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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 224, de 07/10/2014
cve: DSCD-10-PL-224
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 224
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 209
celebrada el martes,
7 de octubre de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para garantizar una mayor proporcionalidad (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie B, número 192-1, de 19 de septiembre de 2014. (Número de expediente 122/000170) ... (Página4)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre mejora de protección laboral y de seguridad social de las personas enfermas de cáncer. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 150-1, de 13 de diciembre de 2013. (Número de expediente
122/000129) ... (Página16)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Bosch), sobre la presunción de constitucionalidad de las leyes que emanan del Parlamento de Cataluña. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 524, de 26 de septiembre de 2014. (Número de
expediente 162/001037) ... (Página26)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de un conjunto de medidas para fomentar el uso del vehículo eléctrico en España. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 461, de 20 de mayo de 2014. (Número
de expediente 162/000948) ... (Página34)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política educativa del Gobierno y sus consecuencias en el incremento de las desigualdades. (Número de expediente 173/000171) ... (Página43)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página52)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página52)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página53)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)
Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para garantizar una mayor proporcionalidad (Orgánica) ...
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sánchez Amor, del Grupo Parlamentario Socialista, y Vera Pró, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre mejora de protección laboral y de seguridad social de las personas enfermas de cáncer ... (Página16)
Defiende la toma en consideración la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario
de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); así como las señoras Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página26)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Bosch), sobre la presunción de constitucionalidad de las leyes que emanan del Parlamento de Cataluña ... (Página26)
Defiende la proposición no de ley el señor Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el
señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y las señoras Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista, y Esteller Ruedas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Bosch i Pascual.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de un conjunto de medidas para fomentar el uso del vehículo eléctrico en España ... (Página34)
Defiende la proposición no de ley el señor García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Lavilla Martínez, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor García Egea.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página43)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política educativa del Gobierno y sus consecuencias en el incremento de las desigualdades ... (Página43)
Defiende la moción el señor Buyolo García, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Álvarez Sostres, la señora Pérez Fernández y el señor Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA:
La Izquierda Plural, y el señor Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y la señora Moneo Díez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página52)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para garantizar una
mayor proporcionalidad (Orgánica), se rechaza por 14 votos a favor, 296 en contra y 4 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre mejora de protección laboral y de seguridad social de las personas enfermas de cáncer, se rechaza por 146 votos a favor, 171 en contra
y 1 abstención.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página52)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Bosch), sobre la presunción de constitucionalidad de las leyes que emanan del Parlamento de Cataluña, con la inclusión de sus autoenmiendas, se rechaza por 41
votos a favor y 277 en contra.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de un conjunto de medidas para fomentar el uso del vehículo eléctrico en España, se aprueba por 301 votos a favor y 17
abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página53)
Sometida a votación la enmienda transaccional que recoge las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, a la moción consecuencia de interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política educativa del Gobierno y sus consecuencias en el incremento de las desigualdades, se rechaza por 141 votos a favor, 171 en contra y 6 abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, RELATIVA A LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA GARANTIZAR UNA MAYOR PROPORCIONALIDAD (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000170).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia relativa a la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para garantizar una mayor proporcionalidad. Para la presentación de la
iniciativa y su defensa, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
La proposición de ley de nuestra cuota semestral va al fondo de una cuestión que creemos de la mayor importancia precisamente para la regeneración del sistema democrático. Hemos conseguido entre todos -lo cual no es poco- que se entienda
que o se da un cambio profundo, potente, a la degeneración del sistema o lo que acabará corriendo peligro será el propio sistema democrático. En este sentido, nos parece que la reforma del sistema electoral es una de las cuestiones más evidentes,
más fáciles también de abordar, pese a las resistencias que suscita, y también más claras, concretas y urgentes. Hay muchísima gente en España -se ve claramente en las encuestas- que piensa que tenemos un sistema electoral defectuoso. La propuesta
que les traemos aquí es una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que nos parece una propuesta, por cierto, muy bien trabajada -luego explicaré de dónde viene y en qué consiste en sus líneas generales- y sobre todo
factible y práctica; no es una propuesta utópica ni hecha pensando en arco iris o unicornios ni ninguna de estas distracciones, sino que va al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que la democracia tiene dos principios básicos que
pensamos que la Loreg actual conculca, quizá no en el momento en que se aprobó, en unas circunstancias muy especiales, en la transición, pero sí a día de hoy, y son estas dos premisas de cualquier democracia: primero, la de la igualdad del valor
del voto; aquello que se decía con la expresión tradicional de un hombre un voto. Eso significa que para que ese principio se cumpla tiene que haber una ley electoral que traduzca, de la mejor manera posible, los votos en representantes. Esta es
una cuestión que nadie
discute como algo inherente a la propia democracia. En segundo lugar, otra de la misma naturaleza, el pluralismo político; es decir, en un sistema democrático razonable y adecuado todas aquellas corrientes políticas democráticas que sean
relevantes -que no sean marginales o insignificantes- tienen que tener una igualdad de oportunidades a la hora de participar en la acción política y, por tanto, no tiene que haber leyes electorales que premien de una manera injustificable y
arbitraria a determinadas fuerzas políticas en detrimento de otras. Esto es básicamente lo que entendemos por igualdad de oportunidades para la acción política.
Pues bien, la Loreg en su formulación actual, en nuestra opinión, incumple los dos principios: en primer lugar, incumple el principio -esto es grave- de igualdad del valor del voto porque, debido a cómo se concibió en su momento esta ley, a
la acumulación de la provincia como circunscripción electoral, más el número de diputados que tiene el Congreso de los Diputados en el que estamos, más otra serie de medidas se distorsiona la conversión de votos en escaños, de tal manera que -esto
ha ido además empeorando con el tiempo a medida que la composición demográfica del país ha ido variando también- si en el año 1978 o 1979 esta ley podía ser objetable, a día de hoy no es que sea objetable sino que es evidentemente injusta.
El resultado es que actualmente el valor del voto de un ciudadano puede valer dos, tres y hasta cuatro veces más que el voto de otro ciudadano de otra provincia. Es una distorsión que introduce la circunscripción. Ya sabemos que esto tiene
problemas constitucionales pero enseguida entraré en ello. En segundo lugar, el problema del respeto al pluralismo político. La ley actual produce una distorsión tan estrafalaria -no tiene otro calificativo- como que un partido con un menor número
de votos pueda obtener no algún escaño más, sino muchos más escaños que partidos con muchos más votos. Esto es un atentado al principio de pluralismo político, porque se está privilegiando o dando ventaja a determinados partidos o a determinadas
candidaturas frente a otras.
En la actualidad -como sabemos- hay un problema histórico que tiene Izquierda Unida a este respecto, que también nos afecta a nosotros; pero no solo a nosotros, porque en la actualidad se estima que La Izquierda Plural tiene el 50 % de los
escaños que le corresponderían con un criterio de proporcionalidad, y nosotros, Unión Progreso y Democracia, menos del 30 %. Hay partidos, como Equo -que quiero citar expresamente- que quedaron fuera del Congreso pese a que obtuvieron muchos más
votos que algunos partidos que están en el Congreso.
La propuesta que traemos a esta Cámara precisamente trata de ofrecer una solución factible a estos dos problemas que nos parecen muy serios, sobre todo, porque llevan a una deslegitimación del sistema de la democracia representativa.
También sé -me quiero adelantar, ya que no va a haber turno de réplica- que esta propuesta de reforma que les traemos seguramente va a suscitar varias falacias argumentales bastante previsibles. La primera es decir que la presentamos porque nos
beneficia a nosotros. ¡Claro que nos beneficiaría a nosotros! Pero esa no es la cuestión. Cuando en una democracia un sujeto jurídico -sea una persona o un colectivo- está padeciendo una discriminación, si consigue que se le haga justicia, no es
ella la que consigue un beneficio; es el conjunto del sistema, porque sin justicia no hay democracia. De manera que de lo que estamos hablando no es algo que satisfaga primero a UPyD, luego a Izquierda Unida y luego a otros partidos, sino algo que
tiene que satisfacer a lo que nos debería importar que son las aspiraciones de los ciudadanos a la igualdad política.
En segundo lugar, otra falacia que también me imagino que es previsible, porque se suele oír bastante por esta Cámara, es que los diputados no representamos a ciudadanos sino a territorios y, por lo tanto, habría que preservar el juego
actual que reparte la representatividad mucho más entre los territorios que entre los votos. Pero eso no solamente iría contra la democracia, porque los territorios no son sujetos políticos ni son titulares de derechos, sino que va contra la propia
Constitución. En la Constitución se dice que la provincia es la circunscripción electoral, pero no dice nada de que eso signifique que los ciudadanos que viven en ellas tengan que ser desiguales. Este, sin embargo, es el resultado de la Loreg.
En tercer lugar, otra falacia que también me imagino que desfilará por aquí es decir que la gobernabilidad y la estabilidad del sistema son algo prioritario. Sin duda, son cosas a tener muy en cuenta. Pero la propuesta que les hemos traído
-si se han tomado la molestia de estudiarla, que me imagino por supuesto que sí- prevé una prima razonable al partido ganador, para garantizar que va a haber una gobernabilidad, pero que no se haga a costa de la representatividad del Congreso de los
Diputados, que es lo que ocurre en la actualidad. Finalmente, se podría añadir que presentamos una reforma que es discutible. ¡Faltaba más! ¡Claro que es discutible! Es más, fíjense, la traemos para que se discuta. Dirán que no es la ideal, que
puede ser técnicamente complicada. Pues muy bien, pero estas alegaciones se deberían resolver en
una tramitación y, por eso, les pedimos que voten a favor de la tramitación de esta propuesta de ley y luego ya podríamos trabajar para llegar a un acuerdo satisfactorio para que -como decía al principio e insisto- tengamos un sistema
electoral que garantice dos cosas, que son las que ahora no se garantizan: en primer lugar, la igualdad del valor del voto de los ciudadanos, con independencia del lugar donde vivan; y, en segundo lugar, la representación del pluralismo político
en el Parlamento. Estas son las dos cuestiones que nos importan.
El sistema que les hemos traído no lo hemos elaborado directamente nosotros. Tengo el gusto de decir que es un proyecto trabajado durante muchos años por el Grupo de investigación de métodos electorales de la Universidad de Granada, que
dirige el catedrático Victoriano Ramírez, que creo que nos está acompañando, o sea que aprovecho para decirle que muchas gracias por dedicarnos parte de su tiempo-, porque además pensamos y ponemos en práctica que los grupos parlamentarios
representamos a los ciudadanos. Es un privilegio que haya quien, con conocimientos técnicos superiores a los nuestros, nos haga ofertas como estas que solucionan los problemas de los ciudadanos y de los grupos parlamentarios.
Este es un sistema biproporcional. Como habrán visto también en la exposición de motivos, ya está en vigor en algunos lugares partes, como en Suiza. Esto no es ningún tipo de indirecta que nadie tenga que tomar a mal sino, simplemente,
señalar que un país como Suiza, de solvencia democrática reconocida y que está en un constante proceso de mejora de sus instituciones representativas, ha encontrado que el sistema biproporcional, pese a sus complejidades, satisface varios
requisitos. ¿Cuáles son? Haciéndome eco de lo que dice el profesor Victoriano Ramírez les citaría cinco: En primer lugar, este sistema mejoraría la representatividad del Congreso manteniendo la gobernabilidad. En segundo lugar, garantizaría a
todos los partidos que se presentan a elecciones una alta proporcionalidad porque viene a garantizar que se reciben más del 90 % de los escaños que corresponderían a los votos a nivel nacional, si hubiera una proporcionalidad pura. En tercer lugar,
es coherente porque esto impediría o erradicaría una de las mayores distorsiones de esta Cámara en la actualidad, y es que haya partidos que tienen muchos más representantes que otros con muchos menos votos. En cuarto lugar, introduce el desbloqueo
de las listas, dando más opciones a los electores para que puedan escoger, dentro de la lista que ofrece cada candidatura, a las personas que gozan de más confianza, o al menos no votar a aquellas que no tienen ninguna. Además es un tipo de sistema
de desbloqueo que, como siempre preserva al cabeza de lista como destinatario del primer escaño que corresponde a ese partido, también respeta el principio de elecciones primarias que ya practicamos en muchos partidos. En quinto lugar, la
gobernabilidad que se suele esgrimir como exorcismo habitual para impedir que avancen las propuestas de reforma electoral se garantiza, porque el partido vencedor obtiene una prima suficiente de escaños para obtener mayoría; claro, no tanto como la
actual que es abusiva, pero sí suficiente. En la propuesta de ley que tienen ustedes habrán visto que hay varias simulaciones de los resultados y se encontrarán, por ejemplo, con que el Grupo Popular con este sistema seguiría teniendo 176
parlamentarios, es decir, tendría mayoría absoluta. Por tanto, el Gobierno actual no debería de temer por su futuro, aunque quizás sí los demás por el futuro generado con este Gobierno, pero esa es otra cuestión que no entra en el debate sobre la
reforma electoral.
Se podría alegar además, me imagino, que este sistema quizás sea complicado. La verdad que lo dice en este sentido el grupo de la Universidad de Granada y el profesor Ramírez es bastante difícil de refutar. Un sistema electoral no es otra
cosa que un sistema matemático para convertir votos en representación, y si la representación tiene que obtener determinados objetivos políticos, la simplicidad y facilidad de comprensión se debe someter o supeditar a la consecución de los objetivos
de fondo, que son los que nos debieran importar. Por otra parte, esto es algo de una ejecución relativamente sencilla, ya que se hace con un programa informático que incluso para tranquilidad general del Ministerio de Hacienda es gratuito. En fin,
no introduciría complejidades desde el punto de vista logístico. Más ventajas que tiene la propuesta que les hacemos: no requiere de reforma constitucional. No es la primera vez que nuestro partido presenta en esta Cámara propuestas de reforma de
la Loreg. De hecho, creo que esta ya es la tercera, y en muchas otras ocasiones hemos aprovechado los debates que ha habido para introducir la importancia y la necesidad de esta reforma. A veces se dice: haría falta abrir un proceso de reforma
constitucional para revisar determinadas cuestiones. Con este sistema no es necesario. Se mantiene la provincia como circunscripción electoral, se mantienen las principales previsiones que la Constitución preveía para el sistema electoral, y el
resto -lo que la Constitución no prevé- está abierto y puede ser resuelto de una manera diferente, por ejemplo, con el desbloqueo de las listas que ni es anticonstitucional ni es desaconsejable, sino todo lo contrario.
Termino. Lo que yo les quiero decir es que una reforma de este estilo es no solamente factible sino que además es muy oportuna, porque no se puede seguir ignorando algo que también se repite aquí de vez en cuando, que el sistema democrático
en España está sometido a un proceso de erosión de su legitimidad de ejercicio; no de origen. Ya sabemos que se votó la Constitución por una mayoría avasalladora, ya sabemos que llevamos treinta y tantos años, casi cuarenta, de sistema democrático
bastante aceptable. No es esa la cuestión; la cuestión es que ahora debido la crisis y otras circunstancias se ha erosionado su legitimidad, y contra eso hay que reaccionar. De hecho, el Grupo Popular y el Gobierno han reaccionado proponiéndonos
a los demás grupos un plan de regeneración democrática. Muy bien, aquí tienen: esto es regeneración democrática. Esta es una iniciativa para regenerar el sistema sin romperlo, para cambiarlo desde dentro, para tener una ley electoral que permita
a partidos, que ahora no están aquí y que tendrían que estar, tener representación; para permitir a partidos que tienen una representación inferior a la que les corresponde tener una representación parecida a la que les correspondería en un sistema
de proporcionalidad pura, que tampoco es del todo lo que se propone porque se somete de un modo razonable la gobernabilidad como objetivo, que también hay que mantener.
El Consejo de Estado, ya en una legislatura anterior, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hizo un informe muy interesante en el que proponía una reforma del sistema electoral que coincide con la que proponemos aquí. De manera
que esto no es ni aventurero ni improvisado ni una ocurrencia; es todo lo contrario. Es una propuesta que sale del trabajo tanto de matemáticos y expertos en cuestiones sistemáticas, respecto al sistema electoral, como del Consejo de Estado y de
una elaboración más teórica o politológica sobre las necesidades de la democracia. Esto es algo que hay que hacer. Se puede retrasar, pero cuando se retrasan las decisiones que hay que tomar normalmente se toman en peores condiciones. En fin,
reflexionen sobre ello. Lo único que les proponemos es que se apruebe la toma en consideración.
Finalmente, y por si acaso alguien tiene que hacer alguna observación, que sería pertinente, también nosotros asumimos las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa que ya les recordamos, con ocasión de la propuesta del
Gobierno de modificación de la elección de alcaldes, y desde luego no propondríamos ni pretendemos que esta reforma del sistema electoral, si se aprobara, entrara en vigor ahora. No. esperaríamos a que empezase la próxima legislatura para respetar
ese lapso entre la reforma de un sistema electoral y la celebración de elecciones que, por puro sentido común y de una manera que no hace falta demasiado esfuerzo para ser argumentada, recomendaba el Consejo de Europa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Coincidimos con UPyD en la necesidad de reformar la Ley Electoral. Recordemos que esta ley se hizo para perpetuar urbi et orbe el bipartidismo. Si nos fijamos, de las cincuenta y dos circunscripciones electorales, es decir, de las
cincuenta y dos provincias, veintinueve nunca han tenido otra representación que no fuera PSOE, PP o su equivalente, y en ocho de las diecinueve comunidades y ciudades autónomas nunca ha habido representación de un tercer partido, y eso que ha
habido partidos que han conseguido el 15 % de la representación, pero han quedado fuera. Hace un par de semanas dí unos datos elocuentes a la hora de hablar de las últimas elecciones generales. En Soria, el Partido Popular sacó 28.000 votos y el
Partido Socialista 16.000 votos. Cada uno obtuvo un escaño. En Valencia, Compromís sacó 85.000 y obtuvo un solo escaño. En Madrid Equo obtuvo 64.000 y no obtuvo ningún escaño. Es decir, el escaño de Compromís-Equo por Valencia costó tres veces
más que el escaño del PP por Soria o cinco veces más que el escaño del PSOE por Soria; y Equo, con más del doble o el cuádruple de votos, no obtuvo escaño por Madrid. El voto de algunos ciudadanos no vale lo mismo; el voto de los ciudadanos
valencianos o madrileños vale menos que el voto de otros ciudadanos. Por poner un último ejemplo: la Comunidad Autónoma Valenciana, con más del doble de población que Castilla y León, tiene más o menos los mismos diputados, es decir, los
valencianos tenemos 33 diputados y Castilla y León, con menos de la mitad de la población, tiene 32 diputados.
Recordemos también que el PP en estas elecciones no llegó ni a la mitad de los votos. Lo he recordado varias veces: con el 44 % de los votos tiene el 54 % de los escaños, y así ha podido aprobar leyes que han modificado o empeorado la vida
de muchísimos ciudadanos. Por tanto, coincidimos con el proponente en la necesidad de la proporcionalidad de la Ley Electoral, en la necesidad de que los escaños se repartan
proporcionalmente entre la población de derecho para que un voto en Valencia o en Madrid valga lo mismo que un voto en Soria, en Palencia o en Zamora.
Sin embargo, hay cosas en las que no coincidimos con la propuesta de UPyD, porque es un partido que reiteradamente habla de eliminar las diputaciones, que son -me remito a palabras suyas, con las cuales coincidimos plenamente- organismos
anclados en el pasado. En cambio, esta propuesta mantiene a la provincia como circunscripción. Nosotros entendemos que en el Estado español el sujeto administrativo es la comunidad autónoma y, en cambio, el sujeto de representación es la
provincia. Entendemos que la comunidad autónoma debería ser el sujeto de representación y, por tanto, no estamos de acuerdo en que se mantenga la provincia como sujeto de representación. No nos gusta tampoco el método utilizado; no hemos
profundizado pero entendemos que se podría otorgar representación en alguna comunidad autónoma a algún partido que en esa comunidad autónoma fuera menos votado que otros, es decir, que podría pasar que a los valencianos nos representara un partido
con más votos en el Estado pero con menos votos en la comunidad autónoma. Esa no sería nuestra representación. Los ciudadanos tienen que votar y tienen que ser representados por aquellos a los que votan, y en ese sentido entendemos que alejan ese
voto de los ciudadanos.
Por último, Compromís-Equo apuesta por que el sujeto de representación, es decir la circunscripción, sea la comunidad autónoma, por que los escaños se repartan proporcionalmente en función de la población de derecho -una persona, un voto-,
por que no haya barreras electorales que impidan que partidos pequeños puedan acceder. Y por último, hablando de métodos, por ejemplo, el método Hare es mucho más simple y otorga mayor representatividad que el que propone UPyD.
Vamos a votar a favor de que se tramite, a pesar de no estar de acuerdo con muchas de las propuestas que se hacen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Pero el Grupo Mixto también tiene la palabra la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señoras y señores diputados, el actual sistema electoral no supone ninguna ventaja para los partidos que no se presentan en el conjunto del Estado, no establece de ninguna manera ningún trato de favor, y ello pese
al discurso que algunos, ya sea por ignorancia o sea por interés, han ido transmitiendo y que ciertamente ha ido calando en la sociedad española. Señorías de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán, yo les invito a que lo digan y que
lo digan de forma clara, ni Esquerra Republicana de Catalunya ni el Bloque Nacionalista Galego ni Convergència i Unió estamos sobrerrepresentados en el Congreso de los Diputados, no lo estamos. La menor representación de La Izquierda Plural o de su
grupo deben reprochársela, señorías, al Partido Popular y al Partido Socialista. De hecho, Esquerra Republicana hubiera obtenido un diputado más de haberse aplicado criterios de proporcionalidad estricta. Esquerra Republicana ha criticado -no lo
ha hecho pocas veces, lo hecho muchísimas- el actual sistema electoral. Se trata de un sistema que solo beneficia al bipartidismo. El Partido Popular gobierna hoy -ya se ha dicho- con una mayoría absolutísima, pese a contar con solo el 45 % de los
votos. Lo que sucede con el actual sistema electoral es algo absolutamente inaceptable. Por la misma razón, tampoco podemos compartir la propuesta que nos plantean, que persigue favorecer la gobernabilidad al repartirse los últimos veinticinco
escaños de forma más favorable al partido más votado. No se trata de lograr una proporcionalidad estricta, señorías; la barrera electoral ya supone una distorsión en cierta forma aceptable, pero no podemos aceptar tampoco que logre una mayoría
absoluta quien no la ha obtenido donde la tendría que obtener, que es justamente en las urnas.
La reforma electoral planteada supone una mejora en la proporcionalidad del sistema electoral, algo que nosotros -ya lo he dicho y lo repito- también compartimos. Sin embargo, es muy compleja y ese es precisamente el mayor reproche tenemos
que hacerle aquí. La gran mayoría de los expertos comparten la visión de que la simplicidad de un sistema electoral, en el sentido de que el electorado sea capaz de entenderlo, es algo deseable. Pero lo que sí tenemos que decirles, señorías de
Unión Progreso y Democracia, es que sean valientes, que me consta que muchas veces lo son. Pues séanlo una vez más, porque el verdadero problema del actual sistema electoral es la circunscripción provincial. Déjense de sucedáneos que añaden
complejidad al sistema y evitan resolverlo de raíz. Presenten una propuesta de reforma constitucional para modificar la circunscripción provincial y establecer las comunidades autónomas como circunscripción electoral. La Constitución es
reformable, lo sabemos y, si se trata de mejorar la
democracia, en este caso logrando una mayor proporcionalidad o garantizando, por qué no, el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Seguro que ahí nos vamos a encontrar y a entender.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, presidente.
Intervengo desde el escaño porque creo que es lo que corresponde a esta iniciativa. UPyD suele hablar mucho del raca-raca de los otros partidos, pero nos está dejando muy claro cuál es su raca-raca particular una y otra vez. Esta
iniciativa resulta sorprendente. Iba a utilizar un calificativo más grueso, pero voy a dejarlo en eso, en sorprendente. Lo digo porque en el último Pleno -no la semana pasada porque no lo hubo-, en el anterior, hubo una iniciativa por parte de ese
mismo grupo y, al final, se consensuó entre todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular, una propuesta, una PNL con dos puntos que lo que venían a decir eran básicamente dos ideas, y sobre todo la primera: Señores del Partido Popular,
no vamos a discutir una modificación de la Ley Electoral respecto de los municipios a un año vista de las elecciones; no es el momento, tiene que ser otro momento. Y resulta que, en vez de aplicarse el cuento, nos encontramos con que deprisa y
corriendo, porque incluso se pidió que corriera un turno en la Junta de Portavoces, se mete un asunto en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, recientemente, para que ahora volvamos a discutir otro tema pero esta vez es el que le interesa a
UPyD: vamos a modificar Ley Electoral pero no en lo que corresponde a los ayuntamientos, sino en lo que corresponde al Congreso de los Diputados.
El principio hay que aplicárselo para todo y la respuesta que le dio, no la mayoría de la Cámara, porque esa la tiene el Partido Popular en estos momentos, la mayoría de los grupos políticos quedó muy clara en la ocasión anterior. No es el
momento ni ahora vale ponerse la venda deprisa y corriendo y decir: Nosotros, como la Comisión de Venecia, no queremos que entre en vigor inmediatamente, sino dentro de dos legislaturas. La misma legitimidad podría tener el próximo Congreso al
principio de esa nueva legislatura para modificar el sistema electoral, en vez de hacerlo ahora deprisa y corriendo. Por lo tanto, por nuestra parte no vamos a entrar en la discusión de la propuesta concreta porque no es el momento de discutir
esto. Tráiganlo la próxima legislatura, si quieren, que ya lo han intentado otras veces en esta Cámara, por cierto. En segundo lugar, también se incumple lo que se establece en el Acuerdo de Venecia cuando traen ustedes una propuesta muy concreta
y, por cierto -sin entrar en ello- ni creo que se pueda calificar el sistema electoral de prácticamente norma preconstitucional, como si no se hubiera modificado nada en absoluto desde entonces; ni creo que se pueda decir que se está cumpliendo,
con este sistema que se está proponiendo, un punto básico en la Constitución española -que se puede modificar, pero hoy por hoy está ahí-, que es la circunscripción electoral provincial. Quizás lo lógico hubiera sido hacer una propuesta más abierta
-insisto en que no es el momento- y abrir una subcomisión en la Comisión Constitucional para estudiar la Loreg, pero están infringiendo lo que dijeron defender el otro día con sus propios votos en dos puntos: primero, no es el tiempo; segundo, lo
que tienen que buscar son acuerdos amplios y no traer unas propuestas tan concretas y cerradas.
Evidentemente votaremos en contra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente esta iniciativa legislativa, no porque estemos de acuerdo con todos los preceptos que en ella se contienen, pero sí con alguno. El debate no es estar al cien por cien de acuerdo, el
debate es creer o no pertinente esta discusión política en esta Cámara. Señoras y señores diputados, este debate es pertinente, es necesario, es una urgencia democrática de nuestro país, porque precisamente la democracia de nuestro país está
enferma; está enferma por diversas razones, pero una de ellas es la falta de representatividad de parte de la representación política de esta Cámara en la que nos encontramos. Al final de la legislatura pasada observamos el desarrollo de una
subcomisión parlamentaria para la reforma de la Ley Electoral. En ella cuatro partidos políticos decidieron pactar la ley del silencio o mirar hacia otro lado, por supuesto el Partido Popular y el Partido Socialista,
pero también Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco. ¿Por qué ocurre eso? Es muy sencillo, porque parte de la representación política de estos partidos, y especialmente de los dos grandes partidos de esta Cámara, ya no viene
de los ciudadanos y ciudadanas, viene del sistema electoral injusto, que les otorga un premio que no les han dado los votos. Con ello, se sientan diputados y diputadas en esta Cámara que no tienen votos ciudadanos para ser diputados y diputadas.
(Rumores). Este es el gran problema que tenemos, la falta de representatividad del sistema electoral en nuestro país. Por tanto, este debate es necesario y urgente, es una necesidad democrática.
Los problemas son tres muy sencillos: uno, hay una desigual distribución de los escaños por circunscripción; dos, hay una asignación de escaños a las candidaturas en cada circunscripción que impide que la fórmula electoral despliegue sus
efectos de reparto proporcional, y tres, un resultado general en las elecciones que contradice la voluntad popular. O sea, teniendo más votos que otras, unas candidaturas reciben menos escaños. Lo podrán contar de mil maneras, pero esto no es
democracia, esto es otra cosa. De eso estamos hablando. En un momento profundo de crisis política en nuestra sociedad, de crisis de la representatividad, debemos hacer las reformas, estas reformas, señoras y señores diputados, no la de los
alcaldes asustados del Partido Popular. Esta sí es necesaria. Debemos hacer reformas que mejoren la representatividad política en nuestro país para que el sistema político no siga hundiéndose y podamos alcanzar más cuotas de democracia.
En el contenido de la iniciativa podemos discutir de muchas cosas. Algunas las hemos venido apuntando en los últimos años. Sí, esta Cámara podría aumentar su número de diputados. Espero que nadie nos argumente que eso sale muy caro,
porque el argumento subsiguiente es decir que las dictaduras saldrían más baratas. La democracia sí, a veces cuesta dinero, hay que decirlo, pero hay que invertir en democracia porque si no lo acabamos pagando de otra manera. Si, tenemos que
reformar o repensar el mínimo de diputados por provincia. Sí, tenemos que pensar en el cambio de la fórmula de reparto. Sí, tenemos que pensar en nuestro Senado, si el Senado definitivamente cumple o no su precepto constitucional de cámara
territorial o nos olvidamos del Senado en el caso de que eso realmente no sea abordado. Y, por supuesto, podemos seguir hablando de más cuestiones que son importantes como, por ejemplo, rebajar la mayoría de edad para votar. Hagamos también ese
debate. Por ejemplo, reformemos los requisitos para la participación política de los españoles residentes de manera permanente en el extranjero y eliminemos el voto rogado, una de las lacras más importantes de los últimos años que trata a los
españoles residentes en el exterior como ciudadanos de segunda. Sí, hablemos de regular el ejercicio de voto de los extranjeros residentes en España, porque estos ciudadanos hasta que no voten no serán tratados por algunos partidos políticos como
ciudadanos. O sí, reformulemos la financiación electoral para que el fraude electoral sea menor o desaparezca, si es posible, y tengamos una financiación electoral pública y transparente para que los ciudadanos sepan exactamente para qué y en qué
se gasta el dinero. Y, finalmente, regulemos las precampañas electorales y reformemos el tratamiento legal de estas campañas para que no cuesten al erario público más dinero del necesario. ¿Por qué no hacemos este debate? ¿Por qué no abordamos
una mejora democrática cuando eso es un clamor de la calle y debería ser para los que estamos aquí, que representamos a ciudadanas y a ciudadanos, un elemento indispensable para reforzar nuestra acción y nuestra labor legislativa? Por tanto, vamos
a votar favorablemente, repito, para que el debate se abra y para que los partidos beneficiados del actual injusto sistema electoral como mínimo tengan en su conciencia el peso de nuestras palabras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señores representantes de UPyD, muchos consensos constitucionales se han roto en los últimos años, pero ustedes a través de esta propuesta contribuyen a que se debiliten los consensos constitucionales. El último consenso
constitucional que existe en España es sobre el sistema electoral, y una reforma del mismo requiere de un método que no es exactamente el que ustedes nos proponen. No puede ser, señor Martínez Gorriarán, que con una franqueza que le tenemos que
reconocer suba a esta tribuna y diga: nosotros proponemos esto porque a nosotros nos interesa. ('Diario de Sesiones'). Parece un poco más difícil porque, por otra parte, no sabemos si a ustedes les interesa una propuesta de reforma del sistema
electoral que plantearon en su programa electoral del año 2008, que defendieron en la anterior legislatura y que es diametralmente opuesto al que plantean esta tarde o ustedes defienden este modelo
con buena inspiración académica, como nos ha planteado. Quiero recordarles que en la anterior legislatura se produjo una reforma en profundidad del sistema electoral basada en el criterio del consenso y del descarte de aquellos asuntos en
los cuales no había consenso. En esa renuncia a aquellos asuntos en los que no había consenso es evidente que distintos grupos parlamentarios, también el que represento esta tarde, renunciamos a algunos de nuestros planteamientos. Le podría hacer
la lista de los planteamientos a los cuales renunciamos, entre otros a la vergüenza de que un país con 47 millones de habitantes tenga unas elecciones europeas con circunscripción electoral única, cosa que no pasa en Francia, en Alemania, en Reino
Unido, en Italia y en tantos otros países. Pero es que, además, señor Martínez Gorriarán, su argumento es que vamos a plantear esta reforma pero no para la siguiente legislatura. Le tengo que recordar que la Comisión de Venecia recomienda
insistentemente a los nuevos países bajo monitoring -a Ucrania, a Rusia, a las repúblicas caucásicas y a Moldavia- que no se planteen las reformas constitucionales exactamente como usted la está planteando, en el último año de legislatura y como
elemento de confrontación electoral. Usted nos dice: Esto no es para el próximo año, es para el año 2019. ¿Usted cree que en el último año de legislatura tenemos que hacer un debate en profundidad sobre cómo regirán las elecciones en el año 2019,
cuando incluso ni usted ni yo sabemos dónde estaremos?
La Comisión de Venecia no plantea solo el año, sino el método de construcción del consenso. Usted plantea algunos extremos que son contrarios a la Constitución; usted tendría que haber venido aquí planteando una reforma de la Constitución.
Un escaño mínimo por provincia es contrario a la Constitución; ni una palabra sobre el Senado, que evidentemente ha quedado fuera de la dinámica de los tiempos. Pero, para ser sinceros, para hablar en plata, para ir al meollo de la cuestión, esta,
como todas las reformas, tiene un determinado acento. Nosotros no votaremos en contra porque nos parezca que es una reforma compleja, le aseguro que incluso hemos sido capaces de entender conceptualmente, intelectualmente las propuestas de su
reforma, pero es una reforma que debilita claramente lo que en ciencia política se llaman los PANE, los partidos de ámbito no estatal. Los debilita, en primer lugar, porque hace una primera asignación de los escaños en el ámbito estatal. Ustedes
planteaban directamente la asignación de 200 de los 400 escaños que querían que tuviera este Parlamento a través de un sistema proporcional a nivel estatal. Ahora han querido sofisticar -disculpen- ligeramente su método, pero con una primera
asignación de escaños a nivel estatal. Ustedes plantean un bonus de mayoría de 25 diputados al primer partido y, depende de cómo sea el resultante de las elecciones, al primero y al segundo partido. ¿Esto es democrático? Sí, lo hemos visto en
Italia. ¿Esto es apropiado? No. ¿Ha sido ingobernable esta Cámara en los últimos treinta y cinco años con el actual sistema electoral? No, no ha sido ingobernable. Un premio de 25 diputados al primer partido o, depende de cómo, al primero y al
segundo partido es una señal de miedo de quizá el final de ciclo del actual sistema de partidos políticos, del cual precisamente usted se hace portavoz.
Finalmente -otros portavoces no han hecho referencia a ello-, la redacción del artículo 163.1.a) evidentemente tiene un acento, por no decir una carga, muy notable. Se lo voy a leer, señorías. No es de lectura lineal y fácil en su
interpretación pero es clarísimo. Cito: 'Se calcula el valor r que es igual al 0,25 % del total de votos válidos recibido por todas las candidaturas en las 52 circunscripciones electorales... El partido político que haya recibido en total menos
de r votos, no participará en la asignación de escaños. Para los restantes partidos se resta r al total de sus votos y la cantidad que resulte se denomina votos reducidos del correspondiente partido'. Fin de la cita. Señor proponente, es evidente
que este artículo 163.1.a) tiene unas consecuencias y una voluntad evidentes de menoscabar la presencia de algunas formaciones que en el presente y en el futuro ya verá que van a conformar un Congreso de los Diputados distinto del actual.
No le quiero plantear solo las cosas negativas; le quiero plantear algo interesante como son las listas desbloqueadas que usted plantea. Pero usted las plantea de una forma muy original, porque plantea listas desbloqueadas para toda la
lista excepto para el cabeza de lista. Cada uno podrá llegar a su conclusión; yo llego a la conclusión de que ustedes tienen una vocación de partido cesarista, que tienen miedo a que el cabeza de lista también afronte el juicio de sus electores a
través de una lista desbloqueada. Listas desbloqueadas para todos, menos para el cabeza de lista. Y si quieren hacer algo bien hecho desde un punto de vista técnico, introduzcan un mínimo para que se desbloquee la lista, no un solo voto, que es lo
que ustedes plantean con su redactado, un 5 % de variación dentro de los miembros de la lista, para evitar lo que pasó en Italia, que era una pelea interna dentro de los partidos políticos más que una valoración de la calidad de los candidatos entre
los electores. No sean tan italianos en tantas cosas: en el 25 % de prima del partido más votado, en las listas desbloqueadas para todos menos para el cabeza de lista, incluso el berlusconismo parece que ya forma parte del pasado, y un mínimo para
el desbloqueo de las listas.
Su cita de los cantones suizos parece muy elegante, pero si quiere hablamos de confederalismo para todo. Si ustedes se inspiran en el método electoral de Suiza, vamos a hablarlo con todas las consecuencias, porque claramente el sistema
electoral conforma y modula también la estructura de la representación del Estado.
Finalmente, señor Martínez Gorriarán, ustedes cambian muy notablemente su modelo. Todos estamos cambiando, todos estamos evolucionando, pero ustedes tenían en su programa electoral de la anterior legislatura y plantearon en este Parlamento
y en este Pleno del Congreso un sistema electoral con otras inspiraciones intelectuales que pasaba de 350 a 400 diputados, que asignaba 198 diputados por circunscripciones autonómicas, y ahora vuelven ustedes a la circunscripción provincial. ¿Cuál
es su convicción? ¿Ustedes tienen convicciones o hacen un copy paste de distintas propuestas intelectualmente interesantes? Y hacían otra asignación de 200 diputados más simplemente por circunscripción única, cosa que requiere, evidentemente, una
modificación de la Constitución.
Señorías, señores de UPyD, nosotros vamos a votar que no. Y como, señorías, tan importante es el texto como el contexto, vamos a votar que no por lo dicho en los diez minutos que he dedicado a impugnar el texto, pero también ustedes
entenderán que con un partido político que mañana va a presentar una querella contra el presidente de la Generalitat de Catalunya elegido democráticamente basada en infundios... Por contexto, nos parece mucho mejor parlamentar en el Parlamento que
en los tribunales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Amor.
El señor SÁNCHEZ AMOR: Señor Gorriarán, compañeros, en relación con la oportunidad, se ha dicho ya pero me veo obligado a repetirlo, hace quince días le echaba usted desde esta tribuna una bronca enorme a Montoro porque traía una reforma
electoral a menos de un año de las elecciones; por cierto, lean ustedes la proposición de ley de UPyD, dice que entra en vigor al día siguiente de su aprobación, no sé si es un error en la redacción pero eso es lo que dice la proposición de ley que
estamos debatiendo. Por tanto, bronca a Montoro porque trajo una reforma en este momento, a un año de las elecciones, y bronca porque la trajo sin consenso, que es exactamente lo que hace usted invocando la autoridad de la Comisión de Venecia pero
sin recordar las cosas que usted le dijo a Montoro, que no era posible cambiar las reglas del juego cuando el partido se estaba jugando. Por tanto, una primera contradicción. Usted consideró que la propuesta del PP era ilegítima; yo diré
solamente de la suya que es inoportuna.
Vamos a los efectos de la reforma. La propia Comisión de Venecia dice que no son admisibles o que no son democráticamente lógicas las propuestas de reformas electorales que se hacen para beneficiar a algún grupo, y hemos llamado todos al PP
ventajista porque amagó con una reforma electoral sobre la elección de alcaldes que aparentemente le beneficiaba. Usted nos trae una propuesta de reforma electoral en el último tramo de la legislatura, sin ningún tipo de intento de consenso y -muy
reveladora de su espíritu regenerador- una reforma que con los resultados de 2011 le hubiera permitido a usted tener 16 diputados en vez de 5; 16 en vez de 5. Usted lo ha dicho muy claro, aquí no venimos a hablar de arco iris ni de unicornios;
aquí están las convicciones por las que les preguntaba el señor Xuclà. Con este sistema, diferente del que propusieron hace unos años, ustedes hoy tendrían 16 diputados en vez de 5, de tal manera que invocar a la Comisión de Venecia me parece que
no es lo más adecuado.
La propuesta -un diputado por provincia, un complejo mecanismo matemático para atribuir en primer lugar un número de 325 escaños en cómputo nacional, más otro sistema de cómputo para otros 25 escaños-, es un tortuoso proceso matemático del
que se deduce en un cómputo nacional qué partido ha ganado las elecciones, qué partido tiene un número de diputados u otro e incluso se puede averiguar qué posibles combinaciones podría haber para un Gobierno, pero después del cómputo nacional no se
sabe quiénes son los diputados y a qué provincia pertenecen, porque esa es una operación posterior al cómputo nacional que ustedes hacen. Por tanto, solo después de hacerse esa atribución de escaños se hace la atribución por provincias en una
compleja operación matemática que pido a los compañeros que intenten desentrañar y que reserven tiempo para ello porque no es fácil. En su sistema hay cinco sistemas de cómputo electoral: un Sainte-Lagüe para la distribución de escaños por
provincias, un primer D´Hondt para los 325 primeros escaños, un segundo D´Hondt para los siguientes 25 escaños, un sistema biproporcional para el encaje de votos escaños-provincia y al final, otra vez un Sainte-Lagüe para los redondeos de la última
operación. Absolutamente complejo, no solo complejo, francamente hace falta tener una mente matemática limpia para poder llegar a esto. Este barroco, barroquísimo artefacto da lugar
a que UPyD hubiera tenido 2 diputados más en Madrid y un diputado más en Barcelona, Alicante, Sevilla, Málaga, Murcia, Cádiz, Asturias, Zaragoza y Granada. En vez de 5 diputados, 16. Oiga, transparente, no creo que haga falta ser mucho más
explícito. No acaban ahí las complejidades, pero no entraré en ello. El señor Xuclà ha explicado la extraña contradicción de desbloquear las listas dejando que el número uno no sea objeto de preferencia; me parece que es algo aparentemente
contradictorio, pero no entraré en ello para no perder tiempo.
Hasta ahí la descripción de su sistema. En nuestra opinión -derecho comparado- este sistema lo utilizan tres cantones suizos; por tanto, tres poblaciones muy pequeñas y tres parlamentos muy pequeños donde, efectivamente, al ser parlamentos
pequeños las dificultades de encontrar proporcionalidad son mayores. Por ejemplo, Schaffhausen tiene 80.000 habitantes y su Parlamento tiene 60 escaños, nada que ver con un universo de 45 millones de españoles y un Parlamento de 350 escaños.
Ningún país del mundo utiliza este sistema que ustedes nos proponen; lo hacen tres de los veintiséis cantones suizos y quizá sea en Suiza porque allí, como todo el mundo sabe, hasta el más tonto hace relojes, si me permiten la broma.
Un asunto sustancial es, colega Gorriarán, que desde el punto de vista jurídico el sistema que usted propone de un cómputo nacional es inconstitucional. La decisión constitucional de elegir la provincia como circunscripción obliga también a
que el cómputo sea provincial. Lo dice en tres ocasiones el informe del Consejo de Estado, al que usted se ha referido como autoridad y que, efectivamente, es un excelente informe. La decisión constitucional de que la provincia sea la
circunscripción obliga a que el cómputo sea provincial, no permite un cómputo nacional y tras ese cómputo nacional y atribución de escaños volver a decir qué provincia tiene cada escaño. Lo puede usted encontrar en tres ocasiones en el informe del
Consejo de Estado. Lo que sí parece admitir el Consejo de Estado, y no entraré en ello, es que, una vez atribuidos los escaños en la provincia, los restos podrían hacerse en un cómputo nacional, pero eso no es lo que ustedes nos proponen.
Otro problema que veo lo ha señalado Baldoví, y es que hay una aparente contradicción entre la opción de darle al ciudadano la posibilidad de elegir y luego que el cómputo sea nacional. Él lo decía, al final puede ser que alguna región
tenga representantes no por el voto en la región sino por el voto conjunto nacional. Por tanto, ahí hay algo que a mí me chirría, que es la diferente lógica del voto con opciones, que exige al votante una identificación con un candidato, y que
luego el cómputo sea nacional. Pero para mí el efecto más perverso de su propuesta es la siguiente contradicción: su objetivo es que el sistema gane en proporcionalidad, pero para eso lo que hacen es sacrificar la proporcionalidad en las
provincias menos pobladas. Aquí pierden diputados 20 provincias y hay que decirlo. Cuando uno plantea este tipo de propuestas, hay que decirle a los ciudadanos que Almería, Badajoz, Jaén, Valladolid, Ciudad Real, Huelva, León, Burgos, Salamanca,
Lugo, Orense, La Rioja, Álava, Huesca, Cuenca, Zamora, Palencia, Ávila, Segovia y Teruel, pierden diputados. ¡Hay que decírselo! Porque ustedes dicen que buscan proporcionalidad, pero a costa de perder proporcionalidad en aquellas circunscripciones
en las que se eligen menos diputados, en las que ustedes dificultan la entrada de los partidos pequeños porque su objetivo político está conseguido de la otra manera. Es decir, para conseguir el objetivo de la proporcionalidad, ustedes amplían la
proporcionalidad, y por tanto sus oportunidades, allí donde tienen ustedes más votos: en las zonas urbanas. Sin embargo, sacrifican a las provincias rurales, donde ustedes tienen menos implantación. Ustedes quieren más proporcionalidad donde les
interesa la proporcionalidad y sin embargo les importa menos dejar sin proporcionalidad a las provincias a las que hacen perder un diputado, y eso es un olvido del mundo rural. Lo diré aprovechando que me queda tiempo: ya está bien que desde
Madrid no se entienda que en este país que está tan orgulloso de defender su pluralidad, siempre la minoría más olvidada sea la minoría de los españoles que vivimos en el mundo rural.
Los sistemas electorales -alguien se lo ha dicho- no solo representan ciudadanos. No digo que representen territorios, señor Gorriarán, pero sí digo que la lógica electoral en todos los países del mundo, menos en Eslovaquia y en Holanda, es
que en todos los sitios hay circunscripciones electorales porque también representan una realidad, la representación de los territorios. Y esa modulación de la proporcionalidad -usted lo sabe porque lo cita en la ley- ha sido admitida plenamente
por el Tribunal Constitucional. Es decir, la modulación de la proporcionalidad está justificada para dar representación a las provincias menos pobladas. Está, con unas palabras similares, en la sentencia de 2011 sobre el cambio electoral en
Castilla-La Mancha. Por lo tanto, esta es nuestra opinión sobre su modelo: es inoportuno, es ventajista -no ha utilizado esa palabra pero es la que le aplicamos al PP hace quince días-, no explicita sus efectos -hay que decirle a la gente que 20
provincias pierden un diputado-, no tiene un apoyo comparado relevante, es complejísimo, es internamente contradictorio, es inconstitucional
en lo que afecta al cómputo nacional y sacrifica la proporcionalidad en 20 provincias. Suficiente para que entiendan que no vamos a aprobar su propuesta. ¿Quiere decir eso que el sistema electoral no merece un cambio? No, el sistema
electoral es muy mejorable. Pero tampoco hagamos de nuestro sistema electoral el cubo de la basura, porque ¿qué país grande europeo ha cambiado su sistema electoral en los últimos tiempos? Italia. ¿Y ha ido Italia a comprar el sistema
biproporcional a los cantones suizos o, como decía Enric Juliana en una crónica, Italia se enamora de la ley electoral española -hartos seguramente de tanta inestabilidad gubernamental-? Mire, en nuestro caso no se trata de enamoramiento, sabemos
que hay problemas de proporcionalidad, sabemos que hay que corregirlos, somos conscientes y además saben ustedes que defendemos las listas desbloqueadas, pero la forma no puede ser que cada uno traiga aquí su fórmula electoral favorita para el pim
pam pum de los demás; eso no es serio. Eso no es serio, vayamos -vuelvo al día de la marmota del Grupo Parlamentario Socialista en esta temporada- a la reforma constitucional si es necesario; toda esa ingeniería matemática y constitucional de su
propuesta se deriva de las dificultades que la propia Constitución establece para una mayor proporcionalidad. Examinemos si es necesario una reforma constitucional y no traigamos aquí cada uno la reforma que nos favorece porque va a ser sometida,
como lo está siendo la suya, a este pim pam pum de todos. Y si llegamos a la conclusión de que es conveniente reformar la Constitución, hagámoslo sin ningún tipo de complejo porque para eso tenemos capacidad para hacerlo. Yo creo que el problema
de su propuesta es precisamente ese, que es una propuesta que resulta difícil defender cuando hace quince días han acusado a otro grupo de ser inoportuno y ventajista al traer la suya. Pero como admitimos y partimos de una posición inicial no tan
diferente -admitimos los problemas de proporcionalidad y nos gustan las listas desbloqueadas-, estamos en condiciones, a pesar de no poder votar a favor su proposición, de abrir, con la fórmula que decía el señor Esteban o cualquier otra, los
ámbitos de negociación y de consenso para luego traer un sistema electoral que nos convenga a todos y al país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Amor.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Vera.
El señor VERA PRÓ: Gracias, señor presidente.
Señor Martínez Gorriarán, hace unos pocos días tuve la oportunidad de decirle que no entendíamos por qué traían la moción que presentaron instando al Gobierno a poner en marcha la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y,
al mismo tiempo, presentaban esta proposición de ley con su particular propuesta de reforma; una propuesta de reforma que, además, significa un cambio sustancial de nuestro sistema electoral en su conjunto que, afortunadamente y como hemos visto al
escuchar las intervenciones, no va a concitar el más mínimo acuerdo. Tampoco parece que la reforma del sistema electoral para hacerlo más proporcional esté entre las prioridades o las preocupaciones de la gente, por mucho que se empeñe el señor
Nuet al decir que era un clamor en la calle; sinceramente, ni siquiera aparece en los barómetros del CIS como tal y por eso no entiendo muy bien por qué UPyD se empeña últimamente en presentar este tipo de iniciativas con los problemas que hay en
la sociedad española. Dicho esto, tienen ustedes todo el derecho a presentar las reformas que consideren oportunas, ¡faltaría más!, pero asimismo no se puede negar al Grupo Popular que presente las que él estime también oportunas, que es lo que,
por cierto, ha pretendido decir hoy también el señor Nuet, que no tenemos derecho a presentar ese tipo de iniciativas.
Señor presidente, para el Grupo Popular el sistema electoral ha sido y sigue siendo útil a nuestra democracia. Lo he dicho ya en otras ocasiones. Es un sistema aceptable que cumple con los requisitos que debe tener un buen sistema
electoral: ser representativo de la voluntad de los ciudadanos y ser imparcial, es decir, que con este sistema pueden acceder al Gobierno partidos de diferente signo político. La representatividad y la imparcialidad son los rasgos definitorios de
un buen sistema electoral y el nuestro cumple esos principios. Además, es un sistema que ha producido estabilidad política en España, que para nosotros es un valor tan deseable como imprescindible. No es la primera vez que digo esto y si lo
reitero es porque sinceramente estoy convencido de ello. Por otra parte, ya discutimos en la anterior legislatura que algunos grupos entiendan que les beneficie más un sistema electoral diferente, pero una cosa es eso y otra que califiquen nuestro
sistema de injusto, de antidemocrático, de fraude y de no sé cuántas cosas más. Para mí, lo único injusto son esas afirmaciones y cuando algunos hablan de un sistema electoral justo o más justo, ¿a qué se refieren? ¿Justo para quién? Creo que hay
que ser un poco más serios. Nuestro sistema electoral actual no es injusto ni antidemocrático ni pervierte los principios de
proporcionalidad ni de igualdad, como se ha sugerido. El artículo 68 de nuestra Constitución establece la provincia como circunscripción electoral y que la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de
representación proporcional. Nuestra Ley Electoral recoge estos mandatos, exactamente lo contrario que su proposición de ley que, para ser benévolo, solo diré que roza la constitucionalidad -ni siquiera la inconstitucionalidad sino, al revés, roza
la constitucionalidad- porque hacen la distribución de escaños en circunscripción única y luego lo distribuyen por provincias. La proporcionalidad va en función de la circunscripción y la circunscripción es la provincia -repito, la provincia- y,
por tanto, en cada circunscripción el valor y la fuerza del voto de cada elector es el mismo, exactamente el mismo; otra cosa es que no se logren los votos suficientes para obtener un escaño, pero eso ni es culpa de esta Cámara ni de nuestra Ley
Electoral.
Otro dato que debemos tener en cuenta, a mi modo de ver, es que con nuestra Ley Electoral ninguna fuerza política con cierto apoyo popular ha quedado fuera de este Parlamento. Por ejemplo, en la actual legislatura aquí hay representados
hasta quince partidos políticos diferentes, si he contado bien. Esto se une a que, a pesar de que haya tantos partidos políticos, el sistema electoral ha garantizado la estabilidad política en nuestro país y ha propiciado que diferentes fuerzas
políticas accedieran al Gobierno, unas veces con mayoría suficiente y otras a través de los oportunos acuerdos de legislatura. Ya sé que para alguno de ustedes esto no es lo importante, que lo es mucho más tener un sistema proporcional hecho a la
medida para conseguir unos cuantos escaños más, pero para nosotros es mucho más importante un sistema que dé a nuestro país estabilidad y no lo deje inmerso en el desgobierno. La proporcionalidad no es la quintaesencia de la democracia. ¿Se han
preguntado ustedes por qué en países como Chile o, como decía el señor Sánchez Amor, Italia miran con envidia nuestro sistema? Pues, quizá convendría que lo hicieran. Además, la reforma que nos proponen del sistema electoral no es que sea más
compleja, sino que es tremendamente más compleja. No he tenido la suerte del señor Xuclà, que ha dicho que lo ha entendido a la primera; a mí todavía me cuesta entender la propuesta. También nos piden -como ha señalado el señor Sánchez Amor- que
cambiemos el sistema, que es uno de los sistemas proporcionales que más se aplica en los países de nuestro entorno, por un sistema utilizado en algún cantón de la Confederación Helvética. Por último, nos proponen algo menos revolucionario, como es
el desbloqueo de las listas electorales. Pues verán, igual que ustedes nos recomendaban a nosotros no hace muchos días, tengo que recordarles que el diálogo y el consenso en esta materia son muy recomendables. El consenso tiene un enorme valor
cuando se habla de las reglas del juego democrático, y a la vista está que esta iniciativa no cuenta con ese consenso necesario, y no porque el Partido Popular esté en connivencia con nadie para recibir no sé qué premio, sino simplemente porque mi
grupo no está en absoluto de acuerdo con la propuesta. Pero, fíjense bien, aunque estuviéramos de acuerdo con ustedes necesitaríamos el concurso de los demás, porque se trata de una reforma de la Constitución, del artículo 68 de la Constitución,
como decía antes, y está claro que después de escucharles tampoco cuentan ustedes con ese apoyo.
Finalmente, quiero recordar que el informe del Consejo de Estado, en el que justifican ustedes parte de su propuesta, se hizo a instancia de parte; es decir, fue un informe a la medida. No es que el Consejo de Estado dijese que había que
ir por aquí necesariamente, sino que la vicepresidenta del Gobierno le preguntó qué había que hacer para conseguir un sistema electoral más proporcional, y el Consejo de Estado emitió su parecer. Pero el Consejo de Estado, en ese mismo informe -y
así se recoge- dijo que el sistema electoral actual tiene un alto grado de aceptación por parte de las fuerzas políticas, y este dato es fundamental cuando hablamos de las reglas del juego. Probablemente no exista una ley electoral perfecta, pero
de lo que sí estoy seguro es de que no hay peor ley que la que no cuenta con la aceptación de las fuerzas políticas; esa es la peor ley. La nuestra nació con un apoyo cercano a la unanimidad y ha funcionado bien a lo largo de todos estos años.
Señorías, hay muchísimas propuestas para reformar la Ley Electoral. Hay quienes reclaman la proporcionalidad pura o quienes piden un sistema biproporcional; otros una circunscripción nacional de restos provinciales; otros cambiar la
circunscripción provincial por una circunscripción autonómica; otros poner una barrera nacional de acceso a la representación parlamentaria; hay también quienes proponen un sistema mayoritario porque eso acerca más a los representados y los
políticos; y, finalmente, están quienes cada legislatura o cada año varían sus propuestas de reforma, y aunque mantienen alguna registrada en la Comisión Constitucional, como la de aumentar a cuatrocientos el número de escaños y que de esos
cuatrocientos, doscientos se repartan en una circunscripción nacional, pues hoy nos traen esta propuesta. Pues mientras se aclaran, tengo que decir que todas estas propuestas son democráticas, absolutamente democráticas; ninguna es más democrática
que las demás. Pero de lo que estoy seguro
es de que sobre ninguna de ellas a día de hoy podemos alcanzar un acuerdo. Es más, ya sé que este asunto pone nervioso a algunos, pero creo mucho más factible que alcanzáramos un acuerdo y encontráramos la fórmula para que en los
ayuntamientos gobierne la lista más votada que sobre cualquiera de los asuntos que acabo de señalar.
En definitiva, señor presidente, de mi intervención se desprende que la posición de mi grupo va a ser votar en contra. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vera.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MEJORA DE PROTECCIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS ENFERMAS DE CÁNCER. (Número de expediente 122/000129).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre mejora de protección laboral y de Seguridad Social de las personas enfermas de cáncer. Para presentar la iniciativa, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición de ley que hoy traemos a debate bien podría ser considerada una iniciativa legislativa popular no solo porque en cierto modo se han conseguido las 500.000 firmas exigidas a una iniciativa de estas características, en
este caso a través de una red social como change.org, sino porque es una demanda social sentida y compartida por muchísimos ciudadanos y ciudadanas, consecuencia de una situación dramática por la que están pasando miles de personas que padecen una
enfermedad que, como el cáncer, ya es generadora de grandes dificultades. Señorías, la decisión de una ciudadana que ha decidido -valga la redundancia- dar voz a las muchísimas personas que como ella pasan por una grave situación derivada no solo
de los efectos de la propia enfermedad sino también por la terrible indefensión socioeconómica que padecen, ha permitido que se visualice el problema y, a la vez, que se haya transmitido un profundo debate a la sociedad del que esta Cámara no debe
ser ajena. Es más, señorías, creemos que esta Cámara debería ser sensible a las justas demandas que se realizan.
A Beatriz Figueroa -a quien saludamos y que se halla en la tribuna de invitados junto a otras personas- debemos transmitirle nuestro agradecimiento por su enorme esfuerzo del que somos testigos de primera mano y que comenzó con un huelga de
hambre; una huelga de hambre que dio origen a sentar un debate social sobre la necesidad de buscar soluciones socioeconómicas para aquellas personas que por situaciones de salud no pueden continuar con su vida laboral o están en situación de
desempleo. Señorías, son personas que cotizaron y contribuyeron muchos años a la Seguridad Social, pero que en estos momentos de serias dificultades de salud, dificultades incapacitantes por los limitantes tratamientos que reciben, solo perciben a
cambio pequeñas ayudas asistenciales. Esto ocurre, señorías, a muchísimas personas -miles decimos nosotros- como es el caso de la señora Figueroa. Personas que son diagnosticadas de cáncer cuando están en el paro, con prestación o sin ella, cuando
tienen un contrato laboral y no se les renueva y que cuando les dan el alta, como en el caso al que estamos haciendo referencia, tienen quince o más años de cotización a la Seguridad Social. Una situación per se complicada pero que ha empeorado con
la crisis económica, no solamente porque se haya incrementado el número de parados y paradas, sino porque se ha aumentado la contratación en precario, contratos temporales, a tiempo parcial y mayores facilidades para el despido; una inestabilidad
extraordinariamente perjudicial para cualquier persona, pero mucho más para aquellas más vulnerables, especialmente cuando se les quiebra la salud.
Señorías, la Ley 24/1997, de 15 julio, de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social, modificó la redacción del artículo 137 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, cuyos apartados 2 y 3 pasaron a
redactarse del siguiente modo: La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca. A efectos de la
determinación del grado de la incapacidad se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional en que aquella estaba encuadrada antes de
producirse el hecho causante de la incapacidad permanente. La lista de enfermedades -dice el punto 3 de este artículo-, la valoración de las mismas a efectos de la reducción de la capacidad de trabajo y de la determinación de los distintos grados
de incapacidad, así como el régimen de incompatibilidades de los
mismos, serán objeto de desarrollo reglamentario por el Gobierno, previo informe del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es el caso, señorías, que desde el año 1997 este precepto no ha sido objeto de desarrollo
reglamentario, lo cual constituye una de las tareas pendientes de abordar más importantes que competen al Gobierno en materia de Seguridad Social. Así, la calificación de la incapacidad permanente constituye, como ha sido tradicionalmente, una
cuestión diferida a criterios valorativos del equipo de valoración de incapacidades que hace el dictamen propuesta previo a la calificación de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con las consiguientes competencias
jurisdiccionales en los juzgados de lo Social, asimismo guiados por criterios valorativos. Esta circunstancia propicia una gran incertidumbre a las personas solicitantes de prestaciones de incapacidad permanente o sobre las cuales se produce una
cualificación de oficio.
El tema, señorías, como hemos dicho, es especialmente desfavorable para las personas que padecen enfermedades graves derivadas de carcinomas o patologías similares, ya que a las propias inseguridades derivadas de su situación clínica a la
posición vulnerable que sufren ante el mercado de trabajo se une una fuerte inseguridad por la espera de la calificación de su capacidad laboral que vaya a efectuar el organismo competente. Incluso, señorías, desde el punto de vista técnico, las
múltiples situaciones producidas ponen de manifiesto una situación que, cuando menos, debe calificarse como discutible. Las personas con este tipo de enfermedades cuya curación y recuperación se afronta a medio o largo plazo tienen grandes
dificultades para mantener su vínculo con el mercado de trabajo. Cuando agotan la prestación por incapacidad temporal, sea o no tras las oportunas prórrogas, sean calificadas o no como incapacidades permanentes, mantienen un vínculo profesional muy
debilitado que en no pocas ocasiones finaliza con extinciones derivadas de su enfermedad. Peor situación sufren las que se encuentran en situación de desempleo, protegido o no, cuando se les diagnostica la enfermedad. En dichos casos, cuando no
hay situación similar al alta a efectos de la prestación por incapacidad temporal, se ven abocados en el mejor de los casos al desempleo asistencial y a una perspectiva de inseguridad vital cuando no están reestablecidos de sus dolencias. No cabe
duda de que el riesgo de recaída condiciona la empleabilidad de estas personas de una forma muy decisiva, cuando menos durante el periodo inmediatamente posterior a la curación en la que las revisiones médicas ponen de manifiesto un alto riesgo de
recaída, lo cual, señorías, aunque médicamente resulta siempre dudoso, puede afirmarse cuando menos hasta el momento en que las revisiones médicas se espacien hasta un periodo de seis meses.
Parece razonable en este escenario llevar a cabo una reforma que otorgue cierta seguridad jurídica desde la Seguridad Social a las personas que están en estas situaciones. Las mejores perspectivas de curación y la expectativa de
reincorporación al mercado de trabajo les hacen acreedoras de una protección suficiente y eficiente que además les confiere cierta seguridad económica durante ese trance. Claramente la prestación debe ir de la mano de la prestación por incapacidad
permanente y debe tener en cuenta su necesaria vinculación en el mercado de trabajo. Al mismo tiempo, la progresiva identificación de las enfermedades de larga duración con la discapacidad a partir de la Directiva 2000/78/CE y de la doctrina del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, exigen otorgarles a estas personas una protección laboral específica. Recuerdo la sentencia de este tribunal de 11 de abril de 2013. Por eso, señorías, presentamos esta proposición de ley de manera que
esta Cámara tenga a bien considerarla a trámite para modificar el artículo 137, de manera que, al margen del desarrollo reglamentario, se considere en situación de incapacidad permanente o, en su caso, una vez que haya agotado el plazo máximo de
duración de la incapacidad temporal, a toda persona que haya sido diagnosticada de un carcinoma. Señorías, lo hacemos porque creemos que es justo, porque ya en su momento, cuando fueron derogadas las prestaciones tal como estaban contempladas antes
de la modificación de esta ley, consideramos que era una injusticia que se estaba haciendo y por ello traemos hoy esta proposición de ley, como en otras ocasiones hemos traído otras iniciativas. Recuerdo ahora que también hemos discutido en
Comisión una proposición no de ley en esta dirección y recuerdo también aquel debate en el que algunos compañeros decían -y yo comparto este criterio- que hay muchas personas con patologías diferentes a las derivadas de carcinomas que también tienen
una situación que puede ser asimilable a la que estamos hablando. Creemos que, en la medida en que estamos pidiendo hoy una consideración a trámite de esta propuesta, esas cuestiones se pueden resolver en esa tramitación, donde, a través de las
enmiendas, los distintos grupos puedan aportar aquellas cuestiones que consideren oportunas y llegar a acuerdos.
Al grupo mayoritario le reclamamos sensibilidad ante esta propuesta que hacemos, por lo que hemos dicho al principio, porque es una petición justa y es muy sentida y compartida por un amplio grupo de
personas de nuestra sociedad, no solamente aquellas que se reflejan en las 500.000 firmas que hemos dicho se han recogido en apoyo de la iniciativa. También porque creemos que el argumento que en Comisión daba el Grupo Parlamentario Popular
de que estas personas a las que hace referencia la iniciativa ya son perceptoras de una ayuda asistencial no solamente no es suficiente, sino que es injusto porque estamos hablando de personas con muchísimos años de cotización a la Seguridad Social.
Por lo tanto, entendemos que durante el tiempo que dure su situación de dificultad para encontrar empleo derivada de la enfermedad que padecen, deberían estar protegidas por aquellas medidas de protección del propio sistema de Seguridad Social, con
el reconocimiento de la baja permanente y por lo tanto cobrando de acuerdo con la base de cotización que les corresponde.
Señorías, presentamos una propuesta muy clara y no solamente en la argumentación sino también en la estructura que hacemos de la modificación del artículo 137. Y queremos aprovechar antes de finalizar nuestra intervención para agradecer a
nuestro compañero del Bloque Nacionalista Galego y profesor de la Universidad de Vigo, don Jaime Cabeza, su generosidad al elaborar un texto que puso en nuestras manos para poder defender ante sus señorías, un texto que creemos que está suficiente y
rigurosamente trabajado. Creemos que cualquier posición que hoy pudiera haber en esta Cámara contraria a la petición que se plantea no solamente no estaría de acuerdo con esa reclamación social que se está haciendo, sino que nos parecería una
posición totalmente injusta. Sabemos que las propuestas que se hacen en una proposición de ley no van a aceptarse tal como las proponemos aquellos grupos que las presentamos. Por eso planteamos su consideración a trámite para que, a través del
trámite parlamentario y de las enmiendas que se puedan presentar, podamos llegar al texto más acorde posible, pero sobre todo a un texto que dé solución al problema que estamos planteando. Un problema que tienen personas que, como hemos dicho, son
muy vulnerables, que se están quedando en situaciones socioeconómicas muy graves porque dependen económicamente de su familia, cuando esta existe, y que cuando, desgraciadamente, además están solas, se encuentran en una situación incluso de
marginación social, algo que no deberíamos permitir y que se debería resolver a través de estas modificaciones legislativas que planteamos. Por eso, volvemos a insistir en un momento en que hay esa sensibilidad social que no solamente fue producto
de los debates parlamentarios que hemos tenido sino, como he dicho al principio de la intervención, de esa posición de trabajo, de esa extraordinaria generosidad que personas como la señora Figueroa han realizado durante estos meses para que se
conociera este problema, para que los medios de comunicación se hicieran eco de él y para que, más allá de las personas que lo padecen, toda la sociedad fuera conocedora del mismo. Por eso, no entenderíamos ninguna posición en la tarde de hoy que
fuera contraria a la demanda que hacemos de votar favorablemente. No la entenderíamos porque no solamente estaríamos en contra de esa mayoría social que reclama que se resuelva una injusticia, sino que estaríamos incluso en contra de buscar
solución a algo que, por una irresponsabilidad del Gobierno de no resolverlo reglamentariamente, obliga a estas personas a padecer estas difíciles situaciones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
En turno de intervención de los grupos, en primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir desde el escaño no porque no merite la iniciativa intervenir desde la tribuna, sino por razones vinculadas a la limitación de movilidad que afecta a este diputado en este momento.
En primer lugar, quiero felicitar a la señora Fernández Davila por presentar una iniciativa, una proposición no de ley tan oportuna, tan justa y tan puesta en razón como esta; y a doña Beatriz Figueroa, por la capacidad de impulso y de
sensibilización que ha demostrado, consiguiendo además que suscriban el pedimento nada menos que 500.000 personas a través de las correspondientes 500.000 firmas, que ponen de relieve o acreditan una de las disfunciones que no es la primera vez que
denunciamos en este Congreso y en esta tribuna, señor presidente: la falta o la ausencia de desarrollo reglamentario del artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social nada menos que desde el año 1997, lo cual provoca, en relación con el
reconocimiento de la incapacidad permanente en sus distintos grados, una actuación absolutamente discrecional por parte de los equipos de valoración de incapacidades vinculados o ubicados en las direcciones provinciales de Trabajo o,
alternativamente, cuando el orden social de la jurisdicción actúa, la resolución judicial correspondiente.
En relación con este precepto, incomprensiblemente no desarrollado de forma reglamentaria y que establece que está vinculado el reconocimiento de la incapacidad permanente a la disminución de capacidad para el trabajo en el propio trabajo o
en el grupo profesional en el que ese trabajo esté encuadrado, la no asignación de criterios objetivables provoca particulares dificultades en personas que están en peculiar o en singular situación de vulnerabilidad. Esto ocurre en las personas que
padecen cáncer, carcinomas o patologías de esta dimensión o de esta extraordinaria gravedad; enfermedades largas, donde la curación no es siempre definitiva, sino que está sujeta a posibles recaídas o recidivas, y desde esa perspectiva hay que
singularizar los mecanismos o los sistemas de asignación del reconocimiento de la incapacidad permanente cuando se agota, a través de las sucesivas prórrogas, el reconocimiento de la incapacidad temporal. Por tanto, estamos absolutamente de acuerdo
en que la protección de los pacientes con carcinoma tiene que producirse a través del reconocimiento de la incapacidad permanente con reserva de puesto de trabajo para los supuestos de curación, que pueden comprobarse seis meses después de que la
curación o el alta hospitalaria se haya producido pretendidamente, dados los riesgos de recaída que estamos comentando en relación con esta patología. Este reconocimiento de la incapacidad permanente con reserva de puesto de trabajo tiene que
establecerse mediante una reforma no solo del artículo 137, sino del 143 de la propia Ley General de la Seguridad Social en materia de incompatibilidades de preferencias con relación a la reserva del puesto de trabajo para las personas que obtienen
el reconocimiento de la incapacidad permanente por padecer enfermedades de esta naturaleza, fundamentalmente cánceres, carcinomas. Nos parece muy razonable la petición de que durante un periodo de dos años se considere una situación asimilada al
alta la situación de estas personas que tienen reconocida la incapacidad permanente. En definitiva, señor presidente, nos felicitamos porque esta iniciativa pueda ser objeto de debate, esperemos que también de aprobación, porque es de justicia la
incorporación de un número 4 nuevo al artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social que cubra las deficiencias del no desarrollo reglamentario de este precepto que impida establecer criterios objetivos para que estas personas en situación
tan vulnerable no se vean en la tesitura de tener que volver a su puesto de trabajo en una situación de franca debilidad provocada por las incertidumbres y los sufrimientos que una patología de estas características produce. Muchas veces hemos
comprobado cómo la vuelta al puesto de trabajo provoca la resolución del contrato laboral por razones de enfermedad. Esto no sucedería mediante el reconocimiento en esta situación de la condición de incapacidad permanente.
En segundo lugar, quizás echamos de menos en la parte dispositiva el problema específico de las personas que se encuentran en situación de desempleo protegido o no protegido, por una razón. Cuando se padece una enfermedad de estas
características y se produce esta situación de desempleo no protegido o protegido y nos encontramos ante una situación asimilada al alta en la Seguridad Social, la única perspectiva para una persona que padece un carcinoma es recurrir a la
prestación asistencial de desempleo. En la parte dispositiva de la proposición que nos presenta el Bloque Nacionalista Galego no se establecen mecanismos de corrección de esta disfunción que afecta de forma mucho más grave a los desempleados que a
las personas que están ubicadas en el mercado de trabajo y padecen una patología de estas características. Invito a la portavoz del Bloque Nacionalista Galego a pensar en fórmulas de complementar esta proposición tan pertinente, tan justa, que
acredita una sensibilidad tan importante con los que padecen patologías tan graves como estas, incorporando la problemática de las personas que están en situación de desempleo y que no se encuentran en situaciones asimiladas al alta y padecen
patologías de esta naturaleza. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Por lo demás, señor presidente, felicitamos, como decíamos al principio de esta intervención, primero a la persona proponente, a la señora Fernández Davila, a la señora Beatriz Figueroa por la capacidad de impulso de esta iniciativa y a los
profesores universitarios que la señora Fernández Davila ha citado y que le han ayudado a conformar el texto articulado de esta proposición de ley, y pedimos a los grupos de la Cámara la sensibilidad suficiente para corregir un problema que no
dimana de los afectados por carcinomas, por sufrir patologías de signo similar, sino por una omisión de la Administración en este caso, que no ha querido, no ha podido o no ha sabido desarrollar reglamentariamente el artículo 137 de la Ley General
de la Seguridad Social desde el año 1997 estableciendo criterios objetivos para el reconocimiento de este grado de protección de la discapacidad, la protección que deriva de la asignación del carácter de incapacidad permanente. Por todo lo cual,
señora presidenta, votamos esta proposición de ley y, tras las felicitaciones que hemos realizado, esperamos que todos los grupos parlamentarios manifiesten su posición positiva a la toma en consideración.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.
Brevemente quisiéramos explicar nuestra posición. Vamos a votar afirmativamente esta toma en consideración; nos parece necesaria. Casi por educación no quisiera explicar en demasía cuáles son nuestros pequeños peros en la propuesta que
nos traen hoy. Voy a decir una cosa que siempre me ha sorprendido. Existen numerosos estudios -traigo aquí a colación dos de ellos- que nos explican qué tanto por ciento de cánceres dentro de un país tienen un origen laboral. Leeré, por ejemplo,
los datos de la Universidad de Oviedo y de Pompeu Fabra que explican de una manera bastante clara y parecen bastante verídicos cómo en países de nuestro entorno como en Francia un 4 % de los cánceres totales que se dan se explican por el trabajo que
desempeñan las personas que han adquirido ese cáncer, como en Alemania es de un 3,99 %, como en Dinamarca es de un 3,97 %, como en Finlandia es de un 4 %, y de repente uno llega a los datos de España y resulta que de todos los cánceres que hay en
nuestro país, solo un 0,0018 se deben al trabajo. Esto es absolutamente alucinante y solo puede ser explicado por dos razones. Primero, porque en España tenemos un gen que nos hace especialmente resistente al cáncer, sobre todo al de origen
laboral o, segundo, porque existe una clarísima dejación de nuestras administraciones para cubrir la salud de nuestros trabajadores, aparte de que nos toman el pelo con las estadísticas, y no sería la primera vez. Yo creo que claramente debemos
hablar de lo segundo. Existe una dejación de nuestras administraciones. Por eso, creemos que es necesario que traigamos este tema aquí y que lo debatamos.
En primer lugar, quisiera, como se ha hecho anteriormente, darle las gracias a doña Beatriz Figueroa por su coraje, por su tesón y porque no es fácil recoger medio millón de firmas. Ojalá se apruebe algún día nuestra propuesta de bajar el
número de firmas necesarias para traer este tipo de iniciativas al Parlamento, como, por otra parte, sucede en todos los países de nuestro entorno. Como he dicho antes, muy brevemente, sobre todo porque no quisiera discutirle nada en esta propuesta
a doña Beatriz, existen aciertos y errores de los que nos gustará hablar y debatir cuando esta propuesta -ojalá el Partido Popular no se niegue a ello- vuelva al Congreso para que la podamos discutir. Es obvio que hay que hablar de por qué no se ha
desarrollado el mandato de la Ley 24/1997. Creemos que es una gran asignatura pendiente que debemos abordar. Creemos, además -eso serían esos pequeños peros-, que las incapacidades no solo dependen de la enfermedad sino del déficit funcional al
que nos aboca esa enfermedad. De hecho, existen otras enfermedades que, sin ser cánceres, pueden producir problemas igualmente serios o peores incluso, y debieran estar también incluidas. En definitiva, creemos que el Estado debe regular de forma
eficiente las incapacidades laborales, cosa que por ahora no hace. También nos gustaría hablar de las dificultades por las que pasan los trabajadores en paro del Iprem. Repito, es obvio que no tenemos ese gen, es obvio que aquí sufrimos este
problema como en el resto de los países de nuestro entorno y es obvio que nuestro país no está haciendo sus deberes y no está protegiendo a sus trabajadores. Es algo que debe hacer el país, el Estado, las administraciones, no solo las empresas.
Por lo tanto, votaremos afirmativamente para discutir los pormenores de esta proposición de ley que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Mixto.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias señor Cantó.
Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural tiene la voluntad de respaldar esta iniciativa y quiere felicitar a los autores de la misma. Quiere felicitar al Bloque Nacionalista Galego, a la señora Davila y también a quienes han
promovido esta iniciativa, la señora Figueroa, porque creemos que es oportuna y es, además, imprescindible, no diría únicamente necesaria. Se trata de adecuar nuestra incapacidad laboral y en particular la incapacidad permanente a un caso
particular que produce un determinado grado de incapacidad como es el caso de los cánceres. En nuestro país existe, de una parte, la IT, la incapacidad temporal, y al cabo de un período se produce la incapacidad permanente o el alta. Esta
legislación, que además es muy moderna, tiene, sin embargo, mucho que ver con una concepción reparadora del sistema laboral y tiene también mucho que ver con la concepción de las enfermedades agudas, pero no ha bebido, en absoluto, de las
enfermedades crónico-degenerativas que pueden existir
en estos momentos en nuestro país. Por eso, se plantea una disyuntiva: o incapacidad laboral hacia el alta o incapacidad permanente; y en el centro no hay nada, prácticamente nada. Los que estén en ese amplio margen de las enfermedades
crónico-degenerativas o del cáncer se arriesgan o bien a ser dados de alta en una situación de deterioro de su salud o bien a perder su vinculación laboral, una vinculación laboral que podría ser también terapéutica.
Consideramos que esta iniciativa -como decía antes- no solamente es oportuna sino que además es necesaria; además, en un momento muy determinado de la política laboral en nuestro país, porque lo que se está produciendo realmente en los
ámbitos de la valoración es precisamente lo contrario. Parece haber habido, después del inicio de la crisis económica, una máxima por la cual los ámbitos de valoración consideran que el trabajador es motivo de desconfianza. Aquello del absentismo
laboral como la enfermedad superior del trabajador parece que se ha concretado en los últimos tiempos vinculado a la crisis económica y, en nuestra opinión, ni es justo ese planteamiento ni es tampoco útil, pero está ocurriendo. Está ocurriendo que
las unidades de valoración endurecen su valoración de la enfermedad en la medida en que se endurece la crisis, cuando en nuestra opinión en un Estado social debería ser lo contrario. Pues no, lo que ocurre es un endurecimiento de la valoración.
Por otro lado, esa desconfianza se extiende también a la legislación. En estos momentos estamos tramitando la ley de mutuas. Alguien ha dicho: cómo es posible que tengamos el cáncer más bajo de Europa. Porque tenemos un subregistro como un
castillo de grande y porque nuestro sistema de salud laboral no funciona; sencillamente por eso. Porque cuando hablamos de los ámbitos sanitarios que en estos momentos son los perjudicados, podemos decir la psiquiatría, la rehabilitación y la
salud laboral, que en nuestro país deja mucho que desear. En ese sentido, esta iniciativa nos parece, como decía antes, oportuna, necesaria y la vamos a respaldar.
No me resisto a contarles una historia. No sé si lo he contado ya alguna vez, pero como estoy impactado por ello vuelvo a decirlo otra vez en esta Cámara. Reciente accidente por mercurio en Asturias, cincuenta afectados que se sepa,
afectados gravemente. Al cabo de un año, la orden del sistema de Seguridad Social es darles el alta. ¿Qué ha pasado con esos trabajadores? Esos trabajadores en algunos casos han perdido campo visual, en otros tienen una pérdida de sensibilidad en
las manos -trabajadores que trabajaban con sus manos, señorías-. Pues esos trabajadores están de alta. ¿Qué hace la empresa a esos trabajadores? Sencillamente los despide, no están en condiciones de trabajar. Esos trabajadores están en terreno
de nadie, tienen el alta y no están para trabajar. A muy pocos se les ha reconocido la incapacidad permanente y, a los que se les ha reconocido, han tenido que ir a los tribunales para defender sus derechos. Ese no es un Estado social, señorías,
es un Estado en el que cunde la desconfianza hacia los trabajadores precisamente en el momento en que los trabajadores van a trabajar incluso enfermos, en el momento en que el absentismo disminuye por las condiciones de la crisis económica y laboral
de nuestro país. Eso que ocurre con una enfermedad provocada en el ámbito laboral por una intoxicación gravísima, que es más de un Estado subdesarrollado que de un país desarrollado, ocurre con mayor virulencia en relación con enfermedades como, en
este caso, el cáncer.
Por esa razón, señorías, creo que es necesario modificar la legislación pero también hay que modificar las actitudes, porque aquí cunde la irresponsabilidad personal. A mi como me nombraron..., los que me nombraron son los responsables.
No, no, aquí cada uno tiene su propia responsabilidad. No vale ese juez que dice que forma parte de un órgano de gobierno y que no tiene responsabilidad porque le nombraron en el Parlamento. No, señor. Como no vale tampoco un miembro de una
unidad de valoración que deja su criterio clínico al servicio del criterio laboral. Eso no vale. Por tanto, modificación legal y también responsabilidad personal.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Como el resto de los grupos, agradezco de entrada al BNG y a la señora Fernández la iniciativa, que nos permite un debate que incluso al margen de la toma o no en consideración de esta proposición de ley ya vale la pena, y a la señora
Figueroa que nos acompaña desde la tribuna el esfuerzo, la implicación personal, para que esta iniciativa recogida por el BNG haya llegado a la Cámara, poniendo de manifiesto además que las 500.000 firmas que se han recogido en esta iniciativa han
sido a través de la plataforma de peticiones Change.org, demostración también, señorías, de cómo cambian las cosas. Nuestro sistema de peticiones, el reglamentado por la Cámara, no tiene la capacidad que ha tenido esta iniciativa de la
sociedad para que hoy podamos discutir esta proposición de ley. Por tanto, también a Change.org le agradecemos su propia existencia y que haya forzado este debate.
El conjunto de portavoces que han intervenido ya ha puesto de manifiesto a qué nos enfrentamos: por un lado, al no desarrollo de las previsiones reglamentarias del artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, que mandataba al
Gobierno en 1997 identificar qué enfermedades debían incorporarse en la configuración de la incapacidad permanente; y, por otro lado, una realidad práctica, aquellas personas que padecen cáncer u otro tipo de enfermedades pueden acogerse en un
momento determinado a una incapacidad temporal, pero cuando esa incapacidad temporal se agota no están hoy en condiciones de acceder a una incapacidad permanente; situación que se agrava más en aquellas personas que están desempleadas y que en un
caso u otro están abocadas a recibir unas prestaciones sociales tan mínimas que no les garantizan una vida suficientemente digna. Si además estas personas vienen de largas carreras de cotización a la Seguridad Social, que, por tanto, han cotizado
para ese tipo de contingencias de enfermedad profesional, no solo se produce una situación de indefensión, porque el dinero o la prestación que reciben no les permite vivir, sino también un profundo sentimiento de injusticia, porque falla esa
promesa de la Seguridad Social de contribución a cambio de protección social.
Esta es la cuestión que hoy estamos debatiendo en forma de proposición ley. Como no nos hemos cansado de repetir distintos portavoces, y nos dirigimos especialmente al Grupo Popular, no estamos planteando hoy que aquello que el BNG proponga
se convierta en ley vigente y efectiva, que se publique en el Boletín Oficial del Estado y que deba ponerse en marcha, sino que estamos invitando a la Cámara a iniciar un proceso de discusión legislativa sobre el problema que el caso de la señora
Figueroa nos traslada, sobre si esa regulación del artículo 137 resuelve favorablemente casos como el de la señora Figueroa. Esa es la discusión. La toma en consideración abriría la posibilidad de un debate sosegado y sereno sobre la alternativa
que se nos plantea o sobre otras posibles alternativas. Señorías, el problema no se puede negar y no es tampoco la primera vez que debatimos esta cuestión en el Congreso. Hace muy pocos meses, en abril de este mismo año, el propio Bloque
Nacionalista Galego defendió en la Comisión de Empleo una proposición no de ley en esta misma dirección, a la que el Grupo Popular terminó en el debate parlamentario ofreciendo una transacción en forma de creación de una prestación no contributiva
para estos casos. El Grupo Popular en el debate de abril de 2014 aceptó que la situación existente no estaba bien resuelta y ofreció una solución claramente insatisfactoria -una prestación no contributiva-, pero aceptó que existía el problema y
que, por tanto, necesitaba solución. También se nos dijo en el debate de abril de 2014 que, en cualquier caso, es en el ámbito de la jurisdicción social donde pueden discutirse esas cuestiones, si bien mi grupo recordó que una cuestión de estas
características no debería encontrar acomodo en el ámbito jurisdiccional, sino que debería resolverse a través de una ley que diese respuesta a cómo protegemos a las personas que no solo padecen cáncer. El señor Llamazares ha hecho también
referencia a esas enfermedades crónico-degenerativas, porque ahí tenemos un problema, señorías, que afecta al conjunto de la incapacidad permanente y a otros tipos de enfermedades en las que hasta ahora la intervención de nuestro sistema de
protección social pasa por no terminar de entender cómo la protección de la incapacidad permanente puede adaptarse en situaciones en las que la vinculación entre la situación de la persona y su puesto de trabajo no está lo suficientemente afectada
según el criterio de la Seguridad Social. Esta situación, por ejemplo, afecta a buena parte de las personas que padecen fatiga crónica; una demanda protegida desde hace años por la incapacidad permanente y que no se termina de resolver. Estamos
en una situación que nuestra legislación no termina de resolver y no es serio que digamos que eso debe resolverse en el ámbito de la jurisdicción social. Tampoco es serio decir, como se dijo en el debate del mes de abril de 2014, que llevemos esta
discusión al diálogo social y que sea este quien lo resuelva, porque hasta ahora no lo ha hecho; ojalá, lo hubiese resuelto. Por tanto, ante la ausencia de iniciativa en el diálogo social, ante la ausencia de iniciativa por parte del Gobierno, hoy
toca tomar en consideración esta proposición de ley, que es la que nos permite entrar y abordar a fondo la cuestión.
Es evidente, señorías, y se ha planteado en el debate, que en situaciones de urgencia hay que apremiar al Gobierno para el desarrollo reglamentario del artículo 137, y el debate que ha suscitado la señora Figueroa nos obliga a todos a ser
capaces de exigir el desarrollo de esa previsión reglamentaria. Es difícil explicarles a los ciudadanos por qué no hemos sido capaces de desarrollar una cuestión tan sensible desde 1997. También es razonable abrir el debate de la integración
laboral de las personas que padecen cáncer y cómo el mundo empresarial se adapta a esa realidad. Es necesario abrir el debate -lo han planteado el señor Cantó y el señor Llamazares; este último lo ha sabido situar en su punto
justo- sobre la relación entre cáncer y el mundo laboral en España y el problema del subreconocimiento de los cánceres de origen laboral, que comparativamente con nuestro entorno europeo no es de recibo. El problema es este y tiene que ver
también con el funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo. Finalmente, hemos de ser capaces de configurar una buena protección social para aquellas enfermedades crónico-degenerativas que el actual sistema de incapacidad permanente no
termina de resolver. La iniciativa que nos formulan el BNG y la señora Figueroa afectan al cáncer, pero la cuestión va mucho más allá del ámbito del cáncer, lo que exigiría nuestro esfuerzo en ese trámite parlamentario.
Termino, señora presidenta, Si hoy el grupo de la mayoría rechaza la toma en consideración de esta proposición de ley, no nos extrañemos que después el ciudadano quede perplejo ante el funcionamiento de la Cámara. Hay 500.000 personas que
piden a la Cámara que nos ocupemos de esta cuestión. La Cámara no puede hacer oídos sordos a esta petición cuando la misma ha sido introducida a través de una iniciativa legislativa. Abramos la discusión; abramos el debate; demos respuesta a ese
problema; seamos capaces de buscar una solución. En cualquier caso, la posición de CiU, como no puede ser de otra manera, va a ser apoyar la toma en consideración de la proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Señorías, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre mejora de protección laboral y de
Seguridad Social de las personas enfermas de cáncer.
Señorías, en el mes de abril nuestro grupo tuvo la oportunidad de conocer la experiencia de Beatriz Figueroa, enferma de cáncer, pero sobre todo una incansable luchadora. Bienvenida y muchas gracias por todo el esfuerzo que estás haciendo
por mucha gente. En primera persona nos explicaba cómo en medio de su enfermedad se vio desprotegida y sin amparo. Nos daba a conocer una más de las situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan las personas desempleadas de este país. A la
situación de estar desempleada se le sumaba la enfermedad. Y en medio de su lucha contra el cáncer, sus derechos sociales se veían desprotegidos por trabas administrativas. Ante este tipo de situaciones, nuestro grupo no tiene dudas:
reivindicamos la necesidad de darles remedio y ponerles solución, y así lo manifestamos en la Comisión de Empleo que se celebró el pasado mes de abril y así lo reiteramos hoy. Es nuestra obligación analizar los motivos de la desprotección y exigir
al Gobierno que aporte soluciones.
El Partido Socialista así lo ha hecho siempre. Ante situaciones de desamparo el Gobierno no ha quedado ni sordo ni paralizado, ha dado la mejor respuesta que se podía dar, así lo demostró hace unos años ante la problemática que se planteaba
por parte de los padres que tenían niños con cáncer. El Gobierno socialista analizó la situación y dio respuesta a los problemas que tenían para acompañar a sus hijos. No miró hacia otro lado, diagnosticó lo que estaba pasando y legisló, y hoy lo
que constatamos es la atención y cuidado de estos niños acompañados de sus padres. Esa es la obligación que hoy tiene el Gobierno del Partido Popular. Ante la realidad que nos contaba Beatriz, tiene que dar respuesta y evitar los obstáculos en la
lucha contra la enfermedad, sea el cáncer u otra enfermedad grave. Que los trámites burocráticos, los retrasos en las valoraciones de los enfermos o la posible descoordinación puntual entre los profesionales que intervienen no dejen al paciente en
una situación de desprotección. Cabe tener en cuenta que la situación de incapacidad permanente en el ámbito de la Seguridad Social, y más en la modalidad contributiva, no se otorga por la presencia de una determinada enfermedad, sino por la
incidencia de la enfermedad en la capacidad de trabajo de la persona, como se ha dicho anteriormente. Así pues, a mí me gustaría que también tuvieran en cuenta que no podemos otorgar a la persona una incapacidad por el hecho de padecer una
enfermedad por muy grave que esta sea. Este acto de automatismo estigmatizaría a la persona, a quien, por el hecho de padecer una enfermedad, se la incapacita sí o sí, con la desesperanza que para algunas personas esto produciría. Esta declaración
automática podría producirle más mal que bien. Es más, ¿dónde quedan los equipos de evaluación? Esos equipos de profesionales que son los que determinan la incidencia de la enfermedad. Otra cuestión es que funcione o no la evaluación y que a lo
largo de los últimos años se estén produciendo disfunciones y que estén dando el alta a personas que deberían estar de baja. Por tanto, lo que desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista sí debería garantizarse es la protección, que
sea justa y que no acabe su defensa en los juzgados. Hay que evitar la desprotección del más débil en cada caso; desprotección que tiene cara y que tiene nombre. Y pongo otro ejemplo. El otro día, Marcela, enferma de cáncer de mama y
presidenta de SOLC, una asociación de apoyo y lucha contra el cáncer de la provincia de Alicante, me contaba cómo mientras el médico que le hacía la rehabilitación del brazo le aconsejaba no volver al trabajo hasta que su linfedema mejorara,
el INSS le daba el alta vía SMS. Una situación que resulta no solo incomprensible sino intolerable.
Quiero poner de relieve que es muy importante la valoración del médico que te sigue en el día a día y, en todo caso, ha de primar el derecho a la salud de los trabajadores proclamado en el artículo 43 de la Constitución. Señorías,
afortunadamente la detección precoz del cáncer y los avances científicos sobre la materia no solo han logrado aumentar el grado de supervivencia de los afectados sino reducir las secuelas de la enfermedad y de los agresivos tratamientos. Ahora
bien, hay secuelas que permanecen y que en muchas personas son causa justificada de incapacidad para realizar determinados trabajos; secuelas que difícilmente les son reconocidas y amparadas por un porcentaje significativo de minusvalía. Es por
ello que el Grupo Socialista, en la Comisión de Empleo, donde también se trató este tema, planteó algunas cuestiones con las que pensamos que se podía resolver mejor esta situación. Tenemos que exigir que se tomen las medidas necesarias para
agilizar las declaraciones de incapacidad permanente para las personas que puedan padecer carcinomas, así como elaborar y aplicar protocolos médicos en orden a una correcta valoración de la eventual situación incapacitante de quienes padecen dicha
enfermedad con carácter temporal prorrogable y sin la amenaza permanente del alta por agotamiento de plazos, así como una correcta valoración de las secuelas.
No me gustaría terminar sin hacer mención a que somos conscientes también de las muchas dificultades con las que se encuentra una persona con una enfermedad grave. A poco que analicemos los casos descubriremos todo un abanico de situaciones
en el que la crisis económica azota de manera cruel e injusta la vida de muchos de ellos; una crisis que ha sido utilizada para debilitar el Estado del bienestar. La reducción de los ingresos familiares derivados de su baja laboral, el injusto
copago de determinados medicamentos y la pérdida continua del poder adquisitivo abocan a muchos enfermos y enfermas a una situación de pobreza casi irreversible. En muchos casos, la larga duración de la dolencia debilita las posibilidades de
encontrar un nuevo empleo e incluso dificulta mantener el propio una vez superada la enfermedad. Es necesario, pues, estudiar la manera de facilitar la reincorporación de este colectivo al mundo laboral, así como analizar mecanismos que faciliten
la reinserción en otro tipo de trabajo en el caso de que las consecuencias de su enfermedad imposibiliten la realización de su trabajo habitual. Pensamos que es oportuno que se realicen las modificaciones precisas en la normativa de la Seguridad
Social para garantizar que en las situaciones de incapacidad temporal subsista la obligación de cotizar durante todo el tiempo que duren, incluidas las prórrogas y los meses previstos para la calificación de incapacidad permanente. Por tanto, nos
parece importante como mínimo abrir un debate sobre la realidad expuesta, analizar y corregir las dificultades y las trabas con las que se encuentran los ciudadanos afectados por el cáncer e incluso por alguna otra enfermedad grave. Por ello
votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, porque reivindicamos la dignidad de las personas y queremos que se den respuestas que aporten esperanza y calidad de vida a los ciudadanos y a las ciudadanas, sobre todo
cuando están atravesando un momento difícil en sus vidas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Blanquer.
Por el Grupo Popular, señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, esta iniciativa que se trae esta tarde al Pleno -ya se ha comentado aquí también- fue debatida en su formulación como proposición no de ley en la Comisión de Empleo el pasado 23 de abril. Ambas -la proposición no de ley y esta
proposición de ley, coincidentes en su momento- fueron presentadas en la Cámara con la misma fecha, el 4 de diciembre del pasado año.
He escuchado con suma atención, como es mi obligación y responsabilidad y además por interés personal y político, las intervenciones de todas sus señorías. Todas tienen algo interesante, todas tienen aportaciones importantes, pero
sinceramente la que menos comprendo es la del Grupo Socialista. Que hablen de desamparo, que hablen de dignidad, que hablen de modificaciones de la Ley de Seguridad Social, me parece razonable desde cualquier punto de vista, salvo del de quien ha
ostentado la responsabilidad de gobierno y nunca lo ha hecho. Señorías, no puede haber dos varas de medir; la dignidad, el desamparo, la sensibilidad se tiene que tener en cualquier situación, y la responsabilidad también, señorías. Me explico.
Lo primero que quiero manifestar en esta intervención -como no puede ser de otra manera- es la solidaridad y la sensibilidad personal -no les quepa ninguna duda- y de mi grupo con los enfermos de patologías derivadas de carcinomas, a la vez
que queremos mostrar nuestro máximo apoyo a las medidas preventivas y de detección precoz, cada vez más asumidas por la sociedad, y a las actividades investigadoras que cada día abren una puerta a la esperanza de vida para los afectados; hoy
podemos -¿por qué no?- estar representados todos en doña Beatriz Figueroa.
Señorías, en la PNL a la que me he referido intervino mi compañera Celinda Sánchez y, creo que con acierto y claridad, expuso la posición del Grupo Popular, que voy a reiterar esta tarde en el Pleno de esta Cámara. La propuesta que contiene
esta proposición de ley pretende introducir modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social y del Estatuto de los Trabajadores para que se considere en situación de incapacidad permanente, una vez agotado el plazo máximo de duración de la
incapacidad temporal, a toda persona que haya sido diagnosticada de un carcinoma en tanto se produzca la curación, presumiblemente definitiva, entendiéndose como tal la situación en la que las revisiones médicas derivadas de dicha enfermedad se
prolonguen al menos durante periodos de seis meses. Igualmente, se propone que la calificación de incapacidad permanente conlleve en estos casos el derecho a la reserva del puesto de trabajo. Señoras y señores diputados, cabe decir que la
protección otorgada por el sistema de la Seguridad Social en supuestos de incapacidad permanente, en su modalidad contributiva, responde a unos principios de profesionalidad y contributividad conforme a los cuales resulta necesario que el interesado
reúna unos requisitos para acceder a la correspondiente protección -responsabilidad, señores del Grupo Socialista-. En todo caso, la existencia de una incapacidad permanente, a efectos de acceder a las prestaciones de dicha modalidad contributiva,
viene determinada, según el artículo 136.1 de la Ley General de la Seguridad Social, por la existencia de afecciones anatómicas o funcionales graves susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que disminuyan o anulen la
capacidad laboral del interesado. Es el propio artículo 136.1 el que establece que no será obstáculo -que no será obstáculo- para la calificación de incapacidad permanente la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del afectado si ella
se estima médicamente como incierta o a largo plazo. Es decir, señorías, la determinación de la incapacidad permanente exige una valoración caso por caso -se ha dicho aquí- del estado de cada trabajador y su incidencia en la capacidad laboral. Esa
valoración se realiza por los equipos de valoración de incapacidades; son órganos especializados y multidisciplinares existentes en las direcciones provinciales del INSS, de cuya profesionalidad y alta cualificación sinceramente no entiendo que
dudemos, como aquí se ha hecho por algunos grupos. Por lo tanto, señorías, no hay patologías que por sí mismas sean constitutivas de una incapacidad permanente, sino que deben ser analizadas en forma individual -también se ha dicho aquí- y, por
supuesto, no solo por una patología -perdóneme, señora Figueroa-, el carcinoma,sino que pueden existir otras igualmente graves, cuestión que esta proposición de ley, señora Fernández, no recoge.
Señorías, nadie impide -como se viene haciendo- el reconocimiento de la incapacidad permanente al agotamiento de la duración de la incapacidad temporal a quienes padezcan cáncer u otra enfermedad en determinados supuestos, en los que,
existiendo posibilidad de recuperación de la capacidad laboral, la misma se estime médicamente como incierta y a largo plazo de acuerdo con el citado artículo 136.1. Por otra parte, el artículo 131 bis de la Ley General de la Seguridad Social, en
su apartado 2, prevé que una vez extinguida la situación de incapacidad temporal por el transcurso de los días legalmente fijados se examinará necesariamente, en el plazo máximo de tres meses, el estado del afectado por incapacidad a efectos de su
calificación de incapacidad permanente, si su situación clínica así lo aconseja. Este plazo puede ser ampliado en aquellos casos en los que continúe la necesidad de tratamiento por la expectativa de recuperación o mejora del Estado del trabajador,
con vistas a su posible reincorporación laboral. Igualmente hay que tener en cuenta que la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2014 modificó el citado artículo 131 bis, en su apartado 3, para posibilitar el inicio de un nuevo proceso
de incapacidad temporal con derecho a subsidio cuando, agotada en la duración máxima de la incapacidad temporal por la misma dolencia, se haya denegado la incapacidad permanente por órganos competentes. De este modo se añade un nuevo periodo de
dieciocho meses de protección a las personas que padecen alguna enfermedad de las características que nos ocupa, con lo que se ha ampliado la protección anteriormente existente. Por último, como es lógico -creo que también se ha dicho aquí-,
siempre queda la vía de la jurisdicción social en los tribunales.
Cabe señalar también que el artículo 48 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ya prevé una reserva del puesto de trabajo durante un periodo de dos años desde que se declare la incapacidad
permanente. Señorías, nuestra legislación de Seguridad Social regula jurídicamente los supuestos de incapacidad permanente, su posible revisión y, en su caso, prórroga e incluso revocación, y la legislación laboral contempla la reserva del
puesto de trabajo como he señalado. Por tanto, señoras y señores diputados, parece lógico que cualquier modificación, ampliación de prestaciones, cotizaciones o coberturas en el sistema de la Seguridad Social deba ser conocido, analizado, valorado
y acordado en el ámbito del diálogo social y con los agentes sociales en el marco de los acuerdos del Pacto de Toledo, porque así nos lo hemos dado cuando hemos aprobado las condiciones del Pacto de Toledo y porque así parece razonable.
Señorías, el Grupo Popular presentó una enmienda a la proposición no de ley en la que ya decíamos -me parece que se ha referido a ello el señor Campuzano, pero no con la exactitud con la que usted lo ha dicho, no era así la enmienda que
presentamos- textualmente: Instar al Gobierno a que se valoren y estudien posibles medidas tendentes a adecuar la protección otorgada por la Seguridad Social, mediante pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva, a favor de aquellas
personas que estando afectadas por cáncer o por cualquier otra enfermedad grave no tuviesen derecho a la pensión de incapacidad -es a lo que se refiere esta proposición de ley- de modificar cuestiones que afectan a las cotizaciones contributivas.
Señorías -insisto-, quiero reconocer, como no puede ser de otra manera, la sensibilidad social que contiene esta iniciativa de la señora Fernández, así como la de la señora Figueroa que ha sido capaz de recoger estas firmas. Pero hoy quiero apelar
a la responsabilidad fundamentalmente del Grupo Socialista que ha tenido responsabilidad de Gobierno y a todos los grupos de la Cámara a que hagamos un análisis sosegado de estas circunstancias, como en otros casos, que afectan -insisto- a la
estabilidad del sistema de la Seguridad Social y que llevemos esto al ámbito del estudio. Puede haber cosas que se puedan modificar, nunca nos podemos cerrar a nada, lo reconocimos y lo seguimos reconociendo, pero hagámoslo en el seno del debate
que corresponde: diálogo social, Pacto de Toledo y acuerdo de todos los grupos para algo que nos afecta, que es el sistema de la Seguridad Social.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Álvarez-Arenas.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR BOSCH), SOBRE LA PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES QUE EMANAN DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA. (Número de expediente 162/001037).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto siguiente del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Bosch, sobre presunción de constitucionalidad de las leyes que
emanan del Parlamento catalán, para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, presidenta.
Señorías, ¿qué sucederá el 9 de noviembre en Cataluña? (Un señor diputado: Nada). Ustedes dicen que nada, yo digo que no sucederá nada extraño. Sucederá algo muy normal, que votaremos; no será la primera vez ni será la última. Iremos a
votar. (Rumores). Ya lo verán, ya lo verán; faltan treinta días. Ya verán, señorías del PP -se lo dedico a ustedes-, como sí votaremos; podrán verlo por la televisión o si quieren venir están invitados (El señor Grau Reinés: ¡Gracias!), y yo
les acompañaré donde quieran, porque será una jornada festiva, solemne, tranquila, serena. Saldrá el presidente de Cataluña por la mañana, irá a votar con su mujer; también irán a votar Oriol Junqueras, líder de Esquerra; Joan Herrera, de
Iniciativa; David Fernández -saldrán todos los líderes-; e irán a votar el señor Duran i Lleida, el señor Coscubiela aquí presente y por supuesto los compañeros de Esquerra. Será una jornada normal a la que también estarán invitados a votar doña
Alicia Sánchez-Camacho, el señor Fernández Díaz, porque también es para ellos; ellos también pueden votar y pueden escoger. Como ustedes saben, se puede votar que sí, se puede votar que no e incluso se puede votar sí y no. Esta es una consulta
abierta a todos los ciudadanos de Cataluña para que decidan su futuro; eso es lo que sucederá, y se dirá lo que se dice siempre: una jornada sin incidentes en la que todo ha transcurrido con absoluta normalidad. Domingo de noviembre soleado y
solemne.
Ustedes se preguntarán que si todo esto sucederá y es tan normal por qué vengo aquí a plantear esta iniciativa. Saben que hemos autoenmendado nuestra propuesta. Por tanto, lo que pedimos ahora
concretamente es que se retiren los recursos que planteó el Gobierno respecto a la Ley de consultas no referendarias en Cataluña y al decreto de convocatoria en concreto de la consulta del 9 de noviembre. ¿Por qué lo planteamos? Porque
entendemos que desde el Gobierno lo que se está haciendo es poner piedras en el camino; camino que nosotros vemos normal, tranquilo, sereno. Esas piedras deben ser retiradas para posibilitar esa jornada de votación normal como tantas otras, y
además por decencia. Al final votaremos, ese camino lo andaremos. Les proponemos, porque es lo mejor para todos, que ustedes retiren esas piedras en el camino. Votaremos, en primer lugar, porque es lo más sensato, es lo más responsable, es el
sentido común que indica que lo mejor es votar para resolver un dilema político en vez de obstaculizar una votación. Es lo más serio; es lo que plantean desde medios como la Agencia Bloomberg, Los Angeles Times, The Guardian, The Financial Times.
Este último en este caso concreto es tan razonable y tan serio como Esquerra Republicana de Catalunya, como el Gobierno de Cataluña, como el pueblo de Cataluña que de forma multitudinaria aprueba esta medida tan responsable y tan sensata, ir a votar
sobre el futuro político del país.
También votaremos porque aparte de ser lo más sensato es lo más justo. ¿Se acuerdan ustedes de la navaja de Ockham. Si hay explicaciones diversas, posibles explicaciones y argumentaciones, la más sencilla, la más simple suele ser la buena.
¿Aquí cuál es la más simple, la más sencilla, la más poderosa? Que votar es bueno y que impedir que se vote es malo, y eso que puede parecer tan simple es también muy poderoso. Votar es lo correcto en democracia; obstaculizar una votación, poner
piedras en el camino de una votación, ir contra las urnas, no es lo correcto. Ustedes hablan mucho de la ley y dicen: La ley es la ley; hay que respetar la ley; the law is the law, y ponen cara de John Wayne -a algunos les sale mejor que a
otros-. Aparte de la ley existe la justicia. ¿Qué es lo más justo? Lo más justo es votar sobre el futuro de Cataluña. Eso es lo bueno, eso es lo justo, eso es lo correcto; es la mejor manera de resolver un dilema político colectivo.
También votaremos porque lo queremos, otra razón igualmente poderosa. Lo hemos manifestado a través de las urnas, en la calle, multitudinariamente, millones de personas; lo han manifestado así el 97 % de los ayuntamientos de Cataluña -97
%, insisto-. 920 de 947 ayuntamientos lo quieren, lo quiere el Parlamento de Cataluña, lo quiere la gente. En Cataluña lo quiere casi todo el mundo, excepto ustedes. Como lo queremos, es lo que sucederá; como lo queremos es inevitable. Cada vez
que hemos venido aquí a anunciar algo en este proceso, ustedes o han abucheado, o se han reído o han rebatido lo que hemos dicho, pero siempre hemos acertado. Cuando dijimos: Nos pondremos de acuerdo. Decían: Imposible, no se pondrán de acuerdo
la derecha y la izquierda en Cataluña. Pues ha sucedido. Cuando dijimos: Convergència ha perdido 10 diputados en las elecciones, pero las fuerzas a favor de la autodeterminación han ganado. Dijeron: No, esto se acabó. Y no se acabó, prosiguió.
Cuando dijimos: Anunciamos aquí que pactaremos una fecha y una pregunta. Dijeron: Eso es imposible. Y eso sucedió. No sé dónde se informan ustedes pero su fuente no es fiable; cambien de soplón, no están bien informados, su fuente no les dice
lo que pasa en Cataluña, no ven la realidad. Ustedes no ven la realidad de lo que pasa en Cataluña. Viven en una caverna, una caverna platónica, y ven las sombras de la realidad distorsionadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch, tiene que ir finalizando.
El señor BOSCH I PASCUAL: Ahora mismo acabo. Muchas gracias, presidenta.
Yo les digo que vean la luz, pongan los pies en el suelo, bajen de la luna, bajen a la tierra. Está muy bien no desearlo pero ¿no creer la realidad? Sean británicos, reconozcan la realidad. Trátennos como a escoceses. No somos menos que
los escoceses; no somos más pero tampoco menos. Somos personas dignas, merecemos poder votar y decidir nuestro futuro. Ustedes también lo merecen. Si lo impiden, no solo están maltratando al pueblo de Cataluña, se están maltratando a ustedes
mismos y a la democracia española. Impidiendo que la mayoría en Cataluña se pronuncie también están perjudicando a la democracia española, y eso les degrada a ustedes. Quieran y serán queridos, respeten y serán respetados, liberen y serán libres.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bosch. (Rumores). Por favor.
A esta proposición se ha presentado una enmienda por parte del Grupo de Convergència i Unió. Para su defensa tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hace meses que nuestro grupo parlamentario reclama una respuesta política a un problema político como el que existe entre Cataluña y el Estado español. Reclamamos esa respuesta pero no hay voluntad. Solamente pedimos un poco de
voluntad e incluso valentía. Esconderse detrás de la ley, detrás de la Constitución española, no va a servir de nada, señorías; al contrario, va a agravar aún más el problema. Apelan ustedes a la legalidad, me refiero al Grupo Popular y también
al Grupo Socialista. Claro que sí, también nosotros apelamos a la legalidad, pero no se escondan detrás de ella para resolver un problema que es esencialmente político. Desprecian que la consulta y el derecho a decidir cuenta con un amplísimo
acuerdo parlamentario y civil en Cataluña, desde las diferentes sensibilidades y matices ideológicos. Este no es un proyecto personal ni de un partido concreto. Es un movimiento transversal y también político -claro que sí-, pero con un amplísimo
respaldo ciudadano; no es estrictamente un movimiento independentista, hay mucha transversalidad política y ciudadana en él. Cada nuevo paso de este proceso les da una oportunidad que ustedes desaprovechan, convirtiendo este debate, que es sobre
todo político, en un simple monólogo jurídico; sí, un monólogo jurídico, porque se apropian de la Constitución, la interpretan a su antojo. ¿Recuerdan la sentencias de hace pocos meses del Tribunal Constitucional sobre la declaración de soberanía
del Parlament? Esa sentencia recoge de manera clara que de lo que aquí estamos hablando es de una cuestión política, que requiere cintura política, amplitud de miras, leer e interpretar las leyes, la Constitución de una manera abierta, no como una
burbuja inalterable a todo cuanto sucede. También debe leerse la realidad, esa realidad transversal de Cataluña.
Ya hemos repetido insistentemente en los últimos tiempos que todo ello es un grave error, un error histórico me atrevo a decir, que no soluciona nada; más aún, agrava y enquista este problema. Tenemos que hacer política, señorías; debe
hacerse política, y me refiero especialmente al Gobierno, pero también al Grupo Popular y al Grupo Socialista. Están desconectados de todo cuanto sucede en Cataluña, en sus calles, en sus instituciones. Empiecen a ver y a escuchar. Siguen
enrocados apelando a la ley como algo inamovible, y a la Constitución también. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, y además el president Mas lo ha dejado clarísimo: nadie se va a saltar la ley ni los principios constitucionales. Lo estamos
haciendo bien, señorías, y no deben ni pueden excusarse en la ley para negarlo todo. Las leyes no son inamovibles. Si no, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo semanalmente en esta Cámara? ¿Dónde quedaría la función legislativa si
las leyes no se pudieran modificar o proponer? ¿Qué haríamos aquí, señorías?
También debemos lamentarnos profundamente de la instrumentalización política que están haciendo del Tribunal Constitucional, hecho que agrava la situación, aumenta la conflictividad y empeora la percepción que los catalanes tienen de esa
institución. También genera desconfianza y contribuye a la desconexión y al alejamiento que los ciudadanos sienten hacia la política. ¿Cuál es el mensaje que cree que está trasladando este Gobierno a los catalanes y a la ciudadanía en general?
Pues que se puede hacer cualquier cosa con el Tribunal Constitucional porque, si además el propio presidente ya está adelantando una sentencia que aún tiene que dictarse, estamos apropiándonos de su función. Ese es un mensaje del todo lamentable en
un Estado de derecho como el nuestro. Recordemos además que la Ley de consultas catalana, aprobada por el Parlament de Catalunya el pasado 19 de septiembre, cuenta con un dictamen favorable del Consell de Garanties Estatutàries, un órgano
independiente de carácter técnico y jurídico, como bien recoge también la proposición no de ley de Esquerra Republicana.
Con esta proposición no de ley que hoy presenta Esquerra Republicana, a la cual nos sumamos, y celebramos que la haya presentado porque es otro ejemplo de las cosas que queremos hacer...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Surroca, tiene que ir finalizando.
La señora SURROCA I COMAS: Voy terminando. Gracias, señora presidenta.
El señor Bosch lo ha dicho: Queremos hacer bien las cosas, y un ejemplo es esta proposición no de ley apelando al marco constitucional también -por qué no, puesto que estamos dando los pasos dentro de los marcos legales-.
Insisto nuevamente en que hemos presentado una enmienda a esta proposición no de ley que únicamente pretende enriquecerla. Nos gustaría que fuera aceptada por el proponente, pero igualmente ya adelantamos que estamos en disposición de
apoyarla porque vamos en la misma línea que ha defendido en esta proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Surroca.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.
Es evidente que todos sabíamos desde el principio que en este ámbito y en el caso que nos ocupa lo que hacía falta era diálogo, porque se trataba y se sigue tratando de un problema político. Durante más de un año, a pesar de los
llamamientos por parte de las instituciones catalanas, tanto Parlamento como Ejecutivo, a ese diálogo, el Gobierno del Estado se ha cerrado absolutamente al mismo, por mucho que ahora el presidente del Gobierno esté diciendo que las cosas se
solucionan hablando. ¿Hablando cómo? Haciendo gestos, diciendo que se está dispuesto a mover ficha si es que los demás también la mueven, diciendo que las leyes no son inamovibles ni son para imponerlas incluso por encima de la voluntad política
mayoritaria de un parlamento. Si no, el diálogo no es creíble, ni tampoco la oferta -que nunca se ha hecho, digámoslo claro, aunque se haya interpretado así por parte de algunos miembros de los medios de comunicación, pero nunca lo ha hecho el
presidente del Gobierno- de modificar la Constitución.
La verdad es que sería bueno que hubiera un diálogo, pero no se ve que haya voluntad por parte del Gobierno para que de verdad este dé sus frutos. Por cierto, se movieron las cosas muy rápido, deprisa y corriendo, dando una imagen
ciertamente un tanto mala para la democracia: sábado, Consejo de Ministros para presentar los recursos; domingo, Consejo de Estado, y lunes, a golpe de corneta -porque tendría que ser a la llamada de alguien a la que acudieran, y fue públicamente
la llamada del Gobierno del Estado-, el Pleno del Tribunal Constitucional. Si alguien tiene que guardar las formas, si tiene no solo que ser neutral, sino parecerlo, se permitió el lujo de ni siquiera dar esa apariencia de neutralidad. El lunes,
en cuanto pudo reunirse, acudió a la llamada del Gobierno para proceder a poner el sello en la suspensión de la ley y de la convocatoria del 9 de noviembre.
Por cierto, hay que decir una vez más que el señor Bosch tiene razón en que la constitucionalidad de las normas aprobadas por los parlamentos autonómicos debería reconocerse, porque lo que ha habido en la legislación española desde bastante
al principio del desarrollo del ordenamiento jurídico ha sido un abuso de derecho. Si uno lee el artículo 161.2 de la Constitución, habla de que el Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las resoluciones adoptadas por los órganos
de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida. Disposición o resolución, no normas con rango de ley, a las que se refiere la Constitución en el punto anterior. Sin embargo, en el
artículo 30 del Tribunal Constitucional, extendiendo lo que decía la Constitución y reinterpretando al constituyente, se llegó a decir que la admisión de un recurso no suspende a no ser que el Gobierno se ampare en lo dispuesto en el artículo 161.2
de la Constitución para impugnar por medio de su presidente leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley. De lo que no habla el 161.2 se hace una interpretación extensiva en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Abuso de
derecho, y uno de los males a la hora de situar en desigualdad frente al árbitro, que debería ser el Tribunal Constitucional, a las comunidades autónomas y al Gobierno del Estado. Hay un problema con el árbitro, hay un problema de neutralidad, de
credibilidad de esa neutralidad, pero también a la hora de plantear los recursos, porque el Gobierno del Estado siempre está en ventaja.
Se han dado mucha prisa. Ahora a esperar. Mientras tanto, en principio, quizás el Tribunal Constitucional -milagro, no lo creo- diga que son constitucionales la ley y la convocatoria. Si fuera así, ¿por qué no suponer que esa vigencia
puede estar manteniéndose y puedan darse todos los pasos hasta que, con celeridad, el Tribunal Constitucional resuelva con una sentencia definitiva? Mientras tanto, ¿por qué se ha de suspender? ¿Por qué se pone la venda antes de la herida?
Aquí hay una certeza -con esto concluyo, que se me acaba el tiempo, señora presidenta-, y es que la mayoría de Cataluña quiere expresar cuál es su voluntad, quiere votar. Aquí hay un problema de naturaleza política, que no jurídica, de
mayorías diferentes en el Parlamento catalán y en las Cortes Generales que habrá que afrontar desde el diálogo, pero admitiendo que esa mayoría también tiene un derecho a hacer una serie de reivindicaciones. Lo mejor, aunque no sea de aplicación
jurídica directa, es escuchar a la gente. Es hora de afrontar de una vez por todas el estatus nacional de los pueblos catalán y vasco en el Estado español.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Agradezco al señor Bosch, portavoz de Esquerra Republicana, que nos haya planteado un debate en términos estrictamente políticos, no diré que originales porque son cuestiones que hemos debatido muchas veces en esta Cámara él y yo -y espero
que sigamos muchos años debatiendo en esta Cámara estas y otras cuestiones-, pero sí que es un debate estrictamente político al que le voy a contestar también sin argumento de carácter jurídico. Dice, señor Bosch, que quieren que les tratemos como
a escoceses. Trátennos como a escoceses, ha dicho. ¿Usted se imagina a un escocés pidiendo al Gobierno británico, al Gobierno del Reino Unido que no cumpla las leyes o que le permita no cumplir las leyes? ¿Se imagina a un escocés pidiendo al
Reino Unido, al Gobierno y al Parlamento, que les permita en Escocia no cumplir las leyes? Eso es lo que usted nos pide aquí, que le permitamos al Gobierno de la Generalitat y al Parlamento de Cataluña vivir por encima de la ley, actuar
despóticamente, que eso es vivir por encima de la ley y por encima de la Constitución, al margen de la ley y de la Constitución. Frente a esa petición de trátennos como escoceses, yo le digo: trátennos como a británicos, trátennos como a los
gobernantes del Reino Unido. Respeten las leyes que son de todos y así nos reconoceremos en el respeto a las leyes. ¿Que las leyes se pueden cambiar? Claro, no son sagradas. Pero, hasta que se cambien, hay que respetarlas. Además, hay que
cambiarlas con arreglo a la ley y a los procedimientos, porque, si no, no hay garantías constitucionales, no hay garantías democráticas, como ha dicho el señor Brugué cuando se ha ido de la comisión de control -que no le habíamos puesto nosotros-.
Cuando se ha ido ha dicho: no hay garantías democráticas suficientes, necesarias, para hacer ese referéndum del que usted ha hablado aquí y que, además, ha asegurado que se va hacer con sol. No sé si tienen prevista alguna contingencia por si
llueve. En todo caso, no existen garantías democráticas. Por tanto, no venga a pedirnos, piénselo un poco, que actuemos sin perseguir que se cumpla la ley.
Ha dicho también en la tribuna que votar es bueno. Según qué y en qué condiciones. Si es sin garantías democráticas, siguiendo el criterio del señor Brugué, no es bueno. ¿Votar que se les quiten a algunos ciudadanos derechos es bueno? Lo
que usted nos propone es que aceptemos que los catalanes pueden decidir por el conjunto de los españoles. Usted nos quiere quitar nuestro derecho a decidir. Nos dice que eso es bueno, que votar es bueno, que votar, quitándonos derechos al conjunto
de los ciudadanos, es bueno. Pues no, eso es muy malo. En las dictaduras también se vota, y votar no es bueno porque no hay garantías democráticas. Dice que votar es bueno siempre. ¿Votar que se quieran levantar fronteras entre conciudadanos es
bueno? ¿Votar que se declare extranjero a su vecino o a su hermano es bueno? Eso es lo que usted nos dice. No solo que es bueno, sino que no tenemos que cumplir la ley para evitar que ustedes lo hagan. Votar es bueno según qué y en qué
procedimiento y con qué garantías. Nos dice también que impedir que se vote es malo. Como le acabo de decir, sí, impedir que se vote es malo. Por ejemplo, ustedes quieren impedir que nosotros votemos sobre algo que nos corresponde a todos los
españoles, que es garantizar la soberanía nacional, que reside en el pueblo español. Claro, votar es malo; en ese caso impedir que se vote es malo. Efectivamente.
Cuando usted plantea esta presunción de constitucionalidad, en definitiva, lo que nos pide es que estemos inactivos cuando se proclaman extranjeros a los conciudadanos o inactivos cuando deciden negarnos el derecho a decidir. Y eso no lo
podemos aceptar, sencillamente porque defender la ley es defender la democracia; porque fuera de la ley no hay democracia y porque defender la ley no es enfrentarnos con un gobernante despótico que no la quiera aplicar y que cree que está por
encima de la ley, es garantizar la igualdad a todos los ciudadanos, garantizar su seguridad a todos los ciudadanos. La ley vigente se puede cambiar, pero mientras exista hemos de respetarla todos nosotros; los gobernantes y los que tenemos
responsabilidad política más que el conjunto de los ciudadanos.
Señor Bosch, su intervención me llama la atención procediendo de un partido republicano, de un partido que se proclama republicano. Si usted fuera nacionalista, no sé, igual me llamaría también la atención por otra cosa, pero que un
republicano nos diga estas cosas. En fin, por lo que yo entiendo por lo menos como un partido republicano. Le voy a leer un párrafo -si me deja la presidenta, es un minuto- del Diario Oficial de la República del 7 de octubre de 1934, firmado por
Niceto Alcalá Zamora: En Cataluña el presidente de la Generalitat, con olvido de todos los deberes que le impone su cargo, su honor y su autoridad, se ha permitido proclamar el Estat català. Todos los españoles sentirán en el rostro el sonrojo de
la locura que han cometido unos cuantos. El Gobierno les pide que no den asilo en su corazón a ningún sentimiento de odio contra pueblo alguno de nuestra patria. El patriotismo de Cataluña sabrá imponerse allí mismo a la locura separatista y sabrá
conservar las libertades que le ha reconocido la República bajo un Gobierno que sea leal a la Constitución.
España hoy no es republicana, pero es un Estado de derecho y hay lealtad constitucional y tendremos que defender la Constitución y la lealtad constitucional. Y este partido acompañará al Gobierno en esa defensa.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, La Izquierda Plural va a dar apoyo a la proposición no de ley presentada, con independencia de los argumentos utilizados en su defensa. Y lo vamos a hacer en coherencia con nuestra defensa radical del derecho a decidir como una
manera de expresar el compromiso con la democracia. Quiero en estos momentos expresar el orgullo de formar parte de un grupo, La Izquierda Plural, que es la única fuerza estatal que se ha comprometido nítidamente con ese derecho a decidir porque lo
considera como una parte consustancial del ejercicio democrático. Es de agradecer a mi amigo Alfred que no me haya dicho qué voy a desayunar el próximo 9 de noviembre, porque excepto eso creo que ha dicho lo que yo voy a hacer. En todo caso, lo
que sí quiero decirle a todo el mundo es que Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa va a hacer todo lo posible, y hasta el último momento, para que el 9 de noviembre la ciudadanía de Cataluña pueda ejercer su derecho a votar
para poder decidir y para hacerlo con garantías democráticas. Y el elemento de garantías democráticas no es un accesorio, no es una coletilla, porque solo se va a poder decidir si se vota con esas garantías democráticas. Porque solo así se va a
poder conocer la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de Cataluña y no para sustituir a la ciudadanía española. Lo hemos dicho mil veces aunque, claro, la señora Díez no quiere escuchar porque no le interesa ni escuchar ni leer exactamente lo que
se dice en el decreto de convocatoria de la consulta, que es preguntar a los ciudadanos de Cataluña qué opinan, qué quieren decidir proponer en relación con una nueva forma de configuración de la relación con el conjunto del Estado. Por lo tanto,
no es verdad, miente quien diga que la democracia de los ciudadanos de Cataluña, el derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña niega el derecho de los ciudadanos españoles. Miente. Lo diré tantas veces como se diga, desde esta tribuna y desde
cualquier lugar.
En ese sentido, vamos a intentar que ese 9 de noviembre sea un acto de dignidad democrática, para no contribuir a lo que otros han convertido en una vergüenza; la vergüenza de ver a un Gobierno que, a través de su presidente y de su
vicepresidenta, habla en nombre del Tribunal Constitucional y da por hecho ya la decisión del Tribunal Constitucional; la vergüenza de ver a un Tribunal Constitucional que tardó cuatro años en dictar la sentencia en el recurso contra el Estatuto de
Autonomía de Cataluña; un Tribunal Constitucional que ha llegado a tardar diez años en resolver recursos de inconstitucional -en julio se ha dictado una sentencia que llevaba diez años-; un Tribunal Constitucional que utiliza su agenda al servicio
de las necesidades del Gobierno en el tema de la ley del aborto. Vamos a evitar esa vergüenza, nosotros no vamos a contribuir a ello de ninguna de las maneras, y lo vamos a hacer porque entendemos que nos jugamos mucho en Cataluña y en el conjunto
del Estado. Porque no es verdad que no haya marco legal para poder decidir, para que los ciudadanos de Cataluña puedan proponer cómo quieren vivir democráticamente en el futuro. No es verdad, no es verdad y ustedes lo saben, por eso rechazaron el
8 de abril la propuesta que les planteaba que fuera el Gobierno del Estado el que autorizara el referéndum, por eso ante cualquier propuesta solo saben decir no, no y no, por eso cuando medio mundo les está diciendo a ustedes y a los que les
acompañan, por convicción, por interés electoralista o por pánico a no desmarcarse, que ante un problema político solo caben soluciones políticas y que el Gobierno de la nación tiene la responsabilidad de ofrecerlas y no negarse y devolver como una
pared de frontón todas y cada una de esas propuestas, nosotros continuaremos insistiendo en que esto, este conflicto, solo tiene una solución política, que es una solución democrática, dejar hablar a la ciudadanía de Cataluña. Y lo vamos a hacer,
además, con el convencimiento de que más pronto o más tarde esa fuerza de exigencia democrática se va a abrir paso.
Están ustedes intentando ir contra la ley de la gravedad, porque ir contra las leyes de la democracia es ir contra la ley de la gravedad. Pretender que impidiendo el voto en los términos que se ha planteado la consulta ciudadana del 9 de
noviembre se conseguirá evitar que la reivindicación de la inmensa mayoría del pueblo de Cataluña se abra paso es ir contra la ley de la gravedad, y no lo van a conseguir. Ustedes pueden intentar impedir que el 9 de noviembre los ciudadanos de
Cataluña puedan ejercer su derecho a decidir, lo van a intentar, estoy seguro, y a lo mejor hasta lo consiguen, esperemos que no, pero les puedo
asegurar que lo que no van a conseguir es que la ciudadanía de Cataluña se resigne, baje la guardia o sencillamente renuncie a ejercer ese derecho a decidir. Y les aseguro una cosa, les aseguro a todos los que están aquí que muy pronto esta
Cámara va a poder ser protagonista de cómo ustedes no se pueden resistir a la fuerza de la democracia, no pueden resistirse a la fuerza de la voluntad de todo un pueblo. Lo vamos a ver.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela, tiene que finalizar.
El señor COSCUBIELA CONESA: Termino.
La democracia requiere leyes, sin duda; y ustedes deberían ser los primeros en respetarlas no hablando en nombre del Tribunal Constitucional. Pero lo que la democracia no puede hacer, lo que ustedes no van a poder hacer nunca es ponerle
puertas a la democracia, al campo y a la democracia no se le pueden poner puertas, porque cuando la fuerza de la democracia aprieta fuerte encuentra su camino, y eso es lo que va a suceder con el pueblo de Cataluña.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Socialista, señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la sabiduría popular dice que dos no se pelean si uno no quiere, y aquí hay dos que han querido el enfrentamiento, que lo han buscado con ahínco, de hecho. Es cierto que el principal responsable del gran malestar que hoy se vive
en Cataluña es el Partido Popular (Protestas), han sido los protagonistas en generar un problema político al que ahora intentan dar respuesta con argumentos jurídicos, y todo con el objetivo pírrico de obtener votos. Decidieron en su día
enfrentarse con toda la ciudadanía catalana para conseguir votos en el resto de España y al final lo que ha pasado es que todos los españoles hemos sido víctimas de esa estrategia. Ahora bien, lo cierto también es que muchos ciudadanos nos
preguntamos qué quiere exactamente el grupo proponente, cuál es su pretensión última forzando la situación, qué pretenden llamando a la desobediencia o qué buscan con la presentación de esta iniciativa. ¿Celebrar una consulta ilegal? ¿Celebrar una
consulta sin garantías? ¿Celebrar una consulta sin reconocimiento? No sé si se dan cuenta, pero lo que en realidad proponen ya, habiendo llegado al punto en el que estamos, es votar de manera no democrática y nos preguntamos para qué quieren algo
así. ¿Para sacar rédito? ¿Para afianzarse electoralmente? ¿Para generar crispación? ¿Para generar frustración? ¿Para generar más fractura entre la sociedad catalana? Esta proposición no de ley no aporta nada, esta iniciativa parlamentaria no
aporta nada, ni diálogo, ni salidas, ni soluciones políticas.
Señor Bosch, es posible que usted piense que hoy aquí está haciendo un gran servicio a la historia de Cataluña, pero yo le digo y le aseguro que le está haciendo un mal servicio, un muy mal servicio a los catalanes y a las catalanas del
momento actual, del presente. Con su proposición de hoy no pretende aportar ninguna solución, sino exacerbar el problema. Usa usted, y no es el único, un espacio que debería servir para el diálogo como una plataforma para la confusión, para la
manipulación de las emociones y para la propaganda.
En definitiva, señorías, tanto los unos como los otros, por mirar solo los intereses propios más inmediatos, están poniendo a la sociedad catalana en una situación sin salida. El grupo proponente y otras fuerzas políticas dicen ofrecernos
acordar una consulta, pero en realidad ni siquiera hacen eso porque lo que quieren es que acordemos su referéndum de autodeterminación, con sus preguntas, con su día y con sus condiciones. Y usted, señor Bosch, ¿cómo llama a esto, diálogo,
negociación?
Señoras y señores diputados, lo hemos dicho muchas veces, pero lo volveremos a hacer. Nosotros proponemos consultar un acuerdo, votar, sí, pero de manera democrática y con las garantías democráticas. Nuestra propuesta pasa por el
reconocimiento, por la convivencia, por la suma, por la unión de la complejidad; nuestra propuesta pasa por buscar concordia y pactos. Nosotros les proponemos que nos sentemos, que nos sentemos todos, y de verdad, a dialogar y a negociar para
llegar a un acuerdo que someteremos a consulta de todos y que debe representar la renovación del pacto de convivencia que nos dimos en su momento todos los ciudadanos. La Ley de Consultas, que para algunos es una mejora de la participación de los
ciudadanos, para otros, como ustedes, señores de Esquerra Republicana, parece que solo sirve para un referéndum fijado de manera unilateral para el día 9 de noviembre, al margen del diálogo, de la negociación y del pacto que nosotros propugnamos
como la única vía de solución. Ustedes
han hecho una ley para un solo día. Algunos respetamos las instituciones democráticas siempre y en todo momento y otros, a conveniencia.
Termino, señora presidenta. Lo cierto, señor Bosch, es que usted con su propuesta no nos da una oportunidad de elegir a la mayoría de los catalanes; por el contrario, nos obliga a renunciar. La última encuesta del CEO, Centre d'Estudis
d'Opinió de la Generalitat de Catalunya de hace apenas dos semanas, preguntaba a los catalanes sobre sus sentimientos de identidad. El 27 % se sienten exclusivamente catalanes, el 70 % también nos sentimos españoles. Así, con su diseño, lo que nos
piden al 70 % de los catalanes no es que elijamos, sino que renunciemos a nuestra identidad plural.
Señor Bosch, usted ha hablado de normalidad, de sensatez y de justicia y yo le digo que no hay normalidad, ni sensatez ni justicia sin respeto a la ley y sin respeto a las instituciones democráticas, a todas las instituciones democráticas.
Háganlo, háganlo para que después podamos iniciar el único camino posible, el del diálogo, el de la negociación y el de un nuevo pacto constitucional que nos permita seguir viviendo en convivencia. Permitan que se abra el tiempo de la política.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Batet.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Esteller.
La señora ESTELLER RUEDAS: Gracias, señora presidenta.
Deje de soñar, señor Bosch, usted habla como si se fuera a celebrar el referéndum de Cataluña cuando sabe que no se va a celebrar. La propuesta que hoy presenta es la máxima expresión de su reconocimiento de que el referéndum no se va a
celebrar en Cataluña porque pide que el Gobierno retire el recurso de inconstitucionalidad porque sabe que el marco jurídico constitucional lo impide. Por lo tanto, usted lo reconoce. Su propuesta es la que lo hace y usted deje de soñar como lo ha
hecho y deje de darnos clase y de hablar en nombre del pueblo de Cataluña, señor Bosch. (Aplausos).
Deje de hablar en nombre del pueblo de Cataluña y deje de explicarnos lo que se vive en Cataluña, usted no es el único que vive en Cataluña, muchos diputados que estamos aquí vivimos en Cataluña, vemos lo que pasa en Cataluña. Yo soy
catalana, yo soy española y no quiero renunciar a serlo y muchos catalanes como yo tampoco quieren renunciar a serlo. Los catalanes son plurales y se sienten la mayoría españoles y usted no es nadie para impedir que sigan siéndolo y usted no es
nadie que tenga que imponer en este caso ni lecciones ni autoridad moral sobre la catalanidad y tratarnos como si fuéramos invitados en Cataluña. ¿Pero ustedes quiénes se han pensado que son para decirnos lo que nos dicen y tratarnos de esta
manera? No puede ser. Son sectarios y ustedes con sus palabras y con su manera de hacer lo que están haciendo es generando una división enorme y una fractura social enorme en Cataluña. Y ustedes, como decía en la propuesta, lo que nos piden es
que retiremos los recursos y es la mayor muestra de que ustedes saben que el referéndum es ilegal y que no se puede celebrar en Cataluña. Y le quiero dejar muy claro que es el Tribunal Constitucional, igual que todos los tribunales y las leyes los
que están por encima de la política, y usted y todos nosotros hemos de cumplir la ley y nadie queda eximido de cumplirla: nadie. Todos, los tribunales y en este caso la ley, sin ningún tipo de excepción, por lo tanto, ¡faltaría más que no
tuviéramos que cumplir la ley! Y la ley no es nada menor, que dices, bueno, en un momento determinado, cuando no me interesa no la aplico y cuando me interesa sí. La ley se ha de cumplir siempre porque es la que garantiza todo nuestro sistema.
Y le quiero recordar que el Tribunal Constitucional, a lo largo de estos años ha sido el garante del desarrollo del Estado autonómico, es el que ha equilibrado los poderes entre el Estado y las comunidades autónomas y el poder local. Por lo
tanto, ha sido el árbitro en este sentido y todos nosotros, tanto las comunidades autónomas como el Estado, cuando han considerado que se ha incumplido la ley, que hay alguna ley que es inconstitucionalidad, pues se ha recurrido a él. Además, el
Gobierno tiene la obligación de recurrir al Tribunal Constitucional cuando considera que se ha incumplido la ley y es, por lo tanto, una potestad que tiene que ejercer y la ejerce con toda naturalidad.
No confronten instituciones democráticas. Por supuesto que el Consell de Garantías Estatutarias tiene una función de carácter consultivo; pero no es equiparable para nada al Tribunal Constitucional y, por lo tanto, como usted nos pide, no
se puede subsanar un dictamen con otro. Por cierto, usted obvia que en el tribunal de garantías ha habido cuatro votos particulares de fundamento jurídico que dicen que la consulta es un referéndum encubierto. Esto, como no les interesa, ustedes
no lo mencionan, solamente ponen el acento en aquello que les interesa y apelan a la democracia y anteponen la voluntad política sobre el marco legislativo y luego aquí nos explican lo que pasa en Escocia. ¿Pero usted conoce el régimen que
hay en Escocia? Es un régimen consuetudinario, se ha cumplido la ley y el Parlamento de Gran Bretaña es el que tiene el poder para decir quién y qué se hace y cómo se hace y, por lo tanto, allá se ha cumplido el procedimiento. Respeten
aquí los procedimientos. Aquí tenemos una Constitución que impide que se celebre un referéndum. Ustedes ya vinieron aquí el 8 de abril para hacer esta petición y que se les cediera la competencia, y fue rechazada.
Asuman los resultados de las Cámaras democráticas como deben hacer. Y encima luego nos dan lecciones de democracia. ¿Pero de qué democracia hablan? Porque usted legitima la voluntad de los ciudadanos de acuerdo con su aproximación
ideológica, invoca la mayoría social para legitimar un proceso, lo ha dicho hoy aquí, esta tarde, y lo repiten permanentemente. ¿Eso qué democracia es? Ustedes engañan cuando dicen que la democracia es votar. Votar es democracia cuando se realiza
de acuerdo con las leyes y el ordenamiento, y si no es un engaño y ustedes están permanentemente insistiendo en esta situación. Saltarse la ley es saltarse la democracia. El marco legal solamente es un obstáculo para quienes quieren destruir
nuestros proyectos de convivencia de más de 500 años juntos, y Cataluña siempre ha estado en España. Asuman que no pueden celebrar el referéndum y además, como les ha dicho la señora Díez, con plenas garantías democráticas. Que el catedrático
Brugué explique un poco por qué considera que el desarrollo que ustedes están haciendo, aparte de ser inconstitucional, en ningún caso garantiza los más mínimos derechos democráticos. Dejen de engañar y de dividir a la sociedad diciendo que no les
dejan votar; lo repiten mil veces hasta crear una verdad y que la gente crea que esto es así. Hacen un proceso de ingeniería social y esto lo están haciendo de la mano de la Generalitat y de todos los medios de comunicación de Cataluña. Hemos
votado más de cuarenta y dos veces en Cataluña en las elecciones democráticas, en las municipales, en las locales, en las autonómicas, con libertad, señor Bosch -no dejen de insistir en eso-, con libertad. Respeten la legalidad. Usted sabe que no
se puede celebrar un referéndum el 9 de noviembre en Cataluña, eso es desafiar a la democracia, el Estado de derecho y la convivencia. Presionando a la sociedad como ustedes están haciendo lo que consiguen es dividirla y enfrentar a familias y
amistades. Eso sí que es una gran responsabilidad. El presidente del Gobierno dijo que no habrá referéndum ilegal en Cataluña el 9 de noviembre, y por supuesto que el Gobierno utiliza todas las medidas, los recursos y el marco constitucional que
está a su alcance para evitarlo porque Cataluña es España. Señor Bosch, y usted deje de soñar, como he dicho yo, porque no va a haber referéndum en Cataluña el 9 de noviembre.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Esteller.
Señor Bosch, se ha presentado una enmienda a su proposición no de ley. Con el único propósito de aceptación o rechazo de dicha enmienda, ¿cuál es su criterio con la enmienda que le ha presentado el Grupo de Convergència i Unió?
El señor BOSCH I PASCUAL: Lo presentamos con las autoenmiendas que hemos propuesto, pero no aceptamos la enmienda de Convergència i Unió.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo. Gracias, señor Bosch.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, RELATIVA AL IMPULSO DE UN CONJUNTO DE MEDIDAS PARA FOMENTAR EL USO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000948).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa al impulso de un conjunto de medidas para fomentar el uso del vehículo eléctrico en España.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor García Egea.
El señor GARCÍA EGEA: Señorías, señora presidenta, permítanme que mis primeras palabras sean para saludar al público que hoy nos acompaña, y agradecer la contribución de todos y cada uno de ellos en la construcción de esta proposición no de
ley sobre el futuro de la movilidad eléctrica al impulsar la introducción de coches, motos y bicicletas eléctricas para mejorar nuestro país. También quiero agradecer a los miembros de mi grupo que han echado una mano en esta proposición no de ley
para que sea una realidad, como es el caso de mi compañero Rafael Hernando.
Señorías, quiero comenzar mi intervención haciendo una confesión: yo soy usuario de un vehículo eléctrico desde hace varios meses; llevo 2.000 kilómetros con mi motocicleta eléctrica Amperio Bereco que adquirí en Cieza, mi ciudad natal y,
desde que comencé a moverme con un vehículo eléctrico, empecé a entender mejor las barreras que actualmente existen para el pleno desarrollo de la movilidad eléctrica en España y la electrificación del sector del transporte. La inmensa mayoría de
ciudadanos, cuando ven funcionar un vehículo eléctrico por la calle, por su barrio o por su ciudad, siempre hacen las mismas preguntas: cuál es el precio total del vehículo, dónde puedo adquirirlo y qué autonomía tenemos con el mismo. Estas
preguntas dan cuenta de las verdaderas preocupaciones que tiene la gente, y explican las barreras reales que actualmente tiene el vehículo eléctrico para su pleno desarrollo. Electrificar la movilidad puede reportar infinidad de beneficios a
nuestra sociedad, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista económico. La introducción del vehículo eléctrico como alternativa al vehículo de combustión, debe constituir una prioridad de primer orden si queremos
cumplir los objetivos de la Comisión Europea marcados para 2020, en materia de eficiencia energética, en materia de renovables y en materia de reducción de CO2. Todo ello al tiempo que nos preparamos para superar los retos a los que la sociedad
tendrá que enfrentarse, de aquí a unos pocos años, tratando de reducir nuestra dependencia energética del exterior, ya que el sector del transporte consume la mayor parte de los combustibles fósiles que se consumen en España.
La introducción progresiva del motor eléctrico en el parque automovilístico aumentaría la eficiencia de una forma importante, ya que el vehículo eléctrico posee del orden del 60 % de eficiencia, y estas ventajas también llegarían -aquí tiene
un punto importante- al sector eléctrico y a los consumidores, debido a que se produciría un aplanamiento en la curva de demanda optimizando la infraestructura eléctrica actual, sin necesidad de incrementar la potencia de generación y, además -esto
es lo verdaderamente importante-, estas políticas van a permitir una incorporación mayor de las energías renovables en aquellos momentos en los que la demanda del sistema sea menor, haciendo que el sistema sea más estable. Esta mejora contribuye de
forma importante a reducir los costes de la factura eléctrica para todos los ciudadanos, que puede llegar a una reducción de un 20 %. Por si fuesen pocas las razones anteriores, hemos de tener en cuenta que sin la electrificación del sector
transporte va a ser imposible cumplir los objetivos de la Unión Europea marcados para esta materia. Llegados a este punto, es necesario, señorías -por eso quería compartir con ustedes estas reflexiones-, crear un nuevo ecosistema para el desarrollo
del vehículo eléctrico. ¿Cómo debemos proceder para que ese ecosistema sea tan bueno que permita al cien por cien de los ciudadanos optar a la compra de un vehículo eléctrico? No podemos pretender que los ciudadanos usen un vehículo eléctrico solo
porque hemos hecho un plan para su desarrollo o un decreto y estamos convencidos de que será bueno para todos.
El vehículo eléctrico debe proporcionar las mismas prestaciones que un vehículo convencional dentro del mismo segmento. Tampoco podemos pretender que los ciudadanos gasten más por la compra de un vehículo eléctrico que por la compra de un
vehículo convencional de la misma gama. Por lo tanto, hay que evaluar los costes totales de la movilidad eléctrica y de la movilidad convencional. Si tenemos en cuenta todos los costes de combustible y mantenimiento a lo largo de la vida de un
vehículo, el coste por kilómetro de un vehículo eléctrico es de 3 céntimos, mientras que el coste por kilómetro de un vehículo convencional ronda los 13 céntimos de euro. ¿Acaso no es esto productividad? ¿No debemos los poderes públicos apoyar a
los ciudadanos y empresas que deseen electrificar su movilidad? ¿No debemos arbitrar entre todos medidas que permitan a los ciudadanos y a las empresas pasarse al vehículo eléctrico?
Con esta proposición pretendemos introducir cosas muy concretas para lograrlo, en las que tenemos que trabajar a partir de hoy si tienen ustedes a bien aprobar esta propuesta. Por ejemplo, articular medidas a nivel local, regional y
nacional que fomenten la compra del vehículo eléctrico, como ya se están arbitrando a través del Plan Pima Aire, Movele, y los diversos planes autonómicos, e incrementar la partida destinada a las ayudas a la compra del vehículo eléctrico e impulsar
el desarrollo de infraestructuras de carga, condición indispensable para desarrollar correctamente el vehículo eléctrico. Creemos que el vehículo eléctrico debe cargarse fundamentalmente en aquellos lugares en los que el usuario pasa mucho tiempo
durante su jornada, en casa o en el trabajo. Por eso, debemos centrar la actividad en estos dos lugares, para garantizar que el usuario tenga disponibilidad de carga durante un mínimo de horas al día, que permitan así tener la movilidad eléctrica
como primera opción, e impulsar también la figura del gestor de carga para la instalación de postes de carga rápida en la vía pública.
A día de hoy es muy difícil -por eso esta proposición no de ley- conseguir la instalación de puntos de carga en locales comerciales, grandes superficies, espacios públicos, debido a la limitación existente
en la Ley Eléctrica y en la figura del gestor de carga. Está prohibida la reventa de energía eléctrica y, por ello, en los centros comerciales es muy difícil poner puntos de recarga masiva y explotarlos comercialmente. Han de ser unas
figuras autorizadas las que hagan esto, conectándose a una red externa distinta del centro comercial con una acometida independiente. Esto encarece muchísimo la instalación de nuevas infraestructuras y hace que el despliegue no sea rentable en
línea con la enmienda presentada por el Grupo del Partido Nacionalista Vasco. Proponemos que bajo determinadas circunstancias la carga del vehículo eléctrico sea tratada como un servicio energético más dentro del pago del servicio, al igual que
nadie paga dinero extra por cargar su teléfono móvil o su portátil cuando paga una habitación de hotel y se aloja en un establecimiento. Debe ser un servicio prestado y no una reventa de energía. Pongamos el ejemplo de un trabajador que hace
diariamente 50 kilómetros para ir a trabajar y 50 kilómetros para volver del trabajo. Si dispusiera de punto de carga en el lugar de trabajo, hoy podría tener un vehículo eléctrico que cubriera plenamente las necesidades de movilidad por apenas un
euro al día en energía para moverse, y tendría garantizado el suministro. Las administraciones públicas, señorías, deben ser las primeras en beneficiarse de estas ventajas, porque por ello se beneficiarán todos los ciudadanos. Por eso les propongo
que creemos un grupo de trabajo con representación de todos los grupos parlamentarios para impulsar la introducción masiva del vehículo eléctrico en las flotas de vehículos públicos y privados, previo estudio de costes en cada caso concreto, en
aquellos casos en los que el uso de la movilidad eléctrica permita mantener la calidad del servicio y las prestaciones.
Señorías, por sus especiales características económico productivas el desarrollo del vehículo eléctrico implica la implantación de nuevas infraestructuras, generando en consecuencia inversiones y recolocando fuerza laboral proveniente de
otros sectores. En este punto quisiera mencionar de forma especial, proyectos que marcas comerciales están desarrollando en España como es el caso de Bultaco, que recientemente recibíamos aquí o de...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor García, tiene que ir acabando.
El señor GARCÍA EGEA: Voy terminando.
... Nissan, Renault o BMW que hoy nos acompañan y que están posicionando su industria aquí en España. Señorías, en el pasado se presentaron propuestas en esta Cámara sobre el vehículo eléctrico, pero en esta propuesta vamos más allá y hemos
consensuado con el sector y con los usuarios un texto que nos servirá como palanca para movernos hacia el futuro.
Quiero finalizar diciéndoles que un largo camino comienza con el primer paso, ya se han dado muchos en este sentido, pero no terminamos de ver cómo el vehículo eléctrico se integra en nuestras vidas plenamente. Hoy damos el primer paso, de
otros muchos que se han dado, para recorrer el largo camino hacia la plena incorporación del vehículo eléctrico en nuestra sociedad. Con esta intervención y con este debate no termina nada, con esta propuesta podemos comenzar algo grande, y les
animo a unirnos con el sector, con el Gobierno, tomarnos en serio el vehículo eléctrico con el que podemos conquistar un nuevo tiempo. Pongámonos a trabajar juntamente con los representantes del sector aquí presentes esta tarde, a quienes doy las
gracias, por un futuro más limpio, más eficiente, más próspero y mejor.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor García.
A esta proposición no de ley se han presentado una serie de enmiendas. Vamos a debatirlas todas. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Vasco, PNV y, en su nombre, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, en la exposición de motivos de la proposición no de ley podemos leer que elevar el consumo eléctrico ayudaría a equilibrar las diferencias entre ingresos y gastos del sistema, hacerlo
más eficiente y reduciría la tarifa eléctrica del conjunto de españoles, actualmente la más cara de la Unión Europea. Creo que este párrafo requiere alguna aclaración y algún comentario. No hay duda de que una cosa es cierta, y es que los
ciudadanos españoles pagan las facturas más altas de la Unión Europea, tanto las familias como las empresas. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Sin embargo, decir que elevando el consumo eléctrico baja la factura requiere una explicación. Hasta ahora se nos decía desde el Gobierno que el mejor kilovatio era el que no se consumía y dentro de la estrategia del 20-20-20, uno de esos
20 se refiere precisamente al ahorro energético, es decir, a la reducción del consumo, justo lo contrario de lo que parece que ahora se propone o se recomienda. Ello
es solo explicable por el exceso de capacidad del sistema que hace que un aumento de la demanda no haga aumentar los precios. Un exceso de capacidad de oferta generado por muchos motivos: por exceso de capacidad de los ciclos combinados,
debido a una mala planificación de las empresas del sector energético, y por el exceso también inicial fotovoltaico debido a un error monumental político que permitió que la capacidad fotovoltaica se multiplicara por diez de lo inicialmente
previsto, junto a sus primas elevadas. Estas cuestiones no son ajenas a lo que estamos tratando. Sin olvidarnos tampoco del impacto de la crisis económica en la caída de la actividad y del consumo eléctrico. Por ello, en este contexto
consideramos absurdo e innecesario, tal y como lo hemos dicho en más de una ocasión, la reapertura de la central de Garoña porque no aporta nada al sistema eléctrico, tan solo favorece a Nuclenor y va en contra de la mayoría de los ciudadanos y
grupos políticos que nos hemos manifestado sobre esta cuestión.
Hecha esta puntualización, que considero importante para situar el tema, desde el Grupo Vasco valoramos muy positivamente el contenido de la iniciativa presentada por el Grupo Popular. Impulsar el vehículo eléctrico evita la contaminación
atmosférica y la contaminación acústica, lo que redunda en beneficio del conjunto de los ciudadanos y del propio planeta. Todos debemos luchar para evitar el cambio climático reduciendo las emisiones de CO2, que es lo se que consigue a través del
vehículo eléctrico. Hagamos, de todas formas, previsiones realistas y no solo voluntaristas, pero impulsemos de verdad la utilización del coche eléctrico especialmente en las ciudades y reduzcamos ruidos y contaminación. Sabemos que no es fácil
cambiar las costumbres de los ciudadanos ni evitar las presiones de los fabricantes o de los gasolineras, por eso tenemos que ponérselo fácil a los usuarios.
Para mejorar el texto propuesto por el Grupo Popular y con el fin de aclarar y poner en valor la figura del gestor de carga, hemos presentado una enmienda que a nuestro juicio mejora la iniciativa, y cuya aceptación o transacción por parte
del Grupo Popular facilitaría nuestro voto favorable a la iniciativa. En nuestra opinión, las infraestructuras de recarga deberían tener un dato similar al de cualquier otro suministro de combustibles para el transporte, apoyando las modificaciones
necesarias para que la figura del gestor de carga recogida en la Ley del Sector Eléctrico pueda prestar este servicio. Estos gestores permitirán la aplicación de medidas de gestión de la demanda eléctrica, garantizarán la calidad y la eficacia del
servicio y serán, por tanto, agentes necesarios para garantizar la interoperabilidad de las infraestructuras dentro del Estado y en el ámbito de la Unión Europea, incorporando estándares, nuevas tecnologías e innovaciones.
Así, además de incluir este concepto de forma más nítida en la exposición de motivos, hemos enmendado también los puntos 3 y 5 de la iniciativa e incluido un punto número 10. En el punto 3 añadimos una coletilla final que delimita el ámbito
de la correcta gestión energética, tanto a nivel local para mejor uso de la gestión de distribución, como a nivel estatal para optimizar el uso del parque de generación existente. En el apartado 5 proponemos eliminar las barreras que actualmente
existen para el despliegue de las infraestructuras de recarga en entornos públicos, entre las que destaca la imposibilidad de que un gestor conecte su instalación a una red existente de un consumidor eléctrico asociado a un establecimiento
interesado en prestar el servicio de recarga -como ha comentado el portavoz del PP, restaurantes, estaciones de servicio y hoteles-, lo que implica la realización de una acometida eléctrica independiente. Se propone posibilitar que los consumidores
vendan electricidad, solo y mediante la aprobación específica por parte de la Administración competente, a un gestor de cargas que opere la instalación. Esta solución hará más viable la instalación de infraestructura pública de recarga al reducir
considerablemente la inversión a realizar y los gastos fijos de operación, al tiempo que garantizará la correcta operación de la misma a través de un gestor de cargas. Añadimos, para finalizar, un nuevo punto 10 con el fin de crear una tarifa
especial para los gestores de carga, que exima totalmente del pago de peajes de acceso por término de potencia, al menos hasta que la movilidad eléctrica sea una realidad y se cuente con una infraestructura mínima. Potenciar el gestor de carga como
elemento de eficiencia y calidad de suministro es una propuesta que esperamos que el Grupo Popular acepte. De todas formas, estamos a la espera de que nos plantee una transaccional a nuestra enmienda, y esperamos llegar a un acuerdo en un tema que
creo que interesa a muchísimas gente, también a nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Para presentar su enmienda, por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidente, señorías, el Partido Popular nos presenta a debate esta proposición no de ley con la que mi grupo parlamentario no puede por menos que estar de acuerdo y compartir el espíritu de la misma. Estamos de
acuerdo en que el Gobierno impulse y promueva la movilidad sostenible reforzando y estimulando la presencia del vehículo eléctrico en las ciudades, y para nosotros referirnos al vehículo eléctrico es referirnos también a la movilidad sostenible y,
en un plano más concreto, a la movilidad eléctrica. Es el momento de ir más allá del fomento del vehículo eléctrico y dar apoyo a todas las formas de movilidad sostenible. Es el momento de sumar y de concretar medidas de apoyo efectivas al
vehículo eléctrico.
En relación con el vehículo eléctrico la tendencia de ventas es creciente; ya en 2013 el incremento respecto a 2012 ha sido de aproximadamente el 85 %. Pero aun cuando podemos considerar estas cifras como positivas, estas deben ser mejores
para que haya una externalidad positiva para toda la sociedad y un impacto industrial importante. En mi grupo parlamentario podemos afirmar que, tanto las actuaciones desde el Gobierno de la Generalitat como nuestras iniciativas en el Congreso de
los Diputados, han mostrado y muestran nuestro compromiso en este ámbito y con este sector. Desde Cataluña la sensibilidad hacia este tema y el impulso de este sector ha sido claro y, en el ámbito de la movilidad, el Gobierno de Cataluña, en su
continua apuesta, lo ha incorporado como uno de los siete ámbitos estratégicos preferentes en la política industrial RIS3. El objetivo principal es el de potenciar Cataluña como una zona de referencia internacional en el diseño, fabricación e
implementación de soluciones de movilidad integral, y potenciar este sector se ha de traducir en un impacto industrial y en un efecto positivo y tractor en la cadena de valor y de proveedores. Por ello insistimos también mucho en los recursos
destinados al sector a través de los planes de competitividad, y todo ello sin olvidar que Barcelona es una ciudad que apuesta por la movilidad, la sostenibilidad y la eficiencia. La sensibilidad de Cataluña es evidente y es evidente también la
sensibilidad y la importancia que ha dado a este sector mi grupo parlamentario, a través de las distintas iniciativas que hemos ido presentando en estos últimos años. En concreto, quiero recordar una proposición no de ley aprobada en Comisión, en
la que evidenciamos nuestro compromiso para contribuir a la movilidad sostenible, potenciando no solo el vehículo eléctrico sino también la motocicleta eléctrica.
Hechas estas consideraciones y manifestando nuestro posicionamiento favorable a esta proposición no de ley, quiero hacer unas breves observaciones respecto a la misma y, sobre estas observaciones, mi grupo parlamentario ha presentado una
enmienda. Centrándonos en el vehículo eléctrico, señorías, la efectividad de un plan radica en la concreción de tiempos y en la dotación de recursos. Por ello creemos que es necesario instar al Gobierno no solo a que adopte estos planes y medidas
para incentivar el vehículo eléctrico y la movilidad sostenible, sino también a que se comprometa a acometer estas medidas en un horizonte temporal. Ello es estrictamente necesario, señorías, no solo para dar estabilidad y confianza al sector y a
los usuarios, sino porque da credibilidad a las propias ideas que ha venido a presentar hoy aquí el Partido Popular. Y de no hacerse y de no concretarse, estaríamos ante una declaración de buenas intenciones con escasas repercusiones.
Por otra parte, es imprescindible para la efectividad de un plan que a la concreción de los tiempos le acompañe también la concreción y la dotación de recursos. Además es importante, cuando se habla de materializar medidas dirigidas al
apoyo y fomento del vehículo eléctrico, que se detallen los recursos necesarios que van a destinarse a tales fines, y en este sentido los Presupuestos Generales del Estado de 2014 contenían una partida de 10 millones de euros para incentivar la
adquisición de vehículos eléctricos y, en cambio, en los presupuestos para 2015 la cifra desciende a 7 millones. Pero no solo hay que tener en cuenta el descenso, sino que en esta cifra el ministerio ha incluido no solo a los coches eléctricos sino
también a los denominados eficientes, lo cual a efectos prácticos, señorías, conlleva menos presupuesto para el vehículo eléctrico. Y no puedo dejar de decir que nos sorprende que se presente por parte del Grupo Popular esta proposición no de ley,
que apoyamos, con la idea de promover el vehículo eléctrico y, por el contrario, en una coyuntura económica más favorable los presupuestos generales reduzcan el apoyo a los mismos. Es un eje que hemos de reconducir. Por tanto, recursos e
incentivos. Y en este sentido, la fiscalidad ha ser una herramienta que ha de generar incentivos económicos para una buena gestión y un comportamiento ambiental y para desincentivar también determinadas gestiones y comportamientos. Por ello,
proponemos en nuestra enmienda que, en el marco de la reforma fiscal que ha presentado el Gobierno, se restituya la deducción por inversiones con objetivos de mejoras medioambientales, haciendo especial hincapié en los vehículos eléctricos. Dado
que se están generando nuevos instrumentos fiscales en materia ambiental que afectarán a las actividades económicas, principalmente en forma de impuestos, es necesario y conveniente que no se elimine el
único incentivo económico que actualmente tienen los sectores industriales para realizar inversiones ambientales, por coherencia con el discurso de la fiscalidad ambiental, que no solo consiste en grabar determinados comportamientos sino
también en incentivar otros más acordes con las políticas de prevención de la contaminación.
Nuestra enmienda de adición -termino, señor presidente-, en tres puntos, ha ido en la dirección de acotar estos aspectos, a fin de que el apoyo al vehículo eléctrico sea más efectivo y de aprovechar el margen de apoyo que en términos de
recursos ofrecen los Presupuestos Generales del Estado y la reforma fiscal. También hemos reiterado en esta enmienda la necesidad de colaboración con las comunidades autónomas, algo imprescindible en este sector y en esta materia en la definición e
implementación de las medidas, y además la territorialización de los recursos sería deseable y positiva, y no solo desde un punto de vista competencial sino también de efectividad.
Presidente, señorías, esperamos que esta enmienda pueda ser apoyada y contribuya a la concreción y al impulso efectivo de un sector muy importante, en términos de sostenibilidad, en el marco medioambiental y en el ámbito industrial, porque
es un sector que incorpora tecnología, modernidad e innovación a nuestra industria y forma parte de un sector estratégico en nuestro crecimiento y nuestra competitividad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Para defender la enmienda del Grupo Socialista a esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor Lavilla.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Como el Congreso de los Diputados es un Parlamento vivo, he escuchado con mucha atención al ponente de esta PNL del Grupo Popular, a don Teodoro García, que ha dicho que este era el primer paso, a 400 días del final de la legislatura, si
esta se prolonga desde que se constituyeron las Cámaras hace cuatro años. He escuchado con mucha atención a la portavoz de Convergència i Unió, a mi compañera y amiga doña Inma Riera, y ha subrayado -yo lo tenía también aquí- que la partida
presupuestaria son 10 millones, pero lo que se recoge para movilidad, ampliando los conceptos, son 7 millones. En mi tierra soriana, en Castilla, hechos son amores. Es decir, ¿qué importancia le da el Grupo Popular al vehículo eléctrico? A pesar
de esta propuesta, le da menos importancia presupuestaria, y esto es importante subrayarlo. Por eso, en el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado una alternativa completa, estando de acuerdo con la declaración de intenciones de la
proposición no de ley, que compartimos -aprovechamos esta ocasión también para saludar desde el Grupo Parlamentario Socialista a todo el sector-. Compartimos esa declaración y queremos saber hasta donde está dispuesto a llegar el Grupo Popular por
la importancia que usted mismo ha enumerado, y en la que yo no voy a extenderme por falta de tiempo. La comparto porque esta sí que es una herencia, pues de la herencia se coge lo bueno y lo malo, muy positiva, ya que, como sabe muy bien, había un
plan estratégico aprobado por el anterior Gobierno.
Le agradezco también su intervención porque en el texto de la misma mencionan la palabra quimérico. Quimérico se dice de un hecho fabuloso, fingido, imaginado y sin fundamento. Pedirnos a nosotros, en el año 2014, en el texto del preámbulo
de la moción responsabilidades por lo que no se ha hecho es quimérico y, si no, dígame usted qué lo es. Nosotros podemos tener como mucho una responsabilidad hasta el año 2011, pero desde entonces hasta el año 2014 ha habido, que yo sepa, otro
Gobierno que ha tenido la responsabilidad de gobernar y de realizar las actuaciones que ha considerado pertinentes.
En cuanto al apoyo al vehículo eléctrico, citaré tan solo tres reales decretos: Plan Movele, el Real Decreto 648/2011, de ayudas directas a la compra de vehículos, el Real Decreto 647, de gestor de cargas o el Real Decreto 647 también de
tarifa de acceso supervalle. Es verdad que la letra de la iniciativa del Grupo Popular suena bien, pero profundiza poco. Hemos hecho un análisis de los nueve puntos de su iniciativa y el verbo estudiar aparece tres veces, porque uno de los
compromisos es estudiar; otro es seguir fomentando, a cuatrocientos días del final de la legislatura este es el primer paso, seguir fomentando; impulsar, que tampoco compromete mucho, aparece cuatro veces, y eliminar, una, eliminar una barrera.
¿Qué soporte presupuestario tiene? Ya me he referido a ello. Yo estoy en contacto con nuestro portavoz, con Joan Rangel, y vamos a estar muy atentos en el debate de presupuestos para ver qué soporte presupuestario destina el Grupo Popular a esta
importante iniciativa del coche eléctrico, que para nosotros ya era muy importante cuando gobernábamos y lo es ahora en la oposición, todo el sector de la automoción.
Estos son los diez puntos que hemos planteado como alternativa desde el Grupo Parlamentario Socialista. Estamos abiertos a negociar, aunque nada más sea por defender el castellano en el punto décimo, porque los smart grids tienen una
traducción, redes inteligentes en castellano, y como yo estoy seguro de que lo van a rectificar en base a la propuesta socialista vamos a renegociar en una transaccional toda la propuesta.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos propuesto diez puntos para ese plan integral, para encajarlo dentro de esa política industrial a la que aspiramos. Entendemos que en las políticas de movilidad urbana hay que implicar al
conjunto de administraciones y, por tanto, planteamos reindustrializar España y que el vehículo eléctrico sea una parte, que ese plan integral del vehículo eléctrico tenga un mínimo de 20 millones de euros en el presupuesto para impulsarlo. Esta es
una petición expresa que comparte el sector.
Voy terminando. Los incentivos a la compra. Esto también es muy fácil hacerlo, que se inicien desde enero, durante todo el año. Estamos de acuerdo en el desarrollo integral de la infraestructura de recarga y en el plan de movilidad
urbana, la priorización de la I+D+i y una línea específica de ayudas en los Presupuestos Generales del Estado para introducir la compra masiva de vehículos eléctricos para el conjunto de las administraciones. También una partida presupuestaria en
TIC -lo compartimos-, una fiscalidad -esto lo compartimos con Convergència i Unió- para favorecer la implantación del vehículo eléctrico y garantizar progresivamente que las recargas nocturnas de los vehículos eléctricos se hagan también con energía
sostenible, porque lo importante es que el vehículo eléctrico consuma energías renovables.
En definitiva, el Grupo Parlamentario Socialista, acepte usted o no renegociar sobre una transacción el texto, va a aprobar esto, pero nos gustaría que se le diera la importancia que tiene para el sector, para los ciudadanos y para el medio
ambiente y que sobre las propuestas del Grupo Socialista y algunas que han planteado otros grupos se elaborará una transaccional.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lavilla.
Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Esta proposición no de ley, a nuestro entender, es bien intencionada, y con ella podemos estar de acuerdo y compartir muchos de sus puntos. El problema nos viene en la contradicción entre la exposición de motivos y las políticas que realiza
el Gobierno. En su exposición de motivos dicen: La introducción del vehículo eléctrico como alternativa al vehículo de combustión debe constituir una prioridad de primer orden si queremos cumplir los objetivos de la Comisión Europea marcados para
el año 2020 en materia de eficiencia energética, renovables y emisiones de CO2, todo ello al tiempo que nos preparamos para superar los retos a los que la sociedad tendrá que enfrentarse de aquí a unos pocos años tratando de reducir nuestra
dependencia energética del exterior. Efectivamente, tenemos una dependencia energética exterior del 75 %, cuando la dependencia europea es del 54 %. En 2012 nos gastamos 45.000 millones de euros en importaciones de hidrocarburos, el 4,5 % del PIB.
Pero ustedes sacaron una ley que hundía las renovables y con ellas a los 30.000 pequeños inversores que confiaron en el BOE -tienen muchas demandas abiertas y veremos si pasa lo mismo que en el Proyecto Castor-, una ley que estrangulaba el
autoconsumo con sanciones absolutamente escandalosas, incluso se hizo eco el Wall Street Journal, con multas que se equiparaban a las de fugas radiactivas muy graves, y una ley que ponía trabas a las pequeñas cooperativas eléctricas. Por tanto,
perdonen que ponga en duda sus inquietudes medioambientales. La justificación para impulsar el vehículo eléctrico, de acuerdo con la proposición no de ley presentada por el Partido Popular, se basa únicamente en aumentar el consumo energético para
hacer un mayor uso de los más de 106.000 megavatios de producción eléctrica instalados, cuando en realidad tenemos un pico de consumo de 40.000 megavatios. La utilización de electricidad puede ser limpia o no en función de cómo se produzca esa
electricidad. Si para producir más electricidad quemamos más carbón o más gas, las emisiones aumentarán. Si por el contrario aumenta el parque de energías renovables, las emisiones se reducirían. Pero el Partido Popular ha optado por una política
energética que castiga a las energías renovables, reduciendo hasta prácticamente cero la instalación de nuevas plantas. Esta política energética, cuyo objetivo es impulsar el uso del gas, del carbón y alargar la vida de las centrales nucleares, es
incompatible con un modelo más limpio. No se reducirán, por tanto, las emisiones, sino que aumentarán con el incremento del consumo de energía.
Hay estrategias diversas para reducir las emisiones en el transporte: medidas para impulsar la eficiencia energética de los vehículos, impulso a transportes alternativos como el ferrocarril, nuevos
modelos urbanos con menor presencia del vehículo privado y potenciación de la bicicleta, como se hace en muchos países europeos. El coche eléctrico es solo un elemento complementario a una estrategia de transporte diferente y como tal debe
ser valorado e impulsado. Sin embargo, la actual proposición no de ley solo busca la manera de aumentar el consumo de energía eléctrica para poner en valor unas plantas construidas por las empresas energéticas en un escenario mal planificado y no
impulsa modelos de transporte alternativos y más limpios, que es lo que venimos defendiendo y lo que proponemos Compromís y Equo. Por cierto, me ha gustado mucho que el proponente nos dijera el coste por kilómetro en un coche eléctrico y en uno
convencional. Me ha gustado saber que ese coste es la mitad, pero también me gustaría que de una vez por todas hicieran una auditoría de los costes eléctricos para saber si ese déficit de tarifa es el que están diciendo las compañías eléctricas o
es mucho menor, porque todos los meses lo estamos pagando los consumidores de nuestro bolsillo, y para saber también el coste del kilovatio producido por energías fósiles y por energías renovables.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baldoví.
Por Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Coincido con los demás grupos en que esta es una propuesta bien intencionada, con un objetivo que es de general interés y que todos compartimos. La única pega, pero es una pega bastante profunda, que le encuentra mi grupo es que esto que se
propone aquí lo propone el grupo que sostiene al Gobierno que ha hecho una política bastante contraria a este tipo de logros, porque aquí hay combinadas tres políticas importantes que confluyen en el vehículo eléctrico, la política industrial, la
política energética y la política de I+D+i, de innovación. Si empezamos por la final, la I+D+i en España ha sido arrasada bajo la bandera de reducción a toda costa del déficit público, y el déficit público se reducirá o no, pero lo que han reducido
de una manera escandalosa es la I+D+i. Si hablamos de política energética, cuando el portavoz ha ido desgranando antes las cuestiones que habría que resolver para hacer viables y sostenibles los vehículos eléctricos, resulta que todas ellas son
cuestiones, sin excepción, que no sé por qué no han presentado, traído y aprobado ya en algunos de los nueve o diez reales decretos leyes que tocaban la política eléctrica y con los que han ido torturando al país y consiguiendo el precio de
electricidad más alto de España. Porque, seamos realistas, están muy bien los progresos en tecnología de vehículos eléctricos pero hay un problema de fondo. Es decir, mientras la gasolina en España tenga una carga fiscal menor que la electricidad
-y así es- el incentivo será a favor de vehículos que consuman combustibles fósiles y no de vehículos eléctricos. De manera que aquí hay una contradicción profunda entre lo que están haciendo en política energética y lo que dicen que quieren hacer
en este sector específico y concreto del vehículo. Eso para empezar. No deja de ser además algo sobre lo que quizá el portavoz del Grupo Popular tenía que haber reflexionado: cómo es posible que nos sobre tanta capacidad instalada y sin embargo
los precios no paren de subir. Esta es la cuestión.
Respecto a la política industrial, exactamente lo mismo. Nosotros pensamos que hace falta, que es urgente -lo hemos dicho muchas veces nosotros y los demás grupos- una política industrial pero que vea a la industria, igual que a la energía,
como un conjunto, como un sistema y que haya actuaciones, por supuesto concretas y por lo tanto puntuales, pero que tengan un sentido de conjunto, no escoger, como ya pasó durante el anterior Gobierno, un sector sin duda alguna de impacto mediático,
un sector popular donde confluyen muchos intereses -la lucha contra la contaminación, contra el ruido, mayor calidad de vida en las ciudades, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, innovación y muchas más cosas- y el resto lo
abandonamos. Porque, por una parte, no se puede, como se ha hecho con la política energética, cargarse en gran parte la competitividad de la industria a base de tasas a la cogeneración y cosas así y, a la vez, decir alegremente: ahora vamos a
financiar la extensión urbi et orbi del vehículo eléctrico.
Como nos parece que todo esto es tremendamente incoherente y creemos que hace falta un poco de coherencia y no tomar el pelo a los ciudadanos y llevarles políticas que en el fondo no son más que eso, episodios pensados para la galería y no
políticas de fondo, nuestro grupo se abstendrá. Esperamos, sin embargo, que todo eso que han dicho que quieren hacer lo traigan aquí y lo podamos aprobar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señores diputados, señoras diputadas, cuando el Partido Popular nos trae una proposición no de ley de este tipo siempre tenemos una duda, si lo hace porque tiene que cubrir un cupo o lo hace para
quedar bien con algún sector, porque la verdad es que suele resultar bastante contradictorias con lo que su propio Gobierno realiza. Yo me niego a creer que su grupo parlamentario no tenga capacidad para influir en el Gobierno; me niego a creer
eso porque sería un ingenuo y a estas alturas no voy a presumir de ello. La realidad es que ustedes nos traen un debate que es interesante, que es bienvenido a esta Cámara pero también evidencia las debilidades de la política del Partido Popular.
Yo voy a hacer una intervención señalando no solamente esas debilidades que, como ya ha dicho otro portavoz, las veremos dentro de unos días cuando hablemos de presupuestos. Ustedes no tienen un modelo productivo que sea acorde con la defensa del
medio ambiente; ustedes no tienen un modelo productivo sostenible, sino todo lo contrario. En esta legislatura, desde la Ley de Costas a todas las iniciativas, tienen una obsesión con poner siempre el medio ambiente al servicio de la economía de
mercado. Por tanto, desde esa visión difícilmente nos podemos creer que sus buenas intenciones vayan más allá de un guiño en una proposición no de ley que tendrá de vigencia lo que dure este debate.
Me van a permitir que aproveche este debate para plantear un tema que es la base cuando hablamos del coche eléctrico. A estas alturas del siglo XXI resulta imposible creer que el coche eléctrico no tenga mayor desarrollo si no piensa uno en
los intereses del petróleo o, mejor dicho, de quienes están detrás del petróleo, las petroleras, que mueven guerras y destruyen países y evidentemente no han permitido que el coche eléctrico se desarrolle como se han desarrollado otros segmentos de
la tecnología. Es impensable creer que a estas alturas del siglo XXI no haya un desarrollo tecnológico suficiente para haber acabado con el vehículo de gasolina o de gasoil. Es impensable porque realmente existen avances tecnológicos que hubiesen
permitido ya una energía mucho más blanca, una energía mucho más aceptable para el medio ambiente. Sin embargo, los intereses económicos que mueven, como les decía, guerras no van a permitir que eso se desarrolle y, finalmente, lo que nos queda son
sus brindis al sol.
Dicho esto, entramos en lo que ustedes nos proponen. Nuestras enmiendas son fruto de un debate, como otras enmiendas que se han presentado y que podríamos aquí valorar y votar, siempre que hubiese un compromiso de su grupo de que luego eso
se va a trasladar a la realidad, pero ustedes no lo han hecho ni lo van a hacer, y nos remitimos a los Presupuestos Generales del Estado. Ustedes no lo han hecho porque su modelo económico y su modelo productivo van en sentido contrario. Es
evidente que en estos momentos hay que afrontar un hecho, que esto no da para más, el planeta no da para más y la necesidad de actuar es urgente y perentoria. El vehículo de motor aparece como una alternativa, no como un complemento, sino como una
alternativa, fundamentalmente en las grandes ciudades, en los sitios donde la situación es más que acuciante. Nuestro grupo cree que es importante, que es necesario y que es urgente que se tomen medidas para potenciar el vehículo eléctrico, para
potenciar lo que pueda significar de aportación a una industria que hay que apoyar. Hay que plantear claramente la necesidad de investigar para que sea competitivo, para que pueda ser una alternativa, para que realmente sea la alternativa ecológica
que este planeta necesita, a lo que ustedes no están contribuyendo. Esta legislatura va a pasar a la historia como una de las más negativas en cuestiones medioambientales; no tenemos ya aquí al señor ministro Cañete que ha dado buen ejemplo de
cuál era su obsesión.
Esta proposición no de ley para nuestro grupo es un guiño, nos viene bien porque abre un debate interesante que nos permite mostrar nuestra postura y evidencia sus debilidades, evidencia sus contradicciones. Nuestro grupo acepta el reto de
llevar adelante propuestas concretas: traigan ustedes propuestas de ley, traigan ustedes esos decretos que tanto les ha gustado aprobar en esta legislatura para debatir realmente cómo podemos hacer del coche eléctrico una alternativa en las
ciudades y fuera de las ciudades. Entonces empezarán ustedes a ser creíbles, mientras tanto hemos debatido de forma interesante y debatiremos, pero su credibilidad -no la suya, la de su grupo- está bajo mínimos. Ahí nos encontraremos, ustedes
defendiendo lo que han defendiendo y nosotros planteando alternativas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
Señor García Egea, ¿qué va a hacer con las enmiendas?
El señor GARCÍA EGEA: Vamos a debatirlo internamente, pero de momento no las vamos a aceptar.
El señor PRESIDENTE: ¿Va a presentar una transaccional?
El señor GARCÍA EGEA: Vamos a intentarlo. No lo sé todavía.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL GOBIERNO Y SUS CONSECUENCIAS EN EL INCREMENTO DE LAS DESIGUALDADES. (Número de expediente 173/000171).
El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir las mociones. Les comunico que esta moción que vamos a debatir ahora será el último punto que debatamos esta tarde.
Moción consecuencia de interpelación del Grupo Socialista sobre la política educativa del Gobierno y sus consecuencias en el incremento de las desigualdades. Para su defensa, tiene la palabra el señor Buyolo.
El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Quiero que mis primeras palabras sean de ánimo y de apoyo a los miles de estudiantes, profesores y profesoras, madres, padres y alumnos y a las organizaciones sociales que esta semana se movilizan contra la Lomce y la política educativa del
PP, demostrando su compromiso con la educación pública. Señores del Partido Popular, ustedes no escuchan, tienen la actitud del necio, querer tener la razón aun cuando todo el mundo les demuestra que solo es su razón, no es la razón de un pueblo
que aspira a una educación pública con equidad, pero tampoco nos han escuchado a nosotros ni al resto de los grupos políticos. No nos cansaremos de decírselo: en la próxima legislatura, cuando cambie la mayoría, derogaremos la Lomce y trabajaremos
por un gran acuerdo político y social para la estabilidad, la equidad y la excelencia en la educación. (Aplausos).
Para ustedes es más fácil hacer oposición que gobernar, solo hay que ver los números. En 1996, cuando ustedes gobernaban, el fracaso escolar estaba en el 31,4; en 2004, cuando abandonan el Gobierno, se elevó hasta el 32 %. Si las
matemáticas no me fallan, 0,6 % más. Aunque ustedes quieran negar las evidencias, cosa de necios por cierto, el abandono escolar temprano en nuestro país lleva siete años consecutivos descendiendo. Por cierto, los mismos que lleva en
funcionamiento la LOE. Pero ustedes no escuchan la realidad de la calle ni atienden a los profesionales de la educación y, lo que es peor, interpretan los números a su antojo. Fíjense, PISA, que es un informe que realizan economistas, durante
muchos años ha puesto de relieve que España es el segundo país con más equidad, al mismo nivel que Finlandia, además de ser junto a Corea el país que más ha avanzado en los últimos años. Qué casualidad que desde que ustedes acceden al Gobierno el
primer informe de PISA sobre su gestión ya pone de relieve las medidas que han llevado a la ruptura de la equidad en nuestro país. Un consejo: No se le ocurra volver a esgrimir el argumento de que somos iguales en la mediocridad, porque además de
ser de mal gusto -les recuerdo que estamos hablando de la generación mejor formada de España- es falso.
El abandono escolar temprano se ha acrecentado en nuestro país por motivos de carácter económico heredados de la burbuja inmobiliaria que vivió nuestro país. Por cierto, otro informe de la OCDE establece que las diferencias educativas entre
los territorios no están relacionadas con la educación, sino con el nivel socioeconómico de cada zona; pero, claro, este informe a ustedes tampoco les interesa porque rompe su idea educativa de mercantilización y católica, basada en el libre
mercado y la ideología del refuerzo. Para ustedes es fácil enviar a los alumnos que tienen más dificultades a la FP básica, sacarlos del sistema y al mismo tiempo, por arte de estadística, convertir los números del abandono escolar en un éxito.
Maquillar las cifras no elimina el problema y además genera desigualdad para aquellos que no tienen otra salida y que necesitan más apoyo. No podemos romper la equidad en la educación y ustedes, que son poco amantes de la igualdad -ya lo dijo el
presidente Rajoy en su artículo tan ilustrativo sobre la buena estirpe-, están poniendo todos los mimbres para que no todos tengan las mismas oportunidades.
Paso a relatarles las propuestas de nuestra moción y también les anuncio que hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y con Convergència i Unió sobre una transaccional que ya hemos pasado a la Cámara para
su aprobación posterior. La primera propuesta es recuperar el pacto constitucional y defender la educación como un servicio público. Ustedes, en su particular cruzada, han pretendido acabar con el trabajo de miles de personas durante treinta y
cinco años de democracia. Recuerdo una viñeta del genial humorista El Roto, donde un señor le decía a otro: Ni Franco se hubiera atrevido.
Ustedes, con su temporal mayoría absoluta, han pretendido reescribir la transición, rompiendo con los pactos constitucionales que han propiciado el mayor avance económico, social, cultural y democrático de nuestro país. Han intentado
imponer una educación marcial, confesional, sin democracia interna y, sobre todo, han intentado acabar con la educación como servicio público. Por eso tenemos que volver a unir las fuerzas, como ya ocurrió en otras épocas, para decirles que no, que
la educación es un servicio público y que vamos a defenderla para que cada día sea más público y con más calidad.
El segundo punto es eliminar los actuales límites de la tasa de reposición del profesorado. Bienvenidos, parece que un poco tarde, pero han rectificado. Por fin, les ha costado, pero con esta actitud del necio que no escucha, no nos
extraña. Hasta en esto intentan engañar a la ciudadanía, no sé si porque creen que viven en la edad del papiro y no se dan cuenta de que estamos en la sociedad de la información. Pero aunque ustedes no sean propensos a esa transparencia en la
información, nosotros somos inquietos y la buscamos para demostrarles que están equivocados o mienten. Le repito, como ya hizo mi compañero Meijón o nuestro portavoz de educación, Mario Bedera: Ustedes han destruido 24.000 plazas de profesores no
universitarios y 6.000 de docentes universitarios en tan solo dos años. Y no solo eso, sino que ahora Wert ha iniciado una cruzada contra los profesores y, blandiendo un informe internacional -cómo no, realizado por economistas-, acusa a los
profesores de cobrar mucho y de dar poco rendimiento. Les seré claro y contundente: ningún sistema educativo es mejor que su profesorado y ninguno es tan excelente como el nuestro. ¿Saben lo que necesita la educación? Profesores que puedan tener
una formación permanente, que ustedes la han eliminado de los presupuestos; respeto institucional a la figura del maestro, al que ustedes acusan de cobrar mucho y rendir poco; recursos educativos, pedagógicos y programáticos para poder desarrollar
una educación inclusiva, y ustedes los eliminan de los presupuestos en educación especial y compensatoria y además los reducen a meros peones de un sistema dictatorial bajo las órdenes del director. En definitiva, todo lo contrario de lo que
necesitan.
Tercer punto: derogar los requisitos restrictivos de los reales decretos de becas. Efectivamente, la beca es un derecho. Ya sé que ustedes no lo entienden, que para ustedes la beca debe ser un premio, pero, miren, la beca es un derecho y
debe ser tratado como tal. El sistema de becas no es insostenible económicamente porque la beca es un derecho, un derecho que no puede ser limitado; un derecho nunca genera deuda. Esto no se puede limitar o condicionar a la cantidad de dinero, no
funciona así. Un derecho se reconoce y se paga. ¿Qué hacen ustedes? Limitar el derecho a la beca, establecer una cuantía máxima a repartir y entonces todos a competir Le repito: la beca es un derecho y no puede estar condicionada por la cantidad
de dinero que ustedes quieran establecer. Y aún más: hacer que los estudiantes devuelvan una beca una vez concedida es un atropello a la equidad y a los derechos de los estudiantes que la consiguieron con su esfuerzo.
Voy a ir más rápido -porque mi tiempo concluye- con los tres puntos que queremos proponerles también en esta moción. Fortalecer la cooperación institucional. Frente a su modelo de competición entre centros, nosotros defendemos un modelo de
cooperación. La Constitución estableció un reparto competencial entre los distintos niveles territoriales de España, un sistema que ha funcionado en educación y en el cual debemos profundizar otorgando competencias a las administraciones. El
ministerio no puede convertirse en el enemigo de las comunidades autónomas, sino en el aliado para diseñar las estrategias que nos permitan mejorar la educación en cada uno de los territorios.
Realizar un compromiso fuerte y claro con el servicio público de educación. Debemos evitar lo que ustedes están intentando y que ya les adelanto que no conseguirán: la escuela pública no va a ser subsidiaria de la privada.
Establecer un modelo de financiación que garantice un suelo común. La libertad de elección que ustedes están intentando imponer es solo la otra cara del repago, su idea de mercantilizar la educación y aumentar la financiación privada. No
podemos sostener un sistema que se basa en...
El señor PRESIDENTE: Señor Buyolo, tiene usted que terminar.
El señor BUYOLO GARCÍA: Termino ya, señor presidente, muchas gracias.
Decía que no podemos sostener un sistema que se basa en la desigualdad. Y por último, como ya le dijimos, elevar las inversiones en educación hasta alcanzar en ocho años el 7 % del PIB. Miren, en la educación en España hay una correlación
que es incontestable: a más inversión, más y mejor educación. Ocurrió en la República, cuando se invirtieron 400.000 pesetas para construir 25.000 escuelas. Un
impulso que supuso que miles de españoles pudieran estudiar. Y ahora también, con la inversión de 6.000 millones de euros que ha llevado la LOE, durante siete años consecutivos se ha reducido la tasa de abandono escolar.
Concluyo, señor presidente. Nuestro compromiso será claro y contundente. La educación es nuestra principal política, la base del Estado del bienestar, y apostamos fuertemente por invertir lo necesario para que nuestro sistema educativo
tenga los recursos necesarios para una educación de calidad, equidad y excelencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Buyolo.
Para defender las enmiendas formuladas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, interviene el señor Álvarez Sostres.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.
Señorías, la verdad es que ya me resulta personalmente algo cansino usar mi turno de palabra para manifestar mi opinión sobre la política del PSOE vista desde su óptica. Yo les reconozco una cosa sustancial: son ustedes inasequibles al
desaliento, tenaces hasta la extenuación en sus dogmas, persistentes en sus paranoias educativas hasta lo infinito, pero por mucho que castiguen a las sombras, siempre habrá zonas de sombra.
La moción que presentan es un resumen de muchas cuestiones aquí ya debatidas y ya votadas, algunas a iniciativa mía. Es una entrega compendiada de varios aspectos relativos a programas educativos como la cooperación territorial -mañana
veremos en la Comisión aspectos de su talante sobre la cooperación territorial-, sobre aspectos de becas, tasas de reposición del profesorado, tasas de inversión, tasas, en una palabra, ya conocidas y reiteradas en esta Cámara, las mismas y tópicas
líneas de erosión política que no les censuro, solo las tildo de poco imaginativas y de Biblia apócrifa por fascículos. Pero sí me detengo en el primer punto de su moción, que yo les enmiendo por lo que perturba a la verdad. Ahora ya no se oponen
a la Lomce, aparentemente, sino a la recuperación del pacto constitucional, que estima que ha existido desde el año 1985, de la LOE del ministro Maravall, y ha continuado hasta la fecha con la única excepción, creo yo, del golpe de la LOCE y del
golpe de la Lomce. Demasiada frivolidad para no ser denunciada. Saben que jamás ha habido un pacto constitucional en educación, luego no pueden pedir, como hacen en esta moción, la recuperación del pacto constitucional. Esta ha sido la
contestación eufemística de muchos de sus gurús ya conocidos por algunos de nosotros hace muchos años. Decían: El pacto ya está hecho al aceptar la Constitución, pero ni el ministro Gabilondo lo creía así y por eso buscó con una linterna y con
toda la imaginación posible, puerta a puerta, incansablemente, un pacto de desarrollo constitucional. Y yo -y seguro que otras formaciones- lo pido ahora y siempre, una y otra vez, porque la sociedad española lo exige y nuestro sentido político
también. Este es el sentido, en definitiva, de mis enmiendas. No puedo aceptar sus enmiendas y mucho menos la transaccional que, en mi modesta opinión, empeora y complica muchísimo su primitiva propuesta.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.
Señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Señorías del Grupo Socialista, al Bloque Nacionalista Galego le pasa justo lo contrario que a Foro Asturias, está dispuesto a debatir y a insistir una y otra vez para que, esa sí, la pertinaz e insistente postura del Partido Popular respecto
a la educación en el Estado español, cambie. Muchos de ustedes recordarán que en las comparecencias que tuvieron lugar en el proceso de tramitación de la Lomce no fue el BNG ni el resto de los grupos únicamente los que advirtieron de la grave
amenaza que la ley representaba para la igualdad en la educación. Fue el propio representante de la OCDE quien claramente manifestó su preocupación porque la aplicación de la Lomce supusiera un aumento de la desigualdad. Así, a la lesiva política
educativa que ha practicado este Gobierno desde el minuto cero de su toma de posesión, sumamos ahora la puesta en marcha de una ley que en su propia letra fomenta la desigualdad y ataca sin piedad a la educación pública y de calidad. Los recortes
multimillonarios que han ejecutado desde el 2011 han supuesto no solo un lastre para la propia educación pública, sino un gravísimo problema para millones de familias en todo el Estado. Millones de niños que no pueden comprar sus libros de texto o
su material
escolar, que no disfrutan de ningún tipo de ayudas, tampoco para transporte o comedor escolar; miles de universitarios que han abandonado sus estudios por no poder sostenerlos económicamente, mientras el ministerio endurece los requisitos
de acceso a beca y rebaja la partida presupuestaria. Aquí al Partido Popular no le preocupa el abandono escolar. Todo esto después de afirmar una y otra vez que en este curso era en el que había mayor cantidad presupuestaria para becas. Recorte
salvaje de profesorado, empeoramiento de sus condiciones laborales, aumento de las ratios, condiciones deplorables de muchos centros son solo algunos de los méritos del señor Wert y de su secretaria de Estado. A esto podemos sumar la segregación,
el ultracatolicismo, la recentralización y la lucha sin cuartel que ha supuesto la Lomce contra todos aquellos alumnos y alumnas más desfavorecidos social y económicamente, y a los que se ha dejado sin el profesorado de refuerzo que necesitan, sin
el cual en muchos casos quedarán en la cuneta, se convertirán en carne de cañón de un sistema que los devora, igual que Saturno a sus propios hijos. Diga lo que diga el PP, la calidad de la educación ha empeorado en estos años y ha dejado de ser un
derecho universal. Eso lo vemos todos en nuestras ciudades, en los centros de enseñanza de nuestros pueblos, en esos pueblos y ciudades donde la recuperación que el Partido Popular ve por todas partes todavía no ha llegado.
Nosotros, señorías del Grupo Socialista, estaremos siempre a favor de todas aquellas medidas que reviertan la situación actual. Por eso, en su momento, firmamos con la mayoría de grupos de esta Cámara nuestro compromiso de derogar la Lomce
si hay un cambio de Gobierno, y por eso también vamos a votar favorablemente la moción que han presentado, ahora ya con la enmienda transaccionada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez.
Señor Errekondo.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: El Gobierno del Partido Popular lleva los tres años de esta legislatura imponiendo su modelo de Estado, y para ello no duda en atacar desde todos los flancos a las naciones colonizadas como Euskal Herria;
desde la Policía, con el mayor ratio de policía por habitante de Europa; desde políticas antidemocráticas no reconociendo ni siquiera la existencia de la nación vasca; o desde los símbolos de la cultura y el idioma; pero principalmente desde la
educación, utilizando la Lomce como un arma; un arma sutil pero mortífera. Por tanto, no nos extraña que esta ley, la Lomce, siendo una ley adoctrinadora, centralizadora y reaccionaria, que envía a la calle a miles de personas y que, además, el
propio ministro, señor Wert, confesó que el verdadero objetivo de esta ley es españolizar a los alumnos, provoque el rechazo de toda la comunidad educativa vasca.
Pero vayamos a la moción, o mociones, porque en solo un mes nos han traído aquí dos mociones en unos términos muy parecidos; unos términos que generan alguna preocupación, porque en aquella moción de hace un mes propusieron la correcta
puesta en marcha de la Lomce o la aplicación en cinco años de la misma, y en esta están proponiendo un sacrosanto pacto constitucional, como si ello fuera la receta a todos los males. Desde Amaiur sacamos dos conclusiones muy sencillas de ver. En
primer lugar, que en sus propuestas hablan mucho de compromisos a adquirir, pero sobre todo nos resulta extraño que se olviden del principal compromiso que adquirimos aquí la mayoría de los partidos en esta Cámara, que es la derogación de esta ley,
y ha tenido que ser una enmienda transaccional la que haya recuperado la derogación de esa ley. En segundo lugar, que a estas alturas el Partido Socialista debería saber que la Constitución, para las naciones como Euskal Herria, los Països Catalans
o Galiza, no es sino su sumisión y su prisión. Por tanto, resulta de obligado cumplimiento hacer estas preguntas: ¿Realmente el Partido Socialista mantiene su compromiso de derogar la Lomce? ¿Será una condición sine qua non en un futuro pacto de
Gobierno? De todos modos, consideramos que la enmienda del grupo de La Izquierda Plural hubiera subsanado más exactamente las críticas que acabamos de realizar.
Acabo, señor presidente. Hace un mes que comenzó la aplicación de la Lomce, es decir, la recolonización del País Vasco, donde cuenta solo con el apoyo del Partido Popular, con un apoyo parlamentario de menos del 10 % y bajando. Pues bien,
en Euskal Herria el rechazo a la Lomce es total y la comunidad educativa sigue en pie. Ellos mismos han impulsado, precisamente, que en las cuatro capitales, Iruña, Gasteiz, Bilbo y Donosti, este sábado se vaya a escuchar a la voz mayoritaria de la
sociedad vasca en contra de la Lomce, con dos objetivos muy claros: Lomce no y por un nuevo sistema educativo propio en Euskal Herria. Y no hay término medio posible.
El señor PRESIDENTE: Señor Errekondo, tiene usted que terminar porque se ha pasado por mucho.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Voy acabando. Una frase solamente.
No hay término medio posible porque la educación de nuestras hijas e hijos la decidimos en Euskal Herria. Al Gobierno solamente le corresponde respetarlo. Y estaría bien que lo entendieran así tanto el Partido Popular como el Partido
Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Errekondo.
Para defender su enmienda, por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, presidente.
Señorías, debatimos esta moción -una más- en el marco de dos acontecimientos importantes: por un lado, la retirada por parte del Gobierno de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y, por otro, los Presupuestos Generales del Estado.
Es verdad que hay un tercer acontecimiento, que ha sido la pésima gestión del ébola. Desde aquí mi grupo desea la mejoría rápida de la profesional afectada.
Señorías, si traemos a colación el primer acontecimiento es porque el Gobierno, esta vez con criterio, justificó la retirada de la ley por no contar con el consenso necesario -insisto, no contar con el consenso necesario- y porque no le
parecía de recibo que se derogara a la entrada de otro Gobierno. Sin embargo, resulta curioso que la Lomce, que no ha contado con el consenso de nadie, ni externo ni interno, haya seguido su curso y se haya implantado. Pero es más curioso todavía
cuando prácticamente todos los grupos de esta Cámara firmamos públicamente un acuerdo de derogación de la misma en cuanto se dieran las condiciones para hacerlo. Señorías, que el Gobierno y el Grupo Popular sean capaces de decir una cosa y la
contraria, ya no es ninguna sorpresa. Decía el ministro Wert que tenía la sensación de ser el protagonista de El día de la marmota. Pues bien, si quiere salir de ese bucle, tal vez debería tomar como ejemplo al protagonista de la película Atrapado
en el tiempo, a Bill Murray, y empezar a hacer las cosas bien, comenzando por retirar la Lomce, que es la causa de todos sus males y de los de la comunidad educativa de este país. El segundo acontecimiento son las cuentas para 2015. En una ocasión
ya dijimos que eran los presupuestos generales del mercado. Hoy hemos de reconocer que hay que cambiar esa percepción. Los presupuestos de 2015 son los presupuestos de la consolidación, como bien dice el señor ministro; eso sí, de la pobreza y la
desigualdad. Son los presupuestos de la consolidación de la pobreza y la desigualdad.
Señorías del Grupo Socialista, podemos compartir gran parte de los puntos que ustedes traen en esta moción; puntos que vistos los presupuestos, y si es que antes albergaban ustedes alguna esperanza, son ya sencillamente papel mojado.
Señorías del Grupo Socialista, creo que empiezan ustedes a ser conscientes de la necesidad de cambiar la Constitución más allá del artículo 135, pero creo que en el tema que nos ocupa no es cuestión de recuperar el pacto constitucional. Lo primero
es cumplir con el acuerdo suscrito con lo anteriormente mencionado de derogar la Lomce e iniciar un proceso desde abajo sobre el modelo educativo. Por supuesto que es necesario y obligado modificar la Constitución, y habrá que hacerlo, pero no es
el momento -aquí quiero decirlo alto y claro- de los pactos de Estado en educación. Por cierto, señorías, nuestro modelo sería: educación pública laica y gratuita. Ese sería y será nuestro modelo. Por eso hemos presentado la enmienda que hemos
presentado.
En cuanto al resto de los puntos, los presupuestos de 2015 ya ponen de manifiesto cuál es la valoración que tiene el Gobierno respecto a los mismos: cero en recuperar la cooperación institucional; cero en la realización de un compromiso
fuerte y claro por la educación pública en todas y cada una de sus etapas; cero en financiación -el crecimiento mísero del 4,5 % se lo come, como ustedes bien saben, la formación profesional básica y, por cierto, recomiendo al Grupo Popular que se
lea lo que se está diciendo por ahí al respecto-; cero en elevar las inversiones en educación mientras otros países de nuestro entorno empiezan a reconocer la necesidad de la inversión -este Gobierno sigue hablando de gasto y no de inversión-;
cero en derogar los requisitos para el acceso a las becas. Cero, cero y cero. Suspenso por parte del Gobierno del Partido Popular a la educación en los recursos que deberían estar reflejados en los Presupuestos Generales del Estado. Una vez más,
mantenemos desde este atril nuestro compromiso a derogar la ley Wert y a modificar nuestra Carta Magna para que este país se defina, como ya he dicho antes, como laico y no se permita la elaboración de leyes en función de creencias sino de
necesidades y propuestas ciudadanas.
Iba a decirles que nuestro voto estaría condicionado lógicamente a la aceptación de nuestra enmienda. Como la misma ha sido aceptada, aunque transaccionada, votaremos favorablemente la moción que hoy
se nos trae aquí y seguiremos hablando para que la ley Wert se paralice, no solamente en aquellas nacionalidades que hoy han hablado desde aquí, sino en todo el conjunto del Estado español, porque es una mala ley para la educación de este
país y para el futuro de nuestros alumnos y nuestras alumnas. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Álvarez.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.
Señorías, Convergència i Unió no se va a cansar de defender el modelo de consenso de la Llei d'Educaciò de Catalunya y del sistema de inmersión lingüística de éxito. En cuanto a las primeras partes que aquí se han debatido, siempre hemos
defendido un pacto de Estado. Sabemos que es difícil, pero como el ministro se lo está ofreciendo al PSOE, nosotros también estamos dispuestos a participar de un pacto de Estado para mejorar la educación. ¿Que se tiene que mantener un servicio
público de calidad? Sin duda. Todo sistema educativo sostenido con fondos públicos es necesario mantenerlo. ¿Que es necesaria la cooperación territorial de las administraciones públicas? Sin duda. Y todo ello para la mejora continua del sistema
educativo. Lo volvemos a repetir -rápidamente, pero lo repetimos-, porque el ministro y la secretaria de Estado siempre ponen en duda que nuestras intervenciones vayan orientadas hacia la mejora de la educación.
En cuanto a financiación, ¿modelo de financiación? Sin duda, siempre que sea adecuado a la realidad socioeconómica de cada territorio que, como saben ustedes, es diferente. ¿Y una financiación que sirva para compensar diferencias? Por
supuesto. En eso creo que todos los grupos estamos de acuerdo. Las diferencias sociales, económicas y culturales sabemos que influyen en el rendimiento escolar; en eso coincidimos con la OCDE. ¿Elevar inversiones? Sin duda, pero no hay que
decirlo sino hacerlo y siempre que sean inversiones eficientes y eficaces.
Se debate en estos días en las comparecencias de presupuestos si la mejora de la calidad educativa es proporcional a la inversión. Tal vez sí, tal vez no, pero les puedo asegurar por experiencia propia que ayuda mucho el hecho de que la
inversión económica en educación genere mejora en la educación, siempre que apliquemos esos recursos de una forma objetiva, racional y consensuadamente, cosa que no hace el Partido Popular, pues utiliza la distribución de esos recursos económicos
para controlar la política educativa sesgadamente, y mucho más cuando vemos cómo se laminan las competencias extralimitándose en la regulación de la norma de los caracteres básicos. (Rumores). Pero, fíjense, respecto a las becas, por fin...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Barberà.
Por favor, ruego silencio para escuchar al orador.
Continúe.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Respecto a las becas, por fin el Gobierno ha rectificado su posición. A todos los Gobiernos que están gobernando les gusta anunciar cosas positivas, proyectos positivos. Sin duda, eso es bueno, pero tienen
que sustentarse en la verdad. Decir que son los presupuestos más altos de las series históricas en becas no se ajusta a la realidad. Si cogemos las liquidaciones podemos ver que esa afirmación es interesada y demagógica, pues las resoluciones
siempre han sido superiores a lo presupuestado. No voy a entrar en el debate técnico de si es deuda o no es deuda. Lo que sí está claro es que la secretaria de Estado el otro día decía: ¿Criterios socioeconómicos? Ya existían. ¿Premio al
esfuerzo de los alumnos? Les exigen aún más. Hablaba de componentes: familias numerosas, compensación de tasas a la Universidad, pagar con dinero efectivo a los estudiantes. Eso se mantiene. ¿Qué es lo que ha cambiado en el modelo de becas del
Partido Popular? Que ahora hay una parte fija y una parte variable. La parte fija en los mismos conceptos se ha reducido más de la mitad en la cantidad, y la parte variable, con la fórmula, sirve para que lo que queda se distribuya entre los
alumnos a partir de la fórmula polinómica. Esta es la diferencia, señorías, este es el retroceso en el derecho a beca o ayuda. Antes del Partido Popular había un presupuesto, los alumnos pedían las becas, se pagaban todas las que cumplían, sin
límites, pero generaba un problema económico, administrativo y funcionarial. Ahora, con el Partido Popular, hay un presupuesto, los alumnos piden las becas, se pagan las que cumplen la parte fija y el resto se reparte, con la excusa del rendimiento
académico, entre lo demás. El problema se lo hemos
pasado a los estudiantes porque ahora las becas son más bajas. Por eso el ministro solo puede decir que tenemos más universitarios con algún tipo de beca.
Fíjense, nuestras enmiendas van a defender el sistema de educación sostenido con fondos públicos de Cataluña, el modelo de inmersión lingüística, pero pedimos una cosa, pedimos el traspaso a la Generalitat del pleno ejercicio de las
competencias en la gestión, el control, la resolución y la determinación del procedimiento en todo lo referente a las becas. Y no tendríamos que pedirlo, señorías del Partido Popular, pues es una sentencia del Tribunal Constitucional, la 188/2001,
de 20 de septiembre, donde se aceptan la mayoría de las reivindicaciones de la Generalitat. Según ustedes, si es una sentencia tendrían que cumplirla. Cúmplanla, señorías del Partido Popular. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barberà.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, señor presidente.
La verdad es que un fastidio intervenir con este ambiente tan ruidoso. Les propongo el mismo para mañana en la sesión de control. (Aplausos). Presidente, señorías, la verdad es que hay que reconocer que el ministro Wert se encuentra
cómodo en la práctica de la ingeniería estadística. Lo cierto es que, escuchando sus últimas intervenciones ante esta Cámara, he tenido en varias ocasiones la sensación de estar asistiendo en un plató a uno de los programas de televisión más
populares de los noventa, Cifras Y letras; lo recordarán. Sería tan solo tedioso si no fuera por la gravedad de lo que ocultan sus aluviones de datos, porque a pesar de sus esfuerzos por maquillar los efectos perversos de sus políticas educativas
sobre la equidad, de esconder su insaciable sed uniformadora y recentralizadota, y el sectarismo elitista de sus iniciativas, la cruda realidad se encarga de inmediato de colocarle en su sitio, en ese oscuro lugar situado entre las verdades
parciales y las conclusiones tramposas, en ese lugar en el que las cosas parecen lo que no son. Me explicaré, y me bastará tan solo un ejemplo para demostrarlo. Vayamos a las becas y al modelo educativo vasco. Como les he trasladado en otras
ocasiones, afortunadamente en Euskadi tenemos transferida la competencia en esta materia ni más ni menos que desde el año 1986; una transferencia que era ejercida de manera pacífica, sin colisión alguna entre el Estado y la Comunidad Autónoma del
País Vasco hasta que ha metido la patita el Gobierno de España y el siempre flexible y abierto al diálogo... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.
Es imposible seguir el discurso de la señora diputada con este murmullo. Los que no quieran seguirlo, que abandonen el Pleno.
Continúe.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Les decía que el amable ministro Wert ha enviado un atento requerimiento sin previo aviso al Gobierno vasco en el que se le comunica que se acabó; que a ver qué es eso de ejercer la competencia en cumplimiento del
bloque constitucional en materia de becas; que la legalidad se respeta cuando Madrid quiere, solo cuando Madrid quiere; que a ver qué es eso de que los vascos tengamos un modelo propio que ha posibilitado que en un momento de crisis como el que
vivimos hayamos incrementado el número de becas concedidas en torno al 10 %, 1.000 nuevos becarios en el sistema; que nuestra cuantía media de becas haya permanecido invariable; que hayamos mantenido la nota de corte en un cinco; que a ver qué es
eso de construir un sistema equitativo en el acceso y articular un sistema de aprovechamiento y excelencia que está dando muy buenos resultados en Euskadi. Que no, que se acabó, que a partir de ahora, como en España: tendremos que exigir un 5,5 de
nota media a los alumnos, que superen una serie de créditos y, si no los superan, devolver el importe de la beca solo por el mero hecho de no contar con un nivel de renta suficiente para acceder a la universidad con un 5 raspón. Y todo esto cuando
el precio de la matrícula para todas y todos los universitarios está subvencionado en un 80 %, para ricos y para pobres, pagado a escote entre todos y todas las ciudadanas en un 80 %. Tendremos que exigir a los alumnos y alumnas una nota de corte
superior para acceder a la beca y elevar el nivel de rendimiento para conservarla, induciendo así a un incremento de la tasa, como ha ocurrido ya en el resto del Estado. Es una bonita manera de elevar el rendimiento de los becarios a costa de que
muchos alumnos y alumnas vean impedido su acceso a la universidad. De hecho, este curso ha bajado sustancialmente la primera matrícula en España. Esa es la equidad del ministro Wert; más bien, diría
igualdad, uniformidad en la inequidad. Que no nos hable de sostenibilidad económica del sistema vasco de becas, por el que obviamente para, seguramente, su disgusto, al ministro Wert no le corresponde velar, así que en esta nueva iniciativa
cercenadora de competencias y, lo que es peor, de derechos hay mucho de testosterona y patria, y muy poco de razón.
Además, hay que escuchar al diputado por Vizcaya y portavoz adjunto del Grupo Popular en esta Cámara, el señor Barreda, responder lo siguiente al ser preguntado por un medio radiofónico sobre si hay recentralización y si se está laminando el
autogobierno, como afirma el Gobierno vasco, a través de leyes básicas, de recursos o decisiones que toma el Gobierno vasco. Cito literalmente palabras del portavoz adjunto: Eso se llama propaganda, porque evidentemente el Gobierno vasco ni ha
dejado de recaudar ni ha dejado de ejercer ninguna competencia que le haya correspondido en los últimos años ni ha dejado de presupuestar. Nosotros creemos que ya está bien de lamentos, que ya está bien de inventarse cosas. Por lo tanto, esto es
victimismo y propaganda. Esa es la realidad. Juzguen ustedes mismos si cercenar la competencia de becas es verdad o no es verdad. A la vista de todos estará el recurso que en breve presentará seguramente el ministerio contra la normativa vasca.
Señor Barreda, se lo digo de todo corazón, a mí me suena a cinismo y a mentira, como no es mentir afirmar que en la Lomce ha habido un acuerdo -y vuelvo a citar literalmente palabras suyas- en los temas medulares entre el Gobierno vasco y el
Gobierno central. Muy al contrario, se trata de un acuerdo parcial que trata de blindar el modelo educativo vasco, el modelo lingüístico y el modelo racional reconocido ya en el ordenamiento jurídico contra su insultante invasión competencial.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Concluyo, presidente.
De momento tienen nuestro recurso de inconstitucionalidad y el compromiso firme de este grupo de derogar la Lomce en cuanto las mayorías parlamentarias lo permitan.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.
Por el Grupo de Unión Porgreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Intervengo brevemente, señor presidente, para sintonizar con las ganas de la Cámara de acabar con todo esto.
Coincido con bastantes cosas que se han dicho durante las intervenciones de los demás grupos. De hecho, vamos a apoyar esta enmienda transaccional, primero porque pensamos que es verdad que el debate de la Lomce no sirvió para lo que tenía
que haber servido, un consenso suficiente sobre qué hacer en política de educación, en un sistema educativo que no está tan mal como algunos dicen pero que tiene cosas que mejorar, aunque a algunos tampoco les guste oírlo. Desde luego compartimos
lo relativo a las becas y los problemas que está habiendo en el aspecto igualitario que tiene la educación tanto desde el punto de vista social como de que haya una efectiva igualdad de oportunidades. No solo nos da la impresión, sino que tenemos
la certeza de que lamentablemente en el Gobierno se ha renunciado a eso, a que la educación sea ante todo un instrumento básico para la igualdad de oportunidades, lo cual es grave porque a día de hoy quizás el mayor riesgo interno contra la
democracia sea el aumento de la desigualdad no solo en España sino, en general, en los países europeos, pero en el nuestro acusadamente.
También querría aprovechar para decir que estamos preocupados, en la misma línea que esta moción propone debatir, por las noticias que tenemos de trato privilegiado en determinadas comunidades autónomas a ciertas empresas creadas ad hoc para
crear centros concertados por las posibilidades de negocio educativo insólitas que al parecer algunos creen que ha creado la Lomce. No es que nos parezca mal que se abran centros privados con una expectativa de beneficio. Lo que nos parece fatal
es que la expectativa de beneficios sea a costa de la caja pública.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de la moción sometida hoy a debate a iniciativa del Grupo Socialista. Entenderán sus señorías que no podemos aceptar una serie de propuestas
fundamentadas en premisas absolutamente falsas. Es evidente que lo que ustedes entienden por desigualdades no es lo mismo que entendemos nosotros, porque solo de esa forma podemos explicarnos que, habiendo convivido tantos años con ellas y
habiendo podido hacer tanto por eliminarlas, ustedes hubieran hecho tan poco. Vienen ahora a esta Cámara a recriminar a este Gobierno y a este grupo por intentar mejorar la calidad del sistema educativo, por trabajar para ofrecer a los alumnos
españoles uno de los mejores sistemas del mundo, por construir un modelo donde alumnos, profesores y familias tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades con independencia del lugar en el que residan, por salvaguardar nuestra lengua común,
el castellano, y potenciar la enorme riqueza que aportan las diferentes lenguas cooficiales. Vienen a recriminarnos por compatibilizar el principio de igualdad de oportunidades con el incentivo del esfuerzo y el reconocimiento del mérito.
Recriminan que nos ocupemos de quienes más lo necesitan, de los alumnos con dificultades, para que sepan que este sistema no expulsa a nadie, no condiciona a nadie, porque los diferentes intereses y aptitudes tienen cabida aquí y ahora, porque el
sistema al que ustedes, señorías del Grupo Socialista, se oponen ferozmente, la ley que no han querido sentarse a negociar, la misma cuyo compromiso de derogación asumieron antes de presentar una sola enmienda, esa ley no cierra la puerta a nadie.
Tan decisivo, a nuestro juicio, puede ser para el futuro de nuestro país aquel alumno que opta por cursar el bachillerato como aquel que decide optar por la formación profesional, aquel al que ustedes abandonaron a su suerte y que encuentra en la
nueva formación profesional básica una reorientación a sus estudios y un futuro en ellos.
Ahora vienen a recriminarnos también que hayamos salvado el sistema de becas como efectivo instrumento, que lo es, para garantizar la igualdad de oportunidades. Nunca la partida de becas generales -nunca, señorías- ha tenido tantos recursos
como ahora. Quizá de una vez por todas debieran hacer un ejercicio de pedagogía y explicar a la opinión pública que su presupuesto en becas ha sido siempre un presupuesto ficticio, que no se correspondían las demandas reales de los becados, que
ustedes gastaban un presupuesto y tenían que comprometer el siguiente para hacer frente a su nefasta gestión, que a pesar de requerir unos requisitos económicos y académicos ustedes trataban por igual a aquel alumno con necesidades económicas que
superaba con esfuerzo sus créditos que a aquel que ni siquiera llegaba al aprobado. Esto no tiene nada que ver con la consideración de la beca como derecho. Esto tiene que ver con la justicia, y su modelo, señorías, era tremendamente injusto;
injusticia que puede extenderse perfectamente a su modelo educativo impregnado de ese falso igualitarismo que nos ha arrastrado a perder una década en educación y a tener una tasa de abandono educativo temprano que todavía a día de hoy dobla la
media europea, esa falsa equidad -por favor, señorías, no hagan trampas- que ustedes miden por alumnos escolarizados pero no por alumnos titulados, lo que nos pone frente a una profunda brecha en relación con el número de alumnos españoles con
estudios medios, solo un 29 %, cuando en el resto de Europa es del 45 %. Así que, por favor, no nos hablen de desigualdades ni disfracen con su retórica lo que es una manifiesta incapacidad para lograr la mejora de la educación española.
¿Quieren lograr acuerdos? Pues empecemos por lo fundamental. Ustedes hablan de recuperar el pacto constitucional. Señorías, nos bastaría con respetar el pacto constitucional, defender y actuar conforme a sus dos principios fundamentales:
el derecho a la educación y la libertad de enseñanza; un derecho a la educación que garantice la igualdad de oportunidades y una libertad de enseñanza que permita elegir a las familias el centro educativo y la educación que quieren para sus hijos.
Por eso harían bien en respetar esta libertad, en valorar la convivencia de las diferentes redes educativas -no las enfrenten, por favor- y en no imponer una libertad limitada, aquella donde solo se puede elegir lo que ustedes determinen que se
elija. (Aplausos). Y, por favor, no actúen como si esto fuera una subasta y el dinero público fuera de su propiedad. Cuando proponen incrementar un 7 % el porcentaje del PIB dedicado a la educación, uno tiene la impresión de que les da igual
pedir el 7 que el 14. Primero, porque ustedes gobernaron en tiempos de bonanza y no lo hicieron. Segundo, porque ustedes en el último presupuesto que elaboraron hicieron perder a la enseñanza no universitaria 312 millones de euros. Y, tercero, ¿a
qué lo dedicarían, a afianzar un modelo que se ha demostrado absorber todos los recursos sin mejorar los resultados? Señorías, voy finalizando. Este grupo parlamentario siempre estará dispuesto a llegar a acuerdos desde la seriedad, desde la
rigurosidad y la lealtad. Todavía nos quedan muchas tareas que acometer. Tenemos que dotar al profesorado del instrumento legislativo que le permita ocupar en la sociedad el lugar que le corresponde. De hecho, cuando hemos tenido ocasión de
hacerlo, hemos incrementado la tasa de reposición al 50 %, a pesar de ustedes que la dejaron en 30 % y a pesar de que ustedes han votado en esta Cámara en contra de la autoridad del profesorado. (Aplausos). Por eso les
digo que les quede claro, acuerdos sí, pero no nos prestaremos ni al inmovilismo ni al conformismo para aliviar determinadas frustraciones políticas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.
Señor Buyolo, interpreto que tenemos aquí un texto que es el que vamos a votar. (Asentimiento). Muchas gracias.
En dos o tres minutos votamos. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, RELATIVA A LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA GARANTIZAR UNA MAYOR PROPORCIONALIDAD (ORGÁNICA). (Número de expediente
122/000170).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia relativa a la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para garantizar una mayor
proporcionalidad. Es orgánica.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 14; en contra, 296; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MEJORA DE PROTECCIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS ENFERMAS DE CÁNCER. (Número de expediente 122/000129).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Fernández Davila, sobre mejora de protección laboral y de Seguridad Social de las personas enfermas de cáncer.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 146; en contra, 171; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. BOSCH), SOBRE LA PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES QUE EMANAN DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA. (Número de expediente 162/001037).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Bosch, sobre la presunción de constitucionalidad de las leyes que emanan del Parlamento de Cataluña. Se vota con las autoenmiendas presentadas por el propio
señor Bosch.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 41; en contra, 277.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL IMPULSO DE UN CONJUNTO DE MEDIDAS PARA FOMENTAR EL USO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000948).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular relativa al impulso de un conjunto de medidas para fomentar el uso del vehículo eléctrico en España. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 301; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL GOBIERNO Y SUS CONSECUENCIAS EN EL INCREMENTO DE LAS DESIGUALDADES. (Número de expediente 173/000171).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre la política educativa del Gobierno y sus consecuencias en el incremento de las desigualdades. Hay una enmienda transaccional que ha presentado en tiempo y forma el Grupo Socialista que
recoge las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo de La Izquierda Plural. Ese texto es el que sometemos a votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 141; en contra, 171; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.