CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 223

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 208

celebrada el jueves,

25 de septiembre de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:


- Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. ('BOE' núm. 217, de 6 de septiembre de 2014). (Número de expediente 130/000058) ... (Página3)


- Real Decreto-ley 12/2014, de 12 de septiembre, por el que se conceden suplementos de crédito y créditos extraordinarios en el presupuesto de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Educación, Cultura y Deporte, de
Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. ('BOE' núm. 223, de 13 de septiembre de 2014). (Número de expediente 130/000059) ... (Página18)


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:


- Convenio entre el Reino de España y la República de Moldova en materia de cooperación en asuntos de seguridad y lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 22 de octubre de 2013. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 288, de 6
de junio de 2014. (Número de expediente 110/000125) ... (Página30)


- Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Unión Europea (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo), hecho en Bilbao el 31 de marzo de 2014. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 295, de 27 de junio de 2014.
(Número de expediente 110/000126) ... (Página30)


Declaración institucional ... (Página31)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página32)


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página32)

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SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página3)


Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal ... (Página3)


El señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno en contra de la convalidación interviene el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Vuelve a hacer uso de la palabra el señor ministro de Economía y Competitividad.


Real Decreto-ley 12/2014, de 12 de septiembre, por el que se conceden suplementos de crédito y créditos extraordinarios en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Educación, Cultura y Deporte, de Fomento
y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ... (Página18)


El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia;
Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista, y Muñoz Obón, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales ... (Página30)


Convenio entre el Reino de España y la República de Moldova en materia de cooperación en asuntos de seguridad y lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 22 de octubre de 2013 ... (Página30)


Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Unión Europea (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo), hecho en Bilbao el 31 de marzo de 2014 ... (Página30)


Al no haberse presentado ninguna enmienda ni petición de intervención, son sometidos a votación directamente y se aprueban por asentimiento.

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Declaración institucional ... (Página31)


El señor secretario (Gil Lázaro) da lectura a la declaración institucional firmada por todos los grupos parlamentarios sobre la respuesta del Gobierno español a la epidemia de ébola que actualmente afecta a diversos países en África
Occidental.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página32)


Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y la autora de la moción, señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del Gobierno en relación a la injusta
exigencia de la Agencia Tributaria de tributación retroactiva a miles de emigrantes retornados con pensiones del extranjero en un contexto normativo ambiguo, se rechaza por 135 votos a favor, 170 en contra y 10 abstenciones.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Economía y Competitividad acerca de las medidas de política económica que tiene previsto plantear el Gobierno en las
próximas Cumbres de la Unión Europea ante la constatación del fracaso de las adoptadas hasta la fecha, se rechaza por 128 votos a favor, 172 en contra y 18 abstenciones.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página32)


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, se aprueba por 194 votos a favor más 2 votos telemáticos, 196; 12 en contra y 111 abstenciones.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 317 votos a favor más 2 voto telemático, 319.


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 12/2014, de 12 de septiembre, por el que se conceden suplementos de crédito y créditos extraordinarios en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de
Educación, Cultura y Deporte, de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se aprueba por 172 votos a favor más 2 votos telemáticos, 174; 13 en contra y 130 abstenciones.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 148 votos a favor más 1 voto telemático, 149; 169 en contra más 1 voto telemático, 170, y 1 abstención.


Se suspende la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:


- REAL DECRETO-LEY 11/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA CONCURSAL. (Número de expediente 130/000058).


El señor PRESIDENTE: se reanuda la sesión.


Vamos a debatir la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. Para la presentación de este real decreto y, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro
de Economía y Competitividad.

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El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, presidente.


Señorías, tengo el honor de comparecer en este Pleno para solicitar su apoyo a la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia concursal. Se trata de una norma fundamental para el crecimiento económico y la creación de
empleo. En última estancia lo que persigue es ampliar el contenido y los efectos del convenio para aquellas empresas que, aunque estén en concurso, sean viables desde un punto de vista operativo y asimismo facilitar su venta y la continuación de la
actividad. Por lo tanto, el principal objetivo de esta norma es la continuidad de la actividad empresarial. Esto no solo conlleva el beneficio de las empresas cuya viabilidad se persigue proteger, sino también el de la economía en general, puesto
que la empresa seguirá contribuyendo a la actividad económica y al mantenimiento del empleo.


Señorías, antes de pasar detallarles el contenido concreto de este real decreto-ley permítanme hacer una breve referencia al contexto en el que se produce. Uno de los rasgos diferenciales, como ustedes conocen, que ha tenido la crisis
económica en España ha sido el excesivo endeudamiento y apalancamiento del sector privado. Desde la entrada en el euro hasta el año 2010 el sector empresarial triplicó su endeudamiento desde un entorno de un 50 % del PIB hasta aproximadamente el
145 % en el año 2010. Desde entonces se ha producido una corrección de unos 20 puntos porcentuales hasta el 125 % del PIB. Sin embargo, todavía estamos por encima de la media de la zona euro, que es ligeramente inferior al 100 % del producto
interior bruto. Es preciso que la economía española continúe este proceso de desapalancamiento cuya corrección, en un contexto de baja inflación como el actual, es aún más lenta, difícil y produce efectos depresivos sobre la actividad. Por eso,
modernizar nuestro régimen de insolvencia es fundamental. Disponer de un marco eficiente y moderno en el ámbito concursal y preconcursal es imprescindible en el actual contexto económico, para contribuir al necesario e ineludible desendeudamiento
de la economía española.


Señorías, la realidad nos muestra que empresas altamente endeudadas, pero viables operativamente, se han acabado liquidando. Muchas de ellas podían haber continuado su actividad de haber contado con un marco legislativo adecuado en materia
concursal y de refinanciación de deuda. Por lo tanto, es fundamental asegurar la supervivencia de las empresas, que son las últimas responsables de la generación de empleo en nuestro país. Este real decreto-ley se enmarca dentro de una serie de
actuaciones realizadas por el Gobierno para facilitar la refinanciación de nuestras empresas. Entre estas podemos destacar el real decreto-ley de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, que aprobamos el pasado mes de marzo. Como
recordarán, esta norma modificaba la Ley Concursal en lo relativo a la fase preconcursal para evitar la entrada en concurso y la posterior liquidación de empresas. Esta norma se ha tramitado además como proyecto de ley, donde se han introducido
otras mejoras adicionales: en primer lugar, se ha modificado el mecanismo de elección de los administradores, estableciendo un sistema más transparente para garantizar la idoneidad de los administradores. Asimismo, se ha adaptado su sistema de
remuneración para que los administradores tengan unos incentivos más alineados con el procedimiento concursal; en segundo lugar, el Gobierno impulsará un código de buenas prácticas para la banca, similar al creado en el ámbito hipotecario. El
objetivo es que los bancos se comprometan con las pymes y autónomos a ofrecerles soluciones que permitan la refinanciación y reestructuración de sus deudas. Una vez mejorado el marco preconcursal, lo que pretendemos ahora con esta norma es actuar
en el ámbito estrictamente concursal. La finalidad es la misma: facilitar la permanencia de las empresas buscando en este caso que, una vez hayan entrado en concurso, no acaben en liquidación sino que puedan continuar viviendo.


La experiencia ha demostrado que el procedimiento concursal español adolece de determinadas rigideces y ofrece pocas posibilidades para la supervivencia empresarial. Esta situación se ha visto agravada significativamente por la crisis. En
el año 2011, según el INE, el número de empresas que entraba en concurso de acreedores era seis veces superior al del año 2007, justo el año anterior al inicio de la crisis, superando las 5.500 empresas. En los últimos dos años esta cifra se ha
visto incrementada, aunque a un ritmo cada vez menor, pero ha continuado incrementándose. La magnitud del problema se aprecia más claramente si atendemos al importe global de deuda de las empresas concursadas.


Según el Colegio de Registradores de la Propiedad, la deuda media de estas empresas ascendió a 5,5 millones de euros en el año 2013. Señorías, teniendo en cuenta que en el año 2013 entraron en concurso aproximadamente 9.000 empresas, según
el INE, nos encontraríamos con que el total de deuda de las empresas concursadas, según estas estimaciones, estaría aproximadamente en 50.000 millones de euros, cerca del 5 % de nuestro producto interior bruto. Además aproximadamente el 95 % de las
empresas que entraron en concurso de acreedores durante el año 2013 acabaron en liquidación. Es

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un dato que significativamente superior a los de los países de nuestro entorno, como Reino Unido, donde esta proporción asciende al 80 %; o Francia, donde solo alcanza al 70 %. Por lo tanto, señorías, será importante tomar medidas porque
coincidirán conmigo en que es mucho más difícil crear una empresa desde cero, que buscar los procedimientos para que esta empresa sobreviva y siga contribuyendo al crecimiento económico y la creación o el mantenimiento del empleo. Por eso este
real-decreto ley incluye dos tipos de actuaciones. En primer lugar, medidas relativas al convenio concursal para favorecer la continuidad de las empresas viables. En concreto la norma traslada las medidas ya implantadas para la fase preconcursal a
la fase concursal, dando solución a algunas carencias y problemas detectados en la misma. Por ejemplo, hasta ahora se daba una situación paradójica en la que en el ámbito del preconcurso podían adoptarse medidas mucho más amplias que en el propio
concurso. Pues bien, con esta norma se establece un mejor engranaje entre el convenio concursal y los acuerdos de refinanciación preconcursales. Por otro lado, la norma establece una serie de medidas para facilitar la transmisión del negocio del
concursado o de alguna de sus ramas de actividad, asegurando así la recuperación del mayor valor posible. Para ello se eliminan numerosas trabas, exigencias y consentimientos que dificultaban la transmisión, bien durante la tramitación del proceso
concursal, bien cuando la liquidación del concursado era inevitable.


A continuación, pasaré a referirme al contenido concreto de este real-decreto ley centrándome, en primer término, en las medidas relativas al convenio concursal y, en segundo, a las que afectan a la fase de liquidación. Respecto al convenio
concursal, en primer lugar, se actúa sobre el valor de la garantía en la que recae el privilegio especial, de forma que dicho valor se aproxima a la realidad económica subyacente del bien dado en garantía. Es una actuación de realismo y
transparencia económica. Concretamente se establece que el privilegio especial solo alcanzará el 90 % del valor razonable del bien o derecho sobre el que se ha constituido la garantía, una vez deducidas las deudas preferentes. La parte que no se
considere crédito privilegiado especial tendrá la naturaleza que a sus características corresponda, es decir, privilegiado general, ordinario o subordinado. En segundo lugar, se amplía la extensión de los efectos del convenio a los acreedores
privilegiados en función de las mayorías que voten a favor. En este sentido, aunque los acreedores privilegiados sigan manteniendo su capacidad de adhesión voluntaria al convenio, se permite la posibilidad de extender los efectos del mismo a los
disidentes cuando voten a favor de las mayorías de acreedores privilegiados previstas. Para ello se establecen cuatro clases diferenciadas de acreedores privilegiados: laborales, públicos, financieros y el resto, que normalmente serán comerciales.
La condición para la extensión es que voten a favor del mismo acreedores privilegiados que representen determinadas mayorías en cada una de las clases de crédito ya mencionadas: el 60 % o el 75 % dependiendo de las medidas a adoptar.


En tercer lugar, para los acreedores ordinarios se mantiene el régimen de aprobación de convenios ya existente. No obstante se amplía el contenido del convenio permitiendo la extensión de medidas más ambiciosas a los acreedores disidentes,
siempre que al menos el 65 % del pasivo ordinario vote a favor. Estas nuevas medidas incluyen esperas entre cinco y diez años; quitas superiores al 50 %; conversión de créditos en acciones o en créditos participativos del deudor o créditos
participativos hasta diez años; transformación de deuda en cualquier otro instrumento financiero de características distintas (puede ser capital, por ejemplo); o cesión en última instancia de bienes o derechos en pago de créditos. En el caso de
acreedores públicos y laborales, únicamente podrán verse afectados por quitas y esperas. Es importante destacar que este real-decreto ley fija para los convenios mayorías inferiores a las exigidas para los acuerdos de refinanciación de la fase
preconcursal. Con ello se pretende no desincentivar los últimos, los preconcursales, dado que estos acuerdos son un instrumento ágil para la reestructuración de las empresas evitando que entren en concurso. En cuarto lugar, esta norma permite que
los acreedores con garantía real, en caso de incumplirse el convenio, puedan ejecutar separadamente su garantía sin necesidad de esperar a la liquidación. El acreedor podrá percibir como importe máximo el correspondiente a la deuda originaria. Con
ello, se incentiva la participación de los acreedores con garantía real, lo que redunda en mayores posibilidades de éxito del convenio. Las modificaciones incluidas para el convenio concursal se aplicarán en términos generales a los procedimientos
concursales que se están tramitando en la actualidad, siempre que no se haya emitido el informe definitivo por la administración concursal.


Por último, señorías, se establece un mecanismo para permitir que las medidas de este real decreto-ley puedan aplicarse por una sola vez a los convenios adoptados con anterioridad a su entrada en vigor. Esto supone una segunda oportunidad
para empresas viables que podrán acogerse a las ventajas de esta reforma, siempre que se den mayorías reforzadas y que así lo apruebe un juez.

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Paso ya a referirme a la segunda parte de este real decreto-ley, en particular a las novedades que introduce en la fase de liquidación. Como ustedes saben, la liquidación es la última de las opciones a la que se enfrenta una empresa
deudora, ya que supone su disolución y, por lo tanto, la destrucción de valor añadido y empleo para el conjunto de la economía. Sin embargo, llegados a esta fase de liquidación lo principal es asegurar la recuperación del mayor valor económico
posible, bien a través de la transmisión de unidades productivas o de la empresa en su globalidad. En este sentido, se incorporan tres medidas fundamentales: Con la primera se permite la transmisión de contratos y licencias sin necesidad de exigir
el consentimiento de terceros, es decir, contrapartes y administración. Con la segunda se posibilita la transmisión de unidades productivas libres de obligaciones de pago previas, salvo que se acuerde lo contrario o que así lo disponga la ley -éste
sería el caso de los salarios y las obligaciones de la Seguridad Social-. Con la tercera se permite la venta de unidades productivas con bienes dados en garantía, sin necesidad de contar con el consentimiento del acreedor garantizado en los
siguientes casos: cuando la adquiriente ocupe el lugar del deudor o cuando los acreedores al venderse la unidad perciban el valor de la ganancia.


Por último, este real decreto-ley incluye una serie de modificaciones que hacen referencia a otros asuntos de diversa naturaleza. En primer término, damos cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del pasado
17 julio, mediante la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para ello, se introduce una mejora técnica que permite que el deudor hipotecario pueda recurrir el auto que desestima su oposición a la ejecución, si esta se fundara en la
existencia de una cláusula contractual de naturaleza abusiva. En segundo, creamos una comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de sobreendeudamiento, que realizará una valoración anual del efecto de las medidas adoptadas
así como de la evolución del endeudamiento del sector privado. En tercer lugar, se reconoce el derecho de voto a Sareb en acuerdos de refinanciación, aunque tenga la consideración de persona especialmente relacionada. En cuarto, se introduce la
posibilidad de que los bonos emitidos por fondos de titulización dirigidos a inversores institucionales se negocien en sistemas multilaterales de negociación. El objetivo es profundizar en el desarrollo de los mercados de capitales. Por fin, se
incluye una previsión para permitir la tramitación acumulada de concursos de concesionarias de autopistas. En la actualidad, como conocen señorías, hay un número considerable de empresas adjudicatarias de contratos administrativos en situación
concursal. En este caso, la tramitación acumulada de todos los procesos concursales declarados en relación a estas entidades no sólo responde a razones de agilidad y economía procesal, sino también al interés público. Por lo tanto, era preciso
articular soluciones que permitieran dar continuidad a la actividad objeto del contrato para asegurar el mantenimiento de la prestación de servicios públicos.


Señorías, concluyo ya. Hoy, convalidamos una norma urgente y necesaria en la senda emprendida por el Gobierno para lograr un nuevo modelo de crecimiento basado en productividad y eficiencia. Una norma en línea con las recomendaciones
realizadas por los principales organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE en sus últimos informes de la economía española. De la misma manera, se ha pronunciado la propia Unión Europea, la Comisión Europea, que
dentro de sus recomendaciones específicas para España señala que deberíamos mejorar los procedimientos concursales. Este real decreto-ley tiene una finalidad: dotarnos de un sistema concursal más ágil, eficiente y moderno, ya que, por un lado, se
flexibiliza el convenio concursal y, por otro, se extiende a los efectos de los convenios a todos los acreedores privilegiados si concurren las mayorías previstas por clases. Estamos ante una norma que al favorecer el acuerdo entre acreedores y
deudores genera valor para ambas partes: para las empresas, ya que permite su mantenimiento, la generación de riqueza y renta y el sostenimiento del empleo y, para los acreedores, porque se aseguran la recuperación del remanente de deuda saneada
frente a la alternativa que es -en la mayor parte de los casos, el 95 % como comentábamos anteriormente- la liquidación.


Esta norma llega además en un momento importante para la economía española. Afrontamos una recuperación que se consolida, pero que debemos fortalecer y alimentar con reformas estructurales como esta. Por ello es fundamental continuar con
el necesario desapalancamiento del sector empresarial, minimizando el impacto negativo que este tiene sobre la actividad y el empleo. Por eso, señorías, confío en obtener su apoyo para la convalidación de este real decreto-ley y contar con las
aportaciones de todos los grupos parlamentarios, como ocurrió con el anterior real decreto-ley, durante su tramitación como proyecto de ley.


Muchas gracias. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Ha sido solicitada la utilización del turno en contra por el Grupo de La Izquierda Plural. Para la presentación de dicho turno en contra tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, en Izquierda Plural nos oponemos a la convalidación de este decreto-ley por las razones que le voy a intentar explicar en estos momentos. Una vez más, el Gobierno abusa de la fórmula del decreto-ley y utiliza la
técnica de mezclar churras con merinas en una misma norma, creo que con el evidente objetivo de evitar un debate social y parlamentario profundo; incluso creo que para evitar que los propios parlamentarios sepamos exactamente qué es lo que estamos
votando. Esta vez hay que reconocer que el Gobierno se ha superado a sí mismo en la justificación de este decreto-ley. Lean la exposición de motivos: nos dice que con este decreto-ley se trata de armonizar la legislación concursal para adaptarla
al Decreto-ley 4 del mes de marzo, es decir, que, según ustedes, la mancha de una mora con otra mancha se quita. En otras palabras, el abuso de un decreto-ley con otro abuso de decreto-ley se compensa. No es así como se defiende la seguridad
jurídica de un país, señor ministro. Qué bonita y angelical exposición nos ha hecho usted de este decreto-ley, por supuesto mencionando que el objetivo es el empleo, ¡no faltaría más: siempre hablando del empleo, aunque no practicándolo! Pero qué
pena que no tenga nada que ver con el contenido de la norma en lo fundamental. Es cierto que algunas de las cuestiones técnicas que usted nos ha explicado pueden mejorar el tratamiento del concurso, pero ese no es el tronco de la norma que usted
nos trae aquí. En lo fundamental, en el tronco, lo que pretende es aplanar el camino para que sean los fondos buitres quienes desarrollen la función que el Gobierno les ha encargado y que usted nos ha explicado, que es, supuestamente, limpiar de
carroña el desastre dejado por la crisis anterior, por la crisis actual, y que estos fondos buitres sean el principal agente del desapalancamiento de la economía de este país. Ese es desgraciadamente el fin, y me temo que va a ser el resultado de
esta situación y, por supuesto, permitirles un buen negocio.


Este decreto-ley, señor ministro, aborda la cuarta, la cuarta reforma de la legislación concursal en lo que va de legislatura -por cierto, que no pasa por el ministro de Justicia, sino por el ministro de Economía en la Comisión de Economía,
se supone porque la economía va por delante de la ley en su concepción de la sociedad-, y nos introducen por la puerta de atrás y con nocturnidad cambios en la regulación de las ejecuciones hipotecarias obligados, arrastrados, por una nueva
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por segunda vez, y me temo que no va a ser la última, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido que salir al rescate de los derechos de las familias hipotecadas españolas, a las
que ustedes maltratan reiteradamente. De nuevo, el Tribunal de Luxemburgo, en una durísima sentencia, certifica que el Gobierno de Rajoy, con la complicidad del Grupo Popular, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de las familias
hipotecadas, y de nuevo el Gobierno responde tarde, a remolque y con una reforma chapucera porque no resuelve el problema ni cumple con la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Primero permitieron la existencia de cláusulas abusivas en los
contratos hipotecarios, después negaron el derecho de las familias a la impugnación de estas cláusulas y más tarde, obligados por Luxemburgo, se negaron también a que las familias tuvieran el derecho a recurrir judicialmente; derecho que sí que
otorgaban a los bancos. Eso es lo que ha echado por tierra el Tribunal de Luxemburgo. Ahora se presentan con un decreto-ley que continúa vulnerando el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Directiva europea de
Protección de los Consumidores. Lo han denunciado y se lo han hecho llegar la Plataforma de afectados por la hipoteca que, por supuesto, no se resisten. Muchas familias españolas han perdido su vivienda y han sido desahuciadas en aplicación de
esta ley, su ley, que el Tribunal de la Unión Europea considera contraria al derecho comunitario. Ustedes, al rectificar esa ley injusta excluyen de los efectos de esta ley a esas familias que, de manera más dura, han sufrido las consecuencias.


Se lo explico. Se trata de familias que según la legislación europea tenían derecho a paralizar los procesos de ejecución, pero que la legislación española no se lo permitió. Como consecuencia de ello han perdido su familia y ahora
ustedes, forzados por Europa, rectifican la ley pero excluyen precisamente a estas familias, a las que más han sido perjudicadas por la inaplicación del derecho europeo por la legislación española. ¿Me podría dar en su respuesta una explicación
lógica que podamos entender todos de por qué excluyen ustedes a esas familias, a las que se han quedado sin vivienda como consecuencia de la aplicación de una ley española que ahora se declara contraria al derecho comunitario? No lo he podido
entender. Además en su rectificación mantienen la desigualdad de trato entre familias hipotecadas

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y bancos, porque a los bancos les continúan permitiendo recurrir los autos por cuatro razones, mientras que a las familias solo se les permite recurrir por una. De nuevo ustedes demuestran que en el conflicto entre banco y familias están al
lado de los bancos. Este decreto-ley continúa incumpliendo la primera sentencia de Luxemburgo, la del caso Aziz, que reconoce el derecho a que se pueda suspender la ejecución hipotecaria cuando en otro juzgado civil se esté discutiendo el contenido
del contrato hipotecario. Ustedes han perdido la oportunidad en dos ocasiones de cumplir las sentencias europeas.


En resumen, este Gobierno no solo no protege el derecho a la vivienda de los ciudadanos, sino que además está dificultando que esos ciudadanos y esas familias puedan defender judicialmente sus derechos; ¡les está negando la tutela judicial
efectiva!, un derecho fundamental recogido en la Constitución. Por eso, señor ministro, mire lo que le digo: no sería de extrañar -como ya le dijimos en su momento- que por culpa del Gobierno del Partido Popular España deba pasar por la vergüenza
de sufrir un tercer revolcón del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la misma ley. En el fondo como ustedes no quieren entenderlo van a remolque, pero se resisten a aceptar lo que el Tribunal Europeo les está diciendo.


Me voy a centrar en la parte determinante de este decreto-ley para constatar de nuevo la improvisación del Gobierno. Ya se lo he dicho: cuatro reformas concursales en tres años. El Gobierno nos presenta un decreto-ley que es un lobo con
piel de cordero. Me explico: la piel de cordero son las buenas palabras sobre el objetivo de facilitar la continuidad de las empresas -por supuesto, con ese objetivo estamos todos de acuerdo y todo lo que sea en ese sentido nos parece perfecto-,
pero el lobo es el contenido real de este decreto-ley porque se trata de preparar la pista de aterrizaje en España de los fondos buitre para hacer de España el paraíso de los carroñeros financieros. Eso no es una especulación; el decreto que usted
está preparando va en sintonía con el reglamento para permitir que los fondos buitre se conviertan también en agentes financieros con posibilidad de prestar a las empresas, sin que en esta Cámara hayamos discutido si eso, que es un cambio sustancial
en nuestro modelo financiero, es algo que le interesa o no a este país. Este decreto-ley es el marco legal favorable para que los hedge funds, para que los fondos de inversión de libre -el nombre que sea-, para que los fondos buitre, en definitiva,
hagan su agosto en España. Están ustedes generando oportunidades de negocio para esos fondos y ese es el verdadero objetivo. Por ello, hacen una indistinción y ya se lo dijimos en el debate del Decreto-ley 4/2014.


No es normal que en su legislación no distingan el trato entre entidades financieras reguladas y supervisadas, como las entidades bancarias, y esos fondos buitre, porque están ustedes incentivando un proceso de sustitución y de carroñerismo
financiero. Desde ese punto de vista, los bancos en estos momentos pueden incluso estar interesados en colaborar con usted en este proceso, porque obligados como están a mantener ratios de capital y sometidos a los nuevos test de estrés, los bancos
en estos momentos están locos para quitarse de encima créditos incluidos en el concurso, que como todo el mundo sabe desde ese mismo momento constan como fallidos y deben ser provisionados. El interés de los bancos de quitarse ese crédito de encima
coincide con su voluntad de trasladar esos créditos, vía compra, a los fondos buitre. Lo dice el decreto-ley de manera clara. Van a crear un nuevo mercado; un mercado de comercialización de créditos ordinarios entre las empresas, entre la banca y
esos fondos buitre. Con sus decretos están haciendo un mal favor a la economía de este país y lo vamos a pagar desgraciadamente pronto. Atribuir -como hace el decreto-ley- derecho de voto en los procesos concursales a quienes adquieren el crédito
después de declarado el concurso, permite que esos fondos buitre compren a precio de ganga e impongan sus condiciones al resto de los acreedores y se hagan dueños del proceso concursal. Eso es lo que ya está pasando y va a pasar más con esta
legislación que usted nos trae aquí para aprobar.


Permitir la subrogación de las unidades productivas, o sea, trozos de empresa libres de polvo y paja, o sea, sin créditos, cargas y gravámenes, al tiempo que por el contrario les reconocen ustedes el derecho a subrogarse en los contratos que
estas entidades productivas tienen con la Administración pública -es decir, cargas ningunas, beneficios todos-, puede en algún momento -no le digo que no- salvar puestos de trabajo, pero el resultado no va a ser ese, el resultado y el tronco no es
una buena noticia; el resultado es que ustedes con eso van a perjudicar créditos públicos y créditos laborales, e incluso los créditos laborales de aquellas personas que continúen trabajando en la empresa, que no van a poder reclamar ni las deudas
anteriores porque con la subrogación quedan libres de polvo y paja. Así, podríamos relatar bastantes de las cosas que ilustran el contenido real de este decreto-ley. Ahora bien, insisto en que los que seguro van a salir beneficiados van a ser los
fondos buitre, que habrán comprado créditos a precio de ganga, los habrán troceado, habrán dejado colgados los activos dañados y habrán vendido la parte rentable a la empresa con elevados beneficios.

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Señor ministro, una de las partes donde hay mayor barbaridad en este decreto-ley es en la disposición adicional primera. ¿Son conscientes de lo que están haciendo? Extienden a los fondos buitre un beneficio del que hasta ahora solo
disponían los bancos, y me explico. Por el Decreto-ley 5/2005 los bancos disponen de un privilegio que no tienen el resto de los acreedores. Pueden automáticamente y sin autorización del deudor compensar las garantías financieras. En román
paladino, un acreedor banco puede compensar una garantía financiera dada por el deudor haciéndose cargo de la propiedad de esa garantía financiera, sin pasar por el juzgado y sin tan siquiera comunicarlo al deudor. Pues bien, eso que es una
anomalía en toda la legislación europea ustedes van y la trasladan además a los fondos buitre. Sean conscientes de lo que están haciendo, porque con estas prebendas estamos sentando las bases de otro desastre; estamos además ante un claro
incumplimiento de la Directiva 2002/47, pero a lo mejor a ustedes eso no les importa, porque como encajan las sentencias del Tribunal de Justicia con esa tranquilidad con la que vienen aquí -les revuelcan y ustedes siguen igual-, continuemos para
delante.


A nuestro entender, es especialmente grave la regulación que el Gobierno hace para favorecer a las grandes empresas concesionarias y, por supuesto, cuando hablamos de empresas concesionarias estamos hablando y focalizando la mirada en las
autopistas. Están ustedes preparando el terreno para una masiva operación de compra de autopistas ruinosas que vamos a ver quién las va a pagar. Después de dedicar recursos públicos que se necesitaban para otras cosas a la construcción de
autopistas injustificables, salvo para el negocio del capitalismo concesional que las construyó y las explota, después de eso, y después de haber tenido que pagar los ciudadanos españoles las consecuencias de la bacanal especulativa en esos
sectores, usted nos prepara el terreno para que los ciudadanos españoles se vean obligados a pagar de extranjis de nuevo el rescate de las autopistas, y eso también está desgraciadamente en este decreto-ley. Aquí están las simientes, las labores de
eso que ustedes están preparando. Por eso, señor ministro, permítame que le diga que me parece un ejercicio de cinismo político que digan que se trata de salvar a las empresas, mientras que lo que están haciendo es abrir las puertas a los fondos
buitre para que compren a precio de saldo una buena parte de los activos de este país.


Recuerde que estos fondos -usted lo sabe- son por definición cortoplacistas, buscan beneficios elevados y rápidos, justo lo contrario de lo que necesitan las estrategias empresariales de la economía productiva, el mantenimiento de las
empresas. Pedirle a un fondo buitre que invierta a largo plazo en la salvación de una empresa es como pedirle a un escorpión que no inocule su veneno; es imposible. Todo eso lo sabe usted, señor ministro. Yo no sé si el resto de diputados lo
saben, pero usted lo sabe porque viene de ese mundo, viene del mundo de la banca en la sombra, y quiero llamar la atención a la Cámara sobre la importancia de lo que vamos a votar en estos momentos.


Termino, señor ministro, señorías. Este decreto-ley, junto con otras normas, va a permitir que fondos buitre entren en el negocio de prestar a las empresas y particulares, lo cual nos lleva a un nuevo terreno de alto riesgo para la economía
y la sociedad española. Se están sentado las bases de una nueva crisis del sector financiero en la que los fondos buitre van a ser los grandes protagonistas. Cuando explotó la burbuja, quienes la habían creado -los cuales se habían beneficiado-,
comparecieron compungidos ante la opinión pública, ante la ciudadanía, y nos dijeron que la responsabilidad era de la escasa y mala regulación del sector financiero, que había asumido más riesgos de los que podía aceptar. Y ahora, cuando aún no nos
hemos recuperado de esa explosión, cuando la sociedad está pagando y va a pagar durante décadas esos desmanes, esa bacanal especulativa, cuando se comienza a cambiar y a europeizar la regulación bancaria, llega el Gobierno español con sus cambios
legales, por la puerta de atrás, y sin debate nos pretende colocar una transformación significativa del sistema financiero de este país donde el papel protagonista lo van a tener esos fondos buitres. Es posible, señor ministro, y creo que usted
debería saberlo, que estemos sembrando las primeras simientes de una nueva crisis. Es increíble la capacidad de los humanos para tropezar siempre en la misma piedra, posiblemente porque quienes tropiezan no son los humanos sino las élites
extractivas de este país, seguramente porque las élites extractivas de este país aplican aquella máxima que dice que cuando entender una cosa supone dejar de tener importantes beneficios, los incentivos para no entenderla son muy poderosos. A
ustedes no les interesa entender eso.


Señor ministro, no me gustaría que fuera así, pero cada vez tengo más la sensación -espero que usted nos lo desmienta en su respuesta- de que usted no trabaja ni para la sociedad española ni para el Gobierno de España, usted está trabajando
para impulsar una nueva fase del modelo financiero en este país en el que la banca tradicional, la que en su momento fue sustituida, pase a ser ocupada en estos

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momentos por la banca en la sombra, por la banca de los fondos buitres. Espero equivocarme pero todo apunta en ese sentido. Si no, espero su respuesta de desmentido.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.


En turno de fijación de posiciones comienza, por el Grupo Vasco (PNV), el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señorías, señor ministro, yo pensaba que existía un relativo consenso en relación con el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia concursal, como también lo hubo con el Real Decreto-ley
4/2014, sobre refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial. El objetivo de ambos es en esencia, en nuestra opinión, tratar de salvar la actividad y el empleo del mayor número posible de empresas que estén en dificultades por motivo de
la crisis que estamos padeciendo. Por lo tanto, no voy a entrar en el detalle de los cambios legislativos, que por otra parte tendremos la oportunidad de hacerlo cuando se tramite, como el señor ministro ha señalado, como proyecto de ley y así
seguramente podremos mejorar el contenido de este real decreto-ley. Desgraciadamente no descubro nada si afirmo que la larga y profunda crisis económica que estamos viviendo ha tenido, tiene y probablemente tendrá aún durante bastante tiempo
consecuencias negativas en términos de crecimiento, de desempleo, de desigualdades, de precariedad y de un largo etcétera. Para afrontar la situación, el contenido de este real decreto-ley me parece básicamente adecuado. Tan solo cabe ponerle dos
peros, que por otra parte no son menores. De un lado me gustaría señalar que estas medidas vienen con bastante retraso, llevamos más de seis años de crisis económica y, de haberse tomado antes estas medidas, quizás se hubieran salvado más empresas
y empleos. De otro lado me parece que el alcance de este real decreto-ley es excesivamente limitado. En nuestra opinión, creo que coincidente con la de otros grupos de esta Cámara, hubiera sido deseable extender la aplicación de este real
decreto-ley a miles de autónomos y ciudadanos que con motivo de la crisis económica lo están pasando realmente mal.


Como saben sus señorías, una de las consecuencias y también de las causas de la crisis económica fue y es el excesivo endeudamiento de empresas y familias, un endeudamiento que pesa aún como una auténtica losa. Fueron miles y miles de
ciudadanos a los que la burbuja inmobiliaria les explotó muy cerca y les ocasionó daños. Aquellos que compraron una vivienda sobretasada a precios elevados, endeudándose para ello de forma excesiva con la expectativa de que seguirían subiendo los
precios y no tendrían problemas de empleo, se han quedado ahora en paro y no pueden hacer frente a sus deudas. Muchos trabajadores autónomos que invirtieron en sus negocios, hoy cerrados, siguen debiendo al banco unas cantidades considerables de
dinero de las que no disponen para hacer frente a esta situación. Por lo tanto, hay muchos casos particulares, señor ministro, que requieren solución. No se puede condenarles a que estén de por vida colgados de una deuda que les impide desarrollar
un nuevo trabajo o a que incluso pierdan su vivienda habitual. Para ello, facilitar la vía concursal a estos ciudadanos que se encuentran en esta situación es una manera adecuada de darles un alivio, de darles una salida, sin expropiarles lo
básico, la vivienda habitual, o sin expropiarles una renta mínima que les permita sobrevivir. No es cuestión evidentemente de que no paguen, de que los acreedores pierdan porque los deudores no hacen el esfuerzo que deben para afrontar sus deudas,
es una cuestión de equilibrio, de reconocer las dificultades y de pactar una solución razonable para las partes. Lo que solicitamos en esencia, al igual que ya lo hacía una proposición de ley presentada por La Izquierda Plural la semana pasada, es
que se incorpore también a los ciudadanos y a los usuarios a esta vía concursal de una manera efectiva. Creo que el Gobierno ve razonablemente bien esta propuesta. Nos queda, por lo tanto, pactar un texto al respecto e incorporarlo como enmienda
en el trámite parlamentario del proyecto de ley. Por ello, si esto es así, que espero que lo sea, anunciamos nuestro voto favorable a esta convalidación y esperamos que se pueda tramitar, como ha dicho el ministro, como proyecto de ley para
corregir estas cuestiones que hemos planteado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.


Hemos tenido ocasión de discutir temas similares al que hoy nos ocupa en el pasado reciente, en un pasado tan reciente como la semana pasada, en que terminábamos la tramitación como proyecto de ley

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del Real Decreto-ley 4/2014 y, por eso, algunas de las valoraciones que mi grupo hizo para este Real Decreto-ley 4/2014 vuelven a ser válidas para este Real Decreto-ley 11/2014 que hoy nos ocupa.


Decíamos en aquella ocasión que estábamos ante una iniciativa parlamentaria que no despierta un gran interés -a la vista está-, que no despierta pasiones, que seguramente no genere grandes titulares, pero que tiene importancia práctica
porque intenta solucionar una deficiencia fundamental en nuestra legislación económica. Como saben sus señorías, vivimos una crisis que es fundamentalmente de sobreendeudamiento y hay muchas empresas sobreendeudadas que son viables, que tienen un
modelo de negocio viable si reestructuran su deuda, en cuyo caso podrían seguir produciendo y manteniendo sus empleos. Y, sin embargo, esta posibilidad en nuestro país con la legislación actual resulta prácticamente imposible. Lo habitual es que
estas empresas sobreendeudadas, aunque tengan un modelo de negocio válido, se vean abocadas a un concurso de acreedores, y estos concursos de acreedores en el 94 % de las ocasiones terminan en la liquidación de la empresa, es decir, se venden los
activos de esa sociedad, se paga lo que se puede de la deuda y evidentemente se destruyen los empleos y la empresa deja de funcionar. Parece, por tanto, necesario facilitar la primera alternativa, facilitar la reestructuración de la deuda y la
continuidad de la vida de la empresa.


Eso lo intentó el Real Decreto-ley 4/2014 en la fase preconcursal y lo intenta este Real Decreto-ley 11/2014, que es un complemento del anterior, en la fase concursal. Lo que hace este Real Decreto-ley 11/2014 es aplicar a la fase concursal
una filosofía similar a la que se aplicaba antes a la fase preconcursal, ideas como facilitar la reestructuración y refinanciación de la deuda, impedir que un pequeño número de acreedores pueda bloquear los acuerdos que cambian las condiciones de
esa deuda o facilitar la transmisión íntegra de la empresa o, si no puede ser íntegra, al menos de unidades productivas que formen parte de esa empresa. Por tanto, nuestra valoración de este real decreto-ley, como del Real Decreto-ley 4/2014, es
favorable, lo vamos a votar positivamente, pero también, como en aquella ocasión, es un apoyo crítico el que tenemos que dar, es un apoyo que requiere matizaciones.


La primera cuestión, como ha indicado el interviniente anterior, es por qué se ha tardado tanto. Llevamos siete años de crisis, estamos en el cuarto año de legislatura y hay miles de empresas que ya han desaparecido. ¿Cuántas de esas
empresas podrían haber sobrevivido si esto se hubiese hecho antes? Una y otra vez tenemos la sensación, en términos legislativos, de que ponemos el tapón en la botella cuando buena parte de la leche ya se ha derramado. ¿Por qué hemos esperado
tanto?


La segunda cuestión es por qué la técnica legislativa es tan inadecuada. Vemos un real decreto tras otro, vemos un cambio en la Ley Concursal tras otro. ¿No se podría haber abordado esto globalmente, en conjunto? Creemos que habría sido
más conveniente. En cualquier caso, a estas alturas lo mínimo que podemos pedir es que se haga un texto refundido de la Ley Concursal, que está siendo continua y espasmódicamente modificada.


La tercera cuestión, y tal vez la más de fondo -también lo comentaba algún interviniente anterior-, es por qué no se puede aplicar a las personas físicas la misma lógica que aplicamos a las empresas. Aquí estamos hablando de empresas, de
sociedades, pero ¿por qué no aplicar esta misma lógica de corrección del sobreendeudamiento a las personas físicas? Cuando hablamos de personas físicas también estamos hablando de actividad económica. En nuestro país hay más de tres millones de
pymes y la mitad de ellas son personas físicas, no son sociedades. Por tanto, no se ven beneficiadas por esta legislación. Y no solo estamos hablando de autónomos o de pymes, estamos hablando también de familias sobreendeudadas. La crisis que
padecemos tuvo su origen en una burbuja inmobiliaria y hubo muchas familias que compraron una vivienda a esos precios sobrevalorados, firmaron una hipoteca con la vivienda como garantía y después perdieron su empleo, la vivienda cayó de precio y no
pudieron hacer frente a sus hipotecas. Esas viviendas se malvendieron y estas personas se quedaron sin su casa y además con unas deudas pendientes importantes. ¿Qué les sucede a estas personas? Que cualquier ingreso futuro que logren se les va a
embargar para el pago de esa deuda. Se les condena a la exclusión social, a la economía sumergida. Lo draconiano de esta legislación hipotecaria se refleja en el propio real decreto que hoy nos ocupa, porque la disposición final tercera corrige
algunos aspectos de esta legislación por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el caso que dio origen a esta sentencia nos encontramos con una persona que pagaba unos intereses de demora del 18 %, que tenía una hipoteca tal
que si impagaba una sola cuota se le pedía la restitución del total del crédito. Es decir, que las personas sobreendeudadas, sin vivienda, con una deuda pendiente, estaban sujetas a esta legislación draconiana que la propia Unión Europea está
poniendo en cuestión.

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Por eso mi grupo lleva proponiendo desde el inicio de la legislatura una ley de segunda oportunidad para las personas físicas. Hablaba el señor Azpiazu de la semana pasada. La primera proposición de ley que presentó mi grupo en esta
legislatura, la primera que pudimos presentar, fue una ley de segunda oportunidad que pedía precisamente esto, aplicar la lógica empresarial a las personas físicas. También lo presentamos en nuestras enmiendas al Real Decreto-ley 4. Lo hemos
comentado en más de una ocasión. Cuando hablamos de esto habrá oyentes que pensarán que esto es una propuesta de ultraizquierda porque se habla de condonación de deudas en casos excepcionales en vez de reestructuración. Pero no es una propuesta de
ultraizquierda, es una propuesta que la Unión Europea defiende en su recomendación de 12 de marzo de 2014 y que el Fondo Monetario Internacional también defiende en su informe sobre España. No es una propuesta radical, es una propuesta lógica que
haría frente a un problema social que padecemos.


En cualquier caso, como decía al inicio de mi intervención, creemos que en conjunto este Real Decreto-ley 11, con todos sus defectos o todas las críticas que podemos hacerle, mejora, por parcialmente que sea, la situación actual. Lo
votaremos favorablemente, pero entendemos que existe un compromiso del Gobierno, como ha dicho el ministro, de tramitarlo como proyecto de ley y de estudiar la posibilidad de avanzar en la dirección de extender esta lógica a los autónomos o las
personas físicas. Votaremos a favor e invitamos al grupo mayoritario y al resto de grupos a aprovechar definitivamente esta oportunidad para solucionar este grave problema social que padecen tantas personas en nuestro país.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, señoras y señores diputados, la valoración que hace Convergència i Unió de este real decreto sobre medidas urgentes en materia concursal es, desde una perspectiva objetiva, positiva, aunque, como más adelante me referiré, en
algunos aspectos lo consideramos insuficiente. En ese sentido, también valoramos positivamente que el ministro haya planteado en su intervención la posibilidad de tramitarlo como proyecto de ley para que los diferentes grupos parlamentarios podamos
incorporar aquellos planteamientos que vayan en la dirección de mantener la actividad de las empresas que estén en concurso para evitar la liquidación. Hay que decir que en las semanas previas a este debate ha existido una, digamos, relación
importante con el Grupo Parlamentario Popular y con el resto de grupos parlamentarios para incrementar la complicidad y que entre todos pudiéramos plantear aquellas enmiendas que fueran en la dirección de formalizar finalmente una legislación
positiva. Esto, desde una perspectiva objetiva racional, hay que valorarlo como positivo para finalmente conseguir que todos aquellos aspectos que en Convergència i Unió consideramos relevantes estén en una legislación de esta envergadura y de esta
categoría y podamos salvar compañías que están en una situación de concurso y que se pueda ver beneficiado el mantenimiento del tejido industrial en nuestro país y el mantenimiento de la actividad empresarial de las compañías en concurso; en
definitiva, se trata de facilitar la continuidad de las empresas que están en concurso y, al mismo tiempo, evitar la liquidación de las mismas para que sigan vivas.


Hay otro aspecto relevante que consideramos muy importante y significativo. Se trata de que a través de estos procedimientos jurídicos, de este ordenamiento jurídico -y es cierto que si vemos todas las legislaciones que se han incorporado
en esta Cámara en los dos últimas legislaturas quizá se ha llegado tarde, con diferentes legislaciones que van en la misma dirección pero que se han hecho por partes y no de una manera global y significativa, como han mantenido los portavoces que me
han precedido en el uso de la palabra-, al final se puedan mantener los puestos de trabajo. Lo que consideramos positivo y relevante de esta legislación es que se puedan mantener los puestos de trabajo, que una compañía en concurso no acabe en
liquidación, que los trabajadores de estas compañías no acaben en la situación de no encontrar trabajo en un futuro inmediato y que se pueda salvar la continuidad de la actividad empresarial, de la compañía. Desde esta perspectiva, entendemos que
se han introducido cuestiones relevantes y significativas, pero al mismo tiempo, si este es el final de la legislación para poder salvar compañías que están en concurso, queremos plantearle al señor ministro que hay aspectos que nosotros
consideramos insuficientes y que no están previstos en este real decreto. En las reuniones que hemos mantenido con todos los grupos de la Cámara, porque no han sido reuniones aisladas, no han sido reuniones secretas, sino reuniones en las que hemos
participado todos los grupos parlamentarios, hemos hecho llegar a su Gobierno algunos aspectos que consideramos que no están previstos en este real decreto, por lo que

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consideramos el real decreto insuficiente. Esperamos que en esta tramitación parlamentaria los podamos negociar, los podamos consensuar y que, finalmente, fruto de esta negociación y de la incorporación de algunas medidas que voy a anunciar
seguidamente, podamos tener un final feliz en el sentido de que entre todos hayamos conseguido una legislación moderna, una legislación eficiente y que permita la continuidad de la unidad productiva de empresas que están en concurso y, al mismo
tiempo, salvar un porcentaje importante de trabajadores que están inmersos en estas empresas en situación de crisis.


¿Cuáles son los aspectos que preocupan a nuestro grupo parlamentario? A nuestro entender hay tres muy relevantes. En primer lugar, que las modificaciones que se han planteado en relación con los convenios -como hicieron en el anterior real
decreto y sobre lo que ya insistimos- no modifican todos aquellos privilegios especiales que tienen Hacienda y la Seguridad Social. Entendemos al no poder plantear a un mismo nivel los mismos privilegios para todos los acreedores puesto que hay
acreedores privilegiados van a firmarse muchos menos convenios para la vida de la empresa de los que ustedes tienen previsto en este real decreto. Este es un aspecto relevante aunque no el más importante, y consideramos que aquí tendríamos que ser
más flexibles y adoptar algunos criterios que están previstos en la legislación europea.


Otro aspecto, señor ministro, que consideramos relevante es el que hace referencia a las modificaciones en relación con la liquidación y las segundas oportunidades. En algún momento se ha esgrimido que la venta de la unidad productiva se
estaba materializando desde una perspectiva de fraude si era el propio empresario quien optaba a la compra de su propia actividad. Nosotros entendemos que si hay razones objetivas para que una empresa que esté en concurso tenga viabilidad, esta
segunda oportunidad también se le debería dar al propietario inicial de la compañía. Si se demuestra que ese concurso no ha sido un concurso fraudulento, si se demuestra que el propietario inicial tiene una segunda oportunidad de una manera
transparente, positiva, sin personas interpuestas y con un patrimonio que pueda viabilizar la continuidad de la compañía entendemos que debe darse esta posibilidad de una segunda oportunidad al propietario inicial. Y yo diría que esto también es de
gran utilidad para medianas empresas que están en esta situación. Por ejemplo, en Cataluña hay una compañía de gran envergadura en la que optaba el propietario inicial a una segunda oportunidad y la legislación no se lo ha permitido, lo que ha
posibilitado que vengan otros empresarios que no son autóctonos, y cuando me refiero a no autóctonos no hablo del Estado español sino de otras procedencias de la Unión Europea, cosa loable y que en un mercado libre es perfectamente factible. Pero
no entendemos por qué no es posible una segunda oportunidad para un empresario cuando se ha demostrado que el concurso no era fraudulento y que ese empresario estaba en condiciones similares a los otros posibles optantes a la continuidad de la
misma.


Finalmente, señor ministro, hay un aspecto que consideramos relevante y fundamental y que quizá ustedes lo tenían previsto en el anteproyecto de real decreto que iba a aprobar el Consejo de Ministros, aunque finalmente no fue así. Son
algunas modificaciones que consideramos relevantes para la venta de una unidad productiva en el sentido que ustedes plantean en este real decreto. En una posible sucesión o continuidad de la empresa antes de evitar la liquidación el propietario o
la persona que quiera suceder en el negocio tendrá, para evitar la liquidación, que asumir las deudas de la Seguridad Social. Esto, aunque hay que preservar lógicamente los impuestos de la Seguridad Social, faltaría más, puede no ser viable desde
un punto de vista realista, desde el punto de vista de lo que está pasando actualmente en muchísimas empresas en concurso en el Estado español. Porque uno puede llegar a comprar una compañía por un euro y garantizar su viabilidad, asegurando la
permanencia de 200 o 300 trabajadores que están trabajando en la misma, pero si en este procedimiento finalmente se dice que tiene que asumir las deudas de la Seguridad Social, probablemente, aunque pueda comprar por un euro, no va a optar a la
compra de esta compañía por este precio simbólico sino que la compañía irá a una liquidación, con la destrucción de estos 200, 300, 100 o 50 puestos de trabajo. Este ejemplo no es real, es un ejemplo ilustrativo. La Administración de la
Generalitat de Cataluña también ha planteado una serie de objeciones en esta dirección a través de un grupo de trabajo que se ha creado con administradores concursales, con juzgados de lo mercantil y con especialistas en salvar empresas. En
definitiva, hemos hecho llegar al Grupo Parlamentario Popular que en determinadas circunstancias es muy importante para viabilizar la continuidad de la unidad productiva que la Seguridad Social siga los mismos mecanismos jurídicos que han seguido el
resto de acreedores y así salvar finalmente la compañía. Este es uno de los aspectos más relevantes que nuestro grupo parlamentario va a plantear en las enmiendas, porque si no es así, señor ministro, la empresa acabará en liquidación y seguramente
muchos interesados en comprar la compañía

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optarán por intentar comprar activos productivos de la misma, haciendo imposible la continuidad de las compañías que estén en esta situación desgraciada.


Estos son los aspectos más destacados que nuestro grupo va a plantear en la negociación. Valoramos positivamente que se haya optado por la tramitación como proyecto de ley, confiamos en la sensibilidad y en la complicidad del Grupo
Parlamentario Popular, que nos ha explicado previamente cuáles son los objetivos de este real decreto, y posibilitaremos que se apruebe con la esperanza de que en el trámite parlamentario algunas propuestas de nuestro grupo parlamentario sean
incorporadas al proyecto de ley.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, este es un texto muy importante, pero hablemos primero del contexto. La crisis no ha acabado y mucho menos sus muy negativas consecuencias. Créame que lo digo con enorme pesar porque todos querríamos que se
hubiera superado ya. No, no ha acabado y además se produce en este momento un empeoramiento de las perspectivas que puede ser muy delicado. Hay que hacer otras políticas, hay que tomar otras decisiones y este texto puede ayudar a ello. Fíjese,
incluso los organismos internacionales nos lo están indicando. El Employment Outlook de la OCDE referido a España dice algunas cosas bastante interesantes, permítame que las recuerde. Primero dice que a pesar de que hay una cierta recuperación en
el crecimiento económico esto no va a permitir que desaparezcan las consecuencias de la crisis. Es decir, el incremento del desempleo estructural es tan alto, tan grave, que no revertirá automáticamente con esta fase de crecimiento económico debido
a la enorme pérdida de capital humano que se ha producido durante esta crisis. Eso nos tiene que hacer reflexionar y mucho sobre las políticas que tenemos que aplicar para superar esta tremenda situación. Habla ese informe de que hay que promover
políticas de demanda, de que la promoción de la demanda es esencial y debe permanecer como un objetivo clave mientras la recuperación económica no sea robusta. Dice también que la caída continua de los salarios reales tiene efectos negativos en el
crecimiento económico, como ha venido explicando aquí el Grupo Parlamentario Socialista, y que no hay margen alguno para futuras caídas salariales por los efectos dolorosos que ello tendría en el aumento ya notable de los llamados trabajadores
pobres. Igualmente, señala la necesidad de promover no solo un mayor número de empleos sino de mejor calidad, indicando también que el salario mínimo obligatorio puede ayudar a mejorar los ingresos de los más desfavorecidos, impulsando así la
demanda interna. Lo he tomado de modo literal, señor ministro, para que veamos que algunas de las políticas desarrolladas en Europa y en España han traído consecuencias muy negativas que tenemos que intentar corregir.


Este decreto-ley, como los anteriores, corrigiendo o modificando las normas concursales desde el año 2009, también en 2011, a principios de este año y ahora esta otra, revisten una particular importancia para la actividad de las empresas y
para el empleo y, por ello, nosotros tenemos una predisposición favorable a él. Dicho de otra manera, señor ministro, nosotros lo damos todo por el empleo; como dice parafraseando algún anuncio, todo por el empleo. Cualquier medida que pueda
facilitar la salvación y/o creación de puestos de trabajo merecerá nuestro apoyo, pero el texto necesita mejoras. Por lo tanto, como han ofrecido tramitarlo como proyecto de ley -lo que también solicitamos-, nuestra posición en este trámite va a
ser de abstención a la espera de ver si a lo largo de la tramitación del proyecto de ley se pueden producir esas mejoras que después indicaré. Como decía antes, este texto constituye una continuación del Decreto-ley de 7 de marzo, de medidas de
refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial, y es evidente que la economía nacional necesita un desendeudamiento, un desapalancamiento. Es imprescindible, porque ello permitirá liberar espacio para inversiones productivas o para
nuevas fuentes o nuevas vías de endeudamiento sostenible, que animarán la actividad económica y mejorarán las tasas de empleo en España. Por eso, es preciso hacer los máximos esfuerzos para salvar las empresas, la actividad productiva y sus
empleos. En consecuencia, estamos de acuerdo con varias de las medidas que contiene el decreto-ley: la flexibilización del convenio, la ampliación de las quitas, la reducción de las deudas -supone reducción de deudas- y las esperas, el nuevo
régimen de mayorías. También compartimos la extensión de los efectos del convenio a los acreedores privilegiados, que afectará a los pertenecientes a una misma clase, siempre y cuando voten a favor del convenio ciertas mayorías de esa misma clase.
Estamos de acuerdo con las cuatro clases de acreedores dentro de cada categoría de acreedores privilegiados y por el orden establecido en el decreto-ley: primero, acreedores de derecho

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laboral; segundo, acreedores públicos; tercero, financieros y, cuarto, como usted indicaba, los comerciales. También es positivo que en relación con el valor de las garantías se establezca que el privilegio especial no solo alcanzará a la
parte del crédito que no exceda el valor razonable que en el concurso se otorgue a la respectiva garantía. El reconocimiento del derecho de voto en el convenio a los adquirentes de crédito tras la declaración del concurso es otro acierto, así como
la orientación dentro del proceso de liquidación a favor de la continuidad de la actividad empresarial, favoreciéndose la transmisión de la unidad o unidades productivas del deudor, facilitándose la subrogación automática del nuevo adquirente en los
contratos suscritos por el cedente y las licencias administrativas de las que fuera titular.


Nosotros vemos de particular relevancia lo que se llama el convenio del convenio, es decir que esta norma se pueda aplicar a convenios que ya están pactados y que se prevé su posible incumplimiento, porque ahora existirá un marco jurídico
estable que permitirá renegociar esa situación y mantener la actividad productiva. Y, por supuesto, también el tratamiento de los créditos públicos. Entiéndasenos bien, en los créditos públicos siempre tiene la última palabra la Agencia Tributaria
y la Seguridad Social. Por tanto, entrarán dentro de su rango o clase en la refinanciación o en la posibilidad de aceptar quitas siempre que ellos lo decidan. En este momento en el proceso previo al concurso ya lo hacen Hacienda y Seguridad
Social, es decir, prefieren la posibilidad de perder una parte de la deuda para mantener la actividad productiva. Nos parece que esto también se puede y se debe hacer en la fase de concurso pensando siempre en la salvación de los empleos. Por lo
tanto, los créditos públicos se flexibilizan, quedan en manos de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria y, en consecuencia, podrán utilizar esa posibilidad para garantizar la supervivencia de las empresas y el mantenimiento del empleo.


Como le decía, el texto necesita mejoras, señor ministro. La primera, desde luego, es que se ha legislado de forma desordenada; en consecuencia, tanto para los operadores jurídicos como para los expertos, como para los interesados en la
materia, hace falta un decreto legislativo de unificación de toda esta materia para su simplificación. Eso me parece indispensable. Se crea una comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción del sobreendeudamiento del sector
privado. Ahí no figuran los interlocutores sociales. Yo creo, señor ministro, que deben figurar. Los interlocutores sociales han demostrado su plena cooperación en la actividad económica y en el mantenimiento del empleo en este país y, por tanto,
nos parece que esa comisión no debe ser solo gubernamental, sino que deben participar también, y así lo plantearemos, los interlocutores sociales. Se ha hablado ya de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea sobre el trato
dato al desequilibrio, como recordaba el señor Coscubiela, de los deudores que han sufrido un procedimiento de ejecución hipotecaria. Nos parece que efectivamente tiene que haber algún cambio. Y, entre otros cambios, es completamente insuficiente
el plazo que se concede de un mes para la posible apelación ante la existencia de aplicación de cláusulas que puedan haber sido abusivas. Creo que este plazo debería ampliarse; así como algunas de las indicaciones que ha hecho el señor Coscubiela
en relación con la aplicación de este texto también a deudores que ya han sufrido la pérdida de sus inmuebles. Parecería razonable dar las mismas oportunidades a todos. Y debemos extremar la vigilancia, señor ministro, con respecto a los
compradores. Efectivamente, creo que debemos garantizar la máxima supervisión por parte del Banco de España. Nosotros pensamos que todos los compradores que pertenezcan al sector financiero deben estar bajo la supervisión del Banco de España, esto
facilitaría y establecería enormes garantías sobre el procedimiento, y en esa línea también vamos a plantear enmiendas.


Por último, queda el más importante, el que no aborda esta reforma y al que me voy a referir ahora. Se trata, como aquí se ha dicho por todos los grupos parlamentarios, de la situación de las personas físicas, las pymes y los autónomos
endeudados. También, señor Anchuelo, lo recomienda la OCDE, recomienda que establezcamos un procedimiento para la insolvencia personal, de micropymes y autónomos. Hay que tener presente que para este tipo de entidades las normas concursales no se
adecuan a su realidad, las normas concursales están pensadas fundamentalmente para sociedades mercantiles, pero hay una evidencia, y es que se podría también garantizar la reestructuración de la deuda de pequeñas unidades productivas y de autónomos
aplicando un procedimiento específico, ad hoc, simplificado, un marco regulatorio eficaz que les permita su solvencia personal o profesional, en sintonía por cierto con las legislaciones de nuestro entorno europeo y tal y como vienen solicitando
determinados organismos internacionales. Sería, pues, necesario aprobar ese marco concursal similar que permita esa refinanciación porque la realidad de estas empresas, estas pequeñas unidades productivas, empresas con un número muy pequeño de
trabajadores, autónomos, es muy distinta, como decía, de las sociedades mercantiles. La complejidad de los procedimientos no se puede aplicar y hacen casi imposible que puedan

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recurrir a un procedimiento concursal, y de esa manera hemos visto desaparecer más de medio millón de estas pequeñas unidades productivas de las cuales, por cierto, lo más lacerante, lo más doloroso es que a su vez más de la mitad de ellas
quedan trabadas de por vida en los procedimientos de endeudamiento debido al principio de responsabilidad universal. Muchas veces no ha sido porque hayan actuado de mala fe o por negligencia, sino en muchas ocasiones por impago de los bienes y
servicios que ellos prestaban, en ocasiones a las propias administraciones públicas, cuyas dilaciones o falta de pago ahogan sus expectativas y les han llevado a la quiebra. Y lo que es más grave, quedan afectados durante toda su vida por unas
deudas que les impiden retomar la actividad económica, con los brutales costes que ello implica desde el punto de vista personal, social y económico para ellos y para la economía del país. Por lo tanto, si encontramos una solución a estas
verdaderas necesidades, nosotros no tendríamos ningún problema posteriormente en votar favorablemente el texto. Ahora, nos abstendremos, a la espera de esa tramitación como proyecto de ley y de la incorporación de estas inquietudes que he indicado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caldera.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, estamos ante la convalidación de un decreto-ley que, como han manifestado casi todos los intervinientes, es positivo, tiene buenas intenciones, va por el buen camino y persigue objetivos loables. Creo, honestamente, que cuando nos
subimos a esta tribuna hay que buscar si somos capaces de compartir objetivos, y creo que uno debería ser intentar que las empresas tengan continuidad, se mantengan los puestos de trabajo, no se produzca un achatarramiento del tejido productivo y
consigamos que la economía española mantenga un sector empresarial importante. Creo que eso debería ser un objetivo compartido. Es muy difícil, señorías, compartir objetivos si alguien no concede al oponente político ningún tipo de buena
intención. Si todo lo que ve son aviesas intenciones es muy difícil llegar a acuerdos. Si uno trae a la Cámara -sea del Grupo Socialista, de CiU, del PNV, del PP- algo positivo y otro lo interpreta con aviesas intenciones, retorcidas intenciones
que no dice ningún analista ni nadie que haya estudiado la ley, es muy difícil llegar a acuerdos, porque es muy difícil avanzar. Pero yo lo que he visto hoy en el debate es que por parte de la gran mayoría de los intervinientes se concede que
estamos ante un decreto-ley que va en la buena dirección.


Señorías, la crisis ha sido muy dura -y lo que digo es una obviedad- y hay muchas empresas que han sufrido mucho durante la crisis. Hay algunas empresas de esas que han sufrido mucho durante la crisis que no son viables porque los productos
han perdido competitividad, porque las empresas no tienen capacidad de vender sus productos porque los negocios se han hecho inviables, pero hay muchas empresas que pueden ser viables y es el apalancamiento, el exceso de deuda lo que hace que esas
empresas a veces se vean abocadas a la liquidación. En este real decreto-ley intentamos hacer viables esas empresas que son viables porque tienen producto adecuado, porque tienen una estructura productiva adecuada y porque tienen un nivel de costes
independientemente del endeudamiento adecuado. Creo que eso debería ser un objetivo compartido, porque eso es lo que hace este decreto-ley. Eso es lo que intenta este decreto-ley como lo intentaba el decreto-ley anterior que se refería a la fase
preconcursal. Es muy importante el emprendimiento, son muy importantes los nuevos negocios, pero tenemos que ser capaces, si podemos, de crear marcos normativos que permitan la continuidad de las empresas existentes y que no se vean abocadas a la
liquidación por un nivel de deudas altísimo. Lo peor es achatarrar el tejido productivo. Es muy fácil que una empresa cierre. Es muy difícil sustituir una empresa que tiene que montar una cadena de producción y que tiene que empezar desde cero;
es más fácil intentar salvar las ya existentes. Eso es lo que hace este real decreto-ley. Lo que hace este real decreto-ley es dar soluciones en las fases -el anterior decreto-ley en la fase preconcursal; este, en la fase concursal- para que las
empresas puedan continuar, para que sean viables, para que los convenios de acreedores no se vean lastrados por minorías que impidan que se llegue a acuerdos porque no haya solución a los conflictos. Si uno ve los datos reales del nivel de acuerdos
alcanzados, del nivel de empleo que han mantenido esos acuerdos, entiende que lo que se hizo en marzo es positivo. Por tanto, señorías, creo que nos tenemos que felicitar en esta Cámara tanto el Grupo Popular, que fue el proponente, como los grupos
que lo apoyaron, porque ese real decreto-ley, el anterior de la fase preconcursal, ha dado buenos resultados. A veces, el señor Anchuelo dice que hay leyes que no tienen mucha importancia mediática y que, sin

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embargo, tienen importancia real. Ese real decreto-ley ha demostrado que tenía importancia real. Hicimos en la Cámara un trabajo positivo y este real decreto-ley continúa en ese camino.


En este real decreto-ley no se trata -y lo decía respecto del anterior en mi intervención- de que esto sea Lourdes, de dar vida a los muertos; se trata de intentar que las empresas que pueden continuar tengan un marco que les facilite
hacerlo. Esto no va de ayudar a los dueños, ni de ayudar a los accionistas, esto va de ayudar a los proyectos, a las empresas y a los trabajadores. Esto no va de hacer que entre ningún especulador en las empresas, va de intentar que el
apalancamiento no destruya el tejido productivo, va de intentar que entre dinero nuevo y que las deudas se puedan convertir en capital u otros productos financieros con el objetivo concreto de que las empresas continúen. De esto va el real
decreto-ley. Creo que hemos hecho un gran trabajo previo, pero no solo en esta Cámara, sino también haciendo partícipes del real decreto-ley que hoy traemos a esta Cámara a profesionales, a analistas y también a profesores universitarios, que han
aportado su grano de arena para que hoy tengamos este real decreto-ley. Decía el señor Caldera que sería bueno que luego unificáramos todo en un solo texto, es verdad, pero esto tiene la aportación de muchos y también de las reuniones previas que
hemos tenido en la Cámara. Nos hemos reunido con los grupos, hemos trabajado y seguiremos haciéndolo, porque queremos llegar a acuerdos. Esto de hoy no tiene otro objetivo que intentar ayudar a las empresas, a los trabajadores y a la economía
española. Quien quiera ver otra intencionalidad es porque su mente funciona con otros parámetros distintos a los míos, porque yo concedo buena voluntad a todo el mundo. Nosotros estamos abiertos a estudiar algunos problemas. El señor Coscubiela,
en las reuniones previas nos planteó el problema sobre qué pasaba con los créditos de los trabajadores en los tres meses donde está suspendida la embargabilidad; lo estudiaremos, pero nosotros entendemos que eso no va a suponer un detrimento de los
créditos laborales. Estamos convencidos de que es así, aunque estamos dispuestos a estudiarlo. No hay en esta ley un perjuicio ni de los créditos de los trabajadores ni de los créditos públicos, ya sean Seguridad Social o Hacienda pública.


Señorías, estamos dispuestos a llegar a acuerdos y vamos a estudiar todo, pero déjenme -perdone, señor presidente- decirles dos cosas. En primer lugar, a raíz de una disposición de esta ley se ha hablado de la modificación por la sentencia
europea. Quiero decir que recojo los argumentos de esta Cámara sobre que hay que seguir avanzando, como han planteado el señor Caldera y el señor Anchuelo, e intentar también que este marco llegue a pymes, autónomos o familias. Hay que hacerlo,
hay que intentar que nadie en España por deudas anteriores permanezca toda su vida fuera del sistema. Pero también hay que decir que el Gobierno del Partido Popular fue el primero que vio que existía un problema de sobreendeudamiento en las
familias y en las pymes y fue en el Real Decreto-ley 6/2012, en el Real Decreto-ley 27/2012 y en la Ley 1/2013 donde se paralizaron los lanzamientos, donde se estableció la obligatoriedad de llegar a acuerdos con las familias que tenían deudas
hipotecarias y no podían hacer frente a ellas, donde se creó el código de buenas prácticas al que se han acogido todas las entidades financieras, donde se creó el Fondo social de viviendas que ha dado solución a cientos de familias, donde se
establecían quitas para el endeudamiento de las familias, y fue en la Ley de Emprendedores donde se establecieron acuerdos extrajudiciales para las deudas de las pymes. Habrá que seguir trabajando, estamos dispuestos a seguir trabajando, pero es el
Gobierno del Partido Popular el que tuvo sensibilidad para ello.


Señor Sánchez i Llibre, estudiaremos sus sugerencias. Sé que tiene sensibilidad para que cuando se produce la continuidad del propio empresario, eso no signifique que el empresario se queda con la empresa y la Seguridad Social y la Hacienda
pública sin cobrar las deudas. Hay que buscar un punto de equilibrio para que eso no signifique sin más una situación de daño a la Hacienda pública o a la Seguridad Social. Por tanto, hay que buscar un equilibrio adecuado. No puede ser que el
propio empresario se quede, pero sin las deudas porque se le perdonan. Y creo...


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, tiene usted que acabar.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy acabando, señorías.


El señor PRESIDENTE: No, tiene usted que acabar ya.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: El camino no está exento de dificultades, el camino no está exento de problemas -el señor Caldera lo decía-, la situación económica no está arreglada, pero con reales decretos-leyes como el de hoy, con mucho
esfuerzo y con mucho trabajo, España saldrá adelante,

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y yo creo que es muy bueno que además se haga con un gran consenso como el que hoy podemos alcanzar y superaremos en la fase de Comisión.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.


Tiene la palabra el señor ministro de Economía y Competitividad.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.


Solo quiero agradecer a todos los portavoces sus intervenciones. Hay propuestas de sustancia, que por supuesto tienen mucho sentido y que estamos dispuestos a considerar, y también de forma, incluida la posibilidad de un texto refundido,
que es una cuestión fundamental. Por lo tanto, estoy convencido de que durante la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley seremos capaces de avanzar en el acuerdo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- REAL DECRETO-LEY 12/2014, DE 12 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE CONCEDEN SUPLEMENTOS DE CRÉDITO Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DE LOS MINISTERIOS DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, DE
FOMENTO Y DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. (Número de expediente 130/000059).


El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 12/2014, de 12 de septiembre, por el que se conceden suplementos de crédito y créditos extraordinarios en el presupuesto de los ministerios de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, de Educación, Cultura y Deporte, de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Para presentar este real decreto en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, subo a la tribuna para defender el real decreto-ley aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado 12 de septiembre, una
norma que tiene un doble objetivo. Por una parte, proceder a autorizar la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de distintos departamentos ministeriales por una cuantía próxima a los 761 millones de euros,
exactamente 760.891.999 euros, y por otra, modificar las disposiciones legales necesarias para poder seguir dotando a las comunidades autónomas y a las entidades locales de medidas que mejoren su liquidez y garanticen una mayor disponibilidad de sus
recursos, a cuyo efecto se flexibilizan las condiciones de reintegro de las liquidaciones correspondientes a los años 2008 y 2009 y se disminuye el tipo de interés de las operaciones de crédito concertadas en el marco del Fondo de liquidez
autonómico. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). La base jurídica de los créditos extraordinarios y de los suplementos de créditos se encuentra en el artículo 55 de la Ley General Presupuestaria, donde se establece la
obligatoriedad de esta tramitación cuando haya que realizarse con cargo al presupuesto del Estado algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito adecuado. El fundamento jurídico de las medidas que favorecen la
liquidez de las comunidades autónomas y de entidades locales está en la Ley de 18 de diciembre de 2009, que determina el sistema de financiación autonómico, y en la Ley de 28 de diciembre de 1988, reguladora de la Ley de Haciendas Locales.


Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: 5.160.000 euros, que en este caso incrementan el déficit público de este ejercicio, del año 2014. En primer lugar, se procede a la
concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por importe de 5.160.000 euros para financiar programas y proyectos de respuesta humanitaria ante situaciones de emergencia, actuaciones de
lucha contra el cambio climático y el suministro de equipos y material sanitario para afrontar la epidemia del ébola en Liberia. Todos somos conscientes de la existencia, incluso multiplicada, de crisis humanitarias en 2014, un hecho que exige
respuestas urgentes y solidarias de la comunidad internacional. Las crisis humanitarias de mayor gravedad en República Centroafricana, Siria, Sudán del Sur o el rebrote de la epidemia del ébola en África Occidental se unen a catástrofes naturales y
desastres también derivados de los efectos del cambio climático y de la

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propia acción humana en otras zonas del mundo como América Latina o Asia-Pacífico. Diversos organismos y organizaciones internacionales vienen advirtiendo de este aumento de necesidades humanitarias, lo que genera un incremento correlativo
en el número y costes de los llamamientos internacionales de ayuda tanto para responder en el corto plazo con el fin de salvar vidas y aliviar el sufrimiento de millones de personas, como para apoyar iniciativas de prevención, preparación y
respuesta frente a desastres y emergencias complejas a medio y largo plazo. España, como actor destacado en la escena internacional de la acción humanitaria y de la cooperación al desarrollo, no puede permanecer ajena a esta realidad; una realidad
que demanda una acción urgente, coordinada y eficaz que contribuya con rapidez y solidaridad al esfuerzo internacional a favor de las poblaciones afectadas.


La incidencia de las crisis y los desastres naturales se ha convertido en los últimos años en un asunto central para el desarrollo de los países afectados y la estabilidad global. Así el impacto de terremotos, huracanes, tifones e
inundaciones y sequías provoca víctimas, refugiados y daños cuantiosos a millones de personas cada año y plantea dificultades en la estabilidad y gobernabilidad de los países. Si bien todos los países somos vulnerables a los desastres naturales,
aquellos que están en vías de desarrollo comparten el hecho de ser más vulnerables aún y verse más afectados. Estos países vienen reclamando en foros internacionales la necesidad urgente de llamar la atención sobre este asunto, de aumentar los
recursos y fondos disponibles, mejorar instrumentos para adaptarse y gestionar riesgos, fortalecer el pilar de la prevención y preparación, así como fortalecer sus capacidades para resistir a estos desastres y crisis.


Con este objetivo estos países solicitan ayuda a la comunidad internacional, tanto técnica como financiera. España está comprometida con la aplicación del marco acordado internacionalmente para la reducción del riesgo de desastres, conocido
como el Marco de acción de Hyogo 2005-2015, que será revisado durante la próxima Conferencia de Sendai, Japón, en marzo de 2015. Además, España tiene en la preparación para la respuesta a desastres naturales una de las líneas prioritarias de acción
humanitaria dentro de su política de cooperación para el desarrollo, como establece el IV Plan director y el Plan operativo de acción humanitaria 2013-2014. Asimismo, y dada la situación actual de emergencia humanitaria por la epidemia de ébola, es
necesario paliar los efectos de dicha epidemia e intentar contener el número de casos de afectados, que son crecientes. Hasta mediados de este mes solo en Liberia se han contabilizado más de 2.400 casos y han fallecido cerca de 1.300 personas. Las
previsiones de la Organización Mundial de la Salud apuntan a un aumento de casos. Las necesidades son múltiples y variadas, sin olvidar que a nivel económico y social esta epidemia está afectando muy negativamente, lo que podría generar problemas
adicionales de seguridad alimentaria y de cohesión social. En atención a estas consideraciones se justifica la urgente necesidad de decretar un suplemento de crédito extraordinario para la concesión de ayudas y subvenciones en el ámbito de la
acción humanitaria para financiar proyectos internacionales que den respuesta al agravamiento de las crisis humanitarias actuales y para financiar la prevención y preparación de la respuesta a los desastres naturales y los programas de actuación en
marcha.


Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 30 millones de euros, que también van a incrementar el déficit público de este año. Señorías, en este real decreto-ley también recogemos la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y en el presupuesto del organismo autónomo Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por un importe total de 30 millones de euros para poder realizar la convocatoria de ayudas a la
amortización de largometrajes producidos en 2012. La Ley del Cine, de 2007, establece diversas medidas de fomento entre las que se encuentran este tipo de ayudas. El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, ICAA, colabora con
el Instituto del Crédito Oficial en el ámbito de la producción cinematográfica, a través de la formalización de convenios anuales dirigidos a la financiación de proyectos de inversión en producciones cinematográficas de largometrajes. Los préstamos
acogidos a la línea ICO-ICAA se encuentran vinculados a las ayudas a la amortización de largometrajes previstas en la referida Ley del Cine, quedando los beneficiarios de estas ayudas obligados a destinar el importe de las mismas a la amortización
de los préstamos. La Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual ha avalado préstamos afectados por dichos largometrajes, de forma que, de no abonarse las ayudas a la amortización en el presente ejercicio, las entidades financieras que concedieron
los préstamos podrían proceder a ejecutar los avales de dicha sociedad.


En febrero de 2014, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias del Fondo de protección de la cinematografía, se convocaron las ayudas a la amortización de los largometrajes estrenados en el último trimestre de 2011, pero no hay
crédito disponible suficiente para poder convocar las ayudas a la

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amortización de los largometrajes estrenados en el año 2012. De no realizarse esta convocatoria, se produciría un quebranto financiero de las empresas productoras que podría terminar con el efecto no deseado de su cierre y la consiguiente
pérdida de puestos de trabajo. Debe valorarse que el crédito destinado en el ejercicio 2014 para las ayudas a la amortización es de 22 millones de euros. El hecho de que se apruebe un suplemento de crédito extraordinario de 30 millones de euros
supone aproximadamente un 140 % del crédito inicial.


Esta medida sigue la estela de otras ya impulsadas por el Gobierno. En 2013, por ejemplo, se adoptaron medidas tributarias y financieras que mejoraban la deducción fiscal e inversiones cinematográficas, y en la presente reforma fiscal, en
concreto en el proyecto de ley del impuesto sobre sociedades que está tramitándose en esta Cámara, se propone el incremento de la deducción por actividades destinadas a la producción cinematográfica, aumentando la deducción actualmente establecida
en el impuesto sobre sociedades, y también adicionalmente se introduce una nueva deducción, en este caso del 15 % de los gastos realizados en el territorio español por las grandes producciones internacionales con el objeto de atraer este tipo de
producciones. Estamos, en suma, insistiendo en un argumento, en un elemento, que es el reconocimiento de que la cinematografía es uno de los sectores más importantes de nuestra cultura y de nuestro patrimonio, contribuyendo a su vez a dar a conocer
la marca España y a atraer inversiones gracias a los rodajes que se realizan en nuestro país.


Ministerio de Fomento y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. También a los dos ministerios se articula la concesión de 725,7 millones de euros, que en este caso no afectan al déficit público del año 2014. Es la
concesión de créditos extraordinarios a los ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por importe total de 725,7 millones para imputar a presupuesto y atender el pago de obligaciones de ejercicios anteriores. Estamos
pagando facturas de ejercicios anteriores. Una vez más, ocupo la tribuna para solicitar la aprobación por los grupos parlamentarios del pago de las obligaciones de ejercicios anteriores. Seguimos pagando, señorías, seguimos limpiando todavía los
fondos, en este caso, de los ministerios inversores a estas alturas de legislatura. No tenemos recursos para iniciar nuevos proyectos de inversión y seguimos pagando todo lo que nos han dejado. Por supuesto, hay que pagarlo, puesto que detrás de
esos proveedores de inversión están las empresas y sobre todo los puestos de trabajo.


Al cierre contable y presupuestario del ejercicio 2013 se ha puesto de manifiesto la existencia de gastos que no contaban con cobertura presupuestaria o que la prevista resultó insuficiente, si bien tales gastos figuran contabilizados y ha
quedado registrada su incidencia en el déficit a 31 de diciembre de dicho ejercicio. Estos gastos, que constituyen obligaciones exigibles para la Administración, deben ser regularizados y aplicados al presupuesto para proceder a su pago, lo que
requiere disponer previamente del correspondiente crédito presupuestario. Al Ministerio de Fomento le corresponde un total de 540,6 millones de euros, que derivan mayoritariamente de expropiaciones, revisiones de precios, certificaciones finales,
intereses y liquidaciones de obras de la Dirección General de Carreteras, de la Dirección General de Ferrocarriles y de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, obligaciones relativas fundamentalmente a certificaciones. Las
obligaciones pendientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ascienden a 185 millones de euros. La mayoría de ellas corresponden a la Dirección General del Agua en concepto de certificaciones, revisiones de precios,
expropiaciones y otras incidencias relativas a actuaciones inversoras y por actuaciones mediante convenio que traen causa en actos y negocios jurídicos iniciados con anterioridad a 2013 y para los que no se disponía de respaldo presupuestario. Los
créditos aprobados permitirán satisfacer deudas, como decía al comienzo de este pasaje, con empresas constructoras, ayuntamientos y en algunos casos con confederaciones hidrográficas, que habían asumido pagos que no les correspondían, como por
ejemplo IBI de presas o exenciones a regantes por catástrofes naturales, lo que comprometía su normal funcionamiento. En suma, seguimos pagando.


El último apartado se refiere a cuatro disposiciones, una adicional y tres finales, donde se regulan las modificaciones normativas necesarias para seguir ayudando financieramente a nuestras administraciones autonómicas y locales. No hace
falta recordar que desde el primer momento el Gobierno asumió la necesidad de mitigar -si se quiere, compartir- la apurada, la agobiada situación de nuestras comunidades autónomas y de nuestras corporaciones locales, que estaban viviendo una crisis
fiscal sin precedentes, asediadas por las deudas y con las limitaciones financieras impuestas que habían mermado su solvencia. El Gobierno se vio en la obligación de adoptar medidas que con carácter inmediato permitiesen dotar de liquidez a las
comunidades autónomas y a las entidades locales, como por ejemplo la ampliación de

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sesenta a ciento veinte mensualidades del periodo de reintegro de los saldos que resultaron en las liquidaciones definitivas de los años 2008 y 2009, con los correspondientes compromisos de su parte en materia de transparencia y de
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de los límites de endeudamiento.


Se pusieron en marcha dos iniciativas para colaborar con esas administraciones territoriales con problemas financieros. Por un lado, el Fondo de liquidez autonómica, que ha permitido a varias comunidades autónomas financiarse a tipos de
interés mucho más bajos que aquellos de los que tendrían que haber hecho uso si hubieran acudido directamente a los mercados, lo que es un suponer, porque no podían hacerlo tampoco, los mercados estaban cerrados para ellos. Por otro lado, el Plan
de pago a proveedores, que ha supuesto un gran alivio no solo para las administraciones territoriales que se han acogido al mismo, sino también para pequeñas y medianas empresas, grandes empresas y personas físicas que tenían millones de facturas
pendientes de cobro, una situación que había puesto a muchas de estas empresas al borde de la asfixia financiera e incluso de la desaparición. Estos instrumentos financieros puestos en marcha durante esta legislatura por parte del Gobierno han
permitido a muchas administraciones hacer frente a vencimientos de deuda, al pago de intereses, al pago de convenios y conciertos sanitarios, educativos y de servicios sociales. Podemos afirmar que sin estos mecanismos de financiación muchos
servicios públicos en España habrían tenido que cerrar.


El Gobierno ha actuado en todo momento con plena lealtad y solidaridad institucional, poniendo a disposición de administraciones locales y autonómicas unas posibilidades de liquidez que no hubieran tenido por sus propios medios. Y el
Gobierno sigue actuando. En este real decreto-ley se vuelven a adoptar medidas que permiten a las entidades locales y a las comunidades autónomas una mayor disponibilidad de recursos. Una primera medida va a permitir a las entidades locales que
los reintegros que correspondan a las liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado de 2008 y 2009, que fueron de importes elevados y que motivaron la aplicación de periodos de reintegro de cinco años inicialmente y de
diez años con posterioridad, se amplíen de nuevo, si así lo solicitan, a ciento veinte mensualidades. Esta medida afectaría a 2.924 entidades locales que ya tienen ampliado el periodo de reintegro a diez años desde 2012. El importe total a
reintegrar sería de 3.509 millones de euros a 31 de diciembre de 2014.


La norma es de urgente y extraordinaria necesidad, ya que las entidades locales están estas semanas elaborando sus presupuestos para el año 2015, y en el caso de que se acojan, deben incluir el efecto de esta medida en dichos presupuestos.
Medida similar se establece para las comunidades autónomas de régimen común que podrán solicitar antes del 31 de octubre de este año la ampliación del plazo a doscientas cuarenta mensualidades de los reintegros que corresponden a las liquidaciones
definitivas de 2008 y 2009, para los que inicialmente se había acordado un plazo de devolución de sesenta mensualidades y, posteriormente, se llevó a ciento veinte mensualidades a computar el 1 de enero de 2012. Como consecuencia del aumento de la
liquidez por esta medida, las comunidades autónomas van a tener una mayor liquidez de 1.362 millones de euros al año. Si tenemos en cuenta la ampliación a veinte años, el incremento de recursos para las comunidades autónomas, respecto a 2014, será
de 2,84 %, en lugar de 1,18 %. La norma se ha considerado de urgente y extraordinaria necesidad por la misma razón que citaba para las corporaciones locales, porque las comunidades autónomas están elaborando sus presupuestos para el año 2015, y en
el caso de que se acojan a estas medidas, deben incluir el efecto de las mismas.


Por último, en el real decreto-ley se recoge la modificación del apartado 2 del artículo 14, del Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las administraciones públicas. La especial situación financiera y
presupuestaria de algunas comunidades autónomas, en particular las adheridas al Fondo de liquidez autonómica, ha hecho necesario que el Gobierno haya acordado reestructurar estas operaciones de crédito, reduciendo el tipo de interés aplicable a las
mismas en el 1 %, hasta el 31 de diciembre de 2014. Lo que estamos proponiendo en esta norma es una a modo de mutualización de la deuda de las comunidades autónomas acogidas al FLA, favoreciéndolas con una reducción de los tipos de interés que
correrán a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.


La urgencia de la modificación propuesta viene determinada por la necesidad de que la rebaja de intereses planteada pueda tener efectos en el último trimestre del año 2014. Una vez realizada la modificación normativa propuesta, las
comunidades autónomas afectadas -Cataluña, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha- podrán recoger los ahorros de gasto que se derivan de dicha medida con plena seguridad jurídica en los planes económicos financieros que tienen
que presentar

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tras el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera observados en 2013. De esta forma, el Gobierno da cumplimiento al requerimiento que hizo el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el pasado
31 de julio de 2014, para que unas comunidades autónomas incorporaran nuevas medidas por considerarlas contenidas en los planes que se habían presentado insuficientes para garantizar la corrección de la situación de desequilibrio. El ahorro de
intereses que se consigue en esta reestructuración va a suponer para las comunidades autónomas una financiación adicional cercana a 410 millones en 2014, exactamente 409,4 millones, y de aproximadamente 1.640 millones, en 2015, exactamente 1.637,7
millones, lo que unido al resto de las medidas adicionales va a suponer una cuantía que superará los 5.300 millones, cuantía realmente importante para el año próximo.


Acabo, aunque sea siempre tedioso hacerlo, relatando lo que significa para las comunidades autónomas esta inyección monetaria de recursos y de liquidez. Para el año 2014 -lo que nos queda de año-, la inyección que va a las comunidades FLA
supone 427,12 millones de euros: Andalucía, 76,8; Principado de Asturias, 6,4; Islas Baleares, 16,1; Canarias, 17,9; Cantabria, 4,6; Castilla-La Mancha, 24,1; Cataluña, 183,5; Región de Murcia, 14,8; y Comunidad Valenciana, 82,5. Esa es la
suma de los 427,1 que antes refería, para lo que nos queda del año 2014.


En relación con el año 2015, ya he relatado que el total de la inyección de recursos, que proceden del ahorro de intereses y de la liquidez adicional, representa para el año 2015, 5.317 millones de euros. De esos 5.317, en concreto para las
comunidades FLA van 4.817 millones, y el relato de las cuantías me parece que también es obligado hacerlo esta mañana. Andalucía recibirá 1.014 millones de euros; Principado de Asturias, 103,9; Islas Baleares, 147,7; Canarias, 268,6; Cantabria,
64,8; Castilla-La Mancha, 315,2; Cataluña, 1.744; Región de Murcia, 176; y Comunidad Valenciana, 981. Las no FLA también reciben, por razón de liquidez adicional -es la ventaja de la reducción de tipos de interés-, un total de 500 millones de
euros, que van también descritos de la forma siguiente: Rioja, 16,2; Extremadura, 63,6; Castilla y León, 124,6; Madrid, 111,5; Aragón, 61,9; Galicia, 122,4. Suman 500 millones, exactamente 504 millones de inyección de liquidez.


Señorías, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para garantizar la financiación de los servicios públicos de todos nuestros ciudadanos con independencia de la administración pública que los desarrolla, que los realiza, que los
materializa, que los lleva a cabo. Ese es el ánimo del decreto-ley que traemos aquí: cobertura de ayudas humanitarias, pagar deudas pendientes y seguir financiando las prestaciones públicas en materias fundamentales del Estado del bienestar que
llevan a cabo las comunidades autónomas y las corporaciones locales de nuestro país. Con esa condición, voy a acabar solicitando el apoyo a este decreto-ley de los grupos políticos representados en esta Cámara, puesto que -insisto- el ánimo no
puede ser otro que, siendo todos coherentes y consecuentes con la consecución de los objetivos de déficit público, podamos garantizar la financiación de esos servicios públicos. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano y tendremos, desde
el Gobierno de España, la mejor disposición para recibir también las iniciativas de los grupos políticos para que garanticemos, de aquí a final de legislatura, la cobertura de esos servicios públicos que nuestros ciudadanos reciben después del pago
de sus impuestos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, abordamos un decreto que en su primera parte habla de nuevos suplementos de crédito a diferentes ministerios. Desde el punto de vista de Compromís-Equo, algunos nos parecen correctos y estamos plenamente de acuerdo, sobre
todo con aquellos que hablan de dedicar recursos a emergencias sanitarias, al problema del ébola en África, a luchar contra los desastres naturales, con las ayudas a la producción cinematográfica o a la lucha contra el cambio climático. Contrasta
un poco que se apoyen las energías renovables en otros países y que aquí en nuestro país las estemos hundiendo, es una de las muchas contradicciones que aparecen. Otros suplementos no nos parecen tan correctos, no porque no queramos que se paguen
-entendemos que aquellas empresas o aquellos proveedores que han hecho un trabajo tienen que cobrar- esos 725 millones para atender obligaciones de ejercicios anteriores, no nos parecen tan correctos porque son gastos sin cobertura o con
insuficiente cobertura. También contrasta la exigencia de déficit que se hace a ayuntamientos y comunidades autónomas y la laxitud con que se trata el déficit en el Estado. Y, en segundo lugar, porque el artículo 8 de este real

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decreto dice que se financiarán con deuda pública. Recordamos que la deuda pública ya ha superado en el año 2014 el billón de euros y estamos acercándonos al cien por cien del PIB.


Vamos a centrar nuestra intervención en las disposiciones finales y sobre todo en la disposición final primera, apartado dos. Aparentemente es una buena medida ampliar de ciento veinte a doscientas cuarenta las mensualidades para que las
comunidades autónomas reintegren los excesos percibidos en las liquidaciones de 2008 y 2009 y que se aplique también a los ayuntamientos. En principio, nos parece una buena medida porque aumentará la liquidez de ayuntamientos y de comunidades
autónomas. Pero en el caso de la Comunidad Valenciana esta deuda supone para los valencianos alrededor de 280 millones de euros y una vez más quiero denunciar la injusticia que supone para los valencianos devolver esas cantidades. La Comunidad
Autónoma Valenciana -insisto, no estoy llorando, les estoy planteando una realidad- es la única comunidad con un PIB por debajo de la media, aproximadamente el 87 % de la media, por tanto, es una comunidad pobre que, en lugar de recibir, paga. En
la balanza fiscal que publicaron ustedes no hace mucho el déficit fiscal se cifraba en 2.018 millones de euros si aplicábamos el método de carga beneficio y en más de 5.000 millones si hubiéramos aplicado el método de flujo monetario que se aplicó
en 2005, y encima tenemos que pagar y devolver esos 280 millones.


En los presupuestos generales de la Generalitat Valenciana de 2014, usted que hablaba de los gastos que tienen que cubrir las comunidades autónomas, los gastos en sanidad, en educación y en protección social se estiman en 1.088 millones de
euros, en cambio, los ingresos del sistema de financiación autonómica, los que usted nos transfiere, son de 8.200 millones. Es decir, hay un déficit de 1.800 millones. Aunque usted nos diga hoy que nos va a dar 82 millones y 988 millones, sumarían
1.000, aún tenemos 800 millones de déficit. Un año, y otro año y otro año y hace ya treinta años que estamos con déficits fiscales. Hasta ahora su única solución ha sido darnos crédito. De hecho, de los casi 34.000 millones de euros de deuda que
tiene la Comunidad Valenciana, cerca de 15.000 son con mecanismos financieros del Estado, el Fondo de liquidez autonómica y el Plan de pago a proveedores. Señor Montoro, encima de este maltrato fiscal aún tenemos que devolver esos 280 millones, aún
tendremos que darle gracias por alargarnos el plazo de devolución. Por eso quiero terminar con unas preguntas que el otro día usted no me contestó y que hoy me gustaría que lo hiciera. Primera pregunta, ¿cuándo piensa revisar este injusto sistema
de financiación que castiga a los valencianos año tras año? Le recordamos que se está incumpliendo la disposición adicional tercera de la Ley 22/2009, que dispone la revisión quinquenal del sistema de financiación cuando se vea que no cumple con
los objetivos o que no es justo. Segunda pregunta, ¿cuándo va a recibir a nuestros empresarios? Nuestro presidente de la Generalitat se comprometió en julio con ellos a que usted los iba a recibir. Usted sigue desairando al presidente de la
Generalitat, del Partido Popular, que deambula por la Generalitat como alma en pena porque nadie le hace caso, ni usted que es de su partido. Por último, ¿cuándo dejará de castigar a los valencianos? Señor Montoro, no queremos aplazamientos.
Queremos una financiación justa; la que nos corresponde ni más ni menos, la justa. El otro día no nos contestó, por eso -repito- nos gustaría que hoy lo hiciera.


Para acabar, usted ha hablado de que tenía que pagar por lo que les han dejado. ¡Dios mío lo que nos va a dejar su partido después de gobernar veinte años la Generalitat valenciana! ¡Lo que nos va a dejar, 34.000 millones de euros de deuda
pública! Mis nietos seguirán pagando cuando yo no esté en este mundo la deuda que ha contraído el Partido Popular valenciano.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Baldoví.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


Intervengo muy brevemente y desde el escaño para fijar la posición del Grupo Vasco en relación con la convalidación del real decreto-ley. Señor ministro, a estas alturas del año solicitar créditos adicionales nos parece un tanto excesivo;
no nos parece razonable, y es algo que ustedes vienen haciendo a través del tiempo mediante reales decretos-leyes. En nuestra opinión, antes de ampliar los créditos sería razonable reasignar los que ya existen en los ministerios. Seguro que la Ley
General Presupuestaria le permite la reasignación antes de la ampliación de los créditos. Después, si a finales de año usted tuviera problemas para financiar ciertas partidas lo lógico sería acudir a esta Cámara, pero no desde luego a estas alturas
de septiembre; no lo digo solo por el déficit público, sino por la propia racionalidad de la gestión presupuestaria. Además, hábilmente el Gobierno mezcla cosas diferentes en este real decreto. Por una parte incluye temas como el ébola, que
seguramente son bastante imprevisibles y necesarios,

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con otros que nada tienen que ver. Ustedes quieren dotar la lucha contra el ébola con 5 millones de euros, que seguro, señor ministro, que los tienen en alguna otra partida genérica de cualquier ministerio. Por lo tanto, no sería necesario
traer esta cuestión aquí porque lo pueden financiar con los créditos ya existentes. Por otra parte, nos preocupa una partida de 725 millones de euros, como usted señala, para Fomento y Agricultura, para hacer pagos del pasado, que se han gastado o
ejecutado sin haber tenido consignación presupuestaria previa. Si no me dan más explicaciones, desde luego esto me suena a una irregularidad, si no a una ilegalidad. Esto es algo que habría que revisar con cierto cuidado. Y en el tercer apartado
del real-decreto nos habla usted de cambios o facilidades en la financiación a comunidades autónomas y a corporaciones locales; pueden ser absolutamente justificables, pero eso nos lo debería traer usted en otro real-decreto bien separado, sin
mezclar las cosas. Por lo tanto, trae cosas razonables que creo que pueden financiarse con los créditos existentes, otras que no lo son y, dado que no se puede separar la votación, nuestro grupo va a votar en contra de esta convalidación.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Azpiazu.


Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.


No voy a alargarme mucho, señor Montoro, pero nuestro grupo quería introducir un par de cuestiones sobre este real-decreto ley que nos preocupan mucho.


Creo que la semana que viene comienza el debate de los presupuestos para 2015, y nos enfrentamos a la siguiente cuestión: qué fiabilidad van a tener unos presupuestos, que tienen además una tramitación larguísima, en la que ustedes
habitualmente se dedican a rechazar todas las enmiendas que se presentan, cuando después, vía real decreto-ley, se van corrigiendo porque se hacen además con una imprevisión y una chapucería verdaderamente increíbles. Se lo diré de una manera más
directa: ¿Por qué son ustedes tan chapuceros? ¿Por qué se hacen unos presupuestos que en muchos casos no prevén gastos que son perfectamente previsibles y luego los traen por vía del real-decreto ley. Está muy bien esta contabilidad creativa para
disimular la situación económica del país, y me imagino que se puede justificar diciendo que es necesario para seguir pudiendo endeudarnos y acudiendo al mercado internacional del crédito; pero a la hora de la verdad luego pasa lo que está
ocurriendo, es decir, que la recuperaciones económicas son más ficticias que reales, que hay una nueva amenaza otra vez de recesión según el propio Banco de España. Ustedes, en este sentido, siguen trabajando con esta creatividad que consiste sobre
todo en seguir endeudando más, más y más al país porque, como en el propio real-decreto ley se prevé, casi todo lo que ustedes proponen es a costa de nuevas emisiones de deuda. Estamos ya casi en el cien por cien del PIB y, al parecer, tampoco es
suficiente porque no estamos endeudándonos además para reactivar la economía, para que haya más inversión o mejores servicios sociales; no, para tapar agujeros y para seguir creándolos. En las cosas que traen ustedes en este real-decreto ley, en
opinión de nuestro grupo, la única que es, como dice la Constitución, de extraordinaria y urgente necesidad, porque era verdaderamente imprevisible, es la epidemia de ébola en África. Todo lo demás son cosas, algunas, que no solamente es que no
sean imprevisibles, es que causa realmente pasmo que no estuvieran previstas. Oiga, hay facturas de la luz, hay una de casi 5 millones de euros de la Dirección General de Carreteras -energía eléctrica, obligaciones de ejercicios anteriores,
4.749.509,76 millones de euros; da gusto tanta precisión-. ¿De verdad que no sabían que había una factura de la luz pendiente de pago? ¿De verdad que no se sabía que había que pagar el IBI de los edificios de las confederaciones hidrográficas,
etcétera? Esto, por una parte.


Nos parece realmente increíble que todavía sigan ustedes aludiendo a las facturas pendientes de ejercicios anteriores, porque no es el primer año que ustedes gobiernan sino que vamos ya por el tercero; de manera que cómo es posible que no
supieran que había obligaciones y facturas por pagar del Ministerio de Fomento, del de Agricultura, obligaciones con la industria cinematográfica que se han ido incumpliendo, etcétera. Nos parece que esto no tiene ninguna justificación; por lo
tanto, no podemos votar a favor de un real-decreto ley que nos parece que es una obra maestra, pero de la chapuza presupuestaria, y que desde luego no produce ningún beneficio ni a la marca país, que tanto les preocupa -o dicen que les preocupa- ni
a la buena gestión. Entre los grandes mitos es verdad que existe ese -un tanto penoso- de la supuesta superioridad moral de la izquierda, que no es así; pero tampoco existe en absoluto la supuesta mejor gestión de la derecha, y aquí tenemos la
prueba. Se lo digo además porque en la tramitación de los presupuestos del año pasado presentamos varias enmiendas -que por supuesto rechazaron; las

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enmiendas 74 a 84, la 250, etcétera- que iban precisamente a prever cosas como las que ustedes no preveían, y, por cierto, sin aumentar la deuda, mediante cambios del reparto de las partidas entre ministerios. No las tomaron en
consideración, y estamos seguros de que este año va a volver a ocurrir lo mismo; lo que al final acaba sucediendo es que ustedes hacen unos presupuestos que no se cumplen, que son ficticios, virtuales por lo tanto y después hay que recurrir a una
herramienta, que debería ser extraordinaria, para solucionar de un modo ordinario lo que es una mala previsión y planificación.


Este real decreto-ley que nos trae, el número doce de este año, es una verdadera exageración. No estamos de acuerdo con esta manera de hacer las cosas. Repito que no podemos votar a favor de este real decreto-ley en el que -como digo- se
combinan, por una parte, la mala planificación y la mala ejecución presupuestaria y, por otra, la radiografía de un Estado que es insostenible. Ustedes se niegan a hablar de la reforma del Estado, pero si cada dos por tres tenemos que estar
haciendo nuevas transferencias a comunidades autónomas y entidades locales porque no pueden hacer frente a la gestión adecuada de sus competencias será que tenemos un problema de fondo muy serio sobre el modelo de Estado en este país, ¿o no? ¿Creen
que es algo meramente excepcional que se pasará cuando se vaya la crisis si es que se acaba pasando dentro de este periodo de nuestras vidas? Realmente no. O asumen ustedes que hay que abrir un debate serio sobre el modelo de Estado para que estas
cosas no ocurran y para que el Estado no sea una carga para el despegue de la economía y la superación de la crisis -como evidentemente este real decreto-ley pone sobre la mesa-, o apaga y vámonos. Desde luego, como les digo, no es la mejor manera
ni de gestionar la imagen de un país, ni su economía, ni sus servicios estatales, incumpliendo los presupuestos de semejante manera, con tantísima imprevisión y despreciando siempre las propuestas de la oposición, porque si nos hubieran hecho
ustedes algo de caso nos hubiéramos ahorrado medio real decreto-ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.


Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, intervengo sin intención de agotar los diez minutos, con brevedad, porque creemos que hay que señalar un par de cosas que se sumarían a nuestro diagnóstico continuado sobre las cuestiones relacionadas con la fiscalidad y con
la financiación en particular de determinadas partidas. A nuestro juicio hay cuestiones de método importantes. La primera es que este Gobierno está haciendo de forma repetida, reiterada determinados reales decretos para aprobar créditos
suplementarios que están significando la falta de previsión del Gobierno o una estrategia para que no aparezcan en los presupuestos determinadas nociones, como puede ser el caso de los veranos en los que estamos acostumbrados a recibir reales
decretos como este en el que se incrementa el gasto militar. En esta ocasión no es una cuestión de gasto militar sino que manifiesta una falta de previsión como mínimo. La segunda es el método que nos obliga a tener que votar determinadas
cuestiones que no tienen nada que ver, salvo que son parte de un crédito suplementario. En este sentido, nos parece que no es un método apropiado porque, como también ocurre en verano, se pueden juntar elementos sobre los que podemos tener una
disensión y sobre los que nos gustaría votar de forma independiente. La tercera, sumado a lo que han dicho también otros portavoces, es que hacer este real decreto apenas a unas semanas de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado
parece, cuando menos, extraño. Sobre el contenido podemos tener, naturalmente, determinadas divergencias pero en general no podemos estar en desacuerdo con cubrir un incremento en la cooperación al desarrollo, en partidas de educación o sanitarias,
aunque sean relacionadas con una determinada enfermedad; presentar créditos extraordinarios no es la solución al problema. Es un problema estructural, que se relaciona con lo que debatimos la semana pasada aquí sobre la reforma fiscal, con la
economía y su crecimiento, y no va a ser resuelto por la vía de los parches, como es en última instancia este real decreto. Nos parece interesante también su exposición respecto a otorgar nueva flexibilidad a los reintegros en los ayuntamientos
porque pone de manifiesto en este caso una falta de buen diseño incluso en las propias políticas del Gobierno, si al final pasan unos determinados meses y el Gobierno tiene que acabar rectificando por la vía de otro real decreto-ley. Creemos que es
mejor que el Gobierno se detenga, se ponga a pensar adecuadamente cómo hacer los programas y los presupuestos, y así no tendrá que estar haciéndose enmiendas durante toda la legislatura.

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Finalmente, abordaré una cuestión que se suma a todos los discursos que hemos estado escuchando. Nos parece llamativo que la vía que ha empleado el Gobierno sea la de recurrir a la deuda. Naturalmente, la deuda puede tener elementos muy
positivos para el estímulo de la economía, pero, cuando se utiliza para tapar agujeros de algo que se ha hecho mal en política económica y en política fiscal, puede convertirse en un lastre. Esto nos preocupa sobremanera porque este es el Gobierno
que más ha disparado la deuda pública, y no precisamente para generar empleo ni para satisfacer las necesidades de la población, sino para tapar agujeros financieros o los que ha dejado en unos Presupuestos Generales del Estado compatibles con una
reforma fiscal regresiva. Creemos que no es el instrumento y que toda la política del Gobierno necesita una enmienda a la totalidad, comenzando por el lado fiscal, como insistimos la semana pasada, para evitar que tengamos que vernos con reales
decretos -no es el primero y nos parece que no será el último- de parches a ese error de la política fiscal.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Garzón.


Por el Grupo Catalán, señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, en esta legislatura, en la que hemos vivido una inmensa inflación de reales decretos-leyes para afrontar medidas de extraordinaria y urgente necesidad, hoy afrontamos el debate de un nuevo real decreto-ley, en el
que realmente existe esta extraordinaria y urgente necesidad en aquello referido al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, un crédito extraordinario de 5,1 millones de euros para hacer frente a la crisis humanitaria surgida a partir de
la epidemia del ébola, inicialmente con mecanismos de cooperación a través de la Agencia de Cooperación en Liberia. También, señorías, nos encontramos, como viene siendo habitual en este tipo de reales decretos, en un max mix -usted, señor
ministro, es un gran productor de max mix- entre aquello que es realmente urgente y lo que simplemente, a las puertas de la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015, nos plantean como una gestión presupuestaria con
desajustes y sin la previsión y afinamiento de la ejecución presupuestaria. Señorías, esto claramente se refiere al segundo punto, que es un crédito extraordinario de 30 millones de euros para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
concretamente para el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. No he subido el dosier de color gris perla que tiene la portavoz de la materia, la señora Surroca, pero, según la información que nos han trasladado, ustedes habían
comprometido no 30 millones sino 50 millones de euros para financiación de la producción cinematográfica. Estamos hablando de compromisos adquiridos en 2012 aunque estamos afrontando la recta final de 2014; por tanto, hay productores
cinematográficos que durante dos años han asumido riesgos, se han endeudado, con una expectativa de financiación, de colaboración pública, superior a la que finalmente se va a producir por parte del Instituto de Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales. Es evidente que esto produce inseguridad jurídica e inseguridad en el tráfico comercial. Señor ministro, se deben cumplir los compromisos adquiridos, que eran de 50 millones de euros en vez de los 30 que contempla este real decreto
para el Ministerio de Educación y Cultura.


Una partida grande, muy grande, de más del 90 % de lo que ocupa este real decreto, es la referida a los ministerios inversores: 725 millones de euros, señorías; repito, 725 millones de créditos extraordinarios a una semana de la
presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015. De ellos, 540 son directamente para el Ministerio de Fomento para desviaciones en expropiaciones, en revisiones de precio, en certificaciones finales, intereses y
liquidaciones de las obras de la Dirección General de Carreteras. Señor ministro, venimos recordando, subrayando y denunciando que cada año entre aquello presupuestado y aquello finalmente ejecutado se producen incumplimientos de las partidas
presupuestarias consignadas y en otros casos claras desviaciones de lo presupuestado. En la exposición de motivos el Gobierno reconoce claramente que se tienen que afrontar revisiones de precios. Este sería un debate más largo, quizás para un
futuro debate en Comisión sobre la gran cantidad de revisiones de precios, de actas y de certificaciones que se tienen que producir respecto a los precios iniciales planteados en las fijaciones de las licitaciones. Señor ministro, también nos ha
anunciado desde esta tribuna que todas estas partidas serán imputadas al déficit de 2013, sobre la base de la partida de contingencias de déficit y desviaciones para 2013. Señorías, mientras las comunidades autónomas continuemos teniendo un sistema
imperfecto o, más que imperfecto, no resuelto, usted puede hacer descansar más de 800 millones de euros en una partida de contingencias.

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Finalmente, pero no por ello menos importante, este real decreto también contempla mecanismos para alargar los plazos de financiación y realizar aplazamientos en los pagos de corporaciones locales y de comunidades autónomas. El señor
ministro de Hacienda lo ha vendido como una actividad graciosa y colaborativa con las comunidades autónomas. Esto es así porque el Gobierno ha incumplido un compromiso no político sino legal, plantear un nuevo sistema de financiación de las
comunidades autónomas para 2014. El ministro de Hacienda ha propuesto este aplazamiento de 60 mensualidades iniciales -120 se contemplaban en los presupuestos de 2012- a las 240 mensualidades que contempla actualmente este real decreto. Señor
ministro de Hacienda, estamos alargando el pago de las deudas; no estamos haciendo frente a la definición de un sistema de financiación justo para las comunidades autónomas. Usted sabe que girar la cara, mirar hacia otra parte y no hacer frente al
nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas lleva, entre otros, al desapego y a la desconfianza hacia el Gobierno, lo que explica en parte -no en todo- el desapego que en estos momentos se está viviendo en Cataluña.


Señor ministro, quiero hacer una breve referencia para terminar. Hoy usted nos pide 725 millones extraordinarios para hacer frente a los ministerios inversores, pero hace dos semanas, en un jueves como hoy, tuvo lugar otro debate de un real
decreto de extraordinaria y urgente necesidad para hacer frente a distintos pagos. Fue un real decreto publicado el día 2 de agosto -en plena canícula y momento pacífico- en el Boletín Oficial del Estado para aprobar una partida de 883,6 millones
de euros para hacer frente un año más a un pago parcial de los programas especiales de modernización del Ejército español. Usted sabe que el Gobierno afrontó en 2013 una herencia de más de 30.000 millones de euros en materia de programas especiales
de armamento y el ministro de Defensa anunció ante esta Cámara al inicio de esta legislatura el deseo de afrontar sistemáticamente estos 30.000 millones que ustedes no computan en el déficit del Estado. Estamos en el tercer año de la legislatura y
ustedes no han hecho frente a estos 30.000 millones, herencia del anterior Gobierno socialista y también de los últimos años del Gobierno del presidente Aznar; 30.000 millones que van afrontando con créditos extraordinarios cuando saben
perfectamente que esa no es la forma de hacerlo, sin poner en el déficit 30.000 millones por programas de armamento, que como digo es uno de los episodios negros más importantes que ustedes heredaron y no han resuelto durante esta legislatura.


Hace dos semanas pidieron y consiguieron con su mayoría absoluta 883,6 millones de euros más para financiar el extra de este año de los programas especiales de financiamiento. Hoy piden y consiguen con su mayoría absoluta 725 millones más
para financiar desviaciones en los ministerios inversores, especialmente en el Ministerio de Fomento. Señor ministro, esta no es una buena práctica de ejecución presupuestaria; no es una buena práctica de cumplimiento, de honorar sus compromisos
presupuestarios debatidos y aprobados por esta Cámara en cada debate presupuestario, como el que iniciaremos a partir de la próxima semana. Hay ayudas y cierta mejora en la financiación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos pero,
señor ministro, esto es un parche ante la falta de coraje político para afrontar el asunto de fondo, que es la definición de un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Xuclà.


Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Rangel.


El señor RANGEL TARRÉS: Señor presidente, señorías, señor ministro, decíamos hace quince días que llega el verano y con él también los reales decretos-leyes para suplementar o dotar créditos extraordinarios; parece que es una época
propicia. La valoración que hicimos en su momento la volvemos a repetir, y es falta de rigor en la planificación y en la ejecución presupuestaria. Esa falta de rigor la pusimos de manifiesto en su momento y hoy se muestra en el contenido de este
real decreto-ley por razones formales y de fondo; por razones formales, señor ministro, porque nos parece que utilizan la Ley General Presupuestaria también retorciéndola. Usted ha dicho, apelando al artículo 55, que debían dotar créditos para
gastos que se habían realizado sin crédito en años anteriores mediante un real decreto-ley, cuando la ley dice que tiene que ser mediante un proyecto de ley que presenten a esta Cámara. Utilizando la vía del decreto-ley no solamente no cumplen
estrictamente con el mandato de la Ley presupuestaria sino que además están hurtando el debate.


Señor ministro, veo que está muy ocupado hablando, pero le quisiera hacer un comentario sobre una anécdota. Yo tengo un amigo interventor de Administración local muy bueno que además se dedica en sus ratos libres a la magia; es un gran
interventor, un gran profesional y un gran mago. Me contó que los

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magos, cuando tienen que hacer el truco, para que no se note, utilizan lo que llaman la misdirección, y así distraen al personal como ellos quieren para evitar que se pueda ver exactamente en qué consiste el truco en la magia, que siempre
existe. Cuando usted ha estado exponiendo las razones de este real decreto-ley me he acordado de mi amigo porque ha soltado algunas misdirecciones claramente evidentes. Si quiere entramos a dar una pincelada de los temas tan diversos que trata
este real decreto-ley. Suplementos de crédito en dos secciones: en la 12, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y en la 18, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En la 12 la misdirección ha sido: ébola. Ciertamente, aquí se
dotan suplementos de crédito por 5.160.000 euros. Para el ébola, en concreto para la financiación de dos lotes destinados al Hospital San José de Monrovia, van 160.000 euros, solo 160.000 euros. (Aplausos). En cambio, 4 millones van destinados al
Plan operativo de acción humanitaria 2013-2014. Clara imprevisión. En el debate presupuestario presentamos una enmienda a la totalidad de la sección, en la que se decía que los créditos para la cooperación al desarrollo ya eran ridículos. Y no
solamente lo dijimos nosotros, también los demás grupos, y organizaciones para el desarrollo como Intermón lo dijeron claramente. Y ahora nos dicen que precisamente la necesidad y urgencia se justifica por la falta de créditos que en su momento no
quisieron incorporarse mediante las enmiendas de este y de los demás grupos. (Aplausos). Por otra parte, hay un millón para hacer frente al memorando de entendimiento sobre cambio climático, que se debe de haber firmado estos días en Nueva York.
No le recordaré la historia y las opiniones que algún primo de algún miembro del Gobierno tenía sobre el cambio climático. Está bien que ahora se acuerden y que aporten cantidades para hacer frente a ese gravísimo problema que tenemos en estos
momentos. Por otra parte, nos habla de los 30 millones destinados a la amortización de los largometrajes que se estrenaron en 2012, y nos parece bien que se haga frente a las necesidades para evitar problemas de una industria española tan
importante como la industria cinematográfica, opiniones aparte del Gobierno sobre esta industria. Pero también nos parecería perfecto que por parte del Gobierno se atendiese a la demanda constante de las industrias culturales, que no es otra que
bajar el IVA, que ahora está en el 21 %. Seguramente se lo iban a agradecer, y mucho.


En cuanto a los créditos extraordinarios, usted ha utilizado una misdirección, que es: continuamos pagando la deuda. Aquí hablamos de liquidaciones de obras en curso -llevan tres años gobernando-, hablamos de expropiaciones, y
curiosamente, durante el trámite parlamentario el Grupo Popular presentó una serie de enmiendas destinadas a proyectos de inversión -también casualmente cerca de territorios donde gobiernan ustedes- y que se dieron de alta con una baja en la partida
de expropiaciones, y eso ocurrió en el debate del presupuesto de 2013, no era un tema de la historia ni de la herencia recibida sino que era un problema de criterio y de gestión política. De la misma manera que les recuerdo que presentamos
enmiendas para que se atendiese el IBI que deben pagar las confederaciones hidrográficas, este IBI se devenga cada año, es un tributo local no es un tema de la herencia recibida, y ustedes no hicieron caso. Ahora la modificación presupuestaria, esa
dotación de un crédito extraordinario, también va a atender estas cuestiones que tienen que ver con su gestión, por un importe notable. Finalmente, señor ministro, nos ha hablado de la disposición final y de las adicionales. Nos parece bien que se
dé liquidez a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas pero no deja de ser su política del palo y la zanahoria. El palo se lo dan fijando los objetivos de déficit y la zanahoria, dándoles liquidez, con lo cual aquí también hay una
cierta misdirección: nos enseñan solamente la zanahoria y en cambio esconden el palo.


Señor ministro, visto lo visto, viendo sus habilidades en la magia y en la misdirección, no quiero ni pensar dónde vamos a encontrar las trampas en el presupuesto que va a entrar la semana próxima en estas Cortes. Esperamos que las
imprevisiones, demasiado a menudo voluntarias, sean previsiones, que estén los créditos iniciales para hacer frente a obligaciones que están comprometidas y que son recurrentes, no vaya a ser que nos pinten un mundo feliz, que nos cuenten un cuento,
que nos digan palabras que suenan muy bien pero que la realidad de los hechos termina desmintiendo, porque una cosa son sus previsiones y otra lo que se termina ejecutando, que dista mucho de lo que se ha anunciado al principio.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Rangel.


Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Muñoz tiene la palabra.


El señor MUÑOZ OBÓN: Gracias, señor presidente.


Tranquilo, señor ministro, que el Grupo Popular va a votar a favor de esta convalidación del real decreto por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito a diferentes ministerios.

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Además, este real decreto establece mecanismos de liquidez para las comunidades autónomas y entidades locales, medidas que consideramos urgentes y necesarias para facilitar el saneamiento de las administraciones públicas. A nuestro juicio,
sí concurren esas razones de extraordinaria y urgente necesidad para proceder a su aprobación, porque para el Gobierno del Partido Popular siempre es prioritario pagar las deudas. Nos decía el señor Martínez Gorriarán, de UPyD, que somos unos
chapuceros. Y yo creo que no somos chapuceros, somos responsables. Un Gobierno que hace una norma legal para pagar las deudas es un Gobierno responsable y no un Gobierno chapucero. (Aplausos). Porque ¿qué pasa si no se pagan las deudas? Tenemos
un ejemplo muy cercano, tenemos situaciones no muy lejanas cuando las facturas se dejaban en los cajones, cuando España no se podía financiar, y nos acusa el PSOE de falta de rigor presupuestario. (Rumores.-Aplausos). Eso nos lo dice el PSOE.


Hace unos años España era un país de riesgo. Ahora el riesgo se ha cambiado por responsabilidad, por rigor en la gestión del dinero público, por el cumplimiento de los compromisos de nuestro país en el exterior, por pagar lo que se debe y
por sacar las facturas de los cajones. Además, como siempre toca a los Gobiernos del Partido Popular, ha tenido que sanear las cuentas, las cuentas del Estado, las cuentas de las comunidades autónomas, las cuentas de las entidades locales, con un
mayor control del gasto público, resolviendo situaciones como las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 creadas por un Gobierno anterior, y de ello trata la convalidación de este real decreto, de pagar deudas.


En relación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se dota de un suplemento 5.100.000 euros para financiar proyectos y programas de respuesta humanitaria ante situaciones de emergencia, ante actuaciones de lucha contra el
cambio climático y suministro de equipo y material sanitario para afrontar la epidemia del ébola en Liberia, como nos ha detallado el señor ministro. En segundo lugar, se concede un suplemento de crédito de 30 millones al Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes en el presupuesto del organismo autónomo Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para poder llevar a cabo la convocatoria de ayudas a la amortización de largometrajes producidos en el año 2012. La semana
pasada se debatía en este mismo Pleno la necesidad de apoyar al sector cinematográfico y por ello consideramos que existen razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la concesión de este suplemento de crédito para proceder a la
convocatoria de esas ayudas de amortización del año 2012. Las empresas productoras de cine iniciaron su producción en un marco normativo que en ese momento les permitía obtener una financiación externa en la que actuaba como garantía de ese crédito
la posible concesión de la ayuda. Por tanto, de no producirse esa convocatoria de manera urgente se les generaría un quebranto financiero que llevaría al cierre de muchas empresas. La semana pasada se nos pedía por parte de otros grupos que
hubiera apoyo a este sector y aquí están esas medidas de apoyo a este sector. Y hoy todos los grupos van a votar en contra de la convalidación de este real decreto.


Por último, se conceden créditos extraordinarios en los presupuestos de los Ministerios de Fomento y de Agricultura, por importe de 725 millones de euros, para imputar al presupuesto y atender al pago de obligaciones de ejercicios
anteriores. Lo decía el señor ministro: de ejercicios anteriores. A ver si nos vamos acordando de que en el Ministerio de Fomento no se había pagado ninguna expropiación desde el año 2004. Se lo digo yo, señor Rangel, porque en la provincia de
Teruel no se había pagado absolutamente ninguna expropiación desde el año 2004 hasta que llegó el Gobierno popular y tuvo que ponerse a pagar las expropiaciones de las autovías. Eso es lo que se hace aquí, pagar 540 millones del Ministerio de
Fomento en expropiaciones, revisiones de precio, certificaciones finales, intereses y liquidaciones, y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Acuérdese, señor Rangel, de los 40.000 millones de deuda del Grupo Fomento cuando
el Partido Popular llegó al Gobierno. (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Perdone, señoría.


Guarden silencio, por favor.


El señor MUÑOZ OBÓN: Por último, vamos a aprobar este real decreto porque consideramos que las medidas de liquidez que se adoptan a favor de las comunidades autónomas y ayuntamientos son de urgente y extraordinaria necesidad, ya que estas
administraciones están redactando actualmente sus presupuestos y necesitan conocer cuáles van a ser sus obligaciones de pago durante este año. Se recoge la ampliación del pago de los reintegros de los años 2008 y 2009 y medidas de reestructuración
de crédito acogidas al fondo de liquidez autonómico. Las entidades locales a las que se les está aplicando, por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, la ampliación del periodo de devoluciones de estas liquidaciones podrán ampliar a
ciento veinte mensualidades dicho periodo a partir de 2012.

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Por tanto, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ampliará el periodo de devoluciones a las entidades con problemas financieros acogidas al Real Decreto-ley de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones
públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros, de 28 de junio de 2013. Esta medida tiene por objeto facilitar a las entidades locales mayor disponibilidad de recursos, disminuyendo esos reintegros correspondientes a estas
liquidaciones. Aumentar este periodo afectaría a 2.924 entidades locales que ya tienen ampliado el periodo de reintegro a diez años desde 2012 si así lo solicitan, lo que contribuirá sin duda a reducir la deuda con mayores facilidades de pago.


Por último, la disposición final primera tiene por objeto posibilitar a las comunidades autónomas una mayor disponibilidad de recursos, minorando los reintegros que corresponden a liquidaciones definitivas de 2008 y 2009, que fueron de
importes elevados y que motivaron la aplicación de periodos de reintegro de cinco años inicialmente y posteriormente de diez. La disposición final primera modifica la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012, de manera que el plazo
quedará establecido en doscientas cuarenta mensualidades a computar desde dicha fecha. El impacto de esta mejora de liquidez en las comunidades autónomas es de 1.362 millones de euros anualmente. En caso de entidades locales, esa mejora de
liquidez será de 458 millones de euros. (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Perdone un momento, señoría.


Señorías, por favor, está resultando muy complicado escuchar al interviniente, que merece todo nuestro respeto. Guarden silencio, por favor.


El señor MUÑOZ OBÓN: Gracias, señor presidente.


Finalmente, se procede a la reestructuración de operaciones de crédito, y la propuesta de modificación normativa se justifica en la especial situación financiera y presupuestaria de algunas comunidades autónomas, en particular las adheridas
al fondo de liquidez autonómico, que ha hecho necesario que se plantee una reestructuración de operaciones de crédito formalizadas con cargo a dicho mecanismo para reducir el tipo de interés aplicable a las mismas en el 1 % desde el 1 de octubre de
2014 hasta el 31 de diciembre de 2015. (El señor presidente ocupa la Presidencia). El ahorro en intereses para estas comunidades autónomas se elevaría a 2.047 millones de euros en 2014 y 2015. Ello se suma al año de carencia adicional aprobado,
que aporta una liquidez de 2.080 millones de euros en 2015.


Por tanto, y para concluir, el Grupo Parlamentario Popular votará a favor de la convalidación del real decreto, porque consideramos que pagar las deudas es la mejor forma de generar confianza y de lograr el cumplimiento del objetivo del
déficit, y dotar de liquidez a las entidades locales y comunidades autónomas es un paso importante para afianzar el crecimiento y la recuperación económica, pese a quien le pese.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Muñoz Obón.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:


- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE MOLDOVA EN MATERIA DE COOPERACIÓN EN ASUNTOS DE SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 22 DE OCTUBRE DE 2013. (Número de expediente 110/000125).


- ACUERDO DE SEDE ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA (AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO), HECHO EN BILBAO EL 31 DE MARZO DE 2014. (Número de expediente 110/000126).


El señor PRESIDENTE: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales con números de expediente 110/000125 y 110/000126. No se ha presentado ninguna enmienda ni petición de intervención, por lo que someto a
la Cámara si se aprueban por asentimiento. (Asentimiento).


Quedan aprobados por asentimiento.


Advierto a la Cámara que en unos minutos vamos a votar. (Pausa).

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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. (Número de expediente 140/000022).


El señor PRESIDENTE: Se ha hecho llegar a esta Presidencia una declaración institucional de los grupos sobre la respuesta del Gobierno español a la epidemia de ébola que actualmente afecta a diversos países en África occidental.


El secretario primero de la Mesa va a proceder a leer la declaración.


El señor SECRETARIO (Gil Lázaro): Con la venia, señor presidente.


Llevamos seis meses inmersos en la peor epidemia de ébola de la historia y el mundo está perdiendo la batalla de su contención. En África occidental los nuevos casos y las muertes siguen aumentando. Las últimas cifras oficiales
proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud, con más de 5.000 casos de ébola confirmados y 2.600 muertos, constituyen únicamente la punta del iceberg ya que, como la propia OMS reconoce, el número de nuevos casos avanza más rápido que la
capacidad para tratarlos. De hecho, y según el recuento de la OMS, el 40 % de todos los casos se han producido en los últimos veintiún días. Según sus propias estimaciones, si no se da una respuesta contundente e inmediata a la epidemia, la cifra
de infectados podría llegar a 20.000 en los próximos tres meses en Liberia, Sierra Leona y Guinea. Asimismo, la epidemia se ha extendido ya a Nigeria, existe un caso en Senegal y amenaza con continuar propagándose a otros países del África
occidental.


En la actualidad, la OMS distingue dos categorías de países afectados en este brote en función de la intensidad de la transmisión. Por una parte, están aquellos países con transmisión extendida e intensa -Guinea Conakri, Sierra Leona y
Liberia- y, por otra parte, están aquellos países con un solo caso confirmado -Senegal- o con una transmisión localizada -Nigeria-. Además, los disturbios se suceden. Los centros de aislamiento están saturados y no pueden atender a nuevos
pacientes que quedan abandonados a su suerte, constituyendo a su vez un foco de contagio y propagación incontrolada de la epidemia. Los trabajadores sanitarios nacionales, faltos de preparación y recursos, se están infectando y muriendo en
cantidades abrumadoras. Otros han huido, atemorizados, dejando sin atención médica incluso a quienes padecen las enfermedades más comunes. Los sistemas de salud se han desmoronado causando una elevada mortalidad indirecta. Según declaraciones de
la secretaria general para Asuntos Humanitarios de la ONU, Valerie Amos, están muriendo más pacientes por enfermedades comunes que por ébola, todo por culpa de la falta de medios que también está generando un aumento de las muertes de recién
nacidos. Según los datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud, ahora mismo en Liberia solo hay un médico para cada 100.000 personas.


El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha alertado sobre las consecuencias de la epidemia de ébola en el oeste de África, en el sentido de que van más allá de un problema de salud, derivando en un problema social, económico y político
que podría afectar a la estabilidad de la región. El jueves 18 de septiembre se reunió con carácter de urgencia el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la crisis generada por esta emergencia, lo que constituye una muestra más de que la
comunidad internacional ha tomado nota de la gravedad de esta crisis. Estados Unidos ha dado un primer paso al anunciar el envío de personal especializado civil y militar, y planes para construir 17 centros de tratamiento y formar a 500
trabajadores sanitarios cada semana. El presidente Obama ha reconocido que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar y ha advertido de los efectos en la economía y en la política de la región donde se sufre la epidemia. Se une
así a los esfuerzos que algunos países, todavía pocos, ya están movilizando. El pasado 28 de agosto la Organización Mundial de la Salud elaboró un ambicioso plan de respuesta que requiere el compromiso de los miembros de la Organización de Naciones
Unidas con capacidad para darle apoyo. Por su parte, la Unión Europea, comprometida con esta zona del continente africano, ha establecido un marco de respuesta global para el ébola y ha comprometido 150 millones de euros en ayudas. España aboga
por que los Estados miembros refuercen sus operativos y trabajen en coordinación del apoyo a las zonas afectadas en colaboración con la OMS, para hacer llegar la ayuda después de las cancelaciones de numerosas líneas aéreas que están dificultando el
envío de equipos y material a la región afectada. En coordinación con el resto de los países miembros de la Unión Europea y en colaboración con la OMS, España debe contribuir al despliegue de capacidades y recursos técnicos y logísticos para
incrementar la respuesta sobre el terreno, así como dar todo el apoyo y el respaldo necesario a los trabajadores humanitarios combatiendo la epidemia en primera línea y en un marco de colaboración y coordinación con el Comité de Seguridad Sanitaria
de la Comisión Europea. Además, el sistema público español ha demostrado un avanzado conocimiento en las dos repatriaciones realizadas siguiendo las recomendaciones de la OMS. La experiencia y el alto grado de exigencia técnica y sanitaria

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de los especialistas en aeroevacuación pueden ser de gran ayuda a otros países para elaborar los protocolos de repatriación.


En consecuencia, el Pleno del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que participe decididamente, con todos los medios disponibles a su alcance, en la respuesta de la comunidad internacional a esta epidemia.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA INJUSTA EXIGENCIA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE TRIBUTACIÓN RETROACTIVA A MILES DE EMIGRANTES RETORNADOS CON PENSIONES DEL
EXTRANJERO EN UN CONTEXTO NORMATIVO AMBIGUO. (Número de expediente 173/000169).


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, en primer lugar, las mociones que se debatieron ayer. Moción del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Fernández Davila, sobre las previsiones del Gobierno en relación a la injusta exigencia de la
Agencia Tributaria de tributación retroactiva a miles de emigrantes retornados con pensiones del extranjero en un contexto normativo ambiguo. Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que ha llegado a una transaccional con la autora de la
moción, que tienen todos ustedes.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 135; en contra, 170; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD ACERCA DE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA QUE TIENE PREVISTO PLANTEAR EL GOBIERNO EN LAS PRÓXIMAS CUMBRES DE LA UNIÓN EUROPEA ANTE LA CONSTATACIÓN DEL FRACASO
DE LAS ADOPTADAS HASTA LA FECHA. (Número de expediente 173/000170).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista, al ministro de Economía y Competitividad, acerca de las medidas de política económica que tiene previsto plantear el Gobierno en las próximas cumbres de la Unión Europea ante la constatación
del fracaso de las adoptadas hasta la fecha. Se vota en sus propios términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 128; en contra, 172; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):


- REAL DECRETO-LEY 11/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA CONCURSAL. (Número de expediente 130/000058).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar ahora la convalidación o derogación de reales decretos-leyes, empezando por el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. Han sido emitidos dos votos
telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317 más 2 votos telemáticos, 319; a favor, 194 más 2 votos telemáticos, 196; en contra, 12; abstenciones, 111.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.

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Vamos a votar ahora su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Han sido emitidos dos votos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317 más 2 votos telemáticos, 319; a favor, 317 más 2 votos telemáticos, 319.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación como proyecto de ley por unanimidad.


- REAL DECRETO-LEY 12/2014, DE 12 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE CONCEDEN SUPLEMENTOS DE CRÉDITO Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DE LOS MINISTERIOS DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, DE
FOMENTO Y DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. (Número de expediente 130/000059).


El señor PRESIDENTE: Real Decreto-ley 12/2014, de 12 de septiembre, por el que se conceden suplementos de crédito y créditos extraordinarios en el presupuesto de los ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación; de Educación, Cultura y
Deporte; de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Hay dos votos emitidos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315 más 2 votos telemáticos, 317; a favor, 172 más 2 votos telemáticos, 174; en contra, 13; abstenciones, 130.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.


Ahora vamos a votar si se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Hay dos votos emitidos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más 2 votos telemáticos, 320; a favor, 148 más 1 voto telemático, 149; en contra, 169 más 1 voto telemático, 170; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.


Se levanta la sesión.


Eran las doce y cinco minutos del mediodía.


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