad, como la Ley del Divorcio o la propia Ley contra la Violencia de Género.
Podría hablar más sobre los parches pero me parece más importante hablar de lo que nosotros repetimos cada vez que subimos aquí. Nos gustaría legislar sobre violencia doméstica o intrafamiliar y tratar de la misma forma a todos los posibles
habitantes de un hogar, mujeres, niños, ancianos, parejas lGTB, discapacitados, hombres, todos por igual. Hemos pedido a menudo que se restablezcan la igualdad y la presunción de inocencia que han perdido los hombres españoles. Hemos denunciado
también desigualdades territoriales. Hay mujeres mejor defendidas según en qué comunidad autónoma vivan, hay niños que pueden ser coeducados por sus padres según en qué comunidad autónoma vivan. Nos parece grave. También nos parece grave que
vuelvan a renunciar en sus propuestas a la prevención, a la educación, sobre la forma en la que nos relacionamos los unos con los otros, sobre los patrones que imponemos a nuestros hijos consciente o inconscientemente, sobre nuestras respuestas y
las suyas a la frustración, al miedo. Por cierto, algún día hablaremos del nulo trabajo que se está haciendo en este país con los hombres y con los niños. Es un trabajo nulo. Hay mucho por hacer pero hay mucha cobardía política. No es raro,
roles sexistas. Hablamos de eso y, sin embargo, ustedes mismos los perpetúan aquí y, además, utilizan el tema de forma electoralista. Acaban de hacerlo esta tarde con unas acusaciones absolutamente inaceptables. Por eso son incapaces de firmar
una mera declaración conjunta. Ustedes, señores del Partido Socialista, y ustedes, señores del Partido Popular, que son capaces de cambiar la Constitución en horas, que se reparten la justicia, que se reparten las cajas de ahorros, cualquier órgano
de control, son incapaces de firmar una declaración contra esta violencia cuando ambos son corresponsables de estas leyes. Como les dije la última vez desde aquí -y acabo, señor presidente-, son ustedes responsables. Vamos viendo año tras año cómo
nuestros jóvenes siguen repitiendo estereotipos sexistas y cómo crecen las respuestas violentas, y eso ocurre después de años y años de sus leyes educativas y de su Ley contra la Violencia de Género. Señores del Partido Popular y señores del
Partido Socialista, esa sí es una verdadera evaluación, junto a las muertes que no cesan y, ustedes, ambos, suspenden en ella.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.
Señora Rodríguez, ¿acepta las enmiendas?
La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Señor presidente, hemos hecho una transaccional con las enmiendas de Convergència i Unió y de La Izquierda Plural, pero no aceptamos las del Grupo Popular.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.
En dos minutos votamos. (Pausa).
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA SITUACIÓN DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA DEL ESTADO. (Número de expediente 172/000279).
El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día del punto 23, correspondiente a la interpelación de La Izquierda Plural,
sobre la situación de la política energética del Estado. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Queda acordado.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA SOBRE REGULACIÓN DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN CUANDO SE TRATE DE MUESTRAS Y FLUIDOS CUYA OBTENCIÓN REQUIERA UN ACTO DE INTERVENCIÓN CORPORAL. (Número de expediente 122/000056).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista, orgánica sobre regulación de los actos de investigación cuando se trate de muestras y fluidos cuya obtención requiera un acto de intervención
corporal. Hay dos votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más 2 votos telemáticos, 320; a favor, 137 más 1 voto telemático, 138; en contra, 169 más 1 voto telemático, 170; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE JUBILACIÓN ANTICIPADA. (Número de expediente 122/000169).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre jubilación anticipada. Hay dos votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más 2 votos telemáticos, 320; a favor, 148 más 1 voto telemático, 149; en contra, 170 más 1 voto telemático, 171.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A CONDENAR LOS 'CRÍMENES DE HONOR'. (Número de expediente 162/001085).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a condenar los crímenes de honor. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 313.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL Y DEFENDER A LA SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. EN SU CONDICIÓN DE OPERADOR DESIGNADO PARA LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO. (Número de
expediente 162/001072).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para garantizar el Servicio Postal Universal y defender a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. en su condición
de operador designado para la prestación de este servicio. Se vota en los términos de la enmienda transaccional con La Izquierda Plural.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 130; en contra, 167; abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA QUE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO SE CONVIERTA EN UNA DE SUS PRINCIPALES PRIORIDADES. (Número de expediente 173/000186).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para que la lucha contra la violencia de género se convierta en una de sus principales prioridades. Hay un texto transaccional
con las enmiendas de La Izquierda Plural y CiU.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 149; en contra, 169.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.
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